SANTOS JULIÁ
JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO
JUAN CARLOS JIMÉNEZ
JUAN PABLO FUSI

LA ESPAÑA DEL SIGLO XX

Marcial Pons Historia

Presentación

Esta obra recupera la idea inicial de un proyecto editorial gestado hace algo más de un lustro con el propósito de ofrecer, a la vez, una visión abarcadora y sintética de la historia española del siglo XX, sumando para ello tres enfoques monográficos de diferente autoría, pero con un compartido planteamiento interpretativo básico y una pauta común de periodificación. El primer fruto de dicho empeño, con vocación unitaria en su origen, dio como resultado, sin embargo, tres libros independientes aunque simultáneos en su aparición y con igual antetítulo: Un siglo de España (Marcial Pons Historia, Madrid, 1999). Pues bien, las páginas que abren ahora estas líneas prologales retoman el inicial designio, reuniendo en un solo volumen los tres recorridos paralelos por la España del novecientos que tienen como eje, respectivamente, la política y la sociedad, la economía y la cultura.

Reproduce, por tanto, ésta que ahora se presenta aquélla publicada entonces en tres tomos, aunque se ha aprovechado la nueva oportunidad editorial para revisar todo el texto, con retoques no sólo de estilo, sino también de contenido en ciertos pasajes, al disponerse ahora de una mayor perspectiva de los años terminales de la centuria. La ocasión permite también titular la obra conjunta con un rótulo que, adentrada ya la corriente del presente en un nuevo curso secular, no necesite aclaración alguna sobre el tiempo que contemplan sus páginas. Un tiempo —el siglo XX— de la historia contemporánea española que, por lo demás, bien justifica el párrafo introductorio que, a modo de breve nota preliminar, abría en 1999 cada uno de los tres libros aquí reunidos:

«Por lo bueno y por lo malo, y repetidamente, España ha alcanzado protagonismo en la historia de Europa y del mundo occidental en el curso del siglo XX. Algunos de los pasajes de su trayectoria no sólo han concitado la atención de núcleos importantes de estudiosos en muchos países; también solidaridades, angustias y esperanzas ampliamente compartidas a un lado y otro del Atlántico. Sus fracasos y sus éxitos, sus tragedias y sus logros, por magnitud y por significación, se han proyectado más allá y a veces muy lejos de las propias fronteras. En la historia contemporánea, y particularmente en el marco europeo, la centuria del novecientos es un siglo de España.»

Ojalá que la benevolente acogida que los lectores dispensaron a Un siglo de España se la concedan también a ésta su nueva andadura como La España del siglo XX.

Madrid, abril de 2003.

Los autores

PRIMERA PARTE

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Santos Juliá

Introducción

Monarquía, República, Dictadura y Democracia constituyen una elocuente secuencia de lo muy complicado que ha sido en España establecer una forma de Estado basada en un sólido consenso social: la Monarquía se hundió empujada por una fiesta popular que tomó el aire de una revolución, la República fue derrotada tras una larga Guerra Civil, la Dictadura quebró después de una interminable crisis interna y la democracia sólo se instauró tras un proceso con más sobresaltos de los que una mitificada transición por transacción estaría dispuesta a reconocer. Tanto vaivén, con los antecedentes de cambios de Constitución en que tan pródigo fue el siglo XIX, ha extendido la convicción de una especial dificultad española para encontrar un sistema político y una forma de Estado acorde con el progreso de la sociedad. Pues la otra cara del postulado del problema político específicamente español es que la sociedad siguió, sin embargo, un curso similar al que habían recorrido con algún adelanto las más prósperas sociedades europeas.

Estas páginas comparten esa manera de ver las cosas. La sociedad comenzó el proceso de su gran transformación hacia la segunda década del siglo. Cambio demográfico, crecimiento de las ciudades, industrialización, alfabetización, proletarización, auge de la clase media y de la sociedad profesional, secularización, densidad cultural, investigación científica: todo eso estaba en marcha a buen ritmo desde la Gran Guerra, sufrió luego un parón como consecuencia de la Guerra Civil, y se reanudó veinte años después en el punto mismo en que había quedado interrumpido. Pero si el proceso social siguió más o menos, con retrasos y bloqueos, el curso emprendido antes por nuestros vecinos, el político estuvo sometido a fortísimas tensiones que impidieron su correlativa transformación. Se diría que mientras la sociedad se transformaba en el sentido de la modernización, la política se alejaba de la democratización y reculaba hacia formas anacrónicas, impuestas a aquella sociedad como un corsé que no la dejó durante décadas respirar a su aire.

En 1930, la extendida conciencia de que el problema de España era de índole política, más que de constitución de la sociedad, se expresó en el dilema excluyente monarquía o república. La primera representaba en el imaginario colectivo lo viejo y caduco, el comité de administración de unos grupos sociales que habían acampado sobre la sociedad como territorio de conquista y no la dejaban crecer; la segunda simbolizaba lo joven y nuevo, y traía prendida de sus canciones la expectativa de transformación del Estado y de la vida entera. En 1976, la renovada conciencia de que el problema de España era de índole política, no de constitución de la sociedad, se expresó en el dilema, también excluyente, dictadura o democracia. La primera volvía a representar lo viejo y caduco, lo que no tenía remedio porque no tenía reforma; la segunda significaba, sin embargo, más que una ingenua expectativa de cambiarlo todo, una incierta posibilidad que se podía echar a perder si se manejaba con poco cuidado. Con la lección aprendida, y la viva memoria de los desastres pasados, las cautelas fueron mayores y los rompimientos más comedidos.

Entre la monarquía que abrió el siglo y la democracia que encara su final, una sucesión de elites de distinto signo y procedencia ha accedido al gobierno con el propósito de construir un Estado a la medida de sus intereses e ideologías. Conservadores, liberales, militares, republicanos, socialistas, radicales, coaliciones de izquierdas, sindicalistas, fascistas, católicos: todos han disfrutado de su ocasión, a todos les sonó alguna vez su hora. De esa sucesión de horas es de lo que trata este libro: de cómo administraron su tiempo de poder los distintos partidos e instituciones que durante estos cien años llegaron al gobierno del Estado. El siglo comenzó bajo signo conservador y se cerró con algo parecido; entre tanto, todo el mundo tuvo su oportunidad aunque no todos supieran aprovecharla.

Capítulo 1
Monarquía

En la nota preliminar a su Historia del Reinado de Alfonso XIII, Melchor Fernández Almagro aseguraba que Estado y sociedad habían seguido en España durante ese periodo caminos distintos: mientras el Estado no acertaba con el secreto de su vitalidad y de su eficacia, la sociedad se había renovado de tal suerte que cualquiera podía apreciar el cambio profundo operado entre 1902 y 1931. Establecía con esta tesis Fernández Almagro una clave interpretativa que ya había sido enunciada por muchos testigos de la época: no otra visión se oculta bajo la metáfora de José Ortega en su conferencia de 1914 sobre la España vieja y la España joven, la que desaparece y la que pugna por salir: la vieja es la oficial, la política, el Estado; la joven es la real, la del estudio y el trabajo, la sociedad. Manuel Azaña también lo había indicado cuando explicaba la crisis de 1917 como resultado del contraste entre las mejoras económicas, la modernización de los métodos agrícolas, la salida de jóvenes a continuar sus estudios en el extranjero, la aspiración a una vida más libre y la persistencia de organizaciones políticas caducas: el mundo político no participó de esa evolución y quedó como un peso muerto, incapaz de adaptarse a la situación nueva del país ni de representarlo de ninguna manera. Azorín, en fin, escribió algo similar aunque de forma más económica en marzo de 1923: Hoy se alza una nación pujante frente a un Estado caduco y corrompido.

¿Tan estancada permaneció la política? ¿Cambió tanto la sociedad? Sea cual fuere la respuesta que hoy se dé a esas preguntas, una cosa es clara: después de la Gran Guerra, muy pocos quedaban en España que confiaran en las posibilidades de permanencia de la Monarquía constitucional si no se procedía a una reforma de la Constitución y a un cambio de las costumbres y las actitudes políticas. Pensaban así, desde luego, todas las oposiciones, desde los socialistas a los reformistas, pero así se manifestaban también los dirigentes de los partidos dinásticos. El gran pacto sobre el que se había asentado la Monarquía restaurada había agotado todas sus virtualidades: o se procedía a un cambio profundo del sistema político o la Constitución misma, tal vez la Corona, correrían peligro de muerte. Y como nadie fue capaz de dirigir ese cambio —en definitiva: pasar del liberalismo oligárquico a una democracia de masa— la Monarquía constitucional, primero, y la Corona, después, acabaron rodando por los suelos.

Una política de pacto para una sociedad rural

El sistema político de la Restauración fue resultado de un pacto entre los partidos de notables que desde la revolución liberal se habían disputado el poder por medio del favor real, la insurrección militar o la revolución popular y que, tras la revolución y el sexenio democrático de 1868 decidieron alternar pacíficamente en la presidencia del Consejo de Ministros. Los líderes más destacados de ambos partidos, Antonio Cánovas y Práxedes Mateo Sagasta, habían participado en la revolución de julio de 1854 y emprendido caminos divergentes en la de septiembre de 1868: el primero dirigiendo la operación restauradora de la dinastía Borbón y del constitucionalismo doctrinario, con la exaltación de la Monarquía y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey; el segundo apoyando la Constitución monárquica y democrática de 1869 y la candidatura de Amadeo de Saboya al trono. La «política como guerra» entre moderados y progresistas, que había resultado en un juego de suma negativa para ambos contendientes, se convirtió, desde la muerte de Alfonso XII en 1885, en «política como negociación» entre conservadores y liberales, que garantizaron su permanencia en el poder por medio del turno pacífico y la exclusión de posibles competidores.

La eficacia de aquel pacto obedeció tanto a las estrategias políticas desarrolladas por sus actores como al tipo de sociedad para el que fue diseñado. A pesar de un comienzo autoritario, casi dictatorial, los conservadores no llevaron el triunfo que implicaba la restauración de la monarquía al extremo de proscribir a sus adversarios del juego político y dejaron paso, tras la muerte del rey y de forma pacífica, a los liberales. Éstos, por su parte, nunca llevaron sus iniciativas legislativas hasta el punto de arriesgar la continuidad de la monarquía constitucional. Interesados en mantener el juego político dentro de los límites pactados, introdujeron el sufragio universal masculino por Ley de 26 de junio de 1890, pero con su práctica lo vaciaron de todo su potencial democratizador. De la misma manera que los conservadores no recurrieron a la Corona ni al ejército para impedir a los liberales el acceso al poder, éstos jamás movilizaron la opinión pública para desplazar a sus adversarios por medio del sufragio. Las elecciones, como dijo Gumersindo de Azcárate, no se hacían, se leían. Hasta tal punto era así que siempre llevaba a las Cortes una holgada mayoría el gobierno al que la Corona entregaba el decreto de disolución.

El resultado fue una monarquía constitucional dominada por una clase política distribuida en dos partidos pactistas, no competitivos, con progresivas concesiones a la libertad de prensa, asociación, reunión y con cierta capacidad de integración de fuerzas marginales como los republicanos posibilistas o los católicos tradicionalistas. Las algaradas e insurrecciones que definieron al periodo anterior fueron sustituidas por una pactada alternancia en el poder de dos partidos que representaban los intereses, escasamente articulados en niveles superiores al local o provincial, de las elites sociales consolidadas en la época moderada: una antigua nobleza titulada, de base agraria y con un poder económico decreciente aunque todavía perceptora de sustanciosas rentas; unos grandes y medianos propietarios agrícolas beneficiados por las sucesivas oleadas desamortizadoras; una nueva burguesía crecida en torno al agio, a la incipiente industrialización —textil, siderurgia, ferrocarriles, minería— y a los ensanches de las ciudades, y una clase media de abogados y funcionarios que se había abierto paso en la burocracia del Estado.

Los partidos que acabarían identificándose como liberal y conservador eran agrupaciones, activas sobre todo en periodos electorales, con comités formados por las oligarquías locales que aseguraban la continuidad de la estructura partidaria a través de círculos, clubes y publicaciones diversas. La elite situada en la cúspide del sistema estaba unida por lazos de parentesco y amistad y disfrutaba de estrechas relaciones con los intereses agrarios, industriales o financieros, de los que en muchas ocasiones sus miembros eran titulares; por debajo de ella, los notables provinciales ejercían el control político y económico sobre caciques locales, que disponían de poder sobre los funcionarios municipales y se encargaban de velar para que en cada distrito se garantizase la pacífica alternancia de los dos partidos sirviéndose de sus clientelas personales. Eran, por tanto, coaliciones de facciones clientelares, estructuradas en torno a una oligarquía política central, con residencia en Madrid, más que partidos dotados de una dirección centralizada.

El caciquismo fue una adaptación de la estructura del poder local surgida tras el derrumbe del Antiguo Régimen al nuevo tipo de administración del Estado de la época moderada y al juego de partidos derivado de la Constitución de 1876, la práctica política del pacto y la introducción del sufragio universal. Por medio del control de ayuntamientos, diputaciones provinciales y gobiernos civiles, los caciques distribuían entre sus clientes una multitud de favores como asignar o devolver —en una administración pública que hizo célebre la figura del cesante— algún cargo público, aligerar trámites administrativos, conceder licencias para edificar una casa o abrir un comercio, eludir el servicio militar por el sorteo de quintas, rebajar las cargas fiscales. El cliente devolvía el favor con lealtad y apoyo, en una relación asimétrica, al cacique, que perpetuaba así su arraigo en el distrito como verdadero empresario político, —usureros de la política, los llamó Unamuno; uno de los especímenes mas flexibles, adaptables, móviles, ambiciosos, urbanizados y alerta que componían el bestiario de una sociedad rural, ha escrito de ellos José Varela— asegurando a la facción de la que formaban parte una clientela fija, individual o colectiva, gracias a su capacidad como intermediario entre el poder central y las comunidades locales y a su control del proceso electoral. No había, pues, solución de continuidad entre intereses económicos y representación política: las mismas personas podían y solían ser titulares de ambos; a pesar del sufragio, no existía una clase política autónoma, que debiera su posición en el sistema político al liderazgo de una organización sostenida por el voto de los ciudadanos.

Esta vida política de pacto por arriba entre líderes de dos partidos y de relaciones clientelares por abajo fue eficaz porque, además de consolidar un sistema de transacciones entre comunidades locales y gobierno central, cerró un largo periodo marcado por guerras civiles, insurrecciones urbanas, revoluciones populares, pronunciamientos militares y por una alta inestabilidad gubernativa. Las fuerzas políticas partidarias del socialismo, la república o el absolutismo quedaron marginadas y en adelante no representaron ningún serio peligro para la estabilidad del sistema, atrapadas como se encontraban en la peculiar situación propia de los Estados constitucionales no democráticos. Los anarquistas fueron sometidos a una dura represión, con casos célebres inventados, y no pudieron dar continuidad a sus organizaciones; los socialistas optaron, bajo el liderazgo moral y político de Pablo Iglesias, por una especie de augusto aislamiento, dedicados al trabajo de organización y penetración en la clase obrera que les forzó a un lento y muy limitado progreso; los republicanos quedaron escindidos entre posibilistas y radicales, gubernamentales y revolucionarios, unitarios y federales, y divididos en distintas capillas en torno a los líderes de los años sesenta: los Pi i Margall, Salmerón, Ruiz Zorrilla, Castelar. Unos como otros disfrutaban de libertad para organizarse, abrir centros, ateneos y clubes, publicar periódicos, presentarse a las elecciones y acceder al Congreso, lo que les indujo a la cautela y a la moderación. Pero al tratarse de un sistema no democrático, y con un fuerte componente autoritario y represivo, su incorporación a las instituciones fue muy limitada, lo que contribuyó a mantener vivo el lenguaje de la revolución, por la república o el socialismo. Eran partidos antisistema que vivían lejos de cualquier tentación de organizar revolución alguna contra el sistema.

Pacto y turno entre elites dinásticas e integración limitada y negativa de elites antisistema garantizaban un funcionamiento político sin problemas insolubles. Cuando una determinada «situación», liberal o conservadora, daba signos de agotamiento, la Corona retiraba su confianza al líder del partido en el gobierno y encargaba su formación al líder de la oposición. La primera tarea del nuevo presidente consistía en sustituir a los gobernadores civiles de la situación anterior y negociar con los líderes del partido ahora en la oposición las siguientes elecciones de las que debía obtener una mayoría suficiente para gobernar sin sobresaltos. En la operación del «encasillado», el ministro de la Gobernación acordaba, con el líder del partido destinado a ser minoría en las nuevas Cortes, los nombres que debían presentarse por cada distrito y los que habrían de salir elegidos. Las elites centrales de los dos partidos pactaban los candidatos con las elites locales con objeto de garantizar el resultado previsto, que se aseguraba además gracias al predominio de distritos uninominales sobre los de lista, exclusivos de las principales capitales. Culminada la operación del ensasillado, el presidente del gobierno disolvía las Cortes y convocaba elecciones, que ganaba de forma sistemática con aproximadamente 230-240 diputados de un Congreso de unos 400 escaños. La oposición dinástica obtenía alrededor de 100 y el resto se repartía entre las minorías excluidas del gobierno.

El sistema liberal español quedó identificado así, cuando comenzaba el siglo XX, con una corrupción radical de la administración pública y con un fraude sistemático del procedimiento electoral por el que las elites dirigentes sacrificaron al pacto del turno la naturaleza competitiva propia de los sistemas parlamentarios y bloquearon la incorporación de las elites emergentes. Un arrecife de coral crecido de abajo arriba, que impedía a las nuevas plantas emerger hacia la superficie: con esta metáfora definirá Manuel Azaña la sensación de ahogo que imbuía a la vida política española. Pues por más que se discuta acerca de si la desmovilización popular explica la pujanza del caciquismo o si la fuerza de éste provocaba la pasividad popular, lo cierto es que el sistema oligárquico/caciquil garantizaba a largo plazo no ya la exclusión de esas nuevas elites, sino el vaciado de sustancia de los propios partidos liberal y conservador, perceptible en la ausencia de verdadero apoyo popular. «La inmensa mayoría del pueblo español está vuelta de espaldas, no interviene para nada en la vida política», diagnosticaba una de las nuevas estrellas del firmamento conservador, Antonio Maura, inquieto por «la verdadera fuerza» que a principios de siglo pudiera quedarle en el país a los dos partidos dinásticos.

Pero si el pacto funcionó sin mayores problemas durante años fue por tratarse de un acuerdo anterior a los procesos de industrialización y urbanización, en una sociedad de abrumador predominio rural, mal comunicada, con cientos de ayuntamientos sólo accesibles por itinerarios a caballo o peatonales; con unas ciudades que desbordaban con dificultad sus barreras medievales y que servían poco más que para el intercambio de productos agrarios y como centros administrativos; con un altísimo índice de analfabetismo que en muchas comarcas superaba al 70 por 100 de la población mayor de catorce años. De los 18,6 millones de españoles que aparecen en el censo de 1900, 5,1 vivían en municipios de hasta dos mil habitantes: un 27,5 por 100 del total; otros 7,5 millones habitaban en municipios comprendidos entre dos y diez mil habitantes, y sólo quedaban otros seis millones en núcleos urbanos con un censo de más de diez mil habitantes. Pero en las zonas con mayor número de pequeños municipios, los verdaderos núcleos de población eran todavía menores, como ocurría en Navarra, con 269 municipios pero con 744 núcleos de población. Por otra parte, los grandes pueblos del Sur eran agrociudades que en ocasiones superaban los 10.000 habitantes y que las estadísticas dan como urbanos; pero ciudades que hubieran rebasado por muy pocos miles el medio millón de habitantes sólo había dos, Madrid y Barcelona, una más había llegado a los 200.000, Valencia, y sólo otras tres, Sevilla, Málaga y Murcia, habían superado el listón de los 100.000. Con ese reparto de habitantes sobre el territorio, ya se puede suponer que de los 7,4 millones de activos, 5,2 constaran en agricultura y pesca: sólo uno de cada tres trabajaba en industria o servicios (de los que habría que suprimir una parte de las 817.300 mujeres incluidas como activas del sector primario por deficiencias en el resgistro censal).

El predominante carácter rural de la sociedad española oculta, sin embargo, situaciones muy variadas. La diversidad comienza por las formas de propiedad de la tierra, pero no se agota en ella, pues afecta también al clima, a los cultivos y a la estructura social. Por lo que respecta a la propiedad, ya los reformadores de principios de siglo destacaron sus dos caracte rísticas más notables: el predominio de los valores extremos, tanto en lo que se refiere al tamaño como al valor de las parcelas, y la evidente diferencia regional, con zonas en las que dominaban las parcelas diminutas y otras con predominio de grandes explotaciones:

Distribución de las fincas en España. 1930-1959

Pequeñas

Norte (1959)

Fincas: 99,6

Superf.: 63,3

Centro (1930)

Fincas: 99,0

Superf.: 53,3

Sur (1930)

Fincas: 99,6

Superf.: 27,9

España (1959)

Fincas: 99,1

Superf.: 46,5

Medianas

Norte (1959)

Fincas: 0,4

Superf.: 21,5

Centro (1930)

Fincas: 0,9

Superf.: 22,3

Sur (1930)

Fincas: 2,8

Superf.: 19,8

España (1959)

Fincas: 0,8

Superf.: 24,9

Grandes

Norte (1959)

Fincas: —

Superf.: 15,2

Centro (1930)

Fincas: 0,1

Superf.: 24,4

Sur (1930)

Fincas: 0,6

Superf.: 52,4

España (1959)

Fincas: 0,1

Superf.: 28,6

Fuente: Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, 1970, p. 47.

Las diferencias eran muy notables entre el Sur, por una parte, y Centro y Norte, por otra, aunque ni Norte ni Centro ofrecían características homogéneas, ya que en Cataluña, Álava y Navarra era más abundante la mediana propiedad mientras que en Galicia el peso de la pequeña era abrumador. Si en el Norte la proporción de grandes fincas era estadísticamente despreciable y no ocupaba en su totalidad más que el 15,2 por 100 de toda la superficie, en el Sur el 0,6 por 100 de las fincas eran latifundios de más de cien hectáreas y sólo ellas ocupaban más de la mitad de la extensión total cultivada. Estas diferencias aparecen todavía de forma más cruda si se recuerda que casi un 80 por 100 de las pequeñas parcelas tenía una superficie inferior a media hectárea, mientras que el 41 por 100 de toda la superficie del Sur estaba ocupado por un 0,3 del total de fincas con una extensión media superior a 250 hectáreas.

La diferente estructura de la propiedad de la tierra era una herencia directa del proceso de desvinculación y desamortización, que consolidó las grandes propiedades ya existentes —o transformó en gran propiedad lo que hasta entonces era mero señorío jurisdiccional— y transfirió a manos privadas grandes propiedades pertenecientes hasta entonces a la Iglesia o a los municipios. No fue casual que la gran propiedad y, en general, el sistema entero de distribución de la tierra se considerase por los jornaleros agrícolas y por los publicistas reformadores como un sistema injusto, fruto de un expolio histórico del campesinado. Tampoco fue sorprendente que la causa del atraso y de la miseria rural se achacara a la gran propiedad y que todos los planes alumbrados para la mejora de las condiciones de vida en la España rural incluyesen medidas de reforma agraria cuya sustancia era un reparto más equitativo de la tierra.

Pero el reparto no era únicamente la reivindicación histórica de los jornaleros del campo o la medida pensada por los ilustrados reformadores. Repartir la tierra y crear un campesinado medio era también el requisito imprescindible para quebrantar el poder de las oligarquías rurales. Pues siendo la tierra un componente fundamental de la riqueza social y estando concentrada entre un número muy escaso de propietarios, de su posesión se derivaba no sólo prestigio y dominio social, sino poder político, como era evidente en el caso de los grandes terratenientes del Sur. Malefakis ha definido a esta clase como una oligarquía rural formada por propietarios rurales que en su mayoría no eran nobles. Por supuesto, el peso de la nobleza titulada era todavía notorio: si en el conjunto del país sólo una doceava parte de la tierras cultivadas estaba en posesión de la nobleza, en el Sur, la nobleza era propietaria de entre una sexta y una octava parte de la tierra. A su lado, una nueva clase de propietarios no nobles se había convertido en una auténtica oligarquía rural por medio de una política de adquisición de tierras y de enlaces matrimoniales que había permitido concentrar en manos de pocas familias enormes latifundios.

Eran estos grandes propietarios, salvo excepciones, quienes preferían el empleo extensivo de mano de obra humana y de animales a la mecanización, la utilización de fertilizantes o la adopción de sistemas de riego. Alejados físicamente de ellos, y distantes sobre todo por su posición en la estructura social, los obreros de las zonas de latifundio componían frente a aquella oligarquía un auténtico proletariado rural. No ya porque carecieran de la propiedad de la tierra, sino porque, como los proletarios de la industria, también ellos vivían concentrados en zonas urbanas o semiurbanas: grandes pueblos que fácilmente superaban los diez mil habitantes y casi siempre los dos mil. Paradigma de este tipo de sociedad rural es la agrociudad andaluza y extremeña, como es también característico de la sociedad rural andaluza la alejada presencia del cortijo.

En el otro extremo de sociedad rural aparecía la vasca: allí no predominaban los pueblos, sino los caseríos. La tierra formaba parte de la casa familiar, conjunto no fraccionable que se transmitía a un único heredero. No existía la dicotomía entre pueblo y cortijo ni se daba la presencia de un proletariado rural y ni siquiera eran habituales los jornaleros ya que la totalidad del trabajo se solía repartir entre los distintos miembros de la familia. Por lo que respecta a los cultivos, en el caserío guipuzcoano lo más frecuente era distribuir por mitades entre cereales y prados artificiales y manzanales, prados naturales y argomales, dando así lugar a una economía mixta que combinaba la ganadería con el policultivo. Los cultivos eran, pues, más diversificados y la estructura social más homogénea, como ocurría también en otras regiones húmedas, como la Galicia interior, donde la aldea se componía de casas diseminadas, pero donde el reparto de la tierra habían llegado en ocasiones a tales extremos que los lotes resultaban insuficientes para mantener a una familia.

Lejos de la vasca y la andaluza, Castilla ofrecía un tipo diferente de estructura social. Predominaban, como en Andalucía, los cultivos mediterráneos, pero la división de la propiedad había originado una clase de campesinos medianos y pequeños e incluso de propietarios «muy pobres». Estos agricultores, que empleaban trabajo, se encontraban en el centro de una estructura social en la que no faltaban grandes propietarios pero en la que también existía una numerosa clase de obreros sin tierras. Tal situación de inseguridad había dado origen a un campesinado muy religioso, muy vinculado a la Iglesia —que estableció para ellos sistemas de créditos y logró organizarlos en confederaciones agrarias—, conservador y en conflicto latente con los obreros agrícolas.

El funcionamiento de este sistema dependía de dos factores externos de igual importancia: la estabilidad del mercado del trigo y del mercado de mano de obra agrícola, que a su vez dependía de la demanda procedente de las industrias, especialmente de la construcción, radicadas en zonas urbanas. Si tales factores eran favorables, la agricultura castellana podía progresar dentro de los límites impuestos por su escasa capacidad de acumulación. Pero si eran desfavorables, podía sobrevenir el colapso. Los problemas derivados del descenso en el precio de trigo y la simultánea elevación de salarios de los obreros agrícolas durante el primer bienio republicano, además de la inseguridad derivada de los sucesivos planes de reforma agraria, arrojaron a esta clase social de medianos y pequeños agricultores, tradicionalmente muy conservadora, en manos de las organizaciones políticas católicas.

Cataluña y Levante, con cultivos de alta productividad y orientados hacia la exportación, ofrecen en sus sociedades rurales estructuras diferenciadas de la vasca, andaluza o castellana. Eran agriculturas de extensiones medias y pequeñas, aunque muy capitalizadas como lo muestra el alto empleo de fertilizantes y la sistemática búsqueda de agua emprendida por los propietarios rurales de Valencia con mayores posibilidades de acumulación que los castellanos. Cataluña tenía pendiente en 1930 el contencioso histórico de los rabassaires, cultivadores de viñedos cuyo arriendo expiraba con la muerte de la cepa, pero en Valencia había una considerable proporción de cultivadores recientes, que habían abierto en los años anteriores nuevas tierras al cultivo de árboles frutales y productos hortícolas. Son agriculturas prósperas donde no es perceptible ni el enfrentamiento latente entre agricultores medios y jornaleros sin tierra, propio de Castilla, ni entra la oligarquía y el proletariado rural que define a Andalucía y donde tampoco la extensión de la tierra es sinónimo de pobreza o de agricultura de supervivencia como podía ocurrir en Galicia.

En resumen, el cuadro que a principios del siglo XX ofrecía la sociedad española era el de un predominio rural con, por un lado, la extrema polarización entre un amplio proletariado agrícola, que sólo disponía de trabajo estacional, con un nivel de vida que apenas rebasaba el umbral de subsistencia, con salarios bajos e intermitentes, analfabeto y carente de organizaciones sindicales o políticas, y una clase terrateniente de grandes y medianos patronos, sin apenas sectores intermedios; por otro, una variedad de estructuras de clase con predominio en unos casos de explotaciones familiares, de pequeños patronos muy pobres y, en fin, de propietarios medios orientados hacia la exportación. Entre la polarización y la fragmentación, pocas veces era posible una agregación de intereses que encontrara su representación en asociaciones poderosas y homogéneas. Era la primacía de lo local, los intereses comarcales o provinciales, lo que dominaba.

La hora de los conservadores

Si el sistema político puesto en pie tras la restauración pudo garantizar un periodo de paz gracias a la pactada alternancia de elites, no fue capaz de asegurar su circulación y renovación, dominado como estaba por sagas familiares. A finales de siglo, el sistema parecía a sus mismos líderes, por un lado, viejo, como viejos eran los presidentes que seguían alternándose en el poder, el conservador Cánovas y el liberal Sagasta, y casi todos los primates de sus partidos, nacidos en los años treinta y cuarenta, como los conservadores Francisco Silvela y Marcelo de Azcárraga o los liberales Segismundo Moret y Eugenio Montero Ríos, y hasta en los veinte, como el marqués de la Vega de Armijo; por otro, vacío, hueco, sin verdadero apoyo en la opinión, pues todo el mundo era consciente de que al menos dos tercios de la población vivían de espaldas a la política y de que las Cortes no representaban a electores sino a facciones de caciques; en fin, corrupto, fraudulento, pues la mayoría parlamentaria se formaba por un acto del gobierno que convocaba las elecciones, no por el voto de los ciudadanos.

Esta sensación de decrepitud, vacío y corrupción se exasperó cuando la clase política se hubo de enfrentar a su primera gran prueba, la guerra de Cuba y, dentro de ella, la guerra con los Estados Unidos, con un doble y humillante fracaso del que nadie quedó indemne: no los conservadores, responsables de la conducción de la guerra de Cuba desde el retorno de Cánovas al gobierno en marzo de 1895 hasta su asesinato en agosto de 1897; tampoco los liberales, responsables de la guerra con Estados Unidos, que la vuelta de Sagasta a la presidencia en octubre de 1897 no fue capaz de evitar. Sobre la convicción de que los españoles se habían dado un sistema político basado en el fraude y huérfano de apoyo popular, la conmoción que este desastre produjo en la sociedad, especialmente entre sus elites políticas y sus minorías intelectuales, se expresó como urgencia de regeneración: las imágenes mil veces reproducidas de los soldados repatriados, perdidos por las calles, hambrientos, lisiados, alimentaron la gran metáfora de la España muerta que esperaba la resurrección.

Una oleada de regeneracionismo inundó el discurso político, con llamamientos a las clases neutras y a las clases intelectuales para formar uniones o ligas nacionales que desplazaran a los viejos partidos y formaran gobiernos fuertes, libres de servidumbres parlamentarias y caciquiles, capaces de reducir el gasto y el número de cargos públicos, y emprender las obras hidráulicas y las construcciones escolares para la redención del campo y la elevación de la mente. Los partidos del turno respondieron a esta presión asumiendo su retórica e introduciendo algunas reformas: Francisco Silvela, presidente del gobierno desde marzo de 1899 hasta octubre de 1900, dividió el antiguo Ministerio de Fomento en Agricultura, Industria y Comercio e Instrucción Pública, a cuyo frente situó a un defensor de las prerrogativas del Estado, Antonio García Alix, que dignificó la escuela oficial trasladando al Estado el pago del sueldo de los maestros, aunque todavía con los fondos procedentes de los municipios, y propuso reformas de la segunda enseñaza. El ministro de Hacienda, Fernández Villaverde, logró imponer un plan de austeridad que salvó de la bancarrota a un Estado con una carga de deuda que equivalía a la mitad de sus escasos ingresos. Y Eduardo Dato, en Gobernación, impulsó la primera legislación laboral, con las leyes de trabajo de mujeres y niños y de accidentes de trabajo, que sucesivos gobiernos de esta misma situación ampliaron con la creación del Instituto de Reformas Sociales y la Ley de Descanso Dominical.

Olvidadas, sin embargo, las promesas de descentralización administrativa y conciertos económicos de las que varios de sus ministros, el general Camilo García Polavieja y el conservador catalanista Manuel Duran i Bas, se habían hecho abanderados, el gobierno respondió a una huelga fiscal de comerciantes con fuertes medidas represivas y la declaración del estado de guerra en la provincia de Barcelona. Si el movimiento lanzado desde Zaragoza por Joaquín Costa acabó disolviéndose, en Cataluña, los presidentes de las entidades ciudadanas que reunían a comerciantes, industriales y prestigiosos profesionales decidieron dar la batalla a los partidos dinásticos presentando candidaturas propias en las elecciones de 1901. Su triunfo fue crítico: a partir de ese año, los partidos dinásticos no tendrán nada que hacer en Barcelona y un nuevo sistema de partidos se configura en Cataluña con el apoyo de la burguesía y bajo la creciente hegemonía de la Lliga Regionalista.

No pudo Silvela mantener la nueva situación conservadora más allá de año y medio y hubo de dejar paso otra vez al viejo pastor liberal. Sagasta, presidente por última vez desde marzo de 1901 hasta diciembre de 1902, activo en política desde antes de que la abuela del nuevo rey perdiera el trono, fue el encargado de presidir la coronación del joven Alfonso XIII en marzo de 1902, como había sido también él quien presidiera, bajo la Regencia, la pérdida de las colonias. Singular personaje este Sagasta que intervino en la caída de una reina, colaboró en la consolidación del trono en la persona de su hijo, fue servidor fiel de la nuera viuda de la destronada y acabó presidiendo la coronación del nieto. Pero esta vez el gobierno liberal habría de ser corto, como lo había sido la precedente situación conservadora, un indicio de que la estabilidad del turno comenzaba a cuartearse. La muerte de Sagasta no pudo dejar paso a un nuevo jefe aceptado por las facciones en las que su partido aparecía dividido, lideradas por políticos igualmente talludos: Montero Ríos, nacido en 1832, y Moret, no mucho más joven, de 1838. Con la muerte de Sagasta se hizo evidente lo que venía gestándose de tiempo atrás: aquellos partidos funcionaban como coalición de facciones, cada una de ellas bajo la batuta de un jefe que controlaba tan sólo a un sector de los notables del partido y de la red de caciques.

Para la clase política de la Restauración el problema, al comenzar su reinado Alfonso XIII, consistía en mantener bajo nuevos liderazgos la cohesión de las elites fundadoras del régimen a la vez que lo «regeneraba», esto es, que limpiaba sus procedimientos con objeto de adquirir verdadera fuerza en la opinión; tarea complicada porque la cohesión de partidos formados por facciones clientelares exige unos métodos del todo contradictorios con la limpieza del sufragio, destinada a medir la fuerza de partidos de masa. Incapaz el Partido Liberal de proponer un candidato que contara con apoyos suficientes entre las diversas facciones del mismo partido, el rey confió la presidencia del gobierno, como ya había hecho su madre tres años antes, al líder conservador Francisco Silvela. Desprendido de adherencias estrictamente regeneracionistas ajenas a su partido, Silvela se dispuso a presidir en diciembre de 1902 un nuevo gobierno que incluía a los dos dirigentes con aspiraciones sucesorias a la jefatura conservadora, Raimundo Fernández Villaverde y Antonio Maura. Era, con tiempo por delante, el turno del Partido Conservador para llevar a cabo su prometida revolución desde arriba.

Emprender una revolución desde arriba quería decir lo mismo que regenerar la política, con un ligero matiz: sería el gobierno, y no fuerzas ajenas al sistema, el encargado de la tarea. Para eso, aceptada la jefatura de Silvela y la unidad de propósito de los conservadores, había que afrontar el segundo de los retos: convocar elecciones sinceras, movilizar a la masa neutra, acabar con la impresión de que el gobierno, todo gobierno, estaba asentado sobre un inmenso desistimiento popular. «Yo no creo que los partidos sean un mal —decía Maura por entonces—, lo que yo deploro es que no existan. Pero todavía peor que el que no existan es simular que existen y sobre una simulación fundar un gobierno y toda la suerte del país». Al cabo, para Maura, la «desmovilización» era la otra cara de la «simulación», de la existencia de unos partidos con poder para distribuir recompensas pero carentes de sostén popular. Los políticos del sistema acertaban en el diagnóstico cuando señalaban como meta principal de la revolución desde arriba, por una parte, «reintegrar a la vida política las grandes masas populares y robustecer con ellas el cuerpo político» y, por otra, el «descuaje del caciquismo», pues ésas eran las dos caras de la misma moneda.

Pero el experimento de elecciones pasablemente sinceras —todo lo que podían serlo sin arriesgar la mayoría conservadora— agudizó las desavenencias dentro del Partido Conservador. En abril de 1903, los distintos grupos republicanos habían logrado poner en pie una efímera Unión Republicana y obtuvieron algunos resonantes triunfos en varias capitales donde se votaba por el procedimiento de lista: Madrid, Barcelona y Valencia, lo que ponía de manifiesto que en aquel sistema oligárquico y caciquil era posible, al menos en las capitales, movilizar el voto para conseguir escaños en el Parlamento. Silvela, un hombre cansado, no aguantó la presión y, tras la primera de las crisis llamadas orientales —por su gestación en el Palacio Real—, dimitió de la presidencia del gobierno y la jefatura del Partido Conservador, dejando el campo abonado para la lucha entre sus facciones.

Comenzaba así el juego de pactos no ya entre los dos partidos para asegurar la alternancia de «situaciones», sino entre las distintas facciones del mismo partido con objeto de garantizar la continuidad de la misma «situación». Villaverde pactó con Rafael Gasset y Santiago Alba —a la sazón miembros destacados del Partido Conservador— para excluir a Maura que, sin embargo, salió a los cinco meses triunfante y pudo presidir el gobierno desde diciembre de 1903 hasta el mismo mes del año siguiente, primera ocasión para llevar a cabo sus planes de revolución desde arriba. Pero Maura gobernó en 1904 como jefe de facción, combatido no sólo ni principalmente por la oposición liberal, sino desde dentro de su propio partido. Sin apoyos suficientes para sacar adelante su más acariciado proyecto, la Ley de Reforma de la Administración Local, Maura fue el artífice del convenio entre el papa Pío X y el rey Alfonso XIII por el que se concedía personalidad jurídica a las órdenes y congregaciones religiosas presentes en España y se les autorizaba a mantener abiertas todas sus casas y conventos. No dispuso de tiempo para más, pues a pesar de su triunfo sobre el resto de las facciones conservadoras, acabaría abandonando la presidencia del Consejo por un enfrentamiento con el rey a propósito del nombramiento del jefe de Estado Mayor del ejército.

Desde este primer gobierno de Maura apuntan ya tres fenómenos que andando el tiempo se convertirán en tres grandes hipotecas para una transición pacífica del Estado liberal hacia un Estado laico y democrático. Por una parte, el combate entre clericales y anticlericales, agudizado tras la expulsión de Francia de las órdenes religiosas que cayeron en avalancha sobre España, más propicia que la República francesa a la apertura de conventos y al establecimiento de escuelas católicas. Por otra, la hipoteca militar, muy peligrosa por su derivación a la Corona: los militares descubrieron su capacidad de presión sobre el rey para resolver sus enfrentamientos con el gobierno. En fin, con su negativa a refrendar un nombramiento del gobierno, el rey introducía también un elemento de inestabilidad en el sistema: podía despedir a un presidente de gobierno sin sentirse atado por la voluntad de los primates de los partidos. El rey se alejaba de su papel meramente arbitral en la pactada competencia entre dos partidos y comenzaba a intervenir con capacidad decisoria en las luchas por la jefatura entre las facciones de un mismo partido. Maura experimentó ese cambio en el papel de la Corona por vez primera en diciembre de 1904; no sería la última ni la definitiva.

El caso fue que la dimisión de Maura anunció el prematuro fin de la situación conservadora. Sus sustitutos, Azcárraga durante mes y medio, y Villaverde durante otros cinco meses, en los que sólo pudo gobernar a costa de mantener cerradas las Cortes, no lograron solventar los problemas de la jefatura del partido y hubieron de dejar paso en junio de 1905 a una nueva situación liberal, iniciada por Montero Ríos. Terminaba así con más pena que gloria el primer intento de regeneración conservadora del sistema. Ni elecciones sinceras, ni ley de administración que sirviera de azadón para el descuaje del caciquismo ni, lo que era mucho peor, jefatura unida, gobiernos estables, Cortes abiertas. La situación conservadora, que había comenzado en diciembre de 1902 con Silvela y terminaba en junio de 1905 con Villaverde, presenció cinco crisis totales con el paso por el gobierno de cuatro diferentes presidentes y nada menos que 66 ministros. Un sistema que había sido diseñado para asegurar la estabilidad, la duración y la alternancia pactada se revelaba como causa de todo lo contrario: inestabilidad de los gobiernos, corta duración de las legislaturas, rotación acelerada de personal dirigente y amago de lo que luego será norma: una intervención del rey motivada por un asunto relacionado con los militares.

Pero el Partido Liberal atravesaba una crisis interna de características similares a las que habían impedido la estabilidad del gobierno conservador. Montero Ríos había obtenido la jefatura vacante tras la muerte de Sagasta en una votación de diputados y senadores que le dio una corta ventaja sobre Moret. No duró al frente del gobierno ni medio año, aunque las elecciones convocadas en septiembre de 1905 le proporcionaran una amplia mayoría. En este caso, sin embargo, su caída no fue provocada por haber perdido la confianza de los grupos de la mayoría en la Cámara, sino a consecuencia de las algaradas militares en Barcelona, cuando una partida de oficiales asaltó los locales de La Veu de Catalunya y de la revista satírica Cu-Cut por lo que entendió ultrajes a la bandera y al ejército. Rápidamente, los capitanes generales mostraron su solidaridad con los levantiscos oficiales y aunque el gobierno acordó no ceder a las presiones militares, declaró el estado de guerra en Barcelona el 29 de noviembre. La intención del rey, anunciada el día siguiente en Consejo de Ministros, de apoyar las exigencias del ejército, además de invitar a los militares a persitir en su actitud de rebeldía, equivalía a pedir la dimisión de su presidente del gobierno, que Montero Ríos presentó sobre la marcha. Se ha dicho que su papel fue apaciguador; en realidad, como ha escrito Carolyn Boyd, la intervención de Alfonso XIII constituyó un primer acto de traición contra la supremacía del poder civil y dejó al Parlamento expuesto a futuros chantajes del ejército. El nuevo presidente, Segismundo Moret, llegó dispuesto a satisfacer a los militares y, para que no cupieran dudas, nombró ministro de la Guerra a Agustín Luque, capitán general de Sevilla, que había aplaudido la insubordinación de la guarnición de Barcelona. Para culminar la dejación de poder, el Parlamento tramitó el proyecto de Ley para la Represión de los Delitos contra la Patria y el Ejército. En el debate, Melquiades Álvarez, líder del republicanismo posibilista, acusó a Alfonso XIII de haber provocado la caída del anterior presidente del gobierno por una «promesa augusta vertida por delegación ante los elementos armados de España»: no podía entender que esa ley saliera adelante sino era como «fruto bastardo de una revolución incruenta que no había producido sangre porque triunfó fácilmente». El gobierno cedió ante el ejército gracias al peso que el rey echaba en el platillo militar, con un resultado de largo alcance: las Cortes aprobaron la ley, conocida en adelante como de jurisdicciones, con la que creaban un esfera de poder militar autónomo y sentaban el precedente de ceder ante la insubordinación militar. La militarización del orden público había dado con esa ley un paso de gigante.

En todo caso, ni Montero ni Moret eran en el Partido Liberal más que Villaverde o Maura en el conservador: sus gobiernos sufrieron idéntica suerte. Por haber presionado a sus parciales y a la Cámara para que aprobasen la Ley de Jurisdicciones, Moret hubo de dimitir a su vez en julio de 1906: era preciso que uno se moviera para que todos los demás permanecieran en su sitio, dijo en el Congreso a modo de despedida. Se abría así una situación de interinidad que dio lugar a otras dos crisis totales, con López Domínguez, el mismo Moret y Vega de Armijo como sucesivos presidentes del gobierno. Todos los ingredientes se dieron cita en el prematuro fin de la situación liberal: disensiones faccionales en el interior del partido, gobiernos que no gozaban de apoyo entre los distintos grupos de la mayoría que ellos mismos habían fabricado en las elecciones; necesidad de mantener las Cortes cerradas con objeto de arrastrar la vida del gobierno; presiones de la oposición ante el rey para que pusiera fin a esa situación; intervención regia con la consiguiente llamada al líder de la oposición para entregarle el encargo de formar gobierno. Y como telón de fondo, la ya demostrada capacidad de los militares para acabar con los gobiernos.

Mientras los liberales persistían en sus divisiones internas, los conservadores lograron restañar la unidad de liderazgo en torno a la figura ascendente de Antonio Maura. Llamado por el rey de nuevo en enero de 1907, Maura no se anduvo esta vez con los remilgos de elecciones limpias y cedió el Ministerio de la Gobernación a un conocido cacique, Juan de la Cierva, que procedió a elaborar el encasillado con el propósito de dar satisfacción a todas las facciones conservadoras, dejando en la estacada al Partido Liberal. Hacía así su aparición un nuevo y perturbador elemento: las exigencias del pacto para contentar a las facciones del propio partido podían ser de tal calibre que dieran al traste con las negociaciones para contentar al partido de la oposición. No que el sistema comenzara a ser competitivo: a la oposición ni se le ocurría pasar a la ofensiva movilizando a los electores; eso estaba fuera de discusión. Lo que se debatía era cuántos puestos correspondían a la oposición en el encasillado, no el encasillado mismo. Y como cada partido debía satisfacer las exigencias de varias facciones, las casillas para contentar al destinado a ser minoría eran menos y los agraviados más: un detalle que no debe pasar desapercibido en la evolución del régimen.

Lo cierto fue que Maura dejó para mejor ocasión no ya la limpieza electoral, sino también el encasillado equilibrado: mantuvo el fraude electoral a la vez que rompía el pacto entre las elites liberal y conservadora. En adelante ya no se podrá decir que el fraude se explica por mor del turno pacífico, pues nada pacificados sino muy levantiscos quedaron los liberales ante la política del tandem Maura-Cierva. Logró, eso sí, que el gobierno llevara a las Cortes una insólita mayoría de 253 diputados y que el Partido Liberal se quedara con la magra presencia de 74, alcanzando el resto de partidos la no desdeñable cifra de 65. Pues las elecciones de 1907, además de esta desproporción en el reparto de escaños entre gobierno y oposición dinástica, presenciaron el espectacular triunfo en Cataluña de la candidatura conjunta de todas las fuerzas políticas catalanistas, desde los carlistas a los republicanos posibilistas, reunidas en Solidaridad Catalana. Ya en Barcelona, en las elecciones de 1901 logró una coalición de intelectuales, políticos y hombres de negocios un sonoro triunfo del que enseguida salió la Lliga Regionalista que ahora, liderada en lo ideológico por Enric Prat de la Riba y en lo político por Francesc Cambó, sirvió de argamasa de la nueva coalición, capaz de llevarse 41 de los 44 escaños que correspondían a Cataluña; una presencia imposible de ignorar en el Congreso y que planteará en adelante como tema central de la política española el debate en torno a lo que por el momento se define como descentralización administrativa.

«No ha dejado que vengan más que sus amigos y sus enemigos», habría dicho el rey a Maura a propósito de los resultados electorales, temiendo que los liberales, al sentirse tan disminuidos, adoptaran una política de hostilidad hacia el gobierno en la que pudieran obtener apoyos de los partidos antidinásticos. Pero a Maura no le preocupaba sobremanera lo que, divididos, pudieran urdir los liberales. Con tan amplia mayoría y con tan disminuida oposición liberal se dipuso a iniciar su segundo mandato como presidente del gobierno, unido ahora a su condición de jefe indiscutido del Partido Conservador. Parecía haber superado con éxito el primero de los retos: devolver la unidad a las filas conservadoras tras la desaparición de Cánovas; aunque a costa de olvidar el segundo de sus irrenunciables objetivos de principios de siglo: inyectar en el sistema apoyos populares.

Debilitados los liberales por el empuje conservador y por sus divisiones entre las facciones de Moret y Montero Ríos y las que encabezaban nuevos líderes como Canalejas y Romanones, Maura emprendió con tiempo por delante su tarea o más bien continuó la interrumpida en 1904, aunque buscando ahora los apoyos en la extrema derecha católica, a la que quiso atraer hacia la política conservadora. Infundió, con todo, un nuevo estilo a las relaciones con el Parlamento: en un intento de abordar la cuestión social por medio de políticas de protección, sus propuestas legislativas fueron incesantes. Leyes como las de descanso dominical, prohibición de determinados trabajos a niños y mujeres menores de edad, de emigración, de huelgas y coligaciones, de conciliación y arbitraje industrial, de tribunales industriales, con las que pretendía satisfacer las demandas de reforma social, vieron la luz durante este «gobierno largo» de Maura, como también el Instituto Nacional de Previsión, cuyos estatutos provisionales fueron aprobados en diciembre de 1908.

Pero su principal proyecto regeneracionista seguía siendo el descuaje del caciquismo, lo que implicaba una reforma a fondo de la administración local, en la que estaban además interesados los diputados catalanistas, y una nueva Ley Electoral. La primera fue siempre intentada, eternamente debatida entre los grupos de la mayoría, pero nunca aprobada; la segunda consistió en medidas destinadas a garantizar el recuento del sufragio aunque dificultara su ejercicio. De hecho, la división de las circunscripciones en uninominales y de lista no cambió y, por tanto, la seguridad de que en las primeras saliera el candidato previamente encasillado o propiedad del diputado local no sufrió ningún sobresalto. Con ley o sin ley electoral, el partido que organizaba las elecciones siguió obteniendo de forma mecánica el triunfo y entre los dos partidos dinásticos siempre contaron en el Congreso con un número de diputados que oscilaba entre el 75 y el 85 por 100. En lugar de favorecer la inclusividad del sistema, el sufragio agudizó su carácter excluyente, aunque allí donde disponían de fuerza suficiente para movilizar la opinión, los partidos ajenos al turno pudieron ganar elecciones a pesar de todos los obstáculos, como demostraba el caso de la Lliga en Cataluña, o como ocurrirá con el PNV en las elecciones de 1918 cuando logre llevar al Congreso cinco de los seis diputados por Vizcaya, o con el triunfo del PSOE en las elecciones de 1923 en Madrid.

Más importante para el destino final de este primer reformismo conservador que las leyes proyectadas o aprobadas fue la política internacional. Liquidados los restos del imperio, y en plena era del reparto de África entre las potencias europeas, la política exterior española sólo podía dirigirse hacia un entendimiento con Inglaterra y Francia, que Alfonso XIII corroboró con su primera visita a Francia en 1905 y su matrimonio, el año siguiente, con Victoria Eugenia de Battenberg. El acuerdo secreto franco-español de 1904 y, sobre todo, la conferencia de Algeciras de 1906 permitieron reforzar esta incipiente alianza a la par que reservaban para España un lugar subalterno en el norte de Marruecos, encargada de mantener el orden en la franja del Rif. Dispuesto a afirmar la presencia española, Maura presentó una ley para la reconstrucción de la escuadra y emprendió algunas obras públicas que dieron lugar a incidentes con los rifeños. En uno de ellos, varios obreros españoles que trabajaban en las obras del ferrocarril a una explotación minera fuera de Melilla murieron en una emboscada. Para reforzar la guarnición de Marruecos, Maura dispuso el embarque de reservistas, una iniciativa que habría de costarle la presidencia del gobierno.

Pues frente a la llamada a una guerra que sólo podía despertar ecos e imágenes del reciente desastre del 98, los centros obreros y republicanos de Barcelona opusieron la llamada a una huelga general. Las cosas no iban mejor en Melilla de lo que habían ido once años antes en Cuba: continuas emboscadas con pérdidas de decenas de soldados hasta el desastre del Barranco del Lobo, en el que murieron más de 150 españoles mientras quedaban heridos otros 600. El ejército volvía a mostrar su ineficacia ante un enemigo inferior en técnica militar y los soldados sacrificados lo eran sólo por no haber podido pagar la redención en metálico del servicio militar. El pueblo de Barcelona, con su tupida red de centros obreros, ateneos y casas del pueblo compartidas por socialistas, anarquistas y republicanos, se lanzó a la calle en huelga general declarada el 26 de agosto. Durante una semana, sin una dirección clara de los hechos, la huelga tomó un sesgo violentamente anticlerical: 21 de las 58 iglesias de Barcelona y 30 de sus 75 conventos ardieron. 104 civiles y 8 guardias y militares murieron, alcanzando los heridos varios centenares. Más de 1.700 personas fueron incriminadas y cinco condenas a la pena capital fueron ejecutadas, entre ellas la de Francisco Ferrer Guardia, un pedagogo de ideología anarquista juzgado sumariamente por su supuesta participación en los hechos.

La Semana Trágica de Barcelona y sus secuelas levantaron un clamor unánime contra Maura, con una desacostumbrada agitación promovida por el Partido Liberal. Atacados ya en sus bases rurales desde el encasillado de 1907, los liberales sentían además la competencia creciente de republicanos, reformistas y socialistas en sus bases urbanas. De esta manera emparedado, Moret resistió el empuje conservador fraguando una alianza por su izquierda, donde no había más que partidos republicanos, ajenos al turno. Los republicanos habían vuelto a su tradicional división entre radicales, organizados en partido por Alejandro Lerroux, y gubernamentales, bajo la dirección de Melquiades Álvarez, lo que facilitaba el entendimiento de éstos con los liberales, con tal de que el gobierno les ofreciera el menor pretexto. Bastó la presentación del proyecto de ley contra el terrorismo para que se iniciara un proceso insólito en el sistema político de la Restauración. En 1908, sintiéndose disminuido el Partido Liberal y amenazados los republicanos por la política de Maura, la posibilidad de un acuerdo entre ambos, de un «bloque de izquierdas», como lo llamó Álvarez, dejaba de ser una quimera, sobre todo si el Partido Liberal, como había reclamado Canalejas al frente de su facción «demócrata», se presentaba como partido de izquierda y acentuaba los contenidos laicos de su programa y los republicanos dejaban para mejor ocasión su reivindicación de reforma constitucional.

A finales de mayo de 1908, liberales y republicanos, los primeros porque así pensaban reforzar su posición frente a los conservadores, los segundos porque así podían aspirar al poder, organizaron un multitudinario acto «contra Maura y su obra» en el teatro de la Princesa de Madrid, con la participación de Canalejas y Moret al lado de Álvarez, Azcárate y Sol Ortega. El «trust» de la prensa liberal madrileña, formado por El Liberal, El Imparcial y Heraldo de Madrid, acogió con entusiasmo la iniciativa y le dio la máxima publicidad posible. En noviembre, el pacto en el que se sustentaba la estabilidad del sistema sufrió un profundo hachazo con el resonante discurso pronunciado por Moret en Zaragoza, cuando propuso a los republicanos «la unión, los rigores de la lucha» y se dirigió a los socialistas, algo impensable un año antes, para presentarse con ellos unidos a la primeras elecciones.

Convencido todavía de que la única política posible para un partido socialista era la negativa a cualquier coalición con partidos burgueses, Pablo Iglesias rechazó la mano que Moret le tendía y la idea de un bloque de oposición contra el gobierno de Maura con el repetido argumento de que los republicanos, como los monárquicos, pensaban más en los puestos que en las ideas. Pero los acontecimientos de Barcelona, con la inmediata suspensión de los derechos de reunión y asociación, los juicios sumarísimos y el proceso y ejecución de Ferrer, modificaron por completo el panorama de la política española y la posición que en ella había ocupado hasta entonces el partido obrero. El 20 de septiembre, el comité nacional del PSOE dirigió un manifiesto a todos los ciudadanos para asegurarles que haría todo cuanto sus fuerzas le permitieran hasta conseguir que el gobierno de Maura desapareciera, lo que implicaba una «conjunción» con los partidos republicanos, a su vez en tratos con los liberales. La campaña del «Maura, no», que puso, según el líder conservador, «la turbina en la cloaca» e hizo aparecer «revueltos y apiñados a ministros de la Corona y revolucionarios», dejó herido de muerte el pacto entre las elites de los partidos dinásticos, con la inminente caída de Maura y su promesa de «implacable hostilidad» a los liberales, reafirmada tras la designación de Moret, artífice principal del bloque de izquierdas, como presidente del Consejo.

1909 fue así uno de los años críticos del sistema de la Restauración. Lo fue por razones internas al juego de los dos partidos: cuando Alfonso XIII despidió a Maura en octubre y encargó a Moret la formación de un nuevo gobierno, el líder conservador respondió dando por liquidado el pacto fundante de la Monarquía restaurada. El turno se había roto esta vez de manera insidiosa, según Maura: por la presión de una alianza de izquierdas que socavaba los cimientos del sistema. Ahora bien, esa alianza de las izquierdas dinásticas y republicanas habría de durar lo que Moret en el gobierno, nada. Las nuevas Cortes fueron elegidas en febrero de 1910, cuando ya Canalejas había sustituido a Moret y liquidado el bloque de izquierdas sin mayor daño para la monarquía. Con el resultado de las elecciones, los liberales contaban sus diputados por facciones: unos 50 los de Canalejas y Moret; cerca de 30 los de Romanones y otros 18 los de Montero Ríos; los conservadores superaron los 100, pero lo que más llamó la atención, por anunciar una mayor presencia de partidos antisistema, fue la subida de los republicanos y la llegada, por fin, de un socialista al Congreso.

La hora de los liberales

Canalejas procedía del ala izquierda del Partido Liberal, del que se había separado para formar su propio partido demócrata. Durante la primera década del siglo, había dejado consumirse en la impotencia todas las fórmulas posibles de gobiernos liberales hasta que sonó su hora cuando, como resultado de la presión contra Maura, el ya anciano Moret se escoró en exceso hacia la izquierda. Por ironías de la política, el antiguo izquierdista, que se había levantado diez años antes en el Congreso para proclamar la identidad entre liberalismo e izquierda, asumía ahora la tarea de desprender al liberalismo de sus conexiones con el republicanismo y recomponer el acuerdo con los conservadores. Resultó, por tanto, un político más dúctil de lo que sus manifiestaciones programáticas podrían hacer sospechar. De hecho, en las elecciones por él presididas, los conservadores salieron mejor parados de lo que habían salido los liberales en las presididas por Maura: una señal de reconciliación, un mensaje destinado a sus competidores para anunciarles el fin de la política de bloques y el retorno a la tradicional política de turno.

Maura dejó hacer: su hostilidad implacable esperaría mejor ocasión para manifestarse. Así pues, con el partido controlado, con Moret y Montero cerca ya del fin del camino de sus vidas, con Romanones en el gobierno, Canalejas pudo también intentar lo que Maura años antes: crear un partido democrático sostenido en un amplio apoyo popular. Nada original, por cierto, pues todos los líderes de los partidos dinásticos comprendían que era preciso cambiar la política para adecuarla a la sociedad de masa. Había que organizar, dedicarse a labores de propaganda, buscar el voto. Lo habían hecho los republicanos radicales, sobre todo en Cataluña, con Alejandro Lerroux a la cabeza; lo habían hecho los catalanistas, capaces de construir una organización política moderna, con afiliados, centros, campañas de propaganda, labor educativa; lo estaban consiguiendo los socialistas, abiertos desde su pacto con los republicanos a una labor de propaganda y organización que tenía su trasunto en el crecimiento de la organización obrera. Sentían la necesidad de hacerlo los líderes dinásticos, muy especialmente Canalejas que había abogado desde 1900 por una organización democrática, popular, propagandística y combatiente. En teoría, todo empujaba en la misma dirección. En la práctica, sin embargo, las elecciones seguían siendo las elecciones y el turno era el turno.

No quiere esto decir que Canalejas renunciara, como tampoco había renunciado Maura, a plasmar en la legislación lo más sobresaliente de sus promesas. En primer lugar, desde luego, su decisión de poner una barrera a la incesante penetración de órdenes religiosas. El laicismo había sido una de las banderas del líder liberal y no temió arriesgar incluso la ruptura de relaciones con la Santa Sede a costa de bloquear la apertura de nuevos conventos y casas religiosas. De todas formas, la llamada «ley del candado» encontró tantos obstáculos en su peregrinación por las Cortes que sólo pudo pasar con la condición añadida de que si en el plazo de dos años no se aprobaba una definitiva Ley de Asociaciones, todo lo legislado quedaría sin vigor, como así fue: las órdenes siguieron en España campando por sus respetos.

Pero lo más destacado de Canalejas fue un liberalismo que reclamaba la intervención del Estado como agente de reforma de la sociedad y en el que podría verse tanto una herencia del regeneracionismo como un influjo del new liberalism en boga por Europa. En España, ese liberalismo reformador se había propuesto como meta un impulso a la educación en sus niveles primarios y superiores. Lo primero ya lo habían iniciado los liberales con la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1900 y la incorporación de los maestros a los presupuestos generales del Estado. Lo segundo, con una política de pensiones puesta en marcha también desde principios de siglo, relanzada con la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en enero de 1907, y confirmada en 1910, con la creación de nuevos centros de investigación y enseñanza superior adscritos a la Junta y, como ella misma, puestos bajo la dirección de personas procedentes de la Institución Libre de Enseñanza. A la Junta y a sus gestores se debe la formación en torno a 1920 de una verdadera clase media científica ya que permitó a grupos de investigadores españoles mantener contactos regulares con centros de investigación extranjeros.

No paró ahí el nuevo liberalismo de Canalejas. A su haber es preciso apuntar la introducción en España del servicio militar obligatorio, que matizaba, aun sin liquidar del todo, la redención en metálico. Todos los españoles en edad militar estaban obligados a prestar servicio en tiempos de guerra, aunque si había paz, con 2.000 pesetas podía comprarse un servicio más corto, de sólo cinco meses, y si sólo se disponía de 1.500, el periodo se doblaba. Satisfizo también una de sus más arraigadas aspiraciones al suprimir el impuesto de consumos, que gravaba los artículos de primera necesidad, aunque en el empeño tropezó con una fuerte oposición parlamentaria, que sólo logró doblegar haciendo de la ley una cuestión de gabinete: o se aprobaba o él se iba. De la misma manera, impulsó la reforma social con leyes como las de jornada máxima de trabajo en diversas industrias, la de contrato de aprendizaje y prohibición de trabajo nocturno de mujeres en talleres y fábricas.

El interés por la legislación social, mostrado tanto por Maura en su gobierno largo como por Canalejas, era un buen indicio de la nueva solicitud hacia lo que se venía llamando cuestión social, y respondía a una convicción de los más lúcidos dirigentes de las clases conservadoras: o se ponía algún remedio a las condiciones en que vivía la clase obrera o los estallidos revolucionarios se sucederían sin pausa. Canalejas habría de hacer frente a uno de esos momentos. Los años 1910 y 1911 contemplaron la aparición de nuevas formas de acción obrera. Por supuesto, las huelgas eran tan antiguas como la asociación, pero ahora son huelgas generales con intención revolucionaria. En 1902, la huelga general de Barcelona no obtuvo la solidaridad de los obreros socialistas; en 1911, fueron los de la UGT quienes decidieron la huelga general de todas sus organizaciones, decisión a la que se sumó el comité nacional de la CNT. Seguida con desigual incidencia en las zonas de implantación de UGT, el gobierno respondió con la suspensión de las garantías constitucionales, la clausura de locales obreros y la ilegalización de la CNT. Un año después, cuando los ferroviarios declaren la huelga general, Canalejas responderá con la militarización del servicio y el envío de soldados para sustituir a los huelguistas.

No hubo tiempo para mucho más: la muerte de Canalejas, asesinado por un anarquista en noviembre de 1912, reabrió la crisis en el funcionamiento del turno mal cerrada en 1909. En el Partido Liberal, si el grupo de Moret apoyó el nombramiento del conde de Romanones para la presidencia del gobierno, el de Montero Ríos, acaudillado por su yerno, Manuel García Prieto, se declaró en rebeldía y se escindió del tronco común dando vida a un nuevo partido, el demócrata. En condiciones normales, imposibilitado el Partido Liberal de señalar un jefe indiscutido, el rey habría encargado la formación del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones al jefe conservador. Pero entre los conservadores ocurrió algo parecido, cuando Maura se negó en enero de 1913 a aceptar la posible oferta y recomendó al rey que se agenciara un partido «idóneo» para seguir el juego del turno.

El faccionalismo intrapartidario y la negativa a turnar entre partidos eran como dos bombas colocadas bajo la línea de flotación del pacto fundante de la Monarquía restaurada. Lo ocurrido en 1913 fue en este sentido la culminación de lo esbozado en 1909: a partir de entonces, el turno como mecanismo de alternancia en el poder no funciona; hablar de dos partidos y de alternancia pactada no pasa de ser una ficción; de lo que habrá que hablar cada vez más a partir de este momento es de coaliciones intercambiables de facciones. El núcleo mismo del sistema había quebrado: el arrecife de coral del caciquismo crecía a la vez que el poder público, en la afortunada expresión de Ortega, se hacía cisco. Coral y cisco: la política en torno a jefes de partido sostenidos en clientelas era la prueba del fracaso de la agregación de intereses económicos y sociales, el triunfo del localismo, la incapacidad para transformar los partidos dinásticos —como habían propuesto Maura y Canalejas— en organizaciones políticas sostenidas en el voto popular. En consecuencia, el hundimiento del poder central, la amenazante quiebra de la Monarquía constitucional.

Pues el hecho de que los partidos se disgregaran en facciones con crecientes dificultades para elaborar una política común no facilitó, todo lo contrario, las relaciones entre Parlamento y gobierno. A partir de ahora, los gobiernos serán cada vez más de facción y sus posibilidades de lograr que el Congreso apruebe alguna ley de calado reformador serán nulas: así ocurrió, entre otros, con los proyectos mil veces presentados y otras tantas derrotados de reformas fiscales, y así ocurrirá con el presupuesto, sistemáticamente prorrogado desde 1914. Más grave aún: los equilibrios que cualquier gobierno debía mantener para contentar a todas las facciones redujeron sus posibilidades de supervivencia. Como escribirá en enero de 1916, Luis Araquistain, mientras el Parlamento se movía sobre dos pies, todo resultaba fácil: el encasillado y el relevo de las elites dirigentes se regían por los principios de antigüedad y lealtad. Ahora, una vez volatilizada la lealtad, y rotos los partidos, el Parlamento se movía como un inquietante ciempiés. La Cortes no podían ser la base firme sobre la que descansaba el gobierno; más bien ocurría lo contrario: los gobiernos, que seguían haciendo las Cortes, tenían en ellas, no porque representaran la opinión popular sino por la multiplicación de facciones, a su peor enemigo. Bastaba cualquier proyecto de ley que se considerase contrario a los intereses de cualquier facción para que el gobierno se tambalease.

O cayera. Cuando Romanones, a quien el rey encomendó el encargo de sustituir a Canalejas, no pudo seguir al frente del gobierno por haber perdido una moción de confianza en la que los senadores del grupo de García Prieto unieron sus votos a los conservadores, se inauguró un periodo caracterizado por la inestabilidad gubernamental y la reducida vida de las Cortes. Obstinado Maura en su negativa a alternar con los liberales, en octubre de 1913 el rey decidió cambiar la situación y confiar a Eduardo Dato el encargo de formar gobierno, que pudo mantenerse algo más de dos años en el poder a costa de no tener abierto el Parlamento más que siete meses, un recurso al que los gobiernos echarán mano cada vez con más frecuencia. Gobernante discreto, esta primera llegada de Dato a la presidencia significó un breve interregno conservador durante el periodo de predominio liberal; breve porque nunca pudo contar con el apoyo de Maura y De la Cierva, no porque los liberales ofrecieran una mejor solución.

En sus dos años de gobierno, Dato optó sin titubeos por mantener a España al margen de la Gran Guerra desatada en Europa. Dividida la opinión pública entre aliadófilos y germanófilos, una «guerra de palabras» que provocó la primera escisión militante entre intelectuales y periodistas, y sin prestar atención alguna a los tratados que vinculaban a España con las potencias de la Entente, Dato dio por hecho que la única política posible era la de neutralidad. España, en su opinión, carecía de motivos y de recursos para entrar en aquella guerra, de manera que no le fue difícil renunciar al axioma que había guiado la política exterior en el siglo XIX: si Francia e Inglaterra van juntas, marchar con ellas; si separadas abstenerse; se abstuvo aunque Francia e Inglaterra lucharan del mismo lado. Romanones, entre los liberales, había escrito acerca de las «neutralidades que matan» y propuesto, en consecuencia, alguna forma de intervención a favor de los aliados, pero la opinión conservadora era más bien germanófila. Dato supo mantenerse en el fiel de la balanza, sin inclinarla de un lado ni de otro. Por otra parte, el presidente conservador, ministro ya de la Gobernación en el gobierno de Silvela que tuvo a Barcelona bajo estado de guerra en 1900, optó ahora por pactar con la Lliga y culminó los debates sobre la cuestión catalana iniciados por Canalejas en 1912 con la creación de la Mancomunidad de Cataluña, cuya presidencia recayó sobre Enric Prat de la Riba, un tipo de intelectual que a diferencia de los cultivados en Madrid comprendía la importancia de presidir instituciones públicas y manejar sus presupuestos.

En diciembre de 1915, con notable antelación a lo que habría sido un turno normal, Dato tuvo que ceder el paso a Romanones, que volvía a la cabecera del banco azul a inaugurar un nuevo turno liberal. Con su proverbial habilidad, Romanones pudo preparar unas elecciones que dieron satisfacción a todas las facciones, cada vez más numerosas, de los partidos dinásticos: El Imparcial anunció, con una exactitud que hoy envidiarían las empresas dedicadas a encuestas preelectorales, la composición de las nuevas Cortes —de la diplomacia las llamaba— que atribuyó al buen hacer del conde y a la magnífica predisposición de Dato. No era voluntad en los líderes lo que faltaba para que el turno volviera a engrasarse y a funcionar a gusto de todos: como las elecciones de 1916 pusieron de manifiesto, si de los dirigentes dependía, los dos partidos podían llegar a acuerdos para contentar no sólo a todas sus facciones, sino al creciente número de diputados con distrito propio, los que disponían de suficiente arraigo en su distrito como para no entrar en las negociaciones para el encasillado. Ahora los problemas se acumulaban por las presiones que sobre los partidos del sistema se ejercían desde el exterior: la creciente movilización obrera y patronal, el intervencionismo militar, las demandas de autonomía del catalanismo político, las exigencias de democratización suscitadas por la Gran Guerra.

Los liberales habrían de experimentar todas ellas concentradas en un corto espacio de tiempo. Romanones trajo a Hacienda a un político que ya desde principio de siglo andaba en planes de regeneración, Santiago Alba, y que disponía de un sólido cacicato en tierras de Valladolid y Zamora. Alba presentó un programa para Hacienda que incluía una reforma fiscal y un incremento del gasto público para obras de infraestructura que se financiaría por medio de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de la guerra. La oposición de los círculos empresariales y políticos catalanistas y vascos fue cerrada. Pero, aparte de intereses económicos, lo que motivó la ofensiva de Cambó contra Alba fue su inquietud al percibir la emergencia de una poderosa estrella en el firmamento liberal: si lo derrotaba, el Partido Liberal seguiría escindido, y eso incrementaba las posibilidad de presión del catalanismo; si le dejaba triunfar, el Partido Liberal podría prescindir de los catalanistas. Así, su propósito era claro: «llevar a Alba a un fracaso total». Tal fue la sustancia de lo que Cambó calificó luego como brillantísimo periodo de su actuación.

Pues lo cierto es que lo consiguió. Romanones no echó todo su peso a favor de su ministro y, como en tantas otras ocasiones, los planes reformistas acabaron abortados. Pero el mismo Romanones no disponía de una posición sólida y al mostrar una actitud más beligerante ante el hundimiento de barcos mercantes por submarinos alemanes, hubo de ceder el gobierno a García Prieto, que llegaba en un momento delicado a la presidencia. No duró en ella ni seis meses. Esta vez fueron las Juntas de Defensa las responsables. En el mes de junio, las Juntas exigieron un reconocimiento que el gobierno no estaba dispuesto a concederles; no el gobierno, pero sí el rey. A otra escala, se repetía lo de 1906: también entonces los gobiernos liberales hubieron de ceder ante la presión conjunta de los militares y el rey. Ahora, un liberal tuvo que dimitir para que se hiciera cargo del poder otra vez el conservador Dato. Pero esto ya no era el turno; esto indicaba otra cosa: que los centros de decisión política, debido a la actuación cada vez más notoria de los partidos como cambiantes coaliciones de facciones, estaban desplazándose hacia los cuarteles y el Palacio Real.

Junio de 1917 significó una especie de punto de no retorno en ese deslizamiento, pues desde ese momento hasta septiembre de 1923 —cuando el golpe de Primo de Rivera puso fin a la Monarquía constitucional— esto es, durante seis años, se produjeron en España 14 crisis totales de gobierno, se convocaron cuatro elecciones generales y hasta tres presidentes del Consejo de Ministros cayeron por directa presión militar. Para un régimen que se había construido sobre el turno pactado de partidos, el fraude electoral y las redes caciquiles con la excusa de que en un país sin verdaderos electores no había otra manera de garantizar la estabilidad de los gobiernos y la tranquilidad de los cuarteles, ese balance es la mejor prueba de su fracaso; prueba también de que una clase política puede empeñarse más allá del tiempo razonable en unas prácticas que conducen, con plena conciencia de todos los jugadores, directamente a su ruina; la veían venir pero carecían de recursos para evitarla o, más bien, se obstinaron en seguir utilizando los recursos que la hacían inevitable.

Porque a la vez que los gobiernos caían por una combinación de falta de apoyo entre todas las facciones del mismo signo con presencia en el Congreso y por presiones desde fuera, se produjeron los dos fenómenos que acabarán empujando al sistema liberal en la dirección contraria a los reiterados propósitos de regeneración. Ante todo, el rey incrementó las posibilidades y las ocasiones de intervenir en el juego político con el encargo de formar gobierno a uno u otro jefe de facción, reservándose la capacidad de decidir sobre la oportunidad de convocatoria de elecciones. Si puede parecer exagerado el diagnóstico del embajador británico en el sentido de que España no era una monarquía constitucional sino una autocracia, no lo es la observación del embajador italiano cuando escribía que el rey era «la más fuerte y activa personalidad política de la España actual», con lo que conseguía extender a la institución monárquica la misma pérdida de legitimidad que afectaba crecientemente a los partidos. El segundo fue la cesión de la iniciativa política a los militares y, ante el crecimiento de la protesta social, la militarización del orden público. Era, renacido, el problema militar, la «política pretoriana», evidente en esa voluntad de los militares de actuar como un grupo de presión corporativo y de presentarse como una alternativa política: no son ya los espadones al frente de los partidos moderado o progresista, como en el XIX, sino el ejército como corporación que pretende desplazar a los partidos en el gobierno del Estado.

En los inicios de la gran transformación

Mientras los partidos dinásticos se fragmentaban, aquella sociedad española de base rural y pasividad política crecía, se movía, se abría. Ante todo, crecía: en los primeros treinta años del siglo la población aumentó a un ritmo medio del 0,8 por 100 anual, lo que permitió pasar de los 18,8 millones de 1900 a los 24 que arrojaba el censo de 1930. En las dos primeras décadas, el crecimiento se situó en torno al 0,7 por 100 mientras que en la tercera superó el 1 por 100, una tasa que no volvería a conocerse en España hasta los años sesenta, en tantas cosas similares a los veinte. Fue, además, un crecimiento moderno, sostenido en el simultáneo descenso de natalidad y mortalidad, que se puso de manifiesto en la espectacular caída de la mortalidad infantil y en el notable incremento del número de mujeres supervivientes a la edad de quince años:

Población (millones) y tasas de natalidad y mortalidad. 1900-1930

1900

Población de derecho: 18,83

Natalidad: 33,8

Mortalidad: 28,9

Mortalidad infantil: 185,9

Mujeres supervivientes por 1.000 nacidas 15 años antes: 598

1910

Población de derecho: 20,36

Natalidad: 32,6

Mortalidad: 23,0

Mortalidad infantil: 149,3

Mujeres supervivientes por 1.000 nacidas 15 años antes: 687

1920

Población de derecho: 22,01

Natalidad: 29,4

Mortalidad: 23,3

Mortalidad infantil: 165,0

Mujeres supervivientes por 1.000 nacidas 15 años antes: 674

1930

Población de derecho: 24,02

Natalidad: 28,2

Mortalidad: 16,8

Mortalidad infantil: 117,1

Mujeres supervivientes por 1.000 nacidas 15 años antes: 787

Fuente: Estadísticas históricas de España, pp. 70-71, e Informe FOESSA, 1970, p. 153.

El descenso de mortalidad indica bien que las condiciones higiénicas de 1930 habían mejorado respecto a las de 1900, sobre todo en lo que se refiere al control de las enfermedades infectocontagiosas. La contención de enfermedades como bronquitis, tuberculosis, gripe, neumonía, sarampión y tos ferina fueron las responsables de la mitad de ese descenso de la mortalidad. Mejoras en la higiene y en la dieta más que progresos médicos parecen haber sido los determinantes del control de las enfermedades. Lógicamente, si la mortalidad descendía, la esperanza de vida al nacer aumentaba: los españoles nacidos en 1900 tenían no más, por término medio, que 34,8 años de vida por delante; treinta años después habían llegado a los 50 (51,6 las mujeres, 48,4 los hombres), un notable incremento que de nuevo concentró sus valores más altos en la década de 1920, debido sobre todo a que la gripe de 1918 redujo en unas décimas el avance conseguido diez años antes.

Esa población, además de crecer, comenzó a moverse, a desertar de las labores agrícolas, a emigrar a las ciudades. La creciente presión demográfica sobre escasos recursos económicos determinó en la primera década del siglo una impresionante emigración ultramarina, interrumpida en 1914 por el estallido de la Gran Guerra. En torno a medio millón de personas fue el saldo migratorio neto de España en la primera década de nuestro siglo, lo que actuó como una válvula de escape para una economía cuya transformación iba a la zaga de su crecimiento demográfico. La Gran Guerra cambió esa tendencia: no sólo pudieron salir menos emigrantes, sino que muchos hubieron de regresar. En 1906-1910 el promedio anual de salidas netas por mar fue de 63.622 españoles; veinte años después, entre 1926-1930, ese promedio quedó reducido a 7.249. Como los años veinte fueron los de mayor incremento demográfico, con un crecimiento vegetativo de 2,28 millones de habitantes, el peso de la nueva población cayó entero sobre la propia España, dato fundamental para entender la conflictividad social de los años treinta en las grandes ciudades.

Porque efectivamente la población creció durante todos esos años pero no toda al mismo ritmo. La España rural de principios de siglo entró en un proceso de rápida mutación: la población urbana, la de municipios de más de diez mil habitantes, se había casi doblado al llegar 1930, mientras que en el conjunto formado por lo rural y semirural el crecimiento más rápido se producía en los núcleos que rebasaban los cinco mil habitantes. De los cinco millones en que había crecido el total de población, algo más de cuatro habitaban en 1930 núcleos de más de diez mil habitantes y y cerca de otro millón lo hacía en municipios de más de cinco mil. Lo rural había dejado ser en esos treinta años lo definitorio de la sociedad española.

Cambios en la distribución de la población por tamaño de municipio. 1900-1930 (miles)

1900

Menos de 2.000: 5.125

De 2.001 a 5.000: 4.343

De 5.001 a 10.000: 3.153

De 10.001 a 20.000: 2.014

De 20.001 a 100.000: 2.304

De 100.001 a 500.000: 603

Más de 500.000: 1.072

TOTAL: 18.614

1930

Menos de 2.000: 4.854

De 2.001 a 5.000: 4.659

De 5.001 a 10.000: 4.015

De 10.001 a 20.000: 2.846

De 20.001 a 100.000: 3.790

De 100.001 a 500.000: 1.555

Más de 500.000: 1.958

TOTAL: 23.677

Fuente: Censos de población, 1900 y 1930.

El movimiento migratorio, que fue ya considerable en la primera década del siglo y se mantuvo alto en la segunda, adquirió su mayor fuerza en los años veinte con una migración interna neta de 1.168.925 personas. Los emigrantes siguieron rutas geográficas constantes: de Aragón, Valencia, Murcia y hasta de Almería, solían marchar hacia Barcelona; la España atlántica se orientaba hacia América y Madrid mientras que los habitantes de la región Centro-Norte tendían a ir al País Vasco. Madrid recibía sobre todo población del Centro y las ciudades de Sevilla y Córdoba recogían a la mayoría de los emigrantes de sus propias regiones.

Tal flujo migratorio provocó un efecto notable en el ritmo de crecimiento de población de las principales capitales de España y la presencia en ellas de un elevado número de nacidos en otros lugares. Más que a su crecimiento vegetativo fue a la recepción de inmigrantes a lo que ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao, centros industriales y de servicios en plena expansión, debieron lo sustancial de su crecimiento durante el primer tercio de siglo. Menos notoria, pero muy alta será también la llegada de forasteros a ciudades como Sevilla, Córdoba, Zaragoza y Valencia. En todos estos casos, se trataba de ciudades que habían crecido muy lentamente durante la primera mitad el siglo XIX, habían desbordado a duras penas sus viejas murallas tras los planes de ensanche urbano de los años sesenta de ese mismo siglo y aceleraron su crecimiento a partir de 1900 y, sobre todo, desde 1915.

Población de las capitales que en 1930 tenían más de 100.000 habitantes

Barcelona

1900: 533.000

1930: 1.005.565

Bilbao

1900: 83.306

1930: 161.987

Córdoba

1900: 58.275

1930: 103.106

Granada

1900: 75.900

1930: 118.179

Madrid

1900: 539.835

1930: 952.832

Málaga

1900: 130.109

1930: 188.010

Murcia

1900: 111.529

1930: 158.724

Sevilla

1900: 148.315

1930: 228.729

Valencia

1900: 213.550

1930: 320.195

Zaragoza

1900: 99.118

1930: 173.987

Fuente: Censosde población, 1930.

El crecimiento de las ciudades en tan corto periodo de tiempo transformó su trama urbana y su estructura social. La tradicional homogeneidad en torno al centro urbano dejó de existir. Sobre el viejo casco, que en muchas ciudades había quedado ya diferenciado de las zonas de ensanche, comenzó a gravitar el peso de un crecimiento desordenado y espontáneo de las zonas periféricas situadas mas allá de los límites de los planes de urbanización. Mientras una burguesía media de comerciantes, empresarios, industriales y profesionales acomodados ocupaba estos nuevos espacios, en los arrabales de las ciudades, en sus extrarradios, surgían barriadas obreras, mal o nada equipadas, sin planes de ordenación, donde la miseria y la suciedad eran palpables. Su visibilidad y su tamaño llamó la atención de los reformadores que pretendieron poner remedio con sus planes generales de extensión y ordenación del territorio, pensando que así evitarían la potencial rebelión de esos suburbios. La ordenación de la ría de Bilbao, que absorbe las anteiglesias cercanas hasta formar una aglomeración única con los núcleos industriales y residenciales de las márgenes izquierda y derecha del Nervión; el plan de urbanización de Madrid que convierte en barriadas sus municipios limítrofes como preludio de lo que será, décadas después, su área metropolitana; los proyectos de ensanche o extensión de Vigo y Badajoz, Gijón y Salamanca, Logroño y Sevilla, todo parece moverse en las ciudades españolas después de la Gran Guerra como demostración de una conciencia de cambio que expresa el malestar de las clases medias ante el caótico crecimiento urbano y la convicción de que era posible todavía remediar los males de un crecimiento desordenado.

La discontinuidad y la jerarquización del espacio urbano que fueron las consecuencias más evidentes de este proceso manifestaban a su vez la existencia de la diferente estructura de población que caracterizaba a estas ciudades. En muchas, la mayoría de sus habitantes procedía de fuera. El caso más extremo fue el de Madrid, donde sólo un 37 por 100 había nacido en la capital, pero en Barcelona sólo habían nacido el 43,6 por 100 de sus habitantes y en Sevilla la mitad exacta. Excepto Murcia, éste fue el caso del resto de las ciudades que en 1930 habían superado la barrera de los 100.000 habitantes: entre el 40 y el 60 por 100 de sus habitantes habían nacido en otro lugar, lo que quiere decir que un elevado porcentaje eran jóvenes comprendidos entre los quince y los treinta y cuatro años de edad y carecían de arraigo en una estructura urbana consolidada. Lógicamente, debido a la inmigración y al crecimiento vegetativo de las décadas anteriores, el número de personas en edad de trabajar será superior en las grandes capitales que en el resto.

Un cambio tan significativo en la población indica la presencia de una sociedad en expansión y crecimiento, sometida a las tensiones típicas de los procesos de industrialización y modernización. Esa impresión se refuerza cuando se observa el llamativo cambio producido en la composición de la población activa. Es propio de las sociedades modernas perder activos en la agricultura y ganarlos en la industria y los servicios. En España tal proceso se reveló con claridad en el censo de 1920 cuando, con la pérdida de población rural y el incremento de la urbana, se contabilizó un notable descenso de población activa agraria (que en el censo de 1910 —no demasiado fiable— todavía superaba el 65 por 100 del total), confirmado en 1930, cuando por primera vez los activos del sector primario caen por debajo de la mitad hasta alcanzar sólo el 45,5 por 100 del total, con el correlativo incremento de población activa industrial y de servicios.

Distribución porcentual de la población activa. 1900-1930

1900

Agricultura y pesca: 66,3

Industrias extractivas: 1,2

Industrias manufactureras: 10,7

Construcción: 4,0

Transportes, comunicaciones: 2,1

Comercio: 4,5

Otros servicios: 11,1

TOTAL: 100

(en miles): 6.621

1910

Agricultura y pesca: 66,0

Industrias extractivas: 1,4

Industrias manufactureras: 10,4

Construcción: 4,1

Transportes, comunicaciones: 2,2

Comercio: 4,7

Otros servicios: 11,3

TOTAL: 100

(en miles): 7.091

1920

Agricultura y pesca: 57,2

Industrias extractivas: 2,3

Industrias manufactureras: 15,6

Construcción: 4,1

Transportes, comunicaciones: 2,9

Comercio: 5,9

Otros servicios: 12,0

TOTAL: 100

(en miles): 7.516

1930

Agricultura y pesca: 45,5

Industrias extractivas: 2,1

Industrias manufactureras: 19,2

Construcción: 5,2

Transportes, comunicaciones: 4,6

Comercio: 7,6

Otros servicios: 15,8

TOTAL: 100

(en miles): 8.408

Fuente: A. Carreras (ed.), Estadísticas históricas de España, p. 79. (No se incluye la población activa femenina del sector agrario.)

La categoría profesional de los recién incorporados al comercio y a la industria indica más que los datos brutos de población activa las características del proceso. Alrededor del 45 por 100 de quienes emigraron a Granada eran jornaleros del campo, obreros de la construcción y criados, con sólo un 13 por 100 de artesanos y obreros de la industria. Había también entre aquellos inmigrantes una proporción no despreciable de dependientes y patronos del comercio —9,0—, de «empleados» en los diferentes servicios —7,9— y de «profesiones liberales y fuerza pública», que ascendían al 13,3 por 100. Estos datos podrían extrapolarse: un importante volumen de las personas ocupadas en el sector de servicios lo estaba en servicios domésticos, lo que matiza la modernidad de la nueva distribución ocupacional. Por su parte, los nuevos trabajadores del sector secundario eran mayoritariamente jornaleros de la construcción que habían acudido a las ciudades atraídos por los programas de edificación que se comenzaron a desarrollar durante la Dictadura. Madrid, que llena la zona del ensanche; Barcelona, que se prepara para la exposición universal; Sevilla, que lo hace para la Iberoamericana, son muestras del auge de las ciudades y del incremento de la población urbana. No son trabajadores cualificados y diversificados lo que se oculta en la estadística de población activa bajo la rúbrica «industrial», sino peones de la construcción. Los encontraremos en los años treinta, protagonistas de grandes movimientos huelguísticos, cuando la construcción se paralice no sólo en esas tres ciudades, sino en el conjunto de España.

Descenso de población activa agraria, acelerado y algo caótico proceso de urbanización, notorios progresos en la industrialización inducidos por el auge de la construcción: sólo queda constatar un similar crecimiento en el nivel de educación para completar el conjunto de variables que suelen señalarse como precondiciones de la democracia. Y en este punto, con un sistema escolar público que sufría graves deficiencias de locales y presupuestos, la dirección emprendida por conservadores y liberales desde el Ministerio de García Alix, reforzada luego por Romanones, acabó dando algún fruto, por limitado y tardío que fuera. En estos treinta años se atravesó del primer al segundo umbral de alfabetización: de una media de 55 por 100 de analfabetos a principios de siglo se pasó a una media del 27 por 100 en 1930: alguna relación guardará este tránsito con el incremento en flecha de la importación, fabricación y consumo de pasta de papel, la aparición de nuevos periódicos y la publicación de cuentos y novelas, de periodicidad semanal o mensual, destinados a un público cada vez más numeroso.

Tasas de alfabetización total sobre población mayor de diez años, por regiones

País Vasco

1900: 69

1930: 96

Madrid

1900: 76

1930: 92

Navarra

1900: 67

1930: 91

Castilla la Vieja

1900: 68

1930: 90

Asturias

1900: 55

1930: 89

León

1900: 59

1930: 86

Cataluña

1900: 48

1930: 82

Aragón

1900: 42

1930: 74

Andalucía Occidental

1900: 43

1930: 67

Galicia

1900: 35

1930: 67

Levante

1900: 30

1930: 62

Castilla la Nueva

1900: 37

1930: 61

Andalucía Oriental

1900: 27

1930: 58

Canarias

1900: 30

1930: 50

Total España

1900: 45

1930: 73

Fuente: Clara E. Núñez, La fuente de la riqueza, pp. 94 y 132.

En educación superior, el avance, aunque limitado en su extensión a lo que por entonces se comenzó a llamar minorías selectas, fue fulgurante, variado y profundo. Una minoría privilegiada aprendió alemán, inglés o francés, siguió estudios en el extranjero gracias a la política de pensiones establecida por el gobierno liberal desde 1901 y extendida años después con la Junta para Ampliación de Estudios, y regresó a España para enseguida, sin haber cumplido los treinta años, ganar la cátedra u ocupar un puesto relevante en la vida profesional. Esta gente nueva no se creía degenerada ni disfrutaba tumbándose en los cementerios, como sus más recientes predecesores. Rey Pastor la recordaba, en oposición a aquella España introvertida que deseaba Unamuno, «poblada de faquires acurrucados al sol y derviches hirsutos de básculo rascador, consagrados a meditar sobre el enigma de la muerte», como una «generación vigorosa y optimista, extrovertida hacia la alegría de la vida, que se propuso reanimar a la madre moribunda» trabajando con tesón hasta lograr «el ingreso de España en la comunión internacional de la ciencia»: la cuestión religiosa dejó de figurar en el centro de sus preocupaciones; en verdad, puede decirse de ella que, a pesar de haber pasado por colegios de la Iglesia, había cumplido en su todavía corta biografía un proceso completo de secularización. Antes de la Gran Guerra, ya andaban algunos por Francia, Alemania, Estados Unidos; e inmediatamente después será habitual que científicos europeos impartan cursos y conferencias en Madrid y Barcelona, capitales que a mediados de los años veinte se habrán convertido en «paradas del circuito internacional de conferencias». El flujo es continuo, como lo será también el de españoles que mantienen contactos permanentes con centros de investigación extranjeros. En ateneos y sociedades culturales se habla de mecánica, de geometría, de histología, de física, de relatividad, de pedagogía, de urbanismo, de arquitectura. Y los españoles que devolvían las visitas impartían conferencias sobre la estructura de la materia y sus propiedades magnéticas. A principios de los años veinte se había consolidado ya lo que Thomas Glick ha llamado una clase media científica, una «comunidad científica acostumbrada al encuentro relativamente frecuente con científicos extranjeros del calibre más elevado».

Se configuró así una estructura urbana dual en todos los órdenes de la vida: junto a un evidente y repentino proceso de proletarización masiva de los extrarradios, apareció una nueva clase media profesional, más diversificada que la de principios de siglo, deseosa de ocupar las nuevas construcciones, más elevadas, en barriadas más homogéneas, dotadas de ascensor y agua corriente. Los jóvenes hacían visible su presencia en las calles de la ciudad, en los cafés, los ateneos, las sociedades literarias y científicas, y aunque el dominio de la Iglesia en la enseñanza media era abrumador perdió por completo su control de la vida intelectual y retrocedió considerablemente en su dominio sobre la moral colectiva: la sociedad se secularizaba a ojos vista. Las mujeres comenzaron a frecuentar la Universidad y a engrosar aún tímidamente los epígrafes de profesiones liberales. La instalación de nuevas industrias y la constitución de sociedades anónimas transformaron el paisaje urbano; abrieron sus puertas los primeros grandes bazares; la publicidad invitaba a un consumo de más calidad desde carteles y páginas de periódicos y revistas; la producción editorial se multiplicó sin cesar: la crítica de libros ocupaba en los diarios secciones especializadas. La proliferación de actos y espectáculos públicos —teatro, cine, conferencias, cursos— modificó por completo el ambiente de las ciudades, que dejó de ofrecer motivos para el lamento sobre la decadencia y muerte de España y a extender entre las clases medias la convicción de que algo nuevo pugnaba por desbancar a lo viejo.

Una oportunidad para las oposiciones

La quiebra de las reglas que habían regido la vida política coincidió con las primeras manifestaciones de mayor movilización de la clase obrera y de las clases medias, aquellos dos tercios de la sociedad que no se sentían representados en las instituciones de la Monarquía. Mientras los partidos dinásticos rompían el turno y se desagregaban en facciones, la clase obrera que emigraba a las ciudades en busca de trabajo se dotaba por vez primera de grandes sindicatos. A comienzos de los años diez, además de la entrada de un socialista en el Parlamento y del partido obrero en el juego de las alianzas políticas, se crearon los sindicatos de industria de la Unión General de Trabajadores y se celebró el congreso fundacional de la Confederación Nacional del Trabajo, con su posterior fórmula de sindicatos únicos de industria. La organización obrera dejó de ser asunto de núcleos localizados de obreros del textil, mineros, metalúrgicos y de la construcción, y sus afiliados comenzaron a contarse por decenas de miles.

Por su estructura orgánica, sus tácticas sindicales, su tradición ideológica y hasta por su implantación territorial, la CNT se presentaba como un claro rival de la UGT. Los sindicalistas alardeaban de una organización muy flexible, nada burocratizada, con dirigentes que acudían al sindicato después de cumplir su jornada laboral; la UGT presumía, sin embargo, de una organización seria y rigurosa, con un puñado de dirigentes dedicados a las tareas sindicales, con un control de las cuotas y estricta disciplina de los afiliados. Enfrentados también en la acción sindical, los cenetistas eran fuertes cuando se sentían capaces de movilizar a grandes masas de trabajadores; recurrían a la acción directa, en lucha cara a cara con los patronos y se negaban a todo arbitraje estatal. Los ugetistas, sin embargo, preferían agotar las vías de negociación antes de ir a la huelga, último recurso de la acción obrera, de la que no se podía abusar y que únicamente se debía convocar con objetivos claros y con un suficiente apoyo en la caja de resistencia. No menos distanciada aparecían sus ideologías: la CNT venía del sindicalismo revolucionario y defendía la autonomía obrera de cualquier vínculo político; la UGT prefería el sindicalismo de reformas y separaba la acción política, competencia del partido obrero, de la acción económica, responsabilidad del sindicato. Si los cenetistas soñaban el día de la revolución como una gran catástrofe en la que el viejo mundo se desmoronaría por completo, un ugetista vislumbraba el socialismo como una lejana meta a la que sólo se llegaría tras una dura y callada labor de organización y de lucha.

La rivalidad entre ambos sindicatos no era óbice para que participaran ocasionalmente en frentes y alianza sindicales, pues ambos compartían, a pesar de tan notorias diferencias, elementos de una misma tradición: rechazo del orden social vigente; desconfianza ante la política y desdén por el Parlamento; antiestatismo; certeza absoluta en la fatalidad de la revolución como un acontecimiento natural, que ha de venir algún día, determinado por una especie de ley biológica; visión de la futura sociedad como un orden armónico administrado por una clase obrera organizada en sindicatos. Estas tradiciones comunes vividas en organizaciones tan dispares pueden explicar que el recurrente enfrentamiento entre los sindicatos socialista y anarquista no esté reñido con una relativa facilidad para alcanzar en momentos críticos la unidad de acción, si no de forma expresa, al menos participando en las mismas convocatorias.

Uno de esos momentos apareció en 1916, cuando Romanones se disponía a convocar elecciones después de recuperar la presidencia del Consejo. La inflación provocada por la Gran Guerra había afectado a la capacidad de consumo de la clase obrera, que volvía a plantear como motivo de agitación la vida cara: mientras el índice de precios se había disparado desde 100 en 1913 a 218 cinco años después, el de salarios sólo había subido en ese mismo periodo a 125. Protestas contra la carestía de las subsistencias se sucedían por todas partes. Industrias enteras, como la construcción de Barcelona y la minería de Asturias, se declaraban en huelga, mientras Madrid volvía a presenciar los motines por falta de pan y los asaltos a las tahonas. En este clima de movilización, el congreso que la UGT celebró en mayo de 1916 facultó al comité nacional para que estudiara la conveniencia de organizar en toda la nación un paro general de protesta por un día.

La declaración del congreso, aunque no comprometía a la convocatoria de huelga, fue suficiente para que los socialistas entraran en negociaciones con los cenetistas. A partir de un encuentro en Zaragoza, en julio de 1916, y en medio de una nueva huelga de ferroviarios, los contactos entre dirigentes de la UGT y CNT se sucedieron con la publicación de manifiestos con demandas de un rápido abaratamiento de las subsistencias, solución a la crisis de trabajo y amnistía para los condenados por delitos económicosociales y políticos. Mítines y manifestaciones de ambos sindicatos, juntos o por separado, se multiplicaron hasta que los delegados de los comités nacionales de ambas organizaciones acordaron convocar la huelga general de un día para el 18 de diciembre. Tras medio año de reuniones, toda clase de mítines y varias manifestaciones masivas, UGT y CNT emprendían juntas una huelga general de ámbito nacional.

El éxito de la convocatoria de diciembre, la experiencia de la acción común, la tendencia de los sindicatos a intervenir en la política, actuando sobre el fondo de la crisis que acabó precipitadamente con el gobierno de Romanones, amplió a partir del nuevo año los contenidos de las reivindicaciones obreras. Una nueva huelga, si era general, tendría que ser por tiempo indefinido, según la tradición del sindicalismo revolucionario. Y, en efecto, al reanudarse las reuniones de los delegados de la CNT con el comité nacional de la UGT, en marzo de 1917, acordaron convocar una huelga general sin límite en el tiempo. En la tradición de ambos sindicatos, no se podía pensar en una huelga indefinida que no fuera antesala de una revolución, y así ocurrió también en este caso: de lo que se trataba con la huelga era de conseguir «una transformación completa de la estructura económica del país y de la estructura política también».

Revolución en ciernes, pues, anunciada desde la prensa socialista y acordada con un sindicato que propugnaba no ya un cambio de régimen, sino la destrucción del Estado. Por unas semanas pareció como si los socialistas hubieran abandonado su estrategia de defensa de la democracia junto a los partidos republicanos para sustituirla por la de lucha por el socialismo de la mano del sindicalismo revolucionario. Pero los socialistas, además de reunirse en un congreso sindical y de hablar con la CNT, no perdieron la expectativa de negociar y participar en acciones comunes con republicanos y reformistas que habían abandonado la conjunción en 1910 y en 1913 y que ahora, con el cierre de las Cortes, la suspensión de garantías y la agitación que en sus filas levantaba el curso de la Gran Guerra y la creciente aliadofilia, sentían despertar un nuevo ardor por la democracia y la república. A finales de mayo de 1917, un mitin convocado en la plaza de toros de Madrid reunió a veteranos republicanos con los jefes de los partidos reformista y radical y la participación, a título personal, del dirigente socialista Andrés Ovejero. Lerroux, antes de proponer a Rusia como ejemplo, veía en la plaza la representación de la soberanía popular con la real ausente: los caminos de socialistas y republicanos estaban a punto de cruzarse en su común propósito de derribar la Monarquía. Tan importante como eso: Melquiades Álvarez reafirmaba su republicanismo.

Álvarez había recogido las expectativas del sector más ilustrado de aquella nueva clase media que había irrumpido en la vida pública hacia 1910, cuando el sistema de turno experimentaba sus primeras sacudidas. A diferencia de lo que había ocurrido con la clase obrera y su incipiente afluencia en masa a los sindicatos, la clase media no corrió a engrosar las filas de partidos políticos. Hubo un movimiento de simpatía hacia el socialista que se tradujo en algunas afiliaciones más distinguidas que numerosas, pero por lo general los profesionales daban su nombre por decenas a las ligas o uniones que la Gran Guerra suscitó en los medios intelectuales, y luego, nada, no se volvía a hablar de aquello. Algo similar ocurrió con la llamarada encendida por la convocatoria de homenaje a Melquiades Álvarez en octubre de 1913. Una distinguida multitud se agolpaba en el hall del Palace, escribía El Liberal, una cifra de adictos, importante, no vista nunca en actos análogos. Estaban allí la mentalidad, la riqueza, el comercio, la industria y la actividad de la nación. Por veintenas se contaban los profesores de universidades, institutos y escuelas, abogados, ingenieros, médicos, banqueros, fabricantes, publicistas. Desde ayer, concluía el cronista, hay para España una esperanza y para la democracia un programa; unos años después, la esperanza se había marchitado y del programa se había renunciado a casi todo.

Pero en 1913, esa clase de profesionales aspiraba a una serie de reformas que comprendieran la autonomía regional, la distribución más equilibrada de la propiedad, la libertad sindical y religiosa, la supremacía del Parlamento y del poder civil. Desde su aparición en abril de 1912, el Partido Reformista, al que en 1917 podían sumarse como aliados los socialistas y los republicanos además de los catalanistas, propugnaba también una reforma constitucional que recortara los poderes de la corona, secularizara al Estado, lo liberara de la tutela militar y garantizara la autonomía de las regiones. Ese plan reformista descansaba, según comentará uno de los afiliados en su trance fundacional, Manuel Azaña, en dos supuestos: que la Monarquía española, iluminada por el ejemplo de la corona inglesa, no pondría el más mínimo estorbo a las reformas, y que, al producirse el movimiento de avance en el orden social que se esperaba después de la Gran Guerra, la Monarquía se avendría a renovar el pacto en que descansaba el sistema constitucional. Era la hora de encontrarse de nuevo con republicanos y socialistas y empujar hasta donde fuera posible para obligar a la renuente Corona a seguir los pasos de sus parientes británicos.

La ocasión para el encuentro vino dada cuando las Juntas Militares entregaron el día 1 de junio al capitán general Marina un manifiesto en el que la comisión ejecutiva del PSOE apreció «esenciales coincidencias entre el proletariado organizado y el de los jefes y oficiales del ejército, también organizados». Una comisión de los comités nacionales de la UGT y del PSOE, que desde algún tiempo actuaban unidos, mantuvo una entrevista con Melquiades Álvarez en la que se llegó al acuerdo de constituir un gobierno provisional que convocase Cortes constituyentes. La idea, que resurgirá en 1930, de un gobierno provisional formado por elementos antimonárquicos, sin exclusión de los representantes de la clase obrera organizada, apoyado en una intervención militar y en una simultánea huelga general indefinida, como instrumento de transición de la monarquía a la democracia, irrumpía así en las estrategias conjuntas de socialistas y republicanos.

Por el momento, se concertó la alianza con la finalidad concreta de modificar el régimen político del país y se nombró un comité formado por Lerroux y Álvarez, en representación de republicanos y reformistas, y por Pablo Iglesias y Largo Caballero como representantes del PSOE y de la UGT. Era la conjunción republicano-socialista rediviva, otra vez con radicales y reformistas como aliados principales, aunque ahora no para derribar a Maura sino para derrocar a la Monarquía. Y a pesar de que a Álvarez le costara definirse por la república, al final el acuerdo entre todos ellos se estableció sobre bases firmes: los partidos republicanos en inteligencia con el partido obrero nombrarían un gobierno provisional que procedería a la inmediata convocatoria de Cortes constituyentes. Los coligados ejercerían su presión sobre el gobierno y el rey en la Asamblea de Parlamentarios que Cambó había convocado para el 19 de julio en Barcelona como respuesta a la suspensión de las garantías constitucionales y al cierre de las Cortes decretado por el gobierno conservador de Dato.

Aunque la CNT calificara de traición la entrega de la huelga general a una finalidad política como era la de formar un gobierno provisional y aunque a los republicanos les inquietara la participación del sindicalismo revolucionario en una acción destinada a forzar al monarca a un cambio de Constitución que reconociera la soberanía popular, los objetivos de la doble iniciativa sindical y política no eran contradictorios. Cambó pretendía encarrilar hacia una renovación política el golpe de los militares y «españolizar nuestro movimiento, ligándolo a una empresa general española que nosotros iniciaríamos y dirigiríamos», para lo que necesitaba atraer a las izquierdas y conseguir también que Maura participara en la Asamblea. Lerroux y Álvarez, si se cree el testimonio de Cambó, estaban convencidos de que iban a ser directores de una república burguesa; Iglesias, si se cree a Besteiro, pensaba que había llegado el momento de dar un paso adelante en la incorporación a la política y sentarse, aunque sin cartera, en el futuro gobierno provisional que se encargaría de convocar Cortes constituyentes. No era un secreto para nadie —escribió Azaña— «que los jefes de los partidos de izquierda pensaban seriamente en derribar el régimen establecido». El mismo Ortega, que nunca presumió de revolucionario, solicitó la formación de un poder transitorio con la misión de convocar Cortes constituyentes.

No hubo ocasión y no porque no hubiera huelga general sino porque al declararla los socialistas lo hicieron como obligados, a la defensiva. Tal será después la justificación de la acción más radical hasta entonces emprendida por los socialistas españoles: fueron a ella en la estela abierta por una inoportuna huelga de ferroviarios, provocada por el gobierno. Lo decisivo fue, en todo caso, que las Juntas de Defensa no sólo no se pusieron al frente de ninguna revolución, sino que se emplearon a fondo en la represión. La Asamblea de Parlamentarios, con la exclusiva participación de reformistas, republicanos, catalanistas y el único socialista posible, se limitó a pedir una transformación de la vida política por medio de la convocatoria de Cortes constituyentes. Los republicanos, lejos de tomar el poder, se dispersaron tras la simbólica detención a que todos los parlamentarios fueron sometidos por el gobierno, y la clase obrera se quedó sola con su huelga general, con sus muertos en los duros enfrentamientos con fuerzas de la policía y del ejército y con sus detenidos y represaliados. A los pocos días de iniciarse, los trabajadores tuvieron que volver a sus puestos sin haber logrado sus objetivos de cambio de sistema. La dirección socialista de la huelga —Largo Caballero, Besteiro, Anguiano y Saborit— acabó en el penal de Cartagena, rumiando las razones del fracaso.

La secuencia de juntas de defensa, comité republicanosocialista, asamblea de parlamentarios y huelga general revolucionaria constituyó el punto culminante de la oposición al régimen monárquico protagonizado por los sindicatos y por los partidos ajenos al turno con el propósito de instaurar una república o de forzar la apertura de un proceso constituyente utilizando una mezcla de violencia y de presión pacífica ejercida desde fuera de las instituciones. Si alguna característica definió ese periodo fue que nunca se produjo una acción conjunta de socialistas, reformistas, republicanos y catalanistas. Todos aprendieron entonces la lección de la desconfianza: en los años siguientes sería imposible revitalizar la conjunción o proyectar de nuevo cualquier forma de revolución. La Lliga inició su incorporación al sistema; el Partido Reformista se dispuso a prestar de manera incondicional, o con muy suaves y rebajadas condiciones, su colaboración a la Corona; el Radical no fue menos y por boca de Lerroux hizo saber al rey que estaba dispuesto a asumir sus responsabilidades; el Socialista se metió en una querella interna, con un debate interminable sobre su adscripción a la Internacional Comunista, que lo escindió e inutilizó como fuerza política y dio alas a su rama sindical para señalar la dirección futura. Ofertas variadas al rey o retraimiento al debate interno: ése fue todo el empuje del que dio muestras la ascendente clase media urbana y la clase obrera políticamente organizada. Nadie sacó de aquella experiencia la necesidad de reforzar un partido político que se dirigiera al público, le pidiera su voto, participara en las elecciones, controlara las mesas y llegara al Parlamento sostenido en un movimiento de opinión. Las expectativas de una reforma democrática se desinflaron a la vez que se producía una especie de general desistimiento político en los medios de la oposición.

