PRÓLOGO

CUATRO APUESTAS
POR LA REGENERACIÓN

El presente volumen reúne cuatro libros muy distintos, tanto por su tono como por su contenido. Tres de ellos proyectan una mirada crítica sobre el funcionamiento de la sociedad española actual y proponen medidas para mejorarlo, los dos primeros con un especial énfasis en los temas económicos y el tercero en el ámbito jurídico. El cuarto, en cambio, es más abstracto, se centra en el ejercicio del poder y en la condición de los que lo tienen o aspiran a tenerlo y alude de forma más tangencial, aunque inequívoca, a las presentes circunstancias políticas españolas.

Ni el diagnóstico de los males que aquejan al país ni las soluciones que se proponen son las mismas. En algunos casos, y no menores precisamente, es posible observar una distancia considerable entre lo que se dice en un libro y lo que se propone o se deja entender en otro. Cada autor tiene su enfoque, sus ideas y sus prioridades.

Es posible, por ello, que el lector se pregunte cuáles han sido las razones que nos han empujado a reunirlos en un solo volumen. La respuesta es simple: pese a las diferencias de opinión, creemos que los cuatro libros están animados por un mismo espíritu y por una misma voluntad de regeneración política. Parten de una insatisfacción parecida, han bebido en fuentes comunes y, como advertirá el lector que esté atento, han dialogado mucho entre ellos.

En los cuatro late la misma mezcla de perplejidad y de disconformidad que, hace dos años, en mayo de 2013, nos empujó a redactar y promover un manifiesto para la reforma del estatuto de los partidos políticos que fue firmado por cien personalidades relevantes de círculos económicos, jurídicos e intelectuales y suscrito muy rápidamente por más de veinticinco mil personas.

Los promotores —autores de los cuatro libros reunidos en este volumen— éramos conscientes de que la reforma del estatuto de los partidos políticos no era el único problema de nuestro sistema, ni acaso el mayor. Pero creíamos que, si conseguíamos que los partidos políticos se sometieran a unas normas básicas de funcionamiento parecidas a las de los países de nuestro entorno, con congresos periódicos, elecciones primarias, auditorías anuales y un estricto control de los gastos electorales, avanzaríamos mucho en la solución de los problemas restantes, especialmente el de la corrupción.

Por ello, proponíamos la adopción de una ley que obligara a los partidos políticos a celebrar reuniones de los órganos de control a fecha fija y con una periodicidad regular, que estableciera una composición de estos órganos y de los asistentes a los congresos proporcional al número de afiliados o votos, y que prescribiera las elección mediante voto secreto de afiliados o delegados, la elección de los candidatos a cargos representativos por primarias, un mandato limitado de los tesoreros y la constitución de comisiones independientes para verificar los gastos en las campañas e inspecciones para comprobar el cumplimiento de los límites del gasto electoral.

Estábamos convencidos de que la reforma de la legislación sobre los partidos era el punto de partida para la regeneración política de nuestro país, y lo continuamos estando. Entre otras razones, porque muchos de los males que nos aquejan guardan una relación directa con la asfixiante invasión por parte de los partidos políticos de espacios que les deberían estar vedados, como el de la justicia, el de los reguladores, el de los medios de comunicación públicos, etc., y porque si las cúpulas de los partidos no están sometidas a un mayor control por parte de sus militantes y de los ciudadanos en general, será muy difícil que, por miedo a perder el enorme poder del que ahora disfrutan, acepten emprender las reformas necesarias para hacer que nuestra economía sea más competitiva, nuestro Estado de bienestar más viable y eficiente y nuestro sistema jurídico más justo y seguro.

Al presentar el manifiesto —que se recoge al final de este volumen— éramos muy conscientes de las limitaciones de lo que podíamos conseguir. La ley de partidos es una ley orgánica, y ello quiere decir que no se puede modificar por una iniciativa legislativa popular. Aunque hubiéramos reunido medio millón de firmas, el Congreso de los Diputados no habría estado obligado a redactar una nueva ley. Por ello, se trataba más bien de llamar la atención sobre lo insólito que resulta que los partidos políticos sean las únicas organizaciones que no están reguladas por ley en nuestro país, sino que se autorregulan, y de persuadir a los ciudadanos de la necesidad de regularlos. Creemos que este objetivo se alcanzó hasta el punto en que era razonable esperarlo y agradecemos a los millares de firmantes que se sumaran a este esfuerzo.

Sin embargo, la reacción de los partidos políticos fue muy fría. Solo uno de los grandes partidos, el PSOE, se interesó por las propuestas contenidas en el manifiesto e hizo suyas algunas. Esta reticencia no es sino una muestra más —inequívoca— de la profunda necesidad de reforma de nuestro sistema político y una demostración de la dificultad de emprenderla con los actuales partidos. A nadie debe sorprenderle que nuevas formaciones políticas estén ocupando el espacio que les ofrece la numantina resistencia al cambio de los partidos hasta ahora dominantes.

Como es lógico, ni el diagnóstico ni las propuestas contenidas en las obras reunidas en este volumen se limitan al campo de los partidos políticos. Al contrario, el lector encontrará en las tres primeras un análisis de nuestras deficiencias institucionales y de nuestro capitalismo castizo, de las carencias del sistema educativo y de los males de la justicia, de las disfuncionalidades del mercado de trabajo y de la falta de competitividad de nuestra economía, con un amplio abanico de propuestas para la regeneración política, la revitalización de nuestra economía y el saneamiento de nuestro Estado de derecho, no todas ellas coincidentes, como se ha señalado más arriba. También encontrará, en el cuarto libro, una reflexión más abstracta sobre el ejercicio del poder, los obstáculos para el cambio y las limitaciones con las que chocan los gobernantes. Creemos que esta reflexión, al desentrañar los mecanismos de ejercicio del poder, puede ayudar a comprender la dificultad de la regeneración y sirve de complemento a las propuestas de los tres primeros libros.

Los cuatro se reúnen por orden de aparición. El orden de los autores no es el alfabético, como resulta habitual en obras colectivas, porque no se trata de una obra colectiva sino de cuatro libros que aparecieron sucesivamente y en los que el lector atento descubrirá una cierta progresión, apreciable de forma explícita en las referencias ocasionales a los libros anteriores y, de forma implícita, en el contenido de cada una de ellos. Esperamos que esta progresión constituya un estímulo a la lectura y ayude al lector a comprender mejor las inquietudes y las aspiraciones que nos animaron a escribirlos.

LOS AUTORES

A Isabel y a nuestros hijos

INTRODUCCIÓN

La arquitectura de este libro es simple. Consta de tres partes: «¿Hacia dónde va el mundo?»; «¿De dónde viene España?»; y «¿Qué hacer con España?» La primera parte es un ejercicio de prospectiva encaminado a discutir los escenarios más probables en los que tendrán que vivir las próximas generaciones de seres humanos. La segunda es una reflexión sobre las causas de la anomalía histórica española y sobre los principales obstáculos que tiene España para afrontar los retos que plantea el siglo XXI. La tercera parte es una propuesta de las reformas necesarias que debería hacer España para poder afrontar dichos retos con un mínimo de garantías.

La metodología del libro va de lo general a lo particular y las exigencias de su lectura, en términos de abstracción, van de más a menos. La primera parte dedica los cuatro primeros capítulos a acumular el instrumental necesario para la prospectiva que se presenta en el capítulo quinto. Las ideas principales que se presentan empiezan con la distinción entre la historia, con minúscula, y la Historia, con mayúscula. La primera es, básicamente, el relato de los acontecimientos relevantes para un colectivo humano determinado. La segunda es un constructo filosófico que pretende dar cuenta del proceso espiritual que ha llevado a una parte de la humanidad hasta la actual civilización occidental. Las raíces de esta distinción están en Hegel y son muy conocidas. Este primer paso permite hacer una breve historia de la Historia, en la que me aparto de algunos de los hitos tradicionales hegelianos, y dar paso al comienzo de una discusión en profundidad de la tríada liberté, égalité, fraternité, que es el hilo conductor de toda la primera parte.

La siguiente idea relevante, ya en el capítulo 2, es la interacción histórica de la guerra, el Estado y la ley constitucional como explicación de un proceso que comienza en el Neolítico para desembocar en las actuales naciones-Estado. El análisis de la guerra y de la estrategia militar tiene un papel muy importante tanto en los cuatro primeros capítulos como en la prospectiva del capítulo quinto. El capítulo 3 se dedica a discutir el concepto del fin de la Historia, central en este libro, y en extraer algunas primeras consecuencias prospectivas de dicho final. El capítulo 4 analiza la relación entre la idea de progreso, la innovación y la destrucción creativa, característica esta última del capitalismo y motor de los dos conceptos anteriores, argumentando por qué una economía con fluctuaciones cíclicas, que produzcan severas infrautilizaciones periódicas de los factores productivos trabajo y capital, puede tener un crecimiento acumulado a largo plazo muy superior al de otras economías más estables.

El ejercicio de prospectiva ocupa el capítulo 5 y aborda los siguientes ámbitos:

1. El futuro de las ideas

2. El futuro de la especie humana

3. El futuro de la guerra

4. El futuro de la economía

5. El futuro del Estado

6. El futuro de Europa.

Los principales resultados del ejercicio son los siguientes:

1. No parece probable que, con un horizonte de prospectiva de tres generaciones, la civilización occidental pierda su carácter hegemónico, al menos en el terreno de las ideas. Al contrario, parece probable que las demás civilizaciones sigan occidentalizándose en un proceso poco lineal, como el seguido hasta ahora.

2. Parece probable que el concepto de «ser humano» cambie mucho, hasta el punto que será difícil mantener su actual centralidad para definirlo sujeto de derechos y deberes, para lo cual podría ser reemplazado por el concepto de «persona».

3. La lucha por la hegemonía a nivel planetario no podrá dirimirse por vía de escaladas militares y será dirimida por medio de escaladas en capital humano.

4. La globalización de la economía seguirá avanzando de manera irreversible. Los mercados de trabajo y capital estarán crecientemente sujetos a la ley de un solo precio a nivel planetario. La creatividad será el factor de diferenciación para los individuos que perciban rentas muy superiores a la media.

5. Los Estados deberán cambiar su fuente de legitimidad actual como maximizadores del bienestar de sus ciudadanos por la maximización de las oportunidades que les ofrecen.

6. La unión monetaria europea no tiene futuro si no se produce una convergencia real entre los países del norte y los del sur de Europa en materia de capital humano y productividad.

La segunda parte del libro aborda las razones y causas de la anomalía Histórica, con mayúscula, de España. El capítulo 6 explora las raíces geográficas de fenómenos históricos como el capitalismo castizo o la resistencia de las élites españolas a la innovación y al progreso. El capítulo 7 hace lo propio desde una perspectiva histórica en la que se contraponen dos conceptos de nación, el orteguiano y el joseantoniano, para defender que España necesita definirse por un proyecto explícito de futuro que debe ser un plan Marshall para acumular capital humano. El capítulo 8 hace una caracterización de la clase política española como una clase extractiva y como el mayor obstáculo para que el proyecto de acumulación de capital humano definido en el capítulo precedente pueda llevarse a la práctica. El capítulo 9 caracteriza la actual crisis de la sociedad española como una crisis tridimensional, formada por una crisis económica, una crisis institucional y una crisis moral, y apunta los medios para superarlas.

Por último, la tercera parte propone un ambicioso conjunto de reformas concretas que son necesarias para que sea posible poner en marcha el proyecto de acumulación de capital humano y para que sea posible que la economía española pueda desarrollarse sin recurrir a la devaluación periódica de su moneda. El capítulo 10 propone la reforma de un conjunto de instituciones y leyes. Estas son: los partidos políticos, la Ley Electoral, los llamados «agentes sociales», los organismos reguladores y la Justicia. El capítulo 11 propone reformas que afectan directamente a la formación del capital humano: la enseñanza primaria y secundaria, la universidad, la financiación de la I+D y el fomento de la innovación y el emprendimiento. Finalmente, el capítulo 12 propone algunas medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas en materia de pensiones, para reformar el mercado de la vivienda y para acabar de reformar el mercado de trabajo. Estos tres bloques de reformas, como se discute en el capítulo, son tres aspectos de un mismo problema de base de la economía española. Tras muchas vacilaciones, he decidido dejar en el tintero un análisis sistemático y detallado de las reformas necesarias en el sector público, porque su necesaria extensión hubiese sido incompatible con la longitud pactada para este libro. Ocasión habrá de desarrollarlo.

PRIMERA PARTE

¿HACIA DÓNDE VA EL MUNDO?

Una reﬂexión sobre la tríada liberté, égalité, fraternité

CAPÍTULO 1

BREVE HISTORIA DE LA HISTORIA

La idea del fin de la Historia tiene un carácter central en este libro porque ayuda a comprender y a enmarcar algunos de sus temas principales, desde la magnitud de los retos planteados por la caída del muro de Berlín en 1989, de los que la globalización es tan sólo un ejemplo, hasta el carácter de las tensiones secesionistas que está experimentando España. Los primeros afectan a todas las civilizaciones, países y personas, incluidas aquellas que nunca tuvieron Historia. Los segundos condicionan el futuro inmediato de nuestro país. En este primer capítulo nos ocuparemos de introducir la Historia, dejando para el capítulo 3 la discusión y las consecuencias de su fin.

Conviene, para empezar, distinguir entre la historia y la Historia. Todo el mundo tiene historia. La historia, con minúscula, es el relato de los acontecimientos relevantes, reales o imaginarios, de una colectividad a lo largo del tiempo. Es, para todo el mundo, magistra vitae. Es la fuente de los mitos, de las religiones, de las costumbres, de la ejemplaridad, y del sentimiento de pertenecer a una cultura determinada. Es también, en su acepción académica, la vía más fiable para el conocimiento del pasado de la sociedad humana. Nadie, literalmente nadie, por analfabeto o asocial que sea, puede vivir sin la historia. El buen salvaje de Rousseau es una fábula de conveniencia.

Pero no es la historia lo que nos ocupa en este capítulo sino la Historia, con mayúscula. Al contrario que la historia, que es una colección de relatos, la Historia es un constructo filosófico que intenta capturar la esencia del proceso espiritual que ha llevado a la humanidad, o por lo menos a una parte de ella, a vivir en una civilización igualitaria y no basada en ningún orden divino o cósmico trascendental.¹ A este proceso el filósofo alemán G. W. F. Hegel le llamó Historia y la definió como «el desenvolvimiento de la conciencia de la libertad».²

La metafísica involucrada en lo dicho en el párrafo anterior es muy compleja. Afortunadamente, para los propósitos de este libro, que no es un libro de filosofía, no hace falta entrar en ella con detalle. De lo que aquí se trata es de dar una visión intuitiva de ese proceso espiritual que llamamos Historia con el objetivo de aclarar por qué ha llegado a su fin y cuáles son las consecuencias que de ello se derivan. Para este propósito, como ocurre tantas veces cuando tratamos de entender algo complejo, nada mejor que recurrir a la historia.

La descripción de cinco hitos históricos de la Historia, característicos todos ellos de la civilización occidental, servirá para ilustrar el proceso de cambio endógeno —es decir, no causado por factores externos— experimentado por Occidente. Este cambio endógeno es, precisamente, una definición alternativa de la Historia. Los hitos son: 1. El descubrimiento, en la Alta Edad Media, de un método novedoso y revolucionario para financiar las necesidades terrenales del Reino de Dios; 2. La división del Reino de Dios en un reino celestial y otro reino terrenal, ocurrida al comienzo de la Baja Edad Media; 3. El descubrimiento de que para hablar con Dios no hace falta Iglesia, ocurrido en el siglo XVI; 4. El descubrimiento de que, al fin y al cabo, no hace falta hablar con Dios, ocurrido en el siglo XVIII; y 5. El descubrimiento de que Dios ha muerto, ocurrido a finales del siglo XIX. Examinémoslos uno a uno con un poco más de detalle.

EL NACIMIENTO DEL INDIVIDUALISMO

Tras la caída del Imperio romano, la sociedad europea, dominada por tribus germánicas, era una sociedad agnática, o patrilineal, compuesta por familias extendidas, o clanes, no muy diferentes de la gens romana tradicional. Todas las demás civilizaciones, pasadas o presentes, han estado articuladas por este tipo de familias. La familia extendida detentaba la propiedad, cuya titularidad se transmitía antes de hermano a hermano que de padre a hijo. Un ejemplo actual de este tipo de sociedad es Arabia Saudí. Un ejemplo occidental contemporáneo de familia extendida puede visualizarse, por ejemplo, en la película El Padrino del cineasta Francis Ford Coppola.

Como señala Francis Fukuyama,³ la aparición del feudalismo en Europa fue una respuesta defensiva a las invasiones simultáneas de los vikingos por el norte, los musulmanes por el sur y los húngaros por el este, en un tiempo en que la familia extendida había cedido ya mucho terreno en favor de la familia nuclear y no servía ya como estructura social básica de defensa. Como esto ocurría en el siglo VIII, estamos hablando de un cambio sin precedentes históricos en la estructura familiar que tuvo que haber tenido lugar en los siglos inmediatamente posteriores a la desaparición del Imperio romano. Ninguna otra civilización ha hecho este cambio de manera endógena. ¿Qué fue lo que lo causó?

Todo apunta a que el cambio fue provocado por la Iglesia. Ya en el siglo VI está documentada su oposición a cuatro prácticas fundamentales para la supervivencia de los clanes: 1. Matrimonios entre personas con alto grado de consanguineidad; 2. El levirato, o matrimonio de la viuda con familiares del esposo difunto; 3. La adopción de niños; y 4. El concubinato y el divorcio. El repudio de estas prácticas, que eran comunes en Roma y en la Judea de Jesús, no parece tener un fundamento claro en las Sagradas Escrituras. Más bien parece responder a un brillante cálculo estratégico sobre las consecuencias que estas prohibiciones iban a tener sobre las finanzas de la propia Iglesia. En efecto, la consolidación del matrimonio monógamo e indisoluble y las prohibiciones del levirato y la adopción generaron en muy poco tiempo una gran cantidad de viudas sin descendencia que quedaban como estación de término de la titularidad de derechos de propiedad. La tentación —y la presión— para testar a favor de la Iglesia debían de ser muy grandes. Cita Fukuyama que, a finales del siglo VII, un tercio de la superficie cultivable de Francia estaba en poder de la Iglesia. Entre el siglo VIII y el IX se doblaron las propiedades eclesiales en el norte de Francia, Alemania e Italia. Negocio redondo.

En cualquier caso, las consecuencias sociales del retroceso de los clanes en beneficio de las familias nucleares fueron mucho más trascendentes que el enriquecimiento de la Iglesia. La sociedad europea, ya en la Alta Edad Media, había dado pasos decisivos hacia el individualismo. Las decisiones sobre asuntos muy importantes relativos a la propiedad y al matrimonio se tomaban ya en la esfera individual o en la de la familia nuclear. Este importantísimo desarrollo social precedió e hizo posibles los desarrollos políticos posteriores. El feudalismo europeo, por ejemplo, hubiera sido imposible en una sociedad tribal de clanes, porque las cadenas de lealtades implícitas en uno y otro caso son demasiado diferentes. En el feudalismo europeo las lealtades son entre individuos, no entre colectivos. Los feudalismos chinos de la dinastía Zhou (siglo XI a.J.C) y japonés del shogunato Tokugawa (siglo XVII d.J.C), por ejemplo, se desarrollaron sobre la base de los clanes. En ellos las lealtades son entre colectivos. Es difícil exagerar la importancia de esta diferencia. China y, sobre todo, Japón siguen siendo sociedades regidas por la costumbre, debido a la persistencia en ellas de las familias extendidas.⁴ Las costumbres son reglas concretas que afectan a individuos concretos, que son educados en ellas a través del ejemplo. Las sociedades occidentales, individualistas y complejas, no pueden regirse ya por la costumbre y han de regirse por la ley. La ley es una regla abstracta que afecta al individuo abstracto de una sociedad igualitaria a través del boletín oficial del Estado. Eso hace que, por ejemplo, un concepto fundamental en Occidente como es el de «libertad negativa», acuñado por Isaiah Berlin —nadie puede entrar en mi conciencia, ni en mi dormitorio, ni en mi bolsillo sin mi permiso—⁵ sea totalmente extraño e incomprensible en otras civilizaciones. De hecho, es incomprensible en todas las demás civilizaciones pasadas o presentes.

El pobre entendimiento que se tiene en Occidente de la excepcionalidad de su individualismo ha llevado a fiascos y frustraciones muy considerables en sus relaciones con otras culturas, como ilustran las recientes guerras de Iraq y de Afganistán que partían de la hipótesis errónea de que en poco tiempo podían constituirse en estas sociedades Estados democráticos basados en el modelo del Estado liberal. El Estado liberal, como veremos con mayor detalle más adelante, presupone una sociedad individualista con altas dosis de libertad negativa.⁶ Las grandes e infundadas esperanzas generadas por la llamada «primavera árabe» —cuyo desarrollo, tras la sorpresa inicial, era muy previsible— han llevado al mismo tipo de frustración.

En cualquier caso ¡quién iba a decir en el siglo VI que el fomento del individualismo, que tan rápidamente enriqueció a la Iglesia, iba a acabar matando a Dios en el siglo XIX! Ironías de la Historia.

EL NACIMIENTO DE OCCIDENTE

Está escrito en el Evangelio: «al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios». A pesar de su claridad y rotundidad, el mensaje fue ignorado durante más de mil años, hasta el siglo XII, entre otras cosas porque no se sabía qué contenido concreto darle en una sociedad que, a pesar de los siglos transcurridos, mantenía muy viva la memoria del Imperio romano⁷ y creía que la perfección del Reino de Dios debía encarnarse en un imperio, con un emperador —cuya autoridad tenía origen divino— en su vértice. El imperio, así concebido, era la imagen terrenal del Reino de Dios y la autoridad del emperador sólo estaba por debajo de la de Cristo, máxima autoridad del Reino. Esta concepción del mundo está vigente hoy en día en el mundo islámico y, si se sustituye la expresión «Reino de Dios» por «orden cósmico», en todas las demás grandes civilizaciones presentes y pretéritas.

El Sacro Imperio Romano Germánico (o Primer Reich) se fundó en el siglo x con la ambición de ser la continuación del Imperio carolingio, a su vez concebido como continuación del Imperio romano. Era un imperio feudal, en el que las relaciones de vasallaje podían darse entre laicos y eclesiásticos. La investidura de muchos feudos podía darse, indistintamente, a unos u otros, pero había feudos que estaban reservados a los eclesiásticos. Ello no quiere decir que en estos feudos se invistieran, necesariamente, eclesiásticos. Hecha la ley, hecha la trampa: cuando el investido era un laico, recibía inmediatamente las órdenes religiosas. Esta situación, por motivos obvios, tenía muy descontento al papa, quien veía que buena parte de los cargos de confianza y principales funcionarios de la Iglesia eran nombrados por el emperador conforme a sus propias necesidades políticas. Al emperador, por otra parte, le parecía lo más natural del mundo investir a abades, obispos y cardenales no sólo porque constituían la espina dorsal de su propia burocracia civil, financiera y militar, sino también porque, conforme a la concepción del imperio como la imagen en la tierra del Reino de Dios, consideraba que la autoridad imperial estaba por encima de la papal.

Así las cosas, el contencioso de más de siglo y medio entre emperadores y papas sobre quién nombraba a quién entró en fase aguda en 1073 con la célebre «disputa de las investiduras», y no concluyó hasta 1122 con la firma del concordato de Worms. El concordato ratifica la división del Reino de Dios en un reino celestial, cuyo representante máximo en la tierra es el papa, y otro reino terrenal, cuyo representante máximo es el emperador. El papa se reservaba la investidura clerical, con la consagración religiosa del investido y la entrega simbólica del báculo y el anillo, y el emperador hacía lo propio con la investidura feudal, con la entrega, no tan simbólica, de feudo y beneficio. Los nuevos investidos tenían una doble lealtad: al papa en lo religioso y al emperador en lo civil. Al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios, al fin. Atrás quedaban cincuenta años de discusiones, conspiraciones, excomuniones, antipapas, batallas, invasiones y saqueos. Atrás quedaba también el nacimiento de Occidente, ocurrido el 28 de enero de 1077 en el castillo de Canossa, localidad cercana a Parma, en la Reggio Emilia italiana.

Como señala Tom Holland,⁸ desde nuestra perspectiva del siglo XXI, la solución a la disputa de las investiduras rubricada en Worms parece tan obvia que lo que sorprende no es el acuerdo en sí, sino el largo y violento proceso que condujo hasta él. Nada más engañoso, sin embargo. Como hemos visto en el epígrafe anterior, Europa había comenzado el camino hacia el individualismo ya en el siglo VI. Lo que añade Canossa es que los individuos, todos los individuos, desde el emperador y el papa en lo más alto, hasta el más humilde de los siervos en lo más bajo, tienen una doble lealtad: a un poder terrenal, por una parte, y a un poder espiritual, por la otra. Estos poderes pueden estar en sintonía o no estarlo. Si no lo están, los individuos se ven obligados, en conciencia, a decidir. Esto es lo verdaderamente revolucionario del proceso que lleva al concordato de Worms. Nadie antes se había visto abocado a decidir en conciencia nada semejante. Nadie en otra civilización se ha visto nunca enfrentado a este tipo de decisiones.

El punto de inflexión del proceso que lleva a los dos reinos tiene lugar en el castillo de Canossa, residencia de la condesa Matilde, el 28 de enero de 1077. El significado de la fecha, un cambio de época, es comparable al del 14 de julio de 1789 —toma de la Bastilla— o al del 9 de noviembre de 1989 —caída del muro de Berlín—. Una de las fechas clave de la Historia. Más allá de la anécdota, que es muy conocida, ¿qué hubo de relevante en lo que ocurrió en Canossa?

El monje Hildebrando, una de las personalidades más fuertes de la historia de la humanidad, había accedido al papado en 1073 con el nombre de Gregorio VII. Llevaba consigo un ambicioso programa de regeneración moral de la Iglesia, que incluía el celibato de los clérigos, la prohibición de la simonía y el nombramiento papal de las dignidades eclesiásticas. Estas medidas se incluían en un programa de máximos que aspiraba, nada menos, que a la regeneración moral del mundo mediante la introducción en él de un orden «correcto». Este orden pasaba por que la Iglesia ganase autonomía frente al emperador mediante la ya mencionada división del Reino de Dios en un reino espiritual y en otro terrenal, estando el primero bajo el control absoluto del papa. Al principio, el emperador Enrique IV ignoró al nuevo pontífice, pero Gregorio le excomulgó y, con una hábil maniobra política, consiguió que los nobles del imperio se rebelasen contra él. Enrique respondió con otra maniobra todavía más hábil: viajó a Italia como penitente para hacerse perdonar por el papa, a quien encontró en el castillo de Canossa. Gregorio, como sacerdote, no podía negarle el perdón. Tras tres días de penitencia y lamentaciones a las puertas del castillo, bajo la nieve, Enrique obtuvo el perdón papal. Vuelto a Alemania, el emperador sofocó la revuelta, convocó un sínodo que destronó a Gregorio y nombró un antipapa. Comenzaba así la fase más aguda y violenta de la disputa de las investiduras, que debía terminar con la aceptación de las principales tesis de Gregorio VII, cincuenta años más tarde, en el concordato de Worms.

Vuelve a ser una ironía de la Historia, como señala Holland, que el concepto mismo de sociedad secular y su aparición en Europa se deban a un papa que revolucionó su tiempo en busca de la autonomía de la Iglesia.

EL NACIMIENTO DEL PENSAMIENTO INDEPENDIENTE

En una entrevista publicada en La Vanguardia el 23 de septiembre de 2012, Enric Juliana, quien saldrá varias veces en este libro, le preguntó al cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano: «Eminencia ¿existe un gen católico en la crisis europea?». Juliana se refería, por supuesto, a que la crisis europea actual ha golpeado con particular severidad a Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia (el orden es mío y corresponde al sentido contrario al de las agujas del reloj), países todos ellos de tradición católica con la excepción de la ortodoxa Grecia. La respuesta del cardenal fue antológica: «La tesis que quiere hallar un factor histórico y cultural en las primas de riesgo […] no sólo no es históricamente justificable sino que además corre el riesgo de llegar a ser un pretexto para no buscar las soluciones adecuadas». ¿Y cuáles son, según el cardenal, las soluciones adecuadas? Sigamos con la entrevista. «Lo que seguramente tienen en común los Estados que ahora están sufriendo más es la falta de confianza, con el predominio de un miedo general ante el futuro. Uno de los problemas de base y muy dramáticos es el bajo índice de natalidad. La disminución de los nacimientos plantea serios interrogantes sobre quién podrá en el futuro pagar las deudas de algunos países, favoreciendo así las incertidumbres y las tensiones de los mercados. La crisis no puede ser por tanto afrontada sólo con soluciones técnicas y paliativas. Es necesaria una reflexión antropológica más profunda.»

Más allá del fino lenguaje diplomático ¿qué es lo que realmente está diciendo Bertone? No hace falta ser muy perspicaz para apreciar que el cardenal está atribuyendo la actual crisis europea a la caída de los índices de natalidad y que «una reflexión antropológica más profunda» debería llevar a la «solución adecuada»: ¿la prohibición de los anticonceptivos? ¡Celestial diagnóstico! ¡Sublime remedio!

La deposición intelectual del purpurado, publicada a doble página y con gran fanfarria por el rotativo barcelonés, ilustra a las claras que sí hay un componente de tradición religiosa en el diferente impacto que la crisis está teniendo entre los países del norte y los del sur de Europa. A ningún protestante se le hubiera pasado por la cabeza decir algo semejante. Este componente no es, desde luego, un gen, pero bien podría ser un meme, término utilizado por Richard Dawkins⁹ para referirse a las unidades de información y transmisión cultural entre individuos y entre generaciones. En lo que sigue de este epígrafe, argumento que este meme sí existe y que, además, es protestante.

El tándem Martín Lutero-Johannes Gutenberg fue decisivo para hacer avanzar a la Historia. En 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus célebres noventa y cinco tesis contra la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Las tesis, que se difundieron como la pólvora gracias a la imprenta, iban mucho más allá de la crítica a este lucrativo negocio y planteaban serias discrepancias teológicas con la doctrina oficial de la Iglesia católica. Fueron el comienzo de un acelerado proceso que acabó conociéndose como la Reforma protestante. Para muchos, como por ejemplo Hegel y Max Weber, la Reforma es el momento estelar de la humanidad.

Una de las discrepancias teológicas esenciales de Lutero con la Iglesia católica hace referencia al papel de intermediario exclusivo que ésta se atribuye en la comunicación con Dios. A los efectos de este libro, que no es un libro de teología, esta discrepancia es la única que nos interesa. La comunicación entre alguien, por ejemplo entre A y B, puede darse en dos sentidos: de A a B y de B a A. La Iglesia católica siempre animó a sus fieles a hablarle a Dios directamente mediante la oración —es el sentido fácil, porque para que funcione basta con tener fe en que Dios está escuchando—, pero se reservó con carácter exclusivo el sentido difícil, a saber, la comunicación de Dios con los fieles. Es el sentido difícil porque, por más que uno escuche, rara vez se oye nada y, si se oye, mejor callarse, a riesgo de acabar en la hoguera o en el frenopático. Una solución a este problema la da el carácter de «concesionario exclusivo» del canal de comunicación divino que se ha otorgado la Iglesia desde tiempo inmemorial: Dios habla al hombre solamente a través del magisterio de la Santa Madre Iglesia. A Lutero se le ocurrió otra solución. Basándose en sus estudios bíblicos, proclamó que todos los fieles son sacerdotes sin necesidad de recibir ningún tipo de ordenación eclesiástica, que todos ellos pueden acceder directamente al mensaje divino mediante la lectura de la Biblia y que el papa no tiene ninguna autoridad especial sobre el conjunto de la Cristiandad. En un lenguaje más actual, Lutero descubrió cómo piratear el canal de comunicación divino que, hasta entonces, era monopolio de la Iglesia. Este hecho trascendental es el origen del meme protestante, que es el que dificulta la permanencia en la zona del euro a los países de tradición católica u ortodoxa.

Para que Dios le hable a uno, según Lutero, hay que leer la Biblia y decidir en conciencia cuál es el mensaje. Para que eso sea posible, hacen falta tres cosas. Para empezar, hay que saber leer. En segundo lugar, hay que poder pensar con independencia. Por último, hay que poder decidir en conciencia. Estos son los tres elementos que marcan el nacimiento del pensamiento independiente, que se desarrolla en una sociedad que ya era individualista y que ya había comenzado a secularizarse, tal como se ha discutido en los epígrafes anteriores de este capítulo.

Las tasas de alfabetización (como es lógico, más en lectura que en escritura) en los países protestantes crecieron muy rápidamente. La ley eclesiástica sueca de 1686, por ejemplo, obligaba a la población a aprender a leer y ya finales del siglo XVIII en Suecia (que por aquel entonces incluía a Finlandia y a Estonia) casi el 100 por cien de la población podía hacerlo. Y no sólo leer: también podían pensar con independencia y decidir en conciencia. En esas fechas Suecia era muy pobre, más pobre que su contemporáneo Marruecos, pero tenía mucho más capital humano. Y a largo plazo ya se sabe: no hay más riqueza de las naciones que la riqueza de las nociones. Suecia es ahora uno de los países más ricos y con mayor nivel de bienestar social del mundo.

Suecia es un caso extremo, es cierto, pero la alfabetización, el espíritu emprendedor, la innovación, la ciencia y las humanidades —actividades para las que es necesario un espíritu independiente, informado y crítico— avanzaron mucho más deprisa en los países protestantes que en los países que, como España, quedaron bajo el férreo control ideológico de la Iglesia católica. España se quedó descolgada de la Historia en el siglo XVI y los intentos de volver a incorporarse a ella, como veremos en la segunda parte de este libro, fueron todos tímidos y, en buena medida, frustrados.

El problema fundamental de diseño de la zona del euro es que en ella conviven países con productividad muy alta, porque tienen mucho capital humano, con países de productividad más baja, porque tienen menos capital humano. Antes del euro, los segundos devaluaban periódicamente sus monedas respecto a los primeros para restaurar, vía costes nominales, la competitividad que iban perdiendo a lo largo del ciclo económico. Ahora, con el euro, no pueden devaluar. Éste es el verdadero origen de la actual crisis del euro: las grandes diferencias de capital humano entre los Estados miembros.¹⁰ La tesis principal de este libro es que si estas diferencias no se cierran, la unión monetaria es inviable a largo plazo y acabará conociendo una crisis definitiva.

Pero el cardenal Bertone piensa que el origen de este problema está en la caída de la natalidad y que la solución pasa por la prohibición de los anticonceptivos. Uno podría exclamar aquello de ¡vivir para ver! si no hubiese estado viendo lo mismo durante los últimos quinientos años.

EL TRIUNFO DEFINITIVO DE UN PROGRAMA RADICAL

El movimiento ilustrado de los siglos XVII y XVIII —al que España, descolgada ya de la Historia, fue en buena medida ajena—¹¹ conoció multitud de corrientes de pensamiento y de variantes nacionales. A pesar de esta rica variedad y a los efectos de este libro, que no es un libro de historia del pensamiento, conviene agrupar todas estas corrientes y variedades en dos grandes categorías: un movimiento radical y un movimiento moderado. En esto sigo la división propuesta por Jonathan Israel¹² que, en mi opinión, se convertirá en canónica si es que no lo es ya, a pesar de lo reciente de la obra.

El movimiento radical tuvo sus comienzos a finales del siglo XVII en Holanda. Inicialmente inspirado por la obra de Descartes y Hobbes, obtiene de Spinoza su máxima aportación filosófica. En la Ilustración fue un movimiento minoritario, subversivo, clandestino en sus inicios, mayoritariamente ateo, con un programa increíblemente revolucionario, claro y explícito tanto en el ámbito intelectual como en el de la acción política. Siguiendo a Israel, los puntos principales del programa radical fueron:¹³ democracia; igualdad entre razas y géneros; libertad de los individuos para elegir su tipo y estilo de vida; total libertad de pensamiento, expresión y prensa; exclusión de la autoridad religiosa del proceso legislativo y del sistema educativo, y separación completa de Iglesia y Estado. Estos puntos emanan del principio básico de que todos los individuos tienen las mismas necesidades básicas, derechos y dignidad independientemente de sus creencias, religión, posición social o etnia. Por tanto, todos deberían ser tratados de la misma manera. Todos los humanos tienen derecho a perseguir la felicidad siguiendo su propio criterio y nadie puede obligarles a seguir una ruta predeterminada por alguna autoridad política o religiosa.

Desde la perspectiva del siglo XXI, el programa de la Ilustración radical parece un resumen de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y una descripción actual de las sociedades occidentales más avanzadas, aunque su grado de aplicación en otras es desigual. En España, por ejemplo, el programa radical todavía no se cumple en su totalidad: una parte del sistema educativo es todavía utilizada para el adoctrinamiento religioso de la Iglesia católica con subvención de todos los contribuyentes. En cualquier caso, a finales del siglo XVII, el programa era el producto visionario de una minoría radical. Pasaría más de un siglo hasta que comenzara a plasmarse en documentos políticos. En 1789, en los inicios de la Revolución francesa, la Asamblea Nacional Constituyente proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, declaración que se complementaría en 1791, de forma no oficial, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana redactada por Olympe de Gouges. El lema liberté, égalité, fraternité, asociado frecuentemente a la Revolución francesa, pero que no se consolidó hasta la Comuna de París en 1871, es conceptualmente mucho más complejo porque combina dos expresiones de derechos, libertad e igualdad, con una obligación moral, fraternidad, no contemplada inicialmente en el programa ilustrado radical. La tensión entre los tres conceptos del lema oficial de Francia sigue siendo un problema no resuelto en las actuales sociedades occidentales que, si bien han hecho grandes progresos en materia de desarrollo de la libertad negativa, algo que puede hacerse a través de la Ley, no han conseguido vías efectivas para insertar a los individuos abstractos en las colectividades concretas, algo que no puede hacerse a través de la ley y a lo que hace referencia el concepto de fraternidad.¹⁴ Volveremos sobre este tema en el siguiente epígrafe.

Fueron ilustrados radicales Spinoza, Diderot, d’Holbach, Helvétius, Condorcet y Paine, entre muchos otros. En España no hubo ilustrados radicales de nota, aunque hay evidencia de que panfletos de esta ideología circulaban clandestinamente, traducidos al castellano, en determinados círculos españoles. La Inquisición nunca distinguió de manera efectiva entre radicales y moderados, ocupada como estaba en perseguir a estos últimos, que eran mucho más numerosos y ocupaban posiciones sociales y políticas mucho más relevantes.

El movimiento ilustrado mayoritario fue el moderado. Al contrario que el movimiento radical, que era revolucionario, el movimiento moderado era reformista. Las diferencias entre ambos movimientos eran profundas, incluso a nivel filosófico. Los radicales partían de la concepción monista de Spinoza según la cual existe una única substancia que incluye todo lo espiritual —alma y mente— y también todo lo material —cuerpo y naturaleza—. Los moderados partían de una concepción dualista: alma y mente, por una parte, y cuerpo y materia, por otra, tienen substancias distintas. El monismo lleva a considerar que cuerpo y mente, Dios y naturaleza, son lo mismo y que, por tanto, no puede haber un orden divino distinto al orden que propugna la razón. A los radicales, por tanto, no les hacía ninguna falta hablar con Dios —porque consideran que ya disponen de la razón— y eso no les hace necesariamente ateos, aunque en su mayoría lo fueran. Esto supone un cambio de paradigma fundamental respecto al que inspiró el programa de Lutero en el siglo XVI, orientado como estaba a conseguir que todo el mundo pudiese hablar con Dios. Los moderados, en su dualismo, necesitan un orden divino, o trascendental, lo que les lleva a postular un equilibrio entre razón y tradición y a ser reformistas. La mayoría de los puntos del programa radical eran incompatibles con las concepciones básicas de los moderados, que nunca pretendieron cambiar el orden social existente.

Fueron ilustrados moderados, entre muchos otros, Voltaire, Rousseau, Hume, Kant y el marqués de Sade. En España, fueron moderados los ilustrados más conocidos: Aranda, Campomanes, Jovellanos e, incluso, Pablo de Olavide.

Estrictamente, puede defenderse que la Historia, entendida como el proceso espiritual que lleva a Occidente a una sociedad igualitaria y no basada en ningún orden divino o trascendental, termina con el triunfo del programa ilustrado radical. Quedan, eso sí, asignaturas pendientes, problemas que pueden ya atisbarse desde nuestra cultura actual, especialmente cómo integrar la fraternité en el paradigma de libertad negativa enmarcado por la liberté y la égalité. No parece, a priori, que eso pueda hacerse desde el estadio presente de la civilización occidental. En cualquier caso, tal y como veremos en el capítulo 3 de este libro, la Historia ha terminado, tanto en su definición estrictamente hegeliana —el desenvolvimiento de la conciencia de la libertad— como en otras definiciones alternativas que tienen sentido desde nuestra perspectiva actual. Este capítulo podría, por tanto, terminar aquí. Pero vale la pena añadirle un epígrafe más sobre un importante desarrollo postHistórico que ayuda a clasificar muchos malentendidos, en boga desde hace más de un siglo, sobre la salud y el vigor de Occidente.

OCCIDENTE HACE AUTOCRÍTICA

Otra de las características de Occidente —y no la menos importante— es que es una civilización que ha sido capaz de hacer autocrítica. De hecho, ha sido la única. Esto es visto por muchos como una muestra de decadencia y de debilidad. No comparto esa opinión, a la que creo que le falta perspectiva Histórica. La autocrítica de Occidente ha sido profunda, cruel hasta el punto de matar a Dios, pero eso no es, en mi opinión, muestra de debilidad sino, como veremos a continuación, de fortaleza.

Volvamos a la tríada liberté, égalité, fraternité. Tanto la libertad como la igualdad son derechos que un Estado liberal —que es un Estado igualitario no basado en orden trascendente alguno— garantiza al ciudadano por ley. Nadie, por ejemplo, puede entrar en mi conciencia ni yo puedo entrar en la conciencia de nadie. Son derechos concretos que tiene el individuo abstracto, o ciudadano, de las sociedades occidentales. Por otra parte, no hay ni puede haber una ley que obligue a un individuo concreto a ser fraternal. Una ley puede obligarle a circular por la derecha, a respetar la igualdad de género o a contener sus deseos de matar a alguien, pero no puede obligarle a la fraternidad, porque nadie puede entrar en su conciencia. Este problema está en la raíz del descubrimiento de la muerte de Dios por parte de algunos filósofos idealistas alemanes, particularmente Friedrich Nietzsche a finales del siglo XIX.

La libertad y la igualdad son conceptos Históricos. En la historia, con minúscula, son inéditos hasta la Ilustración. La libertad y la igualdad adquieren sentido solamente en el Estado liberal, que, al no estar basado en ningún orden divino, tiene que admitir todas las conciencias subjetivas, porque todas son iguales, pero no debe permitir que ninguna de ellas se sitúe por encima o al margen de la ley. La fraternidad, la solidaridad, la abnegación, el patriotismo, entre otras virtudes morales, no son productos de la Historia: han estado presentes en todas las civilizaciones conocidas por la humanidad. Su fundamento ha sido el orden divino, o trascendente, inspirador del orden social: «amaos los unos a los otros», por ejemplo. Estas virtudes, que en todas las demás civilizaciones han sido vertebradoras de lo público, en la civilización occidental han pasado, irremediablemente, a la esfera privada. Occidente no es capaz de generar un sistema de valores que vaya más allá de la ley, un sistema de valores que oriente al individuo concreto sobre cómo debe ser.

Esto es, precisamente, la muerte de Dios. El desgarro del individuo concreto provocado por vivir en una sociedad que no puede darle un sistema de valores del que extraer orientaciones morales lleva al loco de Nietzsche a exclamar «Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado […]. El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos ¿Quién limpiará esa sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará?[…]»¹⁵

La autocrítica de Occidente surge de la comprensión del problema que origina la muerte de Dios. Sin un sistema de valores, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué es verdadero y qué es falso? ¿Qué es real y qué no lo es? Así se puede llegar al relativismo más corrosivo. «No hay hechos, sólo interpretaciones», apostilló Nietzsche.

Como acertadamente señaló G.K. Chesterton, el problema de los que dejan de creer en Dios no es que acaben no creyendo en nada, sino que acaban creyendo en cualquier cosa. Éste es el problema al que tiene que hacer frente la civilización occidental. Tiene que evitar que el desgarro entre lo público y lo privado le lleve a intentar superarlo creyendo en cualquier cosa. El impacto de la autocrítica hecha por el relativismo, el perspectivismo, el eliminativismo, el deconstructivismo y otras escuelas de pensamiento ha sido muy profundo, como no podía ser de otra manera. Pero ha tenido, como toda autocrítica, un efecto muy positivo, que es que, al provocar un distanciamiento de la propia realidad, posibilita un mayor conocimiento de la misma y, a partir de ahí, una mayor aceptación. El marco definido por el programa máximo de la Ilustración radical tiene que ser irrenunciable. Esto es la esencia de Occidente. A partir de ahí hay que aceptar que, en la sociedad igualitaria no basada en órdenes trascendentes, no puede haber un sistema de valores morales público que vaya más allá del marco de libertad negativa que disfrutan los ciudadanos. Que no es poco. El resto pertenece a la esfera privada. Para siempre. Esa es la verdadera fortaleza de Occidente, lo que le permite ser la única civilización inclusiva que ha surgido sobre la faz de la tierra desde el Imperio romano. Desde que se implantó el Estado liberal han emigrado a Occidente cientos de millones de personas, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las etnias. Lo sorprendente de ese proceso no han sido los episodios de tensión étnica o religiosa, que los ha habido. No. Lo sorprendente ha sido que estos episodios hayan sido tan escasos en número y en víctimas. No hay más que mirar a la historia. Si Occidente se mantiene firme en no creer en nada —tras la muerte de Dios es lo mejor que se puede hacer— y en defender sin relativismos el Estado liberal, seguirá siendo la civilización de referencia en el mundo durante mucho tiempo. Los profetas de la decadencia de Occidente o del declive del imperio americano no pueden ser tomados en serio: son personas que no han podido superar la muerte de Dios y están más inspirados por sus desgarros personales que por un análisis serio de la salud de la civilización occidental.

El carácter inclusivo del Estado liberal trae a la memoria el comentario de Gibbon sobre el carácter inclusivo de la religión romana, que asimilaba las religiones de los países conquistados de modo que «el pueblo las consideraba todas igualmente verdaderas; los filósofos, todas igualmente falsas, y los magistrados, todas igualmente útiles».¹⁶ Así debe continuar Occidente para que la humanidad siga prosperando.

CAPÍTULO 2

GUERRA, NACIÓN Y ESTADO

Este capítulo, al igual que todos los demás, salvo el último, de la primera parte de este libro, es un capítulo instrumental. El objetivo de estos capítulos es desplegar los instrumentos analíticos necesarios para poder hacer, en primer lugar, un ejercicio de prospectiva sobre el futuro de la civilización occidental y del resto del mundo. En segundo lugar, estos capítulos conforman los cimientos sobre los que se construye el discurso de las otras dos partes del libro, las que tratan específicamente sobre España.

¿Por qué la guerra? Porque sin la guerra todavía seríamos monos. Este capítulo trata de la compleja relación entre la guerra, la ley constitucional, la historia y la Historia. Es fundamental no sólo para hacerse una idea cabal del final de esta última, sino también para la prospectiva del mundo futuro al que España se tendrá que adaptar. Siguiendo la metodología del capítulo anterior, adoptaremos una perspectiva histórica para abordar las complejidades de la mencionada relación. A los efectos de este libro, que no es un libro de historia militar, seremos muy selectivos, haciendo una gran elipsis entre el Neolítico y la guerra de los Treinta Años, para centrarnos en los episodios que más iluminan el papel de la guerra en la consolidación de los Estados-nación modernos y en el significado de la caída del muro de Berlín en 1989.

UNA INTERPRETACIÓN MILITAR DE LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA

Así como el zigoto contiene toda la información genética del futuro ser humano, cuyo posterior nacimiento, crecimiento y madurez son, no obstante, motivo de asombro y encontradas emociones, así la Revolución neolítica encarna de manera embrionaria la relación entre la guerra, las instituciones políticas y la historia, relación cuyo desarrollo posterior no deja de sorprender, fascinar y conmover.

La guerra, terrible como es, está en el origen mismo de la civilización. Esta última es la consecuencia de una escalada militar, la primera en la historia, causada por la transformación en agricultores y ganaderos de los antiguos recolectores y cazadores. Hace unos 10.000 años, cuando terminó la última glaciación, la mejoría climática permitió una de las revoluciones más trascendentales de la historia del hombre. Tras haber andado erguido durante 4 millones de años, como relata Francisco Comín, «el que había sido, como el chimpancé, un primate tímido, esquivo, depredador y asesino, que se dedicaba a cazar y a luchar para procurarse el sustento, asociado en bandas nómadas de parientes cercanos, […] decidió hacerse sedentario para especializarse en el pastoreo de rebaños y el cultivo de la tierra, como medio de ganarse la vida».¹ Empezaba la Revolución neolítica, que transformó radicalmente la economía y la vida de la humanidad. Aparecieron los pueblos, las ciudades, la escritura, la política… Habría que esperar casi 10.000 años más, hasta la Revolución industrial del siglo XVIII, para encontrar otro cambio de semejante trascendencia.

Los homínidos de hace 2,5 millones de años descubrieron cómo afilar una piedra de sílex para hacer un cuchillo. Tuvo que transcurrir un millón de años más para que a alguien se le ocurriera darle la vuelta a la piedra y afilar también el otro lado para hacer una punta de lanza. La Revolución neolítica tardó tan sólo una ínfima fracción de ese tiempo en levantar ciudades, escribir documentos y movilizar ejércitos. Es cierto que la base genética del género humano, a base de echarle millones de años a la evolución, había mejorado mucho, pero no todo puede explicarse por el cambio genético. Cuando se contempla la enormidad de los descubrimientos tecnológicos y de los desarrollos económicos, sociales y políticos que tuvieron lugar en el Neolítico, es difícil de escapar a la impresión de que el hombre neolítico actuaba bajo presión; de que, en cierto modo, tenía prisa.

¿Qué prisa? Siempre inspirándonos en Comín, podemos aventurar el siguiente relato. La mejor defensa de un grupo nómada de cazadores y recolectores, cuando pintan bastos, es la movilidad y la velocidad en la huida. En la fuga no dejan tras de sí casi nada de valor económico, porque casi nada poseen, salvo algunos utensilios de piedra tallada. Esta situación cambia de manera radical cuando, por razones de presión demográfica, los humanos deciden practicar la agricultura —cuyas técnicas básicas conocían desde hacía mucho tiempo—, porque permite producir muchas más calorías por metro cuadrado que la caza, y la recolección, aunque sea a costa de aumentar el trabajo, de reducir la variedad y riqueza nutriente de la dieta y de quedar expuesto a crisis alimentarias. La agricultura produce excedentes que deben almacenarse y, por tanto, defenderse, mientras que los rebaños no son la mejor compañía en una fuga precipitada. Agricultura y ganadería, con la consiguiente acumulación de riqueza, requieren vida sedentaria y capacidad defensiva sobre el terreno. Nacen las aldeas, que se rodean de empalizadas. Pero las empalizadas pueden destruirse y las aldeas saquearse si las fuerzas atacantes son lo suficientemente numerosas. Surgen entonces las ciudades y se rodean de murallas. Y vuelve a reproducirse el mismo problema de tamaño, sólo que a mayor escala. No hay muralla que resista a una fuerza lo suficientemente grande. Y las murallas crecen en altura y longitud, envolviendo recintos cada vez mayores. Son, con las empalizadas, los primeros ejemplos de bien público: nadie en su interior, incluso los que no han contribuido a su construcción o a su defensa, puede ser excluido de sus beneficios protectores. Y, como con todo bien público, surge el problema de los que, no habiendo contribuido, se aprovechan de él, los conocidos como free riders. Por tanto se hace necesaria una autoridad que controle esa situación. Y surge la política. La escalada militar ha llevado a la civilización. La historia está servida.

UNA CONCISA TEORÍA DE LA GUERRA

Los animales luchan, pero no guerrean. Como dice Bobbitt «la guerra es un acto creativo del hombre civilizado que tiene consecuencias importantes para el resto de la cultura humana, incluidos los festivales por la paz».²

Para Clausewitz,³ la estrategia militar responde a una definición y a dos axiomas.⁴ Tanto la primera como los segundos son descriptivos del sentido, de la naturaleza y de la lógica de la guerra. La definición es de general conocimiento: «La guerra es la continuación de la política por otros medios». Es una definición importante, que pone de manifiesto el sentido y las limitaciones de la estrategia militar. La estrategia militar tiene sentido en la medida en que está orientada a hacer prevalecer la voluntad política, voluntad que puede ir, por ejemplo, desde la captura de prisioneros para la celebración de ceremonias religiosas con sacrificios humanos —objetivo habitual de la actividad bélica en el México precolombino— hasta la anexión territorial, objetivo frecuente de las guerras europeas del siglo XVIII. Además, la definición pone de manifiesto que la estrategia militar debe estar limitada por la política. No tendría sentido, por ejemplo, exterminar a todos los miembros de una tribu enemiga si el objetivo de las hostilidades es hacer prisioneros para inmolarlos en la próxima ronda de sacrificios: habrá en el futuro más sacrificios para los que serán necesarios más prisioneros. Sin embargo, como dijo una vez Napoleón, «ningún plan de batalla resiste el primer contacto con el enemigo».⁵ En el fragor de la batalla puede ocurrir cualquier cosa, especialmente si el enemigo opone mayor resistencia que la esperada, forzando al otro bando a escalar su agresividad. Se sabe, en el mejor de los casos, cómo empiezan las guerras, pero nunca cómo acaban. La tribu enemiga puede terminar exterminada, a pesar de que éste no fuese el plan inicial, con la consiguiente complicación para la búsqueda de víctimas para futuros sacrificios.

La naturaleza y la lógica de la guerra, con sus contradicciones internas, quedan descritas por los dos axiomas. El primero establece la escalada a los extremos. El objetivo propio de la estrategia militar es desarmar al enemigo para doblegar su voluntad, de modo que la política pueda conseguir sus objetivos. El dilema de la guerra es desarmar o ser desarmado. Enfrentados en batalla, en la que no hay pasado ni futuro, sólo presente, la lógica de la guerra llama a la violencia ilimitada para conseguir este objetivo binario conocido como victoria. La escalada de violencia para conseguirla llevaría siempre a una lucha a muerte.

Sin embargo la lucha a muerte es la excepción, no la norma, en la historia. Ello se debe a la asimetría introducida entre ataque y defensa por el segundo axioma, que establece la superioridad de la última. Siguiendo a Glucksmann,⁶ «a igualdad de fuerzas, la defensa siempre tiene ventaja, porque el espacio —cercanía de la retaguardia, alianzas…— y el tiempo —movilización cada vez más radical— actúan en su favor». La asimetría entre la defensa y el ataque permite a la primera equilibrar fuerzas superiores de la segunda y, por tanto, establece un límite a la escalada a los extremos postulada por el primer axioma.

Con estos tres mimbres —definición y axiomas— la teoría de la guerra se configura de la manera siguiente:

• La guerra es el instrumento para obtener determinados objetivos políticos. Esto orienta y, a priori, limita la acción militar.

• El objetivo de la estrategia militar es desarmar al enemigo para que la política pueda conseguir sus objetivos.

• El carácter binario de la victoria provoca que la acción militar tienda a escalar a los extremos de máxima violencia para desarmar al enemigo, independientemente de la naturaleza y ambición de los objetivos de la política.

• La superioridad de la defensa sobre el ataque limita de manera efectiva la deriva de la acción militar hacia la escalada a los extremos.

BREVE HISTORIA DE LAS GUERRAS EPOCALES⁷ DESDE LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS

Como señala Bobbitt,⁸ las relaciones entre la guerra, el orden institucional y la historia no parecen estar, a priori, claras. Sin embargo, abundan los ejemplos en los que novedades en uno de los términos de la tríada desencadenan cambios en los demás. La victoria aliada sobre Alemania y Japón en 1945, por ejemplo, provocó cambios radicales en la ley constitucional de estos dos países. A esto, como dice Bobbitt, «le llamamos historia».

Menos familiares para el gran público son los efectos de los cambios en el orden político sobre la estrategia militar pero, a los efectos de este libro, son quizá los más importantes. El ejemplo más célebre, que veremos con detalle más adelante en este mismo epígrafe, es el uso del concepto de Estado-nación surgido de la Revolución francesa para provocar un cambio cualitativo en la estrategia militar que hizo invencibles a los ejércitos de Napoleón. Invencibles hasta que sus enemigos adoptaron el mismo concepto de nación para escalar su estrategia. Es un lugar común que los ejércitos de napoleónicos trasportaron las ideas de la Revolución francesa al resto de Europa. En realidad no lo hicieron directamente, sino que los países enfrentados a Napoleón no tuvieron más remedio que afrancesar su idea de nación para escalar su estrategia militar. De nuevo, una vez más desde el Neolítico, una escalada militar impulsó inmensos cambios ideológicos, sociales, políticos y económicos. A esto también le llamamos historia.

Hasta la Paz de Westfalia

En las guerras epocales se dirime la forma de organización política dominante de la época. Por lo general la victoria final cae del lado de los países cuyas instituciones son más eficientes para la movilización de recursos bélicos, es decir, para dar una interpretación históricamente novedosa del primer axioma mencionado en el epígrafe anterior. La guerra de los Treinta Años, que terminó con la Paz de Westfalia en 1648, fue una guerra epocal en la que se dirimió, como en todas las guerras epocales desde la guerra del Peloponeso, la forma dominante de Estado en Europa. Las alternativas eran los principados, por una parte, y las monarquías absolutas, por la otra. Los primeros se agrupaban bajo las dinastías de los Habsburgo en Alemania y España. Los segundos tenían como referentes a Francia y a Suecia. La guerra de los Treinta Años terminó con la derrota de los Habsburgo y la consolidación de las monarquías absolutas. Una importante razón para la derrota de los Habsburgo fue la inferioridad de sus instituciones políticas para financiar campañas militares prolongadas y caras. Ni el emperador ni el rey de España eran monarcas absolutos en el sentido contemporáneo de la palabra. Su autoridad estaba muy limitada a la hora de recaudar impuestos en sus territorios,⁹ situación que acabó decidiendo la suerte en los campos de batalla.

La Paz de Westfalia consagró la integridad territorial como el principio que determina la soberanía del Estado, en contraposición a la concepción feudal de que territorios y pueblos eran patrimonio transmisible por vía hereditaria. En otras palabras, reemplazó la visión de un imperio europeo dinástico por la de una constelación de monarquías absolutas. Echaba a andar el Estado-nación.

Hasta el Tratado de Utrecht

La siguiente guerra epocal tuvo lugar entre la toma del poder por Luis XIV en 1654 («l’état, c’est moi») y el Tratado de Utrecht en 1713. Esta guerra conoció la expansión de Francia, primero, y su contención por las potencias europeas, después, durante el largo reinado de Luis XIV. En ella se dirimió la dominancia entre la monarquía absoluta y el Estado territorial, entendido éste como aquel que tiene soberanía sobre un territorio con fronteras bien definidas y que ha desarrollado unas instituciones que hacen innecesaria la monarquía absoluta para que el Estado funcione eficientemente. Los ejemplos de la época son Holanda e Inglaterra. La guerra terminó sellando la hegemonía de estos últimos, que habían desarrollado una base institucional inclusiva, lo que permitía aportar una mayor financiación a la estrategia militar y dar más base social al esfuerzo bélico. Otra vez una novedosa organización política e institucional demostraba en la historia su superioridad en el campo de batalla. No es casual la sincronía entre el desarrollo del Estado territorial de amplia base inclusiva y el nacimiento de la Ilustración en su versión radical en la misma zona de Holanda en la segunda mitad del siglo XVII. En realidad son dos manifestaciones, política e intelectual, de un mismo proceso social. La historia y la Historia caminan de la mano.

Episodios bélicos notables de esta guerra epocal fueron la guerra de Devolución (1667-1668) y la guerra de los Países Bajos (1672-1679) —que afianzaron la hegemonía de Francia en Europa— y la guerra de Sucesión española (1701-1713) tras la que, a pesar de que Felipe de Anjou, el candidato francés, accedió a la corona española en detrimento del archiduque Carlos, Francia salió debilitada y arruinada por el alto coste de la confrontación. La corona de España sufrió importantes pérdidas territoriales, hizo grandes concesiones económicas, sobre todo a Inglaterra, y pasó a ocupar un lugar secundario, definitivamente, en el concierto de las potencias europeas.

La paz o Tratado de Utrecht consagraba la idea del equilibrio de poderes entre los Estados europeos, ya apuntada de manera incipiente en la Paz de Westfalia. Este equilibrio era el objetivo explícito del régimen que surgió del Tratado, que tenía el compromiso expreso de respetar la estabilidad de los Estados firmantes. Este compromiso era compatible con ajustes territoriales marginales, que no pusieran en peligro la estabilidad de los Estados. Para estos ajustes, el Tratado otorgaba legitimidad a la guerra como medio de dirimir conflictos territoriales limitados. En el marco de estas previsiones del Tratado, las guerras del siglo XVIII tras la Paz de Utrecht fueron de muy baja intensidad, sobre todo comparadas con las batallas de la guerra de Sucesión española, que fueron cruentísimas. Así, por ejemplo, hubo decenas de miles de bajas en cada una de las batallas de Ramillies (1706), Oudenaarde (1708) y Malplaquet (1709), en las que el duque de Marlborough y el príncipe Eugenio de Saboya derrotaron a los franceses. En ese mismo año, como señala Bobbitt, fue invadida Francia y en el durísimo invierno murieron de hambre innumerables campesinos franceses. Nada similar volvió a ocurrir en los siguientes tres cuartos de siglo, en los que el Tratado de Utrecht funcionó como una sociedad de naciones: los Estados firmantes redujeron el tamaño de sus ejércitos y sanearon sus haciendas públicas, muy deterioradas tras el esfuerzo de la guerra de Sucesión española.

Hasta Santa Elena

La guerra epocal desencadenada por la Revolución francesa y su secuela napoleónica dirimió la supremacía entre el Estado territorial y el Estado-nación, entendido este último como aquel que es capaz de poner a una nación al servicio de sus objetivos, de modo que puede acceder a las rentas, al trabajo y al talento de todas las personas de su territorio.¹⁰ El Estado-nación napoleónico es el ejemplo por excelencia de este nuevo orden político. En 1793, Francia estaba asediada por la alianza formada por Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Prusia, Austria y otros Estados menores —la llamada Primera Coalición—. La fuerza combinada de estas potencias era formidable. Para contrarrestarla, la Convención aprobó el 23 de agosto un decreto de movilización general («leveé en masse») que supuso una revolución conceptual en el arte de hacer la guerra a la que los enemigos de Francia no podían responder en el corto plazo —de hecho les costó dos décadas adaptarse, hasta que la Cuarta Coalición (1812-1814) acabó derrotando a Napoleón—. No había respuesta posible a corto plazo porque la leveé en masse se basaba en el concepto de ciudadano y no en el de súbdito o en el de mercenario, conceptos estos últimos en los que se basaban los ejércitos de la Primera Coalición. La nación era, para los franceses, la comunidad de todos los ciudadanos y todos tenían la obligación de defenderla. De ahí que la movilización general tuviese sentido en Francia y sólo en Francia, puesto que en los demás países europeos los ejércitos eran profesionales, y el pueblo era sujeto pasivo, nunca activo, de la guerra.

El decreto de la Convención movilizaba a toda la población: a los hombres jóvenes, para el combate; a los casados, para la fabricación y transporte de armas; a las mujeres, para confeccionar uniformes y cuidar heridos en los hospitales; a los niños, para recuperar ropa vieja para hacer tejidos nuevos; y a los ancianos, para arengar a los más jóvenes a cumplir con su deber y a mantener la unidad de la República. El ejército francés llegó a tener 1,5 millones de efectivos en 1794. Las campañas de Napoleón contaban con ejércitos de alrededor de 250.000 soldados. Estas cifras contrastan con las de los ejércitos profesionales del siglo XVIII, que raramente superaban los 75.000 hombres, muy disciplinados y bien entrenados, eso sí, para el tipo de guerra limitada que conoció la mayor parte de ese siglo.

La movilización general dio un vuelco a la organización y a la estrategia militar. Las grandes dimensiones de los ejércitos franceses hacían imposible que se pudiesen autosostener sobre el terreno. Para solventar este problema, Francia creó la Intendencia militar, que en muy poco tiempo logró un alto grado de eficiencia. El orden de batalla cambió radicalmente. Los ejércitos tradicionales combatían en línea, formación que exige una gran disciplina de la tropa para soportar el fuego enemigo manteniendo la alineación. Los franceses atacaban en columna, formación que se adecua mejor a tropas bisoñas y con poco entrenamiento. La ferocidad de las batallas dio un salto cualitativo: hubo más bajas en cualquier batalla napoleónica que en todas las batallas del período de 1713 a 1789 juntas.

Una coalición de Estados territoriales tenía todas las de perder frente al imperio napoleónico, no sólo por la superioridad de los ejércitos franceses en el campo de batalla, que era reflejo de la mayor capacidad de movilización de una nación frente a un Estado territorial, sino porque a Napoleón le resultaba fácil romper las coaliciones a base de prometer concesiones territoriales selectivas a algunos de sus miembros. Las razones de esta situación de inferioridad fueron quedando, paulatinamente, claras a las potencias enfrentadas a Napoleón y en 1808, a comienzos de la guerra de la península Ibérica, diversos países europeos habían dado ya pasos acelerados para dar una base nacional a sus esfuerzos bélicos. Como señala Bobbitt, Napoleón había pasado de luchar contra Gobiernos a luchar contra naciones. El Estado-nación se había extendido por Europa como consecuencia de una necesaria escalada militar.

Hasta la primera guerra mundial

La escalada militar siguió en Europa después del Congreso de Viena en 1815, a pesar de que no volvió a haber guerras generalizadas hasta 1914. Esta escalada generó cambios muy importantes en la relación de la nación con el Estado. Para analizar estos cambios, vale la pena volver a tomar un poco de perspectiva histórica. Hasta el siglo XVIII, la estrategia militar tenía como objetivo desarmar al ejército enemigo para conseguir de su Gobierno o de su soberano determinadas concesiones territoriales o políticas. Napoleón cambió esta concepción: sus ejércitos buscaban enfrentarse a un ejército enemigo lo mayor posible en una batalla decisiva para, derrotándole, provocar un cataclismo político, un desplome del Estado. Napoleón no quería concesiones, sino destruir el Estado enemigo para reemplazarlo por un Estado afín. Los Bonaparte y los mariscales de Francia iban siendo coronados a medida que el emperador iba destruyendo Estados. Derrotado Napoleón, las potencias europeas habían tomado buena nota de que la capacidad de movilización de la población era el factor clave para afrontar cualquier guerra futura. La época de los ejércitos profesionales pequeños había concluido.¹¹ Por tanto, para fortalecer la capacidad militar del Estado había que fortalecer a la nación.

La escalada a los extremos de Napoleón siempre había prevalecido sobre el axioma de superioridad de la defensa hasta la invasión de Rusia, donde no pudo entablar la batalla decisiva contra el enemigo. La experiencia rusa de Napoleón había mostrado que, por buena que sea la Intendencia, hay ejércitos demasiado grandes para sobrevivir a miles de kilómetros de la retaguardia si están unidos a ella por azarosas vías de comunicación. Esto contuvo el crecimiento de los ejércitos hasta el desarrollo del ferrocarril en el primer tercio del siglo XIX. Al final de la década de 1840 había ya más de 6.000 kilómetros de vía férrea en Alemania y más de 3.000 kilómetros en Francia. Esto resolvía el problema de las comunicaciones con la retaguardia y permitía una movilización muy rápida de ejércitos muy grandes. En la guerra franco-prusiana de 1870 Francia y Alemania movilizaron a 1 millón y 1,4 millones de personas respectivamente, de las que llegaron a combatir 500.000 en el lado francés y 300.000 en el alemán. Son cifras muy altas para unas hostilidades que duraron apenas dos meses y que ilustran bien el progreso de la capacidad de movilización militar de los Estados-nación europeos desde el Congreso de Viena.

Quedaba por resolver de manera definitiva cómo se fortalecía lo suficiente a la nación, es decir la conciencia nacional de los individuos, para hacer posible levas masivas. Bismarck fue el primero en tener una estrategia para conseguirlo. Para cohesionar la nación puso en marcha medidas para construir lo que hoy en día se conoce como Estado de bienestar. Éstas incluían la escolarización obligatoria, un sistema de pensiones para la vejez, un seguro de enfermedad, el establecimiento de períodos de vacaciones para los obreros, etc. La cobertura de las necesidades militares no era, por supuesto, el único objetivo que se pretendía conseguir. También se pretendía neutralizar la creciente fuerza del movimiento obrero¹² e, incluso, parece ser que el káiser Guillermo II tenía un genuino interés por la mejora de la condición de la clase trabajadora. En cualquier caso, la mayoría de los países europeos acabaron adoptando, en uno u otro grado, medidas similares en lo que, no sin cierta ironía, puede considerarse como una de las carreras de armamento más originales de la historia.

Este proceso llevó a cambios muy profundos en la relación entre el Estado y la nación. Hemos definido anteriormente un Estado-nación como aquel Estado que es capaz de poner a una nación al servicio de sus objetivos. Esta definición no refleja bien lo ocurrido a finales del siglo XIX y en el siglo XX porque en ese período la relación entre Estado y nación se invirtió. Hasta entonces el Estado-nación asumía la misión de defender el interés nacional o general, entendido éste como el del conjunto de la colectividad, no necesariamente la suma de los intereses de los individuos o de los distintos grupos que la conforman. La legitimidad del Estado se derivaba de la defensa de ese interés nacional. Desde finales del siglo XIX, sin embargo, el Estado asume la misión de promover el bienestar de los individuos, y del cumplimiento de esa misión obtiene su legitimidad. Para ello regula y planifica la economía, redistribuye la renta, garantiza la seguridad económica y la provisión masiva de bienes públicos. La naturaleza del Estado vuelve a cambiar. Ahora es la nación la que pone el Estado a su servicio para conseguir sus objetivos. De ahí el término «nación-Estado» acuñado por Bobbitt para reflejar este cambio de legitimidad.

Hasta la caída del muro de Berlín

En términos históricos, el siglo XX fue un siglo corto, de 75 años de duración. Estuvo todo él ocupado por una larga guerra epocal que comenzó en 1914, con la primera guerra mundial, y terminó en 1989, con la victoria definitiva de Occidente en la guerra fría. En esta guerra epocal se dirimió la forma que iba a adoptar la nación-estado para mejor servir al objetivo de maximizar el bienestar de sus ciudadanos. Para diferenciar entre las tres formas de Estado mutuamente excluyentes que provocaron el conflicto —la democracia parlamentaria, el fascismo y el comunismo— conviene utilizar el instrumental expuesto en el capítulo anterior sobre la problemática generada por la muerte de Dios.

La democracia parlamentaria parte del axioma de que cualquier solución que se pretenda dar a la muerte de Dios pertenece a la esfera privada de cada individuo miembro de la sociedad. Como hemos visto en el capítulo anterior, en la tríada liberté, égalité, fraternité, el Estado liberal tiene que renunciar a que la fraternité esté en el ámbito público. Los costes de la renuncia son grandes, entre ellos carecer de un medio civilizatorio público para los individuos concretos. Tanto el fascismo como el comunismo, por el contrario, buscaban dar al problema de la muerte de Dios una solución pública, válida para toda la colectividad: un sistema de valores público que llene el vacío dejado por Dios. Los costes de apostar, en este sentido, por la fraternité son la liberté y, en el caso del fascismo, también la égalité, cuyo ámbito queda reducido a una etnia determinada. Tanto el fascismo como el comunismo fueron movimientos anti-Históricos que renegaron del legado de la Ilustración radical y construyeron Estados basados en postulados morales determinados que establecían cómo debían ser los individuos concretos. Ni la Alemania nazi ni la Unión Soviética contemplaban la existencia de ciudadanos, sino de camaradas, cuyo comportamiento debía ajustarse a un sistema de valores que venía dado por un interés superior. Con este condicionante, los Estados totalitarios buscaban maximizar el bienestar de los individuos y, en este sentido, perseguían el Estado de bienestar, cosa que también hacía el Estado liberal.

Recordemos que, hasta Napoleón, el objetivo de la estrategia militar era desarmar al ejército enemigo para obtener concesiones territoriales o políticas de los Gobiernos o de los soberanos de las potencias derrotadas. El nivel de daño infligido, siempre con el condicionante del primer axioma de Clausewitz, era el mínimo necesario para conseguir este objetivo en el marco de una guerra limitada. Con Napoleón, las cosas cambian: el nuevo objetivo de la estrategia militar es destruir al Estado enemigo. El emperador buscaba una batalla decisiva en la que la derrota del ejército enemigo fuese lo suficientemente cruenta y contundente como para provocar un derrumbe del Estado. La destrucción del Estado enemigo le permitía remplazarlo por otro a su conveniencia. El posterior desarrollo de la nación-Estado tuvo como consecuencia amplificar grandemente los efectos del segundo axioma de Clausewitz: la superioridad de la defensa se vio muy reforzada por el hecho de que toda una nación estuviese dispuesta a respaldar a su Estado hasta las últimas consecuencias. El primer axioma tenía que responder con una escalada y, efectivamente, la escalada se produjo. El objetivo de la estrategia militar volvió a cambiar: para destruir al Estado hay que destruir a la nación enemiga. Aparecen entonces los bombardeos a la población civil, justificados para quebrar la moral de la nación, principal arma defensiva del Estado. Y aparece el arma atómica, la bomba, que pone fin a la escalada militar comenzada en el Neolítico, escalada forjadora de Estados y naciones, partera de la historia y camino de la Historia. Como dice Glucksmann, la bomba pone el orden definitivo en el aparente desorden de la guerra. Puede defenderse, como veremos en el capítulo siguiente, que la Historia termina el 6 de agosto de 1945 con el bombardeo de Hiroshima.

La bomba no acabó con la guerra epocal 1914-1989, pero cambió las reglas del juego. La guerra no podía seguir «en caliente». La guerra fría entre 1945 y 1989 se libró finalmente en el terreno económico, en el marco de una costosísima carrera de armamento que acabó arruinando a la Unión Soviética y demostrando que el modelo comunista no era comparable al occidental en su capacidad de asegurar el bienestar de la población. La raíz de esta inferioridad está, como veremos en el capítulo 4, en la ausencia de destrucción creativa como generadora de innovación y de progreso.

CAPÍTULO 3

EL FIN DE LA HISTORIA Y SUS CONSECUENCIAS

¿Terminó la Historia? Sí. ¿Cuándo? Eso depende. ¿Depende de qué? Pues depende de la definición de Historia que se utilice y de la interpretación que haga de ella el pensador de turno. De hecho, poner fecha al fin de la Historia ha sido uno de las ocupaciones favoritas de los filósofos durante los dos últimos siglos. En este tercer capítulo que, al igual que los dos anteriores, es un capítulo instrumental para fundamentar el ejercicio de prospectiva del capítulo 5, repasaremos algunos de los finales de la Historia más célebres con el propósito de extraer algunas conclusiones que permitan hacer parada y fonda para poder atacar con renovadas fuerzas la prospectiva que culmina la primera parte de este libro. Seguiremos un cierto orden cronológico para ilustrar la diversidad de fechas y, también, para argumentar que, a pesar de esa diversidad, todos los filósofos mencionados, a su manera, aciertan. De ahí la conveniencia de considerar el fin de la Historia no como un acontecimiento puntual, sino como un proceso multidimensional.

LOS DIVERSOS FINALES DE LA MISMA HISTORIA

A continuación pasaremos revista a cuatro versiones del fin de la Historia con el ánimo de ilustrar que una idea cabal de dicho fin tiene que ser, necesariamente, multidimensional y que, además, el final debe entenderse más como un proceso que como un acontecimiento puntual.

El fin de la historia de las ideas

Para Hegel, cuya definición de Historia —«el desenvolvimiento de la conciencia de la libertad»— ha sido mencionada en el capítulo 1, la Historia terminó el día de la batalla de Jena, el 14 de octubre de 1806. Cuenta la anécdota que el filósofo, asomado a su ventana, quedó admirado al ver a Napoleón pasar revista a sus tropas, triunfante tras la batalla. Considerando que los ejércitos franceses habían extendido por Europa el ideario de la Revolución francesa, y que este ideario culminaba la historia de las ideas, aquella misma noche declaró el fin de la Historia. Pero eso es una anécdota superficial, que hace poca justicia a uno de los pensadores más profundos que ha conocido la humanidad. Para Hegel la Historia termina, es verdad, el 14 de octubre de 1806, pero la verdadera causa no es ni la batalla de Jena ni Napoleón. Hay otro acontecimiento, mucho más trascendente, que pone fin a la Historia. Como relata Peter Singer,¹ el día anterior, 13 de octubre, Hegel estaba escribiendo las últimas páginas de su primera obra maestra, la Fenomenología del espíritu.² En el último capítulo, titulado «El saber absoluto», se afirma que dicho saber se alcanza cuando el espíritu llega a la conclusión de que lo que ha estado buscando a lo largo de la Historia es conocerse a sí mismo. La Historia es, precisamente, ese proceso de búsqueda. No hay nada más allá de ese autoconocimiento. La Historia termina en el momento en que el espíritu se encuentra a sí mismo. En sentido estricto, como señala Singer,³ las doce últimas páginas de la Fenomenología no relatan el fin de la Historia, sino que son el fin de la Historia. Es muy fuerte, pero es así: la Historia termina cuando Georg Wilhelm Friedrich Hegel toma conciencia de su culminación.

En cualquier caso, no hace falta ser estrictamente hegeliano ni asumir el idealismo absoluto para admitir que la Historia, entendida como la historia de las ideas, ha terminado. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no vaya a haber ideas nuevas en el futuro: las habrá y muchas, como se pone de manifiesto en el próximo capítulo. La continuidad del progreso depende de ello. Sin embargo, desde que la Ilustración radical enunció su programa máximo en el siglo XVIII, no ha habido ideas nuevas para superar lo que, tanto entonces como ahora, se entiende como una sociedad igualitaria no basada en orden trascendente alguno. La contradicción entre liberté y égalité, por una parte, y fraternité, por la otra, sigue intacta. Las derrotas del fascismo en 1945 y del comunismo en 1989 no han producido ningún tipo de síntesis hegeliana entre los componentes antagónicos de la tríada. Es más: hay muchos indicios de que la reconciliación en la práctica de la fraternité con el marco del Estado liberal democrático, que se produjo en el siglo XX, ha entrado en una fase de estancamiento, cuando no de franco retroceso. Ello se debe a que el Estado de bienestar ya no tiene el papel clave que tuvo para la estrategia militar en los siglos XIX y XX y, también, a las presiones de la globalización a las que las economías de Occidente están sometidas. Volveré más adelante sobre este tema importantísimo.

El fin de la historia de la escalada militar

André Glucksmann —y Jean-Paul Sartre— sitúan el final de la Historia en el 6 de agosto de 1945, fecha del bombardeo de Hiroshima. Ese día, el primer axioma de Clausewitz llega a su culmen: tras la bomba, no hay ya escalada militar posible. Sartre vio clara desde el primer momento la dimensión moral y hegeliana de la bomba. Hasta el arma atómica, el género humano no podía elegir suicidarse como tal. Abriendo a la humanidad, por primera vez, la posibilidad del suicidio colectivo, la bomba nos hace definitivamente libres. En palabras de Sartre, «después de la muerte de Dios, he aquí que se anuncia la muerte del hombre. De ahora en adelante mi libertad es más pura…».⁴ La libertad se completa y se torna absoluta. ¿Suena familiar? ¿No era eso el fin de la Historia? La historia de las ideas termina con el saber absoluto. La historia de la escalada militar termina con el arma absoluta. El paralelismo tiene una belleza estremecedora y terrible. Pero esa belleza no debe distraernos, sino reconfortarnos, porque la belleza señala siempre el camino de la verdad.⁵ No estamos hablando de dos procesos distintos, sino de dos maneras diferentes de visualizar un mismo proceso: el fin de la Historia.

La Historia, entendida como la historia de la escalada militar que, habiendo creado la civilización en el Neolítico, la hizo avanzar hasta Hiroshima, ha terminado. La historia de la escalada bélica que, desde Napoleón, ha formado los Estados y naciones modernos, como no podía ser de otra manera, también ha terminado. Como hemos visto en el capítulo anterior, la cohesión de las naciones modernas fue promovida por los Estados por razones de estrategia militar: para aumentar la capacidad de movilización no quedaba otro remedio que fortalecer a la nación. Las guerras europeas de los siglos XIX y XX fueron el fuego de la forja de los principales Estados-nación (o naciones-Estado) de Occidente. Francia, por ejemplo, se hizo francesa matando alemanes en las tres grandes guerras que la enfrentaron a Alemania en el período 1870-1945. Las guerras modernas contra un enemigo exterior son guerras cohesivas, tanto cuando se ganan como cuando se pierden.

España estuvo ausente de ese último proceso forjador del Estado-nación moderno. Escaramuzas coloniales aparte, las guerras españolas de los últimos dos siglos han sido todas ellas guerras civiles, que no son cohesivas sino divisivas. Tres guerras carlistas en el siglo XIX y una cruentísima guerra civil en el siglo XX han conformado un Estado-nación mucho menos cohesionado que los principales referentes europeos. En cierto modo, el Estado-nación español se quedó a medio cocer, nunca ha sido un Estado-nación moderno, en el sentido que lo son Francia o Alemania, por ejemplo. Y eso ya no tiene remedio, porque el fuego de la Historia se apagó. Los efectos de esta anomalía histórica son obvios para cualquier observador, por superficial que sea, de la política española. En España no hay políticas de Estado basadas en acuerdos permanentes entre las principales fuerzas políticas. No está definido, por ejemplo, un concepto tan básico para la política exterior como es el de «interés nacional». Como consecuencia, la política exterior es una política partidista, que da bandazos cada vez que cambia el partido en el poder. Tampoco hay políticas de Estado en educación, justicia, descentralización… y el aborto es o no delito dependiendo del Gobierno de turno. Como veremos en la segunda parte de este libro, esta liviandad, por llamarlo de alguna manera, tiene muchos inconvenientes, pero también tiene algunas ventajas que España debería saber aprovechar.

El fin de la historia de la contradicción hegeliana

Para Francis Fukuyama⁶ y también para Philip Bobbitt —aunque este último probablemente protestaría al verse incluido en una tradición hegeliana— la Historia termina el 10 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín. En otras palabras, la Historia termina con la victoria de Occidente en la guerra fría contra la Unión Soviética, victoria que pone fin a la larga guerra epocal que se libró entre 1914 y 1989. Tal y como hemos discutido en el capítulo anterior, en esta guerra se dirimió, a nivel político, cuál era la forma de Estado que iba a adoptar la sociedad igualitaria no basada en ningún orden trascendental —el resultado de la Historia— a la que hemos hecho amplia referencia en el capítulo 1. Las tres formas en liza —la democracia parlamentaria, el Estado fascista y el Estado comunista— pretendían obtener su legitimidad mediante la maximización del bienestar de su población, compuesta por ciudadanos en el primer caso y por camaradas en el segundo y en el tercero. A un nivel más filosófico, la guerra epocal que terminó en 1989 también dirimió el orden de prelación de los elementos del trinomio liberté, égalité, fraternité, orden que, tras el triunfo de la democracia parlamentaria, acabó quedando igual que en su formulación original del siglo XIX. Terminada la guerra fría por el abandono de una Unión Soviética arruinada, no queda en el mundo ninguna alternativa global al Estado liberal en su versión de democracia parlamentaria. Por supuesto, hay muchos Estados que se organizan de otra manera —China, Corea del Norte, Arabia Saudí, Siria…— pero ninguno de ellos es capaz de presentarse como un modelo planetario de organización política válido para cualquier país, para cualquier etnia y para cualquier cultura. Es más, no es imaginable que surja otra alternativa global en un futuro razonablemente próximo —el siglo XXI, por ejemplo—. La Historia, entendida como la historia de la contradicción hegeliana entre las diversas formas de Estado, ha terminado.

El fin de la historia de la lucha de clases

Alexandre Kojève —«el lector» de Hegel— fue un personaje y un filósofo muy particular.⁷ Para Kojève, una de las voces más autorizadas sobre Hegel en el siglo XX, el fin de la Historia es un proceso multidimensional que comienza con la Revolución francesa pero que no termina, necesariamente, con Napoleón. Kojève vio en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel la semilla intelectual de la lucha de clases marxiana e interpretó los esfuerzos de la Unión Soviética estalinista por construir una sociedad sin clases como un intento de llevar a la Historia a su verdadero final. Llegó a decir, no sabemos con qué convicción, que el fin de la Historia no se dio con Napoleón sino con Stalin. Sin embargo, la aparición de una creciente clase media en las sociedades capitalistas le hizo ver que la síntesis hegeliana de la lucha de clases postulada por Marx no iba a ser una sociedad comunista de proletarios sino una sociedad capitalista de propietarios. Éste sería, para Kojève, el final definitivo, el final de los finales de la Historia: el fin de la lucha de clases. Convencido de esto implicaba la primacía final de la economía sobre la política, y europeísta militante, abandonó la filosofía para trabajar como alto funcionario en el Ministerio de Economía francés. Murió de un ataque cardíaco en una mesa de negociación comunitaria en Bruselas en 1968. Como escribió Petrarca, un bel morir tutta la vita onora.

EL FIN DE LA HISTORIA COMO PROCESO: ALGUNAS CONSECUENCIAS

Hasta aquí hemos visto cuatro finales de la Historia concebidos como acontecimientos puntuales, separados entre sí por más de 180 años. Fin de la historia de las ideas, que encontraron su culminación en el ideario de la Revolución francesa. Fin de la historia de la escalada militar que ha empujado el desarrollo de la civilización desde el Neolítico. Fin de la dialéctica entre las diversas formas de Estado que culmina con el Estado liberal democrático. Fin de la lucha de clases, que abre paso al triunfo de la economía sobre la política. Tras cada uno de estos finales el mundo cambió muy significativamente. El ideario de la Ilustración radical, adoptado por la Revolución francesa, se extendió por todo el mundo;⁸ la bomba atómica, el arma absoluta, tuvo como consecuencia inmediata que la última parte de la guerra epocal 1914-1989 fuera, necesariamente, «fría»; por primera vez en la historia, la forma dominante de organización política, la democracia parlamentaria, no tiene alternativa global, y el movimiento obrero se ha transformado, a través de los sindicatos, en una de las fuerzas más conservadoras y resistentes al cambio de la civilización occidental.

Como he venido señalando, es conveniente concebir el fin de la Historia como un proceso multidimensional que abarque todos los finales mencionados en el párrafo anterior. Es la única manera de sacar conclusiones útiles del fin de la Historia. En este epígrafe discutiré tres consecuencias del fin de este proceso: la globalización, la profesionalización y privatización de la guerra y la pérdida de legitimidad de la nación-Estado maximizadora del bienestar de sus ciudadanos. No es posible asignar la causa de ninguno de estos tres fenómenos a uno solo de los cuatro finales de la Historia que venimos contemplando. Hay que considerarlos conjuntamente.

La globalización

No es exagerado afirmar que el actual episodio de globalización que conoce el mundo comenzó al día siguiente de la caída del muro de Berlín. En términos históricos, está siendo un proceso vertiginoso, tanto en lo económico como en lo social y lo cultural. ¿Qué lo ha desencadenado? La globalización es consecuencia directa del fin de la Historia, tal y como lo hemos definido en este capítulo. La derrota de la Unión Soviética en la guerra fría puso punto final a la geopolítica de bloques que había caracterizado el período 1945-1989. Esto ocurrió en un contexto en el que la ausencia de una alternativa ideológica global al Estado liberal democrático, por una parte, y el fin de la escalada militar propiciada por la bomba atómica, por otra, hacían muy improbable la agudización de conflictos entre grandes potencias que pudiesen derivar en guerras cataclísmicas.

Esta situación era propicia para que se manifestase la primacía de la economía sobre la política postulada por Kojève. Los flujos de comercio mundial cambiaron cuantitativa y cualitativamente. La deslocalización de la producción industrial desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, especialmente Asia, se aceleró de manera dramática impulsada por el ahorro de costes que representaban —y siguen representando— los bajos salarios de la zona. La feliz coincidencia temporal de la caída del muro con la maduración del programa reformista de Deng Xiaoping en China impulsó todavía más la globalización económica. Los flujos de capital, que no conocen ni zonas horarias ni fronteras, crecieron exponencialmente para financiar el proceso deslocalizador y el cambio en la estructura y en el volumen del comercio mundial que ocurrió como consecuencia de dicho proceso. Salvo improbable cataclismo bélico, la globalización económica parece, hoy en día, irreversible.

En el terreno social la globalización se ha producido, entre otras causas, por el gran incremento que han tenido los flujos migratorios desde 1989. Esto, en principio, ha afectado más a los países de inmigración que a los de emigración, es decir, ha afectado más a Occidente y, dentro de Occidente, a los países europeos, porque las antiguas colonias británicas —Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda— fueron ya en su origen sociedades de aluvión. Muchas de estas sociedades han dado un salto cualitativo y se han convertido en sociedades multiculturales, lo que es muestra del carácter inclusivo que caracteriza a la civilización occidental.

En el terreno cultural, el crecimiento de internet ha supuesto el acceso masivo a una información globalizada y a opiniones divergentes sobre prácticamente todos los temas imaginables. La aldea global de Marshall McLuhan,⁹ caracterizada por individuos pasivos sometidos a un diluvio de imágenes, se ha dinamizado activando el protagonismo de los individuos. El aldeano se ha vuelto activo. Los ataques a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 fueron seguidos en directo por muchos millones de personas en un gran número de países. La publicación en Occidente de viñetas en las que se representa al profeta Mahoma provoca de manera casi instantánea tumultos callejeros en el mundo árabe. Todo el mundo, gracias a internet, puede pertenecer a minorías distintas a la nacionalidad, etnia, religión o cultura. Ello genera lealtades nuevas que compiten, o complementan, con las lealtades tradicionales y fomentan la erosión implacable de las sociedades autoritarias basadas en sistemas de valores rígidos. ¿Cuánto hubiese durado la Unión Soviética si internet se hubiese popularizado en 1960? ¿Cuánto aguantará el actual régimen político chino?

La profesionalización y privatización de la guerra

La guerra sigue siendo la continuación de la política por otros medios, pero hay que reconocer que desde 1989 la actividad bélica ha cambiado mucho. Las dos guerras de Irak y la guerra de Afganistán han puesto de manifiesto que la capacidad del Estado de movilizar a su población para una guerra total, clave de bóveda de la estrategia militar desde Napoleón, ha dejado de ser relevante. Si en el futuro hay una guerra total «caliente», es decir, una guerra cuyo objetivo sea destruir por la violencia los Estados y naciones enemigos, será una guerra nuclear. Para pelear ese tipo de guerra, que no es descartable a priori, no hace falta movilizar a la población. Si la guerra no es total, es decir si tiene objetivos limitados, los ejércitos que la peleen serán profesionales, tal y como ha ocurrido en las tres guerras antes mencionadas. Lo más probable es que el número de militares involucrados sea cada vez más reducido y el número de profesionales civiles sea cada vez mayor. Como señala Robert Fry en un reciente artículo,¹⁰ en la segunda guerra de Irak y en la guerra de Afganistán el peso de la acción bélica ha sido llevado por fuerzas especiales, unos pocos centenares de personas, con el objetivo de eliminar —físicamente, se entiende— los obstáculos que se interponían en la consecución de acuerdos políticos para estabilizar uno y otro país tras Saddam Hussein, en un caso, y los talibanes, en el otro. Estas fuerzas especiales actúan respaldadas por grupos militares de apoyo y por legiones de especialistas civiles: analistas, lingüistas, interrogadores, informáticos, forenses… todos ellos vinculados en tiempo real con las agencias centrales de inteligencia de los Estados Unidos y del Reino Unido mediante veloces canales de transmisión de datos. Esta manera de hacer la guerra, incluyendo la variedad de los asesinatos selectivos a distancia mediante aviones no tripulados, es mucho más barata y eficaz que el despliegue de ejércitos convencionales cuando el objetivo es la lucha sobre el terreno contra el terrorismo. En el caso de una guerra «fría», como la que se está desarrollando actualmente contra Irán, el protagonismo de grupos civiles de especialistas puede llegar a ser total. La guerra se está privatizando.

La legitimidad de la nación-Estado

En el capítulo 2 hemos pasado revista a las guerras epocales que dirimieron las formas dominantes de Estado en cada período histórico. En cada guerra, la forma de Estado victoriosa añadía responsabilidades nuevas a las ya asumidas por la forma vencida. Así, como señala Bobbitt,¹¹ los Estados principescos asumían la responsabilidad de asegurar la seguridad exterior, evitando la dominación y la interferencia de potencias extranjeras. Las monarquías absolutas, manteniendo la continuidad dinástica y, por tanto, del Estado, añadieron a esta responsabilidad la de asegurar la seguridad y la estabilidad interior. El Estado territorial añadió la promesa de creación de riqueza ilimitada como fuente de legitimidad. El Estado-nación añadió los derechos civiles y políticos de la población. Y la nación-Estado añadió el Estado de bienestar, es decir, se comprometió a asegurar la seguridad económica y la provisión de bienes públicos. La legitimidad de los Estados, en todos y cada uno de los eslabones de esta cadena, surge del éxito que han tenido en cumplir estos compromisos. El colapso de la Unión Soviética se produjo cuando quedó claro que no podía garantizar el bienestar de su población del mismo modo que lo hacían los países occidentales.

¿Afecta el fin de la Historia a la legitimidad de la nación-Estado? Sí, sí afecta. Y mucho. Afecta porque las consecuencias de dicho fin que acabamos de analizar ponen en cuestión hasta qué punto las naciones-Estado actuales son capaces de garantizar la seguridad exterior, la seguridad interior y el Estado de bienestar. Vayamos por partes.

Por lo que respecta a la seguridad exterior, ya hemos discutido que las armas nucleares hacen anacrónica la estrategia militar basada en la movilización de la nación. Un Estado post-Histórico sólo puede garantizar la seguridad exterior si posee la bomba atómica, otras armas de destrucción masiva o si está subordinado a otro Estado que las posea. De ahí que Israel, India, Pakistán, Corea del Norte y, últimamente, Irán —naciones todas ellas que se sienten bajo amenaza inminente— hayan optado por el arma nuclear como medio disuasorio para asegurar su supervivencia. Otras naciones, como Japón, Alemania y España, tienen confiada esta tarea defensiva básica a Estados Unidos, con quien les unen sólidos tratados defensivos. Es una cesión de soberanía fundamental porque afecta a la primera responsabilidad asumida históricamente por los Estados: proteger a su población de la amenaza exterior. Pero, en cualquier caso, lo relevante a los efectos de este libro no es que unas naciones-Estado tengan armas de destrucción masiva y otras no las tengan, sino que, en todos los casos, la estrategia militar no está ya basada en la capacidad de movilización de la nación. La cohesión y el bienestar de esta última podrán estar justificados por otros motivos, pero ya no lo están por las necesidades de defensa frente a la agresión exterior.

La protección contra el crimen organizado y contra el terrorismo, objetivos clave de la seguridad interior, tampoco puede ser garantizada por las naciones-Estado de la misma manera que en épocas anteriores. Esto se debe —seguimos con Bobbitt— a que las naciones-Estado occidentales han heredado una base cultural de tipo nacional, que sigue inspirando las costumbres y la legislación, mientras que sus sociedades se han hecho culturalmente mucho más complejas a través de la inmigración y de la globalización cultural. Esto puede resultar en una caracterización de la criminalidad en términos étnicos —por qué el divorcio sí y la poligamia no, o por qué el alcohol sí y la marihuana no, por ejemplo— y en la marginación de grupos de ciudadanos que perciben que su marginalidad tiene un origen cultural y/o étnico. Las bandas de jóvenes violentos, que creen responder con su violencia a la violencia que ejerce el Estado contra ellos, son un fenómeno frecuente en muchos países occidentales. La aparición de un terrorismo doméstico, de origen religioso o étnico, que tiene como objetivo de ataque a los propios conciudadanos de los terroristas, es el ejemplo más extremo de la falta de adecuación de los medios con los que la nación-Estado ha garantizado tradicionalmente la seguridad interna a los actuales tiempos post-Históricos.

La garantía de la seguridad económica y del bienestar de la población es, probablemente, la más amenazada de todas. La globalización de la economía, irreversible salvo cataclismo bélico mundial, implica que, por ejemplo, un español que produzca en España lo mismo que un chino produce en China o cobra lo mismo que el chino o acabará perdiendo su empleo. Es así de crudo. Es así de duro. Es así de claro. La ley de un solo precio opera, desde 1989, a nivel planetario. La seguridad económica y el Estado de bienestar no pueden fundamentar su operativa en barreras comerciales o en barreras de entrada a las diferentes actividades económicas. O se cobra igual que el chino o se hacen cosas que el chino no puede hacer. Para que esto último sea posible, hace falta mantener en el tiempo un capital humano superior al del chino. Éste, como veremos en la segunda y tercera partes de este libro, es precisamente el punto más débil de España: no solo el capital humano español es muy bajo, sino que no parece haber ningún interés a nivel político o a nivel del conjunto de la sociedad para mejorarlo. Al contrario de lo que ocurre en China.

No parece que, terminada la Historia, los países occidentales puedan seguir fundamentando la legitimidad de sus Estados en la seguridad económica y en la maximización del bienestar de sus ciudadanos, independientemente de la actitud que estos últimos adopten acerca de sí mismos. Los individuos serán cada vez menos capaces de escudarse en barreras de entrada para defender situaciones de privilegio: tendrán que competir a nivel global, como las empresas. Por ello, si quieren tener un nivel de vida por encima del nivel de subsistencia, deberán responsabilizarse de acumular el capital humano que lo haga posible. En otras palabras, los individuos deberán responsabilizarse de sus propias vidas. Y en esta responsabilidad, los Estados pueden ayudar, y mucho. El Estado post-Histórico deberá cambiar la fuente de su legitimidad, pasando de maximizar el bienestar de sus ciudadanos a maximizar las oportunidades que se les ofrecen, dejando a éstos la responsabilidad de aprovecharlas al máximo.

Habiendo pasado revista sumaria a las consecuencias más inmediatas del fin de la Historia, llegamos al punto de parada y fonda. En el capítulo siguiente discutiremos los conceptos de progreso y de destrucción creativa, necesarios para cualquier ejercicio de prospectiva sobre la dirección que va a tomar el mundo. En el capítulo 5 uniremos los inputs de todos los capítulos precedentes para esbozar dicho ejercicio.

CAPÍTULO 4

EL PROGRESO Y LA DESTRUCCIÓN CREATIVA

Hemos dedicado los tres primeros capítulos de este libro a desarrollar un instrumental analítico basado en la idea del fin de la Historia para ayudarnos, en primer lugar, a comprender algunas características del mundo post-Histórico en el que estamos ya viviendo y, a continuación, a fundamentar una prospectiva que permita esbozar algunas respuestas a la pregunta «¿adónde va el mundo?».

Este instrumental es necesario, pero no es suficiente para capturar todos los rasgos esenciales del mundo postHistórico que nos interesan para el ejercicio de prospectiva que propondremos en el capítulo 5. Por ello, vamos a completarlo en este capítulo con una discusión de las nociones de «progreso» y de «destrucción creativa». La primera es un concepto originado en la Ilustración. La segunda es un concepto marxista o, con mayor precisión, posmarxista. Ambos conceptos, aunque fueron introducidos con dos siglos de diferencia, están íntimamente relacionados.

El primero en definir el progreso —en términos que siguen siendo actuales hoy en día— fue Turgot,¹ uno de los fundadores junto con Adam Smith de la actual ciencia económica. Como relata Israel,² Turgot introdujo la ideología del progreso en dos lecciones magistrales dictadas en 1750 en La Sorbona. «Vinculando epistemología, economía y administración, [Turgot] argumentó que la capacidad del hombre de recibir impresiones nuevas del mundo exterior —y de evaluarlas, combinarlas y analizarlas— había abierto una vía por la que la experiencia absorbe y construye una sucesión ilimitada de mejoras materiales, avances tecnológicos y mejor organización.» Esta mejora de las condiciones de vida es el resultado de «un proceso acumulativo unidireccional que abarca todos los aspectos del desarrollo social […] al que [Turgot] denominó “progreso”».³

En época de Turgot la evidencia empírica de que estos cambios estaban ocurriendo era ya incontestable. Por una parte, el bienestar material había mejorado ostensiblemente. Por poner tan sólo un ejemplo llamativo, Ian Morris⁴ calcula que la captura energética promedio de los humanos occidentales durante el imperio de Augusto era de 31 kilocalorías por persona y día. Esta cantidad fue disminuyendo hasta el siglo IX, en el que marcó un mínimo de 25 kilocalorías. La cifra de Augusto no se superó hasta el siglo XVIII, el siglo de Turgot, al final del cual se capturaban ya 38 kilocalorías. Por otra parte, en el terreno de las ideas, el ideario de la Ilustración radical había ya madurado y, en el terreno de la innovación y la organización, la Revolución industrial estaba a punto de germinar. El progreso, uno de los rasgos más característicos de la civilización occidental, empezaba ya a ser visible. No es casual, como veremos en el siguiente epígrafe, que la aceleración del progreso tuviese que esperar al fin de la Historia, entendido como el fin de la historia de las ideas. Hasta que eso ocurrió, no existía el caldo de cultivo necesario para que el progreso pudiera tener lugar, y que no es otro que una sociedad abierta y optimista en la que todo pueda ponerse en cuestión y todo se pueda discutir.

El concepto de destrucción creativa se acostumbra a atribuir al economista austríaco Joseph Schumpeter.⁵ Sin embargo, la idea de que el capitalismo necesita crisis periódicas, destructoras de gran cantidad de riqueza, viene de un siglo antes de que Schumpeter formulase sus teorías. En el Manifiesto comunista de 1848 Marx y Engels ya llamaron la atención sobre estas crisis, que estos autores calificaron como de «sobreproducción». En el Manifiesto y en la posterior obra de Marx también aparece la idea de que estas crisis no responden a causas externas a la economía capitalista —catástrofes naturales, guerras…—, sino que son endógenas, es decir, generadas por el propio sistema, por desajustes intrínsecos. Sin embargo, Marx no aclara cuál es la razón profunda que hace que estas crisis sean necesarias. La contribución genial de Schumpeter fue relacionarlas con el progreso y, más concretamente, con la innovación. La destrucción creativa es la esencia misma del capitalismo, lo que hace posible la innovación y el progreso. Cuando surge una innovación que da lugar a una tecnología nueva, la industria basada en la tecnología antigua se derrumba con gran estrépito y una industria nueva surge sobre las ruinas de la antigua. Se destruye riqueza para abrir la puerta a la creación de todavía más riqueza. Así ocurrió cuando el teléfono por cable sustituyó al telégrafo, cuando el avión transoceánico sustituyó a los transatlánticos y cuando Amazon sustituyó a las grandes librerías de cemento y ladrillo.

EL PROGRESO Y LA SOCIEDAD ABIERTA

Sostiene el físico David Deutsch⁶ que los humanos no somos todavía inmortales porque Atenas perdió la guerra del Peloponeso. El pensamiento es muy provocativo y, a los efectos de lograr una mejor comprensión del concepto de progreso, dedicaremos la primera parte de este epígrafe a analizarlo con algún detalle.

Empecemos con un ejemplo. Los ordenadores personales están sujetos a un intenso proceso de obsolescencia. Los nuevos programas y aplicaciones requieren procesadores cada vez más potentes y arquitecturas cada vez más eficientes. A base de actualizar programas y antivirus, los ordenadores se van ralentizando hasta que llega el momento de cambiar. Cuando la gente se cambia de ordenador, hace una copia de todos los archivos y programas que tiene en el disco duro y la traslada al ordenador nuevo, en donde todo vuelve a funcionar a gran velocidad. En otras palabras, en quince minutos se consigue transmigrar el alma del renqueante ordenador viejo al nuevo y flamante cuatro-núcleos. El ordenador tiene un alma potencialmente inmortal: basta con cambiar el hardware de vez en cuando para tenerlo siempre joven, lozano y capaz de hacer cosas nuevas de manera ilimitada.

La inmortalidad del alma no tiene por qué ser una prerrogativa exclusiva de los ordenadores. Es concebible que un proceso similar al descrito en el párrafo anterior pueda realizarse con humanos dentro de algunas, no muchas, generaciones. Una copia del software cerebral —los muchísimos millones de interconexiones neuronales— podría trasladarse a un cerebro nuevo que controlaría un cuerpo también nuevo que alojaría a un alma, ahora sí, inmortal.⁷ No creo que haya leyes de la Física que impidan este proceso. Si no lo estamos haciendo ya es porque no tenemos el conocimiento suficiente, es decir, que el problema que tenemos es técnico. Si el progreso continúa, la solución de cualquier problema técnico es una cuestión de trabajo y de tiempo. Conseguir la inmortalidad, en el sentido dado en este párrafo, depende de la continuidad del progreso.

El progreso es una acumulación exponencial de conocimiento que resulta en una rápida sucesión de innovaciones. Este crecimiento exponencial, característico de lo que llamamos progreso, no lo podía observar Turgot porque no tenía suficiente perspectiva histórica: el progreso acababa de comenzar. Como hemos comentado en el capítulo 2, las primeras innovaciones tecnológicas de la humanidad estuvieron separadas entre sí por períodos de tiempo muy prolongados. Hace dos millones y medio de años los homínidos descubrieron cómo afilar una piedra de sílex para hacer un cuchillo. Tuvo que transcurrir casi otro millón de años para que a alguien se le ocurriese que la piedra podía afilarse por los dos lados para hacer una punta de lanza. En 1903 los hermanos Wright pasaron a la historia por un vuelo de unos cien metros, el primer vuelo de la historia pilotado, sostenido y autopotenciado de un artefacto más pesado que el aire. Tan sólo trece años más tarde Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, combatía en el cielo de Francia. En 1969, sólo sesenta y seis años después del vuelo de los Wright, Neil Armstrong paseaba por la Luna. Hace apenas medio siglo que sabemos de la doble hélice del ADN y la medicina de base genética está ya muy desarrollada. Hace menos de un cuarto de siglo del primer mensaje por internet, pero la web ya ha cambiado el mundo… Las innovaciones, fruto de la creatividad, una adaptación biológica de la especie humana, se aceleran cada vez más: se estima que en 2022 el 90 por ciento del acervo de conocimiento humano se habrá producido en la última década, o sea que aún no lo conocemos. ¿Es esta aceleración imparable? Si el progreso continúa, sí. ¿Es la sucesión de innovaciones ilimitada? Si el progreso continúa, sí. Siempre cabrá imaginar una innovación más. Entonces ¿continuará el progreso?

El progreso, como lo conocemos hoy, comienza con la Ilustración en el siglo XVIII. Se caracteriza por ser inseparablemente multidimensional —científico, tecnológico, social y moral—, potencialmente ilimitado, propio de la civilización occidental y… frágil. La fragilidad del progreso viene de que, para desarrollarse y sostenerse necesita una sociedad abierta, en el sentido de Popper,⁸ y optimista, en el sentido de Deustch.⁹ Una sociedad abierta es aquella en la que las leyes de la naturaleza y las leyes de la sociedad se conciben como cosas diferentes, de modo que las últimas no están incluidas en las primeras. Eso, por sencillo que pueda parecer, hoy en día sólo ocurre en Occidente. Las sociedades abiertas se caracterizan por tener libertades políticas y de conciencia, por poder derrocar un Gobierno que ha perdido el apoyo popular de manera pacífica, sin tener que recurrir a un baño de sangre, por hacer a los individuos sujetos de sus propias decisiones, en detrimento de la costumbre o de la tribu. Además, las sociedades abiertas son optimistas, en el sentido en que favorecen la innovación por creer que, a la larga, aporta más ventajas que inconvenientes.

No puede haber progreso en una sociedad cerrada, regida por el principio de autoridad, en la que están estrictamente limitados los temas sobre los que puede haber debate e intercambio de ideas… No puede haber progreso en una sociedad pesimista en la que las innovaciones no son percibidas como oportunidades, sino como amenazas. El progreso necesita una sociedad abierta, de verdades provisionales, en la que se pueda debatir sobre si Dios juega a los dados, o sobre la conveniencia del matrimonio homosexual. Lo importante no es el tema, sino que pueda existir el debate. Salvo tres excepciones, todas las sociedades de la historia son y han sido sociedades cerradas y pesimistas. Las excepciones son la actual civilización occidental; la Florencia de los Medici —que fue muy efímera—; y la Atenas del Siglo de Oro, cuyo optimismo fue aplastado por Esparta tras perder la guerra del Peloponeso. ¿Qué habría pasado si Atenas hubiese ganado la guerra? ¿Qué habría pasado si el optimismo ateniense se hubiese mantenido durante mucho más tiempo? Es posible soñar que el comienzo del progreso se hubiese adelantado varios siglos y que, como apunta Deustch, «ya estaríamos explorando las estrellas y usted y yo seríamos inmortales».¹⁰ Las amenazas a la continuidad del progreso son las amenazas, internas y externas, a la sociedad abierta. Haberlas, haylas. Y muchas. Por ello la sociedad abierta debe ser defendida, tanto con el debate de ideas como con la disuasión nuclear.

LA DESTRUCCIÓN CREATIVA Y EL EMPRENDIMIENTO

En una de sus obras más relevantes, Capitalismo, socialismo y democracia,¹¹ Schumpeter afirma¹² que un sistema económico que utilice en cada momento del tiempo todos sus recursos disponibles de manera eficiente no tiene por qué ser superior, en términos de crecimiento económico a largo plazo, a otro sistema que no lo haga, porque la incapacidad de este último para asegurar, por ejemplo, el pleno empleo puede ser una condición necesaria para acabar creciendo mucho más deprisa que el sistema que sí la asegura. Este texto escrito en 1942, increíblemente premonitorio, avanza las bases de la victoria de Occidente en la guerra fría contra la Unión Soviética que, como hemos comentado en el capítulo 2, se libró en el terreno económico para determinar cuál de los dos sistemas contendientes —dictadura comunista y democracia capitalista— aseguraba mejor el bienestar de su nación. La Unión Soviética aseguró siempre el pleno empleo de su población, pero una gran mayoría acabaron trabajando en ocupaciones inútiles, que restaban valor añadido en vez de sumar. La estrategia de crecimiento económico de Occidente, por el contrario, fue, y es, asegurar que todos los que están ocupados hacen algo útil para la sociedad, es decir, que todos sumen en vez de restar. El coste de esta estrategia es que, por supuesto, no todo el mundo puede estar ocupado durante todo el tiempo. El capitalismo es un sistema ineficiente, porque es incapaz de utilizar todos los recursos de la sociedad. Pero el capitalismo es muy bueno a la hora de elegir en qué se ocupan los ocupados, algo que el socialismo se ha mostrado incapaz de hacer bien en la Unión Soviética, en Alemania del Este, en China, en Cuba y en otros países comunistas de menor enjundia.

¿A qué se debe este olfato del capitalismo para elegir los empleos más productivos para los recursos que puede movilizar? La respuesta está en la idea schumpeteriana de la destrucción creativa. El capitalismo, según Schumpeter, está en un proceso constante de mutación industrial, mutando como un organismo biológico «que incesantemente revoluciona la estructura económica desde dentro, incesantemente creando una [estructura] nueva. Este proceso de destrucción creativa es el hecho esencial del capitalismo. Es aquello de lo que el capitalismo está constituido y el marco en el que cada afán capitalista se tiene que mover».¹³

¿Cómo surge la innovación en el proceso de destrucción creativa? Como señala la economista neoschumpeteriana Carlota Pérez,¹⁴ los inventos, o invenciones, surgen constantemente del dominio de la ciencia y de la tecnología. A un ritmo mucho más lento que en el presente, esto ha ocurrido siempre, en todas las épocas y en todas las civilizaciones. El dominio de lo tecnológicamente posible es, en cualquier caso, mucho más amplio que el dominio de lo que puede ser económicamente rentable y socialmente aceptable en un momento dado. Para transformar un invento en una innovación hacen falta dos personajes diferentes y complementarios. En primer lugar hace falta un emprendedor, alguien que tiene una visión de futuro sobre cómo una invención determinada puede acabar llegando al mercado de manera que consiga cambiar los hábitos de los consumidores. En segundo lugar hace falta un financiero, es decir, alguien que, compartiendo la visión del emprendedor, está dispuesto a arriesgar su patrimonio apostando por el éxito de la transformación de la invención en innovación. La figura del financiero, o del suministrador de capital emprendedor, es más difícil de comprender que la del emprendedor. Para financiar su idea, ¿por qué no va el emprendedor a un banco y pide un crédito? La respuesta es muy sencilla: porque ya sabe que no se lo darán. Un banco tradicional no está pensado, ni regulado por sus reguladores, para financiar sueños, sino realidades. Un banquero tradicional con imaginación y con entusiasmo es un peligro sistémico que debe ser cuidadosamente evitado. Por ello la banca no invertirá en innovación salvo que esté impulsada por una empresa muy sólida que pueda aportar garantías colaterales al crédito solicitado. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter… son ejemplos por todos conocidos de empresas innovadoras que han cambiado la manera de vivir de la humanidad y que, en sus estadios iniciales, fueron financiadas por financieros.

Por supuesto que también hay innovación —y mucha— financiada por grandes empresas. Es cada vez más frecuente en sectores de alta tecnología (biomedicina, tecnologías de la información y la comunicación…) que las grandes empresas vivan en simbiosis con empresas en estados iniciales que están tratando de convertir inventos en innovaciones. Estas últimas, financiadas con capital emprendedor, están sometidas a un seguimiento constante y a la que hay indicios de éxito las grandes empresas las adquieren o entran en su accionariado. De este modo el fracaso tecnológico o comercial son riesgos para el financiero, que se ve recompensado en los casos de éxito por remuneraciones que multiplican por un número considerable su inversión inicial. Es éste un mundo muy darwinista, en el que una tasa de éxito de una empresa de cada diez se considera muy aceptable. En muchos países, particularmente Estados Unidos, se ha desarrollado una potente industria de capital emprendedor que posibilita la transformación a gran escala de invenciones en innovaciones. Lamentablemente éste no es el caso de España, país en el que, como veremos en los capítulos 6 y 11 de este libro, el capital emprendedor tiene como obstáculos la prevención y desconfianza de las autoridades y de los inversores particulares.

CAPÍTULO 5

¿ADÓNDE VA EL MUNDO?:

ALGO DE PROSPECTIVA

Enric Juliana, en su último libro, esboza una inquietante visión del mundo del futuro. «¿Adónde vamos? […] El mundo se desplaza muy probablemente hacia una fase de prolongada anarquía en el que las zonas seguras —aún sólidamente organizadas en naciones-Estado, al modo de los palacios de cristal de las grandes exposiciones internacionales del siglo XX— coexistirán con Estados neofeudales sin apenas articulación estatal (ya está pasando en África) y con Estados colonizados por la delincuencia organizada (ya está pasando en América central y en Asia central y podría ocurrir en un futuro no muy lejano en la Europa del sur). Nos espera un mundo muy distinto del que habíamos imaginado. En Europa volverán a convivir, como en tiempos de Dickens, grupos sociales poseedores de una extraordinaria riqueza con zonas urbanas hundidas en la más extrema pobreza. Un mundo en el que la clase media, tal y como esta categoría social ha sido entendida y sublimada en los últimos decenios, tiende a desdibujarse y a desaparecer. […] Un mundo desplazado hacia Oriente. Un mundo paradójicamente menos violento que hace cincuenta años, en el que el valor de la vida humana ha ganado enteros gracias al papel civilizador de la democracia y de las comunicaciones instantáneas. Un mundo más democrático y más anárquico, más desigual y menos violento, más inaprensible y seguramente más humano.»¹

¿Puede corregirse o añadirse algo al bosquejo de Juliana? Corregir, poco. Añadir, quizá bastante más. En este capítulo, último de la primera parte de este libro, utilizaremos el análisis de los cuatro capítulos anteriores para abordar una prospectiva de: 1. El futuro de las ideas; 2. El futuro de la especie humana; 3. El futuro de la guerra; 4. El futuro de la economía; 5. El futuro del Estado; y 6. El futuro de la Unión Europea. El objetivo del ejercicio es caracterizar los escenarios más probables para el mundo al que deberán adaptarse las tres próximas generaciones de españoles —los que van a nacer en esta década, sus hijos y sus nietos—. Estos escenarios fundamentarán la tercera parte de este libro, que es normativa, en la que se explicita cómo debería hacerse esta adaptación. Hay muchos otros temas cuya prospectiva es interesante e importante, pero los seleccionados aquí son los mimbres básicos de la cesta que queremos construir para dar consistencia a la parte normativa.

EL FUTURO DE LAS IDEAS

Por más que se mire, no se vislumbra en el mundo actual una alternativa ideológica global a los principios de la Ilustración radical que, como comentamos en el capítulo 1, inspiraron la Revolución francesa y vertebran hoy en día la civilización occidental. En ninguna de las otras cinco civilizaciones principales que enumera Huntington,² —china, japonesa, india, islámica y ortodoxa— hay una ideología con pretensiones universales. Cierto, la ideología del mundo islámico es expansiva, pero no pretende ser universal. La ideología china es universal tan sólo en la medida en que China se considera a sí misma el universo desde tiempo inmemorial.³ La civilización china no ha sido y, probablemente, nunca será expansiva. Lo mismo ocurre con la japonesa —exceptuando el período de extremo militarismo que sucedió a la Restauración Meiji— y con la india. La ideología de estas civilizaciones orientales, incluida la islámica, tiene poco que ver con la agresiva expansión imperialista que emprendió Europa en el siglo XIX, con la pacífica expansión cultural emprendida por Occidente, especialmente por Estados Unidos, desde mediados del siglo XX o con las pretensiones de universalidad que tiene la civilización occidental desde la Revolución francesa. Las demás civilizaciones conforman sociedades estáticas y locales, en el sentido de que el cambio que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en ellas obedece a causas exógenas. El comodoro Perry, por ejemplo. No son sociedades que hayan cambiado o que vayan a cambiar endógenamente. Por esa razón, en esas civilizaciones, «cambio» quiere decir necesariamente «occidentalización» en mayor o menor grado, lo que inevitablemente genera tensiones culturales, religiosas, sociales y políticas. En Tokio se viste, básicamente, como en Nueva York y en Shanghái como en Madrid, por ejemplo. Ni en Nueva York se usa el kimono ni en Madrid el qipao. La civilización islámica es más resistente al cambio que las de extremo oriente —no ha sido capaz de industrializarse, por ejemplo— y la civilización ortodoxa está en situación defensiva en todos los ámbitos —militar, económico y cultural— desde la implosión de la Unión Soviética, y está actualmente dependiendo de las materias primas para sobrevivir.

Dos décadas después cuesta entender qué estaba viendo Huntington cuando escribió, en 1992, que «un Occidente en la cima de su poder confronta a un no-Occidente [resto de civilizaciones] que de manera creciente tienen el deseo, la voluntad y los recursos para conformar el mundo de maneras no occidentales.»⁴ Por más que se mire, veinte años más tarde, lo único que se ve son resistencias a la occidentalización, no deseos de conformar el mundo de otra manera. Y no parece que estas resistencias estén ganando fuerzas, a pesar de que en muchos casos están vinculadas a la defensa de los intereses de minorías extractivas⁵ que defienden sus intereses particulares disfrazándolos de interés general con argumentos culturales o religiosos. Es muy probable que esto sea lo que está ocurriendo en muchos países como China o Arabia Saudí, por ejemplo. En cualquier caso, lo que nos interesa aquí es aclarar si es probable que de alguna de las civilizaciones no occidentales surjan ideas nuevas que afecten de manera universal a la concepción del Estado, a las relaciones entre individuo y sociedad, a la moral, a la ética o a la filosofía. No hay nada imposible en este mundo pero, dicho esto, la emergencia de estas ideas en las civilizaciones no occidentales parece sumamente improbable.

¿Y en la civilización occidental? ¿Pueden surgir ideas nuevas universales en Occidente? Aquí la prospectiva es más complicada. Volvamos la tríada liberté, égalité, fraternité. Tal y como hemos discutido en capítulos anteriores, los dos primeros términos configuran el terreno de la vida pública de los ciudadanos, mientras que el tercero está relegado inevitablemente a la vida privada. A un ciudadano se le puede obligar a no ser homófobo o, por lo menos, a no comportarse como tal. Pero nadie —y menos que nadie, el Estado— puede obligarle a ser fraternal, solidario, caritativo, piadoso o amante de los animales. En Occidente, al contrario de lo que ocurre en otras civilizaciones, los derechos son públicos y los deberes morales y las virtudes, privados. De ahí el desgarro provocado por la muerte de Dios, discutido en el capítulo 1.

¿Encontrará la dialéctica hegeliana una síntesis entre lo público y lo privado que permita superar ese desgarro? No lo parece, por lo menos dentro del horizonte de prospectiva que estamos considerando. La síntesis dialéctica requiere que ambos términos contrapuestos cambien. No parece probable que el primer término, el conformado por liberté y égalité, que delimita el marco de los derechos públicos en el Estado liberal democrático, pueda cambiar de manera significativa en un horizonte de tres generaciones. Parece mucho más probable que sea en la fraternité el lugar donde surjan ideas nuevas o, por lo menos, retos nuevos de carácter universal que pongan en cuestión el equilibrio de la tríada tal y como lo conocemos en la actualidad. En concreto, se ha dado casi siempre por supuesto que el ámbito de la fraternidad es la especie humana. La cita clásica de Terencio «homo sum, humani nihil a me alienum puto»⁶ lo ha ilustrado bien durante los últimos dos milenios. ¿Qué pasaría si eso cambiase, no en el sentido de restringir el ámbito sino, al contrario, en el de ampliarlo a otras especies o subespecies? De eso trata el siguiente epígrafe.

EL FUTURO DE LA ESPECIE HUMANA

En 2002 el filósofo alemán Jürgen Habermas publicó un librito que lleva el provocador título de El futuro de la naturaleza humana. ¿Qué tiene el título de provocador? Pues que la naturaleza de algo no puede cambiar, porque si lo hace, ese algo se convierte en otra cosa y esa cosa, al ser otra, tiene una naturaleza distinta. Es decir, que la naturaleza de algo no tiene ni futuro ni pasado. Es lo que es, y eso lo sabe Habermas desde antes de que le salieran los dientes. ¿Qué nos dice Habermas en ese ensayo? La segunda línea del título, «¿Hacia una eugenesia liberal?», nos da una pista. Habermas filosofa sobre los efectos que la ingeniería genética puede acabar teniendo sobre lo que él llama la naturaleza humana y que en este libro llamaremos, quizá con mayor propiedad, la especie humana. El nombre técnico de esta especie es Homo sapiens y la única subespecie superviviente en la actualidad es el Homo sapiens sapiens. Subespecies extintas son el Homo sapiens neanderthaliensis u hombre de Neanderthal y el Homo sapiens idaltu, que vivió en el cuerno de África hace unos 160.000 años.

Susan Hockfield, neurocientífica y decimosexta presidenta del Massachusetts Institute of Technology (MIT), quizá la institución científica y tecnológica más influyente del mundo, afirmó en 2007 durante una visita a Zaragoza que «así como el siglo XX se caracterizó por la convergencia de la ingeniería con la física, el siglo XXI se caracterizará por la convergencia de la ingeniería con las ciencias de la vida».⁷ Hockfield, probablemente, tiene razón. Dentro de esa convergencia, la ingeniería genética es ya una realidad que conoce un vertiginoso progreso. Situaciones como las ilustradas por la película Blade Runner de Ridley Scott, rodada en 1981, parecen estar ya al alcance de la mano. Tanto es así que, para alcanzarlas, cabe la duda de si hay que estirar el brazo hacia delante o hacia atrás. Éstas son las situaciones que angustian y que motivan la reflexión de Habermas.

Habermas se centra en los problemas morales del Diagnóstico de Pre-Implantación del embrión humano (DPI). El DPI puede tener como consecuencias inmediatas la elección del género masculino o femenino del embrión deseado por los padres. De hecho es muy probable que eso ya esté ocurriendo en varias partes del mundo. Otras consecuencias no tan inmediatas del DPI combinado con ingeniería genética, que quizá no estén ocurriendo todavía, pero que en modo en alguno están tecnológicamente lejanas, pueden ser, por ejemplo, la elección del color de los ojos, de la estatura, de la capacidad de correr cien metros en menos de diez segundos, etc. Ello supondría el acceso generalizado al supermercado genético profetizado en Blade Runner. Si los padres pueden elegir el género de sus hijos ¿por qué no otras características de la persona? Y, a fin de cuentas, ¿por qué sólo pueden elegir los padres? ¿Por qué no el Estado, por ejemplo? ¿Por qué el Estado no puede modular las características personales de los futuros componentes de sus Fuerzas Especiales? Sobre esto veremos más en el próximo epígrafe. En cualquier caso, el supermercado genético abre la puerta a una eugenesia a la carta que a Habermas —y no sólo a él— le plantea serios problemas éticos y morales.

En síntesis, los problemas que se le plantean a Habermas respecto a la intervención genética provienen de que alguien, el interventor, va a decidir sobre las características personales de otro, el intervenido, sin consultarle. Esto supone tratar al intervenido como un objeto, una cosa, en vez de como un sujeto, un individuo con derecho a manifestar sus opiniones sobre su propia vida y a decidir sobre ella. Hasta aquí todo parece razonable, siempre que se suponga que la lotería genética de la concepción tradicional de los seres humanos, a partir de la relación sexual no mediatizada de sus padres, produce resultados más igualitarios y moralmente más aceptables, lo que no tiene por qué ser el caso. Recordemos el chiste genial de Chumy Chúmez en el que se ve a una pareja dialogando: «queremos que nuestros hijos se nos parezcan…», dice la mujer; «sí, ganas de fastidiar», responde el hombre.

La conclusión moral de Habermas es que la DPI con fines terapéuticos es moralmente admisible, pero la que busca modificar, aumentar o mejorar la dotación genética de un embrión sano, o sea eugenesia pura, no lo es. No voy a entrar en este libro, que no es un libro de bioética, en los detalles y vericuetos de este debate moral, pero sí quiero manifestar mi sorpresa por la limitada trascendencia que está teniendo esta discusión fuera de los círculos profesionales más restringidos. La ingeniería genética no sólo cambiará el destino de la especie humana sino que cambiará también el concepto mismo de especie humana.

Es muy probable que la ingeniería genética se implante como hecho y que la moral se tenga que adaptar, como ha ocurrido antes tantas veces en la historia (divorcio, aborto, igualdad de género, igualdad de orientación sexual…). En la civilización occidental la esfera pública decide sobre el derecho, es decir, sobre lo que los individuos abstractos, los ciudadanos, pueden o no hacer. La esfera privada, los individuos concretos, son los que deciden sobre lo que está bien y lo que está mal. El derecho acaba siempre adaptándose a lo que la sociedad considera como bueno o como malo. Los incentivos para que la sociedad acabe decidiendo que la ingeniería genética es buena son, probablemente, demasiado grandes para ser resistidos con éxito durante mucho tiempo. Esto, unido a la probable proliferación de los implantes aumentadores de la percepción y de las posibilidades físicas de los individuos —chips de internet en el cerebro, por ejemplo— pondrán en la agenda, inevitablemente, el debate sobre qué es la especie humana, el debate de Blade Runner. Como en la película, ello llevará a un replanteamiento de cuál es el ámbito al que debe referenciarse la fraternité, pues la actual referencia de la especie humana resultará inservible por obsolescencia del concepto. No sólo eso. La misma idea de égalité, como sucede en Blade Runner, puede quedar seriamente cuestionada y obligada a adaptarse a una realidad humana mucho más compleja.

Puede acabar no siendo nada fácil dar una definición precisa e intuitiva sobre base genética de lo que es un ser humano, de quiénes son los que están amparados por los derechos públicos y de quiénes son referencia y objeto de los deberes y virtudes privados. El filósofo australiano Peter Singer⁸ lleva tiempo proponiendo que en materia de derechos y deberes el concepto de ser humano debería ser sustituido por el concepto de persona. Para Singer, una persona es alguien que tiene conciencia de su existencia en el tiempo de manera suficiente para darse cuenta en un momento dado de que es el mismo ser que ha vivido previamente y que es el mismo ser que puede esperar vivir en el futuro.⁹ Según esta definición hay animales no humanos que son personas, por ejemplo los chimpancés, y hay seres humanos que no lo son, por ejemplo los que tienen una discapacidad cerebral que les impide tener esa conciencia de sí mismos. Nadie nace persona, porque nadie nace con esa conciencia de sí mismo. Muchos mueren habiendo dejado de ser personas. El debate está servido.

Las propuestas de Singer, polémicas como son, podrían abrir la puerta a la transición de una ética intraespecie a una ética trans-especie. Esto posibilitaría la continuidad de la tríada liberté, égalité, fraternité como lema de la civilización occidental pero, eso sí, con interpretaciones más amplias de quienes son los afectados por la égalité y por la fraternité. Esto supondría la prosecución de la constante ampliación del ámbito de aplicación de estos conceptos ocurrida en los siglos XIX y XX —ampliación étnica, ampliación de género— y, en el siglo XXI, ampliación de especie o subespecie. Las ideas son básicamente las mismas, no olvidemos que la historia de las ideas terminó a principios del siglo XIX precipitando el fin de la Historia, pero su interpretación continuaría mutando.

EL FUTURO DE LA GUERRA

¿Habrá más guerras epocales? En el capítulo 2 hemos definido estas guerras como aquellas en las que se dirime qué forma dominante va a tener el Estado y que, típicamente, son vencidas por los países que tienen el Estado más eficiente a efectos de movilizar más recursos para la guerra. Las guerras epocales acostumbran a ser de larga duración, de varias décadas o de casi un siglo, como la última, que ocupó la totalidad de los 75 años que tuvo, en términos históricos, el «corto» siglo XX. Las guerras epocales son fenómenos Históricos en los que se dirimen cuestiones de trascendencia Histórica. Terminada la Historia, es decir, no habiendo ninguna otra forma de Estado alternativa universalmente al Estado liberal democrático y habiendo culminado la guerra con el arma nuclear, una nueva guerra epocal no puede tener lugar.

¿Habrá más conflagraciones bélicas devastadoras? En principio sí puede haberlas, incluso nucleares. Como vimos en el capítulo 2, la escalada militar que alumbró a la civilización en el Neolítico culminó con la bomba atómica en 1945, lo que añadió la dimensión militar al fin de la Historia. Pero los arsenales nucleares siguen ahí, garantes de un difícil equilibrio de disuasión que en algún momento se puede romper. Estados Unidos, Rusia y China son potencias nucleares globales, capaces cada una de ellas de asegurar la destrucción total del planeta. El Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte son potencias nucleares locales, capaces de hacer mucho daño, pero no de destruir el planeta. Irán está intentando construir su propia arma atómica y quizás acabe consiguiéndolo. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Israel y la India son democracias. China es una dictadura aparentemente estable, regida por una élite extractiva que vela por sus propios intereses aunque también responde a una fuerte tradición nacionalista y tiene aspiraciones de hegemonía regional. Rusia es una dictadura inestable, disfrazada de democracia, también regida por una élite extractiva y nacionalista cuyas pretensiones hegemónicas no van más allá de algunos Estados limítrofes. Su futuro estratégico está fuertemente amenazado por el reciente descubrimiento de grandes reservas de nuevos combustibles fósiles, especialmente el gas de esquisto, ampliamente repartidas por todo el planeta y que inevitablemente acabarán causando una caída estructural de la demanda de materias primas rusas. También de las de Oriente Medio, por supuesto. Pakistán es el único Estado islámico que actualmente tiene el arma nuclear. Es un país extremadamente inestable, limítrofe con países —Afganistán e Irán— que tampoco son un ejemplo de estabilidad. El conflicto Pakistán-India y el de Israel-Irán son los focos de tensión actuales que podrían provocar un conflicto nuclear.

En cualquier caso, un conflicto nuclear sólo es probable en el caso de que haya un Estado con arsenal atómico que vea amenazada su propia existencia. Esa existencia del Estado, en los países no democráticos, tiende a confundirse de manera deliberada con los intereses de las élites extractivas que los rigen, de modo que si estos intereses se ven amenazados, estas élites podrían impulsar un resurgir nacionalista apoyado en el arsenal nuclear para defenderse. Ésta es la razón de ser última de la bomba atómica de Corea del Norte y, en parte de la de China y la de Rusia. También del intento iraní de construirla. En estos casos, la bomba tiene una lógica fácil de entender y que ejerce una fuerte presión para el mantenimiento del actual statu quo. En el caso de Pakistán, la bomba tiene una explicación histórica por el conflicto que mantiene con la India desde la independencia de ambos. Su lógica actual es más confusa que en los casos anteriores y, por tanto, la situación es más propensa a accidentes no deseados por nadie. En el caso de Israel, la lógica tradicional, asegurar la existencia del Estado frente a enemigos no nucleares, se complica por la escalada de Irán, pero quizá el futuro más seguro para todo el mundo pasaría por acabar aceptando un Irán nuclear que garantice la supervivencia de la élite extractiva iraní en un sistema de disuasión mutua con el Estado de Israel.¹⁰

Nadie desea un conflicto nuclear, lo cual no quiere decir que no pueda llegar producirse. La disuasión nuclear es tremendamente conservadora, porque refuerza el statu quo externo e interno de muchos países. De ahí que la aspiración natural de toda élite extractiva sea conseguir el respaldo nuclear. Ello lleva a pensar que la intentona iraní no será la única que conocerán las generaciones futuras. En cualquier caso, con el actual sistema de disuasión nuclear, o con las ampliaciones que pudiera tener en el futuro, hace que el escenario más probable para las guerras del futuro sea el de guerras limitadas, con objetivos limitados, que no resultarán en cambios dramáticos de los statu quo. Algo así como un regreso al mundo configurado en el Tratado de Utrecht. Es muy probable que las guerras del siglo XXI traigan muchas menos novedades en el mapa político o en la naturaleza de los Estados contendientes que las de siglos anteriores. Es más, habrá guerras en las que habrá Estados en un solo bando, estando el otro ocupado por organizaciones privadas, como muestra la actual guerra de Afganistán. En estas guerras combatirán ejércitos reducidos, muy profesionalizados, apoyados por la participación directa o indirecta de entidades privadas. Como acabamos de mencionar en uno de los bandos, o en los dos, podría haber sólo organizaciones privadas.

Puede descartarse, con un elevado nivel de confianza, la ocurrencia de guerras en las que intervengan ejércitos masivos reclutados mediante levas. Las guerras del inmediato futuro tenderán a buscar no tanto la resolución de un conflicto determinado como la prevención de su estallido haciéndolo crónico. En un símil médico, es como luchar contra el cáncer: nunca se le vence, pero en muchas ocasiones se logra transformarlo en una enfermedad crónica controlada. Éstas son las lecciones que vienen aprendiendo los ejércitos de la OTAN desde las guerras yugoslavas de la década de 1990, el ejército ruso desde las guerras de Chechenia entre 1994 y 2009, y también el ejército israelí en las guerras palestinas. Estas enseñanzas han quedado corroboradas por las campañas de los aliados en Irak y en Afganistán en el siglo XXI. Y, sobre todo, en la lucha contra el terrorismo islámico, muy en particular contra Al Qaeda. La guerra de Irak, un Estado fuerte y un pueblo débil, empezó con una invasión convencional seguida por operaciones de contrainsurgencia, llevadas a cabo sobre el terreno por fuerzas especiales, para conseguir eliminar los obstáculos que se oponían a un acuerdo político para formar un nuevo Gobierno iraquí. El éxito fue modesto, pero aparentemente suficiente. En Afganistán, un Estado débil y un pueblo fuerte, la contrainsurgencia no ha dado los resultados mínimos necesarios y parece haberse optado por el contraterrorismo, es decir, por cronificar la situación llevando a cabo las operaciones antiterroristas necesarias para mantener el problema afgano dentro de unas dimensiones manejables. Igualmente parece haberse optado por el contraterrorismo para cronificar el terrorismo islámico que no tiene una adscripción territorial concreta.

La estrategia militar de movilizar a la nación para afrontar una guerra sangrienta en la que participan ejércitos masivos parece haber entrado, para siempre, en el museo de Historia Militar. En la sala contigua a la de la falange macedónica, para ser más precisos. La guerra ha entrado, por fin, en el mundo post-Histórico.

EL FUTURO DE LA ECONOMÍA

¿Qué ocurrirá con la globalización? El único escenario que, a priori, sería consistente con una reversión del proceso de globalización que comenzó hace algo más de dos décadas sería un escenario de guerra entre las mayores potencias económicas o una vuelta, por uno u otro motivo, a una política de bloques que levantase grandes barreras comerciales entre ellos. Por lo razonado en el epígrafe anterior, ese escenario bélico es muy improbable. Además, no hay ningún miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), o del G20, que considere que una vuelta a la política de bloques, cualesquiera que fuesen los bloques, no fuera extremadamente dañina para sus intereses. Los países en vías de desarrollo necesitan una economía cada vez más global para reducir la brecha de renta per cápita que tienen respecto a los países desarrollados. El enriquecimiento fabuloso, los privilegios principescos y la continuidad en el poder de las élites que dominan algunos de estos países emergentes, notablemente China, dependen crucialmente de que sean capaces de mantener el proceso de convergencia en renta de su población con los países más desarrollados. China, por ejemplo, tiene ambiciones de hegemonía regional, pero nunca llevará sus ambiciones tan lejos como para poner en peligro la globalización de la economía. Otra cosa es que, cuando llegue la inevitable desaceleración de la economía, a los dirigentes chinos les interese tensionar la política regional y reavivar el fervor nacionalista. Pero mal les tienen que ir las cosas para desandar el camino de la globalización.

La globalización tiene muchísimas consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales. A los efectos de este libro, que no es un libro sobre la globalización, nos interesa destacar solamente tres. En primer lugar habrá una convergencia importante de rentas per cápita entre los países emergentes con los países desarrollados. Las posibles excepciones son el mundo islámico y el África subsahariana que, por razones eminentemente culturales —identificación de industrialización con «occidentalización», por ejemplo—, se pueden quedar descolgadas del proceso de reducción de diferencias de renta per cápita. Esta convergencia se conseguirá por el alza de las rentas de los países en vías de desarrollo y por la disminución relativa de las de los países desarrollados. La ley de un solo precio en un mundo globalizado es inexorable. Repitiendo lo ya apuntado en el capítulo 3, si un español, por ejemplo, trabaja haciendo lo mismo que un chino, o bien cobra lo mismo que el chino o acabará perdiendo su empleo, más bien pronto antes que tarde. Esta convergencia, que ya afecta de lleno a la manufactura, está empezando a afectar también a los servicios. Hay muchísimas empresas en la City londinense, por ejemplo, cuya contabilidad y valor liquidativo diario se calculan en la India. Hay hospitales en España cuyos servicios de urgencias envían sus TAC nocturnos para ser informados a Argentina.

Es un proceso imparable. La única manera de evitarlo es mantener una brecha positiva de capital humano que permita moverse hacia arriba en la escala de sofisticación de los productos y servicios, manteniendo la distancia con los países emergentes a medida que éstos van ascendiendo. Hay muchos países europeos que son capaces de hacer eso sin mayores problemas, pero España sí los tiene porque arrastra un déficit muy importante de capital humano que, como se argumentó en el capítulo 1, viene de lejos, por lo menos desde el siglo XVI. Para seguir en el mapa de los países desarrollados España deberá hacer un esfuerzo muy grande y muy consistente en el tiempo en educación, investigación básica, innovación, desarrollo y fomento del emprendimiento. Como se desarrolla en la tercera parte de este libro, éste debe ser el principal proyecto para España durante las próximas generaciones.

En segundo lugar, la globalización afecta también, y mucho, a las clases medias. Los asalariados más cualificados se hallan inmersos en un creciente proceso de proletarización. Por poner sólo ejemplos españoles, empezaron los maestros y profesores, antes de la globalización. Siguieron los médicos a medida que los hospitales se llenaban de profesionales hispanohablantes no españoles. Luego los arquitectos, muy dañados por el reventón de la burbuja inmobiliaria. También los ingenieros están transitando este camino. Sólo se salvan de la proletarización algunos abogados y economistas socios de bufetes, consultoras y grandes multinacionales de la auditoría. Por poner sólo un dato: un ingeniero con cinco años de experiencia en sistemas electrónicos y software le cuesta a su empresa en España una media de 55.000 euros al año.¹¹ Una vez deducidos un 30 por ciento de costes de la Seguridad Social y un 25 por ciento de retenciones de IRPF le queda a ese ingeniero un líquido a percibir de 2.406 euros mensuales en doce pagas anuales. ¿Mejorará el ingeniero si decide irse a trabajar al extranjero? No parece. En Inglaterra, por ejemplo, el coste para la empresa de un ingeniero de estas características es un 10 por ciento inferior al de España.

¿Desaparecerán las clases medias, como decía Juliana en la larga cita que abre este capítulo? En cierta medida, parece probable que así sea. Perderán estatus las clases medias formadas por asalariados cualificados que estén sometidas a la competencia global. Los asalariados cualificados, los ingenieros del párrafo anterior, por ejemplo, seguirán estando en la parte alta de la escala salarial, pero esta escala se acortará. Por otra parte, sin embargo, parece probable que se mantengan o aumenten las diferencias salariares de la escala ejecutiva y que surjan nuevas clases medias sobre la base del emprendimiento y del talento. Y es que, por decirlo de una manera intuitiva aunque imprecisa, la escalada militar que forjó la Historia ha mutado en la post-Historia a una escalada de capital humano y de talento. Los países con mayor nivel y mayor tasa de crecimiento del capital humano seguirán manteniendo la producción de los bienes y servicios de mayor valor añadido y seguirán teniendo mayor renta per cápita que los países con menor capital humano, que tendrán que especializarse en producción de menor valor añadido. Sin embargo, la renta en estos últimos también crecerá, probablemente mucho, aunque resulta imposible prever si llegarán a convergen con los países más desarrollados. Lo harán si acumulan capital humano mucho más deprisa que ellos, lo que, a priori, no está nada claro que vaya a ocurrir.

Lo que sí está más claro es que es muy probable que continúe el crecimiento exponencial de las innovaciones e, incluso, que se acelere más. Ahora mismo estamos solamente en los albores de la economía del conocimiento. Con la aceleración de la innovación vendrá también la del proceso de destrucción creativa. Son las dos caras de la misma moneda. En el capítulo 4 hemos introducido el dilema entre, por una parte, un crecimiento más suave, con menos altibajos, que mitigue el trastorno social de los ciclos abruptos aunque acabe dando lugar a un crecimiento menor a largo plazo, y un crecimiento en el que la destrucción creativa tenga un mayor papel, con ciclos más pronunciados y mayor crecimiento final. Este dilema, que resolvió la guerra fría a favor de Occidente, seguirá siendo muy relevante. Así como la memoria de la Gran Depresión está todavía muy viva hoy en día en las sociedades occidentales, en parte por la crisis que estamos viviendo en la actualidad, la memoria de esta última crisis durará generaciones y alimentará el debate entre ambas alternativas. No está claro a priori que el capitalismo pueda ser domesticado para generar un crecimiento suave y uniforme. Pero el debate es probable que siga durante mucho tiempo.

EL FUTURO DEL ESTADO

En este epígrafe nos vamos a centrar en hacer una prospectiva de los problemas de legitimidad de las naciones-Estado que introdujimos en el capítulo 3. Las naciones-Estado seguirán siendo las formas dominantes de organización política en el siglo XXI pero, junto a ellas, tendrán también un papel relevante formas de organización política post-Históricas, como la actual Unión Europea, a la que los Estados miembros han cedido buena parte de su soberanía. Esto hace que los problemas de legitimidad de una y otra instancia política se superpongan y se entremezclen.

Las naciones-Estado obtienen su legitimidad garantizando la seguridad exterior e interior de la nación y maximizando el bienestar de sus ciudadanos. Las razones por la que la legitimidad obtenida garantizando la seguridad se debilita han sido expuestas en el capítulo 3, por lo que aquí nos centraremos en los problemas que plantea el Estado de bienestar.

En el capítulo 2 hemos visto que el Estado de bienestar fue una conveniencia de la estrategia militar de finales del siglo XIX que buscaba maximizar la capacidad de movilización de la nación para hacer frente a guerras que requerían ejércitos masivos. Esto no quiere decir que esta conveniencia fuera la única causa de su puesta en marcha. Estaban las reivindicaciones del movimiento obrero, por una parte, y también tenían influencia movimientos ideológicos de base más amplia que postulaban incorporar la fraternité a la vida pública de manera coercitiva a base de reformas graduales. El ejemplo más representativo de estos movimientos es, probablemente, la Sociedad Fabiana, fundada el Londres en 1884, sociedad que acabó dando origen al Partido Laborista británico. En el siglo XX se fueron implantando sistemas tributarios para financiar el Estado de bienestar que, a partir de 1945 fueron adquiriendo un carácter progresivo, es decir, con un fuerte componente de redistribución de renta entre los ciudadanos. Este Estado de bienestar, más progresivo en Europa que en Estados Unidos, fue una pieza clave de la estrategia occidental en la segunda mitad del siglo XX durante la guerra fría y el escaparate abierto hacia los países del Este que mostraba con todo lujo de detalles qué tipo de organización política generaba más bienestar para su población. En otras palabras, la prueba plástica de quién estaba ganando la guerra.

Terminada la guerra fría, el Estado de bienestar continuó desarrollándose en un marco de crecimiento económico acelerado durante la década de 1990. Ya se detectaban entonces tendencias demográficas que ponían en peligro los sistemas de pensiones públicos de reparto: caída de la natalidad y crecimiento acelerado de la esperanza de vida, que resultaban en un rápido envejecimiento de la población. Algunos países, como Suecia, supieron reformar a tiempo sus sistemas de pensiones para asegurar su viabilidad financiera futura. Otros, como España, dejaron pudrirse el problema hasta el punto de convertirlo en casi insoluble. Este tema lo trataremos con más detalle en la tercera parte de este libro. Lo que nos interesa constatar aquí es que la caída de la natalidad y la prolongación de la esperanza de vida —que en España está creciendo al vertiginoso ritmo de cuatro horas diarias— amenazan la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones en muchos países, entre ellos España, y ponen en peligro la financiación de los sistemas sanitarios. Una profunda reforma financiera sería inevitable aunque la legitimidad de los Estados del siglo XXI continuase basándose en la maximización del bienestar de sus ciudadanos.

Ocurre, sin embargo, que en el siglo XXI la escalada militar que propició la construcción del Estado de bienestar ha sido sustituida por una escalada en la acumulación de capital humano. Por poner un ejemplo ilustrativo, hasta el hijo de Xi Jinping, nuevo presidente de China, estudia en Harvard. Los Estados que no quieran quedarse atrasados en esta nueva carrera, que no es de armamentos sino de talento, no pueden seguir extrayendo su legitimidad de la maximización del bienestar de sus ciudadanos. Eso lleva —no hay más que mirar a España— a que éstos acaben delegando la responsabilidad de sus propias vidas en el Estado y a que no se esfuercen por capitalizarse como personas activas. En un mundo en el que será cada vez más difícil escudarse en barreras de entrada para mantener privilegios, esto es una actitud suicida, que lleva a los ciudadanos a acabar dependiendo del presupuesto público y al Estado al colapso financiero.

Los Estados del siglo XXI deberán obtener su legitimidad del éxito que obtengan sus países en esa carrera del capital humano, porque el bienestar de la población va a depender de ese éxito y no de los subsidios públicos. Para ello, los Estados deberán maximizar las oportunidades que se les ofrecen a sus ciudadanos para que éstos, responsabilizándose de sus propias vidas, elijan lo que estimen más conveniente, sin delegar en el Estado. Para hacer esto posible, los Estados deberán tener sistemas educativos excelentes, deberán fomentar el emprendimiento, la investigación y la innovación.¹² Si no lo hacen, el bienestar de la ciudadanía acabará derrumbándose, más bien pronto antes que tarde, porque el país no podrá competir. En España no hay casi nadie con poder de decisión que vea las cosas de esta manera. Tenemos un sistema educativo desastroso; una investigación fundamental que es consistentemente considerada como gasto prescindible y que masacran con recortes presupuestarios cada vez que escasea el dinero público; y un sistema fiscal que castiga el emprendimiento y la innovación. ¿Cuánto tiempo creemos que seguirá estando España entre los países más desarrollados del mundo?

El cambio de énfasis en las fuentes de legitimidad de las naciones-Estado no debería suponer el desmantelamiento de las redes de seguridad del actual Estado de bienestar. Hay dos tipos de razones que llevan a pensar que esto no va a ocurrir. En primer lugar están las razones de tipo moral. La tensión intrínseca entre liberté y égalité, por una parte, y fraternité, por la otra, es la esencia misma de la civilización occidental, lo que la convierte en la única civilización inclusiva que ha conocido la historia después del Imperio romano, que fue la primera. Occidente no puede renunciar a ninguno de los términos de la tríada, concretamente a la fraternité, sin perder su carta de naturaleza. La sociedad post-Histórica exige de los individuos que asuman mayor responsabilidad sobre sus propias vidas, es decir, que asuman más riesgos y que, por tanto, cometan más errores. Deben existir redes de seguridad para asegurar que el que fracase en un intento lo seguirá intentando en un marco de estabilidad social. No se trata de recortar el Estado de bienestar sino de suprimir sus elementos más desincentivadores de la iniciativa individual y de ajustarlo a la evolución de la demografía. Volveremos sobre este tipo de razones en la tercera parte de este libro.

El segundo tipo de razones es de naturaleza económica. En la sociedad post-Histórica es muy probable que aumente la volatilidad de la vida laboral de los individuos. Los cambios de empleo serán más frecuentes y no sólo de empleo sino también de ocupación y de situación laboral entre asalariado, autónomo o empresario. El período formativo de los trabajadores no debería terminar nunca, ni con su jubilación. Esta mayor volatilidad individual necesitará esquemas como la flexiguridad danesa u holandesa, que permiten combinar mucha flexibilidad en los cambios en la vida laboral con políticas proactivas de mercado de trabajo y un alto grado de seguridad. El incremento de la volatilidad microeconómica debería redundar en una significativa reducción de la volatilidad macroeconómica, es decir, en que los ciclos económicos y la destrucción creativa no provocaran catástrofes de empleo como la que han provocado en España en este ciclo. También en la tercera parte volveremos sobre esto.

EL FUTURO DE EUROPA

La Unión Europea (UE) es la primera institución política a gran escala plenamente post-Histórica. No es una organización internacional sino supranacional, la primera de estas características en la historia. No es solamente un club de Estados, puesto que sus instituciones representan tanto a los Estados miembros como a los ciudadanos de la Unión, quienes son sujetos directos de derechos europeos que no pueden ser intermediados por sus Estados de origen. Desde el Tratado de Roma de 1957, firmado por seis Estados europeos,¹³ hasta nuestros días la Unión ha crecido sin cesar hasta contar con los actuales 27 Estados miembros, y hay más candidatos en la cola de admisión. La UE ha conseguido una integración de las economías europeas sin precedentes en la historia, superior incluso a la conseguida por el Imperio romano. También ha conseguido una integración política y legislativa no conocida en Europa desde el siglo VI. Y sus principales miembros comparten una moneda común desde hace quince años. Todo esto ha supuesto grandes cesiones de soberanía de los Estados a la Unión, cesiones que van desde la política monetaria para los 17 miembros que han adoptado el euro —la moneda es el símbolo máximo de la soberanía— hasta cómo se deben transportar los cerdos, pasando por buena parte de la política fiscal, de inmigración, agraria, industrial, etc. Es más breve la lista de las políticas estatales que no están mediatizadas por la UE que la de las que sí lo están.

Mucha gente se pregunta ¿adónde va Europa? ¿Adónde va la UE? Hay gran confusión en las respuestas y, en parte, la confusión está justificada. ¿Va la UE a convertirse en una unión política en forma de Estado federal? ¿Confederal? En caso contrario ¿qué sentido tiene una unión política cada vez más estrecha? ¿Adónde vamos?

No debe analizarse la UE utilizando solamente conceptos Históricos, como Estado, nación o soberanía pues eso lleva a confusión. La UE, por ejemplo, por más que avance la unión política entre sus miembros, nunca será un Estado federal. Para decirlo con más claridad: nunca será un Estado. Es algo nuevo en la historia, algo que seguirá conviviendo con Estados y regiones, algo que seguirá dando a los habitantes de su territorio el estatus de ciudadanía europea, lo que supone una relación directa del ciudadano con la Unión, similar a la relación directa que tenía un ciudadano romano con el emperador. Civis romanus sum. Recurro al Tribunal de Luxemburgo. Dos mil años después, volvemos a encontrar la misma idea. Por fin.

Es moneda corriente que la UE tiene problemas de legitimidad. En mi opinión eso es cierto, pero hay que matizarlo mucho. En este libro hemos barajado tres nociones de legitimidad. En primer lugar, el concepto de Fukuyama que establece que la legitimidad de un régimen político proviene de que la población lo vea como justo y que esté dispuesta a cumplir sus reglas. En segundo lugar, la legitimación de la nación-Estado moderna por la maximización del bienestar de sus ciudadanos. Y, en tercer lugar, la legitimación del Estado post-Histórico por la maximización de las oportunidades que se ofrecen a sus ciudadanos. Veamos cómo casan estas nociones con la UE.

La primera noción es de aplicación a todo sistema político y, en concreto, a la UE. El origen de la Unión está en la voluntad de un puñado de políticos, en la posguerra de la segunda guerra mundial, de lograr una unión política en Europa que hiciese imposible que tuviesen lugar nuevas guerras europeas. Los padres fundadores —Monnet, Schumann, Spaak, De Gasperi, etc.—… provenían de la oposición y de la resistencia al nazismo. Su objetivo de lograr una unión política europea era imposible a corto plazo por la cercanía de la guerra, que obstaculizaba la creación de organismos supranacionales en el viejo continente. Por ello optaron por una aproximación más gradual y eligieron la integración económica como instrumento para conseguir la integración política. En la jerga comunitaria a esta estrategia se la conoce como la «vía funcionalista». El primer paso fue la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951.¹⁴ A ello siguieron el Tratado de Roma, el Mercado Común, el Sistema Monetario Europeo, el Mercado Único, el Tratado de la Unión Europea, la Unión Económica y Monetaria, la fracasada Constitución europea de 2004 y el Tratado de Lisboa.

La integración económica y política conseguida en menos de seis décadas ha sido muy profunda y, probablemente, irreversible. Sin embargo, sobre el proceso de construcción de la Unión Europea planea la duda de la legitimidad. ¿Hasta qué punto un proceso de integración iniciado de manera conspirativa por los padres fundadores y que ha progresado siempre de «arriba a abajo» impulsado por el Consejo Europeo, sin haber sido nunca sometido al bautismo legitimador de unas elecciones representativas, hasta qué punto este proceso y las instituciones en las que se encarna son considerados legítimos por los ciudadanos europeos? Todo parece indicar que estos últimos siguen percibiendo los asuntos europeos en clave estrictamente nacional, como muestran los revolcones que los electorados irlandés, francés y holandés dieron al proyecto de Constitución europea. Pero no es sólo el electorado. Las elecciones al Parlamento europeo, que sí son representativas, se dirimen también en clave exclusivamente nacional. Las clases políticas de los diversos Estados miembros se han resistido a ceder competencias a una clase política europea que no ha llegado a nacer por ese motivo, propiciando en su lugar la creación de castas de funcionarios de la Unión —en la Comisión, tribunales europeos, Banco Central Europeo…— que son los que dan la imagen perceptible de las instituciones. Las presidencias de la Comisión y del Consejo, ocupadas por políticos con bajo peso específico, han terminado por funcionarizarse y actúan más como secretariados de sus respectivas instituciones que como impulsores de iniciativas políticas europeas, que es lo que deberían ser. En estas circunstancias resulta comprensible que los ciudadanos que ven más legítima a la UE son los de los países que reciben transferencias netas positivas de la Unión, mientras que los que tienden a verla como ilegítima o injusta son los que reciben negativas. A pesar de los enormes progresos de la integración económica y política, la legitimidad de la UE se sigue interpretando en clave nacional. Dependiendo de la percepción de cómo afecta la UE al bienestar de los ciudadanos de los distintos países, éstos la acaban considerando más o menos legítima.

Esto lleva a que la primera noción de legitimidad, la de Fukuyama, que es la más fundamental y la que está relacionada con la percepción de la justicia de las instituciones, se acabe diluyendo en la segunda, que es la que emana de la maximización del bienestar de los ciudadanos. La UE tiene legitimidad en la medida en que refuerza la de los Estados miembros. No hay más que ver a los líderes políticos volviendo del Consejo europeo a sus países de origen anunciando, satisfechos, cuánto dinero adicional han conseguido o cuánto se han ahorrado. De esta manera es muy difícil que la Unión tenga legitimidad por sí misma ante los ciudadanos porque la maximización del bienestar de éstos es una tarea Histórica de las naciones-Estado que no entra ni puede entrar en las ambiciones de la UE. Ni la educación, ni la sanidad, ni las pensiones, ni la ayuda a la dependencia, por ejemplo, son competencias de la UE y es muy probable que no lo sean jamás, por más integración política que haya en el futuro, porque nadie, especialmente los países del norte de Europa, va a querer pagar los gastos sociales de los demás. ¿De dónde puede la UE extraer legitimidad de manera no mediatizada por los Estados miembros? Tiene que ser de la tercera acepción, la post-Histórica, la que emana de la maximización de las oportunidades que se ofrecen a los ciudadanos.

Dan la pista los Programas Marco europeos de I+D, el Programa de Innovación y Competitividad, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, hoy en día incorporados financieramente al programa Horizonte 2020, y programas de becas como el programa Erasmus. En las perspectivas financieras 2014-2020 los programas de I+D, y los de innovación y tecnología tienen un incremento de más del 30 por ciento respecto a las perspectivas financieras 2007-2013. La dotación de las becas Erasmus se incrementa un 40 por ciento. Son incrementos muy grandes, sobre todo si se tiene en cuenta que el presupuesto comunitario para el próximo sexenio se ha reducido respecto al actual. La señal política no puede ser más clara: en tiempos de grave crisis económica y de penuria presupuestaria hay que apostar por el futuro y hay que tener prioridades claras. Todo lo contrario, hay que decirlo, de lo que hacen los Gobiernos españoles.

La UE hace bien en priorizar la I+D+i y las becas Erasmus, no sólo por ganar legitimidad incrementando las oportunidades que ofrece a sus ciudadanos, sino también por una cuestión de supervivencia. Como unión aduanera, como mercado común e, incluso, como mercado único, la UE podría sobrevivir y prosperar como una organización internacional. Esta situación encarnaría la visión británica de Europa. Pero la UE es una organización supranacional vertebrada por una unión monetaria y la posible inviabilidad de esa unión monetaria puede acabar condicionando el futuro de la UE. El razonamiento de por qué esto es así, que se expone a continuación, culmina este capítulo y la primera parte de este libro.

La actual unión monetaria es el octavo intento de unión monetaria que conoce Europa desde 1850. Un breve resumen de las circunstancias y características de los siete intentos anteriores¹⁵ aparece en el cuadro 5.1 de la página 124. Cuatro de los intentos fueron culminados con éxito y tres terminaron en fracaso. Todos los éxitos fueron procesos de construcción nacional —Suiza desde 1850, Italia desde 1862, Alemania desde 1871, y Alemania, otra vez, desde 1989— en los que la unión monetaria fue una de las dimensiones de una unión política de mayor calado. La voluntad de unión política permitió superar por la vía fiscal el hecho histórico recurrente de que en una unión monetaria entre regiones o entre Estados siempre hay ganadores y perdedores entre las regiones o Estados que lo forman, dependiendo de su capital humano y productividad, entre otros factores. La construcción de un Estado común permite hacer transferencias fiscales a los perdedores que en algunos casos, como Italia, han terminado por convertirse en permanentes. Los tres fracasos —la unión monetaria entre Alemania y Austria (1857-1867), la Unión Monetaria Latina (1865-1926) y la Unión Monetaria Escandinava (1872-1931)— tuvieron como denominador común la ausencia de una voluntad de unión política y la ausencia de una política monetaria común, aunque en algunos casos hubiera mucha coordinación. Las disparidades en política monetaria se materializaban en la puesta en circulación de monedas de peor calidad por parte de algunos miembros de la unión. Inevitablemente, por la ley de Gresham,¹⁶ sólo circulaba la moneda de peor calidad y la moneda buena se acumulaba en los países con una política monetaria más restrictiva. No es una exageración afirmar que las uniones monetarias que fracasaron cayeron víctimas de la ley de Gresham. Las disparidades de política monetaria entre los diferentes miembros no eran caprichosas sino que respondían a las diferentes situaciones económicas y presupuestarias de los distintos países. La existencia de tensiones políticas entre los miembros también acabó teniendo un papel relevante en el fracaso de las tres uniones multiestatales.

El actual intento de unión monetaria tiene características comunes tanto con los intentos previos exitosos como con los fracasados. La existencia desde el principio de una moneda única y de una política monetaria única evita, a priori, desestabilizaciones derivadas de la ley de Gresham. La otra cara de la moneda es que los países más débiles no pueden devaluar para restaurar su competitividad y, en ausencia de una flexibilidad salarial muy elevada, pueden acabar necesitando transferencias fiscales de los otros miembros de la unión, cosa que prohíbe taxativamente el tratado de la UE. En otras palabras, la unión política entre los 17 miembros del euro es muy parcial y es insuficiente para soportar transferencias de renta de unos Estados a otros. En mi opinión es muy improbable que una unión política lo suficientemente estrecha tenga lugar en el horizonte temporal que contempla este ejercicio de prospectiva. Por tanto, para que la unión monetaria pueda sobrevivir, los países del sur de Europa deben hacer dos cosas. El primer lugar, deben flexibilizar al máximo sus mercados de trabajo, de otros factores productivos como la energía, de bienes y de servicios para hacer posibles devaluaciones por el sector real de la economía, es decir, para bajar salarios y precios cada vez que haya que compensar una pérdida de competitividad. Éste es un proceso extraordinariamente doloroso, en el que España se halla ahora mismo inmersa, y que no se puede repetir muchas veces. Por tanto hay que ir a la raíz del problema, que ha sido descrita en los capítulos 1 y 3 de esta primera parte y sobre la que se volverá en la segunda. Los países del sur tienen que cerrar la brecha de productividad y de capital humano que les separa de los países del norte. Éste es el principal mensaje de este libro. Para ello necesitan hacer inversiones masivas en capital humano, en I+D, en innovación y en fomento del emprendimiento. Si no lo hacen, la unión monetaria no sobrevivirá porque los países del norte nunca aceptarán un sistema de transferencias permanentes. Así se configura el futuro de Europa.

CUADRO 5.1

Uniones monetarias en Europa desde 1850

1. Suiza (1850). La unión política se alcanzó en 1848. El nuevo sistema monetario se basó en el franco francés. La regulación de la moneda fiduciaria siguió siendo competencia cantonal hasta 1905. Suiza participó en la Unión Monetaria Latina.

2. Italia (1862). La unión política se consiguió en 1861. La unión monetaria se basó en el patrón bimetálico francés. La unificación de la moneda fiduciaria no se consiguió hasta 1926. Italia participó en la Unión Monetaria Latina.

3. Alemania (1871). La unión aduanera (Zollverein) comenzó en 1834. El Tratado de Dresde estableció sólo dos monedas, el Thaler en el norte y el Gulden en el sur, con tipo de cambio fijo. La unión política y monetaria comenzó en 1871. La unificación de la moneda fiduciaria no se consiguió hasta 1910.

4. Unión Monetaria Austro-Alemana (1857-1867). Nació por el deseo de Austria, potencia dominante centroeuropea, de estabilizar su moneda frente al Thaler y el Gulden. Participaron Austria, Prusia, los Estados alemanes del sur y Liechtenstein. Se introdujo en toda la unión el Vereinsthaler, moneda paralela fuerte de curso legal. Las monedas fiduciarias debían ser convertibles. Los problemas surgieron por la poca integración económica entre Austria y las economías alemanas y por las políticas monetarias divergentes de los miembros. Austria no pudo conseguir la convertibilidad de los billetes de banco. Las monedas de alta calidad fueron desplazadas por los billetes. La unión terminó con la guerra austro-prusiana de 1867.

5. Unión Monetaria Latina (1865-1926). Francia, miembro dominante de la unión, buscaba extender su patrón bimetálico (oro y plata) para aumentar su influencia política. Participaron Francia, Bélgica, Suiza, Italia y, desde 1867, Grecia. Las monedas de los diversos miembros no eran de curso legal en otros países, pero los Gobiernos se comprometían a cambiarlas por su moneda nacional. No había reglas para la moneda fiduciaria ni para la política monetaria. La escalada de no convertibilidad de los billetes en Italia y Grecia puso en marcha a la ley de Gresham y la moneda de calidad se refugió en los países del norte. Esto acabó con la unión.

6. Unión Monetaria Escandinava (1872-1931). Nacida con vocación de contribuir a la unidad cultural y política escandinava y crear un área de estabilidad monetaria. Basada en el patrón oro y monedas idénticas, aunque con distinta acuñación, en los países miembros. Sin reglas para la moneda fiduciaria. Participaron Suecia, Dinamarca y Noruega. La política monetaria restrictiva de Dinamarca provocó la acumulación de las monedas de oro en ese país.

7. Alemania (1990). Unificación exitosa del marco del este con el del oeste con paridad 1:1. Fuerte reacción de la política monetaria para evitar inflación. Transferencias fiscales posiblemente permanentes. Fuente: elaboración propia a partir de Vanthoor, 1996.

Fuente: elaboración propia a partir de Vanthoor, 1996.

SEGUNDA PARTE

¿DE DÓNDE VIENE ESPAÑA?

Una reﬂexión sobre la anomalía histórica española

CAPÍTULO 6

LA GEOGRAFÍA DEL CAPITALISMO CASTIZO

En la primera parte de este libro me he dedicado a fundamentar una prospectiva de hacia dónde va el mundo. En esta segunda parte analizaré cuáles son los principales factores que, a mi juicio, obstaculizan la adaptación de España a las exigencias del futuro. Empezaré por la geografía y sus consecuencias.

El último curso de geografía que tomé debió de ser en el bachillerato elemental. Era un compendio memorístico de listas —ríos de Siberia, montañas de África, principales pueblos de las provincias españolas…—. Como también los cursos de historia eran entonces el mismo tipo de compendio, en su caso de reyes y batallas, le veía yo una cierta lógica a que la asignatura se denominase Geografía e Historia. Tal para cual, me decía. No sospechaba yo hasta qué punto eso del tal para cual era cierto, en un sentido que entonces no podía ni tan siquiera imaginar.

Pasaron varias décadas y un buen día, invitado a dar una conferencia sobre mercados emergentes en una reunión de banqueros de inversión, pensé que era de rigueur incluir algunas reflexiones geográficas que fueran un poco más allá de que el Yeniséi fluye al este del Obi o que el Montblanc es más alto que la Jungfrau. No sabiendo de geografía más que las listas aprendidas de memoria en mi infancia y no conociendo personalmente a ningún geógrafo que pudiese educarme recurrí, por aquello de la Geografía e Historia, a mi compadre Leandro Prados de la Escosura, historiador de reputación mundial y persona muy ocupada, quien resolvió el tema en tres palabras: «léete el Braudel». Y colgó el teléfono.

La lectura del libro de Fernand Braudel La Mediterranée et le monde mediterranéen à l’époque de Phillippe II¹ me provocó una honda e imborrable impresión, comparable a la que pudo tener John Keats cuando leyó por primera vez las traducciones de Homero de George Chapman.² Súbitamente se abrió ante mis ojos un océano nuevo e inesperado, un conjunto de factores ignorados por mí que ayudaban a explicar de manera muy profunda las sociedades humanas, su demografía, su cultura, su economía y su política. Estos factores son la geografía —y, dentro de ella, la orografía y la hidrología— y la climatología. Para Braudel, los movimientos de muy larga duración de la historia están fuertemente influidos por el entorno natural —geografía y clima— porque condiciona los desarrollos de la civilización humana,³ desde los medios de transporte hasta las ideas. Claro está que geografía y clima no proporcionan toda la explicación de la historia porque no determinan nada al completo, pero sí deben estar en la base de toda explicación de la historia porque condicionan todos los demás factores que influyen en ella.

El artículo que publiqué en el diario El País en marzo de 2012 sobre las consecuencias ideológicas, políticas y económicas de la elección de Madrid como capital de España⁴ en el siglo XVII causó mucha sorpresa y todo tipo de reacciones encontradas. Muchos lectores lo consideraron una boutade que, por venir de un catalán y seguidor del Barça, añadía motivos de sospecha a la supuesta frivolidad del argumento. A otros, más constructivos en sus críticas, les pareció particularmente original el argumento, pero no lograron superar el desconcierto sobre el valor y el peso que tenían que darle a la geografía como factor explicativo de las peculiaridades de una determinada sociedad. Fuera de círculos académicos especializados, Fernand Braudel es un gran desconocido en nuestro país, a pesar de haber sido uno de los historiadores más influyentes del siglo XX.

En este capítulo discutiré algunas, sólo algunas, de las consecuencias ideológicas políticas y económicas de la geografía y climatología españolas y, muy en particular, de las madrileñas. Estas consecuencias son las que considero más relevantes a los efectos de este libro, que no es un libro de geografía ni de climatología, pero no tienen a priori por qué ser las más relevantes para otros propósitos. En particular, este capítulo se centra las raíces profundas de la peculiar simbiosis parasitaria⁵ de la clase política española con las empresas reguladas en España.

ESPAÑA, CAPITAL MADRID

Desde muy antiguo los humanos eligieron para establecerse lugares próximos al mar o a ríos navegables. La razón principal de esta elección no tenía nada que ver con la higiene sino con el transporte. En ausencia de ferrocarriles, autopistas y aeropuertos, el agua ofrecía el medio de transporte más rápido, barato y seguro. La seguridad marítima era cuestionable por la abundancia de piratas y corsarios, especialmente en el Mediterráneo ya desde la época de los fenicios, pero ofrecía economías de escala mucho mayores que el transporte por tierra, que estaba también plagado de todo tipo de bandoleros. El transporte fluvial de mercancías se sigue utilizando hoy en día en la mayoría de los países desarrollados, con ventaja sobre el ferrocarril, la carretera y el aire.

El comercio, hecho posible por las vías de comunicación, está en el origen de la riqueza de los pueblos. Es más, en cualquier sociedad humana el ritmo de la innovación depende del número de interacciones entre los individuos que la componen y, muy particularmente, del número de interacciones con individuos de otras sociedades.⁶ Históricamente, la innovación ha tenido lugar en las ciudades, particularmente en las que comerciaban más. Con el comercio todo el mundo gana: el que vende, el que compra y el que trueca. Como siempre ha ocurrido, junto a las mercancías navegaban también las compañeras inseparables del comercio: las ideas y las innovaciones.

No es casualidad que las principales capitales europeas —Londres, París, Berlín, Roma, Viena, Budapest, Moscú, Estocolmo…— tengan acceso inmediato al transporte marítimo o fluvial. La única excepción relevante es Madrid que, sita en un altiplano, está a varios centenares de kilómetros del agua navegable más cercana. Esta característica no es la única que hace de Madrid una anomalía entre las capitales europeas. Con 655 metros de altura media, Madrid está más alto que Berna (542 metros) o que Vaduz (455 metros). Es, después de Andorra la Vella (1.123 metros), la capital más alta de Europa. Eso quiere decir que los accesos acuáticos a Madrid han sido y son inexistentes y que los accesos terrestres por carretera o por ferrocarril, hasta las últimas dos décadas del siglo XX, han sido muy penosos. No es casualidad que Madrid haya despegado como gran ciudad internacional en este último período, cuando el transporte aéreo se democratizó y mejoraron los transportes terrestres con la red radial de autovías y el tren de alta velocidad. Más vale tarde que nunca, por supuesto, pero el daño estaba ya hecho: la aberración geográfica de Madrid ha sido una de las causas principales —por supuesto, no la única— de la anomalía histórica de España, es decir, de su incompleta incorporación a la modernidad.

¿Quién tuvo la ocurrencia de situar la capital de España en un lugar de geografía tan adversa? La historia cuenta que fue Felipe II, a quien su padre había dado el consejo de que estableciese una capital fija. El emperador Carlos V nunca la tuvo. Ya viejo, cansado de sus incesantes viajes por Europa, retirado en el monasterio de Yuste, Carlos recomendó a su hijo que en vez de viajar hacia los problemas hiciese que éstos viajasen hacia él. A priori, Felipe tenía tres posibilidades obvias dentro de la península Ibérica: Sevilla, Lisboa y Barcelona. Las tres cumplían la condición de tener acceso fácil al transporte marítimo. Barcelona quedó descartada probablemente por razones políticas, porque el rey tenía mucho menos poder en la corona de Aragón que en la de Castilla, que era la única que financiaba al monarca. En esta última, el aplastamiento de la revuelta de los comuneros convirtió al rey en algo muy parecido a un monarca absoluto, cosa que no ocurría en los otros reinos peninsulares y menos aún en las otras posesiones europeas como Flandes o Nápoles.⁷ Consideraciones similares, unido al hecho de que la corte se había trasladado ya a Madrid en 1561, debieron de impedir un nuevo traslado de la capital a Lisboa cuando Felipe II fue proclamado rey de Portugal en 1581. ¿Y Sevilla? La ciudad hispalense era una gran metrópoli en el siglo XVII: con sus 140.000 habitantes era la cuarta ciudad de Europa, sólo por detrás de Londres, París y Nápoles. ¿Por qué, en plena empresa americana, no se estableció el monarca en Sevilla? La respuesta hay que buscarla en la psicología del personaje. La Sevilla de mediados del siglo XVI era una ciudad trufada de nobles y de jerarquías eclesiásticas. La vida sevillana, especialmente la económica, estaba exhaustivamente regulada. El rey, en Sevilla, hubiese sido poco más que un primus inter pares y Felipe no quería que nadie le hiciera sombra. Corrobora esta hipótesis el hecho de que, puestos a instalarse en el centro de la Península, el rey hubiese podido hacerlo en Toledo. Pero no lo hizo: prefirió Madrid que, aunque a la sazón era la tercera población de Castilla, no tenía obispo. Es más, no satisfecho con la soledad del páramo madrileño, el soberano decidió encaramarse al risco de El Escorial, en donde murió en 1598 y donde aún reposan sus restos.

Así las cosas, la Villa acogió a la corte en 1561. Éste fue, en mi opinión, un hecho trascendental en la historia de España que ha marcado de manera indeleble la cosmovisión (Weltanschauung), la cultura, la economía y la sociedad españolas. Por decirlo con palabras más braudelianas, la España actual refleja con mucha intensidad las consecuencias de la ubicación geográfica de su capital. Durante siglos Madrid fue tan sólo una corte, situada en el centro inaccesible de un rincón de Europa. Como señala Braudel, el transporte de personas y mercancías que a través de Francia se hacía en carroza o carro, al llegar a España se tenía que hacer a lomo por lo abrupto de los caminos. Madrid estaba aislada de los flujos económicos y comerciales y, con ello, de los flujos de las ideas y de la innovación. En este contexto se produjo el tránsito de las élites españolas, que tuvieron una proyección universal en el siglo XVI, al inmovilismo más ultramontano en lo religioso, cultural y económico. Y con ello, como veremos con más detalle en el capítulo siguiente, se debilitó la fuerza centrípeta que mantenía unidas a las diversas posesiones del monarca español, en las que no se ponía el sol.

Madrid se caracterizaba más por lo que le faltaba que por lo que tenía. Como corte que era, tenía —como todas las cortes— cortesanos, cortesanas, músicos, pintores y escritores, muchos escritores. No tiene parangón, por ejemplo, la producción literaria teatral en el Siglo de Oro español que, con casi 2.000 piezas de mérito, se sitúa en una dimensión única respecto a otros fenómenos contemporáneos, el más famoso de los cuales —el teatro inglés isabelino de Shakespeare y Marlowe— apenas sobrepasó las 100 piezas. Sin embargo, como villa, a Madrid le faltaba la ambición de los comerciantes y de los emprendedores, y la actividad de los científicos y los ingenieros. Y, sobre todo, faltaba la circulación de las ideas. La corte reaccionaria nunca tuvo el contrapeso de una villa dinámica, industriosa y culturalmente inquieta que pudiera aproximar a España a las nuevas corrientes de pensamiento que estaban transformando Europa. El aislamiento de la élite gobernante propició que España se convirtiese en bastión de la resistencia a la reforma protestante,⁸ primero, y a toda forma de progreso, después, como ilustra la deliciosa anécdota de que la lista de 400 subscriptores españoles que tuvo la Enciclopedia francesa estuviese encabezada por el Inquisidor General y los principales ejecutivos del Santo Oficio. Admirable profesionalidad, digo yo.

La capital de Madrid ha conformado España no sólo en lo ideológico y, como veremos, en lo económico sino que también lo ha hecho en lo físico. Germà Bel, a quien este epígrafe debe mucho más que el título, narra en su libro España, capital París⁹ cómo Madrid se convirtió en la capital de España con los Borbones. Estos se inspiraron en la capitalidad de París para designar las seis «carreteras reales» —hoy conocidas como las autovías A1 hasta la A6— que serían financiadas por la Corona. La motivación del diseño era —y sigue siendo— ajena a cualquier lógica económica, pero respondía —y responde— a una lógica política aplastante: que las noticias de y las órdenes a las provincias circulasen con rapidez y llegasen a todas por igual. El esquema radial sigue siendo hoy en día el paradigma en el que se mueve la Administración española, y los principios de financiación de la red viaria no han cambiado: pública para la red radial, privada para la que no lo es. Es decir que, por ejemplo, si acaba construyéndose el corredor mediterráneo —cosa que está por ver tras la radicalización política en Barcelona y Madrid alrededor de la cuestión de la independencia de Cataluña— será con financiación privada, igual que las autopistas ya construidas en dicho corredor. En las últimas décadas Madrid ha añadido la capitalidad económica a la capitalidad política conseguida a principios del siglo XVIII. El aturdimiento de Barcelona, resultante del declive de su sociedad civil en beneficio de un Gobierno, la Generalitat, ha acelerado el proceso de conversión de Madrid en capital total, fenómeno probablemente irreversible en una época en la que la ubicación física ha perdido mucha relevancia. España en su conjunto está cada vez más condicionada por lo que ocurre en Madrid.

MADRID Y EL CAPITALISMO CASTIZO

¿A qué iba la gente a Madrid? Pues no había más motivo que ir para ver al rey o a alguien de la corte. Y allí iban porque, como tantas veces ha señalado el economista Luis Garicano, las únicas maneras de ser rico en España eran ser hijo de rico o estar próximo al rey. Al calor de la corte se desarrolló en España un capitalismo castizo, mal llamado capitalismo financiero, basado en la captura de rentas¹⁰ y en la proximidad al poder, que es característicamente madrileño y que sigue siendo hoy en día la forma dominante de capitalismo en nuestro país. Hay una gran consistencia histórica, de concepción de los negocios y del mundo entre personajes decimonónicos como Fernando Muñoz, segundo esposo de la regente María Cristina de Borbón, el general Serrano y el marqués de Salamanca, por una parte, y los que hoy en día se sientan en el palco del Bernabéu, por otra. Es una misma manera de medrar a partir de una mezcla cortesana de poder y negocios, una misma manera de prosperar por el favor del poder político, gracias al Boletín Oficial del Estado (BOE), que se ha mantenido inalterada a lo largo de los siglos. En el primer partido de Liga de 2012, por poner tan sólo un ejemplo, coincidieron en el palco cinco ministros del nuevo Gobierno del Partido Popular, el director general de Carreteras y un nutrido grupo de constructores y ejecutivos de algunas de las mayores empresas de la bolsa española. El palco, al igual que otras instancias madrileñas, allana el camino hacia los grandes negocios. Cómo explicar si no, por ejemplo, la moratoria de dos años que se concedió el año pasado para el prerregistro de plantas termosolares para que pudiese cobrar las primas una empresa muy vinculada a una personalidad siempre presente en el Bernabéu. ¿No es eso captura de rentas?

En un libro publicado en 2011¹¹ Mariano Guindal, con pluma que recuerda al pincel de Goya en La familia de Carlos IV, escribe un reportaje fascinante sobre los últimos cuarenta años de capitalismo castizo. Los personajes más egregios de la cultura del pelotazo —empresarios, políticos, sindicalistas, conseguidores, comisionistas, obispos, condotieros y estafadores— conforman un retablo cambiante en el que los personajes van y vienen y lo único que permanece estable es, llamémoslo así, el modelo de negocio.

La mayoría de las grandes empresas españolas que se han convertido en globales —Telefónica, Repsol, Iberdrola, BBVA, Banco de Santander…— son empresas reguladas que dependen del BOE. Todas ellas han conseguido capturar¹² a sus reguladores sectoriales en grado muy notable.

CUADRO 6.1

Algunos políticos que han fichado por empresas de sectores regulados

Fuente: Idealista.com/news

No pocos de sus actuales dirigentes han sido propiciados por el Gobierno de turno, práctica esta que me temo que continuará en el próximo futuro. Sus consejos de administración, como se muestra en el cuadro 6.1 de la página anterior, están trufados de políticos del más alto rango, retirados definitiva o temporalmente de la actividad política de primera línea, pero que siguen teniendo gran influencia en el Gobierno y en la Administración españolas. Volveré sobre esta cuestión en el capítulo 8.

Otro grupo de empresas que se ha internacionalizado mucho, quizás haciendo de la necesidad virtud, son las grandes empresas constructoras de obra civil. Las constructoras no son empresas reguladas, pero dependen del BOE más que nadie y representan lo más granado del palco del Bernabéu. Como veremos en el capítulo 8, están intentando replicar a escala internacional el magnífico negocio que hicieron a costa del contribuyente español con la construcción de las autopistas radiales de Madrid.

¿Hay algo relevante en la economía española que no caiga dentro del paradigma del capitalismo castizo? Pues sí, si lo hay. Empresas como Inditex, Mango, Abengoa —a pesar de su amor por el BOE—, Mercadona, Gamesa y otras responden a paradigmas diferentes pero tienen rasgos relevantes en común. En primer lugar son empresas que surgen de la visión de futuro de un emprendedor. Todas las empresas reguladas mencionadas en este capítulo —y muchas otras— están dirigidas por empresarios, algunos de ellos muy buenos, pero no por emprendedores. Por el contrario, las empresas mencionadas en este párrafo y muchas otras no están reguladas y están dirigidas por emprendedores. En segundo lugar, abundan en ellas las empresas periféricas: gallegas, catalanas, valencianas, navarras, andaluzas… ¿casualidad? Yo creo que no. El capitalismo industrioso español se desarrolló principalmente en la periferia, cerca del agua navegable. Históricamente ha sido un capitalismo tímido, localista, falto de ambición, achantado cuando no ridiculizado por el capitalismo castizo. Pero todo esto, al calor de la globalización, está cambiando muy rápidamente. Empresas españolas nacidas del emprendimiento lejos de la corte madrileña empiezan a reclamar posiciones entre las más reconocidas del mundo. Además, entre uno y otro extremo, hay empresas de origen público, como Indra, que se han transformado en empresas globales excelentes y muchas compañías no cortesanas que exportan sus productos a todo el mundo. Dicho todo esto, el capitalismo castizo sigue siendo la forma dominante porque es la única capaz de condicionar al poder político, la única capaz de conseguir leyes a su medida y la única capaz de socializar sus pérdidas a través de los presupuestos generales del Estado. ¿Les suena Bankia?

EMPRENDEDORES Y FINANCIEROS

Los directivos de las empresas pueden clasificarse en tres grandes grupos. En primer lugar, el grupo más numeroso es el de los gerentes, que son los encargados de ejecutar un plan de negocio. En segundo lugar están los empresarios, que añaden a las responsabilidades gerenciales una visión de futuro para su empresa. Un empresario es Botín, por ejemplo, quien ha convertido al Santander en uno de los mejores bancos del mundo. Botín, siguiendo una importante saga familiar, ha construido una gran empresa, pero no ha inventado una manera nueva de hacer banca. En tercer lugar están los emprendedores, que añaden a los anteriores una visión del mundo. Amancio Ortega, por ejemplo, es un emprendedor porque ha inventado una nueva manera de producir, distribuir y vender confección. Ha contribuido a cambiar el mundo, no sólo su empresa.

Una clasificación similar entre los financiadores de la actividad económica lleva a distinguir entre banqueros, banqueros de inversión y financieros. El banquero necesita garantías y, por tanto, financia sólo a los gerentes y a los empresarios solventes, es decir, a los que pueden mostrar una cuenta de resultados consistentemente positiva. Los banqueros de inversión trabajan a comisión, es decir, financian a los empresarios con el dinero que levantan en los mercados financieros, que son los que acaban asumiendo el riesgo de la operación. Los banqueros de inversión intervienen en la financiación de fusiones y adquisiciones y en las emisiones de bonos de empresa. Por último, los financieros son los que financian el emprendimiento, especialmente en sus fases tempranas. Los financieros arriesgan su propio patrimonio porque comparten la visión del emprendedor y creen que pueden hacer que el mundo cambie, aunque sólo sea un poco, en la dirección propuesta. Pues bien, en España hay muchos banqueros, probablemente aún demasiados, a pesar de la drástica reducción del número de entidades en los últimos meses y hay suficientes banqueros de inversión, pero apenas hay financieros. Éste es el verdadero estrangulamiento de la innovación en España: sin financieros ni Bill Gates hubiera sido Gates, ni Steve Jobs hubiera sido Jobs. En España hay buenos emprendedores —no muchos, la verdad— pero los que hay tienen grandísimas dificultades para financiarse.

La escasez de financieros en España se debe a dos tipos de razones. La primera de ellas es cultural y, a las observaciones hechas en la primera parte sobre estas cuestiones, cabe añadir el exagerado miedo al fracaso que existe en la sociedad española. En una sociedad en la que, como dijo Pedro Solbes, «los asalariados quieren ser funcionarios y los empresarios, estanqueros», el fracaso continúa teniendo un fuerte estigma social. Un financiero acostumbra a fracasar en un porcentaje relevante de sus inversiones, pero en las que acierta puede ganar mucho dinero. Por esta razón la inversión en capital emprendedor —mal llamado en España «capital riesgo»— se acostumbra a hacer a través de carteras diversificadas. Esto, en nuestro país, sigue sin entenderse. La segunda razón es de incentivos. Por si no fuese lo suficientemente disuasorio llamar capital riesgo al capital emprendedor, para fortalecer la disuasión en España se ha articulado un intrincado sistema regulatorio que tarda casi un año en aprobar las entidades de capital emprendedor sometidas a la regulación, que son las Sociedades de Capital Riesgo (SCR) y las Sociedades Gestoras de Fondos de Capital Riesgo (SGFCR). Para rematar la obra, porque todavía hay quien supera ese proceso, un sistema tributario punitivo excluye en la práctica al capital emprendedor del sistema de beneficios fiscales a la I+D. Esto es así porque estos beneficios operan a través del impuesto de sociedades como deducciones en la base imponible, que son los beneficios de las empresas. Esto es adecuado para empresas como Telefónica o Indra porque tienen una cuenta de resultados con beneficios, lo que les permite obtener importantes deducciones por sus gastos de I+D. Pero es totalmente inadecuado para el capital emprendedor porque, característicamente, las empresas en las que invierten no tienen beneficios y pueden tardar muchos años en tenerlos. Hay multitud de soluciones, aplicadas por países de nuestro entorno como Francia, para no desincentivar el capital emprendedor, pero ninguna de ellas ha sido considerada por los ministros de Hacienda de los últimos Gobiernos. ¡Que inventen ellos!, deben de pensar.

ESPAÑA, ¿CAPITAL SEVILLA?

