La España democrática
(1975-2000)

Economía

PROYECTO EDITORIAL

HISTORIA DE ESPAÑA. 3.er MILENIO

Dirección:

Elena Hernández Sandoica

La España democrática (1975-2000)

Economía

Concha Betrán

Antonio Cubel

M.a Ángeles Pons

M.a Teresa Sanchís

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En ella encontrará el catálogo completo y comentado

© Concha Betrán

Antonio Cubel M.ª

Ángeles Pons

M.ª Teresa Sanchís

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ISBN: 978-84-995840-1-0

Índice

Introducción

  1.La economía española, 1975-2000

        1.1. Introducción: la evolución de la economía española en el largo plazo

                1.1.1.El crecimiento económico

                1.1.2.El crecimiento económico: cambio demográfico y empleo

        1.2. Las fuentes del crecimiento

        1.3. La convergencia con Europa y Estados Unidos

        1.4. La consecución de la estabilidad macroeconómica y el ciclo económico

                1.4.1.La consecución de la estabilidad macroeconómica

                1.4.2.El ciclo económico

        1.5. Las principales transformaciones

                1.5.1.Una economía de servicios

                1.5.2.La finalización de la transición demográfica y las migraciones internacionales

                1.5.3.Niveles de vida, desigualdad y Estado de bienestar

        1.6. Conclusiones

  2.La crisis económica, 1975-1985

        2.1. Introducción: la crisis de los años setenta en España

        2.2. La crisis internacional

        2.3. El impacto de la crisis en España

                2.3.1.Los rasgos diferenciales de la crisis

                2.3.2.Principales efectos de la crisis

        2.4. Conclusiones

  3.La respuesta a la crisis

        3.1. Introducción. La tardía respuesta a la crisis:los Pactos de la Moncloa

                3.1.1.La situación pre-pacto

                3.1.2.El alcance de los Pactos de la Moncloa

        3.2. Las políticas estabilizadoras

                3.2.1.La lucha contra la inflación, el déficit público y el déficit exterior

                3.2.2.Los resultados de las políticas de estabilización

                3.2.3.La política económica de los primeros años del PSOE

        3.3. Las reformas estructurales: la reforma fiscal, la reconversión industrial y el saneamiento del sector bancario

                3.3.1.La reforma fiscal

                3.3.2.La reconversión industrial

                3.3.3.El saneamiento del sector bancario

        3.4. Conclusiones

  4.Una larga etapa de crecimiento, 1986-2000

        4.1. Introducción: una larga fase de crecimiento

        4.2. Las fases del crecimiento

        4.3. El patrón de crecimiento

                4.3.1.El crecimiento de la demanda interna

                4.3.2.La apertura internacional de la economía española

                4.3.3.La expansión internacional de las empresas

                4.3.4.El crecimiento de la productividad

        4.4. Las políticas económicas

        4.5. Las transformaciones de los sectores productivos

                4.5.1.Agricultura

                4.5.2.Industria

                4.5.3.Servicios

        4.6. Conclusiones

  5.La integración de España en la economía europea

        5.1. Introducción: España y Europa

        5.2. La adhesión a la Comunidad Económica Europea

        5.3. Los efectos comerciales de la integración

        5.4. Los flujos de inversión

        5.5. Las políticas agraria y de cohesión

                5.5.1.La política agraria

                5.5.2.La política regional y de cohesión

        5.6. La incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria

        5.7. Conclusiones

  6.La consolidación del Estado de bienestar

        6.1. Introducción: el Estado de bienestar en España

        6.2. La expansión del sector público

                6.2.1.El porqué de la tardía expansión del sector público en España

                6.2.2.La modernización fiscal y la armonización con Europa

                6.2.3.Cambios en la estructura de gastos del sector público

        6.3. La implantación del Estado de bienestar en España

                6.3.1.Prestaciones sociales

                6.3.2.Sanidad

                6.3.3.Educación

        6.4. Conclusiones

  7.Las privatizaciones y la liberalización de los mercados

        7.1. Introducción: privatizaciones y liberalización de los mercados

        7.2. La empresa pública y las privatizaciones en Europa

        7.3. La importancia histórica de la empresa pública en España: orígenes, expansión y crisis

        7.4. La privatización de la empresa pública española, 1984-2000

                7.4.1.Primera etapa: las privatizaciones selectivas, 1984-1992

                7.4.2.Segunda etapa: la aceleración del proceso privatizador, 1993-1996

                7.4.3.Tercera etapa: la privatización masiva, 1996-2002

        7.5. La desregulación de los mercados: el aumento de la competencia

                7.5.1.Motivación del proceso de desregulación

                7.5.2.Desregulación de los mercados de bienes y servicios

                7.5.3.Mercados de factores: la liberalización del mercado de trabajo y la reforma del sistema financiero

        7.6. Conclusiones

  8.La España de las regiones

        8.1. Introducción: la España de las regiones

        8.2. Evolución y crecimiento de las regiones españolas y la convergencia regional

        8.3. Las fuentes del crecimiento de las regiones

                8.3.1.La acumulación de capital privado y público

                8.3.2.La acumulación de capital humano

                8.3.3.La tecnología

        8.4. Distribución de la renta y desigualdad territorial

        8.5. La convergencia con la Europa de las regiones. La política regional comunitaria

        8.6. El impacto de las Autonomías: la descentralización de la Administración pública

        8.7. Conclusiones

Conclusiones. España ante la globalización: los nuevos retos

Bibliografía por capítulos

Bibliografía general

Introducción

El último cuarto del siglo XX fue una etapa de destacadas transformaciones en la economía española. El fin del período de elevado crecimiento de los años sesenta, la crisis económica, de una gravedad desconocida en el último medio siglo, la adhesión a la Unión Europea, la fuerza del proceso de globalización y la internacionalización de la economía española fueron los hitos más relevantes del período. Este libro explica cómo la economía española afrontó las anteriores transformaciones y consiguió un nivel de vida similar al de sus vecinos europeos. Pero es también un análisis de las limitaciones que han hecho que, a pesar de todo, no se haya alcanzado todavía una completa convergencia de la renta per cápita española a la altura de las economías más avanzadas.

      En 1975, España acababa de salir de una fase de elevado crecimiento durante la cual se había convertido en una economía plenamente industrializada. A las dificultades derivadas de la rapidez con la que se habían producido los cambios se añadieron dos acontecimientos importantes. Por un lado, la muerte del general Franco ponía fin a 40 años de dictadura e iniciaba un difícil proceso de instauración de un sistema democrático. Por otro, las economías de todo el mundo estaban empezando a padecer los efectos del final de la época dorada del crecimiento internacional de las décadas de los cincuenta y los sesenta, cuya desaparición coincidió con la elevación de los precios del petróleo, dando lugar a un período de estancamiento económico.

      En este complejo contexto, España debió adaptarse a las nuevas condiciones económicas y políticas. Primero, afrontando un profundo cambio institucional. Segundo, pero de forma simultánea, se tuvo que enfrentar a una crisis, mucho más grave que en otros países porque se trataba de transformar una economía de industrialización reciente que arrastraba los desequilibrios creados durante el período de fuerte crecimiento. La coincidencia de la transición política con la crisis económica estrechó el margen de maniobra de los últimos gobiernos del franquismo y los primeros gobiernos democráticos.

      A pesar de los obstáculos, la economía española respondió bien a estos cambios. Con dificultades, pues los desequilibrios creados (paro, inflación, déficit público, déficit exterior) fueron enormes. Pero, al mismo tiempo, sentando las bases que permitieron el crecimiento que comenzó en la segunda mitad de los años ochenta (la reforma fiscal, la reconversión industrial, etc). Como catalizadora de este crecimiento actuó la adhesión de España a la Unión Europea, lo que significaba la definitiva desaparición de los impulsos aislacionistas que habían triunfado en España a lo largo del siglo XX. La renuncia a la protección frente al exterior y la aceptación del hecho de que el lugar de España estaba entre los países avanzados europeos, suponía la necesidad de li -beralizar los mercados y la adaptación de la estructura productiva a las nuevas condiciones del comercio exterior. Con el empuje ofrecido por estos factores, la segunda mitad de los años ochenta fue testigo del inicio de una larga etapa de crecimiento que, con un pequeño parón en los años 1992 y 1993, perduró más allá de finales de siglo.

      En este largo período de crecimiento se produjeron cambios notables: el proceso de modernización económica continuó, aumentando el peso del sector servicios, al igual que estaba ocurriendo en las economías más avanzadas; se construyó el Estado de bienestar, aunque todavía lejos de ofrecer los mismos niveles de servicios y de protección que en los países europeos continentales; las empresas españolas se internacionalizaron, lo que llevó a España a ser la principal inversora exterior en América Latina al final de la década de los noventa; y la liberalización de los mercados y el proceso de privatización de la empresa pública aumentaron la competencia y provocaron el surgimiento de grandes empresas capaces de competir en los mercados internacionales; se realizó un proceso de descentralización política y administrativa con la construcción del Estado de las Autonomías; España se situó en primera línea de los procesos de construcción europea, tanto en la creación de la Unión Europea en 1992, como en la introducción de una moneda única europea, el euro, que sustituyó a la peseta. Y por último, pero no menos importante, los niveles de renta per cápita de la población española se fueron aproximando lentamente, pero de forma constante, hacia los niveles medios de los países de la Unión Europea, aunque sin realizar una convergencia completa, al tiempo que se avanzaba hacia una distribución más igualitaria de la renta.

      El objetivo de este libro es analizar todos estos cambios a través de los ocho capítulos de los que se compone. En el primer capítulo se ofrece una perspectiva de largo plazo de la evolución de la economía española en el perío -do tratado con tres objetivos. En primer lugar, analizar las principales etapas de la evolución económica, las características del crecimiento económico y las principales fuentes del mismo. En segundo lugar, estudiar la posición de la economía española respecto a Europa y Estados Unidos con objeto de observar los logros y limitaciones a través del acercamiento (convergencia) o el distanciamiento (divergencia) de los niveles de renta per cápita a la los países desarrollados. En tercer lugar, mostrar algunas de las principales transformaciones que se han producido en esta etapa, en concreto, el proceso de terciarización de la economía española o, lo que es lo mismo, el papel creciente del sector servicios en el conjunto de la economía, la modernización demográfica, la mejora en los niveles de vida y en la distribución de la renta y la implantación del Estado de bienestar.

      El resto del libro se ha dividido en torno a dos grandes bloques: un primer bloque cronológico, y un segundo bloque de carácter temático. El primer bloque comprende los capítulos 2, 3 y 4 y en el mismo se realiza un análisis cronológico que divide el período en dos fases. Los capítulos 2 y 3 abordan la crisis y las medidas adoptadas para superarla (1975-1985) y el capítulo 4 la fase de crecimiento (1986-2000). En el capítulo 2 se analiza la crisis internacional así como los factores desencadenantes de la misma y su repercusión en España, en concreto, cuáles fueron los factores que provocaron su especial virulencia en la economía española. En el capítulo 3 se estudian las dificultades para implementar una política económica efectiva así como los intentos de buscar una salida consensuada a la crisis, lo que se plasmó en la firma de los denominados Pactos de la Moncloa, que consiguieron controlar la inflación y el desequilibrio externo en el corto plazo, aunque fuera a partir de 1982, cuando las políticas tuvieron mayor efectividad. También se analizan las reformas estructurales que se realizaron para mejorar el funcionamiento de la economía y favorecer el ajuste y la salida de la crisis. Por último, el capítulo 4 explica el largo período de crecimiento que comienza en 1985 y en el cual la economía española recuperó parte del terreno perdido durante la crisis económica. Se prestará especial atención a las causas de este crecimiento, a las transformaciones en la estructura productiva y a la política económica desarrollada.

      En el segundo bloque (capítulos 5 a 8) se estudian los hitos más importantes acontecidos en la economía española en esta etapa y, por tanto, los capítulos son de carácter temático (o monográfico). El capítulo 5 trata de la integración de España en Europa y de los efectos que tuvo sobre la economía española: el comercio, el movimiento de capitales y la recepción de flujos financieros por los sectores productivos españoles. El capítulo 6 examina la consolidación del Estado de bienestar. Con esta finalidad, en sus apartados se describe el proceso de modernización fiscal y su armonización con Europa; los cambios en la estructura de gastos del sector público; y las características del Estado de bienestar en cuanto a transferencias sociales y provisión de bienes públicos preferentes, como educación y sanidad. El proceso de privatizaciones y la liberalización de los mercados de trabajo y capitales se estudian en el capítulo 7, en el que se sitúa la evolución de la empresa pública española en el contexto europeo y se presta especial atención a la periodización y las motivaciones de la privatización y la desregulación de los mercados de bienes, servicios y factores. La evolución económica de las regiones es el tema de estudio del capítulo 8, en el que se ofrece una perspectiva de cómo los principales cambios económicos han afectado a las regiones españolas y, por tanto, al crecimiento económico, si las regiones más pobres han mejorado su situación respecto a las más ricas o si se ha producido un aumento de las diferencias entre ellas. Con el propósito de explicar los niveles de renta per cápita alcanzados por las regiones españolas se estudian las fuentes del crecimiento económico y se abordan también cuestiones como la desigualdad en la distribución de la renta entre regiones, la convergencia de las regiones con Europa y el impacto de la política regional comunitaria y del Estado de las autonomías. Finalmente, para cerrar el libro se ofrecen las principales conclusiones obtenidas en este estudio, los logros conseguidos en este período, las limitaciones de la economía española y cuáles son los retos más importantes en un futuro inmediato, en concreto la respuesta de España ante la globalización.

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La economía española, 1975-2000

1.1. Introducción: la evolución de la economía española en el largo plazo

Este capítulo tiene como objetivo explicar la evolución de la economía españo -la durante los últimos veinticinco años del siglo XX. Si tuviéramos que resumir este período de la historia económica lo haríamos considerando que fue una etapa decisiva porque la economía española se tuvo que enfrentar a dos importantes retos: el primero, la crisis del petróleo y de las materias primas, y por tanto al cambio de las condiciones en las que se había basado el crecimiento económico, con energía y materias primas baratas. El segundo, la eliminación de las barreras y obstáculos para la integración en la economía internacional.

      El impacto de la crisis fue mayor en España, entre otras razones, como consecuencia, por un lado, de que la economía española era una economía industrial reciente y además tenía una fuerte dependencia energética. Y, por otro lado, debido a la inestabilidad política e institucional como consecuencia de que la crisis coincidió con un cambio político de gran trascendencia: la transición democrática, el paso de un régimen político de dictadura a uno de democracia, lo que retrasó y dificultó la toma de decisiones para enfrentarse a la crisis.

      El segundo reto fue la eliminación de las barreras y obstáculos para la integración en la economía internacional. La situación de partida era de una reducida apertura exterior, un elevado intervencionismo en los mercados y de fuertes desequilibrios macroeconómicos, como el déficit público y el déficit de balanza de pagos que provocaron inflación y la devaluación del tipo de cambio. El objetivo de la integración internacional, fundamentalmente con la adhesión a la Unión Europea (UE), supuso la necesidad de realizar importantes ajustes tanto productivos, por el aumento de la competencia internacional, como de aplicación de medidas encaminadas a la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, políticas fiscales y monetarias entre otras, para el control de la inflación y del tipo de cambio. Estas medidas consiguieron alcanzar la estabilidad macroeconómica que favorece el crecimiento económico a largo plazo.

             1.1.1. El crecimiento económico

La evolución de la economía española entre 1975 y 2000 se puede dividir en tres etapas: la primera, de 1975 a 1984/5, que se corresponde con un perío do de crisis, como consecuencia de la crisis económica internacional (con dos shocks del petróleo, el de 1973 y el de 1979), y con la transición política, por tanto, de inestabilidad institucional; la segunda, de 1985/6 a 1992/3, cuyo mayor protagonismo lo tuvo la integración en la UE, por lo que se caracteriza por ser una etapa en que la economía tuvo que realizar importantes ajustes productivos y resolver los desequilibrios del sector público y del sector exterior; y la tercera, de 1993 a 2000, determinada por el logro de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico. La evolución del Producto Interior Bruto por habitante, o PIB per cápita, principal indicador del crecimiento y bienestar económico, desde 1975 a 2000 se puede observar en la figura 1.1 y las tasas de crecimiento anual en la figura 1.2. En la primera se observa en general la tendencia al alza de los niveles de renta per cápita a lo largo del período, también el lento crecimiento durante los años de la crisis económica, la recuperación y crecimiento a partir de 1986, la crisis de 1992-1993 que coincide con la crisis internacional de esos años y la reanudación de la senda de crecimiento económico posteriormente. Las tasas de crecimiento de la figura 1.2 muestran el menor crecimiento de los años de la crisis, el ciclo de auge de 1985 a 1989 y de recesión hasta 1993, y la recuperación y reanudación del crecimiento a partir de 1993. De este modo, se resumen las tasas de crecimiento del PIB per cápita (tasas medias anuales) del período en dos fases principales: éstas serían del 1,76% de 1974 a 1986 y del 3,31% de 1986 a 2000; y si se tienen en cuenta los principales ciclos económicos del período considerado, las tasas de crecimiento serían del 2,54% durante 1974-1978, del 1,38% de 1978 a 1986, del 4,01% de 1986 a 1992 y del 2,79% de 1992 a 2000 (Prados de la Escosura, 2003).

FIGURA 1.1. Evolución del PIB per cápita, 1975-2000.

Fuente: Prados de la Escosura (2003).

FIGURA 1.2. Tasa de crecimiento anual del PIB per cápita (%), 1975-2000.

Fuente: Prados de la Escosura (2003).

             1.1.2.El crecimiento económico: cambio demográfico y empleo

Si se descompone el PIB per cápita mediante una identidad en las variables relacionadas se puede calcular la influencia de la demografía y del comportamiento del mercado de trabajo en su evolución. De este modo se conseguirá la aportación de la demografía y del empleo al crecimiento económico. Se sigue la siguiente descomposición:

PIB/N = (PIB/L) * (L/LA) * (LA/L₁₅₋₆₄) * (L₁₅₋₆₄/N)

      El Producto Interior Bruto por habitante (PIB/N) es igual al producto por trabajador o productividad del trabajo (PIB/L), por la tasa de empleo, es decir, la población empleada en relación a la población activa (L/LA), siendo la población activa la población dispuesta a trabajar tanto ocupada como desocupada, por la tasa de actividad, la proporción de la población activa sobre la población en edad de trabajar (LA/L₁₅₋₆₄), y por la ratio entre la población en edad de trabajar y la población total (L₁₅₋₆₄/N).

CUADRO 1.1. Aportación al crecimiento del PIB per cápita del cambio demográfico y del empleo (tasas medias anuales en porcentajes)

Fuente: Prados de la Escosura (2003).

      En el cuadro 1.1 aparece la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto por habitante (PIB/N) explicada por la tasa de crecimiento de cada una de las variables anteriores. Como se ve en el cuadro el crecimiento del PIB per cápita en los dos períodos de crisis, 1974-1978 y 1978-1986, por tanto de menor crecimiento del PIB per cápita, se debió al crecimiento de la productividad del trabajo, puesto que el crecimiento de la tasa de empleo (L/LA) y el de la tasa de actividad (LA/L₁₅₋₆₄) ha sido negativo. Este aumento de la productividad del trabajo se explica por la caída de la tasa de empleo y de la tasa de actividad como consecuencia de la crisis del petróleo. La tasa de desempleo pasó de ser del 3,8% en 1975 al 7,6% en 1978, y de dos dígitos con el 12,4% en 1980 y el 20,6% en 1986.

      Sin embargo, durante las siguientes etapas, 1986-1992 y 1992-2000, el mayor crecimiento del PIB per cápita no se corresponde con un mayor crecimiento de la productividad del trabajo, sino que el crecimiento de esta última ha sido menor debido a que se ha producido un aumento de la tasa de empleo y sobre todo un aumento de la tasa de actividad en el mercado de trabajo. La tasa de desempleo, que era del 20% en 1992, se redujo al 13,4% en 2000. A su vez se produjo un aumento de la participación de la población en edad de trabajar en el mercado de trabajo, como consecuencia del aumento de la implicación de las mujeres, que alcanzó cotas históricas durante el período. La participación de la mujer pasó del 28% en 1975 al 41,7% en 2000, siendo sin embargo la de los hombres del 77,5% y del 66,9% en los años respectivos.

      La variable población en edad de trabajar en relación a la población total muestra el cambio demográfico. En la década de los ochenta y en la de los noventa se incorporaron al mercado de trabajo los nacidos durante el baby boom de la década de los sesenta, lo que se refleja en el crecimiento de esta variable (L₁₅₋₆₄/N), del 0,55% en el período de 1978-1986 y del 0,56% en el de 1986-1992, respecto al crecimiento del 0,02% del período anterior de 1974-1978. En cambio en el período posterior (1992-2000) se observa un menor aumento (0,15%) como consecuencia de la menor tasa de fecundidad por la disminución en el número de hijos por mujer y por el retraso en la edad de tener hijos.

1.2. Las fuentes del crecimiento

El crecimiento económico a largo plazo depende de la capacidad de una economía para producir más bienes y servicios en relación a los recursos existentes, por tanto, de la productividad. Se utiliza la función de producción para describir la relación entre la cantidad de factores utilizados para producir y la cantidad de producción obtenida. De este modo se considera que Y representa la cantidad producida, L la cantidad de trabajo, K la cantidad de capital físico y H la cantidad de capital humano. El capital físico (stock de capital físico) es la cantidad de equipo y estructuras que se utiliza para producir bienes y servicios, es decir, las herramientas, máquinas, infraestructuras (edificios, fábricas, carreteras, puertos, aeropuertos, etc.). El capital humano (stock de capital humano) son los conocimientos y cualificaciones que adquieren los trabajadores por medio de la educación, la formación y la experiencia. La tecnología es el conocimiento de mejores formas de hacer las cosas.

      Se puede expresar la relación entre la producción obtenida y los factores de producción como

Y = A F (K, L, H),

donde F( ) es una función que muestra cómo se combinan los factores para obtener la producción y A es una variable que refleja la tecnología de producción existente.

      El nivel de vida alcanzado por un país en el largo plazo depende de su productividad; para medirla se utiliza normalmente la productividad del factor trabajo, que es la cantidad de bienes y servicios producidos por cada hora de trabajo realizada. Se puede expresar la productividad, siendo Y/L el indicador de la productividad, como dependiente del capital físico por trabajador (K/L), del capital humano por trabajador (H/L) y de la tecnología. Si aumenta la capitalización de la economía, es decir, la proporción de capital por trabajador, la formación de los trabajadores y/o se introducen nuevas tecnologías aumentará la productividad. En la figura 1.3 se ve la evolución de la productividad por trabajador y por hora trabajada, que es la medición más precisa al considerar las horas de trabajo realizadas (Y/L y Y/LH) en España durante el período. La productividad por trabajador aumenta, sobre todo a partir de 1986; en cambio, la productividad por hora trabajada aumenta hasta 1994, pero sin embargo después disminuye.

FIGURA 1.3. Productividad por trabajador y por hora trabajada, 1975-2000.

Fuente: Boscá y Doménech (2008).

      Para entender las causas que han generado esta evolución de la productividad por hora trabajada, se comenta, primero, la evolución de los factores productivos mencionados y, segundo, la contribución de los distintos factores productivos al crecimiento económico durante este período. En cuanto a la evolución de los factores, el aumento de la cantidad de capital físico (stock) depende del aumento de la inversión (flujo). La inversión en relación al PIB cae durante la década de los setenta, como consecuencia de la crisis del petróleo, y recupera los niveles anteriores, con oscilaciones, desde 1984 a 2000, como se puede observar en la figura 1.4. Por lo que parece que finalmente ha alcanzado su nivel medio.

      El capital humano se mide como el promedio de los años de escolarización de la población activa ocupada. Como se puede observar en la figura 1.5, la evolución ha sido ascendente y además se ha producido un fuerte aumento en el período 1975-2000 en relación con otras etapas de la historia; pero todavía existe una diferencia destacada entre el capital humano de España respecto al de Estados Unidos y la Unión Europea. En España se ha pasado de una media de menos de 6 años de escolarización por trabajador a casi 8 años desde 1975 a 2000. Sin embargo, el promedio de escolarización por trabajador alcanzado es todavía inferior al de los 13 años de Estados Unidos. El porcentaje de trabajadores con estudios secundarios posteriores a los obligatorios y universitarios es en España del 40,9%, en la Unión Europea (25 países miembros) del 75,2% y en Estados Unidos del 87,3% en 2004. De los cuales el 12,7% tiene estudios universitarios y doctorado en España, el 25% en la Unión Europea y el 38% en Estados Unidos.

FIGURA 1.4. Inversión sobre el PIB (%), 1975-2000.

Fuente: Boscá y Doménech (2008).

FIGURA 1.5. Capital humano, años promedio de escolarización por trabajador, 1975-2000.

Fuente: Boscá y Doménech (2008).

      La razón de la gran diferencia anterior es que los niveles educativos son más altos desde hace más tiempo. En España el aumento de los niveles educativos es más reciente, y se corresponde con el aumento en el nivel educativo de la generación del baby boom en la década de los ochenta y los noventa. Por lo que aunque se ha incorporado una mayor población activa con mayor cualificación al mercado de trabajo, todavía no representan la participación en el total de trabajadores que tienen en otros países desarrollados.

      Sin embargo, todavía sigue habiendo diferencias en la educación. El gasto educativo en relación al PIB es más bajo en comparación con la OCDE, en 2003 es del 4,7% (5,3 % en 1995) mientras que la media de la OCDE es del 6,3% y en el caso de la Unión Europea está por encima del 5%. Además, como se observa en la figura 1.6 este gasto ha ido disminuyendo desde 1993. Por tanto, hay todavía margen para aumentar la dotación de capital humano y con ello la producción y la productividad.

FIGURA 1.6. Gasto en educación sobre el PIB (%), 1989-2001.

Fuente: Boscá y Doménech (2008).

      El aumento de la tecnología depende de la inversión en investigación y desarrollo (I+D). El gasto en I+D en relación al PIB es bajo en comparación con la Unión Europea y Estados Unidos, en torno al 1% en el caso de España, frente al 1,9% de la Unión Europea y el 2,6% de Estados Unidos. La evolución del gasto en I+D en España en relación a la UE (15 países) se puede seguir en la figura 1.7. Además esta baja inversión en I+D no sólo se produce por la menor inversión en los sectores más intensivos en tecnología sino que está presente en todos los sectores de la economía. Por tanto, con el aumento del nivel tecnológico se podrían aumentar también la producción y la productividad.

FIGURA 1.7. Gasto en I+D sobre el PIB (%), 1980-2002.

Fuente: Boscá y Doménech (2008).

      La contribución de los distintos factores al crecimiento de la renta se calcu -la del siguiente modo. Como se ha mencionado, el crecimiento de la producción (Y) depende del aumento de los factores productivos utilizados y de la mejora en la tecnología. Se pondera la contribución de cada factor al crecimiento en relación a su participación en la renta (a, b‚ g). La ponderación considerada es la utilizada habitualmente (Mankiw, Romer y Weil), de un tercio para cada uno de los tres factores; por tanto, de 2/3 para el trabajo (horas trabajadas y capital humano) y 1/3 para el capital. Se expresa en tasas de crecimiento (D) como:

ΔY = ΔA + αΔK + βΔL + γΔH

      Se denomina productividad total de los factores (PTF) a la productividad de los dos factores capital y trabajo de forma conjunta, y se considera debida al progreso tecnológico (DA). Se calcula como un residuo (conocido como residuo de Solow, pues se sigue el modelo neoclásico de crecimiento de Solow), es decir, la parte del crecimiento de la producción no explicada por el aumento de la cantidad de capital, de trabajo y del capital humano. De este modo:

PTF = ΔA = ΔY − αΔK − βΔL − γΔH

      En el cuadro 1.2 se presenta la contribución de cada factor al crecimiento de la producción o renta (PIB), es decir, del crecimiento de la producción qué parte viene explicada por el aumento de la productividad total de los factores o tecnología, por el aumento del capital físico, del trabajo, medido por el número de horas trabajadas y del capital humano (Boscá y Doménech, 2008). La contribución al crecimiento de la renta de la productividad total de los factores (PTF) es decreciente, pasa de ser de casi la mitad, el 45,5%, en el período de 1974-1985, al 29,8% entre 1986 y 1994 y, del 26,2% en el siguiente, de 1994 a 2000.

CUADRO 1.2. Contribución de la productividad total de los factores (PTF) y de los factores productivos al crecimiento del PIB (en porcentajes)

* Ponderación 1/3 de cada factor.

Fuente: Boscá y Doménech (2008).

      En el período de 1974-1985, de menor crecimiento del PIB por la crisis del petróleo, la contribución del aumento del capital es muy importante (del 99,8%) cuando, por el contrario, la del trabajo también lo es pero negativa (–79,4%). La razón de la contribución negativa del trabajo fue la fuerte pérdida de empleo de la economía española durante la crisis. Sin embargo, la contribución del aumento del capital va disminuyendo en los sucesivos períodos considerados, aunque sigue siendo la más importante. En este caso parece que la economía española, después de la fuerte capitalización del pe -río do de industrialización, 1964-1974, ya había alcanzado un nivel tan alto como para que la contribución de este factor aumentara más. De nuevo es -to sucedió después con las inversiones en infraestructuras financiadas con los fondos comunitarios (FEDER) de la década de los ochenta y noventa, que se explican en el capítulo dedicado a la UE.

      Tras la fuerte disminución del empleo durante la crisis del petróleo y, por tanto, la caída de la contribución de este factor al crecimiento del PIB, en el período siguiente aumenta contribuyendo con el 10,5%, y experimenta un mayor aumento en el último período, alcanzando casi la misma contribución que la del capital, del 31%. Esto se debe a la recuperación del empleo en estos años, y por lo tanto, a la utilización de un factor de producción desempleado. La contribución del capital humano también disminuye, como la PTF, durante los tres períodos.

      Resumiendo, se ha producido una reducción de la contribución de la tecnología, medida como la PTF, y del capital humano. Como se ha comentado, la inversión en la mejora tecnológica (I+D) y en educación, a pesar del aumento experimentado durante el período, es todavía baja en España en relación a los países desarrollados. Por lo que la economía española puede aumentar la productividad y por tanto el nivel de renta per cápita y con ello converger a la renta de los países desarrollados (Europa y Estados Unidos), si aumenta la tecnología (capital tecnológico) y el capital humano. El crecimiento de la producción se puede conseguir manteniendo la contribución del capital físico, reduciendo la del trabajo, en términos de horas trabajadas, pero aumentando la cualificación del mismo, es decir, el capital humano y, aumentando la productividad total de los factores o la tecnología.

1.3. La convergencia con Europa y Estados Unidos

Si se pone la evolución de la economía española en perspectiva comparada se pueden valorar los logros y las limitaciones. Para ello se va a relacionar el PIB per cápita español, que muestra la capacidad para consumir más bienes y servicios y por tanto indica el bienestar de la población, con el de los países desarrollados: Europa y Estados Unidos. De esta forma se puede ver si ha convergido el nivel de renta per cápita con el de los países de nuestro entorno y que con parte de ellos nos integramos en la UE en este período, y con Estados Unidos, el país líder en el cambio tecnológico de las nuevas tecnologías: la informática y el ordenador y las comunicaciones.

      En el cuadro 1.3 se exponen estas comparaciones. En él se observa la mayor diferencia de la economía española con respecto a los niveles de renta de Estados Unidos que de Europa, entre un 55 y el 70% de media respectivamente. Se produce un alejamiento con respecto a Europa y Estados Unidos durante la crisis económica, y a pesar de la recuperación en las siguientes etapas de crecimiento, sólo se consigue alcanzar el mismo nivel de 1975. La convergencia mejora cuando comparamos España con los países de la UE, en este caso se ha producido un acercamiento a los niveles de renta de 6 puntos, se ha pasado del 76,1 al 82,1% entre 1978 y 1999. El resultado final sería de mantenimiento de las posiciones respecto a los países avanzados; aunque con un mayor acercamiento a los países de la UE. Sin embargo, si se comparan estos resultados con los de otros períodos de la historia económica española el avance es menor, la proporción del PIB per cápita español respecto a Europa era del 93,8% y respecto a Estados Unidos del 56,8% en 1880.

CUADRO 1.3. Convergencia de la economía española con Europa y Estados Unidos

Nota:Porcentaje del PIB per cápita a precios corrientes de España respecto a Europa, Unión Europea-15 y Estados Unidos.

       adólares de Estados Unidos en PPA. Europa, 14 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Italia, Finlandia, Noruega y Suiza.

       ben euros en PPA (Eurostat).

       c1978.

Fuente: Prados de la Escosura (2003).

      Durante el período de 1975-2000 se ha mantenido la distancia en términos de renta per cápita de España respecto a las economías mencionadas. Esto significa que no ha aumentado la productividad lo suficiente, pues tras un aumento comenzó a disminuir en la década de los noventa, como para conseguir converger con los niveles de renta per cápita de los países más de -sarrollados. Como se ha indicado en el apartado anterior, sería necesario el aumento del nivel educativo de los trabajadores y del gasto en I+D para conseguir el nivel de dotación de estos factores alcanzado por estos países. A pesar del avance logrado en estos años respecto a la situación inicial, todavía existe una importante diferencia con respecto a Europa y Estados Unidos.

1.4. La consecución de la estabilidad macroeconómica y el ciclo económico

             1.4.1.La consecución de la estabilidad macroeconómica

La economía española, como se ha mencionado, se enfrentó a fuertes ajustes durante esta etapa: la crisis económica mundial y la integración en Europa y en la economía internacional, con unas condiciones de partida poco favorables. El impacto de la crisis económica fue mayor y también la duración de la salida a la crisis, como se estudia en el capítulo 2. Los ajustes que se tuvieron que realizar fueron profundos por los destacados desequilibrios: déficit público, déficit de balanza de pagos, altas tasas de desempleo y de inflación. El paro y la inflación fueron mucho más altos que en Europa. El paro, por la magnitud alcanzada, llegó a ser de casi una cuarta parte de la población activa y se perdieron 2,2 millones de empleos entre 1976 y 1984, y se convirtió así en el problema más grave e importante de la economía y la sociedad española.

      La integración europea e internacional supuso también la necesidad de realizar políticas económicas con la finalidad de alcanzar la estabilidad macroeconómica y financiera y la liberalización de los mercados. Estos objetivos forman parte además de los acuerdos de los países miembros de la UE con el propósito de obtener los beneficios de la mayor integración económica y financiera. La economía española partía de una tasa de apertura (exportaciones+importaciones/PIB) del 24,6% en 1975 y sin embargo la duplica a lo largo del período pasando a ser del 53,6% en 2000. Por lo cual se produjo un aumento del comercio internacional y las empresas se tuvieron que ajustar a esta nueva situación que significaba el aumento de la competencia y la oportunidad de vender los productos en los mercados internacionales.

      La tasa de apertura financiera (media en valores absolutos de los saldos de la balanza por cuenta corriente con relación al PIB) pasó del 4,1 al 3,8% en los años respectivos, por tanto, se ha mantenido. Sin embargo, la inversión directa en el extranjero, que se ha dirigido sobre todo a Latinoamérica, alcanzó el 9,7% del PIB en 2000 y la de la inversión directa extranjera en España llegó a ser en promedio de un 4% del PIB en el mismo año. En este último caso, los dos momentos más importantes de recepción de capitales extranjeros a largo plazo coincidieron con la entrada en la UE, en el período de 1986 y 1992, y con la unificación monetaria europea en el período de 1998 y 2002, debido a que la disminución del riesgo del tipo de cambio favoreció la inversión del exterior.

      La estabilidad macroeconómica favorece el crecimiento económico. Así por ejemplo, el control de la inflación promueve el crecimiento económico por -que permite un mejor funcionamiento de los mercados y por tanto de la actuación de los agentes económicos. Por un lado, los agentes económicos tienen menos incertidumbres para tomar decisiones y, por otro, además al no producirse variaciones en los precios relativos de los distintos bienes, éstos transmiten la información correcta sobre la escasez o abundancia; y por tanto los mercados funcionan mejor porque pueden asignar adecuadamente los recursos. Además la inflación perjudica a los ahorradores y por consiguiente a la inversión. Cuando hay inflación se llevan a cabo comportamientos poco favorables a las inversiones productivas, los agentes económicos para protegerse de la inflación compran activos improductivos, como bienes inmuebles, lo que hace que el ahorro no se destine a la inversión productiva.

      El objetivo de la estabilidad macroeconómica y financiera se realizó mediante la aplicación de políticas estabilizadoras, que son políticas macroeconómicas, generalmente fiscales, monetarias y de tipo de cambio, que tratan de estabilizar la actividad económica, conteniendo la inflación, el desempleo y la fluctuación del tipo de cambio. La aplicación de las políticas estabilizadoras comenzó con los Pactos de la Moncloa (1977) y con las seguidas para la entrada en la UE (1986) y en el Sistema Monetario Europeo (1989). Posteriormente la UE estableció los criterios macroeconómicos, de inflación, déficit público, deuda pública, tipos de interés, estabilidad del tipo de cambio, etc. que debían cumplir los países, los denominados criterios de Maastricht (1993), con el objetivo de entrar en la Unión Monetaria Europea (UME) en 1999 y establecer la moneda común europea, el euro. A través de la adopción de las políticas para la consecución de estos objetivos macroeconómicos, España consiguió alcanzar la estabilidad macroeconómica y financiera necesaria para el crecimiento económico. La entrada en la UE y en la UME ayudó a lograr la disciplina monetaria y fiscal.

      ¿Cómo se consiguió la disciplina monetaria? A través de otorgar autonomía al Banco de España para llevar a cabo una política monetaria activa independiente de las necesidades de financiación del sector público que tuviera como finalidad el control de la inflación (Ley de Autonomía del Banco de España de 1994). ¿Cómo se consiguió la disciplina fiscal? Mediante la modernización de las finanzas públicas y su saneamiento. El aumento de los ingresos se logró con el establecimiento de un sistema fiscal moderno. La reforma tributaria de 1977 introdujo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que es un impuesto progresivo (aumentan los ingresos proporcionalmente más que el aumento de la renta) y posteriormente se estableció el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que simplificaba los impuestos indirectos existentes. La reforma fiscal permitió además hacer frente a la demanda de mayor gasto social (educación, sanidad, seguridad social, jubilaciones) y por tanto del establecimiento del Estado de bienestar que todavía no había llegado a España en relación con los países desarrollados. La crea ción del mercado de la deuda pública logró la financiación independiente del sector público.

      La liberalización de los mercados de bienes, servicios y factores era necesaria para conseguir una mayor flexibilidad para el ajuste a la integración en los mercados internacionales. Los mercados se fueron liberalizando durante el período, aunque queda pendiente una mayor liberalización de algunos servicios. El mercado de trabajo era muy rígido, los contratos eran indefinidos y no existía el despido; por lo que las empresas no tenían incentivos para contratar trabajadores. La liberalización del mercado de trabajo comenzó en 1984 con los contratos temporales; en 1994, tras el fuerte aumento de los contratos temporales, se introdujeron incentivos para el paso de contratos temporales a fijos; y en 1997, siguiendo con el objetivo de disminuir la temporalidad, se redujeron además los costes del despido. La liberalización del mercado de capitales se produjo con la libertad en el movimiento de capitales en 1992, antes existían controles a la entrada de capitales. La liberalización coincidió con la entrada de la peseta en 1989 en el Sistema Monetario Europeo (SME), lo que significa que el tipo de cambio era fijo pero ajustable, tenía que fluctuar dentro de una banda establecida en el SME. La dificultad para mantenerse en dicha banda obligó a realizar varias devaluaciones que supusieron importantes costes para la economía española. España, como se ha mencionado, logró tras una serie de ajustes cumplir los criterios de Maastricht (1993) para entrar en la Unión Monetaria Europea (UME). En 1999 nació el euro como divisa que cotiza en los mercados internacionales, siendo el tipo de cambio flotante a partir de entonces; y en 2002 el euro sustituyó definitivamente a la peseta como moneda de uso corriente.

             1.4.2.El ciclo económico

En cuanto al ciclo económico español, aunque no difiere mucho del seguido por otros países desarrollados (OCDE), se producen algunas diferencias como consecuencia de las particularidades de la economía española que se van a comentar a continuación. Las fluctuaciones del consumo privado y del empleo con respecto al producto (PIB) han sido más altas en España. Las razones de las mayores fluctuaciones del consumo privado pueden deberse a la mayor presencia de restricciones de liquidez, por los controles al crédito del sistema financiero y los elevados tipos de interés desde mediados de los ochenta, y más recientemente por los efectos de riqueza por la revaloración de la vivienda como consecuencia del elevado aumento del precio.

      El empleo también ha fluctuado más respecto a la producción, de forma que la crisis del petróleo ha tenido un mayor impacto en el empleo que en la producción. Tal vez ello ha sido debido a la mayor intervención en la economía lo que ha supuesto una mayor rigidez para el ajuste. Otra explicación para el período a partir de 1984 es que con el comienzo de la liberalización del mercado de trabajo mediante los contratos temporales, cuando al mismo tiempo se mantenían altos los costes de despido de los contratos fijos, dio como resultado un aumento del empleo temporal. Por tanto, el ajuste al ciclo económico se producía a través del empleo mediante la mayor utilización de los contratos temporales y el uso más intensivo del trabajo, con el aumento del número de horas trabajadas en los contratos fijos. Además figuraría, entre los factores de la mayor fluctuación del empleo en la economía española, el aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y, más recientemente, el incremento de la inmigración que ha permitido satisfacer la demanda de trabajadores generada por el crecimiento de la producción de los últimos años.

      Por otro lado, otra particularidad de la economía española ha sido el que, debido al proceso de apertura internacional, se han producido mayores fluctuaciones en la balanza de pagos. Lo que indica que con la apertura económica las presiones provenientes de la demanda han sido más importantes que las de la oferta. De forma que los aumentos de la demanda han provocado un aumento de los precios, deteriorando así la competitividad de la economía española y por tanto la capacidad exportadora (oferta).

      En general, en los países desarrollados (OCDE) en los ciclos económicos han predominado en las fases expansivas los factores de demanda y en las fases contractivas los factores de oferta. Además, parece que, al igual que ocurre en otros países, el ciclo económico experimenta en la década de los noventa (desde 1993) menos fluctuaciones o hay una mayor sincronía entre las variables macroeconómicas, lo que se asocia con un mayor control de la inflación por las políticas monetarias más efectivas y la menor incidencia de los shocks mundiales.

1.5. Las principales transformaciones

             1.5.1.Una economía de servicios

En este subapartado se van a describir las principales transformaciones que tuvieron lugar en la economía española durante el período. La principal es que en 1975 España ya era un país industrializado debido al fuerte crecimiento experimentado por el sector industrial en la década de los sesenta. En definitiva era un país de industrialización reciente, lo que significa que se había producido un destacado cambio estructural, un importante aumento de peso de la industria y de los servicios y una disminución de la agricultura. Sin embargo, este cambio estructural ha continuado entre 1975 y 2000, con la caída del peso de la agricultura y la industria y el aumento de los servicios. Estos cambios en la participación sectorial figuran en el cuadro 1.4. La participación en el PIB de la agricultura se ha reducido del 6,7% en 1975 al 4,5% en 2000. La industria también ha caído del 30,8 al 23,4%; y los servicios han aumentado, del 53,1 al 63,8% en los mismos años. La reducción del peso de la agricultura y el aumento de los servicios es mayor en la distribución de la población ocupada. De este modo, el porcentaje de población ocupada en la agricultura pasó del 21,9% en 1975 al 6,8% en 2000 y en los servicios del 40,1 al 62,3% entre los mismos años. Este mayor efecto en el empleo se debe en el caso de la agricultura a que experimentó una destacada mecanización por la sustitución de trabajo por capital debido al aumento de los salarios y en el caso de los servicios porque es un sector intensivo en mano de obra.

CUADRO 1.4. Distribución del producto y de la población ocupada (%) (precios constantes)

Fuente: CNE y EPA en Rojo (2002).

      El cambio estructural correspondiente a este período tuvo como resultado el aumento de peso de los servicios en relación a la agricultura y a la industria, consiguiendo ser el sector más importante de la economía. Como a este sector se le llama también terciario, siendo la agricultura e industria el primario y secundario, a este proceso también se le denomina proceso de terciarización de la economía, dado que es característico de las economías desarrolladas que se convierten en “economías de servicios”. A medida que aumenta la renta per cápita se realiza un mayor gasto en servicios como educación, sanidad, ocio, turismo, etc., por lo que crece la demanda y la producción de los mismos. Por otro lado también destaca la demanda de mayores servicios por parte del resto de sectores: transporte, comunicaciones, además de la externalización de algunas de las actividades pertenecientes al sector servicios que antes se realizaban dentro de las empresas industriales. En este sector, dada la elevada heterogeneidad de su composición (educación, sanidad, transporte, financiero, servicio doméstico), también se ha producido un cambio en la composición.

             1.5.2.La finalización de la transición demográfica y las migraciones internacionales

La modernización demográfica en España es un fenómeno del siglo XX. También denominada transición demográfica, consiste en pasar de una primera fase de comportamiento demográfico antiguo con altas tasas de mortalidad y de natalidad, por tanto con un crecimiento demográfico bajo, a una segunda fase, con bajas tasas de mortalidad y altas tasas de natalidad y, por consiguiente, con explosión demográfica; y por último, a una tercera fase, con bajas tasas de mortalidad y también de natalidad, por tanto, de nuevo como en la primera fase, con bajo crecimiento de la población. En España la primera fase dura hasta 1900, en este año había una elevada mortalidad (28,9‰) aunque la tasa de natalidad nunca fue muy alta si se compara con otros países (33,8‰). La segunda fase se produce en la década de los sesenta (tasa de mortalidad del 8,7‰ y de natalidad del 21,6‰ en 1960), siendo una peculiaridad del comportamiento demográfico español la caída de la natalidad durante el período 1900-1939, y una lenta disminución de esta tasa a lo largo del siglo XX. Así el denominado baby boom o la fase que se correspondería con la explosión demográfica, aunque fue el período histórico con las tasas más altas de crecimiento demográfico, éste no fue elevado (12,5% en los años sesenta frente al 11% de finales de los veinte y treinta, otro de los períodos de mayor crecimiento demográfico). El paso a la última fase de la modernización, la tercera, se produce en la década de los ochenta, con tasas de mortalidad de alrededor del 8,5‰ y de natalidad en torno al 10‰. El crecimiento natural de la población pasó del 7,5% en 1980, al 3,7% en 1985, al 1,85 en 1990 y al 0,2% en 1999; se produjo así un repunte de la natalidad a partir de 2000, que se manifiesta en la elevación del crecimiento natural. La evolución de las tasas de natalidad y mortalidad desde 1975 a 2000 figuran en el cuadro 1.5.

      La anterior evolución de la tasa de mortalidad en la modernización demográfica se refleja también en la esperanza de vida al nacer (cuadro 1.6). Ésta era de casi 35 años en 1900, aumentó en 30 años durante la primera mitad del siglo XX, 62,1 años en 1950. En 1975 era de 73,3 y en 2000 de 78,5, siendo la de los hombres y la de las mujeres de 75,1 y de 81,9 años respectivamente. Se ha conseguido pasar de una etapa en la que había una gran diferencia en la esperanza de vida al nacer respecto a los países desarrollados, sobre todo en el siglo XIX, a otra etapa, a partir de los sesenta y setenta del siglo XX, en la que ya no hay diferencias respecto a estos países, incluso llega a ser superior, con la excepción de Japón y algunos países escandinavos.

CUADRO 1.5. Tasas brutas de natalidad, mortalidad, mortalidad infantil y fertilidad

Nota:Natalidad, nacidos por cada mil habitantes; mortalidad, defunciones por cada mil habitantes; mortalidad infantil, defunciones de menores de un año por cada mil habitantes; y tasa de fertilidad, número de hijos por mujer en edad fértil.

Fuente: INE.

CUADRO 1.6. Esperanza de vida al nacer, número de años

Fuente: INE.

      La transición demográfica española se califica de tardía en relación con los países desarrollados, los cuales pasaron a la segunda fase en el siglo XIX y comenzaron a reducir las tasas de natalidad a mediados del mismo siglo. Sin embargo, la finalización de la transición demográfica fue más rápida, la tasa de natalidad española se convierte así en una de las más bajas del mundo, y lo mismo ocurre con el crecimiento demográfico. La tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer en edad fértil, ha pasado, como se observa en el cuadro 1.5, de ser de 2,8 hijos, en la década de los ochenta a estar por debajo de 2,1 hijos, que se considera el nivel de reemplazo generacional, y a ser de 1,239 hijos en 2000, siendo de las más bajas del mundo. Por otro lado, se ha producido una destacada reducción de la mortalidad infantil que ha logrado una elevada supervivencia de los hijos recién nacidos, además esta reducción ha sido mayor en la mortalidad neonatal (antes de los 28 días) que en la posneonatal (desde los 28 a los 365 días). En el cuadro 1.5 se puede ver esta mejora en la evolución de la tasa de mortalidad infantil, que ha pasado de ser de 18,88 defunciones de niños menores de un 1 año por cada 1.000 nacidos en 1975 a 4,38 en 2000.

      En esta etapa aparece un nuevo problema demográfico común al de los países desarrollados: el envejecimiento de la población. El peso de la población mayor de 65 años pasó de ser del 11,2 en 1981 al 17% en 2001 y las proyecciones realizadas por el INE son que en el año 2025 será del 21,2%. Este envejecimiento de la población se produce como consecuencia de la reducción de la fertilidad y del aumento de la esperanza de vida. Las implicaciones económicas del envejecimiento de la población se miden a través de la tasa de dependencia, es decir, el número de mayores de 65 años en relación a la población en edad de trabajar (población activa). La tasa de dependencia fue en 1975 del 16,3% y pasó a ser del 24,5% en 2000. El incremento de la proporción de población mayor de 65 años tiene dos implicaciones económicas importantes: por un lado, aumenta la población que no está en la fase del ciclo vital de ahorrar sino de consumir lo ahorrado, puesto que no trabaja y recibe una pensión, por lo que tiene como resultado la disminución del ahorro nacional para la financiación de la inversión. Por otro, se produce un aumento del gasto en sanidad y pensiones, lo que ocasiona además un problema de déficit en la seguridad social, puesto que la proporción de población en edad de trabajar contribuyente, que es la fuente de los ingresos, es menor.

      Uno de los fenómenos demográficos recientes es el cambio en el signo de los movimientos migratorios internacionales. España ha pasado de ser un país de emigrantes, con una fuerte emigración en los sesenta y con el retorno de muchos de ellos durante la crisis de los setenta, a un país de inmigración a partir de los años noventa. La población nacida en el extranjero ha pasado de ser del 1,1% en 1970 al 1,7% en 1981; del 2% en 1991 al 5,3% en 2001, y sigue en aumento, ya que fue del 12% en 2007. La población total ha pasado de ser de 35,7 millones en 1970 a 40,2 millones en 2000, de los cuales 0,36 y 2,2 millones nacieron en el extranjero en los años respectivos.

             1.5.3.Niveles de vida, desigualdad y Estado de bienestar

Como se ha mencionado, el nivel de renta per cápita ha aumentado considerablemente durante el período, multiplicándose por 2 entre 1975 y 2000, lo que se ha plasmado en una mayor capacidad para consumir más bienes y servicios. Con el propósito de saber si la mayoría de la población española se ha beneficiado del crecimiento económico se van a comentar algunos indicadores de la manera en que se ha distribuido la renta. La distribución de la renta en España durante el período, en concreto para los años en que se tiene información de su distribución, de 1974 a 1996, ha mejorado. El índice de Gini, que es un indicador de desigualdad en la distribución que toma valores de 1 cuando se da la máxima desigualdad y de 0 con la máxima igualdad, es de 0,446 en 1974, y se va reduciendo, sobre todo en la década de los ochenta, a 0,363 en 1980 y a 0,347 en 1990; y tiene el valor de 0,342 en 1996. Este índice figura en el cuadro 1.7 junto a otros indicadores como son la proporción de renta que tiene el 10% de la población con menos renta y el 10% de la población con más renta (decilas); y los mismos datos por quintiles, el porcentaje de renta que tiene la quinta parte de la población más pobre y la más rica. Se observa en el cuadro que la participación en la renta de la decila y el quintil de menor renta ha aumentado, y sin embargo, se ha reducido la de los de mayor renta, por tanto, la desigualdad en la distribución de la renta ha disminuido.

CUADRO 1.7. La distribución personal de la renta, 1974-1996

Fuente: Alcaide Inchauste (1999).

      Estos niveles de desigualdad pueden haber variado en los años más recientes en los que se ha producido un aumento de la desigualdad salarial entre los trabajadores cualificados y menos cualificados, como consecuencia sobre todo del cambio tecnológico. Las nuevas tecnologías de los ordenadores e internet demandan más trabajo cualificado, por lo que aumentan los salarios de los cualificados. También se debe, aunque en menor medida, al efecto de la globalización, pues, por un lado, a través del comercio internacional disminuye la demanda de productos intensivos en trabajo por la competencia de los países con abundancia de este factor, y por tanto afecta disminuyendo la demanda de trabajadores no cualificados. Por otro lado, a través de la inmigración, aumenta la oferta de trabajadores no cualificados. Por lo que ambos factores tienen como resultado una disminución de los salarios de los trabajadores no cualificados. El aumento de los salarios de los cualificados y la disminución de los no cualificados aumenta la desigualdad salarial.

      Las mejoras en el bienestar se han producido también por la implantación del Estado de bienestar, que ha supuesto un aumento de los gastos sociales: educación, sanidad, las prestaciones por desempleo, por enfermedad, pensiones, vivienda, etc., por tanto una transferencia de renta, a través de los impuestos, desde los más ricos hacía los más pobres. El gasto social ha aumentado como consecuencia del retraso en el establecimiento del Estado de bienestar respecto a los países más desarrollados, aunque todavía sigue siendo inferior. En 1975 el gasto social suponía el 14% del PIB y pasó a tener su máxima participación en 1993 con un 24%, siendo en 2000 del 20,1%. El gasto social medio de la Unión Europea fue del 27,6 en 2000.

      La población española es más educada y percibe una mayor y mejor asistencia sanitaria, y esta transformación se ha producido a lo largo de este perío -do. En cuanto a la educación, se produjo un salto importante en el nivel de escolarización en Primaria y Secundaria durante la década de los sesenta; pero el cambio en la educación Terciaria, a la que accedía una reducida proporción de la población, tuvo lugar en la década de los setenta y especialmente en los ochenta. La tasa bruta de escolarización en la educación Secundaria (alumnos sobre la población de 14 a 19 años) pasó del 22,11% en 1975 al 29,98% en 1985, y al 43,67% en 1993; aunque era ya alta en los sesenta, en 1970 era del 39,29 %. La tasa bruta de escolarización universitaria (alumnos sobre población de 20 a 24 años) pasó del 12,66% en 1975 al 26,17% en 1993, siendo del 7,54 en 1970. En cuanto a la sanidad, los distintos indicadores como el número de médicos y de diplomados en enfermería muestra un destacado aumento. El número de médicos por cada 10.000 habitantes fue del 15,3 en 1975, del 33,1 en 1985, del 41,3 en 1990 y de 43,5 en 1998; y el número de enfermeros pasó de 8,9 al 38 y al 51,7 en los mismos años. Mientras que, sin embargo, el número de camas por cada 10.000 habitantes permaneció estancado o incluso disminuyó, pues fue del 53,5 en 1975, y del 38,5 en 1997.

1.6. Conclusiones

En este capítulo se han explicado los rasgos más destacados de los avances y limitaciones del crecimiento y desarrollo económico español durante el perío - do 1975-2000. Entre las conclusiones más relevantes se destaca que la economía española se convierte en esta etapa en una economía desarrollada, en términos de renta per cápita, donde la mayor parte del PIB se genera en el sector servicios y la mayor parte de la población trabaja a su vez en este sector. El crecimiento económico además ha beneficiado a la mayoría de la población. La implantación del Estado de bienestar ha supuesto una redistribución de la renta, mediante la percepción de mayores beneficios sociales (seguro de desempleo, pensiones, seguridad social, etc.), y una mayor dotación de educación y sanidad, por lo que la población española es más educada y tiene una asistencia sanitaria universal.

      Asimismo se ha realizado la modernización demográfica, la disminución de las tasas de mortalidad y natalidad, y por tanto se ha obtenido un menor crecimiento demográfico, lo cual ha generado un nuevo problema demográfico: el envejecimiento de la población. Además se ha producido un destacado aumento de la esperanza de vida al nacer, estando ésta entre las más elevadas del mundo. El crecimiento económico y la demanda de mano de obra por el envejecimiento de la población explican el que España, que ha sido un país de emigración durante el siglo XX, se convierta en un país de inmigración desde la década de los noventa del siglo XX.

      La economía española durante este período se ha enfrentado a dos importantes retos: la crisis económica internacional producida por la elevación de los precios del petróleo y de las materias primas, y la integración en la economía internacional a partir de la entrada en la Unión Europea. La crisis econó -mica fue más grave por las peculiaridades de la economía y la política española; pero finalmente, sobre todo como consecuencia de la integración en la UE, se lograron realizar las políticas de ajuste que han conseguido eliminar los fuertes desequilibrios de déficit público y de balanza de pagos, y por tanto conseguir la estabilidad macroeconómica, requisito necesario para el crecimiento económico. La integración en la UE ha contribuido además al aumento de los niveles de renta per cápita conseguidos, sobre todo, en la década de los noventa.

      Sin embargo, a pesar de los avances mencionados, todavía persisten algunos factores que limitan la consecución de mayores niveles de renta per cápita y, por tanto, la convergencia a los niveles de renta per cápita de los países más desarrollados como la UE (15 países) y Estados Unidos. Entre ellos figuran el menor nivel educativo de la población ocupada y la menor inversión en investigación y desarrollo. La educación y la investigación y desarrollo son dos importantes retos a los que se tiene que enfrentar la economía en los próximos años para conseguir adoptar y desarrollar con éxito la nueva revolución tecnológica que suponen los ordenadores e Internet, es decir, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que en España tienen menor implantación que en los países más desarrollados. En definitiva, adaptar la educación a las demandas de las nuevas tecnologías y la mayor inversión en investigación y desarrollo, en general por parte de todos los sectores de la economía, pero, en especial, en los nuevos sectores de mayor crecimiento que surgen a partir de estas tecnologías, como las telecomunicaciones.

Bibliografía

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La crisis económica, 1975-1985

2.1. Introducción: la crisis de los años setenta en España

Tras más de una década de prosperidad, a principios de los setenta se produjo una crisis económica internacional que tuvo especial repercusión en España. Las tasas de inflación fueron muy altas, alcanzando el máximo del 25% en 1977, los desequilibrios exteriores fueron crecientes y la tasa de paro fue aumentando a lo largo de la crisis hasta alcanzar en los años ochenta cifras cercanas al 20%. La caída en las tasas de crecimiento y los desequilibrios macroeconómicos mencionados interrumpieron el proceso de convergencia que España había iniciado en la década de los sesenta. La crisis coincidió además con el proceso de transición política desde la dictadura de Franco al régimen democrático. Este hecho tuvo importantes consecuencias no sólo en su magnitud sino especialmente en las respuestas y las medidas adoptadas para hacer frente a la misma. La debilidad del gobierno en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la democracia postergó la toma de decisiones para hacer frente a los problemas ocasionados por la crisis. Sólo a partir de la firma de los Pactos de la Moncloa en 1977 se adoptaron medidas que permitieron estabilizar la economía y se aprobaron varias reformas de carácter estructural cuyo objetivo era modificar algunas de las bases en las que se había sustentado la economía durante el franquismo y que dificultaban la modernización y el desarrollo de la economía española.

      En primer lugar se analizará la crisis internacional así como los factores desencadenantes de la misma. En segundo lugar se estudiará la repercusión de la crisis en España y en concreto, cuáles fueron los factores que provocaron esa especial virulencia en la economía española.

2.2. La crisis internacional

El 16 de octubre de 1973 la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), creada en 1960 por los países productores de crudo para controlar el mercado, y de la que formaban parte Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Venezuela, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia y Nigeria, adoptó el acuerdo de elevar el precio del petróleo. Esta subida fue el resultado de varios acontecimientos que se produjeron en la zona de Oriente Medio desde finales de los años sesenta. La Guerra de los Seis Días iniciada por Israel para ocupar más tierras, la revolución libia en 1969, la muerte de Nasser en 1970 y el cambio político que se produjo en Egipto y finalmente, la guerra del Yom Kippur en el año 1973, entre otros factores, provocaron una difícil situación en esta región. Por un lado, estos cambios políticos aumentaron el grado de control de estos países sobre las explotaciones petrolíferas al nacionalizar las grandes compañías explotadoras de petróleo (Argelia nacionalizó parte de su industria petrolífera en 1971, Libia lo hizo en 1973 y Arabia Saudita en 1979). Por otro lado, Egipto y Siria, con el apoyo del resto de países árabes, atacaron el territorio israelí el 5 de octubre de 1973, día de la fiesta judía del Yom Kippur. Para defenderse del ataque árabe, Israel recibió ayuda de EE UU y además varios países europeos apoyaron tácitamente a Israel aunque sin participar en el conflicto.

      La respuesta de la OPEP fue contundente. En primer lugar, subió el precio del barril de petróleo de tres dólares a cinco. En segundo lugar, la OPEP estableció un sistema de embargo para aquellos países que respaldaban a Israel (EE UU y Holanda), si bien estos embargos duraron pocos meses y se levantaron en el verano de 1974. Además, decidieron reducir la producción de petróleo entre un 15 y un 20% y, después, continuar con una rebaja del 5% mensual hasta que Israel abandonara los territorios ocupados, medida que tampoco se aplicó. En diciembre de 1973, los países de la OPEP aprobaron una nueva subida que situó el precio del petróleo en doce dólares el barril. Esto suponía cuadruplicar el precio del crudo en unos tres meses (figura 2.1). Con estas medidas la OPEP consiguió dos objetivos: primero, utilizó el petróleo como instrumento político con el que castigar a los países que habían respaldado a Israel. Segundo, demostró al mundo el poder que tenían estos países, por ser los principales exportadores de petróleo del mundo, al controlar los precios, la cantidad de petróleo ofertada e indirectamente los beneficios.

      La subida en los precios del petróleo desencadenó una crisis mundial. Durante los años cincuenta y sesenta el modelo de crecimiento se había basado en sectores intensivos en el consumo de energía, especialmente petróleo (automóviles, bienes de consumo duradero, etc.). El resultado fue un fuerte aumento de la dependencia con respecto a este combustible, cuyo precio se mantuvo prácticamente estable entre 1960 y 1971 a pesar del importante crecimiento del consumo (entre 1958 y 1970 el precio del barril del petróleo se mantuvo en torno a los tres dólares el barril, y en términos reales hubo incluso una caída en el precio del barril). Como se puede observar en el cuadro 2.1, en 1955 el petróleo representaba el 31% de la energía frente al 51,6% del carbón, mientras que en 1973 el porcentaje correspondiente al petróleo había aumentado en más de un 50% (47,3% del consumo total de energía). Este aumento de la dependencia energética tuvo una especial trascendencia, ya que los principales países industrializados, a excepción de EE UU y la URSS, no eran productores de petróleo. Gran Bretaña y Noruega empezaron a producir petróleo después de la crisis tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en el Mar del Norte y en el caso de EE UU, aunque era productor a principios de los años setenta, era ya un importador neto de crudo.

FIGURA 2.1. Evolución de los precios del petróleo.

Fuente: Agencia Internacional de Energía (2004).

      El primer impacto directo de la subida de los precios del petróleo fue un aumento de los costes de producción que terminó por trasladarse a los precios provocando un fuerte aumento de la inflación. Aunque hubo diferencias notables entre países, el crecimiento de los precios al consumo durante los años setenta fue más del doble que en los sesenta y la mayoría de los países de la OCDE tuvieron tasas de inflación por encima del 10%. Éstos constituyen (figura 2.2) el hecho más singular de los años setenta y se vieron alimentadas por otros factores como la subida en el precio de otras materias primas y alimentos, los aumentos salariales, a los que haremos referencia a continuación, y el exceso de liquidez internacional que se produjo en estos años.

CUADRO 2.1. Consumo de energía primaria por países en 1955 y 1973

Nota: 1 MWh = 0,335 TEC (tonelada equivalente de carbón; Kec es lo mismo que TEC pero en términos per cápita); PIB a precios y tasa de cambiode 1973.

Fuente: Sudria (1987).

FIGURA 2.2. Comportamiento de la inflación: Tasa de crecimiento del IPC en Europa (15) y en España.

Fuente: United States Department of Agriculture (USDA), Economic Research Services (Internacional Macroeconomic Data Set).

      El aumento en los costes de producción y la caída en la demanda provocaron un descenso en los beneficios empresariales que desalentó a la inversión y acabó por ralentizar el crecimiento económico. De esta forma la crisis puso fin a la fase de “supercrecimiento” de los años cincuenta y sesenta, dos décadas con tasas de crecimiento muy superiores a las de las etapas anteriores y posteriores a la crisis. La tasa media de crecimiento para los países de la Europa de los doce cayó desde casi un 4% anual en los años sesenta a un 2,5% entre 1970 y 1978 (en el caso de los países de la OCDE pasó de una tasa media del 5% anual en los sesenta a un 2,5% entre 1970 y 1978) y todos los países sin excepción experimentaron caídas en sus tasas de crecimiento.