El recurso a las concentraciones

Por su parte, los partidos dinásticos sufrieron la directa presión de las juntas de defensa, que derribaron el gobierno de Dato cuando aún no había cumplido tres meses en el poder y había capeado, sin grandes quebrantos para la estabilidad de la Corona, el temporal de la huelga revolucionaria y de la Asamblea de Parlamentarios. La solución de la crisis fue laboriosa. Al fin, García Prieto, caído el 1 de junio a causa del manifiesto de las juntas, volvió al poder el 1 de septiembre, esta vez al frente de un gobierno de concentración, fórmula novedosa que certificaba la agonía del turno y buscaba la estabilidad por medio de la coalición de diversas facciones independientemente de su adscripción partidaria. Un gobierno integrado por los grupos liberales de García Prieto y Romanones, con los conservadores de Maura y Cierva, y la entrada por primera vez de los catalanistas, se dispuso a insuflar nueva vida al sistema. Quedaban fuera, además de las oposiciones antidinásticas, los grupos de Dato y de Alba, suficientes para crear problemas, agudizados por los resultados de las elecciones celebradas el 24 de febrero de 1918, que mostraron la creciente división de los partidos del turno y el auge del nacionalismo vasco con sus siete diputados, el mejor resultado de todo el periodo. Con las reforzadas facciones de mauristas, ciervistas, albistas y garcíaprietistas, era difícil que aquel Congreso sirviera de base sólida para un gobierno con suficiente autoridad y garantías de estabilidad.

Si la primera experiencia de concentración acabó en nada, la segunda comenzó despertando lo que Ortega calificó de raro entusiasmo nacional en los corazones. Por sugerencia de Romanones, el rey invitó el 22 de marzo de 1918 a los líderes de todos los grupos políticos a una reunión en Palacio de la que habría de salir lo que se llamó gobierno nacional. Con Antonio Maura en la presidencia, en ese gobierno se reunió lo más granado de la clase política de la Restauración: Dato se hizo cargo de Estado, García Prieto fue a Gobernación, Romanones a Gracia y Justicia, Alba a Instrucción Pública, y Cambó, arrepentido de haber delegado en Ventosa la representación del catalanismo en el anterior gobierno, se encargó de Fomento. El gobierno quiso liquidar las consecuencias de la huelga general del año anterior concediendo una amnistía que permitió a los dirigentes socialistas ocupar sus escaños; además, convencidos todos de que era preciso agilizar los debates parlamentarios, procedió a una reforma del reglamento que introdujo la guillotina, dando al gobierno la capacidad de señalar la fecha de terminación de los debates. A ese gobierno se debe también la Ley de Bases que estableció la inamovilidad de los funcionarios y los criterios de antiguedad para su promoción, lo que limitó considerablemente las oportunidades de destinos discrecionales y acabó por fin con la figura del cesante.

En todo caso, la fórmula de gobierno nacional en un sistema parlamentario no podía ser más que transitoria, válida sólo para situaciones de emergencia. Romanones, que había sido un aliadófilo convencido, protestó por los continuos ataques de submarinos alemanes y, ante la tibieza de la respuesta del gobierno, presentó la dimisión que no le fue aceptada; Alba y Cambó reanudaron sus hostiles relaciones y Maura acabó por sentirse desasistido e impotente. En razón de la insostenible interinidad en que el gobierno vegetaba —comentaba ABC—, pidió la tramitación urgente del presupuesto, que ningún gobierno desde 1914 había sido capaz de sacar adelante. No halló Maura el eco esperado entre los diputados y desde el mismo Congreso se dirigió a Palacio para poner en manos del rey la dimisión del gabinete. La conferencia duró quince minutos. El gobierno nacional había durado poco más de medio año. A los periodistas que aguardaban su salida les dijo, sonriente: «Qué de prisa se ha acabado esto ¿verdad? Ahora que venga otro más guapo que yo para arreglarlo».

Pero más guapo que Maura no había nadie entre los jefes de los partidos dinásticos. Sin él eran impensables los gobiernos de concentración nacional. ¿Qué se podía hacer? Pues intentar una vuelta al turno, aunque el diagnóstico de todos los políticos, dinásticos o no, era que con la Gran Guerra y las transformaciones sociales el turno había colapsado. Pocas veces se habrá dado el caso de una clase política tan convencida de la necesidad de drásticas reformas en las leyes y en las prácticas políticas y tan incapaz de llevarlas a cabo. De lo primero, ya Maura y Canalejas habían dado buenas pruebas desde principios de siglo y, ahora, a sus acertados diagnósticos unían también los suyos Romanones y Alba, Cambó y Dato. No carecía ninguno de capacidad de análisis y percepción de los problemas, pero les faltaban instrumentos para construir una base de poder al margen de sus clientelas; partidos desligados de la representación directa, por vínculos familiares o amistosos, de intereses económicos parciales y de redes caciquiles; partidos de masa, en fin, que derivasen su poder del voto más que de las clientelas. Los políticos de la Restauración habían diagnosticado mil veces que el caciquismo era el mal, pero no sabían como gobernar prescindiendo de sus cacicatos; ni siquiera Maura lo sabía, indeciso ante quienes desde dentro de su facción se proponían lanzar un partido nuevo, el Social Popular, que aglutinara la dispersa opinión católica.

Y así se volvió a un sucedáneo de turno. A Maura, tras un brevísimo gobierno de García Prieto, le siguió en diciembre de 1918 Romanones, que había reunido a los diputados y senadores adictos para pedir su apoyo a un gobierno capaz de aprobar los presupuestos y para decirles que era preciso renunciar a los antiguos procedimientos políticos. Liberal y aliadófilo, Romanones aprovechó el fin de la Gran Guerra para entrevistarse con los líderes de las potencias aliadas. Wilson lo recibió en París, donde también pudo conversar con Poincaré, presidente de la República: no se le aceptó a la mesa de las Conversaciones de Paz, como era su deseo, pero logró que España se contara entre los miembros fundadores de la Sociedad de Naciones. Pero sus problemas no habrían de venir del lado internacional, sino del interior: si 1917 había sido el año de la presión para una reforma constitucional, 1918 fue el de las expectativas de autodeterminación, alentadas por la doctrina Wilson, que impulsaron a los nacionalistas vascos a convocar la Asamblea de Municipios, brutalmente reprimida por la policía, y a los catalanistas a sustituir la tradicional demanda de descentralización por la exigencia de mayor autonomía, que la presencia de la Lliga en los gobiernos no era suficiente para obtener. Pero los debates en el Congreso, aunque enjundiosos, pasaron a segundo plano ante el auge de la movilización sindical: 1919 conoció la huelga general motivada por el conflicto de La Canadiense en Barcelona y el comienzo de lo que Díaz del Moral llamó agitaciones andaluzas; una auténtica «guerra social», con atentados de anarquistas y de pistoleros a sueldo de patronos, se declaró en Cataluña y tres años de movilizaciones de jornaleros del campo a los que habían llegado los ecos de la revolución rusa en Andalucía.

La situación de Barcelona agudizó el conflicto entre las autoridades militares y el gobierno, al exigir las primeras la adopción de medidas drásticas contra el sindicalismo y al favorecer el segundo una salida negociada a los conflictos. Al final, Romanones hubo de presentar la dimisión cuando su gobierno no había cumplido cinco meses de vida, para ser sustituido por Antonio Maura, el mismo que había dimitido medio año antes por no encontrar suficientes apoyos en la Cámara para aprobar los presupuestos. Maura, que había clamado por elecciones sinceras, las convocó esta vez con las garantías constitucionales suspendidas y con los gobernadores civiles dispuestos a fabricarle una mayoría. Ahora, sin embargo, ya no bastaba el acuerdo entre elites ni las promesa de dádivas y favores; ahora, para ganar elecciones, era preciso emplearse a fondo, lo que quería decir comprar votos descaradamente o utilizar los medios tradicionales de amenazas y represión. Por otra parte, las escisiones en la cima habían favorecido la multiplicación de diputados con distrito propio, elegidos por el art. 29 y, por tanto, inservibles para los pactos entre elites. Con estas crecientes complicaciones en un sistema pensado para un juego de dos, era obligado que el gobierno no obtuviera mayoría, como así fue, sobre todo porque en esta ocasión Maura optó por la fórmula contraria a la concertación: formó un gobierno con lo más conservador y autoritario de su propia facción, en la que sobresalían La Cierva y Goicoechea. No sobrevivió a la apertura de las Cortes, aunque en los tres meses que duró su cuarta presidencia tendría tiempo para consagrar a España, en presencia de los reyes, al Sagrado Corazón de Jesús.

La caída de Maura en julio de 1919 dio paso a un periodo de dos años de más templados, aunque tan inestables, gobiernos conservadores presididos por Sánchez de Toca, Allendesalazar y, finalmente, otra vez por Dato, que debió enfrentarse a la creciente ola de pistolerismo en Cataluña y que, a pesar de algunas medidas para la reforma social, como la creación del Ministerio de Trabajo, dejó mano libre a Martínez Anido para que utilizara en la guerra sucia contra el sindicalismo los medios exigidos por la patronal: los asesinatos por pistoleros llegaron a convertirse en rutina diaria en Barcelona. Asesinado él mismo en marzo de 1921, volvió a la presidencia Allendesalazar, incapaz de mantenerse tras el nuevo desastre sufrido en la guerra de Marruecos en julio de este mismo año. Sumada a la situación de Cataluña, la hecatombe de Annual, cuando las tropas de Abd-el-Krim forzaron la retirada del ejército español de sus posiciones avanzadas con la pérdida de cerca de 10.000 hombres, situó de nuevo al sistema político al borde del colapso y otra vez todos los ojos se volvieron hacia Maura, que estaba allí para intentar alguna solución de emergencia retornando a la fórmula de gobierno de concentración.

Orden público deteriorado y desastres coloniales eran dos condiciones fijas para un mayor intervencionismo militar. Faltaba la tercera: que los políticos pretendieran exigir responsabilidades a los soldados. Y eso fue lo que intentó el sucesor de Eduardo Dato al frente del Partido Conservador, José Sánchez Guerra, cuando en enero de 1922 sucedió a Maura, caído por haber vetado el rey un decreto de Cierva que afectaba a la autonomía de las juntas de defensa. Sánchez Guerra intentó poner algo de orden en el desorden militar destituyendo a Martínez Anido de su puesto en Barcelona y aceptando que se plantease en las Cortes la cuestión de las responsabilidades por el desastre de Annual. Demasiado para que el Partido Conservador, en el poder mientras esas cosas ocurrían, no se conmoviese hasta sus cimientos. El presidente del Consejo perdió el apoyo de su propio partido y hubo de dejar paso a un cambio de situación: el rey llamó de nuevo a los liberales y ofreció el encargo de formar gobierno a Manuel García Prieto, que se dispuso a presidir una concentración liberal.

Con ese nombre se quería decir que, además de contar con todos los grupos liberales, romanonistas, albistas, garcíaprietistas y alcalázamoristas, el presidente contaba también con los reformistas de Melquiades Álvarez, que entre tanto habían rebajado sus exigencias democratizadoras para incorporarse a un gobierno de la Monarquía. El gobierno anunció su propósito de avanzar en el proceso de responsabilidades y de afirmar la primacía del poder civil en las dos cuestiones pendientes, Cataluña y Marruecos. Como siempre, tras la remoción de gobernadores y alcaldes, el gobierno convocó elecciones con el propósito de asegurarse una mayoría suficiente. Todas las corruptelas del sistema se hicieron patentes por última vez: el número de actas por el art. 29 ascendió a 145; el gobierno obtuvo una incierta mayoría de 182 diputados —que con los reformistas ascendía a 200— por 115 que quedaron para los conservadores. Pero en Madrid, el PSOE triunfó sobre una coalición monárquica, lo que dio nuevas energías a sus diputados para continuar con el debate sobre las responsabilidades, mientras el gobierno, por medio de su ministro de Estado, Santiago Alba, entraba en negociaciones con los rebeldes marroquíes con objeto de rescatar a los prisioneros.

La hora de los militares

Una política de negociación con los rebeldes y una amenaza de exigencia parlamentaria de responsabilidades era más de lo que el ejército estaba dispuesto a aceptar. El día 13 de septiembre Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, se pronunció en Barcelona, obteniendo muy rápidamente el apoyo de las principales agrupaciones empresariales españolas y catalanas: la Confederación Patronal Española, la Asociación de Agricultores de España, Fomento del Trabajo Nacional y la Liga de Productores de Vizcaya, entre otros, emitieron comunicados de adhesión incondicional a la nueva situación. La adhesión de las gentes de orden, la pasividad, si no la simpatía, de un amplio sector de la opinión, y la rápida aceptación de los hechos por el resto de los jefes del ejército y por el rey garantiazaron el éxito del golpe y forzaron la dimisión del gobierno. Con la anuencia y el manifiesto apoyo del rey, el ejército ponía así fin a cincuenta años de Monarquía constitucional, adelantando una fórmula de Dictadura con rey que se extenderá por Yugoslavia con Alejandro en 1929, Bulgaria con Boris en 1934-1935, Grecia con Jorge II y la toma del poder por el general Metaxas tras la restauración de 1935, y Rumania con Carol en 1938, sólo que en España esto ocurría independientemente de la crisis política general por la que atravesaba Europa con el ascenso del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania.

Primo de Rivera llegó al poder con el propósito de permanecer allí noventa días y con las ideas muy claras respecto a lo que en ese tiempo debía destruir. Ante todo, el gobierno, que al día siguiente del golpe fue sustituido por un directorio militar con el general Primo de Rivera como presidente y ministro único y con un general de brigada o equivalente de cada región militar más un contraalmirante de la armada, como vocales, al que se añadió una semana después, el general Martínez Anido a cargo de la restablecida subsecretaría del Ministerio de Gobernación. Todos militares, pues, porque de una auténtica dictadura militar se trataba, sólo matizada por la exigencia de que los decretos, con fuerza de ley, firmados por el presidente del Directorio debían ser refrendados por el rey, la otra fuente de soberanía, con las Cortes, según la Constitución de 1876. Pero si la firma del rey era requerida, no lo sería por deferencia a la Constitución: cuando los presidentes del Senado y del Congreso, Romanones y Álvarez, pasados tres meses del golpe recordaron al rey que la Constitución le obligaba a convocar elecciones, el dictador los destituyó con el refrendo del rey. Era, por tanto, una dictadura militar de real orden.

Militar, desde el gobierno central a los gobiernos de provincias: el regeneracionismo exigía acabar no sólo con la oligarquía, sino también con el caciquismo. Lo primero estaba hecho arrebatando el gobierno central de las manos de la clase política; lo segundo nombrando a militares para que ocuparan gobiernos civiles, ayuntamientos y diputaciones. Fue lo que se hizo de inmediato, pasando así todo el poder a manos del ejército, que lo ejerció de forma corporativa, empleándose en alcanzar los objetivos de los que se podía derivar una legitimación para su poder. Ante todo, el orden público, restablecido por el método expeditivo de declarar el estado de guerra, con la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión y asociación y la atribución a juzgados militares, bajo el control del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de buena parte de los delitos comunes y de todos los políticos, a los que se añadieron los de ostentar banderas no nacionales o utilizar en actos oficiales alguna lengua no castellana. A la militarización del ejecutivo y del legislativo, se añadió como complemento la del judicial. Todos los poderes fueron ejercidos directamente por las fuerzas armadas.

Restablecido el orden público, el Directorio se enfrentó a las dos cuestiones que más gobiernos habían hecho caer en los años precedentes: Marruecos y Cataluña. Primo de Rivera no era partidario de una intervención a gran escala y defendió en los primeros momentos el reliegue a una franja del litoral. La evolución del conflicto, con los ataques de Abd-elKrim a zonas bajo protectorado francés, fue suficiente para que Francia se mostrara por fin dispuesta al anhelado acuerdo con España. El mariscal Petain y el general Primo de Rivera acordaron la actuación conjunta franco-española que se iniciaría con un desembarco en Alhucemas: por fin, días de gloria después de tantos desastres. Y había sido con Francia, con las dos armadas disparando sus cañones desde la costa. Francia y España hermanadas eran Francia y España victoriosas, al menos en Marruecos. Entregada la dirección de la guerra a los africanistas, carecía de sentido seguir con el enojoso asunto de las responsabilidades, al que se dio definitivo carpetazo. Con el triunfo de la ideología que veía en el ejército, más que la columna, la salvación de la patria, el sector africanista reforzó su posición en el conjunto de las fuerzas armadas. Mientras tanto, Primo de Rivera tampoco tuvo inconveniente en dar un giro a sus promesas descentralizadoras y comenzó su particular cruzada contra el separatismo a la semana de hacerse con el poder. La Mancomunidad catalana y sus diputaciones siguieron la suerte general, ante el desconcierto de los catalanistas conservadores que habían incitado y aplaudido a su capitán general cuando se disponía a dar el escobazo a la vieja política.

Marruecos, con su estrambote de las responsabilidades, y orden público en Cataluña fueron las grandes cuestiones en las que había naufragado la clase política y la Monarquía constitucional y en las que obtuvo un éxito rotundo la corporación militar y la Monarquía dictatorial. Pero el problema del nuevo régimen consistía en garantizar las condiciones de su perdurabilidad. El rey estaba encantado con su dictador, «mi Mussolini», como le dijo al rey de Italia en su visita de noviembre de 1923, y el dictador no veía merma a su poder en el hecho de que la Monarquía continuara una vez liquidada la Constitución. Encarriladas todas las cuestiones pendientes, había que poner manos a la obra para garantizar la continuidad.

En este punto, la visita a Italia debió de iluminar al dictador español sobre la necesidad de dotarse de una fuerza política para la gestión de los asuntos públicos; no para la definición de los objetivos ni de las políticas, sino para hacerse cargo de la administración del Estado, para llevar a la práctica el lema regeneracionista de «menos política, más administración», lo que exigía la presencia de técnicos al frente de la gestión del Estado. Era llegado el momento de retirar los uniformes militares y dejar paso a los trajes de civil. Para eso, el dictador echó mano de una formación política en gestación, que venía del mundo católico pero que había surgido fuera del tradicionalismo y del carlismo, aun si compartía con ellos el componente antiliberal y antiparlamentario, por no hablar del antidemocrático. Eran las Uniones Patrióticas que la Acción Católica Nacional de Propagandistas, y muy personalmente Ángel Herrera Oria, estaba impulsando en muchas provincias españolas con el propósito de crear el gran partido de derecha del que carecía el catolicismo político. Primo de Rivera vio en ellas la posibilidad de crear una clase subalterna a la que se podía encargar, lejos de las caducas redes caciquiles, el gobierno de las provincias, los ayuntamientos y las diputaciones y así lo dispuso en abril de 1924: Unión Patriótica sería el partido único del régimen en construcción.

Con el partido, vendría una relativa civilinización del ejecutivo. En diciembre de 1925, apaciguado Marruecos, se restableció el Consejo de Ministros, con las carteras tradicionales y con una composición mitad militar, mitad civil. Seguían los dos hombres fuertes del régimen, Primo de Rivera y Martínez Anido, pero junto a ellos aparecían las estrellas ascendentes del autoritaritarismo corporativo: José Calvo Sotelo en Hacienda, Eduardo Aunós en Trabajo y el conde de Guadalhorce en Fomento. La composición de lo que se conocerá como directorio civil no ofrecía dudas: las grandes cuestiones seguían en manos de militares pero la nueva dirección que tomaba la política, con un mayor intervencionismo estatal, planificación de grandes obras públicas y corporativización de las relaciones laborales, sería asumida por civiles procedentes de Unión Patriótica: una inspiración corporativa matizada por un fuerte componente militar y la hegemonía ideológica católica. La Organización Corporativa Nacional, inspirada en la doctrina social de la Iglesia, sería el gran instrumento para incorporar a la clase obrera a la estructura del Estado, otorgando poco menos que el monopolio de la representación obrera a la socialista Unión General de Trabajadores.

Una vez el partido y el gobierno en manos seguras, quedaba por institucionalizar el régimen dotándole de algo similar a una Constitución, lo que exigía convocar una Asamblea Nacional a la que se dio desde su nacimiento un carácter consultivo. La Asamblea estaría formada por representantes de municipios, diputaciones y Uniones Patrióticas por cada provincia, todos ellos nombrados para esos cargos por el gobierno; el Estado se reservaba 58 nombramientos y había otros 61 asambleístas que lo eran en razón de su cargo; quedaban, hasta llegar a 400, otros 131 representantes de las llamadas actividades. Era, por tanto, una asamblea corporativa, dependiente por completo del poder ejecutivo, con la muy limitada misión de debatir sobre asuntos económicos y técnicos, además de proponer un proyecto de nueva Constitución.

Y ahí fue donde las cosas se comenzaron a torcer. Era evidente que el régimen pretendía durar, olvidadas por completo sus primeras promesas de ser como un paréntesis hasta volver a la legalidad constitucional. Hasta ese momento la legitimidad para durar le había venido del ejercicio de su función, pero una vez cumplidos los primeros objetivos y puestas en marcha las nuevas políticas, la legitimidad debía proceder de un amplio consenso sobre el que fabricar una nueva Constitución, de tal manera que se gobernara con sujeción a leyes. Pero por lo que se refería a la Constitución, como por lo que tenía que ver con la continuidad de las políticas intervencionistas y coporativistas, no todos los que habían asistido a la Dictadura estaban de acuerdo: desde quienes pretedían restaurar la violada Constitución de 1876 hasta quienes aspiraban a una de nueva planta, democrática, pasando por quienes veían la ocasión de dotar al Estado de una norma autoritaria y corporativa, se dieron todas las posiciones posibles sin que ninguna de ellas lograra abrirse camino. El año 1929 se gastó en debates sobre la futura institucionalización de la Dictadura mientras crecía el descontento en muy diversos sectores sociales.

Pues, por una parte, la Organización Corporativa Nacional, que puso en manos de la UGT un amplio poder para la negociación de los contratos de trabajo y el arbitraje de los conflictos laborales, encontró pronto la resistencia de las organizaciones patronales. La Unión General reforzó sus organizaciones y comenzó a extenderlas a la agricultura, lo que subvertía las tradicionales relaciones entre jornaleros y patronos en el campo. En las ciudades, donde lo que dominaba era el pequeño y mediano patrono, el auge del poder sindical se traducía en obligaciones respecto a horarios, jerarquías de oficios, definición de tareas y de salarios a los que no estaban acostumbrados. Las protestas de los patronos, la más firme base social del nuevo régimen, comenzaron a menudear, como empezaron también a hacerse frecuentes las manifestaciones de intelectuales y estudiantes universitarios contra la pretensión de perdurabilidad que iba aneja al debate constitucional. Si no puede decirse que la clase obrera empujara mucho ni poco contra el régimen, sí lo hizo el pequeño patronato y el mundo estudiantil.

Con el proyecto de nueva Constitución empantanado, la Asamblea deslegitimada por la negativa obrera y universitaria a enviar sus representantes, el malestar social creciente, los grandes intereses industriales preocupados por el intervencionismo estatal, el rey comenzó a considerar que tal vez la Corona corría algún riesgo si seguía atada a la figura del dictador. Primo de Rivera, que tenía el poder del rey y del ejército, pretendió entonces reforzar ante el primero su posición por el insólito método de consultar por correo al segundo: envió a los capitanes generales una circular solicitando su apoyo para continuar. Y como la respuesta fuera más tibia de lo que hubiera deseado, desasistido por el rey y mal asistido por los generales, presentó la dimisión que le fue aceptada en el acto. Alfonso XIII, que era desde hacía seis años un rey sin Constitución, nombró al general Dámaso Berenguer presidente del gobierno con el propósito de retornar a la normalidad constitucional: la Monarquía había agotado su doble existencia constitucional y dictatorial para convertirse en una monarquía a la búsqueda de una Constitución.

Pero el golpe de Estado de 1923 había subvertido el desarrollo de la política española en varios aspectos fundamentales. Ante todo, dejó sin respuesta el dilema acerca de las posibilidades de desarrollo democrático de la Monarquía constitucional. Raymond Carr lo ha expresado en célebre imagen: Primo de Rivera actuó asegurando que remataba un cuerpo enfermo cuando en realidad estrangulaba a un recién nacido; su golpe de Estado «triunfó porque asestó el golpe al sistema parlamentario en el momento en que se operaba la transición de la oligarquía a la democracia». Manuel Azaña, testigo de los hechos, habría compartido esa opinión: el golpe no fue la acción quirúrgica destinada a sajar el cáncer de la vieja política, sino la prueba definitiva de la voluntad de la Corona de liquidar las Cortes en el momento en que iban a hacerse «intérpretes de la opinión pública». Antes de permitir el funcionamiento pleno y prestigioso del Parlamento prefirieron destruirlo, escribió Azaña. Por supuesto, en esta interpretación, lo recién nacido no sería el régimen constitucional, viejo ya de casi cincuenta años, sino el inicio de su evolución hacia un parlamentarismo democrático. No es sorprendente que por haber liquidado esos cincuenta años de tradición liberal y parlamentaria el equipo de historiadores dirigido por Mercedes Cabrera tenga hoy el golpe de Primo de Rivera como «uno de los momentos más catastróficos de nuestra historia contemporánea».

Lo fue porque el golpe de Estado legitimó el recurso a la violencia y a las armas para alcanzar el poder y cambiar un régimen político. El éxito fácil y la anuencia o pasividad social con la que fue recibido era como una invitación a que cada cual lo intentara de nuevo. En este sentido, la Dictadura fue como un retorno a la política del siglo XIX, cuando las llamadas a la revolución o la intervención de los espadones eran moneda corriente para conseguir el cambio de gobierno. En junio de 1926 y en enero de 1929, los liberales conspirarán con sectores militares para derrocar por la fuerza al dictador. Todo el mundo entendió que recurrir a las armas para conquistar el poder estaba permitido; la imagen de los comités revolucionarios, los militares insurrectos y el pueblo en la calle, unidos en su común propósito contra el rey, recuperó su empañado prestigio.

Además de ese renacido prestigio de la violencia y el consiguiente desdén por la urnas, el golpe de Primo de Rivera cerró toda posibilidad de encontrar dentro de la Monarquía constitucional la solución al problema constituyente que los diferentes movimientos, obrero, republicano, reformista, catalanista, militar, y figuras muy representantivas de las elites intelectuales, habían situado en primer plano del debate y de la acción política desde 1917. En lugar de una reforma de la Constitución, que habría sido la más plausible vía para salir de la inestabilidad permanente a que condujo el sistema del turno desde ese año, y para la que no habrían de faltar a la Corona las necesarias asistencias en un amplio campo de fuerzas políticas, España se encontró de pronto sin Constitución. Había que comenzar otra vez desde el principio y abrir un proceso constituyente, como había sido el caso tantas veces en el siglo XIX.

Quiebra de la Monarquía

La caída de Primo de Rivera reveló como en un fogonazo que en la sociedad española de 1930 no quedaba nada que sustentara activa y eficazmente a la Monarquía en su búsqueda de una salida constitucional. Alfonso XIII, con sus injerencias en la vida de los partidos dinásticos, primero, y con su complaciente apoyo a la Dictadura, después, colaboró en la destrucción de los partidos conservador y liberal que habían proporcionado a la Corona durante cincuenta años su clase política. Cuando tras la caída de Primo de Rivera pretendió ganar de nuevo la legitimidad perdida no tuvo a su disposición ninguna organización capaz de conducir ese proceso. Los partidos dinásticos habían funcionado como coaliciones de facciones clientelares que se quedaron sin cometido específico tras el golpe de Estado. No que los caciques hubieran desaparecido, sino que el caciquismo dejó de ser la trama social sobre la que se elevaba el poder político. Los caciques seguían ahí, y podían manipular el voto rural, pero si las urnas se volvían a abrir, las mayorías se expresarían en las ciudades, donde la manipulación caciquil tropezaba con mayores obstáculos.

No sólo se quedó la Monarquía sin políticos, sino que la confianza de los patronos y empresarios en su capacidad para salir de aquel embrollo era más que dudosa. Primo de Rivera había expresado el último día de diciembre de 1929 que no le apoyaban los banqueros ni los industriales y que los aristócratas le odiaban. El desapego de los círculos de poder económico hacia el dictador no puede trasladarse sin más al propio rey, a quien siempre le quedó la fidelidad de la aristocracia. Pero es significativo que las personalidades de la vida industrial y mercantil consultadas sobre su eventual participación como candidatos en las elecciones que el general Berenguer tardó un año en convocar respondieran negativamente al saber que la oposición republicana y socialista se abstendría. No pocos dirigentes de las organizaciones patronales volvieron a despertar su dormido republicanismo.

No dispuso tampoco la Monarquía del apoyo de la clase media. El rey podía contar, como siempre, con la fidelidad de la Iglesia Católica, que le guardaba reconocimiento por haber restaurado su tradicional posición en la sociedad. Pero la Iglesia libraba una dura pugna con el liberalismo y el socialismo y su capacidad de influir entre las clases medias urbanas había menguado considerablemente. La apostasía de las masas y la pérdida de los intelectuales formaban parte del lenguaje corriente de los clérigos. Ciertamente, la clase obrera no se movilizó hasta bien avanzado el año 1930 contra la Monarquía, pero el rechazo de que fue objeto el rey por los estudiantes y los intelectuales fue patente desde la misma despedida del dictador hasta el resonante artículo en que José Ortega pidió en noviembre de 1930, desde las páginas de El Sol, la destrucción de la Monarquía. Los profesores y maestros, escritores y artistas, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos de toda clase, abogados, notarios y demás hombres de ley a quienes Ortega, Marañón y Pérez de Ayala convocaron para ingresar en la Agrupación al Servicio de la República y dirigieron su llamamiento en febrero de 1931, habían vuelto por completo la espalda a la Monarquía.

Más decisivo que el «oficialismo de la religión» había sido para la defensa del régimen el apoyo de la institución militar. Pero con los militares le ocurrió a Alfonso XIII algo similar a lo que le había pasado con los políticos. Su personal gusto por el mando, la concepción de su función como rey-soldado, las aventuras coloniales, su recurso al ejército para mantener el orden público y el paso decisivo de utilizar la corporación militar para el gobierno del Estado acabaron por crear en amplios sectores militares una extendida desafección cuando no una clara hostilidad hacia el monarca. El arma de artillería nunca volvió a manifestarse leal al rey. Al cabo, la elevación del ejército a gobierno alentaba la teoría de que el deber de los militares no consistía tanto en obedecer a la autoridad cuanto en decidir sobre su legalidad. Quizá el ejército nunca participaría como tal en una conjura contra la Monarquía pero tampoco haría nada, llegado el caso, para salvar el trono e incluso no pocos militares se apresuraron a prestar su colaboración a los conspiradores antimonárquicos.

Fue así como al discurrir 1930 se acumularon todos los síntomas que anunciaban la quiebra de la Monarquía. El rey carecía de verdaderos partidos políticos y no pudo contar con las redes de caciques locales. El apoyo de las burguesías industriales y mercantiles era más que relativo e incluso algunas de las más significadas agrupaciones de pequeños y medianos patronos tenían a convencidos republicanos a su frente. La Iglesia se hallaba a la defensiva frente a la marea de republicanismo y democracia y el ejército acababa de pasar por una experiencia de poder que había abierto brechas en su seno. En resumen, el rey no contaba con una estructura de poder político, era más que dudosa la adhesión de los intereses económicos, no disponía de instituciones de poder ideológico y finalmente nadie podía asegurar cuál sería el comportamiento del poder militar: estaba aislado.

Tal aislamiento manifestaba una profunda crisis política pero expresaba también un cambio de sociedad y de valores. El sistema de poder de la Restauración sólo podía sostenerse en una sociedad predominantemente rural, con miles de núcleos aislados de población, con un limitado mercado nacional y, sobre todo, con reducidas y poco organizadas clase media urbana y clase obrera. La persistencia de ese sistema no impidió que con las transformaciones sociales aceleradas tras la Gran Guerra comenzaran a difundirse los elementos que conforman la cultura cívica: exigencia de mayor representación y de erradicación de la corrupción electoral y del clientelismo, avanzado proceso de secularización de la vida y pérdida en el ámbito urbano de los valores tradicionales de deferencia vinculados al poder de la Iglesia y de la aristocracia, aparición de los primeros partidos de masa y de grandes sindicatos, presencia pública de elites intelectuales. Todo eso estaba escasamente institucionalizado: en enero de 1930, y como efecto de la Dictadura, no existía una tradición de partidos en España, no había ningún sistema de partidos y hasta no había partidos dignos de ese nombre, aunque el socialista, el Radical, la Lliga o el PNV contaran ya por décadas el tiempo de su existencia; pero bastó la caída del dictador para que en las principales ciudades se produjera un proceso de rápida politización. Todo el mundo sintió la urgencia de «definirse» por la República por la sencilla razón de que la Dictadura había generalizado lo que en vano venían pregonando demócratas y republicanos desde 1850: que en España monarquía era igual a despotismo y democracia era igual a república; que no había democracia posible si el rey no se marchaba.

El súbito auge del republicanismo dio lugar a la formación de un amplio territorio ocupado por partidos republicanos, que crecieron un poco espontáneamente por todas partes, al calor de la politización del momento y se dotaron de un tipo de organización fundado en vínculos personales: la compenetración con el líder proporcionaba la identidad del grupo, lo que los convertía en partidos potencialmente carismáticos. Distintos líderes republicanos, cabeza de pequeños grupos de fieles, se convirtieron en muy pocos meses en dirigentes de partidos que competían en un mismo y limitado terreno de caza: por la derecha, Alcalá Zamora y Miguel Maura, los novísimos, recién apeados del monarquismo; por la izquierza, Manuel Azaña y sus amigos, los nuevos, los que en 1923 habían roto con el reformismo; por el centro y la izquierda, Alejandro Lerroux y Álvaro de Albornoz con Marcelino Domingo, los históricos, los republicanos de toda la vida. Aliados a ellos, la pujante Esquerra Republicana de Catalunya, de Francesc Macià y Lluis Companys; la Organización Republicana Galega Autónoma, de Santiago Casares, y Acción Nacionalista Vasca, una pequeña escisión por la izquierda del PNV, fundada en noviembre de 1930.

Estos partidos contaban con una base social de vieja y nueva clase media, del artesano al ingeniero. Pero el auge del republicanismo afectó también a las organizaciones obreras y aquí, en contraste con el abigarramiento republicano, el territorio ofrecía un panorama muy diferente: la Dictadura había reforzado la posición de la UGT y de rechazo la de su partido hermano. En 1930, en la izquierda obrera, sólo un partido de verdad contaba, el socialista, que había crecido por penetración territorial y disponía de un núcleo dirigente central con autoridad sobre las agrupaciones locales; disciplinado, pero con tendencias arraigadas en su seno, que podían reaparecer en cualquier momento debido a la presión procedente de la UGT. Era un partido que debía contar con legitimidad exterior, sindical, y que había pasado en los años recientes por dos experiencias de las que salió muy debilitado: la interminable discusión sobre la adscripción a la Tercera Internacional que se saldó con un notable adelgazamiento de sus filas, pasando de 35.000 a poco más de 8.000 afiliados, y su subordinación a la política corporativa desarrollada por la UGT durante la Dictadura.

Pero a medida que avanzaba 1930, el PSOE aparecía recuperado de sus divisiones internas, aunque no todos vieran con buenos ojos el pacto con los republicanos, y más aliviado de la presión sindical que empujaba en la misma dirección que el partido, hacia la República. Tenía en común con los republicanos no haber sido nunca un partido de gobierno, sino marginal, un clásico partido de oposición, muy ideologizado, con una mínima representación parlamentaria, sin experiencia de gobierno, aunque disponía de una organización amplia y centralizada y no debía temer la presencia de ningún enemigo fuerte por la izquierda. El Partido Comunista seguía formado por un grupo de «tipos medio anarquistas que no sabían qué hacer», como los definió el enviado de la Internacional, Jules Humbert-Droz. La oposición por la izquierda no le venía a los socialistas por el flanco político, sino por el sindical, por la CNT, que actuaba en la práctica como un partido antisistema de izquierda revolucionaria.

Para el sistema de partidos, 1930 fue, pues, el año del ascenso de republicanos en el centro y la periferia —escindidos, dispersos, poco institucionalizados— y de socialistas —unidos e institucionalizados, aunque con una potencial línea de fractura entre sus ramas sindical y política. A estas dos notas se añadía, por una parte, la desorganización de la derecha conservadora, que ocupaba posiciones en un arco tan amplio como el que iba desde la liberal republicana hasta los agrarios, tradicionalistas y monárquicos; por otra, el aislamiento y la escasa implantación de los partidos situados en el extremo del continuo izquierda/derecha, pujantes ya en Europa: comunistas y fascistas; en fin, el nuevo sistema de partidos debía contar con la presencia de una poderosa organización obrera que hacía de la revolución social la meta del sindicalismo: la CNT, muy activa hasta 1923 y capaz siempre de renacer de sus intermitentes periodos de latencia.

En estas circunstancias, algunos dirigentes del viejo republicanismo, como Lerroux, y del novísimo, como Alcalá Zamora, se sintieron atraídos por una solución cercana a la de un grupo de políticos dinásticos —Burgos y Mazo, Bergamín, Villanueva— a la búsqueda de una salida constitucionalista; una especie de reedición, aumentada y ampliada, del pacto entre elites que dio origen a la Restauración. La trama era idéntica: un monarca debía abdicar para que el trono se salvara; de la misma manera que Cánovas había sacrificado a Isabel II en favor de su hijo, los constitucionalistas sacrificarían a Alfonso XIII en favor de alguno de sus descendientes, entre los que no resultaba nada fácil la elección debido a las taras físicas heredadas de una madre hemofílica. Pero los tiempos eran otros: los representantes del republicanismo moderado no pudieron seguir las huellas de Sagasta porque sus tratos con la vieja política monárquica les habrían dejado como náufragos en medio de una tempestad imprevista; la gente comenzó a echarse alegramente a la calle, con cualquier pretexto, a la menor ocasión, para vitorear a la República.

Esta creciente inundación de las calles por la marea republicana acabó por cerrar cualquier salida a la crisis política que no fuera la instauración de la República. Tal vez existía, en el momento de la caída de Primo de Rivera, una lejana posibilidad de acuerdo entre republicanos y constitucionalistas, pero la secuencia de discursos políticos de la primavera de 1930 muestra que al tener todo el mundo que «definirse», nadie, ni siquiera viejos monárquicos, lo hizo por el rey. Democracia vino a identificarse con república hasta el extremo de que cualquier veleidad de acuerdo entre partidos dinásticos y republicanos en torno a la opción constitucionalista quedó descartada. Los partidos republicanos multiplicaron sus contactos para garantizar una unidad de acción contra la Monarquía, lograda en agosto de 1930 en San Sebastián, y buscaron afanosamente un acuerdo con los socialistas, reticentes en un primer momento y luego convencidos tras las conversaciones que condujeron a su incorporación al pacto y al establecimiento de un comité revolucionario, encargado de organizar una insurrección militar que sería arropada en la calle por una huelga general.

De ahí que, tras el fracaso de la insurrección y la huelga general convocada por el comité republicano-socialista para el 15 de diciembre, Alcalá Zamora, presidente del comité, no pudiera aceptar desde la cárcel la propuesta de Sánchez Guerra de incorporarse a un gobierno de coalición dinástico/republicano. Después de la fallida insurrección, de las ejecuciones de dos adelantados cabecillas, y en la ola de un republicanismo que no menguaba, la política adquirió una dimensión que recuerda a los episodios revolucionarios del siglo XIX: era política en la calle, que concernía a amplios sectores sociales y que volvía futiles las maniobras de una clase política acostumbrada al despacho y al pacto entre grupos de notables. El comité republicano-socialista no podía considerar otra salida más que la República porque hacia la República empujó la gran movilización que dejó sin terreno de maniobra al rey, a la vieja clase política de la Monarquía y a los políticos republicanos más proclives al pacto. Berenguer tuvo que dimitir porque sus proyectadas elecciones estaban condenadas al fiasco y el almirante Aznar, que lo sucedió al frente de un gobierno formado por varias testas honorables de la misma vieja política que Primo de Rivera había venido a barrer, anuló la convocatoria y estableció el 3 de marzo un calendario electoral que comenzaría el 12 de abril con elecciones municipales.

De la movilización lanzada por el sólo anuncio de unas elecciones que enseguida adquirieron el carácter de un plebiscito procede la quiebra de la Monarquía, que no se derrumbó por efecto de una conspiración de elites políticas dispuestas a hacerse con el poder tras un pronunciamiento militar arropado en una huelga general; sino de una fiesta popular revolucionaria, iniciada en Eibar en las primeras horas de la mañana del día 14 de abril de 1931 y perceptible en Madrid —como en tantas ciudades— cuando el jornalero de los extrarradios, el artesano y el obrero de los barrios bajos, las obreras del textil o de las nuevas industrias químicas, el estudiante, el profesional y el intelectual de los ensanches se den cita a primeras horas de la tarde en la Puerta del Sol para celebrar el resultado de las elecciones municipales del día 12 y proclamar festivamente la República. Fue, en fin, esa movilización la que dio su primer carácter al republicanismo, un sentimiento sin raíces profundas en la sociedad, tan amplio como difuso, emotivo, nada estructurado, sin partidos, casi sin afiliados; un republicanismo que había avanzado incontenible, por los cafés, las salas de conferencias, las calles, en las conciencias y en los corazones, sin que al mismo tiempo progresara en organización y en definición programática.

Capítulo 2
República

Al finalizar la Gran Guerra, varios de los Estados que mantenían formas políticas heredadas del Antiguo Régimen se transformaron en repúblicas: Alemania, Austria, Checoslovaquia, Hungría y Polonia fueron los principales. Antes, en 1910, Portugal había adoptado también la forma republicana de Estado, y después, en 1922 y 1924, la implantarían Irlanda y Grecia. Fue la española la última de las repúblicas que alumbraron en ese periodo, lo que la distingue de la mayoría de ellas, proclamadas como efecto de la Gran Guerra. En España, la instauración de la República no fue consecuencia del hundimiento de un sistema político producido por una guerra exterior o por una revolución interna. Aconteció de forma pacífica, en un clima de alegría y regocijo público, sin rebelión ni enfrentamientos armados y sin que existiera en la sociedad la conciencia de una crisis aguda: como un regalo de primavera, según la imagen de Machado; resultado de un largo proceso de transformación social sin dejar de ser advenimiento inesperado. De ahí, y de los ecos de la Marsellesa que la gente se puso a cantar por la calle con el himno de Riego, la alegoría que de inmediato representó a la naciente República, evocadora de Marianne, algo menos matrona, más juvenil, menos robusta, más frágil, como si se quisiera ver en ella su hermana menor, todavía doncella, la «niña bonita». Carácter pacífico y como esperado de la República en España que la diferencia también del rumbo seguido, ya iniciados los años treinta, por no pocos países europeos, con la quiebra de las democracias y el ascenso de los totalitarismos.

Nuevo sistema de partidos

Como resultado de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, que dieron el triunfo en 41 de las 50 capitales a las candidaturas republicano-socialistas, el comité revolucionario se convirtió en gobierno provisional de la República. Había en él republicanos de todo tipo: conservadores y católicos, como su presidente, Niceto Alcalá Zamora, y el ministro de la Gobernación, Miguel Maura; de centro, del Partido Radical, como Alejandro Lerroux, ministro de Estado, y Diego Martínez Barrio, gran maestre de la masonería, en Comunicaciones; de izquierda, del Partido Radical-Socialista, Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, en Fomento e Instrucción Pública; y de Acción Republicana: Manuel Azaña, en Guerra. Lluis Nicolau d’Olwer, de Acció Catalana, y Santiago Casares, de la Organización Republicana Galega Autónoma, en Economía y Marina, representaban sendas tendencias catalanista y galleguista; Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero llevaban a los Ministerios de Hacienda, Justicia y Trabajo la presencia de las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT.

Éste fue el gobierno que recogió y contuvo los primeros entusiasmos, hizo frente a las primeras tensiones y echó a andar las primeras reformas. Proclamado por Francesc Macià desde el ayuntamiento de Barcelona un Estado catalán que habría de integrarse en una Federación de Repúblicas Ibéricas, el gobierno llegó a un acuerdo con las nuevas autoridades catalanas para que aceptaran la denominación de Gobierno de la Generalidad de Cataluña y emprendieran un proceso estatutario cuya última resolución competiría a las Cortes constituyentes. Mientras tanto, el gobierno promulgaba un Estatuto Jurídico, y poco después declaraba en Madrid y otras ciudades el primer estado de guerra que permitió al ejército hacerse cargo del orden público con ocasión de la quema de conventos a principios de mayo. Fue también el gobierno que puso al cardenal Segura, arzobispo de Toledo, en la frontera acusado de un intento de evasión de bienes de la Iglesia al extranjero; que recibió un proyecto de estatuto de autonomía aprobado en una asamblea de alcaldes nacionalistas vascos y navarros reunida en Estella, pero en la que no participaron los ayuntamientos de las principales capitales y que no contaba con el respaldo de los partidos de izquierda, mayoritarios en las elecciones de junio. Fue el gobierno que debió calmar la inquietud de los medios financieros, que promovió una serie de leyes sociales y acometió la esperada reforma militar y que se enfrentará a cañonazos, con ley de fugas incluida, a disturbios anarquistas en Sevilla y a la primera huelga general convocada por la CNT en la Compañía Telefónica. Sobre todo, fue este gobierno el encargado de convocar elecciones a Cortes para dotar a la República de una Constitución.

Las elecciones, por el procedimiento de lista abierta con prima a la triunfadora y circunscripciones por provincia y capitales de más de 100.000 habitantes, dieron un triunfo aplastante a las candidaturas republicano-socialistas, con la única excepción del País Vasco, donde una coalición de derecha, formada por católicos, tradicionalistas y PNV, triunfó en tres de sus cinco distritos; en el resto de la República, sólo en Burgos y Segovia triunfó la derecha, que en total no obtuvo más de 51 escaños, de los que 4 eran tradicionalistas, 5 de Acción Nacional, 6 del PNV y 14 Agrarios. Entre los republicanos, el triunfador fue el más antiguo, el Partido Radical, con sus 89 diputados; seguido del Radical-Socialista, con 55, y Acción Republicana, que de sus 16 iniciales llegaría a 30 con posteriores incorporaciones. En Cataluña, Esquerra Republicana, con 36 diputados, obtuvo un resonante triunfo sobre la Lliga, que sólo consiguió dos. Pero lo más significativo fue que el Partido Socialista, que en las Cortes de la Monarquía no había pasado de siete diputados en las elecciones de 1923, consiguiera ahora 113, lo que le convertía en la minoría más numerosa y le daba la presidencia de la Cámara, asumida por Julián Besteiro: un partido marginado del poder por su historia y sus querencias se transmutaba en un partido sin cuyo concurso sería muy difícil gobernar.

Resultó, pues, un sistema pluralista extremo, con diecinueve partidos o grupos representados en la Cámara, pero que no reunía las notas exigidas para ser definido como polarizado: los partidos antisistema eran irrelevantes: sólo un diputado comunista; el partido más numeroso de la izquierda pertenecía a la coalición de gobierno; por la derecha, las oposiciones eran débiles —sumaban poco más del 10 por 100 de los escaños—, y muy divididas sobre cuestiones fundamentales; no prevalecían las tendencias centrífugas sobre las centrípetas ni el gobierno tenía que habérselas con una fuerte oposición irresponsable. Todos los partidos de la mayoría habían tenido una presencia minoritaria, o no habían tenido presencia alguna, en las Cortes de la Monarquía, mientras que los partidos que habían dominado durante cincuenta años la vida política se habían disuelto sin dejar rastro.

La nueva configuración del sistema de partidos planteó un primer problema para el proceso de consolidación de la República: casi el 90 por 100 de los diputados formaban parte de la mayoría gubernamental. En 1930, los dirigentes de la izquierda habían advertido que la República sería gobernada por republicanos, pero esa expresión implicaba entonces el propósito de incorporar al republicanismo a todos aquellos que, fuera cual fuese su pasado, se definieran en el presente por la república. Un año después, el resultado de las elecciones confirmó a los triunfadores en la seguridad de que todo lo que no era republicano estaba condenado a desaparecer. El éxito de sus candidaturas contribuyó a la identificación del régimen con la mayoría inicial que lo había instaurado: «la República será gobernada por los republicanos» se entendió entonces como afirmación de legitimidad excluyente más que como llamada a la incorporación al nuevo régimen de los grupos que no habían participado en su instauración.

Para contribuir a la consolidación de un nuevo régimen, la legitimidad que excluye a los desleales debe ser compensada con bases sólidas de poder y un control firme sobre la sociedad. En la naciente República, a pesar de la retórica sobre la revolución popular a la que debía su origen, no se daba ni una cosa ni otra. La República no iba a ser gobernada en nombre de la revolución, sino por medios parlamentarios, por la legitimidad derivada del voto. Pero el voto de 1931, tanto como un voto por la república, lo había sido «contra el rey y los dictadores», como Azaña acabaría por reconocer tardíamente. La República fue la consecuencia de una movilización popular contra la Monarquía, no el resultado de un consenso entre elites sociales y políticas: de ahí que sus enemigos, aunque desconcertados por su súbita instauración, conservaran sólidas posiciones de poder, aun si su presencia en el Parlamento era desdeñable. Por lo que respecta al control sobre la sociedad civil, el nuevo Estado republicano, dotado de escasos recursos, con un funcionariado civil y militar que no fue sometido a depuración por sus ideas políticas ni sus servicios a la Dictadura, y gobernado por partidos sin profundas raíces en la sociedad, estaba bien lejos de poder establecerlo. Los líderes republicanos no tuvieron en cuenta estas cautelas y comenzaron a gobernar como si la sociedad española hubiera quedado fielmente reflejada en la composición de este primer Congreso de diputados.

Si el resultado de las elecciones no era el mejor para estabilizar el sistema de partidos, tampoco lo fue para asegurar la continuidad del gobierno. Era anómalo que el presidente y el ministro de Gobernación pertenecieran a un partido que no alcanzó en las elecciones ni un tercio de los diputados del Partido Radical, reducido, sin embargo, a una posición harto secundaria en el gobierno provisional. Además, el gobierno se sostenía en una coalición muy heterogénea, que abarcaba desde la izquierda socialista a la derecha republicana, un instrumento muy idóneo como coalición electoral pero problemático para gobernar con la eficacia y eficiencia imprescindibles en las fases de instauración de un nuevo régimen político. De hecho, los rumores de crisis corrieron casi desde el mismo momento en que se cerraron la urnas, reaparecieron con ocasión del debate sobre la reforma agraria y se convirtieron en realidad cuando se discutió el lugar que la Constitución reservaba a la Iglesia católica. Alcalá Zamora y Maura no compartían la fórmula ideada por Azaña para evitar la ruptura del gobierno, prohibiendo a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza a cambio de impedir la disolución de todas ellas, excepto la Compañía de Jesús, y la incautación de sus bienes.

Al dimitir Alcalá Zamora y Maura, todos estuvieron de acuerdo en elevar a Manuel Azaña a la presidencia. Los socialistas no podían presidir el gobierno ni aceptaban ser presididos por un radical: los dos partidos mayoritarios quedaban, por tanto, excluidos. Había que buscar al candidato en algún ministro de los partidos minoritarios y, entre éstos, Albornoz y Domingo carecían de autoridad y Nicolau d’Olwer y Casares eran casi unos desconocidos; quedaba Azaña, que además de haber acometido con decisión la reforma militar acababa de solventar el arduo problema planteado por la cuestión religiosa con un discurso que sirvió para que la coalición gobernante no saltara hecha pedazos. Todos aceptaron su designación aunque algunos, Lerroux de manera especial, entendieran que se trataba de un nombramiento interino: Azaña, como lider de un partido minoritario, volvería al lugar secundario que por fuerza le correspondía cuando se promulgara la Constitución y se eligiera al primer presidente de la República.

Ésas eran las cuentas que casi todos se hacían a mediados de octubre de 1931: Azaña estaría dos meses al frente del gobierno. Pero cuando la Constitución se hubo promulgado y, en un intento de recuperar a la derecha liberal, Alcalá Zamora fue elegido para la presidencia de la República, la estatura de Azaña había crecido lo suficiente como para ser a los ojos del presidente, permaneciendo la sorda hostilidad entre radicales y socialistas, el mejor situado para el encargo de formar gobierno. Así fue, y Azaña inició las consultas con objeto de mantener con un similar peso político a los partidos de su anterior gobierno hasta que se promulgaran las leyes de desarrollo constitucional. Para su sorpresa, enseguida comprobó que las cosas no estaban en diciembre como en octubre y que Lerroux se negaba a seguir en un gobierno del que formara parte el PSOE. O yo o los socialistas, vino a decir a Azaña, en el entendido de que si éste formaba un gobierno con los radicales excluyendo a los socialistas, al cabo de tres meses habría de dejarle su puesto. Lerroux no aceptaba que Azaña, un recién llegado a las filas del republicanismo, se consolidara como presidente del Consejo con la fuerza de unos votos prestados.

Azaña tomó entonces una decisión cargada de consecuencias para el futuro: prescindió de Lerroux y se quedó con los socialistas. Tenía sólidas razones políticas para hacerlo. Desde su Apelación a la República, de 1924, había argumentado que en pleno siglo XX la instauración de una democracia no podría llevarse a cabo como si se tratara de la revolución liberal del siglo XIX: la democracia no era sólo cuestión de burguesía y clase media, sino de una coalición en la que tuviera cabida el «movimiento ascensional del proletariado». Desde ese momento, la incorporación de la clase obrera a la gobernación del Estado fue una de las claves de su proyecto político, paralelo a lo ocurrido en Europa después de la Gran Guerra, cuando en Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia los partidos obreros se integraron con mejor o peor fortuna final en las instituciones democráticas. Por otra parte, Azaña percibía a la sociedad española atravesada por una profundísima crisis social, con las clases en lucha abierta por sus intereses y, aunque este hecho no le parecía desastroso, entendía que para convertir la lucha en instrumento de «fusión nacional» necesitaba la colaboración socialista. En fin, su programa de gobierno preveía reformas en asuntos tan sensibles como la propiedad de la tierra, las relaciones laborales, la Iglesia Católica y el estatuto de autonomía de Cataluña. Con un programa de esa envergadura, y con el propósito de convertir al Parlamento en el centro de la vida política, era una temeridad lanzar a la oposición al partido con mayor número de diputados. Azaña juzgó, pues, prematura la exigencia de los radicales, aunque no descartaba desprenderse del PSOE cuando hubiera culminado la legislación reformista y su paso a la oposición pudiera realizarse sin traumas para ninguno de los partidos.

Decidido a mantener a los socialistas en el gobierno, Azaña justificó con una nueva razón su ruptura con los radicales. Puesto que en el Parlamento debía existir una oposición, prefería que fuese republicana antes que socialista y mucho mejor que monárquica o católica. Si los radicales aceptaban ser una oposición leal, el sistema de partidos se habría configurado en torno a una izquierda republicana —Acción, los radical-socialistas, Esquerra, ORGA, los federales y algunos republicanos independientes, lo que daba un total de 150 a 160 diputados— que podría coligarse alternativamente por su izquierda con los socialistas o por su derecha con los radicales. Era una fórmula plausible de estabilizar la República, dotar al Parlamento de una oposición republicana, garantizar la posibilidad de formar nuevos gobiernos sin necesidad de disolución anticipada de las Cortes y controlar la tendencia centrífuga del socialismo. Pero era una fórmula basada en la hipótesis de que los radicales aceptarían su papel de leal oposición y que las fuerzas no leales al régimen nada tenían que hacer en la República sino acatarla.

La hora de las izquierdas

Ninguno de los dos supuestos funcionó, pero por el momento lo que la coalición republicano-socialista perdía en amplitud, lo ganaba en homogeneidad y coherencia interna. «Las circunstancias que nos han mantenido en el gobierno de coalición un poco dispersos, un poco como representantes de los partidos, más que fundidos y engastados en el carácter de un Ministerio, han desaparecido ya», dijo Azaña al presentar a las Cortes su nuevo gobierno, en el que además de la presidencia mantenía el Ministerio de Guerra, y al que se incorporaba por vez primera Esquerra Republicana de Catalunya con Lluis Companys en Marina. El gobierno, según su presidente, tuvo desde entonces un «carácter», el que le daba la mayoría parlamentaria formada por los diputados del Partido Socialista, Partido Radical-Socialista, Acción Republicana y los partidos republicanos de Cataluña y Galicia.

Eran las izquierdas, llegadas al poder no en el mejor de los tiempos posibles. Mientras en España se celebraba el advenimiento de la República, el sistema financiero de Europa entraba en su más grave crisis, con el derrumbe del sistema monetario y la contracción del comercio mundial. Como decía el informe del Banco de España, la depresión sufrida por la economía española fue «notablemente menos profunda que la del mundo»: ni la agricultura atravesó una fase depresiva ni la industria de consumo parece haber sufrido los efectos de la crisis. Hubo, sin embargo, un sector muy castigado: la construcción, motor de la transformación social experimentada desde la Gran Guerra. Cuando la prensa patronal y obrera lamentaba la crisis, de lo que hablaba era de la caída en picado de licencias de nuevas obras y de la paralización de obras públicas. Abundaban también las quejas de los siderúrgicos, atrapados con su hierro en las fábricas, pero en los lamentos transmitidos por boletines patronales y obreros la crisis era, sobre todo, de la construcción y de las industrias a ella vinculadas.

Y es que la edificación se paralizó en las principales capitales españolas y las pequeñas obras públicas que servían a los ayuntamientos para atender el problema del paro quedaron sin presupuesto. Las consecuencias sociales fueron aún más graves porque la parálisis del sector siguió a su más brillante momento, fomentado por la política de la Dictadura. En Madrid, los planes de reforma interior y de ensanche habían producido lo que se conoció como «orgía constructora», un ritmo frenético de nuevas edificaciones; en Barcelona se habían realizado en un tiempo muy corto las obras de la Exposición Universal, la Diagonal, la plaza de Cataluña, el palacio de Pedralbes, los ferrocarriles de Sarriá, la Escuela Industrial, las vías subterráneas de los dos metropolitanos, la Estación de Francia y la electrificación del ferrocarril del Norte; en Sevilla, aunque en otra escala, ocurrió algo similar: las obras de la Exposición Ibero-Americana de 1929 atrajeron a un incontable ejército de jornaleros de la construcción.

Madrid, Barcelona y Sevilla, como Zaragoza y Málaga, o Asturias y Vizcaya: por debajo de los tranquilizadores datos macroeconómicos, emergían los efectos del tipo de crecimiento de los años veinte y de la contracción económica iniciada cuando aquel auge llegó a su fin: crisis crónica de la minería asturiana, descenso de la producción siderometalúrgica, crisis de la construcción en las capitales, subempleo en el campo. Fue en esos puntos donde se abrieron los más graves enfrentamientos sociales, porque fue ahí donde se reveló el más grave efecto social de la crisis económica: el paro y la inseguridad en el trabajo, el no saber cada sábado si con el salario se iba a recibir también el volante de despido. Un amplio sector de la población en edad laboral de esas ciudades, joven y crecido a causa del cierre de la emigración exterior y de la atracción de los programas de obras, se podía encontrar de un día para otro privado de trabajo y de salario.

Por otra parte, en las zonas de proletariado rural, los aumentos de los miserables salarios que cobraban los jornaleros —entre dos y tres pesetas diarias por jornadas de sol a sol— tuvieron un efecto sobre su nivel de contratación e incrementaron los ya elevados niveles de paro o de subempleo. Los jornaleros de municipios con escaso trabajo que acostumbraban a trasladarse para labores de siega, a pesar de cobrar menos, se vieron imposibilitados de recurrir a su tradicional medio de trabajo por efecto de la Ley de Términos Municipales, que prohibía la contratación de mano de obra de municipios limítrofes mientras quedaran desempleados en el propio. En fin, la disminución de obras públicas tuvo efectos decisivos sobre el empleo en agriculturas de paro estacional. Las llamadas de urgencia de los alcaldes a los gobernadores y de éstos al ministro eran angustiosas durante los meses en los que la falta de trabajo no podía paliarse con el recurso a las obras públicas por estar agotado el presupuesto.

Lo decisivo fue el choque de esa situación con las grandes expectativas de mejora de vida que el cambio de régimen alumbró entre la clase obrera y campesina antes de que la República tuviera tiempo de asentar y extender una cultura política democrática. Pues fue en estas circunstancias de reducción de la base política del gobierno, crisis económica y crecientes expectativas populares, cuando la coalición de izquierda comenzó a gobernar. Las leyes que tenía que llevar a la práctica o habían sido ya aprobadas o se encontraban en fase de elaboración y dictamen o eran mandatos que la Constitución imponía a aquella Cámara. Afectaban a todos los órdenes de la vida política y social y suponían en su conjunto reformas que implicaban cambios radicales en el Estado y la sociedad. De las ya aprobadas por decreto destacaban la serie de leyes laborales elaboradas por el Ministerio de Trabajo y la Ley de Reforma Militar de la que era autor el propio Azaña. De las dictaminadas, la más importante era la de reforma agraria, cuyos primeros proyectos no lograron el acuerdo del gobierno. De las complementarias de la Constitución, destacaba la de congregaciones religiosas, aunque tampoco carecían de importancia la electoral y la de Tribunal de Garantías Constitucionales. En el programa del gobierno ocupaba un lugar preferente la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña, el impulso a la enseñanza primaria con la construcción de escuelas y la sustitución de la Ley de Defensa de la República por una nueva Ley de Orden Público.

Con su legislación, el Ministerio de Trabajo trataba de crear un marco legal que reglamentara las relaciones laborales y afianzara el poder de los sindicatos, especialmente de la UGT, en la negociación de contratos de trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento. Decretos y leyes se fueron sucediendo sin pausa: la Ley de Términos Municipales; el decreto que extendía a la agricultura los jurados mixtos y los seguros sociales; la de contrato de trabajo y la de jornada máxima se aprobaron sin oposición en 1931. Especial importancia revistió la Ley de Jurados Mixtos, que reformaba la Organización Corporativa Nacional de la Dictadura, ampliando las atribuciones de los antiguos comités paritarios para elaborar las bases de trabajo de todos los oficios, vigilar el cumplimiento de los contratos, denunciar las posibles irregularidades, juzgar las denuncias y penalizar hasta determinada cuantía a los culpables de las transgresiones. La Ley de Asociaciones Profesionales —que tanta oposición habría de levantar en la CNT— fue aprobada en abril de 1932 para completar el orden legal corporativo creado por Largo Caballero. La limitación de recursos económicos impidió, sin embargo, que se llevaran adelante los proyectos de seguro integral, vieja aspiración de la UGT.

La otra ley de orden económico y social pendiente de discusión era la de reforma agraria. Ya en el mes de mayo de 1931 se constituyó una comisión técnica para elaborar un proyecto de reforma que habría de aprobarse por decreto. La comisión tuvo el acierto de limitar el ámbito de la reforma a la zona de latifundios, definir el latifundio como finca de más de 300 ha. de cereal, y prescindir de la cuestión de la propiedad concediendo a los campesinos su explotación por medio de arrendamientos. El proyecto, que proponía asentar cada año entre 60.000 y 75.000 campesinos sin tierra, tropezó con el rechazo de los socialistas que lo consideraron muy timorato al no abordar la cuestión de la propiedad y con la inmediata oposición de la Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, que presionó sobre los ministros y el presidente del gobierno —también terrateniente— y logró su retirada con la promesa de que no se aprobaría nada que no fuera antes discutido por las Cortes. En ellas la minoría agraria pudo desarrollar, con la facilidad que le daba la falta de acuerdo entre los distintos sectores del gobierno, una política de obstrucción que demoró la aprobación de la ley durante la mayor parte del año 1932.

Cuando por fin se aprobó, como respuesta directa a la sublevación del general Sanjurjo de agosto de ese año, la Ley de Reforma Agraria acabó por frustrar las expectativas de los jornaleros y sembrar la inquietud entre los pequeños propietarios. Tras definir una docena de casos de tierras expropiables con indemnización y limitar su aplicación a las zonas de latifundio, la Ley de Bases de 9 de septiembre de 1932, además de disponer la elaboración de un inventario, preveía la organización de un Instituto de Reforma Agraria y de un Banco Nacional Agrario para dirigir y financiar la reforma. La representación de organizaciones patronales y de los Bancos Hipotecario, de España y Exterior en estos organismos, aparte de la asignación de tan sólo 50 millones de pesetas anuales para financiar la reforma, hacía temer una extremada lentitud en los asentamientos. De hecho, a finales del año siguiente sólo se habían asentado gracias a la ley 2.500 campesinos, ni siquiera el 10 por 100 de los asentados gracias al decreto de intensificación de cultivos de noviembre de 1932 que permitía a los campesinos sin tierras ocupar y labrar fincas en Extremadura y algunas provincias de Andalucía y Castilla y por el que se asentaron 40.000 trabajadores del campo en sólo cinco meses.

La reforma militar tuvo como primera meta la reducción del cuerpo de oficiales por medio del retiro voluntario con la totalidad de haberes. Los oficiales se redujeron en un 37 por 100 pasando de unos 20.500 a unos 13.000. Azaña dispuso también la reforma de la enseñanza militar, el cierre de la Academia General, la derogación de la Ley de Jurisdicciones, la supresión del cargo de capitán general y la reducción a 8 divisiones orgánicas de las anteriores 16 capitanías generales. De todas formas, y a pesar de que el decreto sobre jurisdicción y justicia militar de mayo de 1931 reducía la competencia de los militares sobre delitos civiles, la República mantuvo los tribunales de honor y ciertas atribuciones de los militares sobre el orden público. Al nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia de Asalto, se asignaron mandos militares y la Ley de Defensa de la República y su continuación, la Ley de Orden Público, al contemplar la declaración de los estados de prevención, alarma y guerra con motivo de desórdenes públicos transfería a los mandos militares un fuerte control sobre la sociedad.

Por lo que se refiere a la Iglesia, la Constitución no se limitaba a reconocer la libertad religiosa y a separarla del Estado, sino que sometía a las órdenes religiosas a una ley especial que debían votar las mismas Cortes constituyentes y que debía ajustarse a bases muy estrictas entre las que destacaba la «prohibición de ejercer la industria, el comercio y la enseñanza». A pesar de los intentos conciliadores del cardenal Vidal i Barraquer y la moderación del nuncio Federico Tedeschini, que esperaban alguna sutileza legal para no llevar a sus últimas consecuencias el mandato constitucional, el gobierno cumplió con todo rigor lo establecido por la Constitución y procedió a la disolución de la Compañía de Jesús, la supresión de los haberes del clero, la retirada de símbolos religiosos de las escuelas, la aprobación de leyes de divorcio y de secularización de cementerios y la promulgación de la temida Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. El programa reformador afectó también a la enseñanza primaria con un ambicioso programa de construcción de escuelas y de extensión de la cultura popular que remediara el alto nivel de analfabetismo. Se amplió a las mujeres el sufragio universal; se mejoró la situación jurídica de los hijos ilegítimos y se aprobaron planes para la reforma de las prisiones.

El gobierno, consciente de que la concepción federalista del Estado había sido una de las causas del fracaso de la República en 1873, defendió en el debate constitucional lo que se llamó un «Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones». La Constitución preveía la formación de «núcleos político administrativos dentro del Estado español» de las provincias que acordaran organizarse en regiones autónomas y acordaba el procedimiento para la aprobación de los estatutos de autonomía. En Euskadi, la imposibilidad de un acuerdo entre un PNV muy confesional y las izquierdas laicas, la debilidad del nacionalismo en Álava y la negativa de Navarra a sumarse a un proyecto conjunto vasco-navarro habían impedido la elaboración de un estatuto que contara con suficientes apoyos. En Cataluña, sin embargo, la hegemonía de Esquerra y el compromiso alcanzado en agosto de 1930 entre republicanos españoles y catalanes facilitó el proceso no sin que se suscitaran apasionados debates, con sonadas intervenciones de la llamada «masa encefálica» madrileña, que culminaron en septiembre de 1932. Un emocionado discurso de Azaña, tras laboriosas negociaciones para limar desacuerdos entre socialistas, republicanos y nacionalistas catalanes, dio vía libre a un estatuto que, si rechazaba todo lo que implicara reconocimiento de una soberanía del pueblo catalán como un sujeto distinto al reconocido por la Constitución al pueblo español, restablecía la Generalitat con un Parlamento propio al que se atribuían amplias competencias sobre materias económicas, sociales y culturales.

Puede sorprender que frente a un plan de reformas tan amplio y profundo en el interior, la política del gobierno republicano-socialista se mostrara tan tímida en el exterior. Nombrar a Lerroux ministro de Estado en el gobierno provisional fue ya un indicio de que los nuevos gobernantes eran algo más que insensibles a las cuestiones internacionales. La República siempre evitó comprometerse en pactos de defensa mutua con ninguna potencia europea, aunque el peso de Francia fuera muy notable en la definición de sus preferencias. La visita del presidente del gobierno de la República Francesa, Edouard Herriot, en noviembre de 1932, no condujo, ni se lo propuso, a ningún compromiso en el terreno militar, sino a movilizar el apoyo español para el nuevo plan de desarme presentado por Francia. Con un Manuel Azaña demasiado convencido —con razón, pues había seguido de cerca el desarrollo de la guerra de Marruecos— de la impotencia militar del Estado español y reacio a firmar nada que comprometiera a la República en una alianza en la que necesariamente jugaría un papel subordinado, a lo más que podía aspirar la diplomacia republicana era a participar en los planes de desarme protagonizados por los países neutrales en la Sociedad de Naciones. No fue tampoco la República cortejada por Gran Bretaña ni por Alemania, que preferían su tradicional neutralidad, fruto más de una impotencia que de una opción libre: España no contaba realmente como potencia militar en la Europa de los años treinta.

Volcada, pues, al interior, la República acometió un plan de reformas concentradas en un periodo muy corto de tiempo y que afectaban a toda la sociedad: a patronos y obreros; a campesinos y propietarios; al ejército y a la Iglesia; a las relaciones familiares y a las laborales; al ejercicio del poder, a las relaciones entre parlamento y gobierno, mayorías y minorías, gobierno central y autonómico. La cuestión radicaba en saber si sobre la base de una cultura cívica todavía en ciernes, en un tiempo de crisis y de movilización social, una coalición de gobierno sostenida en un sector de la clase obrera y de las clases medias urbanas podía llevar adelante esa serie de reformas por medios legales. El gobierno así lo creía porque contaba con la mayoría parlamentaria, pero no se trataba sólo del Parlamento, sino de fuerzas sociales. En un tiempo, como lo fue en toda Europa, de política en la calle, era en la calle donde se librarían las más duras batallas políticas.

Conflictos sociales, luchas políticas

Cuando Azaña prefirió romper la alianza republicana a prescindir de los socialistas, lo que pretendía era integrar a la clase obrera en las instituciones republicanas y neutralizar una posible oposición obrera a la República. Era convicción común de republicanos y socialistas que esa integración sólo sería posible si se procedía a una mejora sustancial de la condición obrera, que desarmara la fascinación ejercida todavía por el sindicalismo revolucionario sobre obreros y campesinos. No pudieron entender, por tanto, que la nueva y prolija legislación social tropezara con la oposición de una CNT crecida en militancia y dispuesta a emplear todos sus recursos para arruinar las medidas implantadas desde el Ministerio del Trabajo por los dirigentes de la UGT.

Estos recursos eran la acción directa en las relaciones con los patronos y la insurrección armada en las relaciones con el Estado. La CNT definió a los jurados mixtos y la Ley de Asociaciones como intentos de excluirla de todo posible influjo sobre la clase obrera y como una traición a la verdadera revolución social. Para la CNT, la UGT no hacía más que la política de la burguesía entre la clase obrera, garantizando la sumisión de los trabajadores, aniquilando las fuentes de su rebeldía y conduciéndola a un sometimiento al Estado y a la clase burguesa. A esa política, oponía su tradicional forma de confrontación directa con los patronos, llamando continuamente a la huelga sin recurrir a la mediación de organismos gubernamentales, y de movilización de la clase obrera en una permanente gimnasia revolucionaria que conduciría al derrocamiento del Estado y a la revolución social entendida como sindicalización de la economía y liquidación de la política.

Esta línea de actuación cenetista no se impuso sin graves tensiones internas que condujeron al predominio de la rama anarquista y revolucionaria sobre la sindicalista. Los grupos de afinidad de la FAI lograron un evidente predominio a partir del Congreso de Madrid de 1931, que se reflejó en la movilización obrera y en las llamadas a la insurrección armada. La CNT organizó huelgas generales dirigidas contra la política socialista pero que servían además de termómetro de su fuerza entre la clase obrera. Así, en Sevilla y Barcelona, en Vizcaya y Asturias y muy pronto también en Madrid, terreno privilegiado de lucha por ser considerado feudo de la UGT, o más tarde en Zaragoza. La segunda práctica cenetista consistía en la declaración de movimientos insurreccionales cuyo objetivo explícito era el derrocamiento no ya del gobierno, sino del Estado. La insurrección de los mineros del Alto Llobregat y del Cardoner, en Cataluña, en enero de 1932, con la instauración durante cinco días del comunismo libertario; la sublevación de enero de 1933 con ramificaciones en Cataluña y Valencia y de la que fue parte la matanza de una familia de campesinos en Casas Viejas, dieron lugar a una fuerte represión gubernativa, con intervención del ejército y deportaciones de los dirigentes sindicales. En estos casos, la acción era planeada y dirigida por los grupos de afinidad de la FAI y terminaba con las denuncias contra el gobierno republicano-socialista al que pintaban sediento de sangre obrera.

Junto a la ofensiva sindicalista, el gobierno vio crecer en las ciudades la imparable protesta patronal hasta la convocatoria de la asamblea económico-social de julio de 1933. Los patronos de la industria y del comercio, organizados por diversas confederaciones de gremios e industrias, culminaban en esta asamblea, convocada por Unión Económica, una densa historia que se había caracterizado en un primer momento por la resignada aceptación de los jurados mixtos; luego por una inútil oposición a los nuevos términos de los contratos de trabajo —especialmente a la definición de las nuevas categorías laborales y a los aumentos de salarios—; en tercer lugar, por la publicación de manifiestos, las visitas a las autoridades, la convocatoria de actos de protesta y por algunas acciones colectivas de cierre de comercios o industrias. Junto a su insistente petición de que se reforzara el principio de autoridad, se quejaban sobre todo de la labor de los jurados mixtos, cuya derogación pedían los más radicales mientras que los moderados imponían la petición de su reforma.

En la asamblea de julio muchas voces se levantaron para exigir que los socialistas abandonasen el poder aunque al final los dirigentes de las organizaciones empresariales de ámbito nacional impusieron el carácter apolítico de la reunión. La oposición de los patronos de la industria y del comercio no se dirigió durante el bienio reformador contra la República, y ni siquiera contra el gobierno en su conjunto, sino contra la presencia de los socialistas en el gobierno, a la que achacaban la ruina de la economía por el aumento de los costes y de la intervención obrera y por su ineficacia para detener los conflictos y reducir el número de huelgas. Los patronos argumentaban que la presencia socialista en el gobierno se había revelado inútil para mantener la paz social y que cuando más pagaban a sus obreros y más derechos habían conquistado era también cuando debían enfrentarse a la amenaza de más huelgas y hasta de algún atentado. Vinieron así a coincidir en el tiempo las llamadas de la CNT contra la «dictadura socialazañista» y la protesta de los patronos contra la «socialización en frío» que atribuían a la actuación de los jurados mixtos y a la presencia de los socialistas en el gobierno.

Las luchas sociales en las ciudades, a pesar de la duración y amplitud de algunas huelgas o de las amenazas de cierres patronales, no alcanzaron la violencia física y personal de las luchas rurales. Las organizaciones patronales de las ciudades estaban acostumbradas a negociar con los trabajadores y para ellas no representaba ninguna novedad discutir los términos de los contratos en organismos corporativos. En los campos, los propietarios disponían de toda la fuerza que se derivaba de la falta de organización de los jornaleros, de un exceso de mano de obra y del control de los ayuntamientos y la presencia de la Guardia Civil. El solo hecho de la instauración de la República subvirtió esta situación. Los propietarios o sus representantes perdieron el control de los ayuntamientos, regidos por unos republicanos que ante las reivindicaciones de los jornaleros no podían actuar como las antiguas autoridades. Además, al extender a la agricultura los jurados mixtos, los socialistas implantaron la organización obrera en los pueblos incrementando la afiliación a su sindicato hasta conseguir cerca de medio millón de afiliados en 1931, un número que doblaba al de toda la UGT de 1929.

El establecimiento de salarios legales y de jornada máxima, la necesidad de acudir a las bolsas de trabajo, la imposibilidad de envilecer los salarios contratando a trabajadores de otros términos municipales, la obligación de dar trabajo en periodos de paro estacional y la autoridad de los jurados mixtos para resolver los conflictos trastocaron por completo la relaciones de clase en la agricultura. La respuesta patronal consistió en reforzar sus organizaciones y crear nuevas confederaciones más adaptadas a las necesidades del momento. De las primeras, sobre todo de la Confederación Nacional Católico-Agraria, predominio de pequeños propietarios y arrendatarios, surgirían muchos de los dirigentes del catolicismo político. Por sus conexiones con la nueva Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas y con la Confederación Española Patronal Agrícola, creada en 1933, la CNCA servirá además de argamasa del bloque agrario en la común defensa de la propiedad y en su ofensiva contra la presencia socialista en el gobierno. En el manifiesto fundacional de la Confederación Española Patronal Agrícola, de marzo de 1933, después de acusar al Ministerio de Trabajo de llevar «la odiosa lucha de clases» de la ciudad al campo, se declaraba sin ambages que «el socialismo es el enemigo, él y sus aliados, él y sus colaboradores».

Los conflictos entre los dos grandes sindicatos y entre éstos y los patronos aumentaron la frecuencia y la amplitud de las huelgas a medida que el paso del tiempo agravó los problemas derivados de la escasez de trabajo:

Estadística de huelgas con información completa

1930

Huelgas: 368

Huelguistas: 247.460

Jornadas: 3.745.366

Amplitud media: 672,4

Duración media: 15,1

1931

Huelgas: 610

Huelguistas: 236.177

Jornadas: 3.843.260

Amplitud media: 387,1

Duración media: 16,2

1932

Huelgas: 435

Huelguistas: 269.104

Jornadas: 3.589.473

Amplitud media: 618,6

Duración media: 13,3

1933

Huelgas: 1.046

Huelguistas: 843.303

Jornadas: 14.440.629

Amplitud media: 806,2

Duración media: 17,1

1934

Huelgas: 544

Huelguistas: 741.878

Jornadas: 11.115.358

Amplitud media: 1.363,7

Duración media: 15,0

Fuente: Boletín del Ministerio de Trabajo y elaboración propia. (La estadística de 1934 no incluye el mes de octubre.)

Aunque muchas huelgas no eran recogidas por los informadores del Ministerio o no se incluían en el censo por considerarlas políticas, la estadística muestra bien que el salto en número de huelgas y de huelguistas se produjo a partir del invierno de 1932-1933. Lo importante, sin embargo, es que ese aumento no corresponde únicamente a los tradicionales núcleos de lucha obrera. Asturias, que sufre la crisis crónica del carbón, va en cabeza de las huelgas durante algunos años, y las del textil de Barcelona representan un elevado porcentaje en los años 1933 y 1934; pero lo nuevo fue el incremento de huelgas agrícolas y de la construcción por toda la geografía española: en esos dos sectores se produjeron cerca de la mitad de todas las huelgas del último año. La mayoría se declararon por motivos como la reducción de jornada, el establecimiento de turnos de trabajo, la readmisión de despedidos o la colocación de parados, asuntos relacionados de una u otra forma con la escasez de trabajo. Las huelgas abundaron en ciudades que habían soportado durante las dos décadas anteriores la llegada masiva de inmigrantes y que atravesaban en estos primeros años de República una profunda crisis de la construcción y un incremento de los despidos y del paro: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga. En la agricultura, son las zonas de mayor proletariado rural —Córdoba, Jaén, Sevilla— las que van en cabeza de los conflictos.

En resumen, las mayores ciudades españolas y el conjunto de la agricultura mediterránea soportaban el peso de una población que había crecido muy por encima del ritmo de modernización de sus estructuras productivas. Por eso, un simple estancamiento podía acarrear graves consecuencias sociales. Pero la amplitud creciente de la movilización obrera sólo puede entenderse por la frustración de las expectativas que había despertado la República con su sola instauración y que se referían no al Estado sino a la sociedad, no a la democracia sino a la comida, no a cómo funciona un Parlamento sino a la mejora de las condiciones de trabajo, a la transformación de las arcaicas relaciones de clase. Fue la frustración de esa expectativa, que afectó a un proletariado joven, poco cualificado, sin arraigo en las ciudades, que habitaba en suburbios mal equipados y carecía de empleo fijo, y la presencia de dos sindicatos rivales, que habían experimentado un crecimiento fulgurante con la incorporación de cientos de miles de trabajadores sin previa experiencia ni educación asociativa, lo que dio a las luchas de clases una radicalidad difícil de entender por una mera determinación económica.

La amplitud de las huelgas y las simpatías que despertaban entre los jornaleros y «los sin trabajo» sorprendió a republicanos y a socialistas, incrédulos al comprobar que su política, dirigida a mejorar la condición obrera como paso hacia su emancipación, pudiera tropezar con esa oposición dentro de la propia clase obrera. Tal como había sido definida por sus fundadores, la República, democrática en lo político y reformadora en lo social, tenía que basarse en una alianza de trabajadores y clases medias. La escisión en el seno de la clase obrera privaba a la República de uno de sus fundamentos porque situaba a un sector muy amplio de esa clase no ya al margen sino contra ella y porque hacía peligrar el apoyo del sector obrero que en 1930 acudió al pacto con los republicanos. Era muy difícil que la UGT siguiera comprometida en la consolidación de un régimen que sufría la abierta hostilidad del sindicato rival, capaz de movilizar a sectores cada vez más amplios de obreros y campesinos.

No sólo la clase obrera se escindió de forma al parecer inconciliable. Al reflexionar años después sobre las causas de la guerra, Manuel Azaña escribió que su verdadero origen había que buscarlo en la discordia interna de la clase media y en general de la burguesía. Entre las clases medias, muchos veían con horror el laicismo del Estado y a otros les infundía miedo cualquier concesión a las reivindicaciones obreras. Y fue en efecto la política a seguir con los socialistas lo que llevó al Partido Radical, formado por muchos pequeños y medianos comerciantes e industriales, a abandonar la coalición republicano-socialista. Pero esta división interna del republicanismo de clase media se mantuvo dentro de las opciones posibles dentro de la República. El otro motivo de discordia, sin embargo, hizo crecer fuera de la República a un partido de la derecha católica, dirigido por profesionales pero que logró una afiliación de masas —clase media urbana y pequeños campesinos— y que estableció fuertes conexiones con los grandes y medianos propietarios de tierra. El éxito de este partido no habría sido posible si la agregación de intereses tan dispares no se hubiera visto favorecida por la dirección, el discurso ideológico y los recursos organizativos de la Iglesia.

La República sufrió también, desde luego, una oposición monárquica con implicaciones en el ejército y conexiones entre elementos de la aristocracia financiera y rural. Pero el intento subversivo protagonizado por el general Sanjurjo en agosto de 1932 reforzó al gobierno y dio nuevo impulso a la política de reformas: los radicales, de quienes se sospechaban connivencias con los golpistas, se apresuraron a mostrar su apoyo al gobierno y dieron vía libre a la rápida aprobación de las dos leyes que se venían debatiendo desde principios de año: la de reforma agraria y la del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La más sólida oposición política a la República no podía venir de los restos del Antiguo Régimen, de aristócratas nostálgicos del monarquismo aliados a unos cuantos militares golpistas. Aparte del anarcosindicalismo, el verdadero problema para la consolidación del nuevo régimen fue que bajo el impulso de la Iglesia creció una oposición que aglutinaba no ya a oligarquías del Antiguo Régimen, sino a miles de agricultores medios y pobres dirigidos políticamente por miembros de las clases medias urbanas. La presencia de abogados, funcionarios, periodistas, al frente de ese partido expresaba una profunda escisión dentro de esas clases medias en torno a cuestiones que atañían a la constitución del Estado, al tipo de sociedad y a la primacía de los valores de orden y religión sobre los de democracia y libertad.

Este nuevo partido de masas era en parte una derivación del sindicalismo agrario católico que en 1917 había dado origen a la CNCA y de aquella Unión Patriótica que había servido para proporcionar a la Dictadura de Primo de Rivera su clase política civil, iniciativas ambas impulsadas por Ángel Herrera, fundador en 1909 con el jesuita Ángel Ayala de una agrupación destinada al cultivo de minorías selectas con capacidad de liderazgo político y social, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Ángel Herrera lanzó en abril de 1931 el partido de Acción Nacional (denominado luego Popular por exigencias legales), bajo el programa de religión, patria, familia, orden y propiedad. El apoyo y las continuas llamadas del episcopado unieron a los católicos, muy desconcertados en las convocatorias electorales de 1931, bajo una común bandera política. En una república laica, que creía haber resuelto para siempre la cuestión religiosa, resultaba que la Iglesia era la única organización capaz de alentar un partido de masas, de derechas, moderno, aunque de base agraria, confesional, accidental en su relación con el régimen y que intentaba atraerse el voto monárquico.

El origen y la creciente fuerza de esta nueva formación política se sitúa en la respuesta de la Iglesia Católica para defender su organización educativa y asistencial ante la amenaza que la Constitución hacía pender sobre ella. Como escribían los metropolitanos españoles al papa Pío XI había que «alentar prudente y vigorosamente el movimiento general de afirmación católica» por medio de la unión política de todos los católicos para conseguir la revisión constitucional. Era preciso, ante todo, de acuerdo con la estrategia elaborada por José María Gil Robles —secretario de la CNCA y líder de AP— en un memorándum a los obispos, lograr la concordia de todos los católicos por medio de una enérgica intervención de la Iglesia que desautorizara otras vías de actuación política, como los intentos de restauración monárquica. Una vez conseguida esa unión, había que proceder a la preparación de la campaña electoral con objeto de llevar a las Cortes una minoría suficiente de acuerdo con otras fuerzas parlamentarias —entre las que Gil Robles señalaba al partido de Lerroux, en franca ruptura con la coalición gubernamental— de tal manera que pudiera llegarse «bien por vía parlamentaria, bien por el juego del Tribunal de Garantías, bien por la aplicación de la democracia directa» a la revisión constitucional.

El nuevo partido católico inició su actividad buscando una confrontación directa con el gobierno en los dos puntos que podían servir para atraer mayor afiliación: los republicanos eran calificados de fríos perseguidores de la Iglesia y, en consecuencia, enemigos de la patria, y a los socialistas se les presentaba como enemigos de la propiedad, de la familia y del orden. Fue así como AP y, desde su congreso fundacional de febrero y marzo de 1933, la CEDA —en la que se confederaron las organizaciones provinciales o regionales de la derecha católica— lograron una audiencia de masas vinculando la defensa de la religión católica a la lucha por la propiedad como fundamento del orden social. En su congreso fundacional, la CEDA, que contaba con más de medio millón de afiliados, declaraba que las reivindicaciones de carácter religioso ocuparían siempre el primer lugar de su programa y pedía la revisión urgente de la Constitución.

La discusión del proyecto de ley de confesiones y congregaciones dio nuevo impulso a la campaña revisionista en el momento de mayor debilidad de la coalición republicanosocialista, cuando a los ataques de la CNT y la ofensiva patronal se añadía la obstrucción parlamentaria ejercida por el Partido Radical. La matanza de Casas Viejas fue explotada por todos ellos en sus ataques al gobierno y a su presidente. Los radicales se lanzaron a fondo contra el gobierno y presionaron al presidente de la República para que pusiera fin a la situación retirando la confianza a su presidente. Por lo que a Azaña respecta, la falta de escrúpulos políticos de sus atacantes reforzó su convicción de mantener la coalición con los socialistas y no dimitir si no era por las vías previstas en la Constitución: por pérdida de mayoría parlamentaria o por retirada de confianza del presidente de la República. A la vista de esa determinación, y como el apoyo socialista no flaqueaba, los radicales arreciaron en sus ataques, alentaron la división dentro del partido radical-socialista y presionaron al presidente de la República para que retirara su confianza al del gobierno.

La presión de los radicales y la protesta patronal comenzaron a hacer mella en el ánimo de Alcalá Zamora respecto al punto crucial de la política de Azaña: la conveniencia de mantener a los socialistas en el gobierno. El creciente malestar del presidente de la República con el gobierno subió de tono con el debate de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. La nueva presión, familiar y episcopal, a la que fue sometido Alcalá Zamora y sus escrúpulos de conciencia le indujeron a demorar hasta el último día el plazo hábil para sancionar la ley, aprobada por las Cortes el 17 de mayo pero no promulgada hasta el 2 de junio. Unos días después, el presidente de la República retiraba por vez primera su confianza al del gobierno: el episcopado español había publicado una declaración conjunta denunciando el «trato durísimo» que se daba a la Iglesia y el papa Pío XI había condenado la legislación laica de la República en su encíclica Dilectissima Nobis.

Como en aquellas Cortes era imposible formar otra mayoría, Azaña volvió a presidir el gobierno aunque sus días estuvieran contados. En septiembre, tras unas elecciones para el Tribunal de Garantías en las que el gobierno salió malparado, Alcalá Zamora le retiró por segunda y definitiva vez su confianza aunque no hubiera perdido la de las Cortes. Y así fue como Azaña vino a caer no como resultado de una insurrección anarquista, ni de una ofensiva de la derecha o porque se rompiera la coalición, aunque todo esto tuviera su parte en la caída, sino porque perdió la confianza presidencial. Se ha señalado que la combinación de presidencialismo con un sistema multipartidista polarizado entraña consecuencias nefastas para la estabilidad de la democracia. La República no era un régimen presidencialista —semipresidencialista con premier, lo ha definido Juan Linz— ni el sistema multipartidista había alcanzado en junio de 1933 un irreparable grado de polarización, pero si algo no ofrece dudas es que el sistema de la doble confianza contribuyó a la inestabilidad gubernativa y a la corta duración de las legislaturas.

Intento de rectificación: los radicales con la CEDA

Pues, en efecto, la caída de Azaña determinó la disolución anticipada de las Cortes constituyentes: Lerroux, encargado de formar gobierno, no superó la prueba del Congreso y hubo de dejar paso, con el exclusivo propósito de convocar elecciones, a un gobierno presidido por Martínez Barrio. El resultado fue un realineamiento espectacular del sistema de partidos, buena muestra de lo lejos que la República estaba aún de ser una democracia consolidada. Pues si la estabilidad de los comportamientos electorales, la continuidad de elites políticas, la reducción del número de partidos y la ausencia de nuevos partidos importantes son las notas que caracterizan la consolidación de la democracia, lo ocurrido en noviembre de 1933 fue todo lo contrario de un paso adelante en ese proceso: el voto experimentó una alta volatilidad; se produjo un cambio muy notable de personal en el gobierno y en el Congreso; la fragmentación parlamentaria se mantuvo en valores muy similares, con tres partidos más; los dos partidos más importantes no alcanzaron tampoco esta vez el 50 por 100 de los escaños y apareció un nuevo partido relevante, la CEDA.

El cambio más notable consistió en la poderosa irrupción de la derecha católica en la escena parlamentaria. Aunque el Partido Radical mejorara sus posiciones, alcanzando 102 diputados, fue la CEDA, que no había declarado su lealtad al régimen y cuyos dirigentes habían visitado Roma en enero de 1933 y asistido a la concentración nazi de Nuremberg en septiembre, la más beneficiada de la prematura disolución de las constituyentes, con 115 diputados, ocupando una posición muy similar a la del PSOE en las constituyentes: minoría mayoritaria no susceptible de presidir el gobierno, pero sin la que resultaba imposible gobernar. Otros partidos de la derecha, Agrarios, Lliga, Conservadores, Progresistas y Liberal-Demócratas, obtuvieron resultados airosos, convirtiéndose en piezas indispensables para la formación de cualquier gobierno. Completando la nueva configuración de la derecha, los dos partidos monárquicos, Renovación Española y Comunión Tradicionalista, conseguían 15 y 26 diputados respectivamente.

De similar transcendencia para el sistema de partidos fue la inapelable derrota de la izquierda republicana y el severo correctivo sufrido por los socialistas. Al acudir por separado a las urnas, con un sistema electoral que primaba a las mayorías, la izquierda republicana desperdició su cerca de un millón de votos —no muchos menos que los obtenidos por los radicales— y quedó tan disminuida que para formar grupo parlamentario hubieron de unirse los diputados de Acción con los de un sector de los radical-socialistas y los federales. El desastre, más temperado, alcanzó también al PSOE que, aspirando a una mayoría suficiente para hacerse con el gobierno y proceder desde él a la revolución pacífica que transformaría la república burguesa en socialista, no obtuvo más que 58 diputados. Esquerra de Catalunya, en el gobierno de la Generalitat, quedó esta vez muy por detrás de la Lliga, mientras el PNV conseguía la estimable cifra de 12 diputados, lo mismo que toda la izquierda republicana junta.

Estos resultados permitirían hablar en teoría de un sistema de partidos pluralista polarizado. La posición de centro aparecía ocupada por un partido relevante —el Radical—, como también lo estaban las posiciones de derecha e izquierda con dos grandes partidos (CEDA y PSOE) que, por las declaraciones de sus dirigentes más que por su práctica política, podían entenderse como partidos antisistema o, mejor, como leales en la medida en que lo gobernasen y desleales si su destino era la oposición. El PSOE por la izquierda y la CEDA por la derecha habían proclamado en la reciente campaña electoral su intención de ir más allá de la República o de revisar la Constitución si conseguían la victoria. Podía temerse que un gobierno de centro tuviera que hacer frente a una oposición bilateral, protagonizada por dos partidos mutuamente excluyentes, como lo eran el socialista y el católico. Además, aparecieron oposiciones irresponsables, de las que saben que nunca accederán al gobierno y se sienten libres para prometer el cielo.

Pero el caso fue que en la práctica uno de los partidos de los que podía esperarse una posición antisistema, la CEDA, declaró por boca de su líder la «lealtad acrisolada» al régimen y pasó a constituirse en partido gubernamental. Con los monárquicos ocupando una posición irreductiblemente antirrepublicana, la fórmula más plausible de gobierno residía en algún tipo de coalición entre el Partido Radical y la CEDA, con el apoyo de otros grupos menores, como el Agrario, la Lliga y el Liberal-Demócrata. Los radicales justificaron esa opción como única vía para incorporar a la derecha católica a la República y lograr así «una República para todos los españoles»; la derecha católica la justificó como la mejor manera de acercarse al poder para reformar la Constitución. Respaldado por su triunfo electoral, Gil Robles se dispuso a llevar a la práctica la táctica enunciada dos años antes: prestar su apoyo a un gobierno presidido por Lerroux y dar luego un paso adelante exigiendo la entrada en el gobierno para recibir más tarde el encargo de presidirlo.

La perspectiva de un gobierno presidido por Lerroux y sostenido por Gil Robles tuvo efectos inmediatos en las oposiciones de derecha e izquierda. Radicalizó a los antiguos aliados del líder católico, los partidos de la reacción monárquica, que consideraron tanto accidentalismo como una traición a su causa y establecieron relaciones con el partido fascista italiano del que recibieron una sustanciosa subvención y el compromiso de enviar armas con vistas a la conquista del poder. Además, levantó un clamor en los republicanos de izquierda, que calificaron de traición a la República su entrega a la derecha y pidieron la convocatoria de nuevas elecciones antes de que llegara a constituirse el Congreso recién elegido. En fin, alienó a los socialistas, que proclamaron su decisión de desencadenar una revolución si la CEDA entraba en el gobierno. Las oposiciones antisistema crecieron, pues, sobre todo por la izquierda, donde el terreno aparecía ocupado no por partidos que desde el origen del nuevo régimen se hubieran situado fuera de él, sino por uno de los que lo habían fundado y gobernado.

En este marco político cruzado de tensiones, la nueva coalición comenzó a gobernar con el propósito poco definido de rectificar el curso emprendido por la República bajo las izquierdas. El gobierno, dirigido por el Partido Radical con la presencia de otros grupos de centro y el apoyo parlamentario de la CEDA, no podía anular las reformas del primer bienio, pero tampoco permitir que funcionasen en la dirección querida por sus autores. Las reformas de la legislación laboral, de los jurados mixtos, de la Ley de Reforma Agraria, la contemporización con la Iglesia y la amnistía para los sublevados de agosto de 1932 eran puntos en los que coincidían el gobierno y sus colaboradores, aunque el alcance de la rectificación y su ritmo no dejaron de crear problemas en el interior del mismo Partido Radical y en su relación con la CEDA. Esa permanente tensión impidió el establecimiento de un programa de gobierno con objetivos precisos, pero ya no se volvió a hablar de la Ley de Confesiones y Congregaciones; los colegios religiosos pudieron abrir sus puertas en el nuevo curso; se restablecieron parcialmente los haberes del clero; se amnistió, contra la manifiesta voluntad del presidente de la República, a los sublevados de agosto de 1932; se comenzó a discutir la reforma de los jurados mixtos y, donde los sindicatos no fueron capaces de imponerlos, no se hizo nada para que los contratos firmados por ellos se cumplieran.

Las presiones a las que se vio sometido el gobierno por sus socios parlamentarios acabaron por escindir al Partido Radical, del que en mayo de 1934 se alejó una minoría de diputados, liderados por Diego Martínez Barrio, para crear, con un sector del también dividido Partido Radical-Socialista, el nuevo partido de Unión Republicana. La pérdida en julio de otro grupo del Partido de Unión Republicana Autonomista, de Valencia, certificaba la debilidad y simultánea derechización del PR y la creciente fortaleza de la CEDA, con su presión sobre las políticas gubernamentales y su aspiración final a incorporarse al gobierno. La oposición de Alcalá Zamora a la Ley de Amnistía exigida por la CEDA obligó a Lerroux a presentar la dimisión a finales de abril de 1934, dejando paso a un nuevo gobierno, también de mayoría radical, presidido por Ricardo Samper, que hubo de habérselas con las multitudinarias concentraciones de los militantes de la CEDA en Covadonga y El Escorial, adornadas de toda la parafernalia fascista y exaltación del jefe, jefe, jefe. Samper agudizó, por otra parte, el conflicto que enfrentaba a la coalición radical-cedista con el nacionalismo vasco en torno a la aprobación del estatuto plebiscitado en noviembre de 1933. La rebelión de los ayuntamientos vascos, con la participación de nacionalistas, republicanos de izquierda y socialistas, en defensa del concierto económico puesto en discusión por el estatuto del vino, terminó en septiembre de 1934 con la sustitución de ayuntamientos. En junio, el PNV se había retirado de las Cortes, en solidaridad con los diputados de Esquerra y del gobierno de la Generalitat, después de que el Tribunal de Garantías declarase nula la Ley de Cultivos aprobada por el Parlamento autónomo. A este cuadro de tensiones políticas se vinieron a sumar las formaciones juveniles paramilitares y los primeros enfrentamientos callejeros entre las milicias de la recién creada Falange Española y las formadas por las Juventudes socialistas y las comunistas.

Por el lado obrero, la creciente movilización sindical, con la UGT liberada de sus compromisos de gobierno, se tradujo en una mayor conflictividad social. En las ciudades, sin mediar la firma de ningún pacto global, el número y la duración de las huelgas, convocadas por vez primera por comités conjuntos de UGT y CNT, siguieron el curso ascendente iniciado un año antes. Las huelgas de la construcción y de la metalurgia de Madrid, la de tranvías y el puerto en Barcelona y, sobre todo, la huelga general de treinta y seis días que paralizó la ciudad de Zaragoza fueron algunas de las más significadas. El gobierno, que en un principio era partidario de recortar las atribuciones de los jurados mixtos, tuvo que mantenerlos para acabar las huelgas con laudos ministeriales que daban parcialmente satisfacción a los trabajadores entre la protesta de los patronos. Se produjo así a la par que un incremento de la movilización obrera, una evidente desafección de los patronos hacia el gobierno y el Partido Radical al que acusaban de debilidad y cesión y, en definitiva, de traición a quienes les habían votado.

El cambio de gobierno no supuso, por tanto, una disminución de las huelgas, sino una mayor frecuencia y, sobre todo, un cambio en sus contenidos y en su horizonte final: las huelgas generales llevaban siempre prendida de su convocatoria la expectativa de una revolución social. Esto ya fue evidente en las de Madrid y Zaragoza y lo sería aún más en la huelga general de campesinos convocada por la Federación de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, en junio de 1934. En las zonas rurales, los propietarios y agricultores habían interpretado los buenos resultados de la CEDA como un triunfo sobre los jornaleros y arrendatarios. La Ley de Términos Municipales fue anulada, los salarios volvieron a caer, las presiones sobre el empleo fueron olvidadas y se derogaron los decretos de intensificación de cultivos que habían permitido el asentamiento de yunteros y campesinos sin tierra en Extremadura y otras regiones de latifundio. En algunos casos, los mismos diputados que con su voto habían derogado la ley se apresuraron a arrojar de sus tierras a los campesinos; «¡comed República!» decían a los jornaleros que venían en busca de trabajo.

A pesar de no contar con la aprobación de la ejecutiva nacional, los dirigentes de la Federación cursaron las órdenes de huelga ante el deterioro del poder sindical y en respuesta a la pérdida de las posiciones —en contratos, empleo, salarios, reconocimiento de sindicatos, jurados mixtos— conquistadas en el primer bienio. Ante la irritación de la ejecutiva nacional de la UGT, que estaba preparando una huelga general revolucionaria de ámbito nacional, los dirigentes de la FTT convocaron la huelga y esperaron hasta el último momento que los obreros de las ciudades se unieran a ellos. No se unieron; mientras los jornaleros del campo, que en muchos casos estaban en paro por no haberse iniciado aún las labores de la siega, iban a la huelga, los de las capitales se mantuvieron en sus puestos de trabajo. El 5 de junio comenzó la huelga con una incidencia muy desigual según las zonas y el poder de las organizaciones obreras pero que afectó a más de 500 municipios especialmente de Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva. Fue la mayor huelga agraria de la historia, lo que dará también lugar a una represión sin precedentes en la República: cerca de diez mil detenciones y unos 200 ayuntamientos sustituidos.

El aislamiento y la falta de apoyo a los obreros agrícolas obedecía a la estrategia seguida por los socialistas desde su derrota en las elecciones de noviembre. El punto de partida consistía en afirmar que la fase de apoyo a la República como estación de tránsito al socialismo se había agotado y que, en adelante, cualquier huelga general tendría que ser revolucionaria, encaminada a la toma de poder con objeto de transformar la sociedad. Con todo, la huelga general revolucionaria no gozaba de legitimidad si antes no mediaba alguna provocación reaccionaria. Los socialistas no pretendían, pues, con sus anuncios de revolución defender la legalidad republicana contra un ataque de la CEDA, sino responder a una supuesta provocación con objeto de avanzar hacia el socialismo. En parte por ese motivo y en parte porque nunca creyeron que el presidente de la República y el propio Partido Radical permitieran el acceso de la CEDA al gobierno, se comprometieron solemnemente, desde las Cortes y la prensa, a que en el caso de que éste se produjera, desencadenarían una revolución. Esa decisión se vio reforzada por el activismo de las juventudes y por los acontecimientos de febrero de 1934 en Austria, cuando el canciller socialcristiano Dollfuss aplastó una rebelión socialista bombardeando los barrios obreros de Viena, acontecimientos interpretados por los socialistas españoles como una advertencia de lo que podría esperarles en caso de que la CEDA llegara al gobierno.

Con objeto de preparar su revolución los socialistas se movieron en dos direcciones. Una tenía por objeto llegar a acuerdos con otras fuerzas o partidos obreros. Se creó así la Alianza Obrera, según un proyecto original de los comunistas catalanes del Bloc Obrer i Camperol, dirigidos por Joaquín Maurín, que no formaban parte de la Tercera Internacional. Pero la Alianza no fue nunca el objetivo primordial del PSOE, que consideraba la proyectada revolución como un movimiento de su exclusiva responsabilidad. En esa dirección, la iniciativa que tomaron sus dirigentes consistió en unificar la acción de las tres organizaciones socialistas —partido, sindicato y juventudes— por medio de un comité revolucionario que coordinara la preparación de todas las acciones previstas. Como en casos anteriores —1917 y 1930— tales acciones consistirían en una huelga general y en un movimiento insurreccional armado para el que, además de las milicias propias, se contaba con la complicidad de algunos mandos militares a los que se encomendarían actuaciones específicas.

El reiterado anuncio de revolución comprometió a los socialistas en una acción cuya iniciativa quedaba en manos de la CEDA, a la que se dejaba elegir el momento de provocar la crisis política y exigir su entrada en el gobierno, aun a sabiendas de que tal iniciativa acarrearía la insurrección socialista. La temida eventualidad se produjo a principios de octubre de 1934, cuando la CEDA hizo saber a un debilitado Samper que no contaba con su apoyo y que exigía la formación de un nuevo gobierno con su participación en tres Ministerios. Lerroux, encargado por Alcalá Zamora de resolver la crisis, accedió a la demanda y los socialistas respondieron declarando la huelga general revolucionaria, de la que habría de seguirse la toma del poder. Como había ocurrido ya con los intentos insurreccionales anarquistas, las órdenes tuvieron desigual incidencia según las regiones, la fuerza del movimiento obrero, el grado de preparación de los sindicatos y la capacidad de respuesta del gobierno. Desde revolución como guerra social por las armas, con combates, centenares de muertos y toma del poder local en algunas zonas mineras de Asturias, hasta la quietud de la mayoría de los jornaleros del campo, que acababan de salir de su propia huelga, se dieron todas las situaciones posibles. Hubo huelga general prácticamente en toda España pero la insurrección armada para la que los socialistas habían estado preparando grupos de acción y alijando armas quedó reducida, salvo en Asturias y en algunas zonas de Vizcaya, a tiroteos de diversa intensidad y a la espera de que se abrieran las puertas de los cuarteles y los soldados se unieran al pueblo revolucionario, según el modelo experimentado también sin éxito en diciembre de 1930.

Debido a una dinámica sin conexión con estos intentos de insurrección obrera, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido por Lluis Companys, se rebeló contra la autoridad central y, en un intento de reeditar lo ocurrido el 14 de abril de 1931, proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española. La evidente falta de preparación para resistir, y la pasividad de la CNT que no quería verse arrastrada a una acción de contenido político más que social, hizo que esta proclamación durase lo que tardaron las fuerzas militares en exigir y obtener la rendición del gobierno catalán. Por su parte, los partidos de izquierda republicana quedaron al margen tanto de la insurrección obrera como de la rebelión catalana, aunque proclamaron su ruptura con las instituciones de una República a la que ya daban por entregada a sus enemigos.

La derrota de la revolución, además de demostrar la fortaleza de la República siempre que las fuerzas armadas y de seguridad permanecieran leales al gobierno, parecía confirmar la táctica de Gil Robles, que comenzó a ver cada vez más próxima la ocasión de recibir el encargo presidencial: bastaba con provocar continuas crisis de gobierno para ir avanzando posiciones. La siguiente no esperó mucho tiempo: en marzo de 1935, Gil Robles decidió la salida del gobierno de los ministros de la CEDA y lanzó una campaña de presión contra el Partido Radical por la decisión de Lerroux de indultar a dos dirigentes socialistas condenados a muerte por su participación en la revolución de Asturias. Sin la CEDA, el Partido Radical no podía mantenerse en el gobierno, así que Lerroux no tuvo más remedio que iniciar negociaciones con su aliado para establecer las condiciones de su vuelta, que tuvo lugar en mayo, con cinco ministros, entre ellos el propio Gil Robles, que se trajo al Ministerio de la Guerra a la flor y nata de los generales africanistas, entre otros, a Francisco Franco para la jefatura del Estado Mayor Central.

Más importante aún fue la entrega del Ministerio de Agricultura a los terratenientes en la persona del nuevo ministro Nicasio Velayos. El proyecto de ley de arrendamientos rústicos, preparado por el socialcristiano Giménez Fernández, que contemplaba la posibilidad de acceso de los arrendatarios a la propiedad de la tierra, había sido de tal modo modificado que la ley aprobada el 15 de marzo restablecía el poder omnímodo del propietario al derogar toda la legislación anterior sobre subarriendo, arrendamientos colectivos, desahucios y revisión de rentas. Sólo a los yunteros de Extremadura se les permitió sembrar las tierras ya ocupadas y disfrutarlas hasta el 31 de julio de ese año. Para entonces, incluso la presencia de Giménez Fernández al frente del Ministerio se consideraba incompatible con los intereses de los terratenientes. En mayo, Nicasio Velayos presentó a las Cortes la ley llamada de «reforma de la reforma agraria» por la que además de anularse el Inventario de tierras expropiables se reducía el ya menguado presupuesto del IRA y se establecía para las expropiaciones un precio de mercado. Era lógico que con esta política ni siquiera se permitiese la renovación de sus arrendamientos a los yunteros cuando finalizó el plazo concedido por la ley de diciembre de 1934. Con sus sindicatos clausurados los campesinos del Sur quedaron de nuevo a merced de lo que los terratenientes dispusieran.

En las ciudades se asistía mientras tanto a una revancha patronal: a la espera de su reforma, los jurados mixtos dejaron de existir y, con ellos, la vigencia de los contratos de trabajo acordados durante el primer bienio. Los trabajadores, con los sindicatos también clausurados, perdieron todos sus derechos, muchos fueron «seleccionados» —despedidos por su participación en la huelga de octubre— y quienes no lo fueron tuvieron que reincorporarse a sus puestos de trabajo en las condiciones exigidas por unos patronos que por fin se veían libres de la engorrosa presencia del jurado mixto: ya no había bases que cumplir ni categorías que respetar. Los sindicatos cristianos, que con el cierre de los anarquistas y socialistas creyeron llegada su gran ocasión, denunciaron vanamente en su prensa a una patronal que según ellos daba muestras de «cerrilidad» con su sistemática vulneración de la ley.