Para terminar este capítulo es interesante plantearse una especulación contrafactual. ¿Cómo sería hoy España si Felipe II hubiese establecido su capital en Sevilla en vez de en Madrid? ¿Sería muy distinta de la que conocemos? Mi intuición me dice que sí, que sería cultural, económica y geográficamente muy distinta. Ciudad y corte hubiesen interaccionado mucho más que en Madrid, donde sólo había corte. Las ideas hubiesen circulado mucho más, la corte y el rey hubiesen estado en mayor contacto con el mundo real, con la realidad de los reinos de España y con la del extranjero. El eje mediterráneo sería, probablemente, el centro de gravedad del país, como lo son la costa este y la costa oeste en Estados Unidos. Y la sabiduría milenaria hispalense hubiese aportado ese distanciamiento, ese toque de escepticismo que siempre, desde Felipe II, ha faltado al pensamiento rotundo y mineral de las élites madrileñas. «Mira, César —me dijo en 1998 un anciano aristócrata sevillano preocupado por lo que podía pasar con la introducción del euro—, durante los últimos dos mil años, los patricios romanos hemos vivido en Sevilla divinamente…»

CAPÍTULO 7

LA ANOMALÍA HISTÓRICA DE ESPAÑA

Dediqué el capítulo anterior a la geografía y éste lo voy a dedicar a la historia, siempre con el objetivo de aclarar cuáles son los principales obstáculos que dificultan que España pueda abordar con éxito su adaptación a las exigencias del futuro tanto a corto como a más largo plazo. Estas exigencias no son otras que, como vimos en el capítulo 5, construir una economía basada en el conocimiento y prepararse para participar con éxito en la escalada de capital humano que determinará qué países prosperarán más y cuáles menos en el siglo XXI.

En este capítulo voy a argumentar que España, para salir de la presente crisis y encarar los retos del siglo XXI con garantías, necesita un proyecto de futuro más audaz, más motivador y más urgente que otros países europeos. La razón es que la cohesión nacional española es, comparativamente, muy baja y que para superar los obstáculos del presente hace falta un fuerte estirón desde el futuro. En primer lugar analizaré la experiencia nacional de España partiendo de la idea de nación de Ortega. A continuación analizaré las importantes diferencias que tiene España como nación-Estado con otros países de nuestro entorno como Francia o Portugal. Por último resaltaré —con los nacionalismos español, catalán y vasco en mente— que la construcción nacional basada en elementos emocionales, por lo argumentado en la primera parte de este libro, tiene un carácter anacrónico en pleno siglo XXI. Lo que debería estar en la agenda son proyectos mucho más concretos para construir una sociedad que maximice las oportunidades que se les ofrecen a los individuos para impulsar y para beneficiarse de la economía del conocimiento.

ESPAÑA COMO NACIÓN: ORTEGUIANOS Y JOSEANTONIANOS

Se van a cumplir 92 años de la publicación de España invertebrada,¹ obra muy polémica que desató las críticas tanto del españolismo milenarista más ultramontano como de historiadores prestigiosos como Vicens Vives. Los primeros no podían admitir que la causa de la desintegración del imperio español fuese el anquilosamiento y el agotamiento del liderazgo de las clases dirigentes castellanas, incapaces de ofrecer un proyecto de futuro atractivo para el resto del mundo a partir del siglo XVI. Los segundos, especialmente Vicens, no podían admitir el castellanocentrismo de Ortega, para quien todo lo que no es Castilla parece ser completamente irrelevante. No voy a entrar en este libro —que no es un libro de historia de España— en esta importantísima y actual polémica, pero sí quiero recomendar al lector una lectura en paralelo de España invertebrada y de Noticia de Cataluña² porque echa mucha luz sobre el actual contencioso catalán, sobre el que haré algunas observaciones en el cuarto epígrafe de este capítulo.

Para Ortega una nación se define por un proyecto de futuro con capacidad integradora dirigido por un pueblo con voluntad de mandar. Es un concepto muy amplio, inspirado en Mommsen,³ que incluye, por ejemplo, al Imperio romano como la nación latina dirigida por Roma. Según Ortega, España tuvo este tipo de proyecto, por lo menos hasta el siglo XVII, vertebrado por una Castilla que sabía mandar y mandaba. La historia de una nación es, precisamente, la historia del proceso de integración, mientras el proyecto se mantiene vigoroso, y también la historia de la desintegración, cuando el proyecto desfallece. Una nación puede verse también como un equilibrio entre fuerzas centrífugas, que siempre permanecen vivas, y la fuerza centrípeta que emana del proyecto integrador. Cuando esta última se debilita, porque el proyecto se agota, las fuerzas centrífugas se manifiestan con todo su potencial. En el siglo XVII el proyecto español se anquilosa porque las clases dirigentes se vuelven inmovilistas y reaccionarias. En el capítulo anterior he discutido el papel relevante que la elección de Madrid como capital del reino pudo tener en el enclaustramiento de las élites españolas en una ideología que, en el contexto europeo, se iba quedando cada vez más obsoleta. Hay, por supuesto, otras explicaciones alternativas o complementarias, pero el aislamiento madrileño de una corte que se había forjado en el crisol de la contrarreforma y que ya había descolgado a España del devenir de la Historia, tal y como hemos comentado en el capítulo 1, es en mi opinión un factor a tener muy en cuenta. Un siglo después de que la corte se instalase en Madrid, España se definía ya por su pasado, no por su futuro.

La historia de España desde entonces es la historia de las fuerzas centrífugas a las que no hay ya fuerza centrípeta que pueda neutralizar. Primero se va Flandes. ¿Qué proyecto de futuro podía ofrecerle España a Flandes en el siglo XVII? Como hemos visto en el capítulo 2, las Diecisiete Provincias de los Países Bajos constituían ya un Estado territorial, superior forma de organización a las monarquías absolutas que, a su vez, eran claramente superiores a los Estados principescos que aglutinaban los Habsburgo. Flandes estaba dos escalones por encima de España en el desarrollo de las ideas —fue cuna de la Ilustración radical—, en lo político, lo económico y lo social. ¿Podía entenderse eso desde El Escorial? ¿Podían imaginar los Austrias españoles, en su aislamiento, contra qué estaban luchando?

A partir de ahí se forma cola en la puerta de salida. El siguiente en salir es Nápoles. A continuación marcha América. Detengámonos aquí, otra vez, a reflexionar. Pasado el espejismo de la Constitución de 1812, ¿qué proyecto ilusionante de futuro podía ofrecer a una América ansiosa de Ilustración la España del ¡vivan las caenas!, la España del absolutismo de Fernando VII? Sigamos. Después se van Cuba y Filipinas. En el siglo XX salen las «provincias» africanas. ¿Habrá más? Pues quizá, porque el País Vasco y Cataluña parece que se lo están pensando. Es muy llamativo que en España no hubiese un diagnóstico de un proceso de desintegración que duraba ya tres siglos hasta 1921, año de publicación de España invertebrada, y es significativo también que, una vez publicado el libro de Ortega, cayese sobre él un espeso manto de silencio con la mencionada excepción de Vicens Vives. Así que se sigue hablando del «problema catalán» evitando cuidadosamente extraer denominadores comunes con el problema filipino, el problema americano o el problema flamenco. Como dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere oír. El problema no está en las fuerzas centrífugas, que siempre han estado vivas, sino en la fuerza centrípeta, cuyo atractivo integrador se perdió hace siglos y, con la única excepción del breve pero importante período de la Transición, no se ha vuelto a recuperar.

En 1939 España se convirtió en «una unidad de destino en lo universal». Esta expresión joseantoniana sintetiza bien la manera de pensar del sector más tradicional de la derecha española —que podría definirse como aquel que tiene como intelectual orgánico a la Iglesia católica— y refleja una concepción de la nación como algo estático, pasivo, eterno e inmutable. Da igual lo que hagamos: lo que nos ocurra, nos ocurrirá juntos porque somos, antes que nada, españoles. Las esencias patrias españolas ya se manifestaban, para esta versión, en la resistencia que el lusitano Viriato y los protocatalanes Indíbil y Mandonio opusieron a las legiones romanas. Lo curioso de esa idea de España como nación es que ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la derecha más conservadora para ir ganando adeptos entre otros credos políticos, particularmente entre la izquierda tradicional, la que había tenido en algún momento del pasado al paraíso socialista como proyecto de futuro. Al quedarse huérfanos de este proyecto, a los militantes y dirigentes políticos de la izquierda no se les ocurrió releer —o, en la mayoría de los casos, leer— a Ortega, posiblemente por considerarlo un filósofo de derechas, con lo que, de manera implícita y probablemente sin querer, acabaron adoptando por defecto la versión joseantoniana. Es difícil decir qué idea de nación tienen Pérez Rubalcaba y Rajoy, por ejemplo. Es difícil decir incluso si tienen alguna. Pero lo que sí se puede afirmar es que, si la tienen, no es una idea orteguiana sino joseantoniana. Ninguno de los dos tiene un proyecto de futuro inteligible para el resto de los españoles. Es más, ninguno de los dos parece echarlo de menos.

LA TRANSICIÓN COMO PARÉNTESIS ORTEGUIANO

No se puede liderar sin tener un proyecto de futuro. Para hacer avanzar un país, una empresa o una organización cualquiera es necesario que alguien —un líder— se sitúe en el futuro, plante en él firmemente los pies y desde allí tire de su organización. Es imposible liderar empujando: la única manera de hacerlo es tirando. Un dirigente que empuja tiene a su organización interpuesta entre él y el futuro, de modo que aquélla le priva de la visión del camino a seguir. Las posibilidades de caer por un despeñadero se multiplican.

La década de la Transición española, entre 1975 y 1985, fue un período en el que España ofreció un proyecto de futuro a todos los españoles. Puede que haya habido otros desde el siglo XVII, pero ahora mismo no me vienen a la memoria. Para aclarar más lo que quiero decir, mencionaré que el 2 de mayo de 1808 y su secuela de ¡vivan las caenas! representan, en mi opinión, todo lo contrario a un proyecto de futuro para todos los españoles. En cualquier caso, la Transición fue posible porque al frente de las principales fuerzas políticas del país había políticos con capacidad de liderazgo y con ideas claras sobre cuál era su interés particular y cuál era el interés general de España, en una tesitura histórica inusual en la que era para todos evidente que la mejor manera de trabajar por el interés particular era pelear por el interés general. Este alineamiento de intereses es insólito en España. Sin ir más lejos, en las actuales circunstancias del año 2013, España está en una situación sumamente grave, tan grave o más que en la época de la Transición, pero mientras que nadie parece saber cuál es el interés general, todo el mundo está dispuesto a defender hasta el final, caiga quien caiga, su interés particular. En la Transición todo estaba en juego, lo mismo que ahora, pero entonces todo el mundo parecía estar de acuerdo en la magnitud del envite y ahora todos parecen ignorarla.

Los políticos de la Transición compartían una visión de futuro común cuyos dos elementos fundamentales eran: 1. El establecimiento y la estabilización en España de un régimen democrático homologable en Europa; y 2. La integración en las Comunidades Europeas. Sobre esta visión, los líderes plantaron los pies y tiraron de sus partidos. Adolfo Suárez legalizó al Partido Comunista en contra de la opinión mayoritaria del Ejército y de su propio partido; Manuel Fraga controló eficazmente al ala más derechista de Alianza Popular y mantuvo una conducta impecablemente democrática sin dejar espacio para que se constituyese un partido potente de extrema derecha; cuando Santiago Carrillo convocó la primera reunión de su Comité Central en Madrid desplegó bajo la mesa de la presidencia que encabezaba Dolores Ibárruri una gran bandera rojigualda; Felipe González dimitió como secretario general del PSOE para conseguir que el partido eliminase el marxismo de su ideario y de su programa a largo plazo; Josep Tarradellas y Jordi Pujol integraron al catalanismo en la nueva estructura del Estado democrático y aseguraron la gobernabilidad de éste siempre que hizo falta. Todos lideraron, todos cedieron y todos ganaron. Por supuesto unos ganaron más que otros, pero ésas eran las reglas del juego que todos aceptaban y todos acabaron acatando el resultado.

Junto a los políticos, los líderes sindicales y empresariales también demostraron un gran sentido de la responsabilidad. Los primeros, especialmente Marcelino Camacho, tenían la legitimidad que les había dado décadas de lucha antifranquista y largos años de cárcel. Los segundos tuvieron un papel importante en la articulación de un consenso para estabilizar la economía que, en 1977, estaba entrando en una de las peores crisis que se recordaban por aquel entonces: inflación del 40 por ciento, desempleo galopante y conflictividad social extrema.⁴ Partidos políticos, patronales y sindicatos —la UGT tras muchas vacilaciones— acabaron firmando unos acuerdos en octubre de 1977, conocidos como los Pactos de la Moncloa, que tenían como objetivo consolidar la transición del franquismo a un sistema democrático y estabilizar una economía que estaba entrando en barrena. La colaboración de los agentes sociales en los Pactos de la Moncloa tuvo muchos claroscuros. A corto plazo fue muy eficaz para rebajar la conflictividad laboral y la inflación. El precio pagado por ello fue el mantenimiento de las prácticas de los sindicatos verticales del franquismo, en las que tanto sindicatos como patronales se sentían particularmente cómodos, lo que tuvo consecuencias muy negativas a largo plazo en términos de rigidez del mercado laboral y de falta de competitividad de la economía española. Discutiré estas cuestiones con más detalle en el capítulo 9.

El éxito de la Transición fue no sólo rotundo sino que, además, fue extraordinariamente rápido. En 1985 ya se habían alcanzado los dos objetivos que cimentaron el consenso de 1977. El 12 de junio de ese año se firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas y el 1 de enero de 1986 España se convirtió en un miembro de pleno derecho de la CEE. Por esas fechas, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero 1981 parecía ya un mal sueño hundido en la noche de los tiempos. Cuando Ortega escribía en 1921 sobre la falta de proyecto para España, señalaba la unión política europea como empresa en la que nuestro país debía comprometerse. Ya en 1914 había escrito «España es el problema, Europa la solución» ¿Misión cumplida?

Hasta cierto punto. Es verdad que la construcción europea dotó de una dimensión orteguiana (también podría llamársele delorsiana)⁵ a todos los estados miembros que, en cierta medida, transfirieron a Europa no sólo soberanía legislativa, monetaria y fiscal sino también sus proyectos nacionales de futuro. Para España esto supuso una continuación del paréntesis orteguiano de la Transición. Sin embargo, el desfallecimiento del proyecto europeo en la última década y la actual crisis económica global han cambiado mucho las cosas. El Tratado de Lisboa y el proyecto de Constitución europea quedaron encallados tras el rechazo en los referéndums de Francia y de los Países Bajos en 2005, muestra de la creciente desafección de la población europea hacia una unión «cada vez más estrecha». El impulso europeo no se ha vuelto a recuperar. La crisis económica y financiera global empezó en 2007 y está afectando de manera muy desigual a los distintos países europeos —España es uno de los más afectados, por las razones que discutiremos en el capítulo 9—. Esta desigualdad, junto con el desfallecimiento europeo, ha propiciado una renacionalización de las políticas económicas anticrisis y ha reavivado la necesidad de tener proyectos de futuro a nivel nacional. Ahí es donde España queda en evidencia. No parece ser capaz de elaborar uno y, falta de Europa y perdido el impulso de la Transición, ha vuelto a los cuarteles de invierno de la nación joseantoniana. No hay ambición, no hay proyecto, no hay pulso. Sólo el vértigo de estar entrando en barrena.

LOS EFECTOS DE LAS GUERRAS CIVILES ESPAÑOLAS

Hemos visto en los capítulos 2 y 3 el papel cohesionador de naciones que tuvieron las guerras europeas de los siglos XIX y XX. La guerra contra un enemigo exterior cohesiona fuertemente a la nación. Si esta guerra conlleva movilizaciones en gran escala para formar grandes ejércitos, el Estado debe fortalecer la nación por todos los medios a su alcance, incluyendo la escolarización obligatoria y los fundamentos del Estado de bienestar. Todas las grandes naciones europeas, con la excepción de España, participaron en alguna de esas guerras y la mayoría lo hicieron en varias. Francia y Alemania, en bandos enfrentados, participaron en todas.

Mientras los países europeos se dedicaban a guerrear contra otras naciones, dirimiendo una de las grandes cuestiones de la Historia, a saber, cuál sería la forma dominante del Estado-nación y de la nación-Estado entre las tres posibilidades disponibles —democracia liberal, fascismo y comunismo—, los españoles se dedicaban a matarse los unos a los otros, guerra civil tras guerra civil. ¿Qué se dirimía en las guerras españolas? En las del siglo XIX se dirimieron a escala doméstica cuestiones anacrónicas que ya carecían de sentido en el contexto europeo. En la primera guerra carlista (1833-1840) el dilema estaba entre un absolutismo radical trufado de foralismo propugnado por los partidarios de Carlos de Borbón y un absolutismo moderado defendido por los partidarios de Isabel II. En la segunda guerra carlista (1846-1849) las opciones eran similares, aunque el bando isabelino había ido derivando lentamente hacia una ideología más liberal. La tercera guerra carlista (1872-1876) tuvo un contencioso eminentemente foralista y contrario al decreto de Nueva Planta aprobado por Felipe V en 1714 que instituía un Estado borbónico centralizado que liquidaba la descentralización característica del Estado principesco de los Austrias. Algunos autores⁶ consideran carlistadas la intentona conocida como «Ortegada» de 1860 y el largo episodio de terrorismo de ETA (1968-2011). El denominador común de las cinco carlistadas es su anacronismo, su fuerte contenido antimoderno —muchas veces compartido por los dos bandos—, su violencia y su inutilidad.

En contraste con las guerras civiles españolas del siglo XIX, la del siglo XX acabó teniendo un contenido mucho más moderno. Lo que empezó como un pronunciamiento de un grupo de generales golpistas para derrocar a la Segunda República acabó convirtiéndose en una sangrienta guerra civil en la que se dirimía la cuestión más actual de la época: fascismo, comunismo o democracia. Por una vez España daba la impresión de que su agenda era una agenda moderna, no sólo similar a la de otros países europeos sino incluso algo más avanzada en el tiempo. Sin embargo la victoria del fascismo en 1939 dio al traste con cualquier expectativa de modernización del país. Una larguísima posguerra de 36 años (1939-1975), cuya duración no ha sido todavía alcanzada por el actual período democrático (1977-2012), tuvo efectos muy negativos sobre la cohesión nacional y volvió a situar a España en una posición anómala en el ámbito internacional.

Así como las guerras contra enemigos exteriores son cohesivas, las guerras contra enemigos interiores son divisivas y en España nos hemos dedicado durante siglo y medio a estas últimas tareas. No es de extrañar, por tanto, que la selección nacional de fútbol suscite más adhesiones que la bandera constitucional, que, por otra parte, ha sido y es todavía utilizada como arma arrojadiza por una parte del espectro político contra la otra.

Así las cosas, España debe afrontar los retos del inmediato futuro —la crisis— y la adaptación al mundo post-Histórico con una cohesión interna que es sensiblemente inferior, por poner sólo ejemplos de países limítrofes, a la de Francia o a la de Portugal. La aplicación en nuestro país de un programa de reformas y austeridad como el supervisado por la llamada «troika» para Portugal, por ejemplo, conllevaría mucha más contestación social que la observada en el país lusitano, que está siendo un ejemplo de disciplina y de cohesión. Los portugueses tienen un proyecto nacional explícito y claro: quieren hacer todas las reformas necesarias, por dolorosas que sean, para poder permanecer como miembros de pleno derecho de la unión monetaria. Este proyecto cohesiona a la nación portuguesa. La mayoría de los países europeos van a necesitar programas explícitos no sólo para superar la crisis sino también para adaptarse al mundo surgido tras la caída del muro de Berlín. Los que no los necesitan o bien es porque ya los han tenido y aplicado —que es el caso de Alemania 2010— o bien porque tienen una economía tan flexible que se han adaptado ya a la economía global sin mayores problemas, caso de los países nórdicos y de los Países Bajos.

Otros miembros de la Unión Europea, como Francia y España, no tienen ni una cosa ni otra. Una fuerte cohesión nacional, en el caso de Francia, permite aplazar durante algún tiempo la toma de decisiones difíciles al resguardo de la inercia de una nación sólida, pero no evita tener que tomarlas en última instancia. En otras palabras, las naciones europeas pueden ser naciones joseantonianas durante algún tiempo, pero necesitarán transformarse en naciones orteguianas para sobrevivir. España, a la que la crisis le afecta más que a otras, necesita volver a ser orteguiana ya mismo.

CATALUÑA COMO NACIÓN

La metodología seguida hasta aquí para analizar a España como nación puede utilizarse también para analizar otras naciones como, por ejemplo, la catalana.

En la primera página del primer capítulo de este libro definí la historia, con minúscula, como «el relato de los acontecimientos relevantes, reales o imaginarios, de una colectividad a lo largo del tiempo.» La historia de Cataluña, relatada como historia nacional, puede hallarse en multitud de textos, de entre los cuales voy a destacar dos porque tienen el carácter de clásicos. Por orden cronológico encontramos en primer lugar el libro del eminente traumatólogo Josep Trueta The Spirit of Catalonia,⁷ escrito en un inglés elegante y publicado en este mismo idioma en el Reino Unido en 1946. En su libro, Trueta relata la formación del carácter nacional de Cataluña desde los orígenes ancestrales de pirenaicos, íberos, celtas, griegos, romanos y visigodos. La barrera natural de los Pirineos, para Trueta, convierte a Cataluña en lugar de paso entre Europa y la península Ibérica. Ésta es una característica esencial que ha marcado el carácter catalán. Esta naturaleza de corredor será también resaltada, pocos años más tarde, por Vicens Vives. Trueta relata la construcción y el apogeo, en el siglo XIV, del imperio mediterráneo catalán, así como la tradición representativa —primero de la nobleza, más tarde de los burgueses— de sus principales instituciones. Asimismo describe la contribución de grandes catalanes⁸ al saber y a la política —Arnau de Vilanova, Vicenç Ferrer, Joan Lluis Vives, Miquel Servet, etc.

Para Trueta el declive de Cataluña se inicia con el acceso al trono de dinastías de origen castellano tras la muerte sin sucesión del rey Martí I en 1410. Hasta entonces la Casa de Barcelona había ostentado el trono del reino de Aragón ininterrumpidamente desde el siglo IX. Los reyes castellanos, empezando por Fernando de Trastámara, tuvieron grandes desencuentros con las instituciones catalanas y, desde Fernando el Católico y siguiendo con los Austrias, concentraron su labor de Gobierno en el reino de Castilla. Para Trueta, el declive catalán, cuyas causas habría que buscar principalmente en Cataluña y no en Castilla, se aceleró tras el advenimiento de los Borbones en 1714. Trueta no da una visión de futuro de lo que debe ser Cataluña. Se limita a constatar la existencia de una nación, su auge y su declive, y manifiesta una inconcreta esperanza en que volverá a reverdecer en un futuro no demasiado lejano.

Al contrario que Trueta, Vicens Vives fue un historiador profesional de reconocido prestigio. Su libro Noticia de Cataluña se publicó en 1954 tras diversos avatares con la censura franquista y contiene mucho más análisis que el de Trueta. Al igual que este último, Vicens resalta la naturaleza catalana de «corredor» por el que desde la prehistoria han circulado las personas, las mercancías, los ejércitos y las ideas. Esta característica geográfica ha forjado el espíritu catalán de modo similar al efecto que el aislamiento de Madrid tuvo sobre el espíritu de la corte madrileña. Particularmente interesante es el análisis del pactismo catalán, fundamento de unas instituciones medievales que se mantuvieron hasta 1714, basadas en la observancia estricta de lo pactado entre el soberano y los estamentos privilegiados catalanes. El pactismo catalán condicionó fuertemente la historia de España y, en mi opinión, es relevante hoy en día para analizar el actual episodio de desencuentro entre catalanes y españoles. De hecho, ambos lados pueden reprochar al otro poco respeto por el pacta sunt servanda. Cataluña, por ejemplo, no ha respetado ninguno de los acuerdos «definitivos» de financiación autonómica que ha firmado. Al año siguiente, ya estaba pidiendo más. Cataluña, por otra parte, reprocha a España no haber respetado el nuevo Estatuto de autonomía tras su aprobación por las Cortes, por el Parlamento catalán y por el pueblo catalán en referéndum. Un Tribunal Constitucional percibido como obscenamente manipulado lo derogó en parte. Esto transformó el confederalismo de Pasqual Maragall en la actual oleada independentista. El pactismo catalán conoció mejores momentos en siglos pasados.

Tampoco Noticia de Cataluña contiene una visión de futuro explícita de lo que debe ser Cataluña, cuyo móvil primario está definido, en la penúltima página del libro, como «la voluntad de ser». Ser, sí, pero ser ¿qué? Pues ser Cataluña, sería la respuesta de Vicens. Quizá eso era lo más claro que se podía imprimir en 1954 y haya que leer entre líneas. En el capítulo 8 de Noticia de Cataluña, en el epígrafe titulado «La tensión hispánica de la Cataluña del siglo XIX», Vicens hace, junto a una dura crítica a España invertebrada, un elogio de la solución para España propuesta por los catalanes —«real, historicista y pluralista»— como contrapuesta a la propuesta por los intelectuales castellanos y andaluces —«abstracta, jacobina y uniformista». La solución catalana apuntaría a construir una sociedad moderna basada en el trabajo, desde abajo hacia arriba. Una filosofía, como dice Vicens, de la «redención por el trabajo». No me extrañaría que, si Vicens hubiese podido publicar en condiciones de libertad de expresión o si publicase ahora, se expresase en términos programáticos parecidos a los que elogió como intento catalán comprometido con la hispanidad en el siglo XIX.

¿Qué idea de nación subyace en el actual movimiento independentista catalán? No es, a mi juicio, una idea orteguiana, tal y como la he definido en el primer epígrafe de este capítulo. No parece haber un proyecto explícito de futuro que lleve a Cataluña a superar la actual crisis económica y financiera. No parece haber un proyecto para integrar a Cataluña en la sociedad global post-Histórica que se ha descrito en el capítulo 5 de este libro. Es más, ni una cosa ni otra parecen echarse de menos. Todo suena como muy español, vamos. El único objetivo claro es la independencia. ¿Independencia para qué? Pues para ser Cataluña, para ser lo que somos, para ser lo que venimos siendo desde, por lo menos, el siglo IX.

Para Ortega una nación no se define tan sólo por tener un proyecto de futuro, sino por tener un proyecto de futuro integrador. Éste es a mi juicio el verdadero punto débil del independentismo catalán del siglo XXI. Al hacer del nacionalismo y del siau qui sou de Costa i Llobera su bandera única, tiene muy difícil convencer al que no esté convencido de antemano, tiene muy difícil convencer a amplios sectores de la sociedad catalana no nacionalista de que merece la pena afrontar las incertidumbres y penurias de una transición a la independencia y que, por tanto, hay que votar sí en una consulta soberanista. Voy a poner como ejemplo el proyecto que defiendo en este libro: un plan Marshall para conseguir mejorar el capital humano del país, situándolo entre los mejores del mundo en un plazo de dos generaciones. Si la independencia se presentase como condición necesaria para abordar este proyecto, cosa que muy bien pudiera ser así, el potencial integrador de la llamada independentista crecería hasta hacerse irresistible. Me temo que esto tampoco se entiende en Cataluña.

El presente borbotón independentista tiene un aire de gran improvisación, de estar liderado a empujones —y eso, como he explicado antes, no me parece una gran idea—. Absorbe de manera directa las energías de buena parte de los nacionalistas y de manera indirecta el malestar de gran parte de la población catalana por la crisis económica y por la ineptitud de los sucesivos Gobiernos de España. Tengo la sensación de que en el siglo XIX hubiese dado lugar a otra carlistada. En el siglo XXI no lo hará, claro, porque por parte catalana no habrá violencia y porque la situación de España es muy distinta de la que había entonces. Lo curioso del caso es que, a pesar de su inmadurez, el independentismo catalán puede acabar teniendo éxito esta vez, no tanto por méritos propios como por la perseverante torpeza del Gobierno de España. Este último, que no supo prever lo que iba a pasar en Cataluña, a pesar de que algunos lo estábamos avisando desde 2010, parece decidido a tratar la cuestión catalana en estricta clave partidista para contentar a los sectores más conservadores del Partido Popular. No parece dispuesto a tener ninguna iniciativa política que permita al Gobierno catalán negociar. Al contrario, parece querer conseguir una rendición incondicional. Proliferarán en España los separadores, que son semilla de separatistas. Las campañas contra el cava, contra la butifarra, contra empresas catalanas… no mejoran el problema, sino que lo agravan. Son desahogos contraproducentes. Da igual, se producirán y, me temo, no serán desalentados por el Gobierno. Es un desatino. En mi opinión, sólo la intransigencia de Mariano Rajoy puede propiciar el triunfo de Artur Mas.

LA ANOMALÍA HISTÓRICA DE ESPAÑA, EN POSITIVO

En este capítulo y en los anteriores hemos repasado los hitos más relevantes de la gestación de la anomalía Histórica española. Por orden de aparición, estos hitos son:

• El rechazo en el siglo XVI a la Reforma protestante y a los valores que ésta encarnaba. Fue un rechazo rotundo, militante, que convirtió a España en «luz de Trento y martillo de herejes». Como hemos visto en el capítulo 1, junto con el protestantismo se rechazó la necesidad de la instrucción y de la educación, la capacidad de los individuos para pensar con independencia y para decidir por sí mismos en conciencia y, también, la ética del trabajo. Muchas de las actitudes de los españoles actuales, tales como la falta de emprendimiento y la tolerancia social con la corrupción, tienen sus raíces en este rechazo. La decisión de Carlos V de combatir el protestantismo en vez de abrazarlo fue, quizá, la más trascendente que ha habido en la historia de España, la que descolgó a España de la Historia de manera irreversible y definitiva porque, recordemos, la Historia ya terminó. La decisión de Felipe II de establecer la capital del reino en Madrid, al aislar a la corte de los flujos europeos de las ideas, reforzó los efectos de la decisión de su padre.

• El rechazo en los siglos XVII, XVIII y XIX a la Ilustración y a su principal corolario, el progreso. Este rechazo es consistente con el anterior y lo refuerza. En España no hubo Ilustración propiamente dicha y los escasos brotes ilustrados fueron perseguidos por la Inquisición con la misma saña con que lo fueron los también escasos brotes protestantes. Actitudes tan prevalentes hoy en día en la clase política española como la hostilidad hacia la I+D y la innovación, por ejemplo, tienen su raíz en esta ausencia de Ilustración. La modernidad nunca acabó de llegar a España. Los escasos debates nacionales en los siglos XVIII, XIX y la mayor parte del XX tuvieron poco o nada que ver con lo que se debatía en el resto de Europa.

• Y las guerras civiles. Éste es el factor diferencial con otros países del arco católico europeo. España no sólo no participó en las guerras europeas de los siglos XIX y XX, en cuyo fuego se forjaron los Estado-nación y nación-Estado modernos, sino que durante ese período conoció una guerra civil tras otra. Eso hace que la experiencia española sea única en el continente y que la anomalía Histórica de España sea la más anómala de todas. Como Estado-nación, España se quedó a medio cocer, cosa que, por ejemplo, no le ocurrió a Portugal que, desde el punto de vista del rechazo al protestantismo y a la Ilustración es tan anómalo como España.

¿Tiene esta anomalía tan pronunciada algún aspecto positivo? En mi opinión sí lo puede tener. La liviandad que España tiene como nación puede acabar siendo una gran ventaja para acometer los cambios que supone la adaptación a los actuales tiempos post-Históricos en sus dimensiones de globalización, de crecimiento de lo transnacional a expensas de lo nacional y de lo internacional, del acceso a nuevas características culturales e identitarias y a la pertenencia a nuevas minorías a través de internet. La sociedad española ha demostrado en las últimas décadas ser muy adaptable al cambio cultural. No hay otro país en Europa, dejando aparte a los países excomunistas, que haya cambiado tanto en poco tiempo. España está descentralizada y sigue descentralizándose. Las regiones funcionan como nuevas minorías identitarias. Las grandes empresas españolas, junto con muchas medianas y pequeñas, están a la cabeza mundial de la transnacionalidad. Y la profundidad de la crisis actual obligará a hacer muchos más cambios.

El filósofo francés André Comte-Sponville escribió que la posmodernidad es lo que queda de la modernidad cuando se apagan las Luces.⁹ Algo similar diría, pienso yo de la post-Historia. ¿Cabe una manifestación más clara de las dificultades que tendrá Francia, por ejemplo, para adaptarse a los retos de los nuevos tiempos? La fuerte cohesión nacional que aglutina el Estado francés es un obstáculo formidable. A España esto le afecta menos, en primer lugar porque aquí las Luces alumbraron mucho menos y también porque la cohesión nacional es mucho más débil. Francia tiene mucho que perder, España poco. Vamos, como Antonio Machado, ligeros de equipaje. Darnos cuenta de ello es condición necesaria para volver a cambiar y afrontar los retos del futuro. ¿Seremos capaces?

CAPÍTULO 8

UNA TEORÍA DE LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA¹

En este capítulo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa de cambiarla. La primera reforma estructural que debe abordar España afecta a todo lo relacionado con la política y los partidos políticos. Es una reforma necesaria para mejorar la calidad de nuestra democracia y para poder hacer todas las demás reformas. Quiero señalar, al comienzo de este capítulo, que la teoría que propongo se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales.

¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?

2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?

3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que, tras seis años de crisis económica y desgobierno, nadie —salvo el Rey y por su desgobierno personal— haya pedido disculpas?

4. ¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España —la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación— sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?

En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson.² Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Y hay más en proyecto. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que cambiase la Ley de Partidos e implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría la renovación de la clase política y el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré una regulación externa de los partidos políticos y cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario como medios de cambiar nuestra clase política.

LA HISTORIA

Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión «café para todos» del Estado de las autonomías.³ Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.

Pero, tal y como le ocurrió al doctor Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs «La gran máquina americana de hacer burbujas»,⁴ comparaba el banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.

En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. Los Carromero han acabado por ser la norma, no la excepción. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.

En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de la década de 1980, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana,⁵ el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de «arriba a abajo», se vio rápidamente desbordado por un movimiento de «abajo a arriba» liderado por élites locales que, al grito de «¡no vamos a ser menos!», acabó imponiendo la versión de «café para todos» del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a «un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo». Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833 miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a «cambiarlo todo para que todo siga igual» y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones públicas: 17 administraciones y Gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles —literalmente miles— de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último, en muchos casos, era y sigue siendo generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. No me parece exagerada la estimación de 300.000 personas cuyo puesto de trabajo —de director general o de conserje— ha sido obtenido por motivos políticos. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas —es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros— por cuyas alcantarillas circulaba y sigue circulando la financiación irregular de los partidos.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de «abajo a arriba» y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las cajas de ahorro. Las Comunidades Autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las cajas tuteladas por los Gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un grave deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El actual Gobierno presidido por Rajoy gobierna, principalmente, por decreto ley. Esto hurta al Parlamento la posibilidad de una discusión matizada de las leyes. Pero, además, el Congreso de los Diputados no es sólo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias de 2012, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.

LAS BURBUJAS

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Éste es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las cajas de ahorro, sino también otras «catástrofes naturales», otros «actos de Dios», a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las cajas de ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.

La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos —decidir el qué y el dónde— no fuese suficiente, la transmisión del control de las cajas de ahorro a las Comunidades Autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, seis años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las cajas de ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!

Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el «capitalismo castizo», es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó «relación incestuosa»; otro, nacional, habló de «colusión contra consumidores y contribuyentes». Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa menos del 2 por ciento del PIB mundial y está pagando el 15 por ciento del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30 por ciento, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones, casinos…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30 por ciento de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años de bonanza tampoco había tráfico. A continuación, ¿incomprensiblemente?, el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran, ¡oh sorpresa!, las cajas de ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!

Antes de terminar este epígrafe, vale la pena reflexionar sobre la generalización del modelo de negocio de las autopistas radiales de Madrid. Éstas fueron un gran negocio para las constructoras y están siendo una ruina para el contribuyente. Las constructoras cobraron un buen dinero que, en última instancia, está siendo pagado por todos los españoles. El dinero ha ido del contribuyente a las constructoras, como mandan los cánones más rancios del capitalismo castizo. ¿Qué pasará con el famoso y publicitado AVE que las mismas constructoras están construyendo entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí? ¿Puede repetirse la jugada de que sea el contribuyente español el que acabe pagando el pato? Pues sí, sí puede. El contrato de construcción del AVE expresa con toda claridad que el contribuyente español —la Renfe, vamos— se encargará de la explotación de la línea durante un mínimo de siete años. No hay ningún tren de alta velocidad en el mundo, incluido el shinkansen japonés, que tenga resultados de explotación positivos. No conozco los detalles del contrato de explotación (¿los conoce alguien? ¿Corinna?), pero el asunto me da muy, pero que muy mala espina. ¡Pobre pechero español, el capitalismo castizo y la clase política española, siempre de la mano, pueden volverte a robar la cartera!

LA TEORÍA

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos «hechos estilizados» que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido de Acemoglu y Robinson. Una élite extractiva se caracteriza por:

• Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio.

• Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta u optimista.⁶

• Abominar de la «destrucción creativa», que caracteriza al capitalismo más dinámico.⁷ Una élite extractiva abomina, además, de cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político.

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio de este capítulo? Veamos:

1. La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado, y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.

2. La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.

3. ¿Han pedido perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las Diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las cajas de ahorro —y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas— la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.

4. Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento, y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.

La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.

LA PREDICCIÓN

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50.000 millones de euros, un 5 por ciento del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.

La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que acabe ocurriendo un milagro, de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento «pro peseta». De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII —el Deseado— aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las caenas! Por supuesto que al Deseado actual —llámese Mariano, Alfredo u otra cosa— habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel!, ¡vivan los ERE de Andalucía! o visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en El País en junio de 2012,⁸ no sólo una vuelta a la España de la década de 1950 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados, y, de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya empiezan a observarse movimientos en esa dirección.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando libros como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.

REGULAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CAMBIAR EL SISTEMA ELECTORAL

La actual clase política española es el mayor obstáculo para que España emprenda el programa de reformas que debe hacer, no sólo para mantenerse como miembro de la unión monetaria y de la Unión Europea sino, también, para adaptarse al mundo post-Histórico cuya prospectiva hemos discutido en el capítulo 5 de este libro. Hay que cambiar la clase política y, para ello, hay que cambiar los partidos políticos. Estos últimos deberían estar mucho más regulados, como en Alemania o Estados Unidos. José Antonio Gómez Yáñez propuso⁹ una reforma basada en la idea de que «los partidos políticos no son asociaciones privadas con legitimidad para autorregularse; son entidades especiales a las que se da el monopolio de la representación política, financiadas con dinero público y cuyo personal percibe retribuciones públicas, por tanto deben regularse por leyes para proteger las instituciones, y sus cajas». Gómez Yáñez, partidario de copiar la legislación alemana, señala que en este país la ley establece que «los partidos deben tener congresos cada dos años, el voto secreto de los afiliados a personas, no a listas, para elegir delegados a congresos o cargos internos, y la auditoría externa de cuentas». Y sigue «en Alemania la elección de los candidatos dentro de los partidos se incluye en la Ley Electoral. Los afiliados eligen los candidatos a todos los cargos representativos mediante elecciones primarias (internas)». Con este tipo de regulación es muy probable que la clase política española cambiase de manera radical y acabase incorporando mucho más en sus intereses particulares el interés general de España. Todo ello debería facilitar un proceso de regeneración de la política que es cada día que pasa más urgente para sacarla del lodazal en el que está metida. En el capítulo 10 de este libro se hacen más propuestas de reformas sobre esta cuestión.

La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto —todos tienen ventajas e inconvenientes— pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no sólo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

CAPÍTULO 9

LA CRISIS ESPAÑOLA, UNA Y TRINA

Este último capítulo de la segunda parte de este libro está dedicado a analizar la actual crisis española. Ésta es una crisis idiosincrática enmarcada por una crisis económica y financiera global. Como he señalado en capítulos anteriores, la crisis que está asolando España desde 2007 es consecuencia de la falta de adaptación a dos cambios trascendentales en nuestro entorno. En primer lugar, la caída del muro de Berlín en 1989 abrió paso a una globalización inesperada y rapidísima de la economía planetaria: la competitividad del trabajo barato del sur de Europa se vio amenazada, primero, por el trabajo barato del centro y del este del viejo continente y, después, por el procedente de los países emergentes. En segundo lugar, la incorporación al euro en 1998 supuso la renuncia a la devaluación de la peseta como mecanismo corrector de las pérdidas de competitividad cíclicas de la economía española: los futuros ajustes del deterioro competitivo tendrían que hacerse por el sector real de la economía.

Si bien la globalización y sus consecuencias eran algo difícil de prever —en este sentido fueron algo que «nos ha pasado»— las consecuencias de la adopción de la moneda única eran algo previsible y, de hecho, fueron previstas por muchos economistas e instituciones internacionales y españolas: si no se hacían las reformas estructurales necesarias para flexibilizar la economía, la inevitable pérdida de competitividad la acabaría estrangulando. Eso es, precisamente, lo que ha acabado ocurriendo. La burbuja inmobiliaria ha sido el agravante y la crisis financiera internacional el detonante, pero la razón última de la actual situación crítica de España es no haber hecho las reformas que sabíamos que había que hacer para poder sobrevivir en una institución —la unión monetaria— en la que entramos voluntariamente y donde nos comprometimos a permanecer.

No voy a entrar en este capítulo en el terreno internacional salvo cuando sea estrictamente necesario, porque la crisis española tiene entidad y lógica propias. Esto no es óbice para distinguir en ella tres crisis distintas e interrelacionadas, que evolucionan condicionándose unas a otras. En primer lugar, una crisis económica y financiera no causada, pero sí agravada, por la situación internacional. Todavía no estamos al principio de su final. En segundo lugar, una crisis político-institucional que, probablemente, obligará a redefinir el régimen político plasmado en la Constitución de 1978. En esto estamos al comienzo del principio. Y, en tercer lugar, una crisis moral —de valores— que afecta a todos los estratos de la sociedad. No son concebibles las otras dos crisis sin ésta: comenzó antes que las demás y terminará, si es que lo hace, después.

LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA

No hay remedio pacífico conocido para la crisis de endeudamiento¹ que aflige a las economías occidentales. Las burbujas inmobiliarias en Estados Unidos, en España y en Irlanda alimentaron otra burbuja crediticia global en la que los bancos de Occidente llegaron a apalancar más de cuarenta veces su capital para dar crédito. A su vez, esta burbuja crediticia retroalimentó las burbujas inmobiliarias y originó grandes estallidos de demanda y grandes desequilibrios por cuenta corriente en los tres países mencionados. Hasta que todo reventó: todas las burbujas acaban reventando y cuanto más tardan en hacerlo más violenta es la explosión. En la actualidad no hay crecimiento económico global porque no hay crédito, y no hay crédito porque los bancos están dañados, y los bancos no se sanean porque no hay crecimiento económico. Lo poco que se sabe de este tipo de crisis es que son de digestión muy lenta —décadas, no años—. Hay tres precedentes históricos: la crisis japonesa de 1921, la Gran Depresión de 1929 y la crisis japonesa de 1989. Las dos primeras terminaron mediante ese supremo achatarramiento keynesiano que es la guerra: la de Manchuria en 1934 y la segunda guerra mundial en 1939. La tercera, dos décadas después de su comienzo, aún no se sabe cuándo y cómo terminará. Estas tres crisis dejaron algunas enseñanzas, pero aún no hay doctrina establecida sobre cómo salir de este tipo de situaciones por las buenas.

Hasta que Occidente no crezca, España no lo hará. Pero, cuando Occidente empiece a crecer, España tampoco lo hará, a menos que haya introducido las reformas necesarias para adaptarse a la moneda única europea y a la economía globalizada. En lo que sigue de este epígrafe pasaré revista a la situación de la economía española y esbozaré algunas de las reformas pendientes apoyándome en tres cifras: seis millones de parados, deuda exterior del 167 por ciento del PIB y déficit público del 9 por ciento del PIB.

Más de seis millones de parados

España aporta el 10 por ciento del PIB de la eurozona, el 14 por ciento de la población y el 33 por ciento de los parados. A finales de 2012 uno de cada tres parados de la eurozona era español. Uno de cada dos parados de larga duración generados entre 2008 y 2012 era también español. Los seis millones de parados españoles y la tasa de paro del 27,2 por ciento² son una anomalía aberrante en Europa: la tasa de paro media de la eurozona es el 11,8 por ciento, menos de la mitad que en España, y tan sólo otros dos de los diecisiete Estados miembros tienen tasas de paro por encima del 15 por ciento: Portugal (16,3 por ciento) y Grecia (26 por ciento). ¿Acaso somos más holgazanes que los demás? ¿Más tontos? ¿Sufrimos un castigo divino? ¡No! Simplemente, tenemos un mercado de trabajo anómalo, disfuncional, que condena a la temporalidad precaria al 25 por ciento de los empleados, que genera bolsas millonarias de parados cada vez que viene una crisis… Hasta la reforma del mercado de trabajo de 2012, las estructuras básicas de nuestro mercado laboral y de la negociación colectiva fueron las que se heredaron del franquismo en 1975, o sea que estaban diseñadas para una economía autárquica y corporativista. Las elevadas indemnizaciones por despido, causa importante de la temporalidad y del miedo empresarial a contratar, resultaron del paternalismo de un régimen para el que no existía el concepto de desempleo y, por tanto, no lo aseguraba. Ahora sí se asegura. Estas indemnizaciones por despido fueron sustancialmente rebajadas para determinados supuestos en la reforma laboral de 2012. Está por ver cuál será el resultado de la reforma en los tribunales de lo social, pero los costes parecen haberse rebajado significativamente en los primeros meses tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Por otra parte, la estructura jerárquica de los convenios colectivos tiene sus raíces en los antiguos sindicatos verticales y sigue siendo un obstáculo terrible para la eficiencia de la economía porque impide que los incrementos salariales refuercen su relación con los aumentos de productividad. Sin esa relación no hay economía que pueda funcionar.

En 1986 España se integró en la Unión Europea, no en la Unión Soviética, mal que les pese todavía a algunos. Debemos ser consistentes con el entorno en el que estamos obligados a competir y, para eso, no hace falta inventar nada: basta copiar lo que está funcionando bien en los Estados miembros que tienen tasas de desempleo de un solo dígito. En esa dirección van la propuesta de un contrato laboral único con costes de despido crecientes con la antigüedad y la propuesta de flexibilización de la negociación colectiva para dar protagonismo a la negociación a nivel de empresa. El Gobierno de Zapatero no se atrevió a enfrentarse a los sindicatos y planteó una reforma laboral puramente cosmética. El Gobierno de Rajoy ha sido más decidido en la reforma del despido, que ha sido un paso en la buena dirección, pero sigue siendo necesaria una del mercado de trabajo que aborde de manera conjunta todos los temas importantes. Queda pendiente el importantísimo tema de la temporalidad, que está condenando a la descapitalización personal a los trabajadores más jóvenes. Queda pendiente otra importante vuelta de tuerca a la negociación colectiva. Sin una reforma decidida, que reduzca la incertidumbre de las empresas a la hora de contratar, seguiremos siendo la anomalía de Europa y el paro seguirá aumentando.

Una deuda exterior del 167 por ciento del PIB

La burbuja inmobiliaria ha dejado a España con una deuda exterior bruta del 167 por ciento del PIB. Esta ratio es una de las más elevadas del mundo y ha sido antesala del desastre en muchos países que la han alcanzado. ¿Podrá España pagar su deuda? Esto es lo que quita el sueño a nuestros acreedores. Para poder pagar una deuda externa de estas dimensiones un país tiene que tener un crecimiento económico vigoroso que permita ir pagando los intereses y devolviendo el principal para hacer disminuir el volumen de la deuda. Los manuales de economía muestran que, para que eso sea posible, el crecimiento nominal del PIB tiene que ser superior al tipo de interés de la deuda.

¿Cuánto crecerá España en, digamos, la próxima década? El servicio de estudios del BBVA estima que el crecimiento potencial en este período será inferior al 2 por ciento en términos reales. Esta cifra es más baja que en décadas anteriores, pero puede acabar siendo optimista porque supone un crecimiento anual de la productividad del 0,9 por ciento anual, tasa que no se observa en España desde hace mucho tiempo. Añadiendo un 2 por ciento de inflación, se obtiene un crecimiento nominal teórico alrededor del 4 por ciento, que es bajo para garantizar con certeza el pago de la deuda actual. También es bajo para generar la confianza necesaria para refinanciarla, puesto que los analistas internacionales estiman un crecimiento inferior, incluso, al 4 por ciento. El tipo de interés implícito pagado por las Administraciones públicas españolas en 2012 fue el 3,7 por ciento, mientras que el crecimiento nominal de la economía fue el 1,6 por ciento. A largo plazo esto es insostenible. Claro que algún día España crecerá más, pero lo tiene muy complicado para crecer por encima del 4 por ciento. La aritmética de la deuda española tiene un aspecto horrible y no puede descartarse la posibilidad de que no pueda pagarse y que haya que restructurarla. ¿Qué hacer? La respuesta es tan obvia que merece ser gritada, otra vez: ¡reformas estructurales para aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía! Según el BBVA, el paquete de reformas que debería adoptarse (mercado de trabajo, de la vivienda, de la energía, educación, Administración pública, Justicia, etc.) haría aumentar el crecimiento potencial de la economía un punto porcentual, hasta el 3 por ciento en términos reales. Los efectos sobre el crecimiento se harían sentir sólo a medio plazo, pero el efecto balsámico sobre la confianza de nuestros acreedores sería inmediato y eso llevaría a una mejora de nuestras condiciones de financiación actuales.

El razonamiento del párrafo anterior es puramente teórico. Cuenta la anécdota que un analista le estaba explicando a George Soros un argumento de este tipo cuando el financiero le interrumpió: «Oiga, joven, todo eso está muy bien, pero ¿va a haber crédito?». «Ah, pues no, crédito no», respondió el analista. «Pues entonces no siga: la economía no va a crecer», terminó Soros. ¿Va a haber crédito en la economía española? No, crédito no va a haber durante mucho tiempo. Y no lo va a haber por cómo el Gobierno y el Banco de España han abordado la reestructuración del sistema financiero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Había dos opciones. En primer lugar, se podía haber respetado la ortodoxia del Banco de España, elaborada a partir de la experiencia de varias crisis bancarias durante las cuatro últimas décadas. Esto implicaba obligar a las entidades de crédito a reconocer las pérdidas latentes para, después, y en caso necesario, recapitalizar, fusionar, vender o liquidar. Esta opción hubiera tenido la ventaja de que las nuevas entidades, al estar saneadas, hubieran podido dar crédito sin dilación. Hubiera tenido el inconveniente de incrementar el déficit público en varios puntos del PIB. Y hubiese sustraído a la inmensa mayoría de las cajas de ahorro, ahora bancos, de la tutela de los políticos regionales. La segunda opción, que fue la que se eligió, hace tabla rasa de la ortodoxia del Banco de España. La estrategia consistía —y todavía consiste— en obligar a las entidades a cumplir unas ratios de capital elevadas, para garantizar su solvencia, pero dejando las pérdidas en estado latente. Tenía la ventaja aparente de afectar poco al déficit público y la desventaja de que el sistema financiero, al no haber sido saneado, quedaba en estado zombi: no quedaba holgura en el balance para dar nuevo crédito al sector real de la economía. Esta opción permitía, también aparentemente, mantener un número significativo de cajas bajo control de los políticos.

En toda crisis bancaria actuar tarde siempre equivale a actuar mal. El Gobierno de Zapatero actuó tarde, pero además actuó mal, de modo que las consecuencias fueron doblemente perniciosas. Al tomar posesión el Gobierno Rajoy, buena parte del sistema financiero español se estaba desmoronando. El daño era tan grande que la opción ortodoxa mencionada en el párrafo anterior ya no era posible. Las subastas de liquidez ilimitadas a largo plazo del Banco Central Europeo dieron un respiro al Gobierno que, el 9 de junio de 2012, acabó solicitando un rescate europeo para recapitalizar las instituciones más dañadas. También, tras negar insistentemente su conveniencia, acabó creando un banco malo —el SAREB— para aligerar de los activos tóxicos los balances de las instituciones menos solventes. Estas medidas de emergencia, cuyo coste se multiplicó por la tardanza en adoptarlas, han conseguido frenar el deterioro del sistema financiero español y posibilitan el comienzo de un lento, muy lento proceso de recuperación y mejora. Se ha evitado la implosión del sistema, pero eso no quiere decir que vaya a comenzar a fluir el crédito hacia el sector privado de la economía. Esto es probable que tarde años, durante los cuales el crecimiento económico se verá constreñido y será, probablemente, muy débil.

Un déficit público del 9 por ciento del PIB

El déficit público español se ha situado por encima del 9 por ciento del PIB todos los años desde 2009. Mal asunto, porque a pesar de los recortes del gasto y las fuertes subidas de impuestos, tasas, precios públicos y de sectores regulados no se ha conseguido bajar del fatídico 9 por ciento. ¿Por qué no baja el déficit, a pesar de los recortes y de las fuertes subidas de impuestos, de tasas y de precios de sectores regulados? Por dos razones. En primer lugar, porque estamos metidos en una recesión económica que reduce las bases imponibles de muchos impuestos —como el IVA, Sociedades o IRPF— y aumenta determinadas partidas de gasto —como el subsidio de desempleo—. La combinación de ambos factores da lugar al componente cíclico del déficit público. Para 2012 se estima que este componente será el 2,5 por ciento del PIB. Esto quiere decir que, sin contar con las ayudas a la banca que pueden ser del orden de otro 2 por ciento del PIB, el resto del déficit de 2012 será estructural, es decir, será el déficit que se observaría si la economía estuviese funcionando en condiciones normales. O sea: si el déficit final es el 7 por ciento del PIB, como parece, un 4,5 por ciento será estructural. Estos 4,5 puntos del PIB son los que hay que eliminar para equilibrar estructuralmente el presupuesto. El problema estriba en que el presupuesto público español se ha dimensionado a la burbuja inmobiliaria y no es financiable en condiciones normales de la economía. Se pueden subir ingresos: nuevos aumentos del IVA, IRPF y especiales, copago sanitario y judicial, peajes en las autovías libres, etc. Todo eso va a ocurrir, pero será insuficiente. No va a haber más remedio que reducir gastos, y se van a tener que reducir de manera estructural, es decir, eliminando o reformando programas de gasto. No basta con hacer recortes. Hasta ahora las Administraciones han dejado de pagar, no de gastar, que no es lo mismo. Se ha llegado a una situación tan crítica que, por ejemplo, cuando se dice que la sanidad se paga a 600 días, lo que se quiere decir es que hace 600 días que no se paga. Son tácticas dilatorias, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos —los de la burbuja—, pero no volverán. Lo que hay que hacer, inevitablemente, es redimensionar el Estado. Pero eso son palabras mayores que nos llevan, sin solución de continuidad, al epígrafe siguiente.

LA CRISIS POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Escribe Francis Fukuyama que «cuando el entorno cambia y aparecen nuevos retos, surgen con frecuencia incoherencias entre las instituciones existentes y las necesidades emergentes. Estas instituciones están apoyadas por legiones de intereses atrincherados que se oponen a cualquier cambio fundamental […]. El declive aparece cuando los sistemas políticos no consiguen ajustarse a las nuevas circunstancias».³

Como se analizó en el capítulo 7, el régimen político que emana de la constitución de 1978 nació con dos grandes retos que afrontar: la reconciliación y democratización del país, tras la larga dictadura franquista, y la integración en Europa. Ocho años más tarde, en 1986, quedaban pocas dudas de que ambos retos se habían superado de manera irreversible. No hubo mucho tiempo para dormir en los laureles, porque el mundo cambió de manera muy rápida planteando nuevos e inesperados retos. En 1989 cayó el muro de Berlín, abriendo paso a un vertiginoso proceso de globalización cuyas consecuencias siguen sorprendiendo. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht y la moneda única comenzaba en 1999. En 1993 los retos que se le planteaban a España eran muy distintos a los de 1978: había que adaptarse a una economía planetaria y había que prepararse para el euro. Las reformas exigidas por uno y otro reto tenían —y tienen— denominadores comunes: flexibilización de los mercados de factores, bienes y servicios. Vaya por delante que, en estos veinte años, se han hecho progresos en la liberalización de determinados servicios (farmacias, funerarias…) y que en estos años las grandes empresas españolas se han globalizado como nunca. También la reforma del mercado laboral de 2012, a pesar de ser insuficiente, es muy relevante. Pero España no ha conseguido superar su patrón cíclico tradicional de crecimiento —expansión, recesión, devaluación de la peseta, recuperación— y no encuentra la manera de reducir su déficit público. Esos dos problemas surgen de tres características clave del régimen político actual: el particular papel de los llamados agentes o interlocutores sociales, la autorregulación de los partidos políticos y el modelo de café para todos de organización territorial del Estado que se adoptó para dar encaje a los nacionalismos históricos. Curiosamente, ninguna de esas tres características tiene un soporte constitucional claro. Comentémoslas una a una.

Los interlocutores sociales

La constitución de 1978 tuvo un respaldo político y social amplísimo. El consenso —ese conjunto de renuncias mutuas, que diría Miquel Roca— no se fraguó sólo entre partidos políticos, sino que también incluyó a los sindicatos y a la patronal, conocidos a partir de entonces como los «interlocutores o agentes sociales». Esto fue así tanto por el prestigio que los primeros alcanzaron durante el franquismo tardío —recuérdese el proceso 1001— como por la necesidad de encontrar una salida pactada a la terrible crisis económica de la época, ya que las negociaciones de los Pactos de la Moncloa transcurrieron en paralelo al proceso constituyente. El éxito en la salida de la crisis, por una parte, y en los objetivos democratizador y europeo, por la otra, contribuyeron a consolidar a los interlocutores sociales, de modo que éstos acabaron disfrutando de una representatividad de facto que iba mucho más allá de la de sus meros afiliados, que es lo único que reconoce la Constitución. Gobiernos de izquierda y de derecha han otorgado a los sindicatos una tutela y un veto implícitos sobre todo «lo social». A ello se debe, por ejemplo, el enorme retraso en la reforma de las pensiones y en la reforma del mercado laboral. Como escribió un comentarista, los sindicatos se han convertido en la columna vertebral del stablishment contrario a la reforma estructural. Es urgentísimo continuar con la reforma en profundidad del mercado de trabajo y es muy probable que esta continuación haya que hacerla no sólo contra los sindicatos sino también contra las patronales. Pues bien, hágase. Es urgentísimo hacer una reforma seria del sistema de pensiones públicas para evitar su quiebra. Esto también habrá que hacerlo contra los sindicatos. Pues bien, hágase. Poner a los interlocutores sociales en su sitio conllevará un cambio muy importante en nuestro sistema político, pero un cambio en la buena dirección: la de dar plena soberanía al Parlamento en temas que, hasta ahora, le llegaban filtrados, cuando le llegaban.

Puertas giratorias, corrupción y autorregulación

Como se ha señalado en el capítulo anterior, la clase política española se ha convertido en una élite extractiva que antepone su interés particular al interés general de la nación. Este interés particular está encarnado en las 300.000 personas que se estima que hay en España cuyo empleo, ingresos, beneficios, prebendas y privilegios dependen de algún modo de una decisión de una instancia o cargo políticos. Esta peculiar casta incluye desde el Rey hasta los conserjes y bedeles nombrados a dedo por el sistema clientelar de las Diputaciones Provinciales, pasando por las decenas de miles de funcionarios autonómicos que fueron nombrados de manera interina por razones de afinidad política y luego se les dio la permanencia mediante concursos de trámite. También están los empleados y beneficiarios de las miles de empresas, fundaciones y organismos públicos sin control, cuyo número exacto desconoce hasta la Intervención General del Estado. Particularmente llamativas son las «puertas giratorias» usadas por altos cargos del Gobierno y de la política para obtener retiros dorados en consejos de administración y como asesores de empresas reguladas. Disfrutando de estas sinecuras pueden hallarse expresidentes del Gobierno, la mayoría de los exvicepresidentes económicos, muchos exministros y otros políticos y reguladores que han ocupado cargos de menor relevancia.⁴ La clase política española parece no haber oído nunca hablar de la mujer del césar. Preocupados como están por defender a capa y espada la presunción de honestidad, se olvidan por completo de que los políticos no sólo deben ser honestos sino que, además, tienen que parecerlo. Y en España quizá lo sean, pero no lo parecen. Siempre habrá malpensados, muy en particular los inversores extranjeros, que sospecharán que están ocupando esas bicocas en agradecimiento a los servicios prestados. Y eso hace mucho daño. A mayor abundamiento, el escándalo no se limita tan sólo a los consejos. En posiciones más ejecutivas el daño ha sido mucho mayor. Sin ir más lejos, dos exvicepresidentes del Gobierno y un presidente de Comunidad Autónoma, por ejemplo, tuvieron un papel muy notorio en la quiebra de las cajas de ahorro. Terrible.

Las «puertas giratorias» proliferan en las instituciones españolas y convierten Administración, Justicia y regulación en una misma masa viscosa en la que resulta difícil aclarar quién está haciendo qué y en qué capacidad. No parece tener sentido, por ejemplo, que los militares que decidan dedicarse a la política tengan —correctamente— prohibido volver al servicio activo en las Fuerzas Armadas, y a los jueces se les mida por otro rasero que les permite el ejercicio de la política un día y dictar sentencias al día siguiente como si tal cosa. La política es el legítimo ejercicio de la parcialidad, mientras que un juez debe ser imparcial. No es admisible, como demuestra la experiencia traumática de la estrella de los jueces estrella, el «hoy soy parcial, mañana seré imparcial». Los jueces que se dediquen a la política no deberían volver a la judicatura. Lo mismo debería ser de aplicación para los altos funcionarios de las Administraciones públicas. Todo el mundo tiene derecho a dedicarse a la política pero la salud pública, en versión mujer del césar, exige que no todo el mundo pueda tener derecho a volver a su posición anterior.

La falta de ejemplaridad de los comportamientos descritos en los dos párrafos anteriores; la ausencia de proyecto para salir de la crisis económica; la falta de alternativas para jóvenes y parados, que está causando una intensa descapitalización humana en España; la convicción ciudadana de que la clase política defiende su interés particular y que le importa poco lo que les ocurra a los demás; el incremento y la institucionalización de la corrupción política hasta límites insoportables, y la falta de reacción creíble de los partidos políticos ante el imparable crecimiento del hozadero, poco compatible con la teoría de las «pocas manzanas podridas», han precipitado una fuerte crisis de legitimidad de las instituciones españolas. Como señala Fukuyama:⁵ «Legitimidad significa que las personas que forman la sociedad reconocen la justicia fundamental del sistema como un todo y que, por ello, están dispuestos a respetar sus reglas». Con esta definición, menos formal pero más profunda que la definición habitual de la legitimidad democrática, el régimen político surgido de la Constitución de 1978 está perdiendo legitimidad a chorros, aunque sus instituciones representativas sean impecablemente democráticas.

En mi opinión esa pérdida de legitimidad deriva, principalmente, de la autorregulación y de la falta de control externo de los partidos políticos. Lo insólito de España no es que haya corrupción política sino que los partidos políticos se autorregulen, es decir, que no estén obligados por ley a tener sistemas internos de reciclaje de los residuos tóxicos. Esto es anómalo en una democracia y la principal causa del aumento de la corrupción y de la desafección ciudadana hacia la política y las instituciones que muestran todas las encuestas de opinión. La crisis institucional está servida. A las razones dadas hasta aquí hay que añadir las que siguen a continuación.

La organización territorial del Estado

El consenso de 1978 tuvo el gran acierto de integrar a los nacionalismos históricos. Era, por aquel entonces, un tema peliagudo —y lo sigue siendo—. La vía elegida para hacerlo fue el Estado de las Autonomías, versión «café para todos». A lo largo de tres décadas, la descentralización del Estado ha sido muy grande pero, salvo en las comunidades forales, que recaudan sus propios tributos, el gasto público se ha descentralizado mucho más que los ingresos y se han producido disfunciones graves entre las decisiones de gastar y las de recaudar. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica y financiera han tenido efectos devastadores sobre los presupuestos autonómicos: los ingresos se han desplomado y las principales partidas de gasto de su competencia —Educación, Sanidad, Dependencia, Justicia…— son muy rígidas. Además, la asimetría de poder gastar sin la responsabilidad de recaudar ha contribuido a que se cometiesen todo tipo de excesos que, hoy en día, es políticamente muy costoso revertir. La situación financiera ha hecho crisis: hay hoy en día varias comunidades autónomas de régimen común que llevan más de dos años en situación de suspensión de pagos parcial y sin acceso a los mercados financieros para conseguir liquidez.

Como era previsible, tras las elecciones de 2012 el Gobierno del Partido Popular culpó al Estado autonómico del descontrol del gasto público y de las dificultades del Estado español para reducir el déficit. Argumentos en este sentido no faltan, aunque las culpas están mucho más repartidas de lo que admite el actual Gobierno —recuérdese, por ejemplo, la centrifugación del déficit hacia las Autonomías que produjo la Ley de Dependencia, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados sin que se hubiese presentado ni exigido memoria económica alguna—. En cualquier caso, el péndulo ha comenzado ya a moverse en sentido contrario y se ha iniciado un movimiento recentralizador basado, también, en la filosofía del café para todos. Este movimiento, como también era de esperar, va mucho más allá de las decisiones presupuestarias y afecta a lo educativo, a lo cultural y a lo institucional. La cruzada del ministro Wert para «españolizar» a los niños catalanes y el intento del Gobierno central de supervisar la actividad internacional de las Autonomías son dos ejemplos que ilustran la potencial dimensión de la recentralización que está comenzando.

Como era previsible, esto ha traído consecuencias muy graves en lo que respecta a Cataluña. El Gobierno de la Generalitat que surgió de las urnas en 2010, previendo el movimiento pendular contrario a la descentralización, había tomado ya rumbo de colisión con el futuro Gobierno central recortando el gasto en aquellas partidas que, como la Sanidad, más gente movilizan en la calle. Al mismo tiempo reclamaba un pacto fiscal que equiparase financieramente a Cataluña a las comunidades forales, primero, y la ruta hacia la independencia, después, tras la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre de 2012.

La gestión de esta situación va a ser muy delicada y compleja. La crisis institucional del Estado de las Autonomías, en su versión de café para todos, está servida. Vaya por delante mi opinión de que, esta vez, Cataluña no se va a conformar con alguna cesión de competencias o con algo más de dinero: lo que está buscando es un encaje distinto dentro —o quizá fuera— del consenso constitucional.

LA CRISIS MORAL Y DE VALORES

Escribí hace algún tiempo en un periódico que la acumulación de derechos sin contrapartida por el lado de los deberes embrutece a las masas. Esto, más por ignorancia que por otra cosa, escandalizó a algunos, que lo consideraron una ocurrencia mía provocadora y deleznable. No es así: este pensamiento tiene firmes raíces en Ortega y en Kant. Lo ilustraré con un ejemplo. El derecho a no ser despedido del trabajo arbitrariamente tiene que tener como contrapartida el deber de ir a trabajar. Si eso no ocurre, se produce el absentismo laboral, que es una verdadera plaga en las empresas españolas. Nuestra democracia ha puesto mucho más énfasis en publicitar derechos que en reclamar deberes y así no puede funcionar bien: ya dijo Montesquieu que la democracia se basa en la virtud, es decir, en el cumplimiento de las obligaciones. La clase política se ha dedicado a adular a las masas para conseguir votos, haciéndoles creer que tienen derecho no sólo a recibir algo a cambio de nada, sino de recibirlo a perpetuidad. Todo el mundo tiene derecho a un AVE y a un aeropuerto cerca de su casa, sin ir más lejos. Hay unos Reyes Magos o un Papá Noel implícitos en la democracia española: nunca se menciona quién paga los regalos, a quién se dirigen las facturas, quién financia esos derechos sin contrapartida.

En ese caldo de cultivo, la burbuja inmobiliaria empeoró mucho las cosas. Hay pocas cosas tan corruptoras como una burbuja inmobiliaria. Probablemente el narcotráfico a gran escala que sufren algunos países de América Latina sea peor, pero no se me ocurren más ejemplos. En España la burbuja ha corrompido a las Administraciones públicas, muy particularmente a las territoriales, que son las que acaban teniendo la capacidad de decisión sobre dónde y sobre qué se construye; ha corrompido a los partidos políticos sin distinción de credo; ha corrompido a los empresarios en busca de obra civil, de recalificaciones o de permisos de edificación; ha vaciado las escuelas en beneficio del ladrillo o de la hostelería causando un fracaso escolar masivo y creando grandes bolsas de jóvenes sin ninguna cualificación y con un futuro laboral muy incierto; y ha potenciado un sobredimensionamiento del Estado que ahora resulta financieramente insostenible. El paisaje después de la burbuja es desolador.

Lo ocurrido con las cajas de ahorro es muy ilustrativo de la crisis de moral que nos aflige. Hay una máxima en finanzas que establece que la mejor manera de robar un banco es tener uno. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país. Las cajas no tienen dueño y nunca han estado gestionadas por angelitos, pero cuando se descentralizó su tutela, pasando ésta a corresponder a las Comunidades Autónomas, la situación cambió a peor. Todos los partidos políticos, sin excepción ninguna, han intentado controlar las cajas de sus territorios y casi siempre —con alguna grandísima y honrosísima excepción— lo han conseguido. El resultado ha sido catastrófico: de las cuarenta y cinco cajas que había al principio de la crisis no quedan hoy en día más que algunos residuos testimoniales. Los medios de comunicación han recogido con profusión el saqueo de algunas cajas por parte de sus directivos y de los Gobiernos autonómicos a cuya tutela estaban encomendadas. No están todas las que son, pero es bueno que estas cosas se publiquen. También se ha recogido en los medios la depravación moral que supuso la venta masiva de acciones preferentes a pequeños inversores que, obviamente, no estaban cualificados para entender lo que estaban comprando pero que confiaban en la honestidad de las instituciones y de las personas que se las vendían. Todo ello, hay que decirlo en voz alta, en medio de un silencio espeso de la CNMV y del Banco de España, que no movieron ni un dedo para evitar este abuso. Tampoco tuvieron nada que decir, por cierto, en la salida a bolsa de Bankia a 2011 que perjudicó a miles de inversores que volvieron a ser mal informados del verdadero riesgo de la inversión. Lamentable.

Una guinda para terminar este retablo ilustrativo de la crisis moral y de valores española, crisis que viene de muy lejos. Dos de los productos más característicos de nuestro país son el jamón ibérico y el aceite de oliva. Son una especie de embajadores de la «marca España» allá donde viajen. Pues bien ¿son productos honestos? Cuando los consumidores los compran, ¿saben lo que compran? La respuesta unánime de las organizaciones de defensa del consumidor españolas es que no, que el consumidor no puede saber lo que compra por la opacidad de la información y por el fraude existente en ambos mercados. Casi nadie puede saber a ciencia cierta de qué animal proviene el jamón que acaba de comprar o en qué año se cosechó el aceite que acaba de adquirir. Si esto ocurre con nuestros productos más emblemáticos, ¿qué ocurrirá con los que no lo son?

Como señalaba Luis Garicano en un reciente artículo,⁶ los estándares morales en España se van realineando hacia abajo. ¿Que un banquero influyente resulta condenado en firme por una fechoría cometida en el ejercicio de su profesión y, por tanto, debería abandonar su cargo? No hay problema, se le indulta y se cambia la ley para que los condenados puedan dirigir bancos. ¿Qué pasa? ¿Acaso los condenados no son gente honrada? ¿No tienen derecho al trabajo, como todo el mundo? ¿Acaso no indultamos también a los kamikazes homicidas? Esa progresiva degradación de los valores y de los criterios éticos tiene efectos devastadores sobre la moral de la sociedad que se pregunta, perpleja, si a lo único que lleva ser honrado y observante de la ley es a ser pobre.

Culpa, responsabilidad y dimisiones

Hay en España una confusión interesada entre culpa y responsabilidad. La clase política ha iniciado un falso debate sobre cuándo debe dimitir un político que ha sido llamado por un juez para investigar alguna de sus actividades. La discusión, que ha tenido lugar principalmente en Cataluña, ha versado sobre cuándo puede suponerse que hay una probabilidad razonable de culpa. Es un completo sinsentido. En una democracia los políticos no deben dimitir por ser culpables, por serlo se les mete en la cárcel, sino por ser responsables. Veamos varios ejemplos que aclaran qué quiere decir esta afirmación.

En 1974, el canciller de la República Federal de Alemania, Willy Brandt, dimitió porque uno de sus consejeros, Günter Guillaume, resultó ser espía de la Alemania Oriental. Brandt había sido informado del asunto por los servicios de inteligencia de la República Federal en 1973, quienes pidieron al canciller que continuase trabajando con Guillaume con normalidad, cosa a la que accedió.⁷ Cuando Guillaume fue detenido, Brandt dimitió. ¿Dimitió por ser culpable? No, dimitió por asumir la responsabilidad.

Otros dos ejemplos, y dos más. En 1994, Carlos Solchaga dimitió de su cargo de presidente y portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso por la acumulación de pruebas que implicaban al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en el caso Ibercorp. ¿Dimitió por ser culpable de algo? No. De hecho a Mariano Rubio le había nombrado en 1985 el entonces ministro de Economía, Hacienda y Comercio Miguel Boyer. Pero Solchaga asumió la responsabilidad, porque los hechos relacionados con Mariano Rubio habían ocurrido bajo su mandato como ministro. Antoni Asunción, ministro del Interior en 1994, dimitió como ministro por la fuga de José Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil. Es obvio que Asunción no era culpable directo de la fuga, pero asumió la responsabilidad política. Esta sana costumbre de asumir responsabilidades políticas dimitiendo⁸ parece haber sido, en la democracia española, una característica exclusiva de los Gobiernos de Felipe González. No ha vuelto a ocurrir desde entonces y no por falta de ocasiones. Veamos dos ejemplos más. En 2003 un avión Yak 42 se estrelló en Turquía con 75 personas a bordo de las cuales 62 eran militares españoles que regresaban a España desde Afganistán. No hubo supervivientes. La investigación posterior reveló todo tipo de irregularidades en la contratación del avión, que no tenía unas condiciones mínimas para volar con seguridad. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, que obviamente no era culpable de haber derribado directamente el avión, no asumió ninguna responsabilidad política y se limitó a destituir a los generales que habían firmado el contrato. En 2005 fue reprobado por el Congreso de los Diputados, pero hoy en día es embajador de España en Londres. El último ejemplo, pero hay muchos más: Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno español y presidente del Partido Popular (PP) nombró en 2008 a Luis Bárcenas como tesorero del partido. Bárcenas había estado vinculado a las finanzas del PP durante décadas, la mayor parte del tiempo con el cargo de gerente. En la actualidad Bárcenas tiene abiertas causas judiciales por todo tipo de prácticas corruptas, desde cobro de comisiones ilegales a evasión de impuestos y pago de sobresueldos opacos a los dirigentes del PP. Rajoy, que le nombró y le apoyó cuando empezaron a abrirse las causas y que obviamente no es culpable de los delitos que haya podido cometer Bárcenas, salvo que hubiese cobrado sobresueldos irregulares, no ha asumido ninguna responsabilidad política, aunque el caso Bárcenas tiene paralizada la acción de Gobierno en España. Es más, no parece constarle quién es este Luis Bárcenas que sale tanto en los medios de comunicación.

La pérdida de la sana costumbre de asumir responsabilidades políticas y dimitir es un paso de gigante en el proceso de degeneración de la democracia y de la clase política españolas. Hace falta un cambio radical y urgente, o España está perdida.

TERCERA PARTE

¿QUÉ HACER CON ESPAÑA?

Una reﬂexión sobre algunas reformas necesarias

CAPÍTULO 10

REFORMAR LAS INSTITUCIONES: PARTIDOS POLÍTICOS, LEY ELECTORAL, AGENTES SOCIALES, ORGANISMOS REGULADORES, JUSTICIA

En el capítulo 9 de este libro se ha caracterizado la crisis española como una crisis tridimensional: económica, institucional y moral. Las tres dimensiones de la crisis revisten una extrema gravedad pero, sin instituciones que funcionen, las crisis económica y moral no se pueden arreglar. Y las principales instituciones españolas no funcionan. No funciona la Corona, no funciona la Justicia, no funciona el Parlamento, no funcionan los partidos políticos, no funcionan los llamados agentes o interlocutores sociales y no funcionan los (mal) llamados organismos reguladores independientes. La reforma de algunas de las instituciones que no funcionan, no de todas, es una condición necesaria para poder abordar con solvencia las reformas estructurales que necesita España para mejorar la calidad de su democracia y para desarrollar una economía competitiva.

En este capítulo se hacen propuestas para reformar las instituciones de importancia crítica. Hay instituciones que no se mencionan como, por ejemplo, la Corona, pero a los efectos de este libro —y a muchos otros— son prescindibles porque no son las causantes directas de los males actuales de España y tampoco parece que puedan tener un papel relevante en su solución. Tiempo llegará de debatir qué se hace con ellas, pero ahora mismo, en mi opinión, no sólo no es prioritario sino que complicaría aún más la discusión sobre los asuntos verdaderamente relevantes. En lo que sigue de este capítulo se proponen reformas de las instituciones de importancia crítica por orden de prioridad secuencial.

REFORMAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Toda reforma estructural resulta en ganadores y perdedores. Característicamente, los ganadores ganan en el largo plazo, de hecho pueden no haber nacido todavía, mientras que los perdedores pierden en el corto plazo, lo que hace que este tipo de reformas sea muy difícil de llevar a la práctica aunque las demande el interés general, porque este último queda difuminado en el tiempo ante el interés particular, que está claramente definido y atrincherado para defender sus privilegios.

Por poner un ejemplo, la reforma laboral de 2012 ha sido una de las medidas más relevantes adoptadas por el actual Gobierno del Partido Popular. Su objetivo es facilitar y abaratar el despido para que las empresas pierdan miedo a contratar y se genere empleo con mayor facilidad en fases de recuperación de la economía. En otras palabras, para facilitar que el mercado laboral español se ajuste vía salarios en lugar de vía empleo. Los perjudicados por la reforma son los trabajadores con contrato fijo y muchos años de antigüedad que son, precisamente, los representados por los sindicatos. Los beneficiados son los parados, los eventuales, los jóvenes que no han trabajado nunca y el conjunto de la sociedad española, que necesita un mercado de trabajo más flexible si quiere tener alguna oportunidad de sobrevivir como miembro de la unión monetaria. Los primeros efectos de la reforma han sido la aceleración del proceso de destrucción de empleo y la reducción de las indemnizaciones por despido. Los beneficios para la creación de empleo y para el conjunto de la sociedad pueden tardar años en manifestarse. No podía haber ocurrido de otra manera, claro, y los empleos se hubiesen perdido en cualquier caso, pero sindicatos y medios de comunicación han proclamado el fracaso de la reforma y reclamado su abolición.

El ejemplo anterior ilustra que para llevar a la práctica un programa de reforma estructural como el que hace falta en España es necesaria una clase política con capacidad de liderazgo, que sea capaz de explicar el porqué de las reformas a la ciudadanía, que asuma como propio el interés general y que tire de la sociedad hacia el futuro dando razón de las penalidades del presente. Esta clase política, como hemos visto en el capítulo 8 de este libro, no existe en España y, por tanto, la primera reforma tiene que estar encaminada a construirla. No hay que esperar que esto lo hagan los propios políticos motu proprio porque, como colectivo, están sumidos en una espiral descendente de incompetencia y corrupción y no ven más allá de su interés particular. La sociedad civil tiene que intervenir para exigir una reforma de la Ley de Partidos que imponga a éstos un alto grado de democracia interna y de transparencia.

En un artículo¹ publicado en El País a comienzos de 2013, J. A. Gómez Yáñez y yo comparamos los partidos políticos españoles con un automóvil sin tubo de escape o con un cuerpo humano sin riñones. En todos los países hay corrupción política, del mismo modo que todos los motores de explosión y todos los organismos vivos generan residuos tóxicos. Lo que distingue a España entre los países democráticos no es la existencia de la corrupción en sí, sino que en los partidos políticos españoles no hay mecanismos internos para controlarla y reciclarla. No hay ni tubo de escape ni riñones. Por este motivo la corrupción ha crecido sin control y se ha institucionalizado.

La gran anomalía española es que los partidos políticos, en la práctica, se autorregulan. La vigente Ley de Partidos está vacía de contenido. Tiene su origen en una ley preconstitucional de 1978 que fue reformada en 2002 con el objetivo de ilegalizar a Herri Batasuna y otras formaciones afines para impedir que pudieran presentarse a las elecciones. Por más que se busque no se encuentra nada en la Ley de Partidos que regule su funcionamiento, sólo se regula que determinadas corrientes de opinión de la sociedad española no pueden constituir un partido político legal. Además se le dio carácter de Ley Orgánica, con lo que resulta muy difícil de cambiar porque no puede ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular y porque cualquier cambio tiene que obtener mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación sobre la globalidad de su redactado final. No es muy exagerado decir que la actual Ley de Partidos española es una patente de corso para que los partidos políticos puedan cometer toda clase de tropelías con impunidad.

Los partidos políticos no deben autorregularse porque son entidades especiales a las que la ley les concede el monopolio de la representatividad política. El Real Betis Balompié, por ejemplo, o la Unión de Agricultores y Ganaderos no pueden presentarse a las elecciones políticas. Sólo pueden hacerlo los partidos y determinadas agrupaciones de electores. Además, los partidos políticos se financian con recursos públicos. Esta concesión y esta financiación no deben darse sin un riguroso control legal para evitar que los partidos acaben, como en España, convirtiéndose en élites extractivas. En Alemania, por ejemplo, la ley obliga a los partidos a celebrar congresos cada dos años, a que los delegados en estos congresos sean elegidos por votación secreta entre sus militantes y a que los candidatos a cargos electos sean elegidos en elecciones primarias mediante sufragio secreto de la militancia. También obliga la ley a que los partidos alemanes se tengan que someter a auditorías externas realizadas por auditores independientes. De esta manera, el sistema alemán genera competencia entre los dirigentes de los partidos y los candidatos a serlo. Genera democracia interna, transparencia y rendición de cuentas, que son los factores esenciales para impedir que crezca la corrupción. Por supuesto que hay corrupción política en Alemania, como en todas partes, pero los mecanismos previstos en su Ley de Partidos evitan una espiral degenerativa y contagiosa como la española.

La situación española es insólita en una democracia y tiene su raíz, como hemos visto en el capítulo 8, en la etapa de la Transición, cuando los políticos de entonces, muy influenciados por el recuerdo de la inestabilidad política de la Segunda República y tratando de asegurar la gobernabilidad de la nueva democracia por encima de casi cualquier otra consideración, decidieron ceder a las cúpulas dirigentes de los partidos un poder casi ilimitado, confiando en que unos partidos estables darían lugar a una democracia estable. De este modo, los congresos de los partidos españoles se convocan cuando las direcciones partidarias lo juzgan conveniente, los candidatos a puestos de responsabilidad en los partidos o a las listas electorales son elegidos por cooptación y las auditorías se le encargan al Tribunal de Cuentas, organismo radicalmente politizado, cuyos miembros son nombrados por cuotas entre los partidos que tiene como último ejercicio auditado, al tiempo de escribir estas líneas (marzo de 2013), el del año 2007. Así pudo decir Cospedal hace breves días, añadiendo insulto a la injuria pero sin perder la sonrisa, que las cuentas del Partido Popular son limpias y transparentes porque están auditadas por ¡el Tribunal de Cuentas! Lo admirable no es que esa señora pudiera mantener la sonrisa sino que pudiera aguantarse las carcajadas, digo yo.

La falta de competencia interna y de control externo en los partidos españoles ha tenido, entre otras, dos consecuencias lamentables. En primer lugar, el crecimiento de la corrupción se ha hecho imparable. Como señala Gómez Yáñez:² «No son casos individuales de alcaldes o concejales que se forran con un plan urbanístico o una licencia […]. Son metástasis en las sedes centrales abonadas por el descontrol del dinero, utilizado para “engrasar la maquinaria” o para llevárselo». La corrupción, a base de no ponerle coto, se ha institucionalizado y va a ser muy difícil de erradicar. La segunda consecuencia ha sido la degeneración de la capacidad de liderazgo y de la competencia técnica de nuestros políticos, cooptados una y otra vez a partir del único criterio de fidelidad a los líderes. El resultado son cohortes de políticos cada vez más mediocres. Pensemos un momento en las siguientes listas de líderes políticos que han presidido Gobiernos en España: 1. Adolfo Suárez; Felipe González; José María Aznar; José Luis Rodríguez Zapatero; Mariano Rajoy; y 2. Josep Tarradellas; Jordi Pujol; Pasqual Maragall; José Montilla; Artur Mas. ¿No ilustran bien estas listas, que van de más a menos, esa deriva inexorable fruto de unos partidos políticos sin competencia interna y regidos por la cooptación? ¿No podrían hacerse listas semejantes con las personas que han ocupado los distintos ministerios, las distintas consejerías y las distintas alcaldías del país —Madrid y Barcelona, por ejemplo— obteniendo casi siempre el mismo perfil descendente?

No hay que esperar que el sistema actual se regenere por sí mismo. En el debate del estado de la nación de febrero de 2013, en un momento de máximo acoso mediático contra la corrupción en su partido, Mariano Rajoy enunció una serie de vaguedades para combatir «los casos» de corrupción política.³ Reforzamiento de jueces y fiscales, reforzamiento del Tribunal de Cuentas, una nueva ley de control financiero de los partidos políticos, aplicación a éstos «de los criterios de la Ley de Transparencia [¿…?]», etc., etc. Cualquier cosa menos ir a la raíz del problema que es la falta de democracia interna y de competencia en los partidos políticos. Esta situación, que ha permitido a Pérez Rubalcaba y a Artur Mas, por ejemplo, no dar ningún tipo de explicación a sus partidos por sus recientes descalabros electorales, es la que hay que cambiar de manera radical.

¿Qué hacer? Hay que superar uno de los mayores errores de la Transición: la autorregulación de los partidos españoles. Hay que regularlos desde fuera, como en Alemania. Hay que impulsar una nueva Ley de Partidos, inspirada en la ley alemana, que imponga la democracia interna y la transparencia; que obligue a celebrar congresos anuales o bianuales; que obligue a que los delegados en esos congresos se elijan por votación secreta entre toda la militancia; que exija la celebración de elecciones primarias, con voto secreto de todos los afiliados, para elegir a los candidatos a cargos representativos, y que fuerce a los partidos a someterse a auditorías anuales realizadas por auditores independientes. El Tribunal de Cuentas no sirve y no es por falta de medios sino por falta de independencia.

Hay que movilizar a la sociedad civil para que tome la iniciativa de proponer esta nueva ley. Como se ha dicho, al ser una Ley Orgánica, la Ley de Partidos no puede ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular, pero hay otros medios pacíficos y democráticos para hacer llegar al Parlamento la necesidad de cambiarla. ¿Algún partido político va a tener la valentía de oponerse públicamente?

CAMBIAR LA LEY ELECTORAL

Voy a suponer en este epígrafe que España consigue cambiar a su clase política en el sentido enunciado en el epígrafe anterior. Debería quedar claro que esto no tiene por qué ocurrir necesariamente. Debería quedar claro también que, si esto no ocurre, la tercera parte de este libro, que empieza con este capítulo, es superflua: no se hará nada de lo que en ella se propone. No así las dos partes anteriores, de cuya lectura se podrá seguir sacando provecho para entender por qué los cambios no fueron posibles, por qué España terminó saliendo del euro y por qué, tras una deriva austral que pudiera haber ya comenzado, acabó convergiendo con Argentina en materia de instituciones, partidos políticos, sindicatos y pesimismo antropológico.

Seamos, pues, optimistas. Una vez reformados los partidos políticos ¿qué tipo de Ley Electoral debería completar el sistema español de representatividad política? Empecemos por decir que, en principio, no hay un sistema electoral más democrático que otro. ¿Es el Reino Unido menos democrático que España por tener un sistema mayoritario en vez de un sistema proporcional como el nuestro? ¿Puede alguien sostener eso en serio? A los sistemas electorales hay que juzgarlos por la legitimidad⁴ que aportan al régimen político al que sirven y las instituciones británicas tienen una legitimidad muy sólida, con un sistema mayoritario, mientras que las españolas tienen una legitimidad escasa. A esta escasez ha contribuido de manera decisiva el actual sistema proporcional con listas cerradas y bloqueadas, que aleja fatalmente a los candidatos a cargos electos de sus electores.

Con el horizonte de todas las reformas que hay que hacer y de todas las penalidades que quedan hasta que se supere la crisis, el régimen político español necesita recuperar legitimidad urgentemente. Con este propósito, a mí me parece mucho más adecuado un sistema mayoritario en el que todos los candidatos tengan que disputar la elección en circunscripciones uninominales. Con el actual sistema proporcional, en las campañas electorales españolas lo único relevante son los líderes de los partidos. Los demás miembros de la lista cerrada y bloqueada son ceros a la izquierda, ilustres desconocidos a los que a nadie importa qué piensan o qué dicen. Se cumplen los ciclos electorales uno tras otro y sigue sin saberse si piensan o si dicen. La inmensa crisis de confianza de la ciudadanía en su clase política no es un fenómeno pasajero, como tampoco lo es la crisis que está asolando España. La recuperación de esta confianza es una condición necesaria para salir de la crisis y ello requiere, en mi opinión, una relación mucho más directa de los votantes con sus representantes, una democracia más próxima, una democracia que se pueda tocar más.⁵ La lealtad básica en un sistema mayoritario de circunscripciones uninominales va del cargo electo a sus electores, no del cargo electo hacia su partido. En un sistema proporcional, por razones obvias, la lealtad va al partido. Difícilmente recuperará legitimidad nuestro sistema político sin cambiar la Ley Electoral en la dirección de las circunscripciones uninominales.

En un sistema mayoritario resulta más sencillo controlar el coste de las campañas electorales y, también, liberarlas de los torrentes de palabrería hueca y de promesas que nadie pretende cumplir que caracterizan las campañas españolas. En el Reino Unido, por ejemplo, el coste de una campaña electoral está limitado a 165.000 libras esterlinas (sí, no faltan ceros, son ciento sesenta y cinco mil libras) por partido. Cada candidato disputa la elección en su circunscripción uninominal, donde acostumbra a ser muy conocido entre sus votantes. Eso no genera muchos gastos. No hay apenas actos centrales y los líderes de los partidos utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para hacer llegar su mensaje al conjunto de la sociedad. La red Gürtel hubiese tenido muy difícil hacer negocio en el Reino Unido.

Un sistema mayoritario también puede tener unas campañas electorales extremadamente costosas, como las de Estados Unidos, en las que se gastan miles de millones de dólares en cada ciclo electoral. En mi opinión es un dinero que no se gasta en vano porque en dichas campañas se movilizan decenas de millones de voluntarios que van casa por casa defendiendo las posiciones de sus candidatos. Éste es, probablemente, el mayor ejercicio de democracia participativa del planeta. En cualquier caso cabe señalar que en los sistemas mayoritarios, sean de campaña barata o de campaña cara, la seriedad del programa electoral y, sobre todo, su cumplimiento tiene una importancia capital, porque no sólo los partidos sino cada uno de los cargos electos responden de su cumplimiento ante sus electores. Esto ya supone, en mi opinión, una clara ventaja frente a los sistemas proporcionales en los que las responsabilidades directas quedan más diluidas.

La Constitución, en su artículo 68, establece claramente que la circunscripción electoral es la provincia y que la elección se atendrá en cada circunscripción a criterios de representación proporcional. No se me ocurre ninguna buena razón por la que estos principios tengan que tener rango constitucional, aunque uno de los redactores de la Constitución me aseguró hace poco que ello se debió a la «sopa de letras» —es decir a la proliferación de partidos en el período constituyente— y a la presión de los partidos nacionalistas. Sea como fuere, lo cierto es que para cambiar la circunscripción y la proporcionalidad hay que cambiar la Constitución. Esto, en mi opinión, debería hacerse, pero no va a ser posible, por motivos obvios, hasta que se apruebe una Ley de Partidos conforme a los criterios defendidos en el epígrafe anterior.

PONER A LOS AGENTES SOCIALES EN SU SITIO

La Constitución reconoce el derecho de huelga y el derecho de asociación de los españoles. En el artículo 7 se dispone la libre creación de sindicatos y patronales y se afirma que «contribuyen a la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios». También reconoce el derecho a la libre sindicación (art. 28). El artículo 131.2 reconoce el derecho de sindicatos y patronales, entre otras organizaciones, a ser consultados en materias de «planificación de la actividad económica». A tal efecto, el mencionado artículo dispone que dichas consultas se deban efectuar a través de un Consejo, que es el actual Consejo Económico y Social. A partir de ahí, no hay nada en la carta magna que dé a sindicatos y patronales un estatus especial distinto de, por ejemplo, una asociación de consumidores, una empresa de limpieza o un club de fútbol.⁶ Todas las asociaciones defienden los intereses de sus afiliados. Sindicatos y patronales no tienen, en esa defensa, una consideración constitucional que vaya más allá de la estricta militancia.

La afiliación sindical en España es extremadamente baja, de acuerdo con los estándares europeos. Según ABC⁷ la tasa de afiliación sindical en España en 2012 fue el 16,4 por ciento. Esta afiliación, según El Confidencial,⁸ se concentra en el sector público y entre los mayores de cuarenta y cinco años. Los datos que proporcionan los propios sindicatos no son muy diferentes. Así, según el sindicato Comisiones Obreras⁹ la tasa de afiliación habría sido el 19 por ciento en 2009 (consistente, a mi juicio, con la que publica ABC para 2012). Esa tasa se amplifica hasta el 52 por ciento del número de representantes de los trabajadores en los comités de empresa, con una cobertura del 82 por ciento de los trabajadores sujetos a negociación colectiva. La estructura piramidal de los convenios, en sus dimensiones geográfica y sectorial, ha generado un colectivo de negociadores profesionales cuyo número, aunque las cifras son muy opacas, podría exceder las 20.000 personas por parte sindical y 10.000 por parte patronal. Estos negociadores, tanto por parte sindical como patronal, conforman un fuerte grupo de presión para impedir reformas en la negociación colectiva que aligeren la estructura de convenios. Esta presión es un importante condicionante interno de sindicatos y patronales —mucho menos comprensible en el caso de estas últimas— a la hora de abordar la negociación para la flexibilización de la pirámide de los convenios, que ambas partes parecen rechazar. Así, con el objetivo inconfeso de seguir dando de comer a más de 30.000 familias, los agentes sociales bloquean de mutuo acuerdo unas reformas muy necesarias para el interés general de la economía y de la sociedad españolas. Es un caso típico de resistencia a una reforma estructural: una pequeña minoría de perjudicados a corto plazo por la reforma consigue impedirla, en perjuicio de beneficios futuros al conjunto de la sociedad. El Gobierno debe intervenir para poner a los agentes sociales en su sitio y, habiendo cumplimentado con creces y con enorme paciencia la cortesía de la consulta, debe legislar, por decreto si es preciso, para restaurar en interés general en esta materia tan importante.

Sindicatos y patronales tienen, en nuestro país, financiación pública. Los sindicatos llegan a argumentar que «la justificación de tales subvenciones tiene rango constitucional»¹⁰ basándose en los artículos 129.1 y 131.2 de la Constitución, algo que yo, ni leyéndolos al trasluz, acabo de entender. Las patronales, más pudorosas, no dicen nada, pero alargan la mano para recibir el dinero en silencio. En cualquier caso las subvenciones que quedan reflejadas en los Presupuestos Generales son relativamente pequeñas y no son, aunque muy discutibles, las más perjudiciales para el interés general. Las más dañinas son las subvenciones camufladas como «formación» porque están impidiendo que un país que tiene seis millones de parados tenga unas políticas activas de empleo mínimamente eficaces.

La opacidad sobre la financiación de los agentes sociales es total. Por lo que respecta a los sindicatos, Samuel Bentolila, Juan José Dolado y Juan Francisco Jimeno¹¹ señalan que «dada su baja tasa de afiliación, los sindicatos obtienen una baja proporción de su financiación de sus afiliados. Hay poca información sobre las fuentes de financiación, pero la mayor parte proviene del sector público. Los dos sindicatos mayoritarios reciben financiación del Gobierno central por sus actividades de representación de los trabajadores, su participación en organismos oficiales y su colaboración en actividades de formación. Según el periódico La Razón¹² «en el período 2008-2011 los sindicatos recibieron más de 1.000 millones de euros del Gobierno central (un 0,03 por ciento del PIB por año). Los Gobiernos regionales también transfieren fondos a los sindicatos en concepto de su colaboración en la prevención de accidentes, colocación de trabajadores y formación». De las patronales se sabe todavía menos.

El tema más sangrante es el de la formación. En los Presupuestos Generales del Estado, la partida de políticas activas de empleo en 2012 fue de 5.800 millones de euros, más del 0,5 por ciento del PIB. En 2013 esta partida ha caído hasta 3.770 millones, un 34 por ciento menos. La reducción la justificó un ministro del Gobierno en que «no sirven para nada». Razón lleva. Aun así, los créditos para formación en 2013 son de 1.800 millones de euros, de los que más de 1.200 millones se destinan a la formación de desempleados y a diversos programas públicos de empleo y formación. El resto va a bonificar cotizaciones a la Seguridad Social por formación de trabajadores empleados. Es imposible saber qué parte de estas actividades formativas existe en la realidad y qué parte es pura ficción. En uno y otro caso de lo que yo tengo pocas dudas es de que, a los efectos de la eficacia de las políticas activas de empleo, estos 1.800 millones de euros son un gasto inútil que oculta subvenciones espurias a los agentes sociales.

Es desalentador que un país con más de seis millones de parados sea incapaz de llevar a la práctica políticas activas de empleo más eficaces. Para poder hacerlo es imprescindible poner a los agentes sociales en su sitio. La formación de los desempleados, la formación de los empleados y los servicios de búsqueda de empleo que estén financiados con dinero público deben ser provistos por empresas especializadas que se seleccionen mediante concursos públicos y transparentes. Hay que recapitalizar a los más de seis millones de parados y a muchos que todavía no lo están y cada día que pasa sin poner manos a la obra se descapitalizan más. Volveremos sobre este tema en el capítulo 12 de este libro.

También es imprescindible poner a los agentes sociales en su sitio en materia de pensiones. Los sindicatos, arrogándose una representatividad que no tienen y que la Constitución no les reconoce, han sido el principal obstáculo que ha impedido hacer una reforma a tiempo de las pensiones públicas. Han evitado el debate informado durante décadas, argumentando que creaba «alarma social», han convocado huelgas que han desestabilizado Gobiernos y han llevado a cabo una sistemática campaña de desinformación. Como se ha dicho ya, la Constitución, en su artículo 131.2 reconoce a los agentes sociales el derecho a ser consultados en materia de planificación económica y establece el cauce para ello: el Consejo Económico y Social. Pero este cauce no se ha respetado y apenas se ha utilizado. Volveremos también sobre este tema en el capítulo 12 de este libro.

REFORMAR O CERRAR LOS ORGANISMOS REGULADORES Y FISCALIZADORES «INDEPENDIENTES»

Los organismos reguladores, mal llamados «independientes», en España son la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que actúa de manera transversal; la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que actúan en sus sectores respectivos; la CNMV, que actúa de regulador y supervisor en los mercados financieros; y el Banco de España, en su dimensión de regulador y supervisor de las entidades financieras con ficha bancaria española. El organismo fiscalizador es el Tribunal de Cuentas, cuya existencia tiene rango constitucional.

Está a punto de aprobarse en las Cortes una ley que unificará en un único organismo llamado Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a la CNC, a la CNE, a la CMT y a cuatro oscuros organismos más, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Reconozco que, hasta que se empezó a tramitar esta ley, yo desconocía la existencia de estos cuatro últimos organismos y, además, que una vez subsanada mi ignorancia respecto a su existencia, no he podido averiguar a qué se dedica cada uno de ellos.

Esta ley es una cacicada descomunal y en ejemplo de lo bajo que ha caído la política española. El pretexto de la unificación es ahorrar costes, pero la disfuncionalidad del engendro resultante es tal que lo más probable es que los costes se multipliquen. El verdadero motivo por el que se han unificado estos organismos es para poder sustituir a sus dirigentes, que fueron nombrados por el Gobierno socialista de Zapatero, y reemplazarlos por otros afines al Partido Popular. Los nombramientos, por plazo fijo, de los consejeros de estos organismos son irrevocables mientras dura su mandato, de modo que, ante la imposibilidad de echarlos, el Gobierno de Rajoy ha decidido suprimir los organismos y crear uno nuevo en el que tendrá las manos libres para nombrar a quien le plazca. ¿Organismos independientes? ¿En serio? En lo que sigue de este epígrafe no analizaré a la CNMC, que todavía no se ha puesto en marcha, sino a las comisiones que se fusionarán en ella.

El concepto de los organismos reguladores independientes proviene del mundo anglosajón y está basado en la idea de que, en determinadas circunstancias, es conveniente que haya un organismo encargado de aplicar la ley de manera independiente del Gobierno que la ha elaborado y del Parlamento que la ha aprobado. Esta conveniencia parece existir en determinados sectores que, como el sector financiero, el energético o el de las comunicaciones, son particularmente dinámicos, hasta el punto de que un proceso legislativo ordinario no puede seguir el ritmo de la innovación tecnológica, de producto y de marketing que en ellos se genera. Por ello puede resultar eficiente que la regulación se haga mediante una normativa de elaboración ágil y bajo rango legal como son las circulares. Ahora bien, esta normativa debe desarrollarse en aplicación de la ley a circunstancias cambiantes, lo que requiere independencia —acompañada de rendición de cuentas, por supuesto— del regulador respecto al Ejecutivo, quien no debe caer en el micromanagement, es decir, en el politiqueo, puesto que para hacer eso no hace falta poner en marcha un costoso organismo regulador.

Pues bien, tal y como hemos discutido en el capítulo 8 de este libro, la clase política española, al tiempo que vaciaba de contenido político al Parlamento, se ha dedicado a colonizar los organismos reguladores y fiscalizadores. Los órganos rectores de estas instituciones son nombrados por estricta cuota política y su composición refleja los equilibrios políticos del Gobierno de turno. Eso no quiere decir que no haya en ellos personas competentes, que sí las hay. Quiere decir que no están allí por serlo, sino por su perfil político. Todos, sin excepción, se han politizado de tal modo que hoy en día no queda ninguno que se pueda llamar independiente. En estas circunstancias cabe preguntarse qué hacer con ellos, si sirven para algo más que para generar nóminas y dietas y si tienen arreglo. Vayamos por partes.

Por lo que respecta a la CNE y la CMT no veo qué problema mayor habría si fueran disueltas y sus competencias fuesen devueltas a sendas subdirecciones generales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Son instituciones costosísimas, que han protagonizado episodios de despilfarro faraónico, como el de la sede barcelonesa de la CMT, y la regulación de bajo rango que pudiera necesitar el sector podría ser articulada, en vez de por circulares, por órdenes ministeriales preparadas por estas subdirecciones. En el caso de que hubiese razones de peso para no suprimirlas —y repito que a mí no se me ocurre ninguna— los cargos de presidente, vicepresidente y consejeros, que actualmente se cubren por cuota política (¿por qué tienen tantos consejeros?) deberían ser cubiertos por concurso público transparente para seleccionar a los más capacitados, no a los mejor conectados. Este concurso debería estar abierto a candidatos no españoles.

La existencia de la CNC es necesaria por la organización de las instituciones que velan por la competencia en la Unión Europea. La CNC es heredera en España de una larga tradición de organismos de defensa de la competencia que, a mi juicio, presenta un balance histórico positivo. La organización actual en forma de comisión es mejor que la que tenía el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia. El principal problema de la CNC es la falta de independencia porque su presidente y sus consejeros son nombrados por cuota política entre los partidos y esa falta de independencia acaba empañando su labor. El modelo de reguladores independientes surgido, como hemos dicho, del mundo anglosajón sólo tiene sentido si los reguladores son independientes. En caso contrario, su funcionamiento está viciado desde los mismos fundamentos. Los máximos responsables de la CNC deberían ser seleccionados por concurso público y transparente de manera que accediesen a sus cargos representando al Estado y no a los partidos que los han nombrado. El concurso debería estar abierto a concursantes no españoles.

La CNMV tiene un largo y siniestro historial de falta de independencia y de escándalos que por razones de espacio —se supone que éste es un libro breve— no voy a detallar aquí. Los nombramientos más politizados, más partidarios, más impúdicos y menos apropiados han tenido lugar entre los dirigentes de esta institución. También es el lugar en el que los atisbos de independencia han sido reprimidos con mayor dureza por los Gobiernos de uno y otro signo. La CNMV y el Banco de España asistieron con pleno conocimiento de causa y con total pasividad e indiferencia al expolio de cientos de miles de pequeños inversores, deliberadamente mal informados, a los que las instituciones financieras vendieron participaciones preferentes o acciones, en el caso de la OPV de Bankia. Estos episodios pasarán a escribirse con letras de fuego en la historia de la infamia financiera española, pero de momento nadie ha pedido responsabilidades a los supervisores. Es muy importante despolitizar la CNMV. No hay ninguna razón por la que sus dirigentes no puedan ser seleccionados por los mismos procedimientos competitivos y transparentes propuestos en el párrafo anterior para la CNC.

La Ley de Autonomía del Banco de España de 1994 confirió a esta institución plena independencia en todo lo relacionado con la política monetaria y también en todas aquellas cuestiones derivadas de su pertenencia al Sistema Europeo de Bancos Centrales. En materias de regulación y supervisión de las entidades de crédito, contrariamente a lo que mucha gente cree, el Banco de España no tiene ninguna autonomía. En estas materias el Gobierno tiene la potestad normativa y la última palabra en la toma de decisiones.

El gobernador del Banco de España es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. Hasta 2006 existía la costumbre de que los gobernadores fuesen personas de marcado perfil técnico y con larga experiencia en el sistema financiero. También existía la costumbre de que el subgobernador, nombrado por el Gobierno a propuesta del gobernador, fuese una persona bien vista por el principal partido de la oposición. Estas costumbres, que habían mantenido al Banco a resguardo del desgaste causado por el rifirrafe partidista, se rompieron en 2006 cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió proponer como gobernador a un político profesional que, aunque tenía una larga trayectoria en la gestión económica, no tenía experiencia en el sistema financiero. El principal partido de la oposición se negó a negociar el nombramiento del subgobernador y el Banco de España, hasta entonces la única institución española cuyos dirigentes se nombraban con sentido de Estado, quedó sometido a la erosión del navajeo partidista. En el peor momento, pues la crisis estalló pocos meses después.

No es este libro el lugar para escribir la historia del papel del Banco de España en esta crisis. Entre otras cosas, porque aún quedan muchas cosas por ver. Baste decir aquí que el prestigio y la reputación del Banco estaban antes de la crisis entre los más sólidos del mundo y que, lamentablemente, ahora ya no lo están. Es muy urgente recuperar el sentido del Estado en las relaciones entre el Gobierno y el Banco, especialmente en lo tocante a nombramientos. En este sentido, en mi opinión, los nombramientos de gobernador y subgobernador de 2012 son un paso en la buena dirección, la de recomponer el consenso de Estado en torno a una institución muy importante para España.

He dejado para el final de este epígrafe una reflexión sobre el Tribunal de Cuentas, el organismo contable y fiscalizador previsto en la Constitución. Una lectura de la lista de los doce Consejeros de Cuentas actuales aclara por qué el Tribunal ni contabiliza ni fiscaliza. Los consejeros los eligen a partes iguales el Congreso de los Diputados y el Senado por un período de nueve años. Se supone que la elección tiene que ser por consenso, con sentido de Estado, para que salgan los más capacitados y los más independientes. Pero nada de eso ocurre. Las consejerías de Cuentas son sinecuras jugosísimas porque el Tribunal de Cuentas elabora su propio presupuesto. ¿Quién vigila las cuentas del Tribunal de Cuentas? ¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores? Voilà. Como es costumbre en nuestro país, el consenso de Estado se reduce a la negociación de cuotas: «Ayúdame a colocar a los míos y yo te ayudaré a colocar a los tuyos». Así no es extraño encontrar entre los consejeros a políticos, expolíticos, deudos y familiares —hay un hermano de José María Aznar, por ejemplo—. Así las cosas, el Tribunal sestea intentando no pisar ningún callo y no ser un incordio para nadie. Todo lo contrario de lo que debería estar haciendo.

El Estado necesita un Tribunal de Cuentas que tenga independencia y credibilidad. Para conseguirlo se tendría que exigir un proceso transparente de elección de sus miembros. Por ejemplo, los colegios y asociaciones profesionales podrían proponer candidatos al Congreso y al Senado para ocupar las diversas Consejerías y ambas cámaras podrían seleccionar sobre esa lista. Además, los mandatos de los consejeros deberían ser lo suficientemente largos, hasta los setenta años de edad o más, para asegurar que cuando cesen no dependan del favor político de nadie para encontrar sustento.

REFORMAR LA JUSTICIA: POR UNA LOTERÍA DE LOS JUECES

El mal funcionamiento de la Justicia, endémico en España, tiene efectos que se agravan a medida que aumenta la complejidad de la economía y de la sociedad española. La lentitud, la descoordinación y el desgobierno de la Administración de Justicia anulan en la práctica el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a los españoles. ¿De qué le sirve a uno una sentencia favorable cuando, diez o veinte años más tarde de recurrir a la Justicia, ya se ha muerto de viejo? ¿De qué sirve que siete o diez años después de recurrir llegue una sentencia favorable a una empresa que quebró hace cinco? ¿A qué se debe ese desastre crónico que es la Justicia en España?

¿Cuáles son las causas? Si el mal funcionamiento de la Justicia fuese solamente un problema de dinero es muy probable que ya estuviese subsanado. En mi opinión no es tanto un problema de dinero como de gestión y de excesiva politización. Con el añadido de que España es un caso agudo de incontinencia legislativa y de ineptitud técnica por parte del legislador: hay en la actualidad más de 100.000 disposiciones legales en vigor, 60.000 de las cuales corresponden a las Administraciones territoriales. La calidad técnica de estas disposiciones es muy baja y esto, como veremos, es un incentivo para la alta litigiosidad que se observa en España.

El cuadro 10.1 muestra una comparativa de indicadores judiciales con datos de 2010 para España, Francia y Alemania. El gasto público por habitante en Justicia en España es un 50 por ciento superior al de Francia y un 10 por ciento inferior a Alemania. El número de juzgados por cada 100.000 habitantes en España es muy superior al de Francia y algo inferior al de Alemania. El número de jueces por cada 100.000 habitantes en España es similar al de Francia y ambos son muy inferiores al de Alemania. Mención especial merece el número de personal distinto de los jueces que trabaja en los juzgados. En España hay 87 por cada 100.000 habitantes mientras que en Francia hay 32 y en Alemania 66. Parafraseando a Churchill, puede afirmarse que nunca tantos hicieron tan poco en tanto tiempo.

CUADRO 10.1

Indicadores Judiciales 2010

Fuente: European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) European Judicial Systems 4th Report. Ed 2012

Según los datos del cuadro 10.1 la litigiosidad en primera instancia es muy superior en España a la de Francia y Alemania. En 2010 entraron en primera instancia en España 1,9 millones de casos por 1,8 millones en Francia y 1,6 millones en Alemania. Esto quiere decir que, relativo a la población, la litigiosidad en España es el 30 por ciento superior a la de Francia y el doble que la de Alemania.

¿A qué se debe esta desproporción? En buena parte al elevadísimo volumen de disposiciones legales en vigor —que pueden resultar contradictorias unas con otras— y a la oscuridad y baja calidad técnica de muchas de ellas, lo que las hace susceptibles de múltiples interpretaciones. Como la Justicia en España tiene costes muy bajos y la interpretación de la ley puede no ser nada clara a priori, vale la pena probar suerte y litigar porque, quizá y al cabo de los años, se puede acabar ganando. Es por esta razón que España tiene un desproporcionado número de abogados en ejercicio. Madrid parece ser, después de Nueva York, la ciudad con más abogados del mundo. En términos absolutos. Y los cuatro grandes despachos de abogados españoles son los mayores de Europa continental. ¿Hay, entonces, que poner más dinero en el sistema judicial para hacer frente a la elevada demanda de justicia que parecen tener los españoles?

No, no es un problema de dinero ni de personal ni de dotaciones básicas. ¿Cuáles son, entonces, los problemas que impiden un correcto funcionamiento de la Justicia? Empecemos por decir que la Justicia tiene una problemática que es cualitativamente mucho más compleja que, por ejemplo, la de la Sanidad. Justicia y Sanidad son servicios públicos, y en eso se parecen. Pero, además, la Justicia es un poder del Estado y eso la hace diferente de todos los demás servicios públicos. Los problemas específicos de la Justicia vienen de la difícil reconciliación de su doctor Jekyll y Mister Hyde particular. Todo el mundo está de acuerdo en que los jueces tienen que ser independientes, pero hasta dónde llega esta independencia y qué puede llegar a condicionarla es materia de intenso desacuerdo entre los propios jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministerio de Justicia y los sufridos usuarios del servicio público. Este conflicto es causa de muchos de los problemas de la Justicia en España.

¿Trabajan los jueces? ¿Cuánto? ¿Mucho o poco? Lo característico de la Justicia española es que estas preguntas no tienen respuesta posible. Y no la tienen porque los jueces no fichan al entrar o al salir de su lugar de trabajo. Y, como no lo hacen los jueces, tampoco lo hacen los secretarios y, como no lo hacen los secretarios… Total, que en los juzgados, rebosantes de funcionarios, no ficha nadie. Además, como en los juzgados no hay nadie por las tardes y hay pocos señalamientos en lunes o viernes, los sufridos usuarios de los servicios de la Justicia, con las varices como chistorras por haber estado esperando de pie horas y horas en los pasillos de los juzgados sin saber cuándo les van a llamar, para entretenerse, han elaborado el mito de la semana caribeña del sistema judicial. Es decir, que los jueces trabajan de martes a jueves y sólo por las mañanas. La cosa se hubiese quedado en eso, un mito, si no se hubiese descubierto al investigarse un caso de malversación de fondos que el propio presidente del CGPJ era un asiduo practicante de la semana caribeña en hoteles de lujo de Marbella a cargo del contribuyente.

Muchos jueces argumentan que un control horario menoscabaría su independencia. Y que trabajan mucho en su casa, noches y fines de semana incluidos. Quizá sí, pero no hay manera de comprobarlo. ¿Y los fiscales, los secretarios, oficiales y conserjes? ¿También menoscabaría su independencia fichar? ¿Qué independencia tienen ellos? Pero la pregunta clave es ¿qué independencia menoscaba el control horario en los jueces? Los jueces tienen que tener independencia para juzgar. El poder del Estado que encarnan es el poder de juzgar y de dictar sentencia. Tienen que estar libres de toda presión para poder hacerlo en conciencia. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero hasta qué punto hacer su trabajo en su lugar de trabajo, como todo el mundo, menoscaba su independencia es, cuanto menos, muy discutible. También hubo jueces que afirmaron que los recortes salariales que han sufrido, como todos los funcionarios, atentaban contra su independencia. Todo esto es muy difícil de admitir por el Ministerio de Justicia y por la ciudadanía y debería serlo también por el CGPJ. Un juez debe ser independiente para juzgar, para dictar sentencia, no para decidir si acude o no a su lugar de trabajo.

La racionalización del trabajo de los juzgados también choca con interpretaciones abusivas del concepto de la independencia judicial por parte de los interesados. En la Justicia española se da el caso insólito de que el titular del servicio, el juez, es al mismo tiempo el gerente del servicio. Como encima no acostumbra a tener ninguna formación en técnicas modernas de gestión y no pasa mucho tiempo en el juzgado, la situación caótica del servicio público de la Justicia se va agravando. Baste mencionar, como ejemplo, la total falta de transparencia que hay en los juzgados sobre la gestión de los diversos asuntos sobre los que entienden. Nadie sabe con qué criterio y por qué unos asuntos se tramitan antes que otros. No se cumple el criterio FIFO (first in first out) fijado por la ley y tampoco algún otro criterio conocido. Todo depende del arbitrio de un juez que decide, posiblemente, desde su casa. Pero, incluso si esto fuera así, el caos no sería tan grande como el que se observa en la actualidad porque podría haber un cierto método. No lo hay, las cosas ocurren porque ocurren y punto.

Sostienen muchos jueces que si no son ellos los que tienen la última palabra sobre todo lo que ocurre en su juzgado su independencia se verá menoscabada. Esto, en mi opinión, es una exageración interesada del mismo tipo que la objeción a fichar al entrar y salir del trabajo. El gerente del servicio debe ser el secretario del juzgado y sus relaciones con su titular, el juez, deben ser de cooperación con el objetivo de mejorar el servicio público que se ofrece a los ciudadanos. Y si no hay cooperación, eso debe reflejarse negativamente en la posterior carrera de ambos. No es admisible que el Ministerio de Justicia y el CGPJ acepten situaciones de chantaje similares a las que plantearon los controladores aéreos, quienes disfrazaban una defensa numantina de su interés particular con el ropaje del interés general de la seguridad del tráfico aéreo. El éxito de la ley de juicios rápidos, que habría que extender urgentemente a lo mercantil, se explica porque aparta al juez de la dirección del procedimiento. Por ese camino se debe continuar. También la reducción del número de jueces interinos debería redundar en una agilización de la Justicia al propiciar una mayor continuidad en los expedientes de los jueces que entienden los asuntos.

Llegados aquí, pero no antes, nos deberíamos preguntar qué hacer con la elevada litigiosidad de los españoles. Lo ideal sería reducir drásticamente el número de disposiciones legales en vigor y evitar las contradicciones entre las disposiciones que superen la criba. Como no está nada claro cómo se puede hacer esta criba en un país con dieciocho parlamentos afectados por la incontinencia legislativa, no queda más remedio que encarecer el acceso a la Justicia mediante tasas y otros peajes para reducir la demanda, de manera similar a como se está haciendo en la Sanidad y en la Farmacia con el copago. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la Sanidad no hay ningún colectivo cuya supervivencia dependa de la continuidad de las ineficiencias del sistema y en la Justicia sí lo hay: los abogados. Éstos han sido los principales opositores a la introducción de las tasas judiciales, amparándose en el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución. Pero también la Constitución reconoce el derecho a la salud y a la cultura y eso no parece ser incompatible con el copago sanitario o el pago de las entradas a los museos.

El desgobierno judicial

A las tres observaciones anteriores hay que añadir el «desgobierno judicial», en feliz expresión de Alejandro Nieto.¹³ Todos los Gobiernos españoles han estado más interesados en controlar a la Justicia que en mejorar su funcionamiento. Los ministros de Justicia, salvo pocas excepciones, han sido «de la carrera» —magistrados, jueces o fiscales— tanto en Gobiernos socialistas como conservadores. Esto puede haber contribuido a que los Gobiernos conciban el estado caótico de la Justicia no sólo como su estado natural sino también como el más propicio para acabar controlándola. Es llamativo que los intentos de reforma más exitosos hayan provenido de ministros de fuera «de la carrera». Problemas de gestión inexplicables, como el fracaso de la informatización de la administración de la Justicia, tienen sus raíces y su explicación en obstáculos políticos formidables, como el desinterés del CGPJ por todo lo que no sea controlar políticamente a los jueces y el interés por hacer lo propio de las Comunidades Autónomas, que tienen competencias en Justicia, con los jueces de sus territorios. Con esto llegamos al meollo de las causas del desgobierno judicial: la excesiva politización de la Justicia a todos los niveles.

Como señala Alejandro Nieto, «los partidos tienen atrapados a los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial, que es una de las farsas institucionales más cínicas que conocemos […]. [El CGPJ] no oculta su sumisión a los partidos políticos como éstos no ocultan sus intenciones de dominación. Los nombramientos se hacen en una feria al aire libre donde se reparte el botín en cuotas escrupulosas […] Y luego, a la hora de proceder a la provisión de vacantes vuelve a abrirse el mercadillo y los feriantes se cambian una presidencia por dos vocalías de sala, un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional por un par de miembros de Tribunales Superiores de Justicia de Comunidades Autónomas; y al final todos tan amigos aunque el regateo haya sido duro y se hayan dejado vacantes durante meses y años».¹⁴

Es muy improbable que haya una mejora sustancial de la situación de la Justicia en España sin que haya una reforma de la Constitución que suprima ese patio de Monipodio en que se ha convertido el CGPJ. A mi juicio es totalmente irrecuperable. Sus funciones debería asumirlas el Tribunal Supremo. Ya puestos, debería suprimirse también el Tribunal Constitucional, vejado y desfigurado hasta lo irreconocible con la incorporación de personajes pintorescos cuando no grotescos, por la incesante manipulación partidaria a la que ha sido sometido. Sus funciones también debería asumirlas el Tribunal Supremo. Ahora bien ¿qué Tribunal Supremo?

Por una lotería de los jueces

Para contestar a esta pregunta voy a hacer, en lo que queda de este epígrafe, una propuesta de articulación de la carrera judicial. Es una propuesta que puede sorprender y ya adelanto que no la creo boba ni innecesariamente provocadora, aunque soy consciente de que es subversiva. Ruego al lector que haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí que estire de ella un poco más y que lea las breves líneas que le separan del final del capítulo. Creo que no se arrepentirá.

En primer lugar, la carrera judicial, en sus estadios iniciales, debería proceder conforme a la combinación ponderada de dos criterios objetivos. Por una parte estaría la cumplimentación de los módulos cuantitativos por los cuales se evalúa, o se debería evaluar, la productividad de los jueces y magistrados no pertenecientes a órganos colegiados. Por otra parte estaría un criterio cualitativo basado en el número de sentencias de cada juez o magistrado que acaban siendo revocadas por algún tribunal superior. Llama la atención que en la actualidad no haya control sobre este criterio importantísimo. No es éste el lugar para discutir sobre la ponderación que, a falta de mejor criterio, podría ser del 50 por ciento.

En segundo lugar, las vacantes en órganos colegiados superiores, incluido el Tribunal Supremo, deberían ser cubiertas por lotería entre aquellos magistrados que tengan suficiente antigüedad, digamos 15 años de carrera, por decir algo, y hayan obtenido buena puntuación conforme los criterios del párrafo anterior.

Argumentaré en tres pasos que esta propuesta es racional, razonable y, probablemente, mejor que sus alternativas. Primero, aclararé qué objetivo pretende alcanzar la metodología propuesta. Segundo, razonaré por qué es mucho mejor que el sistema existente. Y, tercero, argumentaré por qué es probable que el sistema que propongo sea mejor que un sistema de elección de los miembros de los tribunales superiores por los propios jueces, sea de abajo arriba o de arriba abajo.

El objetivo que pretende alcanzar el sistema de lotería es que los órganos colegiados de la judicatura, desde los de menor hasta los de mayor rango, acaben siendo representativos del colectivo de los jueces y magistrados. La lotería garantiza¹⁵ que a largo plazo lo acabarán siendo, para lo bueno y para lo malo. Mi hipótesis de partida es que los rasgos positivos del colectivo —independencia, competencia técnica y percepción del interés general como algo a perseguir— compensan con creces los rasgos negativos —corporativismo y confusión del interés particular con el general—. Por supuesto que el sistema de lotería no persigue seleccionar a los «mejores». Se conforma con los estadísticamente representativos, cosa que consigue aunque sea a base de cometer muchos errores por el camino.

Es fácil razonar que el sistema de lotería es mucho mejor que el sistema actual de selección por el CGPJ. Como señala Alejandro Nieto, en el mercadillo de cobertura de vacantes los feriantes trafican no sólo con la independencia de los jueces, sino con sus almas y sus conciencias.¹⁶ En él, el juez independiente que no se somete no tendrá castigo, pero tampoco premio. Se quedará para siempre en su destino reglamentario. El que venda su conciencia tiene por delante una brillante carrera. Éste es un proceso de selección adversa, en el que son promocionados los que peor encarnan las virtudes que se le suponen a un juez. El sistema de lotería es claramente mejor, en tanto que promociona a los independientes y a los sumisos en la proporción que ambos tienen en el colectivo total. Si encima los primeros son más numerosos que los segundos, como yo supongo, tanto mejor.

Por último, un sistema que intentase seleccionar a los «mejores» mediante votación de los propios jueces o por decisión del Tribunal Supremo ¿sería mejor que el sistema de lotería para asegurar órganos colegiados independientes, competentes y eficientes? En mi opinión, no necesariamente. Los colectivos humanos son muy ineficientes a la hora de seleccionar internamente a sus mejores. Incluso los que cuentan con ayuda externa de algún tipo, como el colegio cardenalicio constituido en cónclave, al que se le supone inspirado por el Espíritu Santo, tienen muchos problemas para seleccionar al mejor. Qué decir de los que no tienen este tipo de ayuda. Las envidias, rencillas y desencuentros entre compañeros de profesión son muy frecuentes. Como dijo aquel notario, «mi colega y, sin embargo, amigo…». Votar a uno para que sea más es quedar de menos. Yo no confío en absoluto en que ese procedimiento sea superior a la lotería. Un procedimiento de arriba abajo, en el que las promociones sean decididas por el Tribunal Supremo, podría funcionar si este último tuviese las virtudes deseadas de independencia, pero es muy dudoso que ahora las tenga. Tras varias rondas y, posiblemente, décadas de lotería podría llegar a tenerlas, pero sería entonces el momento de plantearse adjudicarle la discrecionalidad de las decisiones judiciales.

Como observación final, doy por supuesto que, sea cual sea el sistema de carrera judicial, la cúpula del Tribunal Supremo, presidente, vicepresidentes y presidentes de sala, debe ser nombrada por las Cortes a propuesta del Gobierno tras un proceso de audición similar al que utiliza el Congreso de Estados Unidos. Las vacantes deberían cubrirse de una en una, a la que se produzcan, con carácter vitalicio.

CAPÍTULO 11

POR UN PLAN MARSHALL EN EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Voy a empezar por reconocer la vergüenza que me da tener que escribir este capítulo. Todo lo que propongo aquí, en cualquier otro país civilizado, sería de una obviedad aplastante. Pero en España la educación no parece importarle a nadie, la ciencia sólo a los que pretenden, ¡qué osadía!, investigar, y la innovación y el emprendimiento son sistemáticamente desincentivadas no sólo por las autoridades sino también por la sociedad en su conjunto. Los españoles parecen dispuestos a movilizarse, por ejemplo, por la sanidad. Pero yo no recuerdo ninguna movilización para exigir una enseñanza de calidad. Las que han tenido lugar bajo ese lema han sido, en realidad, movilizaciones gremiales de maestros, profesores y estudiantes que, de haber terminado victoriosas, hubiesen degradado todavía más la calidad educativa. Hemos discutido en el capítulo 7 que España carece de un proyecto de futuro y hemos discutido también que, al tener menor cohesión nacional, necesita uno con mayor urgencia si cabe que sus vecinos Francia y Portugal para hacer frente a los retos del futuro. Este proyecto no puede ser otro que situar el capital humano español a la altura del de los países más desarrollados.

En el capítulo anterior se han discutido un conjunto de reformas institucionales que son necesarias para hacer posible el cambio cultural que España debe hacer para adaptarse a los dos grandes retos que se han estado discutiendo a lo largo de este libro: las consecuencias de la caída del muro de Berlín y la entrada en la moneda única europea. Estas condiciones son necesarias porque, si no se cambian la clase política y las instituciones, nunca podrán abordarse en serio las reformas conducentes a una mejora del capital humano. Se ha razonado en el capítulo 5 que la hegemonía en el siglo XXI no se dirimirá mediante otra escalada militar sino mediante una escalada en capital humano. Si España no es capaz de participar en ella —y ahora mismo no lo es— se tendrá que salir del euro, se acabará cayendo del grupo de las naciones más desarrolladas del planeta y comenzará un viaje hacia la nada que la acercará a los llamados países «en vías de desarrollo». A largo plazo lo único que cuenta en un país y en una economía es el capital humano. Hace falta en España un plan a largo plazo, a dos generaciones vista, asumido por toda la sociedad, todas las instituciones y todos los partidos políticos para elevar el capital humano al nivel de los países que lo tienen más alto. Esto es lo que llamo un plan Marshall en educación, investigación, innovación y emprendimiento. España se ha gastado en infraestructuras financiadas con fondos europeos desde la década de 1980 el equivalente a dos planes Marshall.¹ Muchas de estas infraestructuras son innecesarias, cuando no abiertamente contraproducentes, pero son muy atractivas para los partidos políticos tanto en términos de votos como de comisiones. Con una fracción de lo que España se ha gastado en estructuras innecesarias habría fondos suficientes para hacer las reformas que se proponen a continuación.

LAS REFORMAS DE LA EDUCACIÓN: UN PROBLEMA DE GESTIÓN, NO DE DINERO

Los informes comparativos más prestigiosos sobre la calidad de la enseñanza primaria y secundaria —PISA, PIRLS y TIMSS—² muestran resultados para España que están, consistentemente, muy por debajo de la media. No sólo eso, también muestran que España tiene más alumnos rezagados (6 por ciento frente a 3 por ciento de media en lectura y 13 por ciento frente a 7 por ciento de media en matemáticas) y menos alumnos sobresalientes (el 4 por ciento en lectura frente al 10 por ciento de media y el 1 por ciento en matemáticas frente al 5 por ciento de media). Además, el fracaso o abandono escolar afecta en España a uno de cada tres jóvenes, mientras que la media europea es uno de cada cinco.

El Informe de Competitividad Global 2012-2013 elaborado por el Foro Económico Mundial³ para 144 países utiliza los indicadores anteriores, entre muchos otros, para elaborar una lista de cuáles son los más competitivos. En dicha ordenación España obtiene la posición 36.⁴ Los rangos obtenidos en infraestructura del transporte son francamente buenos. En calidad de los ferrocarriles España ocupa el lugar 8, en calidad de las carreteras el lugar 13 y en calidad de la infraestructura portuaria el lugar 14. La otra cara de la moneda es todo lo referido al capital humano. En calidad de la enseñanza primaria España ocupa el lugar 79, en calidad del sistema educativo en su conjunto el lugar 81 y en calidad de la educación en matemáticas y ciencia el lugar 97.

Al igual que ocurre con la Justicia, la principal causa de este lamentable estado del sistema educativo no es falta de financiación. No es un problema de dinero, sino de gestión, de orientación y de falta de ambición de excelencia. Al contrario de lo que ocurre con la investigación básica, ninguneada por una terrible indiferencia política y social, la educación suscita debates encontrados. ¿Buena señal? No, mala. ¿Mala por qué? Porque no hay ningún debate relevante sobre la calidad y la excelencia. Los debates encontrados son sobre el uso partidista de la escuela como centro de adoctrinamiento. ¿Gana las elecciones la izquierda? Se introduce una asignatura obligatoria de educación para la ciudadanía y se hace de la religión (por supuesto, católica) una asignatura optativa adicional al currículo establecido. ¿Gana la derecha? Pues se deshace lo anterior, se suprime la educación para la ciudadanía, se reintroduce la religión (católica, por supuesto) como optativa evaluable con el mismo rango que la química y se introduce una alternativa obligatoria y evaluable para los que no quieran cursar religión. Todo es puro adoctrinamiento, como también lo son los intentos del ministro Wert de «españolizar» a los estudiantes catalanes. Las Leyes de Educación se suceden a ritmo de casi una por ministro, pero ninguna aborda el problema básico de falta de calidad del sistema educativo español.

Las reformas necesarias en la educación pública primaria y secundaria responden a principios de gestión elementales que pueden resumirse en tres palabras: responsabilidad, evaluación e incentivos.

Los centros docentes deben tener un proyecto educativo y sus directores deben ser responsables de su ejecución. Su gestión debe ser evaluada por las autoridades educativas e incentivada económicamente y con promociones en la carrera docente. A estos efectos, tal y como prevé la reciente Ley de Educación de Cataluña,⁵ debería crearse un cuerpo docente específico al que tendrían acceso los directores de centros docentes que hubiesen desempeñado sus responsabilidades de manera satisfactoria. Los profesores deben ser responsables de la formación de sus alumnos. Deben ser evaluados por los directores de los centros y esa evaluación debe tener consecuencias sobre su remuneración y sobre sus posibles promociones en la carrera docente. Los centros educativos deben ser sometidos a evaluaciones de calidad que deben hacerse públicas. Debe haber libertad de elección de centro educativo.

La aplicación de estos sencillos principios a la enseñanza pública provocaría una rápida mejora de su gestión y de los resultados obtenidos. Hay motivos para la esperanza, aunque es posible que los sindicatos y fuerzas de la izquierda tradicional se resistan con encono, como ocurrió en Cataluña, disfrazando de defensa de la escuela pública y del interés general lo que son intereses gremiales. También la derecha religiosa puede verse amenazada por el incremento de calidad de la escuela pública. Que se aguanten. En algunas comunidades autónomas, no sólo en Cataluña, se están dando pasos importantes en la buena dirección. Madrid, por ejemplo, ha sido pionera en la evaluación de centros, en el bilingüismo con el inglés, en la libertad de elección de centros docentes y en la introducción de medidas de fomento de la excelencia. Ése es el camino a seguir. Todas esas medidas pueden tomarse mediante disposiciones legales de rango inferior. No hace falta hacer nuevas Leyes de Educación. Es más, no debería haber nuevas leyes en las próximas décadas. No hace falta cambiar los planes de estudio. El contenido concreto del currículo que, por supuesto, debe adaptarse a los nuevos tiempos, es de importancia secundaria si se enseña y se estudia bien. Los frenéticos e injustificados cambios curriculares a los que se somete al sistema educativo español son tremendamente perjudiciales. La Universidad de Yale, que conozco bien, lleva más de tres siglos enseñando el mismo currículo⁶ y no ve ninguna necesidad de cambiarlo. Lo importante es cómo se enseña y cómo se aprende, el contenido es secundario.

LA EXCELENCIA EDUCATIVA: INSPIRÉMONOS EN EL DEPORTE

Los centros de excelencia son necesarios en todo sistema educativo que quiera tener un buen rendimiento, no sólo a nivel de calificaciones escolares sino también en la formación intelectual y moral de los estudiantes. El sistema educativo español es una pirámide truncada. La mayor parte de los centros, públicos o privados, son malos o mediocres. Hay centros buenos, no muchos, y algún que otro centro muy bueno. No recuerdo ninguno, en enseñanza primaria y secundaria, que merezca la calificación de centro de excelencia, aunque quizá sea injusto por olvidadizo. ¿Qué es un centro de excelencia? En mi opinión —y es una definición personal— es el que otorga un currículum de media línea: «estudié la secundaria en Eton»; «cursé el bachillerato en un centro de los Colegios del Mundo Unido». Estas brevísimas frases son tremendamente informativas sobre las personas que las pronuncian. Son informativas no sólo de un determinado volumen de conocimiento, sino de un determinado carácter, de una determinada ambición, de una cultura del esfuerzo y de una determinada ética. En cierto modo, añadir información adicional sobre estos individuos tiene siempre un carácter de letra pequeña, de actualización con los últimos acontecimientos.

La pirámide truncada deja al sistema educativo español falto de referencias, desnortado, carente de instituciones a las que emular. La calidad general se resiente. La comparación con el mundo del deporte es muy esclarecedora. La transformación del deporte español en las últimas décadas invita al optimismo. Los Centros de Alto Rendimiento (CAR) consiguieron poner a deportistas y atletas españoles en los podios a partir de las Olimpiadas de 1992, rompiendo con la mediocridad de las décadas anteriores. El vuelco que ha dado el deporte español desde esa fecha ha sido mayúsculo: se han ganado medallas olímpicas, Tours, Grand Slams, Copas de Europa y del mundo en deportes de equipo… Y no sólo esto. El énfasis puesto por los CAR y por centros como La Masia en la formación integral de la persona y en la educación en los valores del esfuerzo, la ambición y la humildad ha propiciado que los deportistas de élite se hayan convertido en modelo y ejemplo para la sociedad española, especialmente para la juventud. Y hay más. El esfuerzo por dar formación específica a las élites no ha resultado en un debilitamiento de la práctica del deporte en las categorías inferiores, sino todo lo contrario. La referencia de la élite ha propiciado una verdadera explosión participativa no sólo en categorías competitivas juveniles e infantiles sino también en el nivel popular y familiar. La construcción del vértice de la pirámide ha sido esencial para que en España se haga más deporte, no menos, y se haga mejor a todos los niveles. Éste es el modelo que debería adoptar nuestro sistema educativo.

La creación de un pequeño número de centros educativos de excelencia en la enseñanza secundaria podría ser decisiva para romper el círculo vicioso entre la falta de oferta y la falta de demanda para la enseñanza de calidad. Por tres razones. En primer lugar porque supondría reproducir un sistema de formación de élites que funciona bien en los países de nuestro entorno. Las élites españolas son de vuelo muy rasante, ortodoxas, conformistas y muy conservadoras, cuando no reaccionarias, y satisfechas de sí mismas. Como escribió Ortega, «lo característico de España no es que la Inquisición quemase a los heterodoxos, sino que no hubiese ningún heterodoxo importante que quemar. Cuando por casualidad ha habido algún heterodoxo español importante, se iba fuera, como Servet, y era fuera donde le quemaban».⁷ El problema de la falta de capital humano en España se manifiesta del modo más agudo en el vértice de la pirámide social, cultural y profesional, en donde debería haber una élite ambiciosa, insatisfecha, inconformista y progresista, y no la hay. Como tantas veces se ha repetido en este libro, en España han faltado los visionarios que, plantando con firmeza sus pies en el futuro, tuviesen la energía suficiente para tirar de la sociedad. Lo llamativo del caso es que no se les ha echado de menos.

En segundo lugar, porque para aumentar la calidad media de las escuelas españolas es imprescindible aumentar la dispersión en torno a la media. Es la filosofía de los CAR. Por supuesto que hay que corregir el funcionamiento de las escuelas con peor rendimiento, pero hay que darles un modelo a emular. El vértice de la pirámide es necesario para mejorar el sistema en su conjunto y ese vértice en España no existe: hay que construirlo.

Y, en tercer lugar, porque la envidia —pecado favorito ancestral de los españoles— puede acabar siendo el fulcro sobre el que apalancar la exigencia social de una educación de calidad. En la actualidad los españoles consideran que las escuelas de sus hijos son lo suficientemente buenas siempre y cuando los hijos del vecino no vayan a una escuela mejor. Si, a pesar de la envidia, consiguiesen establecerse centros de excelencia —reto formidable éste— la misma envidia se encargaría de presionar para que mejorase la calidad del conjunto del sistema.

Los alumnos de los centros de excelencia deberían aprender, básicamente, a hacerse preguntas y a dudar de las respuestas que encuentren. La gestión de los centros debería ser profesional y capaz de transmitir a los alumnos los valores de la ambición, el esfuerzo y la humildad. Los directivos, como se ha propuesto en el epígrafe anterior, deberían ser responsables de los resultados obtenidos y deberían tener una remuneración adecuada. Dado el escaso acervo español en este tipo de educación, sería muy conveniente contar con el apadrinamiento y el control de alguna organización internacional de prestigio como, por ejemplo, la Organización del Bachillerato Internacional (OBI). Esto garantizaría no sólo la inspiración y el control de calidad externo, necesarios ambos, sino también la formación continua del profesorado.

Los centros de excelencia deben ser exclusivos, en el sentido de admitir solamente a los mejores, pero no deben ser excluyentes, en el sentido de que nadie debe quedarse fuera por motivos económicos. Esto plantea el problema de cuántos recursos públicos serían necesarios para costear estos centros. El coste sería sorprendentemente bajo, como muestra el siguiente cálculo. El coste de un estudiante de Secundaria en un programa de la OBI ronda los 15.000 euros anuales. En España, el coste medio con el currículo español es de unos 6.000 euros, con lo que el coste adicional de la excelencia es de 9.000 euros por alumno. Un sistema de 20 centros con 250 alumnos cada uno, repartidos en cinco cursos, tendría permanentemente a 5.000 estudiantes en las aulas. El coste adicional del sistema sería de 45 millones de euros anuales. Esto equivale al coste de construcción de cuatro kilómetros de tren de alta velocidad o a la mitad del coste de fichar a un Cristiano Ronaldo. ¿Cuáles son las prioridades de España? ¿Construir trenes de alta velocidad que irán semivacíos, pero que generan muchas comisiones opacas? ¿Fichar a más Ronaldos que, por cierto, también generan comisiones opacas?

¿QUÉ HACER CON LA UNIVERSIDAD?

La universidad española es un ejemplo extremo de todo lo malo que puede ocurrir en una institución cuando se le da autonomía y no se exige ni rendición de cuentas ni responsabilidad a ninguno de los colectivos que la conforman. Es el paradigma de la «igualación por abajo» que padece el sistema educativo español. Así como en la enseñanza primaria y secundaria es imaginable una transición no traumática entre la situación actual de bajo rendimiento y poca calidad a otra situación mucho más homologable a la de nuestros socios europeos, en la que la escuela contribuya de manera más eficaz a la formación del capital humano que necesita España, esto no es imaginable en la universidad. O, por lo menos, yo no sé imaginarlo. Lo que se necesita en la escuela es un cambio de mentalidad, al que yo estoy convencido de que se puede llegar dando más autonomía a los centros docentes, exigiendo rendición de cuentas a sus directivos y a todos sus colectivos y poniendo en marcha los incentivos adecuados. Lamentablemente, en la universidad la autonomía ya se ha dado y no se ha pedido nada a cambio. Es irrecuperable. Los sectores más inmovilistas ya han triunfado en detrimento de los que buscan una institución más homologable con la de los países más avanzados. Es un caso que requiere cirugía, no homeopatía. Todas las medidas de reforma que se me ocurren para la universidad española son traumáticas. No estoy nada convencido de que puedan funcionar reformas graduales.

No hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo⁸ en investigación, y sólo 11 entre las 500 mejores. Es cierto que, afortunadamente, en el marasmo generalizado del panorama universitario español hay núcleos investigadores de excelencia internacionalmente competitivos.⁹ Pero esos núcleos irreductibles es poco probable que tengan un gran impacto en la calidad de la docencia y de la educación. En esos ámbitos la situación es, probablemente, muchísimo peor que en la investigación, aunque no conozco ningún escalafón que mida solamente estas características. Lo que sí parece tener evidencia empírica es que la investigación tiene una influencia positiva en la docencia. Un estudio reciente¹⁰ con datos de la Universidad Jaume I de Castellón muestra una correlación positiva entre la actividad investigadora de los profesores y la calidad de su docencia. El resultado no debería sorprender. La actividad investigadora es fruto de una inquietud, una curiosidad y una ambición que, necesariamente, tienen que tener un impacto positivo en la actividad docente, aunque sea sólo por ósmosis. No es de extrañar, por tanto, que la baja actividad investigadora de la universidad española redunde en una baja calidad docente. Los efectos negativos de esta situación se aumentan, en muchos centros pero no en todos, con una alarmante falta de control de calidad de los titulados que producen. Un caso extremo de esto último se muestra en el cuadro 11.1. La dialéctica del «no te pido, no me exijas», tan propia del paraíso socialista añorado por la izquierda tradicional española, parece haber causado estragos en las escuelas universitarias de Magisterio, que no tienen ningún empacho en inundar el sistema educativo español con personas que tienen una falta de preparación alarmante.

CUADRO 11.1

En noviembre de 2011 la Comunidad de Madrid convocó 489 plazas de maestro de Enseñanza Primaria a la que se presentaron 14.110 aspirantes, todos ellos con titulación de Magisterio, equivalente o superior. La prueba consistía en fases eliminatorias que debían superarse todas para aprobar. Aprobaron 1.913 aspirantes,¹¹ el 13,5 por ciento. Las plazas interinas se cubrieron con los que habían aprobado la prueba, pero no habían obtenido plaza fija. La prueba incluía preguntas que deben saber contestar los alumnos de 12 años. El 93 por ciento de los aspirantes no supo completar una tabla que pedía calcular el equivalente en gramos de dos kilogramos y 30 gramos, el equivalente en metros cuadrados de 10 hectáreas, el equivalente en minutos de 2 horas y 24 minutos y el equivalente en minutos de 2,2 horas. El 69 por ciento no supo explicar el significado de las palabras «escrúpulo» (hubo quien contestó «puesta de sol»), «disertación», «extasiar» o «pronóstico». El 87 por ciento no pudo describir correctamente las formas gramaticales de una oración. El 62 por ciento no supo situar en el mapa las ciudades de Ávila y Pamplona. Las faltas de ortografía fueron numerosísimas y llamativas. Todos los aspirantes tenían título universitario. Los sindicatos respondieron a la publicación de la noticia con los improperios habituales y con la exigencia de que las plazas de maestro interino se asignaran por estricto orden de antigüedad, sin tener en cuenta los resultados de la prueba.

La Universidad Complutense de Madrid tiene 75.000 estudiantes de primer grado (licenciatura y asimilados) y 3.100 docentes. Harvard tiene 7.200 estudiantes de primer grado y 2.100 docentes. Yale tiene 5.200 estudiantes de primer grado y 3.600 docentes. ¿Importa el tamaño? Sí que importa, y mucho. Independientemente de la calidad de la docencia, la calidad de la educación y la formación de las personas dependen casi exclusivamente del contacto de los estudiantes con los profesores que estén dispuestos a ejercer su magisterio. Ésa es la dimensión verdaderamente formativa de la vida universitaria. Con una ratio alumnos/profesores de 24, la Complutense está a una distancia sideral de Harvard, que tiene una ratio de 3,4 o Yale, que tiene una ratio de 1,4. Una universidad de excelencia tiene que ser una universidad pequeña, manejable y rica. Tiene que ser capaz de seleccionar a sus alumnos y a sus profesores y tiene que exigir que los términos del trinomio investigación-docencia-educación se potencien mutuamente.

¿Qué hacer con la universidad española? Lo mejor, a mi juicio, sería cerrarla toda durante dos o tres años, a excepción de los centros de investigación homologables internacionalmente, para volver a empezar de nuevo con la pizarra en blanco. Esto me temo que no va a poder ser, aunque no creo que el país se resintiese mucho. Pero el ejercicio teórico de cómo se diseñaría la nueva universidad puede iluminar hacia dónde debería ir el sistema actual. Estos serían los principios:

• Cada universidad tiene que tener un patronato compuesto por representantes de las instituciones públicas o privadas que la financian. El patronato nombra al rector, al gerente y a los demás cargos de gobierno de la institución. Éstos responden ante el patronato de su gestión.

• Se eliminan las oposiciones. El rector nombra a los profesores de la universidad tras consultas no vinculantes con los catedráticos apropiados de la misma y con expertos de otras instituciones. La remuneración del personal docente y no docente será establecida por el patronato caso por caso.

• Se eliminan los distritos universitarios. Cada universidad establecerá sus criterios de acceso. Los estudiantes solicitarán su admisión directamente a cualquiera de las universidades, que podrán poner tantas pruebas de entrada como consideren oportunas. Los estudiantes lo serán a tiempo completo salvo en la UNED. Se esperará de los estudiantes que, salvo casos de fuerza mayor, superen el curso académico en una única convocatoria en el mes de junio.

• El importe de la matrícula no podrá ser inferior al coste real de las actividades de la universidad. Los fondos públicos disponibles y, también, los privados que se recauden para ello, se utilizarán para becas que se otorgarán conforme a la necesidad financiera acreditada de los estudiantes admitidos en las pruebas de acceso.

El objetivo de estos principios es conseguir que las universidades compitan entre sí por los mejores estudiantes, por los mejores profesores y por los mejores investigadores. Todo lo que debilite esta competencia debería ser eliminado del sistema. Si se pudiera empezar de cero y se aplicasen estos principios, ¿qué tipo de universidad acabaría teniendo España? Muy probablemente, en un plazo de dos o tres generaciones —el plazo de prospectiva de este libro— tendría un sistema universitario competitivo cuya calidad investigadora, docente y educativa tendería a igualarse «por arriba» en vez de la actual nivelación «por abajo» promovida por la cultura del estanco que tienen los distintos estamentos universitarios actuales. ¿Por qué tendría que ser así? Pues porque en España hay ya una educación universitaria que funciona conforme a estos principios y está entre las mejores del mundo. Si bien no hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo, las clasificaciones muestran de manera consistente que hay tres escuelas de negocios españolas que están entre las 10 mejores del mundo. No entre las 200 o las 100 mejores, no: están entre las 10 mejores. ¿Y por qué las escuelas de negocios sí y las universidades no? Pues porque las escuelas de negocios eligen a los alumnos y profesores como les parece oportuno, cobran de los primeros y pagan a los segundos lo que les parece oportuno y son gestionadas con criterios de eficiencia y calidad. Y, además y sobre todo, porque no están sometidas a una regulación asfixiante como lo están las universidades. Estas últimas tienen una regulación que las hace feudo de los intereses particulares de los distintos estamentos universitarios e imposibilita gestionarlas con una vocación de calidad.

Aunque no pueda cerrarse la actual universidad española (¿de verdad no se puede?), cualquier paso en la adopción de los principios antes mencionados debería suponer alguna mejora en su triste funcionamiento actual.

LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ESTÁN AMENAZADOS DE EXTERMINIO

«La ciencia en España está amenazada de exterminio.»¹² La frase es de Joan Massagué y fue reproducida en portada del diario La Vanguardia en marzo de 2013. Massagué sigue: «Si un país no protege la ciencia se priva de un instrumento para crear riqueza […]. El edificio de la ciencia es muy difícil de construir, muy fácil de derribar y, después, muy difícil de volver a levantar».

A los políticos españoles se les llena la boca hablando de la necesidad de adoptar un nuevo modelo productivo y de acceder a la economía del conocimiento. No sólo la boca, también llenan el BOE. En mayo de 2011 el 99 por ciento de los diputados del Congreso votó a favor de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en cuyo preámbulo se puede leer «El modelo productivo español […] se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento…». Pura fachada. Cuando sus señorías votaron la ley, el presupuesto público de I+D se había reducido un 12 por ciento respecto a 2009. Los recortes continuaron en 2011 y 2012 y, aunque las cifras son muy opacas, a la hora de escribir estas líneas —marzo de 2013— el presupuesto puede haber caído un 35 por ciento acumulado. Esto hará retroceder la I+D más de una década e, incluso si se empezara mañana a reconstruir, se tardaría mucho tiempo, décadas, en reparar el daño causado por una reducción que se supone temporal.

Hacer ciencia no es como hacer carreteras. Hay dos importantes diferencias. En primer lugar, una carretera en construcción, en tiempos de estrechez presupuestaria, puede paralizarse durante un tiempo y continuarse después, cuando la situación de la economía mejora. Con la ciencia no se puede hacer eso. A la que se les corta la financiación, los mejores científicos emigran y ya no vuelven. Hay que volver a empezar de cero. La segunda diferencia contribuye a explicar por qué la ciencia está tan maltratada en España. La I+D no genera comisiones ni motiva a los votantes, al contrario de lo que ocurre con la construcción de carreteras. De este modo, España tiene una red de transporte terrestre que está entre las mejores del mundo y un sistema de I+D subdesarrollado que languidece en la penuria. Es una combinación que lleva al desastre. ¿Conoce alguien a algún político relevante que haya denunciado públicamente esta situación?

En 2010 España invirtió en I+D+i el 1,39 por ciento del PIB. En 2013 se estima que estará por el 1,25 por ciento. En la Unión Europea el gasto en I+D está creciendo. La media de la UE en 2011 fue el 2,3 por ciento y el objetivo es el 3 por ciento. Hay una vieja máxima que dice que, si te caes en un hoyo, no te pongas a cavar. Pues cavar es lo que ha hecho España en las recesiones pasadas y en la presente. El gasto en I+D tiene la consideración de algo suntuario, algo que queda bien pero, en el fondo, es superfluo: en las recesiones es lo primero que se recorta, junto con las fiestas veraniegas y la limpieza de las calles. Seguimos cavando en el hoyo. Ante fuertes restricciones presupuestarias como las actuales se tendría que priorizar el gasto en I+D por encima de cualquier otra cosa, con la única excepción del pago de los intereses de la deuda. Hay que enmendar urgentemente los recortes de los últimos años. Hay que volver a introducir la ciencia y la investigación entre los «sectores prioritarios» que tienen oferta pública de empleo positiva. Es más, el gasto en I+D debería concretarse en un presupuesto plurianual vinculante enmarcado en un plan a largo plazo que tuviese como objetivo alcanzar el 3 por ciento del PIB propuesto por el Consejo Europeo. En caso contrario el nuevo modelo productivo y el acceso a la economía del conocimiento estarán cada vez más lejos. Hasta perderse de vista.

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DEL EMPRENDIMIENTO

En Dinamarca hay cuatro veces más emprendedores por cada mil habitantes que en España. Comparaciones similares pueden hacerse con otros países líderes en innovación. Los emprendedores ¿nacen o se hacen?, es decir, ¿hay alguna diferencia genética insalvable entre daneses y españoles que explique las diferencias en emprendimiento? ¿Hemos nacido los españoles para ser funcionarios, o estanqueros, y los daneses para ser emprendedores volcados en la innovación? Yo me inclino a pensar que no, que las causas principales no son genéticas sino —como hemos visto en el capítulo 1 de este libro— de tipo cultural y educativo y que, por tanto, se puede actuar sobre ello. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que sea una tarea fácil, porque de lo que se trata es de provocar un cambio cultural. Cambios culturales espontáneos en nuestra sociedad ocurren continuamente —nuestros hijos ya no miran la televisión, por ejemplo—. Los cambios culturales provocados son fenómenos mucho más raros y cabe preguntarse, además, si son una buena idea. Pero ¿cuál es la alternativa? Como la alternativa es resignarse a continuar siendo el país del «que inventen ellos», yo creo que es preferible intentarlo. Además, la experiencia no tan lejana de la Transición nos dice que España sabe hacer un cambio cultural cuando lo necesita, y eso es muy alentador.

En primer lugar, habría que suprimir las enormes trabas que hay en España a la puesta en marcha de nuevas empresas, trabas que sorprenden todavía más cuando uno recuerda que en nuestro país hay más de seis millones de parados, una tasa de desempleo del 27,2 por ciento y una tasa de desempleo juvenil del 57,2 por ciento. Parece como si el Gobierno no acabara de entender la relación entre la creación de empresas y la creación de empleo. En la edición de 2012 del informe Doing Business del Banco Mundial¹³ España ocupa el lugar 136 entre 185 países en «facilidades para comenzar una empresa o negocio». España está por detrás de países como Albania, Armenia, Azerbaiyán y Afganistán, por sólo mencionar algunos de los que comienzan por la letra A. En el Informe de Competitividad Global mencionado en la página 247, entre 144 países, España ocupa el lugar 111 en «número de procedimientos para comenzar un negocio», el lugar 97 en «número de días para empezar un negocio», el número 120 en «carga regulatoria soportada por las empresas» y el número 85 en «servicios públicos para mejora empresarial». Con estos números en la mano, la cifra de seis millones de parados resulta mucho menos sorprendente.

CUADRO 11.2

El tiempo medio de resolución del papeleo básico para registrar una empresa en España es de 28 días, mientras que el promedio de los 144 países del Informe de Competitividad Global es 12. Esto está mal, pero no es en sí un grave problema. El problema es que resolver ese papeleo básico en España no garantiza que una empresa pueda comenzar a funcionar, porque también necesita una licencia de apertura. El Diario de Cádiz del 2 de febrero de 2012 cuenta el caso del empresario Ramón Iglesias, quien, habiendo heredado unas tierras situadas en la provincia de Cádiz, decidió instalar en ellas una bodega y una almazara, a la vez que criaba un reducido número de gallinas y gansos. Tuvo que lidiar con doce departamentos de cuatro administraciones distintas: Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Administración central. Para obtener la licencia de apertura le exigieron un informe de impacto acústico —el pueblo más cercano está a 3 kilómetros—, un mapa elaborado por el Instituto Cartográfico de Andalucía, un certificado de impacto ambiental del tendido eléctrico, un informe sanitario de las siete gallinas ponedoras y dos gansos de la explotación, una declaración de actividades contaminantes del suelo, un certificado de eficiencia técnica, un certificado de cumplimiento de la protección de la calidad del cielo nocturno y una certificación de innecesariedad de prospección arqueológica, entre muchos otros. Cuatro años y 40.000 euros más tarde, Ramón Iglesias obtenía la licencia de apertura y creaba seis puestos de trabajo. La tasa de paro de Cádiz supera el 35 por ciento.

Las trabas a la creación de nuevas empresas tienen mucho que ver con la corrupción. Detrás de muchos papeles innecesarios o de muchos trámites que, incomprensiblemente, se atoran, acostumbra a haber una mano, o varias, porque para poner en marcha una empresa muchas veces hay que hacer trámites con los tres niveles de Administración pública española —local, autonómico y central—. En otras palabras, hay que entender la simplificación administrativa como una parte de la lucha contra la corrupción. Por eso es tan difícil. Los emprendedores tiemblan cada vez que el Gobierno anuncia la creación de una ventanilla única para simplificar la puesta en marcha de nuevas empresas —todos los Gobiernos de la democracia lo han hecho— porque, inevitablemente, la ventanilla única acaba convirtiéndose en una ventanilla más que, en vez de simplificar los trámites, los complica por añadidura.

Debería promulgarse de inmediato —sólo hace falta voluntad política— una disposición que permitiese la puesta en marcha de las actividades de una empresa el mismo día de la presentación de los papeles al Registro Mercantil. A partir de ahí, habría que dar un plazo razonable para cumplimentar otros trámites, cuya lista habría que recortar drásticamente, cuando fuesen estrictamente necesarios. Es muy probable que esta disposición legal vulnerase competencias autonómicas. En este caso lo que habría que cambiar son las competencias autonómicas, mediante una reforma constitucional si es preciso, no la simplificación de los trámites administrativos.

Como se ha comentado al principio de este capítulo, el proyecto para mejorar la calidad del capital humano en España debería ser a muy largo plazo pero debería articularse y comenzar desde ya mismo. Entre otras cosas para hacer posible un pacto europeo norte-sur en el que los primeros se comprometen a estimular sus economías para permitir exportar a los segundos, y los segundos se comprometen a reformar sus economías y a mejorar su capital humano para no acabar dependiendo de transferencias permanentes de los primeros. Sin un pacto de este tipo, como se ha razonado en el capítulo 5 de este libro, lo más probable es que se acabe rompiendo la zona del euro.

El plan de mejora del capital humano tendría que proceder, simultáneamente, en tres planos simultáneos, pero diferenciados. En primer lugar, habiendo normalizado la gestión de la enseñanza primaria y secundaria según los principios de gestión enunciados en el epígrafe que empieza en la página 247, se tendrían que reenfocar los proyectos educativos de los centros hacia la formación de innovadores, haciendo la enseñanza menos informativa y más analítica y creativa. Como señala Roberto Mangabeira Unger,¹⁴ catedrático de Harvard y exministro de Lula en Brasil, habría que utilizar, incluso en la enseñanza primaria, las características de la formación universitaria más avanzada. Para ello se tendría que mejorar, y mucho, la formación del profesorado, lo que requeriría una financiación considerable. También requeriría circuitos de excelencia que incluyesen a las universidades para vertebrar al conjunto del sistema educativo dándole referencias a las que emular.

En segundo lugar se debería organizar una red de fondos públicos y organizaciones tutelares a las que pudiesen acudir todos los españoles con edades entre, por decir algo, los dieciocho y los treinta años que tuviesen una idea potencialmente innovadora. Esta red de fondos debería construirse a partir de experiencias exitosas y escalables como las que ya empiezan a despuntar en algunas comunidades autónomas. La financiación y gestión privadas serían bienvenidas, aunque es poco probable que en un estadio inicial tengan una presencia relevante.

Y, en tercer lugar, debería potenciarse el crecimiento de una industria potente de capital emprendedor, como la que existe en los países más innovadores, que apostase por los mejores proyectos salidos de las incubadoras mencionadas en el párrafo anterior, financiando y orientando su desarrollo posterior. Como se ha discutido en el capítulo 6 de este libro, la existencia de esta industria es imprescindible para que se puedan desarrollar el emprendimiento y la innovación en las pequeñas y medianas empresas. También hemos visto que el capital emprendedor está mal visto por el capitalismo castizo y por los reguladores financieros, que lo denominan «capital riesgo» para desalentar a posibles inversores. Los trámites burocráticos de constitución de las Sociedades de Capital Riesgo y de las Sociedades Gestoras de Fondos de Capital Riesgo se eternizan. Es difícil conseguir todos los papeles necesarios en menos de un año. La fiscalidad que soportan los inversores en este tipo de empresas es punitiva, rozando lo disuasorio y mucho más desfavorable que la que soportan los inversores en bolsa. Esta cultura administrativa paralizante y ese maltrato tributario deberían cambiarse de inmediato porque el capital emprendedor es una pieza imprescindible en una sociedad orientada hacia la innovación.

Un cambio tributario inmediato que habría que hacer afectaría a las entidades de capital emprendedor, conocido en España como «capital riesgo», que inviertan en I+D. El objetivo sería aplicar a dichas entidades el régimen fiscal de las Uniones Temporales de Empresas (UTE) o Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Esto quiere decir que se comunicarían directamente a los inversores de la entidad de capital riesgo las bases imponibles negativas que procedan de las compañías participadas, de modo que dichos inversores no tuvieran que soportar restricciones ni dilaciones ni una eventual pérdida de estas bases imponibles negativas generadas por su inversión. Esto acercaría a los inversores en «capital riesgo» al tratamiento fiscal de las grandes empresas que invierten en I+D. También, como es posible hoy en día en una UTE o una AIE, deberían poderse comunicar a los inversores finales las deducciones o bonificaciones generadas por las empresas participadas por la entidad de «capital riesgo» para que los primeros pudieran disfrutar de ellas en el ejercicio de su inversión. Estas medidas supondrían paliar la fiscalidad punitiva que sufren los inversores en entidades de «capital riesgo» que invierten en I+D y acercar su tributación a la que tienen, por ejemplo, los inversores que se unan para construir una carretera o un puente. Hoy en día los primeros están fuertemente castigados respecto a los segundos.

CAPÍTULO 12

PENSIONES, VIVIENDA Y MERCADO LABORAL: EL 3 EN 1 ESPAÑOL

Las problemáticas de las pensiones, del mercado de la vivienda y del mercado de trabajo están íntimamente relacionadas. Tanto es así, que pueden considerarse tres manifestaciones distintas de un mismo problema de base.¹ Veamos cómo se relacionan.

El llamado «problema de las pensiones» es un problema de financiación de la jubilación de los trabajadores en el contexto de un rápido crecimiento de la esperanza de vida, de un estrechamiento de las bases de la pirámide demográfica por la caída de la natalidad y del progresivo retraso de la entrada en el mercado laboral de los jóvenes por la prolongación de la etapa educativa obligatoria o voluntaria. Como se discute en el epígrafe que se inicia en la página 273, la solución de este problema de financiación pasa necesariamente por trabajar más años y, también, por ahorrar más y por ahorrar mejor.

Los españoles no ahorran poco, pero ahorran mal. La mayoría de la población empleada tiene salarios menores o iguales a la base máxima de cotización a la Seguridad Social, con lo que cada mes se les deduce obligatoriamente el 33 por ciento de su salario bruto, en forma de cotizaciones a cargo de la empresa y a cargo del trabajador, para ingresarlo en la Seguridad Social. A cambio, el trabajador recibe derechos a prestaciones futuras —pensiones y otras contingencias—. Además de este ahorro forzoso, los españoles dedican al ahorro voluntario una parte sustancial de su renta disponible. Este ahorro no lo ingresan, mayoritariamente, en planes de pensiones privados sino que lo dedican a adquirir su propia vivienda. Esto tiene dos efectos perniciosos, uno sobre el mercado de trabajo y otro sobre la financiación de la jubilación. En primer lugar introduce más rigideces en el mercado laboral al encarecer mucho la movilidad geográfica de los trabajadores. La vivienda en propiedad ancla al trabajador a la tierra en una zona determinada e introduce una nueva versión de la servidumbre de la gleba. En segundo lugar, la acumulación de la riqueza de los individuos en la propiedad de su vivienda, un activo poco apropiado para ir consumiéndolo poco a poco como complemento de la pensión, condena a mayor pobreza a muchos jubilados en beneficio de la generación siguiente. Una financiación racional de la jubilación necesita que el ahorro voluntario se invierta en activos que se puedan movilizar con mayor facilidad que la vivienda propia. Como hacían nuestros abuelos, nuestros hijos y nietos deberían vivir en viviendas alquiladas.

El crecimiento del desempleo durante esta última crisis ha acelerado el proceso de crisis financiera de la Seguridad Social. Desde 2007 se han perdido más de tres millones de cotizantes, más del 15 por ciento del total. Hay, a mediados de 2013, más de seis millones de parados cuya reincorporación al mercado de trabajo será, en el mejor de los casos, muy lenta. Desequilibrios financieros de la Seguridad Social que se preveían probables para 2023 se están manifestando ya ahora. Un mercado de trabajo disfuncional, que ajusta por cantidad —empleo— en vez de ajustar por precios —salarios— tiene efectos enormemente negativos sobre la Seguridad Social y sobre las pensiones. Hay que proseguir la reforma laboral para dotar a este mercado de mayor flexibilidad, no sólo para reducir el desempleo y aumentar la base de cotizantes, sino también para reducir el tiempo que tardan en realizarse los inevitables ajustes cuando España ya no puede recurrir a la devaluación de su moneda para recuperar competitividad. Esto último también redundaría en una mayor estabilidad de las finanzas de la Seguridad Social. Y hay que abordar en serio la reducción de la temporalidad para posibilitar la mejora del capital humano de casi un tercio de los asalariados españoles.

LA FINANCIACIÓN DE LA JUBILACIÓN

En 1975 la esperanza de vida al nacer de los españoles era de setenta y cuatro años. En 2010 había subido hasta los ochenta y dos años. En otras palabras, la esperanza de vida al nacer en estos treinta y cinco años ha estado incrementándose a un ritmo de más de cinco horas diarias. La esperanza de vida a los sesenta y cinco años está creciendo a más de tres horas diarias. No sólo son ritmos vertiginosos, sino que no hay motivo para pensar que se vayan a desacelerar. Como se ha discutido en los capítulos 4 y 5 de este libro, lo contrario parece hoy en día mucho más probable. El problema de las pensiones tiene su raíz en esa prolongación de la esperanza de vida y está agravado por el estrechamiento de la pirámide de población provocado por la caída de la natalidad.

Hay dos maneras de enfocar el problema de las pensiones. El primero es desde la óptica de la solidaridad intergeneracional: nosotros hemos pagado las pensiones de nuestros padres, confiando en que nuestros hijos pagarían las nuestras. El crecimiento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad deberían hacer entender a cualquiera que tenga entendederas que nuestros hijos nunca podrán pagar nuestras pensiones con la misma generosidad que nosotros hemos pagado las de nuestros padres.

El segundo enfoque adopta un punto de vista individual, de ciclo vital.² Una de las tesis centrales de este libro es que los individuos deben asumir la responsabilidad de sus propias vidas en un grado mucho mayor de lo que lo hacen en la actualidad, particularmente en España. La responsabilidad del Estado, como se ha defendido en el capítulo 5, tiene que desplazarse de maximizar el bienestar a maximizar las oportunidades que se les ofrecen a los ciudadanos. Estos últimos deberían adoptar una perspectiva de ciclo vital para sus decisiones de consumo y ahorro e invertir este último en instrumentos adecuados para financiar una etapa de jubilación que puede ser más larga de lo que esperan. La responsabilidad del Estado, dentro de esta perspectiva, es asegurar que exista un mercado eficiente de dichos instrumentos³ y educar a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones informadas. Vayamos por partes.

En la actualidad las pensiones públicas medias en España representan el 80 por ciento del salario final medio, la llamada «tasa de reposición», que está muy por encima de la de los países de nuestro entorno. Esta generosidad ha sido posible en el pasado porque había una amplia base de individuos activos y un reducido número de pensionistas. En 1983, por ejemplo, había un pensionista por cada 2,5 personas activas (empleadas o paradas). En 2005 esta ratio había caído a 2,1. Las actuales proyecciones demográficas apuntan a que en 2050 la ratio estará entre 1,2 y 1,4.⁴ Difícilmente las personas activas podrán hacer el esfuerzo de sostener pensiones medias equivalentes al 80 por ciento del salario medio. Para ello el tipo de cotización tendría que doblarse, pasando del actual y exorbitante 33 por ciento al prohibitivo 60 por ciento. Alternativamente, como señala José Antonio Herce,⁵ la población española tendría que crecer hasta los 90 millones de habitantes en esa última fecha, escenario posible, pero sumamente improbable. Lo más probable es que la población decrezca, no que crezca, y menos aún hasta doblarse. Como argumenta Herce, el problema de las pensiones es estrictamente demográfico, no tiene nada que ver ni con el crecimiento del PIB ni con el de la productividad⁶ ni con el del empleo.⁷ Es un problema derivado de que tenemos que financiar una jubilación que se alarga cada vez más con las cotizaciones de una vida laboral que se acorta o que permanece inalterada desde hace más de un siglo.

Para hacerse sostenible, el sistema público de pensiones tiene que ser menos generoso con la tasa de reposición, es decir, tiene que renunciar al objetivo de mantener a los jubilados el nivel de vida que tenían durante su vida activa. La reforma de las pensiones, en este sentido, ya ha comenzado, con la elevación progresiva de la edad de jubilación a los sesenta y siete años, con la ampliación del número de años de cotización que entran en el cálculo de la base reguladora de la pensión y con la elevación del número de años cotizados que dan derecho a pensión completa. Pero es un proceso opaco e insuficiente.

Un estudio clásico de Ángel de la Fuente y Rafael Doménech⁸ muestra que para alcanzar el equilibrio financiero la tasa de reposición debe reducirse por debajo del 50 por ciento. Para conseguirlo se tendría que elevar la edad media de jubilación hasta los 67,25 años, aumentar el período de cómputo de la base reguladora a toda la vida laboral y exigir 50 años de cotización para tener derecho a una pensión del 100 por ciento de la base reguladora. Es decir, que para poder percibir una pensión más baja, pero durante más tiempo, hay que trabajar y cotizar más años. Es así de claro. Este resultado no puede ser una sorpresa para nadie. Se conocían ya resultados similares en 1985 cuando León Benelbas, a la sazón director general de Política Económica del ministerio de Economía y Hacienda, comenzó a impulsar la Ley de Pensiones Complementarias Privadas, encaminada a establecer los instrumentos necesarios para posibilitar el ahorro-previsión a largo plazo y para equiparar tributariamente este ahorro con las cotizaciones al sistema público de pensiones. Ya entonces había en el Gobierno quien tenía claro lo que ahora debería ser obvio para todo el mundo: el que quiera mantener su nivel de vida en su etapa de jubilación no sólo tendrá que trabajar más, sino que deberá ahorrar más.

Para hacer posible la adopción por los ciudadanos de una perspectiva de ciclo vital para planificar sus propias vidas incorporando esta mayor longevidad, el Gobierno debería hacer tres cosas que ahora no está haciendo: informar, educar y planificar.

El Gobierno debe informar a la ciudadanía de la verdadera situación financiera actual y futura de las pensiones públicas. Ningún Gobierno español lo ha hecho y las reformas que se han introducido han sido justificadas como imposiciones de la Unión Europea que España debe acatar no se sabe muy bien por qué. En este oscurantismo, la clase política española tiene una enorme responsabilidad. Pero el problema de la falta de información es mucho más grave. Con total opacidad, nocturnidad y alevosía los Gobiernos españoles desde 1990, independientemente del color político, han estado llevando a la práctica lo que Herce llamó una «revolución silenciosa» de las pensiones. Esta revolución, de la que no se ha dado noticia a los ciudadanos, tiene como objetivo cerrar paulatinamente el abanico de bases de cotización y, por tanto, de pensiones, para hacer derivar el sistema público hacia un sistema de mínimos financiado desproporcionadamente por los que menos se van a beneficiar de él. El instrumento elegido para conseguir este objetivo es el más opaco y vil —porque deja a los ciudadanos indefensos— de entre todos los que tiene a su disposición la política económica: la inflación.

Desde 1990, las bases máximas de cotización del Régimen General de la Seguridad Social han sido, año tras año, actualizadas por debajo de la inflación. En el período 1990-2010 han perdido 20 puntos respecto al IPC. Como consecuencia, se ha reducido en términos reales la presión fiscal de las cotizaciones sobre los salarios más altos (los de más de 3.198 euros al mes en 2010). Las empresas se alegran, porque se reducen los costes laborales. Los afectados deberían entristecerse, pero no lo hacen porque no son conscientes del proceso. El resultado es que las clases medias-bajas, los «ricos» que ganan 36.000 euros al año, han experimentado y siguen experimentando una reducción considerable de la base reguladora de su pensión lo que, sin que se den cuenta, les va reduciendo sus pensiones futuras.⁹ Por el otro extremo, las bases mínimas de cotización han subido más que la inflación, un 10 por ciento en términos reales en este período. El resultado del cierre del abanico —bajan las pensiones más altas, suben las más bajas— es que el desequilibrio financiero de la Seguridad Social, en vez de disminuir, ha aumentado, porque el incremento de gasto futuro en las pensiones más bajas es mayor que la reducción del mismo en las pensiones más altas.

Y, sin embargo, tendría pleno sentido cerrar el abanico de las pensiones públicas, haciendo derivar la Seguridad Social hacia un sistema de mínimos, dentro de un programa explícito, publicitado y transparente que tenga como objetivo que los ciudadanos asuman la responsabilidad de sus propias vidas y enfoquen su jubilación futura con una perspectiva de ciclo vital. Este programa debería tener un horizonte temporal muy largo, de por lo menos dos décadas, para laminar el coste de transición sobre la clase media-baja —los «ricos» de los 36.000 euros anuales— y para dar tiempo a poner en marcha los instrumentos necesarios para hacer posible y eficaz el ahorro-previsión con perspectiva de ciclo vital.

Condición necesaria para el éxito de este programa es que en la enseñanza secundaria, tal y como se hace en otros países, se eduque a los estudiantes en los rudimentos financieros del ciclo vital, para que sean capaces de entender una hipoteca, un fondo de pensiones y un vitalicio. El desconocimiento de estos instrumentos básicos ha contribuido mucho a la generación de la última burbuja inmobiliaria. La CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Educación y Cultura tienen un programa piloto de Educación Financiera para alumnos de 3.º de ESO al que en el curso 2012-2013 se han adherido 414 centros escolares. Participarán más de 21.500 alumnos. Este programa, convenientemente evaluado, debería servir de base para extender esta educación a todos los estudiantes de la etapa obligatoria. Como en tantos otros temas, educar en esta materia es preparar para hacer posible decisiones informadas, es decir, para la libertad.

Por último, el Gobierno debe tomarse en serio dar más eficacia a los instrumentos necesarios para el desarrollo del ahorro-previsión. Hay que empezar por decir que el sistema complementario de pensiones privadas no tiene por qué ser, necesariamente, de gestión privada. Privadas son las decisiones de participar o no en dicho sistema. Su gestión, como en Suecia, podría ser pública. Aclarado esto, un sistema de pensiones complementarias necesita dos instrumentos financieros desarrollados y eficientes: fondos de pensiones, gestionados por gestoras especializadas, y vitalicios, gestionados por compañías de seguros. Entre el volumen de ahorro-previsión y la existencia de un mercado eficiente de vitalicios hay una relación mutua que, en España, adquiere el carácter de un círculo vicioso. Veamos.

Si definimos el riesgo de longevidad como el riesgo que tienen los individuos de sobrevivir a sus propios recursos económicos, podemos definir un sistema de pensiones como un sistema de transferencia del riesgo de longevidad a un tercero.¹⁰ En un sistema de pensiones de reparto, este riesgo se transfiere al Estado, mientras que en un sistema de capitalización se transfiere al sistema financiero, que lo asume otorgando pensiones vitalicias a cambio de los capitales que los individuos han acumulado en los fondos de pensiones. Pues bien, para que estas pensiones vitalicias puedan ofrecerse en condiciones eficientes hace falta un gran volumen de ahorro, previsión, porque la industria de los vitalicios se basa en el cálculo actuarial, el cual, a su vez, se basa en las leyes de los grandes números. En España el ahorro-previsión apenas alcanza el 8 por ciento del PIB, que es un volumen claramente insuficiente. Además, el patrimonio medio por partícipe apenas supera los 8.000 euros, con lo que no tiene sentido hablar de rentas vitalicias: se generarían pensiones con anualidades que no llegarían a los 400 euros. La insuficiencia del ahorro-previsión es una consecuencia directa de la preferencia desarrollada por los españoles en el último medio siglo de colocar su ahorro voluntario en la adquisición de propiedades inmobiliarias. Más del 80 por ciento del patrimonio de los hogares españoles en 2005 eran propiedades inmobiliarias y tan sólo el 2 por ciento eran planes de pensiones y seguros de vida. Una pésima elección cara a la jubilación.

La reforma de las pensiones en España tiene que ser un largo, transparente y explícito proceso, prolongado durante décadas, en el que las pensiones públicas vayan derivando a un sistema de mínimos y el ahorro voluntario se vaya materializando en planes de pensiones en detrimento de la propiedad inmobiliaria. Tiene que ser un proceso informado, en el que los individuos puedan elegir con libertad a qué edad van a jubilarse. Esta decisión, tanto si es la de jubilarse antes como la de jubilarse después de la edad de referencia, tiene que ser actuarialmente neutral, es decir, que los flujos financieros deben ajustarse a la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

DE LA PROPIEDAD AL ALQUILER

Citábamos en el capítulo 3 de este libro a Alexandre Kojève (2011), quien sostenía que la lucha de clases terminó cuando el ideal de un paraíso socialista de proletarios naufragó en una sociedad de propietarios. La propiedad de la vivienda habitual —y de otras viviendas adicionales— ha sido una de las vías por la que el movimiento socialista y el movimiento sindical se han acabado integrando en el capitalismo y, también, una de las vías por la cual se han consolidado en Occidente las clases medias. Esta integración ha ocurrido en la mayoría países desarrollados o en vías de desarrollo, pero en España la propiedad inmobiliaria de la vivienda habitual ha adquirido niveles extremos.

Como puede verse en el cuadro 12.1, la tasa de propiedad de la vivienda habitual en España, el 85 por ciento, es la segunda más alta del mundo, tan sólo por detrás de la de Singapur. Es una tasa exagerada, que está muy por encima de la de las principales economías europeas —Francia, el 57 por ciento y Alemania, el 46 por ciento, por ejemplo—. También está por encima de la de los países que tienen sistemas de pensiones de capitalización muy desarrollados —Inglaterra, el 68 por ciento, Estados Unidos, el 67 por ciento, y Países Bajos, el 57 por ciento—. Una tasa de propiedad de la vivienda tan alta, unida a los elevados costes de transacción en la compraventa de viviendas en nuestro país, contribuye decisivamente a la gran rigidez de la economía española, obstaculizando, por ejemplo, la movilidad laboral; dificulta el acceso de los jóvenes a la primera vivienda; hace a la economía española excesivamente sensible a los tipos de interés a través del mercado hipotecario, acentuando la amplitud del ciclo económico, y no deja casi lugar para el crecimiento del ahorro-previsión.¹¹

CUADRO 12.1

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE TASAS DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

Fuente: Perry, Mark J., «International comparison of ownership rates», Carpe Diem, 6 octubre de 2010 (http://mjperry.blogspot.com.es/2010/10/inter national-comparison-of-home.html).

Esto último se refleja en la composición del patrimonio de las familias, cuyo ahorro se acumula mayoritariamente en activos reales en detrimento de los financieros. Como se ha mencionado en el epígrafe anterior, en 2008 el 89 por ciento del patrimonio de los hogares españoles eran activos reales, de los que el 59 por ciento era la vivienda principal, y tan sólo el 11 por ciento eran activos financieros, de los cuales sólo el 2 por ciento era ahorro previsión —planes de pensiones o seguros de vida—.¹² Si la tasa de reposición de las pensiones públicas de reparto fuese sostenible en el 80 por ciento, la composición de la riqueza familiar sería irrelevante a efectos de la jubilación. Pero como esa tasa de reposición no es sostenible, la composición resulta muy relevante: la actual composición del patrimonio es incompatible con un sistema de pensiones que busque minimizar la pérdida de poder adquisitivo cuando se produce la contingencia de la jubilación. Los jubilados necesitan renta, no patrimonio, y de la vivienda propia es muy difícil extraer renta si se vive en ella. Es cierto que existen instrumentos financieros, como la hipoteca inversa, que permiten extraer renta de una casa en la que se esté viviendo, pero son extremadamente caros y, en la práctica, no son una alternativa viable a una reponderación del patrimonio de las familias que otorgue mayor peso a los activos financieros. Esta reponderación puede llevar décadas pero, mientras no se haga, la gran mayoría de los trabajadores está abocada a sufrir, al jubilarse, una creciente pérdida de poder adquisitivo a medida que vaya rebajándose la tasa de reposición de su pensión. Por ello es tan importante potenciar el mercado de la vivienda de alquiler.

En octubre de 2009 la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) lanzó un manifiesto¹³ en el que proponía cuatro medidas estructurales para potenciar el mercado de alquiler:

1. Medida 1: Potenciar el mercado de alquiler mediante la liberalización de los contratos, el aumento de la seguridad jurídica de los propietarios y la reducción de las trabas a los inquilinos. Un enfoque paternalista de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para proteger a los inquilinos ha contribuido a destruir el mercado de vivienda en alquiler en España hasta el punto de hacer convivir un mercado de alquiler raquítico e ineficiente con cientos de miles de viviendas vacías susceptibles de ser alquiladas. ¿Por qué no se alquilan? Por varias razones. En primer lugar, por las excesivas restricciones que la LAU impone a la libertad contractual de las partes, estableciendo mínimos legales de duración de los contratos, límites a la revalorización de los alquileres y otras condiciones. En segundo lugar, por la inseguridad jurídica de los propietarios que, en caso de impago o incumplimiento de las condiciones contractuales, se enfrentan a largos procesos judiciales de resultado incierto. La duración mínima de los contratos de alquiler debería reducirse a un año —ahora son cinco— la revalorización por el IPC debería ser opcional y notarios y registradores deberían acreditar los incumplimientos contractuales para agilizar el proceso judicial. La buena noticia es que con la Ley 37/2011, llamada del «desahucio exprés», los trámites parecen haber comenzado a agilizarse. También el proyecto de ley de reforma de la LAU que fue enviado al Congreso de los Diputados en 2012 avanza, aunque de manera limitada, en la buena dirección.

2. Medida 2: Suprimir con carácter inmediato todos los incentivos fiscales a la compra de vivienda. Estas subvenciones han sido causa y no son remedio para la burbuja inmobiliaria española. Pero son muy golosas para la clase política, que accede a las presiones de los lobbies inmobiliarios bajo el manto de la política «social». En 2013 se han suprimido, debido a las exigencias de la troika, pero nada garantiza que no se vuelvan a poner cuando la situación cambie. Deberían haber desaparecido para siempre, porque tienen unas consecuencias nefastas para el mercado de la vivienda y para las pensiones.

3. Medida 3: Suprimir la vivienda de protección oficial en propiedad y reorientar la protección social hacia el alquiler. La vivienda pública en forma de alquiler representa sólo el 1-2 por ciento del parque de viviendas, muy lejos de Francia o el Reino Unido, que tienen tasas superiores al 15 por ciento. La vivienda pública en propiedad se asigna, en teoría, por sorteo, en el que unos pocos beneficiados acaban recibiendo una subvención muy elevada. Hay muchos fraudes que acaban beneficiando… a los de siempre. La vivienda protegida es una distorsión más del mercado libre que acaba ayudando a consolidar el régimen clientelar. Debería suprimirse la creación de nueva vivienda pública en propiedad. De hecho, en la actual situación de exceso de oferta, debería suprimirse la vivienda pública en cualquier régimen. No es más que una fuente de corruptelas. Los recursos públicos deberían dedicarse a financiar, por tiempo muy limitado, el alquiler de vivienda libre para personas y familias con bajos niveles de renta.

4. Medida 4: Suprimir, o reducir drásticamente, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la compraventa de vivienda. Esta medida facilitaría la movilidad geográfica y laboral y acabaría beneficiando al mercado de trabajo y a la economía en su conjunto. La medida podría tener neutralidad recaudatoria para las administraciones territoriales si se introdujese un tramo autonómico en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De hecho, consistentemente con la prospectiva desarrollada en el capítulo 5 de este libro, por razones de eficacia y equidad, los impuestos sobre la propiedad y sobre el uso de los bienes reales, inmóviles por definición, deberían ganar mucha relevancia sobre los impuestos sobre factores fácilmente deslocalizables, como el capital o el trabajo.

Con gran lentitud y con mucha incertidumbre, la normativa legal parece ir moviéndose en el sentido reclamado por las cuatro medidas propuestas en el manifiesto de Fedea. Pero no hay que esperar milagros. Estas cuatro condiciones liberalizarían el mercado de alquiler y propiciarían su desarrollo, pero, por sí mismas, son insuficientes para terminar con la cultura de la propiedad. La transición de la propiedad al alquiler de la vivienda requiere una intensa y persistente labor educativa por parte de las autoridades políticas y por parte del sistema escolar. Se trata de propiciar otro cambio cultural similar al que ocurrió hace seis décadas cuando el péndulo se movió en sentido contrario del alquiler a la propiedad. Conseguir un sistema de pensiones capaz de hacer frente al incremento de la longevidad y un mercado de trabajo flexible y capaz de adaptarse a los retos del siglo XXI depende, en buena medida, de que este cambio cultural vuelva a producirse.

SEGUIR REFORMANDO EL MERCADO DE TRABAJO

España necesita un mercado de trabajo flexible y eficiente, que permita ajustar vía precios, es decir, salarios, lo que hasta ahora se ha ajustado vía cantidades, es decir, empleo. Es sorprendente que con más de seis millones de parados y con una creciente probabilidad de llegar a los siete, la opinión pública española no entienda que hay una opción entre ajustar por precios y ajustar por cantidades. Es todavía más sorprendente que haya muchos economistas españoles que tampoco lo entiendan. Lamentablemente, no sorprende que no lo entiendan los sindicatos porque representan al colectivo de trabajadores con salario fijo y mucha antigüedad, que hasta hace poco ha estado bastante resguardado de la crisis, en detrimento de otros colectivos de trabajadores. Escribí en febrero de 2009: «Estoy convencido de que la mayoría de las reformas enumeradas aquí se llevarán a la práctica antes de que la economía española vuelva a crear empleo. ¿Quiere decir que se harán pronto? Me temo que no. Quiere decir que no se creará empleo hasta que se hagan […]. No creo que cuatro millones de parados sean suficientes para propiciarlo. Con cinco millones o con seis, ya veremos».¹⁴ Pues bien, cuatro años después ya tenemos los seis millones de parados y el proceso reformista, con enorme desgana, eso sí, parece estar poniéndose en marcha. Se ha hecho una reforma importante en la regulación del despido y también algunos cambios, muy tímidos, en la negociación colectiva. Hay que seguir reformando, y deprisa, no sólo para intentar no traspasar el umbral de los siete millones de parados, sino por configurar una regulación del mercado de trabajo que sea compatible con la acumulación de capital humano —la de ahora no lo es— y que permita que el mercado ajuste vía salarios en vez de hacerlo vía empleo. Debe haber reformas adicionales importantes en la regulación de la contratación, en la regulación del despido, en la negociación colectiva y en las políticas activas de empleo.¹⁵

El empleo, en España, tiene una estructura dual. Un 25 por ciento de los trabajadores tiene contratos temporales, mientras que el resto tiene contratos fijos. En 2004 la tasa de temporalidad era el 32 por ciento. La reducción se debe a que los eventuales han sido los primeros en sufrir el impacto de la crisis y han sido despedidos masivamente. La temporalidad crea problemas tanto en el corto como en el largo plazo. A corto plazo, la constante rotación a la que están sometidos los eventuales es ineficiente desde el punto de vista organizativo y de gestión tanto para la empresa como para el trabajador. A largo plazo la temporalidad es un obstáculo para la acumulación de capital humano, esa acumulación que tanto necesita España, porque ni las empresas ni los eventuales mismos tienen incentivos en mejorar su formación. Las primeras, porque la mayoría de los eventuales no acaba consiguiendo un trabajo fijo y deja la empresa. Los segundos, porque no tienen claro que mejorar su capital humano acabe redundando en un mejor empleo. Es una tragedia que condena a uno de cada cuatro trabajadores a competir por precio con los trabajos menos cualificados de la economía global. La altísima tasa de temporalidad no parece preocuparle a nadie. A los sindicatos les va bien porque los eventuales conforman un colchón de defensa para los trabajadores fijos con mucha antigüedad, que son el colectivo mejor representado por los sindicatos, si es que hay alguno aparte de los sindicatos mismos. Para las empresas, resulta conveniente también disponer de un colchón de trabajadores baratos de despedir. Y el Gobierno no parece dispuesto a entrar a cambiar la regulación de un ámbito en el que hay acuerdo entre patronales y sindicatos. Es un grave error porque los perjudicados no son sólo los eventuales sino, también, el interés general de España.