      La menor actividad económica favoreció el crecimiento del desempleo que pasó de una cifra media del 3% en 1974 al 10,8% en 1985 para los países de la OCDE. En ese sentido, los costes sociales de la crisis económica fueron crecientes ya que, a la pérdida de capacidad adquisitiva derivada del proceso inflacionista, se unió la destrucción de empleo. A esta combinación de altas tasas de desempleo y altas tasas de inflación se la conoce como estanflación. Este fenómeno era novedoso ya que en períodos anteriores de crisis, como la de los años treinta, la menor actividad económica había provocado un aumento del paro y una caída en el nivel general de precios, mientras que en la crisis de los setenta se produjo un crecimiento de la inflación acompañado de desempleo.

      El aumento de la factura petrolera provocó que los países no productores experimentaran fuertes déficits por cuenta corriente, es decir, al ser más caras sus importaciones aumentó el desequilibrio entre los ingresos por exportaciones y los pagos por importaciones. El resultado para los países no productores de petróleo fue una fuerte caída en sus relaciones reales de intercambio (RRI), esto es, una caída de la relación entre los precios de los productos exportados y los precios de los productos importados. Se estima que los países europeos transfirieron un 2% de su renta a los países productores de petróleo como consecuencia de la subida de los precios del crudo y esta transferencia de renta al exterior contrajo la demanda (tanto interna como externa), lo que afectó negativamente al empleo y a la inversión. Por el contrario, se produjo una mejora sustancial tanto en las cuentas exteriores como en las relaciones de intercambio de los países productores de petróleo.

      ¿Por qué la subida de los precios del crudo tuvo un efecto tan contundente? Aunque el estallido de la crisis fue consecuencia directa del shock petrolífero, su efecto se vio amplificado por diversos problemas derivados del propio crecimiento de las décadas anteriores. Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX la economía mundial experimentó una expansión sin precedentes, la denominada “edad dorada del capitalismo”. Como señala Eichengreen (2007), en el caso europeo, este crecimiento se produjo gracias a la conjunción de varios factores, que se resumen en el cuadro 2.2. En primer lugar, la configuración de un marco institucional favorable gracias a la adopción de acuerdos y la creación de organismos internacionales que propiciaron la cooperación internacional (OECE, Bretton Woods, FMI, Banco Mundial), la liberalización comercial (GATT), la integración de los mercados (CEE) y per -mitieron una mayor estabilidad económica. En segundo lugar, en este perío -do se completó el proceso de cambio estructural, es decir, el trasvase de recursos desde un sector menos productivo (la agricultura) a otro más productivo (la industria), generándose así importantes ganancias de productividad. En tercer lugar, Europa mejoró su posición tecnológica gracias a un proceso de transferencia de tecnología desde EE UU. Además aumentó la inversión directa estadounidense en Europa en sectores como la industria química. A este crecimiento de la inversión extranjera se unió el de la inversión interna, alentada por el crecimiento de la demanda (consumo, gasto público y exportaciones). Finalmente, hubo un importante proceso migratorio desde los países mediterráneos y del norte de África hacia los países europeos con mayores necesidades de mano de obra como Francia o Suiza, lo que mejoró el funcionamiento del mercado de trabajo europeo.

      A finales de los sesenta este modelo de crecimiento empezó a mostrar ciertos signos de debilitamiento. En primer lugar, las ventajas asociadas al marco institucional parecían agotadas. La integración del mercado europeo (CEE) ya se había completado en su primera fase, las negociaciones del GATT habían reducido los aranceles de los productos manufacturados en casi un 50% y el sistema monetario internacional basado en el dólar que se había implantado tras la Segunda Guerra Mundial (sistema de Bretton Woods) hacía aguas por todos lados. Los problemas del dólar para mantenerse como moneda que sustentaba el Sistema Monetario Internacional provocaron una creciente desconfianza y fuertes especulaciones contra esta moneda. Esta situación junto con el creciente deterioro económico de EE UU, agravado por la guerra de Vietnam, obligó a este país a declarar la no convertibilidad del dólar en 1971 y a devaluar con respecto al oro (acuerdo de Washington firmado por Nixon en 1971), lo que supuso la quiebra del sistema de Bretton Woods y el paso desde un sistema de tipos de cambio fijos, es decir, en el que existía una paridad fija entre el dólar y el oro y entre el dólar y el resto de monedas, a uno de tipos de cambio flotantes donde las paridades se determinaban en función de la oferta y la demanda de las diversas monedas.

      En segundo lugar, la mayoría de países europeos había completado su cambio estructural, es decir, había disminuido el peso del sector agrario y aumentado el del sector industrial. Además los países industrializados asis -tían a un proceso de terciarización de sus economías, o sea, a un aumento del peso del sector servicios, más intensivo en mano de obra y con menor crecimiento de la productividad que el sector industrial. En tercer lugar, cada vez era más difícil reducir la brecha tecnológica entre EE UU y Europa. El primero tenía un sistema educativo que parecía responder mejor a las necesidades del mercado laboral y además, invertía más en educación e investigación y desarrollo (I+D). En cuarto lugar, el fuerte proceso de capitalización que se había producido en los años sesenta provocó la aparición de rendimientos decrecientes del capital, por lo que cada vez era más difícil seguir aumentando la cantidad de producto cuando aumentaba el capital. En quinto lugar, los países del norte de Europa introdujeron medidas de control a la inmigración, lo que limitó la movilidad de la mano de obra.

CUADRO 2.2. Factores determinantes del crecimiento económico en los años sesenta y setenta del siglo XX

      Finalmente, las bajas tasas de desempleo y los altos niveles de crecimiento de los años cincuenta y sesenta alentaron las reivindicaciones salariales. Así, a partir de la revuelta de mayo de 1968 en Francia el salario mínimo subió un 35%, extendiéndose esta subida a otros países europeos como Bélgica, Italia, Holanda o Irlanda. Aunque los salarios reales no crecieron al mismo ritmo que los nominales, esta subida en los costes provocó una caída en las tasas de beneficios y alentó el proceso inflacionista antes de que se produjese la crisis petrolera.

      Por tanto, en un momento en el que la economía europea mostraba ciertas dificultades para seguir manteniendo tasas de crecimiento tan elevadas y en el que se estaban produciendo presiones inflacionistas se produjo un shock de oferta, la crisis energética de 1973, que aceleró el proceso de deterioro de la situación económica mundial al menoscabar los beneficios empresariales, generar un fuerte déficit exterior de los países no productores e intensificar el proceso de inflación. La caída en las tasas de crecimiento y el aumento del desempleo provocó una caída en los ingresos del Estado y un aumento en sus gastos (subsidios de desempleo, subvenciones a empresas con problemas, etc.) en un momento en el que la construcción del Estado de bienestar había incrementado el déficit público en la mayoría de países.

      La economía mundial apenas había tenido tiempo de asimilar el impacto de esta primera crisis cuando se produjo la segunda crisis del petróleo: entre 1979 y 1980 el precio del crudo subió un 150% (figura 2.1), pasando de 14 dólares por barril en 1978 a 35 en 1981. Esta nueva subida de precios estuvo vinculada no sólo a la fuerte demanda sino a la creciente inestabilidad de la zona de Oriente Medio. La revolución de Irán (“revolución blanca”) entre 1978 y 1979, que supuso la instauración de una República islámica, y la guerra entre Irán e Iraq en 1980 redujeron la oferta de crudo y provocaron esta nueva subida de los precios del petróleo. Así, por ejemplo, la revolución iraní supuso una pérdida de entre 2 y 2,5 millones de barriles de petróleo diarios entre noviembre de 1978 y junio de 1979 y tras la guerra entre Irán e Iraq la producción mundial de crudo se redujo en un 10% con respecto a la de 1979. A partir de ese momento la crisis mundial se agravó. La inflación se disparó y la tasa media de inflación para los países de la Europa de los quince superó el 11% en 1980, cifra superior a la que había alcanzado en los años 1974 y 1975. Al problema de la inflación y de los desequilibrios externos se sumó un aumento espectacu -lar del desempleo que prácticamente se duplicó en países como Alemania (donde la tasa de paro pasó de una media del 3,25% entre 1974 y 1979 al 6% entre 1980 y 1985), Francia (donde pasó del 4,5% al 8,3%) o Reino Unido (donde aumentó del 5,1 al 10,5%).

      Mientras que la crisis afectó duramente a Europa y EE UU, por el contrario los nuevos países emergentes experimentaron una fuerte aceleración de su crecimiento y así Japón, Hong Kong, Taiwán o Vietnam lograron tasas medias de crecimiento para el período 1970-1980 de más de un 6% para el caso japonés y de entre el 4 y el 5% para el resto de países, tasas que todavía fueron más elevadas a partir de 1980.

2.3. El impacto de la crisis en España

En este apartado se estudian las características específicas de la crisis en España, en concreto su gravedad y el hecho de que coincidiese la crisis económica con la transición política desde la dictadura de Franco a la democracia. A con -tinuación se analizan sus principales efectos económicos: la elevada inflación, el déficit exterior, la fuerte crisis industrial y el aumento del paro que la misma conllevó y, finalmente, la crisis bancaria.

             2.3.1.Los rasgos diferenciales de la crisis

La economía española sufrió mucho más que otros países de su entorno el impacto de la crisis, siendo ése su primer rasgo diferencial. ¿Por qué la crisis fue tan grave en España? En primer lugar, tenía unos condicionantes económicos que intensificaron el impacto de la crisis. España era un país de reciente industrialización, especializado en la producción de bienes que requerían un elevado consumo energético y que, a pesar del extraordinario crecimiento experimentado durante los años sesenta, década en la que creció a una tasa media del 7,3%, mostraba unos desequilibrios que la hacían muy vulnerable a un shock externo. En los primeros años setenta España todavía mantuvo una cierta inercia derivada de la fuerte expansión de los sesenta y los resultados económicos fueron relativamente aceptables. Así, la tasa de variación interanual del PIB entre 1970 y 1974 se situó de media por encima del 7%, hasta 1973 hubo una cierta estabilidad de precios manteniéndose la inflación en un dígito, el desempleo no aumentó significativamente e incluso se mantuvo el equilibrio externo.

      Sin embargo, la situación cambió radicalmente a partir de 1974 y el impacto de la crisis petrolera mostró las debilidades estructurales de la economía española. Como indica el cuadro 2.3, a partir de ese momento se produjo una caída del crecimiento económico y así la tasa media de crecimiento del PIB pasó del 7,3% en los sesenta al 3,5 en los setenta y sólo el 2,9% en los ochenta. Aunque estas tasas de crecimiento del PIB no diferían mucho de la media para la Europa comunitaria (cuadro 2.3), como el nivel de renta en España era más bajo el resultado fue que el proceso de convergencia entre España y el resto de países de la Europa comunitaria que se había producido en los años sesenta se interrumpió de forma abrupta con la crisis, y especialmente a partir de 1978, momento en el que España inició un proceso divergente respecto a los países de la CEE.

CUADRO 2.3. Tasas de crecimiento del PIB y del PIB industrial

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (1990): European Economy, 46, diciembre.

      El segundo rasgo diferencial de la crisis española fue el problema político. En 1972 Franco tenía 80 años y dejó la Presidencia del gobierno en manos de Carrero Blanco, asesinado en 1973 por ETA. Ese hecho fue decisivo para el futuro de la dictadura. Cuando ésta se encontraba prácticamente en fase de agonía, se produjo la primera subida de los precios del petróleo. A pesar de todo, la dictadura todavía duró otros dos años. Franco murió en noviembre de 1975 y Juan Carlos I fue proclamado Rey ante las Cortes orgánicas y el Consejo del Reino. Sin embargo, la delicada situación política hizo que en los últimos años de la dictadura y en los primeros tras la muerte de Franco no se adoptasen medidas para hacer frente a la crisis. Entre 1974 y 1977 el gobierno no sólo no adoptó medidas para luchar contra la crisis sino que trató de “disfrazarla” subvencionando los precios del crudo y aumentando el gasto público, cuestión que se analizará con más detalle en el capítulo 3. Estas medidas atrasaron temporalmente el ajuste, y si bien permitieron que a corto plazo los españoles no notaran las consecuencias de la crisis, hicieron que los problemas adquiriesen una extraordinaria dimensión.

      Por tanto, en España se produjo de forma simultánea una crisis económica, que coincidió temporalmente con el período en el que se acababa de industrializar, y un proceso de transición política iniciado en 1975 tras la muerte de Franco. La conjunción de ambos factores afectó no sólo a la magnitud de la crisis sino a la forma en la que se hizo frente a la misma. Los fuertes desequilibrios económicos la situaron prácticamente al borde del colapso, lo que obligó a plantear la necesidad de diversas reformas que acabaron con la firma en 1977 de los denominados Pactos de la Moncloa.

             2.3.2.Principales efectos de la crisis

La crisis ralentizó el crecimiento de la economía española y supuso un empeo -ramiento de los diversos indicadores macroeconómicos. La caída en la actividad económica fue generalizada, es decir, afectó a todos los sectores económicos, si bien el mayor impacto se produjo en el sector industrial. La crisis y las medidas de ajuste que se realizaron a partir de los Pactos de la Moncloa provocaron cambios sustanciales en la estructura productiva. En primer lugar, entre 1970 y 1985 continuó el proceso de cambio estructural, produciéndose una caída de la participación del sector agrario tanto en términos de producción como de empleo y aumentando la participación del sector servi -cios (cuadro 1.4). En segundo lugar, la crisis provocó un proceso de reestructuración sectorial. Este cambio fue traumático para algunos sectores, ya que destruyó parte del tejido industrial y puestos de trabajo pero, por otro lado, el ajuste derivado de la crisis y la posterior política de reconversión mejoró, de forma insuficiente pero no despreciable, la productividad al crecer la participación de las industrias más avanzadas tecnológicamente en detrimento de las más tradicionales. A continuación se analizarán los principales efectos de la crisis que se han resumido en el cuadro 2.4.

A) Inflación

      Al igual que en el resto de países, el principal efecto de la crisis petrolífera en España fue un aumento de la inflación. Durante gran parte de la etapa franquista España había mantenido altas tasas de inflación, especialmente en los años de posguerra, para situarse posteriormente en una tasa media para las décadas de los cincuenta y los sesenta en torno al 6% (6,2% en los cincuenta y 5,8% en los sesenta). Sin embargo, entre 1973 y 1979 la inflación se disparó hasta llegar a alcanzar la cifra máxima del 25% en el año 1977, manteniéndose una tasa media de inflación para ese período por encima del 17%. En estos años el diferencial de inflación con respecto a los países europeos aumentó, y así, mientras que la tasa media de inflación para la Europa de los quince se mantuvo en torno al 8,8% entre 1971 y 1975, en España se situó en el 12,1% y la distancia se amplió en el período 1976-1980 cuando dicha tasa se mantuvo en el 8,8% para los países europeos mientras que en España alcanzó el 18,8%, es decir, fue más del doble (figura 2.2 y cuadro 2.5).

CUADRO 2.4. Efectos de la subida de los precios del petróleo en la economía española

      Este diferencial de inflación fue el resultado de la falta de medidas por parte de las autoridades para hacer frente a la crisis pero también una consecuencia de la herencia franquista. Durante los primeros años del franquismo el problema inflacionista pudo estar ligado a la escasez pero posteriormente su causa fundamental fue la utilización de una política monetaria muy permisiva con la que se hizo frente a los fuertes déficits públicos. El apoyo a la industrialización y el intervencionismo estatal aumentaron el gasto pero, sin embargo, no hubo un crecimiento paralelo de los ingresos al mantenerse una estructura fiscal muy atrasada. El fuerte déficit público obligó al gobierno de Franco a buscar mecanismos urgentes de financiación y éste recurrió a la continua emisión de billetes y de “deuda pública automáticamente pignorable”, títulos que fundamentalmente adquirían los bancos y que podían ser automáticamente transformados en dinero líquido sin apenas coste. El resultado fue un gran aumento de la cantidad de di -nero en la economía que favoreció el proceso inflacionista, convirtiéndose en un problema persistente de la economía española (Fanjul, Navarrete y Rodríguez, 1987).

      Sólo a finales de los cincuenta, con el denominado Plan de Estabilización de 1959, se consiguió controlar la inflación, si bien durante los años sesenta los precios continuaron teniendo un comportamiento muy inestable. El “miniplán” de 1967 intentó luchar contra las tensiones inflacionistas y moderó el crecimiento de los precios pero, sin embargo, éstos volvieron a repuntar a partir de 1970. A principios de los setenta de nuevo el aumento en las disponibilidades líquidas y el crédito hizo que la cantidad de dinero creciese a tasas muy elevadas (de un 18% anual entre 1974 y 1981).

      Por tanto, la subida en los precios del petróleo lo que hizo fue alimentar unas tendencias que venían produciéndose en la economía española desde hacía décadas y situó la tasa media de inflación para la década de los setenta en un 14,39%, cifra muy superior a la de cualquier otro período, incluyendo la etapa autárquica. Además del shock petrolero y de la falta de control monetario, otro factor que intensificó la inflación fue el aumento del coste del factor trabajo. El salario bruto por trabajador entre 1970 y 1975 tuvo una tasa de crecimiento anual media en torno al 19%.

CUADRO 2.5. La inflación “diferencial” española (%)

Fuente: Monreal Luque (1983).

CUADRO 2.6. Evolución de los salarios (tasa de crecimiento en porcentajes)

Nota: Tipo de cotización (1): Cotizaciones sociales/sueldos y salarios netos.

Fuente: Monreal Luque (1983).

      ¿Por qué los salarios subieron tanto? Como herencia del franquismo, en España los salarios se determinaban mediante un sistema de convenios colectivos en el que el crecimiento de los mismos se fijaba añadiéndole a la tasa de inflación del año anterior entre dos y tres puntos (sistema de sobreindiciación de los salarios). España era un país con salarios bajos en relación a Europa, pero en los años sesenta el crecimiento y las mejoras en la productividad permitieron la concesión de implementos salariales y otras ventajas sociales, produciéndose así una paulatina desarticulación del modelo de relaciones laborales franquista, de carácter autoritario y paternalista (Monreal, 1983). Además se produjo un aumento de las cotizaciones a la seguridad social de manera que entre 1965 y 1982 el tipo medio de cotización de las empresas a la seguridad social calculada como un porcentaje sobre los sueldos y salarios netos subió en 16 puntos porcentuales (cuadro 2.6). Estos tres factores (subida de los precios del petróleo, crecimiento de las disponibilidades líquidas y alza de los costes laborales) provocaron un gran aumento de la inflación que afectó negativamente a la competitividad de las exportaciones españolas, a la demanda interna y erosionó los niveles de ahorro.

B) Déficit exterior

      El segundo gran problema derivado del shock petrolífero fue el deterioro de la posición exterior de la economía española que, como se puede observar en el cuadro 2.7, casi multiplicó por cuatro su déficit exterior entre 1970 y 1974: pasa de –131.200 millones de pesetas (788,5 millones de euros) a –406.473 (2.443 millones de euros). Tampoco los problemas de la balanza de pagos eran nuevos para España. El modelo autárquico y la falta de competencia había limitado durante gran parte de la etapa franquista las exportaciones españolas y los desequilibrios comerciales habían sido recurrentes. Sólo tras el Plan de Estabilización de 1959 se produjeron algunos cambios. A finales de los cincuenta España se encontraba prácticamente en situación de suspensión de pagos. En ese contexto, presiones internas, vinculadas a la cada vez mayor difusión de las posturas liberalizadoras, y externas, que condicionaban la entrada de España en algunos organismos internacionales como el FMI a la adopción de cambios en el funcionamiento económico, llevaron a la introducción de un paquete de reformas (el Plan de Estabilización de 1959) destinadas a liberalizar la economía española, lo que le permitió mejorar sus cuentas exteriores e inició una fase de crecimiento en los sesenta. Pero la liberalización fue tímida y en 1960 se aprobó un arancel proteccionista que respondía en parte a los intereses de determinados sectores industriales y también al temor a la competencia. El saldo de la balanza de mercancías presentó un déficit en 1961 que a partir de ese momento se convirtió en crónico. El principal problema de la balanza de pagos era el desequilibrio comercial, cuyo déficit no pudo cubrirse con otras partidas de servicios, transferencias y capitales a largo plazo. A pesar de la importancia que adquirieron en este período los ingresos derivados tanto de las remesas de emigrantes procedentes de la creciente emigración desde España a los países del norte de Europa como del sector del turismo, el saldo de la balanza de pagos fue deficitario.

      La etapa más crítica fueron los años 1963-1969, lo que llevó a aplicar en 1967 un “miniplán” de estabilización que a través de una devaluación de la peseta mejoró ligeramente la posición exterior al abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones. Entre 1970 y 1973 las cuentas exteriores mejoraron, las exportaciones crecieron, el saldo de la balanza de servicios fue más favorable y las entradas netas por transferencias y capitales permitieron un considerable aumento de las reservas exteriores. Sin embargo, la situación volvió a agravarse como consecuencia de la subida de los precios del crudo: entre 1973 y 1980 la factura petrolera se multiplicó por 10 y sólo entre 1979 y 1980 dicha factura aumentó casi un 70%, aumentando así el déficit de la balanza comercial en un 122%. El alza en los precios del crudo produjo, además, un vuelco espectacular en las relaciones reales de intercambio que pasaron de 79,9 en 1970 a 66,6 en 1974 y a 59,1 en 1980.

CUADRO 2.7. Posición exterior de la economía española e importaciones de petróleo

Fuente: Tena (2005).

      Además de producirse una caída en las exportaciones, un encarecimiento de las importaciones y una disminución de los ingresos por turismo, el empeoramiento de la situación internacional junto con el aumento de la incertidumbre política también afectó negativamente a la inversión exterior, que se redujo sustancialmente a partir de 1974 (Serrano Sanz, 1994).

C) Crisis industrial y paro

      La tercera consecuencia directa del shock petrolero fue la profunda crisis industrial, más débil entre 1974 y 1978, y de especial gravedad a partir de este año. La crisis industrial estuvo ligada a varios factores entre los que destacaremos el aumento de los costes de producción, la caída en la demanda interna y el incremento en la competencia internacional.

      Con respecto al aumento de los costes de producción, a la subida de los precios de la energía y de otras materias primas se le unió el aumento de los costes laborales y, más tarde, de los financieros. El alza en los costes junto con la disminución de la actividad económica provocó una importante caída en los beneficios empresariales. Como muestra el cuadro 2.8 la caída en la tasa de la rentabilidad para las empresas no financieras fue excepcional, pasando de un 7,2% en 1970 a un 5,9% en 1974 y derrumbándose a un 0,6% en 1978 hasta alcanzar cifras negativas (–0,8%) en 1980.

CUADRO 2.8. Rentabilidad financiera de las empresas españolas

Fuente: Tafunell (2005).

      El empeoramiento de la situación empresarial tuvo dos efectos. En primer lugar, un aumento del endeudamiento en una estructura empresarial como la española, caracterizada ya de por sí por mantener unos bajos niveles de autofinanciación y una fuerte dependencia con respecto al crédito externo. A este aumento del endeudamiento contribuyó inicialmente una financiación barata, ya que la elevada inflación hizo que los tipos de interés reales en parte del período fuesen negativos. La situación cambió durante los años ochenta cuando la paulatina liberalización del sector financiero permitió que los tipos de interés se disparasen, lo que como hemos señalado supuso un fuerte encarecimiento del coste del capital para unas empresas fuertemente endeudadas. En segundo lugar, una caída en la inversión, que todavía fue más fuerte como consecuencia de la incertidumbre asociada a los acontecimientos políticos del período. La tasa de variación de la inversión fue negativa desde 1975, cayendo especialmente entre 1974 y 1975 (–4,5%) y entre 1978 y 1979 (–4,4%) y desplomándose en los primeros años ochenta (–6,9% entre 1983 y 1984), hasta el punto de que algunos autores hablan de proceso de “desinversión” al referirse a este período.

      El empeoramiento de las expectativas y el aumento del paro provocaron una caída de la demanda interna. A ésta se le unió la disminución en la demanda internacional y los graves problemas de competitividad de los productos españoles, que llevaron a un declive de las exportaciones. Durante los años sesenta España asistió a un importante cambio estructural, con una migración interna de más de 10 millones de personas desde las zonas rurales a los centros urbanos de Cataluña, País Vasco, Madrid y la Comunidad Valenciana; la actividad industrial se convirtió en el motor del crecimiento económico como lo muestran los progresos que alcanzaron sectores como el químico, las metálicas básicas, los transformados metálicos o la construcción de vehícu -los de transporte, sectores causantes de la expansión y protagonistas del proceso de difusión del cambio tecnológico. Como se puede observar en el cuadro 2.9, estos sectores fueron adquiriendo mayor peso y así, mientras que en 1970 el porcentaje que representaban los sectores de demanda creciente, que eran los tecnológicamente más avanzados (aeronaves, maquinaria de oficina y ordenadores, maquinaria y material eléctrico, material electrónico, instrumentos de precisión, productos farmacéuticos y química), era del 11,2% del total de la producción industrial, en 1985 ese porcentaje había subido al 13,9% (es decir, creció un 24%). A pesar de ello, el análisis del peso relativo de los sectores avanzados muestra que si bien en 1981 el peso que tenían estos sectores sobre el conjunto de la producción industrial en España era del 12,8%, la media para los países de la Europa comunitaria era del 23,8%, es decir, muy superior.

      Por tanto, aunque la dirección de los cambios fue la correcta, los avances fueron insuficientes y la estructura industrial española continuó caracterizándose por una escasa especialización en sectores avanzados, por un bajo nivel de capitalización y de inversión en investigación y desarrollo, por un atraso tecnológico en aspectos como el diseño, la ingeniería y la concepción de procesos y equipos, por una estructura empresarial formada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y por una baja cualificación relativa tanto de la mano de obra como de los directivos. Además muchos de estos sectores como el automóvil, los electrodomésticos, la construcción o el sector químico eran muy intensivos en el consumo de energía, fundamentalmente petróleo. Todo ello hacía que los niveles de productividad de la industria española fuesen bajos en términos comparativos con los de la Europa comunitaria (Fuentes Quintana, 1993).

      El problema se agravó por el aumento de la competencia internacional vinculado al surgimiento de un grupo de países de nueva industrialización que competían en sectores que tenían un gran peso en la economía española. Sectores como la siderurgia, los materiales no férreos, la construcción naval, los productos metálicos, los minerales no metálicos, el sector textil y de confección o el cuero y calzado (que representaban en el año 1970 el 39,8% del total de la industria española) se enfrentaron durante los setenta no sólo a un débil crecimiento de la demanda internacional (por eso en la clasi -ficación sectorial del cuadro 2.9 se les considera sectores de demanda débil), sino también a un aumento de la oferta mundial y a una cuota de mercado creciente de los países de reciente industrialización (Corea, Taiwán, etc.), gracias a las ventajas comparativas de estos países.

      No podemos desvincular los problemas de competitividad del mantenimiento de una estructura económica muy intervenida heredada del franquismo (Fuentes Quintana, 1993). Durante toda la etapa franquista se estableció una estructura institucional intervencionista. Las medidas reguladoras que afectaban a los mercados de bienes y factores eran de diversos tipos: barreras de entrada, subvenciones fiscales a determinados sectores, circuitos privilegiados de financiación, control de los tipos de interés, etc. Aunque el Plan de Estabilización inició un proceso de liberalización, las medidas de política económica fueron contradictorias y el Estado aumentó el intervencionismo en determinadas áreas. Así, como hemos señalado, no sólo se aprobó el Arancel de 1960, que era muy proteccionista, sino que entre 1963/64 y 1973 se pusieron en marcha los denominados circuitos privilegiados de financiación, un mecanismo de intervención sobre los fondos prestables que pretendía desviar el uso de dichos fondos (en manos fundamentalmente de las cajas de ahorro) hacia determinados sectores considerados prioritarios. De nuevo el Estado utilizaba el intervencionismo para alterar la asignación de recursos en la economía utilizando además criterios que orientaban de forma inadecuada la asignación de los mismos y el ímpetu inicial en la aplicación de medidas liberalizadoras se fue diluyendo progresivamente. Al final el intervencionismo económico y fundamentalmente financiero distorsionó la utilización del ahorro, modificó la asignación de recursos entre sectores y limitó la competencia y, de ese modo, la eficiencia.

CUADRO 2.9. Estructura sectorial: porcentaje de cada sector sobre el conjunto de la producción industrial

Fuente: Ministerio de Industria y Energía (1987): España en Europa: un futuro industrial. Ediciones Tabapress. Madrid.

      Estos problemas de competitividad se vieron acentuados por otros desequilibrios entre los que destacaríamos los siguientes. En primer lugar, un escaso desarrollo del sector comercial, lo que dificultó la distribución y comercialización de los productos. En segundo lugar, un fuerte déficit en la provisión de bienes y servicios públicos, incluyendo también serias carencias en el terreno de las infraestructuras. En tercer lugar, un sistema financiero poco desarrollado y muy intervenido. Aunque se realizó una reforma del sistema bancario en 1962, ésta no produjo cambios significativos ni mejoró de manera sustancial la eficiencia del sistema financiero.

      Como se puede ver en el cuadro 2.3 en el que aparecen las tasas de crecimiento del PIB industrial, la crisis industrial todavía no se percibió a nivel macroeconómico durante los setenta, ya que la tasa de crecimiento del PIB industrial se situó en el 5%, por encima de la media comunitaria (3,2%). Sin embargo, a partir de 1978 la recesión se hizo más fuerte ya que a los factores antes mencionados se añadió no sólo la aplicación de una política más realista de los precios del petróleo sino también la segunda crisis del petróleo de 1979 y el alza en los tipos de interés. La tasa de crecimiento media del PIB industrial se mantuvo en sólo un 1,7% entre 1981 y 1990 frente al 2,6% para la Europa comunitaria y las tasas de variación interanuales fueron negativas durante muchos años.

      La desaceleración del crecimiento económico y la crisis industrial provocaron un importante aumento del desempleo (cuadro 2.10), especialmente en la década de los ochenta. La tasa de paro entre 1974 y 1979 fue similar a la de Reino Unido y no muy superior a la italiana o la francesa, pero a partir de 1980 la tasa de desempleo en España fue de prácticamente el doble de la de los principales países europeos. Para entender el comportamiento del desempleo hay que considerar algunos aspectos que caracterizaron al mercado de trabajo español. En este período se produjo un aumento de la población en edad de trabajar vinculado esencialmente al crecimiento demográfico asociado al baby boom que se produjo en España en los años sesenta, mano de obra que accedió al mercado laboral entre los años setenta y ochenta, y a la mayor incorporación de la mujer al trabajo. Además se interrumpió el flujo migratorio. Según el INE entre 1959 y 1973 algo más de un millón de españoles emigraron a Europa. Cuando estalló la crisis los países europeos introdujeron medidas para evitar la entrada de emigrantes interrumpiéndose la salida de emigrantes y reduciéndose la entrada de remesas, de manera que a partir de 1974 el saldo migratorio para España comenzó a ser negativo.

      Este desequilibrio entre oferta y demanda de mano de obra se vio agravado por varios factores. En primer lugar, el proceso de cambio estructural realizado en los años sesenta todavía no había concluido en los setenta y eso hizo que en esta década todavía hubiese un fuerte ritmo de expulsión de la mano de obra desde el sector agrario, en un momento en el que el sector industrial y los servicios eran incapaces de absorber esa mano de obra procedente de las zonas rurales. En segundo lugar, el mercado laboral español se caracterizaba por su fuerte rigidez, con la prohibición del despido libre y con un tipo de contratos que hacía muy difícil a la empresa la adaptación a las condiciones del mercado. En tercer lugar, otro de los problemas del mercado laboral estaba ligado a una deficiente política educativa que hubiese exigido reorientar el sistema educativo hacia las nuevas necesidades del mercado de trabajo.

CUADRO 2.10. Evolución del desempleo (tasa de paro)

Fuente: Layard, Nickell y Jackman (1991).

      Finalmente, como ya se ha mencionado, el aumento del desempleo fue también una consecuencia del encarecimiento de los costes laborales derivado no sólo de la subida de los salarios nominales sino también de las cotizaciones a la seguridad social; este crecimiento en los costes laborales fue muy superior al que permitía el crecimiento de la productividad a pesar de que ésta aumentó considerablemente entre 1960 y 1980 (cuadro 2.11). Sin duda esas subidas salariales son una muestra, de nuevo, de una política económica que apostaba por mantener una cierta ilusión monetaria sin valorar sus costes. Algunos autores han considerado también el efecto que pudo tener el mantenimiento de unos tipos de interés reales negativos que afectaron a los precios relativos entre capital y trabajo y que favorecieron el mayor uso de capital, si bien es cierto que esta tendencia a aumentar el uso del capital frente al factor trabajo no se produjo en todos los sectores y además estuvo vinculada no sólo al precio del factor capital sino a las tecnologías que eran competitivas en aquel momento (Martínez Serrano et al., 1983). Por tanto, en esta etapa se produjo un aumento del desempleo como consecuencia de la finalización del cambio estructural y la crisis industrial, si bien es cierto que su magnitud puede explicarse además por la existencia de graves problemas de funcionamiento en el mercado de trabajo español.

CUADRO 2.11. Evolución de la productividad del trabajo industrial (1900=100)

Fuente: Carreras (1987).

D) Crisis bancaria

      La crisis industrial se vio acompañada por una fuerte crisis bancaria. Uno de los rasgos tradicionales de la banca española ha sido su participación en la industria, es decir, el mantenimiento por parte de las entidades bancarias de una cartera considerable de valores industriales. Los bancos participaban fundamentalmente en sectores como las eléctricas o la construcción y en muchos casos tenían una elevada concentración de riesgo en determinados sectores y empresas participadas. Como señala Cuervo (1988), la crisis bancaria fue el resultado de factores exógenos y endógenos al funcionamiento del sistema bancario. El principal factor exógeno fue la crisis industrial, que afectó a las entidades bancarias a través de dos vías. En primer lugar, se produjo un aumento del número de impagados como consecuencia del deterioro del entorno económico y de la crisis empresarial. En segundo lugar, la crisis industrial desembocó en una crisis bursátil que dañó seriamente a la cartera de los bancos.

      Los factores endógenos hacen referencia a varios factores internos del sistema financiero que contribuyeron al deterioro de la situación de muchas entidades bancarias: a) La falta de profesionalidad y la aplicación de conductas temerarias e incluso ilegales de algunos banqueros. b) La ausencia de un marco legal adecuado que permitiese no sólo una mayor vigilancia y supervisón del sector sino una actuación más rápida del Banco de España con objeto de amortiguar los efectos de la crisis. Entre 1978 y 1983 casi la mitad de los bancos existentes tuvieron problemas y el Fondo de Garantía de Depósitos, organismo que se crea como respuesta a la crisis para asegurar los depósi -tos e instrumentar diversos mecanismos de intervención con los que hacer frente a dicha crisis, tuvo que intervenir en 29 entidades. c) El proceso de liberalización bancaria llevó a los bancos y cajas a iniciar una fuerte competencia, especialmente a través del aumento en el número de oficinas que incrementó la estructura de costes de las entidades financieras.

      El coste de la crisis fue muy elevado. Como se verá en el siguiente capítulo, tanto el sector público como el sector privado tuvieron que realizar importantes contribuciones para el saneamiento de la crisis. La aportación del sector público estuvo en torno a los 1.339.711 millones de pesetas (8.052 millones de euros), y la del sector privado rozó los 350.000 millones de pesetas (2.103 millones de euros), cantidades muy importantes en un momento en el que la economía española estaba atravesando una difícil situación (Cuervo, 1988).

      La gravedad de la crisis hizo que durante la década de los ochenta los bancos adoptaran una postura más conservadora y reestructurasen sus carteras desprendiéndose de valores industriales, concentrando sus intereses en un número de sectores más reducido, aumentando los títulos públicos, y reorientando su actividad más hacia el negocio bancario que hacia el industrial. Pero, además, los bancos intentaron cargar sobre sus clientes una gran parte del coste de la crisis mediante un aumento de los tipos de interés que cobraban por sus créditos. El resultado fue un aumento muy significativo del margen financiero de los bancos y una mejora de los resultados del sector bancario a partir de 1985.

E) Déficit público

      Todos los desequilibrios mencionados derivaron en un crecimiento del déficit público. La crisis aumentó el gasto público, mientras que España tenía un sistema fiscal ineficiente e incapaz de hacer frente a las necesidades del Estado. Se produjo una expansión del gasto del Estado a través de diferentes vías. En primer lugar, como se ha señalado anteriormente la debilidad del gobierno llevó a que éste asumiese una gran parte del coste de la crisis a través de una política de subvención de los precios del petróleo, de aumento del gasto público y de subvenciones destinadas a empresas con problemas. En segundo lugar, la propia crisis generó una disminución de los ingresos del Estado (por los menores niveles de renta, el desempleo y el aumento de la economía sumergida) y un aumento de los gastos por desempleo. En tercer lugar, la democracia impuso la necesidad de comenzar con la construcción del Estado de bienestar. España tenía con relación a Europa un fuerte atraso en la provisión de bienes y servicios públicos y el cambio político aumentó las demandas sociales. Estos tres factores incrementaron el gasto, lo que contrastaba con las dificultades para aumentar los ingresos.

      La falta de ingresos estaba relacionada con la existencia de un sistema tributario muy atrasado. El alto nivel de evasión, la falta de progresividad y el bajo nivel de recaudación son una muestra del atraso del sistema fiscal y de su incapacidad para hacer frente a las crecientes necesidades del Estado. El resultado fue un aumento del déficit público que pasó de un saldo negativo de –14.782 millones de pesetas (88,8 millones de euros) en 1970 a –27.228 (163,6 millones de euros) en 1975 y –315.205 (1.894 millones de euros) en 1978, lo que exigió llevar a cabo una reforma tributaria en 1977. Esta reforma, que se explicará en el capítulo 3, acercaba al sistema tributario español al sistema centroeuropeo, es decir, aumentaba el peso de los impuestos sobre la renta con relación a la imposición indirecta e incluía la idea de progresividad en el pago de los impuestos.

2.4. Conclusiones

España sufrió más que otros países de su entorno la crisis de los años setenta. Los problemas de inflación y de desequilibrio externo fueron muy graves, y la crisis industrial provocó la destrucción de un gran número de puestos de trabajo hasta alcanzar tasas de desempleo cercanas al 20%. La profundidad de la crisis estuvo ligada a dos tipos de factores: económicos y políticos. Con respecto a los factores económicos, destacaremos los siguientes. En primer lugar, España era un país de reciente industrialización y, por tanto, la crisis se produjo en un momento en el que todavía no había consolidado ni modernizado su estructura industrial, ni siquiera había completado su proceso de cambio estructural. En segundo lugar, la industria española era muy intensiva en energía, lo que hizo que la factura petrolera se disparase. En tercer lugar, se tuvo que hacer frente a la competencia ejercida por los países asiáticos de reciente industrialización, que competían en sectores como el textil, calzado o la siderurgia, entre otros, que tenían un peso muy importante en el conjunto de la producción industrial española. Finalmente, existían importantes desequilibrios heredados del franquismo, y provocados especialmente por la escasa liberalización y el exceso de intervencionismo que habían dificultado la competencia y, por tanto, las mejoras de eficiencia de la economía española.

      Con respecto a los factores políticos, la crisis económica coincidió con el proceso de transición política desde la dictadura de Franco al régimen democrático. Como se ha explicado, este hecho no sólo aumentó la incertidumbre sino que, además, hizo que los débiles gobiernos retrasasen la puesta en marcha de medidas con las que hacer frente a la crisis. Una reacción más temprana y rotunda a los problemas que padecía la economía española hubiera evitado que éstos hubieran adquirido tal magnitud. Los resultados fueron, como se ha señalado, fuertes desequilibrios macroeconómicos básicos (inflación, déficit exterior y déficit público) y una crisis industrial y bancaria con fuertes costes no sólo en el terreno económico, sino también en el social, lo que exigió la aplicación de un paquete de reformas vinculado a la firma de los Pactos de la Moncloa de 1977.

Bibliografía

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   3   

La respuesta a la crisis

3.1. Introducción. La tardía respuesta a la crisis: los Pactos de la Moncloa

La debilidad de los últimos gobiernos de la dictadura y de los primeros de la democracia retrasó la adopción de las medidas necesarias para hacer frente a los problemas de la economía española. Los elevados costes sociales que podía tener la implementación de las medidas y reformas necesarias para luchar contra la crisis eran difícilmente asumibles por gobiernos tan frágiles. El resultado de esta relativa pasividad ante la crisis fue la magnitud que adquirieron algunos problemas económicos como la inflación o el desequilibrio externo. En este capítulo se analiza la respuesta de los diferentes gobiernos ante la crisis entre 1975 y 1985.

      En el primer apartado se estudian las dificultades de los gobiernos franquistas para implementar una política económica efectiva así como el intento del primer gobierno de la democracia de buscar una salida consensuada a la crisis, lo que se plasmó en la firma de los denominados Pactos de la Moncloa. Desde la firma de los Pactos de la Moncloa en 1977 hasta 1985 se instrumentaron dos tipos de medidas para luchar contra la crisis. De un lado, políticas estabilizadoras para hacer frente a los problemas más urgentes: inflación, déficit público y desequilibrio exterior, y de otro lado, reformas estructurales, destinadas a modernizar la economía española.

      Como muestra el apartado 3.2, las medidas estabilizadoras aplicadas por los gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD) consiguieron controlar la inflación y el desequilibrio externo en el corto plazo, sin embargo, la falta de una política monetaria efectiva y un shock externo, la segunda crisis del petróleo de 1979, pusieron de manifiesto la debilidad de esta recuperación. Además, las propias necesidades asociadas a la crisis y la construcción del nuevo Estado de bienestar provocaron un problema crónico de déficit público. Sólo a partir de 1982 la mayoría absoluta lograda por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) permitió modificar la dirección de la política económica y gracias ello se pudo luchar con mayor efectividad contra la inflación, si bien no se consiguió reducir el déficit público y el desempleo aumentó significativamente.

      Con respecto a las reformas estructurales, que se analizan en el apartado 3.3, los Pactos de la Moncloa introdujeron una reforma fiscal e iniciaron un proceso de reconversión industrial. Sin embargo, la inestabilidad política, el temor generado por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la paulatina desintegración de la UCD provocaron una difícil situación política que impidió avanzar en la implantación de estas reformas. De nuevo a partir de 1982 se lograron avances sustanciales en las reformas estructurales, especialmente en términos de reconversión y saneamiento del sector bancario que, sin embargo, tuvieron un elevado coste económico para el conjunto de la sociedad española.

             3.1.1.La situación pre-pacto

La respuesta ante la crisis estuvo condicionada por la difícil situación política. La crisis del petróleo estalló en 1973, dos años antes de la muerte de Franco, cuando éste ya estaba enfermo y Carrero Blanco había asumido la presiden -cia del gobierno. La muerte en un atentado de su sucesor, Carrero Blanco, debilitó todavía más la posición franquista. El nuevo gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, estaba compuesto por ministros de muy diversas tendencias, que iban desde algunos fuertemente continuistas a otros más partidarios de una progresiva apertura. En el cuadro 3.1 aparecen los diferentes ministros de Hacienda y Economía del período 1973-1985, y en lo que a la etapa 1973-1976 se refiere, muestra una gran inestabilidad, ya que en sólo tres años hubo tres responsables económicos diferentes, lo que refleja el clima de incertidumbre imperante.

      En estos últimos años de la dictadura el momento político era lo suficientemente delicado y el gobierno lo bastante débil como para no querer asumir el coste que en términos sociales y políticos podían tener algunas de las reformas requeridas para hacer frente a la crisis. Por ese motivo, y probablemente por que no se realizó un correcto diagnóstico de la situación y se consideró que la crisis sería pasajera, las medidas adoptadas intentaron amortiguar el impacto de la misma. La muestra más clara de este intento de “maquillar” la crisis fue la adopción de una política compensatoria de los precios de los carburantes, es decir, el mantenimiento de los precios del petróleo mediante la concesión de subvenciones y desgravaciones tributarias. Al no trasladar el alza en los precios del crudo al consumidor se intentó evitar un drástico ajuste interno, lo que supuso que el Estado asumiese el coste de la crisis a través del crecimiento del déficit presupuestario. Como consecuencia de estas medidas el comportamiento del consumo de petróleo en España fue diferente a otros países. Mientras que en otros países la subida de los precios del crudo se trasladó a los consumidores, lo que contrajo sustancialmente la demanda de combustible, en España las empresas y los consumidores finales no realizaron ningún esfuerzo por ahorrar energía y el consumo de petróleo subvencionado aumentó en esos años.

CUADRO 3.1. Cronología de los diferentes ministros de Hacienda y Economía, 1975-1985

      A pesar de estas medidas de intervención, los efectos de la crisis se notaron pronto y se produjo un paulatino aumento de la conflictividad social. El gobierno actuó con gran dureza para ahogar la respuesta social pero, por otro lado, continuó encubriendo la situación mediante un aumento del gasto público que hiciese frente a la posible contracción de la demanda. Así, además de introducir mecanismos de intervención para evitar la subida de los precios, mantuvo una política monetaria laxa, es decir, con tipos de interés bajos y en la que el Banco de España suministró financiación abundante tanto a la banca como al Tesoro público. Con estas medidas lo único que se consiguió fue disimular la crisis e impedir que la inflación se disparase a corto plazo a costa de que empeorasen el déficit público, por el aumento del gasto, y el exterior, por el incremento no sólo de la factura petrolera sino del consumo de crudo.

      En 1974 el fuerte deterioro de la situación económica, especialmente el aumento de la inflación y del déficit de la balanza de pagos, obligó a tomar medidas. En concreto, se aplicaron precios más realistas para la energía (aunque ésta continuó subvencionada), se regularon algunos precios para controlar la inflación y se mantuvo el tipo de cambio. Los resultados de estas medidas fueron escasos y aunque se moderó ligeramente la subida de los precios en el corto plazo, no fue posible frenar el deterioro de la posición exterior. Además, los costes salariales continuaron su tendencia al alza, lo que provocó una disminución de los excedentes empresariales que llevó a una caída en la inversión y a un aumento del paro.

      Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, don Juan Carlos fue proclamado Rey de España, e inicialmente mantuvo como presidente del Gobierno a Arias Navarro. En los primeros meses de 1976 la grave situación económica hizo que aumentase la conflictividad laboral, provocándose una fuerte tensión entre los trabajadores y los empresarios. Los trabajadores veían erosionada su capacidad adquisitiva como consecuencia de la inflación y asistían a un paulatino aumento del desempleo mientras que los empresarios se enfrentaron a una fuerte caída de sus beneficios y tasas de rentabilidad (cuadro 2.10).

      La difícil situación económica y política llevó a la dimisión en julio de 1976 de Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez se hizo cargo del gobierno, iniciándose una etapa en la que se prepararon las bases para la transición política, para convocar elecciones y elegir un Parlamento. Entre julio de 1976 y junio de 1977 tan sólo se aprobaron algunas medidas destinadas a evitar un mayor deterioro económico antes de las elecciones, pero no hubo ningún plan de reforma, sólo medidas de carácter aislado destinadas a solucionar o “parchear” los problemas económicos existentes. Así se procedió a una devaluación de la peseta (del 11% con respecto al dólar), aumentaron las ayudas oficiales a algunos sectores para paliar el impacto de la crisis industrial y evitar que el paro aumentase la inestabilidad política y se reforzaron los mecanismos de la denominada financiación privilegiada.

      Las primeras elecciones democráticas se celebraron en junio de 1977 y la UCD fue el partido más votado, aunque no consiguió la mayoría absoluta. La gravedad de la crisis llevó a Suárez a reforzar el área económica dentro de su gobierno: nombró vicepresidente segundo en Asuntos Económicos a Enrique Fuentes Quintana y se aprobó una reforma administrativa de la que surgió un Ministerio de Economía para fortalecer la toma de decisiones en el área de la política económica. Esto suponía un cambio sustancial con respecto a los gobiernos anteriores y mostraba la firme decisión de buscar una salida a la crisis (Fuentes Quintana, 1993).

      Las primeras medidas de este gobierno en el terreno económico intentaron solucionar los problemas más acuciantes: en julio de 1977 se procedió a devaluar de nuevo la peseta (un 20% con respecto al dólar), se inició una liberalización de los tipos de interés y se pusieron en marcha algunas reformas financieras, en concreto la de las cajas de ahorros, para aumentar el nivel de competencia del sistema financiero. Aunque Fuentes Quintana y sus colaboradores seguían preparando un programa de reformas más amplio, inicialmente no existía unanimidad dentro del gobierno sobre la conveniencia del mismo. No hay que olvidar que mientras que en la actualidad se conocen cuáles son las medidas de política económica adecuadas para hacer frente a un shock de oferta, en aquel momento la teoría económica vigente era la teoría keynesiana, que contemplaba fundamentalmente los mecanismos para hacer frente a las crisis de demanda. Las típicas recetas keynesianas, es decir, el uso de una política fiscal y monetaria expansivas para impulsar la demanda, reactivar la economía y disminuir el desempleo eran, sin embargo, poco efectivas en la nueva situación económica, caracterizada por la existencia de un problema de estanflación, es decir, de desempleo y creciente inflación. Las políticas expansivas alimentaban el crecimiento de la inflación y, por tanto, era necesario contemplar otro tipo de reformas estructurales que hiciesen frente al problema de costes crecientes en la economía mundial.

      En ese contexto se preparó un Plan Económico de Urgencia. De un lado, la difícil situación política y la debilidad de la UCD, que no había alcanzado la mayoría absoluta, exigió recoger las demandas del resto de partidos políticos, legalizados entre febrero y abril de 1977. De otro lado, muchas de las medidas necesarias para abordar la crisis podían tener elevados costes sociales a corto plazo, por lo que para reducir la conflictividad era necesario contar tanto con los sindicatos como con la patronal. Todo ello hizo que Fuentes Quintana convenciese personalmente a Suárez de las dificultades a las que se enfrentaría el gobierno si trataba de realizar la reforma de forma unilateral y sobre la necesidad de llegar a un gran pacto en términos de política económica, en el que tanto los partidos políticos como las principales fuerzas sociales se vieran implicados.

      El 8 de julio de 1977 Fuentes Quintana realizó una intervención en Televisión Española en la que explicó la gravedad de la situación, expuso los principales problemas de la economía española y pidió la colaboración de los diferentes partidos políticos para pactar una salida a la crisis. En esta intervención anunció una reforma fiscal, la necesidad de moderar las subidas salariales, de flexibilizar el sistema financiero y de proceder a la devaluación de la moneda, entre otras medidas. La repercusión de dicha intervención televisiva fue muy importante y preparó el terreno para lograr una solución pactada.

      En septiembre el Ministerio de Economía terminó la preparación del Programa de Saneamiento y Reforma Económica y se distribuyó entre los partidos políticos. Además era necesario pactar con los sindicatos y la patronal. El consenso que se alcanzó con los Pactos de la Moncloa supuso que tanto los trabajadores como los empresarios asumiesen algunos costes de la crisis a cambio de diferentes contrapartidas. De un lado, los trabajadores debían moderar sus reivindicaciones salariales para hacer frente a la inflación y a los problemas de competitividad de la economía española. A cambio el gobierno se comprometía a llevar a cabo en el medio y largo plazo diversas reformas que, entre otras, mejorarían la cobertura ante el desempleo, el sistema de pensiones o la educación (Roca, 1993). De otro lado, gracias a este menor crecimiento de los salarios se abaratarían los costes para los empresarios, quienes, por otro lado, deberían enfrentarse a una paulatina liberalización de los mercados que aumentase el nivel de competencia y eficiencia. En el mes de octubre se redactó el texto final, se crearon diferentes comisiones especializadas y tras pactar el texto entre todos los partidos políticos, la patronal y los sindicatos, el 25 de octubre se firmaron los Pactos de la Moncloa, siendo aprobados por el Parlamento el día 27.

      Cuatro meses después de firmados los Pactos, Fuentes Quintana presentó su dimisión por su disconformidad acerca de la lentitud con la que se acometieron algunas de las reformas, y fue sustituido por Fernando Abril Martorell, encargado de llevar a cabo la mayoría de las reformas tras las elecciones de marzo de 1979. A corto plazo se consiguió mejorar la situación económica, pero la segunda crisis del petróleo y la fuerte inestabilidad política volvieron a empeorarla. La debilidad del gobierno, los problemas internos de la UCD, en concreto las fuertes discrepancias ideológicas entre los diferentes grupos que habían dado origen al partido y la fuerte oposición del PSOE llevaron a que el presidente del Gobierno Adolfo Suárez presentase su dimisión en 1981 (Powell, 2001). Cuando se iba a proceder a la elección de un sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, se produjo el golpe de Estado conocido como el 23-F, golpe que fracasa.

      El apenas año de gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo fue uno de los más duros de la crisis y además se fue produciendo la desintegración a marchas for -zadas de la UCD, lo que impidió avanzar en la implementación de las reformas recogidas por los Pactos de la Moncloa. Como se verá más adelante, sólo en 1982, cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) subió al poder se produjo un cambio en el rumbo de la política económica y, por tanto, en la forma en que se afrontó la crisis, con logros claros en algunos ámbitos como el de la inflación, y fracasos en otras áreas como la creación de empleo o la contención del déficit público.

             3.1.2.El alcance de los Pactos de la Moncloa

Los Pactos de la Moncloa fueron una solución pactada a los graves problemas que padecía la economía española. Pretendían introducir medidas con las que hacer frente a los principales desequilibrios macroeconómicos. Los pactos tenían dos partes. De un lado los aspectos relacionados con las reformas políticas y jurídicas (Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política) y en el que se recogían aspectos tales como la libertad de expresión, el derecho de reunión o la discriminación de la mujer (despenalización del adulterio, expedición de anticonceptivos, etc.). De otro lado, las medidas económicas (Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía), que son las que se analizan con detalle a continuación y que se han resumido en el cuadro 3.2.

      Los Pactos de la Moncloa como pacto social o de consenso no eran una novedad, ya que en otros países europeos como Suecia, Holanda o Alemania Federal también se adoptaron pactos de características similares tras la crisis de 1973 (Powell, 2002). Sin embargo, las diferencias entre los Pactos de la Moncloa con respecto a otros pactos eran dos. En primer lugar, los protagonistas del acuerdo. En el caso español fueron el gobierno, los sindicatos, la patronal y los diferentes partidos políticos, mientras que en otros países el pacto social fue el resultado de un acuerdo entre el gobierno, los sindicatos y las asociaciones patronales. Que los protagonistas fueran diferentes tuvo importantes implicaciones, ya que a través del acuerdo los partidos políticos de la oposición exigieron la introducción de reformas destinadas a desmantelar parte de la herencia del régimen anterior. La segunda diferencia fue su alcance. En otros países el pacto social se centró fundamentalmente en las políticas de rentas y de mantenimiento del empleo, mientras que en España se plantearon reformas estructurales de gran trascendencia.

CUADRO 3.2. Los Pactos de la Moncloa y reformas posteriores asociadas: reformas económicas (Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía) y principales medidas adoptadas

      La parte inicial de los pactos hacía referencia a tres aspectos ya mencionados en la intervención televisiva de Fuentes Quintana: 1) la necesidad de reconocer la gravedad de los problemas, 2) la importancia de que los pactos fueran el resultado de un consenso y 3) la exigencia de introducir reformas estructurales que alterasen el funcionamiento de la economía española. El plan apostaba por la economía de mercado en un país caracterizado por la existencia de una fuerte intervención del Estado. Los pactos pretendía llevar a cabo dos tipos de ajustes. De un lado, un paquete de medidas de estabilización aplicables de inmediato y destinadas a hacer frente a los problemas asociados a la crisis (inflación, déficit público y desequilibrio exterior) y, de otro, la implantación a medio y largo plazo de diversas reformas destinadas a favorecer la modernización de la economía española. La aplicación de ambos tipos de medidas, sus logros y limitaciones se explicarán con detalle en el siguiente apartado.

      Previamente a realizar una valoración general de los Pactos, hay que destacar dos cuestiones. En primer lugar, pese a la firma de los pactos y la introducción de reformas España no superó la crisis hasta 1985-1986. Entre 1977 y 1982 la tasa de crecimiento anual acumulativa del PIB per cápita a precios constantes de 1995 se situó en torno al 1,3%, por debajo de la del período anterior (4,38% para el período 1972-1977) y posterior (2,83% para el perío -do 1982-1987). En segundo lugar, el denominado consenso vinculado a los Pactos sólo se mantuvo hasta finales de 1978. Desde principios de 1979 hasta 1982 algunos autores hablan incluso de “política de disenso” no sólo por la durísima oposición a la que se enfrentó el gobierno, sino también por las discrepancias dentro del propio gobierno de UCD.

3.2. Las políticas estabilizadoras

A continuación se analizan las principales medidas de política económica adoptadas entre 1975 y 1985 para estabilizar la economía. En primer lugar, se estudian los Pactos de la Moncloa y las principales limitaciones a las que se enfrentó el gobierno para hacer frente a la crisis. En este período la delicada situación política dificultó la implementación de muchas de las medidas acordadas en los Pactos e hizo que en muchos momentos las autoridades antepusieran las cuestiones políticas a las económicas. En segundo lugar, se analiza el cambio que se produjo a principios de los ochenta con la subida al poder del PSOE. La mayor estabilidad política permitió adoptar decisiones más enérgicas para corregir los principales desequilibrios macroeconómicos, que no en todos los casos fueron exitosas.

             3.2.1.La lucha contra la inflación, el déficit público y el déficit exterior

¿Qué medidas se contemplaron en los Pactos de la Moncloa para luchar contra la inflación, el déficit público y el déficit exterior? Con respecto a la inflación, los principales instrumentos utilizados fueron tres: la política presupuestaria, la política de rentas y la política monetaria. De forma transitoria también se estableció un sistema de control de precios para algunos productos considerados estratégicos.

1. Política presupuestaria

      Con respecto a la política presupuestaria, el objetivo fundamental era limitar el gasto público, especialmente el gasto corriente, y reducir el déficit público. Para ello se introdujo un límite al crecimiento del gasto (el déficit total del Estado se estableció en un máximo de 73.000 millones de pesetas en 1978, unos 438,7 millones de euros) así como un rígido sistema de control para reducir los gastos y concentrar los mismos en aquellas actividades que fomentasen la creación de empleo. Además, se establecieron medidas de control de los mecanismos de financiación, se impuso un límite a las emisiones de deuda pública (que en 1978 se fijó en 40.000 millones de pesetas, es decir, 240,4 millones de euros) y se anunció una reforma fiscal capaz de aumentar la capacidad de recaudación y que introdujese el principio de progresividad en la imposición. A través de estas medidas se conseguían dos objetivos: controlar el déficit público e indirectamente limitar el crecimiento de la inflación, ya que uno de los factores que había alimentado las tensiones inflacionistas durante la etapa franquista era el aumento en la cantidad de dinero que se había producido como consecuencia de la monetización del déficit público.

2. Política de rentas

      El término política de rentas en sentido estricto hace referencia a cualquier política diseñada para limitar el crecimiento de los salarios. Como se explicó en el capítulo 2, el mecanismo de fijación de los salarios era claramente inflacionista, ya que al establecerse los salarios mediante un sistema de sobreindiciación, es decir, utilizando la inflación histórica más dos o tres puntos, se proyectaba la inflación del pasado al futuro y se amplificaba su efecto. El otro factor que había contribuido al aumento de los costes salariales era el crecimiento de las contribuciones a la Seguridad Social. El principal cambio asociado a los Pactos fue moderar el crecimiento de los salarios y para ello se utilizó un sistema basado en la inflación prevista y no en la del pasado. Además, el gobierno se comprometió a contener el aumento de las cuotas a la Seguridad Social, para lo cual aumentarían las transferencias del Estado a dicho organismo. ¿Por qué los sindicatos estuvieron dispuestos a moderar sus demandas? Como se ha señalado, la legalización de los sindi -catos en 1977 podría haber llevado a un aumento de sus reivindicaciones sindicales, sin embargo éstos adquirieron el compromiso de moderar sus demandas por varios motivos (Roca, 1993). En primer lugar, por el reconocimiento y aceptación general de la necesidad de controlar la inflación, lo que permitiría mejorar los niveles de inversión y de empleo, ya que al moderarse los costes salariales, se recupera rían los beneficios empresariales. En segundo lugar, a cambio de esta política de rentas los Pactos de la Moncloa contemplaban la concesión de contrapartidas tales como, por ejemplo, las mejoras en las prestaciones sociales (subsidio de desempleo o pensiones), el aumento del gasto en educación, etc. Así, los mismos Pactos establecían un incremento de las pensiones de la Seguridad Social (que para el año 1978 se cifró en un aumento del 30% en la masa global de pensiones) atendiendo a criterios de progresividad en su distribución, especialmente en las pensiones más reducidas y con respecto al seguro de desempleo se comprometía a ampliar progresivamente la cobertura del mismo a todos los parados, a ampliar los plazos de prestación del subsidio e incluso la cuantía de las prestaciones para que se aproximasen al menos al salario mínimo interprofesional.

      El primer pacto de política de rentas se firmó con los Pactos de la Moncloa y posteriormente se firmaron cuatro más: el Acuerdo Marco Interconfederal de 1980, el Acuerdo Nacional de Empleo de 1981, el Acuerdo Interconfederal de 1983 y el Acuerdo Económico y Social de 1984.

3.Política monetaria

      Hasta los años setenta España no contó con una política monetaria activa, es decir, el gobierno no tenía instrumentos con los que controlar la cantidad de dinero en la economía y, de esa forma, la inflación. Como se explicó en el anterior capítulo, la falta de una política monetaria eficaz fue consecuencia de las necesidades e ideología del estado franquista: para hacer frente al aumento del gasto el gobierno franquista no llevó a cabo ningún tipo de reforma fiscal, sino que utilizó como vía de financiación la emisión de billetes y el sistema financiero (a través de la imposición de coeficientes obligatorios cuyos fondos se destinaban a determinados sectores considerados por el régimen como prioritarios o privilegiados). A principios de los setenta el Banco de España comenzó a diseñar una política monetaria activa. Este cambio respondía fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, la desaparición de la dictadura y el cambio en los objetivos de política económica que eso supuso. En segundo lugar la expansión a nivel internacional de las corrientes monetaristas y el uso extensivo de la política monetaria de forma activa por parte de los gobiernos de los principales países.

      A principios de los años setenta, para controlar la inflación, el Banco de España estableció una estrategia de control monetario en dos niveles (Ayuso y Escrivá, 1997). En un primer nivel se fijaron unos objetivos finales en términos de crecimiento de la inflación y del producto. Para lograr estos objetivos el Banco de España utilizaba como variable de control un agregado monetario amplio (la M3 o disponibilidades líquidas, es decir, el dinero legal en manos del público más los depósitos a la vista, de ahorro y a plazo en bancos y cajas). En un segundo nivel el Banco de España controlaba una variable instrumental que eran los activos líquidos del sistema bancario, es decir, el dinero que los bancos debían mantener o bien en sus cajas o bien depositado en el Banco de España para cumplir con el denominado coeficiente de caja. Este coeficiente legal se fijó en 1970 y limitaba el crédito y los depósitos bancarios que podían crearse a partir de un cierto volumen de reservas. Anteriormente existía un coeficiente de liquidez, aprobado en 1963, pero éste no había sido efectivo ya que los bancos podían escapar al control del Banco de España y conseguir la liquidez que necesitaban a través de la pignoración de la deuda pública.

      El mecanismo de control monetario que se estableció en los años setenta tenía problemas que no resolvieron los Pactos de la Moncloa. El más importante era la falta de independencia del Banco de España y, como consecuencia, su subordinación a los intereses del gobierno, que como se ha señalado a menudo utilizaba el Banco de España para financiar sus déficits presupuestarios. Por tanto, los Pactos de la Moncloa no establecieron los mecanismos concretos para instrumentar la política monetaria, aunque supusieron un importante avance ya que a partir de este momento la política monetaria se endureció, y se limitó tanto el recurso del Tesoro al Banco de España como el recurso al crédito oficial.

      Además de la inflación, el otro gran problema asociado a la crisis era el déficit de la balanza de pagos, que llegó a alcanzar el 4% del PIB y produjo un espectacular aumento del endeudamiento externo. Esto hizo que la peseta se fuese debilitando aunque no lo suficientemente como para solucionar el desequilibrio externo. Como se ha señalado, hubo una primera devaluación en febrero de 1976 que fue insuficiente y a partir de 1977 las medidas adoptadas fueron más enérgicas y lograron corregir los problemas externos de la economía española. En primer lugar, se fijó un tipo de cambio más realista para la peseta, lo que llevó a una devaluación en julio de 1977 en torno a un 20% con respecto al dólar y, en segundo lugar, se utilizó el control de la inflación como mecanismo para ganar competitividad. Además, para mejorar la eficiencia y la competitividad los Pactos proponían la flexibilización y liberalización de los mercados de bienes y factores así como la necesidad de incentivar la incorporación de nuevas tecnologías.