Junto al avance político de la CEDA y a la anulación de las reformas, el gobierno emprendió una persecución tenaz contra los implicados en los sucesos de octubre, pidiendo y obteniendo en algunos casos la ejecución de penas capitales. Esta política persecutoria, además de crear nuevas tensiones en la coalición gobernante, produjo efectos contrarios a los buscados al extenderse también a dirigentes republicanos que no habían participado en la revolución, como Manuel Azaña. El temor a la pérdida de la República reavivó el ideal republicano mientras la común persecución a que se veían sometidas las fuerzas de izquierda, cuya coalición había quedado rota en el otoño de 1933, favoreció la reconstrucción de un frente común cuyos objetivos inmediatos serían la amnistía para los presos de octubre y el restablecimiento de la legalidad vigente antes de la insurrección.

Para la izquierda, los hechos de octubre tuvieron unas ambiguas consecuencias. Por una parte, quienes habían tomado las armas trataron de justificar su acción como una defensa de la República ante una ofensiva fascista; por otra, reavivó entre los socialistas de centro y los republicanos de izquierda la convicción de que en una democracia al poder sólo se puede llegar por las urnas. Azaña personalmente impulsó una política de acercamiento de su partido a los de Unión Republicana y Nacional Republicano, de Martínez Barrio y Sánchez Román, con la firma de un primer acuerdo en abril de 1935. Al mismo tiempo, y con objeto de reconstruir una coalición similar a la que había gobernado durante el primer bienio, propuso a Indalecio Prieto la ampliación de esta inteligencia republicana a los socialistas, divididos después de los sucesos de octubre. Prieto, que controlaba la ejecutiva del PSOE, se mostró inmediatamente favorable a la coalición que Azaña le proponía, aunque la izquierda, dirigida por Largo Caballero y fuerte sobre todo en la UGT, impuso dilaciones.

En estas circunstancias, el descrédito del Partido Radical por los sobornos aceptados para autorizar un nuevo juego de ruleta arrastró la caída de Lerroux en septiembre y su sustitución por Joaquín Chapaprieta, que no pudo sobrevivir al nuevo escándalo discutido en las Cortes en noviembre. El caso Nombela, por el nombre de quien denunció un desvío de fondos públicos para indemnizaciones oficiales, animó a Gil Robles a intentar el paso decisivo en su estrategia tripartita; había apoyado a Lerroux hasta octubre de 1934; había colaborado con Lerroux hasta diciembre de 1935; había sonado la hora de sustituir a Lerroux. Amante del riesgo, provocó la enésima crisis de gobierno el 9 de diciembre, cuando se cumplían cuatro años exactos de vida constitucional, y planteó su candidatura a la presidencia del gobierno.

La elección de fecha no fue fortuita. Lo que Gil Robles pretendía con su estrategia de apoyo a, colaboración con, y sustitución de Lerroux era situarse en una posición que le permitiera plantear y dirigir la reforma constitucional. De acuerdo con el art. 125.b) de la Constitución, su reforma requería el voto favorable de las tres cuartas partes de los diputados «durante los cuatro primeros años de vida constitucional», pero sólo la mayoría absoluta en lo sucesivo. Gil Robles podía aspirar desde el 9 de diciembre de 1935 a esa reforma si presidía el gobierno y si contaba con la mayoría absoluta de la Cámara, pero en este punto le surgió un obstáculo imprevisto. Si en septiembre de 1933, Alcalá Zamora había impuesto la salida de Azaña de la presidencia, en diciembre de 1935 decidió bloquear su acceso a Gil Robles que había manifestado ya su intención de proceder a una reforma constitucional. Como una vez aceptada la necesidad de reforma, el Congreso quedaba automáticamente disuelto, de lo que se trataba en la práctica era de a qué partido se entregaba el decreto de disolución. Descartados los radicales y rechazada la CEDA, el presidente podía encargar la formación de gobierno a alguna personalidad independiente o embarcarse en la peligrosa operación de lanzar un partido de centro republicano que viniera a llenar el hueco dejado por los radicales. Tras cerrar el paso a Gil Robles, llamó a un hombre de su confianza, Portela Valladares, a quien entregó el decreto de disolución. Por segunda vez, el «semipresidencialismo con premier» determinaba una disolución anticipada de las Cortes.

Cuando la convocatoria de nuevas elecciones parecía inminente, los dirigentes de la izquierda socialista, reticentes durante todo el año a aceptar la propuesta de coalición que les llegaba de los republicanos, accedieron a incorporarse aunque imponiendo dos condiciones. A diferencia de 1931, esta nueva alianza sería circunstancial, limitada a las elecciones: una vez recuperada la República para la izquierda, debían gobernar solos los republicanos, llevar a cabo la parte del programa que les correspondía y, realizada su obra, dejar paso a un gobierno exclusivamente obrero. Además, y con objeto de reforzar el lado obrero de la coalición, los dirigentes de la izquierda socialista exigieron la incorporación del PCE, que inmediatamente bautizó a esa coalición con el nombre de Frente Popular, de acuerdo con la política establecida ese mismo verano por el VII Congreso de la Internacional Comunista. Si el lado republicano sufrió la pérdida del pequeño Partido Nacional Republicano, de Felipe Sánchez Román, su lado obrero se reforzó con la firma del PCE, el Partido Obrero de Unificación Marxista —resultado de la fusión del Bloc Obrer i Camperol y de Izquierda Comunista, de Joaquín Maurín y Andreu Nin—, la UGT, las Juventudes Socialistas y Comunistas y la de un pequeño Partido Sindicalista, dirigido por Ángel Pestaña.

Frente a esta coalición electoral de todas las izquierdas, las derechas no pudieron oponer esta vez un frente único. La CEDA prefirió mantener su ambigüedad respecto a la Constitución y se convirtió así en el eje con el que pretendieron llegar a acuerdos electorales fuerzas políticas antirrepublicanas, como los monárquicos y los fascistas, y partidos que habían aceptado la República, como los republicanos conservadores y los radicales. Fue imposible, pues, alcanzar un acuerdo global, que implicara a todos en torno a un programa común. Mientras las izquierdas publicaban un manifiesto y un programa de medidas de gobierno, las derechas se presentaron sin programa y en unas coaliciones que variaban de naturaleza según las circunscripciones, yendo a veces de la CEDA a los partidos monárquicos y, en otras, de la CEDA al Partido Radical. Su propaganda sólo pudo centrarse en torno a consignas «anti», bajo la denominación común, empleada por su máximo dirigente, de «frente de la contrarrevolución», y con la aspiración, proclamada según modernas técnicas publicitarias, de ir «a por los 300» diputados.

Un gobierno desasistido

Fueron unas elecciones apasionadas, con muy elevada participación: desde las monjas de clausura al anarquista antipolítico, todo el mundo fue a votar. No hubo mayores incidentes. El resultado: un reparto muy equilibrado de votos que la prima a los triunfadores convirtió en holgada mayoría de la coalición de izquierdas. Pero los problemas que aquejaban desde 1931 al sistema de partidos no se arreglaron tampoco en esta tercera convocatoria. Ciertamente, se habían consolidado tres grandes opciones que respondían a las preferencias mayoritarias del electorado: la republicana en IR-UR, la socialista en el PSOE y la católica en la CEDA; pero otras tendencias marchaban en sentido opuesto, hacia una mayor fragmentación y al auge de las opciones antisistema situadas en los extremos y favorecidas por el sistema electoral: varios pequeños partidos pudieron obtener algún escaño al incorporarse a las listas de uno de los dos grandes bloques electorales. Cuando se publicó la clasificación de la Cámara, los partidos representados eran 33, de los que siete sólo lograron un escaño y únicamente once consiguieron más de diez. Los 266 diputados de izquierda aparecían repartidos entre 18 partidos, de los que sólo dos —PSOE e IR— contaban con más de 80, mientras cinco no tenían más que uno.

Junto a esta permanente fragmentación parlamentaria, notable novedad de estas elecciones fue la desaparición de uno de los grandes partidos de las dos legislaturas anteriores, el Radical, convirtiendo en ley la singularidad más destacada de toda la breve historia política de la República: en cada elección desaparecía de las Cortes el partido que había gobernado en la anterior legislatura. En 1931 no quedó rastro de los partidos dinásticos, últimos en gobernar con un sistema constitucional; en 1933, desaparecieron los republicanos de izquierda que habían gobernado el primer bienio; en 1936 se esfumaron los radicales, que habían sido gobierno en los dos años anteriores. Si la consolidación de la democracia exige el afianzamiento de los partidos y la rutinización de los comportamientos electorales, entonces las elecciones de 1936 poco contribuyeron a ese proceso, pero no porque de ellas salieran unas Cortes polarizadas, sino porque volvieron a salir excesivamente fragmentadas.

Se trataba, pues, de un sistema todavía no consolidado, en el que el resultado de unas elecciones podía determinar profundos realineamientos. Y eso fue lo que ocurrió con el triunfo de las izquierdas. Esta vez, sin embargo, la coalición electoral no se convirtió en gobierno de coalición. De nuevo presidido por Azaña, el gobierno no contó más que con la presencia de los partidos republicanos, de modo que sólo con algún abuso se dirá que en la primavera de 1936 gobernaba el Frente Popular. Para todos los efectos prácticos, la coalición conocida bajo ese nombre dejó de existir después del triunfo electoral y aunque los socialistas no pasaron a la oposición, tampoco hicieron nada por fortalecer al gobierno. De esta forma, lo que antes de febrero se había mostrado como un excelente instrumento político para triunfar en unas elecciones, quedó reducido después al más débil posible de los instrumentos de gobierno: una parte sustancial de la fuerza de la coalición de izquierdas, la que provenía de la clase obrera, se inhibió de la responsabilidad de gobernar.

Esta inhibición permitía a Azaña ocupar la posición a la que siempre había aspirado: una especie de centro, que en 1936 no podía ser el mismo que en 1931; si entonces se trataba de construir un eje que oscilara entre socialistas y radicales, ahora, con el lugar de los radicales vacío, la posición de derecha sólo podía ser ocupada por la CEDA. A un aturdido Giménez Fernández que venía a saludarle, Azaña le exhortó recordándole que la derecha de la República era él «y ustedes unos aprendices extraviados». Y como derecha de la República fue como intentó gobernar Azaña durante las primeras semanas de su retorno a la presidencia con un sistema de partidos que, contra las apariencias de la campaña electoral, no se encontraba irremediablemente polarizado: de los partidos relevantes, ninguno adoptó un tipo de oposición irresponsable ni se manifestó en su práctica como antisistema. Al contrario: antes de que se constituyera el nuevo Congreso, tanto la CEDA como el PSOE apoyaron en las reuniones de la Diputación Permanente las medidas propuestas por Azaña para aliviar la tensión acumulada durante los meses anteriores. El presidente del gobierno no encontró ningún obstáculo para decretar la amnistía por los hechos de octubre, la readmisión de los despedidos, la reposición de los concejales y alcaldes destituidos y el restablecimiento de la Generalitat, medidas que se tomaron con el acuerdo mayoritario de los partidos representados en la Diputación y, entre ellos, notoriamente, de la CEDA.

Ahora bien, ni CEDA ni PSOE, que eran los partidos con más diputados, lograron mantener durante las semanas siguientes una unidad de propósito y un liderazgo firme. Por diferencias internas entre sus alas moderada y radical, y por presiones externas procedentes de la derecha subversiva, por un lado, y del sindicalismo revolucionario, del otro, ambos partidos se mostraron indecisos respecto al grado de compromiso que estaban dispuestos a asumir en defensa de las instituciones republicanas. Ambos habían sido en alguna ocasión anterior partidos de gobierno, pero ambos habían jugado fuerte su papel como partidos antisistema. Tenían que aclarar de una buena vez qué eran y ambos lo intentaron sin éxito. Giménez Fernández planteó en la minoría parlamentaria de la CEDA una arriesgada votación para que su partido se definiera por la república frente a la monarquía y por la democracia frente al fascismo. A pesar de que ganó con holgura, el regreso de Gil Robles dejó al partido sin una clara dirección, cada vez más proclive a escuchar los cantos que llegaban de los monárquicos subversivos y de los militares conspiradores, hasta el punto de poner a su disposición medio millón de pesetas en los primeros días de julio para impedir «que, por falta de recursos adecuados, fracasara lo que ya estaba decidido». Por su parte, Indalecio Prieto no consiguió que el grupo parlamentario socialista aceptara su tesis de reforzar el gobierno republicano con la incorporación del PSOE. De esta forma, el gobierno quedó desasistido por sus aliados naturales y hostigado desde la derecha por una envalentonada oposición monárquica que arrastraba ya con fuerza a los católicos, y desde la izquierda por un sector del PSOE que, si había renunciado a la revolución, esperaba con impaciencia la hora de sustituir al gobierno republicano con uno exclusivamente socialista.

En tales circunstancias, otra iniciativa en relación con la presidencia de la República abrió un nuevo frente de inestabilidad. En esta ocasión, no se trató de que el presidente negara su confianza a quien contaba con la mayoría de la Cámara. Alcalá Zamora había aceptado el resultado de las elecciones y encargó la formación de gobierno a Manuel Azaña, como era obligado; pero no había sacado de las elecciones una consecuencia que le afectaba personalmente. Durante el segundo semestre de 1935, el presidente de la República había actuado como jefe de partido, intentando promover una opción de centro republicano que fracasó en las urnas. Su posición quedó afectada por esa derrota y, de hecho, todos los partidos, de derecha o de izquierda, coincidieron en que debía abandonar la presidencia de la República. Tal vez no era necesario prescindir de Alcalá Zamora, pero los partidos de la mayoría declararon que no era necesario —«a los solos efectos previstos por el art. 81 de la Constitución»— el decreto de disolución de Cortes de 7 de enero de 1936, lo que implicaba automáticamente su destitución.

El problema, en mayo de 1936, no fue tanto la destitución de Alcalá Zamora como el vacío de poder que su sustitución por Azaña podía crear en un momento de crecientes tensiones que no tenían al Parlamento como centro, sino a la calle y los cuarteles. Pues, en efecto, desde el mes de abril, y ante el desconcierto de los dos grandes partidos de la derecha y la izquierda, la iniciativa política había pasado, por una parte, a los sindicatos y, por otra, a los militares. Tras el triunfo electoral, los sindicatos, que eran como siempre las organizaciones más poderosas de la izquierda, iniciaron movilizaciones con el objeto de obtener una rápida amnistía o poner directamente en la calle a los encarcelados por su participación en el movimiento de octubre. Inmediatamente, impusieron a los patronos la readmisión en sus puestos de trabajo de todos los «seleccionados» y consiguieron la aprobación de un decreto que imponía la indemnización de los jornales no abonados. Amnistía, readmisiones e indemnizaciones fueron los objetivos que unieron en la práctica a los dos sindicatos en un frente común reivindicativo.

Ese frente común situaba a UGT y CNT en una dinámica que les enfrentaba a los partidos políticos de izquierda, fueran obreros o republicanos: la fractura más decisiva entre las fuerzas que triunfaron en febrero fue la que se produjo entre sindicatos y partidos. Al finalizar la agitación motivada por las readmisiones, los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear, en las discusiones sobre nuevas bases de trabajo, exigencias que los patronos juzgaron desorbitadas. La movilización obrera y la resistencia patronal a nuevas concesiones produjo el movimiento de huelgas más generalizado de los habidos en toda la República. A pesar de los intentos del gobierno y de los partidos socialista y comunista por imponer moderación, en sólo los meses de mayo y junio las estadísticas del Ministerio de Trabajo recogieron más huelgas que en todo el año 1934 y tantas como en 1933. Raro fue el oficio o la industria que llegase a un acuerdo sobre bases de trabajo sin una previa declaración de huelga.

A esta movilización de los obreros urbanos se añadió la de los campesinos sin tierra, de la que destacó la toma sincronizada de 60.000 hectáreas por la Federación de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, en Badajoz el 25 de marzo de 1936 y las ocupaciones de fincas que desde principios de ese mismo mes, y dirigidas casi siempre por los sindicatos, tuvieron lugar en varias zonas de latifundio, como Sevilla y Córdoba o Toledo y Salamanca. La reposición de la Ley de Reforma Agraria por las Cortes en junio y las medidas adoptadas para simplificar los trámites de expropiación no venían más que a sancionar situaciones de hecho. Y si es cierto que desde junio esas ocupaciones disminuyeron, también lo es que hasta ese mes se habían expropiado más hectáreas —232.000— y asentado más campesinos —72.000— que en los cinco años anteriores. En no pocas ocasiones, esta renovada movilización campesina fue acompañada de violencias y enfrentamientos con la Guardia Civil.

En el curso de las huelgas, declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT/UGT, se hablaba de revolución e incluso no faltaron quienes la dieron por inminente, como la CNT cuando discutió, en su congreso de mayo, en Zaragoza, la organización de la futura sociedad libertaria. En la tradición sindical española, la huelga general era sentida como pórtico de revolución y en muchas capitales se sucedían huelgas generales de industria que parecían anunciar la inminencia de la huelga general revolucionaria. Creció así en el seno de las dos grandes organizaciones obreras una expectativa de revolución, a la par que una incapacidad radical para tomar una decisión en ese mismo sentido. La CNT no repetiría movimientos insurreccionales, abandonados después de los sucesivos fracasos de 1932, 1933 y 1934; la UGT no podía repetir, contra un gobierno de izquierda, su movimiento de octubre. A pesar de la expectativa creciente, un movimiento insurreccional dirigido por los sindicatos estaba más lejos de producirse en junio de 1936 que en los años anteriores. La única posibilidad, evocada por unos, ansiada por otros, de que se produjese un movimiento de esas características era como respuesta a un intento de golpe militar.

En el ejército no había necesidad de ninguna provocación ni llamada exterior para convencer a muchos mandos de la necesidad de intervenir: a los dos conatos de golpe semilegal por medio de la declaración del estado de guerra, de diciembre de 1935 y febrero de 1936, sugeridos ambos por Gil Robles, sucedieron muy pronto las reuniones para planear un golpe que en ningún caso podría contar con la cobertura legal de la jefatura del Estado. Pero el problema para los conspiradores no provenía de la oposición que pudieran encontrar en las autoridades de la República. Débiles como las juzgaban, nunca creyeron que les fueran a oponer una resistencia eficaz. El problema procedía de las divisiones que se habían manifestado en el seno del propio ejército desde la Dictadura y que durante la República habían alcanzado un singular grado de virulencia con la creación de uniones militares enfrentadas por la cuestión del régimen político. Esas divisiones arruinaban la posibilidad de organizar un golpe apoyado en la totalidad de la corporación militar. El problema de la llamada «unidad moral» del ejército fue el que hizo dudar a los dirigentes de la conspiración y posponer varias veces la fecha del golpe mientras hablaban con elementos de la derecha subversiva, monárquicos de Renovación, tradicionalistas y fascistas de Falange.

Sindicatos convocando huelgas a la espera de una provocación que desencadenaría una revolución; militares conspirando abiertamente para derrocar al gobierno e instaurar lo que el director de la conspiración, Emilio Mola, definió en sus directrices como una dictadura militar republicana: tales eran las presiones a las que tenía que hacer frente un gobierno desasistido, en un clima de enfrentamientos callejeros que se cobró en cuatro meses 200 vidas, hasta el asesinato del teniente Castillo y la venganza perpretada por sus compañeros en la persona del diputado Calvo Sotelo los días 12 y 13 de julio. No se trataba tanto de una polarización de los partidos, de un ascenso a los extremos, como de una parálisis política provocada por un gobierno débil, la fragmentación de los dos grandes partidos situados a su derecha y a su izquierda, la movilización sindical y la conspiración militar.

Rebelión militar, revolución obrera y campesina

Cuando en la tarde del 17 de julio comenzaron a correr las noticias de una rebelión militar en las provincias de África nadie se llevó una inesperada sorpresa. Con Primo de Rivera había comenzado el ciclo de levantamientos plebiscitarios: intentos de conquistar el poder por medio de una insurrección que se justificaba como alzamiento o revolución popular, ejecutada en el nombre del pueblo. Los liberales fueron protagonistas de algunos conatos en 1926 y 1929, como hubo un proyecto muy adelantado de revolución dirigido por el comité republicano-socialista en diciembre de 1930. En los cinco años de República, lo habían intentado los anarcosindicalistas de la CNT con sus llamadas a la huelga general insurreccional; los militares, cuando una facción creyó en agosto de 1932 llegada la hora de echar por tierra al gobierno; los socialistas y los republicanos de izquierda catalanes con una revolución en toda regla en octubre de 1934.

La rebelión militar de julio de 1936 forma parte de este ciclo de levantamientos plebiscitarios con tres novedades respecto a su más claro precedente de 1923: la ausencia de unidad del ejército y de las fuerzas de seguridad; la presencia de organizaciones obreras y campesinas dispuestas a iniciar una revolución como respuesta; la oposición del gobierno legítimo y de la jefatura del Estado. Por su carácter faccional, la rebelión militar no triunfó en su propósito de hacerse rápidamente con el poder, aunque por contar con amplias complicidades entre la oficialidad no fue derrotada en su propósito de controlar vastos territorios de la península. Todas las condiciones se acumularon así para que un golpe que no triunfaba pero que no era derrotado, ejecutado en un momento de movilización obrera y debilidad gubernativa, pusiera en marcha una revolución que, aun si logró ahogarlo en las principales capitales, no fue capaz de derrotarlo, ni pudo y ni siquiera se propuso hacerse con el control del Estado.

La rebelión que no triunfa pero que no es derrotada; la revolución que se pone en marcha pero que carece de dirección y objetivos precisos; el gobierno y el Estado que no son derrocados pero que se muestran incapaces de ejercer el monopolio de la violencia legítima: ésas son las razones que explican el ansia de exterminio desecandenada en las dos zonas en que quedó dividida España como efecto del golpe de Estado militar. Como dijo Azaña por medio de un personaje de La velada en Benicarló, los rebeldes pretendían restaurar el principio de autoridad atribuyéndose la potestad de disponer de la vida de los súbditos; se conducían como si discurriesen así: cuantas más gentes matemos, mayor será nuestra autoridad. Franco mismo, en los primeros días de la rebelión, respondió a un periodista americano que no dudaría en fusilar a media España si tal fuera el precio a pagar para «pacificarla». Por el otro lado —añade el mismo personaje de La velada—, la ferocidad del odio parecía colorearse de un razonamiento vicioso: en todas las revoluciones hay crímenes; como ahora hay crímenes es que estamos en revolución. O más aún: a fuerza de crímenes habrá revolución. Nada revela mejor el distinto engranaje que mueve a esas dos violencias que las masacres que acompañaron al ejército rebelde en su avance de Sevilla a Badajoz y la matanza de clérigos en la provincia de Lérida: matar campesinos era la prueba irrefutable del restablecimiento del orden; matar curas demostraba que la revolución estaba en marcha. Las ejecuciones y asesinatos cometidos en la zona rebelde obedecieron a decisiones tomadas por mandos militares o por sus aliados civiles —carlistas, monárquicos, tradicionalistas, católicos, fascistas— que consideraron la muerte de sus enemigos como un fin en sí mismo. Los asesinatos y ejecuciones en la zona leal fueron, por el contrario, resultado de la desaparición del Estado, de su sustitución por grupos armados que se hicieron con el control de la calle abandonando el Estado a su suerte.

Esta acumulación de impotencias que envuelven a la rebelión, la revolución y al Estado, más la rápida intervención de Alemania e Italia a favor de los rebeldes y la posterior ayuda soviética a la República, impiden definir a la guerra que siguió a las matanzas del verano de 1936 con alguno de los conceptos de uso común en los años treinta. Lo que ocurrió fue desde luego lucha de clases por las armas, en la que alguien podía morir por cubrirse la cabeza con un sombrero o calzarse con alpargatas los pies, por el simple hecho de ser un señorito o un obrero; pero no fue en menor medida guerra de religión y de nacionalismos enfrentados; guerra entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. En los primeros momentos, sorprende su anacronismo, su inconfundible aire de guerra de otro tiempo, con tantos muertos en las cunetas como en las trincheras, con campesinos fusil al hombro enfrentados a militares al mando de tropas mercenarias; pero luego la intervención extranjera parece convertirla en prólogo de la guerra futura, de tanques y aviones, de ciudades bombardeadas, con una coalición de democracias y comunismo enfrentada a las potencias fascistas, anuncio de los campos en que se dividirá Europa tres años después.

La indeterminación del resultado y las profundas diferencias que fragmentaban la sociedad española dieron también a la guerra contenidos muy diversos según los territorios. En Andalucía y Extremadura fue patente la alianza entre los mandos del ejército y los terratenientes para la represión de la clase obrera, del campesinado y los miembros de las clases medias urbanas de fidelidad republicana. En Navarra, los sublevados obtuvieron un masivo apoyo popular: allí no fueron latifundistas quienes asistieron a los militares, sino pequeños y medianos propietarios, que habían alimentado durante un siglo las filas carlistas. En Cataluña, lo característico fue la revolución social protagonizada por la CNT, que procedió a la colectivización de la industria mientras respetaba, si no el fruto, al menos la propiedad de la tierra y dejaba subsistir un gobierno «burgués» en el palacio de la Generalitat. En Aragón, las columnas de milicianos impusieron una colectivización de la tierra contra la voluntad de una clase de pequeños y medianos propietarios y establecieron un órgano de poder político —el Consejo de Aragón— al margen de la legalidad republicana; en extensas zonas de Castilla la Nueva, Valencia y Andalucía los sindicatos campesinos de la UGT y la CNT colectivizaron la tierra y ocuparon las fincas abandonadas por sus propietarios, mientras el poder político local pasaba a manos de comités conjuntos de sindicatos y partidos. En el País Vasco, sin embargo, donde el PNV había rechazado la coalición con la CEDA en las elecciones de febrero y apoyado a la izquierda en la tramitación del Estatuto de Autonomía, aprobado el 1 de octubre de 1936, no hubo revolución social y un partido católico y nacionalista se mantuvo hasta junio de 1937 al frente de un gobierno autónomo presidido por un industrial, José Antonio Aguirre, con poder sobre poco más que el territorio de Vizcaya.

La variedad de situaciones originadas por la rebelión y la revolución revela el tercer fenómeno del verano de 1936, el hundimiento del Estado. En la zona bajo control de los insurgentes, no quedó nada de República: el 23 de julio, Mola anunció la constitución de una Junta de Defensa Nacional de España que por decreto del día siguiente asumió todos los poderes del Estado y la representación del país ante las potencias extranjeras. Presidida por el general Cabanellas, la Junta publicó en el Boletín Oficial de 30 de julio un bando declarando el estado de guerra, la ilegalidad de todos los partidos y sindicatos del Frente Popular y prohibió todas las actuaciones políticas y sindicales obreras y patronales, pero no afrontó los problemas relativos a la configuración de un nuevo Estado: todos sus miembros, los generales Franco, Mola, Queipo de Llano, Dávila y Saliquet, actuaban bajo el supuesto de que la caída de Madrid sería inminente y que en unas semanas ocuparían todos los centros de poder. La experiencia más reciente de una exitosa acción militar era la de Primo de Rivera, que no había tenido necesidad de abolir formalmente una Constitución monárquica para implantar una dictadura militar. Ahora, aunque con más dificultades, iba a ocurrir lo mismo. No era preciso, por tanto, pensar en la construcción de un nuevo Estado, ni siquiera en la formación de un gobierno; lo urgente era unidad de mando militar, desarticulada por el mismo efecto de la rebelión.

Éste fue el problema que la Junta de Defensa, con el añadido de los generales Orgaz, Gil Yuste y Kindelán, resolvió en una reunión convocada el 21 de septiembre, en la finca de un ganadero salmantino, mientras el ejército de África ocupaba Maqueda y se situaba en posición de lanzar su ofensiva contra Madrid. El deseo de entrar en la capital bajo un mando supremo unificado, las presiones de Alemania e Italia que ya venían tratando con Franco todo lo relativo a la ayuda en material y hombres, la iniciativa de los generales que aspiraban a una pronta restauración monárquica, más la escasa oferta de jefes para el mando supremo, limitada a Mola y Franco, al quedar excluidos Cabanellas, un masón, y Queipo de Llano, ex conspirador contra la Monarquía, favoreció la elección del más cauto, el menos ideologizado, el más neutro de todos ellos en cuestión de régimen: tras acordar, contra el parecer de Cabanellas, la unidad de mando, se tomó el acuerdo de elegir a Franco para la tarea.

Asumir el mando único militar no es lo mismo que ser jefe del gobierno de un Estado, que fue lo que ocurrió también en Salamanca siete días después. Entre tanto, dos decisivas novedades aclaran la naturaleza del poder que, sobre una base estrictamente militar, se construía en la zona dominada por los rebeldes. Llegado su ejército a Maqueda, Franco decidió un desvío por Toledo en el camino hacia Madrid para liberar a los asediados en su Alcázar del cerco al que llevaban dos meses sometidos. El Alcázar encerraba un tesoro de legitimidad simbólica: academia militar, los sitiados resistían en medio de las ruinas, con los muros de la poderosa fábrica medio destruidos, refugiados en los sótanos. Con su liberación, Franco recibió un enorme capital político: el Alcázar era el símbolo de la salvación de España que, como una mártir, resucitaba del sepulcro al que la habían conducido sus enemigos. Allí abajo, en los sótanos de un alcázar militar que dominaba a una ciudad imperial germinaba una España nueva que encontraría en la persona de Franco su salvador invicto.

No sólo de capital simbólico se construye el poder. En esos días decisivos, Franco fue también receptor de dos legitimidades que venían a añadirse a la militar. Una le llegaba del pueblo, otra de la Iglesia. La primera consistió en la concentración de masas organizada por Falange Española para aclamarlo como jefe y salvador. Fue en Cáceres, ciudad evocadora de los conquistadores, donde Falange mostró por vez primera su nueva faz como partido de masas a disposición del mando militar. Simultáneamente, el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, publicó una pastoral titulada Las dos ciudades, en la que presentaba la guerra como «una cruzada por la religión, la patria y la civilización». Sobre el fundamento militar, la adhesión del partido fascista y la consagración de la Iglesia contribuyeron a la construcción del poder personal de Franco, una nota que caracterizará a su régimen hasta el mismo fin de sus días.

Lo quiso dejar claro desde el primero. Franco había obtenido la ayuda de Alemania e Italia, llevado un ejército a las puertas mismas de Madrid, liberado el Alcázar; había sido aclamado en una concentración de masas, bendecido por la Iglesia: sólo quedaba que sus compañeros de corporación culminaran la operación nombrándole generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire y general jefe de los ejércitos de operaciones y jefe del gobierno del Estado. Fue lo que hicieron por decreto de 29 de septiembre de 1936, un acto de transmisión plena, indefinida e ilimitada, no circunscrita a ninguna circunstancia excepcional ni, como se había escrito en un primer borrador, mientras durase la guerra, del poder detentado por la Junta a la persona concreta de Francisco Franco, que podrá ejercerlo sin limitación alguna. Lo que se creó aquellos días fue, por tanto, una dictadura cesarista, soberana, sin límites de tiempo o condición.

Y aunque ni gobierno ni Estado había, Franco recibió complacido el nombramiento. «Ponéis en mis manos España», dijo a sus colegas el día que concentraron en su persona todo el poder. Y como si a alguien le cupiera alguna duda sobre el alcance de lo sucedido remachó: «Me tengo que encargar de todos los poderes». Eran palabras mayores: España en sus manos y en ellas todos los poderes del Estado. Para administrarlos, lo primero fue transformar la jefatura del gobierno del Estado en jefatura del Estado sin más, como así apareció en el decreto publicado el día 30 de septiembre. Una vez aclarado que el suyo no era nombramiento parcial ni interino, convirtió la Junta de Defensa Nacional en Junta Técnica del Estado, una repetición de la experiencia de Primo de Rivera a la que añadió, para mejor mostrar su irrelevancia como órgano de poder, la dispersión por Salamanca, Burgos y Valladolid de las distintas comisiones técnicas que reproducían en su denominación las habituales de los Ministerios. Presidida por el general Dávila, contaba con un gobernador general del Estado para todas las provincias «liberadas», y dos secretarías generales, la de Relaciones Exteriores y la del jefe del Estado, de la que fue titular su hermano Nicolás, muñidor de todas las operaciones políticas.

Desde esa posición de supremo poder personal, con el respaldo de sus compañeros de armas, sin necesidad de contar con un gobierno formal, y obligado por la resistencia de Madrid y la perspectiva de una guerra larga, Franco se dispuso a construir un nuevo Estado sobre una sólida base política. Ya la Junta de Defensa se había encargado de prohibir todos los partidos, pero había que dar un paso más y unificar en una sola organización a las fuerzas civiles que habían incorporado milicias a los militares sublevados. Para esta tarea fue fundamental la presencia a su lado de su cuñado, Ramón Serrano Suñer, líder emergente de la nueva Falange, decidido a convertir el «Estado campamental» que encontró a su llegada a Salamanca en un Estado fascista. No sin resistencias que mostraban el carácter forzado y artificial de la unión, Falange Española y Comunión Tradicionalista se vieron fundidas por decreto de 19 de abril de 1937 en el nuevo partido de Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Para que no quedara duda sobre la ubicación real del poder en lo que ya comenzaba a llamarse Nuevo Estado, el jefe nacional de Falange, Manuel Hedilla —con otros camaradas reacios a incorporarse a la Junta Política del nuevo partido—, fue juzgado y condenado a muerte por su «manifiesta actuación de indisciplina y de subversión frente al Mando y el Poder únicos e indiscutibles de la España nacional». A todos debía quedar claro que la unidad de mando militar sería en el futuro unidad de mando político.

Si el decreto de unificación ya proporcionaba pistas sobre lo que sería el Nuevo Estado, el nombramiento del primer Consejo de Ministros el 30 de enero de 1938 ofrecía algunas claves de lo que habría de ser su composición y funcionamiento. Franco asumía la doble jefatura del Estado y del gobierno y se atribuía por ley «la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general» fundiendo así en su persona los poderes ejecutivo y legislativo. A su alrededor, directamente relacionados con él, pero nada coordinados entre sí, los titulares de los Ministerios, Gómez-Jordana, Dávila, Martínez Anido, Serrano Suñer, Sáinz Rodríguez... con una distribución equilibrada de las distintas fuerzas que serán permanentes suministradores de alto personal político y administrativo: militares, falangistas, católicos, monárquicos, y algún que otro técnico sin adscripción política. Será este gobierno el que con sus leyes y decretos inicie el lento proceso de institucionalización del Nuevo Estado: el 9 de marzo fue aprobado el Fuero del Trabajo, que establecía los principios del sindicalismo vertical y de la intervención del Estado en la economía; el 5 de abril se derogaba el Estatuto de Autonomía de Cataluña y comenzaban a llover las órdenes y decretos prohibiendo el uso del catalán en documentos públicos y en la conversación privada; la Ley de Prensa de 9 de abril sometía a los medios de comunicación a la censura previa y atribuía al gobierno el nombramiento de los directores de periódicos; la Ley de Enseñanza Media, de 20 de septiembre, garantizaba a la Iglesia Católica una absoluta autonomía en ese tramo del sistema educativo.

La unificación había servido para asignar a Falange Española una parcela del poder, convertirla en clase política de servicio y atribuirle la exclusiva de la retórica nacionalsindicalista, pero esa posición estaba lejos de erigirla en partido único con control sobre todo el gobierno del Estado. Alma de ese proceso había sido también Serrano Suñer, procedente de las filas católicas, camisa nueva, que pretendía llenar el vacío institucional con un partido nacional de sustancia fascista, según el modelo italiano. Los estatutos de la nueva Falange la dotaban de un secretario general, una junta política y un consejo nacional, designados todos ellos por el jefe nacional que era, por naturaleza, el mismo jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. Un instrumento en manos de Franco, pues, que cuidó de que todas las fuerzas políticas e institucionales de la coalición encontraran acomodo en el gobierno. Las fuerzas armadas, la Comunión Tradicionalista, Renovación Española, Falange, Acción Católica —de Propagandista o no—, como más tarde el Opus Dei, serán siempre leales suministradores de personal dirigente.

En la República, la perspectiva de que con el empleo de las fuerzas de policía quedaría abortada la rebelión, como había ocurrido en agosto de 1932, fue rápidamente desechada por la extensión del golpe a la península. Azaña tuvo que aceptar la dimisión de Casares Quiroga, presidente del gobierno, y encargó al de las Cortes, Diego Martínez Barrio, la formación de un nuevo gobierno con el propósito de negociar una salida con los rebeldes. Las gestiones duraron una noche, sin que Martínez Barrio tuviera la oportunidad de comenzar su acción de gobierno. Por una parte, el director de la conspiración, Emilio Mola, se negó rotundamente a cualquier componenda: nada de abrazos de Vergara, la insurrección sólo podía acabar con la victoria, le dijo. Por otra, al tener las primeras noticias de lo que se tramaba, los sindicatos y partidos obreros se movilizaron rápidamente para exigir armas con las que ahogar la rebelión. José Giral, amigo personal de Azaña, se prestó a la exigencia sindical y aceptó la presidencia de un gobierno formado exclusivamente por republicanos.

Un gobierno que reparte armas es un gobierno que se ha quedado sin instrumentos para garantizar el orden público e imponer su autoridad. Los dirigentes de la CNT en Barcelona y los de la UGT en Madrid dejaron estar a los gobiernos de la República y de la Generalitat en sus sedes pero constituyeron rápidamente milicias armadas para hacer frente a la rebelión en el terreno militar y proceder a una profunda revolución social: incautaron y colectivizaron explotaciones agrarias y empresas industriales y mercantiles para asegurar la continuidad de la producción y distribución de bienes, y se hicieron cargo del mantenimiento de las principales funciones competencia del Estado. La producción, el abastecimiento de la población, la vigilancia, la represión, las comunicaciones y el transporte, y la sanidad, quedaron en manos de comités sindicales, que en no pocas localidades suprimieron la moneda para sustituirla por vales. Ante el hundimiento de los mecanismos normales del poder público, surgió en el verano de 1936 un nuevo poder obrero, que era a la vez militar, político, social y económico.

La hora de las sindicales

La revolución quedó así bajo dominio sindical. Colectivizar una empresa o una finca equivalía a situarla bajo el control de comités formados por representantes de la CNT y de la UGT o de ambos conjuntamente: sellos con la leyenda «Comité local CNT-UGT» aparecieron ya en los últimos días de julio. Para los militantes obreros, revolución era pueblo trabajador en armas, destrucción del viejo orden social y de sus símbolos, muerte de sus representantes, proclamación del comienzo de una nueva sociedad y creación de comités que se hacían cargo de todo el poder local. Revolución era abolición de la gran y mediana propiedad y hundimiento del Estado, con la proclamación de un nuevo orden social colectivista pero sin creación de ningún tipo de poder político central por encima de los comités sindicales: el nuevo poder que se construía sobre las cenizas del poder hundido era un poder sindical y local.

La destrucción del poder del Estado y la proliferación de poderes sindicales locales determinó el futuro inmediato de la revolución. Porque, por una parte, esos comités eran autónomos, incapaces de construir un poder que centralizara recursos y coordinara actuaciones; por otra, no reconocían límites a sus atribuciones: podían colectivizar industrias, requisar cosechas o materias primas, formar milicias, sellar vales o salvaconductos si así les parecía. Un poder tan atomizado y disperso, tan autónomo y discrecional, sin ningún control externo y sin ningún enemigo que les pudiera hacer frente en su propio territorio, explica que la española de 1936 fuera una de las revoluciones socialmente más profundas del siglo XX y una de las más vulnerables políticamente. En condiciones difíciles, los sindicatos fueron capaces de crear colectividades que garantizaron la continuidad de la producción y distribución de bienes, pero determinados por la estructura de sus organizaciones, además de por su tradición antipolítica, los dirigentes sindicales desdeñaron los problemas relativos al gobierno del Estado. El comité nacional de la CNT exigía la previa celebración de un pleno de regionales tras otro para adoptar decisiones que los sindicatos locales cumplían o dejaban de cumplir según un cúmulo de circunstancias fuera del control del comité nacional. En la UGT, más centralizada y burocratizada, las sociedades adheridas gozaban de gran autonomía y la ejecutiva dejaba multitud de decisiones a la iniciativa de las federaciones de industria. Cuando se trataba de cuestiones fundamentales, en los sindicatos españoles nadie dirigía con eficacia. El resultado fue nefasto para la guerra y para la revolución.

Nefasto porque esa atomización del poder debilitó hasta la irrelevancia al gobierno de la República sin, por eso, oponer una eficaz resistencia al avance del ejército rebelde. Pérdida continua de terreno, reveses diplomáticos, imposibilidad de marcar una dirección política, fracaso en los intentos de construir una fuerza armada: todas ésas fueron las razones que impulsaron a Giral a presentar la dimisión a principios de septiembre y proponer como sustituto a Largo Caballero, «la figura más respetada y destacada del movimiento sindical» como lo definía entonces el periodista y agente soviético Mijail Koltsov. De ahí que fuese al viejo líder de la UGT a quien se dirigiera Giral en busca de una salida a la crisis de gobierno, aunque no todos, comenzando por el presidente de la República, estaban de acuerdo con esta solución. A Azaña, que culpaba a la revolución sindical, «paralizante como un derrame sinovial», de las derrotas en todos los frentes, le parecía un disparate confiar la dirección de la política y de la guerra al secretario general de un sindicato. Al final, con Irún a punto de caer y con el ejército de África asomándose a Talavera, no le quedó más remedio que aceptar el hecho consumado. Giral traspasó la presidencia al secretario general de la UGT, que veía así realizado su proyecto de sustituir al gobierno republicano con un gobierno obrero sin ruptura formal de la legalidad.

Pero en aquel sueño se había introducido una variable indeseada. Desde el primer momento, la guerra había impuesto una estrategia común traducida en la proliferación de comités unitarios de los sindicatos y partidos que mantuvieron su lealtad a la República. Dependiendo de los lugares, en esos comités había nacionalistas vascos o catalanes, republicanos de izquierda y de centro, comunistas de diversas ortodoxias, socialistas de diferentes facciones, anarquistas, sindicalistas, representantes de las distintas juventudes. Sería una contradicción que en esos niveles permanecieran los comités mientras el gobierno se constituía sólo con socialistas o con representantes de organizaciones obreras. Había que olvidar viejos proyectos y dar entrada en el gabinete al mayor número posible de representaciones de los partidos y sindicatos que luchaban contra la rebelión. Contra lo que Largo había esperado, el hundimiento del gobierno republicano no ofrecía a la clase obrera, en condiciones de guerra, la oportunidad de ocupar en solitario todo el poder.

Procedió, pues, a formar un gobierno en el que estuvieron representados todos los partidos y organizaciones que hacían frente a la rebelión. Se reservó para sí y para los socialistas de su tendencia, Álvarez del Vayo y Ángel Galarza, Guerra, Estado y Gobernación; a la facción prietista le ofreció Marina y Aire, Hacienda e Industria y Comercio, que asumieron Prieto, Negrín y Anastasio de Gracia. El relativo equilibrio entre las dos facciones socialistas debía inclinarse a la izquierda con la entrada de más ministros «obreros» en el gabinete. Requeridos el PCE y la CNT, el primero aceptó de inmediato, dando lugar a la primera participación comunista en un gobierno de coalición. Instrucción Pública y Agricultura, adonde fueron Jesús Hernández y Vicente Uribe, no les otorgaban dentro de aquel gobierno un peso decisivo, pero ponían en sus manos el aparato de propaganda y un relativo control de la revolución campesina. El nuevo presidente contó con la colaboración, en posiciones secundarias, de los partidos republicanos de izquierda y, tras algunos avatares, de un representante del PNV, Manuel Irujo. Sólo faltaba la CNT, hasta que los partidarios de entrar en el gobierno convencieron a los más reacios y consiguieron que la primera oferta de un único Ministerio se ampliara a los cuatro que aceptaron cuando los ejércitos de Franco se asomaban a Madrid. Cultivadores de principios antiautoritarios y antipolíticos, Federica Montseny, Juan García Oliver, Juan Peiró y Juan López se vistieron los trajes de ministros de Sanidad, Justicia, Industria y Comercio en la crisis de 4 de noviembre, en la que se incorporó también al gobierno, con un Ministerio sin cartera, Jaume Ayguadé en nombre de Esquerra Republicana.

Al respetar a las autoridades republicanas y al integrar comités y gobiernos de coalición con republicanos, socialistas y comunistas, las organizaciones obreras aceptaron las bases de una política «frentista», cuyos contenidos se desprendieron de esa primera opción estratégica. Fue una política que, al dar prioridad a la guerra, trató de posponer la revolución para después de la victoria. Los dirigentes sindicales estuvieron de acuerdo en que la implantación del comunismo libertario, a que aspiraba la CNT, o de la sociedad socialista, que pretendía la UGT, debía esperar al triunfo militar. De este supuesto se derivó el programa político que Caballero pretendió llevar a la práctica: creación de un ejército regular, militarización de las milicias, nacionalización de las industrias de guerra, restablecimiento de la autoridad del gobierno, centralización y coordinación de la actividad económica, defensa de la pequeña y mediana propiedad, contención de los experimentos de revolución social, pactos de unidad de acción entre partidos y sindicatos.

En el propósito de reforzar al Estado, el primer objetivo de Largo fue el mismo que había impedido realizar a Giral: la reconstrucción de un ejército de la República y la recuperación del poder político disperso en comités locales. Comenzó su tarea por arriba, con varios nombramientos y con la creación de un nuevo Estado Mayor del que saldrían algunos de los jefes militares republicanos más notorios. El Estado Mayor publicó una primera directiva que organizaba el frente en cuatro teatros de operaciones, Centro, Aragón, Andalucía y Norte, reconstruyendo así, al menos sobre el papel, la unidad del ejército de la República. Pero la autonomía de varias regiones, la dispersión de poderes y las milicias impidieron que esta reorganización y el paso a la contraofensiva tuvieran el éxito deseado: aun bajo el mando de militares de carrera, las milicias eran incapaces de ganar una batalla en campo abierto. Había que integrarlas en un ejército dotado de mando único. Para conseguirlo, Largo decretó el 28 de septiembre el pase a la escala activa de todos los jefes, oficiales y clases que componían las milicias. Estas medidas se completaron con la creación de las brigadas mixtas y con dos nuevos decretos por los que el ministro de la Guerra asumía el mando de las fuerzas armadas y se creaba el comisariado político.

La reconstrucción del ejército fue simultánea a los intentos por devolver sus atribuciones y poderes al Estado. Un decreto de 16 de septiembre restauraba la figura del gobernador civil como presidente de consejos provinciales formados por partidos y sindicatos, y dejaba sin efecto a todos los comités y juntas de defensa. Otra cosa fue, sin embargo, el intento de recuperar para el gobierno central poderes sobre las regiones autónomas. En Cataluña, el Comité de Milicias fue disuelto el 1 de octubre, poco después de que se formara un nuevo gobierno de la Generalitat con participación cenetista. Pero esta novedad no significó mayor coordinación con el gobierno: los decretos de militarización fueron ineficaces en Cataluña, cuyo gobierno creará después un ejército propio. Tampoco tuvo éxito Caballero con el País Vasco, donde no se había producido revolución social pero donde la guerra había sido tan intensa que sólo quedaba a la República una parte de Guipúzcoa y Vizcaya. El presidente Aguirre, al frente de un gobierno de coalición del que fue excluida la CNT, no aceptó el mando del general Llano de la Encomienda enviado por el gobierno para hacerse cargo del ejército del Norte.

A pesar de que las medidas adoptadas iban en el sentido deseado por la mayoría de los partidos y sindicatos, su eficacia no podía ser inmediata debido a la caótica situación que pretendían corregir, a la persistencia de los mismos hábitos y al bloqueo de armas para la República impuesto por los gobiernos de Francia y Gran Bretaña con la política de no intervención. El ejército de África continuó su avance sin grandes dificultades: el 30 de octubre ocupaba una línea a sólo 15 kilómetros de la capital y el 4 de noviembre estaba ya en Alcorcón, Leganés y Getafe; el 6 alcanzaba Campamento y los Carabancheles; el 7, Villaverde. Cuando el ejército de África vadeaba el Manzanares, el gobierno dio por inevitable la caída de la capital, resolvió trasladarse a Valencia y encomendó su defensa al general Miaja y a una Junta de Defensa. Quienes se quedaron en Madrid no pudieron interpretar estos hechos sino como una vergonzosa huida: la responsabilidad colectiva del gobierno por la indefensión de Madrid no redujo la personal de Largo Caballero como dirigente sindical, político y militar. Su estrella comenzó a palidecer y la fuerza de su mito a declinar, sobre todo porque, habiendo abandonado el gobierno la capital, los madrileños fueron capaces de organizar su defensa. Madrid resistió el primer embate y rechazó los siguientes, deteniendo así el avance del ejército rebelde.

La defensa de Madrid tuvo una decisiva importancia política porque, a la vez que palidecía la estrella de Largo, emergieron dos nuevos poderes en la ya compleja política republicana. Por una parte, los jefes del nuevo ejército popular comenzaron a asumir responsabilidades propias en la conducción de las operaciones militares. Por otra, el Partido Comunista, fortalecido por los envíos de armamento soviético y la presencia de las Brigadas Internacionales, decidió asumir «la gran tarea de defender Madrid» y hacerlo de forma que sus militantes comenzaran a «sobresalir dos palmos por encima de cualquier obrero de otra organización y de otros partidos». A partir de la batalla de Madrid, los comunistas adquirieron una mayor relevancia política mientras los militares ampliaban su poder: dos factores decisivos para el porvenir del gobierno presidido por Largo Caballero, que veía impotente la incapacidad de la Internacional Socialista para prestar un apoyo eficaz a la República y equilibrar la creciente influencia comunista.

Tras la defensa de Madrid, el debate político entre las fuerzas que sostenían a la República no giró ya en torno a qué iba antes, si la guerra o la revolución, cuestión resuelta a favor de la primera desde la entrada de la CNT en el gobierno, sino a quién iba a dirigir el gobierno una vez que los frentes parecían estabilizados y se abría también para la República la perspectiva de una guerra larga. La divisoria no corría entre guerra y revolución, sino entre partidos y sindicatos. La CNT lo planteó abiertamente: había que desprenderse de los partidos; el mismo Largo Caballero evocó ante Manuel Azaña la posibilidad de «un gobierno con las dos sindicales y, todo lo más, algunas gotas de los partidos». Los partidos, por su parte, defendían la idea contraria: había llegado la hora de reducir a los sindicatos a la función de la que nunca debieron haber salido. El PCE lo decía con toda claridad, pero no era menor la del PSOE: ambos formaron a partir de mediados de abril el núcleo de lo que el presidente de la República percibía como «futura coalición comunista, socialista y republicana».

Así estaban las cosas cuando, después de la caída de Málaga y con el Norte en situación precaria, se abrió la crisis política que acabaría con la presidencia de Largo Caballero y con la presencia de los sindicatos en el gobierno. La crisis estalló por los enfrentamientos iniciados en Barcelona el 3 de mayo de 1937, cuando un destacamento de la Guardia de Asalto intentó recuperar para la Generalitat el edificio de la Telefónica, ocupado por la CNT. Varios grupos de la CNT respondieron con las armas y el POUM se sumó a la lucha en un intento de imponer una dirección revolucionaria a quienes siempre había considerado como revolucionarios descarriados. En el otro bando, la Generalitat y el PSUC hicieron frente a la rebelión, provocada en buena medida por ellos mismos, para inclinar a su favor el control del gobierno de Cataluña y liquidar al POUM. La lucha, que se prolongó varios días, estuvo a punto de ocasionar una intervención de las fuerzas de marina y aire enviadas por el gobierno central y finalmente evitada gracias a la mediación de los ministros y dirigentes nacionales de la CNT.

Los hechos de mayo repercutieron de inmediato en el siempre difícil equilibrio gubernamental. Socialistas de la facción prietista y comunistas habían avanzado a partir de enero en sus contactos para desplazar a los sindicatos del gobierno, objetivo que compartían también los republicanos. Fueron los dos ministros comunistas quienes, en una sesión borrascosa del Consejo, decidieron dimitir y abandonar la sala con el pretexto de no ver en Largo Caballero la voluntad de perseguir al POUM. Pero que la piña de la que Giral había informado a Azaña estaba formada y que ninguna circunstancia pudo quebrarla lo prueba el desarrollo de la crisis hasta su solución final. Como Largo pretendiera continuar la reunión, Prieto le hizo ver que el gabinete se había roto y que era necesario poner los hechos en conocimiento del presidente de la República. Azaña reiteró su confianza a Largo, a quien se la retiraron, sin embargo, los tres ministros socialistas que se negaron a permanecer en el gobierno sin los comunistas. Abierta la crisis total, Azaña confió a Largo el encargo de formar un nuevo gobierno recomendándole que procurase encontrar un acomodo con los comunistas y que redujera las dimensiones del gabinete.

El desarrollo de la crisis puso de manifiesto el fracaso de las dos líneas en que se había movido la política de la izquierda socialista, y de Largo Caballero muy personalmente, desde finales de 1935. En mayo de 1937, no había conseguido la unidad política socialista-comunista ni había avanzado un palmo la alianza obrera CNT/UGT: Largo se enfrentó a la crisis de gobierno política y sindicalmente aislado. El PC se negó a colaborar si Largo se reservaba el Ministerio de la Guerra; el PSOE y los republicanos dijeron que sin los comunistas no había gobierno, y la CNT, desairada por una oferta insuficiente, no movió ni un dedo para salvarle. El presidente de la República se encontró por vez primera desde julio de 1936 con la suficiente libertad para resolver una crisis de gobierno según su personal criterio y sin miedo a tropezar con una oposición abierta y unida de las sindicales.

Retorno al Frente Popular

Aunque recuperase su libertad, Azaña no tenía mucho donde elegir. El futuro presidente del gobierno no podía proceder de las filas republicanas; tampoco podía ser un comunista, hipótesis abstracta que nadie se planteaba. Quedaban los socialistas, eje de la situación como durante toda la guerra, según decía Martínez Barrio; pero de éstos tampoco servían los de la facción caballerista, porque además de las dificultades para encontrar entre ellos alguien a la altura de la tarea, de lo que se trataba era de reducir a los dos sindicatos, asignando un solo Ministerio a la UGT y otro a la CNT. Había que elegir, pues, entre los socialistas de la facción prietista, los que controlaban la ejecutiva del partido. Y de éstos, la opción parecía clara: Indalecio Prieto. Eso era, al menos, lo que casi todos esperaban.

Azaña sorprendió a todos con una solución original: no quería desairar a Prieto pero tampoco encargarle la presidencia; creó para él un Ministerio de Defensa pero encargó a Negrín la formación del gobierno. No hay ninguna razón para ver en esta doble decisión motivos diferentes a los que él mismo indica. Que Prieto no fuera designado presidente por ser «demasiado adversario de los comunistas», documentando esta afirmación en su exclusivo testimonio, es incurrir en anacronismo. En mayo de 1937, Prieto no había tenido ocasión de ser mucho ni poco adversario de los comunistas y es inconcebible que, enfrentado como estaba a Largo Caballero, hubiera podido aparecer como enemigo de los comunistas al mismo tiempo que la ejecutiva del PSOE, controlada por sus parciales, buscaba la ayuda de los comunistas para forzar la caída de Largo. Por otra parte, no tiene sentido que los comunistas hayan vetado el nombramiento de Prieto para jefe de gobierno sin poner obstáculo a su designación como ministro de Defensa, que era donde más les hubiera interesado tener a alguno de esos criptocomunistas que tanto pululan por los relatos de la Guerra Civil.

Pero si nadie, excepto Prieto, podía ocuparse de los Ministerios militares reunidos, sus «“repentes” podían ser un inconveniente» para la presidencia: Azaña había sido testigo de esos repentes desde los tiempos del gobierno provisional, cuando Prieto se encargaba de Hacienda. «Me parecía más útil —escribe Azaña— aprovechar en la presidencia la tranquila energía de Negrín», un político más completo y más idóneo para presidir un gobierno de coalición. «Si no se puede gobernar con el Frente Popular, no hay gobierno», le había dicho a Martínez Barrio, y éste era, en efecto, el núcleo de la cuestión: Negrín mantenía buenas relaciones con todas las fuerzas del Frente Popular. Aunque amigo y colaborador de Prieto, no había sido protagonista de ningún enfrentamiento con Largo ni con la UGT. Su gestión en Hacienda le obligó a cultivar las relaciones con el PCE y con los soviéticos, aunque había sido el único socialista que reforzó un cuerpo armado —el de Carabineros— cuidando de que no entrara ni un solo comunista en su dirección. Por su formación y energía gozaba de aprecio entre los republicanos, que lo consideraban como uno de los más cercanos a sus posiciones políticas. Podía obtener, en fin, la colaboración o al menos la neutralidad del otro gran sindicato, la CNT, con la que nunca había tenido especiales relaciones ni de cercanía ni de rechazo.

Todo esto debió de pesar en el ánimo de Azaña para optar por él. Pero quizá la razón decisiva de su doble opción —Negrín en presidencia, Prieto en Defensa— haya sido la misma que le había movido a permanecer en la presidencia de la República: que sin mediación internacional no veía ninguna salida a la guerra. Azaña partía del supuesto de que la victoria de la República era una ilusión, como dijo a Ossorio en septiembre de 1936. Y como Ossorio le replicara que entonces había que tratar con Franco, Azaña le contestó: «no lo creo; hay que defenderse y no perder la guerra en el exterior». En octubre de 1936, Azaña ya había encargado a Bosch Gimpera que explicara a Pablo de Azcárate, embajador de la República en Londres, que era «indispensable conseguir urgentemente que el gobierno británico tomara la iniciativa de una mediación que pusiera término a la guerra». En mayo de 1937, ofreció a Julián Besteiro la representación oficial de la República en la coronación de Jorge VI con objeto de explorar de nuevo las posibilidades de una gestión de paz a cargo del gobierno británico. Con los frentes restablecidos, era el momento más propicio para forzar una mediación internacional y Negrín le parecía el presidente que mejor podía avanzar en esa dirección, pues, al contrario que Prieto, tenía una amplia experiencia internacional, había establecido relaciones sólidas con la Unión Soviética y su cultura y amplio dominio de lenguas serían de gran utilidad en la búsqueda de la mediación.

Razones de política internacional se añadían así a las de carácter y de política interior para hacer de Negrín a los ojos de Azaña, sin necesidad de ninguna presión comunista, el mejor candidato posible a la presidencia del gobierno. Lo que Azaña pretendía era un gobierno capaz de defenderse en el interior y de no perder la guerra en el exterior. Con Largo Caballero no había sido posible lo uno ni lo otro: en el interior, continua cesión de terreno; en el exterior, descrédito de la República y farsa de la no intervención. Con Prieto a cargo de un Ministerio de Defensa unificado sería posible defenderse; con Negrín en la presidencia se podían abrigar esperanzas de no perder la guerra en el exterior. Negrín era un político, no un dirigente sindical; un republicano, no un socialista que soñara en la revolución; con él se podía hablar y seguramente entenderse. Eso era, al menos, lo que Azaña creía en mayo de 1937.

Negrín formó su gobierno según el modelo de las coaliciones de Frente Popular: desde comunistas por la izquierda a republicanos por la derecha con los socialistas en las posiciones fundamentales. Su composición se limitó a un representante de cada uno de los partidos republicanos, IR, UR, PNV y ERC; dos comunistas y tres socialistas, nuevo reparto, muy equilibrado, de responsabilidades ministeriales. Los sindicatos, invitados a participar en el gabinete con un ministro cada uno, rechazaron la colaboración, aunque bien pronto el comité nacional de la UGT desautorizó a la ejecutiva por haber negado su apoyo al gobierno, mientras crecía en la CNT la necesidad de reconsiderar su actitud. Desde principios de junio el comité nacional de la CNT aceptó celebrar una entrevista con Negrín para estudiar alguna forma de colaboración, finalmente rechazada por Pleno Nacional de Regionales que, sin embargo, dejó abierta la puerta a una posible incorporación al gobierno si se les cedía, «por lo menos, una cartera de importancia».

Con el cambio de gobierno experimentaron un fuerte impulso las políticas, ya iniciadas por Largo Caballero, de consolidación de un ejército regular, centralización de poderes, mantenimiento del orden público y de la seguridad y garantías a la pequeña y mediana propiedad. La creación del Ministerio de Defensa Nacional permitió establecer un Estado Mayor Central de las fuerzas armadas para cuya jefatura fue designado el coronel Vicente Rojo, que tomó a su cargo la expansión del ejército popular y la organización y ejecución de las sucesivas ofensivas republicanas. La presencia de Zugazagoitia en Gobernación y de Irujo en Justicia impidió que en España se repitiera, como el asesinato de Nin por agentes soviéticos y la persecución del POUM por los comunistas españoles hacían temer, la liquidación física de los «trotskistas» por los stalinistas. El juicio a los dirigentes del POUM por su participación en los sucesos de Barcelona se verificó con garantías y no acabó en la muerte de los procesados.

La política más característica, y más criticada, del gobierno de Negrín fue la de centralización de poderes en el gobierno de la República. El gobierno actuó con decisión contra el Consejo de Aragón, último de los baluartes de la CNT, procediendo a su disolución y enviando a Enrique Líster con su cuerpo de ejército en una operación que dio como resultado el encarcelamiento de, entre otros, el presidente del Consejo, Joaquín Ascaso, y la restitución de la propiedad colectivizada a quienes lo desearan. La caída del País Vasco y de todo el frente norte, si significaba nuevos reveses militares y la pérdida de valiosos enclaves para la República, puso fin a la dispersión de poderes derivada de la discontinuidad de territorio. Por otra parte, los sucesos de mayo habían dado ocasión en Cataluña a la recuperación de las funciones de orden público por el gobierno central. La República veía ahora simultáneamente reducido su territorio y más unificado su poder.

Derrota de la República

Defensa en el interior para no perder la guerra en el exterior y forzar una mediación: éste era el propósito de Azaña al confiar a dos socialistas la dirección política y militar del nuevo gobierno. Lo primero parecía encarrilado con la reorganización y expansión del ejército popular. Lo segundo requería esfuerzos persistentes en una dirección: convencer a Inglaterra y Francia para que sustituyeran la política de no intervención por una política activa de mediación. No era fácil: desde el mismo momento en que la rebelión militar fue aplastada en las principales capitales, sus posibilidades de éxito dependieron de la ayuda del exterior. Franco fue el primero en percibir esta necesidad y negoció con éxito el envío de aviones y material de guerra de Alemania e Italia. El mismo día en que Hitler tomaba la decisión de venir en ayuda de los rebeldes, el 25 de julio de 1936, el gobierno del Frente Popular francés, que en un primer momento había recibido con simpatía una petición de aviones formulada por Giral, decidió prohibir la venta de material de guerra a la República para no dañar sus relaciones con el británico, cuyas simpatías se dirigían claramente hacia los rebeldes y que, en todo caso, no estaba dispuesto a arriesgar su sistema de seguridad colectiva metiendo las manos en el avispero español. De ahí que cuando, por iniciativa francesa, se propusiera a mediados de agosto una política de no intervención, el Reino Unido se adhiriera a la propuesta con todo entusiasmo.

La no intervención consistía en la adhesión de cada uno de los Estados firmantes a un declaración que prohibía la exportación y el tránsito hacia España de cualquier clase de material de guerra, barcos y aviones. El comité encargado de vigilar su cumplimiento nunca tuvo poderes para imponerlo, ni los países que se adhirieron al acuerdo se sintieron vinculados por la prohibición. De hecho, Alemania e Italia nunca dejaron de enviar de forma regular su ayuda a los sublevados. Mientras tanto, y aparte de la ayuda de México, la República recibía únicamente, dependiendo del tráfico marítimo y del humor del gobierno francés que abría y cerraba intermitentemente la frontera, el material de guerra enviado desde la Unión Soviética y pagado con las reservas de oro del Banco de España. Obsesionada por quedar integrada en la política de seguridad, la Unión Soviética se adhirió al acuerdo de no inervención a la vez que pretendía forzar a Gran Bretaña y Francia a la firma de un tratado de asistencia mutua. España era un buen terreno para desarrollar ambas políticas.

En estas condiciones, las propuestas de mediación que llegaban al Foreign Office eran despachadas sin más comentario que el lamento por la profundidad de los odios y la mucha sangre derramada que imposibilitaban cualquier gestión, excepto las humanitarias. Inglaterra seguía interesada en atraer a Italia a un acuerdo sobre el Mediterráneo, firmado el 2 de enero de 1937, y no veía ningún interés en arriesgar esa política apoyando iniciativas que pudieran molestar a los italianos. Sin embargo, la resistencia de la República, el incremento de la ayuda italiana, con el envío de un ejército de más de 50.000 hombres, y la creciente intervención soviética permitían reconsiderar las posibilidades de una mediación que implicara a las cinco potencias con intereses en el conflicto: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Unión Soviética.

El plan de Azaña partía de dos firmes convicciones, a las que se aferró contra toda esperanza hasta el otoño de 1938: que Francia y Gran Bretaña no podían permitir en España el triunfo de los rebeldes sostenidos por Italia y Alemania, y que si Italia y Alemania así lo decidían, Franco no tendría más remedio que suspender las hostilidades. Con Mussolini enviando cuerpos de ejército y Hitler aviones y armas, Azaña no podía creer que Francia contemplara impasible la posibilidad de un Estado aliado de Alemania e Italia a sus espaldas y mantuviera la prohibición de venta de armas a la República, a la que asistía el perfecto derecho de realizar compras en el mercado internacional. Si la República perdía la Guerra Civil, Gran Bretaña y Francia perderían la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, pensaba Azaña, convencido de la capacidad del Reino Unido para forzar a Alemania a una mediación. Por otra parte, Azaña tendió siempre a estimar en nada las posibilidades de Franco para continuar la guerra si alemanes e italianos le retiraban su ayuda y le obligaban a sentarse en una mesa de negociación.

De manera que si el Reino Unido y Francia se lo proponían con firmeza, no habría mayor obstáculo para poner en marcha las sucesivas etapas de su plan de paz: suspensión de armas, presencia de una delegación internacional capaz de garantizar el cumplimiento del armisticio, intercambio de prisioneros de ambas zonas, reconstrucción de familias con la progresiva libertad de desplazamiento de una zona a otra y, en fin, celebración en un lejano día y bajo supervisión internacional de un plebiscito sobre la forma de gobierno que los españoles quisieran darse. Eso fue lo que Julián Besteiro había propuesto en su nombre a Anthony Eden, secretario del Foreign Office, y ése fue el encargo que Azaña transmitió a Negrín desde mayo de 1937: reconstruir el Estado, levantar de la nada un ejército, resistir, garantizar el orden interno, pero no para el quimérico objetivo de ganar la guerra, sino para forzar una paz negociada bajo los auspicios de las potencias implicadas en el asunto.

No era un plan descabellado. Madrid había resistido, los italianos acababan de sufrir la derrota de Guadalajara y los frentes parecían estabilizados: había razones para esperar una salida negociada y así se había expresado el diputado conservador Winston Churchill, que meses antes había negado el saludo a Pablo de Azcárate. Eden necesitaba pruebas de la buena voluntad italiana para seguir con su política de seguridad. Tal vez por estas circunstancias, el secretario del Foreign Office prestó más atención de la acostumbrada al encargo de Azaña y aprovechó la presencia en Londres del enviado de Pío XI a la coronación de Jorge VI, Giussepe Pizzardo, para preguntarle si Italia se uniría a una llamada conjunta de las potencias en favor de un armisticio. Deseoso de no aparecer identificado en exceso con los gobiernos fascistas y de mantener buenas relaciones con Francia y Gran Bretaña, el Vaticano acogió el plan, juzgó que merecía la pena poner en marcha una iniciativa internacional con objeto de parar la guerra y sondeó al gobierno italiano sobre la eventualidad de un armisticio.

La furia del gobierno de Franco ante semejante conato de traición fue inmediata. Las autoridades insurgentes no comprendían las cautelas y vacilaciones del Vaticano para establecer plenas relaciones diplomáticas con el nuevo Estado ni su política contemporizadora con los nacionalistas católicos del País Vasco y no ocultaban su irritación ante lo que consideraban un efecto de la propaganda roja. La remota posibilidad de que el Vaticano se incorporara a una iniciativa de las potencias para poner fin a la guerra por medio de un armisticio fue acogida con no disimulada irritación por el representante oficioso del gobierno de Burgos ante la Santa Sede, Antonio Magaz, y por el mismo Franco, que había encargado al cardenal Gomá, el mismo día que Eden recibió a Pizzardo, la difusión de un escrito colectivo del episcopado al mundo católico sobre la verdadera naturaleza de la guerra y la imposibilidad de que acabara de otra forma que no fuera la victoria total, la rendición incondicional del enemigo. Fue lo que Gomá transmitió a Pizzardo en una entrevista mantenida en Lourdes: la guerra no podía terminar más que con la victoria sin condiciones de la España nacional y católica. A mediados de 1937, la propuesta de un plan de mediación que dejara la guerra en tablas, con una ardua tarea de reconstrucción de la convivencia nacional en perspectiva, estaba condenada al fracaso.

Sin progresar nada la mediación en el exterior, la defensa o resistencia en el interior únicamente podía conducir al auge del papel político de los militares y a la hegemonía de los comunistas dentro de la coalición de Frente Popular. A partir de la crisis de mayo de 1937, en efecto, los comunistas pasaron a ocupar la primera fila del escenario. Debido a lo que el enviado de la IC, Palmiro Togliatti, consideraba una errónea valoración de la situación política y a que el éxito en la caída de Largo se le había subido a la cabeza, el PCE creyó que podía «luchar abiertamente por [la] hegemonía en el gobierno y en el país». Togliatti pensaba que tal juicio incurría en el doble error de menospreciar el papel desempeñado por el PSOE en la crisis de mayo y olvidar que los sindicatos tenían su tradición y su historia, y que era preciso tenerlos en cuenta. Pero sus advertencias no enfriaron el entusiasmo de sus camaradas españoles: en junio de 1937 Dolores Ibárruri lanzó la consigna del Partido Único del Proletariado como tarea que los comunistas debían emprender sin más dilación. Los partidos comunista y socialista se unirían en un solo partido de acuerdo con los «principios marxistas-leninistas-stalinistas». El PCE propuso la creación inmediata de comités de unificación y sometió a los socialistas a una continua presión para que disolvieran sus agrupaciones. Contra esa acción avasalladora, Prieto opuso una política de profesionalización del ejército, restando atribuciones al comisariado frente a los mandos y prohibiendo el proselitismo político.

Estas tensiones, más o menos larvadas, estallaron con ocasión de la batalla de Teruel, en diciembre de 1937, poco después de que el gobierno de la República se trasladara a Barcelona. En los primeros momentos, las noticias del triunfo llenaron de euforia al gobierno, convencido de haber pasado de la defensa al ataque, como dijo Prieto en un juego de palabras con la denominación de su Ministerio. Pero a estos entusiasmos siguió sin solución de continuidad el mayor desaliento y confusión. La ofensiva sobre Teruel acabó en el derrumbe del frente de Aragón, con el inicio el 9 de marzo de la maniobra de ruptura hacia el mar y la llegada del ejército de Franco al Mediterráneo el 15 de abril. A los ojos de Azaña y Prieto, el curso de las operaciones mostraba que el ejército republicano nunca podría ganar y que la continuación de la defensa no tenía sentido. Las posibilidades de una mediación se habían alejado: en Inglaterra, Eden dimitía el 20 de febrero como protesta contra la decisión del primer ministro, Neville Chamberlain, de proseguir sus tratos con Mussolini sin obtener a cambio la retirada italiana de España; en Francia, a la propuesta de mediación que Blum había planteado al embajador inglés, impresionado por el éxito republicano en Teruel, siguió en marzo la sugerencia de capitulación que el embajador francés proponía al gobierno de Negrín. La conclusión de Azaña y Prieto era clara: si en el interior la defensa resultaba inútil y en el exterior la guerra no se ganaba, había que reconocer la derrota y terminar la guerra cuanto antes. Fue la conclusión a la que llegaron también los nacionalistas vascos y catalanes, que en los meses siguientes unirán esfuerzos para lograr la mediación con vistas a una paz separada, ofreciendo en un memorándum dirigido a Francia y Gran Bretaña un protectorado al sur de los Pirineos, de tal manera que «Cataluña y las provincias vascas se extenderían hasta encontrarse sobre el cadáver de Navarra para formar una barrera democrática y francófila al sur de los Pirineos», enlazando el Cantábrico con el Mediterráneo para facilitar el tráfico terrestre y marítimo a las dos potencias democráticas.

Conocido el estado de ánimo del ministro de Defensa y del presidente de la República, el PC, que defendía la política de resistencia, convocó una gran manifestación el 16 de marzo ante el palacio de Pedralbes mientras Azaña presidía una reunión del gobierno. La manifestación tenía por objeto exigir una actitud firme en la continuación de la guerra, impedir cualquier intento de negociación y acusar de capitulacionismo a los ministros tildados de derrotistas. Prieto entendió que el blanco de los ataques era él y le pareció oír gritos que le acusaban de traidor. Es lo de menos: habiendo declarado su convicción de que la guerra estaba perdida, Prieto era el peor de los ministros de Defensa posible, aunque no fuera más que porque su opinión la conocían los mandos militares y corría por calles y cafés. Negrín resolvió a finales de marzo apartarle de ese Ministerio pero un incidente con Jesús Hernández, ministro comunista, complicaba la ya difícil solución. Pidió, pues, al PC que retirase a Hernández y redujese su presencia a un solo ministro y, necesitado como se confesaba de la presencia de Prieto, le propuso que renunciase a Defensa y aceptase otro Ministerio.

Los comunistas accedieron, Prieto rechazó la oferta, y Azaña mantuvo durante algún tiempo abierta la crisis: quería prescindir de Negrín pero, como en el caso de Caballero, no por una decisión personal. Muchos le habían venido «con el cuento al oído de que no es posible seguir así, que Negrín es un dictador, que está entregado a los comunistas, que la guerra va mal, que la gente está muy descontenta». Convocó a todos los jefes de los partidos, para que le dijeran lo mismo, ahora ya con «la responsabilidad cada cual de sus propios actos». Pero bastó que Negrín se levantara a hablar para que todos callaran y dejaran solo a Prieto, que se resignó a marcharse sin protestar, descubriendo así la profundidad de la crisis de abril de 1938 comparada con la de mayo de 1937. En ésta, la oposición a Largo había fraguado en una coalición que proponía como alternativa a las sindicales un gobierno de partidos para desarrollar una política de reconstrucción de la República. Ahora, la oposición a Negrín no pudo cristalizar en ninguna propuesta diferente de gobierno.

Pese a los peores augurios, se recompuso el frente gracias a la apertura de la frontera francesa conseguida por Negrín en un viaje relámpago a París, y se reorganizó el gobierno con la reincorporación de los dos sindicatos. Negrín se quedó con Defensa y nombró para Exteriores a Álvarez del Vayo, a la vez que tomaba una nueva iniciativa política destinada a fijar las posiciones del gobierno tanto hacia las fuerzas leales como hacia sus enemigos, con vistas a unas posibles negociaciones de paz. En una declaración de trece puntos, el gobierno anunciaba que sus fines de guerra consistían en asegurar la independencia de España y establecer una República democrática cuya estructuración jurídica y social sería aprobada en referéndum; afirmaba su respeto a la propiedad legítimamente adquirida, la necesidad de una reforma agraria y de una legislación social avanzada, y anunciaba una «amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar a la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España». En su intento de aparecer ante las potencias extranjeras con la situación interior controlada, Negrín inició gestiones infructuosas con el Vaticano para restablecer relaciones diplomáticas y abrir las iglesias al culto.

Todo esto iba en la dirección de continuar la guerra aunque las perspectivas de mediación se hubieran evaporado. «¿Espera usted todavía algo bueno del exterior?», le preguntó el 22 de abril un exasperado Azaña recordándole que ésa «era una de las razones de la resistencia». La respuesta de Negrín no dejaba lugar a dudas: «Muy poco, pero no se puede hacer otra cosa». «Alto, no es usted presidente porque no haya otra política posible; otra política no es sólo posible, sino urgente», replicó Azaña, aunque a la hora de concretar a qué política se refería, debió admitir que no aconsejaba la rendición, sino aprovechar la resistencia para preparar la solución final. Pero eso era lo que hacía Negrín, resistir para negociar un armisticio que evitara represalias y fusilamientos. En el fondo, y por lo que respecta a las consecuencias prácticas, aunque otra fuera la retórica, una posición similar a la de Azaña, metido también en el círculo vicioso en que veía preso a su primer ministro, pues la única posibilidad de preparar esa solución final no dependía del gobierno de la República, sino de la capacidad de Francia y del Reino Unido para presionar a Alemania e Italia con objeto de que éstas a su vez impusieran a Franco una salida negociada.

Con el propósito de retirar cualquier obstáculo a una hipotética mediación impuesta por Francia e Inglaterra, que seguían considerando peligrosa para la paz interna de las naciones europeas un triunfo de la República con los comunistas en el gobierno, ya desde enero de 1938 se comenzó a hablar de la posible sustitución del gobierno de Negrín por otro presidido por Martínez Barrio o por Prieto sin presencia de los comunistas, tal como había sugerido el embajador francés. De algo parecido corrieron rumores durante el verano: Azaña hizo saber al representante inglés, John Leche, que estaba dispuesto a forzar la salida de Negrín y de los comunistas si Inglaterra se decidía a intervenir imponiendo la suspensión de armas. Si al final no hubo nada fue porque los británicos nunca respondieron a esos requerimientos y, sobre todo, porque el Estado Mayor Central todavía no había dado por perdida la guerra. Mientras Negrín y Rojo creyeran posible pasar de nuevo a la ofensiva, los comunistas eran, como siempre, imprescindibles para mantener la disciplina en el frente y el orden en la retaguardia. Formar a mediados de 1938 un gobierno contra los comunistas para iniciar, sin garantías firmes de apoyo internacional, una negociación que Franco siempre había rechazado, era de todo punto imposible sin que antes se produjera la ruptura entre los comunistas y los jefes del ejército republicano.

Eso fue lo que ocurrió como resultado de la batalla del Ebro, iniciada el 25 de julio con un espectacular despliegue del ejército de la República y terminada, después de tres meses de duros combates y siete contraofensivas del ejército rebelde, con un nuevo descalabro. Tras esa derrota y la inmediata ofensiva sobre Cataluña, las opciones políticas se reducían a dos: que los comunistas dieran un golpe de Estado y tomaran «en sus manos todos los resortes de poder», posibilidad evocada desde abril por Dolores Ibárruri, o que el ejército mostrara claramente a Negrín que la defensa no tenía sentido y le obligara a poner fin a la guerra como fuera. Hasta entonces, el acuerdo entre los principales jefes militares y el PCE había sido completo, pero la atracción que los comunistas ejercían sobre los militares podía ser mero lip-service, como observó el nuevo representante inglés, Skrine Stevenson, en el mes de noviembre, cuando percibió el malestar que en el ejército levantaban «las interferencias políticas».

Las perspectivas de mediación acabaron por cerrarse con el abandono de la República perpretado por Chamberlain el mismo día, 30 de septiembre de 1938, en que entregó a Hitler Checoslovaquia. Ante este abandono y el derrumbe de las defensas republicanas en el Ebro a principios de noviembre, la segunda opción al gobierno de Negrín fue tomando fuerza: que los militares rompieran con el PCE y con el gobierno y pusieran fin a la guerra tras negociar con los vencedores los términos de una rendición sin represalias y una entrega ordenada de armas y hombres, como soñaba y escribía el coronel Casado, jefe del ejército del Centro, al modo en que terminó la guerra carlista. Negrín, que por su política centralizadora había perdido en agosto la colaboración de los nacionalistas catalanes y vascos, entendió las catastróficas consecuencias que para su posición podía acarrear su identificación con los comunistas. El día 1 de febrero de 1939, en las sesiones celebradas por lo que quedaba del Congreso en el castillo de Figueras, redujo los trece puntos a las tres garantías que su gobierno presentaba a las potencias democráticas como condiciones de paz: independencia de España, que el pueblo español señalara cuál habría de ser su régimen y su destino y que cesara toda persecución y represalia en nombre de «una labor patriótica de reconciliación». Pocos días después, hizo saber a los embajadores francés y británico que estaba dispuesto a ordenar un cese inmediato de las hostilidades si su gobierno obtenía garantías de que no habría represalias.

Para entonces, y a pesar de haber obtenido en Figueras la confianza de su grupo parlamentario y de los 72 diputados asistentes a la sesión del Congreso, la conspiración militarpolítica contra su gobierno iba muy avanzada; sólo faltaba una razón exterior para que las voluntades se fundieran en la decisión de ponerle fin inmediatamente. Esa razón vino a finales de febrero. Comenzaron Francia y el Reino Unido, con el reconocimiento del gobierno de Burgos. Siguió Manuel Azaña, exiliado en Francia, que presentó al presidente de las Cortes su renuncia a la presidencia de la República con el argumento de que el reconocimiento de Franco le privaba de «la representación jurídica internacional necesaria para hacerse oír de los gobiernos extranjeros». La dimisión de Azaña no implicaba la ilegalidad del gobierno presidido por Negrín pero le arrebataba su razón política, inexistente ya a los ojos de los jefes militares y los líderes de los partidos que no veían en la resistencia más finalidad que la de mantener el poder comunista. El resultado fue la formación el 5 de marzo por el coronel Casado de un Consejo Nacional de Defensa presidido por el general Miaja e integrado por republicanos, socialistas y anarquistas. Besteiro rompió «un largo y penoso silencio» para negar la legitimidad al gobierno, «falto de la asistencia presidencial y de la asistencia de la Cámara», y otorgársela al poder militar, único «poder legítimo de la República».

Por más que los comunistas opusieran durante unos días resistencia en Madrid, era el fin; muy diferente, sin embargo, al que habían abrigado quienes detentaron desde principios de marzo ese «poder legítimo» al que se refería Besteiro. Como Mola en julio de 1936, Franco tampoco estaba dispuesto en marzo de 1939 a revivir un abrazo de Vergara entre dos ejércitos contendientes. No le emocionaba nada la «visión de un campo de boinas, símbolo aquel día de la inolvidable reconciliación de los hermanos que se abrazaban después de seis años de lucha encarnizada». Ahora podía temerse lo peor: Franco se negó en redondo a dar a Casado ninguna de las garantías imploradas casi de rodillas por sus emisarios, y contestó a británicos y franceses, deseosos de actuar como intermediarios en la rendición de la República para así contener la influencia alemana e italiana sobre el nuevo régimen, que no los necesitaba, que el «espíritu de generosidad» de los vencedores constituía la mejor garantía para los vencidos.

Capítulo 3
Dictadura

A diferencia de la Monarquía, la República no se hundió; fue derrotada. Y no en unos días, ni en unos meses, sino en tres años de guerra desigual: los valores por ella representados contaban en España con más profundo arraigo que la Monarquía. Por eso, una vez consumada la derrota, los nuevos poderes establecidos por la fuerza de las armas y de la religión procedieron de manera diametralmente opuesta a como lo hicieran en 1931 las autoridades republicanas. Si éstas creyeron que la sociedad y el Estado se habían convertido a la democracia y a la república, y no emprendieron purgas ni depuraciones, el Nuevo Estado se edificó sobre una represión metódica e implacable, que ya no podía tener como meta la consecución de una victoria, sino la erradicación de los virus que habían infectado el cuerpo de la patria: el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el republicanismo, la masonería, el separatismo, pero más allá, en zonas más profundas, el liberalismo, origen auténtico de todos los males. Franco afirmó su voluntad de borrar de la historia de España todo el siglo XIX y la invasión del liberalismo extranjero que había conducido a la degeneración del ser español. Del Estado liberal procedían, sobre todo, los dos males que habían resultado en el «balance catastrófico» de siglo y medio: la democracia, con sus partidos, y la lucha de clases, con sus sindicatos: nada debía quedar de aquella clase media que había crecido reformista desde los años diez para volverse en los treinta republicana, ni de la clase obrera que se había incorporado en masa a los sindicatos anarquistas y socialistas.

Tal fue el programa del Nuevo Estado. Su léxico es revelador: erradicar, depurar, purgar, expurgar, liquidar, borrar, quemar, arrancar, destruir, abominar, arrumbar, suprimir. Con objeto de proceder sin demora, la Junta de Defensa Nacional había tipificado como rebelión militar la lealtad al antiguo orden político, produciéndose la paradoja que Ramón Serrano Suñer llamó «justicia al revés»: condenar como rebeldes a los leales, porque «rebeldes eran los que se alzaron y todos los que les asistimos y colaboramos». Al menos 50.000 españoles, dirigentes y afiliados de organizaciones obreras y campesinas, hombres y mujeres que se habían incorporado a las secciones juveniles de los partidos de izquierda, profesionales que habían ocupado algún puesto de responsabilidad o mostrado sus simpatías por la República, exiliados que fueron capturados en Francia y entregados a las autoridades del Nuevo Estado, como dos ministros de la República, el socialista Julián Zugazagoitia y el sindicalista Juan Peiró, o el presidente de la Generalitat, Lluis Companys, fueron sometidos a consejos de guerra sin garantía procesal alguna, sentenciados a muerte y ejecutados por el delito de adhesión a la rebelión.

No fue éste el único instrumento de la legalidad represora. El 9 de febrero de 1939 se publicó la Ley de Responsabilidades Políticas, aplicable, con efectos retroactivos desde octubre de 1934, a todos los que hubieran pertenecido a sindicatos y partidos políticos del Frente Popular, «a las organizaciones separatistas y a todas las que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional». A partir del 1 de marzo de 1940, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo permitía perseguir a todos aquellos que sembraren ideas disolventes contra la religión, la patria, las instituciones fundamentales y contra la armonía social. Su aplicación no se dejó al azar: desde el 15 de noviembre de 1943 todas las regiones militares dispondrían de un juzgado especial para investigar esos delitos. El Fuero del Trabajo, promulgado en marzo de 1938, ya declaraba delitos de lesa patria los actos individuales o colectivos que turbaran la normalidad de la producción, pero el 2 de marzo de 1943, los plantes, huelgas y sabotajes, así como las reuniones de productores y demás actos análogos cuando persiguieran un fin político, serían equiparados al delito de rebelión militar, una figura a la que los nuevos legisladores eran algo más que aficionados. En fin, el estado de guerra que la Junta de Defensa había decretado a finales de julio de 1936 no se levantó hasta el 7 de abril de 1948: en estado de guerra vivió sumergida, en efecto, la sociedad española durante toda la década de 1940.

Si los ejecutados tras consejos de guerra sumaron varias decenas de miles, el número de hombres y mujeres encarcelados rozó los 300.000. Desde el comienzo de la guerra decenas de miles de combatientes del ejército republicano fueron encerrados en campos de concentración, donde muchos de ellos perdieron la vida. En un informe confidencial enviado a Franco, el director general de prisiones lamentaba en mayo de 1940 el lento avance de los procedimientos judiciales, responsable de que sólo 103.000 de los 260.000 presos que en ese momento atiborraban las cárceles cumplieran sentencias firmes. El director general solicitaba mayor agilidad porque las cárceles estaban hacinadas y esperaba que la celebración de juicios permitiera a un contingente de presos salir a la calle, como así fue a partir del mes de junio por indultos a los penados con menos de seis años. Pero muchos, en lugar de a la calle, fueron a redimir parte de su pena a las Colonias Penitenciarias Militarizadas: ellos se encargaron de los trabajos del canal del Bajo Guadalquivir o de la construcción del Valle de los Caídos. Hubo también Batallones Disciplinarios de Trabajadores a los que fueron a parar los jóvenes de las quintas de 1936 a 1939 declarados prófugos. En cárceles, colonias y batallones, los vejámenes y las torturas eran prácticas habituales, como lo fueron también en pueblos y ciudades sobre tantas mujeres que militaron en organizaciones de izquierda y sobre las viudas, hijas o hermanas de afiliados o dirigentes de sindicatos y partidos que fueron desposeídas de sus bienes, sometidas a un pelado al rape o a la purga con aceite de ricino; catalanes y vascos sufrieron humillaciones y golpes por hablar su idioma, prohibido en todas las manifestaciones públicas y en documentos oficiales; las propiedades de centros culturales, sindicatos obreros y partidos de izquierda quedaron confiscadas y la población civil sometida a censura militar en su correspondencia privada.

A consejos de guerra y cárceles se añadió la depuración como tercera de las técnicas represivas para erradicar cualquier atisbo de República. Allí donde la guerra había durado tres años, todos eran sospechosos mientras no fueran capaces de demostrar lo contrario: en Sabadell, para una población de 74.000 habitantes, se abrieron hasta 50.000 fichas con datos de sospechosos; sólo los niños debieron de quedar exentos. Todos los nombres que aparecían en los papeles procedentes de archivos de las casas del pueblo, de los sindicatos y partidos fueron subrayados y fichados. Desde el 4 de noviembre de 1936 se exigía a los funcionarios la demostración inequívoca de su adhesión inquebrantable al Movimiento, y el 10 de febrero de 1939 un decreto-ley establecía normas para la depuración de todos los funcionarios públicos. Todos ellos estaban obligados a presentar una declaración con su historial político y su actitud en los días de la sublevación para ser examinada por comisiones depuradoras constituidas al efecto en todos los Ministerios. A la vista del historial, la comisión proponía sanciones que podían ir desde el traslado forzoso a la separación definitiva o al pase a situación de disponible. Miles de maestros y profesores de institutos fueron expedientados y sancionados con la pérdida de su plaza; algo mejor parados salieron los jueces, mientras los diplomáticos debieron dar cuenta exacta de sus andanzas los días de la rebelión. A todos los que pudieron escapar hacia un incierto exilio se les destituyó sin más de sus puestos: así perdieron sus cátedras universitarias más de un centenar de los nombres que habían protagonizado el gran momento cultural del primer tercio de siglo. La depuración de catedráticos relacionados con la Institución Libre de Enseñanza fue considerada por un canónigo de Burgos como un «medio esencial para la asepsia de la nueva España».

La hora de los fascistas

De esta manera allanado el solar, ya se podía comenzar la construcción del Nuevo Estado, obra en la que fue dejando su huella y controlando sus propias parcelas de poder cada una de las fuerzas que formaron la coalición reaccionaria. En el vértice, Franco, ratificada por ley de 8 de agosto de 1939 la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, había acumulado en su persona los carismas de caudillo, guerrero invicto y enviado de Dios. El 20 de mayo de 1939, el cardenal Gomá presidió en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid una ceremonia medievalizante, en la que el caudillo depositó su espada vencedora a los pies del Santo Cristo de Lepanto, traído para la ocasión desde Barcelona. Franco entró en la iglesia bajo palio y asistió a la ceremonia vistiendo uniforme de capitán general sobre la camisa azul. En el altar mayor, a la derecha, se situaron los miembros del Consejo Nacional del Movimiento y de la Junta Política de Falange; a la izquierda, los generales, y de frente, sobre el presbiterio, hasta 19 obispos y numerosos sacerdotes. Al final de la ceremonia, tras el canto del Te Deum, el rezo de varias oraciones por «nuestro caudillo Francisco Franco» y la ofrenda de la espada, el cardenal abrazó al general ratificando así la fusión de las dos potestades.

Vigente el estado de guerra, será el ejército el que detente el máximo poder y someta a control los movimientos de la población. Ya desde el nuevo gobierno, nombrado el 8 de agosto de 1939, el predominio de militares es notorio. Tuvieran inclinaciones fascistas, monárquicas o católicas, Franco querrá rodearse siempre de varios de sus compañeros de armas, situados cada uno de ellos «a las órdenes directas del generalísimo de los ejércitos», una manera de impedir que entre ellos pudiera configurarse una cúpula autónoma y potencialmente conspiradora. Para eso, la ley de 8 de agosto dividió el anterior Ministerio de Defensa en los de Ejército, Marina y Aire, iniciativa llamada a perdurar y que se completará con la atribución a militares de un 40 por 100 de cargos en la alta administración del Estado, además de los ocupados desde la creación del INI en los consejos de sus empresas. En los tiempos de plenitud del Nuevo Estado, nunca se contarán menos de seis o siete ministros militares en cada gobierno. No habrá sido el régimen, ni siquiera en sus primeros años, una dictadura militar en sentido estricto, pero fue la burocracia militar la que mayor número de personal proporcionó al Nuevo Estado, la que asumió la custodia del orden público y la que sometió a consejos de guerra a millares de presos acusados de rebeldes, comunistas, masones, bandidos o terroristas, según la denominación de las diversas leyes que tipificaban delitos sobre los que eran competentes tribunales militares.

Pero en 1939 el viento soplaba de Alemania a favor del partido único: si en el primer gobierno de la Victoria la presencia de militares fascistas se duplicó con Muñoz Grandes en la secretaría general del Movimiento, y Juan Yagüe en Aire, la de Falange adquirió con Serrano Suñer, recién nombrado jefe de su Junta Política, su más elevada posición al reunificar Interior con Orden Público en el restaurado Ministerio de Gobernación y controlar desde ahí toda la prensa y propaganda, en manos de fervientes fascistas de la primera hora, como Dionisio Ridruejo y Antonio Tovar. A Rafael Sánchez Mazas y Pedro Gamero del Castillo se les asignaron sendos Ministerios sin cartera, quedando el segundo, procedente como Serrano del catolicismo político, a cargo de la vicesecretaría general del Movimiento. En verano, con los tanques alemanes desparramados por Europa, Franco consideró la posibilidad de entrar en la guerra y decidió pasar de la neutralidad a la no beligerancia, como una indicación de que tal vez siguiera el ejemplo de Italia. En octubre, Serrano ocupará también Exteriores, desde donde se volvió a plantear el problema de la entrada de España en la guerra en sendas entrevistas que Hitler mantuvo con Franco, en Hendaya, el 23 de octubre, y con el mismo Serrano, en Berchtesgaden, el 18 de noviembre. En ninguna de las dos ocasiones forzó Hitler la decisión española; en ambas, insistieron Franco y Serrano en los puntos ya conocidos por los alemanes: España atravesaba una situación de penuria, carecía de petróleo y armamento, sufría una gran escasez alimentaria y sólo podría entrar en guerra si Alemania garantizaba los suministros necesarios y si obtenía un compromiso de cesión de territorios en el norte de África, un precio que Hitler, más interesado en la invasión de la Unión Soviética, consideró desorbitado. En todo caso, la progresión de Falange en el gobierno avanzó todavía un paso más en la crisis de mayo de 1941, cuando Miguel Primo de Rivera, José Antonio Girón y José Luis Arrese se hicieron cargo de Agricultura, Trabajo y secretaría general del Movimiento. Fue también el momento en que el capitán de fragata Luis Carrero Blanco comenzó su casi vitalicio trabajo como subsecretario de la Presidencia, por ahora sin asiento en el Consejo de Ministros pero con acceso directo al jefe del Estado.

Éstos fueron los gobiernos que anularon la reforma agraria y la revolución campesina de la República y la guerra, y establecieron el intervencionismo estatal en todas las actividades económicas. Para lo primero, un decreto de 28 de agosto de 1939 dejaba en suspenso los planes de aplicación de la reforma agraria que no estuvieran ejecutados del todo en esa fecha, y una ley de febrero del año siguiente ordenaba la devolución a sus propietarios de las tierras ocupadas por el IRA. En todo caso, la contrarreforma y la contrarrevolución agrarias ya habían recorrido buena parte de su camino cuando se aprobaron estas normas. De los 6,3 millones de hectáreas ocupadas, sólo se devolvieron a sus antiguos propietarios medio millón por procedimientos legales, como consecuencia de la aplicación de algún decreto de devolución de tierras. El resto fue recuperado por la fuerza, como fue también el ejercicio de la fuerza lo que posibilitó un descenso de los salarios agrícolas de un 40 por 100 respecto a los pagados antes de la guerra.

Para lo segundo, el Nuevo Estado se dotó de una extensa burocracia y de una prolija legislación. Por ley de 10 de marzo de 1939 se creó la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes con el cometido de procurar y distribuir recursos para abastecer a la población y fijar los tipos de racionamiento y los precios para el consumo de los artículos tasados en producción. La Comisaría tuvo competencia sobre multitud de artículos de primera necesidad y de uso indispensable, como cereales, legumbres, patatas, frutas, pan, carne, pescado, tejidos, vestidos, calzado, y multiplicó la burocracia con decenas de servicios centrales, comisarías de recursos, zonas de abastecimiento, delegaciones provinciales y locales de racionamiento y consumo. Las infracciones se perseguían por una Fiscalía de Tasas, creada en septiembre de 1940, que podía llevar a los culpables ante tribunales militares, competentes también en esta clase de delitos.

Al fijarse precios bajos, los agricultores tendieron a labrar menos tierra, ocultar cosechas y canalizar parte de su producción a través de mercados no controlados. Se generalizó así el mercado negro —llamado estraperlo, por una curiosa asociación con el caso de la ruleta que en 1935 arrastró la caída del Partido Radical— de los productos tasados a precio más bajo de su nivel de equilibrio, con ganancias suplementarias, en ocasiones fabulosas, de los grandes agricultores que aprovecharon además las concesiones del Estado en fertilizantes, maquinaria o productos energéticos. Los resultados económicos fueron catastróficos aunque de ellos obtuvieran grandes beneficios los grupos con capacidad para burlar controles y moverse en mercados paralelos. La búsqueda de ese beneficio creó una trama de intereses en los que se encontraron los burócratas del Nuevo Estado, que decidían sobre concesiones y licencias, y los terratenientes cuya producción se canalizaba a través de esos mercados.

Intervencionismo y autarquía fueron también los principios que guiaron la política industrial. La libertad de creación de industrias quedó limitada por los decretos de 20 de agosto de 1938 y de 8 de septiembre de 1939, que exigían una autorización previa. En septiembre de 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria, que convertía al Estado en gran empresario industrial y que será la institución desde la que se asiente el poder económico de los «gestores militares», como los ha llamado Carlos Moya. La nueva ideología industrialista era una amalgama de la tradicional exigencia de intervención del Estado para proteger a los industriales de los competidores extranjeros y de las demandas obreras, con el principio del Estado como agente impulsor de la industrialización. Las consecuencias fueron que el gobierno, además de descabezar a la clase obrera, incautándose de las propiedades de sus sindicatos y deteniendo, torturando y sometiendo a consejo de guerra a quienes pretendían organizar alguna acción reivindicativa, favoreció la falta de competitividad de las empresas y las situaciones de oligopolio y monopolio. El Estado intervencionista reforzó el poder de los sectores más tradicionales del capitalismo español, que con sus industrias protegidas y con la clase obrera sometida, pudieron reducir los salarios hasta un tercio del valor real alcanzado antes de la guerra sin preocuparse del aumento de la productividad. Por otro lado, la rigidez ordenancista redundó en una proliferación de burocracia y de toda clase de irregularidades administrativas.

Falange no sólo llegó en 1939 a altas posiciones de gobierno; bajo su mando quedaron también encuadrados todos los productores en una organización regida por los principios de verticalidad, unidad, totalidad y jerarquía. El decreto de 4 de agosto de 1937, que aprobaba los estatutos de la nueva FET y de las JONS, concebía a los sindicatos como un servicio del Partido, y el Fuero del Trabajo establecía desde marzo de 1938 que todos los factores de la economía debían quedar integrados en sindicatos verticales cuyos directivos procederían de la propia Falange. El nuevo sindicato debía agrupar a todos los factores de la producción —obreros, técnicos, empresarios— en una misma organización, ordenada jerárquicamente bajo control de los mandos del Movimiento que, por su simultánea presencia en el aparato del Estado, garantizaban la conexión orgánica del Estado con el sindicato y lo reducían a instrumento de su política económica.

Estos principios quedaron consagrados por la Ley de Unidad Sindical, de 26 de enero de 1940, y por la Ley de Bases de la Organización Sindical, de 6 diciembre del mismo año. Por la primera se concedía el monopolio sindical a FET y de las JONS, lo cual significaba que la Iglesia debía permitir la absorción de sus propios sindicatos, muy arraigados entre los campesinos castellanos, en el aparato del Movimiento, como así ocurrió con la histórica CNCA. La segunda establecía en el seno de la Organización Sindical las Centrales NacionalSindicalistas, con la función de encuadrar y disciplinar a todos los productores, y los Sindicatos Nacionales, organismos de carácter económico que tenían «la responsabilidad de hacer cumplir en la esfera de su competencia las normas y directrices que el Estado dicte como supremo director de la economía». Las luchas internas entre los distintos grupos que pugnaban por el poder dentro de Falange se saldaron con un mayor control político de la Delegación Nacional de Sindicatos por la secretaría general del Movimiento y el establecimiento de una línea política de mando distinta de la línea de acción económico social.

El objetivo final de este encuadramiento de carácter totalitario consistía en organizar la economía como un «gigantesco sindicato de productores». Todos los españoles que participaban en la producción formarían parte de la gran comunidad nacional y sindical al servicio de la potencia económica de España. Hubo algo más: el primer delegado nacional de sindicatos, un falangista con dotes de organizador, Gerardo Salvador Merino, se entregó entusiasta desde agosto de 1939 a la tarea de crear una fuerza autónoma y decidió participar, con una concentración de más de 100.000 productores, a los que antes veía hostiles e indiferentes, en los fastos conmemorativos de la victoria el 31 de marzo de 1941. Generales y obispos comenzaron a fruncir el ceño ante la posibilidad de que surgiera un sindicato controlado por el partido fascista, pero los nazis avanzaban incontenibles por toda Europa y nadie se atrevía por el momento a paralizar el proyecto de una organización capaz de disciplinar a toda la fuerza de trabajo.

No paró ahí el extenso y capilar poder detentado por el partido único: jóvenes y mujeres serán también objeto de su atención preferente. El 22 de septiembre de 1939, otra criatura del catolicismo social, la Confederación de Estudiantes Católicos, fue conminada a desaparecer, junto a la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas, e integrar sus efectivos en la nueva y única organización de estudiantes, el Sindicato Español Universitario. Al año siguiente, tocó el turno a los más jóvenes para los que se creó en diciembre el Frente de Juventudes. Antes, en julio, Falange lanzó una arriesgada iniciativa, la formación de milicias, que inmediatamente quedó bajo el mando de la única autoridad competente en cuestiones de armas, la militar, acérrima enemiga de cualquier tipo de milicias civiles. En fin, fue también en este momento cuando a la Sección Femenina, con su Auxilio Social, se le encomendó el monopolio de la organización de mujeres, entre otras metas, para «liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica», según estipulaba el Fuero del Trabajo.

Sólida posición en el gobierno, propietaria de un amplio aparato de prensa y propaganda, gestora de delegaciones y comisarías sin cuento, dueña de la Organización Sindical, con una extensa implantación entre mujeres, jóvenes y adolescentes, con decenas de miles de consejeros locales, miles de jefaturas locales y provinciales, con el Instituto de Estudios Políticos y enjambres de intelectuales afanados en elaborar la teoría del caudillo fundido con el pueblo en el destino imperial de la nación, fueron éstos los momentos de mayor entusiasmo fascista, en las altas como en las bajas esferas de Falange. Contará muy pronto con cerca de un millón de afiliados y estará en condiciones de repartir entre ellos la parte del león del botín capturado: los puestos depurados de la administración se reservaron en un 80 por 100 a ex cautivos, ex combatientes, huérfanos, viudas; en pruebas y oposiciones no había más que mostrar ardor patriótico, y alguna recomendación, para obtener la plaza.

Es un error, por tanto, considerar al Nuevo Estado como una continuación de la Restauración con otra cara, como si la derecha de siempre hubiera triunfado por fin de sus enemigos. No era el naciente régimen una prolongación de nada conocido, ningún parentesco tenía con una de las bestias negras de la propaganda oficial, la Monarquía borbónica, liberal y parlamentaria: en el nuevo régimen todo el que no mostrara fervorosa adhesión se veía condenado al ostracismo y al silencio; no había prensa más que la censurada, ni casinos más que los de labradores, ni casas del pueblo más que las del partido único, ni asociación de ningún tipo, excepto de Acción Católica, que no estuviera integrada en el Movimiento. Sin duda, los que mandaban podían ser, en muchos casos, los caciques de siempre, haciendo desde luego a su lado un amplio espacio a los recién llegados, pero el mando era otro.

¿De qué se trata? En el gobierno del Estado, de la sustitución de una clase política socializada en partidos por otra procedente de instituciones con una nota común: todas eran grandes burocracias que cultivaban los valores de orden, disciplina y jerarquía. Fuerzas armadas, Falange e Iglesia constituían los viveros en que se cultivaba el alto personal dirigente. Eran en su mayoría hombres —ni una sola mujer se sentó nunca en un consejo de ministros presidido por Franco— que además de ocupar puestos políticos habían realizado oposiciones a algún cuerpo de la administración y que establecerán luego, o traían ya bien anudadas, relaciones con el mundo de los negocios. En determinados momentos podían prevalecer los procedentes de una de esas burocracias sobre los de otra, pero la regla de oro fue que ninguna ocupara todo el poder, que se compensaran, aunque tal reparto no significó nunca pluralismo en cualquiera de los sentidos que esta palabra pueda tener cuando se aplica a la política. Durante la guerra, el partido fascista, formado por aluvión, se había catolizado y militarizado, todas sus organizaciones tenían asignados capellanes que comulgaban con su ideario, y no hubo en estos años intelectual o político fascista que en una u otra medida no se manifestara como católico, y viceversa. Sin duda, las rencillas corrían soterradas y el paso del tiempo hará que esta amalgama, en la que un militar podía ser entusiasta fascista, un fascista fervoroso católico, y cientos de capellanes y no pocos obispos cantar el Cara al sol y saludar brazo en alto, se vaya diferenciando; por ahora, sin embargo, a pesar de las rivalidades por incrementar las parcelas de poder que en ocasiones darán lugar a sonados incidentes, todos aparecían unidos hacia el exterior en la común exaltación de valores militares, fascistas y católicos: orden, caudillaje y religión.

Por abajo, el sistema de poder del nuevo régimen operaba a través de redes de clientelismo y patronazgo entrelazadas en una hórrida burocracia, que había dejado de estar regida —si alguno vez lo estuvo— por los clásicos principios de racionalidad, con jerarquías firmes, competencias delimitadas y saberes especializados, para ser reclutada por méritos de guerra o por adhesiones fervorosas. Como escribía Carrero en mayo de 1942, expresando la creciente desconfianza del estamento militar ante la invasión falangista, el lugar del partido lo ocupaba «un complejo organismo que absorbe una copiosa burocracia y que constituye el doble de la organización estatal, que actúa desordenadamente», formado por «no pocos indeseables de todo orden, cuyos desafueros y pésimos ejemplos son los que dan tónica al conjunto». La administración del Estado había sido vaciada de racionalidad por la multiplicación de cargos y la transferencia de funciones al aparato del partido, en dependencia directa del jefe del Estado, que lo era también de Falange. El partido único se había convertido en una especie de gran cacique, que premiaba, como el antiguo, la lealtad y la amistad con el favor, pero que, a diferencia del antiguo, no estaba obligado a pactar con ninguna otra fuerza en un ámbito parlamentario y disfrutaba de completa discrecionalidad. Los procedimientos administrativos para cambiar de residencia, comprar pan, abrir un comercio o un puesto de chucherías, gozar de una ayuda, conseguir un destino, un empleo fijo, o una administración de lotería, un estanco, disfrutar de un subsidio, obtener una licencia de importación o exportación, eran a la vez tan centralizados y discrecionales, tan prolijos y arbitrarios, que si no se tenían amistades, conocimientos o enchufes, no se conseguía salir adelante. Se formó así una tupida red de relaciones que pasaban por las distintas jefaturas de Falange, por sus decenas de delegaciones, por los sindicatos o la Organización Juvenil, reforzadas con las amistades en el ejército o en la Guardia Civil, o en la Acción Católica y los palacios episcopales: ésos eran los verdaderos centros de un poder tan centralizado como atomizado, tan concentrado como disperso.

Siendo así las cosas, buena falta hacía institucionalizar el régimen: Franco no necesitaba una Constitución, ni siquiera cosmética, como Raymond Carr denomina a la ristra de leyes fundamentales que se dio la Dictadura. Si Primo de Rivera, formado en un clima de retórica regeneracionista y de política liberal, intentó resolver la cuestión institucional con un remedo de Constitución cuando decidió que su régimen iba para largo, Franco, que tal vez había compartido del regeneracionismo la consigna «menos política, más administración», pero que no había asimilado nada del liberalismo, nunca sintió las prisas de sus colaboradores por dotarse de una suprema norma legal. Para perpetuarse en el poder, Franco no necesitaba aclarar si lo que estaba en construcción era fascismo, dictadura o régimen autoritario. Eso, a Franco, le traía sin cuidado; lo que realmente le importaba, lo que agudizó hasta el extremo su instinto político fue no ceder ningún resorte de mando. Serrano Suñer, sin embargo, se afanaba en la elaboración de un proyecto de ley de organización del Estado que introdujera cierta racionalidad al tinglado en construcción. Organización por Constitución, de haberse aprobado su proyecto, el Estado español se habría definido como «instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria», con la potestad política suprema atribuida al jefe del Estado, que sólo respondería ante Dios y ante la Historia. El proyecto no concedía al gobierno ninguna atención especial, reducía las Cortes a una extensión del Consejo Nacional de Falange, atribuía a la Junta Política la función de enlace entre Estado y Movimiento y preveía un Consejo de Economía encargado de promover la industria nacional. Era lo más cercano al fascismo que se podía pensar y en el seno mismo de aquel gobierno, donde no todos veían con buenos ojos la subida importancia que sin disimulo iba adquiriendo Serrano Suñer, surgieron voces discrepantes, centradas en dos puntos: demasiado poder al partido sobre el gobierno; demasiada poca identidad católica del Nuevo Estado.