Con las excepciones obvias que a todo el mundo se le ocurren, debería existir un único tipo de contrato laboral: un contrato fijo con indemnización por despido creciente con la antigüedad. Al principio la indemnización sería equivalente a la de un contrato eventual e iría aumentando paulatinamente hasta converger con la de los actuales contratos fijos.¹⁶ Este contrato único no sería más oneroso para las empresas y potenciaría una mayor acumulación de capital humano en la economía española.

La regulación del despido ha sido el objetivo principal de la reforma laboral de 2012. Es un paso en la buena dirección —abaratar el despido para que las empresas pierdan el miedo a contratar—, que corre el riesgo de encallar en la Magistratura del Trabajo. La casuística resultante de la reforma es excesivamente compleja y la Magistratura, muy afín a las tesis de los sindicatos, está encontrando todo tipo de argumentos en la falta de cumplimentación adecuada del laberíntico procedimiento administrativo de los Expedientes de Regulación de Empleo para proceder a su desactivación. El Gobierno debe seguir simplificando los trámites administrativos y, en la inevitable reforma de la Justicia, deberían desaparecer los tribunales laborales que, junto con la Audiencia Nacional, son herencias residuales del franquismo, que tenía una dictadura sangrienta que justificar. No tienen sentido en el sistema judicial de un país democrático.

La reforma de la negociación colectiva ha sido demasiado tímida. Se han introducido cláusulas de descuelgue en determinados supuestos para empresas con problemas, pero no se ha llegado a abordar el meollo de la cuestión. Como norma general, los acuerdos a nivel de empresa deberían prevalecer sobre los convenios de rango superior, sectorial o territorial. Estos convenios superiores se acuerdan entre las burocracias de los sindicatos y de la patronal en función de sus propios intereses y no tienen en cuenta las dificultades en las que pueden hallarse las empresas individuales. Podría ser útil, como referencia, mantener algunos de estos convenios superiores, pero nunca deberían prevalecer sobre lo que acordasen las partes contratantes a nivel de empresa.

Por último, pero no en orden de importancia, están las políticas activas de empleo. Se ha dicho en el primer epígrafe de este capítulo por qué hay que rescatarlas del control de sindicatos y patronales. Los fondos públicos invertidos por esta vía son subvenciones opacas a estas organizaciones, corruptelas que no están evaluadas por nadie y que no tienen ninguna incidencia en la recapitalización de los parados ni en la mejora del mercado laboral. Hay que recurrir a la iniciativa privada, no a las burocracias sindicales y patronales, que están de acuerdo en llevarse el dinero público sin rendir cuentas a nadie y no haciendo nada. Hay que organizar cursos de formación de verdad, concentrándolos en los colectivos menos cualificados, que son los que más acaban padeciendo el paro de larga duración. La organización de los cursos debe coordinarse con la prestación por desempleo de modo que nadie pueda percibir esta última sin reciclarse adecuadamente.

AGRADECIMIENTOS

El proyecto de este libro se inició una noche de 2007 en un coqueto bar de Belgravia durante una conversación con David Bowers en la que me introdujo en la obra de Phillip Bobbitt. «You should write a book on this». Y eso he hecho y, aunque la ambición y el alcance de este libro son distintos a los de idea original, las ideas de Bobbitt y el impulso intelectual de Bowers están muy presentes en él, especialmente en la primera parte.

Algunas ideas de la segunda y tercera partes se esbozaron en artículos en el diario El País y también en La Vanguardia. Quiero hacer patente mi agradecimiento a José Manuel Calvo, Javier Moreno y Carlos Yárnoz por su apoyo incondicional, que no ha conocido restricciones ni de su tiempo ni de espacio en las páginas del periódico. También estoy muy agradecido a José Manuel Garayoa y Ramón Aymerich, quienes me abrieron generosamente las páginas del rotativo catalán.

Isabel Argimón y Alfredo Molinas Argimón se han leído y releído, comentado y vuelto a comentar los sucesivos borradores de este libro. Arcadia Molinas Argimón prestó su apoyo ofimático. Para ellos mi agradecimiento y mi amor de esposo y padre. Manuel Castellón, Francisco Comín, Ramón Echanove, Luis Escauriaza, Daniel de Fernando, Jaime Heredero, Carlos de Otto, Clara Ponsati, Ricardo Sanz, Berta e Isaac Tabor, David Taguas y Helena Terradas leyeron borradores de algunos capítulos e hicieron valiosas sugerencias, por las que estoy muy agradecido. Para todos ellos mi amistad y mi cariño.

José María Michavila dedicó tiempo y sabiduría a introducirme a la problemática de la Justicia. También Mireia Carbajo me ha aclarado muchas dudas sobre cuestiones legales. Samuel Bentolila discutió conmigo los problemas del mercado laboral. Para ellos mi amistad y mi agradecimiento.

Carla Solé, estudiante de 2.º de bachillerato, fue banco de pruebas para la inteligibilidad de la primera parte de este libro. Me quedan, sobre la inteligibilidad, algunas dudas, pero no me queda ninguna sobre que Carla está llamada a hacer grandes cosas en esta vida. Carla, hazlas, quizá no haya otra.

Al entusiasmo de Ramon Perelló, de Ediciones Destino, debe este libro mucho más que su forma impresa. Gracias, Ramon.

Ninguna de las personas mencionadas tiene ninguna responsabilidad en lo que se ha terminado publicando en este libro. Pero quiero insistir que sin sus críticas, consejos y recomendaciones, el resultado hubiese sido mucho peor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PRIMERA PARTE

¿HACIA DÓNDE VA EL MUNDO?

1. BREVE HISTORIA DE LA HISTORIA

GOMÁ, JAVIER, Ejemplaridad pública, Taurus, Madrid, 2009.

HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Alianza, Madrid, 2008.

FUKUYAMA, FRANCIS, The Origins of Political Order, Farrar, Strauss and Giroux, Nueva York, 2011.

BERLIN, ISAIAH, Liberty, Oxford University Press, Oxford, 2002. Johnson, Boris, The Dream of Rome, Harper Perennial, Londres, 2006.

HOLLAND, TOM, Millennium. The End of the World and the Forging of Christendom, Little, Brown, Londres, 2008.

DAWKINS, RICHARD, The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford, 1989.

ISRAEL, JONATHAN I., Democratic Enlightenment, Oxford University Press, Oxford, 2011.

SÁNCHEZ-BLANCO, FRANCISCO, El Absolutismo y las Luces en el reinado de Carlos III, Marcial Pons, Madrid, 2002.

ISRAEL, JONATHAN I., A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy, Princeton University Press, Princeton, 2010.

NIETZSCHE, FRIEDRICH, La gaya ciencia, Akal, Madrid, 2010.

GIBBON, EDWARD, Decline and Fall of the Roman Empire, Everyman’s Library, Nueva York, 1993.

2. GUERRA, NACIÓN Y ESTADO

COMÍN, FRANCISCO, Historia económica mundial: De los orígenes a la actualidad, Alianza, Madrid, 2011.

BOBBIT, PHILIP, The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History, Penguin Books, Londres, 2002.

CLAUSEWITZ, CARL VON, De la guerre, Les Éditions de Minuit, París, 1955.

GLUCKSMAN, ANDRÉ, El discurso de la guerra, Anagrama, Barcelona, 1969.

3. EL FIN DE LA HISTORIA Y SUS CONSECUENCIAS

SINGER, PETER, Hegel: a Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 1983.

HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH, Fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2007.

SARTRE, JEAN PAUL, Situations III, Gallimard, París, 2003.

FUKUYAMA, FRANCIS, «The End of History?», The National Interest, verano de 1989.

KOJÈVE, ALEXANDRE, Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, París, 2011.

ORTEGA, ANDRÉS «Historia y fin de Alexandre Kojève», El País, 9 de junio de 1992 (http://elpais.com/diario/1992/06/09/opinion/708040808_850215.html).

MCLUHAN, MARSHALL y BRUCE R. POWERS, The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century, Oxford University Press, Nueva York, 1989.

FRY, ROBERT, «Survival of the Fittest: Who will Fight the Next Wars», Prospect Magazine, noviembre de 2012.

4. EL PROGRESO Y LA DESTRUCCIÓN CREATIVA

ROTHBARD, MURRAY N., Biography of A.R.J. Turgot (1727-1781), Ludwig von Mises Institute (http://mises.org/page/1464/Biography-of-ARJ-Turgot-17271781).

MORRIS, IAN, Why the West Rules for Now, Profile Books, Londres, 2011.

SCHUMPETER, JOSEPH, Capitalism, socialism and democracy, Routledge Classic, Londres, 2010.

MARX, KARL y FRIEDRICH ENGELS, Manifeste du Parti Communiste, Aubier-Montaigne, París, 1971.

DEUTSCH, DAVID, The Beginning of Infinity: Explanations that Transform the World, Allen Lane, Londres, 2011.

HABERMAS, JÜRGEN, El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal?, Paidós, Barcelona, 2010.

POPPER, KARL, The Open Society and its Enemies, Routledge Classics, Nueva York, 2003.

PÉREZ, CARLOTA, «Technological revolutions and techno-economic paradigms», TOC/TUT Working Paper, núm. 20, 2009 (http://www.carlotaperez.org/papers/PerezTRsTEPs TUTWP20.pdf).

5. ¿ADÓNDE VA EL MUNDO?: ALGO DE PROSPECTIVA

JULIANA, ENRIC, Modesta España: paisaje después de la austeridad, RBA, Barcelona, 2012.

HUNTINGTON, SAMUEL, «The Clash of Civilizations?», Foreign Affairs, vol. 72, núm. 3, 1993.

ACEMOGLU DARON y JAMES A. ROBINSON, Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity and Poverty , Profile Books, Londres, 2012.

SINGER, PETER, Animal Liberation, Harper Perennial, Nueva York, 2009.

EDMONDS, DAVID y NIGEL WARBURTON, Philosophy Bites, Oxford University Press, Oxford, 2010.

WALTZ, KENNET, «Why Iran Should Get the Bomb», Foreign Affairs, julio/agosto de 2012.

VANTHOOR WIM F. V. , European Monetary Unions since 1848: A Political and Historical Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, 1996.

SEGUNDA PARTE

¿DE DÓNDE VIENE ESPAÑA?

6. LA GEOGRAFÍA DEL CAPITALISMO CASTIZO

BRAUDEL, FERNAND, La Mediterranée et le monde mediterranéen à l’époque de Phillippe II, Livre de Poche, París, 1990.

NEWSON, LESLEY y PETER J. RICHERSON, «The Contemporary Global Fertility Decline as a Chapter in Human Evolutionary History» (http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/FRA/recursos/doc/Actos/2009/ Ponencias_ingles/Long_term_Implications/381701891_219200914416.pdf).

MOLINAS, CÉSAR, «España, capital Madrid», El País, 4 de marzo de 2012 (http://economia.elpais.com/economia/2012/03/02/actualidad/1330712282_179577.html).

BEL, GERMÀ, España, capital París, Destino, Barcelona, 2010.

GUINDAL, MARIANO, El declive de los dioses, Planeta, Barcelona, 2011.

7. LA ANOMALÍA HISTÓRICA DE ESPAÑA

ORTEGA Y GASSET, JOSÉ, España invertebrada, Espasa Calpe, Madrid, 1967.

VICENS VIVES, JAUME, Noticia de Cataluña, Destino, Barcelona, 2012.

MOMMSEN, THEODOR, Historia de Roma, Turner, Madrid, 1983.

TRUETA, JOSEP, The Spirit of Catalonia, Oxford University Press, Oxford, 1946 (http://10anys.vilaweb.com/trueta/original.html).

COMTE-SPONVILLE, ANDRÉ, L’Esprit de l’athéisme: Introduction a une spiritualité sans Dieu, Le Livre de Poche, París, 2006.

8. UNA TEORÍA DE LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA

MOLINAS, CÉSAR, «Una teoría de la clase política española», El País, 9 de septiembre de 2012 (http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html).

MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO, Informe sobre España, repensar el Estado o destruirlo, Crítica, Barcelona, 2012.

TAIBBI, MATT, «The Great America Bubble Machine», Rolling Stone, 9 de julio de 2009 (http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405).

LASSALLE, JOSÉ MARÍA, «Antipolítica y multitud», El País, 27 de septiembre de 2012 (http://elpais.com/elpais/2012/09/27/opinion/1348742489_812495.html).

FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, JESÚS, LUIS GARICANO y TANO SANTOS, «No queremos volver a la España de los 50», El País, 1 de junio de 2012 (http://elpais.com/elpais/2012/05/31/opinion/1338475092_453958.html).

GÓMEZ YÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO, «¿Se puede reformar la política? ¿Cómo?», El País, 31 de octubre de 2012 (http://elpais.com/ elpais/2012/10/30/opinion/1351597178_196386.html).

9. LA CRISIS ESPAÑOLA, UNA Y TRINA

KOO, RICHARD, The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s Great Recession, John Wiley & Sons, Nueva York, 2008.

GARICANO, LUIS, «Redefiniendo lo normal», El País, 27 de enero de 2013 (http://economia.elpais.com/economia/2013/01/25/ actualidad/1359131149_329965.html).

TERCERA PARTE

¿QUÉ HACER CON ESPAÑA?

10. REFORMAR LAS INSTITUCIONES: PARTIDOS POLÍTICOS, LEY ELECTORAL, AGENTES SOCIALES, ORGANISMOS REGULADORES, JUSTICIA

GÓMEZ YÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO y CÉSAR MOLINAS, «Qué hacer con la corrupción», El País, 22 de enero de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/01/21/opinion/1358771424_511576.html).

GÓMEZ YÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO, «Lo más urgente es la ley de partidos», El País, 13 de febrero de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/02/12/opinion/1360690705_374408.html).

GRANDES, ALMUDENA, «Dos Españas», El País, 25 de febrero de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/02/22/opinion/1361548038_698467.html).

BENEYTO, PERE J., Legitimidad, derechos sindicales y fuentes de financiación en España y en la Unión Europea, Fundación 1.o de Mayo, Madrid, 2012 (http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/InformeLegitimidad.pdf).

BENTOLILA, SAMUEL, JUAN J. DOLADO y JUAN F. JIMENO, «Reforming an insider-outsider labor market: the Spanish experience», IZA Journal of European Labor Studies, 1:4, 2012 (http://www.izajoels.com/content/pdf/2193-9012-1-4.pdf).

EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE, European Judicial Systems 4th Repor, Council of Europe, 2012.

NIETO, ALEJANDRO, El malestar de los jueces y el modelo judicial, Trotta, Madrid, 2010.

11. POR UN PLAN MARSHALL EN EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

BENEDICTO, MIGUEL ÁNGEL y JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALLVÉ, La mayor operación de solidaridad de la historia, Plaza y Valdés, Madrid, 2007.

WORLD ECONOMIC FORUM, The Global Competitiveness Report 2012-2013,World Economic Forum, Geneva, 2012. Ortega y Gasset, José, Obras completas. Revés de almanaque, Alianza/Revista de Occidente, Madrid, 1983.

PEÑA, DANIEL, «Las Universidades españolas en los “ranking” internacionales», El País, 17 de septiembre de 2012 (http:// sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/14/actualidad/1347652494_263606.html).

GARCÍA-GALLEGO, AURORA, NIKOLAOS GEORGANTZIS, JOAN MARTIN-MONTANER y TEODOSIO PEREZ AMARAL, «(How) Do Research and Administrative Duties Affect University Professors’ Teaching?», 22 de agosto de 2012 (http://ssrn. com/abstract=2133898 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2133898).

ÁLVAREZ, PILAR, «Un fallo docente desde la base», El País, 14 de marzo de 2013 (http://sociedad.elpais.com/sociedad/ 2013/03/14/actualidad/1363297944_043059.html).

MANGABEIRA UNGER, ROBERTO, «España y su Futuro» (www.law.harvard.edu/unger/english/docs/europe2a.doc).

12. PENSIONES, VIVIENDA Y MERCADO LABORAL: EL 3 EN 1 ESPAÑOL

MOLINAS, CÉSAR, Romper los círculos viciosos: estrategias para el desarrollo de un sistema de pensiones de capitalización, Unespa, Madrid, 23 de febrero de 2011 (http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_3329_20111111.pdf).

MOLINAS, CÉSAR (dir.), Instrumentos financieros para la jubilación, Fundación de Estudios Financieros, Madrid, nº 24, 2008 (http://www.ieaf.es/_img_admin/1203522460LIBRO _N_24.pdf).

REHER, DAVID, «Contextos demográficos para la tercera edad en España, en César Molinas (dir.), Instrumentos financieros para la jubilación, Fundación de Estudios Financieros, Madrid, núm. 24, 2008.

HERCE, JOSÉ ANTONIO, «Las consecuencias de la longevidad», El País, 18 de marzo de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/03/14/opinion/1363291327_408358.html).

DE LA FUENTE, ÁNGEL y RAFAEL DOMÉNECH, Convergencia real y envejecimiento: retos y propuestas, Fedea, Madrid, marzo de 2009 (http://www.fedea.es/pub/est_economicos/2009/03-09.pdf).

BANCO DE ESPAÑA, Encuesta Financiera de las Familias 2008, Banco de España, Madrid, 2013.

PERRY, MARK J. «International comparison of ownership rates», Carpe Diem, 6 octubre 2010 (http://mjperry.blogspot.com.es/2010/10/international-comparison-of-home.html).

FEDEA, Por un mercado de la vivienda que funcione: Una propuesta de reforma estructural, Fedea, Madrid, 14 de octubre de 2009 (http://www.crisis09.es/vivienda).

MOLINAS, CÉSAR, «¿Qué reformas necesitamos?», Expansión, 10 de febrero de 2009 (http://www.expansion.com/actualidad/zoom/reformas).

FEDEA, Diez principios para lograr una reforma laboral eficaz y justa, Fedea, Madrid, enero 2012 (http://www.fedea.net/10principios/10_principios_fundamentales.pdf).

NOTAS

1. Prefiero esta expresión a la utilizada por Javier Gomá en Ejemplaridad pública (Taurus, 2009), «igualitaria sobre bases finitas», porque el concepto de infinito acostumbra a generar gran confusión entre los que no tienen una base matemática suficiente, particularmente entre los teólogos y los filósofos, que se hacen un lío tremendo. En mi opinión, el pensamiento de Calvino finitum non capax infiniti (lo finito no puede abarcar lo infinito), mencionado por Gomá, es uno de los sinsentidos más influyentes de la historia de las ideas, como puede apreciar cualquiera que se pare a pensar sobre cuántos puntos hay entre el 0 y el 1 de la regleta que tiene encima de la mesa.

2. Véase la «Introducción general» a las Lecciones sobre la filosofía de la Historia universal, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tecnos, Madrid, 2008.

3. F. Fukuyama, The Origins of Political Order, Farrar, Strauss and Giroux, Nueva York, 2011. Fukuyama se basa en trabajos de Marc Bloch y Jack Goody.

4. De hecho, debido a la homogeneidad étnica, Japón funciona como una gran familia extendida.

5. Isaiah Berlin, Liberty, Oxford University Press, Oxford, 2002.

6. La excepción vuelve a ser Japón, un país regido por la costumbre en donde, a pesar de que el grado de libertad negativa es muy bajo, hay un Estado democrático, aunque quizá no pueda calificarse de liberal. La homogeneidad étnica puede, otra vez, ser la explicación de esta aparente paradoja.

7. La nostalgia histórica del Imperio romano está deliciosamente tratada en el ensayo de Boris Johnson, actual alcalde de Londres, The Dream of Rome, Harper Perennial, Londres, 2006.

8. En su excelente relato Millennium: The end of the world and the forging of Christedom, Little, Brown, Londres, 2008.

9. En The selfish gene, Oxford University Press, Oxford, 1989.

10. En jerga económica esto equivale a decir que el euro dista mucho de ser una «zona monetaria óptima».

11. Véase el capítulo 14 de Democratic Enlightenment, tercer volumen de la monumental obra de Jonathan Israel (Oxford University Press, Oxford, 2011) sobre la Ilustración. También El Absolutismo y las Luces en el reinado de Carlos III, de Francisco Sánchez-Blanco, Marcial Pons, Barcelona, 2002.

12. En A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy, Princeton University Press, Princeton, 2009. Este epígrafe recoge muchas tesis de Israel.

13. A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy, pp. vi y ss.

14. Para una discusión enriquecedora de este problema importantísimo véase la obra citada de Javier Gomá, 2009.

15. De la sección 125 de La gaya ciencia, Akal, Madrid, 2010.

16. Decline and Fall of the Roman Empire, Everyman’s Library, Nueva York, 1993, vol. 1, p. 34.

1. En su Historia económica mundial: De los orígenes a la actualidad, Alianza, Madrid, 2011.

2. Philip Bobbitt, The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History, Penguin Books, Londres, 2002.

3. En De la guerre, Les Éditions de Minuit, París, 1955.

4. En esto sigo el planteamiento de André Glucksman en El discurso de la guerra, Anagrama, Barcelona, 1969.

5. La versión de Mike Tyson, quien probablemente nunca ha sabido quién fue Napoleón, es mucho mejor: «todos tienen un plan hasta que les doy la primera hostia». Referido por Raúl Pérez Ponce en www.otraspoliticas.com.

6. Glucksman, op. cit., cap. II

7. Uso el neologismo ‘epocal’ como traducción de epochal, calificativo utilizado en Bobbitt (2002) para caracterizar a las guerras de larga duración que marcan la transición de una época a otra, con distintas formas dominantes de Estado.

8. Bobbitt, 2002, op. cit., prólogo.

9. La financiación del rey de España, por ejemplo, provenía, casi exclusivamente, del reino de Castilla y de América.

10. Bobbitt, 2002, op. cit., capítulo 8.

11. Como veremos más adelante, en el siglo XXI podría estar volviendo.

12. Simultáneamente se prohibió en Alemania el partido socialista.

1. En Hegel: a Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 1983.

2. Hay una meritoria traducción española de Wenceslao Roces en Fondo de Cultura Económica.

3. Singer, op. cit., p. 93.

4. J. P. Sartre en Situations III, citado por Glucksmann, op. cit.

5. Los dos últimos versos de la «Oda a una urna griega», de John Keats, lo dejan muy claro: «Beauty is truth, truth beauty, that is all/ You know on Earth, and all you need to know.» (La belleza es verdad, la verdad es belleza, esto es todo/ lo que sabes en la Tierra y todo lo que necesitas saber.) (Traducción del autor.)

6. Véase «The End of History?», en The National Interest, verano de 1989.

7. Kojève, personaje de vida fascinante, ruso de nacimiento y francés de adopción, es famoso, sobre todo, por un libro recopilatorio de sus lecciones sobre Hegel dictadas en la École Pratique des Hautes Études entre 1933 y 1939. El libro, Introduction à la lecture de Hegel, fue escrito por Raymond Quenau a partir de las notas que tomó en esos cursos legendarios. Por la relevancia de los asistentes —Raymond Aron, Jacques Lacan, Maurice Merleau-Ponty, Georges Bataille, André Breton, etc.— y por la reinterpretación de Hegel propuesta por Kojève, el libro fue extraordinariamente influyente en la filosofía europea del siglo XX. Jacques Derrida, Michel Foucault y Francis Fukuyama, entre otros, reconocieron la deuda intelectual contraída con Kojève. (Véase el artículo de Andrés Ortega «Historia y fin de Alexandre Kojève», El País, 9 de junio de 1992, http://elpais.com/diario/1992/06/09/opinion/ 708040808_850215.html.)

8. Al menos, de manera formal, entre los firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

9. Véase, por ejemplo, Marshall McLuhan y Bruce R. Powers, The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century, Oxford University Press, Oxford, 1989.

10. «Survival of the Fittest: Who will Fight the Next Wars» en Prospect Magazine, noviembre de 2012. Robert Fry fue subcomandante en jefe de las fuerzas aliadas en Irak en 2006.

11. Bobbitt, op. cit., cap. 10.

1. Anne Robert Jacques Turgot, barón de Laune (1727-1781), economista y político francés, perteneció a la escuela fisiocrática de Quesnay, Dupont de Nemours y de Gournay. Turgot era un ilustrado moderado, muy crítico con Diderot y d’Holbach. Como señala Israel (2011), al igual que Voltaire, Turgot rechazaba el principio de igualdad, el ateísmo, el determinismo y el materialismo. Ello no fue óbice para que fuese profundamente reformista: en su etapa como ministro, Turgot modernizó los tributos, introdujo el concepto de presupuesto público anual, redujo el déficit e impulsó el libre comercio de grano. La política de Turgot fue consistente con sus ideas económicas. Muchas de estas medidas chocaban contra los intereses creados de la corte de Luis XVI, lo que acabó provocando su caída en 1776. (Véase Murray N. Rothbard, Biography of A.R.J. Turgot (1727-1781), Ludwig von Mises Institute (http://mises.org/page/1464/ Biography-of-ARJ-Turgot-17271781).

2. Israel, op. cit., cap. 1.

3. Israel, op. cit., cap. 1.

4. Véase el «Apéndice» de su reciente libro Why the West Rulesfor Now, Profile books, Londres, 2011.

5. Joseph Schumpeter (1883-1950) fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Realizó contribuciones decisivas a las teorías de los ciclos económicos, de la innovación, del emprendimiento y a la historia del pensamiento económico. En su monumental Historia del análisis económico consideró a Turgot el mejor economista del siglo XVIII, para gran escándalo de la escuela anglosajona, que estaba masivamente a favor de Adam Smith. De sus tres objetivos confesos en la vida —ser el mejor economista del mundo, ser el mejor jinete de Austria y ser el mejor amante de Viena— aseguró haber conseguido dos, aunque nunca aclaró cuáles. Sin embargo, se le oyó decir en repetidas ocasiones que en Austria había jinetes imbatibles (para más información, véase la entrada de Wikipedia dedicada a este economista).

6. En The Beginning of Infinity: Explanations that Transform the World, Allen Lane, Londres, 2011.

7. Una relevante discusión filosófica de la problemática de este tipo de intervenciones puede encontrarse en el librito de Jürgen Habermas El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal?, Paidós, Barcelona, 2009. Volveremos sobre este tema en el próximo capítulo.

8. Véase Karl Popper, The Open Society and its Enemies, Routledge Classics, Londres, 2003. La caracterización de las sociedades abiertas y de las sociedades cerradas puede hallarse en el cap. 5, pp. 61 y ss.

9. Deustch, op. cit., cap. 9.

10. Deustch, op. cit., p. 221.

11. Publicado por primera vez en 1942. Las citas en el texto corresponden a la edición de Routledge Classics, Capitalism, Socialism and Democracy, de 2010.

12. Schumpeter, op. cit., p. 73.

13. Schumpeter, op. cit., p. 73.

14. «Technological revolutions and techno-economic paradigms», TOC/TUT Working Paper núm. 20, 2009 (http://www.carlotaperez.org/papers/ PerezTRsTEPsTUTWP20.pdf).

1. Enric Juliana, Modesta España: paisaje después de la austeridad, RBA, Barcelona, 2012, pp. 29 y 30.

2. Samuel Huntington, «The Clash of Civilizations?», Foreign Affairs, vol. 72, núm. 3 (verano de 1993), pp. 23 y ss.

3. El concepto actual de China y la palabra correspondiente fueron elaborados por los jesuitas españoles y portugueses en el siglo XVII. La palabra ancestral china para referirse a China tenía en significado de «universo». Según el sinólogo chino-americano Lucian Pye, China es una civilización-Estado que finge ser una nación-Estado.

4. Huntington, op. cit., p.26

5. Véase Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity and Poverty, de D. Acemoglu y J. Robinson, Profile Books, Londres, 2012. Este tema se trata con más detalle en el capítulo 8 del presente libro.

6. «Hombre soy y nada humano puede serme ajeno.»

7. Declaraciones recogidas en la edición de El País del 11 de abril de 2007.

8. Peter Singer es conocido, sobre todo, por sus trabajos de bioética y por su teoría filosófica sobre los derechos de los animales propuesta en su libro de 1975, Animal Liberation.

9. Entrevista de David Edmonds a Peter Singer publicada como el cap. 4 de Philosophy Bites, de David Edmonds y Nigel Warburton, Oxford University Press, Oxford, 2010.

10. A este respecto véase el artículo «Why Iran Should Get the Bomb», de Kennet Waltz, en Foreign Affairs, julio/agosto de 2012.

11. Datos obtenidos de una empresa española de ingeniería representativa del sector.

12. Esta cuestión se discute con mayor detalle en el capítulo 11 de este libro.

13. Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

14. Entre Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux.

15. El cuadro 5.1 está inspirado por W.F.V. Vanthoor, European Monetary Unions since 1848: A Political and Historical Analysis, Edward Elgar, Camberley, 1996.

16. La ley de Gresham, muy célebre en economía, establece que la moneda mala expulsa a la buena.

1. Publicado en Le Livre de Poche, Réferénces, de la edición de Armand Colin, 1990. Hay traducción española en el Fondo de Cultura Económica, muy difícil de encontrar.

2. Inmortalizada en el célebre soneto «On First Reading into Chapman’s Homer».

3. Por poner un ejemplo, recientes investigaciones sobre el cambio climático en Mongolia relacionan una época excepcionalmente húmeda y cálida a principios del siglo XIII con un aumento de la vegetación que permitió un fuerte crecimiento de la cabaña ganadera, especialmente la equina, y de la población humana. Sobre esta nueva situación Gengis Khan conquistó su imperio, algo que probablemente no hubiese podido hacer en otras condiciones climáticas y demográficas (The Economist, 8-14 de diciembre de 2012).

4. «España, capital Madrid» (http://economia.elpais.com/eco nomia/2012/03/ 02/actualidad/1330712282_179577.html).

5. Utilizo el término «simbiosis parasitaria» de manera pseudocientífica. No conozco ningún ejemplo en la naturaleza en el que dos simbiontes se asocien para parasitar a un tercero. Podría haberlo, porque en la naturaleza hay de todo, pero yo no lo conozco.

6. Véase, por ejemplo el trabajo de Lesley Newson y Peter J. Richerson «The Contemporary Global Fertility Decline as a Chapter in Human Evolutionary History» (http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/FRA/recursos/doc/Actos/ 2009/Ponencias_ingles/Long_term_ Implications/ 381701891_219200914416. pdf).

7. Véase lo dicho a este respecto en el capítulo 2 de este libro al hablar de la guerra epocal que terminó en la Paz de Westfalia en 1648.

8. Los focos protestantes de mayor relevancia durante el reinado de Felipe II estuvieron en Valladolid y Sevilla, dos ciudades industriosas y comerciales, no en Madrid.

9. Destino, Barcelona, 2010.

10. La captura de rentas se produce cuando un determinado grupo social consigue apropiarse de rentas generadas por otros sin crear riqueza nueva.

11. Mariano Guindal, El declive de los dioses, Planeta, Barcelona, 2011.

12. Se habla de «captura» del regulador para referirse a la situación en la que las empresas reguladas acaban controlando a sus organismos reguladores mediante influencias políticas, contratación de técnicos de estos organismos, etc.

1. José Ortega y Gasset, España invertebrada, Espasa, Madrid, 2005.

2. Jaume Vicens Vives, Noticia de Cataluña, Ediciones Destino, Barcelona, 2012.

3. Ver Theodor Mommsen, Historia de Roma, Turner, Madrid, 1983.

4. Remito al libro de Mariano Guindal citado en el capítulo anterior para una excelente descripción de la época.

5. En homenaje a Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995.

6. Notablemente Fernando Savater, en lo que hace referencia al terrorismo etarra.

7. Josep Trueta, The Spirit of Catalonia, Oxford University Press, Oxford, 1946 (http://10anys.vilaweb.com/trueta/original.html).

8. Trueta utiliza el término «catalán» en sentido amplio. Arnau de Vilanova nació en Villanueva de Jiloca, provincia de Zaragoza, Luis Vives y Vicenç Ferrer nacieron en Valencia y Miquel Servet en Villanueva de Sigena, provincia de Huesca.

9. André Comte-Sponville, L’Esprit de l’atheisme: Introduction a une spiritualité sans Dieu, Le Livre de Poche, París, 2006, p. 54.

1. Un extracto de este capítulo fue publicado por el diario El País el 9 de septiembre de 2012 bajo el mismo título y se convirtió en uno de los artículos de opinión más leídos de la historia de España. No hubo apenas reacción de políticos en activo salvo dos excepciones que vale la pena leer para hacerse una idea cabal de la dimensión del problema. Una es la entrevista a Gabriel Elorriaga y a Eduardo Madina publicada por El País el 30 de septiembre de 2012 (http://politica.elpais.com/politica/2012/09/30/ actualidad/1349016019_769987.html) y la otra es el artículo de José María Lassalle «Antipolítica y multitud» publicado en El País del 27 de septiembre de 2012 (http://elpais.com/elpais/2012/09/27/ opinion/1348742489_812495.html).

2. Acemoglu y Robinson, op. cit., hay traducción española en Deusto, Barcelona, 2012.

3. Un interesante enfoque histórico-jurídico del «café para todos» puede verse en el libro de Santiago Muñoz Machado Informe sobre España, repensar el Estado o destruirlo, Crítica, Barcelona, 2012.

4. Matt Taibbi, «The Great America Bubble Machine», Rolling Stone, 9 de julio de 2009 (http://www.rollingstone.com/politics/news/ the-great-american-bubble-machine-20100405).

5. Enric Juliana, op. cit., p. 131.

6. Este tema está desarrollado en el capítulo 4 de este libro.

7. También se desarrolla esta cuestión en el capítulo 4.

8. Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos «No queremos volver a la España de los 50», El País, 1 de junio de 2012 (http://elpais.com/elpais/2012/05/31/opinion/ 1338475092_453958.html).

9. José Antonio Gómez Yáñez, «¿Se puede reformar la política? ¿Cómo?», El País, 31 de octubre de 2012 (http://elpais.com/elpais/2012/10/30/opinion/ 1351597178_196386.html).

1. Una lectura recomendable sobre este tipo de crisis es el libro de Richard Koo The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s Great Recession, John Wiley & Sons, Nueva York, 2008.

2. En abril de 2013.

3. Francis Fukuyama, op cit., p.7.

4. Ver el cuadro 6.1 en el capítulo 6 de este libro, p. 139.

5. Fukuyama, op. cit., p. 42.

6. «Redefiniendo lo normal», El País, 27 de enero de 2013 (http://economia.elpais.com/economia/2013/01/25/ actualidad/1359131149 _329965.html).

7. Véase su entrada en Wikipedia (http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asunto_Guillaume &action=edit&redlink=1).

8. La lista es más larga: Narcís Serra, Alfonso Guerra…

1. José Antonio Gómez Yáñez y César Molinas, «Qué hacer con la corrupción», El País, 22 de enero de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/01/21/opinion/ 1358771424_511576.html).

2. En el artículo «Lo más urgente es la Ley de Partidos», El País, 13 de febrero de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/02/12/ opinion/1360690705_374408.html).

3. Véase, respecto a este debate, la columna de Almudena Grandes en El País del 25 de febrero de 2013 titulada «Dos Españas», en la que afirma: «Vivimos en un país en donde, en general, los gobernantes corruptos proponen ambiciosos programas contra la corrupción, los creadores de leyes injustas piden que se apliquen con justicia, y los impulsores de delitos se apresuran a acudir a un juzgado para denunciarlos» (http://elpais.com/elpais/2013/02/22/opinion/ 1361548038_ 698467.html).

4. En el quinto epígrafe del capítulo 5 de este libro hay una breve discusión del concepto de legitimidad. En dicho epígrafe uso el concepto en el sentido de Fukuyama, es decir, que la legitimidad de un régimen político proviene de que la población lo vea como justo y que esté dispuesta a cumplir sus reglas.

5. Hice referencia a ello en una entrevista publicada en El País el 18 de febrero de 2013 «Nos hace falta una democracia que se pueda tocar más» (http://politica.elpais.com/politica/2013/02/18/ actualidad/1361142549_266668.html).

6. Los sindicatos acostumbran a hacer una lectura exclusiva de lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución referente a la negociación colectiva. Dicho artículo no menciona a los sindicatos, sino a los «representantes de los trabajadores». El artículo 131.1 sí menciona a sindicatos y patronales, entre otras organizaciones, para establecer que deben ser consultadas a efectos de planificar la actividad económica a través del Consejo Económico y social.

7. Reportaje de Susana Alcelay publicado en el diario ABC el día 15 de noviembre de 2012 (http://www.abc.es/20121115/economia/abci-huelga-resultados-politicas-economicas-201211142038.html).

8. Reportaje de Carlos Sánchez publicado el 13 de noviembre de 2012 (http://www.elconfidencial.com/economia/2012/11/13/lossindicatos-lanzan-otra-huelga-general-con-la-menor-afiliacion-en-20-anos-un-16-109119).

9. Véase el documento «Legitimidad, derechos sindicales y fuentes de financiación en España y en la Unión Europea» de Pere J. Beneyto, 2012, publicado por la Fundación 1º de Mayo (http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/ InformeLegitimidad.pdf).

10. Beneyto, op. cit., p. 34.

11. Samuel Bentolila, Juan J. Dolado y Juan F. Jimeno, «Reforming an insider-outsider labor market: the Spanish experience», IZA Journal of European Labor Studies, 2012 (http://www.iza joels.com/content/pdf/ 2193-9012-1-4.pdf).

12. La Razón, 25 de noviembre de 2011, artículo de Fernando Cancio (http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/ LA_RAZON_415078/8427-el-gobierno-ha-dado-mas-de-1-000-millo nes-a-los-sindicatos-desde-2008).

13. Alejandro Nieto, El malestar de los jueces y el modelo judicial, Trotta, Madrid, 2010.

14. Nieto, op. cit., p. 115.

15. En matemáticas esa garantía se llama «ley de los grandes números».

16. No es una cita literal, pero creo que captura bien lo expuesto en Nieto, op. cit., pp. 131-133.

1. Véase Miguel Ángel Benedicto y José Luis González Vallvé, La mayor operación de solidaridad de la historia, Plaza y Valdés, Madrid, 2007.

2. Estos tres informes son elaborados por la OCDE, aunque figuran en ellos países que no son miembros de dicha organización, como Albania, Indonesia, Malasia, Kazakstán, Macedonia… El PISA muestrea estudiantes de quince años (cuarto de ESO) en materia de lectura, matemáticas y ciencia. Participan más de 70 países. PIRLS y TIMSS muestrean estudiantes de entre nueve y diez años (cuarto de primaria), el primero en comprensión lectora y el segundo en matemáticas y ciencias.

3. World Economic Forum, «The Global Competitiveness Report 2012-2013», 2012.

4. En el informe 2011-2012 ocupaba la posición 36, en el de 2010-2011 ocupaba la posición 43 y en el de 2009-2010 la posición 33.

5. BOE del 6 de agosto de 2009. No estoy muy seguro de a qué ritmo se están llevando a la práctica las previsiones de esta ley, cuyo plazo de aplicación de ocho años es excesivamente largo. A pesar de esto, debería servir de ejemplo, en materia de gestión de centros docentes, al Estado y a otras Comunidades Autónomas.

6. Básicamente el trivium y el quadrivium. Por supuesto que actualizados en contenidos concretos.

7. En El revés de almanaque, Obras completas, vol. 2, Alianza Editorial/Revista de Occidente, Madrid, 1983, p. 726.

8. Según la edición de 2012 de la lista de Shanghái que elabora la universidad Jiao Tong. Esta lista valora, principalmente, la calidad de la investigación que se elabora en las instituciones (http://www.shanghairanking.com).

9. Como señala Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, el su artículo del 17 de septiembre de 2012 en el diario El País, la lista de Shanghái sitúa entre los 200 mejores a ocho departamentos de Matemáticas españoles —el de la Universidad Autónoma de Madrid es el número 75—, cinco de Física, diez de Química, seis de Informática y dos de Ciencias Sociales. (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/14/ actualidad/1347652494_263606.html).

10. García-Gallego, Georgantzis, Martín Montaner y Pérez Amaral, «(How) Do Research and Administrative duties Affect University Professors’ Duties?», SSRN.

11. Ver el artículo de Pilar Álvarez en el diario El País del 14 de marzo de 2013 (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/14/ actualidad/1363297944_043059.html).

12. Joan Massagué es director del programa de Biología del Cáncer y Genética del hospital Memorial Sloan-Kettering de Nueva York. Ha sido director adjunto del Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona y presidente del comité científico asesor del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Véase entrevista en http://www.irbbarcelona.org/files/File/ 2013_03_10_LaVanguardia_ cast_JMassague_IRBBarcelona.pdf.

13. Se puede consultar en http://datos.bancomundial.org/indice/ doingbusiness.

14. Ver su interesante documento «España y su futuro» en www.law.harvard.edu/unger/english/docs/europe2a.doc.

1. Véase el informe «Romper los círculos viciosos: estrategias para el desarrollo de un sistema de pensiones de capitalización», César Molinas, Unespa, 23 de febrero de 2011 (http://www.unespa.es/adjuntos/ fichero_3329_20111111.pdf).

2. Véase el informe «Instrumentos financieros para la jubilación», dirigido por César Molinas, Fundación de Estudios Financieros n.º 24, 2008 (http://www.ieaf.es/_img_admin/1203522460LIBRO_N_24.pdf).

3. Véase, a este respecto, la discusión en el informe dirigido por Molinas, 2008.

4. Véase el capítulo «Contextos demográficos para la tercera edad en España», escrito por el demógrafo David Reher, en el informe dirigido por Molinas, 2008.

5. Ver su artículo «Las consecuencias de la longevidad», El País, 18 de marzo de 2013 (http://elpais.com/elpais/2013/03/14/opinion/ 1363291327_408358.html).

6. A largo plazo los salarios crecen como la productividad, lo que afecta a las pensiones.

7. El empleado de hoy es el pensionista de mañana. El crecimiento del empleo no resuelve el problema de la financiación de las pensiones a largo plazo.

8. «Convergencia real y envejecimiento: retos y propuestas», Fedea, marzo de 2009 (http://www.fedea.es/pub/est_economicos/2009/03-09.pdf).

9. Los Gobiernos socialistas y conservadores españoles han adoptado esta estrategia por una mezcla de cobardía, ignorancia y mala fe. Muy particularmente, los ministros de Trabajo socialistas han actuado siempre como delegados de la UGT en el Gobierno y han hecho lo que les ha venido en gana con las pensiones.

10. Ver Molinas, 2011, p. 3.

11. Véase Molinas, 2011, pág. 25.

12. Según la Encuesta Financiera de las Familias 2008 del Banco de España.

13. Por un mercado de la vivienda que funcione: Una propuesta de reforma estructural, Fedea, 14 de octubre de 2009, (http://www.crisis09.es/vivienda/).

14. «¿Qué reformas necesitamos?», Expansión, 10 de febrero de 2009 (http://www.expansion.com/actualidad/zoom/reformas/).

15. Véase Bentolila et al., 2012.

16. Véase el manifiesto de Fedea Diez principios para lograr una reforma laboral eficaz y justa, Fedea, enero 2012 (http://www.fedea.net/10-principios/ 10_principios_fundamentales.pdf).

Para mis hijos, Pieter y Marten,

y mis sobrinos, Luis y Pablo;

Pablo, Jaime y David; y Gonzalo y Carmen.

Espero que os ayude a entender el mundo en el que vivimos.

PREFACIO

En España no se vive mejor. Sí, la comida es fabulosa; los paisajes, sublimes y el clima, en muchos lugares, espléndido. Pero, contrariamente al tópico más amado por todos los españoles, la vida en España es dura. Muchos españoles, particularmente jóvenes, no tienen empleo, aunque les gustaría trabajar. Otros tienen empleo, pero trabajan demasiadas horas y duermen demasiadas pocas. Las familias casi no pasan tiempo juntas, porque los padres y las madres llegan tarde a casa. La enseñanza es desmotivadora, memorística. Los chicos y chicas tienen que hacer un esfuerzo enorme en clase para lo poco que aprenden. Sin duda, el contrato social tiene que cambiar de arriba abajo. Tenemos que adquirir nuevos hábitos que nos permitan ser más productivos y tener una vida más humana, más segura y más rica.

Si la vida individual es dura, la vida colectiva del país es aún más difícil. España se encuentra en una encrucijada histórica. Siendo el Estado más antiguo de Europa dentro de sus mismas fronteras, camina perdido, rumbo a la fragmentación. A su desaparición como país. La reacción de la población es de enfado generalizado con las clases dirigentes que han puesto a los españoles en tal situación. En las portadas de la prensa internacional vemos continuamente la peor imagen de España: los dirigentes corruptos y sus alcahuetes, los empresarios «del régimen» que se han hecho ricos a base de chanchullos, las colas en las oficinas de empleo. Y, sobre todo, los ciudadanos perciben la más absoluta impunidad para los que cometieron desmanes. La idea de rendir cuentas parece ajena a nuestra mentalidad.

Este libro es mi contribución a reorientar esta deriva. Aunque escribo estas líneas desde una casa cerca de Vic, en Cataluña, normalmente divido mi tiempo entre Holanda, donde vive mi familia y paso los fines de semana; Londres, mi lugar de trabajo, y España, donde suelo pasar mis vacaciones y unos dos o tres días al mes. Mi trayectoria profesional y académica me ha llevado de Valladolid, donde nací y estudié, al Colegio de Europa de Brujas; a Luxemburgo, donde trabajé como economista en el servicio estadístico de la Comisión Europea; a Chicago, donde completé mis estudios (hice el doctorado en Economía en la Universidad de Chicago) e inicié mi carrera profesional (obtuve una cátedra en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago); a Londres (donde dirijo el grupo de Economía y Estrategia de la London School of Economics), y a Madrid, donde he ocupado hasta hace muy poco la Cátedra McKinsey de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y he editado desde su creación en 2009 hasta 2013 el blog Nada es gratis. Desde 2007 he dedicado gran parte de mi tiempo a pensar en lo que España necesita hacer para salir del agujero en el que se encuentra. Las páginas que siguen son el resultado de esa reflexión y suponen mi intento, necesariamente incompleto, de ofrecer un camino hacia adelante para España.

Tras miles de generaciones de lucha, de pobreza y sufrimiento, los humanos hemos descubierto un modelo de sociedad que es justo, que es libre y que funciona. No lo vemos en Estados Unidos, sociedad dinámica e innovadora, maravillosa para el que quiere trabajar muy duro, pero que, sin embargo, no es capaz de ofrecer a sus ciudadanos menos exitosos una calidad de vida suficiente. No lo vemos en los países del capitalismo de Estado del sudeste asiático, donde falta libertad. Tampoco lo vemos en el caos del eje mediterráneo europeo, donde predomina la ley del más fuerte y del mejor conectado.

Las sociedades más humanas están cerca de nosotros, en el norte de Europa. Allí, los que trabajan lo hacen menos horas y tienen más vacaciones; los que estudian hacen menos deberes en casa. Su elevada productividad permite que esto suceda a la vez que las empresas compiten internacionalmente con gran éxito. Este libro muestra cómo esta crisis nos ofrece una oportunidad de mover al país en esta dirección, hacia una sociedad más eficiente, pero a la vez más humana.

La visión que planteo se realiza, de forma inevitable, al menos parcialmente desde fuera, con los riesgos de lejanía que ello conlleva. Los ejemplos que utilizo provienen de mis visitas mensuales, o en Navidad y en vacaciones de verano con mis hijos. Pero esta visión tiene también la enorme ventaja de la independencia intelectual. Muchas cosas que a los de dentro no les chocan al que viene de fuera le sorprenden. La mirada tiende a acomodarse y pierde su capacidad crítica. Así sucedió, por ejemplo, durante el boom de la construcción. Mientras los españoles, por habituación, consideraban normal el paisaje plagado de grúas y andamios, para los que visitábamos el país resultaba incomprensible.

Este libro se enmarca dentro de un proyecto más amplio en el que han participado un grupo de economistas que trabajan en España y en el extranjero. Los más próximos a mí y, por lo tanto, los que han tenido una mayor influencia en este libro son Jesús Fernández-Villaverde y Tano Santos. Jesús es economista en la Universidad de Pensilvania. Además de ser experto en sistemas dinámicos y macroeconomía, imparte cursos de historia universal en la Universidad de Pensilvania y escribe con una concisión y una claridad poco comunes. Tano Santos es mi compañero de fatigas desde que le conocí el día que llegué a Chicago a hacer el doctorado en Economía, donde él era profesor ayudante del Premio Nobel Gary Becker y completaba su tesis doctoral. En todos mis años de estudio y trabajo no he conocido a ningún académico más generoso ni con mayor curiosidad y capacidad de trabajo. A los dos va mi mayor agradecimiento. Indudablemente algunos de los argumentos clave del libro surgen de conversaciones que he tenido con ellos y de artículos que hemos escrito juntos (los artículos en la prensa aparecen en las referencias). Aunque he intentado que las frases incluidas sean mías, Tano y Jesús reconocerán su coautoría en algunas de ellas. En algunos casos nuestro trabajo de colaboración es tan intenso que es difícil saber quién escribió qué. También estoy en deuda con Samuel Bentolila, Antonio Cabrales, Floren Felgueroso, César Molinas y otros colaboradores del blog Nada es gratis, así como con otros de los excelentes economistas y pensadores de nuestro país. Agradezco también a Jesús Fernández-Villaverde, a Toni Roldán, a Rosa Jiménez y a Ana Camallonga sus comentarios en una versión anterior de este manuscrito, y a mi editor Ramon Perelló su incansable entusiasmo y su apoyo para llevar a buen término este proyecto ilusionante.

Aunque algunas de las ideas y el germen de muchos de los capítulos han aparecido en la prensa anteriormente, este libro es una contribución original y su argumento y su estructura serán reconocidos como novedosos, espero, incluso por los más fieles lectores de Nada es gratis. Deseo sinceramente que estas reflexiones contribuyan a sacar a España del atolladero en el que se encuentra y la pongan irreversiblemente en el camino de la modernidad.

Joanet (Girona), agosto de 2013

INTRODUCCIÓN

LA VÍA HISPANA AL SUBDESARROLLO: EL POPULISMO Y EL CAPITALISMO DE AMIGOS

Si todo hubiera funcionado como los españoles deseábamos, la entrada de España en el euro habría supuesto la culminación del proceso de modernización que comenzó el 6 de diciembre de 1978 con la aprobación en referéndum de una nueva Constitución democrática. Desgraciadamente, la entrada en el euro, que llevó a la eliminación del riesgo cambiario, junto con el boom financiero mundial, supusieron una relajación brutal de las restricciones presupuestarias de las familias, de las empresas y de los Gobiernos. Esta relajación les permitió emprender una carrera desenfrenada de gasto, concentrado en el sector inmobiliario. La avalancha de capital generó una enorme burbuja que, al explotar, dejó ver una realidad pavorosa: en vez de enriquecer al país y modernizarlo, la década prodigiosa había legado una herencia envenenada que no está claro cómo superará España.

Dos pilares claves del crecimiento económico han quedado profundamente dañados por la burbuja: el capital humano y las instituciones. La burbuja hizo bajar el valor de los estudios e incrementó el abandono escolar. Dejó tras su paso a muchos jóvenes sin la formación necesaria para el mundo de hoy; un mundo en el que la deslocalización de algunas tareas rutinarias y la automatización de otras han conducido a una fuerte caída de la demanda de trabajadores sin cualificar y ha hecho aumentar aún más la importancia del capital humano.

También las instituciones, el otro pilar sobre el que se sustenta el crecimiento económico, han sido devastadas por la burbuja. La investigación económica moderna muestra que la clave del desarrollo económico no es tener una geografía favorable ni una cultura especial (la ética protestante, por ejemplo, habría estado relacionada con el triunfo del capitalismo), sino tener instituciones «inclusivas» robustas y bien diseñadas que, en lo económico, garanticen los derechos de propiedad, la ley y el orden, el funcionamiento de los mercados y la entrada libre en ellos, la efectividad de los contratos, el acceso a la educación y que, en definitiva, ofrezcan a los ciudadanos igualdad de oportunidades para mejorar su situación económica y la de sus hijos; y que, en lo político, garanticen la participación y el pluralismo, y la imposición de restricciones y controles sobre la arbitrariedad de los políticos. Todo esto es necesario para que los ciudadanos puedan tomar decisiones a largo plazo, para que puedan predecir las consecuencias de éstas sin miedo a que el poderoso de turno se las apropie.

Desgraciadamente, la secuencia de escándalos de corrupción que ha sufrido España en los últimos años muestra con claridad el envilecimiento del que han sido víctimas las instituciones como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Tras la explosión del supuesto caso de reparto de sobresueldos en dinero negro a altos cargos del Partido Popular (el conocido como «caso Bárcenas») parece claro que la corrupción relacionada con el boom inmobiliario, que los españoles siempre vimos como algo que pasaba esporádicamente en algunos ayuntamientos costeros, ha afectado profundamente a la clase política. Muchas personas que parecían por encima de cualquier tentación criminal se han comportado como vulgares mafiosos. La impunidad aparente de gran parte de estas conductas tiene consecuencias dramáticas, porque daña los cimientos de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Si los corruptos y demás criminales no reciben castigo, ¿qué disuadirá de llevarlas a cabo a los que se plantean estas actividades? Está claro que no podemos salir de la crisis sin un cambio institucional profundo.

En esta situación, España se enfrenta a un dilema existencial. Puede elegir invertir en capital humano, aumentando el nivel de exigencia de nuestras escuelas, institutos y universidades, así como la calidad de la docencia en ellas. Puede elegir hacer una reforma en profundidad del Estado y de la Administración de Justicia, fusionando miles de ayuntamientos y cerrando miles de empresas públicas que no son más que pantallas para encubrir la corrupción. Puede elegir asegurar que las normas se cumplen para todos, desde las grandes empresas del IBEX al comprador compulsivo de instrumentos financieros de alto riesgo que luego protesta sobre su desconocimiento. O puede elegir profundizar en el modelo del capitalismo castizo, el capitalismo de amigos, y dar la espalda una vez más a la modernidad, embarcándose en un viaje a ninguna parte, un camino singular que ya ha emprendido varias veces en su historia, como en 1814 tras el abandono de la Constitución de Cádiz y la vuelta del absolutismo, o en 1939 tras el experimento fallido de la Segunda República y el retorno a la dictadura.

La serpiente en nuestro (dudoso) edén es la tentadora salida de España del euro. A algunos les parece que tal salida nos aliviaría de todas nuestras penas, tanto del exceso de endeudamiento privado y público como del grave problema de competitividad que aún tenemos.

Desgraciadamente, la realidad es que el día después de la salida la situación sería complicadísima. La nueva moneda se devaluaría considerablemente, los salarios y pensiones perderían gran parte de su poder de compra y todos los productos importados subirían de precio. Al aumentar la carga de la deuda, empresas, bancos y sector público se enfrentarían a la bancarrota. Las empresas, muy integradas en cadenas de valor global, suspenderían pagos con sus proveedores y perderían sus relaciones con sus clientes. Los bancos quebrarían. El pago de teléfonos móviles y otros bienes importados sería difícil. Además, para dar credibilidad a la nueva moneda y evitar una hiperinflación en un contexto de descenso de los ingresos, el Estado tendría que proceder a una brutal consolidación fiscal y a eliminar de una vez el déficit primario; algo que, de momento, rehúsa hacer.

La esperanza que tienen los que sueñan con esta quimera es que España rebrotaría en dos años. Y sí, tarde o temprano, lo haría. Pero esa España sería la España de la década de 1950, con ingresos bajos derivados del turismo, con baja productividad, bajos costes y con un control brutal ejercido por los caciques locales, dueños de los monopolios de la nueva economía cerrada.

Argentina, se nos dice, es un ejemplo de lo que un país puede conseguir una vez abandonadas las cadenas del tipo de cambio fijo. Pero el camino que Argentina muestra es un sendero tenebroso. El camino que marca Argentina lleva a España hacia el neoperonismo y no hacia la modernidad. En Argentina, el abandono del tipo de cambio fijo supuso la derrota del ímpetu modernizador e internacionalista que había surgido en las décadas de 1980 y 1990. Del control de cambios y de exportaciones apareció de la nada una nueva clase privilegiada, estrechamente ligada al poder, nacida del chanchullo, la chapuza y el compadreo. La misma mezcla de capitalismo corrupto y de amigos que ha caracterizado el reinado del matrimonio Kirchner ha triunfado en Venezuela con Hugo Chávez. Y también amenaza, desgraciadamente, con triunfar en España.

España flirtea en este momento con este canto de sirena: la vía hispana al subdesarrollo. Sólo Chile, de entre los países iberoamericanos, parece haber escapado (cabe esperar que definitivamente) de la tentación recurrente de la supuesta vida fácil, del capitalismo corrupto, del subsidio permanente que acaba, inevitablemente (tanto Venezuela como Argentina se acercan a este tan repetido final), con un estallido hiperinflacionista. El mismo canto de sirena es escuchado en Grecia, donde tiene aún más fuerza, en Italia y en Portugal.

Dos fenómenos, en realidad dos caras de la misma moneda, configuran este neoperonismo: el capitalismo de amigos y el populismo a todos los niveles, mediático, jurídico y social. El capitalismo de amigos es en España el capitalismo del palco del Bernabéu y del despacho de Bárcenas. Es un capitalismo en el que el rico no es el que tiene la mejor idea o el que ha encontrado la mejor manera de satisfacer una necesidad humana. No, el que se hace rico es el que tiene contactos, el que conoce al Bárcenas, al conseguidor de turno. Es el que sabe cómo hacer discretamente una contribución a la persona adecuada y recibir a cambio una dádiva del Estado en forma de central eléctrica, de autopista o de recalificación.

Como resultado de ese capitalismo de amigos, los ciudadanos dejan de confiar en la economía de mercado; y surge el populismo, la otra cara de la moneda. Menos de la mitad de la población piensa que se vive mejor en una economía de mercado que en otros sistemas. En 2007 eran dos tercios los que lo afirmaban. De los veintiún países encuestados por el Pew Research Center sólo cinco de ellos tienen peor opinión del capitalismo que los españoles. No es sorprendente esta desconfianza de la población hacia la versión castiza del capitalismo. Es precisamente el conocimiento de los españoles de «cómo funcionan de verdad las cosas», su conocimiento íntimo de los mecanismos del capitalismo de amigos, su convicción fundada de que los que son ricos lo son por quienes conocen y no por haber contribuido al bienestar social, lo que justifica la enorme desconfianza de los españoles hacia el capitalismo. Las consecuencias son nefastas. En muchas familias el mayor deseo es ser funcionario, porque la forma de llegar al éxito es relativamente transparente en este caso, un simple examen. Cualquier reforma estructural, por razonable que sea, se encuentra con un escepticismo generalizado. La actitud habitual de los ciudadanos, que desconfían tanto de los políticos como del mercado, es de oposición a cualquier cambio, incluso en el momento más bajo de la crisis. «Virgencita virgencita, que me quede como estoy.» En este clima, es fácil imaginar a futuros Gobiernos deslizándose hacia el estatismo populista, hacia la introducción de más controles arbitrarios sobre la actividad económica, limitando aún más el dinamismo del país.

En este libro planteo una visión realista y concreta de cómo refundar el capitalismo y la democracia en España para adaptarlos a la economía globalizada actual, basada en el conocimiento y la información, y ponerlos menos al servicio de los poderosos y más al de los españoles. Se trata de ser más productivo para vivir mejor. La visión propuesta sigue los mismos cauces de humanismo y mercado que caracterizaron el milagro económico alemán tras la Segunda Guerra Mundial. Esta visión se basa en tres pilares. En primer lugar, reducir el tamaño del Estado sustancialmente, pero a la vez que se incrementa la independencia y la capacidad de los organismos reguladores para asegurar que el mercado funciona, de verdad, a favor de los ciudadanos y no de los amigos del régimen. En segundo lugar, abrir el sistema político para asegurar que los representantes de los ciudadanos no son sólo los funcionarios por oposición o los políticos profesionales, sino todos aquellos que tienen inquietud y están capacitados para ello. Y, por último, cambiar en profundidad el sistema educativo para que los españoles adquieran la formación necesaria para competir en la moderna economía del conocimiento.

Esta visión de «España como país del norte de Europa» no es tan radical como puede parecer. Los países de Europa occidental han encontrado un sistema social y económico que funciona. Se trata, eso sí, de que España haga un esfuerzo por acercarse a él de forma mucho más que cosmética. No vale tener una comisión de la competencia o un tribunal constitucional, si luego se nombra a los más serviles e incompetentes para dirigirlos. Se trata de retomar el camino de 1978, de seguir conscientemente vías y políticas mucho más análogas a las de Alemania, Holanda o Dinamarca que a las de Francia e Italia, nuestros modelos tradicionales. Se trata de emprender una revolución de los hábitos y costumbres más arraigados en España para adaptarlos al mundo en que vivimos.

Debemos dejar atrás las excusas de carácter cultural, del tipo «es que los españoles somos así». Al contrario, el cambio de hábitos necesario es posible. Los hábitos de conducción (la velocidad, el cinturón, el alcohol) se han transformado radicalmente en diez o quince años. Los hábitos de fumar cambiaron de la noche a la mañana. También pueden hacerlo nuestras instituciones económicas, políticas y educativas. Si hay un esfuerzo decidido e integrado, España puede cambiar.

La visión de este libro es optimista, porque los españoles tenemos la energía y la creatividad para salir de esta situación. También es realista, pues analiza con claridad los factores que nos han llevado a donde estamos y lo que debemos hacer para corregir el rumbo.

En este momento tan bajo, España debe elegir tocar fondo. El país se enfrenta a una elección transcendental: o modernidad o peronismo. En una dirección está el bienestar, el trabajo duro pero con recompensa justa, la seguridad jurídica, las instituciones en las que podemos creer. En la otra está el dinero fácil, el capitalismo de amigos en el que las ganancias son del que tiene contactos y las pérdidas de la sociedad en su conjunto. La elección es nuestra.

PRIMERA PARTE

EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS

1

EL MUNDO CRECERÁ, PERO A UN RITMO MENOR

¿POR QUÉ CRECE LA ECONOMÍA?

Nos hemos acostumbrado a ver el crecimiento económico como algo constante en nuestras vidas, como una parte invariable del paisaje. De la misma manera que el sol sale cada mañana, esperamos tener mejor calidad de vida (mejores vacaciones, mejor coche) cada año. Y sin embargo, el progreso económico es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Hasta tiempos muy recientes, los países no crecían. Miles de generaciones de humanos tuvieron una existencia que, en palabras del filósofo inglés Thomas Hobbes, era «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta».

En efecto, hasta el siglo XVII el crecimiento económico en todo el mundo fue prácticamente inexistente. El mayor experto mundial en el tema, Angus Madison, calculó que el nivel medio de ingresos en el mundo durante el primer milenio d. C. fue constante, estancado en el equivalente de unos 600 euros anuales de hoy. Como consecuencia, la población mundial permaneció también estancada y aumentó sólo de 231 millones de personas en al año 1 d. C. a 268 millones en el año 1000.

En el siguiente milenio el crecimiento subió levemente, hasta el 0,05 por ciento anual. Esta subida permitió, a su vez, un aumento de la población de 268 millones hasta 438 millones en 1500. En 1820 había 1041 millones de personas. Sólo a partir de ese año se aceleró sustancialmente el crecimiento económico. En los cincuenta años posteriores la economía global creció al 0,53 por ciento y los cuarenta siguientes al 1,3 por ciento anual. Pero esta transición a un régimen de crecimiento sostenido sucedió a principios del siglo XIX sólo en Europa, en Estados Unidos y en las colonias británicas. En el resto del mundo se produjo a comienzos del siglo XX.

En definitiva, el crecimiento económico sostenido es algo muy reciente, que ha sucedido sólo en los últimos doscientos años y que únicamente en las décadas más recientes ha permitido sacar de la pobreza a la mayor parte de la población mundial. Pero ¿a qué se ha debido este crecimiento económico? ¿Por qué crecen los países?

Cabe pensar que el crecimiento económico deriva de la acumulación de recursos. Se ahorra más, se combina más trabajo y más capital y se produce más riqueza para todos. Pero este crecimiento «extensivo» tiende a producir rendimientos decrecientes. Por ejemplo, una explotación agrícola en la que se añade más capital y más trabajo produce más, pero cada vez el incremento es menor hasta que se agota. Y si esto es así, ¿cómo pueden las sociedades continuar creciendo indefinidamente?

La respuesta está en las nuevas ideas. Son las nuevas ideas, las innovaciones, las que nos permiten hacer más con los mismos recursos. Como una receta que permite combinar los mismos ingredientes para preparar nuevos platos, las ideas permiten crear más con menos. Y (ésta es la clave) se pueden copiar infinitas veces. No tienen rendimientos decrecientes. Una vez que un individuo en una sociedad sabe construir una rueda, todos los demás pueden hacer una réplica y aumentar la productividad del trabajo y el capital que emplean. Tras la aparición de un nuevo «alumbramiento», comienza una fase de explotación en la que se desarrollan las múltiples aplicaciones de la idea. Son estas las que permiten mantener un crecimiento elevado.

Podemos agrupar las ideas responsables del crecimiento económico del que hemos disfrutado en estos 200 o 300 años en tres «revoluciones industriales», tres conjuntos de ideas. La primera tuvo lugar entre 1750 y 1830. Dos fueron las innovaciones clave de esa primera época: el vapor y el tren. La segunda se desarrolló entre 1870 y 1900 con innovaciones como la electricidad, el motor de combustión, el agua corriente (que permitió los cuartos de baño interiores), la industria química y petrolífera, la de las comunicaciones y la del entretenimiento. En esta última área se inventaron el teléfono, el tocadiscos, la fotografía popular, la radio y el cine en el espacio de quince años. Si lo pensamos objetivamente, fueron unos quince años bastante más impresionantes que la época que ha visto nacer Facebook, el iPad y el iPhone. Y la tercera revolución industrial, la microelectrónica, tuvo lugar entre 1960 y el presente, e incluye innovaciones como los ordenadores, internet y la telefonía móvil.

Cada una de las ideas clave de estas revoluciones industriales ha dado lugar a décadas de innovación. De la idea de la electricidad, por ejemplo, proceden cientos de desarrollos que todavía fomentan el crecimiento, igual que anteriormente del motor de vapor procedieron el tren y el barco de vapor, las fábricas textiles y los primeros coches, aplicaciones que proveyeron de combustible al crecimiento económico durante generaciones.

Las ideas derrotan así la ley de hierro de los rendimientos decrecientes y permiten a la economía crecer indefinidamente, siempre que continuemos innovando, inmersos en un proceso de renovación y de destrucción creativa que reemplace a las antiguas ideas por las nuevas y vuelva a recombinar, de mejor manera, los ingredientes existentes. Por ejemplo, las empresas más conocidas de Estados Unidos se relacionan con una gran idea y crecen a caballo de ésta. General Electric (electricidad), Westinghouse (corriente alterna), Ford (cadena de montaje), General Motors (coches), IBM (control, registro, ordenadores), Kodak (fotos desarrolladas químicamente), Hewlett Packard (electrónica, calculadoras), Oracle (bases de datos), eBay (subastas), Amazon (tiendas online), Apple (ordenador personal), Microsoft (Windows, Dos), Google (búsqueda), Facebook (redes), etc.

¿Cuáles son los determinantes de esta actividad innovadora? Existen dos factores clave: instituciones y capital humano.

IDEAS E INSTITUCIONES

La actividad innovadora depende crucialmente del funcionamiento y de la protección de las instituciones y de la seguridad jurídica. Las licencias, patentes, exportaciones y demás requieren, particularmente del Estado de derecho, un cuidado especial. Por decirlo de forma seguramente más cursi que poética, son las flores más delicadas del jardín y las que más sufren los posibles pisotones. Los extractores de rentas tratarán de apropiarse de los beneficios de las nuevas ideas y, si lo consiguen, ahogarán la actividad innovadora.

Por ello, como muestran el economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Daron Acemoglu y el politólogo de la Universidad de Harvard James A. Robinson en su obra Por qué fracasan los países, el crecimiento económico depende crucialmente de la solidez de las instituciones «inclusivas» que protegen y aseguran a nivel económico y político los derechos y las regulaciones clave (los derechos de propiedad, efectividad de los contratos, etc.). Sin esas instituciones, la toma de decisiones de inversión y de innovación a largo plazo requiere de un heroísmo poco común.

El contraste entre la evolución económica de España y la de Holanda e Inglaterra ilustra la importancia de imponer límites al ejercicio arbitrario de los poderes políticos. En España, el monarca del Siglo de Oro tenía un poder ilimitado. El monopolio del comercio con América suponía una fuente de ingresos que le desligaba de las posibles ataduras o dependencias de la clase mercantil y le permitía mantener una enorme arbitrariedad. En Inglaterra y Holanda, el comercio era el motor del crecimiento, y fue creando una fuerte clase mercantil, que fue exigiendo, a cambio de la financiación de las aventuras del monarca o de la república, crecientes límites sobre su poder expropiatorio y que, a su vez, eran el mejor estímulo posible para la actividad creativa privada.

CAPITAL HUMANO

Un país sólo puede innovar si sus trabajadores parten de la frontera del conocimiento actual en su área de trabajo. Las ideas circulan entre los espabilados y los curiosos que tienen los ojos bien abiertos. Éstos no sólo entienden antes que los demás hacia dónde va el mundo, sino que son capaces de hacer algo para aprovecharlo. Y nótese que no sólo hablamos del capital humano de los científicos, porque gran parte de la innovación clave sucede fuera de los laboratorios y de las universidades.

La importancia del capital humano para el crecimiento ha sido confirmada con claridad por la investigación empírica más moderna. Por ejemplo, el economista de la Universidad de Stanford Eric Hanushek muestra en una serie de influyentes trabajos que el 73 por ciento de la variación de las tasas de crecimiento económico entre países puede explicarse simplemente a partir de dos variables: nivel inicial de ingresos y nivel intelectual de la población, midiendo este último cómo debe hacerse, es decir, evaluando lo que se aprende en las instituciones educativas y no cuántos años pasan los estudiantes entre sus paredes. La magnitud del impacto de la educación sobre el crecimiento es sencillamente enorme.[1] En realidad, sin educación no hay crecimiento.

LOS RECURSOS FÍSICOS NO LIMITAN EL CRECIMIENTO

Desde la década de 1970 ha habido quien ha argumentado de forma similar al economista y clérigo decimonónico inglés Thomas Malthus (lo ha hecho, por ejemplo, el famoso Club de Roma) que el crecimiento no es sostenible porque los recursos en los que se basa son limitados y la presión demográfica no cesa. Es la visión de un mundo similar al anterior a la Revolución Industrial, cuando, como describíamos más arriba, el crecimiento de la población estaba efectivamente constreñido por los recursos disponibles.

Esta hipótesis parece tan errónea ahora como resultó en la década de 1970 cuando fue formulada al calor de la primera crisis del petróleo. No hay ninguna indicación de que los recursos físicos vayan a restringir el crecimiento. Seguimos descubriendo nuevas fuentes de energía. Por ejemplo, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, Estados Unidos va a ser, en cinco años, el primer productor de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita. ¿Cómo es esto posible? Gracias a las nuevas técnicas de explotación del subsuelo con inyección de líquidos que permitirán en ese quinquenio un gigantesco aumento de la producción.

Además, cuando los recursos naturales se vuelven escasos, sube gradualmente el precio de la materia prima correspondiente. Entonces se generan sustitutos que la usan de forma más eficiente y se encuentran nuevas fuentes de materia prima no «accesibles» al precio anterior. Por ejemplo, tras el shock de los precios del petróleo de la década de 1970, los coches consumen mucho menos y aparecen automóviles que usan otros combustibles.

La hipótesis en cuestión no sólo ignora la ingenuidad humana y el funcionamiento de los mercados, sino que no tiene en cuenta que nuestro consumo cada vez requiere menos recursos. Las recetas, las ideas, el conocimiento; las canciones, los vídeos de YouTube; las series sobre política danesa; los libros de Harry Potter en el iPad o el Kindle; las películas, los juegos de ordenador; las app de Apple; la propiedad intelectual; las videoconferencias por Skype (que sustituyen muchos viajes), los juegos a distancia en la PlayStation… Todo eso no utiliza prácticamente ningún recurso físico ni en producción ni en transporte. Y a medida que las sociedades avanzan, y que nuestro consumo de alimentos y de ropa deja de crecer en términos físicos y sólo aumenta por la propiedad intelectual que conlleva una determinada marca, consumimos más y más estos bienes digitales, compuestos sólo de «unos y ceros» bienes «inmateriales» que no pesan.

PERO HAY RAZONES PARA PENSAR QUE CRECEREMOS MENOS

Por tanto, la disponibilidad de recursos naturales no restringirá el crecimiento a medio plazo. Pero esto no quiere decir que el crecimiento económico sea inevitable. De hecho, todo apunta a que en los próximos años creceremos bastante menos de lo que nos hemos acostumbrado durante las décadas más recientes.

Algunas razones para esperar un menor crecimiento son evidentes. En primer lugar, muchos países, incluida España, han acumulado una deuda elevada. Para devolverla, el consumo tendrá que crecer menos que la renta per cápita. Haberse endeudado para consumir es haber consumido ya lo que hubiéramos debido consumir hoy y mañana.

Además, la demografía en el mundo occidental es muy desfavorable, particularmente en los países del sur de Europa. Una sociedad envejecida es una sociedad menos dinámica, con menos innovación y menos crecimiento. Estos dos factores, demografía y endeudamiento (presentes ambos en España), explican en parte la experiencia de Japón, un país que ha experimentado ya dos «décadas perdidas» consecutivas, prácticamente sin crecimiento nominal.

Pero la experiencia reciente de Estados Unidos nos puede llevar a una preocupación mayor, como apuntaba el exsecretario del Tesoro Larry Summers en una reciente conferencia en el FMI (noviembre de 2013). Durante la primera década del milenio, Estados Unidos disfrutó de unas condiciones monetarias y financieras extremadamente laxas. Como España, el país disfrutó de los efectos de una burbuja inmobiliaria que incrementó de forma sustancial la riqueza percibida por las familias. Sin embargo, a pesar de estas artificialmente favorables condiciones financieras y monetarias, ni el crecimiento fue más elevado de lo habitual ni la economía sufrió una elevada inflación. Pese a que todo le iba de cara, en Estados Unidos la situación económica no pasó de «normal».

¿Qué puede estar pasando? ¿Se puede estar desacelerando la tasa de crecimiento «natural» de nuestras economías? Si es cierto que, como hemos argumentado, el principal determinante del crecimiento son las ideas, nuestra experiencia individual de la vida diaria parece sugerir que no hay motivo para la preocupación. Cada vez hay más ideas nuevas.

Y, sin embargo, si escarbamos un poco, observamos que, pese a que hay muchos más científicos, universidades y organismos de investigación que hace cien años, la generación de nuevas ideas no ha aumentado proporcionalmente. ¿Se puede estar produciendo un parón en nuestro avance tecnológico?

Robert Gordon, economista en la Universidad de Northwestern, en Chicago, cree que sí, que se está produciendo un parón. Y nos propone un experimento mental para ayudarnos a entender el valor de la innovación más reciente. Imaginemos que se nos ofrece elegir una de las siguientes dos opciones:

A: Nos podemos quedar con toda la tecnología que estaba disponible en 2002 —Windows 98, el ordenador personal, Amazon e internet— pero no podemos usar nada inventado tras ese año.

B: Podemos disfrutar de toda la tecnología inventada en la última década, es decir, el iPad, Twitter, Facebook, el iPhone, nuestro teléfono Android, etc. Pero si elegimos esta opción, tenemos que abandonar una sola innovación del siglo XIX: el agua corriente. Nos tocará traer todos los días el agua a casa en cubos. Por la noche, si queremos ir al aseo, tendremos que salir, llueva, nieve o haga sol, a la maloliente letrina exterior.

Gordon afirma que ha ofrecido estas dos opciones a muchas audiencias y nunca ha habido duda sobre la respuesta: todo el mundo ve como algo obvio que la primera opción es mucho mejor. Él utiliza este argumento para ejemplificar que, en su opinión, la mayor parte de los avances tecnológicos más importantes de la historia de la humanidad tuvieron lugar durante los treinta años de la segunda revolución industrial, a finales del siglo XIX, cuyos efectos han servido de motor del crecimiento económico durante casi cien años, pero que ahora ya están agotados. En comparación con tales avances, los de la tercera revolución industrial, la microelectrónica, están ya básicamente agotados, pues, en su mayor parte (las tarjetas de crédito, el procesamiento electrónico de documentos...) se produjeron, en su opinión, en las décadas de 1970 y 1980. Ahora lo que vemos son avances que mejoran la capacidad de la tecnología para proveer de entretenimiento, pero nada más que eso.

Ilustra Gordon el argumento de que la segunda revolución industrial es incomparablemente más importante que la tercera con muchos ejemplos que no dejan lugar a dudas sobre el enorme cambio en las condiciones de vida que supuso la segunda. Los aviones, por mencionar uno de esos ejemplos, alcanzaron su velocidad máxima actual en 1958. Desde entonces, de hecho, más que aumentar, la velocidad se ha reducido, para disminuir el consumo de combustible.

De forma similar, las innovaciones cruciales para la vida humana (como el paso de la vida rural a la urbana, el control de la temperatura en las viviendas, la eliminación casi por completo del trabajo de fuerza bruta manual) ya se han alcanzado y no volverá a llegarse a ellas. Pensemos, por ejemplo, en el paso del caballo al coche. Gordon cuenta que el coste de comprar y mantener un caballo ponía los viajes sólo al alcance de los más ricos. Y que el caballo generaba una cantidad de porquería enorme, entre 20 y 50 libras de excremento y un galón de orina diarios, de forma que en las ciudades había que eliminar con herramientas muy rudimentarias entre 5 y 10 toneladas de excremento por milla cuadrada. El trabajo y el olor que esto suponía son difíciles de imaginar.

En definitiva, el crecimiento generado por la segunda revolución industrial es mucho mayor que el desarrollado por la tercera. Muchas de las mayores mejoras que cabe imaginar de las condiciones de vida humanas (como accionar un grifo y que salga agua, o no tener que pasar el día limpiando excrementos de las calles) son avances que ya se han producido y no lo harán más. Sí, conseguiremos quizás curar el cáncer, pero el impacto de ese avance médico en la esperanza de vida no será comparable al que se produjo por ejemplo, al empezar los médicos a lavarse las manos —gracias al descubrimiento por Louis Pasteur a finales del siglo XIX de que las enfermedades las causaban los gérmenes (en 1850, en el Hospital General de Viena, una de cada cinco mujeres moría por las infecciones contraídas al dar a luz)— o, más tarde, a utilizar antibióticos contra las infecciones.

Si las expectativas de crecimiento económico son bajas para la economía global, cabe imaginar que pueden ser aún peores para una economía sobreendeudada y con los problemas estructurales que tiene la española, especialmente dado el daño que la burbuja inmobiliaria, como veremos más adelante, ha causado a los cimientos del crecimiento futuro (las instituciones y el capital humano) de nuestra economía. A no ser que resulte posible que nos podamos adaptar a no depender de los históricamente elevados niveles de crecimiento económico del pasado.

¿HACE FALTA EL CRECIMIENTO?

Ante las dificultades futuras para crecer que anticipamos, debidas a la demografía, al endeudamiento y a los problemas institucionales, así como a la posible disminución de los rendimientos de la innovación, cabe responder que quizás no hace falta crecer. ¿No podríamos acostumbrarnos a vivir en un mundo de crecimiento bajo o de crecimiento cero?

La respuesta es, en parte, sí. Puede que nos tengamos que acostumbrar a un mundo con un crecimiento más reducido. Pero también hay que reconocer las enormes dificultades de toda índole que supondría vivir en tal mundo. Desde los años de la posguerra, el mundo occidental ha obtenido muchos beneficios del elevadísimo crecimiento del que ha disfrutado. No sólo ha incrementado la disponibilidad de recursos materiales para todos (mejores coches y vacaciones, mejores casas, etc.), sino que la existencia de un crecimiento elevado ha permitido siempre compensar a los perdedores de cualquier política, redistribuir hacia los más necesitados sin que los demás deban pagar un coste.

Sin crecimiento económico, estamos en un mundo de suma cero, en el cual lo que un grupo gana es lo que el otro pierde. El compromiso en tal mundo es muy difícil. Los conflictos son recurrentes y cada vez más violentos. En el pasado maltusiano, mientras no se produjo el crecimiento, lo que un pueblo o un grupo ganaba, otro lo perdía. La única política posible era la del robo, del expolio, de la conquista, de la guerra. El conflicto dominaba. La distribución se resolvía por la fuerza.

El crecimiento económico tuvo efectos balsámicos sobre las interacciones humanas. Un crecimiento del 2 por ciento anual durante 100 años multiplica por siete la renta per cápita de un país. Si a base de invertir en el futuro nos podemos hacer así de ricos, no tenemos que robar. Mejor aún, podemos usar los crecientes ingresos para comprar voluntades, hacer transferencias a los perdedores y poner en marcha las políticas óptimas. Por ejemplo, como España aprendió en el pasado, es fácil hacer reformas de la financiación autonómica si como resultado de ellas todas las regiones ganan. Pero esa misma reforma es muy difícil de implementar si lo que unas ganan hay que «quitárselo» a las otras.

El mundo occidental, o al menos buena parte de él (Estados Unidos, Reino Unido y la Eurozona), están experimentando las consecuencias de un período de estancamiento que empieza a ser prolongado. Y el resultado es que la política puede empezar a parecerse demasiado a la de la Edad Media. Si lo que «ellos» ganan es lo que nos quitan a «nosotros», entonces mejor juntarme con los míos y defender lo propio a muerte.

En el caso de Estados Unidos, el conflicto distribucional es entre los que pagan impuestos y los que reciben gasto social. Reducir la deuda es tratar de distribuir el peso entre unos y otros. De momento, ambos se niegan en redondo a ser los paganos.

En la Unión Europea se abre un conflicto sobre quién va a pagar la elevada factura de un endeudamiento excesivo. En este caso, sin embargo, el reparto es geográfico, no social: debe incluir a los ciudadanos de la periferia (de momento, Grecia, Portugal e Irlanda), los bancos de la Eurozona y los ciudadanos del norte.

En España se produce una confrontación entre las regiones difícil de resolver. Dar a Cataluña el pacto fiscal que pide y que merece supone reducir los recursos disponibles para otras regiones. En el pasado estos problemas siempre se han resuelto por la vía de prometer más a todos a base de incrementar la tarta total disponible gracias al crecimiento económico. Sin este bálsamo, será difícil resolver la confrontación.

En los capítulos que siguen estudiaremos lo que España puede hacer para aprovechar las posibilidades que nos da la economía global y continuar creciendo. Para ello, primero analizaremos los retos que nos plantean las nuevas tecnologías y la globalización. Después veremos las respuestas actuales que da España a estos retos. Finalmente plantearemos aquellas que cabría darles.

2

EL FUTURO DEL TRABAJO

UN MUNDO RICO EN DATOS ES UN MUNDO ABIERTO PERO MUY COMPETITIVO

En 2008 un desconocido bloguero estadounidense especializado en estadísticas de béisbol saltó a las primeras páginas de los periódicos al acertar, con mayor precisión que las encuestas profesionales, el resultado de las elecciones presidenciales y al Congreso y Senado americanos. Cuatro años después, Nate Silver, ya instalado su blog en las páginas de The New York Times, fue el protagonista de una de las historias más fascinantes e iluminadoras de la campaña que culminó con la reelección de Barack Obama.

Desde el mes de junio del 2012 Nate Silver predecía una clara, aunque ajustada, victoria de Obama con entre 330 y 280 votos electorales (la mayoría necesaria para ganar son 270). Su argumento básico era que lo que importa a la hora de predecir la victoria no es la intención de voto nacional, sino la de cada uno los estados; que había muchas encuestas en los estados clave (Ohio, sobre todo) y que casi todas predecían victorias ajustadas de Obama dentro del margen de error. Al combinarlas todas, se llegaba a una predicción bastante precisa del resultado.

Enfurecida, el ala lunática del partido republicano (desgraciadamente, hasta hace poco, la más poderosa), conocida por ignorar con orgullo la ciencia y la evidencia (no existe la evolución, los dinosaurios convivieron con los humanos, la Tierra tiene 10.000 años, el calentamiento global es una conspiración socialista), emprendió un durísimo ataque contra Silver. Le acusó de ser un conspirador, de ocultar y manipular los datos, de no entender las encuestas, de utilizar una fórmula compleja o, al contrario, demasiado sencilla… La realidad, según estos críticos, era que el candidato republicano, Mitt Romney, ganaría. Silver respondió siempre magistralmente. Explicó las operaciones matemáticas que había realizado en los términos más sencillos, aclaró lo que sus datos querían y no querían decir. Insistió en que no presenciaríamos la carrera ajustada hasta el final que los vendedores de periódicos y los republicanos querían ver, sino que caminábamos hacia una victoria clara de Obama. Los periodistas de izquierda y derecha, incapaces de distinguir una varianza de un intervalo de confianza, usaban sus artículos para tratar, sin ningún éxito, de desacreditar el cálculo estadístico de la probabilidad de ganar.

La noche electoral supuso una enorme victoria, además de para Obama, para Silver. Acertó el resultado y predijo correctamente, a diferencia de todas las empresas encuestadoras, todos y cada uno de los resultados estatales. Y siempre insistiendo con humildad en que no tenía ningún mérito, que lo único que hacía era fiarse de los datos y no de su instinto. Sus argumentos se basaban en la correlación entre los movimientos de los distintos estados, la predictibilidad de la participación o la fiabilidad de diferentes tipos de encuesta.

La victoria de Silver es una excelente metáfora del mundo en el que vivimos y viviremos, y de las habilidades que serán necesarias para tener éxito en tal mundo.

En primer lugar, viviremos en un mundo muy rico en datos. Intentaremos medirlo todo: desde la efectividad de un tratamiento médico hasta la capacidad de los diferentes profesores en un colegio, desde el resultado de una campaña de marketing hasta el rendimiento de un futbolista. En Estados Unidos, por ejemplo, como ha descrito el periodista Michael Lewis en su libro Moneyball (convertido posteriormente en película de éxito, con Brad Pitt en el papel del gerente de un equipo de béisbol que se atreve a utilizar la estadística a la hora de seleccionar jugadores), el análisis del béisbol se ha cuantificado y sistematizado de tal forma que las decisiones sobre qué jugadores comprar no se toman sin un análisis estadístico en profundidad de la multitud de datos objetivos sobre el rendimiento de cada jugador.

En segundo lugar, este mundo tan pleno de datos es un lugar en el que las habilidades clave no son pontificar y aparentar, sino analizar y escuchar. La persona que tiene éxito en ese mundo es alguien capaz de investigar y de entender e interpretar la información en este ámbito tan rico en ella, es decir, alguien como Nate Silver. Como ha explicado Hal Varian, economista jefe de Google, en empresas e instituciones sin respeto al conocimiento y a la evidencia, las discusiones las gana el que más cobra, el más poderoso del lugar. En las empresas y Administraciones basadas en la evidencia, el que gana las discusiones puede ser cualquiera que participe en el debate, incluyendo al menos poderoso, con tal de que tenga el argumento correcto, basado en lo que muestran los datos, su evidencia empírica. Ésa es la organización del futuro o, mejor dicho, la organización que tiene futuro.

En tercer lugar, el ejemplo de Nate Silver nos muestra que éste es un mundo abierto a cualquiera que posea las capacidades necesarias. Cuando la organización de la sociedad es muy jerárquica, es necesario escalar poco a poco muchos peldaños para conseguir tener influencia en las decisiones. En la economía del conocimiento, en la que todos tenemos acceso a casi toda la información, cualquier joven de 25 años se puede convertir en el experto global de referencia en una materia. ¿Cómo? De nuevo, demostrando con claridad su conocimiento y su capacidad de análisis. Cualquier joven parado puede, desde la habitación que ocupa en la casa de sus padres, acceder al mercado global y escribir un blog, o vender cualquier otro tipo de servicio, con tal de que sepa hablar inglés. La localización de esta persona importa mucho menos que si tiene talento y formación.

Ahora bien, ¿qué talento y qué formación? La educación necesaria es muy diferente de la enseñanza memorística tradicional. Nuestros hijos vivirán en un mundo rico en datos en el que los trabajos manuales rutinarios bien pagados (como la cadena de montaje) prácticamente habrán desaparecido, porque los llevarán a cabo robots. Un mundo en el que la habilidad principal necesaria para ganarse bien la vida será saber manejar datos, información, símbolos e ideas. Incluso las máquinas de la cadena de montaje se manipularán con un teclado, desde una terminal, no con las manos. Los maquinistas tendrán que saber programar y saber tomar decisiones con la información que la máquina proporciona constantemente. El valor añadido en los procesos productivos estará antes de la fabricación (I+D) y después de ésta (servicios), no en la fabricación misma. Las decisiones no se tomarán a partir de intuiciones e instintos, sino a partir de una lectura correcta de la evidencia.

En un mundo así, los estudiantes necesitarán adquirir tres fundamentos clave para salir adelante: un nivel de confianza suficiente en el uso de las matemáticas y la estadística; una capacidad elevada para escribir un argumento no sólo correcto gramaticalmente, sino razonado con claridad y convicción, y un nivel avanzado de inglés. No nos engañemos: sin haber adquirido estos tres fundamentos básicos para participar en la economía del conocimiento, es como si los chicos no hubieran pisado la escuela desde los 14 años.

En particular, es importante enfatizar la necesidad de un buen conocimiento de estadística y de matemáticas. Y es que las matemáticas no sólo son, como dijo Galileo, el lenguaje en el que Dios escribió el universo, son el lenguaje de los datos y de la información en la que estamos inmersos. Sin entender modelos matemáticos sencillos, lo que éstos pueden predecir y lo que no, los supuestos que requieren, la confianza que merecen, es prácticamente imposible participar de forma activa en campos aparentemente tan poco matemáticos como la biología, la economía, las finanzas, la contabilidad, la sociología, la ciencia climática, la ciencia política, la medicina (¿cuál es la probabilidad de curación de este cáncer concreto con cirugía, con quimio o radioterapia?, ¿de qué depende esta probabilidad?, ¿a quién le aconsejamos cada opción?) o el marketing.

LA DESIGUALDAD INEVITABLE

Si la economía del conocimiento ofrece una plataforma global a cualquiera para competir, el incremento de la competencia y del tamaño del mercado tiene como consecuencia inevitable el aumento de la desigualdad salarial.

Considere un ejemplo que hace hervir la sangre de muchos: ¿por qué ganan los directivos de las empresas unos salarios tan elevados? La primera explicación que nos viene a la cabeza es que presenciamos un simple robo de guante blanco. Los ejecutivos controlan el consejo de administración y nombran a sus amigotes para los puestos. Éstos, con sus estómagos bien llenos y agradecidos, votan unos exagerados salarios a los directivos.

Obviamente, algo de verdad hay en esta explicación. Sin ir más lejos, en España hemos visto a ejecutivos de cajas de ahorros rescatadas con un coste de miles de millones de euros para los españoles, irse a su casa con indemnizaciones millonarias. Y les hemos visto, además, declarar que desconocen lo más básico sobre el funcionamiento de sus instituciones. «Robo» parece la palabra más delicada para explicar este comportamiento.

El problema de esta explicación es que lo mismo que ha sucedido con los salarios de las empresas que cotizan en bolsa con participaciones muy repartidas (y que al ser propiedad de todos no lo son realmente de nadie) ocurre con los sueldos de los ejecutivos de empresas controladas por su fundador y propietario principal. Así sucede, por ejemplo, en Microsoft o Zara.

Aún más difícil de explicar como «robo» es la evolución paralela que han tenido los salarios en otros sectores diferentes a los mencionados. Los mejores tenistas también ganan más, como lo hacen los jugadores de fútbol, los cantantes de ópera, los pianistas y los inversores profesionales. Todos sus salarios han subido de forma espectacular en las últimas décadas. ¿Por qué?

Para entender este fenómeno debemos tener en cuenta el incremento de las economías de escala que se ha producido gracias a las tecnologías de la comunicación. Pensemos en dos jugadores de fútbol que crecieron juntos. Los dos son excelentes y consiguen alcanzar su sueño de ser profesionales. Imaginemos que uno es un poco mejor que el otro. Si su carrera se hubiera desarrollado hace 100 años, uno podría jugar en un estadio un poco mayor que el otro y ganaría un poco más. Si el primer futbolista juega en un estadio de 100.000 personas y el otro en uno de 10.000, el primero sirve un mercado 10 veces mayor que el segundo. Si su carrera hubiera tenido lugar hace 50 años, ya tras la implantación general de la televisión, el primer jugador aparecería en el partido de los domingos. Es decir, lo verían un millón de personas. El segundo seguiría jugando en un estadio de 10.000 personas. Por lo tanto, el mejor de los dos serviría un mercado 100 veces mayor que el segundo. Si ambos fueran profesionales hoy, el primero podría llegar a tener una audiencia global. Quizás su partido en la Champions League lo sigan 100 millones, tal vez 1.000 millones de personas. El segundo sigue jugando en un estadio de 10.000. Es decir, ahora el mejor de los dos sirve un mercado decenas de miles de veces mayor que el segundo.

El salario lo determina la competencia en el mercado por los servicios de los jugadores. Por el segundo jugador compiten clubes que venden 10.000 entradas por domingo, quizás 200.000 entradas al año. Su presupuesto para jugadores, para todos los jugadores, puede ser de un millón de euros. Por el primero compiten los Chelsea, Real Madrid, etc., con presupuestos que llegan a los 500 millones de euros anuales. La competencia en el mercado llevará a salarios fácilmente 100 o 1.000 veces mayores para la estrella que para su amigo de la infancia.

En resumen, sin televisión todos los clubes tenían fans. Un jugador un poco mejor llenaba un estadio un poco más grande y ganaba en proporción a ello. Tras la televisión, todos los fans pueden ser del mejor club. Y si puedo ver a Messi, pues para qué ir al «estadio de la pulmonía» a ver al club de mi niñez, el Real Valladolid. La consecuencia es que la diferencia entre lo que gana la estrella y lo que cobra el siguiente se multiplica. La competencia en el mercado empujará el salario de Messi hacia decenas o centenares de veces el del otro, ya que es capaz de servir un mercado mucho mayor; incluso en términos absolutos, machacará al jugador de segunda fila, que se quedará sin público.

Este mecanismo se está repitiendo en muchas actividades económicas, más allá del entretenimiento. El mejor abogado trata de mejorar los contratos de una fusión entre dos empresas globales enormes. Si cada empresa maneja millardos de euros en activos, un mejor tratamiento fiscal de la fusión puede crear decenas de millones de beneficio para las empresas. Como sucedía en el fútbol, los bufetes y empresas estarán dispuestos a pagar mucho más por los mejores abogados.

Y esta mayor importancia de los efectos de escala está, al menos en parte, detrás de los retornos económicos que consiguen los directivos de las empresas como Zara o Apple. El que dirige una pequeña compañía local, si se equivoca al elegir una funda roja para el teléfono que fabrica, quizás venda 100 unidades en vez de 1.000. La decisión costará varios miles de euros. El que dirige Apple, si se equivoca con la decisión de cambiar el conector del iPhone y pierde su mercado (como le ha sucedido por razones diversas a Nokia o a Blackberry), puede hacer perder miles de millones de euros a su empresa. Un directivo que tenga una probabilidad mayor en un 1 por ciento de acertar «vale» por tanto decenas de millones cuando el mercado es tan grande. Y será el mercado el que empujará el salario hasta ese valor. Es decir, el tamaño del mercado multiplica el retorno del talento.

En resumen, la tecnología de la información tiene dos consecuencias cruciales para el mercado de trabajo: un fuerte incremento de la demanda de talento y de capacidades analíticas, y un fuerte aumento de la desigualdad salarial. Como veremos a continuación, la globalización incrementa ambos efectos.

LA GLOBALIZACIÓN Y LA DESLOCALIZACIÓN

Los recientes avances en las tecnologías de la comunicación e información han permitido igualmente una «ruptura» del proceso de producción. Hace treinta años, la fabricación de un coche en la fábrica de Seat en Martorell suponía que todos los aspectos del proceso tenían lugar allí. Ahora, la producción de un automóvil en esa misma factoría implica también a fabricantes de componentes de múltiples países. La geografía importa cada vez menos en este mundo. Un fabricante fabuloso de un componente del automóvil será elegido para fabricarlo si su relación calidad-precio es la mejor, independientemente de dónde esté localizado, de dónde se encuentre la central y de cuál sea la nacionalidad de la empresa y del fabricante. Martorell ha perdido parte de la producción de Seat a favor de una planta de Eslovaquia, pero ha ganado la del Audi Q3 a cambio. Desde teléfonos móviles a textiles, cada vez más países participan en las cadenas globales de producción de un determinado artículo.

El ejemplo más notable es Apple. Prácticamente todos sus productos (el iPhone, el iPad, etc.) son fabricados en otros países. Una empresa como General Motors (propietaria de la marca Opel, entre otras) en la década de 1950, cuando tenía una importancia económica similar a Apple, empleaba a más de 400.000 empleados en Estados Unidos. Apple da trabajo directamente a unos 50.000 empleados en Estados Unidos y otros 20.000 en el extranjero. La producción tiene lugar habitualmente en China, y hasta ahora la llevaba a cabo no Apple, sino en gran parte el fabricante taiwanés Foxconn. Los componentes y la mayor parte del valor añadido llegan a China procedentes a su vez de Alemania, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

Este modelo se puede aplicar igualmente al sector de los servicios. Los bufetes internacionales de abogados subcontratan aspectos de su producción en el extranjero, los estudios de arquitectos trabajan en edificios con ingenieros y constructores de otros países, etc.

¿Cuál es el impacto en el capital humano de la deslocalización de tareas, como, por ejemplo, las tareas de montaje o las de producción menos intensivas?

En primer lugar, cabe esperar un incremento en la productividad tanto del país que produce el componente como del que hace la inversión en deslocalización. El país que deslocaliza produce a menor coste, mientras que el otro fabrica artículos de mayor valor añadido. La investigación económica ha confirmado este efecto positivo de la deslocalización. Los economistas Mary Amiti y Shang-Jin Wei, en su reciente investigación académica,[2] han demostrado que la deslocalizacion incrementa la productividad de Estados Unidos alrededor del 11 por ciento.

Además, el país que deslocaliza puede experimentar un incremento de la producción, dado que ahora puede producir a menor coste. Este efecto positivo hace que, a priori, no podamos predecir las consecuencias de la deslocalización para la demanda de empleo: por un lado, hay trabajos que se «marchan» al extranjero; por otro, el país es más productivo. El efecto neto es ambiguo, tanto en teoría como en los trabajos empíricos realizados sobre estos temas.

Lo que sí está claro es que la integración de un país en la cadena de valor global acentúa dos de las tendencias que hemos estudiado con anterioridad: el valor de la innovación y la importancia de la educación. En cuanto a la innovación, la globalización acentúa las economías de escala que hemos discutido en páginas anteriores. Dado que invertir en innovación supone un coste fijo, un incremento del tamaño del mercado permite repartir este coste entre un mayor número de unidades y hace, por lo tanto, más atractiva la inversión. Además la deslocalización permite a las empresas reducir sus costes, lo que las incentiva a innovar. Por otro lado, si un país deslocaliza su alta tecnología y se especializa en las actividades menos avanzadas, puede quedarse atrás en la evolución tecnológica y, con el tiempo, ese retraso se podría incluso acentuar.

Hablemos ahora de la educación. La deslocalización aumenta la demanda de talento tanto en el país que la recibe como en el que hace la inversión. En el país menos avanzado, el que recibe la inversión, es evidente que sus trabajadores deben adquirir nuevas habilidades y conocimientos para poder llevar a cabo las tareas que antes se realizaban en el país del primer mundo. Pero también en el país más avanzado se incrementa la demanda relativa de mano de obra cualificada y de talento y cae la de mano de obra sin especializar. Esas tareas se trasladan al país menos avanzado.

En este sentido, la globalización potencia los efectos de la tecnología de la información y cambia la naturaleza del trabajo en los países occidentales. Aumenta la demanda de trabajos abstractos y creativos, y disminuye la de tareas rutinarias que se realizan fácilmente por el ordenador o son deslocalizables. ¿Qué trabajos habrá en el futuro? ¿Cuál es el futuro del trabajo en este mundo?

EL TRABAJO DEL FUTURO: TRABAJO ABSTRACTO Y TRABAJO INTERPERSONAL

La revolución informática tiene por lo tanto diferentes efectos para los trabajadores en los diversos segmentos de habilidad. Como hemos visto, el acceso a la información permite a los trabajadores más cualificados y mejor preparados para las tareas abstractas hacer más y mejorar su trabajo, resolver problemas, interpretar datos, etc. Este efecto incrementa la demanda de los trabajadores más cualificados, el mercado efectivo al que sirven, y su remuneración. Esto sucede en los empleos que requieren capacidad para resolver problemas y creatividad e intuición, como consultores, médicos, ingenieros o abogados. De hecho, cuanto más alto es el nivel de formación y talento de un trabajador, más disfrutará de los beneficios de las nuevas tecnologías.

Por otro lado, para los trabajadores empleados en tareas rutinarias, ya sean manuales (como ser operario en una cadena de montaje) o de oficina (como procesar cheques en un banco o buscar referencias en la biblioteca física de un bufete de abogados), los ordenadores y la automatización, junto con la globalización y la deslocalización, simplemente eliminan el trabajo que ahora mismo desarrollan. Piensen en una compañía de seguros de hace cuarenta años. Un gran edificio lleno de personas que rellenaban formularios, procesaban papeles, los metían en sobres y los enviaban a otros trabajadores. Todos estos trabajos o han desaparecido o van a hacerlo. Esto supone que una cantidad enorme de empleos están siendo eliminados por los ordenadores, trabajos que en muchos casos estaban bien pagados.

¿Quiere esto decir que la clase media va a desaparecer, como temen algunos? No, en absoluto. La productividad en agricultura ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Necesitamos muchos menos trabajadores (alrededor de cincuenta veces menos) para producir los mismos alimentos que hace un siglo, pero los que trabajaban en agricultura han encontrado otros empleos. Los artesanos desaparecieron cuando se produjo la industrialización, pero encontraron nuevos empleos en las ciudades.

¿Qué trabajos permanecerán en el futuro o se verán beneficiados por estos cambios? En el segmento más bajo de las ocupaciones hay tareas que prácticamente no requieren formación, pero que no pueden ser ni deslocalizadas ni automatizadas: cuidar de un anciano, servir un café en un restaurante… Es decir, cualquier trabajo manual que deba realizarse en persona. Son tareas que no están afectadas en absoluto por las tendencias que hemos discutido en este capítulo. Es más, habrá una demanda creciente de ellas (y esto, como veremos, es importante para España).

De forma similar, hay muchas tareas «intermedias» que, aunque tienen aspectos abstractos y de información y solución de problemas, también poseen componentes manuales e interpersonales. Estas tareas tendrán que ser realizadas por humanos y dentro del propio país. Tal es el caso de los reparadores de ordenadores, los fontaneros, los jardineros, los cocineros de restaurantes, las enfermeras, los técnicos dentistas, los ortodontistas, los radiólogos o los peluqueros. En todos estos empleos la formación deberá ser crucial, pero la tecnología complementa en muchos casos sus conocimientos y el hecho de que haya una parte manual les permite conservar su nicho de mercado y, en muchos casos, aumentar su productividad.

En definitiva, el futuro de cada empleo depende del tipo de tareas que éste conlleve. Los que dependen más del pensamiento abstracto y de la creatividad se benefician de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como de la globalización. También lo hacen los que, requiriendo menos nivel intelectual y de formación, dependen de las relaciones personales o deben realizarse en persona (servir un café, hacer una cama, cuidar a un enfermo), y los que tienen un fuerte componente manual no rutinario. Los empleos con altos componentes rutinarios, por otro lado, tenderán a desaparecer. Por lo tanto, las economías que tendrán un mejor comportamiento en el futuro serán aquellas cuya población sea dinámica y bien formada, capaz de adaptarse a estas demandas o bien las que tengan un segmento de población importante dispuesto a especializarse en servicios personales o en la producción «cuasi artesanal».

A continuación, estudiaremos cómo la economía española se adapta a los retos que hemos analizado en esta primera parte.

SEGUNDA PARTE

ESPAÑA TRAS LA BURBUJA

3

EL LADRILLO COMO REFUGIO

En los capítulos anteriores hemos analizado los retos y las oportunidades que ofrece la economía global del conocimiento. Hemos comenzado argumentando que cabe esperar que el crecimiento económico del que disfrute Occidente en las próximas décadas será menor que en el pasado, en parte por la elevada carga de la deuda adquirida por varios países clave, pero sobre todo por razones demográficas y por la disminución del ritmo de innovación a medio plazo. A continuación, en el capítulo segundo, hemos analizado las causas de la importancia creciente del talento en la economía global y cómo ésta resultará en una creciente desigualdad salarial. Hemos visto de qué manera la globalización provee a algunas empresas con nuevas oportunidades para deslocalizar su cadena de producción, a la vez que ofrece a muchas otras la oportunidad de integrarse en cadenas globales de valor. Finalmente, hemos discutido qué tipos de empleos se beneficiarán de estos cambios y cuáles sufrirán como consecuencia de ellos. En particular, los empleos abstractos y creativos y —esto es muy relevante en el caso de España— aquellos con importantes componentes interpersonales registrarán incrementos de demanda sistemáticos.

Desgraciadamente, como veremos a continuación, ni las instituciones económicas y políticas ni el capital humano están al nivel que sería deseable para hacer frente a estos cambios económicos estructurales. En los tres capítulos siguientes, exploraremos la capacidad de la España post-ladrillo para responder a estos retos. En este primero, analizaremos la disposición del país a crecer y el impacto de la explosión de la burbuja sobre sus perspectivas de crecimiento. En el siguiente, la repercusión de la burbuja sobre el capital humano y su encaje con las demandas de la economía global que hemos descrito. Finalmente, estudiaremos cómo quedan las instituciones políticas y el liderazgo de España tras el pinchazo de la burbuja.

DEMOGRAFÍA Y ENDEUDAMIENTO

Inevitablemente, España se verá afectada de forma importante por dos de los factores que hemos apuntado en el capítulo 2 como obstáculos del crecimiento global: la demografía y el endeudamiento.

Empecemos con la demografía. El reto es por todos conocido. En sus estimaciones de diciembre de 2012, el Instituto Nacional de Estadística (INE) preveía que España perderá una décima parte de su población en cuarenta años (pasaremos de 46,2 millones en 2012 a 41,5 en 2052) y que el número de muertes superará al de nacimientos a partir de 2018. También prevé el INE, con menor certidumbre, que la esperanza de vida llegará a los 86,9 años en el caso de los hombres y los 90,7 en el de las mujeres en 2051, lo que supone un incremento de ocho años para los hombres y de seis para las mujeres. Estos cambios suponen que la tasa de dependencia se doblará, es decir, que pasará de cinco personas inactivas por cada diez en edad de trabajar a diez inactivas por cada diez en edad de trabajar.

Todo esto no es necesariamente negativo. Viviremos más. Esto es una excelente noticia. Los españoles tenemos la sexta esperanza de vida más alta del mundo. Pero también tenemos una natalidad excesivamente baja, aunque, eso sí, en leve recuperación.

Si las proyecciones negativas sobre la evolución de la demografía, resaltadas con bombo y platillo durante la década de 1990 resultaron ser excesivamente pesimistas, ¿por qué creerse ahora estas proyecciones? El error de los demógrafos en aquel momento tuvo que ver con el no previsto boom migratorio del que ha disfrutado España durante la primera década del milenio. Pero si lo que hemos vivido durante esta década prodigiosa ha sido un espejismo, el resultado de la inmigración recibida es también ilusorio y sirve sólo para retrasar lo que se predijo.

¿Cuáles serán las consecuencias económicas de este envejecimiento? La subida del gasto en salud y pensiones llevará a un incremento sustancial de los impuestos, de los gastos sanitarios y de las contribuciones a la Seguridad Social. De producirse esta subida de presión fiscal, llevaría a una caída de la inversión y a una salida del capital hacia lugares con mejores perspectivas de rendimiento. Además, el descenso de la proporción de jóvenes en la población puede resultar en una bajada sustancial del dinamismo económico y empresarial. En las famosas palabras del demógrafo francés Alfred Sauvy, la sociedad resultante será una de «personas mayores, discutiendo ideas antiguas en casas viejas».

En cuanto al endeudamiento, España parte de una deuda externa muy elevada. Las cuatro economías periféricas (Irlanda, Grecia, España y Portugal) alcanzaron durante la burbuja una elevadísima posición de inversión internacional neta (NIIP, por sus siglas en inglés), es decir, una deuda del sector público más el sector privado menos los activos extranjeros en manos nacionales de alrededor del 100 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). La deuda hará difícil el crecimiento, porque supone que los españoles ya hemos consumido gran parte de la riqueza que generaremos en el futuro.

Y, SIN EMBARGO, ESPAÑA CRECIÓ

¿Cómo es posible que a pesar de la baja capacidad de innovación y la mala demografía España haya crecido tanto en los años recientes? Las respuestas están en la burbuja inmobiliaria y financiera.

Entre 1995 y 2008, el crecimiento en España fue superior al de Estados Unidos y al de la Eurozona. En los mejores años, entre 1999 y 2007, el crecimiento medio fue del 3,6 por ciento. Sin embargo, éste se produjo a base de utilizar más recursos y no de incrementar la productividad. En particular, el motor principal del crecimiento durante ese período fue el enorme aumento del empleo, tanto debido al incremento de la inmigración como a la total incorporación de la mujer al mercado laboral.

De hecho, el crecimiento de la productividad en aquellos años fue negativo, es decir, cada vez producíamos menos con unos recursos dados (capital y trabajo). Y esto no sólo sucedía en la construcción, sino en todos los sectores.

La discreta evolución de la productividad española, unida a un incremento significativo de los costes laborales, ha erosionado la competitividad de las empresas nacionales frente a la de otras economías. Cuando los costes del trabajo crecen más que la productividad, los gastos laborales por unidad de producto suben y resultan en una pérdida de competitividad de las empresas. Éste ha sido el caso, de manera clarísima, de España. A su vez, la pérdida de competitividad se tradujo en un incremento significativo del déficit por cuenta corriente —es decir, que el valor de sus importaciones y de las rentas y transferencias que paga al resto del mundo supera más de lo habitual el de sus exportaciones— y, por consiguiente, de la necesidad de financiación del exterior.

¿Cómo es posible que el esfuerzo modernizador de la economía española desde la entrada en la Comunidad Europea no se tradujera en una mejora de su funcionamiento? ¿Por qué se produjo un crecimiento de tan baja calidad tras la entrada en el euro?

Los años anteriores a la entrada en el euro habían supuesto una profundización del impulso reformista. La posición fiscal española estaba consolidada. Había tenido lugar una oleada de privatizaciones, España contaba con fuertes multinacionales y el sistema financiero era sólido, competitivo y bien capitalizado. Desgraciadamente, la burbuja inmobiliaria puso a fin a todo esto.

LA BURBUJA, UNA FURIOSA HUIDA HACIA DELANTE

La burbuja no se produjo por casualidad, sino que fue el resultado de una decisión consciente de las Administraciones españolas. Enfrentadas a los retos que hemos descrito más arriba y ante una posibilidad histórica de modernizar la economía española, se evitaron las decisiones difíciles. Eso incluía abandonar cualquier reforma penosa y usar la entrada en el euro para correrse una juerga histórica.

Crecer a base de modernizar la economía hubiera requerido reformar los mercados que todos sabíamos que no funcionaban (empezando por el de trabajo), además de la educación y de la Administración de Justicia. Era un camino duro, lleno de espinas. En vez de elegir este camino, España se embarcó en una furiosa huida hacia delante. Gracias al raudal de dinero barato que entró en España tras su incorporación a la moneda única, las hipotecas de las familias se multiplicaron por seis en una década, pasando de cien mil millones a seiscientos mil millones. La suma de préstamos a promotores y a familias al final de la década de 2000 era mayor que el PIB de España.

Durante esta expansión, España no hizo nada por hacer frente a los retos que tenía planteados: la reforma del mercado laboral de 2002 fue abandonada tras convocar los sindicatos una jornada de movilización y huelga. El sistema educativo no se tocó y el diseño autonómico empeoró en vez de mejorar.

Indudablemente, había factores estructurales importantes (como la caída de los tipos de interés, la inmigración, la demografía) que contribuyeron al inicio de la burbuja, pero también hay importantes razones de economía política que resultaron cruciales en su desarrollo. Particularmente importante es el triángulo entre Gobiernos locales y regionales, promotores y cajas de ahorros. Entender el origen de este desvío que tomó España en su proceso modernizador es crucial para entender por qué nuestro país es diferente (una pista: la respuesta no está en las características genéticas de los españoles o de los europeos del sur).

EL DESENFRENO URBANÍSTICO: UNA HISTORIA LEGAL[3]

Para entender el enorme desenfreno bajo el que funciona el urbanismo español es necesario comprender el desarrollo legislativo que ha permitido esa disipación. La mayor parte de los especialistas en la materia sitúan el origen de la descentralización del urbanismo en una ley de Aznar de 1998. La realidad es otra. El origen del caos parte (como en muchos otros temas, incluyendo el caos autonómico y la irreformable universidad) de una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional.

El urbanismo español estaba históricamente basado en una ley del 12 de mayo de 1956 que era en esencia una transposición de la ley que Mussolini promulgó para Italia en 1942. Diferenciaba tres tipos de suelo: urbano, urbanizable y rústico. Un aspecto importante de la ley era que las expropiaciones debían pagarse al precio que se esperaba que tuviera el suelo cuando estuviera urbanizado, lo cual resultaba muy caro para los Gobiernos y explica la falta de infraestructura pública durante los años del desarrollo.

En 1975 se reforma la ley en dos direcciones: se elimina el derecho a construir en suelo rústico y se cede a los ayuntamientos el 10 por ciento del terreno de un nuevo polígono. Esto hace que los ayuntamientos incentiven la construcción de polígonos. Más tarde, en 1990, se vuelve a reformar la ley y se incrementa la parte de los ayuntamientos hasta un 15 por ciento.

Pero el cambio drástico se produce con la legislación de 1994 de la Comunidad Valenciana, el kilómetro cero de los mayores desmanes urbanístico-financieros españoles. Esta ley introduce dos figuras novedosas en nuestro ordenamiento. La primera de ellas es el convenio urbanístico, que permite al propietario, tras un acuerdo con el ayuntamiento, hacer lo que desee con el suelo. El agente urbanizador es la segunda de esas figuras. Es un promotor que propone un plan de desarrollo del terreno de un tercero. Ofrece una parte al ayuntamiento, otra se la queda él y la tercera se la da al propietario. El ayuntamiento puede legalmente ofrecer un justiprecio al propietario y obligarle a aceptarlo. En ambos casos, si el ayuntamiento aprueba el plan, el proyecto no está sujeto a las clasificaciones previas del terreno.

Esta ley supone una descentralización sin precedentes del proceso de urbanismo y da una responsabilidad enorme a los ayuntamientos. Pone la primera piedra para que los promotores capturen (¡voluntariamente!) a los alcaldes y a los presidentes de las comunidades autónomas. La Administración central del Estado puso un recurso de inconstitucionalidad. Pero éste fue rechazado por el Tribunal Constitucional en 1997 con el argumento de que la Constitución otorga las competencias de derecho urbanístico a las autonomías.

La famosa ley del suelo de 1998 no es la causa de desastre, como muchos piensan, sino un intento de constitucionalizar la legislación anterior (el texto refundido de 1990), tratando de liberalizar la oferta de suelo y de crear un marco libre para evitar la arbitrariedad de los ayuntamientos. El Tribunal Constitucional tumbó de nuevo esta ley en 2001, con el resultado de que, en la práctica, cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera.

Tras estos cambios en el marco legal, un promotor podía hacerse rico desarrollando suelo que nunca antes había estado en el mercado, sólo con conseguir la aprobación del alcalde. Además, como la municipalidad también recibía altas compensaciones en metálico, el desarrollo urbanístico se convirtió en una importante fuente de financiación para las autoridades locales, que podían así expandir sus programas sociales.

LAS CAJAS COMO FINANCIADORAS DE LA BURBUJA

Para los individuos con buenas conexiones, el camino hacia la riqueza estaba despejado; sólo les hacía falta conseguir una fuente de financiación. Las cajas de ahorros, con una mezcla de gestión politizada y de simple ignorancia, jugaron un papel fundamental a la hora de proveer esa financiación.

Durante la primera década de este siglo el sistema financiero español se repartía en dos partes más o menos iguales entre las cajas y los bancos. Las cajas, originalmente creadas para prestar servicios bancarios locales para la población de clase media y obrera, por tradición ignorada por los bancos tradicionales, tenían una fuerte base territorial y una actitud conservadora.

Dos aspectos clave de su regulación cambiaron con la llegada de la democracia. En primer lugar, en 1985 su control fue transferido a las regiones, lo que abrió la puerta para su «captura» por parte de los políticos locales. En segundo lugar, recibieron autorización del legislador para expandirse territorialmente fuera de su área provincial original de actividad. Como resultado, las cajas comenzaron una diversificación geográfica imparable y el número de sucursales se disparó. El 1 de enero de 2008, España contaba con cerca de 25.000 sucursales de cajas, una por cada 1.800 habitantes.

En esta carrera por el crecimiento, las cajas empezaron a canalizar préstamos a los promotores inmobiliarios de manera indiscriminada. Entre 1995 y 2005, los préstamos para la construcción y el desarrollo inmobiliario pasaron del 8 por ciento al 29 por ciento del PIB, y los préstamos a hogares para la adquisición de la vivienda crecieron del 17 por ciento del PIB al 49 por ciento. Este auge de los préstamos fue acompañado por el mismo efecto en la construcción. El número de viviendas construidas, siempre al alza, pasó de 150.000 en 1995 a 600.000 en 2007. Los precios también aumentaron rápidamente: según datos del Ministerio de Vivienda español, entre 1998 y el pico del boom de 2008, los precios nominales de la vivienda se incrementaron en un 175 por ciento, en comparación con un aumento del 61,5 por ciento en el IPC.

Como el crecimiento de los depósitos no era suficiente para hacer frente al auge de los préstamos, las cajas recurrieron a la financiación mayorista. Y dado que los préstamos estaban denominados en euros y en contra de garantías físicas (activos inmobiliarios), las instituciones internacionales no tuvieron ningún reparo en prestar lo necesario.

Desgraciadamente, el enorme crecimiento del sector de las cajas no fue acompañado de mejoras en su gobernanza. Las cajas no tenían accionistas; se regían por un consejo gobernado por normas autonómicas y elegido por los Gobiernos locales, los empleados y los clientes regionales y locales. Mediante sistemáticas modificaciones de la legislación autonómica, sufrieron en muchos casos un verdadero asalto a sus órganos de dirección por parte del poder político, que procedió a nombrar gestores, en ocasiones de bajísima formación financiera y empresarial, y a utilizar las cajas como bancos regionales de financiación de proyectos. Unos proyectos que, en no pocos casos, carecían de rentabilidad económica, como aeropuertos sin aviones, grandes y vacíos, parques temáticos o grandiosas ciudades de las artes, la justicia o la cultura...

INTERESES, NO IDEOLOGÍA

Es tentador, y quizás reconfortante, pensar que lo que presenciamos en España fue simplemente una combinación de errores de los poderes públicos y mucha mala suerte. Y sí, es cierto que hubo coincidencias negativas importantes en el germen del desastre. Pero también existen multitud de anécdotas que evidencian que no fue ésta la razón principal del desarrollo de una burbuja tan descomunal. Los poderes públicos buscaban en muchos casos su interés personal, incluso desarrollando proyectos que no tenían ningún sentido. Hemos visto muchas veces cómo el partido que gobierna defiende un proyecto insensato, y la oposición lo denuncia y se opone con dureza. En el momento en el que el partido opositor consigue el poder, la situación cambia repentina y radicalmente: el que era la oposición se convierte en un defensor acérrimo del proyecto loco y el que estaba en el Gobierno, al pasar al otro lado, de repente ve la luz y lo rechaza.

Un ejemplo clásico al respecto es la construcción de la faraónica Ciudad de la Cultura de Galicia. El costosísimo proyecto suponía la edificación de un conjunto de edificios suntuarios a dos kilómetros del casco antiguo de Santiago de Compostela. En una ciudad de menos de 100.000 habitantes, el conjunto incluiría una biblioteca mayor que la Biblioteca Nacional de Alemania, una enorme hemeroteca (de ejemplares en papel), un Palacio de la Ópera diseñado, de acuerdo con el consejero de Cultura de la época, para representar las mismas óperas que llegan a Milán (¿por qué tenían ellos derecho y nosotros no?, se preguntaba el consejero), un Museo de Historia de Galicia, un edificio de servicios centrales y un obligado edificio de nuevas tecnologías. Todo ello construido en una cuarcita rosada que —y esto fue impuesto por el Gobierno regional a los arquitectos— venía de una cantera propiedad del alcalde de Ortigueira, del PP, tan pequeña que resultó insuficiente para tan monumental obra y debió ser complementada con piedra importada de Brasil.

El proyecto no se ha terminado ni se terminará nunca. En 2005, el Partido Popular perdió el poder en Galicia a favor del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Socialista Galego (PSG), dos partidos que habían sido muy críticos con el proyecto. Pues bien, en cuanto llegaron al poder, ¿continuaron con sus críticas? Al contrario, se convirtieron en acérrimos defensores de la Ciudad de la Cultura. ¿Cómo interpretar este cambio de parecer, repetido en proyectos y recalificaciones en toda la geografía española? Es inevitable concluir que, en muchos casos, a lo largo y ancho de nuestra geografía los partidos no defienden ideas, sino que se comportan como intermediarios entre intereses económicos más o menos confesables.

CRECIMIENTO SIN CONOCIMIENTO: CONSECUENCIAS DE LA BURBUJA

La consecuencia del mecanismo diabólico que unía a poderes locales, promotores y cajas fue que España tuvo los años más fáciles de su historia. Años en los que no era necesario estudiar, trabajar duro o innovar para hacerse rico. Sólo hacía falta tener un amigo en la Administración adecuada, es decir, tener un buen «enchufe».

La burbuja sumergió a España en una confortante pero engañosa neblina de éxito que ocultaba la realidad del país. A medida que los precios subían, el riesgo percibido por bancos y cajas y por los reguladores disminuía. Las familias, que solían vivir en viviendas de su propiedad y que invertían la mayor parte de su riqueza en bienes inmobiliarios, también se sentían más ricas. El resultado es que, al final de este período, España se encontró con un fuerte aumento de precios en el sector inmobiliario, uno de los niveles más altos de deuda privada en el mundo desarrollado (que se calcula en términos brutos en el 300 por ciento del PIB), un enorme número de viviendas sin vender construidas entre 1995 y 2007.

Esta burbuja inmobiliaria tiene ahora consecuencias negativas para el crecimiento. Primero, porque, como en los países que descubren petróleo u otros recursos, los Gobiernos se embarcan en fastuosas inversiones y gastos improductivos (la Ciudad de la Cultura, por ejemplo) que tienen consecuencias sobre el gasto futuro y, por tanto, requieren de mayores impuestos. En el caso de España, el AVE, la mayor parte de cuyas vías es fuertemente deficitaria y lo será para siempre (como ha argumentado Germà Bel en España, capital París), es un caso obvio, pero existen muchos otros, particularmente en la cartera de prestaciones sanitarias. Segundo, porque la deuda en sí misma reduce el crecimiento. La razón es que incluso los proyectos de inversión que generan beneficios pueden tener problemas para conseguir capital si los financiadores temen que la inversión vaya a pagar las deudas previas. Es por eso que existe la bancarrota: alguien muy endeudado no puede salir del agujero porque ningún acreedor nuevo goza de protección contra los deudores pasados.

Además, en lo concerniente a nuestro país hay dos mecanismos adicionales por los que la burbuja tiene un impacto negativo sobre el crecimiento que requieren de una atención especial y que serán objeto de un capítulo cada uno. Primero, España ha sufrido una variante de la «enfermedad holandesa». Esta expresión se refiere a los países que descubren repentinamente recursos naturales y que generalmente sufren como consecuencia de ello un fuerte deterioro de sus industrias exportadoras. Como en la España del Siglo de Oro, la repentina riqueza lleva a una fuerte subida de los precios de los productos no comerciables y causa un movimiento de los recursos desde los sectores comerciables y exportables hacia los no comerciables. Durante el Siglo de Oro España vio la destrucción de gran parte de su capacidad productiva. Los españoles, sobre todo los castellanos, se dedicaban a ser soldados o curas, mientras la construcción de palacios, iglesias y catedrales consumía una gran parte del ahorro del país.

El ladrillo no ha durado un siglo, sino sólo una década. Las catedrales de la España del nuevo milenio han sido los huertos solares, los estadios deportivos, los conciertos y festivales gratuitos en cada ciudad y en cada pueblo, las actividades de afirmación regional o provincial. Las tareas en las que los españoles han tenido éxito no son exportables (con contadas excepciones), sino que van ligadas al consumo interno.

La segunda consecuencia de la burbuja en España que requiere especial atención es su impacto sobre las instituciones y sobre las élites que nos gobiernan. Los incentivos y la selección que se produjo en el boom fueron nefastos. Los políticos desmontaron sistemáticamente todas las instituciones independientes para ponerlas a su servicio. Por poner un ejemplo, el orgulloso e independiente Banco de España tuvo durante los años del descontrol financiero de la burbuja dos gobernadores sucesivos que eran políticos de carrera (uno de cada signo) y que no tenían ningún conocimiento de las que iban a ser sus dos funciones principales: la política monetaria y la supervisión bancaria. Lo mismo ha sucedido con el Tribunal Constitucional, hasta el punto de que es ahora presidido por un juez que es militante de un partido político. Una vez desmontadas las instituciones, puede llevar décadas reconstruir su independencia y su capacidad de análisis.

Los dos capítulos siguientes analizan el capital humano de los trabajadores y de los líderes y políticos que toman decisiones sobre el futuro del país, y su capacidad para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la economía española.

4

ESPAÑA ANTE EL RETO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: IDEAS, TRABAJO Y FORMACIÓN

Como hemos visto, la economía del conocimiento requiere unos trabajadores bien formados, capaces de interactuar con las nuevas tecnologías y de razonar analíticamente en un mundo rico en datos y en información. Demanda también un mercado laboral dinámico y flexible, que permita a las empresas adaptarse a los cambios tecnológicos. Y exige, finalmente, que la formación académica se complete con una seria formación en el empleo. En esta sección veremos cómo la economía española responde a estos tres retos.

LA VARIANTE ESPAÑOLA DE LA ENFERMEDAD HOLANDESA

En 1959, Holanda descubrió enormes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Este descubrimiento, que incrementó enormemente la riqueza del país, produjo un influjo de capitales y una revaluación del florín que llevaron a la destrucción del sector manufacturero del país. Este síndrome es conocido desde entonces como la «enfermedad holandesa». La sufren todos aquellos países que descubren de repente un recurso natural muy valioso. A medida que entra riqueza del extranjero, parte de los ingresos se destinan a bienes y servicios internos no comerciables. El incremento de la demanda interna hace subir los precios internos. Esto debilita la competitividad de las exportaciones del país. Además, el capital y el trabajo nacionales se reorientan hacia la demanda interna.

En los últimos quince años, España no encontró petróleo. Pero el sol y el ladrillo y su demanda por parte de los extranjeros fueron nuestro petróleo. Como en el Siglo de Oro, la demanda interna se incrementó al subir nuestras «exportaciones de sol», los precios internos se elevaron, la competitividad se deterioró y la economía se reorientó hacia los bienes y servicios no comerciables.

Nuestra variante de la enfermedad holandesa tiene una peculiaridad novedosa con respecto a la experiencia internacional previa, una novedad que puede ser muy dañina a largo plazo: las ocupaciones hacia las que se orientaba la demanda (simplificando, se podría resumir en poner ladrillos y poner cafés) requerían un nivel educativo muy bajo. El salario de los menos educados creció durante este período más rápidamente que el de los más educados. Es decir, se produjo una caída del retorno de la inversión en educación. El resultado fue un incremento del abandono escolar y la parada brusca de la convergencia educativa con nuestros vecinos del norte.

Tanto la caída del retorno a la educación como la subida del abandono escolar durante los años de la burbuja son únicos en España y muy diferentes del mundo occidental. Como hemos discutido en el capítulo 3, la revolución de la economía de la información ha supuesto en la mayor parte de países un fuerte incremento del valor de la educación y, por lo tanto, una subida en los salarios de los más educados respecto a los de los menos formados. Cuando esto sucede, el valor de la educación aumenta y los más jóvenes deciden continuar sus estudios.

En España sucedió lo contrario. La prima salarial obtenida por tener un título universitario inició en 1999 una caída constante. Pasó de casi un 25 por ciento más de salario para los universitarios varones a una casi total paridad salarial en 2009 (de acuerdo con cálculos que publicamos Florentino Felgueroso, Sergi Jiménez y yo en Nada es gratis).

Dado que en España cada vez valía menos la pena estudiar, los jóvenes españoles abandonaban la escuela en masa. Hasta el año 2000, el elevado abandono escolar temprano en España se había reducido tanto o incluso más que en otros países de nuestro entorno con tasas de abandono similares. Por ejemplo, España sufrió un mayor descenso que Italia en la proporción de estudiantes que abandonaban la escuela entre 1992 y 2000. Pero con el comienzo de la burbuja inmobiliaria, la tendencia se rompió. Mientras en todos los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) con una tasa de abandono escolar elevada —como Italia, Turquía, Malta o Portugal— la cifra continuaba disminuyendo, en España comenzó un ascenso que duró hasta 2008.

Los economistas Guillaume Bonhome, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), y Laura Hospido, del Banco de España, han analizado con detalle las razones de la caída de la prima salarial en la educación durante la burbuja, y han concluido que la construcción jugó un papel clave. El empleo en el sector de la construcción experimentó una fuerte subida durante el boom. Uno de cada cuatro varones españoles trabajaba en la construcción cuando pinchó la burbuja. A la vez, los salarios en este sector experimentaron un fuerte crecimiento. El salario medio de la construcción pasó de ser equivalente al 30 percentil de la distribución (es decir, el 70 por ciento de los salarios eran mayores que los de la construcción) a ocupar el 40 percentil. Una subida tal de salarios y empleo en un sector es muestra de un fuerte tirón de la demanda. Es lo contrario de lo que ha ocurrido en el resto del mundo, donde hemos visto un fuerte incremento de salarios y empleo en trabajos de cualificación muy alta. Por supuesto, una vez pinchada la burbuja, estas subidas de empleo y salarios en la construcción han recorrido el camino inverso hasta desaparecer.

El resultado ha sido que la burbuja ha engañado a los jóvenes. Un sinnúmero de ellos han abandonado sus estudios demasiado pronto. Se decían: ¿para qué estudiar si puedo comprarme un piso y un coche con un salario en la construcción? La señal que recibían del mercado era exactamente la contraria a la transmitida por la economía global en aquel momento. Cada vez era (y es) más importante la educación, pero lo que los jóvenes españoles escuchaban era que no merecía la pena hincar los codos.

Las consecuencias son evidentes en la distribución de la caída del empleo desde el inicio de la crisis. La economía española ha perdido 3,8 millones de empleos. Pues bien, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de julio de 2013, la contratación total de personas con educación superior no ha caído en absoluto desde el comienzo de la crisis en el tercer trimestre de 2007: sigue en los mismos 6,5 millones de empleos que entonces. Los que han desaparecido son aquellos que requerían un menor nivel educativo. Los ocupados que sólo tienen la educación primaria han caído a la mitad, de 3 millones a 1,5 millones. Los que acabaron sólo el primer ciclo de secundaria han perdido casi un quinto de sus empleos, de 5,6 millones a 4,6 millones. Y los que completaron la segunda etapa de secundaria han perdido otro millón de ocupados, cayendo de 4,9 a 3,9 millones.

Es decir, el 100 por cien de los empleos perdidos por la crisis corresponden a niveles educativos no universitarios. En términos de paro, casi 5 millones de nuestros más de 6 millones de parados tienen sólo la educación secundaria o menos.

Por tanto, el desempleo al que se enfrenta España tiene un componente fuertemente estructural y relacionado con el mal encaje del nivel educativo y de la experiencia de la población con las necesidades actuales de la economía del conocimiento. Los trabajos perdidos estaban adaptados a las demandas de nuestra economía del boom, cuando la educación era una mala inversión.

El estudio publicado por la OECD en octubre de 2013 sobre la educación de los adultos (en el marco del programa PIACC, equivalente a PISA —por las siglas en inglés de Program for International Student Assessment— pero para las personas de 16 a 65 años) confirma que amplias capas de la sociedad española simplemente no están preparadas para la economía del futuro. Los adultos españoles ocupan el último puesto de los 23 países examinados en matemáticas, y el penúltimo, por delante de Italia, en comprensión lectora.

Hay que reconocer cuanto antes que la situación anterior, con una demanda desproporcionadamente elevada de empleos que no requerían más que saber leer y escribir, no va a volver nunca. En cada crisis de los últimos cuarenta años el número de empleos que no requerían un nivel educativo avanzado ha caído y no se ha recuperado nunca. Sin invertir todo lo posible en formación, no hay futuro ni para España ni para nuestros parados.

Pero no sólo es el abandono escolar temprano el causante de los problemas de capital humano, y por tanto de productividad, de nuestra economía. La formación en el trabajo ha sufrido enormemente como consecuencia de la brutal dualidad y temporalidad de éste. Vamos a analizarlo a continuación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS CONTRA CONVENIOS

Poco antes de la reforma laboral de 2012, tras una rueda de prensa en FEDEA, me entrevistó un periodista de The Wall Street Journal. Había comprado un trípode para su iPhone y, tras hacerme una entrevista para el periódico escrito, me hizo varias preguntas en vídeo para publicar en la edición digital del periódico. Para explotar la nueva tecnología, el periodista se había convertido también en cámara. Pues bien, como nos explicó un periodista local que esperaba turno pacientemente junto a su fotógrafo, eso es algo que él no podía hacer. Nos contó que el convenio establecía que las fotos y los vídeos debían ser realizados por profesionales de la imagen. La consecuencia para la productividad es evidente.

La absurda rigidez de los convenios ha tenido un impacto sustancial en la pobre adopción de las nuevas tecnologías en las empresas españolas, y en sus posibilidades de globalización. El legislador siempre prioriza el impacto de los salarios y de las condiciones de trabajo sobre el bienestar de las personas empleadas. Pero los salarios y las condiciones laborales cumplen otras funciones, como son permitir la adaptación a los cambios en el entorno económico, incentivar la formación o la productividad y asegurar la asignación del talento a los trabajos. Y si estas funciones no se cumplen, no se creará empleo. Y sin empleo, no hay bienestar. De la misma manera que la congelación de los alquileres parece favorable pero termina eliminando el mercado de alquiler, la congelación de los convenios es el fin del empleo.

Los problemas españoles en esta área datan de la Transición. El Estatuto de los Trabajadores (ET) de 1980 se hizo en un contexto en el que los sindicatos casi no tenían implantación y se buscaba poner en marcha un sistema de negociación colectiva con amplia cobertura. Este sistema daba mucho poder a los sindicatos y órganos colectivos, independientemente de la proporción de trabajadores que los apoyaran, y cumplió con sus objetivos iniciales de fomentar su extensión y participación en la negociación colectiva.

Desgraciadamente, el sistema de negociación colectiva ha impedido la adaptación a la globalización y a los cambios tecnológicos analizados en la primera parte de este libro. Para que se produzca la reasignación de recursos necesaria, es prioritario que los salarios se muevan con la productividad, que los sectores y empresas más productivos y con mayor demanda experimenten incrementos en los salarios relativos, mientras que los sectores en decadencia o con menor demanda sufran caídas. Pero en España, debido a estas rigideces impuestas por la negociación colectiva, los salarios en diferentes sectores y empresas guardan poca relación con la productividad en ellos. Esto impide que los salarios cumplan su papel de orientar los recursos, dificulta su reasignación hacia las actividades más rentables y hace que haya excesivo trabajo y capital asignado en sectores poco productivos. La investigación académica muestra que, como en la anécdota de la prensa que relatábamos al principio, las empresas han tenido poca flexibilidad interna, lo que les impide aprovechar las nuevas tecnologías y restringe el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Esta falta de flexibilidad interna y la rigidez salarial suponen que en nuestro país los ajustes durante las recesiones se hayan realizado históricamente mediante la destrucción masiva de empleo.

Las últimas reformas laborales, especialmente la de 2012, han tratado de abordar estos problemas. La reforma de 2012 da prioridad a los convenios de empresa sobre los de sector y provincia, con lo que descentraliza y flexibiliza la negociación colectiva. También suprime la autorización administrativa previa para las suspensiones de contratos y reducciones de jornada colectivas. Además, limita a dos años la vigencia de los convenios vencidos y no renegociados, frente a la duración indefinida anterior, lo que limita la llamada «ultractividad», un verdadero cáncer que daba una enorme inercia a las condiciones de trabajo. La reforma permite también que las empresas se descuelguen del convenio del sector por causas económicas (caídas de ventas). En este aspecto va mucho menos lejos de lo deseable, porque requiere un pacto con los trabajadores. En caso de que no haya pacto, añade una tercera instancia de resolución: la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos. Este procedimiento es endemoniado y seguramente será de poca ayuda para las pymes.

Por tanto, la reforma de 2012 avanza algo en la dirección requerida por nuestra economía a la hora de flexibilizar convenios, pero con menos decisión de la deseable. Ya no estamos en la Transición. Los convenios, para tener eficacia general, deben alcanzar umbrales mínimos de representatividad del empleo y empresas cubiertas. En todo caso, pese al indudable avance a la hora de flexibilizar los convenios, uno de los dos cánceres clave de nuestro mercado laboral, casi nada positivo se ha hecho para resolver el otro: la enorme dualidad y temporalidad de este mercado, que dificulta enormemente la formación y, por tanto, la productividad.

¿CÓMO SER PRODUCTIVO EN UN TRABAJO DE SEIS MESES?

En un reciente paso por Barajas me encontré con una cola larguísima de unas 300 personas, que esperaban un taxi. Lo más llamativo era que no faltaban taxis. De hecho, el aparcamiento de dimensiones colosales en el que hacen cola durante dos o tres horas estaba completamente lleno. Lo que sucedía era que los tres chicos que estaban organizando su llegada lo estaban haciendo rematadamente mal, con enorme lentitud, sin dejar aparcar o llenar más de tres o cuatro taxis a la vez, en vez de, como es posible en la T4, llenar a la vez dieciséis o veinte coches si se usan los dos pasillos que hay. Tras preguntar a unos y otros sobre lo que sucedía me contaron una historia que es el relato mismo de la baja productividad laboral en España.

La compañía que tiene la contrata de la parada de taxis sólo realiza contratos temporales de seis meses y, cuando éstos se cumplen, inmediatamente entran nuevos «llenataxis» que sustituyen a los que lo hacían. Con la llegada de los nuevos, que suelen trabajar en equipos de tres, se monta un tinglado gigante, con enormes retrasos e interminables colas tanto desde el punto de vista de la oferta (los taxistas deben esperar mucho en Barajas) como de la demanda (los pasajeros se amontonan impacientes durante 20 minutos, como me sucedió a mí). A lo largo de los siguientes meses, los chicos y chicas cogen el truquillo, aprenden a colocar de forma más organizada los taxis que llegan y consiguen que no haya colas. Para cuando lo hacen bien ya han pasado seis meses, la empresa los despide y hay que volver a empezar. La calma chicha de los contratados se explica indudablemente por la falta de incentivos: si te van a despedir de todos modos al cabo de medio año, ¿para qué esforzarse?

Esta anécdota refleja mejor que cualquier estadística lo que todos los analistas ven como uno de los obstáculos clave para el crecimiento de la productividad en España: la perversa dualidad entre los trabajadores fijos y temporales. El «muro» en el coste del despido entre los contratos fijos y los temporales hace que nuestra economía responda de manera mucho más aguda a las fluctuaciones cíclicas. Peor aún, la dualidad causa una menor inversión en educación y en formación por parte de las empresas y de los empleados, y sesga la estructura productiva del país hacia sectores de menor valor añadido y menor proyección internacional. Desde el punto de vista social, los jóvenes atrapados en cadenas sin fin de contratos temporales y períodos de desempleo no pueden formar familias y aspirar a realizarse en el trabajo como toda persona merece.

Las sucesivas reformas laborales que los dos últimos Gobiernos han llevado a cabo no han afectado sustancialmente a este muro. Por ejemplo, el contrato de emprendedores, el nuevo contrato estrella de la reforma de 2012 (como había pocos contratos, se añadió uno más), bonifica a las pequeñas empresas por contratar a trabajadores con un período de prueba, de un año, sin indemnización por despido. El muro entre fijos y temporales, desgraciadamente, permanece con este contrato. A partir del segundo año, la indemnización sube a 20 o 33 días por año. En un mundo con incertidumbre, el empleador sigue prefiriendo el contrato temporal o despedir a sus trabajadores a finales del año. Además, este contrato sólo es aplicable para las empresas de menos de 50 trabajadores. Así, es muy probable que cree un importante «efecto umbral» y dificulte el crecimiento de las empresas a partir de ese número.

¿PODEMOS ACABAR CON LA DUALIDAD?

La economía del conocimiento requiere formación académica, flexibilidad laboral y formación profesional en el lugar de trabajo. Desgraciadamente, como hemos visto, España tiene problemas serios en los tres ámbitos. Primero, porque la burbuja, nuestra enfermedad holandesa, ha dejado a España con una inversión en capital humano y una formación demasiado bajas. En muchos casos y durante la burbuja, los jóvenes abandonaron la formación en favor del trabajo sin cualificar en la construcción. Segundo, porque la regulación de los convenios limita fuertemente la capacidad de las empresas de hacer frente a los cambios tecnológicos, aunque, como hemos visto, este segundo aspecto ha mejorado con la reforma laboral. Tercero, porque la enorme dualidad entre los contratos fijos y los temporales limita los incentivos de los trabajadores y los empresarios para invertir en formación.

Un grupo de economistas, entre los que me encuentro, presentó en el año 2010 una propuesta concreta y sencilla para resolver este problema de la dualidad. Se trata de eliminar casi todos los contratos temporales (todos menos el de interinidad) y establecer una única fórmula de contratación: un contrato con indemnizaciones crecientes por año trabajado que empieza el primer año con una indemnización similar a la de los contratos temporales actuales. Después incrementa ésta de manera anual y poco a poco. Se elimina, así, el muro entre el primer y el segundo año de trabajo y entre éste y el tercero.

La propuesta permite mantener la flexibilidad que necesitan sectores clave en la economía española, como la hostelería y la restauración, ya que el primer año de contrato las condiciones son similares a las ofrecidas por uno temporal. Pero elimina el enorme incentivo legal al despido que ahora supone que el empresario, después del primer año, deba comprometerse de forma irreversible. Además, nuestra propuesta, para no dar un incentivo repentino a los despidos, mantenía en sus condiciones actuales a los empleados que disfrutan de un contrato fijo.

Desgraciadamente, la propuesta no ha tenido ningún impacto en la política económica. A pesar de la opinión positiva de las organizaciones internacionales y de la obvia anomalía de la fragilidad del empleo en España y del exceso de temporalidad, la respuesta de los Gobiernos del PP y del PSOE a nuestra propuesta ha sido prácticamente nula, más allá de las introducciones a los decretos de reforma. Estos decretos sí hablan con detalle de la necesidad de eliminar la dualidad, pero en la práctica estas reformas no han supuesto ningún avance.

Por tanto, con la excepción de la reforma de los convenios, los últimos Gobiernos han hecho poco para mejorar la posición de los trabajadores españoles en la economía global. ¿Por qué, con un diagnóstico tan claro de lo que está pasando, compartido por analistas e instituciones económicas, no se producen cambios en el sistema educativo español y en el mercado de trabajo que mejoren el encaje de los trabajadores españoles en la economía global? La razón tiene que ver con intereses políticos, claro, pero también parcialmente con la educación de las élites españolas. Este aspecto del capital humano ocupará nuestra atención en las siguientes páginas.

5

«NO LISTEN THE ASK»: LA SELECCIÓN Y LOS INCENTIVOS DE NUESTRAS ÉLITES Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

El presidente del Comité Olímpico Español (COE) es un ejemplo de una especie muy común entre nuestras élites. A pesar de que hablar inglés es crucial en un cargo con tal proyección, su falta de dominio del idioma es de vergüenza ajena. En la crucial rueda de prensa que tuvo lugar en septiembre de 2013, previa a la votación en la que Madrid salió derrotada y que otorgó los siguientes juegos a Tokio, le soltó a un periodista al que no oía bien un inolvidable «Sorry, no listen the ask». Es la frase en inglés peor formulada que he oído nunca; está plagada de errores infantiles. Falta el sujeto, obligatorio en inglés. En lugar de «no» debería haber dicho «did not» o «do not» y «ask» quiere decir «preguntar», no «pregunta». El mismo personaje había salido a la luz pública unos meses antes con motivo del descubrimiento del plagio de la tesis doctoral que intentó defender en la Universidad de Vigo. Uno reconoce fácilmente con rubor la escena (por haberla presenciado en demasiadas ocasiones) cuando escucha cómo, durante la campaña por Madrid 2020 en la que en teoría él jugaba un papel clave, y mientras el resto de miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) charlaba animadamente, el director del COE se quedaba solo en una esquina comiendo canapés, sin relacionarse con los miembros (y votantes) del COI, aquellos a los que en teoría él debía persuadir.

Cuando, avergonzados, nos encontramos con estos personajes, con esta supuesta «élite», en el contexto internacional siempre nos tenemos que hacer la misma pregunta: «¿De dónde ha salido este tipo? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?».

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL QUE LAS REFORMAS SE LLEVEN A CABO?

¿Por qué es tan difícil la reforma laboral y educativa? ¿Por qué es tan difícil reformar la Administración del Estado? ¿Es que son tontos los que nos gobiernan? ¿Por qué no cambian lo que funciona tan descaradamente mal? Hay dos respuestas a estas preguntas, una obvia y otra más profunda y compleja. Ambas son importantes para entender la dificultad que tiene España para hacer frente a la crisis. Por una parte, hay un problema de intereses creados. De la misma manera que a los catedráticos absentistas les parece que la universidad funciona maravillosamente bien (les da un título prestigioso y no les exige nada de trabajo a cambio), a los sindicatos y empresarios actuales no les conviene una modificación del funcionamiento dual de nuestro mercado de trabajo. Pero también, desgraciadamente, hay un problema de formación de los políticos y, en general, de la selección de nuestras élites.

Por ejemplo, que los intereses de sindicatos y empresarios favorecen el actual mercado dual es incontestable. Una anécdota lo ilustra. Hace cuatro años, cuando desde FEDEA introdujimos la propuesta del contrato único para eliminar el muro entre fijos y temporales, celebramos una ronda de reuniones con dirigentes sindicales (también nos reunimos con todos los partidos políticos). A un sindicalista importante, inteligente y razonable, le pregunté: «¿Por qué tanta insistencia en la causalidad del despido? ¿No crea unos costes de transacción enormes, con incertidumbre y pleitos interminables que no benefician a nadie? ¿Aceptarían los sindicatos un sistema sin causalidad en que la mejora de la eficiencia se tradujera enteramente en una “mochila”, un seguro, que cobrarían los trabajadores en caso de despido, como se hizo en Austria?». La respuesta no fue una explicación compleja sobre la importancia filosófica o legal de la causalidad ni una disputa sobre la eficiencia económica. No fue eso. La respuesta fue: «Lo que vosotros llamáis costes de transacción, nosotros lo llamamos nuestro pan. Cuando un trabajador de Baracaldo llama a su sindicato porque le han despedido, se le pone un abogado laboralista del sindicato». De forma similar, cuando se hace una reducción de plantilla, los sindicatos, erre que erre, prefieren despidos antes que reducciones salariales y de jornada que afectan a todos y dejan descontentos a muchos «de dentro». Los ERE, por el contrario, generan enormes beneficios para el sindicato a través de una tarifa (para miembros y no miembros) por asesoría jurídica y técnica. Los contratos temporales continúan porque la flexibilidad en el margen permite mantener las condiciones de los insiders.

De forma similar y como ha argumentado muy convincentemente César Molinas, a nuestras élites les interesa que la actual Administración del Estado siga como está, sobredimensionada e ineficiente. Es así cómo extraen rentas y colocan a sus clientes. Por citar su reciente libro, Qué hacer con España:

La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.[4]

Pero existe otra razón que dificulta cualquier intento de reforma, y que en mi opinión es más importante que los intereses creados por el sistema. Tiene que ver con la formación de nuestros políticos. La pista para entender este problema es la respuesta que el actual Gobierno ha dado a la propuesta de contrato único con indemnizaciones crecientes. No ha sido una respuesta sustantiva ni un análisis sobre la bondad o maldad de las ideas. En vez de ello, se nos replicó que la propuesta era inconstitucional. Argüían que en nuestro documento inicial no había despido causal, sino simplemente una indemnización que dependía de los años trabajados y no de la causa. Los promotores del contrato único respondimos a la realidad de esta jurisprudencia con una pequeña modificación: dos escalas de indemnización crecientes en función de que el despido estuviera o no justificado.

Con esta trivial modificación, los juristas no piensan que la propuesta sea inconstitucional. Por ejemplo, José María Pérez Gómez, miembro del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, ha escrito: «No entendemos que sea incompatible establecer un único contrato de trabajo con una indemnización por despido creciente en función de su duración, con el mantenimiento de un elemento causal para aceptar la extinción de la relación laboral a instancias del empleador».[5] Y, sin embargo, el Gobierno insiste en la inconstitucionalidad.

Desgraciadamente, no es la única reforma que se rechaza con una referencia absurda a la Constitución. La reforma de la universidad propuesta recientemente por una comisión de expertos de la que formé parte, nombrada por el propio Gobierno, sufrió un sabotaje interno por parte de quienes, sin argumentos de fondo, se apoyaban en la supuesta inconstitucionalidad de cualquier cambio que acerque a nuestra universidad a los modelos de éxito en casi todas las universidades extranjeras. Este modelo se basaría en un órgano de gobierno compuesto tanto por representantes de la comunidad universitaria como por la sociedad que la paga, es decir, antiguos alumnos, científicos de éxito, emprendedores, etcétera.

Es cierto que en ambos casos se defienden determinados intereses. Pero también es verdad que hay una rigidez y un formalismo en nuestras élites relacionado con la formación que han recibido. Nuestro sistema educativo, desde la primaria a la universidad, ha estado basado históricamente en la repetición memorística, en el conformismo intelectual y en sonreír al profesor de turno. Nuestros gobernantes son en gran parte opositores, es decir, expertos en este sistema.

Cabe, por tanto, la hipótesis de que la rigidez de los políticos esté relacionada con el hecho de que este sistema educativo selecciona no a aquellas personas más innovadoras y creativas, sino a aquellas otras inherentemente más conformistas con el sistema, más conservadoras en el sentido de no querer cambiar nada, más reacias a intentar algo nuevo. ¿Es alguien dispuesto a cambiar España quien, con 22 años, decide pasar una parte considerable de su juventud encerrado en su cuarto preparando unos temas para cantarlos mejor que nadie delante de un tribunal? ¿Lo es alguien que, en vez de analizar la evidencia empírica y las experiencias de otros países con sus reformas estructurales, simplemente dice que son inconstitucionales? No parece que el cambio pueda provenir de ninguno de ellos.

EL PROVINCIANISMO DE LAS ÉLITES

El contrapunto a la vía hispana al subdesarrollo es Chile, que ha tratado de poner en marcha políticas inteligentes, basadas en la evidencia. Para ello ha dispuesto de una impresionante élite gubernamental.

Empecemos por los Gobiernos de la Concertación, la coalición de centro izquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2009. En su última etapa, entre sus ministros había tres doctores en Economía por universidades estadounidenses (Andrés Velasco, Columbia; Marcelo Tokman, Berkeley; René Cortázar, MIT); una doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (Claudia Serrano), tres miembros con un máster cursado en el extranjero (Harvard, Johns Hopkins y Heidelberg), otro con una licenciatura realizada también fuera del país (Washington) y varios de ellos con másters realizados en Chile.

Aquel Gobierno tuvo en Andrés Velasco a un ministro de Economía excepcional. Hizo algo muy bueno para Chile y muy difícil de realizar. Agraciado con un boom gigantesco debido a la cuadruplicación de los precios del cobre, Velasco se negó a gastarse la bonanza y acumuló un fondo de reserva equivalente al 15 por ciento del PIB de Chile. Es difícil imaginar el coste político de construir un fondo así en un país en desarrollo. El Gobierno perdió gran parte de su popularidad y Velasco tuvo que enfrentarse a manifestaciones en las que, mientras quemaban su efigie, los manifestantes coreaban: «El dinero del cobre es para la gente pobre». Pero Velasco, temeroso de la «enfermedad holandesa» que hemos relatado anteriormente (burbujas y distorsiones en la asignación de recursos que se producen en una economía repentinamente sometida a un influjo desproporcionado de ingresos) se mantuvo firme. Su argumento fue: «La historia de América Latina está llena de booms que se administraron mal y que acabaron mal».

Esta vez el relato sí que tuvo un final feliz. Llegó la crisis, cayó el precio del cobre y Chile se encontró con la posibilidad de financiar el plan de estímulo más grande del mundo, el 2,8 por ciento del PIB. Tras aprobarse los programas anticrisis por unanimidad, la presidenta Michelle Bachelet dejó el poder con el mayor índice de popularidad de la historia.

Algunos lectores conocerán la otra faceta de Andrés Velasco: economista de primera línea mundial, es doctor por la Universidad de Columbia, catedrático en Harvard y autor de una serie de publicaciones muy influyentes sobre flujos de capitales y crisis financieras. Esta experiencia y enorme conocimiento sin duda fueron determinantes en su decisión de no malgastar el producto de la bonanza.

¿Quizás esta calidad del capital humano era una peculiaridad del Gobierno de Concertación? ¿Una coincidencia? El gabinete siguiente, de la Coalición por el Cambio (de derechas), superó aun el ya muy alto nivel de capital humano del saliente. Tanto el presidente como el ministro de Hacienda son doctores por Harvard; el de Planificación, doctor en Administración Pública por Harvard, y el de Transportes y el de Energía tienen doctorados por Minnesota. Además, en el gabinete hay cuatro ministros con másters de la Universidad de Chicago, uno del MIT, uno de Aquisgrán, un doctor ingeniero por la Universidad de Texas, un máster en epidemiología por McMaster y varios posgrados chilenos.

¿Están estas dos cosas, el éxito en el Gobierno y la buena formación académica, relacionadas? ¿Ayuda tener un ministro de Economía brillante y conocedor de los problemas a los que se enfrenta en su área? Claramente, el conocimiento técnico no es lo único que hace falta. Sí, por un lado, hay una faceta técnica del trabajo. Por ejemplo, la decisión de subir el IVA requiere considerar y evaluar varios aspectos relativamente complejos, como el coste de la restricción presupuestaria, el impacto sobre el crecimiento económico y la incidencia del impuesto. Pero el trabajo indudablemente tiene un aspecto político. Es necesario vender el impuesto, crear una coalición que lo apoye y convencer a los ciudadanos. Es ahí donde se requieren las habilidades políticas.

Si la capacidad técnica, el entendimiento del mundo moderno, la habilidad lingüística (en definitiva, el capital humano) no son lo único que hace falta, también es incuestionable que no es posible tener éxito desde el extremo opuesto. No se pueden entender los problemas económicos globales ni estar en contacto permanente con los líderes de los demás países si prácticamente no se ha salido de España, como sucede con la mayoría de las personas que han formado los últimos Gobiernos españoles (paradójicamente, esto no fue así en los primeros Gobiernos tras la Transición). El último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía un único miembro con estudios de posgrado en el extranjero, y cinco doctores por universidades españolas (dos en Derecho, uno en Químicas, uno en Filosofía y uno en Biología; la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, también tenía un MBA). Los conocimientos de idiomas extranjeros eran, por consiguiente, extremadamente limitados, empezando por los del propio presidente.

Similar fue la composición del siguiente Gobierno, el de Mariano Rajoy, en términos de estudios en el extranjero o estudios avanzados. De acuerdo con sus currículos, publicados en 2011 por la oficina de información del PP, sólo hay un miembro con estudios de posgrado en el extranjero (José Manuel García-Margallo, máster en Derecho por Harvard). Dos tienen doctorados en España (Margallo, de nuevo, en la Universidad de Elche, en 2004). Dos más tienen másters españoles (Ana Pastor, ministra de Fomento, y Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno). Es un gabinete a la antigua usanza, de personas que han hecho carrera en la Administración, que han estado toda su vida con un trabajo fijo sin incertidumbre ni variabilidad y que no han salido al extranjero ni tienen el mínimo interés en hacerlo, como demuestra el hecho de que la ministra de Trabajo del país con mayor desempleo de Europa, Fátima Báñez, faltara a todas las cumbres de empleo europeas de 2012, incluidas las celebradas el 6 y 7 de diciembre de 2012, en las que se discutía la distribución de ayudas al desempleo.

Este problema del provincianismo y de la baja formación de nuestras élites no se produce sólo en la Administración, sino en muchas otras áreas de actividad donde los políticos deciden los cargos como, por ejemplo, en las antiguas cajas de ahorros, como muestra un estudio que realicé, junto con Vicente Cuñat, mi colega en la London School of Economics, sobre el capital humano de los directivos de las cajas. Descubrimos que, efectivamente, en muchos casos el nivel de formación y experiencia era ínfimo, con varias entidades dirigidas por personas sin ninguna formación académica en economía y finanzas. Y descubrimos que esta falta de capital humano tenía consecuencias importantes, ya que determinó los resultados de las cajas durante la pasada crisis: las cajas presididas por directivos sin experiencia bancaria previa experimentaron un 25 por ciento más de mora. Y aquellas lideradas por directivos sin educación avanzada otro 25 por ciento adicional, de forma que carecer de las dos aumentaba la mora bancaria en un 50 por ciento.

De nuevo, el argumento aquí no es que haya que dejar todos los problemas difíciles en manos de doctores en Economía por universidades extranjeras. Es posible que sea mi deformación profesional la que me lleva a pensar que más educación, más exposición al mundo y más preparación suponen un mejor resultado. Está claro que no siempre es así: los tecnócratas de Kennedy, con todas sus certezas y sus análisis, metieron al país en la guerra de Vietnam. Pero los problemas a los que se enfrenta el Gobierno de un país en crisis no son sencillos. Tener una formación que consiste en memorizar un temario mejor que nadie, sin saber idiomas ni probar creatividad, capacidad de pensamiento abstracto o intuición, no constituye la formación ideal para la economía globalizada.

LOS BAJOS SALARIOS DE LOS POLÍTICOS

En parte, ser político es sólo atractivo para los funcionarios porque únicamente ellos pueden permitirse abandonar su carrera para dedicarse unos años a la política. Los salarios «oficiales» de los políticos son extremadamente reducidos, si los comparamos con los de los países de nuestro entorno. Consideremos, por ejemplo, el sueldo anual de presidente. El presidente de la República francesa recibía en 2007 un salario de 346.000 dólares (unos 260.000 euros), el primer ministro británico ronda los 384.000 dólares (unos 287.000 euros) y la canciller alemana los 391.000 dólares (292.000 euros). Al otro lado del mar, el presidente de Estados Unidos gana unos 494.000 dólares (370.000 euros).[6]

Pues bien, el presidente del Gobierno español gana unos 75.000 euros, el doble que un licenciado medio. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando era ministro de Interior, percibía aún menos: 55.519 euros. Ahora, como Secretario General del PSOE, no llega a los 60.000 euros.

El igualitarismo papanatas que es el responsable de tales cifras (y que las quiere reducir aún más, pues una de las peticiones de varios grupos del 15-M era bajar el sueldo de los políticos al nivel medio de los salarios españoles) tiene que terminar. En la práctica, vivimos en una situación en la que es imposible que los mejores quieran trabajar en el sector público. Como ha mostrado Manuel Bagüés en Nada es gratis, los parlamentarios españoles son los peor pagados de los países de nuestro entorno.

A muchos lectores les podrá parecer que más de 70.000 euros es un sueldo magnífico. Y sí, en comparación con el sueldo medio en España, lo es. Pero si uno es una persona formada, con estudios de posgrado en una universidad prestigiosa, con conocimientos de idiomas (hablar y escribir inglés sin dificultad, para empezar), inteligente, trabajadora y con unos cuantos años de experiencia puede aspirar en España a ganar 100.000 euros o 150.000 euros sin ningún problema en un bufete de abogados decente o en una consultoría mediana (recuerden, estamos hablando de los mejores). En una empresa grande, los salarios pueden ser de 200.000 o 300.000 o incluso más. Y si en España pudiera resultar difícil, ahí está el avión para irse en un momentito a Londres o a cualquier otra capital europea donde en cualquier trabajo en servicios profesionales de la «economía del conocimiento» se cobra mucho más.

Se podría argumentar que el hecho de que los salarios sean más reducidos atrae a los que tienen «vocación de servicio» y que incrementarlos sólo lograría cautivar a los menos interesados en la cosa pública. La investigación académica actual sugiere lo contrario. En Brasil y en Italia se ha mostrado que, a mayores salarios, mejor educados están los políticos. Existe incluso evidencia experimental. En un experimento realizado en México, el Gobierno ofreció aleatoriamente en algunos lugares mayores salarios que en otros y descubrió que, como cabía esperar, los sitios con mayor remuneración recibían solicitudes de candidatos mejor educados y más experimentados, sin que esto conllevara una menor motivación de servicio.[7]

Pensémoslo fríamente: ¿a quién queremos poner de ministro de Fomento o de nuevo secretario de Estado de Hacienda: a una persona media que merezca un sueldo medio o a alguien que cumpla los requisitos de excelencia a los que nos referíamos anteriormente?

Aparte de la formación de los políticos, existe otro problema que hace imposible esperar una buena gobernanza en España: la falta de incentivos para rendir cuentas. Estudiaremos este problema a continuación.

CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El senador estadounidense, del partido demócrata, Daniel Patrick Moynihan escribió un famoso artículo académico en 1993 en el que argumentaba que la sociedad estadounidense había «redefinido las desviaciones hacia abajo», de forma que lo normal incluía conductas que antes se consideraban completamente inaceptables. Por ejemplo, mientras que la matanza de San Valentín en el Chicago de 1929, en la que cuatro gánsteres mataron a otros siete, se convirtió en una leyenda que ha sobrevivido hasta hoy, Los Ángeles sufría en 1993 una masacre de San Valentín cada fin de semana. Lo extraordinario, por repetición, se había convertido en normal.

Es fácil imaginar lo que hubiera escrito el senador Moynihan sobre la asombrosa calma chicha reinante en España tras la explosión inicial del «caso Bárcenas». Básicamente, no ha pasado nada en el país. Nadie ha dimitido ni nadie ha asumido ninguna responsabilidad.

Los ciudadanos piensan (y así lo dicen en las encuestas) que sí, que los sobres existieron, que seguramente también los recibos existen, pero que ni quien pagó los sueldos, ni quien los cobró, ni quien «recaudó» el impuesto revolucionario recibirán sentencia firme con condena. No habrá pruebas o el delito prescribirá (lo más probable), o serán indultados por el Gobierno de turno. Es lo normal. Los políticos son corruptos, qué le vamos a hacer, se dice la gente, frustrada ante la impunidad, sin otra alternativa que votar a «los otros», unos otros en los que tampoco cree.

Este mecanismo «tribal» ha sido estudiado por el economista catalán Gerard Padró i Miquel en el contexto de los países en desarrollo, aunque el análisis es pertinente para España. Él trata de explicar cómo es posible que los autócratas de los países en desarrollo extraigan tan enormes rentas del poder y por qué sus seguidores, cuando ven que son corruptos, no los reemplazan. El problema que Padró i Miquell identifica es la ausencia de procesos de sucesión institucionalizados. La diferencia clave entre una democracia de verdad y los regímenes poco democráticos que estudia Padró es que, en estos últimos, los seguidores del líder tienen miedo precisamente de que el siguiente venga de una tribu diferente. El razonamiento es el siguiente: «Mientras el que roba sea de los míos y gobierne para los míos, estoy dispuesto a olvidarme de que me roba».

Aunque el análisis se ha elaborado pensando en África, existe un cierto tribalismo en los partidos españoles. Los procesos de selección y elección del nuevo líder son imprevisibles y poco democráticos. Los partidos no tienen democracia interna y los procesos de sucesión se producen de forma caótica. No existe, como consecuencia, una forma de exigir cuentas a los líderes. Las redes clientelares que apoyan a un líder lo siguen haciendo incluso cuando están descontentas con él, porque no tienen una forma de expresar este descontento en un sistema cerrado como el que existe en España. Los mecanismos de control que vemos en el Reino Unido, que han llevado incluso al parlamento a hacer dimitir a primeros ministros del propio partido de la mayoría (el caso de Margaret Thatcher es el más sonado) son impensables en España.

Esta corrupción se ha acentuado como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y del daño que ha causado a nuestras instituciones. Hasta hace poco, cuando hablábamos de las negativas consecuencias de la burbuja para el crecimiento económico de España a largo plazo, solíamos enfatizar el sobreendeudamiento y la falta de inversión en capital humano: la burbuja había hecho bajar el valor de los estudios con la consiguiente subida del abandono escolar y había dejado a muchos jóvenes sin la formación necesaria para el mundo de hoy.

Pero tras la explosión de la crisis vemos con claridad que la repercusión sobre las instituciones ha sido tan importante como el impacto sobre el capital humano. Tras las revelaciones del «caso Palau» en Cataluña, del de los ERE en Andalucía y finalmente del «caso Bárcenas», parece claro que la corrupción relacionada con el boom inmobiliario ha afectado profundamente a la clase política y que, de momento, estas conductas siguen impunes. Si esto resulta ser así, ¿qué disuadirá a los que se plantean estas actividades de llevarlas a cabo? Las consecuencias de tal impunidad para el crecimiento económico pueden ser brutales.

En España hay muchísimos profesionales brillantes de primera línea mundial. Gente que hace bien su trabajo, que se deja la piel, que cumple. Pero esta corrupción sin castigo desmoraliza a lo que trabajan, a los que pagan. Además, como explicaremos a continuación, esta corrupción daña peligrosamente el crecimiento económico y obstaculiza la salida de la crisis.

EL COSTE ECONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN: NECESITAMOS IDEAS Y NO PELOTAZOS

Como cuenta Mariano Guindal en El declive de los dioses, su libro-crónica de la economía de los últimos 30 años, en un ambiente de corrupción impune, en el que la separación entre el poder económico y el político ha desaparecido, las fortunas se forman «a pelotazos». Se consiguen en reuniones celebradas en Jockey, el que fue el restaurante por antonomasia de la élite madrileña. Los personajes del libro de Guindal (cuesta referirnos a ellos como «élites») conseguían sus fortunas porque habían sido compañeros del colegio de una persona rica, o de alguien que se había convertido en ministro o en secretario de Estado. O, simplemente, porque sabían cómo hablar con los que recalificaban terrenos o los que financiaban a dedo el aeropuerto de Villaconejos de Arriba, o sabían cómo conseguir concesiones para las obras del megaviaducto de Villaconejos de Abajo.

Estas actividades de captura (y no de creación) de rentas, de búsqueda del pelotazo, tienen dos consecuencias nefastas para el crecimiento económico, como han descrito en un influyente trabajo de investigación los economistas Kevin Murphy, Andrei Shleifer y Robert Vishny.

Primero, tienen retornos crecientes. Es decir, cuanta más gente se dedica a ellas, mayor es su retorno relativo comparado con las actividades productivas. La razón es que cuantas más personas compartan el pastel en lugar de crear nuevos pasteles, menores son los retornos de los creadores de riqueza o productores. A medida que crece la proporción de capturadores de rentas, decrece el valor de crear riqueza de verdad hasta que, como se demostraba en su investigación, la actividad productiva desaparece. Por esta razón, el país se puede meter en una senda peligrosa sin retorno si no pone coto radical a estas prácticas.

Segundo, estas prácticas afectan particularmente a la innovación. Como explicamos en la primera parte de este libro, la actividad innovadora depende en especial de la seguridad jurídica y del Estado de derecho, porque si no existen ambas cosas es muy fácil apropiarse de las ideas de los demás.

Y sin ideas nuevas, sin innovación, no hay crecimiento. Las ideas son, como hemos visto, las que permiten romper los límites inevitables del mundo material, porque siempre pueden multiplicarse y copiarse sin fin. Mientras que para dar pan a 6.000 millones de personas hacen falta 6.000 millones de barras de pan, una única nueva idea, como la electricidad o Google, mejora la vida de todos los habitantes del planeta.

España no podrá tener éxito en la economía del conocimiento mientras el sistema político económico no se reforme de forma radical y no se produzca una separación clara entre el poder político y la sociedad. Las grandes ideas no surgen al amparo del poder. Nacen en el aire libre de la sociedad, donde las personas no pasan el día medrando para conseguir una licencia, donde su energía no se gasta en cambiar un contrato o en solucionar cualquier problema creado por el Estado. Los grandes innovadores, por regla general, no conocen a ningún ministro ni usaron los favores de ningún concejal. Sólo conocen a presidentes y candidatos cuando, ya ricos, éstos peregrinan a su casa o empresa a hacerse la foto con ellos.

Es difícil saber cuánta importancia tiene el sector especializado en «capturar» (o «distraer») rentas, los del pelotazo, y qué proporción corresponde al sector productivo. Pero sí sabemos que, afortunadamente, la economía española es más variada que lo que últimamente dan a entender las historias de capturadores de rentas, corruptos, chorizos y criminales que dominan las noticias. Existen también personas como Amancio Ortega (Zara), Juan Roig (Mercadona), Koldo Saratxaga (Irizar) o Isak Andic (Mango).

NO HAY SALIDA DE LA CRISIS SIN CAMBIOS INSTITUCIONALES PROFUNDOS

Desde el blog Nada es gratis hemos transmitido un mensaje consistente: nuestros problemas económicos son, en gran parte, estructurales, derivados de una economía poco productiva, de un brutal cambio demográfico, de un mal sistema educativo, de una estructura ineficiente de los mercados de bienes, de servicios y de trabajo, de un elevadísimo endeudamiento (inicialmente privado, ahora también público) y de un mal diseño de la moneda única.

¿Qué hemos aprendido en estos años? Nuestro diagnóstico económico no ha cambiado sustancialmente. El énfasis en los problemas del modelo económico del ladrillo, del sistema de protección social, del sistema educativo, del mercado de trabajo y del endeudamiento excesivo propiciado por los tipos de interés negativos tras la entrada en el euro han sido una constante desde los primeros días.

Lo que sí ha cambiado en nuestro diagnóstico ha sido la importancia de la economía política y de la política misma. Por decirlo de la forma más breve posible, hemos aprendido que las cosas funcionan mal en gran parte porque, simple y llanamente, a los actores clave no les interesa cambiarlas.[8] Los sindicatos entienden perfectamente que la dualidad protege de los ajustes a los que ya están dentro. Los empresarios se benefician de los brutales y generalizados contratos temporales y tampoco quieren cambiar el sistema. El Gobierno entiende a la perfección los problemas de la Seguridad Social y el sistema de pensiones. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las normas que regulan las universidades. El Gobierno y la oposición las reconocen como inadecuadas, pero no tienen perspectivas de mejorarlas.

Es decir, el diagnóstico se comparte en gran parte, el análisis ha calado, los argumentos se entienden. Desde los principales partidos políticos existe un grado elevadísimo de consenso sobre lo que hace falta hacer. Eso sí, en privado. El problema es de economía política, esto es, de la confluencia de intereses que sostiene el ineficiente e injusto sistema actual. Por eso, no habrá salida de la crisis sin reformas políticas que permitan desatascar el sistema.

El problema es que los políticos no estarán por la labor de cambiar las circunstancias. Durante los años de la burbuja, la sociedad española ha aceptado un trueque peligroso: a cambio de enormes ganancias (aparentes) en prosperidad, los españoles cerrábamos los ojos a la corrupción generalizada. El contubernio entre muchas cajas, constructores, y Administraciones locales y autonómicas conseguía dar empleo a muchos trabajadores sin cualificar y pagar inversiones grandiosas en infraestructuras. Crecíamos más deprisa que Estados Unidos o que el resto de Europa. ¿De qué nos podíamos quejar? A cambio, si los políticos se enriquecían más de la cuenta o colocaban por doquier a sus familiares, amigos y conocidos con total impunidad, los españoles preferíamos mirar hacia otro lado. Ahora vemos, entre sorprendidos y asustados, un sistema que necesita una reforma en profundidad pero que está dirigido por unos políticos que no tienen ningún interés en esa reforma.

6

SÍ PODEMOS: LA VELOCIDAD, EL TABACO Y EL FÚTBOL

NO ES LA CULTURA

Cuando reflexionamos sobre los problemas de instituciones y corrupción, educativos y económicos que hemos descrito en esta segunda parte el libro, tenemos una recurrente y desafortunada tendencia a pensar que los problemas de España son culturales, que «los españoles somos así». Y a partir de este tipo de explicaciones sobre la corrupción y el desgobierno patrio se llega al pesimismo: «España siempre ha sido así y siempre lo será, porque está llena de españoles». España puede cambiar. Incluso hábitos que parecen arraigados durante generaciones (como puede ser el pago de los pisos en negro) pueden modificarse en días con los incentivos adecuados. De hecho, en muchas áreas de actividad los españoles ya los hemos modificado.

La explicación cultural tiene su apoyo intelectual en variantes de la «ética protestante y el espíritu del capitalismo» del gran sociólogo alemán Max Weber. Según Weber, la Reforma protestante dignificó el trabajo y «transmutó» los valores de las sociedades que la adoptaron, de forma que estuvieron listas para dar la bienvenida al capitalismo. La Reforma eliminó la confesión y el papel de la jerarquía eclesiástica como intermediarios entre el hombre y Dios. A partir de entonces, el hombre no cuenta con un apoyo externo claro de la Iglesia para salvarse y tiene que buscar su propio camino. En cierto modo, se concibe la Iglesia católica como el padre que nos infantiliza, que elimina nuestra autonomía, nos dirige y nos asegura nuestra herencia. La Reforma deja al individuo solo ante Dios. Únicamente a través del éxito material puede el hombre inferir que es digno de la gracia divina. Los individuos trabajan más duro, ahorran más y tienen un mayor éxito económico. Y ese éxito económico es, a su vez, la prueba de que ellos son los elegidos.

Existen otras variaciones de este argumento «cultural», pero todas llevan a la misma conclusión deprimente para España: no tenemos los valores «correctos» para ser un país próspero.

Sin embargo, la investigación económica moderna nos da bastante esperanza. Sí, la correlación identificada por Weber entre éxito económico y protestantismo existe en los datos, tanto entre países como entre regiones dentro de países con variación, como Alemania. Pero el argumento sociológico que explica dicha conexión (los valores protestantes) está mucho menos claro. La investigación económica propone una vía alternativa que tiene bastante apoyo empírico y es muy razonable: el capital humano.

Mientras los católicos oían misa en latín y no podían leer la Biblia por sí solos (no estaba traducida porque hacerlo se castigaba con la muerte), Lutero animó a todos los creyentes a que la leyeran de forma autónoma, dado que el sacerdocio era universal, ejercido por todos los creyentes y no sólo por la Iglesia. Para ello propuso que todos los pueblos y ciudades tuvieran escuelas que enseñaran a los niños a leer. Para Lutero, que los padres sacaran a los niños de la escuela para ponerlos a trabajar, como era la norma en aquella época, era anticristiano. Estos padres estaban «haciendo el trabajo del diablo». Las ciudades protestantes se pusieron manos a la obra e impusieron la escolarización universal. Como consecuencia, en 1900 prácticamente toda la población en los principales países protestantes de Europa sabía leer y escribir, lo que no sucedía en ningún país católico.

Los economistas Sascha Becker y Ludger Woessmann estudian este mecanismo en un artículo de investigación que publicaron en 2009 en el Quarterly Journal of Economics. El estudio compara educación, protestantismo y desarrollo económico en diferentes condados de Prusia. Los autores muestran, de acuerdo con la observación de Weber, una significativa correlación entre protestantismo e industrialización en ese territorio a finales del siglo XIX. Para mostrar que la relación se produce a través de la alfabetización de la población en los condados protestantes, utilizan un experimento «natural»: la difusión, aproximadamente concéntrica, del protestantismo en Prusia alrededor de la ciudad de Wittenberg (donde Lutero promulgó sus tesis). Encuentran que, efectivamente, las regiones más próximas a Wittenberg son las más alfabetizadas.

La explicación «cultural» del repentino progreso del norte de Europa es por tanto menos robusta de lo que puede parecernos a simple vista. El crecimiento del capital humano, eso sí, debido a la Reforma, es un candidato más probable. Pero, además, la evidencia muestra que la cultura es menos permanente y más maleable de lo que nos gusta pensar a veces y que incluso hábitos que parecen socialmente muy arraigados pueden cambiar. Discutiremos a continuación dos casos que apuntan en esta dirección, y sus implicaciones para el cambio que necesita España.

VELOCIDAD Y TABACO

Cualquier español que visitaba Estados Unidos hace veinte años se sorprendía de la bajísima velocidad con la que circulaban los coches por la mayor parte de las carreteras estadounidenses. «¡A 100 kilómetros por hora en una autopista sería imposible que se circulara en España!», nos decíamos (65 millas por hora, el equivalente a 104 kilómetros por hora, es un límite habitual en Estados Unidos). De hecho, cuando algún amigo extranjero venía a nuestro país, volvía sorprendido y aterrorizado tras haber conducido por nuestras carreteras. Todos pensábamos que los españoles «pasaban» de las señales de tráfico y que les encantaba correr. Nos parecía algo tan cultural como la ética protestante de Weber. Nadie podría hacer que los españoles fueran por una autopista nueva y en perfecto estado a 100 kilómetros por hora como hacían los estadounidenses.

Imposible, ¿no? Pues no. Cualquiera que circule ahora por cualquier autopista española puede comprobar la diferencia. Los españoles conducen como los estadounidenses, despacito, cada uno por su carril, sin locuras ni adelantamientos imprudentes. Los datos confirman esta impresión. Según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico, el número de vehículos detectados por radares circulando a más de 140 kilómetros por hora en autopistas y autovías con un límite de 120 ha pasado de ser un 4,35 por ciento de los vehículos antes de 2006 a un 0,40 por ciento en 2009.

El cambio radical de comportamiento se ha debido a la decisión de los poderes públicos de que las normas se cumplan y de utilizar las herramientas necesarias para asegurar que sea así. La más importante de estas herramientas se puso en marcha el 1 de julio de 2006, cuando los españoles recibieron un crédito de 12 puntos para conducir su coche (el famoso «carné por puntos»). El conductor que resulta sancionado pierde ahora parte de este crédito, de forma que cuando lo ha perdido por completo se le retira la licencia. Sólo puede recuperarla después de seis meses y tras haber asistido a un curso de «reeducación».

Las evaluaciones sistemáticas de esta medida muestran que, por sí sola, llevó a una reducción del 13 por ciento en el número de muertes en carretera. Es decir, supuso que vivieran 400 personas cada año que, de no haber sido implantada la medida, estarían muertas.

La prohibición de fumar en lugares públicos tiene una historia similar. De nuevo, muestra cómo conductas que parecían muy arraigadas pueden cambiar cuando hay cambios legislativos claros y apoyados por toda la sociedad. Los que fuimos niños en la década de 1970 recordamos con nitidez una infancia vivida en la niebla permanente del humo del tabaco. No sólo se fumaba en bares y restaurantes, sino también en las aulas y en los hospitales, en los autobuses y en los aviones, en los coches y en todos los lugares de trabajo.

La ley empezó a cambiar en 1988 cuando se prohibió fumar en colegios, hospitales, mercados, tiendas de alimentos, cines y teatros. Después, en 1999, la medida se aplicó en vuelos nacionales y en autobuses. Pero fue la ley de diciembre de 2005 la que realmente cambió las cosas. Se prohibió fumar en todos los lugares de trabajo y en el transporte. La excepción fueron los bares y los restaurantes, que seguían permitiendo fumar a sus clientes. Llegados a este punto, parecía del todo imposible ir más lejos. En el bar, el pub o el restaurante, lo normal era que la gente fumara y no se podía cambiar. Y, sin embargo, la ley de enero de 2011 prohibió fumar en la hostelería, así como en todo el recinto de colegios y hospitales, incluidos los patios.

La visión «cultural» del español nos hubiera hecho predecir el fracaso de este impulso legislativo. Habríamos pensado que sería imposible para los españoles ir a un bar y no fumarse un cigarrillo. Y, sin embargo, el cumplimiento de estas normas ha sido altísimo, y su impacto sobre la disminución del consumo de tabaco asombroso. Un estudio del impacto de la ley cifra en 5 puntos porcentuales (del 40,3 por ciento al 35,3 por ciento), la reducción del número de fumadores, una caída del 12 por ciento, con fuertes descensos en todos los grupos de edad y niveles educativos. También disminuyó intensamente el consumo durante las horas de trabajo entre los que continuaban fumando. Quizás lo más sorprendente es que todos estos cambios tuvieron lugar en los seis meses posteriores a la prohibición.

Dos comportamientos que parecían fuertemente arraigados han cambiado de un día para otro, sin una gran resistencia por parte de los ciudadanos. La clave reside en combinar la modificación de la legislación con fuertes y claras sanciones para los incumplidores y con un claro apoyo social.

¿Qué cambios requiere la sociedad? Antes de entrar en una propuesta concreta, vale la pena pararse a observar un área donde España ha alcanzado una verdadera excelencia internacional: el fútbol.

EL FÚTBOL COMO METÁFORA

El reciente auge en España de los deportes de élite, como el de la cocina de autor o la arquitectura de lujo, va ligado estrechamente al boom inmobiliario. Es un reflejo del modelo de crecimiento poco nutritivo en el que se ha especializado España desde su entrada en el euro. El milagro económico español no ha ofrecido al mundo ningún producto innovador, ni casi ningún nuevo modelo de negocio capaz de competir globalmente. Pero sí hemos dado consistentemente al mundo sus mejores tenistas, ciclistas, futbolistas y jugadores de baloncesto o balonmano. ¿Por qué? ¿Qué lecciones podemos obtener del deporte?

La misma sociedad que se muestra contraria al capitalismo y exige la mano del Estado en todas las áreas de la vida, no levanta la voz cuando se discuten los desorbitados salarios de las estrellas del Madrid y del Barça. El deporte es el único sector en que la sociedad española parece estar cómoda con los enormes salarios y remuneraciones. El capitalismo que los españoles suelen tildar de «salvaje», con despidos sin causa, grandes diferencias salariales y una fuerte competencia, es aceptable para ellos si están convencidos de que el dinero responde a una calidad y un esfuerzo verdaderos.

No es sorprendente que los jóvenes elijan el deporte como la mejor actividad hacia la que dirigir su energía. En el deporte, la competencia (sin enchufes ni padrinos) funciona. A diferencia, desgraciadamente, de otras muchas actividades, la competencia, la libre entrada y la transparencia en los resultados lleva a que quien se esfuerza y es bueno salga adelante.

El éxito de los españoles en los deportes muestra que los incentivos claros y la transparencia dan los mismos resultados en España que en otros países. La ausencia de la «ética protestante» no implica que los chicos españoles practiquen menos, se cuiden menos o trabajen menos duro.

CONCLUSIÓN

Como cuando los españoles decidimos reducir colectivamente el elevado número de accidentes mortales en las carreteras españolas o como cuando nos hartamos de la invasión del humo del tabaco, España necesita reinventar completamente el país. El modelo político y económico de la Transición nos ha llevado a una situación de desconfianza generalizada hacia unas instituciones que los españoles no consideran representativas, con un sistema político que corre el riesgo de derrumbarse estrepitosamente como el griego o como lo hizo el de Italia en la década de 1990.

España debe realizar la transición económica que tiene pendiente, la transición hacia una economía de mercado transparente y competitiva, en la que el mérito, el trabajo y la innovación sean el único camino a la riqueza y al éxito social y personal. España necesita un modelo de desarrollo más humano, más libre y más eficiente.

TERCERA PARTE

UN MODELO ECONÓMICO Y POLÍTICO MÁS HUMANO Y EFICIENTE PARA HACER DE ESPAÑA UN PAÍS DEL NORTE

7

MÁS Y MEJOR MERCADO, MENOS PERO MEJOR ESTADO

EL MERCADO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

¿Existe un modelo económico y político que nos pueda sacar del estéril abrazo neoperonista entre el populismo y el capitalismo de Estado en el que constructores, energéticos, financieros afines y otros empresarios del poder se reparten subvenciones y favores?

La opinión pública en España, acostumbrada a imaginar el mercado como un coto cerrado formado por los amigotes del palco del Bernabéu, piensa que esto es imposible. Pero, bien regulado y con las instituciones adecuadas, el mercado es la mejor vía para reconciliar la libertad individual con la necesaria actuación del poder político. El mercado, cuando funciona como debe, no recompensa a los que más y mejor se arriman al poder ni a los que tienen amigos mejor situados. Al contrario, permite que exista una separación nítida entre el poder político, que pone las reglas del juego, y la sociedad, que desarrolla su actividad sin tener que acercarse al poder. Cuando Bill Gates y Steve Jobs revolucionaron la industria del ordenador personal desde Redmond, un suburbio de Seattle, y Cupertino, un suburbio de San José, respectivamente, no sabían nada de política ni tenían contactos o conocidos en el poder. Sabían que estaban en una sociedad donde el trabajo y las ideas tenían una primacía absoluta y no las buenas relaciones con el poder político. No dedicaron su tiempo a cultivar políticos en el restaurante de moda, sino a mejorar sus productos.

España tiene que reconstruir sus instituciones y darles al mercado y al Estado el papel que les corresponde. Nuestro país no es el primero que tiene que enfrentarse a esa necesidad ni es la primera vez que España se encuentra en este dilema. La generación anterior de españoles construyó un régimen democrático desde la ruina del franquismo.

Otros países han tenido que hacer parecidos esfuerzos de reconstrucción, en situaciones incluso mucho peores. El esfuerzo de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial es quizás el ejemplo más relevante. En aquella época, Alemania estaba sumida en el caos absoluto. Con bastante suerte escapó de las incoherentes propuestas de desindustrialización radical que había hecho el secretario del Tesoro estadounidense Henry Morgenthau, compartidas por el presidente Roosevelt. Se encontró, así, con una segunda oportunidad para volver a empezar, tras la ocasión desaprovechada en 1918. Tenía que decidir cómo resurgiría de las ruinas.

Del caos y el derrumbe económico que siguió a la caída de Hitler, con una infraestructura destrozada, parches por doquier en forma de controles de precios y producción planificada a nivel central, y una impresión de dinero descontrolada, surgió una visión alternativa, propuesta por el economista Wilhelm Röpke en un panfleto de 1947, y basada en ideas de la década anterior de Walter Eucken y otros. Se trataba de liberalizar los precios y salarios, de abandonar la planificación de la producción e introducir una moneda sólida y segura.

Los aliados se opusieron radicalmente a estas propuestas. El economista estadounidense John Kenneth Galbraith pensó que eran un desvío que sólo retrasaría la recuperación alemana. Pero el ministro de Economía, Ludwig Erhard, implementó las medidas propuestas en 1948 y puso en marcha el milagro alemán.