             3.2.2.Los resultados de las políticas de estabilización

¿Cuáles fueron los logros de estas medidas asociadas a los Pactos de la Moncloa? Se pueden diferenciar entre contribuciones directas e indirectas. Con respecto a las primeras, en primer lugar, se consiguió controlar el ritmo de crecimiento de la inflación. Ésta, que se situó por encima del 40% a mediados de 1977, cerró el ejercicio con una tasa de 26,4%. El problema fue que la recuperación fue sólo momentánea, ya que la caída se detuvo en 1979 cuando de nuevo subieron los precios del crudo. Aun así la posición española mejoró y el diferencial de inflación con respecto a los países industrializados llegó a ser nulo en 1980. Por tanto, gracias a la política monetaria y especialmente a la moderación salarial entre 1977 y 1982 la inflación se redujo en más de un 40% aunque no se logró un control total de la misma, que se situó en tasas elevadas en torno al 14%, por la inexistencia hasta los años ochenta de una política monetaria totalmente efectiva.

      En segundo lugar, se produjo una mejora en el saldo exterior. El déficit por cuenta corriente que a mediados de 1977 estaba en torno a los 2.000 millones de dólares se redujo a finales de 1977 a la mitad y en 1978 y 1979 se consiguió incluso un superávit. El cambio de signo del saldo exterior fue una consecuencia directa de la devaluación y, sin duda, se vio favorecido por la liberalización del comercio y la reducción de aranceles que se inició en junio de 1978. Sin embargo, como muestra el cuadro 2.9, la nueva subida de los precios del petróleo a partir de 1979 volvió a trastocar el débil equilibrio del sector exterior español aumentando el déficit y el nivel de endeudamiento externo. La segunda crisis petrolera, por tanto, volvió a hundir la economía en un momento en el que las medidas de ajuste iniciadas en 1977 parecían estar dando sus frutos.

      Con respecto a las contribuciones indirectas asociadas a los Pactos de la Moncloa, se destacan dos. En primer lugar, la reducción de la conflictividad laboral. Durante la dictadura los sindicatos operaban en la clandestinidad y el gobierno estableció un mecanismo de sindicatos verticales en el que los obreros tenían escasa representación. A cambio el régimen estableció un sistema muy protector del puesto de trabajo, con contratos indefinidos y altos costes de despido. A pesar de eso durante la década de los sesenta se produjo una fuerte emergencia de la protesta social (huelgas mineras en Asturias en 1962-1963, incidentes estudiantiles en Madrid y Barcelona en 1965-1966, concentraciones de la clandestina Comisiones Obreras (CC OO) en Madrid en 1967, huelgas en Vizcaya en 1967 y 1969, etc.), situación que sólo se normalizó a finales de los setenta gracias a las mejoras salariales. En abril de 1978 se legalizaron los sindicatos y este hecho, junto con la propia crisis, llevó a los diferentes líderes sindicales a moderar sus exigencias salariales. Así, aunque el nivel de conflictividad laboral durante los años 1978 y 1979 fue alto (con más de 11 millones de jornadas laborales perdidas en 1978 y casi 19 millones en 1979), a partir de 1980 la conflictividad laboral cayó sustancialmente (en los años 1980 y 1981 el número de jornadas perdidas por huelgas estuvo en torno a los 5 millones y la tendencia a partir de ese momento fue decreciente). Sin duda los cuatro pactos sociales acordados entre los sindicatos, la patronal y el gobierno entre 1980 y 1985 contribuyeron a esta disminución de la conflictividad.

      En segundo lugar, los logros de carácter político: la creación de un clima de consenso y el establecimiento de unos objetivos comunes que facilitaron la adopción de las políticas estructurales. Por primera vez tras un perío -do de más de cuarenta años se consiguió sentar a la misma mesa a partidos políticos adversarios para debatir la conveniencia de medidas de política económica de gran trascendencia.

      En cualquier caso, como se ha señalado, la recuperación económica lograda a corto plazo gracias a las medidas asociadas a los Pactos de la Moncloa fue efímera y prácticamente se deshizo cuando se produjo la nueva subida de los precios del crudo en 1979. En este caso el gobierno decidió repercutir la subida de precios en los consumidores, lo que tuvo un fuerte efecto negativo en el consumo. El shock petrolero no sólo interrumpió la recuperación sino que sumió a la economía española en una profunda crisis en la que se produjo una masiva destrucción de empleo.

      Probablemente la profundidad de la crisis hubiese exigido adoptar medidas más drásticas y con mayor rapidez, pero la presión sindical y la debilidad del gobierno de la UCD lo impidió. Estos argumentos han llevado a afirmar que en el período 1977-1982 las consideraciones políticas tuvieron más peso que las económicas. Sin embargo, aunque las reformas fueron insuficientes y algunos problemas se agravaron, no hay que minimizar los logros obtenidos por los Pactos. Difícilmente la sociedad española hubiera sido capaz de absorber un ajuste más radical, y además las reformas iniciadas pusieron a la economía en la senda adecuada, fueron un mecanismo de reconciliación nacional y sirvieron para demostrar que un gobierno democrático tenía legitimidad para introducir medidas necesarias pero impopulares por los costes sociales que a corto plazo podían tener muchas de las reformas adoptadas.

      Reconocer estos logros implica también considerar los costes o limitaciones asociados a las políticas de ajuste. En primer lugar, estas medidas no consiguieron frenar la caída en las tasas de crecimiento del PIB, y con ello el deterioro de la inversión y de los beneficios empresariales. En segundo lugar, pese a los intentos de moderación de la inflación y de los costes salariales, España continuó teniendo serias dificultades para mejorar su competitividad como consecuencia del mantenimiento de problemas estructurales que dificultaban la flexibilización de los mercados, por la existencia de una brecha tecnológica, por las carencias del sistema educativo, etc. El resultado fue que la inflación y el déficit exterior, aunque no llegaron a adquirir la gravedad de mediados de los años setenta, se situaron en unos porcentajes que se alejaban de lo que ocurría en otros países europeos, en los que el ajuste se hizo de forma más rápida.

      En tercer lugar, el déficit público y el desempleo se agravaron. El gobierno se encontró con serias dificultades para controlar el déficit público y, en concreto, el gasto. La debilidad de los tres gobiernos que hubo entre 1979 y 1982, la propia crisis al aumentar las necesidades de gasto tanto por los subsidios de desempleo como por las ayudas a determinadas industrias en crisis y el hecho de que la democracia permitiese la manifestación de diversas demandas sociales vinculadas a la construcción del Estado de bienestar, cuestión que se abordará en el capítulo 6, llevaron a un fuerte aumento del gasto.

      Finalmente, el principal fracaso se produjo en términos de empleo. Aunque todos los países europeos vieron cómo las cifras de desempleo aumentaban en los años ochenta, España obtuvo una de las cifras de desempleo más altas de la Europa comunitaria, y de hecho en 1982 la tasa de paro fue la más alta de todos los países de la OCDE. Como se señaló en el capítulo anterior, el desempleo aunque tuvo un origen fundamentalmente económico, y estuvo también vinculado a factores demográficos tales como la incorporación de una gran cantidad de jóvenes al mercado de trabajo, el regreso de emigrantes y el cierre de las fronteras europeas a la emigración, la paulatina incorporación de las mujeres al mercado laboral o los problemas del sistema educativo para adaptarse a las necesidades del mercado laboral. Las dificultades para crear empleo llevaron al gobierno a poner en marcha un proceso de flexibilización del mercado laboral a partir de 1980 mediante la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, que facilitaba el despido permitiendo un ahorro tanto en términos de tiempo como de coste, y de la Ley Básica de Empleo, que permitió la creación de nuevas modalidades de contratos. Sin embargo, esta flexibilización del mercado laboral se enfrentó a una fuerte resistencia social, el gobierno de la UCD no fue capaz de asumir una reforma socialmente tan conflictiva y ésta sólo se pudo realizar años más tarde por parte del gobierno del PSOE.

             3.2.3.La política económica de los primeros años del PSOE

A partir de 1982 se produjo un cambio en la dirección de la política económica que permitió luchar de forma más eficaz con algunos de los problemas más acuciantes de la economía española como la inflación y el déficit exterior. Este cambio estuvo asociado a la subida al poder por mayoría absoluta del PSOE en ese año. El empeoramiento de la crisis económica, la crisis política abierta como consecuencia del intento de golpe de Estado, el desmantelamiento de la UCD y la propuesta reformista de cambio del PSOE que sin pretender alterar el modelo de sociedad ni el sistema económico apostaba por una mejor redistribución de la renta, un mayor desarrollo del Estado de bienestar y por la creación de 800.000 puestos de trabajo en los cuatro años de legislatura, son algunos de los factores que explican la victoria por mayoría absoluta del PSOE (Powell, 2001).

      La mayor estabilidad política asociada al resultado electoral permitió al gobierno del PSOE adoptar medidas de ajuste más contundentes. Probablemente estas medidas fueron también el resultado del convencimiento por parte del gobierno de la escasez de alternativas con las que hacer frente a la situación económica, y a ello contribuyó el resultado de las políticas llevadas a cabo a principios de los años ochenta por parte de otros países. En 1981 el gobierno francés había impulsado una política de expansión de la demanda y el resultado había sido un empeoramiento de la inflación y del déficit exterior, y esta situación contrastaba con el éxito relativo de las políticas de ajuste (medidas destinadas a la contención del gasto y al control de la inflación) adoptadas por países como Alemania, Gran Bretaña o EE UU.

      Para controlar la inflación el gobierno utilizó dos instrumentos. El primero fue una política monetaria más restrictiva, aumentando la independencia del Banco de España y desvinculándolo de la financiación del déficit. Durante la década de los ochenta se produjo un intenso proceso de innovación financiera, lo que hizo muy difícil seguir controlando la inflación a través del mecanismo diseñado hasta ese momento por el Banco de España. Por ese motivo, además de los activos que estaban dentro de la M3 era necesario definir un agregado monetario más amplio que incorporase activos financieros muy líquidos, y por eso en 1984 se definió un nuevo agregado monetario: los activos líquidos en manos del público, que incluía pasivos bancarios no sometidos al coeficiente de caja y de deuda pública emitida por el Estado. Además el Banco de España le concedió una importancia creciente a la estabilidad del sistema financiero para el control monetario y fue centrándose cada vez más en el control de los tipos de interés (Ayuso y Escrivá, 1997).

      El segundo instrumento fue una mayor moderación salarial, que se convirtió en el principal objetivo del Acuerdo Económico y Social firmado en 1984 entre el gobierno, la patronal y la UGT (no firmado por CC OO). El resultado de estas medidas en términos inflacionistas fue satisfactorio, ya que consiguieron reducir la inflación y situarla en 1985 en torno al 8,8%.

      Durante esta primera mitad de los años ochenta también mejoró la posición exterior. Además de una nueva devaluación de la peseta del 8% que el gobierno aprobó a los pocos días de tomar posesión, los mejores resultados de las cuentas exteriores estuvieron vinculados a una coyuntura exterior más favorable por el mejor comportamiento de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo y los alimentos, y a un aumento de los ingresos por turismo. Finalmente, la adhesión de España a la CEE, la entrada de capital extranjero y la recuperación del sector de la construcción desde 1985, entre otros factores, permitieron una recuperación del ritmo de crecimiento que mejoró las expectativas y alentó la entrada de capitales extranjeros.

      Los éxitos relativos en términos de inflación y desequilibrio externo contrastaban con las dificultades para reducir el déficit público y el paro. Con respecto al déficit público, las fuertes carencias en infraestructuras, el atraso en términos del Estado de Bienestar, la propia crisis, el desarrollo de las nuevas administraciones autonómicas y los compromisos que había adquirido el gobierno socialista de aumentar el gasto en educación, sanidad o pensiones provocaron un fuerte aumento del gasto. A pesar de la reforma fiscal, en los primeros años del primer gobierno del PSOE el gasto se disparó y el déficit público alcanzó una cifra récord en 1985 situándose en un 6,9% del PIB.

      El otro grave problema del período fue el elevado desempleo. Entre 1982 y 1984 se obtuvieron resultados muy negativos en términos de creación de empleo; no sólo no se creó empleo, en línea con la promesa electoral antes mencionada de crear 800.000 puestos de trabajo, sino que en dos años se había producido una destrucción neta de empleo, situándose la tasa de paro en 1985 en un 21,9% de la población activa. Todo ello condujo a que el gobierno se plantease la necesidad de llevar a cabo una reforma del mercado laboral en 1984. La reforma del Estatuto de los Trabajadores flexibilizó el mercado de trabajo facilitando tanto la entrada como la salida del mercado laboral. De un lado introducía nuevas modalidades de contratación y ampliaba las posibilidades de crear contratos temporales, en prácticas o a tiempo parcial y, de otro, facilitaba el despido disminuyendo el coste del mismo. Esta reforma fue un elemento explicativo clave de la creación de empleo que se produjo en la segunda mitad de los años ochenta.

3.3. Las reformas estructurales: la reforma fiscal, la reconversión industrial y el saneamiento del sector bancario

Los Pactos de la Moncloa pretendían introducir reformas estructurales con dos objetivos. En primer lugar, repartir de forma más equitativa los costes de la crisis, lo que exigía aumentar los niveles de gasto para compensar a los grupos sociales más perjudicados por la misma, y por tanto, requería la necesidad de aumentar las fuentes de ingresos. El segundo objetivo de las reformas estructurales era modernizar el sistema económico, lo que suponía reconocer que el marco institucional en el que se asentaba la actividad económica era claramente inadecuado. Como se analiza a continuación, las dificultades para implementar muchas de estas reformas fueron elevadas, y aunque multitud de ellas se iniciaron por parte de los gobiernos de la UCD, no pudieron ser completadas y se continuaron y profundizaron durante el primer gobierno del PSOE. Las reformas abarcaban fundamentalmente tres sectores: sector público, sector industrial y sistema financiero. Por tanto, las principales reformas estructurales fueron tres: la reforma fiscal, la reconversión industrial y el saneamiento del sector bancario.

      Además de estas reformas básicas, los Pactos de la Moncloa proponían otras actuaciones tales como:

      1. Una reforma educativa para asegurar la plena escolarización y mejorar el capital humano.

      2. Medidas dirigidas a impedir la especulación en materia de suelo urbano y urbanizable para facilitar el acceso a la vivienda.

      3. La modernización agraria.

      4. La creación de un estatuto de la empresa pública.

      No todas las reformas se llevaron a cabo, si bien los éxitos de algunas de ellas fueron innegables, como por ejemplo, las mejoras educativas. El proyecto era crear entre 1978 y 1979 unas 800.000 plazas en la denominada Educación General Básica, o Primaria, 400.000 en el Bachiller o BUP y 40.000 en Preescolar, y aunque los resultados del plan se materializaron en un plazo más largo del previsto, no hubieran sido posibles sin estos primeros pasos.

             3.3.1. La reforma fiscal

En 1972 el Ministerio de Hacienda encargó al Instituto de Estudios Fiscales la realización de un proyecto de reforma fiscal que se completó en 1973 pero no fue puesto en marcha. Fuentes Quintana recogió ese proyecto y lo incorporó a su Plan de reformas. El objetivo de la reforma fiscal era doble: a) aumentar la recaudación y b) establecer un sistema tributario más equitativo, es decir, basado en la progresividad, más sencillo en su implementación y más transparente.

      El rasgo que caracterizaba el sistema fiscal español era su atraso, es decir, los impuestos indirectos tenían un peso excesivo (aproximadamente un 30% de la recaudación), casi la mitad de los ingresos procedían de las cotizaciones a la Seguridad Social, no existía ningún tipo de progresividad en la imposición y había un elevado fraude fiscal. Como muestra el capítulo 6, las dificultades de modernización del sistema fiscal a lo largo del siglo XX estuvieron asociadas tanto al menor nivel de desarrollo de la economía española como a la existencia de una élite social que se opuso a la implantación de un sistema que implicase tributar en función del nivel de renta. Este atraso relativo en términos fiscales se agravó durante la dictadura franquista. La reforma fiscal vinculada a los Pactos de la Moncloa permitiría que España se aproximase al sistema fiscal con el que contaban los países europeos en lo que a imposición directa se refiere.

      A finales de 1977 se implementó un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de carácter progresivo, es decir, en el que los tipos aplicables son mayores a medida que aumenta la renta, se tipificó el delito fiscal y se introdujeron mejoras que permitieron la gestión y aplicación de dicho impuesto. Los Pactos de la Moncloa también preveían la reforma de la imposición indirecta, en concreto la introducción de un impuesto que gravase el consumo y las transmisiones de bienes y de un impuesto sobre el valor añadido. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se introdujo en 1980 y con respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que se convertiría en el principal impuesto indirecto y reemplazaría a diversos impuestos como el de tráfico de empresas o el de productos específicos, no se implementó hasta la entrada de España en la CEE, en 1986.

      Visto en perspectiva histórica, para muchos autores, esta reforma fue, sin duda, el principal legado de los Pactos de la Moncloa, ya que sobre la misma se sustentaron gran parte de las reformas acometidas en estos años. Como puede verse en el cuadro 3.3, la contribución general sobre la renta pasó de apenas 10.500 millones de pesetas (63 millones de euros) en 1977 a 656.600 (3.946 millones de euros) en 1985 y la presión fiscal (Impuestos/PIB) pasó de situarse por debajo del 10% en 1977 a superar el 15% en 1987. A pesar de la reforma, el fraude fiscal se mantuvo a niveles muy altos en gran medida como consecuencia de la falta de cultura tributaria heredada de la etapa franquista, y los avances en esta línea fueron lentos. Durante el gobierno del PSOE se trató de completar la reforma fiscal mediante una mejora en la gestión de los impuestos y la ampliación del cuerpo de inspectores, si bien algunas estimaciones muestran que cinco años después de implantarse la reforma fiscal todavía no hacían la declaración de la renta el 45% de los empresarios y profesionales, el 72% de los empresarios agrarios y el 31% de los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, pese a la persistencia del fraude no se debe minimizar el cambio que tuvo en la mentalidad: la aceptación de la necesidad de pagar impuestos para poder recibir contrapartidas en términos de educación, sanidad, etc.

CUADRO 3.3. Ingresos del Estado: contribuciones directas e impuesto sobre la renta (miles de millones de pesetas)

Fuente: Comín y Díaz (2005).

      Finalmente, recordar que pese a que la reforma fiscal permitió aumentar los ingresos del Estado en la etapa 1977-1985, se mantuvo un déficit fiscal crómico derivado de la fuerte expansión del gasto (cuadro 3.3).

             3.3.2.La reconversión industrial

La crisis económica fue fundamentalmente una crisis industrial que supuso la reducción de más de un millón de puestos de trabajo y el cierre de multitud de empresas. La subida en los costes laborales y la fuerte competencia ejercida por los países de reciente industrialización agotaron la ventaja comparativa que tenía España en varios sectores industriales. Las causas de esta pérdida de competitividad difieren entre sectores. En algunos casos, como el sector alimentario, se trataba de sectores con baja elasticidad de renta, es decir, en los que el aumento en el nivel de renta provocó una disminución en la demanda de este tipo de productos. En otros sectores, como la siderurgia o la construcción naval, la creciente competencia ejercida por países como Corea del Sur o Japón puso de relieve las principales debilidades de estos sectores en España: su bajo nivel tecnológico, sus altos costes y su excesiva dependencia de las subvenciones estatales. A partir de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, apareció un factor adicional: la necesidad de adaptarse a la normativa comunitaria e ir desprotegiendo a diversos sectores que en muchos casos habían crecido al amparo de una fuerte reserva del mercado interno.

      La capacidad de reacción de las empresas ante la contracción de la demanda y el aumento de la competencia era relativamente escasa ya que la rigidez del mercado laboral impedía ajustar las plantillas mediante un aumento de los despidos. Por ese motivo, cuando la crisis disminuyó los beneficios, la respuesta de muchas empresas fue o bien el cierre de las mismas, lo que aumentó el paro, o bien en otros casos, descendieron al nivel de la economía sumergida, es decir, trataron de compensar el aumento de los costes evitando el pago de las tributaciones fiscales a Hacienda, a la Seguridad Social, etc. De ese modo, España, al igual que otros países de la franja mediterránea de Europa, pasó a contar con una importante economía sumergida que se concentraba en sectores como el textil, el calzado, etc.

      Ante esa situación era necesario reajustar la estructura industrial de la economía española. Los Pactos de la Moncloa no contemplaban ningún tipo de política industrial. En el proceso de reconversión industrial podemos diferenciar dos grandes fases: la etapa 1977-1982 y desde 1982 en adelante. En la primera etapa, a pesar de las dificultades a las que se enfrentaron muchos sectores, no se aplicó una política industrial coordinada y coherente, aunque se aprobaron diversos programas o instrumentos destinados a ayudar a empresas en crisis. En concreto, continuaron operando algunas medidas vinculadas a los Planes de Desarrollo que se adaptaron para hacer frente a las nuevas necesidades de ajuste que surgieron como consecuencia de la crisis. El Ministerio de Industria y Energía (1978) justificó la aplicación de esta reconversión empresa a empresa alegando que los problemas de las empresas españolas eran tan complejos y variados que impedían la aplicación de criterios generales de reconversión industrial.

      Se utilizaron tres mecanismos de intervención:

      1. Los planes de reestructuración, que consistían en la concesión de ayudas financieras y laborales (jubilaciones anticipadas, mecanismos para promocionar el empleo, etc.) a empresas en crisis.

      2. Las acciones concertadas.

      3. Las industrias de interés preferente.

      Por tanto, como señala Navarro (1989), entre 1977 y 1982 no se abordó una política de reconversión propiamente dicha, sino que la intervención consistió en:

      a) Apoyos singulares a empresas mediante la concesión de subvenciones y de créditos oficiales.

      b) La nacionalización de algunas empresas privadas en crisis, lo que implicaba la “socialización” de las pérdidas de dichas empresas.

      Esto hizo que el Instituto Nacional de Industria (INI) se convirtiese en un “hospital de empresas”. De nuevo las cuestiones políticas primaron sobre las económicas y la debilidad de los gobiernos de la UCD y el miedo a que el aumento del desempleo tuviese efectos todavía más desestabilizadores llevaron a diseñar políticas bien de subvención bien de nacionali -zación de empresas en crisis, sin abordar la necesaria reestructuración del sector industrial.

      Otro problema de esta política industrial fue que al no establecerse un programa global de actuación carecía de criterios, lo que aumentaba la discrecionalidad. Cabría esperar que a cambio de dichas ayudas el gobierno hubiese exigido a las empresas la aplicación de medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la rentabilidad, sin embargo, tales exigencias fueron mínimas y no fueron de obligado cumplimiento. Entre 1978 y 1981 veintidós empresas industriales recibieron veinticuatro créditos excepcionales por una cuantía de 17.790 millones de pesetas (107 millones de euros), tres empresas navales obtuvieron veintiocho créditos por más de 23.000 millones de pesetas (138 millones de euros) y tres empresas siderúrgicas recibieron once créditos de casi 68.0000 millones de pesetas (409 millones de euros). Finalmente, entre 1977 y 1983 catorce empresas con graves pérdidas pasaron a manos del sector público. Estas ayudas no se acompañaron de ningún tipo de medidas reindustrializadoras y, por tanto, los fondos se utilizaron sin que se crearan nuevos puestos de trabajo (Navarro, 1989).

      Los problemas de la reconversión industrial empresa por empresa y el propio empeoramiento de la crisis llevaron a la necesidad de emprender una acción de carácter más global: la aplicación de una reconversión de carácter sectorial. Entre 1980 y 1982 se aprobaron diversos decretos de reconversión industrial en esta dirección que afectaban a un gran número de sectores que podían agruparse en: a) productores de bienes intermedios, b) productores de bienes de inversión y c) productores de bienes de consumo. El problema de esta reconversión sectorial, que se adoptó con retraso en relación a otros países del entorno, es el gran número de sectores que se incluyó. Según las estimaciones de Navarro (1990), como se observa en el cuadro 3.4, la cuantía de fondos destinados a esta política entre 1981 y 1986 fue de 738.811 millones de pesetas (4.440 millones de euros), cantidad importante pero insuficiente para hacer frente a los graves problemas por los que atravesaba la industria española.

CUADRO 3.4. Recursos públicos absorbidos por la política de reconversión (millones de pesetas)

Fuente: Navarro (1989) y Simón (1997).

      Cuando el PSOE ganó las elecciones en 1982, se anunció un importante cambio en la política de reconversión: la reducción del número de sectores con objeto de concentrar las actuaciones en aquellos que se consideraba prioritarios. Se elaboró el polémico Libro Blanco de la Reconversión que se publicó en enero de 1983, pero no salió a la luz hasta junio de ese mismo año. El enfrentamiento entre el gobierno y los sindicatos fue muy fuerte debido fundamentalmente a la decisión del gobierno sobre el futuro de la siderurgia integral, sector con un importante exceso de capacidad productiva, que se encontraba geográficamente localizado en una zona muy especializada en este sector, y en donde el gobierno quería llevar a cabo una gran reestructuración que suponía el cierre de instalaciones, la reducción de empleo y de capacidad productiva. Finalmente se aprobó una normativa general que salió a la luz el 30 de noviembre de 1983, y que tras incluir algunas modificaciones se aprobó como proyecto de Ley en 1984.

      Como se ha señalado, en esta segunda fase de la reconversión que se inicia en 1982, el primer gobierno del PSOE tuvo que hacer frente a los programas de reconversión ya iniciados por el gobierno anterior pero concentró su actuación en un reducido número de sectores considerados prioritarios. Así la siderurgia integral, los aceros especiales, la construcción naval, los fertilizantes, los electrodomésticos de línea blanca y la fabricación de bienes de equipo constituyeron el denominado “núcleo duro”. Algunos de estos sectores como la siderurgia o la construcción naval estaban concentrados geográficamente en regiones con escasa diversificación industrial y, por tanto, las posibilidades de reconversión industrial a corto plazo eran escasas, lo que implicaba un elevado coste social en términos de empleo.

      Los objetivos del Plan aprobado por el PSOE eran dos: 1) expulsar del mercado a las empresas menos competitivas y 2) llevar a cabo una reestructuración de la mano de obra en sectores excedentarios. La Ley de Reconversión consideraba diferentes tipos de medidas, algunas ya contempladas en las anteriores políticas de reconversión. Se utilizaron instrumentos fiscales (bonificaciones, deducciones fiscales, etc.), laborales (jubilaciones anticipadas, expedientes de regulación de empleo o la creación de los Fondos de Promoción de Empleo para mejorar la protección por desempleo) y financieros (créditos y avales públicos, subvenciones, aportaciones de entidades financieras privadas a través de la aplicación de un coeficiente de inversión obligatoria en las entidades de depósito, etc.).

      Además, esta Ley creó las denominadas Zonas de Urgente Industrialización (ZUR). Esta medida trataba de compensar y hacer frente a las graves pérdidas de puestos de trabajo en áreas del territorio nacional que se vieran muy afectadas por la crisis de sectores en reconversión. La creación de las ZUR suponía establecer una política regional diferente a las aplicadas en los años sesenta, ya que el objetivo no era industrializar zonas deprimidas sino “reindustrializar”, es decir, introducir medidas de corto y medio plazo dirigidas a compensar y paliar la grave situación provocada por la pérdida de puestos de trabajo en zonas industriales donde los sectores en reconversión tenían una fuerte presencia. Para ello los principales objetivos de las ZUR eran crear puestos de trabajo en zonas donde la reconversión hubiese generado excedentes laborales, reconstituir el tejido industrial y finalmente conseguir un mejor aprovechamiento de la estructura industrial existente.

      La reconversión no sólo afectó a las empresas privadas sino también al INI, que había acumulado gran cantidad de empresas ineficientes y con pérdidas como consecuencia del proceso de nacionalización de empresas privadas en crisis que se había llevado en los últimos años. De ese modo, el INI tuvo que reorganizar y reducir su plantilla y racionalizar sus inversiones. En el sector de la siderurgia eso supuso el cierre de Altos Hornos del Medi -terráneo (AHM) en Sagunto y la remodelación de ENSIDESA. En el sector naval la capacidad de producción se redujo en un 55% . En el de los fertilizantes se cerraron las empresas menos eficientes y se construyó una nueva planta de nitrogenados por Enferma. También se aplicaron planes de viabilidad a otras muchas empresas del grupo como Iberia o ENASA, así como privatizaciones, de las que se habla en el capítulo 7, dedicado a la empresa pública y las privatizaciones. Todo esto supuso una reducción de la plantilla del INI que pasó de 216.000 trabajadores en 1983 a 154.000 en 1989.

      ¿Qué efectos tuvo la política de reestructuración industrial? Con respecto a la cantidad de recursos destinados a la reconversión, no hay cifras oficiales del coste total de la misma. La mayor parte de los fondos utilizados fueron públicos, existiendo una mínima aportación privada que provenía del coeficiente de inversión obligatorio. Como se observa en el cuadro 3.4 las estimacio -nes de la cifra de recursos públicos absorbidos por esta política oscilan entre una cifra mínima de entre 2,4 y 2,9 billones de pesetas (entre 14.424 y 17.429 millones de euros) según las estimaciones de Navarro (1990) y los 3,5 billones de pesetas (21.000 millones de euros), según las estimaciones de Simón (1997). El “núcleo duro” de la reconversión recibió la mayor parte de los recursos, y de hecho sólo la siderurgia y la construcción naval absorbieron casi las 3/4 partes del total de recursos.

      En el ámbito laboral, afectó aproximadamente a unas 300.000 personas, que representaban el 10% de la población ocupada en el sector industrial (excluida la construcción). Sin embargo, como una gran parte de las empresas afectadas tenían un elevado tamaño medio (la plantilla media en la siderurgia, construcción naval y electrodomésticos era de 1.900 empleados) y se concentraron en los sectores del “núcleo duro”, muy localizados geográficamente, el nivel de conflictividad fue elevado y eso explica el fuerte eco social que tuvieron estas pérdidas de puestos de trabajo (por ejemplo, entre 1983 y 1984 hubo numerosas huelgas y manifestaciones en Cádiz, Bilbao, Gijón, Vigo, El Ferrol y Sagunto). Como se puede observar en el cuadro 3.5 sólo la construcción naval y los aceros especiales representaban el 43,7% del total de los excedentes laborales o de la fuerza laboral sobrante de los sectores acogidos a reconversión. En el caso de la reestructuración, por ejemplo, de la siderurgia integral, el cuadro 3.6 muestra la fuerte reducción de plantilla que tuvo lugar en las principales empresas del país y que osciló entre un 30% del total de la plantilla en ENSIDESA y un 69% en AHM. Las estimaciones de Simón (1997) muestran que gracias a la reconversión la mayoría de los sectores consiguieron reducir sus costes de personal (excepto los grandes astilleros, las empresas fertilizantes y la empresa Marconi española).

CUADRO 3.5. Evolución del empleo en los principales sectores de reconversión

Fuente: Navarro (1989).

CUADRO 3.6. La reestructuración de la siderurgia integral española, 1984-1990

Fuente: Laso (2003).

      Finalmente la reorganización de los sectores como consecuencia de la reestructuración industrial favoreció la concentración empresarial, que a finales de los ochenta se vio acompañada por un aumento de la participación del capital extranjero, en ocasiones buscado por la administración y en otros casos a iniciativa propia de dichos capitales.

      Si realizamos un balance global de la reconversión observamos que a corto y medio plazo los resultados en términos de saneamiento laboral se cumplieron y así algunos de los sectores como la siderurgia o la construcción naval vieron reducir el nivel de empleo en más de un 50%. Sin embargo, en términos financieros y de productividad los resultados estuvieron por debajo de las previsiones, lo que obligó a iniciar una nueva fase de reconversión a partir de 1986 (Simón, 1997).

      Entre los aspectos negativos del proceso de reconversión señalaríamos el elevado coste de esta política en términos de gasto público, el efecto discriminatorio que tuvieron algunas de las medidas adoptadas para apoyar a los sectores en crisis como las pre-jubilaciones, que colocaron a los trabajadores de algunos de estos sectores en una situación de claro privilegio y los limitados resultados que se obtuvieron en la reindustrialización de algunas zonas. Los logros en términos de contratación de excedentes laborales a través de las ZUR fueron escasos, especialmente porque los trámites para la concesión y el pago de los beneficios asociados a esta medida eran muy complejos y como consecuencia el impacto a corto plazo fue muy escaso.

      El principal aspecto positivo fue la necesaria racionalización de la estructura industrial mediante el desmantelamiento paulatino de sectores que eran incapaces de afrontar la creciente competencia internacional. Así, la reconversión solucionó el problema de exceso de capacidad en términos productivos y de empleo de muchos sectores, mejorando el nivel de la competitividad de la industria española, aunque para ello fue necesario canalizar una gran cantidad de recursos públicos y los resultados a corto y medio plazo en términos de reindustrialización y de creación de empleo estuvieron muy por debajo de los esperados.

             3.3.3.El saneamiento del sector bancario

Los principales problemas del sector financiero a mediados de los setenta eran dos:

      1. Su excesivo intervencionismo, lo que afectaba negativamente al nivel de competencia y eficiencia de las instituciones financieras.

      2. El impacto de la crisis industrial, cuestión que ya se explicó en el capítulo anterior.

      Con respecto a la primera cuestión, los Pactos de la Moncloa plantearon la necesidad de abordar un proceso de liberalización del sistema financiero que mejorase su nivel de competitividad y eficiencia. El fuerte intervencionismo del franquismo afectó también al sector financiero y las regulaciones controlaban la entrada en el sector, el tipo de operaciones que podían realizar los diferentes intermediarios financieros, los tipos de interés, la expansión a través de oficinas, etc. A principios de los setenta se aprobaron algunas medidas encaminadas a liberalizar el sistema financiero; en 1971 se inició un proceso de especiali -zación bancaria, se flexibilizó la expansión geográfica y en 1974 comenzó la liberalización de los tipos de interés y se dio un nuevo impulso a la expansión de las entidades mediante la apertura de sucursales. A pesar de todo, el proceso de liberalización fue lento: la política de intervención del Estado en otros sectores económicos y la propia crisis requería recursos financieros, y eso llevó a que los diferentes gobiernos continuasen utilizando al sector financiero como fuente de ingresos manteniendo los coeficientes de inversión obligatoria. A partir de 1977 se realizaron avances significativos en la liberalización de los tipos de interés y se redujeron los mecanismos de intervención estatal sobre las entidades financieras. El proceso se completó en 1981 con la total liberalización de los tipos de interés y de las comisiones de la banca.

      El problema de esta política de liberalización fue que no afectó a todas las entidades financieras, y especialmente discriminaba a las cajas de ahorros, a las que se les aplicó elevados coeficientes obligatorios. Sin embargo, a pesar de que la liberalización fue parcial, a corto plazo permitió un aumento de la competencia con importantes consecuencias. En primer lugar, se produjo una reestructuración del sector financiero que llevó a un aumento de la concentración y que se realizó mediante la compra por parte de algunas entidades de bancos ya existentes, lo que no siempre se hizo siguiendo criterios meramente económicos. En muchas ocasiones se compraban entidades para aumentar el prestigio de la entidad, o su poder, a precios muy por encima del de mercado, y se financiaban las compras con créditos concedidos por parte de la propia entidad (Cuervo, 1988). En segundo lugar, la expansión geográfica se convirtió en uno de los principales instrumentos para competir, ya que se intentaba aumentar el número de clientes acercando el servicio a los ciudadanos, lo que llevó a la apertura de un gran número de sucursales bancarias. Y en tercer lugar, aumentó el peso relativo de las cajas de ahorros en el conjunto de los intermediarios financieros.

      La creciente competencia y el aumento en el número de sucursales incrementó los costes de las entidades financieras y éstas trasladaron este incremen -to en los costes a sus clientes a través de tipos de interés sobre los créditos más altos y comisiones más elevadas. De ese modo la banca consiguió aumentar su margen de intermediación (diferencia entre los tipos de interés que cobra por sus activos y los tipos de interés que paga por sus pasivos) desde el 3,45% en 1974 al 4,45% en 1978 y sus beneficios, a pesar del fuerte aumento de los costes operativos derivado de la apertura de nuevas sucursales. Las consecuencias de este encarecimiento del crédito sobre las empresas españolas fueron muy graves dado el elevado nivel de dependencia de las mismas con respecto a la financiación externa.

      El segundo problema del sector financiero, como se explicó en el capítulo anterior, fue el impacto de la crisis industrial. A partir de 1974 la crisis produjo un aumento de la morosidad y una caída en el valor de las acciones de muchas empresas industriales. Al ser muchas entidades bancos de carácter mixto, es decir, con fuertes intereses en el sector industrial, los bancos intentaron rescatar a las empresas participadas prestándoles fondos. Esta actuación en muchos casos sólo empeoró la situación tanto de la empresa como de los bancos: se trató de una política de “huida hacia delante”, se realizaron actividades de dudosa legalidad y en algunos casos estafas, apropiaciones indebidas y delitos fiscales (Cuervo, 1988).

      Por tanto, la banca española se enfrentó en la segunda mitad de los setenta y primeros ochenta a un aumento de la competencia en un momento en el que se estaba produciendo una fuerte crisis industrial y bursátil. Como se señaló en el capítulo anterior, el Banco de España no dispuso en aquel momento de los instrumentos necesarios ni para anticiparse a la crisis ni para resolverla, y eso hizo que la resolución de la misma se abordase cuando ésta ya había estallado.

      El primer mecanismo de intervención fue la creación en 1978 de la Corporación Bancaria S.A., una sociedad anónima con un capital social de 500 millones de pesetas (unos 3 millones de euros) que se configuró con aportaciones del Banco de España y de 95 entidades bancarias. Esta corporación tenía como objetivo sanear a los bancos en quiebra y para ello compraba acciones de los bancos en crisis, se nombraba una nueva administración y se procedía al saneamiento de la entidad con la ayuda del Banco de España. Por este procedimiento la Corporación compró acciones del Banco Cantábrico, del Banco Meridional o del Banco de Valladolid, entre otras entidades (Cuervo, 1988).

      Además, se creó un Fondo de Garantía de Depósitos para reforzar el sa -neamiento de las entidades. Este Fondo tenía numerosas atribuciones (suscripción de ampliaciones de capital, compra de activos, asunción de pérdidas, concesión de préstamos y garantías sobre procedimientos en curso o futuros) de forma que la Corporación acabó por ser un instrumento del Fondo. En 1979 se inició un proceso de venta de las entidades en crisis que se ofrecían al resto de entidades bancarias para que acabasen de reflotarlas. Además de sanear las entidades en crisis el Fondo procedió a asegurar los depósitos hasta el límite fijado por la normativa legal.

      Finalmente en 1983 se decretó la expropiación del Grupo Rumasa. Este grupo integraba más de 600 sociedades, de las cuáles sólo 370 estaban activas, operando en los sectores de bebidas, hostelería, comercio, construcción e inmobiliario y servicios financieros. Más del 50% del grupo lo consti tuían sólo 4 empresas: Galerías Preciados, Hispano Alemana, Marcol y Hotasa, y el subgrupo bancario (17 bancos) constituía el mecanismo o fuente de financiación del grupo. La concentración de riesgos en empresas participadas fue uno de los principales problemas del grupo, y en 1983 cuando el gobierno decidió intervenir la situación de Rumasa era de quiebra técnica.

      El coste de la política de saneamiento bancaria fue muy elevado y se cifra en 1,7 billones de pesetas (10.217 millones de euros), de los cuales 1,3 billones (7.800 millones de euros) fueron aportaciones públicas (cuadro 3.7). Sólo el coste de la intervención en el grupo Rumasa fue de 761.950 millones de pesetas (4.579 millones de euros). El aspecto positivo de la intervención fue que impidió que la crisis bancaria se convirtiese en un verdadero pánico bancario que hubiera arrasado con una gran parte del sistema financiero español; el principal problema fue el elevado coste, prácticamente equivalente a las estimaciones más conservadoras sobre el coste de la reconversión industrial (Cuervo, 1988).

CUADRO 3.7. Costes asociados a la crisis bancaria, 1977-1985

Fuente: Cuervo (1988).

3.4. Conclusiones

La fragilidad de los últimos gobiernos de la dictadura y de los primeros gobiernos de la democracia dificultó la adopción de medidas efectivas pero a su vez traumáticas con las que hacer frente a la crisis económica. El empeoramiento de la situación económica obligó al gobierno de Suárez, asesorado e impulsado por Fuentes Quintana, a abordar un conjunto de reformas estabilizadoras y estructurales que consiguiesen hacer frente a los problemas más graves de la economía española y que iniciasen un proceso de modernización de su estructura económica. El difícil momento económico y político requirió de un consenso que se plasmó en la firma de los Pactos de la Moncloa en 1977.

      Gracias a las medidas estabilizadoras se consiguió moderar la inflación y el déficit externo, si bien las dificultades para hacer frente al creciente déficit público fueron continuas. En cualquier caso, la segunda crisis del petróleo y los problemas internos de la UCD evaporaron parte de los logros conse -guidos a través de la implementación de estas medidas de estabilización. Sólo tras el logro de la mayoría absoluta por parte del PSOE se consiguió controlar de forma más contundente la inflación, aunque el déficit público y especialmente el aumento del desempleo (que alcanzó una tasa de paro cercana al 22% de la población activa en 1985) continuaron siendo los dos graves problemas de la economía española.

      Con respecto a las reformas estructurales, se abordaron diferentes renovaciones dirigidas a modernizar la economía española, como la reforma fiscal, y a afrontar tanto la crisis industrial, a través de la reconversión, como la bancaria, mediante un saneamiento del sector. Con respecto a la reforma fiscal, su implantación era en parte una exigencia para poder hacer frente al fuerte crecimiento del gasto asociado tanto a la crisis como a la construcción del Estado de bienestar, pero era además un mecanismo para introducir la progresividad en el pago de los impuestos y fomentar la redistribución de la renta. La reconversión industrial era, sin embargo, una exigencia impuesta por la caída de la demanda y la fuerte competencia internacional a la que se enfrentaron algunos sectores. Inicialmente se aplicó un sistema de reconversión a nivel de empresa, en el que se utilizaron diferentes mecanismos de ayuda a empresas en crisis y muchas de ellas fueron nacionalizadas; a partir de 1980 se aplicó una política sectorial que afectó a una gran cantidad de sectores. La Ley de Reconversión de 1984 redujo el número de sectores y el denominado “núcleo” duro de la reconversión recibió la mayor parte de las ayudas.

      El aspecto más positivo de esta política fue la puesta en marcha de una reestructuración de la industria española para hacer frente a los graves problemas de exceso de capacidad de muchos sectores. Sin embargo, fue una política costosa que no siempre consiguió la reindustrialización de las zonas más afectadas por la crisis.

      Finalmente se abordó un proceso de liberalización del sector financiero, fuertemente regulado, que además tuvo que ir acompañado de un conjunto de medidas de saneamiento con las que hacer frente a los graves problemas que afloraron en el sector bancario. La crisis industrial y el aumento en la morosidad, la excesiva implicación del sector bancario en la actividad industrial y la utilización de prácticas bancarias poco ortodoxas colocaron a muchas entidades bancarias al borde del colapso y fue necesario instrumentar diversos mecanismos para salvar al sector bancario, entre los que destacaríamos la creación de la Corporación Bancaria y del Fondo de Garantía de depósitos. Estas medidas consiguieron evitar el pánico bancario, pero con un coste económico muy elevado.

Bibliografía

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   4   

Una larga etapa de crecimiento, 1986-2000

4.1. Introducción: una larga fase de crecimiento

Tras la dureza de la crisis económica, los últimos quince años del siglo XX fueron una etapa de notable crecimiento económico para la economía española. En el entorno internacional los bajos precios del petróleo, la reducción de los tipos de interés y el avance tecnológico generado con la incorporación a la producción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación provocaron la recuperación económica de finales de los ochenta y un fuerte auge en los años noventa. La economía española, cada vez más integrada internacionalmente, iba a moverse con tendencias similares a las principales economías industriales.

      En este proceso de integración en la economía internacional que va a caracterizar todo el período, el principal hito es la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE). La integración en la Comunidad había sido un objetivo de la política económica española desde la firma del Tratado de Roma, en 1957. Las características del régimen político español (una dictadura frente a una organización formada por países democráticos) impidieron su aceptación por parte de los países miembros. Cuando el régimen franquista desapareció, los primeros gobiernos democráticos solicitaron la apertura de negociaciones que culminaron con el acceso de España a la Comunidad el 1 de enero de 1986. Toda la evolución económica a partir de ese momento estuvo marcada por los efectos de la integración. España se convirtió en una economía más abierta, que recibió notables volúmenes de inversión que empujaron el crecimiento; la desaparición de las barreras arancelarias con los países comunitarios fomentó la competencia y obligó a las empresas españolas a realizar transformaciones productivas que aumentaron la productividad. En una segunda fase de integración, con la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), la coordinación de las políticas monetarias y fiscales de los países que la formaban (entre los que se encontraba España), otorgó la credibilidad necesaria para cumplir con las medidas que permitieron eliminar los desequilibrios macroeconómicos que perduraban desde la época de crisis.

      Estos efectos favorables de la situación internacional y de la integración europea se plasmaron en un crecimiento prolongado, a una tasa media del PIB per cápita 3,28% entre 1985 y 2000, superior a la de los países de la Unión Europea. Este mayor crecimiento permitió que la economía española recuperara las posiciones en las que se encontraba antes de la crisis y se acercara levemente a los países europeos, puesto que en 1985 el PIB por habitante era en España del 71,5% del europeo y en 2000 había alcanzado el 81,8%. El crecimiento, sin embargo, no fue uniforme. A una fase de fuerte crecimiento, de 1985 a 1991, le siguió una breve pero intensa crisis en 1992 y 1993, para recuperar el ritmo de crecimiento desde 1994 hasta el final de la década.

      En este capítulo se va a tratar la evolución de la economía española entre 1985 y 2000. En el siguiente apartado se explicará la evolución económica y se describirán sus fases. Las características del patrón de crecimiento seguido se analizan en el apartado 4.3. El apartado 4.4 se dedica a describir la evolución de las políticas económicas y su contribución para eliminar los desequilibrios macroeconómicos. En el apartado 4.5 se presentará la evolución de los sectores productivos y en el 4.6 se recogen las principales conclusiones.

4.2. Las fases del crecimiento

La evolución de la economía española durante el período 1985-2000 describe dos ciclos completos, aunque el segundo se prolonga más allá del año final. El primero va desde 1985 hasta 1993 y está asociado al proceso de integración en la Comunidad Europea y a la recuperación de la crisis económica de los años setenta y primeros ochenta; el segundo arranca en 1994 y perdu -ra hasta 2003, ligado al crecimiento económico internacional, a la resolución de los desequilibrios macroeconómicos de la década anterior y a la profundi -zación del proceso de integración en la economía internacional. La evolución puede observarse en la figura 4.1, en la que se contemplan con claridad las cuatro fases: una fase de alza entre 1985 y 1987-1988, que enlaza con una fase descendente que culmina con la crisis de 1992-1993. La recuperación llegó hasta 1998-1999, momento en el cual la economía volvió a iniciar un movimiento descendente, que queda fuera de nuestro período de estudio.

FIGURA 4.1. Tasa de crecimiento del PIB (%), 1985-2002.

Fuente: INE.

1. La primera fase de crecimiento, 1985-1991

      El rasgo más característico de esta primera fase (1985-1991) es el proceso de integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE). Como se ha visto en los capítulos anteriores, la economía española había estado sometida a un duro proceso de ajuste para recuperarse de la crisis de los años setenta y primeros ochenta. La incorporación a Europa fue el catalizador del cambio de fase.

      Los favorables efectos de la integración en la Comunidad, el 1 de enero de 1986, fueron principalmente provocados por el aumento de la competencia, como consecuencia de la reducción arancelaria y la liberalización de los mercados, que desencadenaron un dinamismo productivo que condujo a una expansión muy pronunciada. Junto a ello, el final de la crisis de los setenta y ochenta fomentó un clima de confianza en la evolución favorable de la economía, una vez incorporada a Europa, que contribuyó al sostenimiento del auge. El resultado fue un notable crecimiento del PIB, a una tasa anual media del 4,4%, que alcanzó su nivel más alto en 1987 y 1988 con tasas superiores al 5%. El factor más importante en el crecimiento del PIB fue la demanda interna. El consumo, tanto público como privado, y la inversión crecieron a tasas muy elevadas, como se puede observar en el cuadro 4.1, por encima de los ritmos de crecimiento del producto y superando la participación en el crecimiento de la demanda externa que, como se verá más adelante, tuvo un comportamiento menos favorable.

      En el comportamiento de la demanda interna, además de los efectos de la integración en Europa, desempeñó un papel positivo la reducción de los desequilibrios macroeconómicos que arrastraba la economía española desde la precedente época de crisis. Los dos principales continuaban siendo la inflación y el desempleo, como se muestra en el cuadro 4.2. La inflación venía reduciéndose desde principios de la década, y en 1985 ya había bajado de los dos dígitos, aunque las rigideces estructurales de la economía española (falta de competitividad, mercados regulados, mercado de trabajo poco flexible) continuaban señalando la existencia de un límite a ese descenso, como se observa en el repunte de 1989. La bajada de la inflación estuvo causada por la moderación de los aumentos salariales entre 1984 y 1986, y por el descenso de los tipos de interés, que contribuyeron a la reducción de los costes de las empresas, así como a la mayor competencia debido a la apertura exterior de la economía. A finales de la década, sin embargo, la inflación volvió a aumentar como consecuencia del alza salarial tras la huelga general de 1988 y de los problemas monetarios internacionales que empezaban a aparecer y que se trasladaron a España en forma de leves alzas de los tipos de interés. Habría que esperar a mediados de la década siguiente para que se produjera el control de las tensiones inflacionistas.

CUADRO 4.1. Tasas de crecimiento de la demanda interna (%), 1985-2000

Fuente: INE.

CUADRO 4.2. Desequilibrios básicos de la economía española, 1985-2000

Fuente: Banco de España.

      El segundo desequilibrio que comenzó a corregirse, pero también de forma insuficiente, fue el desempleo. Éste había llegado a niveles muy elevados en los primeros años ochenta y desde 1985, cuando alcanzó un 21,5%, comenzó a bajar lentamente, hasta el 16,3% en 1991, antes de volver a subir en 1992. En el descenso del desempleo tuvieron que ver dos factores principalmente: el fuerte auge cíclico que hizo crecer los niveles de empleo a una tasa del 2,5% anual, alcanzando ritmos del 4% en los años álgidos del crecimiento; y las reformas del mercado laboral, que introdujeron, en 1984, los contratos temporales de fomento del empleo que facilitaron la rápida respuesta de las empresas al alza de la demanda, mediante la contratación de trabajadores. El recurso a los contratos temporales, sin embargo, también iba a causar problemas a medio plazo. El mercado de trabajo se segmentó entre trabajadores con contratos estables y trabajadores con contratos temporales. Los primeros podían protegerse de la evolución del mercado y forzaban subidas salariales por encima del crecimiento de la productividad a pesar del elevado desempleo (Malo de Molina, 2003).

      Pero la fuerza del auge también ocasionó la reaparición de un desequilibrio que iba a convertirse en preocupante al final de los años ochenta: el déficit exterior. El fuerte crecimiento de la inversión privada y el déficit de las Administraciones Públicas no podían ser financiados únicamente con el ahorro interno de la economía española, por lo que hubo que recurrir al ahorro externo. Las entradas de capital permitieron mantener el crecimiento, a pesar de los fuertes déficits de la balanza comercial, pero la economía española era muy dependiente de los movimientos de capital para la financiación de su expansión. España estaba creciendo por encima de sus posibilidades y necesitaba de la financiación exterior para sostener ese crecimiento.

2. Una breve contracción, 1992-1993

      Las condiciones cambiaron al comienzo de los años noventa. La fase de expansión europea, en la que estaba integrada la economía española, comenzó a dar signos de agotamiento. Las incertidumbres políticas y los desajustes monetarios precipitaron las economías a una recesión breve pero intensa. Entre las incertidumbres políticas destacan las causadas por la caída de los regímenes comunistas y el muro de Berlín (noviembre de 1989), la reunificación alemana (octubre de 1990) y la preparación para la guerra del Golfo, que comenzaría en agosto de 1990. Entre los desajustes monetarios hay que destacar la crisis del Sistema Monetario Europeo en 1992 y 1993, causada fundamentalmente por la devaluación del marco provocada por la reunificación alemana y caracterizada por tensiones en los mercados monetarios, devaluaciones de las monedas que formaban el sistema (entre ellas la peseta) y finalmente el abandono de los tipos de cambio fijos al ampliarse enormemente las bandas de fluctuación.

      La crisis de 1992-1993 en España se caracterizó por su intensidad. Las tasas de crecimiento se desplomaron hasta niveles negativos: en 1993 el nivel del producto se redujo en un 1%. La formación bruta de capital acumuló dos años de crecimiento negativo, con una caída media del 3,7%. El desempleo volvió a aumentar hasta el 22%, una cifra que no había sido alcanzada ni siquiera en los años del ajuste de la crisis de los setenta.

      La crisis fue un ajuste en una economía que había acumulado numerosos desequilibrios en la etapa de expansión. El crecimiento en la anterior fase había sido financiado con aportes de capital extranjero debido a la insuficiencia del ahorro nacional. La dependencia de las entradas de capital convertía a la economía española en una economía muy vulnerable al cambio en las tendencias de los mercados monetarios internacionales. Las inseguridades políticas y cambiarias truncaron las expectativas de los inversores, que comenzaron a deshacerse de las monedas que se encontraban sobrevaloradas y en las que se preveía un proceso de depreciación. Éste era el caso de la peseta, que experimentó tres devaluaciones entre septiembre de 1992 y marzo de 1993.

      El ajuste en los mercados monetarios se trasladó a los mercados internos. La demanda interna cayó como consecuencia de varios factores. Primero, la formación bruta de capital cayó como consecuencia de la reducción del ritmo de las entradas de capital. La caída en la inversión se tradujo en una destrucción de empleo y la reducción del número de empleados contrajo el consumo privado. Los trabajadores con contratos temporales firmados durante el anterior período de auge fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la crisis, aunque también los que disfrutaban de un empleo fijo sufrieron el ajuste de plantillas. En conjunto, se perdieron todos los empleos que se habían generado en la etapa de auge. Solamente el gasto público mantuvo sus ritmos de crecimiento al comportarse de manera anticíclica gracias al fuerte aumento de las obras públicas.

      Pero fue la reordenación de los tipos de cambio, que estuvo en el origen de la crisis monetaria internacional, la que restableció las bases del crecimiento. Las tres devaluaciones contribuyeron a corregir las pérdidas de competitividad que el alza de los costes productivos y la sobrevaloración de la pe -seta habían provocado. El ajuste del empleo permitió la aparición de aumentos de productividad que mejoraron los costes por unidad de producto. Estos dos elementos dieron lugar a la recuperación de los excedentes empresariales, lo que permitió un proceso de crecimiento en condiciones más saneadas.

3. La segunda fase de crecimiento, 1994-2000

      Los años que siguieron a la crisis de 1992-1993 se caracterizaron por la vuelta de los elevados niveles de crecimiento y por la consecución de unos fuertes ritmos de convergencia. La economía española creció por encima de la media de los países europeos y permitió que la renta per cápita de la población española alcanzara el 82% de la renta media de la Comunidad Europea. Esto fue posible gracias a una tasa media de crecimiento del PIB superior al 3%, que alcanzó su punto álgido en el período 1997-2000 con tasas superiores al 4%.

      La demanda exterior se constituyó en el primer elemento en tirar de la producción, a diferencia del auge inmediatamente anterior, basado en la de -manda interna. Las devaluaciones de la peseta mejoraron la competitividad de las exportaciones, que durante los primeros años del auge crecieron a tasas superiores al 10%, por encima del ritmo de crecimiento de las importaciones. A su calor comenzaron a recuperarse la producción y el empleo. Empujado por el aumento del empleo, las mejoras en los salarios reales y el efecto de riqueza provocado por la revalorización de los activos, el consumo privado se incrementó fuertemente. El crecimiento fue intensivo en empleo y estuvo caracterizado, como contrapartida, por unas ganancias de productividad del trabajo muy reducidas a nivel agregado. Ésta ha sido una característica típica del crecimiento español: cuando el empleo ha caído, la productividad del trabajo ha tendido a crecer; por contra, cuando el empleo ha crecido, la productividad se ha estancado o ha caído. Una implicación de este patrón de comportamiento es que los avances en la convergencia real de la economía española hacia los niveles de renta per cápita del conjunto de la UE se basaron, casi exclusivamente, en el fuerte aumento del empleo.

4.3. El patrón de crecimiento

Los factores que han conformado el crecimiento durante este período le han otorgado unas características específicas. Es lo que se suele denominar “patrón de crecimiento”. En el caso español, los elementos que caracterizaron dicho patrón fueron cuatro: el fuerte crecimiento de la demanda interna, la apertura internacional de la economía, la expansión internacional de las empresas y las dificultades para la mejora de la productividad.

             4.3.1.El crecimiento de la demanda interna

Entre los factores causantes del crecimiento del producto, el principal fue el desarrollo de la demanda interna. Consumo e inversión crecieron de manera más acelerada que el producto durante la primera etapa de crecimiento (1985-1992), y aunque el ritmo de aumento del consumo se moderó a partir de la crisis de 1993 y 1994, la inversión continuó manteniendo tasas elevadas hasta finales de la década de los noventa.

      El consumo privado se vio favorecido por dos factores: el aumento de la renta disponible por el crecimiento del número de empleados y de los salarios; y el efecto de riqueza ocasionado por el descenso de los tipos de interés. La primera causa del aumento del consumo fue el aumento de la renta. Las condiciones laborales mejoraron a raíz del final de la crisis de los años ochenta, lo que provocó un incremento del número de empleados que pasó de 11.139.000 trabajadores en 1985 a 13.430.000 en 1991 y, después de una leve caída durante el período de crisis, a los 15 millones en el año 2000. Asimismo aumentaron los salarios principalmente por la elevación del número de trabajadores y la disminución del paro, pero también por el efecto de otros factores, como la huelga general celebrada por los sindicatos en diciembre de 1988 contra la reforma del mercado laboral planteada por el gobierno socialista. A finales de la década de los noventa, un nuevo elemento vino a sostener la tasa de crecimiento del consumo: el crecimiento demográfico. Entre 1998 y 2005 la población española se incrementó en 4,3 millones de personas debido, en gran parte, a la entrada de inmigrantes (Malo de Molina, 2005).

      La segunda causa del crecimiento del consumo fue el descenso de los tipos de interés y la revalorización de los activos, principalmente de los inmobiliarios. Los tipos de interés a largo plazo se encontraban en el 16% en 1984 y emprendieron un descenso lento durante el período 1985-1992, hasta quedar en el 12% favorecidos por la entrada de capital exterior. En la segunda mitad de los noventa, asociados con el esfuerzo por cumplir los criterios de entrada en la Unión Monetaria, los tipos de interés bajaron hasta el 5% en el año 2000. Unos menores tipos de interés permitieron un aumento en el endeudamiento de las familias. Compras a crédito y, sobre todo, la compra de vivienda ocasionaron un fuerte aumento de la deuda que en el año 2000 alcanzó el 70% de la renta bruta disponible. En resumen, las fuerzas que dominaron el descenso de los tipos de interés fueron dos: las políticas macroeconómicas concordantes con el resto de países europeos y las entradas de capital extranjero, que aumenta ron los fondos a disposición de las empresas para sus planes de inversión.

      Similar efecto sobre la capacidad de compra tuvo la fuerte revalorización de los activos inmobiliarios. Un simple dato bastará para entender la importancia de este elemento: en 1985 el precio por metro cuadrado de la vivienda nueva era de 292 € (48.584 pesetas); en 2000 había subido hasta los 1.062,5 € (176.785 pesetas). En quince años el precio se había multiplicado por 3. Ambos factores, caída de los tipos de interés y revalorización de los activos, ocasionaron un efecto de riqueza: la posibilidad de endeudarse con menor coste y el mayor valor de los activos aumentaban la riqueza neta de las familias y, por tanto, aumentaban las posibilidades de consumo.

      También el consumo público fue un elemento expansivo, especialmente entre 1985 y 1992, como consecuencia de la expansión del Estado de bienestar, los efectos sobre las cuentas públicas de la huelga general de 1987 y el fuerte aumento de los gastos relacionados con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla de 1992. A partir de la segunda mitad de los años noventa, la disciplina presupuestaria para cumplir los acuerdos de Maastricht contuvo su crecimiento.

      El otro factor responsable del fuerte crecimiento de la demanda interna fue el aumento de la inversión. Dos elementos se encuentran detrás del alza: el tirón de la demanda y el fuerte incremento de la inversión extranjera. Esta última era muy reducida en España durante los años setenta y solamente a mediados de los ochenta comenzó a tener una presencia relevante en la estructura industrial española. A partir de ese momento dos factores vienen a explicar el fuerte aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED): la entrada en la Comunidad Europea, con el levantamiento de las limitaciones previamente existentes a la IED, y el ciclo de auge de las principales na -ciones industrializadas. Esto hizo que la IED pasara de 280.000 millones en 1985 a 2 billones en 1991, un salto desde el 5,68% de la formación bruta de capital hasta el 17,61%. La incidencia de la inversión exterior en la industria española impulsó el proceso de modernización del sector, incentivó cambios en los procesos productivos, la incorporación de nuevas tecnologías y un mayor grado de eficiencia de las empresas participadas.

             4.3.2.La apertura internacional de la economía española

La entrada en la Comunidad Europea, que se expone en el capítulo 5, supuso la culminación de un largo proceso de apertura que ya se había iniciado en las décadas anteriores. La economía española había estado sometida a un proceso de ajuste duro para recuperarse tras la crisis de los años setenta y primeros ochenta, y la integración en la Comunidad dio paso a un período de acelerada expansión económica. La apertura exterior se produjo gracias al acceso a los mercados europeos, pero también como consecuencia del proceso de globalización económica a nivel internacional y por la penetración de capital extranjero.

      Paradójicamente, como puede observarse en la figura 4.2, los primeros años de integración europea se correspondieron con un descenso en el coeficiente de apertura externa. El esfuerzo que se había hecho en los años anteriores había sido notable, pues entre 1978 y 1985 se había ampliado la apertura en un 13%. Pero al mismo tiempo, el ritmo de crecimiento del PIB fue tan acelerado que, aunque las exportaciones crecieron de forma rápida, no pudieron acompañar al aumento del producto. La imagen es, así, de un descenso en la apertura. A partir de 1992, con la ayuda de las cuatro devaluaciones de la peseta entre 1992 y 1994, comenzó un período de apertura acelerada que permitió pasar de un 32 a un 60% en el año 2000.

FIGURA 4.2. Coeficiente de apertura externa, 1985-2000.

Fuente: Banco de España.

      La consecuencia de la adhesión fue, por tanto, un intenso crecimiento del grado de apertura que describe perfectamente la integración de la economía española en la economía internacional. Este incremento fue, sin embargo, muy desequilibrado. Las exportaciones presentaron tasas de crecimiento muy moderadas, aumentando en una magnitud muy reducida su participación en el PIB, hasta situarla en torno al 22% en el año 1992. Las importaciones cobraron un gran dinamismo, duplicando su participación en el PIB respecto al año 1985, y situándose en 1992 en torno al 29%. La evolución de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios pone de manifiesto uno de los rasgos estructurales que caracteriza la evolución de la demanda exterior: la relación directa que existe entre el crecimiento del PIB y el aumento del déficit del comercio de bienes y servicios. El período cíclico expansivo iniciado en 1985 llevó a una ampliación del desequilibrio exterior que alcanzó máximos históricos en 1992, situándose en el 10,2%. Las fuertes entradas de capital, sin embargo, permitieron la financiación del déficit.

             4.3.3. La expansión internacional de las empresas

Una de las características más notables del proceso de apertura exterior de la economía española ha sido el rápido crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) española en el extranjero. Si en el inicio de los años noventa la inversión directa española en el extranjero era inferior al 2%, en los cinco años finales de la década la media ascendió hasta el 5,6% del PIB. Es un esfuerzo inversor en el exterior notable, puesto que, en dicho período, la formación bruta de capital total fue de un promedio del 23,2%, con lo que la inversión directa en el exterior alcanzó el 24,1% de la inversión nacional. (De la Dehesa, 2003). Desde 1997, España realiza más IED de la que recibe y a comienzos del siglo XXI se ha convertido en el octavo país del mundo que más invierte en el exterior.

      Entre las razones del fuerte aumento de la IED se pueden citar dos. En primer lugar, las empresas españolas decidieron invertir en el exterior como estrategia de defensa ante la entrada de empresas europeas a raíz de la incorporación de España a la UE. Una vez reducidos los obstáculos a las entradas de capital y eliminados los aranceles, se esperaba la entrada de empresas europeas en el mercado español. Los empresarios buscaron otros mercados en los que poder continuar la producción en condiciones de competencia menos duras, por lo que buscaron la deslocalización de las inversiones y acudieron a aquellos países donde el coste de producción, debido a los menores costes laborales, fuera más reducido. Los mercados latinoamericanos, de Oriente Medio y el norte de África fueron los privilegiados. En segundo lugar, la salida de las multinacionales españolas al extranjero habría estado ligada también a una forma óptima de explotación de activos comerciales intangibles como marca y tecnología.