Esas reticencias se habrían disipado si Serrano hubiera contado con el apoyo de Franco para su proyecto de ley. Pero Franco no mostró ningún interés en dotarse de un «instrumento totalitario» ni en iniciar un proceso constituyente. Lo primero, porque un instrumento de ese tipo podría concentrar algún día un poder que atentara contra su suprema potestad; lo segundo porque la experiencia de Primo de Rivera había sido catastrófica desde el mismo momento en que sus partidarios comenzaron a discutir acerca de la futura Constitución. Comprendía Franco, sin embargo, la conveniencia de reunir en una Cámara desprovista de poder legislativo una representación de todos los que disfrutaban de una posición en aquel ubicuo sistema de clientelismo burocrático. Accedió, pues, a promulgar el 17 de julio de 1942 una Ley Constitutiva de Cortes —cuya redacción Arrese se atribuye— que desde su preámbulo reafirmaba para la jefatura del Estado la «suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general»: no un Estado totalitario, sino un jefe de Estado investido de suprema potestad, ejercida en virtud del principio de unidad de poder y coordinación de funciones. Las nuevas Cortes renunciaban a definirse como representantes de nadie; por supuesto, no de la soberanía popular, pero tampoco de un partido o de un movimiento, y no reclamaban para sí la potestad legislativa. Las Cortes se definían como órgano supremo de participación del pueblo en las tareas del Estado pero, como ya se sabía desde Primo de Rivera, no había mejor cámara de representación popular que la formada por cargos previamente designados por el jefe del ejecutivo. En realidad, las Cortes eran como una representación del propio Estado, con los ministros, los consejeros nacionales de Falange, los designados por el jefe del Estado, los presidentes de altos organismos, los representantes de los sindicatos nacionales, los alcaldes de la provincia o de determinadas capitales, y algunos obispos: por ahí participaría el pueblo en las tareas del Estado.

La Ley de Cortes se adelantó en dos meses a la primera crisis política del régimen en formación. Con motivo de unos incidentes en el santuario bilbaíno de Begoña, donde unos falangistas lanzaron dos bombas durante una ceremonia tradicionalista presidida por el general Varela el 16 de agosto de 1942, Franco procedió a un amplio cambio de gobierno. Varela, ministro del Ejército, fue despedido junto a Valentín Galarza, ministro de la Gobernación desde mayo de 1941. Con ellos, a última hora y por indicación de Carrero, salió también Serrano Suñer. Que no hubiera vencedores (Falange) ni vencidos (ejército) fue la recomendación de Carrero a Franco, ofreciendo así los primeros materiales para una de las más arraigadas claves interpretativas de la Dictadura: la de un régimen de poder personal con Franco en el papel de árbitro entre diferentes «familias»: cortar la cabeza a un general exigía llevar a la guillotina a algún falangista, como en 1956 cortársela a un falangista determinó repetir la escena con un católico.

La cuestión que plantea la técnica de poder puesta a prueba con todo éxito en esta ocasión no se reduce, sin embargo, al arbitraje de conflictos y a los célebres equilibrios entre militares, falangistas y católicos, obvios, por lo demás. La cuestión radica en cómo fue posible que Franco pudiera cortar hasta el fin cabezas de generales, falangistas o católicos sin ninguna limitación. Y en este punto, el error consistiría en tratar las dos primeras décadas del régimen con conceptos o metáforas propios de los años sesenta, definir a esas grandes organizaciones como «familias» políticas que garantizaban cierto pluralismo y establecer luego periodos según el color de la familia dominante. En los años cuarenta y hasta bien avanzados los cincuenta, generales, jefes de Falange y dirigentes de Acción Católica no procedían de «familias», sino de burocracias que, en ausencia de Parlamento y partidos políticos, desempeñaban específicos cometidos políticos en el sistema de dominación impuesto tras la guerra. Sobre esas burocracias recaía la responsabilidad del orden público, el control de la vida local, la disciplina y el sometimiento de la clase obrera, la educación y el encuadramiento de masas, la vigilancia sobre la moral pública, la sacralización del orden impuesto por las armas y de su máximo dirigente. Para el desempeño de esos cometidos, Ejército, Falange e Iglesia asumieron funciones propias de partidos políticos: ámbitos de socialización de los que salían ministros, procuradores, altos cargos de la administración y autoridades de los entes locales; organizaciones que aseguraban la comunicación entre el Estado y la sociedad o, mejor, la subordinación de la sociedad al Estado.

Pero si desempeñaban funciones propias de partidos, no lo eran, ni siquiera Falange, diluida en un magma de puestos y jefaturas en el que nadie mandaba; tampoco eran meras «familias» ni facciones políticas, sino extensas organizaciones burocráticas que, identificadas con el sistema de poder, actuaban como si fueran políticamente neutras, incapaces de desarrollar un programa propio. Por ser burocracias, eran estructuralmente incapaces de generar una dirección política autónoma, centralizada, con autoridad y poder sobre toda la organización. Por eso, el personal dirigente designado para desempeñar funciones de gobierno era intercambiable, pues su posición en el gobierno o en los altos cargos de la administración no dependía de los apoyos que tuviera dentro de su respectiva organización, sino de la decisión de otro órgano unipersonal superior, la jefatura del Estado, investida de una autoridad carismática que la convertía en única cabeza de todas ellas sin límites institucionales para el ejercicio de su poder. Separado del Ejército, de Falange y de la Iglesia, en cuanto tales organizaciones, Franco disponía de poder para nombrar o vetar generales, jefes del Movimiento y, desde el convenio firmado con el Vaticano en junio de 1941, también obispos. Era un régimen de poder personal sostenido en el control de la población ejercido por tres burocracias nacionales; una dictadura cesarista con una base militar, fascista y católica, no un régimen autoritario de pluralismo limitado y equilibrio entre familias lo que estaba en construcción en España cuando los nazis habían sometido Francia y se perdían por Rusia.

De manera que cuando recomendaba su propio ejemplo de no meterse en política, Franco no contaba un chiste, sino que expresaba la realidad más sustantiva de su régimen: había logrado erradicar no ya el liberalismo, sino la política, hasta el punto de que quien intentaba hacer política a partir de su posición destacada dentro de alguna de esas burocracias lo pagaba con el relevo. En un momento u otro, todos comprobaron la eficacia de esta ley. Los monárquicos, por supuesto, que actuaban, ellos sí, como un grupo o familia política, por cierto, muy mal avenida: a los primeros que conspiraron para la vuelta de la monarquía, Franco los detuvo y desterró sin mayor problema, como Eugenio Vegas y Pedro Sáinz lo sufrieron en sus propias carnes. Pero también lo probaron los que creyeron estar a salvo por su posición en el ejército o en el partido: diciéndole a Serrano Suñer, su cuñado y presidente de la Junta Política de Falange, en el momento de mayor poder del partido, «te voy a sustituir», Franco mostraba que nadie, ningún partido, sindicato, corporación, iba a disponer en el futuro de un poder derivado de la organización a la que pertenecía. Fue lo que de inmediato habrían de comprobar también los generales que pretendieron forzar decisiones políticas: Varela y Galarza recibieron el despido sin mayores contemplaciones, como recibirán unos años después la orden de destierro los generales Kindelán y Aranda. La fuente de poder era Franco, no las instituciones, por muy jerárquicas que fueran: no era el ejército el que proponía a tal o cual general para tal o cual cargo; era Franco quien lo elegía y quien prescindía de sus servicios cuando lo consideraba oportuno. Podrá hacerlo siempre en la seguridad de que cuando elige o releva, nadie vetará su libérrima decisión: así ocurrió en septiembre de 1942 con Falange y con el Ejército. Por muy presidente de la Junta Política que fuera su cuñado, Franco lo despidió en la seguridad de que ningún jefe de Falange movería un dedo, como ningún general se movió de su sitio para mantener a Varela en el suyo.

Apoteosis católica

Serrano no cayó, por tanto, debido al giro de la guerra a favor de los aliados sino por cuestiones de política interna. Si esto fue así en 1942, a partir del año siguiente Franco deberá tener en cuenta, hasta el fin de sus días, las presiones que llegaban de fuera, sea para resistirlas o para moverse en su dirección. Los acontecimientos de 1943, con el nuevo curso de la guerra tras El Alamein y Stalingrado en el frente militar, y la caída de Mussolini con la caza al fascista, en el político, avivaron en los círculos monárquicos el sentimiento de urgencia de una inmediata restauración. Juan de Borbón, unos días después de la disolución del partido fascista italiano, envió a Franco un telegrama en el que, evitando aludir, pero aludiendo, a los horrores que provocaría en España el triunfo de un movimiento subversivo, proponía utilizar las Cortes como «instrumento en el proceso de urgente transición del régimen falangista a la restauración monárquica». 27 procuradores y 7 de los 12 tenientes generales escribieron también a Franco respetuosas misivas en idéntico sentido. Se trataba de evitar a quienes habían apoyado un régimen aliado del Eje el mismo destino que sufría ahora no sólo el partido fascista, sino el ejército italiano y que ponía en peligro la continuidad de la monarquía. En enero de 1944 don Juan dio un paso adelante proponiendo la restauración de la monarquía católica tradicional como tercera vía —son sus palabras— entre las exóticas instituciones totalitarias que Franco había forjado e implantado y la república democrática, antesala del extremismo anarquista.

Pero, como Franco respondió a su querido infante, la Falange no era partido, ni era tampoco exótica, ni totalitaria, y los vencidos de ayer no constituían ningún peligro, al modo de los resistentes italianos, pues se mantenían «leales y firmes en nuestras manos» el ejército entero, la Falange, los católicos y todos los poderosos medios del Estado. Y por lo que se refería a la monarquía católica y tradicional, que tal vez ya habría sido proclamada si no hubieran surgido las desdichadas y públicas intervenciones del infante, era todo lo contrario de la ecléctica y liberal «que os están haciendo definir». Franco se convertirá desde ahora en el paladín de esa monarquía adjetivada de tradicional y católica. Trató a los generales de manera que no les cupiera ninguna duda acerca de su voluntad de permanecer en la jefatura del Estado y como generalísimo de los ejércitos, y sancionó a los políticos firmantes con la privación de sus cargos. Si en España había restauración —y la iba a haber— sería cuando Franco lo decidiera sin peligro para la obra hasta entonces realizada.

Mientras tanto, y como la base fascista del régimen dejaba de ser presentable en el extranjero, sería menester resaltar su base católica como identificada a la tradición española y constitutiva del Nuevo Estado. La derrota del sector «totalitario» de Falange —el sector «serranista»— tuvo una inmediata repercusión en la política exterior. A partir de ese momento, la diplomacia española dirigió sus esfuerzos a normalizar las relaciones con el Vaticano y anudar lazos con Estados Unidos, cuyo presidente, Franklin D. Roosevelt, ofreció garantías a Franco en el sentido de que el desembarco aliado en el norte de África no pondría en peligro las posesiones españolas siempre que España mantuviera la neutralidad. Franco había aprovechado la nueva coyuntura para abandonar el estatus de no beligerante y declarar de nuevo a España neutral desde octubre de 1943. La División Azul enviada al frente ruso inició su repatriación y en mayo de 1944, después del estricto embargo de petróleo decretado por los americanos ante el persistente aprovisionamiento español de wolframio a los alemanes, España firmó con Estados Unidos y Gran Bretaña un acuerdo por el que se comprometía a reducir al mínimo los intercambios comerciales con Alemania, expulsar a sus espías y cerrar los consulados.

El retorno de España a la neutralidad y el inminente triunfo de los aliados se dejaron sentir de inmediato en la política interior. El régimen no tenía nada que ver con el fascismo, manifestó Franco en una entrevista a United Press en noviembre de 1944; la razón: el fascismo no tenía al catolicismo como principio básico. Desde 1945, la sustancia católica del régimen pasó a ser su primera credencial ante el exterior. Por supuesto, desde el mismo momento de la sacralización de la guerra como cruzada, la Iglesia había identificado al Nuevo Estado con la eterna nación española, uno de cuyos elementos constitutivos era la de ser católica: si el Estado se definía como nacional tenía que identificarse por ese mismo hecho como católico, pues lo no católico era no nacional, lo anti-España o antipatria, una degeneración del ser español. En este punto, sustancia del nacionalcatolicismo, Franco estuvo dispuesto a ir hasta donde la Iglesia pretendía, siempre que la Iglesia no vacilara en su identificación con el régimen, y la restauró en una plenitud de poder impensable en los mejores momentos de la Monarquía: el Ministerio de Educación fue entregado a católicos, toda la legislación laica de la República quedó derogada, los tribunales eclesiásticos recuperaron la jurisdicción sobre las causas matrimoniales, los salarios del clero fueron restablecidos, las jerarquías eclesiásticas pasaron a ser presencias inevitables en cualquier ceremonia oficial, las autoridades políticas ocuparon un lugar destacado en las ceremonias religiosas. Todos los espacios públicos y privados resplandecían de símbolos religiosos, la enseñanza de la religión en sus variantes de historia sagrada, dogma y moral católica se convirtió en tarea obligada de las escuelas; los sacerdotes se constituyeron en guardianes de la moral pública; procesiones, viáticos, misas de campaña, misiones populares, llenaban de cantos y músicas religiosas las calles de ciudades y pueblos.

Pero en 1945 se trataba de algo más y diferente: de entrar de manera oficial en el gobierno. Y puesto que una presencia a través de un partido democratacristiano era impensable en un régimen de partido único, habría que hacerlo cooptando a miembros relevantes de Acción Católica. Los acontecimientos exigían, por lo demás, decisiones rápidas al respecto. La inminencia del fin de la Guerra Mundial despertaba dentro de España la expectativa de un cambio y, con ella, la actividad de una oposición hasta ese momento desmoralizada además de machacada. Poco antes de que los comunistas iniciaran el ataque de guerrillas por el valle de Arán, los contactos clandestinos entre socialistas, sindicalistas y republicanos habían dado lugar, mediado el año 1944, a la creación del primer organismo unitario de oposición en el interior, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que en octubre publicó un manifiesto reclamando un gobierno provisional que condujera a una democracia plena tras un periodo de transición. A pesar de pronunciarse a favor de la República, la ANFD no cerraba las puertas a la restauración monárquica, si así lo decidían las Cortes que tras ese periodo de gobierno provisional fueran elegidas con carácter constituyente.

En el mismo momento en que la ANFD publicaba su manifiesto, el gobierno británico elaboraba una nueva política para España basada en el documento que el primer ministro adjunto, el laborista Clement Attlee, presentaba al gabinete a principios de noviembre de 1944. El gobierno de Su Majestad deseaba ver a Franco derribado, pero no intervendría en los trabajos de demolición. Eso era asunto de los mismos españoles que deberían ejecutarla con las mayores cautelas posibles, evitando un movimiento revolucionario que pudiera desembocar en otra Guerra Civil. Teniendo todo esto en cuenta, los británicos advirtieron a Franco que, si se obstinaba en permanecer, sus relaciones se mantendrían en «estado de frialdad» y animaron a la oposición moderada para que de forma gradual se preparase a implantar una monarquía constitucional. El aviso a Franco se completaba con una advertencia inequívoca a la oposición: los británicos no harían nada por restaurar la legitimidad republicana. Si la oposición era capaz de unirse para conducir al país hacia una democracia tendría que ser bajo una monarquía restaurada.

La aparente disposición del Reino Unido a desplazar a Franco tuvo un primer efecto en la especie de ultimátum lanzado por Juan de Borbón desde Lausana, el 19 de marzo de 1945, unas semanas después de la Conferencia de Yalta. Por una parte, don Juan se revelaba como un decidido antifranquista y, por otra, tranquilizaba a los monárquicos más conservadores prometiendo una «Monarquía tradicional», a la vez que hacía un guiño a la oposición asegurando que bajo la monarquía cabían «cuantas reformas demande el interés de la nación», desde la aprobación por voto popular de una Constitución, hasta la concesión de una amplia amnistía e incluso «una justa distribución de la riqueza». Para que este plan pudiera avanzar, era preciso que los monárquicos hablaran con la oposición y consiguieran que el gobierno de transición hacia la democracia plena aceptara serlo bajo la seguridad institucional que sólo la monarquía podía proporcionar. Había que convencer a la oposición de que la democracia sólo podía alcanzarse después de instaurar la monarquía y que debía renunciar, por tanto, a la reivindicación de la legitimidad de la República y a la idea de emprender la transición bajo un gobierno provisional que sometiera a plebiscito la forma de Estado.

Después de publicar don Juan su manifiesto, Franco reunió al Consejo Superior del ejército y obtuvo de nuevo la garantía de su fidelidad. De lo que se trata ahora, escribía el general Asensio, ministro del Ejército, al general Varela, su antecesor en el cargo, es de convertir «a la nación en reino». El ejército, por su parte, debía mantenerse en la más absoluta disciplina, apartado de la política y en la más completa obediencia a los designios del generalísimo. Por ese lado, pues, Franco no debía sentir ninguna inquietud: el ejército era, como siempre, el mejor garante del orden interior. Pero no bastaba el ejército para convertir una nación en reino: se precisaba además una institución que lograra para el Estado una respetabilidad exterior. Y, en este punto, la mirada se volvió hacia la Iglesia, como ya había ocurrido durante la guerra, cuando el episcopado español dirigió al mundo católico su carta colectiva. En 1937, los obispos habían intervenido para combatir la incomprensión hacia la España nacional y convencer al Vaticano de que la única perspectiva de la Guerra Civil era la victoria incondicional de los sublevados. En 1945, el régimen se enfrentaba de nuevo a una incomprensión generalizada y Pla y Deniel acudió solícito para explicar de nuevo Las razones de la guerra de España. Pero ya no se estaba en guerra, ya había un régimen político: era preciso intervenir de forma más directa para llenarlo de contenido, para institucionalizarlo. Era, por tanto, la hora de que los católicos preparados para intervenir en política, lo hicieran.

Así, al menos, se lo dijo Franco a Arrese en una entrevista que dejó algo perplejo al secretario general del Movimiento: que veía en muy buen plan de colaboración a los antiguos políticos de la CEDA. Franco había mantenido conversaciones con el presidente de la Junta Técnica Nacional de Acción Católica Española, Alberto Martín Artajo, quien a su vez buscó inspiración y consejo en dos experimentados mentores: Ángel Herrera y Enrique Pla y Deniel. El primero había sido fundador de la ACNP, de Editorial Católica, de Acción Popular, de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, y director de El Debate: se había ordenado sacerdote y acababa de entrevistarse con su antiguo discípulo, José María Gil Robles, para exhortarle a que no se empecinara en una pronta restauración monárquica. Herrera había recuperado su vocación de colaborar con los poderes establecidos y pretendía que un potencial partido católico asegurara su parcela de poder antes de jugar la insegura carta de una restauración en la persona de don Juan: en el trance peligroso de convertir la nación en reino, dirá en diciembre de 1945, es un deber asistir con plena confianza a quien dirige los destinos del país. El segundo era arzobispo de Toledo y primado de España, y sabía, como Herrera, que el Vaticano no iba a romper con Franco a causa de don Juan. Ambos aconsejaron al presidente de la Junta Técnica en la buena dirección: Acción Católica, aunque no era una agrupación política ni podía serlo, preparaba a sus hombres para el desempeño de funciones políticas: sus miembros no sólo podían sino que debían asumir las responsabilidades que se les ofrecieran, especialmente en los momentos delicados por los que atravesaba España. Martín Artajo reunía, además, todos los requisitos necesarios para esa misión, aun si se había especializado más en cuestiones laborales que en política exterior: nacido en 1905, diputado por la CEDA, había adquirido una estupenda y vigorosa madurez, demostrada cada día en su presidencia de la Acción Católica. Por otra parte, había sido llamado, lo cual quería decir que se le necesitaba, lo cual a su vez le permitía llevar un programa de gobierno y presionar para que le acompañasen colaboradores de su confianza.

Cierta excitación recorrió los despachos de la «santa casa» ante los signos de que por fin había sonado la hora del catolicismo político. Se les necesitaba; en las conversaciones que mantuvieron en la primera mitad de 1945, Carrero dijo a Martín Artajo que «la cosa católica» estaba muy bien vista en Washington y que ser bien recibido en Roma «importa mucho ahora». Roma y Washington como desvío para llegar a París y Londres. Franco había decidido soltar ganga fascista, desvestir la camisa azul, suprimir el saludo a la romana y retirar la condición de ministerio a la secretaría general del Movimiento, y empujar al primer plano el contenido católico, específicamente español y, por tanto, anticomunista, del régimen. En verdad, no le quedaba otra alternativa: en 1945 ni el ejército ni Falange servían para establecer relaciones con el exterior; la única que podía desempeñar ese papel era la Iglesia, que incrementaba así los ministerios bajo control católico: a Educación (Ibáñez Martín) se añadieron Relaciones Exteriores (Martín Artajo) y Obras Públicas (Fernández Ladreda).

Todo eso fue la crisis de julio de 1945: Franco incorporó al catolicismo político al gobierno de manera institucional. Martín Artajo entró en el gobierno, como escribió a Pla y Deniel, «a título meramente personal», pero traía un programa en la cartera: alentar una evolución pacífica que «nos permita conjugar con el resto de Europa». Para conseguirlo, España debía evitar, según el nuevo ministro, tres escollos: el voto individual, los partidos políticos y la libertad de expresión, pues era bien sabido a qué cantidad de desastres habían llevado a España estos tres «dogmas del liberalismo». España debía beber, para iniciar su retorno a Europa, en otras fuentes, las de su tradición, las de sus instituciones democráticas propias, lo que exigía arrebatar a Falange algunas de las parcelas que en la distribución de servicios habían quedado bajo su control, como la vicesecretaría de Educación Popular, el Frente de Juventudes, la Sección Femenina o el Auxilio Social, que debían pasar a depender de otros Ministerios en un programa muy elaborado de desmantelamiento progresivo del partido único; además, reforzar el carácter representativo de las tradicionales instituciones españolas por medio de alguna forma de sufragio orgánico y de elecciones indirectas que impidieran un mal uso del derecho de voto, de la misma manera que la demanda de libertad de prensa no se extendería a la libertad de propagar el error. Todo ello en la perspectiva de restauración en un plazo razonable de una monarquía tradicional entendida como culminación del régimen, nunca como retorno a una constitución liberal. Éste era el programa que el catolicismo político —Pla y Deniel, Herrera Oria, Martín Artajo— llevó al gobierno; que un rechazo tan nítido de todo lo que recordara al liberalismo haya sido catalogado después como primera tentativa de apertura liberal de la Dictadura es incomprensible.

Ahora bien, como Carrero tuvo la gentileza de repetir al flamante ministro, lo que se esperaba de la colaboración católica no era tanto un programa de política interior como un argumento de cara al exterior. En política interior, la consigna de Carrero era de una contundencia abrumadora: orden, unidad y aguantar. El régimen tenía que actuar «sobre la base de que es moral y lícito imponerse por el terror cuando éste se fundamenta en la justicia y corta un mal mayor», un principio al que eran sensibles los hombres de la ACNP, y que admitía una gradación a la baja si quienes rompían el orden eran agitadores ingenuos para los que se recomendaban «palizas y escarmientos sin llegar a graves efusiones de sangre». Terror, palizas y escarmientos fueron, en efecto, los métodos empleados para sofocar los intentos de reorganización de sindicatos y partidos obreros alentados por la expectativa de la inminente caída de Franco que acompañó el fin de la Guerra Mundial. La reorganización de los comités ejecutivos de partidos y sindicatos obreros acababa en redadas policiales y cárceles y torturas para los detenidos, como fue también el caso para los dirigentes de las huelgas que durante el año 1946 y hasta la huelga general de Bilbao, el 1 de mayo de 1947, tuvieron lugar en Cataluña, País Vasco y Asturias. La represión fue particularmente atroz para todos los sospechosos de apoyar a las guerrillas o de organizar huelgas, como los mineros arrojados al vacío en Pozu Fumeres, sin que las presiones del exterior sirvieran para atenuar las penas, como fue el caso de Cristino García, un héroe de la resistencia, ejecutado a pesar de las manifestaciones de protesta que se sucedieron en Francia.

Aguante lo iba a necesitar el nuevo gobierno desde el mismo día de su formación, pues coincidiendo con la entrada de los católicos los aliados reunidos en Potsdam aprobaron una declaración para manifestar que no apoyarían el ingreso de España en la ONU. El gobierno sabía, de todas formas, que lo solicitado por la Unión Soviética en aquella reunión era mucho más de lo aprobado, y que el responsable de la actitud pasiva de los aliados hacia España había sido el Reino Unido. La contradicción entre los intereses angloamericanos y soviéticos ofrecía un motivo para aguantar aunque en los meses siguientes se acumularan las dificultades, siempre compensadas por la incertidumbre respecto a una alternativa consistente que gozara de amplios apoyos: la llegada de don Juan a Estoril, en febrero de 1946, se adelantó en pocas semanas a la instalación en París del gobierno de la República en el exilio, reconstituido en México el año anterior. La oposición al régimen aparecía dividida entre dos legitimismos excluyentes: monarquía o república. Si la oposición pretendía presentarse como una alternativa creíble al régimen de Franco, monárquicos y republicanos tendrían que ponerse a negociar.

El asunto no era fácil. Indalecio Prieto y Diego Martínez Barrio habían fundado en México, en 1942, una Junta Española de Liberación, a la que se habían incorporado también los partidos republicanos de Izquierda, Unión, Esquerra y Acció. La iniciativa pretendía ofrecer a los aliados un organismo que, sin hacer cuestión de la restauración republicana, sirviera como gobierno provisional para la convocatoria de un plebiscito. Pero el proyecto quedó postergado ante la euforia desatada entre los republicanos exiliados por el triunfo aliado. En septiembre de 1945, Martínez Barrio, elegido un mes antes presidente de la República Española, encargó la formación de gobierno a José Giral, que llamó a socialistas, republicanos, nacionalistas catalanes y vascos y representantes de los sindicatos, dejando fuera a los comunistas. Mientras los exiliados reafirmaban la legitimidad republicana, las tres potencias democráticas, con objeto de evitar una crisis en el gobierno francés y calmar a los sindicatos británicos, publicaron en marzo de 1946 una declaración conjunta en la que propugnaban la retirada pacífica de Franco, la abolición de Falange y la formación de un gobierno interino que permitiera a los españoles determinar libremente su futuro. La nota no mencionaba al gobierno de la República ni al pretendiente monárquico y parecía alentar los esfuerzos de quienes habían antepuesto la restauración de la democracia al signo institucional del régimen que la restaurara.

Pero el gobierno de la República en el exilio no vio las señales que marcaban la dirección, nublada la vista por el ejemplo de Francia, donde un gobierno formado por democristianos, socialistas, radicales y comunistas andaba metido en un proceso de transición institucional que llevaría de la Tercera a la Cuarta República a través de cinco convocatorias a las urnas. La idea de un gobierno de coalición de resistentes al franquismo que dirigiera un proceso de transición en el que se incluyera una convocatoria de elecciones a Cortes y un plebiscito sobre la definitiva forma de Estado estaba en el aire. Para traerla a tierra, el gobierno de la República se inspiró en el ejemplo francés, incorporó a los comunistas y reclamó el reconocimiento de su legitimidad, una iniciativa que chocaba frontalmente con la nota tripartita, ratificada por la resolución de la ONU de 12 de diciembre de 1946 que condenaba al régimen de Franco pero invitaba a los españoles a que arreglaran su sustitución con un gobierno provisional encargado de convocar un plebiscisto. La ausencia de reconocimiento de las instituciones republicanas, por la que tanto había batallado el gobierno de Giral, abrió una crisis que sólo pudo solventarse con el nombramiento de Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE, para la presidencia del gobierno. Al sostener su existencia y dar entrada en él a Santiago Carrillo, Llopis aparecía no sólo como un abanderado de la legitimidad republicana, sino como un aliado de los comunistas, lo que tal vez podía ser bien visto en Francia pero muy mal en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde la administración Truman avanzaba por el camino de la confrontación con la Unión Soviética. Según Prieto lo veía, era preciso que los socialistas españoles exiliados en Francia entendieran la nueva situación internacional y que, además de romper con los comunistas, abandonaran el gobierno de la República.

En esa tarea se empleó durante todo el año 1947 hasta que por fin pudo atraer a sus posiciones al grueso del exilio socialista y emprender negociaciones con los monárquicos para llegar a un acuerdo presentable a los británicos. Las negociaciones fueron laboriosas hasta que, en agosto de 1948, socialistas y monárquicos de oposición llegaron a un acuerdo en San Juan de Luz que establecía las condiciones para una transición a la democracia: concesión de amnistía, garantías de orden público sin venganzas ni represalias, eliminación de toda influencia totalitaria en el futuro gobierno, incorporación de España al grupo de naciones occidentales, libertad religiosa y consideración especial a la religión católica, consulta a la nación previa devolución de las libertades. Un acuerdo que iniciaba la larga serie de documentos firmados entre diversos grupos de la oposición del exilio y del interior y que adelantaba algunos de los contenidos que caracterizarán treinta años después la transición a la democracia, incluso en la aceptación implícita de la monarquía con la que habría de iniciarse el recorrido. Pero si el texto del acuerdo era plausible, en el tiempo de la firma era ya papel mojado.

Lo era no sólo porque en el mismo momento en que se firmaba don Juan se entrevistaba con Franco para confiarle la educación de su hijo y desautorizaba todo lo hablado y a todos los hablantes, incluso a quienes lo habían hecho en su nombre, sino porque para agosto de 1948 el régimen había aguantado ya todo lo que tenía que aguantar, que no fue poco. Francia había cerrado su frontera en marzo de 1946, y la ONU, en una resolución de 12 de diciembre, había vetado el ingreso de España y recomendado la retirada de embajadores, que hicieron uno tras otro las maletas excepto los de Portugal, Argentina y el Vaticano, que había firmado con el Estado español un nuevo acuerdo sobre subvenciones a la Iglesia en julio de ese mismo año. Pero si todo esto aislaba al régimen y enardecía la mentalidad de cierre autárquico que había caracterizado el discurso y los ritos del Nuevo Estado, las prontas visitas de emisarios de Estados Unidos abrieron una ventana por la que comenzó a entrar suficiente oxígeno. En octubre de 1947, el Departamento de Estado había elaborado ya las directrices de su nueva política sobre España: aunque fuera deseable sustituir a Franco, la oposición no ofrecía ni líderes ni partidos sólidos en los que basar un gobierno provisional; podría inaugurarse, por tanto, una nueva era de inestabilidad en un Estado que había adquirido gran importancia estratégica. Desde comienzos del año siguiente, con la reapertura de la frontera por Francia el 10 de febrero, la diplomacia española disponía de suficientes datos para saber que el aislamiento había terminado y que España, llevada de la mano de Estados Unidos, se incorporaría en plazo no muy lejano a los organismos internacionales.

Mientras aguantaba, el régimen se mostró muy prolífico en la producción de leyes fundamentales: tres de las siete que compondrán el catálogo final vieron la luz entre junio de 1945 y julio de 1947. La promulgación del Fuero de los Españoles, que coincidió con la incorporación de los católicos, no significó nada para su institucionalización, pues se limitaba a la declaración de una serie de derechos susceptibles de ser suspendidos por decisión del jefe del Estado o, en la práctica, por represión policial, endurecida de nuevo durante estos años. La Ley de Referéndum, de octubre de 1945, trataba de garantizar a la nación española, como se decía en su preámbulo, contra el desvío que venía registrando la historia política de los pueblos cuando en los asuntos de mayor transcendencia la voluntad de la nación era suplantada por el juicio subjetivo de sus mantatarios, argumento típico de las dictaduras cesaristas que funden la voluntad de la nación, sin intermediarios, con la del jefe, en este caso para otorgarle la potestad de someter las leyes que él bien quisiera a referéndum nacional, lo que de todas formas podía hacer o no hacer, con o sin ley. En fin, a los requerimientos del sector católico para una progresiva evolución hacia la definición monárquica del régimen, Franco respondió con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de junio de 1947, sometida a referéndum en octubre, que definía a España como un «Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en reino». Un reino, sin embargo, cuya jefatura del Estado correspondía, sin límite temporal, al «Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos», fórmula que reunía todas las legitimidades carismáticas acumuladas por el partido, el ejército y la Iglesia durante esos años sobre la persona de Francisco Franco. Se trataba además de una ley que reservaba al jefe del Estado la potestad de nombrar un sucesor a título de rey o de regente, lo que quebraba la línea hereditaria automática e introducía la incertidumbre sobre la persona finalmente elegida. Don Juan protestó contra la nueva ley, que lo reducía a la condición de «pretendiente», pero no tuvo más opción que aceptar una entrevista con Franco en agosto de 1948 para decidir sobre la educación de su hijo.

Tales fueron, en resumen, los logros alcanzados por el grupo procedente de la ACNP, reforzado en la remodelación de 1951 con el nombramiento para Educación de Joaquín RuizGiménez, que llegaba de la embajada ante el Vaticano: en el plano de la institucionalización del régimen, nada que posibilitara su liberalización ni que acercara la instauración de una monarquía corporativa y autoritaria; en el exterior, estrechos vínculos de dependencia con el Vaticano y con Estados Unidos, con la firma de sendos tratados a lo largo de 1953. Por el primero, el Estado español reafirmaba su confesionalidad católica y reconocía a la Iglesia un lugar sin parangón en la sociedad: definida ella misma como sociedad perfecta, su clero se veía restaurado en sus tradicionales privilegios, sus celebraciones elevadas al rango de fiestas nacionales, sus colegios protegidos, sus enseñanzas obligatoriamente impartidas, sus matrimonios reconocidos en sus efectos civiles; el laicismo, que Sáinz Rodríguez había definido en su época de ministro como «una aberración desde todos los puntos de vista», quedó derogado como elemento de la cultura española. A cambio de tanto privilegio y subvención, el Vaticano reconocía al jefe del Estado el derecho de «presentación» de obispos y le otorgaba la Orden Suprema de Cristo.

El otro camino de retorno a las relaciones internacionales diseñado por el equipo católico pasaba por Washington. Allí, los resultados fueron tan satisfactorios e igualmente costosos como el acuerdo con el Vaticano. España regresaría a la escena internacional de la mano de Estados Unidos, que a partir de 1947 subordinó todas sus iniciativas de política exterior a la contención del comunismo. Los presidentes americanos, Roosevelt y Truman, habían observado respecto a España, desde el inicio de la Guerra Civil, una política inspirada siempre en las directrices del Reino Unido: así se adoptó la decisión del «embargo moral» a la República en guerra, así se cuidaron los intereses económicos en la España nacionalista y así añadieron su firma a las del Reino Unido y Francia en las notas de condena al régimen de 1945 y 1946. Pero en 1947, mientras los británicos seguían con sus corteses iniciativas por ver la monarquía restaurada, la diplomacia de Estados Unidos optó por apoyar al régimen de Franco con objeto de incluirlo en su nueva estrategia de guerra fría con el comunismo. Las relaciones diplomáticas permanecieron a nivel de encargados de negocios hasta que, en octubre de 1950, la ONU revocó su resolución de diciembre de 1946 y en marzo de 1951, Stanton Griffis, nombrado meses antes embajador de Estados Unidos en Madrid, presentaba sus cartas credenciales en una ceremonia espectacular: al fin la más grande de las democracias reconocía la verdad de España. Eran los inicios de una gran amistad, que nunca habría de flaquear; quizá el aliado más fiel que haya tenido no ya gobierno sino régimen alguno en la historia política de España, y que abrió la puerta para su ingreso en la FAO, la Unión Postal, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Como culminación de esa intensa actividad, dos acontecimientos colmaron las expectativas del régimen: el 26 de septiembre de 1953, poco después de la firma del concordato con el Vaticano, el Estado español suscribía un acuerdo con Estados Unidos por el que, a cambio de una ayuda económica, concedía el derecho de utilización de cuatro bases llamadas conjuntas en España, y el 15 de diciembre de 1955, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor del ingreso de España.

A pesar de su anacrónica carga confesional, impensable en la Europa coetánea, y del papel prominente desempeñado por los católicos, todo esto podía empujar hacia una apertura del régimen, como así entendieron las jóvenes generaciones de estudiantes llegadas durante estos años a la Universidad. Por una parte, en el momento de su apoteosis, la Iglesia había visto surgir nuevas corrientes que comenzaban a cuartear el orden y la disciplina de la posguerra: rencillas y pugnas de poder entre católicos fascistizados que habían accedido con Ruiz Giménez a altos cargos en Educación con católicos neotradicionalistas del Opus Dei que habían conquistado sólidas posiciones en cátedras, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Ministerio de Información; brotes de autonomía de las diferentes ramas de Acción Católica, especialmente en las juveniles y obreras; intentos de incorporar lo más recuperable de la tradición laica y liberal por los intelectuales católicos más fascistizados de los años cuarenta; emergencia de los primeros grupos de oposición al régimen que no venían de la guerra: todo lo que bullía entre los jóvenes de clase media explotó en la Universidad de Madrid —que matriculaba a poco más de 20.000 estudiantes, un tercio de los universitarios de toda España— en los primeros meses de 1956.

Un año antes, en un descampado de la Ciudad Universitaria, había quedado constituido el primer núcleo de estudiantes comunistas con la idea de movilizar la Universidad por medio de la convocatoria de un congreso de escritores jóvenes. Ganado Dionisio Ridruejo a la iniciativa, contando con el apoyo del rector Laín Entralgo, y como los jefes del SEU lo hubieran prohibido, el grupo comunista cambió la convocatoria por un congreso de estudiantes «para dar una estructura representativa a la organización corporativa de los mismos». El manifiesto, leído el día 31 de enero en el club Tiempo Nuevo, recogió en sólo una hora tres mil firmas. Pocos días después, grupos de individuos con camisa azul, provistos de porras y otras armas, irrumpieron en la Universidad, y los universitarios asaltaron los locales del SEU. En un enfrentamiento callejero, un falangista resultó herido de gravedad por los disparos de un camarada. En el clima de crisis que se extendió rápidamente, la policía procedió a detener a los responsables de la convocatoria que, para sorpresa de todos, resultaron ser Miguel Sánchez Mazas, Dionisio Ridruejo, Ramón Tamames, José María Ruiz Gallardón, Enrique Múgica, Javier Pradera y Gabriel Elorriaga. Antiguos falangistas aparecían unidos en una acción común con nuevos comunistas: una novedad que derrumbaba barreras y mezclaba los campos divididos por la Guerra Civil.

Los incidentes de febrero de 1956 marcaron la aparición de una nueva generación que comenzaba a organizarse como oposición al régimen sin que importara el campo en que hubieran militado, ellos mismos o sus padres, durante la Guerra Civil. Además del grupo comunista, la Agrupación Socialista Universitaria se presentó el día 1 de abril con un manifiesto que comenzaba con una insólita identificación: «nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos», y con el propósito, nunca oído antes, «de reconciliarnos con España y con nosotros mismos». Dionisio Ridruejo rompía con el régimen y creaba un grupo de Acción Democrática. Joaquín Satrústegui, monárquico que venía de Acción Española, fundó por entonces otro grupo o «vínculo moral», Unión Española, que salió a la palestra afirmando que «una Guerra Civil es una inmensa tragedia sobre la que no cabe fundar el porvenir». En Salamanca, Enrique Tierno, con un grupo de alumnos, había creado una singular Asociación por la Unidad Funcional de Europa de la que luego saldría un grupo socialista mejor conocido por el apellido de su fundador. La Unión Demócrata-Cristiana, con antiguos dirigentes de la CEDA y jóvenes católicos, fue un resultado más de 1956 que se presentaba repudiando también «los odios sangrientos del pasado» y definiendo la Guerra Civil como «una catástrofe que era preciso arrojar al olvido». En la izquierda, el diplomático Julio Cerón creará en 1957 el Frente de Liberación Popular, inspirado en los movimientos del Tercer Mundo.

Lo que todo esto indica es que en 1956 había surgido una generación nueva, formada por gentes que no habían hecho la Guerra Civil y que la dio por clausurada, transformando el discurso de guerra contra el invasor por el de «guerra fratricida», del que se derivaba una política de olvido y reconciliación. Los comunistas captaron ese cambio moral y político y antes que ningún otro partido lo consagraron como estrategia oficial en la crisis que sacudió al núcleo dirigente en este mismo año de 1956, como consecuencia inmediata del XX Congreso del PCUS y del alegato de Kruschev contra Stalin. Cuando Santiago Carrillo se hizo con la dirección del PCE, proclamó de inmediato el fin de la guerra y enunció la nueva política de reconciliación nacional, que le empujaba a tender la mano en todas direcciones, tanto a los socialistas como a los católicos. Nuevas fuerzas se perfilan en la arena política, decía su comité central. Más bien, lo que indicaba la aparición de todos estos grupos era un cambio de arena política. Democratacristianos, monárquicos, neoliberales, falangistas disidentes, diversos grupos socialistas, comunistas, proclamando la reconciliación; todo eso era tan nuevo que levantó una expectativa llamada a perdurar en los círculos de la oposición: que las bases sociales del franquismo se tambaleaban y que, en consecuencia, era posible derribar a Franco. Si un puñado de universitarios había bastado para sacudir los cimientos del régimen y abrir una crisis política, no quedaba más que unir las fuerzas para «derribar a Franco y derribarle pacíficamente», escribía por estas fechas el comité central del PCE a la ejecutiva del PSOE.

Franco respondió a las revueltas de febrero de acuerdo con su habitual práctica del mando y su teoría de los equilibrios: despidió al ministro católico de Educación, Ruiz Giménez, y al ministro falangista del Movimiento, Fernández Cuesta. Sus ceses fueron como el anuncio del fin de la fórmula hasta entonces vigente de dictadura cesarista sostenida en las tres grandes burocracias nacionales. Sin duda, el ejército se mantendrá como instancia vigilante de los límites de cualquier evolución interna, pero Iglesia y Falange eran ya incapaces de cumplir como tales las funciones asumidas al fin de la guerra. Nada lo prueba mejor que los dos fracasos por institucionalizar el régimen protagonizados sucesivamente por una y otra. Jugando la carta del colaboracionismo de la Acción Católica, la Iglesia había proyectado una evolución de la Dictadura en una dirección monárquica, católica, tradicional y corporativa, con representación orgánica y libertad limitada de asociación y prensa. En 1953 ya había renunciado por completo a su proyecto a cambio de consolidar su poder social, lo que enseguida levantó voces de protesta en su seno: grupos de sacerdotes vascos fueron los primeros, seguidos por catalanes, por consiliarios de las ramas de Acción Católica y por las nuevas hornadas de curas familiarizados con las miserables condiciones de vida de un proletariado recién emigrado a las ciudades. Recomponer una dirección política compartida por el mundo católico fue en adelante imposible: desde 1956, y más claramente tras la salida de Martín Artajo en febrero de 1957, ya no habrá una «política católica» en el sentido en que la entendió la CEDA durante la República y la ACNP desde 1945, esto es, como traslación al orden político y social de estrategias derivadas de una teología política que la Iglesia jerárquica fuese capaz de imponer a todos sus fieles y a todas sus asociaciones o grupos organizados.

Algo similar ocurrió con Falange, incapaz de incorporar en sus anquilosadas estructuras a la nuevas generaciones que irrumpieron en la escena universitaria y laboral desde comienzos de los años cincuenta. La huelga de tranvías de 1951 en Barcelona fue la última que recordaba los años treinta; a partir de ahí surgió un nuevo movimiento obrero, que se manifestó en las huelgas de 1956 y de manera más contundente en las de 1962 y que comenzó a organizarse y a ser conocido como Comisiones Obreras desde 1958. Por su parte, la protesta de los estudiantes universitarios había herido de muerte al SEU que nunca volvería a ser lo que fue. La pretensión de José Luis Arrese, sustituto de Fernández Cuesta, de institucionalizar el régimen reforzando el partido único y otorgando al Consejo Nacional la posibilidad de derribar al gobierno, según preveía su proyecto de Ley de Ordenación del Estado, no encontró apoyo ni siquiera en los otros ministros de Falange y fue bloqueado por el ejército y la Iglesia en las entrevistas que sus máximas autoridades mantuvieron con el jefe del Estado. Su sustituta, la Ley de Principios del Movimiento, de 17 de mayo de 1958, mostraba la inanidad de los esfuerzos de Arrese, para entonces relegado al Ministerio de la Vivienda: Franco promulgó la ley sin pasarla por las Cortes, aduciendo únicamente la conciencia de su responsabilidad ante Dios y ante la Historia, y el Movimiento Nacional quedó diluido en una «comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada», una idea a la que tratará de exprimir todo su jugo José Solis, nuevo ministro secretario general, pretendiendo que todos los españoles podrían resolver sus contrastes de pareceres dentro de unas futuras asociaciones del Movimiento. Por supuesto, la forma política del Estado Nacional se reafirmó una vez más como «Monarquía tradicional, católica, social y representativa», un principio «permanente e inalterable por su propia naturaleza».

La hora del Opus Dei

Para la fecha en que los principios del Movimiento fueron promulgados la política del régimen había cambiado de dirección, si no de naturaleza. La entrada en 1957 de dos ministros procedentes del Opus Dei, un instituto secular fundado en 1928 por José María Escrivá, significó algo más que un cambio o que la llegada de un nuevo socio dentro de la llamada «familia católica». Siendo católicos en grado superlativo, los nuevos ministros no procedían de Acción Española, aunque hubieran heredado de ella idéntico horror hacia la democracia y la misma carga autoritaria; tampoco venían de la ACNP, aunque como ella pusieran el acento en la formación de minorías selectas para la ocupación de cargos públicos. Sin embargo, no fueron cooptados por la jerarquía de la Iglesia, ni llegaron al gobierno para ejecutar una política católica como sus antecesores, sino que ascendieron por sus previas conexiones con los centros de poder y para poner en marcha una estrategia de racionalización y liberalización económica conectada con una reforma de la administración del Estado.

Lo que diferencia el significado político del ascenso del Opus Dei al gobierno de la anterior cooptación de los católicos procedentes de las burocracias fundadoras del régimen es que formaban una asociación con una disciplina común, frecuentaban los mismos colegios mayores y muchos de ellos pernoctaban en las mismas residencias y se sentaban a las mismas mesas. Eran profesionales con vocación de poder y recursos organizativos para conquistarlo a través de su posición como cargos públicos en la administración del Estado. Sus primeros combates, cuando Rafael Calvo Serer era su más destacado ideólogo, les habían enfrentado a los católicos fascistizados en torno al arduo problema de si España era o no era un problema. Calvo Serer, Pérez Embid y otras estrellas del firmamento de Arbor, la revista del CSIC, dieron por concluido ese gran debate decretando que la España derrotada de 1939 no era España y que había que dejarse de blanduras con ella: muerta y enterrada, así debía seguir. Pero las virulencias de los combates ideológicos se compadecían mal con el propósito racionalizador, que exigía una mayor ductilidad si lo que se pretendía era ocupar cargos de control político. Calvo Serer, líder del ala ideológico combativa, cedió a López Rodó, jefe del ala técnico administrativa, la dirección política del grupo. Si España no era un problema ni lo tenía, como había decretado Calvo, entonces había que abandonar los temas agónicos y dedicarse a la administración y al desarrollo económico, como concluyó López Rodó.

Encontró así el régimen, en el momento en que el retorno a la escena internacional implicaba la incorporación a un mercado capitalista en expansión, un regalo en los miembros de este instituto secular trabados por una misma fe, solidarios en idénticos propósitos, crecidos católicos, técnicos y administrativos y soñando con ser gobernantes sin necesidad de ser políticos, una aspiración propia de altos burócratas. Expertos en economía y en derecho, alejados como Franco de la política, disciplinados, con su mezcla de moral luterana de santidad en el mundo y de esperanza calvinista en el éxito mundano como prenda de predestinación divina, su fuerza ya no procedía de su conexión con la jerarquía de la Iglesia, sino de la oportunidad de su proyecto, de su cohesión como grupo, de su presencia en el centro de las decisiones políticas y económicas, y de su capacidad para situar a sus leales en puestos de alta administración; en definitiva, de actuar, no como grupo de presión, al margen del ejercicio del gobierno, sino como una especie de partido de notables capaz de controlar los centros de poder del Estado, ocupándolos sin necesidad de obtener el voto de ciudadanos, sino por medio del acceso directo a la suprema potestad; un acceso que seguía controlado por la misma persona de siempre, el almirante Carrero Blanco.

La relación establecida por el Opus Dei con el espíritu del capitalismo inherente a su nueva ética de santidad en el mundo se produjo no en esa radical soledad del creyente con Dios de que habla Max Weber, sino en el ámbito de una fuerte corporación, de una organización jerárquica, dotada de una sólida infraestructura, con residencias, colegios y universidades propias. Había, pues, una afinidad profunda con la tradición corporativista, protegida, dispuesta a recibir todas las subvenciones posibles por vía legal o extralegal, del capitalismo español; no con la del capitalismo individualista, competitivo, afín a la ética derivada del protestantismo ascético. Más aún, la exaltación de la profesión lo fue sobre todo en relación con el Estado: se trataba, como en el caso de la ACNP pero ahora a gran escala, de formar profesionales competentes que ocuparan posiciones clave de poder. El ideal político derivado de esa ética fue por necesidad el de un Estado dirigido por profesionales, libres de la mirada y del control de representantes elegidos libremente por los ciudadanos: un Estado autoritario controlado por burócratas y técnicos que pusieran las bases para un desarrollo económico, tal era la meta. López Rodó celebraba en 1990 la figura de Franco como la de un adelantado de la tecnocracia, senda hacia donde caminaba el conjunto de la humanidad: su ideal —el de López Rodó— consistía, como escribió en sus Memorias, en sustituir a los políticos profesionales para poner en su lugar una política dirigida por profesionales.

La ocupación del poder por esta nueva elite fue progresiva y, a diferencia de lo ocurrido hasta entonces con los ministros procedentes de las burocracias fundadoras, siempre en equilibrio, llegó a ser completa. En 1957 le fueron confiados Hacienda y Comercio, además de la secretaría general técnica de Presidencia; desde 1962, López Rodó será también comisario del Plan de Desarrollo y Gregorio López Bravo se hará cargo de Industria; pero, si se les cree, otros varios ministros habrían sido nombrados por sus indicaciones, Manuel Lora, que procedía del CSIC de José M. Albareda, para Educación, y Jesús Romeo en Trabajo. Al final de la década, en su irresistible ascensión, con Villar Palasí en Educación, habrán desalojado a los «católicos» de los dos Ministerios que marcaron en 1945 su llegada al poder: Exteriores, que fue a parar a López Bravo, y Obras Públicas, que tras la dimisión de Silva Muñoz en 1970 cayó en manos de un ideólogo de las ultimidades, Fernández de la Mora, que no era del Opus, pero como si lo fuera. Lograron deshacerse incluso de José Solís y de Manuel Fraga, que controlaban Movimiento e Información, y que pretendieron hacerles frente con el gran escándalo del régimen, el asunto MATESA. De los once nuevos ministros que llegaron al gobierno llamado monocolor de 1969, cuatro procedían de la Comisaría del Plan, un éxito sin precedente en toda la historia de la Dictadura.

Por el momento, en enero de 1957, la llegada del Opus Dei al gobierno, precedida por el nombramiento un mes antes de López Rodó para un cargo de su invención, la secretaría general técnica del Ministerio de la Presidencia, puso en marcha una reforma de la administración y una nueva política económica. La segunda se inició con el plan de estabilización, elaborado por los economistas del Banco de España bajo la dirección de Joan Sardá, y presentado en 1959 por los nuevos ministros de Hacienda y Comercio, Navarro Rubio y Ullastres. La primera, que traía pensada el nuevo secretario general técnico, no esperó dos años para entrar en vigor. A partir de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957, y de las siguientes leyes de Procedimiento Administrativo, de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, de Funcionarios Civiles del Estado, y de Retribuciones de Funcionarios, se produjo lo que Miguel Beltrán ha llamado una visible renovación de la administración pública, llevada a cabo con criterios de aumento de la eficiencia y de racionalización de la actividad administrativa. Ya que no legítimo, el régimen pretendía ser en adelante legal, reduciendo el margen de actuación discrecional de las autoridades públicas gracias a una panoplia de leyes de reconocida calidad técnica.

Estas reformas en el interior del Estado debían completarse con un nuevo impulso a la presencia en el exterior. Para ejecutarlo fue designado Fernando María Castiella, vasco y «católico» como su predecesor, aunque más germanófilo en los años del avance alemán. Director del Instituto de Estudios Políticos, mantuvo también relaciones con la ACNP y tal vez esperaba en 1945 una llamada para ocupar el Ministerio de Exteriores. Su hora le habría de llegar después de haber pasado como una cuarentena por las embajadas de Lima y del Vaticano, lo que sin duda templó su ardores de juventud. Venía dispuesto a ampliar las relaciones diplomáticas con Europa, para lo que aprovechó la favorable coyuntura de los últimos años cincuenta, con partidos demócratacristianos en los gobiernos de Francia y Alemania y conservadores en el Reino Unido, y los crecientes vínculos económicos fomentados por los planes de estabilización y desarrollo. España quedó integrada en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y en la OCDE, además de firmar acuerdos comerciales y políticos con Alemania y Francia, y establecer con ésta una especial relación para hacer frente al proceso de descolonización de Marruecos y del Sahara, que se arrastrará de mala manera hasta 1975.

Castiella pretendió culminar esta mejora de relaciones, evidente en las visitas que tras la del presidente de Estados Unidos comenzaron a prodigar ministros europeos a Madrid y en las que él mismo realizó a París y Londres, con la incorporación de España a la OTAN y a la Comunidad Económica Europea. En febrero de 1962, dirigió al Consejo de Ministros de la CEE una carta solicitando la apertura de negociaciones para llegar a una forma de asociación susceptible de desembocar en una plena incorporación. Simultáneamente, quiso crear algunas dificultades al Reino Unido en el contencioso del Peñón y vender más caras a Estados Unidos las concesiones de utilización de las bases y renegociar los acuerdos de 1953 con objeto de convertir el convenio en alianza. En resumen, una política exterior en todas direcciones que, a pesar de tensiones como las suscitadas por el proceso descolonizador del Sahara, la reclamación de Gibraltar o la renegociación de los acuerdos con Estados Unidos, ponía de manifiesto la aceptación por parte de las democracias occidentales de un régimen al que habían condenado al ostracismo diez años antes. Normalización en las relaciones económicas y diplomáticas, sí; pero exclusión en las instituciones políticas: ése fue el trato que una Europa en expansión concedió a la Dictadura hasta el fin de sus días.

Al mismo tiempo que el Estado español normalizaba hasta donde le resultó posible sus relaciones exteriores, experimentaba también un cambio significativo en su estructura interna. El gasto público creció y se diversificó pasando de unas magnitudes situadas en torno al 10 por 100 de la renta nacional en la década de 1950 a más del 20 en 1975. Tan importante como el crecimiento del sector público fue el cambio estructural del gasto, con una drástica inversión de los porcentajes destinados a defensa y a fomento, que indican el paso de un Estado vigilante a un incipiente Estado interventor y de bienestar.

Evolución de la estructura del gasto público
(Medias de los porcentajes respecto al gasto total)

Obligaciones de la deuda

1940-1945: 13

1946-1951: 15

1952-1957: 14

1958-1964: 8

1965-1972: 3

1973-1978: 3

1979-1980: 3

Sueldos y salarios

1940-1945: 33

1946-1951: 37

1952-1957: 39

1958-1964: 32

1965-1972: 37

1973-1978: 37

1979-1980: 38

Bienes y servicios

1940-1945: 30

1946-1951: 26

1952-1957: 26

1958-1964: 11

1965-1972: 8

1973-1978: 9

1979-1980: 8

Defensa

1940-1945: 39

1946-1951: 33

1952-1957: 32

1958-1964: 20

1965-1972: 14

1973-1978: 14

1979-1980: 12

Servicios generales

1940-1945: 14

1946-1951: 14

1952-1957: 17

1958-1964: 14

1965-1972: 11

1973-1978: 12

1979-1980: 11

Servicios económicos

1940-1945: 14

1946-1951: 14

1952-1957: 19

1958-1964: 27

1965-1972: 33

1973-1978: 33

1979-1980: 29

Ministerio de Fomento

1940-1945: 17

1946-1951: 20

1952-1957: 24

1958-1964: 29

1965-1972: 44

1973-1978: 48

1979-1980: 56

Pensiones

1940-1945: 5

1946-1951: 8

1952-1957: 7

1958-1964: 5

1965-1972: 12

1973-1978: 14

1979-1980: 22

Educación

1940-1945: 4

1946-1951: 5

1952-1957: 7

1958-1964: 7

1965-1972: 12

1973-1978: 17

1979-1980: 18

Fuente: Francisco Comín, «Evolución histórica del gasto público», Papeles de Economía Española, 27 (1988), p. 81.

Este cambio estructural del gasto indica el crecimiento, dentro de una administración del Estado más racionalizada, de sectores relacionados con la actividad económica y los servicios públicos: los 76.458 alumnos universitarios del curso 1960-1961 pasaron a ser 205.602 en 1970-1971, mientras la Seguridad Social extendió el número de beneficiarios a cerca del 80 por 100 de la población. Por otro lado, crecimiento y diferenciación del gasto no habrían sido posibles sin un proceso de burocratización y racionalización de la administración pública que aseguraba una mayor neutralidad política y creaba la base para que dentro del propio Estado se multiplicasen las posiciones de poder no directamente relacionadas con la adscripción a una u otra de las burocracias militar, fascista o católica en las que el régimen se había sostenido durante sus primeras fases. Así, la racionalización de la administración produjo en la coalición política que sostenía al régimen un efecto similar al que la transformación de la estructura de clases produjo en la coalición social reaccionaria. Si en los primeros años de la Dictadura la ocupación de posiciones de altos cargos se verificaba por cooptación y reparto entre militares, falangistas y católicos, a partir de la reforma de la administración, y a pesar de la abundancia de contratados que permitía un amplio margen de discrecionalidad, el aumento de funcionarios y la objetividad de las pruebas de acceso estrecharon las bases institucionales de poder de las burocracias fundadoras del régimen.

La expansión de la enseñanza pública y su control por funcionarios de los cuerpos docentes hizo perder a la Iglesia el cuasimonopolio de la educación y del control sobre la cultura y la moral popular. Por otra parte, los nuevos servicios sociales y los gastos de inversión en infraestructura redujeron la proporción de recursos presupuestarios destinados al ejército, que se retiró de áreas de poder e influencia ejercidas de antiguo. Aunque conservaba su derecho de veto, o señalaba los límites que no se podían transgredir, el prestigio e influjo del ejército en la sociedad estaban lejos de ser los que habían sido durante la primera etapa de la Dictadura: desde el 31 de julio de 1959 una nueva Ley de Orden Público atribuyó a un tribunal civil especial lo que antes había sido competencia de los tribunales militares. En fin, las organizaciones de Falange o del Movimiento habían dejado de ser operativas, incapaces de controlar a los estudiantes o de someter a la clase obrera. El nuevo ministro, José Solís, era todo menos un ideólogo e intentó fomentar en el diluido Movimiento unas asociaciones que canalizaran el llamado contraste de pareceres y acondicionar los sindicatos para que las crecientes reivindicaciones obreras encontrasen un cauce en sus estructuras, pero su combate tenía algo de retirada, de defender, cediendo posiciones, un espacio para el Movimiento al abrigo de la invasión del Opus.

Pues, una vez consumada la reforma de la administración, y recogidos los primeros frutos de la nueva política económica, los ministros del Opus Dei emprendieron la siempre pendiente tarea de institucionalizar el Estado por medio de una ley que hiciera las veces de una Constitución, y presionaron al jefe del Estado para que designara en vida a su sucesor a título de rey. Nadie, hasta ese momento, había sido capaz de inmutar la impasibilidad de Franco ante esas dos demandas, tan viejas como el mismo régimen. A los del Opus, sin embargo, les sonrió el éxito en ambas iniciativas. En la primera, con la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, que modificaba algunos artículos de las anteriores leyes fundamentales, suprimiendo léxico fascista y teología católica, y regulaba las funciones y atribuciones de los distintos órganos del Estado y sus relaciones mutuas. Franco la presentó a las Cortes afirmando que entrañaba una amplia democratización del proceso político y poniendo en guardia a los españoles contra sus «demonios familiares». En realidad, definir como democratización el proceso regulado por aquella ley no pasaba de ser irónico: aparte de una arcaica representación familiar en las Cortes, Franco la promulgó en virtud de la facultad legislativa que le conferían las leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, ratificadas expresamente por la nueva ley. Sin duda, el Estado español, constituido en reino, no se definía en la ley como monarquía católica, social y representativa, sino como «suprema institución de la comunidad nacional», pero los principios del Movimiento mantenían su condición permanente e inalterable.

La segunda novedad, a los treinta años de terminada la guerra, fue la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey, aprobada por las Cortes el 22 de julio de 1969. Tal como las cosas se presentaban en las primeras décadas del régimen, la monarquía era si acaso un futuro lejano en el que pocos paraban mientes. Todo el mundo estaba de acuerdo en que la Ley de Sucesión, de 26 de julio de 1947, no iba a acercar ni una hora el momento de la restauración monárquica, dejado al completo arbitrio de Franco. Para facilitarle la elección, ninguno de los pretendientes ahorró esfuerzos. El más cualificado, Juan de Borbón, había dado marcha atrás de su explosivo manifiesto de 1945 y se había presentado reiteradamente ante Franco como titular de los derechos de una monarquía continuadora del Movimiento Nacional. Lo mismo hizo el pretendiente de la rama carlista, Carlos de Borbón Parma, cuando en una carta-manifiesto firmada en Puchheim el 3 de mayo de 1961, después de alabar al ejército por haberse levantado en armas para «acabar con el sistema liberal, única forma de cerrar el paso al comunismo», reafirmó la identidad de la monarquía tradicional con la monarquía del 18 de julio. Un pretendiente que algunos de los jerarcas del Movimiento y miembros de la camarilla familiar empujaron a la primera fila, Alfonso Carlos de Borbón Dampierre, hijo de Jaime, segundo hijo de Alfonso XIII, introdujo un nuevo factor de incertidumbre al contraer matrimonio en 1972 con la nieta mayor de Franco en lo que pareció como un intento de levantar algún oleaje en torno a la «operación príncipe», diseñada por el almirante Carrero Blanco y los políticos del Opus Dei para solventar la cuestión sucesoria con el nombramiento del hijo de don Juan, y nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos. Por su parte, el príncipe, que de niño había venido a España enviado por su padre para recibir una educación conveniente, hizo saber al general Franco, y comunicó a los embajadores de las potencias democráticas, que si de él dependía, no podría aceptar la nominación sin respetar el normal orden sucesorio; pero que si Franco, el Consejo del Reino o las Cortes así lo decidían, él cumpliría con su deber. Franco conocía esta buena disposición al menos desde finales de 1967, cuando Juan Carlos de Borbón estaba a punto de alcanzar la edad requerida para ser elegible como sucesor.

Con un campo de pretendientes tan poblado, y la familia monárquica dividida, la iniciativa quedó siempre en manos de Franco, lo que entrañaba una doble consecuencia. Por un lado, al reservarse el derecho a elegir a su sucesor y al aceptar todos los pretendientes tal derecho, Franco arrasaba los restos de legitimidad dinástica que cualquiera de ellos pudiera todavía esgrimir: la monarquía, como escribían todos los pretendientes en aquella época, sería la suya, la de Franco, la del 18 de julio. Por otro lado, al mantener la incertidumbre sobre el momento y la persona de su elección, Franco obligaba a todos los pretendientes a reiterar una y otra vez su fidelidad a los principios del Movimiento. Así las cosas, la disposición del príncipe Juan Carlos para que sobre él recayera la elección de Franco, si le garantizaba la fidelidad de las fuerzas armadas y de la clase política del régimen, podía valerle la desautorización de su padre. Los apolegetas que fabulan una maravillosa combinación de estrategias, compartida por don Juan y por don Juan Carlos para lograr un resultado convergente, pierden de vista o silencian que el príncipe nunca contó con la autorización de su padre para aceptar el nombramiento, que don Juan nunca fue informado de que tal cosa iba a ocurrir, que nunca llegó a creer que ocurriría y que recibió su ocurrencia con justificado enojo. En la «operación príncipe» no hubo más estrategia que la de Franco y, en el escaso terreno que quedaba a su propio juego, la del mismo príncipe, que le hizo saber con tiempo suficiente la fórmula exacta que permitiría su aceptación. Cuando finalmente el príncipe aceptó, percibió en el rostro impenetrable de Franco el esbozo de una sonrisa. Con ella terminaba una larga batalla para garantizar la instauración de una monarquía autoritaria, no la que había soñado Acción Española ni la que había propugnado la ACNP, tradicional y católica, sino la que habían ideado los políticos del Opus Dei para garantizar la continuidad de las instituciones consagradas en la Ley Orgánica del Estado: una monarquía heredera de una dictadura, al abrigo de cualquier veleidad de convertirla en una democracia liberal y parlamentaria.

La gran transformación

Mientras todavía perduraba el aparato de poder político que había pretendido congelar la historia en un glorioso pasado, se había reanudado lentamente el movimiento de población iniciado a principios de siglo y quebrado por la Guerra Civil. Una historia interrumpida que reanuda su marcha: no hay imágenes más elocuentes de esa sociedad de nuevo en movimiento que las de jornaleros y campesinos tomando el tren para emigrar a las ciudades o al extranjero y, en las ciudades, los inmensos barrios, de chabolas primero, de casas baratas después, que surgieron de la noche a la mañana en sus extrarradios. La primera imagen retrata el fin de la agricultura tradicional; la segunda, el caótico crecimiento de las ciudades. En realidad, más que un movimiento migratorio fue un verdadero éxodo que dio lugar a una gigantesca redistribución de población.

El primer gran flujo migratorio se encaminó hacia el extranjero. Desde el mismo año del plan de estabilización decenas de miles de españoles abandonaron sus lugares de residencia y comenzaron a abarrotar los trenes que les llevaban a Francia, a Suiza, a Alemania. Según las estadísticas de los países receptores, entre 1960 y 1972 emigraron a Alemania cerca de 552.000 trabajadores; 577.000 lo hicieron a Suiza y otros 436.000 salieron a Francia. El Informe FOESSA de 1975 contabiliza a unos 850.000 españoles trabajando en Europa, lo que elevaría la cifra de residentes españoles por razones de trabajo a 1.400.000 personas. La importancia de esa emigración al exterior para la economía española no radicó únicamente en su función como válvula de escape, al modo que ya la tuvo la gran emigración transoceánica de principios de siglo. En esta ocasión, los emigrantes, que muchas veces dejaban aquí a su familias, fueron una de las principales fuentes de divisas. La cantidad total habría ascendido para el periodo 1960-1974 a 7.223 millones de dólares. Con ellos se financió, durante el periodo señalado, más del 50 por 100 del déficit comercial.

Si la emigración al exterior tuvo una decisiva importancia para el desarrollo de la economía española, los movimientos migratorios interiores la tuvieron para enviar a las zonas industriales la mano de obra exigida por el desarrollo de la industria y redistribuir espacialmente la población. Sin contar a los menores de diez años, el número total de españoles que cambiaron de residencia durante los años sesenta superó los 4,5 millones, de los que 2,6 abandonaron la provincia donde residían. Las provincias de las que salieron en mayor número fueron las que forman hoy las comunidades autónomas de Andalucía, con un saldo neto negativo de 843.000 emigrantes; Castilla la Mancha y Castilla-León, que perdieron mas de 450.000 cada una; Extremadura, con saldo negativo de 378.000, Galicia con 229.000 y Murcia con 101.000. Procedían en su mayor parte de zonas agrícolas caracterizadas por las grandes o diminutas propiedades. Andaluces y extremeños fueron principalmente a Cataluña, que recibió en esos años cerca de 720.000 emigrantes; Madrid, cuyo saldo fue de 637.000, recibió sobre todo a castellanos y extremeños; a la Comunidad Valenciana, con 302.000 de saldo, fueron de Murcia, Castilla la Nueva y Andalucía Occidental; finalmente al País Vasco, con 257.000, llegaron de Castilla-León, Extremadura y Galicia. Las líneas generales de este trasvase de población, tal como podían percibirse hacia 1975, reforzaban la tendencia, ya apuntada desde principios de siglo, al crecimiento del triángulo Madrid-Barcelona-Vizcaya y de las zonas marítimas y a un simultáneo despoblamiento de las mesetas centrales. Del interior, sólo Madrid mostró una gran fuerza centrípeta, aunque capitales como Zaragoza, Valladolid y Sevilla arrojaron también saldos migratorios positivos. El resto, especialmente la mitad sur, perdió población en beneficio de las costas.

El éxodo rural culminó la gran transformación de la estructura social iniciada en torno a la Gran Guerra, cuando se produjo por vez primera un notable descenso de la población activa agraria mientras las ciudades doblaban su población. Lo que define a los años sesenta no es el comienzo del proceso de modernización, sino la reanudación de una historia paralizada por una voluntad política victoriosa al término de una guerra civil. Pues el triunfo de la rebelión y la represión que se abatió sobre las clases obrera y campesina quebraron todas las tendencias de cambio social alumbradas desde principios de siglo. Bajo la propaganda ruralizante del nuevo régimen, que pretendió aislar del «peligro rojo» a las ciudades rodeándolas de «cinturones verdes», y como efecto de su mayor devastación, la población activa del sector primario volvió a superar en 1940 el 50 por 100 de la total; en términos absolutos, cerca de 4,8 millones de activos. Esa cantidad todavía creció en otro medio millón, de modo que en el censo de 1950 aparecían 5,4 millones, el 48 por 100 de activos, una regresión de la que sólo se comenzó a salir con el fin de la política autárquica y los inicios de una tímida liberalización de los mercados a partir de 1951, cuando se reemprendió el éxodo rural iniciado en los primeros años de siglo. Sólo que ahora la continuidad del proceso y su coincidencia con un largo ciclo económico expansivo le dará una magnitud incomparable: entre 1951 y 1970 el saldo migratorio negativo de activos agrarios fue de tres millones de personas y la población activa agraria, que en 1960 ascendía a cerca de cinco millones se había reducido a tres al comenzar 1974.

Tan importante como este descenso de activos fue el cambio de la tradicional relación entre propietarios y jornaleros. Los dos millones de asalariados agrícolas que quedaban en 1960 se habían reducido a un millón en 1970 y siguieron descendiendo, con mayor lentitud pero con igual persistencia, durante toda esa década hasta situarse en torno a los 700.000 en 1980. La cornisa cantábrica, Cataluña y Baleares, León, Aragón y Castilla la Vieja tenían en 1970 un porcentaje de asalariados agrícolas que oscilaba entre el 2 y el 8 por 100 de toda su población activa; en Canarias y Levante, esa proporción se situaba en torno al 15 por 100 y sólo en Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía superaba el 20 por 100. En realidad, Andalucía, con medio millón de asalariados agrícolas, reunía ella sola algo más del 40 por 100 de esta clase social. Esta reducción de asalariados agrícolas fue el cambio más notable experimentado en la estructura social española a partir de 1955. Durante la larga dictadura de Franco, los asalariados del campo perdieron las expectativas que habían abrigado desde los años treinta del siglo pasado en un cambio de su condición por medio de reformas políticas o de una revolución social. El abandono de estas expectativas se añadió a la posibilidad de encontrar empleos estables en las ciudades españolas o en el extranjero y actuó como uno de los factores determinantes del éxodo rural. Por otra parte, quienes prefirieron quedarse como asalariados se adaptaron rápidamente a las nuevas condiciones de explotación agrícola y comenzaron a manejar máquinas en lugar de herramientas y a convertirse en trabajadores cualificados.

Distribución de la población activa agraria (miles)

Asalariados

1960-1964: 2.013,8

1970-1971: 1.090,2

Empleadores

1960-1964: 74,5

1970-1971: 40,2

Agricultores sin asalariados

1960-1964: 1.492,2

1970-1971: 1.292,0

Trabajadores independientes

1960-1964: 42,0

1970-1971: 32,7

Ayuda familiar

1960-1964: 1.180,3

1970-1971: 1.011,8

Fuente: Informe FOESSA, 1975, pp. 721, 723. Los años para «asalariados» son 1960 y 1970; para el resto de las categorías son 1964 y 1971.

El éxodo del proletariado rural se adelantó unos años al de los propietarios muy pobres. Muchos pequeños agricultores tuvieron que abandonar sus explotaciones marginales, incapaces de soportar una ruinosa competencia, mientras que los agricultores medios —que fueron quienes más arraigo mostraron durante el periodo del gran éxodo— adoptaban formas empresariales de gestión: el millón y medio de agricultores sin asalariados descendió a poco más de medio millón en los años ochenta, mientras los agricultores con asalariados se reducían a la mitad.

A medida que crecía el éxodo rural y se reducían los activos, los propietarios agrícolas sustituyeron mano de obra por mecanización y diversificación de cultivos con objeto de hacer más rentables sus explotaciones. De esta forma, el trasvase de una ilimitada mano de obra agraria a los sectores industriales o a los servicios exigió de la agricultura un creciente consumo de productos industriales. Por otra parte, el abandono de explotaciones marginales y las mejoras técnicas en la producción cambiaron los comportamientos de los agricultores, que del escaso empleo de tecnología y de una predominante orientación hacia mercados próximos pasaron a la utilización de máquinas y a la orientación hacia mercados no ya nacionales, sino europeos y mundiales. Se generalizó así un empresariado medio agrícola que durante los años treinta sólo se había asentado en algunas regiones de los litorales mediterráneo y cantábrico, más proclives a una agricultura y a una ganadería de exportación, pero que a partir de los sesenta dominó también el paisaje social de ambas Castillas y Andalucía.

La localización del proletariado rural y su concentración en zonas muy limitadas impidió que volvieran a producirse las tensiones generalizadas y las formas de lucha de clases en las zonas rurales propias de la República: uno de los sectores más conflictivos de los años treinta, con choques de extrema violencia entre jornaleros y fuerzas del orden, fue el agrario. En los años sesenta, sin embargo, y cuando las huelgas en los sectores industriales no hacían más que crecer, la agricultura mantuvo una llamativa ausencia en las estadísticas de los llamados conflictos colectivos. Por otra parte, el agricultor medio, mecanizado y orientado al mercado exterior, se sentía muy lejos del propietario amedrentado de los años treinta que buscaba refugio en partidos confesionales y solicitaba permiso de licencia de armas. Cuando el agricultor medio de los años sesenta miraba al Estado no era para que reprimiera a los jornaleros, sino en demanda de créditos o en defensa de sus redes de comercialización. Por último, en el marco de un creciente proceso de urbanización e industrialización, la clase terrateniente que había sido el principal soporte social de la Dictadura perdió poder político y prestigio social. Sin duda, la relación entre las elites terratenientes, con estrechos vínculos con las financieras, y los centros de poder político se mantuvo durante los años de la gran transformación social, pero su peso relativo en el conjunto de la sociedad se debilitó ante la proliferación de un empresariado agrícola medio y la irrupción de nuevas elites vinculadas a la gran industria.

Pues, mientras la sociedad agraria se transformaba, la urbana experimentó en los años sesenta cambios de no menor transcendencia, que recuerdan, con diferencias, lo sucedido en los años veinte. Ambos vinieron precedidos por un periodo de crecimiento industrial, muy vivo en la década de 1950, más moderado en la de 1910. Lógicamente, un crecimiento industrial tan rápido y sostenido durante veinticinco años produjo cambios notables y permanentes en la diversificación y distribución de la nueva sociedad industrial: si en el primer tercio de siglo, España contaba con islotes de centros fabriles mayoritariamente dedicados a industrias tradicionales, a partir de 1960 se formó una sociedad industrial con producciones muy diversificadas. Con la apertura al exterior, la integración progresiva en los mercados internacionales, los flujos de capital, el turismo y las transferencias de divisas enviadas por los emigrantes, estos años presenciaron la pérdida de peso relativo de centros mineros y de productores de bienes de consumo inmediato mientras los productores de bienes intermedios y de inversión pasaron a ser los dominantes. Siderurgia, metalurgia, cemento, química, automóviles, construcción naval y fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos se situaron a la cabeza de la industria que, por otra parte, rompió los límites geográficos tradicionales impuestos por la supremacía del sector textil y de la industria alimenticia. Nuevos centros industriales surgieron en ciudades como Zaragoza, Valladolid, Valencia o Sevilla. Por vez primera, la industrialización se extendió por toda la geografía española de manera más homogénea que en el pasado y la población activa industrial y de servicios superó con creces a la dedicada al sector primario:

Población activa por sectores de actividad

Agricultura y pesca

1940: 50,5

1950: 47,6

1960: 36,6

1970: 22,8

Industrias extractivas

1940: 1,4

1950: 1,7

1960: 1,7

1970: 1,1

Industrias fabriles

1940: 15,6

1950: 18,2

1960: 21,2

1970: 26,0

Construcción

1940: 5,2

1950: 6,6

1960: 6,7

1970: 10,5

Electricidad, agua, gas

1940: —

1950: —

1960: 0,6

1970: 0,8

Transportes y comunicaciones

1940: 3,9

1950: 4,1

1960: 4,7

1970: 5,7

Comercio

1940: 7,3

1950: 9,3

1960: 8,4

1970: 15,6

Otros servicios

1940: 16,1

1950: 12,5

1960: 15,3

1970: 16,1

Actividades mal especificadas

1940: —

1950: —

1960: 4,8

1970: 1,4

Total (miles)

1940: 8.408

1950: 8.958

1960: 10.375

1970: 11.595

Fuente: A. Carreras (coord.), Estadísticas Históricas de España, Siglos XIX y XX, Madrid, 1989, p. 79. (Por deficiencias del registro censal no incluye población activa femenina del sector agrario).

Una industrialización tan generalizada tenía que ir acompañada de un cambio en la estructura de clases urbana. Si en los campos descendió el número de asalariados y de propietarios pobres, en las zonas urbanas se incrementó el de obreros de la industria y los servicios, con un ritmo acelerado entre 1950 y 1964, más moderado después; de 2,6 millones pasaron en veinte años a 4,2. En un primer momento, los jornaleros del campo fueron a engrosar las filas del proletariado no cualificado de las ciudades. Ocurría en esos primeros años de éxodo rural algo similar al trasvase de mano de obra que tuvo lugar en el periodo anterior a la República: en su gran mayoría, los emigrantes pasaron entonces de jornaleros del campo a jornaleros de la construcción o a peonaje no cualificado de la industria. Pero en el caso actual, la duración más larga y el ritmo más sostenido del crecimiento económico permitió que quienes comenzaron engrosando las filas del proletariado no cualificado pasaran por sí mismos —y más intensamente, sus hijos— a incrementar las de los trabajadores cualificados de las industrias, que en 1970 representaban cerca del 75 por 100.

Esa clase obrera habrá pasado, pues, por dos fases diferentes: la primera, hasta principios de los años sesenta, fue la de la marcha a las ciudades en condiciones miserables y con la necesidad perentoria de encontrar trabajo; la segunda, desde 1960, fue la de su especialización y el asentamiento definitivo en bloques de viviendas construidas en los extrarradios. Las ciudades sufrieron, además del deterioro de sus centros históricos, víctimas de una especulación sin trabas, un rápido proceso de segmentación espacial y social al elevarse en sus márgenes barriadas enteras habitadas por esta nueva clase obrera. Era la continuación a gran escala del proceso iniciado en los años diez y veinte con el caótico crecimiento de los extrarradios —forma de segmentación de la vieja ciudad protoindustrial paralizada por la crisis económica de 1929—, que culminaba ahora con los planes de vivienda lanzados por el nuevo Ministerio al que había ido a parar Arrese, ansioso de mostrar la vigencia de la revolución pendiente y poner de paso algunas chinas en el zapato de la estabilización.

La primera clase obrera incorporada de por vida a la ciudad y a la gran industria vio la luz en España desde principios de los años sesenta; no es que antes no existiera, sino que no había una clase obrera industrial de ámbito nacional, presente en todas las capitales, trabajando en fábricas de tamaño medio y grande, de más de cien obreros. Los bajos salarios y la completa subordinación política en el sindicato oficial, que definieron la primera etapa del éxodo a la ciudad, fue el precio pagado por la seguridad de un puesto de trabajo recién adquirido que les permitió pasar de la chabola y del subarriendo a un piso de su propiedad. Pero a partir de los primeros años sesenta, y tras sufrir el deterioro de sus salarios reales y los rigores del plan de estabilización de 1959, los trabajadores comenzaron a utilizar la nueva legislación sobre convenios colectivos para negociar con los empresarios su contratos de trabajo. La posibilidad de esa negociación provocó un cambio en su cultura política y en su práctica sindical, favorecido por el hecho de la integración definitiva en barrios o ciudades obreras y por la incorporación a empresas industriales. De la subordinación y la pasividad, la clase obrera industrial pasó a las reivindicaciones económicas y a la confrontación para conseguirlas. En una prensa sometida a la censura que la ley de 1966 hizo más insidiosa, comenzaron a menudear noticias sobre los «conflictos colectivos», resultado de rupturas en la negociación de los «convenios colectivos». El recién hallado eufemismo no engañaba a nadie: la clase obrera volvía a recurrir a las huelgas como medio de presión para obtener convenios en términos más aceptables.

Con algunas novedades: en los años treinta, las huelgas más duras y generales tuvieron lugar en la construcción y en la agricultura, ahora el primer puesto corresponderá al metal. No se registraron huelgas entre jornaleros del campo y hasta 1969 no comenzaron en la construcción, que sólo en 1970 alcanzó un elevado porcentaje en el conjunto de las huelgas de aquel año. El único sector que mantuvo niveles de conflictividad semejantes a los años treinta fue el minero, pero la primacía pasó desde muy pronto a los sectores que habían experimentado mayor crecimiento con el desarrollo industrial y su concentración en zonas homogéneas en las afueras de las ciudades.

Evolución de los conflictos laborales por ramas de actividad

Metal

1963: 31,9

1964: 30,1

1965: 38,8

1966: 43,6

1967: 48,6

1968: 39,0

1969: 59,1

1970: 36,9

1971: 45,4

1972: 42,1

Minería

1963: 25,6

1964: 23,9

1965: 27,1

1966: 21,8

1967: 25,7

1968: 41,3

1969: 19,7

1970: 7,3

1971: 16,6

1972: 8,0

Textil

1963: 7,9

1964: 5,7

1965: 7,7

1966: 4,5

1967: 7,0

1968: 2,6

1969: —

1970: 6,1

1971: 6,3

1972: 6,9

Químicas

1963: 4,3

1964: 6,4

1965: 5,6

1966: 7,8

1967: 4,1

1968: 2,0

1969: 4,3

1970: —

1971: —

1972: —

Construcción

1963: —

1964: —

1965: —

1966: —

1967: —

1968: —

1969: 4,1

1970: 30,5

1971: 12,8

1972: 9,6

N

1963: (777)

1964: (484)

1965: (236)

1966: (179)

1967: (567)

1968: (351)

1969: (491)

1970: (1.595)

1971: (615)

1972: (853)

Fuente: Informe FOESSA, 1975.

Además, como tendencia dominante, el tamaño de las empresas en que se producían las huelgas superaba los 100 trabajadores; en algunos años, más del 50 por 100 de todas las huelgas tuvieron lugar en empresas de más de 500. Era, pues, contrariamente a lo que había sucedido en la República, un proletariado fabril el que más recurría a la declaración del conflicto colectivo, tanto en las capitales tradicionalmente conflictivas, como Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias, como en los centros industriales en expansión de Sevilla, Pamplona o Ferrol. Y lo hacía adoptando diversas formas de acción y por motivos diferentes. Respecto a lo primero, el Ministerio de Trabajo catalogaba desde el paro total a la simple protesta o tensión. A medida que van pasando los años será el paro total —la huelga pura y simple— la forma de acción colectiva que prevalece, hasta el punto de que en los 853 conflictos colectivos contabilizados en 1972 se perdieron 4,7 millones de jornadas. Los motivos eran diferentes según los casos: además de la discusión del convenio y de la reclamación de mejoras salariales, que sumaban siempre más del 40 por 100 de las causas, los delegados del Ministerio señalaban una persistente motivación socio-política cuyo contenido específico se guardaban de aclarar, pues la huelga era todavía un delito de sedición, estaba considerada como un problema de orden público y la policía actuaba contundentemente para reprimirla.

Las huelgas fueron la expresión del renacer del movimiento obrero que siguió a la nueva Ley de Convenios Colectivos de 1958 y a las crecientes expectativas levantadas por la nueva política económica y las prometidas «aperturas» en ámbitos como la negociación de convenios, la representación en los organismos sindicales o la libertad de expresión y hasta de asociación. La discusión de los términos de los contratos colectivos favoreció la convocatoria de asambleas de trabajadores en los locales de la Organización Sindical, mientras la elección de jurados de empresa y de enlaces sindicales para representar a los trabajadores impulsó nuevas organizaciones sindicales clandestinas en las que se encontraron obreros católicos, socialistas, comunistas. De todas, la que se habría de revelar más potente fue Comisiones Obreras, con su política de incorporar representantes obreros al sindicato oficial. Agrupando a trabajadores de diferentes tendencias ideológicas, desde miembros de las organizaciones especializadas de Acción Católica hasta militantes del clandestino PCE, Comisiones Obreras desempeñó un importante papel en las grandes huelgas de 1962 en Asturias, Cataluña y País Vasco, donde gozaban también de arraigo sindicatos tradicionales como UGT y STV. A pesar de la dura represión de sus dirigentes sindicales, de los procesos ante el Tribunal de Orden Público, que inició sus actuaciones en marzo de 1964, y hasta de la declaración del estado de excepción en 1969, Comisiones Obreras logró construir una organización de ámbito nacional, con fuerte arraigo en Madrid, Barcelona o Sevilla, y una desarrollada estructura de sindicatos por ramas de actividad.

Nueva clase obrera, sindicatos, huelgas: parecería como si se reprodujeran también las condiciones del conflicto social de los tiempos de la República. Pero ya algunos analistas contemporáneos de estos movimientos de huelga lamentaban lo que definían como bajo nivel de conciencia de clase y la importancia de los intereses económicos en el despertar de la oposición obrera: el principal factor desencadenante de las huelgas era la obtención de mejoras salariales. En verdad, si fue notable el incremento en el número de huelgas, de huelguistas y de horas de trabajo perdidas, nunca tuvieron éxito las convocatorias a la huelga general política. Pero lo que escapó a los desalentados observadores de la época fue que al defender reivindicaciones de carácter laboral en el marco de una dictadura, los obreros acumularon una gran experiencia en la negociación de contratos de trabajo que conducía al desarrollo de una cultura política democrática, pues era condición de una defensa eficaz de sus intereses laborales disponer de sindicatos libres. De modo que la solidaridad con otros trabajadores en huelga, la libertad sindical y la democracia política comenzaron a incorporarse a las plataformas reivindicativas presentadas en la mesa de negociación: se iba a la huelga por motivos económicos pero al defender esos intereses se reivindicaba la libertad de organizarse para defenderlos o se mostraba solidaridad con quienes se encontraban ya en huelga para conquistarlos. Esa simple realidad llenó de otro contenido político la reivindicación obrera: el sindicato dejó de percibirse como agente de una revolución social pendiente y comenzó a entenderse como instrumento para la conquista de un marco de libertades democráticas.

Paralela a la transformación de la clase obrera, se produjo un similar proceso de cambio en la composición de las clases medias. Entre 1964 y 1970, años de desarrollo económico acelerado, los dos sectores que más aumentaron en términos relativos fueron los de cuadros superiores y los vendedores, respectivamente un 86,2 y un 53,5 por 100. Les siguieron, también con un incremento notable aunque algo más modesto, los empleados de oficina y los técnicos medios, con un 36,2 y un 33,6 por 100, y con cerca del 20 por 100 los directores de empresa. Por el contrario, los empresarios sin asalariados perdieron el 8,9 por 100 de sus efectivos y los trabajadores independientes nada menos que el 38,2. Fue muy notable también el descenso de empleadores de la industria, el 29,5 por 100, con una gran sangría en los sectores tradicionales de la alimentación, la confección, la madera y la pequeña metalurgia, sectores en los que eran muy numerosos los pequeños patronos. El sector servicios se comportó, sin embargo, de distinta manera: los empresarios sin asalariados y los trabajadores independientes aumentaron de forma significativa en el comercio y en los transportes. Este crecimiento fue particularmente notable en el caso de las mujeres, cuya presencia en el comercio como «empresarios sin asalariados» aumentó en un 61 por 100 y en el resto de los servicios en un 40 por 100.

De modo que en la composición de las clases medias desaparecieron pequeños patronos de la industria y empresarios sin asalariados mientras se incrementaban los técnicos medios y el conjunto de actividades relacionadas con el mercado; descendieron los grupos de ocupación o de trabajo propios de formas protocapitalistas y aumentaron los vinculados a la gran empresa fabril o de servicios, con la multiplicación también de pequeños empresarios de este sector. Se produjo así una importante novedad en la relación de la mayoría de las clases medias con la empresa y con los empresarios. Tradicionalmente, esas clases se habían desarrollado de espaldas a la burguesía industrial y en muchos casos habían recibido con hostilidad la implantación de empresas capitalistas. En el primer tercio de siglo, un numeroso contingente de las clases medias buscaba su promoción en las burocracias de Estado o en el ejercicio liberal de una profesión protegida por su órgano corporativo o colegio profesional. Por su parte, el numerosísimo sector de artesanos y pequeños y medianos patronos consideraban al gran capital, al que tildaban de usurero cuando no de judío o extranjero, como su peor enemigo y causa de todos sus males. Más que por el hecho de no ser numerosas, lo que alejaba a estas viejas clases medias de la integración en una economía capitalista de mercado era su desvinculación con empresas fabriles o de servicios con alta concentración de capital, gran dimensión y producción para un mercado amplio. Las nuevas clases medias que crecieron en los años sesenta estaban intímamente vinculadas, sin embargo, a la expansión capitalista. La gran empresa se convirtió en su habitual lugar de trabajo: los profesionales pasaron a ser directores, gestores, ejecutivos o empleados.

Si la clase obrera aprendió con la acción sindical el lenguaje y la práctica de la negociación, la clase media incorporada a diversas formas de empresa capitalista no recuperó el lenguaje de revolución popular contra la Dictadura hablado por los profesionales a finales de los años veinte: República y socialismo como proyectos o ideales políticos dejaron paso a una reivindicación de la democracia. No que se reanudara un proceso de redemocratización, impulsado por la herencia de una cultura política que hubiera sido brutalmente reprimida por la Dictadura, pero que habría pervivido agazapada en las familias o en las pequeñas comunidades; sino que el lenguaje de la revolución popular del primer tercio de siglo, liquidado con el fin de la guerra, fue sustituido por el nuevo lenguaje de democracia que definió el clima moral y político de los años sesenta. Más que recuperar una tradición democrática derrotada en la Guerra Civil, lo que aconteció fue una paulatina incorporación de valores democráticos en una cultura política que tenía el orden y la paz como valores prioritarios, según se deduce de los estudios sobre actitudes políticas realizados en la época. Cuando el Instituto de Opinión Pública preguntaba qué sistema político era el preferido, si uno en el que las decisiones se tomaran por «un grupo de personas elegidas por los ciudadanos» u otro en que «una sola persona decida por nosotros», la mayoría de la gente, un 54 por 100, no sabía ni contestaba en 1966; diez años después, sin embargo, los no sabe/no contesta se habían reducido a 14 por 100 y algo más de 3 de cada 4 individuos optaban por la forma democrática de gobierno. Esos porcentajes coincidieron casi exactamente con la evolución de las actitudes ante el ingreso de España en la CEE: si en 1966, un 60 por 100 no respondía a la pregunta y un 33 se declaraba a favor, en 1973, el 74 por 100 se manifestaba favorable y sólo un 23 por 100 no contestaba: en menos de diez años, los españoles habían salido del encogimiento de hombros y, al expresar sus preferencias, se inclinaban por la democracia y Europa.

Lo que estas respuestas indican es que los años de desarrollo tuvieron éxito en uno de sus principales objetivos: despolitizar a la mayoría. Sin duda, aproximadamente un tercio de la población, sobre todo entre menores de treinta y cinco años, habitantes de zonas urbanas y de más alto nivel de educación, con actitudes más tolerantes, mostraban en las encuestas su mayor preferencia por el pluralismo y la democracia y no veían otro futuro para España que ser como el presente de Europa. Pero si se exceptúan los estudiantes universitarios, que convirtieron la Universidad desde 1956 en base de una permanente oposición al régimen —pero de la que únicamente fueron expulsados en 1965 tres catedráticos, Aranguren, Tierno y García Calvo— la ascendente clase media española no se manifestó contra la Dictadura, como sí lo había hecho en 1930 contra la Monarquía. La represión no bajó nunca la guardia, ciertamente, pero si los estudios sociológicos no engañan, podría aventurarse una razón complementaria: la mayoría situó, de forma consistente aunque ligeramente decreciente, la paz y el orden como valores políticos prioritarios, por encima de la libertad y la democracia; se era demócrata siempre que serlo no implicara un desorden generalizado. Si se toman los valores de justicia, libertad y democracia como típicamente liberales, y los de estabilidad, orden y paz como conservadores, resultaría que los españoles fueron impregnándose paulatinamente de valores liberales —antes de justicia que de democracia o libertad— sobre un fondo de consistente conservadurismo. La emergencia de valores democráticos se produjo en el marco de una larga dictadura, resultado de una guerra civil, y en medio de la incertidumbre creada por la emigración masiva de aquellos años, lo que impregnó el proceso de incorporación de los nuevos valores políticos de una acusada predilección por la paz y el orden.

Sobre ese fondo de conformismo, las expectativas de un pronto derrumbe de la Dictadura alentadas tras la crisis de 1956 se desvanecieron en medio de una actividad de oposición que no excedía a pequeños grupos de todas las tendencias posibles. Los contactos entre los grupos socialistas, liberales, monárquicos, democratacristianos y nacionalistas vascos y catalanes, con la pertinaz exclusión de los comunistas, y con el intento de establecer vínculos con la oposición del exterior se multiplicaron sin resultados tangibles. Pues mientras en el interior los grupos de Tierno, Ridruejo y Satrústegui acordaban un esquema de proceso de transición a la democracia tras una restauración de la monarquía que sería luego legitimada por medio de una consulta al país, los grupos de la oposición no comunista del exilio ratificaban en París, en febrero de 1957, una propuesta de transición sin signo institucional definido, con un gobierno provisional ni monárquico ni republicano, que convocaría un plebiscito sobre la forma de Estado. Izquierda y Unión Republicana, Partido Federal, PNV, ERC y los sindicatos UGT y STV firmaron este acuerdo con la esperanza de que, excluidos los comunistas, resultaría presentable ante las cancillerías de Estados Unidos y de los Estados democráticos de Europa, de los que todavía esperaban el empujón final para acabar con la Dictadura.

La nueva política hacia Europa emprendida por Castiella, con la multiplicación de intercambios comerciales favorecidos por el plan de estabilización y la normalización de las relaciones diplomáticas, aceleró los contactos entre los grupos de oposición del interior y del exilio para tratar de impedir la plena incorporación de España en las instituciones comunitarias y de encontrar un terreno común que permitiera tranquilizar a las potencias democráticas con una fórmula de transición a la democracia sin riesgo para el orden. En 1959, Izquierda Demócratacristiana, una rama desgajada del partido de Gil Robles, había firmado con los grupos del exilio un acuerdo del que salió Unión de Fuerzas Democráticas, primer organismo en que se encontraron partidos del exilio y del interior. Democracia, gobierno provisional, accidentalismo en la forma de Estado, autonomía de sus pueblos, paz civil, rechazo de coalición con los comunistas, solidaridad con «los pueblos libres del mundo» y liquidación «con la mayor serenidad y energía» de las responsabilidades contraídas por la Dictadura eran las bases fundamentales de la política que UFD prometía desarrollar. El avance más notable en esa dirección habría de venir del Movimiento Europeo, que en Múnich y con motivo de su IV Congreso, logró reunir en junio de 1962 por vez primera a una nutrida delegación de grupos políticos de la oposición democrática del interior con representantes de los partidos socialista, nacionalistas y republicanos del exilio. En la misma tarde del 5 de junio, una comisión formada por cinco representantes del interior y otros cinco del exilio alcanzó un acuerdo sobre un texto común, aprobado por unanimidad en la sesión plenaria del día siguiente, presidida por Salvador de Madariaga.

Un acuerdo tan amplio entre disidentes del interior y opositores del exilio fue posible gracias al limitado objetivo de la reunión y al articulado del texto aprobado. Al cabo, lo que se pretendía no era formar una coalición de partidos ni acordar un programa de acción para derrocar la Dictadura, al estilo de lo ocurrido en agosto de 1930 en San Sebastián, sino, ante todo, reunirse y mostrar al movimiento europeo que las divisiones del pasado estaban superadas, y luego afirmar como principios de convivencia política democrática la exigencia de instituciones representativas, la garantía de los derechos de la persona, el reconocimiento de la personalidad de las comunidades naturales, el ejercicio de las libertades sindicales y la posibilidad de organizar partidos políticos. Los reunidos evitaron debatir lo mucho que les separaba y decidieron plasmar en el texto lo que les unía. «La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados» fue la hábil fórmula en la que todos estuvieron de acuerdo porque evitaba hablar de república o monarquía, de la misma manera que el último punto del pacto de San Juan de Luz al exigir un «gobierno representativo» permitió en 1948 el acuerdo entre monárquicos y socialistas.

La reunión de Múnich fue, en efecto, un paso en el camino abierto por los contactos entre la oposición de izquierda no comunista y el grupo de monárquicos no colaboracionistas desde 1945. Un paso sustancial, desde luego, en el acercamiento de la oposiciones monárquica, liberal y democratacristiana del interior y la republicana, nacionalista y socialista del exilio. Si en 1948 los interlocutores fueron la ANFD y la CFM, ahora el abanico se había ampliado hasta incluir a toda la oposición alegal o semilegal del interior y a toda la oposición moderada del exilio; por eso, como dijo Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE, resultó un éxito indiscutible haber llegado a un texto único. Pero un éxito insuficiente para proclamar ese acontecimiento como inicio de la transición a la democracia: los excluidos del proceso eran exactamente los mismos que en 1948, los «totalitarios», concepto que valía igual para Falange que para el PC; por supuesto, la exclusión de los totalitarios implicaba que a los políticos procedentes del régimen y a los dirigentes comunistas no les estaría reservado ningún papel en el proceso de la futura transición ni en la institucionalización de un nuevo régimen democrático.

Además, y como antes Gil Robles y Prieto, los protagonistas del coloquio de Múnich daban por supuesto que Franco sería sustituido por don Juan con el auxilio de los militares pero sin necesidad de un plebiscito previo. En este punto, en 1962 no se dio ni un paso adelante respecto a 1948: se soslayó la cuestión del signo institucional del régimen a favor del sobrentendido de que don Juan se asomaría algún día al Palacio de Oriente sin necesidad de plebiscito. Múnich fue, por tanto, una repetición ampliada del marco en que se pensaba la transición desde el triunfo de los aliados en la Guerra Mundial: acuerdo de la oposición moderada del interior y del exilio nucleada en torno a la democraciacristiana y al PSOE; ofrecimiento de serias garantías a las potencias democráticas para una transición ordenada, basada en la firme decisión de superar las divisiones de la Guerra Civil; resolución sobre la instauración de instituciones representativas y democráticas que obviaba la definición de la forma de gobierno; supuesto implícito monárquico, considerado como mejor garantía de orden para el ejército, la Iglesia y la alta burguesía; proyecto de instaurar la democracia encarando los problemas del después de Franco, sin decir nada de cómo derrocarlo; exclusión de comunistas y falangistas de cualquier intervención en el proceso de transición. Para que nada faltase, tampoco esta vez faltó la desautorización de don Juan, que publicó una nota emitida desde «alta mar» en la que afirmaba su ignorancia total de la reunión y daba por expulsado de su Consejo a cualquiera de sus miembros que hubiera asistido al coloquio.

A pesar de la iracundia que levantó en el gobierno, y de los insultos, multas y destierros que los nuevos ministros saludados como aperturistas —Manuel Fraga entró en el gobierno por esos días— impusieron a los reunidos, lo acordado entre disidentes del interior y opositores del exterior tropezó con los mismos límites que el pacto de San Juan de Luz de 1948: ni entonces ni ahora hubo ocasión para pasar a lo que se llamaba segunda fase. El único resultado político duradero de la reunión habría consistido en consolidar la UFD y ampliarla hasta abarcar a todos los partidos de la oposición. Esa política exigía, por una parte, dotar a UFD de un organismo eficaz que dirigiera la movilización contra la Dictadura y, por otra, y como proponía la comisión ejecutiva del PSOE, ampliarla «a todas la fuerzas democráticas antifranquistas que, más o menos estructuradas, ya existen en España». Por lo que respecta a lo primero, pasados los años, los socialistas del exilio tuvieron que rendirse a la evidencia de que UFD había defraudado todas las esperanzas y, respecto a lo segundo, la década de los sesenta llegará a su fin con Gil Robles y Ridruejo deshojando todavía la margarita de su ingreso en UFD. En tales circunstancias, fue imposible convertir en política formal lo que informalmente estaba ocurriendo con motivo de la reciente movilización obrera: que los diversos grupos de la oposición comenzaban a encontrarse en «mesas democráticas» con los comunistas, los excluidos de Múnich.

Pues el problema de la oposición política de los años sesenta, si se exceptúa a los comunistas, que contaban con un sindicato con fuerte arraigo en la nueva clase obrera y que abrieron sus contactos hasta los grupos católicos en una adaptación a España de la política francesa de mano tendida, fue que nunca pasó de estar formada por grupos constituidos por unas decenas de amigos en torno a unas personalidades políticas. En la mayoría de los casos se trataba de grupos desgajados de algún tronco de cuya savia se seguía alimentando el régimen y que debido al mismo hecho de la disidencia no lograron nunca constituir partidos políticos de medianas dimensiones: había más monárquicos colaborando con el régimen que peregrinando a Estoril; había más democratacristianos en los Ministerios que en los partidos de Giménez Fernández, Gil Robles y Ruiz Giménez juntos; había más falangistas, disidentes o no, en el Movimiento que entre los seguidores de Ridruejo. Por otra parte, el esquema mismo de la prevista transición suponía el previo derrocamiento de Franco pero nunca constituyó un programa de acción para derrocarlo: «no se planteaba la caída del franquismo sino más bien su sucesión», decía con razón Santiago Carrillo. En fin, la clase media, fuese por el miedo a la represión que le atribuían los más activos, fuese porque tenía a su vista una expansión sin precedente del mercado y del consumo o por la mezcla de conformismo y adaptación que la caracterizó desde mediados de los años cincuenta, no se sumó a ninguno de los grupos de oposición.

La oposición al régimen fue incesante entre los estudiantes universitarios, que mantuvieron sin tregua sus movilizaciones y convirtieron la Universidad en territorio patrullado y cercado por la policía. El estado de excepción decretado en enero de 1969 fue la respuesta de la Dictadura a una situación que desde 1956 nunca pudo tratar sino como problema de orden público y que desde 1966, con la creación de los ilegales sindicatos democráticos de estudiantes, había renunciado a tratar con medidas políticas. Los sindicatos obreros clandestinos —USO, UGT, CNT, STV, CCOO— tampoco redujeron la intensidad y frecuencia de las huelgas hasta los primeros años setenta, con varios trabajadores muertos en graves enfrentamientos con la policía y la detención de sus dirigentes. Desde 1959, en Euskadi, la Dictadura hubo de hacer frente a la nueva estrategia de oposición desarrollada por ETA que, a partir de 1968, inició la serie de atentados con la muerte de dos policías y que produciría, a propósito del juicio de Burgos y las condenas a muerte dictadas en 1970, una de las mayores conmociones sufridas por el régimen en demanda de los indultos finalmente concedidos. En Cataluña, la oposición nacionalista adquirió más amplia resonancia con la expulsión del abad Escarré, de Montserrat, y la marcha contra la tortura de más de un centenar de sacerdotes apaleados por la policía en 1966. La jerarquía de la Iglesia española, asomada por primera vez al mundo de manera colectiva con ocasión del Concilio Vaticano II dejó de ser el firme soporte sobre el que se había edificado la Dictadura desde sus primeros años, y las ramas especializadas de Acción Católica, en lugar de vivero de políticos al servicio del régimen, se convirtieron en fábricas de oposición. Todo esto, que fue muy amplio y persistente, si extendió por la sociedad española una amplia deslegitimación del régimen y la convicción de que las cosas tenían que cambiar, no se plasmó, sin embargo, en una oposición capaz de organizar una acción decisiva que pusiera de manifiesto la debilidad de la Dictadura, como había sido el insistente objetivo del PCE al convocar huelgas generales pacíficas o políticas. El atomizado conjunto de democratacristianos, liberales, monárquicos, falangistas disidentes, socialistas no pudo promover en vida de Franco una movilización política entre las clases medias de una amplitud que recordara lo sucedido en 1930. La pregunta que la mayoría de la sociedad se formulaba no era qué hacer contra Franco, sino, más bien: después de Franco, qué.

Crisis de régimen

En el interior de la clase política, la década de 1960 estuvo atravesada por un conflicto permanente entre un sector del Movimiento, que pretendía asegurar la continuidad del régimen ampliando su base social y la participación política por medio de una Ley de Asociaciones, y los ministros del Opus Dei que, al reforzar la administración pública, se habían propuesto asegurar una solución monárquica en vida de Franco manteniendo la estructura autoritaria del sistema político. Desde principios de 1969, la tensión entre estas dos líneas políticas y la creciente parálisis del gobierno ante los desafíos que planteaba una oposición más activa entre la clase obrera, los estudiantes universitarios y un sector importante del clero católico, se hizo cada vez más evidente. El año comenzó bajo el estado de excepción decretado tras la muerte del estudiante Enrique Ruano a manos de la policía, y acabó en medio del peor escándalo del régimen, el asunto MATESA, un fraude a la Hacienda por exportación ficticia, en que se vieron implicados empresarios y ministros vinculados al Opus Dei. Intentando modificar a su favor la relación de fuerza con los tecnócratas, Manuel Fraga y José Solís dieron a este escándalo una publicidad sin precedente en los anales del régimen.

Pero si con mantener vivo el escándalo lo que pretendían Fraga y Solís era salir gananciosos de la inminente crisis de gobierno, el tiro les salió literalmente por la culata. Carrero Blanco también quería la crisis, pero por motivos no ya distintos sino contrarios a los acariciados por Fraga y Solís: deshacerse de ellos. En un informe presentado a Franco, Carrero culpaba al primero de los avances en la libertad de prensa y la relajación de la censura y de la moral pública, y al segundo de pretender recuperar el control de los sindicatos y crear unas asociaciones de acción política que incrementarían el poder del Movimiento. Como, por otra parte, creía que Castiella había puesto en peligro las relaciones con Washington y Londres por sus exigencias desmesuradas para la renovación de los acuerdos de 1953 y por el contencioso sobre Gibraltar y que había echado a perder las relaciones con la Santa Sede por las distancias con el régimen tomadas por Pablo VI tras el Concilio Vaticano II, propuso a Franco un reajuste ministerial que devolviera al gobierno fortaleza y disciplina, acabando con sus divisiones internas. Con muy pocas excepciones, enre las que se contaba el nuevo secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, el gobierno salido de la crisis estaba formado por ministros procedentes del entorno de López Rodó; de ahí que fuera bautizado como gobierno monocolor.

Carrero tuvo que rendirse muy pronto a la evidencia de que un gobierno sin fisuras sólo podría serlo a costa de abrir profundas brechas en el régimen. En definitiva, el gobierno monocolor vino a demostrar la razón que había asistido a Franco cuando en los años cuarenta, ante el triunfo aliado, desechó las recomendaciones del mismo Carrero para desprenderse del elemento fascista. La Dictadura, para subsistir, necesitaba el concurso de todos los fundadores: el sistema de equilibros y compensaciones hasta ese momento vigente y el hecho de que siempre hubiera ministros de todas las facciones habían impedido que las sordas rencillas por el poder se manifestaran a las claras. El primer enfrentamiento de carácter faccional solventado ante la opinión pública al margen del poder arbitral de Franco había sido el asunto MATESA. Pero la exclusión del gobierno de grupos poderosos como los católicos de ACNP y los azules del Movimiento acabó suscitando el efecto contrario al deseado. El Movimiento no sólo no desapareció, sino que, gracias a su control de las Cortes presididas por el falangista Alejandro Rodríguez de Valcárcel, se aprestó a hostigar al gobierno y a recuperar las posiciones perdidas, mientras otras personalidades del régimen, entre ellas Silva Muñoz, que dimitió como ministro de Obras Públicas en 1970, adoptaban políticas de semioposición o pretendían establecer bases orgánicas con la mirada puesta en el futuro. Diversos grupos más o menos emparentados con la democracia cristiana, nuevas generaciones del Movimiento o personalidades independientes comenzaron a aparecer en público, en conferencias, banquetes u homenajes, exponiendo planes de reforma que garantizaran una evolución ordenada y legal del régimen, al abrigo de posibles convulsiones. Surgieron diversas iniciativas y propuestas, como la de Manuel Fraga, con libros y conferencias sobre el centrismo y la fundación de un sucedáneo de asociación política amparada en la figura de sociedad anónima, el Grupo de Orientación y Documentación —GODSA—, o el grupo Tácito, alentado por Alfonso Osorio y la joven generación de la siempre viva ACNP, que comenzó a publicar semanalmente un artículo en el diario Ya, con el propósito de diseñar el tránsito a una democracia limitada sin quebrantos de la legalidad ni del orden.

Al malestar de las facciones del régimen excluidas del nuevo reparto de poder se añadió el mayor activismo de las diversas oposiciones antisistema: obrera, universitaria y nacionalista. En Burgos, la celebración de un consejo de guerra contra miembros de ETA colocó al gobierno al borde de la crisis. La actividad del Tribunal de Orden Público se multiplicó desde 1969, pasando de unos 375 a más de 900 el número de procesados durante los primeros años setenta. La relativa permisividad de las organizaciones obreras clandestinas, que venían actuando desde los órganos de representación de la Organización Sindical, fue sustituida por un recrudecimiento de la represión, mientras las promesas de liberalización de la prensa quedaban desmentidas por un mayor control de la información y el cierre del diario Madrid. Todos los proyectos de apertura quedaron congelados: el proyecto de ley de asociaciones elaborado por el nuevo secretario general del Movimiento, Fernández Miranda, más modesto del que había presentado José Solís, no llegó a ser debatido en el Consejo Nacional del Movimiento; fue retirado por su promotor en un alarde de galimatías dialéctico: no se dejaría atrapar, dijo, en la trampa saducea de unas asociaciones a las que era imposible responder sí o no, porque ocultaban otra cosa, los nefastos partidos políticos. En tales circunstancias, el gobierno tampoco pudo evitar el desgaste sufrido por su enfrentamiento con la Iglesia. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, López Bravo, se apresuró a cerrar el contencioso con Estados Unidos, firmando el nuevo convenio de amistad y cooperación, y a tranquilizar a los británicos respecto a Gibraltar, pero la escasa cortesía mostrada en sus relaciones con el papa Pablo VI agudizó la crisis abierta con la Iglesia Católica y su inevitable repercusión interna de alejar del régimen a un sector creciente del episcopado.