Así, Röpke, Eucken y los demás economistas «ordoliberales» proveyeron el entramado teórico al nuevo Estado alemán. Su visión combina la libertad de mercado con un Estado fuerte que impone y vigila las reglas del mercado (seguridad jurídica, libre entrada, competencia) y una moneda sólida que evita los atajos inflacionistas de Weimar, atractivos a corto plazo pero al final siempre costosos. Utiliza para ello instituciones fuertes e independientes como el Tribunal Constitucional, la Oficina Anti-Carteles y el Banco Central (Bundesbank), con claros mandatos y una independencia elevada de las presiones industriales y políticas. Se trata de una visión humanista, alejada del capitalismo de Estado de los países totalitarios, del keynesianismo intervencionista dominante en la época o del capitalismo potencialmente monopolista y capturado por las grandes empresas de los países anglosajones.

Esta visión es la clave del éxito de la Alemania de la posguerra y explica también la posición alemana en la crisis del euro, que discutiremos más adelante. Alemania está tratando de construir, sobre las bases del caos monetario y financiero de esta crisis, un edificio ordenado, sustentado sobre una moneda sólida y sobre unas instituciones y reglas que den a los países los incentivos adecuados para gobernar con prudencia.

España necesita un cambio económico e institucional tan radical como el de la Alemania de la posguerra. Sin una reordenación de las instituciones, España no podrá competir en la economía del conocimiento. No se trata de que el sistema que impera en Alemania haya ganado la batalla del euro y de que nos sea impuesto, sino de que ha conseguido construir una sociedad humana y eficiente. Se nos ofrece ahora una oportunidad para avanzar de forma decisiva, para construir sobre las ruinas de la burbuja un nuevo edificio capaz de generar riqueza y bienestar para los españoles, y debemos aprovecharla.

Por supuesto, tampoco se trata de que todas las características del modelo alemán sean aplicables en España. Ni el alto grado de coordinación en la negociación colectiva es razonable en un país donde los sindicatos y las organizaciones empresariales no tienen suficiente arraigo ni el objetivo permanente de los superávits por cuenta corriente es necesariamente deseable a largo plazo (aunque ser ahorrador neto, que es lo que supone el superávit, sea inevitable en el futuro próximo para un país con el endeudamiento externo al nivel que tiene España).

El marco de relaciones entre el mercado y el Estado tiene que cambiar para desarrollar varias funciones que ahora mismo no está cumpliendo. Primero, debe asegurar una verdadera competencia, que es crucial para el crecimiento económico. Segundo, debe facilitar el crecimiento de las microempresas, nivelando el terreno de juego entre empresas de distintos tamaños. Tercero, debe ser flexible, para permitir la reasignación de recursos entre empresas. En cuarto lugar, debe reducir la interferencia del poder político en el sector financiero.

FRENTE AL ARBITRIO DEL PODER, COMPETENCIA REAL ENTRE EMPRESAS

El 30 de noviembre de 2012, el día que se revalorizaban las pensiones, los españoles recibimos una sorpresa positiva: una tasa de inflación mucho menor de la esperada, que permitía reducir el déficit estructural del Gobierno. ¿Qué había sucedido? El INE lo explicaba en su informe: una fuerte caída del precio de los carburantes. Pero ¿por qué había descendido de forma tan conveniente para nosotros el precio de la energía?

En una entrada en el blog Nada es gratis, Pol Antràs, profesor en Harvard, y José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, mostraron que desde el 15 de octubre anterior el precio de la gasolina euro-súper 95 había bajado como media un 6,5 por ciento en la zona euro, mientras que la caída en España había sido de más del doble, el 13,5 por ciento. El gasóleo cayó el 8,1 por ciento en España frente al 3,7 por ciento en la zona euro. ¿Por qué este excelente comportamiento, si los precios de la materia prima se fijan en mercados internacionales y no hubo cambios en los impuestos? La sospecha de que había gato encerrado se incrementó cuando vimos que la mejora de España empezaba a evaporarse la semana siguiente: la gasolina súper subió 3 décimas en España, mientras que en Europa caía un 1,7 por ciento. Pero ¿cómo es posible que compañías privadas decidan reducir simultáneamente sus márgenes y volverlos a subir? ¿No es esto una colusión anticompetitiva, penalizada con cárcel en Estados Unidos? El ministro de Industria dio su respuesta en una entrevista en la televisión. Explicaba, sin asomo de rubor, a su entrevistadora que había llamado a las compañías petroleras para que «arrimaran el hombro» porque, de lo contrario, tenía listo un decreto que sería mucho peor para ellas. El mensaje que parece haber detrás de esa afirmación, vista la evolución posterior, es: «Os dejamos en paz una vez pase el dato de inflación». Los españoles aprendíamos así que los precios en el «libre mercado» de la gasolina se fijan en realidad a golpe de telefonazo, a oscuras, sin un proceso público y sin información sobre lo que cada parte concede y exige.

En vez de bajar temporalmente el precio de la gasolina por unos días, lo correcto habría sido que se abriera una investigación transparente de la competencia en el sector. Y que ésta, a su vez, la llevara a cabo un regulador fuerte e independiente y con capacidad para tomar decisiones y hacerlas cumplir, es decir con capacidad sancionadora. Si el mercado de las gasolinas es oligopolístico y está dominado por unos pocos que se ponen de acuerdo para mantener unos precios demasiado elevados (como es el caso), el Estado, en vez de proteger a sus gasolineras amigas y aliadas, debe hacer lo posible por introducir una competencia real en el mercado. Debe romper los monopolios y meter en la cárcel a los conspiradores. El Estado tiene la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos con transparencia y claridad, de decir qué ha hecho y con qué criterio. Y de evitar la apariencia, cuando no la realidad, de contubernio con las compañías reguladas.

El contubernio existe, aunque en muchas ocasiones la prensa no puede hacer lo suficiente para contárselo a los ciudadanos. Por ejemplo, como explicaba la agencia Bloomberg el 21 de agosto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, bloqueó el intento inicial de reforma eléctrica propuesto por el ministro de Industria, José Manuel Soria (consistente, en parte, en incrementar los impuestos a la energía fotovoltaica). Pues bien, Montoro había sido fundador de la consultora que asesoraba a las compañías eléctricas desfavorecidas con aquella reforma. Esta empresa era ahora, en aparente (o quizás simulado) cumplimiento de la ley, propiedad de su hermano y del hermano de su jefe de Gabinete. La prensa en su conjunto, que se hizo eco de la noticia de Bloomberg sobre la discordia entre Economía e Industria, omitió la mención a este posible conflicto de intereses, quizás atemorizada por enfrentarse a la vez al poder económico y político.

Podríamos poner ejemplos durante horas de esa unión entre el poder político y las empresas, pero entre ellos hay uno que no podemos dejar pasar: los rescates bancarios. Consideremos, por ejemplo, el «rescate» del Banco de Valencia. Las apuestas de todos los que observaban el mercado eran que la Comisión Europea bloquearía la ayuda del Estado, como así fue, y que, dado el penoso estado de este banco, el Gobierno lo liquidaría, con el consiguiente ahorro sustancial para el contribuyente. Las pérdidas serían absorbidas, como debe producirse en cualquier mercado, por los que imprudentemente invirtieron en la fracasada entidad o le prestaron. Los depositantes recuperarían su dinero gracias al Fondo de Garantía de Depósitos. El inversor se arriesga, por eso es inversor. Si no quiere riesgo, puede poner el dinero en un depósito. Recordemos que esta entidad no es sistémica (es un 1 por ciento del sistema financiero) y que su agujero es enorme. Pues bien, el Estado prefirió vender el Banco de Valencia por 1 euro tras recapitalizarlo con 4.500 millones de euros (que se suman a 1.000 millones anteriores). Tras eso, añadió además un esquema de protección de activos que cubre el 72,5 por ciento de las pérdidas futuras en ciertas carteras del Banco. Es decir, el Estado transfirió a fondo perdido un cuarto del valor total de los activos del banco y dio además al comprador un seguro sobre las pérdidas en el resto. Esto a pesar de que, en el peor de los casos y según una estimación oficial de la consultoría Oliver Wyman, las pérdidas serían de 3.400 millones.

En definitiva, durante esta crisis se ha agudizado esa fusión neoperonista entre lo público y lo privado, basada en las adjudicaciones y decisiones en habitaciones cerradas, sin transparencia, con actuación directa en la esfera económica del poder político. Y como hemos visto en el capítulo 5, la regulación de los mercados basada en la intervención arbitraria del poder político tiene costes importantes para el país, no sólo en términos de justicia y equidad, sino también de eficiencia y crecimiento económico, ya que conduce a una economía donde los mejores individuos se dedican a ingeniárselas para «capturar las rentas», para medrar, como se diría en castellano antiguo. En este sistema, los que tienen éxito son las personas más cercanas al Gobierno de turno y no los que mejores ideas tienen.

Por todo ello, no puede caber duda de que una verdadera política de defensa de la competencia, con un regulador poderoso, bien cualificado y autónomo, es un elemento crucial para el crecimiento económico. La defensa de la competencia no es sólo fundamental para el buen funcionamiento de una economía de mercado, como muestra una amplia literatura académica, sino que es particularmente importante en un país mediano como España. Muchos sectores —sobre todo si dependen de decisiones de las Administraciones Públicas como la energía o las telecomunicaciones— son fácilmente controlables por un grupo reducido de empresas. E incluso en otros casos, los acuerdos colusorios son, a menudo, sencillos de ejecutar. Una y otra vez, los españoles hemos visto cómo los sectores cerrados a la competencia a menudo han favorecido a unos pocos en perjuicio de la mayoría y que los sectores abiertos han generado bienestar, riqueza y empleo.

FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE NORMAS Y ARBITRARIEDAD, DESREGULACIÓN Y CUMPLIMIENTO

La justicia y la regulación no afectan igual a las empresas medianas que a las grandes o las pequeñas. Las grandes las manipulan. Las pequeñas las ignoran. Las medianas no tienen más remedio que cumplirlas. En un país con un sistema regulatorio kafkiano, en el que conseguir una licencia o permiso para cualquier cosa lleva meses, las grandes empresas tienen gabinetes jurídicos expertos en encontrar vacíos legales en las reglas y evitar las más perjudiciales, o incluso en convencer al regulador para cambiar las más dañinas para sus intereses. Una empresa pequeña e informal ignora las reglas con frecuencia e incluso opera a veces al margen de la ley (facturas en negro, etc.). Pero una empresa mediana no puede ni ignorar las reglas ni encontrar la forma más eficiente de cumplirlas (es decir, a medias).

Un ejemplo de cómo las grandes empresas sufren las nefastas reglas de manera diferente lo podemos ver en el comportamiento de las exportaciones españolas. El economista español Pol Antràs, en un análisis reciente, muestra que las pymes sufrieron entre 2000 y 2008 incrementos de alrededor del 70 por ciento de sus costes laborales unitarios acumulados. Este incremento afectó por igual a las pymes exportadoras y a las no exportadoras. Por el contrario, las grandes empresas no exportadoras vieron incrementos de costes laborales unitarios de alrededor del 25 por ciento, mientras que las grandes exportadoras experimentaron subidas cumulativas de un 20 por ciento. Parece evidente que si uno tiene un gabinete laboral especializado en gestionar el convenio del sector, puede evitar las peores consecuencias de éste.

En definitiva, el complejísimo y arbitrario ordenamiento jurídico crea una serie de barreras para el crecimiento de las pequeñas empresas, salvables sólo por los más decididos o afortunados. La legislación de convenios colectivos, la de despidos, las licencias y demás o bien no se aplican para las pequeñas o se ignoran. Al atravesar las diferentes barreras de tamaño, estas normas empiezan a dificultar el crecimiento hasta que ahogan a la osada empresa que lo intenta.

Este efecto disuasorio de la regulación lo he mostrado en un trabajo realizado junto con dos compañeros de la London School of Economics, John Van Reenen y Claire Lelarge, en el que estudiamos el caso análogo de Francia. Allí, cuando las empresas alcanzan los 50 trabajadores, deben asumir un elevado número de nuevas reglas laborales que afectan a la presencia de un comité de empresa, los despidos colectivos, etc. Pues bien, nos encontramos con que, como cabría esperar, hay muchas empresas que no pasan de la barrera de los 49. Las estadísticas muestran un número desproporcionado de empresas con 47, 48 y 49 trabajadores, y un desplome del número de empresas con más de 50.

Aunque la frontera no es numéricamente tan nítida en España, es evidente que hay una sobreproliferación de microempresas. Se trata de un sistema productivo dual, en el que existe un número muy elevado de pequeñas empresas y una cifra reducida de multinacionales muy potentes, capaces de seguir exportando. Comparado con otros países de nuestro entorno, no tenemos suficientes empresas medianas que puedan competir en los mercados internacionales. Desgraciadamente, falta el medio, el Mittelstand, que es el motor económico de otros países como Alemania. Mientras que al comenzar la crisis, en 2007, en Alemania sólo el 22 por ciento de los empleados trabajaba en empresas de menos de 50 trabajadores, y en Francia este porcentaje era del 32 por ciento, en España más de la mitad de los empleados (el 53 por ciento) trabajaba en empresas de menos de 50 trabajadores. La distribución del tamaño de las empresas en nuestro país es más parecida a la que se da en los países en desarrollo, que normalmente presentan una acusada dualidad: un vibrante segmento de vendedores ambulantes, tiendas pequeñas, trabajadores informales, muchos de ellos en la economía sumergida, y un sector internacional de empresas exportadoras capaces de competir en los mercados internacionales.

En este sentido, como ha observado también Antràs, nuestra economía funciona como nuestra liga de fútbol: hay muchos equipos en apuros, sobreendeudados, al borde de la desaparición. Pero nuestro fútbol internacional no está en crisis, al contrario: nuestra cuota de títulos sigue aumentando. Como en el fútbol, en España hay un núcleo reducido de grandes empresas que consigue mantener su cuota de mercado en el extranjero contra viento y marea, mientras el resto de las empresas, las que sólo participan de la economía nacional, están extenuadas, al borde del abismo. Así, a pesar de la competencia china, de la burbuja, de la crisis, de la pérdida de competitividad y de las restricciones financieras, la cuota española en las exportaciones mundiales se ha mantenido asombrosamente estable en los últimos 10 años. Mientras la cuota de países como Estados Unidos o el Reino Unido se derrumbaba en un 30 por ciento, la de España resistía a los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) de forma que al final de la década estaba al mismo nivel del principio de ésta.

Las consecuencias económicas de la incapacidad de las microempresas para crecer importan, y mucho. Un análisis llevado a cabo por Rafael Doménech, del servicio de estudios del BBVA, muestra que, a igual tamaño, las empresas españolas son igual de productivas que las estadounidenses. Es decir, una empresa española pequeña es igual de productiva que una extranjera. Una empresa mediana también es igual de productiva comparada con otra mediana extranjera. Y lo mismo sucede con las grandes. La diferencia viene de la composición de tamaños. Tenemos muchas más empresas pequeñas que Estados Unidos o Alemania, y muchas menos medianas y grandes. Mientras que en Estados Unidos menos del 15 por ciento del empleo está concentrado en empresas con un número menor a 20 empleados, en España el 27 por ciento se encuentra en esta categoría. De la muestra utilizada por el BBVA, sólo los sospechosos habituales, Portugal, Italia y Grecia, están peor situados que España en esta clasificación. El aumento de la productividad española y su participación en la economía global pasan necesariamente por un crecimiento de las empresas pequeñas más dinámicas y con mejores ideas.

Pero no sólo el crecimiento económico a largo plazo requiere de una relación completamente nueva entre empresas y Estado. También la salida de la crisis, como veremos a continuación, depende de manera crucial de que los mercados funcionen mucho mejor.

FRENTE A LA RIGIDEZ, DINAMISMO

La lentísima recuperación de España tras la crisis tiene que ver con la rígida regulación de los mercados de trabajo y de capital. Tras el estallido de la burbuja, España se encuentra embarcada en un gigantesco proceso de reasignación de recursos. Se trata de reducir o de eliminar en lo posible las inversiones «suntuarias» y mover el capital físico y humano hacia actividades productivas y bienes exportables.

Obviamente, en muchos casos los costes de las inversiones realizadas están «hundidos» y los recursos ya no se pueden recuperar. El capital usado para construir la Ciudad de la Cultura de Santiago o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia no puede recuperarse. La inversión en las huertas solares ya se ha realizado y la reducción drástica del subsidio (algo inevitable desde el punto de vista presupuestario) no va a llevar a que los recursos malgastados en la incomprensible y faraónica aventura solar emprendida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero se utilicen ahora mejor. Lo importante, eso sí, es no seguir tirando dinero bueno detrás del dinero malo.

Pero, más allá de que algunos recursos estén hundidos en sus usos actuales, la regulación actual de los mercados de capital y de trabajo dificulta enormemente su reasignación. De los mercados de trabajo ya hemos hablado. Cualquier trabajador con contrato indefinido va a pensárselo dos veces antes de abandonar su trabajo seguro en favor de una oportunidad que parece apetecible, pero que es arriesgada. Tampoco dentro de las empresas, dada la rigidez de los convenios, ha sido hasta ahora fácil hacer tales reasignaciones desde los sectores moribundos a los de futuro.

En cuanto a los mercados de capital, la mayor dificultad es contable y regulatoria y tiene que ver con el reconocimiento de pérdidas derivadas de la burbuja. Las empresas y bancos zombis saben que están quebrados y se dedican a reestructurar los préstamos para evitar reconocer las pérdidas. Supongamos que me debe usted un millón de euros. Si me declara que no me los puede pagar, me hunde. Pero con los tipos al 2 por ciento, yo le puedo prestar 20.000 euros este año para que usted «me pague» los intereses, con lo que incrementamos un poquito el préstamo y sigue usted «corriente», aunque en realidad no me esté pagando nada. El problema es que esto supone que el crédito se les corta a los buenos deudores para seguir manteniéndoselo a los malos. Este proceso, estudiado en Japón por los economistas Ricardo Caballero, Takeo Hoshi y Anil Kashyap, reduce los beneficios de las empresas sanas y desalienta la entrada y la inversión. En definitiva, el «engorde» de los zombis deprime la inversión y el crecimiento del empleo de los no zombis.

Salir de la crisis requiere que los ajustes del mercado se realicen para que los recursos que iban a los zombis se liberen y puedan dirigirse a mejores usos. No podemos tener una economía de mercado que funcione si protegemos a las empresas quebradas de la bancarrota, a los bancos quebrados de la reestructuración y a los trabajadores en sectores sin futuro de su traslado a otros sectores.

FRENTE A LA CAPTURA, SEPARACIÓN CLARA ENTRE MERCADO FINANCIERO Y PODER POLÍTICO

Una regulación independiente y objetiva, no arbitraria, de los mercados es crucial para asegurarnos el correcto funcionamiento de los mercados de capitales. La implicación del sistema político en el mercado crediticio está en el origen tanto de nuestra crisis como de la que se produjo en Estados Unidos, y de muchas otras anteriores como, por ejemplo, las del sudeste asiático de finales de la década de 1990. En la base de nuestros problemas están, fundamentalmente, las cajas de ahorro quebradas (Bankia-BFA, que incluye a Caja Madrid y Bancaja; NovaCaixaGalicia, Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, CajaSur, CatalunyaCaixa). Estas cajas de ahorros son el nexo entre la política autonómica y el mercado crediticio. Un vínculo en el que algunas han soportado mejor que otras la presión para ser prestamistas políticos.[9] Como hemos visto, las consecuencias de la intervención política en los sistemas financieros han sido dramáticas. La pérdida de competitividad de nuestra economía y el déficit que ahora hay que cerrar son, en parte, consecuencia de una avalancha de capital internacional muy mal usado que incrementó el consumo doméstico, los salarios, la inflación y el gasto público muy por encima de lo que nos podíamos permitir.

La lección más importante de la crisis, como sucede en otros ámbitos, es que resulta necesario separar escrupulosamente los mecanismos de asignación de capital del poder político. Las reglas del juego deben ser claras y transparentes, iguales para todos. Deben evitar la sospecha de que están subordinadas a los políticos. El mercado puede funcionar, sí, pero sólo si los árbitros se dedican a interpretar las reglas y no a servir a algunos de los jugadores.

Desgraciadamente, la lección se le ha escapado al actual Gobierno, como le pasó al anterior. En lugar de aplicarla, trata de garantizarse, con las reformas del marco de la competencia (rechazadas por la Comisión Europea) y con otras políticas, un control cada vez más férreo de lo que queda del mercado en España. Sin ninguna excepción, todos los nombramientos de reguladores y supervisores realizados por el Gobierno actual han sido cargos políticos, amigos del régimen. En definitiva, se ha nombrado a aquellas personas con las que el Gobierno puede contar para que obedezcan sus indicaciones.

CONCLUSIÓN: UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE LOS MERCADOS Y EL ESTADO

Es, por tanto, necesario establecer una relación completamente distinta de la actual entre el poder político y el económico. De nuestra discusión se siguen cuatro cambios principales.

En primer lugar, España necesita un regulador del mercado de productos predecible, creíble e independiente, no capturado por los grandes, que asegure que la competencia entre empresas sea real. Hay que salir de los oligopolios de amigos que se sientan a desayunar y se reparten los mercados. Parece increíble tener que decirlo a estas alturas, pero oligopolios en España haberlos, haylos. Y no se trata de incrementar el arbitrio del poder político sino, al contrario, de asegurar que existen organismos intermedios, fuertes y con el capital humano suficiente, capaces de asegurar la competencia real. Esto, dicho sea de paso, es lo contrario de lo que se propone el Gobierno actual con la nueva comisión de la competencia, que no tiene independencia alguna del poder político.

En segundo término, es necesario reducir drásticamente las dificultades que sufren las empresas medianas y pequeñas para crecer. Es necesario que el terreno de juego no esté desnivelado en contra de los medianos y de los «legales». Las leyes laborales, las barreras de entrada, las licencias previas y las normas impositivas deben simplificarse todo lo posible para evitar dar ventajas al que vive en la economía sumergida o dispone de los gabinetes jurídicos para saltárselas. Sólo así conseguiremos que las mejores empresas pequeñas crezcan y que los recursos se muevan hacia los sectores con futuro. En particular, hay que evitar la redundancia de normas locales, autonómicas y estatales que apilan requisitos, a menudo contradictorios, sobre la actividad empresarial. La unidad de mercado y las economías de escala son cruciales para poder competir luego en el mercado internacional. Además, esta nivelación del terreno de juego requiere que, una vez reducidas drásticamente las normas, éstas, como las de tráfico, las cumplan todos.

Tercero, el mercado de trabajo, capital y el de productos tienen que ser mucho más dinámicos de lo que lo son en la actualidad. Es necesario acabar con los zombis y asegurar que los recursos se reconducen hacia las actividades con mayor potencial productivo. Ello requiere cambios en la regulación bancaria, en el mercado de trabajo y en los mercados de producto.

Y cuarto, el marco de relaciones entre el sector financiero y el poder público debe cambiar radicalmente. En este aspecto sí que existe una esperanza clara de que esto suceda con la creación del supervisor único europeo y el traspaso de gran parte de las funciones supervisoras a Frankfurt, aunque aún no está claro cómo se producirá en la práctica esta división de poderes.

8

UN NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA EL MUNDO QUE VIENE

MATEMÁTICAS, TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD[10]

La revolución tecnológica provocada por la disponibilidad masiva de información y datos descrita en la primera parte de este libro, y cuyos efectos ya se han hecho notar en ámbitos como las finanzas, el béisbol, el marketing (con el análisis masivo de bases de datos de compra) y la política presidencial estadounidense, llegará poco a poco a todas las áreas del conocimiento. Y para beneficiarse de ella, es necesario un sistema educativo que enfatice el análisis y la capacidad de procesar, sintetizar y presentar la información.

Éste no es el modelo educativo del que disponemos en España o en otros países de nuestro entorno mediterráneo. La educación en nuestro país privilegia la memoria, la repetición de tareas, la actitud pasiva del estudiante y la dificultad del examen como un objetivo en sí mismo. Décadas de reformas y contrarreformas no han hecho más que añadir una fina pátina de barniz sobre este pétreo sistema. El resultado final es tristemente claro. Demasiados estudiantes españoles no saben construir un argumento, escribir, hacer presentaciones en público o analizar datos. Cuando llegan a universidades extranjeras buscan los apuntes y preguntan qué «entra» y qué «no entra» en el examen. No saben redactar trabajos, leer artículos académicos, investigar con sus propios datos y llegar a conclusiones originales. Incluso los mejores estudiantes tienen un bajo nivel de inglés y carecen de una mínima iniciativa en el proceso de aprendizaje. Les falta, en definitiva, el grado de autonomía necesario para que aprender sea un proceso activo, y no una mera recepción de conocimientos.

Parte del problema se sitúa en la falta de medios. La educación nunca ha disfrutado en España del apoyo suficiente. Formar estudiantes creativos es más costoso que dictar apuntes. Los actuales recortes agravarán aún más la situación y pondrán en peligro los centros de excelencia que, a pesar de todo, han surgido en España en las tres últimas décadas.

Pero otra parte muy considerable del problema es de mentalidad. Cuando uno mira lo que estudian los niños ve grandes listas de ríos y, año tras año, la misma historia de los fenicios que ya memorizaron durante el curso anterior. Cuando se comparan estos materiales con los que se enseñan en nuestros vecinos del norte de Europa, mucho más centrados en el desarrollo de habilidades analíticas, la sorpresa es significativa. Todavía se puede escuchar a profesores de universidad presumir de que en su asignatura sólo aprueban el 10 por ciento de los estudiantes, lo cual, más allá de las inseguridades y traumas infantiles no resueltos que tales afirmaciones reflejan, preocupa por el desperdicio de horas y recursos que en la práctica acarrea. Finalmente, en la cima del sistema, la selección de los altos funcionarios de la Administración Pública se realiza por medio de un procedimiento de oposiciones decimonónico. Así, es más importante memorizar oscuros detalles de derecho administrativo que demostrar la habilidad para contrastar hipótesis o resolver problemas.

En definitiva, el sistema de aprendizaje «repite lo que te he dicho y no cambies ni una coma» es propio de una sociedad jerárquica en la que el saber viene de arriba y en la que hay que aprendérselo todo sin cuestionarlo (quizás esto explique la obsesión de unos y otros por controlar la educación para crear adeptos). Pero ese sistema educativo no es propio de una sociedad donde la información está descentralizada y donde todos pueden disponer de ella, una sociedad en la que lo importante es ser capaz de encontrar esta información y analizarla.

Desgraciadamente, los propios estudiantes han internalizado los aspectos más absurdos del sistema y se oponen a cambiarlo. Cuando explicamos a un economista que los estudios de grado en Economía no deben ser una acumulación de asignaturas de los más variados campos de la disciplina (aderezadas con conocimientos de Derecho y Administración de Empresa para rellenar), sino el proceso de aprender a realizar un trabajo de investigación propio y de llegar a conclusiones novedosas, se nos responde que eso no sirve para nada y que, en todo caso, no es lo que quieren los estudiantes. Y, sí, desgraciadamente es cierto: lo que los estudiantes exigen es que les den los apuntes para poderlos fotocopiar, memorizarlos y olvidarse de ellos lo más rápidamente posible.

Además, ha sido el propio sistema el que ha seleccionado para encabezar España a aquellas personas que mejor se han adaptado a él, lo que dificulta aún más el cambio. Cuando le decimos a un ingeniero que son mejores carreras más cortas, más generalistas, y que el éxito de una escuela técnica no se mide en el número de suspensos de primero de grado en Cálculo, sino en la cantidad de empresas como Google o Facebook que han creado sus alumnos, la respuesta suele ser que cambios como acortar la carrera «devalúan» el título (en qué consiste tal «devaluación» nunca queda del todo claro, excepto como un posible obstáculo para ejercer la profesión). Cuando tratamos de convencer a un alto funcionario de que pasarse tres años preparando una oposición no es la mejor manera de emplear el tiempo y que son mejores otros sistemas de selección como el británico, mucho más cortos, sencillos y basados en habilidades, se nos replica (por poner un ejemplo muy común) que cómo pretendemos dar una plaza de por vida a alguien que no «se ha sacrificado por ella», respuesta fascinante desde el punto de vista antropológico, pero carente de sentido.

En consecuencia, aquellos que pueden y deberían cambiar la educación en España nunca han tenido demasiado interés en ello. Sin ir más lejos, con la adopción del Plan Bolonia se perdió una fantástica oportunidad para implantar estudios de grado de tres años. Pero no sólo han sido los gobernantes y, por consiguiente, el sistema público los que han rechazado el cambio. Excepto en el ámbito de la dirección de empresas, las universidades privadas que ha creado la sociedad civil desde 1993 han sido decepcionantes en este aspecto.

Este bucle malvado se extiende como un tumor maligno y lo invade todo. Los docentes de enseñanza primaria, secundaria o terciaria desconfían de cualquier iniciativa que suponga sacarles de su espacio de confort, es decir, de la manera en la que han enseñado «desde siempre», y defienden medidas como la antigüedad en el puesto para asignar plazas. Los rectores, supervivientes de procesos electorales demenciales, constituyen uno de los grupos de presión más reaccionarios del país. Los partidos políticos, temerosos de protestas sin fin, prefieren hablar de la clase de religión como un mecanismo de movilización de sus electorados antes que tratar de atacar los ya diagnosticados males del sistema. Mientras, los medios de comunicación, espectadores siempre fervorosos de todo combate, acuden fascinados a informar de tales luchas.

Los que quedan abandonados por este vaivén de pseudorreformas son, tristemente, los jóvenes. No reciben la formación necesaria y por culpa de ello peligra su futuro, y el futuro de España. Algunos, quizás muchos, sobrevivirán. Lo harán por su perseverancia o por la suerte de tener unos recursos financieros familiares que les permitan suplementar las carencias del sistema. Pero muchos otros, demasiados, se quedarán en la cuneta. Y eso es inaceptable.

AUTONOMÍA, BUENAS MÉTRICAS Y RENDIMIENTO DE CUENTAS

El sistema educativo no es sólo rutinario y memorístico. Si lo comparamos con otros países, tampoco consigue dar a los niños niveles de conocimientos adecuados. Aunque el sistema educativo español ayuda a los desfavorecidos a alcanzar un nivel aceptable de competencia, muy pocos de los muchos niños españoles que tienen potencial para la excelencia lo desarrollan. Por ejemplo, el informe PISA de 2009 refleja que el 20 por ciento de los estudiantes de Shanghái tenían una calificación notable o sobresaliente en lectura, frente al 16 por ciento de los de Nueva Zelanda y de Singapur, al 13 por ciento de estudiantes de Bélgica y al 9-10 por ciento de los de Francia, Holanda y Suecia. La media de la OCDE es del 7,6 por ciento. Pues bien, en España sólo el 3,4 por ciento sacaron una calificación notable o sobresaliente en esas materias. Por debajo estaban Croacia, Rusia, Letonia, Bulgaria… Ningún país con un PIB per cápita comparable al nuestro. En matemáticas, sacaron una calificación de notable o sobresaliente el 50 por ciento de los estudiantes de Shanghái, el 36 por ciento de los de Singapur, el 25 por ciento de los de Suiza o Finlandia y el 18-20 por ciento de los de Bélgica, Holanda y Nueva Zelanda. La media de la OCDE está en el 13 por ciento. En España, baja hasta el 8 por ciento. En ciencias, el 24 por ciento de los niños de Shanghái aprobaron con una calificación de notable o sobresaliente, el 20 por ciento en Singapur, el 13 por ciento en Holanda y el 11 por ciento en Reino Unido. El promedio de la OCDE es del 8,5 por ciento. En España, sólo el 3,9 por ciento de los estudiantes alcanzó el notable o el sobresaliente. Creo que nadie puede, tras haber leído la primera parte de este libro, analizar estos números sin preocupación.

Claramente, los niños españoles listos no están llegando a lo que pueden y deben llegar ni a lo que competir a escala mundial les va a exigir. La rigidez del sistema hace que éste se adapte bien a las necesidades de los estudiantes que están en la media, pero no a las de los mejores. Para conseguir una mayor adaptación es necesario dotar a los centros de autonomía en la gestión de su propio personal: contratando, despidiendo, dando incentivos y fijando salarios. Por supuesto, para que esta autonomía sea efectiva se debe completar con información sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes (pruebas estandarizadas, por ejemplo). Finalmente, la carrera profesional de los profesores y directores de centro, que ahora depende sólo de la antigüedad, debe ir ligada a los resultados que obtienen no en términos de notas absolutas (lo que premiaría a los que tienen la suerte de tener buenos estudiantes), sino en términos de valor añadido.

Los mismos principios de gobernanza de la educación fueron centrales en la propuesta de una comisión de expertos, de la que formé parte, nombrada por el ministro del ramo, José Ignacio Wert. Nuestra misión era plantear una reforma integral del sistema universitario. Partíamos de la constatación de que ninguna universidad española está entre las 200 primeras del mundo en los rankings globales. Además, España no ha tenido un Premio Nobel en ciencia desde hace más de un siglo. La falta de excelencia no es sorprendente en un sistema funcionarial y rígido, donde no hay premios para los que cumplen ni tampoco castigos para los que no lo hacen. Imaginen una liga de fútbol en la que los jugadores entran en los equipos por oposición a los dieciocho años, todos ganan lo mismo y tienen el trabajo asegurado hasta el final de sus carreras. Imaginen también que los jugadores y empleados del equipo nombran al entrenador por votación. Imposible, ¿no? Pues así funciona la universidad.

Nuestra propuesta incluía un cambio de gobernanza radical, con un rector nombrado por un patronato en parte externo y en parte formado por miembros académicos del claustro. Así se evitaba su «captura» tanto por parte de las «élites locales» como por parte de los apoltronados en la universidad. Ésta tendría autonomía financiera (tanto de ingresos como de gastos, incluyendo capacidad para negociar los salarios) y libertad para nombrar a todo el equipo de Gobierno. A ello se sumaría una financiación según los resultados en investigación y en docencia, incluyendo crucialmente como resultado de esta última la empleabilidad de los graduados por la universidad.

Por desgracia, como en el resto de la Administración Pública, hay muchos interesados en continuar en el sistema soviético de «hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan». La universidad concede un prestigio y una seguridad que puede luego utilizarse para otras carreras distintas de la académica, como la política. El hecho de centrarse en la investigación y en la docencia no es atractivo para muchos de los que buscan estas vías. La reforma que propusimos fue consignada al cajón de algún despacho del ministerio. Para nunca más salir de allí, me temo. La universidad española continuará sin tener incentivos para una investigación y una docencia excelentes.

¿QUÉ OPORTUNIDADES NOS DAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA CAMBIAR LA EDUCACIÓN?

Mientras nos planteamos las mejoras del sistema educativo, se está produciendo un enorme cambio tecnológico que puede llevar al fin de la educación como la conocemos. La educación es una de las actividades que menos ha cambiado en el transcurso de la historia. Si Sócrates entrara en una clase en una universidad o en un colegio hoy en día, vería, en el mejor de los casos, a un profesor enfrascado en un diálogo «socrático» con sus estudiantes. Y en el peor, a un burócrata que dicta a sus alumnos a partir de sus apuntes. En ambos, tanto en el malo como en el bueno, reconocería la actividad como la misma en la que él y otros estaban enfrascados hace 2.500 años.

Pero, de la misma manera que la revolución digital ha cambiado la prensa, las películas o la música, también está a punto de tener un impacto radical en las universidades. Existen varias plataformas, como Coursera, EdX o Udacity, que ofrecen excelentes cursos online y que permiten a cualquier persona acceder de forma directa a los conocimientos. En estas plataformas hay ya muchos estudiantes, alrededor de 100.000 alumnos en los mejores cursos.

Como en el caso de la música, la propiedad en este tipo de archivos es difícil de proteger y es posible que pronto circulen copias gratis de los mejores cursos. Además, en estos nuevos modelos las economías de escala son muy altas. De la misma manera que los discos permitieron a los mejores cantantes de ópera ganar mucho más, estas tecnologías permiten a los mejores docentes dar cursos a muchas más personas. El uso de las nuevas tecnologías supone, por lo tanto, que los modelos de aprendizaje deben cambiar. No tiene sentido que un profesor mediocre dé una clase magistral si hay una mejor disponible en internet; menos aún si ésta es gratis.

Estos cambios pueden afectar especialmente a las universidades españolas. Nuestros centros universitarios, como los franceses o los italianos, ofrecen muy poco valor a los estudiantes. La enseñanza ofrecida es muy rutinaria y acomodaticia, basada en los apuntes, que son fáciles de mejorar con la tecnología online. Se investiga bastante, pero no con calidad.

Si los esfuerzos por reformar el sistema educativo en España fallan, no sería difícil imaginar que nuestro país se convertiría en uno de esos lugares en los que es posible introducir un modelo nuevo, propuesto quizás por una universidad extranjera de élite, con alta penetración e impacto en el mercado. La nueva tecnología permitiría aumentar extraordinariamente la calidad de la enseñanza a la vez que se reduciría su coste. La universidad contaría con dos tipos de personal: un número muy amplio de profesores contratados y uno más reducido de profesores permanentes de primerísima línea mundial, los mejores de Europa. Los alumnos estudiarían las clases magistrales por su cuenta. Después, en grupos de trabajo muy reducidos, harían proyectos, escribirían trabajos de investigación, etc. La mayor parte de las horas de contacto de los estudiantes con los docentes serían con los profesores contratados, cuya única misión consistiría en impartir clases, ya que no tendrían ninguna responsabilidad de investigación. El liderazgo intelectual y la enseñanza más avanzada serían provistos por el claustro de profesores permanentes, que tendrían responsabilidades docentes y de investigación. Tales universidades se beneficiarían de las economías de escala y desecharían muchas áreas académicas sin producción intelectual, lo que les permitiría gastar una cantidad importante de recursos en contratar a profesores de primera línea que, en la actualidad y debido a la excesiva compresión salarial, reciben sueldos muy reducidos para su valía.

LOS HORARIOS INCOMPRENSIBLES

En España, más de la mitad de los hombres y casi la mitad de las mujeres contratados a tiempo completo en el sector privado trabajan a jornada partida, con unas dos horas de pausa para la comida, lo cual no tiene ningún sentido, porque por lo general la gente no tiene tiempo de volver a su casa. A la insatisfacción laboral que genera esto, se suma el hecho de que los padres (sobre todo) y las madres no ven casi a sus hijos durante la semana. Y, sin embargo, la investigación académica muestra que la participación de los padres en la educación de los niños es crucial. El 65 por ciento de la población se va a la cama después de las 12 de la noche, uno de los peores registros del mundo. Según una encuesta de Nielsen realizada en 24 países, en Europa sólo Portugal nos supera en ese ámbito. Y ello pese a que la investigación académica demuestra que el sueño afecta directa y claramente a los resultados académicos.

El horario español es inadecuado para una sociedad moderna. Las dos horas de pausa sólo tendrían sentido si se pudiera volver a casa a comer con la familia. Además, España está en el huso horario incorrecto, ya que está situada casi por entero al oeste del meridiano de Greenwich (éste pasa por Barcelona). Y los españoles tienen, además, malos hábitos laborales, ya que sistemáticamente terminan la jornada después de la hora de salida.

Éste es un tema crucial para la conciliación familiar, para la fertilidad (¿qué mujer puede tener hijos trabajando de sol a sol?) y para la calidad de vida de los españoles. Para empezar, como ya ha propuesto parcialmente una comisión del Congreso, se trata de hacer un pacto nacional para de un día a otro, como sucedió con el tabaco, adaptarnos a los horarios europeos, atrasar una hora el reloj (en línea con las Canarias), la cena y la comida. Además, hay que disminuir la pausa de la comida de dos horas a una. El horario laboral tiene que ser, como en el resto del mundo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En la mayor parte de Europa, a las 5 de la tarde la gente deja lo que está haciendo, se pone de pie y se va. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo?

Y MIENTRAS MEJORAMOS LA EDUCACIÓN, ¿QUÉ HACEMOS?

En este capítulo hemos propuesto mejoras en la educación, un sistema educativo para el futuro. Desgraciadamente, esto mejorará las cosas de forma sustancial, pero sólo para las generaciones futuras. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué salidas hay para los trabajadores españoles? Más de tres cuartas partes de los 6 millones de parados de 2013 habían finalizado sólo la educación secundaria o menos, de acuerdo con la EPA. Cualquier idea sobre la creación de empleo en España en los próximos cinco años requiere partir de este hecho.

La solución tradicional para todo este empleo sin cualificar, la que utilizamos en el último boom, fue la construcción. Como hemos visto, en el tope del boom inmobiliario uno de cada cuatro hombres trabajaba en la construcción. Pero una vez agotada esta solución, ¿existe otro sector capaz de dar trabajo a este enorme segmento de la población?

El boom de la construcción se apoyaba sobre un hecho innegable: la gran ventaja competitiva de España es su belleza natural y su clima. Pero ¿qué economía se puede construir sobre la localización geográfica?

España puede exportar el clima, pero no puede hacerlo sin que la gente venga a consumirlo. Se trata, pues, de hacer todo lo posible para que los europeos se muden a España por todas las razones posibles: para retirarse, para trabajar a distancia, para vivir. Si muchos europeos deciden mudarse a nuestro país, subirá la demanda de viviendas y la del personal dedicado a la construcción que las renueve o remodele. Subirán también el consumo y los servicios complementarios de valor añadido: hospitales, teatro, ocio… Como hemos mencionado anteriormente, esto supone crear una demanda en dos tipos de empleo que no pueden ser deslocalizados ni automatizados: los que son manuales y los que tienen un componente interpersonal.

¿Cómo se consigue aumentar el atractivo de España como zona de retiro de los europeos? ¿Cómo convertir España en la Florida de Europa? Se pueden usar herramientas fiscales como, por ejemplo, eliminar los impuestos para mayores de 65 años. Es decir, si usted prueba que tiene más de 65 años, no tiene que hacer la declaración de la renta. Usted se muda a España, deja de pagar impuestos en su país (éstos se pagan por residencia) y tampoco los abona en España. Esto se aplicaría para todos, claro, incluidos los españoles (si no, sería contrario a la igualdad ante la ley de los ciudadanos de la Unión Europea). Pero ¿cómo nos podemos permitir eso? Muy fácil. Se reducen proporcionalmente las pensiones brutas que paga la Seguridad Social, de forma que la pensión neta de los españoles se deje constante. También se podría eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones: si usted se muda a España, les puede dejar a sus hijos todos sus bienes sin pagar ningún impuesto. El coste de esto es trivial, ya que este impuesto (transferido a las comunidades autónomas) recauda sólo unas décimas del PIB.

Por supuesto, esta estrategia aún requiere invertir en formación en todos los servicios complementarios (como enfermería), pero sobre todo en mejorar sustancialmente el conocimiento de idiomas. La baja calidad de la enseñanza de idiomas en España es un obstáculo gigante para los turistas extranjeros. Se sigue sin hablar inglés en los hospitales, en los hoteles, en las estaciones del metro, en los aviones. Para un extranjero, ir a urgencias con un problema de salud es realmente un peligro. Parece absurdo que los seis millones de parados no estén aprovechando este tiempo para aprender inglés, sobre todo desde que se puede hacer gratis, o casi gratis, online.

Y no es sólo el inglés. Dada la fuerte incidencia del paro de larga duración, es crucial movilizar a los parados para asegurar que el tiempo que pasan en el desempleo no está complementamente perdido. Hay muchas personas en el paro, particularmente las de mayor edad, que han adquirido una formación en su trabajo u oficio que deberían poder usar para enseñar a otros parados. La sociedad debería hacer un esfuerzo para evitar que los parados de larga duración pierdan su conexión con el mercado de trabajo.

Los desempleados pueden formarse en el paro, y pueden formar a otras personas en la misma situación, siguiendo cursos en línea, trabajando juntos en grupo. Además, el Estado podría financiar empresas online que ofrezcan cursos de inglés y otro tipo de formación, exigir a todo el mundo que esté en el paro que se registre y que apruebe unos exámenes mínimos que demuestren que están haciendo estos cursos y que los están aprovechando. Esto se podría complementar con grupos de conversación o de prácticas en todas las ciudades, obligatorios para cualquiera que esté cobrando el subsidio, en los que quienes saben algo de inglés u otro idioma o algún otro oficio podrían hacer de voluntarios y ayudar a los que no saben tanto.

9

EL SISTEMA POLÍTICO

REFORMA O RUPTURA, ¿QUÉ TIPO DE CAMBIO POLÍTICO?

Si todas las instituciones están rotas, empezando por las autonomías y la monarquía, ¿no será que hace falta una refundación completa de España? Es algo que seguramente se preguntan muchos observadores de la complejísima situación política e institucional del país. En esta búsqueda del germen de la mala organización de España, en Cataluña, por ejemplo, son muchos los que echan la vista 300 años atrás, hacia la organización de España que salió del Tratado de Utrecht. Y es cierto que, a pesar de los enormes cambios y convulsiones que ha sufrido España durante estos tres siglos, dos instituciones cruciales que datan de esa fecha han sido una constante casi continua, aunque periódicamente cuestionada, de la estructura institucional española. Por una parte, la nueva dinastía borbónica reconocida por las potencias europeas tras la renuncia al trono francés. Y por otra, como resultado de los Decretos de Nueva Planta promulgados por el nuevo monarca durante los primeros años de su reinado, la sustitución de «las Españas» (un conjunto de territorios con sus fueros y sus privilegios) por una única España.

Muchos en España cuestionan esta estructura nacional básica que ha sobrevivido a trescientos años de convulsiones. Cada vez más españoles dudan de la monarquía borbónica, que sufre un acusadísimo deterioro en las encuestas. Y muchos españoles también, es inevitable tener que reconocerlo, no se encuentran cómodos dentro de la España única y parecen anhelar un retorno a «las Españas». Piensan que no hemos sido capaces de encontrar una forma de vivir juntos bajo un mismo techo y que es mejor dejar de intentarlo. Tras aquella mal concluida Guerra de Sucesión, guerra civil y al mismo tiempo europea, hubo una sucesión de guerras civiles de carácter en gran parte fuerista: las causadas por la invasión napoleónica, los Cien Mil Hijos de San Luis, las guerras carlistas (la primera de 1833 a 1840, que causó más de 100.000 muertos; la segunda de 1846 a 1849 y la tercera de 1872 a 1876), la desintegración territorial de la Primera y la Segunda República y la Guerra Civil. En esta visión, el (supuesto) fracaso del Estado autonómico es sólo un síntoma más del fracaso de los esfuerzos realizados durante tres siglos para encontrar una forma de convivencia razonable entre todos los españoles.

Por mi parte, creo que no es necesario pensar en un problema histórico de largo alcance para entender lo que pasa en España. La corrupción y el deterioro institucional que sufre tienen que ver, en gran parte, con el entorno de dinero fácil de los largos años de la burbuja. La corrupción era inevitable en un entorno legal del «todo vale» en el que, por ejemplo, el agente urbanizador podía elaborar planes de desarrollo individuales, o donde el convenio urbanístico permitía a un grupo de propietarios presentar planes de desarrollo de la zona que controlaban. Y todo ello fuera de los planes urbanísticos a largo plazo y bajo el control de las municipalidades. Estas leyes autonómicas del suelo, junto con el acceso a una financiación muy barata, hacían que la corrupción fuera sencilla y atractiva.

Además, la burbuja dificultaba detectar la mala gestión. La diferencia entre una buena y una mala gestión era simplemente inobservable desde fuera tanto en las cajas como en la política. Por ejemplo, desde el extranjero muchos no éramos conscientes de que Valencia funcionaba como una auténtica república bananera, a pesar de las numerosas pistas que dejaba: las regatas, las carreras de Fórmula 1, la faraónica Ciudad de las Artes y las Ciencias…

Si esta hipótesis es cierta, no hay nada raro o inusual en la España de hoy. Tuvimos los mismos problemas que otros habrían tenido si hubieran accedido a un dinero tan fácil y con una estructura institucional tan débil. Resolvamos estos problemas y hagamos las reformas que hay que hacer, las cuales son difíciles, sí, pero que casi todos reconocen como necesarias.

Es necesaria, por tanto, una reforma en profundidad de la Constitución que deje los dos elementos clave de la estructura del Estado, monarquía y perímetro de España, sin tocar, pero que permita modificar tres aspectos cruciales de la infraestructura institucional: el sistema de partidos, el Estado autonómico y la rendición de cuentas, y el sistema judicial. Tras estas reformas, España continuaría siendo España. Seguiría siendo una monarquía constitucional, pero su funcionamiento interno cambiaría radicalmente.

Pero tenemos que ser conscientes de que si este tratamiento no funciona, caminamos hacia un escenario alternativo muy peligroso: la refundación del Estado. Y eso incluye, posiblemente, la desintegración del país. Dada la delicada situación económica por la que atraviesa España, la carga de incertidumbre que esto conllevaría es enorme en todos los niveles.

EL SISTEMA DE PARTIDOS

Como ha explicado con elocuencia César Molinas (en su reciente libro y en su conocido artículo de El País), desde la Transición hasta la democracia hemos diseñado un sistema de partidos y de representatividad social rígido, centralizado e incapaz de dejar entrar el aire. El concejal o el diputado regional que consigue llegar a diputado nacional tras convencer al comité de listas de su partido de que es idóneo para el puesto no es el que tiene iniciativa, el más brillante o el más trabajador, sino el soldado más disciplinado, el que tiene menos ganas de disentir. Como hemos visto en el capítulo 5, las élites que promueven este sistema no han estudiado fuera (casi sin excepciones), no hablan inglés y no entienden nada de tecnología, de ingeniería, de economía ni de ciencia. En resumen, el sistema se autoperpetúa porque no hay ningún hueco por el que puedan entrar las voces de los que están fuera de él.

Efectivamente, la rigidez de los partidos es responsable directa de dos de los problemas de nuestro sistema que hemos identificado en el capítulo 5: la ausencia de la rendición de cuentas y la pobre calidad de las élites políticas. Es por eso que recientemente he impulsado, junto con César Molinas, Elisa de la Nuez (editora del excelente blog Hay derecho) y el diplomático y exembajador en Londres Carles Casajuana, un manifiesto firmado por cien personas de prestigio en apoyo de una ley para tratar de democratizar el funcionamiento de los partidos.

El punto de partida de nuestras propuestas es que los partidos juegan un papel clave en la democracia, ya que son el cauce principal por el que los ciudadanos participan en la política. Desgraciadamente, la regulación de los partidos, al contrario que en otros países de nuestro entorno, es muy laxa y poco prescriptiva. Permite que rindan cuentas sobre sus finanzas muy tarde, con seis años de retraso —y que lo hagan ante el «geriátrico» y amigable Tribunal de Cuentas—, que puedan ocultar sus finanzas y que tengan un funcionamiento extremadamente jerárquico en el que las listas se eligen a dedo desde el centro. Nuestra idea es que democratizando y haciendo más transparente el funcionamiento de los partidos conseguiremos que los corruptos «se caigan» de las listas, que los líderes tengan que rendir cuentas internas y que se abra a todos los ciudadanos la vía de acceso a la política sin que tengan que demostrar la «obediencia debida» a los aparatos ni hacer méritos con su silencio. Por ello proponemos reformas como la introducción de elecciones primarias internas, auditorías anuales y congresos bianuales con fecha fija (no controlados por los órganos de dirección).

Obviamente, no es ésta la única reforma institucional que el sistema político español necesita. A continuación discutiremos otras dos igualmente importantes: la reforma de la organización del Estado, y el cambio en toda la Administración y en el sector privado de la rendición de cuentas.

EL QUE LA HACE, LA PAGA

Por supuesto, no sólo hay corrupción en España. Pero únicamente en países subdesarrollados o en vías de subdesarrollo los corruptos tienen una sensación de impunidad similar. Los últimos gobernadores del estado de Illinois (Estados Unidos) no estaban por detrás de los peores políticos españoles en la carrera de los corruptos. Pero el fiscal del Estado los acusó, un juzgado popular los encontró culpables, y fueron a dar con sus huesos en la cárcel. El último de ellos que fue juzgado, Rod Blagojevich, fue condenado a 13 años de cárcel. El anterior, George Ryan, a 6 años, por conceder contratos a sus amigos a cambio de dinero y vacaciones pagadas y mentir al FBI al respecto. ¿Cuántos políticos españoles entrarían dentro de las anteriores descripciones?

Como no tiene consecuencias, la corrupción en España se ha vuelto crónica y, en mayor o menor medida, salpica a los principales partidos. Pero no es sólo en política donde la rendición de cuentas brilla por su ausencia. Los crímenes económicos suelen tener un escaso e impredecible castigo. Los delitos de información privilegiada terminan prescribiendo antes de que se produzca su castigo y, en general, casi todos los delitos lo hacen, como sucede en Italia, si el delincuente (a menudo de guante blanco) tiene los medios para agotar todas las garantías que da el sistema.

Incluso nuestros (a menudo excelentes) deportistas de élite han mostrado una alarmante dependencia del dopaje, desgraciadamente defendida por políticos, prensa y público en general. Una de las atletas sobre las que existe una evidencia más clara, Marta Domínguez, ha sido «castigada» con un escaño en el Senado. La sociedad, que depende en gran parte de los deportes para su autoestima, ha cerrado los ojos a lo evidente y, cada vez que alguien señala una irregularidad, la respuesta es imaginar oscuras conspiraciones internacionales. La dura persecución de Lance Amstrong en Estados Unidos sería un acto suicida para cualquier organismo que intentara algo análogo en España. Y para los españoles, además, sería totalmente incomprensible.

¿Qué hacer, pues? Primero, nuestro sistema es absurdamente garantista. ¿Recuerdan la decisión de la Universidad de Sevilla por la que no se podía expulsar de un examen a un estudiante, pobrecito, al que el profesor pillara copiando in fraganti? Es necesario reducir apelaciones y agilizar el sistema para evitar que las prescripciones jueguen el papel de asegurar la impunidad de los poderosos. Segundo, las asociaciones «profesionales» de jueces han politizado mucho la profesión. Esto hace que haya que tener pruebas muy contundentes para condenar a nadie; más aún si son políticos. Tercero, hay que objetivar el uso de los indultos (el ejemplo más reciente, el del conductor suicida con conexiones) y del tercer grado. Finalmente, muchos jueces simplemente (y esto es un secreto a voces) no dan palo al agua, aunque haya otros trabajando 12 horas al día. Va a ser necesario obligar por ley a los jueces a ir a su oficina seis o siete horas al día —sí, fichar—, y no de martes a jueves y de 10 a 14 horas como muchos hacen ahora («¡y no me llevo trabajo ningún día, que conste!», presumía una amiga juez recientemente) y promocionarlos sólo cuando resuelvan sus asuntos a tiempo, y cuando sus sentencias no sean revocadas en apelación.

Además, en los casos recientes de banqueros, empresarios, políticos y deportistas se aprecia una profundísima confusión en nuestra sociedad entre las cuestiones procedimentales/penales y las cuestiones sustantivas (los hechos) cuando casi todos estos casos no parecen controvertidos en absoluto. En el caso de César Alierta, presidente de Telefónica, por ejemplo, se puede discutir si el delito de uso de información privilegiada del que se le acusó en el «caso Tabacalera» prescribió o no, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que fuera o no un caso de información privilegiada, lo cual el juez consideró probado. Con el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y la acusación de cohecho relacionada con el «caso Gürtel» sucedió exactamente lo mismo. Igualmente con la atleta palentina y senadora Marta Domínguez, sobre cuya conducta no puede caber duda alguna, sean las escuchas realizadas por la Guardia Civil aceptables o no en sede judicial.

Si queremos ser una sociedad integrada en Europa y en la civilización occidental, debemos empezar a entender que hay reglas éticas para funcionar como país, y no sólo normas legales. Y que el hecho de conseguir escaquearse, cualquiera que sea la razón, de una pena no tiene nada que ver con la inocencia.

¿Y QUÉ HACEMOS CON LAS AUTONOMÍAS Y, EN ESPECIAL, CON CATALUÑA?[11]

A pesar de algunas señales positivas a finales de 2013, el choque entre Cataluña y España parece inevitable. Los dos trenes avanzan a velocidad imparable. Muchos en Cataluña consideran seguro lo que la mayoría en Madrid cree imposible. Los de un lado ven una oportunidad única en la debilidad de España; los del otro, precisamente por ello, no se pueden permitir ninguna concesión. España parece agotada, sin ideas ni rumbo, sin plan de futuro más allá de años de ajustes inacabables. Los Gobiernos de Madrid, obsesionados con la política del corto plazo, no ofrecen un proyecto común estimulante.

Es absurdo imaginar que Cataluña no sería viable sin España. Dentro de Europa, por supuesto que lo sería. Lo que es difícil de calcular, y de asumir, son los costes de la transición a tal situación porque, como en todos los divorcios que se hacen unilateralmente, si las partes no dialogan y tratan de entenderse, las consecuencias pueden ser nefastas y persistir durante mucho tiempo. Y eso que los divorcios suceden dentro de un sistema legal concreto, con unas reglas dadas. En el caso de una declaración unilateral de independencia, las reglas no existen. El Estado de derecho consiste en que todos obedecemos unas normas comunes que nos damos —esto es lo que evita que la convivencia se transmute en la ley del más fuerte—. Nadie sabe lo que pasaría el día después de la declaración unilateral de independencia. Cabe imaginar que el Gobierno de Madrid mandaría un requerimiento a los Mossos d’Esquadra para que arrestaran al presidente de la Generalitat. ¿Obedecerían tal orden si fuera expresada de forma legal? Si así lo hicieran, cabe esperar una enorme resistencia, quizás pacífica. Si por el contrario se negaran, ¿se vería el Gobierno obligado a usar la fuerza para restablecer el imperio de la ley? En este caso, las consecuencias pueden ser difícilmente imaginables.

El pánico a una cantonalización de España podría empujar a decisiones drásticas de las que pronto nos arrepentiríamos. Existe el riesgo de una ruptura generalizada de relaciones comerciales y de una lucha incesante por dividir los activos y pasivos de España, una situación difícil de sostener en un contexto de fuerte crisis. Los costes de esa ruptura podrían ser mucho mayores que las tan denostadas actuales transferencias.

No ha habido procesos semejantes en Europa occidental en tiempos contemporáneos. Las experiencias de los países del este poco pueden decirnos, porque se produjeron en unas sociedades muy diferentes y al mismo tiempo que se realizaba la transición a una economía de mercado. Como la aparición de un nuevo Estado con las circunstancias catalanas no ha ocurrido nunca, ignoramos prácticamente todo sobre cómo reaccionaría Cataluña, el resto de España y la Unión Europea.

Las prisas repentinas por parte de los políticos catalanes son sorprendentes en un problema de semejante envergadura y con consecuencias potencialmente tan brutales. La sociedad catalana se ha embarcado en una aventura de final incierto con la misma alegría con la que los soldados europeos se fueron al frente, todos igualmente convencidos de su fácil victoria, en el verano de 1914.

Todo esta incertidumbre se agrava porque España, sus familias y empresas (estén o no en Cataluña) dependen hoy más que nunca de la financiación exterior. La amenaza real a la soberanía de Cataluña no es España, sino el enorme exceso de deuda acumulada por unos y por otros y que nos acerca a una intervención «dura» de la comunidad internacional. Y si a los españoles no nos queda más remedio que vivir con lo desconocido, los inversores extranjeros tienen muchas alternativas más seguras hacia las que mover su capital. No hay nada que asuste más a los inversores que la incertidumbre. Para ellos, prestar a un país que no se sabe lo que será en un futuro próximo es inconcebible. Incluso la probabilidad, pequeña, de un hundimiento de la financiación causado por la independencia podía ser un riesgo demasiado grande para asumirlo conscientemente. Hasta ahora, afortunadamente, no han considerado esta posibilidad. El riesgo está bajo su radar. Cualquier acontecimiento, sin embargo, puede cambiar de forma dramática esta realidad.

En vez de ir a este choque, España debería usar la demanda del pueblo catalán como una oportunidad para hacer, por fin, la inevitable reestructuración del Estado autonómico y del sistema político entero que exigen, de acuerdo con todas las encuestas, la gran mayoría de los ciudadanos. Las autonomías, con responsabilidad de gasto y no de ingreso, no funcionan. La única autonomía que ha tenido una política fiscal razonable ha sido la vasca, que tiene sus propios ingresos.

Desafortunadamente, existen tres obstáculos que vencer. El primero es el enquistamiento de las posiciones de cada bando. Para CiU, el retroceso hacia posiciones menos rupturistas es difícil, porque frustraría las expectativas creadas en un amplio segmento de la población. Para el Gobierno de Madrid, una negociación franca puede tener un coste tremendo para su electorado y sería casi imposible de financiar a corto plazo.

El segundo reto supone que, en el enfrentamiento, los dos jugadores, los Gobiernos en Madrid y en Barcelona, tienen incentivos (como los emperadores austrohúngaros, rusos y alemanes de 1914) para doblar la apuesta, continuar hasta el final e intentar que sea el otro el que ceda. Lamentablemente, en estos enfrentamientos terminan perdiendo todos: en 1918 ninguno de los tres imperios citados había sobrevivido.

El tercero es el actual desprestigio de nuestra clase política. El impulso por el cambio, aunque radical, de los «indignados» es muy similar al de los independentistas de nueva cosecha. Ambos surgen de la frustración ante una crisis a la que no se le ve el final y del fracaso de nuestros líderes en lidiar con ella.

Lo que se puede hacer es conjuntar la voluntad de las clases medias de Cataluña y del resto de España de evitar el caos con el indudable deseo de cambio de la gran mayoría de los ciudadanos en una nueva organización territorial del Estado. Por un lado, sería clave establecer un marco que eliminara anomalías como el concierto vasco y navarro, pero que a la vez incrementara a niveles similares al mismo la autonomía de ingresos y de gastos de varios territorios. Cada Gobierno debe ser responsable de sus presupuestos y sus electores, de poder juzgarlos con claridad. Debemos tener un debate franco sobre el nivel de transferencias entre territorios que sea aceptable para todas las partes A la vez, las autonomías ficticias (La Rioja, Cantabria, etc.) habrían de consolidarse, sus Gobiernos ser controlados adecuadamente y sus excesos de gasto y de creación de redes clientelares eliminados de raíz. Esto incluye la supresión de las diputaciones y la consolidación de todos los ayuntamientos para que alcancen un tamaño mínimo de al menos 20.000 habitantes, como ha sucedido en países como Dinamarca. Todo ello acompañado de un cambio del sistema electoral, de una introducción de un fuerte componente mayoritario que permita una apertura de nuestra clase política a la sociedad y de una fiscalización de nuestros representantes.

Una vida en común sólo es posible con un esfuerzo por parte de todos. Un esfuerzo lleno de cesiones y de frustraciones, porque las separaciones, sobre todo después de mucho tiempo y cuando nadie sabe las reglas que las van a regir, suelen añadir más amargura y dolor. Es mucho más sensato sentarse a hablar y encontrar una salida. España, a pesar de nuestra triste coyuntura, ha conseguido mucho en lo económico y en lo político en los últimos cincuenta años. No lo tiremos por la borda lanzándonos a lo desconocido.

LA REFORMA POLÍTICA ES URGENTE PARA LA RECUPERACIÓN

Si medimos los escándalos de corrupción de los últimos tiempos (el «caso Millet», el «caso Gürtel», el «caso Nóos», los ERE de Andalucía, el «caso Bárcenas») por el daño que causan a España en un momento de máxima vulnerabilidad, no podrían haber sido peores. Pensábamos que España no era Grecia, pero, tras los escándalos, la imagen de modernidad tan trabajosamente adquirida ha saltado en pedazos. La pérdida de confianza amenaza con tener graves consecuencias internas y externas.

El impacto interno clave es la deslegitimación de la acción del Gobierno. En España queda mucho por hacer: en la formación de los parados, en las universidades, en los servicios profesionales, en la sanidad... Los últimos Gobiernos españoles, a menudo faltos de mínimos conocimientos técnicos en áreas primordiales, ya tenían enormes problemas para desarrollar planes y explicar sus acciones, por una pura cuestión de capacidad y liderazgo. Pero el problema de credibilidad se agrava cuando muchos españoles dudan también de su buena voluntad. En una situación de vida o muerte para España, esta debilidad es peligrosa.

El impacto sobre nuestros inversores no es menos peligroso. Los inversores que quieran contribuir a la recuperación económica y a la creación de empleo en España tienen que imaginar las consecuencias de una incertidumbre que no entienden. Y esto cuando nuestro país sigue teniendo necesidades enormes de financiación, con una posición de endeudamiento neta de la economía española en su conjunto (sector público y privado agregados) del 90 por ciento del PIB y una deuda bruta del Estado en el 100 por ciento del PIB. En definitiva, dependemos aún de la buena voluntad de extraños que lo desconocen todo sobre España.

Finalmente, el impacto sobre nuestros socios es indudable. Si ellos pierden su confianza en España, cada vez estarán menos dispuestos a hacer rescates «blandos».

El momento actual, con la confluencia de escándalos en los partidos políticos que gobiernan España, Cataluña y otras regiones españolas, debe ser el nuevo «¡basta ya!» para la sociedad, el punto más bajo a partir del cual decide no aceptar conductas inaceptables.

España no puede dejar pasar este momento sin cambiar. Cuando el 13 de julio de 1997 ETA cometió una de sus mayores vilezas y asesinó a Miguel Ángel Blanco, los españoles salieron a la calle y gritaron «¡basta ya». Ese día fue el principio del fin de la banda terrorista. Igualmente, este momento de duda, de vergüenza, de enfado, debe ser la semilla de la España que puede ser.

Por suerte y tras varios años de debate, la sociedad civil tiene un diagnóstico claro. Ha entendido que las instituciones, el imperio de la ley y la seguridad jurídica no son sólo necesarios por pura higiene democrática, sino que también son cruciales para el crecimiento económico. Ha entendido que el que paga por la prosperidad aceptando la indecencia termina sin la primera y con la segunda. Y ha entendido también que sin facilitar la competencia desde fuera en la política, sin primarias abiertas, sin democracia interna en los partidos, sin profesionalización de los cargos técnicos de todas las Administraciones (sólo los dos o tres máximos responsables deben depender del resultado de las elecciones locales, no toda la caterva de asesores, afiliados, simpatizantes y amigos) será imposible tener Administraciones con la capacidad técnica, la independencia de criterio y la fibra moral para tomar las decisiones necesarias.

Igualmente, la sociedad entiende que la Administración de Justicia es, a pesar del desmesurado trabajo de unos pocos, una enorme lacra para el país. No es una cuestión de medios, sino (como en todo el sector público español, desde colegios a hospitales) de imponer la rendición de cuentas y la gestión de las consecuencias, y de acabar con la politización y el amiguismo. Si los asuntos de un juez se retrasan siempre, si sus sentencias son sistemáticamente contradichas en apelación, el juez debe sufrir las consecuencias en términos de sueldo y de carrera profesional. Y el sistema legal debe revisarse para hacerlo menos garantista y más eficiente. El exceso de garantías simplemente sirve para que quienes puedan pagarse un abogado caro eviten, por la vía de retrasarla, la justicia.

Los partidos políticos principales tienen la obligación de encarar la situación tratando de desarrollar las reformas institucionales necesarias (transparencia, lucha contra la corrupción, democracia interna en los partidos, etc.) para evitar que los pilares de nuestra convivencia se tambaleen. En una situación de fragilidad económica y social máxima, un proceso que cuestione la monarquía y la unidad de España es un camino peligroso del que es difícil imaginar el final.

10

LA EUROPA MÍNIMA POSIBLE Y NECESARIA

La visión «ordoliberal» alemana que hemos descrito en el capítulo 7 es clave para entender la crisis del euro. El modo de proceder de Alemania es el opuesto al de España. Nuestro país está obsesionado con la crisis día a día, busca parches, financiaciones a corto plazo que permitan aguantar este mes o este trimestre, ganar tiempo «hasta que la crisis se pase» y vuelvan los «brotes verdes».

Alemania, por el contrario, trata de construir un sistema alternativo que funcione. Entiende perfectamente que el euro, tal como ha sido creado, es completamente insostenible, pero su reacción no es poner un parche para conseguir que Grecia sea sostenible un mes o tres, sino buscar reglas e instituciones nuevas que aseguren que el euro funcionará a largo plazo.

La fortísima posición de Alemania como acreedor principal y como la potencia económica europea clave supone que la construcción económica que veremos en la zona euro tendrá muy poco en cuenta los intereses de España y los demás países del sur y mucho a los propios germanos. España debe saber qué busca Alemania en la nueva construcción, y cómo alcanzar, dentro de ésta, que es en principio ajena, sus propios objetivos.

LOS ERRORES EN EL DISEÑO DEL EURO Y LA CRISIS DE LA MONEDA EUROPEA

La crisis del euro es el resultado de un sistema que está mal diseñado. En particular, se cometieron tres errores clave que ahora son difíciles de remediar:

1. Parasitismo fiscal y endeudamiento excesivo. Elevar la política monetaria a un nivel supranacional mientras se mantienen la política fiscal y la supervisión bancaria a nivel nacional fomenta el endeudamiento excesivo. Los países miembros de la Unión pueden endeudarse en exceso porque, como miembros de una misma unión monetaria, tienen acceso automático a la financiación de sus déficits con la balanza de pagos. Eso hace que se mitigue el impacto de una reversión repentina de los flujos de capital. Además, las uniones monetarias dan lugar a vínculos económicos y financieros más estrechos, lo que implica que las crisis a nivel nacional tienen un mayor impacto en los otros países miembros.

2. Los «equilibrios múltiples» sin moneda. Renunciar al control de la oferta monetaria a nivel nacional expone a los miembros de una unión monetaria —en la que, recordemos, el mandato del Banco Central Europeo (BCE) prohíbe la financiación de las emisiones de la deuda pública— a crisis recurrentes de su deuda pública. Al no poder recurrir a imprimir más moneda en caso de emergencia, se pueden producir crisis fiscales simplemente por el puro miedo de los agentes económicos a no poder recuperar su dinero. Si temen que los tipos de interés en un país suban, empezarán a tener miedo de que con los nuevos tipos el país no sea solvente, abandonarán la deuda y esto provocará que suban aún más los tipos. Un inversor que desearía comprar la deuda de un país si ésta produjera el 4 por ciento de interés, no la adquirirá si ésta paga un, aparentemente más apetecible, 10 por ciento, porque teme que con esos tipos el país no sea solvente.

3. Ajustes sin devaluación. Cuando países como Italia, España, Portugal o Grecia, históricamente acostumbrados a compensar una inflación más elevada con devaluaciones periódicas, renuncian a ajustar el tipo de cambio se exponen a procesos de ajuste muy dolorosos y largos. Más si se produce una apreciación real del tipo de cambio por cualquier razón como, por ejemplo en el caso de España, una inducida por un exceso de crédito al sector inmobiliario.

Los creadores de la unión monetaria europea reconocieron el riesgo de parasitismo fiscal, es decir, de poder aprovecharse fiscalmente de otros países miembros. Para desalentarlo, impusieron una serie de reglas máximas restringiendo el tamaño de déficit y de deuda pública. Sin embargo, no tuvieron en cuenta los otros dos riesgos y, por tanto, no introdujeron ningún instrumento para contenerlos. El resultado fue la excesiva concesión de créditos en Irlanda, España y otros países miembros cuyo riesgo cambiario había disminuido mucho una vez entraron en el euro, alentado por los flujos de capitales procedentes de los países con superávit. Además, las reglas fiscales introducidas fueron revisadas y debilitadas para permitir déficits en algunos países al principio de la era euro (incluyendo Francia y Alemania, y no Irlanda ni España), con lo que permitieron que Grecia acumulase un nivel de deuda pública insostenible.

Los intentos de reducir los elevados niveles de endeudamiento público han fracasado, porque la crisis ha llevado al derrumbe de los ingresos fiscales y a la socialización de las pérdidas de las crisis bancarias. El ajuste fiscal también se vio complicado por el fuerte aumento de los costes del endeudamiento público, que tendían a incorporar un elemento de profecía autocumplida. El ejemplo más claro de este problema es Italia, un país que evitó el incremento del endeudamiento durante la era euro y, sin embargo, se hizo vulnerable debido a la falta de confianza de los inversores causada por su histórico alto nivel de endeudamiento público. Finalmente, los países con déficit sufrieron de una apreciación real de su tipo de cambio muy costosa de corregir, ya que únicamente las variables reales (y no las nominales) estaban disponibles para su rectificación por los Estados miembros a falta de dejar flotar o poder devaluar su tipo de cambio.

Sin duda, el mal diseño del euro es responsabilidad de todos y, por lo tanto, todos los países deben contribuir a su solución. Los problemas de los Estados con déficit resultaron, en parte, del diseño imperfecto del área euro, que alentó y permitió tanto el endeudamiento público excesivo en los países con déficit como los préstamos imprudentes o temerarios en aquellos con superávit.

Esto no significa que los costes de la crisis deban ser socializados entre los ciudadanos del área euro. Un fallo sistémico no exime de responsabilidades ni a los individuos ni a los bancos ni a los supervisores que tomaron o vigilaron las decisiones de prestar y de endeudarse en exceso. Pero sí significa que buena parte del duro castigo que los mercados infligen actualmente a países específicos es, en gran medida, el reflejo de la insuficiente capacidad de éstos para responder a la crisis. Una respuesta exitosa debe ser colectiva. Debe encarnar la idea de una responsabilidad compartida entre todos los países del área euro.

Sin esa respuesta colectiva, el euro no sobrevivirá. Como veremos a continuación, los países con déficit están atrapados en una espiral en la que el ajuste fiscal deprime la producción a corto plazo y dificulta que el sector privado pueda pagar sus deudas. Eso, a su vez, genera presión sobre los precios de los activos y la calidad de los activos bancarios, frena el crédito y, además, deprime la producción, la renta y los ingresos fiscales, lo que impide el ajuste fiscal. Esta espiral, si continúa sin que nadie la detenga, lleva irremediablemente a una ruptura del área euro. Esta última impondrá, en gran parte, costes económicos y sociales desproporcionados tanto a los países con superávit como a aquellos con déficit. Estos costes deben evitarse.

LOS PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN Y EL NUDO DIABÓLICO

La causa principal de la gravedad de la crisis de la eurozona es el nudo diabólico que ata a bancos y Estados de cada país. En algunos casos (España, Irlanda), la solvencia de los Estados sufre porque los inversores dudan de la solvencia del sistema financiero; en otros casos (Grecia, Italia, Portugal) el sistema financiero sufre las consecuencias de un Estado insolvente. En ambos casos, el círculo vicioso se retroalimenta, y el deterioro de una parte del sistema causa daños en la otra.

Supongamos que las empresas ASA y BSA están fuertemente endeudadas. Imaginemos que el consejero delegado de ASA tiene la brillante idea de extender una elevada línea de crédito a A y que BSA decide extender un crédito por la misma cantidad a B. En el balance de A parece que hay unos activos nuevos, unos derechos de cobro, de la misma manera que en el balance de B. Pero, claramente, la situación de ambas empresas no ha mejorado.

En ningún país ha sido tan evidente este círculo vicioso como en España, y en ninguna parte las políticas europeas han ayudado tanto a incrementarlo. En el origen de la crisis, en 2007, el Estado era claramente solvente. Los problemas de liquidez y solvencia los sufría exclusivamente el sistema financiero. Durante los siguientes años, gran parte del sistema financiero español se embarcó en una desenfrenada huida hacia adelante, refinanciando por doquier préstamos inmobiliarios impagables. A medida que crecía el agujero en los balances, los inversores extranjeros se preocupaban más por la solvencia del Estado. Imaginaban que todo terminaría en una solución a la irlandesa, es decir, en una asunción por el Estado de todas las deudas en las que había incurrido el sector financiero.

Desgraciadamente, España ha desperdiciado las oportunidades que ha tenido durante estos años de cortar este nudo gordiano, y las últimas iniciativas de la Unión Europea no han hecho sino reforzarlo. Las famosas «litronas» (de LTRO, Long-term Refinancing Operation, operaciones de refinanciación de largo plazo a tipos fijos muy bajos) abrieron líneas de liquidez de un total de un billón de euros a los bancos de la zona euro, que éstos usaron para comprar deuda pública. La idea era que los bancos se recapitalizarían con la diferencia entre el interés que pagaban y el que recibían, y que el Estado se beneficiaría de una demanda adicional de deuda. El resultado, en el caso de España, fue acelerar la salida de inversores extranjeros de la deuda pública española y acrecentar el peso de ésta en los balances bancarios. Los bancos y las cajas han incrementado como resultado sus posiciones de deuda pública tras la operación.

Mientras los bancos españoles se convertían en el principal soporte del Estado, éste era la única fuente de capital que los bancos encontraban. Por dar unas cifras concretas, mientras en octubre de 2008 el sistema financiero español tenía 78.000 millones de euros de bonos del Gobierno, en mayo de 2013 dichas participaciones habían aumentado a 300.000 millones de euros: el 30 por ciento del PIB, según datos del Banco de España. Además, los préstamos directos de los bancos a todos los niveles de la Administración, que eran negativos en 22.000 millones de euros en 2008 (los depósitos de las Administraciones eran mayores que los préstamos), sumaban una cifra de 49.000 millones de euros en febrero de 2013. En la otra dirección, las pérdidas ocultas en el sistema bancario están empezando a materializarse, con 37.000 millones de euros inyectados en el rescate de 2012, además de deuda garantizada a finales de 2012 en poco más de 100.000 millones.

En suma, el Estado español asume más riesgo de los bancos, éstos tienen más deuda pública, el crédito se restringe y el crecimiento sufre. Deténgase a pensar en lo extraño del caso: usted y un amigo no tienen dinero. Deciden resolver la situación prestando usted dinero a su amigo y viceversa. ¿Qué soluciona esto?

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FINANCIACIÓN PARA ESPAÑA

La consecuencia de la delicada posición conjunta del sistema financiero y del Tesoro español es una brutal contracción del crédito en nuestra economía. En una unión económica y monetaria, los criterios de adjudicación de préstamos deben ir ligados fundamentalmente a las características individuales de la empresa. Por ejemplo, el hecho de que los dueños de una empresa estén a un lado u otro de la frontera entre California y Nevada no afecta a las condiciones de financiación de esta empresa, por más que el segundo estado haya padecido una enorme burbuja inmobiliaria.

Desgraciadamente, hace ya cuatro años que esto ha dejado de ser cierto en la eurozona. El hecho de que una empresa sea española (o italiana o portuguesa) condiciona directamente su acceso al crédito. Y esto, a su vez, afecta de forma crucial a sus expectativas de crecimiento. Por ejemplo, The Wall Street Journal contaba recientemente que Volkswagen, con precios superiores a Fiat, ofrecía unos tipos de interés tan atractivos —¡el 0 por cien! frente al 6 por ciento de Fiat— que las cuotas mensuales que pagan aquellos que compran un Volkswagen terminan siendo inferiores a las abonadas por quienes compraban un Fiat. Mientras que las empresas alemanas pagaban 1,9 puntos por encima de los tipos de referencia, las italianas pagaban 4,2 puntos por encima, y las españolas 4,65 más.

Un trabajo de Gabriel Jiménez, Steven Ongena, José Luis Peydró y Jesús Saurina, publicado en 2012 en la American Economic Review, analiza la totalidad de los préstamos bancarios españoles y revela que, examinando una misma petición de préstamo a dos bancos, aquellos más débiles son menos proclives a concederla, y que cuando las empresas no reciben un préstamo porque su entidad es débil, no pueden acudir a otra para conseguirlo. El problema es particularmente preocupante dada la informalidad de la economía española. Imaginen una cafetería que necesita una nueva máquina y tiene una relación con una entidad en proceso de reestructuración (que ahora mismo son todas) y que no tiene ninguna documentación que demuestre sus ventas. Si ésta le deniega el préstamo, ¿encontrará otra dispuesta a concederlo?

Estas restricciones tienen consecuencias serias. En un análisis realizado junto a Claudia Steinwender, también de la London School of Economics[12] estudiamos el perjuicio que las duras condiciones financieras suponen para las empresas españolas. Para ello, comparamos la repercusión de la crisis sobre su actividad con el impacto sobre empresas de similares características pero que, aunque desarrollan también su actividad en España, son de propiedad extranjera. Tratamos así de responder a la pregunta del primer párrafo: ¿influye que el fabricante de componentes tenga nacionalidad española o extranjera?

La respuesta, desgraciadamente, es que importa mucho. Mostramos que, comparadas las operaciones españolas con las extranjeras similares, las empresas de propiedad española reducen el empleo sustancialmente más (un 6 por ciento), disminuyen de manera drástica la inversión (un 19 por ciento) y reducen en gran medida los procesos de innovación y la inversión en tecnología de la información, mientras que aumentan su uso de servicios externalizados. El gasto en publicidad, sin embargo, permanece invariable.

En la misma dirección apunta un trabajo de abril de 2013, de Samuel Bentolila, Marcel Jansen, Gabriel Jiménez y Sonia Ruano, que muestra que las empresas cuyo crédito procedía de entidades que luego fueron intervenidas (las antiguas cajas) habían perdido entre 3,5 y 5 puntos más de empleo que aquellas que lo recibían de otras entidades.

En definitiva, la falta de acceso a la financiación obliga a las empresas de propiedad española a reducir sus futuras inversiones para conseguir subsistir un día más. Las empresas sólo intentan sobrevivir y no construir un futuro mejor. La mejora en las condiciones de financiación del Estado (aún muy duras) que hemos observado recientemente no ha alcanzado en absoluto a las familias y empresas, que siguen teniendo problemas enormes para encontrar financiación.

El problema del nudo infernal entre bancos y Estados al que se enfrenta Europa no puede resolverse sin separar la solvencia de ambos. Quien controla la emisión de moneda, el BCE, debe asumir el papel de prestamista de última instancia y debe ser el apoyo de un fondo de garantía de depósitos creíble, capaz de dar liquidez ilimitada en el caso de que se produzca un pánico bancario. Además, cortar el nudo diabólico requiere avanzar hacia una unión bancaria. Antes de proponer una solución concreta, discutiremos brevemente lo que Europa está haciendo en esta dirección.

LO QUE SE ESTÁ HACIENDO NO ES SUFICIENTE

Los líderes europeos se comprometieron en la cumbre de Bruselas de junio 2012 a «romper el círculo vicioso entre bancos y soberanos». En concreto, prometieron que «cuando se establezca un mecanismo de supervisión único eficaz, con la participación del BCE, de los bancos de la zona euro, el Mecanismo de Estabilidad Euopeo [ESM, por sus siglas en inglés] podría […] tener la posibilidad de recapitalizar directamente a los bancos».

Lamentablemente, este buen propósito de los líderes europeos se «aclaró» rápido. Un alto funcionario de la Unión Europea dijo a The Wall Street Journal sólo unos pocos días después de la cumbre, concretamente el 6 de julio: «Tengo que dejar claro lo que el ESM puede hacer: el ESM puede […] participar en el capital de un banco. Pero sólo en contra de la plena garantía del interesado soberano. ¿Sigue siendo el riesgo del soberano o [se convierte en riesgo] del ESM? El riesgo sigue siendo del soberano».

Más tarde, los ministros de Economía y Finanzas holandés, finlandés y alemán, tras una cumbre que celebraron el 29 de septiembre de 2012, declararon que «el ESM puede asumir la responsabilidad directa de los problemas que ocurran bajo la nueva supervisión, pero los activos heredados deben estar bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales».

Esta postura impide que la enorme carga de deuda que pende sobre las cabezas de los ciudadanos de los países deudores pueda ser aliviada. Y, lamentablemente, la vía para solucionar el problema es la contraria a la que se plantea. La clave para reactivar el crecimiento y asegurar la supervivencia del euro es reconocer que se cometieron errores en su diseño, y que éstos han tenido consecuencias muy graves para una serie de países (los deudores), que ahora se están extendiendo al resto. En otras palabras, la realización de un reparto parcial de las deudas heredadas del pasado es justo y eficiente para la economía en su conjunto.

Si la solución necesaria es tan clara, ¿por qué no consigue Europa ponerla en marcha? El problema clave es la incapacidad de los países con superávit de llegar a un acuerdo con los Estados con déficit para decidir cómo repartir las pérdidas que el mal diseño anterior ha generado. De alguna manera, habrá que compartirlas, pero la consecución de este acuerdo, particularmente en un clima de enorme desconfianza entre norte y sur, está resultando imposible. La falta de confianza entre los acreedores y deudores les impide incluso llegar a soluciones que les beneficien mutuamente. Por ejemplo, si los países con déficit pudieran comprometerse realmente a cumplir normas fiscales que permitan disminuir a largo plazo la proporción de su deuda nacional en relación con su PIB a niveles racionales, los países con superávit no tendrían ninguna objeción en concederles nuevos préstamos a corto plazo para apoyar sus políticas fiscales contracíclicas. El problema es que resulta difícil para los países con déficit adquirir compromisos creíbles a largo plazo para mantener una política fiscal prudente, ya que serían acuerdos que obligarían a sus votantes futuros y condicionarían sus posteriores elecciones. Mientras tanto, la no-decisión tomada (no decidir es también una elección) es pasarle la patata caliente al BCE y dejar que trate de evitar el estallido de la situación.

El problema es que el tiempo juega en contra de la Unión Europea. Primero, porque la falta de crecimiento lleva al incremento del desempleo y al progresivo deterioro de los balances bancarios, lo que empeora la situación de partida. Los «malos activos» no están contenidos en un barril cerrado con una etiqueta de «peligro» encima, sino que son un problema dinámico que empeora con el tiempo. Segundo, porque la crisis socava el apoyo al proyecto europeo tanto por parte de los deudores como de los acreedores. En los deudores, mientras no exista una solución a la vista, los ciudadanos disminuirán su apoyo al ajuste fiscal y a las reformas estructurales, alimentando la fuga de capitales. En los acreedores, la idea de que las reformas en los países con déficit sólo tendrán éxito bajo presión socava el apoyo público a dar una respuesta inmediata a la crisis de estos Estados. Es decir, la fatiga creciente respecto al ajuste en los países con déficit coincide con el cansancio progresivo en relación con el apoyo en los que tienen superávit. Y esto dificulta cada vez más el dar una solución a la crisis.

Lo que parece ya aceptado por todos es que las pérdidas económicas y políticas que una ruptura del euro traería consigo serían muy probablemente de una magnitud mucho mayor que las transferencias potenciales que se requieren para solucionar los problemas derivados del legado. Cabe, entonces, preguntarse: ¿qué diseño del euro es necesario? ¿Es posible tal diseño?

UNA EUROPA POSIBLE

Una posible solución, la preferida por los funcionarios europeos, sería crear una verdadera unión política. El argumento económico es el siguiente: Estados Unidos puede tener una moneda única porque el Estado rompe el círculo vicioso entre bancos y estados usando la Reserva Federal y el Gobierno federal. En el caso de Europa, la unión política implicaría una unión bancaria y fiscal que permitiría, por ejemplo, que cuando un Estado miembro de la Unión tuviera un problema de desempleo y de caída brutal de los ingresos y una subida paralela de los gastos en Seguridad Social por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, los pagos de este último provinieran de la Unión Europea. Además, los problemas del sector bancario se asumirían colectivamente (en Estados Unidos lo hace el Fondo de Seguro de Depósitos Federal). Estos dos elementos evitan que los problemas de los Estados contagien a los bancos, y viceversa. Por tanto, dicho argumento lleva a la conclusión de que una unión fiscal, bancaria y política (necesaria para poder usar el dinero común) es ineludible para que la moneda única sobreviva.

Este argumento es atractivo y tiene la ventaja de ser claro y consistente, al llevar a Europa por la senda que ya ha recorrido Estados Unidos. Pero tiene dos problemas. Primero, no es realista. Una unión fiscal, con la desconfianza que hay entre los distintos países o la unión política que requeriría, son políticamente imposibles en este clima. Y, segundo, no creo que sea necesaria. Aun estando de acuerdo en que hay que romper el nudo diabólico, su ruptura no requiere ir tan lejos.

Para buscar una salida, hay que entender que necesitamos una solución que cumpla cuatro objetivos. Primero, debe restaurar la confianza en la zona euro y en la Unión Europea a través de una promesa creíble de un futuro mejor, con niveles crecientes de bienestar. Segundo, debe estabilizar el coste de los intereses de la deuda y recuperar el crecimiento y el empleo en los países con déficit. Tercero, debe propiciar la reducción de los niveles de deuda a medio plazo, incluyendo la deuda pública en Italia y la privada en España, y apoyar una continua reducción de los desequilibrios de balanzas de pago dentro del área euro. Finalmente, debe hacer frente a los fallos estructurales y de diseño del área euro, tanto para recuperar la credibilidad de la moneda a largo plazo como para evitar una nueva crisis como la actual en la zona.

El desafío que supone llevar a cabo dicho plan tiene que ver, en parte, con los conflictos existentes entre estos objetivos. Recuperar y estabilizar la producción y el empleo tras la recesión que ha golpeado a los países con déficit es imposible si no se retrasan algunos de los ajustes fiscales actuales y si no se canalizan hacia ellos mayores ayudas. Pero esto crea dos preocupaciones a los países con superávit: cómo aumentar las ayudas sin que esto afecte excesivamente a sus propios recursos fiscales y cómo mantener los incentivos para el ajuste en el caso de que la estabilización tenga éxito (una vez que los países salgan del lío, ¿no dirán otra vez «a vivir que son dos días» y se olvidarán de sus compromisos?). Otra preocupación relacionada con la anterior es saber si puede mantenerse una moneda única sin necesidad de que se produzcan transferencias permanentes a nivel europeo en el futuro, análogas a las que ahora se producen dentro de los Estados (por ejemplo, hacia el sur de España o Italia). La resistencia a seguir aumentando la ayuda como una forma de salida de la crisis se debe, en parte, al hecho de que se concibe como el primer paso hacia una futura unión basada en transferencias permanentes.

La clave es separar la solución del «problema heredado» (salir de las recesiones, reducir las deudas y disminuir los superávits y déficits por cuenta corriente de las balanzas de pagos de la eurozona) de la solución del «problema de futuro» (resolver los fallos estructurales de la eurozona a largo plazo). El primer problema requiere compartir costes heredados, pero esto no significa que el de futuro vaya a requerir transferencias permanentes, unión fiscal o deuda en común.

El punto de partida es aceptar la visión original de la unión económica y monetaria: un sistema de naciones económicamente próspero que incorpora una moneda única. El objetivo, entonces, es crear un área estable en lo financiero que promueva el mercado único europeo y su crecimiento a largo plazo y que pueda funcionar sin transferencias persistentes desde los países con superávit a aquellos con déficit.

La solución propuesta tiene, por tanto, dos pilares. Primero, una visión a corto plazo sobre cómo estabilizar la producción y aumentar la tasa de empleo manteniendo los incentivos adecuados para que se hagan ajustes y reformas que garanticen la solvencia fiscal, y reduzcan la deuda excesiva y los desequilibrios actuales de las balanzas de pagos por cuenta corriente. Y segundo, un modelo de largo plazo.

MEDIDAS A CORTO PLAZO[13]

Para salir de la extraordinaria situación actual hacen falta una medidas extraordinarias, las cuales incluirían:

1. Una asunción conjunta, por todos los países, parcial y condicional de las deudas heredadas. Las deudas heredadas son en parte consecuencia de un mal diseño del euro, así como de las malas políticas de los Estados miembros, combinadas con la crisis financiera global de 2007-2008. La propuesta del Consejo Alemán de Expertos Económicos parece aquí la más razonable. La idea es que los países del norte den una garantía progresiva a la deuda heredada de los Estados que hagan el ajuste exigido por la Unión Europea. Para que los incentivos sean correctos, esta garantía sería sobre la emisión de nueva deuda hasta un límite preestablecido.

2. La reestructuración voluntaria de la deuda podría consistir en ofrecer el intercambio de bonos existentes por otros nuevos con el mismo valor, pero con vencimientos más largos (es decir, las fechas de los pagos originales más cinco años). Esta operación no afectaría al ratio de deuda-PIB, pero sí crearía un flujo de caja a corto y medio plazo. A fin de crear incentivos para el sector privado y que éste aceptara la oferta de intercambio, el nuevo préstamo debería ser emitido bajo la legislación extranjera y quizás con garantía del ESM.

3. Reformas fiscales de tres tipos: destinadas a restablecer la solvencia sin crear un costo directo de producción (por ejemplo, aumentar la edad para la jubilación); con costes fiscales a corto plazo, pero capaces de mejorar de forma duradera la solvencia fiscal y la competitividad (por ejemplo, reducciones de personal en las grandes Administraciones Públicas, reforma del mercado laboral), y «devaluaciones fiscales» que utilizan instrumentos financieros para reducir los costos laborales dentro de una forma neutral fiscal (sobre todo, sustituyendo impuestos para roles de pago con impuestos directos).

4. El BCE tiene que hacer realidad los compromisos adquiridos de apoyar la deuda de los países que «se porten bien». Además, en el corto plazo el BCE debe incrementar su objetivo de inflación para facilitar los ajustes del tipo de cambio real.

MEDIDAS A LARGO PLAZO

Como decíamos más arriba, la unión fiscal debe estar limitada por las necesidades financieras de la Unión Europea. Los cambios mínimos necesarios son seis:

1. Unión bancaria. La integración financiera y bancaria es crucial para conseguir una unión monetaria estable. El nudo diabólico existente entre los sistemas bancarios y los Estados hace que acaben hundiéndose juntos al tener que rescatarse mutuamente. Cuando la confianza desaparece y los inversores huyen, únicamente los Estados pueden financiar a los bancos y sólo éstos pueden respaldar a los Estados. Romper este nexo requiere que la estabilidad bancaria sea la máxima preocupación de toda la zona euro. Es necesario establecer: (i) una supervisión bancaria común, como ya está planteado. Pero hace falta también añadir: (ii) una agencia de resolución de entidades bancarias al nivel de la Unión Europea. Los sistemas de resolución nacionales deben unirse en uno superior que asegure la cancelación de toda la deuda bancaria o un compromiso de rescate por parte de sus accionistas y acreedores (excepto de los depósitos hasta el límite total asegurado) antes de solicitar los fondos necesarios a los contribuyentes. Además, (iii) un sistema europeo de seguro de los depósitos bancarios basado en las primas de riesgo de la banca debería reemplazar o reasegurar la existencia de fondos de seguro de depósitos ya existentes a nivel nacional después de que éstos hayan sido revisados (y, si es necesario, repuestos) a fin de ofrecer niveles consistentes de protección inicial. Finalmente, debería establecerse: (iv) un fondo adicional para la resolución de instituciones bancarias sistémicas, financiado por un «impuesto de riesgo sistémico». El riesgo fiscal residual debería repartirse entre el país y la zona euro, reconociendo el hecho de que algunas políticas y responsabilidades de supervisión deberían mantenerse a nivel nacional. El nivel de apoyo de la Unión Europea o la zona euro podría adoptar la forma de «seguro de pérdidas catastróficas» en caso de que los costes fiscales de una crisis bancaria sobrepasen el nivel especificado (por ejemplo, el 20 por ciento del PIB). Existen varias formas para estructurar este apoyo, como por ejemplo, a través del ESM.

2. Reforma financiera. Muchos, aunque no todos, de los problemas que estamos viviendo en la crisis del euro pueden atribuirse directa o indirectamente al mal funcionamiento del sector financiero. Europa debe contestar a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de sistema financiero satisface mejor las necesidades de una economía real? Sólo a través de la puesta en marcha de reformas de gran alcance que necesariamente tendrán que incluir cambios estructurales en el sistema financiero puede esperarse que la Unión Europea y la zona euro ataquen el problema de las bajas tasas de crecimiento crónicas y de la inestabilidad financiera. Estas reformas representan un requisito previo para cualquier modelo de unión financiera que sea políticamente aceptable por los ciudadanos.

3. Pacto fiscal. Un avance significativo para dejar atrás el parasitismo fiscal es el pacto fiscal de marzo de 2012. Busca hacer cumplir las normativas fiscales de la Unión Europea y de la zona euro dentro de una legislación nacional, al mismo tiempo que mantiene la posibilidad de desarrollar una política contracíclica. Sin embargo, en el contexto de las democracias nacionales, las normativas fiscales nunca pueden ser 100 por cien creíbles, dado que la legislación nacional siempre puede cambiar a través de una decisión legislativa parlamentaria (es la esencia de la democracia). El pacto fiscal ha intentado llegar tan lejos como era posible para asegurar un compromiso de cumplimiento y credibilidad de la regla dentro del contexto democrático de cada Estado soberano. Para asegurar una responsabilidad democrática suficiente, la institución a cargo de la supervisión fiscal debería rendir cuentas al Parlamento Europeo.

4. Prestamista de última instancia en la zona euro para los Gobiernos que respeten el pacto fiscal, que debería ser el BCE.

5. Régimen de reestructuración de la deuda para países que no son elegibles para un financiamiento del ESM. A menos que exista un régimen que proporcione una alternativa disciplinada para un impago o incumplimiento caótico de la deuda dentro de la zona euro, la exclusión del ESM de los países en crisis que violan el pacto fiscal podrá eludirse a través de rescates ad hoc del sector público. Es precisamente este temor el que alimenta la teoría del «pozo sin fondo» de una unión monetaria, expuesta por algunos de los países acreedores.

6. Activo común seguro que no se encuentre vinculado con lo emitido por un país específico. Este activo aseguraría que el pánico puro (es decir, las paradas bruscas y repentinas del apetito de riesgo por parte de los inversores) tome la forma de huida entre clases de activos en lugar de entre países. Además, estos activos seguros son esenciales en los sistemas financieros modernos, tanto como colateral o garantía de operaciones con derivados como para el capital bancario (una parte sustancial de cualquier balance bancario debe contar con activos seguros de este tipo). Finalmente, la política monetaria siempre requiere que el BCE intercambie dinero por activos seguros o libres de riesgo. Este activo seguro permitiría que los países miembros del euro gocen de la capacidad de capturar la prima de liquidez derivada de la provisión de este activo seguro. Además, representaría una fuente importante de nuevos ingresos. Estos activos podrían crearse sin garantía conjunta y solidaria entre los países, como hemos propuesto desde el grupo Euro-nomics.

Es importante repetir lo que no se incluye en estas propuestas: un mecanismo permanente para la emisión de deuda común de la zona euro y otro de transferencias fiscales contracíclicas. De hecho, no existe ningún tipo de obligación o garantía común en cualquiera de estas propuestas a largo plazo, más allá de las necesarias para establecer y apoyar financieramente a la unión bancaria y al MEDE. Y ambos están sujetos a garantías estrictas.

UN PAPEL CONSTRUCTIVO PARA ESPAÑA EN EUROPA

España camina a trompicones, pero inexorablemente, por un sendero que conduce a perder los avances conseguidos por dos generaciones de españoles. En un país donde las familias, las empresas, los bancos y el sector público están excesivamente endeudados, la falta de crédito supone un parón que si bien gracias al BCE no es por ahora repentino, sí que es dramáticamente real.

Ante esta situación, cunde el desánimo y el victimismo entre los españoles. Y eso incluye a los editorialistas de la prensa: nosotros lo hemos hecho todo y no nos hacen caso. La culpa de todo, nos explican, es de Europa, que en el fondo «no nos quiere». Esto es una falacia. Tras cinco años de crisis seguimos con los bancos en situación crítica y dependientes de la financiación del eurosistema (ningún país se ha beneficiado tanto de las operaciones de liquidez como España). Ninguna de las reformas acometidas han alterado sustancialmente un Estado insostenible. En vez de ello, éstas, particularmente las fiscales, han modificado sólo los márgenes y, a menudo, en la dirección incorrecta. Las continuas sorpresas sobre la situación fiscal de las Administraciones, central y autonómicas, demuestran que España tiene un problema constitucional que pocos consideran y que otros, como el presidente del Gobierno, niegan. Finalmente, todas las instituciones claves, desde el CGPJ hasta la monarquía, han caído en el desprestigio sin que nadie pague ningún precio por ello.

Nuestra postura en la negociación con Europa es tan absurda que raya en lo incomprensible: ni el BCE «no nos ayuda» ni nosotros hemos «hecho nuestros deberes». Contrariamente a lo que nos hacen creer, en Europa ha habido siempre una enorme comprensión hacia España, fruto de la Transición y de un liderazgo pasado con visión y capacidad de sacrificio. Pero este respeto lo está destruyendo por nuestra amenaza infantil de romper la baraja.

Para empezar, necesitamos cambiar radicalmente nuestra estrategia de negociación con Europa. Éste es un juego cooperativo, con ganancias potenciales enormes para todos si encontramos la solución, no uno de suma cero. En la construcción europea no hay acuerdo posible sin confianza mutua, no hay rescate sin alianza. Contrariamente a la propaganda que escuchamos, Alemania no quiere dominar Europa. El problema es precisamente el contrario, que Alemania desea que la dejen en paz y asegurarse de que no se impone una solución en que le toman el pelo y debe hacer transferencias al resto de Europa hasta el fin de los tiempos. Segundo, debemos abandonar el populismo. Olvidémonos de Gibraltar. Llegan más españoles a vivir en Londres en un año que ciudadanos hay en todo el Peñón. ¿Queremos hablar de esto cuando empresas cruciales españolas dependen de la voluntad del regulador financiero, energético o aeroportuario británico? Igualmente, dejemos de clamar a gritos nuestra soberanía en peleas abiertas a pecho descubierto con el BCE —que es el único que provee ahora mismo de financiación a la economía española— y con nuestros socios. La histeria debe pasar a mejor vida.

Y no acusemos a Bruselas por lo que nos piden hacer. Las reformas hay que defenderlas en sí, porque es en el interés del país que el Estado ha de ser sostenible. España debe expresar un claro compromiso con la construcción europea y con soluciones que minimicen en lo posible las transferencias a largo plazo. España debe decir un claro sí a Europa, que es lo único que nos protege del peronismo empobrecedor. Debe decir que está dispuesta a pagar el precio que esto acarrea.

En los próximos meses y años continuaremos viendo las consecuencias de la visión alemana del orden, lo que ellos llaman Ordnung. España debe demostrar que puede poner su casa en orden, que puede tomar las medidas necesarias y no llevar a cabo chapuzas de poco vuelo del tipo del «hoy quito la deducción por la vivienda y mañana la pongo», «hoy subo el impuesto sobre la renta por dos años y reniego del IVA, que subo luego», «hoy uso 40.000 millones que tenía para el rescate financiero para rescatar al Estado», «hoy intervengo Bankia… ¡Ah, no, perdón, si no tengo dinero!». No. España debe usar esa ventana para conseguir un acuerdo que asegure la financiación, la estabilidad y el orden en la economía española. En particular, un sistema de ordenación territorial sostenible y racional (no necesariamente más centralizado) sin el que España no es viable. La alternativa, como hemos escrito en el pasado Jesús Fernández-Villaverde, Tano Santos y yo, es volver a la España de la década de 1950.

La sociedad española debe decidir qué país quiere. Hay una España posible por la que queremos luchar, una España moderna con instituciones fuertes e independientes, con un nivel de vida elevado, un sistema educativo abierto pero exigente y con un Estado del bienestar sostenible. Un modelo que, en su misma esencia, está ligado a Europa.

CONCLUSIONES

¿LA DINAMARCA DEL SUR O LA VENEZUELA DE EUROPA? HISTORIA DE DOS PAÍSES

A modo de conclusión, imaginemos dos futuros posibles, en forma de crónica de un corresponsal de prensa extranjero. Primero, el futuro que nos gustaría evitar. Luego, el que deseamos, uno en el que se implementan los tres tipos de reformas que hemos propuesto: las económicas, las políticas y las educativas.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ LA PRÓSPERA ESPAÑA EN LA VENEZUELA DE EUROPA?

Madrid, 8 de enero de 2034

De nuestro corresponsal

Aunque el Gobierno aún defiende que la cifra de inflación oficial está por debajo del 10 por ciento, las estimaciones de las instituciones internacionales sitúan la verdadera entre el 17 y el 20 por ciento. El Gobierno de la Alianza del Pueblo Indignado (API) ha anunciado que «escarmentará a los aprovechados especuladores» mediante la aplicación de «un nuevo plan, que incluye a los fiscales junto con el pueblo organizado, para verificar la venta a los ciudadanos y ciudadanas de los productos a precios justos y regulados».[14] El ministro de Economía, Ricardo Kerst, ha declarado que «sólo el pueblo es competente para decidir si los precios son o no justos». La fuga de capitales hace presagiar que por tercera vez desde su introducción tras la salida de España del euro en 2020, la NP (la Nueva Peseta, llamada coloquialmente la «enepé») se devaluará en los próximos meses. Durante estos años, su valor ha caído de una enepé por euro a 10 enepés por euro. El poder adquisitivo de las pensiones y de los salarios continúa deteriorándose.

Casi nadie recuerda ya que España era a principios de la década de 2010 uno de los 30 países con mayor renta per cápita del mundo. Ahora, sobrepasada por países que estaban muy por debajo de España en renta per cápita como Corea, Taiwán, la República Checa, Uruguay, Croacia e incluso Turquía, el país languidece en el lugar 65 de la tabla con una renta que, más de 20 años más tarde, aún no ha recuperado el nivel de 2012. La economía no ha crecido en más de dos décadas, pese a los esfuerzos por maquillarlo de la presidenta del Gobierno y de la API, Amanda Chaves. La población sigue disminuyendo debido a la emigración y el desplome de la natalidad. Es muy probable que la cifra de 40 millones de habitantes no vuelva a alcanzarse jamás.

Este escenario es muy diferente del que la API prometió a los españoles cuando obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 2019. Tras la dolorosa ruptura y desaparición del Partido Popular, consumido por su indiferencia ante la creciente corrupción y por el enfrentamiento entre su corriente «internacionalista» y su corriente «populista» y desangrado el PSOE por las repetidas crisis entre sus federaciones autonómicas, la API arrasó en todas las elecciones, primero locales y autonómicas, y finalmente en las nacionales. La campaña electoral de la entonces candidata Amanda Chaves, célebre por su participación en manifestaciones contra los desahucios, por su exitosa protesta contra las deudas («que paguen ellos») que culminó en el impago generalizado y por su organización, justo antes del éxito electoral, de un boicot completo de los impuestos, había tenido un eco enorme entre la desengañada población. Su eslogan «Éste no es nuestro Estado, éste no es nuestro euro» reflejó a la perfección el sentir general, el desencanto de la mayor parte de los ciudadanos con unos partidos y con una situación económica que no parecían reformables.

Y, ciertamente, tras seis meses de absoluto caos, la salida del euro funcionó relativamente bien en un primer momento. Si bien es cierto que ninguna de las antiguas multinacionales españolas consiguió sobrevivir a la redenominación de sus deudas, la economía mostró en los primeros años indicios muy claros de recuperación. La entrada masiva de capital extranjero en el mercado inmobiliario detuvo la caída nominal de los precios de la vivienda (en enepés), aunque con un nivel muy inferior en euros, y produjo un inmediato boom en la construcción, especialmente en las ya muy degradadas costas.

Pero la nueva peseta nació sin credibilidad. La población no se fiaba. Quería tener sus ahorros en euros, preferentemente en sus casas. Cualquier pago o ingreso era de inmediato convertido a a la antigua moneda. La NP no llegó en ningún momento a convertirse ni en un medio de cambio funcional (por ejemplo, todos exigían euros en la compraventa de vivienda) ni en un depósito de valor. El Gobierno, acosado por sus enormes deudas y con un déficit sin corregir, seguía emitiendo enepés sin límite. El ministro de Economía, antiguo catedrático de la Universidad de Sevilla, repetía que el desempleo era un problema de demanda. Según él, todo se resolvería imprimiendo suficientes enepés. «Más enepés» era su respuesta habitual en las reuniones del Consejo de Ministros.

Como consecuencia de estas políticas, la inflación fue un fenómeno reiterado durante la década de 2020, con sucesivas crisis que ocasionaron una devaluación frente al euro, un nuevo ministro de Economía y una promesa de que «el nuevo tipo de cambio sería permanente». Los españoles desarrollaron una habilidad inusitada para el cálculo mental. Sabían los tipos de cambio y de interés de las principales monedas del mundo. La economía se convirtió en el tema principal de conversación en todas las casas.

Desgraciadamente, estos veinte años de retroceso económico han causado un daño, seguramente irreparable, a la capacidad de España para crecer. Tras 13 años de la API en el poder y la senda trazada por los 7 de su antecesor, el PP, no existe ninguna institución independiente en España. Los tribunales, como todos los organismos regulatorios, son tentáculos del gigantesco pulpo en el que se ha convertido el Gobierno. Ninguna inversión ni decisión se puede tomar si no es con el consentimiento de la todopoderosa API. Chaves, repitiendo siempre el mantra «no dejaremos que los inversores extranjeros nos chupen la sangre», decide personalmente cada operación internacional con el sector bancario público (que representa el 90 por ciento de la actividad bancaria) y con los grandes monopolios cuasi estatales, generalmente bajo el poder de altos cargos de la API, principalmente Gaspu (gasolina para el pueblo), Telepu (teléfonos para el pueblo), Epu (electricidad para el pueblo) y Supu (supermercados para el pueblo, los únicos autorizados oficialmente para importar alimentos en dólares o en euros).

Con las instituciones destrozadas y con las clases medias educadas definitivamente afincadas en el extranjero, es difícil ver un futuro para España que haga que los próximos 20 años sean mejores que los anteriores.

ESPAÑA, LA DINAMARCA DEL SUR

Madrid, 8 de enero de 2034

De nuestro corresponsal

Tras más de 120 años sin recibir un Premio Nobel en ciencia, este año han sido dos los españoles galardonados. Concretamente, dos equipos de científicos españoles radicados principalmente en universidades del país han recibido el Nobel de Física y el de Medicina y Fisiología, respectivamente. Este hecho consagra ante la opinión pública global un cambio completo en el funcionamiento de España. Tras muchos años en las que todos los triunfos españoles sucedían en el ámbito deportivo (vela, tenis, fórmula 1 o fútbol), España destaca ahora en la carrera global del conocimiento. Empresas españolas como BioBody, fundada por el Premio Nobel Jimmy Rodríguez, lideran el espacio de la bioenginería médica, partiendo de la investigación avanzada que se produce en las universidades españolas. El desempleo se ha convertido en un recuerdo del pasado. España es, por fin, una economía moderna. ¿Cómo se ha producido un cambio tan radical en tan poco tiempo?

Todo empezó hace unos veinte años, allá por 2014. Tras la convulsión provocada por el intento de escisión de Cataluña y la explosión del llamado «caso Bárcenas» (un oscuro suceso que propició la dimisión forzada del propio Gobierno), los parlamentarios del Partido Popular acordaron apoyar un Gobierno de coalición con un mandato limitado, pero ambicioso. Se trataba de poner los cimientos para un renacer de España en los 20 meses de legislatura que restaban. El programa contenía medidas en tres áreas: las instituciones políticas, las reformas económicas y la educación e investigación.

Instituciones políticas

Los primeros cambios políticos tuvieron una repercusión inmediata. Fue importante que, en la misma sesión de investidura, la nueva presidenta Mercedes Jovellanos exigiera la dimisión inmediata de todos los nombramientos políticos en órganos que debían ser técnicos hechos por el anterior Gobierno del Partido Popular (en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Radio Televisión Española, en el nuevo superregulador creado por el PP, la Comisión de los Mercados y la Competencia o en el Tribunal Constitucional) y nombrara en su lugar a personas independientes de reconocido prestigio.

En un tiempo récord, el ministro de Justicia Jorge Juan Costa propuso al Parlamento una nueva ley de partidos que imponía normas mínimas para las primarias, obligatorias para la confección de listas, las auditorías y la transparencia de las cuentas. También hizo una propuesta de reforma constitucional que eliminaba el Senado y las diputaciones provinciales, la cual se aprobó por unanimidad en las Cortes gracias a la excepción de las diputaciones vascas.

Un aspecto que sorprendió a la población y que, tras algunas reticencias iniciales, ésta aceptó entusiasmada, fue la decisión de reducir el número de ayuntamientos. Después de un debate inicial se decidió seguir el precedente danés, país que había convertido los 1.389 ayuntamientos con los que contaba en 98 en 2007, y se decidió que todos los ayuntamientos deberían tener al menos 20.000 habitantes. Tras los inevitables tira y afloja se pasó de los 8.116 municipios iniciales a los 600 actuales, lo que permitió que el número de concejales cayera de 68.462 a los 5.000 actuales. Un gran número de competencias autonómicas en servicios sociales y educación se transfirieron a los ayuntamientos.

Quizás la reforma más complicada fue la del Estado autonómico. El Gobierno consiguió introducir un sistema con competencias claramente asimétricas, confederal en la práctica para Cataluña y el País Vasco, y un nuevo modelo de financiación basado en la idea del cupo más una tasa, con lo que consiguió, in extremis, inclinar a una mayoría de los catalanes a favor de la permanencia en España. Como en Quebec, el equilibrio parecía inestable, pero 20 años después ya no se habla más de divorcio.

Finalmente, el Gobierno presentó una propuesta para una reforma radical de la ley de enjuiciamiento civil y criminal y de la carrera judicial. La conjunción de ambas reformas, al eliminar el exceso de formalismo y garantismo y reducir drásticamente el número de apelaciones, supuso una importante mejora de la seguridad jurídica y del cumplimiento de la ley sin excepciones. A partir de ese momento, los delincuentes de guante blanco y los políticos corruptos no pudieron contar con su capacidad para retrasar el sistema indefinidamente y conseguir evitar el castigo. La introducción de una ley anticorrupción castigó con dureza las conspiraciones para delinquir a través de la financiación de los partidos, modelada en la legislación estadounidense contra la mafia y la corrupción política, y supuso un incremento notable de la efectividad de los tribunales en su lucha contra estos casos.

Reformas económicas

En la primavera de 2014, tras haber puesto en marcha todas las reformas institucionales necesarias y con la legitimidad y el apoyo social resultante de haber abierto y limpiado el sistema político, el Gobierno comenzó una serie de reformas económicas sustanciales.

La primera de esas medidas fue la eliminación de todos los contratos temporales menos los de sustitución, junto con la derogación del Estatuto de los Trabajadores y la implantación general de un contrato de trabajo a la austríaca. Todos los empresarios contribuyen desde entonces con 10 días por año a una pensión/mochila de despido (el 2,75 por ciento de la masa salarial) libre de impuestos, que desde aquel momento se convirtió en un derecho del trabajador. En caso de despido, el trabajador cobra 10 días por año trabajado por esta pensión, además de un máximo de 10 días adicionales pagados directamente por la empresa, que se convierten en 15 en caso de despido improcedente. Si el trabajador no es despedido, los 10 días por trabajador contribuidos se añaden a la pensión de jubilación, y aumentan así esta pensión. La reforma redujo las cotizaciones a la Seguridad Social para compensar el incremento de costes laborales debido a la nueva pensión por despido. Los costes adicionales de la reforma se financiaron vía la expansión de la base del IVA y las subidas de los impuestos especiales (gasolina y tabaco).

En segundo lugar, el Gobierno puso en marcha la llamada «movilización de los parados». El modesto objetivo declarado de esta política era detener la pérdida de capital humano en los desempleados de larga duración, pero el objetivo real era conseguir un verdadero aumento de este capital. Los parados, para recibir su subsidio, tenían que ser «enseñantes» o «aprendices». Había una lista concreta de actividades en las que se podía impartir clases, con materias como inglés, programación básica, cocina, hostelería, etc. Se estableció una bolsa por internet que emparejaba a los parados enseñantes con los aprendices y se consiguieron aulas en escuelas públicas e institutos. Los tres millones de parados que cobraban prestaciones (la mitad de los seis existentes) debían registrarse obligatoriamente en la web del programa para seguir cobrando el subsidio. Mientras no tuvieran un empleo debían asistir a las clases durante un mínimo de cuatro horas al día o bien impartir dos horas de clase diarias. Los sistemas de asistencia, con un control biométrico muy sencillo, funcionaban de tal modo que tres faltas de asistencia resultaban en la cancelación del subsidio de desempleo durante un mes. Tres faltas más lo eliminaban permanentemente. Y un suspenso en el examen final del curso tenía el mismo resultado. El sistema docente se basaba en seguir cursos por internet durante una o dos horas. Durante las dos horas restantes de la formación se llevaban a cabo ejercicios prácticos con la ayuda de los «enseñantes».

Obviamente, el programa de movilización tuvo resultados disímiles, pero ello no desmerece su principal virtud. Sin duda, la obligación de tomar clases eliminó parte del exceso de parados y permitió concentrar el esfuerzo en los que realmente lo necesitaban. Además, hubo muchos desempleados que consiguieron adquirir conocimientos valiosos, particularmente de inglés. Pero lo más importante es que supuso un cambio radical en la percepción de lo que realmente era el paro y lo que se podía hacer en ese tiempo sin empleo. Ya no se estaba desempleado (es decir, sin ocupación), sino en un proceso de formación.

El tercer eje de la política económica fue la reforma de los mercados y los organismos reguladores. Con el lema «Incrementar la competencia y la protección del consumidor» se introdujeron reguladores independientes de los mercados y se procedió a una reforma en profundidad de la estructura de los mercados financieros, eléctricos, petrolíferos (con la incorporación de una fuerte competencia a través de la entrada en la red de nuevos operadores extranjeros y del incremento de cuota de otros), de comunicaciones, etc. Todo ello supuso una fuerte caída de los precios, sobre todo eléctricos, y puso las bases para un incremento de la competitividad de las empresas españolas, especialmente las consumidoras intensivas de electricidad y energía.

El cuarto eje fue la contundente simplificación administrativa. El Gobierno anunció el objetivo Doing Business: un ambicioso plan para que España se situara a la altura de Singapur en los indicadores internacionales (en particular el «Doing Business» del Banco Mundial) de facilidad para hacer negocios. Para ello el Gobierno consultó a un grupo de cinco expertos del Gobierno de Singapur que ayudaron a implementar un nuevo marco jurídico para la entrada y la creación de empresas y la eliminación de licencias previas y otros trámites. Un requisito crucial para la mejora de estos indicadores fue la eliminación de la duplicación de competencias entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central. Las reformas políticas impulsadas por el Gobierno, en particular la fusión de ayuntamientos y la reforma del sistema autonómico, las cuales incluían una diáfana descripción de competencias, fueron por tanto cruciales para el éxito de estas medidas. España disputa ya desde hace 10 años a Corea, Singapur, Suiza y Chile los cinco primeros puestos de la clasificación de Doing Business del Banco Mundial.

El quinto eje fue el objetivo Florida, orientado a incrementar la demanda de empleo para los parados sin cualificar. Se introdujeron una serie de cambios fiscales y en la cobertura sanitaria con el fin de que España fuera el destino más atractivo desde el punto de vista económico para los retirados extranjeros. Esto incluyó la eliminación de los impuestos de sucesión y sobre la renta para los mayores de 65 años.

Finalmente, aquel Gobierno reformista tomó varias medidas para asegurar definitivamente la sostenibilidad del Estado del bienestar. En particular, conservó la sanidad pública, pero introduciendo criterios de eficiencia bajo el modelo británico, el modelo de cuentas nocionales a la sueca en las pensiones (es decir, un modelo de reparto pero en el que cada trabajador sabe en todo momento cuánto ha acumulado en su cuenta nocional y esto le da el derecho de cobro). Finalmente, la eliminación definitiva de la desgravación fiscal por vivienda y el fomento del alquiler elevaron hasta el 40 por ciento el porcentaje de hogares de alquiler, lo que favoreció la movilidad interna en el país.

Tras estas reformas, España se convirtió en el nuevo Tigre de Europa, en la economía más atractiva para hacer negocios del mundo.

Reformas educativas

El tercer pilar de la estrategia del Gobierno de coalición de 2014-2015, responsable directa de los Premios Nobel del 2034, fue la reforma del sistema educativo en su conjunto desde preescolar hasta la universidad. La ministra de Educación, Rosa Pardo-Bazán, conocedora profunda de los sistemas educativos europeos, anunció que «una reformita no nos sirve» y que la educación en España requería una metamorfosis profunda.

El componente clave de la reforma fueron los cambios de gobernanza en los centros, así como la carrera profesional de los profesores y directores de centro. Como símbolo de la nueva autonomía de los directores para contratar y despedir a docentes y para fijar sus salarios, en la entrada de todos los colegios, debajo del cartel con el nombre, figura ahora el de su director o directora. Con sueldos elevados (el doble que el de los profesores mejor pagados) y un gran prestigio social, la carrera de director de escuela atrajo a los jóvenes más dinámicos y trabajadores. La reforma en la carrera docente, con mayores salarios (compensados con un incremento del tamaño de las clases), mejores complementos salariales y la capacidad de los directores para promocionar o despedir a los profesores, atrajo también a mejores docentes de primaria y secundaria. Finalmente, el Gobierno creó la Agencia Independiente para la Evaluación de las Escuelas, que publicaba análisis detallados de su funcionamiento, incluyendo los resultados en los exámenes estandarizados (y su valor añadido respecto a la calidad inicial de los estudiantes) y también análisis pormenorizados de la creatividad, la capacidad de expresión oral y escrita, etc. Finalmente, la financiación de los centros quedó ligada a la demanda de los estudiantes, de forma que aquellos sin alumnos tuvieron que cerrar.

Algo similar sucedió en la universidad. Allí se aplicó la reforma más sencilla de todas, ya que se adaptó estrictamente, como dijo la ministra Pardo Bazán, a los modelos existentes. «Está todo inventado», declaró. Se realizó sobre tres pilares: primero, autonomía absoluta personal y financiera de la universidad, así como su desfuncionarización; segundo, el rector sería nombrado por un patronato externo, y tercero, toda la financiación se realizaría en función del éxito de investigación y de docencia. Los avances en investigación no se medirían, como se había hecho hasta entonces, por el número de publicaciones, sino por el impacto internacional de éstas. En cuanto a la docencia, el valor utilizado sería la capacidad de los graduados de encontrar trabajo tras la finalización de sus estudios y el valor añadido de la universidad.

La reforma no funcionó en todas las universidades. Algunas renunciaron a adaptarse y, dada su autonomía financiera, quebraron en los primeros cinco años. La Universidad de Vigo, históricamente permisiva con el plagio en la investigación, fue la primera en cerrar sus puertas. Tras estas primeras quiebras, las demás universidades incrementaron su nivel de exigencia a docentes, estudiantes y administradores, y consiguieron una enorme mejora en sus resultados.

Tras estos dos intensos años de reformas políticas, económicas y educativas, se sucedieron 18 años de estabilidad. Las cifras de desempleo, contra el pronóstico de los organismos internacionales, bajaron por debajo de los 500.000 parados en 2025 después de 7 años de fuerte creación de empleo. La deuda pública, que parecía imposible de encaminar, se estabilizó en el nuevo objetivo del 20 por ciento del PIB. Los españoles asistieron con calma a los muchos juicios del 2017-2019. El único conflicto clave no resuelto del todo fue el problema catalán. En la década de 2020 hubo dos referéndums más, pero cada vez con menor apoyo social y con más reconocimiento de que, en un mundo interdependiente, lo importante es saber gestionar la interdependencia.

EPÍLOGO

NADA ES GRATIS, UNA HISTORIA PERSONAL

LA PREHISTORIA DEL BLOG

Nací en Valladolid en el año 1967. Mi generación llegó a la madurez convencida de que España se había convertido en un país normal. Pasados los temores a conflictos armados y a dictaduras, primero la Constitución de 1978, luego la entrada en la OTAN y por fin la ansiada entrada en la Unión Europea anclaban definitivamente a España en una Europa de cuya historia se había ido separando poco a poco. El españolismo cañí tenía cabida y hacía gracia en las películas de Almodóvar, pero la alta velocidad, las grandes multinacionales, las infraestructuras, los museos, el fútbol o el tenis nos mostraban la imagen de un país nuevo, dispuesto a abrazar el futuro, pleno de confianza y de ilusión.

Desgraciadamente, en los últimos cinco años hemos presenciado la destrucción de ese país imaginado. La imagen que teníamos de España era errónea, ahora lo sabemos, pero era aquella con la que mi generación había crecido. Ahora se trata de reconstruir, sobre cimientos más sólidos, un país próspero por el que valga la pena luchar. Cuento aquí brevemente mi participación personal en esta batalla.

Durante mis estudios de doctorado y mis años de trabajo en la Universidad de Chicago (es decir, entre 1993 y 2007) me limité a observar la economía española desde lejos. Mi participación en el debate empezó a partir de mi llegada a Londres, a la London School of Economics, en el verano de 2007, y de las entrevistas con motivo de la concesión del Premio Banco Herrero (en las que anticipaba la explosión de la burbuja inmobiliaria y la recesión). En mi primer artículo en Expansión en 2007 refutaba la afirmación del presidente del Gobierno de que España estaba en la Champions League económica. Aquel escrito recogía las inquietudes sobre la productividad y sobre la economía del conocimiento que luego he desarrollado en la prensa, en el blog y aquí.

El blog Nada es gratis fue creado desde FEDEA. La iniciativa surgió de Pablo Vázquez, entonces director de la fundación, y Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE. Los editores fundadores fuimos Javier Díaz Giménez, Jesús Fernández-Villaverde, Juan Carlos Conesa, Juan Rubio y yo. El nombre, inventado por Javier Díaz-Giménez, es una adaptación libre del dicho americano «There ain’t no such thing as a free lunch».

Desde el principio, el blog tuvo las mismas preocupaciones que han motivado este libro. Jesús Fernández-Villaverde fue, hasta que dejó la tarea de editor, el escritor más frecuente en el blog y con su enorme trabajo, y su escritura clara, irreverente y erudita, probablemente una de las claves de su mayor impacto gradual.

INDEPENDENCIA Y ANÁLISIS DE CALIDAD

Creo que hay dos razones que explican el éxito del blog. Primero, su independencia. Pablo Vázquez, el director de FEDEA cuando se fundó, nos dio una total independencia. Para entender el mérito que esto conlleva es importante señalar que FEDEA es una fundación sin ánimo de lucro creada por Luis Ángel Rojo desde el Banco de España y que tiene un patronato formado por algunos de los empresarios más poderosos del país. Por supuesto, contamos con un comité científico que asegura su independencia, pero lo verdaderamente complicado es convencer a los patronos de que vale la pena tener a «estos chicos pesados» haciendo análisis independientes para mejorar la economía española a pesar de que digan cosas que escuecen. En este sentido, ayudó el apoyo e interés por la economía académica de Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, miembro del patronato y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota (como muchos otros ilustres economistas españoles, incluidos varios editores del blog).

Imagino, aunque Pablo Vázquez fue escrupulosamente discreto, que muchas veces recibió llamadas de protesta de algún patrono. Quizás la mayor presión que hemos recibido ha sido con motivo de nuestros artículos sobre cajas, que contribuyeron directamente al ímpetu desde fuera de España para la reforma del sector. Pero en ningún momento hizo Pablo ninguna intervención, ni discreta ni explícita, para que cambiáramos una sola coma de nada.

El otro momento de fortísima presión, ya con Pablo fuera de FEDEA, fue cuando publicamos Tano, Jesús y yo un artículo en El País titulado «No queremos volver a la España de los 50» denunciando la estrategia de Moncloa de juguetear con la salida del euro, que provocó una reacción brutal del Gobierno, con columnistas amigos del poder llamándonos de todo y con presiones diversas en todas las direcciones.

Aparte de nuestra independencia, la segunda razón del éxito del blog es el gran número de economistas de primera línea que operan en España que han escrito en él. De hecho, y para beneficio de todos, casi todos los mejores economistas académicos de primera línea han publicado en Nada es gratis.

LOS BLOGS Y LA LIBERTAD DE PRENSA

Una de mis preocupaciones recurrentes ha sido la relación entre la prensa y el poder económico de España. Me estrené en el blog hablando de Iberdrola y de los medios de comunicación. Insistiría en ello un mes más tarde, el 20 de julio de 2009, con una entrada sobre la absolución por prescripción de César Alierta y la falta de información en la prensa al respecto. Jesús volvió luego al tema con un apunte magistral en la que mostraba con sutileza lo absurdo del razonamiento del Tribunal Supremo.

Antes de empezar el blog, Mariano Guindal, periodista ilustre y querido, me había dicho: «Luis, no te engañes, en España de las grandes empresas no se habla en prensa si ellas no quieren que se haga. Las empresas importantes son sagradas, porque la prensa está entre la espada y la pared y necesita todo el oxígeno de publicidad posible. Si alguno de estos grandes cortan el grifo, pues se terminó».

Para ilustrar el punto, aquí va un ejemplo transparente. Cuando El Corte Inglés empezó a renegociar su deuda, la noticia, como suele suceder, vino de Bloomberg. La prensa española en general se limitó a informar de la nota que emitió el propio El Corte Inglés como respuesta a la noticia de Bloomberg explicando que, vaya suerte, iban a pagar menos por su deuda y que los bancos básicamente estaban suplicando entrar en la renegociación («se está haciendo en colaboración con las principales instituciones financieras del país con las que el grupo mantiene muy buenas relaciones históricas y que ya han manifestado su interés por participar en la misma»).

Una cosa tiene que quedar clara. Esto no es culpa de los periodistas. Nada les gustaría más que contar la realidad, pero saben que para mantener su trabajo deben callarse o hacer sólo referencias vagas. Simplemente, las economics del negocio mandan. No están las cosas como para enfrentarse a los que son capaces de pagar un suplemento entero a la semana con su publicidad.

Pero sí es algo que recalca la enorme importancia para España de blogs como Nada es gratis, Hay Derecho o Politikon, que son independientes porque los que escriben en ellos no le deben nada a nadie, ni aspiran a ninguna otra cosa que no sea mantener la confianza de sus lectores. Cumplen, además, un papel crucial. Parafraseando la afortunada expresión de Raghu Rajan y Luigi Zingales: es necesario salvar al capitalismo de los capitalistas.

NUESTRO IMPACTO

¿Ha tenido importancia lo que hemos escrito? ¿Hemos motivado algún cambio?

1. Sistema financiero

Me gustaría partir de mi primera entrada en Nada es gratis, el 17 de junio de 2009, y que fue sobre el FROB y las cajas. La entrada se oponía a las fusiones (recordemos que en ese momento no habían empezado) y argumentaba que podían empeorar las cosas. Desaprobaba, igualmente, el «manguerazo» general: exigía reconocer que existía un problema de solvencia aparte del de liquidez y pedía que las entidades no sistémicas con valor neto patrimonial negativo (de hecho en bancarrota) murieran, además de que se corrigieran los problemas del gobierno corporativo.

El mismo mensaje «anti-manguerazo», antifusiones y proquiebras, se lo había transmitido al gobernador del Banco de España, al que vi el 12 de mayo del mismo año 2009. (¿Su respuesta? «Son todas, en realidad, sistémicas; si dejamos caer una sola aparecemos en la portada del Financial Times y empezarán las historias sobre nuestro sistema»). Y también transmitimos este mensaje al presidente Rajoy, cuando estaba en la oposición, en una reunión celebrada el 24 de junio de 2010. Tano Santos intentó convencerle de lo crucial que era no pasar todas las deudas privadas al sector público y utilizar la bancarrota privada para las instituciones no sistémicas, pero me imagino que pensó que estábamos locos.

En cualquier caso, éste es quizás el tema en el que con mayor incisión y coherencia hemos escrito todos estos años, especialmente Tano Santos, Jesús Fernández-Villaverde, Vicente Cuñat y yo, y puedo decir con claridad que el impacto ha sido absolutamente nulo, nada, cero. Por limitarme al primer año del blog, ni cuando avisamos desde el primer post del peligro de las fusiones ni cuando dijimos que los números que estaban mostrando las cajas no podían ser ciertos (por ejemplo, el 13 de septiembre de 2009) ni cuando aseguramos que los números de la CAM no tenían sentido (25 de marzo de 2010, dos años antes de su venta) ni cuando afirmamos que la situación era urgente, que el tiempo jugaba en contra de España y que había que intervenir las entidades zombi cuanto antes (18 de febrero de 2010) ni cuando dijimos, y esto es lo más importante, que había que dejar caer a las entidades no sistémicas (13 de septiembre de 2009). Todo esto por no contar las muchísimas, trabajadísimas y clarísimas entradas de Tano Santos al respecto en los tiempos más recientes. No digo que el regulador nos ignorara. De hecho, a veces nos respondieron y entramos en un diálogo educado. Pero sí digo que no conseguimos hacer cambiar de opinión a las personas clave en la toma de decisiones en España. Nos leían, nos oían, pero estaban genuinamente convencidos de que exagerábamos, de que la enorme burbuja financiera en España podía ser asimilada por el sistema mismo sin que la crisis estallara.

En el tema de la gobernanza de las cajas es posible que nuestro impacto sí fuera mayor. Una prueba es que el documento técnico del Fondo Monetario Internacional que acompaña al memorándum de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) en el que se exigen reformas de gobierno corporativo, cita el trabajo que presentamos Vicente Cuñat y yo en el Banco de España sobre la importancia del bajo capital humano en la mala gestión de muchas cajas, como evidencia de que la interferencia política y la mala formación de muchos gestores están asociadas con malos resultados. España ha hecho una reforma radical del marco jurídico del sector, pero la conexión en estas cosas es difícil de probar.

2. Mercado de trabajo, reforma laboral

Mi segunda preocupación principal durante estos años, la reforma del mercado laboral, apareció en mi segunda entrada y en otra del 18 de junio de 2009 sobre la encuesta trimestral de coste laboral. Incidía en el horroroso funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, basado en un ajuste en cantidades, pero no en precios.

España tiene, como corresponde a un país con un problema gravísimo en el mercado de trabajo, al mejor grupo de economistas laborales de Europa. Todos ellos han contribuido con sus análisis al blog. Desde Samuel Bentolila (uno de los mejores economistas del país, además de un excelente editor del blog y un responsable crucial de su calidad y de su éxito) a Juanjo Dolado o Florentino Felgueroso, Sergi Jiménez o Marcel Jansen, hubo en Nada es gratis un grupo de economistas muy amplio que trató de elaborar el entramado teórico a favor del cambio del mercado de trabajo. Esgrimíamos dos argumentos principales. Primero, que los ajustes no se hacían más que a través de despidos. Los convenios impedían reducciones de jornada, caídas de salario o cualquier otra adaptación, con lo que el despido y el desempleo terminaban siendo el único modo de ajuste para las empresas en apuros.

El segundo argumento clave se refería a la dualidad. La rigidez de los contratos fijos se complementaba con la excesiva flexibilidad de los temporales, y creaba un muro entre unos y otros. El muro llevaba a las empresas a apoyarse en exceso en el empleo temporal e invertir menos en educación y en formación. Se sesgaba así, como hemos explicado en este libro, la estructura productiva del país hacia sectores de menor valor añadido.

Estos argumentos se apoyaban en una exhaustiva investigación académica sobre el mercado español que databa como mínimo de 1992. Además de la investigación académica y del trabajo en el blog, publicamos varios manifiestos por la reforma, diversos artículos en prensa y tuvimos algunas reuniones con sindicatos y con políticos. En todas estas intervenciones tratamos de explicar por qué el mercado laboral español funcionaba tan rematadamente mal. Vimos a Zapatero el día antes de su reforma laboral. Luego nos reunimos con sus asesores y con los sindicatos para explicar los problemas de la dualidad, pero tampoco conseguimos avanzar. Cuando llegó el PP se cortó completamente la comunicación (que, como digo, no es que sirviera para nada cuando la había): con la ministra Báñez ni los buenos días (aparte de no ir a las cumbres, no ha hablado, que yo sepa, con ningún experto español del mercado laboral, ni de FEDEA ni de fuera).

Si uno lee los preámbulos de las dos reformas (la de 2010 y la de 2012) puede parecer que nuestro análisis ha calado bastante: hablan de dualidad y de flexibilidad de los convenios. Pero los articulados no desarrollan estos análisis. En la reforma de 2010, ninguno de los dos temas claves (convenios y dualidad) sufrió un cambio sustantivo. En la de 2012 tampoco se atacaba el tema de la dualidad, aunque sí se hacía un cambio de los convenios bastante en profundidad. Mi lectura es que, aunque el análisis de los problemas del mercado laboral ha calado bastante, no se sigue de esto que los cambios se puedan producir simplemente porque se entienda el problema. En muchos casos, el problema no se comprende; en otros, los cambios en profundidad son contrarios a los intereses de muchos.

3. Educación

La educación ha sido el otro ámbito donde se ha dirigido gran parte de mi actividad en el blog y de la de otros autores como Antonio Cabrales y Florentino Felgueroso. Por ejemplo, identificamos aquí con mucho cuidado la interacción entre mercado laboral y educación: (i) los altos niveles de fracaso escolar y el hecho de que muchos de estos jóvenes ni estudian ni trabajan; (ii) la subocupación de licenciados; (iii) la educación se traduce en menos temporalidad, menor tasa de desempleo y mayor salario, y (iv) que la prima salarial a la educación había caído de forma increíble en España. También hablamos repetidamente de la necesidad de una reforma educativa, tanto de la secundaria como de la universidad. He dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la reforma de la universidad propuesta por la comisión de expertos nombrada por Wert, mencionada anteriormente en el libro. Mi impresión, sin embargo, es que todo este esfuerzo, más allá de lo que hayamos podido concienciar a la opinión pública, no ha servido para casi nada.

4. Los rescates

Tampoco tuvimos un impacto obvio en la relación con Europa, aunque desde el blog opinamos activamente sobre ello. El 29 de abril de 2010 publiqué una carta abierta al presidente titulada «No es tan difícil, señor Zapatero» proponiéndole exactamente el giro de política económica que los líderes europeos le forzaron a tomar dos semanas después, el 12 de mayo siguiente. El principal asesor del presidente me dijo luego: «Te equivocas, sí, sí que es muy difícil tomar estas medidas y le han costado mucho al presidente». Luego, el 4 de septiembre de 2012 pasé tres horas, junto con Guillermo de la Dehesa, hablando con el presidente Rajoy sobre la cumbre con Merkel y tratando de argumentar por qué las ideas explicadas en el capítulo 10 (separación del problema heredado del de largo plazo y asunción de deudas compartidas sólo para las heredadas, sin unión fiscal) eran a la vez realistas y radicales en el contexto en el que estamos.

5. Impacto en la opinión pública

El mayor impacto del blog fue probablemente en prensa y en la opinión pública. Los corresponsales económicos de todos los periódicos extranjeros, del Frankfurter Allgemaine Zeitung al Handelsblatt, The Economist, The Financial Times o The Wall Street Journal nos leen y también lo hacen los periodistas económicos españoles. Nuestros análisis, nuestros cuadros y nuestros datos han aparecido en muchas noticias. A través de ellos, en una conversación extraña que muchas veces discurre de Madrid a Nueva York (es decir, a través de la prensa extranjera), llegan a los oídos de los españoles.

En fin, yo diría que hemos contribuido mucho a ayudar a la opinión pública a entender lo que está pasando y bastante menos a implantar la reforma eléctrica, la laboral o la de los otros mercados. Por no hablar de la de los reguladores, mercados y competencia que van viento en popa hacia atrás, a pesar de que nos hemos desgañitado en explicar por qué supone retroceder el reloj de la historia.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? LECCIONES PARA BLOGUEROS Y EDITORES

1. Just the facts, madam: el valor de un gráfico que muestra algo importante, sencillo y con los datos interpretados, es enorme. El mejor servicio que se puede hacer como bloguero económico es mirar con cuidado la hoja de datos clave y explicarle al lector lo que está pasando. Poca gente en la prensa puede hacer esto, porque el conocimiento de estadística y econometría es muy básico.

2. Evita las discusiones ad hominen y las etiquetas: Krugman, escritor fabuloso y economista excelente, se ha pasado estos años usando su tribuna para poner a caldo a los colegas que no están de acuerdo con él, mostrando un grado de autoridad absurdo. Creo que un éxito de Nada es gratis es que el debate intelectual ha sido cuidadoso, respetuoso y sin etiquetas. Hay colaboradores que votan a IU, a UPyD, al PSOE, al PP, a CiU, a ERC y al BNG. Pero no lo veréis reflejado en sus entradas ni nadie criticará una entrada tirando de etiquetas. Nuestro valor social y para nuestros lectores es como economistas, no como tertulianos.

3. Censura los comentarios insultantes sin piedad: sí, uno puede ganar visitas dejando que la gente se insulte. Pero es una ganancia a corto plazo. El diálogo educado ha sido una de las características clave del blog. Esto ha requerido que los editores nos leyéramos todos los comentarios y los aprobáramos uno por uno, lo que es un esfuerzo enorme, pero creo que ha valido la pena. El que quiera insultos, desgraciadamente ya sabe dónde puede ir.

4. Reconoce los límites de lo que se puede enseñar: es muy difícil ver lo que a uno no le interesa. Cuanto más emocional e importante es el tema, menos posible es tener un diálogo racional. El debate sobre el encaje de Cataluña en España ha sido el más difícil aquí. Hemos puesto muchísimas entradas y siempre hemos recibido comentarios que nos decían: cómo se nota que cojeáis por aquí o por allá, qué vergüenza, etc. Y la verdad es que con este tipo de temas, el diálogo racional es imposible. Pero nosotros lo tenemos que intentar. La clave es dejar los sentimientos y los agravios para los otros medios.

5. Reconoce la incertidumbre y no la reemplaces por certezas: desgraciadamente, el mundo es muy complejo y hay muchas cosas que no sabemos y no entendemos. Lo mejor es reconocerlo. El tema más difícil es el ciclo económico. Todo el mundo quiere conocer si vamos a salir de la recesión, pero nadie puede saberlo. Es mejor responder con los datos: esto sucede en las matriculaciones, esto pasa con la confianza de los consumidores…

6. No hay nada más importante que la independencia: no vale la pena escribir si no es para decir libremente lo que uno piensa.

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO 1

EL MUNDO CRECERÁ, PERO A UN RITMO MENOR

ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James, Why Nations Fail, Crown Business, Nueva York, 2012.

GALOR, Oded y WEIL, David N., «Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond», American Economic Review, vol. 90, núm. 4, septiembre de 2000, pág. 806-828.

GARICANO, Luis y ROSSI-HANSBERG, Esteban, «Organizing Growth», Journal of Economic Theory, 2012, vol. 147, núm. 2 pág. 623-656.

GORDON, Robert, «Is US economic growth over?: Faltering Innovation Confronts Six Headwinds», National Bureau of Economic Research, agosto de 2012.

HANUSHEK, Eric A. y WOESSMANN, Ludger, «The Economics of International Differences in Educational Achievement», IZA DP, núm. 4925, mayo de 2010.

KIMKO, Dennis D. y HANUSHEK, Eric A., «Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations», American Economic Review, vol. 90, núm. 5, diciembre de 2000, pág. 1184-1208.

MADDISON, Angus, Contours of the World Economy 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History, Oxford University Press, Oxford, 2007.

ROMER, Paul, «Increasing Returns and Long Run Growth», Journal of Political Economy, octubre de 1986.

—, «Endogenous Technological Change», Journal of Political Economy, octubre de 1990.

CAPÍTULO 2

EL FUTURO DEL TRABAJO

AMITI, Mary y WEI, Shang Jin, «Service Offshoring and Productivity: Evidence from the United States», NBER Working Paper no. 11926, Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research, enero de 2006.

ANTRÀS, Pol; GARICANO, Luis y ROSSI-HANSBERG, Esteban, «Offshoring in a Knowledge Economy», Quarterly Journal of Economics, vol. 121, núm. 1, febrero de 2006, pág. 31-77.

—, «Organizing Offshoring: Middle Managers and Communication Costs», en HELPMAN, E., MARIN D. y VERDIER T. (2008) (eds.), The Organization of Firms in a Global Economy, Cambridge, MA., Harvard University Press, 2008.

BLOOM, Nick; GARICANO, Luis; SADUN, Rafaella y VAN REENEN, John, «The Distinct Effects of Information Technology and Communication Technology on Firm Organization», Mimeo, Harvard Business School, octubre de 2011.

CRÉMER, Jacques; GARICANO, Luis y PRAT, Andrea, «Language and the Theory of the Firm», Quarterly Journal of Economics, vol. 122, núm. 1, febrero de 2007, pág. 373-408.

CRISCUOLO, Chiara y GARICANO, Luis, «Offshoring and Wage Inequality: Using Occupational Licensing as a Shifter of Offshoring Costs», American Economic Review Papers and Proceedings, vol. 100, núm. 2, mayo de 2010, pág. 439-443.

DUHIGG, Charles y BRADSHER, Keith, «How the U.S. Lost Out on iPhone Work», The New York Times, enero de 2012.

GARICANO, Luis, «Hierarchies and the Organization of Knowledge in Production», Journal of Political Economy, vol. 108, núm. 5, octubre de 2000, pág. 874-904.

GARICANO, Luis y HEATON, Paul, «Information Technology, Organization, and Productivity in the Public Sector: Evidence from Police Departments», Journal of Labor Economics, vol. 18, núm. 1, enero de 2010, pág. 167-201.

GARICANO, Luis y KAPLAN, Steven N., «The Effects of Business-to-Business E-commerce on Transactions Costs», Journal of Industrial Economics, vol. XLIX, núm. 4, 2001, pág. 463-487.

—, «Inequality and the Organization of Knowledge», American Economic Review (Papers and Proceedings), vol. 94, núm. 2, mayo de 2004, pág. 197-202.

—, «Organization and Inequality in a Knowledge Economy», Quarterly Journal of Economics, vol. 121, núm. 4, noviembre de 2006, pág. 1383-1435.

GARICANO, Luis y ROSSI-HANSBERG, Esteban, «The Knowledge Economy at the Turn of the Twentieth Century: the Emergence of Hierarchies», Journal of the European Economic Association (Papers and Proceedings), abril-mayo de 2006, pág. 396-403.

GOLDIN, Claudia Dale y KATZ, Lawrence F., The Race between Education and Technology, Harvard University Press, 2009.

MILBERG, William y WINKLER, Deborah, Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist Development, Cambridge University Press, Nueva York, 2013.

CAPÍTULO 3

EL LADRILLO COMO REFUGIO

BELTRÁN, A.; BOLDRIN, M.; BORGES, N.; CASTELLO-BRANCO, J.; CONDE-RUIZ, J. I.; GARCÍA, E.; GARICANO, L. y VÁZQUEZ, P. (2010), «Una agenda de crecimiento para España», McKinsey&Co, FEDEA.

CUÑAT, Vicente y GARICANO, Luis, «Did Good Cajas Extend Bad Loans?: Governance, Human Capital and Loan Portfolios», en BENTOLILA, Samuel; BOLDRIN, M.; DÍAZ JIMÉNEZ, J. y DOLADO, J. J. [eds], The Crisis of the Spanish Economy, 2010.

FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús, GARICANO, Luis y SANTOS, Tano, «Political Credit Cycles», Journal of Economic Perspectives 27 (3), 2013, pág. 145-166.

GARICANO, Luis, «Cuidado con los aprobados raspados», El País, 25 de julio de 2010.

INE, Proyecciones de población a largo plazo, 5 de diciembre de 2012. Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type= pcaxis&path=/t20/p270/2012-2052&file=pcaxis

PEREGIL, Francisco, «Monumento a la incoherencia», El País, 12 de noviembre de 2011.

CAPÍTULO 4

ESPAÑA ANTE EL RETO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: IDEAS, TRABAJO Y FORMACIÓN

ANDRÉS, J.; BENTOLILA, S.; CABRALES, A.; CONDE-RUIZ, J. I.; DE LA RICA, S.; DOLADO, J. J.; FELGUEROSO, F.; GARCÍA PÉREZ, J. I.; GARICANO, L; GÜELL, M.; JANSEN, M.; JIMÉNEZ, S.; MESSINA, J. y VÁZQUEZ, P. «Nueve propuestas para la reforma de la negociación colectiva en España», FEDEA, 8 de marzo de 2011.

BENTOLILA, Samuel y JANSEN, Marcel, «La reforma laboral de 2012: (II) Un nuevo equilibrio en las relaciones laborales», Nada es gratis, 28 de febrero de 2012.

BONHOMME, Stéphane y HOSPIDO, Laura, «The Cycle of Earnings Inequality: Evidence from Spanish Social Security Data», Banco de España and IZA, núm. 1225, 2012.

CONDE-RUIZ, José Ignacio; DOLADO, Juanjo; GARICANO, Luis y JANSEN, Marcel. «Negociación colectiva y competitividad», El País, 8 de marzo de 2011.

FELGUEROSO, Florentino y GARICANO, Luis, «Curando nuestra enfermedad holandesa», El País, 6 de febrero de 2012.

FELGUEROSO, Florentino; GARICANO, Luis y JIMÉNEZ, Sergi, «¿Vale la pena estudiar? (VI) La inusual caída de la ganancia salarial resultante de la educación avanzada», Nada es gratis, 9 de diciembre de 2011.

FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús y GARICANO, Luis, «¿Son constitucionales siete millones de parados?», El País, 26 de mayo de 2013.

GARICANO, Luis, «Una reforma laboral de verdad», El País, 15 de enero de 2012.

GARICANO, Luis y CONDE-RUIZ, Ignacio, «Un modelo de crecimiento insostenible», La Vanguardia, 3 de abril de 2011.

CAPÍTULO 5

«NO LISTEN THE ASK»: LA SELECCIÓN Y LOS INCENTIVOS DE NUESTRAS ÉLITES Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

BAGÜÉS, Manuel, «¿Cuánto deberían cobrar los altos cargos?», Nada es gratis, 12 de febrero de 2013

CUÑAT, Vicente y GARICANO, Luis, «Did Good Cajas Extend Bad Loans?: Governance, Human Capital and Loan Portfolios», en BENTOLILA, S. BOLDRIN, M. DÍAZ JIMÉNEZ y J. J. DOLADO, The Crisis of the Spanish Economy, FEDEA, 2010.

DAL BÓ, Ernesto; FINAN, Frederico y ROSSI, Martin A., «Strengthening State Capabilities: The Role of Financial Incentives in the Call to Public Service», manuscrito, Berkeley, febrero de 2013. Disponible en: http://emlab.berkeley.edu/~ ffinan/Finan_StateCap.pdf

FERRAZ, Claudio y FINAN, Frederico, «Motivating politicians: The impacts of monetary incentives on quality and performance», National Bureau of Economic Research,w. 14906. 2009.

FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús y GARICANO, Luis, «Los salarios en los niveles altos del sector público: You get what you pay for», Nada es gratis, 9 de septiembre de 2011.

GAGLIARDUCCI, Stefano y NANNICINI, Tommaso, «Do Better Paid Politicians Perform Better? Disentangling Incentives from Selection», Journal of the European Economic Association, vol. 11, núm. 2, 2013, pág. 369-398.

MURPHY, Kevin M.; SHLEIFER, Andrei y VISHNY, Robert. W., «The Allocation of Talent: Implications for Growth», Quarterly Journal of Economics, vol. 106, núm. 2, 1991, pág. 503-530.

—, «Why is rent-seeking so costly to growth?», The American Economic Review, vol. 83, núm. 2, 1993, pág. 409-414.

PADRÓ I MIQUEL, Gerard, «The Control of Politicians in Divided Societies: The Politics of Fear», Review of Economic Studies, vol. 74, núm. 4, octubre de 2007, pág. 1259-1274.

CAPÍTULO 6

SÍ PODEMOS: LA VELOCIDAD, EL TABACO Y EL FÚTBOL

BECKER, Sascha O. y WOESSMANN, Ludger, «Was Weber wrong? A human capital theory of Protestant economic history», en The Ouarberly Journal of Economic, 124, n.° 2 (2009), pág. 531-596.

CASTILLO, José; CASTRO-NUÑO, Mercedes y PEDREGAL, Diego, «An Econometric Analysis of the Effects of the Penalty Points System Driver’s License in Spain», Accident Analysis and Prevention, vol. 42, núm. 4, 2010, pág. 1310-1319.

VV.AA. «Prevalencia de consumo de tabaco en población trabajadora tras la entrada en vigor de la Ley 42/2010», Revista Española de Salud Pública, vol. 86, núm. 2, marzo-abril de 2012.

WEBER, Max, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Akal, Madrid, 2013.

CAPÍTULO 7

MÁS Y MEJOR MERCADO, MENOS PERO MEJOR ESTADO

CABALLERO, Ricardo J.; HOSHI, Takeo y KASHYAP, Anyl K., «Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan», American Economic Review, vol. 98, núm. 5, 2008, pág. 1943-77.

DOMÉNECH, Rafael, «La evolución de la productividad en España y el capital humano», Laboratorio de Alternativas, Documento de trabajo 141/2008.

GARICANO, Luis, «¿En la Champions League económica?», Expansión, 14 de septiembre de 2007.

—, «La Transición Económica Pendiente», Expansión, diciembre de 2008.

—, «Spain’s Economic Blind Spots», The Guardian, 12 de febrero de 2010.

—, «Los de la Champions y los demás», El País, 19 de marzo de 2012.

GARICANO, Luis y FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús, «Rajoy Must Enact a Radical Plan for Spain», Financial Times, 19 de agosto de 2012.

GARICANO, Luis; FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús y SANTOS, Tano, «Prisioneros del populismo pasado», El Mundo, 10 de abril de 2012.

GARICANO, Luis; LELARGE, CLAIRE y VAN REENEN, John, «Firm Size Distortions and the Productivity Distribution: Evidence from France», NBER, vol. 18841, núm. 7241, febrero de 2013.

—, «Firm Size Distortions and the Productivity Distribution: Evidence from France». (with), CEPR Working Paper, febrero de 2013.

ZMIRAK, John, Wilhelm Ropke: Swiss Localist, Global Economist, ISI Books, Wilmington, 2001.

CAPÍTULO 8

UN MODELO EDUCATIVO PARA EL MUNDO QUE VIENE

BAGÜÉS, Manuel; FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús y GARICANO, Luis (eds.), La ley de economía sostenible y las reformas estructurales, FEDEA, Madrid, 2010. Disponible en: http://reformasestructurales.es/

CABRALES, Antonio, «A las diez en la cama estés», Nada es gratis, 12 de marzo de 2012.

FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús y GARICANO, Luis, «Educación: cambiarlo todo para que todo siga igual», El País, 7 de julio de 2013

GARICANO, Luis, «Son las matemáticas, estúpido», El País, 13 de noviembre de 2012.

HANUSHEK, Eric A. y WOESSMANN, Ludger, «Do Better Schools Lead to More Growth? Cognitive Skills, Economic Outcomes, and Causation», Journal of Economic Growth. vol. 17, núm. 4, diciembre de 2012, pág. 267-321.

JORGE JUAN (seudónimo de Samuel Bentolila, Antonio Cabrales, Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano, Juan Rubio y Tano Santos), Nada es gratis: cómo evitar una década perdida tras la década prodigiosa, Destino, Barcelona, 2011.

RIPLEY, Amanda, The smartest kids in the world, Simon and Schuster, Nueva York, 2012.

CAPÍTULO 9

EL SISTEMA POLÍTICO

CASAJUANA, Carles; GARICANO, Luis; MOLINAS, César y DE LA NUEZ, Elisa, «Manifiesto: Por una nueva ley de partidos». Disponible en: http://porunanuevaleydepartidos.es/manifiesto

FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús y GARICANO, Luis, «Un pacto frente a lo desconocido», El País, 11 de octubre de 2012.

MOLINAS, César, «Una teoría de la clase política española», El País, 18 de septiembre de 2012.

—, Qué hacer con España, Destino, Barcelona, 2013.

CAPÍTULO 10

LA EUROPA MÍNIMA POSIBLE Y NECESARIA

ARTUS, P.; BERGLOF, E.; BOFINGER, P.; CORSETTI, G.; DE GRAUWE, P.; DE LA DEHESA, G.; FELD, L.; FITOUSSI, J. P.; GARICANO, L.; GROS, D.; O’ROURKE, K.; REICHLIN, L.; REY, H.; SAPIR, A.; SNOWER, D.; VOTH, H. J. y WEDER DI MAURO, B., «Breaking the Deadlock: A Path Out of the Crisis», Institute for New Economic Thinking, 23 de julio de 2012. Disponible en: www.ineteconomics.org

BENTOLILA, Samuel; JANSEN, Marcel; JIMÉNEZ, Gabriel y RUANO, Sonia, «When Credit Dries up: Job Losses in the Great Depression», CEMFI, mayo de 2013.

BRUNNERMEIER, Markus K.; GARICANO, Luis; LANE, Philip R.; PAGANO, Marco; REIS, Ricardo; SANTOS, Tano; VAN NIEUWERBURGH, Stijn y VAYANOS, Dimitri (2011), «European Safe Bonds: ESBies» Euro-nomics.com.

—, «ESBies: A realistic reform of Europe’s Financial Architecture», Beck, Thorsten (ed.), The Future of Banking, Vox e-Book, octubre de 2011.

—, «Making Europe Safer», The Wall Street Journal, 27 de septiembre de 2011.

FERNÁNDEZ-VILLAVERDE; GARICANO, Luis y SANTOS, Tano, «No queremos volver a la España de los 50», El País, 1 de junio de 2012.

GARICANO, Luis, «Spain Has the Means to Avoid the Fate of Greece», Financial Times, 10 de marzo de 2010.

—, «Usemos el fondo de rescate europeo para sanear el sistema financiero, no para rescatar al Estado», Expansión, 2 de julio de 2010.

—, «Spain Can Survive its Crisis – if its Euro Partners Play Their Part», The Guardian/The Observer, 1 de abril de 2012.

—, «Derrotar al miedo mismo», El País, 29 de abril de 2012.

—, «¿Qué tipo de rescate para España?», El País, 20 de mayo de 2012.

—, «El declive de la marca España», El País, 1 de julio de 2012.

—, «Renegociar el no rescate», El País, 14 de junio de 2012.

GARICANO, Luis y LASTRA, Rosa, «Towards a New Architecture for Financial Stability: Seven Principles», Journal of International Economic Law, vol. 13, núm. 3, septiembre de 2010, pág. 597-623.

GARICANO, Luis y SANTOS, Tano, «Una propuesta para atajar la crisis: préstamos conjuntos sin unión fiscal», El País, 27 de septiembre de 2011.

GARICANO, Luis y STEINWENDER, Claudia, «Survive Another Day: Does Uncertain Financing Affect the Composition of Investment?», Centre for Economic Performance, núm. 1188, 2013.

JIMÉNEZ, Gabriel; ONGENA, Steven; PEYDRÓ, José Luis y SAURINA, Jesús, «Credit Supply and Monetary Policy: Identifying the Bank Balance-Sheet Channel with Loan Applications» American Economic Review, vol. 102, núm. 5, 2012 pág. 2301-26.

CONCLUSIONES Y EPÍLOGO

BELTRÁN, Alejandro y GARICANO, Luis, «Implementar las reformas estructurales», El País, 11 de diciembre de 2011.

CUÑAT, Vicente y GARICANO, Luis, «¿Para cuándo la reestructuración del sistema financiero español?», El País, 13 de septiembre de 2009.

FELGUEROSO, Florentino y GARICANO, Luis, «Prioridad: los jóvenes», El País, 20 de noviembre de 2011.

GARICANO, Luis, «La Noche de los Tiempos: una frágil existencia como sociedad», El Mundo, 10 de enero de 2010.

—, «Carta abierta al presidente Zapatero», Expansión, 4 de abril de 2010.

—, «¿Un nuevo comienzo?», Expansión, 12 de mayo de 2010.

—, «Legitimidad y reformas», ABC, julio de 2011.

—, «¿Servirán las reformas estructurales para reactivar la economía?,» El País, 30 de octubre de 2011.

—, «La actitud del Banco Central Europeo: dos hipótesis», El País, 20 de noviembre de 2011.

—, «Balón de oxígeno», El País, 31 de diciembre de 2011.

GARICANO, Luis; FERNÁNDEZ-VILLAVERDE, Jesús y SANTOS, Tano, «Recuperar la credibilidad», El País, 2 de febrero de 2010.

GARICANO, Luis y MOLINAS, César, «Mañana es hoy», El País, 13 de junio de 2010.

NOTAS

[1] En particular, una mejora en el informe PISA, el test que evalúa el rendimiento de los estudiantes de diversos países, se asocia con un incremento de la tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita de un país ¡de dos puntos porcentuales!

[2] Todas las referencias utilizadas y citadas se pueden encontrar al final de este libro.

[3] Esta sección debe mucho a varias conversaciones con Jesús Fernández-Villaverde.

[4] César Molinas, Qué hacer con España, Destino, Barcelona, 2013, p. 178.

[5] José María Pérez Gómez, «El contrato único y la causalidad del despido», en el blog ¿Hay Derecho?, 9 de febrero de 2012 (http://hayderecho.com/2012/02/09/el-contrato-unico-de-trabajo-y-la-causalidad-del-despido).

[6] Véase el artículo de Bruce Crumley, «Sarkozy Moves to Boost His Salary», Time, 31 de octubre de 2007.

[7] Para el estudio de Brasil véase Ferraz y Finan (2009) y para el de Italia, Gagliarducci y Nannicini (2011). El experimento de México se analiza en el trabajo de Dal Bo, Finan y Rossi (2013).

[8] Para un análisis académico de este problema, véase mi artículo con Jesús Fernández-Villaverde y Tano Santos «Political Credit Cycles: The Case of the Euro Zone» en el Journal of Economic Perspectives de agosto de 2013 (http://economics.sas.upenn.edu/~jesusfv/Political_Credit_Cycles.pdf).

[9] La intervención del sector público en el mercado de capitales no es un problema único de nuestro país. Léase, por ejemplo, el libro de R. Rajan Fault Lines (2010), en el que se plantea una tesis sobre la conexión entre este tipo de intervención y la burbuja crediticia estadounidense.

[10] Basado en el artículo «Educación: cambiarlo todo para que todo siga igual», escrito en colaboración con Jesús Fernández-Villaverde y publicado en El País el 7 de julio de 2013.

[11] Esta sección se apoya en «Un pacto frente a lo desconocido», escrito junto con Jesús Fernández-Villaverde y publicado en El País el 11 de octubre de 2012.

[12] «Survive another day: Does uncertain financing affect the composition of investment?» (2013), Center for Economic Performance, Londres, London School of Economics.

[13] Esta sección se apoya en el documento del INET Euro-Council on the Economic Crisis «Breaking the Deadlock: A Path Out of the Crisis» fechado el 23 de julio 2012, del que fui corredactor junto con Jeromin Zettelmeyer y que firmaron un grupo de 17 economistas europeos.

[14] Esta frase está inspirada en una campaña real que tuvo lugar en Venezuela: «El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) inició este martes un plan de fiscalización en toda Venezuela, que incluye a 200 fiscales del organismo, en conjunto con el pueblo organizado, para verificar la venta a los ciudadanos y ciudadanas de los productos a precios justos y regulados». Disponible online en: http://www.librered.net/?p=27722

ALGUNAS RAZONES

PARA ESCRIBIR UN LIBRO

¿Por qué tiene usted este libro entre las manos, lector? Quizá le haya sorprendido el título, que es una expresión común que usamos los españoles cuando pensamos que se ha cometido una injusticia. Y quizá lee ahora este prólogo porque tiene usted la sensación, difusa o clara, de que nos encontramos en una situación colectiva de falta de justicia, de falta de igualdad, de recortes de derechos. También es posible que conozca usted el blog ¿Hay derecho?,* que es el fogón en el que se han cocinado estas páginas.

En cualquier caso, le recomendamos que siga leyendo. Si conoce el blog, encontrará en el libro las mismas inquietudes y preocupaciones que justificaron su creación, a finales de 2010. Son las que teníamos un grupo de amigos juristas —una abogada del Estado, Elisa de la Nuez, y cuatro notarios: Rodrigo Tena, Ignacio Gomá, Fernando Gomá y Fernando Rodríguez Prieto— que pensábamos que las reglas en las que nos habíamos educado como juristas y como ciudadanos, y que creíamos fundamento de nuestra convivencia, se estaban desmoronando.

La forma para encauzar esta inquietud, con muchas ganas, poco tiempo y menos medios, fue aprovechar las nuevas formas de comunicación —un blog en nuestro caso— para dar la voz de alarma sobre este estado de cosas y combatirlo con un arma decisiva: la información veraz y especializada y la opinión independiente y neutral, pues no dependíamos ni dependemos de nadie. Los artículos los escribimos no solamente nosotros, sino también otras personas expertas en cada materia, a las que les pedimos su colaboración desinteresada por compromiso cívico.

Eso sí, el hilo conductor es siempre la defensa del Estado de derecho. Pensamos que su debilidad en España es la clave de muchos de los despropósitos que están ocurriendo en los últimos tiempos, como el olvido —deliberado— del principio fundamental de que el derecho ha de regir los procedimientos y las actuaciones no sólo del ciudadano normal sino también de los poderosos, y, sobre todo, del poder por antonomasia, que es el del Estado (o el del miniestado autonómico). La degradación del Estado de derecho conduce a la injusticia y a la desigualdad, y con el tiempo llegará, si no es que ha llegado ya, la pobreza y la desprotección de los más débiles.

Si no conoce usted el blog no se preocupe, porque este libro pretende ser el relato de todo lo que hemos aprendido al ir escribiendo nuestros artículos en aquél y de lo mucho que nos han enseñado nuestros colaboradores, a los que desde aquí queremos agradecerles de corazón su entrega al proyecto a cambio nada más que de la satisfacción de haber contribuido a una buena causa y del agradecimiento de sus muchos lectores.

A lo largo de estos últimos tres años, los cinco editores del blog y autores de este libro hemos incrementado nuestros conocimientos en muchas materias jurídicas y políticas, pero sobre todo hemos experimentado un proceso de concienciación que nos ha permitido construir este relato que ahora les ofrecemos. Nos hemos dado cuenta de que las cuestiones y ejemplos que hemos tratado en el blog —de las que en el libro encontrarán una amplia muestra— podían no ser muy graves, pero que si las examinábamos de forma conjunta y sistemática respondían a cierto patrón muy preocupante.

Del mismo modo, si usted se anima a leer este libro, tomará también conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país. Leerá muchas cosas que ya sabía, pero que quizá había olvidado, y otras que es posible que no conociera. La politización de tribunales y agencias independientes, la corrupción sistémica, el agravio comparativo, el trato de favor a los poderosos, la amenaza de secesión territorial, el declive de la Administración profesional y tantos otros problemas están ahí delante para el que los quiera ver. Nuestra democracia y nuestro Estado de derecho —no puede existir la una sin el otro— han devenido en un Estado de partidos por diversas razones políticas e históricas que intentaremos explicar. Tampoco podemos olvidarnos de la falta de educación cívica, de la falta de respeto a las normas jurídicas y de la ausencia de principios éticos sólidos, sin los que es difícil que un sistema de convivencia funcione.

El patrón que resulta al examinar el tapiz en profundidad es el del desmantelamiento del Estado de derecho en España, tan trabajosamente construido por las generaciones anteriores y que es nuestro deber conservar y trasmitir a las siguientes. Pero no vaya usted a creer que este libro es un trabajo pensado exclusivamente por y para juristas. No lo es. Es un libro de ciudadanos comprometidos, escrito en un estilo que queremos divulgativo, dirigido a ciudadanos preocupados y comprometidos. El derecho no es una cuestión de juristas, pues los derechos pertenecen a los ciudadanos, y si el Estado de derecho se debilita, o incluso desaparece, los derechos individuales mueren con él. Esto es lo que pretende reflejar el título de este libro. Porque lo que está pasando en España es un problema institucional y jurídico-político, pero también un problema individual, de cada uno de nosotros, y de la sociedad civil en su conjunto.

Y del mismo modo que nosotros individualmente o como sociedad tenemos nuestra parte de culpa en esta historia, debemos ser conscientes de que también podemos ser parte de la solución. Se pueden cambiar las cosas, y para ello es fundamental entender qué está sucediendo y luego pasar a la acción. Hay muchas posibilidades, desde fundar un nuevo partido hasta reclamar nuestros derechos cuando estos sean conculcados. Nuestra manera de actuar desde el blog ha sido y sigue siendo denunciar cada día lo que nos parece injusto o contrario al Estado de derecho.

Para firmar este libro de forma conjunta hemos elegido el pseudónimo del bachiller Sansón Carrasco, el amigo de don Quijote del que Cervantes dice: «Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilento, pero de muy buen entendimiento; tendría hasta veinte y cuatro años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a don Quijote […].» En esa gran obra de la literatura española Sansón Carrasco se disfraza de caballero andante para llevar a don Quijote de vuelta a casa, vencido con sus propias armas.

Y justamente eso pretendemos nosotros: colaborar a devolver el derecho a su sitio usando las armas del Estado. Éstas son las razones para escribir este libro. Esperamos que sean suficientes para que usted decida leerlo.

INTRODUCCIÓN

POR QUÉ NO HAY DEMOCRACIA POSIBLE

SIN ESTADO DE DERECHO

LAS FORMAS SON EL FONDO

Imagínese que una mañana cualquiera, al salir en dirección al trabajo, se topa con los guardaespaldas del influyente vecino del quinto. Después de cruzar con usted algunas palabras desagradables, le propinan una soberana paliza y le desvalijan. Acude inmediatamente a la policía pero, lejos de ayudarle, los agentes terminan el trabajo que los guardaespaldas habían comenzado, y le roban por segunda vez. Desesperado, solicita auxilio judicial, aunque con ello no hace más que poner en marcha un largo procedimiento en el que, no se sabe muy bien cómo, termina figurando como el principal sospechoso. Imagíneselo, no es difícil; grandes artistas lo han hecho ya. Sin ir más lejos, Charles Chaplin en El gran dictador y Franz Kafka en El proceso.

Pues bien, si reflexionamos un poco sobre esa situación, observaremos que su esencia —lo que llama inmediatamente la atención y se convierte en un recurso cómico en el caso de Chaplin y angustioso en el de Kafka— no es tanto la injusticia de fondo como la sorpresa en la forma. La vida está llena de injusticias y muchas son inevitables. Pero cuando acudimos a la policía y ésta se pone de parte de los delincuentes, o pedimos amparo a los jueces y la víctima termina acusada, se nos olvida el fondo material del asunto y súbitamente la forma, desquiciada, invertida, adulterada, adquiere un protagonismo fundamental: el mundo está del revés, los procedimientos previstos no se respetan, el orden natural de las cosas, ese que aspira a representar el régimen democrático, se ha dislocado.

Muchas veces se nos olvida, sobre todo en España, que la democracia no es una simple cuestión de elegir entre determinadas políticas públicas, unas más «progresistas» y otras más «conservadoras». Y lo cierto es que, al perdonar electoralmente a nuestros gobernantes tantas infracciones normativas como acostumbran a cometer a cambio de una, en apariencia, mejor gestión política, contribuimos de manera decisiva a desbaratar el Estado de derecho y de paso nuestro sistema democrático. Lo hacemos, sin duda, de manera casi inconsciente, con efectos inmediatos apenas perceptibles, pero de esta forma nos arriesgamos a despertar un buen día, como en la comedia de Chaplin, en un mundo que ya no reconocemos y en el que ha quedado adulterado el proceso formal de toma de decisiones. Y si ese preciso día son nuestros intereses los que están en juego, entonces nos preguntaremos cómo hemos llegado hasta aquí.

La democracia no es, efectivamente, una mera cuestión de elegir entre distintos resultados más o menos apetecibles. Al menos no a corto plazo. De hecho, ha habido algunas democracias que sólo han ofrecido a sus ciudadanos sangre, sudor y lágrimas, y en donde las perspectivas, valoradas al menos en términos de bienestar material, no podían ser menos halagüeñas. Su esencia, por el contrario, descansa en el proceso formal de Gobierno y de toma de decisiones, en cuanto garantiza la participación, directa o indirecta, de los gobernados, pero también el respeto de sus derechos individuales. Sin sujetarse a las normas que regulan ese proceso ni está garantizado que la participación sea verdaderamente abierta y pública ni la integridad de los derechos.

LA FORMA QUE IMPLICA EL ESTADO DE DERECHO COMO GARANTÍA DE QUE VIVIMOS EFECTIVAMENTE EN UNA DEMOCRACIA

No debemos menospreciar la importancia de la forma cuando del Estado de derecho se trata. Por el contrario, que los que ostentan el poder guarden las formas, va más allá de un mero comportamiento educado. Se trata de algo que no es accidental, sino sustancial. La forma constituye una garantía fundamental para la democracia, y ello en un doble sentido.

En primer lugar es una garantía de que la actuación política de nuestros representantes está amparada por una legitimidad genuinamente democrática; en una palabra: que lo que parece ser una democracia es realmente una democracia, y que las cosas son lo que dicen que son. Si un texto en el que se establecieran una serie de derechos y obligaciones se autodenominara «ley», ergo hubiera sido escrito por un grupo de, pongamos por caso, ilustres juristas con carácter particular, por mucho que el texto diga que es una ley, nadie la calificaría de tal. ¿Y eso, por qué? Pues por la razón de que no se han guardado las formas a la hora de redactar y aprobar ese texto. Y es que al margen de las normas, es decir, al margen de las formas, no se pueden aprobar leyes ni, por ejemplo, convocar referéndums, por mucha sensibilidad social que haya, y aunque se alegue que «el pueblo es un clamor» o que esta o aquella norma ha sido superada por la «realidad social».

Por supuesto que las normas no son eternas. Si esas normas procedimentales o de salvaguardia no nos satisfacen, lo procedente es cambiarlas, pero no prescindir de ellas por la puerta de atrás, por la vía de hecho, como es tan frecuente en España. Esta actitud no es una mera cuestión de protocolo o de respeto reverencial por el legislador del pasado. Es, por el contrario, una garantía mínima y elemental para constatar que seguimos actuando dentro de un régimen democrático. Lo contrario es abrir la puerta a un régimen diferente (ya sea plebiscitario u oligárquico), donde probablemente reinarán la arbitrariedad, la demagogia y las decisiones oportunistas. Ha sido precisamente la experiencia histórica de estas derivas la que ha llevado a las sociedades libres a reconocer únicamente como democráticos a los Estados que actúen de conformidad con ciertas reglas: las que regulan la forma de adopción de decisiones, sujetándola a ciertas garantías, y protegen determinados derechos, llamados, por eso mismo, fundamentales.

Una vez conscientes de que sólo respetando las normas tenemos la garantía de vivir en una auténtica democracia es cuando, pertrechados ya con la idea de que el fin no puede justificar los medios, podemos empezar a preocuparnos por los resultados. Pero las reglas deben ser las mismas para todos.

QUE EL PODER GUARDE LAS FORMAS ES UNA GARANTÍA PARA TODOS

Pero es que, además, no cabe desconocer que ese proceso formal constituye también una garantía fundamental en otro sentido, en cuanto que crea el ámbito idóneo para el desarrollo de la libertad y de la prosperidad de los ciudadanos. Si es usted optimista —y cualquier lector de este libro debería serlo, al menos un poco—, admitirá que allí donde los ciudadanos participan en la toma de decisiones, tras un debate abierto y libre, allí donde la iniciativa individual es reconocida sin interferencias injustificadas, allí donde se trata de manera idéntica a los iguales, el espíritu humano ha demostrado ser capaz de alcanzar cotas más altas de paz y de prosperidad. En cambio, cuando el caparazón formal se debilita, cuando ese conjunto de normas que definen el régimen democrático, que hemos convenido en llamar Estado de derecho, no es respetado, aparecen la inseguridad y su hermana gemela, la injusticia. Los economistas, utilizando una expresión más científica, las llaman «ineficiencias», pero, en cualquier caso, lo que resulta muy curioso es que, cuando la balanza de la justicia se estropea, la pluma, sorprendentemente, siempre parece pesar más que el plomo. En ese momento la balanza no acierta ni por casualidad.

La explicación es sencilla, y con ella nos acercamos al núcleo fundamental de por qué sin Estado de derecho no hay democracia posible. Simplemente, porque dejamos el campo abierto al tiránico padre de esas destructivas hermanas gemelas: el poder. El poder desnudo, arbitrario, el poder a sus anchas. El poder democrático es siempre, por definición, un poder limitado por normas. Cuando los guardaespaldas me golpean impunemente y no obtengo tutela ni de la policía ni de los jueces, no es casualidad que su jefe —ese vecino del quinto del que hablábamos antes— sea siempre un hombre poderoso. Su reino es el de la arbitrariedad, el del capricho momentáneo, presidido por su solo interés, lo que implica que nunca sabré lo que me espera cada mañana, y que si lo que me espera es malo no podré ni evitarlo ni denunciarlo.

La idea de que todo poder dentro de un Estado democrático debe estar limitado por normas jurídicas es una de las conquistas esenciales del Estado moderno, que alcanza tanto a la esfera privada como a la pública, tanto al poder ejecutivo, como al legislativo y al judicial. Controlar los poderes fácticos privados es fundamental, pero si en la práctica resulta imposible o muy difícil es que algo muy grave está ocurriendo con el poder público. Habrá sido capturado a su vez por agentes privados, por complicidad o incompetencia, o por los dos motivos, y estará actuando al servicio de dichos intereses. Por eso mismo, resolver el problema del control del poder en una sociedad pasa necesariamente por resolverlo primero en el ámbito del Estado. Un poder descontrolado es un poder no democrático. Un Estado de derecho implica la existencia de poderes limitados por otros poderes, y todos ellos por las normas que los regulan. Y en esa limitación se encuentra su verdadera grandeza.

EL PODER INCONTROLADO ES SIEMPRE «EXTRACTIVO»

Somos humanos, y las estructuras que creamos están también sujetas a los mismos vicios y virtudes que nosotros poseemos. Al igual que ocurre con el resto de ciudadanos, los gobernantes no son seres angelicales dispuestos a sacrificarse generosamente por el interés público sin contraprestación alguna. Y tampoco el Estado es una máquina impersonal inmune a apetitos y tentaciones, sino una organización dirigida por seres humanos de carne y hueso. Cuando un gobernante de un Estado democrático prescinde de las formas o procedimientos establecidos violando las normas, no suele tener como principal objetivo el interés público. Otro tema es que identifique sus propios intereses con los generales, a veces hasta con buena conciencia, pero sabrá colocar siempre aquéllos en primer lugar. Quizá fuese para conjurar este riesgo por lo que JonathanSwift, en sus famosos Viajes de Gulliver, proponía que los legisladores, después de haber dado su opinión y argumentado su defensa, fuesen obligados a votar exactamente en contra de lo dicho, «porque, si esto se hiciera, el resultado conduciría infaliblemente al bien público». Puede que tal riesgo sea inevitable en una democracia, pero no cabe duda de que, situado al margen del control que imponen las normas, resulta mucho más peligroso.

La política es una profesión como cualquier otra, sujeta a su propio régimen de incentivos; en este caso, y al margen del inevitable dinero, el determinado por la adquisición y conservación del poder. Pues bien, casi en cualquier sistema, pero sobre todo en uno tan ferozmente partitocrático como el nuestro, en el que las cúpulas de los principales partidos ejercen un poder de vida o muerte (política) sobre el resto de la organización, la fidelidad a la dirección se convierte en el incentivo por antonomasia, muy por encima de los vinculados a la defensa de los intereses generales, que sólo se atienden de manera indirecta una vez traducidos al correspondiente lenguaje partitocrático. Al dirigente de turno se le debe lealtad, medida ésta en tiempo y en espacio, mucho antes que a los electores, lo que produce ese espectáculo asombroso, pese a que estemos ya tan acostumbrados a contemplarlo, de ver como un partido sigue en bloque a un líder que únicamente persigue su conveniencia particular, a costa incluso de los intereses a largo plazo de ese partido y, obviamente, de los de la nación.

Por eso, el que el político profesional esté acostumbrado a anteponer los intereses de su propia organización, o incluso los de su colectivo o «profesión», a los generales, explica por qué la falta de respeto por las normas y procedimientos produce efectos tan dañinos para los intereses generales. Si los políticos fuesen ángeles o sus incentivos perfectos, quizá no fuese necesario ningún tipo de regulación, pero desgraciadamente la realidad está muy alejada de todo eso. Las normas constitucionales que delimitan competencias o tratan de preservar la independencia de ciertas instituciones, las leyes que exigen el cumplimiento de determinados requisitos objetivos para realizar ciertas designaciones, o las disposiciones administrativas que regulan los concursos públicos, todas ellas pretenden en el fondo lo mismo: garantizar que la correspondiente toma de decisiones (por el legislador, la Administración o la institución de turno) tenga como principal finalidad el bien común. Consciente de que el Gobierno democrático es un Gobierno de personas normales y corrientes, y no de santos o sabios, el sistema normativo establece los medios necesarios para que ese bien común no sea usurpado por los intereses de una facción frente a los de todos. Una facción que ni siquiera es la que corresponde a la mayoría social de donde esa élite obtiene su apoyo, lo que tampoco estaría justificado, sino que es exclusivamente la propia élite, a la que por esa razón se denomina, siguiendo una terminología hoy en boga, «extractiva». Por esa razón la falta de respeto por las normas es el principal síntoma por el que podemos concluir que en una determinada comunidad política se están traicionando los fines que el sistema democrático pretende garantizar.

Es precisamente en este punto donde el poder suele encontrarse con uno de sus aliados favoritos: el dinero. Se nos ha querido vender la adulteración del sistema de división de poderes, la colonización por parte de los partidos de todos los resortes del poder social, la desactivación de los órganos judiciales superiores y, también, de los organismos reguladores y de control como un asunto meramente político o ideológico, que oscila al ritmo de los cambios electorales, hoy azul y mañana rojo, cuando en realidad oculta intereses económicos de lo más pedestres. «Montesquieu está muerto», afirmó Alfonso Guerra, defendiendo así una visión de la democracia más roussoniana que liberal, en la que las mayorías sociales estarían llamadas a adquirir una clara preeminencia histórica frente a las sospechosas libertades individuales. Sí, todo muy elevado y todo muy filosófico, pero al final no han sido esas mayorías las que se han llevado el gato al agua, sino que han sido más bien sus élites las que nos han dado gato por liebre. También, por supuesto, las élites que afirmaban defender esas libertades individuales, porque a la hora de «extraer» y colonizar apenas ha habido diferencias entre los distintos colores, como a lo largo de este libro demostraremos cumplidamente. Desde la financiación irregular de los partidos hasta la gestión de los asuntos públicos en propio interés, pasando por la ocupación de todos los resortes de poder, todo obedece a la misma lógica.

La colocación de los leales en las instituciones supuestamente independientes tiene, de esta manera y al margen de todo tipo de retórica, una doble lectura muy clara. No sólo blinda el libre ejercicio del poder que debería estar acotado, preservando la continuidad del propio mecanismo extractivo sin que nadie tenga la capacidad de salirle al paso, sino que constituye un merecido premio a la fidelidad, que por un lado recompensa los servicios prestados y, por otro, advierte a los meritorios todavía a la espera de que la obediencia, el silencio y la paciencia, genuinas virtudes monacales, pueden tener también su gratificación en este mundo.

INCOMPETENCIA Y CORRUPCIÓN

Si sólo se tratase de nuestras élites políticas el problema ya sería grave, pero es que, desgraciadamente, las élites políticas nunca «extraen» solas, sino que para ello necesitan del concurso de otras élites sociales y económicas que, a su vez, reclaman su porción correspondiente. La explicación es doble, y cabe resumirla en dos palabras: incompetencia y corrupción.

Por lo que se refiere a la incompetencia, la contratación o los nombramientos para cargos relevantes, institucionales o no, realizados en función de afinidades personales o como consecuencia de pagos políticos —más que por razones estrictamente técnicas o profesionales—, tienen el evidente coste económico derivado de una deficiente gestión, pero a veces se olvida que también constituyen una magnífica oportunidad de influencia bajo cuerda en beneficio de los actores sociales más próximos y activos. La falta de criterio técnico, por muy buena disposición que tenga el político de turno, nunca suele beneficiar a los intereses generales. Los sectores regulados, tan abundantes en nuestro país, requieren conocimientos muy complejos que no pueden adquirirse sobre la marcha, al margen de que hacerse un máster con cargo al erario es ya de por sí algo impresentable. De cualquier modo, mientras el político, en el mejor de los casos, estudia para ponerse al día, los regulados aprovechan para trabajar en lo suyo.

Pero, además, no cabe desconocer que el poder a sus anchas es la principal fuente de corrupción, una de nuestras mayores preocupaciones como sociedad en este momento. El fenómeno de la corrupción no es simplemente un problema práctico generador de ineficiencias económicas, sino que apunta a la línea de flotación del sistema democrático. Junto al supuesto patológico —aunque desgraciadamente muy extendido— de la corrupción pura y dura, cuyos casos pueblan desde hace años las portadas de nuestros diarios, existe otra corrupción menos aparente y sin embargo políticamente mucho más peligrosa. Se manifiesta en la íntima connivencia entre el poder de los partidos y el poder económico.

Una de las características del poder no sujeto a control es, como en el caso de los gases, su natural tendencia a expandirse. La forma en que tal expansión se manifiesta en el ámbito económico es a través de la arbitrariedad y el favor, como ocurría en las antiguas cortes medievales y renacentistas. Cuando el poder regulador actúa a través de normas fijas y guiado por criterios objetivos, los sujetos económicos saben que para maximizar sus beneficios no tienen más remedio que sujetarse a la regla general de la eficiencia: presentar la mejor oferta. Pero cuando el poder se encuentra liberado de dichas constricciones y puede actuar con un gran margen de discrecionalidad, entonces cuanto más influyente sea el actor económico, más puertas se le abrirán al margen de aquella regla. El problema es especialmente grave cuando, como ocurre en el caso español, las empresas con mayor poder de persuasión actúan en el ámbito de los sectores regulados, lo que implica que la vinculación entre sus resultados económicos y la producción normativa del Estado sea especialmente íntima, y son muchas las bicocas que el Estado puede atribuir a determinadas empresas. Precisamente, esta vinculación es la principal causa generadora de ese fenómeno tan particular de nuestro país, el del capitalismo «castizo» o «de amiguetes», que analizaremos con detalle.

Este fenómeno, además, es el que explica la frecuencia y la intensidad en España de las llamadas revolving doors, o puertas giratorias. Porque, como resulta natural dada nuestra frágil condición humana, la arbitrariedad se ejercita siempre a cambio de algo, máxime en un país como el nuestro, que paga muy mal a sus políticos en términos relativos, al menos por la vía ortodoxa, que debería ser también la única. De ahí la frecuencia, y también la desvergüenza —sin que las normas vigentes que teóricamente lo impiden sean nunca un obstáculo— con la que políticos que han ejercitado importantes responsabilidades en ciertos sectores aceptan, una vez cesados, puestos directivos relevantes en las mismas empresas privadas que actúan en dichos ámbitos, o los aceptan familiares muy próximos de políticos todavía en el cargo. Esas contrataciones no sólo constituyen una remuneración por los servicios prestados, sino, especialmente, una promesa de remuneración a los políticos todavía en activo por los favores presentes y futuros, pues así comprueban que la gran empresa sabe recompensar al que los hace.

Pero si este fenómeno, que podemos encuadrar en el ámbito de la corrupción entendida en el sentido de falta de neutralidad y mal gobierno, resulta tan peligroso para el sistema democrático, no es sólo por el nepotismo y el compadreo que necesariamente implica, ya bastante impresentable de por sí, sino, sobre todo, por lo que supone de captura de los intereses públicos por los privados. Esa captura implica en ocasiones la puesta a disposición de los instrumentos del Estado en beneficio de particulares muy influyentes para la consecución de sus propios fines. En otros casos implica la abstención y la no intervención en defensa del interés público, dejando las manos libres al poderoso para que pueda imponer su ley particular por la vía de hecho. Pero en todo caso, ya sea por acción o por omisión, el Estado se convierte en cómplice de los poderes fácticos y económicos (sí, otra vez el vecino del quinto), renunciando a la defensa de los intereses generales en su beneficio. Sin embargo, conviene recordarlo, es la defensa de los intereses generales el pilar último donde el Estado encuentra su legitimidad como poder democrático.

NO HAY ESTADO DE DERECHO SIN IGUALDAD ANTE LA LEY

La democracia es una forma de organización política que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad, al «pueblo». Pero no a una parte de la sociedad frente a otra, ni siquiera a la mayoría frente a la minoría: esa titularidad corresponde a todos los ciudadanos. Nada lo expresa mejor que el principio de igualdad ante la ley. Las normas, a través de los correspondientes procedimientos, pueden ser elaboradas por una determinada mayoría, pero se aplican a todos por igual. Lo que en ningún caso admiten una democracia o un Estado de derecho es que existan leyes más flexibles para unos que para otros, ya sea porque se promulguen con carácter singular en beneficio de unos pocos —como ocurre con las puntuales modificaciones de la legislación societaria para beneficiar coyunturalmente a los amigos— o porque, siendo generales, se apliquen de manera diferente, como resulta tan frecuente en el ámbito fiscal o, sobre todo, en el penal, con los políticos y los poderosos, ya sea vía amnistías fiscales, aforamientos o indultos. Tampoco es compatible con una hiperinflación legislativa generadora de normas técnicamente deficientes que, al fomentar la inseguridad jurídica, favorecen siempre a los poderosos, que saben moverse entre la selva normativa, en detrimento de los débiles, que carecen de medios y de recursos para hacerlo.