      En cuanto al destino de las inversiones, la entrada de España en la UE supuso un momento clave. Así, en la primera mitad de los ochenta, América Latina recibía el 30% de la IED española en el exterior, superando a los países de la UE. Sin embargo, a partir de la adhesión española la situación cambió y en la segunda mitad de la década América Latina descendió al 9,5% frente al 54% de la UE. Esta situación cambió en la década de los noventa con la apertura de las economías latinoamericanas al exterior, acompañado de sendos procesos de privatizaciones y liberalizaciones y hacia mediados de la década América Latina había superado de nuevo a la UE como destino principal de las inversiones de las empresas españolas.

      Los sectores a los que se dirigió la inversión se fueron transformando a lo largo del período, perdiendo importancia progresivamente el sector manufacturero en favor del sector servicios. Dentro de este último, también se produjeron importantes cambios, pasando de una preponderancia del sector financiero y del comercio hasta la incorporación de otros sectores, en la década de los noventa, como son transporte y comunicaciones, la distribución de energía y el petróleo.

      El origen de las empresas multinacionales españolas ha sido muy diverso, y no ha respondido siempre al estereotipo de la gran empresa. Se pueden distinguir tres tipos: las grandes compañías que operan en sectores oligopólicos, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y las cooperativas. Las grandes compañías oligopólicas comenzaron a internacionalizarse a medida que el mercado español empezaba a saturarse, los márgenes de beneficios se reducían y la pertenencia a la UE las convertía en más vulnerables a la competencia y a ser adquiridas por empresas europeas. La mayoría de estas empresas se expandieron mediante adquisiciones (BBVA, BSCH, Iberia, Iberdrola, Telefónica). Las PYMES españolas se han expandido aprovechándose de sus patentes y tecnología (Nutrexpa, Chupa-Chups, Inditex), para asegurarse el suministro de insumos (Pescanova) o canales de distribución fuera de España (Freixenet e Inditex). Las cooperativas españolas (Mondragón) han seguido las mismas pautas de comportamiento que las PYME (Guillén, 2004).

             4.3.4.El crecimiento de la productividad

Una de las características del largo período de crecimiento de finales del siglo XX es que ha estado basado en la fuerte generación de empleo y no en el cre -cimiento de la productividad. La productividad aparente del trabajo ha creci -do cuando el nivel de desempleo era muy elevado, como en los primeros años ochenta y durante la crisis de 1992-1993, y ha caído cuando la creación de empleo era mayor, como en la segunda mitad de la década de los ochenta y en el período entre 1995 y 2000.

      La consecuencia de las dificultades de aumentar la productividad se puede observar en la ampliación de los diferenciales de productividad con los países más avanzados. En los primeros años ochenta es cuando se produce cierto acercamiento español en materia de productividad. Este proceso de convergencia se detiene con la entrada española en la Unión, quedando estable la relación entre la productividad española y la europea hasta el año 1993, fecha a partir de la cual se inicia un proceso de divergencia que alcanza hasta final de siglo y que es más fuerte, si cabe, en términos de productividad por hora trabajada que por ocupado. A pesar del fuerte proceso inversor realizado por la economía española en los años noventa, la productividad aparente del factor trabajo ha disminuido significativamente desde mediados de la década. Asimismo, el comportamiento de dicha variable en España durante este período de tiempo se sitúa por debajo de la media de nuestros socios europeos y a considerable distancia de EE UU. Consecuentemente, dicha evolución de la productividad, junto con la evolución negativa en los precios, implica una pérdida relativa de competitividad y un deterioro de las posibilidades de crecimiento a largo plazo. Estas conclusiones son igualmente válidas, tanto cuando consideramos la productividad por trabajador como la productividad por hora trabajada, las dos medidas de la productividad del trabajo. Sin embargo, las diferencias entre España como la media europea son mayores en la productividad por hora trabajada, debido a que en España el número de horas trabajadas, cerca de 1.800 anuales, supera las horas anuales de trabajo de los europeos, aproximadamente 1.600 (Maroto y Cuadrado, 2008).

      Es indudable que esta caída tiene que ver con el fuerte ritmo de creación de empleo que se ha producido durante los años noventa. Una parte importante de esa creación de empleo fue afloración de empleo sumergido por las reformas del mercado de trabajo. Como el PIB que generaba ese empleo ya había sido captado por las estadísticas, una parte del descenso se debe a factores estadísticos. Pero también es responsable del descenso de la productividad española la utilización masiva de contratos temporales, que representan casi el doble, en porcentaje, del promedio de la contratación laboral de toda la UE. Los contratos laborales fueron un medio creciente para aumentar el empleo desde la reforma de 1984 para escapar de la elevada rigidez de la contratación indefinida, con altos costes de despido. En 1994 alcanzaron un máximo del 34% del empleo asalariado. La enorme rotación de trabajadores temporales hace que su productividad tienda a ser mucho más baja que la mayoría de trabajadores fijos, ya que buena parte de la productividad laboral se consigue a través de un proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, el aumento de la utilización del capital, de los bienes de equipo y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por persona empleada han sido menores que el empleo.

4.4. Las políticas económicas

El reto principal de la política económica durante este período fue eliminar los desequilibrios internos y externos que todavía acarreaba la economía española como consecuencia del proceso de ajuste frente a la crisis económica de los años setenta, y que han sido descritos en el capítulo anterior. Estos desajustes se pueden concretar en dos: un fuerte desequilibrio interno caracterizado por unas elevadas tasas de inflación, unas persistentes tasas de desempleo y un imparable déficit público; y un desequilibrio externo marcado por el déficit de la balanza por cuenta corriente. A su vez, la integración de España en la CEE dio un impulso adicional al retorno a la senda del equilibrio macroeconómico. Los países de la CEE formaban un entorno de econo mías caracterizadas por la estabilidad económica para evitar la inflación y el desequilibrio exterior. En el proceso de integración se fue haciendo presente la necesidad de armonizar las políticas con las de los socios comunitarios y converger en los mismos objetivos. Este proceso dotó de una credibilidad adicional a la política económica, necesaria para alcanzar los objetivos propuestos.

      La etapa de expansión iniciada en 1985 tensó los desequilibrios que afectaban a la economía española. El intenso ritmo de crecimiento estuvo acompañado por una elevación muy fuerte del precio de los activos financieros y reales. El índice de la bolsa de Madrid triplicó su nivel entre 1985 y 1989, y el precio por metro cuadrado de las viviendas nuevas se elevó dos veces y media en el mismo período.

      El crecimiento del empleo sólo llevó a un descenso moderado del desempleo, que quedó instalado en un 16,4% en 1991. La tasa de inflación se redujo en los primeros años, ayudada por la caída del precio del petróleo y el descenso del ritmo de crecimiento de los costes laborales, pero a partir de 1989, la presión de la demanda y la rigidez en algunos mercados la impulsaron de nuevo al alza.

      La recuperación económica en la que España había entrado a partir de 1985 se basaba, como hemos visto en el apartado anterior, en el fuerte aumento de la demanda interna, en la caída de los tipos de interés y en la recuperación económica a nivel internacional. Esta aceleración del crecimiento acrecentó los desequilibrios en que se encontraba inmersa la economía española. En 1985 se produjo la sustitución de Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda en el primer gobierno socialista, por Carlos Solchaga, que planteó como primer objetivo de la política económica la corrección de los desequilibrios. Sin embargo, una inadecuada combinación de políticas monetarias restrictivas y políticas presupuestarias expansivas impidió que pudieran alcanzarse durante más de una década (Malo de Molina, 2003).

      A lo largo de la década de los ochenta y en los primeros noventa el objetivo de la política monetaria fue moderar la expansión y mantener el equilibrio, controlando la tasa de inflación. Pero el principal resultado de esta combinación de política monetaria y presupuestaria fue el alza de los tipos de interés. En una economía cada vez más abierta, como iba siendo la española, la elevación en los tipos de interés tuvo el efecto de provocar fuertes entradas de capital a corto plazo que causaron una apreciación de la peseta. La apreciación del tipo de cambio empeoraba la competitividad de los bienes y servicios españoles en los mercados exteriores, puesto que abarataba las importaciones y encarecía las exportaciones, agravando el déficit por cuenta corriente que producía el fuerte crecimiento de la demanda interna, con las importaciones creciendo más que las exportaciones.

      La apreciación de la peseta tendía a reforzar todo el mecanismo de alzas en los tipos de interés: los inversores internacionales se sentían atraídos por posibles apreciaciones del tipo de cambio y aumentaban las entradas de capitales a corto plazo (no hay que olvidar que el fuerte crecimiento de la economía estaba también atrayendo entradas importantes de capitales a largo plazo para financiar el crecimiento de la inversión), lo que aún apreciaba más la peseta y agravaba el déficit exterior. Frente a esta situación, se sucedieron las intervenciones en el mercado de cambios: para que la peseta no aumentara su valor, se vendían pesetas a cambio de divisas. Pero esto no era una solución sostenible a largo plazo: como el Banco de España tenía cada vez más divisas debía aumentar la cantidad de dinero en circulación, y solamente podía frenarla incrementando los tipos de interés, lo que ponía en marcha un círculo vicioso.

      El 19 de junio de 1989 la peseta se incorporó al Sistema Monetario Europeo (SME). Se daba un paso adelante en el compromiso español con el proceso de integración, pero también se esperaba que se pudiera reforzar la política de control de la peseta al transmitir a los mercados la confianza en su estabilidad, frenando su apreciación. El SME era un acuerdo de cooperación monetaria que establecía un régimen de tipos de cambio fijos, pero ajustables, con bandas de fluctuación en torno a los tipos de cambio centrales. La peseta entró con una cotización de 65 pesetas por marco y una banda de fluctuación de ± 6%. Pero debido a la fuerte apreciación que sufría, entró en el sistema con un tipo de cambio apreciado, lo que tuvo repercusiones sobre la competitividad de bienes y servicios y el saldo de la balanza por cuenta corriente.

      En estas condiciones, la participación de la peseta en el SME no conllevó la estabilidad deseada. Los desequilibrios continuaban acentuándose y sólo la confianza de los mercados de capitales en que se mantuviera el SME (y, por tanto, los equilibrios que en él se establecían) podía sostenerlo en funcionamiento. Sin embargo, en 1992 dicha confianza se quebró: Dinamarca votó en contra de su adhesión al Tratado de Maastricht, Francia votó a favor con un triunfo exiguo del “sí”, y la reunificación alemana presionó sobre los tipos de interés. La actuación de Alemania fue la más decisiva para provocar una crisis de confianza. Alemania estaba llevando a cabo la reunificación tras la caída del muro de Berlín con un fuerte exceso de demanda. Para frenar el ritmo de crecimiento, el Banco Central alemán (Bundesbank) decidió elevar los tipos de interés. Pero esto suponía atraer capitales que abandonarían al resto de monedas, que deberían, si no querían elevar también sus tipos de interés para frenar la salida de capitales, modificar sus tipos de cambio frente al marco, para hacer todavía atractiva la llegada de capitales. Como esto no se hizo, los mercados comenzaron a actuar por su cuenta. Se produjeron ataques especulativos contra algunas monedas, entre ellas la peseta, que se vieron forzadas a la devaluación.

      La primera devaluación de la peseta se produjo el 17 de septiembre de 1992, en un 5%, y la segunda el 2 de noviembre de ese mismo año, en un 6%. Estas dos devaluaciones resultaron insuficientes, porque hubo que realizar una tercera el 14 de mayo de 1993, en un 8%. En conjunto, las tres devaluaciones supusieron una depreciación del tipo de cambio efectivo real frente a las monedas de la Unión Europea del orden del 15%. Como resultado de toda esta turbulencia monetaria las bandas de fluctuación del SME se ampliaron al ±15%.

      La crisis puso de relieve la necesidad de una mayor coordinación de las políticas económicas. Un régimen con libertad de movimientos de capitales y tipos de cambio fijos reducía la posibilidad de que los países pudieran de -s arrollar políticas nacionales independientes. Si los capitales se mueven sin trabas de un país a otro, pudiendo provocar presiones que afecten a los tipos de cambio (cuando salen los capitales, forzando la depreciación; cuando entran, provocando una apreciación), la única manera de evitar las crisis monetarias se encuentra en coordinar las políticas económicas de los países, evitando la presencia de elementos que inciten a los movimientos de capital y aseguren la estabilidad de los cambios. De la reflexión que siguió surgió la necesidad de una mayor convergencia en las políticas de los países que formaran parte del mecanismo cambiario y del establecimiento de una política monetaria común. Se inició así el proceso para la creación de la Unión Monetaria, al que España se planteó acceder desde el principio. La decisión estuvo guiada por las escasas posibilidades que un país del tamaño de España tenía de seguir una política económica autónoma fuera de la nueva unión monetaria prevista: a falta de tener una credibilidad consolidada debido a las políticas económicas anteriores, la economía española quedaría expuesta a los efectos de origen interno o externo, tendría que adaptarse a las políticas que adoptara la Unión, sin tener la posibilidad de influir en ellas, y no participaría de sus ventajas. La decisión, por tanto, no encontró apenas oposición.

      Como se ha señalado antes, la política presupuestaria no acompañó a la política monetaria en la tarea de estabilizar los desequilibrios macroeconómicos. El déficit público en 1985 y 1986 se había mantenido en torno al 6% del PIB, y aunque se redujo en los años posteriores, permaneció en valores próximos al 3% del PIB entre 1987 y 1989. Entre las causas que explicaban el déficit se encuentran los elevados gastos por prestaciones de desempleo, derivados de la alta tasa de paro, las pérdidas de algunas empresas públicas y la insuficiente financiación del sistema de prestaciones de la Seguridad Social. A partir de 1989 el déficit público se agravó, hasta alcanzar un valor máximo del 7,4% sobre el PIB en 1993. Detrás del crecimiento del déficit se encuentra el cambio de rumbo de la política económica a raíz de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada para protestar contra el plan de empleo juvenil del gobierno (que pretendía introducir contratos temporales aplicables a los trabajadores más jóvenes). Se elevaron las pensiones y se consolidó la construcción del Estado de bienestar, a lo que hubo que añadir los gastos ocasionados por los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla en 1992, tanto directamente como en construcción de infraestructuras.

      A partir del final de la recesión de 1992-1993 se inició un nuevo ciclo de la política económica, caracterizado por los esfuerzos por alcanzar los criterios que permitieran incorporarse con los países punteros de la Unión en la tercera fase de la UEM (Unión Económica y Monetaria). Los compromisos que el Gobierno había adquirido en febrero de 1992 al firmar el Tratado de Maastricht obligaban a cumplir un conjunto de objetivos si un país quería incorporarse a la UEM en febrero de 1998. Éstos requerían: 1) una tasa de inflación no superior en más de 1,5 puntos porcentuales a la media de los tres países con inflación más baja; 2) un déficit público no superior al 3% del PIB; 3) un tipo de interés nominal que no excediera en más de 2 puntos el tipo medio de los tres países con menor inflación; 4) un volumen de deuda pública no superior al 60% del PIB y 5) no haber devaluado su moneda ni haber excedido el margen normal de fluctuación cambiaria en los dos últimos años. La situación de la que partía la economía española estaba alejada del cumplimiento de los criterios. En 1992, la tasa de inflación española era 2,5 puntos porcentuales superior a la inflación objetivo; los tipos de interés se situaban en torno al 12%, cuando se tenía que bajar al 10%; el déficit público superaba el 7% del PIB y los niveles de deuda eran ligeramente más elevados que el objetivo del 60%.

      En estas condiciones el gobierno, en el que Pedro Solbes había ocupado en 1992 la cartera de Economía, estableció un Plan de Convergencia con el objetivo de cumplir los criterios en la fecha marcada. El programa estaba basado en la necesidad de estabilizar los precios y de reducir el déficit público. Para conseguirlo se adoptaron dos tipos de medidas: de carácter macroeconómico, que afectaban a la política monetaria y fiscal, y de carácter estructural. En cuanto a las primeras, el elemento principal fue la concesión de la plena autonomía al Banco de España en el diseño e instrumentación de la política monetaria, lo que se consiguió en 1994. Respecto a la política presupuestaria, el objetivo era la contención del gasto público, tanto en la Administración Central como en las Administraciones Autonómicas, y el incremento de los ingresos a través del aumento en la eficiencia en la recaudación y la lucha contra el fraude fiscal. Acompañando a estas medidas, se consideraron necesarias otras de carácter estructural, que mejoraran el funcionamiento de los mercados, todavía excesivamente regulados.

      Para la política monetaria, la concesión de autonomía al Banco de España resultó un cambio fundamental, en línea con lo que estaba sucediendo en todos los países europeos. La política se orientó desde entonces principalmente al logro y mantenimiento de la estabilidad de precios, relegando a un papel secundario cualquier otro objetivo. En la búsqueda de ese objetivo el Banco se centró en el control directo de la inflación a través del control de los tipos de interés dejando en un segundo plano el manejo de los agregados monetarios: el Banco fijaba un tipo de interés compatible con el objetivo de inflación y prestaba dinero a ese tipo de interés. Con esto conseguía determinar los tipos de interés de toda la economía. En función de ese tipo de interés familias y empresas pedían préstamos para el consumo y la inversión, con lo que el Banco podía influir sobre el nivel de actividad de la economía a corto plazo y a través del nivel de actividad sobre los niveles de inflación. El mantenimiento de una política estricta permitió la corrección de la inflación que comenzó a bajar, situándose por debajo del 2% en 1997. Pero no fue sólo la política monetaria la responsable de la bajada de la inflación, sino que también contribuyó la reducción de los precios del petróleo y de numerosas materias primas, así como el ritmo reducido de alzas en los costes laborales.

      A partir del 1 de enero de 1999 entró en funcionamiento la política monetaria común, a la que el Tratado de Maastricht asignaba la estabilidad de precios como principal objetivo. Al Banco Central Europeo (BCE) corresponde adoptar las decisiones básicas relativas a la política monetaria común, con lo que el Banco de España ha tenido que redefinir sus funciones. El Banco de España, como los demás bancos centrales nacionales de la zona del euro, ejecuta en su territorio esa política monetaria común, definida en el Consejo de Gobierno del BCE, en el que participa el gobernador del Banco de España.

      Si bien la política monetaria encauzó de forma temprana el control de la inflación, la contención del déficit público requirió de un esfuerzo más prolongado. En los primeros años apenas se consiguieron reducciones significativas y en 1996, sólo dos años antes de la fecha fijada en el tratado de Maastricht, todavía se situaba en el 6,6%. El objetivo desde 1996, con la formación de un nuevo gobierno tras el triunfo en las elecciones del Partido Po -pular y el nombramiento de Rodrigo Rato como vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, fue reducir el déficit, y por consiguiente, la deuda pública y los tipos de interés. A este fin se añadió el disminuir a cero el déficit público de todos los países miembros de la UEM en el año 2000, de acuerdo con el pacto de estabilidad y crecimiento firmado en la cumbre de Ámsterdam de octubre de 1997.

      El déficit comenzó a descender hasta permitir cumplir los criterios de Maastricht. Por un lado, se inició un proceso de control del gasto público, con la creación de una oficina de control presupuestario, y una reducción del ritmo del crecimiento del presupuesto, que comenzó a crecer por debajo del PIB real. Asimismo, el pacto de financiación con las Comunidades Autónomas redujo el déficit de éstas. Por otro lado, también los ingresos crecieron, beneficiados por el ciclo, la mejora en la eficiencia en la recaudación y por los ingresos derivados de las privatizaciones. En conjunto, el déficit público inició un trayecto declinante consiguiendo su reducción hasta el 2,6% del PIB en 1999. El cumplimiento de los criterios provocó una mejora sustancial en las expectativas de los agentes económicos, que se vieron reflejadas en un descenso de los tipos de interés a largo plazo, en la acomodación de las demandas de incrementos salariales a las previsiones de inflación del gobierno y en el fortalecimiento de la demanda y la actividad.

      Finalmente, el esfuerzo combinado de los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, permitió alcanzar el que se había definido como gran objetivo de la política económica española de los años noventa: la participación en la primera fase de la Unión Europea y Monetaria. Con ello se cedieron cotas importantes de autonomía en la determinación de las políticas económicas. Desde ese momento la política monetaria ha quedado en manos del Banco Central Europeo y la política fiscal se ha visto muy limitada por las necesidades de coordinación con el resto de países. A cambio, la economía española ha ganado la estabilidad macroeconómica que trató de alcanzar durante toda la década de los noventa.

4.5. Las transformaciones de los sectores productivos

El crecimiento económico ha ido acompañado de cambios en la estructura productiva española. El cuadro 4.3 permite observar estos cambios a través de la distribución del valor añadido en precios constantes y de la población activa empleada en los grandes sectores productivos. La agricultura y la industria han perdido peso en términos de producción y de empleo, la construcción lo ha mantenido y los servicios han aumentado fuertemente su participación según ambos criterios. La economía española ha experimentado un notable proceso de terciarización. Es llamativo el fuerte aumento de la construcción en términos de empleo, que no se corresponde con un incremento en términos reales: el aumento de peso de la construcción se ha apoyado en el fuerte aumento de precios de las viviendas.

CUADRO 4.3. Distribución del producto (precios constantes) y de la población ocupada (EPA) por sectores productivos

Fuente: INE.

             4.5.1.Agricultura

La pérdida de peso de la agricultura ha sido muy notable en términos de empleo y mucho menos acusada en términos de producción. El reajuste productivo de la agricultura ya se había dado con anterioridad, durante las épocas de crecimiento de mediados del siglo XX, como había ocurrido en todos los países avanzados con anterioridad, y puede ser explicado por dos factores, a lo que habría que añadir un tercero privativo de la economía española (Colino, 2005). En primer lugar, las preferencias de los consumidores se ven alteradas por el crecimiento de la renta, reduciendo la proporción de gasto familiar destinado a alimentos. La proporción que supone el gasto en alimentación de las familias sobre el gasto total en consumo disminuyó del 27% en 1985 hasta el 20% en 2000.

      En segundo lugar se ha producido un cambio en la dieta alimentaria, otros como los hortofrutícolas y ganaderos y hacia otros productos de la industria alimentaria, en los cuales los bienes agrarios son bienes intermedios. Dentro de la demanda de productos alimentarios han ido ganando peso los elaborados por la industria, provocando un descenso del componente agrario en los alimentos finales. Aunque ya había pasado la época del desarro -llismo de la economía española, cuando estos elementos tuvieron un papel mucho más intenso, estos factores han continuado teniendo presencia en la economía española en las últimas décadas del siglo, lo que explica la pérdida continuada de importancia de la agricultura en la producción.

      Un tercer elemento adicional se ha producido con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, que modificó el entorno competitivo en el que se movía la agricultura española, además de verse afectada por las directrices que marcaba la Política Agraria Comunitaria (PAC), que han supuesto transformaciones inducidas en numerosos productos, sustituyendo los objetivos de aumento de la producción por otros de contención o incluso de reducción de la misma para impedir la aparición de excedentes.

      Estos tres cambios tuvieron efectos tanto sobre la estructura de la producción como sobre la eficiencia productiva y la dotación de factores. En el primer caso, la agricultura reforzó su especialización en ciertos productos mediterráneos en los que tenía ventaja comparativa, destinando una parte creciente de su producción a los mercados internacionales y especialmente a los mercados comunitarios. También la PAC contribuyó a la modificación de la estructura productiva mediante las subvenciones para el cultivo o el control de la producción de ciertas variedades. En el segundo caso, se produjo una sustitución de factores con el abandono de la agricultura de 800.000 trabajadores entre 1985 y 2000, que fueron sustituidos por maquinaria, lo que permitió un aumento de la productividad del trabajo en el sector.

      A pesar de los cambios en el sector, la estructura de la producción agraria se ha mantenido bastante estable en sus principales agregados. De la producción final, aproximadamente dos tercios corresponden a la producción vegetal y un tercio a la producción animal. Dentro de los productos vegetales, hortalizas y frutas frescas son las producciones más importantes, con un 16-18% las primeras y un 12-15% las segundas. Entre la producción animal, el ganado porcino es el predominante, ya que supone un 10% del total. Los cambios más importantes han tenido como referencia la especialización de la agricultura española dentro de la agricultura comunitaria después de su integración en la Comunidad Económica Europea. Las producciones afectadas por esta especialización han sido las frutas frescas, la viticultura y la olivicultura entre las producciones vegetales y el ganado porcino entre las animales. En todos los casos, durante la década de los noventa su porcentaje de producción ha aumentado, aunque por razones distintas. Mientras la especialización en frutas, viticultura y ganado porcino responde a una demanda expansiva junto con las favorables circunstancias para su producción, el crecimiento de la olivicultura está ligado al creciente flujo de subvenciones recibidas, dado que es uno de los cultivos con mayor apoyo por parte de la Unión Europea. La especialización es notable también por el aumento de peso de la agricultura española en el conjunto de la Unión: en la década de los noventa creció desde el 9,1% hasta el 14%. Esta especialización es más pronunciada en el olivar, que supone el 38% de la producción de la Unión y en las frutas frescas, que suponen el 33%.

CUADRO 4.4. Distribución de la producción agraria en España, 1990-2000

Fuente: INE.

      Con esta fuerte especialización, el comercio exterior de la agricultura también se vio afectado y cada vez más la producción para el mercado interno ha sido sustituida por la producción para los mercados internacionales. Aunque siempre existieron ramas con una fuerte vocación exportadora (frutas, vino, aceite de oliva), la incorporación a Europa modificó los comporta -mientos en muchas otras producciones. Como consecuencia, el coeficiente de apertura externa (el cociente entre la suma de importaciones y exportaciones y la producción agraria) se multiplicó por 2 entre 1985 y 2003. Este aumento de la orientación exterior hizo que el sector mostrara un excedente comercial con el exterior: la tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones agrarias) creció del 100 al 110%, siendo incluso mayor en el caso de las transacciones intracomunitarias, en torno al 150%.

      Como se ha señalado, estas transformaciones fueron acompañadas de cambios en las combinaciones de factores que eran utilizados para la producción. A mitad de la década de los ochenta, y a pesar de la importancia del cambio agrario que se había producido durante las décadas de fuerte de -sarrollo de los cincuenta y sesenta, el número de activos agrarios continuaba siendo muy elevado, lo que provocaba una productividad aparente del trabajo en el sector muy reducida. En la segunda mitad de la década de los ochenta y en los noventa se completó la pérdida de activos agrarios. Dos factores pueden considerarse importantes en esta evolución. Por un lado la menor demanda de trabajo por parte del resto de sectores afectó a la agricultura, lo que redujo el ritmo de éxodo rural y moderó las migraciones interregionales. Pero por otro lado, el menor ritmo de crecimiento de la agricultura, en relación con el resto de la economía contuvo la creación de empleos agrarios, hasta producir la pérdida de activos que hay que atribuir principalmente al ritmo de jubilaciones y fallecimientos de una población agraria muy envejecida. Este descenso de la población activa agraria ha llevado, por contra, a una mejora de la productividad. La reducción de empleos y el alza salarial en relación con los costes de la maquinaria y los bienes de equipo han llevado a una intensa capitalización de la agricultura y a la utilización de insumos de fuera del propio sector (fertilizantes, piensos, semillas...) en sustitución de los producidos en su interior.

      La situación de los agricultores, sin embargo, no mejoró. La renta real agraria mostró una tendencia decreciente, consecuencia de la compra de bienes intermedios a otros sectores, las amortizaciones como resultado del proceso de capitalización y la desfavorable evolución de la relación entre precios percibidos y precios pagados por los agricultores. Si se compara, además, la evolución de la renta agraria con el precio de los bienes y servicios de consumo para expresar el poder de compra de la misma, la situación empeora puesto que el precio de los productos no agrarios ha aumentado más que el de los agrarios, reduciendo la capacidad de compra de los agricultores. La ayuda de la política económica, mediante las subvenciones derivadas de la política agraria comunitaria y las prestaciones de la Seguridad Social, ha sido el único remedio para la corrección de estas tendencias, así como la reducción del empleo agrario, que ha permitido que los agricultores que han permanecido en el sector hayan tenido a su disposición un producto por trabajador más alto.

             4.5.2.Industria

La industria ha sido el otro gran sector que ha visto disminuir su peso en la producción española. En su caso, el retroceso ha estado centrado en el sector minero y el manufacturero; la energía, como puede verse en el cuadro 4.3, ha soportado mejor los cambios. Al hablar de la industria hay que empezar haciéndolo por la fuerza de los cambios que ha tenido que soportar como consecuencia de la incorporación de España a la Unión Europea. El proceso de eliminación del proteccionismo supuso, por el lado de las importaciones industriales, el desarme arancelario frente a los países comunitarios y la adopción de una tarifa común frente a terceros, la eliminación de ciertos sistemas de comercio no liberalizados que quedaban en la administración española, la renuncia a otras prácticas de protección, la supresión de la protección encubierta que suponían los ajustes fiscales en la frontera (que intentaban igualar la imposición de los productos importados con los españoles, pero que eran otro elemento de la protección industrial) y la eliminación de los instrumentos crediticios y fiscales de apoyo a la exportación. Estas transformaciones cambiaron el marco de referencia de las empresas industriales españolas, que mostraron una gran capacidad de adaptación. No hay que olvidar que al mismo tiempo que se producía la integración en el mercado europeo se estaba produciendo la reestructuración industrial en sectores como la siderurgia, la construcción naval, los textiles y el automóvil.

      En la segunda mitad de los ochenta, la industria desarrolló un intenso proceso de modernización, apoyado en un gran proceso inversor y en la expansión del mercado interior. Un efecto de este crecimiento resultó ser el aumento de las importaciones manufactureras comunitarias, mientras las exportaciones mostraron un ritmo más lento de crecimiento: la cobertura de la demanda interior de manufacturas por importaciones se elevó rápidamente a costa de la producción nacional.

      A partir de 1991, la industria mostró un acusado recorte de su ritmo de crecimiento como consecuencia de las dificultades de la economía internacional y de las políticas económicas adoptadas para reducir los desequilibrios de la economía. La caída de la inversión y la debilidad de la demanda interna provocaron la bajada de la utilización de la capacidad productiva hasta el 70,7% en 1993, el peor año para la industria española e internacional desde la Segunda Guerra Mundial (en 1989 había sido del 81%). La crisis, como ya ha sido comentado, fue corta pero intensa y a partir de 1995 la industria se comportó como el sector más dinámico de la economía española: el valor añadido bruto de la industria creció anualmente casi un punto porcentual más que la tasa agregada: 5 y 4,1% para la industria y el PIB, respectivamente. Los mismos resultados se obtuvieron en términos de empleo, que creció entre 1993 y 2001 de 2,32 a 2,69 millones de ocupados. El crecimiento estuvo basado en un conjunto de factores favorables: un marco macroeconómico propicio (tipos de cambio estables, bajos tipos de interés, marco laboral flexible, moderación salarial), crecimiento de la demanda interna y de la demanda externa y un crecimiento generalizado de todos los sectores industriales, lo que tendía a realimentar el crecimiento a través de las demandas de unos sectores a otros y el desarrollo de la inversión de las industrias españolas en el exterior, que se instalaron en Latinoamérica, Marruecos, Portugal o China.

      La gran fuerza que provocó el cambio en la estructura industrial española durante este período fue la integración en la economía europea y aún más en la internacional a través de las relaciones exteriores (comercio e inversión) de las empresas industriales. La integración favorece la especialización de cada país en aquellos bienes que utilicen intensivamente el factor o factores de producción en los que posee abundancia relativa y una acentuación de la especialización en aquellos bienes para los que se dispone de ventajas tecnológicas.

CUADRO 4.5. Valor añadido bruto industrial. Distribución porcentual por sectores, 1985-2000 (precios constantes)

Fuente:(2003) “Datos básicos de la industria española en el período 1978-2003”. Economía Industrial, 349-350: 265-282.

      En la composición de la producción manufacturera española predominan las actividades tradicionales aunque su liderazgo se haya reducido en más de 5 puntos. Destacan en ella la rama de alimentos bebidas y tabaco, siendo muy significativa la pérdida de relieve de la rama textil, vestidos, cuero y calzado. El retroceso de las industrias con menores requerimientos tecnológicos ha tenido como contrapartida el progresivo desarrollo de las manufacturas intermedias y avanzadas, en especial las ramas de medios de transporte y material y accesorios eléctricos, si bien la importancia de estas industrias continúa siendo reducida (Myro y Álvarez, 2003).

      Entre las ramas industriales tradicionales, el sector alimentario ha seguido siendo a lo largo del período la rama más importante del sector industrial manufacturero, aunque con una ligera pérdida de su relevancia desde el 14,4% en 1985 hasta el 12% en 2000. Las propias características de los productos alimentarios (el crecimiento de su demanda es menor que el de la renta) son responsables de la tendencia decreciente, a la que el sector ha intentado enfrentarse reduciendo costes y mejorando canales de distribución en un intento de defender su cuota de mercado. Otra estrategia ha sido dirigirse hacia sectores del mercado más rentables como los alimentos dietéticos o los ecológicos. Otra rama afectada también por el descenso de su importancia es la industria de la confección y el calzado, que en 1985 era el 4,6% de la industria manufacturera y en 2000 bajó hasta el 3,4% afectada por la fuerte competencia de los países del sudeste asiático frente a los que el sector ha seguido la tendencia hacia la diferenciación, creando un sector dual: por una parte marcas blancas (producto sencillo, barato y sin publicidad) y por otro las grandes marcas de prestigio (calidad, diseño, gestión de la imagen). Las industrias metalúrgicas también han experimentado el declive causado principalmente por la aparición de nuevos competidores en los mercados internos e internacionales, que han pasado de suponer el 4 en 1985 a ser el 3,7% en 2000. Situación similar a la de la construcción naval, que a la altura del año 2000 sólo suponía el 0,1% del VAB industrial.

      Las industrias de contenido tecnológico medio han experimentado, en conjunto, un aumento de su participación en la estructura industrial española. Entre ellas destaca la fabricación de vehículos, que ha crecido desde el 4,4 hasta el 7,4%. España se ha convertido en el sexto país productor de vehícu -los del mundo y el tercero de Europa, tras Alemania y Francia. Otra rama industrial que ha crecido durante todo el período ha sido la industria química, que ha subido desde el 7,1 al 8,4%, beneficiándose del crecimiento de la demanda interna por la sustitución de materiales tradicionales como la madera, el acero o el cristal por productos obtenidos mediante procesos químicos, como el plástico.

CUADRO 4.6. Industria manufacturera. Agrupación por niveles de intensidad tecnológica, 1985-2000 (precios constantes)

Fuente:(2003) “Datos básicos de la industria española en el período 1978-2003”. Economía Industrial, 349-350: 265-282.

      Las ramas industriales de contenido tecnológico alto representan un porcentaje reducido y durante este período su crecimiento ha resultado bastante débil, pasando de suponer el 6,5 hasta aproximadamente el 7%. Destacan entre ellos los productos farmacéuticos, la maquinaria de oficina y ordenadores, el material eléctrico y la industria aeronáutica. Son las industrias que realizan un mayor esfuerzo tecnológico (el gasto en I+D supone el 18% sobre la facturación en la construcción aeronáutica y el 13% en la industria farmacéutica, siendo la media de la industria española del 2%), pero su participación en la estructura industrial española continúa siendo escasa e inferior a la que presentan en la estructura productiva de la Unión Europea (alrededor del 10% en el agregado de alta tecnología para la media de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia). En el dinamismo de estas ramas, así como también en las de contenido tecnológico medio, ha tenido especial incidencia la inversión extranjera que entró en numerosos sectores estableciendo filiales, creando o colaborando en la creación de nuevas empresas y reestructurando los ya existentes, en algunos casos adquiriendo empresas públicas dentro del proceso de privatizaciones (Velasco y Plaza, 2003).

      El sector de la construcción ha protagonizado algunas de las transformaciones más llamativas de la estructura productiva española. En términos relativos, el sector es mayor en España, tanto en términos de producto como en términos de empleo, que en el promedio de la Unión Europea. Su evolución durante el período 1985-2000 viene marcada por su fuerte comportamiento cíclico y su dependencia de las decisiones de política económica a tra vés de la inversión en infraestructuras. De este modo, en la primera parte, hasta la crisis de 1992, el crecimiento de la construcción estuvo marcado por el intenso desarrollo de la creación de infraestructuras, especialmente de transporte, ámbito en el que España, ayudada por los fondos comunitarios, intentó reducir las distancias con los países de la Unión. A partir de los primeros años noventa, los esfuerzos presupuestarios para reducir el déficit público restringieron el gasto en infraestructuras y el principal motor del crecimiento del sector ha sido la construcción residencial, apoyada en el fuerte crecimiento del precio de la vivienda.

             4.5.3.Servicios

Como se ha apuntado antes, el sector servicios es el único que ha mejorado su participación porcentual en la economía española durante el período 1985-2000, como se puede observar en el cuadro 4.3, que recoge la distribución del producto. La evolución del sector ha sido claramente expansiva durante el perío -do 1985-2000, dando lugar a que se produzca un sustancial incremento de su peso en el conjunto de la economía. En 1985 la contribución de las actividades de servicios al VAB total español equivalía a poco más del 55%. El conjunto de los servicios suponía, en el año 2000, el 65,59% del total. Pero aunque han alcanzado una cota muy elevada, la dimensión del sector sigue siendo comparativamente inferior a la de la mayoría de países de la Unión Europea, donde los principales lugares están ocupados por Holanda, Reino Unido, Francia, Dinamarca y Suecia, con porcentajes del VAB total respectivo comprendidos entre el 67 y el 71%.

      El mismo comportamiento se observa si consideramos la evolución del empleo. En el año 2000 el sector ocupaba 9.800.000 personas, lo que representaba cerca del 65% del total de personas ocupadas. Pero las variaciones que se han producido en la estructura del empleo de la economía española en el período 1985-2000 reflejan con mayor claridad que ningún otro dato el espectacular crecimiento de los servicios, en contraste con la evolución del empleo en el resto de los grandes sectores productivos. Si asignamos el valor 100 al peso que los cuatro sectores básicos (agricultura, industria, construcción y servicios) tenían en el empleo total español en 1985, el principal rasgo que podemos destacar es el fuerte crecimiento del sector servicios, hasta alcanzar el valor de 175 en el año 2000, mientras la agricultura y la industria se quedaban en 55 y en 117, respectivamente. Solamente el fuerte crecimiento de la construcción en los años noventa ha superado el aumento del empleo del sector servicios. Este fuerte incremento corresponde al aumento de 3.200.000 personas ocupadas en actividades de servicios.

      Si se compara con el crecimiento del empleo de los servicios en España con el de los países comunitarios, constituye uno de los países que ha registrado una mayor tasa de crecimiento de los servicios, claramente por encima de la media comunitaria, aunque por detrás de Irlanda, Portugal o Grecia. Obviamente los niveles de partida de cada país influyen en sus respectivos porcentajes de variación.

      Uno de los hechos subrayables en relación con el fuerte aumento del empleo terciario en España durante el período 1985-2000 es que a este incremento contribuyó, y de forma singular, la creación de empleo en las denominadas actividades de servicios no destinados a la venta. Estas actividades se caracterizan por ser financiadas por los usuarios a través de impuestos y, especialmente durante la primera etapa de crecimiento, de 1985 a 1992, el número de empleados en las ramas de Administraciones Públicas, Enseñanza y Sanidad pública y otras actividades de este mismo carácter supuso un aumento de 750.000 personas. En todo caso los servicios son un conjunto de actividades en las que predomina absolutamente el sector privado, a pesar de que el proceso de descentralización (Comunidades Autónomas, pero también los ayuntamientos) y el sector público estatal experimentaron un elevado aumento en el número de ocupados.

      En el fuerte crecimiento del sector en la economía española han influido factores tanto de demanda como de oferta (Cuadrado, 2003). Por el lado de la demanda podemos encontrar tres explicaciones. En primer lugar, los cambios en el gasto de las familias, como consecuencia no sólo de la elevada elasticidad de renta que muestran un amplio número de servicios a medida que mejoran los niveles de ingreso de la población, sino por los cambios que se están operando en la sociedad en general (urbanización, mayores niveles de educación, incorporación de la mujer al mercado de trabajo...). En segundo lugar, como consecuencia del creciente uso de servicios que realizan la industria y los propios servicios, como consecuencia de los cambios estructurales y organizativos que se han producido en industria y empresas. Por último, la expansión del comercio internacional de servicio (transportes, turismo, consultoría, asistencia técnica...).

      Desde el punto de vista de la oferta también podemos señalar dos factores. El primero es la dificultad que tienen muchas ramas de servicios de sustituir factor trabajo por capital y tecnología, como sucede en la industria y la agricultura. Lo cual no sólo da lugar a que se incremente el volumen de empleo, sino que expresa la dificultad de su productividad para aumentar en relación con el resto de sectores. El segundo de los factores es la evolución que ha experimentado la oferta de servicios por parte del sector público (educación, sanidad, administraciones públicas).

      Este proceso de terciarización de la economía española tiene consecuencias importantes sobre algunas variables económicas como la inflación y la productividad. Como hemos comentado, la mayoría de las actividades de servicios tienden a caracterizarse por ser intensivas en trabajo, tener niveles de capitalización bajos y ritmos débiles de progreso técnico, lo que provoca unas tasas lentas de avance de la productividad. Esto se agrava porque estas actividades se encuentran relativamente poco expuestas a la competencia exterior y en ocasiones están protegidas de la competencia interior por ser monopolios públicos o privados u objeto de políticas de regulación. Esto ocasiona que durante el período 1985-2000 la tasa de crecimiento de la productividad haya sido baja en las actividades de servicios, inferior a las registradas por la industria y la agricultura, e inferior también a las observadas en los servicios de los principales países de la Unión Europea.

      Estas características provocan un encarecimiento relativo de los servicios. Los precios del sector han crecido por encima de los precios de la industria y la agricultura. Esta evolución no es sólo consecuencia del comportamiento de la productividad, sino también de la evolución de los salarios y de la falta de competencia en los mercados de servicios. En otros sectores, como la industria o el sector agrario, la elevación de la productividad permite un alza más rápida de los salarios, que tiende a imitarse en las actividades de servi -cios, sin considerar los menores crecimientos de la productividad. Esta diferencia entre crecimiento de la productividad y los salarios provoca elevaciones en el coste del trabajo por unidad de producto, que los empresarios del sector servicios transmiten a los precios debido a la menor competencia y a la mayor regulación que caracteriza a este sector.

      Pero si algo caracteriza a los servicios es su heterogeneidad, que incluye actividades tan diversas como el comercio al por menor o los servicios de reparaciones, los transportes, la enseñanza o la actividad inmobiliaria. La principal clasificación dentro del sector se establece entre los servicios destinados a la venta (como el comercio, la banca o todos los relacionados con el turismo) y los servicios no destinados a la venta (como la sanidad, la educación o la administración pública). Un primer aspecto reseñable es la evolución del empleo en estos dos grandes grupos. Los servicios destinados a la venta, es decir, aquellos donde el usuario paga directamente el servi -cio, son los mayoritarios y han seguido una línea siempre ascendente (excepto un breve estancamiento en 1992 y 1993, como consecuencia de la crisis económica) que ha llevado a que los 4.256.000 ocupados de 1985 se hayan transformado en 6.868.000 al terminar 2000, es decir, 2.612.000 empleados más (un incremento del 61,3% durante el período). El empleo en el subsector de servicios no destinados a la venta también ha seguido una trayectoria ascendente, que fue particularmente intensa entre 1985 y 1991, pero que prácticamente se detiene entre ese año y 1997. El total de nuevos ocupados en el conjunto del período es de 1.085.900, lo que representa un incremento total del 48,5%.

CUADRO 4.7. Trabajadores ocupados por ramas de actividad en los servicios (distribución porcentual)

Fuente: EPA.

      El comportamiento de las distintas ramas de actividad, en términos de empleo, que componen el sector ha sido diverso, como puede observarse en el cuadro 4.7. La distribución comercial es la actividad más relevante, con un peso en torno al 30% del total y una ocupación que creció desde 1.985.000 ocupados en 1985 hasta 2.551.000 en 2000. La evolución de la distribución comercial durante este período se ha caracterizado por el progresivo predominio de nuevas formas de comercio que han ido sustituyendo al comercio tradicional. Éste se caracteriza por estar formado por numerosos pequeños establecimientos, que tienen un bajo nivel de capacitación, una estructura familiar del personal, dificultades financieras..., que provocan una situación de difícil pervivencia, que se traduce en el progresivo cierre de este tipo de establecimientos y en una drástica pérdida de cuota de mercado. Frente al comercio tradicional se ha desarrollado un sistema basado en la introducción de nuevas formas comerciales que operan bajo el sistema de autoservicio formado por grandes organizaciones comerciales que poseen un gran poder de compra, que están cada vez más concentradas, que utilizan constantemente las innovaciones de las técnicas de venta y de gestión, y que en general, están preparadas para poder adaptarse a los cambios de las condiciones del entorno. Esta diferencia de comportamiento ha provocado que desde mediados de la década de los ochenta la introducción de estas nuevas formas de organización como supermercados, hipermercados y establecimientos de descuento se haya hecho a costa del comercio tradicional, que ha ido perdiendo protagonismo en el sector. En este sentido, las primeras compañías del ránking de la distribución comercial en España lo ocupan básicamente empresas de hipermercados y supermercados.

      Los servicios empresariales también han experimentado un fuerte de -s arrollo. En este grupo se encuadran tanto los servicios profesionales (bufetes de abogados, asesores fiscales, gestoría y contabilidades, etc.), los servicios a las empresas de carácter complementario (limpieza, vigilancia, seguridad, etc.) y los servicios que suelen calificarse de avanzados (ingeniería y consultoría informática, diseño, asesoría de gestión y organización empresarial...). Junto con las actividades inmobiliarias han pasado de ocupar 389.500 emplea -dos en 1985 a alcanzar 1.164.500 en 2000, lo que supone un espectacular incremento del 199%.

      Una actividad de difícil clasificación, por su heterogeneidad y por incluir actividades de diversos grupos, es el turismo. Hostelería, transporte y comunicaciones, actividades inmobiliarias, todos tienen relación con las activi -dades turísticas. Su crecimiento durante el período es, en parte, un efecto del desarrollo del sector turístico. Un sector que ha consolidado entre 1985 y 2000 el liderazgo internacional que empezó a apuntar durante el crecimiento de los años sesenta. En 1985 entraron en España 28.000.000 de turistas, que en 2000 habían aumentado hasta 51.000.000. En esta evolución fue determinante la estabilidad política y monetaria que alcanzó la economía española con la entrada en 1986 en la Comunidad Económica Europea, lo que permitió, junto con el abaratamiento de los productos turísticos provoca -do por las devaluaciones de la primera mitad de los ochenta, un crecimiento continuado hasta 1988. A partir de 1989 y hasta 1991, el sector turístico experimentó una inflexión a la baja: los turistas se reducen en 1,7 millones y los ingresos reales en más del 13%. A partir de 1991, la tendencia fue creciente, con tasas de variación anuales entre el 3 y el 4%, mostrando una madurez en el sector que se corresponde con una cuota del 8% en el mercado turístico mundial. España durante este período se ha convertido en el segundo país receptor de turistas de la Unión Europea, por detrás de Francia, mientras que ocupa el primer lugar europeo en función de los ingresos procedentes del turismo.

      Las características más destacables de la estructura de la demanda turística han permanecido sin apenas variación en estos 15 años: la concentración temporal (estacionalidad), la concentración geográfica en los destinos del litoral mediterráneo y los archipiélagos, la dependencia de un reducido número de países de origen de los viajes y la demanda casi exclusiva de productos de sol y playa.

      Otro de los subsectores que ha experimentado en este período importantes cambios es el financiero. Las transformaciones más destacables serían tres: a) el papel creciente de las cajas de ahorros en el conjunto del sistema financiero, como consecuencia en gran medida de la liberalización y eliminación de regulaciones que limitaban la competencia y perjudicaban a estas entidades (desaparición de los coeficientes de inversión, límites a la apertura de oficinas, etc.). El principal resultado de este crecimiento de las cajas de ahorros fue un aumento de la competencia, que provocó un estrechamiento de los márgenes de intermediación a partir de 1988. b) Entre finales del siglo XX y principios del XXI se produjo una reestructuración del sistema bancario español como resultado de la creciente competencia en el mercado financiero europeo y la búsqueda de economías de escala por parte de las entidades bancarias. El resultado fue la fusión de algunas de las principales entidades bancarias, como se explica en el capítulo 7. c) Las entidades financieras españolas se han apuntado a la ola de internacionalización que han desarrollado las principales empresas españolas, a través de la adquisición de bancos.

      Por tanto, los cambios más importantes del sector financiero desde 1985 han sido un aumento de la competencia (acentuado por la aparición de otras formas de competencia como la banca electrónica o por Internet), un fuerte proceso de fusiones que ha provocado problemas de costes como consecuencia de la extensa red de sucursales que tienen muchas de estas entidades y un proceso de creciente internacionalización que ha llevado a que las entidades bancarias españolas hayan adquirido un peso internacional destacable.

4.6. Conclusiones

Tras la salida de la crisis económica, después de diez años de dificultades, la economía española afrontaba el proceso de integración en el mercado europeo y mundial. El acceso a la Unión Europea era una de las prioridades de la sociedad española porque se consideraba una oportunidad para realizar todas las reformas que la economía necesitaba tras el largo período de aislamiento e intervención que supuso el régimen franquista. Las oportunidades abiertas por este proceso de integración estuvieron en la base del prolongado período de crecimiento que ha sido analizado en este capítulo. En primer lugar, porque la apertura exterior supuso una mayor competencia en los mercados españoles, lo que provocó la modificación de los comportamientos de las empresas, obligadas a aumentar su eficiencia. En segundo lugar, porque la expectativa de un mayor crecimiento atrajo inversión extranjera que transformó la estructura productiva de múltiples sectores. Y en tercer lugar, porque la integración en la Unión Europea obligó a acercar las políticas económicas a las que realizaban las economías europeas, lo que permitió corregir los desequilibrios macroeconómicos y favorecer el crecimiento.

      Sobre estos elementos se estableció un largo período de crecimiento basado en la demanda interna. El consumo privado creció por el aumento del empleo y el incremento de los salarios. La inversión se benefició del descenso de los tipos de interés. El consumo público aumentó por la expansión del Estado de bienestar, los gastos por la celebración de los Juegos Olímpicos y la Exposi -ción Universal de 1992. Superada la crisis de 1992-1993, los mismos rasgos fueron los característicos de la expansión de la década de los noventa.

      El crecimiento logró eliminar los desequilibrios macroeconómicos que se habían producido durante los setenta y primeros ochenta. Paro, inflación y déficit público se beneficiaron de la fuerza del crecimiento y de la adopción de políticas económicas cuyo principal objetivo era devolver el equilibrio a la economía española. También en este caso la integración de España en la Unión Europea fue esencial. Primero porque se produjo la integración en el Sistema Monetario Europeo que obligó a disciplinar las políticas seguidas por España y a ajustarlas a las comunitarias. Y después porque de la reflexión tras el fracaso del SME salió la necesidad de una mayor coordinación de las políticas, que llevó a la formación de la Unión Monetaria y al cumplimiento de los criterios de Maastricht. En el esfuerzo por cumplir estos criterios, la política económica consiguió eliminar los desequilibrios, a pesar de que la inflación española continuó siendo superior a la europea.

      Pero no todo puede considerarse positivo. La economía española creció por encima de sus posibilidades. El ahorro interno fue incapaz de financiar, por sí solo, el crecimiento de la inversión y tuvo que acudirse a la ayuda del ahorro exterior. Como consecuencia, la balanza de pagos por cuenta corriente presentó durante todo el período signos negativos. El crecimiento español fue financiado mediante el endeudamiento en los mercados internacionales.

      No fue éste el único elemento negativo del período. En primer lugar, el aumento de la producción se consiguió mediante el crecimiento del número de empleos, pero la productividad no aumentó de forma equivalente. En segundo lugar, el nivel de productividad español se encuentra todavía lejos de la media de los países más avanzados. Y en tercer lugar, el crecimiento fue sectorialmente muy desequilibrado, especialmente durante los años noventa. La fuerte revalorización de los activos inmobiliarios conllevó un proceso de expansión del sector de la construcción, que alcanzó a dar trabajo en el año 2000 a un 10% de la población activa.

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   5   

La integración de España en la economía europea

5.1. Introducción: España y Europa

Al mes siguiente de celebrarse las primeras elecciones democráticas, el 28 de julio de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, presentó la demanda oficial de adhesión de España a la CEE, antecedente de la actual Unión Europea. El 20 de septiembre el Consejo de Ministros comunitario se pronunció favorablemente sobre la petición y encargó a la Comisión Europea la elaboración de un dictamen. Se inició así un proceso que iba a resultar largo, pues todavía iban a pasar ocho años de negociaciones antes de que se firmara el Tratado de Adhesión, pero que significaba, al mismo tiempo, el final definitivo del aislamiento internacional de España y la apertura a una nueva realidad económica.

      La adhesión tenía que desempeñar un doble papel en la realidad política y económica española del posfranquismo. En primer lugar, debía servir para consolidar la democracia que se había recuperado con las elecciones de 1977. Los países que formaban parte de la Comunidad eran todos ellos democracias que habían rechazado con anterioridad la petición de integración precisamente por la falta de un régimen democrático en España. En aquellos momentos se consideraba que la aceptación entre el grupo de países europeos democráticos serviría para asegurar que no habría vuelta atrás en las reformas políticas que se estaban produciendo. En segundo lugar, la incorporación a Europa debía servir para transformar la economía, para dotarla de una mayor competitividad, para eliminar las rigideces estructurales y para abrirla al exterior. En la percepción de los economistas y de los primeros gobiernos democráticos era la apertura exterior la que debía iniciar los procesos de cambio que acabarían con la transformación completa de la economía española.

      Para una economía con graves problemas de crecimiento e importantes desequilibrios económicos, como los que tenía la economía española a comienzos de los años ochenta, la incorporación a Europa significaba la oportunidad de integrarse en un espacio económico dinámico y moderno, que ofreciera el impulso de transformación que quizá la España democrática no pudiera conseguir autónomamente. Cuando la presidenta del Parlamento Europeo Simone Veil preguntó al ministro de Relaciones con la Comunidad Europea, Eduardo Punset, por qué España tenía tanto interés en entrar en Europa si era una casa llena de goteras, éste contestó con rapidez: “Porque fuera hay muchas más”.

5.2. La adhesión a la Comunidad Económica Europea

Las relaciones de España con la Comunidad Económica Europea (CEE) se remontan al 9 de febrero de 1962, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, remitió una carta al presidente del Consejo de Ministros comunitario, Michel Couve de Mourville, solicitándole iniciar las negociaciones para la asociación con la CEE. Como consecuencia del proceso de liberalización iniciado por la economía española en 1959, el gobierno español solicitó alguna forma de vinculación con la Comunidad. Como es sabido, la creación de la Comunidad se remonta a 1957, cuando Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia firmaron el Tratado de Roma. La petición española no obtuvo respuesta: el régimen dictatorial que gobernaba España era un obstáculo insalvable para su aceptación en el reducido club de países europeos democráticos que formaban la CEE. España insistió en su petición y en 1964 se iniciaron negociaciones para la firma de un acuerdo comercial, que se tradujo en el Acuerdo Preferencial de España con la Comunidad que se firmó en junio de 1970. Un Acuerdo Preferencial consiste en una reducción, recíproca y negociada, de los aranceles de los productos comunitarios en España y de los productos españoles en la Comunidad. El acuerdo tenía una vigencia de seis años y permitió un incremento de las exportaciones españolas hacia la Comunidad y una paulatina orientación del comercio español hacia esos mismos países europeos.

      Después de las primeras elecciones democráticas tras el final del franquismo, en junio de 1977, se solicitó formalmente la apertura de negociaciones para la adhesión. La Comunidad se encontraba entonces en una situación difícil, que explica la duración del proceso de negociaciones para la integración de España. En primer lugar, por la crisis económica internacional que se había iniciado en 1973. La CEE se había formado en un ambiente muy diferente al que predominaba en esos momentos. Durante toda la posguerra europea los ritmos de crecimiento habían sido elevados y la creación de los distintos instrumentos de la Comunidad (presupuestos, política agraria) había contado con favorables expectativas de crecimiento. Con la llegada de la crisis se consideró la necesidad de reformas en las políticas de gasto (especialmente la política agraria), reformas que debían negociarse con prioridad a la incorporación de nuevos miembros. En este sentido el principal problema era la gran importancia del gasto agrario, que suponía casi el 70% del presupuesto comunitario. En segundo lugar, la CEE se había ampliado en 1973 con la incorporación de Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda y la segunda ampliación iba a tener lugar en 1979 con la adhesión de Grecia. Mientras que los países de la primera ampliación eran muy distintos económicamente a España, la economía griega se consideraba bastante similar a la española: era un país del Sur, agrícola y mediterráneo. La adhesión plena de Grecia en la CEE se consideraba, por tanto, un paso previo a la incorporación de España. En tercer lugar, la Comunidad deseaba profundizar en la integra -ción económica. En 1970 se había presentado el informe Werner, que preveía la realización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en tres etapas, que debería alcanzar su estadio final en 1980. Con la llegada de la crisis económica, se decide posponer el proceso de creación de la UEM, aun cuando continuaran dándose pasos hacia una mayor integración: en 1979 entra en funcionamiento el Sistema Monetario Europeo (SME), una estructura de coordinación de las políticas monetarias que da lugar a la creación del ecu, antecedente del euro, como moneda cesta de las distintas monedas nacionales.

      Las negociaciones para la adhesión tenían básicamente como objetivo diseñar el proceso por el cual la economía española iba a adoptar las reglamentaciones que forma lo que en la Comunidad se llama el acervo comunitario. Este “acervo” consiste en el conjunto de normativas, directivas, políticas de las que se habían ido dotando los países que forman la Comunidad. España, al solicitar la adhesión, no estaba en condiciones de modificar todo ese conjunto legislativo, por lo que la negociación consistía en el establecimiento de períodos transitorios y derogaciones temporales de las reglas comunitarias, de forma que el país candidato pudiera ir preparándose para la plena incorporación a la Comunidad. En esta negociación, el punto central se encontraba en la definición de los períodos transitorios para el acceso de los productos españoles a los países comunitarios y de los productos de éstos en España. Al final, los aranceles debían reducirse a cero con la libre circulación de bienes, pero el ritmo al que se produciría esta reducción era importante para los sectores industriales españoles que temían la competencia europea. En similar situación se encontraba el sector agrícola comunitario respecto al español, más competitivo. Téngase en cuenta, además, que la incorporación española supondría la participación en la Política Agraria Común (PAC) lo cual, al contar España con un importante sector agrario, generaba recelos en los socios comunitarios. Por todo ello, el deseo español era una incorporación rápida del sector agrario y una más lenta del sector industrial. Por parte comunitaria, con un potente sector industrial, la estrategia era la opuesta, acelerando la adhesión industrial y retrasando la agraria (Badosa, 2005).

      En el capítulo industrial se fijó un período transitorio de siete años. España alcanzaba el desarme total con la CEE y la adopción de la Tarifa Exterior Común en ocho reducciones de aranceles previos a la adhesión. En el mismo período, la CEE eliminaba sus aranceles, que eran sensiblemente inferiores a los españoles. Las reducciones se realizaban cada 1 de enero desde 1986 hasta 1993 (aunque la primera se realizó el 1 de marzo) de acuerdo con los siguientes porcentajes de reducción: 10; 12,5; 15; 15; 12,5; 12,5; 12,5 y 10. La primera reducción era más moderada por la entrada en vigor del IVA y por tanto por la desaparición del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores (ICGI) que suponía una protección adicional a los productos españoles al ser un impuesto cobrado a todos los productos importados. Junto con estos acuerdos de reducción arancelaria se establecieron contingentes (fijación de un límite de productos importados) para algunos productos sensibles, como los textiles, o muy protegidos, como el automóvil. Los contingentes, por su carácter excepcional, durarían cuatro años hasta su extinción.

      En el capítulo agrario el principio general fue un período transitorio de siete años, con desmantelamientos arancelarios en ocho reducciones, en este caso de 12,5% cada una. De este esquema quedaban excluidos los subsectores sensibles, para los que se diseñaban otros períodos. Éste era el caso del sector español de frutas y hortalizas, que aceptaba limitaciones a cambio de restricciones temporales a la importación de lácteos, carne de vacuno y trigo. Para los productos hortofrutícolas se diseñó un sistema en dos fases. En la primera, de cuatro años, el sector quedaba prácticamente excluido de la incorporación a la normativa comunitaria. En la segunda, el período de transición, de seis años, se realizaba la aproximación de precios y se alcanzaba el libre comercio. En esta segunda fase se eliminaba también la discriminación arancelaria de ciertos productos españoles frente a terceros no comunitarios, como las naranjas marroquíes. Para los productos continentales (lácteos, vacuno, trigo) el período transitorio se estableció en siete años, pero con importantes restricciones cuantitativas al comercio español de importación, para facilitar la reestructuración de sectores españoles poco competitivos. En otros sectores se fijaron limitaciones a la producción protegida o subvencionada (azúcar, aceite de oliva, vino).

      El Tratado se firmó el 12 de julio de 1985, tras la finalización de las negociaciones con la resolución de los llamados flecos (aspectos técnicos muy específicos). Los efectos de la adhesión se comentan en el apartado siguiente y la cronología de las relaciones entre España y la Comunidad Europea aparece en el cuadro 5.1.

CUADRO 5.1. Cronología de las relaciones de España con la Unión Europea

5.3. Los efectos comerciales de la integración

La integración de España en la Comunidad Económica Europea supuso una decisión que iba a tener importantes consecuencias sobre los flujos comerciales que mantenía España, tanto con el resto de países comunitarios como con el resto del mundo. Por un lado se eliminaban los obstáculos al comercio con los países comunitarios, principales socios y suministradores pero, por otro lado, se asumía un régimen de importación frente a terceros mucho más abierto, sin apenas restricciones cuantitativas y con un arancel muy inferior al aplicado por España.

      Estos cambios en las relaciones comerciales tuvieron un empuje sobre sectores y agentes económicos que transformó la economía. La eliminación de las barreras al libre comercio permitió una reasignación de los factores productivos hacia las actividades más eficientes. Esta reasignación de factores tendría un primer reflejo sobre la estructura productiva y, por tanto, también sobre el volumen y características de los intercambios comerciales. Así, en primer lugar, la integración tendría un efecto sobre el volumen del comercio, como consecuencia de la liberalización comercial. Pero, en segundo lugar, los efectos se harían notar sobre la estructura del comercio y sobre la estructura productiva del país, como consecuencia del proceso de especialización que debería acompañar a la apertura a nuevos socios y a nuevos mercados.

      Durante el período posterior a la adhesión el comercio exterior experimentó un cambio trascendental. La mayoría de los sectores productivos tuvieron que hacer frente al proceso de liberalización ocasionado no sólo por el desarme arancelario y la adopción de la tarifa exterior común, sino también por la eliminación de las restricciones cuantitativas a la importación frente a la Unión Europea y la posterior liberalización de los movimientos de capital.

      Los flujos comerciales mostraron tasas de crecimiento muy elevadas, tanto en las exportaciones como en las importaciones, que se tradujeron en un sustancial aumento de la participación de ambas variables en la producción. El coeficiente de apertura externa (es decir, la suma de las exportaciones más importaciones anuales de bienes respecto al PIB) creció, ganando cerca de 20 puntos porcentuales, de modo que en el año 2000 se situaba cerca del 60%, situándose en una franja similar a la de Francia, Italia o Reino Unido Sin embargo, el empuje de la demanda interna, gracias a la recuperación econó -mica y a las entradas de capital como resultado de la apreciación del tipo de cambio real, provocó un aumento mayor de las importaciones y, por tanto, un fuerte incremento del déficit comercial en los años siguientes a la adhesión, llegando al 6,5% del PIB en 1989.

      Las transformaciones producidas en el comercio reflejaron el cambio estructural de la economía española. La tradicional restricción exterior al crecimiento parece haberse suavizado desde la incorporación de España a la Unión Europea y la apertura de los mercados a los productos importados. La restricción exterior al crecimiento consistía en la aportación negativa que tenía el sector exterior en momentos en los que la demanda interna crecía rápidamente. Es decir, cuando la economía española crecía a tasas elevadas, también lo hacía la demanda de importaciones más deprisa de lo que lo hacían las ventas al exterior de productos nacionales, provocando que una parte del crecimiento sirviera para adquirir bienes del exterior que no eran compensados con las ventas. En los períodos de expansión de finales del siglo XX, sin embargo, comenzó a comprobarse que el efecto negativo sobre la balanza se reducía ante similares aumentos de la demanda interna, como consecuencia de la mayor estabilidad de la balanza de bienes y servicios dentro de un ciclo sincronizado con los países europeos.

      La mayor apertura de la economía española ha sido, en parte, consecuencia de la mejora en la competitividad, es decir, de la capacidad de las empresas para vender sus productos en diferentes mercados. La cuota de mercado de la exportación española creció tanto en los mercados mundiales, pasando del 1,5 al 2%, como en los mercados europeos, aunque en estos últimos de una forma mucho más sustancial, pues la ganancia fue de cerca de un punto porcentual. Esto fue posible porque las exportaciones españolas crecieron más rápidamente que las del resto de países: en el período 1991-2002 el crecimiento real de las ventas alcanzó el 9,4%, un porcentaje superior en 4-5 puntos al correspondiente al de los socios en la Unión Europea y EE UU.