Carrero debió de comprender el error de prescindir de las que seguían siendo poderosas facciones del régimen e intentó recuperarlas al formar un nuevo gobierno, por vez primera como presidente, en junio de 1973. Por fin decidido a separar la jefatura del Estado de la del gobierno, Franco dejó a Carrero la iniciativa en la designación de los ministros. El nuevo gobierno, además de limitar el número de ministros adscritos o vinculados al Opus Dei, incorporaba a burócratas de las generaciones más jóvenes de la ACNP y del Movimiento, a técnicos independientes y, en Gobernación, a Carlos Arias, designado por el mismo Franco tal vez a instancias de su entorno familiar. Pero la desaparición del presidente, tras el atentado de ETA que le costó la vida en diciembre, dinamitó el proyecto continuista preparado por López Rodó y formalizado en la Ley Orgánica del Estado que concentraba en el futuro rey los supremos poderes político y administrativo y le otorgaba facultades colegislativas. Para explorar las posibilidades de este proyecto se habría requerido la presencia junto al futuro rey de una personalidad de la Dictadura con poder suficiente para mantener la disciplina del ejército y un equilibrio entre todas las facciones que garantizase la continuidad. Es dudoso que esa persona pudiera ser Carrero —o cualquier otro excepto el mismo Franco—, pero, en todo caso, su asesinato agudizó la crisis del régimen porque hizo inevitable la salida a la superficie de las diversas estrategias para el futuro alimentadas por cada una de sus facciones.

El nuevo gobierno que, para sorpresa de no pocos, sucedió al de Carrero Blanco en enero de 1974 estaba presidido por el anterior ministro de la Gobernación, Carlos Arias, que ejerció como fiscal en Málaga en los primeros años de posguerra, fue director general de seguridad y alcalde de Madrid y a quien no se atribuían conexiones especiales con ninguna de las facciones del régimen. Tal vez por esta cualidad, pensó Franco en quien había sido responsable en último término de la clamorosa falta de seguridad que costó la vida al presidente Carrero, para sustituirle. En todo caso, Arias formó un gobierno que marca no ya el declive sino la desaparición del primer plano político de la alta burocracia vinculada al Opus Dei. El proyecto continuista, encallado en el inmovilismo con el gobierno de Carrero, perdía con la salida del gobierno de López Rodó al segundo de sus arquitectos. Era el momento de ensayar otras posibilidades.

Pero Arias carecía de un proyecto político propio que estuviera dispuesto a llevar a la práctica con energía y decisión. Recuperó para el gobierno, en la persona de Pío Cabanillas, al grupo desplazado en 1969 por López Rodó y vinculado a Manuel Fraga, que pretendía impulsar una operación de reforma del régimen, conducida desde el poder, con objeto de incorporar al juego político a las oposiciones moderadas de cristianodemócratas, liberales y socialdemócratas. Fraga había proclamado desde 1971 una apertura al centro, amplio terreno en el que situaba a la mayoría de las clases medias favorecidas por el crecimiento económico y partidarias de una ordenada transición desde el autoritarismo a formas más democráticas de participación política. Tal vez Cabanillas podría, como ministro de Información, impulsar desde el gobierno ese nuevo ensayo de apertura, impresión que reforzaba la presencia de Barrera de Irimo en la vicepresidencia económica, mientras Antonio Carro, en el Ministerio de la Presidencia, establecía vínculos con los sectores democristianos que más reformistas se habían manifestado en los últimos años. Por otra parte, Arias quiso asegurar el apoyo de las nuevas generaciones del Movimiento con la incorporación de José Utrera Molina, una concesión a los continuistas, en la secretaría general. Al mismo tiempo, varios políticos con posiciones de relieve en altos cuerpos de la administración llegaban a segundos niveles de gobierno, como los tácitos Marcelino Oreja y Landelino Lavilla, subsecretarios respectivamente de los Ministerios de Información y Turismo y de Industria, o Francisco Fernández Ordónez, nuevo presidente del INI.

Fueron precisamente los tácitos quienes a través del ministro de la Presidencia ejercieron el primer influjo político sobre el nuevo presidente, que el 12 de febrero de 1974 pronunció un discurso, al que luego se añadió un «espíritu», en el que formuló una llamada a la participación política con la promesa de un nuevo Estatuto de Asociaciones. La cuestión más larga e inútilmente debatida en los últimos diez años en las filas del Movimiento, la posibilidad de abrir canales de participación política a traves de «asociaciones» que no fueran partidos, volvía de nuevo al centro de la discusión política, aunque esta vez por breve tiempo. Dos semanas después de la promesa de apertura, el gobierno tuvo que hacer frente a la primera crisis seria, provocada por una homilía del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, en la que pedía el respeto a la lengua y a la identidad cultural vasca y una política de reconocimiento de los derechos de las regiones. La desobediencia del obispo, a quien se pidió que desautorizara y retirara esa homilía, fue contestada con una orden de arresto domiciliario y la decisión de expulsarle del país. Añoveros respondió a su vez, apoyado por el Vaticano y por el episcopado español, con una amenaza de excomunión ante la que Franco, sensible a los efectos de una violenta ruptura con la Iglesia, reaccionó obligando a Arias a retirar sus primeras decisiones.

El enfrentamiento con la Iglesia, además de abrir una brecha en el gobierno, favoreció el paso a la ofensiva antiaperturista de los sectores del régimen conocidos como búnker, conjunto de personajes del Movimiento que mantenían estrechas relaciones con los sectores inmovilistas de las fuerzas armadas y que, a través de ellos o directamente, ejercían presión sobre Franco. Si la cesión de Arias ante la Iglesia podía interpretarse como debilidad, las ejecuciones de Salvador Puig Antich, un militante del Movimiento Ibérico de Liberación a quien un tribunal militar había encontrado culpable de la muerte de un policía en el momento de su confusa detención, y del súbdito polaco Heinz Chez, acusado del asesinato de un guardia civil, pretendieron ser una muestra de fortaleza que sirvieran de prólogo al retorno del búnker a la escena política, de la que ya no se apartaría hasta la muerte de Franco. Poco después de estas ejecuciones, y a muy pocos días de la revolución que acabó el 24 de abril con el único régimen en que el franquismo podía mirarse como en un espejo, el portugués, José Antonio Girón pronunció un resonante discurso contra la tímida apertura de Arias cuyos ecos fueron ampliados por una toma similar de posición del teniente general García Rebull. Los ultras del Movimiento y de las fuerzas armadas remataron su triunfo con la destitución, a mediados de junio, del jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Díez Alegría, cabeza visible del reformismo militar, y el cese, a finales de octubre, del ministro de Información, Pío Cabanillas, que en abril había pronunciado en Barcelona, tocado de una barretina, un discurso en el que prometió mayor grado de tolerancia y libertad para la prensa. Al cese de Cabanillas, preludio de nuevas restricciones y multas a los medios de información, siguió la dimisión de Barrera y de varios altos cargos de la administración: los reformistas daban la primera batalla por perdida y replegaban sus posiciones hasta que Franco desapareciera de la escena.

El Estatuto de Asociaciones presentado en diciembre por Arias ante el Consejo Nacional acabó por liquidar las expectativas que había levantado, para sorpresa del mismo conferenciante, su discurso de 12 de febrero. Un proyecto patrocinado desde el Ministerio de la Presidencia por Antonio Carro, que admitía el derecho de asociación sin control del Movimiento, fue desechado en favor del apadrinado por José Utrera, entregado aquel año con fervoroso entusiasmo a revitalizar las organizaciones juveniles para arropar de nuevo a Franco con concentraciones de «flechas». El Estatuto, además de exigir 25.000 afiliados y presencia en quince provincias para formar una asociación política, reafirmaba la obligación de inscribirla en el Movimiento. Con la primera de estas condiciones se garantizaba que ninguna asociación vasca o catalana pudiera ser legalizada; con la segunda, se cerraba la puerta a la incorporación de la oposición democrática, pues ninguno de los partidos o grupos políticos podía aceptar su conversión, siquiera formal, en una asociación del Movimiento.

También la rechazó la moderada oposición que por entonces no se había proclamado como decididamente democrática. Al conocerse el cese de Cabanillas y la dimisión de Barrera, la mayor parte del grupo Tácito dio por cerrada una vía hacia la reforma. Si Osorio y sus amigos democristianos intentaron el juego asociativo en el estrecho margen dejado por el Estatuto, otros personajes del grupo, con Marcelino Oreja al frente, se manifestaron en contra. Manuel Fraga, embajador en Londres, que viajó a Madrid en enero de 1975 y presentó al gobierno un plan de reformas con la exigencia mínima de una Cámara elegida por sufragio universal, prefirió no embarcarse en la operación cuando su escrito fue rechazado. Mantuvo su opción por un nuevo tipo de partidos vergonzantes, camuflados como aparecían bajo el manto de fundaciones para el estudio de los problemas políticos. Era, ante la imposibilidad de fundar partidos, la hora de las sociedades mercantiles, clubes o grupos de estudios que aglutinaban a unas docenas de personas en torno a un dirigente. Naturalmente, todo eso acabó en fragmentación e impotencia: el proyecto de fundir en un solo grupo a diversas personalidades, como Areilza, Silva y Fraga, fracasó ante la negativa de los jóvenes democristianos. La operación llamada de la Gran o Santa Alianza de todos los reformistas procedentes de la Dictadura, propuesta por Osorio en los primeros días del nuevo año de 1975 y patrocinada por el príncipe Juan Carlos, se diluyó en varias iniciativas de las que la sociedad FEDISA, liderada por Fraga y a la que se incorporaron Areilza, Cabanillas y Calvo Sotelo, fue uno de los ejemplos. El sector de la democracia cristiana aglutinado en torno a Silva aceptó, sin embargo, el juego de la asociaciones y fundó Unión Democrática Española que Osorio se encargó de dirigir.

Mientras las diferentes facciones conocidas por sus propuestas de reforma y apertura se mostraban incapaces de ofrecer una alternativa unitaria, en la oposición de izquierda —socialista y comunista—, la enfermedad que obligó a hospitalizar a Franco el 9 de julio de 1974 y la asunción temporal de la jefatura del Estado por el príncipe Juan Carlos el 19 del mismo mes, desataron todas las expectativas. El secretario general del PCE, Santiago Carrillo, había hecho saber a Juan de Borbón, jefe de la Casa Real, su disposición a apoyar una regencia con un gobierno provisional que sometiera a referéndum la futura forma de gobierno. Este plan, que contaba con el apoyo de personas cercanas a don Juan, como Antonio García Trevijano y Rafael Calvo Serer, y que en un primer momento sedujo al pretendiente a la Corona, tropezó, sin embargo, con el rechazo de su consejo político. La consiguiente negativa del conde de Barcelona a hacer pública una declaración de abierta ruptura con el régimen no desanimó a Carrillo, que a finales de julio presentó en París un nuevo organismo, la Junta Democrática, en la que participaban, además del PCE, el Partido del Trabajo de Nazario Aguado, el Partido Socialista Popular liderado por Enrique Tierno Galván, los carlistas de Carlos Hugo de Borbón y Comisiones Obreras, además de varias personalidades independientes.

En su primer manifiesto, la Junta se declaró a favor de la ruptura con el régimen por medio de la formación de un gobierno provisional que tomaría el poder gracias a una huelga general o acción democrática nacional, aunque dejaría para un referéndum posterior la decisión popular sobre la forma de gobierno, si monárquica o republicana. La estrategia de la Junta recordaba la que había seguido la oposición republicana y socialista bajo el gobierno de Berenguer: los comunistas pretendían desempeñar en 1975 el papel que los socialistas habían jugado en 1930: huelga general, caída del régimen monárquico, formación de un gobierno provisional y convocatoria de elecciones generales. La diferencia, no pequeña, consistía en que nadie contemplaba ahora la posibilidad de una insurrección armada o de un apoyo sustancial de sectores del ejército. La Junta exigía también amnistía política, legalización de los partidos, libertades democráticas de reunión, manifestación y sindicación y establecía la convocatoria de elecciones para un plazo de dieciocho meses a partir de la constitución del gobierno provisional.

Pero la pretensión de que otros partidos y grupos políticos de la oposición se integraran en la Junta Democrática tropezó con los recelos del PSOE a participar en empresas en las que el PCE ocupara una posición dominante. Inmerso en la lucha entre el interior y el exilio, abierta en Toulouse en 1972 y no del todo resuelta hasta el congreso de Suresnes en octubre de 1974 con la elección de una nueva ejecutiva dirigida por Felipe González, el PSOE impulsó desde junio de 1975 una Plataforma de Convergencia Democrática a la que se incorporó el PNV, Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz Giménez, Unión Social Demócrata de Dionisio Ridruejo y algunos partidos regionales, y que se extendió por la izquierda de origen católico hasta la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Aun si proclamó la ruptura democrática, como la Junta, la Plataforma se mostró dispuesta a entrar en negociaciones con el gobierno con objeto de ir conquistando parcelas de libertad. Desde el primer momento, la estrategia de ruptura propugnada en declaraciones y manifiestos quedó matizada por la disposición a negociar con los sectores del poder que se comprometieran en un proceso democratizador y a ir ocupando un espacio cada vez mayor en la escena política.

A la fragmentación de las facciones «reformistas» del propio régimen y a las diversas iniciativas de la oposición de izquierda, el gobierno respondió, por una parte, con el lanzamiento de lo que pretendía convertir en la gran asociación que dirigiera el proceso político a la muerte de Franco, la Unión del Pueblo Español y, por otra, con el recrudecimiento de la represión del movimiento sindical, que volvió a recuperar su capacidad de acción desde 1973, con casi el doble de huelgas que el año anterior. Varios dirigentes de Comisiones Obreras habían sido sometidos a juicio, y condenados a fuertes penas de prisión, en los últimos días de 1973 pero no por eso el número de conflictos dejó de crecer otra vez de forma espectacular el año siguiente, aunque el punto culminante de este ciclo no se alcanzaría hasta 1979. Se trataba, además, de conflictos en los sectores industriales más dinámicos, que tenían lugar en la empresas de mayor tamaño y en las ciudades más importantes. Al unirse las reivindicaciones salariales con las demandas políticas, la movilización obrera tendió a plasmarse en huelgas generales de ámbito local, de las que se podía esperar, sobre todo en el año 1974 y durante los primeros meses de 1975, que evolucionaran hacia la huelga general anunciada como preludio de la caída del régimen. La estrategia de la oposición de «presiones desde abajo», si no fue capaz de organizar grandes movilizaciones de carácter político ni de lograr un incremento perceptible en la afiliación de los partidos, parecía dar frutos muy sobresalientes en la cantidad de conflictos obreros. Sólo en los dos primeros meses de 1974 se produjeron 24.817 suspensiones de empleo y sueldo y 4.379 despidos por razones laborales. De 1972 a 1974 las huelgas subieron de 853 a 2.290 y las horas de trabajo perdidas se multiplicaron por tres: de 4,7 millones a 14, una magnitud que sólo podía compararse con los momentos más conflictivos de la República.

Aparte de los conflictos obreros, el gobierno tuvo que hacer frente a un incremento de acciones terroristas. Hasta el asesinato de Carrero, y con la excepción del comisario Melitón Manzanas, los policías muertos por ETA lo habían sido en enfrentamientos armados con comandos que intentaban atravesar la frontera. Desde abril de 1974, sin embargo, y tras el asesinato de un cabo de la Guardia Civil, ETA anunció que todas las fuerzas de seguridad del Estado debían considerarse objetivo de su acción. La creciente autonomía del frente militar respecto a su frente obrero se tradujo en una fuerte tensión interna que afloró tras el atentado de la calle del Correo de Madrid, en el que perdieron la vida varios clientes del bar Rolando, situado en las inmediaciones de la Dirección General de Seguridad y frecuentado habitualmente por policías. Aunque ETA negó su implicación en este atentado, el frente militar reclamó entonces una total autonomía para su acción y declaró que en adelante sólo emprendería acciones armadas. Como resultado de esta declaración de autonomía, ETA se dividió en el otoño de 1974 en ETA Militar, organizada para el exclusivo propósito de la lucha armada, y ETA Político-Militar, que pretendía seguir combinando la acción de masas con la acción armada.

Pero la violencia política no quedó limitada durante este periodo a las acciones de ETA. Como una derivación de un denominado Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) hizo su presentación el 1 de mayo de 1973, con el asesinato a puñaladas de un inspector de policía, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) que en 1975 llevará a cabo tres atentados con resultado de muerte. Junto a ellos, surgieron también grupos de extrema derecha: Guerrilleros de Cristo Rey y Batallón Vasco-Español o Triple A protagonizaron algunas de estas manifestaciones de terrorismo ultraderechista con la connivencia de las fuerzas de seguridad del Estado. El gobierno respondió al incremento de las acciones terroristas declarando el estado de excepción en el País Vasco y procediendo a la detención de casi 200 personas, lo que no evitó que en los ochos primeros meses de 1975 once policías perdieran la vida en diversos atentados.

En medio de la confusión creada por la proliferación de grupos terroristas, por el incremento de la movilización obrera, por la mayor actividad de la oposición externa al régimen y, en fin, por el descubrimiento de Unión Militar Democrática y el arresto y procesamiento de un grupo de jefes y oficiales del ejército, los últimos meses de Franco conocieron el retorno de las viejas prácticas de adhesión como respuesta a la repulsa internacional. En los primeros días de agosto de 1975 se publicó un decreto-ley sobre terrorismo y a finales de ese mismo mes se iniciaba en Burgos el proceso contra dos miembros de ETA acusados del asesinato de un guardia civil adscrito a los servicios de información. El 25 de septiembre de 1975, y tras una fuerte campaña de protesta internacional contra Franco y petición de clemencia por varios jefes de Estado, eran ejecutados dos miembros de ETA y tres del FRAP por su participación en los atentados que costaron la vida a varios policías. El 1 de octubre de 1975, un nuevo grupo terrorista identificado bajo las siglas de PCE(r) asesinaba en Madrid a cuatro policías y Franco salía de nuevo al balcón del Palacio Real a denunciar ante la multitud congregada en la plaza de Oriente la conspiración masónica y comunista contra su régimen.

En estas circunstancias se produjeron los primeros encuentros entre los dos organismos que aglutinaban a la oposición. En septiembre de 1975, la II Conferencia del PCE aprobó un manifiesto-programa que reiteraba la conocida estrategia de ruptura democrática. Carrillo concedía entrevistas y publicaba declaraciones que no auguraban para el sucesor de Franco más que unos días en el trono y que reiteraban el previsto escenario de la ruptura: una acción nacional, una especie de levantamiento popular, que hundiría al régimen. Continuaban, por otra parte, las negociaciones con socialistas y democristianos para alcanzar un acuerdo: Junta Democrática y Plataforma de Convergencia firmaron ese mismo mes la primera declaración conjunta en la que triunfaban las tesis mantenidas por el PCE: ruptura con el régimen y con sus planes sucesorios por medio de una acción democrática nacional que enterraría a Franco antes de que sucumbiera a la acción de la naturaleza. Convocada para los primeros días de junio, la acción democrática que daría paso a un gobierno provisional o de reconciliación nunca tendría lugar: hospitalizado pocos días después de la manifestación de la plaza de Oriente, Franco prolongó su agonía, en manos de sus familiares y del personal más adicto, hasta el 20 de noviembre de 1975.

Capítulo 4
Democracia

Vacante la Jefatura del Estado, el Consejo de Regencia asumió sus poderes para preparar los funerales de Francisco Franco y proceder a la proclamación de Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey. Se diría que el tiempo hubiera permanecido inmóvil: un teniente general, un arzobispo, un jerarca del Movimiento; fuerzas armadas, Iglesia y partido, los tres pilares fundacionales del régimen velaban en la hora del relevo. Pero en las ceremonias que siguieron a la multitudinaria despedida al dictador pudieron apreciarse los signos de un cambio: el recién proclamado rey por las Cortes el día 22 de noviembre, saludado por su presidente con la retórica de Falange, «desde la emoción en el recuerdo a Franco», evitó cualquier referencia al 18 de julio y, después de manifestar su «respeto y gratitud» a la figura de Franco, propuso un «efectivo consenso de concordia nacional». Por su parte, el cardenal que entonó el Te Deum cinco días después en San Jerónimo el Real, Vicente Enrique Tarancón, no recordó para nada la ofrenda de la espada que otro cardenal había presidido treinta y seis años antes; si en las Cortes la familia de Franco recibió de los procuradores la más emotiva y prolongada de las ovaciones, al otro lado del Paseo del Prado, en San Jerónimo, el cardenal tendió un manto de silencio sobre el pasado y se limitó a evocar, sin decir su nombre, «la figura excepcional, ya histórica», de Franco. Sin mirar atrás, Tarancón pidió para el futuro la participación de todos, la colaboración de todos, la prudencia de todos y exhortó al rey a serlo de todos los españoles: la raza forastera de Gomá había devenido «todos los españoles» de Tarancón.

Reformar lo irreformable

La instauración de la Monarquía ocurrió en momentos de confusión política, de profunda crisis económica y en medio de una crisis exterior agudizada por la invasión marroquí de los territorios españoles del Sahara. Desde que el gobierno formado por Carlos Arias en enero de 1974 mostró su incapacidad para impulsar cualquier reforma, no había existido ninguna política, ni económica, ni interior, ni exterior, digna de este nombre. Paralizado por la reacción del búnker y bloqueado por las maniobras de círculos militares cercanos a la camarilla familiar de Franco, en noviembre de 1975 Arias era tan cadáver político como Franco lo era físico. De ahí la decepción que produjo su ratificación al frente del gobierno, a duras penas paliada por el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda, de quien por entonces nadie sabía que tuviera guardada desde 1969 la fórmula mágica de la transición, para la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, órganos clave en el entramado institucional de la Dictadura.

Por su presidente, el primer gobierno de la Monarquía presentaba todas las apariencias de ser el último de la Dictadura, aunque su formación evidenció la limitada capacidad de iniciativa que el rey y Fernández Miranda dejaron al ratificado Carlos Arias. Allí se sentaba lo más granado del reformismo «centrista»: Manuel Fraga, vicepresidente para Asuntos Políticos y ministro de la Gobernación; José María de Areilza, que reclamaba derechos de primogenitura sobre el rótulo de centrismo, en Exteriores; Antonio Garrigues, un monárquico liberal, en Justicia. Alfonso Osorio, en Presidencia, venía de la rediviva, o nunca muerta, ACNP. Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa, en el Movimiento y Sindicatos, representaban a la tercera generación azul. Era un gobierno construido sobre la pauta de equilibrios seguida por Franco, con el propósito, si alguno tenía en origen, de avanzar en una reforma mal definida pero controlada desde el poder. El problema era que Franco ya no estaba allí y que, sin él, su modelo dejaba al descubierto el anacronismo de la fórmula: las supuestas familias sólo eran personalidades rodeadas de algunos secuaces, pero divididas entre sí por las tormentas del pasado y enfrentadas por las fórmulas que pretendían imponer para el futuro.

Esas diferencias habrían podido remediarse con unos objetivos de gobierno compartidos por todos los grupos del régimen. Arias nunca los tuvo y, sin tomar en consideración la propuesta de Garrigues de otorgar al rey y al gobierno plenos poderes con objeto de convocar elecciones para Cortes constituyentes, adoptó el plan de Fraga con algún añadido procedimental de Fernández Miranda y Suárez. El supuesto de este plan era que entre el inmovilismo y la ruptura se abría una gran avenida para una reforma en la continuidad que respondiera a las aspiraciones mayoritarias de la amplia clase media creada durante los años de desarrollo, soporte del llamado franquismo sociológico, una clase a la que los reformistas del régimen veían más inclinada hacia el orden que nostálgica de libertad. Para complacerla, era preciso avanzar por un camino que hiciera de continuidad y reforma, como explicó Arias, conceptos complementarios, pues sólo se reforma lo que se desea conservar. Esa táctica exigía una alta capacidad del gobierno para quebrar las resistencias que pudieran surgir entre los inmovilistas, fuertes en el Consejo Nacional, las Cortes, la organización sindical y el ejército, y para doblegar la oposición de los rupturistas, que lo esperaban todo de la presión desde abajo. Lo primero requería decisión y rapidez en la tramitación de las reformas; lo segundo, adaptar a los nuevos tiempos el modelo autoritario de la restauración canovista incorporando a los posibilistas —desde liberales a socialistas pasando por democratacristianos y socialdemócratas— mientras se reprimía con la contundencia que fuera menester a los «excluidos de la legalidad», o sea, a los comunistas llamados «totalitarios».

El plan presentado por el gobierno consistía en reformar tres Leyes Fundamentales —de Cortes, de Sucesión y Orgánica del Estado— y las de Reunión y de Asociación, y aprobar una nueva Ley Sindical y una reforma del sistema tributario. Algún tiempo se perdió en determinar el organismo que preparara la reforma «constitucional», si una comisión nombrada por el rey, o una mixta Gobierno-Consejo Nacional, defendida por Fernández Miranda y Suárez. Fraga hubiera deseado tener las manos libres pero el gobierno optó por la segunda fórmula que, aparte de retrasar la discusión de los proyectos, se mostró impracticable. Hasta finales de abril, el gobierno no pudo ultimar los proyectos de ley que regulaban los mecanismos sucesorios y que preveían la elección por sufragio universal de un Parlamento formado por dos Cámaras colegisladoras, con un Congreso de 300 diputados, y un Senado con 285 escaños entre los que se incluirían, aparte de los corporativos, 40 senadores vitalicios y hasta 25 de nombramiento real. Mientras estos proyectos se discutían en el Consejo Nacional, Fraga presentaba en las Cortes las reformas de las Leyes de Reunión y de Asociación y del Código Penal, imprescindibles para avanzar en las reformas «constitucionales».

A pesar de algún escrito hostil firmado por un centenar de procuradores, el 25 de mayo las Cortes aprobaban, con sólo cuatro votos en contra y 25 abstenciones, la nueva Ley de Reunión que establecía la necesidad de comunicación a las autoridades gubernativas para las convocadas en lugares cerrados y una previa autorización para las que se convocaran en lugares abiertos. Ante el proyecto de ley de asociaciones, defendido por Adolfo Suárez, las Cortes mostraron mayor oposición: por 338 contra 91 y 14 abstenciones aprobaron la ley que regulaba el derecho de asociación, legalizaba la existencia de partidos políticos y trasladaba al Ministerio de Gobernación el procedimiento de inscripción que el Estatuto de Arias había residenciado en el Consejo Nacional. Sin embargo, para que la nueva ley tuviera efectos jurídicos se necesitaba la reforma de los artículos del Código Penal que tipificaban como delictiva la afiliación a partidos. Y en este punto, las Cortes se mostraron intratables: el 11 de junio votaron contra la reforma del Código y devolvieron el proyecto para nuevo estudio a la Comisión de Justicia. Ese día se puso de manifiesto que aquel gobierno era incapaz de sacar adelante su reforma en la continuidad; más exactamente, que la reforma era incompatible con la continuidad.

Mientras los reformistas de la Dictadura aprendían esta lección, la oposición democrática modificó su primera estrategia de ruptura. El PCE había recibido la instauración de la Monarquía con llamadas a la huelga, a marchar sobre las prisiones para liberar a los presos políticos y entablar la batalla final por la democracia. El escenario previsto no había cambiado respecto a los años sesenta y recordaba el de 1930: la democracia sería el resultado de una huelga general administrada políticamente por un gobierno provisional. Pero desde principios de 1976, esta perspectiva fue abandonada en favor de una presión constante sobre el gobierno con huelgas y manifestaciones y la apertura de negociaciones con objeto de llegar a lo que la comisión ejecutiva del PCE denominó en marzo de 1976 ruptura democrática pactada. Contra la opinión de los independientes que formaban parte de la Junta Democrática y que, sin seguidores que perder, abogaron hasta el final por el gobierno provisional y la acción de masas, los dirigentes del PCE, sin renunciar a la movilización, optaron por la unidad de la oposición con objeto de pactar con el gobierno.

Como resultado de la primera línea de actuación, y debido a la coincidencia con la renovación de convenios colectivos, en los meses de enero y febrero se intensificó el número de huelgas, crecido desde 1973. En Madrid, el 6 de enero paró el Metro y en los días siguientes una huelga casi general se extendía por el sector del metal, dejaban el trabajo unos 60.000 obreros de la construcción y se producían paros masivos en teléfonos y correos: entre el 10 y el 19 de enero hubo en Madrid más de 300.000 trabajadores en huelga. En Bilbao, Burgos, Zaragoza y otras capitales se sucedieron las manifiestaciones proamnistía que llegaron a su momento culminante el 1 de febrero, cuando salieron a la calle en Barcelona, por la amnistía y la autonomía, más de 75.000 personas. Si a principos de marzo parecía claro que no se produciría una huelga general y que las manifestaciones no bastarían a derribar al gobierno, también era evidente que las huelgas alcanzaban unos niveles insoportables para la economía: en el primer trimestre de 1976 se produjeron cerca de 18.000 huelgas, casi seis veces más que en todo el año anterior. El gobierno respondió a huelgas y manifestaciones con sus habituales medidas de represión: el 24 de febrero moría en Elda, por disparos de la policía, un trabajador y, en respuesta, se producía la paralización total de la ciudad y de su comarca. Poco después, la larga huelga de Forjas Alavesas culminaba en un enfrentamiento con las fuerzas antidisturbios que dispararon contra los manifestantes, provocando la muerte de cinco de ellos y más de cien heridos. En Pamplona, una huelga general fue seguida por 300.000 trabajadores con nuevos enfrentamientos y una víctima más en Basauri.

Los incidentes de Vitoria aceleraron la segunda línea de acción política de la Junta Democrática: unidad de la oposición para forzar la negociación con los reformistas del gobierno. Dirigentes y militantes de organizaciones todavía ilegales comenzaron a actuar y moverse a la luz del día, conquistando un nivel de libertad inimaginable el año anterior. Santiago Carrillo decidió regresar a España e impuso en la Junta Democrática una política de acercamiento a la Plataforma de Convergencia. El 26 de marzo acordaron sus respectivas disoluciones y la incorporación de sus componentes a Coordinación Democrática (enseguida llamada «Platajunta»), que en su primer manifiesto rechazó las proyectadas leyes de reforma, exigió una inmediata amnistía política, la plena libertad sindical y una «ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un periodo constituyente». El primer escenario de ruptura como levantamiento popular-nacional, con gobierno provisional y plebiscito, se desplazaba a la convocatoria de elecciones generales de las que pudiera derivarse un proceso constituyente.

Bloqueado el gobierno para imponer su reforma en la continuidad y sin fuerzas la oposición para avanzar en su ruptura de la continuidad, el rey reafirmó, en un discurso pronunciado a principios de junio ante el Congreso de los Estados Unidos, el compromiso de la Corona con una democracia plena. La distancia entre el impulso procedente de la jefatura del Estado y la práctica desarrollada por la presidencia del gobierno parecía insalvable: el gobierno de Arias, dijo el rey a Newsweek, es un desastre sin paliativos. Desde el mismo momento en que se hizo pública esa disonancia, la crisis podía considerarse abierta: el rey llamó a Arias y le pidió la dimisión. Era el 1 de julio de 1976 y los periódicos sacaron a la calle ediciones especiales con la gran noticia y abundantes especulaciones sobre el sucesor. Fraga y Areilza se repartían las apuestas, pero el rey optó por un político de segundo rango, de otra generación y de la burocracia azul del régimen: Adolfo Suárez había sido gobernador civil de Ávila, secretario político del ministro del Movimiento en el primer gobierno Arias y director general de Radio y Televisión. Nadie esperaba que su nombre llegara a la terna que el Consejo del Reino debía elevar al rey, pero, por un ardid de su presidente que cumplía un deseo del mismo rey, el Consejo lo incluyó inopinadamente entre los candidatos.

Reforma como ruptura pactada

La negativa de Fraga y Areilza a incorporarse al nuevo gobierno reforzó la primera impresión de decepción y desconcierto extendida por el nombramiento de Suárez entre los círculos diplomáticos, las redacciones de los periódicos y los grupos de oposición. A Suárez, sin embargo, le vino como caída del cielo: pudo soltar lastre del pasado y formar un gobierno propio, vinculado a él; se rodeó de caras nuevas, poco conocidas del público, con experiencia en las antesalas del poder pero nada quemadas aún por su ejercicio. De Tácito, de UDE o de ACNP procedieron los ministros que ocuparon las principales carteras: Alfonso Osorio en la vicepresidencia política, Eduardo Carriles en Hacienda, Marcelino Oreja en Exteriores, Landelino Lavilla en Justicia y Andrés Reguera, Aurelio Menéndez y Enrique de la Mata en Información, Educación y Relaciones Sindicales. Los militares permanecieron en sus puestos y Martín Villa pasó a Gobernación. Carlos Pérez de Bricio, Leopoldo Calvo-Sotelo, Fernando Abril, Francisco Lozano e Ignacio García Gómez en Industria, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Movimiento completaban un equipo del que enseguida se destacó el peso de los propagandistas, su coloración católica más que azul, su relativa juventud y sus anteriores servicios en altos puestos de la administración. Recibido con sonrisas condescendientes, con franca hostilidad o con bromas —un «gobierno de penenes», lo habría definido Fernández Ordoñez—, pocos entendieron que por tratarse de un gobierno de aquellas características sería capaz de garantizar la unidad de proyecto político y la disciplina necesaria para llevarlo a cabo.

¿Qué proyecto? Reformista, desde luego: todo el mundo lo era desde hacía años. Pero esta vez la declaración programática, sin todavía concretar procedimiento de la reforma, contenía notorias novedades de lenguaje y de propósito. El gobierno afirmó su convicción de que la soberanía residía en el pueblo, manifestó su propósito de presentar al rey una petición de amplia amnistía, se comprometió a someter a la decisión de la nación las cuestiones de la reforma constitucional y fijó una fecha para las primeras elecciones generales que se celebrarían antes del 30 de junio del año siguiente. La declaración incluía una oferta de diálogo con los grupos políticos afines y con la oposición, lo que significaba el reconocimiento de su existencia y la voluntad de tomar en cuenta, o por lo menos oír, algunas de sus exigencias, aunque reservándose el control del proceso. Con todo, sus grandes hallazgos radicaron en el método, atribuido a Fernández Miranda, para llevar a cabo por medios legales esos propósitos, y la agilidad para neutralizar posibles obstáculos. Del anterior tropiezo reformista, el gobierno aprendió que cualquier nuevo intento no podría perderse en reformas parciales sino reducirse a una sola y contundente que implicara la derogación de hecho de todo lo anterior. Reforma significó que todo se haría por medio de una votación en las Cortes; pero lo que votarían las Cortes arrastraría su propio fin y el de las instituciones políticas del régimen y, más allá, la derogación de todas las Leyes Fundamentales, como alguno de los inmovilistas no dejó de advertir. Lo que se preparaba era, a todos los efectos, como un fraude de ley; una ley de reforma que liquidaba lo que decía reformar.

Al mismo tiempo, Suárez se aplicaba a neutralizar a los posibles enemigos de su proyecto. Aun si nunca sufrió la obsesión de Fraga por simular un Cánovas redivivo, mantuvo entrevistas con los líderes de la oposición: Raúl Morodo, del PSP, y Felipe González, del PSOE, pasaron por su despacho. De Santiago Carrillo, del que le interesaba conocer su actitud ante la monarquía y su relación con la Unión Soviética, recibió noticias alentadoras por personas interpuestas. Un nuevo terreno de acción política se abrió para los grupos de oposición con la aprobación por las Cortes de la modificación de los artículos del Código Penal que afectaban a la libertad de reunión, manifestación, propaganda y asociación y con la concesión de una amplia aunque todavía no completa amnistía el 31 de julio. Durante el verano, las manifestaciones convocadas por los resurgentes nacionalismos reunieron a un millón de personas en la primera celebración de la diada catalana y volvieron a producirse graves enfrentamientos con la policía en el País Vasco, en manifestaciones pro amnistía y con motivo del primer aniversario de los fusilamientos del 27 de septiembre. ETA, mientras tanto, había ampliado a autoridades civiles el blanco de sus atentados: el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce fue asesinado el 4 de octubre como ya lo había sido el alcalde de Oyarzun en noviembre del año anterior.

Sin embargo, los obstáculos que pudieran venir de la oposición le inquietaban menos que los procedentes de los sectores inmovilistas del régimen. Suárez explicó el 8 de septiembre, dos días antes de que su gobierno aprobara el proyecto de ley para la reforma política, sus principales contenidos a la cúpula militar entendida en su más amplio sentido: la totalidad de tenientes generales, almirantes jefes de capitanías regionales, jefes de Estado Mayor, director general de la Guardia Civil y presidente del Consejo de Justicia Militar. En aquella reunión despejó los recelos de los militares asegurando que el proceso electoral quedaría bajo control del gobierno y dando a entender que el PCE no sería legalizado y no podría concurrir a las elecciones. Poco después, Suárez mostró al ejército que estaba en condiciones de controlar todo el proceso cesando y enviando a la reserva al vicepresidente del gobierno, Fernando de Santiago, hostil a la reforma sindical y a los contactos mantenidos por Enrique de la Mata con dirigentes de Comisiones Obreras, y al ex director general de la Guardia Civil, Carlos Iniesta, que se había solidarizado públicamente con él. Un militar reformista, Manuel Gutierrez Mellado, asumió desde ese momento la vicepresidencia para Asuntos de Defensa.

Mientras Suárez dirigía sus esfuerzos a convencer a los sectores más inmovilistas, Coordinación Democrática pactaba el 23 de octubre con Asamblea de Catalunya y varios grupos regionales de Valencia, Galicia, Baleares y Canarias e incorporaba a otros grupos menores de tendencia liberal y socialdemócrata en lo que pasó a denominarse Plataforma de Organismos Democráticos. En su primera declaración, la Plataforma reiteraba su disposición a negociar con el gobierno siempre que en el anunciado referéndum se preguntara sobre la convocatoria a Cortes constituyentes y se legalizaran previamente todos los partidos políticos, se decretara una amnistía, se repusieran los estatutos de autonomía y se disolvieran las instituciones de la Dictadura: pretendía obtener antes del referéndum lo que el gobierno se disponía a ejecutar como resultado de la promulgación de la Ley para la Reforma Política. En todo caso, la Plataforma desechó la idea de un gobierno provisional y sólo reiteró pro forma su demanda de un gobierno de amplio consenso democrático. Al mismo tiempo, la oposición convocó una huelga general para el 12 de noviembre, en la que participó un millón de trabajadores: una movilización insuficiente para derrocar a un gobierno.

Cuatro días después de la huelga, comenzaba en las Cortes la discusión del proyecto de reforma. El gobierno confirmó su primera propuesta de elección proporcional para el Congreso, tal como pedía también la oposición, pero introdujo algunos cambios: un número igual de escaños por cada provincia para el Senado y distritos provinciales con un mínimo de diputados para el Congreso, lo que corregía la proporcionalidad reforzando la presencia de diputados de las provincias más conservadoras que eran también las más despobladas: celebrándose las elecciones bajo control del gobierno, se pensaba que la mayoría de los procuradores en Cortes pasarían luego a ocupar un escaño en alguna de las Cámaras. Con esas promesas y no pocas amenazas a los interesados, muchos de ellos con cargos de nombramiento discrecional en el sector público, el gobierno obtuvo un éxito insospechado: de los 531 procuradores, 425 votaron a favor de una reforma que implicaba su desaparición; sólo 59 lo hicieron en contra, 13 se abstuvieron y otros 34 no se presentaron a la votación. Con su triunfo, el gobierno rompía la estrategia de la oposición al asumir como tarea propia el objetivo que la oposición había asignado a un gobierno de consenso democrático: convocar elecciones generales. Al gobierno sólo le quedaba obtener para ese proyecto la legitimidad de un referéndum que la oposición había pedido desde los años cuarenta para decidir sobre la forma de Estado. La diferencia, no pequeña, era que la pregunta no versaría sobre monarquía o república sino sobre la aceptación o el rechazo de la reforma ya aprobada por las Cortes de la Dictadura.

Con la seguridad del triunfo, el gobierno pudo presidir sin sobresaltos el referéndum convocado para el 15 de diciembre. El reducido sector de inmovilistas hizo propaganda en contra con el eslogan de que Franco habría votado «no». En la Plataforma no hubo acuerdo: mientras la izquierda pregonaba la abstención sin alzar demasiado la voz, los democratacristianos, liberales y socialdemócratas se inclinaban por dejar libertad a sus simpatizantes. Al final, sólo se abstuvo el 22,3 por 100 del censo electoral, el sí alcanzó el 94,2 por 100 de los votos y hacia el no se inclinó el 2,6 por 100. Sólo la baja participación de votantes en el País Vasco, 54 por 100, se levantaba como signo de posible dificultad para el futuro, pero por lo demás el referéndum constituyó un claro respaldo popular a la política seguida por el segundo gobierno de la Monarquía, que procedió sin pausa al desmantelamiento de las instituciones de la Dictadura. De las Cortes orgánicas nadie volvió a acordarse; el Tribunal de Orden Público fue suprimido por decreto y el 1 de abril de 1977 una nueva ley establecía la libertad de sindicación de empresarios y trabajadores, completada a principios de junio por un decreto que abolía la sindicación obligatoria. El gobierno suprimió por decreto la secretaría general del Movimiento y decidió incorporar a todos los funcionarios sindicales y del Movimiento a la administración general del Estado. De esta manera, la desaparición de las instituciones de la Dictadura no entrañó el más mínino conato de depuración: la reforma consistía en desmantelar el régimen conservando la administración, una política impensable si a partir de los años sesenta los cuerpos de funcionarios y los asalariados del sector público no se hubieran multiplicado y la administración no se hubiera distinguido del régimen político. En fin, el gobierno ratificó en abril y mayo de 1977 los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos y sociales y los de libertad sindical y derecho a la sindicación libre.

Suárez culminaba así la primera fase de una transición legal de la Dictadura a la democracia, con la neutralización de la capacidad de bloqueo de sus adversarios, el desplazamiento de legitimidad hacia la Corona y al gobierno, la derogación de hecho de las Leyes Fundamentales, la disolución de las instituciones franquistas y la paulatina incorporación de la oposición a un proceso controlado desde el gobierno. El momento político al comenzar el nuevo año se caracterizaba, pues, por un claro retroceso de los sectores inmovilistas, un afianzamiento del gobierno y un avance de la oposición que pasaba de la presión en la calle a la mesa de negociación. Sin embargo, las reglas del nuevo sistema político estaban todavía por definir y, en lo que se refería al orden público, no habían desaparecido las del antiguo, una situación muy propicia para que los grupos de la extrema derecha condenados a quedarse fuera del sistema en gestación intervinieran con objeto de extender un clima de pánico que evocara la Guerra Civil y justificara una intervención militar. La provocación comenzó en la calle, en la Gran Vía de Madrid, con el asesinato de un joven en una manifiestación pro amnistía. Los autores pertenecían a Fuerza Nueva, matriz de diversos grupos terroristas, entre otros, de los Guerrilleros de Cristo Rey. Al día siguiente, en una manifestación de protesta por ese asesinato, un bote de humo lanzado por la policía acabó con la vida de una joven estudiante, circunstancia que aprovecharon terroristas con la misma adscripción y relacionados con la Organización Sindical para reproducir la brutal imagen de la Guerra Civil llevando contra la pared a ocho abogados y un conserje de un despacho laboralista vinculado a Comisiones Obreras y al Partido Comunista. Cinco de ellos murieron a consecuencia del fusilamiento y otros cuatro quedaron gravísimamente heridos.

Para ser eficaces, además de contar con apoyos sociales y complicidades en las fuerzas de seguridad, los terroristas tienen que lograr el propósito de intimidación y debilitamiento de las instituciones inherente a sus atentados. En enero de 1977, consiguieron lo contrario. El atentado levantó una oleada de solidaridad con el Partido Comunista que dio pruebas de disciplina y contención al encauzar pacífica y ordenadamente a la multitud congregada en la calle para asistir al entierro de los abogados asesinados. La conquista de la legalidad por el PCE que todos, excepto ellos mismos, habían dejado para después de las elecciones avanzó aquella tarde más que en los dos años anteriores: ese entierro destruyó la imagen del comunista como alguien excluido de la nación, un extranjero, el enemigo, que la Dictadura había construido durante años. Aquel día, la legitimidad simbólicamente alcanzada se convirtió en el más sólido soporte para conseguir la legalidad. La opinión pública sufrió un vuelco espectacular: si en octubre de 1976, sólo se declaraban a favor de la legalización del PCE un 25 por 100 de los españoles, mientras otro 35 se manifestaba en contra, en abril de 1977 la proporción se había más que invertido: 55 por 100 a favor por sólo un 12 por 100 en contra.

La profunda emoción causada por aquel crimen horrendo, además de legitimar al PC y abrirle las puertas de la legalidad, paralizó a quienes se pretendía provocar: el ejército no se movió y ni siquiera se decretó el estado de excepción. Esta consecuencia del atentado la debieron de comprender los GRAPO, un grupo procedente del llamado PCE(r). Como los Guerrilleros, también ellos pretendían paralizar el proceso y no veían otro modo de conseguir su objetivo que provocar a las fuerzas armadas: habían secuestrado al presidente del Consejo de Estado, Antonio M. de Oriol; repetían secuestro en la persona del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Emilio Villaescusa, y asesinaban a tres policías. Aparte del odio que confesaban a las fuerzas de seguridad por la represión en zonas con profundas crisis industriales, como Cádiz, Vigo y Bilbao, de donde procedían muchos de ellos, la elaboración ideológica que les condujo al atentado indiscriminado, con la elección de víctimas al azar, era un amasijo de leninismo, maoismo y tercermundismo, útil para justificar como paso adelante en la revolución el asesinato de cualquier policía que tropezaran en su camino.

La reacción popular contra los asesinatos, la ratificación del compromiso democrático por los medios de comunicación, la conducta seguida por los dirigentes del PCE y la calma y autocontrol del gobierno impidieron que la confluencia de terroristas de las extremas derecha e izquierda alcanzara su objetivo: no volvió a militarizarse el orden público ni la oposición democrática retornó a sus cuarteles de invierno. Por el contrario, se aceleró el proceso de negociación y legalización de los partidos políticos. El 18 de marzo se publicaba el decreto-ley sobre normas electorales, con un sistema proporcional corregido para el Congreso, distritos provinciales y listas cerradas y bloqueadas. El 9 de abril, un Sábado Santo, Suárez tomó la audaz decisión de legalizar al PCE. Las reacciones no se hicieron esperar: Manuel Fraga la calificó de golpe de Estado, juicio que enseguida hubo de rectificar. Más grave fue la inquietud levantada en los medios militares, que se consideraron engañados por el presidente: Pita da Veiga, ministro de Marina, dimitió sin que fuera posible sustituirle por ningún otro almirante en activo. El Consejo Superior del ejército expresó su acatamiento «en consideración de los intereses nacionales de orden superior», aunque no se guardó de expresar su opinión contraria. La legalización del PCE, punto neurálgico de la transición, fue la primera decisión política de importancia tomada en España desde la Guerra Civil sin contar con la aprobación del ejército y contra su parecer mayoritario.

Otro nuevo sistema de partidos

El derrumbe de viejas legitimidades e instituciones redundó en el florecimiento de decenas de grupos políticos con aspiraciones a ocupar un lugar en el nuevo sistema que habría de sustituir al régimen en trance de desaparecer. La sopa de siglas revelaba la naturaleza y los límites de la oposición a la Dictadura y daba pábulo a quienes auguraban un periodo de confusión y caos. El localismo más extremo y las más nimias diferencias ideológicas o personales eran suficientes para que de cada opción política pudiera contarse un buen número de grupos formados en torno a líderes cuyo ámbito de influencia no pasaba de familiares y amigos. Desde la extrema izquierda a la extrema derecha, podían contarse decenas de grupos de ámbito no ya no estatal sino ni siquiera no regional. Hasta mayo de 1977 habían solicitado su inscripción en el registro 111 partidos, de los que 78 quedaron legalizados, pero otros muchos actuaban sin cumplir el trámite reglamentario. La ola siguió creciendo hasta marzo de 1979, cuando pudieron contabilizarse más de 300. Como, al mismo tiempo, la gente no mostró ningún entusiasmo por engrosar las filas de los partidos, el número de afiliados no pasaba de 200 en la mayoría de los casos.

Por la izquierda, el gobierno de Suárez había previsto en el socialismo el límite de lo legalizable, lo que explica que el PSOE pudiera celebrar en diciembre de 1976 su primer congreso en España desde 1932 en condiciones de alegalidad en libertad, un signo de los tiempos. Sus dirigentes se presentaron rodeados por el presidente de la Internacional, Willy Brand, y algunos jefes de gobierno europeos como Olof Palme, Bruno Kreisky y Anker Joergeson. En su reaparición pública, los socialistas acuñaron, por vez primera en su historia, la identidad marxista del partido a la vez que defendían posiciones moderadas para el proceso de transición: críticos de la idea de un gobierno provisional y convencidos de la inutilidad de un enfrentamiento con el gobierno, anunciaron que participarían en las elecciones a Cortes y dieron a entender que lo harían aun si no todos los partidos eran legalizados. Las resoluciones del congreso reproducían la mezcla de radicalismo verbal y moderación práctica que caracterizaba de antiguo al socialismo español: el PSOE reafirmaba sus objetivos finales de acabar con el capitalismo e instaurar una república, pero no mostraba prisa alguna en alcanzarlos.

La irrupción del PSOE levantó cierta inquietud en el PCE, que temía ser víctima de un acuerdo del que quedara excluido. Su estrategia durante estas semanas consistió en forzar las condiciones de su legalidad: por los mismos días en que los socialistas celebraban su congreso, Santiago Carrillo concedía una rueda de prensa rodeado de la comisión ejecutiva y colocando al gobierno en situación incómoda. Lo que pretendía era demostrar a Suárez que su partido estaba allí para desempeñar el papel que por su historia de oposición a la Dictadura le correspondía. La respuesta fue quizá la que deseaba y presumía: detenido junto a otros miembros del comité ejecutivo del partido, quedó en libertad a los pocos días. El PCE no había conseguido aún la legalidad pero Carrillo podía abandonar la clandestinidad y aparecer rodeado de los líderes del eurocomunismo, Enrico Berlinguer y Georges Marchais, a la espera de pactar con el gobierno las condiciones de la legalización de su partido. Cumplidas en circunstancias dramáticas pero en menos tiempo del previsto, los comunistas aceptaron en la primera reunión legal de su comité central la monarquía como forma de Estado y la bandera roja y amarilla como símbolo de la nación. El PCE se presentaría a las elecciones aunque en el camino hubiera abandonado su propuesta de gobierno provisional y de referéndum constituyente: el problema, decían de antiguo sus dirigentes, no era monarquía o república sino dictadura o democracia.

Con el PSOE y el PCE aparecía cubierta la mayor parte del «espacio político» de la izquierda. Si se exceptúa al PNV, eran los dos únicos partidos históricos, fundado el primero casi un siglo antes, en 1879, y producto el segundo de la escisión de 1921. El PSOE había experimentado desde 1972 un proceso de renovación y cambio profundo en su dirección, con la llegada de una nueva generación que no había conocido la Guerra Civil, había roto con el exilio y contaba con el apoyo de la Internacional Socialista. El PCE, más activo y mejor organizado en la oposición a la Dictadura, aparecía dirigido por políticos experimentados aunque gravitara sobre ellos la incógnita de saber hasta dónde pagarían con un rechazo su vinculación con la guerra y su largo exilio. En todo caso, y aunque se sintieran dueños de un capital histórico de incierta rentabilidad, el PSOE no disponía a finales de 1976 de más de diez mil militantes y el PCE no debía de contar con muchos más aunque podía confiar, a través de Comisiones, en una mayor implantación entre la clase obrera.

De ahí que otros proyectos socialistas o comunistas quisieran también probar fortuna en las anunciadas elecciones generales. Por el lado comunista, el PCE (marxista-leninista), el Movimiento Comunista, Bandera Roja, el Partido del Trabajo y la Organización Revolucionaria de Trabajadores fueron algunos de los grupos que, aun sin conseguir su legalización, se prepararon para competir por el voto de izquierda. Del lado socialista, el que prometía mayor éxito era el Partido Socialista Popular, nombre adoptado en 1974 por el Partido Socialista del Interior de Enrique Tierno. Abundaban también los partidos socialistas de ámbito regional, que formaban la Federación de Partidos Socialistas y Convergencia Socialista. La estrategia del PSOE de no aceptar coaliciones y exigir la absorción bajo las mismas siglas y en idéntica organización se revelaría como la clave de su posterior fortuna electoral: uno tras otro, los partidos socialistas llegaron a acuerdos electorales y acabaron ingresando en poco tiempo dentro de la estructura federal del PSOE, reforzándola y extendiendo su organización por todas las regiones y nacionalidades.

Por la derecha, Manuel Fraga se alejó de su primer proyecto centrista de 1971 y preparó un conato de partido, Reforma Democrática, que sirviera de base para una coalición de todos los que habían quedado marginados del proyecto de Suárez. El problema radicaba en que las distintas asociaciones de la derecha, más que verdaderos partidos, no pasaban de pequeñas elites caracterizadas por su oposición a una plena reforma democrática. López Rodó con sus regionalistas, Federico Silva con lo más conservador de la democracia cristiana, Cruz Martínez Esteruelas con un sector de Unión del Pueblo Español, fueron los principales componentes, con la gente de Fraga, de la nueva coalición de Alianza Popular, fundada en octubre de 1976. Las incorporaciones de Fernández de la Mora, Thomas de Carranza y Licinio de la Fuente, sin añadir una aportación de afiliados o de recursos ni atraer a nuevos sectores de opinión, acentuaron todavía más la evidente filiación de aquellos siete magníficos con la Dictadura.

El centro que Fraga de esta forma desertaba era el espacio preferido por la mayoría de los españoles. Las múltiples encuestas que auscultaban las intenciones de unos ciudadanos llamados por primera vez a contar en el futuro político coincidían en señalar el desplazamiento de la autoubicación de la mayoría hacia zonas de centro a medida que se aproximaba la fecha de las elecciones. El centro se convirtió así en preferente terreno de caza de todos los grupos que en los últimos años de la Dictadura habían pululado por las templadas zonas de la semioposición. Desde noviembre de 1976, Areilza, Cabanillas y Pérez Llorca, junto a un grupo de tácitos, habían formado un Partido Popular, que celebró su primer congreso con asistencia de mil delegados en febrero de 1977. El PP pretendía dotarse de una organización y servir de núcleo en el que pudieran converger liberales, democratacristianos y socialdemócratas. No formaban partidos al estilo del PSOE o del PCE, con una tradición, una fuerte definición ideológica y una organización, sino grupos más o menos informales aglutinados en torno a algún personaje de la política. Entre los liberales, los grupos de Ignacio Camuñas y Joaquín Garrigues acogieron con simpatía la propuesta del PP para constituir una coalición electoral bajo la denominación de Centro Democrático. A la iniciativa se unieron también los socialdemócratas de Fernández Ordoñez, aunque de los democratacristianos sólo Álvarez de Miranda y la Unión Democrática Española se decidieron a colaborar, mientras Izquierda Democrática, de Ruiz Giménez, y la Federación Popular Demócrata, de Gil Robles, anunciaban, desafiando los consejos de la jerarquía eclesiástica, la creación de un Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español al que se unió el PNV y los partidos del mismo signo de Cataluña y Valencia.

Constituido sobre la base del PP de Areilza y Cabanillas, el Centro Democrático formaba, pues, un mosaico de grupos, incapaz de resistir la iniciativa de Suárez. El inevitable encuentro de un centro atomizado con un gobierno al que sonreía el éxito produjo un reajuste inmediato: desde que Suárez manifestó su interés por la operación centrista y su propósito de participar en ella, la dirección efectiva de CD no podía seguir en manos de los dirigentes del PP. Areilza lo entendió de inmediato y presentó su dimisión, lo que dejó vía libre a Suárez para culminar la iniciativa transformando el proyecto centrista en una coalición electoral bajo la denominación de Unión de Centro Democrático, a la que se incorporaron quince grupos democratacristianos, liberales, socialdemócratas, azules y regionalistas. Suárez no exigió, como González, la disolución de los grupos en un solo partido, sino que optó por la fórmula de coalición de partidos. Dirigida por Leopoldo Calvo Sotelo, se inició la confección de las listas electorales que dio lugar a no pocas fricciones con los fundadores de CD ya que sus aspiraciones hubieron de acomodarse al desembarco de los hombres del presidente, no siempre bien vistos por las distinguidas huestes liberales y democratacristianas.

Así cubierto todo el terreno, los españoles volvieron a participar por vez primera desde la guerra en grandes mítines para oír a dirigentes políticos. Una mezcla de recién estrenada curiosidad en los más, de entusiasmo en no pocos, y de experimentación por los líderes de técnicas de propaganda, con profusión de octavillas, radiantes amaneceres, cuñas radiofónicas, vuelos en jet, mensajes en televisión, canciones pegadizas y encuestas de opinión acompañaron este renacimiento de la vida política tras cuarenta años de dictadura. En este clima de euforia y de a ver qué pasa con la libertad recobrada, todos pudieron probar suerte: las candidaturas de grupos, partidos y coaliciones se multiplicaron de tal forma que ninguna posible opción, excepto la republicana, obligada a camuflarse, quedó fuera. Por la extrema izquierda, se presentaron hasta cuatro candidaturas: Frente Democrático de Izquierda, Frente por la Unidad de los Trabajadores, Agrupación Electoral de Trabajadores y Candidatura de Unidad Popular; por la izquierda, PCE, PSOE y Unidad Socialista; en el centro, Equipo de la Democracia Cristiana, Alianza Socialista Democrática, Pacte Democratic per Catalunya, Unión del Centro y de la Democracia Cristiana de Cataluña y PNV disputaban los votos a la coalición del gobierno, UCD, que aparecía más fuerte. A la derecha, dominaba Alianza Popular, flanqueada al extremo por una Alianza Nacional del 18 de julio, con Fuerza Nueva y un sector de Falange, mientras otro se presentaba bajo el nombre de Falange Española Auténtica. Nadie podía decir que no existiera una oferta a la medida de todos los deseos.

Los deseos se encauzaron hacia muy pocas opciones y limpiaron de un plumazo el abigarrado mapa de pequeños partidos. El 15 de junio, después de una campaña electoral en la que nadie salió a la calle con el propósito de cambiar de Estado para transformar la vida, algo más de 18 millones de electores, el 78,7 por 100 del censo, se acercaron a las urnas. Si la oferta fue muy plural, el voto resultó muy concentrado. Había ya muchos motivos para creerlo así: en las semanas que precedieron a la votación pudo apreciarse que el elevadísimo número de indecisos se reducía en favor de dos principales opciones con dos rasgos comunes: sus líderes eran políticos jóvenes, sin recuerdos de la Guerra Civil, sin huellas de la represión, sufrida o ejecutada, en sus rostros, modelos ambos de la clase media ascendente de los sesenta, con estudios universitarios, triunfadores a edad temprana, uno presidente del gobierno, otro llamado a serlo; además, las formaciones que lideraban, UCD y PSOE, cuyas expectativas de voto pasaron del 20 al 30 y del 13 al 24 por 100, eran como ellos: su programa, poco preciso, se identificaba con el cambio dentro de un orden. Nada en torno a Suárez evocaba el pasado, y sólo un Pablo Iglesias estilizado, atemporal, símbolo de honradez eterna asomaba a la espalda de González. Ambos eran nuevos, jóvenes y limpios dirigentes; a su lado, Carrillo, Tierno, Fraga, por no hablar de Gil Robles o Ruiz Giménez, parecían de otro tiempo, si no de otro mundo. Al final serían sus dos partidos las que se llevarían la parte del león mientras que, en Cataluña y País Vasco, los nacionalistas obtenían alentadores resultados, aunque por detrás de los partidos de ámbito estatal. En Cataluña, el PSC-PSOE obtuvo el 30 y el PSUC el 19 por 100 de los votos y, entre los dos, 20 de los 33 escaños en disputa; en Euskadi, de los 21 escaños, 12 fueron para partidos de ámbito estatal (PSOE, UCD y CD) aunque el PNV consiguió el mayor número de escaños, 8, uno más que el PSE-PSOE.

Quedaba así configurado un primer sistema de partidos que en nada recordaba al surgido de las elecciones de 1931. Si entonces el gobierno provisional obtuvo una aplastante mayoría parlamentaria que dejó en posición marginal a un considerable sector de la sociedad, ahora la divisoria izquierda/derecha resultó muy equilibrada. Lo importante, sin embargo, fue que tanto en la derecha como en la izquierda aparecieran, en la zona más cercana al centro, sendos partidos hegemónicos y, hacia los extremos, otros minoritarios, lo que permitió definir el modelo resultante como de bipartidismo imperfecto: dos grandes partidos habían recogido el 63 por 100 de los votos y se repartían el 80 por 100 de los escaños. Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido en 1931, la mayoría del Congreso no era gobierno, reducido UCD a la condición de minoría mayoritaria, lo que le obligaba a una política del todo diferente a la emprendida por la coalición republicano-socialista. La fuerza de los votos imponía que Suárez formara un gobierno de minoría con UCD y que buscara, para las grandes cuestiones pendientes, fórmulas de consenso mientras seguía, para los asuntos menudos, políticas susceptibles de encontrar aliados en minorías de diverso signo.

Política como consenso

Al formar su primer gobierno tras las elecciones, pero antes de la constitución de la Cortes, Suárez buscó de nuevo un equilibrio, ligeramente escorado hacia la izquierda, entre los diversos grupos que formaban la coalición centrista. Amigos del presidente eran Fernando Abril, que pasaba a la vicepresidencia para Asuntos Políticos; Martín Villa, que permanecía en Gobernación, y Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero para Asuntos de Defensa, por vez primera sin más ministros militares; los Tácito mantuvieron Justicia con Landelino Lavilla, y Asuntos Exteriores con Marcelino Oreja, mientras los del PDC ocupaban Educación con Iñigo Cavero y Presidencia, a la que accedió Otero Novas, pues Alfonso Osorio, reticente ante el nuevo rumbo, abandonó el gobierno y pronto también UCD. Fernández Ordóñez y García Díez, socialdemócratas, se encargaron de Hacienda y Comercio y Turismo, y propusieron a Enrique Fuentes Quintana como vicepresidente de Asuntos Económicos. Con los liberales Ignacio Camuñas, del PDP, y Joaquín Garrigues, de la FPDL, en Relaciones con las Cortes y Obras Públicas y Urbanismo, quedaba completo el gobierno que habría de dirigir el proceso constituyente.

El nuevo equipo habría de gobernar buscando acuerdos con los grupos de oposición. Todos ellos tuvieron ocasión de exponer sus programas y objetivos en el primer debate parlamentario celebrado a finales de julio, tras la sesión de apertura presidida por el rey y el nombramiento de Hernández Gil como presidente de las Cortes y la elección de Fernando Álvarez de Miranda y de Antonio Fontán para presidir el Congreso y el Senado. En el debate salieron a relucir todas las cuestiones pendientes, las relativas al pasado como las planteadas para el futuro: ampliar la amnistía, superar los residuos de la Guerra Civil, hacer frente a la crisis económica, elaborar una Constitución con la participación de todos los grupos de la Cámara, reconocer la personalidad de las regiones y nacionalidades, restablecer los derechos históricos de Euskadi, fueron algunos de los propósitos enunciados por González, Carrillo, Pujol y Arzalluz en nombre de sus respectivos grupos. De ellos, el inmediatamente debatido fue un proyecto de ley de amnistía presentado conjuntamente —signo de los tiempos— por los grupos centrista, socialista, comunista, minorías vasca y catalana, mixto y socialistas de Cataluña. En el debate de este proyecto se habló mucho del pasado, de la guerra, de la dictadura, de los represaliados; pero se habló en términos de borrarlo, enterrarlo o superarlo: «¿cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?» preguntó Marcelino Camacho, con las espaldas cargadas de años de cárcel. Y Xabier Arzalluz resaltó el papel del pueblo vasco en la lucha por la amnistía reconociendo, sin embargo, que «la reconciliación no debe admitir ningún protagonismo». Borrar el pasado para posibilitar la reconciliación: tal fue la sustancia de aquel debate que ha dado pie a una tesis según la cual la transición habría sido posible gracias a un «pacto del olvido» firmado sobre el fondo de una amnesia colectiva. El simple argumento de que amnistía y amnesia proceden de idéntica raíz ha bastado para erigir este pacto de olvido en argumento de una renuncia y en razón de todas las insuficiencias con las que habría alumbrado la nueva democracia española.

Sin embargo, ni la decisión de echar al olvido el pasado fue un invento de la transición ni la amnistía entonces aprobada guarda relación alguna con un vaciado de memoria. Desde la misma guerra en el presidente de la República y entre pequeños círculos de exiliados, desde 1944 en grupos de la oposición interior, desde 1948 en monárquicos y socialistas, desde 1956 en la nueva generación nacida en los años treinta, desde 1962 entre los reunidos de Múnich y en el nuevo movimiento obrero, la decisión de olvidar la guerra y proclamar una amnistía general como primer paso en el proceso de transición a la democracia era algo más que hablado y acordado. El debate sobre la amnistía en octubre de 1977, que no afectaba a actos cometidos durante la guerra sino a los atentados de los últimos años de la Dictadura, no hizo más que recuperar la representación de la Guerra Civil como catástrofe nacional, tragedia, guerra fratricida, estéril e inútil matanza, responsabilidad compartida, que había emergido desde 1940 en círculos de la oposición. Sea cual fuere el propósito estratégico de ese léxico, lo cierto es que de ninguna manera esperó a la transición para hacer acto de presencia, como no fue tampoco una invención de la transición la decisión de olvidar un pasado del que quienes así lo decidieron no sólo se acordaban, sino que lo llevaban grabado en su memoria, cuando no en sus cuerpos. No a los más jóvenes protagonistas de la transición, aunque también a ellos, sino sobre todo a quienes habiéndolo sufrido recitaron ese pasado como guerra fratricida, es a quienes se debe la insistencia en echar al olvido el pasado de la Guerra Civil. Pero echar al olvido no es lo mismo que olvidar. Olvidar es no recordar lo ocurrido; echar al olvido es olvidarse voluntariamente, enfrentarse al pasado para llegar a la conclusión de que no determinará el futuro.

Es cierto que esta política de reconciliación se concibió en los años cuarenta y se consolidó en los cincuenta como arma contra la Dictadura: la reconciliación no llegaba a quienes seguían pronunciando su particular discurso de la guerra contra el invasor o contra la anti-España y festejando cada año su comienzo, con sus fiestas, sus desfiles, sus caídos, sus mártires. La radical novedad de la transición, lo que todo el mundo tuvo que aprender, porque no venía explicado en ninguna lección anterior ni nadie había escrito en ninguna pizarra, fue que la voluntad de olvido se ampliaría en sólo unos meses hasta abarcar a los herederos directos del franquismo y a todo lo ocurrido durante la Dictadura. La transición no era nueva, sino vieja de treinta años, en su exigencia básica: fin del discurso de la guerra, reconciliación, amnistía y renuncia a la revancha: eso estaba dicho y repetido desde los años cuarenta. La transición fue nueva en sus agentes políticos y en la amplitud de la amnistía. En 1977 no se trataba de que un católico, antiguo dirigente de la CEDA, que había colaborado en la financiación de la rebelión militar, se encontrara en el despacho del secretario del Foreing Office con un socialista que había traficado con armas para organizar una insurrección contra la CEDA; ni como en 1962, de que un monárquico se viera en Múnich con un republicano, un demócrata cristiano con un socialista; ni siquiera, como en tantos conventos y sacristías de los años sesenta, de que se sentaran juntos comunistas y católicos. Ahora de lo que se trataba era de que el secretario general del partido comunista, responsable del orden público en el Madrid sitiado de noviembre de 1936, se viera y se entendiera con el último secretario general del Movimiento nacional, que cuarenta años después recién venía de colgar en el trastero la camisa azul.

Esta imprevista novedad llevó hasta su última consecuencia el principio de amnistía general y renuncia a represalias enunciado por los mayores como imprescindible exigencia de la apertura de un proceso constituyente: la amnistía, reclamada por la izquierda y los nacionalistas, acabó cubriendo también a todas las burocracias de la Dictadura. Del rey abajo, a nadie se preguntó por su pasado con tal de que en el presente se dispusiera a participar en el proceso constituyente y se atuviera a sus resultados. El aprendizaje democrático que la oposición había realizado en su lucha contra la Dictadura desde los años cuarenta, que la nueva generación reafirmó desde los cincuenta, se completó veinte años después con esta última lección impuesta por una rapidísima percepción de los límites del poder de cada cual. La decisión de olvido se completó así con la necesidad de conducir el proceso de manera que nadie dispuesto a aceptar las nuevas reglas se quedara fuera. Para lograrlo fue necesario, paradójicamente, recordar, hablar de la guerra. En este sentido, fue la memoria de lo que ya casi todos entendían como una trágica escisión política y social la que actuó como refuerzo de un consenso que formaba parte de antiguo del lenguaje de oposición al régimen de Franco.

Al final, resultó que la potencia del mito de la reconciliación como un relato que daba sentido al futuro fue tal que todo el mundo vino a abrevar en sus aguas. Los políticos, desde los azules a los rojos de antaño, descubrieron el placer de encontrarse y presumieron de un alto grado de integración institucional en los contactos, entrevistas personales, confesiones de mutuas simpatías y, finalmente, en la disposición, exigida por los resultados electorales, a que el nuevo edificio constitucional se levantara por consenso. Esta práctica de la política como transacción y acuerdo entre elites procedentes del régimen y de la oposición, construida sobre una voluntad de olvido del pasado, sobre el mito de la reconciliación que había venido a liquidar en la conciencia colectiva, dos o tres décadas antes, el mito no menos fecundo de la dos Españas en eterna pugna exclusivista, es lo que constituye la radical novedad de la transición y lo que la diferencia de cualquier otro acontecimiento anterior: de la revolución gloriosa de 1868, desde luego, y también, aunque algunos soñaran con repetir la historia, de la fiesta popular de 1931. La transición fue menos excitante que una revolución o que una fiesta, pero fue mucho más eficaz y duradera en su capacidad de integración y en la solidez de sus resultados.

En ese nuevo clima político y moral resultó relativamente fácil inaugurar una original etapa de acuerdos entre los partidos sobre las cuestiones pendientes. Lo primero, pues no admitía demora, fue negociar un pacto social para salir de la crisis económica. Desde 1976 las horas de trabajo perdidas por huelgas pasaron siempre de los cien millones, la inflación no dejaba de crecer ni el paro de subir hasta alcanzar magnitudes de dos dígitos. El gobierno estaba demasiado inmerso en los problemas políticos como para conceder prioridad a la movilización obrera: siguió una política de concesiones y contemporización cuyo resultado más inmediato fue el empeoramiento de la situación en términos de inflación, paro, déficit de la balanza de pagos y nivel de reservas, sin que por ello descendiera el número de conflictos. Fue en esos momentos cuando Enrique Fuentes propuso un amplio pacto social cuya sustancia consistía en controlar los aumentos salariales en niveles inferiores a la inflación prevista. A cambio, el gobierno se comprometía a impulsar medidas de carácter redistributivo, como una reforma fiscal y mejoras sociales. La propuesta fue acogida favorablemente sobre todo por el PCE, que seguía defendiendo, debido a sus pobres resultados electorales, la idea de un gobierno de concentración nacional. Santiago Carrillo estaba dispuesto a continuar la política de plena incorporación de su partido al sistema político y se convirtió en el más entusiasta defensor de los pactos, considerados por el PSOE como un remedo de gobierno de concertación y aceptados con reticencias y suspicacias.

Firmados en septiembre, los pactos de La Moncloa no pusieron término y ni siquiera iniciaron el declive de la movilización obrera lanzada en 1976. Más bien sucedió lo contrario, y no porque los sindicatos combatieran unos pactos suscritos exclusivamente por los partidos políticos, sino porque, a pesar de aceptarlos y de ser conscientes de la importancia de la democracia, carecían de recursos para oponerse al movimiento de huelgas y no podían aparecer, cuando reclamaban por primera vez el voto para elegir representantes, como meras correas de transmisión de las consignas de los partidos. El hecho fue que las huelgas no alcanzaron su punto culminante hasta 1979 y que sólo a partir de entonces comenzaron a descender gracias a la nueva política de concertación iniciada con el Acuerdo Marco Interconfederal firmado en julio de 1979 por UGT y la recién creada CEOE.

Evolución de las huelgas durante los años de transición política

1975

Huelguistas: 556.371

Horas de trabajo: 10.355.120

1976

Huelguistas: 3.638.957

Horas de trabajo: 110.016.240

1977

Huelguistas: 2.317.026

Horas de trabajo: 92.572.050

1978

Huelguistas: 3.633.004

Horas de trabajo: 128.738.478

1979

Huelguistas: 5.752.304

Horas de trabajo: 171.067.049

1980

Huelguistas: 2.461.061

Horas de trabajo: 108.625.662

Fuente: J. A. Sagardoy y D. León Blanco, El poder sindical en España, Barcelona, 1982.

El AMI estableció la pauta para futuros acuerdos entre sindicatos y empresarios en los que radicó la principal causa de la relativa paz social que ha caracterizado sus relaciones desde entonces. En 1981 se negoció, para sustituir al AMI, un Acuerdo Nacional sobre el Empleo, firmado por CEOE, UGT, y esta vez también por CCOO, cuya persistente política de confrontación se había saldado con un retroceso de afiliación y una pérdida de posiciones respecto a la UGT. La política de pactos sociales consolidó un sistema neocorporatista con sindicatos de muy bajo nivel de afiliación, lo que distingue a España de los grandes sistemas neocorporatistas con afiliación obligatoria de hecho y asociaciones no competitivas. Dos sindicatos se repartían el 70 por 100 de los delegados sindicales de empresa, capaces de pactar —y deseosos de hacerlo— salarios y condiciones de trabajo con los empresarios en acuerdos de dos años de duración, pero con un nivel de afiliación que introduce dudas sobre su autoridad para hacer cumplir lo pactado. En todo caso, y a diferencia de lo ocurrido durante la República, los pactos de sindicatos y patronales, inaugurados en 1979, constituyeron un poderoso factor de consolidación de la democracia.

Más laborioso y confuso que el pacto social resultó encontrar un cauce por donde pudieran discurrir las reivindicaciones a una plena autonomía que, además de formar parte de los programas nacionalistas, había sido reclamada también por el PSOE y el PCE con resoluciones en las que se reconocía el «inalienable derecho de los pueblos a decidir libremente su destino». La lógica inherente a estas declaraciones era la de constituir un Estado federal, expresamente afirmada en el Manifiesto-Programa del PCE de septiembre de 1975 y en el congreso del PSOE de diciembre de 1976. De acuerdo con esos supuestos, la Comisión de los Nueve incluyó el derecho a la autonomía y la exigencia de restaurar las instituciones autonómicas en las demandas presentadas al gobierno durante el periodo preelectoral. Las manifestaciones por la autonomía habían sido particularmente masivas en Cataluña, donde la Assemblea de Catalunya desde principios de los años setenta y el Consell de Forces Politiques de Catalunya desde diciembre de 1975 habían aglutinado a la oposición nacionalista y de izquierda. El Consell exigía la aprobación de un Estatuto de Autonomía del que resultaría el restablecimiento de la Generalitat.

El gobierno prefirió encarar la cuestión por medio de negociaciones directas con los titulares de las instituciones autonómicas alumbradas en los años treinta, los presidentes de la Generalitat y del gobierno vasco, Josep Tarradellas y José M. Leizaola, ambos en el exilio. Los contactos comenzaron en noviembre de 1976 con la visita del coronel Andrés Casinello a Tarradellas: el restablecimiento de la institución para llegar más adelante a la aprobación de un Estatuto que sustituyera, en el marco de la nueva Constitución, el aprobado en la República fue lo que Tarradellas exigió de Suárez. Después de las elecciones, Tarradellas rechazó todo compromiso con el gobierno y con la asamblea de parlamentarios de Cataluña que no entrañara el reconocimiento expreso de la legitimidad de la institución que presidía y su restablecimiento, aunque fuera provisional y no reflejara el resultado de las elecciones. Tras no pocos forcejeos, Tarradellas aceptó que la restauración del Estatuto se llevara a cabo de acuerdo con la legalidad vigente y sin referencia al aprobado por las Cortes de la República. El 29 de septiembre de 1977, por decreto ley, quedó provisionalmente restablecida la Generalitat, sin atribuciones específicas que rebasaran las competencias de las diputaciones provinciales y con órganos de gobierno cuya composición quedaba a la decisión del presidente que, a su vez, era nombrado por real decreto a propuesta del presidente del gobierno. Tarradellas pudo volver a Barcelona y recibir la aclamación del pueblo catalán por la restauración de una autonomía que no pocos parlamentarios catalanes consideraron una traición a los objetivos fijados desde principios de 1976.

El gobierno pretendió reproducir en Euskadi esta política de negociación y mutuas concesiones, pero el presidente del gobierno vasco en el exilio prefirió que la asamblea de parlamentarios vascos negociara el restablecimiento de la autonomía con el ministro para las Regiones, Manuel Clavero, favorable a la generalización de los acuerdos preautonómicos. La conversaciones con los parlamentarios presentaban la adicional dificultad de la división de los navarros: a diferencia de los diputados del PSOE y PNV, los de UCD, mayoritarios en Navarra, no se incorporaron a la asamblea vasca. Los puntos más difíciles de la negociación fueron la aspiración a la inmediata constitución de las juntas generales, con anterioridad a las elecciones locales; el restablecimiento de los conciertos económicos para Guipúzcoa y Navarra y la incorporación de Navarra al País Vasco. El acuerdo final consistió en el compromiso de incorporar los conciertos económicos al Estatuto, después de elaborada la Constitución, esperar a las elecciones municipales para formar las juntas y crear un mecanismo que permitiera, si lo deseaba, la futura incorporación de Navarra al País Vasco. En diciembre de 1977 culminó la operación con el establecimiento de un Consejo General Vasco bajo la presidencia del socialista Ramón Rubial.

El restablecimiento de la Generalitat y del Consejo Vasco despertó en otras regiones movimientos en favor de la autonomía que el gobierno intentó canalizar procediendo a la constitución de órganos preautonómicos. De marzo a septiembre de 1978 se publicaron varios reales decretos-leyes que establecían para Galicia, Aragón, País Valenciano, Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, Juntas o Consejos Generales que habrían de dirigir el proceso hasta la consecución de sus respectivas autonomías. Al no existir un plan de organización final del Estado, se produjeron notables vacilaciones a la hora de definir los límites territoriales de algunas de estas autonomías y la relación que con ellas pudieran establecer los territorios uniprovinciales, como Cantabria, Navarra, Murcia o La Rioja. La forma puramente pragmática de atender las demandas autonómicas de todas las regiones dejó pendiente para después de la Constitución un cúmulo de problemas que acabarían por empañar el éxito obtenido por el gobierno en sus tratos con los nacionalismos históricos. Pues lo que estaba en discusión —pero nunca se discutió expresamente— con estos procesos era si la constitución final del Estado quedaría bajo la lógica federal o si las autonomías catalana y vasca —y tal vez gallega— recibirían un tratamiento especial. Finalmente se impuso, aun evitando la denominación, la lógica federalista: la Constitución generalizó el principio de autonomía a todas las nacionalidades y regiones, sin distinción de atribuciones o de competencias. La única diferencia se reducía a las vías de acceso, más rápida, gracias a la disposición transitoria segunda, para las comunidades que ya hubieran plebiscitado proyectos de Estatuto durante la República, y más lenta para las demás.

Todo eso ocurría mientras una comisión del Congreso elaboraba un proyecto de Constitución. Las Cámaras habían sido elegidas merced a una ley que evitó atribuirles un carácter constituyente: en teoría, la Ley para la Reforma modificaba la seudoconstitución de las Leyes Fundamentales, pero en realidad la derogaba de hecho, aun si formalmente la legalidad de la Dictadura seguía vigente. En todo caso, se necesitaba una Constitución y el primer problema que tal evidencia planteaba consistía en hallar la fórmula que permitiera convertir en constituyentes unas Cortes elegidas como si de ordinarias se tratase. La moderación en la divisoria ideológica izquierda/derecha y el encuentro, novísimo en la historia política de España, entre democracia y monarquía, operó en favor de la anteposición de iniciativas pragmáticas a fidelidades doctrinales: la presencia de dos Cámaras en lugar de una sola y la limitación de no someter a plebiscito la forma monárquica del Estado no fueron obstáculo para tomar como un hecho natural u obligado el carácter constituyente de aquellas Cortes. El gobierno deseaba presentar en poco tiempo y bajo su exclusiva responsabilidad e iniciativa un proyecto breve, elaborado por expertos de UCD y del Ministerio de Justicia o por una comisión de expertos en derecho constitucional. La rotunda negativa de las oposiciones socialista y comunista, que deseaban constitucionalizar el mayor número posible de derechos y libertades, obligó al gobierno a renunciar a su primera intención y acceder a la propuesta de que fuera la misma Cámara la encargada de elaborar el proyecto de Constitución: una vez constituidas las Cortes, y antes de haberse dotado de reglamento, se creó una Comisión de Asuntos Constitucionales, formada por 36 miembros —17 representantes de UCD, 13 del PSOE, 2 del PCE y de AP y 1 de CDC y PNV—, cuya tarea sería preparar un proyecto de Constitución.

La Comisión procedió a nombrar una ponencia integrada por siete miembros: Miguel Herrero de Miñón, José P. Pérez Llorca y Gabriel Cisneros, por UCD; Gregorio Peces-Barba, por PSOE; Manuel Fraga por AP; Jordi Solé Tura por PCEPSUC y Miquel Roca por las minorías vasca y catalana —aunque la primera le negaría muy pronto representatividad— fueron los encargados de redactar, bajo la regla de la confidencialidad más estricta, el anteproyecto de Constitución. La política de consenso, que hasta las elecciones designaba una pauta de negociación por la que gobierno y oposición cedían parte de su programa de transición, pasó a designar una práctica negociadora a resguardo de la vista del público, rodeada de secreto: nada que ver con los debates suscitados por el proyecto de Constitución de la República. Consenso fue así equivalente a política de círculos reducidos, de encuentros en domicilios particulares, en comidas y cenas para limar asperezas y suprimir aristas: política de retorno a la privacidad, de ámbitos cerrados en lugar de los espacios abiertos, la calle, los mítines, que habían caracterizado los primeros pasos de la transición.

Confidencialidad y secreto facilitaron los cambios de alianzas y la cesión en puntos irrenuciables para arrancar a su vez concesiones fundamentales. AP renunció a la pretensión de unas leyes constitucionales parciales, y UCD a una Constitución breve que dejara para el futuro el desarrollo de su articulado, en favor de un texto amplio en el que se constitucionalizaran todos los derechos y las libertades fundamentales, como pedían los partidos de izquierda. Más alcance tuvo la renuncia por parte de la izquierda a la forma republicana de Estado en favor de la monárquica sin que mediara la convocatoria de un plebiscito. Entre los socialistas, el supuesto implícito monárquico era viejo, de más de treinta años; pero junto a él siempre mantuvieron la explícita afirmación republicana. La aparente contradicción se resolvió con el artificio de mantener en Comisión un voto particular en favor de la República, en el bien entendido de que sería rechazado, y aceptar luego en el pleno los artículos del Título Preliminar. El PCE no puso obstáculo alguno a una definición que chocaba con su anterior historia y dedicó su esfuerzo, en el que encontraron la colaboración de AP, a limitar los poderes de la Corona. Por su parte, UCD y AP admitieron sin discusión el término «nacionalidades» presentado por Miquel Roca, un concepto que provocaría serios conflictos internos en ambos partidos cuando se produjeron las primeras filtraciones del texto del anteproyecto.

La ponencia presentó el anteproyecto el 23 de diciembre y terminó sus trabajos a principios de abril de 1978, no sin que antes se produjera la salida de Peces-Barba, con el argumento del endurecimiento de UCD en la cuestión de la enseñanza aunque motivada realmente por la estrategia de pactos del partido mayoritario con la minoría catalana, destinada a marginar a los socialistas. Firmado, sin embargo, por todos los ponentes, el anteproyecto pasó a la Comisión que comenzó a debatirlo el 5 de mayo de 1978. Con el comienzo de la discusión parlamentaria se produjo un cambio de alianzas en la política de UCD que, inquieta por la amenaza del PSOE de retirarse de la Comisión si se aceptaba una enmienda centrista restrictiva de las garantías de los detenidos, decidió llegar con él a acuerdos negociados fuera del Parlamento. Suárez desplazó de la dirección de las conversaciones a Lavilla y Herrero, artífices del acercamiento a la minoría catalana, y la confió a Fernando Abril que concertó una cena con una delegación socialista, encabezada por Alfonso Guerra, con objeto de proponerle un amplio pacto constitucional.

A pesar de que no todos los problemas desaparecieron, desde la noche del 22 de mayo el acuerdo fue rápido entre centristas y socialistas. En la mañana del 23, sin que en las Cortes hubiera ocurrido nada especial, las votaciones de los artículos discutidos que venían solventándose por 19 contra 17 pasaron como por ensalmo a resolverse por amplia mayoría: UCD y PSOE formaron un bloque que hizo caer uno tras otro, a gran velocidad, los artículos pendientes. En la cuestión educativa, y como los socialistas aceptaron constitucionalizar las subvenciones estatales a la enseñanza privada, los centristas hicieron concesiones en lo relativo a la dirección de los centros privados de enseñanza financiados por el Estado; la discusión sobre regulación del derecho de huelga terminó retirando los centristas su propuesta de constitucionalizar el cierre patronal; para la regulación del derecho al aborto, los socialistas aceptaron sustituir el derecho a la vida de «todas las personas» por un indeterminado «todos» en el que podían caber también los fetos no nacidos; y por lo que se refería a la pena de muerte, la abolición total que habrían deseado socialistas y comunistas fue limitada aunque sólo en caso de guerra y no para la jurisdicción militar, como había sido la propuesta centrista. No fue difícil tampoco llegar a un acuerdo sobre el orden económico/social contemplado en el proyecto constitucional, con el reconocimiento por los socialistas de la economía de mercado y, por UCD, de la intervención del Estado. Por lo que se refería a la organización territorial del Estado, UCD propugnó la generalización de las autonomías a todas las regiones, aunque con diferentes modalidades de acceso y diversos plazos para la asunción de competencias. En resumen, el consenso fue posible gracias a una buscada ambigüedad en las fórmulas aprobadas para evitar el triunfo de una posición y la derrota de la contraria: una Constitución abierta, se llamó al resultado.

Alcanzado el acuerdo en las cuestiones fundamentales gracias al consenso de UCD-PSOE, las protestas de los otros grupos ampliaron la transacción a CDC y PCE. No fue posible, sin embargo, incorporar a la totalidad de AP ni al PNV, inconforme con la disposición adicional primera que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales». Sin cambios que afectaran a la sustancia de los acuerdos logrados por centristas y socialistas, con la participación de comunistas y catalanistas, el proyecto pasó, tras recibir mil enmiendas en el Congreso y otras tantas en el Senado, la discusión parlamentaria hasta su aprobación final por ambas Cámaras el 31 de octubre de 1978. En el Congreso obtuvo 325 votos favorables, 6 en contra y 14 abstenciones, mientras que en el Senado obtenía 226 a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. Los votos en contra del Congreso procedieron de 5 diputados de AP y del diputado de Euskadiko Ezquerra, mientras se abstenían el PNV en bloque y varios diputados más de AP y del Grupo Mixto. Sometido el texto a referéndum, la participación quedó muy por debajo de la alcanzada por la Ley para la Reforma: votó sólo el 67,11 por 100 del censo; el 87,87 lo hizo por el «sí» mientras que por el «no» se inclinó el 7,83. La Constitución fue así aprobada por cerca del 59 por 100 del censo, aunque en el País Vasco, por la llamada del PNV a la abstención, bajó a sólo el 43.

Resultado de una transacción entre diferentes proyectos, no de la imposición de una mayoría sobre la minoría, el texto promulgado constituye una novedad en la historia constitucional de España. Basado en los principios de igualdad, libertad y pluralismo político, el Estado se define como democrático y social de derecho, se organiza como Monarquía parlamentaria y «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» dentro de «la indivisible unidad de la patria». Con los llamados «poderes fácticos», la Constitución mantiene una relación no carente de ambigüedad: no reconoce religión oficial alguna, pero menciona expresamente a la Iglesia Católica; la primera referencia a las fuerzas armadas, a las que se asigna la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional», se encuentra en el Título Preliminar que, en contrapartida, constitucionaliza también la existencia de partidos políticos, sindicatos y agrupaciones patronales. En la larga relación de derechos y deberes que ocupa el Título Primero se abre la vía al divorcio y se constitucionaliza el derecho de huelga, aunque no el de objeción de conciencia. El Estado debe promover el bienestar en un orden de economía mixta y reconocimiento de la propiedad privada y del mercado libre, aunque con un sector público y con la intervención por medio de la planificación económica y hasta de la incautación de la propiedad en caso necesario. En fin, la Constitución limita los poderes de la Corona, consagra el bicameralismo con criterios de representación proporcional para el Congreso, mientras opta para el Senado por el sistema mayoritario y por una representación igual por provincia. Como muestra de una arraiga desconfianza al parlamentarismo y con objeto de garantizar la estabilidad del gobierno, introduce el voto de censura constructiva, con presentación de un candidato a la presidencia y la imposibilidad de volver a plantearlo en el mismo periodo de sesiones.

Mientras la Constitución se debatía, el nacionalismo radical vasco y los grupos de la extrema izquierda y de ultraderecha recurrieron, con renovado vigor, a la violencia armada y a los atentados individuales con objeto de intervenir por la fuerza en el proceso de cambio político. La expectativa de que, una vez instaurada la democracia y concedidas las sucesivas amnistías, el terrorismo iría menguando hasta desaparecer no sólo no se vio cumplida, sino que debió sustituirse por la evidencia contraria: a medida que el proceso avanzaba, los atentados se incrementaban a la par que se dirigían a objetivos cualitativamente distintos, con el propósito de provocar a las fuerzas armadas: si en 1973, año del asesinato de Carrero Blanco, se contaron 4 atentados terroristas con víctimas mortales, cinco años después se producían 71 con el resultado de 85 muertos, y su número continuaría subiendo hasta 1980, con 91 atentados y 124 muertos, el más elevado de toda la serie. En julio de 1978, cuando andaba muy avanzado el debate constitucional, ETA apuntó a la cúpula militar con el evidente propósito de provocar una reacción militar que paralizase el proceso. El incremento del terrorismo vasco en los primeros años de la transición revela la decisión de ETA de responder con la violencia a la política autonómica y de complementar con las armas el retraimiento del nacionalismo moderado en el proceso constitucional.

Pues la ruptura del consenso constitucional estableció una compleja relación entre el PNV y ETA, considerada por los primeros como un comprensible extravío de jóvenes nacionalistas. La Iglesia vasca, por su parte, reforzó ese tipo de relación al acoger como héroes y mártires de una causa sagrada a los militantes de ETA muertos en enfrentamientos con la policía o de resultas de la explosión de sus propios artefactos. Los ritos funerarios, la exaltación de la muerte del héroe y la denuncia de la acción policial como la de agentes de un poder extranjero comenzaron a formar parte de la cotidiana liturgia de la muerte administrada por sacerdotes vascos. La acción represiva de las fuerzas de policía y Guardia Civil contribuyó a crear en torno a ETA un amplio apoyo social entre la población joven. La reivindicación del derecho a la autodeterminación; la exigencia de incorporación de Navarra al territorio vasco; las acciones terroristas perpetradas por grupos como el Batallón Vasco Español, la Triple A y, bajo gobierno socialista, los GAL, con estrechas vinculaciones con el Ministerio del Interior; la calculada ambigüedad del nacionalismo moderado; la actitud de Francia, que consideraba la cuestión vasca como problema interno español y no hizo nada por impedir la existencia de un santuario tras los Pirineos, fueron algunos de los factores que determinaron la persistencia de la violencia organizada como arma de lucha política.

El ejemplo vasco ejerció un considerable influjo sobre otros grupos nacionalistas que ensayaron también durante estos años el recurso a las armas. Aunque ninguno de ellos lograra el nivel de profesionalidad y eficacia y el apoyo social que alcanzó ETA, sus acciones se repitieron desde finales de los años setenta. El Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, el grupo independentista catalán Terra Lliure y, más tarde, el Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe fueron algunos de estos grupos que, sin contar con un extendido apoyo social a sus objetivos de independencia nacional y, menos aún, al recurso a la violencia, reivindicaron varias docenas de acciones terroristas. Sin conexiones con reivindicaciones nacionalistas, la organización que mayor notoriedad alcanzó durante estos años fue la conocida como GRAPO, una continuación del FRAP, emanación del llamado PCE(r). Formados por jóvenes estudiantes y obreros que habían militado en organizaciones políticas clandestinas durante los últimos años de la Dictadura, los GRAPO nunca llegaron a contar con más de dos o tres grupos de acción, pero sus intervenciones en el proceso político, al coincidir con momentos particularmente delicados, contribuyeron a desestabilizar la frágil marcha a la democracia y favorecieron las actuaciones de los núcleos involucionistas no desarraigados de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. Por la ultraderecha surgieron numerosos grupos, alguno de ellos bien organizados, como los Gerrilleros de Cristo Rey, y otros de carácter más efímero como la Alianza Apostólica Anticomunista, remedo de la Triple A argentina. La utilización habitual de confidentes o delincuentes comunes en los atentados perpetrados por la ultraderecha indica bien las complicidades de estos grupos en sectores involucionistas de la policía.

Fin del consenso, fragilidad de la democracia

Promulgada la Constitución, Suárez procedió a disolver las Cortes y convocar elecciones generales a las que seguirían casi de inmediato las primeras municipales. Los dos partidos mayoritarios, UCD y PSOE, habían reforzado el año anterior sus organizaciones: el primero, unificando los grupos de la coalición en un partido de corte presidencialista que celebró su primer congreso a mediados de octubre proclamando una militancia de 80.000 afiliados y definiéndose como partido democrático, interclasista, reformista y progresista; el segundo, culminando la operación de absorber y unificar a todos los partidos y grupos de denominación socialista bajo sus siglas, un éxito sin precedente en la historia del socialismo español, que por vez primera podía presentar candidaturas con razonables posibilidades de obtener buenos resultados en Cataluña como en Andalucía, en Valencia como en Extremadura.

El clima electoral de 1979 no recordaba en nada al de dos años antes: aunque el número de pequeños partidos de ámbito local o provincial no había disminuido, los partidos con serias aspiraciones a formar gobierno quedaron reducidos a dos. Las elecciones se presentaban, pues, altamente competitivas y los dirigentes no defraudaron a sus parciales: el consenso, habían dicho los socialistas, estaba destinado a quedar «en el archivo de la historia». Los ataques menudearon: los socialistas acusando a Suárez y a UCD de perros asilvestrados y de ladrones que se llenaban los bolsillos como los gobernantes «que habían hecho de los políticos la basura de este país». Suárez, por su parte, recuperó el lenguaje del miedo propio de la derecha católica de los años treinta y los acusó de defender el aborto libre, propugnar la desaparición de la enseñanza religiosa, aspirar a una economía colectivista y autogestionaria, amenazar con la disolución de los cuerpos de seguridad del Estado: lo que estaba en juego con las elecciones, dijo Suárez en una apocalíptica intervención televisada, era «nada más y nada menos que la propia definición de modelo de sociedad en que aspiramos a vivir».

La pasión y dureza del enfrentamiento no fue suficiente para cambiar las preferencias de los votantes. Las elecciones dejaron las cosas, más o menos, como estaban en el sistema de partidos, aunque produjeron una palpable decepción en los dos partidos mayoritarios. El incremento del censo electoral, que de 23,5 millones pasó a 26,8 por reducción de la mayoría de edad a dieciocho años, no repercutió en mayor número de votantes: los 18,6 millones de votos de 1977 se quedaron en 18,3 y la abstención subió del 21 al 32 por 100, un fenómeno atribuido al «desencanto» que se habría adueñado de la sociedad española ante los comportamientos de la clase política y el funcionamiento de la democracia, incapaz de encontrar una salida a la crisis económica y a las acciones terroristas, los dos problemas que más preocupaban a los ciudadanos.

Con tan alta abstención, y con un reparto de votos muy similar entre UCD y PSOE, el sistema que había resultado de las elecciones de 1977 parecía consolidarse: dos partidos mayoritarios en la línea izquierda/derecha, con otros dos minoritarios a sus extremos. Aparte del anecdótico escaño obtenido por Unión Nacional, las diferencias más notables radicaron en el auge de los partidos nacionalistas de izquierda en Euskadi, con 172.110 votos de Herri Batasuna, de la que nadie ignoraba su vinculación con ETA, y otros 85.000 para Euskadiko Ezkerra. Síntomas de la fuerza que adquirían los sentimientos regionalistas o nacionalistas fueron también los buenos resultados del Partido Socialista de Andalucía que logró cinco escaños y la presencia en el Congreso, con un diputado cada uno, de Esquerra Republicana de Catalunya, Unión del Pueblo Canario, Unión del Pueblo Navarro y Partido Aragonés Regionalista. La cuestión nacional o autonómica se revelaba como la única capaz de alterar la composición de un sistema de partidos que en sus líneas fundamentales repetía la fórmula del bipartidismo imperfecto: dos partidos de ámbito estatal se repartían, con el 66 por 100 de los votos, más del 80 por 100 de los escaños; otros dos con menos escaños que proporción de voto, y la presencia de un número variable de partidos de ámbito no estatal que recogían en torno al 10 por 100 del voto.

El consenso ha terminado, dijo Adolfo Suárez en su discurso de investidura como presidente del primer gobierno constitucional. Aprobada la Constitución y alcanzado un primer acuerdo para construir el marco del Estado de las Autonomías, era preciso desarrollar una política de partido y no, como hasta entonces, la de un inexistente gobierno de concentración nacional. Para emprender la nueva etapa, Suárez tomó la arriesgada decisión de sustituir a los «barones» o líderes de los grupos fundacionales de UCD por las nuevas caras del general Antonio Ibáñez Freire en Interior, Jaime García Añoveros en Hacienda y Salvador Sánchez Terán en Transportes y Comunicaciones. Pero a pesar de que formalmente en UCD ya no existían grupos, los barones seguían contando con sus séquitos y obligaron a Suárez a crear una comisión permanente en la que acabaron por entrar todos ellos. Los jefes de fila de las familias de UCD —Cabanillas, Álvarez de Miranda, Lavilla, Fernández Ordóñez, Garrigues, Martín Villa— y varios dirigentes del partido y amigos del presidente —Abril, Arias Salgado, Pérez Llorca y Rafael Calvo, nuevo secretario general— pasaron a formar parte de este organismo situado atípicamente por encima del consejo político y de la comisión ejecutiva. Enfrentado a iniciativas políticas sobre las que cada grupo había mantenido su propia posición, el gobierno se encontró pronto presa de fuertes polémicas que acabaron por paralizar decisiones en el ámbito de la educación básica y universitaria y en el de las políticas económica, exterior y autonómica.

Fue en este terreno donde Suárez cosechó sus últimos éxitos y su primer fracaso. La Constitución había dejado abierta la distribución de facultades y competencias entre las comunidades autonómas y el Estado al contemplar en su art. 150.2 la posibilidad de transferir a aquéllas materias de titularidad estatal. Basándose en este artículo, con Fernando Abril asegurando que las autonomías carecían de «techo», los proyectos de Estatuto catalán y vasco, aprobados en Sau y Gernika, reducían las funciones del Estado a la defensa nacional, relaciones exteriores y moneda. La habilidad de Suárez encontró campo abonado en las conversaciones con el nuevo presidente del Consejo General Vasco, Carlos Garaikoetxea, que sustituyó a Ramón Rubial tras las legislativas: en el verano de 1979 estaba listo el Estatuto de Autonomía, con importantes niveles de autogobierno, el restablecimiento de los conciertos económicos y una fuerza de policía autónoma; una Cámara legislativa, una presidencia de la comunidad que sería también la del consejo de gobierno y un Tribunal Superior de Justicia completaban el marco institucional que el Estatuto vasco compartía con el catalán, al que se llegó sin más dificultades que la escasa prisa de Tarradellas por restablecer unos órganos de gobierno que pondrían fin necesariamente a su presidencia. Entendido entonces como la vía por la que el PNV se incorporaba tácitamente a la Constitución, el Estatuto de Euskadi fue sometido a referéndum el 25 de octubre, el mismo día en que también eran convocados los catalanes a las urnas: ambos pasaron la prueba, aunque con una abstención superior a la registrada en las elecciones generales: 40,3 por 100 en Euskadi y 40,5 en Cataluña.

La aprobación de los Estatutos de Euskadi y Cataluña y el comienzo de la discusión del de Galicia lanzó una carrera por la autonomía mientras el gobierno decidía «racionalizar» el proceso. Ante el temor a quedarse con una autonomía devaluada, sin Parlamento propio, varios ayuntamientos andaluces tomaron la iniciativa de poner en marcha los mecanismos previstos en el art. 151 de la Constitución para alcanzar el estatuto y evitar el plazo de espera de cinco años establecido en el 148. El problema consistía en que, además de ser solicitado por todas la diputaciones y las tres cuartas partes de los municipios, el estatuto tenía que ser ratificado mediante referéndum por la mayoría absoluta de los electores de cada provincia: unas condiciones que convertían la carrera por el estatuto en motivo de agitación política e introducían un caos en el calendario de los referendos si todas las comunidades se decidían por esa vía. A pesar de su propósito de frenar el proceso, el gobierno tuvo que dar curso a la iniciativa andaluza y convocar la consulta para finales de febrero de 1980, a la que adjuntó su contradictoria decisión de recomendar la abstención, lo que obligó al ministro de Cultura, Manuel Clavero, a presentar la dimisión. Animados por tanta torpeza, y movilizados por el partido socialista, que veía en la cuestión autonómica la gran oportunidad para mostrar que el consenso había terminado, los andaluces se echaron a la calle el 28 de febrero y con una participación cercana al 64 por 100 del censo, el triunfo del «sí» fue absoluto en todas las provincias excepto en Almería: un fracaso para el gobierno, que se complicaría con el avance de los nacionalistas y el retroceso de los partidos de ámbito estatal en las elecciones para los primeros Parlamentos vasco y catalán.

Las divergencias dentro del partido y del gobierno bajo la dirección cada vez más dubitativa de Adolfo Suárez se manifestaron también en política exterior, con sus encuentros con Yasser Arafat y Fidel Castro y la presunta intención de sumar España al bloque de países no alineados. No fue mayor el acuerdo en política educativa, con la aprobación final de un Estatuto de Centros Docentes, en marzo de 1980, que provocó serias discrepancias entre los grupos democratacristiano y socialdemócrata de UCD por la financiación sin contrapartidas de los centros privados de enseñanza, regidos la mayor parte por órdenes religiosas. En fin, las discusiones en torno a la Ley de Divorcio, cuya aprobación tropezó con los democratacristianos que lograron retrasar su aprobación hasta junio de 1981, y los aplazamientos que hubieron de sufrir varias leyes orgánicas sobre comunidades autónomas, autonomía universitaria y televisión, constituyeron otras tantas muestras de las dificultades de UCD para llevar a cabo una política aceptada por todos sus grupos. Para complicar más las cosas, los años 1979 y 1980 marcaron el momento álgido de la actividad terrorista de ETA militar. De las 242 víctimas mortales de atentados terroristas cometidos en 1979 y 1980, 174 fueron ocasionadas por los activistas vascos que eligieron a mandos del ejército como principal blanco de sus atentados.

En sólo un año se habían acumulado suficientes motivos para abrir una crisis de gobierno, pero el detonante que la hizo inevitable fue la incompatibilidad entre los ministros del área económica y el vicepresidente para Asuntos Económicos y mano derecha del presidente, Fernando Abril. Debilitado por los recientes acontecimientos, Suárez abrió la crisis el 15 de abril de 1980 y no pudo cerrarla hasta veinte días después, a principios de mayo, con ligeras variantes sobre el equipo anterior. Pero no bien resuelta, hubo de enfrentarse a una moción de censura presentada por el PSOE, que permitió a Felipe González exponer un programa de clásico corte socialdemócrata: el PSOE se presentaba, por un lado, como la fuerza moderada de la que dependía la estabilización y consolidación de la democracia, capaz de llevar a término la reforma institucional del Estado; pero no renunciaba, por el otro, a su identidad de izquierda acentuando el papel que al Estado correspondía como redistribuidor de la riqueza y protagonista de reformas sociales acumulativas. Con la moción y el programa, González daba también por oficialmente clausurada la política de consenso, recuperaba para su partido la posición de alternativa de poder y reafirmaba su liderazgo tras los decepcionantes resultados de las elecciones y los alborotos experimentados en los congresos en 1979, con el abandono del marxismo y la dimisión y recuperación de la secretaría general.

A partir de este debate, la preferencia de los ciudadanos cambió de signo: González pasó a ocupar en los meses siguientes la primera posición que Suárez no había abandonado desde su explosión política de 1976. El voto de censura afectó también a la autoridad que todavía quedaba al presidente entre los barones de su propio partido, que impusieron su reincorporación a un gobierno presidido por el mismo Suárez pero en el que se reconocería a cada uno de ellos la cuota de poder a la que creía tener derecho. En septiembre de 1980, Suárez presentó su quinto gobierno, el mejor de los posibles, se dijo, aunque resultara el último de los reales, pues el acuerdo no satisfizo a los democratacristianos, que protagonizaron a partir de ese momento una rebelión en toda regla. Al dimitir Jiménez Blanco la presidencia del grupo parlamentario para ocupar la del Consejo de Estado, Herrero de Miñón, después de un duro ataque contra «el caudillaje arbitrario que pretende ocultar la irremisible pérdida de liderazgo político», presentó su candidatura a la que opuso la dirección de UCD la de Santiago Rodríguez Miranda. Elegido por 103 votos contra 45, el triunfo de Herrero constituyó la mejor muestra de la debilidad de Suárez en su propio partido.

Debilidad que parecía afectar, a medida que avanzaba el año, más allá del gobierno, al mismo sistema democrático: la situación política iba a peor, la crisis económica no tocaba fondo, los movimientos involucionistas se pregonaban desde los periódicos y ETA había lanzado la mayor ofensiva de asesinatos de su historia: en sólo dos semanas de octubre, tres policías, tres motoristas de la Guardia Civil, el propietario de un estanco, un teniente coronel del ejército, el delegado de Teléfonica y un miembro de la ejecutiva de UCD de Guipúzcoa perdieron la vida en la serie de atentados más sangrienta conocida hasta entonces. En este clima, inquietos por el reciente triunfo de un golpe militar en Turquía, los dirigentes socialistas vieron encendidas las luces rojas que avisaban de la necesidad de entrar en el gobierno, lo que exigía la formación de una nueva mayoría quizá bajo la presidencia de una personalidad independiente: una especie de gobierno de salvación nacional que fuera bien recibido por los «poderes fácticos».

El problema fue que no sólo los socialistas, sino un creciente sector de UCD estaba dispuesto a acabar con Suárez, cuyo liderazgo aparecía arruinado desde la moción de censura y el compromiso con los barones de su partido. El triunfo de Herrero de Miñón animó al sector de UCD autodenominado «crítico» a presentar para el congreso que habría de celebrarse a principios de 1981 un documento exigiendo mayor democracia interna y un sistema de representación proporcional en los organismos dirigentes. Suscrito por 203 compromisarios, el documento obtuvo el apoyo de otros 300, lo que daba a los críticos un peso decisivo para el futuro congreso. Aunque en un primer momento decidió hacer frente a esta ofensiva, Suárez convocó de forma sorpresiva en la tarde del 26 de enero de 1981 a un reducido grupo de ministros y dirigentes de UCD para anunciarles su irrevocable decisión de dimitir de la presidencia del partido y de la del gobierno, que comunicó el día siguiente al rey y luego a todo el país en una dramática intervención televisada. Para resolver su relevo, Suárez reunió el día 28 a los dirigentes centristas, más Leopoldo Calvo Sotelo, vicepresidente del gobierno y número dos del partido. Fue ese «sanedrín» el que decidió cooptar para la presidencia a Calvo Sotelo, cuya candidatura no obtuvo en el consejo político de UCD la confianza del sector crítico, molesto por el procedimiento seguido.

En el obligado turno de consultas, Felipe González propuso al rey que si UCD no podía, por sus divisiones internas, formar gobierno, le tocaba al partido mayoritario de la oposición buscar una solución que estabilizara el sistema democrático sin convocar nuevas elecciones. Aunque entrañara un esfuerzo e incluso un sacrificio para su partido, González estaba dispuesto a formar un gobierno de coalición. No hubo caso: el rey no consideró esa arriesgada solución. UCD le había aconsejado que llamara a uno de sus diputados, Leopoldo Calvo Sotelo, a quien en efecto el rey encargó la formación de gobierno. Era un momento de grave tensión política agudizada por el asesinato de José María Ryan, ingeniero de la central de Lemoniz secuestrado unos días antes por ETA, y la inmediata muerte por torturas de José Ignacio Arregui en el Hospital Penitenciario de Carabanchel. Pero ni la tensión ni los crecientes rumores de que algo se tramaba en los cuarteles movió a ningún grupo parlamentario a prestar su apoyo al candidato, que en primera votación no obtuvo más que 169 votos, insuficientes para la investidura. El gobierno que en todo caso saldría de la nueva votación lo haría, como Felipe González señaló en el pleno de 23 de febrero, sin «los apoyos parlamentarios que comportan la mitad más uno de los miembros de la Cámara».