Todos los que pretenden aprovecharse de esas deficiencias del sistema en su propio beneficio traicionan radicalmente los fundamentos del sistema democrático y del Estado de derecho. Como dijo Abraham Lincoln, los ciudadanos demócratas, de la misma manera que no queremos ser esclavos, tampoco queremos ser amos. Ésta es también nuestra idea de la democracia.

Claro que esta idea está lejos de ser todavía asumida en España. El natural turno rotatorio en el ejercicio del poder que implican las elecciones periódicas se entiende principalmente por nuestros partidos mayoritarios como una nueva oportunidad «extractiva» —una especie de «por fin nos toca a nosotros»— muy alejada de lo que debería constituir una verdadera práctica democrática. El que únicamente haya dos partidos con posibilidad real de gobernar a escala nacional no sólo ha incentivado esta tendencia sino que ha creado una complicidad interna muy evidente entre ellos (apoyados por los minoritarios de siempre) a la hora de defender los privilegios de la clase política, no sea que cuando llegue el correspondiente turno no haya nada que repartir.

Por esta razón siguen pendientes reformas fundamentales para revitalizar nuestra vida democrática sobre las que existe un amplio consenso fuera de la política profesional y respecto de las que se elude hasta el mismo debate, como ocurre con la reforma electoral, el «desaforamiento» de nuestra extensa casta política o la democratización interna y el control de la financiación de los partidos políticos. En otras ocasiones el debate suena a hueco o adulterado, como cuando versa sobre la eficacia e independencia de organismos reguladores —la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial—, que si algo han dejado claro estos años es precisamente su falta de eficacia e independencia.

Singularmente, el asalto al poder judicial realizado por nuestros partidos constituye una de las mayores amenazas que se ciernen en la actualidad sobre nuestro sistema democrático y nuestro Estado de derecho, dado que ese poder es el que debería constituir la principal línea de defensa del Estado de derecho. Sin jueces que apliquen las normas de manera imparcial y homogénea, o que las anulen cuando proceda, el principio de igualdad ante la ley no dejará de ser un mero argumento retórico sin virtualidad real alguna, como cuando el rey proclamó en su discurso de Nochebuena del año 2011 que «la justicia era igual para todos». Aquí se han puesto de acuerdo la incompetencia y la mala fe. La incompetencia ha afectado a la gestión del servicio público de la Administración de Justicia, y la mala fe al control del órgano de Gobierno de los jueces con el fin de vigilar los nombramientos en los Tribunales superiores, aquellos que deben lidiar con los casos políticamente sensibles y también con los imputados políticamente relevantes.

De la hipocresía al cinismo, y viceversa. Pero tan grave como lo que estamos contando es la desvergüenza con la que se actúa. Se promete en el programa electoral del partido del Gobierno defender la independencia de los órganos reguladores y reformar el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial con el fin de reforzar su autonomía respecto de los partidos, y cuando se ganan las elecciones no es que se dejen las cosas como están (como hizo el presidente Aznar en el año 1996): es que se hace justamente lo contrario, copando con gente del propio partido la dirección de los órganos reguladores y reformando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de reforzar todavía más su dependencia respecto de los partidos en general y respecto del partido del Gobierno en particular.

Esta desvergüenza no es meramente anecdótica, sino un síntoma de un mal mucho más profundo que afecta a toda la clase política española y que debería alertarnos sobre los graves peligros que acechan a nuestro sistema democrático y nuestro Estado de derecho. Ese mal es la certidumbre de la impunidad. La convicción de que, se haga lo que se haga, aquí nunca pasa nada, de que no existe una sanción efectiva por este tipo de comportamientos, ha generado un sutil cambio de actitud en nuestra clase política de efectos potencialmente devastadores: el que va de la hipocresía al cinismo.

La hipocresía es tolerable, porque, en definitiva, y como ya sabemos, consiste en el elogio que el vicio hace a la virtud. Una sociedad hipócrita es una sociedad que reconoce la existencia de ciertos valores y, por eso mismo, donde al menos existe una cierta capacidad de regeneración. Ha sido frecuente en España calificar a las sociedades anglosajonas, sobre todo a la estadounidense, como sociedades hipócritas, concretamente en materia de moralidad pública. Puede que sea sí, pero desde luego es una hipocresía que a nosotros nos vendría francamente bien. Por el contrario, el cinismo supone el reconocimiento a cara descubierta de la realidad de un poder libre de control efectivo y de sus naturales implicaciones. Sencillamente, porque cuando la desvergüenza es tan franca y la hoja de parra de la hipocresía ya no sirve para cubrirla púdicamente llega un momento en que es necesario reconocer lo evidente. Entonces es cuando se manifiesta ya públicamente que no se van a obedecer las sentencias que a uno le disgustan, que la Constitución no es de aplicación en ciertos lugares, que el bien de un pueblo está por encima de las normas o que a los políticos no les puede juzgar cualquier juez sino un tribunal especial y que, además, esto es verdaderamente democrático porque quien lo dice es el representante elegido del pueblo. Si nos fijamos bien, veremos que éste es el tipo de cosas que afirman líderes como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el de Rusia, Vladímir Putin o en Argentina los Kirchner.

Cuando el cinismo se instala definitivamente en una sociedad, y no estamos lejos de que eso ocurra en España, el Estado de derecho queda herido de muerte y la posibilidad de su reanimación es muy complicada. Para comprobarlo bastaría dirigir nuestra mirada a países muy próximos culturalmente hablando. Al igual que una democracia necesita de un Estado de derecho, este último necesita la convicción por parte de todo el cuerpo social no sólo de que el derecho es algo valioso, sino también de que es imperativo, es decir, exigible. Por el contrario, cuando predomina la creencia de que el poder político ha ganado la partida al derecho, entonces éste se deteriora en su conjunto —y no sólo en aquellas esferas que interesan a los partidos y a sus aliados económicos— y lo que ha empezado como una enfermedad vinculada al despotismo de una casta termina socavando todo el orden social y llevando a la ruina económica, política e institucional.

¿Dónde está el poder de las leyes?, se preguntaba Demóstenes. Y contestaba: en ti, si tú las apoyas y las haces poderosas cuando alguien necesite su ayuda.

NUESTRA (GRAN) RESPONSABILIDAD

Por eso no debemos autoengañarnos. Nosotros, los ciudadanos españoles, no somos únicamente los sufridores de este estado de cosas, sino también los principales cómplices. Si nuestra partitocracia —porque podemos llamarla así— se ha considerado y se considera impune es porque nosotros lo hemos permitido. Probablemente por falta de cultura cívica y democrática, aunque lo cierto es que nuestro conformismo y nuestra secular reticencia a percibir la democracia a través de la óptica del Estado de derecho, considerado como un proceso reglado de toma de decisiones al margen del cual no existe legitimidad alguna, nos ha llevado a vernos como simples sujetos pasivos consumidores de justicia y de derechos en vez de como ciudadanos activos, maduros y responsables. Hemos confiado en que el sistema democrático proveerá por sí solo, como si fuera una simple máquina que una vez puesta en marcha no puede detenerse, ignorando que toda democracia digna de ese nombre atribuye a sus ciudadanos una misión fundamental, que es la de vigilante activo del propio entramado institucional, del que todo depende.

Aunque la ignorancia no lo explica todo, porque también en este lado de la barrera el no querer saber o mirar para otro lado nos ha venido muy bien demasiadas veces. Si nuestra clase política demuestra tal capacidad de resistencia frente a los cambios es también porque ha sabido construir una red clientelar generadora de múltiples complicidades que ha penetrado profundamente en el cuerpo social. No sólo ha concertado un pacto de buena convivencia y no agresión con la gran empresa, más o menos regulada, sino que también lo ha hecho con los principales actores sociales, desde los grandes medios de comunicación hasta los sindicatos, pasando por amplias capas de nuestra sociedad. Entre ellas es necesario incluir, como no, a los profesionales del derecho, cuya colaboración, activa o pasiva —demasiados juristas complacientes—, en el desmantelamiento de nuestro Estado de derecho ha sido especialmente lamentable.

¿Es ya muy tarde? Probablemente todo dependa de si existe todavía un número suficiente de ciudadanos en España capaces de sancionar las infidelidades al Estado de derecho con independencia o incluso arriesgando sus propios intereses materiales a corto plazo, y capaces también de sacrificar su mayor o menor proximidad ideológica o sentimental con el partido que las cometa dejando de votarle. Tales reacciones hasta ahora no han sido muy frecuentes, pero, en cualquier caso, la posibilidad de que sucedan pasa necesariamente por tomar conciencia de la gravedad de la situación, de los ataques al Estado de derecho, muchas veces negados pese a su evidencia, de la manera en que se están desarrollando, de su autoría, de su complicidad y de su encubrimiento, y, por último, del inmenso coste que suponen para nuestro sistema democrático y del riesgo que entrañan para nuestro futuro como sociedad.

Ése es el modesto o ambicioso propósito de este libro, despertar las conciencias. Confiamos, quizás un poco ingenuamente, en que el lector interesado, tras la lectura de estas páginas, comprenda que por encima de otros muchos asuntos capaces de preocuparle y de movilizar su voto existe un asunto prioritario: el que versa sobre las reglas de nuestra convivencia democrática, garantía última de nuestra libertad y nuestra prosperidad. Estamos convencidos de que las futuras generaciones de españoles consideraran esta cuestión la verdadera piedra de toque de nuestra época, y nos valorarán en consecuencia. Porque, como con tanto acierto afirmó en su día el gran jurista Rudolph von Ihering, «la actitud de un hombre o de un pueblo en presencia de un atentado cometido contra su derecho es la piedra de toque más segura para juzgarle». De nosotros mismos, entonces, depende el veredicto.

1

¿QUÉ HA PASADO?

Imagínese ahora una nueva escena. Se encuentra sentado cómodamente en su butaca favorita leyendo este libro y, de improviso, escucha un enorme estruendo que proviene de la cocina. Se levanta de un salto, corre presuroso hacía allí y, tras abrir la puerta, descubre un panorama sorprendente: su pareja se encuentra sentada en el suelo mientras su hijo está de pie encima de la mesa. Todo está revuelto y hay un montón de cachivaches esparcidos por el suelo. Ahora piense un momento: después de comprobar rápidamente que su familia se encuentra bien, ¿qué frase es la primera que saldrá de su boca? Sin duda, la que da tributo a este capítulo.

Sí, efectivamente, todo el mundo dice lo mismo. Y si todo el mundo hace esa pregunta es porque, sin saber lo que ha pasado, es completamente imposible entender, y menos aún, arreglar nada. La realidad perceptible se convierte en un arcano frente al que, precisamente por eso, no podemos reaccionar de forma adecuada. Sin entender lo que ha pasado uno no sabe ni siquiera si hay que volver a colocar todos los cacharros en el armario, no sea que se vuelvan a caer.

Por eso es tan importante reflexionar sobre la historia reciente de nuestro sistema jurídico y político. Constatamos que nuestras instituciones fundamentales, las que en teoría deben garantizar el adecuado funcionamiento del Estado de derecho, están desbaratadas, descolocadas y funcionan rematadamente mal. Pero sin saber cómo han llegado a esa situación no seremos capaces de encontrar un remedio.

¿QUÉ ME PASA, DOCTOR?

No caigamos en visiones pesimistas de nuestra historia. No somos una anomalía en comparación con los países cercanos. En principio, hemos seguido, si bien con cierto retraso, una evolución muy semejante a la de nuestros vecinos europeos. El problema es que esta evolución, siendo relativamente normal y explicable desde el punto de vista histórico, ha terminado por conducirnos a una situación de bloqueo institucional que constituye una preocupante amenaza para el buen funcionamiento de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho.

Una característica singular del siglo XX europeo es que, en sus inicios, los sistemas jurídico-políticos no fueron diseñados para encauzar la lucha partidista cuando la ideologización extrema de la sociedad así lo exigía, lo que no hizo más que fomentar la inestabilidad crónica. Recordemos la vertiginosa sucesión de Gobiernos extremadamente radicalizados en la Europa de entreguerras —en Alemania, Italia, Francia y, por supuesto, en España—, que en la mayoría de los casos acabó con la misma democracia. Por el contrario, una vez reformados estos sistemas después de la Segunda Guerra Mundial, terminaron por bloquear la posibilidad de una sana contienda entre partidos, pese a que la desideologización de la sociedad la hubiera hecho muy conveniente.

Es comprensible que, tras esa guerra, que dio paso a la restauración de la democracia en la mayor parte de los países de Europa occidental, los sistemas político-constitucionales se diseñaran con la finalidad de amortiguar el debate político y fomentar al máximo la estabilidad y los acuerdos. Pero la ley del péndulo ya nos advierte de la dificultad de reaccionar con moderación frente a una experiencia tan terriblemente traumática, y el resultado final, en palabras de Karl Loewenstein, uno de los padres del constitucionalismo moderno, ha sido un parlamentarismo «castrado». Este jurista, al comentar la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, consideraba que por evitar el Escila de la inestabilidad gubernamental, el régimen de Bonn había caído en el Caribdis de un parlamentarismo «demoautoritario». No mucha mejor opinión le suscitaba el régimen jurídico-político de la V República francesa, que calificaba de «parlamentarismo frenado».

El problema no fue correctamente identificado en su momento porque los europeos no sólo estaban hartos de confrontaciones partidistas, sino que compartían de manera abrumadora el consenso sobre las líneas maestras de la política a seguir. Las dos grandes corrientes políticas, la socialdemocracia y la democracia cristiana europea, coincidían en su defensa del Estado de bienestar y en el alineamiento con Estados Unidos en plena guerra fría, dos prioridades fundamentales de los votantes europeos. A esos electores cualquier otra cosa les parecía secundaria, y su despreocupación, mayor en unos países que en otros, fue convenientemente aprovechada por los grandes aparatos de los partidos políticos, que se dedicaron a tejer una densa red clientelar en su propio beneficio. El resultado fue un reparto de áreas completas del poder público del que el Proporz austríaco y la Tangentopoli italiana fueron los ejemplos más conspicuos, pero de ninguna manera los únicos.

La evolución española ha sido semejante. También padecimos una Guerra Civil traumática, precedida por una experiencia política democrática extraordinariamente convulsa. Mucha gente se pregunta hoy, con razón, para qué sirve en la actualidad el senado, aparte de para proporcionar un retiro dorado a unos cuantos «elefantes» de los distintos partidos. Pero quizá sea interesante comprender que la ausencia de tal institución revisora y «ralentizadora» en la Segunda República Española dio lugar con posterioridad a un intenso debate entre los especialistas sobre la posible incidencia de su ausencia en la radicalización de las sucesivas mayorías coyunturales en el Congreso. Por esa razón se consideró conveniente su recuperación en la Constitución de 1978.

El vigente régimen electoral, tan injusto, tiene la misma explicación: se pretendía conseguir un Congreso con escasa fragmentación política en el que se primase extraordinariamente a los partidos mayoritarios, en favor de la estabilidad y la gobernabilidad. De ahí la fijación de la provincia como circunscripción electoral y el prorrateo desviado para la asignación de escaños. En definitiva, lo que los constitucionalistas españoles de 1978 tenían en la cabeza al redactar la Constitución no era tan distinto de lo que habían tenido sus homólogos europeos treinta años antes.

LAS CONSECUENCIAS DE LA TRANSICIÓN

Los ciudadanos españoles inauguramos el régimen democrático con un espíritu muy poco crítico. Lo importante era que, después de tantos años de dictadura, teníamos una democracia y podíamos votar cada cuatro años. Asistimos a la inicial construcción de nuestro actual sistema de partidos con su ambiciosa vocación colonizadora y a la extensión de su red de influencias con total indiferencia. Es más, aquél que pronunciase la palabra «partitocracia» en aquellos años ilusionantes era considerado como sospechoso y desafecto al nuevo régimen democrático, casi nostálgico de sistemas «orgánicos». La identificación entre «partido político» y «democracia» era total.

También mostramos desde el principio una clara predisposición a primar la estabilidad sobre cualquier otra alternativa. Al fin y al cabo, después de casi cuarenta años de régimen autoritario todavía estaba por probar nuestra idoneidad para convivir democráticamente. Además, desde los extremos del espectro político se nos recordaba nuestra congénita incapacidad para conseguirlo. Y como si las advertencias verbales no fueran suficientes, no faltaron quienes subrayaron sus argumentos con la violencia terrorista y el asesinato, olvidando que, con ello, lo que demostraban por encima de cualquier otra cosa era su propia incapacidad democrática, y no la nuestra.

En este contexto, no resulta sorprendente que la principal prioridad del electorado consistiese en fortalecer a los partidos del centro del espectro, siempre que lo mereciesen, claro, porque la desunión interna se consideraba síntoma de debilidad e implicaba una amenaza de inestabilidad que los españoles penalizaban. El ejemplo de lo que ocurrió con la Unión de Centro Democrático (UCD) es muy significativo. Sin incurrir en grandes escándalos ni destacables casos de corrupción, la virtual desaparición de un partido en el Gobierno en unas únicas elecciones generales constituye un fenómeno verdaderamente singular. Pero no hay que olvidar que esas elecciones se celebraron poco tiempo después de un intento de golpe de Estado, el del 23-F, que el electorado interpretó que había sido propiciado por la propia debilidad interna del partido gobernante.

El cataclismo de la UCD enseñó a los partidos políticos españoles una lección entonces muy evidente: la supervivencia pasaba por consolidar un poder interno monolítico. El que se movía no podía salir en la foto, entre otras causas porque si se movía mucha gente ya no habría foto donde salir. Cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logra su primera mayoría absoluta en las elecciones de 1982 se siente totalmente legitimado, sin encontrar apenas oposición relevante dentro o fuera del partido, para instaurar este nuevo «régimen», comenzando la sistemática ocupación de todas las instituciones y de todos los ámbitos de la sociedad, desde la judicatura a la universidad, pasando por la Administración, un proceso de colonización en el que ha sido sucedido exitosamente por el Partido Popular (PP).

No obstante, lo que ha hecho singular el caso español no es sólo el habernos subido con tanta ilusión al carro democrático treinta años más tarde que los demás, cuando los ciudadanos europeos ya eran conscientes de los defectos de sus respectivos sistemas y empezaban a reclamar reformas, sino también el que nuestro trauma colectivo no procediese de una guerra internacional, sino de una guerra civil. Cuando se emprende una reforma política a partir de una guerra internacional, siempre es posible construir un imaginario colectivo, un «nosotros» que llega a incluir al adversario político interno. Cuando se parte de una guerra civil, ese objetivo es mucho más complicado. Este factor es el que ha contribuido, más que cualquier otro, al especial carácter «inmutable» de nuestros partidos políticos de ámbito nacional.

En todas las democracias existe una tendencia a que los ciudadanos voten como lo hicieron sus padres, pero esa tendencia es mucho mayor en los países que han sufrido un trauma interno de las características de nuestra Guerra Civil. Razones familiares, psicológicas, religiosas o generacionales forman un conjunto de condicionantes que dificultan el natural trasvase de votos entre los partidos y, en consecuencia —y éste es el gran problema—, la imprescindible rendición de cuentas y exigencia de responsabilidades a sus dirigentes. El abuelo republicano o nacional ha pesado mucho, demasiado, en nuestro voto.

La filiación «sentimental» se convirtió así en una patente de corso para el correspondiente representante político, que contaba con un elevado suelo indestructible y con una gran parte de su electorado prácticamente cautivo. Los abusos, las corruptelas, las infidelidades al Estado de derecho se le perdonaban fácilmente. El problema es que, cuando el partido de turno comprobaba que sus excesos no eran sancionados por su propio electorado, no tenía ningún incentivo en corregirlos. El resultado final es que la mayor parte de los partidos políticos, cuando han ido disfrutando del poder nacional, autonómico o local, han incurrido en los mismos vicios, por lo que a la fidelidad inicial, basada en intereses compartidos de carácter esencialmente sentimental, se ha añadido un nuevo argumento no menos persuasivo y bastante cercano a la verdad: «Como todos son iguales, para eso sigo votando a los míos».

ESPAÑA INVERTEBRADA: ¡CAFÉ PARA TODOS!

A todo lo expuesto todavía hay que añadir otro importante elemento que contribuye a la singularidad española: el factor territorial. Circunstancias históricas muy ligadas a la ausencia de auténticas revoluciones liberales en nuestro país, a su complicada geografía y a su largo proceso de decadencia histórica han dado lugar a la existencia de una fuerte conciencia nacionalista en determinadas regiones que ha cristalizado en partidos políticos de ámbito autonómico. El ideario principal de esos partidos no coincidía ni coincide con el que ha sido tradicional en la política europea (liberal, democratacristiano, socialdemócrata…), que tiene, en el caso de que exista, un carácter completamente subordinado. Su ideario, fundamentalmente, consiste en la afirmación de la propia singularidad identitaria y la necesidad de la consiguiente construcción nacional.

En estos casos, el factor sentimental que explica la pétrea fidelidad del electorado español al partido de turno no sólo subsiste, sino que se intensifica, con el efecto añadido de que, a medida que la construcción nacional progresa, la fidelidad tiende a aumentar y no a disminuir, del mismo modo que aumenta la capacidad de sacrificio del velocista a escasos metros de la meta. El resultado, en cualquier caso, es el mismo: las infidelidades al Estado de derecho, el despilfarro, la corrupción y hasta la riqueza acumulada por la saga de los Pujol son siempre pecados veniales que admiten fácil absolución en aras de los intereses superiores de la construcción nacional. No es sorprendente, a la vista de la respuesta del electorado, que a estos partidos les preocupe tan poco lo primero y tanto lo segundo.

Pero lo peor de esta singularidad territorial es que ha contribuido como ningún otro factor a la disfuncionalidad de nuestro Estado. Al combinar una ley electoral que favorecía a los partidos mayoritarios de carácter estatal (PSOE y PP) con la existencia de partidos nacionalistas dominantes en sus circunscripciones provinciales cuya sola ambición era la construcción nacional en sus respectivos territorios, se produjo un resultado inesperado: los partidos bisagra que garantizaban Gobiernos estables no eran partidos minoritarios de carácter estatal —como los liberales o los verdes en Alemania—, sino partidos locales, a veces incluso minoritarios.

Esta circunstancia no sólo ha atribuido a partidos como Convergència i Unió (CiU) o el Partido Nacionalista Vasco (PNV) una preponderancia relativa exagerada en la política nacional, sino también dentro del ámbito autonómico, en el que se han convertido en una suerte de representantes «auténticos» de los intereses de esa comunidad. Poco importaba que otro grupo político tuviese más diputados por esas circunscripciones. Invariablemente, los diputados nacionalistas pasaban a denominarse en el Congreso el grupo «vasco» o «catalán», tomando la parte por el todo. Lo más preocupante, sin embargo, es que, con la finalidad de alcanzar el Gobierno, el partido nacional que no había obtenido mayoría absoluta (ya fuese el PSOE o el PP), y que necesitaba así el apoyo de esos partidos nacionalistas, estaba dispuesto a avanzar lo que fuese necesario en la «deconstrucción» de la organización territorial del Estado y en la paralela construcción nacional autonómica. A cambio del inmediato plato de lentejas, sacrificaba su primogenitura y sus propias posibilidades futuras de desarrollar políticas a nivel nacional en cada vez más sectores, colocándose el propio Estado a sí mismo una infinidad de barreras al ejercicio de su propia acción política.

El resultado tangible es la presente situación de total descoordinación e impotencia estatal, ya se trate de poner límite al déficit autonómico o de imponer el cumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia. Es el drama que se ha llegado a calificar de «Estado sin territorio». Y máxime cuando tampoco ha existido la voluntad política (lo que es normal, puesto que electoralmente hubiera sido suicida) de negar a una comunidad autónoma lo que reclamaba otra. Pretendiendo tratar a todas las comunidades autónomas de manera semejante, se ha terminado por tratar de manera desigual a los ciudadanos españoles en función de su lugar de residencia.

ES LA EDUCACIÓN (O LA FALTA DE ELLA)

Desengañémonos: nuestra singularidad no deriva de nuestra condición de católicos, latinos, mediterráneos o mestizos, ni tenemos que fustigarnos pensando, como el marqués de Bradomín, que los españoles somos feos, católicos y sentimentales. El problema que tenemos no está en nuestra religión, nuestra cultura, nuestra geografía, nuestra historia o nuestros genes. No es una condición del ser nacional que no ofrezca otra alternativa posible que negarnos a nosotros mismos. Aunque sí está en un elemento que tiene que ver con alguno de estos factores: el problema está en nuestra educación en general y en nuestra educación cívica en particular.

Es más, en cierto modo, el fracaso de la educación en España es en gran parte el resultado, y no sólo la causa, del deterioro de nuestro sistema político e institucional. Si el sistema no garantiza una educación de calidad, no es posible la aparición de élites capaces de dirigir, ni tampoco de masas ilustradas capaces de exigirles rendición de cuentas y responsabilidades. La educación, como la justicia, la seguridad pública o la sanidad, es un servicio público esencial cuya prestación con carácter gratuito y universal justifica la existencia misma del Estado. Y al igual que la anarquía, las guerras o las catástrofes naturales pueden acabar con un Estado, también pueden hacerlo la ignorancia y la falta de espíritu crítico de sus ciudadanos.

Podemos decir que nuestra singularidad arranca de haber iniciado nuestra aventura democrática más tarde que nuestros vecinos, pero aplicando recetas semejantes. Cuando, por la propia evolución de las cosas, ha llegado el momento de la reforma, como les llegó primero a ellos, nos estamos encontrando con más obstáculos y menos instrumentos a nuestra disposición. Nos hemos ocupado durante estos años de crear los primeros y eliminar los segundos con mayor constancia que cualquier otro país europeo.

LA REALIDAD Y EL DERECHO

En conclusión, son los factores históricos anteriormente descritos los que han motivado que nuestra partitocracia y la consiguiente disfuncionalidad de nuestras instituciones tengan un componente mucho más pétreo que los de nuestros vecinos. Hemos concedido licencia a los partidos para autorregularse como tuvieran por conveniente en aspectos tan sensibles para la democracia como su financiación y su democracia interna; les hemos permitido colonizar tranquilamente todos los sistemas de pesos y contrapesos, públicos y privados, sin imponerles apenas límites, y han aprovechado la oportunidad. Liberados de cualquier atadura, se han convertido —especialmente las cúpulas de esos partidos— en el poder por excelencia. Pero lo más curioso es que ese clímax se ha alcanzado en un momento en que la sociedad española está cambiando de manera notable, y en el que los factores que facilitaron este estado de cosas, o al menos algunos de ellos, están comenzando a desaparecer. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan que crece la desafección ciudadana hacia la clase política y que la fidelidad del electorado a los grandes partidos empieza a resquebrajarse.

En realidad, ese cambio sociológico y espiritual lleva produciéndose desde hace muchos años, pero la prosperidad económica de la primera década del siglo XXI —en gran parte ficticia, como estamos comprobando dolorosamente en la actualidad— lo había enmascarado. En esto tampoco somos muy diferentes de nuestros conciudadanos europeos. También ellos cerraron los ojos al clientelismo y la corrupción de sus sistemas políticos durante el boom económico de la posguerra, aunque con la diferencia de que ese boom era auténtico. Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que las penas con pan son menos. No sólo nuestros políticos no nos parecían tan malos, no sólo nuestras instituciones daban la impresión de funcionar más o menos bien, sino, incluso aunque algunos empezaran a ver las orejas al lobo, no parecía existir motivo suficiente para exigir cambios profundos. El sistema político podía ser más o menos deficiente pero, al fin y al cabo, «España iba bien».

Mientras tanto, durante todos estos años, como una corriente subterránea silenciosa pero potente, la sociedad española se ha ido transformando. La democracia se daba por descontada. El fantasma del golpismo pasó a ser una reliquia histórica. Los votantes jóvenes no habían nacido el 23-F. Los fenómenos terroristas habían desaparecido o estaban en trance de hacerlo. La revolución en la moral y en las costumbres había alcanzado cada vez más capas de la sociedad y empezaban a desconectarse de las correspondientes preferencias políticas: ya no había que ser votante socialista para defender el matrimonio homosexual, y a muchos votantes del PP ya no les preocupaba la regulación del aborto y preferían dejarlo estar. Aunque a los políticos profesionales de la Transición les costase entenderlo, a los nuevos españoles lo que les interesaba más era el correcto funcionamiento de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación o de la justicia, por encima de planteamientos sectarios.

Y entonces llegó la crisis. Poco a poco, los ciudadanos españoles hemos empezado a comprender que vivíamos bajo un sistema político e institucional que hace agua por todas partes. Que nuestros políticos son muy malos, mucho peores que los profesionales situados en otros puestos de responsabilidad similar en el ámbito privado; que su sistema de elección es perverso; que el clientelismo impide a las instituciones funcionar con imparcialidad y eficacia, y que todo esto se traduce en un sistema donde las normas no son iguales para todos, donde la injusticia, la corrupción y el chalaneo están a la orden del día y donde la prestación de los servicios públicos esenciales está en entredicho.

Comenzamos a entender, por fin, que la prosperidad no es un maná que caiga del cielo, sin justificación alguna, sino que depende de manera muy relevante de la salud institucional de un país, y que si esta salud está profundamente deteriorada no existe forma alguna de que el maná pueda seguir cayendo, por mucho que nos intenten convencer de lo contrario. Porque cuando decimos todo esto y pedimos un cambio de rumbo, resulta que se nos responde diciendo que el sistema actual ha contribuido como ningún otro a la estabilidad de nuestra democracia y a la prosperidad de nuestro país. Como si las realidades, temores y aspiraciones de los españoles de 2014 fueran las mismas que las de 1978.

Es verdad que lo normal es que siempre exista un pequeño desfase entre la realidad y el derecho. En primer lugar se sienten las necesidades y más tarde se adoptan las medidas jurídicas necesarias para satisfacerlas. Pero la llegada de la crisis y el pinchazo de la ilusión de prosperidad nos han colocado en una situación de desajuste como en pocas ocasiones ha ocurrido en la historia reciente de España, con un gravísimo riesgo para nuestro futuro político y económico. El actual marco jurídico-político pudo tener sentido en el momento en que fue consagrado, cuando las preocupaciones de los españoles eran muy distintas. Pero lo cierto es que se ha ido degradando a lo largo de estos años y, lo que es más grave, para la realidad actual resulta completamente inadecuado.

Hay que insistir en esta idea: el marco jurídico-político diseñado en 1978 ya no nos sirve en su integridad y debe reformarse en aspectos esenciales, pero es que ni siquiera funciona tal y como fue concebido, porque ha sido completamente traicionado. Hoy nos parece obvio que carece de sentido sacrificarlo todo a la estabilidad, pero el colmo es que ni siquiera hemos conseguido garantizar esa estabilidad. El desafío de los nacionalistas catalanes lo ha dejado muy claro.

El desajuste es tan evidente que las invocaciones de nuestros políticos a la estabilidad y a la normalidad han traspasado los límites de la hipocresía y se acercan peligrosamente a la del cinismo. A la vista de nuestras quejas, se nos dice simplemente que no nos preocupemos, que tengamos un poco de paciencia, que «ahora no toca». Que ya veremos cómo, por la evolución natural de las cosas, se van a volver a colocar como por ensalmo otra vez los cacharros en el armario, como si el presidente del Gobierno fuera Mary Poppins y no un ser humano de carne y hueso. Todo ello sin arreglar ni una sola de las causas que produjeron el destrozo. La afirmación es tan chocante que nadie, ni siquiera nuestros profesionales de la política, pueden aspirar seriamente a que sea creída.

A nuestro juicio, este desajuste entre la realidad y el derecho, entre la España real y la España oficial, es la causa última del creciente sentimiento de desafección de la ciudadanía que hoy amenaza muy seriamente a la democracia española. Son muchos los que, como si en las puertas del Parlamento español luciera la misma advertencia que en las del infierno de Dante, han abandonado toda esperanza. No faltan tampoco los que pretenden aprovecharse de la situación de derribo institucional en su propio beneficio, recogiendo vigas y maderas para hacerse una acogedora casa con los materiales de todos.

Pero lo peor sería que un número importante de ciudadanos activos y comprometidos, a la vista de que el sistema no parece tener ni la voluntad ni la capacidad o la competencia de regenerarse a sí mismo, pretendieran salir de esta situación de bloqueo por la vía de transitar por atajos situados al margen del sistema, imponiendo la ley de la calle. Por no hablar de los ciudadanos ingenuos que piensan que cambiando de pasaporte sus problemas político-institucionales van a desaparecer por arte de magia y su clase política va a emerger, como el ave fénix, pura y limpia de los casos Palau, ITV, Pretoria y tantos otros.

Nosotros pensamos que el extraordinario esfuerzo de consenso y generosidad mostrado en la Transición política española, plasmado en la Constitución de 1978, que ha sido un modelo de éxito para tantos y tantos países, no se merece un final semejante. Todavía contamos con medios e instrumentos dentro de nuestro sistema político para que, tras un debate serio y responsable, sea posible realizar una reforma ordenada desde dentro y acabar con este peligroso desajuste. Por supuesto que habrá resistencias dentro de la clase política, pero no debemos olvidar que, con todas sus imperfecciones, seguimos viviendo en una democracia, y en una democracia la última palabra siempre la tenemos los ciudadanos.

2

NUESTRA CONSTITUCIÓN

NECESITA UN REPASO

EL PAPEL LO AGUANTA TODO

Volvamos a la cocina en ruinas del capítulo anterior. La Constitución Española de 1978 representa, desde el punto de vista teórico, la situación previa al «¿qué ha pasado?», es decir, el orden lógico, lo que uno espera encontrar cuando abre la puerta de la cocina. Todo en orden y sin novedad. Sin embargo la Constitución es sólo un texto, muy importante sin duda, pero un papel al fin y al cabo y, como solemos decir los juristas, el papel lo aguanta todo. Algo completamente diferente es que lo que dice ese papel se cumpla en la práctica. Porque lo cierto es que no lo hace.

Por utilizar una metáfora futbolística, aunque las reglas de la federación sean claras y todo el mundo sea consciente de qué es un fuera de juego y cuándo hay que enseñar la tarjeta amarilla, el partido resultará un desastre si el árbitro pita faltas injustas a uno de los equipos y muestra con el otro una blandura sospechosa, aparte de señalar a su favor un par de penaltis inexistentes. Claro que el asunto todavía puede empeorar si la actuación del árbitro comprado es ratificada por el Consejo Superior Arbitral, que aprueba todas sus decisiones con el pretexto de que «el fútbol es así». Y si encima se nombra al árbitro casero miembro de la Federación, con unos pingües estipendios a instancias del equipo que ganó el partido por goleada, probablemente dejaremos de ir al fútbol y con razón. Pues bien, esta situación, que en el ámbito deportivo nos parece intolerable, es lo que hemos permitido tranquilamente en el ámbito constitucional.

En nuestro ejemplo, la Constitución representa esas reglas federativas claras y determinantes. Y en la situación actual que estamos viviendo, ese árbitro parcial aupado a las alturas es el Tribunal Constitucional. Recuerden que el actual presidente del Tribunal, el señor Francisco Pérez de los Cobos, es una persona que ha tenido hasta hace poco el carnet del partido que le ha nombrado, circunstancia de la que nos hemos enterado por los llamados «papeles de Bárcenas», dado que en su comparecencia ante el Parlamento omitió mencionarlo, sin duda por olvido. El resto de sus compañeros, que, aunque no hayan tenido el carnet del partido correspondiente, se comportan como si lo tuvieran, se han apresurado a arroparle alegando que no pasaba absolutamente nada y que todo era perfectamente legal.

En definitiva, como ha ocurrido en tantos ámbitos, el controlado ha pasado a ser también controlador: los partidos políticos, que son los auténticos legisladores, quieren comprar al árbitro, quieren ser juez y parte. Cuando esto ocurre, lo normal es que no se controle nada de nada, incluso cuando las normas y procedimientos formales se respeten. En realidad, nuestros juristas son especialistas en respetar formalmente las normas y alcanzar fines totalmente contrarios a los que se pretendía al dictarlas. Así pueden decirnos que como la ley no prohíbe que el presidente del Tribunal Constitucional tenga carnet de un partido, si lo tiene y no lo dice la norma que regula los nombramientos en el Tribunal Constitucional se cumple, aunque su espíritu y finalidad salten por los aires. De esta manera, entre lo que dice la Constitución y lo que ocurre en la práctica diaria empieza a abrirse una grieta que amenaza con adquirir unas dimensiones colosales. Sólo hay que darle tiempo.

LA CONSTITUCIÓN DE 1978, UN HITO HISTÓRICO INCUESTIONABLE

La Constitución de 1978 representa un hito en nuestra historia: es la representación simbólica y legal de la reconciliación de las dos (o tres) Españas después de la Guerra Civil de 1936 y de una larga dictadura. Recordemos que venimos de una tradición histórica de luchas políticas no resueltas entre el conservadurismo y el progresismo, el absolutismo y el liberalismo, el centralismo y el regionalismo o cantonalismo. Por esa razón en el siglo XIX es tan rico en constituciones malogradas, desde «la Pepa» de 1812, que representa el primer intento de introducir a España en la modernidad política y que todavía era más ingenua que la actual, hasta la Constitución de 1876, que instaura una democracia parlamentaria de opereta, con la consabida alternancia amañada entre los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta. La Transición española tiene el indudable mérito de ser, esperemos, el último y exitoso intento de introducir a España en la modernidad jurídico-política, ejemplo para todos de sentido común y consenso, como se decía entonces.

No olvidemos que las constituciones pretenden algo tan sencillo y tan difícil como someter el poder al derecho, reconociendo y consagrando los derechos individuales de los ciudadanos. Se dice con razón que el constitucionalismo es la técnica de la libertad, y que su propósito es sustituir el Gobierno de los hombres por el de las leyes: la rule of law de los anglosajones o el Estado de derecho en los países de tradición continental. De esta forma, quienes gobiernan sólo pueden actuar en los términos en que la ley se lo permite y únicamente para los fines generales previstos en ella, eliminando el capricho y la discrecionalidad de los poderes públicos… al menos sobre el papel.

Para conseguir esta finalidad, las constituciones modernas se apoyan en varios pilares: la separación de poderes, la representación ciudadana, la proclamación de una serie de derechos y libertades fundamentales y el llamado principio de legalidad.

La separación de poderes surge de la idea de que hay que garantizar la libertad y la seguridad del individuo frente al poder, ya se trate del poder ejecutivo (el que ejerce el Gobierno), el legislativo (el del Parlamento) o incluso el judicial (el de los jueces). Hay que establecer un sistema de controles y contrapesos, o checks and balances, de modo que nadie ostente un poder ilimitado, dado que el poder tiende a corromper, y el poder absoluto, como observaba lord Acton ya en 1887, corrompe absolutamente. El control del Gobierno por el Parlamento, el control del Parlamento por el Tribunal Constitucional y la independencia del poder judicial son las claves fundamentales de esa separación de poderes recogida impecablemente en el texto de nuestra Constitución.

Pero además de separación de poderes, debe haber representación de los ciudadanos. Las democracias modernas, por su tamaño, son necesariamente democracias representativas, lo que quiere decir que el pueblo, los ciudadanos, tienen que elegir a unos representantes, dada la dificultad de ejercer directamente el poder político. La representación política implica que el elegido democráticamente se convierte en representante del pueblo mediante el llamado «mandato representativo», por contraposición al «mandato imperativo» propio del Antiguo Régimen y de una sociedad estamental. Este tipo de mandato representativo se caracteriza por la discrecionalidad de que goza el representante para servir a los intereses generales conforme a lo que considere conveniente en cada momento y, en consecuencia, por su independencia operativa respecto de sus electores, que queda equilibrada por su periódica responsabilidad electoral frente a aquéllos. Es el mandato que está recogido en nuestra Constitución.

Un tercer eje, vital en cualquier constitución que se precie, es el de la consagración de una serie de derechos y libertades fundamentales, como son los correspondientes a la vida, la libertad, la libertad de expresión, de reunión y manifestación, de propiedad, etc., que el Estado debe garantizar para que no sean violados ni por sus propias acciones ni por las de otros. La democracia es algo más que un procedimiento de Gobierno o un procedimiento para seleccionar representantes. La garantía de estos derechos es un elemento necesario de las instituciones políticas democráticas. En nuestro caso están recogidos en los dos primeros capítulos del fundamental Título Primero de nuestra Constitución.

Y, last but not least, que dicen los anglosajones, esto es, en último lugar, pero no por ello el menos importante, está el principio de legalidad. De hecho, ese principio constituye la clave de bóveda del sistema. Por encima de todo, el constitucionalismo moderno implica la sumisión del poder a la ley. El Parlamento elabora las leyes, el Gobierno las ejecuta y el poder judicial controla esta aplicación, pero quedando a su vez sometido a la ley. Todo cuadra, al menos sobre el papel, que, como ya hemos dicho, lo aguanta todo. Aunque con eso no basta. Es necesario algo más.

Sí, nuestra Constitución de 1978, como documento de su tiempo, recoge el producto de toda esa evolución del constitucionalismo a las alturas de la penúltima década del siglo XX. Sin embargo, no hay que olvidar que, siguiendo al recientemente fallecido Robert A. Dahl, las instituciones políticas básicas de una democracia «a gran escala» serían básicamente las siguientes:

1. Cargos públicos electos.

2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes.

3. Libertad de expresión.

4. Fuentes alternativas de información.

5. Autonomía de la sociedad civil.

6. Ciudadanía inclusiva.

Como puede verse en esta lista, las elecciones libres, imparciales y frecuentes son sólo uno de los requisitos. En prácticamente todos los países del mundo hay elecciones periódicas con diversos grados de fiabilidad o plebiscitos y refrendos (Franco, por ejemplo, también los convocaba y los ganaba), pero no por eso están todos considerados democracias por la comunidad internacional, por los expertos y, sobre todo, por sus ciudadanos.

Los requisitos de la lista anterior, todos ellos, son esenciales por la sencilla razón de que en una democracia los ciudadanos tienen que estar en condiciones de gobernarse a sí mismos, y para eso necesitan, además de elecciones, libertad, educación cívica y también lo que Dahl llama «comprensión ilustrada», es decir, capacidad de comprender y de decidir sobre los asuntos políticos que se les plantean. Por esa razón, es muy importante no confundir una democracia de calidad con un Estado de partidos o una partitocracia, que es lo que tenemos en España. Entendámonos, no es que no tengamos un sistema político democrático, que sí lo tenemos, es que en todas partes hay diversas categorías y calidades, y nuestra democracia no se encuentra precisamente en la categoría de los delicatessen…

ESPEJITO, ESPEJITO

Ante la realidad actual en España, los ciudadanos podemos adoptar dos actitudes. La primera es la que suelen utilizar muchos políticos: hacer constantes apelaciones a la vigencia de la Constitución y al «sistema que todos nos dimos», a «renovar la confianza» en las instituciones, acatar todo lo acatable, mostrar «máximo respeto» a las decisiones que te afectan, etc., cual madrastra de Blancanieves interrogando al espejo para que le dé la respuesta que ella quiere escuchar, y no la verdad. O bien podemos comportarnos como el propio espejo, que lo único que puede hacer es reflejar lo que está delante de él, tal y como es en cada uno de los momentos. Si lo hacemos así, observaremos fácilmente que esos cuatro pilares de nuestro Estado de derecho, perfectamente plasmados en la Constitución, amenazan ruina.

El Parlamento, en teoría depositario de la soberanía nacional, ha perdido claramente su primacía en favor del poder ejecutivo, al que sirve de simple y pura correa de trasmisión. En puridad, el Parlamento ha perdido su supuesta primacía en favor del partido que controla el poder ejecutivo. Se sabe de antemano con total precisión qué proyectos legislativos van a salir y cuáles no, y la forma en que van a hacerlo. Por supuesto que durante la tramitación se producen modificaciones, pero son más debidas a presiones realizadas directamente sobre el Gobierno por lobbies especialmente bien situados que al resultado de un debate político en sede parlamentaria. En el Parlamento no hay debates dignos de tal nombre, y mucho menos deliberaciones. Son debates hueros, de cara a la galería y a la respectiva parroquia, que trasladan el convencimiento absoluto de los representantes políticos de que no se va a convencer a nadie que no esté ya convencido. Los mismos representantes no tienen mucha opinión propia, se tienen que limitar a votar o aplaudir lo que los líderes del partido —un pequeñísimo número de personas— les indican en cada momento. Los debates del estado de la nación dejan bien claro que lo que realmente se le exige a un diputado es que aplauda mucho a su líder de filas, a ser posible en pie y en actitud reverente.

La desactivación del Parlamento se ha producido en particular a través del papel de los grupos parlamentarios, convertidos en las correas de transmisión de los partidos. Los partidos políticos tienen a su disposición instrumentos como la Junta de Portavoces, la Mesa y la Diputación Permanente para hurtar al Pleno todas las facultades posibles en favor de los partidos, cuyo poder sobre los grupos se manifiesta de tal modo que en ocasiones estos últimos les derivan las subvenciones públicas que reciben. Por eso es tan complicado conseguir una modificación de los reglamentos de las cámaras que impulse una reforma en sentido contrario. A los partidos políticos no les interesa.

El resultado práctico es que la voluntad del Parlamento hace tiempo que ya no es «la voluntad general», porque no ha habido un verdadero proceso de formación de esa voluntad, con debate público y toma de decisión libre e independiente. Ahora la voluntad del Parlamento se confunde con la decisión de la cúpula minúscula del partido que tiene la mayoría absoluta, o, cuando no hay mayorías absolutas, con la de las cúpulas de los partidos que conforman la mayoría necesaria para gobernar. En estas condiciones, cualquier control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo es ciencia ficción. El partido mayoritario se esconde, como en el juego de las muñecas rusas, dentro del ejecutivo, que a su vez fagocita al legislativo y coloniza con los medios a su alcance el único poder que podría hacerle sombra, el poder judicial. Porque aunque es cierto, todavía, que al poder judicial no se le puede controlar directamente, sí se puede influir, y mucho, sobre su funcionamiento. En primer lugar, politizando sus órganos rectores, puesto que el CGPJ es quien decide los nombramientos en los tribunales más importantes. Luego, a través del control sobre la Fiscalía. Y por último, impidiendo en la práctica que las sentencias se cumplan, bien por pasiva (no se hace nada para acatarlas, como ocurre con las sentencias sobre la inmersión lingüística en Cataluña o el tema de la exhibición de las banderas en el País Vasco o en muchas ocasiones con las sentencias de los tribunales europeos, que son ninguneadas de diversas formas por el Estado) o por activa (en último término se indulta a los culpables que forman parte del sistema).

En conclusión, el Leviatán que se consiguió «trocear» y limitar con tanto trabajo y esfuerzo a lo largo de siglos de evolución jurídico-constitucional, vuelve ahora recompuesto bajo la apariencia del partido en el poder, convirtiendo el dogma de la separación de poderes en papel mojado. En realidad, es el presidente del Gobierno el que maneja a su antojo el poder legislativo, en su condición de cabeza del partido mayoritario y poseedor del máximo poder dentro de la organización, al mismo tiempo que no responde de nada. Efectivamente, a la vez que el de la concentración de poder, se produce el extraño fenómeno de la difusión de responsabilidades, puesto que aunque casi todas las decisiones políticamente relevantes son tomadas por el líder del partido, los efectos jurídicos y políticos se imputan a los supuestos distintos poderes. Hoy el líder del partido político que gobierne en España, sobre todo si tiene mayoría absoluta, puede decir sin sonrojarse «el partido soy yo», lo que equivale a afirmar, como el rey Sol: «el Estado soy yo».

LA CUPULOCRACIA

Pero, aun siendo así, todavía podría pensarse que es la realidad social, económica y política la que ha impuesto la concentración de poder por razones prácticas, y que lo que hay que hacer es repensar el sistema, aceptar la realidad y consagrarla en el papel. Sin embargo, a nosotros no nos cabe duda de que la concentración del poder en pocas manos es muy negativa, y eso aunque los líderes de los partidos fuesen los sabios de la República de Platón, que no es el caso precisamente. Consideramos que las instituciones menos inclusivas son mucho menos participativas y flexibles y promueven menos la innovación, el cambio y el progreso económico y social, tal como argumentan Daron Acemoglu y James A. Robinson en ¿Por qué fracasan los países?

Y no sólo eso: el verdadero poder, que ahora reside en los órganos directivos de los partidos políticos, no es realmente democrático porque, aunque las leyes formalmente les obligan a serlo, no hay nadie que controle esta obligación, de forma que los partidos pueden actuar con total libertad sin rendir cuentas a nadie, ni siquiera a los propios militantes, y puede hablarse no ya de una partitocracia, sino de una cupulocracia, en la que un pequeño grupo de personas que controlan el aparato son las que toman todas las decisiones sin que ninguna instancia, ni interna ni externa, pueda controlarlas o refrendarlas. Recordemos además que los partidos políticos se financian de forma mayoritaria a costa del erario público, y que esta financiación tampoco es controlada de forma efectiva, porque ese mismo poder ha «ocupado» los órganos que deben controlarlos, y muy destacadamente el Tribunal de Cuentas.

La inevitable reflexión es que el mandato imperativo primitivo ha regresado a través de la tiranía de los partidos, necesarios intermediarios en la democracia representativa, pero ahora verdaderos monopolizadores de la soberanía. Ejemplos tan relevantes como los que tenemos en otras democracias, en las que los diputados votan en contra de las propuestas presentadas por el líder de su partido o incluso son capaces de echarle, son aquí conceptualmente imposibles, como nuestra historia reciente ha demostrado en incontables ocasiones. El diputado o el senador no pueden tomar decisión o iniciativa alguna sin la anuencia de su grupo parlamentario, es decir, de su partido, ni por supuesto votar en sentido diferente del decretado por éste, porque de otra manera no sólo ve comprometida su inclusión en las futuras listas electorales, sino que además es sancionado pecuniariamente. El parlamentario debe tanto a su partido, es tan siervo de él, que los partidos políticos en España exigen a sus cargos electos una parte de su sueldo, a modo de diezmo, y eso con suerte, porque suelen pedirle más… Recordemos: del sueldo que nosotros le pagamos como representante nuestro. Y es que todos saben que sin el apoyo de su partido el diputado nunca saldría elegido.

La quiebra del principio de la separación de poderes y del mandato representativo amenaza inmediatamente a los otros dos pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho: la garantía de los derechos y libertades individuales, y el principio de primacía de la ley. Los casos de vulneración de derechos, de falta de respeto al principio de igualdad ante la ley, de mal funcionamiento de la justicia, de descontrol de los organismos reguladores o los problemas de una Administración Pública desencadenada que contaremos en este libro, son consecuencias lógicas. Sin un sistema de vigas maestras, de contrapesos y controles concretado en la rendición de cuentas y en la exigencia de responsabilidades, todo el edificio amenaza ruina.

Cabría decir entonces que nuestra Constitución, forjada al fuego de El espíritu de las leyes de Montesquieu, es más bien hoy un personaje de la serie televisiva The Walking Dead, un zombi, más muerto que vivo. Formalmente, el texto legal sigue respondiendo a un paradigma liberal que ya no existe en la realidad. Lo que pasa es que nuestros partidos prefieren que el muerto esté bien maquillado. Existe un evidente interés por mantener la apariencia de que todo sigue igual, guardando unas formas que ocultan la cruda realidad, exacerbando un ritual parlamentario cada vez más pomposo y cada vez más vacío, dado que en realidad todos los asuntos importantes se deciden entre bambalinas y fuera del Parlamento.

Por supuesto, nuestra clase política sigue apelando al voto como una responsabilidad ineludible de los ciudadanos, ante el riesgo de que la falta de participación deslegitime de forma grave el sistema, y escenificando artificiales contiendas ideológicas que en realidad responden a puras tácticas electorales en las que lo que se busca es más el reparto de la tarta que la defensa del interés general. Que las cosas en realidad funcionan así lo demuestra la práctica imposibilidad de llegar a acuerdos satisfactorios para los españoles en temas tan importantes como la educación, la organización territorial del Estado o la sanidad. Eso sí, cuando hay que alcanzar acuerdos para subirse el sueldo o para votar contra la eliminación de los aforamientos, o para eludir sus obligaciones de transparencia, la clase política se pone muy rápidamente de acuerdo.

EN OCASIONES VEO MUERTOS

Cuando un amigo nuestro, diputado autonómico novel en esta legislatura por un pequeño partido, nos invitó a comer al generosamente subvencionado restaurante del Parlamento regional, nos resumió su experiencia de pocos días con una expresiva frase: «Todo es mentira».

Y no pensamos que el único que se ha dado cuenta es precisamente nuestro inocente amigo. La mayoría de nuestros representantes políticos lo saben perfectamente. Esto les produce una clara disonancia cognitiva, ya que siendo conscientes de la realidad más que nadie deben ocultarla cuidadosamente en sus manifestaciones y actuaciones, y funcionar como si la Constitución fuese sagrada e inviolable, cuando se la desconoce y se la pisotea un día sí y otro también. Lo cierto es que con esta actitud de sumos sacerdotes constitucionales consiguen engañar todavía a demasiada gente que ha preferido enajenar su responsabilidad social y política, y han dejado hacer a los secuestradores de su libertad a cambio de palabras rimbombantes y discursos vacíos.

Hay que decir que aunque a cambio de estas renuncias recibiésemos toda una vida de consumo, despreocupación y entretenimiento futbolero gracias a una especie de «soma» en nuestro nuevo mundo feliz, en forma de crédito ilimitado y prestaciones sociales de todo tipo, en nuestra opinión no valdría la pena, dado que si algo nos confiere dignidad como seres humanos es la responsabilidad moral. Pero vale más que nos demos cuenta de que tampoco vamos a recibir nada de eso, por la sencilla razón de que una Constitución zombi es incapaz de garantizar ni una legislación acertada, ni una Administración eficiente y neutral, ni un poder judicial independiente ni unos gobernantes capaces, presupuestos elementales de la prosperidad. La enorme crisis económica que padecemos quizás sea el jarro de agua fría que nos haga reaccionar y ver la realidad como es.

En todo caso, conviene recordar cómo nuestra Constitución se convirtió en un zombi. Prepárense, porque ésta es una auténtica historia de terror.

El principal sospechoso en esta historia es el Tribunal Constitucional. Si la Constitución no se cumple, será porque el encargado de velar por ella no ha hecho bien su trabajo, ¿no? En parte es así, sin duda, aunque la cosa no es tan sencilla, porque en esta muerte ha colaborado mucha gente.

Quis custodiet ipsos custodes?, se preguntaba Juvenal. ¿Quién vigila al vigilante? Y no es mala pregunta, porque el diseño constitucional de un órgano independiente que controla la adecuación de las leyes estatales y autonómicas a la norma suprema como es el Tribunal Constitucional exige resolver siempre en primer lugar esa cuestión, que, en definitiva, es idéntica a esta otra: ¿Qué o quién garantiza esa independencia?

Para tener una imagen clara de cómo y cuándo se inició el deterioro del Tribunal Constitucional basta pensar en una abeja. Sí, estamos hablando del caso Rumasa. El 23 de febrero de 1983 el Gobierno socialista, que llevaba año y medio en el poder, se incauta con un despliegue policial sin precedentes de Rumasa, un holding de 700 empresas, con una plantilla de más de 65.000 personas y con una facturación anual superior a los 350.000 millones de pesetas de la época (más de 2.000 millones de euros). La expropiación se realizó por decreto-ley sobre la base de una reiterada falta de auditorías externas, obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente a las empresas del propio grupo y una política expansiva considerada imprudente. Seguramente pesaron también otros argumentos, como el de la necesidad de afirmar la autoridad de un Gobierno de izquierdas novato sobre un miembro del Opus Dei. En todo caso, al establishment bancario no le pareció mal porque se quitó de en medio a un outsider peligroso.

Se improvisó un decreto-ley especial para el caso que planteaba un problema de constitucionalidad, porque según el artículo 86.1 de la Constitución estos instrumentos normativos no pueden afectar a los derechos regulados en el Título I, entre los que se encuentra el derecho de propiedad. El Grupo Popular lo impugnó ante el Tribunal Constitucional. El 5 de diciembre de 1983 se filtró la sentencia: seis magistrados habían votado en contra y otros seis a favor. El empate había sido roto por el voto de calidad del presidente, Manuel García Pelayo, hombre de gran prestigio académico que había sido capitán en el ejército republicano y sufrió la cárcel con Franco. Según se cuenta fue llamado a la Moncloa, donde lo presionaron de forma inmisericorde, acusándole de poner en peligro la democracia si no se pronunciaba a favor de la constitucionalidad. García Pelayo cedió, en un estado de gran agitación, según relató la crónica del diario ABC del 5 de diciembre de 1983.

El final de su historia personal fue más bien triste. En 1986 dimitió, sin cumplir el periodo de nueve años previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Regresó en 1987 a Caracas, donde había vivido y donde murió en 1991, tras una larga enfermedad y completamente olvidado.

EN OCASIONES VEO VIVOS

El caso refleja a la perfección la mentalidad que desde entonces ha predominado en nuestra clase política. Recordemos que en 1985 Alfonso Guerra decretó la muerte de Montesquieu cuando el Partido Socialista aprovechó la mayoría parlamentaria para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el fondo de la cuestión estaba la sensación de que, siendo el poder judicial más conservador, las reformas que la izquierda quisiera hacer por mandato de la soberanía popular podían verse amenazadas. Felipe González tuvo incluso el atrevimiento de justificarlo teóricamente en una entrevista a El País concedida el 29 junio de 1997, en la que afirmaba que desde hacía dos siglos había existido en España una gran desconfianza hacia el poder ejecutivo, que había provocado una tendencia a desplazar las responsabilidades que le correspondían hacia otros poderes. Dado que el ejecutivo y el Parlamento mantenían una clara interdependencia, al final el gran beneficiario de esa situación de desconfianza había resultado el poder judicial. Terminaba diciendo que ello había traído como consecuencia una ruptura del equilibrio de poderes a favor de aquél. Y aunque el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial, no cabe duda de que entraba en el mismo saco.

Lo que Felipe González buscaba defender era la preeminencia de la voluntad popular, encarnada en el Gobierno, hasta para interpretar la constitucionalidad de las normas que dictaba el Parlamento, también controlado por el mismo partido. En esa visión, los organismos de control, entre ellos de forma destacada el Tribunal Constitucional, deben ser también un reflejo de esa voluntad popular, pero no un mero reflejo indirecto como consecuencia de su encaje en la estructura constitucional, sino uno más directo, que actúe en perfecta sintonía con el poder ejecutivo de turno. Para garantizarlo, los partidos políticos se han ocupado de seleccionar a los miembros del Tribunal no tanto en función de su categoría y experiencia profesional, o incluso de su ideología, sino en función de su disponibilidad para seguir las directrices del partido de turno. Si bien es cierto que al principio la designación recaía en personas prestigiosas y con amplia experiencia, con el paso de los años y de forma inevitable las consideraciones más técnicas se han ido relajando y los valores de fidelidad y buena disposición se han ido acentuando.

El sistema se ha degradado porque a consecuencia del reparto por cuotas de sus miembros, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que exige unas mayorías reforzadas, ha desincentivado el acuerdo sobre personas de reconocido prestigio y mayor independencia en favor de los más próximos y dóciles. Esa tendencia se ha acentuado por la obligación de verificar los nombramientos en grupos de cuatro, y se ha agravado por el retraso en los nombramientos, que ha permitido introducir más elementos en la coctelera partitocrática. Por terminar con otra imagen que resume perfectamente la situación a la que hemos llegado, podemos recordar la bronca en público de la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

Llegados a este punto, el problema ya no es que a los magistrados se les presione y no se les deje ser independientes: ahora sencillamente es que ellos mismos no tienen ningún interés en serlo. La prueba es que el presidente del Tribunal Constitucional en el año 2013 no necesita ser coaccionado en absoluto: simplemente, está tan identificado con los intereses del partido que le ha nombrado que ha sido afiliado suyo.

Como es sabido, la Constitución dice en su artículo 159.2 que «los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional». Lo curioso es que, por ejemplo, la candidatura de Enrique López al Tribunal Constitucional a propuesta del PP fue rechazada por el Senado en el año 2010 por considerar la Cámara Alta que no tenía la antigüedad mínima de quince años de ejercicio profesional. Tres años después dicho requisito ha sido alcanzado, pero, a la vista del currículum que aporta el señor López, no parece que nos encontremos ante una persona que sobresalga entre los miles de juristas de este país por sus credenciales técnicas.

Pero el problema mayor, con ser importante, no serían sus carencias técnico-jurídicas, sino su trayectoria hasta la fecha: como vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, lejos de mantener el perfil institucional exigido para el órgano de Gobierno de dicho poder, se implicó de manera contumaz en la maraña política, cuestionando la labor de la mayoría parlamentaria del momento y llegando al extremo de defender que el Consejo emitiera, sin concurrir los requisitos legales para ello, informes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y la ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. El señor López ha hecho muchos favores al PP y el partido se los devuelve con el cargo de sus sueños. Y a su vez, este magistrado, que sabe cómo funcionan las reglas del juego, estará siempre dispuesto a acatar las indicaciones que se le hagan.

Porque si los políticos piensan, con razón, que sus «designados» jamás habrían llegado a tan altos cargos sin su mediación, y por tanto que les deben un gran favor, no dudarán en reclamar que se lo devuelvan. Por el contrario, nadie llama a dar instrucciones a los magistrados del Tribunal Constitucional alemán, cuyo prestigio es tremendo, y menos todavía nadie les echa broncas en público. Las diferencias en cuanto al funcionamiento institucional a la vista están.

Pero hay otro inconveniente: siendo varios los partidos políticos que se reparten el Tribunal es prácticamente imposible contentar a todo el mundo al mismo tiempo, lo que explica los engendros producidos por el Tribunal Constitucional cuando resuelve cuestiones de alto voltaje político. Ahí tenemos como ejemplo reciente la famosa sentencia sobre el Estatuto catalán, en la que, con un retraso de varios años —probablemente intencionado, para no perjudicar los intereses políticos de los partidos que lo habían impulsado—, se sumó una forma de resolver la cuadratura del círculo digna del mejor equilibrista sin red. Se trataba de evitar en lo posible la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos promoviendo interpretaciones que iban prácticamente en contra de lo que la letra del Estatuto claramente establecía. Se trata de las famosas «sentencias interpretativas», según las cuales una norma puede ser constitucional si se interpreta en sentido casi contrario a su tenor literal. En fin, quizá se trataba de no dejar en mal lugar al presidente Zapatero, que ya anunció en su momento que el concepto de nación era «discutido y discutible» y que aceptaría cualquier propuesta que viniera de Cataluña, o al propio Parlamento español, que prefirió entregarle la patata caliente a mojarse. En todo caso, quien salió muy malparado de toda esta historia fue el equilibrista. Y es que no contaba con la red que tienen los políticos.

Bueno, dirán ustedes, pero en el resto de los asuntos esto no pasará, ¿no? Pues hay que decir que lo que comienza como una adulteración limitada a los asuntos políticamente sensibles termina necesariamente por corromper la institución por entero. Es obvio que cuando la competencia y la independencia de criterio pasan a ser cualidades sospechosas, los profesionales que responden a estas características —y en el Tribunal Constitucional había muchos y muy buenos— empiezan a sentirse más bien incómodos. Por ejemplo, el contraste entre los magistrados que integraron los primeros Tribunales y los actuales es realmente chocante y casi grotesco. Pero también ocurre con los propios funcionarios. Desde el momento en que la competencia y la neutralidad no son particularmente apreciadas, las nuevas incorporaciones ya no tienen que responder necesariamente a los parámetros de competencia técnica que habían sido tradicionales en la institución, en una manifestación más de la invasión que han sido capaces de acometer nuestros partidos, siempre dispuestos a una alegre expansión y colonización de cuanta institución se les ponga a tiro. Los puestos técnicos de mayor relevancia pasan a ser paulatinamente ocupados por afines y colaboradores, hasta desactivar los últimos reductos de resistencia profesional, y el deterioro del Tribunal Constitucional empieza a percibirse de manera generalizada hasta en las sentencias menos trascendentes.

REFORMAS Y MÁS REFORMAS

Lo cierto es que ante esta situación cualquier modificación normativa que afecte al Tribunal Constitucional no puede tener más que un alcance limitado: es difícil obligar a los integrantes de un órgano a ser independientes si ellos no quieren. Las medidas que se proponen en los programas electorales de los partidos mayoritarios son totalmente cosméticas y carecen de virtualidad alguna para revertir este estado de cosas. Sin negar la necesidad de realizar modificaciones legales, consideramos más relevante para la futura regeneración del Tribunal Constitucional abordar otras reformas más importantes, como las que tienen por objeto democratizar en profundidad los partidos políticos españoles. Cualquier modificación puntual sobre mayorías a la hora de renovar a los magistrados del Tribunal no arreglará nada por sí sola. Únicamente cuando los partidos propongan personas independientes y prestigiosas para estos puestos habremos avanzado en la dirección correcta.

Por ese motivo, la reforma que hay que acometer de una vez por todas es la de la propia Constitución, en parte para devolverle el aliento vital y desactivar los resortes institucionales que han sido utilizados para la construcción de nuestra actual partitocracia y de su extensa red clientelar. Como hemos visto, nuestro régimen político-constitucional ha evolucionado hasta alcanzar en la actualidad su nivel máximo de incompetencia, como era bastante previsible, y de hecho ya había ocurrido antes en muchos países de nuestro entorno. Resulta natural, entonces, exigir las correspondientes reformas.

Consideramos imprescindible cambiar las bases de nuestro régimen electoral, que en la actualidad consagra el mandato imperativo y ha servido para reinstalar en España un caciquismo de nuevo cuño. Necesitamos parlamentarios que pongan por delante la voz y los intereses de sus representados a los de su partido. Es imprescindible instaurar de una vez un sistema que permita castigar a un partido sin tener que premiar necesariamente a otro con vicios idénticos. El argumento de la «estabilidad» es hoy una patente de corso a favor del actual establishment que no convence ni a los que lo invocan.

Debemos afrontar también de una vez una modificación de nuestra estructura territorial que deslinde de manera clara las competencias del Estado de las comunidades autónomas. No se trata de reinstalar el centralismo sin más, sino de atribuir al Estado las competencias mínimas que le permitan defender la unidad de mercado, la solidaridad interterritorial y la igualdad de los derechos y deberes de todos los españoles. Además, se trata de comprobar y de evaluar quién presta mejor y de forma más eficiente y transparente los servicios públicos esenciales, pero desde el punto de vista de la ciudadanía, no desde el punto de vista de los políticos de uno y otro signo.

Por último, es necesario adoptar una serie de medidas de regeneración institucional dirigidas a exigir de una vez la democracia interna de los partidos políticos, controlar su financiación y acabar con la autorregulación y su ocupación sistemática de todas y cada una de nuestras instituciones. Sin eso será imposible devolver la vida a nuestra Constitución zombi.

Pero necesitamos también algo más. Como decía Thomas De Quincey en Del asesinato considerado como una de las bellas artes, «si uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le da importancia a robar; del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse».

Quizá por eso mismo la vía para ir recuperando los controles y contrapesos del poder político deba comenzar por la recuperación previa de los valores éticos. Porque no todo es derecho, como comprobaremos al final de este libro, aunque hasta que lleguemos ahí conviene reflexionar sobre lo que no es el derecho, hoy en España, y sobre lo que debería ser.

3

CIEN MIL LEYES NOS REGULAN, Y LA MAYORÍA SON AUTONÓMICAS

LA BURBUJA NORMATIVA

Nuestro ordenamiento jurídico está gordo. Es un ordenamiento con graves problemas de sobrepeso y encima no deja de crecer. En la actualidad existen más de cien mil normas vigentes en nuestro país. El número de disposiciones normativas aprobadas por el Estado y las diecisiete comunidades autónomas multiplica por diez las producidas por un Estado federal como Alemania, que además tiene casi el doble de habitantes que España. Se ha calculado que en España se publican un millón de páginas en boletines oficiales cada año. No hace falta ser un experto en la materia para preguntarse si son necesarias estas cifras para ordenar adecuadamente nuestro Estado y nuestra sociedad.

Parece más bien que tantas normas no solamente no son necesarias, sino que la burbuja normativa es en sí misma —prescindiendo incluso del contenido de cada una de las pompas que la componen— un problema muy serio. Ya dijo Cicerón que si no es absolutamente necesario que exista una norma entonces es absolutamente necesario que no exista. El exceso de normas crea enormes distorsiones en su aplicación, es muy ineficiente e incluso algo peor: llevado al extremo puede ser una herramienta muy poco democrática de control de los ciudadanos.

¿Por qué? Porque en primer lugar si tenemos cien mil normas es fácil comprender que es materialmente imposible conocerlas y, por supuesto, aplicarlas, lo que hace añicos el famoso aforismo «la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento» que aparece en nuestro Código Civil y que significa que nadie puede invocar el desconocimiento de una norma para no cumplirla. Lo curioso del caso es que no sólo las ignoran sus destinatarios, los ciudadanos y los juristas y abogados en ejercicio, sino también los que las han de aplicar, ya se trate de funcionarios, de jueces o de los propios legisladores. Normal, dado que ningún ser humano, ni siquiera con la ayuda inapreciable de las nuevas tecnologías y de excelentes bases de datos jurídicas, es capaz de mantenerse al día con tanto trasiego normativo.

Son cifras completamente disparatadas, aunque cuando hablamos de normas no sólo hablamos de leyes en sentido estricto, las que aprueba el Parlamento, claro está, sino también de normas de menor rango, como reglamentos que aprueba el Gobierno, órdenes ministeriales que aprueban los ministros e instrucciones de rango inferior. Todas ellas completan un tapiz jurídico grueso, extensísimo, racionalmente inabarcable… y por ello imperfecto y potencialmente peligroso para la economía, la sociedad y el indefenso ciudadano.

Una primera explicación de esta efervescencia legislativa descansa en la particular forma de gestionar los intereses públicos que tiene nuestra clase política. Ante la percepción de un problema social, normalmente en la forma de un escándalo mediático, la reacción natural no es estudiar las razones profundas de tipo estructural que pueden explicarlo, sino salir inmediatamente al paso del síntoma correspondiente mediante la promulgación de una norma dirigida a combatirlo. Más cómodo y más rentable desde el punto de vista electoral. Una suerte de «hágase, sirva mi voluntad como razón», estilo reina de corazones, cuya capacidad para resolver el problema en cuestión es nula, pero que resulta idónea para generar muchos otros, desde luego. A ello hay que añadir la curiosa forma de medir la competencia de nuestros ministerios, normalmente por el número de anteproyectos de ley que hayan sido capaces de pergeñar durante la legislatura, vengan o no a cuento.

Con las normas jurídicas ocurre lo mismo que con la moneda de curso legal, o con cualquier clase de mercancía. Su excesivo número, su inflación, produce inevitablemente la devaluación de su valor. Además, felizmente para nuestra clase política, la producción legislativa tiene unos costes de producción escasos, descontado, por supuesto, el coste fijo de los diversos aparatos del poder legislativo, dado que el hecho de que se legisle poco o mucho tiene escasa incidencia en sus presupuestos. Así, con muchos menos fondos públicos, el responsable político de turno puede conseguir el mismo espacio en la prensa que inaugurando, por ejemplo, un importante tramo de autopista. Y en esta sobrevaloración de la imagen sobre la eficacia que los políticos se han impuesto, y que en los últimos tiempos ha llegado al paroxismo, eso tiene para ellos un inmenso valor. En definitiva, que en muchas ocasiones se legisla simplemente «para la foto».

Son, en síntesis, efectos de un mal general que la escuela de la public choice detectó ya hace muchos años. El abuso de la propia competencia normativa es un síntoma universal que padecen casi todos los países en la actualidad, pero la peculiaridad española descansa en que esa competencia, en nuestro caso, no es precisamente normal: además del Estado, la tienen atribuida con gran generosidad nada menos que diecisiete comunidades autónomas.

A mayor abundamiento, la coordinación entre la normativa por ellas producida y la estatal, de existir, es producto de la casualidad o del plagio. En el artículo 150.3 de la Constitución descansa en paz un instrumento normativo que nadie se atreve a usar ya: las leyes de armonización, cuyo nombre alude a la función que deberían cumplir. Sin embargo, ya el primer intento de utilización, al comienzo de la Transición, la famosa LOAPA, o Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, tras pasar por el filtro del Tribunal Constitucional quedó convertida en 1983 en una depreciada Ley del Proceso Autonómico, ni orgánica ni armonizadora. La idea era que las leyes de armonización estaban previstas sólo para los supuestos de mayor gravedad en los que el Estado no dispusiera de otros cauces alternativos para garantizar la armonía entre la normativa estatal y la autonómica. Sin embargo, treinta años más tarde queda claro que si el Estado disponía de esos cauces alternativos nunca los usó.

En España no sólo hemos tenido una burbuja inmobiliaria. Tenemos también una burbuja normativa que todavía nadie se atreve a pinchar.

UN BAÑO DE BURBUJAS AUTONÓMICAS

En España tenemos diecisiete de todo. Y claro está, tenemos diecisiete centros de producción legislativa, además del Parlamento nacional. Son los diecisiete parlamentos autonómicos, que se entretienen promulgando continuamente normas sobre todo tipo de cuestiones, y, por supuesto, de manera descoordinada y asincrónica. Nuestros políticos no se rebajan a coordinarse unos con otros, todavía menos con el Parlamento estatal, con la finalidad de conseguir una regulación más armónica y más eficiente. En consecuencia, nos hemos dotado de una asombrosa floresta autonómica. Ya sabemos que si una comunidad, o el propio Estado, regula alguna materia, las demás no querrán ser menos y también lo harán, pero por supuesto no lo harán de la misma forma. Nuestras comunidades autónomas siempre están atentas a sus peculiaridades, sus reglas locales, sus diferencias en las materias más asombrosas.

La situación ha llegado a un punto tal de descontrol que hasta un expresidente del Gobierno ha criticado en público la «pasión normativa» de las autonomías, atacando por ineficiente la sobrerregulación. Es mejor tener pocas reglas y claras, y comunes a todas las regiones. Y además que se cumplan, cosa que, como veremos, no siempre sucede con las leyes españolas.

Suponemos que cuando los padres de la Constitución permitieron crear parlamentos autonómicos con capacidad de legislar y con un número importante de diputados, ya sabían que éstos iban a legislar, aunque sólo fuera para justificar su existencia, dado que ésta es la primera función de todo parlamento que se precie. Pero, probablemente, lo que no fueron capaces de imaginar fue el tamaño de la burbuja normativa que esta decisión iba a provocar, en un país de poco más de 500.000 kilómetros cuadrados y con una población que no llega a los 47 millones de habitantes. Y algo mucho peor: no fueron capaces de imaginar la absoluta falta de coherencia del ordenamiento jurídico resultante.

Porque nuestro ordenamiento jurídico autonómico es un caos. Nadie se ha preocupado de que exista una mínima coordinación entre las diversas normas autonómicas que se han ido dictando. Además, aunque teóricamente existe un encaje competencial entre esta legislación y la del Estado, regulado en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las sentencias del Tribunal Constitucional (el llamado «bloque de la constitucionalidad»), la verdad es que hace ya tiempo que el marco constitucional y sus previsiones han sido ampliamente desbordadas por la realidad, es decir, por las necesidades políticas.

Es cierto que al comienzo de la Transición existía teóricamente un diseño de encaje competencial entre la legislación autonómica y la del Estado, aunque fuera imperfecto. De acuerdo con esta idea inicial, cada Parlamento legislaría sobre las materias de su competencia, y nada más. Pero como en tantos temas, la realidad hace tiempo que desmiente a la Constitución. Lo que ha pasado, entre otras cosas, es que muchas de las leyes autonómicas que claramente superan las competencias de los parlamentos para dictarlas (sobre todo al principio, antes de la aparición de los Estatutos de «segunda generación», que elevaron el listón de las competencias legislativas), y que son por tanto «presuntamente inconstitucionales», nunca se llegaron a recurrir porque los partidos pactaron para no hacerlo a cambio, por lo general, de apoyo en el Parlamento estatal. Recordemos también los recursos ya interpuestos que hubieran podido prosperar, pero que se retiraron en virtud de estos mismos acuerdos políticos, después de un trabajo bastante considerable, realizado normalmente por funcionarios pagados por el contribuyente. El resultado es que nuestro ordenamiento está plagado de normas que debieron ser anuladas en su momento, pero que están perfectamente en vigor.

Aunque siendo un tanto cínicos cabe añadir que, dado el escaso cumplimiento real que tienen las pocas sentencias del Tribunal Constitucional (y las de los otros tribunales, para el caso) que han resuelto de verdad sobre conflictos de competencia entre Estado y comunidades autónomas, tampoco el hecho de que una norma sea declarada inconstitucional y «expulsada» de la floresta tiene gran significación. Dichas normas se pueden seguir aplicando sin mayor problema, o mejor aún, pueden ser sustituidas por otras que digan prácticamente lo mismo pero que no hayan sido «formalmente» anuladas, una práctica nada infrecuente en un mundo en el que muchos políticos consideran que saltarse la ley e incumplir las sentencias de los tribunales no tiene mayor trascendencia.

Para cerrar el círculo, tenemos también las virguerías que practica el equilibrista jurídico en que se ha convertido nuestro Tribunal Constitucional —antes de convertirse en algo bastante peor—, con hallazgos como las «sentencias interpretativas». La más famosa es sin duda la que resolvió el embrollo del Estatuto de Cataluña, que le pasó cobardemente el Parlamento estatal, como ya hemos comentado. Pero hay unas cuantas más. Son sentencias que permiten salvar la inconstitucionalidad de normas autonómicas siempre que los preceptos supuestamente inconstitucionales se interpreten por los que las han elaborado de manera distinta a lo que quisieron decir. Puro voluntarismo jurídico que, en vez de evitar la confusión, la propicia.

En definitiva, que gracias a estos acuerdos políticos y al desprecio por el Estado de derecho que han exhibido los políticos en nuestra democracia, los parlamentos autonómicos han legislado sobre todo lo que han querido, fuera o no de su competencia. Incluso a veces, justo es reconocerlo, lo han hecho antes y con más tino que el legislador estatal, como en el caso de la custodia compartida, aunque sea al precio de que los padres españoles tengán más o menos fácil obtenerla según su residencia. El problema es que hemos creado una selva normativa en la que, junto a especies sanas, crecen plantas carnívoras que amenazan con devorar el Estado de derecho.

Eso sí, el baño de burbujas en este caso puede no ser muy saludable, incluso casi envenenado. El nada sospechoso informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), pilotado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y publicado en junio de 2013, dice lo mismo que nosotros, aunque de forma más suave, ya que ella todavía está en activo. Afirma el informe que la seguridad jurídica y la simplicidad se han visto afectadas por los cambios profundos en la distribución de las competencias entre administraciones públicas. Por supuesto.

El exceso legislativo autonómico tiene consecuencias muy graves tanto en forma de costes de incertidumbre y riesgo para los operadores económicos (seguridad jurídica, competitividad, unidad de mercado) como en términos de justicia, igualdad ante la ley y libertad individual para los ciudadanos. El primer tipo de costes es mensurable, pues ya hay estudios que indican que a mayor regulación, menos iniciativa privada y menor competitividad: por cada ciento por ciento que crecen las disposiciones locales, caen un 80 por ciento las solicitudes de patentes en la región y un 3,5 por ciento la productividad total.* El segundo tipo también puede medirse, aunque quizá de forma menos precisa, sin por ello dejar de ser más contundente. Como decía el adagio latino atribuido a Tácito, «corruptissima republica plurimae leges»: cuantas más leyes tiene un Estado, más corrupto es.

¡VIVA LA DIFERENCIA!

¿Y sobre qué regulan fundamentalmente las comunidades autónomas? Pues sobre todo lo que se les ocurre. Lógicamente, los asuntos identitarios tienen prioridad, empezando por la lengua propia las que tienen la suerte de tenerla, aunque las demás también la han regulado, realizando antes, eso sí, un cierto esfuerzo para resucitar una o directamente inventársela. Ahí están para demostrarlo las numerosas leyes de política lingüística, incluyendo las de comunidades autónomas como Asturias o Aragón. Pero también hay que regular muchas materias en torno a esta identidad, culminando en la existencia de embajadas e instituciones culturales de todo tipo que permiten ver mundo a políticos o afines con inquietudes viajeras, a costa del contribuyente, por supuesto. Hay que entender que la búsqueda de peculiaridades no sale precisamente barata: es necesario impulsar estudios previos y desenterrar instituciones históricas interesantísimas y desconocidas que si no tienen arraigo histórico bien merecerían, según los dirigentes de las autonomías, haberlo tenido.

Y no piense el ingenuo lector que esto sólo pasa en las «nacionalidades históricas». Aquí tonta la región que no tenga un idioma propio, una cultura propia y hasta un reino propio en algún momento del remoto pasado… para justificar, eso sí, los fastos del rabioso presente. Y si alguien piensa que exageramos, dedique un ratito a la lectura de alguno de los preámbulos de los llamados estatutos de nueva generación. Le aseguramos que no quedará decepcionado.

El esfuerzo por diferenciarse del vecino alcanza espléndidos episodios de esperpento. Así tenemos una ley de la «galleguidad», que determina cuándo las asociaciones gallegas en el extranjero son suficientemente gallegas y pueden participar de la vida social de la comunidad, todo ello por medio de un complejo expediente administrativo e incluso la inscripción en un registro ad hoc. Tenemos también la Ley del Estatuto de Andaluces por el Mundo, con un contenido muy similar, o la Ley del Estatuto de Extremeños en el Exterior, la cual contiene nada menos que una regulación del congreso mundial de comunidades extremeñas.

Pero el asunto no acaba aquí. Hay que regular y dejar la particular impronta incluso en aquellas áridas materias en las que es difícil advertir de entrada grandes aptitudes para la diferencia. No importa: el ojo del legislador autonómico es capaz de ver las posibilidades allí donde un ojo humano ordinario sólo vería una aburrida uniformidad. Por ejemplo, una sociedad cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian libremente para la realización de actividades empresariales, ya tengan su domicilio social en el País Vasco o en La Rioja. Da igual, todas las comunidades autónomas tienen al menos una ley de cooperativas y ninguna es igual a otra aunque las sociedades cooperativas sean iguales en La Rioja alavesa o en La Rioja-Rioja, y sus necesidades y forma de funcionamiento idénticas.

Desde el punto de vista técnico no había ninguna necesidad de tanta normativa diferenciada, porque desde 1999 hay una Ley nacional de Cooperativas, sin contar con la normativa europea que pretende unificar el régimen de estas sociedades a nivel europeo, el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea. Es más, las cooperativas ni siquiera figuran en la lista de las materias sobre las que las comunidades autónomas pueden asumir competencias, según el artículo 148 de la Constitución. Pero ¿qué es este pequeño obstáculo constitucional para una comunidad autónoma dispuesta a regular? Poca cosa, se atribuye como competencia exclusiva en el Estatuto de Autonomía y a correr. Y aunque el que estas competencias exclusivas de nuevo cuño tengan que ser entendidas además como competencias para dictar leyes sea ya rizar el rizo, eso ha sido exactamente lo que ha sucedido.

En realidad, en este caso, como en tantos otros, no había ninguna necesidad de regular nada por ley autonómica; la Ley de Cooperativas estatal era y es perfectamente suficiente para todas las cooperativas españolas antes y después de entrar en vigor el Estado de las autonomías. Con los Decretos de Transferencia dictados en su momento, lo que se les transfirió a las comunidades autónomas fue sencillamente una función de supervisión y control sobre las cooperativas de su territorio, incluida la fiscalización del cumplimiento de la normativa estatal, para lo que habría bastado con una buena gestión administrativa. Eso sí, siempre es más glamuroso dictar una ley, y con cuantos más artículos mejor.

¿Y LA UNIDAD DE MERCADO?

Lógicamente, con tanto desenfreno normativo hemos perdido algunos valores por el camino, entre ellos la unidad de mercado. El informe CORA sobre la reforma de las administraciones públicas avisa de que los ministerios «han detectado» (sic) nada menos que 5.800 normas de 28 sectores económicos que podrían estar afectando a la unidad de mercado. Muy meritorio por parte de los ministerios, porque realmente no es fácil «detectarlas» salvo en aquellos casos en que la Unión Europea o los agentes económicos (bastante sufridos, todo hay que decirlo, para no molestar a los temibles legisladores autonómicos) se quejen.

La preocupación por la unidad de mercado no es tan reciente como parece. A finales de 2009 se aprobó la llamada «Ley Ómnibus» —por la cantidad de normas heterogéneas que viajaban a bordo—, que incorporaba parcialmente al derecho español la directiva europea relativa a los servicios en el mercado interior, con la finalidad de avanzar en la unidad de mercado en este sector y permitir sobre todo a las pequeñas y medianas empresas realizar operaciones fuera de sus fronteras. No cabe duda de que el sector servicios es el sector más importante en términos económicos y de empleo, tanto de la economía europea como de la española. El problema es que es un sector que está sometido a una regulación compleja, no sólo en España sino también en el resto de países de la Unión Europea, lo que provoca falta de competencia, ineficiencias en la asignación de recursos y estrechez de los mercados. En resumen, la falta de unidad de mercado limita tanto a nivel europeo como español el avance de la productividad, el crecimiento, la creación de empleo y, en definitiva, la mejora del bienestar económico. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Exposición de Motivos de esta bienintencionada norma.

Pues bien, dirá el lector, si el legislador esboza un diagnóstico tan certero, impondrá la unidad de mercado y establecerá como régimen general el de la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en todo el territorio español. Bueno… pues no. Las cosas no funcionan exactamente así.

Cuando llega el turno de la liberalización de algunos sectores digamos «sensibles» desde el punto de vista regional, es decir, para la clientela electoral de los Gobiernos autonómicos de turno, empiezan las inevitables rebajas al principio de la unidad de mercado. ¿Cómo se hace esto discretamente? Primero el legislador estatal aprueba, por ejemplo, una Ley de Ordenación del Comercio Minorista en marzo de 2010 que permite introducir rebajas en las futuras normas autonómicas. Esta norma, claro está, defiende la unidad de mercado, pero el problema es que empiezan a aparecer los «no obstante» y los «sin perjuicio», expresiones jurídicas muy socorridas cuya principal virtualidad es, como bien saben los juristas avezados, vaciar de contenido las disposiciones en las que se insertan sin que se note mucho.

Así que la ley estatal sostiene que, con carácter general, la instalación de establecimientos comerciales no está sujeta a régimen de autorización previa, pero inmediatamente añade el inevitable «no obstante», que permite a las autoridades regionales desarrollar una regulación propia en la que introducirán con cierto sigilo la necesidad de autorización administrativa para las instalaciones en su territorio. Eso sí, las rebajas tienen un límite, dado que estas autorizaciones no se pueden imponer sin ningún criterio, sino sólo cuando estén justificadas por razones imperiosas de interés general, y sin saltarse la normativa de la Unión Europea, para lo que se establecen un procedimiento y unos requisitos. Las justificaciones que puede dar una comunidad autónoma para denegar una autorización administrativa (en un sector que teóricamente ya no las necesita) tienen que ser de «interés general» relacionadas con la distribución comercial, como son la protección del medio ambiente y el entorno urbano, la ordenación del territorio, la conservación del patrimonio histórico artístico y la protección de los consumidores. Vamos, que, sobre el papel, las comunidades autónomas sólo pueden denegar la autorización para instalar el Carrefour en un parque natural o en un edificio del siglo XV, y poco más.

El problema real es que las autoridades autonómicas no suelen tener muchas ganas de permitir la competencia en sus feudos en detrimento del tejido empresarial local, algo que el legislador estatal sabe perfectamente. La socorrida fórmula «interés general» se interpretará como «interés electoral regional del partido», como ocurre tantas veces. El perjudicado, como siempre, será el ciudadano de a pie. Hay que admitirlo: la Unión Europea está muy lejos, el Estado es muy débil y las comunidades autónomas son muy fuertes y, sobre todo, están acostumbradas a hacer lo que les viene mejor a ellas en clave regional o local. Como hemos visto con el ejemplo de los establecimientos comerciales, lo que sucede es que el Estado se rinde de forma discreta para que en la Unión Europea no se den cuenta, permitiendo a las comunidades autónomas acudir a triquiñuelas varias para seguir haciendo lo de siempre: denegar autorización para abrir establecimientos comerciales que compitan con el pequeño comercio local. Ahora tendrán que hacerlo con más cuidado y más papeles, eso es todo. Y eso que los trucos suelen ser detectados por los expertos. En este caso, la ya extinta Comisión Nacional de la Competencia emitió un dictamen advirtiendo de los peligros de este tipo de regulación, del que por supuesto se hizo caso omiso.

¿Y si te pillan regulando lo que no debes? Pues resulta que hasta hace muy poco a los Gobiernos regionales les salía gratis incumplir la normativa comunitaria (la estatal, obviamente, les sale siempre gratis). No sólo gratis políticamente, que en España todo es gratis políticamente, sino gratis en sentido literal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer sanciones muy importantes económicamente por este tipo de incumplimiento… Pero resulta que se las imponía al Estado español, aunque el incumplimiento derivase de una norma autonómica. Exactamente lo mismo que el padre que tiene que pagar por los destrozos que hace un hijo adolescente al que no ha vigilado lo suficiente o al que ha educado mal. Y al que encima no puede dejar sin paga.

Volviendo a nuestro ejemplo, el Gobierno de España ya ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la UE por las limitaciones que las normas de algunas comunidades autónomas ponían a la apertura de grandes superficies. Así, la ley catalana sobre grandes superficies de 2005 fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE, pero a quien se condenó y se sancionó fue al Estado español, aunque la legislación procediera de un parlamento autonómico. Como es normal, el Parlamento catalán volvió a aprobar otra muy parecida a la derogada y vuelta a empezar.

Hay otros ejemplos: la Hacienda foral vasca ha sostenido un largo tira y afloja con el Tribunal de Justicia de la UE a propósito de las «vacaciones fiscales vascas», que el Tribunal declaró ilegales después de un larguísimo proceso. La sentencia entrañaba la obligación de devolver las ayudas irregularmente concedidas. ¿Se ha hecho? Bruselas dice que no, las diputaciones forales de Vizcaya y Álava sostienen que la sentencia no tiene efectos prácticos porque ya se ha devuelto todo el dinero y la Diputación Foral de Guipúzcoa, en manos de Bildu, dice que ella no tiene nada que ver…

INTERVENGO, LUEGO SUBSISTO

Pero no sólo la unidad de mercado es la que se resiente por la desaforada intervención autonómica. El intervencionismo regional prácticamente no tiene límites. Hay leyes para todo. Hay leyes para el ámbito privado, para la mediación familiar, para la custodia compartida, para las sucesiones, para las donaciones, para las parejas de hecho. Hay leyes para el ámbito público. Todas las que usted pueda imaginar y algunas que no puede imaginar. Hay, al menos potencialmente, diecisiete leyes autonómicas del suelo, de la vivienda, de asociaciones, de fundaciones, de subvenciones, etc. A la que se suman, claro está, la correspondiente ley nacional y, en ocasiones, una directiva o reglamento europeo.

Estas leyes autonómicas acompañan a los ciudadanos en todos los aspectos de su vida, desde que nacen hasta que mueren. Se regula todo con minuciosidad y con auténtica vocación de Gran Hermano autonómico hasta extremos realmente preocupantes, cuando no grotescos. El papá «miniestado» quiere tenerte controlado, con la excusa de protegerte. Es lo que tiene la proximidad.

Bueno, pensará el paciente lector, quizá se les ha ido un poco la mano, pero ¿no es verdad que vivimos en sociedades muy complejas que requieren muchas normas? Admitamos que puede ser cierto que el crecimiento de la legislación es un fenómeno paralelo al del aumento de la complejidad de la sociedad en que vivimos. La población es cada vez mayor y son más las relaciones jurídicas y económicas, y de estructuras más sofisticadas, que exigen reglas también más numerosas y específicas para controlar y ordenar el tráfico jurídico, de la misma manera que el aumento del parque móvil exige más reglas, más señales y más limitaciones para garantizar la seguridad del tránsito. Es verdad que si en un pueblo sólo hay dos automóviles, los semáforos o las señales no son imprescindibles, pero si los quitamos en Madrid tendremos un problema. Sin embargo, de eso a tener un semáforo en cada esquina, y además totalmente descoordinado con el de la esquina anterior, va un trecho, porque entonces sencillamente no se puede circular.

Dicho de otra forma, aunque sean hoy necesarias más reglas (que en muchas ocasiones sólo son conocidas por los sujetos especializados en el sector correspondiente), da la sensación de que en el mundo del derecho, y al contrario de la proposición de Jean-Baptiste Lamarck, la función no crea el órgano, sino que el órgano legislativo existente ha creado la necesidad, y en un acto de autojustificación ha producido una multiplicidad de normas jurídicas que en un alto porcentaje no sirven para nada. Aunque, en realidad, sí sirven para algo muy interesante: sirven para poner todo tipo de trabas a la actividad de los ciudadanos y de los agentes económicos y, en consecuencia, para incrementar el poder del regulador de turno. No podemos ignorar que cuantas más bicocas pueda conceder el regulador, ya sea por la vía de la atribución o por la igualmente interesante de la remoción de obstáculos que él mismo ha colocado, más capacidad tendrá de intervención en la economía y más oportunidades retributivas, en dinero o en especie, para él y para sus clientelas.

TODOS LOS ESPAÑOLES SON IGUALES ANTE ALGUNA DE LAS CIEN MIL LEYES

Existe un artículo en la Constitución, el 139, que recuerda que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todas las partes del territorio español. La lógica constitucional es clara: los derechos fundamentales de los españoles deben ser los mismos en todo el territorio nacional. Pues bien, aunque utilicemos un concepto muy restrictivo del término «derecho» y «obligación», podemos decir que hace ya mucho que los españoles no tienen los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio español. Y cuando hablamos de derechos fundamentales no nos referimos a la educación o a la sanidad o a la vivienda, que sin duda son fundamentales, pero tienen otro tratamiento jurídico distinto. Nos referimos al núcleo duro de los derechos y obligaciones, aquellos cuyo desarrollo, por su carácter fundamental, la Constitución quiso reservar al Parlamento nacional mediante la reserva de ley orgánica, recogida en su artículo 81.1: la libertad de expresión, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de manifestación y de reunión, la libertad de asociación, etc.

Porque la realidad es que las comunidades autónomas también se han animado con los derechos fundamentales reservados al Parlamento nacional. ¿Qué ha pasado para que algo así pueda ocurrir? Varias cosas. En primer lugar, a veces el Parlamento se retrasa y no tiene demasiada prisa por regular materias que pueden dar lugar a un debate complicado; la regulación del derecho de huelga puede ser un buen ejemplo. Además, tenemos las virguerías jurídicas del Tribunal Constitucional de las que habla el profesor Santiago Muñoz Machado, entre las cuales se encuentra la de permitir que en una ley coexistan normas de carácter orgánico con otras que no tienen este carácter, para mayor disfrute de los juristas.

Por ejemplo, el derecho fundamental a asociarse libremente, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, tardó mucho en ser desarrollado por una norma estatal, nada menos que hasta el año 2002. La ley anterior era de 1964, una ley franquista, para entendernos, y recordemos que los movimientos asociativos no eran precisamente la cup of tea del régimen del Caudillo. Parece que tampoco eran una prioridad para el régimen de la Transición.

Así que había un hueco. El País Vasco se lanzó a regular tempranamente el derecho de asociación con la Ley vasca de Asociaciones en 1988. Esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que nada menos que diez años más tarde decidió por los pelos a favor de su constitucionalidad. A continuación la Generalitat de Cataluña se puso a regular esta materia antes que el legislador estatal (y antes de que el TC hubiese dictado sentencia sobre la ley vasca), en 1997. Esta Ley de Asociaciones catalana fue igualmente recurrida y parcialmente declarada inconstitucional, pero nueve años más tarde, en 2006.

En conclusión, en esta materia, como en otras muchas, hubo una incuria y dejación de funciones por parte del legislador estatal y un escandaloso retraso por parte del Tribunal Constitucional que permitió que algunas comunidades autónomas pudiesen rellenar el espacio vacío, regulando el derecho de asociación dentro de su territorio con dudoso fundamento constitucional. Lo de dudoso se desprende de la lectura de la sentencia del TC de 1998 que decidió a favor de la constitucionalidad de la norma vasca por un apretado 6-5, cual reñido partido liguero, dado que había una vacante en ese momento en el TC, compuesto en periodos normales por doce miembros elegidos por estricto reparto partitocrático. La sentencia en cuestión tuvo en cuenta, lógicamente, el dato de que el legislador estatal no había regulado todavía el derecho de asociación y que la ley llevaba diez años en vigor, por lo que no era sencillo expulsarla sin más del universo jurídico. Además, nueva virguería del TC: ¿cómo saber si la ley autonómica vulneraría o no una futura ley estatal? Tras la aprobación por el legislador estatal de su propia ley, la Ley Orgánica 1/2002, en la que se deja la puerta abierta a la regulación autonómica de las asociaciones que tengan ámbito autonómico en ciertos aspectos, el TC dicta sentencia en 2006 sobre la ley catalana anulando únicamente algunos preceptos.

Por supuesto, detrás de las nacionalidades históricas vienen las demás. Acuérdense de la famosa «cláusula Camps» del Estatuto valenciano o del «y yo también». Si alguna comunidad autónoma consigue algo, las demás también lo quieren. Y eso que no es fácil inventarse apartados nuevos en una ley de asociaciones regional, porque lo fundamental ya está en la estatal. Pero de nuevo el genio autonómico ha encontrado caminos para rellenar papel oficial. La ley valenciana de 2008 regula asuntos como el uso de las nuevas tecnologías por parte de las asociaciones valencianas…

LA CALIDAD SE QUEDA POR EL CAMINO

A estas alturas ya se pueden imaginar que en esta carrera por regularlo todo la calidad normativa y técnica de la mayoría de estas normas deja bastante que desear. Muchas no son más que puro humo, dado que su función primordial no es atender a una necesidad real de la sociedad y procurar resolverla de la mejor manera posible, sino hacerse la foto y hablar de ella en los medios. Es lo que se ha llamado «derecho hueco», «derecho inútil» o «leyes placebo», normas que tienen forma de tales pero que no lo son en realidad, están vacías de sentido, son textos absolutamente prescindibles. Muchas de ellas están repletas de declaraciones de intención «buenistas»: se garantizan tales o cuales derechos o libertades, en especial las que en el momento de redactar las normas están en el debate más inmediato, pero no se llega más allá.

Otras normas tienen más contenido y más interés, especialmente para sus beneficiarios, como son todas aquellas que crean organismos consultivos o de asesoramiento en los que colocar a los políticos y los amigos de los políticos, organismos que pueden estar duplicados, triplicados o solapados con otros, no ya con los estatales sino incluso dentro de la misma comunidad autónoma, sobre todo si es un poco grande y hay mucha clientela a la que colocar. Así surgen los defensores del pueblo autonómicos, los tribunales de defensa de la competencia regionales, las cámaras de cuenta regionales, los variados consejos consultivos, los centenares de observatorios, las miles de fundaciones y en general la miríada de organismos públicos pagados con dinero del contribuyente cuya utilidad no está nada clara más que para quienes viven de ellos.

Quizás una de las consecuencias más desafortunadas del sistema normativo autonómico, y sobre la que no se suele llamar la atención, es que esta sobrerregulación «congela» con rango de ley regulaciones a las que les bastaría y sobraría con una norma de rango reglamentario o incluso inferior. Esto genera un círculo vicioso, porque toda esta normativa de rango legal innecesario (y normalmente también de contenido innecesario) ya sólo puede ser derogada o modificada formalmente por otras normas de rango similar, conforme al principio de nuestro ordenamiento jurídico, que exige que para derogar o modificar una ley hay que aprobar otra ley. Todo esto descontando que los cambios políticos provocan habitualmente la necesidad de modificar las leyes aprobadas por Gobiernos anteriores, con lo que el trasiego normativo legislativo es constante y va en aumento.

Aunque hay que decir que lo que hemos perdido en calidad normativa, en seguridad jurídica, en unidad de mercado, en libertades individuales y en igualdad ante la ley lo hemos ganado en abundancia, «proximidad», color local, pintoresquismo y romanticismo a lo Walter Scott, con esos nombres medievales que resuenan en las instituciones autonómicas —como Justicia de Aragón, Síndic de Greuges, Personero del Común, Procurador del Común—, y también, por supuesto, en intervencionismo puro y duro, como comentábamos antes.

Como ya se habrán dado cuenta a estas alturas, para muchos de nuestros políticos nacionales y regionales la democracia consiste básicamente en hacer lo que mejor les parece en beneficio de sus intereses electorales a corto plazo. La regulación general que se recoge en las normas europeas y estatales, o en las decisiones judiciales que las aplican, no son el marco y las reglas de juego a respetar, sino el enemigo a batir con todos los trucos formales habidos y por haber.

En definitiva, es imprescindible en esta tarea ingente de regeneración democrática que tenemos por delante pinchar la burbuja normativa y repensar el proceso de producción legislativa y la amplitud de la competencia de las comunidades autónomas en esta materia. Tenemos que detener un proceso de excrecencia y degeneración normativa que ha creado un sistema de reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas que es ineficiente en el mejor de los casos, y corrompido y absurdo en el peor. En las próximas elecciones los partidos políticos deberían proponer no legislar durante una temporada larga, como una especie de cura de desintoxicación. Si además llevan en el programa la reducción de los parlamentos autonómicos y su conversión en órganos de control del ejecutivo, así como la limitación del número de sus reuniones y el pago a los diputados con dietas por asistencia, mejor que mejor. Tampoco se trataría de una gran novedad, es exactamente lo que propuso la famosa comisión de expertos que se reunió en 1981 para analizar este problema y a la que por supuesto no se hizo el menor caso.

Pero la culpa no es sólo de los políticos. Es también imprescindible un cambio cultural donde la actividad de un Gobierno no se mida por el número de leyes o decretos que aprueba, sino por el nivel de eficacia y eficiencia en la consecución de resultados, incluidos los de tipo normativo. De ello trataremos en el siguiente capítulo.

4

LA LEY DEL DESEO: CAUSAS Y EFECTOS

DE LA MALA CALIDAD DE LAS LEYES

LEGISLAR ES UN TRABAJO COMO OTRO CUALQUIERA. Y SE HACE MAL

El miércoles 15 de mayo de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una ley, la 1/2013, cuyo objetivo era reforzar la protección al deudor hipotecario, necesidad muy largamente sentida en la sociedad en los anteriores años de crisis. Es una norma notablemente compleja, que reforma otras muchas, suscita bastantes dudas y ocupa veintiséis páginas del Boletín Oficial. Debe estudiarse con detenimiento para poder comprenderla y aplicarla correctamente y para evitar errores graves, en especial en aquellas cuestiones más delicadas relacionadas con los hipotecados. De hecho, su tramitación parlamentaria se prolongó a lo largo de varios meses. Era de esperar por tanto que se concediera un plazo de días suficiente para que los que tienen que aplicarla, juristas y no juristas, la estudiasen y comprendieran bien… Pero no. La ley entraba en vigor el mismo día de su publicación (contra la regla general del Código Civil de que las leyes entren en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE), lo que causó ese miércoles un caos bastante notable y una multitud de negocios jurídicos con diversos tipos de defectos legales, incluso de nulidad total, con evidente perjuicio para muchas personas que habían preparado durante semanas las operaciones previstas para ese día, y que habrían sido perfectamente válidas y eficaces si se hubieran cerrado el día anterior.

Todavía peor, el BOE se publica a las siete y media de la mañana, por lo que, de acuerdo con las normas generales entró en vigor a las 0 horas de ese día, así que durante las primeras siete horas y media del día 15 de mayo estuvo en vigor una norma desconocida y oculta, lo que es algo del todo inconstitucional. ¿Cuáles son las razones de tanta prisa? Ninguna de fondo. Que los legisladores querían quedar bien, aparentar que son muy eficaces y que, terminado su trabajo, no se pierde tiempo en ejecutarlo. Pero es al revés, esta postura que adoptan sólo genera problemas completamente innecesarios a los demás.

La famosa y muy controvertida Ley de Tasas Judiciales, del 20 de noviembre de 2012, amplía de manera muy notable la obligación de efectuar el pago previo de una tasa para poder acudir a los tribunales de justicia. También es una norma muy extensa que entra en vigor, no el mismo día, pero sí al día siguiente de su publicación en el BOE. A partir de ese momento, los secretarios judiciales tienen obligatoriamente que exigir el comprobante de pago de la tasa antes de admitir ningún escrito. El pago se debe efectuar por medio del correspondiente impreso, pero… ¡con las prisas se olvidaron de regular ese impreso! Vaya. La ley entró en vigor sin impresos ni orden de gestión del tributo, con el imaginable desconcierto y caos entre jueces, abogados, secretarios, procuradores y justiciables. La orden se aprueba casi un mes después, y establece algo extremadamente sorprendente: que las tasas sólo serán exigibles a partir de la fecha de la propia orden. Eso significa que, de hecho, deja sin efecto la ley de tasas hasta ese instante, norma de rango muy superior que exigía el pago desde su propia entrada en vigor, lo que de nuevo es inconstitucional. Y una chapuza.

Seguimos: el 2 de julio de 2010 se publica en el BOE una norma muy importante para el ámbito mercantil y de los negocios, la Ley de Sociedades de Capital, que regula extensamente todo lo relativo a las sociedades anónimas y limitadas, esto es, a las formas jurídicas por medio de las cuales se desarrollan la mayoría de los negocios y todos sus pormenores: cómo se constituyen, los derechos y obligaciones de los socios, los grupos de sociedades, los estatutos, las sociedades extranjeras, etc. Para los pequeños o grandes empresarios, emprendedores o inversores, nacionales o extranjeros, esta ley es su pequeña biblia, la norma base. Lo que no es razonable es que esa biblia cambie de contenido cada dos por tres, que es precisamente lo que ocurre: ya dos días antes de entrar en vigor, el 1 de septiembre de ese mismo año, se publicó una corrección de errores; en los dos años siguientes va a ser modificada nada menos que seis veces, a razón de un cambio cada cuatro meses, y sin indicios de que el proceso haya finalizado. Si hay algo que un inversor reclama desde el punto de vista jurídico es estabilidad. Saber a qué atenerse. Si se cambia la ley cada pocos meses, la impresión que se ofrece es la contraria, de improvisación e inseguridad.

Estos ejemplos no están escogidos al azar, sino que son representativos de otros muchos, todos los cuales apoyan la siguiente afirmación: en España se legisla mal. Y cada vez peor.

Las leyes son un producto de la actividad y el trabajo humano, igual que un par de zapatos, un libro o un automóvil. Y del mismo modo se pueden confeccionar bien o mal, hacer un buen trabajo o una chapuza, incluso independientemente del propio contenido de la norma. Un coche o unos zapatos pueden estar bien diseñados, pero no atraernos por diversas circunstancias. Con una ley puede ocurrir lo mismo, que no estemos de acuerdo con su contenido, pero que a pesar de todo sea un buen producto, algo bien elaborado. Sin embargo, en España las leyes, en muchas ocasiones, son el resultado previsible de un mal trabajo. Los legisladores hacen su tarea de modo mediocre y nos perjudican a todos.

Unas leyes técnicamente defectuosas aumentan el ámbito de discrecionalidad del poder, disminuyen las posibilidades de controlarlo e intimidan a los juristas en particular y a la ciudadanía en general, que se sienten incapaces de entenderlas y en un permanente estado de incertidumbre. Lo que hoy vale, mañana quizá ya no. Que los boletines oficiales rebosen de normas mal hechas es contrario al principio constitucional de seguridad jurídica, desgasta al Estado de derecho y, en último término, a la propia democracia. No es ninguna broma.

Alguien tan poco sospechoso de ser partidario de regularlo todo como Friedrich Hayek declaró que, probablemente, nada haya contribuido tanto a la prosperidad de Occidente como la seguridad relativa de la ley. La seguridad jurídica se cita habitualmente por los economistas como uno de los elementos fundamentales para atraer capital extranjero. Y nosotros cada vez tenemos menos.

Además es que nuestro ordenamiento jurídico pesa demasiado. Ya lo hemos dicho. Esos kilos no son por exceso de músculos legales, entendiendo por tales normas que estén bien hechas y que resultan esenciales para el buen funcionamiento del sistema, sino que son kilos de grasa jurídica sobrante, normas mal hechas cuya ausencia mejoraría el conjunto del ordenamiento jurídico. De la burbuja normativa autonómica ya hemos hablado, pero el legislador estatal no está, ni mucho menos, exento de culpa. También legisla demasiado y con malos resultados. Últimamente, por cierto, sobreexplotando un arma poderosa y potencialmente muy peligrosa, el decreto ley.

JESÚS, APLAUDES POCO

La cuestión de los decretos leyes merece un análisis detenido porque es un síntoma muy claro de deterioro en el armazón de nuestro Estado de derecho. Un decreto ley es una norma que tiene rango de ley, pero que no emana del Parlamento sino del propio Gobierno, siempre que esté justificado en casos especiales por la concurrencia de una extraordinaria y urgente necesidad. El Congreso ha de convalidarlo en el plazo de treinta días. En muchas ocasiones, sin embargo, no está nada clara la urgente necesidad que se invoca casi con una plantilla para dictarlo, y se aprovecha para regular materias que deberían haberlo sido por ley ordinaria. Y es que últimamente todo parece ser de extraordinaria y urgente necesidad, en especial si se le añade en el título la palabra mágica «financiación» o «estabilidad financiera», ya estemos hablando de la morosidad de las administraciones públicas, de la banca o del sistema eléctrico.

Por supuesto que también las comunidades autónomas aprueban decretos leyes, y la urgente necesidad que se alega a veces es un tanto esperpéntica. Por poner un ejemplo, el Gobierno balear aprobó uno que permite nuevas edificaciones en núcleos residenciales sin alcantarillado, u otro de medidas urgentes en zonas turísticas maduras que se empezará a aplicar en la playa de Palma…

El uso racional de este instrumento jurídico es correcto. El abuso no, porque supone que el Gobierno se convierte en Parlamento, dejando a éste una función casi testimonial. Pues bien, la crisis económica ha servido de pretexto para que el número de decretos leyes aumente de manera exponencial, con contenidos variadísimos que afectan a multitud de leyes y a otras normas de rango inferior. En el año 2012, el Parlamento aprobó ocho leyes orgánicas y diecisiete leyes ordinarias, en total, veinticinco; pues bien, en ese mismo año el Gobierno dictó nada menos que veintinueve decretos leyes. ¿Quién es el verdadero Parlamento, el Congreso o el Consejo de Ministros? Al actuar de forma sistemática por decreto ley, quien legisla realmente es el Gobierno y no el Parlamento, sufriendo con ello no sólo la democracia sino también la técnica legislativa, dado que las prisas son malas consejeras y no es que haya precisamente un exceso de competencia técnica en los Gobiernos que haga innecesaria la lectura atenta y el debate de las normas que se van a aprobar.

Los decretos leyes suelen publicarse rápidamente en el BOE y entrar en vigor de inmediato. El Parlamento (el Congreso en concreto, pues el Senado no interviene) se limita a convalidarlos, pero sin poder modificar su contenido. No existe posibilidad de debate parlamentario o de mejorar una norma que en muchas ocasiones tiene un nivel técnico bajo. A veces, simplemente, no se entiende qué se ha querido decir, porque las frases que componen los preceptos están mal redactadas. Cuando se utiliza este mecanismo se puentea al Consejo de Estado, cuyo dictamen es preceptivo en el caso de los anteproyectos de leyes, y se impide la participación de la sociedad y de los técnicos, en especial de los que deberían ser esenciales, los Letrados de Cortes. No es, o no debería ser, el sistema habitual de legislar.

El caso es que el Parlamento se ha dejado abducir por el poder ejecutivo, que ha ido poco a poco absorbiendo sus funciones, fagocitándolo, y la práctica desenfadada del decreto ley no es en realidad más que un reflejo claro de esta situación. El Gobierno lo considera apenas un trámite burocrático molesto que hay que salvar cuanto antes por medio de una serie de votaciones ya decididas de antemano y un debate en el que todos sabemos qué van a decir los representantes de los grupos antes de que intervengan. Todo contribuye a ofrecer una intensa impresión de inutilidad, de teatro en el peor sentido de la expresión. Y, sin embargo, el Parlamento es una pieza clave para la salud de una democracia, como demuestra la viveza y la incertidumbre de los debates y las votaciones en otros parlamentos democráticos occidentales.

A nuestros parlamentarios hay que exigirles bastante más que aplaudir a sus líderes, tanto de forma colectiva como individualizada. Por su bien, y en especial por el de todos nosotros. El Gobierno, cualquier Gobierno, es mucho más sensible y vulnerable a la influencia de los lobbies, de los enormes grupos económicos —financieros, medios de comunicación, electricidad, gas, petróleo, etc.—, que pueden provocar, y de hecho lo hacen muchas veces, que se legisle a su favor, lo que es mucho más sencillo por decreto ley, sobre todo cuando una norma de este tipo modifica otras quince, y el ruido mediático que pueda provocar una reforma más o menos escandalosamente inclinada no al interés general sino al de los poderosos queda diluido entre el que generan todas las demás que se aprueban a la vez.

El abuso del decreto ley es al mismo tiempo una causa y un efecto de la degradación actual del Parlamento español. Y si el Congreso está deteriorado, ¿qué decir de la Cámara Alta? El Senado sigue siendo una institución en busca de su utilidad. Se dice que un hormiguero se comporta y actúa como si fuera un solo ser vivo, aunque esté compuesto de miles de hormigas individuales. Algo parecido ocurre con nuestros diputados: votan en bloque, siempre y sin excepciones, tal como les pide el partido al que pertenecen. Los grupos parlamentarios son el hormiguero. Sea cual sea la materia tratada, el enfoque de la misma, los intereses de la provincia a la que supuestamente representan o sus convicciones personales, siguen fielmente las directrices del partido. No se trata, desde luego, de actuar siempre por libre, hay lógicas obligaciones de lealtad, pero de eso a servir nada más que para pulsar el botón de votación que indique el jefe de filas hay un abismo.

Jesús López-Médel, abogado del Estado y parlamentario por el Grupo Popular durante dos legislaturas, cuenta que un día, antes de salir del hemiciclo, el portavoz adjunto del Grupo Popular le cogió del brazo y le espetó una frase tremenda: «Jesús, aplaudes poco». No se puede resumir mejor que en estas tres simples palabras la decadencia de un Parlamento. Si la capacidad de los que aprueban las leyes, de nuestros representantes democráticos, se mide usando un aplausómetro, poco puede extrañar la mala imagen que la sociedad tiene de ellos.

HACER JUSTICIA CON HERRAMIENTAS DEFECTUOSAS

Legislar mal es una receta segura para empeorar la situación de la justicia. No todos sus males provienen de la calidad de las normas, pero es uno de los factores que influye en su deterioro. Hay una cantidad absurda de normas, que no deja de aumentar en proporción geométrica; no se sabe muchas veces cuáles leyes están vigentes y cuáles no, porque las que se supone que han perdido vigencia no han sido expresamente derogadas; se modifican leyes por medio de otras que nada tienen que ver con la reformada, casi de tapadillo; muchas normas son meras declaraciones de intenciones que parece que regulan, pero cuya exigibilidad vía judicial es más que dudosa o incluso inviable.

Es muy frecuente como cláusula derogatoria que aparezca una expresión del tipo «quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta norma». Muy bien, pero ¿cuáles son esas disposiciones? En muchas ocasiones surgen dudas acerca de si una norma de rango inferior se opone o no a la superior. El legislador opta por la comodidad, solemnizando lo obvio: realmente no hace falta decir que una norma deroga las que la contradigan si son de rango igual o inferior, eso viene dado por el principio de jerarquía normativa. Lo que tiene que hacer es decir expresamente qué normas deroga; es decir, hacer su trabajo y no pretender que se lo hagan los demás.

Todo este deficiente material es con el que tienen que trabajar los jueces, fiscales y abogados, y es fácil suponer que no les ayuda demasiado. Muchos pleitos se interponen por la inseguridad jurídica provocada por esta situación tan caótica, en la que el ciudadano no está seguro de sus derechos. Un material legal con tantos problemas propicia que la jurisprudencia menor, la de los tribunales y audiencias, no sea todo lo uniforme que debiera sino que, por el contrario, haya muchas diferencias entre sentencias. Si en un tema jurídico concreto (por ejemplo, si una cláusula es o no abusiva para el consumidor), cinco audiencias resuelven en un sentido, siete en otro y dos son mediopensionistas, el mensaje conjunto que se ofrece es más bien confuso. Si, por el contrario, la norma está clara, aunque pueda haber diferencias entre la interpretación de los tribunales, éstas serán mucho menores. La mala calidad de la legislación genera inseguridad, y con ella aumenta la litigiosidad. Si se quiere aliviar de verdad la colapsada situación de la Administración de Justicia, es condición necesaria, aunque no suficiente, legislar mucho mejor.

Que las normas cambien con tanta rapidez, que sean continuamente reformadas —en gran número de ocasiones a golpe de clamor popular— tiene dos efectos colaterales que se suelen pasar por alto. La Ley de Enjuiciamiento Civil, texto fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, ha sido modificada casi cuarenta veces desde el año 2000; incluso hay años que se ha cambiado más de cinco veces. El Código Penal, otro pilar esencial de cualquier ordenamiento jurídico, ha cambiado unas treinta veces desde 1995. Y lo mismo ocurre con otras muchísimas normas. Esta inestabilidad provoca, en primer lugar, que el Tribunal Supremo no llegue a conocer muchas de ellas, porque su vida es demasiado breve. El alto Tribunal precisa de estabilidad legal y de tiempo para poder emitir unas sentencias que interpretan con efectos generales esas normas y que constituyen la jurisprudencia que hace uniforme su interpretación. Que no haya una adecuada jurisprudencia hace más vulnerable a la sociedad frente al poder ejecutivo y legislativo, que no resultan adecuadamente «contrapesados» por el poder judicial. De nuevo podemos comprobar cómo la mala calidad de las normas, en este caso por su extremadamente corto plazo de vigencia, afecta negativamente al sistema democrático.

A la escasez de la jurisprudencia se añade la dificultad de generar un cuerpo de doctrina por parte de los especialistas jurídicos. El estudio de las normas que componen el ordenamiento jurídico y la exposición de los resultados en monografías, estudios, tratados, congresos y demás ha sido siempre una pieza esencial para la buena salud del Estado de derecho. Cualquier estudioso de las distintas ramas del derecho sabe cuáles son las obras doctrinales fundamentales clave que estudian y analizan los textos legales y sirven de guía para muchos juristas, autores y estudios que han marcado una profunda huella y han influido en la legislación, jurisprudencia y doctrina posteriores, a veces a lo largo de varias décadas. Estos frutos doctrinales quedan, si no eliminados por completo, sí muy disminuidos en cantidad y calidad cuando las normas son tan cambiantes y llenas de remiendos.

No es razonable dedicar meses o incluso años de estudio intenso, profundo, a una ley cuando sabes que va a cambiar tan rápido, que mucho de lo que se pueda escribir sobre ella estará derogado a los pocos meses de publicarse el libro, o incluso antes de que esto ocurra. Los tratados, los estudios rigurosos, las tesis doctrinales, van dejando paso a los apuntes de urgencia, las breves notas o los estudios esquemáticos para salir del paso. Los expertos jurídicos, los autores de doctrina, tienen una influencia muy importante en la interpretación de las reglas jurídicas que rigen la sociedad. La hiperlegislación, tanto estatal como autonómica, los desactiva y minimiza su influencia en beneficio del poder político institucional.

Nuestros hiperlegisladores cuentan además con otra ventaja. En los medios no se suelen recoger las opiniones de los expertos cuando, como sucede con frecuencia, consideran que la nueva regulación es a veces una cosa incomprensible, y en muchos casos inaplicable, que no hacía falta alguna, o que, sólo con el fin de poner adornos de presunta modernidad, no hace más que imponer complicaciones gratuitas a los afectados. Y, por supuesto, lastrar su productividad. La tradicional indolencia de la sociedad española, capaz de digerir sin ruido tanto disparate de sus dirigentes, juega también a su favor.

Hay en especial una ley que es continuamente promulgada de mil maneras en España, pero que por desgracia los tribunales no pueden aplicar: se trata de la ley del deseo. En multitud de ocasiones, los portavoces de los respectivos Gobiernos anuncian futuras medidas, normas, reformas, como si ya estuvieran aprobadas y prácticamente en vigor, cuando lo cierto es que son puras declaraciones para ganar titulares aunque sin nada detrás. No pocas veces al final no se hace lo que se anunció, o, si finalmente se promulga una norma, es muy diferente a lo que se había dicho.

Por otra parte, nuestra clase política parece asumir que su trabajo termina con la publicación de una norma, que solamente este hecho va a provocar, sin más, un cambio en la realidad. Que basta con desear algo y ponerlo por escrito en un boletín para que sea verdad. Si hay que esperar mucho para ser operado en los hospitales, no pasa nada: se promulga un decreto que limita a medio año esa espera. Como si por arte de magia esta prohibición fuese a agilizar por sí sola las listas de espera. Por no hablar de cómo exigir este tipo de derechos ante un juez. Si las administraciones no pagan a sus proveedores a tiempo, lo que causa problemas gravísimos a las empresas proveedoras, sobre todo a las que no tienen «músculo financiero», que son normalmente las pequeñas y medianas empresas, pues todo arreglado: se aprueba una Ley de Morosidad en el año 2010, panacea universal, como bien es sabido, para que las administraciones de golpe y porrazo empiecen a pagar a tiempo y dejen de guardar las facturas en los cajones, aunque no tengan ni un euro. ¿Que no ha funcionado demasiado bien? Pues nada, a aprobar otra norma todavía más dura. Y así hasta el infinito y más allá.

Y es que cambiar la realidad cuesta bastante más que cambiar una ley. Como diría Luis Cernuda, la realidad está muy lejos del deseo. Y, como ya hemos dicho, el papel lo soporta todo, en él se pueden hacer proclamas, garantizar cualquier derecho, reafirmar cualquier principio inamovible. En el papel oficial, el deseo del político es ley. Lamentablemente después tiene que pasar por la prueba de la confrontación de lo escrito con la cruda realidad, momento en el que muchas de esas bellas leyes del deseo naufragan lastimosamente.

¿SE LEGISLA MAL A PROPÓSITO?

La pregunta no es tan descabellada como pudiera parecer. Si observamos qué efectos puede tener en ocasiones legislar defectuosamente, puede sospecharse, legítimamente, que no nos hallamos en presencia de algo casual, de un mero descuido. Al fin y al cabo, la elaboración de «libros blancos», que daban lugar a un estudio reposado, profundo y plural de la materia a regular antes de la elaboración de los primeros anteproyectos, fue una práctica frecuente durante los primeros años de nuestra democracia pero que hoy casi ha pasado al olvido.

¿A qué se debe entonces esa manera muchas veces tan pobre, imprecisa y oportunista de legislar, característica reiterada de estas últimas décadas tanto en el Estado como en las diferentes comunidades autónomas? Puede que, como se ha comentado antes, se deba a un fallo o defecto del legislador, acuciado por las necesidades inmediatas y las prisas de los políticos, a la necesidad de «legislar para la foto». La cuestión es si hay algo más.

Es lícito plantearse al menos si la inseguridad y la imprecisión técnica que emanan de la inmensa mayoría de las normas recientes no siempre es algo fortuito o producto de las urgencias o de la falta de pericia técnica. La continuada, persistente e incluso creciente imprecisión de nuestros diferentes legisladores supera, en ocasiones manifiestamente, el límite de lo que podría admitirse como torpe o casual. Por ello nos tememos que esa peculiar forma de legislar, en especial en determinadas materias muy sensibles para los ciudadanos en general y para los empresarios y profesionales en particular, presenta indicios de ser como mínimo tolerada, aunque quizá de algo peor: puede ser premeditada.

Tomemos un ejemplo concreto. En los últimos tiempos se viene produciendo una utilización cada vez más frecuente del derecho penal por parte del legislador —no sólo español, el fenómeno es común en otros países occidentales— que resulta claramente contraria a sus clásicos principios informadores. El derecho penal siempre ha sido la ultima ratio, la última barrera, y uno de sus principios clásicos es el de intervención mínima, es decir, sólo se debe castigar penalmente lo que no tiene solución de otro modo.

Ahora, sin embargo, estamos asistiendo a un proceso progresivo de penalización de determinadas conductas que no siempre responden a verdaderas necesidades ni a una importante alarma social. Simplemente se penan comportamientos por decisiones puramente políticas, ejemplarizantes o incluso de imagen —hasta en el derecho penal existen modas—, estableciendo con mayor alegría de la que sería deseable tipos delictivos nuevos o desarrollando hasta el paroxismo otros ya conocidos, por razones de coyuntura económica, puramente recaudatorias o de ingenuidad legislativa. En definitiva, los gobernantes de muchos países tienden en los últimos tiempos a utilizar un arma tan poderosa, y a la vez tan delicada y peligrosa, como el derecho penal para casi todo, como un instrumento más de su actuación política, confiando en su importante efecto disuasorio e intimidatorio. Y todo ello sin que resulte particularmente efectivo en beneficio de los intereses generales, pese a lo que pudiera parecer a primera vista.

Un ejemplo concreto de esa hiperexpansión es la relativa al delito de blanqueo de capitales producida en los últimos tiempos. Este tipo penal ha pasado en pocos años de ser un delito casi marginal, reducido a los casos de introducción en el circuito económico legal de fondos procedentes de actividades ilegales como el narcotráfico y el terrorismo, a constituirse en el eje central del derecho penal económico, y en la pesadilla de la actividad habitual de muchos profesionales del derecho y del mundo financiero y empresarial. Sabemos que cualquier descubrimiento de un nuevo material, cualquier invento o técnica novedosa, suele ser examinado por parte de los Gobiernos por si tiene lo que se llama un «uso militar». Si un aparato permitiera no hacer ruido al andar, o ser invisible, o una sustancia produjera amnesia parcial, ya estarían los militares pensando cómo hacer un arma de ello. Con el derecho penal se está produciendo un fenómeno parecido: lo que hemos llamado hiperexpansión significa tratar en ocasiones los derechos de las personas como lo haría un elefante en una cacharrería y, especialmente, conceder al poder público un poderosísimo instrumento de actuación discrecional y oportunista, muchas veces utilizado en su propio beneficio.

Sucede además, como colofón a esa transgresión conceptual de los principios penales clásicos, que en muchas ocasiones la ejecución legislativa de estas políticas penalizadoras deja también bastante que desear, por lo que en la práctica resulta poco eficiente, llegándose a montar macroprocesos con centenares de imputados y un tremendo coste para el Estado que quedan prácticamente en nada, después de años y años de instrucción.

En un Estado moderno, los tipos penales tienen que ser claros y definidos, y la responsabilidad penal tiene que estar determinada por la ley con la mayor precisión posible, de forma que la gente sepa, sencillamente, cuándo delinque, para atenerse entonces a las graves consecuencias que para su persona y bienes acarrearán sus actos. Y eso no siempre sucede con las reformas penales de los últimos tiempos, especialmente en lo referente a los delitos económicos.

Y no seamos tan ingenuos de pensar que por muchos tipos penales y muchas penas que se establezcan los corruptos van a ser mejor castigados. Al final veremos que por estas redes tan estrechas sólo entran pececillos. Los peces gordos no suelen caer dentro. Para luchar contra la impunidad de políticos, gestores públicos y ciudadanos importantes no podemos admitir que sólo exista el derecho penal; no dejemos que nos den gato por liebre.

Pero no se trata solamente del ámbito penal. En estos tiempos de crisis, las diferentes administraciones públicas sacan una importante tajada de la inseguridad jurídica que ellas mismas generan y de las consiguientes confusiones y errores de sus administrados. Y ello en muchos y variados aspectos. Cuando las normas son pocas, claras y fácilmente entendibles, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y los errores, incumplimientos y demás infracciones no intencionadas se reducen enormemente. Pero cuando las normas son muchas, malas y contradictorias, y las diferentes regulaciones que confluyen sobre una materia concreta admiten varias y dispares interpretaciones, el asunto cambia sustancialmente. Y aquí es donde los gobernantes se colocan en ventaja. ¿Los motivos? Poner de manifiesto su poder, estar en disposición, si se tercia, de perseguir administrativa o incluso penalmente a sus enemigos políticos o económicos, reprimir conductas que no les agradan o interesan, pero que no tienen fácil encaje en ninguna norma sancionadora y, fundamentalmente, y por encima de todo, hacer caja para pagar sus enormes dispendios y sus habituales desviaciones presupuestarias.

Tenemos varios ejemplos de ello en materias muy sensibles para los ciudadanos: desde la laboral, trufada de reformas de compleja comprensión y ejecución práctica en los últimos años (reforma del despido, regulación de los expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos, normativa sobre seguridad social en autónomos, empleados de hogar…), hasta la tributaria, cuya regulación supera los altos límites de dificultad interpretativa que siempre ha tenido con los cambios introducidos por la Ley del Mercado de Valores, la nueva normativa sobre control del fraude fiscal y medios de pago, las reformas en IRPF, IVA y Patrimonio, las declaraciones sobre bienes situados en el extranjero, etc. Sin salir de este ámbito, resultan muy preocupantes no sólo la abstrusa redacción de bastantes de las nuevas normas, sino también las retorcidas interpretaciones que las diferentes administraciones están haciendo en los últimos tiempos en liquidaciones e inspecciones tributarias sobre asuntos cuya tributación era sencilla y pacífica en épocas de bonanza.

Ver algunas de las respuestas recientes a consultas formuladas ante la Dirección General de Tributos, y la práctica actual de muchas oficinas liquidadoras ante determinados negocios jurídicos, causa verdadero pánico. Lo que es más, esos peligrosos cambios de criterio en la práctica liquidatoria de determinados tributos se producen «de tapadillo», de un día para otro y sin darles publicidad alguna, y parecen responder a instrucciones políticas procedentes de la cadena de mando, dando toda la impresión de que se destinan a «pillar» a la gente que creía estar haciendo las cosas bien o, por lo menos, como se habían hecho y admitido hasta tiempos bien recientes. En conclusión, al amparo de una normativa reiteradamente poco clara se está produciendo una alarmante proliferación de interpretaciones administrativas o tributarias inhabituales siempre en perjuicio del contribuyente, y un aumento de actuaciones recaudatorias e inspectoras caracterizadas por una inaudita voracidad fiscal.

Recuerden: la mala calidad de las normas que componen el ordenamiento jurídico no es sólo un problema de y para los juristas. Es un mal trabajo de quienes nos gobiernan, que nos afecta a todos. Las malas leyes, dice Mario Vargas Llosa, no sólo van en contra de los intereses de los ciudadanos comunes y corrientes; además, desprestigian el sistema legal y fomentan ese desapego a la ley que, como un veneno, corroe el Estado de derecho. Si no se pueden abarcar todas las normas, si no se sabe si están vigentes, si no se entienden o si se pueden interpretar de varias maneras y no hay modo razonable de averiguar cuál es la buena, se está a merced del poder, indefenso ante él porque la ley ya no es una barrera entre el ciudadano y la arbitrariedad de los poderes públicos.

5

LAS LEYES SON PARA LOS OTROS

NO A LA DESOBEDIENCIA CIVIL… PERO A LA DE NADIE

Cumplir: «dicho de una persona, hacer aquello que debe o a lo que está obligado». Incumplir: «dejar de cumplir». En España, los poderes públicos, y los poderes en general, con frecuencia no cumplen las leyes que les afectan cuando no les interesa o conviene. Por tanto, no hacen lo que deben o a lo que están obligados. Este sencillo silogismo tiene un corolario: las leyes son para los otros, para los ciudadanos particulares, los que carecen de poder, pero no para los que las promulgan ni para sus favorecidos, y ni siquiera para sus colegas de otros centros de poder. La razón fundamental es que a las leyes no se les reconoce una legitimidad independiente del deseo de su creador, algo que es profundamente contrario a un Estado de derecho en su más pleno sentido, en el que la ley es de obligado cumplimiento para todos sus destinatarios y cuya infracción acarrea consecuencias.

Las leyes son como un menú de colegio en el que los platos están programados y los alumnos tienen que aceptarlo sí o sí, les guste o lo aborrezcan. Que cada uno eligiera según sus apetencias haría completamente ingobernable el servicio, y al mismo tiempo supondría un pésimo ejemplo para la educación de los niños. Sin embargo, los poderes reales se comportan con las leyes como si en vez de formar un menú estricto conformaran una amplia carta con multitud de posibilidades, una oferta adaptable a cada gusto o necesidad. Si no me gusta esta norma o no me apetece esta restricción escogeré otra. O ninguna. Que cumplan ellos.

Indignadas voces de nuestros próceres nos recuerdan el comportamiento de los movimientos 15-M, «rodea el Congreso» u otros afines, que toman las vías públicas sin pedir autorización para la ocupación de espacio público, como es preceptivo según las normas vigentes. Y no seremos nosotros, como juristas, los que neguemos que hay que respetar siempre las reglas de juego, es decir, el Estado de derecho. Por muchas simpatías que nos puedan suscitar las protestas o los manifestantes, o por graciosas que sean sus pancartas, hay que cumplir lo que dicen las normas. Todos de acuerdo en esto, suponemos.

Ahora bien, esta exigencia de respeto a las leyes debe demandarse en mayor grado a los gobernantes y cargos públicos: son los garantes de su cumplimiento. De ahí que si la desobediencia civil o la rebeldía son síntomas graves en un Estado de derecho que revelan problemas muy profundos, más graves todavía son la desobediencia civil o la rebeldía de los que mandan. Del propio poder. Respetar el Estado de derecho es parte esencial de su desempeño en una democracia. Así, la Constitución nos recuerda que la Administración Pública, además de servir con objetividad a los intereses generales, «actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho».

Cierto es que las administraciones y los gobernantes pueden interpretar las leyes; pero si esta interpretación no es correcta o vulnera la propia ley, ahí están los tribunales de justicia para decidir en última instancia si la interpretación es correcta o no, si se ha vulnerado la legalidad o no. En particular, los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa son los tribunales especializados en verificar si los actos que dicta la Administración se ajustan al ordenamiento jurídico. Y sus sentencias, claro está, son de obligado cumplimiento. No sólo eso: se supone que nuestros gobernantes también deberían cumplir las normas por una obligación ética, por un compromiso democrático o por salvaguarda del interés general, por deferencia hacia el esfuerzo invertido por una generación de españoles en construir un Estado de derecho que hoy se desmonta tan alegremente… O porque en la ley de la selva hasta los leones tienen percances de vez en cuando.

Dicho lo cual, la pregunta es obligada: ¿respetan nuestros políticos el Estado de derecho siempre, o al menos casi siempre? Pues la verdad es que no. Y bien que lo lamentamos, pero tenemos muchos ejemplos que lo demuestran, y a lo largo de este libro el lector se encontrará con unos cuantos. No hablamos ahora de deficiente aplicación de normativas, sino, lisa y llanamente, de no aceptar las reglas del juego. De desobedecer. Tomemos un caso concreto y paradigmático: el president de la Generalitat catalana se ha declarado numerosas veces en rebeldía. No sólo el actual, sino también sus predecesores. El Tribunal Supremo ya se puede hartar de dictar sentencias —que son jurisprudencia y vinculan a todos, empezando por los poderes públicos— sobre la cuestión de la enseñanza del castellano en Cataluña, los heroicos padres pueden pleitear y pleitear para intentar que se cumpla la legislación vigente… Da lo mismo. Estas sentencias no se cumplen y no pasa nada. No sólo eso, a los que ganan estos pleitos y así lo pretenden se les señala con el dedo y se les hace la vida imposible.

Conviene aclarar que las sentencias en cuestión no dejan lugar a dudas de lo que la Administración catalana tendría que hacer para cumplirla, incluso después de años de tira y afloja para intentar «interpretar» cómo se deberían ejecutar. El fallo es muy claro y no deja mucho espacio para la imaginación, ya que ordena a la Generalitat «adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, y de igual modo declaramos el derecho del recurrente a que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita que le sean dirigidas por el centro escolar lo sean también en castellano».

No obstante, la Consejería del ramo ha estado años interponiendo incidentes de ejecución y recursos varios para que le explicasen qué quería decir exactamente este fallo del Tribunal Supremo del año 2010, después reiterado en otro fallo de 19 de febrero del año 2013. En él se afirma que el derecho de las familias se reconoce con la «entera transformación del sistema», entendiéndolo como el colegio y el curso de los hijos, ya que no se trata de prestar una «atención individualizada» al alumno cuyos padres hayan reclamado, separándolo de los demás, lo que se considera discriminatorio.

Finalmente, los tribunales (en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) se lo han comunicado de forma meridianamente clara: la Consejería tiene que «adoptar las medidas necesarias para que sus hijos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas», y esta obligación afecta a toda la clase del alumno en cuestión.

Claro está que, más allá de las cuestiones técnicas, no hay peor sordo que el que no quiere oír. La Generalitat de Cataluña no quiere cambiar el sistema de inmersión lingüística en los colegios, y ya está. Las excusas son de lo más variado, y lamentablemente tienen poco valor jurídico, aunque sin duda tengan mucho valor emocional y hasta político. Pero es que ésa es la grandeza del Estado de derecho, que las leyes se tienen que cumplir aunque a uno no le gusten. Imagínense lo que pasaría si cada uno cumpliera sólo las normas que le parezcan bien.

En fin, volviendo a nuestro ejemplo, ¿qué va a pasar entonces? Pues probablemente lo mismo que hasta ahora. No pasará nada, como ya nos han explicado las autoridades competentes. Y además, como al Gobierno de España no le «consta» que las sentencias se estén incumpliendo o se vayan a incumplir —a diferencia de lo que sucede con los padres afectados, a los que les consta de primera mano—, tampoco se adoptarán medidas al respecto. Total, que los padres que siguen insistiendo en que se cumplan las normas en vigor habrán ganado una batalla judicial pírrica y tendrán que mandar a sus hijos a estudiar a otra comunidad autónoma o en un colegio privado, suponiendo que estén todavía en edad escolar, dado que las primeras solicitudes son del año 2006.

Comprendemos que comparado con la posibilidad de un referéndum independentista fuera del marco constitucional esto puede parecer un problema menor. Pero no se engañen, de aquellos polvos vienen estos lodos. Si las normas se pueden desconocer sin ninguna consecuencia por los gobernantes que tienen la obligación de respetarlas y hacerlas cumplir, ninguna está a salvo, desde la primera a la última. Tampoco, por cierto, las del Parlament, pero ésa es otra historia, como quizá algún día descubran a su costa los que ahora defienden con tanto entusiasmo el incumplimiento de estas sentencias.

Otro supuesto más en el que los encargados de velar por el cumplimiento de las normas son los primeros en saltársela es el de los ayuntamientos de Bildu. En este caso podemos hablar de rebeldía o desobediencia civil institucionalizada. Los propios ayuntamientos convocan a los vecinos para que se manifiesten en contra de acatar las normas vigentes. Nos imaginamos que no se conformarán con las banderas y que seguirán con la recogida de basuras, las tasas municipales o las rutas de los autobuses.

Ejemplos hay para aburrir, aunque no todos sean tan llamativos como las banderas que ondean en los edificios públicos, que son básicamente las que le apetecen al gobernante de turno, digan lo que digan las leyes. Los lectores viajeros pueden intentar recordar si ven algo parecido cuando viajan por otros países, o más bien si las banderas que uno encuentra izadas son las previsibles y las lenguas en las que están escritos los carteles en esos mismos edificios también.

Y es que ya va siendo hora de que les recordemos a nuestros poderes públicos de todos los colores y todos los ámbitos territoriales que si no les gustan las normas que ellos mismos aprueban, lo que tienen que hacer es cambiarlas por los procedimientos establecidos. Sí, es un poco más largo y más complicado, y a veces no se tiene la mayoría suficiente, pero en el Estado de derecho no se permiten atajos. Revela una tremenda ingenuidad, o una tremenda ignorancia, suponer que los ciudadanos de un Estado o de una parte de él son más libres cuando sus representantes se saltan las leyes a la torera que cuando no lo hacen. Como nos recuerda Giovanni Sartori, si ni siquiera exigimos que el hacedor de las leyes se someta a las leyes que él mismo hace, perdemos el último baluarte de las sociedades libres, la libertad dentro de la ley.

Quizá, después de todo, haya que concluir que lo de las acampadas ilegales no es tan grave. O por el contrario, puede que sea gravísimo. Porque los políticos que se saltan las normas y las instituciones lo hacen al creer que están legitimados para hacerlo por tener muchos votos. Pero en las acampadas y manifestaciones también hay mucha gente que puede creer lo mismo. La justificación para saltarse el Estado de derecho basada en el número de gente que te vota no está tan lejos de la justificación para saltárselo basándose en el número de gente que se manifiesta en la calle. Conviene no olvidar que un día te votan y al siguiente botan contra ti al grito de «no nos representan»…

DISCULPEN LA DEMORA

Existe una sencilla forma para los poderes públicos de incumplir las leyes: no aprobar a tiempo aquéllas que no les interesan demasiado. El problema del incumplimiento de los plazos legalmente previstos para adoptar normas reglamentarias en desarrollo de leyes sin las cuales éstas no resultan aplicables (hay unas cuantas) o incluso de las mismísimas normas de rango legal (por ejemplo, en el caso de trasposición de directivas comunitarias al derecho interno español) excede con mucho el ámbito jurídico. Puede tener importantes consecuencias económicas en tanto en cuanto los ciudadanos no pueden acogerse a una normativa que debería ser derecho vigente en España, pero no lo es aún por falta de ganas o de diligencia, con el añadido de la inseguridad que produce el no saber cuándo se producirá finalmente esta entrada en vigor.

No es nada infrecuente que esto ocurra, incluso que el incumplimiento del Gobierno de turno se refiera a plazos que él mismo se ha dado para desarrollar una ley. Es como si el más impuntual fuera precisamente el que convoca la reunión en su propia casa. Estos supuestos conviven con casos de impulso legislativo «espasmódico»: hay normas que se elaboran en unas semanas cuando el proyecto en cuestión responde a una iniciativa política que el Gobierno considera fundamental. Aquí lo importante es llegar a tiempo para la foto electoral o propagandística, dejando tras de sí memorias justificativas superficiales o memorias económicas de dudosa seriedad, cuando no simplemente inexistentes.

Se dice que la impuntualidad es un defecto o una costumbre, como prefieran, que culturalmente está bastante aceptada en España. De ahí quizá que no se denuncie como se debiera el continuado retraso, muchas veces de varios años, en adaptar la normativa europea por medio de la correspondiente ley nacional. Pero es una falta de respeto tanto a los destinatarios directos de la norma como a las instituciones comunitarias que las han elaborado, lo que sin duda afecta al prestigio del país incumplidor.

Veamos, por ejemplo, el caso de las directivas comunitarias cuando las autoridades españolas no quieren cumplir con ellas por la causa que sea. En primer lugar, incumplen de forma muy amplia el plazo de transposición. Sólo cuando la Comisión Europea reacciona e inicia un procedimiento de infracción se aprueba a regañadientes una norma —a veces por decreto ley, cuando la extraordinaria urgencia que obliga a recurrir a este procedimiento se ha debido a la propia desidia del legislador— que encima, en demasiadas ocasiones, no está muy ajustada al derecho comunitario, a ver si cuela.

Pero como no cuela, pasado un tiempo la Comisión abre un procedimiento de infracción por trasposición defectuosa. Mucho tiempo después, y justo antes de que lleguen a condenar a España, se aprueba una norma ambigua que al menos no incumple frontalmente el derecho comunitario y deja los procedimientos de infracción sin objeto. En esa nueva fase, para la Comisión es mucho más difícil evaluar el grado de cumplimiento de la directiva, dado que se notan más los casos de no trasposición o trasposición defectuosa. Así que muchos años después se llega a una situación en la práctica en la que no se aplica la directiva o se aplica mal, siendo estas prácticas difíciles de atajar. Ya hemos visto algún ejemplo al hablar de las normas autonómicas.

Claro que hay casos en los que se decide apurar todavía más antes de reaccionar, y el asunto llega a los tribunales comunitarios e incluso se llega a la condena del Reino de España. Y hay veces que hasta después de la condena las autoridades españolas siguen sin reaccionar, pese a la imposición de multas por cada día de retraso, y sin que ese incumplimiento manifiestamente negligente le cueste nada a nadie, salvo a los propios ciudadanos, es decir, a todos nosotros.

Otro ejemplo reciente lo tenemos en el llamado «céntimo sanitario», que no se refiere exactamente a un caso de trasposición, sino a un saltarse las reglas comunitarias a la torera. En febrero de 2014, la justicia europea declaró contrario al derecho comunitario el llamado «céntimo sanitario» para los carburantes, un impuesto implantado en España en 2002 con el objeto de financiar la Sanidad. Si bien al principio oscilaba entre 1 y 2,4 céntimos por cada litro de carburante, llegó a gravar cada litro de carburante con hasta 4,8 céntimos. La mayor parte de las comunidades autónomas lo implantaron.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además de declararlo ilegal, lo hizo con efecto retroactivo y lo acompañó de una serie de comentarios que son verdaderamente vergonzosos por lo que supone de actitud entre negligente y dolosa por parte de nuestras administraciones, que acabará perjudicándonos a todos. España pidió que los efectos no fueran retroactivos, pero la sentencia afirma nada menos que «no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años». El Tribunal señala que en el año 2000 ya se pronunció sobre la ilegalidad de un impuesto similar y que en el 2001 la Comisión Europea advirtió a España de que el céntimo sanitario era contrario a derecho. España también pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tuviera en cuenta la difícil situación económica de las arcas públicas y el impacto que una devolución de esa cuantía podría tener en ellas. Pero en la sentencia se asegura que el elevado monto a devolver no puede servir como excusa para no ser reembolsado, porque supondría que cuanto más grave es una infracción, más posibilidades habría de quedar absuelto de ella.

En resumen, las autoridades españolas implantan un impuesto ilegal. Se les avisa de ello seriamente durante muchos años y hacen caso omiso. Y cuando se les condena piden que no haya que devolver nada porque hay mucha crisis… Recordemos: estamos hablando de devolver a los ciudadanos españoles y no españoles a los que literalmente se les ha esquilmado, no a unos marcianos que pasaban por aquí. Y atención, que la cantidad reclamada puede ser muy importante, la sentencia habla nada menos que de trece mil millones de euros. Claro, habrán pensado que es mejor quedarse con el dinero que se ha recaudado ilegalmente durante muchos años, a sabiendas de que era ilegal. A fin de cuentas, como dijo la exministra Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie, ¿no es verdad?

Por su parte, el Tribunal Supremo ha exigido en diversas ocasiones que si una norma es aprobada con retraso respecto de los plazos que se habían previsto inicialmente, deben justificarse en su preámbulo las razones de dicho retraso. Es decir, que por lo menos hay que dar explicaciones, porque no todo vale. Claro es que este mismo cuento se lo deberían aplicar a sí mismos tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, porque los retrasos a la hora de juzgar y decidir sobre asuntos que son de indiscutible urgencia son muchas veces descomunales, con evidente perjuicio para todos.

MARCHEMOS TODOS, Y LOS BANCOS LOS PRIMEROS, POR LA SENDA DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Fernando VII, el que probablemente ha sido el peor monarca en la historia de España, comenzó su reinado de forma absolutista hasta que el llamado «pronunciamiento de Riego», en 1820, le obliga a acatar a regañadientes la Constitución liberal de 1812 y a pronunciar una famosa frase, que merecería figurar en la historia universal de la infamia por la catadura del personaje y la falsedad que escondían sus palabras: «marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Nunca tuvo intención de cumplir la Constitución que había jurado, y en cuanto pudo, en 1823, con la ayuda de los Cien Mil Hijos de San Luis, volvió a gobernar como rey absoluto. Este monarca, que había sido conocido con el sobrenombre de El Deseado, causó una enorme decepción a los españoles, sólo proporcional a las grandes esperanzas puestas en él.

La regulación de protección al cliente bancario y al consumidor también fue muy deseada y se hizo esperar, y también ha originado una enorme frustración porque, como se ha comprobado a posteriori, las entidades financieras se la saltaron a la torera cuando lo necesitaron —y nos estamos refiriendo en especial a la venta de participaciones preferentes— sin demasiadas consecuencias, al menos por ahora.

Hemos dicho que esta regulación se hizo esperar, aunque quizá no sea una afirmación del todo exacta. Es cierto que la más importante se aprueba en 2007, pero la normativa anterior desde luego no era nada permisiva con los bancos en cuanto al comportamiento con sus clientes. Lo que ocurre es que en casos como éstos da igual lo que diga el BOE: ya sabemos que las leyes son para que las cumplan los otros.

Durante la primera parte de los años en los que se produjo la contratación del mayor número de participaciones preferentes estaba vigente el Real Decreto 629/1993 de 3 de mayo sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios. Esta norma reglamentaria tuvo por objeto concretar los deberes de diligencia y de información trasparente que se daba a los clientes, y para conseguirlo, en su anexo se recogía un código general de conducta de obligado cumplimiento.

Este anexo señalaba cómo debían comportarse las entidades financieras con los inversores. Ese comportamiento debía basarse en los principios de imparcialidad y buena fe, cuidado, diligencia y deber de dar a la clientela la información clara, correcta, precisa, suficiente, basada en criterios objetivos y adecuada a los fines de conocer su experiencia inversora y objetivos de la inversión. Y también para que la clientela pudiera conformar plenamente su voluntad contractual, así como adoptar, con pleno conocimiento, la decisión de inversión, por lo que debía facilitarse toda la información relevante. Además, subrayaba que los sujetos obligados deberían hacer hincapié en los riesgos que toda operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo. Quedaba, en definitiva, bastante claro qué esperaba el legislador de las entidades.

En todo caso, y con el pertinente retraso, en 2007 se traspone al derecho español una directiva muy famosa por su acrónimo en inglés, MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Con esta norma, los deberes de información, asesoramiento y protección al cliente aumentan de manera espectacular: se obliga a clasificar a los clientes en función de su conocimiento y experiencia, de su situación financiera y objetivos de inversión, en profesionales y minoristas.

Para estos últimos se reiteró el deber de diligencia y transparencia del prestador de servicios, y se regularon de forma exhaustiva los deberes precontractuales de información frente al cliente no profesional, deberes que se intensificaban respecto de la información que debía darse sobre la naturaleza y riesgos del instrumento financiero concreto que se ofreciera a los clientes, a fin de que pudieran tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. Para conseguirlo, deberían incluir en la información que diesen las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los instrumentos o estrategias, en función de las concretas circunstancias del cliente y sus objetivos.

Además, para el adecuado cumplimiento de este deber se debía obtener en la fase previa a la celebración del contrato información sobre los conocimientos, experiencia financiera y objetivos perseguidos por el cliente mediante una evaluación de conveniencia e idoneidad, por medio de los ahora famosos tests de conveniencia e idoneidad, cuyo fin último es ajustar con la mayor precisión posible la oferta comercial con las verdaderas necesidades del cliente bancario; hacerle un traje a medida, en resumidas cuentas. Por supuesto, la entidad debía, según la MiFID, aconsejarle y evitar cualquier conflicto de intereses con su cliente minorista… Pero, en fin, ¿tiene sentido seguir enumerando las obligaciones que imponía esta directiva, si al final se incumplieron todas?

Merece la pena recordar que las participaciones preferentes, la deuda subordinada, los productos estructurados, los llamados swap que se comercializaron en unos años muy concretos, entre 2005 y 2008, como una especie de seguro contra la subida de los tipos de interés en las hipotecas, fueron superventas en España como consecuencia directa de que las entidades financieras, los bancos y sobre todo las cajas incumplieron de manera voluntaria, consciente y sistemática estas normas de protección, otras diferentes y todas las que se les pusieran por delante. Algunos de nosotros hemos podido comprobar, a través de nuestro ejercicio profesional, que entre sus muchas víctimas se encontraban personas muy mayores con dificultades para comprender hasta el alcance del poder para pleitos que luego tuvieron que otorgar para reclamar las cantidades estafadas.

Y, sin embargo, suscribieron productos enormemente complejos hasta para un experto financiero. Total, si hay que confeccionar un test, se hace un paripé, o no se hace nada, y listo; si hay que indagar lo que al cliente le puede venir bien, que firme dos papeles reconociendo que se han portado estupendamente con él, y vamos que nos vamos. Y así todo, que aquí no pasa nada, y si algo amenaza con pasar ya están todos los nuestros en los sitios correspondientes para que la cosa no vaya a mayores, que en este capitalismo de amiguetes tan nuestro no nos vamos a hacer daño unos a otros…

De cara al futuro, los ciudadanos estamos obligados a hacer una reflexión: las entidades financieras han contravenido toda una montaña de artículos que protegían a sus clientes contra las propias entidades, y lo han hecho de manera alegre, despreocupada y desacomplejada, y eso no ha ocurrido hace treinta años, sino ayer mismo. Pensar que esta forma de proceder va a cambiar de modo radical en el futuro porque sí, que los bancos van a plantearse un examen de conciencia, a darse cuenta de que han hecho algo ética y jurídicamente muy reprochable y que van a decidir implicarse a fondo en el cumplimiento de las, en teoría, cada vez más estrictas normas de protección al consumidor, es de una ingenuidad digna de mejor causa.

Conviene insistir en este punto, porque las plataformas de afectados por las hipotecas y otras plataformas de afectados por otros productos parecen asumir, indirectamente, que va a ser así, que tiene que ser así, y ya está, dado que sus propuestas de futuro se ciñen a pedir más regulación y a exigir a las entidades que la cumplan estrictamente. Sin embargo, nada de esto podrá conseguirse sin activar a fondo el principio de responsabilidad, en su doble vertiente. Por un lado, exigiendo que rindan cuentas aquellos que diseñaron esta estrategia y aquellos que la permitieron y facilitaron, por supuesto. Pero por otro, vinculando en la solución a los propios consumidores destinatarios de estos productos. Sin plantearse un cambio radical de actitud por parte de los propios clientes bancarios, en el sentido de enseñarles a ser más desconfiados, más responsables, más cautos, más adultos, no hay solución a la vista. En definitiva, a pesar de todo lo acontecido, esas plataformas siguen concibiendo al cliente bancario minorista como alguien inerte y pasivo, al que «hay que proteger» desde fuera, porque él ni puede ni quiere ni sabe protegerse a sí mismo.

A pesar de las buenas intenciones de estas organizaciones, nos tememos que no han captado las consecuencias lógicas de lo que ha ocurrido estos años, por lo que se corre el peligro de que este tipo de visiones proteccionistas del consumidor acabe, paradójicamente, colocándole en una situación propicia para que en el futuro vuelvan a producirse escándalos similares. La actitud activa y vigilante, tanto del cliente bancario en particular como del ciudadano en general, es sencillamente fundamental.

¿CON IVA O SIN IVA?

«I pay my taxes!», o sea «¡yo pago mis impuestos!», se oye exclamar en las películas americanas cuando un ciudadano estadounidense se encara enfadado con cualquier representante del poder público, ya sea un policía, un funcionario o un político, para exigirles un determinado comportamiento. Es decir, yo cumplo con mi deber de contribuir con parte de mi patrimonio a los servicios y gastos comunes, he demostrado con esa actitud que soy un buen ciudadano y, por tanto, tengo derecho a exigir un buen trato. Y efectivamente es así, si no pago los impuestos que me corresponden es dudoso que sea un buen ciudadano y que tenga derecho a exigir nada.

Es conveniente recordar, cuando en el debate público se entonan emocionados cánticos a la solidaridad, que la primera forma de ser solidario es pagar los impuestos, que el más solidario, el más ciudadano, es el que los paga, y que todos los himnos a la ayuda mutua y a la justicia universal, si provienen de personas o grupos que no cumplen con sus obligaciones fiscales, resultan poco creíbles.

Ya sabemos que hay que cumplir con las normas que nos obligan a pagar los impuestos, pensarán los lectores, pero lo cierto es que con el lamentable espectáculo de corrupción y despilfarro de dinero público que vivimos en España se le quitan a uno las ganas. Además, el comportamiento de políticos y gestores públicos en relación con los asuntos fiscales provoca una sensación de frustración, rabia y tomadura de pelo a partes iguales. Veamos. Resulta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declara que como hay mucha gente que defrauda el IVA tiene que subírselo a los que sí lo pagan. Estupenda argumentación. Y luego nos quejamos de que se pregunte: ¿con IVA o sin IVA? Si al que quiere ser cumplidor se le penaliza, y al incumplidor se le deja tranquilo, el mensaje que se trasmite es bastante claro: si lo quieres con IVA, es que eres un poco tonto…

Este tipo de mensajes también los emite de forma reiterada la Agencia Tributaria cuando efectúa sus inspecciones fiscales. La Agencia, como órgano de la Administración que es, debe estar al servicio del ciudadano, pero se comporta como si fuera su enemigo. Es notorio que, especialmente en los últimos años, en los que tanta necesidad recaudatoria hay, cuando la Agencia inspecciona no es para comprobar si eres un ciudadano respetable que cumple de manera razonable las muchas veces incomprensibles normas que regulan los impuestos, para comprobar si te esfuerzas sinceramente en hacer las cosas bien. Si fuera así habría ocasiones en las que, pese al mal trago, de esa inspección resultaría algo positivo para el contribuyente, al que se le podría informar de los fallos en los que eventualmente hubiese incurrido para que no los repitiera en el futuro, y al que se le reclamaría la cantidad que no se hubiera ingresado, más unos razonables intereses de demora. Incluso se podría, oh, cielos, felicitar a los que lo merezcan dejando sin sanción pequeñeces que no van a ningún lado, como los tickets del taxi cuando no consta que dicho medio de transporte se haya cogido para ir a una reunión del despacho, lo que no excluye multar con dureza a los que defrauden a sabiendas. Con esta forma de actuar nos parece evidente que habría un buen número de ciudadanos que serían mucho más proclives a hacer las cosas cada vez mejor.

La realidad es muy distinta. Cuando hay una inspección, el objetivo fundamental es «a ver en qué te puedo pillar». Y como hay miles de obligaciones formales y materiales, y la legislación tributaria establece unas sanciones desproporcionadas por errores nimios e irrelevantes, siempre te pillan en algo, aunque lo intentes hacer bien. Conseguido el objetivo de desarmarte, ya sólo falta negociar el rescate, la cuantía de la sanción. Si puede ser un acuerdo rápido, mejor. Cerramos el expediente y al siguiente, que hay que cumplir objetivos.

Aunque no para todos se emplea la misma mano. Si la dura se reserva para el ciudadano particular, que casi parece ser culpable mientras no se demuestre lo contrario, otra mano, enguantada de suave terciopelo, se emplea para los grandes defraudadores. Ahí está para demostrarlo la amnistía fiscal acordada por el Gobierno del Partido Popular, gracias a la cual los defraudadores han podido blanquear su dinero pagando sólo un 10 por ciento, una clara discriminación frente a lo que han tenido que pagar los contribuyentes cumplidores. Una amnistía que los propios inspectores de Hacienda tacharon de injusta e inconstitucional, y de la que entienden que dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal al provocar un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos. Normal.

Tomemos también el caso de las importantísimas sanciones a la empresa Cemex después de una inspección fiscal, sanciones que pretendían hacerse desaparecer como por ensalmo a través de una vía de recurso de reposición en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con cese fulminante de la inspectora actuaria incluido y el consiguiente escándalo, con su rosario de dimisiones, ceses y desmentidos. Ciertamente las sanciones eran muy relevantes, pero también lo son, al menos en términos relativos, las que se imponen a los contribuyentes de a pie, y ésas no te las quita nadie, ni por motivos técnicos ni por motivos políticos.

No sólo eso, tenemos empresarios que dirigen organizaciones empresariales que no pagan sus impuestos (claro que algunos directamente están en la cárcel), clubs de fútbol que no pagan sus impuestos, infantas que no pagan sus impuestos y hasta partidos políticos que no pagan sus impuestos. Y no pasa nada.

De nuevo hay que preguntarse: ¿cuál es el mensaje que se está dando? Desde luego no es el de que se deben cumplir las normas porque uno forma parte de la sociedad y todos debemos colaborar. Más bien podría formularse con la castiza frase «tonto el último». Si te han pillado, espabila más la próxima vez.

Un Gobierno que se olvida de la justicia para preservar teóricamente el Estado fomenta la injusticia y termina condenando al propio Estado. El contribuyente cumplidor se siente hoy estafado por el mismo Estado que él mantiene. No es tan complicado comprender que muchos de esos contribuyentes asuman entonces la nueva «moralidad»: cumple sólo si hay riesgo de ser descubierto y sancionado.

6

LA ADMINISTRACIÓN DESENCADENADA

ALARMAS DESACTIVADAS

Cuando en una caja fuerte hay un tesoro que vale cientos o miles de millones de euros suelen establecerse sistemas de seguridad para que no pueda ser robado, incluso por sus propios custodios. De la misma forma, cuando se maneja mucho dinero público es preciso establecer sistemas o mecanismos de seguridad para que los gestores no lo utilicen en su propio beneficio, o no se pongan de acuerdo con terceros para repartírselo en perjuicio del dueño. En resumen, se establecen procedimientos e instrumentos legales de control cuya finalidad es precisamente que el dinero de los contribuyentes se gestione y se gaste de forma responsable y eficiente atendiendo a los intereses generales (no hay que confundir éstos con los del partido gobernante), y que no se despilfarre. Estos sistemas de alarma son responsabilidad de determinados profesionales especializados.

De hecho, nuestras leyes están llenas de normas y de procedimientos que establecen cómo gestionar y gastar el dinero público, y existen cuerpos enteros de funcionarios dedicados a su aplicación, en especial los interventores y los asesores jurídicos, llámense secretarios de ayuntamiento, letrados de las comunidades autónomas o abogados del Estado. Los controles se suelen dividir en controles ex ante (se enciende la luz de alarma antes de llegar a la caja fuerte, para entendernos) y controles ex post, en los que se enciende la alarma cuando se intenta salir a la calle con el botín.

La pregunta, por tanto, es muy sencilla: ¿qué se hizo de los controles internos? ¿Cómo es posible que hayan funcionado tan mal los controles internos de legalidad de los que dispone, al menos sobre el papel, un Estado de derecho? ¿Por qué ha sido y es tan difícil impedir que gestores públicos y políticos hagan prácticamente lo que quieran con el dinero de todos? ¿Dónde estaban los interventores de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE? ¿A qué se dedicaban los secretarios e interventores de los ayuntamientos con alcaldes imputados? ¿Es que no hay funcionarios neutrales y rigurosos en las comunidades autónomas, capaces de impedir los despropósitos y los despilfarros sin cuento que han dejado sus restos en forma de infraestructuras inútiles a lo largo y ancho de la geografía española? Y los asesores jurídicos, ¿acaso no han emitido informes diciendo lo que se podía y lo que no se podía hacer? ¿Cómo se han podido extender por varias comunidades autónomas y ayuntamientos durante años tramas corruptas como la Gürtel?

Bueno, ésta es una larga historia. Sin embargo, podemos resumirla de una forma muy simple: estos controles existieron originariamente, en particular en la Administración del Estado y en las administraciones locales (recordemos que las administraciones de las comunidades autónomas se crearon de la nada a partir de la Constitución), e incluso subsisten todavía algunos restos, pero en general en los últimos años han sido desmantelados más o menos sistemáticamente, de manera que ahora mismo no es muy complicado asaltar el botín sin necesidad de montar una operación compleja para desactivar todos los sistemas de alarma y neutralizar a los vigilantes. La mayoría de las alarmas, simplemente, ya no suenan, y muchos vigilantes no parecen ni muy despiertos ni demasiado interesados en velar por el tesoro.

ESOS ABURRIDOS CONTROLES DE LEGALIDAD

Los controles de legalidad son imprescindibles para hacer efectiva la aplicación del artículo 103 de la Constitución, del que ya hemos hablado en otro capítulo, y que dice que las administraciones públicas tienen que servir con objetividad a los intereses generales de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Como lógicamente estos controles no se aplican por sí solos, y es difícil que se los apliquen voluntariamente quienes van a gobernar o gestionar, el mismo precepto constitucional reserva a la ley la regulación del estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Pero, claro está, para que los controles legales funcionen es imprescindible que haya funcionarios que los pongan en marcha, y que dichos funcionarios tengan todas las garantías necesarias para ejercer imparcialmente esas antipáticas funciones que consisten en decirles a sus jefes políticos y superiores jerárquicos «esto no se puede hacer», cuando no se puede hacer.

Por controles de legalidad internos entendemos un conjunto de reglas y procedimientos que afectan a la toma de decisiones de los gestores públicos con trascendencia económica, y que van desde la elaboración de los presupuestos a las auditorías internas y la fiscalización del Tribunal de Cuentas, pasando por los informes jurídicos y técnicos que habitualmente requieren nuestras complejas y numerosas normas legales antes de gastar un solo euro, los procedimientos de contratación, de concesión de subvenciones, el pago de las facturas, el control y justificación del gasto ya realizado, etc. De su aplicación y supervisión son responsables funcionarios técnicamente expertos, muchos de ellos agrupados en cuerpos especializados en ese tipo de funciones, como son por ejemplo los interventores.

Conviene recordar aquí que todas estas normas no son meras formalidades impuestas por burócratas sin legitimidad a políticos tocados por la varita de la investidura popular, son las reglas que pretenden garantizar en un Estado de derecho el respeto de la legalidad vigente en la toma de decisiones que entrañan un gasto público y el cumplimiento de los principios constitucionales que hemos mencionado. En resumen, son el medio para garantizar el fin: que los gestores públicos sirvan con objetividad, eficiencia y eficacia a los intereses generales y hagan buen uso del dinero del contribuyente. Existen en todos los países serios, y si acaso en el nuestro son demasiado prolijas y abundantes es por esa querencia por el BOE y los formalismos que tenemos en España.

Pues bien, a nuestro juicio las causas del desmantelamiento de estos controles, siendo muy variadas, tienen siempre una raíz común: el declive de la función pública tal y como se concibió durante el tardofranquismo, particularmente a partir de finales de la década de los cincuenta del pasado siglo. Recordemos que una de las paradojas del régimen franquista es que construyó una administración pública muy cualificada técnicamente, en la que se asumía la objetividad y neutralidad de los funcionarios de rango superior de forma natural, en especial si se trataba de los que ostentaban o realizaban las funciones de control de legalidad y presupuestario. Precisamente por contraposición a la falta de legitimación democrática del régimen, se reconocía y se respetaba la legitimación profesional de los altos funcionarios encuadrados en los grandes cuerpos de la Administración.

Lógicamente, al no existir entonces comunidades autónomas, el concepto y el modelo de funcionario público era el estatal. La fortaleza y el prestigio de estos grandes cuerpos tradicionales de funcionarios, muy mermados en la actualidad, datan de aquella época, y responden al enorme poder del que gozaban y a la dificultad que entrañaban las pruebas de acceso a través de las famosas oposiciones, concebidas de forma muy tradicional: extensos temarios, prevalencia de las pruebas memorísticas sobre las prácticas, pocas plazas, etc. Resultaba un sistema de selección tremendamente exigente y meritocrático, en un país en el que la tradición del amiguismo y del clientelismo estaba y está muy arraigada.

No deja de resultar desalentador que este modelo de función pública profesional e independiente haya sido cuestionado precisamente con la llegada de la democracia, y que transcurridos casi cuarenta años desde el final del franquismo estemos tomando el camino de vuelta hacia un modelo de Administración poco profesional y muy politizada que creíamos felizmente superado. Justo en un momento de crisis general en el que la ausencia de una Administración técnicamente solvente y políticamente neutral resulta particularmente perjudicial.

LOS TRES REQUISITOS NECESARIOS

PARA QUE UN FUNCIONARIO SE SIENTA INDEPENDIENTE…

A priori parece muy difícil acabar con esos poderosos burócratas que todo lo controlan y todo lo deciden, y que saben mucho más que los políticos y gestores públicos, que al fin y al cabo están de paso. Todos recordamos al alto funcionario de la conocida serie de televisión inglesa Sí, ministro. Y, sin embargo, si algo demuestra la experiencia española es que, después de todo, nuestro sir Humphrey nacional no era un rival tan temible.

Quizá el primer requisito —al menos en nuestro país— para que un funcionario pueda realmente ser y sobre todo sentirse independiente y libre sea el de haber superado un proceso de selección de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, lo que determinará su adscripción, al menos en los escalones superiores de la función pública, a un cuerpo técnico especializado, cuanto más prestigioso y potente mejor. En España el corporativismo todavía sirve de escudo protector.

El segundo requisito también es importante y requiere que su carrera profesional y/o su sueldo no dependa del favor o desfavor del político o gestor de turno, siendo esta condición particularmente importante en el caso de los funcionarios cuya labor consiste precisamente en controlar y supervisar a los jefes políticos que pueden decidir sobre su carrera profesional.

El tercer requisito consiste en la garantía de que no pueden ser cesados o sancionados arbitrariamente a consecuencia del ejercicio de sus funciones, si éste se ha desarrollado de conformidad con la normativa aplicable.

Lo que ocurre es que estos tres requisitos que se dan por supuestos en nuestra función pública, y que aparecen proclamados en las leyes administrativas, han sido lentamente minados a lo largo de los últimos años. La pregunta es: ¿por quién?

…Y LOS CULPABLES DE HABER ACABADO CON ELLOS

En nuestra opinión han sido las comunidades autónomas las principales responsables de esta situación, o al menos las que han contribuido de manera más rápida y más grave a la devaluación sistemática de este concepto de la función pública, particularmente por lo que se refiere al acceso y a la carrera profesional, si bien es cierto que no todas lo han hecho de la misma forma ni a la misma velocidad. Ni siquiera parece que este deterioro haya sido siempre consciente y voluntario, o motivado únicamente por una postura ideológica basada en la idea de que sólo el político tiene legitimidad para tomar decisiones con total libertad frente al funcionario al que nadie ha elegido, aunque por supuesto ha habido mucho de eso.

Más bien parece que, como Indiana Jones, se ha improvisado sobre la marcha en función de las necesidades de cada momento, entre las cuales cabe mencionar, por cierto, la enorme expansión de las competencias autonómicas y paralelamente de los presupuestos autonómicos, no siempre ligados a los servicios públicos esenciales transferidos, como sanidad y educación. Lo curioso es que tradicionalmente era la Administración del Estado la que reclutaba a los funcionarios más cualificados agrupados en los famosos Cuerpos Superiores (abogados del Estado, técnicos comerciales del Estado, diplomáticos, letrados del Consejo de Estado, inspectores de Hacienda, interventores, letrados de la Seguridad Social, técnicos de la Administración Civil, interventores y secretarios de Ayuntamiento, letrados del Tribunal de Cuentas, etc.), precisamente para velar sobre el correcto ejercicio de las competencias y el control de los presupuestos que con tanta alegría y rapidez se transfirieron a las comunidades autónomas. El problema es que estos funcionarios no se transfirieron.

Al final de este desordenado proceso ha resultado, por ejemplo, que mientras los abogados del Estado de las sedes provinciales de la Administración dedican su tiempo a asuntos de cuantía mínima y escasa trascendencia (como las multas de tráfico por ser de competencia estatal), los integrantes de los cuerpos de letrados autonómicos —reclutados muchas veces entre opositores que no han conseguido superar las más exigentes pruebas de acceso estatales— tienen que decidir, muchas veces nada más ingresar, sobre temas de una enorme trascendencia jurídica e impacto presupuestario. El mundo al revés.

Porque conviene recordar que la mayoría de las comunidades autónomas, puestas a replicar las estructuras estatales, replicaron también algunos de estos cuerpos a escala regional, aunque no todas por igual. Además hubo que hacerlo en muy pocos años, dado que había que construir grandes administraciones desde prácticamente cero, con la salvedad de las transferencias de competencias que llevaban incorporados a los funcionarios o al personal estatutario que las desempeñaban, como en el caso de la educación y la sanidad.

Al margen de ello tenemos el peculiar caso de los denominados funcionarios interinos, que son los que han sufrido el peso de los más bien escuetos y sobre todo asimétricos recortes en el sector público español en estos últimos años. Se trata de personas que son contratadas teóricamente para suplir bajas o atender actividades temporales. En la realidad ha sido habitual recurrir a contrataciones temporales para atender necesidades de carácter permanente, precisamente para evitar los más rigurosos y lentos procesos ordinarios de selección de funcionarios de carrera. Por otro lado, también han sido habituales los procesos posteriores de consolidación de empleo público temporal, que suponen en la práctica integrar, mediante cursos o pruebas sencillas, a quienes en su día accedieron a la función pública sin ningún tipo de procedimiento competitivo y abierto.

Para concluir, no hay que olvidar el enorme crecimiento del sector público autonómico instrumentalizado a través de la proliferación de organismos públicos, empresas públicas, fundaciones públicas, agencias, etc., que en gran medida, y debido a su propia configuración jurídica, escapan a los estrictos controles que supuestamente tienen las administraciones territoriales. Se trata de la famosa huida del derecho administrativo, que llevada a su extremo acaba siendo más o menos una huida del derecho a secas.

Estamos ante una miríada de entidades públicas en las que ya no suele haber funcionarios, sino empleados públicos. Es como si para vigilar el sistema de alarmas se hubiera contratado a vigilantes privados. Pueden ser muy buenos, pero su relación con las administraciones a las que prestan los servicios es laboral, y no estatutaria, y, al menos teóricamente, se les puede despedir. Por los mismos jefes a los que tienen que vigilar. Además, no siempre su sistema de selección ha sido muy cuidadoso. Digamos que en ocasiones el custodio de la caja ha preferido contratar para las labores de vigilancia a un familiar o a un amigo antes que a un profesional.

EL CASO ESPECIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

La realidad es que el reclutamiento de los empleados públicos, en especial cuando ha habido prisa por asumir competencias o por prestar nuevos servicios en una comunidad autónoma o simplemente colocar a gente porque se acercaba un periodo electoral, no ha sido siempre tan objetivo y riguroso como debiera, y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público. Es obvio que el reclutamiento se hace siempre de forma mucho más laxa cuando no hay un sistema de acceso similar a las oposiciones, que, con todas sus indudables limitaciones y su tufillo decimonónico, es el sistema más objetivo del que disponemos por ahora y el único que ha servido en España para garantizar, al menos originariamente, una función pública independiente.

Esto quiere decir que las decisiones sobre las personas que acceden a estos puestos, incluidas las que van a ocupar los puestos de supervisión y de control, está en gran medida en manos de los propios gestores a los que los empleados públicos deberán después controlar y supervisar, con la natural tendencia a primar la confianza sobre la cualificación o la solvencia.

En todo caso, la disparidad entre los procedimientos de selección de los empleados de los distintos entes públicos es enorme, dado que en la práctica queda en manos de los propios organismos la realización de estos procesos, aunque teóricamente existan algunos controles legales (que suelen ser puramente formales), relacionados con la publicidad de las convocatorias, los perfiles de los puestos o las retribuciones fijas. No obstante, la multitud de ejemplos de nepotismo y enchufismo deja claro que estos sistemas de selección son extremadamente débiles y manipulables, y que en definitiva su seriedad y rigor dependen de la buena voluntad del gestor de turno y también, lógicamente, del carácter más o menos técnico de las funciones a realizar. Con los puestos directivos hay barra libre en los organismos públicos, dado que no se requiere tener la condición de funcionario para ocuparlos, a diferencia de lo que se exige para los altos cargos de la Administración General del Estado, de subsecretario para abajo.

En conclusión, hay que tener presente que el reclutamiento de muchos empleados públicos (sobre todo autonómicos y locales, pero también estatales) se ha hecho por procedimientos que si bien sobre el papel tenían que respetar los principios de mérito y capacidad, no tienen nada que ver ni con un procedimiento propio de una empresa privada, en un extremo, ni con el de una oposición, en el otro. Los procedimientos han sido diseñados y sobre todo gestionados por los propios responsables de los organismos, con un grado de libertad que ya habrían querido para sí algunos directores de recursos humanos de empresas privadas.

Para cerrar el círculo, en no pocos casos, especialmente en comunidades autónomas tan adictas al empleo público como la andaluza, al acercarse las elecciones, y ante la posibilidad de un cambio de Gobierno, se ha «funcionarizado» en masa a golpe de decreto a cientos de estos empleados públicos, no fuera a ser que el partido ganador decidiera echarles para colocar a «los suyos». Algunos ayuntamientos pioneros, espoleada su imaginación por las inminencia de la posible pérdida de las elecciones, han descubierto las oposiciones exprés u «oposiciones milagrosas», que transforman empleados laborales en funcionarios públicos en 48 horas. Ahí está el Ayuntamiento de Alcorcón, que por arte de magia de la varita del exalcalde Cascallana creó 620 nuevos funcionarios, entre ellos unos cuantos peones de parques y jardines. Con milagros así no nos podemos extrañar que a estos líderes se les vote masivamente.

En fin, el problema se ha agravado porque la proliferación de entes públicos y de prácticas poco ortodoxas ha terminado por alcanzar a la propia Administración del Estado. Que al estar perdiendo competencias y presupuesto debería limitarlas. Además, la multiplicación de organismos públicos ha llevado en ocasiones a copiar los mecanismos de selección no muy aseados de las comunidades autónomas. De ahí que abunden los amigos y familiares en los miles de entes públicos que pueblan nuestro país, a todos los niveles, estatal, regional y local.

Así las cosas, tampoco es de extrañar que buena parte de estos organismos públicos consuman una parte muy relevante de su presupuesto en «gasto corriente», es decir, en pagar nóminas a gente que no se sabe muy bien qué hace o qué tiene que hacer, y que nadie controle realmente cómo se gasta el dinero público. En esta liga las Diputaciones Provinciales pueden sacar pecho. Algunas han colocado a sagas enteras de familiares y «clientes» de políticos, como la famosa de Ourense, el tesoro del cacique Baltar, o la famosa Diputación de Castellón, paraíso del cacique Fabra.

PARA HACER CARRERA, NADA MEJOR QUE UN «DEDAZO»

Pero aun dando por supuesto que el reclutamiento del funcionario o empleado público controlador o supervisor haya sido impecable, lo que también puede ser, hemos visto que todavía hacen falta más requisitos para que un funcionario se sienta de verdad libre e independiente a la hora de ejercer tan relevantes tareas. Es fundamental que su carrera profesional (y con ella su retribución) no dependa de cuántas veces ha dicho no a alguien importante. En definitiva, si el mensaje que se trasmite a los funcionarios o empleados públicos potencialmente molestos es que si son dóciles y bien mandados harán carrera y si no, lo van a tener complicado, el resultado en la práctica no es muy diferente al que se obtiene reclutándolos entre la familia más cercana.

¿Cómo se consigue en la práctica esa sujeción de los funcionarios? Pues básicamente utilizando varios mecanismos, entre ellos la multiplicación de los puestos de libre designación para todo tipo de funciones, la no reserva de determinados puestos de trabajo a determinados grupos o cuerpos de funcionarios —por ejemplo, los de control económico y presupuestario a funcionarios especializados pertenecientes a un cuerpo de interventores— y mediante el reparto de retribuciones variables que pueden llegar a ser muy importantes en términos relativos.

Así, la Comunidad de Madrid carece de un cuerpo de interventores ad hoc; los interventores de las distintas consejerías son funcionarios, sí, pero no son interventores. Además, los puestos que ocupan son de libre designación. Por tanto, la mayoría de los funcionarios carece, al menos al ser designados, de la experiencia y formación adecuada para ejercer este tipo de funciones; por otro lado, su cargo es de confianza, de manera que pueden ser cesados libremente por el jefe al que deben supervisar. Si a esto se une una política de retribuciones variables opaca y desigual, el mensaje que se trasmite queda bastante claro: el que ponga muchas pegas va a tener menos posibilidades de ascender y de ganar más dinero. Y no digamos ya de hacer carrera política, dado que en la Administración General del Estado muchos altos cargos están reservados a funcionarios… Pero claro, sólo a los que son de fiar.

Además, el mecanismo de los «puestos de confianza» que llevan aparejada la libre designación (y el libre cese, no lo olvidemos) puede extenderse tan lejos como haga falta. En último término hasta un bedel, un chófer o un jardinero —que los sigue habiendo en abundancia en las administraciones— puede ser un puesto de confianza. ¿Recuerdan a aquel director general autonómico que defendía que necesitaba tener como chófer a un familiar, porque si no el hombre no se relajaba y no podía hablar tranquilamente por el móvil en su coche oficial? Normal, al fin y al cabo, ¿quién puede inspirar más confianza que un familiar directo o, ya puestos, la misma pareja?

En cuanto a los sueldos que acompañan a estos cargos, aunque tengan una parte «extraoficial», a veces deparan interesantes sorpresas. Así, un humilde peón de un ayuntamiento feliz como el de Parla podía ganar, en sus buenos tiempos, el mismo sueldo que un secretario de Estado. Lástima que estas fantasías se hayan terminado con la burbuja inmobiliaria, aunque no ciertamente el reparto de productividades y «bufandas» a los más próximos, retribuciones variables sobre las que suele existir una gran opacidad, pero que pueden suponer una parte muy importante del sueldo.

Otro ejemplo, de nuevo en una comunidad autónoma importante y supuestamente seria como es la de Madrid, es que todos los puestos de nivel 26 y superior sean de libre designación. Esto quiere decir que desde muy pronto la carrera profesional de un funcionario con titulación superior (los niveles de puestos de trabajo llegan hasta el 30) ya no depende de un concurso de méritos objetivo o de la pura y simple antigüedad. Se requiere, para alcanzar los puestos de mayor importancia y remuneración, de un nombramiento de confianza. En la Administración del Estado, por ejemplo, los puestos de confianza con carácter general se reservan para los niveles 29 y 30.

El resultado de este tipo de prácticas, muy extendidas en las comunidades autónomas y en las administraciones locales, y un poco menos en la Administración General del Estado —precisamente por la existencia de reservas de puestos de trabajo a los cuerpos de funcionarios y la reducción de los puestos de libre designación a los niveles superiores—, es inevitablemente una mayor dependencia de los controladores de los controlados. Con la particularidad de que, en muchas ocasiones, han sido estos últimos quienes les han contratado o elegido para el puesto, y prácticamente siempre les pagan sus retribuciones.

Y no olvidemos que la falta de independencia también puede ser consecuencia pura y simple de la ausencia de competencia técnica en un mundo en el que el ejercicio de estas funciones resulta cada vez más complejo. Un funcionario o empleado público sin un sólido criterio técnico puede ser presa fácil de sus controlados.

Por último, hay que tener presente que la propia estructura autonómica y local (la bendita «proximidad al ciudadano» que tanto han vendido los políticos y gestores regionales y locales) permite que estas administraciones sean mucho más permeables a las presiones regionales y locales, ya provengan del partido, de los electores, de los empresarios locales o, simplemente, de los familiares y amigos, es decir, de la clientela política. Al fin y al cabo, conocer al consejero autonómico de una comunidad autónoma media o al alcalde de tu pueblo o al presidente de tu diputación no es tan complicado como conocer a un ministro. Cuestión de escala.

MIEDO AL DESPIDO, PERO NO SÓLO A ESO

Bueno, dirán ustedes, pero al menos a los funcionarios no se les puede echar. Tienen un puesto de por vida asegurado, son inamovibles, no pueden ser despedidos, y eso debería ser suficiente para garantizar su independencia, objetividad y neutralidad. ¿O no?

Es verdad que sobre el papel el funcionario tiene una garantía que es la inamovilidad en el desempeño de su empleo, garantía que se pierde sólo cuando se cometen las infracciones previstas en el régimen disciplinario y se le sanciona con la pérdida de la condición de funcionario, o cuando es condenado por un delito y sancionado con la expulsión de la carrera, como es el caso del exjuez Baltasar Garzón. Pero fuera de esos supuestos excepcionales ningún funcionario puede ser despedido por oponerse a los deseos o caprichos de los políticos y gestores públicos, lo cual parece bastante lógico, ¿o alguien se imagina a un funcionario o empleado público que sabe que le pueden despedir negándose a firmar el informe que le solicita su superior? Nosotros tampoco.

El problema es que hay muchos funcionarios que tienen funciones de control y supervisión que no sólo tienen miedo a ser despedidos. Tienen miedo también a cosas bastante menos graves: a que les cesen en un puesto de libre designación —con la consiguiente rebaja sustancial de retribuciones—; a perder el complemento de productividad; a que no les den un buen puesto en el extranjero, bicocas que se adjudican con frecuencia con absoluta discrecionalidad y opacidad; a que les hagan mobbing; a que les abran un expediente sancionador; a que les degraden; a que sus compañeros que no quieren problemas les consideren incómodos, o simplemente a que les aparquen en un pasillo. En algunos ministerios hay funcionarios que vagan como fantasmas de las legislaturas pasadas, «a disposición del subsecretario», sin absolutamente nada que hacer.

Todas estas curiosidades y algunas más pasan habitualmente en la Administración Pública española, especialmente en las administraciones territoriales, aunque últimamente empiezan a suceder también incluso en santuarios tradicionales del funcionario profesional e independiente, como ha sido hasta hace poco la Agencia Tributaria.

La buena noticia es que, como en la aldea gala, todavía quedan unos pocos funcionarios heroicos que saben decir no y que resisten siempre al invasor, el político o jefe de turno. Eso sí, con un enorme coste personal. La mala noticia es que también hay funcionarios dispuestos a venderse y a colaborar con el invasor. E incluso asociaciones de funcionarios más o menos «colaboracionistas», que a cambio de beneficios muy concretos prefieren callar y no denunciar los abusos que se cometen con sus asociados. Una versión posmoderna de los famosos «sindicatos amarillos».

HISTORIAS DE HÉROES Y DE VILLANOS

Para ilustrar lo que estamos contando, quizá lo mejor sea acudir a la historia real de un funcionario heroico, la de Fernando Urruticoechea, interventor municipal famoso desde su aparición en el conocido programa de televisión de Jordi Évole, Salvados. No es el único, pero hay que reconocer que tampoco son demasiados. Como tampoco son tantos los villanos. La mayoría de los funcionarios, como ustedes ya habrán adivinado, son más bien indiferentes, aunque saben mirar para otro lado justo cuando es conveniente. En todo caso, le hemos elegido porque él mismo decidió contar su historia en un programa de televisión.

Recordemos brevemente que la profesión de interventor municipal se crea en el siglo XIX para luchar contra el poder de los caciques locales y se configura como un funcionario del Estado cuya misión es controlar y fiscalizar lo relativo a la gestión económica de los ayuntamientos. Se trata pues de un revisor externo de sus cuentas y de lo que el consistorio hace con los presupuestos públicos, para lo que es fundamental que dependa de la Administración central, y no del ayuntamiento y el alcalde a los que tiene que controlar. En idéntica situación se encontraban otros funcionarios nacionales como el secretario de ayuntamiento y el depositario. El interventor tenía que aprobar cada propuesta de gasto, asegurándose previamente de que esa propuesta no se apartara de lo presupuestado y el depositario (o tesorero) controlaba el dinero ingresado en la caja del ayuntamiento y autorizaba los pagos.

Lo que ocurre es que a partir de la Transición esta figura así concebida —como nos recuerda Antonio Muñoz Molina en Todo lo que era sólido— se tornó extremadamente molesta para muchos de los nuevos dirigentes municipales surgidos de las urnas, que consideraban intolerable e incluso antidemocrático que un alcalde elegido por el pueblo no pudiera desarrollar sus políticas simplemente porque hubiese un funcionario que se lo impidiera. O, dicho de otra manera, no deseaban ser controlados por nadie para poder manejar con entera libertad el cada vez más importante presupuesto municipal. Y las cosas se empezaron a torcer. Además, el dinero empezó a llegar en en abundancia desde Europa hacia todas las administraciones, y los políticos empezaron a considerar molestas las trabas burocráticas. Los interventores pasaron a ser interruptores.