      Al mismo tiempo, las zonas geográficas a las que se dirigen los productos españoles y de donde vienen los productos importados han cambiado. Como era previsible, se ha producido una creación de comercio (sustitución de la producción nacional, más costosa, por las importaciones provenientes de los países de la Unión Aduanera) y la importancia relativa del comercio intracomunitario en el conjunto de las transacciones exteriores españolas se ha incrementado sustancialmente desde 1986. Así, si en 1986 España exportaba a la Unión Europea el 62,7% del total exportado e importaba de la misma el 53,6%, dichas cifras alcanzaban en el año 2000 el 70,3 y el 62,4%, respectivamente.

      El aumento ha sido más intenso en el caso de las importaciones que en el caso de las exportaciones, si bien estas últimas ya mostraban una mayor orientación comunitaria antes de la adhesión. La reducción de las barreras arancelarias explica el incremento que tuvieron las importaciones procedentes de la UE. El grado de protección que mantenía la economía española para los productos comunitarios era muy elevado antes de la integración, puesto que se trataba principalmente de bienes de consumo y de equipo. Por el contrario, las exportaciones españolas ya se habían beneficiado de las rebajas arancelarias previstas en el acuerdo comercial de 1970 y que había supuesto su aumento en el período previo a la adhesión.

      De este modo, la tasa de cobertura comercial con la Unión Europea (la relación entre exportaciones e importaciones, y que refleja la capacidad de la economía para adquirir en el exterior los productos que necesita con los ingresos de los bienes que vende fuera) se redujo del 91 en 1986 al 71% en 1990, con especial intensidad en los sectores de bienes de consumo duradero y manufacturas de consumo, así como de automoción. El ajuste a la nueva situación, beneficiada por las distintas devaluaciones efectuadas en 1992 y 1993, supuso una importante adaptación a la competencia a la UE, de modo que en 1995 ya se habían recuperado las tasas de cobertura comercial existentes en 1986 en la gran mayoría de los sectores.

      Dentro de los países comunitarios, el país que tiene mayor presencia en las importaciones españolas es Francia, que ha sustituido a Alemania como principal socio comercial desde 1986, seguido de la propia Alemania, Italia y el Reino Unido. Estos mismos son los principales destinos de las exportaciones españolas, entre las que ha aumentado la importancia de Portugal.

      ¿Qué efectos tuvo la incorporación a la Unión Europea sobre la estructura comercial? La teoría de la integración económica ha señalado las ventajas que para cualquier país tiene la incorporación a un espacio comercial más amplio aunque, como veremos, no es concluyente acerca del carácter que tendrán las transformaciones comerciales que se producirán. Así, los dos primeros efectos que tendrán lugar son los denominados creación y desviación de comercio. El primero de ellos implica cambios en el consumo debido a la sustitución de producción nacional por importaciones proceden -tes de otros Estados miembros que se obtienen como resultado de la abolición de barreras al comercio entre los países integrados. La creación de comercio supone un incremento de los bienes intercambiados y una mejora de la eficiencia productiva, puesto que se genera una reasignación de recursos hacia las producciones más competitivas. El segundo, la desviación de comercio, implica cambios en el consumo debidos a la sustitución de importaciones de terceros países por importaciones de países socios que son producidas a mayor coste, pero que, tras la eliminación de las barreras arancelarias, resultan más baratas que las del resto del mundo, que deben soportar la tarifa exterior común.

      El efecto final de la integración dependerá de la conjunción de ambos efectos. Si las economías que se integran tienen estructuras productivas similares tenderá a predominar la creación de comercio, por lo que la liberalización comercial asociada a la integración promoverá aumentos en la importación de los bienes producidos menos eficientemente dentro del país y favorecerá la exportación de bienes que se producen con una mayor eficiencia. Se generará una reasignación de recursos productivos entre sectores y países que dará lugar a una mayor especialización de cada uno de ellos en la producción y exportación de los bienes en los que goza de una mayor eficiencia relativa. La predicción sería, por tanto, una especialización de naturaleza interindustrial, en la que cada economía se especializaría en productos distintos que después comerciarían.

      Recientemente, sin embargo, y a resultas de la observación del incremento en las economías industrializadas del comercio intraindustrial (es decir, distintas variedades y calidades de un mismo producto) se ha comenzado a considerar la posibilidad de que los procesos de integración comercial tengan un efecto de incremento de este tipo de comercio. Como consecuencia de la supresión de las barreras comerciales, se produce una expansión del tamaño del mercado que será aprovechada por los productores que sean capaces de reducir los costes de producción por unidad generada cuando produzcan grandes cantidades (es decir, cuando existan economías de escala) o que exploten las diferencias en la calidad de los productos o en los gustos de los consumidores. En este caso, los países se especializarán no como consecuencia de diferencias en las dotaciones de recursos que hagan que sean más eficientes en la producción de un bien, sino por su capacidad para explotar las reducciones de costes al producir para un mercado más amplio o por ajustarse mejor a los gustos y a las demandas de los consumidores. Se genera así un comercio intraindustrial que conduce a unas ganancias de eficiencia basándose en la especialización de naturaleza intraindustrial.

      En el momento de la adhesión, la estructura de las exportaciones españolas presentaba cierta especialización en los sectores con intensidad tecnológica media y baja, en tanto que los sectores más intensivos en tecnología mostraban una participación muy reducida. En cuanto a la composición de las importaciones, destacaba la elevada participación de los sectores de mayor contenido tecnológico. En conjunto, estos rasgos reflejaban una estructura del comercio español alejada de la de los principales países de la UE y era consecuencia de las características de la estructura productiva del sector manufacturero español, descrito en el capítulo anterior.

      Los cambios producidos en la estructura comercial aparecen recogidos en los cuadros 5.2 y 5.3. Se ha producido un acercamiento respecto a los países socios más desarrollados. Por el lado de las exportaciones, se produce un incremento de la importancia de los sectores con intensidad tecnológica media y alta, destacando especialmente el crecimiento del material de transporte. Por el contrario, los sectores de demanda tecnológica baja han disminuido su participación, siendo notable el retroceso que experimentan algunas ramas, como siderurgia y textil, vestido y calzado, tradicionalmente muy importantes en la estructura de la exportación española.

CUADRO 5.2. Composición de las exportaciones españolas según su contenido tecnológico

Fuente: Martín (1997).

      Por lo que se refiere a las importaciones, los sectores con un contenido tecnológico medio han aumentado su participación relativa, aunque la transformación de la estructura comercial no ha sido muy llamativa. Por esta razón, la estructura comercial española sigue mostrando diferencias respecto a la de los países más avanzados de la UE que presentan, en conjunto, una especialización en la exportación de bienes tecnológicamente avanzados y una menor dependencia de las importaciones de este tipo de bienes, en comparación con la economía española (Martín, 1997).

CUADRO 5.3. Composición de las importaciones españolas según su contenido tecnológico

Fuente: Martín (1997).

5.4. Los flujos de inversión

Ya se ha señalado en el capítulo anterior que el proceso de integración internacional que experimentó la economía española a partir de la segunda mitad de los años noventa coincidió con un proceso de expansión de los flujos de inversión directa que tenían como destino España y, posteriormente, con un desarrollo de los flujos procedentes de España. Buena parte de esta expansión se encuentra ligada al proceso de adhesión a la Comunidad Europea a partir de 1986. Este proceso y la mayor integración que se produce desde la entrada en vigor del Acta Única, a partir de 1987, supusieron cambios que facilitaron los flujos de capital con destino a y procedencia de España. Primero porque la adhesión supuso una eliminación de las trabas para la entrada y salida de capitales, al producirse una primera aproximación de la legislación española a la normativa comunitaria, mucho menos proteccionista en temas de movimientos de capitales. Y en segundo lugar porque el Acta Única supuso, entre otros hechos, la eliminación de trabas a los movimientos de capital entre los países miembros.

      Estos factores, por sí solos, no son suficientes para explicar el aumento de los flujos de capital que entraron y salieron de la economía española. An tes del proceso de integración, las opiniones de los economistas se encontraban divididas acerca de los efectos que iba a tener sobre la inversión directa. De acuerdo con la hipótesis de numerosos autores, entre ellos Paul Krugman, cuando las barreras comerciales con España fueran eliminadas, los capitales exteriores elegirían una localización para las inversiones cercana a los países centrales de la UE (Francia, Alemania, Italia). Según estos autores la localización geográfica vendría explicada por la especialización, es decir, a medida que se intensificara la integración se produciría una creciente aglome -ración, ya que las empresas tenderían a localizarse unas próximas a otras. Otros autores, sin embargo, señalaban que los flujos de capital viajarían desde las áreas en las que es relativamente abundante (los países centrales de la UE) hacia los que presentaban una escasez relativa (los socios menos desarrollados, entre los que se encontraba España).

      La realidad demostró que España tenía atractivos suficientes para compensar las economías de aglomeración de las que disponían los países centrales de la Comunidad. Los estudios realizados señalan como factores determinantes de las entradas de capital el tamaño del mercado español, su elevado potencial de crecimiento y las dotaciones de infraestructuras y capital humano. Los menores costes salariales también deben de haber influido positivamente en las entradas de capital, aunque éste es un resultado sobre el que existe un consenso menor.

      Después de la adhesión a la UE, las entradas de capital provenientes de los países comunitarios han aumentado rápidamente, en un ambiente de crecimiento general de la inversión exterior. España atrajo más del 12% del total de flujos de inversión directa llegados a la UE entre 1985 y 1995, y más del 15% de los flujos intracomunitarios. El crecimiento de los flujos de inversión españoles hasta principios de los noventa fue superior al de la inversión mundial, lo que implicó un crecimiento notable de la cuota española como receptora de inversión directa. Dos factores son responsables de este crecimiento. Por un lado, el incremento general de la inversión exterior en los países comunitarios y, por otro, las características especiales de la economía española para atraer un porcentaje creciente de esa inversión.

      Los flujos de inversión a los países comunitarios, tanto intra-comunitarios (es decir, realizados por un país de la Unión en otro país de la misma) como extra-comunitarios (realizados por un país de fuera de la Unión en un país perteneciente a la misma), crecieron a partir de la formación del mercado único. La inversión intracomunitaria de los países de la UE pasó del 29,3% en el período en 1982-1985 al 53,6% en el período 1991-1994. Durante las mismas fechas, la extracomunitaria creció del 29,8 al 39% del total de inversión exterior del mundo. Entre las razones de este crecimiento destacan dos, principalmente. Las inversiones intracomunitarias fueron promovidas por el proceso de reestructuración y reubicación de las empresas ya instaladas. Las fusiones y la adquisición de empresas fueron los medios a través de los cuales, durante la segunda mitad de los ochenta y los años noventa, muchas empresas intentaron ampliar sus mercados y expandir y racionalizar la producción. Para los inversores extracomunitarios el rasgo más relevante fue, como ya se ha señalado, la formación del mercado único, que es el factor que se encuentra detrás de buena parte de las inversiones realizadas en los países más desarrollados de la Unión.

CUADRO 5.4. Origen de las inversiones extranjeras directas en España de países de la Unión Europea

Fuente: Martín (1997).

      Los flujos de inversión recibidos por España provinieron principalmente de tres países: Francia, Alemania y Reino Unido, como puede observarse en el cuadro 5.4, donde destacan dos rasgos principales. En primer lugar, el descenso de importancia de Alemania, que era el principal inversor exterior en el momento de la adhesión, pero su posición fue ocupada por Francia a principios de los años noventa. En segundo lugar, buena parte de las inversiones, sin embargo, se han realizado, por razones fiscales, a través de socieda -des holding radicadas en países de la Unión. Ésta es la razón del aumento del peso de Holanda y del más modesto de Bélgica-Luxemburgo. Las ramas de los servicios han sido las principales destinatarias de los flujos de inversión. En el trienio 1988-1990, el 51% de toda la inversión fue destinada a las instituciones financieras y las empresas de seguros. El avance de los servi -cios refleja una situación generalizada en toda la Unión: el proceso de integración y liberalización comercial ligado a la creación de la UE conllevó la introducción de mayores dosis de competencia en un sector que estaba muy protegido por regulaciones que, en algunos casos, incluso impedían la instalación de empresas extranjeras.

      En el sector manufacturero, la mitad de los flujos fueron recibidos por industrias tradicionales que contaban con una baja tasa de penetración del capital extranjero y que, mediante procesos de adquisición y fusiones, recibieron ayuda para su reestructuración. Las industrias de contenido tecnológico medio y alto recibieron la otra mitad de la inversión en la industria, lo que aumentó la dependencia del capital extranjero que ya tenía y que llegó a alcanzar más del 60% (Myro y Díaz-Mora, 2001).

      Un fenómeno que adquirió gran importancia a raíz de la adhesión fue la inversión exterior de las empresas españolas en los países de la UE. Las inversiones directas de las empresas españolas en la Unión Europea en el período 1986-2000 han atravesado por dos etapas. La primera comenzó tras la adhesión en 1986 y se prolongó hasta 1993. Las inversiones alcanzaron un promedio anual de 3.000 millones de dólares, mientras en la primera mitad de los ochenta había sido de 350 millones. Los países de la UE se convirtieron en el principal destino de la inversión exterior española, absorbiendo el 60% de la inversión. Las actividades de servicios fueron el principal destino de los fondos: la inversión de las instituciones financieras en bancos y en seguros representó dos terceras partes de los flujos totales. En consecuencia, las inversiones en actividades manufactureras perdieron peso. Los principales países receptores de la inversión fueron Portugal, Reino Unido y Francia, que absorbieron el 70% de los flujos. Portugal comenzó a destacar suponiendo más del 25% de la inversión exterior de las empresas españolas, como consecuencia de varios factores entre los que destacan, además de la cercanía geográfica, el retraso tecnológico de las empresas portuguesas, que hace posible la explotación de ciertas ventajas de propiedad por parte de los inversores españoles y por la política de algunas multinacionales de establecer en España sus filiales para que éstas después se implanten en Portugal.

      Tras la desaceleración de las inversiones internacionales en los primeros años noventa, en 1994 se inició una nueva fase hasta el año 2000. Las cifras anuales se multiplicaron por cuatro y los países de la UE se vieron superados por América Latina como principales receptores de fondos, un aspecto ya comentado en el capítulo anterior. En las inversiones que tuvieron como destino los países europeos, los años noventa trajeron un cambio en las modalidades de inversión, ya que el 70% se canalizaron a través de sociedades holding. Estas inversiones, en un primer paso, se destinan a estas sociedades y, en un segundo paso, la sociedad holding destina los fondos recibidos a proyectos de inversión en otros sectores, que son los verdaderos sectores de desti -no final de las inversiones y que normalmente corresponden con actividades realizadas por las empresas inversoras en el mercado español. La motiva ción de este paso intermedio es de naturaleza financiero-fiscal, puesto que las empresas que realizan sus inversiones a través de estas sociedades gozan de un régimen fiscal especial, tanto en el país donde se encuentran domiciliadas las sociedades holding como en los países de destino final de las inversiones.

      Las principales sociedades inversoras fueron las instituciones financieras (42%), seguidas de las inversiones en telecomunicaciones (10%) e industria química (8%). De acuerdo con los destinos, el principal sector de destino fueron las actividades inmobiliarias y los servicios a empresas (32%) e intermediación financiera (21%). El principal país de destino fue Portugal, que absorbió el 33% de los flujos. En Portugal, los grandes bancos españoles, BSCH y BBVA, junto a las cajas de ahorros y las entidades aseguradoras (Mapfre), realizaron el 65% de la inversión. Las grandes empresas eléctricas, Iberdrola y Endesa, de telecomunicaciones, Telefónica, y de distribución comercial, El Corte Inglés, completan cerca del 85% de la inversión española.

5.5. Las políticas agraria y de cohesión

Además de los efectos comerciales y sobre las entradas de capital que tuvo la adhesión, cuando España se incorporó a la Comunidad Europea también se convirtió en posible receptora de fondos comunitarios. A pesar de que el presupuesto comunitario supone un porcentaje muy reducido sobre el PIB total de los países socios (aunque ha aumentado desde la entrada de España, se sitúa en torno al 1,1-1,2%), la concentración en muy pocas políticas y el hecho de que los fondos comunitarios fueran recursos adicionales a los disponibles por la economía española (no hay que olvidar que España ha sido receptora neta de fondos desde 1986) hizo que se convirtieran en un factor muy importante para la modernización económica y tuvieran un impacto favorable en el crecimiento.

      Las dos grandes partidas de gasto eran la PAC y la política regional y de cohesión, los conocidos Fondos Estructurales. En 1986, cuando se produjo la adhesión española, la PAC a través de los gastos del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola) suponía el 70,79% del gasto total. Los fondos estructurales, creados en 1975 a raíz de la primera ampliación de la Comunidad, alcanzaban el 13,29%, quedando el resto para otros gastos generales comunitarios (acciones exteriores o gastos administrativos). Aunque en los años noventa se redujo la importancia de los gastos agrícolas, en 1999 todavía suponían un 45% del gasto total, mientras que se había producido un aumento de los fondos destinados a acciones estructurales, que en esa fecha suponían el 32% del gasto. En este apartado se consideran únicamente los efectos macroeconómicos de las políticas comunitarias sobre la economía española. Los efectos sobre las regiones se tratan en el capítulo 8.

             5.5.1.La política agraria

La PAC fue una de las primeras políticas que desarrolló la recién creada Comunidad Europea. Los objetivos de la PAC eran incrementar la productividad de la agricultura, garantizar a los agricultores un nivel de vida equiparable al de otros agentes económicos, estabilizar los precios y asegurar el aprovisionamiento alimenticio de la población a precios razonables. Tres principios orientaron esta política: el de unidad de mercado, es decir la libre circulación de productos agrarios entre los países miembros; el de preferencia comunitaria, según el cual las producciones comunitarias deben estar protegidas de la competencia exterior mediante instrumentos eficaces; y el de solidaridad financiera, es decir, la financiación por todos los Estados miembros a través del presupuesto de la Unión de la política agraria.

      La PAC, como queda reflejado con claridad en el principio de preferencia comunitaria, se caracteriza por su marcado proteccionismo. Antes de la adhesión de España, el 90% de la producción se encontraba englobada en las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM), conjunto de normas que regulan la producción y comercialización de un producto agrario. Una intervención tan generalizada provocó un doble desfase: el desequilibrio finan cie -ro en los presupuestos comunitarios, cada vez más centrados en la finan -ciación de la intervención en los mercados agrarios, y el desfase entre oferta y demanda de los productos agrarios, que a mediados de los años ochenta dio lugar a la aparición de excedentes en cereales, azúcar, carne de vacuno, leche y productos lácteos, fundamentalmente. Durante los años ochenta un tercer elemento se añadió a los dos anteriores para conducir a la reforma de la Política Agraria Comunitaria. Las negociaciones en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, el acuerdo comercial firmado después de la Segunda Guerra Mundial para liberalizar las transacciones comerciales y antecesor de la Organización Mundial de Comercio, para liberalizar los intercambios agrarios mundiales, promovieron un desmantelamiento parcial y muy limitado de los mecanismos de protección de la agricultura europea.

      La incorporación de España a la Unión coincidió con el proceso de reforma de la PAC, a lo que se sumó el período de transición durante el cual no se produjo una integración plena en los mecanismos de intervención. Como se puede ver en el cuadro 5.5, las cantidades recibidas no fueron muy altas al principio pero crecieron con rapidez durante los años ochenta hasta situarse en la principal fuente de fondos europeos para la economía española. La gestión financiera de la PAC corresponde al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) que tiene dos campos de actuación: uno de reforma de las estructuras agrarias, y que veremos cuando se hable de los fondos estructurales, llamado FEOGA-Orientación, y otro encargado de la política de precios y mercados, el FEOGA-Garantía. Para el conjunto de la Unión desde su creación en 1962, el FEOGA-Garantía ha venido absorbiendo en torno al 95% del gasto agrario.

      El cuadro 5.5 nos ofrece una visión de la importancia de la política agraria para la economía española. Las cantidades recibidas para el mantenimiento de precios y la regulación de mercados aumentaron de 225 millones de euros en 1986 hasta los 5.500 en el año 1999. Esto supone que a lo largo de los años noventa las subvenciones corrientes del FEOGA equivalieron a un 30% de la renta agraria, ayudando de forma determinante al sostenimiento de los niveles de ingresos del agricultor español. La política agraria considerada de forma individual es la que más fondos europeos aportó a la economía española.

      No es ése el único efecto sobre la agricultura española de la integración. Como se ha señalado en el capítulo anterior, la agricultura experimentó una importante transformación durante los años ochenta y noventa, marcada por la especialización en productos mediterráneos, aprovechándose de la política de preferencia comunitaria y de la unidad de mercado. La consecuencia fue un aumento del porcentaje que suponen estos productos sobre el total, tanto en lo que atañe a producción como en términos de exportaciones agroalimentarias.

      Aunque pertenece a las políticas de cohesión que serán comentadas a continuación, conviene señalar la importancia que han tenido en España las políticas de la parte de Orientación del FEOGA, en concreto los programas LEADER. El primer programa LEADER (1991-1994) y el LEADER II (1995-1999), continuados posteriormente con el LEADER+, se centran en el desarrollo rural como instrumento para generar rentas y empleo en el medio rural, complementando la actividad agrícola con otras (turismo rural, artesanía, transformación alimentaria) capaces de enriquecer su tejido productivo, al tiempo que se desempeñan funciones de conservación del entorno natural. Los programas LEADER han tenido un notable éxito en la transformación de las zonas rurales españolas.

CUADRO 5.5. Fondos europeos recibidos por España desde la adhesión hasta 1999 (millones de pesetas corrientes)

Fuente: Correa y Manzanedo (2002).

             5.5.2.La política regional y de cohesión

Las políticas regionales y de cohesión no formaron parte de los instrumentos con los que se dotó la Comunidad en el Tratado de Roma. En un principio los Estados miembros eran los que realizaban sus propias políticas regionales, basándose en la confianza de que el crecimiento económico que promovería la formación de la CEE reduciría las diferencias regionales y en la escasa divergencia que padecían los socios fundadores, con la excepción de Italia. En la primera etapa de la Comunidad únicamente se crearon dos fondos estructurales, es decir, que intentaban corregir los desequilibrios entre los Estados miembros. El primero, en 1961, fue el Fondo Social Europeo (FSE) para fomentar el empleo y la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores, y el segundo fue el FEOGA, en 1962, dedicándose la mayor parte al sostenimiento de los precios y los mercados (sección Garantía), y una parte menor a las reformas estructurales (sección Orientación).

      La primera ampliación, en 1975, junto con los efectos de la crisis energé -tica, trastocó la situación inicial, caracterizada por una reducida divergencia. Irlanda (con un PIB inferior al 60% de la media comunitaria) se sumaba a Italia en incorporar amplias divergencias regionales en el interior de la Comunidad. La respuesta fue la creación del FEDER, en un principio como instrumento de apoyo a la financiación nacional de las políticas regionales y, desde 1979, como política específica de la Comunidad, diferenciada de las políticas nacionales. Dicho fondo se convertirá en el principal instrumento de la política regional comunitaria y en el más importante de los fondos estructurales, destinado a corregir los principales desequilibrios regionales de la Comunidad.

      A partir de la incorporación de Grecia (1981), los programas de cohesión se refuerzan con un aumento de los fondos, puesto que las desigualdades se ampliaban en el interior de la Comunidad. La entrada posterior de España y Portugal iba a suponer la necesidad de aumentar las ayudas, porque España contaba con un PIB del 77% de la media de la Comunidad y Portugal del 55%.

      Esta ampliación de la Comunidad coincidió con la firma del Acta Única Europea en 1987 la cual consagra, en su título V, el principio de cohesión económica y social, en virtud del cual la Comunidad se propone reducir las diferencias económicas y sociales entre las diversas regiones que la forman y fomentar el desarrollo de las menos favorecidas. A la consecución de ese objetivo se dedicarán los fondos de finalidad estructural con los que contaba la Comunidad en ese momento: FEOGA-Orientación, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), así como los recursos del Banco Europeo de Inversiones. En febrero de 1988 se acordó doblar los fondos estructurales (el llamado paquete Delors).

      Una nueva reforma de los fondos destinados a la consecución de la cohesión se produce con el Tratado de Maastricht. Éste buscaba la consecución de una Unión Económica y Monetaria (UEM) y avanzar hacia objetivos comunes en materia de unión política. Para incorporarse a la UEM, los Estados miembros estaban obligados a cumplir una serie de requisitos en materia de inflación, tipos de interés, déficit público y deuda. La consecución de estos objetivos requería unos ajustes duros, especialmente en los países más atrasados que acumulaban mayores desequilibrios. Para hacer compatibles las difíciles condiciones de convergencia necesarias para alcanzar la UEM, especialmente la reducción del gasto público con el fin de corregir el déficit, con el mantenimiento de la actividad inversora por parte de los países menos favorecidos de la Comunidad se crearon en 1992 los Fondos de Cohesión, que venían a sumarse al resto de instrumentos empleados para mejorar la cohesión económica y social, pero de los que solamente se beneficiarían España, Grecia, Irlanda y Portugal. En la misma reforma se creó el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), para contribuir a la reestructuración de la flota pesquera.

      Todos estos fondos se encontraron a disposición de España con motivo de su incorporación a la Comunidad, lo que provocó que desde el comienzo se convirtiera en receptora neta de fondos comunitarios. Los fondos recibidos por España durante el período 1986-1999 se recogen en el cuadro 5.5.

      Cada instrumento de la política regional y de cohesión está destinado a la financiación de distintos tipos de actuaciones, todas ellas encaminadas a conseguir una reducción en la divergencia en los niveles de renta entre los Estados que forman la Unión, bien mediante políticas de enfoque regional (FEDER), bien mediante otras implementadas a nivel nacional o comunitario (FSE, FEOGA-Orientación, Fondos de Cohesión). El FEDER está destinado a la financiación de proyectos de inversión productiva, infraestructuras y medidas estimuladoras del potencial económico regional. Las inversiones financiadas con fondos provenientes del FEDER en España se encuentran detrás de las notables mejoras en infraestructuras que se han producido durante el período, como la mejora de la red de autovías o la construcción del Tren de Alta Velocidad. El FSE se plantea la mejora de las posibilidades de empleo, contribuyendo a la financiación de la formación profesional y de medidas de creación de empleo, a la mejora del sistema de enseñanza y a la integración de colectivos con dificultades en el mercado laboral. Por su parte, el apartado de Orientación del FEOGA tiene como cometido fundamental fomentar el ajuste estructural del sector agrario mediante la modernización de la producción y el desarrollo de áreas rurales. Los Fondos de Cohesión, por último, tenían como objetivo la ayuda a los países menos prósperos a prepararse durante el proceso de creación de la UEM mediante dos objetivos prio -ritarios: la mejora de las infraestructuras de transporte y el desarrollo de proyec -tos relacionados con el medio ambiente.

      En conjunto, estos fondos han ido suponiendo un montante cada vez mayor de los recursos de los que ha dispuesto la economía española. En los primeros años tras la adhesión, la participación de España en la PAC alcanzaba cerca del 70% del total de los recursos. Pero es a partir de 1991, y definitivamente desde 1995, cuando los fondos estructurales pasan a suponer más del 50% del total. Del conjunto de fondos estructurales, los recursos conseguidos a través de los fondos FEDER son los más importantes, con más del 55% del total hasta 1995. La aparición de los fondos de cohesión reduce la importancia relativa de los fondos FEDER, pues los fondos de cohesión alcanzan en torno al 15-20%.

FIGURA 5.1. Importancia de los recursos comunitarios en la economía española (Porcentaje sobre el PIB).

Fuente: Elaboración a partir del cuadro 5.5.

      La figura 5.1 muestra la importancia que han tenido los fondos recibidos sobre el PIB de la economía española. Como se puede observar, su relevancia ha sido creciente, partiendo del 0,3% del PIB en el momento de la adhesión hasta alcanzar un 2,5% en 1995, manteniéndose en torno a esa cifra en los años finales de la década. Similar conclusión se obtiene si consideramos únicamente los fondos estructurales y de cohesión.

      Las ayudas europeas resultaron beneficiosas para la economía española que salía de la crisis económica haciendo un gran esfuerzo de reconversión, especialmente en los sectores industriales. Las ayudas contribuyeron en un doble sentido. Por un lado, se incrementó la demanda de los sectores receptores de las mismas, impulso que repercutió sobre el conjunto de la economía, aumentando la demanda interna. Por otro, el empleo de los fondos permitió contar con mejores dotaciones de capital humano, a través de los programas de formación, y capital público, a través del gasto en infraestructuras, lo que influyó en una mejora de las condiciones de producción para el sector privado que contribuyó al aumento de la productividad de la economía.

      La repercusión que han alcanzado los fondos comunitarios en la economía española no puede contemplarse únicamente a través de la estimación directa de su peso en el PIB. Para tener una imagen completa es necesario considerar los efectos indirectos inducidos por la inversión de los fondos, cuyo resultado se puede observar en el cuadro 5.6. Como consecuencia de las ayudas la renta media por habitante habría sido, en promedio para el período 1989-1993, superior en 205 euros del año 2000 respecto del caso en el que no hubiera habido ayudas, lo que suponía un aumento del 1,7%. En el período 1994-1999, las ayudas europeas habían contribuido a un incremento de la renta media anual de 669 euros, un 5,1%. Los fondos habrían tenido, así, un efecto muy positivo sobre la economía española, que habría permitido una aproximación a los niveles de renta de la Comunidad, que como se recoge en el cuadro 5.6 puede estimarse en un 1,32 para el período 1989-1993 y un 3,82 para 1994-1999. De la misma forma, la tasa de paro hubiera sido mayor, el capital en infraestructuras menor y la productividad más baja respecto a una situación sin ayudas comunitarias (Sosvilla-Rivero, 2007).

      Las repercusiones de los fondos europeos han tenido, por tanto, un efecto muy positivo sobre el crecimiento de la economía española. La construcción de infraestructuras, el desarrollo rural y la mejora de la cualificación de los desempleados, se beneficiaron de las ayudas provenientes de Europa. Sus efectos sobre la renta, el empleo, la productividad del trabajo o el capital público fueron significativos.

CUADRO 5.6. Efecto de los fondos europeos sobre la economía española (porcentaje de efecto de la variable)

Fuente: Sosvilla-Rivero (2007).

5.6. La incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria

Como se ha descrito en el primer apartado, la integración económica continuó en los años posteriores a la adhesión de España a la Unión Europea. La economía española tuvo que hacer frente a un proceso de estrechamiento de las relaciones políticas y económicas entre los países miembros de la Comunidad, al mismo tiempo que cumplía con las transformaciones económicas e institucionales provocadas por su incorporación a un espacio económico más amplio y más complejo, para las empresas y para los consumidores. La decisión, aunque no exenta de dudas, fue la de incorporarse desde el primer momento a los proyectos de estrechamiento de la unidad europea. Una muestra de la rapidez con la que se produjeron los acontecimientos es que, si el 1 de enero de 1986 se producía la adhesión de España, tan sólo dos meses después, en febrero, se firmaba el Acta Única Europea, que entraría en vigor el 1 de julio de 1987.

      El Acta Única afirmaba que “el mercado interior es un espacio sin fronteras interiores, dentro del cual la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada”. Era un paso adelante respecto a la unión aduanera que se había creado mediante el Tratado de Roma. En virtud de este principio en los años posteriores se procedió a efectuar reformas que permitieran eliminar todo tipo de barreras a la circulación de personas, mercancías y capitales, que culminó en 1993. A pesar de la liberalización de los tráficos internacionales persistían barreras no arancelarias (normativas sanitarias, por ejemplo) para algunas mercancías y en algunos países.

      La realización de estos cambios se esperaba que tuviera un efecto favorable sobre las economías participantes, principalmente debido al descenso de los costes de transacción asociados con la reducción de los trámites necesarios para llevar a cabo el comercio internacional, como se encargaba de calcu -lar el informe Cecchini. Estos efectos se estimaban en un aumento de la renta real comunitaria entre el 3,2 y el 5,7%, una reducción del déficit público y una mejora del saldo de la balanza comercial. A largo plazo también se obtendría un ritmo superior de crecimiento. Aunque el informe comunitario no incluía a la economía española, estimaciones posteriores establecían unas ganancias del mercado único en torno al 4,5% del PIB. Basándose en estas estimaciones, las expectativas de que la incorporación de España a los proyectos de integración europea fueran un éxito eran favorables y explican, al menos en parte, la acogida que tuvieron. Por otro lado, el objetivo buscado por los gobiernos al apoyar y participar en los proyectos de integración europea desde el mismo momento de la adhesión era disciplinar a la economía española que, como se ha señalado en el capítulo anterior, enfocaba los años noventa con graves desequilibrios macroeconómicos internos y externos. Se esperaba que, al incorporarse al Mercado Único, la mayor competencia actuara como freno a las demandas salariales de los trabajadores y a las alzas de precios de los empresarios, y al mismo tiempo permitiera adoptar políticas más ajustadas que contuvieran el crecimiento del gasto público y la inflación.

      La siguiente fase de la integración europea fue la constitución de una Unión Económica y Monetaria (UEM). En el Consejo Europeo de Madrid, en junio de 1989, se aprobó el informe Delors, que establecía varias etapas para formar la UEM. La plasmación de los principios y las fases que iban a conformar la UEM se hizo en el Tratado de la Unión Europea, firmado en la ciudad holandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992, y por ello llamado Tratado de Maastricht. Éste fijaba la creación de una moneda única que se pondría en circulación el 1 de enero de 1999; el 1 de enero de 1994 entraría en funcionamiento el Instituto Monetario Europeo, precursor de la autori -dad monetaria común, denominada Banco Central Europeo, que comenzaría a funcionar el 1 de enero de 1999.

      España siempre se planteó estar entre los países que formaran parte de la UEM. El Tratado descartaba la participación automática de todos los Estados miembros. Para ser miembro habría que cumplir unos criterios de convergencia en la primavera de 1998, fecha en la que se decidiría el grupo de países participantes. Los cinco criterios de convergencia eran:

      • Tipo de cambio: la moneda no debía haber sido devaluada ni haber salido del margen normal de fluctuación del Sistema Monetario Europeo en los últimos dos años.

      • Inflación: no debía superarse en más de 1,5 puntos la media de los tres países con menor inflación.

      • Déficit Público: no debía exceder del 3% del PIB.

      • Deuda Pública: no debía superar el 60% del PIB.

      • Tipos de interés nominales a largo plazo: no debían exceder en más de dos puntos al promedio de los tres países con menor inflación.

      Los criterios intentaban, de forma primordial, asegurar unos niveles de inflación similares entre los países que formarían parte del club de fundadores del euro. Los otros cuatro criterios pretendían asegurar que la baja inflación fuera alcanzada de forma estable y duradera. El control del déficit público contribuiría al de los precios y era un requisito necesario para el descenso de los tipos de interés. El límite de la deuda pública sobre el PIB constituía un mecanismo de control del propio déficit público. La necesidad de unos tipos de interés nominales similares a largo plazo aseguraba que la reducción de la inflación no era temporal. La estabilidad cambiaria también intentaba favorecer la convergencia de tipos de interés, pero quedó desdibujada cuando las bandas de fluctuación del SME se ampliaron.

      La participación de España en el euro fue considerada, desde el primer momento, como un objetivo central de la economía española (Conthe, 1997). Las opiniones contrarias fueron escasas, tanto entre los economistas como entre los grupos políticos, empresariales o sindicales. La postura del Gobierno fue, desde el principio, la de ser un país fundador de la UEM. En apoyo de esta posición se aportaban tanto las ventajas genéricas de las uniones monetarias como los beneficios concretos que la UEM aportaría a España. Entre los primeros podemos citar cinco. El primero de ellos es la disminución de los costes de transacción como consecuencia de la sustitución de las diversas monedas por una moneda común. A comienzos de los años noventa, la Comisión Europea estimaba que ello podía reportar un ahorro de entre un 0,25 y un 0,5% del PIB. La segunda ventaja genérica está asociada a la reducción de los riesgos a las variaciones del tipo de cambio. La moneda común reduce la incertidumbre en las transacciones internacionales derivadas de una posible variación en los tipos de cambio entre el momento en el que se realiza y se cobra (o paga) una venta entre países o entre la realización de una inversión en el exterior y el momento en el que recogen los beneficios. Un tercer beneficio es el aumento de la integración económica causada por el reforzamiento de los mecanismos competitivos al hacer más transparentes las diferencias de precios entre países. En cuarto lugar, la UEM podría ser beneficiosa al contribuir a la estabilidad macroeconómica y de esta manera a la mejor asignación de recursos y a la obtención de un crecimiento estable. El Tratado de la UEM fijaba la independencia formal del Banco Central Europeo, lo que reforzaría la consecución del objetivo de la estabilidad de precios. En quinto y último lugar, se consideraba que el euro tendría efectos favorables sobre la economía europea al aislarla de las fluctuaciones de otras economías, en especial de la de Estados Unidos, conforme el euro se fuera convirtiendo en una moneda ampliamente utilizada a nivel internacional.

      En cuanto a las desventajas de participar en la UEM, las principales derivaban del abandono de la política monetaria y el tipo de cambio como instrumento de política económica para protegerse de las crisis mediante una devaluación de la divisa. El riesgo se percibía en el caso de que la situación económica evolucionara de forma distinta en los países de la Unión (lo que se conoce como shocks asimétricos) y la política monetaria, al ser común para todos los países, no pudiera hacer frente a las distintas necesidades de actuación de los mismos. En esos casos, los únicos mecanismos que podían hacer frente a la crisis serían la movilidad de la mano de obra y la capacidad estabilizadora de la política fiscal. La mayoría de los análisis efectuados antes de la formación de la UEM veían como altamente probable la generación de shocks asimétricos por las diferencias entre las estructuras productivas y la escasa flexibilidad de los mercados de bienes y factores de algunos países de la Unión.

      Para el caso de la economía española, adquiría especial trascendencia la posibilidad de disfrutar de una mayor estabilidad macroeconómica. Los desequilibrios que habían caracterizado a la economía española durante los años ochenta (alta inflación, elevado desempleo, tipos de interés altos) continuaban sin corregirse completamente en el momento de la firma del Tratado de Maastricht. La adhesión a la UEM se esperaba que contribuyera a eliminar estos desequilibrios. En primer lugar, porque España se encontraba entre los países con mayor inflación y desempleo, por lo que para alcanzar los niveles fijados en el Tratado de la UE necesitaba poner en marcha políticas de ajuste que redujeran los desequilibrios. Estas políticas, que se integraban en el denominado Programa de Convergencia, presentado por el gobierno socialista en marzo de 1992, tendrían mayor credibilidad al estar respaldadas por el compromiso con el resto de socios europeos y ligaban al gobierno a seguirlas sin poder atender a las tentaciones de incumplir sus propios compromisos a largo plazo (estabilidad de precios) para obtener ventajas coyunturales (mayores tasas de crecimiento). Y en segundo lugar porque se esperaba el predominio de Alemania en la definición de la política monetaria común, lo que aseguraba, dados los bajos niveles de inflación históricos del país y la cultura antinflacionista de la posguerra alemana, una fuerte preocupación por la estabilidad de precios.

      Entre los contrarios a la incorporación de España a la UEM, el principal argumento era la posibilidad de sufrir shocks asimétricos que no pudieran ser afrontados con la devaluación del tipo de cambio y el manejo de la política monetaria. La economía española, a pesar de los esfuerzos liberalizadores que se habían efectuado a raíz de la adhesión a la Comunidad Europea y la entrada en vigor del mercado único, contaba todavía con numerosas rigideces en el mercado de trabajo y en algunos mercados de bienes. Especialmente el elevado nivel de la tasa de desempleo ponía de relieve la rigidez de algunos mercados y la debilidad de la estructura productiva española. Además, la historia reciente de la economía española estaba repleta de devaluaciones que habían sido empleadas como arma para luchar contra la transmisión de las crisis que provenían del exterior.

      La fijación del tipo de cambio del euro frente al resto de monedas, y especialmente frente al dólar, también concitaba muchos recelos. Se consideraba que las autoridades alemanas tendrían preferencia por un euro fuerte en los inicios de la UEM, con lo que se fijaría un tipo de cambio sobrevalorado, que perjudicaría a la economía española. Las empresas españolas perderían competitividad exterior en todas aquellas áreas en las que el dólar continuara siendo moneda de referencia, como en el sudeste asiático.

      Pero la oposición duró poco y no sumó muchos adeptos. El consenso político, económico y social se estableció en torno a las transformaciones que eran necesarias para que España accediera en la primavera de 1998 a encontrarse entre los países que adoptarían el euro. El último gobierno socialista y el primer gobierno del Partido Popular coincidieron en la necesidad de efectuar importantes reformas en el funcionamiento de la economía española que flexibilizaran los mercados y la colocaran en la mejor posición posible para la situación posterior a 1999. Los programas de convergencia aprobados en 1992 y 1997 recogieron todas estas reformas.

      En resumen, la incorporación en el primer turno de los países que ponían en funcionamiento el euro actuó como guía de los cambios en la política económica que fueron efectuados por parte de los gobiernos en la segunda mitad de los años noventa.

      Los resultados del esfuerzo realizado fueron extraordinarios. Se consiguió una baja inflación, se redujo el déficit público, más allá incluso de lo exigido por los criterios de convergencia, y todo ello fue compatible con altos ritmos de crecimiento del empleo y la producción. El descenso del tipo de interés, posible porque se cumplieron los criterios de convergencia y entró dentro de la Unión Monetaria aplicándose las políticas económicas adecuadas, generó un efecto estimulante sobre el consumo y la inversión. La bajada de los tipos de interés impulsó el dinamismo de la demanda interna y tuvo efectos muy positivos sobre el valor de la riqueza y sobre el patrimonio de las familias y de las empresas. A su vez, la convergencia en las tasas de inflación favoreció la contención salarial. De esta forma, el 1 de enero de 2002 desaparecía de la circulación la peseta, siendo sustituida por el euro. El tipo de cambio peseta-euro finalmente fijado fue de 166,386 pesetas por un euro.

5.7. Conclusiones

Los cambios que ha experimentado España durante el período posterior a la adhesión fueron numerosos. De lo dicho en este capítulo podemos resaltar que los resultados han sido positivos. Los objetivos iniciales de consolidación democrática y modernización económica que se plantearon cuando se solicitó la adhesión han sido alcanzados por la sociedad española. En el debe quedan los ajustes económicos que tuvieron que realizarse y que tuvieron sus costes en el corto plazo, pero que se mostraron fructíferos en el largo plazo.

      Un aspecto de especial relevancia es que la economía española se integró en la Comunidad Europea en un tiempo de cambio dentro de la propia Comunidad. La internacionalización creciente de la economía mundial tuvo como respuesta entre los países comunitarios un proceso paralelo de profundización en la integración. El Mercado Único en 1992 y la Unión Económica y Monetaria en 1999 supusieron importantes avances a los que la economía española tuvo que responder recién incorporada.

      En resumen, las modificaciones provocadas por la adhesión pueden sintetizarse en: un cambio en el patrón de comercio, una mayor capacidad de atracción de inversiones extranjeras directas y un aprovechamiento de los fondos comunitarios para transformar la economía española. El patrón de comercio cambió como consecuencia de la eliminación de las barreras comercia -les de España con los países comunitarios. La estructura de las exporta ciones españolas se aproximó a la del comercio de los países de la Unión, aunque todavía se mantienen diferencias, por el peso relativo mayor que tienen para España las exportaciones de bienes de contenido tecnológico bajo. La integración de España fue un importante factor de atracción de inversiones exteriores para los sectores productivos españoles. En el período posterior a la incorporación, España llegó a atraer una quinta parte de la inversión que llegaba a la Comunidad de otros países y un porcentaje también importante de las inversiones exteriores de los propios países comunitarios. Esta inversión contribuyó a la transformación de los sectores productivos españoles, que acababan de salir de un importante proceso de reconversión. Por último, España recibió, como país socio, fondos en aplicación de las políticas europeas y los importantes fondos de cohesión para acelerar la convergencia real de los países comunitarios. Los fondos tuvieron una notable importancia en la transformación de la economía española en áreas como el desarrollo rural o la creación de infraestructuras (autopistas y ferrocarril, principalmente). Sus efectos sobre el crecimiento fueron positivos.

      Todo ello ha sido favorable para el crecimiento y la estabilidad de la economía española. El crecimiento desde la adhesión ha sido superior al de los países europeos y ello ha permitido una aproximación a sus niveles de renta. Los esfuerzos para coordinar las políticas y por participar desde el principio en la Unión Económica y Monetaria han dotado de mayor estabilidad macroeconómica a la economía española y le han permitido eliminar los desequilibrios (inflación, paro, déficit público) que arrastraba desde el período de crisis.

Bibliografía

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Conthe, M. (1997): “España y el euro”, en Muns, J. (dir.), España y el euro: riesgos y oportunidades. Colección Estudios e Informes, 9, La Caixa. Madrid.

Correa, M. D. y Manzanedo, J. (2002): “Política regional española y europea”. Documento de Trabajo SGFCC-2002-05, Dirección General de Presupuestos, Ministerio de Hacienda. Madrid.

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Sosvilla-Rivero, S. (2007) “La economía española y la política de cohesión europea”. Información Comercial Española, 837: 211-230.

   6   

La consolidación del Estado de bienestar

6.1. Introducción: el Estado de bienestar en España

Desde la implantación de la democracia el sector público ha estado sometido a profundas transformaciones que se pueden sintetizar en dos grandes rasgos: un aumento espectacular de su peso en la renta y una mayor liberalización del marco institucional. Estos cambios se han apoyado en una amplia reforma fiscal que ha permitido el aumento del gasto público y el desarrollo del moderno Estado de bienestar. Esta reforma se emprendió con la firma de los Pactos de la Moncloa en 1977 que supuso la implantación de un sistema fiscal basado en la imposición directa sobre la renta y de carácter progresivo, y posteriormente en 1986, tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, se completó con el establecimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Los principios fiscales que se adoptaron en España entre 1977 y 1986 han permitido una aproximación a los principios vigentes en la mayor parte de países europeos.

      Con estas reformas se fue expandiendo la capacidad del Estado para aumentar los ingresos públicos, y con ello su capacidad para financiar la creciente demanda de gastos sociales relativos a competencia (seguros de invalidez, enfermedad, desempleo y pensiones) y a la provisión de bienes públicos preferentes (sanidad y educación). Por todo ello, cabe afirmar que la universalización de las prestaciones sociales, de la sanidad y de la educación, juntamente con el aumento de su cobertura, figuran entre los logros más sobresalientes de la economía española durante la etapa democrática.

      En el presente capítulo se describe la expansión del sector público a lo largo del último cuarto del siglo XX y cuáles han sido los rasgos que han conformado el moderno Estado de bienestar. El capítulo se estructura de la siguiente forma. El segundo apartado está dedicado al proceso de modernización fiscal y su armonización con Europa, el tercer apartado a los cambios en la estructura de gastos del sector público, y por último, en el cuarto apartado se analizan las características del Estado de bienestar desarrollado en España en cuanto a transferencias sociales y provisión de bienes públicos preferentes, como educación y sanidad.

6.2. La expansión del sector público

En España la expansión del Estado de bienestar se produjo con dos décadas de retraso respecto a Europa. El aumento del gasto público que implicaba su implementación no podía acometerse sin un cambio profundo del sistema fiscal que mejorase los ingresos fiscales del Estado. La reforma del sistema impositivo gestada en los Pactos de la Moncloa significaría la modernización fiscal del Estado español y el desarrollo de las prestaciones sociales y de los bienes y servicios asociados al Estado de bienestar.

CUADRO 6.1. Porcentaje de los gastos de las Administraciones públicas y el Estado con relación al Producto Interior Bruto, 1960-2000

Fuente: Comín y Díaz (2005).

      En el cuadro 6.1 se presentan los datos relativos al porcentaje del gasto total de las Administraciones públicas (incluye los gastos del Estado y de otros organismos como, por ejemplo en España, la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las empresas públicas) en el producto interior bruto. En 1960, la relación entre el gasto y la renta nacional en España era muy inferior a la del resto de países europeos avanzados, de un 14,8%, frente al 35% de Alemania, el 52,4% de Francia y el 43,6% del Reino Unido. Por el contrario, en el año 2000 esta relación se había más que duplicado para la economía española (39,4%), mientras que en el resto de países el avance había sido muy moderado. Alemania había avanzado diez puntos porcentuales (hasta el 45,9%), Francia mantenía la misma proporción (52,8%), algo similar ocurría con Italia (46,9%) e incluso se observa un retroceso notable en el caso de Gran Bretaña (30,2%).

             6.2.1.El porqué de la tardía expansión del sector público en España

El origen del retraso relativo en la expansión del sector público español residía en el atraso de la economía española y en la pervivencia de un régimen político no democrático. Implantar un sistema fiscal de base amplia, basado en la imposición personal sobre la renta, era una tarea muy costosa y de dudosa capacidad recaudatoria para una economía atrasada, y por tanto, con un bajo nivel de renta. Los ingresos medios de la población eran muy bajos y las posibi lidades de evasión fiscal altas. Además, el atraso económico presuponía la existencia de un aparato administrativo con medios insuficientes para hacer efectiva la recaudación del impuesto. Para que un sistema fiscal basado en la imposición personal sobre la renta tuviera amplia capacidad recaudatoria, era condición necesaria el avance en el proceso de industrialización y con ello el aumento del Producto Interior Bruto. De esta manera, con una reforma fiscal de este tipo se conseguiría aumentar considerablemente los ingresos fiscales.

      Además, la tardía consolidación de un régimen político democrático retrasó todavía más la modernización del sistema fiscal. La fiscalidad durante el franquismo respondía a los intereses de los grupos sociales que apoyaban al régimen, favoreciendo a las clases medias y altas a través de un sistema que ejercía escasa presión fiscal y que resultaba claramente regresivo (es decir, con una presión fiscal decreciente con el nivel de renta).

      El crecimiento económico de los sesenta generó nuevas demandas de bienes y servicios públicos necesarios para que el crecimiento continuase sin in -terrupciones y en condiciones competitivas. El proceso de industrialización conllevó también el transvase de mano de obra del campo a la ciudad, que junto con el aumento del tamaño de la población, aceleraría el desarrollo de las ciudades y el surgimiento de nuevas demandas de infraestructuras, vivienda, sanidad y educación. Las nuevas demandas se vieron sólo parcialmente satisfechas ante la insuficiencia crónica de ingresos por parte de la Hacienda, pues el Estado franquista seguía sin acometer la reforma fiscal necesaria para ello. En la figura 6.1, se observa cómo desde mediados de los sesenta la dimensión del sector público español, si consideramos sólo el gasto del Estado, inició una convergencia ininterrumpida hacia los mayores niveles de gasto de las economías europeas, el peso del gasto del Estado y de las Administraciones públicas en el PIB pasó de un 14,8 en 1960 a un 20,1% en 1975.

FIGURA 6.1. Gasto Público con relación al PIB.

Fuente: Elaboración a partir de OECD. Disponible en Stat Extracts en http://webnet.oecd.org/wbos/index.aspx.

      Si además del gasto del Estado consideramos el gasto total de las Administraciones públicas, entre 1970 y 2000, el peso del sector público en el PIB se duplicó, pasando de un 20,1 a un 39,4% (cuadro 6.1). Este avance cabe asociarlo a varios fenómenos. Unos son de carácter político, como la implantación y el desarrollo de las nuevas instituciones democráticas, el desarrollo del moderno Estado de las Autonomías y el pacto social que establecieron todos los partidos políticos para afrontar la transición. Otro es de carácter económico, y se refiere al incremento del gasto público destinado a hacer frente a la crisis de los años setenta y principios de los ochenta.

      Respecto a los factores de carácter político, cabe señalar que con la democratización se hizo frente a las demandas sociales en educación, sanidad y transferencias que habían sido reprimidas durante la dictadura. Además, la descentralización política no sólo supuso un cambio en la gestión del gasto y la transferencia de una parte del mismo a las Comunidades Autónomas, sino que también generó gastos adicionales vinculados al desarrollo de las nuevas administraciones.

      Respecto a los motivos de tipo económico, la crisis de los setenta aumentó los gastos del Estado en materia de pago de seguros de desempleo, subvenciones a las empresas y jubilaciones anticipadas. Un aumento tan espectacular del gasto público no hubiera sido posible sin el desarrollo de una firme reforma fiscal, que buscó tanto una mayor suficiencia recaudatoria como una mayor equidad redistributiva a través del establecimiento de un sistema fiscal progresivo.

             6.2.2. La modernización fiscal y la armonización con Europa

La implantación del Estado de bienestar exigía mayores impuestos y cotizaciones sociales para acometer las nuevas demandas de gasto. La reforma tributaria llegó con la Ley de Medidas Urgentes de 1977 que instauró el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio (1977), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (1978) y, más tarde, con el ingreso de España en la CEE, el Impuesto sobre el Valor Añadido (1985).

      Como se ha visto en el capítulo 3, la nueva fiscalidad se incorporó dentro de los cambios estructurales previstos en los Pactos de la Moncloa y fue una parte esencial del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. A grandes rasgos, esta reforma significó un cambio muy notable en el origen de los ingresos fiscales en España. Como puede observarse en la figura 6.2, hasta la reforma fiscal de 1977, los impuestos indirectos representaron una parte muy importante de los ingresos ordinarios del Estado, excluidos los ingresos por rentas corrientes. Durante el franquismo los impuestos indirectos se consolidaron como la principal fuente de ingresos públicos, llegando a representar el 55,8% de los mismos en 1975, frente al 34,7% de la imposición directa. Sin embargo, a partir de la reforma de 1977, la imposición indirecta perdió peso en favor de la imposición directa. Desde entonces, la imposición directa, y especialmente la imposición sobre la renta personal, dio un salto cuantitativo importante, pasando de representar el 37,3% de los ingresos ordinarios del Estado en 1975 al 40,7% en 1986.

FIGURA 6.2. Aportación de distintos grupos a los ingresos ordinarios del Estado.

Fuente: Comín y Díaz (2005).

      El análisis desagregado de la composición de ambos tipos de impuestos da idea de la magnitud de la reforma iniciada en 1977. En el cuadro 6.2 se representa el peso de distintos tipos de tributos dentro de la imposición directa y de la imposición indirecta. Dentro de la imposición directa, el rasgo más llamativo a partir de la reforma de 1977 fue la desaparición de varios tipos de tributos y la pérdida de importancia de la contribución de utilidades (de un 67,7 en 1977 a un 24,2% en 1986) que fueron desplazados por la nueva imposición general sobre la renta. La imposición sobre la renta pasó de ser insignificante en 1975, con un peso del 2,3% en el total de la imposición directa, a un 64,5% en el año 2000. Por lo que respecta a la imposición indirecta, los dos hechos más remarcables fueron la drástica caída en los ingresos por aduanas (de un 18,6 en 1975 a un 1,9% en el año 2000) y el nuevo protagonismo que en la recaudación alcanzó el IVA (de un 57,5 en su primer año, 1986, a un 65,7% en 2000) (Comín y Díaz, 2005).

      Los principales logros de la reforma tributaria de 1977, conocida también como la reforma de Fernández Ordóñez-Fuentes Quintana, fueron, en primer lugar, la simplificación del sistema impositivo dirigida a conseguir una mayor armonización fiscal con Europa, y en segundo lugar, la mejora en la gestión del impuesto, contribuyendo a rebajar el fraude fiscal pero sin conseguir acabar con él. En cuanto a la simplificación del sistema impositivo, los dos principios tributarios que lo guiaron fueron los de personalidad y progresividad, en lo relativo a la imposición directa, y la neutralidad, en lo referente a la imposición indirecta (Comín et al., 2002).

      La personalidad en el impuesto sobre la renta significa que se convierten en sujetos pasivos del impuesto, es decir, en sujetos con obligación de tributar por este impuesto, todos aquellos individuos perceptores de ingresos, siempre que superen un umbral mínimo establecido por la ley tributaria. Los ingresos pueden proceder de las rentas del trabajo personal, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, y de las rentas del capital, tanto mobiliario como inmobiliario. La progresividad significa que se aplican tipos impositivos crecientes con el nivel de renta, es decir que, proporcionalmente pagarán más (estarán sujetos a tipos impositivos más altos) aquellos individuos que tengan niveles mayores de ingresos. La neutralidad en la imposición indirecta significa que se convierten en sujetos pasivos del impuesto, es decir en pagadores del mismo, todos aquellos individuos que consuman los bienes sujetos a gravamen, con independencia de cuál sea su nivel de renta.

      La reforma tributaria consensuada en los Pactos de la Moncloa contó con un amplio respaldo político y social, pero su posterior desarrollo legislativo y su implantación fue relativamente lenta. Las dos únicas leyes que se aprobaron después de los Pactos fueron la Ley del Impuesto Personal sobre la Renta aprobada el 8 de septiembre de 1978 y la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobada el 27 de diciembre de 1978. Como consecuencia de la oposición surgida en su desarrollo normativo, las intenciones originales de reforma se vieron en parte defraudadas. De esta manera, algunos aspectos, como la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, o el desarrollo de la nueva imposición indirecta, no llegaron a acometerse con la fuerza suficiente para im -plantarlas con eficacia.

CUADRO 6.2. Porcentajes de los distintos impuestos sobre el total de impuestos directos e indirectos

Nota: a El dato relativo a 1970 se refiere al impuesto sobre sociedades y desde 1975 recoge sociedades y renta global. b El dato relativo a 1970 se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el de 1975 a la cuota sobre la renta global de las personas físicas y a partir de 1979 al conocido actualmente como IRPF.

Fuente: Comín y Díaz (2005).

      El avance en la reforma fiscal se reanudó con nuevos ánimos con la llegada al poder en 1982 del PSOE. Este partido obtuvo el suficiente apoyo político para retomar todas las reformas económicas que habían quedado pendientes desde 1979. Se aprobó el Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 30/1985), pues éste era una condición indispensable para entrar en la CEE. Con el IVA cambió la estructura de la imposición indirecta, ya que viejos impuestos como los de consumos específicos y el ITE (Impuesto sobre el Tráfico de Empresas) fueron desplazados. Desde entonces, las recaudaciones por IVA y por IRPF han constituido la parte principal de los ingresos del actual sistema tributario. La armonización fiscal con Europa también llevó a la eliminación de los monopolios fiscales y a su sustitución por impuestos especiales (tabaco, alcohol y gasolinas) y a la pérdida de importancia de la renta de Aduanas, como puede verse en el cuadro 6.3.

      Bajo el gobierno del PSOE también se acometió la reforma administrativa necesaria para mejorar la gestión de los nuevos impuestos. Así, se de -sarrollaron las administraciones territoriales, se informatizó la gestión del impuesto, se amplió el cuerpo de inspectores fiscales y se crearon nuevos instrumentos en la lucha contra el fraude. Se estimaba que el nivel de fraude era elevado en todas las figuras tributarias, pero los primeros gobiernos de la democracia, tanto el de la UCD como los del PSOE, acometieron con timidez la lucha contra el mismo.

      La reforma de la Ley General Tributaria de 1985 permitió intensificar la represión del fraude fiscal entre 1985 y 1993, ya que endureció las sanciones y dotó de nuevos medios informáticos a los departamentos de gestión e inspección fiscal. En 1992 se creó la Agencia Tributaria. Todas estas acciones se plasmaron en un aumento de la eficacia en la recaudación, como así lo demuestra el hecho de que los ingresos en concepto de IRPF y patrimonio se triplicaran entre 1985 y 1991.

      En 1994 se reformó parcialmente la Ley General Tributaria de 1985, con el objetivo de reducir el fraude fiscal. Entre las medidas adoptadas destaca la rebaja a la mitad de la sanción máxima por fraude fiscal para animar a los contribuyentes a aflorar sus rentas ocultas y a regularizar su situación con Hacienda. Además, se dotaron nuevos medios para aumentar el poder de información, inspección y recaudación por parte de Hacienda.

      Desde los años noventa, todos los cambios introducidos en la imposición sobre la renta en España se han dirigido a simplificar el impuesto con el ánimo de aumentar su recaudación y mejorar la gestión del mismo. Los cambios se han centrado también en reducir los tipos marginales máximos, el tipo medio y la progresividad, en limitar las exenciones y las desgravaciones fiscales, en ampliar las bases fiscales y en mejorar la eficiencia en la gestión de los impuestos.

      En 1998 el gobierno del PP acometió una nueva Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Entre las medidas más destacables habría que señalar la reducción de la presión fiscal sobre las rentas más bajas y la reducción del tipo marginal para evitar su efecto desincentivador sobre el ahorro, la inversión y la oferta de trabajo. También se introdujeron desgravaciones fiscales al ahorro dirigidas a estimular la inversión a largo plazo, se aumentó la protección fiscal a las familias y se simplificó el procedimiento de devoluciones del impuesto.

      Para concluir este apartado se presenta la evolución de la serie de presión fiscal (figura 6.3). La presión fiscal mide el cociente entre los ingresos impositivos y el PIB. Se presentan tres estimaciones distintas de la presión fiscal: la presión fiscal a través de la imposición directa, la presión fiscal total como suma de la imposición directa y la indirecta, y por último, se añaden las cotizaciones sociales. La implantación de la reforma tributaria iniciada en 1977 significó un aumento notable del poder recaudatorio de Hacienda, como muestra claramente la tendencia ascendente de los tres indicadores de presión fiscal recogidos en la figura 6.3. A medida que el nuevo impuesto se iba consolidando y se conseguía un mayor grado de eficacia en la recaudación, los ingresos fiscales crecían por encima del nivel de renta. Este fuerte aumento de la presión fiscal lo soportaron fundamentalmente las familias, que tuvieron un aumento de la carga fiscal muy superior al de las empresas, pues resulta más difícil la ocultación de las rentas del trabajo por cuenta ajena que el encubrimiento de parte de las rentas empresariales.

      Hasta la introducción del IVA en 1986, el aumento de la presión fiscal lo marcó básicamente la nueva imposición sobre la renta. A partir de los noventa, la reducción de la presión fiscal derivada de la imposición directa se vio compensada por la mayor capacidad recaudatoria de los impuestos indirectos. En la figura 6.1 también se puede observar el elevado volumen de recursos que obtiene el Estado a partir de las cotizaciones a la Seguridad Social. En conjunto, el período comprendido entre 1978 y 1990 representa la progresiva implantación y consolidación del nuevo sistema fiscal, lo cual se refleja en la tendencia ascendente seguida por la presión fiscal. En este proceso desempeñaron un papel clave tanto la introducción de los nuevos impuestos, como los esfuerzos realizados en la lucha contra el fraude fiscal y la vincu -lación de un número creciente de contribuyentes al sistema impositivo. A partir de 1990, la presión fiscal se estabiliza, lo cual es un reflejo de la madurez alcanzada por el sistema impositivo.

FIGURA 6.3. Evolución de la presión fiscal: impuestos con relación al PIB.

Fuente: Comín y Díaz (2005).

             6.2.3.Cambios en la estructura de gastos del sector público

La expansión del sector público en la vertiente del gasto ha estado acompañada de cambios derivados de la nueva configuración institucional del Estado, de la implantación del Estado de bienestar y de un comportamiento más cíclico de las nuevas partidas de gasto. En cuanto a la estructura institucional, en el cuadro 6.3 destaca el elevado peso que ha mantenido dentro del gasto total de las Administraciones públicas la Seguridad Social (en torno a un 40% del total) y la pérdida del Estado central (de un 43,7% en 1975 a un 30,5% en 1995) en favor de las Administraciones Autonómicas. El Estado de las Autonomías instaurado en 1979 ya representaba en el año 1995 un 14,8% del total del gasto del sector público.

      En lo relativo a la estructura del gasto, la característica más destacada de todo el período fue el fuerte aumento de las transferencias, tanto a las familias como a las empresas (cuadro 6.4). Las transferencias a las familias pasaron de representar un 24,7% del gasto total en 1975 a un 59,8% en 2000, como consecuencia de la implantación del Estado de bienestar. Este aumento de las transferencias se correspondió con una pérdida de importancia de los gastos en consumo, tales como los sueldos y salarios (que redujeron su participación en 26,7 puntos porcentuales entre 1975 y 2000), o la compra de bienes y servicios corrientes (que lo hizo en 5,1 puntos entre 1975 y 2000). Los gastos en bienes de inversión, tales como obras de infraestructura (carreteras, puertos, edificios públicos…), maquinaria y equipo (equipos informáticos, equipos médicos avanzados, material de transporte…) también vieron reducirse su participación en el gasto total del Estado de un 12,7 en 1975 a un 4,9% en 2000.

CUADRO 6.3. Administraciones públicas: estructura institucional de los recursos corrientes (Estado, Seguridad Social, Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas)

Fuente: Serrano Sanz (2005).

      En cuanto al comportamiento cíclico de las distintas partidas de gasto, el hecho más llamativo es la sustitución entre gastos corrientes y gastos de inversión. En los primeros años de la democracia, la inversión perdió peso en favor de las transferencias de capital destinadas a apoyar a empresas en crisis y de los gastos corrientes, especialmente de los gastos en protección social. A partir de la segunda mitad de los años ochenta el gasto de inversión se recuperó ligeramente, y la economía española pudo atender la demanda de infraestructuras y hacer frente al fuerte desequilibrio que poseía en la provisión de las mismas frente a Europa y que estaba afectando a su potencial de crecimiento. Hasta entonces, la rápida expansión del Estado de bienestar había llevado a sacrificar algunos gastos tradicionales del sector público, como la inversión en infraestructuras y en servicios colectivos, en favor del desarrollo de las prestaciones sociales.