Pero unos minutos después de la intervención de González y de la breve respuesta del portavoz de UCD, Rodríguez Sahagún, cuando ya había comenzado la votación y eran, según relata el Diario de Sesiones, «aproximadamente las dieciocho horas y veinte minutos, se escucharon en el pasillo disparos y gritos de «¡fuego, fuego!» y «¡al suelo todo el mundo!» e irrumpió en el hemiciclo un número elevado de gente armada y con uniforme de la Guardia Civil, que se situó en lugares estratégicos, amenazó por la fuerza a la presidencia y, tras un altercado con el vicepresidente primero del gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, conminó a todos a tirarse al suelo, sonando ráfagas de ametralladora». Era el teniente coronel Tejero, al mando de un destacamento de guardias civiles y a la espera de que un general apareciera para hacerse cargo de la situación. Por fin, había estallado el malestar militar del que todo el mundo hablaba desde hacía años: los procuradores militares habían votado contra la Ley para la Reforma; el general de Santiago había protestado contra la reforma sindical y Pita da Veiga dimitió por la legalización del PCE; los insultos y desplantes al vicepresidente Gutiérrez Mellado eran comidilla de todos los días y en noviembre de 1978 una fantástica «Operación Galaxia» en la que aparecían implicados coroneles y tenientes coroneles fue descubierta antes de que tomaran, como se habían propuesto, La Moncloa. La crisis de identidad y de función que atravesaban unas fuerzas armadas acostumbradas desde 1906 a establecer los límites de lo políticamente posible subió de tono con la formación del colectivo «Almendros» del que formaban parte varios generales y coroneles que llamaban sin tapujos a un golpe de timón.

El golpe de timón se convirtió en un golpe de Estado en toda regla: Tejero esperaba en el Congreso a un general mientras Milans del Bosch sacaba los tanques por las calles de Valencia. Tras largas horas de incertidumbre, un mensaje del rey, televisado desde el Palacio Real, devolvió la confianza: el golpe había abortado. Pero sus efectos se dejaron sentir de inmediato. El 25 de febrero, Calvo Sotelo obtuvo una mayoría confortable: 186 votos a favor y 158 en contra; la minoría catalana y los andalucistas habían accedido a apoyarle. En la sesión de investidura, González repitió su metáfora de las luces rojas e invitó a UCD, al gobierno y al candidato a considerar si no era llegada la hora de formar un gobierno con amplia base parlamentaria. UCD no lo creyó necesario, persuadida como estaba de su capacidad para «afrontar lo que hay que afrontar y hacer lo que hay que hacer». Calvo Sotelo formó un gobierno de UCD, redujo el número de Ministerios, suprimió la vicepresidencia para Asuntos de Seguridad y Defensa Nacional y designó para esa cartera a Alberto Oliart en el primer gobierno sin presencia alguna de militares desde los tiempos de la República. El gobierno así formado se aprestó con buen ánimo a hacer frente a los problemas que habían debilitado al anterior: normalización militar, racionalización del proceso autonómico, crisis económica con su secuela de paro y, en fin, definición de una más clara política exterior con el propósito de acelerar la entrada de España en la OTAN.

Parte central del programa de Calvo Sotelo fue la renovada política de concertación con la que el gobierno quiso encontrar con la oposición, en sendas «mesas» negociadoras, una salida a los más acuciantes problemas políticos y económicos. Contra lo ocurrido a Suárez, Calvo Sotelo recibió a un González muy receptivo a la idea de reanudar una política de consenso. No encontró obstáculo para que el proceso por rebelión militar se redujera, de los más de 200 implicados, a un total de 32 militares y un solo civil: el juicio se celebró, los golpistas fueron condenados y las suaves penas recurridas ante el Tribunal Supremo. Tampoco lo hubo para elaborar una nueva política autonómica. Ya desde septiembre de 1980, con Martín Villa en Administración Territorial, el gobierno había expresado su intención de igualar los niveles de autonomía de todas las comunidades. El mismo Martín Villa anunció poco después su deseo de firmar una especie de pactos de la Moncloa de carácter autonómico, acogiendo positivamente la iniciativa de Felipe González de desarrollar por medio de una ley orgánica el Título Octavo de la Constitución. La dimisión de Suárez y el conato de golpe militar empujaron en la misma dirección: Martín Villa explicó el 13 de marzo la decisión del gobierno de «armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas». La iniciativa encontró un rápido apoyo en el PSOE: el 2 de abril, Calvo Sotelo y Felipe González comunicaron su propósito de establecer el modelo global del Estado de las autonomías y su intención de contar con la colaboración de una comisión de expertos presidida por García de Enterría.

Los pactos firmados el 31 de julio por el presidente del gobierno y el secretario general del PSOE, ante la hostilidad de los nacionalistas catalanes y vascos y en ausencia del PCE y de AP, consagraban el principio de generalización de las autonomías, aunque limitando la vía de acceso por el art. 151 a las cuatro que ya habían celebrado referendos: País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. La discriminación en el procedimiento no entrañaba una diferencia en el nivel de autonomía final: todas tendrían asambleas legislativas elegidas por sufragio directo, de las que saldrían los respectivos consejos de gobierno con sus presidentes. Los pactos trazaban el mapa definitivo de las comunidades autónomas, limitaban la posibilidad de erigir comunidades uniprovinciales y establecían las normas para homogeneizar el proceso de transferencia de competencias y servicios a las distintas comunidades, que debían celebrar elecciones en la misma fecha. La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, en que plasmaron esos acuerdos, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por los partidos nacionalistas y declarada inconstitucional por sentencia de 5 de agosto de 1983 en su carácter orgánico y armonizador y en buena parte del Título Primero por entender el Tribunal que no correspondía al Parlamento interpretar preceptos constitucionales. Pero el resto del articulado de la Ley, declarado constitucional, y el pacto político que le sirvió de base permitieron regular durante ese difícil periodo la aprobación de la mayoría de los Estatutos pendientes y cerrar el mapa autonómico con la solución de los problemas planteados por Madrid en su relación con Castilla y por las Islas Baleares y Canarias. Al anunciar Calvo Sotelo la disolución de las Cortes el 28 de agosto de 1982, sólo quedaban en diferentes fases de tramitación los Estatutos de Baleares, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Ceuta y Melilla.

No pudo lograrse el mismo acuerdo entre gobierno y oposición en el otro de los objetivos trazados por Calvo Sotelo en su discurso de investidura: el ingreso de España en la OTAN. La política exterior que la democracia había heredado de la Dictadura, aparte de los tradicionales vínculos con América Latina y los países árabes, se basaba en los acuerdos firmados con Estados Unidos en 1953, renegociados en 1970 y transformados por el segundo gobierno de Arias en un pacto de amistad y cooperación en enero de 1976. Cuatro días después de la firma de ese nuevo Tratado, el gobierno definió como un objetivo de su política exterior la entrada de España en la OTAN, que Suárez, preocupado sobre todo por cuestiones de política interior, volvió a plantear como meta a largo plazo y como parte de una política global de incorporación a la CEE. El 28 de julio de 1977, el gobierno presentaba la solicitud formal de adhesión a la Comunidad, que esperó hasta diciembre de 1978 para dar una respuesta afirmativa sólo en principio y no inició formalmente las negociaciones hasta febrero de 1979. El mismo Suárez, en su discurso de investidura de 30 de marzo de 1979, insistió en la política de adhesión de España a la OTAN, aunque dejando para un posterior debate parlamentario el calendario y procedimiento.

La «pausa» en las negociaciones para la adhesión a la Comunidad impuesta en junio de 1980 por el presidente francés Giscard d’Estaing, más interesado en aconsejar cómo debían hacerse las cosas en España que en abrir las puertas de Europa, y el golpe de 23 de febrero introdujeron nuevos elementos en la definición de la política exterior. Marcelino Oreja respondió a la pausa giscardiana anunciando la decisión de España de incorporarse a la OTAN, en la creencia de que al ser miembro de pleno derecho de la Alianza, España estaría en mejor posición para forzar su adhesión a la Comunidad. En el discurso que abrió la sesión de investidura, Calvo Sotelo había argumentado que la posición geopolítica de España no le permitía ser neutral y que su gobierno solicitaría el ingreso en la OTAN, convencido de que esa incorporación estaba «vinculada a otros condicionantes de nuestra política exterior». El golpe militar, cinco días después, no hizo más que confirmarle en su primer argumento, con la expectativa de que la integración de los militares españoles en una organización internacional acabaría con sus veleidades golpistas.

Calvo Sotelo no debió de sentirse sorprendido por la firme oposición del PSOE a su propuesta de ingresar en la OTAN por medio de una votación en el Congreso. Desde que Marcelino Oreja hubo planteado el año anterior un posible calendario para el ingreso, Felipe González anunció su determinación de no acompañar al gobierno en esa «huida hacia adelante». Los argumentos eran los mismos que venía repitiendo de tiempo atrás. No se trataba de ser anti-OTAN o antiatlantista sino de aprovechar la circunstancia de no haber pertenecido a los países signatarios del Pacto Atlántico para sacar todas las ventajas de esa posición. En consecuencia, llamaba la atención de UCD para que no se hiciera ilusiones sobre un presunto «reblandecimiento» de los socialistas en este punto: si el gobierno resolvía la integración en la Alianza Atlántica por mayoría simple de las Cámaras, también por mayoría simple decidiría el PSOE la salida. González formuló además la promesa y el compromiso de convocar una consulta popular sobre la permanencia en la OTAN. Ninguno de sus argumentos convenció al gobierno: el 29 de octubre de 1981, por 186 votos contra 146, el gobierno quedaba autorizado por el Congreso para tramitar la adhesión al Tratado del Atlántico Norte.

No tuvo el mismo éxito Calvo Sotelo con su propio partido, empeñado en una carrera que conducía directamente a su autodestrucción. Por la izquierda, el grupo de Fernández Ordoñez tendía puentes hacia el PSOE mientras, por la derecha, los críticos no permanecían ociosos en su intento de «moderar» la línea política del partido. Óscar Alzaga y Miguel Herrero publicaron una Plataforma Moderada que además de reclamar mayor fortaleza del Estado central y más energía en la defensa del orden público y de la familia, anunciaba la necesidad de una «nueva mayoría», aspiración que coincidía con la «mayoría natural» reclamada por Fraga. Poco después de publicarse esta plataforma, Fernández Ordoñez anunció su salida del gobierno y a las pocas semanas sus diputados abandonaron el grupo parlamentario de UCD. El sector crítico sacó enseguida la lección de los desastres electorales de UCD en los comicios autonómicos, el último, en Galicia el 20 de octubre de 1981, y aceleró su acercamiento a AP que ya había afirmado en su IV Congreso su carácter de partido conservador y democrático y había obtenido el 30 por 100 de votos en las elecciones gallegas. Así tironeado desde la izquierda y la derecha, lo que quedaba de centro en UCD no resistió los resultados de las elecciones andaluzas de mayo de 1982. Hasta Suárez lo abandonó para formar un partido propio, sin facciones pero con muy contados militantes, el CDS. Landelino Lavilla se hizo cargo de los restos del naufragio y se aprestó a levantar los ánimos por ver si en las inminentes elecciones no quedaban definitivamente sumergidos.

Porque a la vez que estas cosas ocurrían en UCD, y similares desgarros internos escindían al PCE, el PSOE había cuidado su doble imagen de partido serio y responsable, un partido de gobierno y, a la vez, de partido lleno de energía y capaz de movilizar la opinión. El gobierno, es verdad, fue generoso al ofrecerle en bandeja motivos para cultivar esa doble faz: los pactos autonómicos y el acuerdo sobre el empleo, probaban su seriedad; la OTAN y el escándalo del aceite de colza, que había causado un gravísimo problema de salud pública, le dieron ocasión para demostrar su capacidad de iniciativa política. Los socialistas jugaron a fondo esas dos cartas. Con su «OTAN, de entrada no. Exige un referéndum», pudieron recuperar el estilo de las primeras campañas electorales, la salida a la calle, a recoger firmas, a explicar, a repartir folletos; pudieron de nuevo movilizar a los ciudadanos, con convocatorias de mítines y festivales por la paz, con música y arengas. El aliento popular que los años de desencanto habían desviado del PSOE volvió a soplar en la dirección deseada: colaborando con el gobierno se había mostrado como partido de la alternativa; oponiéndose a él se presentaba como el partido del cambio.

Los socialistas en el poder

A esa doble imagen de partido responsable, de gobierno, pero también de movilización y de oposición, quedaba por añadir la de partido libre de facciones y al abrigo de divisiones internas tan nefastas para la estabilidad gubernamental. La ocasión para mostrarlo se le había presentado al PSOE en el otoño de 1981 con la convocatoria de su 29 Congreso. La convicción de ser el único partido con disciplina interna y liderazgo indiscutido no dejó resquicio a la manifestación de ninguna voz discordante. Más que unidos, los socialistas se mostraron unánimes en un grado al que ni siquiera Pablo Iglesias, con toda su carga de santo laico, habría aspirado cuando el PSOE era poco más que una secta de creyentes en el socialismo. En el 29 Congreso, la gestión de la ejecutiva saliente fue aprobada por el 99,6 por 100 y el secretario general elegido por el 100 por 100 de los votos, magnitudes desconocidas en la historia del socialismo. El debate que había caracterizado los primeros años de la transición se convirtió en la más absoluta unanimidad quedando como un arcaísmo la posibilidad de votar entre candidaturas opuestas.

Según la resolución política aprobada por el congreso, el programa a desarrollar desde el gobierno tendría como objetivos prioritarios la consolidación de la democracia, la defensa de las libertades y de la seguridad ciudadana, la modernización de la sociedad, la superación de la crisis económica, la definición clara de un proyecto de política exterior y la contrucción del Estado de las autonomías. Avanzando en esa dirección, los mensajes enviados durante el año 1982 extremaron la moderación: sólo se procedería a la nacionalización de la red de alta tensión; la enseñanza privada seguiría recibiendo subvenciones; el gobierno respaldaría a los poderes financieros y protegería la economía del mercado; las pequeñas y medianas empresas tendrían en el gobierno su máximo valedor. Los antes denominados poderes fácticos, la banca, la Iglesia, el ejército, nada debían temer de un gobierno socialista. Esta nueva posición ideológica, orgánica y política del partido socialista fue puesta a prueba en el terreno más propicio para garantizarle un éxito rotundo: Andalucía. De allí había salido el grupo dirigente del nuevo PSOE; allí había crecido la afiliación hasta alcanzar un cuarto del total; allí abundaban los sectores de población a los que se habían dirigido con más ahínco en su búsqueda de una mayoría social: jubilados, campesinos, mujeres; allí había tropezado el rival más próximo con sus erráticas propuestas de estatuto y allí, en sus primeras elecciones autonómicas, triunfó el PSOE por mayoría absoluta, un resultado sin precedente en las elecciones de la transición.

Para la prueba definitiva, los socialistas elaboraron un exhaustivo programa en el que se contenía todo lo que habían venido acumulando bajo el vago pero eficaz concepto de cambio. Además de detener la destrucción de empleo y prometer la creación de 800.000 puestos de trabajo, el cambio consistiría en modernizar las estructuras productivas, ayudar a la pequeña y mediana empresa, luchar contra el fraude fiscal, sanear las empresas públicas por medio de planes de reconversión industrial con creación de nuevos puestos de trabajo para el reciclaje de mano de obra empleada en actividades obsoletas o ruinosas. Se proponía también una sociedad más justa e igualitaria, con la extensión de la sanidad, la seguridad social y la educación. Los socialistas se comprometieron a modernizar la administración del Estado, mejorar los servicios públicos, promover la defensa de las libertades y de la seguridad ciudadana y «abrir a nuestro país a una nueva política internacional». Se presentaron, pues, no sólo como partido dispuesto a desarrollar la clásica política socialdemócrata de crecimiento con redistribución, sino a consolidar la democracia y afrontar cuestiones históricas pendientes en la sociedad y en el Estado españoles, como las de lograr una economía más competitiva, una amplia descentralización político-administrativa y la adecuación de las fuerzas armadas a su nuevo papel constitucional.

A este compromiso global de cambiarlo todo sin revolucionar nada se añadía un mensaje moral: los socialistas eran portadores de una nueva ética política, de un proyecto de regeneración del Estado y de la sociedad: moralizar la vida pública y erradicar la chapuza constituyeron motivos centrales de la didáctica de Felipe González. «Que España funcione» fue el lema condensado de la campaña electoral. Con ese programa, el PSOE se presentó a las elecciones convocadas por Calvo Sotelo cuando todavía no se habían superado los peores efectos de la crisis económica arrastrada desde 1974: el PIB seguía estancado; la inflación no bajaba del 15 por 100; el déficit cabalgaba en continuo y poco ortodoxo galope; la destrucción de empleo, imparable hasta alcanzar el 16,5 por 100. A la crisis económica se añadía la permanente tensión provocada por los atentados de ETA, que no bajaron de intensidad después de febrero de 1981. Los militares golpistas habían sido juzgados, Armada y Miláns condenados, pero las suaves penas y la absolución de varios oficiales, aunque inmediatamente recurridas ante el Supremo por el gobierno, dejaron flotar la impresión de una amenaza difusa sobre el sistema democrático. Por si faltara algo, pocos días antes de las elecciones convocadas para el 28 de octubre, el gobierno desarticuló una nueva intentona golpista.

En tales circunstancias, el desmoronamiento de UCD y la extendida necesidad de reafirmar la opción de la mayoría de los españoles por la democracia impregnaron a las elecciones del 28 de octubre de 1982 de un sentido que transcendía la pura repetición ritual de comicios en una democracia consolidada. Se trataba de convalidar el sistema establecido en 1977 y 1978 y de rechazar la impresión de que un desencanto popular, traducido en una creciente tasa de abstención, significase desafección hacia las instituciones democráticas y abonase el terreno a los involucionistas. En razón de esta sobrecarga emocional, se ha atribuido a las elecciones de octubre de 1982 un efecto relegitimador de la democracia y se ha visto en ellas el fin del proceso de la transición política. En verdad, las elecciones cortaron en seco la tendencia hacia una creciente abstención y despejaron todas las dudas respecto al nivel de legitimidad que la democracia pudiera disfrutar entre los españoles. La tasa de participación fue la más alta de las registradas hasta entonces: 79,8 por 100 frente a 68,1 de las anteriores. Los 17,9 millones de votos válidos de 1979 pasaron a 20,9, de los que el PSOE recogió cerca de la mitad, 10,1 millones, 4,6 más que en las elecciones de 1979, 2 de ellos procedentes de nuevos votantes, 1,2 transferidos de UCD, 1 del PCE y otro medio millón de grupos más pequeños. Además de reforzar su carácter de partido «catch-all», atrayendo votos de un amplísimo sector de la población ubicada entre el centro y la izquierda, el PSOE obtuvo una cómoda mayoría parlamentaria, pues el segundo partido más votado, Alianza Popular, quedó a más de 20 puntos (véase cuadro en p. 233).

El triunfo del PSOE, el relativo éxito de Alianza Popular, el fracaso de UCD, el hundimiento del PCE y la confirmación de los partidos nacionalistas en Cataluña y Euskadi provocaron un cambio radical en el sistema de partidos. El bipartidismo imperfecto, como se había definido al anterior, dejó paso a un sistema de partido predominante. Para completar este abrumador triunfo, las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 1983 llevaron a los ayuntamientos y a todos los Parlamentos autónomos, excepto a los de Cantabria y Baleares, una mayoría de diputados socialistas que se tradujo en la formación de gobiernos presididos por el PSOE en Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Valencia, Extremadura, Murcia y La Rioja. Alianza Popular sólo presidía Baleares y Galicia; un independiente apoyado por AP lo hacía en Cantabria, mientras CiU y PNV confirmaron poco después sus respectivas presidencias de Cataluña y Euskadi, con los socialistas como segundo partido.

La formación del gobierno no deparó grandes sorpresas: era un gobierno joven, con una media de edad cercana a los cuarenta años; integrado en su mayoría por técnicos y altos funcionarios; muy convencido de una superioridad moral que se traducía en la seguridad de ser portador de una misión histórica; muy cohesionado en torno a un presidente que gozaba de gran respaldo popular. Era lógico que el nuevo equipo introdujera un estilo diferente de gobernar, caracterizado por la seguridad que se derivaba de poseer una cómoda mayoría parlamentaria y carecer de facciones dirigidas por notables a los que fuera necesario satisfacer por medio de pactos internos. En este sentido, la herencia de la Dictadura, con gobiernos de equilibrio entre facciones o «familias», continuada por UCD con sus «barones», quedó definitivamente arrumbada; por vez primera, éste era un gobierno de partido. De esta forma, las habituales prácticas de la transición, con interminables negociaciones entre la clase política y las luchas intrapartidarias desaparecieron desde el primer día con los socialistas, preocupados por ofrecer al país la sensación de que, por fin, había un gobierno dispuesto a gobernar y capaz de hacerlo, un «gobierno que gobierna», como gustaba decir su presidente; un gobierno con autoridad y con poder.

Con un gobierno fuerte y un partido disciplinado, los socialistas se situaron en las mejores condiciones para desarrollar su programa de reformas, haciendo un uso pródigo de leyes orgánicas y buscando pactos con las fuerzas sociales, los grupos de interés y los llamados poderes fácticos. Naturalmente, esta política no podía llevarse a cabo sin que el gobierno mantuviera y hasta acentuara el desplazamiento hacia el centro al que coadyuvó el permanente estado de confusión en que se había sumido el PCE tras la dimisión de Carrillo y su sustitución por Gerardo Iglesias, y la carencia de una verdadera alternativa por la derecha. Una especie de moderantismo comenzó a dominar no ya la definición del PSOE como partido, sino el conjunto de políticas que puso en práctica y el aura simbólica de que se rodeaba al gobierno: la propaganda se solazaba en la presentación del presidente González tranquilizando y animando a los empresarios, asistiendo a desfiles y ceremonias militares o charlando distendidamente con el presidente de la conferencia episcopal.

De este modo, las principales reformas emprendidas por el nuevo equipo ministerial estuvieron guiadas por la decisión de consolidar la democracia, sin perder la benevolencia de los poderes tradicionales de la sociedad española. Esta dirección fue evidente, ante todo, en la política económica, con la que se pretendió desde el primer momento contener y reducir la inflación, sanear la economía y recuperar los excedentes de explotación antes que, y como base de, la prometida creación de empleo. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, y el mismo presidente de forma personal intentaron con algo más que gestos devolver la confianza al empresariado, asegurarle que había un gobierno capaz de llevar a cabo una política si no de estabilización, al menos de ajuste, antes que seguir concediendo aumentos salariales por encima de la productividad y de la inflación. El primer efecto de esta política fue que la inflación bajó seis puntos en tres años y los salarios crecieron sólo al ritmo de la inflación prevista, aunque se perdieron todavía medio millón de puestos de trabajo, alcanzando el paro en 1985 una magnitud superior al 20 por 100 de la población activa y cayendo la población ocupada al nivel más bajo de la historia reciente: 10,6 millones de ocupados, dos menos que en 1976. Las primeras medidas de flexibilización del mercado de trabajo, con la reforma del Estatuto de Trabajadores en 1984, sin crear empleo neto, se tradujeron en la formación de un mercado dual, muy precario para los contratos temporales y muy estable para los trabajadores fijos.

En Defensa, a cargo de Narcis Serra, el gobierno actuó con la cautela exigida por la reciente condena de los militares golpistas. Una ley de Plantillas para el ejército de tierra preveía la reducción, en casi un cuarto de los 23.000 generales, jefes y oficiales y de casi un 6 por 100 de suboficiales. Como había ocurrido en la República, el objetivo de la ley era conseguir un ejército más reducido y al mismo tiempo más eficaz y subordinado al poder civil. La reforma de la Ley Orgánica de Defensa convirtió a la Junta de Jefes de Estado Mayor de órgano colegiado superior de la cadena de mandos en órgano colegiado de asesoramiento militar del presidente y del ministro de Defensa. La estructura interna del Ministerio fue reformada de manera que los tres ejércitos quedaron integrados en el mismo organigrama, encabezado en su bloque civil por una subsecretaría y en el bloque militar por el jefe de Estado Mayor de la Defensa a quien se definía como principal colaborador del ministro. La tesis de un poder militar autónomo sobre asuntos de Defensa quedó por completo desechada y varios militares que realizaron declaraciones de contenido político fueron destituidos. La sombra del golpe militar dejó de planear sobre la política española por vez primera desde los inicios de la transición.

La búsqueda de un amplio pacto con los grupos y las instituciones afectados fue también el criterio que guió la reforma en materia educativa, campo de permanente conflicto con la Iglesia, titular de una significativa porción de la enseñanza básica y media privada. El nuevo equipo ministerial abordó, bajo la dirección de José María Maravall, la reforma de la enseñanza básica con una Ley Orgánica del Derecho a la Educación en la que se reconocía la existencia de una doble red de centros de enseñanza, pública y privada, y se introducía el concepto de enseñanza financiada con fondos públicos para los centros privados. Atacada por los partidos de la derecha y por las federaciones de enseñanza privada, la ley fue recibida con alivio por la Comisión Episcopal de Enseñanza, que vio en ella la garantía necesaria para seguir obteniendo del Estado las cuantiosas sumas —más de cien mil millones de pesetas en 1982— que la enseñanza privada venía recibiendo sin regulación legal. La mayoría de los centros de enseñanza básica de las órdenes religiosas pasaron a ser subvencionados y funcionan desde entonces sostenidos con fondos públicos. Con la Ley de Reforma Universitaria, el Ministerio pretendió estabilizar la situación del profesorado, simplificar la carrera docente y conceder amplia autonomía presupuestaria a las Universidades.

En el ámbito de la administración de justicia, la Ley Orgánica del Poder Judicial, de julio de 1985, modificó el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial atribuyendo al Parlamento la exclusiva competencia de elegir a todos sus miembros, y no sólo a ocho de los veinte, como se establecía en la Ley de 1980. Una posterior sentencia del Tribunal Constitucional rechazó la inconstitucionalidad del procedimiento aunque advirtió sobre los riesgos de elegir a los miembros del Consejo según criterios de proporcionalidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Como la experiencia posterior ha demostrado, el Tribunal Constitucional no formuló una advertencia ociosa: el sistema de cuotas ha prevalecido sobre cualquier otro criterio en la elección del Consejo. Por lo demás, en muy pocos años se produjo un radical rejuvenecimiento de jueces y magistrados con la convocatoria de nuevas plazas y se aprobaron por las Cortes varias leyes que desarrollaban la Constitución como las de derechos y libertades de extranjeros, de habeas corpus, de derecho de reunión y de libertad sindical.

A la vez que desarrollaban estas políticas, los socialistas aceleraron un fenómeno fundamental de esta década, iniciado con los gobiernos de UCD: el crecimiento del gasto público y su distribución territorial. Tras las medidas económicas de ajuste, lo que caracterizó la política del gobierno fue el incremento de la presión fiscal y una mayor eficacia recaudatoria, especialmente de los impuestos sobre las rentas del trabajo personal. Con ese notable incremento de los impuestos se pretendía hacer frente al continuo aumento del gasto, que entre los años 1973 y 1985 creció desde el 22,7 al 42,5 por 100 del PIB y llegó en 1993 al 49,7. El Estado español recorrió en muy pocos años el camino que le separaba de los Estados europeos, aunque el incremento de la presión fiscal haya alentado la persistencia de amplias bolsas de fraude y de un extendido sector de economía sumergida, frente a los que el gobierno se ha limitado a confesar su impotencia.

Pero España no sólo tenía que recorrer en pocos años el espacio que le separaba de los Estados de bienestar sino hacerlo de forma que satisficiera la universal aspiración a la autonomía. Además de completar el mapa, con la aprobación de los Estatutos de Autonomía que aún quedaban pendientes, era preciso llenar de contenido las nuevas instituciones de autogobierno, cuestión especialmente conflictiva en las relaciones entre el gobierno central y los de Cataluña y Euskadi. Desde su llegada al poder, además de incrementar el presupuesto del Estado, los socialistas procedieron a una descentralización del gasto por medio de transferencias que alcanzaron ya en 1988 algo más del 20 por 100 del total y que ha seguido aumentando desde entonces. Los años de gobierno del PSOE han contemplado, junto al incremento notable de gasto social, un descenso no menos significativo de la parte del gasto a disposición del gobierno central. En quince años, España pasó de ser el Estado más centralista de Europa a uno de los más descentralizados, con competencias sobre ámbitos tan diversos como hacienda, urbanismo, educación, sanidad, policía, medio ambiente transferidas a todas o algunas de las comunidades autónomas, que gozan de un poder político no menor al de los Estados federados.

Tranquilizados los empresarios, sin agravios la Iglesia, apaciguados los militares y satisfechas, con la salvedad de los nacionalistas de Cataluña y Euskadi que mantenían su reivindicación de un encaje diferenciado en el Estado, las aspiraciones autonomistas —cuatro de los escollos en que tropezó para no levantarse la República— los socialistas extendieron su nuevo rumbo centrista hacia la política exterior. El PSOE había definido el ingreso en la OTAN como un error de magnitud histórica. Felipe González llegó incluso a afirmar que si España entraba por mayoría simple del Parlamento, también podría salir por idéntico procedimiento. La primera medida de su gobierno no fue, sin embargo, preparar esa eventualidad, sino congelar el proceso de incorporación a la estructura militar. En la espera del referéndum prometido en la campaña electoral, la política del gobierno del PSOE dio un giro de 180 grados respecto a la defendida por el PSOE en la oposición: las presiones de Estados Unidos y de varios países europeos, especialmente Alemania; la relación establecida por González entre la permanencia en la OTAN y la incorporación de España a la Comunidad Europea, y la actitud favorable a un estrechamiento de vínculos con la Alianza adoptada desde muy pronto por el Ministerio de Defensa fueron los principales factores de la conversión desde el rechazo a una actitud de «comprensión» hacia la OTAN y finalmente a unas ambiguas pero constantes indicaciones a favor de la permanencia en la Alianza. Desde el otoño de 1983, Felipe González reiteró la nueva doctrina sobre la imprudencia de promover una salida de la OTAN en momentos de fuerte tensión entre las dos grandes potencias.

La decisión de no salir de la OTAN apareció enseguida como complemento de las otras dos principales direcciones de política exterior: ratificar y consolidar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y acelerar las negociaciones para la adhesión de España a la Comunidad Europea. La primera condujo a la ratificación, en abril de 1983, del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y Estados Unidos. Esa amistad y la permanencia en la OTAN fueron los argumentos utilizados por el gobierno para demostrar la seriedad de los compromisos de España en la defensa del mundo occidental y reclamar la paridad de trato con la integración en el Mercado Común: si España era fiel aliado de Estados Unidos y compartía la carga de la defensa en la OTAN no podía permanecer negociando indefinidamente su incorporación a la Comunidad Europea. Era preciso desbloquear de obstáculos el camino y señalar una fecha a la entrada.

Para progresar en esta dirección, el gobierno puso especial empeño en suavizar las tensas relaciones con Francia que habían caracterizado el periodo anterior, con la paralización de las negociaciones con la Comunidad Europea después de que el presidente francés, Valery Giscard d’Estaing, impusiera una «pausa» hasta resolver el contencioso sobre financiación que separaba a británicos y franceses. Fruto del nuevo clima, y gracias a los buenos oficios de la presidencia italiana, las negociaciones para la adhesión experimentaron un rápido progreso durante el primer trimestre de 1985. A finales de marzo, un día antes de la reunión del Consejo Europeo, la delegación española presidida por el ministro de Exteriores, Fernando Morán, pudo anunciar, con evidentes signos de cansancio y felicidad, el fin de las negociaciones. Poco después, el 12 de junio, en un doble acto iniciado por la mañana en Lisboa y terminado por la tarde en Madrid, la Comunidad Europea se transformaba en la Europa de los Doce con la firma de sendos Tratados de Adhesión por Portugal y España.

La firma del Acta de Adhesión y el ingreso efectivo de España en la Comunidad el 1 de enero de 1986 permitió a Felipe González despedir a Morán, sustituirlo por Fernández Ordóñez y anunciar la convocatoria del prometido referéndum sobre la permanencia en la OTAN. Con no poca habilidad, y no escaso riesgo, González presentó el referéndum como una consulta al país sobre la decisión ya adoptada por el gobierno de permanecer en la OTAN en los siguientes términos: no incorporación a la estructura militar integrada; prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español y reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Así se formuló una pregunta que sólo tenía alcance consultivo: si el voto era mayoritariamente negativo, España no saldría de la OTAN pero González dimitiría para que fuera otro quien «administrara» el resultado de la consulta. El carácter casi plebiscitario de la consulta decidió a un sector de la población, que aparecía dubitativo en las encuestas, por la respuesta afirmativa, aunque se mantuvo durante toda la campaña y en la misma votación un consistente sector favorable al «no» o que prefería abstenerse por juzgar innecesaria y arriesgada la pregunta. De los 29 millones de españoles que componían el censo electoral, sólo depositaron su papeleta 17,2 y, de ellos, 11,77 se inclinaron por el sí, 9,05 por el no y 6,54 millones prefirieron la papeleta en blanco. En cuatro comunidades autónomas, Canarias, Cataluña, Navarra y País Vasco, el voto negativo fue superior al positivo y sólo en una, Galicia (aparte de Ceuta y Melilla) la abstención fue superior a la participación. Si no con un resultado apabullante, el presidente salió del trance airoso, reforzó, si falta hacía, su poder personal y convocó elecciones generales.

Al cumplirse cuatro años de las elecciones, el balance no podía ser más favorable para el gobierno: el partido que lo sostenía había aceptado por segunda vez en muy poco tiempo una modificación sustancial de su programa sin poner en peligro su unidad; en el sistema de partidos, los socialistas mantenían su posición dominante: los comunistas no salían de su crisis y la derecha no acababa de solventar los problemas derivados de su anacrónica dirección, reminiscente de la Dictadura. Lo peor de la crisis económica había pasado y comenzaba un repunte de actividad que inmediatamente se consolidaría en un ciclo de fuerte expansión. No había problemas pendientes con el mundo financiero ni de los negocios, entregado sin reticencias a un gobierno que había encarado la crisis económica con rigor; el fantasma del golpe militar parecía enterrado para siempre, con el ejército subordinado al poder civil por vez primera en nuestra historia constitucional; la Iglesia había dejado de ser problema y los nacionalismos, excepto por la persistencia del terrorismo vasco, habían encontrado en la ampliación de su autonomía un cauce por el que dirigir sus reivindicaciones. Cierto, muchas promesas del programa socialista se habían roto —la creación de los puestos de trabajo, la salida de la OTAN— y otras esperaban mejores tiempos, como la modernización de la administración del Estado, con la que simplemente no se habían atrevido. Pero España se había incorporado plenamente a Europa, realizando al fin el sueño casi imposible de los ilustrados y los liberales, y ya se sabe que no todo se puede hacer en una sola legislatura: se necesitaban, decía el presidente, veinticinco años de gobierno socialista para modernizar España.

Nada de extraño, pues, que en las elecciones de 1986 se repitieran resultados similares a las de 1982 aunque no fueran tantas las expectativas levantadas ni los votos cosechados. Frente a la crisis general de los partidos socialdemócratas del Norte de Europa y las dificultades crecientes de los del Sur, el PSOE se mantenía como único partido socialista europeo que podía abordar otros cuatro años de gobierno sostenido en una mayoría parlamentaria, más reducida que la anterior (18 diputados menos), pero suficiente. Esta vez la había obtenido con 8,88 millones de votos, 1,2 millones y cuatro puntos porcentuales menos que en 1982 pero todavía 18 puntos por arriba de su inmediato seguidor, Alianza Popular, incapaz de romper su célebre techo del 25 por 100 que forzará la dimisión de Manuel Fraga, y la apertura de un confuso proceso de búsqueda del sucesor que no se cerrará hasta 1990 con la fundación del Partido Popular y la elección de José María Aznar para su presidencia.

El nuevo triunfo del PSOE no podía ocultar la primera disensión abierta en la «familia socialista» que conducirá a la ruptura de la relación orgánica e histórica con su sindicato hermano, la UGT. El sindicato socialista se había mostrado comprensivo con las duras políticas de ajuste y decidió en su 33 Congreso, celebrado en junio de 1983, defender la moderación salarial y respaldar la política económica del gobierno. Para entonces, ya se había manifestado algún malestar por los modos empleados para llevar a cabo el programa de ajuste y reconversión, sin consulta previa al sindicato. La demora en la introducción de la jornada de cuarenta horas semanales, el anuncio de flexibilización del mercado de trabajo para introducir contratos temporales y los conflictos sociales provocados por la política de reconversión industrial emprendida por Carlos Solchaga marcaron las primeras diferencias entre los sindicatos y el gobierno, que adoptaron inmediatamente el aire y el lenguaje de una disputa de familia. Desde mediados de 1984, el secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, no se recataba de mostrar su decepción y amargura: el sindicato era el gran sacrificado, la víctima del gobierno, al que acusaba de una «prepotencia tremenda» y de haber sucumbido al abrazo aristocrático. Por su parte, el gobierno tildaba a los sindicalistas de viejos arcaicos que no sabían nada de macroeconomía.

Las cosas estaban lejos, sin embargo, del punto de ruptura. La UGT mantuvo todavía durante 1984 su política de negociación que dio como resultado la firma, con el gobierno y la CEOE, del Acuerdo Económico y Social, del que quedó fuera Comisiones Obreras. Pero la doble presión procedente de la política económica gubernamental y de la confrontación con el sindicato rival empujó a los dirigentes de UGT por el camino del distanciamiento y la crítica al gobierno. Nicolás Redondo mostraba en julio de 1985 su «regusto de amargura» por el proyecto de reforma de las pensiones, que consideraba la culminación de un proceso de ofensiva contra la derechos conquistados por los trabajadores. Ahora le tocaba el turno a la seguridad social y por ahí UGT no podía pasar: no podemos aceptar la forma en que se han llevado las negociaciones ni la propia reforma, decía Redondo, insistiendo en su más arraigada convicción: para pedir apoyo hay que negociar las cosas, y mostrando su mayor sorpresa: pero aquí nos hemos encontrado con una política de hechos consumados.

Superada la recesión y reactivada la oferta del empleo, los sindicatos pretendieron decir sin éxito su palabra en la dirección de la política económica, ahora en manos del nuevo ministro de Hacienda, su ya viejo conocido Carlos Solchaga. El hecho de pertenecer a la misma familia socialista, la antigua relación personal entre Redondo y González, la convicción de haber sido engañados, agriaron las relaciones entre PSOE y UGT hasta la ruptura provocada por la aprobación de un Plan de Empleo Juvenil que los sindicatos juzgaron envilecedor del empleo. Un asunto relativamente menor se convirtió en detonante de una movilización general contra el gobierno en el momento preciso en que la economía crecía a mayor ritmo y en el que se creaba mayor número de puestos de trabajo. La llamada a la huelga general del 14 de diciembre de 1988 obtuvo un eco insospechado: todo el país se paralizó aquel día en lo que muchos analistas definieron como una protesta moral contra un modo de gobernar más que como una acción encaminada a rectificar políticas que se juzgaran desacertadas.

El gobierno convocó nuevas elecciones generales para octubre de 1989, que el PSOE volvió a ganar aunque esta vez la pérdida de otros 900.000 votos le otorgó sólo un escaño de mayoría. Parecía confirmarse así el declive observado en las elecciones municipales de 1987, contenido, sin embargo, porque el segundo partido no acababa de salir de la confusión en la que se encontraba sumido desde 1982: sus cinco millones de votantes y su 25 por 100 de votos no eran suficientes para considerarlo como una alternativa real de gobierno. Eso no impedía que el PSOE mostrara por vez primera su flanco más débil: todavía muy asentado en los municipios de menos de 50.000 habitantes, había perdido la mayoría en las grandes ciudades y era paulatinamente abandonado por el electorado más joven e instruido. La luna de miel entre el partido socialista y la opinión, iniciada en 1982, llegaba a su fin, aunque los electores no mostraban ninguna prisa por votar al partido rival. El resultado de las urnas, que le permitía gobernar por tercera vez sin necesidad de coaliciones, debe atribuirse en buena medida a la reluctancia de los electores a votar un partido que aparecía anclado en la derecha, y para muchos en la extrema derecha, del mapa político.

El más ajustado triunfo del PSOE obedecía a similares causas que la huelga general: un creciente descontento por el modo de hacer política más que por las políticas desarrolladas desde el gobierno. El mismo año de 1989 saltó a la prensa lo que se conocería como caso Juan Guerra, a quien se acusaba de tráfico de influencias y enriquecimiento irregular gracias a su condición de «asistente» de su hermano —vicepresidente del gobierno y vicesecretario general del PSOE— en Sevilla y la utilización, sin cargo ofical alguno, de un despacho en la sede de la Delegación del gobierno en Andalucía. La intervención de Alfonso Guerra en el Congreso, desafiando a la oposición y amenazando con airear otros escándalos empeoró las cosas, pues Juan Guerra apareció muy pronto como símbolo de un sistema en el que el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, el cobro de comisiones sobre la concesión de obras, el cobro de informes jamás realizados y, sobre todo, la confusión entre administración pública y negocios privados habían llegado a ser parte sustancial de la política desarrollada en los años anteriores. Como revelaciones posteriores pondrían de manifiesto, los partidos políticos recurrían a métodos de financiación ilegal para atender la creciente factura de sus costes de mantenimiento, lo que había dado lugar a la proliferación de clientes y amigos de cargos públicos que se beneficiaban de sus gestiones como intermediarios de intereses privados con los gobiernos central y regionales. En lo que afectaba al partido del gobierno, la revelación en mayo de 1991 de la existencia de una empresa dedicada a estos menesteres, Filesa, arrastró la apertura de un proceso judicial que hizo pender durante años sobre miembros de la comisión ejecutiva del PSOE algo más que una sospecha de corrupción institucionalizada, de la que se beneficiaba el partido pero también las redes de clientes y familiares formadas en torno a estas prácticas ilegales. En marzo de 1993, el informe de los peritos del Ministerio de Hacienda determinó que Filesa había recibido más de mil millones de pesetas por informes inexistentes para realizar pagos por cuenta del PSOE.

Los casos Guerra y Filesa y otros escándalos de menor entidad —pero que provocaron la detención de un familiar del director general de carreteras de la Junta de Andalucía con un maletín transportando 20 millones de pesetas, o la dimisión de un ministro por la venta de terrenos de Renfe— pusieron de manifiesto unas prácticas de financiación ilegal y de enriquecimiento personal similares a los que habían caracterizado en los años ochenta la vida política en Francia, Italia y Grecia. En España, el rápido crecimiento económico experimentado desde 1986, con amplias posibilidades de dinero fácil abiertas a especuladores y aventureros, la falta de alternancia en el sistema de partidos, la expansión del gasto público, la fuerte inversión del Estado en obras de infraestructura, los procedimientos burocráticos de asignación de obras y subvenciones, la relajación del control interno con la supresión de la intervención previa del gasto por los interventores de Hacienda, la descentralización política y la multiplicación de centros de gasto generalizaron prácticas corruptas que ni el gobierno ni el PSOE mostraron interés alguno en atajar. Es más, el control ejercido sobre el partido socialista por el núcleo dirigente consolidado en torno a Alfonso Guerra desde el congreso de 1984 y la exaltación del liderazgo político del presidente del gobierno impidieron que esas prácticas salieran a la luz o que, una vez conocidas, se les pusiera remedio. Fueron denuncias particulares las que alertaron al aparato judicial y fueron los medios de comunicación los que airearon los casos de corrupción.

A esta oscura situación política se añadieron las sombras proyectadas tras los grandes fastos de 1992. La Exposición Universal de Sevilla, que conmemoraba el 500 aniversario del descubrimiento de América, y los juegos Olímpicos de Barcelona, que presentaron al mundo la faz moderna de España, dejaron paso a una fortísima recesión económica, ya anunciada el año anterior. En sólo un año, todo lo conseguido en creación de empleo se fue al traste: de nuevo, la caída del PIB se acompañó de una brutal pérdida de puestos de trabajo y un crecimiento del paro que llegó a alcanzar el 24 por 100 de la población activa, con una cifra de parados sin precedente, alrededor de 3,5 millones, la mayoría jóvenes en busca de primer empleo. Así, el cierre del gran espectáculo de la Exposición Universal y el apagón de las luces de los Juegos Olímpicos fueron como presagios de una nueva época, más oscura e incierta, atizada por la revelación de continuos casos de corrupción. En lugar del gran año de esplendor socialista, 1992 pasó a ser en sus postrimerías, como reconocían los mismos dirigentes del PSOE, un año «catastrófico».

También lo fue para las relaciones entre partido y gobierno, que se venían deteriorando desde la obligada dimisión de Alfonso Guerra. El aparente triunfo del sector «guerrista» en el 32 Congreso, celebrado en noviembre de 1990, había agudizado la lucha interna entre los «renovadores», cercanos al presidente del gobierno, y los fieles al vicesecretario general, que controlaban los órganos de dirección del partido y que, aun si estaban marginados en el gobierno, disponían de mayoría en el grupo parlamentario. Esta sorda lucha por el poder interno se sumó a los casos de corrupción y a la crisis económica hasta que la decisión de González de exigir responsabilidades a sus compañeros de comisión ejecutiva por el asunto Filesa y las visibles diferencias entre el gobierno y el grupo parlamentario a propósito de un proyecto de ley de huelga rompieron la unidad interna de la que tanto había presumido el PSOE. González zanjó la disputa disolviendo las Cortes y adelantando unos meses la convocatoria de elecciones generales a las que los socialistas acudían por vez primera divididos, acusados de corrupción y responsables de una situación económica considerada por la opinión pública como sencillamente catastrófica.

Y, sin embargo, aunque sufrió un considerable retroceso, el PSOE volvió a ganar las elecciones de mayo de 1993 o, más exactamente, el PP las volvió a perder, ya que había descontado la victoria y tuvo que conformarse con reducir la distancia a sólo cuatro puntos porcentuales. Este cuarto triunfo, cuando todo presagiaba una derrota, se debió en muy destacada medida al liderazgo de Felipe González, que aseguró a sus electores haber entendido el «mensaje» y se hizo acompañar, como número dos en la candidatura de Madrid, de Baltasar Garzón, el juez que más se había significado por sus investigaciones sobre la guerra sucia contra ETA y el dinero negro del narcotráfico. Con todo, el triunfo exigía esta vez buscar algún aliado para asegurar la mayoría. Como era de esperar, González se inclinó por la alianza con los partidos nacionalistas catalán y vasco, antes que por una coalición con Izquierda Unida, como habían insinuado algunos miembros de la facción guerrista. En todo caso, González no consiguió que vascos ni catalanes se incorporaran a un gobierno de coalición y tuvo que conformarse con un pacto de gobernabilidad, nueva forma de entender las relaciones entre aliados que obligaba a formar un gobierno de minoría, no la mejor de las situaciones posibles para hacer frente a las tormentas que se avecinaban.

La debilidad con la que el PSOE afrontaba la nueva legislatura no procedía sólo de la pérdida de su hegemonía, sino del riesgo de ruptura interna por el enfrentamiento entre renovadores y guerristas, en vigilia de armas con vistas a la batalla por el poder que habría de dilucidarse en el 33 Congreso, convocado para mediados de marzo de 1994. González había disuelto anticipadamente las Cortes por la indisciplina de su grupo parlamentario y pretendía ahora, o así lo creyeron sus partidarios, reducir el control ejercido por el sector «guerrista» sobre la organización. Al final, y tras arduas negociaciones, la incorporación de los principales dirigentes de esta facción a la ejecutiva se interpretó como un triunfo de la «integración» sobre la «renovación» a costa de echar un manto de silencio sobre los motivos de la discordia y desviar la mirada de las denuncias de corrupción, esa espada de Damocles que pendía sobre la cabeza del PSOE desde que se pusieron en evidencia los mecanismos montados para su financiación irregular y el enriquecimiento de personajes acampados en los aledaños del poder.

Con el partido dividido, el gobierno tuvo que hacer frente a la revelación de nuevos escándalos. Los cien años de honradez que habían servido de eslogan publicitario en las primeras contiendas electorales se derrumbaron con estrépito cuando «el jefe de los guardias huyó con el dinero y al jefe del dinero se le vio entre dos guardias», en frase del presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, era acusado de mantener una cuenta de dinero negro en Ibercop, el banco de su amigo Manuel de la Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid, también procesado. Por los mismos días, Luis Roldán, primer director general civil de la Guardia Civil en su centenaria historia, fue acusado de haber amasado un importante patrimonio personal a base de las comisiones recibidas por todo tipo de contratos. Enviado Rubio por el juez instructor a la cárcel y huido Roldán, eran ambos como símbolos de que la corrupción había afectado a dos instituciones fundamentales, el Banco de España y la Guardia Civil. La dimisiones como diputados de Carlos Solchaga y José L. Corcuera, ex ministros de Hacienda y de Interior, por haber mantenido en sus puestos a esos presuntos delincuentes, y la del nuevo ministro del Interior, Antoni Asunción, por la fuga de uno de ellos, añadidas a la del ministro de Agricultura, acusado de fraude fiscal, provocaron tal estupor y abrieron tal crisis de confianza que fueron aprovechadas por José María Aznar y por el coordinador de Izquierda Unida y secretario general del PCE, Julio Anguita, para emprender una ofensiva contra el PSOE y exigir la dimisión de Felipe González.

La negativa del presidente del gobierno a dimitir y la insistente reclamación de los partidos de oposición convirtieron en una especie de primarias las elecciones al Parlamento europeo, celebradas el 12 de junio. La derrota del PSOE, con el 30,7 por 100 de los votos emitidos, dio nuevas alas a la oposición para reclamar elecciones generales cuando apenas había transcurrido un año de las anteriores. No pocos comentaristas, incluso muy cercanos al PSOE y al gobierno, se mostraron partidarios de ese adelanto con el argumento de que el retraso de la convocatoria podía hacer mayores las proporciones de la derrota. Pero el presidente del gobierno, tras haber afirmado que un desastre en las elecciones europeas le obligaría a reflexionar, no entendió como tal lo conseguido por su partido y, tras confirmar el apoyo de los nacionalistas catalanes, no se sintió obligado a disolver las Cortes, cambiar de gobierno, ni someter su continuidad a una moción de confianza. González entendió que sería suficiente presentar, a la vuelta de las vacaciones, un «paquete» de medidas políticas que mostraría su renovada capacidad de iniciativa, en la seguridad de que la incipiente recuperación económica anunciaba tiempos más despejados.

Pero esos tiempos no acabaron de llegar y hasta se ensombrecieron con nuevos nubarrones. El juez que había acompañado a González en las elecciones de junio de 1993 regresó a su puesto en la Audiencia Nacional, reabrió el caso GAL y concedió la libertad provisional a los policias Amedo y Domínguez, condenados en 1988 por su participación en varios atentados atribuidos al grupo. Las revelaciones de estos policías convirtieron las acciones terroristas emprendidas por los GAL contra ETA en los años ochenta en el principal tema de debate de la cuarta legislatura socialista. En diciembre de 1994, Garzón envió a la cárcel a Julián Sancristóbal, que había sido gobernador civil de Vizcaya y director general de la Seguridad del Estado durante el primer gobierno del PSOE, bajo la acusación de asesinato frustrado y detención ilegal de un ciudadano francés, Segundo Marey, confundido con un miembro de ETA. Dos meses después, el mismo juez ordenó el encarcelamiento de Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, y de Ricardo García Damborenea, que era secretario general de los socialistas de Vizcaya cuando ocurrió el secuestro. En el auto de prisión de Vera, el juez instructor aseguraba que se había organizado «una trama terrorista vinculada a responsables del Ministerio del Interior». Al aparecer implicado el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, en los hechos, la instrucción pasó al magistrado del Tribunal Supremo, Eduardo Moner, que en enero de 1996 dictó contra él auto de procesamiento por dirigir una banda armada desde el Ministerio. Cuando aún no se había borrado la impresión por estas detenciones y procesamientos, el juez Gómez de Liaño decretó el procesamiento del general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, jefe del cuartel de Intxaurrondo, como autor por inducción de los delitos de detención ilegal, torturas y asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, dos militantes de ETA secuestrados por los GAL en 1983 y descubiertos en Alicante dos años después enterrados bajo cal viva. Simultáneamente, dos personajes de la vida económica que habían realizado pingües negocios durante los años ochenta y que no carecían de buenas relaciones con el establishment político madrileño y barcelonés, Mario Conde, ex presidente de Banesto, y Javier de la Rosa, un financiero catalán, eran también imputados por estafa y fraude y enviados a la cárcel.

Por otra parte, en abril de 1995, ETA había atentado contra la vida de José María Aznar haciendo explotar una bomba al paso de su coche. La alarma provocada por este atentado, añadida al escándalo que había rodeado la entrega de Roldán y su devolución a España aparentemente por las autoridades laosianas constituyeron el clima que rodeó en mayo de 1995 una nueva cita de los electores con las urnas, esta vez para elegir los ayuntamientos y 13 Parlamentos de las comunidades autónomas. Volvió a triunfar el Partido Popular por un margen que dejaba las espadas en alto. Con el 35,2 por 100 de los votos emitidos, el PP aventajaba al PSOE que sólo conseguía el 30,8 y perdía casi todas las capitales de provincias y las ciudades de más habitantes.

Lo que siguió a estas elecciones fue para el gobierno un auténtico calvario. A los escándalos del Banco de España y de la Guardia Civil se sumó en ese mismo verano el de los papeles del CESID, documentos sustraídos por su segundo jefe, el coronel Perote, de los que podían deducirse, según se decía, la implicación de altos responsables políticos en la creación y las actividades de los GAL. Puestos en circulación por una trama en la que participaban financieros, periodistas y políticos de la oposición, la revelación de que esos papeles del CESID contenían escuchas ilegales a personajes de la vida política precipitó dos nuevas dimisiones de ministros muy cercanos a Felipe González: el vicepresidente Narcís Serra, ministro de Defensa cuando se realizaron las escuchas, y su sucesor en el cargo, Julián García Vargas.

Ante la magnitud del nuevo escándalo, Jordi Pujol anunció el fin del apoyo parlamentario de su grupo al gobierno y su negativa a aprobar los presupuestos del año siguiente. La pérdida dejaba al gobierno en minoría y su presidente no tuvo más remedio que anunciar el adelanto de la convocatoria de elecciones generales inmediatamente que terminara la presidencia española de la Comunidad Europea. A principios de 1996, Felipe González decidió poner término a una legislatura tormentosa convocando elecciones para el 3 de marzo. A pesar del éxito de la cumbre europea eficazmente organizada por Javier Solana, nominado ya para la secretaría general de la OTAN, y del comienzo de un nuevo ciclo de expansión económica, todas las previsiones estimaban que el PSOE sería derrotado por amplio margen y que el PP podría formar gobierno sin necesidad de otros apoyos parlamentarios. Las previsiones, sin embargo, no se cumplieron. Con sus 9,4 millones de votos y 141 diputados, el PSOE quedó muy cerca del PP, que obtuvo no más de 9,7 millones y 156 diputados, lejos de la mayoría absoluta. Izquierda Unida, que había confiado bajo la dirección de Julio Anguita lograr por fin el sorpasso de los socialistas, se quedó como siempre frustrada en sus expectativas: 21 diputados, uno más de los conseguidos por el PCE en 1977.

En todo caso, la derrota de los socialistas, aunque mínima, fue suficiente para desalojarlos del gobierno. En los trece años y pico que quedaban atrás, España había culminado con razonable éxito su vinculación al mercado mundial y su incorporación a la Comunidad (luego Unión) Europea y había conocido una fuerte expansión económica, insuficiente, sin embargo, para resolver su mayor problema, el paro, que alcanzó dimensiones alarmantes. La consolidación de los gobiernos en las regiones y nacionalidades transformó el Estado de unitario en autonómico, con un creciente parecido a un Estado federal, pero no fue posible acabar con el terrorismo de ETA; la rutinización de los comportamientos electorales consolidó un sistema de partidos, pero la irrelevancia del Parlamento empobreció el debate político; las infraestructuras se modernizaron al paso de las costumbres, pero subsistió esa mezcla de clientelismo y amiguismo que caracteriza el fondo secular de nuestra cultura política; la gran mayoría de los ciudadanos compartía valores democráticos, pero muy pocos se organizaban en partidos, sindicatos o en ONG. Un periodo, en fin, que comenzó con grandes expectativas y que terminó con no menores frustraciones.

La segunda alternancia

Las elecciones de 1996 demostraron, ante todo, la consolidación de un sistema de partidos dotado ya de algunos elementos de carácter estructural. La segunda alternancia desde la instauración de la democracia, que algunos teóricos tienen como prueba de fuego de su consolidación, se realizó sin grandes trastornos en el sistema de partidos. Por vez primera en la política de este siglo, un partido que había gobernado durante más de trece años pasaba a la oposición sin sufrir una estrepitosa derrota que, como en la República, lo inutilizara para ejercer su nueva función con posibilidades de volver a ganar en la siguiente convocatoria. El tipo de partido creado por los socialistas desde los congresos de 1978 se mostró más resistente de lo que las encuestas habían vaticinado. Con sus 141 diputados, la posición de González en el PSOE salió reforzada y las perspectivas de retorno al poder eran muy superiores a las que podían abrigar los laboristas británicos o los socialdemócratas alemanes cuando fueron desalojados por la oleada conservadora que batió Europa a mediados de los años setenta. Sin sufrir tampoco el destrozo de italianos y franceses, el PSOE constituía un caso excepcional en el panorama de la socialdemocracia europea de este último cuarto de siglo.

El equilibrio entre los dos mayores contendientes reforzó, por otra parte, un dato ya histórico del sistema de partidos. Desde 1977, dos partidos se reparten alrededor de 300 diputados, de manera que si uno alcanza 140 es imposible que el otro consiga más de 160. El PP lo probó, para su perplejidad y desconcierto, en estas elecciones. No llegaba al poder en la cresta de una ola de entusiasmo sino más bien gracias a un reflujo socialista: no recogió más votos de los que en su día cosechó todo lo que se situaba desde UCD a AP. En el peor momento de su reciente historia, en 1982, la suma del centro y la derecha ascendió al 36,3 por 100 de los votos. Antes, cuando Suárez brillaba en su esplendor, esa misma suma alcanzó hasta el 44 por 100; luego, ya con Aznar ocupando casi la totalidad del espacio pero todavía con el CDS recogiendo los restos del naufragio centrista, no pasó del 36. Ganar otros tres puntos en la más favorable de las circunstancias posibles parecía indicar que la derecha, se presentara o no como centro, no podía rebasar el 40 por 100 de votos ni alcanzar la mayoría absoluta.

Lo cual obligó al partido más votado a buscar acuerdos con otros partidos para gobernar. Y este dato elemental lleva de la mano a la tercera consecuencia de estas elecciones: cuando los electores niegan a un partido de ámbito estatal la mayoría absoluta, la llave del gobierno queda en manos de los partidos nacionalistas, que repitieron en esta convocatoria, con sus 32 escaños, el número exacto de la anterior legislatura y que representan, todos sumados, al 10 por 100 de los electores: la pérdida de un diputado de CiU y otro de la coalición PNV-EA quedó compensado por los dos del BNG (véase cuadro en p. 235). En total, constituyen una minoría que no tiende a crecer aunque pueda diversificarse, pero que por razón del peso en sus respectivas comunidades dispone de una crucial capacidad de decisión. Comenzaron, pues, las conversaciones con los dirigentes del PNV, Xabier Arzalluz, y de CiU, Jordi Pujol, a cargo de Rodrigo Rato y Mayor Oreja y se llegó a un pacto de legislatura que vino a confirmar otro elemento estructural del sistema político: los gobiernos de minoría, sean del PSOE o del PP, para contar con suficiente apoyo parlamentario necesitan la asistencia de los nacionalistas que obtienen a cambio una elevación del nivel de competencias sin por eso compartir la responsabilidad gubernativa.

La posición de cada uno de estos tres elementos que constituían, cuando se acercaba el fin de siglo XX, la sustancia del sistema político ha determinado en buena medida las líneas de evolución experimentadas por cada uno de ellos desde 1996. En el PSOE, la persistencia de una facción guerrista, añadida a las tensiones por los procesos judiciales, determinó la renuncia de su secretario general en el 34 Congreso celebrado en junio de 1997. Desde que se hizo cargo del PSOE, González había insistido en dirigir una comisión ejecutiva homogénea en un partido sin fisuras. Cuando estalló el caso Guerra, se vio obligado a dirigir un partido enzarzado en una lucha incesante en su centro y movido por una fuerza centrífuga en su periferia, dos rasgos que caracterizaron la vida del PSOE desde que se quebró su unidad en la cima, el binomio González/Guerra. La comisión ejecutiva salida del anterior Congreso estaba lejos de ser homogénea y no funcionó como el órgano coherente que siempre había sido el objetivo de González. Además, y como resultado de esa división en la cima, el PSOE experimentó un creciente vaciamiento de poder en el centro, compensado por un ascenso de las periferias. Los secretarios generales de los partidos regionales, los barones, empezaron a actuar de hecho como secretarios de partidos confederados.

Después de salir del gobierno, González y el núcleo de la dirección más cercano a sus posiciones pretendieron detener esa marcha hacia el faccionalismo y la desagregación con una doble iniciativa: liberar a la comisión ejecutiva del lastre de Guerra y de su facción y acomodar para los secretarios regionales un nuevo órgano de dirección situado entre la ejecutiva y el comité federal. La doble iniciativa de prescindir de Guerra y contener a los nuevos barones se legitimó con un discurso de renovación: dirigentes del partido procedentes de generaciones más jóvenes y un porcentaje sustancial de mujeres debían acceder a una ejecutiva menos numerosa y más cohesionada. Como garantes de esta operación, el mismo González y un contado número de sus más cercanos colaboradores se mantendrían en sus puestos para revalorizar la homogeneidad de la dirección central e impedir que las fisuras se convirtieran en grietas.

En los términos en que había sido concebida, esa iniciativa abortó. La facción de Guerra comenzó a movilizar a la opinión y a los delegados al Congreso contra una salida que juzgaban un crimen perpetrado por unos conspiradores. Por otro lado, los secretarios regionales mostraron su renuncia ante la posibilidad de verse confinados a un consejo político de inciertas atribuciones. Guerra y sus partidarios querían mantenerse en el centro del poder, confesaba Txiqui Benegas cuando recordaba su relativa juventud y su abundante experiencia. Algunos secretarios regionales amenazaron con no ir al consejo político si eso significaba abandonar la ejecutiva. Entre la ofensiva de unos y las reticencias de otros, el diseño de la renovación ideado por González y sus afines comenzó a naufragar. Y fue en este punto cuando Felipe González decidió segar la hierba bajo los pies de Guerra y dejar sin terreno a los barones que habían expresado su malestar por la obligada salida de la comisión ejecutiva. Con su inesperada dimisión forzó la de todos los demás y pudo reconstruir una comisión ejecutiva en la que sus partidarios ocupaban toda la escena. Joaquín Almunia asumió la secretaría general.

Pero la nueva comisión ejecutiva, sin guerristas, fue incapaz de consolidar una dirección como la que había conquistado los anteriores triunfos. Por un lado, Joaquín Almunia separó su condición de secretario general de la de candidato a la presidencia y convocó unas elecciones primarias con objeto de recibir de los afiliados del partido la legitimidad que sólo tenía de un congreso impresionado por la renuncia de su antecesor. A las elecciones, concebidas para un candidato único, se presentó José Borrell, que había sido secretario de Estado de Hacienda y ministro de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, no vinculado a ninguna facción, pero capaz de elaborar un discurso propio y suscitar expectativas de cambio entre los afiliados. Contra todo pronóstico, y frente a una ejecutiva unánime en su apoyo al secretario general, Borrell ganó las primarias, lo que dio lugar a un inacabable forcejeo que redundó en perjuicio de ambos hasta que el candidato elegido por mayoría decidió renunciar al ser procesados dos de sus más cercanos colaboradores de su etapa como secretario de Estado de Hacienda. Por otra parte, la fuerte personalidad del anterior secretario general, que había decidido influir en lugar de dirigir, creó una situación insólita: el PSOE no parecía estar dirigido por la ejecutiva sino desde fuera, lo que suscitó los problemas típicos de las grandes organizaciones burocratizadas cuando su dirección es tutelada por un poder libre del control de la misma organización, un poder carismático e irresponsable. Debido a esta presión desde fuera, Joaquín Almunia reconsideró su primera decisión de dimitir, se mantuvo al frente de la secretaría general y, a pesar de haber sido derrotado en las primarias, aceptó presentarse como candidato en las elecciones que debían ser convocadas en el año 2000.

El PP dirigió sus primeros movimientos al frente del gobierno a liquidar cualquier posición de poder, en la administración del Estado y en los medios de comunicación, de todos aquellos a los que presumía adversarios políticos. Las destituciones de funcionarios y gestores independientes que habían servido bajo gobiernos socialistas fue fulminante y completa, y la guerra digital destinada a crear dificultades, si no la ruina, de medios no afectos, ocupó el centro de la atención política durante todo un año de gobierno. Para completar esa ofensiva, el PP mantuvo con el PSOE la misma relación iniciada a raíz de su derrota electoral de 1993: un ataque continuo a partir de los hechos del pasado; una permanente deslegitimación como partido de oposición, culpable de haber hecho en mayor medida lo que el gobierno no temía reconocer que hacía en tono menor, una política de tierra quemada que prolongó ante la estupefacción general el clima de crispación que dominaba desde hacía años la política y que no permitió restablecer unas relaciones normales entre gobierno y oposición, una situación que no pasó desapercibida a los partidos nacionalistas.

Pero contra lo que sus artífices esperaban, el permanente mal genio del gobierno no contribuyó en nada a elevar el atractivo del Partido Popular, como las encuestas se encargaban de certificar. De ahí que hacia la mitad de la legislatura, el gobierno iniciara un giro con la destitución del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, y el paso a la reserva del vicepresidente Álvarez Cascos, punta de lanza de la ofensiva contra el PSOE desde los primeros años noventa. En su lugar, Josep Piqué, como nuevo ministro portavoz, y Rodrigo Rato, responsable de una gestión eficaz de la economía, pasaban a primer plano como prendas de la dirección centrista que el partido consagraba a principios de 1999 en su XIII Congreso, dedicado a mostrar al público, como decía su presidente, que «el PP ya no es lo que era», a celebrar un liderazgo indiscutido y anunciar que su partido permanecería en el poder otros diez años hasta culminar su programa.

De manera más discreta, sin tanta alharaca como en los primeros años, el gobierno ha dirigido desde entonces sus esfuerzos a conquistar un posición fuerte de poder social. La privatización de empresas con la reserva de la llamada acción de oro, los nombramientos a su frente de amigos del presidente, el control de medios de comunicación a partir de las empresas privatizadas, más la imagen centrista, y una apuesta a ultranza por la estabilidad ministerial y el agotamiento de la legislatura, podrían tal vez provocar el ansiado despegue de una oposición que le seguía pisando los talones. Esa mezcla de centrismo político y de consolidación social del poder, añadida a la buena marcha de la economía, las benévolas relaciones con los sindicatos, la errática marcha seguida por el PSOE después de la dimisión de González, la renuncia de Borrell y la nominación de Almunia como candidato a la presidencia permitieron al PP no ya mantener su electorado sino ampliarlo espectacular y algo sorpresivamente en las elecciones del año 2000, que le confirieron, por fin, una holgada mayoría absoluta.

Mientras los dos grandes partidos que forman el núcleo del sistema político mantenían su conflictivas relaciones, la incorporación de los partidos nacionalistas a la gobernabilidad, ya que no al gobierno, del Estado produjo un resultado exactamente contrario al previsto: en lugar de una mayor lealtad a los Estatutos de Autonomía, los dirigentes nacionalistas comenzaron a denunciarlos públicamente como marco jurídico superado. CiU, leal aliado del gobierno, ha prestado su voz y su firma a una declaración conjunta con el PNV y el BNG publicada a lo largo del año 1998 en Barcelona, Vitoria y Santiago en la que se acordaba una relación permanente y estable entre esas tres fuerzas políticas. En aquella declaración, los dirigentes de las tres formaciones lamentaban que al cabo de veinte años de democracia continuara «sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional», lo que a tenor de los comentarios añadidos en el texto de trabajo que acompañaba al documento sólo podía entenderse como una propuesta de «superar el actual marco y avanzar en la conformación institucional y política de un Estado plurinacional». En idéntico sentido se manifestaron los líderes de las respectivas formaciones políticas cuando insistieron en lo estrecha que se había quedado la Constitución. Jordi Pujol, en un debate de política general, dio por agotado el Estado autonómico y propuso la apertura de un nuevo proceso constituyente.

En Euskadi, la política del Ministerio del Interior, la colaboración de Francia, la firmeza judicial, los golpes policiales a la infraestructura económica, la desarticulación de varios comandos y el movimiento de rechazo social tras la liberación de Ortega Lara y el miserable asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, arrinconaron a ETA y amenazaron con aislar a su principal valedor político, HB. A esta nueva situación respondió el PNV con un giro estratégico de acercamiento a HB con objeto de asegurar un avance hacia la autodeterminación a cambio del desistimiento de acciones terroristas por parte de ETA, que de esta manera se incorporaría a la política sin sentirse derrotada. En efecto, en agosto de 1998, PNV y EA sellaron con ETA un acuerdo por el que los dos primeros se comprometían a «dar pasos decisivos para crear una estructura única y soberana que acoja en su ser a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Lapurdi y Zuberoa» y a «abandonar los acuerdos que los unen a los partidos que tienen como objetivo la destrucción del País Vasco (PP y PSOE)». De ese acuerdo secreto salió en septiembre el pacto de Lizarra firmado por PNV y EA con HB; cuatro días después ETA anunciaba el cese indefinido de la violencia, que sólo mantuvo hasta principios del año 2000, coincidiendo con la asamblea en la que el PNV consagró su política soberanista.

Los tres procesos políticos puestos en marcha desde 1996, con el PSOE en la oposición, el PP en el gobierno y los partidos nacionalistas con reivindicaciones fuera del marco constitucional, eran, al terminar el siglo XX, procesos abiertos. Una cosa, sin embargo, parecía cerrada: la mayor parte de las dificultades políticas para encontrar un marco de convivencia aceptado por la mayoría eran asuntos del pasado. Al finalizar el siglo, podía hablarse de un sistema de partidos consolidado; de una monarquía reconciliada con la democracia; de un Estado laico y soberano, libre de la tutela de las fuerzas armadas y de la Iglesia; de una distribución territorial del poder lejos del Estado centralizado y unitario; de una cultura política democrática, permisiva y pluralista que ha incorporado el reconocimiento de los hechos diferenciales y de la realidad plurinacional del Estado. Quedaba, sin embargo, una de las cuestiones, surgida con el siglo, no solventada por la Monarquía, acometida con la República, reprimida por la Dictadura, vuelta a encauzar por la democracia: a pesar de gobernar con ellos, los Estatutos de Autonomía son rechazados por los partidos nacionalistas. De cómo se gestione ese rechazo y de cómo vayan a expresarse las mayorías sociales en torno a esta cuestión va a depender el futuro no ya del sistema político sino del mismo Estado.

La sociedad transformada

Mientras se consolidaba la democracia, la sociedad continuaba el proceso de su transformación iniciado en los años diez, quebrado por la guerra, y acelerado en la década de los sesenta. Por empezar, como siempre, con los datos más elementales, el que llama más poderosamente la atención por su exacta coincidencia con el inicio de la transición fue el repentino y brusco descenso de la tasa de natalidad. La tendencia histórica no había dejado de ser descendente desde principios de siglo y aun antes, pero entre 1940 y 1965 se había estabilizado en torno al 21 por 1.000 para bajar moderadamente hasta el 19,5 por 1.000 en 1974. Estas tasas permitieron mantener constante, en magnitudes superiores a 650.000, el número de nacimientos anuales que, al acompañarse de un descenso de la tasa de mortalidad, garantizaba un crecimiento vegetativo en valores superiores al 10 por 1.000. Pero desde que se abrió el proceso de transición a la democracia la tendencia a la baja se aceleró hasta caer a finales de siglo a un 9,77 por 1.000, la más baja de Europa, que lógicamente no se ha acompañado de una caída en la tasa de mortalidad: de 8,43 por 1.000 en 1974 ha subido unas décimas hasta alcanzar el 8,86 en el padrón de 2000.

Estos elementales datos demográficos ponen en la pista dos fenómenos sociales que han trastocado en muy pocos años la estructura por edad de la población española. El primero es que cada vez hay menos niños y, aunque durante unos cuantos años habrá todavía más jóvenes, lo decisivo es que en adelante habrá sobre todo muchos más ancianos: en 1970, los niños menores de un año eran cerca de 650.000 y representaban poco más del 19 por 1000 de toda la población; treinta años después, en el censo de 2001, que confirma el repunte observado en los padrones de años anteriores gracias al aporte de madres extranjeras, los menores de un año sólo son 409.857, exactamente el 10 por 1.000 de la población. La conclusión es obvia: si la población crece pero el total de niños disminuye, es que se hace más vieja. Precisamente, una de las más llamativas novedades demográficas del último cuarto de siglo ha sido el galopante incremento de la población de sesenta y cinco años y más, que de los casi 3,3 millones de 1970 ha subido a cerca de 7 millones, más de un millón por década:

Población por grandes grupos de edad en millones (porcentaje)

1970

Total: 34,0 (100%)

De 0 a 15: 10,0 (29,4%)

De 16 a 64: 20,7 (60,9%)

De 65 y más: 3,3 (9,7%)

1981

Total: 37,7 (100%)

De 0 a 15: 10,3 (27,5%)

De 16 a 64: 23,1 (61,3%)

De 65 y más: 4,2 (11,2%)

1991

Total: 38,8 (100%)

De 0 a 15: 8,2 (21,1%)

De 16 a 64: 25,2 (64,8%)

De 65 y más: 5,3 (13,8%)

2001

Total: 40,8 (100%)

De 0 a 15: 6,4 (15,6%)

De 16 a 64: 27,5 (67,3%)

De 65 y más: 6,9 (17,1%)

Fuente: Censos de población, 1970, 1981, 1991 y 2001. Elaboración propia.

El segundo fenómeno es que el crecimiento vegetativo de la población se aproxima a cero. Y esto sí que supone un cambio histórico, pues aunque España no ha experimentado nunca rápidos incrementos de la población, durante todo el siglo había mantenido una tasa media de 0,88 por 100, que permitió doblar en ochenta años la población absoluta, de 18,6 millones en 1900 a 37,6 millones en 1981. Dejando al margen el efecto de los movimientos migratorios, cuando la transición había ya terminado y España alcanzaba, en 1986, la cifra de 38,47 millones de habitantes, su crecimiento vegetativo no llegaba más que al 0,40 por 100 anual y sus tasas brutas de reproducción —número de hijos que tendrían las mujeres a lo largo de su vida fértil— se situaban por debajo de uno, sin asegurar, por tanto, el reemplazo de la población. De 1976 a 2000, España había caído en su tasa de fecundidad —número medio de hijos por mujer en edad fértil— desde la cabeza de la tabla de los países de la Unión Europea, 2,80, sólo superada por Irlanda, al último puesto, 1,23, dos décimas menos que Italia. De modo que se ha llegado a una situación en la que casi todo el crecimiento de la población procede de los extranjeros que vienen a residir en territorio español y que estaban a punto de alcanzar en el año 2000 la ya respetable cifra de 900.000. A ellos se debe que el padrón de ese año superase por vez primera, en 499.791, los 40 millones de habitantes, una magnitud corroborada por el primer censo del nuevo siglo, que alcanzaba la cifra de 40.847.371, de los que 1.109.600 eran residentes extranjeros.

El descenso de la natalidad y las bajas tasas de reproducción y de fecundidad están estrechamente relacionados con otras dos variables que han experimentado también cambios sensibles durante los últimos veinticinco años. La primera es la caída más que notable de la tasa de nupcialidad. Los matrimonios por mil habitantes, que hasta 1978 se habían mantenido en valores situados entre 7 y 8, han descendido desde entonces, de forma persistente, hasta situarse desde 1982 en torno al 5 por 1.000; si en 1974 se contrajeron unos 271.000 matrimonios para una población que no había alcanzado los 36 millones, en 2000, con cuatro millones y medio más de habitantes, los matrimonios se quedaron en 209.854 y en el censo de 2001 todavía se contabilizaban unos 2.500 menos, con una tasa bruta de nupcialidad de 5,12. La segunda es la generalización de los métodos anticonceptivos durante los primeros años de la transición: en 1977, el porcentaje de mujeres casadas o en unión estable que había utilizado en algún momento métodos anticonceptivos no era ni siquiera la mitad, sólo el 41,1 por 100; en 1985 había ascendido ya al 83,5, un incremento que resultaba más notorio en las mujeres situadas en el tramo de edad de veinte a treinta y cuatro años que rondaba el 90 por 100.

Naturalmente, estos hechos se encuentran relacionados con el cambio experimentado en la familia y en la situación de las mujeres en la sociedad española. Por lo que respecta a la familia, los años de transición han confirmado la tendencia a la reducción de su tamaño medio, que de 3,8 miembros en 1970 había bajado a 3,3 desde 1991. La familia se orienta cada vez menos a la reproducción, a tener hijos, y los que se tienen se espacian más o se limitan consciente y voluntariamente: un cambio notable respecto a la moral reproductora dominante en los años de dictadura. Por otra parte, la mayor abundancia de hogares de uno o dos miembros —viudos o viudas y matrimonios ancianos— reduce la media del tamaño de la familia al ritmo que impone la reducción de la tasa de mortalidad. Pero cambios también en la situación de las mujeres en el mercado laboral: las bajísimas tasas de actividad de que se partía se han elevado notablemente aunque no pueda decirse lo mismo de la ocupación, pues hay muchas más mujeres activas pero hay al mismo tiempo muchísimas más paradas o en la zona de ocupación marginal.

Población, actividad y paro (miles)
(tasa de actividad, por 100 habitantes; tasa de paro, por 100 activos)

Fuente: INE. Encuestas de Población Activa. Elaboración propia. (Los criterios de ocupación y paro han cambiado al menos en dos ocasiones durante este periodo.)

El cuadro certifica una doble realidad: el notable incremento de la población ocupada, que pasa de 12,6 a 15,6 millones de personas, y el incremento sustancial de mujeres activas, que partiendo de niveles muy bajos ha alcanzado el 41,7 por 100 en el año 2000, aunque la tasa de paro permanece muy alta en este sector de la población activa. En todo caso, la llegada de las mujeres al mercado laboral, muy lenta incluso en el periodo de desarrollo económico, es una de las más sobresalientes novedades de los últimos veinte años del siglo. Es de notar, además, el súbito incremento del número de parados, que en su mayor parte hay que atribuir a la demanda de trabajo por personas antes económicamente inactivas. La promesa de nuevos puestos de trabajo, que los socialistas llegaron a cuantificar en 800.000 en la campaña electoral de 1982, multiplicó una demanda de empleos destinada a ir directamente al paro. Pues, en efecto, si la población activa se incrementó, la ocupada no sólo no aumentó, sino que se redujo durante los años de transición y después: los 11,5 millones de ocupados de 1970 eran casi un millón menos en 1986, aunque se trata en este caso de una tendencia no confirmada por la evolución posterior: el cambio en el concepto de población ocupada —en la que a partir de este año se integra también la ocupación marginal— y la creación de empleo había incrementado su magnitud hasta los 12,2 millones de ocupados al terminarse la década.

Precisamente, el descenso de ocupados en agricultura y la destrucción de empleo industrial, fenómenos coincidentes en los años ochenta, han tenido otros efectos sobre los movimientos de población. Pues, por una parte, al destruirse más empleo allí donde más ocupaciones industriales había, los movimientos migratorios que caracterizaron a la época del desarrollo económico han disminuido desde 1975 y, en algunos casos, han cambiado de signo. Se trata, desde luego, de un proceso iniciado antes de la transición, pero acelerado con ésta: mientras en el decenio de 1961 a 1970, 2,6 millones de españoles abandonaron su provincia de residencia, entre 1971 y 1981, los emigrantes fueron nada más que 1,1 millones y de ellos cerca de 700.000 lo hicieron entre 1971 y 1975 y sólo unos 396.000 desde ese año a 1981. Madrid y Barcelona, que habían recibido cientos de miles de emigrantes en todas las décadas del siglo, no han llegado a recibir ni siquiera 50.000 entre 1975 y 1981, mientras que el País Vasco, otro tradicional receptor, ha ofrecido por vez primera, un saldo migratorio negativo. Sólo la Comunidad Valenciana y Baleares, de entre los tradicionales receptores de población, han mantenido notables saldos migratorios positivos aunque también menores que los de las décadas de las grandes migraciones.

Población de las comunidades autónomas y porcentaje sobre total de España

Fuente: Censos de Población 1970 y 1981 y Avance de Resultados, 2001.

El fin de los grandes movimientos migratorios que marcaron el siglo XX hasta 1975 ha contribuido a detener el creciente desequilibrio en la distribución territorial de la población: las comunidades autónomas —regiones o provincias entonces— que más crecieron demográficamente durante los años de desarrollo han detenido su crecimiento en los últimos años y, algo insólito, han perdido algunas décimas en su posición relativa. Por su parte, las comunidades con menor densidad de población y que habían perdido más habitantes parecen haber iniciado una débil recuperación: por vez primera en muchos años, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León no sólo no pierden población sino que crecen ligeramente.

Un aspecto igualmente significativo de los movimientos demográficos, relacionado también con las migraciones, es que por vez primera los municipios de más de un millón de personas —Madrid y Barcelona— pierden población en números absolutos. Sin duda, en este fenómeno ha influido el cierre de viviendas en los centros urbanos para convertirlas en instalaciones de servicios, pero también el trasvase de población a las áreas metropolitanas, que comprenden diversos municipios. Con todo, es evidente que la caída de la emigración ha detenido un proceso de crecimiento de las grandes ciudades y favorecido un mayor incremento de las ciudades medias, sobre todo las situadas en los tramos de 50 a 500.000 habitantes, más numerosas hoy que hace veinticinco años, y únicas que siguen manteniendo un ritmo notable de aumento de población:

Población según tamaño de municipios (miles)

1970

Más de 1.000.000: 4.922

De 500.001 a 1.000.000: 1.193

De 100.001 a 500.000: 6.275

De 50.001 a 100.000: 2.331

De 20.001 a 50.000: 4.111

De 10.001 a 20.000: 3.798

De 5.001 a 10.000: 3.831

De 2.001 a 5.000: 3.891

De 1.001 a 2.000: 1.783

De 501 a 1.000: 1.110

De 101 a 500: 823

Hasta 100: 28

1981

Más de 1.000.000: 4.911

De 500.001 a 1.000.000: 2.464

De 100.001 a 500.000: 8.295

De 50.001 a 100.000: 3.513

De 20.001 a 50.000: 4.420

De 10.001 a 20.000: 3.842

De 5.001 a 10.000: 3.660

De 2.001 a 5.000: 3.339

De 1.001 a 2.000: 1.499

De 501 a 1.000: 949

De 101 a 500: 745

Hasta 100: 39

2001

Más de 1.000.000: 4.442

De 500.001 a 1.000.000: 2.562

De 100.001 a 500.000: 9.446

De 50.001 a 100.000: 4.231

De 20.001 a 50.000: 5.839

De 10.001 a 20.000: 4.673

De 5.001 a 10.000: 3.498

De 2.001 a 5.000: 3.155

De 1.001 a 2.000: 1.426

De 501 a 1.000: 796

De 101 a 500: 714

Hasta 100: 60

Fuente: Censos de Población, 1970, 1981, y Avance de Resultados, 2001.

Por otra parte, y debido también a los procesos de desindustrialización, el último cuarto de siglo ha presenciado cambios notables en la estructura social, perceptibles en la distribución sectorial de la población activa, confirmando unas e invirtiendo otras de las tendencias que definieron los quince últimos años de dictadura. En efecto, durante el periodo de gobierno socialista la población activa agraria perdió la mitad de sus efectivos. Por lo que se refiere a población industrial, la inversión de la tendencia predominante durante el franquismo es evidente desde los primeros años de la crisis económica y se acentúa a partir de 1980: cuando los socialistas dejaban el gobierno no eran ya más que el 20 por 100 de todos los activos. Es claro, en fin, que el incremento de los servicios se ha mantenido constante desde el mismo comienzo de la transición y nada indica que haya llegado a su límite, aunque su progresión se ha desacelerado en los últimos años.

Distribución porcentual de la población activa, 1977-2000

Agricultura

1977: 21,18

1982: 16,51

1996: 8,91

2000: 6,86

Industria

1977: 26,63

1982: 24,53

1996: 20,25

2000: 19,95

Construcción

1977: 10,11

1982: 10,09

1996: 9,25

2000: 11,03

Servicios

1977: 40,47

1982: 42,83

1996: 61,57

2000: 62,14

No clasificable

1977: 1,62

1982: 6,04

1996: —

2000: —

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Principales resultados. Primer trimestre.

Estos cambios en la composición de la población activa deben ponerse en relación con la historia económica del periodo y aquí no serán objeto de más consideración que la siguiente: los años de gobiernos socialistas fueron los de la definitiva caída del empleo agrario a magnitudes de un solo dígito y los de la subida del sector terciario a más del 60 por 100; una población activa con fuerte componente industrial, como la que se anunciaba en 1970, había pasado a ser diez años después predominantemente servicial, lo que ya entonces abonaba la tesis de que la economía española marchaba a pasos de gigante hacia una notable terciarización. Los servicios, más que la industria, se convirtieron así en principales protagonistas de los movimientos sociales. Si el primer tercio de siglo se caracterizó por las grandes huelgas en el sector agrario y minero, a las que se añadieron en los años treinta las de la construcción, y si en los años sesenta las huelgas que definieron una manera de ser obrero en la ciudad tuvieron lugar en grandes fábricas del sector siderometalúrgico y de manufacturas mecánicas, las del último cuarto de siglo han ocurrido sobre todo en los sectores de comunicaciones, transportes y banca, desapareciendo casi por completo las del sector agrario y descendiendo notablemente las de grandes fábricas.

Pero si esta ojeada a la distribución por sectores de la población activa interesa en este contexto es, sobre todo, porque sirve de obligada introducción a los cambios experimentados en la estructura de ocupaciones y de clases sociales que culminan y ponen término a la gran transformación iniciada desde finales de la década de 1950. Los grupos ocupacionales que más han crecido desde entonces son el amplio sector de las «nuevas» clases medias profesionales y técnicas, funcionariales y ocupadas en servicios (administrativos, técnicos, profesionales, vendedores); la clase obrera se ha mantenido en valores muy similares, aunque su composición interna ha cambiado en detrimento de los no cualificados y los agrícolas; han permanecido también en valores aproximadamente similares las viejas clases medias —autónomos, trabajadores independientes— aunque con un descenso considerable de los pequeños y medianos propietarios agrícolas. Y, por último, los empresarios con asalariados, de los que en 1976 había 2,6 millones, son exactamente los mismos en número que en el año 2000. Si se quiere decir de otro modo, la estructura de clases de la sociedad española es la propia de las sociedades capitalistas «avanzadas», con una agricultura industrializada, fuerte desarrollo de la industria y los servicios y plena integración en los mercados internacionales, aunque arrastre de antiguo un número muy elevado de activos en paro o en busca del primer empleo. Es algo más que una curiosidad propia de los años de consolidación de la democracia un dato que salta a la vista en las clasificaciones de la población activa por «situación profesional» tal como aparecen en las últimas EPA: los asalariados del sector público que eran, en 1978, cerca de millón y medio se habían convertido en 2,15 millones al comenzar 1989, moderándose luego el aumento hasta alcanzar los 2,41 millones en el año 2000; un incremento incomprensible si no se tiene en cuenta que el gasto del Estado creció hasta el 40 por 100 del PIB y que los sistemas sanitario y escolar llegaron a cubrir las necesidades de la totalidad de la población.

En resumen, durante el último tercio del siglo XX, la sociedad española culminó el proceso de gran transformación iniciado en torno a la Gran Guerra: la tasa de natalidad cayó a una de las cotas más bajas del mundo; la esperanza de vida al nacer escaló, por el contrario, los primeros puestos; la población, al reducirse los nacimientos y la tasa de mortalidad, envejeció considerablemente; el crecimiento vegetativo se aproximó a cero al caer por debajo de uno la tasa bruta de reproducción, iniciando una ligera recuperación en los últimos años de siglo gracias a las madres extranjeras; en fin, los activos agrarios que eran dos de cada tres a principios de siglo bajaron a uno por cada catorce a su final; como, simultáneamente, también habían bajado los activos en la industria, el resultado fue que en estos años acabó por consumarse un abrumador predominio del sector servicios hasta alcanzar en el año 2000 un peso similar al que tenía el sector primario en 1900, más del 60 por 100. Sería una exageración pretender que la instauración de la democracia haya sido la causa de todos estos cambios, pero no hay duda de que ha impulsado unos y, ayudada por la crisis económica, los procesos de desindustrialización y los avances de la «nueva» economía, favorecido otros hasta culminar la transformación de aquella sociedad agraria de principios del siglo XXen la sociedad de servicios que encaraba su final.

Epílogo en 2007

Cuando comenzaba el año 2006, la población española se acercaba rápidamente a los 45 millones de habitantes: 44.708.964, para ser exactos. Y cuando el mismo año tocaba a su fin, un criminal atentado de ETA en la nueva terminal del aeropuerto de Barajas segaba la vida de dos jóvenes inmigrantes ecuatorianos. Tal vez nada como estos dos hechos ilustra los cambios y continuidades del primer lustro del siglo XXI en España: la más radical transformación demográfica que se recuerda junto a la más persistente amenaza a la paz y a la convivencia ciudadana que se ha cebado esta vez en dos de los artífices de aquella transformación.

Ante todo, la sociedad española ha experimentado en su estructura demográfica un cambio tan espectacular e inesperado que ha desmentido todos los augurios que sólo diez años antes, cuando la tasa de crecimiento natural apenas llegaba a 0,1 por 100, eran habituales respecto a su estancamiento por la caída de la natalidad, su progresivo envejecimiento y, en el horizonte, su inevitable decadencia. No ha sido así, debido casi por completo a la llegada de inmigrantes y a sus pautas de reproducción, que han vuelto a elevar el índice sintético de natalidad a poco más de 1,3 hijos por mujer —todavía no está asegurado el reemplazo generacional— a la vez que el conjunto de la población recibía un considerable aporte de inmigrantes jóvenes.

Aunque la cifras no siempre sean indiscutibles, de los 44,7 millones de habitantes que el INE contabilizaba en 1 de enero de 2006, 3,88 millones eran inmigrantes; más de cuatro millones si se cuenta a todos los residentes extranjeros. En números redondos, cerca del 10 por 100 de la población española es de origen foráneo, una cantidad que es preciso comparar con los 500.000 a que ascendía esa misma población diez años antes. Prácticamente, pues, la totalidad del crecimiento demográfico español se debe a la inmigración, procedente sobre todo de Marruecos; de países latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Perú, y del Este de Europa como Rumania y Bulgaria. Receptores destacados de estas corrientes migratorias han sido la costa mediterránea —Cataluña, Valencia y Murcia—, Madrid, La Rioja y las islas, Canarias y Baleares: en todas estas comunidades, los inmigrantes han superado ya con creces el 10 por 100 del total de sus respectivas poblaciones.

Los sucesivos gobiernos de los partidos popular y socialista han pretendido encauzar esta corriente migratoria, impresionante por su volumen y concentración en un corto periodo de tiempo, por medio de sendas leyes cuyos efectos finales han consistido en sacar a la luz bolsas de población ocupada aunque oculta, trabajando en sectores de la economía sumergida. De hecho, al paso que se producían esos cambios en la estructura demográfica, la población activa subía en el tercer trimestre de 2006 a cerca de 20 millones, de los que 11,9 eran hombres y ocho mujeres, con tasas de actividad de 69,5 y 45,9 por 100, respectivamente, y con tasas de paro de seis para hombres y 11,1 para mujeres.

Mientras crecía a este sorprendente ritmo el número y porcentaje de población activa y ocupada, y descendía en términos relativos la parada, se acentuaban las dos tendencias más notables de las décadas finales del siglo XX: la caída de activos en agricultura y su incremento en servicios. En el primer lustro del siglo XXI los activos agrarios han bajado un nuevo escalón hasta situarse en solo el 4,57 por 100 del total, mientras los empleados en servicios pasan ya varias décimas del 65; la industria pierde también activos en términos relativos, en este caso a favor de la construcción —que ha conocido una expansión espectacular unida a una corrupción rampante— con porcentajes, respectivamente, de 16,5 y 13,0: si las cosas continuaran al mismo ritmo y en la misma dirección, en otros cinco años tendríamos tantos activos en la construcción como en todo el sector industrial.

Lo cual indica cierta fragilidad en todo este proceso. Como es propio de los servicios y de la construcción, el incremento de población activa se acompaña de una altísima precariedad en el empleo. De todos los asalariados, que son 16,36 millones, nada menos que un 34,6 por 100 —más de uno de cada tres, por tanto— tienen empleos temporales, una proporción que asciende al 37,2 si se trata de asalariadas, que son 6,93 millones, de las que sólo 4,34 millones disponen de contrato indefinido. El empleo creado, además de corresponder en buena medida al sector de servicios, se caracteriza por la temporalidad, lo que apunta a servicios poco cualificados, de baja productividad y de bajos salarios: son los empleos ocupados mayoritariamente por inmigrantes, que trabajan también en la agricultura intensiva de la costa mediterránea y que ha conducido a un descenso relativo de la renta per cápita.

Mientras así se transforma la sociedad, la política ha discurrido en gran medida determinada por las reivindicaciones nacionalistas y por el terrorismo en su doble manifestación vasca e islamista. El año 2000 presenció —como ya quedó apuntado— el triunfo por mayoría absoluta del PP y el consiguiente descalabro del PSOE. Si al resultado electoral y al desconcierto socialista tras la dimisión de su secretario general, Joaquín Almunia, se añade que José María Aznar había formulado el compromiso firme de no presentarse a un tercer mandato, se comprende que el presidente se sintiera con las manos libres para realizar a fondo una política «presidencialista», comenzando por la remodelación del gobierno, que reforzó a dos hombres próximos —Mariano Rajoy, primer vicepresidente, y Jaime Mayor, en Interior— limitando el ámbito de poder de Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía.

Con el gobierno bajo control y el partido sin fisuras internas, con la oposición descabezada y CiU limitada por acuerdos de gobierno, Aznar emprendió su programa máximo que consistía en asegurar para España un papel entre las primeras potencias mundiales y en erosionar las bases del nacionalismo vasco elevando al PP de Euskadi a una posición hegemónica en la oposición como preludio del desplazamiento del PNV del gobierno. ETA había roto la tregua declarada en 1998 y había iniciado una de sus más sanguinarias campañas terroristas, extendiendo la amenaza de muerte a cualquier cargo público o simple militante de cualquier partido no nacionalista: el periodista José L. López de la Calle y el catedrático Ernest Lluch se contaron entre las primeras víctimas de esta barbarie.

En esta situación, todo el interés del gobierno se centró en las inmediatas elecciones autonómicas en Euskadi. Por vez primera, el frente nacionalista tuvo que habérselas con lo más cercano posible a un frente constitucionalista: una estrecha colaboración entre los partidos popular y socialista de Euskadi en el entendido de que el próximo lendakari sería Jaime Mayor, que renunció a Interior para presentarse como cabeza de fila de los populares en las decisivas elecciones de mayo de 2001. Con una participación que llegó al 80 por 100 del electorado, el desplazamiento de un considerable porcentaje de votos desde Batasuna a la coalición PNV-EA y el descenso del voto socialista, que esta vez no pudo movilizar a la totalidad de su electorado, fue suficiente para que la suma de escaños de PP y PSOE (19 + 13) quedara un punto por debajo de la coalición PNV-EA (33). Ibarretxe volvería a ser lendakari aunque para gobernar necesitara los votos de Izquierda Unida.

El gobierno intentó compensar el revés en el interior con un salto a primera línea en el exterior. Tras el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, José María Aznar imprimió un giro a la política exterior, impulsando una relación privilegiada con Estados Unidos y un perceptible enfriamiento de la orientación europeísta, tan cultivada por los gobiernos socialistas. Aznar se convirtió en abogado de la causa de Estados Unidos en lo que, bajo el manto de una guerra sin cuartel contra el terrorismo, desembocó en una invasión de Irak sin mandato previo de Naciones Unidas y sin contar con el apoyo de una coalición internacional. No pudiendo aportar un significativo apoyo militar a la guerra, como fue el caso del Reino Unido, el gobierno español corrió, sin embargo, con todo el coste de una alianza mal explicada a la opinión pública, para una guerra cuyo pregonado objetivo —localizar e inutilizar las armas de destrucción masiva que presuntamente Irak almacenaba— se reveló como un engaño para justificar una guerra de invasión.

En todo caso, el deterioro de la relación con los partidos nacionalistas y el creciente malestar y la protesta por la intervención de Irak dejaron libre un espacio por el que el PSOE, renovado en sus cuadros dirigentes, pudiera avanzar con más rapidez de la prevista cuando su nueva dirección, liderada por José L. Rodríguez Zapatero, fue saludada con cierta condescendencia por el gobierno. Desde que las elecciones autonómicas de noviembre de 2003 en Cataluña pusieron fin a más de veinte años de gobierno nacionalista, dando origen a una coalición de izquierda presidida por Pasqual Maragall, no podía descartarse la posibilidad de que en las elecciones generales ocurriera algo parecido. La aprobación de una Ley de Partidos y de un Pacto por la libertad y contra el terrorismo, aseguró al gobierno el apoyo socialista en su política contra ETA, pero mostró también al electorado el sentido de responsabilidad de los jóvenes dirigentes del PSOE, que iniciaron una política de nuevo estilo, reduciendo los niveles de confrontación y aprovechando la fisura que en el mismo partido de gobierno y, sobre todo, en su electorado abría la guerra de Irak.

La situación de bloqueo en el frente interior, con un estilo de gobierno que al acercarse el fin de la legislatura se volvía progresivamente arrogante e inmune a las señales que llegaban de la opinión pública, más la obstinación de unilateralismo en la política exterior tuvieron un dramático colofón en el atentado islamista de 11 de marzo de 2004 que causó en Madrid 191 muertos y más de 1.500 heridos. La reiterada acusación, formulada por el presidente y el ministro del Interior, Ángel Acebes, contra ETA como culpable del atentado y la desastrosa gestión de la crisis se volvió contra el mismo gobierno y contra el candidato designado por el presidente a las elecciones de 14 de marzo, Mariano Rajoy. Los socialistas recuperaron todo el terreno perdido en las elecciones de 2000 y obtuvieron once millones de votos con 164 escaños, mientras el PP se quedaba en 148 escaños, con 9,7 millones de votos. Era, pues, el turno del PSOE que volvía al poder con el apoyo de Izquierda Unida y Esquerra Republicana.

Esta vez el turno implicó un importante cambio de rumbo en política exterior, con la inmediata retirada de las tropas españolas de Irak y el consiguiente deterioro de las relaciones con Estados Unidos, y en política interior, con la inmediata suspensión de la reforma educativa y del plan hidrológico nacional aprobados por el PP en la anterior legislatura. La regularización de los inmigrantes que pudieran demostrar su estancia en España desde el 1 de julio anterior, la extensión a los homosexuales del derecho a matrimonio, unas relaciones más distendidas con los partidos nacionalistas, el anuncio de una reforma constitucional y la apertura de un llamado «proceso de paz» —para el que obtuvo la aprobación del Congreso, con la oposición del PP— completaron las nuevas propuestas anunciadas por el gobierno. Una amplia agenda a la que ha seguido la extensión de los derechos de las personas dependientes y una ley destinada a atajar la violencia de género.

En todo caso, y como viene siendo la norma desde que en 1998 los partidos nacionalistas pusieran encima de la mesa demandas cercanas al soberanismo o soberanía compartida para sus Comunidades, también la agenda política del gobierno socialista se ha visto dominada por la cuestión territorial. En un primer momento, fue la aprobación en el Parlamento vasco, con votos prestados por Batasuna, del llamado plan Ibarretxe, tramitado y devuelto por el Congreso de los diputados por considerar que contenía cláusulas «soberanistas» sin cabida en la Constitución. Inmediatamente, el debate en torno a un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por una contundente mayoría por el Parlamento catalán, pero reformado en algunos puntos fundamentales por el Congreso no sin antes producirse una profunda crisis en el el gobierno de Cataluña, en el interior del PSC y en las relaciones de éste con el gobierno central que condujeron al adelanto de elecciones y a la sustitución de Pasqual Maragall por José Montilla como candidato a presidente de la Generalitat. En fin, un nuevo atentado de ETA rompía el 30 de diciembre el «alto el fuego permanente» declarado por la organización terrorista el 22 de marzo y clausuraba las negociaciones para el fin de la violencia que el gobierno había emprendido en solitario, aunque con el apoyo del PNV y la cerrada oposición del PP. Cuando el año termina, el denominado «proceso de paz» se ha hundido con la explosión que mató a los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, las dos últimas víctimas mortales del terrorismo de ETA.

Nota bibliográfica

Sobre la sociedad y la política de la España del siglo XX hay acumulada una ingente cantidad de monografías y síntesis. Por empezar con lo más general, Raymond Carr, España. 1808-1975, Ariel; Javier Tusell, Historia de España en el siglo XX, Taurus, 1999; Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox, España: 1808-1996, El desafío de la modernidad, Espasa, 1997. Para algunas cuestiones fundamentales: Antonio Robles Egea (comp.), Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Siglo XXI, 1996; Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, 1983; William J. Callahan, La Iglesia católica en España (1875-2002), Crítica, 2002; Jesús M. de Miguel, Estructura y cambio social en España, Alianza, 1998. Una buena cronología puede encontrarse en: Juan Luis Pan-Montojo y Juan Pro, Enciclopedia de Historia de España, dirigida por Miguel Artola, vol. 6, Alianza, 1993; una exhaustiva información sobre gobiernos y ministros: José Ramón Urquijo Goitia, Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), CSIC, 2001

En el capítulo sobre Monarquía: Manuel Suárez Cortina (ed.), La Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Alianza, 1997; Javier Moreno Luzón, Romanones. Caciquismo y política liberal, Alianza, 1998; María Jesús González, El universo conservador de Antonio Maura, Biblioteca Nueva, 1997; Mercedes Cabrera (coord.), Con luz y taquigrafos, Taurus, 1999, y Teresa Carnero (ed.), El reinado de Alfonso XIII, Ayer, 28, 1997, son títulos a tener en cuenta. Pedro Carasa, Elites castellanas de la Restauración, 2 vols., Junta de Castilla y León, 1997, y María Sierra, La política del pacto, Diputación de Sevilla, 1996, ofrecen dos modelos de estudios regionales. Para el papel de los militares, Carolyn P. Boyd, La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Alianza, 1990; los datos relativos a Granada son de Antonio M. Calero, Historia del Movimiento Obrero en Granada, 1909-1923, Tecnos, 1973; los acontecimientos de Barcelona y la cultura anticlerical, Joan Connelly Ullman, La Semana Trágica, Ariel, 1972; para la crisis del 17, Juan Antonio Lacomba, La crisis española de 1917, Ciencia Nueva, 1970. Sobre caciquismo, los artículos de Joaquín Romero Maura, José Varela Ortega y Javier Tusell incluidos en Revista de Occidente, 127 (octubre de 1973). Para la dictadura, María Teresa González Calvet, La dictadura de Primo de Rivera. El directorio militar, El Arquero, 1987, y José Luis Gómez Navarro, El régimen de Primo de Rivera, Cátedra, 1991. Del año 1930 se ha ocupado Shlomo BenAmi, Los orígenes de la Segunda República, Alianza, 1990.

Para la República y la Guerra Civil, la bibliografía es inmensa y no deja de crecer. Quienes comenzamos a interesarnos por este periodo en los años sesenta siempre estaremos en deuda con Hugh Thomas, La guerra civil española, y Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil, de los que hay varias ediciones y a los que es preciso añadir: Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, 2005, mejor para los aspectos militares que para las luchas políticas; Edward Malefakis (ed.), La Guerra Civil española, Taurus, 2006; Gabriele Ranzato, El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes, Siglo XXI, 2006; Helen Graham, La República española en guerra, Siglo XXI, 2005, y Santos Juliá (coord.), Historia de España Menéndez Pidal, vol. XL, República y Guerra Civil, Espasa Calpe, 2004. Para la primavera de 1936, Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Siglo XXI, 2006. Jorge Martínez Reverte es autor de una notable trilogía: La batalla del Ebro, La batalla de Madrid y La caída de Cataluña, Crítica, 2002-2006. Aspectos de las luchas sociales y de la política republicana han sido tratados por mí en: Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Siglo XXI, 1984, y Manuel Azaña. Una biografía política: del Ateneo al Palacio nacional, Alianza, 1990. De política internacional, Ángel Viñas inicia la publicación de una trilogía con La soledad de la República, Crítica, 2006. La idea del levantamiento plebiscitario, Enric Ucelay da Cal, «Buscando el levantamiento plebiscitario: insurrecionalismo y elecciones», en S. Juliá (coord.), Política en la Segunda República, Ayer, 20, 1995. Como siempre, es imprescindible la lectura de Manuel Azaña, Obras Completas, México, 1966-1968.

Para la segunda Dictadura hay documentación valiosa, aunque incompleta, en Francisco Franco y su tiempo, ocho volúmenes editados por Luis Suárez Fernández, Fundación Nacional Francisco Franco. La mejor biografía del dictador es la de Paul Preston, Franco, Grijalbo, 1994; un buen manual para todo el periodo, Enrique Moradiellos, La España de Franco (1939-1975): política y sociedad, Síntesis, 2000. Javier Tusell es autor de varios estudios basados en documentación original: Los católicos en la España de Franco, Alianza, 1990, y Carrero, Temas de Hoy, 1993. Para diversos aspectos del régimen, La época de Franco (1939-1975), dos volúmenes coordinados por Raymond Carr y Juan Pablo Fusi para la Historia de España Menéndez Pidal, Espasa Calpe, 1996 y 2001; Stanley Payne, El régimen de Franco, Alianza, 1987; Guy Hermet, Los católicos en la España franquista, 2 vols, CIS, 1986; Amando de Miguel, Sociología del Franquismo, Euros, 1975; Carlos Moya, Señas de Leviatán. Estado Nacional y sociedad industrial. España, 1936-1980, Alianza, 1984. Para el debate sobre la naturaleza del régimen: Ismael Saz, Fascismo y franquismo, Universitat de Valencia, 2004, y J. Tusell, E. Gentile y G. di Febo (eds.), Fascismo y franquismo, cara a cara, Biblioteca Nueva, 2004. Para la sociedad española de los años sesenta y setenta, Estudios sociológicos sobre la situación social de España, FOESSA, 1966, 1970 y 1975. Hay una síntesis del periodo, con indicaciones bibliográficas, en Giuliana di Febo y Santos Juliá, El franquismo, Paidós, 2005.

Sobre transición a la democracia hay disponibles varias bibliografías en José A. Gómez Yáñez, «Bibliografía básica sobre la transición democrática en España», Sistema, 68-69 (noviembre de 1985), pp. 149-173; del mismo, «Bibliografía sobre la Transición a la Democracia», en J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), La transición democrática española, Sistema, 1989, pp. 807-855. Muchos testimonios de la época incluye S. Juliá, J. Pradera y J. Prieto (coords.), Memoria de la transición, Taurus, 1996. Una excelente síntesis sobre todo el periodo es la de Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, Plaza y Janés, 2001. Puede verse también Santos Juliá, «Sociedad y política», t. X de Historia de España. Transición y Democracia, dirigida por Manuel Tuñón de Lara para Labor, 1991; Ramón Cotarelo (ed.), Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), CIS, 1992; Manuel Redero San Román (ed.), La transición a la democracia en España, Ayer, 15, 1994; José M. Maravall, La política de la transición, Taurus, 1984; Victor Pérez Díaz, El retorno de la sociedad civil, Instituto de Estudios Económicos, 1987; Juan Linz y Eduardo García de Enterría (eds.), España: un presente para el futuro, 2 vols., Instituto de Estudios Económicos, 1984. Sobre partidos y elecciones: Mario Caciagli, Elecciones y partidos en la transición española, CIS, 1986. Juan J. Linz y José R. Montero (eds.), Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta, Centro de Estudios Constitucionales, 1986; Carlos Huneeus, La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España, CIS, 1985; Silvia Alonso-Castrillo, La apuesta del centro. Historia de UCD, Alianza, 1996. Para las cuestiones debatidas al acercarse el fin de siglo: Javier Tusell, Emilio Lamo de Espinosa y Rafael Pardo (eds.), Entre dos siglos. Reflexiones sobre la democracia española, Alianza, 1996. La transformación de la sociedad ha sido estupendamente analizada en Juan Jesús González y Miguel Requena (eds.), Tres décadas de cambio social en España, Alianza Editorial, 2005. Para una idea del cambio demográfico de los últimos años: Eliseo Aja y Joaquín Arango (eds.), Veinte años de inmigración en España. Perspectiva jurídica y sociológica, 1985-2004, Fundación CIDOB, 2006.

Cronología

1. Monarquía

1900

Fundación de Unión Nacional y Manifiesto por el boicot fiscal (14-30 de enero). Marcelo de Azcárraga sustituye a Francisco Silvela en la presidencia del gobierno (23 de octubre).

1901

Conflictos obreros y declaración del estado de guerra (26 de febrero). Sagasta vuelve a la presidencia (3 de junio). Fundación de la Lliga Regionalista (24 de mayo).

1902

Huelga general en Barcelona (16-24 de febrero). Mayoría de edad de Alfonso XIII (17 de mayo). Declaración del estado de sitio y de guerra por huelgas en Extremadura y Andalucía. Silvela, presidente del gobierno (6 de diciembre).