Pues bien, el interventor de nuestra historia, Urruticoechea, insiste en actuar como tal pese a todas las dificultades, entre ellas la nada despreciable de que su sueldo y los medios para llevar a cabo su función dependan del alcalde al que tiene que controlar. Eso le ha causado los previsibles problemas con políticos profesionales, muy poco acostumbrados a controles y responsabilidades, y sí a una plácida impunidad. En el Ayuntamiento de Castro-Urdiales, en Cantabria (más conocida como la «Marbella del norte» debido a su historial de pelotazos urbanísticos) ocurrió lo que el interventor relató a Jordi Évole en Salvados: que el alcalde del Partido Popular, actualmente imputado en un proceso penal por corrupción, lo mismo por cierto que el secretario municipal del Ayuntamiento, tiraba a la papelera los informes contrarios que nuestro interventor realizaba. Se le ha considerado enemigo número uno por varios alcaldes de distinto signo político.

Por supuesto, la vida laboral de nuestro interventor —como la de tantos como él— se ha convertido en un infierno. Algo parecido le ha sucedido a la técnica municipal denunciante de la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, cuyo consistorio ha sido condenado por mobbing. Y a tantos y tantos otros funcionarios que deben convertirse poco menos que en héroes para cumplir las funciones que les encomienda la legislación vigente en defensa de los intereses de todos.

Y desengáñense: no hay ninguna reforma real en marcha para reforzar la independencia y la neutralidad de estos funcionarios, ni mucho menos para protegerles cuando denuncian tramas de corrupción y delitos. A veces, después de mucho luchar, estos probos funcionarios consiguen obtener sentencias favorables de los tribunales de justicia, pero resulta que quienes las tienen que acatar y cumplir son los mismos responsables de las actuaciones denunciadas, porque, oh, sorpresa, suelen seguir sentados en el mismo sitio. En cambio hay muchos premios para los buenos funcionarios que miran para otra parte y no notan nada raro en las actuaciones de sus jefes. Y no digamos ya para los que han colaborado activamente y han ayudado a cubrir las apariencias formales.

Porque ésta es una historia de héroes y de villanos. Pero sobre todo, de juristas complacientes.

EL JURISTA COMPLACIENTE

Por jurista complaciente o cortesano entendemos aquel jurista preferiblemente de campanillas y funcionario que está siempre dispuesto a echar un capote a sus jefes políticos con un oportuno informe de favor, servicio que no suele quedar sin la oportuna recompensa.

Como ejemplo podemos escoger el del anterior secretario general de la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid, miembro del prestigioso Cuerpo de Letrados del Congreso, Fabio Pascua Mateo. Comienza su andadura política en Madrid a la sombra de Elvira Rodríguez, entonces presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, quien le designa secretario general de la Asamblea. En la siguiente legislatura la señora Rodríguez se va al Congreso de diputada y el señor Pascua continúa con el nuevo presidente, Ignacio Echevarría. Pues bien, al poco tiempo estalla el escándalo BFA-Bankia y la oposición, en su ingenuidad y a la vista del desaguisado, quiere debatir en una comisión de investigación las posibles responsabilidades políticas en las que han podido incurrir los gestores autonómicos.

Sobre el papel la pretensión parece lógica, puesto que la Ley 4/2003 de 11 de marzo, reguladora de las cajas de ahorro de la Comunidad de Madrid, establece una serie de responsabilidades administrativas para quienes ostenten cargos de administración y dirección que infrinjan normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito, correspondiendo la competencia para exigirla y sancionarla a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y, en su caso, a su Consejo de Gobierno, aunque en determinados casos se requiere un informe del Banco de España.

Quizá sobre el papel de la ley, sí, ¡pero menos mal que tenemos juristas complacientes para interpretarlas! Si no estaríamos perdidos, desde luego. Se encarga urgentemente un informe a la Secretaría General de la Asamblea para que emita su opinión (institucional e imparcial, naturalmente), y el señor Pascua se descuelga en mayo de 2012 con uno en el que afirma que la Comunidad de Madrid no tenía ninguna competencia en materia de cajas de ahorro.

Como lo leen. Pese a que la Ley de la Comunidad de Madrid establece claramente que el órgano responsable dentro de la Comunidad de Madrid de ejercer las funciones de disciplina y sanción es la Consejería de Economía y Hacienda, el informe supuestamente independiente, en base a argumentos de tipo formal y temporal, y con abundante retórica, afirma que los únicos responsables son el Estado y el Banco de España.

El informe cumplió su cometido: por supuesto que no hubo comisión de investigación —tampoco hubiera servido para mucho, visto el paripé que se montó en el Congreso por el mismo tema— pero, sobre todo, el jurista complaciente es en la actualidad director del Servicio Jurídico y secretario general de la CNMV, de nuevo bajo las órdenes de su jefa de siempre, Elvira Rodríguez. Estamos seguros de que sus informes en ese órgano serán del mismo tipo al que ya estamos acostumbrados, para tranquilidad de su presidenta… e intranquilidad de los ciudadanos, lamentablemente.

7

O ES INDEPENDIENTE,

O LA JUSTICIA NO ES JUSTICIA

Se podría decir que en España tenemos, no una, sino dos leyes de dependencia, muy distintas entre sí y con efectos también muy diversos. Una de esas leyes fue aprobada por las Cortes y publicada en el BOE en el año 2006, y tiene por objeto financiar los servicios que precisan personas necesitadas por enfermedad o vejez; funciona realmente con muchas deficiencias y limitaciones, sobre todo en esta época de grave crisis económica.

La segunda ley, por el contrario, goza de excelente salud y se aplica rigurosamente sin necesidad no ya de haberse publicado en un boletín oficial, sino ni siquiera de haberse puesto por escrito. Es la ley de dependencia del poder judicial a los partidos políticos. Dictamina que la justicia es demasiado peligrosa como para dejarla sola, por lo que ha de ser convenientemente controlada colocando en los puestos clave a personas de confianza. En especial en el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de Gobierno de los jueces. Con muchas competencias. O lo que es lo mismo, con mucho poder.

HISTORIA DE LO NUESTRO

Retrocedamos un poco. La Constitución de 1978 creó el Consejo General del Poder Judicial con veinte miembros más el presidente del Tribunal Supremo, debiendo ser elegidos doce de ellos necesariamente entre jueces y magistrados, y los ocho restantes (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado) entre juristas de prestigio con más de quince años de experiencia, por mayorías de tres quintos de cada cámara, remitiéndose a una ley orgánica para todo lo demás. La primera Ley Orgánica, de 1980, estableció que los doce vocales correspondientes a la judicatura serían elegidos mediante voto directo por los propios jueces. Sin embargo, la segunda ley, de 1985, promulgada por un PSOE temeroso de la influencia conservadora en la judicatura, suprimió este sistema y estableció que los veinte vocales, sin excepción, se eligieran por el Parlamento por mayoría de tres quintos.

Existían serias dudas de que este nuevo sistema se ajustara a la Carta Magna, pero el Tribunal Constitucional lo dio por bueno en una famosa sentencia de 1986, no sin hacer una advertencia: el modelo de designación de los miembros del CGPJ entraña el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la Constitución si las cámaras actúan con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, de forma que atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno, distribuyendo los puestos a cubrir en el CGPJ entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos, empujados por la lógica del Estado de partidos. Es decir, para el TC el sistema solamente sería aceptable —o sea, ajustado a la Constitución— si las cámaras eligen a los vocales pensando en el bien común y alejándose de la lucha de partidos, condición que, o bien refleja una ingenuidad digna de mejor causa, o bien —y por esto nos inclinamos— fue un malabarismo del Tribunal para evitar declarar inconstitucional la norma.

¿Y qué ocurrió? Pues, como era previsible, que desde el primer minuto el CGPJ fue un campo de batalla partidista tanto en la elección de sus vocales como en su funcionamiento. Y es que no hay que olvidar que es un órgano con enorme poder e influencia: informes de leyes en cuestiones de política judicial; facultad de proponer reformas legislativas; participación en el trámite de nombramiento del Fiscal General del Estado y de los magistrados del Tribunal Constitucional; régimen disciplinario e inspección, y, por encima de todo, el control de los ascensos en la carrera judicial a determinados puestos, esto es, que decide quién sube y quién no.

El método elegido por los partidos para controlar el CGPJ no está exento de habilidad: se nombra a jueces que ya estén significados políticamente a favor del PP (miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria) o del PSOE (alineados con Jueces para la Democracia, que es la tercera), y se ningunea a los que no lo estén. De este modo, predeterminada la tendencia de los vocales, ya está asimismo predeterminado el sentido de su voto, de una manera indirecta y sin tener que estar en primera línea. La existencia de bloques miméticos de las fuerzas de los dos grandes partidos es tan evidente que hace unos años, cuando se estaba dando el penoso espectáculo de la negociación entre los dos grandes partidos para renovar los vocales, el entonces ministro de Justicia (del PSOE) pudo decir que al PP no le interesaba la renovación, ¡porque tenía mayoría en el Consejo en ese momento! Y nadie del PP protestó por esta desconfianza en la independencia judicial y en el criterio de los vocales presentes y futuros, probablemente porque asumieron con naturalidad que el ministro tenía toda la razón: tenían la mayoría y no estaban dispuestos a renunciar a ella.

Los tejemanejes entre los denominados bloques conservador y progresista para elegir cargos como presidentes de audiencias y tribunales superiores son algo perfectamente conocido y comentado públicamente, y al vocal que se sale de esos bloques y quiere votar en conciencia se le llega nada menos que a calificar de tránsfuga. No cabe expresar con menos palabras hasta qué punto se encuentra politizado un órgano que no debería estarlo en absoluto.

Lo cierto es que los partidos políticos no fueron gestores dignos del enorme poder que les atribuyó la ley de 1985: lo utilizaron utilizado para sus propios fines particulares, contraviniendo notoriamente la doctrina del Tribunal Constitucional (es decir, de manera inconstitucional), y conculcaron el deber ético de ejemplaridad que su posición superior les exige. La necesidad de una reforma legislativa del CGPJ era notoria, y el PP fue sensible a ella en el programa electoral para las elecciones de 2011, que acabó ganando por mayoría absoluta, prometiendo una serie de medidas para reforzar la independencia de esta institución.

Y la reforma llegó, efectivamente. Pero en el sentido contrario.

UNA REFORMA PARA CONTROLARLOS A TODOS

El 29 de junio de 2013 se publica en el BOE la modificación de la ley que regula el CGPJ. Ese día el boletín oficial no trae buenas noticias si de lo que se trata es de reforzar la independencia del poder judicial frente a los partidos y la clase política.

Es necesario comprender el curioso planteamiento de la reforma, que explica muy bien su exposición de motivos. Consiste en confundir intencionadamente los graves síntomas que afectan al CGPJ (bloqueo en la renovación de los vocales por el Parlamento, bloqueo en la toma de decisiones por el propio Consejo, preponderancia de las asociaciones de jueces, defectuoso funcionamiento interno, etc.) con problemas puntuales que es posible resolver… profundizando aún más en la enfermedad de donde derivan esos síntomas. Es decir, como los políticos no se ponen de acuerdo rápidamente a la hora de repartirse las cuotas dentro del Consejo, dando lugar a prórrogas indeseables, se soluciona el problema permitiendo que el partido que tenga mayoría, al menos en una cámara, pueda nombrarlos a todos. Esto es como resolver los problemas de rodilla de Rafa Nadal cortándole la pierna. Seguro que ya no le duele, pero se intuye que va a jugar peor al tenis.

Con esta reforma, el CGPJ va a jugar todavía peor a lo que la Constitución le encomienda: preservar la independencia judicial, pilar de cualquier Estado de derecho que aspire a ese nombre. Efectivamente, en contra de la promesa electoral del PP, se mantiene el nombramiento de todos los vocales por el Parlamento, diez por el Congreso y diez por el Senado, con la consabida y necesaria mayoría de tres quintos, límite impuesto por la Constitución. Pero ahora, si un partido tiene mayoría de tres quintos en una Cámara (el PP la tiene en estos momentos en el Senado, por ejemplo) puede conseguir poner en marcha el nuevo CGPJ sin necesidad de llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas de la otra Cámara. Antes, todo el Consejo se renovaba en bloque, de tal manera que o había un acuerdo total o no se constituía. Ahora, el que tenga mayoría, como en estos momentos el Partido Popular, puede nombrar los diez del Senado y funcionar con éstos y con los antiguos diez nombrados por el Congreso para el mandato anterior, entre los cuales habrá designado a unos cuantos.

Es evidente que los incentivos para la negociación cambian radicalmente. Ahora el partido que está en la oposición, el PSOE en estos momentos, está entre la espada y la pared, pues si se muestra inflexible, la mayoría tira para adelante y le tritura por la vía de hecho. El estímulo para obligarle a ceder («por lo menos te doy algo») es obvio.

Pero esto es sólo el principio. Para que el control sea todavía más férreo, la ley soluciona diligentemente otros problemas. Uno importante era el del bloqueo dentro del Consejo a la hora de tomar determinadas decisiones. La antigua Ley Orgánica exigía una mayoría de tres quintos para todos los nombramientos importantes dentro de la carrera judicial, lo que obligaba de nuevo a la negociación —es decir, y desgraciadamente a las cuotas— a la hora de realizar las designaciones. Pero la nueva sólo mantiene esos tres quintos para el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Consejo, mientras que para el resto de nombramientos rige el principio general de la mayoría simple. De esta manera, el partido mayoritario se lo lleva absolutamente todo. Aunque una cosa es verdad, hay que reconocerlo honestamente: soluciona el problema de los bloqueos. Ya nada puede bloquear la voluntad del partido en el poder. Pero es que no se trataba de eso...

La forma de solucionar otro de los problemas, la excesiva preponderancia de las asociaciones judiciales, resultaría tierna si, en el fondo, no fuera todo tan dramático. En un ejemplo de doble lenguaje, se expresa que con esta reforma se permite que cualquier juez puede presentar su candidatura con apenas unos pocos avales, se fija el procedimiento para hacerlo, se establece el plazo de presentación de candidaturas, la constitución de la «Junta Electoral», su régimen de funcionamiento y adopción de decisiones, la proclamación definitiva de las candidaturas, etc. Todo muy democrático. Pero el problema es que… En fin, que no hay elecciones. No hay elecciones porque los jueces no van a poder votar a esos candidatos: transcurridos los plazos correspondientes, se dice, se remitirán las candidaturas admitidas a los presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas cámaras procedan a la designación de los vocales, es decir, procedan galantemente a la designación de los suyos. Como siempre ha ocurrido.

La reforma no se detiene ahí, sino que modifica la estructura interna del CGPJ, y no para reforzarla precisamente. Lo que hace es profundizar en la dependencia del Consejo respecto de su mandante, el Parlamento, o, con mayor precisión, el partido mayoritario. Para garantizar la fluidez de la cadena de mando se cambia la estructura interna del Consejo, creando una serie de nuevos órganos que coadyuvan a ese fin: la Comisión Permanente, el vicepresidente, los vocales sin dedicación permanente y el llamado Promotor de la Acción Disciplinaria. En este nuevo esquema el órgano absolutamente preponderante es la Comisión Permanente. En esa comisión es donde reside el verdadero poder judicial, pues se constituye en órgano vigilante y fiscalizador al que de una manera u otra se someten los demás y en donde reside el verdadero poder del Consejo. Una Comisión perfectamente controlada por los partidos, para controlar a todos los jueces.

Además, la compatibilidad de los consejeros no permanentes con su práctica profesional, unida al perverso sistema de elección, ha permitido que se den situaciones tan curiosas como que sea posible nombrar consejero compatible del poder judicial a Vicente Guilarte, abogado del Colegio de Registradores e íntimo de Enrique Rajoy, el hermanísimo, para que pueda jugar con todos los conflictos de intereses posible. Puede compaginar sus labores de lobby en un poderoso grupo de intereses en el seno del Consejo a la hora de emitir sus informes sobre proyectos de leyes sensibles con su actuación profesional ante los tribunales en defensa de ese mismo grupo, y pertenecer simultáneamente a la comisión disciplinaria del Consejo, que es la competente para sancionar al juez que ha de decidir en sus propios casos. ¿Hay quien dé más?

No crea el lector que exageramos en nuestras apreciaciones, o que estas deficiencias, aunque lamentables, se dan también en otros países de nuestro entorno. Nada de eso. Ya antes de esta última reforma, y en una clasificación de países elaborada por el World Economic Forum según el criterio de su mayor o menor independencia judicial, España ocupaba el poco lucido puesto 60 de 133 totales, por detrás de Jamaica, Tailandia, Nigeria o Gambia. Francia, por ejemplo, ocupa el puesto 24 y Alemania el 4. La ley de 2013 probablemente nos ayude a colocarnos más lejos todavía de los puestos de cabeza, compartiendo los honores con repúblicas bananeras y Estados cuasi fallidos.

SIN SOLUCIÓN, PERO CON MARGEN DE MEJORA

Si una solución es, como dice el Diccionario de la Real Academia, «un desenlace o término de un proceso», la independencia de la justicia es un tema sin solución, porque de hecho nunca se va a llegar a un desenlace definitivo de una perfecta y armónica justicia alejada tanto de las presiones políticas como de sus propias e internas tentaciones corporativistas. Es un proceso sin final, un asunto de fondo que en una democracia siempre debe estar sobre la mesa de análisis y sometido a periódicos controles.

Los primeros que tienen que verificar esos análisis no son los partidos políticos, sino los propios jueces. Y es que la judicatura como tal no está en absoluto exenta de culpa en la situación en la que nos encontramos, y que hemos descrito antes en relación con el CGPJ, y debería hacer una severa autocrítica. Si los partidos han manipulado el Consejo ha sido porque ha habido jueces que han preferido estar a sus órdenes votando lo que le interesaba al partido de su cuerda en cada momento y porque las asociaciones profesionales han elegido candidatos de este corte, politizados, obedientes a las necesidades partidistas y preocupados sobre todo por su carrera profesional. Ha faltado la generosidad y el velar por los intereses generales.

Hay que pensar que con el mismo sistema de elección que teníamos hasta el año 2013, o incluso el resultante de la última reforma, sería posible una justicia razonablemente inmune a las presiones externas. Porque el CGPJ, como institución, sí es independiente, no está sujeto al Parlamento, a los partidos que lo forman o a los intereses del Gobierno. Puede actuar libremente. Son sus integrantes, los vocales, mayoritariamente jueces, los que no quieren hacerlo, los que sujetan su voluntad a designios e intereses espurios. Por tanto, el gran problema no es solamente el proceso de elección, sino la actuación de los elegidos que actúan siempre en bloque siguiendo claramente unas consignas externas. Y quizás esta lealtad, que no es sino falta de independencia, no se deba tanto al agradecimiento por la designación como a la preocupación por el futuro. La realidad es que la pertenencia al CGPJ no es más que un escalón de la carrera de sus vocales, y el desarrollo posterior de esa carrera depende de la actuación del interesado en el ejercicio del cargo. Sólo si el elegido es fiel al partido que le ha propuesto podrá confiar en que, una vez expirado su mandato, cuando ese partido esté en el poder será debidamente recompensado por los servicios prestados.

Los jueces, como colectivo, no han sido suficientemente ejemplares, han sido parte del problema que se ha creado y deben ser los primeros en ser parte de la solución, si es que quieren recuperar una credibilidad ante la sociedad civil de la que ahora nos tememos que carecen en gran medida. La judicatura tiene pues mucho margen de mejora: deberá implicarse mucho más en la defensa de la independencia de la justicia, pero al mismo tiempo separar nítidamente esta defensa de la reivindicación de la mejora de sus condiciones laborales y de su situación profesional, algo perfectamente legítimo, pero que está en un plano diferente y que puede teñir de corporativismo —y por tanto anular o desactivar en gran medida— sus acciones en defensa del bien común. En el capítulo siguiente volveremos a hablar sobre el tema.

TODOS QUEREMOS JUSTICIA, SÍ, PERO ¿CUÁL?

Es precisa una reflexión constante del conjunto de la sociedad sobre qué tipo de poder judicial deseamos para España. Seguro que uno independiente, por supuesto, porque sólo por medio de un poder judicial inmune a las presiones políticas es posible garantizar un adecuado funcionamiento del Estado de derecho; pero también nos interesa un poder judicial eficaz, adaptado a la sociedad en la que está inmerso y, sobre todo, responsable frente a los ciudadanos españoles, que, al fin y al cabo, son sus verdaderos titulares. Pues bien, resulta evidente que ambos objetivos, independencia y responsabilidad, están en cierta forma enfrentadas. Existe el riesgo de que, tratando de conseguir una judicatura ferozmente independiente, la convirtamos en irresponsable, una especie de casta que vele por sus propios intereses y no rinda cuentas de su actuación a nadie. Por el contrario, un exceso de celo para conectarla con las sensibilidades políticas de los ciudadanos puede transformarla en una mera correa de transmisión de los políticos profesionales y de sus personales intereses partitocráticos.

Hoy existe una clara conciencia de que el actual diseño de la institución nos ha metido de cabeza en el segundo riesgo, aunque quizá podría decirse más bien que el actual sistema es un conglomerado de vicios casi perfecto, pues aúna simultáneamente falta de independencia e irresponsabilidad; quizá porque a los políticos, que son los que mandan, tampoco les interesa demasiado fomentar la responsabilidad de los jueces, por lo menos no al precio de poner en peligro sus apaños a la hora de designar jueces cercanos en puestos sensibles.

Reformar de nuevo, y en otra dirección, la estructura y funcionamiento del CGPJ se antoja una necesidad ineludible. Propuestas en ese sentido hay muchas, y, aunque probablemente ninguna sería la solución definitiva, parece bastante fácil mejorar lo que ahora tenemos. Se ha llegado a propugnar incluso la supresión de la propia institución, que fue importada desde Italia y que no tiene equivalente en muchos países. Esto tendría el gran inconveniente de que habría que reformar la Constitución.

Otra propuesta propugna que el acceso al CGPJ suponga el final de la carrera de los candidatos, que serían vitalicios. Es verdad que esta medida despierta muchos recelos, pero también lo es que en otros países ha funcionado muy bien, como es el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de cuyos miembros se dice que nunca se jubilan y rara vez se mueren; algunos de ellos, a pesar de ser propuestos directamente por el presidente de turno, han alcanzado las más altas cotas de independencia y prestigio. Lo cierto es que, posiblemente, si los partidos supiesen que sus designados una vez nombrados no van a tener ninguna dependencia de ellos se cuidarían mucho de buscar a los más capacitados. Además, si para los elegidos se trata de la culminación de su carrera profesional pondrán más empeño en realizar sus funciones de manera independiente y ejemplar. Cuestión de prestigio.

Una tercera propuesta consiste en abrir el campo de los posibles electores de modo que los jueces no fuesen nombrados sólo por sus pares, sino también por otros profesionales muy interesados en el correcto funcionamiento de la justicia, como fiscales, abogados, secretarios judiciales, etc. En Francia, con un número de miembros mucho más reducido, se permite a los fiscales y a los consejeros de Estado designar un representante. En España, por imperativo constitucional, doce representantes tienen que ser magistrados, pero nada impide que el elector pueda no serlo. Esta fórmula introduciría un factor de generación de incentivos muy sugestivo, pues el magistrado elegido por los abogados, que aspire además a la reelección, deberá tener en cuenta algo más que sus propios intereses corporativos. Otros han sugerido que sean elegidos como los diputados, en unas elecciones, o incluso por sorteo puro entre los propios jueces.

Existen más posibilidades de reforma, pero basten las apuntadas para comprobar que hay margen de sobra para el debate y la mejora. Otro asunto es que la actual clase política esté dispuesta a dar pasos voluntariamente en esa dirección. Y es que el análisis de esta materia deberá siempre estar sujeto al que podríamos denominar «principio de no ingenuidad», el cual se podría formular así: ha pasado ya el suficiente tiempo desde la primera ley sobre la materia, y ha habido suficientes reformas legislativas tanto del PP como el PSOE, con el aval de los otros grandes partidos como CiU, IU y PNV, como para llegar a la conclusión de que, digan lo que digan en sus programas electorales, en el Parlamento o ante un micrófono, no desean en absoluto, e incluso temen, un poder judicial que no esté al menos parcialmente bajo su control. Y no harán nada que reduzca ese control si los ciudadanos no les obligamos.

En definitiva, la reforma no es imposible, pero pensar que se va a contar con la colaboración sincera de los grandes partidos para ir en esa dirección supone violar el principio de no ingenuidad y debe descartarse. Se trata de que la sociedad en su conjunto, y en especial los profesionales más cercanos a la Administración de Justicia, incrementen cada vez más la presión sobre los partidos políticos por todos los medios posibles, sin dejar que este tema quede relegado al olvido hasta el siguiente escándalo protagonizado por un tribunal demasiado comprensivo con un político imputado o incluso presidido por un amigo íntimo de un presidente autonómico imputado; lo que no es difícil, dado que uno de los tres magistrados que componen la Sala de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia ante la que están aforados los parlamentarios autonómicos resulta que se nombra a propuesta del propio Parlamento autonómico.

De lo que se trata, en resumen, es de acabar creando un clima social de tal naturaleza que obligue a los grandes partidos a despolitizar la justicia, porque el coste de no hacerlo, electoral y de imagen, sea tan elevado que no puedan permitírselo.

Estamos ante una cuestión de higiene democrática básica, porque la independencia de la justicia es un pilar fundamental de una democracia. Todos los ciudadanos, sin excepción e independientemente de la posición ideológica particular de cada uno, debemos exigirla. Debemos derogar entre todos esa nefasta ley de dependencia de la justicia, esta versión particular de la ley del deseo del poder, que se resiste a ser controlado. Por nuestro propio bien (común).

8

AUNQUE SEA INDEPENDIENTE,

¿ES JUSTICIA SI ES ARBITRARIA

Y LLEGA TARDE?

Con todo lo que acabamos de decir, conviene destacar que la Administración de Justicia que decide sobre los casos habituales que se suscitan entre los ciudadanos españoles, la de todos los días, no parece afectada por la contaminación política, al menos a primera vista. Sin embargo, sí lo está de manera indirecta, porque la perversa selección que se produce en la cúspide del poder judicial, que prima los criterios partidistas sobre los técnicos, también influye en su funcionamiento cotidiano. El desprestigio global de la institución y la falta de verdadero interés en una justicia de calidad, lo que constituiría una clara amenaza frente al poder dominante, el poder ejecutivo, lo sufre luego el ciudadano de a pie cuando pretende cobrar una deuda o recurrir una decisión abusiva de la Administración Pública de turno.

Sin embargo, al margen de todo ello, el defectuoso funcionamiento de la justicia española obedece también a otras razones de enorme importancia que no resultan tan evidentes para el no profesional. Es imprescindible analizarlas aquí, especialmente porque la tendencia natural del político de partido, que las conoce perfectamente, no es a solucionarlas, sino a eludirlas por medio de mecanismos indirectos que contribuyen a socavar todavía más los pilares de nuestro Estado de derecho.

UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Bien mirado, el funcionamiento de la justicia española es sorprendentemente bueno. Quizás usted, lector, que ha visitado los juzgados españoles en alguna ocasión, esté arqueando las cejas en este momento. Pero si reflexiona un instante sospecho que terminará estando de acuerdo. ¿Se imagina lo qué pasaría si Zara tuviese una aplicación informática distinta para cada comunidad autónoma? ¿Se imagina que las decisiones fundamentales sobre la empresa se tomaran por tres órganos distintos sin comunicación entre sí y normalmente enfrentados? ¿Que en las tiendas de Zara no hubiese jefes? ¿Qué unas estuviesen informatizadas y otras no? ¿Qué los empleados serios y cumplidores no recibieran ninguna distinción y que los vagos e irresponsables fueran tratados de la misma manera que los demás? Podríamos seguir, pero quedémonos sólo con esto. ¿Cree usted que en ese caso Zara vendería una sola camiseta?

Es cierto que en régimen de monopolio, pero la justicia española vende muchas camisetas todos los años, y algunas hasta de buena calidad. Y por mucho que no haya más remedio que pasar por la tienda (lo que tampoco es totalmente cierto, porque ahí están la mediación y el arbitraje, como veremos en el capítulo siguiente), con ese sistema organizativo y con ese régimen de incentivos el que todavía esté en condiciones de confeccionar algo decente resulta verdaderamente milagroso.

En una democracia la justicia es algo mucho más importante que un servicio público, evidentemente, pero también es un servicio público. Es la salvaguardia fundamental del Estado democrático y de derecho, y es un poder del Estado, cierto, pero también es un servicio que debería permitirme en un plazo razonable cobrar una deuda o impedir que mi vecino ocupe mi plaza de aparcamiento sin mi autorización. Pues bien, para ser un servicio público de verdad debe funcionar bajo un régimen organizativo digno de tal nombre, presidido por un principio orientador —en este caso justicia rápida y de calidad— en donde prime la correcta identificación de responsabilidades y sea posible la rendición de cuentas. Sólo de esta manera puede aspirar a ser mínimamente eficiente, pues en caso contrario no es posible en verdad hablar de una organización, sino más bien de un caos total en el que cada agente buscará maximizar su interés particular en perjuicio de los intereses colectivos.

En la justicia española, tanto por arriba como por abajo, no hay una unidad de criterio ni de dirección. Nadie tiene completa capacidad para definir los principios y los incentivos de la organización, ni en su conjunto ni en cada uno de los juzgados. El control de la Administración de Justicia se lo reparten entre el Consejo General del Poder Judicial (nombramiento, promoción y régimen disciplinario de los jueces), el Gobierno y la Administración General del Estado (iniciativa legislativa para la reforma de la planta y de los procedimientos y régimen de los secretarios de juzgados y tribunales) y las comunidades autónomas (medios materiales y personal auxiliar).

Como las comunidades autónomas son competentes en medios materiales, cada una decide sobre su programa informático, y al menos algunos de ellos en este momento son incompatibles entre sí. El Gobierno define las reformas procesales que considera pertinentes, pero no puede ejecutarlas por sí solo. Y como el régimen estatutario de cada tipo de funcionario (jueces, secretarios y personal de apoyo) depende cada uno de una administración diferente, no es posible diseñar un régimen de incentivos coordinado ni existe un principio claro de jerarquía dentro de la oficina judicial. Ahí dentro no manda nadie, y por eso nadie responde de nada. Se dice que la nueva oficina ha fracasado porque se diseñó mal. Pero es que con esos presupuestos lo imposible era diseñarla bien.

Lógica consecuencia de lo anterior es que no exista un plan nacional integral de inversiones en materia de Administración de Justicia. Esa complejidad artificial ayuda también a entender por qué no existen informes detallados sobre el impacto de las reformas procesales, sobre su coste, sobre las cargas reales de trabajo y sobre la verdadera situación de la planta judicial. En la última legislatura se han invertido más de setecientos millones de euros en recursos tecnológicos para la Administración de Justicia, pero el deteriorado estado de sus mimbres explica por qué esa inversión ha resultado totalmente inútil. Como un pozo sin fondo, o más bien como un cesto agujereado, nuestra justicia es capaz de tragarse todo lo que le echen en medios materiales y personales sin que sea perceptible ninguna mejora en el servicio.

Durante muchos años toda reforma en este ámbito pasaba necesariamente por incrementar el número de jueces y fiscales. Sin duda es lo más sencillo, lo que piden las asociaciones correspondientes y el cuerpo de opositores, pero la realidad es que tampoco ha ayudado a paliar la exasperante lentitud de los procedimientos, su escasa predictibilidad, el colapso del sistema, y, claro, la inseguridad jurídica que es su consecuencia natural. En realidad, los últimos años han marcado una tendencia constante: a mayor número de jueces, mayor colapso judicial. O quizá sería más exacto decir a mayor colapso se reacciona poniendo más jueces, pero el colapso no se detiene, sino que aumenta. En 2004 existían 2.083.532 de asuntos en trámite al final de año en todas las jurisdicciones, y 4.146 jueces. En 2007 eran 2.407.071 asuntos y 4.543 jueces. En 2009, 3.132.006 asuntos pendientes y 4.836 jueces. Y en 2012, 2.913.464 asuntos y 5.171 jueces. Sólo últimamente, con la práctica desaparición de los llamados jueces sustitutos (algunos de los cuales llevaban siéndolo décadas) se ha detenido la espiral ascendente.

Pese a toda la desinformación que circula al respecto, España tiene un número de jueces homologable al de la mayoría de países europeos (Francia, Italia, Suecia…). En consecuencia, las razones que explican nuestros problemas hay que ir a buscarlas a otro sitio: a la propia organización de la justicia española.

EL GOBIERNO AL RESCATE (1): PONGAMOS TASAS

Nuestros políticos son conscientes de esta situación A veces hasta tienen ganas de solucionar el problema, pero lo que ocurre es que, como en tantas ocasiones, prefieren hacerlo a través de medios que no pongan en peligro su actual posición de predominio en el poder judicial y, si es posible, sin coste político alguno. Si para ello se tienen que llevar por delante a la justicia (no a la Administración de Justicia, sino a la de verdad) pues qué se le va a hacer.

Un ejemplo claro es el de las tasas judiciales. ¿Los tribunales están colapsados? Pues nada más sencillo que encarecer el acceso a la jurisdicción. Es un razonamiento de alumno de primero de Económicas. Si subimos el precio, la demanda se contrae y el número de asuntos judicializados desciende. De hecho, podríamos solucionar definitivamente los problemas de la justicia española subiendo el importe de las tasas hasta un punto en el que el número de asuntos fuese perfectamente gestionable. De nuevo, una solución fácil.

Nadie discute que las tasas puedan ser necesarias en la justicia española. Con ellas se conseguiría, por un lado, que contribuyan a sufragar el coste de la justicia los que más uso hacen de ella y, por otro, disuadir del acceso a los tribunales cuando no existe motivo lo suficientemente justificado. Como todas las barreras, la tasa busca desincentivar el (mal) uso del servicio y así reducir su coste y hacerlo más eficiente. Lo que ocurre es que hay gente que merece ser disuadida y otra que no, y la tasa sólo es eficiente cuando logra lo primero y evita lo segundo, lo que no es nada fácil de conseguir.

Para comprobar si efectivamente se consigue este efecto en el caso de nuestra vigente ley de tasas, es necesario examinar de manera concreta cómo se ha articulado, en relación con el funcionamiento ordinario de nuestra Administración de Justicia, porque puede ocurrir que cualquier tipo de tasa (siempre que sea elevada) no sólo no contribuya a mejorarla, sino más bien a empeorarla.

El problema en España es que la cuantía y la generalidad de la medida no parecen tener otro objetivo que recaudar lo más posible y disuadir de acudir a los tribunales sin establecer discriminación de ningún tipo, lo que es enormemente preocupante. En ciertas ocasiones no sólo no interesa desincentivar la litigación, sino que, al contrario, se debería fomentar. Pensemos por ejemplo en ciertas reclamaciones por parte de los usuarios de servicios bancarios o por los vecinos frente a las actuaciones urbanísticas realizadas por nuestros imputados gestores municipales. En este tipo de asuntos una buena sentencia que ponga freno a las injusticias o a los abusos tiene un enorme interés, no sólo para el litigante sino para el conjunto de los ciudadanos.

Por esa razón, al fijar una tasa elevada de forma indiscriminada para este tipo de reclamaciones, elevando así su coste, lo que en realidad se está haciendo es reducir correlativamente el coste (o el riesgo) de las entidades bancarias por comercializar productos tóxicos y de los gestores municipales por realizar cacicadas. También en primero de Económicas te explican que si un coste se reduce, el incentivo para profundizar en ese mercado aumenta. En este caso, aumentan la injusticia y el abuso.

LAS PARTICULARIDADES DEL MERCADO DE LA JUSTICIA

Ésta es una de las características que distingue las tasas judiciales de, por ejemplo, el copago sanitario. El hecho de pagar un euro por receta o por consulta no va a hacer aumentar las enfermedades en España. Pero quizá con una ley de tasas como ésta sí aumenten las injusticias. La diferencia es que en la sanidad no hay otra parte que pueda aprovecharse de la situación, mientras que en la justicia vaya si la hay. Y suele tener mucho dinero y legiones de abogados.

Frente a este argumento se podría alegar que el que esté convencido de que la razón y el derecho están de su lado debería pleitear, porque va a terminar recuperando la tasa, aunque sólo si hay condena en costas y no siempre. Pues bien, para contestar a esta objeción es imprescindible poner en relación la tasa con el actual funcionamiento de nuestra Administración de Justicia. Todo el mundo sabe que la justicia en España funciona muy mal, es muy lenta y sus decisiones son poco predecibles. Pues bien, ese es precisamente el problema, que todo el mundo lo sabe. Por ello, no resultan nada infrecuentes las conductas estratégicas de tipo oportunista (moral hazard) que se aprovechan de esta situación.

Incumplir mis obligaciones puede resultarme rentable cuando sé que la lentitud de la decisión judicial y su falta de predictibilidad juegan a mi favor. Pues bien, en este escenario la tasa reduce todavía más el coste del incumplidor y aumenta los incentivos para incumplir. Por su parte, el cumplidor tiene que añadir al riesgo de la lentitud y de la falta de predictibilidad, el coste de la tasa y el riesgo de no recuperarla, por lo que su incentivo para demandar y reclamarme el cumplimiento disminuye.

La conclusión es que sólo se pueden introducir tasas como una medida complementaria diseñada de manera armónica y siempre que se introduzcan a la vez otras reformas estructurales destinadas a conseguir que la justicia funcione razonablemente. No se puede hacer de forma aislada y por las buenas, con la ilusión de que bastarán para arreglarlo todo. En el Reino Unido existen tasas y son más elevadas que las nuestras, pero su justicia funciona mucho mejor, y, sinceramente, no creemos que lo hayan conseguido gracias a las tasas.

En conclusión, si introducimos las tasas sin reformar primero la justicia, lo que obtendremos es una simple apariencia de mejor funcionamiento, de las que tanto gustan a nuestros Gobiernos, por cierto; quizás incluso una justicia menos colapsada, aunque esto puede ser discutible si aumentan mucho los incentivos para incumplir, pero también, sin ninguna duda, una sociedad más injusta.

EL GOBIERNO AL RESCATE (2): SUPRIMAMOS LAS FALTAS

Otra de las medidas estrella del Gobierno para agilizar la Administración de Justicia ha sido suprimir las faltas del Código Penal con la intención de que algunas de esas conductas sean sancionadas administrativamente y otras perseguidas simplemente por la vía civil. No cabe duda de que liberarse de las llamadas «infracciones bagatela del orden penal» ha constituido siempre una aspiración de nuestra jurisdicción. Recordemos que estas infracciones suman casi el 25 por ciento de los juicios penales y consumen ingentes recursos personales y materiales, lo que resulta de muy difícil justificación. Quien haya tenido experiencia en algún caso de este tipo puede atestiguarlo de primera mano. Conflictos absolutamente intrascendentes que no han dejado secuelas personales ni materiales de ningún tipo generan procedimientos penales que se desarrollan durante años, de aplazamiento en aplazamiento, y que al margen de a las partes y a los testigos involucran a jueces, fiscales, secretarios y cuestan un montón de dinero público.

Pero, al igual que ocurría en el caso anterior, esta despenalización debe realizarse con enorme cuidado si no queremos que la justicia sufra. Algunas faltas penales pueden sustituirse por sanciones administrativas, efectivamente, como el uso de moneda falsa en pequeñas cantidades, la poda de flora protegida, el uso indebido de insignias o títulos académicos falsos, etc. Pero cuando de ahí pasamos a otras cuestiones más sensibles, como la alteración del orden público o los incidentes de tráfico, hay que ser mucho más precavido. En algunos supuestos porque la Administración es a la vez juez y parte, como en el primer ejemplo que citábamos. No resulta irrelevante que la sanción por manifestarse delante de las Cortes la ponga un juez o la ponga la Delegación del Gobierno. En otros, como ocurre en el segundo caso, porque podemos alterar determinados equilibrios en beneficio de las compañías de seguros y en perjuicio de los asegurados. Y en todos porque si no se hacen las cosas bien lo único que se logrará es trasladar los casos de la jurisdicción penal a la administrativa o a la civil, y de acuerdo con el famoso principio de conservación del colapso, éste ni se crea ni se destruye, sólo cambia de jurisdicción.

LOS JUECES, TAMBIÉN AL RESCATE

Pero no seamos injustos. No sólo el poder ejecutivo es responsable de esta actitud. A veces son los propios jueces a los que les interesa permitir las injusticias materiales con tal de facilitar su trabajo y dar una apariencia de buen funcionamiento. El caso típico es el del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil buscaba fortalecer la función uniformadora de la jurisprudencia, utilizando a tal fin el recurso de casación, es decir, encomendando al Tribunal Supremo la función de frenar el lamentable estado de dispersión e impredictibilidad de las decisiones judiciales.

La vía utilizada era permitir el recurso cuando el asunto tenía interés casacional; es decir, cuando la sentencia recurrida se oponía a la doctrina del Tribunal Supremo o existía jurisprudencia contradictoria de los tribunales inferiores, sin perjuicio de reconocer el acceso al recurso en todo caso cuando el asunto excedía de una determinada cuantía.

Pues bien, lo primero que hicieron los magistrados del Tribunal Supremo fue realizar una lectura de la norma muy restrictiva con la finalidad de excluir gran parte de los asuntos que les llegaban por simple cuantía, y lo segundo interpretar el requisito del interés casacional de la manera más restringida posible. Si a esto se suman las constantes infidelidades del Tribunal Supremo con su propia doctrina, la conclusión es que de esta forma no se obtiene ni justicia material ni seguridad jurídica. Al final, ni el Tribunal Supremo resuelve los casos importantes ni es capaz de imponer una doctrina uniforme que sirva de guía para los tribunales inferiores. Aunque, eso sí, sus señorías viven más tranquilos.

COGER EL TORO JUDICIAL POR LOS CUERNOS ES NECESARIO PERO ARRIESGADO

En conclusión, la justicia española no se arregla con parches que más que otra cosa amenazan con socavar todavía más sus cimientos. Es necesario coger el toro por los cuernos y afrontar de una vez dos tipos de medidas radicales, unas de carácter organizativo y otras de tipo político.

Entre las organizativas destaca la reorganización de la planta judicial, comenzando por dividir la Administración de Justicia en dos niveles diferentes en función del grado de complejidad de los asuntos. No es necesario expulsar las faltas penales del sistema ni tampoco los casos de los recurrentes con menos recursos a través de las tasas; bastaría con arbitrar una jurisdicción próxima que resuelva esos asuntos, de carácter predominantemente verbal —sin perjuicio de que las vistas queden grabadas—, incluida la propia sentencia.

No son ideas precisamente originales. Algunos expertos las llevan reclamando desde hace años. Hay informes de sobra sobre el tema. Los asuntos penales y civiles más sencillos se enjuiciarían por tribunales de base de carácter unipersonal en juicios rápidos, pero rápidos de verdad. Las apelaciones frente a esas decisiones y, singularmente, la primera instancia e instrucción de los más complicados se resolverían por tribunales colegiados.

En la actualidad, el juez que tiene que lidiar con un caso difícil con miles de folios de sumario, uno de esos que desgraciadamente inundan las portadas de nuestros medios de comunicación todos los días, se encuentra atrapado entre la impotencia, la soledad y la presión mediática extrema hasta tal punto que, exceptuando a los héroes, que siempre los hay, su reacción natural y comprensible es librarse del «muerto» a la mínima oportunidad. Sacarlo adelante le puede traer muchos disgustos y escasas satisfacciones, al menos de las que profesionalmente cuentan. Recordemos los ataques a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, con silbidos y pancartas incluidas. No es de extrañar que esta juez estuviera varios meses de baja.

Recordemos que al supercaso se añade la carga habitual del juzgado. No se trata de un problema menor, ni por repercusión social ni por número de asuntos. A finales de 2013, los juzgados españoles estaban investigando 1.661 casos de corrupción, de los cuales 302 están considerados macroprocesos. A ello hay que añadir otros igualmente complejos, como el de las preferentes u otros escándalos financieros varios, lo que arroja una cifra total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, que en la actualidad tienen colapsados casi 800 juzgados.

A fecha de hoy, para atender a estas situaciones excepcionales por la vía de los refuerzos personales hay que solicitar una autorización expresa del Consejo General del Poder Judicial, un plácet del Ministerio de Justicia y la aprobación de la asignación de funcionarios por parte de la correspondiente comunidad autónoma. Ya pueden imaginarse por qué no llega nunca el refuerzo, al menos por qué no llega a tiempo.

Por ello, la reorganización y consiguiente división material anteriormente propuesta resulta imprescindible. El único inconveniente, claro, es que esta reforma la tienen que hacer los que pueden no tener demasiado interés en que esos asuntos se agilicen. En definitiva, que el inconveniente de coger al toro por los cuernos es que corres el riesgo de que el toro te lleve por delante.

El mismo riesgo presenta para el establishment la demanda secular de una verdadera policía judicial, es decir, de una policía que dependa directamente de los jueces, y sólo de los jueces. Una policía judicial facilitaría enormemente las instrucciones judiciales, especialmente las más complicadas. Puede que su ausencia sea una de las razones más importante para explicar por qué sólo el 10 por ciento de las causas penales terminan en sentencia. Lo mismo cabría decir de los peritos en materias contables, financieras y fiscales sensibles, que harían innecesaria la dependencia de los informes que emiten los que se encuentran en relación jerárquica directa con una administración dirigida por políticos que muchas veces no están demasiado interesados en que se haga justicia.

Parece claro que una policía o unos funcionarios que no estén al servicio directo del poder ejecutivo suponen un contrapoder muy incómodo para nuestro actual régimen partitocrático. Piensen en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y en el baile de cargos que se ha vivido en este grupo de funcionarios dependientes del Ministerio del Interior desde que estalló el escándalo Gürtel, que afecta casualmente al partido del ministro. Por eso el Gobierno prefiere andar en la dirección contraria y atribuir la instrucción penal al fiscal, de quien es el superior jerárquico y al que puede controlar con mucha mayor eficacia. Ya hemos comprobado lo dóciles que pueden ser algunos fiscales cuando se trata de asuntos especialmente sensibles como el de la imputación de la infanta Cristina, recurrida por el Ministerio Fiscal, lo nunca visto. Atribuirles la instrucción penal sin más, sin modificar antes radicalmente su estatuto con el objetivo de hacerles ganar verdadera independencia, sería minar otro pilar de nuestro ya frágil Estado de derecho.

¿CÓMO TENER JUECES RESPONSABLES?

Otra medida de carácter organizativo fundamental es la inclusión de adecuados mecanismos de incentivos y de responsabilidad en la judicatura, imprescindibles para resolver no sólo el problema del colapso judicial sino los problemas de falta de calidad o predictibilidad de las sentencias.

El actual régimen de premios y sanciones carece de cualquier fundamento racional. El juez responsable, que se estudia sus asuntos, es fiel a la jurisprudencia consolidada y lleva el juzgado al día (cuando materialmente es posible hacerlo), no recibe ninguna compensación especial por hacerlo, lo cual, bien mirado, resulta un tanto sorprendente. Todas las organizaciones serias recompensan a sus miembros por el trabajo bien hecho, pero en la carrera judicial la promoción acelerada y las compensaciones económicas por la excelencia usualmente han tenido mala prensa. Se invoca siempre la amenaza a la independencia judicial, el riesgo que supone dictar sentencias apresuradas o el de que se cuestione el criterio técnico de los sentenciadores. Nosotros pensamos sin embargo que las razones profundas son otras y se fundamentan en la desconfianza, bastante natural y comprensible, en los mecanismos de evaluación que se puedan poner en marcha. Sobre todo en un país como el nuestro, tan dado al caciqueo. En caso de duda, es preferible el café para todos a que algunos sean castigados sin café por motivos desconocidos.

Reconociendo su dificultad, nos parece que es esencial establecer un buen sistema de medición y de evaluación. En Estados Unidos lo tienen establecido; lo que sucede, claro, es que no necesitan poner de acuerdo los intereses generales y particulares de tantas administraciones concurrentes como ocurre aquí. Tampoco les resulta tan complicado obtener información fiable de cada juzgado. En España, al inconveniente citado de la falta de datos y de sistemas de medición objetivos hay que añadir el poco interés de nuestros partidos políticos dominantes en establecer criterios que puedan perturbar la tradicional selección basada más en fidelidades y afinidades ideológicas que en méritos, especialmente cuando resulta muy conveniente, como ocurre en las salas de lo penal de los tribunales superiores y del Tribunal Supremo llamadas a juzgar a nuestros casi diez mil aforados.

Junto a los incentivos positivos están también los negativos, o lo que es lo mismo: las sanciones. En la judicatura española, el régimen de sanciones es casi aleatorio, con la paradójica consecuencia de que el juez serio y responsable vive sintiéndose permanentemente desincentivado y/o amenazado mientras que el caradura y vago campa prácticamente a sus anchas. Además, como el régimen disciplinario para cada categoría de funcionario judicial corresponde a una administración distinta, se da la paradoja de que por el mismo siniestro las sanciones pueden ser completamente heterogéneas y desequilibradas, y por eso mismo injustas. Eso cuando existen.

Al margen de ello, el juez irresponsable sabe que, incluso en el caso de ser efectivamente sancionado (cosa que por muy vago que uno sea no suele suceder), el expediente tramitado por el Consejo General del Poder Judicial tiene muchas posibilidades de ser anulado por el Tribunal Supremo por defectos formales. Todo ello al margen de casos escandalosos, como el del juez Francisco Javier de Urquía (casualmente hijo de juez), en el que el Tribunal Supremo, apoyándose en una interpretación alambicada y completamente forzada de las normas aplicables, anuló una decisión del CGPJ por la que se impedía a este juez condenado por cohecho reingresar en la carrera; un juez que se había dedicado a dictar resoluciones (prohibiendo programas de televisión u ordenando libertades bajo fianza) a cambio de recibir dinero de gente tan impresentable como Juan Antonio Roca, cerebro del «caso Malaya». Pues bien, el Tribunal Supremo consideró que tenía pleno derecho a ocupar de nuevo su puesto y a seguir impartiendo justicia a los ciudadanos.

La verdad es que en ningún país son frecuentes las sanciones graves a jueces, y menos la expulsión de la carrera, pero aún menos en el nuestro, con alguna excepción sonada como la del juez Garzón. El que su control final esté en poder de los propios jueces es una razón de peso, no sólo por corporativismo —que existe, evidentemente—, sino también porque son perfectamente conscientes de que algunos «accidentes» les podían haber ocurrido a ellos.

Por ejemplo, el CGPJ sancionó al juez Rafael Tirado, que no ejecutó una sentencia condenatoria al pederasta Santiago del Valle, autor del asesinato de la pequeña Mari Luz, que conmocionó a España entera, con una multa de 1.500 euros, que después confirmó el Tribunal Supremo. La justificación que dio el propio Consejo es que la gran carga de trabajo y la desconexión entre juzgados fue la que provocó este triste suceso. En privado, los jueces reconocían que «a cualquiera nos hubiera podido pasar lo mismo».

Por eso los expertos que han estudiado el tema han propuesto una serie de medidas que pueden ayudar, al menos en parte, a paliar este inconveniente. Básicamente destacan dos. La primera es, una vez más, la transparencia. No hablamos tanto de los procedimientos disciplinarios como de poner a disposición del público todos los datos disponibles que permitan evaluar el rendimiento de los jueces, tales como el número de asuntos pendientes, tiempo medio de resolución, porcentaje de sentencias revocadas, el horario que hacen y la atención que prestan a los profesionales del derecho, entre otros. La segunda es que los procedimientos disciplinarios, incluyendo las secciones de los tribunales que resuelven definitivamente sobre estos asuntos, estén integrados en un número razonable por profesionales que no pertenezcan a la carrera judicial, con el fin de evitar sesgos corporativistas.

En definitiva, lo organizativo y lo político se dan la mano como no puede ser de otra manera. Por ello la principal responsabilidad de resolver el desastre que es la justicia española recae en el Estado, sin duda alguna, pero… ¿sólo en el Estado?

QUID PRODEST?

Vistas así las cosas, ¿a quién beneficia la reforma de la justicia en España? A los ciudadanos, claro, pero… ¿a alguien más? Durante mucho tiempo se han oído voces desde la judicatura denunciando la falta de interés de nuestra partitocracia por arreglar los problemas reales de la justicia. Por un lado, porque exigiría realizar reformas políticas profundas de gran calado, incluidas las que afectan a la distribución de competencias, que pondrían en peligro intereses muy consolidados. Por otro, porque una justicia eficiente, rápida, en la que los jueces alcanzasen los puestos más altos del escalafón en base a méritos objetivos constituiría una clara amenaza al poder.

Puede que sea cierto, pero cabe preguntarse también otra cosa: ¿tienen realmente los propios jueces interés en una reforma de la justicia? Hay que ser conscientes de que su estatuto profesional cambiaría a mejor para unos, pero a peor para otros. Algunos de ellos están por la labor y lo demuestran todos los días con su trabajo. Sin embargo, la pregunta espera respuesta de la gran mayoría. Si fuese afirmativa, se necesitaría muchísimo más activismo judicial del que hemos visto hasta ahora, movilizado fundamentalmente para reclamar más medios. Hace falta mucha mayor reacción contra el actual estado de cosas por parte de las asociaciones judiciales, pero no una reacción que se limite a pedir más retribuciones, más jueces, más recursos materiales, sino que ponga de verdad en cuestión el actual estado de la situación, en el que si los recursos se utilizan mal y nadie responde de dicha utilización no hay solución posible.

Desgraciadamente, las asociaciones de jueces y fiscales parecen bastante cómodas con este panorama. De ahí que sus esporádicas reacciones, como ocurre ahora, sean consideradas tanto por los poderes públicos como por los ciudadanos como simples demandas corporativas que no servirán para revertir la lamentable situación de la Administración de Justicia.

Pero hay que hacer una advertencia final: en una democracia de baja calidad como es la nuestra, los jueces son casi el único recurso disponible, la última trinchera del Estado de derecho. El día en que se den cuenta y actúen en consecuencia quizás el premio que supone el reconocimiento y agradecimiento de toda una sociedad compense asumir los inevitables riesgos. Y es que todo gran poder entraña una gran responsabilidad.

9

OTRA FORMA DE ABORDAR

LOS CONFLICTOS JURÍDICOS

¿Y SI NO HICIERA FALTA ACUDIR AL SISTEMA JUDICIAL?

Un empresario contaba que hace años su empresa decidió invertir en un país importante del Extremo Oriente, en una joint venture con un socio local, para la explotación de una mina. Advertidos de que los tribunales allí funcionaban muy mal y de la conveniencia de introducir una cláusula arbitral en los contratos para resolver posibles problemas futuros, designaron una corte arbitral local, en la convicción de que sería lo más efectivo. Los problemas efectivamente surgieron cuando, tras compartir con ellos tecnología y hacer una importante inversión inicial, los socios les dieron la patada con ayuda de las autoridades para explotar ellos solos la mina. Pero al plantear la demanda arbitral sólo encontraron excusas y evasivas por respuesta. Hasta que, ante su insistencia, les dijeron claramente que se olvidaran del tema. Los representantes de la empresa española, lamentablemente engañados, decidieron invertir a partir de entonces sólo en países donde encontraran verdadera seguridad jurídica. Se trata éste de un caso de arbitraje poco fiable, referido a una corte influenciable o que no funciona bien. Y a su consecuencia de indefensión. Se trata de un caso en que un mal sistema de justicia no se compensa con un buen sistema arbitral… como en España.

Cuando un sistema judicial no es muy eficiente, lo que ocurre casi siempre, es preciso contar con otros sistemas alternativos fiables que den soluciones a personas y empresas, y que contribuyan así decisivamente al desarrollo social y económico. La seguridad jurídica, y la solución de los inevitables conflictos de la vida, no ha de venir siempre, ni únicamente, a través de los tribunales. Por eso carecer de esos instrumentos que aportan muchas veces mejores soluciones supone un empobrecimiento de recursos y un inconveniente que hay que superar.

En España tenemos un servicio judicial ineficiente, lento y colapsado. Sin embargo, no podemos conformarnos con pedir que se reforme o que se le dote de más medios. El problema de su desbordamiento va más allá, pues una de sus causas fundamentales es su consideración por ciudadanos, empresas y hasta por muchos profesionales del derecho como el único medio de resolver los conflictos jurídicos, una vez intentada y fallida una negociación directa. Pero no es en absoluto razonable que lleguen a nuestros tribunales los problemas menores de los vecinos de una comunidad de propietarios o de los padres separados, enfrentados por la hora en la que se recoge a los niños.

Muchas de estas demandas son sólo una manifestación de un problema de relaciones personales más profundo que el tribunal ni conoce ni puede resolver, y que permanece latente hasta que una nueva chispa genere el siguiente conflicto de una guerra interminable. El foro judicial no debe ser utilizado para agredir y para buscar venganza. Y tampoco es el idóneo para encontrar soluciones definitivas que dejen a las partes satisfechas para siempre.

Basta con mirar más allá de nuestras fronteras para descubrir que existen mejores vías de solución, algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Cierta miopía dificulta descubrir y adaptar soluciones que han triunfado fuera. Un fatalismo castizo, del tipo «España es así», las mira con cierta suspicacia. Pero no podemos seguir permitiéndonos el lujo de desaprovechar la experiencia acumulada por otros y el talento que circula por el ancho mundo.

LA EXPLOSIÓN GLOBAL DE LOS LITIGIOS Y EL EJEMPLO AMERICANO

El problema del desbordamiento de los tribunales de justicia por la explosión de la litigación no se ha dado sólo en España, sino que afecta a gran parte del mundo y, muy especialmente, a los países desarrollados o en vías de desarrollo. El colapso, la consiguiente amortización de los tribunales y la quiebra del Estado de derecho constituyen una amenaza global. Es una realidad en demasiados países donde los conflictos permanecen durante años en las oficinas judiciales sin encontrar solución. Pero enfrentarnos a problemas compartidos nos puede permitir también compartir soluciones.

Esta explosión no deja de ser una crisis de crecimiento adolescente social. El avance de la cultura, de la conciencia social y de los sistemas políticos participativos ha hecho que las personas sean cada vez más conscientes no ya sólo de sus derechos sino también de sus mecanismos de defensa, como los judiciales. Pero, al desconocerse aún otros, este avance ha traído como consecuencia el agudizar la crisis de la justicia. Como un niño que está dejando de serlo y ve cómo le crecen desproporcionadamente la nariz o los pies, tenemos que esforzarnos en que esta fase «de acné social» sea pasajera, un paso más en el camino hacia la madurez. Es en ésta, o gracias a ésta, donde vamos a encontrar las soluciones alternativas.

El crecimiento explosivo de la litigación no se ha producido simultáneamente en todo el mundo. En los Estados Unidos se adelantó unas décadas y empezó a ser un problema ya en los años sesenta del pasado siglo. Para afrontarlo decidieron desarrollar e impulsar, de la forma descentralizada que caracteriza a esta nación, sistemas extrajudiciales de resolución, los Alternative Dispute Resolution (o ADR). Entre ellos, los tradicionales como el arbitraje, y también otros nuevos, como la moderna mediación. Tribunales, universidades, organismos públicos e instituciones privadas se implicaron en esta búsqueda de la mejor solución para resolver cada tipo de conflicto, con experiencias tan interesantes como el llamado sistema de justicia multidoors, con el que se trataba de dirigir cada asunto al medio que se considerara más adecuado, fuera judicial o extrajudicial.

Ese esfuerzo innovador se ha traducido, en los Estados Unidos y en otros países que han acogido estas soluciones, en un importante alivio de la situación de los tribunales cuando la sociedad ha empezado a usar masivamente los ADR. Pero no ha sido éste el único, ni siquiera el principal efecto positivo. La sociedad ha descubierto también soluciones más satisfactorias para determinados problemas y las demanda cada vez más. Lo que allí se denominó la quiet revolution, la revolución silenciosa, ha transformado radicalmente el tratamiento jurídico de los conflictos gracias al uso intensivo de los sistemas extrajudiciales. Y en una amplia gama de conflictos laborales, comerciales, familiares, hereditarios, entre socios, derivados de responsabilidad civil o con aseguradoras, entre otros, se utilizan hoy estas soluciones para resolver hasta un 80 por ciento de las disputas que antes terminaban ante los tribunales.

Resulta también interesante analizar el diferente uso de estos sistemas alternativos en ese proceso de maduración social que ha supuesto esta revolución silenciosa. Si en una primera etapa, en los años ochenta y noventa del pasado siglo, hubo un gran desarrollo del uso del arbitraje y figuras análogas, posteriormente la preponderancia del uso ha pasado a otro ADR, la mediación, que se utiliza ya mucho más que aquél incluso en las relaciones entre empresas.

La quiet revolution de los ADR, y dentro de ellas el creciente uso de la mediación, no es, como se escucha a veces, un fenómeno puramente americano, algo que responda sólo a sus específicos rasgos jurídicos o culturales. El uso de estos sistemas ha dado el salto desde allí y ha encontrado acomodo en otros países, empezando por los más cercanos geográfica y culturalmente, y siguiendo luego por muchos otros. En Europa su uso en el ámbito empresarial es ya intenso en el Reino Unido y Holanda, y se extiende por los países del norte y centro. Pero en España el retraso es manifiesto. Incluso nuestras más importantes empresas siguen estando en Babia… es decir, en los juzgados.

PERO LOS ÁRBITROS… ¿SON DE FIAR?

En los países más desarrollados, el arbitraje parece haber alcanzado ya su punto álgido y su uso tiende incluso a descender. Muy probablemente se deba al desarrollo de mejores técnicas de negociación, aplicadas hoy por los nuevos ejecutivos y abogados, muy bien formados, que evitan muchos conflictos o consiguen al menos minimizarlos y resolverlos en sus fases iniciales. Y también probablemente por la difusión de la mediación.

Sin embargo en España el uso del arbitraje ha sido raquítico, y por ello su potencial de crecimiento es aún muy grande. Parece sorprendente esa escasa utilización si contemplamos la creciente saturación de nuestros tribunales y su incapacidad para dar respuestas adecuadas. No puede achacarse ya a un deficiente marco legal, tras las sucesivas reformas del mismo. Ni tampoco a carecer de buenos árbitros, pues los tenemos, incluso de reconocida categoría internacional. Sin embargo, con todos esos factores a favor, el arbitraje sigue usándose muy poco. Y básicamente en conflictos de gran cuantía entre empresas de considerable tamaño. El arbitraje pasa por ser un instrumento caro y elitista. Pero el problema fundamental es que no inspira suficiente confianza.

En esto la culpa no es del Gobierno, para variar, sino de los operadores jurídicos privados, que tienen que esforzarse para que el arbitraje pueda ser una solución eficiente en muchos más conflictos. ¿Por qué no va a poder utilizarse, por ejemplo, en conflictos entre coherederos, para evitarles así un proceso judicial largo y destructivo? Y lo mismo podríamos decir de conflictos entre vecinos o de conflictos internos en las empresas. Un arbitraje accesible y de calidad sería una solución mejor para muchos de ellos. El escollo que parece más difícil de superar es el de la desconfianza, que se debe a causas tanto internas como externas a la propia práctica arbitral.

La sociedad española sigue siendo relativamente inmadura y, como el adolescente de sus padres, depende aún en exceso de sus autoridades. Por eso recela de los agentes privados y no cree en su capacidad para ofrecer soluciones al margen de la Administración Pública. Como hace el chico con los padres, se critica ferozmente a la autoridad, pero no se sabe prescindir de ella. La figura del juez con puñetas está un tanto mitificada como encarnación de la justicia administrada por el Estado. Y en el furor de la escalada del conflicto, por ejemplo entre unos consocios que se han declarado la guerra, se sobrevalora la importancia de una sentencia favorable, aunque una sentencia tardía no sea sino un espejismo de solución.

Los árbitros, que no están adornados con esos atributos de la autoridad pública, no llevan puñetas en las mangas. Aunque el arbitraje pueda ofrecer una solución más rápida gracias a su instancia única (y más flexible y cercana), aunque a pesar de sus costes en muchísimos casos sea una solución económicamente eficiente por la menor duración de la incertidumbre, y aunque ofrezca como resultado final un laudo ejecutivo equivalente a una sentencia y que muy raramente puede ser recurrido, particulares, empresas y abogados siguen prefiriendo la muchas veces incómoda e ineficiente vía judicial.

Ahora bien, si partimos de la presunción de que el objetivo principal de las empresas es generar beneficios, y de que son entidades que aplican sus conocimientos para escoger las mejores vías que permitan conseguir tal objetivo, tenemos que concluir que debe de existir algo más para generar ese recelo hacia esta herramienta jurídica. Ese algo se encuentra en la propia práctica arbitral, aunque no se hable de este problema en voz alta.

En esta obra estamos analizando los problemas de nuestras instituciones y de nuestra sociedad. De lo que suponen los favores recíprocos, los enchufes, los intereses compartidos y los conflictos de intereses. En los capítulos siguientes veremos que las buenas relaciones con el poder pueden generar a muchas de nuestras grandes empresas más beneficios que los proyectos innovadores, y que los despachos de influencias facturan a todo gas, pues se consideran imprescindibles para conseguir determinados objetivos. En este caldo de cultivo en que todos nos movemos, pocas son las instituciones que se consideran impermeables al amiguismo y que por esta razón no están genéricamente cuestionadas. Y entre ellas está la judicatura. No se suele cuestionar la imparcialidad de los jueces, particularmente de los titulares de los órganos unipersonales. El juez Castro, el juez Ruz o la juez Alaya son ejemplos que están en la mente de todos los ciudadanos.

No es el caso, sin embargo, de los árbitros ni de la mayoría de las cortes arbitrales, que no escapan a este clima de general desconfianza. Si nuestras más importantes cortes arbitrales están controladas directa o indirectamente por grandes despachos de abogados, que consiguen repartir los arbitrajes entre un grupo reducido y cerrado de árbitros generalmente vinculados a ellos, y si consideramos que en estos grandes bufetes son inevitables los intereses cruzados, por el gran número de asuntos que llevan en los que se relacionan muchas grandes empresas, la desconfianza puede estar justificada.

Es más, si consideramos que se devuelven favores recíprocos nombrando a esos árbitros —hoy por ti, mañana por mí—, es fácil llegar a la conclusión de que no se hace lo suficiente para eliminarla. Parece comprensible el recelo que pueda sentir, por ejemplo, una mediana empresa para recurrir a un arbitraje con el fin de resolver los conflictos que pueda tener con una empresa del IBEX. Si esas grandes empresas son capaces de influir incluso en el regulador y en el BOE, ¿cómo no van a recelar de que puedan hacerlo también en los laudos arbitrales? Este recelo puede ser injustificado respecto de muchos árbitros, capaces en ese ambiente de ser imparciales y de redactar autos de gran calidad jurídica, pero inevitablemente la sombra de la sospecha cae sobre todos.

Por eso tenemos que lamentar el cortoplacismo con el que han actuado en general en esta materia los grandes despachos jurídicos. Su control sobre muchas cortes arbitrales les puede haber dado una pequeña rentabilidad a corto plazo, pero con él han extendido un velo de desconfianza que ha impedido una mayor difusión del arbitraje. Y no ya sólo en el ámbito interno, sino incluso en el internacional. Cortes arbitrales españolas prestigiosas podrían haber atraído arbitrajes externos, sobre todo de zonas con idéntico idioma y proximidad cultural, como Iberoamérica. Pero hoy las empresas de esos países, o incluso algunas de las españolas, prefieren ir a otras cortes arbitrales internacionales de prestigio, a pesar de sus grandes costes, porque les dan más confianza. Y al haberse perdido esa oportunidad, también los grandes bufetes españoles han perdido el grueso de lo que sería su verdadero negocio, que es representar a las empresas en esos arbitrajes.

Al arbitraje, no sólo al español, se le ha reprochado también la tendencia a los laudos salomónicos en los que no se reconoce como claramente ganadora en la totalidad de sus pretensiones a ninguna de las partes. A repartir y hacer equilibrios. De hecho, las empresas prefieren el arbitraje de tres árbitros, en vez del árbitro único, a pesar de que encarezca, complique y retrase el proceso. No se confiesa la verdadera razón: no quieren renunciar a una cierta capacidad de control del resultado a través de su árbitro de parte. Dentro del tribunal arbitral se producen con frecuencia verdaderas negociaciones que dan lugar a ese tipo de laudos. Esa práctica no deja de ser una desvirtuación del arbitraje por ese afán de control de las partes. Para eso existe otra herramienta mejor, la mediación, cuyo uso se extiende hoy con rapidez en esas relaciones entre empresas y llegará pronto a los conflictos comerciales internacionales.

En todo caso, la infrautilización del arbitraje supone una rémora que el mundo jurídico español debería superar. No todos los conflictos pueden ni deben acabar en los tribunales de justicia.

¿TAN DIFÍCIL ES PONERSE DE ACUERDO? BUSQUEMOS UN MEDIADOR

Dos ramas de una empresa familiar de maquinaria para la construcción de obras públicas llevan años enemistadas. Rota toda comunicación entre ellas, ya sólo se ven en las salas de los tribunales, pues se han enfrentado y agredido con demandas y querellas en todas las jurisdicciones imaginables, entremezclando agravios con argumentos jurídicos. En dos ocasiones han tratado de reunirse para buscar una salida negociada, pero ambas reuniones han comenzado con reproches y han concluido con portazos. Mientras, la empresa languidece, incapaz de tomar decisiones importantes y de conseguir los nuevos fondos que necesita urgentemente. Sus competidores van tomando ventaja. En este escenario de conflicto permanente ni siquiera los abogados sienten que ganan, pues comprenden que pueden dar al traste con esa fuente de beneficios y puestos de trabajo que es la empresa. En situaciones como ésta parece difícil entender que tantas organizaciones y profesionales no exploren otra solución para intentar ponerse de acuerdo. Porque esa solución existe: es la mediación.

Pero si España está retrasada en la utilización del arbitraje, lo está aún más respecto a la mediación, que se encuentra incluso con mayores barreras, pues es una herramienta muy desconocida y difícil de comprender, que es percibida como una amenaza por parte de bastantes profesionales del derecho.

Muchos letrados siguen aún hoy confundiendo mediación y arbitraje, cuando se trata de herramientas jurídicas bien distintas. La mediación consiste, básicamente, en una negociación asistida por un tercero formado en especiales técnicas y habilidades, que por no ser innatas han de aprenderse y entrenarse. El mediador, al contrario del árbitro, no resuelve el conflicto, no da la solución, sino que dirige un proceso en el que, con el uso de dichas técnicas, consigue «sacar» a las partes, y a sus abogados, de la confrontación, fuente de creciente hostilidad, para conducirlas a un terreno de negociación mucho más fértil en el que el foco se coloca en sus verdaderos intereses y necesidades subyacentes.

A lo largo del proceso, las partes cambian su percepción del conflicto. Escuchan y comprenden a las contrapartes, miran hacia el futuro y abandonan su estrategia de defensa y contraataque. Incluso se vuelven finalmente aliadas frente al problema. En ese nuevo clima pueden surgir y pactarse soluciones mucho más imaginativas, que incorporen elementos ajenos a la propia materia del conflicto, y que consigan satisfacer en la medida de lo posible a todos. Unos socios peleados o unos herederos enfrentados comprenden que hay salidas diferentes y mejores que destrozarse en los tribunales durante años. No sólo se preservan las cenas de Nochebuena, sino que pueden llegar a mejorar.

En nuestro ejemplo, tras unas cuantas sesiones de mediación, ambas ramas familiares de la empresa de maquinaria consiguieron alcanzar un pacto para segregar la empresa en dos, distribuyendo las responsabilidades de gestión entre ellos y dando entrada en ambas a un tercer socio inversor que han logrado encontrar de común acuerdo para poder abordar nuevos proyectos. Las dos nuevas empresas que se van a formar mantendrán una estrecha vinculación para aprovechar sus sinergias, incluso con acuerdos de exclusiva. La actuación de unos letrados colaboradores y la ayuda de una consultoría fueron esenciales para encontrar estas soluciones, que nunca podrían haber surgido de una sentencia o un laudo. Lo mejor de todo es que las relaciones familiares se han restablecido.

El mediador en nuestro ejemplo no ha dado la solución. Pero sin su intervención, los socios enfrentados nunca la habrían encontrado. Ellos asumen su responsabilidad en la solución y mantienen plenamente el control, pues el acuerdo debe ser aceptado por todos. Pero al contrario que en los sistemas de resolución confrontativos, como el juicio o el arbitraje, nadie sale con la sensación de haber sido derrotado.

Por estas ventajas el uso de la mediación se ha extendido con rapidez en otros países. Las soluciones mediadas son rápidas, económicas, flexibles y satisfactorias para las partes, ya que han sido acordadas por ellas, y se cumplen con más facilidad y frecuencia que las impuestas. Las empresas pueden resolver reservadamente sus conflictos, reducir los costes que generan y proteger su imagen y reputación. Las arcas públicas también salen beneficiadas con la reducción de la conflictividad judicial. No es extraño que por todo ello su difusión se haya convertido recientemente en objetivo de la política europea comunitaria.

Pero la mediación también tiene sus limitaciones. No en todos los conflictos supone la mejor solución. Y no siempre es capaz de resolver el problema; pese al elevado porcentaje de acuerdos alcanzados —que suele superar el 70 por ciento en las mediaciones extrajudiciales—, existen casos en los que la controversia queda sin resolver. Claro que a veces la culpa es del pícaro, esa figura tan española.

EL PROBLEMA DEL PÍCARO

Puede ocurrir que una de las partes no quiera en realidad cumplir sus obligaciones. Sería el caso, por ejemplo, del caradura, del deudor profesional, versión actualizada de nuestros clásicos pícaros. Éste sabe que puede aprovecharse de los inconvenientes que para la otra parte tiene en España el acudir a unos tribunales ineficientes, con costes incrementados notablemente por la obligación de adelantar las tasas. Las altas tasas judiciales, establecidas para desatascar los tribunales mediante una manifiesta injusticia como es impedir el acceso a la justicia a quien no tenga dinero en vez de a quien no tenga razón, son las nuevas aliadas de nuestro pícaro. Si a esto se le añade un sistema jurídico hipergarantista, en el que es posible dilatar un proceso con recursos e incidentes hasta el infinito y que es incapaz de exigir con eficacia responsabilidades por su utilización abusiva, nuestro pícaro puede estar muy tranquilo.

Frente a semejante ejército de adversidades, el pobre acreedor con excesiva frecuencia optará por la retirada, por desistir de su reclamación ante el juez. En este caso, los incentivos del pícaro para afrontar seriamente un proceso de mediación son bastante escasos. O puede pretender utilizarlo con una finalidad meramente dilatoria.

De la inseguridad que genera este mal funcionamiento de los tribunales de justicia se derivan fuertes costes ocultos. Las empresas serias, después de resultar escarmentadas, afrontan con temor la búsqueda de nuevos clientes e incurren para ello en mayores costes de transacción e información. Por eso, dado que ni el sistema judicial ni la cláusula simple de mediación ofrecen suficiente seguridad frente al pícaro, ¿podemos encontrar solución en los sistemas extrajudiciales?

Efectivamente, existe un mecanismo jurídico que contribuye a minimizar este riesgo y que es utilizado en muchos países avanzados. Se trata de las cláusulas contractuales escalonadas o multifunción de mediación y arbitraje, conocidas como stepclauses. En ellas se prevé primero una mediación en caso de conflicto, y en el caso de que en ella no se resuelva toda la controversia hay un ulterior arbitraje, que además se puede pactar de procedimiento abreviado (fast-track) para conseguir mediante el laudo una solución muy rápida. Los incentivos entonces cambian radicalmente en beneficio del acreedor. El contratante que se plantee incumplir sus obligaciones se percata de que, tras la mediación, y si en la misma no hay acuerdo, ya no cuenta en su favor con el viacrucis judicial de su contraparte, sino en su contra con un rápido arbitraje que acabará con un laudo en contra y condena en costas. Las probabilidades de éxito de la mediación con este cambio de incentivos se ven así multiplicadas. Por eso estas cláusulas son decisivas para impulsar la seguridad jurídica y económica, de la que andamos tan necesitados.

En estas condiciones, si tantas son sus ventajas y tan limitadas sus desventajas, puede extrañar que el uso de la mediación no se expanda rápidamente en España. ¿Qué es lo que hace que estemos perdiendo esa oportunidad? Pues sencillamente que en muchos casos quien paga es el contribuyente.

PAGA EL CONTRIBUYENTE… O EL CLIENTE

Resulta que determinados conflictos de ciudadanos y empresas con la Administración, en contra de lo que se cree, pueden también resolverse mediante acuerdo, como estableció hace más de veinte años la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Pero esas vías simplemente no se contemplan en la práctica rutinaria de nuestras administraciones. Muchos cargos públicos y funcionarios no quieren tomar decisiones para no complicarse la vida. Prefieren que las demanden y no asumir riesgos, lo que es mucho más cómodo. También es mucho más caro e ineficiente, pero… ¿qué importa cuando paga el contribuyente?

En cuanto a los profesionales del derecho, existe miedo a que la difusión de la mediación les desplace, afecte a sus intereses particulares y, en definitiva, a sus bolsillos, y ese miedo se expresa en forma de falsos estereotipos. Así, no es difícil oír a muchos abogados decir que, como ellos siempre intentan una salida negociada, en realidad ya están mediando. O que si han fracasado en su negociación es que la mediación no puede salir adelante. Además, existen incentivos económicos para acudir a los tribunales de justicia. En todo caso, la escasa calidad de muchos cursos de capacitación de mediadores, concebidos básicamente como una fuente de ingresos por algunas empresas de formación, y la sorprendente ausencia de otros que enseñen a los abogados a utilizar la mediación y apoyar con ella los intereses de sus clientes, no resulta de gran ayuda.

Conviene ir perdiendo el miedo. Los abogados que aspiren a dar un servicio de calidad a sus clientes tendrán que hacer un pequeño esfuerzo para aprender a defenderles durante un proceso de mediación cuando ésta sea conveniente, y no sólo ante los tribunales de justicia. Y los que lo hagan, y especialmente los que antes lo hagan, no sólo no van a perder ingresos sino que pueden incrementarlos. Más clientes y más satisfechos. La experiencia de otros países, como el Reino Unido, en el que los bufetes mercantilistas no han perdido globalmente ingresos por el intenso uso de la mediación por las empresas, así lo avala. Esos abogados innovadores serán además decisivos impulsores de un cambio hacia una sociedad más madura que aspire a ser capaz de resolver buena parte de sus conflictos por sí misma.

10

AUTONOMÍAS CENTRÍFUGAS:

UN MODELO TERRITORIAL EN CRISIS

Durante mucho tiempo hemos oído alabar el éxito de nuestra estructura político-territorial, el «Estado de las autonomías», vendido como un original producto de la genialidad hispana. Desde luego, es original en tanto no siguió ningún otro modelo externo, porque no existía. Pero que siga sin existir, que treinta y seis años después de la Constitución de 1978, que dio el pistoletazo de salida, siga siendo un régimen territorial único en el mundo por no haber tenido seguidores parece bastante significativo.

Hoy se pueden contemplar las consecuencias de nuestro modelo territorial como un paisaje después del paso de un ciclón: aeropuertos vacíos, edificios faraónicos criando telarañas, proveedores al borde de la ruina porque las administraciones no les pagan las facturas; una estructura administrativa excesiva y cara al servicio de las oligarquías políticas, y financiada por unos impuestos que ahogan la economía productiva; la ruina de nuestras centenarias cajas de ahorros, tomadas y gobernadas temerariamente como juguetes por esos políticos regionales, y el espectáculo de la corrupción rampante… Todo ello en un país con un paro juvenil del 50 por ciento y cuyos mejores representantes tienen que marcharse fuera. Y la guinda la ha puesto el crecimiento desbocado del sentimiento secesionista en algunas regiones, particularmente de manifiesto hoy en Cataluña.

Durante años, la bonanza ocultaba estos problemas mientras crecían a la vez que nuestras administraciones autonómicas y municipales. Pero con la crisis, con la marea baja, todas esas consecuencias han salido a la luz. Las administraciones regionales y locales, tras los días de vino y rosas, se reconocen arruinadas. Y, aun así, se resisten a reducir su enorme y costosa estructura, y prefieren recortar en los servicios que prestan a los ciudadanos. La culpa, como siempre, es de otros.

En esta situación suenan cada vez más a sarcasmo las declaraciones de los políticos de derecha e izquierda que, con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza, se empeñan en desmentir crisis alguna de nuestro modelo y en seguir defendiendo su permanencia, como mucho con pequeños retoques y ajustes. Pero ya sabemos que ese inmovilismo responde a intereses muy particulares. Gran parte de nuestra oligarquía partitocrática ha encontrado acomodo y un modus vivendi en este peculiar ecosistema. Sin embargo, la sociedad civil no puede dejarse engañar por esos cantos de sirena y negarse a ver un problema que tanto contribuye a nuestra actual decadencia. Se necesitan un análisis riguroso de la situación y la búsqueda urgente de soluciones. Porque éstas siempre son posibles, por mucho que la mayor parte de los beneficiarios del sistema, del statu quo, quieran negarlo.

UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO

Los problemas de nuestro modelo autonómico parten de su mismo origen, que es preciso comprender. En la oposición clandestina al franquismo, junto al protagonismo del Partido Comunista, anidaron también otras fuerzas de izquierda y nacionalistas. En esa complicidad se generaron en nuestra izquierda unos estereotipos que condicionaron el nuevo régimen y que aún subsisten en gran parte: si el Estado franquista, representación de todo lo odioso, era centralista, entonces el centralismo era tan intrínsecamente malo como la transferencia de poder a las regiones era intrínsecamente buena. Y por eso cualquier política de progreso debía contemplar un ininterrumpido traspaso de competencias.

Cuando se redacta la Constitución, el empeño por conseguir un marco común de convivencia, lo que se llamó el espíritu de consenso, hizo que la mayoría de las fuerzas políticas hicieran renuncia de sus aspiraciones máximas. Aunque no todas. Un nacionalista no puede hacer esa renuncia sin desprenderse de su verdadera razón de ser. Puede estar dispuesto a aplazar, pero nunca a renunciar a sus aspiraciones. Su visión de la dialéctica política es siempre la de una guerra de trincheras: conquistada y consolidada una cuota de poder, todos los esfuerzos han de concentrarse en conquistar la siguiente.

El resto de las fuerzas políticas, sin embargo, no comprendieron este condicionante del nacionalismo y, con cierta ingenuidad, se esforzaron en tratar de conseguir también su integración en el nuevo régimen. Creyeron que ello era posible, y que se podía saciar su hambre con concesiones. Y si no en ese momento, sin duda en el futuro. El resultado de ese empeño destinado al fracaso es el Título VIII de nuestra Constitución. En vez de acoger una distribución completa y definitiva de competencias entre las diversas administraciones, sólo se definen unas bases generales muy abiertas y de límites imprecisos, y todo sujeto a un posterior desarrollo. Es decir, una solución meramente temporal impropia de una Constitución que se precie. O una «no solución». Nuestros constituyentes, en vez de solucionar un problema que deberían haber solucionado, decidieron darle una patada hacia adelante.

El modelo constitucional abierto no era un buen punto de arranque, y enseguida hubo quienes advirtieron del peligro que suponía. Hoy podemos leer con asombro el Informe de la Comisión de Expertos sobre las Autonomías aprobado en mayo de 1981 bajo la presidencia del profesor Eduardo García de Enterría y con la participación de personalidades de diversas tendencias. En él se explica mucho de lo que debería haberse hecho para racionalizar el Estado de las autonomías, entonces en pleno desarrollo, y para evitar duplicidades, gastos excesivos e ineficiencias. Pero los políticos, como era de temer, no siguieron sus consejos. Y como en una profecía, se cumplieron exactamente las consecuencias indeseadas que con tales consejos los expertos quisieron haber evitado. No es cierto, en cualquier caso, que este desenlace fuera imprevisible. Fue incluso claramente previsto. Lo que entonces aún no se conocía es la capacidad de nuestros dirigentes para desentenderse de una planificación del Estado a largo plazo que atienda los intereses generales ni se concebía que la política con mayúsculas pudiera supeditarse a consideraciones electoralistas y de poder en el corto plazo. En definitiva, que los políticos fueran capaces de vender su primogenitura por un plato de lentejas.

Esa miopía para el largo plazo no la padecían los líderes nacionalistas. Y quien tiene ideas y objetivos claros tiene mucho que ganar en medio de la confusión. En las sucesivas negociaciones que se dieron a partir de entonces para conseguir mayorías parlamentarias que permitieran constituir y mantener Gobiernos, ellos supieron aprovechar sus oportunidades.

Pero no podemos achacar los resultados sólo a la intolerancia y astucia nacionalistas. Los políticos de los demás partidos también aportaron al problema su propia confusión. Faltaron, ya desde la elaboración del texto constitucional, estudios rigurosos sobre qué distribución de competencias sería la mejor, la más eficaz, económica y eficiente para los ciudadanos, que las sufragarían con sus impuestos. Y el resultado fue, en primer lugar, la improvisación y, después, un seguidismo mimético del resto de las regiones a aquellas en las que el nacionalismo era hegemónico. Y no sólo al principio del proceso autonómico. Mucho después vino el desatino del nuevo Estatuto catalán, y a continuación un nuevo rediseño improvisado del Estado con la reforma a la carta de los demás. Permitir que a partir de 2004 cada comunidad autónoma procediera a aquellas modificaciones de su texto estatutario que considerara pertinentes sin existir un acuerdo previo de conjunto sobre el diseño del Estado y el reparto de competencias, sin siquiera estudios sobre la materia, y dando por buenas porque sí las pretensiones de los gobernantes regionales de asumir nuevas competencias, como han dicho Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, fue algo peor que una imprudencia: fue «un desatino que carece de parentesco alguno con los modelos descentralizadores conocidos».

Por eso en la construcción de nuestra estructura territorial no es que haya habido un defecto de planificación: es que no ha habido siquiera planificación, ni desde luego suficiente reflexión. Los Estatutos de Autonomía y sus reformas, las leyes de transferencia y los decretos de traspaso se han ido aprobando en función de modas, de regateos oportunistas o incluso de meras ocurrencias de políticos iluminados, sin que de verdad se supiese a dónde se quería llegar y por qué. La previsión a priori, o el análisis a posteriori de los resultados para los ciudadanos, de si los frutos eran eficientes o mejorables, ha faltado en absoluto. Más que un camino ha sido una deriva. Y por eso estamos donde estamos.

NOSTALGIA DE LO QUE NUNCA FUE

Desde los años de la Transición el movimiento nacionalista en las provincias vascas, en Cataluña y, con menos intensidad, en otros territorios, se extendió con fuerza por innumerables ámbitos sociales y culturales, ayudado por la sobrelegitimación que se autoatribuían por haber estado reprimidos por la dictadura y con el apoyo decidido de todos los resortes del poder que iba alcanzando.

Cualquier nacionalismo, y también los nuestros, tiene siempre un fuerte componente de sentimentalismo. Y necesita una serie de mitos en que fundamentarse, como la necesidad de recuperar una pretendida soberanía original aplastada, y de luchar así para conseguir su supervivencia como pueblo, siempre amenazada. Es la nostalgia de lo que nunca fue. También un proyecto ilusionante de transición a una nueva realidad y, lo que es esencial, un enemigo exterior que subyuga a la patria. Con esa base, es inevitable que tienda a generar un ambiente político poco respetuoso con el pluralismo, al señalar a los disidentes como desafectos y traidores a la verdadera patria. Y que necesiten azuzar la desafección hacia el resto de España, respecto a la que hay que diferenciarse como sea.

Todo ello no nos puede extrañar. Ha sido lo que han hecho a lo largo de la historia todos los nacionalismos que en el mundo han sido. Pero lo que sí sorprende es que toda esa intensa actividad de conquista social, y la erección de unos nuevos tótems cuasi sagrados e indiscutibles, se haya realizado sin una oposición digna de ese nombre capaz de elaborar un discurso alternativo firme y coherente.

Varios factores ayudaron a ese desistimiento. El citado error de las fuerzas políticas nacionales, que ha durado demasiados años, de considerar que esa retirada ayudaría a apaciguar las reivindicaciones nacionalistas. La necesidad de los Gobiernos centrales sin suficiente mayoría de contar con sus apoyos parlamentarios a cambio de mantener su perfil bajo en esos territorios, o incluso de descabezar y amortizar allí a quienes defendían con notable éxito un discurso diferente al oficial. La errónea identificación en gran parte de la izquierda de nacionalismo y progresismo. El señalamiento de cualquier resistencia argumental a dicho movimiento como residuo de un franquismo que había que superar. Y finalmente, no nos engañemos, la instintiva atracción que suelen sentir las mayorías sociales hacia quienes creen que tienen el nuevo poder.

También contribuyó la equivocada convicción de las federaciones regionales del Partido Socialista de que para conseguir ocupar una posición de centralidad resultaba necesario mimetizarse con los adversarios predominantes en vez de plantear un proyecto radicalmente diferente. Y como entre lo real y lo impostado el electorado suele preferir lo primero, ese camino les está llevando en Cataluña a la irrelevancia.

Es verdad que alguna ayuda tuvieron esos nacionalistas para reprimir cualquier contestación a su hegemonía y para generar sus nuevos parámetros de corrección política. Concretamente en las provincias vascas, los asesinatos selectivos de los terroristas consiguieron desmantelar al centroderecha en algunos de los decisivos años de plomo. Y cuando surgió en sus filas un líder honesto y valiente que cuestionó e incluso desafió la hegemonía nacionalista, Gregorio Ordóñez, la organización terrorista ETA se quitó de encima el problema con un certero balazo en la nuca. Pero seríamos injustos si achacásemos tal hegemonía sólo al terror. Esa hegemonía se ha conseguido también, sin apenas sangre, en Cataluña. Y se ha mantenido en el mismo País Vasco, una vez que la dialéctica de las bombas y los tiros parece haber concluido.

LOS EFECTOS DE LA OFENSIVA IDENTITARIA

Tras años de ofensiva nacionalista política, social y cultural, en esas regiones dominadas por el nacionalismo encontramos algunas extrañas peculiaridades. No existen apenas señales de que nos encontramos en territorio español. Los símbolos que no sean gratos al nacionalismo prácticamente han desaparecido. Banderas hay muchas, pero nunca la nacional. Y los rótulos y cartelería pública no se corresponden ni de lejos con la proporción de las lenguas habitualmente habladas en la calle.

El lenguaje ha sufrido también una sutil transformación. Algunas palabras y expresiones se han convertido en malditas, como «España», o «ámbito nacional», sustituidas por esas horrísonas el «Estado» y «ámbito estatal». Otras han cambiado su significado. La «construcción nacional» no se refiere a ningún plan de infraestructuras, sino a un proyecto de transformación hacia algo indefinido, que se vende como una aventura ilusionante. La ambigüedad ha sido utilizada con gran habilidad por el nacionalismo en sus mensajes para aparentar un espíritu integrador y no rupturista. Se trata de no asustar para no interrumpir el avance, de no desvelar hasta el momento adecuado el objetivo final.

Lo mismo ocurre con el término «normalización», que se usa preferentemente, aunque no sólo, respecto a políticas lingüísticas. No significa un regreso o descenso a lo cotidiano (lo normal), sino, muy al contrario, avanzar para ajustar la realidad a ese ideal nacionalista. Las personas, servicios e instituciones sólo están «normalizadas» cuando usan, al menos preponderantemente, la lengua vernácula. La legítima. Todo ese neolenguaje ha traspasado incluso el ámbito del nacionalismo y se ha contagiado a otras fuerzas que aparentemente no lo son, como gran parte de la izquierda, que lo ha asimilado con docilidad.

El nacionalismo desarrolla una ingente labor de ingeniería social para que la sociedad se parezca cada vez más a lo que ellos consideran que debe parecerse. El objetivo esencial de sus Gobiernos no es administrar los asuntos públicos de la mejor manera posible para los ciudadanos, sino contribuir a esa labor. El reformador nacionalista, con martillo y cincel, ha de arrancar a la roca social todo lo que sobra para que surja la escultura buscada. Eso es la normalización.

En este ambiente nos encontramos con episodios tan insólitos como chuscos. Si un regimiento de montaña del Ejército sube a un monte vasco y despliega allí la enseña nacional, la «provocación» ha de compensarse con una procesión de ikurriñas que limpien el honor mancillado de la cima. En una academia de cadetes en Cataluña se borra el lema «Todo por la patria», no sea que se refiera a una equivocada. En las corridas de las plazas de toros vascas las banderillas no pueden ser rojas y amarillas. Y esos colores tampoco pueden juntarse en los parterres de flores de los jardines. Todo ello sujeto a un control tan eficaz que habría sido la envidia de la censura franquista o de nuestra Inquisición.

LAS POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

Dentro de ese empeño de construcción de su identidad nacional, las políticas lingüísticas tienen un valor esencial. El catalán, vascuence o gallego no son para ellos meros instrumentos de comunicación, sino algo más. Son pilares de la patria. En su narrativa histórica, donde son lenguas minoritarias, no lo son en virtud de procesos sociales espontáneos (como los que se han dado también en regiones limítrofes francesas donde no han sufrido persecución), sino sólo por haber sido minorizadas, en una persecución histórica de siglos que debe ser reparada. Y si amplios sectores de la burguesía urbana dejaron de utilizar esas lenguas hace mucho tiempo, cometieron al hacerlo una verdadera traición de lesa patria, en alianza de nuevo con el enemigo exterior.

En esas sociedades, que han sufrido un proceso de secularización especialmente rápido e intenso, la sacralidad se ha transferido a esos nuevos tótems, y la lengua vernácula es uno de ellos, al que todos deben devoción. Incluso, o especialmente, por los que no pueden expresarse en ella ni tienen intención de aprenderla. Es un pecado que tienen que compensar con ritos expiatorios diversos, y comprometerse a evitar que se transmita a sus hijos. En el País Vasco, por ejemplo, no son raros los discursos públicos al menos parcialmente pronunciados en vascuence, generalmente por neohablantes que lo manejan torpemente, y dirigidos a pacientes ciudadanos que por lo general no lo entienden. Cuando se trata de asegurar la transmisión de un mensaje, por supuesto, se utiliza el español. Pero con las partes en lengua vasca se trata de cumplir con la ofrenda y de aparentar normalidad. Y lo mismo podría decirse de otras regiones con lenguas autóctonas. Matías Múgica, con agudeza, ha comparado estas situaciones a esos largos requerimientos que Hernán Cortés dirigía a unos indios que no le entendían para explicarles por qué tenía derecho a conquistarles.

Las políticas identitarias, y especialmente las lingüísticas, a pesar del ingente empleo de recursos que consumen, están dotadas de inmunidad en virtud de esa cuasi sacralización. Cuestionarlas es tabú. Y la opinión, por ejemplo, de que no deban existir políticas lingüísticas y de que cada uno debe aprender y usar las lenguas que prefiera, es una provocación subversiva fuera de la corrección política, algo indefendible en foros públicos. Como renegar públicamente del Corán en el corazón de la Medina.

La lengua como signo identitario cuasi obligatorio supone además un eficaz instrumento de separación, al dificultar la movilidad laboral o estudiantil respecto al resto de España. Y también de control de las administraciones. La consideración del dominio de esas lenguas como mérito imprescindible que opaca todos los demás, no importa cuál sea la función a desarrollar y la utilidad que para ello pueda tener, ha privilegiado el acceso de personas provenientes de zonas geográficas donde el nacionalismo es abrumadoramente dominante y expulsado a quienes podrían sentirse más alejados de éste. El que la Administración pierda así un valioso capital humano es un peaje que se paga con gusto. De nuevo el martillo y el cincel.

NACIONALISMO Y ESTADO DE DERECHO

Para sus planes de transformación, el nacionalismo ha desarrollado en esos territorios un proselitismo más difuso que explícito, y como tal muy eficaz. Con todo el poder que se iba consiguiendo se ha montado una formidable máquina de propaganda, especialmente gracias a las transferencias de educación y cultura, y al uso sesgado de las subvenciones. Se ha impuesto así un rígido marco de corrección política que supone una verdadera losa que aplasta el debate público y la libre circulación de ideas y críticas. Las opuestas al nacionalismo han de refugiarse en las catacumbas.

Pero para mantener este proceso transformador las leyes pueden ser una rémora. Por eso al margen de ellas, o incluso contra ellas, se ha erigido todo un sistema alternativo de reglas no escritas, con su informal pero eficiente sistema sancionador, que hacen que se cumplan con más rigor que las oficiales. Numerosos comisarios sin placa vigilan con desvelo por su observancia. Su fundamental argumento de legitimación es que ciertos actos, aunque sean exigidos por la ley, deben evitarse, por resultar una provocación contra determinadas sensibilidades. Que, por supuesto, sólo son las nacionalistas. Frente a esa sensibilidad exacerbada, la de quienes no lo sean, o incluso la necesidad de respetar las leyes, no merecen respeto alguno.

Así, por ejemplo, no puede aplicarse la ley de banderas, por cierto aprobada en su día con el voto favorable de los principales partidos nacionalistas, pues la nacional perturba el sosiego ciudadano, la pax identitaria. Para evitar problemas, no debe exhibirse ni para celebrar triunfos de la selección española de fútbol. Las sentencias sobre el uso del castellano como lengua vehicular en Cataluña se incumplen sin más, sin que el desacato tenga consecuencia alguna. Lo mismo que tantas declaraciones y actos de rebeldía de cargos nacionalistas que faltan así al cumplimiento de sus obligaciones básicas. Todo se justifica envolviéndose en la bandera. Pero en la bandera correcta, ¡por supuesto!

El nacionalismo siempre ha despreciado el Estado de derecho. Las normas han de utilizarse sólo instrumentalmente si sirven para alcanzar sus fines superiores, o incumplirse si no lo hacen. Y esos fines superiores, fuentes de verdadera legitimidad, son precisamente los mitos nacionalistas. Frente a éstos, como el hoy tan cacareado «derecho a decidir» dentro del camino de la secesión, ¿qué importancia pueden tener las leyes?

Al nacionalismo no se le puede reprochar su pretensión de constituir nuevos estados independientes. Ese fin no es ilegítimo en sí mismo. Otra consideración merecen, no obstante, los medios que utiliza para sus objetivos: su discurso distorsionador de la realidad para poder aparecer siempre como víctima a la que se debe una reparación, o el desprecio a unas normas que deberían haber garantizado la libertad y la igualdad de todos los españoles.

Ese impune incumplimiento de muchas normas persigue unos objetivos precisos. La población no nacionalista ha quedado en situación de desamparo con la virtual retirada del Estado en esos territorios y con el desistimiento de los Gobiernos centrales de hacer cumplir la ley a las autoridades locales. Su vida resulta francamente incómoda, y no son pocos los que han optado por marcharse. Todo ello, junto con el crecimiento progresivo de la población educada en los parámetros patrióticos centrífugos, hace que el número de los partidarios de la secesión crezca y pueda ser incluso ya mayoritario en alguna de esas regiones. Y resulta paradójico que los líderes de los partidos nacionales, que han contribuido al crecimiento del problema con su pasividad, que han mirado hacia otro lado cuando la ley era pisoteada y que han optado por no usar las armas que tenían a su alcance para restablecer la legalidad, ahora, cuando la ofensiva nacionalista catalana por la secesión es ya manifiesta, quieran usar la Constitución como parapeto y como principal argumento para resistirla.

EL ESPÍRITU DE EMULACIÓN: DESPILFARRO PARA TODOS

Los Gobiernos de las regiones de hegemonía nacionalista se han dotado de todo un enorme aparato administrativo y legislativo emulador del que tenía el antiguo Estado unitario, del que han copiado muchos de sus vicios e incluso han introducido peoras por la vía de debilitar los controles. El llamado «hecho diferencial» aquí ha flaqueado. Pero ese empeño, en su caso, puede entenderse como medio destinado a hacer posible algún día el sueño de la independencia.

Sin embargo, el resto de las regiones autónomas no ha necesitado de tales razones para seguir la misma senda. Al prejuicio de que el único camino posible a partir de la indefinición constitucional era el de las transferencias progresivas le siguió el de que las regiones que recibieran menos eran «de segunda». Y como ninguna quería esa condición, todas reclamaron más y más poder ante la cómplice pasividad de una clase política nacional dispuesta a ceder desde su propia confusión.

El fin último, a falta de plan o diseño alguno, ha sido la simple acumulación de poder por parte de las oligarquías políticas regionales y el no quedarse atrás. Y una vez conseguido, mantenerlo y ejercerlo sobre todo en beneficio propio y en el de todas las redes clientelares de complicidades recíprocas que crecieron a su sombra. Se ha dicho, y con razón, que la nobleza feudal parece haberse reencarnado en la clase política autonómica y municipal actual, embarcada en un proceso de apartamiento particularista e insolidario respecto de la estructura común del Estado, hasta el punto de dejar a éste con serias dificultades para el cumplimiento de sus funciones.

En ese afán de emulación, aunque la Constitución no lo exigiera, todas las autonomías optaron por tener sus propias cámaras legislativas, que no tardaron en crecer en estructura y costes. Si un diputado del Congreso cuesta al erario unos doscientos cincuenta mil euros al año, en Cataluña, por ejemplo, sus diputados regionales cuestan casi quinientos mil. Y como creado el órgano hay que crear la función para justificarlo y parecer útil, se pusieron a legislar compulsivamente, con miles de normas reguladoras de todo lo divino y lo humano que nos han dejado sepultados en una intransitable jungla legislativa, con todos los perniciosos efectos que ya hemos analizado anteriormente en este libro.

Esa inflación no afectó sólo a las cámaras regionales y a sus leyes. Todo el aparato administrativo de nuestras autonomías y ayuntamientos ha crecido con vigor durante años, para satisfacción de la vanidad de nuestros políticos regionales, que tanta afición cogieron durante años a pompas e inauguraciones. Y de tantos amigos y militantes a los que era preciso encontrar una colocación. El número de funcionarios contratados y organismos autónomos regionales y locales de toda clase se ha multiplicado así a mucha más velocidad que los servicios que prestaban a sus respectivos ciudadanos.

Y tampoco podemos dejar de referirnos a esos otros juguetes favoritos de los Gobiernos regionales que son las teles autonómicas. Muy caros para los contribuyentes, cierto, pero, ¿cómo no valorar la satisfacción de que ellos mismos y sus votantes pudieran contemplar con ellas todo el bien y el progreso que estaban trayendo? ¿Cómo no dar la cobertura adecuada a la inauguración de ese nuevo centro cultural o a la aprobación de otra ley de protección de no sabemos qué particularidad? Porque tampoco nuestros mandatarios regionales socialistas y populares han querido dejar solos a los nacionalistas en esa búsqueda compulsiva de elementos diferenciales y de raíces identitarias en las que legitimarse. Para ese fin ha servido casi todo: razas autóctonas de burros, ovejas o gallinas, bailes o instrumentos extravagantes, o incluso dialectos olvidados. A proteger, que paga el contribuyente.

Las consecuencias de tanta exuberancia son hoy evidentes. Nuestro modelo territorial es contemplado por los analistas internacionales como la principal dificultad para racionalizar el gasto público y reducir el déficit, en íntima alianza con la nula voluntad de nuestros partidos mayoritarios para reducir las administraciones que tan bien han sabido configurar en beneficio de sus propios intereses. Ésa es una de las causas de nuestra crisis económica, que es por ello también, insistimos, política e institucional.

LAS SOLUCIONES NO ESTÁN EN EL PASADO, SINO EN EL FUTURO

La crisis de nuestro modelo institucional es hoy ya indudable, aunque aún quiera ser negado por sus beneficiarios. Es denunciada sin complejos por los partidos reformistas que están surgiendo e incluso por voces procedentes de los partidos hasta ahora mayoritarios. En poco tiempo la exigencia de reformas, azuzada por la deriva catalana, podría convertirse en un clamor general.

Pero en la búsqueda de soluciones no podemos propugnar un proceso recentralizador tan desordenado e irreflexivo como fue el contrario. No puede inspirarse en necesidades partidistas cortoplacistas en vez de en la racionalidad de la eficiencia. Debe limpiarse el debate previo de cargas emocionales y de líneas rojas que lo limiten. Y no cabe fundarse de nuevo en prejuicios, aunque sean ahora los contrarios. De la misma manera que la descentralización no tiene por qué ser en todos los casos intrínsecamente buena, tampoco ha de serlo necesariamente la recentralización.

Se trata simplemente de analizar con rigor cuáles son los servicios públicos que es preciso dar y cuál es la manera más eficiente y menos costosa de hacerlo sin pérdida de su calidad y sin disfunciones ni duplicidades. Diseñar para ello un nuevo modelo global y definitivo (o tan definitivo como puede serlo cualquier obra humana), y que el mismo disponga de incentivos adecuados y de mecanismos de control y responsabilidad para evitar la corrupción y el despilfarro. Ninguna administración, nacional, regional o local, puede contemplarse como un fin en sí misma, o como un instrumento al servicio de la clase política y de sus allegados en vez de al de los ciudadanos.

Y muy probablemente no haya más camino para ello que la reforma constitucional. El propio sistema actual, en su desenvolvimiento, con el empeño de los estatutos en blindar competencias, ha cegado otras salidas. La mayoría de ellos exigen para sus reformas, o al menos para las que impliquen devolver competencias, mayorías muy cualificadas, generalmente de dos tercios o tres quintos de los parlamentos regionales. Y, además, es de ellos mismos de donde debe partir la iniciativa, dado el carácter de doble ley o ley paccionada que tienen esas normas, y que excluye la reforma unilateral por el Estado. En ese contexto, pretender que las oligarquías regionales inicien voluntariamente la vía para reducir su poder es ilusorio.

Ese necesario camino de reestructuración no es diferente al que han seguido otros muchos países para organizarse mejor. Por ejemplo, Alemania, que hace algunos años, ante las denuncias generalizadas de ineficiencias en la prestación de ciertos servicios públicos, llevó a efecto una reforma constitucional que redistribuyó de forma más sencilla las competencias federales y de los Länder. O los Estados Unidos, a través de algunas de las enmiendas a su Constitución.

HABLEMOS DE SECESIÓN, PERO CON SERIEDAD: EL EJEMPLO CANADIENSE

Las soluciones no pueden obviar la específica encrucijada a la que han llegado las regiones de mayoría nacionalista. Sus gobernantes, de nuevo, han jugado bien sus cartas. Y en Cataluña han conseguido extender la convicción de que los efectos de la crisis se deben a un presunto expolio por parte del resto de España del que sólo pueden escapar ya con la secesión. Explicación, por cierto, muy cómoda para no tener que asumir responsabilidades propias y para distraer el debate político de considerables casos de corrupción.

En un momento en que España, enredada en una partitocracia que la condena a la decadencia, es incapaz de ofrecer un proyecto común ilusionante, el nacionalismo pretende dar esa alternativa. No importa que el nivel de corrupción de sus élites políticas supere incluso la media nacional, que no es precisamente baja. Tampoco que la Administración catalana se haya convertido en un enorme Leviatán devorador de recursos, que supone un gasto por catalán de más de 6.500 euros al año. Más del doble que los Länder alemanes, por cierto. Son datos que, en el fragor del debate, pasan inadvertidos. El señuelo de un futuro distinto, de la liberación del presunto yugo opresor que esquilma su riqueza, ha sabido venderse a pesar de su desconexión con la realidad. Toda la labor de años del nacionalismo ha cosechado frutos para intentar aprovechar esta oportunidad. El afán secesionista se extiende. Y la falta de contestación, o incluso la torpeza de los argumentos que se exhiben para contrarrestarlo, tampoco colaboran.

El que la mayoría de la población de Cataluña pueda querer hoy la independencia no es un problema pura o básicamente legal o económico. Es un problema político, y de enorme magnitud. Y que no puede seguir enfrentándose desde la pasividad o diciendo, como hace Rajoy, que todos tranquilos, que la secesión no se va a producir porque la Constitución no lo permite. O porque sacaría a Cataluña de la UE. Con esos argumentos el problema seguirá ahí y seguirá agravándose. Y si mala solución tiene ya hoy, peor la tendrá en el futuro.

En esta situación es preciso dar, desde el nuevo diseño territorial que se aborde, otro tipo de respuestas al nacionalismo en general y a la aspiración secesionista en particular. El tiempo no corre a favor. El incremento de la desafección a España generará como comprensible reacción una correlativa desafección del resto de los españoles, hartos de la reivindicación permanente. Crecerá el número de los que consideran que en estas condiciones no merece la pena seguir juntos.

Las soluciones al problema territorial español por la vía de concesiones sucesivas a los nacionalistas se han demostrado fallidas, y además han contribuido de forma notable a nuestra gravísima crisis económica con la hipertrofia autonómica generada por el citado impulso de emulación. Ha llegado ya el momento de afrontar la situación de forma diferente. Es imprescindible modificar la Constitución para reconfigurar nuestra organización territorial sobre bases mucho más lógicas, ordenadas y eficaces. Y, sobre todo, definitivas. Pero ello no impide aprovechar la oportunidad para regular la posibilidad de plantear una secesión territorial si se cumplen unas necesarias condiciones. Los desafíos de altura requieren también soluciones del mismo nivel.

Ahora bien, esas condiciones sólo pueden determinarse por quien tiene atribuida la representación de la soberanía nacional a través de los procedimientos constitucionalmente establecidos. Son muchas las circunstancias a precisar, y para determinarlas el consenso político es imprescindible. Un vistazo a otras experiencias de tratamientos de problemas territoriales semejantes en el mundo puede darnos lecciones de cómo abordarlos política y jurídicamente sin generar violencia o situaciones explosivas y de la mejor forma posible. El caso de Quebec es, en este sentido, paradigmático.

La provincia canadiense de Quebec es la única de mayoría francófona en un país mayoritariamente anglófono, y se había sentido tradicionalmente discriminada. Así, en los años sesenta surge un fuerte movimiento nacionalista, agrupado en torno al partido québécois, que no ocultó su deseo de convocar un referéndum para la secesión pacífica de la provincia. Este partido alcanza el poder provincial en 1976 y en 1980 organiza un primer referéndum en el que se solicita a los ciudadanos quebequeses autorización para negociar no una independencia pura, sino una fórmula más ambigua de soberanía-asociación. Tal vez porque al final los secesionistas no lo son tanto cuando se ponderan consecuencias económicas (o incluso futbolísticas). Esa primera propuesta fue rechazada por casi el 60 por ciento de los votantes.

Pero el mismo partido, de nuevo en el poder después de unos años, convocó un nuevo referéndum en 1995, en el que también planteaba una fórmula ambigua de soberanía, más que de pura secesión. Aunque también el voto fue negativo, esta vez lo fue por un escaso margen de décimas. El futuro parecía entonces bastante oscuro para los partidarios de un Canadá unido, ante la eventualidad de un tercer referéndum exitoso.

El Gobierno federal canadiense decidió entonces acudir en consulta al Tribunal Supremo, que en ese país, como en muchas otras democracias maduras, tiene funciones de interpretación de la Constitución, para que aclarara tanto las condiciones de un posible tercer referéndum como las de un eventual proceso de secesión. Y el Tribunal Supremo emitió su famoso dictamen de 1998, que puede resumirse en los siguientes puntos:

—Recoge la doctrina internacional clásica respecto al derecho de autodeterminación, que legitima una declaración unilateral de independencia sólo en casos perfectamente tasados, como las situaciones coloniales, alejados todos ellos del quebequés y del de nuestras propias regiones. Atributos particulares de un grupo de ciudadanos, como la lengua, la cultura o la religión, no implican un derecho unilateral a la secesión en un Estado democrático.

—Sin embargo, por aplicación de los principios constitucionales, si el Gobierno de Quebec, en un nuevo proyecto por su independencia, somete a referéndum de su población una pregunta clara (requisito no cumplido en los dos referéndums anteriores), a la que respondiera favorablemente una también clara mayoría de quebequeses, existiría una obligación constitucional de negociar las reformas legales que permitieran abrir ese camino. Hay medios que un Estado democrático no debe emplear para retener contra su voluntad a una determinada población concentrada en una parte de su territorio.

—En todo caso, ese resultado debería conseguirse a través de un proceso de negociación basado en la buena fe y el respeto a la democracia y al Estado de derecho. Y tal negociación tendría que comprender cuestiones sumamente difíciles y complejas. Entre otras, una posible nueva definición de las fronteras. Porque en el caso de que determinadas poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran claramente seguir formando parte de Canadá, debería preverse para ello la divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura con el que se aceptaba la divisibilidad del territorio canadiense. Pensemos que podría ser el caso de importantes territorios catalanes, o incluso tal vez de la capital y su zona metropolitana.

Recogiendo estas conclusiones, el Parlamento de Canadá aprobó el 29 de junio de 2000 la llamada ley sobre la claridad, que convierte a Canadá en el primer gran Estado democrático que admite expresamente por ley la posibilidad de su propia divisibilidad. La ley, recogiendo las conclusiones de la sentencia, precisa las circunstancias en las que el Gobierno de Canadá podría entablar una negociación sobre la secesión de una de las provincias. Y prohíbe entablarla a menos que la Cámara de los Comunes haya comprobado que la pregunta del referéndum aborda claramente la cuestión de la secesión.

No valen por tanto ni preguntas complejas e incomprensibles, como la que se pretende en Cataluña, ni ambigüedades como fórmulas de soberanía-asociación, frecuentemente encubridoras de un buscado estatuto de privilegio, y a las que tan aficionados son también nuestros nacionalistas. Frente a esa pretensión de determinar unilateralmente y a su conveniencia su estatus, se les dice: «Si quiere usted asociarse, primero independícese usted, y luego ya veremos si nos asociamos o no y cómo».

La ley sobre la claridad canadiense también precisa qué elementos deben figurar necesariamente en la agenda de negociación: repartición de activo y pasivo, modificaciones de la frontera del territorio que se separa y la protección de los intereses de las minorías, entre otros.

Los efectos de esta solución en el viejo problema territorial canadiense nos lo contó hace unos años en una visita a España el político francófono canadiense Stéphane Dion: «En el caso de Canadá este ejercicio de clarificación ha tenido un efecto beneficioso para la unidad nacional. Precisamente, si hay una conclusión que puede extraerse, de manera rotunda, encuesta tras encuesta, es que, en respuesta a una pregunta clara, los quebequeses eligen un Canadá unido. La gran mayoría de los quebequeses desean seguir siendo canadienses y no quieren romper los vínculos de lealtad que los unen a sus conciudadanos de las otras regiones de Canadá. No desean que se les obligue a escoger entre su identidad quebequesa y su identidad canadiense. Rechazan las definiciones exclusivas de los términos “pueblo” o “nación”, y desean pertenecer al mismo tiempo al pueblo quebequés y al pueblo canadiense, en este mundo global en el que el cúmulo de identidades constituirá más que nunca una ventaja para abrirse a los demás». De hecho, tras la ley ni se ha intentado el tercer referéndum, ni el nuevo Gobierno nacionalista ha manifestado su intención de intentarlo, ni la negociación de «contrapartidas por quedarse» está ya en las agendas políticas.

De este caso debemos extraer nuestras propias lecciones. En nuestro futuro modelo es preciso dar entrada a ese derecho de separación, con límites y cautelas semejantes a las canadienses, como parte de la solución. No podemos tampoco seguir prorrogando una situación que nos trae tantos problemas. La sistemática violación de las leyes, o los códigos paralelos, deben cesar. No cabe seguir dejando en manos nacionalistas instrumentos de propaganda identitaria, como la educación, que utiliza para sus propios fines de fomento de la desafección. Esa y otras competencias deben volver a la Administración central. Pero será mucho más fácil si a la vez se les enseña la puerta: «Podéis marcharos si queréis, siempre que se cumplan estas necesarias condiciones —se les diría—, pero lo que no vais a poder es seguir como habéis estado hasta ahora».

Para evitar la secesión en condiciones que merezcan la pena, es preciso perderle el miedo. Creemos que, como los habitantes de Quebec, la mayoría de los vascos y catalanes preferirían quedarse. Pero ha de ser desde la convicción y en un proyecto compartido que enmiende con el tiempo todos los destrozos, toda la separación que el nacionalismo ha conseguido ya. Porque el resto de España no gana teniendo en su seno a territorios mayoritariamente hostiles. Por eso es preciso afrontar de una vez el problema, para resolverlo en lugar de seguir escondiéndose de él.

11

EL CAPITALISMO CASTIZO

EL CUÑADO FONTANERO DEL PRESIDENTE DE SU COMUNIDAD

¿Qué le parecería a usted que el presidente de su comunidad de propietarios contratara como fontanero a un cuñado suyo, bastante chapuzas y muy caro, sustituyendo al de toda la vida, competente y además barato? ¿O que se nombrara vicepresidente de la empresa donde usted trabaja a un compañero bastante trepa que tiene muy buenas relaciones con el presidente, cuando usted tiene más antigüedad y experiencia para el puesto?

Pues mal, ¿verdad? Y seguramente piensa que esto es una injusticia para el fontanero o para usted. Tiene razón, es una injusticia, pero hay algo peor: es una perversión del sistema, ya que se supone que los presidentes de comunidad deberían elegir a los operarios mejores y más baratos en beneficio de su comunidad, y no de ellos mismos o su familia. De la misma manera, se supone que en una economía de mercado sana se selecciona a las empresas en función de su calidad y precio, y que, a su vez, las empresas que quieren ser competitivas eligen internamente a los empleados mejores y más preparados.

Hablamos del sistema capitalista de economía de mercado, que es el más eficiente de los conocidos para la asignación de nuestros recursos escasos, porque se basa en la competencia entre los distintos agentes económicos. ¿Cómo? Pues muy sencillo, dado que la gente se esfuerza por ganar dinero y mejorar de posición, este sistema garantiza que, si se trabaja bien y se ofrece un buen producto o servicio, uno venderá más que su competidor y logrará sus objetivos. En cambio, el que trabaja peor y no tiene un buen producto o servicio que ofrecer, no vende, no gana dinero y tiene que cerrar. Sobre el papel parece un buen sistema, porque obliga a competir para mejorar y agradar al cliente, lo que conlleva innovación, progreso económico y bienestar para todos.

Los economistas que se hayan animado a leer este libro podrán decir, y con razón, que éste es un planteamiento demasiado simplista, que es «de letras». Puede ser, pero lo que queremos poner de relieve es que éste es un sistema delicado que exige estar permanentemente vigilado para que cumpla su finalidad, y que uno de sus problemas más graves se produce cuando los agentes económicos prosperan no porque se esfuercen y hagan las cosas bien, sino por tener el favor de los que mandan. Entonces estamos ante un fenómeno que se conoce en inglés como corny capitalism y entre nosotros como «capitalismo de amiguetes» o «capitalismo castizo».

Lógicamente, es más fácil que este fenómeno prospere en los sectores más regulados o excesivamente dependientes del sector público. Por supuesto que la regulación, en sí misma, no es ni buena ni mala. Depende de cómo se regule, de si está orientada al interés común o no, de si dificulta el tráfico jurídico y económico o lo favorece, de si consigue sus fines u otros distintos de los pretendidos… Pero su misma existencia entraña el riesgo de que el regulador sea capturado por los agentes regulados y que la intervención en el sector que diseñe la ley no se haga con el objetivo de proteger los intereses generales.

En una economía tan intervenida y dependiente del sector público como es la española, el factor regulatorio puede ser decisivo en muchísimas ocasiones para el éxito o fracaso de un negocio, ya se trate de la concesión de permisos, autorizaciones, recalificaciones o distribución de frecuencias. Pero también la captura del regulador puede consistir en conseguir retrasar la norma que a uno le perjudica para proteger una situación de dominio, o en lograr que se dicte en el momento más conveniente para los propios intereses. O en obtener una regulación más favorable que la competencia. O una regulación que impida la competencia… En fin, las combinaciones son innumerables, con el agravante de que cuanto más poderosas son las empresas que ejercen monopolios u oligopolios, más recursos tienen para capturar al regulador. De esa manera, estar cerca del poder, gozar de sus complacencias o, simplemente, tener el móvil de los que mandan, puede ser decisivo.

Claro que no siempre la captura del regulador es tan descarada, aunque ciertamente en nuestro país cada vez se guardan menos las apariencias. Otra posibilidad es favorecer o colaborar en la elaboración de una normativa tan abstrusa y complicada (todo lo alejada que sea posible de los principios de la Better Regulation) que los regulados pueden interpretarla de cualquier forma para conseguir sus objetivos o simplemente impedir que los clientes tengan la más mínima noción de lo que pasa. La complejidad de la factura de la luz en nuestro país, sólo apta para expertos muy avezados, es un ejemplo claro en un sector en el que la maraña amenaza con devorarlo todo.*

Pues bien, la vía tradicional a través de la cual se construye el capitalismo castizo es la del conflicto de intereses, cuestión clave en todo supuesto en que una persona (agente) gestiona los de otro (principal). Por supuesto que toda nuestra normativa de derecho público y privado prohíbe al gestor actuar cuando pueda tener intereses contradictorios con los intereses del principal. Parece bastante fácil de entender, pues lo normal es que en esos casos atienda primero los suyos. Las normas de incompatibilidades que se aplican a los altos cargos de la Administración, las que penalizan el tráfico de influencias o intentan evitar el conflicto de intereses, persiguen la misma finalidad. En definitiva, si algo sabían los juristas de todas las épocas es que quien gestiona asuntos de otro no puede mezclarlos con los propios, porque es probable que al final «quien parte y reparte se quede con la mejor parte» y acabe beneficiándose a sí mismo y perjudicando a sus principales, que están en sus manos.

Por tanto, normas para evitar esta contaminación entre lo público y lo privado, o incluso entre agentes privados, hay para dar y tomar. El problema no es que falten, sino que se incumplen, ya sea a través de su interpretación forzada o excesivamente formal (por ejemplo, la exministra de Economía Elena Salgado fue contratada por Endesa vía su filial chilena, sin duda otra persona jurídica), o simplemente por fallos de control y falta de transparencia.

AL COMISIONISTA LE PAGAMOS TODOS

En el capitalismo de amiguetes no rigen las reglas generales de un sistema de economía de mercado en que triunfa quien más se esfuerza y más vende sino que es la proximidad al poder la que proporciona las ventajas competitivas. Esta forma de funcionar afecta a la sociedad entera y lastra sus posibilidades de crecimiento y desarrollo económico. No es sólo que el fontanero amigo sea más caro y cause problemas; es que cuando las restricciones a la libre competencia se generalizan en un país y las empresas ya no tienen que competir entre sí por abaratar y mejorar sus productos y servicios, la economía no puede crecer de forma sana ni sostenible.

De nuevo los economistas nos pueden acusar de simplistas, pero pensamos que la complejidad de la factura de la luz tiene algo que ver con que las empresas eléctricas estén abarrotadas de excargos políticos de los principales partidos. Y que si no contratan a más será porque no hay más disponibles, no por falta de ganas. Hasta contratan o intentan contratar a los familiares directos, como ocurrió con Ignacio López de Hierro, el marido de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que fue nombrado consejero de Red Eléctrica (empresa privada, pero con una participación pública de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del 20 por ciento), aunque finalmente el nombramiento se frustró ante la reacción de la opinión pública e incluso de algunos dirigentes del PP.

En resumen, la falta de competencia hará que todos paguemos más por la electricidad, por un préstamo o por cualquier servicio que se encuentre afectado por el capitalismo de amiguetes, dado que las empresas no se esforzarán por innovar para competir abaratando y mejorando el servicio que prestan o el producto que fabrican, sino que estarán bastante más preocupadas por contentar a los políticos que tienen la potestad de mantener su cómoda situación de dominio del mercado.

El 19 de febrero de 2014, Gas Natural declaraba que había visto congelado su beneficio neto, concretamente 1.445 millones de euros, que representaba un aumento del 0,3 por ciento, debido al «estrés regulatorio, en un entorno muy complejo y hostil». Vaya. A nosotros no nos parece que el entorno regulatorio represente de verdad los 1.455 millones que dice Gas Natural, pues, si operase en un mercado verdaderamente competitivo y libre ¿habría ganado Gas Natural esos 1.445 millones en primer lugar? Esa pregunta ni se plantea. Por otra parte, después del revuelo causado en Moncloa por las declaraciones del consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca,, éste ha tenido que volver al redil y recoger velas, no vaya a ser que el «estrés regulatorio» en general y el suyo en particular aumenten.

Pero es que, además, el capitalismo castizo también suele resultar nefasto a la larga para las propias empresas supuestamente beneficiadas por este tipo de prácticas, porque tienden a consolidar en su cúpula élites muy bien relacionadas, desde luego, pero, por eso mismo, totalmente irresponsables frente a accionistas y consumidores. Los jefes tejen a su alrededor una guardia de corps, unida a partes iguales por el miedo, el favor y el interés, que les garantiza un mandato casi a perpetuidad, por muchos errores estratégicos que cometan en la dirección de sus empresas. Ahí está el caso de César Alierta para demostrarlo.

En cualquier caso, no nos olvidemos de un dato fundamental: cuando los contratos o las concesiones públicas no se adjudican a la mejor oferta técnica y económica, la principal consecuencia es que al comisionista le pagamos todos los contribuyentes con el sobrecoste del servicio. Por eso, cuando vemos que estas adjudicaciones amañadas dejan un reguero de millones de euros en cuentas en Suiza, o permiten cobrar a los dirigentes sobresueldos en sobres sin declararlos a Hacienda, o sirven para financiar irregularmente un partido contribuyendo a extender la corrupción por todo el cuerpo económico, político y social, debemos recordar que, además, se hace con nuestro dinero.

NECESITAMOS UNA SOCIEDAD ABIERTA Y COMPETITIVA, PERO… ¿CÓMO SE ABRE?

Sabemos que durante muchísimos siglos el progreso económico fue muy limitado. Es a partir de la revolución industrial cuando empieza a producirse un crecimiento económico sostenido. Pero ese progreso está estrechamente ligado a la idea de sociedades abiertas en las que caben la discusión, la promoción del talento, la innovación y el cambio, en particular los procesos de destrucción creativa, que permiten la sustitución de los negocios que ya no funcionan, sean los coches de caballos o las máquinas de escribir, por otros nuevos. Y aquí convergen la política, la economía y el derecho, pues esa apertura mayor o menor depende básicamente de las normas y las instituciones que rigen una sociedad, como han demostrado convincentemente los politólogos Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países.

En definitiva, según la tesis de estos autores, que compartimos, la razón por la que unos países prosperan y otros fracasan no depende principalmente de la geografía ni de la cultura, sino de cómo sean sus instituciones político-jurídicas. Si un país tiene instituciones inclusivas, que fomenten la participación de la mayoría de las personas en actividades que les permiten aprovechar mejor su talento y habilidades, el país prosperará. Si, por el contrario, esas instituciones tienen por objeto que sus élites políticas y económicas extraigan rentas a su favor, el país fracasará. Entonces, si conocemos el diagnóstico, ¿por qué resulta tan difícil acabar con el capitalismo de amiguetes?

En primer lugar, claro, porque siempre hay fuerte resistencia al cambio, y una vez que una sociedad se organiza de una forma concreta esta organización tiende a persistir por simple inercia. Además, los nuevos sectores de la economía que se crean con el progreso atraen recursos que antes se destinaban a los viejos, y los grupos todavía poderosos que extraen sus rentas de los viejos oponen fuerte resistencia al cambio, por mucho que éste implique un progreso general. Nadie está dispuesto a pegarse un tiro en el pie y a respaldar cambios que puedan afectar a sus propios intereses, ya se trate de sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, colegios profesionales o administraciones.

Otra consideración a tener en cuenta es que a la enorme dificultad de abrir ciertos mercados y realizar las reformas necesarias para incrementar la competencia reduciendo el poder excesivo de los oligopolios se une el hecho de que estas reformas, aunque benefician a una buena parte de los ciudadanos, tienen una incidencia relativamente pequeña en la factura de cada uno de los consumidores tomados individualmente. Por esta razón, y salvo casos extremos, como empieza a pasar con la factura de la luz, no existe una gran conciencia ni una gran presión ciudadana para que estas reformas se lleven a cabo.

Por el contrario, si las reformas se llevaran a término, los pocos que disfrutan de la situación tendrían muchísimo que perder, por lo que harán todo lo posible para influir en los Gobiernos con el fin de que las reformas se realicen a su gusto a través de lobbies y grupos de presión que, por cierto, suelen asegurar en el futuro una agradable jubilación a los miembros de los reguladores actuales. En conclusión, frente a las potentes divisiones acorazadas de las empresas que actúan en régimen de oligopolio, en forma de lobbies, repletas de expolíticos y altos funcionarios, los consumidores y usuarios no pueden oponer más que una infantería numerosa, pero ligera y mal equipada.

Si se añade a todo lo anterior el conformismo y el escaso activismo ciudadano de la sociedad española, se entiende bien por qué las cosas no cambian fácilmente, incluso en el caso de que el Gobierno tuviera de verdad la intención de terminar con el capitalismo de amiguetes, tan arraigado en España.

BREVE HISTORIA DEL CAPITALISMO CASTIZO EN ESPAÑA

Por supuesto, el capitalismo castizo no es privativo de España. Existe en cualquier país que tenga instituciones extractivas. Incluso en los Estados Unidos se puede hablar de una regresión hacia este modelo en los últimos treinta años, que ha llevado a la concentración de la riqueza en el 1 por ciento de la población. La responsabilidad ha sido en buena parte de los dos grandes partidos políticos, que se han plegado a los intereses de los grandes agentes financieros y empresariales, fenómeno fácil de visualizar si se observan las «puertas giratorias», o revolving doors, entre los principales puestos de la Administración y los del sector financiero y las grandes empresas. Conviene añadir que esto no ha cambiado nada en la supuestamente renovadora era Obama.

Pero sin duda en España este capitalismo de amiguetes tiene sus rasgos diferenciales, y probablemente más acusados, debido a nuestro retraso cultural y económico en relación con los países más avanzados de Europa. El caso es que el caciquismo aparece en el siglo XIX y se desarrolla precisamente cuando se establece una democracia parlamentaria —con alternancia entre el partido liberal de Sagasta y el conservador de Cánovas—, a partir de la Constitución de 1876. Representa un avance sobre la práctica habitual del pronunciamiento militar como sistema de alternancia entre liberales y conservadores, pero todavía queda lejos de lo que se supone que debería ser una democracia liberal representativa, incluso según los limitados parámetros del siglo XIX.

El cacique era un oligarca local con propiedades rurales que se reconvertía en el representante político de su región y defendía los intereses del partido al que pertenecía. Su poder derivaba del control de su zona mediante la creación de clientelas a las que protegía de la justicia, los impuestos y otras obligaciones como las militares. Esta clientela, por su parte, le permitía controlar los resultados electorales en su provincia y asegurarse así el poder local.

El caciquismo, que Joaquín Costa llamó «la verdadera constitución de España», era un residuo del feudalismo y el medio de garantizar el poder central en las provincias, ante el subdesarrollo de mecanismos de Gobierno y de control más democráticos y modernos. La ignorancia y la apatía de un electorado que se dejaba corromper mediante dádivas y privilegios procedentes de fondos públicos usados para fines particulares resultaba esencial. El auténtico poder del cacique derivaba no tanto de su poder económico como de su control sobre los actos del Gobierno y la Administración, que podía dictar en su propio beneficio en la seguridad de que nada le podía pasar si cometía ilegalidades o arbitrariedades, porque él era el jefe local de su partido y sus superiores eran los gobernantes nacionales. ¿Les suena el modelo? Aunque hoy hablaríamos de barones territoriales y de impunidad.

Como consecuencia lógica, el caciquismo alumbró un sistema electoral pervertido, una Administración prevaricadora y una justicia al servicio de los poderosos.

El modelo sufrió ciertas alteraciones al llegar la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Las instituciones extractivas se modificaron para adaptarse a los nuevos tiempos. El derrocamiento de un régimen presidido por instituciones extractivas dio paso a un conjunto de nuevos amos que se dedicaron a explotar el mismo conjunto de instituciones extractivas, ligeramente barnizadas. Pero, de la misma manera, el paso del franquismo a la democracia supuso, en cierto sentido, el paso de una dictadura de cuartel a una partitocracia en la que se desmontaron, como ya hemos visto, muchos de los controles administrativos y burocráticos impuestos por los tecnócratas de Franco, en beneficio de los caciques locales.

No sólo eso: algunas instituciones extractivas existentes reverdecieron, e incluso se crearon otras características del nuevo marco y de los nuevos caciques, o incluso en bastantes ocasiones a favor de los mismos, como demuestra la historia de la dinastía de caciques Fabra, señores feudales de Castellón desde el siglo XIX, como denunció un interesante reportaje en el diario El País. Actualmente, la última descendiente de la dinastía, Andrea Fabra, famosa por su soez expresión en el debate sobre las prestaciones por desempleo, ocupa un escaño en el Congreso por el Partido Popular. Las cosas no han cambiado mucho desde que su antepasado Victorino Fabra Gil, conocido por su indumentaria como «el agüelo Pantorrilles» llegase al frente de la Diputación de Castellón, que presidió en varias ocasiones desde 1874 hasta la fecha de su muerte. Para que luego digan que las diputaciones no sirven para nada…

OLIGARQUÍA LOCAL, CACIQUISMO Y PELOTAZOS URBANÍSTICOS

Todavía está fresco en nuestra memoria el llamado «caso Malaya». La sentencia que condenó a los culpables consideró que en el Ayuntamiento de Marbella existía un «sistema de corrupción generalizada». En este sistema, Juan Antonio Roca, el exasesor urbanístico que a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil compró voluntades de concejales, funcionarios e incluso jueces, pudo amasar un patrimonio de origen ilícito tasado en 101,7 millones de euros. Roca reconoció en el juicio que recibía pagos de los empresarios y que repartió una parte de esas mordidas entre los concejales del Gobierno tripartito formado por el Grupo Independiente Liberal (GIL), el PSOE y el Partido Andalucista que había derrocado al mediático alcalde Julián Muñoz, el entonces novio de la famosa tonadillera Isabel Pantoja (ambos también fueron condenados).

El descontrol llegó a tal punto que en 2006 el Consejo de Ministros, en una medida sin precedentes, acordó disolver el Ayuntamiento de Marbella, que pasó a estar gobernado por una comisión gestora hasta las elecciones municipales de mayo de 2007. Claro está que éste ha sido sólo el ejemplo más sonado. En España ahora mismo hay casi doscientos alcaldes imputados por la justicia, según datos de una interesante y documentada página web* que los tiene clasificados por comunidades autónomas, ayuntamientos, partido y sexo. Los partidos mayoritarios están en cabeza, como era de esperar, pero el pastel está muy bien repartido.

Desde el punto de vista jurídico, estos pelotazos han sido favorecidos por una normativa que parte de la base de que el urbanismo ha de ser planeado por los poderes públicos y ejecutado por arquitectos y otros técnicos, con el objetivo de conseguir un desarrollo urbanístico racional de los municipios. Se parte de la división entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable (en el que no se puede edificar) o rústico. El problema es que la línea que distingue el suelo urbano o urbanizable del suelo rústico, por el simple dedo divino del que la traza puede convertir de la noche a la mañana en potenciales millonarios a los propietarios implicados. Una tentación demasiado fuerte para muchos.

La corrupción es inevitable con este sistema, pero el problema es que no resulta tan fácil de atajar porque favorece a mucha gente. Al propietario cuyos terrenos se recalifican, y que pasa de tener así un suelo rústico que no vale nada a uno urbanizable que puede valer muchísimo, ya que además es un bien escaso por culpa del planeamiento, curioso fenómeno en un país como España, donde hay mucho terreno disponible. El recalificador puede obtener un dinero bajo mano que le puede venir muy bien tanto para enriquecerse personalmente como para financiar a su partido. Y el pueblo llano se aprovecha de que el Ayuntamiento tiene dinero fresco y se lo gasta en panem et circenses, o sea que organiza saraos de todo tipo contratando a artistas a precios astronómicos o creando Ciudades de la Cultura de la nada en casos de megalomanía, como la de Santiago de Compostela, edificada a precios astronómicos y con piedra procedente de la cantera del alcalde, para que todo quede en casa.

Sí, menuda fiesta nos hemos corrido, pero hay que ver cómo hemos dejado la casa y la cantidad de desechos que hemos generado en forma de urbanizaciones fantasma y edificios faraónicos a medio terminar. Eso sí, esto no es nada comparado con cómo se lo montan en las juergas de la jet…

LA CHAMPIONS LEAGUE DEL CAPITALISMO CASTIZO

En las grandes ligas del capitalismo castizo las cosas no se hacen de una manera tan burda como en el Ayuntamiento de Marbella. Aquí no encontrará usted un personaje como el de Jesús Gil. Se mueve muchísimo más dinero y la gente tiene más nivel y elegancia, no estamos tratando con patanes dedicados a recalificar el suelo rústico.

¿Más nivel? Bueno, quizá exageremos, porque también aquí se lleva el maletín lleno de euros. Selectos empresarios de compañías muy conocidas no han dudado en llevar esos maletines a la sede del PP y entregárselos al extesorero Bárcenas, según las investigaciones del juez Ruz. Los antecedentes se remontan al caso Filesa, una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo objetivo era la financiación ilegal del PSOE para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989.

Pero también es justo reconocer que existe un capitalismo de amiguetes más fino, aunque con consecuencias mucho más perjudiciales. Nos referimos a la captura del regulador, que se da a menudo en aquellos sectores económicos muy regulados en los que las empresas más importantes proceden, a su vez, de antiguos monopolios ejercidos por empresas públicas. En España su importancia y peso relativo son muy grandes, lo que explica la intensidad del capitalismo castizo.

Se habla de captura del regulador cuando éste es abducido por los planteamientos del regulado, debido a su proximidad. Como los regulados se juegan mucho, usarán todas las armas que sean necesarias para conseguirlo, unas más sofisticadas y otras menos. A veces se tratará de contar con la superioridad que proporciona poder contratar y pagar sueldos muy altos a funcionarios que han trabajado o conocen bien cómo funcionan los reguladores, o simplemente tienen amigos y compañeros bien colocados. No es casual la multitud de abogados del Estado y técnicos comerciales del Estado que pasan de defender los intereses generales a defender los intereses particulares de las grandes empresas, con todo su bagaje de conocimientos técnicos y no técnicos que resultan imprescindibles para el éxito de la captura. «Nosotros te hacemos la ley, ministro, y todos los decretos y órdenes ministeriales.»*

Otras veces, los métodos serán más sutiles y vendrán revestidos de comisiones de expertos independientes, cuyos dictámenes coinciden sospechosamente con los criterios y necesidades de los clientes de los despachos a los que asesoran. Al fin y al cabo, quizá las imágenes más impactantes del documental Inside job, de Charles Ferguson, corresponden a los catedráticos de las universidades de más renombre de los Estados Unidos, pillados en falta en manifiestos conflictos de intereses.

Por ejemplo, en España son dignas de mención las diferencias existentes entre los expertos académicos que redactaron el Código Mercantil y los expertos nombrados por el Gobierno para realizar un estudio de las reformas que tenía que realizar el llamado Gobierno corporativo en la regulación de las sociedades cotizadas, a la vista de los escándalos que se han sucedido durante la crisis. Mientras que las propuestas de los académicos eran estrictas e imperativas, los expertos designados por el Gobierno —que en una buena proporción forman parte de bufetes que asesoran a las empresas cotizadas— hicieron unas propuestas muchísimo más favorables para sus clientes en aspectos especialmente sensibles como la remuneración de los consejeros, su responsabilidad, las asociaciones de accionistas, etc.

Hay que decir que en materia de gobierno corporativo la posición de nuestras autoridades ha sido de una lenidad y comprensión admirables. Mientras que a los ciudadanos se nos aplica la letra pequeña del reglamento, a los que viajan en el avión del presidente se les aplica lo que los anglosajones denominan soft law, códigos de conducta o de buen gobierno que contienen simples recomendaciones de actuación. Si no se cumplen, basta con explicar por qué no se cumplen. Es decir, igual que nos pasa a los contribuyentes con las normas de Hacienda, por poner un ejemplo. Pero ¿de verdad creen ustedes que los consejeros de las sociedades cotizadas van a autolimitarse el bono, aunque su empresa tenga menos beneficios, por cumplir una recomendación de la CNMV?

PUERTAS GIRATORIAS: REVOLVING DOORS

Pero quizá lo más cómodo de todo cuando se tiene dinero es tirar de revolving doors que permiten pasar directamente de la política a las grandes empresas o viceversa sin solución de continuidad, pese a las supuestas barreras legales y formales que establecen las leyes para evitar los conflictos de intereses y este tipo de trasiego. Todavía más interesante es pasar directamente de los organismos reguladores a los regulados, lo que ya es una nueva vuelta de tuerca.

Para demostrar que la ley se burla fácilmente, sobre todo si los que tienen que aplicarla se dejan, ahí está el caso de Elena Salgado, o el más reciente intento de Juan Roldán de pasar casi directamente de un alto cargo del Banco de España a la Asociación Española de Banca, la patronal bancaria, que se ha paralizado por el momento entre otras cosas por el revuelo mediático. Ahí tienen también la impresionante lista de expolíticos que trabajan en las tres empresas eléctricas más importantes, encabezados por un expresidente del Gobierno, nada menos. Es más, hay muchas empresas interesadas en contratar a expolíticos o altos cargos en cuanto cesen, con o sin incompatibilidad de por medio. O a familiares directos de políticos o políticas en activo. La pregunta obvia es ¿por qué?

La contestación es muy sencilla: esta contratación facilita las relaciones con el poder político de una forma muy notable. De entrada se cuenta con un interlocutor que puede facilitar la entrada y tirar de agenda. En casos más singulares aún, la empresa contribuye de forma notable a aliviar las cargas familiares de un político en activo, vía sociedad de gananciales. Eso garantiza una cierta comprensión hacia los problemas e intereses de esas empresas, o para ser más exactos, de sus directivos, ya que, como sabemos a estas alturas, no siempre son coincidentes.

En todo caso, el problema consiste en que quienes tienen que aplicar las normas que intentan prevenir las revolving doors son los mismos que se aprovechan de ellas, o para ser más exactos, son sus subordinados jerárquicos, y así no hay manera. La Oficina de Conflicto de Intereses que debía sancionar estas conductas es un órgano administrativo con rango de subdirección general que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El ministro Cristóbal Montoro dejó en 2008 el accionariado de su empresa de consultoría, Equipo Económico (antes Montoro y Asociados) en manos de su hermano Ricardo Montoro y del hermano de su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, así como de otras personas de su confianza.

El periódico digital Vox Populi publicó en noviembre de 2011* que Equipo Económico había aumentado un 20 por ciento su facturación en el año 2012. Quizá tenga que ver con lo que la cadena Bloomberg llegó a publicar en relación a que Hacienda habría presionado a los legisladores durante la tramitación de la Ley del Juego, hace unos tres años. El Ministerio recaudó de algunas casas de apuestas extranjeras unos 150 millones de euros gracias a un impuesto que les aplicó cuando solicitaron la licencia para operar en internet. Les dijo a compañías como Betfair o William Hill —ambas con sede en Reino Unido— que podrían perder los permisos si no pagaban los tributos. Fuentes citadas por Bloomberg** aseguran que se hizo sacándose de la manga una investigación fiscal que podía hacerles perder las licencias para operar en España. De esta manera, Codere, una de las principales empresas de juegos de azar en España y cliente de Equipo Económico, habría obtenido una posición ventajosa frente a sus competidores extranjeros. Curiosamente, el actual secretario de Estado de Fomento, y que fue subsecretario de Hacienda en la anterior etapa de Gobierno del PP, Rafael Catalá, fue secretario general del Consejo de Administración de Codere. Un ejemplo más del capitalismo castizo en España.

Ahora bien, ¿qué pasa si se nos ha escapado algo y nos puede llover encima? Pues que hay que tener un plan B, un paraguas político que nos proteja de las consecuencias indeseadas de nuestros acuerdos anticompetitivos y abusos de posición de dominio, influyendo en las decisiones de las autoridades de competencia encargadas de perseguir esas conductas, o si esto también falla, hay que intentar que los tribunales de justicia nos den la razón. ¿Piensa usted que exageramos? Pues espere a leer el capítulo siguiente. Y si aun así el asunto no funciona, siempre podemos meter a alguien en el Tribunal Supremo. No otra cosa fue nombrar al jefe de los servicios jurídicos de La Caixa durante los últimos veinticinco años, Salvador Sostre, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, precisamente la sala que tiene que conocer de asuntos como las preferentes, los swaps, los productos estructurados o del posible carácter abusivo de ciertos intereses de demora…

EL CAPITALISMO DE AMIGUETES NO SALE A CUENTA SALVO PARA LOS AMIGUETES

Como explica Luis Garicano en su reciente libro El dilema de España, la actividad de captura de rentas por contraposición a la de su creación tiene dos consecuencias nefastas. La primera, que tiene retornos crecientes, lo que significa que cuanta más gente se dedica a ellas mayor es su retorno relativo comparado con las actividades productivas, hasta que la actividad productiva termina por desaparecer. La segunda, que son prácticas que afectan de modo muy negativo a la capacidad de innovación de la que depende fundamentalmente el crecimiento económico.

Piensen ustedes en el caso de Argentina u otros parecidos. Cuando una empresa quiere invertir en Argentina en sectores especialmente delicados, lo lógico es que descuente esa circunstancia, que pague precios más bajos, cargue precios más altos e intente rentabilizar su inversión en el plazo más breve posible. Cuando llegue la inevitable apropiación, el empresario inteligente ha debido ya hacer su agosto (en cuyo caso no tiene derecho a quejarse), y si no lo ha hecho, porque no ha sabido negociar o manejar adecuadamente el contexto político (comprensible, porque es verdaderamente corrupto), y la inversión ha terminado por no resultarle rentable, entonces de lo que estamos hablando es de un grave error de gestión. A Argentina la conoce todo el mundo y en el pecado se lleva la penitencia: los servicios a sus ciudadanos cuestan y costarán siempre mucho más que en otros países, o al menos más de lo que deberían.

Para escapar de estos dos males no hay más camino que la seguridad jurídica y el Estado de derecho. El capitalismo de amigos precisa desactivar los controles previos, esos checks and balances de los que hablan los anglosajones y que van desde los de carácter constitucional (Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, poder judicial) hasta los de tipo administrativo (intervención del Estado, inspección tributaria y de servicios) e incluso mediático (sobornando con publicidad institucional a determinados medios de comunicación o favoreciendo sus aventuras empresariales). La consecuencia de todo ello es obvia: al no existir control ni seguridad jurídica alguna el dinero público se despilfarra, se imposibilita la creación de pequeñas empresas, pues éstas no pueden competir ni crecer en un marco así, y se espanta a la inversión extranjera.

En resumen, ésa es la función del derecho: imponer un marco en el que ninguno de los jugadores tenga de salida una ventaja competitiva, que evite los abusos con regulaciones claras y eficientes, establezca la imprescindible transparencia y cree los controles precisos para la consecución de sus objetivos.

Decían Acemoglu y Robinson que las instituciones políticas inclusivas no surgen de la nada, sino que a menudo son el resultado de un conflicto importante entre las élites que se resisten al cambio político y los ciudadanos que desean limitar su poder económico y político. Las instituciones inclusivas surgen durante las coyunturas críticas. ¿Quién puede dudar de que ahora estamos ante una de ellas? No perdamos la oportunidad.

12

(DES)CONTROLA COMO PUEDAS

SUEÑOS Y PESADILLAS

«Señoras y señores, bienvenidos al Parque Temático de las Instituciones Reguladoras y de Control. A la derecha, observen el imponente edificio del Banco de España. Al fondo, destaca la modernidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ese conjunto de edificios son el Tribunal de Cuentas y sus equivalentes autonómicos… ¿Cómo dice? No, no se puede entrar en ellos, se trata de meros decorados… Eso sí, muy aparentes. Pero en su interior no hay nadie trabajando por su seguridad o la de su patrimonio. Si quisiera acceder para realizar cualquier gestión, se daría cuenta de que todo es cartón piedra. Detrás de estas fachadas no hay nada. Nada.»

Esta escena que acabamos de describir se desarrolla en un escenario inverosímil e irreal. Es un alucinado parque temático, una visión onírica. Pero, a pesar de eso, a muchos de los lectores les puede resultar turbadoramente reconocible lo que cuenta. Durante años hemos creído que existía una sólida estructura de Estado, compuesta en primer lugar por instituciones como el Gobierno, el Parlamento y la Administración de Justicia, pero también por otras, reguladores y controladores, que ocupan majestuosos y emblemáticos edificios en los que suponíamos ostentaban los cargos de dirección personas serias, preparadas, independientes. Esperábamos que esas personas y esos organismos actuaran como contrapesos, como controladores, como garantes del equilibrio que toda sociedad sana precisa para contrarrestar en parte la influencia y las ambiciones de los más poderosos. Esos nombres solemnes parecían ofrecer protección, solidez, seguridad. Pero no era así, y ahora lo sabemos.

Algunos de estos reguladores no han actuado cuando tuvieron la obligación y la posibilidad de hacerlo, cortando de raíz malas prácticas, algunas manifiestamente ilegales, con consecuencias gravísimas para miles de personas. Otros son extremadamente suaves con los poderes políticos, plegándose a sus deseos sin ser el contrapeso para el que fueron diseñados, o haciendo tarde y mal su función, cuando ya no tiene eficacia real. Y todos, o casi todos, están ocupados por personas designadas por los grandes partidos políticos, que han colonizado estas instituciones y las han sujetado a su control, desactivándolas y empequeñeciéndolas.

La crisis ha sido el ruidoso despertador que nos ha permitido conocer y asombrarnos ante las conductas ineptas, culpables e incluso dolosas de muchos de los ocupantes de prestigiosos puestos en esos organismos, pero, como en una clásica película de terror, pareciera que seguimos soñando en un ambiente de pesadilla, porque creímos estar protegidos por una sólida y compleja estructura pública y en realidad hemos vivido desprotegidos en un parque temático repleto de decorados de cartón piedra. En este entorno el poder está a sus anchas.

Participaciones preferentes, deuda subordinada, swaps como supuesta protección contra la subida de los tipos de interés en las hipotecas, depósitos estructurados, bonos convertibles… Si hace unos años, en una conversación cotidiana, una charla de café, alguien hubiera sacado como tema de conversación uno de estos productos financieros complejos es posible que sus interlocutores se hubiesen quedado asombrados ante algo tan técnico e incomprensible, que tan poco tenía que ver con su vida diaria. Eran «esas cosas raras de los bancos». Sin embargo, hoy es más que probable que esos mismos amigos sean capaces de describir con sorprendente precisión en qué consisten y cómo funcionan esos productos financieros tan complicados, quizá porque él o alguien cercano ha contratado alguno.

¿Qué es lo que ha pasado para que muchos ciudadanos hayan adquirido tantos conocimientos sobre complejos instrumentos de inversión y su regulación nacional y europea? Un día se especula sobre las pérdidas económicas que tendrán que afrontar los preferentistas, otro se analiza la última sentencia judicial sobre swaps o se analiza la jurisprudencia sobre las cláusulas suelo… Y estas conversaciones tienen mucho que ver con los dramas de tantos y tantos españoles que invirtieron todos sus ahorros en un producto que creían seguro porque así se lo explicaron en su entidad financiera y en realidad no lo era.

Tenemos la sensación de que en un pasado no muy lejano los productos financieros que eran ofrecidos por el banco o la caja a sus clientes minoristas, o, para entendernos, a los ahorradores normales y corrientes, eran mucho más sencillos y comprensibles, y que uno podía confiar en el asesoramiento del director de la sucursal. Pero en un momento dado las cosas cambiaron. Es probable que ese momento coincida con la aprobación en 1999 en Estados Unidos de la Financial Services Modernization Act, que abrió la puerta a algo prohibido desde la Glass-Steagall Act de 1933: la fusión de la banca de inversión y la banca de depósitos. De esta forma, sofisticados y herméticos instrumentos económicos diseñados por agentes de inversión y destinados únicamente a este sector, pasaron a ser ofrecidos al cliente minorista. Esa derivación era una bomba en potencia que acabó explotando, en especial con las llamadas participaciones preferentes.

Las preferentes no son un producto totalmente falto de alicientes. Al adquirirlas se obtiene el derecho a recibir una remuneración anual por aplicación de un elevado interés fijo —en algunas emisiones llega a ofrecerse el 7 por ciento—, que es abonada siempre que la entidad no declare pérdidas ese año. Ahora bien, la inversión es perpetua, el capital no es recuperable salvo que se vendan los títulos. Y en caso de quiebra de la entidad, sus titulares están por detrás de todos los acreedores para el cobro, puesto que responden de las deudas sociales casi al mismo nivel que los accionistas. Estos caracteres no les impiden ser una razonable opción de colocación de capital para un número reducido de inversores con conocimientos superiores al nivel básico.

Resulta muy improbable que sean capaces por sí mismas de ejercer una atracción fatal para una mayoría muy considerable de clientes bancarios minoristas, hasta convertirse en el mayor bestseller financiero del siglo XXI en España. Y, sin embargo, esto es exactamente lo que ha ocurrido. Se calcula que en los últimos años previos al cataclismo financiero se comercializaron por un valor superior a 30.000 millones de euros, y que el 80 por ciento del total fueron contratadas por consumidores sin conocimientos especiales, para muchos de los cuales esta inversión ha resultado muy perjudicial.

¿Cómo ha sido posible? ¿No estábamos protegidos contra estos desastres tras unos confortables muros jurídicos e institucionales? ¿No teníamos una exigente y garantista legislación de defensa del consumidor, unos reguladores vigilantes, unas administraciones competentes?

Tal vez. Pero hubo algo mucho más poderoso: el enorme interés en vender preferentes. Porque tenían una propiedad extremadamente valiosa, dado que son un instrumento de capitalización de las entidades financieras clasificado como de máxima calidad. Si ya desde el principio habían resultado muy atractivas para bancos y cajas, cuando en 2007 comienza a asomar la crisis financiera, y especialmente tras la quiebra de un too big to fail como Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, se convirtieron en dramáticamente imprescindibles.

Así, a medida que avanza la crisis hay dos fuerzas contrarias en lucha: la del interés del cliente minorista, para el que el producto será cada vez menos conveniente y más peligroso, y el interés, o más bien las imperiosas necesidades de capitalización, de bancos y cajas. Esta segunda fuerza se impone sin matices. En 2009 se comercializan más preferentes que en todo el periodo 2003-2006. Las normas que hubieran debido proteger al consumidor e impedirlo (la ahora famosa Directiva MiFID, que es derecho interno desde 2007, entre otras) fueron sistemáticamente ignoradas por las entidades financieras. El Gobierno no actuó y los reguladores, Banco de España y CNMV, que debieron haberlo detectado y corregido, sencillamente tampoco lo hicieron.

Es algo terrible pero es la verdad: las entidades financieras españolas vulneraron a sabiendas y de forma constante toda la normativa de protección y salvaguarda del cliente minorista. No discriminaron en absoluto entre sus clientes y colocaron las participaciones a todo aquel que tuvieron a tiro, independientemente de sus necesidades o perfil inversor: jubilados, ancianos, parados, pequeñas empresas, personas con ahorros por haber cobrado una indemnización —¡incluso de atentados como el 11-M!—, gente con evidente falta de cultura financiera para comprender estos riesgos o con enfermedades mentales degenerativas… No repararon en si los clientes iban a necesitar liquidez en un momento dado, si habían comprendido que podían no recuperar nunca su inversión o no obtener ningún pago de interés.

Les pusieron delante de los ojos el incentivo del alto tipo de interés y lo demás lo hacía la confianza que los clientes tenían en su banco, o especialmente en su Caja y en su director de sucursal de toda la vida; y también la creencia de que esa persona que les sonreía y les trataba con amabilidad se preocupaba sinceramente de colocar bien su dinero, porque «ellos no entendían de estas cosas». Actuaron sin complejos. Sin mirar atrás.

¿DÓNDE ESTABAS ENTONCES, CUANDO TANTO TE NECESITÉ? EL CASO DE LA CNMV

La actuación de la CNMV merece una mención especial, por su grave responsabilidad durante la crisis de las preferentes. Se puso de perfil. Se limitó a hacer diversas advertencias acerca del riesgo de desprotección que soportan los inversores por razón de las agresivas técnicas de comercialización, aparte de la dificultad intrínseca para los clientes de entender el producto, pero esas advertencias fueron de baja intensidad, tímidas, teniendo en cuenta la magnitud de lo que se nos estaba viniendo encima. Las hicieron, además, en farragosos documentos que publicaban en su página web, los cuales era y es perfectamente conocido que ningún inversor minorista consultaba ni entendía. Y no hicieron nada más.

Sin embargo eso no es lo peor, sino que aún ahora el máximo responsable de la CNMV en aquellas fechas, Julio Segura, llega a sostener que este organismo no pudo hacer más de lo que hizo puesto que sus obligaciones consistían simplemente en revisar que el folleto informativo reuniera los requisitos legales y en hacer advertencias a posteriori, pero que no tenía facultades para suspender las emisiones. Es decir, que según él, para lo único que servía la CNMV en materia de protección al cliente minorista ante la mayor estafa colectiva financiera de la historia de España era para hacer una labor de corrector de folletos y redactar unos sencillos (y conscientemente inútiles) documentos informativos, tarea que pueden desempeñar sin problemas dos técnicos bien formados. Esto no sería nada más que una broma pesada si no fuera por los miles de personas que han perdido su dinero, sus ahorros, su tranquilidad personal y familiar, y hasta en ocasiones su propia vida.

La CNMV fracasó estrepitosamente en la misión que tenía asignada por ley de proteger a los consumidores y clientes minoristas. Escudarse en supuestas limitaciones legales para justificar no haber hecho nada útil durante tantos años en un asunto de máxima importancia es un insulto a nuestra inteligencia y a los sufrimientos de muchas personas. Ahora bien, la CNMV no es la única entidad de control y supervisión que no hizo sus deberes.

Pese a que ahora ya existe una conciencia generalizada de que este producto fue diseñado y colocado febrilmente con el fin de captar con rapidez activos y disfrazar la situación de insolvencia de estas entidades, la Fiscalía Anticorrupción emitió un informe en el que consideraba que era un problema que debía resolverse civilmente y en el que no se apreciaba ninguna responsabilidad penal en los gestores de estas entidades. Miles de personas han perdido los ahorros de toda una vida como consecuencia de unas instrucciones claras de colocar como sea un producto peligroso, instrucciones que sólo podían venir desde arriba, y la Fiscalía que debe velar por los intereses públicos sólo ve un problema civil (lo que obligaría a la entidad a devolver el dinero pero sin afectar a sus gestores), y no penal.

De hecho, el Fiscal General del Estado, Eduardo TorresDulce, declaró que no veía delito, salvo en aquellos casos extremos en que firmaron analfabetos, menores o discapacitados. No obstante, a la vista de cómo se publicitó, informó y comercializó el producto, a nosotros nos parece difícil negar la existencia de actuaciones que encajen no en uno, sino en varios delitos tipificados por el Código Penal. Y, como se puede comprender, si con todo lo que ha pasado aquí se considera que no hay nada reprochable penalmente, en vez de disuadir a las entidades financieras para que no vuelvan a las andadas se les ofrece el mensaje contrario: aquí no pasa nada, y si pasa algo, indemnizas y santas pascuas. O dicho de otra forma, calcula si te trae a cuenta cumplir o si es mejor incumplir y pagar después.

No obstante, en 2013, un partido minoritario (UPyD) y algunos damnificados presentaron sendas querellas en la Audiencia Nacional por estafa, entre otros posibles delitos, que terminaron siendo admitidas a trámite en febrero de 2014, y que afectan a Miguel Blesa y a otros catorce consejeros y directivos de Bankia y de Bancaja. Veremos qué pasa, aunque quizá sea prudente no ser demasiado optimistas porque, como bien denuncia César Molinas en su estupendo libro ¿Qué hacer con España?, si por algo se caracteriza nuestro país, por lo menos hasta el momento, es porque aquí nunca se depuran responsabilidades de ningún tipo por las tropelías que se cometen. Ni jurídicas ni políticas.

¿DÓNDE ESTABAS CUANDO TANTO TE NECESITÉ? EL CASO DEL BANCO DE ESPAÑA

Aunque no solamente las preferentes demostraron ser un producto tóxico. También tenemos las llamadas permutas financieras, o swaps. Este contrato se ofreció en un determinado momento como un producto novedoso, una especie de seguro para que el ciudadano endeudado con una hipoteca pudiera protegerse si en el futuro subían los tipos de interés de su hipoteca. Sin embargo, ni era un seguro ni protegió de nada a los que lo contrataron entre los años 2005 a 2008. Más bien fue al contrario: resultó extremadamente perjudicial para sus intereses.

El swap planteaba una especie de juego: si subía el tipo de interés de la hipoteca, el banco pagaba una cantidad al deudor. Ahora bien, si bajaba… si bajaba, entonces era el deudor el que, por asombroso que parezca, debía compensar a la entidad. Y hay más. Fueron ofrecidos por bancos y cajas en general entre finales de 2006 y mediados de 2008, época en la que el euríbor iba subiendo cada vez más, hasta superar el 5,2 por ciento en verano del 2008. Pero en los últimos meses de 2008 empieza una caída enorme, hasta llegar al 0,50 por ciento. Eso ha significado, obviamente, que en todos los casos de swap contratados en esas fechas, quien se está beneficiando ¡es el banco a costa del cliente!

En efecto, hay un determinado momento a partir del 2009 —antes o después, dependiendo del interés fijo pactado para el cliente— en el que todos los swap ofrecidos por las entidades para, supuestamente, proteger a los hipotecados de las subidas del euríbor acaban provocando que esos hipotecados tengan que pagar cantidades cada vez más elevadas a los bancos. Resulta muy improbable que este tipo de clientes, la persona que tiene una hipoteca, que lo que quiere es protegerse contra la subida del euríbor, se ponga a jugar y a hacer apuestas con su banco. Y lo que desde luego no se le pasaría por la cabeza es que si baja el tipo de interés no sólo no le beneficie, sino que incluso pueda tener que pagar más que cuando el interés estaba alto.

Tan improbable es, que los swaps tienen ya un copioso listado de sentencias judiciales tanto de primera instancia como de audiencias, que en su mayor parte —se calcula que más del 85 por ciento— los anulan por vicio en el consentimiento. Es un dato tremendo. Que un contrato, no de un banco ni respecto de un cliente-tipo, sino de una mayoría de entidades y referidos a una diversidad de clientes, sometido al escrutinio judicial, se considere tan gravemente defectuoso como para declararlo nulo en ese enorme porcentaje de los casos, ofrece la sospecha de que hay algo esencialmente perverso en él.

¿Pero dónde estaba el Banco de España en esos años, cuando se suponía que era el regulador competente para este producto? Fuera de cobertura. El Defensor del Pueblo constata que las primeras reclamaciones sobre swaps fueron resueltas a favor del cliente, pero que, cuando se hicieron masivas, a partir de 2009, el Banco, dirigido entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cambió de manera radical el criterio, que desde entonces fue siempre favorable a las entidades. En un informe de 2012 hace afirmaciones verdaderamente demoledoras sobre la actuación general del Banco en los últimos años: en esencia, que no fue neutral en la relación que se produce entre una entidad financiera y su cliente.

Por el contrario, el Banco de España se inclinó habitualmente del lado del más fuerte, es decir, de la entidad financiera. El supervisor —continúa el informe— consideró incompatibles la solvencia del sistema bancario y la protección del cliente, y se inclinó por proteger aquélla en detrimento de los derechos de los consumidores, cuando las dos cosas deberían ser compatibles, de conformidad con lo que dicen nuestras leyes. El servicio de reclamaciones del Banco de España se pone de perfil y no se pronuncia sobre el fondo de las que se le presentan, por considerar que no tiene competencia sobre cuestiones que no estén relacionadas con la solvencia del sistema. El Defensor del Pueblo considera que este servicio, lejos de representar una solución administrativa para los afectados por abusos bancarios, lo que hace es retrasar la reclamación judicial. La conclusión es obvia: el Banco de España se comportó como un aliado de la banca contra el ciudadano de a pie.

Y, por cierto, no en todas partes cuecen las mismas habas. También en Gran Bretaña se comercializaron swaps de manera masiva, pero allí el regulador, la FSA, actuó de forma muy diferente: recibió las demandas de las PYMES que consideraban que habían sido engañadas, resolvió favorablemente a sus pretensiones en el 90 por ciento de los casos y obligó a los grandes bancos a compensarles económicamente.

QUÉ DEBEMOS APRENDER…

Pero la vida no se detiene, y las relaciones con las entidades financieras tampoco. Tendremos necesidad de ellas y ellas de nosotros. Sin embargo, de lo sucedido en estos últimos años deberíamos extraer algunas enseñanzas para el futuro.

En lo que se refiere al cliente minoritario, al ciudadano particular, los bancos del siglo XXI ya no son los que eran en la segunda mitad del XX, bancos comerciales más cercanos y protectores. Y no hay expectativas de que vuelvan a serlo. Conviene tenerlo muy en cuenta. Se ha dicho que los bancos están para ganar dinero, no para hacer amigos. Con ellos deberíamos comportarnos de la misma manera: no pretender la ampliación de nuestro círculo de amistades sino utilizar inteligentemente sus servicios en nuestro propio beneficio.

En cuanto al Banco de España y a la CNMV, mucho tendrán que cambiar para que podamos volver a tomarlos en serio. Su comportamiento ha dejado claro que son instituciones de cartón piedra desde el punto de vista de la protección al ciudadano. Nadie ha asumido además ninguna responsabilidad por lo sucedido, todo lo contrario, los que mandaban entonces se han dedicado a echar balones fuera y a culparse unos a otros. Su falta de ejemplaridad ha sido notoria y carecen de prestigio en estos momentos, por lo que una de sus prioridades habría de ser recuperarlo, para lo cual van a hacer falta algo más que palabras. Necesitamos hechos que demuestren que son instituciones de verdad, y no de mentirijillas. Muchos hechos y durante mucho tiempo.

Acudir a la justicia ha sido y sigue siendo el camino para combatir los abusos, de lo que son conscientes muchos preferentistas y titulares de swaps, y no precisamente con una sobreabundancia de medios. Con muy pocos recursos, jueces, fiscales y funcionarios comprometidos y profesionales, en general muy poco reconocidos, obtienen en ocasiones muy buenos resultados. El problema es que la justicia debería ser el último recurso, y no el único recurso como es ahora por haberse desactivado todos los demás sistemas de protección, porque en ese caso el recurrir a ella corre el peligro de utilizarse como coartada por la parte fuerte. Ya sabe, el socorrido «si tiene usted alguna queja acuda a los tribunales».

Claro que todo el mundo sabe que la justicia en España funciona muy mal porque es muy lenta y sus decisiones son poco predecibles. Y ése es precisamente uno de los problemas, como ya hemos dicho en otro lugar de esta obra: que todo el mundo lo sabe. Así que son frecuentes las estrategias de defensa que lo tienen muy en cuenta. Incumplir una obligación no sale tan caro para el que tiene más medios, ya que la lentitud de los procedimientos y la falta de seguridad jurídica juega siempre a su favor. Siempre te puede tocar la lotería —piensan— y, en el peor de los casos, cuando les corresponda pagar, vaya usted a saber si todavía existe el mundo. En todo caso, como nadie asume responsabilidades, incluso cuando las sentencias son desfavorables, patada y a seguir.

Por eso es tan importante repensar nuestra propia actitud como clientes bancarios. De todo lo acontecido debemos extraer una importante lección para el futuro. Además de fallar todos los sistemas de tutela de la parte débil, del inversor minorista, hubo otro factor que hizo posibles las ventas masivas de preferentes: que mucha gente estuvo dispuesta a comprarlas. Muchos contratos se firmaron exclusivamente por la confianza que se tenía en el asesoramiento bancario. Ya en los años cincuenta, el maestro Garrigues nos advertía contra la cultura del «dónde hay que firmar».

Pues bien, en pleno siglo XXI no se puede firmar sin mirar, y aunque desde luego la principal —enorme, inexcusable, quizá penal— responsabilidad es de las entidades, debe reconocerse por nuestra parte al menos un error fatal en esa delegación de confianza.

No vamos a aprender nada si tenemos la convicción de que la difícil situación del que ha comprado productos tóxicos es imputable exclusivamente a los demás, sean bancos, Gobierno o reguladores, si no hay conciencia de haber sido, al menos en cierta medida, responsables. «Busca tu confianza donde la dejaste», reza un antiguo aforismo germánico. Recojámosla de ese lugar y no volvamos a prestarla tan fácilmente.

…Y CÓMO DEBERÍAMOS ACTUAR EN EL FUTURO

Pueden proponerse muchas reformas que permitan a los consumidores prevenirse contra inversiones y contratos no adecuados o perjudiciales, y desde luego sería fundamental que los reguladores hicieran su trabajo. No se engañen, no es cierta la excusa de los antiguos responsables del Banco de España y la CNMV de que carecían de atribuciones legales para impedir estos excesos. Si se revisa la legislación entonces vigente, lo que tenemos es más bien una sobreabundancia de normas protectoras de todo tipo, con tantas habilitaciones para que los reguladores actúen que como te descuides les facultan hasta para decidir la alineación de la selección de fútbol. Lo que faltó no fue apoyo normativo, lo que faltó fue voluntad de intervenir y poner orden.

Se puede y se debe exigir un cambio radical en la actitud de estos reguladores, igual que se puede y se debe exigir que sean dirigidos por personas expertas e independientes como ocurre en otros países del mundo, y no por políticos de partido. Pero dicho eso, el medio más eficaz de protección para el futuro no vendrá de ellos sino de nosotros mismos. Hay que cambiar de raíz nuestro comportamiento financiero. Ante un producto bancario que no se comprende, no nos parece muy conveniente o nos suscita dudas se impone decir la palabra que constituye la protección definitiva: no.

Ya sabemos que esto no es tan sencillo, porque además de los intereses de los clientes están los intereses de las entidades, que no coinciden con aquéllos, la desinformación, el desconocimiento, la publicidad financiera y otros factores. Por eso parece esencial adquirir más cultura general sobre estas cuestiones financieras incluso en la etapa escolar. Pensamos que debería existir una asignatura que se denomine algo así como Derecho Práctico para la Vida Diaria. Qué duda cabe que es muy importante conocer qué es la tabla periódica, quién fue Felipe III, qué es la metonimia o cómo calcular el área de un triángulo, pero a partir de cierta edad puede ser notablemente más útil saber para qué sirve la TAE, qué es una hipoteca, cuál es la diferencia entre un préstamo y un crédito, a qué se obliga uno con un aval o fianza, qué son los fondos de inversión, cómo funciona la bolsa, o cuáles son los derechos y obligaciones cuando se acude a una entidad financiera para realizar cualquier gestión.

También hay posibilidades de que la sociedad civil y los profesionales interesados colaboren activamente en esta labor de protección al cliente minorista. ¿Por qué no algo así como una entidad sin ánimo de lucro para la claridad jurídica y financiera que implique a expertos de todo tipo y cuyo fin sea ofrecer claridad, precisión e inteligibilidad sobre productos de inversión o de financiación, incluidos préstamos o hipotecas de forma independiente y rigurosa? ¿Por qué no crear una agencia ciudadana de calificación de los productos financieros, dándoles notas? Es verdad que los reguladores deben hacerlo y los bancos distinguir entre unos productos y otros, y hasta el Defensor del Pueblo ha hablado de crear un semáforo financiero, pero nada impide que también se haga privadamente desde la sociedad civil.

En definitiva, se trata de defendernos a nosotros mismos y de ofrecer información fiable, sencilla y de calidad, evitando con ello la infoxicación o sobrecarga informativa, que además siempre actúa como un sistema de minoración de responsabilidad de la parte más fuerte, que tiene más abogados y que siempre puede escribir páginas y páginas de letra pequeña y alegar que todo venía en el contrato.

Claro que más eficiente todavía sería impedir que a un cliente minorista se le puedan ofrecer determinados productos mediante un filtro previo creado por el propio consumidor que lo impidiera, a manera de registro o listado de autolimitación voluntaria del riesgo en la contratación financiera, de carácter electrónico. En él cada consumidor podría definir por sí mismo su propio perfil inversor, y autoexcluirse en bloque y para todo el sistema financiero de contratar productos que sobrepasen ciertas líneas rojas que él mismo definiría por el sencillo método de elegir entre una serie de opciones previamente parametrizadas. De ese modo, cuando un cliente acudiera a una entidad ésta debería consultar obligatoriamente ese registro y en su oferta no podría traspasar la limitación que se ha impuesto a sí mismo el propio cliente. Sería éste el que definiría las reglas.

Lo mejor desde un punto de vista teórico es que fuera un registro o listado residenciado en el Banco de España o CNMV y que tuviera una naturaleza pública y regulada, pero a estas alturas los lectores ya entenderán por qué nos parece que esta posibilidad es un tanto remota. Ahora bien, de nuevo no hay razón alguna para que no se pueda implementar desde la sociedad civil.

Y es que si miramos quién manda en nuestros organismos reguladores, la desconfianza parece bastante justificada…

ESTA TARTA TAMBIÉN ES NUESTRA

Ya hemos hablado de la captura de los reguladores por los poderes fácticos, pero nos queda hablar de su colonización por los grandes partidos políticos, que nombran a personas afines o directamente a militantes suyos para dirigirlos. Estas personas en muchas ocasiones carecen de los conocimientos y experiencia necesarios para ocuparlos, otras veces de lo que carecen es de cualquier tipo de intención de molestar al partido que le ha nombrado, y en la mayoría de los casos adolecen de las dos cosas a la vez. Como se suele decir popularmente, en estos casos los partidos se reparten la tarta, expresión doblemente lamentable tanto por lo que se supone de reparto chalanesco como por considerar el nombramiento una canonjía, un chollo, vamos, y no como una gran responsabilidad y un servicio público. Claro que si se considerase así, a muchos de los candidatos les dejaría de interesar.

Es lo que ocurre, y de manera cada vez menos disimulada, en la totalidad de nuestros organismos reguladores y de control, ya estemos hablando de la Junta Electoral Central, del Tribunal de Cuentas, el Consejo de Seguridad Nuclear, la propia CNMV o la recientemente constituida Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En el caso de la CNMC, que sustituye a la independiente CNC o Comisión Nacional de la Competencia y a varios organismos reguladores sectoriales, y dejando de lado la verdadera causa de su creación, habría sido deseable que, dadas las enormes competencias y facultades que se le atribuyen, los nombrados fueran personas independientes y con experiencia. Pues nada de eso, de nuevo los puestos disponibles se han repartido entre los partidos. La mayoría de los agraciados carecen de formación o experiencia conocida en el sector. Así las cosas, ¿quién puede confiar en que este organismo adoptará decisiones teniendo en cuenta exclusivamente su propio criterio y la normativa aplicable? ¿Y quién piensa, por el contrario, que estamos en el parque temático al que antes hacíamos referencia y que lo que vemos es pura fachada? La suspensión de la última subasta eléctrica, previa llamada nocturna del ministro del ramo, ya nos dice por dónde van los tiros.

La consecuencia lógica de que estos controladores y supervisores estén ocupados por los partidos es que no son capaces de cumplir bien su función.

Veamos ahora el caso del Tribunal de Cuentas, el supremo fiscalizador de las cuentas públicas, en cuyos nombramientos se cumple estrictamente la regla general de reparto por cuotas de los consejeros entre los dos grandes partidos. Es innecesario destacar su importancia en una época como la actual, en la que la precaria situación de las cuentas públicas ha supuesto recortes en los servicios y prestaciones a los ciudadanos, continuos aumentos de la presión fiscal, etc. El cuidado exquisito en el gasto de los escasos recursos públicos debería ir acompañado e incentivado por un no menos escrupuloso control por parte de este tribunal. De hecho, si actuara correctamente, debería ser una institución bastante molesta para las administraciones públicas. ¿Es así?

Pues sinceramente, no mucho. En el año 2012 presenta los informes sobre la contratación de las comunidades autónomas de los años 2006 y 2007. El informe sobre las actuaciones en el ámbito municipal es también de 2012, pero se refiere al año 2009. Y el de las cuentas de los partidos políticos es del año 2013, pero se refiere al año 2008. Ha de reconocerse, en honor a la verdad, que estos informes son muchas veces muy críticos con la situación y las prácticas que se han venido desarrollando, pero… Vaya, llegan tan retrasados en el tiempo que cuando salen a la luz ya han prescrito casi todas las posibles acciones de responsabilidad. Se dice el pecado pero no se impone penitencia al pecador. Unas recomendaciones, y pelillos a la mar.

El Tribunal de Cuentas es el ejemplo paradigmático de organismo de control diseñado legalmente para ser independiente y que en la práctica está dominado por aquéllos que tienen que ser controlados. El mismo Tribunal Supremo ha alertado acerca de su politización y la organización Transparency International, en un informe de 2012, constataba que estaba manejado por los dos grandes partidos, que dado su modus operandi no podían permitir que el Tribunal quedara fuera de su control. De hecho, parece que es norma de la casa que la fiscalización de la financiación de los partidos políticos quede en manos de dos consejeros, uno del PP y otro del PSOE. Conviene no hacerse daño.

En no pocas ocasiones, el modo de elegir a los integrantes de estos organismos reguladores roza lo esperpéntico y los nombrados son personas que carecen notoriamente de cualquier experiencia y aptitud para desempeñar el cargo. Analicemos por ejemplo los últimos nombramientos en el Consejo de Seguridad Nuclear. Se trata de un organismo con funciones muy específicas y especializadas: «emitir informes al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio relativos a la seguridad nuclear, protección radiológica y protección física, previos a las resoluciones que éste adopte». Por ello, cabría esperar que los integrantes del Consejo fueran personas con ese perfil, máxime tratándose de una materia tan sensible, polémica y potencialmente tan peligrosa como la energía nuclear.

Pues resulta que es tradición el reparto de puestos entre PP, PSOE y CiU (se dice que es porque las centrales nucleares de Ascó y Vandellós están en Cataluña), aunque históricamente se había elegido a personas con experiencia suficiente y formación técnica… Hasta que se dejó de hacerlo. En la última elección se incumplió frontalmente la propia ley, paripé en la correspondiente Comisión del Congreso incluido. Por cierto, que esa elección fue impugnada judicialmente, pero el Tribunal Supremo se puso de perfil y no entró en el fondo del asunto por el cómodo expediente de apreciar la falta de legitimación para impugnar del partido político recurrente.

Por parte del PP, es examinado como candidato al Consejo Fernando Castelló, en cuyo currículum figura haber sido presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia valenciano entre 2008 y 2011, fecha en que cierra el tribunal por baja productividad. Esta persona ha ocupado varios puestos políticos, ninguno relacionado con la seguridad nuclear. Considerado idóneo. También por parte del PP aparece el nombre de Rosario Velasco, médico y funcionaria del Sistema Nacional de Salud. Ningún conocimiento especial sobre energía nuclear. También es considerada idónea.

El PSOE presenta en la Comisión a Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente con el expresidente Rodríguez Zapatero y diputada por el PSOE en ese momento. Ella misma reconoce que carece de conocimientos específicos para el cargo, pero que se considera idónea porque su candidatura «está directamente vinculada a mi larga trayectoria en la protección del medio ambiente y justificada por ella». Tampoco parece que tuviera que esforzarse demasiado, dado que no había ninguna otra candidatura alternativa y que la Comisión ya estaba debidamente aleccionada. Como dijo el representante socialista, «en nuestro grupo nos gusta especialmente que se abra paso un pensamiento alternativo» (sic). Las alabanzas a la exministra se completan con el reconocimiento de que, si bien su formación es eminentemente económica, su paso por el ministerio, por la OCDE y por el Congreso conforman «un mix profesional sólido» (sic).

Finalmente está Fernando Martí, que en el momento de ser propuesto para el cargo (él va a ser el presidente del CSN) era el Secretario de Estado de Energía, a las órdenes directas del ministro de Industria, que es quien le propone para el cargo. Conoce el sector energético, pero como gestor político. La comisión considera que tanto él como Cristina Narbona son lo suficientemente independientes como para formar parte del regulador.

En definitiva, nuestro Congreso concluye tranquilamente que estas personas con este perfil y estas capacidades son «de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio», que es lo que literalmente exige la ley. En nuestra modesta opinión, y por mucho que lo diga el Congreso, no cumplen ni una sola de las condiciones exigidas, lo que convierte al Consejo de Seguridad Nuclear en otra institución de cartón piedra dirigida por personas que ni son expertos en la materia, ni son independientes y de los que no cabe esperar ninguna objetividad de criterio. Están sencillamente al servicio de los partidos que les han nombrado.

Y no, en otros países no pasa esto. En Estados Unidos y Francia los integrantes son elegidos entre los mejores y más prestigiosos técnicos, previa realización de exámenes muy exigentes para valorar su idoneidad.

En conclusión, las instituciones de control están suficientemente reguladas en las leyes, el problema es que éstas no se cumplen. Los partidos políticos mayoritarios no quieren ningún tipo de control que obstaculice su actuación política, por lo que de manera sistemática y consciente nombran personas que se pliegan a sus deseos y que a cambio obtienen sinecuras muy importantes. No sólo eso: por mal que lo hagan sus protectores, les defenderán y evitarán cesarles o incluso que dimitan, a no ser que sea absolutamente necesario. Es decir, nunca.

Pensamos que ya toca exigir que se tire a la basura todo el cartón piedra y que se sustituya por controladores y reguladores de verdad. Si, como dice Einstein, no es posible esperar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo, no podemos tolerar que sus nombramientos dependan de los pactos entre los grandes partidos.

13

TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY,

PERO LA LEY NO ES IGUAL PARA TODOS

USTED NO SABE CON QUIÉN ESTÁ HABLANDO

El enrevesado caso de la infanta Cristina de Borbón en el Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca es quizá el ejemplo más ilustrativo de que las leyes no son iguales para todos en España. Normal, dirán ustedes, al fin y al cabo se trata de una infanta, la hija del rey. Pero lo curioso es que, ante la ley, la infanta de España es una ciudadana más. Además, ¿no dijo el rey en su discurso de Navidad del 2011 que la justicia era igual para todos? No podía ser de otra manera, pues ésa es una de las conquistas del Estado de derecho moderno: los poderosos y los débiles, los ricos y los pobres, los mayores y los pequeños, los empresarios y los trabajadores, los ocupados y los parados son iguales ante la ley, y por tanto ante la justicia y demás organismos encargados de su aplicación. De hecho, la única persona en España que es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (política y jurídica, se entiende) es el rey Juan Carlos I, pero porque así lo establece nuestra Constitución en su artículo 56.

¿Cómo es posible entonces que, si es así, hayamos asistido a interminables debates sobre la imputación de ida y vuelta de la infanta, sobre si debía o no hacer el paseíllo por la famosa rampa hasta la puerta del Juzgado o sobre el modo de tomarle declaración? ¿Por qué esa diferencia de trato con la esposa imputada del socio de Urdangarín, Diego Torres? Es más, el notario que autorizó la escritura de constitución de Aizoon, la sociedad propiedad de los Duques de Palma al 50 por ciento, declaró ante el juez que había advertido que la infanta no debía figurar en la sociedad, pero que el asesor fiscal del Instituto Nóos le había contestado que la querían como «escudo fiscal». ¿Es que no todos somos iguales a la hora de pagar impuestos? ¿Es que para la Agencia Tributaria hay contribuyentes vip cuyas declaraciones tributarias no se comprueban?

Es importante destacar que una de las características fundamentales de un auténtico Estado de derecho es la existencia de un círculo legal entre leyes e instituciones. Es decir, las leyes —la Constitución, las leyes orgánicas y las ordinarias— establecen las instituciones de un determinado país (el Tribunal Constitucional, el poder judicial, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, las propias Administraciones, la Agencia Tributaria, etc.), aunque a su vez son estas instituciones las responsables de aplicar e interpretar las leyes. El ordenamiento jurídico se concreta en la vida de los ciudadanos a través de las decisiones de esas instituciones fundamentales, pero si son capturadas por los partidos o por los poderes fácticos, lo que ocurre es que en la práctica, las leyes ya no se aplican e interpretan de la misma manera para todas las personas, sean quienes sean.

Por supuesto que esto no debería ocurrir, dado que precisamente para evitarlo las leyes diseñan instituciones independientes y neutrales, que se ponen en manos de tecnócratas especialmente cualificados e inamovibles a los que, en principio, no debería ser posible coaccionar o presionar para que adopten decisiones que favorezcan a los más cercanos y poderosos o perjudiquen a los más débiles o desafectos. Pero lo cierto es que cada vez pasa más en nuestro país.

Conviene insistir en que el problema no está tanto en el diseño institucional —salvo en alguna ocasión extrema, como en el reciente caso del nuevo diseño del Consejo General del Poder Judicial, del que ya hemos hablado— como en su ocupación, tanto por los partidos políticos como por lo que hemos llamado «poderes fácticos», fenómenos que están íntimamente ligados aunque el segundo sea menos conocido.

Efectivamente, estos poderes (personificados en un Luis del Rivero, un Florentino Pérez, un marqués de Villar Mir, un César Alierta, un Emilio Botín, por poner ejemplos bien conocidos) hacen favores a los partidos, ya se trate de favores económicos o de colocación de expolíticos o familiares de políticos, a ser posible de todos los partidos, para cubrirse bien las espaldas, y a cambio reciben favores institucionales, ya sea en forma de prescripciones de delitos, indultos si no es posible lo anterior, regulaciones a la carta o rescates de sus empresas en apuros. El problema es que los favores que prestan se devuelven no sólo a costa del dinero de los contribuyentes sino también del principio de la igualdad ante la ley.

Tomemos por ejemplo la historia de César Alierta, actual presidente de Telefónica. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 21 de diciembre de 2010, confirmó que había cometido un delito de uso de información privilegiada, del que estaba acusado a raíz de la compra en 1997 de un paquete de acciones de Tabacalera, compañía de la que entonces era presidente, pero le absolvió por entender que el delito había prescrito.

Como hechos probados la sentencia recoge que el señor Alierta compró a través de su sobrino Javier Placer (que actualmente trabaja también en Telefónica a las órdenes de su agradecido tío) acciones de Tabacalera, valiéndose de información privilegiada relativa a la adquisición de una compañía tabaquera estadounidense obtenida en su condición de presidente de la entidad, y antes de que dicha información fuese debidamente comunicada a la CNMV y, en consecuencia, al mercado. Muy ejemplar todo.

Aunque en su recurso de casación el Ministerio Fiscal defendía que había que aplicar el tipo agravado de delito, por entender que con la conducta del señor Alierta se causaba un grave daño a los intereses generales, el Tribunal Supremo desestimó esta alegación. Esta cuestión técnica era muy relevante a efectos de la prescripción, dado que la del tipo penal agravado se producía a los diez años de la realización de los hechos y la del tipo ordinario a los cinco años.

Es más, el Fiscal también alegaba en su recurso que, aun en el caso de aplicarse el plazo de cinco años, el delito tampoco habría prescrito. La prescripción de los delitos se cuenta desde el momento de su comisión, pero en los llamados «delitos de cuello blanco» no resulta siempre tan fácil de determinar como en los casos de robos, lesiones u homicidios. ¿Cuándo se comete un delito de uso de información privilegiada? Según el fiscal, se comete en el momento en que el señor Alierta vende las acciones y obtiene así su beneficio patrimonial (febrero de 1998), por lo que cuando se presenta la querella que interrumpe el plazo de prescripción (noviembre de 2002) este plazo de cinco años todavía no había transcurrido.

Pues bien, el Tribunal Supremo consideró primero que no era aplicable el plazo de prescripción de cinco años y después que el momento de la venta no es lo relevante a efectos de la comisión del delito, sino que lo relevante es el momento en el que, como consecuencia de la información privilegiada, las acciones adquiridas alcanzan su máximo valor, que resulta ser el 26 de septiembre de 1998, cinco años y dos meses antes de la interposición de la querella. ¡Salvado por los pelos!

Ésta es la historia. La verdad es que, como juristas, todos estos criterios tan sofisticados y, a la postre, tan comprensivos con la conducta del señor Alierta —cuya defensa fue coordinada desde la empresa y llevada a cabo por abogados externos, aunque desconocemos quién pagó sus honorarios— nos resultan un tanto sorprendentes. Recordemos que algo parecido ocurrió con el señor Botín, presidente del Banco Santander, y con los famosos Albertos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, casos en que también se apreció la prescripción de sus delitos.