      Todos estos cambios en las participaciones relativas se produjeron dentro de un sector público que veía cómo se incrementaba de forma espectacu -lar su peso en el PIB. De forma que el crecimiento del sector público permitió que aumentasen, simultáneamente, con relación a la renta nacional, no sólo las transferencias, sino también los gastos en consumo y en inversión pública, aunque estas últimas en menor proporción.

6.3. La implantación del Estado de bienestar en España

El Estado de bienestar se basa en la utilización de los presupuestos de las Administraciones públicas para promover la redistribución de la renta, tanto a través de las transferencias de renta, con objeto de que se garanticen unos mínimos ingresos a todos los ciudadanos, como a través del suministro de bienes preferentes (educación y sanidad). Con ello el Estado trata de promover la igualdad entre los diferentes grupos de individuos y de asegurar la capacidad de todos ellos para afrontar los riesgos sociales y económicos que puedan aparecer a lo largo de su ciclo vital.

CUADRO 6.4. Porcentajes de los gastos del Estado respecto al gasto total: clasificación económica

Fuente: Comín y Díaz (2005).

      Existen distintas definiciones del Estado de bienestar. En unos casos se le otorga un contenido más estrecho limitado a garantizar la renta mínima, la seguridad social y los servicios públicos. En las definiciones de contenido más amplio se incluyen, además, las políticas de mercado de trabajo y las políticas fiscales en general. En este apartado se analizarán los aspectos relativos a la definición más estricta, que contempla las políticas de seguridad social frente a los riesgos de paro, vejez, enfermedad e invalidez, y los servicios tradicionales de salud y educación.

      Antes de describir cómo se ha gestado el Estado de bienestar en España, es interesante no perder de vista el desfase con el que se desarrolló frente a Europa, donde su implantación fue rápida y sostenida a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las transferencias sociales como porcentaje del PIB se duplicaron en cinco países europeos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia y Holanda) entre 1950 y 1975, seguidos de cerca por Francia, Reino Unido, Bélgica y Suiza, mientras que en España permanecieron estancados a niveles muy bajos.

      Los países que gozan de un Estado de bienestar más avanzado, es decir, con mayor grado de cobertura y de protección social, son los de la Europa nórdica (Suecia, Noruega, Dinamarca). En estos países es donde se ha alcanzado un mayor grado de universalización y cobertura en cuanto al acceso a la sanidad pública, a la educación y a las prestaciones sociales. Pero también en la protección a la familia, el acceso a la vivienda o en políticas más activas para el acceso de los ciudadanos al mercado de trabajo. Por universalización se entiende el garantizar el acceso gratuito a una serie de servicios públicos (sanidad, educación, prestaciones sociales), a todos los ciudadanos, con independencia de cuál sea su nivel de renta y de si han contribuido o no a la financiación del sistema. Por ejemplo, en algunos de estos países se garantizan unos ingresos mínimos a todos los ciudadanos que no tengan empleo, independientemente del tiempo que hayan cotizado, o se conceden ayudas económicas por cada hijo menor de determinada edad, etc.

      A un nivel intermedio estarían los países avanzados de la Europa noroccidental (Alemania, Francia, Bélgica…), donde, aun siendo amplio el grado de cobertura alcanzado por los servicios sanitarios, o por determinadas prestaciones sociales, como las ayudas familiares por hijos, se imponen determinadas restricciones en el acceso a las mismas. Y por último, el mayor atraso en cuanto al desarrollo del Estado de bienestar correspondería a los países de la Europa mediterránea, entre ellos España. En estos países el grado de cobertura, en cuanto al tipo de bienes y servicios que quedan al amparo del Estado protector, es todavía menor que en el resto de Europa, pero además todavía queda por conseguir la universalización de algunas prestaciones básicas (como la pensión mínima).

      Desde 1980 se dispone de datos comparables del gasto en protección social para distintos países de la OCDE relativos a la sanidad, la protección a la vejez, la maternidad, la familia y el desempleo. Como puede observarse en el cuadro 6.5, en 1980 los gastos en protección social en los distintos países europeos variaban entre el 10,8 de Portugal y el 28,6% de Suecia. España, con un 15,5% de gasto en protección social con relación al PIB, se encontraba en torno a la media de la OCDE, que era del 15,9%. Y se mantenía todavía a mucha distancia de los países europeos más avanzados como Alemania (23%), Francia (20,8%), Bélgica (23,5%), Holanda (24,1%) Dinamarca (25,2%) o Suecia (28,6%). En los veinte años siguientes, el esfuerzo del Estado español en la expansión del gasto social fue notable, llegando a situarse en el 20,4% en el año 2000. De forma que España ha construido en los últimos veinticinco años del siglo XX un Estado de bienestar de tamaño medio con relación a los consolidados en diversos países de la Unión Europea.

CUADRO 6.5. Gasto social como porcentaje del PIB

Fuente: OCDE, disponible en http://webnet.oecd.org/wbos/index.aspx.

      El retraso en el caso español fue debido a que las tendencias surgidas en la Europa de posguerra no llegaron a desarrollarse hasta dos décadas más tarde, con la Ley de Bases de la Seguridad Social de diciembre de 1963, y no se implantaron con amplitud hasta la llegada de la democracia. La reforma de la Seguridad Social iniciada en 1963 dirigió sus esfuerzos a la implantación de un sistema integrado de Seguridad Social que buscaba una gestión unificada de la asistencia social y la mejora en la redistribución de la renta. Si algo positivo hay que destacar de esta reforma es que sentó las bases del sistema de Seguridad Social que se consolidaría durante la democracia (Comín et al., 2002).

      Entre los principios que la rigieron habría que destacar que el Estado asumió las funciones asignadas a la Seguridad Social, y que se inició el proceso de coordinación de los distintos organismos que hasta entonces habían gestionado los diferentes seguros y la asistencia social (Instituto Nacional de Previsión y las Mutualidades Laborales). Sin embargo, el hecho de que los ingresos del nuevo sistema descansaran básicamente en las cotizaciones, sin apenas transferencias del Estado, impidió que pudiera atender la gran variedad de gastos que tenía asignada.

      Los primeros esfuerzos redistributivos serios se realizaron con la llegada de la democracia. Desde 1977, la política social se concentró en conseguir un mayor grado de universalización tanto en las políticas sociales existentes como en la educación y en la sanidad. La puesta en práctica del concepto de universalidad en las prestaciones se fue desarrollando progresivamente a través de distintas leyes, y todavía su cobertura no es plena ni de la misma intensidad en los distintos tipos de prestaciones.

      Para ello fue necesario realizar cambios importantes en cuanto a la gestión y a la financiación de la Seguridad Social. Con respecto a la gestión, se ampliaron los servicios comunes de la Seguridad Social, pues se buscaba potenciar la gestión global del sistema frente a la diversidad de agentes gestores vigentes hasta entonces. Así, en 1979 desaparecieron las Mutualidades Laborales (encargadas de gestionar distintos seguros de protección social) y se crearon nuevos organismos gestores como el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) para gestionar la asistencia sanitaria; el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado de las prestaciones económicas (pensiones, prestaciones por enfermedad, por maternidad y por desempleo), y la Tesorería General de la Seguridad Social como recaudador único.

      En lo relativo a la financiación, desde 1977 se ampliaron las transferencias del Estado a la Seguridad Social. De este modo, las cotizaciones a la Seguridad Social, que se habían mostrado insuficientes, redujeron su peso en la financiación de los gastos sociales del 87 al 72% entre 1977 y 1985, al tiempo que las transferencias pasaron del 3,3 al 25%. Ello permitió que se incrementara la capacidad de gasto y que los gastos sociales, bien sean en efectivo (pensiones, subsidios de desempleo u otras) o en especie (educación y sanidad) llegaran a representar al final del período analizado más de la mitad de los gastos no financieros de las Administraciones públicas. Esta expansión de la Seguridad Social se tradujo en cambios muy importantes en la composición del gasto en protección social.

CUADRO 6.6. Gastos corrientes de protección social por naturaleza, función y tipos de prestaciones

Fuente: Comín y Díaz (2005).

      Como puede verse en el cuadro 6.6, las pensiones de vejez fueron las que más crecieron, y las que absorbieron un mayor porcentaje de los recursos totales destinados a gasto social, pasando de representar un 30,7% del gasto social total en 1980 a un 42,1% en el año 2000. Le siguieron en importancia los seguros por enfermedad y la asistencia sanitaria. El tercer grupo en importancia fueron las prestaciones por desempleo, si bien éstas presentaron una evolución de carácter cíclico, pues su importancia creció hasta 1985, coincidiendo con el final de la crisis económica, y a partir de entonces redujeron su peso en el total del gasto social. La escasa atención recibida por otros gastos de carácter social, como la atención a la familia o a la vivienda, refleja que el modelo de Estado de bienestar por el que optó España fue un modelo más restrictivo y que todavía quedan aspectos importantes por desarrollar si la economía española quiere acercarse al grado de protección social alcanzado en otros países europeos.

      Esta expansión comenzó a cuestionarse muy tempranamente por distintas razones. En primer lugar, la depresión económica de los setenta y primera mitad de los ochenta afectó adversamente a las cuentas de la Seguridad Social, reduciendo sus ingresos por la caída de las cotizaciones, e incrementando sus gastos por el aumento de las pensiones y de las prestaciones por paro. Posteriormente se sumaría la crisis demográfica, pues la rápida caída de la natalidad junto con el aumento de la esperanza de vida supuso el envejecimiento de la población, lo cual conllevó una mayor carga en las pensiones y en la sanidad. A todo ello habría que añadir que bajo estas circunstancias se hacía más difícil garantizar el pago de las pensiones en el futuro.

      Las soluciones a esta situación han seguido dos líneas básicas de actuación. En primer lugar, a partir de 1985, con la llegada al poder del primer gobierno socialista, las reformas de la Seguridad Social se encaminaron a extender el sistema de pensiones y de prestaciones sociales, pero introduciendo mayores dosis de racionalidad en la gestión del mismo. De esta forma, se empezó a distinguir entre distintos tipos de pensiones y se endurecieron las condiciones para acceder a las prestaciones por desempleo. En segundo lugar, ha tenido lugar un proceso parcial de privatización del Estado de bienestar, que se ha manifestado en la expansión de la producción privada de servicios financiados por el Estado (conciertos de Educación y Sanidad) y en la aparición de asociaciones no lucrativas y fundaciones privadas que han participado en la provisión de servicios sociales. Se trata de garantizar por parte del Estado la prestación del servicio, pero dejando la gestión o producción del mismo en manos de la iniciativa privada, que se supone más eficiente, con el ánimo de asegurar la provisión del bien de forma menos costosa para los presupuestos del Estado (Moreno y Sarasa, 1995).

      A continuación se analizará de forma más detenida todo el proceso descrito, pero centrando la atención en tres aspectos principales del desarrollo del Estado de bienestar en España: las prestaciones sociales, la sanidad y la educación.

             6.3.1.Prestaciones sociales

A) Las pensiones

      Entre las distintas prestaciones sociales cabe destacar el espectacular protagonismo que adquirieron las pensiones con la instauración de la democracia. Las pensiones pasaron de representar un 5,6% del PIB en 1975, a un 10,6% en 1985 y un 10,7% en el año 2000. Se trata de la partida más dinámica del gasto de las Administraciones públicas, tanto es así, que durante la década de los ochenta, un 60% de la expansión del gasto del sector público se explica por el desembolso de las transferencias, del cual las pensiones y subsidios de desempleo constituyen la parte principal.

      Este aumento de peso se ha debido tanto al incremento del número de pensionistas como al aumento del tamaño medio de las pensiones. El número de pensionistas se dobló entre 1975 y 1985 debido tanto a factores demográficos como no demográficos. Entre los primeros, hay que destacar el envejecimiento de la población. Entre los segundos, la ampliación de la cobertura de las pensiones (jubilación, invalidez o viudedad), el aumento de las jubilaciones anticipadas a causa de los planes de reconversión de algunos sectores y el reconocimiento de distintos regímenes especiales. Además, aumentó la cuantía de la pensión mínima. Aunque habría que atribuir también cierta responsabilidad a otro tipo de factores que escapaban al control de la administración, como el desarrollo de ciertas prácticas fraudulentas.

      Durante los años ochenta, ante el espectacular crecimiento de las pensiones, la legislación se hizo menos permisiva. La Ley de Pensiones de julio de 1985 sobre medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social reforzó la proporcionalidad de las pensiones respecto al tiempo cotizado. Con esta Ley se elevó de dos a ocho años el promedio de bases de cotización utilizado para calcular la pensión inicial, y se elevó de diez a quince años el período de cotización necesario para acceder a las mismas. También se legisló en favor de un sistema de protección social más universal en el que se ampliaban las pensiones asistenciales.

      En diciembre de 1990 se establecieron las prestaciones no contributivas que garantizaban una pensión mínima a aquellos ciudadanos mayores de 65 años que no hubieran cotizado y a los incapacitados para el trabajo, siempre que no contaran con otros recursos económicos para subsistir. Esto implicaba la universalización de la protección social, pues además la condición de beneficiario de la Seguridad Social llevaba implícito el derecho a la asistencia sanitaria, a los servicios sociales y a las prestaciones de protección a la familia.

B) La prestación por desempleo

      Las prestaciones por desempleo también crecieron de forma notable entre 1975 y 1985, para posteriormente perder importancia, pues su evolución estuvo muy condicionada por el ciclo económico. Se trata de subvenciones destinadas a garantizar una renta a aquellos individuos que han perdido el empleo de forma involuntaria. La prestación por desempleo tiene una duración temporal limitada y es proporcional a lo cotizado. Los gastos por este concepto crecieron sobre todo por el fuerte aumento del paro durante la crisis de los años setenta, pero también por el aumento de su grado de cobertura. Entre 1975 y 1985 pasaron de representar un 0,5% del PIB a un 2,6%.

      Este aumento de peso de las prestaciones por desempleo llevó a las autoridades a tomar distintas medidas restrictivas. Por ejemplo, en 1992 elevó de seis a doce meses el período mínimo de cotización para acceder a las prestaciones contributivas y se redujo el período de disfrute de las mismas de la mitad a la tercera parte del período cotizado. Con ello, se reducía el importe de las prestaciones, se endurecía el acceso a las mismas y se reducía el tiempo de percepción.

      Pronto surgieron algunos problemas relativos a la financiación del sistema de la Seguridad Social. En este sistema las prestaciones estaban destinadas al mantenimiento de la renta, en el caso de que los afiliados perdieran sus ingresos por motivo de jubilación, invalidez o desempleo. Las personas dependientes económicamente de los afiliados también podían obtener pensiones de viudedad y de orfandad. Sin embargo, la base profesional significaba que sólo las personas que habían cotizado durante un cierto período de tiempo tenían derecho a las prestaciones, y que éstas serían proporcionales a las bases de cotización.

      El principal riesgo provenía del método utilizado para la financiación de las pensiones, denominado método financiero de reparto. Este método suponía que no se acumulaban reservas para garantizar las pensiones futuras. Así, el sistema de pensiones se basaba en una serie de transferencias intergeneracionales, puesto que la generación laboralmente activa financiaba las pensiones de la generación anterior, ya jubilada, con la esperanza de que en el futuro la generación siguiente pagaría sus pensiones.

      Se pensaba que este sistema de financiación podría plantear algunos desequilibrios tanto en el corto como en el largo plazo. A corto plazo, ante los efectos de una crisis económica, el aumento del desempleo reduciría el número de cotizantes y aumentaría el número de individuos con derecho a percibir una prestación. Esto podría aumentar la presión sobre los empleados que quedarían sujetos a mayores cotizaciones, o alternativamente, el sistema de pensiones habría de recibir transferencias procedentes del sistema fiscal. Además, a largo plazo, el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida aumentarían la tasa de dependencia, es decir, el número de jubilados con relación al número de cotizantes.

      Estos problemas llevaron a plantear cambios en las fuentes de financiación y en la cuantía de las pensiones encaminados a mantener la equidad entre generaciones y a asegurar la viabilidad financiera del sistema. Los cambios introducidos partían de la base de que en un sistema como el español las cotizaciones de los afiliados constituyen su principal recurso. Desde finales de los años setenta, los cambios en la financiación de la Seguridad Social se dirigieron a corregir estos desequilibrios, a partir del desarrollo de dos aspectos. Por un lado, se mejoró el diseño de las cotizaciones, acercando las bases de cotización al salario real. Por otro lado, se avanzó hacia una paulatina reducción del peso de las cotizaciones en la financiación del sistema. Esto llevó a que a lo largo de los ochenta el peso de las transferencias en la financiación de los gastos de la Seguridad Social ganara terreno frente a las cotizaciones.

      Siguiendo en esta línea de actuación, a partir de 1989 se inició un cambio importante en el sistema de transferencias, que dejaron de ser generales, es decir, de estar dirigidas a financiar la Seguridad Social como un todo, y se destinó una parte específica a financiar la sanidad y otra parte a financiar la rama de pensiones. Desde entonces, la mayor parte de las transferencias se han dirigido a financiar la sanidad, y el resto a cubrir las pensiones mínimas y las cotizaciones de los desempleados.

      A mediados de 1995 el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el Documento de Toledo sobre la reforma de la Seguridad Social que garantizaba el actual sistema de pensiones. Este pacto aseguraba la continuación del sistema vigente pero introduciendo algunas reformas. Entre ellas, se mantenía el sistema de reparto intergeneracional, tal y como se ha descrito más arriba, pero al mismo tiempo se creaba un fondo de reserva para garantizar, en caso de posibles eventualidades, el pago futuro de las pensiones. Además, comenzaron a fomentarse los planes de pensiones privados, concediendo incentivos fiscales en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con ello se pretendía animar a los contribuyentes a que individualmente destinaran una parte de su ahorro presente a asegurarse unas rentas que po -drían percibir en el futuro, y que serían complementarias de las pensiones percibidas del Estado.

             6.3.2.Sanidad

Otra parte importante del gasto social lo constituye el gasto en sanidad. La producción, el gasto y la renta de los servicios de sanidad y salud han crecido de forma notable desde la llegada de la democracia. Los gastos en sanidad han pasado de representar el 3,3 del PIB en 1975 al 5,5% en 2000, acercándose a los niveles medios de los países de la Unión Europea-15 (como puede verse en la figura 6.4). El gasto sanitario por persona creció a un 13,12%, muy por encima del crecimiento del PIB. El gasto público en hospitales por habitante y año muestra también cifras de crecimiento similares, en torno al 14%.

FIGURA 6.4. Gasto en Sanidad sobre el PIB, 1975-2000 (en porcentajes).

Fuente: Elaboración a partir de OCDE. Stat Extracts disponibles en http://webnet.oecd.org/wbos/index.aspx.

      La universalización del sistema de sanidad, aumentando el colectivo de beneficiarios a todos los ciudadanos, ha sido quizá el rasgo más significativo de esta etapa. Tras la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 se universalizó el derecho a la asistencia sanitaria. Pero además otras características han definido la evolución del sistema sanitario español desde la implantación de la democracia. Entre ellas cabe destacar los cambios en cuanto al peso relativo de la provisión pública y privada de los servicios sanitarios y los cambios en la organización y en la financiación del sistema sanitario.

      El balance entre sanidad pública y privada se ha decantado a favor de la primera. Aproximadamente tres cuartas partes de la producción de servicios hospitalarios y ambulatorios es ofertada por el sector público, mientras que sólo un cuarto está en manos del sector privado. Al sector público hay que atribuir también la creación de la red hospitalaria de la Seguridad Social durante la década de los sesenta y la expansión de la red de ambulatorios de asistencia primaria durante los ochenta.

      La elevada presencia del sector público en el sistema sanitario ha sido cuestionada en las últimas décadas, coincidiendo con el esfuerzo por controlar el gasto público y la mejora en la eficiencia con la que se proveen los servicios sanitarios. Esta polémica se ha abordado de forma distinta desde el punto de vista relativo a la producción y desde el punto de vista de la financiación. Con relación a la financiación, el criterio que se impone es que debe existir un mecanismo que asegure al ciudadano el acceso a la asistencia sanitaria cuando enferma, independientemente de cuál sea su nivel de renta. Esto significa que, sea cual sea la forma de financiar el gasto sanitario, habrá que buscar mecanismos que garanticen el acceso universal (a todos los ciudadanos) a la atención sanitaria.

      Sin embargo, en cuanto a la producción hay más posibilidades y el debate se ha planteado en torno a la eficiencia, es decir, a cómo producir más al mínimo coste. Tradicionalmente, la teoría de los fallos del mercado apelaba a la existencia de imperfecciones en el mercado de servicios sanitarios, que podrían justificar la intervención del Estado. Sin embargo, a lo largo de la década de los ochenta, la aparición de un conjunto de factores tales como los problemas de financiación, las amplias demandas insatisfechas (por ejemplo, las listas de espera) o la falta de incentivos por parte de los profesionales sanitarios llevaron al cuestionamiento del modelo de salud pública.

      A partir de este debate, se han desarrollado diversas soluciones. Por ejemplo, la Comisión de Evaluación y Análisis del Sistema Nacional de Salud (Comisión Abril) propuso separar la financiación, que debía ser pública, de la provisión de servicios, que podría ser pública o privada, como punto principal para mejorar la eficiencia. Con esta separación se pretendía introducir la competencia entre los proveedores, de forma que fueran premiados aquellos que prestaran una atención más eficiente, y, por otra parte, sentar las bases para ampliar la libertad de elección por parte de los usuarios.

      En 1992 el Sistema Nacional de la Salud comenzó a distinguir entre el aseguramiento del derecho a la protección de la salud y la provisión de recursos sanitarios. En este caso, al Estado le correspondería la función de regular las condiciones para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios con independencia de quién fuera la entidad que prestara el servicio (INSALUD, Comunidades Autónomas, corporaciones locales o establecimientos sanitarios privados). Sin embargo, en lo relativo a la provisión aumentó el peso de la gestión privada de los recursos sanitarios, pero preservando siempre el carácter de bien público de su patrimonio. A nivel autonómico se aprecian diferencias notables entre el peso relativo de la gestión pública y privada de los recursos. Por ejemplo, en Cataluña la producción directa por parte del sector público de servicios sanitarios ha sido tradicionalmente inferior a la del resto de comunidades, aunque el peso de la financiación pública sea igual.

      Una de las reformas más profundas que ha sufrido la sanidad española durante el período democrático han sido los cambios relativos a la organización y a la financiación. Tradicionalmente, la financiación seguía en España un modelo dual. El Estado, con cargo a los Presupuestos Generales, es decir, con cargo a impuestos, financiaba los servicios más relacionados con la salud pública, mientras que la Seguridad Social financiaba la asistencia sanitaria prestada en hospitales y ambulatorios. Esta situación producía una dualidad de redes asistenciales. El Estado tenía una serie de servicios asistenciales más relacionados con las enfermedades infecciosas, mientras que la Seguridad Social fue extendiendo la red hospitalaria.

      Este sistema entró en crisis en los años setenta, pues la multiplicidad de redes se veía como un derroche de recursos; también contribuyó a ello la percepción de la crisis que hacía urgente afrontar un uso más racional y eficiente de los recursos disponibles. Esto llevó a un cambio en la organización de la sanidad. Así, la nueva situación se caracterizó por la separación del viejo Instituto Nacional de Previsión del Instituto Nacional de la Salud como entidad gestora, la creación del Ministerio de Sanidad y la creación de Consejerías de Sanidad en los gobiernos autónomos. Esto implicaba un reparto de competencias entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas en cuanto al desarrollo de la sanidad.

      Por lo que respecta a la financiación, en los Pactos de la Moncloa ya se había establecido que el Estado financiaría con transferencias con cargo a impuestos un 30% de los gastos de la Seguridad Social. El problema era que se trababa de una transferencia compartida por todas las prestaciones sociales y por la Sanidad. Con la Ley de Presupuestos para 1989 se transformó la financiación de la asistencia sanitaria. Desde entonces alrededor de un 70% se nutre de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de impuestos, y sólo un 27% de cotizaciones. Además, el uso de las cotizaciones se vincula de forma más directa con las prestaciones que suponen asistencia redistributiva (pensiones de vejez, enfermedad, desempleo…).

             6.3.3.Educación

La educación es un derecho recogido en la Constitución española y, por tanto, un bien de carácter obligatorio y gratuito en los niveles básicos, por lo que corresponde al Estado garantizar su provisión al margen de consideraciones de tipo económico. Esta peculiaridad explica el hecho de que la educa -ción se financie y se produzca mayoritariamente por parte del sector público. Una vez reconocido el efecto positivo de la educación sobre el sistema productivo, a través de la acumulación de capital humano, ésta adquiere el carácter de bien preferente, es decir, que debe ser financiado aunque los ciudadanos no lo demanden, ya que genera unos beneficios superiores a los que ellos perciben. Por este motivo el Estado debe regular su obligatoriedad. Por otro lado, la educación puede ser considerada un bien de capital, pues implica realizar una inversión en el presente con el ánimo de recibir unos rendimientos derivados de la misma en el futuro. Así, al Estado le corresponde asegurar su gratuidad, al menos en los niveles básicos y secundarios, pues no todos los individuos disponen de la misma capacidad para afrontar estos desembolsos.

      En España, los gastos en educación han crecido de forma destacada desde la instauración de la democracia y han sido asumidos en su mayor parte por el sector público. El crecimiento de la demanda educativa en España durante los últimos veinticinco años del siglo XX ha sido mucho mayor que en el promedio de la Unión Europea. La educación ha crecido en sus tres niveles: Enseñanza Primaria, Secundaria y estudios universitarios.

      En cuanto a la Enseñanza Primaria, en las generaciones nacidas a partir de 1980 se alcanzó por primera vez el 0% de población sin estudios, lo cual significa que el 100% de los niños entre 5 y 14 años tienen una media de 10 años de escolarización. En la Enseñanza Secundaria se ha logrado recortar de forma notable el déficit en escolarización que había caracterizado a la sociedad española, y que se había agudizado durante el franquismo. La tasa bruta de escolarización en enseñanza secundaria, calculada sobre la población entre 14 y 19 años, ha pasado de un 22,11 en 1975 a un 43,7% en 1993, siendo este avance mucho mayor en el caso de las mujeres (del 21,41 al 47,65%) que en el de los hombres (del 22,8 al 39,87%). La tasa de escolarización en la Enseñanza Superior, calculada sobre la población entre 20 y 24 años, ha pasado de un 12,66% en 1975 a un 26,17% en el año 1993 (Núñez, 2005).

      El impulso demográfico, el desarrollo económico y la asunción, tardía pero intensa, del Estado de bienestar explican este rápido avance. El dinamismo demográfico se ha debido al acceso a la educación de las cohortes correspondientes al baby boom de los sesenta y primeros setenta. Este impulso demográfico se ha visto frenado durante los noventa por la brusca caída de la natalidad iniciada a finales de los setenta. Por su parte, la educación es un bien de elevada elasticidad de renta cuya demanda aumenta con la mejora de los ingresos, lo cual explicaría el elevado crecimiento del número de estudiantes matriculados en enseñanzas superiores. Así, el sistema educativo ha tenido que satisfacer una evolución muy expansiva del alumnado en todos los niveles de enseñanza, especialmente en la universitaria.

      Por tanto, ante la necesidad de hacer frente a la expansión de la demanda de educación, los gastos educativos totales han mostrado una trayectoria creciente. En términos de PIB se sitúan en torno a niveles muy próximos a la media de la Unión Europea, aunque España sigue estando a la cola de la distribución (figura 6.5). Sin embargo, estos resultados no deben llevar a una valoración excesivamente optimista de los logros alcanzados por el sistema educativo español.

FIGURA 6.5. Gasto en educación con relación al PIB: España frente a EU-25 y EE UU (en porcentajes).

Fuente: Eurostat, año de referencia 2002.

      Aunque el tiempo dedicado al estudio de la población en edad de trabajar casi se ha duplicado entre 1975 y 2000, las dotaciones de capital humano de la población española siguen siendo todavía claramente inferiores a las de la mayoría de los países de su entorno. Por lo que respecta a los años medios de estudio de la población con edades comprendidas entre los 18 y 64 años, España sigue ocupando las últimas posiciones en el conjunto de los países de la OCDE. En 2000 la población española entre 18 y 64 tenía en torno a 8 años medios de estudio, muy por debajo de la media de la OCDE (12 años) o de Estados Unidos (13,8 años).

      Entre los indicadores que se utilizan para medir los recursos que el Estado dedica a la educación se encuentra el gasto total por alumno. Este indicador ha experimentado un aumento apreciable en las últimas décadas, sin embargo, sólo los valores de la enseñanza primaria son equiparables a los del promedio de la Unión Europea. Así, las ratios de España en los niveles de enseñanza secundaria y terciaria suponen únicamente un 62,5 y un 67,6%, respectivamente, de la media de la UE-15. Si además se compara con Estados Unidos el desfase es todavía mayor, lo cual sugiere que si el gasto por estudiante es un indicador de la calidad del sistema educativo, todavía queda mucho camino por recorrer para equiparse con los estándares del país más avanzado. Otro indicador que se utiliza es la ratio de estudiantes por profesor. En España la caída de la natalidad ha permitido aproximar esta ratio a los niveles medios de la UE-15, en cuanto a la Enseñanza Primaria y Secundaria, sin embargo, la brecha sigue siendo muy grande en la enseñanza universitaria.

      Pero donde resulta realmente alarmante el desfase de la educación española es en los aspectos relativos al equipamiento en tecnologías de la información y la comunicación en los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, al desarrollo de la enseñanza de los idiomas y al rendimiento en el aprendizaje de los mismos, a la tasa de fracaso escolar y a los bajos rendimientos de los estudiantes españoles en materias básicas como las matemáticas, la lengua, la historia o los idiomas (Martín, 2000).

6.4. Conclusiones

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la implantación del Estado de bienestar se ha acometido con cierto desfase con respecto a Europa. El impulso para el cambio requería superar una limitación secular del Estado español: la insuficiente capacidad recaudatoria del sistema fiscal que impedía el desarrollo de las funciones asistenciales del Estado. Para ello fue decisivo el acuerdo entre las diversas fuerzas sociales y políticas surgido de los Pactos de la Moncloa, que sentaría las bases para la implantación un año más tarde de un impuesto personal sobre la renta de carácter progresivo y también para el futuro desarrollo de la imposición indirecta.

      La reforma fiscal permitió aumentar de forma considerable la recaudación al universalizar el reconocimiento de las obligaciones tributarias, tanto en la imposición directa como en la indirecta, que se ha traducido en un aumento considerable de la presión fiscal a lo largo de los últimos veinticinco años del siglo XX. La contrapartida ha sido que el Estado ha podido incrementar sus prestaciones sociales y la oferta de bienes públicos preferentes, fundamentalmente en lo relativo a educación y sanidad. La universalización de muchas de estas prestaciones y de la provisión de servicios públicos preferentes (educación y sanidad) han marcado estos años. Esto ha implicado numerosas reformas en cuanto a la administración, la financiación y la provisión de este tipo de bienes, que además han coincidido en el tiempo con el desarrollo de las administraciones autonómicas y locales.

      Sin embargo, la universalización de las prestaciones y del acceso a la sanidad y la educación, coincidió con otros factores que incrementaron adicionalmente su demanda y que acabaron afectando adversamente a las cuentas públicas, reduciendo sus ingresos e incrementando sus gastos. Entre ellos cabe destacar la crisis económica de los años setenta y primeros ochenta, que llevaría a una fuerte expansión de las prestaciones por desempleo y a una reducción en las cotizaciones. Posteriormente, se sumaría la crisis demográfica, pues la caída de la natalidad y de la mortalidad llevaron al envejecimiento de la población con el consiguiente aumento en la carga en las pensiones y en la sanidad. Y por último, la demanda de educación también creció de forma notable, debido a factores demográficos, con el acceso a la educación de las cohortes nacidas en los sesenta y setenta, y a factores no demográficos relacionados con el mayor nivel de renta y, por tanto, con el acceso a niveles superiores de educación.

      Las soluciones adoptadas para contener el excesivo crecimiento del gasto público han estado en la línea de las seguidas en otros países europeos a partir del debate en torno a la crisis del Estado de bienestar. En primer lugar, se ha realizado un notable esfuerzo de contención del gasto social, que ha contado con la oposición de los sindicatos. En segundo lugar, se ha avanzado en la mejora de la capacidad recaudatoria del Estado a través del mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, y en el desarrollo de medidas tendentes a mejorar la eficiencia en la gestión de los distintos tipos de tributos.

      La introducción de criterios de eficiencia en la producción y gestión de los recursos públicos ha empezado a manifestarse, en los últimos años, en una privatización parcial del Estado de bienestar. Esto se ha materializado en la expansión de la producción o gestión privada de servicios financiados por el Estado (conciertos de Educación y Sanidad).

      Como ha podido verse a lo largo de los distintos apartados de este capítulo, durante la etapa democrática se ha asistido a un acercamiento de España a los patrones europeos. En cuanto a los objetivos últimos que el desarrollo del Estado de bienestar implica, podría decirse que ha mejorado la distribución de la renta, fundamentalmente para los niveles de renta más bajos; han mejorado mucho los aspectos relativos a la salud, con la universalización de la asistencia sanitaria y el aumento de la cobertura de los servicios sanitarios; y ha aumentado de forma notable el capital humano, con el aumento de los años medios de escolarización.

      Sin embargo, al Estado de bienestar español todavía le queda un amplio camino por recorrer para acercarse a los estándares de los países más avanzados de la Unión Europea, sobre todo en lo relativo a la educación y en la oferta de un abanico más amplio de prestaciones sociales.

Bibliografía

Comín, F. y Díaz, D. (2005): “Sector público administrativo y Estado del bienestar”, cap 12, vol. II, en Carreras, A. y Tafunell, X., Estadísticas Históricas de España. Fundación BBVA. Bilbao.

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   7   

Las privatizaciones y la liberalización de los mercados

7.1. Introducción: privatizaciones y liberalización de los mercados

Desde principios de los años ochenta se ha asistido en la mayor parte del mundo a una desregulación de los mercados más intervenidos, que comprende la privatización de algunas industrias nacionales y la liberalización de los mercados. El objetivo es dar mayor protagonismo a los mercados en el desarrollo de la actividad económica y reducir la intervención de los Estados. En Europa, este proceso de desregulación, privatización y liberalización ha estado guiado por un proceso más complejo, que comprende el avance hacia un mayor grado de integración económica y política entre los países que forman parte de la Unión Europea. España, como país miembro de la misma, se ha visto sometida a la implantación en sus propios mercados de las directrices europeas.

      Sin embargo, cabe señalar que la intensidad y el ritmo al que ha evolucionado este proceso, no ha sido el mismo en todos los países que forman parte de la Unión Europea. Desde mediados de los ochenta hasta los primeros años de la década de 2000, han aparecido factores de carácter nacional o coyuntural que han condicionado estos ritmos. En España, la estrategia privatizadora de empresas públicas empezó formando parte de los planes de reconversión industrial de mediados de los ochenta, como también lo hicieron otros países europeos. En los noventa, el ritmo de privatizaciones aumentó en casi todos los países. En unos casos fue por factores coyunturales, asociados a la obtención de recursos financieros con los que cumplir los objetivos de convergencia en materia presupuestaria. En otros primaron más los condicionantes estructurales de largo plazo, para preparar a las empresas públicas ante la plena liberalización e integración de los mercados.

      En este capítulo se detalla cómo se ha desarrollado en España el proceso privatizador de empresas públicas y de qué manera se ha afrontado la desregulación de los principales mercados. En el segundo apartado se realiza una breve comparación con el resto de países europeos, con el objetivo de resaltar que la presencia de la empresa pública en España no llegó nunca a alcanzar la magnitud que tuvo en la mayor parte de países europeos. Sin embargo, el empuje privatizador de la década de los noventa fue muy intenso, llevando a la práctica desaparición de la misma.

      El capítulo está organizado como sigue. En el segundo apartado se sitúa la evolución de la empresa pública española dentro del contexto europeo, y se comentan las privatizaciones de los países europeos más avanzados. En el tercer apartado se realiza un breve repaso a la expansión de la empresa pública en España hasta la década de los ochenta, cuando comenzó a cuestionarse su legitimidad. En el cuarto apartado se describe el proceso de privatizaciones desde su inicio a mediados de los ochenta hasta principios de 2000. En el quinto apartado se explican los motivos que han impulsado la desregulación en sectores tradicionalmente muy intervenidos y la desregulación de los principales mercados de bienes y de factores (trabajo y capital). El último apartado recoge las principales conclusiones.

7.2. La empresa pública y las privatizaciones en Europa

En el cuadro 7.1 se compara la evolución de la empresa pública en distintos países de la Unión Europea desde 1966 hasta el año 1998. Las cifras del cuadro revelan su menor importancia relativa en España y las distintas etapas atravesadas a nivel europeo. En 1975, de los países considerados, España era el que representaba un menor peso en términos de empleo (5,4%) y de valor añadido bruto (4,9%) vinculado a la empresa pública. En cuanto a las etapas se pueden distinguir dos, la primera de vigorosa expansión y consolidación, que comprende desde el período de posguerra hasta los primeros años de la crisis de los setenta, y la segunda de contracción, iniciada a mediados de los ochenta y que se prolonga hasta los primeros años de 2000.

      La expansión de la empresa pública se vio propiciada, en un primer momento, por las nacionalizaciones de empresas privadas durante la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra. Entre los principales objetivos de los Estados europeos estaban el conseguir un mejor aprovechamiento de las economías de escala en las industrias de red, y el garantizar el suministro de unos servicios públicos baratos y seguros. Éste sería el caso de sectores como el eléctrico, el gas, la telefonía o incluso el agua. Hubo otros factores de índole política, ideológica o militar, que explicarían las distintas intensidades del proceso nacionalizador en cada país. Posteriormente, a partir de los años setenta, las operaciones de salvamento de empresas en crisis, tanto del sector industrial como del sistema financiero, contribuyeron todavía más a la expansión de la empresa pública en la mayor parte de países europeos (Comín y Díaz, 2004).

CUADRO 7.1. Relevancia de las empresas públicas en distintos países europeos, 1963-1998

Fuente: Tafunell (2005).

      Las privatizaciones se iniciaron en Europa a principios de la década de los ochenta, siendo Gran Bretaña el país pionero. En el cuadro 7.2 se observa la contracción de la empresa pública en los países de la Europa-15 desde 1982 hasta 1999, medida como la media simple del porcentaje de participación en el empleo, el PIB y la inversión. Con la excepción del Reino Unido, cuya proporción en el total nacional se redujo de un 16,2% en 1982 a un 4,4% en 1991, en el resto de países no se observó una clara oleada privatizadora hasta la década de los noventa.

      En general, la política privatizadora de los gobiernos europeos estuvo guiada por dos tipos de razones. En un primer momento, las tímidas privatizaciones de los ochenta, formaron parte de las políticas de reconversión de los sectores afectados por la crisis industrial, pues ésta había llevado a un sobredimensionamiento de la empresa pública y con ello a un fuerte aumento del endeudamiento de los Estados europeos.

      Posteriormente, ya en la década de los noventa, el factor clave en la aceleración del proceso fue la intensificación del transcurso de integración europea. A corto plazo, el proceso de integración europea exigía el cumplimiento de los objetivos de convergencia en materia de déficit y deuda pública, que hicieron de las privatizaciones un instrumento con el que obtener ingresos extraordinarios para las Haciendas nacionales. A largo plazo, la liberalización de los mercados propugnada por el avance hacia el Mercado Único Europeo, y la globalización de la economía internacional, hacían necesario preparar a las empresas públicas para un entorno internacional cada vez más competitivo. Así, la privatización de empresas que habían operado tradicionalmente en régimen de monopolio a nivel nacional se presentaba como una estrategia favorecedora de la competitividad. A través de la venta de activos se podría aumentar la participación en el capital de las mismas de multinacionales que aportaran tecnología y un mejor conocimiento del mercado y se podría ampliar el capital a través de la entrada de nuevos inversores, pues los Estados no contaban con los recursos suficientes para ello.

      Dentro de esta segunda motivación se enmarca también la desregulación, promovida desde la Unión Europea, de algunos sectores económicos, co -mo la energía, las comunicaciones y los transportes, necesaria para potenciar el desarrollo de un entorno más competitivo. No faltaron tampoco razones de índole ideológica, pues se fue forjando en Europa la idea de que la responsabilidad del Estado en la economía debería reducirse en favor de los mercados y de la libre competencia.

      A continuación se repasan brevemente las principales características de las privatizaciones de algunos países europeos, con el fin de obtener un punto de comparación con la experiencia española que se relata más detalladamente en los dos apartados siguientes. Las privatizaciones se iniciaron en el Reino Unido a finales de los setenta, bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, y culminaron a mediados de la década de los noventa, cuando en el resto de países estaban en su etapa de mayor apogeo. En Gran Bretaña el gobierno conservador defendía una menor intervención del Estado en la economía. Las privatizaciones afectaron a muchos servicios públicos y a las infraestructuras. En el caso británico la empresa pública pasó de representar el 16,4% a quedar en tan sólo un 2,3% entre 1982 y 1999 (cuadro 7.2).

      En el resto de países de la Unión Europea las privatizaciones se generalizaron más tarde y fueron menos ambiciosas. En Francia, por ejemplo, las primeras privatizaciones tuvieron lugar entre 1986-1987 y consistieron en el “retorno al sector privado” de las empresas nacionalizadas por el gobierno socialista durante la crisis de los setenta. En 1985 la empresa pública francesa había llegado a representar un 24% de la media de los tres factores considerados. Fue a partir de 1993 cuando las privatizaciones se hicieron más intensas, extendiéndose a empresas financieras, energéticas, industriales y de servicios. La intensidad del proceso privatizador no fue comparable en magnitud con la del caso británico, pues en 1999 la empresa pública todavía representaba un 11,8% del total y un 11,5% del VAB.

CUADRO 7.2. La empresa pública en la Unión Europea, 1982-1999 (media simple de los porcentajes de empleo, PIB e inversión)

Fuente: Comín y Díaz (2004).

      El caso italiano es otro ejemplo de intensas privatizaciones. En este país el Estado había desempeñado históricamente un papel fundamental en la promoción del desarrollo industrial, mediante la participación directa en empresas de distintos sectores (siderurgia, minería, ferrocarriles, telefonía…). Cuando se iniciaron las privatizaciones en los años noventa, se partía de una empresa pública muy sobredimensionada, cuyo tamaño con relación al VAB era el mayor de Europa (24,3% del VAB). Esto explica que las privatizaciones italianas fueran las más voluminosas, pues la empresa pública pasó de representar un 24,3% del VAB en 1975 a un 10% en 1998. Si se mide en función de la media de los tres indicadores considerados en el cuadro 7.2 su dimensión se redujo de un 20 en 1982 a un 9,6% en 1999.

      En Alemania las nacionalizaciones no fueron significativas hasta la década de los noventa, tras la caída del sistema de planificación centralizada de la República Democrática de Alemania (RDA). La acelerada privatización de la mayoría de empresas industriales de la antigua RDA fue utilizada como un instrumento para la reunificación, al mismo tiempo que sirvió para reavivar el debate sobre la desregulación y privatización de ciertos sectores como las telecomunicaciones, la energía y los transportes en la República Federal de Alemania. En este país la presión presupuestaria no fue tan determinante como en el resto de Europa, aunque sí que desempeñó un papel fundamental la preparación ante la liberalización de la Unión Europea. En términos globales, el peso de las privatizaciones alemanas en el conjunto de la economía fue de menor entidad que en el resto de países comentados (Comín y Díaz, 2004).

      Como consecuencia de esta oleada privatizadora, iniciada a mediados de los ochenta, la empresa pública perdió la relevancia que había adquirido a lo lar go de las tres décadas precedentes. A medida que avanzaba la desnacionalización se procedía también a la desregulación de los principales mercados, siguiendo los impulsos marcados por la normativa comunitaria. Tras la privatización se presentaban en muchos casos situaciones paradójicas, pues las nuevas empresas privatizadas seguían operando en régimen de monopolio u oligopolio en el mercado nacional. Esto se convertía en un obstáculo para el desarrollo de los principios básicos de desarrollo de la competencia y del mercado único, y acabaría generando cambios dirigidos desde Europa tendentes a desregular estos mercados en aras de fomentar la competencia.

7.3. La importancia histórica de la empresa pública en España: orígenes, expansión y crisis

La empresa pública adquirió su máxima relevancia durante el franquismo, tal y como estaba aconteciendo también en el resto de Europa. Incluso en el período de entreguerras, cuando en otros países europeos empezaban a nacionalizarse algunos servicios públicos de interés general (como la telefonía o el ferrocarril), en España ni siquiera llegó a cuestionarse la titularidad privada de los mismos.

      Como se ha comentado en el apartado anterior, en Europa, la política de nacionalizaciones de posguerra se orientó básicamente hacia las industrias básicas y hacia las de red (electricidad, agua, gas, telefonía…). En España, la motivación durante el franquismo fue distinta. El nuevo Estado constituido tras la Guerra Civil había optado por la autarquía económica como forma de afrontar el rechazo político y económico que la dictadura había suscitado en los países de su entorno, pero también como estrategia de industrialización.

      ¿Cómo se produjo la expansión de la empresa pública en España durante la autarquía? Por un lado, a través de la nacionalización de algunos servicios públicos y de monopolios fiscales y, por otro lado, a través del establecimiento de nuevas empresas públicas por parte del Instituto Nacional de Industria (INI). Se nacionalizaron algunos servicios públicos que hasta entonces habían operado como concesiones en manos de compañías privadas, como fue el caso de los ferrocarriles (Renfe, 1941), o de la telefonía (Compañía Telefónica Nacional de España, 1945). Durante el primer franquismo se renovaron también los monopolios fiscales de tabacos (Tabacalera, S. A.), y de importación y distribución de petróleos (Campsa). Todas estas compañías pasaron a depender de la Dirección General del Patrimonio (Comín, 1995).

      Sin embargo, la principal novedad la constituyó la creación en 1941 del INI, que se convirtió en un instrumento básico de la política industrial autárquica. El INI centró su estrategia en la creación de sociedades en sectores considerados básicos para la industrialización del país como la electricidad, la siderometalurgia (acero y aluminio), y la industria química. Pero también fue destacada su actuación en el sector de hidrocarburos (Repesa) y en el del automóvil (Seat y Enasa).

      En el cuadro 7.3 se puede comprobar el peso que la empresa pública llegó a adquirir en determinados sectores. En España no se nacionalizaron algunos sectores industriales, como el carbón o la electricidad, ni tampoco empresas financieras y de seguros, como sí estaba ocurriendo en otros países europeos. Más bien al contrario, el INI entró en algunos sectores en competencia con la empresa privada, como ocurrió con la producción de electricidad (con Endesa, Enher…) o en la siderurgia (con Ensidesa, Endasa/Inespal). Esto explicaría la menor dimensión que llegó a alcanzar la empresa pública en España frente a otros países europeos donde la opción nacionalizadora en sectores básicos fue muy clara.

      Posteriormente, con la orientación más liberalizadora de la economía española desde principios de los sesenta, el INI perdió protagonismo en la política industrializadora y adquirió un papel subsidiario frente a la empresa privada. Como ya se vio en el capítulo 3, a partir de entonces, el INI acabaría convirtiéndose en una especie de “hospital de empresas”. A partir de 1975, la crisis económica e industrial afectó muy negativamente a las empresas públicas del INI por distintos motivos. En primer lugar, porque se hallaban relativamente especializadas en aquellos sectores más afectados por la crisis (automóvil, siderurgia, naval, maquinaria, papel…). En segundo lugar, por su desequilibrada estructura del capital, con una elevada dependencia de los recursos ajenos. Y en tercer lugar, porque además durante la crisis industrial el INI fue utilizado como un instrumento al servicio de la política industrial. Así, siguió actuando como hospital de empresas, y además, desde el INI se practicó una política compensadora de la evolución negativa del empleo y de la inversión en el sector privado, aumentando artificialmente el tamaño de las empresas vinculadas al mismo. Esta política fue financiada en gran medida con cargo a los presupuestos públicos, aumentando de este modo el déficit y el endeudamiento del Estado.

CUADRO 7.3. Peso de la empresa pública en distintos sectores (en porcentaje sobre el total del sector)

Nota:(a) Las empresas fueron pasadas al Instituto Nacional de Hidrocarburos en 1981. (b) Las empresas del sector fueron privatizadas en 1986. (c) Las empresas del sector fueron privatizadas en 1991.

Fuente: Tafunell (2005). Este cuadro ha sido elaborado a partir del cuadro cuadro 10.24, pp. 804-805, de la fuente citada.

      Esta evolución del INI fue compartida en parte por el resto de la empresa pública, integrada además de por el INI, por el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH desde 1981) y por las empresas del grupo Patrimonio del Estado. De manera que, a principios de los ochenta, la empresa pública se caracterizaba por una sobredimensión artificial, un desarrollo al margen de la competencia internacional, una estructura financiera con fuerte dependen -cia de los recursos ajenos y por suponer una carga para el presupuesto del sector público, pues en su gestión durante la crisis habían predominado los objetivos políticos por encima de criterios de carácter económico.

7.4. La privatización de la empresa pública española, 1984-2000

A partir de 1984 se observa un cambio de rumbo en la dirección de la política económica que va afectar de forma notable a la empresa pública española. En este cambio de política económica no sólo fue determinante la actitud del nuevo partido en el poder, el PSOE, sino también la entrada en 1986 en la CEE. El nuevo gobierno consideraba las empresas públicas como un instrumento esencial de la política industrial, tanto para la reconversión de sectores en crisis, como para potenciar actividades con futuro. Por su parte, la entrada en la CEE tuvo notables influencias sobre las empresas públicas españolas, que tuvieron que adaptarse a la normativa comunitaria referente a la desregulación y a la desmonopolización, así como a lo relacionado con la defensa de la competencia.

      Una de las características del proceso de privatización de las empresas públicas iniciado en España en 1984 fue que, por encima de las razones más ge nerales, como la presión de la normativa europea, fueron apareciendo otras motivaciones que condicionaron los ritmos, el alcance y la instrumentación de la política privatizadora (Bilbao, 2003; Ariño Ortiz, 2004). De forma que se pueden considerar hasta tres etapas distintas. En una primera etapa (1984-1993), las privatizaciones se orientaron al logro de una mayor eficiencia productiva y competitividad, y se integraron dentro de la política de reconversión industrial, pero además se utilizaron como un instrumento de saneamiento de las cuentas del sector público. Más adelante, en una segunda etapa, todavía bajo el gobierno del partido socialista (1994-1996), las privatizaciones se intensificaron y sus objetivos estaban más dirigidos a cumplir con las exigencias de la integración europea. Por una parte buscaban la racionalización y modernización de la empresa pública para mejorar su competitividad en el Mercado Único Europeo y, por otra, obtener recursos financieros con los que reducir el déficit y cumplir con los criterios de convergencia con Europa. Y, por último, en una tercera etapa (a partir de 1996), en los años del gobierno del Partido Popular, las privatizaciones adquirieron un carácter global, pues afectaron a todo tipo de empresas y tuvieron como objetivo reducir la presencia del sector público en el mundo de la empresa, donde se consideraba que la iniciativa privada era más eficiente que la pública.

CUADRO 7.4. Evolución de la organización institucional de la empresa pública dependiente del Estado, 1941-2002

Nota:¹Instituto Nacional de Industria, ²Presupuestos Generales del Estado, ³Instituto Nacional de Hidrocarburos, ⁴Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ⁵ Agencia Industrial del Estado.

Fuente: Tafunell (2005). Este cuadro ha sido elaborado a partir del cuadro cuadro 10.24, pp. 804-805, de la fuente citada.

      A lo largo del proceso de privatizaciones se fue procediendo a una reordenación institucional de la empresa pública tal y como aparece recogida en el cuadro 7.4. Desde su creación en 1941 el grupo INI reunía la mayor parte, de empresas estatales, salvo algunas empresas que proveían servicios públicos, que estaban vinculadas normalmente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La Dirección General del Patrimonio (DGP), por su parte gestionaba las participaciones estatales en otras empresas. En 1981, se constituyó el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), que pasó a agrupar a las empresas del sector de hidrocarburos, segregándolas del INI. Años más tarde, a partir de la integración vertical de las empresas del INH se crearía Repsol. Ésta era la estructura institucional del sector público al iniciarse el proceso de privatizaciones, y en los tres apartados siguientes, se comentará cómo fue evolucionando en función de los intereses de la política privatizadora de cada momento.

             7.4.1.Primera etapa: las privatizaciones selectivas, 1984-1992

Como se ha visto en el apartado anterior, como consecuencia de la crisis económica los resultados de la empresa pública siguieron deteriorándose respecto a la situación heredada del franquismo. Al aumento de las pérdidas de las sociedades públicas provocado por la caída de la producción y el incremento de los costes financieros durante la crisis, se sumarían los efectos de la política anticíclica y de la adquisición por parte del INI de empresas privadas en situación de quiebra.

      A partir 1984, con la Ley de Reconversión y Reindustrialización, se acometió el proceso de saneamiento, reconversión y privatización de las empresas públicas. La política gubernamental se orientó a la incorporación a la empresa pública de los criterios de gestión propios de la empresa privada, con el objetivo de mejorar su rentabilidad y competitividad. Así, además de proceder a la privatización de muchas empresas, a través de la venta total o parcial de las mismas, también se incorporaron criterios de gestión y de configuración propios de la iniciativa privada en los grandes holdings públicos. La mejora en la gestión de las empresas públicas a partir de entonces no sólo tuvo lugar en las empresas del INI sino también en aquellas dependientes de la Dirección General del Patrimonio (Renfe y Telefónica). En el caso del INI, con las privatizaciones se trató de racionalizar la cartera de negocios que se había desequilibrado por la incorporación de empresas privadas en crisis durante la década anterior.

      Previamente a las privatizaciones se produjo una reorganización de la empresa pública. Por ejemplo, en el INI se procedió a la fusión de varias em presas pertenecientes a la rama del aluminio (Inespal), de la electrónica (Indra) y de varias siderúrgicas (Corporación Siderúrgica Integral: CSI-Aceralia). Dentro de las pertenecientes a la Dirección General del Patrimonio, varias empresas del sector de la alimentación fueron absorbidas por Tabacalera, y toda la banca pública se fusionó en Argentaria. En julio de 1992, se constituyó TENEO (cuadro 7.4), como cabecera de un grupo de empresas con posibilidad de competir libremente en el mercado y de ser rentables. Este grupo acogió a empresas del sector de la energía (Endesa, Red eléctrica), del transporte aéreo (Grupo Iberia y Aviaco), transporte marítimo (Grupo Elcano), electrónica (Casa, Grupo Indra), bienes de equipo (Grupo BWE o Auxini), etc.

      Las privatizaciones de esta etapa fueron muy selectivas, es decir, afectaron a empresas con unas características muy determinadas, y perseguían claramente dos objetivos. El primer objetivo se centraba en la reestructuración de la empresa pública, para conseguir un tejido industrial más moderno y preparado para afrontar la exposición a un entorno internacional cada vez más competitivo. El segundo objetivo era mejorar la situación financiera tanto del Presupuesto del Estado, pues las subvenciones a las empresas públicas con pérdidas absorbían una parte muy importante de sus recursos, como obtener recursos propios para financiar los nuevos proyectos de modernización.

      Para ello se realizaron operaciones privatizadoras de distinta naturaleza, que pueden agruparse en torno a dos tipos de acciones: las privatizaciones totales y las parciales. En el cuadro 7.5 se presentan las principales operaciones de privatización realizadas durante esta etapa. Las privatizaciones totales, es decir, aquellas en las que la empresa pública se desprendía del 100% del capital social de las empresas, se instrumentaron fundamentalmente a través de “ventas negociadas”. Bajo esta fórmula se transfería la propiedad de una empresa pública a una empresa privada interesada en adquirirla a través de un proceso de negociaciones entre ambas. En el transcurso de la negociación se fijaban las condiciones globales de la operación. Se negociaba un plan industrial para la empresa en cuestión, el saneamiento financiero de la misma con cargo al accionista público y el tratamiento de posibles excedentes laborales.

CUADRO 7.5. Principales operaciones de privatización, 1984-1992 (millones ptas. corrientes)

Nota:Los números romanos que acompañan a algunas privatizaciones indican que éstas se ejecutaron en distintas fases (p. ej., el I indicaría la primera fase).

Fuente: Bilbao (2003).

      En las privatizaciones totales los compradores fueron casi siempre compañías extranjeras. Con ellas se buscaba reordenar la cartera de negocio del INI y mejorar la rentabilidad de la empresa pública a través de la venta de sociedades con unas características muy determinadas. En unos casos, se vendieron sociedades rentables, pero que carecían de interés estratégico para la política de la empresa pública, bien porque no tenía sentido la presencia del sector público en esas industrias, bien porque eran empresas pequeñas sin incidencia sectorial. Éste sería el caso de empresas del sector textil (Textil Tarazona), del sector turístico (Marsans y Entursa) o de diversas empresas del sector de la alimentación (Igfisa, PBA, Frigsa, La Luz, Diasa, Miel Española…). En otros casos, se buscaba asegurar la viabilidad de aquellas empresas que, debido a su reducido tamaño, no podían ser competitivas internacionalmente, de modo que, vendiéndolas totalmente a compañías multinacionales o a grandes empresas nacionales se les asegurase una mejor gestión, el acceso a la tecnología y a redes comerciales internacionales. Como ejemplo podrían citarse los siguientes casos: la venta de SKF (rodamientos), la venta de Seat a Volkswagen, la de Enasa a Fiat, las de MTM y Ateinsa a Alshton-General Electric Company, o la venta de Enfersa a Ercros, entre otros.

      De todas estas operaciones la de mayor envergadura fue la privatización de Seat, que fue adquirida por el Grupo Volkswagen en 1986. Se trataba de una de las empresas más emblemáticas del INI y de la industrialización española de la etapa franquista, pero también una de las empresas más castigadas en su cuenta de resultados por la crisis de los setenta. Con esta venta se pretendía la internacionalización de la sociedad a través de su incorporación a una multinacional. Desde la firma del preacuerdo con Volkswagen en 1982, el INI tuvo que realizar grandes esfuerzos para sanear la sociedad y ponerla en condiciones de venta. Otra operación destacable fue la venta de Enfersa (la única compañía pública de fertilizantes tras la fusión de varias sociedades del INI) a la compañía privada nacional Ercros (propiedad del Grupo Torras). El objetivo era reestructurar el sector de fertilizantes y crear un único grupo español para los mismos.

      De estos ejemplos se deduce que las privatizaciones totales en algunos casos implicaron un elevado coste presupuestario para el Estado, pues hubo que sanear previamente a las sociedades o subvencionar su venta. Así, por ejemplo, cabe destacar que en el período 1985-1994, el INI ingresó 305.000 millones de pesetas (1.833 millones de euros) por ventas de empresas, pero como contrapartida tuvo que destinar 381.000 millones de pesetas (2.289,8 millones de euros) al saneamiento previo de las empresas vendidas.

      Durante esta etapa también hubo privatizaciones de carácter parcial. En este caso se vendía parte del capital de empresas públicas rentables, pero el Estado seguía conservando la mayor parte del capital y, por tanto, el control sobre estas empresas. Con estas ventas se perseguían dos tipos de objetivos: uno de estrategia empresarial y el otro de carácter presupuestario. Con respecto a la estrategia empresarial, se buscaba la colaboración con socios tecnológicos y forjar alianzas empresariales con otras compañías (por ejemplo, Repsol) que ayudaran a la modernización y a la mejora de la competitividad de las empresas españolas. Por lo que se refiere al objetivo presupuestario, se buscaba reducir las cargas del Presupuesto del Estado a través de la obtención de recursos propios con los que financiar a las empresas públicas con pérdidas, pues las empresas que se sacaban a la venta eran las más rentables, y por tanto, las más atractivas para los accionistas privados.

CUADRO 7.6. Ingresos por privatizaciones en España, 1986-2001

Nota:(1) y (2) indican que los datos para 1996 se han dividido a partes iguales entre el segundo y el tercer subperíodos. Según Tafunell estas cifras dan una idea del proceso privatizador, pero no de su magnitud. En 1990 y 1991 no hay datos porque no hubo privatizaciones.

Fuente: Tafunell (2005).

      En el caso de las privatizaciones parciales la opción de venta elegida fue mayoritariamente la Oferta Pública de Venta de acciones (OPV). Las OPV consisten en la colocación de pequeñas porciones relevantes del capital social de las empresas mediante la oferta al público de los títulos durante un período de tiempo determinado. Esta fórmula permite tanto la ampliación de la base accionarial de las empresas como la obtención de importantes ingresos para el Sector Público.

      En las privatizaciones parciales destacan las ventas en bolsa de paquetes accionariales de empresas del grupo INI (Gesa, Endesa, Ence) y de empresas pertenecientes a la Dirección General del Patrimonio (Repsol y Argentaria). La primera operación de este tipo se realizó en 1986, con la venta del 38% del capital de Gesa (del grupo Endesa). Las salidas a Bolsa de empresas públicas durante esta primera etapa no siempre se acometieron con éxito, pues se enfrentaron con dos tipos de dificultades. Por un lado, el recelo entre los posibles inversores de que el sector público siguiera manteniendo el control sobre estas empresas, y por otro, las coyunturas depresivas de estos años, que llevaron a paralizar las operaciones para no malvender las acciones de las compañías.

      En conjunto, los ingresos brutos por privatizaciones durante esta etapa fueron muy inferiores a los de los dos subperíodos siguientes, como puede observarse en el cuadro 7.6, representando un volumen de ingresos para la Hacienda de 2.505 millones de euros entre 1986-1992, frente a los 6.948 del período 1993-mayo de 1996, y los 31.306 millones de euros del período de junio de 1996-2001.

             7.4.2.Segunda etapa: aceleración del proceso privatizador, 1993-1996

Durante esta etapa las privatizaciones comenzaron a ser vistas como necesarias para acometer de forma más agresiva la modernización de la empresa pública, pues de este modo, con la entrada de empresas nacionales e internacionales en el núcleo duro de accionistas, el gobierno encontraría el respaldo necesario para sus planes de modernización. Pero además, durante esta etapa primó el objetivo recaudatorio ante las crecientes necesidades de financiación del sector público.

      Las necesidades de financiación habían aumentado por el incremento del déficit público provocado por la recesión económica perceptible desde principios de 1991 y por el establecimiento de las condiciones de convergencia nominal para el acceso a la fase tercera de la Unión Económica y Monetaria. La recesión económica llevó al déficit público a cotas desconocidas hasta entonces. En 1993, el déficit público alcanzó su máximo histórico del 7,5% del PIB, reduciéndose sólo al 6,4% en 1994, mientras que el endeudamiento neto de las Administraciones públicas representaba en 1995 el 63,9% del PIB. El estancamiento de la actividad económica había afectado negativamente a los ingresos públicos y al mismo tiempo, se había disparado el gasto público ante las demandas sociales e industriales para hacer frente a la recesión. Por su parte, los requisitos fiscales de acceso a la Unión Económica y Monetaria fijados en Maastricht fueron del 3 y del 60% del PIB para el déficit y la deuda, respectivamente.

      Así, durante esta etapa el control del déficit y de la deuda pública se convirtió en el objetivo prioritario de la política económica y la venta de empresas públicas rentables fue el instrumento utilizado para la obtención de ingresos públicos extraordinarios. En 1992 el gobierno anunció la intención de privatizar empresas públicas para conseguir unos 500.000 millones de pesetas (3.005 millones de euros) en los próximos ejercicios. Para ello se preveía la privatización parcial de Repsol, y la venta de participaciones de empresas rentables del Patrimonio del Estado como Argentaria, Telefónica, Transmediterránea, Tabacalera, Aldeasa, Agencia EFE, etc. Asimismo, en los Presupuestos de 1994 se preveía un plan de privatizaciones para reducir el déficit y cumplir los criterios de convergencia con Europa. Con este programa de privatizaciones se preveía recaudar un billón de pesetas (unos 6.000 millones de euros) entre 1995 y 1996.

      Desde 1994 las privatizaciones comenzaron a ser vistas también de forma global como un instrumento de la política industrial que preveía la entrada en las empresas públicas de socios nacionales e internacionales que apoyasen la estrategia empresarial diseñada por el gobierno. Una prueba de esta motivación sería la Ley de marzo de 1995, que permitía reservar al Estado ciertas prerrogativas sobre las empresas privatizadas durante un período de tiempo posterior a su enajenación (acción privilegiada o golden share). Esta Ley obligaba a someter a autorización administrativa previa la adopción de determinadas decisiones sobre empresas que operasen en sectores fundamentales y en las que el Estado poseyera o hubiera poseído al menos un 25% del capital social. Con ello el Estado se reservaba el derecho de intervenir en favor del interés general, pues la mayoría de privatizaciones se realizaron sobre empresas oferentes de bienes públicos de interés general (energía, telecomunicaciones…).