1903

Gobierno de Fernández Villaverde (20 de julio), al que sucederá Antonio Maura (15 de diciembre) hasta el 14 de diciembre de 1904.

1905

Presidencia de Eugenio Montero Ríos (23 de junio). Asalto a las redacciones de La Veu de Catalunya y de Cu-Cut por oficiales de la guarnición de Barcelona (25 de noviembre).

1906

Ley para la Represión de los Delitos contra la Patria y el Ejército (20 de marzo). Conferencia de Algeciras (abril). Matrimonio de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg; atentado contra los reyes (31 de mayo).

1907

Gobierno «largo» de Antonio Maura (25 de enero). Fundación de Solidaridad Catalana (3 de agosto).

1909

Semana Trágica en Barcelona (26-31 de julio). Ejecución de Ferrer (13 de octubre). Gobierno de Moret (21 de octubre). Conjunción republicano-socialista (7 de noviembre).

1910

Gobierno de Canalejas (9 de abril). Pablo Iglesias, primer diputado socialista (9 de junio). Estado de sitio en Bilbao por la huelga minera (1 de septiembre). Ley del candado (23 de diciembre).

1911

Primer Congreso Obrero de la CNT (8-10 de septiembre).

1912

Acuerdo hispano-francés sobre Marruecos (27 de noviembre). Asesinato de Canalejas (12 de noviembre). Gobierno del conde de Romanones.

1913

Maura rechaza el turno y dimite como presidente del Partido Conservador (1 de enero). Gobierno de Eduardo Dato (27 de octubre). Creación de la Mancomunidad de Cataluña (18 de diciembre).

1914

Dato declara la neutralidad española en la Gran Guerra (5 de agosto).

1917

Manifiesto de las Juntas Militares de Defensa (1 de junio). Asamblea de parlamentarios en Barcelona (19 de julio). Huelga general revolucionaria (19 de agosto).

1918

Maura experimenta sin éxito la fórmula de gobierno nacional (20 de marzo-9 de noviembre).

1919

Martínez Anido, gobernador de Barcelona. Huelga general en Cataluña (24 de marzo).

1921

Asesinato de Eduardo Dato (8 de marzo). Desastre de Annual (22 de agosto). Fundación del PCE por fusión de dos grupos escindidos del PSOE (14 de noviembre).

1922

Expediente sobre responsabilidades en la guerra de Marruecos (14 de noviembre). Gobierno de concentración liberal de García Prieto (7 de diciembre).

1923

Asesinatos del dirigente de la CNT, Salvador Segui, en Barcelona (10 de marzo) y del cardenal Soldevilla en Zaragoza (4 de junio). Comisión parlamentaria sobre responsabilidades en Marruecos (11 de julio). Golpe de Estado de Primo de Rivera (13 de septiembre).

1924

Fundación de Unión Patriótica (14 de abril).

1925

Acuerdos con Francia para una acción conjunta en Marruecos (junio y julio). Desembarco de Alhucemas (8 de septiembre). Formación del Directorio Civil (3 de diciembre).

1930

Dimisión de Primo de Rivera (28 de enero). Gobierno del general Berenguer (30 de enero). Pacto de San Sebastián (17 de julio). Sublevación en Jaca, huelga general fallida y declaración del estado de guerra (12-15 de diciembre).

1931

Gobierno del almirante Aznar (18 de febrero). Elecciones municipales; triunfo de la coalición republicano-socialista. Alfonso XIII anuncia que suspende el ejercicio del poder y se aparta de España (12-14 de abril).

2. República

1931

Gobierno provisional bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora y proclamación de la República (14 de abril). Elecciones a Cortes constituyentes (28 de junio). Dimisión de Alcalá Zamora, sustituido por Manuel Azaña (14 de octubre). Promulgación de la Constitución; Alcalá Zamora, presidente de la República; Manuel Azaña, presidente del gobierno (9-16 de diciembre).

1932

Golpe de Estado del general Sanjurjo (10 de agosto). Aprobación del Estatuto de Cataluña (9 de septiembre). Ley de Reforma Agraria (15 de noviembre). Francesc Macià, presidente de la Generalitat (4 de diciembre).

1933

Insurrección anarcosindicalista; matanza de Casas Viejas (12 de enero). Fundación de la CEDA (5 de marzo). Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas; Encíclica Dilectissima Nobis (3 de junio). Azaña forma nuevo gobierno (13 de junio). Gobiernos de Lerroux (12 de septiembre) y de Martínez Barrio (8 de octubre). Fundación de Falange Española (29 de octubre). Elecciones generales; triunfo del Partido Radical y de la CEDA (19 de diciembre). Gobierno de Lerroux (16 de diciembre).

1934

Escisión del Partido Radical y fundación de Unión Republicana (marzo). Ley de Amnistía; gobierno de Ricardo Samper (25-28 de abril). Huelga general de campesinos (junio). Lerroux incorpora la CEDA al gobierno; huelga general; rebelión de la Generalitat; revolución obrera en Asturias (4 de octubre). Suspensión del Estatuto de Cataluña.

1935

La CEDA abandona el gobierno (29 de marzo). Nuevo gobierno de Lerroux con cinco ministros de la CEDA (6 de mayo). Gil Robles nombra a Franco jefe del Estado Mayor Central (17 de mayo). Gobierno de Joaquín Chapaprieta (25 de septiembre). Fundación del POUM (29 de septiembre). Nueva crisis total; Portela Valladares, presidente (13 de diciembre).

1936

Coalición electoral de izquierdas (15 de enero). Elecciones generales; triunfo del Frente Popular. Azaña forma gobierno (16-18 de febrero). Incidentes en el aniversario de la República (14 de abril). Congreso de la CNT (1 de mayo). Azaña, presidente de la República; Casares Quiroga, presidente del gobierno (10-19 de mayo). Asesinatos del teniente Castillo y del diputado Calvo Sotelo (12-13 de julio). Golpe de Estado militar (17-18 de julio). Gobierno de José Giral (19 de julio). Junta de Defensa presidida por el general Cabanellas (24 de julio). Comité de No Intervención (4-5 de agosto). Gobierno de Largo Caballero (5 de septiembre). Franco, jefe del gobierno del Estado y generalísimo de los ejércitos (1 de octubre). La CNT entra en el gobierno (4 de noviembre). Batalla de Madrid (7 de noviembre).

1937

Batallas del Jarama y de Guadalajara (febrero-marzo). Decreto de Unificación de FE de las JONS y de la Comunión Tradicionalista (19 de abril). Sucesos de mayo en Barcelona; Juan Negrín, presidente del gobierno; Indalecio Prieto, ministro de Defensa (3-18 de mayo). Bilbao ocupado por el ejército rebelde (19 de mayo). Batallas de Brunete y Belchite (junio-julio).

1938

Batalla de Teruel (enero-febrero). Primer gobierno de Franco (30 de enero). Promulgación del Fuero del Trabajo (9 de marzo). Derogación del Estatuto de Autonomía de Cataluña (5 de abril). El ejército nacionalista llega al Mediterráneo (15 de abril). Crisis de gobierno: Negrín prescinde de Prieto. Los trece puntos (30 de abril). Batalla del Ebro (julio-octubre).

1939

Caída de Barcelona (26 de enero). Francia y el Reino Unido reconocen al gobierno de Burgos (27 de febrero). Azaña dimite la presidencia de la República (27 de febrero), sustituido interinamente por Martínez Barrio (1 de marzo). Caída de Madrid (27 de marzo) y fin de la guerra (1 de abril).

3. Dictadura

1939

Franco forma nuevo gobierno (8 de agosto). España se retira de la Sociedad de Naciones (4 de abril) y se declara neutral tras la invasión de Polonia (4 de septiembre).

1940

Leyes de unidad sindical (26 de enero) y de devolución de fincas expropiadas (23 de febrero). Declaración de no beligerancia (12 de junio). Franco se entrevista con Hitler en Hendaya (23 de octubre). Tribunal especial para la represión de la masonería y del comunismo (11 de septiembre).

1941

Alfonso XIII renuncia a sus derechos en favor de su hijo don Juan de Borbón (15 de enero). Acuerdo con el Vaticano sobre derecho de presentación de obispos (7 de junio). Entrevista de Franco y Mussolini en Bordighera (12 de diciembre).

1942

Ley Constitutiva de las Cortes (17 de junio). Incidentes en Begoña (16 de mayo); sustitución de Serrano Suñer por Gómez Jordana en Exteriores (3 de septiembre). Seguro Obligatorio de Enfermedad (14 de diciembre).

1943

Don Juan comienza su correspondencia con Franco solicitando la restauración de «la tradicional Monarquía católica» (8 de marzo). Apertura de las Cortes (17 de marzo). Vuelta a la neutralidad (3 de octubre).

1944

El PCE inicia un ataque de guerrillas por el valle de Arán (16 de octubre).

1945

Manifiesto de don Juan requiriendo a Franco la restauración de la Monarquía (19 de marzo). Conferencia de Potsdam (17 de julio-1 de agosto). Fuero de los Españoles (17 de julio). Crisis de gobierno: Martín Artajo, ministro de Exteriores (20 de julio). Ley de Referéndum (22 de octubre).

1946

Francia cierra su frontera con España (1 de marzo). La ONU veta el ingreso de España y recomienda la retirada de embajadores (12 de diciembre).

1947

Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (26 de julio).

1948

Entrevista de Franco y don Juan (25 de agosto). Pacto de San Juan de Luz entre monárquicos y socialistas (30 de agosto).

1951

Huelgas generales en Barcelona, País Vasco y Pamplona (marzo-mayo).

1953

Ley de Ordenación de la Enseñanza Media (26 de febrero).

1956

Graves incidentes entre universitarios y falangistas; destitución de Ruiz Giménez y Fernández Cuesta (febrero). El Partido Comunista anuncia su política de reconciliación nacional (junio). López Rodó, secretario general técnico de Presidencia del Gobierno (15 de diciembre).

1957

Miembros del Opus Dei acceden al gobierno (25 de febrero).

1958

Ley de Principios del Movimiento Nacional (17 de mayo).

1959

Fundación de ETA (febrero). Convocatoria de huelga general pacífica (18 de junio). Ley de Orden Público (29 de junio).

1962

Huelga de mineros en Asturias (febrero-abril). España solicita el ingreso en la CEE (9 de febrero). Encuentro de Múnich (5 de julio). Agustín Muñoz Grandes, vicepresidente del gobierno; Manuel Fraga, ministro de Información (11 de julio).

1963

Juicio y ejecución de Julián Grimau (abril). Ley de creación del Tribunal de Orden Público (diciembre).

1966

Ley de Prensa e Imprenta (9 de abril). Capuchinada (9 de febrero) y manifestación de sacerdotes en Barcelona (11 de mayo). Referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado (14 de diciembre).

1967

Cierre de las universidades de Madrid y Barcelona (3 de febrero). Estado de excepción en Vizcaya (21 de abril). Carerro Blanco accede a la vicepresidencia del gobierno (22 de julio).

1969

Declaración del estado de excepción (24 de enero). Decreto-ley por el que prescriben los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939 (31 de marzo). Escándalo Matesa (19 de julio). Gobierno «monocolor» con predominio del Opus Dei (29 de octubre).

1970

Ley General de Educación (3 de agosto). Consejo de guerra de Burgos (3-10 de diciembre).

1971

Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes (septiembre). Cierre del diario Madrid (25 de noviembre). Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid (4 de diciembre).

1973

Carrero Blanco, presidente del gobierno (11 de junio). Proceso 1.001 contra dirigentes de Comisiones Obreras. Asesinato de Carrero Blanco por ETA (20 de diciembre).

1974

Carlos Arias, nombrado presidente del gobierno (3 de enero). Franco, hospitalizado; el príncipe Juan Carlos asume temporalmente la jefatura del Estado (9-19 de julio). Presentación en París de la Junta Democrática (julio). Felipe González elegido primer secretario del PSOE en el congreso de Suresnes (octubre).

1975

Estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya (25 de abril). Ejecuciones de cinco miembros de ETA y del FRAP (27 de septiembre). Muerte de Franco (20 de noviembre).

4. Democracia

1975

Proclamación de Juan Carlos I como Rey de España (22 de noviembre). Carlos Arias confirmado como presidente del gobierno (12 de abril).

1976

La Policía Armada causa cinco muertos y más de cien heridos en Vitoria (3 de marzo). Dimisión de Carlos Arias; le sucede Adolfo Suárez (1 de julio). Ley de Amnistía (30 de julio). Fundación de Alianza Popular (10 de septiembre). El gobierno remite a las Cortes el proyecto de Ley para la Reforma Política (15 de octubre) que será aprobado por referéndum (15 de diciembre).

1977

Elecciones generales (15 de junio). Restablecimiento de la Generalitat de Cataluña (29 de septiembre). Ley de Amnistía (14 de octubre).

1978

Primer Congreso de UCD (19 de octubre). Aborta la operación Galaxia (16 de noviembre). La Constitución, aprobada en referéndum (6 de diciembre).

1979

Investidura de Adolfo Suárez como primer presidente de gobierno constitucional (30 de marzo). Aprobados en referéndum los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Euskadi (25 de octubre).

1981

Dimisión de Suárez (27 de enero). Intento de golpe de Estado (23 de febrero). Investidura de Calvo Sotelo (25 de febrero). Síndrome tóxico por envenamiento masivo con aceite de colza (mayo). España ingresa en la OTAN (9 de diciembre).

1982

Juicio por el golpe de Estado (19 de marzo). Mayoría absoluta del PSOE en las elecciones andaluzas (23 de mayo). La Cortes aprueban la LOAPA (30 de julio). El PSOE gana las elecciones generales con mayoría absoluta (28 de octubre). Carrillo es sustituido por Iglesias en la secretaría general del PCE (25 de noviembre). Felipe González, presidente del gobierno (1 de diciembre).

1983

Triunfo del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales (8 de mayo). Comienzan los atentados de los GAL en Francia (septiembre).

1984

José Antonio Ardanza sustituye a Carlos Garaikoetxea en la presidencia del gobierno vasco (24 de enero). El PSOE aprueba en su XXX Congreso la permanencia de España en la OTAN (15 de noviembre).

1986

España ingresa en la Comunidad Europea (1 de enero). Aprobación por referéndum de la permanencia de España en la OTAN (12 de marzo). Fraga dimite la presidencia de Alianza Popular (1 de diciembre).

1987

Huelga de estudiantes de enseñanza media (enero-abril). Hernández Mancha presidente de Alianza Popular (7 de febrero). Matanza de ETA en Hipercor (19 de junio).

1988

Firma del Pacto de Ajuria Enea (12 de enero). El gobierno anuncia conversaciones con ETA (19 de febrero). Julio Anguita, secretario general del PCE (20 de febrero). Huelga del profesorado de enseñanza media (9 de marzo). Huelga general (14 de diciembre).

1989

El PSOE gana por tercera vez las elecciones generales (29 de octubre).

1990

Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia (31 de enero). Aznar sucede a Fraga en la presidencia del PP (29 de marzo). Rosendo Naseiro, tesorero del PP, detenido por orden judicial (9 de abril).

1991

Alfonso Guerra abandona el gobierno (12 de enero). Elecciones municipales y autonómicas: derrumbe del CDS y derrota del PSOE en varias capitales (26 de mayo). Amedo y Domínguez condenados a más de cien años de cárcel (19 de septiembre).

1992

La cúpula de ETA es detenida en Bidart (29 de marzo). Exposición Universal en Sevilla (20 de abril). Se inauguran en Barcelona los Juegos Olímpicos (25 de julio). Estalla el caso Filesa (18 de noviembre).

1993

Muere don Juan de Borbón (1 de abril). El PSOE vence por cuarta vez en las elecciones legislativas pero pierde la mayoría absoluta (6 de junio).

1994

Nicolás Redondo sustituido por Cándido Méndez al frente de UGT (10 de abril). Fuga de Roldán y dimisión de Asunción (29-30 de abril). Dimite el ministro de Agricultura Vicente Albero (4 de mayo). Mariano Rubio y Manuel de la Concha detenidos (4 de mayo). El PP vence al PSOE en las elecciones europeas (12 de junio). Mario Conde ingresa en prisión (23 de diciembre).

1995

Garzón vuelve a instruir el caso GAL (14 de febrero). Captura de Luis Roldán (27 de febrero). Hallazgo de los cadáveres de Lasa y Zabala (21 de marzo). Atentado de ETA contra José María Aznar (19 de abril). Dimisión de Serra y García Vargas por los papeles del CESID (28 de junio). Javier Solana, secretario general de la OTAN (1 de diciembre). ETA provoca una nueva matanza en Madrid (11 de diciembre).

1996

El PP gana las elecciones generales (3 de marzo). José María Aznar, presidente del gobierno (4 de mayo). El Tribunal Supremo exculpa a González del caso GAL (15 de noviembre).

1997

XXXIV Congreso del PSOE: Felipe González renuncia a la reelección como secretario general: es sustituido por Joaquín Almunia (20-22 de junio). La Guardia Civil rescata a Ortega Lara tras 532 días de secuestro (1 de julio). ETA asesina a Miguel Ángel Blanco. Millones de personas se manifiestan contra ETA (12-14 de julio).

1998

José Borrell, candidato socialista a la presidencia (24 de abril). Declaración de Barcelona (16-17 de julio). El Tribunal Supremo condena a Barrionuevo y Vera a trece años de prisión por el secuestro de Marey (22 de julio). Pacto de Lizarra (12 de septiembre). ETA anuncia una tregua indefinida (16 de septiembre).

1999

Juan José Ibarretxe forma un gobierno de coalición nacionalista (12 de enero). XIII Congreso del PP (28 de enero). José Borrell renuncia como candidato socialista a la presidencia del gobierno (14 de mayo). Elecciones municipales y autonómicas (13 de junio). Comité Federal del PSOE: Almunia, candidato a la presidencia (24 de julio). Asamblea de Electos Municipales en Bilbao (18 de septiembre).

2000

Elecciones generales: el PP triunfa por mayoría absoluta; en las autonómicas de Andalucía, el PSOE ratifica su mayoría (12 de marzo). Dimisión de Joaquín Almunia; José L. Rodríguez Zapatero elegido secretario general del PSOE (22 de julio).

2001

El lendakari Ibarretxe consigue la mayoría relativa en las elecciones al Parlamento vasco (13 de mayo) y Manuel Fraga en Galicia revalida la mayoría absoluta (21 de octubre). Entra en vigor una nueva Ley de Extranjería (23 de enero). Estalla el escándalo de Gescartera (julio).

2002

Desaparece la peseta; el euro, moneda de Europa (1 de enero). Crisis de Perejil tras su ocupación por gendarmes marroquíes (julio). El buque Prestige provoca la mayor catástrofe ecológica de España (noviembre). Ibarretxe presenta un plan rápidamente conocido como soberanista y Artur Mas anuncia la reforma del Estatut.

2003

Multitudinarias manifestaciones contra la guerra de Irak (15 de febrero). José María Aznar se reúne con el presidente George Bush y el primer ministro Tony Blair en las Azores (16 de marzo). Las elecciones municipales y autonómicas muestran un equilibrio de fuerza entre PP y PSOE (25 de mayo). Las elecciones autonómicas de Cataluña (16 de noviembre) llevan a Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalitat.

2004

El terrorismo islamista causa en Madrid 191 muertos y más de 1.500 heridos (11 de marzo). Los socialistas consiguen la mayoría relativa en las elecciones generales (14 de marzo). José L. Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno (18 de abril). Retirada inmediata de las tropas españolas de Irak y proceso de regularización de inmigrantes.

2005

Tras su defensa por Ibarretxe, el Congreso rechaza el plan de reforma del Estatuto vasco (febrero); el PNV retrocede en las elecciones autonómicas de Euskadi (17 de abril). Ley de matrimonio entre homosexuales (21 de abril). El Congreso admite a trámite la reforma del Estatuto de Cataluña (3 de noviembre).

SEGUNDA PARTE

LA ECONOMÍA

José Luis Garcia Delgado y Juan Carlos Jiménez

Introducción
La línea quebrada de la modernización económica en la España del siglo XX.
Una perspectiva comparada
Tres Españas, cuatro capítulos

Si el siglo XX pudiera expresarse en forma de obra orquestada, acaso ninguna como la sinfonía «Heroica» de Beethoven fuera la que mejor marcase, al compás de sus cuatro movimientos, los sucesivos tempos de la evolución de la economía española a lo largo de la centuria. Un primer tercio al ritmo de un allegro con brio, sosteniendo el de otros países europeos, aunque bruscamente interrumpido, mediado el decenio de 1930, por el adagio, lento y triste, de una larga marcha fúnebre, prolongada durante los años cuarenta; y, tras este segundo movimiento, un scherzo, allegro vivace, desde el decenio de 1950 —alcanzando el presto en los años sesenta—, para terminar, en el movimiento finale del último cuarto de siglo, con un conjunto de variaciones, desarrolladas en forma de fuga, donde España, con creciente seguridad en sí misma, se entrelaza dentro de una misma melodía armónica con el tema europeo: precisamente el deseo insatisfecho de sucesivas generaciones de españoles desde el final del ochocientos, realizado justo cuando doblan, cogidos de la mano, siglo y milenio.

Cuatro tempos, sí, aunque, esquematizando, sólo tres grandes motivos, tres grandes periodos diferenciados si se atiende al avance en los niveles de prosperidad en el curso de todo el novecientos. El indicador a este respecto no puede ser otro que el que registra el crecimiento del producto —o de su equivalente, la renta— por habitante y año en términos reales, es decir, descontado el aumento de la población y el incremento de los precios. Es una magnitud, una medida, bien se sabe, excesivamente simple, que contrasta con la complejidad del universo productivo y de la organización económica de las sociedades maduras; pero no hay otra mejor a la hora de captar la evolución en el largo plazo de una economía y de establecer comparaciones significativas con otros países. Es, en todo caso, el indicador que aquí va a utilizarse, tomándolo, además, de eje para la interpretación del desarrollo económico en la España del siglo XX.

He aquí las tres Españas bien diferenciadas que se suceden a lo largo del siglo XX, considerando los respectivos ritmos de crecimiento interanual de la renta por habitante:

LAS TRES ESPAÑAS ECONÓMICAS DEL SIGLO XX

(tasas medias anuales acumulativas del producto real por habitante)

1900-1935: 1,1

1935-1950: –1,1

1950-2000: 4,0

Las dos primeras sí coinciden con la extensión de los movimientos sinfónicos antes aludidos; pero la última, la que abarca toda la segunda mitad del siglo, recoge ella sola los dos últimos tempos musicales metafóricos. No es difícil justificarlo.

El primer tercio del novecientos prolonga y afirma el ritmo de crecimiento que en la segunda mitad del siglo XIX se ha conseguido. Lo prolonga y lo afirma: el 1 por 100 decimonónico gana una décima en el promedio de los siete primeros quinquenios del siglo XX. No es mucho, pero tampoco, desde luego, despreciable. No servirá para recortar en lo esencial la gran distancia que separa a España de los niveles de vida medios de otros grandes países europeos occidentales —con Gran Bretaña, Francia y Alemania como obligados y lógicos términos de comparación—, distanciamiento que tiene su origen en la primera parte de la centuria del ochocientos y que éste lega a su sucesor. Pero no dejará de ser meritorio que España, en el transcurso de todo el primer tercio de siglo, aguante el paso que sostienen las grandes potencias industriales de Europa occidental. Además, esa afirmada continuidad de la expansión decimonónica se consigue, desde que el siglo XX comienza, con una población que crece mucho más aprisa, doblando casi las modestas tasas de la segunda mitad del ochocientos. Con cambios, igualmente, en no pocos planos de la actividad productiva y de la organización social. Y tanto durante el reinado de Alfonso XIII como durante la Segunda República: los ritmos de crecimiento, y más aún los cambios estructurales, aportan elementos comunes suficientes para hacer posible, en este sentido, la consideración unitaria de los tres primeros decenios y medio del siglo XX.

Esto es, hasta el umbral de la Guerra Civil. Ahí se produce la brutal discontinuidad, el desplome, el corte trágico: es la segunda España del siglo XX. También en lo económico, y tanto en lo material y cuantificable, con una tasa negativa de la evolución del producto real per cápita entre 1935 y 1950 —resultado final de la caída en picado de los años de guerra y de la lenta, lentísima recuperación de posguerra—, como en lo inmaterial, con pérdida de capital humano, frustración de iniciativas empresariales y ruptura de líneas de investigación y proyectos formativos. Desplome de lo que ha sido una moderada pero tenaz trayectoria de ganancia de niveles de prosperidad en el primer tercio del siglo, y corte también de algunas tendencias de cambio anteriormente apuntadas, que sólo volverán a retomarse pasado el ecuador de la centuria, en algunos casos, y bastante más tarde, en otros.

Con la segunda mitad del siglo XX se abre, en cualquier caso, otro panorama muy distinto para el crecimiento económico de la España contemporánea. Dentro de él, ocioso es señalarlo, habrá situaciones distintas y despliegue de sucesivos ciclos económicos, como también en el primer tercio del novecientos hay pasajes y coyunturas muy diversos. Pero, en una perspectiva de conjunto, toda la segunda parte del siglo compone una página brillante en la historia de la economía española. El crecimiento de la renta por habitante en términos reales —con una población que hasta los años ochenta ha arrojado los mayores aumentos conocidos en la historia demográfica española— alcanza un promedio entre 1950 y 2000 (4 por 100) que multiplica aproximadamente por cuatro el de cien años atrás y el del primer tercio del novecientos. Espectacular. Cierto que en el marco de un medio siglo en que también la prosperidad ha aumentado excepcionalmente en Europa occidental, pero no por ello menos digno de valorarse. La historia económica española en la segunda mitad del siglo XX es la historia de un éxito. Lo es durante los decenios de 1950 y 1960, cuando, al desbloquearse capacidades represadas, hay una recuperación del desarrollo, que la guerra y la posguerra han aplazado, y de las tendencias de modernización truncadas. Lo es en aquellos dos decenios y en los últimos años del franquismo, como también durante el último cuarto de la centuria, con una España democrática que acaba el siglo participando plena y diligentemente en la construcción de la Unión Europea.

Por supuesto que el ritmo anual de crecimiento de la renta por habitante en España entre 1950 y 1975 es muy superior al que arroja el último cuarto del siglo —bastante más del doble, incluso: un 5,5 por 100 frente a un 2,5 por 100—, al igual que en la mayor parte de los países desarrollados. Pero lo que más cuenta, para la consideración unitaria de toda la segunda mitad del siglo a efectos del crecimiento económico, es que en ella, además de una expansión interanual media que supera con mucho a la de cualquier tramo anterior de la historia de la industrialización española, se concatenan, sin corte alguno, toda una suerte de cambios estructurales: los obligados acompañantes del crecimiento económico cuando éste alcanza altos y mantenidos avances. La aceleración máxima se produce, ciertamente, durante y a lo largo del tercer cuarto del siglo. Pero con la democracia la economía española consigue no sólo sostener un aumento apreciable de la renta por habitante, sino también ahondar, en bastantes casos más deprisa que durante los decenios anteriores, en los surcos de las transformaciones estructurales: quizá porque las nuevas pautas culturales, sociales y políticas prevalecientes con la democracia facilitan y estimulan cambios profundos en la estructura económica.

¿Cuáles son éstos? Con independencia de que sean objeto luego de pormenorizado tratamiento, puede adelantarse aquí una sintética relación de los tres cambios fundamentales que resumen la evolución de la economía española del siglo XX:

Primero, la desagrarización, esto es, el tránsito de una economía agraria y rural, a comienzos de siglo, a otra industrial y urbana, y crecientemente terciarizada. El cambio ha sido de un alcance difícil de exagerar, porque ha afectado a muchos planos de la estructura económica y de la organización social: desde las relaciones productivas intersectoriales, hasta las pautas culturales y sociales que han promovido la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo, propiamente dicho. Un cambio sustancial en suma: si la población activa agraria representaba todavía casi el 70 por 100 del total en la España de 1900, al terminar el siglo XX apenas suponía el 7 por 100 (gráfico 1). Otros indicadores —caída del peso del sector agrario en el valor de todo lo producido y en el conjunto de las exportaciones de bienes— también son significativos, pero baste ahora con ése, tan expresivo, de la merma de la España campesina a través de la disminución de quienes en ella trabajan. No es que durante las primeras fases de la industrialización, en el curso del ochocientos, no se produzcan trasvases de población al compás del surgimiento de nuevas oportunidades de vida y trabajo en los núcleos urbanos y los centros fabriles; es que durante el siglo XX el fenómeno alcanza tonos mucho más altos, hasta ser definitorios.

Por lo demás, ha sido en la segunda mitad del novecientos cuando la desagrarización, así entendida, se consuma con una rapidez extrema, tanto en relación con los ritmos más pausados del primer tercio del siglo —interrumpidos en los años de guerra y en los primeros de la posguerra— como en comparación con otros países europeos: la caída de la población activa agraria de un 50 a un 25 por 100 del total, consume en Francia casi tres cuartos de siglo, media centuria en Alemania y un tercio de siglo en Italia, mientras que en España apenas necesita veinte años, los que transcurren desde comienzos de la década de 1950 a los primeros años setenta. En contrapartida, el siglo termina en España —como en la mayor parte de los países europeos occidentales— con una estructura productiva basculada ya del todo hacia la actividad industrial (un tercio de la producción, si se incluye la industria de la construcción) y los servicios (por encima del 60 por 100), dejando para el sector agrario una mínima participación, en torno del 3 por 100.

Gráfico 1. Evolución de la población activa española por sectores, 1900-2000
(en porcentajes del total)

Fuentes: Elaborado con los datos del INE, Anuario Estadístico y Encuesta de Población Activa.

• En segundo lugar, el proceso de apertura económica en su doble y casi inseparable acepción: interior, en forma de liberalización y flexibilización de resortes intervencionistas, dando primacía al mercado, y exterior, combatiendo las pulsiones aislacionistas y el vivir a espaldas de los mercados exteriores, para insertar la economía española en las relaciones económicas internacionales. En este frente, los avances no han sido ni fáciles ni tempranos, ni tampoco continuados. Por lo pronto, el siglo XIX desemboca en un mar de demandas protectoras por parte de una agricultura cerealista en crisis y de los principales sectores industriales periféricos, esto es, industria textil, industria siderúrgica y minería del carbón; un mar que no dejará de ensanchar sus orillas y elevar el nivel de sus aguas durante toda la primera mitad del novecientos, con la protección y el intervencionismo dominando la escena. Más todavía, el señuelo del autoabastecimiento —la autarquía— se cultivará con especial mimo cuando, en la posguerra, el dirigismo económico no encuentre apenas límites. Pero luego todo va a cambiar con viveza, aprisa, poniéndose rumbo hacia la flexibilización y la desregulación, así como hacia la apertura económica, la integración en Europa y la internacionalización.

Gráfico 2. Apertura exterior y saldo comercial de la economía española, 1900-2000
(en porcentajes del PIB)

Fuentes: Elaborado con los datos de J. M. Serrano Sanz (1997), «Sector exterior y desarrollo en la economía española contemporánea», Papeles de Economía Española, núm. 73, enlazados, desde 1985, con los calculados a partir de la Contabilidad Nacional de España. La serie desde 1960 de coeficientes de apertura externa incluyendo bienes y servicios se ha calculado a partir de los datos de European Economy.

También, en definitiva, los últimos decenios del siglo XX han sido determinantes en este punto, al compás de los movimientos en igual dirección del resto de los países europeos occidentales. El indicador que aquí puede mostrarse (gráfico 2) es el que mide el grado de apertura exterior de la economía española, a través de la fracción que exportaciones más importaciones de mercancías representan dentro de la renta nacional. Y es también muy expresivo: si durante el primer tercio del siglo XX nunca se sobrepasa el 25 por 100, cayendo en la anteguerra civil hasta un 12 por 100 —en el fragor de la contracción del mercado internacional que provoca la Gran Depresión—, y a menos de la mitad de este último porcentaje en la inmediata posguerra, desde los años sesenta el crecimiento será muy notable, situándose por encima del 40 por 100 en los últimos años del siglo (y cerca del 60 por 100 si se incluye en el cómputo el cada vez más importante comercio exterior de servicios). El siglo XX ha terminado, en verdad, con un grado de inserción de la economía española en la internacional nunca antes logrado en la época contemporánea, y menos en su condición de gran emisora neta de flujos de inversión; una muy amplia y creciente interrelación con el exterior de la que, en los últimos lustros de la centuria, es reflejo y causa, a un tiempo, la notoria capacidad participativa de España en la construcción de la unidad europea.

• Tercero, la creación, con todas las limitaciones y disfuncionalidades que se quiera, pero innegable, de un Estado del bienestar, fruto, entre otros factores, de la ampliación de las funciones económicas y sociales acometidas a través del Presupuesto. Cambio éste que ha sido, sin duda, el último en el tiempo de los tres aquí considerados, y sólo acelerado con el régimen democrático que sanciona la Constitución de 1978: también la ampliación de las denominadas estructuras del bienestar es consustancial al compromiso con la democracia en los países europeos occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Los datos son aquí igualmente expresivos. A comienzos del siglo XX, el gasto público del Estado —concentrado, por entonces, en el escalón de la Administración Central— representaba un exiguo 10 por 100 de la renta nacional de España, y más de medio siglo después, hacia 1960, apenas si había progresado algunos puntos en ese porcentaje, cuando en Francia o Gran Bretaña, sobre niveles de renta mucho más altos, superaba el 30 por 100, y lo rondaba en Italia. Todavía al inicio de la transición democrática no alcanzaba, contando ya el gasto de todas las Administraciones Públicas, siquiera un cuarto de la renta nacional. En acusado contraste, sólo dos décadas después, mediado el decenio de 1990, suponía casi el 50 por 100 (gráfico 3), en el mismo orden de magnitud que el promedio de los países europeos; aunque, como éstos, cerró el siglo moderando el crecimiento del gasto.

Gráfico 3. Porcentaje del gasto público en la renta nacional de España, 1900-2000

Nota: (a): Desde 1959 los porcentajes se refieren al conjunto de las Administraciones Públicas

Fuentes: Elaborado hasta 1993 con los datos de F. Comín (1996), Historia de la Hacienda Pública, II. España (1808-1995), Crítica, Barcelona, enlazados, hasta 2000, con los de European Economy.

A su vez, los gastos económicos y sociales dentro del Presupuesto, los más característicos del Estado asistencial, han ganado proporción en el total, permitiendo, sobre todo en la España democrática de los últimos decenios del siglo XX, la construcción de infraestructuras y equipamientos colectivos y la extensión de servicios de marcado carácter social. Como resultado, otros dos cambios estructurales básicos se han consolidado en el último tramo del siglo. Uno, la mayor equidad en la distribución de la renta, en particular desde la óptica personal o familiar, pero también entre regiones, aunque haya sido en parte el espejismo que ha acompañado al despoblamiento de algunas. Otro, dejando en este caso atrás el pavoroso analfabetismo (superior al 60 por 100) de finales del ochocientos, la mayor formación educativa, en general, y profesional, en particular, con unos porcentajes de estudiantes universitarios en la España actual que están entre los primeros de todos los países industrializados.

Pero no se debe proseguir sin aportar algún dato inicial que permita la observación comparada de la evolución de la economía española con la de otros países europeos. El cuadro 1 y el gráfico 4 responden a ese empeño, acudiendo siempre al indicador que se ha elegido como hilo conductor de toda la exposición: el producto real por habitante. Ambos soportes —el numérico y el del dibujo— son bien reveladores: reveladores, por un lado, de la normalidad del caso español en el marco europeo occidental y, por otro, del perfil mediterráneo que tiene la trayectoria del crecimiento económico español contemporáneo.

Cuadro 1. Evolución del producto real per cápita.
Comparación internacional, 1850-2000
(tasas medias anuales acumulativas)

Estados Unidos

1850-1900: 1,6

1900-1935: 0,8

1913-1929: 1,7

1935-1950: 3,8

1950-1975: 2,2

1975-2000: 2,3

1900-2000: 2,0

Gran Bretaña

1850-1900: 1,3

1900-1935: 0,7

1913-1929: 0,7

1935-1950: 1,2

1950-1975: 2,2

1975-2000: 2,1

1900-2000: 1,5

Francia

1850-1900: 1,2

1900-1935: 1,0

1913-1929: 1,9

1935-1950: 1,7

1950-1975: 3,8

1975-2000: 1,9

1900-2000: 2,0

Alemania

1850-1900: 1,5

1900-1935: 0,9

1913-1929: 0,7

1935-1950: –0,4

1950-1975: 4,6

1975-2000: 1,8

1900-2000: 1,9

Italia

1850-1900: 0,6

1900-1935: 1,6

1913-1929: 1,2

1935-1950: 0,7

1950-1975: 4,6

1975-2000: 2,3

1900-2000: 2,4

España

1850-1900: 1,0

1900-1935: 1,1

1913-1929: 1,8

1935-1950: –1,1

1950-1975: 5,5

1975-2000: 2,5

1900-2000: 2,2

Fuentes: Elaborado con las series de A. Maddison, The world economy. A millennial perspective, OECD, París, 2001 (actualizadas en http://www.ggdc.net/maddison).

Lo primero debe subrayarse, porque, en contra de lo que tantas veces se ha sostenido, la española no es ninguna trayectoria anómala en la experiencia europea comparada, ni constituye ninguna singularidad insólita. Los datos del cuadro 1 son concluyentes: en el ochocientos sí hay una clara diferencia desfavorable a España, como la había para los países del sur del continente, en comparación con Gran Bretaña, Francia y Alemania —y Estados Unidos, por supuesto—, pero no en el XX. Ni durante el primer largo tercio del siglo, ni durante el periodo que se abre tras la Guerra Civil y termina con el final del franquismo, ni después de 1975, las medias de crecimiento del producto real por habitante en esos grandes países europeos dejan atrás a las que España registra, siendo incluso las españolas claramente superiores siempre a las de Gran Bretaña, y en repetidas ocasiones a las de Francia y Alemania. Sólo Italia sobrepasa los ritmos españoles, merced sobre todo a su brillante arranque de siglo y a la rápida recuperación posbélica tras 1945. Destiérrese para siempre, en consecuencia, ese manido tópico, quizá fruto de cierto sentimiento de inferioridad, que sugiere que España no ha compartido los derroteros europeos en lo relativo al crecimiento económico y a las manifestaciones que le son propias. Bien al contrario, España ha hecho el camino que es común a todos; con tonalidades propias y acentos peculiares en ocasiones, como los han tenido, a su vez, cada uno de los países que comparten el solar europeo. España no es ninguna anomalía en Europa; tampoco en lo económico.

Las tonalidades y los acentos característicos, por otro lado, tampoco son enteramente singulares. El gráfico 4 evita a este respecto alargar lo que se quiere decir: que la economía española ofrece marcadas similitudes de matiz con la italiana a lo largo de todo el siglo XX, y con la portuguesa en la segunda mitad de la centuria. Hasta el punto que las tres, italiana, española y portuguesa, con ese mismo escalonamiento en términos de niveles de prosperidad, son susceptibles de encuadrarse en una variante mediterránea —o meridional— del continente europeo en lo que concierne al crecimiento económico moderno, con Grecia presentando también muchas concomitancias.

De hecho, las características identificativas de la trayectoria de la economía española desde mediados del siglo XIX, en relación con los países europeos más industrializados, son atribuibles, asimismo, a los casos de sus vecinos sudoccidentales, Italia y Portugal, y al de Grecia en más de una ocasión. Al menos, las dos siguientes sí son comunes, con alguna graduación:

• Primera: la condición tardía e incompleta de la convergencia de España con la renta media de los grandes países europeos occidentales. La distancia que le ha separado de las economías consideradas como «centrales» (Gran Bretaña, Francia y Alemania) sólo se ha recortado continuada y sustancialmente, en efecto, durante la segunda mitad del novecientos. Un acercamiento que, empero, deja aún la renta media de los españoles al acabar el siglo por debajo del 80 por 100 del promedio de la que tienen ingleses, franceses y alemanes. El hondón enorme con que la Guerra Civil seccionó la trayectoria española queda ya lejos, pero sin duda es ese corte el que mejor explica la distancia que todavía separa a España de la Europa más próspera.

• Segunda: puede afirmarse que no sólo es tardía e incompleta, sino también lenta, muy lenta, la aproximación a la Europa próspera de la economía española. Con todas las cautelas que puedan merecer los datos, llama la atención que el cociente entre la renta real per cápita española y la media de los tres países grandes tomados como referencia, no gane más de quince puntos porcentuales en ciento cincuenta años. Un resultado, por lo demás, dígase enseguida, que no es desdeñable, pues significa que los españoles han mejorado sus niveles de bienestar por encima del promedio de británicos, franceses y alemanes, cuya renta media se ha más que decuplicado, en términos reales, desde mediados del siglo XIX.

Acercamiento, en todo caso, que sólo tardíamente se ha acompasado a la marcha coyuntural de los tres países «centrales» europeos. Durante mucho tiempo, en efecto, el aislamiento y la base agraria, antes que fabril, de la economía española, hicieron que los momentos de aproximación a Europa coincidieran con fases de caída o de ralentización de las tasas de crecimiento de las economías más prósperas. De igual modo que la actual sincronía es la mejor prueba de la superación de aquellos viejos rasgos, y de una economía no sólo más abierta e integrada en el tronco continental, sino también con una estructura productiva más cercana a los moldes comunes.

En resumen: aunque con acentos y tonos propios en muchos pasajes, el crecimiento económico moderno en España responde a un patrón general plenamente europeo, compartido en sus grandes tendencias tanto con los países de la fachada atlántica como, más marcadamente aún, con los de la cuenca mediterránea.

Gráfico 4. Producto real per cápita de los países europeos latinos expresado como porcentaje de la media de Gran Bretaña, Francia y Alemania, 1850-2000

Nota:: El promedio de renta per cápita de Gran Bretaña, Francia y Alemania es una media ponderada por sus respectivas poblaciones en cada fecha. Hasta 1870, en el caso de Italia, y entre 1850-1870 y 1870-1910, en el de Portugal, los datos son interpolación de sus valores en los años extremos.

Fuentes: Igual que en el cuadro 1

* * *

Y bien, sobre la falsilla interpretativa expuesta en los párrafos previos, este trabajo de síntesis sobre el crecimiento económico español del novecientos se articula en cuatro capítulos, algo forzados, si se quiere, a tenor de lo señalado hasta aquí, pero aconsejables por homogeneidad con la cronología de las otras partes de esta obra y para acomodarlos a los principales periodos que la historia general distingue en el curso de la centuria.

Cuatro capítulos. El primero es el que abarca el reinado de Alfonso XIII: tres decenios que pueden rotularse, en conjunto, como «un paso hacia la modernización bajo el signo del nacionalismo económico». El siguiente capítulo comprende el interludio de la República y de la Guerra Civil, expresión radical de unas «esperanzas frustradas», ahogadas en el cataclismo bélico. A continuación, el franquismo, con una economía que irá «del estancamiento al desarrollo», dividido en tres subetapas que reflejan, además de la aceleración del crecimiento, el matizado cromatismo de una política económica lentamente adaptativa a partir del tizne negro autárquico: son el «primer franquismo», el «decenio bisagra» de los cincuenta y los llamados «años del desarrollo», prolongados hasta los primeros setenta. El cuarto capítulo está dedicado a la transición y la democracia, periodo que acusará inicialmente el impacto de la crisis internacional del decenio de 1970 y que, una década después, con un signo ya bien distinto, contemplará la incorporación de España a la entonces Comunidad —y luego Unión— Europea, y, paulatinamente, «la definitiva sincronización con Europa». Por lo demás, se añadirá en las páginas finales un epílogo, no con ánimo conclusivo, sino con voluntad de aportar algunos elementos valorativos adicionales desde la perspectiva que ofrece el cierre cronológico de la centuria.

Convendrá, en todo caso, terminar estas líneas preliminares con alguna reflexión adicional obligada por los límites rígidos que impone la periodificación a que se ajusta el desarrollo expositivo de la obra, que sitúa su punto de arranque en la economía de la España a caballo del ochocientos y del novecientos, en 1898, concretamente.

Hay que señalar, ante todo, que, puestos a fechar el siglo XX entre 1898 y el final mismo del curso secular —frente al recortado novecientos propuesto por Hobsbawm, flanqueado por la Primera Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín—, lo cierto es que la economía española no tiene en aquel 98 una fecha fronteriza, ni por la evolución de sus magnitudes agregadas, que apenas si notan el cambio de siglo, ni en razón de cambios sectoriales o institucionales que no estuvieran ya en marcha o esbozados desde antes. Como tampoco en el final del siglo XX se ha asistido a cambios radicales en la economía española, más allá de los efectos inducidos por la plena incorporación al proyecto de construcción europea, ahora simbolizado en la moneda única.

¿Por qué comenzar entonces este recorrido sintético del siglo XX en 1898, o en el entorno de una fecha que tan poco parece significar, estrictamente hablando, en lo económico? Por la carga simbólica, una vez más, de ese 98 en la coyuntura finisecular. Una coyuntura en la que, al margen del desastre de la pérdida traumática de las últimas colonias y de la sensación de crisis y de desánimo colectivo que le siguió, la economía española mantuvo su pulso y, merced a un renovado flujo de capitales, comenzando por los repatriados de ultramar, permaneció engarzada a los estímulos renovadores que traía la segunda gran revolución industrial, tecnológica y energética del mundo occidental: aquélla que se produjo al doblar el ochocientos y enfilar el nuevo siglo sus primeros años, con la electricidad, el motor de combustión interna e innovaciones significativas en la industria química como principales abanderados. De forma que 1898 puede servir también para fechar, en su límite inferior, el primer tercio del XX, punto de partida un tanto difuso —pero no caprichoso: de ahí nace la estabilización de Villaverde— de las décadas posteriores que enmarcan un muy apreciable progreso económico en España, aunque sujeto a marcadas fluctuaciones y con no pocas líneas de fractura social, con fechas tan teñidas de dramatismo como las de 1909, 1917, el «trienio bolchevista», que sigue inmediatamente, y 1934, antesala esta última de la completa confrontación civil.

A partir de la fecha inicial de 1898, discutible, como acaba de apuntarse, pero suficientemente justificable siempre que no se tome la literalidad del año, la cronología económica del novecientos español no se atiene tampoco con aritmética exactitud a la de los acontecimientos políticos o sociales más destacados del siglo XX, por más que las tres rupturas institucionales quizá más profundas, esto es, la instauración de la Segunda República, el inicio del régimen franquista y el final de éste, coincidieran, con pocas dilaciones, con otros tantos sucesos de distinto signo, pero de honda significación económica: el crac del 29 y la depresión económica subsiguiente, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial —y apenas concluida ésta, el nuevo orden económico internacional de la posguerra instaurado en Bretton Woods— y la crisis energética e industrial iniciada a finales de 1973. De cualquier modo, ni el establecimiento de la República, ni la transición política democrática de la segunda mitad del decenio de 1970, aunque influidas por ellas, tuvieron como causa primigenia esas coyunturas críticas; como tampoco fueron el origen de discontinuidades en la marcha global de la economía, aunque sí, en ocasiones, de un manejo distinto de los asuntos económicos. Sólo la Guerra Civil y su epílogo agónico durante los primeros años del franquismo marcarán de un modo tajante la trayectoria del crecimiento económico español contemporáneo, dando paso al más sombrío pasaje de este recorrido.

Como fuere, el siglo XX delimitado por los dos finales de siglo, aunque ninguno de éstos sea una frontera económica, tiene, en sí mismo, una significación muy expresiva para la economía española. Porque, si algo representa, es la consecución del progreso y de la modernización económica, con no pocas insuficiencias aún, pero en unas proporciones inéditas en el transcurso histórico de la España contemporánea. Y, sobre todo, con unos visos de continuidad y de irreversibilidad, al menos en lo que toca a la inserción europea, nunca antes percibidos a lo largo de los dos últimos siglos. La centuria del novecientos termina, así, habiendo hecho realidad, en gran medida, los dos objetivos económicos que han expresado, de una u otra forma, las sucesivas generaciones de españoles del siglo XX: la modernización económica —y no sólo económica, porque no hay mejora material sin cambios institucionales y sociales— y la sincronización con el resto de Europa, lo que, además de reflejarse en un ciclo económico de similar perfil al comunitario, al acabar el recorrido secular se concreta en una renta por habitante que, en términos comparados, ha alcanzado un nivel muy apreciable.

Capítulo 1
El reinado de Alfonso XIII
Un paso hacia la modernización bajo el signo del nacionalismo económico

Introducción: la España finisecular

Moderado crecimiento y fuerte dualismo

Los límites cronológicos del reinado de Alfonso XIII, entre 1902 y 1931, se inscriben en su totalidad dentro de la primera de las tres Españas que, como se ha dicho en las páginas precedentes, distingue la diferente modulación del ritmo de crecimiento económico, y también el cambio estructural que el desarrollo trae consigo. Sin embargo, el periodo temporal de esa España de moderado pero mantenido crecimiento en el largo plazo que abre el siglo, se puede y debe hacer llegar hasta la antesala de la Guerra Civil, esto es, hasta el cierre del año 1935, y cabría asimismo hacerla partir de 1898. De ahí que este capítulo arranque precisamente describiendo la coyuntura finisecular, aunque le esté vedado, por las razones de homogeneidad sistemática ya aludidas, traspasar la frontera que marca la proclamación de la Segunda República. Bueno será, en todo caso, aprovechar unas pocas líneas para, con trazos gruesos, dibujar los principales subperiodos que el primer tercio de siglo, en sentido amplio, comprende.

Está, por lo pronto, la etapa que, prolongando los años finiseculares sin apenas discontinuidad, se extiende hasta la Primera Guerra Mundial. Una etapa repleta de interés, que enlaza la política económica emprendida por Fernández Villaverde con lo intentado y realizado en los gobiernos largos de Maura y Canalejas. Precisamente, el asesinato de éste en 1912 anticipa simbólicamente el final de la etapa, por lo que supone de truncamiento del proyecto liberal-reformista que él encarnaba. El crecimiento de la renta por habitante ronda siempre la media resultante para todo el primer tercio de siglo (1,1 por 100): algo por arriba si la medición se hace entre 1898 y 1913, y algo por debajo si se consideran sólo los trece primeros años del siglo, a partir de 1900.

Sigue luego el subperiodo determinado enteramente por las convulsiones que la Gran Guerra provoca también en la economía española. La neutralidad tiene claros efectos sobre la peculiaridad del ciclo económico español entre 1914 y 1922, en comparación con el que viven los países beligerantes. Años apasionantes para ser estudiados con algún detalle: en ellos casi todo se trastoca, tanto en la estructura productiva como en muchos ámbitos de la organización social y política. Años de euforia, primero, y de aguda crisis económica después. Con un saldo final, en términos de crecimiento de la renta real per cápita, que supera en muy poco al 1,1 por 100 de todo el primer tercio de siglo.

A continuación, la Dictadura primorriverista, con el doble reto de superar los efectos últimos de la crisis de posguerra y de acometer una política de reactivación económica. El crecimiento de la renta por habitante, en el marco de una expansión internacional muy apreciable —la de los «felices» años veinte— casi llega a doblar la media de los siete primeros lustros del siglo: 1,9 por 100 entre 1923 y 1930, esto es, llevando la etapa hasta los aledaños de la Segunda República.

La etapa republicana, en fin, con un cuadro tan cambiado de factores internacionales y de problemas internos, ofrece un perfil prácticamente plano en la evolución de ese indicador: un 0,5 por 100 de crecimiento medio anual del producto por habitante entre 1931 y 1935. Con todo, la persistencia —cuando no la aceleración— durante esos años de las tendencias de cambio estructural que van desplegándose a lo largo de los decenios anteriores, permite incluir a los primeros años treinta dentro de esa España que crece lenta pero sostenidamente dese los años interseculares y durante todo el reinado de Alfonso XIII. La brusca interrupción, el derrumbe, el profundo corte vendrá después: son los «heraldos negros» de la Guerra Civil y de los penosos primeros largos años de la posguerra.

Pero no debe demorarse más el arranque del relato: el que reconstruye la economía española de los años finiseculares.

El término «desastre» —el Desastre, con mayúsculas— ha quedado asociado duraderamente en la memoria colectiva de los españoles a la fecha de 1898 y a la liquidación de las últimas posesiones españolas en ultramar. Los escritores de la generación que, más tarde, se fechó en ese mismo año describieron la coyuntura finisecular con adjetivos tocados de un particular pesimismo: es la época de «muchas cosas malas y algunas buenas» de que nos habla Baroja; el momento de «tremendo desconcierto», en la pluma de Azorín; de «desesperante marasmo», en la síntesis de Unamuno; de «abulia», en la anticipada visión de Ganivet. La «España negra» de los artículos publicados por Regoyos a lo largo de 1898, tan magistralmente retratada luego por Zuloaga, o la «España sin pulso» del célebre artículo atribuido a Silvela en agosto de ese mismo año, parecieron convertirse de un modo casi instantáneo, además, en los lugares más comunes para referirse al tránsito intersecular. Comunes y frecuentados: lo pone de manifiesto la abundantísima «literatura del Desastre», a veces interesadamente acerba, cuando la queja era el resorte de una pretensión política, si no el preámbulo de demandas de protección estatal; pero también en ocasiones sincera y, en principio, bienintencionada, como la que movió a las plumas más críticas del regeneracionismo.

No obstante, en lo económico, ninguna ruptura esencial, ni mucho menos pérdida de pulso, parece advertirse con el 98. Antes bien, se asiste a una prolongación del moderado crecimiento de la economía española, perceptible, aun con todas sus arritmias, desde el segundo tercio del ochocientos. Si acaso, la crisis agraria del decenio anterior dejaba sentir aún algunos rescoldos en el campo español; y, junto a ello, las variables presupuestarias —en una Hacienda pública siempre al borde de la bancarrota— y monetarias, en forma de alzas de precios y de una aparatosa caída del cambio de la peseta, sufren en el entorno de 1898 el agravamiento lógico de un conflicto bélico saldado con una previsible derrota y financiado por cauces inflacionistas. Nada, en todo caso, que no se recompusiera con cierta rapidez, ni que rompiera la marcha de la economía española. Tan alejado del bobo optimismo y de la inconsciencia —«punto menos que infantil», en palabras de Fernández Almagro— que adormecía a no pocos españoles de la época, como del denuesto sin esperanza o el autocriticismo exacerbado que atenazaba a otros, Miguel de Unamuno reconoce, en el diagnóstico formulado en las páginas finales de En torno al casticismo, que «toda España está progresando, y está progresando muchísimo, digan lo que digan los agoreros de desdichas». Y el propio Menéndez Pelayo —encuadrado en la cohorte generacional anterior a la del 98— tampoco puede dejar de advertir, dentro del descarnado retrato de la España de fines del XIX que traza en el «Epílogo» de su Historia de los heterodoxos españoles, «algún aumento de riqueza, algún adelanto material» en la sociedad de aquel tiempo.

Sin duda, la economía española que se asoma al novecientos, al final de la Regencia de María Cristina de HabsburgoLorena, es bien distinta a la de seis décadas atrás, cuando concluye apresuradamente la Regencia de su homónima de Borbón: con signos de muy apreciable progreso material y de un singular dinamismo mercantil, pero también con fuertes desigualdades, agravadas en muchos casos por el propio avance económico. Seis décadas que dejaron como saldo, entre otros adelantos, una amplia red ferroviaria y una primera industrialización, aunque fuera incompleta e insuficiente; seis décadas del ochocientos que aportaron una renta per cápita creciente para la también recrecida población española. La imagen, en suma, de un país atrasado, pero no por ello inmóvil.

Aunque con las lógicas cautelas que encierra su estimación, tanto mayores cuanto más atrás se remonte, quizá ningún indicador sea más apropiado que éste, el del aumento de la renta por habitante, para captar resumidamente esos signos de progreso económico: según los mejores cálculos disponibles, el producto per cápita español, medido en términos reales —es decir, descontando el aumento de los precios—, creció en cerca de dos tercios entre 1850 y 1900, esto es, a una tasa acumulativa del 1 por 100 anual. Crecimiento que, aunque se achica un poco al cotejarlo con el de los tres países europeos «centrales» —Gran Bretaña, Francia y Alemania—, cuya renta per cápita promedio se dobló en la segunda mitad del ochocientos, resultado de crecer a casi un 1,4 por 100 anual, no debe dejarse por ello de considerar, pues, al tiempo que mejoraba de un modo muy sustancial el nivel medio de renta de la población española, ésta aumentaba el número de sus habitantes en más de tres millones.

España, por tanto, no pierde posiciones de un modo significativo durante toda la segunda parte del siglo XIX, si bien su renta por habitante sobrepasa en poco a la mitad, grosso modo, de la que se alcanza en la Europa más próspera. Ni siquiera en el decenio de 1890, cuando más aprietan Francia y Alemania, España se rezagará, resistiendo mejor incluso que Italia, al menos hasta que ésta «despegue» en la década finisecular, el tirón de los países destacados en pos de la industrialización (el gráfico 4, mostrado en el epígrafe introductorio, proporciona, también aquí, la imagen visual de estas afirmaciones). El difundido crecimiento de las economías europeas, sólo explicable por un progreso industrial acelerado, también se da, pues, en España, aunque dentro de unos límites mucho más modestos, impuestos, en parte, por un tardío arranque, pero también por una menor inversión en capital físico, tecnológico y humano. No se olvide que las tasas españolas de analfabetismo a finales del XIX —por encima, ya se dijo, del 60 por 100— doblaban con creces las de países como Francia o Bélgica, y que las de inversión apenas alcanzaban en esas fechas la mitad de la media europea. Todo ello matiza, al tiempo que ayuda a encontrarle sentido, el término de «fracaso» que el profesor Nadal aplicó a la revolución industrial decimonónica en España.

Recuérdese lo esencial. Cuando el ochocientos emboca su final, la economía española era aún abrumadoramente agraria. Hacia 1900, la agricultura aportaba más del 40 por 100 del producto nacional, y daba empleo a casi el 70 por 100 de la población ocupada. Todo dependía, desde luego, de las fluctuantes cosechas, en medio de un paisaje rural que seguía reflejando —salvo en el caso de la vid, con el ritmo propio que impuso la filoxera— la crisis agraria finisecular iniciada una década antes a raíz de la invasión de granos ultramarinos en toda Europa. Pero al enfilarse el último decenio del siglo XIX, la agricultura española estaba dando ya respuesta a esa situación de crisis: en el orden comercial, y al unísono con lo que sucedía en tantos otros países, con la presión proteccionista de los grupos de interés más poderosos, sobre todo los cerealistas, plasmada en el «arancel de guerra» canovista de 1891; en el de su organización interna, con la introducción de algunas técnicas y cultivos nuevos, y la emigración, en un movimiento centrífugo que desborda los núcleos urbanos de la periferia peninsular y se prolonga hacia ultramar, originando cerca de 400.000 salidas netas de españoles al extranjero en los diez años previos a la pérdida colonial. Emigración que, aunque menor que la registrada en otros países europeos occidentales, alcanzó a un número de personas equivalente, nada menos, que al 40 por 100 del crecimiento vegetativo de la población en ese lapso; lo cual, siendo, como era, una dramática expresión de aquel «triste remedio para los males que padecemos» denunciado desde las filas regeneracionistas, ayudó, sin duda, a aflojar algo la tensión demográfica en la España interior en ese final de siglo.

En consonancia con la base agraria de la economía española, la estructura industrial se orientaba, sobre todo, hacia los sectores de bienes de consumo: alimentación y textil representaban en 1900 cerca de los dos tercios de la producción fabril española. Pero también se asistía al despuntar de otras ramas, favorecidas, con frecuencia, de complementariedades mutuas de oferta o de demanda: así, la siderurgia, en auge en Vizcaya desde el decenio de 1880; también las industrias de construcciones mecánicas y metálicas ligadas a aquélla, como la naval o las de material agrícola y ferroviario; asimismo, las de explosivos —con la creación, en 1896, del trust de la Unión Española de Explosivos— y de abonos nitrogenados y superfosfatos de cal, dentro de las químicas; o las de material eléctrico, de aparatos y máquinas, al socaire de una naciente electrificación. Incluso en sectores tradicionales nuevas técnicas se fueron implantando en los años del cambio de siglo: en los de la harina, el aceite, las conservas de pescado, el calzado y el papel. Por supuesto, otros sectores, incapaces de renovarse, entran en crisis: las lanas y algodones castellanos y andaluces, el lino y el cuero gallegos, las forjas tradicionales de distintas regiones o la minería del plomo levantina. Signos todos, en suma, y tanto los que indican ascensos como los que expresan retrocesos, de una incipiente diversificación productiva que denota, a su vez, una cierta modernización industrial en este periodo.

No hay, por consiguiente, y pese al atraso, atonía industrial en la España del final del XIX. Lo prueban también las cifras de constitución de sociedades mercantiles en esos años postreros del siglo, animadas por el reflujo de los capitales indianos, aunque la distribución de estas nuevas iniciativas no sea homogénea, concentrándose hasta 1900 en Vizcaya y Asturias, esto es, en la siderurgia y la hulla —además de la banca—, que se incorporan así a un mapa industrial hasta entonces sólo trenzado con cierta espesura en torno de Barcelona y de sus producciones algodoneras.

De este modo, el impulso dado a ciertos sectores industriales en la coyuntura finisecular se solapa con una polarización espacial del crecimiento, aunque sea alrededor de un número algo mayor de núcleos. No es extraño que el primero de los cinco rasgos definitorios de la industrialización española del XIX, enunciados en su día por Vicens Vives, fuera «el fuerte regionalismo de los grupos industriales» periféricos, cuyo despliegue contrasta con la situación de vastas regiones agrarias del interior, y configura, al concluir el siglo, una suerte de «España dual» —la expresión en este caso es de N. SánchezAlbornoz—, demográfica e industrialmente, y también en los modos y niveles de vida.

Entre los núcleos de localización fabril destacan Cataluña, «la fábrica de España», asiento de los mayores avances de la revolución industrial en la España decimonónica, con el algodón como eje y emblema; el País Vasco, ya por entonces la capital del acero peninsular, y Asturias, la cuna de la minería energética. Más en concreto, Barcelona, Vizcaya y las cuencas hulleras del eje central de la provincia de Oviedo. Pero a esos centros industriales originarios habrá que sumar pronto otros brotes, quizá menos intensos, pero igualmente dinámicos, de progreso mercantil en los años finiseculares: Madrid, centro domiciliario de grandes empresas industriales y de servicios, con destacada presencia de los financieros, y ahora favorecido, además, por las nuevas posibilidades industriales que ofrece la electricidad; Guipúzcoa, al calor de los transformados metálicos; Valencia, con industrias mecánicas, madereras y químicas ligadas al desarrollo agrario; así como otros emplazamientos peninsulares donde despunta alguna actividad fabril al concluir el siglo XIX, ampliándose el mapa, como pronto se verá, en las décadas iniciales del XX. Proceso que va paralelo al de un mayor grado de concentración empresarial, ampliándose el contadísimo número de fábricas de cierto tamaño, superior a los mil trabajadores, que había a finales de siglo: en Barcelona, dentro del textil, las de La España Industrial y los Batlló, más las instalaciones metalmecánicas de La Maquinista Terrestre y Marítima; y, en Vizcaya, las fábricas de productos siderúrgicos que en 1902 pasarán a constituir los Altos Hornos de Vizcaya, y las de Astilleros del Nervión.

En otros muchos aspectos, además del manufacturero, había progresado la España de 1900 respecto a la de medio siglo atrás: al acortamiento de las distancias físicas y de la información, merced, por un lado, al ferrocarril, y, por otro, al telégrafo y a los primeros teléfonos, se añadía ahora, y sin retardos, la naciente electrificación, sobre todo en las ciudades, donde la luz de gas daba paso a la bombilla y los tranvías de mulas a los accionados por la electricidad. De suerte que las principales urbes, al tiempo que remozaban su trazado con nuevos ensanches, se dotaban de nuevas infraestructuras colectivas —del alcantarillado y el alumbrado públicos a los edificios administrativos o las estaciones ferroviarias— y de crecientes servicios, entre los que la educación pública y las escuelas de cualificación profesional iban cobrando, en lento progreso, una mayor preeminencia.

Precisamente, es la creciente pujanza que van adquiriendo entonces esas expresiones de progreso material lo que hará más agudos los contrastes en una España llena de tensiones contradictorias, con amplios espacios de penumbra: «luz fuerte», diría Baroja, «en zonas de sombra oscura». En un sentido, se movía al compás de las grandes transformaciones de la coyuntura intersecular, según acaba de apuntarse; en otro, de signo opuesto, veía cómo se acentuaba el contraste entre los modos de vida urbanos, teñidos de una incipiente modernidad, y los rurales, característicos de las vastas y áridas extensiones de la España agraria del interior y de los pueblos más aislados de la periferia, donde, a falta de bombillas y de agua corriente, seguirán usándose aún durante mucho tiempo los candiles de aceite y las jofainas de antaño.

Si todo esto es una inevitable secuela del propio proceso de crecimiento o una rémora para que éste avance más rápido, es algo sobre lo que los teóricos del desarrollo no se han puesto de acuerdo. Pero quizá nada resuma mejor a esa «España a medio camino» del 1900 como el puntiagudo perfil de la pirámide demográfica española, acorde con una esperanza de vida de apenas treinta y cinco años para el promedio de los casi 19 millones de españoles que alcanzan a ver la nueva centuria, y lastrada aún, como símbolo de su arcaísmo demográfico, de una elevadísima tasa de mortalidad infantil (cercana al 200 por 1.000 hacia 1900, si bien con grandes divergencias regionales, de dos a uno, por ejemplo, entre Extremadura y Baleares).

En resumidas cuentas, la economía española que se asoma al fin de siglo ofrece una imagen dicotómica, un paisaje de transición donde lo arcaico se mezcla con lo nuevo, con profundas desigualdades y asimetrías en punto a la evolución de las actividades productivas y en términos de progreso material. Porque al tiempo que hay amplias zonas atrasadas, y como ajenas a los cambios que cada vez más imprimen el tono y el estilo económicos de la época, existen también otras áreas que se aprestan entonces a tomar el tren, aunque fuera en uno de los vagones de cola del occidente europeo, de la segunda revolución tecnológica; es decir, la que sustituyó, a partir del nuevo siglo, el motor de vapor por el de explosión, y el carbón de piedra por la electricidad, y luego el petróleo, como fuerzas motrices principales. Ajenos, a la altura de 1898, a cualquier idea de desastre —al menos en lo económico—, no pocos retazos del tejido productivo español parecían, pues, hallarse bien dispuestos para concurrir provechosamente a la cita de las novedades tecnológicas y del crecimiento que traía consigo el novecientos. Es lo que ahora interesa destacar.

Del desastre colonial a la Gran Guerra, 1898-1913

Tres lustros de entonado progreso económico y mercantil

La pérdida de los últimos territorios ultramarinos, más allá de acentuar la «psicosis de crisis» que, por otros muchos motivos, se había instalado en la opinión pública, tuvo un efecto liberador para la economía española. Contrapesando con creces la desaparición del mercado reservado de Cuba y Puerto Rico —de alguna entidad aún para los algodones catalanes—, destaca el favorable conjunto de factores que se concita tras 1898. Primero, se ponía fin a la sangría de un despliegue militar desproporcionado a las dimensiones políticas y económicas de España, dándose las condiciones para una reforma presupuestaria de cierto calado. A su vez, la afluencia de capitales indianos encontraba oportunidades de inversión en la Península, canalizándose en derechura hacia un sector financiero que ampliaba así sus posibilidades de promover nuevas actividades. En fin, seguían dirigiéndose hacia América, más si cabe a partir de entonces, los emigrantes que no hallaban empleo en España —hasta 300.000 salidas se registraron en el primer decenio de siglo, sólo hacia Cuba—, aflojando tensiones demográficas y generando ingresos para las cuentas exteriores. Curiosa paradoja, pues, la del estrechamiento de las relaciones con América a raíz del 98, en particular con la mayor de las islas del Caribe; y no sólo en el plano de los factores productivos —capital y trabajo—, sino también en el del propio comercio, merced, entre otros, al esfuerzo de los industriales catalanes.

Con todo, no puede desconocerse que la imagen, ante todo política y diplomática, pero pronto transfundida a otras parcelas, de la España «sola y humillada» tras el desastre quizá alimentó también el sesgo proteccionista, y de creciente nacionalismo económico, que orientó la escena económica española desde la década final del XIX, ganando posiciones en los primeros lustros del XX. Como fuere, en España no sería difícil descubrir tras ese rampante nacionalismo —defensor, sobre todo a partir de Maura, de la acción del Estado en «interés de la patria»—, una reacción al pesimismo regeneracionista finisecular.

Convendrá por eso avanzar aquí examinando, por una parte, las líneas maestras de la política económica que precede a la contienda europea de 1914, tejidas en forma de amalgama sobre una urdimbre, nada exótica en su tiempo, de creciente proteccionismo e intervención estatal en los asuntos económicos; y, por otra, la evolución real, de moderado crecimiento y cambios en la estructura productiva, cuando crecer significa, no se olvide, mantener una divergencia de renta de más del 40 por 100 con el promedio británico-franco-alemán.

El siglo XX, desde la óptica de la política económica, arrancó en España con la estabilización presupuestaria de Fernández Villaverde, auténtico «superministro» del gobierno Silvela-Polavieja con que se cierra el novecientos —lo ha subrayado Seco—, cuya gestión al frente del Ministerio de Hacienda, entre 1899 y 1900, puso orden en una situación monetaria y financiera muy deteriorada tras el 98, además de insuflar oxígeno al Tesoro durante algunos años, aunque fuera a costa de aplazar otras aspiraciones regeneracionistas. Pero, antes de concluir la primera década del siglo, la prioridad del equilibrio de las cuentas públicas había cedido ya paso al fomento de la producción nacional, en este caso de la mano de Antonio Maura, quien, en los treinta y tres meses de su esperado gobierno largo, desde 1907 a 1909, sentó las bases de una decidida política de intervención directa del Estado en apoyo de la industria nacional. Política que pronto habría de servir, merced al complejo entramado de medidas que comienza a desgranarse en las páginas de la Gaceta de Madrid, de suplementario refuerzo de unas barreras arancelarias también realzadas en estos años iniciales del siglo, en 1906, bajo el Ministerio de Amós Salvador. De modo que la nivelación presupuestaria, el reforzamiento arancelario y la legislación industrialista vienen a constituir, por este orden cronológico —y expositivo, en los párrafos que siguen—, los tres ejes de la política económica de este primer albor del novecientos.

La «Reforma Villaverde», que comprendía tres fases, sólo pudo completar su primer eslabón, el de la estabilización presupuestaria. Los otros dos, el del estímulo de las fuerzas económicas y el tributario, basado éste, más allá de los retoques impositivos establecidos en algunas figuras —contribución de utilidades y renta de aduanas—, en la revisión de los criterios de reparto de la carga fiscal, debieron esperar algunos años para ser siquiera abordados. En un caso, confiando en las medidas comerciales y de fomento recién apuntadas, y que más abajo se concretan; en el de la fiscalidad, gracias a la «reforma silenciosa» desplegada durante décadas con singular empeño por Flores de Lemus desde su discreto despacho de asesor del Ministerio de Hacienda.

A la altura de 1899, en todo caso, se sentía como más apremiante la necesidad de afrontar la desastrosa situación de las finanzas públicas, agravada, si cabe, por las guerras coloniales. Así pues, la política de estabilización, concebida dentro de los moldes más ortodoxos, se planteó con el propósito de liquidar las deudas de ultramar, nivelar el Presupuesto, controlar la inflación y detener la depreciación nominal de la peseta, consecuencia, a su vez, de otros muchos factores relacionados, comenzando por las presiones especulativas y la falta de competitividad de no pocos sectores productivos. Se accionaría para ello la doble palanca del incremento de los ingresos y, en particular, la reducción de los gastos.

En dichas circunstancias, la reducción de la carga financiera de la deuda pública se erigió en la pieza clave de la reforma de 1899-1900: el principal enemigo de la nivelación presupuestaria era fácilmente identificable en una Hacienda que dedicaba, por entonces, más del 70 por 100 de sus ingresos corrientes a pagar intereses y amortizaciones de la deuda pública acumulada. El ataque fue directo, y los efectos inmediatos: a partir de agosto de 1899, se consiguió en unos pocos meses reducir en 176 millones de pesetas la carga de la deuda, dentro de un Presupuesto que apenas alcanzaba los mil millones; y al «arreglo» de esta deuda interior, reordenada, además de minorada, aprovechando las operaciones de conversión de títulos, le sucedió la disminución de la deuda exterior en un 50 por 100.

Como, por el lado de los ingresos, la nueva contribución de utilidades, establecida en 1900, prestó también una ayuda muy apreciable, el resultado final, en términos de saldo presupuestario, no se hizo esperar: el saldo positivo que se registra en ese mismo año abre una etapa inédita en los anales de la Hacienda española, prolongada durante nueve ejercicios seguidos que contabilizan superávit. Significativa fue asimismo la apreciación inmediata y continuada del cambio de la peseta, sensible a estas nuevas condiciones, desde las 154 pesetas por 100 francos de 1898 hasta las 112, en 1906, alcanzando las 104 en 1913.

La situación, empero, no tardaría en cambiar: las dificultades del erario reaparecieron antes de terminar este primer decenio del novecientos. Los motivos hay que buscarlos en algunas modestas desgravaciones acordadas en 1907; en los mayores gastos que requerirá, también desde esas fechas, la política de apoyo a determinadas industrias y servicios, como pronto se verá; y, sobre todo, en los gastos de la guerra de Marruecos. No es casual, pues, que en 1909 se cierre el paréntesis abierto con el siglo, reapareciendo un déficit presupuestario que se hará ya crónico durante décadas. En cualquier caso, la nivelación presupuestaria de los primeros años del siglo ayudó a sanear las cuentas públicas de la economía española, además de propiciar durante algún tiempo una cierta disciplina financiera, revitalizando de paso la idea de implantar el patrón oro, siguiendo al común de los países occidentales, en vez del sistema fiduciario vigente desde 1883.

Simultáneamente a todo ello, los grupos patronales, cada vez mejor organizados, pugnan, a falta de un Presupuesto público del que arañar grandes ventajas, por el amparo del proteccionismo arancelario y la regulación protectora del Estado. El resultado se plasma en medidas que apuntan en una dirección: la del nacionalismo económico, que impregna desde esos años la política económica española, por encima del tinte liberal o conservador de los gobiernos de turno. Son dos, en concreto, los hitos fundamentales que definen el sello nacionalista del periodo que media entre el desastre colonial y la guerra europea: el arancel de 1906 y la Ley de industrias de 1907.

Comenzando por el proteccionismo arancelario, cabe recordar que éste no se inició en España en 1906: desde década y media atrás, el llamado «arancel de guerra» de Cánovas había sancionado el fin del moderado librecambio —más bien, un proteccionismo temporal y selectivo— instaurado por la base 5.ª del «arancel Figuerola» de 1869, dando pie al viraje proteccionista en la Restauración. Si acaso, la Ley de Bases para la reforma arancelaria de 1906, conocida como «arancel Salvador», supuso un paso más, cierto que decisivo, en la «legitimación» —el término es de Sabaté— del proteccionismo instaurado en 1891. De hecho, la «belicosidad» del arancel canovista se había desatado más por razones fortuitas que inicialmente pretendidas: su primera columna, que contenía muy altos derechos para un gran número de sectores, tenía un carácter disuasorio, destinado a servir de trueque en la negociación de los tratados de comercio con otros países —se pensaba sobre todo en Francia, y en las exportaciones vinícolas—, que podrían conseguir, en contrapartida a las ventajas concedidas a los productos españoles, rebajas sobre esas tarifas máximas. Sin embargo, el fracaso en la negociación del tratado comercial con Francia convirtió —de un modo, pues, «circunstancial», como ha subrayado Serrano Sanz— a la primera columna del arancel en el parapeto protector, no sólo de las principales producciones agrarias, sino también, aplicada ya en forma de aluvión, de una buena parte de las industriales. A la altura de 1906, en cambio, ya no hay lugar a la duda: el entramado protector —con marcada preferencia industrial, aunque sin olvidar al cereal— se levanta con plena consciencia, en un momento en el que, además, se reúnen muchos ingredientes que alimentan, y no sólo en España, ese clima de protección siempre tan contagioso.

El arancel «ultraproteccionista» de 1906, fruto de una intensa campaña patronal previa de trigueros e industriales —sobre todo siderúrgicos, hulleros y algodoneros, los mejor organizados—, liderada por Pablo de Alzaola desde la Liga Vizcaína de Productores, impuso unos derechos de protección de hasta un 50 por 100 sobre el valor de las mercancías extranjeras, en particular para las manufacturas que ya se producían en España; igualmente, gravaba las exportaciones de minerales que pudieran servir de materia prima a las industrias transformadoras nacionales, e imponía la obligación de pagar en oro los derechos de aduanas. Así, una suerte de «pacto» —simbólico, si se quiere, pero con efectos tangibles— vino a cerrarse entre los intereses de los cerealistas castellanos y los industriales de la España periférica, orillando a los exportadores levantinos: el mismo eje «Bilbao-Barcelona-Valladolid» que se apunta a finales del ochocientos, ahora reforzado por el afianzamiento político de la Lliga Regionalista y del Partido Nacionalista Vasco, encontrando un nuevo punto de apoyo en los empresarios hulleros asturianos, respaldados en este caso por el Partido Reformista de Melquíades Álvarez. Una común estrategia que, sin llegar a cegar, en la práctica, como luego se verá, los flujos comerciales de la economía española, sí se planteó en abierta defensa de la reserva del mercado nacional para una producción, también nacional, que precisaba, sobre todo en la industria, de ortopedias internas suplementarias.

De este modo, el fermento nacionalista en ascenso en esos años, en España como en otros muchos países europeos, cuaja en una nueva dirección: la del intervencionismo estatal en defensa de la producción nacional, con el complemento del corporativismo. La Ley de protección a las industrias de febrero de 1907 es la principal y más genérica plasmación de esa política directa de fomento inaugurada por Maura. Una política que, al tiempo que expresa la no poca vigorosa iniciativa del gobierno, es también, como en el caso arancelario, reflejo de los anhelos corporativos de grupos patronales diversos, cada vez mejor organizados: al Fomento del Trabajo Nacional y la Liga Vizcaína —y luego Nacional— de Productores, se unen, desde los primeros años del siglo, un creciente número de entidades asociativas, desde la influyente Liga Marítima Española y la Hullera Nacional hasta la Central Siderúrgica de Ventas. Se constituye así un frente proteccionista en defensa de compartidos intereses. Grupos de interés que encuentran pronto acomodo en la Comisión Protectora de la Producción Nacional, simultáneamente instituida, que acabará por erigirse, una década después, en el centro neurálgico de los principales intereses industriales y financieros de la España de su tiempo.

Junto con la Ley de 1907 —en la que se preveía, entre otras cosas, la exclusividad de los productos nacionales en toda clase de servicios y obras públicas—, son abundantes las medidas de carácter sectorial que se suceden, como la conflictiva Ley Osma de agosto de 1907, a la medida de los intereses de la Sociedad General Azucarera, o el Programa naval que Maura presenta a las Cortes en noviembre de ese mismo año, y del que no es un fruto casual la constitución, meses después, en agosto de 1908, de la Sociedad Española de Construcción Naval. Una línea de actuación gubernamental que se complementa en 1909 con la Ley de protección a las industrias y comunicaciones marítimas, que establecía, entre otros regímenes de ayuda, el de primas a la marina mercante.

Cabe subrayar, en todo caso, que las medidas de política económica hasta aquí apuntadas no fueron el resultado de una estrategia sistemática, por más que el nacionalismo económico deje una impronta creciente en este ámbito. Eran más bien el fruto, en un caso, de una necesidad inaplazable, la planteada en 1899, cuando la «Hacienda del Desastre» no dejó otra salida que la estabilización presupuestaria; en otro, de un impulso irrefrenable, el que en 1906 selló la alianza proteccionista entre trigueros e industriales; así como del decidido empeño de impulsar una política de fomento, en el caso de las leyes industriales, durante el gobierno largo de Maura entre 1907 y 1909.

Con unas u otras apoyaturas, la economía española registra a lo largo de los tres lustros anteriores a la guerra europea un crecimiento moderado, muy en línea con su tendencia secular previa, aunque menor al de los países vecinos —Alemania, Francia e Italia—. Lo modesto de este avance se refleja en las cifras de la evolución de la renta nacional y del producto industrial españoles, que crecen, hasta 1913, aunque no sin arritmias, a unas tasas anuales respectivas del 1,5 y 1,7 por 100 (medio punto menos en términos per cápita, en unos años en que el mayor crecimiento vegetativo se compensa en parte con el cenit histórico que alcanza la emigración ultramarina).

Pero su buen tono, a pesar de todo, se refleja en un notable auge en la constitución de sociedades, animado, en un primer momento, por los recursos financieros que afluyen a la economía española desde el cambio de siglo. Destacan, entre éstos, los procedentes de la vuelta de los capitales formados en América por los emigrantes españoles: una aportación material, cifrada en unos dos mil millones de pesetas oro, a la que se une otra, de índole personal, protagonizada por el regreso de algunos empresarios forjados en América, que incorporan a España —lo captó muy bien Valentín Andrés Álvarez—, junto con su experiencia mercantil, algunas modernas prácticas crediticias y comerciales.

El disponer de estos capitales indianos y de los que llegan de Europa, principalmente de Francia, estimulados todos ellos por el curso favorable de la cotización de la peseta —al que a su vez contribuyen esas inversiones extranjeras—, además de los que proceden de los excedentes generados, dentro de España, por las actividades económicas más dinámicas de los años finiseculares, comenzando por las exportaciones de hierro vizcaíno, se traduce en un repunte de la creación de sociedades, con particular concreción en el sector financiero. Será entonces cuando se constituyan algunas de las entidades de crédito y aseguradoras que han dominado la escena bancaria española del siglo XX y la financiación del proceso de industrialización.

Así, al despuntar el novecientos se crean, entre otros, los bancos Hispano-Americano, de Vizcaya y Español de Crédito —éste sobre la base del viejo Crédito Mobiliario Español—, que consolidan, junto con los constituidos en Asturias en esos mismos años —los bancos de Gijón y Oviedo, más el Crédito Industrial Gijonés—, los tres vértices del auge bancario y de la expansión de sucursales de comienzos de siglo: Bilbao, Madrid y Oviedo-Gijón. El contrapunto lo pondrá la regresión bancaria de Cataluña, iniciada dos décadas atrás con el final de la febre d’or, de muy controvertida interpretación. Y, aunque los activos de las instituciones financieras no crecieran sustancialmente entre 1900 y 1913, no faltan indicios, para estos mismos años, de un gradual proceso de modernización de la banca y de acomodo progresivo a sus funciones propiamente crediticias, según se desprende de los trabajos de Tedde y de Martín Aceña. Esto es lo que apuntan los cambios operados en la estructura del pasivo de la banca privada no emisora, con un funcionamiento creciente a partir de recursos ajenos, y también en el activo, donde las partidas más representativas de la financiación industrial —la cartera de inversiones, aunque estuviera muy inflada de títulos de deuda pública, y la de préstamos y créditos— crecen globalmente, en proporciones próximas al 50 por 100, al tiempo que se contrae a la mitad el coeficiente de caja, otro signo expresivo de cambio. Como lo es el establecimiento en España, por entonces, de distintas entidades bancarias foráneas, sobre todo europeas, caso del Deutsche Bank, el Dresdner Bank o el Comptoir National d’Escompte.

Un proceso de modernización y de expansión quizá insuficiente en términos comparativos internacionales, y sujeto, además, a no pocas tensiones y debilidades, como vino a mostrar la severa contracción del crédito bancario registrado en vísperas de la guerra europea y la suspensión de pagos del Hispano-Americano a finales de 1913, superada con el concurso del Banco de España. Pero que dio como resultado el afianzamiento de un cierto número de entidades financieras de vocación mixta —en la captación de depósitos de todo plazo y en la promoción de negocios— y nacional —en cuanto a la presencia de sucursales por todo el territorio—, que servirá de base para el despegue de la banca privada española a partir de la Gran Guerra. Otra cosa bien distinta son las quejas expresadas por los observadores contemporáneos hacia unos bancos más orientados al sencillo y lucrativo descuento o al crédito comercial, que al necesario crédito a medio y largo plazo que precisaban la agricultura y la industria, más allá del respaldo a los negocios fabriles y eléctricos a ellos vinculados. Críticas que apuntaban en particular al más poderoso de los bancos privados, el de España, que absorbía más de los dos tercios de los activos del sistema, y un porcentaje aún mayor de los depósitos.

Como quiera que fuere, la expansión bancaria de comienzos de siglo, espoleada inicialmente por el retorno de capitales ya mencionado, refleja también, en mayor o menor medida, el pulso mercantil de la vida económica española, tanto en el ámbito agrario como en el industrial, protagonistas ambos de un tímido aún, pero indiscutible, proceso de renovación de sus respectivas estructuras y de paulatina incorporación de los adelantos tecnológicos de la época. La agricultura, como han documentado los trabajos de Martín Rodríguez y del Grupo de Estudios de Historia Rural, además de introducir algunos cambios en los tipos de cultivo, caso de la remolacha, creció en el primer decenio de siglo, tanto en términos absolutos como por habitante, merced a una mayor capitalización y al uso de más fertilizantes, al tiempo que se reducía, aunque muy lentamente, el número de los activos en el campo. Más adelante habrá ocasión de concretar la magnitud de estos avances, en la perspectiva general del primer tercio de siglo.

En cuanto a las actividades fabriles, el aumento ya señalado del producto industrial, si bien inferior en este periodo a las tasas medias europeas, se acompañó de una significativa diversificación del tejido industrial. Aparecen o se refuerzan empresas eléctricas: en los principales casos, bajo la tutela bancaria del Vizcaya y el Urquijo, y en algún otro, como el de la Canadiense, al cobijo del capital extranjero. Se crean importantes firmas químicas y electroquímicas: de los superfosfastos y los abonos nitrogenados, a la sosa o los explosivos, también con abundante presencia de capitales foráneos. Igualmente, cementeras, animadas tanto por la creciente urbanización como por la construcción de pantanos con fines hidroeléctricos. Y son numerosas las nuevas empresas en la industria transformadora, en particular en las ramas más ligadas a las nuevas tecnologías que traía consigo la segunda revolución industrial, ya fueran las construcciones mecánicas o de maquinaria, eléctrica y no eléctrica. Empresas muchas de ellas que, siguiendo una tendencia internacional de igual signo, nacen en algunos casos con una dimensión relativa muy apreciable, o la alcanzan merced a la fusión, cuando no a la cartelización, de industrias decimonónicas ya existentes, como sucedió, además del ejemplo ya citado de Altos Hornos de Vizcaya, o con las algo anteriores Unión Española de Explosivos y Unión Resinera Española, con la Sociedad Española de Construcción, la Sociedad General Azucarera, Papelera Española, Hidroeléctrica Ibérica, la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, la Sociedad Anónima Cros, y tantas otras datadas, o que cambian su razón social, con el nuevo siglo.

Quizá nada resuma mejor este brío de la economía y la industria españolas entre 1898 y 1913 que el aumento, en más de un 60 por 100, de uno de los indicadores más finos del progreso económico secular: el del consumo de energía primaria, impulsado por una creciente electrificación, símbolo, también en España, de la revolución energética que alimentó la que, en el ámbito industrial y tecnológico, se produjo en los decenios interseculares. Electrificación que, unida a los avances técnicos en la ingeniería de los motores, permitió mecanizar y ampliar la escala de la producción en casi todas las ramas industriales, con grandes ventajas de coste —aunque no siempre trasladadas en igual proporción a los precios, dado el monopolio local de la oferta eléctrica—, al tiempo que las desligaba de las servidumbres anteriores, comenzando por la forzada localización, que imponían el suministro de carbón y la máquina de vapor decimonónica.

Es asimismo difícil encontrar un ejemplo mejor que el del sector exterior para expresar la paradoja de una economía sorprendentemente abierta en esos años a las inversiones extranjeras, pero que reducía cada vez más el fuelle de sus intercambios comerciales, dada la orientación introvertida de la política económica. De donde nace una controversia historiográfica sobre si la peseta estuvo en realidad depreciada o sobrevaluada en este periodo, acentuando, de ser cierto lo primero, los efectos de la protección, al encarecer las importaciones; o minorándolos, si, como parece cada vez más probado, los precios interiores, al crecer más que los internacionales, compensaron la tendencia a la depreciación nominal. Un sector exterior que reflejaba, en cualquier caso, las insuficiencias de la economía española en su avance por el camino de la modernización y el crecimiento industrial; en concreto, las dificultades para financiar la importación de las cantidades crecientes de bienes de equipo y de materias primas insustituibles, como las energéticas, que requería el propio proceso de industrialización. De modo que, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la estructura del comercio exterior español revelaba con claridad la gran dependencia del extranjero en lo que se refería a determinadas materias primas, utillajes e innovaciones técnicas, así como el poco peso de las exportaciones fabriles, aún lideradas por los tejidos de algodón, frente a las tradicionales de productos agrarios y minerales. La contienda europea, al estimular las ventas en el exterior de muchos productos industriales españoles, vino a proporcionar una tan inesperada como excepcional oportunidad de romper esta severa restricción, abriendo una nueva etapa de la historia económica del primer tercio del siglo.

El impacto de la Primera Guerra Mundial, 1914-1922

La consolidación del nacionalismo económico

La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial origina una cadena de reacciones que, primero, durante el conflicto, alteran las principales bases de la estructura productiva, y, después, en la posguerra, provocan una compleja crisis cuya salida final desemboca en la Dictadura de Primo de Rivera. Si la Gran Guerra es un auténtico «golpe de suerte» —ha escrito Richard Herr— para la economía española, es igualmente cierto que sus efectos «destrozaron el orden establecido».

Tres fases abarca en los países neutrales el ciclo económico determinado por la Gran Guerra europea: la inicial de desconcierto y desorganización, la fase de auge y expansión, y la tercera y última, conocida como la «crisis de armisticio» en los países beligerantes. En España, neutral, también se perfilan con claridad esas mismas tres fases, si bien los límites temporales de cada una son algo diferentes; en síntesis, puede decirse que es más breve la primera, más prolongada la segunda —sobre todo en algunos sectores, como el bancario—, y que la crisis final tiene aquí matices propios relativos a su intensidad y a su tratamiento, adentrándose hasta los primeros años veinte.

Como señalara Bernis en una obra específicamente dedicada a estudiar los efectos económicos del conflicto mundial, editada en 1923, «la sacudida de agosto de 1914 y las consecuencias inmediatas de la guerra se sintieron principalmente en la Bolsa, el crédito y circulación internacional. Liquidaciones ruidosas, atascos bursátiles (...), contracción del crédito en los establecimientos bancarios (...), dificultades para el abastecimiento de primeras materias (...), y al principio rudo golpe a la minería». En general, diversas entidades económicas, en su mayor parte de carácter financiero, atraviesan momentos críticos iniciales durante los primeros meses del conflicto, en el entorno de una situación definida por la ambigüedad y el desconocimiento de los efectos últimos que los acontecimientos bélicos podrán generar.

Pronto, sin embargo, se aprecian los síntomas de una coyuntura y de una situación, en general, con rasgos bien diferentes. La brusca y honda alteración que el conflicto ocasiona en las relaciones comerciales internacionales incrementa las ganancias de la exportación española de manera inusitada, tanto si se atiende a los nuevos productos ahora colocados en el extranjero, cuanto a sus elevados precios. Pero al mismo tiempo que la demanda exterior adquiere un nuevo diseño, se registran dificultades, insalvables en algunos casos, para mantener las importaciones habituales, lo que estimula muy vigorosamente la producción interior con carácter sustitutorio.

La fase de auge del ciclo se inicia así a partir de 1915, con tensiones inflacionistas muy acusadas. La elevación de los precios interiores, impulsada por el crecimiento de la demanda exterior y por los problemas para importar productos deficitarios, es ya en ese año considerable, poniendo fin a la estabilidad característica de los lustros precedentes, registrándose alzas muy fuertes durante 1916, 1917 y 1918. A su vez, los beneficios de muchas empresas industriales y terciarias, y los obtenidos en las grandes explotaciones agrarias, se incrementan rápidamente también desde 1915 hasta 1918. Y es en este último año cuando comienzan a ser importantes las alzas de los salarios como respuesta al encarecimiento de los precios en una coyuntura propicia a las reivindicaciones obreras. La nota dominante en estas alzas —más aún que en las de beneficios— es la heterogeneidad de las situaciones respectivas, con aumentos destacados en algunas zonas industriales, como Asturias y Vizcaya, siendo la pérdida en los salarios reales particularmente sensible en la agricultura y en las industrias mineras, casi con la única excepción de la hullera. Los informes del Instituto de Reformas Sociales, creado en 1903, y muy activo durante los años aquí contemplados, son a este respecto contundentes.

Ahora bien, cuando desaparecen las circunstancias excepcionales derivadas de la guerra, cambia de nuevo el decorado. La inflación de costes, que acaba desatándose a partir de 1918 como consecuencia de las tensiones apuntadas, gravita intensamente sobre los márgenes de beneficio y, en definitiva, al empeorar las expectativas empresariales con la finalización del conflicto, sobre las propias posibilidades de expansión de la economía española al iniciarse los años veinte. En general, del mismo modo que la guerra equivale a un sistema de primas a la exportación y supone un eficaz sistema de protección «automática» o «espontánea» para la producción nacional, la terminación de aquélla marca el punto de partida para una nueva y reforzada campaña de grupos patronales, con objeto de conseguir más altos niveles de protección a través de medidas arancelarias, fiscales, crediticias y comerciales que frenen el acelerado proceso de liquidación de numerosas empresas creadas en condiciones de marginalidad económica durante los años anteriores. Es la última fase del ciclo, esto es, la crisis: en ella se hace patente —son palabras también de Bernis— «el ánimo de los empresarios y capitalistas enriquecidos de liquidar las existencias a precios de guerra y mantener una política de altos precios en España».

Una rápida mirada a la balanza comercial y a la constitución de sociedades mercantiles permitirá completar esta radiografía del impacto de la Gran Guerra sobre la economía española.

Por lo que se refiere a la balanza de mercancías, el hecho más llamativo es el superávit registrado entre 1915 y 1919: algo insólito en la historia posterior del comercio exterior español (como puede comprobarse en el gráfico 2 incluido en las páginas introductorias de esta parte), que va a mantener llenas durante un par de décadas las arcas del Banco de España, además de permitir el «rescate» de una parte sustancial de la deuda exterior española, aprovechando la apreciación del cambio de la peseta. Pero lo que ocurre con las ventas de productos españoles en mercados exteriores y la evolución de las importaciones merece también un momento de atención.

Las exportaciones registran un incremento muy importante de valor —que no se corresponde con la evolución del volumen de lo exportado— desde 1915 hasta 1919, doblando aún en 1920 el importe correspondiente a 1914. Se produce, además, un cambio, tan sustancial como transitorio, en la composición de las ventas españolas en el exterior: es muy fuerte el incremento de las exportaciones de muchos productos cuyo destino habitual hasta ese momento es el mercado interior o con un nivel reducido de ventas en el extranjero. Son los artículos demandados excepcionalmente por los países beligerantes y por terceros países a los que el conflicto bélico impide seguir utilizando las fuentes habituales de aprovisionamiento. Por algunos de esos productos de especial valor estratégico, ya sea para avituallar ejércitos o para satisfacer demandas imperiosas de industrias de guerra o de mercados de consumo desabastecidos, los precios que se obtienen son extraordinariamente altos. «Un río de oro» —ha escrito Jover— se vuelca sobre la Península en pago de exportaciones «angustiosamente necesarias». Así, durante unos pocos años se exportan, multiplicándose su valor, productos textiles de lana, algodón y yute, metales y sus manufacturas, cueros y calzados, papel y derivados, maquinaria, productos químicos y, también, productos alimenticios, aun con merma del consumo interior. La otra cara de la moneda es la brusca caída que, a su vez, experimentan algunas exportaciones tradicionales de productos agrícolas —crisis de la exportación de agrios, principalmente— y minerales, debido, por un lado, al carácter prescindible de algunos de estos productos, y, por otro, a las dificultades del transporte, tanto terrestre como marítimo.

Por su parte, las importaciones registran una disminución muy pronunciada en términos físicos (en 1917 el volumen de las compras en el exterior es la mitad del de 1913, y el de 1918 representa una proporción todavía menor), aunque el descenso no se refleje en el valor de lo comprado en el exterior, como consecuencia del encarecimiento que imponen las tensiones inflacionistas provocadas por la guerra en el mercado internacional. Dicho descenso en las cantidades importadas debe achacarse tanto al control que sobre determinados productos básicos ejercen durante la guerra los propios países productores, cuanto a las dificultades y al elevado coste del transporte marítimo. Son especialmente significativas las reducciones de las importaciones de bienes de equipo, maquinaria, productos químicos de base, pasta de papel, carbones minerales y algunos productos alimenticios, ocasionando en ciertos casos desabastecimiento y estrangulamientos que se reflejan en la elevación de los precios en el mercado interior, no obstante alentarse un intenso proceso de sustitución.

Los saldos deficitarios de la balanza comercial española volverán a aparecer desde el comienzo mismo de los años veinte, cuando cesen las circunstancias extraordinarias. La caída de las exportaciones en cantidad y en valor es muy pronunciada en 1920, 1921 y 1922. Y las importaciones comienzan a recuperarse en 1919, para alcanzar en 1920 la cantidad de 1913, no reduciéndose después el volumen de lo importado tanto como indican las cifras del valor en pesetas de las compras en el exterior, cuyo descenso brusco hay que explicarlo por el derrumbamiento de los precios que acompaña a la «desinflación violenta» —son los términos que empleará años después Flores de Lemus en el Dictamen de la Comisión del Patrón de Oro— practicada por el gobierno inglés, entre otros. Es importante retener que, de manera especialmente destacada en 1920, pero también en los años siguientes, vuelven a incrementarse las importaciones españolas de maquinaria, bienes de equipo, maderas, carbón, metales y sus manufacturas y productos químicos. Importaciones que contribuyen a paliar la aguda descapitalización de algunos sectores y empresas por las dificultades de comprar en el exterior durante el transcurso de la guerra, y a dar salida a una parte de la fuerte acumulación de capital registrada.

Repárese ahora en el segundo de los hechos antes aludidos como especialmente revelador también de las oscilaciones del ciclo, el que recoge la constitución de sociedades. Se ofrece por ello en el cuadro 2 la evolución entre 1896 y 1935, por periodos quinquenales, del número de sociedades constituidas (según las inscripciones del Registro Mercantil), con especificación, por un lado, del total de nuevas empresas colectivas, comanditarias y anónimas, y, por otro, de las sociedades anónimas en particular, detallándose los respectivos capitales desembolsados.

La agrupación quinquenal es bien expresiva de la excepcionalidad del lustro que abarca la fase de expansión provocada por la Primera Guerra Mundial, tanto por lo que se refiere al número total de nuevas sociedades como por lo que respecta, en concreto, a las sociedades anónimas de nueva constitución. La diferencia con los periodos anteriores, sobre todo, es clarísima, y se produce, además, un notorio avance en el porcentaje que sobre el total de nuevas sociedades representan las sociedades anónimas de nueva creación: si a comienzos de siglo apenas suponían el 15 por 100 del total, en 1916-1920 esa proporción se eleva al 28 por 100, aumentándose en los quinquenios posteriores. He aquí un signo elocuente de que las nuevas inversiones se canalizan cada vez en mayor medida hacia fórmulas jurídico-mercantiles más acordes con una economía capitalista, aunque no puede desconocerse que el capital medio de las nuevas sociedades anónimas constituidas entre 1916 y 1920 es menor que el correspondiente a los años finiseculares y al del lustro 1921-1925. La pequeña dimensión empresarial y las condiciones de marginalidad económica no son privativas, ciertamente, de las sociedades colectivas y comanditarias.

Cuadro 2. Sociedades mercantiles constituidas en España, 1896-1935

1896-1900

Núm. total de sociedades (1): 5.378

Núm. de soc. anónimas (2): 801

(2)/(1) (en porcentaje): 14,9

Capital total (en millones de pesetas): 1.264,53

1901-1905

Núm. total de sociedades (1): 6.540

Núm. de soc. anónimas (2): 1.077

(2)/(1) (en porcentaje): 16,4

Capital total (en millones de pesetas): 2.032,66

1906-1910

Núm. total de sociedades (1): 5.918

Núm. de soc. anónimas (2): 967

(2)/(1) (en porcentaje): 16,3

Capital total (en millones de pesetas): 1.773,76

1911-1915

Núm. total de sociedades (1): 6.273

Núm. de soc. anónimas (2): 1.370

(2)/(1) (en porcentaje): 21,8

Capital total (en millones de pesetas): 1.218,68

1916-1920

Núm. total de sociedades (1): 12.454

Núm. de soc. anónimas (2): 3.486

(2)/(1) (en porcentaje): 27,9

Capital total (en millones de pesetas): 4.427,44

1921-1925

Núm. total de sociedades (1): 7.662

Núm. de soc. anónimas (2): 2.254

(2)/(1) (en porcentaje): 29,4

Capital total (en millones de pesetas): 4.369,09

1926-1930

Núm. total de sociedades (1): 5.571

Núm. de soc. anónimas (2): 1.957

(2)/(1) (en porcentaje): 35,4

Capital total (en millones de pesetas): 3.922,96

1931-1935

Núm. total de sociedades (1): 5.042

Núm. de soc. anónimas (2): 1.912

(2)/(1) (en porcentaje): 37,9

Capital total (en millones de pesetas): 2.384,02

Fuente: J. A. Vázquez (1985), La cuestión hullera en Asturias (1918-1935), Oviedo.

Con todo, el conjunto de los nueve años que comprende el ciclo singular provocado por la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1922, arrojará unos resultados globales no poco decepcionantes. El indicador que sirve de eje en estas páginas así lo refleja: un exiguo 1,2 por 100 de aumento medio anual de la renta real por habitante, lo que revela, prima facie, el carácter especulativo —más aumento de precios, que se doblan entre 1914 y 1920, que de cantidades— de una buena parte del auge industrial durante los años de expansión, así como la amplitud de la crisis de posguerra, mermando lo antes conseguido.

No se contradice ello, desde luego, con el hecho de que los beneficios obtenidos durante la Gran Guerra, fuente de no pocos enriquecimientos súbitos, sobre todo entre aquellos «logreros» —así los llamaba Keynes— atentos a las oportunidades de especulación creadas, se repartieran desigualmente entre sectores y estratos de la población, dando lugar a agudas situaciones de crispación social en el campo y en las ciudades. Las espectaculares ganancias registradas, en general, por las empresas hulleras, navieras, hidroeléctricas, químicas, textiles, siderometalúrgicas, así como por los grandes bancos, contrastan con los quebrantos de la minería no energética y de los productos agrarios —especialmente los cítricos, ya se ha dicho, perjudicados por la interrumpida demanda de sus mercados exteriores—, con las dificultades de la industria de la construcción y con los muchos problemas de las compañías ferroviarias, que saldrán de la coyuntura abocadas a la nacionalización. Como heterogénea es también —se ha subrayado igualmente antes— la distribución de las alzas de salarios, con fuertes aumentos en algunos centros mineros y fabriles, registrándose, por el contrario, una caída de poder adquisitivo de los salarios reales en otros muchos sectores y regiones, acusadamente entre los agricultores, lo que dio como resultado una redistribución de rentas favorable, en conjunto, a las nuevas zonas industriales, aunque en este punto la muy incompleta información obligue a una especial cautela.

Como fuere, el ciclo expansivo propiciado por la Primera Guerra Mundial se selló al comienzo de los años veinte sin que se hubieran hecho más competitivos los grandes sectores productivos de la economía española, ni se hubieran emprendido las reformas institucionales precisas. En realidad, más que un ciclo económico en sentido schumpeteriano —donde el auge viene determinado por la aparición de innovaciones que, al impulsar nuevas combinaciones de producción, alteran, al tiempo que impulsan, el curso de la vida económica—, la coyuntura bélica representó algo bien distinto: un crecimiento basado en unas circunstancias exógenas tan excepcionales como transitorias, sin innovaciones técnicas significativas, aunque no puede dejar de reseñarse aquí el impulso dado a la electrificación en esos años y el fortalecimiento empresarial de este sector. De hecho, el reducido capital medio de las nuevas sociedades anónimas constituidas durante el periodo de auge presagiaba, como así fue, el reajuste posterior, con un gran número de sociedades disueltas entre 1919 y 1923; y tan pronto comenzó a disiparse la protección «espontánea» de la guerra, se inició una redoblada campaña para hacer frente a la denunciada «invasión» de productos extranjeros.

Con lo que, en definitiva, la coyuntura de la Gran Guerra sirvió en España para terminar de moldear el sustrato doctrinal del nacionalismo económico. Las conclusiones del Segundo Congreso de Economía Nacional de junio de 1917, foro destacadísimo de los principales intereses políticos y mercantiles del país —los mismos que habían demostrado su fuerza pocos meses antes hundiendo el proyecto de contribución directa sobre los beneficios extraordinarios de la guerra y otros proyectos reformistas de Santiago Alba—, son muy claras a este respecto: «el nacionalismo, en términos generales, es aquel conjunto de medidas políticas encaminadas a encauzar las energías todas de la nación en el sentido más conveniente a los intereses permanentes de la colectividad española».

Cuatro son los puntos esenciales de este ideario nacionalista, perfilados en sucesivos artículos de su plataforma básica de difusión, la Revista Nacional de Economía, fundada en 1916 y editada hasta 1935, de cuyas decenas de miles de páginas apenas se pueden entresacar unas pocas con cierto aliento teórico y rigor analítico. Primero, la «reconquista» del control de las principales actividades económicas en manos de extranjeros. Segundo, el afianzamiento, frente a la oligarquía tradicional, de una nueva burguesía urbana ligada a los negocios industriales y financieros. Tercero, la reivindicación de un mercado nacional protegido y autosuficiente: el «ideal autárquico», alentando, ya desde entonces, procesos de industrialización sustitutiva de importaciones. Y, cuarto, la necesidad de una mayor intervención del Estado en la vida económica nacional.

Todo este magma de nacionalismo económico, avivado por la presión de poderosos grupos patronales, y de gran atractivo retórico en la opinión pública, cristalizó, en la recortada década que abarca el ciclo de la Primera Guerra Mundial, en múltiples disposiciones, entre las que destacan tres, que prolongan o consolidan otras tantas tendencias de política económica conformadas en los años previos. Una, la Ley de auxilios a las industrias de 1917, en el plano del fomento directo de la producción nacional, siguiendo la estela de la Ley de 1907. La segunda, la Ley de ordenación bancaria de 1921, con el sello de Cambó y Bernis, que venía a refrendar las posiciones de poder adquiridas desde la coyuntura finisecular por una banca privada nacional y de vocación mixta. En tercer lugar, el «arancel Cambó» de 1922, remate del edificio proteccionista cimentado en 1891 y 1906. De nuevo aquí el orden cronológico puede servir para enlazar la argumentación.

La primera de estas leyes, la de 1917, aprobada en el momento álgido de la coyuntura, formaba parte del ambicioso y malogrado programa reformista de Santiago Alba, reflejando en su mismo título —«de auxilios a las industrias nuevas y desarrollo de las existentes»— el carácter integral e indiscriminado del apoyo perseguido. En ella, en efecto, se condensan los principales ingredientes de la política económica de la época. Era nacionalista hasta la obsesión, al punto de requerirse, como únicos requisitos generales para disfrutar de sus beneficios, el que los particulares o entidades favorecidos fueran españoles, así como el personal, el combustible, las materias primas y, en fin, todos los artículos empleados en la explotación de la industria de que se tratara. Era proteccionista, con ansias de integridad: «¡aquí están todas las industrias!», exclamó Cambó en el Congreso. Y era intervencionista a través de los más diversos medios: desde los beneficios fiscales, arancelarios y crediticios, hasta la garantía estatal —no materializada— de un interés mínimo a los capitales invertidos.

En el origen de la Ley de auxilios a las industrias se trasluce igualmente el recuerdo, aún vivo, de las convulsiones causadas por el estallido bélico en un primer momento, cuando muchos ahorradores retiraron sus fondos de los bancos privados, buscando el abrigo de las cuentas corrientes del privilegiado Banco de España, que, con su política retraída, vino a agravar la contracción crediticia que se arrastraba desde 1912; como también el deseo de fortificar a la economía española con todo tipo de parapetos en previsión de la «vuelta a la normalidad». En contraste con los otros proyectos reformistas que Santiago Alba presentara en 1916, sistemáticamente torpedeados, éste de auxilios a las industrias difícilmente podían rechazarlo los grupos conservadores; de modo que lo hicieron suyo a lo largo de la tramitación parlamentaria, socavando, entre tanto, la figura de su inspirador.

Aunque la falta de desarrollo normativo de la Ley de 1917 dejara en el tintero buena parte de sus previsiones —su aprobación en el Congreso el 23 de febrero precedió en tres días a la suspensión de las sesiones de Cortes, y a la apertura de un largo interregno parlamentario—, de su texto, bien revelador todo él, cristalizaron dos iniciativas de calado. Una, la reorganización de la Comisión Protectora de la Producción Nacional, poderoso ente corporativo de inspiración maurista instituido, según se dijo ya, en 1907, pero que iba a cobrar ahora, bajo la presidencia de Sánchez de Toca, destacado relieve; otra, la creación, en 1920, del Banco de Crédito Industrial, encargado de administrar los auxilios crediticios de la Ley. Ambas instituciones, confluencia de intereses públicos y privados, daban asiento en sus respectivos consejos a los más destacados representantes del mundo de las finanzas y de la industria, preludiando así un modelo de relaciones económicas que alcanzará su máxima expresión en el decenio siguiente.