Por supuesto, después de estas sentencias nadie consideró que un delito prescrito sea una mancha en el currículum ni represente una amenaza para la imagen y el buen gobierno corporativo de estas importantísimas empresas españolas. Tampoco es que hubiera una gran repercusión en prensa, lo que no es de extrañar habida cuenta de las relaciones entre los grandes medios de comunicación y el poder económico y financiero. Y por supuesto tampoco la sociedad española ha demostrado especial sensibilidad ante este tipo de escándalos.

¿Qué ocurre entonces? Pues que incluso los tribunales de justicia son parciales al aplicar la misma ley y ceden a las presiones políticas o económicas, con lo que el poderoso sale indemne mientras que el humilde, o simplemente el ciudadano de a pie, es condenado en un caso similar. Pese a que el defecto no esté originariamente en la propia ley, que sigue proclamando formalmente la igualdad de todos los ciudadanos, en la práctica ya no es verdad.

Lo mismo ocurre con el resto de instituciones encargadas de velar por la correcta aplicación de las leyes. A esta situación ha contribuido de forma muy acusada el fenómeno del revolving door, del que ya hemos hablado, que favorece mucho esta comprensión institucional con los intereses de la empresa y sus directivos.

En definitiva, si el Tribunal Constitucional concede amparo a unos sí y a otros no, o a unos mucho más rápidamente que a otros sin justificación objetiva, si la CNMV o el Banco de España controlan y sancionan arbitrariamente a unas empresas o bancos sí y a otros no (o a ninguno), si se fuerza la interpretación de las normas para que los delitos de las personas importantes siempre acaben prescribiendo, si el Gobierno indulta a los amigos pero no a los indiferentes, entonces en todos estos casos el efecto es idéntico al que se habría producido si se hubieran dictado leyes especiales para unos pocos privilegiados distintas de las que se aplican al resto de los mortales: la supresión del principio de igualdad ante la ley.

Pero la cosa no acaba aquí, porque de hecho en España también se promulgan leyes particulares, es decir, leyes a la medida de un colectivo o incluso de una persona física. Lo que todavía es más grave, porque en estas normas ni siquiera se respetan las apariencias formales. Lo curioso es que estas leyes particulares también tienen algo que ver con las puertas giratorias.

LEYES A MEDIDA

¿Tiene usted un problema grave y es usted una persona poderosa, influyente y con dinero? Pues no se preocupe, para los casos realmente graves como el suyo está el Parlamento, o mejor dicho los parlamentos, porque ya sabemos que en España hay muchos, y además los autonómicos son más fáciles de capturar porque están más cerca. Aquí ni siquiera hay que esperar a una posterior fase de aplicación y ejecución de las leyes, que es un camino que puede estar sembrado de minas e incluso puede llegar a torcerse si se encuentra uno con un juez que se cree de verdad que todos somos iguales ante la ley.

Aquí las leyes ya nacen parciales o sesgadas en el origen a favor de personas jurídicas, o incluso físicas, bien relacionadas. No son leyes generales, sino leyes ad hominem, esto es, que se hacen a la medida para favorecer a alguien en concreto, ya se trate de un colectivo, de una empresa o de un individuo. Esta forma de legislar no es en absoluto infrecuente en España.

Un ejemplo interesante lo tenemos en las vicisitudes normativas de la llamada «enmienda Florentino» o «enmienda ACS». El 6 de junio de 2012 se aprobaron en el Senado dos enmiendas a la legislación de sociedades anónimas dirigidas supuestamente a evitar la toma de control de grandes empresas españolas por terceros oportunistas, o «buitres». Una de las enmiendas suprimía la prohibición de limitación de voto en las sociedades cotizadas, los blindajes, que se había introducido a través de la enmienda Florentino, llamada así porque supuestamente beneficiaba a ACS en su lucha por tomar el control de Iberdrola, aunque en su día se apuntó que también beneficiaba a Sacyr como socio de Repsol.

Este caso refleja bien el vértigo en el que ha caído nuestra legislación mercantil de sociedades, gracias a los constantes servicios que nuestros legisladores tienen que devolver a empresas o personas físicas importantes. En nuestro ejemplo, la nueva enmienda ajusta una anterior modificación que había entrado en vigor menos de un año antes (el 1 de julio de 2011) y que fue introducida extemporáneamente en una disposición adicional de una ley que regula otra materia totalmente distinta, la información en las fusiones.

También es interesante ver qué justificación dan los Gobiernos de turno, de uno y otro signo. La que dio el Gobierno del PP respecto a la modificación de junio de 2012 era que se pretendía proteger a los socios minoritarios. La cláusula de limitación de voto impediría que en sociedades con un accionariado muy disperso un accionista pueda adquirir una posición de control con un pequeño porcentaje de acciones sin necesidad de plantear una OPA. Esta situación perjudicaría a los socios minoritarios porque éstos no tienen la oportunidad de vender al precio superior que paga el nuevo accionista por adquirir un porcentaje significativo, la llamada «prima de control». En sentido contrario, se dice que lo lógico es que en las sociedades de capital el voto sea proporcional al mismo, así que cuando se cambió la ley, en el año 2011, el PSOE justificó la modificación para «dar transparencia a ese mercado».

En fin, puede que efectivamente el Gobierno del PSOE fuera un convencido de la libertad de mercado y que el Gobierno del PP estuviera genuinamente preocupado por los derechos de los minoritarios, pero no cabe descartar que existan otros motivos e intereses subyacentes. En relación con la primera reforma se habló de personas jurídicas y físicas concretas (ACS, Sacyr y el exdirector recientemente fallecido de la Oficina Económica de Zapatero, el señor Taguas, que representaba a los promotores), y en relación con la contrarreforma nos podríamos fijar en otras empresas y otras personas, como Iberdrola, Telefónica y sus fichajes de personas próximas al Gobierno.

No vamos a entrar a examinar cuál sería la postura más lógica desde un punto de vista de política legislativa, porque no viene al caso. Ésa es una reflexión para especialistas y, sobre todo, para los legisladores. Una vez realizado el correspondiente estudio y tomada la decisión que se considere más adecuada, cualquiera que ésta sea, lo racional es promulgar la ley con vocación de estabilidad. Pero si no ocurre así y esta ley, como tantas otras, se cambia continuamente, es porque la reflexión real no versa tanto sobre la mejor solución general para las empresas como sobre la mejor solución particular para ciertas empresas, lo que implica que cuando su capacidad de influencia se modifica al albur de los cambios políticos o económicos la norma deba también cambiar. Una manifestación más del capitalismo de amiguetes del que ya hemos hablado.

Como conclusión, en el caso de las leyes particulares el efecto final es el mismo: se concede una ventaja injustificada a unos frente a otros, por lo que, a la postre, se rompe el principio de igualdad ante la ley.

LA ENFERMEDAD INSTITUCIONAL Y SUS CONSECUENCIAS: INCOMPETENCIA Y CORRUPCIÓN

La existencia de ese círculo legal entre leyes e instituciones nos advierte sobre la extraordinaria importancia de mantener sano el entramado institucional de un país. No sólo por cuestiones relacionadas con la economía y la eficiencia —no puede haber un crecimiento económico sostenible con instituciones enfermas, como recuerdan economistas tan prestigiosos como Luis Garicano en su libro El dilema de España o Jesús Fernández-Villaverde en sus numerosos artículos en prensa— sino con algo todavía más importante: con la subsistencia de España como Estado social y democrático de derecho.

La enfermedad de nuestras instituciones produce dos efectos que en la práctica raramente aparecen separados, aunque teóricamente sea posible distinguirlos: la incompetencia y la corrupción. Colocar en cargos públicos para los que se requiere independencia, capacidad y solvencia técnica de forma recurrente y habitual a personas no adecuadas es un síntoma claro de corrupción y de enfermedad institucional. Pero, inevitablemente, esta situación propaga la incompetencia por todo el organismo.

Es importante recordar que el incompetente no sólo es el sobrino en paro o la mujer del político de turno sin ninguna experiencia profesional previa al que se nombra para un cargo de estas características. Puede serlo también el amigo honesto al que recompensan como premio a su fidelidad con un cargo para el que no tiene preparación ni méritos suficientes. Este tipo de personas, a veces sin darse cuenta, ceden con facilidad a la influencia del poderoso de turno, que sí que sabe de qué va la cosa.

Al final, la diferencia entre el incompetente bienintencionado y el corrupto resulta bastante imperceptible para la ciudadanía, aunque el primero pueda mantener intacta su buena conciencia, por la sencilla razón de que la corrupción le precede —en el que le ha nombrado no atendiendo a sus méritos— y le sigue —en el que se aprovecha de él—. Por eso, la persona en principio honesta que acepta un puesto para el que sabe que no está preparada (y si no lo sabe porque cree que basta con pertenecer a algún gran cuerpo de la Administración, tiene un problema serio de percepción de la realidad) empieza ya a corromperse en la medida en que, a cambio del cargo y de los privilegios que suele llevar inherentes, acepta el riesgo cierto de que su falta de competencia técnica y profesional le convierta en presa fácil de los poderes fácticos y de los jefes políticos.

En todo caso, si alguien tiene legítimas dudas sobre su competencia y capacidad para ocupar un cargo público para el que, sobre el papel al menos, se exige independencia, amplia trayectoria profesional, experiencia y formación técnica no tiene más que pensar qué posibilidades tendría de ganar un concurso abierto de méritos para ocuparlo. Si se lo quiere poner todavía un poquito más difícil, piense qué pasaría si el concurso fuera internacional. Esto no es ciencia ficción, muchos organismos públicos europeos y nacionales de otros países lanzan esta clase de convocatorias abiertas para cubrir estos puestos.

Hay que destacar que es probable que si una persona llega a un cargo público por sus propios méritos, formación y experiencia tenga un grado muy superior de criterio e independencia que otra que llega exclusiva o principalmente por sus relaciones personales con el que le nombró. Poniendo otro ejemplo, no es lo mismo presidir Radiotelevisión Española porque se tiene una buena relación personal con la vicepresidenta del Gobierno —aunque se haya superado una oposición a un alto cuerpo de la Administración del Estado en la que se acreditan competencias que nada tienen que ver con el cargo en cuestión— que porque se ha superado un concurso internacional, como ocurre con la selección de los directores de la BBC.

Tampoco es lo mismo llegar a presidir el Tribunal Constitucional como el señor Pérez de los Cobos, habiendo sido afiliado del partido político en el Gobierno, por muchos méritos profesionales que se ostenten, o llegar a ser magistrado de esta misma institución atendiendo a los favores políticos prestados en puestos anteriores, como en el caso de Enrique López, que entrar a formar parte del máximo intérprete de la Constitución después de haber tenido una carrera profesional dilatada y prestigiosa como jurista de reconocida competencia. Y en la era de internet esto no es tan difícil de comprobar, basta darle al Google Académico o incluso a Google a pelo para hacerse una idea de cuál ha sido la trayectoria intelectual y profesional de una persona.

Pero el problema mayor, con ser importante, no son las usuales carencias técnico-jurídicas para ser, por ejemplo, magistrado del Tribunal Constitucional, sino la naturaleza de los méritos atendidos para los nombramientos. Es el caso del señor López, que como vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, lejos de mantener el perfil institucional exigido para el órgano de Gobierno de dicho poder, se implicó de manera contumaz en la maraña política, cuestionando la labor de la mayoría parlamentaria del momento y llegando al extremo de defender que el Consejo emitiera, sin concurrir los requisitos legales, informes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y la ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo por ser cuestiones que interesaban a su partido sponsor, el PP.

No es raro entonces que desde el poder político se produzcan indicaciones mediante llamadas de teléfono o incluso broncas en público, como la que hace unas páginas comentamos, entre, María Teresa Fernández de la Vega y María Emilia Casas. Porque si los políticos piensan —con razón— que sus designados jamás habrían llegado a tan altos cargos sin su mediación, y por tanto que les deben un gran favor, no dudarán en reclamar que se lo devuelvan. Nadie llama para darles instrucciones a los magistrados del Tribunal Constitucional alemán, y menos todavía les echa broncas en público. Las diferencias en cuanto al funcionamiento institucional a la vista están.

LA CAPTURA DE LAS INSTITUCIONES, UNA AMENAZA

PARA LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS

El problema no acaba aquí. Las normas atribuyen a las instituciones y poderes públicos que deben interpretarlas —y, sobre todo, aplicarlas en cada caso concreto— una serie de potestades para garantizar su cumplimiento, de forma que están dotados de un enorme poder jurídico frente a los ciudadanos de a pie. Esta situación es reflejo de una concepción política que presupone que si las instituciones están para defender intereses generales frente a los intereses particulares, hay que proteger sus decisiones y actos a través de una serie de prerrogativas jurídicas o privilegios exorbitantes.

Por eso, sus actos tienen «presunción de legalidad» y son inmediatamente ejecutivos, es decir, se presume que son conformes a derecho y tienen que cumplirse inmediatamente, salvo que se consiga demostrar lo contrario y conseguir su suspensión, para lo que hay que acudir a la vía especializada para resolver conflictos con la Administración, que es la contencioso-administrativa. Y ahí la Administración juega en terreno propio. No sólo eso, para llegar a la vía judicial hay que «agotar la vía administrativa», esto es, recurrir primero ante la propia institución y tener un «interés directo» en el asunto. Además, en algunas ocasiones no se admite ningún recurso por la vía administrativa, y en último término estas decisiones pueden ser impuestas por medio del uso de la fuerza.

Por ello, cuando estas potestades no se ejercitan en interés de todos, porque en realidad las instituciones están al servicio de intereses particulares, ya sean intereses partidistas, personales o de empresas, la consecuencia es que se están protegiendo esos intereses particulares con una eficacia que para sí quisiera la mejor organizada y más potente de las mafias. Toda la fuerza del Estado se coloca al servicio de unos pocos y, por eso, ya no es sólo que las leyes no sean iguales para todos, es que puede llegar a suceder que determinadas personas o colectivos se sitúen por encima de la ley y la usen en su propio beneficio.

Conviene no perder de vista cuál es el fin de las instituciones, su auténtica razón de ser, que son los intereses generales de los ciudadanos para cuyo servicio fueron creadas y que se concretan en las leyes que las regulan. La finalidad institucional de la Fiscalía es perseguir los delitos y hacer respetar el Estado de derecho; la de la AEAT, gestionar nuestros impuestos y garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales respetando los principios de igualdad, generalidad y capacidad contributiva; la del CGPJ es garantizar la independencia de jueces y tribunales; la del Tribunal de Cuentas es el control de las cuentas públicas, etc.

Si este fin y el espíritu de servicio público que exige su cumplimiento tanto por quienes las dirigen como por quienes trabajan en ellas se desvanece o se prostituye, la institución se debilita internamente y se convierte en una cáscara vacía, en una construcción de cartón piedra, por muchos edificios, empleados, escudos y coches oficiales que tenga. Los mejores trabajadores, en el sentido de más leales a los fines de la institución, la abandonarán activa o pasivamente, dejando el campo libre a los más venales o más acomodaticios, con lo que se consumará el desastre.

Recordemos que la presunción de que los gestores públicos conocen mejor que la sociedad a la que sirven cuáles son los intereses generales, porque están más cualificados y son más neutrales y objetivos, es la justificación última de la existencia de estos privilegios jurídicos, que realmente son exorbitantes. Si ya no es así y las instituciones acaban siendo capturadas en provecho propio (ya sea el del partido o el de personas físicas y jurídicas concretas) representan un peligro para nuestros derechos y libertades.

Suponga usted por un instante que la inspección de Hacienda o la de Trabajo que sufre su empresa responde no ya a intereses generales (prevenir y atajar el fraude fiscal, vigilar el cumplimiento de la normativa laboral) sino a motivos espurios. O que el que ha ordenado la inspección tiene algo personal contra usted, derivado, por ejemplo, de un desagradable incidente de tráfico. Pues bien, aunque tenga usted toda la razón, nadie se la dará por la vía administrativa; tendrá que irse a la vía judicial, pagando los honorarios de abogado y procurador, y las correspondientes tasas judiciales, que son bastante disuasorias; de entrada, tendrá que pagar la liquidación y la multa que le pongan, salvo que consiga un aval; y en el mejor de los casos, esperar unos cuantos años a que le den la razón y le devuelvan todo ese dinero que se ha gastado usted en luchar contra una decisión arbitraria (se llama así). Por no hablar del tiempo perdido y de la presión psicológica, que pueden llegar a ser muy fuertes.

Peor aún, este tipo de conductas llevadas a cabo por empleados públicos obedientes suelen quedar impunes, tanto desde el punto de vista personal como patrimonial, si responden a órdenes superiores de jefes que, por supuesto, también se van de rositas. Hasta pueden ser recompensadas. Pero espere, que no hemos acabado: es que, aun en el caso de llegar exitosamente a la meta, hasta conseguir un dinero en justa compensación a su calvario procesal —condena en costas, indemnizaciones, etc.—, resulta que… sale de su propio bolsillo de contribuyente. En efecto, aunque está prevista la posibilidad de que salga del bolsillo del funcionario o alto cargo que ha tomado estas decisiones, lo cierto es que en la práctica esto no suele pasar, así que las arbitrariedades de este tipo las terminamos pagando también todos.

Eso sí, a veces el asunto pasa de castaño oscuro y llega a la vía penal. E incluso a veces hay condenas, aunque sea después de años y años de tortuosos juicios y con dilaciones interminables que benefician al condenado aunque le sean imputables a él mismo o a sus abogados. ¿Qué pasa entonces?

Bueno, pues entonces… siempre queda una bala de plata.

UN CASO PARTICULAR: EL INDULTO AL SERVICIO DEL PODER

Quizá no haya un ejemplo más extremo de desigualdad ante la ley que el caso de ciertos indultos. Si reflexionamos un instante sobre el sentido último de la imposición de una pena, veremos que descansa en la idea de «ventaja ilegítima», como apunta el gran filósofo norteamericano del derecho John Finnis. Aquel que actúa con desprecio a la ley obtiene una ventaja frente a los ciudadanos cumplidores. Por eso, si no es castigado, se le permite conservar esa ventaja, lo que sería tan injusto como permitir a un ladrón conservar lo robado. En el caso del funcionario, político o alto cargo que incumple la ley siguiendo órdenes superiores, se le permite acumular ventajas ilegítimas y profundamente dañinas para los intereses generales.

Pues bien, el indulto en nuestro ordenamiento jurídico —lo mismo que en los de nuestro entorno— está pensado para atemperar el rigor de la ley en casos excepcionales, ya sea el del drogadicto rehabilitado en el momento de ingresar en prisión, o en supuestos como el hurto o robo en situación de necesidad extrema. Y ello en beneficio de la propia ley, o mejor dicho, del propio ordenamiento jurídico. No se trata de dejar a nadie al margen de la aplicación de la ley, sino de aplicarla mejor por la vía de superar las inevitables disfunciones que se deriven de su carácter general. Dicho de otra forma, dado que la ley es general y se aplica a todos por igual, a veces no es capaz de distinguir aquellas situaciones excepcionales donde su aplicación estricta puede derivar en una injusticia contraria al espíritu y finalidad de la propia ley. Se trata de evitar el summun ius summa iniuria* de los juristas romanos.

Por eso, un indulto no justificado que no responda a ese espíritu constituye el máximo atentado posible a la autoridad del derecho, la negación misma del Estado de derecho y de la igualdad de todos ante la ley. Recordemos que una de las finalidades fundamentales del derecho es atribuir a los ciudadanos cumplidores la confianza de saber que no van a ser abandonados frente al abuso y que cumplir la ley cuando nadie mira no es ser un idiota. Simplemente, porque sin la confianza y cooperación de la generalidad de los ciudadanos, el derecho de un país estaría condenado a disolverse en la nada.

Desde luego, quizá pocos casos son tan reveladores de la desigualdad ante la ley y la enfermedad institucional que la permite como la serie de escandalosos indultos que hemos sufrido en los últimos años y que revela bien a las claras qué tipo de ciudadanos no son iguales ante la ley.

Tomemos por ejemplo el indulto a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander. Pese a haber sido condenado por un delito de acusación falsa que implicó, con la inestimable colaboración del juez prevaricador Luis Pascual Estevill, el injusto ingreso en la cárcel de unos clientes que no querían avalar una deuda, fue indultado en noviembre de 2011 por el Gobierno en funciones de Rodríguez Zapatero. Demasiado tarde para que él asumiera responsabilidades y demasiado pronto para que lo hiciera su sucesor, con el que en todo caso se puso de acuerdo.

La historia que cuenta la sentencia, y que merece ser relatada, es la siguiente: en 1994, cuando Alfredo Sáenz era presidente del consejo de administración de Banesto, el grupo de empresas X, afectado por una preocupante falta de solvencia, adeudaba a la entidad financiera más de seiscientos millones de pesetas. Algunos directivos del banco (ahora también condenados) se reunieron con los accionistas del grupo de empresas para solicitarles que avalasen personalmente las deudas, a lo que éstos se negaron. En consecuencia, esos directivos, con el conocimiento del presidente, interpusieron una querella criminal contra los accionistas apoyada en una serie de hechos falsos, falsedad que los querellantes conocían. Básicamente, se alegaba que los accionistas se habían comprometido verbalmente frente a la entidad a avalar esos préstamos (alegándose que se concedieron precisamente en virtud de ese compromiso) y que, a mayor abundamiento, habían distraído el dinero de las empresas prestatarias desviándolo al extranjero con la finalidad de apropiárselo personalmente.

La querella se presentó ante el juzgado n.º 10 de Barcelona y el titular, antes de irse de vacaciones en el mes de agosto, citó al querellante para el 13 de septiembre con el objeto de que se ratificase, y a los querellados el 19 de septiembre. Sin embargo, durante el periodo de vacaciones correspondió hacerse cargo de ese juzgado como sustituto al entonces magistrado Luis Pascual Estevill y, de repente, «por razones que se desconocen» (los entrecomillados son citas literales de la sentencia), los acontecimientos súbitamente se precipitaron. En vez del día previsto, sin saberse muy bien por qué, uno de los querellantes comparece en el juzgado el 7 de septiembre para ratificarse en la querella. Ese mismo día, el juez sustituto dicta auto admitiendo la querella y citando a los querellados el día 9 a las ocho de la mañana en el juzgado de guardia, lo que se llevó a cabo sin la presencia del fiscal. El mismo día 9, el exjuez Estevill dicta auto de detención e ingreso en la cárcel Modelo. El día 14 dicta auto de responsabilidad civil, acordando el embargo de bienes de los querellados, por una cantidad que éstos se vieron obligados a avalar.

Por estos hechos, el exjuez Estevill fue condenado por autor de un delito continuado de prevaricación, en concurso con dos delitos de detención ilegal. Se interpuso también una querella por parte de los perjudicados alegando que si el exjuez había actuado de esa manera era porque había recibido dinero a cambio, pero esta acusación, como dice el TS, «no se pudo demostrar». En definitiva, cabe que el juez Estevill actuase así por pura maldad o porque le pagaron para actuar así. En todo caso, lo segundo no se ha podido probar, pero el lector es libre de formarse su opinión.

Lo que para el TS sí queda suficientemente probado, y es lo que aquí nos interesa, es que el señor Sáenz conocía perfectamente tanto la interposición de la querella como la falsedad de los hechos en que se apoyaba. «El Tribunal (de instancia) declara probado que la querella se presentó siguiendo las indicaciones dadas desde la presidencia del banco, y con el conocimiento y el beneplácito del recurrente para recuperar como fuera los créditos», y ello en base a las declaraciones de varios testigos que afirmaban que «nada se hacía sin que él se enterara».

A la vista de esta sentencia, ya no quedaba más salida que el indulto, la bala de plata que guardaba el Gobierno. Su finalidad era exonerar al banquero del cumplimiento de la normativa bancaria que no permite ejercer cargos a una persona que no reúna los requisitos de honorabilidad. Con su indulto, el Gobierno pretendía que la norma general se aplicase a todos menos al señor Sáenz, sencillamente por ser el principal ejecutivo del banco más importante de España. Y así lo dice literalmente el Tribunal Supremo en su sentencia de febrero de 2013 por el que anula esa exoneración.

Pero el asunto no acabó ahí, dado que este señor y su banco mandan mucho. Todavía hubo intentos posteriores de arreglarlo todo vía ley particular.

El problema es, ¿cuántos otros indultos se están produciendo que afectan a políticos y a sus clientes respecto de los cuales no cabe o no se produce ninguna reacción? Como muestra la página de la Fundación Civio (El indultómetro), todos los años se decretan en torno a los seiscientos indultos, y afectan especialmente (al menos desde un punto de vista porcentual) a los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y contra el medio ambiente. Para entendernos, no son los delitos que suele cometer un ciudadano ordinario. Los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos son delitos que sólo pueden cometer los que ostentan cargos públicos.

Así, no hay que extrañarse de que entre los indultados en los últimos años destaquen, además de varios empresarios defraudadores fiscales, un alto cargo del Gobierno de Pujol condenado por desviar dinero a empresas afines, el comandante y el capitán médico del Yak-42, alcaldes y concejales condenados por prevaricación urbanística, mossos d´esquadra condenados por torturas, etc. Ni que personajes como Jaume Matas (expresidente de la comunidad autónoma de Baleares) o el omnipotente cacique Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, condenados ambos por varios delitos, estén en libertad mientras esperan que se les conceda el preciado indulto. O que varios alcaldes del PP se manifiesten públicamente a favor de indultar a sus colegas.

La lucha por el derecho consiste en estos momentos en algo tan sencillo y básico como exigir una motivación para estos indultos, para que al menos se tenga que explicar a la opinión pública y a los tribunales las razones por las que se otorga esta medida de gracia y por qué puede estar justificada en el caso concreto. Claro que no sirve con que la motivación sea puramente formal (un corta y pega, vamos) ni tampoco basta con que se remita a la voluntad libérrima del Gobierno. En un Estado constitucional democrático y de derecho, todos, el Gobierno el primero, estamos sujetos a las leyes.

Esto nos lleva a la siguiente e interesante cuestión: ¿están de verdad los políticos también sujetos a las leyes, indultos aparte? O para ser un poquito más precisos, ¿son también nuestros representantes políticos y altos cargos institucionales iguales ante la ley?

EL CASO DE LOS DIEZ MIL AFORAMIENTOS

No nos vamos a referir aquí ni a sus sueldos, ni a sus pensiones, ni a sus dietas, ni al turismo político a costa del contribuyente, ni a sus indemnizaciones, ni a sus retiros dorados en organismos públicos tipo Consejo de Estado u oficinas de expresidentes autonómicos. La ley puede establecer —y de hecho establece— que los políticos, por ejemplo, tengan que cotizar menos años para tener derecho a la pensión máxima, o que puedan tener derecho a la utilización de coches oficiales o a tarjetas de crédito para gastos de protocolo por razones del cargo. Es cierto que estas peculiaridades pueden no estar justificadas y que su aplicación incorrecta puede dar lugar a abusos, por lo que en esos casos estaríamos tanto en el supuesto de las leyes particulares de las que ya hemos hablado o ante el incumplimiento de normas que nadie vigila o sanciona. Pero lo que ahora nos interesa es la igualdad en el cumplimiento de la ley. Es decir, ¿qué ocurre si a un concejal lo pillan conduciendo borracho? ¿O a un alcalde recibiendo dinero a cambio de favores? ¿O a un alto cargo dictando una resolución injusta para beneficiar a algún amigo o empresa concreta? ¿O a un presidente de comunidad autónoma recibiendo regalos caros o adquiriendo áticos en Marbella de empresas un tanto sospechosas?

Pues bien, la ley ha establecido una serie de interesantes especialidades procesales para proteger a los políticos en tanto que representantes de los ciudadanos. Entre ellas están la inviolabilidad, la inmunidad y otros privilegios procesales, como el de declarar por escrito en vez de personarse ante el juez, por ejemplo. Pero vamos a centrarnos en el caso del aforamiento, dado que es el más escandaloso y el que más incidencia tiene en la práctica.

El aforamiento stricto sensu implica alterar las reglas de la competencia judicial penal (objetiva, funcional y territorial) en beneficio de una serie de personas que tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados, y no por el llamado juez natural, es decir, el que le tocaría a uno en base a una serie de criterios objetivos. Por ejemplo, según el artículo 71.3 de la Constitución española, «En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», y el artículo 102.1 atribuye el mismo privilegio al presidente del Gobierno y sus ministros. Verdaderamente, si sólo fueran ellos ya serían muchos, pero como a lo bueno todo el mundo se apunta, la ley ha ido extendiendo esta prerrogativa a los parlamentarios autonómicos, a altos cargos de la Judicatura, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, del Defensor del Pueblo, a los altos cargos políticos de las comunidades autónomas… hasta alcanzar un número que ronda nada menos que los diez mil —¡diez mil!—, como el ejército de Jenofonte.

Se ha pretendido justificar el privilegio alegando que las elevadas funciones de los aforados exigen protegerlas de la inquina de ciertos ciudadanos dispuestos a proceder contra ellos movidos por razones políticas —las venganzas políticas—, argumento un tanto sorprendente, a menos que dentro de la categoría de ciudadanos vengativos incluyamos a los jueces de instrucción, que deciden la imputación en base a un conjunto de indicios; por eso debe dar igual que actúen en virtud de una querella, de una denuncia o simplemente de oficio. O quizá se trata de evitar que esos ciudadanos vengativos se dediquen insidiosamente a fabricar pruebas con la finalidad de hacer picar a los ingenuos jueces de instrucción. Las explicaciones que ha dado el TC en su sentencia 22/1997 nos parecen más bien endebles («La prerrogativa de aforamiento actúa […] como instrumento para la salvaguardia de la independencia institucional tanto de las Cortes Generales como del propio poder judicial»), dado que si han conseguido algo es precisamente el efecto contrario. En la práctica, el privilegio no tiene fundamento y vulnera radicalmente el principio de igualdad ante la ley.

Por eso, no debe sorprendernos comprobar que esto no pasa en ningún país serio. Como en el fútbol, somos los campeones del mundo en aforamientos. A Portugal y a Italia les ganamos diez mil a uno. Sí, en efecto, en Portugal e Italia no existe más aforado que el presidente de la República, ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, respectivamente. A Francia le ganamos en semifinales diez mil a diez, pues están aforados el presidente de la República, el primer ministro y gabinete. Pero en la final, a la orgullosa Alemania ¡le metemos diez mil a cero! ¡Menuda humillación! Sí, lo han adivinado: en Alemania no hay ni un solo aforamiento. A los Estados Unidos y al Reino Unido también les hubiéramos dado idéntica paliza, pero, claro, tiene menos mérito porque son anglosajones.

Total, que como consecuencia del aforamiento, tan pronto como le conste al juez de instrucción que está investigando un delito en el que la persona que aparece en la causa está protegida, deberá remitirla al órgano jurisdiccional competente, perdiendo así el caso, y ello aunque existan otros imputados no aforados (salvo que sea posible el enjuiciamiento separado, que no es lo normal). De ahí lo que cuesta en la práctica que un juez de instrucción «entretenido» algún tiempo con un caso especialmente interesante decida imputar a un aforado, como ha ocurrido con el famoso caso de los ERE de Andalucía instruido por la juez Alaya.

No sólo eso, para el común de los mortales el juez instructor es diferente del juez que decide (el juez penal), lo que es una garantía de no contaminación entre el órgano que investiga y el que enjuicia y dicta sentencia. Salvo para los aforados. El órgano judicial que decide es también el que instruye, de manera que el peligro de contaminación es muy real, dado que el magistrado instructor forma parte del órgano judicial que decide, aunque ya no puede formar parte de la sala que enjuicia. Para rematar la faena, en la Sala de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (donde van a parar los aforados autonómicos) uno de sus miembros es propuesto al CGPJ por el mismo Parlamento autonómico al que pertenecen potencialmente —y en la práctica, como demuestran los imputados en el Parlamento de Valencia— sus numerosos «clientes». ¿Se acuerdan de la amistad íntima entre el expresidente Camps y el presidente de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia que le tenía que juzgar? Todo queda en casa.

Empiezan ustedes a entender una de las razones fundamentales por las que a los partidos políticos les interesa tanto el control del Consejo General del Poder Judicial. Sí, efectivamente, el Consejo es el que nombra a los magistrados que presiden los tribunales superiores, Audiencias, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, por lo que, de una manera indirecta, los políticos eligen o influyen claramente en la elección de los jueces concretos que tendrían que imputarles y juzgarlos en caso de que las cosas vayan mal. Y también es fácil entender la razón por la que un imputado aforado no dimite nunca: tiene muchas más probabilidades de salir con bien amarrándose al escaño.

14

EL DISCRETO ENCANTO

DE RECIBIR SUBVENCIONES

SI NO PUEDES ACABAR CON ELLOS, SUBVENCIÓNALOS

Si pensamos en la imagen tradicional de un sindicalista del siglo XIX, o incluso de gran parte del siglo XX, nos vendrá a la cabeza una persona austera, delgada, de escasos medios y entregada con pasión a la lucha solidaria para cambiar la sociedad. Está claro que el esfuerzo de este sindicalista clásico no tenía como objetivo el hacerse con un puesto cuasi vitalicio en una organización sindical. Sin embargo, nuestra idea de un sindicalista en la actualidad es más bien la de una persona satisfecha, con relojes de lujo en la muñeca, que celebra los triunfos de los trabajadores con mariscadas y con viajes a destinos exóticos. ¿Qué ha podido ocurrir para que se haya producido semejante transformación? Pues nada menos que una lluvia de millones en forma de subvenciones.

El poder político puede interferir en los movimientos asociativos surgidos de la sociedad civil de forma muy diversa. Si lo que quiere es desactivar su fuerza social y su capacidad de influencia, un posible camino es la represión. Pero esta vía resulta bastante complicada, porque la aspiración a la libertad y la tendencia a asociarse con quienes comparten preocupaciones e intereses comunes para formar grupos y ser más eficaces en su defensa es un hecho constante en nuestras sociedades. De hecho, la represión eficaz de movimientos asociativos sólo pueden conseguirla dictaduras totalitarias que hayan alcanzado un enorme control de la sociedad, con la ayuda de las dosis necesarias de terror. E incluso así, esa represión no se puede mantener siempre. Los sistemas totalitarios acaban por sufrir grietas por donde acaban reventando las ansias de libertad o los intereses reprimidos de sus ciudadanos. Y las nuevas tecnologías de comunicación son instrumentos que favorecen estos procesos.

Pero existe otra vía, mucho más sencilla y más discreta, a través de la cual los poderes públicos pueden conseguir su objetivo de desactivar a estos grupos sociales independientes. O al menos mermar gran parte de su independencia y de su fuerza: financiándolos desprendidamente. Porque una buena subvención, una generosa puesta a disposición de recursos en favor de los dirigentes de estos movimientos y asociaciones puede domesticar al luchador más fiero. Una forma sofisticada y oculta de soborno que nadie percibe como tal y que deja las conciencias (o por lo menos algunas de ellas) muy tranquilas. Y no hablamos sólo de las subvenciones directas y manifiestas, que son transparentes y conocidas. Existen también otras formas encubiertas de captación de recursos públicos con la complicidad de los mandos políticos. Nuestros sindicatos y asociaciones patronales, por ejemplo, han desarrollado una notable destreza en manejarlas.

Conviene recordar que cuando una de estas organizaciones pasa a depender económicamente de estos recursos públicos, y se independiza de la financiación de sus bases y asociados, tiende también a independizarse de su control y de la defensa de sus intereses. Liberadas de tales amarras, nada les impide transformarse en estructuras oligárquicas en las que quienes consiguen dominarlas hacen de la captación de estas rentas para servir sus propios intereses personales no ya sólo su modus vivendi, sino también su principal objetivo.

Al mismo tiempo que estas oligarquías se distancian de sus asociados o afiliados, éstos reaccionan con una progresiva desafección hacia la organización y su funcionamiento. Como ya no son ellos los que la sostienen económicamente, o lo hacen en una medida muy residual, pierden el interés en controlar y pedir la rendición de cuentas por el uso de los recursos. Y cuando además no hay un serio control público del uso de los fondos entregados, la tentación de las cúpulas dominantes de convertirse en una casta al margen de cualquier responsabilidad ante sus financiadores y sus bases es casi invencible.

EL EXTRAÑO CASO DE LOS SINDICATOS «DE CLASE»

DEPENDIENTES DE LOS PODERES PÚBLICOS

Quizá donde con más nitidez se puede observar este fenómeno es en los llamados tradicionalmente «sindicatos de clase». El interés que defienden hoy nuestros sindicalistas parece que tiene poco que ver con el que defendían los líderes del movimiento obrero hace décadas; la única coincidencia reside en el discurso, hoy un tanto vacío.

El interés particular defendido pasa, sobre todo, por mantener una estructura burocrática sobredimensionada y cara en la que han encontrado acomodo simpatizantes, amigos y hasta parientes de los dirigentes. Una estructura que se ha acabado configurando, pese a su origen, en torno a una jerarquía muy estricta, cuyo funcionamiento interno dista de ser democrático, pues es la cúpula la que controla todos los resortes del poder con su reparto de puestos y dádivas, sin apenas más contrapeso que el que puedan presentar en escasas ocasiones las camarillas de las organizaciones territoriales o sectoriales que puedan sentirse desplazadas.

En esta organización, los que tienen ambición de progresar en el escalafón tienen como principal objetivo conseguir el favor de los líderes mediante la obediencia y la fidelidad. El debate de ideas y proyectos alternativos está desterrado, y se persigue cualquier atisbo de pensamiento crítico respecto a la dirección. No muy distinta ha sido la evolución en el interior de las asociaciones patronales, donde pueden llegar a dominar la cúpula dirigente empresarios con muy poca experiencia empresarial real pero expertos conocedores de los entresijos de la organización.

En uno y otro caso, no es sólo que los intereses de esos líderes y de sus cuadros leales se hayan emancipado de los fines que supuestamente persiguen sus organizaciones, es que el sistema de selección y promoción expulsa el talento y promueve la mediocridad, lo que garantiza que no vendrá nadie a pretender enderezar ese rumbo de forma radical. Han acabado pareciéndose así a nuestros partidos políticos, al compartir con ellos sus peores defectos. La brecha que existe hoy entre los dirigentes sindicales y los trabajadores, o incluso entre los empresariales y las pymes, sólo tiene hoy parangón con la que existe entre los ciudadanos y los partidos políticos.

Un ejemplo puede ayudar a comprenderlo mejor. Durante mucho tiempo, cuando llegaban las vacas flacas, las empresas no tenían otra forma de reestructurarse y adaptarse a la situación, por la escasa flexibilidad de la legislación laboral, que con regulaciones de empleo que expulsaban al paro a miles de trabajadores. Otras fórmulas muy utilizadas en otros países, menos dolorosas y que suponían un mejor reparto de los necesarios sacrificios, tales como bajadas de sueldo, reducciones de jornada de trabajo y otras medidas de flexibilización que evitaran los despidos, habrían necesitado una reforma normativa que permitiese este tipo de medidas.

Pues bien, esta posibilidad siempre encontró la absoluta oposición de los sindicatos. Para ello podían alegar motivos ideológicos, o de defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores, pero lo cierto es que tenían también para oponerse un claro incentivo de tipo económico. Hasta la última reforma laboral, los sindicatos, por su participación en los expedientes de regulación de empleo (que era obligatoria por mandato legal) facturaban un porcentaje de la indemnización recibida por cada trabajador. Es decir, disponían de un mercado cautivo y de un incentivo perverso para contribuir al incremento del desempleo.

En definitiva, los sindicatos han ido desarrollando todo un tejido de intereses directa o indirectamente dependientes de fondos de financiación pública que han ido separándoles de los intereses básicos que hubieran tenido que defender. No sólo eso, entre los trabajadores, eligieron defender a los que tenían una situación privilegiada, los que gozaban de la protección del tradicional contrato indefinido, frente a los más desprotegidos, como los trabajadores con contratos precarios o en paro. En este contexto hay que entender el creciente desapego de las bases trabajadoras de dichos sindicatos.

En la actualidad, la afiliación sindical en España es muy baja y tiende a caer aún más, sobre todo desde el comienzo de la crisis. Si en 2008 un 17,4 por ciento de los trabajadores ocupados estaba afiliado a algún sindicato, en 2010 el porcentaje —sobre una base además inferior por el enorme incremento del paro sobrevenido— había caído al 16,4 por ciento. Y esta pérdida de afiliación está siendo especialmente acentuada entre los dos tradicionales sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras, lo que, en un círculo vicioso, incrementa su dependencia de la financiación pública y de la captura de recursos cautivos, y aleja aún más la posibilidad de alcanzar una mayor independencia.

La recepción de recursos públicos, pese a la caída de la afiliación, explica también la tranquilidad con que esos sindicatos contemplan esa creciente desafección de los trabajadores. Parece que su negocio está hoy en otro sitio, en la captura de los presupuestos públicos.

De esa forma, los dos grandes sindicatos van sufriendo una lenta pero perceptible erosión en favor de otros sindicatos minoritarios, independientes y sectoriales. El problema es que se han asegurado el que, pese a su pérdida de representatividad, su influencia en la dirección de la negociación colectiva y su capacidad de captación de fondos públicos permanezca casi intacta gracias a sucesivas reformas legales, lo que convierte esta situación garantizada institucionalmente en algo cada vez más insostenible, en particular frente a sus competidores. Ventajas de la captura del regulador. Sin duda, entre lo que se han dejado por el camino no ha estado su habilidad para influir en las leyes en su propio beneficio.

En esta situación, quizá hasta la pérdida de trabajadores pueda ser considerada una especie de bendición para la oligarquía dirigente, que puede despreocuparse de ese frente y concentrar sus esfuerzos en asegurarse las lealtades de los mandos intermedios con la ayuda de un adecuado reparto de prebendas. Se trata, por tanto, de un verdadero círculo vicioso que hace mucho más fácil que un grupo de dirigentes y de mandos intermedios, actuando ya casi al margen de sus bases, asuman sin oposición todo el control de la organización y la utilicen cada vez más en su propio beneficio.

ADORMECIDOS POR LA SUBVENCIÓN

Como ya hemos señalado, los sindicatos y las asociaciones empresariales son quizá las organizaciones que más han sufrido este envenenamiento silencioso por subvención, que ha acabado por convertir organismos vivos y dinámicos que cumplieron en su tiempo un papel fundamental de contrapeso del poder en plácidos balnearios para mayor comodidad de sus dirigentes. Incluso las huelgas generales que se siguen convocando con una cierta periodicidad, seguramente para demostrar que todavía son capaces de hacerlo, no dejan de tener un cierto aire nostálgico y de cartón piedra.

Este proceso se ha visto favorecido por la evolución del país durante las últimas décadas. Al llegar la democracia, los responsables políticos decidieron primar y apoyar a los llamados sindicatos de clase como los más representativos, tanto a la UGT, que durante el franquismo había tenido escasa implantación, como a CCOO, que era mucho más fuerte pues había conseguido infiltrarse y dominar parte de los sindicatos verticales del régimen, contra el que había luchado de forma muy activa.

Se consideró entonces que era imprescindible sostenerlos decididamente a cambio de alcanzar con su ayuda una paz social que se consideraba imprescindible para avanzar en la transición democrática y para superar la difícil situación económica que coincidió con aquélla. Esa paz social se consiguió, pero para ello hubo que reconocerles un papel político e institucional desproporcionado (en relación, especialmente en el caso de UGT, con su implantación real entre los trabajadores) e importantes ventajas económicas.

Es fácil comprender por qué los sindicatos han sido durante muchos años una verdadera rémora para la modernización de nuestra legislación laboral. Su implícito derecho de veto, la asumida convicción de que no cabían reformas importantes sin su plácet, sólo permitió abrir el escape de los contratos temporales y otros tipos de contratos con derechos rebajados en las nuevas contrataciones con las que, sobre todo, se iban incorporando al mercado de trabajo las nuevas generaciones, mucho menos protegidas que las anteriores. La inflexible defensa por los sindicatos de la sobreprotección de los trabajadores más mayores, con sus tradicionales contratos indefinidos herencia del franquismo, sólo pudo compensarse para atenuar el paro con la precariedad y las condiciones mucho más desventajosas que se concentraban en las contrataciones de los trabajadores más jóvenes.

La consecuencia fue un verdadero sistema laboral de castas, con trabajadores más antiguos y muy protegidos en la cúspide y con trabajadores jóvenes y muy desprotegidos en la base, con muy diferentes derechos y con nulos incentivos para la movilidad entre los de la casta superior. La estrategia sindical se ha centrado en la defensa de los intereses de los primeros y ha abandonado a su suerte a los segundos. Nuestro enorme paro estructural, récord en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y nuestra increíble tasa de paro juvenil han sido otras de las consecuencias del empeño por mantener el statu quo.

Claro que los sindicatos no sólo obtuvieron ventajas institucionales, sino también mucha financiación en dinero y en especie. Podemos destacar la cesión que se les hizo de inmuebles libres de impuestos, con la justificación de corresponder a la «devolución de patrimonio incautado» por el régimen franquista. Que los beneficiarios no fueran en realidad en la mayoría de los casos los originariamente expropiados se consideró un detalle sin importancia. También se les asignaron subvenciones fijas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, repartidas en proporción a los representantes que obtuviesen en las elecciones sindicales. Se consagró la figura del liberado sindical, que no trabaja para la empresa que paga su salario, y otros privilegios especiales para los delegados sindicales.

No es fácil conocer las cifras reales de las que estamos hablando, porque los sindicatos tienen la peculiaridad de haber sido, hasta hace nada, las únicas organizaciones en España que no presentaban sus cuentas a nadie. En esta opacidad han conseguido aventajar incluso a los partidos políticos, lo que ya tiene mérito. Aquí tenemos un verdadero secreto de Estado. Estas organizaciones ni siquiera han de sufrir las tardías e ineficaces auditorías globales del Tribunal de Cuentas, pues éste sólo tiene facultades para auditorías parciales y puntuales con motivo de alguna subvención que reciban. Y ello a pesar de la enorme importancia de los fondos públicos en su financiación.

La cifra real de liberados sindicales es otro gran misterio, tanto como el tipo de funciones que desarrollan en defensa de los trabajadores. Y como era de temer, es precisamente en las administraciones públicas, donde los políticos están dispuestos a aceptar reivindicaciones poco razonables con tal de tener la fiesta en paz, donde más han proliferado.

No sólo eso: a los ingresos vía Presupuestos Generales del Estado se añadieron pronto las subvenciones de todo tipo procedentes de diversas administraciones, especialmente las autonómicas, para el desarrollo de proyectos que por lo general nada tienen que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores, como la elaboración de estudios, planes de igualdad, integración de emigrantes, etc., actuando como si fueran ONG o empresas y en competencia con ellas. Y de nuevo con la complaciente mirada de los poderes públicos, para la captación de estos fondos han desarrollado una indiscutible habilidad.

Pero con todo, probablemente los efectos más perversos para la propia organización han procedido de los que hemos llamado beneficios indirectos o de financiaciones encubiertas, como la participación en consejos diversos de entidades públicas, o en los consejos de administración de las cajas de ahorro, con sus correspondientes retribuciones, donde no han tenido problemas en participar por acción u omisión en la irresponsable gestión que llevó a la desaparición de la mayoría.

Aunque quizás el ejemplo más interesante es el de la gestión de los fondos de formación de los trabajadores, que merece un epígrafe aparte.

EL TRUCO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Los sindicatos «más representativos», junto con las patronales, son los que han gestionado hasta ahora los inmensos recursos económicos recaudados de trabajadores y empresarios bajo el concepto «formación profesional». Estos formidables recursos se detraen de las nóminas por la aplicación de un 0,7 por ciento (0,1 por ciento de la parte del trabajador y 0,6 de la parte del empresario) en la base de cotización por contingencias profesionales a la Seguridad Social. Una parte muy importante de las grandes cantidades recaudadas son gestionadas por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participan el Ministerio de Trabajo por la Administración, la CEOE y CEPYME como representantes de las empresas y UGT, CCOO y CIG como organizaciones sindicales más representativas. De la misma forma se reparten los fondos procedentes de las comunidades autónomas en desarrollo de sus políticas activas de empleo.

Esa gestión ha sido tradicionalmente muy opaca, y los controles del poder público respecto a su utilización y objetivos conseguidos, escasos e ineficaces, como demuestran los recientes escándalos que han afectado tanto a los sindicatos (por ejemplo, el caso de la UGT-Andalucía) como a la patronal (los cursos de formación de la Confederación Empresarial de Madrid, la CEIM, con detenciones incluidas). El resultado de este reparto de fondos cautivos entre estas fuerzas sociales —que ni están ni tienen por qué estar especializadas en la formación— ha sido muy ineficiente si consideramos el objetivo teóricamente pretendido de mejorar la formación continua de los trabajadores. De hecho, el verdadero interés de los trabajadores apenas parece haber sido considerado, pues los cursos ofrecidos han tenido bastante más en cuenta el interés de los prestadores y de sus intermediarios.

Como era previsible, este reparto de fondos sin control se ha convertido también en una forma de corrupción y de financiación ilegal de las propias organizaciones sindicales y empresariales. Los escándalos de los fraudes de cursos inexistentes o de alumnos ficticios, con la complicidad activa de representantes sindicales o de organizaciones empresariales, salen a la luz constantemente. Y la nula voluntad de unos y otros de poner controles internos que impidan estas desviaciones de fondos, y sus escasas ganas de exigir responsabilidades a los implicados, hacen temer que no se trate de casos aislados y que la responsabilidad llegue a las cúpulas directivas, siendo razonable sospechar que se ha convertido en un mecanismo adicional de financiación opaca de unos y otros con la connivencia de las administraciones.

Sorprende que no se alcen más voces pidiendo la derogación de este sistema derrochador de recursos públicos y generador de tantas corruptelas. Aquí sí que han conseguido ponerse de acuerdo patronales y sindicatos. En todo caso, parece que por fin el debate se está abriendo paso en la sociedad española y que se va a poner en marcha un nuevo sistema más abierto y competitivo para gestionarlos. Esperemos que sea cierto.

LA TRAMPA DE LA SUBVENCIÓN

Este fenómeno de okupación de las organizaciones y de su configuración para servir a los intereses de sus cúpulas directivas no sólo ha afectado a organizaciones tan importantes como los sindicatos y las asociaciones patronales, sino también a otras muchas, menos relevantes desde un punto de vista constitucional pero muy importantes desde un punto de vista social. Las ONG próximas a los grandes partidos y financiadas generosamente por éstos cuando acceden al poder son legión, sin excluir a algunas asociaciones tan sensibles como las que agrupan a las víctimas del terrorismo. Todas ellas se han convertido, gracias a su dependencia financiera del poder público, en parte de un establishment, de unas estructuras que encuentran su verdadera razón de ser en asegurar los intereses de sus élites y redes clientelares.

Lo más interesante es que esta colonización por intereses espurios se ha producido sin que sus víctimas principales, los titulares de los intereses desplazados, hayan sido conscientes de las causas. A veces incluso han apoyado la recepción del maná público. ¿Cómo protestar cuando se recibe un generoso apoyo económico de los poderes públicos? ¿Acaso no significa un merecido reconocimiento de su utilidad social? La serpiente con su silbido ha hipnotizado al pajarillo.

En España, el terreno además suele estar especialmente abonado para estos encantamientos. No tenemos todavía una sociedad civil madura y, por tanto, consciente de su potencia y de su fuerza al margen del poder público y celosa de su independencia. Los españoles todavía pensamos que el Estado y el conjunto de las administraciones son los responsables principales de la solución de nuestros problemas. Y que deben velar por todos nosotros, lo que implica el sostenimiento de las organizaciones sociales que montamos en defensa de nuestros intereses.

A nuestra clase política le interesa fomentar esta idea, que es la que subyace en muchos de los debates políticos. Por eso es frecuente ver a políticos tan hinchados cuando inauguran una obra pública —a veces hay más políticos que metros cuadrados que inaugurar— que parece que la hubieran pagado ellos de su bolsillo. Tal es el mérito que pretenden atribuirse, aun cuando la desviación del gasto público se haya disparado o las cuentas públicas se hayan quedado hechas unos zorros por décadas. El engaño, hasta ahora, les ha funcionado.

Esta idea se combina con otra bien instalada en nuestro inconsciente colectivo, y que es igualmente perniciosa: la consideración de que nuestros poderes públicos no son una emanación de la sociedad, que ésta paga con sus impuestos y que todos los ciudadanos deberíamos de sentir como algo propio. Muy al contrario, toda la estructura administrativa en que se concreta se considera como algo ajeno a lo que hay que arrancar favores y prebendas, incluso con engaños si fuera necesario. El gasto público no se siente en el propio bolsillo, como si los recursos públicos no procedieran de los sufridos contribuyentes. La conocida sentencia de una exministra socialista, que afirmaba tan contenta que «el dinero público no es de nadie», refleja bien la mentalidad de demasiados españoles, incluyendo, por supuesto, la de los políticos que lo derrochan alegremente y que esperan además que les estemos agradecidos por gastar mal nuestro dinero.

Esta mentalidad contrasta profundamente con la de nuestros socios anglosajones o centroeuropeos, que son muy conscientes de la procedencia de esos recursos de las administraciones y de la necesidad, por tanto, de usarlos prudentemente y rendir cuentas. Por eso, el uso tramposo del gasto público en favor de intereses particulares es socialmente mucho más tolerado. Como también lo es la corrupción o el abuso en la utilización de las subvenciones públicas.

Pero la dependencia de las subvenciones no la sufren sólo grupos u organizaciones de base asociativa. La padecen, de forma muy semejante, los individuos o las empresas que han encontrado en el subsidio una parte esencial de su sustento. O incluso gran parte de la sociedad en territorios donde esta forma de vida, la «cultura de la subvención», está muy extendida, como en las zonas rurales de Andalucía y Extremadura.

La cultura de la subvención fomenta la dependencia del poder político subvencionador. El subsidiado no sólo prescinde de casi cualquier forma de rebeldía que no sea puramente cosmética, sino que matiza siempre las críticas para que su financiación no corra peligro. La subvención le convierte en cómplice o socio, como se prefiera. Y los gestores públicos lo saben bien.

Además, la subvención condena al mérito y al trabajo a ser virtudes secundarias. No son estas cualidades, sino la sumisión y complicidad con el nuevo señor feudal que es el subsidiador, lo que garantiza los recursos necesarios para la vida. La iniciativa empresarial, escasa en general en nuestro país, tiende a desaparecer en el subsidiado, que no se molesta en asumir los riesgos y esfuerzos necesarios para buscar otros medios de subsistencia, o crear empresas reales como fuente de riqueza, pues sencillamente no lo necesita. En España se dan casos de empresas que son especialistas en vivir de las subvenciones, algunas de las cuales no son capaces de facturar prácticamente nada.

El efecto a largo plazo es devastador. Las sociedades se vuelven indolentes, pierden iniciativa y fuerza, y ya no son capaces de desenvolverse sin la silla de ruedas del subsidio. La ambición de progresar, y el objetivo de hacerlo de la única forma que es sostenible a largo plazo, con empresas competitivas, quedan difuminados. La iniciativa privada, fuente esencial de riqueza de las naciones con economía de mercado, se atrofia. Y por eso esas ayudas y las dependencias que generan significan sólo pan para hoy y hambre para mañana. Se hipoteca el futuro a largo plazo.

El subsidiar a organizaciones o empresas ya existentes supone imponer una barrera de entrada a nuevos actores, pues éstos no pueden en principio competir con los subvencionados sin disponer de los generosos recursos de quienes ya tienen presencia e influencia. Es decir, supone competir en condiciones de desigualdad con los instalados en el sistema. Esta barrera impide la renovación de fuerzas e ideas que los nuevos actores podrían aportar, y adormece a los ya establecidos, que no tienen por ello que preocuparse de la competencia.

De esta forma deja de funcionar lo que Schumpeter denominó la «destrucción creativa» como factor económico de progreso que requiere la extinción de modelos de producción obsoletos para dar paso a otros nuevos más eficientes. Los antiguos modelos ineficientes y cada vez más oxidados desafían los nuevos tiempos sin necesitar adaptarse y mejorar, asistidos por las ayudas públicas. Y su subsistencia supone una barrera a las innovaciones positivas. Por último, su enorme cuantía y su falta de controles estrictos son un caldo de cultivo de la corrupción. Es el caso, por ejemplo, de varias empresas dedicadas a la minería del carbón en León, todas ellas imputadas por fraude en las subvenciones al carbón por el Juzgado de Ponferrada en León, y de doce empresarios de la minería, entre ellos Victorino Alonso, el emperador del carbón, más conocido entre los mineros como Don Vito Carbone.

Por todo ello las ayudas públicas han de ser distribuidas de forma muy excepcional y estudiada, con exquisito cuidado para que no produzca ese efecto adormidera en sus destinatarios. Porque en otro caso pueden ser un factor esencial de decadencia económica y social.

LA SUBVENCIÓN, EL NUEVO OPIO DEL PUEBLO: DEL PER A LOS ERE

Pongamos un ejemplo para comprobar cómo la subsidiación de gran parte de su población puede condenar a ciertos territorios al estancamiento y al atraso.

No hace falta explicar mucho, por resultar sobradamente conocido, en qué consiste el Plan de Empleo Rural, el famoso PER. En unos años en que la situación del campo andaluz podría haber llegado a ser explosiva, se decidió luchar contra los altos índices de desempleo mediante el fomento de la contratación de jornaleros eventuales. Sin embargo, las condiciones en que se hizo incrementaron mucho las posibilidades de fraude. Por trabajar 35 jornales al año (mes y medio escaso) se adquiría el derecho a recibir un subsidio de seis meses, es decir, cuatro veces más, con lo que con un poco de organización una familia media con varios jornaleros podía encontrar una forma cómoda y relajada de vida. Esto suponía, además, un agravio comparativo con cualquier otro trabajador, que debía trabajar y cotizar durante mucho más tiempo para adquirir derechos semejantes.

La consecuencia fueron los incentivos perversos: había pocos alicientes para trabajar más y dejar esta cómoda forma de subsistencia, sobre todo en una región como Andalucía, tan privilegiada desde el punto de vista del clima y de la calidad de vida. Las personas trabajadoras, que eran capaces de esforzarse y de asumir riesgos, se encontraban con unos vecinos relajados y felices, que podían vivir igual de bien con unas pocas peonadas, en demasiadas ocasiones falsificadas.

El efecto a lo largo de los años ha sido el estancamiento del campo andaluz y su escaso desarrollo y tecnificación, además de constituir un caso insólito en el mundo occidental, una región cuya proporción de población rural ha aumentado, en vez de disminuir en favor de la de las ciudades y de los otros empleos que las mismas ofrecen. Y, además, se ha convertido en un mecanismo perfecto de control del poder por un partido, el partido socialista, que no lo ha perdido desde 1980, gracias a este eficiente mecanismo clientelar de compra de votos. Un caso único en las regiones españolas. Estamos ante un sistema en que la oligarquía regional socialista, a pesar de sus frecuentes casos de corrupción, consigue la complicidad de una proporción de la población suficiente para asegurar su permanencia en el poder. Lo que, a su vez, supone un incentivo más para la corrupción, pues la tupida red de complicidades tejida a lo largo de los años prácticamente asegura la impunidad. Los perjudicados son los ciudadanos, a los que el sistema condena al estancamiento y al atraso, aunque aún no sean suficientemente conscientes de ello.

En este ambiente social tan salpimentado de picaresca, de fraude y de simulación, no es raro que haya sido precisamente Sevilla el epicentro de un caso tan grave de corrupción, de nepotismo y de aprovechamiento de recursos públicos por sus controladores, amigos, parientes y simpatizantes como el de los ERE de Mercasevilla, investigados por la juez Alaya. En esta trama de corrupción se han repartido una ingente cantidad de millones sin ningún control. La extensa red de complicidades puesta de manifiesto, que llega hasta los escalones directivos de la Junta, demuestra con claridad los demoledores efectos, no ya sólo económicos e institucionales sino incluso morales, que los excesos de los subsidios pueden tener en una sociedad.

AUTOFINANCIARSE PARA LIBERARSE

Esta situación reclama una acción decidida para regenerar tanto a sindicatos como a patronales, puesto que es poco probable que lo hagan por sí mismos. Se trataría de fortalecer su independencia respecto a los poderes públicos y garantizar que vuelvan a defender los intereses que les son propios.

Podemos aportar aquí varias sugerencias que pueden ir en la dirección correcta. Por ejemplo, la eliminación de la figura del liberado sindical a cargo de la empresa. Claro que podría acogerse esa figura en determinadas condiciones, pero a cargo de los propios trabajadores a los que debe defender y representar. En estas condiciones, ya se asegurarán de que cumplan con sus funciones si les están pagando de sus propios bolsillos.

De la misma manera, entendemos que estas organizaciones deben tender a financiarse de forma exclusiva con las cuotas de sus afiliados, con eliminación de cualquier subvención con cargo a los presupuestos públicos. Es el sistema, por ejemplo, de los sindicatos alemanes. Esto les dota de una formidable independencia del poder público y les exige la dedicación al interés de esos trabajadores, pues en otro caso se darían de baja o se cambiarían de sindicato. La dependencia económica respecto a sus representados y la permanente exigencia de éstos garantizaría que no se produjeran desviaciones sustanciales. Lo mismo cabe decir, por supuesto, de las organizaciones empresariales.

A ello hay que añadir la mejora de los mecanismos de transparencia y de control de sus cuentas. Al menos los grandes sindicatos, en los que esos mecanismos de control directo por los afiliados pueden presentar más complicaciones, deberían ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

Habría que suprimir de las partidas de los presupuestos públicos (y de los recargos correspondientes en las nóminas) las dedicadas a la formación de los trabajadores. Esos cursos de formación deberían poder pactarse libremente entre empresarios y trabajadores, sin perjuicio de ser favorecidos por beneficios fiscales o en las cotizaciones sociales. Y, en todo caso, prestarse en régimen de libre competencia. De la misma forma, procedería eliminar, por resultar algo injustificado que no hace otra cosa que fomentar la dependencia del poder político, los puestos asignados a los sindicatos en los consejos de administración de organismos públicos y entidades financieras, así como el concepto de «sindicato más representativo», bajo el cual se ocultan privilegios en favor de los grandes sindicatos tradicionales, cada vez más débiles, y se obstaculiza que surjan o crezcan nuevas fuerzas que cuestionen su hegemonía y su modo de proceder.

Por último, es necesario regular de manera adecuada el derecho de huelga, esa asignatura pendiente de nuestro régimen democrático que los sindicatos nunca han querido abordar, incluida la regulación de los servicios mínimos, cuando fueren necesarios por intereses sociales superiores, y la actividad de los llamados piquetes informativos, que demasiado a menudo encubren prácticas que poco tienen de tales. Simplemente para que su negociación caso por caso no se convierta en una moneda de cambio para arrancar otros beneficios a la Administración.

No existe nada como la dependencia económica para generar complicidades y confluencias de intereses. Si queremos crear una sociedad civil robusta, capaz de luchar por la regeneración política y económica del país, el primer paso es conseguir que sus principales agentes se coordinen con sus intereses, y no con los de sus élites extractivas, como ocurre ahora.

15

LA LEY DE LA CALLE

EL CONTRATO SOCIAL

En el verano de 2012, el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ocupó la finca Las Turquillas en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del Ejército, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le condenó a siete meses de prisión, junto con otras personas. El alcalde recurrió la sentencia, pidiendo al Tribunal Supremo su absolución al entender que su conducta no había de considerarse delictiva, porque, como alegaba su letrado, «no cabe duda de que si la soberanía popular reside en el pueblo y su voluntad se expresa por medio de los parlamentos integrados por representantes del mismo elegidos democráticamente, los ocupantes estaban cargados de legitimidad en su actuación».

Esta actitud es muy peligrosa para el Estado de derecho, porque transmite un mensaje claro con el que, por cierto, nuestro actual establishment estaría completamente de acuerdo: no importa saltarse la ley si la finalidad es buena. El problema es quién decide que la finalidad es buena o mala. Y puestos a saltarse las leyes, parece que los más fuertes siempre llevarán ventaja. Al vulnerar de esta manera tan manifiesta las normas más elementales de la convivencia, el señor Gordillo y otros como él olvidan que están minando simultáneamente la única defensa efectiva a medio y largo plazo frente a los abusos de poder, el derecho.

La cuestión es que no es nada evidente qué fines son los buenos (qué significa «el bien del pueblo»), quiénes los deciden y mucho menos claro es que puedan obtenerse sin perjudicar los intereses de otras personas. En definitiva, la realidad es que muchas veces, más que de fines buenos o malos, estamos hablando de intereses de unos o de otros.

Ya hemos reflexionado sobre la importancia del principio de legalidad, en cuanto implica la sumisión del poder a la ley. Este principio también es aplicable a cada uno de nosotros —incluso al alcalde de Marinaleda—, en la medida en que al constituir un Estado de derecho los ciudadanos renunciamos al ejercicio de la violencia que reinaría en el estado de naturaleza, para traspasar su monopolio al Estado, que lo ejercerá de acuerdo con unas normas previamente acordadas que están en la Constitución y en las leyes que la desarrollan. Que pueden prever en casos extremos la distribución de bienes de primera necesidad, pero que no prevé que la gente asalte supermercados.

A esto se referían los pensadores clásicos como Hobbes, Locke o Rousseau cuando hablaban de un contrato social constitutivo de las sociedades. Hobbes consideraba que los hombres, en el estado de naturaleza, cedían sus derechos individuales a un soberano fuerte a cambio de protección, y Locke creía que cada persona suscribía un contrato con las demás para establecer un determinado tipo de Gobierno con la posibilidad de modificarlo o incluso de abolirlo. Rousseau, por su parte, sostenía que los hombres, mediante un contrato social, renuncian voluntariamente a un estado de natural inocencia para someterse a las reglas de la sociedad, a cambio de obtener los beneficios mayores que son inherentes al intercambio social.

Sabemos lo que nos va usted a decir, que no recuerda haber firmado ningún contrato, esta situación se la han dado hecha. Y puede ser que a la hora de «firmar» ese contrato social original pesaran más las razones del fuerte que las del débil. Es decir, que cuando se generaron y perfeccionaron las estructuras que nos permiten vivir en sociedad, pues a eso se refiere la metafórica figura del contrato social, no todos estaban en condiciones de igualdad para influir en ese proceso. Y es que lo que es justo y conveniente para el señor Botín puede no serlo para mí. La única solución, como decía John Rawls, sería volver a una hipotética posición original dejando a un lado las capacidades y preferencias individuales, y que todos, situados bajo un «velo de ignorancia» (es decir, sin saber si nos va a tocar ser el presidente del Santander o un sencillo ciudadano de a pie), estableciéramos unos principios generales de justicia para ordenar la convivencia.

Pero como parece un poco difícil que podamos hacerlo, nos tendremos que conformar con mantener y mejorar los que tenemos. Así que es verdad que nos hemos encontrado con unas instituciones ya existentes y que nos gustan más o menos. El caso es que si no nos gustan mucho, o incluso nos parecen muy malas, habrá que usar los procedimientos que ellas mismas establecen para modificarlas. Parece lo más razonable. Eso de «yo no voté la Constitución y por eso no me vincula», argumento usado últimamente por los nacionalistas, no vale. No partimos desde cero. Tampoco hemos elegido a nuestros padres, ni nuestra nacionalidad, ni nuestro lugar de nacimiento. Pero están ahí, y si queremos cambiarlos, lo que no es nada fácil y en algún caso es imposible, habremos de hacerlo a través de los procedimientos previstos. Eso sí, conviene advertir que no parece muy conveniente hacerlo por capricho o por seguir una moda porque atenta contra nuestro propio «orden constitutivo».

¿CUÁNDO ESTÁ JUSTIFICADO UN LEVANTAMIENTO POPULAR?

Ahora bien, ¿es que no cabe levantarse contra la norma establecida en algún caso? ¿Nunca está justificado recurrir al levantamiento popular? ¿Ni siquiera cuando la reivindicación es justa y los poderes constituidos son opresores y tiránicos? Recientemente hemos visto algunos ejemplos de pequeños «levantamientos populares» muy sonados, como los del barrio del Gamonal, la llamada Marea Blanca frente a la privatización de la gestión sanitaria en algunos hospitales de Madrid o fenómenos como los escraches. En el ámbito internacional hemos sido testigos con simpatía de la Primavera Árabe o los levantamientos en Ucrania. ¿Es que estaría justificado en estos casos que la ley de la calle se imponga a la ley del Parlamento?

Para contestar a esta cuestión es necesario tener presente que el orden público es un presupuesto básico de la libertad civil. De hecho, el artículo 10 de la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 ya decía que «Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley». Y su artículo cuarto afirmaba: «La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley».

En una democracia, el orden público no deriva sólo de la imposición por el poder público de su autoridad y de su voluntad, sino que es una garantía y a la vez un límite de la libertad de cada uno. Si existe un procedimiento establecido en el contrato social (a efectos prácticos nuestra Constitución) para la creación de normas que vinculen a todos, y ese procedimiento es inclusivo, y permite que la voluntad de la mayoría se imponga a través de procedimientos representativos, no parece admisible que se imponga la ley de la calle. En otro caso estaríamos distorsionando ese contrato social, esa cesión de la violencia y de la libertad que todos hemos hecho al Estado para que imparta justicia y emita leyes generales.

Al menos ésa es la teoría. Lo que ocurre es que en la práctica las cosas no son tan fáciles, porque… ¿Quién determina si ese procedimiento es o no suficientemente inclusivo? Porque si no lo es en absoluto o no lo es lo suficiente parece claro que cierto derecho de resistencia estaría perfectamente legitimado, como los tratadistas clásicos han defendido desde siempre. Sería un poco ingenuo, además, ignorar que la Historia se ha movido gracias a revoluciones y revueltas, y que en muchas ocasiones la ley de la calle es lo que ha obligado a emprender reformas y cambios profundos. La Revolución francesa, pese a todas sus sombras, fue un conflicto social y político violento que produjo una serie de cambios trascendentales para la civilización occidental, destruyendo antiguas estructuras feudales y propiciando el advenimiento de la democracia y de los derechos del Hombre, al tiempo que triunfaban la clase burguesa y las ideas de la Ilustración.

LAS DEMOCRACIAS IMPERFECTAS Y LA LEY DE LA CALLE

Siendo esto así, parece que en las modernas democracias el derecho de resistencia y la ley de la calle deberían tener un papel puramente residual, dado que el soberano político es el propio pueblo, al que se considera autor de cualquier ley, suprimiéndose la dualidad entre gobernados y gobernantes, y también la distinción entre legitimidad y legalidad (que pretende restablecer el abogado de Gordillo), dado que todo procede del mismo origen. Digamos, pues, que no parece necesaria la ley de la calle cuando existen medios de participación política —pese a sus muchas imperfecciones— como la elección de los representantes políticos o la posibilidad de consultas, referéndums o iniciativas legislativas populares. E incluso si estas vías resultan insuficientes, todavía es posible canalizar la oposición popular mediante el ejercicio del derecho de manifestación y de reunión, y de los derechos de libertad de expresión y asociación. Éstos son, por cierto, los derechos que toda dictadura digna de tal nombre se apresura a reducir o eliminar.

Claro que a nadie se le escapa que cuando esas naturales imperfecciones se convierten en graves defectos estructurales, el número de personas dispuestas a negar el carácter inclusivo de las instituciones y, en consecuencia, su legitimidad democrática aumenta progresivamente. El riesgo evidente es que de los pequeños grupos antisistema se pase a grandes movimientos de indignados pertenecientes a capas cada vez más extensas de la población, cuya capacidad de crecimiento puede ser impredecible. Éste es un fenómeno ligado a los problemas que afectan a los sistemas democráticos en la mayor parte de los países del mundo y cuya manifestación es también global. Recordemos acontecimientos como las revueltas en Hamburgo, los riots de Londres, las revueltas de la plaza Taksim en Estambul o las de Brasil, ligadas al encarecimiento del transporte público, el movimiento de los indignados que afectó a diversos países, entre ellos España, el movimiento estadounidense Occupy Wall Street, las revueltas antiglobalización, etc.

El punto de conexión entre estos movimientos no parece fácil de hallar. A primera vista obedecen a diferentes motivaciones; unas veces responden a una represión política pura y dura; otras, a la oposición a reformas urbanísticas muy concretas, como la del centro comercial en el parque Gezi, junto a la plaza Taksim, en Estambul, la de Gamonal en Burgos, el Parque Augusta de São Paulo o la reforma integral de Hamburgo; también hay movimientos de protesta frente a las medidas adoptadas ante la crisis o antiglobalización. Y en otras ocasiones son simples NIMBY (siglas de «not in my back yard», es decir, «no en mi patio trasero»), movimientos que simplemente no quieren que determinados servicios comunes se instalen cerca de su casa.

Cabría pensar que estas revueltas están relacionadas con la crisis económica, pues la evidente pérdida de nivel de vida de amplias capas de la población, unida al incremento y la concentración de riqueza en porcentajes muy pequeños (el famoso 1 por ciento de la población americana), los rescates de las entidades financieras, los recortes de prestaciones sociales y de sueldos han creado un caldo de cultivo propicio. Pero no hay que olvidar que existe un gran descontento relacionado con la falta de posibilidades reales de participación política.

Efectivamente, según el informe Protestas Mundiales 20062013 publicado por Friedrich Ebert Stiftung, oficina de Nueva York,* entre esas dos fechas se han producido 843 protestas en 87 países, cubriendo el estudio alrededor del 90 por ciento de la población mundial. Resulta muy interesante la declaración que se hace en el informe sobre las causas de las revueltas: «Aunque la demanda amplia de justicia económica es de gran importancia, el dato que más da que pensar en el estudio es la abrumadora protesta (en 218 manifestaciones) sobre una falta de “democracia real”, resultado de la creciente concienciación entre la gente de que los Gobiernos y diseñadores de políticas públicas no han priorizado a la ciudadanía, de una frustración con los sistemas políticos tradicionales, y una falta de confianza en los partidos políticos en escena, sean de izquierda o derecha. Esta petición de democracia real y la crisis de representación política que expresa se manifiesta en sociedades con cualquier tipo de sistema político, no sólo en países con Gobiernos autoritarios sino también en democracias representativas que no escuchan las necesidades y visiones de la ciudadanía».

Es decir, se ha producido un incremento de las revueltas a consecuencia de la crisis económica, pero también porque existe una sensación general de falta de verdadera participación política en las democracias del siglo XXI. En nuestra opinión, esto es particularmente cierto en el caso español. La creciente desafección ciudadana, unida a la falta de transparencia de nuestros gestores públicos y de mecanismos efectivos de participación, añade además un elemento de sospecha muy eficiente a la hora de movilizar cuerpos y conciencias: la sombra de la corrupción es alargada. Por eso, es tan frecuente que un asunto puntual —la remodelación de un parque, una subida en el precio del transporte, un caso de maltrato policial— funcione como una chispa capaz de prender un gran tanque de indignación acumulada.

EL MOTÍN DE ARANJUEZ, VERSIÓN 2.0

El marqués de Esquilache, ministro de Carlos III, quería modernizar la villa de Madrid y erradicar el uso de la capa larga y el chambergo (sombrero de ala ancha), porque el embozo garantizaba el anonimato y permitía ocultar armas. La prohibición desencadenó importantes revueltas populares que desembocaron en la destitución del ministro extranjero y que pasaron a la historia con el nombre del motín de Aranjuez.

En realidad, la causa del motín fue el hambre debida a la liberalización de la tasa del pan, que había producido la duplicación de su precio en cinco años. El problema fue que no existía un verdadero mercado interior ágil ni de dimensiones nacionales para que se produjeran los efectos deseados de las medidas de liberalización adoptadas, ya que los acaparadores de trigo no tenían ningún incentivo para vender barato, y podían permitirse la especulación. El pueblo reaccionó ante lo que percibió como una dejación de sus deberes por parte de las autoridades públicas, en nuestro ejemplo, garantizar el abasto barato de bienes de primera necesidad.

Quizás esté ocurriendo en España algo parecido: la gente está pasando muchas necesidades y tiene la impresión de que las autoridades no cumplen de verdad con sus obligaciones. En los últimos tiempos hemos tenido movimientos de fuerte movilización en la calle de muy diverso signo que parecen responder a esta hipótesis, como los originados a consecuencia del hundimiento del Prestige, el llamado de la Marea Blanca en la Comunidad de Madrid contra la privatización de la gestión de la Sanidad o los impulsados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para paralizar los desahucios.

Sin embargo, sería ingenuo o interesado negar que en muchos movimientos late una profunda insatisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia y con la connivencia interesada entre políticos y determinados poderes fácticos.

Es interesante recordar el movimiento 15-M, o de los «indignados», que dio lugar a concentraciones y acampadas en la Puerta del Sol de Madrid que comenzaron el 15 de marzo de 2011, extendiéndose luego a otras ciudades de España con el objeto de promover una democracia más participativa y luchar contra la desigualdad económica. Alcanzó una gran repercusión nacional e internacional, pero acabó derivando en propuestas quiméricas o irrealizables y sus logros han sido prácticamente inexistentes. Sus actuaciones más llamativas fueron la ocupación de la vía pública y la resistencia ante el desalojo, que fue demorado por unas autoridades públicas temerosas y nerviosas por lo que pudiera pasar.

En 2014, en el barrio de Gamonal, en Burgos, se producen revueltas al reclamar los vecinos que no se construyera cierto aparcamiento que sospechaban favorecía a un empresario local muy poderoso. El caso es que la construcción de dicha obra figuraba en el programa electoral del alcalde, efectivamente, pero también lo es que el promotor era el señor Méndez Pozo, conocido dueño de medios de comunicación al servicio del PP y exconvicto condenado a siete años en 1994 por corrupción política. En este caso, los levantamientos, bastante violentos, consiguieron que el alcalde dejara sin efecto la obra.

Por último, recientemente, se ha puesto sobre la mesa la legalidad de otras formas de presión intermedias, los famosos escraches, que consisten en la manifestación ante el domicilio de ciertos políticos. La instigadora de esta nueva moda fue la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que protestaba —con bastante razón, todo hay que decirlo— por la cantidad de gente que se estaba quedando en la calle mientras las entidades financieras recibían importantes ayudas públicas. Lógicamente, a los políticos estas actuaciones frente a sus domicilios privados no les gustaron nada. Pero ¿constituyen un delito?

Pues bien, según el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de enero de 2014, que acepta el sobreseimiento provisional de las actuaciones motivadas por unos escraches realizados por la Plataforma ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, no hay ningún delito. Entiende que no existe una auténtica coacción y que el escrache es un mecanismo de participación democrática de la sociedad civil. Distintas instancias internacionales consideran que, aunque constituyan una manifestación colectiva de la libertad de expresión, para ser protegidos constitucionalmente tienen que tener una duración limitada, un objeto lícito y realizarse sin presión o acoso. Se trata, en definitiva, de determinar hasta dónde llega el derecho de expresión y de manifestación, y dónde empieza la coacción.

Pero lo cierto es que, pese a su vistosidad, los escraches han tenido un efecto muy limitado, casi nulo. También es verdad que la PAH consiguió algunas victorias parciales y mucha atención mediática, aunque no la victoria final, pues su iniciativa legislativa popular fue rechazada. Es más, este tipo de actuaciones, especialmente cuando se acercan a la delgada línea que las separa de las coacciones, han generado en sectores bastante amplios de la sociedad española cierto rechazo y han resultado un tanto contraproducentes. En último término han servido a nuestros políticos para recuperar una cierta legitimidad moral, al presentar a sus familiares como víctimas inocentes de la ira popular.

¿ES ÉSTA LA FORMA DE CAMBIAR LAS COSAS?

Nos parece que los ejemplos anteriores tienen una trascendencia y una naturaleza distinta. Todos los movimientos de protesta pacífica nos parecen no sólo respetables sino necesarios para la salud de cualquier régimen democrático digno de este nombre. La manifestación es un medio de participación política reconocido en nuestro texto constitucional y que, por mucha incomodidad que genere, forma parte consustancial del funcionamiento ordinario del Estado de derecho. Es más, lo que resulta extraño es que en una situación política y económica tan calamitosa como la que estamos viviendo no haya todavía más.

Ahora bien, las demostraciones violentas o las revueltas que se han vivido en países no democráticos hoy por hoy no parecen justificadas en nuestro país. En España existen todavía medios de participación política suficientes para canalizar la discrepancia e intentar cambiar las cosas, por desesperante que resulte muchas veces el autismo de nuestra clase política y por muy grande que sea el deterioro institucional. La ley de la calle puede que no sea un delito pero sí parece un error, y no porque no existan verdaderas y poderosas razones de fondo en muchos casos para este tipo de actuaciones, sino porque deslegitima de entrada los instrumentos jurídicos disponibles cuyo fortalecimiento resulta imprescindible para cambiar la situación. Pero también porque legitima el inmovilismo del que se quiere aprovechar de la actual situación de bloqueo institucional en su propio beneficio. Ya nos advertía con aires nietzscheanos la secretaria general del Partido Popular de que se trata de elegir entre «el PP o la nada».* Ante esta disyuntiva, no es de extrañar que mucha gente tenga miedo y todavía prefiera votarles. Y en último lugar porque a medio plazo resulta poco eficiente. Incluso en el mejor de los casos, cuando puntualmente tiene éxito la ley de la calle, es pan para hoy y hambre mañana. Una sociedad no puede resolver sus «ultimidades sociales», como las denominan los científicos de la política, a golpe de escraches. Esto es como operar a un enfermo con una sierra.

El problema que tenemos en España no consiste en la inexistencia de canales de participación política, sino en el hecho de que están obturados. El artículo 23.1 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Pero los mecanismos de participación directa como los referéndums están en desuso, salvo en Cataluña, o son muy complicados, como la iniciativa legislativa popular, que requiere la friolera de 500.000 firmas, muy por encima de lo que es habitual en otros países de nuestro entorno, y encima no puede versar sobre determinadas materias sensibles.

Quedan los mecanismos indirectos, es decir, los de la representación política. En la práctica, como venimos explicando en esta obra, han quedado reducidos al voto cada cuatro años, un voto a cuya captura dedican los partidos políticos todas sus energías. El problema es que, como también hemos comentado, nuestros apoderados van por libre, procurando no rendirnos cuentas y huyendo como de la peste de cualquier asunción de responsabilidad. En este contexto es fácil que se aprovechen de nosotros, los dueños. Pero es indudable que siempre podemos revocarles el poder y despedirlos; cosa distinta es que no nos apetezca, no tengamos el suficiente valor o pensemos que no hay apoderado bueno y para eso mejor quedarse con el malo conocido. Lo que no parece razonable es que en un ataque de ira les rompamos la crisma al descubrir que llevan años metiendo la mano en la caja.

Quizá ha llegado el momento de que nos percatemos de que como ciudadanos también tenemos unas obligaciones. Ser ciudadano cuesta esfuerzo y puede que algún disgusto. Es evidente que lo más cómodo, ante una situación que no nos gusta, es enfadarse y criticarlo todo, al modo de un niño que tiene una rabieta: esto nos hace sentir mejor y, quizá, no tenga ningún coste. O a lo mejor es preferible invadir los espacios públicos y acampar allí, intentando arreglar el mundo mientras se canta, se bebe e incluso se liga. Pero, claro, para cambiar las sólidas estructuras de la partitocracia probablemente sea poco eficiente, como decía el antiguo refrán, limitarse a cánticos regionales, insultos al clero y a la exaltación de la amistad.

El problema está en que para que cambien las cosas de verdad es preciso un esfuerzo mayor, y muchas veces hay que pagar un precio. No basta con dar voces. Aunque es más incómodo que pernoctar al aire libre en la Puerta del Sol, y bastante más aburrido, hay que hacer el esfuerzo de formarse una opinión sobre lo que nos está pasando y proceder en consecuencia. No basta con gritar que no nos representan, hay que dejarlo claro con los hechos.

Sin lugar a dudas, el establishment ha intentado atascar todos los canales de participación política dejándolos reducidos al formalismo de la votación cada cuatro años. Pero está en nuestras manos no aceptar esa situación, porque somos los dueños de la finca y podemos revocar el poder a nuestros agentes cuando queramos. Utilicemos el poder que tenemos. Por supuesto en las elecciones, cambiando el sentido de nuestro voto si lo que nos ofrece nuestro partido de siempre es más de lo mismo. Pero no sólo tenemos las elecciones: hay más medios de participación y presión, legítimos. Está la crítica, está la manifestación, está la reunión, está la asociación, está la sociedad civil. En definitiva, es preciso concienciarse, organizarse y luchar con las armas del Estado de derecho.

16

EL DERECHO EN SU SITIO Y LA DEMOCRACIA TAMBIÉN

NO TODO ES BLANCO O NEGRO

En España vivimos en un mundo en que si un determinado acto no encaja en un tipo penal (aunque sea por los pelos) y no es posible meter a su autor en la cárcel, resulta que aquí no ha pasado nada, y hasta hay que pedir disculpas. ¿No es extraño que entre la reprobación absoluta que implica el castigo penal y la total falta de responsabilidad jurídica, política y hasta cívica no haya ninguna zona gris?

Por supuesto que de esta anomalía quienes se benefician principalmente son los que mandan. Ya sea porque su conducta delictiva ha prescrito (dada la proverbial celeridad de nuestra judicatura) o simplemente porque no se puede probar con el rigor que exige el derecho penal para desvirtuar la presunción de inocencia, aunque la convicción general y el sentido común nos digan otra cosa. Resulta que si no se consigue probar en un juzgado de instrucción que el extesorero del PP repartía sobres entre los dirigentes del partido, que además pueden negarlo en sede penal para protegerse, resulta que no hay ninguna responsabilidad política que exigir, y encima va a haber que pedirles disculpas por haber sospechado de ellos. Aunque la única historia que cuadra sea la de que estos mismos dirigentes mantuvieron a su tesorero contra viento y marea precisamente porque temían que pudiera «tirar de la manta». ¿Qué otra explicación racional tiene la indemnización en diferido o los SMS de apoyo del actual presidente del Gobierno?

Ya hemos hablado de los casos del presidente de Telefónica o del exconsejero delegado del Banco Santander. El primero fue salvado in extremis de ser condenado por un delito de información privilegiada gracias a una sorprendente interpretación por parte del Tribunal Supremo del cómputo de la prescripción. Claro que peor todavía es que los accionistas de Telefónica no se hayan dado por aludidos, quizá porque pintan poco o quizá porque no hay nadie dispuesto a sancionar estas conductas en España de la manera en que se hace en otros países: cambiándose de compañía. Así que no nos podemos asombrar de que el código ético de Telefónica se inicie con una carta del presidente, el señor Alierta, en la que afirma que «nuestra reputación se construye y se ve afectada por decisiones y acciones tomadas por cada uno de nosotros». Pues bien, en España, si no hay cárcel no hay reputación que sufra. E incluso cárcel mediante, véase por ejemplo el caso de Mario Conde intentando liderar un partido regeneracionista.

En cuanto al señor Alfredo Sáenz, abandonó su puesto de consejero delegado del Banco Santander años después de ser condenado por un delito con una indemnización estratosférica a cargo de los accionistas y entre loas de su presidente, el señor Botín. Nada raro desde el momento en que él mismo mantenía ocultas al fisco español cuentas millonarias en Suiza. Es más, su hermano Jaime (expresidente de Bankinter), cotitular de las famosas cuentas y sancionado por información falsa por la CNMV, no tiene ningún reparo en pontificar desde la prensa nacional —en concreto desde El País— denunciando la hecatombe ética que nos afecta.

Fijémonos por último en el caso de la infanta. Parece que basta que termine siendo exonerada en el proceso penal para que desaparezcan todos los problemas de la Corona, cuando la relación de hechos del sumario es lo suficientemente aterradora como para merecer una respuesta firme de la institución con independencia de su resultado.

HAY VIDA MÁS ALLÁ DEL DERECHO

Y es que el derecho es necesario, pero no suficiente. Hay cuestiones que no están contempladas en el Código Penal o incluso en el resto de leyes como sancionables, pero que simplemente no son aceptables. No lo es que personas imputadas formen parte de las listas electorales o que grandes empresas estén dirigidas por personas condenadas por sentencia firme. De esta forma establecemos unos estándares muy bajos para el cumplimiento de nuestro derecho y de los valores que lo sustentan. Si basta con no ser un delincuente para ser un buen gestor o un buen político, o simplemente para ser un gestor público o un político, o rizando el rizo, si no delinquir te convierte en un gestor ejemplar, pues apaga y vámonos.

Por no hablar de la judicialización hasta un extremo insoportable de los principios básicos del funcionamiento de un Estado de derecho y de la responsabilidad de nuestros políticos y gestores. ¿Quién va a decidir si el derroche de dinero público es o no delito? Pues nos tememos que no va a ser la colapsada Administración de Justicia española, y menos los juzgados penales con el trabajo que ya tienen, entre otras cosas persiguiendo la corrupción ligada a la política.

Es más, puede que las leyes resulten inoperantes si no hay una conciencia social que reclame su cumplimiento. No todo depende de la fuerza coactiva de la norma, pues las personas hábiles y malintencionadas son capaces de idear mecanismos para cumplirlas formalmente pero evitar su eficacia, como hemos visto que sucede con las normas sobre incompatibilidades o de conflicto de intereses, por ejemplo.

E incluso puede llegar a ocurrir que el derecho esté de más. Quizá hayan observado ustedes el curioso fenómeno que se da en las comunidades de propietarios cuando se empeñan en aprobar un reglamento de régimen interior que regule pormenorizadamente toda actividad posible, lo que entraña cierto riesgo si hasta el momento esas cuestiones se habían arreglado pacíficamente gracias a la buena educación y al respeto mutuo entre vecinos, ya se trate de la recogida de basuras, de sacar sillas a la piscina o de poner música rock a toda pastilla a altas horas de la noche.

Es difícil garantizar una buena convivencia en una sociedad si todo lo fiamos a la Guardia Civil. No se puede meter a todo el mundo en la cárcel ni acudir para todo a los tribunales. Un elemento fundamental en toda sociedad sana es el de la confianza mutua, que se genera cuando esperamos que los demás cumplan con su palabra y no sólo con sus obligaciones jurídicas. En este sentido cabría exagerar diciendo que el derecho es la patología de la ética.

No es posible vivir en paz y en libertad sin una mínima coherencia ética, sin unos valores que funcionen como un hilo conductor de nuestras vidas, aunque pueda adaptarse a las circunstancias. Es preciso, como recuerda Zygmunt Bauman, encontrar unos criterios morales que permitan ordenar la conducta humana, pues probablemente sea difícil volver a metarrelatos de otras épocas, a las anteriores explicaciones universales del mundo que nos lo daban todo hecho.

En conclusión, el individualismo de nuestra época, como nos recuerda el filósofo Javier Gomá, ha llevado a distinguir dos ámbitos vitales: el público, regido por multiplicidad de normas que el Estado impone con su fuerza coactiva, en el que cumpliendo las obligaciones jurídicas, aunque sea porque no hay más remedio, nos consideramos «inocentes»; y el privado, en el que existe una anomia absoluta derivada de la liberación del individuo, en el que rige el principio de que es lícito cualquier comportamiento que no perjudique a un tercero.

La lucha durante los últimos tres siglos del hombre occidental por liberarse de todo tipo de opresión —ideológica, religiosa, social, cultural, económica— ha sido todo un éxito. Pero hay que seguir buscando una verdadera emancipación moral. Nos hemos librado de algunas ataduras morales que a modo de riendas sujetaban al individuo disciplinándole —incluso en la esfera privada—, pero todavía no somos capaces de «sujetarnos» nosotros mismos.

Seamos sinceros, los españoles somos tolerantes con la defraudación fiscal («¿con IVA o sin IVA?»); con la indolencia (ese café interminable o el «certifica, que ya firmaremos el acta»); con la impuntualidad («quedamos de diez a diez y media»); con la falta de responsabilidad («quisiera poner la casa a nombre de mi tía porque es posible que me embarguen»); con el daño al patrimonio común («el grafiti es una expresión artística»); con la falta de respeto al descanso de los demás (la fiesta en la calle hasta las cuatro de la mañana); con la ineficacia (el mítico «vuelva usted mañana»); con la picaresca (Pedrosa copia en el examen de patrón de yate y sigue siendo un héroe, Messi defrauda impuestos sin penalización social alguna), y con tantas otras cosas. Ello es el espejo donde se miran nuestras élites. Y, después de todo, no se ven tan feas.

¿SON LAS ÉLITES UN REFLEJO DE LA SOCIEDAD?

No obstante, nuestras élites no hacen bien en mirarse en ese espejo y pensar que, después de todo, se parecen tanto a la sociedad de la que salen. Y es que lo que hacen y dicen es muy importante, porque sirven de ejemplo —o de contraejemplo— para lo que nosotros hacemos y decimos. Nos guste o no, tienen mucha influencia en nuestras vidas. El papel de las personas que ocupan posiciones de poder puede ser extremadamente vertebrador o desvertebrador de una sociedad, y cuando lo que vemos es tan poco ejemplar desde todos los puntos de vista, las consecuencias negativas son muy importantes. La solución no es seguir aprobando leyes y medidas de regeneración al peso, sino más ejemplaridad, más dimisiones cuando proceden, más espíritu de servicio y más sacrificios por el bien general.

En conclusión, tenemos que ser mucho más exigentes con nuestras élites y no pasarles ni una. Porque la realidad es que, aunque nos quejamos mucho, luego nos resistimos a castigar los abusos y las infidelidades de nuestras élites donde más les duele. El señor Camps fue reelegido en Valencia por mayoría absoluta cuando ya había saltado el escándalo de los trajes y sus relaciones con la trama Gürtel. Los partidos, razonablemente, extrajeron la conclusión obvia: la corrupción no supone un coste electoral. Los clientes no se han llevado en masa sus depósitos del Banco Santander, asustados ante las prácticas de su cúpula directiva, ni han penalizado a Telefónica por las andanzas de su presidente y por haber mantenido en nómina unos cuantos años al yerno del rey. Las conclusiones son obvias también: es más importante tener contento al rey que a los usuarios, y si tienes cuentas en Suiza a la gente le da igual, ya les gustaría a ellos poder hacer lo mismo.

En último término, si nuestras élites no nos gustan probemos a cambiarlas. Quizá cambiar a la gerontocracia del Ibex no esté en la mano ni siquiera de sus accionistas de referencia, pero ciertamente cambiar a nuestros políticos sí que lo está. Ya va siendo hora de dar una oportunidad a los nuevos partidos, aunque sólo sea para ver si esta amenaza supone un incentivo para la regeneración de los viejos.

LO QUE HAY QUE VOTAR Y LO QUE NO HAY QUE VOTAR

¿Se imagina usted que cuando entrara en un quirófano para una operación delicada los médicos, los enfermeros, el gerente, el personal auxiliar de servicios varios y hasta los pacientes que esperan su turno votasen primero cuál es la mejor manera de proceder en su caso? No resulta demasiado tranquilizador. Las razones son claras: en cuestiones técnicas, y más si nos la jugamos, mucho mejor que decidan sólo los expertos.

Quizás uno de los problemas mayores que ha tenido nuestra joven democracia es un exceso de democracia en lugares donde no procedía, y un defecto de democracia allí donde era indispensable.

En un país que ha sufrido tradicionalmente periodos muy largos de Gobierno despótico o autoritario y periodos mucho más breves y excepcionales de libertad —con una cierta tendencia al exceso, precisamente por su propio carácter excepcional—, la palabra «democracia» es casi un amuleto mágico. Si algo es democrático es bueno por definición, lo que se decide por votación vale más y es mejor que lo que se decide sin votar. Pero hemos llegado al punto de madurez ciudadana suficiente en que podemos preguntarnos sin temor a que nos tachen de autoritarios o fachas si realmente la democracia vale para un roto y para un descosido. En definitiva, podemos preguntarnos: ¿hay que votarlo todo? O para ser exactos: ¿qué es lo que debemos votar?

La contestación parece relativamente sencilla. Las cuestiones científicas y técnicas no se votan. Aunque los creacionistas americanos crean otra cosa, el origen de las especies no se decide por votación. En cambio, en el otro extremo, resulta indispensable votar qué líder de un partido político va a presentarse a unas elecciones. Aquí siempre se nos va la mano en la dirección contraria: votamos lo que no tiene mucho sentido votar y no votamos —o votamos a ciegas y sin un debate riguroso, lo que viene a ser lo mismo— cuestiones esenciales para nuestra convivencia y para nuestro futuro.

De esta forma, nos consideramos muy democráticos porque votamos sobre cuestiones que por su carácter histórico, técnico o científico no son susceptibles de votación o, para ser más exactos, a las que el resultado de la votación no va a afectar ni poco ni mucho. Por poner ejemplos reales, en España se vota sobre el carácter fascista de la conquista de Granada por los Reyes Católicos, o —con cierta recurrencia, además— del levantamiento militar de Franco. Éstas pueden ser cuestiones apasionantes, sin duda, pero sobre todo para los historiadores y algunos hooligans despistados.

En cualquier caso, lo que voten o dejen de votar nuestros representantes políticos sobre estos u otros temas similares, aparte de servir para animar una tertulia o enfervorizar a los más acérrimos, no tiene mucho más recorrido, qué le vamos a hacer. Los historiadores no van a comenzar sus tesis diciendo «el levantamiento del 18 de julio, cuyo carácter fascista fue votado por mayoría absoluta en el Parlamento español el día…». De la misma manera, por muchos coloquios y simposios que financie la Generalitat de Cataluña para demostrar que lo sucedido en 1714 fue en realidad una agresión española a Cataluña, y no un episodio de la guerra de Sucesión española, o por muchos votos que consiga la primera de las tesis en el Parlament, es poco probable que los investigadores o estudiosos se la tomen muy en serio.

En cambio, hemos expulsado de la esfera y del debate público temas esenciales, y eso que tenemos más parlamentos por cabeza que nadie en el mundo conocido. Claro está que en estos parlamentos se votan «prietas las filas», sin un previo debate informado y de calidad; y no será por falta de temas tanto a nivel nacional como regional. Piensen que tenemos encima de la mesa desde la pretendida secesión de una comunidad autónoma hasta el futuro de la Monarquía, pasando por la reorganización territorial, la reforma de las administraciones públicas, la Sanidad, la Educación, la quiebra de las cajas de ahorros, el paro, las pensiones o la corrupción. Casi nada.

No es que de estos temas no se hable. Todo lo contrario, se habla y se debate muchísimo en la calle, en internet y ahora hasta en los medios de comunicación. Hasta los debaten nuestros representantes políticos, pero preferentemente fuera del hemiciclo, a puerta cerrada o en reuniones más o menos secretas, ya se trate del llamado proceso de paz en Euskadi o de la «cuestión catalana». No sólo hablan los políticos entre sí, también lo hacen con gente importante, preferiblemente en comidas o cenas privadas. Donde no se debate de estos temas es precisamente en las instituciones diseñadas para hacerlo. Todo un ejercicio de democracia.

Tenemos un presidente del Gobierno que se jacta de esa «discreción» que aleja del debate público y democrático los temas sensibles —claro que prácticamente todos lo son a estas alturas—, y no considera que se trata de una aberración desde un punto de vista democrático. Claro que también considera un mérito que en su partido no haya que debatir nada y que todo se decida a dedo, aunque, para ser justos, esta actitud la comparten los dirigentes de los grandes partidos, en los que hay un miedo cerval a la democracia interna.

En resumen, muchos ciudadanos de buena fe nacidos o educados bajo el franquismo no hemos sabido ver lo que hoy parece evidente: que la democracia es imprescindible para tomar algunas decisiones, mientras que no pinta nada en otras. Que no podemos confundir ser democráticos con votar al tuntún sin ningún tipo de criterio. Quizá votar un informe técnico —o directamente saltárselo— sobre la solvencia de un empresario amigo que pide un préstamo a una caja de ahorros no entrañe tanto riesgo como votar cómo se debe operar en un quirófano, pero no está de más recordar que este tipo de comportamientos ha llevado a conceder préstamos ruinosos a empresas de gente como el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (hoy en la cárcel), por una entidad como Bankia, la ex Caja Madrid, cuyo rescate ha costado miles de millones de euros a los contribuyentes.

No podemos seguir tolerando que las cuestiones más importantes se hurten a los ciudadanos y se decidan en los pasillos, y no siempre por nuestros representantes electos. Que las cúpulas lo decidan todo y que los diputados sólo sirvan de autómatas obedientes que no tienen, menuda paradoja, ni voz ni voto en sus propios partidos.

En último término, y poniendo las cosas en contexto, aunque en España tenemos problemas específicos muy graves en relación con la falta de democracia interna de nuestros partidos políticos, hay que recordar que estamos presenciando un cambio de paradigma a nivel internacional, en la medida en que se está poniendo en cuestión el modelo mismo de democracia representativa que ha estado vigente durante la segunda mitad del siglo XX y que se ha quedado muy corta para las aspiraciones de los ciudadadonos del siglo XXI.

LA SOCIEDAD QUIERE MUCHO MÁS

Y es que los ciudadanos de las democracias representativas del siglo XXI nos hemos vuelto bastante más exigentes frente a nuestros representantes políticos. Probablemente hay varios factores que contribuyen a esta situación, pudiendo citarse la profundidad de la crisis económica y el creciente aumento de las desigualdades, las cada vez mayores exigencias de transparencia y rendición de cuentas, y, sobre todo, la aparición de numerosos instrumentos tecnológicos que facilitan la información instantánea, y la participación y la expresión de las opiniones de los ciudadanos a través de internet.

Si uno se fija cuando va por la calle, se dará cuenta de la cantidad de gente que camina a la vez que consulta su dispositivo móvil; pero también de la que es capaz de andar y escribir a la vez. Estamos muy acostumbrados a opinar, participar e interactuar con el mundo mundial sobre cualquier tema que nos interese gracias a una pléyade de dispositivos móviles interconectados. Estamos tan enganchados que estamos dispuestos a asumir el riesgo de tropezar o caernos en un socavón antes que desconectarnos. Y la política no se queda al margen, como es lógico. ¿Qué es eso de que los políticos que nos representan nos digan que toca o no toca abordar un tema determinado? Toca cuando los ciudadanos quieren, no cuando a ellos les viene bien, faltaría más. Y si no lo entienden así, la conclusión es muy clara, y es la que aparece en las pancartas de las manifestaciones: no nos representan. Y es que los políticos ya no trabajan en un parlamento distante donde llegan las cartas de los electores a uña de caballo, o en diligencia o ferrocarril: viven en un mundo donde las opiniones de sus votantes están a un golpe de clic, sometidos al «me gusta» o «no me gusta».

En conclusión, los ciudadanos queremos participar en los asuntos públicos de manera mucho más activa y más directa, y no limitándonos a votar cada cuatro años, y menos a unos partidos que nos presentan además unas listas cerradas elaboradas por sus cúpulas. Las nuevas tecnologías nos lo permiten. Por esta razón están cambiando el modo de hacer política, y todavía lo harán de forma más intensa en los próximos años. Incluso podemos alentar la ilusión de la vuelta a un sistema idealizado de democracia directa o asamblearia, modelos que han sido inviables en los Estados modernos por una simple cuestión de escala. Piénsese que en la democracia directa ateniense —una potencia de la época— no votaban probablemente más allá de treinta mil varones adultos y que en el resto de las polis griegas el número podía rondar los mil o mil quinientos.

Pero más allá de la ilusión, lo cierto es que muchas de estas aspiraciones de participación política pueden materializarse fácilmente gracias a las nuevas tecnologías, con lo que implican de capacidad de informarse y expresarse por medios alternativos a los controlados por el poder, y por lo que significan de capacidad para presionar y para participar en los asuntos públicos por medios alternativos a los que deciden los partidos políticos. El que una metedura de pata en Twitter pueda acabar con la reputación de un político, de forma más efectiva y rápida que una actuación penosa en el Parlamento, da idea de su importancia.

EL PARTIDO C’EST MOI

En una partitocracia como la española, si un partido gana las elecciones (y más todavía si lo hace por mayoría absoluta) es posible que una persona, o un grupo reducido de personas, acumule muchísimo poder. Dado que en el partido sólo manda una persona, o a lo sumo una pequeña camarilla, y no hay controles internos ni externos, es inevitable que se produzca una deriva autoritaria y el ambiente en el partido acabe pareciéndose sospechosamente a la corte de Versalles, con sus favoritos, sus cortesanos y hasta sus bufones. Efectivamente, al inutilizarse o colonizarse los sistemas de contrapesos previstos constitucionalmente, lo único que de verdad cuenta es la autoridad de los supremos líderes del partido. El único contrapeso real, que no formal, es el que resulta de la existencia de los poderosos barones o líderes territoriales, de ahí que en ocasiones se hable de una «partitocracia de taifas».

Hoy, sin embargo, cabe pensar que esta partitocracia se encuentra en su fase terminal, sometida como está a las derivas del clientelismo y de la corrupción sistémica, a las que ya no son capaces de poner coto unas instituciones gravemente deterioradas y ocupadas por los propios partidos políticos y una Administración de Justicia politizada y colapsada. No es de extrañar que esta partitocracia sea objeto de la creciente desafección de una ciudadanía que ha pasado del asombro a la indignación.

En nuestra opinión, el mal funcionamiento de los partidos políticos españoles es uno de los problemas más graves que nos han llevado tanto esta situación como a las dificultades que estamos experimentando para salir de ella, problema éste que enlaza directamente con el de la mediocre calidad de nuestra clase política. Como bien destaca Luis Garicano en su libro El dilema de España, la comparación de la cualificación de los miembros de nuestros últimos Gobiernos con los de países a los que tendemos a considerar como «menos avanzados», como Chile, ponen de manifiesto esta situación. La causa última de este mal funcionamiento es que no hay verdadera democracia ni cultura democrática allí donde debería haberla en grado sumo, que es en el seno de los propios partidos políticos.

Se trata de un problema gravísimo sobre el que conviene llamar la atención y al que urge poner remedio, por la sencilla razón de que un Estado democrático de derecho no es viable con partidos políticos sin democracia interna. Esta falta de democracia interna es la que impide los debates públicos, la necesaria renovación de los cargos, la sana competencia entre candidatos alternativos, la exigencia y depuración de responsabilidades, y la que, en suma, favorece un sistema de selección adversa por cooptación donde son promocionados los más leales, menos críticos y menos capaces.

Los partidos políticos son imprescindibles en una democracia representativa, pero el problema es que si se convierten en partidos que defienden intereses particulares, clientelares o de grupos particulares en detrimento del interés general, la democracia se degrada y se transforma en una partitocracia. Hoy, en España, lo que realmente se dirime en unas elecciones es saber quiénes conseguirán un cargo, quiénes gestionarán la licitación pública, las subvenciones y la regulación y en beneficio de quiénes. No hay propuestas políticas de calidad o reformas de verdad y a medio plazo, dado que nadie tiene los incentivos o la capacidad de ocuparse. De ahí que las ocurrencias o las improvisaciones sean moneda corriente en la política española y que el «sálvese quien pueda», ya sea buscando acomodo en las listas europeas, en organismos internacionales o en empresas privadas, esté a la orden del día. Por esa razón, conviene detenerse en el origen de este mal funcionamiento.

LA FALTA DE DEMOCRACIA INTERNA

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES Y SUS CONSECUENCIAS

En resumen, nos hemos confundido con el sitio de la democracia. Hemos pensado que por votar el carácter genocida de la Reconquista española o los informes sobre la solvencia del solicitante de un crédito en una caja de ahorros éramos más democráticos que nadie. Y hemos consentido que se dejase primero de debatir y luego de votar, o que se votase siempre por unanimidad lo que previamente había decidido el líder de turno (con resultados que harían palidecer de envidia al Partido Comunista Soviético en los buenos tiempos del camarada Stalin) en el seno de los partidos políticos españoles. De forma inevitable, al debilitarse y desaparecer la democracia interna en los partidos políticos, se ha ido debilitando y desapareciendo en los grupos parlamentarios, en los parlamentos nacional y autonómicos, y en los debates públicos.

Pues bien, ahora que nos toca replantear prácticamente todo lo que parecía sólido, por utilizar la feliz expresión de Antonio Muñoz Molina en su libro del mismo nombre, conviene empezar por el principio. Y en el principio están los partidos políticos, consagrados en el artículo 6 del Título Preliminar de la Constitución como instrumento de expresión del pluralismo político, y cauce fundamental para la participación política de los ciudadanos con la finalidad de concurrir a la «formación y manifestación de la voluntad popular» y cuyo funcionamiento interno «deberá ser democrático».

Lamentablemente, lo que dice la Constitución sobre los partidos políticos tiene poco que ver hoy con la realidad. Podemos afirmar que nuestros partidos funcionan muy mal, carecen en absoluto de democracia interna —digan lo que digan sus estatutos—, de mecanismos de depuración de responsabilidades y de cauces de participación para la ciudadanía. Los sistemas de designación de los candidatos son casi exclusivamente a dedo, de modo que no hay competencia real entre personas y proyectos. El sistema de elaboración de las listas lo deja meridianamente claro. Quien decide quién va (o no va) en las listas es el dedo divino del líder. Los intereses a los que se atiende en primer lugar son los de la cúpula del partido, no ya los del partido y no digamos del electorado. De ahí que, por ejemplo, puedan encabezar las listas al Parlamento Europeo venerables figuras históricas de los grandes partidos, en pos de una jubilación dorada, o incluso personas políticamente amortizadas, por no hablar de cuñados y demás familia.

No sólo eso, el debate público y abierto, y las votaciones libres e informadas resultan insoportables dentro de los partidos, hasta el punto de ser consideradas como una amenaza para la misma existencia del partido, aunque en realidad lo son sólo para sus cúpulas directivas. Y si eso es así para los que ocupan cargos en el partido o los afiliados, no digamos ya para los simples simpatizantes, afines o electores. Un ciudadano inquieto que no busque un cargo público sino un marco de discusión política para sus proyectos e ideas no tiene nada que hacer en una agrupación del PP, del PSOE o de CiU. Por su parte, los militantes tienen o aspiran a tener un cargo público o han conseguido su trabajo gracias al partido.

En este mundo cerrado los que no pretenden nada tan concreto como un sueldo público son sospechosos. Por eso tampoco hay posibilidad real de que los partidos se abran a la sociedad civil; como mucho, los partidos —sobre todo los de izquierda— intentarán ocupar los movimientos que proceden de la sociedad civil para sus propios fines, en ocasiones con éxito más que notable.

Los asuntos más graves se silencian. El caso Bárcenas, por ejemplo, no existe oficialmente para la cúpula directiva del PP, porque nunca se ha discutido ni se ha pronunciado sobre él. Lo que dice el presidente del partido se acepta como la verdad revelada y se repite por los profetas y corifeos espontáneos o a sueldo merced a los argumentarios que se les facilitan al efecto. Sin debate no hay posibilidad de rendición de cuentas ni de exigencia de responsabilidades. El poder de las directivas es omnímodo, porque de ellas dependen las carreras y los sueldos de todos. Y son bastantes los que no tendrían una alternativa profesional razonable al cargo o sueldo público, al haberse dedicado siempre a la política.

Hoy tenemos en España una clase política formada por personas que deben su cargo o su empleo al favor político. Esta clase abarca desde los conserjes del famoso expresidente de la Diputación de Ourense hasta el presidente del Tribunal Constitucional, exmilitante del PP, pasando por los miles y miles de cargos públicos de todas las administraciones, y por numerosos empleados públicos.

Este colectivo ha acabado replicando las características del caciquismo español tradicional, cuyo interés particular consiste en mantener la situación actual, convertido en una auténtica élite extractiva que se resiste ferozmente a cualquier cambio que pueda acabar afectando a su statu quo, aunque sea de manera indirecta.

La pregunta es, entonces: ¿cómo conseguir que los partidos políticos sean más democráticos y transparentes?

ADIÓS A LA AUTORREGULACIÓN

La primera reflexión es que los partidos no deben autorregularse, sino que deben estar regulados desde fuera, por la ley. Los partidos son entidades especiales que tienen el monopolio de la representación política y que se financian principalmente con fondos públicos. La Ley de Partidos Políticos debería exigir a estas instituciones transparencia y democracia interna, con el fin de fomentar el debate, la circulación de ideas y de personas, y la competencia entre iniciativas diversas. Así es como funcionan las democracias de los países de nuestro entorno, tengan o no leyes específicas. El diseño español actual, por el que se concede a los partidos una enorme libertad de autorregulación, además de tener una explicación histórica está obstaculizando la salida de la crisis.

Consideramos que la actual Ley de Partidos Políticos es totalmente insuficiente, en la medida en que las disposiciones recogidas en la ley en cuanto a la organización, funcionamiento y actividades de dichas organizaciones son muy pocas y tienen un carácter genérico, por lo que sigue permitiendo la existencia de un gran ámbito de discrecionalidad en cuanto a la organización, actividades y funcionamiento interno. Y, sobre todo, no hay ninguna posibilidad de garantizar el cumplimiento de las que se establezcan.

Así, se prevé un órgano asambleario de carácter participativo general al que se reservan las competencias más relevantes en la vida del partido, se establece el sufragio libre y secreto como medio ordinario de cobertura de los puestos directivos, se prevé la censura democrática de los mismos, se reconocen algunos derechos que se consideran básicos dentro de cualquier ámbito asociativo y que deben disfrutarse por igual, como el de participar en la elección y ser elegibles en los órganos, o los de información de las actividades, de la situación económica y de las personas que configuran los órganos directivos, y se determinan algunas reglas básicas de funcionamiento y régimen de las reuniones de los órganos colegiados. Lo cierto es que, más allá de que estas normas se respeten más o menos formalmente en los estatutos de los distintos partidos, no hay ninguna garantía de que se cumplan. O para ser más exactos, pueden incumplirse sin ningún tipo de consecuencias, ni jurídicas ni políticas.

Por este motivo, sería muy necesario que una regulación externa (es decir, una ley) contemplase expresamente una serie de obligaciones muy concretas, y también de sanciones muy concretas en caso de incumplimiento. Las obligaciones estarían referidas a cuestiones tales como la celebración de congresos cada dos años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija; la reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija (incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto); la composición de los congresos (con un número proporcional al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito); la composición de los órganos de control; la limitación de mandatos; la elección de los órganos ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso, y la elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias.

En cuanto a la financiación de los partidos, se establecería el mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas, la elección de los interventores por parte de los distintos niveles del partido, la obligación de realizar auditorías anuales por empresas independientes previas a la presentación de las cuentas (cuentas que en todo caso deberán ser aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido) y la constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.

¿Muy ambicioso? Quizá, pero el saneamiento interno de los partidos políticos es urgente. Por lo demás, la mayoría de estas obligaciones existen en los ordenamientos jurídicos de otros países de nuestro entorno, particularmente de aquellos que, como Alemania, han vivido escándalos de corrupción ligados a la financiación de los grandes partidos.

En cuanto a la transparencia, conviene recordar que si bien es cierto que la nueva Ley de Transparencia establece también obligaciones para los partidos políticos (junto con los sindicatos y las organizaciones empresariales), va a tardar todavía mucho tiempo en entrar en vigor (diciembre de 2014 para el ámbito del Estado y diciembre de 2015 para el ámbito autonómico y local), y no contempla mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento y sancionar el incumplimiento.

Probablemente en este ámbito, como en tantos otros, lo que pueda decidir a los grandes partidos a realizar un ejercicio de transparencia sea la presión de la opinión pública o la competencia con otros partidos que sí estén dispuestos a activar mecanismos de democracia interna o a enseñarlo todo… empezando por sus cuentas.

Invitamos a los lectores a entrar en el verdadero corazón de las tinieblas: la financiación de los partidos políticos.

LA NECESARIA TRANSPARENCIA: LA FINANCIACIÓN

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS

Hace unos meses, las cuatro grandes auditoras de España se negaron amablemente a realizar la auditoría externa de las cuentas del Partido Popular cuando su secretaria general lo propuso como solución para atajar el escándalo relacionado con el extesorero del PP y la supuesta financiación irregular del partido. No puede sorprender mucho el que estas grandes empresas no estuvieran dispuestas a dejarse la piel (y el prestigio) camino del campamento del comandante Kurtz… o del comandante Bárcenas.

Por otra parte, la alegación de que no podía haber irregularidad alguna puesto que las cuentas del PP estaban auditadas internamente y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, aunque con un enorme retraso, ya no convencía a la ciudadanía, y con razón. Ya hemos hablado del Tribunal de Cuentas. Pero desde luego si algo han demostrado los casos Bárcenas, Palau y tantos otros que afectan a la financiación de los partidos políticos es que en España esta financiación sigue siendo un pozo oscuro del que mana una abundante fuente de corrupción. Los supuestos instrumentos de prevención, fiscalización y control simplemente no funcionan.

Recordemos que hasta el presidente del Gobierno ha defendido en sede parlamentaria la llamada «teoría del fusible». Según esta tesis, el único que debe fundirse y responder —judicial y políticamente— en una situación en la que se descubre la financiación irregular y/o contabilidad B en un partido político ligada a la concesión de contratos o favores políticos (pay to play) es su tesorero. Dado que los órganos internos y los dirigentes del partido no suelen aprobar formalmente la contabilidad y no hay auditorías de verdad, si pasa algo los dirigentes están a salvo: va a ser difícil probar que alguien más en el partido tuviera conocimiento de las posibles irregularidades salvo que les hayan grabado las cámaras o pescado in fraganti con los sobres en la mano. Por si acaso, se ha borrado el disco duro de los ordenadores del PP y ha desaparecido el libro de visitas. No hay que extrañarse de que el señor Rajoy declarase tan tranquilo a la cadena Bloomberg que no le podrían probar nada, ya se han ocupado de ello en su partido.

A nosotros —y a la cadena Bloomberg y otros grandes medios internacionales, porque ya sabemos que los de casa son más comprensivos— no nos parece verosímil que un tesorero pueda montar él solo una trama de financiación irregular en su partido a cambio de contratos o favores públicos durante más de veinte años, enriqueciéndose de paso espectacularmente de forma harto sospechosa sin que nadie se entere, especialmente sus jefes, incluidos los que cobraban sobresueldos. En ese sentido, las declaraciones del presidente Rajoy en el sentido de que los secretarios generales de su partido «no tenían por qué estar encima de las cuentas» es muy ilustrativa. En definitiva, como no hay instrumentos legales que obliguen a nadie a «estar encima de las cuentas» en un partido político, siempre se puede alegar que no se ha podido probar que la manzana podrida —eludiendo las leyes de la naturaleza— haya contaminado al resto de las manzanas del cesto. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para mantenerla dentro, por cierto.

En conclusión, dado que en el mundo no existe ninguna entidad mercantil o no mercantil (fuera de los partidos políticos españoles) en la que la gestión económica y la contabilidad se delegue totalmente en una única persona, podemos presumir que, cuanto tal cosa ocurre, existe una clara voluntad de permitir o de tolerar una financiación no ortodoxa, por decirlo de manera prudente. Financiación que, no lo olvidemos, concede una ventaja competitiva nada despreciable a quien la obtiene sin al parecer más riesgo de que se funda el fusible y haya que cambiarlo por otro.

EPÍLOGO

LA HISTORIA (INACABADA)

DE UNA CAJA ESPAÑOLA

A lo largo de los diferentes capítulos de este libro hemos intentado demostrar una tesis muy simple: que la única respuesta posible a la pregunta (bastante retórica por cierto) que figura como su título, es… no. Al menos no hay, en España, un derecho digno de una democracia avanzada. Pero todavía queda por demostrar algo casi más importante: que el que lo haya o no importa, y mucho; que la vida ciudadana puede ser muy distinta en un caso o en otro, y que el futuro de nuestro país puede decidirse precisamente en esa diferencia.

Para ello hemos decidido escoger como ejemplo el caso de una pequeña caja de ahorros de provincias. Se ha dicho ya muchas veces que la captura, expolio y destrucción de las cajas de ahorros por nuestra partitocracia y sus clientelas constituyen una alegoría perfecta de nuestra profunda crisis institucional, moral y política. Normalmente es muy difícil transformar fenómenos sociales complejos en ideas simples, fáciles de comunicar y aprehender. Pues bien, la debacle de las cajas en España, con todo lo que ha supuesto de enorme pérdida asistencial, cultural y financiera para muchas comunidades españolas, presenta al menos la ventaja de constituir una fotografía muy nítida del comportamiento habitual de nuestras élites extractivas.

Sin duda podíamos haber escogido entre muchas de ellas. Hay casos de gran relumbrón, como el de Caja Madrid, donde los personajes principales de la trama —Blesa, Aznar (padre e hijo), Rato, Aguirre…— darían a nuestra narración el empaque de los grandes relatos trágicos… o bufos. Pero la ventaja de decidirse por una pequeña caja, como es Caja Segovia, es que permite apreciar sin interferencias de ningún tipo la podredumbre del sistema, por un lado, y el enorme daño social que ha supuesto, por otro. El que ese daño quede impune o no es precisamente la diferencia de escenario que ahora les proponemos.

PRIMERO, LA HISTORIA

Como tantas otras cajas, Caja Segovia nació en la segunda mitad del siglo XIX con el fin de paliar la secular usura que lastraba el campo español, y que alcanzaba a veces el estratosférico interés de real por duro mensual, es decir, del 60 por ciento anual. Bancos, propiamente dichos, no los hubo en España hasta la repatriación de capitales tras el desastre del 98, y aun así no tenían por objeto conceder préstamos a particulares; su vinculación era con la industria, especialmente la industria pesada. Caja Segovia nació de la manera más humilde posible: un conjunto de personas bien intencionadas se reunieron e invitaron a los segovianos a dar algo de lo que les sobraba para poder establecer un Monte de Piedad. Cuando inició su andadura sólo contaba con 14.586 pesetas (de ellas, 717 fueron recaudadas en una velada músico-literaria organizada en su favor en junio de 1877). El día de su apertura se formalizaron dos préstamos por valor de 70 pesetas y cuarenta imposiciones que ascendieron a 168 pesetas.

La Caja fue creciendo a base de súplicas a los vecinos para que suscribieran nuevas acciones y obligaciones. Los segovianos dieron la talla, a veces triplicando el importe de las emisiones solicitadas, mostrando desde el principio una enorme solidaridad con los fines sociales que ésta pretendía. Poco a poco, el acudir al Monte de Piedad para empeñar bienes de la más variada procedencia a cambio de préstamos a corto plazo terminó desplazando completamente a la tradicional usura. Pero, aun cuando los intereses eran infinitamente más bajos, a veces la desgracia impedía recuperar los bienes pignorados. Para paliar tal triste efecto en la medida de lo posible, desde el rey Alfonso XII hasta ciertos notables segovianos, incluido el Ayuntamiento y la Diputación, acostumbraban a rescatar artículos empeñados en beneficio de sus propietarios hasta el importe de 1,5 pesetas.

Tras la guerra civil, la Caja dejó de ser una sociedad de accionistas, y en el Consejo entraron representantes del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Diócesis, de la Cámara de Comercio, del Colegio de Abogados y de la Inspección de la Enseñanza Primaria. Pero es en esta época cuando empieza su gran expansión. Con el desarrollo de la economía española, las cuentas de ahorro y las imposiciones a plazo sustituyen a los empeños. Se abren sucursales en distintos pueblos de la provincia: en 1952 en Cantalejo y Riaza, en Cuéllar el año siguiente y enseguida en muchos más. En la Caja encuentran los agricultores de la provincia el único socorro financiero y también el único asesoramiento digno de ese nombre. Empezó así a gestarse una relación de confianza que iba a durar muchas décadas, pero que con el tiempo iba a terminar convirtiéndose en una trampa mortal.

En esa época comienzan también las actividades culturales de la Caja, especialmente en el ámbito editorial, centrado en la historia, la literatura, la agricultura, el arte popular y la naturaleza de la provincia. De ahí se pasó pronto a la docencia, siempre al lógico estilo de la época: la Escuela de Obreras, la Granja Escuela y los Centros de Formación Familiar. Siguieron becas y premios para alumnos de enseñanza media y superior. En 1969 se financia la apertura de un Colegio Universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, primer centro de esta índole en la provincia. Unos años antes se había iniciado la obra social para la protección y ayuda a la tercera edad o, más simplemente, a los ancianos, como se decía entonces.

En el año 1956, la Caja se suma a los esfuerzos de restauración del riquísimo patrimonio segoviano, comenzando por la Sala de las Piñas del Alcázar. A partir de ahí, iglesias, capillas, palacios, hasta la propia Catedral. En 1973 adquiere uno de estos palacios para su restauración, el Torreón de Lozoya, al que desgraciadamente tendremos que referirnos más adelante, destinándolo a centro de exposiciones. Al poco tiempo ya era un centro artístico de gran trascendencia, dentro y fuera de la provincia, que llegó a acoger muestras de primerísima fila: Zuloaga, Miró, Esteban Vicente, Tàpies, Viola, Feito, Antonio López, Chillida, Sempere… Sin olvidar a los mejores artistas locales del momento. La Caja creó también su propia colección pictórica (y escultórica) a lo largo de todos esos años, desde primitivos catalanes y valencianos que complementaban a los castellanos, hasta las acuarelas de Pérez de Castro, pasando por los grandes murales en grisalla descubiertos en el palacio de Villafañe siguiendo las indicaciones del Marqués de Lozoya…

Para qué seguir. Mucho es lo que hizo la Caja por los segovianos, desde la ayuda financiera a las capas más humildes de la sociedad a la difusión del arte de vanguardia, desde la promoción del deporte popular a la educación, desde la conservación del patrimonio artístico hasta la preservación de la cultura segoviana en todas sus manifestaciones. Si se lo hubieran anticipado a esos diez benefactores que firmaron la primera acta el 24 de junio de 1877, quizá no se lo habrían creído. Pero, sin duda, aún menos se habrían creído lo que pasó luego.

LUEGO, EL EXPOLIO

No sería justo acusar a la democracia de no haber sabido conservar este regalo. Primero, porque lo hizo durante algún tiempo. Segundo, porque lo que pasó más tarde no tiene nada que ver con la verdadera democracia (que sabe siempre dónde está su sitio). Más bien, si con algo tiene que ver es con su perversión, de la que hablábamos en el capítulo anterior.

El origen del problema hay que encontrarlo en la Ley 31/1985 sobre órganos rectores de las cajas. La exposición de motivos nos avisa ya de que persigue la cuadratura del círculo: lograr simultáneamente «la plena democratización de los órganos rectores», conciliar esa democratización con las exigencias de una gestión eficaz y adaptarse a la nueva estructura territorial del Estado delegando ciertas competencias en las comunidades autónomas. Sobre el papel se diseña un marco aparentemente equilibrado entre la asamblea general, el consejo de administración («constituyéndose con criterios de equilibrio entre los grupos en representación de la Asamblea») y la comisión de control, pero en la práctica la poderosa trituradora que es nuestra partitocracia clientelar borra por completo cualquier diferencia. Los partidos, en realidad los caciques locales, toman paulatinamente posesión de las cajas y empiezan a repartirse el negocio, con mayor o menor discreción. Lo mejor de todo es que no le tienen que rendir cuentas a nadie… porque ellos mismos son los que están replicados en todos los lados del poliedro: en los órganos internos, por supuesto, pero también en los externos, ya sean los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas, los sindicatos, etc. La ruptura entre el agente y el principal (entre los gestores y los intereses públicos) viene a ser total.

Pero, sin duda, lo que termina de cebar la bomba es la burbuja inmobiliaria. Como han demostrado con su brillantez habitual Luis Garicano y Jesús Fernández-Villaverde, la burbuja creó una apariencia de prosperidad que impidió que esa ruptura entre agente y principal resultase evidente. Los errores, incluso los disparates, no eran sancionados por el mercado, al menos no inmediatamente. Se perdieron por completo la noción de proporción y la prudencia, hasta ese momento características de las cajas, y se emprendieron aventuras sin justificación financiera ni geográfica. La burbuja originó además una tentación de dinero rápido y fácil absolutamente irresistible para los caciques locales. El resultado fue el previsible: cada grupo de amigos, normalmente articulado en torno a un partido político, emprendía aventuras particulares con la aquiescencia de los directivos de la Caja, que miraban para otro lado mientras simultáneamente engordaban sus bolsillos con la complicidad de los consejeros políticos, que miraban para otro lado mientras… en un círculo perverso potencialmente explosivo para el futuro de las cajas.

Caja Segovia no fue precisamente la excepción. Dado que el PP es dominante en la región, fue ese partido el que se llevó la parte del león, pero, sin duda alguna, con la complicidad y colaboración de los socios del PSOE, que también pillaron lo suyo. En los años previos a la crisis, el hombre fuerte del PP en Segovia es Atilano Soto. Reúne bajo su mando la presidencia de la Diputación Provincial de Segovia y la presidencia de la Caja. Además, cuenta con el apoyo incondicional de otro segoviano notorio: Jesús Merino, consejero de obras públicas de la Junta y posteriormente diputado del PP hasta que tuvo que dimitir como consecuencia de su implicación en la trama Gürtel.

Entre los dos quieren hacer negocios, lo que en ese marco de incentivos no tiene otra traducción que el consabido pelotazo inmobiliario con beneficios y comisiones para todos. El más escandaloso de ellos se articula a través de una sociedad denominada Segovia 21, en la que se designa a Atilano presidente del consejo de administración y consejero-delegado, a razón de 120.000 euros al año. El terreno elegido es nada menos que la finca de Quitapesares, 116 hectáreas de gran valor histórico y ecológico a los pies de la sierra de Guadarrama, en donde se acababan de plantar once mil robles, fresnos y encinas con fondos europeos. El que la finca perteneciese a la Diputación Provincial facilitaba las cosas, dado que Atilano es su presidente, pero aun así era necesario descatalogar el monte. Para eso la colaboración de Jesús Merino resulta esencial. Pese a las objeciones de los ingenieros segovianos, el jefe de Valladolid se desplaza en persona y emite un informe ad hoc. En 2002 se inician las descatalogaciones parciales y en 2004 el monte está completamente descatalogado y listo para la desbrozadora.

En diciembre de 2002 se contratan los servicios de asesoramiento, gestión y planificación del proyecto con Fomento Territorial, S.L., una empresa perteneciente a Elías Benatar, gran amigo de Jesús Merino desde la época en la que éste era el consejero más influyente de la Junta. Como consecuencia de este contrato, que se mantiene en vigor hasta 2012, Fomento Territorial cobra a Segovia 21 en torno a unos 800.000 euros anuales. No está nada mal. Pero lo cierto es que a Benatar estos euros le debieron parecer pocos, porque cuando se produce en 2012 —a la vista del fiasco final— el cambio del equipo directivo de Segovia 21, Fomento demanda a esta sociedad para que le siga pagando. La demandada reconviene y el titular del Juzgado n.º 1 de Segovia ordena no sólo que no procede abonar nada más, sino que Fomento Territorial debe restituir a Segovia 21 la friolera de 4.200.000 euros. Concretamente, la sentencia dice que «estos hechos evidencian que en concepto de gestión integral del proyecto urbanístico se ha duplicado el pago de importantes cantidades que moderadamente deberán computarse como pagos indebidos». Menuda contabilidad llevaban en Segovia 21 que se les pasaron facturas indebidas por 4,2 millones de euros. Eso sí que es un despiste «moderado», como dice la sentencia. Lo que resulta una verdadera pena es que Fomento Territorial no pueda ya devolver nada porque no quedó ni un triste euro en sus cuentas.

Pero lo más interesante de todo es que Fomento subcontrataba algunos de sus servicios. En concreto, pagó facturas por «servicios prestados» a tres sociedades, Serrano 50 Global Consulting, Algaba Consultores y Everland, por un importe en torno al millón doscientos mil euros. El titular real de esas sociedades, directamente o a través de familiares y testaferros, era… Sí, lo han adivinado: Jesús Merino. Las mismas sociedades que utilizaba para ingresar el dinero derivado de sus relaciones con la trama Gürtel facturaban a Fomento Territorial, es decir, a Segovia 21. Luego, dado que ya no queda nada en la caja de Fomento, hay que deducir que parte de esos pagos indebidos duplicados autorizados por Atilano en su condición de consejero delegado terminaron en el bolsillo de Jesús Merino, sin ninguna conciencia por su parte, por supuesto. Y si terminaron en el bolsillo de alguien más —ya sea por el cauce de Merino o de Benatar—, sólo Bárcenas lo sabe.

Pero éstos no son los únicos amigos beneficiados en la trama, faltaría más. Hay que añadir a José Luis Ulibarri, un íntimo de Correa también imputado en la trama Gürtel y propietario de un pequeño imperio mediático en la región puesto al servicio del PP, que resulta adjudicatario del contrato de obra pese a que su oferta fue superior en dos millones de euros a la mejor de las veintitrés presentadas. Y también a un grupo de empresarios (integrados en una sociedad denominada Segóbrida del Eresma) conectados con el inefable Merino y con el conocido constructor y propietario de medios de comunicación regionales, de nuevo al servicio del PP, Méndez Pozo (promotor, por cierto, del proyecto Gamonal, que casi incendia Burgos), que entran en la operación comprando parcelas y acciones de Segovia 21.

Pero en 2010, tras tres años de crisis, estos empresarios están muy preocupados. Quieren salir del desastre con la menor pérdida posible, pero si incluso se puede sacar algo, pues… se agradece, evidentemente. Así que el consejo de administración de Segovia 21 les proporciona una solución: acuerdan aceptar en pago, con destino a autocartera, las acciones de la propia sociedad adquiridas por Segóbrida, a cambio de liquidar la deuda derivada del precio pendiente por la adquisición de las parcelas. No sólo se les facilita una salida a una imposible situación empresarial en perjuicio de los demás socios, sino que la compra es por un precio casi dos millones de euros superior al que correspondería si tenemos en cuenta las pérdidas del ejercicio del año 2010 conforme a la contabilidad social.

Mientras el presidente y el PP estaban ocupados con Segovia 21 y otros temas conexos, en el sector del PSOE el vicepresidente de la Caja, Manuel Agudíez, exsenador y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Segovia, se dedicaba a sus propios negocios, que casualmente pertenecían al mismo género: el pelotazo inmobiliario.

La operación era también muy sencilla. Consistía en comprar a una sociedad dedicada a los prefabricados los 83.000 m2 donde está situada su fábrica, a las afueras de Gijón (localidad situada a 402 kilómetros de Segovia), con el objeto de construir 1.200 viviendas. A ese fin se constituye la sociedad compradora, Navicoas Asturias S.L., en la que como titulares últimos participan la Caja y unos socios andaluces. El vicepresidente del primer consejo de administración es Manuel Agudíez, a título personal y con cargo retribuido, claro. Se cierra la operación de compra de los terrenos por cien millones de euros (aunque una parte del precio queda aplazado) y se concierta un préstamo sindicado de ochenta millones para financiarlo. De la gestión se ocupan los andaluces y se firman los contratos de gestión correspondientes.

Pero al poco tiempo surgen problemas. Es necesario trasladar la fábrica a otro lado y no hay acuerdo entre las partes. Va pasando el tiempo y en 2008 estalla la burbuja. En 2010, cuando el suelo en España sólo sirve para plantar patatas, los andaluces (que además son los que gestionan la operación) quieren salir como sea de Navicoas. Normal. Nadie daría un duro por que lo consigan, pero… al igual que ocurrió precisamente durante esas mismas fechas con los empresarios de Segóbriga, aparece un caballero blanco al rescate: sí, lo han adivinado, la propia Caja Segovia. Efectivamente, en julio de 2010, en el erial que es España y su sector inmobiliario y financiero, Caja Segovia compra un buen porcentaje de una sociedad completamente endeudada, titular de 83.000 m² de terrenos inviables jurídica y económicamente. Además de comprar esa participación se indemniza a los amigos andaluces por la resolución de los contratos de gestión (¡menuda gestión!) con 560.000 euros y, además, se les libera de las garantías prestadas al sindicato de bancos financiadores. ¿Cómo consiguieron convencer los andaluces a ese caballero blanco? Por mucho que le hemos dado vueltas no lo sabemos.

Pero todo es susceptible de empeorar. La operación se diseñó jurídica y fiscalmente de forma tan desastrosa que Hacienda niega la aplicación del régimen fiscal especial a una fusión instrumental realizada durante el proceso y gira a Navicoas una liquidación nada menos que de 64 millones de euros del ala, incluida la sanción. Imagínense el nivel de pánico reinante entre los consejeros de Navicoas, entre los cuales sigue estando el vicepresidente Manuel Agudíez. Se negocia duramente con Hacienda y ésta accede a reconocer que en 2007, cuando se hace la operación, los terrenos ya no valen los cien millones de euros que costaron un año antes, sino dieciocho (se comprenden ahora las prisas de los andaluces por abandonar el barco), por lo que baja la liquidación a casi siete millones. Pero Navicoas está en concurso y no puede atender sus pagos, y menos uno de esta cantidad. Al haberse traspasado el negocio financiero a BFA y luego a Bankia (incluyendo las participaciones de Navicoas), se pretende que sea esta última la que pague (al fin y al cabo había adquirido todo el negocio de la Caja, para bien y para mal), pero Bankia dice que ni hablar, que pague la sociedad, que para eso es una sociedad con responsabilidad limitada, y si no puede… que se vayan preparando los consejeros.

Como pueden imaginar, esta respuesta deprime bastante a Manuel Agudíez. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes? Pues muy sencillo, existe un interesante artículo en la Ley General Tributaria (el 43) que declara responsables subsidiarios de la deuda tributaria a los administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica en determinadas situaciones que enumera, entre las que se encuentra la actuación negligente. Pónganse ustedes en su lugar: ¿qué les parecería ser consejero de una sociedad insolvente que debe a Hacienda casi siete millones de euros? Como para ponerse un poco nervioso, ¿no? Agudíez comprende inmediatamente que para liberarse de ese riesgo personal necesita otro caballero blanco que acepte asumir la deuda porque sí. Parece una misión imposible, pero asombrosamente aparece un caballero blanco al rescate: sí, aciertan otra vez, Caja Segovia.

No es una broma. Pese a que Hacienda todavía no ha comunicado su intención de derivar la responsabilidad fiscal a nadie, se plantea en el consejo de administración de Caja Segovia de 17 de julio de 2012 que la entidad —como administrador de hecho, pese a que había otros de derecho con nombres y apellidos— asuma el cien por cien de la deuda, pese a que también había otros socios, y la pague de inmediato, sin esperar ni un minuto, por la vía de pedir un préstamo a Bankia e hipotecar en garantía, entre otros inmuebles históricos, el famoso Torreón de Lozoya anteriormente citado, emblema de la Caja y de la ciudad de Segovia. El Consejo aprueba la propuesta por unanimidad.

Pero el esperpento continúa. El escándalo es tan monumental que, a finales de 2012, diez exconsejeros denuncian al ya expresidente Atilano y al exsecretario Fernando Tapias bajo la acusación de haber falsificado las actas. El caso cae en el Juzgado n.º 5 de Segovia y el juez, después de leer las actas y escuchar algunas grabaciones, no se cree nada de la falsificación. Al contrario, no sólo desestima lo de la falsedad, sino que imputa a todos los consejeros, incluidos los denunciantes, por posible delito societario según el artículo 295 del Código Penal.

Pero mientras todo esto ocurría, se preguntarán ustedes, ¿qué hacían los directivos de la Caja? ¿Qué hacía el director general de la entidad? ¿Le parecía normal todo esto?

El director general, Manuel Escribano, junto con otros siete directivos, estaba mientras tanto muy ocupado limpiando la caja de la Caja como para preocuparse de estas minucias. Con la complicidad del Consejo de Administración y de la Comisión de Retribuciones diseñaron para los ocho un plan de prejubilaciones y de jubilación para el que aportaron en total la friolera de 34 millones de euros de dinero de la entidad: 34 millones para ocho personas.

En 2008 se había admitido por la Comisión de Retribuciones que pudiera instarse la prejubilación «en aquellos supuestos en los que se produzca algún tipo de unión, integración o coparticipación en un proyecto empresarial común con otras entidades». Es decir, cuando la Caja dejara de existir como tal (en 2008 ya se presumía dentro de la entidad que a ésta no le quedaba mucha vida independiente). A razón de millón y medio anual, a finales de 2010 ya se habían pagado unos seis millones de euros para esa dotación a un fondo de la Caja, pero lo cierto es que la cuantía se antojaba escasa y el riesgo de dejar de percibir sus prejubilaciones resultaba bastante elevado. Así que el 22 de diciembre de 2010 (fecha posterior a la integración en el Sistema Institucional de Protección, el SIP), la Comisión de Retribuciones autoriza a externalizar el pago de las prejubilaciones en una compañía de seguros evitando de esta forma el riesgo para sus directivos de que llegado el momento no hubiese liquidez en la caja (¡enorme clarividencia!); pero es que, además (¡fenomenal despiste!), no fijaba ninguna cifra concreta ni ningún límite a esas retribuciones. Así que, aprovechando la oportunidad, los directivos aportan de golpe once millones de euros, lo que hace una cifra total de más de diecisiete millones.

A nadie le puede extrañar conocer que esa Comisión de Retribuciones estuviera integrada por Atilano Soto, Manuel Agudíez, por el director general de la Caja, Manuel Escribano, y por el secretario general Antonio Tapias. Unos días después de que se reúna el Comité de Retribuciones, lo hace a su vez el Consejo de Administración de la entidad, de nuevo presidido por Atilano Soto, y del que forma parte Pedro Arahuetes, exalcalde de Segovia por el PSOE. Pues bien, no sólo ratifican todas las decisiones del Comité de Retribuciones, sino que además aceptan la solicitud de prejubilación de Escribano y Tapias con efectos inmediatos.

Con las jubilaciones ocurre algo parecido. En los años 2000 y 2001, el Consejo de Administración había autorizado a los directivos a suscribir unas pólizas de seguro para atender a sus jubilaciones. Hasta ahí, todo normal. En realidad, demasiado normal, porque solamente se había consolidado un millón y medio de euros. Ante el inminente fin de la Caja se decide apretar el acelerador. El 3 de enero de 2011, justo antes de abandonar la oficina para siempre, Manuel Escribano aporta a su póliza individual la cantidad de seis millones de euros, elevándola a un total por primas pagadas de más de ocho millones, y ese mismo día contrata también un incremento de la renta anual vitalicia garantizada del 20,78 por ciento. ¿El objetivo? Cobrar 800.000 euros al año el resto de su vida. Los demás directivos, entre el 3 de enero y el 4 de mayo de 2011 aportan casi seis millones de euros a su póliza de jubilación. Todo ello mientras el neto patrimonial de la Caja pasaba de 320,9 millones de euros en 2009 a 125,6 millones en 2010, y finalmente absolutamente a nada tras la integración en Bankia en 2011.

El resumen de este increíble esperpento es que nadie controlaba a nadie, porque en el fondo el objetivo era común: exprimir la gallina hasta matarla. Mientras los líderes del PP y del PSOE de la provincia se entretenían con sus proyectos para ellos y sus amigos y los directivos limpiaban la caja, al resto de consejeros se les entretenía con viajes «de formación» cuanto más lejos mejor. Tanto en el glaciar Perito Moreno como en San Petersburgo, en Estocolmo o en Budapest, los consejeros tuvieron grandes oportunidades de formarse a costa de la Caja durante los años de la crisis, pero con escasa rentabilidad para la entidad, al menos si pensamos en los resultados. En el año 2008, cuando Lehman ya es historia, viajan a Venecia medio centenar de personas. Alquilan un palacio para ellos solos y llegan a él desde su hotel de cinco estrellas en diversas góndolas, una para cada equipo (PP, PSOE, etc.). Allí les reciben con trompetas y con ristras de collares de Murano para las señoras. Hay que esperar a que la prensa local se haga eco de todo esto para enterarnos, además, de que intentaron colocar estos viajes como cursos de formación para no tributar como retribuciones en especie…

Mientras los consejeros y directivos se formaban de esta manera, el Banco de España remitía ese mismo año 2008 un requerimiento a la caja en la persona de su presidente, Atilano Soto, señalando que pese a las reiteradas advertencias realizadas en años anteriores sobre el elevado volumen de operaciones comprometidas con el sector promoción-construcción, el riesgo en ese sector había crecido un 135 % desde 2005 (un 314 % desde 2002), hasta alcanzar los 1771 millones de euros, lo que «ha elevado sensiblemente el perfil de riesgo de la entidad, por lo que se hace perentorio la fijación de límites internos más estrictos…» Verdaderamente, no sabemos qué resulta más deprimente, si la ingenuidad y pasividad del Banco de España, o la desfachatez de los responsables de la caja.

Hoy la Fundación Caja Segovia no tiene más patrimonio que unos cuantos inmuebles hipotecados, entre ellos el famoso Torreón de Lozoya, cuyo crédito puede terminar en cualquier momento en poder de un «fondo buitre», si no lo está ya. Los segovianos, por su parte, se han quedado sin la Caja, pero como entrañable recuerdo todavía conservan en su poder más de doscientos millones de euros en participaciones preferentes y otras obligaciones subordinadas, la mayoría de las cuales colocadas a minoristas que han perdido de esa manera gran parte de sus ahorros. Precisamente, al mismo tipo de personas a los que, hace más de un siglo, la Caja pretendió ayudar emancipándoles del engaño y del abuso practicado por usureros y otras gentes de mal vivir que se aprovechaban de su posición dominante en perjuicio de todos.

AHORA, EL FUTURO

Mucha gente piensa que lo más importante en estas situaciones de crisis es mirar hacia el futuro y adoptar las medidas necesarias para que tales cosas no vuelvan a suceder. Si lo que ha fallado en el caso de las cajas de ahorro es la excesiva dependencia de la política autonómica, la falta de preparación de los gestores, la ausencia de límites a la expansión geográfica o al tipo de negocio propio de estas entidades, entonces la solución es diseñar una norma que salga al paso de todas estas deficiencias. Así lo hace la nueva Ley 26/2013, de 27 de diciembre, que exige una vinculación de su actividad financiera con las necesidades de los clientes minoristas, que impide que realicen sus actuaciones fuera de la comunidad autónoma o de las provincias limítrofes, que impone que todos los miembros del consejo cuenten con conocimientos específicos para el ejercicio de sus funciones, que existan consejeros independientes, etc.

Estas medidas son necesarias, qué duda cabe. Pero pensar que con ellas basta es no comprender en absoluto el crucial papel que cumple el principio de responsabilidad en cualquier sociedad. Sin él, cualquier medida legislativa, cualquier reforma, por muy bien intencionada que sea, estará condenada necesariamente al fracaso.

Son muchos los caminos por los que debe discurrir la responsabilidad, como hemos visto en el capítulo anterior, pero el derecho es uno de los principales instrumentos para asegurarla en las sociedades democráticas. Si el derecho no funciona, no hay ninguna posibilidad de regeneración, por muy bien que diseñemos a priori las reglas de nuestra convivencia. Para demostrarlo, queremos terminar proponiéndoles un sencillo experimento: poner punto final a la historia de Caja Segovia desde la cómoda atalaya del año 2020, distinguiendo dos escenarios, uno en el que no hay derecho y otro en el que sí lo hay. Compruébenlo, es muy sencillo: al final depende de nosotros mismos.

AÑO 2020

ESCENARIO 1

En los Juzgados de Instrucción 2 y 5 de Segovia se iniciaron en 2011 y 2013, respectivamente, dos procedimientos penales contra los responsables del hundimiento de la Caja, en gran parte gracias al trabajo abnegado de una serie de ciudadanos que por su cuenta se empeñaron en investigar y denunciar el conjunto de tropelías que acabamos de examinar.

En el número 2 se instruía el caso de las remuneraciones por jubilación y prejubilación del equipo directivo. Se procedió a la imputación del exdirector general y de los miembros del Comité de Retribuciones y del Consejo de Administración que adoptaron los acuerdos que facilitaron el expolio. Pero lo cierto es que el procedimiento fue sobreseído. El asunto era complejo y consumía muchos recursos de un juzgado pequeño. El fiscal estaba próximo a la jubilación y poco motivado al respecto. En la duda, además, no hay que olvidar que Segovia es una ciudad donde todo el mundo se conoce y donde las relaciones personales también cuentan. De hecho, Atilano comunicó a sus consejeros que había sido tranquilizado por quien correspondía. En su auto final, el juez afirma que el caso puede merecer un cierto reproche moral, pero que no concurren los requisitos del tipo penal, dado el rigor con el que se aprecia el principio de legalidad en nuestro derecho. El auto es confirmado en apelación.

Esos mismos ciudadanos abnegados exigen a la Fundación Caja Segovia que al menos interponga una acción civil de reclamación de daños y perjuicios, pero el patronato desestima la petición, alegando que, a la vista del sobreseimiento penal, no procede. Influye, sin duda, el hecho de que en dicho patronato estén sentados los mismos partidos involucrados en el escándalo de la Caja, porque en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 y 2016, el PP y el PSOE volvieron a ser los dos partidos mayoritarios. En consecuencia, Manuel Escribano (el exdirector general) y sus amigos del equipo directivo conservan las retribuciones contratadas con los 34 millones de euros aportados. El señor Escribano lleva cobrando los 800.000 anuales desde 2012, por lo que a fecha de hoy (2020) ya ha cobrado 6.400.000, y además goza de magnífica salud (de lo que nos alegramos todos), de ahí que aspire, al menos, a doblar esa cifra.

En el Juzgado de Instrucción n.º 5 ocurre lo mismo. Se considera que la solicitud de préstamo a Bankia y la hipoteca del Torreón pudieran ser causa de exigencia de una acción de otro tipo (quizá civil), pero que no encajan en el tipo penal del delito societario. La Fundación tampoco ejercita ninguna acción de reclamación frente a otros socios o consejeros. No es posible proceder al pago de la deuda y el Torreón es adquirido por un «fondo buitre» tras quedar desierta la subasta. Hoy se encuentra en un casi irrecuperable estado de deterioro.

El caso Segovia 21 ni siquiera llega a los juzgados. La simple coincidencia de nombres con algunos implicados en la trama Gürtel, las remuneraciones supuestamente excesivas o los errores contables no lo justifican.

Tras las victorias electorales de 2015 y 2016, PP y PSOE controlan de nuevo, ya no la Caja como entidad financiera, que ha desaparecido, pero sí la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y, con ellos, los demás resortes de poder locales, incluida, por supuesto, la Fundación. Las cúpulas de dichos partidos continúan siendo las mismas, sin renovación de ningún tipo fuera de los ocasionales casos de cooptación interna. Los mismos empresarios que hemos citado, y otros que han aprendido de aquéllos y saben cómo hay que aproximarse al poder, integran hoy una red clientelar idéntica a la de aquellos días. La ausencia de sanciones (políticas y jurídicas) ha generado en unos y en otros (políticos y empresarios) una enorme sensación de seguridad, o digamos, quizá, de impunidad. En consecuencia, ahora que se va recuperando la economía después de trece años de crisis, se hacen los mismos negocios que entonces, y con la misma opacidad.

Los segovianos, por otra parte, tuvieron que asumir el coste de todo ello: el de sus preferentes y sus swaps, el de haberse quedado sin la obra social de la Caja y el derivado de haber pagado más impuestos para tapar los agujeros motivados por su hundimiento. Ni los directivos del Banco de España ni de la CNMV de la época asumieron ninguna responsabilidad al respecto. Los nuevos han sido nombrados por los mismos partidos que eligieron a aquéllos.

ESCENARIO 2

En los Juzgados de Instrucción 2 y 5 de Segovia se iniciaron en 2011 y 2013, respectivamente, dos procedimientos penales contra los responsables del hundimiento de la Caja, en gran parte gracias al trabajo abnegado de una serie de ciudadanos que por su cuenta se empeñaron en investigar y denunciar el conjunto de tropelías que acabamos de examinar.

En el número 2 se instruía el caso de las remuneraciones por jubilación y prejubilación del equipo directivo. Se procedió a la imputación del exdirector general y de los miembros del Comité de Retribuciones y del Consejo de Administración que adoptaron los acuerdos que facilitaron el expolio. Se procesó y condenó a los consejeros por delito societario y al director por apropiación indebida. El resto de los directivos fueron absueltos, pero como consecuencia de la incesante presión ciudadana ejercida sobre la Fundación Caja Segovia y sobre Bankia, estas entidades ejercitaron las correspondientes acciones civiles de resarcimiento y recuperaron así la mayor parte de los 34 millones de euros.

En el Juzgado de Instrucción n.º 5 ocurre lo mismo. Se considera que la solicitud de préstamo a Bankia y la hipoteca del Torreón con el fin de pagar una deuda que no correspondía a la Caja constituyen un delito societario. El presidente y vicepresidente, junto con el resto de los consejeros, son condenados y se ven obligados a indemnizar los daños causados. Con el resarcimiento obtenido por éste y el anterior caso, la Fundación libera la hipoteca y recupera el Torreón para sus actividades fundacionales.

El caso Segovia 21 se incorporó al sumario de la trama Gürtel, en el que trabajan varios magistrados debidamente coordinados e incentivados. Se obtienen las condenas correspondientes por varios delitos (apropiación indebida, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas, entre muy diversos cargos), no sólo de los políticos implicados sino también de los correspondientes empresarios. Tras la disolución de la sociedad, la Diputación recupera la finca Quitapesares y la destina a campamento juvenil con el dinero obtenido por las acciones de resarcimiento.

Los partidos políticos implicados en el escándalo son duramente castigados en las elecciones locales y autonómicas de 2015 y en las generales de 2016. Se ven obligados a pactar con otros partidos minoritarios y pierden el poder hegemónico sobre la provincia. Como consecuencia de la debacle, las cúpulas de esos partidos son depuradas y se instaura un sistema interno de elección verdaderamente democrático. Gracias a la ruptura del régimen clientelar, las administraciones públicas funcionan de manera mucho más profesionalizada y la contratación pública es transparente. Los empresarios saben que en ellas sólo se entra presentando la mejor oferta.

Los segovianos son mayoritariamente indemnizados por las pérdidas causadas por las preferentes y otros productos tóxicos. Los directivos que las diseñaron terminan en la cárcel y los reguladores que las permitieron, despedidos y obligados a indemnizar. Los nuevos integrantes de esas instituciones de control son profesionales independientes debidamente capacitados, sencillamente porque al que no lo es no le compensa asumir el riesgo que el caso Caja Segovia puso de manifiesto, ni existen ahora partidos hegemónicos situados al margen de toda responsabilidad que pretendan imponer otro tipo de nombramientos.

No es un sueño. Depende de nosotros, de pensar que vivimos en un país normal, en donde merece la pena activar los resortes legales puestos a nuestra disposición y, en el caso de que no sea así, de pensar que es posible ocuparnos nosotros mismos. Éste es el escenario por el que hemos querido luchar al escribir este libro, y también por el que lucha usted, querido lector, como demuestra al haberlo leído: un escenario, en definitiva, en el que gracias al compromiso de todos pueda decirse, sin faltar a la verdad, que hay derecho.

Notas

* www.hayderecho.com

* El estudio de los profesores Francisco Marcos y Juan Santaló, del Instituto de Empresa, donde se demuestra empíricamente que a mayor regulación, menos iniciativa privada y competitividad, puede consultarse en http://ssrn.com/author=242325. Existe otro estudio igualmente relevante de los mismos autores junto al profesor Albert Sánchez-Graells —«Measuring Regulatory Intensity by the Spanish Regions (1978-2009)»—, que se puede consultar en http://www.indret.com/pdf/779_en.pd

* Recuérdese que los principios de la llamada Better Regulation instan a que la regulación respete unos principios que ayuden a minimizar la carga para la actividad económica y la competencia en el mercado. Por ejemplo: 1) Necesidad y proporcionalidad; 2) Mínima distorsión; 3) Eficacia; 4) Transparencia; 5) Predictibilidad.

* http://www.lawebmunicipal.com/corrupcionporcomunidades/_TraC-FTt6Xr BVhdD0uqMHA

* Aunque no sea un supuesto específico del capitalismo sino de las profesiones reguladas, resulta muy reveladora la captura del regulador que se ha producido durante el mandato de Rajoy, registrador de la propiedad: la Dirección General de los Registros y del Notariado se encomienda a un registrador que no vacila en cambiar todo el sentido de las resoluciones hasta el momento, invadir de registradores la Dirección y realizar proyectos de ley que refuerzan la posición y privilegios de los registradores. Sin tapujos.

* http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/35131-la-consultora-que-fundomontoro-gana-un-12-6-mas-en-el-peor-ano-de-la-crisis

** http://www.libremercado.com/2013-12-01/hacienda-investiga-al-socio-demontoro-1276505327/

* Máxima atribuida a Cicerón, que quiere decir que la aplicación de la ley de manera literal en ocasiones puede derivar en injusticia: «sumo derecho, suma injusticia».

* Resumen en español: http://www.fes-globalization.org/new_york/wp-content/ uploads/2014/01/World-Protests-2006-2013-Executive-Summary-Spanish1.pdf; Texto completo: http://policydialogue.org/files/publications/World_Protests_2006-2013-Final.pdf

* Hay un fabuloso chiste de hace ya varias décadas de la mítica revista de humor Hermano Lobo, en el que se observa a un trajeado y pomposo orador exclamando ante su público que debían elegir entre «ellos y el caos». Cuando desde el público se le responde que prefieren el caos, el orador replica con una frase extraordinaria y tremenda a la vez: «da igual, el caos también somos nosotros». Nada nuevo bajo el sol, pues.

A la memoria de mi padre,

que no se cansaba nunca de hablar de estas cosas

Creo que con el tiempo mereceremos no tener Gobiernos.

JORGE LUIS BORGES

La mayoría de los políticos son tipos bastante raros... Incluso los que parecen más normales son en realidad raros. La mayoría son a la vez cínicos e idealistas, ególatras y desinteresados, francos y astutos. Son receptivos a la adulación más baja y compiten con los actores en la capacidad de hablar de sí mismos y de convertir sin piedad cualquier conversación en un análisis de su propio ego... Personalmente, reconozco todas estas cualidades en mí mismo.

HUMPHRY BERKELEY

(Diputado británico de 1959

a 1966, conocido por sus

cambios de partido y por

su defensa de los derechos

de los homosexuales.)

EXPLICATIO NON PETITA

El poder está muy mitificado. Tendemos a ver a los que lo ejercen como distintos a nosotros. Creemos que son más poderosos de lo que son. Imaginamos que sus acciones están motivadas por razones de más peso que las nuestras. Pero no es así. Como nos advirtió hace más de cuatro siglos Montaigne, que conocía bien el poder y sus trampas y peligros porque fue dos veces alcalde de Burdeos, las almas de los emperadores y de los menestrales están hechas en el mismo molde. «Cuando vemos la importancia y gravedad de las acciones de los príncipes, nos convencemos de que han sido producidas por causas también graves e importantes. Cometemos un error. Les impulsan los mismos motivos que a nosotros. La misma razón que nos hace reñir con un vecino suscita una guerra entre príncipes.»

A lo largo de mi carrera como diplomático he tenido la ocasión de ver el poder muy de cerca. He conocido a jefes de Estado, primeros ministros, presidentes de la Generalitat y de otros Gobiernos autonómicos, ministros, alcaldes, presidentes de grandes empresas. Les he visto actuar, negociar, tomar decisiones, aquí y en países remotos. He podido hablar largamente con ellos, verles afrontar situaciones complicadas. Durante una etapa, trabajé muy cerca del presidente del Gobierno. Mi función consistía en dirigir un equipo de expertos que le asesorábamos en el terreno de las relaciones internacionales. Era una labor de carácter técnico, sin contacto con la política interna, pero me situaba en las bambalinas del poder político y me convertía en testigo ocasional de su ejercicio.

El filósofo Alan Watts preguntó una vez a Joseph Campbell, el gran maestro de la mitología comparativa, qué práctica espiritual seguía. Campbell contestó que subrayaba libros. Como escritor, mi reacción ante las situaciones que me apasionan, me intrigan o me desconciertan —y la proximidad del poder siempre me ha producido las tres cosas a la vez— es parecida: leer y escribir. La sospecha de que alguien, antes que yo, habrá experimentado los mismos sentimientos me empuja a buscar orientación en la letra impresa. Hace años, sin ser muy consciente del lío en el que me metía, comencé a leer libros que, de forma más o menos directa, versaban sobre el poder. Las conversaciones con mis homólogos de otros países durante los inevitables tiempos muertos de las reuniones internacionales me hicieron ver que la atmósfera que reinaba en la Moncloa no era muy distinta de la del palacio del Elíseo, de Downing Street o de la cancillería alemana, del mismo modo que la del palacio de Santa Cruz no difería mucho de la del Quai d’Orsay o del Foreign Office. Con las particularidades propias de los caracteres nacionales y de las personalidades de los gobernantes y colaboradores implicados, en todas partes se cocían habas parecidas. Fui anotando citas y reflexiones. De este modo, pretendía distanciarme un poco de mis cuitas diarias, relativizarlas, reírme de ellas, para no perder de vista su nimiedad. Intentaba exorcizar los pequeños demonios de mi trabajo.

De ahí nacieron estas notas. Que nadie busque en ellas revelaciones o anécdotas jugosas sobre la personalidad de José Luis Rodríguez Zapatero —el presidente con el que tuve el privilegio de trabajar durante unos años—, sobre los ministros de Asuntos Exteriores que he conocido o sobre la política exterior de España. Como diplomático, siempre fui consciente de que contraía el deber de guardar silencio sobre lo que veía y hacía en mi ejercicio profesional. Divulgarlo correspondía a otros, no a mí. Además, puede que en su momento algunas informaciones que llegué a poseer tuvieran un cierto interés, pero el paso del tiempo las ha convertido en banales. No es que hayan perdido la chispa, es que son ceniza pura. Que nadie espere tampoco cotilleos sobre la escena política, nacional o internacional. Si el libro tuviera un índice onomástico, el lector encontraría más menciones a Montaigne o a Nietzsche que a cualquier político contemporáneo.

Estas notas son otra cosa. Son reflexiones personales sobre el poder y su ecología, sobre el medio en que se ejerce y la fauna y flora que proliferan en él. No tienen ninguna ambición teórica, ni tampoco un afán exhaustivo, y son de tipo abstracto, no autobiográfico. Más que a satisfacer la curiosidad, aspiran a estimularla. Son caprichosas y —me temo— están sembradas de contradicciones. No pretenden explicar las formas del poder, ni analizar sus fuentes, ni disecar su anatomía. No tratan de describir la Moncloa que conocí —ni aún menos la que me conoció, como podría decir alguien con sorna—, sino la idea del poder que mi experiencia profesional me ha dejado, una idea que intuyo que no sería muy distinta si hubiera trabajado en el gabinete del alcalde de una gran ciudad o como asesor del primer ejecutivo de una gran empresa o de cualquier organización compleja y jerarquizada, una idea diferente de la que tenía antes, más humana, más banal, más tributaria del azar.

Las doy a la imprenta sin muchas esperanzas. Para mí, el poder sigue siendo en gran parte un misterio, de modo que lo más probable es que no sirvan para que deje de serlo para el lector (en caso de que también lo sea para él). Son meros apuntes y buscan refugio en el ensayo para hacerse perdonar su subjetividad y su falta de rigor. Quien trate de encontrar en ellas otra cosa se llevará una decepción. Pero tal vez le puedan ser útiles, como me lo fueron a mí, para relativizar el poder y comprender un poco mejor a quienes gozan de sus privilegios y cargan con su peso, que rara vez es leve.

LA ECOLOGÍA DEL CASTILLO

Las estructuras del poder son flexibles. Se adaptan a la presión de quienes lo ejercen, se acomodan a su estilo, se ajustan a la relación de fuerzas que rige entre ellos. Al llegar, cada nuevo equipo trae consigo su particular jerarquía, su cultura, sus usos. Basta sugerir un cambio para que este se produzca sin dilación. Basta impartir una orden para que sea acatada dócilmente. Los recién llegados son ahora los dueños del castillo. Pueden remodelar espacios, cambiar normas, establecer nuevos procedimientos y protocolos. Fortalecidos por la victoria reciente, los nuevos gobernantes imponen sus propios modos. Acaban de ganar las elecciones, o acaban de ser nombrados por quien puede hacerlo, y tienen todo el derecho del mundo a sentirse elegidos para la labor que les espera.

Toman posesión de los cargos jurando o prometiendo ejercer sus funciones con lealtad y rectitud, en actos que pueden ser multitudinarios o íntimos, espléndidos o sobrios, pero que siempre supondrán un momento sacramental, de plenitud, un punto de llegada y un punto de partida, como las bodas. Alguien tomará la palabra y les recordará sus deberes y los animará a cumplirlos con diligencia y probidad. Sus amigos y compañeros asistirán con la esperanza de protagonizar pronto un acto similar y seguirán la ceremonia con admiración o con envidia, dispuestos a criticar el mínimo desliz y, a la vez, ansiosos de compartir la alegría, de contagiarse del éxito. Algún compañero los mirará con rencor porque aspiraba a su cargo y se cree con más méritos para ocuparlo. No faltarán las bromas un poco subidas de tono.

Todos están frescos, llenos de ilusión y de buena voluntad. Las ideas que se sienten impacientes por llevar a la práctica todavía no han sufrido la erosión de la realidad. Tienen noticia de las intrigas y zancadillas de los antiguos moradores, de sus escaramuzas burocráticas, y se conjuran tácitamente para no caer en ellas. Todos quieren mostrar que son capaces de trabajar en equipo y que lo último que harían sería crear obstáculos por motivos personales. El pesimismo queda proscrito y se rinde culto a la camaradería y al buen humor. Un entusiasmo contagioso se apodera de toda la escala jerárquica y una fuerte corriente de aire fresco renueva la atmósfera. Se viven momentos de esplendor. La inyección de autoestima que todos han recibido, que reciben a diario gracias a los privilegios del poder (coches oficiales, colaboradores, secretarias, deferencias, comodidades), genera un sentimiento fraternal. Todos se sienten apreciados, estimulados, decididos a darlo todo por el proyecto común. Los elogios y las muestras de agradecimiento prevalecen sobre las exigencias y censuras. La generosidad aparta a la envidia. Las flaquezas de la condición humana parecen superadas para siempre.

Pero el ejercicio del poder tiene sus propias leyes y tarde o temprano comienzan a abrirse camino. Pasado el envite inicial, tras la explosión de fraternidad de los primeros días, sin que nadie lo advierta, la cargada atmósfera anterior vuelve a invadir poco a poco las estancias, como un gas emanado por los propios muros del recinto. Los cambios efectuados por los nuevos ocupantes no han hecho más que inyectar savia nueva a un organismo que posee vida propia, y que cuanto más cambia más se parece a sí mismo. La satisfacción que los privilegios del poder proporcionan va menguando hasta diluirse entre la rutina. Comienza a haber fricciones. Todos tienen una opinión de lo que debe hacerse, y han sido elegidos para intentar hacerlo, pero no siempre están de acuerdo. Hay que dividirse los espacios, decidir quién hace qué en cada momento, a quién debe consultar cada cual si lo necesita. No todos pueden tener acceso directo a los que toman las decisiones, no todos pueden opinar sobre todo. Pocos son los que no se sienten llamados a asumir unas responsabilidades mayores de las que les corresponderán en un reparto proporcional. La delimitación de fronteras causa tensiones y genera agravios que a veces se enquistan. No todos pueden saberlo todo. Hay que evitar filtraciones, cubrir ciertos actos con un manto de discreción. Aparecen las divisiones entre los que saben y los que no saben, los que están en el ajo y los que no. Los primeros caen a veces en la tentación de valerse de sus privilegios para hacer sentir su superioridad a los segundos.

Conseguir un hueco en la agenda del presidente (o del ministro, o del jefe de gabinete del presidente, o del consejero delegado) para algo que se estima indispensable no es fácil. No basta con convencerle, si se tiene la suerte de disfrutar de acceso directo a él. Hay que convencer además a los que deciden su agenda, cosa que es a menudo más difícil. El presidente o ministro no dispone de tiempo para todos. Los más próximos tienden a protegerle, a separarle de los demás en beneficio propio. De forma inevitable, surgen las rivalidades, los conflictos de competencias. Alguien ha de ocuparse de la agenda, programarla con meses de antelación, dar prioridad a unas actividades sobre otras, y los demás deben someterse a su criterio, aunque solo sea para mantener un mínimo de orden. Es imprescindible que las iniciativas del presidente o del ministro tengan impacto en la opinión pública, y ello exige que sean concebidas y dosificadas teniendo en cuenta lo que la opinión espera. No es posible que todos opinen sobre lo que a la opinión pública le apetecerá más oír en cada momento. Alguien, de ser posible un experto en comunicación, debe dedicar todas sus energías a tratar de influir en el impacto público de cada acto. Los demás deben plegarse a su veredicto. El propio presidente o ministro debe disciplinarse. No puede estar haciendo lo que le apetezca, ni como le apetezca. Todo esto exige una jerarquía, unos filtros, unos procedimientos. No hace falta inventarlos. Están ahí. Son los filtros y los procedimientos de siempre, la jerarquía que ya existía antes de que los nuevos moradores llegaran al castillo. Con los ajustes necesarios, son los que se acabarán imponiendo. Tras un período de adaptación, las estructuras del poder habrán recuperado una forma no muy distinta a la que tenían antes de la llegada de los nuevos gobernantes.

La proximidad al poder actúa como un ácido que desnuda cualidades y defectos, que estimula la generosidad, la abnegación y la capacidad de trabajo de unos, pero también alimenta la ambición, la inseguridad y el sentido territorial de otros (o de los mismos). Como los nuevos habitantes del castillo son inteligentes, procuran no tomarse demasiado en serio a sí mismos. Como son educados, extreman el tacto para evitar choques pueriles. Pero de forma inevitable la camaradería inicial va dejando paso a la «complicidad sin amistad» de la que habló Étienne de La Boétie. La vieja broma según la cual hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos mortales y los compañeros de partido, o de Gobierno, hace sentir su realidad. Como en una corte medieval, todo gira alrededor de una persona, a la que unos tienen más acceso que otros. Nadie sabe a ciencia cierta el grado de acceso que cada cual posee. Depende del asunto de que se trate, de lo que haya capturado la atención de la opinión pública en ese momento, de circunstancias tan fortuitas como la agenda del presidente o del ministro esa mañana, de los titulares del periódico o de la llamada que le acaban de pasar. Nadie sabe a ciencia cierta quién sabe y quién no, hasta dónde llega la influencia de cada cual, quién dispone de hilo directo con quién.

Pronto todos comienzan a verse en cierto modo como el agrimensor K, extraviados en las brumas de un poder cuyos hilos ignoran quién maneja. Van perdiendo la inocencia y dejan de sentirse elegidos. La cotidianeidad impone su norma. Los privilegios ya no lo parecen tanto. Aquello es al fin y al cabo un trabajo, una manera de ganarse el sustento con el sudor de la frente, con sus alegrías y sinsabores, sin heroísmo. Llega un día en que tienen que comenzar a acallar dentro de sí la sospecha de que son prescindibles. En cualquier momento, el presidente o el ministro puede decirles que ya no les necesita. O, peor aún, puede hacérselo sentir por vías indirectas. Quién sabe si no lo está haciendo ya, quién sabe si la desautorización que supone la decisión sobre tal o cual asunto o la dificultad de comunicarse con él en un momento dado no son una indicación. El puesto puede perderse. En realidad, tarde o temprano se perderá. En el fondo, todos saben que están donde están de paso, que el poder no les pertenece. De forma más o menos consciente, hay algo que les hace sentirse como usurpadores y despertarse de sus pesadillas en el instante de ser desenmascarados.

Se producen los primeros abandonos, las primeras bajas. Pocos desisten por voluntad propia: o caen fulminados o son apartados poco a poco, hasta quedar fuera de juego. Los más capaces y sensatos se concentran en dar lo mejor de sí mismos y despreocuparse de su suerte, evitando las rencillas, extremando la mano izquierda y confiando en que su buen hacer les proteja. La seriedad y el entusiasmo con que se entregan a su labor y la ilusión que ponen en ella les inmunizan contra insidias y rivalidades. Otros, decididos a no desfallecer, combaten la inseguridad trabajando más y más, hasta aturdirse, como alcohólicos, o se libran con pasión a las luchas intestinas. Descuidan familia y amigos, y poco a poco van renunciando a toda su vida personal. Su capacidad de sacrificio, hipertrofiada, les guía por una senda autoinmolatoria que nadie les ha pedido y que —tal vez no lo saben todavía, pero lo aprenderán pronto— nadie les agradecerá. La fatiga les emponzoña el carácter y les transforma en seres irritables que ven sombras y enemigos a cada paso.

La convivencia se resiente. La fraternidad ya no es incondicional. Se forjan amistades que durarán muchos años, fortalecidas por las ambiciones y tensiones compartidas, por la intensidad del trabajo y la sensación de plenitud que les procura, y enemistades que se olvidarán en el mismo momento en que la aventura concluya. La morada del poder se transforma en un teatro de operaciones regido por la lógica de los efectivos, las alianzas y los frentes. Cuando estos últimos se estabilizan, el equipo ha alcanzado la velocidad de crucero. El trabajo se convierte en rutina. Ahora sí, ahora son los verdaderos moradores del castillo, ahora ya se han impregnado de su peculiar atmósfera y se saben sometidos a sus leyes. Hay días buenos y días malos. Ni los unos ni los otros suelen durar. Hay compañeros de cuya confianza y apoyo no cabe dudar y otros de los que no es prudente fiarse. Como en todas partes.

Esta es la ecología del castillo, un universo de temperaturas extremas y de oscilaciones entre la euforia y la depresión, entre la embriaguez del éxito y la humillación del fracaso. Un universo entre kafkiano y hobbesiano dominado por una amalgama de ambición, abnegación, generosidad, ilusión, cálculo, miedo y fatiga, en el que el afán de servir a los ciudadanos y de construir un mundo más justo y más libre se mezcla con el de hacerse valer y ser reconocido y, al final, con el de sobrevivir. Para ello, en última instancia, la cualidad más necesaria no es la competencia profesional sino la fortaleza emocional, el sentido del humor, la dureza de piel y la capacidad de defenderse. Se salvan los menos vulnerables, los que saben hacer oídos sordos a las críticas o reírse de sí mismos, los que tienen colmillos más retorcidos o la suficiente madurez para darse cuenta de que el tiempo que dediquen a defender su territorio o a hacer la guerra a sus enemigos particulares lo detraerán de la labor que se espera de ellos, y que abandonarse a los impulsos depredadores o vengativos acaba equivaliendo a firmar el propio cese, por inutilidad e incompetencia. Se salvan los más bondadosos, los menos dados a pensar mal de las personas que les rodean, pero también los más duros y egoístas. Se salvan los que aprenden a concentrarse en su trabajo y a no sentirse amenazados, a no mirar nunca al vacío. Esto es cierto para todos, pero sobre todo es cierto para quien ejerce el poder supremo, que debe mantener en todo momento la cabeza fría, irradiar confianza en sí mismo y no sentirse jamás un impostor, porque si él no se cree su papel, no se lo creerá nadie y la osada impostura de ocupar el castillo, esa ficción colectiva en la que él es director y protagonista, se desmoronará.

MAL DE ALTURA

El poder eleva, enaltece, se ejerce a una distancia considerable del suelo en el que se llevan a cabo las actividades comunes. Por ello, los que lo desempeñan y quienes les rodean raramente dejan de sentir alguna forma de vértigo o de mal de altura, aunque su profesionalidad y experiencia les permita superarlo o disimularlo con mayor o menor habilidad. El sustrato básico de este sentimiento —aunque no su componente único— es el temor a perder pie, a caer, a hacer el ridículo, a defraudar, a no «estar a la altura». En política, como es bien sabido, se sube por la escalera y se sale por la ventana, y quienes han ascendido a la cima (a cualquier cima) no suelen olvidarlo nunca del todo, aunque finjan lo contrario y alberguen la esperanza de ser la excepción que confirma la regla. Los dirigentes temen la derrota en los comicios, el defenestramiento a manos de sus correligionarios, el mal presagio que supone la pérdida de apoyo en las encuestas; sus colaboradores, el cese inesperado, que el teléfono deje de sonar, no ser consultados. Hoy eres el líder y mañana un ex. Hoy eres ministro o un director general imprescindible, y mañana un ciudadano más o un estorbo al que es mejor no encargar ningún asunto de calado. Nadie puede confiarse.

Este temor, con frecuencia inconsciente, distorsiona de un modo u otro el proceder de casi todos. La altura complica las acciones más simples. Imaginemos un albañil que debe levantar una pared. No parece que, en principio, deba sentir ningún tipo de temor. Ahora bien, ¿y si la pared que tiene que levantar se halla en la planta cuarenta y siete de un rascacielos en construcción y trabaja en un andamio a ciento cincuenta metros del suelo? ¿Y si, a la hora de la comida, ha de comerse un bocadillo allí porque no tiene tiempo para bajar a ras de suelo? Seguro que muchas de las cosas que haría sin ninguna dificultad con los pies plantados en el suelo no le resultan tan fáciles a la altura en que se halla.

Del mismo modo, las personas que ejercen el poder y los que les rodean deben trabajar a una altura muy superior a la del resto de los mortales. Lo previsible es que se acostumbren a hacerlo, que se habitúen al peso de las miradas de los ciudadanos, a hablar sabiendo que las cámaras registrarán cada uno de sus gestos y palabras, a tomar decisiones que afectarán a miles de personas y a hacerlo con el mayor cuidado y la mejor intención. Pero pocos dejarán de sentir, de una manera u otra, un extraño vacío bajo sus pies. No es lo mismo andar por un pasillo de un metro de ancho que por una pasarela de la misma anchura situada a doscientos metros del suelo: en el primer caso, no se suele sentir la necesidad de apoyarse en las paredes, pero en el segundo se echa mucho de menos una buena barandilla. ¿Nos ha de sorprender que quien tiene que andar por la pasarela no desvíe la mirada de su destino, que en ocasiones avance a cuatro patas o que no esté para bromas, ni para seguir una conversación mientras la atraviesa, o que sus glándulas y folículos sudoríparos trabajen más de la cuenta? ¿No es comprensible que en algún momento se le vea ligeramente crispado o falto de naturalidad?

El viejo cliché según el cual el poder no hace aflorar lo mejor de cada uno no siempre responde a la realidad. A menudo el poder sí que saca a relucir lo mejor de las personas. Depende. Ocurre con las personas que alcanzan puestos de autoridad como con los melones: hasta que no se abren no se sabe con certeza qué virtudes albergan en su interior. Se puede intuir, pero no estar seguro. El ser humano se crece en determinadas circunstancias. La cercanía al poder es a menudo una de ellas. La nobleza de la tarea que asumen es un acicate poderoso, un estímulo que compensa los más abnegados sacrificios. La visibilidad que adquieren, la responsabilidad que recae sobre sus espaldas, la ambición legítima de desempeñar bien su cometido, de ganarse el respeto de quienes les han confiado su misión y de quienes van a sentir las consecuencias de sus decisiones, les pueden impulsar a superarse y a consagrar a su labor lo mejor de sí mismos, sin regatear esfuerzos ni anteponer sus intereses personales o sus obligaciones familiares.

Pero no es inusual que el temor a perder pie les empuje a adoptar una posición defensiva y les haga peores. Desde mucho antes de que lo escribiera Nietzsche, sabemos que el miedo es uno de los primeros motores de la maldad humana. El hombre, como la mayoría de los animales, mata para defenderse cuando se siente amenazado: elevado a las alturas, el miedo le hace sentirse amenazado con más frecuencia que en el suelo. Hobbes escribió: «El día que yo nací, mi madre parió a dos gemelos: yo y mi miedo». Un gobernante sincero podría decir: «El día que me eligieron —o me nombraron—, eligieron a dos gemelos, a mí y a mi miedo». En la Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, Edward Gibbon pone en boca del general Saturnino, que se rebela al obtener el mando de las provincias orientales del imperio, la frase siguiente: «No conoces la miseria del poder soberano: una espada pende siempre sobre nuestra cabeza. Tememos a nuestros guardianes, desconfiamos de nuestros compañeros. La elección entre acción y reposo ya no nos pertenece, ni hay ninguna edad, o carácter, o conducta, que pueda librarnos de la censura de la envidia. Al elevarme al trono, me habéis condenado a una vida de temores y a un fin prematuro».

No hay político que no sienta estos temores, aunque se haya acostumbrado a ellos y no los tenga muy presentes. Si tiene fuste, sabrá olvidarse de la espada que pende sobre su cabeza y concentrarse con ilusión en su labor, como el equilibrista que sabe que el secreto de su arte es no mirar nunca hacia abajo ni perder la concentración un solo segundo. Disimulará, sabrá controlarse, y con el tiempo se habituará a la altura y no pensará ya en ella. Es posible que le guste y que el propio temor le sirva de acicate, que la adrenalina le ayude no solo a sujetar sus nervios sino a superarse en cada circunstancia nueva. Pero también es posible que el temor le empuje a servirse de los codos en ocasiones en que más le valdría usar la cabeza, que le haga sentirse rodeado de enemigos y, por ende, desconfiado, que le agríe el carácter y le embote el entendimiento.

Por eso, el poder, de cerca, huele a menudo a sudor, a esfuerzo no reconocido, a la fatiga de largas jornadas no siempre productivas. Un gracioso escribió una vez que él no entendía nada de ballet, que lo único que sabía era que, en el intermedio, las bailarinas olían como caballos. El poder, en el intermedio, huele a nervios, a músculos contraídos. Los que lo ejercen, sea porque deben destinar parte de sus energías a evitar mirar hacia el vacío, sea porque no se pueden permitir un segundo de duda para no perder el equilibrio, sea porque no siempre consiguen vencer el temor de una caída, necesitan mucho valor para comportarse con naturalidad. El mal de altura es difícil de vencer. Los que lo consiguen y tienen el coraje de actuar en todo momento con aplomo, con serenidad y buen humor —y aquí no tengo más remedio que mencionar a José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ningún colaborador ha visto nunca un mal gesto—, merecen solo por ello la admiración que se les tributa.

VANIDAD

El poder, además, envanece. Basta que una persona suba a un estrado para que, de forma inconsciente, tienda a sentirse más importante que los demás. La elevación crea una inmediata sensación de privilegio. Del mismo modo, basta conceder a alguien un gramo de poder para que, a menos que posea la inteligencia y la humildad necesarias para evitarlo —que no son pocas—, se sienta al instante superior a los que le rodean, aunque solo sea porque los que les rodean, en virtud de reflejos a menudo también inconscientes, se sienten de algún modo subordinados a él.

El ejercicio del poder es gratificante. En todas las sociedades, desde las más primitivas a las más civilizadas, el poder está revestido por unos rituales —los vítores de las multitudes, los aplausos a los discursos, la precedencia en los banquetes, el acceso a personajes poderosos, los saludos militares— que realzan a quien lo ostenta en relación con los demás. Nada más fácil, para quien lo ejerce y a menudo también para quien lo padece, que confundir poder con grandeza y creerse dotado de unas cualidades —inteligencia, encanto, capacidad de persuasión— que le confieren un derecho personal al liderazgo. Cuando él se lo cree, se lo creen los demás y, para adularle, muchos se lo repiten con frecuencia.

Esta sensación de superioridad, esta inflamación de la vanidad, se convierte en un lastre para los que habitan las alturas. Se trata de una droga que crea una adicción casi inmediata, que exige dosis crecientes, que cuando falta produce un síndrome de abstinencia devastador. «Si alguna vez lo probáis, Sancho, comeros heis las manos tras el Gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido», leemos en el Quijote. Nada más fácil que habituarse al respeto y a la admiración de los ciudadanos (a veces reducidos a su parodia, la coba, a veces disfrazados bajo el rebelde ropaje del desdén y de la impertinencia, a veces acompañados por una sana actitud crítica). En un abrir y cerrar de ojos, ese respeto y esa admiración son considerados por su destinatario, pasada la primera sorpresa, como naturales, lógicos, debidos, aunque solo sea como compensación por la dedicación y los sacrificios que el ejercicio del poder comporta, por la merma de tiempo disponible para la vida personal y familiar, por la sumisión constante al escrutinio público, etc. Nada más habitual, una vez asimilado el primer impacto gratificante de ese respeto y de esa admiración, que esperar mayores dosis a medida que los sacrificios y las privaciones que el ejercicio del poder impone, al principio livianos, se van volviendo más onerosos. Nada más desagradable, llegado el momento, que tener que prescindir de ellos (usualmente, sin nada a cambio, ya que las horas sustraídas a la vida personal y familiar suelen ser irrecuperables), y comprobar, además, que la admiración automática de antaño se ha convertido ahora en una animadversión igualmente automática por haber disfrutado del poder, como si se quisiera compensar la una con la otra.

Todo el que llega al poder, a cualquier índole de poder, si es inteligente sabe que lo debe en una parte nada desdeñable al azar, a una combinación de circunstancias que podrían muy bien no haberse producido. La lucha por encabezar formaciones políticas está sembrada de contingencias que escapan a cualquier posibilidad de control. Los resultados electorales dependen de un cúmulo de variables en buena medida imprevisibles. Los nombramientos para encabezar ministerios o para asumir responsabilidades políticas —igual que los nombramientos para los puestos directivos de las grandes empresas, de los clubes deportivos o de las organizaciones no gubernamentales— están sometidos al albur de complejas combinaciones y de delicados equilibrios. En las designaciones de altos cargos pesan a menudo más la simple casualidad (haber coincidido en etapas anteriores con la persona que ha de proponer el nombramiento, el hecho de que otro candidato con mayores posibilidades no esté disponible en ese momento, etc.) o las amistades personales, que la afinidad política o la competencia profesional. Todo esto hace que la mayoría de las trayectorias dependan más de la fortuna que del mérito, sin que ello quiera decir en absoluto que el mérito no desempeñe un papel indispensable en su trazado: como es sabido, para ganar en la lotería, además de tener suerte, hay que haber comprado el billete correspondiente.

Sin embargo, los interesados suelen olvidar enseguida la intervención del azar y persuadirse de que si han llegado donde han llegado ha sido por su propio pie y merced a una combinación de cualidades que el nombramiento no ha hecho más que confirmar. El alud de adhesiones que suelen recibir cuando toman posesión del cargo, las atenciones de que son objeto, la deferencia con que se les trata, ratifican esta convicción, y la aureola del éxito proyecta sobre sus méritos, por limitados que sean, una luz que acaba de hacer el resto. Si de repente son tantos los que les consideran capaces y preparados, los que les ven con otros ojos y consideran lógico que hayan sido los elegidos, ¿cómo no van ellos a verse a sí mismos con otros ojos, también, cómo no van a considerarse más inteligentes y más dotados que los demás? ¿Cómo no van a olvidar que por más alta que sea la poltrona que se les haya otorgado —como escribió Montaigne hace más de cinco siglos— tendrán que sentarse en ella con sus mortales posaderas? ¿Quién no se envanece en estas circunstancias?

Además, los ocupantes del poder, igual que los que luchan por ocuparlo, deben invertir una parte de sus energías en mostrar que están a la altura del cargo que han alcanzado o que aspiran a alcanzar, y en defenderse de los que aspiran a sustituirles. Tienen que ganarse adeptos, forjar alianzas, poner obstáculos en el camino de sus rivales. A partir de cierto nivel, han de estrechar cientos de manos y besar cientos de mejillas fingiendo la máxima empatía con sus anónimos propietarios, someterse a baños de masas calculadamente preparados, participar en tertulias odiosas profiriendo trivialidades. ¿Cómo no compensar la humillación que todo esto supone con la convicción de ser realmente apreciados y admirados por los demás? ¿Cómo poner el ego a salvo de los estragos de esta conversión en hombres-fortaleza o en hombres-espectáculo?

La mezcla de temor y de envanecimiento envilece. En la medida en que una persona teme por su puesto, atribuye mayor importancia a los símbolos y a las cuestiones de protocolo y de precedencia. A un dirigente seguro de su valía y de contar con el respaldo de los electores o de quien le ha nombrado, no le importa mucho sentarse en un sitio o en otro, pero quien teme perder su cargo está muy atento a la menor falta de consideración y ve desaires por todas partes. Paralelamente, quien se siente suficientemente seguro de sí mismo no teme dejar su puesto, aunque ello implique renunciar a las muestras de respeto y de admiración que recibe por ocuparlo, pero a quien se ha acostumbrado a sentirse superior a los demás gracias a su cargo, la perspectiva de tener que poner los pies en el mismo suelo humilde que el común de los mortales le llena de temor y de inseguridad.

De este modo, los efectos nocivos de la angustia y de la vanidad se alimentan entre sí, en una espiral en la que cualquier desconsideración, aunque sea imaginaria, aumenta la inseguridad y el temor, lo que a su vez hace que las necesidades de reconocimiento sean mayores y, por ende, mayores también las posibilidades de sentirse herido en una vanidad cada vez más susceptible y exigente, una vanidad, como sabemos desde Bergson, cuyas heridas no son graves, pero no se curan nunca.