      Para facilitar la privatización de empresas rentables se acometió un nuevo plan de reestructuración de la empresa pública en junio de 1995, que supuso la desaparición del INI y del INH (cuadro 7.4). En esta ocasión se creó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como sociedad tenedora de las acciones de TENEO y Repsol, es decir, de las empresas rentables, que asumiría la deuda del INI. Y por su parte, la Agencia Industrial del Estado acogió a las empresas con pérdidas del INI (sector naval, Hunosa, empresas de la defensa, la CSI).

CUADRO 7.7. Principales operaciones de privatización, 1993-mayo de 1996

Nota:Los números romanos que acompañan a algunas privatizaciones indican que éstas se ejecutaron en distintas fases (p. ej., el I indicaría la primera fase).

Fuente: Bilbao (2003).

      Como puede observarse en el cuadro 7.7, la mayoría de las privatizaciones de esta etapa se realizaron a través de OPV, es decir, se trataba de privatizaciones parciales que no implicaban una pérdida de control sobre las sociedades por parte del sector público. Se vendieron indistintamente empresas que operaban en sectores muy diversos como la banca (Argentaria), las telecomunicaciones (Telefónica), la siderurgia (Acenor), la alimentación, la electrónica (Indra), la energía (Repsol, Endesa) o la construcción (Auxini). Estas operaciones generaron abundantes ingresos brutos para el sector público, y en conjunto las cantidades recaudadas en los ejercicios que van de 1993 a mayo de 1996 excedieron considerablemente a los ingresos registrados en los años del período precedente (cuadro 7.5).

             7.4.3. Tercera etapa: la privatización masiva, 1996-2002

En esta etapa se continuó de forma más enérgica con las privatizaciones, y prueba de ello es que desde su llegada al poder el gobierno del Partido Popular abordó directamente la regulación de las mismas, elaborando un Plan de Privatizaciones que establecía los objetivos, métodos y ritmos de las mismas (se puso como plazo para la privatización total el año 2001). Así, en junio de 1996 se aprobaron en Consejo de Ministros las Bases del Programa de Privatizaciones, en el cual se diseñaba un procedimiento reglado (transparencia, publicidad y concurrencia) al que deberían acogerse todas las privatizaciones a partir de entonces y se creaba un Consejo Consultivo de Privati -zaciones, encargado de informar de las propuestas de venta y de comprobar si se acomodaban a los principios establecidos en este procedimiento. Esta normativa reflejaba la decisión por parte del gobierno de iniciar un proceso masivo de privatizaciones totales. El objetivo último era redefinir el papel del Estado en la economía. Del Estado como empresario en competencia con la iniciativa privada al Estado simplemente como regulador de la actividad de los particulares (Ariño, 2004).

CUADRO 7.8. Principales operaciones de privatización, junio de 1996-2002

Nota:Los números romanos que acompañan a algunas privatizaciones indican que éstas se ejecutaron en distintas fases (p. ej., el I indicaría primera fase).

Fuente: Bilbao (2003).

      Como puede comprobarse en el cuadro 7.8, en cuanto a las formas de venta, predominaron las OPV, que supusieron un tercio del total de operaciones realizadas y un 75% de los ingresos por ventas. Estas OPV se diferencian de las del período anterior en que hubo una mayor participación de los tramos minoristas y en que las colocaciones institucionales perdieron peso.

      Los ingresos derivados de estas ventas entre junio de 1996 y el año 2001 ascendieron a 31.306 millones de euros (unos 5,5 billones de pesetas), cifra que representa casi dos veces y media los 9.453,5 millones de euros (unos 1,57 billones de pesetas) ingresados por las privatizaciones entre 1986 y 1996. Las operaciones realizadas a través de OPV representaron el 82% del total de ingresos por privatizaciones. Los ingresos brutos obtenidos de la venta de las participaciones de grandes empresas fueron muy elevados, mientras que en otros casos las ventas se saldaron con pérdidas debido a los altos costes de los programas previos de saneamiento o de tratamiento de los excedentes laborales.

      Este amplio programa de privatizaciones ha recibido dos críticas fundamentales. La primera se refiere a la privatización de los monopolios que ha ido por delante de la liberalización de los correspondientes sectores (carburantes, electricidad, telecomunicaciones, transporte aéreo, etc.). De este modo, ha persistido la misma situación anterior de monopolio-oligopolio, sólo que en manos privadas. La otra crítica es que las privatizaciones han significado un traspaso de poder, desde el ámbito público a una oligarquía privada. Han sido los grandes bancos españoles quienes han conseguido el control sobre las grandes empresas privatizadas. De forma que las privatizaciones han llevado a una estructura accionarial en torno a dos parejas de bancos. Por un lado, la Caixa y el BBVA; y por otro lado, el Banco Santander y el Banco Central Hispano (que se fusionaron en 1999, BSCH). Ambas parejas de bancos mantienen fuertes participaciones accionariales en los principales operadores en los sectores de carburantes, electricidad y telecomunicaciones.

7.5. La desregulación de los mercados: el aumento de la competencia

             7.5.1.Motivación del proceso de desregulación

En España y en Europa, el proceso de liberalización y desregulación de mercados ha estado guiado por el desarrollo de la normativa europea con vistas a lograr la plena integración en la Unión Europea. Sin embargo, no hay que perder de vista que este proceso se desarrolla además a escala mundial, pues pro -cesos de similares características se están desarrollando también en otras partes del mundo, siendo Estados Unidos uno de los países pioneros.

      Este proceso ha afectado de manera especial a los sectores de red, que por sus particulares características, han requerido del desarrollo de una normativa particular para impulsar su liberalización, que se conoce como desregulación. Los sectores de red son industrias en las que en alguna parte de su cadena de valor (producción, distribución…) suelen existir importantes economías de escala. Estas economías de escala residen en el aprovechamiento de una infraestructura que resulta esencial para su funcionamiento (red telefónica, red eléctrica, red para la distribución del gas, infraestructuras aeroporturarias…). Esta infraestructura o red suele ser propiedad del operador histórico, lo cual constituye una barrera de entrada para las potenciales empresas entrantes en el sector.

      Por este motivo, para avanzar en la liberalización no es suficiente con pri -vatizar, sino que además, es necesario realizar un cambio en la regulación para desarrollar la competencia en estos mercados. Pues suele darse la paradoja de que, tras la privatización de los monopolios naturales, las redes quedan en manos de los operadores históricos y el monopolio natural, antes en manos del sector público, ahora se convierte en un monopolio natural en manos privadas.

      La normativa europea ha sido determinante como impulsora del proceso de cambio, imponiendo directrices y estableciendo plazos. Así, en la economía española el proceso desregulador se ha intensificado desde mediados de los noventa en sectores como la electricidad, el gas, las telecomunicaciones o el transporte aéreo. La desregulación se ha orientado a garantizar que se cumplan las reglas de la competencia, para que cualquier potencial entrante en los nuevos sectores liberalizados, pueda utilizar las infraestructuras básicas en igualdad de condiciones con las empresas históricamente establecidas. Pero también en aquellos sectores en los que el cambio tecnológico ha permitido el desarrollo de nuevas redes (como la telefonía o la radiodifusión), se han concedido moratorias para que estas nuevas redes se desarrollen en condiciones competitivas con las ya existentes.

      Se trata de pasar de un modelo monopolista en el que la regulación y el control de la empresa correspondían por completo al Estado a un modelo en competencia regulado por un agente externo. Los elementos esenciales del nuevo modelo de “regulación para la competencia” son: la libertad de entrada en el sector, la libertad de inversión, la separación de actividades e identificación de aquellas que sean de verdad monopolio natural (redes, infraestructuras esenciales) de las que no lo son (comercialización, distribución, producción…), el acceso de terceros a la red en régimen de igualdad, la publicidad de tarifas y condiciones y la creación de una autoridad reguladora independiente del gobierno de turno (Ariño Ortiz, 2004).

      Este paso del monopolio a la competencia está siendo una tarea compleja y exige un gran esfuerzo regulador para evitar situaciones de falta de competencia, para asegurar la igualdad de oportunidades para los productores y para asegurar la universalidad de la prestación del servicio. Se trata de garantizar que cualquier potencial entrante, en cualquier segmento de la actividad, pueda utilizar las infraestructuras básicas en igualdad de condiciones con las empresas históricas. Sin embargo, este tipo de regulación del acceso implica costes para las empresas históricas y puede afectar a sus incentivos a la inversión. Se corre el peligro de que al facilitar el acceso a las redes históricas de los nuevos operadores en condiciones de igualdad, se desincentive la continuidad de las inversiones por parte del propietario de la misma. Por ejemplo, en la telefonía tradicional se corre el peligro de que con el nuevo sistema de tarifas, el propietario de la red no tenga incentivos suficientes para ampliar la red al ritmo exigido por el desarrollo de la demanda ante el avance de las nuevas tecnologías. Algo similar ocurre con las redes de distribución de electricidad.

      A continuación se detallarán brevemente los cambios más importantes operados en el sector de la energía (electricidad, gas y petróleo), en el de las telecomunicaciones y en el de servicios aéreos. También se resumirán los cambios introducidos en los mercados de factores a fin de hacer más competitivas las condiciones para la oferta de los mismos: la desregulación del mercado de trabajo y de los servicios bancarios.

             7.5.2.Desregulación de los mercados de bienes y servicios

A) Las telecomunicaciones

      Éste es uno de los sectores que más rápidamente ha avanzado hacia un mercado liberalizado. Desde 1945 en que el Estado español se quedó con un 40% del capital de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), la prestación del servicio en régimen de monopolio fue regulada por el Estado.

      Tras la entrada en la CEE, en 1987 se publicó la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que establecería las líneas generales para el desarrollo de la competencia en el sector. A partir de 1997 se dio un nuevo impulso promovido desde la Unión Europea. Entonces se creó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que asumiría plenamente la regulación del nuevo mercado.

      Ante el fuerte avance de la tecnología en el sector (aparición de la telefonía móvil, Internet, telefonía por cable y por satélite), y ante la presión de la demanda por el desarrollo de nuevos productos, se hizo necesario atender más de cerca las demandas de los consumidores. De manera que el gobierno decidió iniciar el proceso de liberalización del sector y atraer nuevos capitales privados para poder financiar las grandes inversiones necesarias para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Así en 1992, se produjo la privatización total de Telefónica y en 1995 se desarrolló la Ley de Telecomunicaciones por cable. En 1995 comenzó Airtel a dar servicio de telefonía móvil en régimen de competencia con Telefónica. Otros avances importantes fueron el lanzamiento de un segundo operador de telefonía básica (Retevisión), al que más tarde se sumaría UNI2 (1998), y el establecimiento como fecha definitiva para el comienzo de la liberalización del mercado español de las telecomunicaciones en 1998 (Ley General de Telecomunicaciones). Esto llevó a Telefónica a buscar acuerdos internacionales para posicionarse en mercados más amplios.

      Los resultados han sido un aumento notable del volumen de tráfico (Escribano, García y González, 2003). El que más ha aumentado ha sido el metropolitano, debido al impacto de Internet, seguido por las llamadas provinciales e internacionales. La cuota de mercado de Telefónica en telefonía fija se ha reducido notablemente, pasando de un 100% antes de la liberalización en 1998 a un 81% (2001). En cuanto a la telefonía móvil, el crecimiento ha sido exponencial desde mediados de los noventa. El mercado de este tipo de telefonía está menos concentrado, absorbiendo en 2001 Telefónica Móviles un 57% del mercado, Vodaphone un 28% y Amena un 15%.

      Si la liberalización consiste en suprimir las barreras de entrada al sector, podría decirse que se ha avanzado notablemente en el cumplimiento de este objetivo. Sin embargo, todavía quedan muchos obstáculos por remover y es necesario crear las condiciones para promover un mayor esfuerzo inversor, para no quedarse por detrás de Europa en la prestación universal de nuevos servicios. Hay que señalar que España todavía cuenta con el número más bajo de líneas por cada 100 habitantes de la Unión Europea y todavía no se ha logrado que todos los potenciales consumidores, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso a todos los nuevos productos en igualdad de condiciones y de precios.

B) La electricidad

      El origen de los cambios experimentados por el sector eléctrico español en los últimos años se encuentra en la Ley del Sector Eléctrico de 1997, cuyo principal objetivo era impulsar la liberalización del sector. Además esta ley pretendía acabar con la integración vertical de las actividades relacionadas con la provisión de electricidad. Para ello se procedió a la separación jurídica y contable de las actividades desarrolladas por las compañías eléctricas, distinguiendo entre actividades que se pueden ejercer libremente (producción y comercialización) y actividades reguladas (transporte de alta tensión, distribución y el suministro a clientes que prefieren comprar a tarifa en lugar de abastecerse a precio libre). Así, las sociedades que llevan a cabo actividades reguladas no pueden dedicarse a la producción ni a la comercialización.

      La principal novedad fue la puesta en marcha de un mercado eléctrico organizado en el que se contrata la mayor parte de la energía que se suministra a los consumidores finales. Este mercado se puso en marcha el 1 de enero de 1998 y funciona de la siguiente forma. Las compañías que generan electricidad presentan cada día sus ofertas al mercado para atender la demanda del día siguiente. La empresa que gestiona dicho mercado es Omel, que casa las ofertas que recibe de los productores con las demandas que realizan los agentes autorizados (distribuidores, comercializadores, consumidores cualificados y agentes externos con permiso) y de esta forma se calcula el precio marginal y quién suministra cada día y en cada hora la electricidad.

      Sin embargo, persisten algunos obstáculos que impiden que la actividad se desarrolle en un marco más competitivo. Uno de ellos es la relación empresarial que existe entre las cuatro empresas que suministran casi toda la energía que se negocia (Endesa, 50%; Iberdrola, 25%; Unión Fenosa y Hidrocantábrico se reparten el resto). Endesa e Iberdrola consiguen entre las dos fijar el precio en casi el 80% de las horas. Esto es debido a que poseen un parque de generación diversificado en el que están presentes la mayoría de las diversas tecnologías (hidráulica, térmica, nuclear, eólica…), de modo que tienen capacidad para influir incluso en los precios de los tramos marginales. En la práctica se produce una situación de duopolio en la que las dos compañías tienen incentivos para coordinar sus estrategias.

      Otro factor que fortalece el poder de mercado de los productores tradicionales es su integración en grupos empresariales que están presentes en las cuatro grandes actividades que se llevan a cabo en el sector eléctrico. Esto se traduce en vínculos verticales entre las empresas productoras y las que acuden al mercado como demandantes. La participación en el mercado de los consumidores cualificados y de los comercializadores independientes es muy pequeña con relación a la presencia de las grandes compañías. Esto significa que los intereses de los principales productores y de los principales compradores coinciden, favoreciendo el desarrollo de prácticas colusivas.

      Desde su puesta en marcha el mercado de la electricidad ha funcionado, se han cruzado oferta y demanda todos los días y no ha fallado el suministro. Sin embargo, el grado de competencia es todavía muy bajo y no se ha reflejado en los precios, pues los precios del mercado liberalizado no han bajado e incluso han seguido una tendencia ascendente en algunos años. Se espera que la situación de falta de competencia mejore en los próximos años con la entrada de nuevos productores, la supresión del umbral que da acceso a la condición de consumidor cualificado (aquellas empresas a las que se les permite acudir directamente como consumidoras al mercado eléctrico debido a que superan un volumen determinado de consumo), y la ampliación de la capacidad para las conexiones internacionales.

      Como resultados positivos hay que destacar la penetración de algunas empresas en mercados hasta ahora en manos de sus competidoras. Por ejemplo, Hidrocantábrico, el operador más pequeño del mercado, ha conseguido ampliar su cuota de participación, Endesa se ha introducido en el mercado mediterráneo, hasta ahora dominio tradicional de Iberdrola (y viceversa). Han entrado también nuevos operadores como Repsol y Gas Natural, y algunos operadores europeos están intentando penetrar en el mercado español. Y todo esto se ha traducido en procesos internos de reconversión, reajuste de plantillas, reducciones de costes, aumento de la productividad y diversificación de actividades, que ha mejorado la competitividad de las empresas españolas (López Milla, 2003).

C) El gas

      El mercado del gas en España se ha caracterizado por una fuerte monopolización e intervención administrativa desde la adquisición del gas en el extranjero hasta su distribución y venta a los consumidores finales. España es un país sin reservas propias, que contaba con un único suministrador que había tenido que hacer frente a fuertes inversiones y había suscrito contratos de aprovisionamiento en grandes cantidades y para largos plazos. A este operador se le había garantizado una reserva de mercado suficiente para asegurarle la recuperación de sus inversiones.

      Sin embargo, en los últimos diez años se ha producido una revolución en el sector del gas desde la entrada en vigor en 1998 de la Ley de Hidrocarburos que suponía la apertura a la competencia y que ha llevado a reducir la dependen -cia y los privilegios del proveedor histórico de gas natural, Argelia. Se ha designado a Enagas como gestor técnico del sistema y se han separado las distintas actividades en reguladas (regasificación, almacenamiento, transporte y distribución) y actividades en competencia (adquisición, producción y comercialización). A su vez, se ha abierto Enagas a la participación accionarial de otros operadores distintos de Gas Natural. Se ha reducido también el umbral de consumo para acceder al mercado como consumidor cualificado (es decir, que puede comprar directamente en el mercado del gas) y se pretende abrirlo con carácter general a todo tipo de consumidores. Finalmente, se distribuyó el contrato de gas con Argelia entre todos los comercializadores.

      El impulso de la competencia en el gas se ha traducido en un aumento muy importante del consumo total, que se ha realizado en condiciones de relativa estabilidad de precios. El principal aumento en el número de consu -midores ha provenido del mercado doméstico, aunque el principal consumi -dor sigan siendo las industrias. Aun así, se han producido notables asimetrías en precios entre los grandes consumidores (empresas) y los consumidores domésticos, que tienen un grado de acceso al mercado muy bajo y soportan precios mayores. Hay que destacar el aumento del consumo de gas para la generación de electricidad que ha experimentado una importante expansión desde finales de los años noventa (Faíña, García-Lorenzo y López-Rodríguez, 2003).

D) El transporte aéreo

      La liberalización del transporte aéreo se ha afrontado en España con relativo retraso respecto a Europa. Ya en 1984, la Comisión Europea estableció sus objetivos a largo plazo en el transporte aéreo, que pueden resumirse en tres. En primer lugar, la supresión de las barreras a la entrada, mediante la libertad de operación de las compañías con sede en los distintos países miembros en todo el territorio comunitario. En segundo lugar, la liberalización de los precios. En tercer lugar, el establecimiento de idénticos derechos para cualquier compañía en cualquier Estado miembro.

      En 1993 comenzó la liberalización del transporte aéreo en España. El proceso fue muy rápido y se ha traducido en una reducción de las tarifas y en un aumento espectacular del tráfico aéreo. Actualmente, el transporte aéreo de pasajeros es una industria con fuertes presiones competitivas, en la que tres empresas (Iberia, Air Europa y Spanair) ofrecen los servicios de forma simultánea en la mayor parte de las rutas domésticas. A su vez, otras compañías más pequeñas ofrecen servicios de tipo regional. La liberalización ha surtido efecto y se ha mostrado muy eficaz para conseguir un aumento de los servicios a unos precios más reducidos.

             7.5.3.Mercados de factores: la liberalización del mercado de trabajo y la reforma del sistema financiero

A) La liberalización del mercado de trabajo

      Como se ha señalado en capítulos anteriores, el mercado de trabajo fue uno de los mercados más intervenidos durante la dictadura franquista. El objetivo era mantener niveles salariales reducidos a cambio de la estabilidad en el puesto de trabajo. Esto se conseguía imponiendo tanto trabas legales como elevados costes económicos al despido y ofreciendo un abanico muy reducido de tipos de contratos.

      Los primeros gobiernos de la transición realizaron pocas modificaciones a este marco legal, con la excepción de la legalización de los sindicatos en 1977. Hasta 1984 la negociación entre el gobierno, la patronal y los sindicatos a nivel nacional determinó las líneas básicas de la negociación colectiva. Pero no se produjo ningún cambio institucional relevante en la articulación del mercado de trabajo hasta la reforma del mismo de 1984. Ésta se acometió en medio de una situación económica muy delicada, con una cifra de paro del 20,6% (frente al 10,6% de la Unión Europea).

      En la reforma de 1984 se optó por desarrollar una legislación que favoreciera la entrada en el mercado de trabajo abaratando la contratación temporal. En el marco laboral vigente hasta entonces existía un tipo de contrato básico de duración indefinida, con altos costes de despido, lo cual retraía la contratación de nuevos trabajadores, y la contratación temporal sólo se permitía en las actividades de temporada. La reforma se centró básicamente en desarrollar el abanico de contrataciones, permitiendo la contratación temporal sin estar sujeta a ese tipo de restricciones. El contrato fundamental fue el “contrato temporal de fomento del empleo”. El resultado fue un aumento del empleo, que se hizo más flexible al aumento del PIB. Pero que como contrapartida provocó un aumento de la tasa de temporalidad, que llegó a ser la más alta de Europa. Esta situación encontraría pronto la oposición de los sindicatos, que criticaron la precariedad laboral de estas nuevas modalidades de contratación.

      Las reformas posteriores, la de 1994 y la de 1997, pueden considerarse como una contrarreforma de la de 1984. Estas reformas se plantearon como objetivo básico la reducción de la tasa de temporalidad generada por la reforma anterior. A los sindicatos se les ofreció aceptar medidas encaminadas a reducir la temporalidad a cambio del desarrollo de otros aspectos que ayudaran a la flexibilización del mercado laboral. Por ejemplo, el desarrollo de los contratos de aprendizaje para jóvenes entre 16 y 25 años, el fomento de la contratación a tiempo parcial, el abaratamiento de los costes de despido con el ánimo de favorecer la recuperación de los contratos a tiempo indefinido y los cambios en la organización del mercado de trabajo. En este último aspecto la principal innovación consistió en autorizar y regular la entrada de nuevos intermediarios en el mercado de trabajo, las empresas privadas de colocación no lucrativas. Así el INEM perdió su papel de monopolista en la colocación de los trabajadores parados. La reforma de 1997 continuó de -sarrollando estos aspectos, pero sobre todo, profundizó en los relativos al abaratamiento de los costes de despido (Segura, 2004).

B) La liberalización del sistema financiero

      Como se ha explicado en capítulos anteriores, el sector bancario en España fue tradicionalmente un sector protegido y fuertemente regulado. Por este motivo, la desregulación comenzó muy temprano. En 1977 se inició el proceso con los primeros pasos hacia la equiparación entre los bancos comerciales y las cajas de ahorros y, en 1978, con la autorización a la entrada de la banca extranjera. Las primeras medidas fueron muy tímidas, y fue a partir de mediados de los ochenta, con los primeros gobiernos socialistas, cuando el proceso se retomó con mayor brío. En él desempeñaron un papel importante las presiones procedentes del exterior, con la adopción de la normativa europea y la preparación para un mercado globalizado.

      Desde entonces se pueden enumerar un gran número de medidas liberalizadoras. Entre las primeras se encuentran la creación de un mercado a corto plazo para la deuda pública. En 1984 se permitió la entrada de los bancos extranjeros, aunque con el consentimiento del gobierno y de los siete grandes bancos españoles. En 1985 se liberalizó la apertura de sucursales bancarias. En 1987 se suprimieron los límites superiores a los tipos de interés, se liberalizaron las comisiones y se redujeron los coeficientes de inversión obligatorios. En 1988 se liberalizaron los corretajes en el mercado de valores y la entrada de los bancos extranjeros. En 1989 se permitió a las cajas de ahorros abrir sucursales fuera de sus provincias de origen. En 1990 el Banco de España redujo el coeficiente de caja obligatoria al 5%, y lo eliminó en 1992. En 1994 el gobierno aprobó la legislación que concedía al Banco de España su independencia.

      Paralelamente se fueron aprobando medidas tendentes a conseguir un mayor grado de integración bancaria en Europa. Así, en 1989 la Comisión Europea aprobó una nueva directiva que permitía que cualquier banco autorizado a operar en un país miembro pudiera abrir sucursales en los otros países miembros sin necesidad de autorización previa. En 1991 se liberalizaron los flujos de capitales transfronterizos y, en 1993, se liberalizaron totalmente los mercados y transacciones de capital.

      Estas medidas liberalizadoras impulsaron un fuerte proceso de cambio e innovación en el sector bancario. Se ofertaron nuevos productos como, por ejemplo, los fondos de inversión, las tarjetas de crédito, los planes de pensiones y los seguros. Además, la relación entre el banco y sus clientes empezó a realizarse a través de nuevos medios, como los cajeros automáticos, la banca telefónica y la banca electrónica. En el éxito de este proceso fue determinante también el esfuerzo inversor realizado por la banca en organización, en capital humano y en publicidad. El desarrollo de campañas de márketing contribuyó tanto a formar una imagen corporativa unificada como al lanzamiento de nuevos productos. Como ejemplo podrían citarse las campañas publicitarias de los grandes bancos para conseguir pasivos (la “supercuenta” del Santander o el “libretón” del BBVA).

      El desarrollo de la competencia y de las nuevas tecnologías hizo que los bancos cambiaran su estrategia empresarial y empezaran a moverse para posicionarse mejor en el mercado. A partir de 1987 se inició una etapa de fusiones entre los grandes bancos. En 1987 se fusionaron los bancos de Bilbao y de Vizcaya (BBV). En 1991, se fusionaron varios bancos públicos, pasando a constituirse Argentaria, que unos años después, en 1993, se privatizaría. En 1991 también se fusionaron el Banco Central y el Hispano Americano, formando el Banco Central Hispano (BCH). Este último banco se fusionaría con el Banco de Santander en 1999 (BSCH). Ese mismo año se fusionarían también el BBV con Argentaria (BBVA).

      Los bancos españoles también han buscado posicionarse en el mercado internacional durante los últimos años. En los primeros años la estrategia consistió en penetrar en el mercado latinoamericano, y fueron los bancos BSCH y BBVA los que más crecieron con esta estrategia. Posteriormente, se ha iniciado la penetración en el mercado europeo y en el norteamericano, aunque la presencia en estos mercados todavía no es muy significativa, siendo el BSCH el que mayor penetración ha conseguido.

      Entre los resultados más significativos de esta nueva estrategia de la banca española hay que destacar su enorme crecimiento a nivel internacional. Si a finales de 1985 sólo un banco español (el Banco Central) lograba situarse en la lista de los cien mayores del mundo, ocupando el puesto número 100, veinte años después la situación era muy distinta. El Banco de Santander se había convertido en el décimo banco del mundo, y el primero de la zona euro. Otros cuatro bancos españoles se sitúan dentro del ránking de los cien mayores del mundo –el BBVA(31), La Caixa (68), Caja Madrid (80) y Banco Popular Español (91)–. Además, los bancos españoles destacan en el contexto internacional por su eficiencia operativa y por su alta rentabilidad.

7.6. Conclusiones

Privatización y desregulación son las dos palabras clave que definirían la evolución de la empresa pública en España y en Europa desde la década de los ochenta. El cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial había significado la legitimación de la presencia del sector público en el mundo de la empresa, al que se le atribuía la función de garantizar el aprovisionamiento de bienes públicos de interés general, como la energía o las telecomunicaciones, y de aprovechar las economías de escala inherentes a estos sectores. En España, además, se le asignó la tarea de impulsar la industrialización del país. Durante la crisis de los años setenta la empresa pública llegó a adquirir unas dimensiones desmesuradas, que en el caso español se agravaron por la política anticíclica y de salvamento de empresas en crisis.

      A partir de la crisis de los setenta y primeros ochenta, se cuestionó su excesivo tamaño y su capacidad para producir de manera eficiente, rentable y competitiva con las empresas privadas. Se consideraba que en un entorno competitivo, las empresas privadas se desenvolvían más eficientemente que las públicas. Estas últimas se enfrentaban al reto de mantener su competitividad en un entorno internacional cada vez más competitivo. Por un lado, estaba el rápido cambio tecnológico de algunos sectores, como las comunicaciones o la energía y el rápido crecimiento de la demanda de nuevos productos relacionados con las mismas. Esto requería la inyección de fuertes inversiones que la empresa pública no estaba en condiciones de acometer ante la escasez de sus recursos. Por otro lado, había que preparar a las empresas públicas para un mercado mundial cada vez más globalizado y competitivo, en el que la integración del mercado europeo era inminente.

      En el caso español los criterios impuestos desde Europa han sido un hilo conductor del proceso de privatización y de liberalización de los mercados. Así, la venta total de empresas públicas de pequeño o mediano tamaño a multinacionales, o la venta de las grandes empresas a través de OPV, han tenido como objetivo último asegurar la supervivencia tecnológica de estas empresas y su incorporación a redes comerciales internacionales. En el proceso han aparecido otras motivaciones más coyunturales, como la obtención de recursos propios con los que sanear las cuentas de la empresa pública o el déficit público y amortizar parte de la deuda pública para cumplir los criterios de Maastricht.

      Sin embargo, la privatización no ha sido suficiente para introducir dosis mayores de competencia en sectores en los que la actividad estaba muy concentrada. En el último decenio del siglo XX, los esfuerzos se han centrado en la desregulación de los mercados que tradicionalmente habían operado en régimen de monopolio u oligopolio o que habían estado muy intervenidos. Los resultados son todavía insuficientes, pero en muchos sectores comienzan a apreciarse los efectos de la mayor competencia, especialmente en la oferta de nuevos bienes y servicios, en el crecimiento notable de su consumo y, en algunos casos, en la reducción de los precios. La liberalización de los mercados de factores ha sido especialmente significativa en la economía española, donde habían estado tradicionalmente muy intervenidos. El abaratamiento de los costes de despido y la introducción de nuevas modalidades de contratación han permitido flexibilizar el mercado de trabajo ante las variaciones de la demanda; por su parte la liberalización del mercado financiero ha situado a los bancos españoles entre los primeros del mundo. Todo ello ha contribuido a favorecer la expansión de la economía española desde mediados de los años noventa hasta muy recientemente.

Bibliografía

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La España de las regiones

8.1. Introducción: la España de las regiones

El capítulo tiene como principal objetivo presentar un panorama de cómo las regiones españolas han evolucionado y se han adaptado a los principales cambios que se han producido en el período, como la crisis económica y la integración internacional. La finalidad de considerar la evolución regional es doble. En primer lugar, analizar cómo los cambios anteriores han afectado a las distintas regiones de la geografía española, y con ello ver si todas o la mayoría de las regiones han mejorado o si algunas han sido más beneficiadas que otras en el período 1975-2000. En el caso español, por ser un país de industrialización reciente en 1975 y que el crecimiento industrial se concentró en determinadas regiones (Cataluña, Madrid y el País Vasco), el estudio de la desigualdad en la distribución de la renta regional se considera relevante. En segundo lugar, dado que los estudios regionales han tenido un gran desarrollo internacional en los últimos tiempos, conocer cuáles son los resulta -dos de estas investigaciones, en las cuales se plantean las siguientes cuestiones: los factores que explican el crecimiento económico, mediante el análisis regional se puede estudiar cómo actúan puramente los factores económicos, puesto que dentro del mismo Estado las instituciones son similares y hay libre movilidad de factores de producción y de bienes; la incidencia de la integración económica internacional (en la UE) en el crecimiento de las regiones; y los efectos de la política regional comunitaria, entre otras.

      La organización del capítulo es la siguiente: primero, el estudio de la evolución y el crecimiento de las regiones españolas para ver si se ha producido un acercamiento (convergencia) o alejamiento (divergencia) en el nivel de renta y explicar sus causas. Además se incluyen los cambios en la distribución de la población, que en el caso de España han sido muy destacados; pues se ha pasado de una etapa de fuertes migraciones internas a otra de interrup -ción de las migraciones aun cuando las regiones seguían teniendo diferencias en los niveles de renta. Segundo, el estudio de las fuentes del crecimiento de las regiones. La importancia del aumento de la acumulación del capital físico y humano y la tecnología en todas las regiones, aunque con el mantenimiento de diferencias regionales. Tercero, la medición y los resultados de la desigualdad personal de la renta entre las regiones y dentro de las mismas. Cuarto, la convergencia de las regiones con Europa y el impacto de la política regional comunitaria. Quinto, el impacto de las Autonomías y la descentralización de la Administración pública. Y por último, las principales conclusiones del capítulo.

8.2. Evolución y crecimiento de las regiones españolas y la convergencia regional

La implantación del Estado de las Autonomías ha supuesto un cambio trascendental en la Administración pública. Se ha pasado de un sistema de administración centralizado a uno descentralizado, que comenzó en 1978 y que durante la etapa de estudio se ha ido desarrollando. Los gobiernos autonómicos regionales han ido aumentado sus competencias y por tanto interviniendo en la utilización del gasto público. Sin embargo, este desarrollo autonómico es desigual, es decir, existen diferencias en las competencias y recursos entre regiones. Éstas se deben principalmente a la distinta forma de acceso a la autonomía que han condicionado el proceso posterior. Se establecieron dos vías de acceso a la autonomía: la vía rápida, para las comunidades históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco) y Andalucía, y la vía lenta, para el resto, aunque Valencia y Canarias pasaron más rápidamente a la primera categoría que las de su grupo. Además, también se producen estas diferencias por el mantenimiento de los derechos históricos de los territorios forales que afectan al País Vasco y Navarra, lo que ha supuesto para estas regiones un régimen de financiación distinto (régimen foral) al del resto de las Autonomías (régimen común).

      El Estado tiene competencias exclusivas en defensa, relaciones exteriores, ordenamiento jurídico básico, política macroeconómica e infraestructuras que afectan a más de una Autonomía. Las Autonomías tienen competencia en cultura, infraestructuras, regulación de sectores productivos, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. En cambio tienen competencias compartidas en sanidad y seguridad social, educación y regulación económica y laboral; esto significa que el Estado establece las normas básicas que las Autonomías ejecutan y gestionan. La división administrativa que surge en 1978 es de 17 Comunidades Autónomas. Esta división es la que se utiliza a continuación para explicar la evolución regional del período.

      Las regiones españolas experimentaron un proceso de fuerte crecimiento desde 1955 a 1973 debido a que la industrialización española tuvo lugar en esta etapa. Además se produjo un acercamiento en los niveles de renta per cápita, lo que significa que las regiones convergieron en valor añadido bruto per cápita (VAB per cápita o PIB per cápita) durante el período 1955-1979. Sin embargo no ocurrió lo mismo con el VAB o PIB regional. Las regiones más ricas siguieron aumentando más su renta y las más pobres menos.

      La explicación de la divergencia en el VAB es que en las regiones más pobres todavía tenía más peso el sector agrícola, que tiene menor productividad, y en las más ricas el sector industrial y de servicios, también de mayor productividad. La razón principal del acercamiento o convergencia en la renta per cápita ha sido la importancia de las migraciones internas desde las regiones más pobres a las más ricas; es decir, desde las regiones principalmente agrícolas a aquellas en las que predominaban el sector industrial y el de servicios.

      Esta evolución cambia a partir de 1979. Desde la década de 1980 se redujeron las migraciones internas como consecuencia de la crisis económica y ya no se volvieron a producir a lo largo de todo el período. Las tasas de paro aumentaron en las regiones de destino de las migraciones. Al producirse un menor crecimiento del sector industrial se dejó de atraer mano de obra de las regiones menos desarrolladas a las más desarrolladas.

      En el cuadro 8.1 se puede ver la evolución de las variables mencionadas, la renta y la renta per cápita, para las distintas regiones españolas. En primer lugar se comenta la participación en el PIB (o VAB) de las distintas regiones. Las regiones con mayor nivel de renta en 1975 y que siguieron teniéndolo en el año 2000 son: Cataluña (con el 19,22% del PIB y el 18,77% en los años respectivos), Madrid (con el 16,88% y el 16,83% para cada uno de los años), Andalucía (con el 12,41 y el 13,22% respectivamente), C. Valenciana (con el 9,44 y el 10,22%), seguida del País Vasco (con el 7,23 y el 6,06%). Las que tenían menor nivel de renta en 1975 y en 2000 son, además de Ceuta y Melilla, La Rioja (con el 0,68 del PIB y el 0,79% en cada uno de los años), Cantabria (con el 1,35 y el 1,20% en los años respectivos), Navarra (con el 1,53 y el 1,70%), Extremadura (con el 1,74, y el 1,84%) y Región de Murcia (1,98 y 2,30%, que ganó peso por el crecimiento de estos años superando a Asturias, que tenía el 2,29% en 2000). Por tanto, como se ha indicado, no se han producido variaciones destacadas entre las regiones más ricas y las más pobres.

CUADRO 8.1. PIB y PIB per cápita regional

Fuente: Datos procedentes de Alcaide y Alcaide (2003).

      A continuación se describe la trayectoria de las regiones en dos períodos significativos: 1975-1985, que coincide con la crisis internacional, y 1985-2000, en el que tuvo lugar un destacado crecimiento económico. Las regiones que tuvieron un mayor crecimiento del valor añadido o PIB durante el período 1975-1985 fueron (cuadro 8.2) las regiones de la costa mediterránea, Región de Murcia y C. Valenciana, las pertenecientes al Valle del Ebro, La Rioja y Navarra, y los dos archipiélagos, Islas Baleares y Canarias. Si en la etapa anterior de industrialización la concentración de la producción se producía en las zonas de mayor crecimiento industrial, Cataluña, País Vasco y Madrid, en este período se produjo un dinamismo hacia otras regiones. Entre las de menor crecimiento se encontraban las de vieja industrialización: Asturias, Cantabria y el País Vasco.

      Las regiones que han tenido un mayor crecimiento desde 1985 hasta el año 2000 han sido, parte de las comentadas para el período anterior, las situadas en el Valle del Ebro, La Rioja, Navarra, las mediterráneas, Región de Murcia y la C. Valenciana, junto con Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, además de Ceuta y Melilla. Entre las que han tenido un menor crecimiento, como en el período anterior, se encontraban Asturias y Cantabria, además de Galicia.

      La renta per cápita, sin embargo, es el indicador más relevante porque mide la renta media de los habitantes de cada región. Las regiones con mayores niveles de renta per cápita en el año inicial, 1975 (cuadro 8.1), siendo 100 la media española, fueron Islas Baleares (148), Comunidad de Madrid (142), País Vasco (126) y Cataluña (123). Las de menor nivel de renta per cápita en el mismo año fueron: Extremadura (57), Andalucía (73) y Castilla-La Mancha (73). Las regiones que han tenido un mayor crecimiento en el período 1975-1985 han sido Extremadura, Galicia, Navarra y Aragón, por tanto entre las que partían de un menor nivel de renta per cápita. Las que tuvieron un menor crecimiento fueron las que estaban entre las de mayor nivel de renta per cápita como País Vasco, Madrid y Cataluña. Lo que nos está indicando que se ha producido convergencia o un acercamiento en el nivel de renta per cápita de las regiones menos ricas al de las más ricas.

      En el período 1985-2000 las regiones en las que la renta per cápita ha crecido más han sido las de la costa mediterránea (Cataluña, Comunidad Valenciana), las del Valle del Ebro (La Rioja, Navarra, Aragón), Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Las que han tenido un menor crecimiento fueron Asturias y Cantabria y las islas Baleares y Canarias. En 2000 las regiones con mayor nivel de renta per cápita fueron Madrid (130), Na -varra (127), Cataluña (123), Islas Baleares (122), La Rioja (120), País Vasco (117) y Aragón (108), por lo que han aumentado el número de las regiones que tienen una renta por encima de la media nacional.

CUADRO 8.2. Tasas de crecimiento en porcentajes

Fuente: Elaboración propia a partir de Alcaide y Alcaide (2003).

      Una de las formas de medir si las regiones se han acercado o aproximado en los niveles de renta y de renta per cápita es el cálculo de la desviación típica de la renta y de la renta per cápita, lo que se denomina sconvergencia. La desviación típica mide si ha aumentado o disminuido la dispersión a la media de los valores de la variable. Un aumento de la desviación típica de la renta o de la renta per cápita de las regiones significa que ha aumentado la dispersión entre la renta de las regiones, y por tanto que se ha producido una divergencia en el nivel de renta entre las mismas, las regiones se han alejado en los niveles de renta; y a la inversa, una disminución en la dispersión significa que se ha producido una convergencia en el nivel de renta entre regiones, éstas se han aproximado en los niveles de renta.

FIGURA 8.1. Convergencia regional: PIB, PIB per cápita y productividad del trabajo, 1955-1997.

Fuente: Elaboración propia.

      En la figura 8.1 se representa la desviación típica del logaritmo de la renta y de la renta per cápita entre las 17 regiones o Autonomías en el período 1955-1997, denominada σ-convergencia. En la figura se puede observar la diferencia entre la convergencia en renta y en renta per cápita. La σ-convergencia en renta aumenta o se mantiene estable y la σ-convergencia en renta per cápita disminuye entre 1955 y 1979. Por lo que se ha producido una divergencia en el nivel de renta y una convergencia en el nivel de renta percápita de 1955 a 1979. Sin embargo, la convergencia en renta per cápita se atenúa o permanece estacionada a partir de 1979, como consecuencia de que la principal causa de la convergencia desaparece; se produce la interrupción de las migraciones internas.

      La convergencia en renta per cápita todavía hubiese sido mayor si se considera la renta disponible; es decir, la renta una vez que se han detraído los impuestos y se han recibido las transferencias. Esta convergencia en términos de la renta disponible muestra que el Estado o el sector público ha realizado una función de redistribución mediante la transferencia de renta, a través de los impuestos y cuotas sociales, a las personas con bajos ingresos, por ejemplo, con ayudas sociales, seguro de desempleo, etc., que ha logrado disminuir las disparidades en la renta regional.

      ¿Cuáles son las causas de este acercamiento y posterior interrupción? En primer lugar, como se ha mencionado, la importancia de las migraciones internas provenientes de las regiones más pobres donde la agricultura era el sector más importante y donde existía abundancia de trabajo, a las regiones más ricas e industriales donde había demanda de trabajo por el crecimiento industrial. Estas migraciones hicieron disminuir la población en las regiones más pobres elevando la renta per cápita y aumentaron la población en las regiones más ricas reduciendo la renta per cápita. Por tanto, una parte destacada de la explicación se debe a la pérdida de población de algunas regiones. En segundo lugar, se ha producido con la industrialización del país una homogeneización de las estructuras productivas. La agricultura disminuyó el peso ganándolo la industria y los servicios, en la década de los sesenta y setenta el aumento de peso de la industria y en los ochenta y noventa los servicios. A pesar de ello todavía existen diferencias regionales, la industria ha crecido más en las regiones intermedias y los servicios más en las regiones más avanzadas.

      Respecto a la primera explicación, la importancia de las migraciones internas, en el cuadro 8.3 se puede observar la magnitud de los cambios en los movimientos migratorios regionales, a través de los saldos migratorios, es decir, las inmigraciones menos las emigraciones. Se produce el cese de los movimientos de población de las regiones receptoras a partir de la crisis económica de los setenta frente a la destacada relevancia que tuvieron en los años previos. Las regiones de emigración fueron por orden de importancia Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia, y tuvieron como regiones de destino, principalmente, Comunidad de Madrid, Cataluña, C. Valenciana y el País Vasco. En la década de los ochenta y noventa los saldos migratorios (negativos en las regiones de emigración y positivos en las de inmigración) se redujeron.

CUADRO 8.3. Movimientos migratorios regionales (miles de personas)

Nota: Saldos migratorios = inmigraciones – emigraciones.

Fuente: Martín Rodríguez (1999).

      El que se haya producido una reducción tan destacada en los movimientos migratorios cuando todavía existían diferencias en los niveles de renta per cápita entre las regiones ha hecho que se cuestione si ello se debía a una pérdida de la movilidad de la población o a los siguientes factores. El desajuste entre los mercados de trabajo regionales, como consecuencia de las rigideces en el mercado de trabajo y en el de la vivienda; la existencia de seguros de desempleo, como el subsidio agrario; y la diferencia en la calidad de vida entre las regiones, puesto que algunos factores que inciden en la misma no se miden en el indicador del PIB per cápita. De la Fuente (1999) considera que no se ha producido una caída de la movilidad de la población española, ni un menor ajuste en el mercado de trabajo, sino que la disminución en la movilidad de la población ha obedecido al descenso del incentivo a emigrar debido a la reducción de las disparidades entre las regiones en los niveles de renta y en las oportunidades de empleo, lo cual también sería compatible con la explicación de que con el aumento del nivel de renta se produce una mayor sensibilidad hacia los factores de calidad de vida en las decisiones de emigrar.

      Respecto a la segunda explicación, la homogeneización de las estructuras productivas, en el cuadro 8.4 se presentan los datos de la composición del empleo sectorial de las regiones: agricultura, industria (incluida la construcción) y servicios. En el cuadro se puede comprobar cómo en 1975 las regiones en las que la agricultura era todavía un sector de gran importancia eran Galicia (50,61%), Extremadura (47,44%), Castilla-La Mancha (37,89%), Castilla y León (37,54%) y Andalucía (31,12%). Las regiones con mayor importancia de este sector fueron reduciendo su peso a lo largo del período, siendo la participación para estas mismas regiones de en torno al 10 y 15% al final del período, como se puede seguir en dicho cuadro. En el caso de estas regiones, a su vez, la pérdida de peso de la agricultura se hizo en favor del mayor crecimiento de la industria, pues tanto Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia fueron las regiones donde ganó peso. Mientras que en Cataluña, C. Valenciana, País Vasco, Asturias y Comunidad de Madrid perdió peso la industria en favor del sector servicios. Las regiones con más importancia del sector servicios son Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Canarias. Las regiones con menor importancia del sector servicios son Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y La Rioja, en estas dos últimas se produce por la importancia que todavía mantiene el sector industrial.

      Otro de los factores que ha incidido en el desigual crecimiento regional a partir de 1979 es el que las regiones con mayor peso de la agricultura han tenido una mayor destrucción de empleos, que no se ha visto compensada con una mayor creación de empleos en otros sectores de la economía. De forma que el destacado crecimiento de la Comunidad de Madrid y de las Islas Baleares y Canarias se debió a la importancia del sector servicios, intensivo en trabajo, y de su destacado crecimiento durante esta etapa. Mientras que el menor crecimiento de Galicia, Extremadura y las dos Castillas ha sido debido a la mayor importancia relativa del sector agrario en estas regiones respecto a las demás. Esta composición ha afectado sobre todo al aumento del desempleo.

      En el cuadro 8.5 aparece la evolución del desempleo regional. Las regiones con mayores tasas de paro fueron aquellas en las que el peso del sector agrícola era mayor como en el caso de Andalucía, Extremadura y Galicia. Sin embargo, también se observa cómo el aumento del paro en las regiones de destino de las migraciones ha hecho disminuir las migraciones interregionales. De este modo, el desempleo en la Comunidad de Madrid partiendo del 1,4% (1964-1975) pasó a ser del 12,60 y del 16% en el período 1975-1985 y 1985-1991; el de Cataluña con un 1,19% en la década de los sesenta al 12,33 y 17,30% en los mismos períodos; el del País Vasco, con una tasa del 0,98% (1964-1975), al 12,70 y del 21,18% respectivamente. Entre las que tenían menor desempleo figuraban La Rioja, Navarra, Aragón e Islas Baleares.

CUADRO 8.4. Composición del empleo regional (%)

Fuente: Fundación BBVA.

CUADRO 8.5. Tasa de desempleo regional (%)

Fuente: BBV (procedente de Martín Rodríguez, 1999), año 2001 del INE.

      Las diferencias en renta per cápita se mantienen entre las regiones desde 1979. En cambio, la productividad aparente del trabajo (producción por trabajador ocupado) de las regiones ha seguido acercándose hasta 1993, como se puede observar en la figura 8.1. La interpretación es que las estructuras productivas han continuado aproximándose y por tanto las regiones más pobres han ido reduciendo todavía más el peso de la agricultura, sector con menor productividad, en favor de la industria y los servicios, sectores con mayor productividad. Por tanto este acercamiento en la productividad por trabajador no se ha generado como consecuencia de que las productividades de los distintos sectores entre las regiones se han igualado, sino como consecuencia de la convergencia de las estructuras productivas. De forma que una vez finalizado el proceso de convergencia de las estructuras productivas sólo es posible la disminución de las diferencias regionales en productividad, y por consiguiente que éstas afecten al acercamiento en el nivel de renta per cápita, reduciendo las diferencias regionales en infraestructuras, por tanto ca -pital físico, capital humano y tecnología.

CUADRO 8.6. Distribución porcentual y tasas de crecimiento de la población

Fuente: INE.

      En resumen, dado que las razones que explican el que se haya producido la convergencia regional en renta per cápita ya no se pueden seguir produ -ciendo, pues la causa principal han sido las migraciones internas seguidas de la homogeneización de las estructuras productivas, es difícil esperar un aumento de la convergencia en el futuro si no se producen otro tipo de cambios que den lugar a un mayor crecimiento de las regiones más pobres, como los mencionados en el párrafo anterior. Se comenta en el siguiente apartado la dotación de factores de producción de las regiones que explican las diferencias mencionadas en el crecimiento económico de las regiones.

      En la evolución del nivel de renta per cápita de 1975-2000, como se ha mencionado, ha sido importante el cambio en la distribución de la población. La distribución de la población española entre las Comunidades Autónomas a lo largo del período se puede seguir en el cuadro 8.6. Las regiones con más población en 1975 siguieron teniéndola en el año 2000. Estas regiones son Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Sin embargo, en 1955, antes de la industrialización y, por tanto, de la destacada emigración del campo y desde la agricultura a la industria figuraban entre las regiones con más población Castilla y León y Galicia en lugar de Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, y estas regiones han perdido población como consecuencia de las migraciones.

      Las regiones que han ido ganando peso a lo largo del período han sido Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Las que han mantenido relativamente estable su participación han sido Cataluña, Cantabria, Navarra y La Rioja. En cambio han perdido peso Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y el País Vasco.

      En el cuadro 8.7 se puede ver la importancia de la población con relación a la superficie de cada región y la densidad de población. La población española se ha concentrado a lo largo del período. Las regiones más densamente pobladas siguen siendo las mismas desde 1975 a 2000, y además éstas han aumentado su densidad demográfica. Las regiones son, por orden de mayor a menor densidad de población, Comunidad de Madrid, País Vasco, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, seguida de Islas Baleares; por tanto, la concentración se ha producido en Comunidad de Madrid, en la periferia mediterránea y en los dos archipiélagos.

8.3. Las fuentes del crecimiento de las regiones

Como se explicó en el capítulo 1, el crecimiento de la producción depende del aumento de los factores productivos utilizados y de la mejora en la tecnología. El crecimiento económico de las regiones a largo plazo dependerá dela capacidad para producir más bienes y servicios en relación a los recursos existentes, por tanto, de la productividad. Ésta, como se ha indicado, depende del capital físico por trabajador (K/L), del capital humano por trabajador (H/L) y de la tecnología. Por lo que si aumenta la capitalización, es decir, la proporción de capital por trabajador, la formación de los trabajadores y/o se introducen nuevas tecnologías, aumentará la productividad.

CUADRO 8.7. Densidad de población (habitantes por km²)

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

      El conjunto de los factores que influyen en el crecimiento de las distintas regiones ha mejorado durante el período. Lo que ocurre es que esta mejora ha sido mayor en unas regiones que en otras. A continuación se va a analizar la importancia de los factores de crecimiento en las regiones españolas durante el período 1975-2000.

             8.3.1.La acumulación de capital privado y público

El proceso de acumulación de capital es una de las fuentes del crecimiento de una economía. El proceso de acumulación de capital privado ha sido inten so pero con variabilidad en las distintas regiones. En el cuadro 8.8 se presentan las tasas de crecimiento del período y en el cuadro 8.9 la participación regional en el capital privado nacional. La tasa de crecimiento media del período 1975-1998 ha sido del 2,75%; sin embargo, las regiones que han invertido más, por encima de la media nacional, han sido, por un lado, Islas Baleares (3,67%), Canarias (3,54%) y Comunidad de Madrid (2,82%), las del Valle del Ebro, Navarra (3,25%) y La Rioja (3,69%); las mediterráneas, Región de Murcia (3,57%) y la Comunidad Valenciana (3,36%); y por otro lado Castilla-La Mancha (3,41%) y Andalucía (3,18%). Las que menos han invertido, las que han tenido tasas de crecimiento por debajo de la media nacional, han sido las localizadas en el Norte de España: Asturias (1,29%), Cantabria (1,67%) y el País Vasco (1,39%). La explicación de este menor crecimiento es la importancia relativa del sector industrial, sobre todo por la especialización en la industria pesada, y el mayor efecto que tuvo la crisis económica de los años setenta en este sector. Cantabria y el País Vasco recuperaron la inversión en el período posterior, 1985-1995 y 1995-1998, en cambio no lo hizo Asturias. Cataluña, otra de las importantes regiones industriales, sin embargo, se ha adaptado mejor a los cambios debido a la mayor diversificación industrial, estando la tasa de crecimiento de capital privado por encima de las regiones industriales anteriores pero por debajo de la media nacional durante todo el período. El mayor crecimiento del capital en las regiones mencionadas (especialmente de las regiones mediterráneas y los dos archipiélagos, Islas Baleares y Canarias) se debe al mayor crecimiento en éstas del sector servicios, el cual ha experimentado un mayor desarrollo en esta etapa y por tanto un mayor proceso de inversión y acumulación de capital. En el cuadro 8.9 se puede observar la participación de las distintas regiones en el capital privado total. Las regiones con mayor participación coinciden con las que tuvieron un mayor nivel de renta, y las que aumentaron su partici -pación a lo largo del período fueron las que han experimentado un mayor crecimiento durante esta etapa, entre las que figuran Islas Baleares y Canarias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja. Sin embargo, las que han perdido peso son las mencionadas Asturias, Cantabria, el País Vasco y en menor medida Cataluña.

CUADRO 8.8. Tasas de crecimiento del stock de capital neto privado (%)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (miles de euros de 1990).

CUADRO 8.9. Participación regional del capital privado (%)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie.

      El proceso de acumulación de capital público presenta unas características diferentes al del capital privado. El aumento del capital público se produce principalmente por la inversión en infraestructuras (carreteras, puertos, embalses, etc.). En los cuadros 8.10 y 8.11 figuran la tasa de crecimiento en los distintos subperíodos y la participación regional sobre el total nacional. En primer lugar, las tasas de crecimiento han sido mayores que las del capital privado. Éstas además han tenido un comportamiento cíclico: han sido menores durante la crisis económica, 1975-1985, y han sido mayores en el período posterior, 1985-1995, como consecuencia del ciclo político expansivo asociado a la incorporación a la UE. En segundo lugar, la inversión pública durante el período 1975-1998, por un lado, ha aumentado más que la media nacional en las mismas regiones en que lo ha hecho la inversión privada, por tanto, en este caso, la inversión privada y la pública han si -do complementarias. Pero, por otro lado, además ha tenido también un crecimiento por encima de la media en las regiones donde el crecimiento de la inversión privada ha sido menor, como en Asturias, Cantabria y el País Vasco, y en Extremadura, por tanto en estas regiones la inversión pública ha tenido un efecto compensador. Este efecto compensador del capital público se puede observar en términos de la importancia que tiene el stock de capital público en las distintas regiones en el cuadro 8.11. Las regiones de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia tuvieron una mayor participación en el capital público total nacional que la que tuvieron en el capital privado. Así por ejemplo, Extremadura tuvo una participación en el total del capital público del 3,20% en 1998, mientras que para el mismo año fue del 1,80% en el capital privado.

CUADRO 8.10. Tasas de crecimiento del stock de capital neto público (%)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (miles de euros de 1990).

CUADRO 8.11. Participación regional del capital público (%)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie.

      La evolución de la acumulación de capital total (privado y público) es similar a la del capital privado porque éste es el componente más importante (85% en los años noventa, menor en los años anteriores), como se puede ver en los cuadros 8.12 y 8.13. Aunque en este caso las regiones fueron menos desiguales debido a que el capital público ha tenido un efecto de compensación. Lo que muestra entonces que las mejoras en infraestructuras públicas no siempre son suficientes para atraer a la inversión privada, sino que éstas tienen que ir acompañadas de otros factores favorables a la inversión, como dotación de trabajadores cualificados, otras industrias complementarias, y/o de tamaño de mercado suficiente o cercanía al mercado.

CUADRO 8.12. Tasas de crecimiento del stock de capital total (%)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (miles de euros de 1990).

CUADRO 8.13. Participación regional del capital total (%)

Fuente: Fundación BBVA-Ivie.

             8.3.2.La acumulación de capital humano

La acumulación de capital humano es otra de las fuentes de crecimiento económico. Los datos regionales disponibles para medir el capital humano son los niveles de estudios terminados. En los cuadros 8.14 y 8.15 figuran la proporción de la población activa y de la población activa ocupada que ha completado los estudios medios, anteriores a superiores, y superiores; que se denomina población activa cualificada y trabajadores cualificados, respectivamente. Se puede observar que el porcentaje de población activa cualificada fue normalmente mayor que el de la empleada cualificada, sobre todo en los años de 1985 y 1995. La razón es el mayor desempleo de los jóvenes que quisieron acceder por primera vez al mercado de trabajo y que estaban más formados por las mayores oportunidades que tuvieron de acceder a la educación. Sin embargo, la población ocupada tuvo un menor nivel de formación educativa (estudios), sobre todo sucedió en el caso de la población que tenía estudios medios. Se observa también que se ha producido una notable mejora en el capital humano de todas las regiones, mejorando también la posición relativa de las regiones que se encontraban peor dotadas, por lo que se ha generado un acercamiento o convergencia en los niveles educativos. La media nacional de la población activa cualificada dio un gran salto durante el período, pasó del 20,69% en 1975 al 74,05% en 2000; sin embargo, a pesar de ello, siguen siendo las mismas regiones las que contaban con mayor proporción de capital humano: las del norte de España, Cantabria, País Vasco y Navarra, Cataluña y Comunidad de Madrid. Y siguen siendo las mismas también las que tuvieron una proporción de capital humano inferior a la media nacional, como Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

CUADRO 8.14. Porcentaje de la población activa con estudios medios, anteriores a superiores y superiores

Fuente: INE, Mas, Pérez, Serrano, Soler y Uriel (Ivie).

CUADRO 8.15. Porcentaje de la población ocupada con estudios medios, anteriores a superiores y superiores

Fuente: INE, Mas, Pérez, Serrano, Soler y Uriel (Ivie).

             8.3.3.La tecnología

La importancia de la incorporación de la tecnología es fundamental para el crecimiento económico. En el cuadro 8.16 figura el gasto en investigación y desarrollo (I+D) con relación al PIB de las distintas regiones. Éstas han aumentado el gasto en I+D respecto al PIB; pero hay grandes diferencias regionales en la importancia de este gasto. Las regiones que más han invertido en investigación y desarrollo, por encima de la media nacional, fueron en primer lugar, la Comunidad de Madrid, que sobresale respecto a las demás con una inversión de alrededor del 1,80% del PIB en todos los períodos, le siguió el País Vasco, con el 0,81% en 1975, el 1,24% en 1985 y el 1,18% en 2000 y Cataluña con 0,64, 0,92 y 1,11% en los años respectivos, estando la media nacional en el 0,63, 0,85 y 0,94% en los mismos años. Entre las principales regiones con menos I+D con relación al PIB figuraban Islas Baleares y Canarias, con la más baja participación, por su especialización en el sector servicios de turismo, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja.

CUADRO 8.16. Gasto en I+D en relación al PIB (%)

Fuente: INE.

      En general, las regiones con una superior dotación de capital privado, público y humano y que tuvieron un mayor desarrollo tecnológico tuvieron niveles más altos de productividad por trabajador (aunque hay excepciones, como Islas Baleares, Canarias y La Rioja, como hemos visto que ocurre en el gasto en I+D y en educación). La productividad por trabajador se puede ver en el cuadro 8.17. Las regiones que eran más competitivas, que tenían una mayor productividad, fueron las que se sitúan en el Valle del Ebro (La Rioja, Navarra, Aragón, en ésta a partir de 2000, y Cataluña), además del País Vasco y Comunidad de Madrid. Las menos competitivas fueron las del centro y sur: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, y Galicia. A pesar de todo se ha producido una convergencia en la productividad de las regiones desde 1955 hasta 1993, como se puede comprobar en la figura 8.1 a través de la medición de la σ-convergencia, la desviación típica media de las productividades regionales. La causa principal de la convergencia en la productividad por trabajador ocupado ha sido, como se ha comentado, el cambio estructural que se ha producido en las regiones, por la homogeneización de las estructuras productivas, más que por la convergencia en las productividades de cada sector en las distintas regiones.

8.4. Distribución de la renta y desigualdad territorial

Este apartado trata de ver si la mayoría de las regiones se han beneficiado del crecimiento económico que se ha producido en este período a través de la evolución de la distribución personal de la renta en las regiones. La medición de la distribución de la renta a nivel regional ha sido realizada por Aldás, Goerlich y Mas (2007) mediante una estimación del gasto per cápita, a partir del gasto de consumo final de los hogares proveniente de las Encuestas de Presupuestos Familiares que elabora el INE. Estos autores han utilizado el consumo o gasto en lugar del ingreso, porque los datos de consumo presentados en la encuesta son de mayor calidad. Sin embargo, la medida de distribución de la renta a través del gasto presenta algunos inconvenientes. Uno de ellos es la dificultad para diferenciar entre lo que se compra para el consumo de un cierto período de tiempo, bienes de consumo duradero y lo que se consume en el año considerado. Otro de los inconvenientes es que no se incluye el consumo de bienes públicos. Como entre los bienes públicos más importantes figuran la educación y la sanidad, que son precisamente los que más consumen los individuos con menores ingresos, se subestima el gasto de los más pobres y por tanto su renta en relación a la de los más ricos. Por otro lado, al ser la fuente de información los hogares y éstos ser heterogéneos, al componerse de miembros de distintas edades y con consumos diferentes, hay que aplicar una escala de equivalencia para convertirlos en lo que se denomina “adultos equivalentes” y calcular el consumo en términos per cápita. En definitiva, con la utilización del gasto como variable de medición, se hace el supuesto de que la distribución del ingreso se aproxima a la distribución del gasto.

CUADRO 8.17. Productividad por trabajador y tasas de crecimiento de la productividad

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 8.1 y 8.15.

CUADRO 8.18. Índice de Gini de la distribución de la renta (gasto por persona)

Fuente: Aldás, Goerlich y Mas (2007).

      El indicador de desigualdad que se ha utilizado es el índice de Gini y el de Theil, que están comprendidos entre 0 y 1, entre la máxima igualdad y la máxima desigualdad. Los indicadores que siguen miden la desigualdad en la distribución de la renta o del ingreso entre individuos. Se va a comparar la evolución del indicador a nivel nacional y a nivel regional. Se puede observar en el cuadro 8.18 que la desigualdad disminuyó en el período en el que se tiene la información para analizarlo, 1973/1974, 1980/1981, 1990/1991 y 2003, sobre todo en el segundo período 1980/1981-1990/1991, aunque se estancó en el último período 1990/1991-2003. El nivel de partida y el alcanzado en 2003 es intermedio con relación a otros países; por ejemplo, está por debajo de Estados Unidos, Reino Unido e Italia, y por encima de Alemania, Holanda, Suecia y Finlandia.

      A lo largo del período la mayoría de las regiones han reducido la desigualdad, como ha sucedido a nivel nacional, aunque hay diferencias en los distintos subperíodos. Entre 1973/1974 y 1980/1981 la mayoría de las regiones disminuyeron la desigualdad con la excepción de siete: Islas Baleares, Cataluña, C. Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Navarra. En cambio entre 1980/1981 y 1991 todas la disminuyeron con la excepción de Cataluña y La Rioja. Sin embargo, en el último período 1990/1991-2003, en el que la desigualdad de la renta se mantuvo estable a nivel nacional, diez regiones aumentaron el índice de desigualdad y una lo mantuvo (País Vasco).

      ¿Cuáles fueron las diferencias en el nivel de desigualdad entre las regiones y por tanto, cuáles fueron las regiones más igualitarias y menos igualitarias? Entre las regiones más igualitarias figuraban el País Vasco, Navarra, La Rioja e Islas Baleares. Entre las regiones menos igualitarias estaban Extremadura, aunque es la región que tiene una gran mejoría a lo largo del período, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Se observa en el cuadro 8.18 que en general las regiones más ricas han sido más igualitarias y las más pobres menos, pero a pesar de ello el crecimiento económico ha beneficiado a la mayoría de los ciudadanos de las distintas regiones, dado que se ha producido una disminución de la desigualdad entre 1973/1974 y 2003, sobre todo mayor en la década de los ochenta.

      El índice de Theil que figura en el cuadro 8.19, con relación al anterior índice de Gini, permite desagregar la divergencia entre la desigualdad que se genera entre las regiones o Comunidades Autónomas y la que se genera dentro de las regiones. En los datos que se presentan en el cuadro se observa que en los distintos años, sobre todo a partir de 1973, la desigualdad entre las regiones era la menos importante (menor del 10%), mientras que la que existía dentro de las regiones era la más importante (entre el 93%). En ambos casos la desigualdad disminuyó desde 1973 a 2003. En el primer caso, en el índice de la desigualdad entre regiones, se mide la convergencia ponderada por la población entre las regiones españolas, y ésta, como se ha comentado, disminuye en el período, puesto que la renta per cápita de las regiones se ha aproximado. En el segundo caso, en el índice de desigualdad dentro de las regiones, indica, como se ha explicado en el apartado, que la mayoría de las re -giones españolas redujeron la desigualdad a lo largo del período.