Se trata de una trampa en la que a veces caen personas de gran inteligencia y de gran competencia profesional, y de la que no es sencillo escapar sin la capacidad de no tomarse demasiado en serio a uno mismo. Pero, en el aire enrarecido de las alturas, el sentido del humor, la más preciada vacuna contra los estragos del poder en la personalidad de los que lo ejercen, no es fácil de ejercitar, y las personas dispuestas a ejercitarlo consigo mismas no abundan. ¿Quién tiene el desparpajo de reírse de sí mismo mientras avanza, acribillado por miradas de admiración, de envidia o de desdén, por una pasarela a doscientos metros del suelo? ¿Quién se somete al escrutinio público más cruel, se impone todo tipo de sacrificios y se bate con propios y ajenos para encaramarse a la pasarela si no se toma rematadamente en serio, aunque sea bajo el disfraz de la despreocupación y de la bonhomía?

ESPECTÁCULO

La política no es una representación teatral ni cinematográfica. Lo que ocurre en un escenario, en un estudio o en un plató puede conmover a los espectadores, puede hacerles pensar, reír, o llorar, puede dejarles una huella profunda, imperecedera. Pero no está destinado a tener una incidencia directa, más o menos inmediata, en la realidad. En cambio, lo que ocurre en la escena política, sí. Este es precisamente su cometido: incidir en la realidad, mejorar la vida de los ciudadanos, hacerla más fácil, más feliz. Pero, sentada esta diferencia obvia, los paralelismos entre el mundo de las tablas —o el del cine, o la televisión— y el de la política son muy abundantes. ¿No representan los políticos a los ciudadanos? ¿No compiten por el protagonismo ante la opinión pública? ¿No escenifican ante los medios de comunicación los conflictos y las tensiones de la sociedad a la que sirven, con objeto de resolverlos o mitigarlos? ¿No es la política cada vez más una rama de la industria del entretenimiento en la que lo que más cuenta es quién sube y quién baja, quién seduce a quién y quién traiciona a quién, con todos los enredos y sorpresas de un culebrón televisivo? ¿No son las campañas electorales contiendas en las que los candidatos y los partidos compiten para ganarse el favor de los telespectadores, los oyentes de radio, los lectores de prensa y los internautas, es decir, del público?

La relación entre el mundo de la política y el del espectáculo es tan antigua como el origen de cualquiera de los dos. Toda acción adquiere de inmediato en ambos la condición de representación y de símbolo. Tan importante o más que el poder que un gobernante tiene en realidad es el que sus adversarios creen que tiene. El poderoso debe ocupar un lugar privilegiado y atraer la atención de todos. De ahí la necesidad de cuidar su apariencia y de revestirse con los ropajes adecuados. En su ensayo La pasión del poder, José Antonio Marina cita al antropólogo Clifford Geertz, que dedicó su obra Negara. El Estado-teatro en el Bali del siglo XIX a analizar el carácter teatral del poder. «El ejercicio del poder es un drama público. El rey balinés, tal como [Geertz] lo describe, era un personaje a la vez hierático y suntuoso, inmóvil e impasible como el emperador de China, y exhibicionista y comediante como el Rey Sol. El poder se crea a sí mismo en la majestad que ofrece a los ojos de los súbditos... Las coronas y las coronaciones, los rituales y los ceremoniales, la etiqueta y el protocolo, los tronos y los altares, las conferencias de prensa y las entrevistas, las apariciones televisivas, emerger de los automóviles o del avión como Venus de las aguas, son símbolos tangibles de lo que es el centro, de lo que representa el poder.»

Como en el mundo de las tablas y los platós, los actores de la escena política pugnan por la atención del público, por ocupar el primer plano de la actualidad. La popularidad es la medida del éxito. Tantos minutos de televisión, tantos centímetros cuadrados de periódico, tanto vales. Como en el teatro, o en el cine, hay galanes, vedettes, malvados, bufones, comparsas... Hay directores, productores, tramoyistas, maquilladores, técnicos de sonido, de iluminación... Hay quienes salen a escena y quienes trabajan fuera de la vista de los ciudadanos. Unos leen los discursos y otros los escriben, unos interpretan un papel y otros lo conciben, unos actúan y otros dirigen. El quehacer de los segundos es en ocasiones tan importante o más que el de los primeros. Como en el teatro o en el cine, hay actores que padecen ataques de pánico escénico y otros que sobreactúan, hay egos que a duras penas caben en el escenario y otros que a duras penas lo llenan, hay rivalidades seculares, envidias temibles. Hay actores que se encasillan en un papel y otros que tienen una gran versatilidad. Hay un guión y unos apuntadores, pero rara vez se sigue al pie de la letra el primero o se escucha con atención a los segundos. Los actores se meten en jardines que pueden transformar un drama en una farsa y una tragedia en un vodevil. Como en el teatro o en el cine, cada representación puede ser la última o la definitiva, puede hundir a un actor o consagrarle para siempre, pero no es raro que los actores se mantengan en el candelero durante décadas y que vayan envejeciendo en escena, al tiempo que su público. Como en el teatro o en el cine, en la política hay intereses en juego, dinero sobre la mesa, a menudo en cantidades ingentes, inversiones que deben rentabilizarse y líneas que no se pueden atravesar so pena de que alguien cierre el grifo.

Las formas, la dicción, el uso de los tiempos, la administración de los silencios no pesan menos en el mundo de la política que en el del espectáculo. Las mismas palabras, pronunciadas de uno u otro modo, por un político u otro, un día antes o dos después, pueden tener carácter ominoso o esperanzador, tajante o conciliador, banal o decisivo. El buen político, como el buen actor, se distingue por su impacto: con el mismo mensaje, llega más lejos y más adentro. Sabe que, tanto o más que lo que va a decir, contará el momento y el modo de decirlo, la expresión, la entonación, la oportunidad. Sabe que un incidente nimio puede echarle a perder un éxito que tiene al alcance de la mano, del mismo modo que la tosecilla de un espectador puede estropearle a un actor el monólogo central de una obra. Sabe que lo que cuenta no es ser fiel a su papel sino llegar al corazón de quien le escucha, pero también que debe hacerle olvidar que asiste a un espectáculo de ficción y que quienes ocupan la escena con la pretensión de protagonizar la obra son seres tan frágiles y tan desamparados como los que ocupan la platea. El buen político, como el buen actor, sabe capturar la atención de los espectadores y mantener la tensión para no perderla, y sabe que para eso hace falta ritmo. Hay que modular, cambiar de tono en el momento preciso. Sabe que el consumidor de imágenes que es hoy su espectador habitual se cansa enseguida, y que no hay que esperar que quiera profundizar mucho en las cosas ni darle tiempo para que lo haga. Ha comprendido que, en el fondo, no gobierna mucho más que las apariencias, porque el poder real muchas veces no está en sus manos y los márgenes de maniobra son estrechos, y que tiene que captar las impresiones, sensaciones, sentimientos e ideas espontáneas que flotan en el ambiente y conseguir darles coherencia, hacerlos cristalizar en un relato que seduzca a sus votantes. Como escribe Edmund S. Morgan en su libro La invención del pueblo (y tomo la cita de J. A. Marina, La pasión del poder): «El éxito de un Gobierno requiere la aceptación de ficciones, requiere la suspensión voluntaria de la incredulidad, requiere que nosotros creamos que el emperador está vestido, aunque podamos ver que no lo está».

La inflamación de las vanidades es uno de los nexos más visibles entre la política y el espectáculo. El gramo adicional de voluntad de protagonismo que se requiere para representar y gobernar a los demás es muy parecido al que se necesita para salir al escenario a representar a un personaje imaginario. Son pocos los políticos y los actores que no hacen grandes sacrificios para estar en el candelero y, por regla general, todos prefieren estar en escena aunque sea a costa de recibir tomatazos que estar fuera de ella y disfrutar del reconocimiento por sus éxitos pasados. Pero esta hipertrofia del ego no siempre es un rasgo negativo. La vanidad puede convertirse en un estímulo, en un acicate para trabajar más y mejor. Sin ella, muchas gestas políticas no se hubieran producido, igual que no se hubieran escrito muchas obras imperecederas. A nadie le gusta defraudar a sus admiradores, perder su respeto y deferencia. Sin embargo, en dosis elevadas la vanidad puede convertirse en un fardo muy pesado. La vanidad nubla la inteligencia con toda suerte de interferencias emocionales. Impide escuchar a los demás como es debido, y quien no escucha bien se aísla y deja de contar con datos indispensables para su labor. Desenfoca los problemas, al situar al propio ego en el centro de la imagen. En los casos más agudos, llega a infantilizar a los que la padecen. Personas que, por la elevada responsabilidad de sus cargos, deberían ocuparse serenamente de dirimir cuestiones de gran calado, pierden el tiempo y las energías luchando por nimias cuestiones de precedencia o acechando imaginarias faltas de respeto. Se apodera de ellas un auténtico delirio de grandeza que las vuelve irrisoriamente susceptibles respecto de su prestigio y las empuja a hacer el ridículo sin darse cuenta del espectáculo que ofrecen.

Desde Maquiavelo sabemos que el gobernante debe ser un gran simulador, porque los hombres se mueven más por lo aparente que por lo real. Maquiavelo recomienda al príncipe que sea astuto y trate de mantener a los súbditos «en suspenso y asombrados». Debe cultivar las virtudes que aumenten su credibilidad y mejoren su reputación, y reservar para sí las medidas agradables y aplicar a través de otros las que puedan dañar a sus súbditos. A los ciudadanos no les basta con saber que hay personas que se ocupan de los asuntos públicos. Tienen que ver que hay alguien en el puente de mando, que alguien se responsabiliza de lo que ocurre. Por ello, la programación es tan importante en la política como en el mundo del espectáculo. No se pueden dejar huecos. Igual que en un teatro tiene que haber función todos los días del año, un Gobierno debe estar activo, debe celebrar un consejo de ministros todas las semanas y llenarlo de medidas. Cuando no hay iniciativas de gran calado, hay que contentarse con otras de menor impacto. Pero es necesario llenar el escenario —o la pantalla—, porque cualquier vacío lo aprovecharán enseguida la oposición o las iniciativas de grupos marginales.

Para quien se ocupa de los asuntos públicos no es nunca baladí sentarse en un sitio u otro o ser tratado de una u otra manera. Para atraer la atención y granjearse el respeto de todos, el gobernante debe ocupar un lugar central, como corresponde al protagonista del poder que encarna. Pero los símbolos y las formas, si se les despoja de su contenido, acaban resultando huecos, estériles. Para quien trabaja con ahínco y competencia, las cuestiones de forma y de precedencia acaban resolviéndose por sí mismas. En cambio, quien, esclavo de su vanidad, descuida el contenido de su labor para dedicar más atención de la debida a las formas —como un actor más pendiente del tamaño de las letras de su nombre en los títulos de crédito que de la interpretación de su papel— se acaba condenando a la inutilidad y la irrelevancia.

En el mundo de la política, igual que en el del espectáculo, hay un notable contraste entre el despliegue de conflictos y pasiones en escena, frente al público, y los nervios y tensiones que reinan entre bastidores. El espectáculo del poder, igual que el teatro, cambia mucho dependiendo de si se ve desde fuera, sentado en la platea o encaramado en lo más alto del gallinero, o si se ve desde el otro lado del telón, entre bastidores. Visto desde el otro lado del telón todo es más sencillo de lo que parece. O más complicado, depende. En todo caso, más banal, más humano. Y más fortuito. En escena, se pronuncian palabras medidas, bien articuladas. Si alguien levanta la voz o insulta a alguien, es porque el guión lo exige. Entre bastidores, abundan el desorden, las prisas y los malos gestos. Quienes salen a escena se creen con derecho a un apoyo sin límites, y lo exigen sin rodeos a los que no salen. Igual que, viendo la elegancia en las maneras del veterano actor que llena por sí solo el escenario, nadie adivinaría los groseros insultos que acaba de proferir al responsable del vestuario, viendo al ministro que, en público, irradia simpatía y seguridad, nadie imaginaría los reproches que acaba de dirigir en privado a su jefe de gabinete. Los elogios en público de un dirigente político a un compañero de partido no siempre excluyen zancadillas en privado, del mismo modo que no es infrecuente que la diva que pide con un gesto al público que dirija sus aplausos al director sienta sin embargo un infinito desprecio por él y le aseste todo tipo de golpes bajos siempre que la ocasión lo permita.

Lo peor que le puede suceder a un partido político —igual que a los actores de una obra— es que estas tensiones y rivalidades afloren a la vista de todos y que los ciudadanos perciban el poder destructivo que tienen. Entonces, el partido está tocado y ya nadie dará el mismo crédito a lo que dicen sus dirigentes, igual que cuando las zancadillas entre los actores de una compañía son visibles por el público ya nadie va a creer lo que se supone que ocurre en escena. Por eso la historia de las organizaciones más sólidas —la Iglesia, los partidos comunistas, las fuerzas armadas— es una crónica de los esfuerzos para sofocar los focos heréticos y las muestras de indisciplina.

El papel de los medios de comunicación y la relación de amor-odio que mantienen con ellos políticos y actores también ilustra bien las semejanzas entre ambos mundos. Del mismo modo que el crítico teatral puede hundir una obra con una crítica negativa, el comentarista político puede ridiculizar a un político, poner en evidencia sus defectos y carencias delante de todos y alejar para siempre a sus simpatizantes y votantes. Este poder hace que los políticos estén muy atentos a lo que se escribe sobre ellos. Se podría pensar que, con el tiempo, se les endurece la piel y no sienten ya las críticas, pero no siempre es así. Los hay que desarrollan una coraza de paquidermos y los hay que conservan siempre una susceptibilidad de adolescentes. No es raro que adapten su línea de actuación a lo que se dice de ellos, como no lo es entre los profesionales del mundo del espectáculo. Se representa lo que se espera que pueda merecer el favor de los críticos, sin el cual es muy difícil alcanzar el del público, y se hace la política que se espera que pueda merecer el apoyo de los medios, sin el cual es muy difícil alcanzar el de los ciudadanos. Y, sin embargo, nada daña tanto a un político como la atención excesiva a lo que dicen de él sus críticos. Luis Buñuel dejó escrito en sus memorias que lo mejor que puede hacer un artista cuando se percata de que ha cometido un error es repetirlo hasta convertirlo en un rasgo de su estilo. En algunos casos, este puede ser un consejo excelente para un político. Del buen criterio para saber cuándo debe escuchar a sus críticos y cuándo debe hacer caso omiso de sus opiniones depende en buena medida su éxito profesional. Hay un momento en que todo político, como todo actor que se precie, debe demostrar su fuste imponiéndose a la opinión pública. Esta batalla consagra al que la gana, le confiere una autoridad que difícilmente le podrá ser sustraída.

Parecido paralelismo se puede observar entre la marcha de la taquilla y la de los sondeos. Ninguna obra aguanta en escena mucho tiempo si el público no acude a verla, igual que ningún político se mantiene en el candelero si los ciudadanos no apoyan sus propuestas y sus iniciativas. Por eso, el gobernante debe prestar atención al sentir de la ciudadanía, que puede descabalgarle con su voto. Pero también ahí debe andarse con cuidado, porque no le conviene que los ciudadanos le vean demasiado pendiente de las encuestas. Alguien aconsejó una vez a Winston Churchill que gobernara con el oído pegado al suelo, para estar al tanto de los deseos de los ciudadanos. Churchill respondió que no quería que ningún ciudadano pudiera sorprenderle en una postura tan poco airosa. La anécdota refleja bien uno de los numerosos dilemas a los que se enfrenta el gobernante. Los sondeos de opinión son muy útiles y es lógico que los gobernantes los utilicen para saber cómo piensan los ciudadanos y asegurarse de que les van a seguir. Dejarse influir por ellos es una forma de humildad. Pero el riesgo, como advirtió Churchill, es que los ciudadanos se den cuenta y les pierdan el respeto. El verdadero líder debe saber cuándo le conviene mirar hacia delante, hacia el futuro, y no andar volviéndose para ver si los ciudadanos le siguen. Como escribió el médico y activista social británico Havelock Ellis: «To be a leader of men one must turn one’s back on men». Es decir: para liderar a los hombres hay que darles la espalda. A veces el líder tiene que conducir a la gente adonde no quiere ir. Helmut Kohl impulsó la creación del euro en contra de la voluntad de la mayoría de los alemanes y Tony Blair metió al Reino Unido en la guerra de Irak contra la voluntad de la mayoría de los británicos. A Kohl se le aplaude, o al menos se le aplaudía. A Tony Blair se le acusa de haber engañado al pueblo británico. Ir contra la corriente tiene riesgos, pero no ir también.

El gobernante, como el productor de una obra de teatro o de una película, debe estar pendiente del poder económico, que puede aniquilarle utilizando el dinero contra él. No creo que sea difícil imaginar una situación equivalente en el mundo de la política a la hilarante trama de Balas sobre Broadway, esa película de Woody Allen sobre un dramaturgo que tiene que adaptar su obra a los caprichos de un gángster que está dispuesto a producirla con la condición de que su amiga, una aficionada sin talento, actúe de protagonista, y que ve cómo el guardaespaldas de la amiga del gángster acaba imponiendo sus opiniones en los ensayos. En política, a menudo hay que adaptar la obra a las opiniones nada desinteresadas de los grandes contribuyentes a las arcas del partido, y no es inusual —aunque tampoco habitual, por suerte— que estos rentabilicen sus inversiones imponiendo en el cartel a personas afines, sea para colocarlas, sea para tratar de controlar el uso que se hace de su dinero (o para ambas cosas a la vez). ¿En cuántos partidos no hay dirigentes cuya permanencia en la cúpula no se justifica más que por su habilidad recaudatoria?

Una diferencia curiosa entre el mundo de las tablas y el de la política: antes, cuando el teatro era un espectáculo habitual y no un producto cultural de gama alta, los espectadores tenían escaso reparo en abuchear y patear a los actores si estimaban que no habían dado la talla. Esta saludable costumbre ha sucumbido a la acomplejada necesidad que siente el público teatral de nuestros días, en una extraña inversión, de mostrar que está a la altura del privilegio que se le ofrece, mediante unas muestras de adhesión que por regla general son tanto más deferentes cuanto más opaco y tedioso es el espectáculo al que asiste (pocas manifestaciones de papanatismo comparables al esforzado fervor con que, en el festival de turno, los dutiful few aplauden una representación en polaco o en finlandés sin haber entendido una palabra). En el mundo de la política, en cambio, se ha producido una evolución inversa. El respeto con que antaño se trataba a los dirigentes, aun cuando no se compartieran sus ideas o se les criticara con dureza, ha dado paso a la generalización del abucheo y del pateo. A la hora de denostar a un gobernante, nadie quiere quedarse corto, nadie quiere pasar por papanatas. El político es un actor al que nos encanta tirarle tomates. Tenía mucha razón Josep Tarradellas cuando decía que, en política, se puede hacer todo menos el ridículo: al menor signo de que se ha abierto la veda, todo el mundo se apresura a disparar.

CONTINGENCIA

Una de las cosas más llamativas para todos los que tienen la oportunidad de asistir al proceso de toma de decisiones políticas es la distancia a menudo abismal que media entre las razones que los observadores atribuyen a una decisión y las que verdaderamente la han motivado. Del mismo modo que el avance de la ciencia nos ha enseñado que hechos que los antiguos atribuían al influjo de la luna o de los astros son resultado de las condiciones climáticas y que ciertas dolencias antes atribuidas al estrés, como las úlceras de duodeno, son obra de virus o bacterias, las personas mejor informadas saben que lo que para algunos analistas imaginativos es fruto de una estrategia calculada hasta el último detalle, es a menudo simple resultado del azar, de la improvisación o de la incompetencia.

Se dice que una vez preguntaron al primer ministro conservador británico Harold Macmillan cuál era el factor más importante en política y respondió: «Events, my dear boy, events». Es decir: «Los acontecimientos, querido amigo, los acontecimientos». Desde fuera, todo el mundo piensa que las cosas pasan por razones concretas: alguien lo ha querido, maquiavelismo, razones ideológicas. Nos gusta creer que hay un motivo. Desde dentro, se ve que muchas veces pasan porque pasan y basta.

Por regla general, tendemos a pensar que los actos de los gobernantes responden a una deliberación y una coherencia que, si lo meditáramos, veríamos que pocas veces están presentes en los nuestros. Atribuimos con frecuencia a la astucia lo que es obra del azar y a la mala fe lo que es resultado de la ignorancia o del error. Como escribió Bioy Casares, «el mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez».

El proceso de toma de decisiones de los Gobiernos es por lo menos tan caprichoso y tan imprevisible como el de cualquier otro colectivo, porque en él intervienen personas cuyas circunstancias, particularidades y obsesiones pesan tanto como pesarían en otro lugar. Si cualquiera de nosotros sabe que a menudo hacemos esto o aquello por motivos enteramente fortuitos, aunque a posteriori no nos falte nunca una explicación lógica para justificarlo, con mayor razón debemos admitir que decisiones colectivas como suelen ser las que adoptan los Gobiernos también han de ser por fuerza aleatorias, generalmente mucho más que las individuales. Pero no está en la naturaleza humana resignarse fácilmente al papel del azar. En el fondo, todos anhelamos un orden en el que las decisiones respondan a motivaciones lógicas, en el que imperen unos criterios, sean los que sean, y por eso tendemos a atribuir a las decisiones de los Gobiernos mayor coherencia de la que tienen. Este anhelo nos impide ver los motivos de muchas acciones aun cuando se producen ante nuestros ojos. Como escribió Montaigne: «La mayor parte de las cosas del mundo ocurren por sí mismas».

Con frecuencia el éxito de una acción no depende tanto de la sabiduría o tino de quien la lleva a cabo como de la fortuna, del azar. La meteorología política es tan cambiante como la atmosférica, e igual de imprevisible. Un cambio de vientos en un punto origina horas apacibles o desencadena temporales en otro. Los políticos lo saben y se acostumbran a aceptarlo, a vivir al día, sin fiarse demasiado de los planes a medio y, aún menos, a largo plazo.

Todos aprenden muy pronto que casi siempre quien resiste vence. Tras días seguidos de bochorno, cuando parece que va a descargar, la tormenta se escurre de repente hacia otras latitudes y reina un frescor suave, regalo de quién sabe qué alteraciones climáticas en un punto lejano. La atención de la opinión pública pasa de un asunto a otro, sin profundizar, sin detenerse en los pormenores, estimulada por unos medios de comunicación que, en su constante lucha por incrementar los índices de audiencia, convierten la información en una forma de entretenimiento. A un tren le sigue siempre otro tren, y luego otro. Los acontecimientos se suceden como saltos de pantalla. Una imagen borra la anterior. Un mal telediario y un buen telediario pueden sumar dos buenos telediarios, porque lo que al cabo queda impreso en la retina del telespectador es la doble imagen del político de turno superpuesta al buen sabor de boca de la última noticia. Nada es como es sino como se percibe, y la percepción depende del estado de ánimo del perceptor, que verá las cosas en función de factores tan poco controlables como los caprichos del clima.

El buen político es el que tiene un proyecto, unos objetivos bien definidos, pero sabe adaptarse a las circunstancias como un surfista, el que reacciona a los hechos sin más predeterminación que unos principios sólidos y una idea clara de lo que conviene a los ciudadanos, consciente de que todo puede cambiar de la noche a la mañana, a veces por razones completamente ajenas al problema en cuestión. La política es el arte de la contingencia, de la oportunidad, y el terreno en el que se ejerce es casi siempre el del corto plazo.

JUEGO DE AZAR

La política no es un juego de azar. La política es un arte que exige una combinación de cualidades que no es usual encontrar en la misma persona. La política exige esfuerzo, energía, pasión, fe en uno mismo, ambición, rapidez de reflejos, inteligencia, tenacidad, un optimismo incurable, conocimientos, capacidad de gestión, facilidad para expresarse, habilidad para relacionarse con los demás. Pero la suerte tiene en ella un papel nada desdeñable, como en casi todos los aspectos de la actividad humana.

Por ello, para entender el modo de proceder de los que participan en ella, no creo que sea disparatado ni enteramente ocioso comparar la arena política con un casino en el que un número indeterminado de jugadores pugnan por aumentar el capital que poseen. Esta comparación no debe verse como peyorativa para los políticos (ni para los jugadores, obviamente). En una democracia, es lógico y loable que los partidos luchen por el poder, y también lo es que, dentro de cada partido, sus miembros compitan por los puestos de mayor responsabilidad, o que en el seno del Gobierno los ministros y altos cargos aspiren a conservar sus puestos y a obtener otros de mayor relieve. Del mismo modo que el que juega en un casino aspira normalmente a ganar dinero, el que participa en la política trata por regla general de acrecentar su cuota de poder, y los métodos y virtudes necesarios para alcanzar este fin recuerdan en ocasiones a los que contribuyen al enriquecimiento de un jugador en un juego de azar, aunque ello no quiere decir, obviamente, que sean idénticos. Huelga decir que la misma comparación puede establecerse con cualquier otro ámbito de poder, sea en una gran empresa, un sindicato o una organización benéfica, siempre que se trate de una estructura compleja.

Tanto en la escena política como en los casinos, las actitudes y las estrategias pueden ser muy diversas. Hay curiosos que tientan la suerte por falta de otra cosa mejor que hacer y hay ludópatas que no saben vivir si no es con las cartas en la mano o con la bola de la ruleta brincando ante los ojos. Hay amateurs que apuestan con alegre deportividad cantidades que no necesitan y hay tahúres que calculan cada jugada con una frialdad de neurocirujano. Unos arriesgan cantidades miserables y otros sumas vertiginosas, unos intentan granjearse la simpatía del azar apostando con audacia y otros tratan de derrotarlo con trabajosos cálculos matemáticos. Pero en el casino de la política todos aspiran a incrementar su capital y, en un momento u otro, con mayor o menor conciencia de ello, casi todos sueñan con hacer saltar la banca. Todos son, a la vez, el jugador y la apuesta.

La mayoría están integrados en equipos que se enfrentan entre sí, los partidos políticos, pero también pueden jugar más o menos por su cuenta o actuar en representación de otros grupos y colectivos, como sindicatos, colegios profesionales, etc., cuyo quehacer no es político en sentido estricto, pero que tienen un peso muy notable en la vida pública. Aunque el juego nunca se detiene, podemos considerar las elecciones como el momento en que se redistribuye el monto de que dispondrá cada partido para hacer sus apuestas. Pongamos que el total de dinero a repartir entre los partidos equivale a mil fichas, y que las urnas dan un partido claramente ganador. A este partido le corresponden —vamos a suponer— seiscientas fichas. A la oposición, trescientas. Los otros partidos y los jugadores independientes se reparten las cien restantes.

El candidato del partido vencedor, una vez elegido presidente, distribuye parte de las fichas que corresponden a su partido entre los miembros del Gobierno y sus colaboradores más directos. El número de fichas que tocan a cada jugador no siempre se corresponde con su rango administrativo. El ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, tiene más del doble de fichas que el ministro de Educación, pero menos que el de Economía (sobre todo si este último es vicepresidente). Hay secretarios de Estado que tienen más fichas que algunos ministros (el de Economía, el de Presupuestos, etc.). Pongamos que a un ministro, de media, le corresponden quince fichas (de las cuales deberá distribuir a su vez una parte entre sus colaboradores), que a los diputados y dirigentes del partido les corresponden un total de cien y que el presidente se queda sesenta para sí y distribuye el resto entre sus colaboradores directos. Es posible que algún director general, excepcionalmente, llegue a tener una ficha. Otros se habrán de conformar con media o con una fracción inferior, pero todos los altos cargos del Gobierno (subsecretarios, secretarios generales, directores generales) participan en el reparto. El jefe de la oposición distribuye de forma parecida sus fichas, igual que el resto de los dirigentes políticos con representación parlamentaria.

Cada jugador tratará de conservar y acrecentar sus fichas. Para ello, tiene en principio asignado un campo de acción, una mesa concreta donde se supone que debe jugar, delimitada por su ámbito de competencias. En unas el riesgo es mayor que en otras. El ministro del Interior, por ejemplo, se juega su capital político en una mesa sucia y desagradable, pero en la que si se actúa con una mínima prudencia raramente se pierde. El ministro de Asuntos Exteriores se bate en un terreno brillante, que le puede proporcionar réditos cuantiosos si juega con aplomo y no comete demasiados errores. En cambio, los ministros de Justicia o de Industria tienen que asumir más riesgos. Hay ministros —Trabajo, Agricultura— cuyo radio de acción es muy limitado. Alguno —como el de la Sanidad, que en España carece prácticamente de competencias propias, dado que están transferidas a las Comunidades Autónomas— se ve obligado a tentar a la suerte en las máquinas tragaperras.

La estabilidad no existe. Nadie se mantiene con una cuota de poder constante. El que no incrementa su poder es que lo está perdiendo. Por ello, los jugadores que no asumen ningún riesgo ven cómo su capital político merma inexorablemente. No es necesario apostar en cada jugada, pero dejar de hacerlo tiene un coste proporcional al monto en juego. Pasar en una jugada en la que hay poco en liza no supone una pérdida apreciable, pero quedarse al margen de una jugada importante —y no siempre es fácil calibrar de antemano el potencial de cada jugada— puede conllevar una pérdida seria. El peor riesgo es no correr ninguno. Sin embargo, a veces la inacción, saber esperar el momento favorable, es una apuesta inteligente. Depende. En política no siempre es cierta la validez del viejo aforismo de Lichtenberg: «El mejor refugio contra las tormentas del desierto sigue siendo una tumba».

El gobernante dispone de ventaja para elegir la mesa en la que quiere jugar. Si es hábil, todos los demás jugadores deberán adaptarse a su elección. Pero también es posible que sea el jefe de la oposición, o los acontecimientos, el que le fuerce a jugar en un terreno concreto. El Gobierno puede haber decidido apostar en áreas en las que se siente fuerte, como la política territorial o la lucha contra el terrorismo, y los hechos —caprichosos, tenaces— imponerle otras en las que cuenta con peores bazas, como la lucha contra el paro o contra la inmigración ilegal. Lo más probable es que el terreno en el que se jueguen las grandes partidas sea resultado, por un lado, de una lucha cruel entre el Gobierno y la oposición y, por otro, de una combinación fluctuante de cálculo y azar. La pericia del resto de los jugadores consistirá en buena parte en irse adaptando a esas circunstancias, que por lo general cambian muy rápidamente. Un jugador puede estar acechando el momento de jugar una mano que sabe vencedora y, entretanto, pasar en otra por falta de reflejos y perder más que lo que puede ganar en la primera.

Naturalmente, en el curso del juego hay jugadores a los que se les van acabando las fichas. En un momento u otro estos jugadores deberán ser sustituidos, so pena de que su insolvencia se convierta en un lastre para quien les ha nombrado, que al hacerlo se convirtió en su avalista. El gobernante no siempre puede permitirse el lujo de tener miembros de su gabinete en esta situación, al menos durante mucho tiempo. Pero reemplazarlos por otros jugadores también tiene un coste, ya que deberá entregarles fichas para que jueguen, y por ello es posible que tienda a esperar. Con todo, si elige bien el momento, la remodelación de su equipo puede ser una jugada ganadora, y proporcionarle un incremento en su capital político, aun después del reparto de fichas entre los recién nombrados. Del mismo modo, los ministros y los jefes de fila de los partidos deberán estar atentos al nivel de solvencia de sus colaboradores. Los que hayan perdido su credibilidad —es decir, su crédito, sus fondos— por apuestas erróneas tendrán que ser sustituidos, a menos que quien les haya facilitado sus fichas prefiera apechugar con el coste de su inactividad (o aún peor, de su actividad, si continúa siendo desfavorable).

Aunque todos los participantes en el juego aman el riesgo, porque de otro modo no jugarían, cada jugador tiene su estilo. Los hay temerarios y los hay cobardes, los hay reflexivos y los hay impetuosos, los hay calculadores y los hay intuitivos. Los hay muy puntillosos con las reglas y los hay que, si pueden, hacen trampa. La tenacidad es sin duda una virtud, pero también lo es la prudencia. Sin fe en uno mismo es difícil ganar, pero la mejor manera de limitar las pérdidas de apuestas poco juiciosas o, simplemente, desafortunadas es no precipitarse ni dejarse llevar por una confianza excesiva en las propias fuerzas. Saber esperar es tan importante como tener buenos reflejos para reconocer antes que los demás una oportunidad favorable. Hay jugadores que acumulan grandes ganancias mediante una serie de jugadas soberbias, para perderlas en un instante de confianza excesiva. Otros van perdiendo de forma sostenida a causa de pequeñas apuestas adversas y se recuperan de golpe gracias al fogonazo de una intuición. Los jugadores avezados saben que las buenas rachas son peligrosas, y que las malas no duran siempre, y el talento de cada jugador estriba tanto en conocer al rival y las reglas del juego, como en conocerse —y dominarse— a sí mismo. Todos llevan la droga del juego en la sangre, en mayor o menor concentración, y si se ven obligados a abandonar la partida por falta de fondos experimentan un fuerte síndrome de abstinencia.

En teoría, los jugadores deben contribuir a aumentar el poder del partido propio y a debilitar a los demás. Sin embargo, en la práctica los jugadores necesitan también conservar y aumentar su cuota de poder dentro de su bando. A ningún líder de partido le falta un competidor que acecha el momento adecuado para tratar de sustituirle. A ningún ministro le faltan dos o tres personas en las propias filas que conspiran para ocupar su puesto. Todos se ven obligados a defenderse de enemigos diversos, no pocos de ellos internos. Los colaboradores de los presidentes y de los ministros disputan una buena parte de las jugadas entre sí, en una proporción que crece conforme se desciende en la escala jerárquica. Imaginemos que el Gobierno debe decidir el curso de acción para hacer frente a un problema, y que un ministro propone una línea y otro ministro otra. Se impone uno de los dos, y si su consejo resulta acertado su capital aumenta. A partir de ahora, el presidente confiará más en él y la opinión pública, si su toma de posición era conocida, le respetará más. Esto quiere decir que gozará de un mayor margen de maniobra y de un mayor respaldo para llevar a cabo su política. Es decir, de más fichas. Pero si el presidente sigue su consejo y no alcanza el objetivo que persigue, es muy posible que la próxima vez no le escuche. Por consiguiente, su influencia mermará, y como contrapartida aumentará la del ministro que propuso la línea de acción desechada. Como resultado, el primero perderá fichas y el segundo las ganará.

Tener hilo directo con el superior jerárquico, o con el líder del partido, es siempre un activo, ya que aumenta notablemente la capacidad de acción. Quien goza de la confianza de su jefe multiplica las ocasiones de probar fortuna en jugadas en las que se ventilan cantidades superiores a las habituales a su nivel, no pocas veces con un riesgo limitado, ya que al fin y al cabo la responsabilidad de la decisión que se tome no es suya sino de su jefe. De ahí la competencia entre los colaboradores del líder de un partido, de un ministro, etc., para ganarse su confianza y para tener acceso a él. Pero esta competencia, siempre descarnada, ofrece riesgos notables para los que participan en ella. A menos que la magnitud de la apuesta lo requiera, es más prudente no competir por la atención del superior y concentrarse en el propio juego.

Saber jugar de farol suele ser al menos tan importante como disponer de buenas bazas. Lo que cuenta no es el poder que cada jugador tiene, sino el poder que los demás creen que tiene. Los mecanismos del poder son simbólicos, ficticios, y el político que sabe manejarlos con astucia juega con ventaja. Además, a menudo la fortuna sonríe a los que saben arriesgarse dando por seguro que alcanzarán determinados objetivos y actuando como si ya los hubieran alcanzado. No es infrecuente que esta actitud voluntarista proporcione buenos réditos, aunque también puede propiciar batacazos considerables. La clave es manejar la información con habilidad y hacer creer a los demás jugadores que se poseen bazas imbatibles, para que quieran apostar al caballo ganador y se creen así las condiciones para que el farol prospere.

HUMO

La obsesión —confesa o no— de todos los jugadores son las fichas. ¿Cómo son? Si fueran como las de los casinos, tangibles, contabilizables, transferibles, la política no sería el arte complejo que es. Habría un marcador y los ciudadanos sabrían en todo momento el nivel de solvencia de cada jugador. Pero las fichas de la política son muy distintas.

Tendemos a pensar en el poder como algo concreto, definido, de contornos bien dibujados. No lo es. Es vago, etéreo. No se puede asir. No se puede trasladar de unas manos a otras si no es tomando unas precauciones especiales. No se puede conservar en un cajón como un montón de fichas de colores, ni dejarlo en un lugar apartado con la esperanza de volver a encontrarlo en las mismas condiciones. Se evapora. Se filtra. Se va. No es estático: circula, fluye. Para conservarlo, hay que saberlo embalsar, pero esto no asegura que llegado el momento pueda utilizarse. Es engañoso. A unos les empapa, pero cuando quieren servirse de él no pueden. Otros permanecen secos pero siempre están en condiciones de usarlo. No se emplea con igual facilidad en una dirección que en otra: en unos casos choca con obstáculos insuperables; en otros, todo son facilidades. Es como la corriente eléctrica: fluye por unos puntos y por otros no, depende de las conexiones.

El poder siempre está en otra parte. Basta asistir a una sesión parlamentaria cualquiera, o ver su resumen en televisión, para observar que los políticos de la oposición están convencidos de que el poder reside en el Gobierno. Pero la percepción desde las filas gubernamentales es muy distinta. Los ministros se sienten constreñidos por el limitado abanico de opciones realistas a su alcance y están íntimamente persuadidos, en mayor o menor medida, de que quien tiene poder de verdad son los medios de comunicación, que trituran o consagran a su antojo la labor del Gobierno, los grandes centros económicos, que son los que de verdad pueden transformar la realidad con sus decisiones, o los funcionarios, sin cuyo concurso no hay quien aplique ningún programa. A su vez, los profesionales de los medios se ven como individuos inermes frente a la poderosísima maquinaria gubernamental; los agentes económicos creen estar en desventaja frente a unos ministros que no arriesgan su dinero como ellos y que pueden, con una simple decisión, hacerles ganar o perder sumas considerables; y los funcionarios se sienten como marionetas en manos de los ministros, cuyas órdenes tienen que obedecer y de cuyo favor depende en buena parte su futuro profesional.

En su fuero interno, todos se identifican en algún momento con el desconcierto del protagonista de El castillo, el agrimensor K. El poder está en todos los sitios y en ninguno. Es un flujo imperceptible, una fuerza misteriosa que nadie puede asir, indefinible por su complejidad, que circula por el Gobierno, por las instituciones políticas, por los medios de comunicación y por los centros de decisiones económicas, sin que nadie sepa dónde reside exactamente, sin asentarse firmemente en ningún lugar. Es algo difuso e inconcreto, que enmarca y orienta las acciones y decisiones de todos sin dejarse apresar por nadie. Es posible hallarse en el centro neurálgico del poder y no percatarse de ello, del mismo modo que el protagonista de La cartuja de Parma, Fabrizio del Dongo, participa en la batalla de Waterloo sin ser consciente del carácter histórico del momento. Como señala Foucault: «El poder, si se lo mira de cerca, no es algo que se divide entre los que lo ostentan y los que no lo tienen y lo sufren. El poder es y debe ser analizado como algo que circula y funciona —por así decir— en cadena. Nunca está localizado aquí o allí, nunca está en las manos de alguien. Nunca es una propiedad, como una riqueza o un bien». Si alguien quiere asirlo como asiría una piedra o la empuñadura de una espada, ocurrirá lo mismo que si quisiera asir el agua: cuanto más apriete para retener lo que por su naturaleza fluye por todas partes, más se le escapará.

Esto se ve muy bien al observar las tensiones entre los que tienen el poder por derecho y los que lo tienen de hecho, entre los ministros y los grandes empresarios o los periodistas más influyentes. ¿Quién depende de quién? Como en el caso del monarca y sus validos, o en el del presidente y sus ministros, hay un control y una dependencia mutuas. También se ve bien al analizar las relaciones entre los líderes políticos, en especial cuando están en el Gobierno, y los partidos que dirigen. ¿Hasta qué punto puede el líder decidir por sí mismo sin tener en cuenta a su partido? ¿Debe el líder actuar como mero portavoz del partido o debe el partido plegarse a las decisiones del líder? No hay dos casos iguales, pero todos tienen algo en común: el poder fluye de un polo a otro sin que se sepa en ningún momento a ciencia cierta dónde está.

Más que de poder, tal vez es mejor hablar de influencia. ¿Tiene poder el presidente del Gobierno? Indudablemente. No solo encarna el poder sino que lo posee en abundancia. Pero ¿en qué consiste este poder? ¿En la capacidad de actuar, o de ordenar una acción? ¿O más bien en la de influir en los demás para que la emprendan, en persuadirles para que actúen? Kapuscinski cita una frase de Brézhnev: «Creíais que porque teníais el poder ya podíais hacer lo que os viniese en gana. ¡Craso error! ¡Ni siquiera yo puedo hacer lo me gustaría; apenas si puedo llevar a la práctica una tercera parte de lo que quisiera hacer realidad!».

¿Una tercera parte? Es dudoso que ningún presidente elegido en las urnas pueda decir lo mismo. Brézhnev era un dictador, y su capacidad de actuar era muy superior a la de cualquier líder democrático. El presidente norteamericano Harry Truman lo explica muy bien en una carta a su hermana en 1947: «La gente nunca entiende por qué el presidente no utiliza su supuesto gran poder para conseguir que actúen como deben. Bien, el presidente no es más que un relaciones públicas de alto nivel que se pasa el tiempo halagando, besando y dando puntapiés a la gente para que hagan lo que se supone que tienen que hacer de todas maneras». Antes de ceder el poder al general Eisenhower, su sucesor, Truman le predijo considerables dificultades para pasar del ordeno y mando del medio militar al mundo político de la persuasión. «Se sentará aquí y dirá haced esto, haced aquello. Y no ocurrirá nada. Pobre Ike, lo que verá aquí no será en absoluto como en el ejército. Se sentirá muy frustrado.»

Lógicamente, la textura y volatilidad del poder depende del tipo de Estado de que se trate. En La ruptura de las naciones, Robert Cooper distingue entre los Estados premodernos, como Somalia o Afganistán, que no tienen el monopolio del uso de la fuerza y no controlan su territorio ni sus fronteras; los Estados modernos, como India, Brasil o México, que retienen el monopolio del uso de la fuerza y que reposan sobre un sólido concepto de la soberanía nacional; y los Estados que llama postmodernos, como los miembros de la Unión Europea, que operan sobre la base de la transparencia, de la cooperación y de la seguridad mutua, y que renuncian a parte de su soberanía en beneficio de su integración con otros Estados. Los primeros son Estados fallidos incapaces de defender sus intereses nacionales. Los segundos, Estados-nación muy celosos de su independencia que defienden sus intereses soberanos con exclusión de los intereses de los demás Estados, con una lógica de suma cero en la que la seguridad ajena obra en detrimento de la propia. En los terceros, el concepto de soberanía nacional se diluye a favor de otros conceptos como la interdependencia o la supranacionalidad. España pertenece claramente al tercer grupo. Ha cedido amplios espacios de soberanía a la Unión Europea, por arriba, y a las Comunidades Autónomas, por abajo, y ha apostado por una política de cooperación con sus vecinos basada en la premisa de que su estabilidad y progreso favorecen la estabilidad y el progreso de España.

A cada tipo de Estado corresponde un tipo de gobernante y una forma distinta de ejercer el poder. En los Estados fallidos encontraremos a dirigentes tribales, líderes revolucionarios o generales con ambiciones dictatoriales que basan su poder en la coacción y la fuerza y no tienen ningún respeto por los derechos de los ciudadanos. En los Estados modernos, primará el cesarismo de líderes de fuerte personalidad que harán sentir un poder basado en la coacción, la persuasión gracias a su carisma o el apoyo de una sólida organización política. Los líderes de Rusia, China o México son buenos ejemplos. En los Estados postmodernos los dirigentes ya no pueden utilizar la fuerza para coaccionar a sus adversarios, ni las arcas públicas para ganarse el favor de los ciudadanos en la medida que les gustaría. Sus armas son la persuasión y la negociación. Son primus inter pares, con un poder más limitado. Las reglas del juego son distintas. «El poder nace de la boca de un fusil», dijo Mao Tse Tung en 1938. Hannah Arendt, en su ensayo sobre la violencia, lo rebate: alguien tiene que manejar el fusil, y para que lo haga se necesita un grado de persuasión, de adhesión. Sin un grado de asentimiento no hay poder posible. A la vez, sin un grado mínimo de coerción tampoco hay poder posible, ya que no hay estabilidad. En las sociedades democráticas hay un acuerdo básico sobre cómo se accede al poder y con qué límites se ejerce, en particular sobre el uso de la coerción (ejército, policía).

Hoy las tecnologías de la información, las redes sociales, la proliferación de organizaciones civiles y el ascenso de micropoderes en los puntos más remotos del mundo están limitando todavía más el poder de todos, no solo de los gobernantes de estos últimos Estados. Pero es en estos últimos, los Estados democráticos, en los que el poder es más fluido, menos tangible. Un presidente elegido en las urnas debe desarrollar una política basada en un programa electoral elaborado por un equipo durante meses. Sin duda ha tenido mucho que decir en ese proceso, pero en el programa no figura nada que no haya sido aprobado por los órganos del partido, y estos órganos muy raramente suelen aprobar algo que no cuente con el beneplácito de los lobbies y medios afines. Una vez aprobado el programa, el margen para introducir iniciativas nuevas queda limitado. En la ejecución del programa, interviene toda la maquinaria del Gobierno: ministros, subsecretarios, interventores, asesores jurídicos, etc. Muy raramente discute el consejo de ministros una idea o iniciativa que no haya sido aprobada por la comisión de subsecretarios y que antes no haya sido sopesada cuidadosamente por el equipo del ministerio que la impulsa. La labor del presidente se limita en estos casos a asentir a lo que le proponen. Y si por azar una propuesta llega al gabinete sin que haya pleno acuerdo, su función consistirá más en mediar entre los ministros que en imponer su criterio personal.

Se dirá que el presidente ha delegado antes su poder en todas estas personas, y que sigue siendo él quien lo ejerce, aunque no sea personalmente. Pero esta afirmación es cierta en una parte muy pequeña. Para empezar, el alcance de esta afirmación se reduce a los altos cargos nombrados por él o por sus colaboradores directos, y excluye a la maquinaria de la administración, una legión de funcionarios que estaban allí antes de que el Gobierno ganara las elecciones y que permanecerán cuando las pierda. Cualquiera que haya trabajado en un ministerio sabe lo difícil de mover que es esta maquinaria. Luego, hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener que contar con el parecer de alguien al que se ha nombrado directamente, como un ministro, que con el parecer de los colaboradores del ministro, que a menudo puede pesar tanto o más. Finalmente, el presidente no siempre dispone de libertad plena para elegir a sus colaboradores en el Gobierno. Debe respetar frágiles equilibrios dentro de su partido y debe considerar la procedencia de cada uno para mantener una cierta representación territorial, lo que le obliga a menudo a contar con personas que no son las que hubiera elegido de poder hacerlo con mayor libertad. De ahí que en ocasiones se sienta, más que apoyado, maniatado por sus colaboradores y aún más por los colaboradores de sus colaboradores. La imagen de que se sirve Hans Magnus Enzensberger en un artículo memorable, «Compasión con los políticos», la de un Gulliver atado con mil hilos al que un denso entramado de intereses de los partidos, de los lobbies, de la burocracia no deja moverse más que milímetro a milímetro, no puede ser más justa. Cuando el gobernante decide algo, es difícil saber en qué medida ha decidido lo que él quiere o lo que quiere su partido o sus colaboradores. A veces, su misión se limita a terciar. Luego, una vez tomada la decisión, es posible que no llegue a ejecutarse. Si de verdad quiere que se haga algo, además de impartir la orden correspondiente tiene que convencer a sus colaboradores, para que estos a su vez persuadan a los suyos y la orden se ejecute.

Sus colaboradores, lógicamente, están constreñidos por el mismo tipo de limitaciones, normalmente en mayor medida aún. Tampoco ellos pueden forzar a los demás a actuar, por importante que sea su cargo. Tienen que explicar, persuadir. Tienen que abrirse camino entre la maraña de resistencias que encuentran, y es más fácil —y, sobre todo, más efectivo— hacerlo esgrimiento argumentos que dando órdenes. Los más eficaces son los que logran que todos los que comparten la responsabilidad en un asunto determinado obren en la misma dirección, los que generan a su alrededor un ambiente de estímulo y de entusiasmo en el que las objeciones se evaporan sin necesidad de doblegar la voluntad de nadie, los que consiguen que los demás asuman como propios los objetivos que les proponen.

Cuanto más elevado sea el puesto que se ocupe, mayores en principio serán las posibilidades de influir, mayor el radio de acción que se podrá abarcar. Pero no siempre es así. A menudo la influencia no depende de la jerarquía del cargo que se ocupa sino del grado de acceso a quien puede tomar las decisiones o a sus colaboradores inmediatos. Además, el prestigio de cada cual se forjará en los resultados que obtenga, y estos no dependerán tanto de la extensión de la zona sobre la que se pueda influir como de la medida en que se consiga impulsar la acción deseada. Si se alcanzan los objetivos que se persiguen, la influencia aumentará y si no se alcanzan, disminuirá, sea cual sea el puesto que se ocupe. De ahí que sea tan difícil predecir en cada momento la influencia de cada jugador.

LA ILUSIÓN DEL PODER

El economista John Kenneth Galbraith, en La anatomía del poder, lleva esta argumentación un paso más allá y analiza los mecanismos que sustentan la ilusión de un poder que casi nunca es tan real y decisivo como muchos quieren creer.

El gobernante sabe que su credibilidad depende de que los demás le consideren poderoso. No le faltan enemigos ni personas que aspiran a su puesto. Todos tienen un olfato de perros de caza para advertir la más mínima falta de convicción y están decididos a abalanzarse sobre él al menor titubeo. Sabe además que la labor de Gobierno es en gran parte de escenificación, teatral. Por ello, alimentará siempre la ficción del poder, de forma automática, sin ni siquiera ser consciente de ello. Los colaboradores, los edecanes, los coches oficiales, el protocolo, el ceremonial, los aplausos e incluso la coba de los aduladores de turno le prestarán ahí un gran servicio. Si adopta una actitud de modestia, será para servirse de ella como máscara protectora y, a la vez, como mecanismo para magnificar su estatura. Sabe que para muchos la prueba definitiva de que alguien es poderoso es que no sienta la necesidad de demostrarlo, que lo asuma con naturalidad, incluso sencillez. Como dijo Margaret Thatcher, ser poderoso es como ser una señora: cuando alguien tiene que decir que lo es quiere decir que no lo es.

Sus colaboradores contribuirán a reforzar su poder con entusiasmo, sin ni siquiera darse cuenta. Del poder del gobernante emana el suyo, y de este emana su autoestima como miembros del equipo gubernamental. Necesitan sentirse poderosos para aceptar los sacrificios que sus cargos les imponen, las tensiones, las largas jornadas de trabajo, las horas robadas a la vida personal y familiar, y por eso magnificarán de forma automática el poder de su superior.

Los periodistas y los comentaristas políticos que se ocupan del presidente y del Gobierno contribuyen aún más a alimentar la ficción. También ellos derivan su importancia de la proximidad al poder, una fuente constante de noticias que hay que glosar, interpretar, descifrar: nada más comprensible que tiendan a realzarlo. Sus artículos y análisis no solo confirmarán el poder del gobernante. Lo adornarán, lo corroborarán aunque sea atacándolo, lo fortalecerán aunque intenten demolerlo y actuarán como un espejo que ayudará al gobernante y a sus colaboradores a convencerse de su poder y a afirmarlo con mayor fuerza.

Entre todos, crearán una emulsión en la que la realidad y la ficción estarán tan entremezcladas que resultarán muy difíciles de separar.

APETENCIAS, COMPETENCIAS

Aunque el poder sea gaseoso y como tal difícil de asir y cuantificar, hay un aspecto concreto en el que se lo puede mesurar: el de las competencias. Las competencias son al poder como las propiedades inmobiliarias al patrimonio. Pueden estar vacías, de igual modo que un solar o un edificio pueden carecer de valor, pero tienen existencia legal, son tangibles, delimitables, transferibles. A mayor número de competencias, más importante es el cargo que se ocupa: más son las personas a las que se dirige y más los asuntos sobre los que se puede ejercer una influencia directa. No es lo mismo ser ministro de Industria, por ejemplo, que ministro de Industria e Innovación. Puede parecerlo pero no lo es a menos que el añadido sea meramente cosmético. Porque ser ministro de Industria e Innovación supondrá tener competencias en materia de investigación e innovación tecnológica, lo que en la práctica querrá decir una secretaría de Estado más, es decir, más personal, más presupuesto y más asuntos que habrá que llevar al consejo de ministros o despachar con el presidente. Más parcelas de poder. Quien dude si es lo mismo o no, que se lo pregunte al ministro de Educación, que sin duda estará convencido de que la investigación está intrínsecamente unida a la educación y que por tanto le corresponde dirigirla a él, no al ministro de Industria, y tendrá entre sus objetivos recuperarla.

De la misma manera que a los hombres de poca estatura les suelen gustar los coches grandes, a los políticos y a los altos funcionarios inseguros de su poder les suelen gustar los despachos grandes y los cargos con abundantes competencias. Y como el hombre es un animal con un instinto territorial muy fuerte, como la delimitación de fronteras administrativas no es perfecta en ninguna parte y como la inseguridad de los políticos y de los altos funcionarios es ilimitada y las competencias limitadas, las guerras de competencias son constantes. Las hay en todos los Gobiernos, en la Comisión Europea, en las autonomías, en los municipios, en las grandes empresas, en la Iglesia, en todas las organizaciones complejas. Muchos piensan más en defender sus competencias palmo a palmo, en una guerra permanente, que en ejercerlas. Cuando no se pelean por ellas por ambición personal, lo hacen para ganar autoridad ante sus subordinados, que a su vez también se pelean, sea entre sí, sea con los subordinados de otros departamentos con competencias limítrofes. Son peleas tan inevitables como las que se dan entre hermanos y pueden llegar a ser igual de destructivas. Todos sienten que no tienen las competencias que les deberían corresponder. Nadie está satisfecho. Se trata de rivalidades institucionales, de guerras iniciadas antes de la llegada de los actuales ministros o altos cargos y que con toda seguridad continuarán tras su cese, aun en el caso de que ellos sean unos santísimos varones y consigan evitarlas.

Pero no todos aspiran a acrecentar sus competencias porque necesitan afirmarse. En muchos casos hay también razones de eficacia. Por continuar con el ejemplo elegido antes, ¿cómo se puede potenciar la industria de un país sin promover el avance tecnológico? Es comprensible que todo ministro de Industria aspire a tener competencias en ese terreno. Pero, a la vez, ¿qué sentido tiene ser ministro de Educación sin competencias en materia de investigación? ¿Cómo pueden separarse la una de la otra? Ambos argumentarán —con razón— que sólidas razones de eficacia y coherencia abonan sus aspiraciones, sin querer darse cuenta de que, llevando su argumento a las últimas consecuencias, lo más eficaz sería que tuvieran todas las competencias del Gobierno, porque no hay ninguna que no esté íntimamente relacionada con las demás. La realidad del poder no se puede compartimentar, pero las competencias son por fuerza sectoriales. Añádase a ello la ambición y la inseguridad de los que las ejercen y la disputa está servida.

Los desconfiados alzan vallas para proteger sus competencias. Los codiciosos las roban a los colegas, o tratan de quitarles su uso. A todos les gusta exhibirlas. Tener más competencias no quiere decir ser más poderoso, ni ser más influyente, pero sí parecerlo, y las apariencias son cruciales. Casi todos quieren que en sus dominios no se ponga el sol, y son pocos los que tienen presente la vieja advertencia de Lichtenberg: «Lo importante no es que el sol no se ponga en el Estado de un monarca (de lo que antaño se vanaglorió España), sino lo que ve a lo largo de su recorrido». Pocos se dan cuenta de que lo que proporciona influencia de verdad no es el cuánto, la extensión de sus competencias, sino el cómo, la manera de ejercerlas.

NOMBRAMIENTOS

Entre las competencias, ninguna es más codiciada que la capacidad de nombrar a otros. Esta capacidad es el alcaloide del poder, su más viva materialización. Si alguien puede nombrar a otros para ocupar puestos de mando, si puede darles poder, ¿qué duda cabe de que es poderoso? Si puede colocarles en puestos clave, ¿qué duda cabe de que el control de la organización que dirige o a la que pertenece está en sus manos?

Sobre el papel, los nombramientos se hacen sin interferencias ni condicionamientos, según el leal saber y entender de cada uno. Pero a la hora de la verdad esto no es casi nunca así. La libertad del presidente para nombrar a los ministros es limitada. Debe atender a los deseos de personas relevantes de su partido, debe respetar determinados equilibrios —ideológicos, geográficos, de sexo, etc.— y debe poder justificar su elección ante los órganos del partido. Es como el entrenador de un club de fútbol: en teoría, quien decide la alineación es él, pero en la práctica su elección estará muy condicionada por la composición de la plantilla, las lesiones, los compromisos publicitarios, etc. Dentro de estas limitaciones, todo presidente intenta elegir a los más capaces, a los mejores. Pero ¿a los mejores para qué? Para la responsabilidad que les va a encomendar, ciertamente. Pero también para que todos los ciudadanos, todos los territorios, todos los sectores ideológicos afines se sientan representados. De este modo la elección del equipo se acaba convirtiendo en una cuestión de casting. La imagen del equipo es un mensaje que no se puede descuidar. La lista de valores que puede transmitir es muy variada: juventud, vigor, tolerancia, firmeza, igualdad de sexos, experiencia, seriedad. Entre las juntas de la Birmania de los años ochenta del siglo pasado, integradas por militares de uniforme y con gafas oscuras —todos maduros y todos hombres, por supuesto— y los gabinetes paritarios y con una media de edad comparativamente baja de Zapatero, hay un número infinito de gamas y matices. El presidente no solo elige a los que compartirán con él la responsabilidad de gobernar y le acompañarán en largas reuniones de gabinete: elige también a los que saldrán con él en la foto. Lo segundo pesa a menudo tanto o más que lo primero.

Los ministros no están tan sometidos a la servidumbre de la representatividad a la hora de designar a sus colaboradores, pero en cambio son más débiles para hacer frente a las presiones que reciben del presidente, de otros ministros o de miembros influyentes del partido. El campo de elección también es más limitado, en la medida en que con frecuencia buena parte de los puestos del organigrama de los ministerios están reservados a funcionarios de cuerpos concretos. Pero al final la decisión corresponde al ministro, y este demuestra su poder al tomarla. Incluso en el caso de que deba ceder a las presiones de un compañero de gabinete, se tratará de un favor que podrá cobrarse más adelante. En política, este tipo de favores raramente son gratuitos.

Cuando hay una remodelación o cuando se forma un nuevo Gobierno tras unas elecciones, los nombramientos para cubrir los puestos más relevantes de la administración despiertan una gran efervescencia. En capitales como Madrid, en que el Gobierno y la administración tienen por tradición un considerable peso social, el volumen y la velocidad de difusión de los rumores alcanzan niveles que rozan la histeria. Los teléfonos echan humo. Es un momento decisivo. Antes de los nombramientos, todos hacen cábalas sobre quiénes serán los elegidos. Después, sobre qué consecuencias tendrá cada elección. El azar juega un papel crucial. Ocurre a menudo con los nombramientos como con las cerezas: coger una quiere decir coger dos o tres más. Elegir a una persona implica elegir también a sus amigos y a los que han trabajado a su lado, que probablemente serán sus colaboradores. Los nombramientos de subsecretarios y directores generales son como la pedrea de la lotería. El día de la toma de posesión, los colegas de los elegidos actúan como las amigas solteras de la novia en una boda, mirándolos con envidia, tratando de que todo el mundo les vea y preguntándose quién será el próximo.

Formar equipo, cuando se alcanza un puesto de responsabilidad, viene a ser como poner una casa. Hay que hacerse con camas, sillas, sofás, mesas, cómodas, estanterías, lámparas, cuadros, hay que decidir dónde se colocan, de qué modo se combinan. Nunca se puede hacer con plena libertad, adquiriéndolo todo nuevo. Hay que contar con muebles que proceden de otra casa, o que se heredan del anterior ocupante sin que sea posible deshacerse de ellos. Tampoco se dispone de todos los medios deseables para nuevas adquisiciones. Es preciso hacer cálculos y pruebas, elegir entre opciones igualmente convenientes o igualmente desaconsejables, pactar, transigir, confiar en la intuición y en la buena estrella, tratar de actuar con sentido común y dejar que cada pieza vaya encontrando su acomodo. Las que parecían menos discutibles son a veces las más difíciles de encajar, y en cambio las más humildes pueden ser las más versátiles. Las hay que se dejan en un sitio casi por azar y ya nunca se siente la necesidad de cambiarlas: parecen hechas a medida para el espacio que ocupan, para combinar armoniosamente con sus vecinas. Otras van buscando su lugar en una lenta peregrinación de un espacio a otro, sin echar anclas en ningún sitio. Acaban por aceptar un rincón a regañadientes y llevar allí una vida llena de incomodidad y de resentimiento, a la espera de un cambio cualquiera que permita su desplazamiento a un espacio más propicio. Poco a poco, la disposición de la casa se va asentando, aunque siempre falta o sobra algún mueble o algún objeto de decoración, si es que no faltan unos y sobran otros al mismo tiempo. Es entonces cuando se ve la maestría o la impericia de quien la ha puesto: depende de si el conjunto vale más o menos que la suma de las partes.

El ocupante de una casa puede muy bien sentirse feliz en ella aunque no tenga toda la libertad que desearía para la elección y la disposición del mobiliario. Del mismo modo, quien vaya a ocupar un puesto de responsabilidad puede no acertar en la elección de sus colaboradores y sentirse sin embargo cómodo con ellos. De hecho, no es infrecuente que los ministros estén a gusto con colaboradores mediocres, porque así el peligro de que les hagan sombra o de sentirse juzgado por ellos es menor. Además, estos colaboradores pueden servirles de justificación de los errores y acabar siendo un pararrayos. Pero con colaboradores mediocres es difícil no desarrollar una política mediocre. Por eso les conviene acertar en los nombramientos, porque en una proporción nada desdeñable les va en ello su éxito o su fracaso. «La mayor virtud del príncipe es conocer a los suyos», escribió Marcial. Montaigne va aún más lejos al afirmar: «Quien hallara el medio de poder juzgar con justicia y escoger a los hombres con razón, establecería, solo con esto, una forma perfecta de sociedad».

Tendemos a pensar que la designación de los altos cargos obedece a una reflexión serena sobre los objetivos que se persiguen y sobre las personas más idóneas para alcanzarlos. Pero no suele ser así, o solo en parte. Como es lógico, todo el mundo quiere tener colaboradores competentes, que conozcan bien la materia de la que se tendrán que ocupar y que tengan una idea coherente de lo que conviene hacer. Los colaboradores inútiles son un lastre que nadie quiere. No solo no resuelven ningún problema sino que no cesan de crearlos. Pero la afinidad ideológica suele pesar más que la competencia técnica. Las elecciones las ganan partidos políticos, y es lógico que los Gobiernos recluten a gente del partido ganador o simpatizantes, al menos en los escalones más altos. A su vez, la amistad personal suele pesar más que la afinidad ideológica, porque los altos cargos son cargos de confianza y todo el mundo quiere tener en ellos a personas de las que se pueda fiar. Que alguien profese las mismas ideas no quiere decir que sea leal, y entre los colaboradores la lealtad es la virtud más apreciada.

Sin embargo, por encima de la competencia técnica, de la afinidad ideológica y de la amistad personal suele pasar la casualidad. Se nombra a alguien porque el candidato más idóneo para el puesto está enfermo, o porque quien le nombra lo oyó un día decir algo que sonaba inteligente, o porque la víspera se cruzó con él en la calle y se acordó de su existencia. La lista de ejemplos podría ser larguísima. La palma se la lleva un ministro de Educación de Franco —un tal Rodríguez— que lo fue porque se llamaba igual que otro catedrático que, en un acto académico, había producido una impresión favorable al dictador.

Al final, las personas que dirigen la maquinaria gubernamental, los ministros, los colaboradores del presidente, los responsables de protocolo, de seguridad, etc., igual que los miembros del equipo del alcalde de una gran ciudad o los directivos de una gran empresa, tienen en común, más que una tendencia ideológica, una capacidad técnica o una determinada trayectoria, que han sido elegidos en buena parte por obra del azar. No son más inteligentes, ni están más preparados, ni tienen una idea más precisa de lo que hay que hacer que muchos otros que podrían estar en su lugar. Simplemente, las circunstancias les han llevado allí como les podían haber reunido en un avión, en una cafetería o en una sala de conciertos.

SIN RESPIRO

Una de las cosas que más llaman la atención hoy al leer las Memorias políticas y de guerra de Manuel Azaña es la normalidad de la vida que llevaba. En 1932, siendo presidente del Gobierno, Azaña sale, da largos paseos por los alrededores de Madrid, va al teatro, asiste a conciertos, se levanta tarde si la noche anterior ha trasnochado, mantiene largas conversaciones. El lector tiene la sensación de que Azaña hace lo que desea hacer en cada momento. No parece un político preso de su agenda, sin libertad para moverse a su antojo, ni tampoco alguien obligado a hacer publicidad constante del propio ego. Sin duda esta sensación debe mucho a su talento literario y a su voluntad de transmitir la imagen de un hombre dueño de sí, que maneja los resortes del Gobierno sin dejar que estos resortes le manejen a él. Pero no por ello es menos sorprendente.

Hoy esto no sería posible. Hoy un presidente del Gobierno —español o de cualquier país de nuestro entorno— carece de esta holgura. Su agenda está parcelada cuidadosamente. Para asistir a un acto cultural, debe descartar la visita a una fábrica o un viaje al extranjero; para reunirse con un grupo de empresarios, debe renunciar a un encuentro con un presidente autonómico o con un líder sindical. Sus asesores compiten para llenar hasta el último hueco. Todo está previsto con meses de antelación. Apenas tiene tiempo para despachar con los ministros. No es dueño de entrar y salir de la residencia oficial cuando se le antoja. Entre colaboradores, escoltas, conductores, etc., cualquier desplazamiento suyo implica la movilización de docenas de personas. Con mucha frecuencia tiene que dedicar los fines de semana a actos del partido. Dispone de muy poco tiempo libre y de menos libertad aún para elegir a qué va a dedicarlo. Sus actos están pensados para realzar su imagen y producir impacto político. La omnipresencia de las cámaras le obliga a estar en campaña permanente. Todo lo que haga se sabrá, de modo que debe ser capaz de explicarlo. Vaya donde vaya, todas las miradas se posarán sobre él. La naturalidad que se respira en las actividades de Manuel Azaña le está totalmente vedada. Si asiste a un espectáculo, no es para disfrutar de él como espectador sino para honrarlo con su presencia y señalar a la opinión pública su interés. Si le vemos salir de viaje con su familia como cualquier otro ciudadano, como hace por ejemplo David Cameron cuando coge un vuelo de Ryanair o de Easyjet para pasar unos días en alguna playa española, es porque todo se ha organizado para que parezca que viaja como cualquier otro ciudadano. No solo carece de libertad para actuar con naturalidad, sino que debe someterse a la humillación de fingir que la posee. No solo no es una persona normal sino que en su afán por reafirmarse como líder debe hacer todo lo posible para parecerlo. En vez de leer periódicos, lee resúmenes de prensa. Se entera de todo lo que se publica sobre él, pero no de aquello que los que leen para él no dejan pasar. Es posible que se ahorre así muchas informaciones desagradables, pero al precio de perder de vista parte de la realidad.

A los ministros les ocurre tres cuartos de lo mismo. Su vida cotidiana es un carrusel de entrevistas, reuniones, recepciones, comidas, visitas, viajes y conferencias de prensa, siempre rodeados por un grupo de colaboradores que filtran y condicionan todo lo que hacen. Lógicamente disponen de más libertad para moverse a su antojo, pero aun así tampoco pueden ir y venir con naturalidad porque en todas partes serán reconocidos y observados. Esto les expone a compañías no deseadas a la vez que merma su capacidad de relacionarse con las personas que les gustaría. Cualquiera puede fotografiarles con el móvil. Todo lo que hacen puede ser noticia y por lo tanto todo ha de poder ser explicado. Cuando se van de vacaciones, tienen que optar entre ocultarse o llevar una vida lo más gris posible, siempre temiendo que se les pueda acusar de abusar de su cargo. Si reciben regalos, deben entregarlos al Tesoro o devolverlos, salvo que se trate de algo que puedan consumir, como una botella de vino o una caja de puros. A cambio, recibirán cientos de libros cuyos autores esperan una palabra de aliento que examinarán con lupa, y si no les contestan o no aciertan con la respuesta se ganarán su odio para siempre. Reciben honores y premios, pero normalmente de poca monta. Es posible que universidades de segunda fila les concedan doctorados honoris causa, pero rara vez lo hacen las universidades prestigiosas. Cuando mueran, el ayuntamiento de su pueblo o de su ciudad natal bautizará una calle con su nombre; pero no hay que excluir que, tras las elecciones, si sale elegido un alcalde de otro partido, el ayuntamiento vuelva a cambiar el nombre de la calle.

En Mirabeau o el político, Ortega y Gasset sostiene que los políticos carecen de vida interior. Yasmina Reza, en El alba la tarde o la noche, sobre Nicolas Sarkozy, aún va más lejos y cita a un psicoanalista que dice que no tiene ningún político entre su clientela y que es lógico, porque son hombres de acción, sería incompatible. Es posible que en algunos casos la observación de Ortega sea justa —no en todos, desde luego— y que haya políticos que no tengan mucha vida interior, o ninguna. Pero, a partir de cierto nivel de poder o de popularidad, lo que es seguro es que carecen de vida privada. Todo lo que hacen es fiscalizado. La prensa exige que nada quede oculto a la curiosidad pública. Como señala Hans Magnus Enzensberger en «Compasión con los políticos», son personas que han sacrificado la soberanía sobre su tiempo. Nunca pueden estar solos y, a la vez, están sometidos a un cruel aislamiento social. Deben estar permanentemente en medio de la masa, o controlados por las cámaras, y, al mismo tiempo, se les aparta de toda comunicación normal. Cuanto más iluminados están, más opacos resultan. Cuanto más alto es su cargo, más mediatizados están sus contactos sociales. No es infrecuente que personas realmente inteligentes o divertidas les eviten. Están condenados a pasar horas y horas con políticos de tercera y funcionarios pelotas, con pelmazos que nadie en su sano juicio aguantaría más de medio minuto, con sinvergüenzas e ignorantes. Inmersos en la actividad política, viven en un mundo cerrado, como los internados en residencias, sanatorios o cárceles, en una realidad particular, con sus pautas, sus rutinas y sus congojas, distintas de las del exterior. En estas circunstancias, lo que ocurre en la calle les resulta inevitablemente ajeno. ¿Cómo nos puede sorprender que a veces ignoren lo que cuesta un litro de leche o un billete de metro?

Cuando Josep Carner, hace más de cincuenta años, dejó caer en el poema «Cant de tardor» que todo poder es una cárcel, la afirmación era en buena parte metafórica. Hoy es literal. Nos hemos acostumbrado a ello y no nos choca. Ya no nos preguntamos qué estragos pueden causar en la personalidad de alguien esta actividad y este escrutinio continuos, esta obligación de ser en todo momento lo que representan, este encapsulamiento que les priva de una vida social normal. Forzados a trabajar sin descanso durante de más de doce horas diarias, ¿no es comprensible que a veces tomen decisiones sin haber sopesado con calma las ventajas e inconvenientes de cada opción? Condenados a leer una serie inacabable de informes, actas, resoluciones, proyectos de ley, documentos de estrategia y programas presupuestarios redactados en una prosa utilitaria plagada de incorrecciones, ¿no es disculpable que a menudo se expresen sin claridad ni precisión? Obligados como están a interpretar su papel durante las veinticuatro horas del día, siempre rodeados de colaboradores y de observadores desconocidos y asediados por la adulación y el fingimiento, ¿no es lógico que cuando cesan tarden meses en volver a sentirse ellos mismos?

TRANSFORMACIONES, SINSABORES

Decir que el poder transforma a los que lo ejercen es una banalidad. Los seres humanos somos seres vivos: todo lo que nos ocurre nos transforma de algún modo. Nos transforma cambiar de trabajo, comenzar unos estudios, terminarlos, conocer a alguien, romper con alguien, enfermar, curarnos, conocer lugares nuevos, casarnos, tener hijos, mudarnos de domicilio... Basta un atardecer hermoso, unas horas de bochorno o una película que nos interese para hacernos ver las cosas de otro modo. ¿Cómo no va a transformar el poder a quienes lo ejercen, con los privilegios y honores que conlleva y la pasión y los sacrificios que exige, con la inyección de autoestima que supone y la pérdida de independencia y de vida privada que comporta? Naturalmente que les transforma. Esperar lo contrario es como pretender que alguien se beba media docena de gintonics y se mantenga sereno. A unos se les suben a la cabeza antes y a otros después, pero a todos les acaban alterando. El poder, cuando se tiene, produce euforia, y cuando se pierde, resaca, como la bebida. Pero lo que habitualmente se quiere decir cuando se hace esta afirmación es que el poder transforma en una dirección determinada, siguiendo unas pautas parecidas. Se sobrentiende que es a peor, que transforma en un sentido negativo. Y no siempre es así.

El poder, a veces, conduce a los que lo ejercen a actuar con una generosidad inusual. Les hace olvidarse de sí mismos, crecerse y entregarse por entero a una causa noble. Personas que, alejadas del poder, son la viva estampa de la mediocridad, ganan estatura a su contacto y, estimuladas por la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los demás, adquieren una amplitud de miras y una capacidad de sacrificio admirables. Otras llegan al poder con virtudes reconocidas y no las pierden ni se les debilitan con su ejercicio, sino que por el contrario las despliegan admirablemente en su labor.

Cuando se elige o nombra a alguien para ocupar un cargo, se pone en sus manos un instrumento para que pueda desarrollar una labor que los electores o la persona que los nombra estiman no solo necesaria y útil, sino también delicada. Al entregarle el poder, se le confiere una autoridad más o menos directa sobre los ciudadanos. Esto presupone una gran confianza en él. Salvo para las personas dotadas de una gran seguridad en sí mismas, esta confianza ajena se traduce en un aumento de la propia, y ya se sabe que las personas que confían en sí mismas trabajan mejor y producen más, de modo que esto origina una mayor dedicación al trabajo y un mayor rendimiento. La nobleza de su tarea y la ambición de superarse les empujan a entregarse a sus responsabilidades con una abnegación que difícilmente consagrarían a otras ocupaciones, muy a menudo con un considerable grado de sacrificio de su vida personal y familiar.

Pero es ahí, con gran frecuencia, donde comienzan los problemas. La novedad del cargo, con sus ventajas y honores, sufre la erosión de las inevitables dificultades y sinsabores de la labor diaria. Para los que no saben alimentar su autoestima con la satisfacción del trabajo bien hecho, los efectos positivos del nombramiento decaen con rapidez. Como lo sacrifican todo a su carrera y a su ambición, esperan que los demás hagan lo propio, y esto les puede volver agresivos con los que se interponen en sus objetivos y autoritarios con sus colaboradores, a menos que comprendan que la agresividad y el autoritarismo son contraproducentes y que no sirven más que para alejarles de los objetivos que persiguen. El escrutinio constante al que se tienen que someter les puede volver desconfiados. Oír diariamente lo que dicen de ellos, sean elogios o censuras, es un suplicio que termina aniquilando hasta al individuo emocionalmente más fuerte. Ya no pueden expresarse con libertad y naturalidad, decir lo que piensan sin más. Tienen que medir sus palabras, tener siempre en cuenta que los que las oigan las atribuirán al cargo que ocupan tanto o más que a su persona. Si no poseen una personalidad muy sólida y una gran resistencia psicológica, los papeles se comenzarán a invertir pronto y poco a poco, sin darse cuenta, se irán convirtiendo en instrumentos o esclavos de su cargo. El deber de ser un símbolo deviene un fardo que pocos llevan con naturalidad. «Compadezco a los príncipes —escribió Nietzsche— porque [...] no pueden conocer a los hombres más que en una postura incómoda y en un estado de disimulo constante; la obligación continua de representar algo acaba convirtiéndoles en solemnes nulidades.» Para conocer los placeres del poder conviene mirar a los que lo buscan, pero para conocer sus servidumbres y sinsabores es mejor mirar a los que lo poseen. Como Don Quijote advierte a Sancho antes de que se embarque en su aventura en la isla Barataria, «los oficios y grandes cargos no son otra cosa que un golfo profundo de confusiones». Sancho no le hace mucho caso, pero al final debe reconocer su error: «Dichosas eran mis horas, mis días y mis años; pero después que os dejé y me subí sobre las torres de la ambición y de la soberbia, se me han entrado por el alma adentro mil miserias, mil trabajos y cuatro mil desasosiegos».

Los privilegios inherentes a sus cargos, materiales unos e intangibles otros, hacen que los demás les vean de otro modo. Pierden la libertad de actuar a su antojo: se deben a sus cargos, a lo que los demás esperan de ellos, que es el rasero con el que les juzgarán. Además, estos privilegios se pueden perder con facilidad. El político o alto funcionario en cuestión se encuentra así atrapado en una situación parecida a la de un jugador de póquer que ha invertido una cantidad considerable en una jugada sin tener la certeza de ganarla. Una vez ha tomado posesión de su cargo y se acostumbra a las ventajas que lleva aparejadas, tendrá que ser emocionalmente muy fuerte para no comenzar a sentir miedo de perderlo. La derrota en las urnas o el cese le supondrían un fracaso ruinoso, una regresión inaceptable. Perdería todo lo invertido sin recibir nada a cambio. ¿De qué le valdrían sus sacrificios y desvelos? Este temor enrarecerá el aire a su alrededor y le hará adoptar una actitud defensiva y reaccionar en ocasiones, innecesariamente, como si estuviera siendo agredido. Necesitará mucha fuerza psicológica para que este temor no le agríe el carácter. Tal vez se acordará entonces de lo que escribió Montaigne: «Quien conociera el peso de un cetro no se dignaría recogerlo aunque lo hallara por el suelo». O de lo que dijo Abraham Lincoln: «Casi todos los hombres pueden aguantar la adversidad, pero si quieres poner a prueba el carácter de alguien, dale poder».

Lógicamente, la medida en que estas transformaciones ocurran dependerá de la personalidad del individuo en cuestión. Es muy difícil generalizar sin caer en lugares comunes. Pero hay un punto en el cual la transformación que opera el poder sobre los que lo ejercen sigue unas pautas que escapan a su control: en el cambio de la percepción que los demás tienen de ellos, la transformación que sufrirán a los ojos de los que los conocen, que desde el mismo momento de su elección o nombramiento les verán de otro modo. Aunque les tengan desde hace años por hombres de poca monta, se filtrará insensiblemente en su opinión una imagen de grandeza, de inteligencia. Sin darse cuenta, se persuadirán de que, al ser más alto su rango, es también mayor su mérito. A nadie le gusta obedecer a un igual. Por eso, tenderán a considerarles superiores, para poder obedecerles sin sentirse humillados, y no les juzgarán por lo que valen sino por el lugar que ocupan. Cuanto más alto, mayores dotes les atribuirán.

De forma inevitable, esto creará una distancia, un vacío a su alrededor. Primero les separará, y poco a poco les irá aislando. También hará que se sientan más seguros de sí mismos y se confíen. De nuevo sucede aquí como con el alcohol: decía Samuel Johnson que beber hace que nos gustemos más, pero que esto no quiere decir que gustemos más a los demás. El cargo les puede producir un efecto similar. Aunque no lo quieran, empezarán a pensar de una forma diferente. Desde sus poltronas, las cosas se ven de otro modo. Si no tienen una personalidad muy sólida, su visión del mundo y su escala de valores irán cambiando poco a poco. A partir de ese momento, sin darse cuenta dividirán a las personas en dos grupos: los que ostentan un cargo y los que no, y establecerán una jerarquía entre los primeros según la importancia del puesto que ocupan. Empezarán a hablar de un modo distinto a unos y a otros. En El emperador —un ensayo apasionante sobre el emperador Haile Selassie de Etiopía—, Ryszard Kapuscinski caricaturiza el efecto de un nombramiento: «¡Sí, estimado señor, era asombroso el poder que ejercía el nombramiento imperial! Porque, fíjese, una cabeza corriente que hasta entonces se había movido de un modo natural y sencillo, tan ágil y libre, tan pronta a volverse, a inclinarse, a oscilar y balancearse, una vez ungida por el nombramiento experimentaba una extraña reducción y, a partir de aquel momento, se movería tan solo en dos direcciones: en la vertical-hacia abajo, que adoptaba en presencia del Honorable Señor, y en la vertical-hacia arriba, que adoptaba ante los demás. Fijada sobre ese eje “arriba-abajo”, la cabeza no podía moverse libremente, y si la sorprendiéramos por la espalda llamando de repente: “¡Oiga, señor!”, tal cabeza hubiera sido incapaz de volverse; su dueño habría tenido que detenerse con la mayor dignidad y solo entonces, usando todo el cuerpo, habría podido girar aquella parte hacia el lugar de donde procedía la voz».

No todos son así, por descontado. Hay gobernantes que no permiten que el poder se les suba a la cabeza. Pero aunque no experimenten esta reducción muscular ni ningún estiramiento parecido, es posible que vayan perdiendo amigos poco a poco, porque les costará cada vez más no tratarlos de un modo incompatible con la igualdad y la simetría propias de la amistad. Además, si no se concentran en su trabajo, si no hacen un esfuerzo por recordar en todo momento que están al servicio de los ciudadanos, pueden acabar prestando una atención desproporcionada a su imagen personal y pensando más de lo necesario en pasar de un cargo a otro, de uno pequeño a otro más grande, de uno modesto a otro más alto. Este puede convertirse en su objetivo principal, al cual subordinarán todas sus acciones. El sentimiento de superioridad les distanciará de los demás y tenderán a confundir su persona con la organización que dirigen y a creerse invulnerables. Este proceso puede afectar a cualquier persona dotada de poder. En todos los países abundan los ejemplos. Dicen que, para prevenirlo, en la procesión triunfal de los generales romanos vencedores había siempre alguien que les susurraba constantemente al oído: «Recuerda que eres mortal».

Curiosamente, la actitud de los demás al verles en función de sus cargos y no de lo que son es totalmente reversible. En el momento en que su suerte cambie y pierdan sus puestos, los mismos que hasta ese instante se extasiaban por su inteligencia y su buen hacer se preguntarán sorprendidos por la causa que los elevó tan arriba. Nada se evapora tan rápidamente como el aura del poder. La gloria del cargo que ocuparon, los privilegios y dignidades disfrutados, se volverán en su contra, serán un pasivo que magnificará su recaída en la insignificancia. Desprovisto de poder, el gobernante es visto como un bocazas pomposo, como un general sin ejército que intenta todavía dirigir las operaciones. ¿Es él?, se preguntarán los que antes le admiraban. ¿De veras? ¡Pues sí que estábamos en buenas manos! Con el cese, es posible que desaparezcan la prepotencia y el envaramiento, que recobren la capacidad de escuchar y hasta que les venga un deseo exagerado de confraternizar con la gente, como si de repente quisieran borrar todo el asunto, quitarle importancia, y esto también hará que los que antes les cortejaban y agasajaban ahora les miren con mayor desdén.

En realidad, como señaló con acierto Montaigne, lo que adoramos de los poderosos es la masa de adoradores que les sigue. Lo que nos deslumbra no es su inteligencia, ni su instinto político, ni su clarividencia, sino su majestuosidad, los atavíos de su poder, la admiración que despiertan. El trono irradia dignidad y superioridad por contraste con la sumisión que lo rodea: sin ella, no es más que un sillón incómodo, un decorado. Montaigne cita una anécdota de Antístenes, quien sugirió un día a los atenienses que se empleara a los asnos para labrar las tierras, al igual que los caballos. Le contestaron que tal animal no había nacido para aquel servicio. «Es lo mismo —replicó Antístenes—. Solo depende de vuestras órdenes, pues los hombres más ignorantes e incapaces que empleáis para la dirección de vuestras guerras se vuelven de inmediato muy dignos, por el solo hecho de emplearlos para ellas.»

AGUA

Llegados a este punto, el lector puede decirse, con razón, que esto de los jugadores que pugnan por acrecentar su poder, o su influencia, o sus competencias, está muy bien, pero ¿y la ideología?, ¿y los principios? ¿Dónde quedan?

Que se pueda comparar la arena política con un casino en el que los jugadores apuestan para acrecentar su capital o con una urbanización en la que todos tratan de ganar terreno a costa del vecino, no quiere decir de ningún modo que los principios y la ideología no cuenten en sus cálculos, ni que todos los jugadores sean iguales. Aun en nuestros tiempos postpolíticos —como los llama Josep Ramoneda en Después de la pasión política—, en los que la revolución ha dejado de ser deseable para la práctica totalidad de los ciudadanos y en las que los mercados imponen un margen muy estrecho para la elaboración de la política económica, hay líneas muy nítidas que separan a conservadores y progresistas, a personas de orden y antiautoritarios, a centralistas y autonomistas, etc. A su vez, dentro de cada familia política también hay grupos muy diferenciados. Así, hay una izquierda social, una izquierda antiautoritaria, otra identitaria, etc., igual que hay una derecha socioeconómica, una derecha religiosa, una derecha nacionalista, una derecha liberal, etc.

Estas etiquetas ideológicas funcionan a muchos niveles. No solo orientan la actividad de cada actor político, marcándole unos objetivos y una vía para alcanzarlos. También son su bandera, el uniforme que le identifica como miembro de un equipo, la marca que le indica quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. La política es la lucha por la conquista y el mantenimiento del poder, como advirtió Maquiavelo hace más de cinco siglos, pero esa lucha es cada vez más un combate entre organizaciones, entre partidos. Dentro de su grupo, cada político puede adoptar una línea más moderada o más radical, pero no puede apartarse de la organización sin correr un riesgo muy considerable.

Otra cosa es, a la hora de gobernar, hasta qué punto obedece a sus principios o se deja llevar por otras consideraciones, como los intereses en juego o las presiones de grupos afines. Ahí se entra en un campo en el que, con independencia de las ideologías, hay un amplio abanico de posibilidades. Un político sin ideales es un mercenario, pero un político totalmente dominado por sus ideales es un agitador, no un político. La clave, como casi siempre, es una cuestión de equilibrio, de proporciones. Antoni Vives, en Per què faig de polític? (¿Por qué soy político?), compara los principios y creencias de los políticos con los cimientos de un edificio, imprescindibles para garantizar su estabilidad y resistencia. Para levantar edificios altos, se necesitan cimientos profundos. Bertrand Russell, en El poder, dice que el temperamento que un político necesita para triunfar en una democracia es como el temperamento científico que exige la vida intelectual, un temperamento a mitad de camino entre el escepticismo y el dogmatismo, que considera que la verdad no es nunca completamente alcanzable ni completamente inalcanzable: es alcanzable en parte, y siempre con dificultades.

A veces se reprocha al político que actúe de una forma u otra según el momento, en busca de la mejor ocasión para persuadir a los demás y hacer prevalecer sus ideas. Pero es un reproche muy ingenuo. El manejo de los tiempos y el sentido de la oportunidad son claves para administrar el poder. La política es siempre oportunismo, en todas partes donde se practica. Tras la aparición de España, de la dictadura a la democracia, un periodista preguntó a sus autores, Raymond Carr y Juan Pablo Fusi: «¿Creen ustedes que Suárez es un buen político y que de esta cualidad deriva su éxito en la Transición o, por el contrario, es un gran manipulador que ha aprovechado bien las circunstancias?». La respuesta de ambos a la vez, sonriendo, fue: «¿Y cuál es la diferencia?».

No es totalmente absurdo comparar a los políticos con el agua de un río. Cuando hacen sus primeras armas en el mundo de la política, los futuros dirigentes se parecen al agua de un arroyo de montaña, incontaminada, a menudo traicionera por su excesiva pureza, por carecer de minerales y proceder directamente del deshielo. Aportan ideas frescas, novedosas, y no dudan en defenderlas con convicción, pero su falta de experiencia hace que no se pueda confiar demasiado en ellos, porque en su afán por mejorar la sociedad podrían hacerle correr peligros graves. Aún no son plenamente conscientes de que no se puede reformar una casa cambiando todas las columnas a la vez. Prefieren ser irresponsables y tener razón que actuar con responsabilidad y estar equivocados.

Luego, a medida que se van fogueando, sus ideales se van barnizando de realismo, a semejanza del agua del río, que en su curso hacia el llano y el mar va enriqueciéndose con minerales y es cada vez más apta para el consumo y más sana para el organismo. Descubren que el margen de holgura concedido a su intervención es menor de lo que pensaban y que frente a ellos se levanta una materia resistente, hecha de inercias y de intereses cruzados, que no es fácil doblegar a los enunciados del programa electoral. Aprenden que en política el buen sentido y el don de la oportunidad pueden ser tanto o más importantes que la fidelidad a los principios, y que la clave de la eficacia es el equilibrio entre fines y medios. La experiencia les hace prudentes y respetuosos con la ley y con los intereses de los distintos grupos sociales.

Hasta que, a veces, a fuerza de plegarse a los dictados de la realidad, arrinconan los ideales y se acostumbran a guiarse tan solo por los intereses y las presiones de los poderosos. Aprenden que, en política, como escribió con sorna H. L. Mencken, hay que saber estar por encima de los principios y se vuelven como esos ríos que entregan al mar aguas contaminadas y sucias, no aptas para el consumo. «De la corte salga quien quiera ser honrado», escribió Lucano. A la larga, es muy difícil manejar el poder sin ensuciarse las manos, y los políticos que lo consiguen merecen toda la admiración. Montaigne cita a Platón, que escribió que «es milagro si alguien escapa con los calzones limpios de las empresas del mundo». Convencidos de que el fin justifica los medios, cometen abusos y se saltan no solo los principios sino las normas. Si en su juventud corrieron el riesgo de ir a la cárcel —o dieron con sus huesos en ella— por poner sus ideales por encima de la ley, ahora corren el riesgo de ir a la cárcel —o van— por sacrificar la ley en aras de los intereses que defienden. Llegados a este punto, no hay más remedio que sustituirlos por otros. Como escribió Mark Twain, los políticos son como los pañales, que conviene cambiarlos con frecuencia, y por la misma razón.

Sin embargo, tan nocivos para el cuerpo social pueden ser los políticos interesados, es decir, los que anteponen intereses propios o ajenos al imperio de la ley, como los excesivamente desinteresados, siempre demasiado dispuestos a sacrificar toda suerte de intereses, sean propios o ajenos, y con ellos muy a menudo la ley, en el sacrosanto altar de sus principios (bajo cuyo manto se ocultan no pocas veces razones menos loables como el orgullo o un deseo de venganza idealizado). En palabras de Max Weber, quien se mete en política, sella un pacto con el diablo, porque accede a usar como medios el poder y la violencia y ve cómo no siempre el bien produce bien y el mal produce mal, sino frecuentemente lo contrario. Una democracia sana requiere políticos que no renuncien a sus ideales pero tampoco a sus objetivos y ambiciones personales, siempre que sean lícitos, políticos que busquen en el servicio a la sociedad su realización personal, que no crean que cualquier medio es válido si el fin lo es, pero que tengan suficiente determinación y buen sentido para alcanzar sus objetivos conciliando los intereses de todos; políticos, por encima de todo, que respeten la legalidad vigente, sean cuales sean sus ideales y sus ambiciones.

CORRUPCIÓN

Imaginemos una novela de Graham Greene o de John Le Carré con políticos en vez de espías. El protagonista es un concejal, un diputado, un alto cargo autonómico o un empleado de un partido de unos cincuenta y tantos años. Lleva más de quince dedicado a la política. Antes era empleado de un banco o de una empresa, o médico, o cualquier cosa menos profesor o funcionario, de modo que no tiene un puesto de trabajo al que pueda regresar si abandona la política. Es una persona leal y honrada, aunque con los ideales un poco gastados por el uso. Con los años ha aprendido que las cosas no siempre son blancas o negras y ha dejado de creer a pies juntillas todo lo que dicen los dirigentes de su partido. Pongamos que tiene problemas matrimoniales, o una segunda mujer con la que se casó no hace mucho e hijos pequeños. Ya no le mueve la ambición de hace diez o quince años. Sabe que es muy difícil, por no decir imposible, que llegue a ser ministro, o presidente del Gobierno autonómico, o alcalde. De un tiempo a esta parte piensa mucho en el futuro. Si trabajara en una empresa, podría contar con un puesto de trabajo hasta la jubilación o con una compensación si le despidieran. Pero en política nunca se sabe. El ayuntamiento o Gobierno autonómico del que es alto cargo puede cambiar de manos, o el escaño que ocupa puede perderse. Si se queda en la calle nadie le va a ayudar. Tiene unos ahorrillos porque es hombre prudente, pero si dejara de trabajar no le bastarían para asegurarse una vejez digna, ni siquiera para sufragar los gastos de los hijos de su segundo matrimonio.

Como telón de fondo, vemos una situación de gran prosperidad económica. Las cosas le van bien a casi todo el mundo. El paro es escaso y el dinero en circulación, abundante. Se hacen transacciones que arrojan jugosos beneficios. Personas que no tienen dónde caerse muertas ganan fortunas de la noche a la mañana. Se construye mucho y se consume más. Todo el que puede zafarse de pagar impuestos lo hace. Los chanchullos son habituales y a nadie le importan demasiado. Como la gente se gana la vida bien, entiende que los demás también quieran ganársela. Alguien ofrece a nuestro personaje —que por supuesto también podría ser un político más joven y ambicioso, o un funcionario en vez de un político, aunque sería más raro— la oportunidad de cobrar una suma importante de la forma más discreta posible a cambio de una firma, una intervención o una llamada como tantas otras. ¿Resistirá la tentación? Muchos de sus amigos y familiares han ganado dinero y lo gastan con ostentación. ¿Por qué no puede ganar algo él también?

Durante la década anterior a la crisis, el argumento de esta novela y de otras parecidas se repitió con obstinación en muchos rincones de España. El protagonista era a veces un individuo sin escrúpulos de ningún tipo. En otras ocasiones era un incauto, un pobre de espíritu. Otras veces, aun, era una pieza de una compleja maquinaria para la financiación ilegal de un partido. Hubo de todo, y probablemente siempre será así, porque la corrupción, en la vida política, es como la suciedad en una casa: para evitarla hay que limpiar todos los días. Hubo muchos políticos que no sucumbieron a la tentación, pero nunca sabremos su nombre. La honestidad no es noticia. Otros cayeron en ella sin dejar rastro y tampoco lo sabremos. En cambio, sabemos los nombres de los que se corrompieron y fueron denunciados. También sabemos que algunos partidos se financiaron ilegalmente durante muchos años. Como nuestra justicia es lenta, hay casos que todavía están aflorando. Seguramente aflorarán muchos más. Los valores han cambiado y lo que hace diez o quince años, en aquel contexto de abundancia generalizada, a muchos quizá no les habría importado tanto, hoy es inaceptable desde cualquier punto de vista. Además, la incapacidad de nuestro sistema judicial de dilucidar con diligencia quiénes son culpables y quiénes no nos obliga a convivir con los casos abiertos durante años, con el hedor correspondiente. Hay miles de procesados e imputados y una triste atmósfera de sospecha generalizada. Hay días en que las páginas de política interior de los diarios no hablan de otra cosa. Los sumarios se filtran con asombrosa impunidad. La atmósfera se hace irrespirable. Los partidos, asediados por los escándalos, oscilan entre una defensa torpemente basada en la táctica del y tú más y un pacto tácito de no llegar hasta el fondo para no dañar al sistema político. Casi todos los que han tenido responsabilidades de Gobierno tienen flancos vulnerables, aunque las magnitudes no son ni mucho menos las mismas a ambos lados del espectro político. Los interesados tratan de condicionar la asunción de responsabilidades políticas a las condenas judiciales. No siempre lo consiguen, pero hasta ahora no es frecuente que vayan a la cárcel.

Sumemos a ello un factor psicológico muy bien descrito por Daniel Kahneman en Pensar rápido, pensar despacio: nuestra memoria tiende a recordar más los hechos que atraen nuestra atención. Los casos de corrupción entre los políticos, igual que los divorcios entre famosos de Hollywood, atraen mucha atención, sobre todo en un contexto de crisis económica como el actual, y por tanto son recordados con facilidad. El resultado es que tendemos a exagerar su frecuencia, a pensar que la corrupción política es todavía mayor de lo que en realidad es (demasiado, sin duda). Aunque algunos se hayan propuesto demostrar lo contrario, no hay ninguna razón para pensar que los políticos sean más proclives a la corrupción que el resto de los mortales (en este campo, como en tantos otros, siempre tendemos a considerar que la honestidad debe ser una cualidad ajena). Pero estamos convencidos de que lo son, igual que estamos convencidos de que las estrellas de Hollywood se divorcian con más facilidad que todos nosotros.

La justicia española es lenta pero inexorable. Cuando se pone en funcionamiento no se detiene. Es posible que, a su exasperante ritmo, escriba de forma satisfactoria una parte del último capítulo de esta novela. La otra me temo que la tendremos que escribir los ciudadanos en las urnas. Mientras tanto, sin embargo, son necesarias reformas que aseguren la depuración continua del sistema. En todas partes hay corrupción: la diferencia es que en unos países hay mecanismos para combatirla que funcionan y en otros, no. En España, los mecanismos existentes dejan mucho que desear, sobre todo por lo que se refiere a los partidos políticos. La regulación actual permite que los partidos presenten sus cuentas con años de retraso (cuando algunos delitos, si se da el caso, ya han prescrito o están a punto de prescribir) a un Tribunal de Cuentas que hasta ahora ha demostrado muy poca independencia. También avala un funcionamiento jerárquico que da todo el poder a las cúpulas, lo que dificulta la lucha contra la corrupción. Por esta razón, hace un año César Molinas, Luis Garicano, Elisa de la Nuez y yo promovimos un manifiesto (Manifiesto por la reforma de los partidos políticos, www.porunanuevaleydepartidos.es) firmado por cien personas de prestigio, pidiendo la regulación de los partidos, un control más estricto de su financiación, con auditorías anuales de sus cuentas y un mandato limitado de los tesoreros, y la democratización de su funcionamiento para que los políticos corruptos puedan ser apartados con rapidez.

La respuesta de los partidos políticos fue muy fría. Tan solo el PSOE se interesó por ella e hizo suyas algunas de las propuestas. Pero se adhirieron miles de ciudadanos y sirvió para llamar la atención de la opinión pública sobre una de las reformas más necesarias de nuestro sistema político.

EMPRESARIOS Y EMPLEADOS

En España la frontera entre políticos y funcionarios no es tan nítida como en otros países de nuestro entorno. Buena parte de nuestros políticos fueron antes funcionarios. Dudo que haya habido ningún gabinete desde la Transición que no haya contado al menos con un cincuenta por ciento de miembros pertenecientes a algún cuerpo de la administración. A su vez, los funcionarios saben que los puestos superiores de la jerarquía administrativa están controlados por los partidos y que para ascender a ellos deberán contar con apoyo político.

Sin embargo, la función de unos y otros es esencialmente distinta. La diferencia entre ellos es parecida a la que hay entre empresarios y empleados. Los primeros tienen que arriesgar. No les basta con no equivocarse: para tener éxito, para ganar dinero, tienen que acertar. Los segundos, en cambio, rehúyen el riesgo, porque para ellos el éxito consiste en no equivocarse. Es cierto que, en un momento u otro, todos tienen que apostar y jugársela. Pero los funcionarios solo lo hacen cuando tienen las mejores cartas en la mano, y por cantidades limitadas, siempre dentro de sus posibilidades. Se han formado en la cultura de la seguridad, no del riesgo. El resultado es que no suelen perder, pero a cambio ganan muy poco. Los políticos, en cambio, apuestan cantidades elevadas, a veces a crédito o sin mirar las cartas, o fiándose más de la expresión del adversario y de su intuición que del juego que llevan. Cuando les va bien, ganan sumas considerables. Cuando no, pierden hasta la camisa. Esta diferencia se ve compensada en parte por otra de signo contrario: el político, como el empresario, se juega su propio capital, mientras que el funcionario, como el empleado, apuesta con dinero de la empresa. Es posible por ello que el funcionario sea a veces menos cauto que el político, cosa que el político advertirá de forma instintiva con desconfianza, igual que el empresario cuando ve que un empleado se arriesga más que él.

Para un político, el acierto basado en una política sensata y prudente, en un cálculo medido de las fuerzas propias y ajenas, tiene poco valor. Puede llegar incluso a convertirse en señal de que no arriesga, de que juega siempre sobre seguro. Es decir, en una nota negativa. Si no gana de vez en cuando alguna mano brillante y arriesgada, se le tildará de técnico, de segundón fiable, de hombre de equipo, pero sin imaginación ni capacidad de liderazgo. Paralelamente, para un funcionario, un acierto inesperado y llamativo, difícil de prever, puede volverse en su contra y llegar a constituir un motivo de desconfianza: si ha acertado, ha sido porque ha corrido riesgos que no debía. Y si la jugada le hubiera salido mal, ¿qué?

El político tiene que nadar a contracorriente en ocasiones. El funcionario debe dejarse llevar por la corriente casi siempre. El político es un artista; el funcionario, un artesano. El político es el dueño de la empresa: juega con su dinero y está en su derecho de arriesgarlo. El funcionario es el contable: el dinero no es suyo y nadie le perdonará que arriesgue un solo duro de la caja. Como escribió George Bernard Shaw, los hombres razonables se adaptan al mundo y los que no lo son intentan una y otra vez que el mundo se adapte a ellos, y en consecuencia, el progreso depende de los hombres que no son razonables. Los grandes políticos pertenecen a esta especie. Los funcionarios, no.

Naturalmente, hay grados intermedios. Ni todos los políticos son unos temerarios que sueñan con hacer saltar la banca ni todos los funcionarios actúan con la prudencia de un cajero de sucursal bancaria. Hay políticos que no arriesgan, o que arriesgan muy poco, o mucho menos de lo que aparentan, de igual modo que hay empresarios que se limitan a administrar rutinariamente su negocio, sin tratar de innovar ni apostar por nuevas líneas ni nuevos productos. Por regla general, no son los que cosechan mayores éxitos, los que ascienden vertiginosamente, pero tampoco suelen caer en picado ni arruinarse de la noche a la mañana, aunque el azar puede favorecerles sin que se hayan arriesgado para merecerlo. También hay funcionarios que aman el riesgo y que, cuando pueden, buscan el acierto inesperado: son como esos empleados que buscan la ocasión de independizarse y crear su propia empresa. Si les va bien, podrán dar el salto a la política. Si no, tendrán que conformarse con ser unos funcionarios poco fiables, a los que los políticos mirarán con recelo (como mira con recelo el dueño de una empresa al empleado demasiado inquieto, al que ya ve como un potencial competidor). También hay híbridos, funcionarios que cruzan con éxito la frontera hacia la política y políticos que nunca dejan de ser los funcionarios que fueron, aunque lleguen a lo más alto, políticos que alternan las apuestas geniales con largos períodos de rutina artesanal y funcionarios que en ocasiones, cuando ven la oportunidad, gustan de tentar la suerte y dejarse llevar por la intuición.

La tarea común de gobernar amalgama las actitudes y lima las diferencias. Los papeles respectivos se amoldan a las personalidades de los políticos y funcionarios en cuestión, y la frontera que les separa acaba siendo porosa, como lo es en el mundo de las grandes empresas la que hay entre empresarios y empleados: el consejero delegado de un gran grupo empresarial, formado en el grupo y procedente de una de sus empresas, ¿es empresario o continúa siendo empleado? De igual modo, el secretario de Estado de un ministerio del que es alto funcionario desde hace más de veinte años, ¿es funcionario o es político?

Pero que la frontera sea difusa no quiere decir que no exista. Políticos y funcionarios son y se sienten distintos. Esta diferencia genera una curiosa dialéctica entre ellos, muy del estilo de los personajes de la vieja serie de televisión británica Sí, ministro. Se complementan y se necesitan, y no es raro que se admiren y se aprecien sinceramente, pero tampoco que lleguen a detestarse. El político ve a los funcionarios como seres cortos de miras, sin visión de la jugada, sin imaginación, útiles para hacer lo que les dicen pero incapaces de asumir la dirección de sus propios actos. Pero, si no es necio, enseguida aprende que, si no se rodea de técnicos fiables y capaces, no llegará muy lejos. Pronto descubrirá que las diferencias entre un jefe de gabinete y otro o un asesor de prensa y otro pueden ser abismales, tan determinantes para su éxito como el motor del coche que conduce para un piloto de Fórmula Uno. Si es inteligente, se cuidará de tratarles con el mismo mimo. De igual modo, el funcionario piensa que el político asume riesgos innecesarios y tratará de frenarle, de hacerle entrar en razón, y cuando tenga que barrer los cristales rotos tras aventuras fallidas tenderá a verle como un crío que se deja llevar por las corazonadas y los caprichos. Pero en el fondo no podrá dejar de admirarle por su arrojo, y pronto aprenderá que para un buen funcionario el camino más seguro para hacer carrera es ponerse al servicio de un político con éxito. Este es su mejor trampolín.

Incumbe a menudo al funcionario dar al político malas noticias: las cosas no pueden hacerse a su antojo, deben hacerse con arreglo a la legislación vigente, someterse a las servidumbres impuestas por la realidad. El político vive instalado en el corto plazo; para él, todo lo que cuenta corre prisa y lo que no corre prisa no cuenta. Cuando tiene un problema, quiere resolverlo cuanto antes. Y esto a veces es posible, pero otras no, porque la ley lo impide, y le toca al funcionario explicárselo. No es fácil: al político no le gusta que sus subordinados le digan que no, ni que le pongan trabas. Tampoco que le den lecciones. Quiere ser ayudado pero no excedido, como dice Gracián. En cuanto adivina lo que le están tratando de decir, tuerce el gesto: ha ganado las elecciones y tiene en su mano los resortes del poder, ¿por qué razón no se va a poder hacer lo que él ha dicho que hay que hacer? Venga, venga, menos pegas y más soluciones. El funcionario se encoge de hombros y dice que lo siente, pero que no es posible. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Enmendar la ley. Pero esto al político no le sirve, porque para cambiar las leyes —o los reglamentos, o los decretos— se necesita tiempo, y él no lo tiene: él quiere una solución ya. A veces, a fuerza de insistir y de amenazar, consigue doblegar al funcionario y obligarle a estrujarse las meninges para encontrar una vía más o menos chapucera de resolver el problema. Otras veces, el funcionario se ampara en la negativa de otros funcionarios —el asesor jurídico, el interventor—, y el político no tiene más remedio que resignarse.

Esta situación es una de las fuentes de roces más habituales entre ambos. Los políticos ven a los funcionarios, en particular a los que no han elegido ellos, como unos seres negativos que hacen valer su poder —un poder que ningún elector les ha concedido— poniendo pegas y escudándose en dudosas cortapisas legales. Algo así como los espíritus encadenados de los que habló Nietzsche, personas inteligentes a las que su destino ha recluido en un ambiente mezquino y estrecho, que se vengan de todo aquel que ha conseguido escapar de su perrera. Los segundos ven a los primeros, en particular si no son los que les han nombrado, como unos ignorantes que quieren mangonearlo todo puerilmente porque han ganado unas elecciones, sin respetar las limitaciones establecidas por las leyes ni querer darse cuenta de las impuestas por la realidad.

El político desea que todas las puertas se abran a su paso. Cree contar para ello con el apoyo de los ciudadanos que le han elegido. El buen funcionario es el que tiene en el bolsillo la llave para abrirlas cuando existe, y cuando no, sabe explicarlo con claridad y ofrecer alternativas si las hay. Entre sus habilidades debe contarse la de saber decir a su superior lo que no quiere oír sin perder su confianza. No es fácil que el político pueda alcanzar sus objetivos si no sabe rodearse de este tipo de funcionarios y confiar en ellos, si no sabe convertir en servidores suyos a los que la naturaleza hizo superiores en inteligencia, como recomienda Gracián. Hay políticos a los cuales no solo no les importa que los colaboradores les lleven la contraria sino que les da seguridad. Margaret Thatcher los provocaba y tenía con ellos discusiones tremebundas, pero no era inusual que después de haber defendido encendidamente una opinión en privado actuara de acuerdo con la contraria. Nicolas Sarkozy reunía cada mañana a sus colaboradores más próximos y les animaba a criticar las medidas en estudio y a discutir entre ellos. Después hacía lo que le parecía. Pero es preciso estar muy seguro de uno mismo para oírse juzgar con franqueza. Pocos hay que puedan sufrirlo sin irritarse. Además, el poder en sí suele llevar aparejado un plus de dificultad para escuchar y entender a los demás, algo que nunca resulta fácil. Si uno puede hacer lo que quiere, porque para eso manda, ¿para qué perder el tiempo y la paciencia con el tedioso ejercicio de escuchar y tratar de entender —no digamos persuadir— a otras personas? El resultado, claro está, es que cuando los gobernantes no escuchan las advertencias de sus colaboradores cometen más errores, y que cuanto más poderosos son mayores son estos errores y más les cuesta reconocerlos. Se puede producir un efecto bola de nieve: los errores no reconocidos generan nuevos errores, bien por no corregirlos o bien al tratar de compensarlos. A ningún hombre poderoso le falta un adulador que le dice que le critican por envidia, por ignorancia o por mala fe, y le disuade de corregirlos. Si se lo cree, los errores se sucederán en cadena.

MEDIOCRIDAD

Creemos que, porque son poderosos, los gobernantes tienen más capacidad que los demás para dirigir los asuntos públicos. Pero no siempre es así. Si hay suerte, pueden tenerla —y yo he conocido a algunos que sin duda la tenían—, pero también puede ocurrir lo contrario. Como señaló H. L. Mencken, los gobernantes, de media, no poseen un talento especial para gobernar. Poseen únicamente un talento especial para alcanzar el poder y conservarlo, que no es lo mismo. En Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar pone en boca del emperador romano una frase digna de presidir la sala en que se celebran las reuniones del gabinete en cualquier país democrático: «Lo esencial es que el hombre llegado al poder pruebe luego que merecía ejercerlo».

En todos los Gobiernos y cúpulas de grandes empresas hay personas que no reúnen las cualidades necesarias para el cargo que ocupan. En todos los países hay políticos incompetentes, altos funcionarios necios y directivos incapaces. Los ropajes del poder disimulan con frecuencia estas carencias, y es posible que solo lleguen a advertirlas sus colaboradores directos y las personas que tratan con ellos con más asiduidad. Es difícil sobrevalorar el daño que pueden hacer, particularmente cuando son personas de acción. Como escribe Lichtenberg: «Hay ineptos muy entusiastas. Gente muy peligrosa». En los momentos clave siempre hay algún incompetente pugnando por echar por la borda los esfuerzos de las personas inteligentes, que pese a su inteligencia no suelen percibir la gravedad de la amenaza a la que están sometidas. Cuando esto ocurre cerca de la cúspide del poder, el daño que puede causar es de una magnitud considerable. Hay que haber visto el poder muy de cerca para llegar a imaginarse la cantidad de acciones que la historia atribuye a propósitos malvados o maquiavélicos y que son solo fruto de la incompetencia.

Es difícil no preguntarse cómo han llegado estas personas hasta el cargo que ocupan. ¿Es posible que quien les ha nombrado yerre de este modo? A veces se trata únicamente de un problema de óptica y lo que ocurre es que tienen unas cualidades distintas de las que quien les juzga espera de ellas. La inteligencia pura, meramente analítica, no siempre es el elemento clave para gobernar. Hay situaciones en las que, más que inteligencia, se requiere valentía, decisión. El resultado de las acciones políticas suele ser impredecible. Hay tantos factores en juego que es muy difícil saber con certeza, por más inteligencia que se posea, cuál será su última consecuencia. Dependiendo de las circunstancias, el mismo gesto puede ser percibido como una muestra de altura política y proporcionar votos y adeptos o, por el contrario, ser considerado una muestra de debilidad y restar apoyos. Nadie puede predecir con certeza cuáles serán los efectos últimos de una subida de impuestos, de un gesto diplomático o de una iniciativa militar. El mejor líder es el más decidido, el que tiene más seguridad en sí mismo y consigue arrastrar a los demás. Sin convicción es difícil persuadir a nadie. Pero la inteligencia, al hacer ver todos los ángulos y riesgos de cada opción, es incompatible con la fe ciega en la bondad y oportunidad de una acción política. Por eso el poder suele recaer no en los que más saben, sino en los que, a veces por ignorancia o menor inteligencia, creen que saben y gracias a ello tienen más seguridad en sí mismos y consiguen persuadir a los demás. Escribe Montaigne: «Considérese quiénes son los más poderosos de las ciudades y los que mejor hacen su tarea: se hallará de ordinario que son los menos hábiles... Dice Tucídices que triunfan con más frecuencia los burdos que los sutiles».

El humorista americano Art Buchwald escribió una vez que él siempre había querido entrar en política, pero que le habían rechazado por falta de liviandad. La broma alude a una característica de los políticos que subleva a muchos. ¿Por qué escasea tanto entre los políticos la solidez —moral, intelectual, humana— y abundan tanto la frivolidad y la ligereza? La respuesta tal vez deba hallarse en la propia naturaleza de la política. Los carros de combate suelen ser más sólidos que las avionetas, pero no vuelan, y en política se trata más a menudo de volar que de avanzar a ras de suelo. Los pastores alemanes son sin duda más fuertes que las águilas, pero no pueden controlar el mismo territorio ni actuar con tanta rapidez, y en política hay que dominar un territorio amplio y poder actuar con rapidez. En la política, como en la aeronáutica, la falta de peso es una virtud. Pero no se debe confundir la falta de peso con la falta de resistencia o de firmeza. Las alas de los aviones tienen que ser ligeras, pero no endebles.

Montaigne atribuye el elevado número de personas incompetentes que ocupan puestos relevantes a la obra del azar. «Las dignidades y los cargos se dan necesariamente más por fortuna que por mérito y no es justo emprenderla tan a menudo contra los reyes.» Al fin y al cabo, los gobernantes son personas como las demás, con sus mismas virtudes y los mismos defectos. «Del mismo modo que a los comediantes los veis en el escenario poner cara de duque y emperador, y un poco después helos ahí convertidos en lacayos y míseros ganapanes, su natural y originaria condición: mirad también tras el telón al emperador cuya pompa os deslumbra en público... no es más que un hombre común, y quizá más vil que el más insignificante de sus vasallos... Agítanlo la cobardía, la indecisión, la ambición, el despecho y la envidia, como a cualquier otro.»

Hay ocasiones en las que la falta de inteligencia del gobernante es en buena parte consecuencia del poder que tiene. En El crepúsculo de los ídolos, Friedrich Nietzsche escribe: «Se paga caro llegar al poder: el poder vuelve estúpidas a las personas». La satisfacción que el poder produce a quien lo ejerce puede anular mecanismos que en otras circunstancias le impedirían decir ciertas tonterías o cometer ciertos errores. El exceso de autoestima hace que el poderoso se confíe. Lo explica muy bien el psicólogo y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, en Pensar rápido, pensar despacio. Cuanto más poderosa se siente una persona, más fácil es que, en vez de meditar cuidadosamente sus decisiones, saque conclusiones precipitadas de la información de que dispone, aunque sea incompleta, y se deje llevar por la intuición. De forma inconsciente, tiende a pensar que si ha sido elegida para el puesto que ocupa es porque vale para ello. Esto le hace disminuir la vigilancia y no sopesar suficientemente los inconvenientes y ventajas de cada opción. El resultado es que comete errores que no debería. Kahneman cita una frase famosa de George W. Bush: «Yo no me paso mucho tiempo haciendo encuestas alrededor del mundo para que me digan cuál creo que es la manera apropiada de actuar. Me basta con saber lo que siento». El gobernante está tan satisfecho de ejercer el poder que va sobrado y sus errores aumentan. En inglés hay un refrán que ilustra bien este hecho: Pride comes before a fall. El orgullo precede a la caída. La gente a la que se le sube a la cabeza el éxito tiende a equivocarse y lo acaba pagando.

Otro motivo de los desaciertos es el cansancio. Las personas poderosas rara vez tienen tiempo para pensar con calma. Están demasiado ocupadas. Su vida es una maratón de viajes, entrevistas, reuniones, conferencias, comidas, cenas y madrugones de la que no pueden sustraerse. Un acto borra a otro, un lugar hace olvidar el anterior. No hay horas. Como dice Yasmina Reza en su libro sobre Nicolas Sarkozy, es el alba, la tarde o la noche. Duermen poco. Viven inmersas en la acción y con mucha frecuencia no pueden sopesar la conveniencia de sus actos hasta que ya los están llevando a cabo. Súmese a ello que a veces no delegan las responsabilidades que debieran, por falta de confianza en los colaboradores o porque no son buenos gestores. «Es propio de almas pequeñas, aplastadas por el peso de los asuntos, el no saber librarse de ellos, el no saber dejarlos y volverlos a tomar», escribe Montaigne. No tienen más remedio que abandonarse al piloto automático. Si se detienen a pensar, se les acumulan las decisiones. Deben decidir sobre la marcha, fiarse de los colaboradores o de su intuición, con lo que el margen de error aumenta.

A veces son muy hábiles en una parte de su labor pero no en otras. Cualquier gobernante debe dedicar al menos tanto tiempo a reunir los apoyos necesarios para lo que se propone hacer como a decidirlo y ejecutarlo. Debe negociarlo con el partido y explicarlo en el Parlamento y en entrevistas con los medios de comunicación. Debe evitar que sus rivales le pisen el terreno o le pongan la zancadilla y debe asegurarse el respeto de sus colaboradores. Puede ser muy brillante en una de estas tareas y no tanto en las otras, saber cómo manejar los hilos del partido, por ejemplo, o cómo explicar de una forma particularmente persuasiva ante las cámaras la política que hace, y no ser tan resuelto a la hora de tomar decisiones o tan competente a la de ejecutar lo decidido. O a la inversa. Sin embargo, deben ocuparse de todas estas tareas, y esto hace visibles sus carencias. Franco, por ejemplo, tenía una gran habilidad para dividir a los demás y asegurarse el poder, pero podía hacer gala de una estupidez asombrosa. En 1940, el austríaco Albert Elder von Filek le hizo creer que gracias a una mezcla de plantas y de ingredientes secretos podía transformar el agua del río Jarama en un combustible superior a la gasolina. Von Filek decía que las grandes compañías petrolíferas y otras potencias le habían ofrecido fortunas por la fórmula, pero que él prefería cederla a España a causa de su admiración personal por el Caudillo. Franco se lo tragó y el Gobierno anunció que España sería pronto autosuficiente en energía y se convertiría en un país exportador de petróleo. En aquel momento miles de españoles pasaban un hambre atroz. Al infortunio de vivir en una dictadura, sometidos a una autoridad que decidía lo que le apetecía sin responder ante nadie, se añadía la estulticia del dictador.

Otra posibilidad, finalmente, es que el poderoso no carezca de inteligencia, pero prefiera por astucia, para estar más cerca del común de los ciudadanos, esconderla tras un velo de campechanía o de sencillez. Como escribió Karl Kraus: «El secreto del agitador consiste en aparentar ser tan tonto como sus oyentes, de manera que estos crean ser tan inteligentes como él». En la misma vena, Nietzsche recuerda: «Se dice, con mucho respeto, de un hombre que es todo un carácter, si muestra una lógica vulgar, visible hasta para los menos avisados. Pero cuando se trata de un espíritu más perspicaz y más profundo, que es consecuente con su modo (es decir, de un modo superior), los espectadores niegan que sea un carácter. Esta es la razón de que los hombres de Estado que son astutos representan siempre su comedia con la máscara de una lógica vulgar».

CON ESTOS AMIGOS...

En la jungla tropical, los árboles y las plantas compiten y se pelean por la luz, y los animales e insectos, por los alimentos. Cada animal tiene sus aliados y sus enemigos. Todos son depredadores de unos y presas potenciales de otros. Es la ley de la selva: las plantas y los animales marcan y protegen su territorio para asegurar la supervivencia de su especie.

Del mismo modo, en la jungla del poder se compite por la visibilidad y la atención pública y se lucha para defender el propio ámbito de competencias. Los instantes en el telediario y los titulares de periódico son tan preciosos para el político como los rayos de sol para el árbol de la selva, e igual de escasos. No hay para todos. Los políticos de mayor estatura los acaparan, no sin una feroz lucha entre ellos, y los demás tienen que apañárselas, también en mortal combate, para aprovechar los huecos y las migajas que les quedan. Nadie sobrevive sin visibilidad. Por debajo de ellos, en una espesa penumbra en la que rara vez se filtran los rayos solares, sus colaboradores compiten por su atención y tratan de asegurarse la supervivencia haciéndose indispensables. La lucha entre ellos puede ser aún más descarnada.

De igual modo que en la jungla tropical la fertilidad ubérrima del suelo genera una gran frondosidad vegetal, lo que a su vez atrae a todo tipo de especies de animales, desde felinos a coleópteros, en los centros de poder la abundancia presupuestaria se traduce en una gran frondosidad burocrática: gabinetes, asesores y consejeros pugnan por mostrar su utilidad y viven a la caza de un cometido que les permita convertirse en imprescindibles. Cuanto más poder se concentra en una unidad gubernamental, mayores son las disponibilidades presupuestarias para contratar personal y, por ende, mayores son los codazos y zancadillas entre los que la integran.

Como el poder suele acumularse en la cúspide, es alrededor del presidente y de los ministros donde hay más colaboradores, consejeros y asesores, donde la ambición media es más alta y donde la ley de la jungla rige con mayor desnudez. Allí, los gerifaltes políticos, los mandarines burocráticos, los asesores y los consejeros se entremezclan como anguilas en un barreño. A veces reina entre ellos una gran camaradería. El sentimiento de compartir logros y fracasos crea lazos muy profundos. Otras veces los conflictos de competencias y las disputas por celos y por cuestiones de precedencia envenenan la convivencia. Depende de las personas, de su talante e inteligencia emocional. En cambio, en las zonas alejadas de los centros de mando, más despejadas y más desprovistas de recursos presupuestarios, es más fácil que cada uno pueda hacer su trabajo sin interferencias y, en consecuencia, este tipo de disputas son menos frecuentes, pero la visibilidad es menor.

¿Conoce el lector algún colectivo cuyos miembros no se detesten, más o menos calladamente? La Schadenfreude, la alegría por las desventuras ajenas, encuentra su esplendor en el mundo de la política, como en tantos otros. Uno pensaría que los miembros de un consejo de ministros o del comité de dirección de una gran empresa están cohesionados y sienten los éxitos y las flaquezas de los compañeros como propios, ¿verdad? Pues no siempre es así. Quien más se alegra del batacazo de un ministro es a menudo alguno de sus compañeros de gabinete, aunque por motivos obvios no lo exteriorizará más que entre sus íntimos, claro. Las críticas más crueles de un político suelen provenir de otro político. La atmósfera del poder es cambiante, agitada. Al igual que esos aviones de gran envergadura que generan su propia turbulencia, los gobernantes dejan una estela de tensiones que los que están a su alrededor raramente logran evitar, y la envidia encuentra ahí un buen caldo de cultivo.

Los hombres somos bastante parecidos en todas partes, con independencia de la profesión que ejerzamos. La condición humana no varía. Si estas flaquezas son más visibles en el mundo de la política que en otras profesiones es porque le prestamos mayor atención y porque la envidia suele aparecer con más fuerza allí donde tienen mayor papel la excelencia, la vanidad y la egolatría. Los celos entre escritores o entre artistas también pueden ser feroces. Pero ni los escritores ni los artistas conviven tan estrechamente como los que comparten el poder. Entre estos, la cercanía hace que salten chispas con mayor facilidad.

El escritor británico Julian Barnes, en una de sus novelas, pone en boca de Oscar Wilde un chiste que ilustra bien cómo opera la envidia. Satanás está inspeccionando sus dominios y, en el desierto libio, encuentra a un grupo de pequeños diablillos que intentan tentar a un ermitaño, sin éxito. «No lo estáis haciendo bien —les dice—. Os diré cómo se hace. Mirad atentamente.» Y se acerca al ermitaño y, con un tono afable, le susurra al oído: «A tu hermano le acaban de nombrar obispo de Alejandría». Inmediatamente un profundo surco de celos cruza la frente del ermitaño. «¿Lo veis? —dice Satanás a los diablillos—. Así se hace.»

ATAJOS Y OTROS ESPEJISMOS

El gobernante sabe que tiene por delante un largo camino. La ascensión es ardua, exasperantemente lenta. Hay tramos en los que parece que se aleja de la cima en vez de acercarse a ella, a causa de las curvas. En el mejor de los casos llegará extenuado, sin fuerzas para decidir el camino a seguir a partir de ahí. ¿Cuántos problemas a los que tiene que enfrentarse no responden a este patrón? De pronto, aparece una vereda que se adentra en la maleza en línea recta hacia la cima. La experiencia le dice que si se mete por ahí no llegará a ninguna parte. Pero el cansancio y la ilusión de encontrar un atajo, la fe en sí mismo y la convicción de que los caminos trillados son para los que carecen de imaginación, le empujan a probar suerte. Deja el camino y sigue la vereda. La fortuna sonríe a los audaces, sin romper huevos no se hacen tortillas, etc. Al principio, la cima está cada vez más cerca y avanza convencido de su acierto. Pero los obstáculos que le separan de ella se van haciendo cada vez más difíciles de salvar. Pronto se da cuenta de que ha cometido un error, de que por ahí no es posible llegar a su destino. Pero reconocerlo tiene un coste oneroso. Significa desandar lo andado y volver al arduo camino que abandonó, al cansancio y a las curvas. Desoye a los que le aconsejan regresar y persevera en el error, haciendo esfuerzos para persuadirse de que la tenacidad es la llave del éxito. Al cabo, es posible que acepte que la vereda no lleva a la cima y que desde donde está no es posible continuar y decida regresar al camino. Pero desistir tampoco es fácil. ¿Cómo se vuelve? ¿Por dónde vino?

Lo dejó escrito Nietzsche en uno de sus aforismos: «Los caminos considerados “más cortos” han sido siempre los que mayores peligros han hecho correr a la humanidad. Cada vez que se anuncia a esta la buena nueva de que se ha encontrado uno de tales atajos, se extravía y pierde su camino». El filósofo alemán pensaba probablemente en grandes designios religiosos o revolucionarios, pero la misma idea puede aplicarse a las soluciones miopes de nuestra era postpolítica. El atajo se puede llamar GAL o puede consistir en acumular déficit de tarifa eléctrica. Como escribió H. L. Mencken, para cada problema complejo hay una solución clara, fácil y equivocada. El esquema siempre es el mismo. Se olvida que las cuestiones complicadas rara vez admiten respuestas simples y se tira por la calle de en medio. Si hay dudas, se acallan con la idea de que, en el mundo contingente de la política, lo importante es lo inmediato. ¿No parece esta la mejor salida a corto plazo? Pues mañana Dios verá. Siempre hay unas elecciones a la vista, siempre hay una excusa para posponer los sacrificios. Y lo cierto es que a veces las cosas cambian y lo que parecía pan para hoy y hambre para mañana se convierte en pan para hoy y nada más, porque al día siguiente la situación ha cambiado y todo se ve con otros ojos. Pero lo normal es que no sea así y que el cortoplacismo se traduzca en un desastre a medio y largo plazo. No solo no resuelve el problema sino que la solución, que ya antes era lejana y complicada, se ha alejado y complicado aún más.

La impaciencia por alcanzar resultados, tan propia del hombre de acción que es el político, puede hacerle caer en otro error parecido. Aquí quien le tienta no es una vereda que parece conducir a su objetivo sino alguien que se hace pasar por tonto y le ofrece quién sabe qué ventajas y beneficios a cambio de un pequeño favor. Es el timo de la estampita. Si el gobernante pica, descubrirá pronto que las ventajas y beneficios prometidos son falsos y que le han estafado. En política no son infrecuentes las variantes de este timo. El cortoplacismo y el tacticismo hacen ver billetes donde solo hay estampitas. Esta persona a quien el gobernante, en su ingenuidad, cree poder tomar el pelo puede ser el monarca o el presidente de un país rico en petróleo, pongamos por caso, que, a cambio de una simple visita a su capital, le ofrece inversiones millonarias que permitirían evitar el cierre de una gran empresa. ¿Qué jefe de Gobierno no acepta viajar a una capital extranjera y dejarse fotografiar con su monarca o presidente, aunque su imagen sea controvertida y ello le cree dificultades con terceros Estados, si así salva del paro a miles de trabajadores? La constatación de que nadie da duros a cuatro pesetas y de que ni la visita saldrá tan barata en términos políticos como se esperaba, ni la solución del problema de la empresa en cuestión está tan clara como parecía, no vendrá hasta más adelante, probablemente cuando ya sea demasiado tarde para echarse atrás y no haya más remedio que poner al mal tiempo buena cara y cumplir la propia parte del trato con la esperanza de que la otra parte —que, por cierto, ha demostrado no andar tan despistada como aparentaba— también cumpla la suya.

De nuevo, como en el caso de los atajos, el gobernante no querrá admitir su error y retroceder. Su instinto le empuja a mirar al frente: es la manera de no caerse ni sentir vértigo. Aunque sea vagamente consciente de que se equivocó, contabilizará el error en una cuenta conjunta con otras decisiones, alguna de las cuales habrá sido acertada, y tirará adelante sin darle más vueltas. Por su parte, el timador sabrá que lo tiene atrapado y le exprimirá como un limón.

La política es el arte de lo posible, pero a menudo los que lo practican están persuadidos, por su experiencia personal, de que muchas cosas que parecen imposibles luego no lo son. Más difícil parecía llegar donde han llegado y ahí están. ¡Quién les hubiera dicho hace unos meses, o unos años, que hoy iban a ser ministros, o presidentes del Congreso, o de un Gobierno autonómico! La misma audacia que les llevó al cargo que ahora ocupan les empuja a abandonar el camino para adentrarse por un atajo que no conduce a ninguna parte o a comprar a precio de ganga una supuesta joya de gran valor que luego resulta ser bisutería. Como los promotores inmobiliarios que acaban arruinándose a fuerza de construir y construir creyendo que les continuarán quitando los apartamentos de las manos, el político es a veces víctima de su fe en sí mismo y se estrella ante el asombro de cuantos le rodean contra un imposible que todos saben insalvable menos él.

VOLUNTARISMO

Otras veces el gobernante, sin ninguna vereda a la vista ni nadie que le tiente con falsas promesas, se empeña en hablar del atajo como si su mero enunciado bastara para crearlo. Su objetivo es forzar los éxitos anunciándolos, una estrategia muy común en la vida política que puede, ciertamente, dar resultado, pero también puede conducir a derrotas calamitosas. Aquí nadie le engaña aprovechándose de su deseo de apuntarse tantos, ni él se engaña creyendo fácil y factible lo que en realidad es muy difícil. Es él quien trata de engañar a los demás haciéndoles creer que la solución a un problema está al alcance de la mano, para que todos los implicados quieran subirse al carro ganador y provocar así un cambio de paradigma que permita desbloquear la situación. Es él quien apuesta por una solución confiando en que la mera apuesta aparte los obstáculos que la impiden.

Se trata de una estrategia muy próxima al farol del jugador de póquer. Es la estrategia de Josep Tarradellas cuando, tras su primer encuentro con Adolfo Suárez en 1977, un encuentro difícil, en el que el desacuerdo fue al parecer total, manifiestó su satisfacción ante la prensa por la sintonía y la comprensión que había hallado en el presidente del Gobierno. El anuncio de un éxito cambia los parámetros de la situación. Los demás actores tienen que adaptarse. A nadie le gusta dar malas noticias, ni aparecer como responsable de un fracaso. El resultado es que, a veces, se produce el milagro y el anuncio crea en efecto el éxito deseado, como consiguió Josep Tarradellas. Los políticos con talento lo saben, y saben también que la realidad es correosa y que jugar siempre sobre seguro es condenarse a avances muy magros. Pero se trata de una táctica arriesgada. Si alguno de los implicados se niega a ceder porque sospecha el engaño o porque la solución propuesta le plantea dificultades insalvables, el voluntarismo del político en cuestión puede quedar en evidencia, con gran coste para su credibilidad futura.

Otras veces, este voluntarismo intenta ocultar las dificultades, para no desmoralizar a las propias huestes. Es una táctica que puede funcionar, pero también puede conducir a resultados desastrosos. En La guerra civil española, al analizar las causas de la debacle que fue para la causa republicana la ofensiva de Brunete, Antony Beevor escribe: «Los problemas del mando y del control se veían agravados porque los comandantes, sometidos a presión, decían que habían alcanzado un determinado punto cuando ni siquiera estaban cerca de él... Por estas razones, y aún más por vanidad pueril, algunos mandos confundían con frecuencia a los cuarteles generales. Por ejemplo, El Campesino exageró burdamente las bajas enemigas en Quijorna, cuando esta cayó, para poder justificar su inicial falta de éxito. En su informe, Líster cuadruplicó el número de los defensores de Brunete y luego se jactó de que sus fuerzas habían alcanzado Navalcarnero, cuando, en realidad, estaba a unos doce kilómetros...». Como explica Beevor, estas falsedades suponían auténticas zancadillas para los mandos, cuyas órdenes no se correspondían con la situación real del frente, y esto conducía, para su desesperación, a ingentes pérdidas de hombres y de armamento.

En un sistema democrático, en el que la lucha por el poder no solo se produce entre el Gobierno y las fuerzas que están en la oposición, sino también entre los distintos grupos y tendencias dentro del Gobierno, no es inusual que los altos cargos gubernamentales caigan en la tentación de exagerar los resultados positivos de sus acciones y de minimizar los negativos, como El Campesino y Líster, aunque ello redunde en un serio perjuicio para el Gobierno en su conjunto. Cada uno libra su propia guerra dentro de la guerra y no puede sorprender que utilice todas las armas a su alcance. La de falsear lo ocurrido para que sea otro el que cargue con la responsabilidad de un fracaso no es la más innoble. Que ello acarree un revés para la causa que se defiende no tiene por qué ser un obstáculo. Al fin y al cabo, un trastazo gubernamental puede ser un muy soportable mal menor si conlleva el cese o desprestigio de un antagonista en el seno del Gobierno.

COBA

Quien ha vivido cerca de una cumbre sabe lo difícil que es no mirarla, no tenerla presente en todo momento como punto de referencia. Del mismo modo, quien vive en la proximidad de una persona que destaca por el poder que tiene sobre los que le rodean, también tiende a convertirla en el foco de atención, a concederle un papel central, a veces incluso en detrimento del que a él mismo le corresponde en su propia vida. En el mundo del poder, toda cúspide acaba creando una corte.

Las personas más maduras, cuando tratan con alguien que ostenta algún grado de poder, suelen juzgarles con un sano espíritu crítico que no tiene por qué excluir ni la admiración ni el afecto. Es una actitud de reserva, una cierta distancia que ni aprueba ni censura por adelantado. Pero no todos reaccionan así. Los hay que se acogen a su autoridad con sumisión. Otros adoptan una actitud de rebeldía, como si sintieran aún la necesidad adolescente de enfrentarse al padre. Otros, por ganas de agradar, por mal entendida lealtad o por interés, para ganarse su favor y compartir su influencia, recurren a la coba, un ingrediente que nunca falta en el entorno del poder. Nada atrae tanto a los aduladores como las personas con carisma y autoridad sobre los demás. La medida en que estas la admiten suele ser un buen indicio de su competencia y de su seguridad en sí mismos. Solo los que andan muy faltos de liquidez aceptan moneda falsa. Los que son solventes la rechazan, y cuanto más solventes son más fácilmente la identifican. Pero también los hay que son solventes, la identifican y sin embargo la admiten y agradecen como uno más de los privilegios de su poder.

«La coba —escribió Adlai E. Stevenson, vicepresidente de Estados Unidos a finales del siglo XIX— es como un cigarrillo: está muy bien mientras no te tragues el humo.» En política, es tan difícil no inhalar el humo de la coba como lo era no inhalar humo de cigarrillos en un bar de copas lleno a rebosar cuando se fumaba. Son pocos los políticos que pueden prescindir totalmente de una caladita de vez en cuando. Algunos solo admiten formas de coba particulares, como fumadores que solo fuman una marca de cigarrillos. Tienen a alguien que sabe darles confianza, hacerles sentir seguros, y rechazan la coba de todos los demás, o solo la admiten, a guisa de sucedáneo, cuando el pelota favorito no está. La Rochefoucauld acierta cuando escribe: «A veces imaginamos que detestamos la adulación. Pero en realidad solo detestamos la manera en que nos adulan». Otros solo admiten coba en privado, como los fumadores que solo fuman cuando están solos o con gente de mucha confianza, o la admiten únicamente en circunstancias particulares, como los que solo fuman al aire libre, o después de la comida. Muchos comienzan así pero acaban admitiendo la coba de forma indiscriminada, en todos los lugares y circunstancias, aunque conserven sus preferencias, como los fumadores que pasan sin darse cuenta de uno o dos cigarrillos al día a fumarse un paquete diario. Incluso los que se niegan a admitirla pueden ser víctimas de la coba, por aquello de que algo de humo siempre acaba llegando a los pulmones de los no fumadores.

El problema es que, a la larga, el humo puede producir cáncer, como es sabido. Pero no a todo el mundo. Del mismo modo que hay fumadores que viven hasta los noventa tan panchos, también hay políticos que consumen coba sin límite y no por eso se ciegan ni pierden la conciencia de su verdadera estatura. Pero a la mayoría de los que la aceptan la coba les impide darse cuenta de los errores que cometen y corregirlos, les traslada a un mundo de ficción en el que todo son aciertos y en el que los que no los reconocen lo hacen necesariamente por enemistad o mala fe. Un mundo en el que será muy difícil que no cometan un error tras otro.

Maquiavelo ofrece al gobernante la mejor fórmula para evitar la coba: hacer entender con claridad a todos que, si le dicen la verdad, no le ofenderán. Pero también advierte: si todos pueden decirle al príncipe la verdad, le perderán el respeto.

HUÉRFANOS

Uno de los rasgos que distinguen a los seres humanos de otros mamíferos es que los seres humanos tardamos mucho tiempo en emanciparnos. Somos incapaces de valernos por nosotros mismos al menos hasta los seis o siete años y no alcanzamos la madurez física hasta los trece o catorce. Esto quiere decir que durante una etapa muy significativa de nuestra existencia, la quinta o sexta parte de una vida de duración normal, en la que se moldean nuestro carácter y nuestra manera de enfrentarnos al mundo, necesitamos protección y sustento, y esto nos genera una dependencia psicológica que a menudo sobrevive largamente a nuestra emancipación física y económica. Cuando dejamos de precisar la protección y el sustento de nuestros padres, todavía necesitamos su guía y aprobación, y si podemos prescindir de ellas es normalmente porque las hemos sustituido por las de otras personas que también ejercen sobre nosotros una función directiva y, a la vez, protectora (un jefe, un profesor, etc.). Se lo propongan o no, los líderes políticos desempeñan una parte de ese papel para la mayoría de los ciudadanos.

Curiosamente, cuanto más educada está una persona más suele durar su dependencia, en la medida en que, al prolongarse sus estudios, se dilata su emancipación. Por lo común, un albañil se libera mucho antes de la tutela de las figuras paternas que un catedrático de universidad, circunstancia que con frecuencia es visible en el modo en que uno y otro expresan sus opiniones, el primero diciendo con sana franqueza lo que le viene en gana, por disparatado que sea, y el segundo justificándolas y apoyándolas con toda suerte de argumentos y razones, como si para hablar necesitara servirse de notas a pie de página.

Las personas que acceden a los círculos de poder suelen reclutarse entre las más educadas, de modo que se cuentan entre aquellas cuya dependencia más se ha prolongado. Además, muchas de ellas proceden de estructuras en las que la emancipación psicológica es muy difícil y a veces no llega a producirse enteramente nunca, como la administración, en la que se accede por lo común mediante unas oposiciones cuya preparación dificulta la independencia económica, de tal modo que el nuevo funcionario, al ingresar, pasa a cobrar del Estado y sustituye sin solución de continuidad la figura paterna por la del superior jerárquico o, más en general, por la estructura burocrática en la que se integra. O como la universidad, en la que la plena emancipación se alcanza a una edad en la que ya es muy difícil despojarse enteramente del sentimiento de trabajar bajo la autoridad de un maestro.

Como explica muy bien Elias Canetti en Masa y poder, toda autoridad deja en la persona que se somete a ella un aguijón que, más tarde, cuando esté en condiciones de mandar, aflorará en la forma de tratar a sus subordinados. Todo el que recibe instrucciones, disfruta dándolas. Todo el que ha estado sometido a la autoridad de otro, disfruta imponiendo la suya. Pero esto rara vez quiere decir que se ha liberado plenamente de la necesidad de amparo y de dirección por parte de una figura paterna, por alto que haya llegado en la escala jerárquica.

Por esta razón, las personas que ocupan posiciones de poder suelen continuar sintiendo necesidad de apoyo, aunque no es raro que en el curso de su larga formación hayan ido transfiriendo parte de esta necesidad a un padre impersonal que puede ser Dios, si profesan alguna religión, la Razón, a cuyo culto se entregarán como sacerdotes laicos, el Ordenamiento Jurídico, al que servirán con devoción, el partido en que militan o una combinación de estos padres putativos, en las proporciones que sean. Normalmente obtienen este apoyo sometiendo las decisiones más delicadas, las que entrañan mayor responsabilidad, a sus superiores. Pero llega un punto en la escala, el vértice de la jerarquía, en el que no hay superior al que recurrir. Se puede pedir consejo, se puede recabar al asesoramiento de expertos, se puede consultar a la divinidad, o a la Razón, o darle todas las vueltas necesarias al ordenamiento jurídico, pero no se puede pedir a nadie que decida, porque no hay nadie por encima.

Puede parecer sorprendente, pero hay muchos políticos a los que no les gusta de verdad ejercer el poder. Les gustan los aplausos y los honores, les gusta salir en televisión y nombrar colaboradores, les gusta mandar, intrigar, figurar, les gusta el prestigio que el poder confiere. Les fascina el juego de la política, el incesante movimiento de pactos, entendimientos, conspiraciones que conlleva. Les apasiona invocar grandes principios y llenarse la boca postulando soluciones drásticas, radicales. Pero cuando tienen que asumir su responsabilidad y elegir entre los intereses de unos o de otros, se paralizan. En vez de señalar el camino a seguir, de apostar por la opción en la que creen, someten la decisión al gabinete o a un órgano del partido, o consultan a un superior, para endosarle la responsabilidad.

Como explicó una vez José María Aznar, en términos muy parecidos a los utilizados años antes por Felipe González, al final, ser presidente consiste en recibir la última llamada. Hay un momento en el que no cabe consultar a nadie más y el presidente tiene que decidir por sí mismo el curso a seguir. La capacidad de asumir esta soledad, la fortaleza emocional para decidir lo que hay que hacer y responsabilizarse de ello, para ser capaz de actuar sin necesidad de ningún amparo psicológico paterno, señala la estatura de un gobernante en mucho mayor grado que su preparación técnica en las cuestiones que ha de dirimir, que con frecuencia no es superior a la de sus colaboradores.

Dicen que a comienzos de los años noventa, Hafez al-Assad, padre del dictador actual, convocó al embajador de un país del Este europeo. El embajador acudió sorprendido. El dictador lo recibió a solas, le hizo unas cuantas preguntas intrascendentes y, al cabo de diez minutos, le preguntó si era cierto que estaba en Bucarest cuando Ceaucescu cayó. El embajador dijo que sí, y Assad, de repente muy excitado, le preguntó cómo era posible que un gobernante como Ceaucescu, que tenía un control férreo de las fuerzas de seguridad, el ejército, la prensa, la televisión, todo el aparato político del Estado, hubiera caído tan fácilmente y hubiera sido ejecutado. El embajador comprendió que Assad le había convocado para hacerle precisamente aquella pregunta. La caída de Ceaucescu le había traumatizado. Tenía pánico a que le pasara lo mismo. ¡Si un dictador estalinista como Ceaucescu podía caer, entonces ningún dictador estaba seguro!

Un gobernante democrático no sentirá nunca el mismo terror. Cuanto más concentrado está el poder en un grupo reducido o en una sola persona, más solo se sentirá el gobernante a la hora de decidir. En una dictadura, es frecuente que los colaboradores teman dar malas noticias al dictador y le oculten la verdad. Esto obliga al dictador a decidir en el vacío, sin estar seguro del terreno que pisa, lo que obviamente puede provocar errores graves. Estos errores le pueden conducir a la muerte, como en el caso de Ceaucescu, de Gadafi o de Sadam Hussein, que estaba convencido de que los americanos no se atreverían a invadir Irak y ningún colaborador osó hacerle ver su error. Se entiende pues el terror de Assad. No se podía fiar de nadie.

La soledad del gobernante democrático no es nunca tan extrema. Al gobernante democrático, la libertad de prensa le permite estar al menos tan bien informado como los demás ciudadanos. Además, los colaboradores no sienten la misma necesidad de ocultarle las malas noticias, por mal que se las tome, ni se las pueden ocultar con tanta facilidad. Sin embargo, las decisiones las tiene que terminar tomando él, aunque sea con la asistencia de los colaboradores, y la responsabilidad es toda suya. Esto exige un carácter poco común, una gran fortaleza emocional.

Aunque en este terreno es fácil deslizarse por una pendiente de falsas conclusiones, tal vez no sea enteramente casual que haya un número elevado de dirigentes que perdieron a uno de sus progenitores a una edad temprana. Barack Obama apenas conoció a su padre, que se divorció de su madre cuando él tenía dos años, solo le visitó una vez, cuando tenía diez, y murió cuando tenía veintiuno. Bill Clinton es hijo póstumo. Su padre murió tres meses antes de que él naciera. El padre de Nicolas Sarkozy abandonó a su familia cuando Sarkozy tenía cinco años. Churchill perdió a su padre, con el que apenas tenía relación, a los veintiún años. El padre de Hitler murió cuando el futuro Führer tenía trece. El padre de Stalin, alcohólico, abandonó a la familia cuando Stalin era un adolescente, igual que el padre de Franco, que abandonó a la suya cuando el futuro dictador tenía quince años. El excanciller alemán Gerard Schröder es hijo de una madre violada durante la Segunda Guerra Mundial, criado sin padre. El padre de Adolfo Suárez abandonó a su familia cuando el futuro presidente contaba apenas veinte años. Tony Blair perdió a su madre siendo todavía estudiante; antes, su padre había sufrido un derrame cerebral que lo incapacitó. Manuel Azaña era huérfano de padre y madre desde su infancia. Es posible que todo esto no sean más que coincidencias. En todo caso, el poder, en la cúspide, es siempre una forma de orfandad.

VERBO

Dicen que cuando un político está en el poder se levanta por la mañana y decide lo que va a hacer y que cuando está en la oposición se levanta y decide lo que va a decir. Pero esto es cada vez menos así. Con gran frecuencia, lo más importante para un político, esté en el poder o en la oposición, no es lo que hace sino lo que dice.

Los gobernantes de antaño tenían el poder de coaccionar mediante la fuerza y disponían de recursos económicos para ganarse la voluntad de sus súbditos. Hoy ya no es así, o lo es en muy escasa medida. Hoy el Estado tiene el monopolio de la violencia, pero su uso está sometido a filtros muy serios —parlamentarios, ministeriales, etc.—, y la administración de penas está en manos de la justicia, de modo que el gobernante no puede utilizar fácilmente ni la una ni las otras para promover sus objetivos políticos. Dispone de un poder innegable sobre el presupuesto, pero el presupuesto incluye una mayoría de partidas que cuesta mucho modificar —pensiones, salarios de los funcionarios, mantenimiento de infraestructuras, etc.— y el margen para utilizarlo con fines políticos es limitado. Además, está sometido también a todo tipo de filtros. En estas condiciones, el poder más sustancial que le queda al gobernante es el de la palabra, el de dirigirse a los ciudadanos y tratar de persuadirles para que actúen como él desea.

Por eso, los discursos son tan importantes para él: son su arma más poderosa para incidir en la realidad. Con un discurso hábil, puede transformar una crisis en una oportunidad, un órdago en una propuesta de negociación, un tropiezo en un esfuerzo necesario para superar un obstáculo. Si es un buen orador, puede crear en sus oyentes un exaltante sentimiento de formar parte de un colectivo con voluntad de influir en la marcha de la sociedad y con capacidad para hacerlo. La palabra es su instrumento para acceder al poder, pero una vez que lo tiene debe ser coherente. Si no, no será creíble, y si no es creíble su discurso caerá en el vacío. Debe además ser cauto. Una frase acertada puede obrar milagros, pero hay realidades que no se pueden cambiar. Como mostró el legendario rey Canuto, es inútil pretender detener el movimiento de las olas y de las mareas. Un buen discurso puede inducir al optimismo, pero por brillante que sea no puede afianzar una recuperación económica si la economía apenas crece.

El político tiene que saber decir a los ciudadanos lo que quieren oír, pero sin que se note. Tiene que tener también el coraje de decirles lo que no quieren oír, pero debe saber hacerlo sin perder su confianza. Isak Dinesen escribió que todos los sufrimientos pueden soportarse si se pueden contar en una historia. El gobernante tiene el poder de contar esa historia. Si sabe transformar los sacrificios y las esperanzas en un relato convincente, su liderazgo estará asegurado. Como dijo Napoleón: «Solo se puede gobernar a un pueblo ofreciéndole un porvenir. Un gobernante es un vendedor de esperanzas».

El lenguaje de los políticos ha sido objeto de críticas aceradas. Se les acusa de distorsionarlo, de hablar por hablar, de mentir, de disfrazar la realidad, de decir lo contrario de lo que hacen, de atropellar las reglas más elementales de la gramática. Muchas veces estas críticas son justas, todos lo sabemos. Pero el lenguaje de la política también puede ser profundamente civilizador, y esto no se dice con suficiente frecuencia.

El discurso político exige a menudo la unidad de los contrarios, aproximar ideas que no parecen fácilmente compatibles, tender puentes. Para conciliar posiciones hay que limar aristas, buscar formulaciones que permitan interpretaciones diversas, y esto está a menudo reñido con la claridad. El político raramente puede decir sin tapujos lo que piensa, ni siquiera en los círculos más íntimos. Pongamos que no está muy convencido de la oportunidad de una iniciativa propuesta por un dirigente de su partido: ¿es bueno que lo diga abiertamente? O que está negociando algo y que piensa que la otra parte no está haciendo un esfuerzo genuino para llegar a un acuerdo, sino que está negociando únicamente para que no se la pueda acusar de no querer negociar: ¿debe decirlo? La política se rige por el criterio de la oportunidad. Hay momentos en que conviene decir ciertas cosas y hay momentos en que es mejor no decirlas. Pero, a la vez, se exige al político que hable continuamente, que se pronuncie sobre todo lo que ocurre. De otro modo, deja un vacío que alguien —la oposición, otros partidos, comentaristas políticos— llenará por él, y es poco probable que sea en términos favorables. En estas circunstancias, la trivialidad y el recurso a las declaraciones y opiniones preparadas por sus colaboradores acaban siendo una escapatoria muy frecuente. ¿Puede sorprender a alguien que esto se traduzca en palabrería más o menos hueca y en distorsiones del lenguaje?

En una época más agitada que la nuestra, George Orwell escribió: «El lenguaje político —y con variaciones esto es cierto en todos los partidos políticos, de los conservadores a los anarquistas— está concebido para hacer que las mentiras suenen como verdades y que el asesinato sea respetable, y para dar una apariencia de solidez al puro parloteo». A diferencia de lo que ocurría en los países totalitarios a los que se refería Orwell, en una democracia los dirigentes políticos no suelen asesinar a nadie, por lo que podemos prescindir de una parte de su observación. Pero el resto continúa siendo válido. El lenguaje político tiene a veces por objetivo transformar la realidad. El político, como el poeta, aspira a que, al dar a una cosa un nombre distinto del que tiene, se convierta en otra cosa. Es cierto que esta operación puede servir para que las mentiras suenen como verdades, para dar una pátina de respetabilidad a acciones impopulares o poco confesables, para disfrazar aspectos desagradables de la realidad bajo el manto hipócrita del eufemismo o para apartar del campo visual temas inoportunos. Se habla de una cosa y así no hay que hablar de la que no se quiere hablar. Pero también puede servir para mejorar la realidad y facilitar la convivencia. «La civilización —escribe Fernando Pessoa— consiste en dar a una cosa un nombre que no le corresponde, y después soñar sobre el resultado. Y realmente el nombre falso y el sueño verdadero crean una nueva realidad. El objeto se hace realmente otro, porque lo hicimos otro. Manufacturamos realidades. La materia prima continúa siendo la misma, pero la forma, que el arte le dio, se aparta efectivamente de seguir siendo la misma. Una mesa de pino es madera de pino pero es también una mesa. Nos sentamos a la mesa, y no al pino. Un amor es un instinto sexual, pero no amamos con el instinto sexual, sino con la presunción de otro sentimiento. Y esa presunción es, en efecto, otro sentimiento.»

La política está sembrada de este tipo de presunciones, que pueden tener una incidencia muy positiva. Por ejemplo: la de que el mejor enfrentamiento es el verbal o la de que todos los hombres son iguales porque el voto de uno vale lo mismo que el de otro. Sabemos bien que lo que motiva los conflictos son los intereses contrapuestos, pero si conseguimos que el enfrentamiento se limite al terreno de las palabras, a través del diálogo, habremos abandonado el terreno de la animalidad y estaremos en el de la política. Sabemos bien que los hombres no son iguales, que unos tienen más poder que otros, pero el principio de igualdad nos hace a todos más justos. La creación de este tipo de presunciones, que se intercalan como muelles en el tejido social para evitar o amortiguar los choques entre los apetitos de unos y de otros, es uno de los más altos fines de la política.

Lógicamente, la necesidad de los políticos de pronunciarse de inmediato sobre casi todo lo que ocurre se traduce con frecuencia en declaraciones huecas y frases sin sentido. En España, la oratoria ha sido a menudo un procedimiento para disimular el hecho de no tener nada que decir. Muchos políticos son maestros en el arte de comprimir el máximo número de palabras en el mínimo de pensamientos, como ironizó Churchill. Esta necesidad de opinar continuamente también se traduce en tropiezos gramaticales y atropellos de la sintaxis. No debe sorprendernos. Si nosotros tuviéramos que reaccionar con la misma celeridad a todo lo que ocurre sin poder decir claramente lo que pensamos también cometeríamos errores. Además, no son siempre los políticos quienes los originan: a veces son los periodistas quienes los cometen primero, acuciados por la urgencia de transmitir una noticia, y los políticos los repiten por contagio. Quien está obligado a hablar constantemente, es muy difícil que hable siempre con propiedad y buen uso de la sintaxis.

Además, los políticos saben que las verdades, como la carne, no deben servirse crudas, y a veces las cocinan demasiado, de tal modo que el exceso de salsas y especias oscurece el significado. Otras veces no se atreven a presentar su opinión con el rostro descubierto y la ocultan tras una máscara verbal que la hace ininteligible. O les parece que decir las cosas a las claras es signo de poco nivel intelectual y las oscurecen a propósito, siguiendo la estela de los que, como dice Nietzsche, revuelven las aguas para que parezcan profundas. También es posible que no sepan qué decir y se refugien en un blablablá hueco o grandilocuente. Sea por una razón o por otra, no es infrecuente que la confusión resultante impresione a algunos, que se preguntarán qué han querido decir, como si de un valioso mensaje cifrado se tratara. Ya decía Lucrecio que «los necios admiran y aman más todo aquello que ven disimulado bajo palabras torcidas».

El debate sobre este tema está un tanto desvirtuado porque los que lo abordan son siempre especialistas en el lenguaje, no en la política. Es lo mismo que sucede con la cuestión de la relación entre los intelectuales y la política —de la que me ocupo más adelante—, que suele ser abordada por los intelectuales y no por los políticos.

MENTIRAS

La batalla política no es únicamente el enfrentamiento entre ideas distintas: a menudo es el enfrentamiento entre versiones distintas de los mismos hechos. Lo explica muy bien Hannah Arendt en su conocido ensayo sobre las relaciones entre política y verdad. Los regímenes autoritarios tienden a distorsionar los hechos para acomodarlos a sus ideas. Muchos políticos en democracia, también, a veces sin ser conscientes de ello. Arendt cita a hombres de Estado muy respetados como De Gaulle y Adenauer, que construyeron su discurso político sobre premisas tan falsas como que Francia fue uno de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto merecía estar entre las grandes potencias, o que la barbarie del nacionalsocialismo solo afectó a una parte mínima de Alemania.

Los hechos, en su tozudez, se sitúan más allá del debate y de la posibilidad de acuerdo, que son la esencia de la política. Un político debe ser capaz de defender que hay dos formas de ver un asunto, la suya y la de su adversario, y que la suya es acertada y la de su adversario errónea. Para ello debe representar el mundo en blanco y negro. Los hechos son un incordio porque no se prestan fácilmente a esta operación. Siempre contienen rasgos equívocos, aristas difíciles de encajar. No es raro por ello que el político los manipule, a veces sin darse cuenta. Pero por ahí nos adentramos enseguida en un terreno en el que es muy fácil perderse. Si la falsedad, como la verdad, fuera única nos sería más sencillo situarnos, pero el reverso de la verdad puede tener mil formas distintas. A menudo las versiones de los hechos ofrecidas por políticos resultan más creíbles que los hechos verdaderos, porque se adaptan más a los prejuicios y a las preconcepciones de sus seguidores. Los hechos dejan de ser un punto de referencia para todos y la dificultad de establecer su veracidad obstaculiza el debate político. Cuando la información sobre los hechos no está permitida o su certeza está en disputa, la libertad de opinión se vuelve hueca. Difuminar la línea que separa la verdad fáctica de la opinión constituye una de las formas de mentir más habituales en política. De ahí la importancia capital de una prensa independiente.

Todo buen político sabe que casi nunca es bueno decir todas las verdades. Hay cosas que es preciso saber callarlas. Pero hay circunstancias excepcionales en las que los gobernantes deben mentir, o al menos tratar de engañar: cuando decir la verdad puede poner en peligro la vida de soldados en el frente, o antes de tomar medidas que, para ser efectivas, exigen que nadie las espere, como devaluar la moneda. Además, el gobernante debe utilizar el lenguaje para vender sus propuestas, para persuadir a todos los grupos afectados de que las acepten. Para ello, debe modular sus mensajes, adaptarlos a cada interlocutor: no puede decir exactamente lo mismo cuando se dirige a unos que cuando se dirige a otros. Hay cosas que se dicen de cara a los propios seguidores y otras que se dirigen a los adversarios. A veces se contenta a unos sectores diciendo unas cosas y a otros haciendo otras. «El político es un acróbata —escribió Maurice Barrès— que mantiene el equilibrio diciendo exactamente lo opuesto de lo que hace.» Las palabras son para él instrumentos. A veces falta a la verdad pero en rigor no miente: solo está intentando redondear la realidad para hacerla más aceptable. Cuando tiene que tomar medidas impopulares, es lógico que trate de endulzarlas presentándolas de la forma más aceptable posible o equilibrándolas con medidas más gratas.

Sin embargo, este recurso puede ser peligroso. Los ciudadanos no se dejan engañar fácilmente. El político puede comenzar forzando un poco el lenguaje para endulzar las medidas que toma y acabar mintiendo descaradamente para ocultar sus errores o sus verdaderos objetivos. La tentación de ampliar los supuestos en los que, por acción o por omisión, cabe faltar a la verdad, es siempre muy difícil de resistir. Se miente, primero, por el bien de todos. Sin embargo, con el tiempo se confunde el bien de todos con el bien propio y se miente para satisfacer este último. Se hace, primero, con resignación, a desgana, para cumplir un deber, pero poco a poco se le coge el tranquillo y se acaba mintiendo con alegría, con gusto. Cuanto más hábil sea el político, más fácil le resultará, pero también tenderá más a creerse sus propias mentiras y esto será su ruina. Cuando se pierde la capacidad de engañar a otros sin engañarse a uno mismo, la noción de la realidad comienza pronto a difuminarse. Al final, los gobernantes mentirosos suelen morir de creerse sus propias mentiras.

INTELECTUALES Y POLÍTICOS

¿Tienen los intelectuales razones de peso para menospreciar a los políticos? Un breve repaso a la historia del pensamiento permitiría encontrar puñados de citas despectivas. Los intelectuales saben que entre los políticos no abundan las formaciones sólidas, que la mayoría compensa su falta de conocimientos con la fuerza del instinto, que sobreviven más gracias al olfato que a la mente. Saben que los políticos, salvo contadas excepciones, no les llegan a la suela de los zapatos en materia de conocimientos teóricos y de refinamiento intelectual, y lo dicen con frecuencia. También lo saben de los carpinteros, de los mecánicos, de los cardiólogos y de los ingenieros de caminos, pero esto no les llama tanto la atención porque ni los carpinteros, ni los mecánicos, ni los cardiólogos ni los ingenieros de caminos les gobiernan, y por eso no suelen sentir la necesidad de decirlo a cada paso. Los intelectuales tienen también buenas razones para temer a los políticos, porque incluso en los países en los que impera un respeto escrupuloso a la libertad de pensamiento y de expresión, los políticos conservan poderosos resortes que pueden afectar de forma directa a sus vidas cotidianas. La mezcla del sentimiento de superioridad, de temor y de resentimiento está sin duda en la raíz de esta necesidad que sienten de recordar a todas horas que los políticos profesionales tienen a menudo una formación muy superficial.

A su vez, los políticos que lo deseen también encontrarán buenas razones para menospreciar a los intelectuales. Saben que, pese a sus años de estudio y a su conocimiento profundo del cuerpo social, los intelectuales carecen con frecuencia del sentido común necesario para dirigir los asuntos públicos, de la humildad indispensable para expresarse con llaneza y hacerse entender por la gente, de la mano izquierda imprescindible para ganarse a sus semejantes. Saben que, en la arena política, los conocimientos teóricos son a menudo un pesado lastre y que el instinto a ras de suelo de un Fujimori puede bastar para derrotar a todo un Vargas Llosa, pese a su elevada estatura literaria e intelectual. También tienen buenas razones para temerles. Con una frase —y si hay algo que los intelectuales sepan hacer son frases—, pueden hundirles en el ridículo. Con un artículo, pueden desbaratar toda su manera de ver las cosas. Pero normalmente no se permiten reaccionar a ese temor con altanería ni desprecio. No es su estilo. Fieles a su afán profesional, intentan ganárselos. Utilizan para ello la misma arma de que se sirven, cuando están en campaña, para ganarse a los vendedores en los mercados y a los obreros en las fábricas: hablar su lenguaje, tratar de agradarles. Y ahí es donde se pierden, porque nada hay que excite tanto la altanería de un intelectual como el deseo de agradarle, máxime si proviene de un político.

La distancia que separa a políticos e intelectuales se ve en la práctica cuando un intelectual entra en política. A veces se le concede protagonismo por su prestigio, pero en cuanto hay que comenzar a actuar con sentido práctico se le aparta a un lugar secundario. Los intelectuales suelen tener la piel demasiado fina para aceptar el porcentaje de miseria humana que comporta la realización de cualquier acción, el contacto desagradable con la parte mezquina, baja y siniestra de las cosas, sin el cual es muy difícil llevar nada a término. Aristóteles ya nos advirtió de la inconveniencia de conceder a los filósofos papel alguno en los asuntos públicos. A su juicio, a personas que, por razones profesionales, no deben preocuparse de lo que es bueno para ellos mismos, no se les puede confiar el cuidado de lo que es bueno para los demás, y aún menos del bien común. Nietzsche es de parecida opinión. «La política —escribe en Aurora— es el campo de acción de cerebros mediocres, y este campo no debería estar abierto a los espíritus más elevados, aunque la máquina se haga pedazos.» En Humano, demasiado humano, va un poco más allá y, con su fino bisturí, capta el servicio que los políticos esperan de los intelectuales a los que incorporan a su causa: «A los doctos que se convierten en políticos suele asignárseles el cómico papel de tener que ser la buena conciencia de una política».

Hay una anécdota de las memorias del filósofo francés Jean-François Revel que ilustra muy bien una de las principales diferencias entre ambos mundos. Revel entró brevemente en política. Fue candidato socialista en las elecciones generales de 1967 y, gracias a ello, trató a François Mitterrand. Un día Mitterrand le pidió que le leyera un discurso que se había preparado para la campaña. El discurso comenzaba: «Aunque no puedo negar algunos de los logros de mi adversario...». Mitterrand le interrumpió de inmediato, a gritos: «¡No! ¡Nunca, nunca! En política no se debe reconocer nunca ningún mérito al adversario. Esta es la regla básica del juego». Revel comprendió para siempre que aquel no era su juego y ahí murieron sus ambiciones políticas.

El político tiende a ver las cosas en blanco y negro. Debe convencerse de que su oponente no tiene el menor atisbo de razón, de que la razón está toda de su parte y de que si consigue hacerla prevalecer el mundo será un poco mejor. Solo así convencerá a otros. El intelectual, en cambio, sabe que nunca tiene toda la razón. Tiene razones que pueden ser mejores o peores que las de los demás, pero que nunca las anulan por completo. Tampoco está muy seguro de que el mundo vaya a mejorar mucho si consigue convencer a los demás. El político debe tener una opinión sobre todo lo que ocurre. El intelectual solo opina sobre lo que sabe. El político es impulsivo: su mundo es el de la acción. Vivir, para él, no es pensar sino hacer, y no pone en cuestión sus actos sino cuando ya se halla en ellos. El intelectual es reflexivo: su mundo es el del pensamiento. En Mirabeau o el político, Ortega y Gasset lo resumió así: «Hay, pues, dos clases de hombres: los ocupados y los preocupados; políticos e intelectuales. Pensar es ocuparse antes de ocuparse, es preocuparse de las cosas, es interponer ideas entre el desear y el ejecutar. La preocupación extrema lleva a la apraxia, que es una enfermedad. El intelectual es, en efecto, casi siempre un poco enfermo. En cambio, el político es —como Mirabeau, como César—, por lo pronto, un magnífico animal, una espléndida fisiología».

Sin embargo, como señala el propio Ortega y Gasset en el ensayo citado, los grandes políticos, a diferencia de los vulgares gobernantes, han de ser capaces de elevarse por encima de los problemas del Estado y ver los de la nación (hoy quizá diríamos los del ciudadano), tienen que saber ir más allá de la letra del boletín oficial y llegar al corazón de los problemas, y para ello requieren un elemento intelectual, de intuición histórica. Ortega recuerda que César, mientras pasa los Alpes en su litera, compone un tratado de analogía, Mirabeau escribe en prisión una gramática y Napoleón, en su tienda de campaña sobre la nieve rusa, un minucioso reglamento de la Comedia Francesa. Y concluye: «Yo siento mucho que la veracidad me obligue a decir que no creeré jamás en las dotes de un político de quien no haya oído cosa parecida. ¿Por qué? Muy sencillo. Estas creaciones suplementarias y superfluas son síntoma inequívoco de que estos hombres sentían fruición intelectual».

HUMOR

El mundo de la política y del poder puede ser de una gran comicidad. El hombre no es solo un animal que ríe: es el único animal que da risa. Y si es ministro u ocupa un lugar prominente en la escala del poder, todavía más.

Desde Bergson sabemos que la risa es la sanción social a la rigidez, a una falta de tensión y elasticidad que, cuando es física, produce accidentes y achaques de toda índole, y cuando es mental provoca desajustes psicológicos e inadaptaciones sociales. El mal de altura, la hipertrofia del ego, el afán de acumular competencias, la jactancia, la pomposidad, la repetición de frases huecas pueden ser hilarantes porque atraen nuestra atención sobre la falta de naturalidad de los gobernantes. También resulta cómica la vanidad, segregación constante de la vida política que siempre constituye un estorbo, un veneno que puede intoxicar las relaciones humanas si no acuden otras secreciones a neutralizarla. La risa cumple esta labor. El mundo de la política nos hace reír porque está lleno de hombres bajitos que se encorvan para pasar por puertas muy grandes y de políticos menudos que se revuelven en butacas inmensas como si no cupieran en ellas. También nos hacen reír muchas situaciones políticas porque nos recuerdan escenas de comedia en las que un personaje cree hablar y actuar libremente y sin embargo es un juguete en manos de alguien que se divierte a sus expensas. El lado ceremonioso de la vida política encierra siempre un elemento cómico latente que a la mínima ocasión se manifiesta a plena luz. Las ceremonias son al cuerpo social lo que el traje al cuerpo del individuo. Basta que sean un poco forzadas para atraer la atención sobre su artificiosidad y resultar cómicas.

Una broma, como escribió George Orwell, es una revolución en miniatura. Los poderosos lo saben y por eso suelen desconfiar tanto de los humoristas. En las democracias, no tienen más remedio que aguantarlos. Pero la tolerancia del humor suele ser una de las primeras víctimas de los regímenes autoritarios. El humor siembra la semilla de la duda, dinamita las convicciones absolutas, atenta contra la fe que el poderoso trata de suscitar a su alrededor. Por eso, al poderoso no le gusta, aunque a veces, cuando es inteligente, lo acepte de buen grado. El humor ridiculiza, despoja al poderoso del manto que lo protege. El político avezado sabe hacer frente a las críticas y con frecuencia las acepta sin rencor. Sabe que en una democracia muchas propuestas son como esos proyectiles con los que juegan algunos en la playa, que no basta darles un raquetazo, sino que para que no caigan se necesita alguien enfrente que los golpee en sentido contrario. Pero el humor es un corrosivo muy difícil de resistir. No se puede desactivar sin disfrutarlo, cosa arriesgada de aparentar, porque si se nota el ridículo es total.

Sin embargo, el humor no siempre tumba dictaduras: a veces las ayuda a sobrevivir haciendo que los actos más abominables parezcan normales, humanizando a sus protagonistas y aliviando las tensiones. Actúa como una especie de vacuna: al inocular el virus en dosis asimilables, lo desactiva. Durante el franquismo, circulaban muchos chistes sobre el régimen y sobre el dictador, pero ninguno de ellos hizo temblar a las estructuras del poder.

En Heil Hitler, el cerdo está muerto, Rudolph Herzog, hijo del director de películas tan celebradas como Aguirre o la cólera de Dios y El enigma de Gaspar Hauser, analiza los chistes que circulaban por la Alemania nazi y llega a la conclusión de que, lejos de debilitar al régimen, eran una forma de aquiescencia. Los alemanes se reían de sus líderes, pero de un modo más resignado que desafiante. Se reían de la cojera de Goebbels, de la pasión por las condecoraciones de Goering y de la manera de saludar al estilo nazi de Hitler, doblando la mano atrás como si fuera su imitador en To Be or Not to Be. Decían que, cuando la guerra acabase, Hitler quería ser camarero. Aquellos chistes hacían que el régimen resultara más próximo, menos amenazador. Los responsables de propaganda lo sabían y los alentaban. Les gustaba que fotografiaran a los líderes riéndose, sobre todo si era de sí mismos. Mostrar que sabían tomarse las bromas con buen humor los hacía parecer más seguros de sí mismos.

Otros gobernantes también lo han hecho. Una de las especialidades de Berlusconi era contar chistes de Berlusconi. Eran muy malos, pero mostraban que Berlusconi era capaz de reírse de sí mismo, que es de lo que se trataba. No sé si así ganaba votos, pero seguro que se ganaba la simpatía de mucha gente.

ORWELL Y EL ELEFANTE

Uno de los peajes más onerosos que el poder cobra a quienes lo ejercen es que los obliga a hacer cosas que nunca hubieran querido hacer. En un artículo memorable, «Matar a un elefante», George Orwell explica cómo un día, en su juventud, tuvo que matar a un elefante. En aquel tiempo —según sus biógrafos, en 1926—, Orwell era miembro de la burocracia colonial británica y estaba destinado como policía en Moulmein, un pequeño pueblo de la baja Birmania. El ambiente era sordamente hostil. A Orwell le irritaba que los birmanos le hicieran la pascua siempre que podían, que lo cosieran a patadas cuando jugaba al fútbol y que el árbitro, birmano también, hiciera la vista gorda y todo el mundo se riera, pero estaba secretamente a su favor y en contra del imperialismo. En su trabajo diario como policía, veía de cerca la cara más oscura del imperio. Se sentía culpable. Un día lo llamaron porque un elefante había enloquecido y estaba causando estragos en el bazar. Tomó el rifle —demasiado pequeño para matar a un elefante, pero suficiente para ahuyentarlo con el ruido— y se fue. Cuando llegó al bazar, el paquidermo había matado a un pobre trabajador. Orwell pidió un rifle más potente y fue adonde le dijeron que estaba. La gente del barrio le seguía, encantados del espectáculo y gritando que iba a matar al elefante. Él no tenía la menor intención de matarlo. Había pedido el rifle solo para defenderse. Cuando tuvo enfrente al elefante, le seguían dos mil personas. Sabía que matarlo era un crimen, pero a la vez se daba cuenta de que no tenía más remedio. Era un policía blanco y debía actuar como un policía blanco. Llegar hasta allí con un rifle en la mano al frente de aquella multitud de nativos desarmados y volverse sin hacer nada era ridículo. La reputación del Imperio británico dependía de lo que él hiciera con el fusil. «Parecía el protagonista de la obra —escribe—, pero en realidad era una marioneta que obedecía la voluntad de las caras amarillas de atrás.» Orwell era anarquista. La reputación del imperio le importaba un rábano y lo último que quería hacer era tener que matar a un elefante. Pero no quería perder la cara y lo mató. Necesitó toda la munición que tenía y aún lo dejó agonizando. Después, la opinión de los británicos del lugar se dividió. Los mayores decían que había hecho muy bien en matarlo. Los jóvenes decían cínicamente que un elefante valía más que un trabajador local y que no lo debía haber matado. Nadie supo nunca que lo había matado tan solo para no hacer el ridículo.

El elefante de Orwell es una magnífica metáfora de las obligaciones que el poder impone a los que lo ejercen. ¿Quién posee a quién? Todos creen que se pueden servir del poder para lograr sus objetivos, pero es el poder lo que se sirve de ellos para alcanzar los suyos. No son libres para hacer lo que quieren: tienen que hacer lo que se debe hacer. El guión está escrito y a ellos solo les toca interpretarlo. De las paradojas del poder, esta es la más cruel. Deben elegir: o actúan como la gente espera —como el poder espera— de ellos, aunque ello implique renunciar a los principios más profundos, o hacen el ridículo. Es la vieja historia de la máscara que acaba convirtiéndose en la cara de verdad. Sospecho que la crisis del euro fue el elefante de Zapatero: se había jurado que nunca le harían una huelga general y, por sentido de la responsabilidad, para evitar una intervención, tuvo que aprobar unos recortes e imponer unas reformas diametralmente opuestas a sus propósitos iniciales que sabía que la provocarían. No fue el primer político que plantó cara al partido y a sus principios para hacer lo que creía que había que hacer, ni será el último. El poder pone a prueba a los que lo tienen obligándoles a hacer lo que no querían hacer. Y para ello necesitan una altura de miras y una amplitud de objetivos que no todos poseen. De si son capaces de hacerlo y aciertan con la decisión que tomen, dependerá lo que el futuro diga de ellos.

La mayoría de los políticos, como casi todo el mundo, defienden sus intereses personales. Cuando sus intereses coinciden con los de su partido, defienden los del partido. Y cuando coinciden con los del país, defienden los del país. Pero cuando ocupan el poder quieren además —supremo egoísmo, bendita ambición— ganarse la estima y la admiración de los que les rodean. A menudo esta es su motivación más profunda. Este es su interés personal. Pero también quieren dejar un buen recuerdo, y a veces lo que han de hacer para conseguirlo es lo contrario de lo que tienen que hacer para conservar la estima de sus contemporáneos. Saben lo que habría que hacer, lo que conviene a las próximas generaciones, pero no cómo ganar las próximas elecciones si lo hacen. Conciliar el ahora inmediato con el mañana que adivinan les enfrenta a decisiones complicadas. A menudo no hay ninguna opción buena.

El torrente de la actualidad lo arrastra todo. Lo que un día es el centro de la actualidad se hunde en el olvido al día siguiente. El político lo sabe, y eso dificulta aún más sus decisiones. No hay más remedio que actuar con desprendimiento, mirando por el interés de los ciudadanos, y confiar en la buena estrella. El viaje a la posteridad es siempre incierto, pero el billete se compra en el presente. El gobernante que no es querido cuando gobierna —aunque sea en medio de las críticas más acerbas— es muy difícil que lo llegue a ser cuando deje de gobernar. Pero la historia enseña también que es raro que un gobernante deje de verdad un buen recuerdo si, en un momento dado, no es capaz de tomar medidas impopulares. O de matar a un elefante, aunque esto signifique matar a una parte de sí mismo. (En última instancia, como advirtió J. K. Galbraith, si todos los demás medios fallan, la inmortalidad siempre se puede asegurar con error monumental.)

FIN DE FIESTA

El juego acaba mal para casi todos los jugadores. Como son muy pocos los que saben dejar la mesa de juego antes de que la fortuna les dé la espalda, más tarde o más temprano la mayoría acaba quedándose sin fondos, por grandes que hayan sido sus ganancias en algún momento y por alto que hayan llegado en la escala de mando o en el aprecio de los ciudadanos. La tornadiza meteorología de la política y el inevitable desgaste del tiempo no perdonan. Unos perderán las elecciones o deberán ceder su puesto a nuevos candidatos, por razones de edad, porque están enfermos o porque han agotado su credibilidad. Otros serán sustituidos, a veces sin ninguna culpa, por necesidad de equilibrar otros cambios, de hacer sitio a alguien o de mover el banquillo, o tendrán que dimitir a causa de algún tropiezo, propio o de algún colaborador. Solo muy excepcionalmente algún jugador sabrá darse cuenta del peligro de quedarse sin blanca y, aunque cuente con algunas fichas para continuar jugando, plantará cara a su adicción y, diciendo como Sancho al perder su ínsula, «abrid camino, señores, y dejadme volver a mi antigua libertad», abandonará el juego por propia voluntad. No es seguro que los aplausos por su decisión, caso de que los haya, ni los dudosos dividendos de su vida personal, si se acuerda de dónde la dejó y consigue encontrarla, le compensen por la renuncia a la sensación de plenitud que sabe que el juego puede proporcionarle.

En su apasionante Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, Edward Gibbon se refiere muchas veces al triste sino que aguarda a los que acceden al poder. «Tal era la infeliz condicion de los emperadores romanos —escribe— que, cualquiera que fuese su conducta, su destino era normalmente el mismo. Una vida de placer o de virtud, de severidad o de indulgencia, de indolencia o de gloria, conducían de igual modo a una tumba prematura; casi todos los reinados llegaban a su fin con la misma repetición asqueante de traición y asesinato.» En aquellos tiempos, la aventura del poder terminaba con la muerte física. Hoy termina con la muerte política. Entonces el gobernante era asesinado y hoy es condenado a la ignominia o al olvido. Entonces era con frecuencia traicionado y ahora también. Todos saben que la guillotina caerá de forma súbita. Deberían vivir y trabajar con las maletas listas. Pero son muy raros los que no se olvidan de la precariedad de su situación, y aún menos los que abandonan sus puestos voluntaria y felizmente. A veces parecen convencidos de que estarán ahí siempre. Desoyen las señales de que los ciudadanos están hartos de ellos y se vuelven a presentar a las elecciones suplicando una nueva oportunidad, o no quieren ver que han perdido la confianza de quien les nombró y siguen planificando a largo plazo como si nunca fueran a dejar de ser ministros, o concejales, o consejeros delegados de la empresa. Si los votantes les conceden una nueva oportunidad o el cese se dilata, la agonía se alargará. Hasta es posible que la situación mejore temporalmente. Pero la guillotina acaba cayendo un día u otro.

El momento fatal, cuando llegue, les cogerá con el pie cambiado. Hasta ahora eran personas eminentes, decisivas, respetadas, escuchadas, y esto les hacía sentirse útiles, seguros de sí mismos. En un instante, todo esto se desvanece. Pocos aceptan el cese con la naturalidad de María Antonia Trujillo. «Tú me nombraste, tú me cesas. No pasa nada», dicen que dijo a Zapatero cuando este le comunicó que dejaba de ser ministra de Vivienda. La actividad política no solo llena más horas del día que casi cualquier otra ocupación. Llena también el depósito de autoestima del que la ejerce y da un sentido a su existencia. Su fin súbito puede ser devastador. En términos prácticos, implica la pérdida de una red de apoyo que facilita enormente la vida cotidiana. «Te das cuenta de que te han cesado cuando te sientas y el coche no se mueve», dijo alguien que se lo supo tomar con buen humor. De repente, no hay secretaria, ni oficina, ni conductor, ni colaboradores a los que encargar desde los temas más complicados hasta los más banales. No hay agenda. Sobra el tiempo. Los amigos y conocidos están más ocupados de lo que parecía y tardan en devolver las llamadas. Sin los halagos y miradas de admiración de antes, sin la reconfortante identificación con la organización que dirigían, se sienten disminuidos. Las palabras que antes todos escuchaban con devoción ahora no merecen la atención de nadie. Llueven las críticas y no hay armas para hacerles frente. A unos no se les perdonan los errores cometidos. A otros que no defendieran con mayor firmeza la propia causa. Ahora resulta que muchos les detestaban, pero lo disimulaban. Otros les detestan ahora por el único motivo de haber sido presidentes, o ministros, o subsecretarios, o consejeros delegados de la empresa. Se convierten en un árbol caído del que todo el mundo quiere hacer leña.

Cuando las críticas cesan —y acaban cesando—, todavía es peor. Ahora es a otro al que critican, otro que tiene la desfachatez de atribuir todo lo que va mal a la herencia recibida. Pronto ni esto. Silencio. Ya nadie se acuerda de ellos. Nadie les menciona. En la calle, la gente pasa indiferente a su lado. Si tienen suerte, les daran un puesto bien pagado en algún organismo público o en un consejo de administración privado desprovisto del menor interés en el que se podrán aburrir apaciblemente. La publicación de unas memorias en las que, por sentido de la responsabilidad, no desvelarán muchos secretos, y en todo caso ninguno de sus secretos de verdad, hará que se vuelva a hablar de ellos durante unos días o, si hay suerte, semanas. Después tal vez una intervención afortunada en el debate político haga revivir la llama temporalmente. Pero el silencio volverá a imponerse pronto.

El curso del tiempo o una muerte prematura pueden rehabilitar a algunos. No es seguro. La posteridad también es un juego de azar. De los miles de imágenes que dejarán impresas en la retina de los que les vieron ejercer el poder, es difícil saber si alguna perdurará y, en su caso, cuál.

AGRADECIMIENTOS

Estas notas estaban condenadas a una larga estancia en el cajón en el que guardo los proyectos abandonados o inconclusos. Estoy muy agradecido a todos los que me empujaron a rescatarlas. Sin su amable interés tal vez no hubieran visto nunca la luz.

Muchas personas han contribuido, sin ser conscientes de ello, a estas reflexiones. Quiero expresar mi agradecimiento a los políticos que depositaron su confianza en mí, brindándome la oportunidad de observar el poder de cerca, y en especial al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a cuyo lado fue un honor y un placer trabajar como diplomático. También estoy muy agradecido a las personas excepcionales con las que tuve la fortuna de compartir mi experiencia.

Debo mencionar en particular a Marcos Gómez, que tuvo la paciencia de leer una primera versión de estas páginas para ayudarme a no decir lo que no quería decir y a decir mejor lo que sí quería decir.

MANIFIESTO POR UNA NUEVA LEY

DE PARTIDOS POLÍTICOS

La sociedad española asiste preocupada y escandalizada al deterioro de la política. Tras treintaicinco años de democracia los partidos funcionan mal. La opinión pública siente que el nivel de los políticos está por debajo de las exigencias de los problemas que afronta el país. La corrupción se ha hecho crónica y salpica a los principales partidos. Hay una crisis de confianza en la política. No podemos seguir así.

Las leyes y pactos para controlar la corrupción han fracasado. No faltan leyes para castigar la corrupción, pero faltan normas que creen pesos y contrapesos en la política, que establezcan competencia entre los políticos por obtener el apoyo de los ciudadanos y que independicen a los políticos de la voluntad de las cúpulas de sus partidos.

A diferencia de lo que ocurre en otras democracias avanzadas, en España los partidos políticos se autorregulan. Los congresos y órganos de dirección se reúnen cuando conviene a sus dirigentes. El método habitual de selección para cargos internos y para candidatos a cargos representativos es la cooptación, y el control de las cuentas se encomienda a un organismo, el Tribunal de Cuentas, fuertemente politizado, cuyos miembros acceden al cargo por cuota política y cuyo último ejercicio auditado es 2007.

En los países de nuestro entorno, los partidos están fuertemente regulados por la ley o, en el caso del Reino Unido, por la costumbre. No es por capricho. Los partidos políticos no son entidades privadas, como una comunidad de vecinos, un club de fútbol o una empresa agrícola, que pueden organizarse como mejor les plazca. Son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y que se financian con fondos públicos. Su funcionamiento tiene más trascendencia que el de cualquier empresa o sociedad recreativa. Por ello, la periodicidad de los congresos, los métodos de selección de los delegados y el control de sus cuentas mediante auditorías independientes están regulados por la ley.

Nada de eso es de aplicación en España y las consecuencias de esta anomalía han acabado siendo una de las causas de la difícil situación actual. En todos los países hay corrupción política, pero la democracia interna, la competencia y la transparencia impuestas por la ley a los partidos políticos propician que los políticos corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre y la corrupción debilita la acción del gobierno en una coyuntura crítica, provoca la desafección ciudadana y propicia una grave crisis política e institucional.

Creemos que, entre los cambios que hoy demanda nuestro sistema político, una de las más urgentes es la de la Ley de Partidos Políticos, con el fin de regular su actividad, asegurar su democracia interna y la transparencia de su financiación y acercar la política a los ciudadanos.

La Ley de Partidos es una Ley Orgánica que no puede ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular. Pero la Constitución ampara el derecho de petición, al cual nos acogemos para solicitar al Congreso de los Diputados que modifique la Ley de Partidos conforme a los principios siguientes:

—Celebración de congresos cada año o cada dos años, a fecha fija.

—Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva, mediante voto secreto. Limitación del número de integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva.

—Composición de los congresos y de los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito.

—Elección de los órganos ejecutivos, delegados a Congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso, con listas abiertas ordenadas alfabéticamente y voto limitado, para garantizar la representación de las minorías y la elección personal de los candidatos, sin candidatos natos o por designación.

—Elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias, con voto a un candidato o doble voto a candidatos hombre y mujer. Opción entre elecciones restringidas a los afiliados de cada partido o abiertas a ciudadanos que se registren para votar. Posibilidad de realizar primarias independientes para la elección de los cabezas de listas, incluyendo a los afiliados o inscriptos del distrito.

—Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes.

—Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.

La España posible

César Molinas
Luis Garicano
Sansón Carrasco
Carles Casajuana

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

© del diseño de la portada, Departamento de Arte y Diseño, Área Editorial Grupo Planeta

© de la imagen de la portada, © Steven Swinnen/EyeEm/Getty Images

Qué hacer con España, © César Molinas, 2013

El dilema de España, © Luis Garicano Gabilondo, 2014

¿Hay derecho?, © Fernando Gomá Lanzón, Ignacio Gomá Lanzón, Elisa de la Nuez

Sánchez-Cascado, Fernando Rodríguez Prieto y Rodrigo Tena Arregui, 2014

Las leyes del castillo, © Carles Casajuana Palet, 2014

© de esta edición ómnibus: Grup Editorial, 62, S.L.U., 2015

Ediciones Península

Pedro i Pons, 9-11, 11ª pta.

08034 Barcelona

edicionespeninsula@planeta.es

www.edicionespeninsula.com

Primera edición en libro electrónico (epub): mayo de 2015

ISBN: 978-84-9942-419-4 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L.

www.newcomlab.com