CUADRO 8.19. Índice de Theil de la distribución de la renta

Fuente: Aldás, Goerlich y Mas (2007).

8.5. La convergencia con la Europa de las regiones.
La política regional comunitaria

En este apartado se analiza, en primer lugar, cuál ha sido la trayectoria de las distintas regiones españolas con relación a Europa y las regiones europeas, y si la incorporación a la Unión Europea, mediante la formación de un mercado único, ha favorecido particularmente a las regiones más desarrolladas o a la mayoría de las regiones. Esta cuestión entra en uno de los debates centrales de la economía regional. En segundo lugar, la integración económica en la UE ha supuesto también una transferencia de renta de las regiones europeas más ricas a las regiones menos desarrolladas a través de la política de cohesión interna o territorial que se ha llevado a cabo. Por tanto se va a analizar el impacto que los fondos estructurales provenientes de la UE han tenido sobre las regiones españolas.

      Respecto a la primera cuestión, el debate existente en los estudios de economía regional es el siguiente. Por un lado, los estudios, dentro de lo que se denomina nueva geografía económica, consideran la importancia de los rendimientos crecientes en el crecimiento económico, como consecuencia de las economías de aglomeración. Las economías de aglomeración se producen por las ventajas que tienen las empresas de localizarse en las regiones donde hay más trabajadores cualificados, suministradores de inputs especializados, facilidad en la difusión de tecnología (a estas tres ventajas se les denomina externalidades marshallianas) y mayor tamaño de mercado, entre otros factores, que hacen que estas regiones más desarrolladas concentren cada vez más actividad económica. En un proceso de integración económica o de reducción de las barreras para el comercio e intercambio de bienes, como las regiones más desarrolladas tienen ventajas para la localización de la actividad económica por las economías de aglomeración, las regiones más ricas crecerán más que las pobres. Esto tendrá como resultado la divergencia en el nivel de renta de las regiones.

      Por otro lado, los estudios regionales que aplican la teoría neoclásica de comercio internacional, consideran que cuando se genera un proceso de integración económica las regiones se especializan siguiendo las ventajas comparativas y, las más pobres, con niveles salariales más bajos, se especializarán en productos o bienes intensivos en trabajo, por lo que atraerán capital y elevarán su nivel de renta per cápita, como consecuencia no habría obstáculos para el crecimiento económico de las regiones más pobres, sino al contrario, se produciría un acercamiento o convergencia en el nivel de renta per cápita entre las regiones.

      A continuación se describe cuál ha sido la trayectoria de las regiones españolas con respecto a Europa a lo largo de este período de integración en la UE. Como se puede observar en el cuadro 8.20, todas las regiones se han acercado a la media Europea, por tanto, han convergido respecto a Europa (15 países), por lo que las tasas de crecimiento respecto a la media europea son positivas. Todas las regiones españolas tenían en 1977 niveles de renta per cápita por debajo de la media europea (100), aunque la Comunidad de Madrid sería la región más próxima (97,37). En cambio en 2002 hay varias regiones con niveles por encima de la media. Además de la Comunidad de Madrid (con 104,54), aparecían el País Vasco (con 104,21), Cataluña (103,24) y Navarra (102,34), y muy cerca de la media estaban La Rioja (99,98) y Aragón (99,06).

      En cambio hay algunas regiones que estaban todavía muy alejadas de la media Europea en 2002, como Andalucía (64,93), Extremadura (67,79) y la Región de Murcia (69,85). A pesar de ello, Extremadura ha experimentado una destacada mejoría respecto a la situación de 1977 (55,21). En el cuadro 8.20 también se puede ver cómo entre las regiones que más ha crecido su renta per cápita respecto a la media europea (sin considerar Ceuta y Melilla por su reducido tamaño) destacan, además de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Galicia y Navarra.

      La comparación más correcta sería con las regiones equivalentes (en unidad administrativa y tamaño) de los países europeos, NUTS II, siguiendo la clasificación del Eurostat (oficina que elabora las estadísticas europeas), que coincide con las Comunidades Autónomas. En la comparación con las regiones europeas de la Europa ampliada con 27 países, la Comunidad de Madrid figura en el lugar 44 del ránking por PIB per cápita de las 266 regiones de Europa (27), Navarra (con el puesto 56 en el ránking), Cataluña (con el puesto 73) e Islas Baleares (con el puesto 76) están entre las 100 primeras. Por otro lado, Extremadura y Andalucía se encontrarían respectivamente en el puesto 215 y 203 del ránking por PIB per cápita regional.

CUADRO 8.20. Convergencia con Europa (PIB por habitante) (Europa 15=100)

Nota: PIB a precios de mercado en ptas. corrientes.

Fuente: Valle Sánchez (2003).

      Las regiones españolas más pobres no han salido perjudicadas por la incorporación en el mercado común de la UE. Como se mostró anteriormente, la convergencia y la desigualdad interna de las regiones españolas había disminuido o permanecía estable en los últimos años del período. Sin embargo, como se comenta a continuación, en la evolución de la renta per cápita regional ha sido importante la política estructural de cohesión interna o regional de la UE.

      La UE ha tenido impacto en la evolución del PIB per cápita regional a través de los fondos estructurales que tienen como finalidad la reducción de las disparidades regionales, entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las menos favorecidas, incluidas las zonas rurales. Como se ha explicado en el capítulo 5, en el Acta Única Europea (1987) y en el Tratado de Maastricht (1993) se menciona la cohesión económica y social como uno de los objetivos. Los fondos estructurales dedicados a este objetivo son los denominados tradicionales (creados en 1979), y modificados en 1988, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola sección orientación (FEOGA-O) y, posteriormente, se añade en 1993 el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) y el Fondo de Cohesión.

      Una parte de los objetivos de estos fondos tiene un carácter regional, como los objetivos 1, 2 y 5b cuyas medidas son respectivamente fomentar el de -sarrollo y el ajuste estructural en las regiones menos desarrolladas, reconvertir las regiones, regiones fronterizas o zonas de las regiones gravemente afectadas por el declive industrial, y fomentar el desarrollo de las zonas rurales. El resto de los objetivos, 3, 4 y 5a, tienen como finalidad combatir el paro de larga duración, facilitar la inserción profesional de los jóvenes y adaptar las estructuras de producción, transformación y comercialización en la agricultura y silvicultura, y por tanto que afectan a todo el país. A los que se añaden, como consecuencia de la reforma de 1993, con la finalidad de mejorar la eficiencia de las medidas, algunos nuevos propósitos como, dentro del objetivo 3, la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Y se añade también un nuevo objetivo regional, el 6, el desarrollo y ajuste estructural de las regiones con muy baja densidad de población.

      En el objetivo 1 se incluyen las regiones que tienen un PIB per cápita inferior a la media europea (NUTS II), del 75%. Las regiones que forman parte del objetivo 2 lo son con relación a tres criterios (NUTS III o más peque ñas): una tasa de desempleo superior a la media comunitaria, un porcentaje de empleo industrial superior a la media comunitaria y una disminución de este empleo industrial. En el objetivo 5b, las zonas rurales con bajo nivel de desarrollo socioeconómico, elevado índice de empleo agrícola y bajo nivel de renta agraria. En el caso de los Fondos de Cohesión, se dirigen a los países de la UE que tienen una renta per cápita inferior al 90% de la media de la Unión.

      Aunque España fue la principal perceptora de los fondos, con el 22,6% entre 1989-1993 y el 26% en 1994-1999, no lo fue en términos de PIB. Los fondos recibidos suponen el 0,7% del PIB en el primer período y el 1,5% en el segundo período, considerado más bajo en comparación con otros países con menores niveles de renta per cápita como Irlanda, Grecia y Portugal. Pero, sin embargo, los fondos fueron destacados con relación al PIB de las regiones que forman parte del objetivo 1; de este modo, en el segundo perío -do (1994-1999) suponían el 3% de la renta de estas regiones.

      Se han realizado varias estimaciones, considerando diferentes metodologías, de cuál ha sido el impacto de estos fondos en el crecimiento económico español. Como se ha comentado en el capítulo 5, de la estimación realizada por Sosvilla-Rivero (2007) se obtiene que el PIB español ha sido un 1,75% más elevado como media cada año en el período 1989-1993 del que hubiera sido si no se hubieran recibido los fondos, y en el período 1994-1999 ha sido un 3,3% más elevado como media cada año. Los fondos han contribuido a la convergencia en renta per cápita de España con los países de la UE, con un tercio del aumento, es decir, según los cálculos de este autor, contribuyen en 3,5 puntos de los 9,2 que considera de acercamiento de la renta española a la de la media europea.

      ¿Qué impacto tuvieron estos fondos en las Comunidades Autónomas españolas? Las investigaciones realizadas obtienen como resultado que han influido positivamente en el crecimiento medio de la renta per cápita de las regiones. Esta influencia se produce a través del aumento de las infraestructuras, el capital humano (gasto en formación), los recursos productivos estratégicos, así como el estímulo a la actividad empresarial que han podido conseguir las Comunidades Autónomas receptoras.

      María-Dolores y García Solanes (2002) calculan el impacto en términos de convergencia, o de acercamiento, de la renta per cápita de las regiones españolas y estiman que desde 1987, año en el que comienzan a recibirse los fondos, hasta 1997, el FEDER ha aumentado la tasa anual de convergencia en un 0,70%, el FSE en un 0,12% y el FEOGA-Orientación en un 0,94%, habiendo sido la tasa de convergencia o velocidad de convergencia por ellos calculada durante el período 1987-1997, del 1,71% (otros trabajos obtienen una tasa de alrededor del 2%). Esta tasa de convergencia es la velocidad o la tasa de crecimiento a la que se acerca, como media, la renta de las regiones más pobres a la renta de las más ricas. Una tasa de convergencia del 1,7% significa que las regiones más pobres alcanzarían el nivel de renta per cápita de las más ricas, si se mantienen las mismas condiciones iniciales, como media en 41 años, por lo que se trata, a pesar de todo, de un proceso relativamente lento de convergencia.

      De la Fuente (2003) considera que el impacto macroeconómico de los fondos estructurales ha sido considerable. En concreto, los Marcos de Apoyo Comunitario (MAC), a partir de los cuales se establecen las actuaciones de política estructural comunitaria del período 1994-1999, han aportado casi un punto (1%) anual a la tasa de crecimiento de las regiones receptoras de estos fondos y aproximadamente de medio punto (0,5%) al crecimiento del producto agregado español. De los cuales, 2/3 son consecuencia directa de los fondos recibidos de la UE y 1/3 de las inversiones complementarias que hace la administración pública como consecuencia de estas ayudas. Del mismo modo, también estima que 2/3 del acercamiento o convergencia de la renta española al promedio de la UE durante el período 1993-2000 se debe a los fondos estructurales, los cuales también han reducido a la mitad el aumento de la diferencia de la renta entre las regiones más ricas y más pobres durante el mismo período.

      Existe un debate económico sobre si deben existir fondos estructurales de compensación o de contribución a la reducción de los desequilibrios regionales. Las razones del debate se deben a dos motivos, por un lado, a la diferente concepción teórica de cuáles son los efectos de una integración económica en el crecimiento económico de las regiones. Los que consideran que existen economías de aglomeración y por tanto rendimientos crecientes, piensan que como la integración beneficia más a las regiones más ricas, la UE debe hacer una política compensatoria de distribución de rentas. En cambio, los que sostienen que la integración favorece el crecimiento de las regiones más pobres no serían tan partidarios de esta política distributiva de rentas; aunque tal vez estos fondos puedan hacer más rápida la convergencia de la renta per cápita.

      El otro motivo es que los fondos estructurales tienen un coste de oportunidad en términos de la eficiencia en la asignación de los recursos en la economía. Si las inversiones o fondos hubieran ido a las regiones más competitivas (productivas), como en éstas la rentabilidad de la inversión hubiese sido más alta, se habría acelerado la convergencia o acercamiento de España a los niveles de renta de la UE en un 1/3 durante el período analizado por De la Fuente, 1993-2000. Pero si se consideran importantes los resultados que se obtendrían en términos de disparidades regionales y por tanto en la desigualdad, este autor estima que el diferencial de renta entre las regiones más ricas y más pobres se hubiera multiplicado por 3 como consecuencia de que la asignación de las inversiones se hubiese hecho siguiendo los criterios de rentabilidad y por tanto eficiencia. De la Fuente cree que la pérdida de las ayudas comunitarias como consecuencia de la ampliación a los nuevos países miembros (27) con niveles de renta menores que España y por tanto la reducción de las regiones españolas pertenecientes al objetivo 1, tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía española y sobre la cohesión territorial.

8.6. El impacto de las Autonomías: la descentralización de la Administración pública

A partir de 1978, el Estado de las Autonomías supuso la transferencia, aunque con distintas velocidades, entre las regiones (vías rápida y lenta), de competencias desde el Gobierno Central al Autonómico. A pesar del avance que se ha realizado en la transmisión de estas competencias, la financiación de las Autonomías es todavía mejorable. Por un lado, hay problemas de inercias en la configuración inicial de la financiación autonómica. Las regiones que tenían niveles de financiación por habitante por encima de la media al inicio del período siguen teniéndolos al final (1986-1996), aunque las disparidades se han reducido a lo largo del mismo, sobre todo en las regiones sujetas al régimen común de financiación en relación con las del régimen foral (que tienen más financiación por habitante, y no han convergido con las demás en la financiación por habitante). Estas diferencias no responden a criterios como el coste de la provisión de estos servicios. El sistema de financiación autonómica, por tanto, hace que no se asegure una igualdad de recursos por habitante entre las distintas administraciones autonómicas y locales a igualdad de competencias y obligaciones tributarias.

      Por otro lado, la mayor parte de estos ingresos que reciben las Autonomías provienen de los impuestos recaudados por el Estado con relación a los impuestos que han sido recaudados por éstas, sobre todo en el caso de las que están en el régimen común. Como consecuencia de ello, las Autonomías tienen un grado limitado de autonomía fiscal; ésta se define como el cociente entre los recursos que se generan y se recaudan en la propia comunidad en relación a la financiación total, la propia, obtenida por los impuestos transferidos, y la que se recibe del Estado a través de la territorialización del IRPF, y este cociente es de alrededor, pues ha aumentado en los últimos años, de un 30% (en cambio del 90% en las comunidades forales). Por tanto, las Autonomías intervienen en una parte reducida de los ingresos fiscales que reciben para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos, sin embargo, controlan una parte destacada (1/4) del gasto público total nacional. Lo cual produce el siguiente problema, al no tener el coste político de aumentar la recaudación de los impuestos mediante el aumento de la presión fiscal, tienen incentivos a la expansión desproporcionada del gasto público autonómico (De la Fuente y Vives, 2003).

      El sector público a través de la recaudación tributaria ha realizado una transferencia neta de renta que se ha dirigido desde las regiones más ricas a las más pobres. Entre las primeras figuran principalmente la Comunidad de Madrid y Cataluña y entre las segundas Extremadura, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. La contribución del sector público en la reducción de las diferencias regionales en renta per cápita ha sido la de reducir en aproximadamente un tercio estas diferencias.

      Los gobiernos autonómicos o regionales gestionan el 25% del gasto público total, de éste una parte va a la inversión en equipamientos sociales (60%) y otra a infraestructuras (40%). Sin embargo en la distribución del gasto territorializable, como son las ayudas a vivienda, transporte, educación, sanidad y servicios sociales existen diferencias apreciables entre regiones con niveles similares de renta. En general las Comunidades Autónomas destinan una parte de los gastos a los servicios básicos, pero hay diferencias en cuanto al destino del resto de los gastos. Entre ellas se puede mencionar que las regiones más ricas tienden a gastar menos en sanidad y educación y más en inversión productiva y regulación de servicios económicos (subvenciones). Las regiones que tienen más jóvenes y personas mayores en la población total gastan más en prestaciones sociales y, en cambio, menos de lo esperado en educación y sanidad (De la Fuente y Vives, 2003).

      La inversión pública en infraestructuras ha tenido un efecto favorable en el acercamiento de los niveles de renta per cápita en el período de comienzo de las Autonomías que sin embargo no se había producido en el período anterior con una administración centralizada, cuando el aumento de la inversión en infraestructuras fue mayor en las regiones más ricas. Por lo que la aparición del sistema autonómico ha coincidido con un efecto distributivo de la inversión en infraestructuras. En este cambio también han influido, como se ha explicado en el apartado anterior, las políticas regionales de la UE que han redistribuido recursos hacia las regiones más pobres.

8.7. Conclusiones

Las principales conclusiones del estudio de la evolución y el crecimiento de las regiones españolas son que éstas han convergido o se han acercado a los niveles de renta per cápita desde 1955 a 1979, pero este acercamiento se ha interrumpido a partir de 1979. Sin embargo no se ha producido convergencia en el VAB o PIB entre las regiones. Los factores que explican la convergencia en el nivel de PIB per cápita son el importante proceso de migraciones internas, que ha hecho disminuir la población en las regiones más pobres y aumentarla en las más ricas, y la homogeneización de las estructuras productivas entre las regiones, por la pérdida de peso de la agricultura en favor de la industria y los servicios. La interrupción a partir de 1979 se debe al cese de las emigraciones internas, a que la homogeneización no ha sido completa y por tanto siguen existiendo diferencias en las estructuras productivas regionales, y a la mayor destrucción de empleo de las regiones en las que la agricultura tenía más peso. En cambio la productividad por trabajador ocupado ha seguido convergiendo hasta 1993 como consecuencia de la continuación de la convergencia de las estructuras productivas regionales. Los cambios en la distribución de la población han sido muy destacados, pues se ha pasado de una etapa de fuertes migraciones internas a otra de interrupción de las migraciones. Pero al mismo tiempo, las regiones con mayor densidad de población la han seguido aumentando todavía más en el período 1975-2000.

      El estudio de las fuentes del crecimiento de las regiones permite analizar las posibilidades de crecimiento de las regiones españolas, y por tanto las razones de la evolución anterior en el nivel de renta per cápita. Las regiones han mejorado la dotación de factores productivos, aunque esta mejora ha sido mayor en unas que en otras. La acumulación del capital físico privado ha sido mayor en las regiones de mayor crecimiento. El capital público y el privado han sido complementarios en las regiones de mayor crecimiento y el capital público ha tenido un efecto compensador de la inversión privada en las regiones de menor crecimiento. Las regiones también han mejorado a lo largo del período la acumulación de capital humano, mejorando además la posición relativa de las que se encontraban peor dotadas, aunque siguen siendo las mismas regiones las que cuentan con una mayor proporción de población activa y trabajadores cualificados. Del mismo modo, las regiones han aumentado la importancia del gasto en I+D con relación al PIB, pero existen grandes diferencias regionales. En general las regiones con una mayor dotación de capital privado, público y humano y que tienen un mayor de -sarrollo tecnológico han tenido niveles más altos de productividad por trabajador, y por tanto también de renta y renta per cápita.

      ¿Cuál ha sido la desigualdad en la distribución de la renta de las regiones y cómo ha evolucionado? En general, las regiones más ricas han tenido una mayor igualdad que las más pobres. La desigualdad personal de la renta entre las regiones, que es la menos importante, y dentro de las regiones, que es la más importante, han disminuido, sobre todo en la década de los ochenta, y se han mantenido en la década de los noventa. Por lo que la mayoría de las regiones se han beneficiado del crecimiento económico de este período.

      ¿Qué efecto ha tenido la integración en la UE en las regiones españolas? Han mejorado el nivel de renta per cápita en relación a la UE a lo largo del período. En este resultado ha influido también el impacto positivo de los fondos estructurales provenientes de la política de cohesión regional de la UE, que ha contribuido a la convergencia del nivel de renta entre las regiones españolas y de la economía española con la UE.

      Por último, el desarrollo de las Autonomías, con la descentralización de la Administración pública, ha tenido un destacado avance en el período que ha permitido, por ejemplo, aumentar las infraestructuras de todas las regiones; pero falta mejorar el sistema de financiación y la distribución del gasto que gestionan las Comunidades Autónomas; pues existen diferencias en la financiación por habitante y en la distribución del gasto territorializable entre regiones con niveles similares de renta.

Bibliografía

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Valle Sánchez, Victorio (2003): “El desarrollo de la España de las autonomías: una perspectiva económica”. ICE, 811:133-151.

Conclusiones. España ante la globalización: los nuevos retos

En el último cuarto del siglo XX (1975-2000) la economía española experimentó cambios cruciales. En este período aumentó el nivel de desarrollo, me -joró la distribución de la renta, se construyó el Estado de bienestar y se incorporó plenamente a la Unión Europea. Estos logros han permitido que España se acerque al nivel de vida de sus socios europeos, aunque todavía existen limitaciones que impiden que la convergencia sea completa. El objetivo de este libro ha sido analizar los logros y transformaciones de la economía española en este período, los factores que han limitado la consecución de mayores niveles de renta per cápita y los retos a los que se tiene que enfrentar en un futuro inmediato.

      Tras una década de fuerte crecimiento, la crisis internacional de principios de los años setenta afectó con especial gravedad a España. Se produjo una caída en las tasas de crecimiento y fuertes desequilibrios macroeconómi -cos que interrumpieron el proceso de convergencia con Europa iniciado en la década anterior. La respuesta a la crisis se complicó al coincidir con la transición de la dictadura de Franco a la democracia. Sin embargo, en la década de los ochenta se inició un cambio de tendencia y España tuvo una larga etapa de crecimiento que se prolongó hasta más allá del año 2000.

      Esta evolución de la economía española no hubiera sido posible si previamente no se hubiera conseguido la estabilidad política e institucional, imprescindible para garantizar el crecimiento económico sostenido y la estabilidad macroeconómica. Los años de la crisis y cómo se enfrentó España a la misma son un buen ejemplo de la importancia de la estabilidad política e institucional para una economía. Tras la muerte de Franco, la incertidumbre sobre el rumbo político que iba a tomar España y la debilidad de los últimos gobiernos de la dictadura y los primeros de la democracia dificultaron el proceso de toma de decisiones y la adopción de medidas enérgicas para luchar contra la crisis. Solamente cuando se alcanzó un acuerdo entre las diversas fuerzas sociales y políticas en 1977 con la firma de los Pactos de la Moncloa se consiguió el clima de consenso que permitió hacer frente a los principales desequilibrios macroeconómicos de la economía española, especialmente la inflación y el desequilibrio externo. Sin embargo, los elevados costes sociales asociados a las políticas de ajuste y a las reformas necesarias para salir de la crisis y modernizar la economía dificultaron su implementación. Sólo el proceso de consolidación de la democracia permitió que España pudiera adoptar medidas de gran calado e impacto económico y social como los procesos de reconversión y de reestructuración productiva, y más tarde, la reforma del mercado laboral, que aunque a corto plazo tuvieron un coste importante, no sólo en términos monetarios sino también de empleo, a largo plazo mejoraron los niveles de competitividad y eficiencia de la economía.

      Entre 1975 y 2000 España alcanzó importantes logros económicos: mejoró el nivel de desarrollo, multiplicó la renta per cápita casi por dos y de ese modo se acercó a los niveles de renta de sus socios europeos, aunque todavía sea necesario acortar distancias. Lo relevante, además, es que estos avances en términos de crecimiento han beneficiado a la mayoría de la población, como lo muestra la mejora en la distribución de la renta. Sin duda esta redistribución se ha logrado gracias a la intervención del Estado en la economía y, en concreto, a la implantación del Estado de bienestar, un signo claro de la modernización de la economía española y otro de los importantes logros del período. La influencia del Estado de bienestar en la distribución de la renta se ha producido a través de dos vías. La primera es el suministro de determinados servicios básicos tales como la educación o la sanidad y la segunda, mediante las transferencias de renta a las personas con menores ingresos a través de las prestaciones sociales (seguros de desempleo, ayudas sociales, etc.). Además se ha conseguido que no sigan aumentando las desigualdades regionales en términos de renta per cápita e incluso en los años ochenta se logró una mejora en la distribución de la renta entre regiones y dentro de las regiones, manteniéndose estable en los años noventa. Por tanto, la mayor parte de las regiones se ha beneficiado del crecimiento económico.

      El progreso en el nivel de desarrollo y la distribución de la renta ha estado vinculado a otro importante logro de la economía española: la entrada en la Unión Europea (UE). A través de la integración de España en Europa se liberalizaron los mercados y aumentó el nivel de competencia, lo que afectó al patrón de comercio y a la entrada de inversión exterior. Además, España recibió una gran cantidad de fondos procedentes de la UE que aceleraron el proceso de convergencia y mejoraron la distribución de la renta entre las regiones. Finalmente, el proceso de integración en la UE, a través de la necesaria coordinación de las políticas económicas, obligó a la economía española a corregir los graves desequilibrios que venía arrastrando desde la crisis alcanzando una mayor estabilidad macroeconómica.

      Estos logros han ido acompañados de diversas transformaciones que son resultado del proceso de modernización de la economía y de las que destacaremos dos: el cambio demográfico y el proceso de terciarización de la economía. Con respecto a la primera cuestión, en este período se ha producido la finalización del proceso de transición demográfica. Mientras que en 1975 España tenía tasas de natalidad relativamente altas de casi el 19‰, ha acabado el siglo con una tasa que no llega al 10‰. Además, la mejora en los niveles de vida ha hecho que España se convierta en uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida al nacer. La combinación de bajas tasas de natalidad y de mortalidad ha provocado el lento crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población española.

      La segunda transformación ha sido el proceso de terciarización de la economía. Mientras que en 1975 España era un país de reciente industrialización, en el que casi el 22% de la población ocupada trabajaba todavía en el sector agrario, en el año 2000 este porcentaje era de tan sólo el 6,8%, convirtiéndose el sector servicios en mayoritario (con un 62% de la población ocupada en el año 2000), seguido por la industria (con el 20% de la población ocupada) y la construcción (con el 11% de la población ocupada). España, por tanto, se ha convertido en una economía de servicios.

      ¿Cómo se han conseguido estos logros? Mediante las políticas de estabilización, las reformas estructurales y la liberalización de los mercados. Las políticas de ajuste o estabilizadoras tuvieron como finalidad la eliminación de los desequilibrios macroeconómicos de la economía española (déficit público, déficit exterior, paro e inflación) que impedían la consecución del crecimiento económico. Las políticas comenzaron con los Pactos de la Moncloa en 1977, continuaron con las seguidas para la entrada en la UE (1986), en el Sistema Monetario Europeo (1989) y para conseguir los criterios macroeconómicos de inflación, déficit público, deuda pública, tipos de interés, estabilidad del tipo de cambio, etc., acordados en Maastricht (1993), con el objetivo de entrar en la Unión Monetaria Europea (UME) en 1999 y establecer la moneda común europea, el euro. La integración en la economía internacional mediante la entrada en la UE sirvió entonces para apoyar y realizar una parte importante de las políticas estabilizadoras.

      Entre las principales reformas estructurales que se tuvieron que llevar a cabo para conseguir los anteriores objetivos macroeconómicos estaban la reforma fiscal y la autonomía del Banco de España. La reforma tributaria de 1977 introdujo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y posteriormente se estableció el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que simplificaba los impuestos indirectos existentes. La reforma fiscal permitió el establecimiento del Estado de bienestar que, a diferencia de lo que sucedía en el resto de países, todavía no se había instaurado en España. La autonomía del Banco de España era precisa para la realización de la política monetaria independiente de las necesidades de financiación del Estado y que, en cambio, tuviera como objetivo el control de la inflación (Ley de Autonomía del Banco de España de 1994). Otras importantes reformas fueron la reconversión industrial y el saneamiento bancario que se llevaron a cabo durante la década de los años ochenta del siglo XX con la finalidad de modernizar y adaptar la estructura industrial a las nuevas condiciones económicas y sanear y liberalizar el sistema financiero para mejorar su eficiencia.

      La liberalización de los mercados de bienes, servicios y factores fue necesaria para obtener una mayor flexibilidad en el ajuste y para la integración en los mercados internacionales, especialmente en la UE. El mercado de trabajo era muy rígido; los contratos eran indefinidos y no existía el despido. Esta situación desincentivaba la contratación por la dificultad que tenían las empresas para ajustarse a las condiciones económicas. La liberalización del mercado de trabajo comenzó en 1984 con los contratos temporales; en 1994, tras su fuerte aumento, se introdujeron incentivos para el paso de contratos temporales a fijos; y en 1997, siguiendo con el objetivo de disminuir la temporalidad, se redujeron además los costes del despido.

      La liberalización del mercado de capitales se inició en 1992. Hasta ese momento todos los países establecían controles a los movimientos de capitales. La liberalización coincidió con la entrada de la peseta en 1989 en el Sistema Monetario Europeo (SME), lo que significó que el tipo de cambio era fijo pero ajustable, es decir, tenía que fluctuar dentro de una banda establecida por el SME. La dificultad en mantenerse en dicha banda de fluctuación obligó a realizar varias devaluaciones que supusieron importantes costes para la economía española, si bien a corto plazo permitía reducir el déficit exterior. En 1999 nació el euro como divisa internacional que cotiza en los mercados internacionales, siendo su tipo de cambio a partir de entonces flotante y, en 2002 definitivamente sustituyó a la peseta como moneda de uso corriente.

      La entrada en la UE además obligó a la liberalización y, por tanto, al aumento de la competencia en los mercados de bienes y de servicios. Esta liberalización afectó sobre todo a los servicios públicos como la energía, las comunicaciones y el transporte. En algunos de estos sectores existían empresas públicas suministradoras de estos servicios en régimen de monopolio o de oligopolio, por lo que la liberalización coincidió con la privatización de muchas de ellas y la apertura, aunque lenta y todavía limitada, a la competencia con la entrada de nuevas empresas nacionales o extranjeras.

      Aunque los logros mencionados son evidentes, persisten todavía problemas que limitan el crecimiento de la economía española y que impiden alcanzar el nivel de renta per cápita de los países avanzados de Europa y Estados Unidos. El principal problema es la diferencia de productividad. España ha mostrado dificultades para aumentar la productividad, que es menor que la de EE UU, el país líder en el cambio tecnológico de la revolución de los ordenadores e Internet, con los nuevos sectores de las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), y la de la Unión Europea (15).

      ¿Qué factores pueden estar detrás de estas dificultades para aumentar la productividad? El primero es la propia estructura económica. El peso de la industria ha sido decreciente, y aunque las industrias de contenido tecnológico medio han experimentado un aumento de su participación en la estructura industrial española, todavía las ramas industriales de contenido tecnológico alto representan un porcentaje reducido (entre el 6,5 y el 7% frente al 10% de media en Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia). Los servicios han ganado peso y este proceso de terciarización de la economía española ha tenido consecuencias importantes sobre la productividad, ya que algunos de ellos se caracterizan por ser intensivos en trabajo y por una lenta incorporación de progreso técnico. Como consecuencia de ello entre 1985 y 2000 el sector servicios tuvo una tasa de crecimiento de la productividad inferior a la de industria y la agricultura, y a la experimentada en los principales países de la Unión Europea. Además, el crecimiento económico en los últimos años ha sido dependiente de la evolución de la construcción, en la década de los ochenta y primera mitad de los noventa del siglo XX, con las infraestructuras y a partir de entonces con la inmobiliaria.

      Los otros factores que han limitado el crecimiento de la productividad han sido el menor nivel de educación de los trabajadores y de inversión en I+D. El nivel de productividad de una economía aumenta si lo hace su nivel de capitalización, es decir, si aumenta la inversión en infraestructuras y en maquinaria y bienes de equipo, si mejora la formación de los trabajadores y se incorporan nuevas tecnologías. En España la productividad ha sido menor que en los países avanzados en todos los sectores de la economía, y las mayores diferencias se encuentran en la dotación de capital humano y en la incorporación de nuevas tecnologías.

      Aunque las mejoras en términos de capital humano han sido innegables y superiores a las de cualquier otra etapa de la historia española, España muestra todavía destacadas diferencias en el nivel de educación de su población activa ocupada con relación a EE UU y a los países más avanzados de Europa. El promedio de escolarización por trabajador es todavía inferior al de estos países, el porcentaje de trabajadores con estudios secundarios posteriores a los obligatorios y con estudios universitarios se sitúa por debajo del de la Unión Europa y EE UU (mientras que en la Unión Europea es del 75,2%, y en EE UU del 87,3% en España es de sólo el 40,9%) y el gasto educativo con relación al PIB es más bajo (no llega al 5% del PIB mientras que la media a principios del sigo XXI para los países de la OCDE se situaba en el 6,3%).

      La inversión en nuevas tecnologías es menor y el gasto en I+D en España es inferior al de los países de la Unión Europea y al de EE UU (1% en España, frente al 1,9% de la Unión Europea y el 2,6% de Estados Unidos). En resumen, un importante esfuerzo tanto en educación como en I+D que consiga mejorar el nivel tecnológico permitirá aumentar los niveles de productividad de la economía española y con ello acercarse a los niveles de renta de los países más desarrollados (Europa y Estados Unidos).

      A finales del siglo XX la economía española se ha tenido que enfrentar a dos importantes desafíos: el proceso de globalización que comienza en la década de los años ochenta y noventa del siglo XX y el cambio tecnológico con las nuevas tecnologías derivadas de los ordenadores e Internet. Respecto a la globalización, se ha producido un aumento del comercio internacional como consecuencia principalmente de la reducción arancelaria, aunque también destacaría la reducción en los costes de transporte debido al desarrollo del transporte “intermodal” (buque, ferrocarril y carretera) gracias a las ventajas en el transporte de los contenedores. La apertura comercial ha permitido el aumento de las exportaciones, pero ha aumentado también la competencia en los sectores en los que los países menos desarrollados cuentan con ventajas comparativas, como son los de la producción de bienes intensivos en mano de obra. Además, el crecimiento de los países denominados “emergentes”, que está en parte relacionado con la apertura del comercio y de los flujos de capital, ha aumentado la demanda de petróleo, materias primas y alimentos, elevando así los precios de estos productos y los costes de producción.

      La globalización también ha afectado al mercado de trabajo. Se ha producido un aumento de los flujos migratorios y, por tanto, de la entrada de emigrantes procedentes de los países menos desarrollados a los más desarrollados, a pesar de la política restrictiva a la inmigración aplicada por estos últimos. La migración internacional ha supuesto una válvula de escape para los países de emisión, por el exceso de oferta de trabajo, y un aumento de la oferta de trabajadores en los países de destino. Otra característica de la globalización ha sido el aumento de los flujos de capital como consecuencia de la liberalización de la entrada de capitales. La movilidad internacional del capital permite mayor inversión de la que se podría realizar con el ahorro doméstico y, por tanto, repercute en el crecimiento económico. Además permite una mayor diversificación del capital, reduciendo el riesgo de las carteras, lo que favorece a los ahorradores. Pero también puede aumentar la vulnerabilidad, por la mayor facilidad en la transmisión de las crisis financieras, lo que puede hacerlas más frecuentes.

      En el caso de España el aumento del comercio, si bien ha sido una oportunidad para entrar en nuevos mercados internacionales, también ha elevado la competencia en los sectores intensivos en mano de obra en los que los países menos desarrollados tienen ventajas comparativas y en los que España tiene un peso relevante. Por lo que urge la necesidad de reorientar la especialización hacia productos de mayor valor añadido. En cuanto a las migraciones, España se ha convertido en un país de inmigración cuando antes lo era de emigración. Según los censos de población (INE), residían en España 5.220.600 extranjeros en 2008, los cuales representan el 11,3% de la población, a los que habría que añadir la inmigración ilegal. La atracción de emigrantes procedentes de los países menos desarrollados se ha producido como consecuencia del crecimiento económico y la demanda de mano de obra por el envejecimiento demográfico. El aumento de la emigración ha cambiado las características del mercado de trabajo, pues ha significado el mantenimiento o la reducción relativa de los salarios de los trabajadores menos cualificados, y la necesidad de hacer frente a su integración (educación y sanidad). Por último, con relación a la liberalización del mercado de capitales, España, con la entrada de capitales exteriores, ha podido disminuir los tipos de interés y con ello facilitar la inversión, por su mucho menor coste con relación a los altos tipos de interés del pasado, y al mismo tiempo también ha podido internacionalizar algunas de sus empresas e invertir en el exterior.

      El cambio tecnológico de la década de los ochenta y noventa con las nuevas tecnologías de los ordenadores y de Internet supuso la aparición de nuevos sectores, los relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En España la importancia de estos sectores y el nivel tecnológico y de capital humano del resto es más bajo que en los países más desarrollados. Por lo que, como se ha mencionado, un importante reto de la economía española es aumentar la productividad a través de la mejora en los niveles de I+D y de capital humano.

      En este contexto de globalización España se encuentra ante el doble reto de afrontar la pérdida de competitividad frente a los países emergentes en las industrias intensivas en mano de obra y reducir la brecha tecnológica frente a los países más desarrollados. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008 han hecho reaparecer los desequilibrios macroeconómicos característicos de la economía española: déficit exterior, desempleo y déficit público.

      En lo que respecta a la balanza de pagos, la falta de competitividad de la economía española ha agudizado el déficit de la balanza comercial. Durante las últimas décadas, las entradas de capital habían permitido compensar los desequilibrios por cuenta corriente, pero el cese de los flujos de entrada como consecuencia de la crisis ha agravado el saldo negativo de la balanza por cuenta corriente. La situación se complica como consecuencia del elevado endeudamiento que se ha generado en la economía española durante la etapa de crecimiento y la obligación de devolver el capital prestado.

      La caída del sector de la construcción y la crisis de 2008 han provocado un rápido aumento del desempleo, que de hecho en pocos meses se ha situado entre las tasas más altas de la Unión Europea. En ese contexto, la inmigración, que permitió disponer de mano de obra abundante y barata, se convierte en un factor que agrava los problemas de desempleo. La dificultad a partir de ahora residirá en crear nuevos puestos de trabajo y en reasignar los excedentes de mano de obra hacia nuevos sectores y cualificaciones.

      Otra dificultad añadida son los problemas de aumento del déficit del Estado. La subida en las tasas de paro aumenta el gasto social de forma automática por el pago en prestaciones por desempleo y jubilaciones anticipadas asociadas a los planes de reestructuración de plantillas. Además, la adopción de medidas presupuestarias para luchar contra la crisis es otra importante fuente de gasto. De esta forma, el déficit público reaparece con fuerza tras unos años de presupuesto equilibrado e incluso superávit en las cuentas del Estado.

      A pesar de la virulencia con que la nueva crisis está sacudiendo a la economía española, las transformaciones que se han logrado en las tres últimas décadas la sitúan en un mejor escenario para afrontar los nuevos desafíos del que se encontraba al inicio del período democrático. Pero, tal y como se ha mostrado a lo largo de este libro, todavía existen importantes limitaciones en la economía española que hay que superar para conseguir salir de la nueva situación con éxito.

Bibliografía por capítulos

             Capítulo 1

El primer capítulo tiene como objetivo presentar una visión de largo plazo de los principales retos, avances y limitaciones de la economía española durante el período 1975-2000. Con esta finalidad se recomiendan los siguientes trabajos. Si se quiere una interpretación exhaustiva del período 1975-2000, en el manual de Carreras, A. y Tafunell, X. (2003), en Historia Económica de la España Contemporánea. Crítica. Barcelona se puede consultar dos capítulos dedicados al mismo. El primero, el capítulo 9, “La crisis económica y a transición política (1974-1985)”, trata de las consecuencias del shock del petróleo para la economía española, que era más dependiente del crudo con relación a las demás y que coincidió con la transición política. Además se explican las principales políticas de ajuste a la crisis, con los Pactos de la Moncloa, la necesidad de aumentar el gasto social, en qué consistió la crisis industrial y la crisis bancaria; y cuáles fueron las políticas de reconversión industrial y de saneamiento bancario. En el segundo, el capítulo 10, “La integración plena en la economía europea (1986-1998)”, se expone el proceso de negociación para la entrada de España en la CEE y las etapas de integración, y se explica el ciclo ascendente coincidente con la integración en la UE. También se describen los distintos efectos de la integración (real y nominal), así como la manera en que se realizaron las políticas de liberalización económica para la integración europea y las políticas económicas para la transición hacia la unión monetaria europea con el euro.

      Otro trabajo que puede ser útil para obtener una visión de conjunto de este período de la economía española es el de Luis Ángel Rojo, capítulo 11, del manual Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (dir.) (2002): Historia económica de España, siglos X-XX. Crítica. Barcelona, titulado, “La economía española en la democracia (1976-2000)”. En él se explica cómo la instauración de la democracia produjo un cambio de rumbo para la política, la sociedad y la economía españolas, aunque al mismo tiempo se tuvo que enfrentar a la crisis energética internacional con especiales consecuencias para la misma. A pesar de todo éste fue un período de grandes transformaciones cuyos avances se explican en el mismo. También se dedica especial atención a los resultados del período en términos de estabilidad económica y financiera mediante el análisis de las políticas fiscales y monetarias adoptadas y las implicaciones de la unión económica y monetaria.

      Si se quiere conocer con profundidad la evolución de largo plazo y las fases de crecimiento de la economía española y obtener los datos del PIB y sus componentes se puede consultar el libro de Prados de la Escosura, L. (2003): El progreso económico de España, 1850-2000, FBBVA. Madrid, una importante contribución estadística por la construcción del PIB desde 1850, su distribución por ramas de actividad, componentes del gasto, los deflactores de los mismos, etc.

      Por último, si se trata de estudiar los principales determinantes del crecimiento económico español en estos años, siguiendo un análisis de contabilidad, es recomendable por su claridad el trabajo de Boscá, J. E. y Doménech, R. (2008), “El crecimiento económico en España: 1960-2000”, en Sánchez, R. (coord.), El crecimiento económico: factores determinantes en España y otros países. Fundación Cajasol. Sevilla, 77-108.

             Capítulo 2

Este capítulo analiza la crisis económica que padeció la economía española en la segunda mitad de los años setenta del siglo XX. En la primera parte se estudia la crisis internacional que estalló a partir de 1973. La literatura sobre la crisis internacional de los setenta es muy abundante, si bien el libro de Barry Eichengreen (2007), The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond. Princenton University Press. Princenton, analiza la evolución económica desde finales de la Segunda Guerra Mundial y ofrece una interpretación muy amplia sobre los factores desencadenantes de la crisis internacional de los años setenta. Para el estudio concreto de la crisis del petróleo y del impacto de la misma puede consultarse el libro de Robert Mabro (ed.) (1986), OPEC and the World Oil Market. Oxford University Press. Oxford. Para entender la evolución de la economía española entre 1975 y 1985 hay que conocer no sólo los aspectos meramente económicos de esta etapa sino también los políticos. Como se señala en la introducción, la crisis coincidió con el proceso de transición política desde la dictadura de Franco al régimen democrático, lo que afectó no sólo a la magnitud de la misma sino también a las respuestas y medidas adoptadas para hacerle frente. Un estudio sobre el origen de los problemas de la economía española se encuentra en el capítulo de Enrique Fuentes Quintana (1993): “Tres decenios largos de la economía española en perspectiva”, en García Delgado, J. L. (dir.), España, Economía. Espasa Calpe. Madrid. Sin duda, el manual de Albert Carreras y Xavier Tafunell (2003), Historia Económica de la España Contemporánea. Crítica. Barcelona ofrece una perspectiva sobre las bases del crecimiento durante el franquismo, los principales desequilibrios de esta etapa y la crisis de los años setenta. Una buena sinopsis de los aspectos políticos de dichos años se encuentra en el libro de Charles Powell (2001), España en Democracia, 1975-2000. Espasa Calpe. Barcelona. Finalmente, el artículo de José María Serrano Sanz (1994): “Crisis económica y transición política”, en Redero San Román M. (ed.), La transición a la democracia en España. Ayer. Marcial Pons. Madrid, trata de combinar los aspectos políticos y económicos.

      El impacto de la crisis económica en España ha sido analizado desde muy diferentes ópticas. Para las cuestiones vinculadas a la política monetaria y la inflación cabe destacar el trabajo de Luis Ángel Rojo (2005), “El largo camino de la política monetaria española hacia el euro”. Información Comercial Española, 836: 73-84 o el de Ayuso, J. y Escrivá, J. L. (1997), “La evolución de la estrategia de control monetario en España”, en Servicio de Estudios del Banco de España, La política monetaria y la inflación en España. Alianza. Madrid. En relación con los aspectos laborales, la evolución de los salarios y del desempleo, el libro de Monreal Luque, A. (coord.) (1983): El coste social de la crisis económica española y las líneas básicas de una política de recuperación. Fundación Humanismo y Democracia. Madrid, ofrece abundante información cuantitativa y cualitativa. Si nos centramos en el problema del paro, podemos señalar a Luis Toharia (1987), “Las diferentes explicaciones del desempleo en España y sus consecuencias para la política de empleo”, en Fina, L. y Toharia, L., Las causas del paro en España. Un punto de vista estructural. Fundación IESA. Madrid 1987, pp. 69-101.

      Los aspectos de carácter sectorial, en particular el sector agrario, el sector industrial y el cambio tecnológico, el sector servicios o el sistema financiero, se analizan en el libro de José Luís García Delgado (dir.), Economía española de la transición y la democracia, 1973-1986. CIS. Madrid. Para el estudio del sector exterior y su contribución al desarrollo económico de España en este período puede consultarse el trabajo de José María Serrano Sanz (1997), “Sector exterior y desarrollo en la economía española contemporánea”. Papeles de Economía Española, 73: 308-335. Entre las aportaciones que realizan un análisis más profundo de la crisis industrial destacaríamos a Buesa, M. y Molero, J. (2000), “La industrialización en la segunda mitad del siglo XX”, en Velarde, J. (coord.), 1900-2000: Historia de un esfuerzo colectivo: cómo España superó el pesimismo y la pobreza. Vol. 1. pp. 681-736 y también el libro de Julio Segura (1989), La Industria Española en la Crisis, 1978-1984. Alianza. Madrid. Para la crisis bancaria, la principal investigación fue realizada por Álvaro Cuervo (1988), La crisis bancaria en España 1977-1985. Ariel. Madrid.

             Capítulo 3

La principal respuesta a la crisis de mediados de los años setenta fue la implementación de los Pactos de la Moncloa. Una visión general de los mismos puede encontrarse en Powell, Ch. (2001), España en Democracia, 1975-2000. Espasa Calpe. Barcelona o del mismo autor, Los Pactos de la Moncloa y la Argentina de hoy. Macchi. Buenos Aires. Barcelona. Para obtener una perspectiva general de los aspectos económicos ligados a los Pactos se puede consultar la abundante historiografía de Fuentes Quintana. Así por ejemplo, destacaríamos: (1993), “Tres decenios largos de la economía española en perspectiva”, en García Delgado, J. L., España. Economía. Espasa Calpe. Madrid o (2005), “De los Pactos de la Moncloa a la entrada en la Comunidad Económica Europea (1977-1986)”. Información Comercial Española, 826: 39-71.

      Los principales problemas asociados a la crisis fueron la inflación, el déficit público y el déficit exterior. Entre los instrumentos utilizados para luchar contra ellos destacaríamos la política presupuestaria, la política de rentas y la monetaria. Para un mejor conocimiento de la evolución de Hacienda en este período se puede consultar el libro de Comín, F. et al. (2002), Historia de la Hacienda en el siglo XX. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. Las políticas de rentas y las contrapartidas que en el terreno social estuvieron vinculadas a los Pactos se analizan en Roca, J. (1993), Pactos sociales y política de rentas: el debate internacional y la experiencia española (1977-1988). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. Finalmente, las cuestiones monetarias tanto en los años setenta como ochenta se encuentran en Ayuso, J. y Escrivá, J. L. (1997), “La evolución de la estrategia de control monetario en España”, en Servicio de Estudios del Banco de España, La política monetaria y la inflación en España. Alianza. Madrid. Una panorámica de la evolución del sector exterior en este período se puede obtener de Buisán, A. y Gordo, E. (1997), El sector exterior de España. Series de estudios Económicos del Banco de España, 60, Banco de España. Madrid.

      Para la etapa socialista, los aspectos políticos pueden consultarse en Santos Juliá (1999), Los socialistas en la política española, 1879-1982. Taurus. Madrid. Con respecto a los problemas económicos y las medidas adoptadas, las bases de la reforma fiscal se encuentran Fuentes Quintana. E. (dir.) (1990), La reforma fiscal y los problemas de la hacienda pública española. Civitas. Madrid. Los dos textos básicos para estudiar la política de reconversión son Navarro, M. (1989), Política de reconversión: balance crítico. EUDEMA. Madrid y Simón Fernández, B. (1997), Las subvenciones a la industria en España. Una aplicación a la teoría de los grupos de presión. Consejo Económico y Social. Madrid. Finalmente, una obra de inexcusable referencia sobre la crisis bancaria en España es la de Álvaro Cuervo (1988), La crisis bancaria en España 1977-1985. Ariel. Madrid.

             Capítulo 4

Aprovechando la celebración de los veinticinco años de la Constitución Española la revista Información Comercial Española publicó en diciembre de 2003 un monográfico con el título “25 años de Constitución: la economía española en el período constitucional”, que es una buena forma de iniciar las lecturas sobre el período 1986-2000. Es especialmente recomendable el artícu -lo de Guillermo de la Dehesa (2003), “Balance de la Economía Española en los últimos veinticinco años”. Información Comercial Española, 811: 53-79, que repasa la evolución económica utilizando como referencia la Unión Europea. Destacan asimismo las contribuciones de José Luís García Delgado, Victorio Valle o Luis Toharia.

      Una mayor profundidad en el análisis puede encontrarse en dos artículos de José Luis Malo de Molina publicados en la serie de documentos ocasionales del Banco de España. Son (2003), “Una visión macroeconómica de los veinticinco años de vigencia de la Constitución española”. Banco de España. Madrid, y (2005), “Una larga fase de expansión de la economía española”. Banco de España. Madrid. En ambos se ofrecen abundantes datos y análisis tanto de la evolución económica como de la política económica llevada a cabo. Un tercer nivel de análisis, más detallado, se puede encontrar en los informes anuales que publica el Banco de España y que pueden consultarse en su página web.

      En cuanto a las políticas económicas desarrolladas pueden citarse Carmen Díaz Roldán (2007), “La política monetaria en España: Evolución reciente e implicaciones macroeconómicas”, Información Comercial Española. 837: 21-30, en referencia a la política monetaria y de control de la inflación. En cuanto a la política presupuestaria la referencia sería el capítulo de Mulas, C., Onrubia, J. y Salinas, J. (2003), “La política presupuestaria en España (1978-2003)”, en Salinas, J. y Álvarez, S. (coord.) (2003), El gasto público en la democracia. Estudios en el XXV aniversario de la Constitución española de 1978”. Instituto de Estudios Fiscales.

      Para el análisis de los distintos sectores puede comenzarse con García Delgado, J. L. (dir.) (2005), Lecciones de Economía Española. Civitas. Madrid. Cuenta con una descripción de la evolución de la economía española desde distintos puntos de vista (sectorial, políticas económicas...) y resulta de utilidad para hacerse con una primera impresión.

      Un estudio más preciso de la evolución del sector agrario puede encontrarse en E. Reig y A. Picazo (2002), La agricultura española: crecimiento y productividad, IVIE-CAM, Alicante. Para el sector industrial puede consultarse el número 349-350 publicado en 2003 por la revista Economía Industrial, en concreto las aportaciones de Velasco, R. y Plaza, B. (2003), “La industria española en democracia, 1978-2003”, Economía Industrial. 349-350: 155-180, y de Myro, R. y Álvarez, M. E. (2003), “Integración Europea y especialización de la industria española”, Economía Industrial. 349-350: 155-180. Es también muy útil la recopilación de datos estadísticos sobre la industria española de Guerediaga, M.ª (2003), “Datos básicos de la industria española en el período 1978-2003: principales magnitudes en el sector”, Economía Industrial. 349-350: 265-282.

      Una primera aproximación al heterogéneo sector servicios puede encontrarse en Cuadrado, J. R. (2003), “Expansión y dinamismo del sector servicios”. Información Comercial Española. 811: 273-296.

      Algunos aspectos relevantes que también merece la pena destacar son la internacionalización de la economía española, que puede encontrarse en el artículo de Guillén, M. (2004), “La internacionalización de las empresas españolas”, Información Comercial Española. 812: 211-224. Respecto al comportamiento comparado de la productividad merece la pena consultar Maroto, L. y Cuadrado, J. R. (2008), “Evolución de la productividad en España. Un análisis sectorial, 1980-2006”. Economía Industrial. 367: 15-34.

             Capítulo 5

El análisis de las relaciones de España con la Unión Europea desde el momento de la adhesión, ha atraído mucha atención como consecuencia de la relevancia de sus efectos sobre la economía. Una primera aproximación sobre lo que es la Unión y sus políticas y las relaciones con la economía española puede hallarse en Jordán Galduf, J. M. (2003), Economía de la Unión Europea. Civitas. Madrid. Un detallado análisis del proceso de adhesión en Badosa, J. (2005), “La adhesión de España a la CEE”. Información Comercial Española. 826: 99-114.

      Una primera aproximación a las consecuencias sobre el conjunto de la economía española se encuentra en Jordán Galduf, J. M. (2003), “Balance de la integración de España en la Unión Europea”. Información Comercial Española. 811: 113-132. Para encontrar un análisis más detallado y preciso el lector debería referirse al libro Martín, C. (1997), España en la nueva Europa. Alianza: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas. Madrid.

      Dos aspectos han atraído gran atención: el efecto de las políticas europeas sobre el sector agrario, la Política Agraria Comunitaria (PAC), y las transformaciones provocadas por los fondos europeos de cohesión. Respecto al primer caso puede consultarse, además del capítulo sobre agricultura del libro coordinado por José Luís García Delgado, Lecciones de Economía Española, el artículo publicado de Lamo de Espinosa, J. (2003), “La agricultura entre la PAC y la política alimentaria”, Papeles de Economía Española. 96: 72-78 ó el capítulo de Colino, J. (1996), “El impacto de la integración sobre la agricultura española” en Velarde, J., García Delgado, J. L. y Pedreño, A. (1996) España en la Unión Europea. Balance de un decenio. Civitas. Madrid.

      En cuanto a los efectos de los fondos europeos, puede encontrarse un análisis de su volumen y su evolución en Correa, M. D. y Manzanedo, J. (2002), “Política regional española y europea”. Documento de Trabajo SGFCC-2002-05. Dirección General de Presupuestos. Ministerio de Hacienda. Madrid. Un intento de calcular las repercusiones de los fondos europeos sobre la economía española se encuentra en Sosvilla-Rivero, S. (2007), “La economía española y la política de cohesión europea”. Información Comercial Española. 837: 211-230.

      En relación con las opiniones y las alternativas frente a la construcción europea, puede consultarse el libro de Muns, J. (1997), España y el euro: riesgos y oportunidades. Colección Estudios e Informes. La Caixa. Madrid, y en concreto el capítulo escrito por Manuel Conthe, titulado “España y el euro”.

             Capítulo 6

En este capítulo se realiza un breve repaso a la evolución del Estado de bienestar en España desde la instauración de la democracia. El libro de Francisco Comín (1996), Historia de la Hacienda Pública (II). España (1808-1995). Crítica (Grijalbo-Mondadori). Barcelona ofrece una detallada aproximación histórica a diversos aspectos relacionados con la expansión del Estado de bienestar. Las causas de la tardía expansión del gasto del Estado y del proceso de modernización fiscal se abordan con mucho detalle en este libro. También se puede encontrar un amplio recorrido histórico por el sistema de la Seguridad Social desde sus orígenes hasta su dimensión y problemática actual. El libro de Sebastià Sarasa y Luis Moreno (1995), El Estado del Bienestar en la Europa del Sur. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid permite situar los logros alcanzados por el Estado de bienestar español en una perspectiva comparada con la situación de otros países europeos. En este libro se analiza la dimensión de los distintos modelos de Estado de bienestar desarrollados en Europa y se cuestiona si existe un modelo propio para los países mediterráneos.

      Los aspectos relativos a las prestaciones sociales, su cobertura y financiación, se pueden consultar tanto en el libro arriba mencionado de Francis -co Comín (1996), como en el de José Barea y José Manuel González-Páramo (1996): Pensiones y prestaciones por desempleo. Fundación BBVA. Bilbao. La eficiencia en la provisión de servicios públicos, entre ellos la sanidad y la educación, es tratada por distintos autores en el número 95 de Papeles de Economía, titulado “Sector público y eficiencia”. En el número 86 de esa misma publicación, “Capital humano y bienestar económico” se pueden encontrar diversas reflexiones en torno al avance y resultados del sistema educativo español durante las tres últimas décadas.

      En cuanto a las fuentes estadísticas sobre la evolución y cambios en el sistema impositivo español, o sobre la composición del gasto del sector público, se dispone de la amplia recopilación de series históricas realizada por Francisco Comín y Daniel Díaz que aparece recogida en Albert Carreras y Xavier Tafunell (2005), Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX y XX, capítulo 12: 873-964. Fundación BBVA. Bilbao, titulado “Sector público administrativo y estado del bienestar”. En el capítulo 3: 155-244 de esta misma publicación, titulado “Educación”, Clara Eugenia Núñez realiza una recopilación de estadísticas históricas sobre la evolución de la educación en España.

             Capítulo 7

En este capítulo se realiza un balance de la evolución del proceso de privatización de empresas públicas en España y del proceso paralelo de desregulación de algunos mercados de bienes y de factores. El capítulo comienza con una breve introducción histórica a la consolidación de la empresa pública en España, que se puede ampliar consultando el trabajo de Francisco Comín (1995), “La empresa pública en la España contemporánea: Formas históricas de organización y gestión (1770-1995)”, Documento de trabajo N. 9505. Programa de Historia Económica. Fundación Empresa Pública. Una visión comparada con otros países europeos del proceso de consolidación de las empresas públicas y de su posterior privatización se puede encontrar en el libro de Francisco Comín y Daniel Díaz (2004), La empresa pública en Europa. Una perspectiva histórica. Síntesis. Madrid.

      Para el estudio del proceso de privatizaciones se pueden consultar diversos libros. En el de Gaspar Ariño Ortiz (dir.) (2004), Privatizaciones y liberalizaciones en España: Balance y resultados (1996-2000). Comares. Granada se realiza una aproximación desde un punto de vista técnico-puede examinar el librojurídico, planteando cómo se ha ejecutado el proceso de privatizaciones y cómo ha variado el procedimiento en función de las motivaciones que han primado en cada momento. Este libro ofrece además un amplio tratamiento del proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España, que contempla el desarrollo de la telefonía móvil, de las redes de cable y de los servicios de banda ancha. En el libro coordinado por Javier Bilbao, Pedro González de la Fe, Juan Luis Jiménez y Roberto Rendeiro (2003), Políticas de privatización. Aspectos teóricos, experiencias y casos prácticos. Dykinson. Madrid, se realiza una introducción muy general al tema de las privatizaciones, a su concepto, objetivos y procedimientos, para a continuación dedicar el capítulo 3, de -sarrollado por Javier Bilbao, al tratamiento específico de las políticas de privatización en España. En la segunda parte de este libro se pueden encontrar análisis de casos concretos bien de privatizaciones, bien de privatizaciones acompañadas de desregulación de mercados. Así, se analiza la liberalización de dos sectores regulados, como el del transporte aéreo (capítulo 4) y el de las infraestructuras aeroportuarias (capítulo 5), y los procesos de privatización del sector naval (capítulo 6) y del sector del automóvil, en concreto el caso de Seat (capítulo 7). También se pueden encontrar ejemplos de privatización de algunas empresas públicas en el libro de Francisco Comín y Pablo Martín Aceña (1991), INI: 50 años de industrialización. Espasa-Calpe. Madrid.

      El artículo de Germà Bel y Antón Costas (2001), “Las privatizaciones y sus motivaciones en España”. Revista de Historia Industrial. 19-20: 105-132, y el de Álvaro Cuervo (2004), “Empresa pública y privatización”. Papeles de Economía Española. 100, entre otros muchos, pueden ayudar a completar la periodización que se hace del proceso de privatizaciones en España, las motivaciones que lo han ido guiando y sus efectos sobre la eficiencia productiva. También es interesante citar el libro de A. Costas y G. Abel (1997), Los beneficios de la liberalización de los mercados de productos. La Caixa. Barcelona, por cuanto comenta de forma muy general la liberalización del mercado de trabajo, de los servicios bancarios y del transporte aéreo.

      Por último, puede resultar útil consultar el número 808 de la revista Información Comercial Española, dedicado íntegramente al estudio del comportamiento de “Las industrias de red ante la liberalización de los mercados”. Allí se presentan artículos dedicados a las telecomunicaciones, a la energía y al sector del transporte aéreo, entre otros. Por último, en el artículo de Julio Segura (2004), “Una guía de las reformas del mercado de trabajo español en la democracia”. Papeles de Economía Española. 100, se realiza un breve repaso a las sucesivas reformas que han guiado la liberalización del mercado de trabajo en España.

             Capítulo 8

El desarrollo que se ha producido en la economía regional ha sido espectacu -lar, dando lugar también a numerosos trabajos sobre las regiones españolas, lo que hace difícil la selección. Para un análisis de la trayectoria seguida por las principales regiones españolas en el período de mayor crecimiento de la economía española y para el período posterior, se pueden consultar, con el propósito de obtener una visión de las principales transformaciones económicas y la convergencia del nivel de renta per cápita de las regiones, dos trabajos, el de García-Greciano, B. y Raymond, J. L. (1999), “Las disparidades regionales y la hipótesis de convergencia: una revisión”. Papeles de Economía Española, 80: 2-18, y el de Martín Rodríguez, M. (1999) “Crecimiento y convergencia regional en España, en el largo plazo”. Estudios Regionales, 54: 47-65. En el primero, se analiza la convergencia de las regiones españolas (sigma convergencia), los principales factores que explican la convergencia regional durante el período 1955-1979, como son la homogeneización de la estructura productiva y los procesos migratorios, y también su cese, a partir de 1979 hasta 1997. En el segundo se hace una sistematización de la evolución de la distribución de la renta regional, la convergencia y sus causas durante el amplio período de 1955-1995, y que tiene la ventaja de que se ofrece una extensa información cuantitativa a nivel regional: la densidad de población, la renta per cápita, los movimientos migratorios, la productividad del trabajo y la tasa de paro.

      Con la finalidad de analizar la evolución de las principales variables que explican el crecimiento económico de las regiones entre 1955-1991/1995, se puede examinar el libro de Pérez, F., Goerlich, F. J. y Mas, M. (1996), Capitalización y crecimiento en España y sus regiones 1955-1995. Fundación BBV. Bilbao. En él se explican las fuentes del mismo a través de la acumulación del capital (privado y público), del capital humano, y su composición, la estructura económica, productividad, productividad total de los factores, etc.

      Además, como la evolución de la distribución de la población española en las distintas regiones ha sido determinante en la explicación de la convergencia regional, el trabajo de De la Fuente, A. (1999), “La dinámica territorial de la población española: un panorama y algunos resultados provisionales”. Revista de Economía aplicada, 20, vol. VII, otoño: 53-108, puede servir para el análisis sobre los factores que explican las migraciones internas y por tanto del grado de movilidad de la población española.

      En el libro de Aldás, J., Goerlich F. J. y Mas, M. (2007), Consumo de los hogares y distribución de la renta en España (1973-2003). Una perspectiva regional. Fundación Caixa Galicia, se exponen las consecuencias del crecimiento económico de las regiones en términos de mejora en la distribución de la renta y, por tanto, de disminución de la desigualdad territorial. En él se describe la metodología para la realización de la base de datos y se efectúa una estimación de la desigualdad de la renta a través de distintos indicadores: Gini, índice de Theil, percentiles, etc., para el período 1973-2003.

      Las implicaciones de la adhesión a la UE para las regiones españolas como consecuencia de las ayudas comunitarias recibidas desde 1987, como son los Fondos Estructurales, se han estimado en términos del impacto en el PIB de las regiones y por tanto del acercamiento de las rentas de las mismas, convergencia regional, y a la renta media de la UE, convergencia europea. Entre los trabajos que se pueden revisar destacaríamos el de De la Fuente, A. (2003), “El impacto de los Fondos Estructurales: convergencia real y cohesión interna”. Hacienda Pública Española, 165 (2): 129-148, y el de María-Dolores, R. y García Solanes, J. (2002), “Convergencia real de las regiones españolas: el impacto de los fondos estructurales”, Papeles de Economía española, 93: 51-65. En el estudio de Sosvilla-Rivero, S. (2007), “La economía española y la política de cohesión europea”. Información Comercial Española, 837: 211-230, se estima el efecto de los fondos estructurales en determinadas variables económicas como el PIB, PIB per cápita, empleo, tasa de paro y productividad del trabajo para el conjunto de la economía española.

      Por último, se recomienda el libro de De la Fuente, A. y Vives, X. (2003) (eds.), “Políticas públicas y equilibrio territorial en el Estado autonómico”. Fundación BBVA. Bilbao. 837: 211-230, porque en él se hace un análisis completo del impacto de las Autonomías, en términos de las consecuencias de la política de financiación y distribución del gasto público regional, mediante el estudio de los patrones territoriales de gasto e ingresos tributarios de los distintos niveles de la Administración pública.

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