Ése es también el entorno de la Ley de ordenación bancaria de 1921: el avance de las fuerzas corporativas y la cada vez más estrecha relación entre los intereses bancarios e industriales, consolidándose con aquélla unas relaciones entre el Tesoro, el Banco de España y el resto de la banca privada de gran alcance en las décadas sucesivas, pero ya apuntadas en los años de la Gran Guerra. Por un lado, con el establecimiento, a partir de 1917, de un sistema de pignoración de la deuda pública que permitía su monetización indirecta a los bancos, de modo que éstos podían obtener casi automáticamente liquidez adicional del Banco de España con la simple garantía de aquellos títulos; con ello, la banca privada estaba en disposición de rentabilizar, sin apenas riesgos, la estructura de sus inversiones financieras, y destinar, ceteris paribus, una fracción de su encaje a activos productivos de carácter industrial. Por otro lado, con la concesión del Banco de España, desde mediados de 1918, de una sustancial bonificación en el tipo de redescuento que aplicaba a los bancos privados, respecto del tipo de descuento corriente para el público en general; medida acompañada de la elevación del valor prendario de los títulos industriales entregados en pignoración al Banco de España por los banqueros federados en el Comité Central de la Banca Privada, constituido en marzo de 1918 y embrión patronal del posterior Consejo Superior Bancario, creado por la Ley de 1921.

A partir de entonces, es decir, de la segunda mitad de los años diez, la pignoración desarrolló una función esencial en la financiación de la industria española, esculpiendo definitivamente, además, a través del aumento de su cartera industrial, el perfil universal de los principales bancos españoles. Este modelo de banca mixta y nacional —similar al de otros países europeos continentales, con leyes bancarias casi coetáneas— permitía, es cierto, recoger ahorro disperso y encauzarlo hacia el crédito, pero con un alto doble precio. Uno, al comprometer el control de la liquidez del sistema, con una política monetaria del todo subordinada a la presupuestaria, y sin los resortes disciplinarios exigidos, más si cabe, por un patrón fiduciario como el entonces vigente en España, en el que la peseta podía acuñarse sin respaldo áureo. Otro, al no atender las auténticas necesidades del sector real de la economía, aunque sí, repítase, las del Tesoro. La asistencia financiera de las entidades bancarias a las empresas raramente iba a revestir la forma de créditos a largo plazo: unas veces sería la adquisición de títulos industriales; otras, la concesión de créditos comerciales, instrumentados en documentos de plazo muy breve, sujetos a sucesivas renovaciones. Prácticas que desde entonces favorecieron a las empresas grandes, al menos en los modestos términos relativos de la industria española, y de sectores básicos, cobijadas en los incipientes grupos empresariales de los grandes bancos.

En resumen, la Ley de ordenación bancaria de 1921, pese a afrontar la reforma del Banco de España con motivo de caducar ya pronto el privilegio de emisión que se le concedió medio siglo antes, y pese a abordar también la del resto de la banca privada, introduciendo ciertos elementos de modernización financiera en el sistema, dejó algunos lastres ya difíciles de remover. En primer lugar, no dotó al instituto emisor ni de la autonomía ni de los instrumentos necesarios para salvaguardar los intereses generales y actuar como verdadero «banco de bancos», manteniéndole privado, pero rodeándole de controles. En segundo lugar, abrió paso a un statu quo altamente defensivo para la banca privada —impidiendo la entrada de posibles competidores en el negocio y dando rango legal a la acción corporativa de los bancos ya existentes a través del Consejo Superior Bancario—, que le permitía trasladar sus costes e ineficiencias al sistema productivo. Por último, dejó sin resolver los problemas de financiación empresarial ya planteados, con el coste añadido de impedir al Estado la instrumentación de algo siquiera parecido a una política monetaria, que hiciera posible, entre otras cosas, velar por el tipo de cambio de la peseta, apoyándose en las reservas del Banco de España acumuladas en esos años.

El «arancel Cambó» de 1922 vino a redondear todo este esquema de economía cada vez más cerrada y ajena al mercado y a la competencia exterior, salvo en aquellos pocos sectores exportadores, caso de la hortofruticultura, que sostenían el vértice del entramado. Las fábricas españolas, parafraseando lo que, con una concisión epigramática, afirmara en cierta ocasión Luis Adaro, producían «demasiado caro para poder competir y demasiado poco para poder abaratar»; y, como el mercado español era pequeño, recogiendo ahora una expresión de Perpiñá, «las industrias habían de crecer y desarrollarse aumentando esa protección». Tal conciencia fatalista pareció quedar ya del todo consagrada en el arancel de 1906, de marcado sesgo protector hacia la industria, aunque no exclusivo, y el de 1922 no hizo sino desglosar y poner al día aquellas tarifas, aumentándolas notablemente, tras los cambios de precios que el conflicto europeo, y la crisis posterior, habían originado.

Los hechos que se suceden en los primeros años del decenio de 1920 aportan, en efecto, las condiciones precisas: desaparecida ya la protección «espontánea» que cubre con su manto la economía española durante la guerra europea, se multiplica el cierre de negocios surgidos en condiciones de marginalidad económica, y de otros muchos que, en la deflación, no encuentran salida en el mercado para sus productos; es la excusa perfecta para solicitar y proceder a una elevación general de la protección aduanera. La petición es liderada por los grupos patronales más activos, en particular los catalanes, vizcaínos y asturianos, representativos, a su vez, dado el alto grado de concentración espacial de la industria en España, de cuatro sectores: textil, siderometalurgia, naviero y hullero; precisamente, los que más se beneficiaron durante la Gran Guerra del debilitamiento de la competencia extranjera y, en el caso de los tres primeros, del incremento, en precios y cantidades, de una perentoria demanda exterior, y a los que, por tanto, más les afectó la crisis de la posguerra a partir de 1919. Crisis, por cierto, que también salpicó al sector bancario, sobre todo a aquellos bancos que más se habían orientado en los años anteriores hacia las inversiones especulativas, como sucediera en Cataluña, con la subsiguiente desaparición, en 1920, de sus dos principales entidades, los bancos de Barcelona y de Tarrasa.

El ciclo económico de la Gran Guerra, iniciado en 1914, concluye, por consiguiente, con la presión que los hechos y los intereses ejercen para reforzar las medidas de protección y para combatir una situación social altamente conflictiva: en las ciudades, con el pistolerismo enseñoreado de las calles barcelonesas y con esa suerte de «anarquismo patronal» del que habla Madariaga; en las zonas rurales, reciente aún el fragor del «trienio bolchevista» (1918-1920) de los campos andaluces que registrara con minuciosidad la pluma de Díaz del Moral. Sin duda, la antesala de acontecimientos con trascendencia.

La Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1929

Intervencionismo frente a la crisis y reactivación industrial

La Dictadura de Primo de Rivera se configura en diversos ámbitos de la vida nacional española del primer tercio de los años veinte como respuesta a una situación acusadamente conflictiva y deteriorada. La coyuntura económica no era, desde luego, una excepción. No es que deba atribuirse a los problemas económicos la única ni la mayor responsabilidad de un acontecimiento histórico que tiene sus puntos clave, según todas las evidencias, en la trama militar, con la alargada sombra de la catástrofe de la batalla de Annual (1921), y en la trama política, con las dificultades del sistema bipartidista y una Corona que no rehuye la intriga. Pero las tensiones económicas y sociales sí contribuyen, en todo caso, a hacer compleja y conflictiva la situación.

El ambiente económico, esto es lo importante, sigue dominado por las secuelas de la crisis que cierra el ciclo económico determinado por la Gran Guerra. Ciertamente, la crisis posbélica no está alcanzando en el umbral del otoño de 1923 su estado más grave. Antes bien, diversos indicadores sugieren que a partir de la segunda mitad de 1922 la situación económica comienza a remontarse: tanto la demanda exterior como la interior dan señales de reanimación, como puede deducirse del aumento de los índices cuánticos de las importaciones y de las exportaciones, y como lo refleja el incremento en el volumen de mercancías transportadas por los ferrocarriles y la gradual normalización de los pedidos a las empresas. Sin embargo, lo relevante es que todavía están generalizadas las vivencias más dramáticas de la crisis, con independencia de los indicadores de coyuntura.

No debe menospreciarse, además, un factor de orden personal que actúa en idéntica dirección: durante los primeros años veinte, Miguel Primo de Rivera vive de cerca en Barcelona, como capitán general de Cataluña, la crisis ya mencionada de la banca catalana y los problemas de sobreproducción que se manifiestan en ciertas ramas de la actividad fabril. No será casual, por tanto, la primacía que enseguida otorgue a la política anticrisis y la preocupación, obsesiva sobre todo durante los dos años del «directorio militar», por combatir la depresión económica; una atención sólo compartida en esos años con la política de orden público y la guerra de Marruecos.

Se trata, antes que nada, de hacer frente a las consecuencias de una crisis que se siente muy próxima y de imposibilitar su repetición: es una política económica, podría decirse, que actúa a la defensiva. Habrá que esperar al «directorio civil», a partir de 1925, para que se decanten los principales contenidos del otro rostro de la economía del régimen de Primo de Rivera: la política de reactivación a través del aumento de las inversiones públicas. Con un balance de conjunto, a la altura de 1930, que tiene más de fracaso que de éxito: tampoco en lo económico la Dictadura fue una respuesta válida a los problemas planteados.

La primera de esas dos etapas se inicia, en efecto, con los problemas, más o menos comunes a todos los países europeos, de ajuste y de readaptación a las nuevas circunstancias de la paz internacional. Ante ellos, el régimen primorriverista, aparte de imponer una severa política de orden público, de efectos inmediatos sobre los conflictos laborales, adopta una serie de medidas que responden, en esencia, a una doble característica. De un lado, prolongan las prácticas proteccionistas y de intervención estatal de las etapas precedentes, revistiéndose ahora con el corporativismo propio de la ocasión. De otro, son tan simplistas en su concepción general como complicadas en su instrumentación concreta, producto del «arsenal de ideas superficiales sobre todas las materias», económicas y no económicas —por decirlo con palabras de Brenan—, de que hará gala Primo de Rivera en cuantas oportunidades se le presenten. Con dichos mimbres, en todo caso, la política anticrisis de la Dictadura trata de neutralizar, por una parte, la presión de la competencia exterior, y, por otra, la competencia en el propio mercado nacional reservado, a fin de evitar «congestiones ruinosas», en repetida expresión del dictador. La herramienta que se utiliza en ambos casos es la de la protección, en sus diversas modalidades: arancelaria, administrativa y reguladora.

Así, frente a la competencia extranjera, se extrema en primer lugar la protección arancelaria. Las barreras aduaneras se elevan, bien con carácter general, bien con alcance parcial, para determinados artículos en diversos momentos. Y si bien la revisión arancelaria que debería haberse llevado a cabo en 1927, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Bases del arancel de 1906, se acaba aplazando indefinidamente, también es cierto que se deroga la Ley de autorizaciones de 1922, que facultaba al gobierno a conceder en la negociación de tratados y convenios comerciales con otros países ciertas reducciones por debajo de la tarifa convencional, y que, de hecho, había permitido hasta ese momento una selectiva política de tratados comerciales.

Pronto, sin embargo, la protección arancelaria, por alta que fuere —y era, con diferencia, la más alta del mundo en términos nominales, según los cálculos de la Sociedad de Naciones—, se considerará insuficiente: para superar la situación de crisis se precisa reforzar también la política directa de fomento de la producción nacional. Una tupida malla, una espesa red de medidas de protección fiscal, crediticia y de diversa naturaleza administrativa se superpone a la estrictamente arancelaria, con cientos de disposiciones, entre las que destaca el Real Decreto-ley de abril de 1924 sobre nuevos auxilios a las empresas industriales, con ánimo de atender, según se lee en su preámbulo, «cuanto de intervención protectora puede desarrollar el Estado en servicio de la economía del país».

Paralelamente, ese «miedo al mercado», que define mejor que ningún otro rasgo la política industrial de la Dictadura, se enfrenta a la amenaza que puede provenir de situaciones de sobreproducción en el mercado interior. La política de restricción de la competencia hace así su definitiva aparición en escena, con la creación, en noviembre de 1926, del Comité Regulador de la Producción Industrial, determinándose que, a partir de ese momento, no se podrá constituir sociedad o negocio industrial alguno, ni ampliarse o trasladarse las instalaciones ya existentes, sin la debida autorización de este Comité. Con razón ha llegado a afirmarse que esta disposición equivalía a la prohibición legal de la innovación técnica en la industria española, siempre sujeta a un nihil obstat administrativo. Lo reconocería más tarde el propio ministro de Hacienda del «directorio civil», Calvo Sotelo: «la previa anuencia de un comité para montar la más humilde industria, retocar una máquina o completar un utillaje, tuvo eficiencia de rémora e irradiación perniciosa».

Todo este tinglado de medidas protectoras se trata de integrar, finalmente, en una complicada trama corporativa, extendida al ámbito laboral, que tiene como base los comités sectoriales, y en cuya cúspide está el Consejo de Economía Nacional, instituido en marzo de 1924. Una tan profusa como asfixiante acumulación de organismos —Consorcios, Comités interventores, Juntas reguladoras y Comisiones de todo tipo, encargadas de la estructuración horizontal de las principales ramas económicas—, que no significa sino la institucionalización de los grupos de presión, con la anhelada proyección en el plano político a través de la Asamblea Nacional, y el subsiguiente aumento del grado de concentración económica y la proliferación de prácticas monopolistas. Prácticas y cabildeos, más los necesarios peregrinajes hasta los despachos desde donde fluyen con discrecionalidad las ayudas públicas, que, en un régimen ni siquiera formalmente democrático, son el caldo de cultivo óptimo para la corrupción, o que, en el mejor de los casos, invitan a marginar de las preocupaciones del empresario la reducción de costes. Nada, por lo demás, que no hubiera ocasión de ver con más intensidad años después, durante los primeros lustros del franquismo.

La otra cara de la política económica primorriverista, superpuesta a ésta, pero desplegada sobre todo bajo el «directorio civil», fue la de reactivación de ese mercado tan celosamente protegido e intervenido: una política de estímulo de las fuerzas económicas, de impulso industrial, que recogía la retórica de la herencia regeneracionista, como si ahora, con la Dictadura, fuera posible completar aquel programa de Villaverde de los años finiseculares, o el frustrado «programa económico» de Alba de 1916. Esta política de reactivación tiene en las obras públicas —en tres rúbricas fundamentales: la política ferroviaria, la mejora de las carreteras y la política hidráulica— y en el crecimiento de los gastos públicos sus dos elementos constitutivos.

Por orden cronológico, en primer lugar, hay que referirse a la política ferroviaria. Desde la Primera Guerra Mundial, el «problema ferroviario» es un tema candente en la opinión española y en los despachos ministeriales. Artola ha glosado las principales soluciones ideadas entonces, subrayando cómo «a partir de 1920 se entra en una etapa en que las funciones supletorias del Estado serán cada vez más importantes hasta desembocar después de la Guerra Civil en la nacionalización de los ferrocarriles». Pues bien, es durante el «directorio militar» cuando se avanza decididamente en esa línea, concretada en el Estatuto ferroviario de julio de 1924, por el que —actuando el Consejo Superior de Ferrocarriles como órgano de enlace entre el gobierno y las empresas— el Estado se hace cargo de la aportación de los capitales básicos para impulsar la modernización del sistema ferroviario, conservando todavía las compañías un amplio margen de autonomía en la gestión. No puede sorprender, por eso, que se hable del «alto precio» que el Estado debe pagar para desbloquear el problema ferroviario durante la Dictadura, y que ésta constituye «una etapa excepcional para las compañías y de manera muy especial para las grandes empresas».

Las mejoras de carreteras constituyen otro aspecto destacado de la política de obras públicas de la Dictadura. Por un lado, a través del Patronato del Circuito Nacional de Firmes Especiales, creado por Real Decreto-ley de febrero de 1926 para mejorar siete mil kilómetros de catorce itinerarios de trazado radial, con el designio explícito de fomentar el turismo. Y, por otro lado, por medio de la mejora y ampliación del resto de la red viaria, fundamentalmente de los caminos vecinales. A la caída de Primo de Rivera se habrán arreglado 2.800 kilómetros de la estructura radial, duplicándose prácticamente la longitud de los caminos vecinales.

El tercer gran apartado que cabe distinguir en la política de obras públicas de los años veinte es la política hidráulica. Los instrumentos para realizarla de una manera global e integradora de sus diversas facetas son las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, creadas por Real Decreto-ley de marzo de 1926, cuando también se constituye la primera de ellas y la única que va a efectuar entonces una labor apreciable: la del río Ebro. Se persigue coordinar la producción de energía eléctrica, las obras de riego y los otros posibles aprovechamientos de cada cuenca fluvial, a través de entidades de carácter público, esto es, de las Confederaciones. El ingeniero de caminos Manuel Lorenzo Pardo es el impulsor de esta política, respaldado por el conde de Guadalhorce, titular del Ministerio de Fomento en el «directorio civil». A aquél se debe, de hecho, el proyecto de la Confederación del Ebro, sobre las huellas de la predicación de Joaquín Costa.

En punto a realizaciones, es importante la transformación en regadío efectuada en la cuenca del Ebro; por el contrario, en las demás Confederaciones creadas —las del Segura, Duero, Guadalquivir y Pirineo Oriental—, al final de la Dictadura las obras realizadas apenas tienen alguna significación. En una y en otras se aprecia, eso sí, una creciente tendencia hacia la burocratización de su gestión, con merma de autonomía, sobre todo a partir de la creación en 1929 del Consejo de Energía y del Comité Central de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas: a través de ambos organismos, el velo corporativo cubre también, con efectos paralizadores, uno de los flancos más interesantes de la política económica de la Dictadura. Lorenzo Pardo habrá de esperar todavía unos años hasta que pueda dirigir, en el marco del reformismo republicano, un Plan Nacional de Obras Hidráulicas que desarrolle la tarea años antes comenzada, sin las cortapisas impuestas por el rígido esquema corporativista del régimen dictatorial.

Hay que preguntarse ahora por la financiación del «notabilísimo intento de modernización» —son palabras de Carr— de la infraestructura de transportes, de riegos y de electrificación rural que todo ello supone, a pesar de que los resultados queden lejos de lo inicialmente proyectado. Primo de Rivera y su ministro de Hacienda declararán repetidamente que se proponen conseguir los recursos suficientes, eliminando a la vez el crónico déficit presupuestario que reapareciera tras el paréntesis de la estabilización de Villaverde. Pero el contraste entre la realidad y lo pretendido es aquí especialmente duro.

Por lo pronto, la financiación del gasto público no se va a hacer con un incremento fuerte y progresivo de la imposición. En el terreno de la reforma tributaria el fracaso de la Dictadura es prácticamente total, impotente ante los grupos de poder económico y social opuestos a modificaciones progresivas en el sistema fiscal. No sólo hay que fijarse en el bloqueo del proyecto de impuesto sobre la renta y ganancias de 1926. Como el propio Calvo Sotelo reconocerá, al concluir el régimen dictatorial apenas se ha avanzado unas pulgadas por los caminos reformistas propuestos al comienzo del «directorio civil».

Además, el «éxito recaudatorio» que los portavoces de la Dictadura proclaman con insistencia alcanza tan sólo cotas discretas: menores en términos relativos, en todo caso, a las conseguidas en los años inmediatamente anteriores. Y, fracasada «en toda línea», como ha escrito Velarde, la lucha contra el fraude, los incrementos anuales de los ingresos tributarios deben achacarse, más que a una discutida mayor eficacia de la administración fiscal, a la propia expansión de determinados sectores productivos que genera la política de obras públicas.

¿Cuál es, entonces, descartada una mayor presión fiscal general, la opción por la que se decanta la Dictadura para financiar sus inversiones? La respuesta no admite dudas: las emisiones de deuda pública para atender los gastos del Presupuesto extraordinario y para nutrir en buena parte las cajas especiales que financian actividades y sectores específicos. El Presupuesto extraordinario para la ejecución de un plan decenal de obras y servicios se aprueba por Real Decreto-ley de julio de 1926. Acto seguido, para cubrir sus obligaciones se autoriza la emisión de deuda pública amortizable. Por otra parte, y aun antes de iniciar su andadura el Presupuesto extraordinario —que el propio régimen dictatorial cancelará en noviembre de 1929, al incorporar sus partidas al Presupuesto ordinario—, se asiste a la proliferación de cajas especiales, autónomas en su gestión, financiación y control. Las Confederaciones Sindicales Hidrográficas se constituyen a este respecto en cajas autónomas capaces de emitir empréstitos con aval del Estado, e igual mecanismo funciona para el Circuito Nacional de Firmes Especiales y para financiar la modernización del transporte ferroviario, con la Caja Ferroviaria del Estado, por citar sólo los organismos autónomos financieros de este tipo más destacados.

Las emisiones de deuda pública durante la Dictadura, a través de esa «confusa y compleja maraña», son muy frecuentes, alcanzando cifras apreciables. Y se colocarán sin dificultad —lo explicó bien Olariaga— gracias al privilegio de la pignoración automática: inaugurado en 1917, ya se ha dejado dicho, con la Dictadura se afianza el proceso de monetización indirecta de la deuda, actuando la banca privada como intermediario principal y especialmente beneficiado. Por lo demás, una naciente banca oficial ayuda en algunos casos a canalizar ese mayor endeudamiento público: materializándose proyectos largamente gestados, se crean el Banco de Crédito Local, el Banco Exterior y el Servicio Nacional del Crédito Agrícola, y se procede a la reforma del Banco de Crédito Industrial, que data de unos pocos años antes.

A lo que conduce todo ello tampoco se presta a la duda, no obstante el equívoco que la retórica dictatorial introduce al declarar «solemnemente que el estado de déficit ha cesado», como con ironía contenida escribiera Flores de Lemus. Pero que la palabra «déficit» quedara «autoritariamente suprimida del léxico castellano» —como también ironizará Gabriel Maura en 1930— no pudo impedir que los hechos acabaran por imponer su ley. Y ésta fue el déficit presupuestario, perfectamente comprobable si se procede a la liquidación total de los ingresos y gastos del Estado. El superávit del Presupuesto ordinario, en efecto, sólo responde a una mera convención formal. Es difícil pretender otra cosa, pues dicho superávit se obtiene forzando el trasvase de importantes rúbricas de gastos del Presupuesto ordinario al extraordinario y dejando fuera los saldos de las cajas especiales. Al considerar, por el contrario, conjuntamente los resultados de la actividad económico-financiera desarrollada durante la Dictadura a través del Presupuesto ordinario, del Presupuesto extraordinario y de las cajas especiales, reaparece el déficit que aquella ordenación formal trata de enmascarar; y reaparecerá además agrandado, aunque siempre dentro de las modestas cifras de la Hacienda española de la época.

Si en el ámbito fiscal y presupuestario el fracaso de la Dictadura, respecto de sus propósitos declarados, admite pocos paliativos, en el de la reactivación industrial los efectos de la política de inversiones públicas, siendo brillantes en algunos de sus indicadores cuantitativos, dejan un rastro muy desigual, y con amplias zonas de penumbra. Así, entre los sectores que más impulso reciben se encuentran la producción de cemento, la hulla, el eléctrico, la industria química y la siderometalúrgica; es decir, sectores básicos o suministradores de materiales para las obras, y casi todos ellos ligados, por lo demás, a la gran banca privada, que aumentó también sus beneficios y se expandió muy notablemente a lo largo del decenio de 1920. Por el contrario, en el otro extremo, el ejemplo más representativo de estancamiento durante la Dictadura lo ofrecen las industrias de bienes de consumo y, de manera especial, la más importante de todas, la algodonera.

Crisis de la industria textil que, como ha subrayado Nadal, está en relación directa con el agravamiento de las condiciones de vida de una parte del campesinado en este periodo y con la distribución de la tierra. Consolidándose, por un lado, una agricultura latifundista, segregadora de un conservadurismo social y político extremadamente reaccionario; por otro, millones de explotaciones minifundistas, en condiciones de marginalidad, y en las que la sobreexplotación de la mano de obra familiar servía de elemento compensador de la falta de rentabilidad. En suma, el atraso agrario —un atraso en términos comparados, pero que, en todo caso, frenaba a su vez la capacidad de crecimiento de la industria y del resto de la economía—, la disminución, en general, de los salarios reales, las limitaciones del sector exterior y la propia ordenación corporativa de la política económica de la Dictadura, con estructuras cartelizadas de mercado, levantan barreras para el progreso económico, más allá de avances sectoriales o, incluso, globales, forzados por la intervención estatal.

Por un intervencionismo de corte nacionalista que resultó en ocasiones señaladas tan voluntarista como contradictorio. Por ejemplo, mientras se intentaba obstaculizar el dominio de empresas extranjeras en algunos sectores, se cedía a otras el control nacional de actividades fundamentales: es lo que se hizo en 1924, con la concesión del monopolio de explotación del servicio de comunicaciones telefónicas a la poderosa ITT norteamericana, confiriéndole, al menos en principio, un dominio a largo plazo y casi absoluto sobre el sector, no sólo en lo concerniente al patrimonio, al poseer la mayoría de las acciones de Telefónica, sino también en lo que se refiere a la dependencia en el suministro de bienes de equipo. Un intervencionismo, además, poco realista. El ejemplo aquí lo ofrece la constitución en 1927 del Monopolio de Petróleos, arrendado al año siguiente a un grupo de bancos: desde la creación de la Standard Oil de Rockefeller, estaba claro que el negocio petrolero precisaba de una gran integración vertical, pero pronto la organización creada por Calvo Sotelo se desvirtuará, en la práctica, por la confluencia de intereses diversos que escapaban al control de la propia voluntad dictatorial.

Todo indicaba, en definitiva, que la situación no iba a ser muy duradera. Se ha dicho muchas veces, y con razón, que el fracaso final del régimen de Primo de Rivera es, sobre todo, un fracaso político: el de un sistema inmóvil, incapaz de adaptarse a las transformaciones del tejido económico y social activadas en esos años. Pero también es cierto que las limitaciones que genera el modelo económico de la Dictadura se anudan con las propiamente políticas para explicar el desenlace último, cuando el agotamiento de los márgenes de maniobra políticos coincide con el techo de las posibilidades del régimen en el terreno económico. Fin del camino que tiene una de sus principales manifestaciones —paradoja siempre presente en los modelos económicos de pretensión aislacionista— en el freno impuesto por la evolución del sector exterior.

En efecto, el impulso recibido por determinados sectores industriales en la segunda mitad del decenio de 1920, merced, en parte, a la ampliación de las inversiones públicas, crea automáticamente mayores necesidades de importación de materias primas, productos intermedios y bienes de equipo, sin que las exportaciones registren al tiempo un auge similar ni una diversificación apreciable. Las principales partidas de exportación siguen siendo los productos agrarios —frutos frescos y secos, vino y aceite—, más algunos minerales —plomo, cobre y mercurio—; en concreto, la exportación de naranjas conoce años de esplendor, compensando sus ingresos, en buena medida, el valor de las crecientes compras en el exterior de hierro y acero, y las de maquinaria y productos químicos, pero sin llegar a evitar el persistente déficit en la balanza comercial española.

A este corto aliento que presta el sector exterior al progreso de la industria española —un desánimo mutuo, por la escasa competitividad de ésta, en un periodo de expansión de las exportaciones manufactureras en el mercado mundial— se sumó, al término de la Dictadura, otro episodio conexo y mal manejado, el de la crisis de la peseta. La apuesta de Primo de Rivera y de Calvo Sotelo por mantener el cambio de la peseta en la compleja coyuntura internacional de finales de la década, vinculándolo, innecesariamente, a su propio prestigio y al de su gobierno, actuó como desencadenante de una crisis cuyas motivaciones, en último término, eran mucho más profundas, pero que sirvió para dar la puntilla al régimen.

Nada de esto impide reconocer, por lo demás, en la evolución global de las magnitudes económicas durante la Dictadura, uno de los más intensos periodos de crecimiento fabril que se registran en España desde su arranque industrializador a mediados del siglo XIX, apoyado, como dicta la teoría, en un salto en las cifras de formación de capital y en la difusión de algunos adelantos técnicos, sobre todo en el campo de las comunicaciones: pese al relativo estancamiento agrario (cuyo producto aumentó, en el promedio de estos años, a razón, tan sólo, de un 0,3 por 100 anual), el índice de producción industrial creció, entre 1923 y 1930, a una tasa media anual de casi el 6 por 100. Sobre todo, según ha quedado ya expuesto en los párrafos previos, progresaron la industria básica y la de bienes intermedios, notablemente favorecidas a partir de 1925 por la política de fomento y de obras públicas del «directorio civil». Con el resultado de promover una fuerte expansión, que, al tiempo que difunde los principales avances de la época —del automóvil a la radio o el teléfono—, permite repuntar al cociente entre la renta per cápita española y la de los países europeos de mayor nivel de desarrollo, situándose ahora en niveles algo por encima del 60 por 100. Fuerte expansión acompañada de un cambio estructural muy significativo en la composición de la industria española: en apenas una década, la de 1920, se dobló el peso de las industrias de inversión respecto de las de consumo, que seguían siendo, pese a todo, las más predominantes, lo que introducía a España, de acuerdo con la tipología internacional elaborada por Hoffmann, en el segundo estadio del proceso de industrialización.

El final de la Dictadura, por lo demás, coincide con el de los «felices veinte» para toda Europa: las ondas depresivas que esparce el crac iniciado en la bolsa neoyorkina en octubre de 1929 no tardarán en atravesar el Atlántico, marcando el inicio de un nuevo cuadro económico. Con intensidad y cronología distintas según los casos, en España vuelve a coincidir con el de un cambio político, esta vez no sólo en el régimen de gobierno, sino en la forma misma del Estado, con la virtud, ahora, de no recurrir para ello a la fuerza cuartelera. Pero la herencia económica que la Segunda República recibe de la Dictadura primorriverista, pese al fulgor de algunos años de expansión, no estará libre de hipotecas, consecuencia de lo que ya Pierre Vilar definiera como un «gobernar sin transformar».

Arqueo global de un tercio de siglo

Algo más cerca de Europa

No será ocioso hacer en este punto un alto en el seguimiento temporal de la evolución de la economía española, con objeto de ofrecer una valoración de conjunto del periodo hasta aquí contemplado, que abarca la mayor parte de la primera de las tres Españas que se han delimitado atendiendo a los diferentes ritmos de crecimiento económico en el curso del siglo: la España que conoce un aumento anual de la renta real por habitante del 1,1 por 100 y ciertas acusadas tendencias de cambio estructural. En puridad, habría que esperar a alcanzar las vísperas de la Guerra Civil para hacerlo, dado que son los siete primeros quinquenios del novecientos los que —por encima de los cambios políticos que durante ellos se producen— se deben incluir en este primer compartimento del desarrollo secular. Pero a fin de respetar la sistemática que impone la historia política, con el quiebro que supone la Segunda República, bueno será hacerlo ahora, advirtiendo, otra vez, que los rasgos y las tendencias de fondo que se detectan a la altura de 1930 en la estructura económica española son predicables, también, con variantes de matiz, para el quinquenio siguiente.

Y bien, con las lógicas oscilaciones de un tramo histórico atravesado, en su ecuador, por la Gran Guerra, puede concluirse, a tenor del recorrido previo, que los primeros tres largos decenios del siglo XX, delimitados entre el 98 y la Segunda República, fueron, para España, un periodo de crecimiento y de modernización económica en muy distintos frentes. Comenzando por la industria, atenta a las novedades que traía la segunda revolución tecnológica, pero también en los aspectos demográfico, agrario o financiero, entre otros. Lo que se refleja, de un modo muy expresivo, en una moderada convergencia real con la Europa más próspera, avivada sobre todo en la segunda mitad de este periodo.

Entre 1900 y 1930, grosso modo, la renta nacional de España casi se dobló en términos reales, resultado de crecer a razón del 2 por 100 anual acumulativo. Al darse un apreciable incremento demográfico paralelo —signo inequívoco, por lo demás, de crecimiento económico moderno en el sentido de Kuznets—, el crecimiento de la renta real per cápita fue algo más modesto, en torno del 1,3 por 100 anual. Como resultado, si la renta real per cápita era, en 1900, apenas el 40 por 100 de la británica y el 52 por 100, aproximadamente, si ésta se promedia también con la de Francia y Alemania, tres décadas después, hacia 1930, alcanzaba ya, según el caso, cerca del 50 y 60 por 100 de aquéllas. Porcentajes que, aunque alejados aún de los países de referencia, resultaban desconocidos desde medio siglo atrás, y no se recuperaron, tras la Guerra Civil, sino hasta mediados del decenio de 1960, frente al Reino Unido, y una década después, con relación al promedio de los tres países europeos «centrales» considerados.

Junto al crecimiento de la renta, hay signos igualmente poco discutibles de progreso estructural, siguiendo unas pautas universales: industrialización y subsiguiente proceso de urbanización. Así, mientras la población española crecía a una tasa anual acumulativa del 0,8 por 100 a lo largo de las tres primeras décadas del siglo, la población de las capitales de provincia —como han documentado los trabajos de Pérez Moreda— lo hizo a un ritmo doble, del 1,7 por 100, pasando de 6 a 10 millones el número de españoles afincados en núcleos de más de 10.000 vecinos, y duplicándose el censo de las principales capitales: Barcelona, Madrid y Bilbao. Fenómeno que encierra cuantiosos flujos migratorios interiores entre las regiones españolas, con destino preferente a las ciudades; centros urbanos que, además de agrupar a una fracción creciente de la población, concentraban el grueso de la base industrial, con un producto per cápita muy superior al de la media nacional.

El progreso demográfico, a su vez, se expresa muy bien en el aumento de la esperanza de vida de los españoles en este periodo, de 35 a 50 años, merced, sobre todo, a la reducción en casi un tercio de la mortalidad infantil; y nada refleja tan nítidamente la mejora en la calidad del capital humano como el descenso en las tasas de analfabetismo, del 60 al 35 por 100, entre 1900 y 1930, con iniciativas en la instrucción pública —éstas sí muy reforzadas durante la Segunda República— que abarcan no sólo los niveles básicos, sino también el de la formación científica y universitaria. En ambos planos, el de la esperanza de vida y el educativo, las diferencias regionales seguirán siendo agudas, pero los datos medios revelan avances muy meritorios.

Si los cambios demográficos son profundos, no lo son menos las transformaciones que acusa la estructura productiva a partir de la coyuntura finisecular. Desde la tripartita óptica sectorial, puede comenzarse por el sector agrario y su no desdeñable mejoría en las tres décadas iniciales de siglo, tras los años de depresión y desconcierto que provoca la crisis cerealícola de finales del ochocientos. Son apreciables, en todo caso, los aumentos de la superficie sembrada, la mejora en las técnicas de laboreo y el uso de abonos y fertilizantes, la penetración de nuevos cultivos —forrajeros e industriales, en particular—, los incrementos de la productividad y la renovada capacidad exportadora de determinados productos, como frutas, hortalizas y derivados de la vid y el olivo. Con el efecto añadido de acentuarse la especialización regional de la producción agraria española, favorecida —Villares lo ha explicado— por la integración del mercado interior y la protección del arancel.

Gráfico 5. Evolución del valor del producto agrario español, 1900-1931
(en millones de pesetas de 1910)

Cuantitativamente, el producto agrario, merced a una mayor capitalización, tanto de máquinas y aperos —en especial con la introducción de los arados de vertedera— como de abonos minerales, creció sustancialmente, aunque también de un modo desigual, por regiones y tipos de cultivo: en un 55 por 100, en términos reales, se puede cifrar ese aumento entre 1900 y 1931 (gráfico 5). Al tiempo, se acusa una apreciable reducción del número de activos en el campo, incluso en términos absolutos, de más de cinco a cuatro millones, en un proceso de éxodo rural de una magnitud y constancia desconocidos hasta entonces, que hace caer el porcentaje de los trabajadores agrarios sobre el total del 70 por 100, a finales del siglo XIX, a menos del 50 por 100 al comenzar los años treinta. Todo esto supuso un gran incremento de la productividad del trabajo en la agricultura, hasta casi doblarse, según las estimaciones más fiables, a lo largo del primer tercio de siglo. Y también un incremento, algo más moderado, debido al aumento de las superficies labradas, de los rendimientos medios (valor real del producto agrario, medido en términos monetarios, como cociente de la superficie agraria), que crecieron, entre ambas fechas, en cerca de un 50 por 100. Aumentos innegables, pues, de las productividades y de los rendimientos agrarios, aunque al cotejarse con los de los países vecinos —en particular Francia e Italia, como hacen O’Brian y Prados— adquieren la medida de su parva mejora, lastrada la agricultura española por el escaso dinamismo del sector cerealista del interior, aún muy predominante; inercia que tiene su expresión más gráfica en los precios del trigo, situados, al concluir el decenio de 1920, y gracias a un proteccionismo que en 1922 derivó hacia el prohibicionismo, entre un tercio y un quinto por encima de los registrados en los dos países citados, por no hablar de Gran Bretaña o Estados Unidos.

Los inequívocos avances del periodo, aunque matizados por este contraste internacional, no alcanzaron únicamente a la producción agrícola, ni, dentro de ésta, sólo a los productos hortofrutícolas o a los cultivos modernos: la evolución de todo el producto agrario —agricultura, ganadería y montes y pastos— siguió, en general, parecida tendencia, destacando el sector pecuario, que, con su notable expansión, confirmaba la «dirección fundamental» del sector agrario español anunciada por Flores de Lemus a la altura de 1926: el producto ganadero se duplicó entre 1900 y 1931, como recoge el gráfico 5.

En suma, por más que existan aún discrepancias a la hora de calibrar el papel del sector agrario en el proceso general de industrialización, con toda seguridad insuficiente, difícilmente puede hablarse, a tenor de estas cifras, de inmovilismo en la agricultura y la ganadería españolas del periodo; sí de atraso comparativo y de lenta modernización, pero no de una situación de parálisis. Antes bien, el campo español registraba cambios parciales de cierta significación, aunque al compás —es en lo que más ha abundado el análisis histórico, de Bernal a Malefakis— de recurrentes agitaciones campesinas y conflictos sociales, expresivos de una situación cambiante en la vertiente técnica y productiva, pero bloqueada en lo referente a la estructura de la propiedad, y procurando muy escasas mejoras en las rentas de muchos agricultores. Se podría decir, sin ignorar por ello las frecuentes y dramáticas penurias que se dan, que al concluir el reinado de Alfonso XIII el problema no era tanto de hambre como de injusticia en el campo español, de una distribución de la propiedad de la tierra seguramente más insatisfactoria que ineficiente, esto es, más generadora de conflicto social que de estancamiento productivo.

En cuanto a las actividades fabriles, el producto industrial se duplicó largamente entre 1900 y 1930, y, en términos per cápita, creció aproximadamente en un 60 por 100, equivalente a una tasa media de crecimiento anual del 1,6 por 100, superior, por tanto, a la de la propia renta nacional. Sensible expansión que fue simultánea a la diversificación del tejido industrial, según ha quedado reflejado en los apartados previos, con un crecimiento mayor de las industrias básicas y de bienes de inversión que de las de consumo. No obstante, el trasvase de no menos de un millón de trabajadores al sector industrial entre 1900 y 1930, lo que supone más que duplicar, como en el producto, la cifra inicial, ancló el cociente —la productividad del trabajo industrial— en niveles no muy superiores a los de partida, incluso descontando la reducción paulatina de la jornada de trabajo que se da en esos años. De donde se deduce, sobre todo al comparar este aparente estancamiento con los progresos de Francia e Italia —y aun aceptando los sesgos metodológicos a la baja que encierra el cálculo español, y la posibilidad, observada por algunos coetáneos, de que una parte del desempleo encubierto en la agricultura se transformara en subempleo industrial—, el insuficiente proceso de capitalización, dentro de un mercado pequeño y muy protegido, que acompañó al crecimiento industrial del primer tercio de siglo; perviviendo, junto a las modernas fábricas, donde el producto por trabajador obviamente sobresalía, instalaciones fabriles de mínima dimensión, desfasada tecnología y reducida productividad.

Como fuere, estos cambios en la estructura productiva se reflejan igualmente en la estructura del comercio exterior, de modo que las exportaciones manufactureras pasaron del 14 por 100 en el quinquenio 1890-1894 al 23 por 100 en 1925-1929, en tanto que las importaciones de estos productos aumentaron del 30 al 46 por 100 en idéntico intervalo, lo que, aunque las cifras deban tomarse en este caso con particular cautela, revela un cierto cambio modernizador de la estructura productiva. Si bien se asiste, como contrapunto, a una paulatina cerrazón de los intercambios exteriores de la economía española —exportaciones e importaciones de mercancías en relación con el producto nacional—, y tanto más al contrastar sus cifras con las de otros países europeos, como se hace en el cuadro 3.

Cuadro 3. Apertura exterior de algunas economías europeas, 1895-1934
(coeficientes de apertura externa, en medias decenales)

1895-1904

España: 21,4

Francia: 22,3

Italia: 19,8

Gran Bretaña: 42,3

1905-1914

España: 19,9

Francia: 24,2

Italia: 23,4

Gran Bretaña: 48,6

1915-1924

España: 18,2

Francia: 24,3

Italia: 25,7

Gran Bretaña: 41,5

1925-1934

España: 15,7

Francia: 28,6

Italia: 19,0

Gran Bretaña: 35,8

Fuente: E. Pardos (1998), La incidencia de la protección arancelaria en los mercados españoles (1870-1913), Banco de España, Estudios de Historia Económica, sobre datos de J. M. Serrano Sanz y A. Tena. La columna correspondiente a España ha sido rectificada con la serie más reciente del primero de estos autores que sirvió para elaborar el gráfico 2.

Tanto sectorial como territorialmente, y desde la óptica de las iniciativas empresariales, la extensión del tejido industrial español resulta bien perceptible desde los primeros decenios de siglo. Se asientan, crecen o se renuevan, según los casos, las empresas eléctricas, químicas y de automoción, entre las más ligadas a las nuevas tecnologías que trae consigo la segunda revolución industrial, a cuya cita, al doblar el siglo, España llega en buena hora. Junto a ellas, también las de fabricación de buques, construcción residencial y de obras públicas, así como una amplia gama de industrias transformadoras, desde las de maquinaria a las de reparaciones y construcciones metálicas. Barcelona, Vizcaya y Madrid se consolidan como principales núcleos fabriles, pero no faltan tampoco avances en otras regiones, como en la valenciana, densificándose el mapa de la industria española.

Por su parte, el sector energético —Sudrià lo ha ilustrado con detalle— acompañó, como es lógico, todo este proceso, en particular con una mucho mayor producción hidroeléctrica, veinte veces superior al inicio del decenio de 1930 que a comienzos de siglo. Con todo, reflejo de una industrialización poco avanzada —y, en un grado más difícil de precisar, de la estructura oligopolista que se consolida en este periodo—, el consumo per cápita de energía eléctrica apenas alcanzaba en 1930 la cuarta parte del francés, británico o alemán, o la mitad del italiano; lo que prueba, al cotejarlo con los respectivos niveles de renta por habitante, la pervivencia en España de energías «viejas», de la fuerza animal a la de los molinos de agua. Consumo eléctrico per cápita que se repartía, además, con la misma desigualdad regional que el producto, con diferencias de más de diez a uno entre Cataluña y el País Vasco, en un extremo, y Castilla y Galicia, en el otro.

En lo que concierne al sector terciario, las novedades son asimismo importantes, hasta el punto de poderse hablar de una incipiente renovación del sector servicios español en esos años, atendiendo a la formación del sistema bancario nacional y a las destacadas innovaciones en el campo de las comunicaciones —con el teléfono a la cabeza— y el transporte, aunque el «problema ferroviario» no deje de presentar síntomas inquietantes. A la vez, también se modernizan las empresas de banca y seguros, hostelería y transportes por carretera, donde sobresale otra innovación de época, el motor de combustión interna, asociado al uso creciente de los derivados del petróleo. Un sector servicios cambiante, en definitiva, con más trabajadores de «cuello blanco», ya sea en la Administración, el comercio y el ejercicio de las profesiones liberales, así como, de un modo igualmente muy destacado, en el sector financiero.

En este último ámbito, las tres primeras décadas del siglo XX denotan cambios muy expresivos de modernización financiera que conviene subrayar aquí: la propia reducción del peso del Banco emisor dentro del sistema crediticio, aunque mantuviera ciertos rasgos de anquilosamiento operativo; la aparición de nuevas entidades especializadas en financiaciones sectoriales, así como la diversificación de los instrumentos financieros —es el caso de las cuentas de crédito—, apuntan en esa dirección. También los cambios operados en la estructura del balance de la banca privada no emisora, o el propio afianzamiento de ésta. Consecuentemente, el coeficiente de intermediación bancaria, aproximado por el cociente entre el activo total de las instituciones financieras y la renta nacional, muestra, entre 1900 y 1930, una reducción muy sustancial del diferencial español con la media europea, pese a lo cual, en esta última fecha, el cociente español era aún la mitad del europeo (69 frente a 136 por 100), y alejado, en todo caso, del valor unitario que Goldsmith atribuye a un sistema financiero moderno.

Este hecho ejemplifica la principal contradicción del proceso de desarrollo vivido en España en el primer tercio del siglo XX: el progreso en los ritmos de crecimiento sectoriales contrasta con una modernización institucional aún muy incompleta al concluir el periodo, tanto en el plano de las reformas legales —en la agricultura, en la fiscalidad, en el crédito...— como en el propio funcionamiento del sector público. Muy tímido, desde luego, fue el avance de la Hacienda en las tres décadas iniciales de siglo: si acaso, como ha documentado con precisión Comín, apareció en esos años una Hacienda «transicional», favorecida por la reducción de los gastos financieros del Tesoro desde los años de Villaverde, pero aún más empeñada, dentro del escuálido Presupuesto de gastos, en las funciones tradicionales del Estado «mínimo» que en financiar los servicios económicos y sociales que definían ya al «Estado providencia» de otros vecinos europeos: educación, sanidad y vivienda.

Pues bien, el aliviadero de este desfase entre modernización y crecimiento fue la política protectora y defensiva, en el orden interior y exterior, característica del nacionalismo económico en boga. No es sencillo dilucidar si la aproximación a los niveles de prosperidad europeos que se produce en estos años es «gracias» —como pensaría un Cambó— o «a pesar» —como dejara escrito Perpiñá— de la política económica seguida. En cualquier caso, el modelo de organización económica adoptado permitió aprovechar ciertos márgenes internos para el crecimiento, aunque a costa de comprometer, como sucede con las estrategias de industrialización basadas en el mercado interior, el crecimiento potencial, a largo plazo, de la economía española.

Dicho en otros términos: el conjunto de medidas adoptadas en este periodo forma un todo complejo y amorfo, que responde, con algunos excesos más propios del voluntarismo político que de la racionalidad económica, a una lógica —rotulada de «nacionalismo económico»— que tiene su origen, y hasta su norte, en la defensa de la producción nacional. Con todo, el problema es más de tono y de trazo que de color; esto es, de intensidad y de instrumentación de unas líneas de política económica que se imponen, en esos mismos años, en el resto de los países, y a las que es difícil sustraerse. Partiendo de aquí, pueden resumirse bajo tres rúbricas las principales tensiones que laten en la orientación de la política económica española del primer tercio del siglo XX.

La primera en el tiempo, y quizá la más envolvente también, es la que afecta al sector exterior, planteándose entre el proteccionismo arancelario y la inserción de España, dentro de los márgenes de la época, en la economía internacional. Un pulso que se salda, merced al triunfo político del nacionalismo económico, a favor de la reserva del mercado nacional y del progresivo cierre exterior de la economía española —primero el «arancel de guerra» canovista de 1891, luego el de Amós Salvador de 1906, y, por último, el «arancel Cambó» de 1922—, bajo la fórmula del mal llamado «proteccionismo integral».

Falsa solución, por cierto, que combatieron los principales economistas españoles del periodo, encabezados por Flores de Lemus —quien llegó a motejarlo de «imbécil», en sus cartas al ministro García Alix—, y con Bernis como eficaz aliado doctrinal, al estimar, entre otras cosas, que su «extremosa aplicación» suponía un freno, antes que un estímulo, a las potencialidades de desarrollo de la economía y de la industria españolas. Pues las barreras arancelarias indiscriminadas, además de imponer fuertes sobrecostes en algunos de los inputs básicos y en los bienes de consumo esenciales —o de «subsistencias»—, infligían un grave perjuicio a los sectores exportadores, que eran quienes soportaban en última instancia, como bien explicó Perpiñá, el peso de todo aquel entramado. Lo que sigue pareciendo innegable, por mucho que la historiografía reciente —al comprobar la leve tendencia descendente de los intercambios exteriores hasta 1930, y antes de las exportaciones que de las importaciones— haya matizado el alcance real del desmedido nivel de protección nominal de los aranceles de la época. El que España se mantuviera, además, al margen del patrón oro imperante en el mundo occidental contribuyó, sin duda, a un mayor aislamiento, mermando los flujos exteriores, reales y de capital, aunque ese alejamiento de la disciplina áurea permitiera también a las autoridades ciertos márgenes en el manejo de las magnitudes monetarias, no siempre bien aprovechados.

La segunda tensión afecta más directamente al frente interior, y es la que contrapone las soluciones de mercado —y de rigor, tanto presupuestario como monetario y financiero— con el intervencionismo discrecional del Estado, en forma de un arbitrismo tan feble en su fundamento doctrinal como pomposo en su discurso: el que se repite desde 1916 en las páginas de la Revista Nacional de Economía, cuando no en los estrados de las Cortes o de la Asamblea Nacional, y el que persigue imponer una política de fomento las más de las veces inflacionista, dada la manera poco ortodoxa con que se financia el proceso. Sobre todo a partir del gobierno largo de Antonio Maura, y de una fecha, 1907, que marca el declinar del papel del mercado en la España del siglo XX —Velarde lo ha subrayado—, esa política directa de fomento de la producción nacional, aunque asistemática y más inclinada a la regulación que a las asignaciones monetarias, dentro de un magro Presupuesto público, pasa a ser abiertamente practicada por los distintos gobiernos, con especial dedicación durante la Dictadura. Intervencionismo sin disimulos que no dejó de suscitar el recelo de los mejores economistas españoles del periodo, y la oposición, al concluir el decenio de 1920, de los empresarios modestos y de los pequeños industriales y comerciantes, que veían en aquélla una política en beneficio exclusivo de las grandes compañías, y financiada a menudo a su costa.

La tercera tensión, subsidiaria de la anterior, es la que enfrenta al inmovilismo con la remoción institucional necesaria para un crecimiento económico sostenido. Se hace particularmente visible en el ámbito tributario, donde, sobre los meritorios logros de la «reforma silenciosa» de Flores de Lemus, emerge el «quietismo obstinado» denunciado por Calvo Sotelo tras estar al frente del Ministerio de Hacienda, reflejo de poderosos intereses individuales y corporativos, y égida de poderosos statu quo sectoriales. Y eso que los intentos de renovación no se planteaban tanto con el fin de alargar la mano del Estado —aunque el cumplimiento de sus funciones modernas también requiriera de más medios presupuestarios—, como con el de someter sus movimientos, creando un marco institucional propicio para que el mercado actuase en mayor medida, y, al tiempo, encauzar la cada vez más conflictiva «cuestión social». La amarga meditación de Santiago Alba a propósito de la cerrazón de la burguesía industrial ante su proyecto de 1916 de gravar los beneficios extraordinarios de la guerra europea, formulada quince años después, ilustra muy bien esta cortedad de miras: «encastilladas [las clases conservadoras] en sus rutinas y en sus comodidades del momento, no quisieron adquirir aquella prima de seguridad que yo les brindaba a costa de un sacrificio soportable».

Estas tres fuentes de tensión latente en la política económica española del primer tercio del siglo XX —con larga proyección en el tiempo, durante la Segunda República y en las décadas posteriores— no están en ningún modo desconectadas. Los defensores del proteccionismo integral y del cierre del mercado —portavoces de grupos patronales, políticos y publicistas bien parapetados tras la bandera del nacionalismo económico— son los mismos que abogan por un intervencionismo discrecional del Estado y que posponen, manteniendo en algún caso la retórica reformista, cualquier intento de modernización institucional. Es el modelo de crecimiento cerrado e inflacionista que, con término coloquial, se ha tildado reiteradamente de «castizo» o tradicional: el que atribuye, parafraseando a Cambó, más importancia al sol y a la lluvia que a los factores exteriores; el que cree encontrar en la tutela económica de los poderes públicos —basta repasar las leyes industriales de 1907 y 1917— el impulso de que carecían por sí solos los agentes privados.

Por otro lado, la terna de posiciones triunfantes en materia de política económica —protección arancelaria, intervencionismo discrecional y aletargamiento de las reformas institucionales precisas— encontró en un cuarto rasgo su precipitado natural, que, avanzando incontenible desde comienzos de siglo, contribuyó a solidificar los otros tres: el corporativismo. La organización corporativa de la producción que alcanza su ápice durante la Dictadura, suma y amalgama de Comités, Juntas, Uniones, Consejos y toda clase de organismos que hacen de puente entre el interés de empresas y grupos concretos y la Gaceta. Perpiñá, al describir magistralmente el «sistema de tendencia autárquica» de la España de esos años, no puede dejar de apreciar cómo éste «ha sido determinado por una constante influencia de grupos de intereses particulares en la esfera de la política».

Demandas de protección y apoyo estatal que probablemente son antes una consecuencia del atraso que su causa primigenia, como ha subrayado Serrano Sanz. En todo caso, primero el proteccionismo arancelario, complementado, más tarde, con el de carácter administrativo —cargado de prolijas medidas de fomento directo de la industria nacional—, y, tras ellos, la organización corporativa de la producción, trenzan, en una espesa trama sostenida por un marco institucional reacio a incorporar reformas, las grandes líneas de la política económica que se encadenan y superponen en el curso de un proceso que apunta hacia objetivos cada vez más marcadamente nacionalistas. Incluso, cada uno de los «ismos» a que las mismas responden —proteccionismo, intervencionismo y corporativismo— pueden adjetivarse con referencia a otros tantos, y sucesivos, políticos conservadores: de inspiración canovista el primero, maurista el segundo, y, en cuanto a su entronización oficial, fundamentalmente primorriverista el tercero.

Téngase presente, en fin, que ni el proteccionismo arancelario, ni el intervencionismo del Estado ni la creciente influencia de los grupos de interés en la política económica son rasgos únicamente de la España del primer tercio de siglo, sino, antes bien, expresión de unas tendencias internacionales que toman cuerpo en esos mismos años. Quizá lo característico del caso español sea su extremosa aplicación y la escasa coordinación del tinglado de medidas y organismos que se erige con la excusa de la defensa de los intereses nacionales. Perpiñá, al desvelar las claves de este modelo, concluye que «no es un sistema orgánico y lógico, sino de un empirismo grande. Sólo así se concibe que se haya llegado a un sistema con tendencia tan simplista como la del autarquismo».

Una tendencia, por lo demás, difícil de romper cuando la Gran Depresión, al comienzo de los años treinta, asola la economía mundial, y los países adoptan, o extreman, medidas de aislamiento comercial frente a sus vecinos. Acaso por ello, y también por la preeminencia que en esos años adquieren las cuestiones políticas sobre las puramente económicas, los sucesivos gobiernos de la Segunda República, de una u otra orientación, no alterarán la esencia del modelo económico previo, ni las líneas de política económica hasta aquí expuestas.

Capítulo 2
El interludio de la Segunda República y la Guerra Civil
Esperanzas frustradas

Introducción: los tensos años treinta

Cambio político en una coyuntura adversa

Además de su propio desgaste político, es claro que, en lo económico, según se ha detallado en páginas anteriores, las posibilidades desarrollistas del régimen de Primo de Rivera habían alcanzado techo antes de que concluyera el decenio de 1920. El problema del tipo de cambio de la peseta, suscitado a partir de 1928 y agudizado en 1929, enreda a la Dictadura en su propia soga, hasta provocar una auténtica crisis de confianza en la capacidad del gobierno —y de su ministro de Hacienda— para hacer frente a la cambiante y compleja coyuntura económica internacional de esos años. El empeño, ajeno al buen juicio de los expertos de la época, por ligar el prestigio del régimen al cambio de la valuta —cuando las condiciones reales, más otras inducidas por la especulación y el mal entendimiento del problema, fuerzan su pérdida de valor— no deja de ser, por otro lado, una muestra de las mistificadas concepciones de la política económica de la Dictadura. La defenestración de Calvo Sotelo, que no puede contener la caída de Primo de Rivera muy poco después, el 28 de enero de 1930, sanciona el clamor de un fracaso.

Al concluir la Dictadura, por consiguiente, junto a otros muchos problemas, comenzando por el de una moneda en crisis, que no dejará de depreciarse hasta 1932, se añade una situación económica enrevesada que han de administrar las frágiles combinaciones ministeriales que se suceden en los meses siguientes. El margen de acción es ciertamente muy escaso, aunque la política de Argüelles hasta agosto de 1930, al frente del Ministerio de Hacienda en el gobierno del general Berenguer, frenando drásticamente el crecimiento del gasto público —el «error Argüelles»—, no contribuye desde luego a mejorar las expectativas.

Así pues, al iniciarse el decenio de 1930, cuando el final de la Dictadura de Primo de Rivera, con la breve coda de Berenguer y Aznar, arrastra tras de sí el de la propia Monarquía, la economía española afronta problemas de muy distinto orden. Unos, heredados de la organización económica del régimen dictatorial; otros, desde un primer momento, generados por la propia dinámica del régimen republicano, que ha de responder, sujeto a múltiples condicionantes y sin unidad de criterio, a las ambiciosas expectativas de cambio creadas. Y todos ellos agravados, si cabe, por la repercusión de la crisis económica internacional. Una coyuntura, por tanto, determinada por un complicado cruce de variables propiamente económicas, en medio de un profundo cambio constitucional y de un soterrado conflicto social. Aun a riesgo de caer en un excesivo esquematismo, pueden cifrarse en tres los tipos de problemas económicos que se entrecruzan al nacer la República en la primavera de 1931.

El primero de los frentes de dificultad —aunque quizá no el más determinante— es, según acaba de apuntarse, el que abre la crisis mundial del 29, cuyas ondas, con intensidad hasta entonces desconocida, cruzan el Atlántico a lo largo de 1930, alcanzando pronto, y de pleno, al corazón de Europa. Recesión internacional que en España se solapa con la de un ciclo económico ya agotado, si bien es cierto que el relativo aislamiento de la economía española, merced a la política previa de reserva del mercado nacional y al efecto de su peculiar patrón monetario, ayudó aquí a remansar algunos de sus efectos más dramáticos. Entre otros, los de una crisis financiera internacional que acabó con un sistema de pagos fundamentado aún en una variante del patrón oro y llevó de inmediato a un recrecido proteccionismo en todos los países industriales, provocando una fortísima contracción del comercio mundial y de la actividad económica, con tasas de paro del orden del 25 por 100 en el Reino Unido y Norteamérica, y muy superiores en Alemania.

Como fuere, la crisis mundial golpeó particularmente tres flancos muy cruciales en el frágil equilibrio de la estructura económica española: las exportaciones, cuya importancia vital ya se ha subrayado, las entradas de capital y las salidas de emigrantes. Por lo que se refiere a las primeras, el impacto en España fue más amortiguado que en otros países exportadores de productos primarios, y la depreciación de la peseta no dejará de tener para las ventas españolas, al menos en un primer momento, el influjo positivo que acertara a señalar Keynes en su visita a España en 1930. En cuanto a los flujos de capital, la crisis económica mundial frenó, dentro también de su relativa modestia, las inversiones extranjeras hacia España, a lo que se vino a sumar la disminución de los beneficios del capital español invertido en el exterior. A su vez, el cambio de signo del movimiento migratorio —originado, sin duda, por la depresión internacional, y alimentado, además, por las esperanzas que, entre campesinos y obreros industriales, despertó la proclamación de la República— es otra vía de incidencia de la crisis mundial, tanto en lo que implica de reducción de las remesas de emigrantes como en lo que supone de incremento de la presión demográfica y de la oferta laboral en el reducido y escasamente receptivo mercado de trabajo interior. Un triple canal, en suma —por no hablar, entre otros retrocesos, del que sufre el incipiente turismo que se desarrolla en los años finales de la Dictadura—, por el que la repercusión de la coyuntura internacional debilita la situación de la economía española al comienzo del decenio de 1930.

Una segunda línea de dificultades económicas en los primeros años de la República tiene que ver con el deterioro de las expectativas empresariales, patente al menos desde un par de años antes, aunque muy intensificado con el nuevo régimen, que se manifiesta tanto en una menor inversión privada como en el estrechamiento de los márgenes de maniobra de las autoridades económicas. Por un lado, es indudable, aunque siempre difícil de cuantificar, que el «reflejo del miedo» causado por la proclamación de la República en ciertas capas de la sociedad española, en particular empresarios y rentistas, se tradujo en una salida de capitales nacionales, añadida a la evasión ya detectada desde los últimos meses de la Dictadura y a la repatriación de capital extranjero acuciado por la crisis internacional. La caída de los depósitos en cuentas corrientes bancarias a lo largo de 1931 en cerca de un 35 por 100 indica, bien a las claras, el deterioro de la situación. Si esto no llevó a una grave crisis financiera, más allá de la liquidación del Banco de Cataluña, fue, en parte, por la flexible política de crédito adoptada en esta ocasión por el Banco de España.

Pero más alcance que los problemas de fugas de capitales en los primeros momentos del nuevo régimen tienen, en todo caso, los que se refieren al retraimiento de la inversión privada, con lo que ello comporta de atonía productiva y de falta de expectativas a medio y largo plazo. Retraimiento que prolonga de alguna forma, aumentándolo, el recorte de muchas iniciativas empresariales causado por el tinglado corporativista de la Dictadura, pero que no puede explicarse simplemente, y más allá de unos pocos meses, por el encarecimiento del dinero, dado que a partir de octubre de 1932 la política monetaria altera la tendencia de los años anteriores y procede a una lenta reducción de los tipos de interés. El hecho debe ponerse en relación, más bien, con la disminución de los beneficios empresariales en sectores importantes de la minería, la industria de bienes de inversión y la agricultura de exportación, y, en general, con las expectativas poco positivas para los empresarios que depara el curso de los acontecimientos durante los primeros años treinta, cuando el aumento de los costes laborales —consecuencia de las alzas salariales y de las mejoras sociales conseguidas con la República— coincide con la caída de la producción en algunas industrias. Descenso debido, primero, al súbito parón de la inversión pública en 1930 y primera mitad de 1931, y, luego, en los años inmediatos, a la reorientación del esfuerzo inversor hacia actividades intensivas en trabajo.

El tercer tipo de problemas que dibuja la trayectoria de la economía española durante los primeros años treinta remite a la agudización del malestar campesino, tal vez el foco más grave de conflictos durante la Segunda República. No sólo por la contenida tensión acumulada durante la Dictadura en los campos españoles, particularmente en las zonas de gran propiedad, sino también por las esperanzas que la propia República concita a favor de una solución frontal y rápida del problema de la tierra, sobre todo del tradicional «problema del reparto» de las grandes fincas insuficientemente explotadas. Anhelos magnificados con la proclamación del régimen republicano y pronto insatisfechos, en un principio por la lenta marcha de la reforma agraria durante el primer bienio, el de Azaña, y luego por su paralización y el intento de desvirtuarla, que se resuelve en un ambiente sumamente conflictivo, cuya influencia, en éste como en tantos otros casos, contribuye a enfriar el clima en que las decisiones empresariales han de tomarse. Y se hace hincapié en el tema de la reforma agraria porque es quizá el más representativo de las reformas pendientes que el régimen republicano no pudo o no supo atender convincentemente, perdiendo así la oportunidad de aliviar la sobrecarga de crispación con que la sociedad española inicia la andadura de los años treinta, en parte como legado histórico, en parte como fruto de la trágica coyuntura europea de ese decenio.

Complicada conjunción, en suma, de cambio político y crisis económica la que debieron afrontar los gobiernos de la naciente República. Si el cambio avivó las ansias de reforma, y con ello las tensiones sociales, la crisis, al acrecentar incertidumbres e inseguridades, contribuyó a inhibir aún más las expectativas empresariales y a achicar el margen de maniobra de las autoridades económicas, comúnmente sometidas, por lo demás, a las limitaciones y contradicciones de la dialéctica política republicana. Una escasa maniobrabilidad que encuentra, en fin, la rémora de una Administración habituada a prácticas discrecionales de intervención y con unos empresarios en parte frenados por la incertidumbre, ya se ha dicho, y en parte acostumbrados —no todos, pero sí bastantes— a sacar provecho de las heredadas injerencias estatales.

Pero bien fuera por la simple incapacidad de torcer la marcha de las cosas, o más bien debido a la fuerza de los muchos condicionantes que se interpusieron en los proyectos modernizadores que traía la República, lo cierto es que a lo largo de un lustro, el que media entre la proclamación de ésta y el estallido de la Guerra Civil, son quizá más las líneas de continuidad que de ruptura —con todos los matices que quieran introducirse, incluso entre uno y otro bienio— las que se advierten en la práctica de la política económica de los sucesivos gobiernos con respecto a las ya descritas para el primer tercio del siglo. Tanto en lo que se refiere a la política monetaria y presupuestaria como en la orientación protectora e intervencionista de la economía y a la propia estructura corporativa en el ámbito de las relaciones económicas y laborales, con la sustitución de los comités paritarios de la Dictadura por los jurados mixtos. A ello, y a resumir los resultados económicos del periodo, se dedican precisamente las páginas que siguen.

Realizaciones de la República, 1931-1936

El peso de las urgencias históricas

Cambio político y crisis económica son dos situaciones que se conjugan mal, como ya lamentaron los contemporáneos de la Segunda República. El régimen democrático llegaba pacíficamente al poder en abril de 1931, en medio del entusiasmo popular, y con el refrendo intelectual, cuando no la participación directa, de toda una generación, la del 14, inspirada por la consigna orteguiana, tantas veces enunciada, de poner a España a la «hora de Europa». Europeización avanzada —lo subraya Fusi una vez más en la tercera parte de esta obra— en algunos planos de la rica vida ciudadana y cultural de esos años: baste recordar, como muestra de un fermento de raíz institucionista que cuaja en otras muchas direcciones, los miles de investigadores pensionados de la Junta de Ampliación de Estudios que se forman a partir de 1907 en las principales universidades europeas de la época. Europeización que ahora significaba la puesta en marcha de una amplia agenda de reformas, no sólo económicas, pero que suscitaban, casi todas ellas, y en particular las de mayor contenido social, un efecto efervescente en el mundo de la producción y de los negocios, aunque sobre una coyuntura ya crítica.

Las principales variables económicas, que habían flexionado a la baja desde 1929, mantuvieron en los años siguientes un tono muy desmayado, de retroceso en no pocos casos —según se aprecia en el gráfico 6—, aunque no más intenso del que sufrieron las economías industriales de la época, entre ellas las europeas, en un periodo bautizado para la historia del siglo XX como la «Gran depresión». Incluso, en 1934 y 1935, en consonancia con el ciclo internacional, algunos indicadores, como el expresivo de la contratación bursátil, parecían apuntar que la crisis en España había tocado fondo y la actividad podía comenzar a remontar, si bien la coyuntura abierta en 1936 torció de nuevo el signo, y la guerra civil subsiguiente trocó de inmediato el panorama en desastre. De hecho, hacia 1935, la renta per cápita de los españoles era sustancialmente la misma que en 1929, y algo parecido puede decirse del índice general del producto industrial; las propias industrias básicas, en crisis —éstas sí— desde finales del decenio anterior, salían, en línea con el tímido repunte de la inversión, de su prolongado letargo.

Gráfico 6. Evolución de algunas magnitudes económicas en España, 1929-1935
(base 100 en 1929)

Fuentes: Renta nacional real: L. Prados de la Escosura (1995), Spain’s gross domestic product 1850-1993: quantitative conjectures, Universidad Carlos III de Madrid, Working Paper 95-06, Índices de producción industriales, A. Carreras (1990), Industrialización española: estudios de historia cuantitativa, Espasa Calpe, Madrid. Cuota de inversión: A. Carreras (1997), «La industrialización: una perspectiva a largo plazo», Papeles de Economía Española, núm. 73. Exportaciones de mercancías: J. M. Serrano Sanz (1997), op. cit. Índice de contratación bursátil: F. Comín (1987), «La economía española en el período de entreguerras (1919-1935)», en J. Nadal, A. Carreras y C. Sudrià (comps.), La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Ariel, Barcelona.

No obstante, la sombra de un doble desequilibrio económico, interno y externo, crece a lo largo del lustro republicano. Por un lado, se multiplica el déficit exterior, debido a la persistente reducción de las exportaciones —en volumen, y más aún en valor, por la caída de sus precios—, frente a unas importaciones extremadamente rígidas; un creciente desfase que sólo pudo contenerse en parte en los primeros años gracias a la depreciación de la peseta. Y, por otro lado, con unos precios interiores relativamente estables y una suave deflación en las magnitudes monetarias y financieras, el desempleo, que, estimado en unos términos necesariamente muy imperfectos, se dobla, grosso modo, entre 1931 y 1935, pasa a constituirse —aunque dentro de unos límites reducidos respecto de otras economías europeas— en el principal desequilibrio interno de la economía española; quizá también, en el más claro indicador de la atonía fabril y empresarial, refrendada por unas mínimas cifras de constitución de sociedades a lo largo del periodo republicano (consúltese más atrás el cuadro 2).

Tras la imagen prácticamente plana de la primera mitad de este decenio que depara el indicador más global, el de la renta real (recuérdese: un 0,5 por 100 de incremento anual medio entre 1931 y 1935), se ocultan graves situaciones de crisis sectorial. Es el caso, evidente en la simple contemplación del gráfico 6, de las actividades exportadoras —minerales, productos hortofrutícolas, aceites y vinos— y de las principales ramas de las industrias de inversión —metalmecánicas y de construcción de maquinaria y de equipos de transporte, en particular de material ferroviario y naval—, actividades seriamente afectadas por el cambio de la política del gobierno. El que ambos grupos de sectores, los exportadores de productos primarios y los de la industria básica, atravesasen, en general, una coyuntura tan difícil sin que lo acusase de un modo significativo el promedio de la renta real de los españoles —y sin que la caída en vertical del producto de las industrias básicas arrastrase al índice industrial en conjunto—, expresa con toda claridad dos circunstancias: en el primer caso, el modesto peso de las relaciones comerciales de la economía española; en el segundo, la preeminencia aún de unas industrias de consumo e intermedias —pueden incluirse aquí alimentación, textiles, eléctricas y químicas— que progresan decididamente en estos años, favorecidas por la redistribución de rentas hacia las clases trabajadoras en el periodo republicano. Alzas de los salarios que si, en un sentido, aumentaban los costes laborales, en otro, fundamental para esas industrias ligeras, estimulaban la demanda de los productos más básicos para el sustento y el vestido, aunque el aumento inducido en el desempleo moderase el efecto final. Todo ello, en fin, dentro de una estructura productiva en la que la agricultura, y el cultivo de cereal en particular, mantenía el tono general de la actividad económica en España, con un nivel de producción muy sostenido en el periodo, y excepcionales cosechas en algunos años señalados, como 1932 y 1934, que hacen de contrapeso de la crisis en otros sectores.

Pues bien, si la crisis mundial de los años treinta tuvo un impacto atenuado en España, no llegando a bloquear los primeros pasos del régimen democrático, cabe preguntarse por el manejo de los asuntos económicos durante la República. Una cuestión que no debe desconocer que la responsabilidad histórica que recaía sobre la República no era la de activar o girar los resortes de la política económica, prudentemente orientados por los expertos de la época, sino, más bien, la de promover las reformas, tantas veces aplazadas, que requería la modernización económica y social de España.

Debe comenzarse a este respecto advirtiendo cómo, en contraste con los años álgidos de Primo de Rivera, ha sido habitual acusar a la política monetaria y presupuestaria de la República —haciendo abstracción de los distintos matices que introdujeron sus sucesivos gobiernos— de restrictiva y deflacionista, en general, y de contribuir de un modo decisivo a la ostensible paralización económica de la primera mitad de los años treinta y al hundimiento de las industrias más ligadas a la inversión pública. Si lo primero ha sido puesto en solfa —con cifras comparativas que revelan más signos de continuidad que de ruptura con las series del decenio anterior—, acerca de lo segundo convendría considerar, invirtiendo el sentido de la causalidad, si fue más bien la recesión económica, de bases más profundas, la que provocó, por la vía de la caída de la demanda, el estancamiento de las magnitudes financieras, entre ellas las que se manejaban desde el Ministerio de Hacienda y el Banco de España. Quizá los propósitos declarados fueran otros, pero, en la práctica, lo cierto es que el margen de actuación en este terreno fue muy escaso, y difícilmente hubiera podido mantenerse una política más laxa en lo monetario o dispendiosa en lo presupuestario.

Por un lado, en el campo monetario y financiero, la ortodoxia fue la norma. Y también la continuidad con las líneas anteriores de la política económica, como prueba la Ley bancaria de 1931 —con Indalecio Prieto al frente del Ministerio de Hacienda—, que, sin alterar el cerrado statu quo existente dentro de la banca privada desde los años de la Ley Cambó de 1921, aumentó el control del gobierno sobre el Banco de España. Esto causó tensiones, pero tuvo igualmente efectos positivos: por ejemplo, el influjo que pudieron ejercer algunos técnicos muy competentes, como Flores de Lemus, desde dentro del instituto emisor. Gracias en parte a ello, la política monetaria —en la medida en que se puede hablar de tal, a tenor de los rudimentarios instrumentos de control en manos de las autoridades económicas— fue gestionada con sensatez y con la flexibilidad que requería una coyuntura de decaimiento de la inversión; esto es, favoreciendo la liquidez y orientando a la baja, a partir de 1932, los tipos de interés.

En cuanto al siempre presente «problema del cambio», la tozudez verbal de los responsables republicanos —tal vez por mor de lo que Tortella ha llamado una «herencia de prejuicio» de muchos decenios— por defender una «peseta fuerte» a despecho de las condiciones reales de la economía española, y de la propia conveniencia del momento, tuvo afortunadamente escasa virtualidad. La peseta, pese a los esfuerzos por controlar el cambio, al igual que en los meses finales de Calvo Sotelo, siguió deslizándose a la baja durante el Ministerio de Prieto: hacia el valor que reflejaba la competitividad de la economía española y permitía vender sus productos en el exterior. Lo que, y más aún después de la decisión de Carner, en 1932, de dejar flotar a la moneda española —era lo que estaban haciendo los otros países, fuera ya del patrón oro—, permitió aliviar algo la presión. No obstante, la frenética carrera de devaluaciones competitivas, con el propósito de «empobrecer al vecino», que se desató en esos años en todo el mundo, acabó siendo el mejor aliado de la fortaleza de la peseta, cuyo curso, siempre en relación con los otros signos monetarios, quedaba así estabilizado, e incluso forzado al alza, para desaliento, según se anotó anteriormente, de los sectores exportadores. Y como tampoco ayudaba el cambio de la peseta a moderar las importaciones, hubo de recurrirse, al igual que en tantos otros países, al expeditivo sistema de la contingentación como instrumento de la política comercial.

Por otro lado, la práctica fiscal y presupuestaria de los gobiernos republicanos estuvo igualmente guiada por un pragmatismo muy poco inclinado a los excesos. Otra atávica herencia gestual, la del «santo temor al déficit» —Echegaray dixit— de los ministros de Hacienda, contuvo el gasto en unos años de atonía económica y, al menos durante el primer bienio, de proclamados propósitos de reparto social de la riqueza. Los déficit presupuestarios, que fueron de más a menos durante la Dictadura, hasta equilibrarse de un modo muy forzado con Argüelles en 1930, evolucionaron en sentido creciente durante la República, encontrando sólo cierta contención en las economías impuestas por Chapaprieta. Por lo que no puede hablarse de paralización del gasto durante el régimen republicano, aunque tampoco de una política expansiva de anticipado corte keynesiano. Fue, sencillamente, una política presupuestaria ajustada a las estrecheces de los ingresos fiscales, y muy moderadamente anticíclica. Si acaso, con respecto a los años anteriores, reorientó los gastos —dentro de un Presupuesto no sólo muy reducido, sino atenazado por los gastos corrientes— hacia funciones más redistributivas de la renta, en detrimento de las inversiones en formación de capital e infraestructuras atendidas por Primo de Rivera.

El equilibrio presupuestario o, en su caso, el despliegue de una política más ambiciosa de gasto público, hubiera requerido una capacidad de ingreso de la que carecieron los gobiernos de la República. La reforma fiscal de 1932, obra de Carner —bajo la inspiración discreta, una vez más, de Flores de Lemus—, con ser timorata en sus principios, lo fue mucho más en su aplicación. La reforma, de intenciones no sólo recaudatorias sino también de mayor equidad en la carga fiscal, giraba en torno del establecimiento de un impuesto complementario sobre la renta, que, sin eliminar las viejas contribuciones de producto, introducía una cierta forma de tributación personal, de bajas tarifas y generosas exenciones, sobre los ingresos de una cuantía determinada. Aun así, la eficacia del nuevo impuesto, bloqueado en su cobro por la resistencia de aquéllos a quienes iba destinado, e, igualmente, por una administración tributaria incapaz de hacerlo efectivo, fue prácticamente nula, y habría que esperar casi medio siglo para que la imposición personal sobre la renta se abriera camino en España.

En el plano de las otras reformas institucionales de la economía española, la más urgente y conflictiva, la de la gran propiedad agraria, se abordó con muy poca fortuna, acabando por ser expresión inmejorable de los inconvenientes de la condición «híbrida» —reflejo de la composición de los propios gobiernos republicanos— de muchos intentos reformistas de entonces; las desventajas de granjearse más rechazos que adhesiones, ya que ni pudo ser «lo suficientemente revolucionaria» para desarmar a las viejas oligarquías y para mantener el apoyo inicial de las clases populares, ni fue tampoco «lo bastante moderada» para que los sectores conservadores aceptasen colaborar lealmente con el nuevo régimen, como han escrito expresivamente Fontana y Nadal. El impulso reformador quedará así pronto anegado, y el «problema del reparto» de los latifundios, que era una constante en toda la España de la Restauración, sin respuesta. A falta de un firme y claro acuerdo político en la propia coalición gobernante, más allá de las altisonantes declaraciones, el rechazo de los grandes propietarios agrícolas a cualquier medida progresiva en este terreno se manifestará con fuerza desde un primer momento; y no sólo por la vía de la paralización parlamentaria y legal a través de los partidos afines, sino fácticamente, al dejar en el invierno de 1931 sin laborear sus explotaciones e instando a los campesinos a que «comieran República», como tantas veces recordó Pascual Carrión.

La Ley de reforma agraria finalmente aprobada por las Cortes en septiembre de 1932, tras un tortuoso camino parlamentario que sólo la sanjurjada de agosto consigue despejar, no satisfizo las expectativas creadas, tanto por el extremado burocratismo de que fue rodeada como por la cortedad del apoyo presupuestario con que contó. Pero, sobre todo, por la propia complejidad de la realidad sobre la que había de aplicarse —una agricultura muy heterogénea entre regiones, y también en cuanto a tipos de cultivos y de explotaciones, e incluso de formas jurídicas de tenencia de la tierra y arrendamiento— y por la falta del empuje político preciso; escaso impulso que era reflejo, a su vez, de la enfrentada bipolarización que se daba cita en la reforma: el postulado liberal-individualista, de raíces ilustradas, tendente a asegurar la propiedad familiar, y el colectivismo en auge desde finales de siglo, abanderado, aunque con muy distintos matices, por las fuerzas de izquierda. Los resultados de la Ley, a la altura de finales de 1933, no pueden ser descritos sino de pacatos, y más aún en los años siguientes, los del segundo bienio republicano, cuando la reforma entra en barrena y retrocede, mientras el sindicalismo agrario se radicaliza.

Así pues, en materia de reformas, y sin un proyecto coherente y global de modernización económica, lo que se dio durante la Segunda República, como ha observado Cabrera, fue una suma no poco abrumadora de medidas —apenas apuntadas algunas en las páginas previas—, en medio de una coyuntura complicada, en lo económico y en lo político. Reflejo, sin duda, de las urgencias históricas que recaían sobre el régimen republicano. Urgencias que la brevedad del periodo, apenas cinco años hasta la guerra, hacen más dramáticas.

La República tuvo, en definitiva, poco tiempo, muy poco, para el cúmulo de esperanzas y exigencias que su proclamación alimentó. Tan poco que resuenan como a ella dirigidas las palabras que Hemingway escribiera: «Eso es todo lo que sabes. Que mueres y no tienes tiempo de aprenderlo». Por ello, lo más negativo que quizá se pueda decir a la vista de la evolución económica de esos años es que se desacelera, como en otros países, el ritmo de crecimiento de los decenios anteriores. Nada que justifique, desde luego, la sublevación y la guerra de 1936, ni tampoco los trágicos acontecimientos de 1934.

Hace ya algún tiempo, Nadal y Fontana advirtieron que los problemas más graves de la República no procedían de las circunstancias coyunturales y externas, con ser éstas entorpecedoras, sino de otras realidades de más largo alcance, estructurales e internas, entre las que la agricultura ocupaba un lugar central. A fin de cuentas, la renta per cápita de los españoles no se apartaba, a la altura de 1935, de su tendencia histórica desde medio siglo atrás, situándose en torno del 60 por 100 del promedio de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Parece claro que la evolución de la economía ayudó en muy poco al régimen democrático a sellar las fracturas históricas que arrastraba España, agudizadas desde la coyuntura finisecular: desde la social, patente tanto en el campo como en los núcleos industriales, hasta la territorial o la ideológicoreligiosa, por citar las tres siempre presentes durante la República. Pero difícilmente puede argüirse que los factores económicos adversos fueran algo más que uno de los obstáculos interpuestos en esos años, y no el más decisivo, en la normalización de España en el concierto de las naciones europeas prósperas. La Guerra Civil, en cambio, sí habría de significar un salto atrás que vino a borrar prácticamente todo lo ganado en un tercio de siglo; en algún sentido, algo peor que esto: un retroceso que no podrá recuperarse sino en décadas.

El tajo de la Guerra Civil, 1936-1939

Un dramático salto atrás

En cuantos ámbitos de la España del siglo XX se fije la mirada, destaca la profundidad del tajo inferido por la Guerra Civil: de «terrible y empobrecedor» lo calificó Pedro Laín al observar su impacto sobre la ciencia española y el mundo de la cultura; dos adjetivos que cuadran perfectamente también en la economía.

Siendo, con seguridad, el acontecimiento de la centuria que más ha alterado —hasta seccionarlo en dos— el curso de la economía española, sorprende el muy escaso conocimiento factual del pormenor de esos casi tres años de desgarro. En parte, por el lógico desconocimiento de unos hechos sepultados, cuando no voluntariamente falseados, en la confusión del conflicto; pero quizá, más aún, porque el término «economía de guerra» —ese burdo eufemismo de la administración de las penurias colectivas con que se designa a la antítesis de una ciencia que tiene por objeto el bienestar de los individuos— resume en sí mismo la situación de paréntesis que encierra todo conflicto bélico, a la espera de su desenlace. Un resultado, en este caso, que prolongó la dramática situación de excepcionalidad, y no sólo en lo económico, varios años más allá de la proclamación de la victoria militar de las tropas nacionalistas el primero de abril de 1939.

Cualquier aproximación a los efectos de la Guerra Civil sobre la economía española debe partir de la realidad de las dos economías que coexistieron a lo largo de esos tres años: dos gobiernos, dos zonas dinerarias (y dos Bancos de España) y dos áreas —cambiantes, conforme avanzaba la guerra— caracterizadas por una base económica y unas formas de organización radicalmente distintas. La zona republicana, pese a contar en un primer momento con las principales ciudades y centros fabriles, así como con las abundantes reservas áureas del Banco de España radicado en Madrid, más lo fundamental de la agricultura levantina de exportación, afrontó, sin embargo, no sólo una temprana fractura geográfica muy perjudicial para su equilibrio económico —acrecentada por la superioridad naval de los rebeldes—, sino, sobre todo, las dificultades políticas de una profunda revolución social superpuesta al conflicto, y bajo un gran descontrol hasta la constitución del gobierno de Negrín en mayo de 1937. La zona bajo dominio del gobierno de Burgos, con una base agraria que garantizaba el aprovisionamiento de alimentos —y un apoyo exterior que suplía otras carencias—, se regía, en cambio, por criterios militares de disciplina económica que contribuyeron igualmente al desenlace de la guerra. Bricall lo ha explicado con gran concisión: «una economía de guerra y revolución en un caso, y de guerra y reacción en el otro».

Quizá radique en ello, antes que en cualquier otra causa, el factor más determinante de la derrota republicana: al problema, común en ambas zonas, de cómo organizar la producción y el abastecimiento civil y militar, se superpuso, en el bando republicano, el de dilucidar qué clase de economía debía imponerse. Y ello, además, según criterios en extremo contrapuestos, que iban de la defensa de la iniciativa privada defendida por la burguesía progresista, pronto arrinconada, al socialismo de corte marxista o al anarquismo propugnados por las principales organizaciones obreras, enseguida protagonistas —muchas veces como antagonistas— de la revolución social que alteró, en campos y en fábricas, unos procesos productivos ya de por sí muy afectados por el conflicto. Si se añade a esto, en contraste con la férrea unidad de mando decretada en la zona nacionalista, la fragmentación del poder político entre el gobierno central y los gobiernos regionales —en los que, como en el caso señalado de Cataluña, se reproducía, a su vez, esa misma confrontación política—, y la escasa lealtad a la República de una considerable parte de las elites técnicas y económicas del país, es fácil entender por qué la inicial ventaja fabril, financiera e, incluso, demográfica de la España republicana fue diluyéndose hasta cambiar de signo. A partir de ahí, el bando nacionalista —que conseguía generar, conforme avanzaba la guerra, algunos excedentes agrícolas y mineros para la exportación— amplió sus posibilidades de crédito en el exterior, más allá incluso del apoyo, temprano y creciente, aunque no desinteresado, de los regímenes totalitarios de Hitler y Mussolini.

Los casi tres años de guerra supusieron en ambas zonas un colosal esfuerzo, financiado, en gran parte, por las habituales vías inflacionistas de creación de dinero, y, cuando resultó factible, apelando al crédito exterior, lo que imponía otro tipo de condicionamientos. Un esfuerzo, en todo caso, que también debe cifrarse en la orientación prioritaria de todo el sistema hacia las necesidades bélicas, en detrimento de otras inversiones de carácter productivo o del propio consumo. Por un lado, pues, la financiación de la guerra impuso el control de las instituciones de crédito, comenzando por los respectivos Bancos de España, así como del resto de la banca, tanto la oficial como la privada. Sobre todo en la zona republicana —de un modo mucho más contenido en la nacionalista, merced al efecto de algunas figuras recaudatorias y al mayor margen permitido por la financiación exterior, así como a la propia dinámica del conflicto—, los déficit públicos crecientes dieron lugar a una gran expansión monetaria, conforme el Tesoro se vio obligado a acudir al instituto emisor, lo que alimentó, en un clima de escasez y de máxima incertidumbre, extraordinarias alzas de precios.

Por otro lado, en los dos bandos, la necesidad de importar suministros básicos, junto con las dificultades que la propia guerra imponía a la exportación, no dejaba otra salida que el endeudamiento —profusamente utilizado por el gobierno de Burgos con Italia y Alemania—, y, en el caso del gobierno republicano, el empleo de las reservas de oro del Banco de España, depositadas antes de concluir 1936 en el Comisariado de Hacienda de la Unión Soviética: «oro de Moscú» luego muy magnificado por el franquismo, pero de un monto muy parecido, según las estimaciones más solventes, al de sus créditos con las potencias del Eje; créditos puntualmente devueltos durante el final de la contienda, o en la inmediata y penosa posguerra, bien en metálico, bien en forma de suministros o alimentos. Todo ello complementado con el establecimiento, en una y otra zona, de un riguroso régimen de cambios —y de la más estricta regulación administrativa de las importaciones y exportaciones—, con el fin de racionar las preciadas divisas procedentes de sus intercambios exteriores; sistema interventor del cambio y del comercio exterior que, pese a su carácter excepcional, o, quizá por eso mismo, subsistiría dos décadas más tras concluir la guerra.

En lo que se refiere a la organización de las actividades productivas durante la guerra, el contraste entre ambas zonas refleja bien a las claras la orientación ideológica subyacente y, en el caso republicano, también el conflicto de las posiciones en liza. En la zona nacionalista, ordenancismo militar de corte centralizado y estrictamente jerárquico, en lo económico y en lo laboral: el Fuero del Trabajo se promulgó en 1938, fue inmediata la contrarreforma agraria, y se adoptaron instrumentos interventores, tanto en el ámbito industrial, con el establecimiento de Comisiones Reguladoras de la Producción, como en el agrario, con la creación del Servicio Nacional del Trigo en 1937, o en otros sectores, como el financiero o el exterior, ya referidos. En contraste, en la zona republicana el proceso revolucionario en marcha adquirió una gran vitalidad inmediatamente después de la sublevación militar, extendiéndose las colectivizaciones en la agricultura y la industria. Ocupaciones de campos y fábricas realizadas, y luego gestionadas, con criterios dispares según las regiones, comúnmente bajo el signo de una gran confusión de poderes entre las instancias sindicales y políticas, y, dentro de éstas, de sus distintas facciones y niveles territoriales, bien lejos de una organización centralizada como la que exigía el conflicto bélico. Sin tiempo ni condiciones para que los ensayos de revolución social se asentaran y cosecharan algún resultado —más allá del ambiente callejero captado por Orwell en la Barcelona de los primeros meses de la guerra—, la contienda duró en cambio lo suficiente para desarticular el tejido productivo en bastantes zonas de la España republicana.

Los efectos últimos causados sobre la economía española por la Guerra Civil fueron muy diversos y no siempre fáciles de cuantificar, ni siquiera en la esfera productiva. Lo que sí está claro es que la producción agraria e industrial había caído, al concluir la contienda, a niveles muy inferiores a los de preguerra, aunque las pérdidas de capital físico —máquinas e instalaciones— no pueden catalogarse de catastróficas en ninguno de los dos sectores; mayores fueron los destrozos en la infraestructura de comunicaciones y en algunos medios de transporte, como el ferroviario. La reunificación del sistema monetario y el desbloqueo de las cuentas bancarias, con el fin de alcanzar una efectiva normalización fiduciaria, debieron afrontar el problema de controlar la inflación alimentada durante el conflicto, aunque, cargando la solución sobre los vencidos, se resolvieron con relativa rapidez, merced a las medidas adoptadas por Larraz desde el Ministerio de Hacienda.

No fueron, pues, los destrozos físicos de la guerra, ni en la industria ni en los campos, los que condicionaron de un modo más grave la evolución de la economía española en los años de la larga y empobrecida trasguerra, pese a las interesadas proclamas oficiales; si acaso, la pérdida —dramática y atroz— de capital humano, prolongada después por la represión de la posguerra y ampliada por el exilio, constituyó quizá un factor limitativo de mayor entidad, aunque siempre difícil de valorar en términos estrictamente económicos. Pero, sobre cualquier otra, la peor consecuencia económica de la Guerra Civil fue, sin duda, la de los años subsiguientes, cuando el franquismo, en una forzada contramarcha, desenganchó a España durante un tiempo de las aceleradas líneas de progreso económico seguidas por los otros países europeos occidentales apenas concluida la Guerra Mundial. Éste ha de ser, por tanto, uno de los argumentos centrales del capítulo que continúa.

Capítulo 3
La época del franquismo
Del estancamiento al desarrollo

Introducción: las etapas del franquismo

Instinto de supervivencia y temor a la libertad

Un rápido e imaginario travelling por la economía a lo largo del franquismo dejaría en el lector una sucesión de imágenes un tanto desconcertadora, que bien podría iniciarse con el simbolismo numantino de Sin novedad en el Alcázar (1940) y concluir con el abigarrado retablo de una España que ya ha conocido un amplio desarrollo, adentrándose, entre confiada y expectante, en una nueva época: el cuadro social retratado, cuando apenas han transcurrido dos años de la muerte del dictador, en La escopeta nacional (1977). Muchas cosas han cambiado, y han cambiado mucho entre tanto; han tardado en cambiar y lo han hecho a borbotones, no gradualmente ni ateniéndose a programa alguno, pero han cambiado. La evolución económica proporciona, acaso, la mejor perspectiva para comprender esas transformaciones, y también los elementos retardatarios que las aplazan durante años, así como las hipotecas que la transición a la democracia en la segunda mitad de los años setenta habrá de asumir.

Los holgados siete quinquenios que abarca el franquismo desde el final de la Guerra Civil contemplan, ante todo, ese salto espectacular que en los ritmos de crecimiento de la renta por habitante en la España del siglo XX se produce a partir del arranque de la segunda mitad de la centuria. Recuérdese cómo, hasta el umbral de la Guerra Civil, el avance, con ser apreciable, apenas consigue despegarse de las tasas decimonónicas; a partir de 1950, y en términos de promedio a lo largo de toda la segunda mitad del siglo, el crecimiento casi se multiplica por cuatro (4 por 100 frente a aquel 1,1 por 100). Entre ambas situaciones, el corte, el hundimiento provocado por la guerra, del que sólo se saldrá con enormes dificultades y después de bastantes años. Las tres Españas económicas que diferencia el transcurso del siglo —como ya se ha dejado anotado— están ahí reflejadas. La longevidad del régimen franquista le permitirá contemplar realidades, por eso mismo, muy distintas, incluso extremadamente distintas, irreconocibles la una en el espejo de la otra.

Porque nada de la pujante economía española que ya ha conocido el desarrollo de los años sesenta recuerda a la maltrecha y empobrecida del decenio de 1940. El paso de una a otra es de siete leguas, aunque dado con las botas menguadas de una política económica casi siempre alicorta; y se acabará acertando con el camino que conduce a crecientes niveles de prosperidad, pero no sin costosos aplazamientos iniciales, no sin vacilaciones intermedias y no sin pulsiones involucionistas durante todo el trayecto. Es lo que se trata de describir en las páginas siguientes, recurriendo a una elemental subdivisión en el largo discurrir temporal de la economía española durante el franquismo.

Tres etapas son fácilmente distinguibles. La primera se extiende, desde el término de la Guerra Civil, por toda la década de 1940. Es el decenio más sombrío, también en lo económico, de la historia española contemporánea: una especie de duro y largo epílogo del enfrentamiento armado. Al país, quebrantado moralmente, le costará mucho alejar el espectro del estancamiento económico, de la penuria, la escasez: tanto como se hace esperar, ya iniciados los años cincuenta, la supresión de las cartillas de racionamiento, triste expresión —como lo son, en su ámbito, las licencias de importación— de todo un ambiente económico, de toda una época. Aquélla en la que el tiempo parece como detenido, bloqueados los cambios en la estructura económica y social que venían dibujándose, con firmeza en algunos casos, durante el primer tercio del siglo. Estancamiento y corte de movimientos modernizadores; incluso durante la segunda mitad del decenio, cuando el aislamiento y el intervencionismo en España alcancen sus puntos álgidos. Un ir contra corriente, en el sentido contrario de los movimientos de los países europeos occidentales que, beligerantes hasta 1945, pronto se comprometerían con metas de cooperación supranacional y de paulatina liberalización.

La segunda etapa comprende los años cincuenta, con ese pasaje de cierre que son los cruciales meses centrales de 1959, cuando se opta, con más resolución que en repetidos intentos anteriores, por eliminar algunos de los principales obstáculos que impedían el pleno aprovechamiento del viento a favor que proporcionaba el fuerte avance de las economías atlánticas desarrolladas. Es verdad que se ha tardado en decantarse por esa opción, y que no se hace sino in extremis, cuando la bancarrota amenaza el poco crédito exterior que España ha conseguido durante los años precedentes. Pero no deja de ser la culminación de toda una serie de amagos que en la misma dirección se han sucedido, eso sí, arrítmicamente, sin programado escalonamiento, al compás de circunstancias casi siempre ajenas a las previsiones —y a los deseos— de quienes encarnan el régimen franquista. Como fuere, a partir del comienzo de los cincuenta se entra ya en la España del fuerte crecimiento económico, con una tasa anual acumulativa para este decenio sólo ligeramente inferior a la que arroja el conjunto del medio siglo transcurrido entre 1950 y 2000, próxima al 4 por 100, tan alejada del exiguo 0,4 por 100 del decenio de 1940.

La tercera etapa, en fin, es la de «los años sesenta», sobreentendiendo que abarca no sólo esa década sino también el primer quinquenio de la siguiente, hasta el fallecimiento del general Franco. Ciertamente, el auge excepcional que se conoce durante ese tiempo en términos de promedio (¡un 6,9 por 100 de crecimiento anual de la renta real por habitante!) está por encima del que se registra en 1974 y, mucho más, en 1975, cuando cae abruptamente; por lo que cabría adelantar la frontera terminal de esta tercera etapa, «la del desarrollo» por antonomasia, hasta hacerla coincidir con el final de 1973, cuando la muerte de Carrero Blanco desata la crisis postrera del régimen dictatorial, superponiéndose a los primeros indicios de la crisis económica y al cambio de decorado en el mercado mundial. Pero tanto razones de cronología política como de obligada brevedad, invitan a llevar la tercera etapa de la economía española durante el franquismo hasta el ejercicio de 1975, incluido éste. Los tres lustros enteros, en suma, durante los que el régimen franquista, subida la economía española a la ola de prosperidad que se extiende por Europa occidental, tratará de pagar el menor peaje posible, con un agarrotamiento institucional que acaso recortó potencialidades de crecimiento económico aún mayores que las aprovechadas. Y que desembocó, dígase también, en ese final de tan dramático simbolismo que obliga al franquismo a ser testigo de su propio desorden —con decretadas ejecuciones y sucesivas declaraciones de estado de excepción, simultáneamente al derrumbe de los indicadores económicos— y al propio Franco a agonizar en las cuadras de su palacio.

Naturalmente, es obvio que, como toda periodificación sumaria de complejos procesos históricos, esta tripartita división deja desdibujados algunos ángulos y hechos de interés, confiriendo en cambio homogeneidad a tramos temporales que, dentro de sus propias fronteras cronológicas, presentan diversas fases y variaciones internas en algún caso muy apreciables. Un estudio más detenido podría hacer subdivisiones relevantes en cada una de esas grandes etapas. En la década de 1940, bien tratando por separado cada uno de los dos quinquenios, en atención a las novedades del mapa internacional y a la recomposición gubernamental española de 1945, bien desglosando del conjunto decenal un tramo inicial, hasta 1942, de establecimiento de las bases legales e institucionales de la economía del «Nuevo Estado». En la década de 1950, al compás, por ejemplo, de las crisis ministeriales que entonces se registran. Y, aún más fácilmente, la de 1960 admite ser troceada al disponerse de una buena cobertura estadística y documental de las fluctuaciones en los ritmos de la actividad productiva y de los acusados vaivenes de la política económica.

La distinción de estas tres etapas fundamentales tiene, sin embargo, ventajas incuestionables para el estudio de la evolución económica española durante el franquismo. En primer término, singulariza el decenio de 1950, combatiendo, pues, la excesiva simplificación en que a veces se incurre al distinguir tan sólo dos grandes periodos en la economía franquista, divididos por la encrucijada de 1959: autarquía, primero; apertura económica y desarrollo, después. También tiene a su favor facilitar comparaciones significativas a escala internacional, ajustándose a la compartimentación cronológica que, a grandes rasgos, se aprecia en la evolución de las economías europeas occidentales: guerra y recuperación en la década de 1940; apertura, cooperación y crecimiento en la de 1950, e integración y continuidad del desarrollo en la de 1960, hasta que, al final de la misma, se evidencien síntomas inequívocos de agotamiento del alargado ciclo de expansión precedente. La división tripartita simplifica, en fin, la selección de los factores determinantes del itinerario de la economía española a lo largo del régimen de Franco.

Habrá de añadirse, también, antes de adentrarse en esa sucesión temporal, algo que es común a todo el recorrido que se propone. Aunque sea sólo sumariamente, he aquí las notas que, de modo más acusado unas veces, más desdibujadamente otras, son características de la política económica del franquismo: con toda probabilidad, no son todas las que se podrían entresacar, pero son también muy probablemente las que mejor identifican, las que mejor expresan el modo de ser de ese régimen en lo económico.

Se pueden enunciar con términos poco rebuscados. Primero, más que pragmatismo, la evolución de la economía española a través de situaciones muy diferentes durante el franquismo expresa en los responsables de la política económica un sentido adaptativo no poco romo y lento. No hay nunca, o casi nunca, talento para la anticipación, sino más bien instinto de supervivencia. Segundo, los impulsos que acaban siendo decisivos para adoptar las medidas más significativas en ese proceder adaptativo, provienen casi siempre de fuera, esto es, son determinantes exteriores, ya sean los movimientos del mercado internacional, ya iniciativas o realizaciones institucionales en la cooperación económica entre los países occidentales. Desde dentro se puede coadyuvar, pero es desde fuera de donde llegan las más poderosas razones para mover pieza. Tercero, es una mentalidad reglamentista lo que mejor define el intervencionismo económico durante el régimen franquista. De origen o abolengo, sin duda, cuartelero: un híbrido de ingenierismo militar y de administración de intendencia. La formación y condición militares de Franco, de Suanzes —el fundador del Instituto Nacional de Industria— y de muy representativos gobernantes y dirigentes, no podía dejar de notarse; pero, más que eso, definió la pauta, puso el sello siempre reconocible en todo el arsenal de disposiciones y acciones interventoras. Cuarto, el miedo a la libertad, definitorio de todo el régimen, se traduce en lo económico no sólo en recelo ante la competencia, de cualquier sitio que viniere, sino también en una especie de alergia a lo exterior: acaso porque de ahí provenían, ya se ha dicho, las mayores incitaciones a cambiar.

Con una u otra intensidad, con unos u otros matices, esas características, que otorgan cierta unidad a un modo de entender la política económica, harán más inteligible el examen que ahora comienza de las sucesivas etapas de la economía española durante el franquismo, partiendo de sus hoscos inicios.

El «primer franquismo», 1939-1950

La dureza de la posguerra

Todo el decenio de 1940 puede considerarse, con las reservas antes apuntadas, como la primera amplia etapa diferenciada del franquismo. Es cierto que durante la propia Guerra Civil y, sobre todo, a partir de 1938, ya se comienzan a fijar las bases normativas e institucionales de la política económica más característica que se practicará después, desde el bloqueo de las transferencias de capital al extranjero hasta la creación del Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes, y desde la intervención en el sector triguero a las limitaciones a la libertad de industria. Pero conviene arrancar de 1940 para evitar, sobre todo en lo concerniente al ritmo de la actividad económica, las distorsiones debidas al conflicto bélico interno.

Por lo que respecta al punto terminal, se ha optado por incluir dentro del balance de esta primera etapa también a 1950, aunque cabe llamar la atención sobre el hecho de que dicho año —en el que coinciden, y no casualmente, las primeras concesiones de créditos privados y públicos estadounidenses, el estallido de la guerra de Corea, el fin del bloqueo diplomático acordado en 1946 y la incorporación de España a la FAO— tiene un marcado carácter de empalme con las circunstancias que predominarán en la siguiente etapa; la que se abre convencionalmente con el cambio de gobierno de julio de 1951 y las primeras medidas entonces adoptadas de suavización de los controles intervencionistas.

Delimitadas las fronteras temporales de lo que aquí se entiende por primer franquismo, hay que decir de inmediato que, en la trayectoria de la economía española del siglo XX, ese periodo no es punto de arranque sino, más propiamente, final de partida: de la trágica partida que España ha jugado en los años precedentes, los de la Guerra Civil. No se halla, dicho de otra forma, en el decenio de 1940 el inicio de la expansión económica que ha acompañado al transcurrir de la segunda mitad de la centuria; en él se encuentra, más bien, la prolongación de la situación de extraordinaria penuria que en algunas zonas del territorio español se ha vivido durante la contienda bélica, así como la continuidad de objetivos e instrumentos de política económica propios de una economía de guerra. De lo primero dice mucho el retroceso del consumo privado —el de carne fue dramático: en 1950 el consumo por habitante había descendido a la mitad del nivel alcanzado veinte años antes— y el que hasta 1945 el índice de inversión se sitúe por debajo de los niveles de los años treinta. De lo segundo, esto es, de la continuación de metas y resortes propios de un clima de beligerancia armada, es bien expresivo el mantenimiento durante todo el periodo ahora considerado de las cartillas de racionamiento, de decenas y decenas de organismos e instancias de intervención administrativa instauradas durante los años de guerra y, lo que no es desde luego menor, la militarización de la mayor parte de las empresas públicas si se atiende tanto a la profesión de sus máximos responsables cuanto a la disciplina laboral impuesta. El decorado lo completarán las restricciones eléctricas, que no se suspenderán hasta bien entrados los años cincuenta, reproduciendo en las ciudades el ambiente de tristes jornadas de guerra.

Todo lo cual no hace, desde el plano económico, sino refrendar lo observable desde otras atalayas: los años cuarenta son también años de cruel represión y de enfrentamiento civil —silenciado, amordazado— de una sociedad profundamente dividida; y son años en los que el país vive un clima de aislamiento diplomático y de relaciones culturales con el exterior que poco o nada puede contribuir a recobrar una situación de normalidad, facilitando las tareas de reconstrucción.

Ese marco ayuda a entender actuaciones y resultados. En las páginas que siguen se comenzará, en efecto, por aludir a las primeras, subrayando las características y perdurabilidad del intervencionismo económico entonces practicado, para pasar, más tarde, a glosar los principales indicadores y datos que resumen la significación del primer franquismo en la trayectoria de la economía española del novecientos.

Tres ingredientes básicos contiene la política económica o, mejor aún, el clima económico durante el franquismo de los años cuarenta. El primero es el intervencionismo; el segundo, la autarquía, esto es, la pretensión de lograr el autoabastecimiento del mercado nacional con la propia producción interior del país; el tercero, las tensiones inflacionistas. Cada uno merece algunos párrafos.

El intervencionismo se nutre, a su vez, de varias fuentes. Por lo pronto, de la formación, experiencia y mentalidad militar de Franco y de buena parte de quienes van a dirigir la política económica, las empresas públicas y las instancias de control. También de toda suerte de influencias doctrinales y sociales que han encontrado en la España del primer tercio del siglo ambiente propicio, como ya se ha dejado dicho. Y por paradójico que pueda parecer, de las pobres arcas de una Hacienda que sufre la caída de la renta de aduanas, al compás de la del comercio exterior, la inexistencia de un impuesto personal sobre la renta digno de tal nombre y un fraude generalizado en la contribución territorial: como la corta palanca del gasto apenas permite influir en los comportamientos de los agentes económicos, la tentación de hacerlo a través de resortes administrativos que controlen cantidad, precio y destino de lo producido deviene irresistible. La historia es pródiga en ejemplos llamativos al respecto, y el que ofrece la quebrantada España de la larga posguerra civil no se queda a la zaga.

Por todo ello, al intervencionismo de la época ahora contemplada le cuadra bien la calificación de «tradicionalizante», tanto por lo que representa de consumación de tendencias anteriores en la trayectoria de la política económica de la España contemporánea, como por lo que tiene de rudimentario y tosco: una suerte de «patriarcalismo económico», como se ha escrito en alguna ocasión. Poco original en cuanto a los instrumentos utilizados, su cobertura doctrinal, entre la hojarasca de una retórica hueca, no evidencia sino un sincretismo precipitado, amalgama de ocasión de diversas influencias que van desde el amasijo regeneracionista y el conservadurismo maurista, hasta el nacionalismo y el corporativismo económicos de entreguerras. De ahí que sea acertado ver en el exceso con que se predica y aplica, más que en las bases legales y en los componentes ideológicos, su elemento distintivo. Carr supo captarlo bien: el «rasgo exclusivo» de la economía española en esos años «no consistía en el racionamiento de los artículos que escaseaban, ni en el control de precios, sino en la torpeza del aparato que administraba los controles y en el hecho de considerar el dirigismo y la autarquía, no como expediente temporal, sino como política correcta y permanente para “un Estado imperial militar”».

Porque entonces, efectivamente, autarquía se llegó a escribir con mayúscula en disposiciones oficiales y artículos con ínfulas doctrinales, como se encargará de recordar Estapé. He aquí el segundo de los ingredientes mencionados. Autarquía que es deseada política de sustitución de importaciones, una pieza del Estado totalitario, pero que es, al tiempo, expresión del hermetismo hacia el exterior que define al franquismo. Las compuertas de las relaciones con el exterior —comerciales en primer término, pero también financieras y tecnológicas, además de las que conciernen a las corrientes migratorias— se ciegan en esos años. Particularmente en lo referente a los intercambios de mercancías con el exterior, la marcha atrás respecto a todo el primer tercio del siglo se mantendrá durante el decenio de los cuarenta.

¿En qué medida el aislamiento a que se vio sometido el régimen franquista acentuó esa ya veterana tendencia autarquizante en la economía española? ¿Acaso no propició el encastillamiento del régimen en sus reductos más impermeables, más involucionistas, en lo político como en lo económico? La cuestión, aun siendo capital, no tiene, en lo económico, respuesta concluyente. Pero no deja de ser cierto que la autarquía perseguida durante el franquismo de los años cuarenta tuvo algo «de hacer de la necesidad, virtud», como ha apuntado Serrano Sanz; no dejando de provocar inquietud, por consiguiente, los efectos adversos —tal vez en la dirección contraria a la prevista— que sobre la política económica del régimen acabó teniendo el alejamiento de los países occidentales.

Como fuere, la suma de intervencionismo ordenancista y de afanes autárquicos dejará notorias secuelas, que pueden compendiarse en dos series de hechos. Por un lado, la existencia y amplitud del «mercado negro» —la otra cara del racionamiento en cualquiera de sus facetas— y de una extensa gama de soluciones evasivas de la prolija reglamentación: «toda la economía se había adaptado a un sistema de subterfugios», ha escrito con razón Herr. Por otro lado, el auge de prácticas monopolistas y la generación de rentas a favor de las empresas y grupos de presión con ventajosas posiciones previamente adquiridas y a favor de quienes, en el marco de esa intervención tan drástica como quebrantable, acceden al tráfico, lícito o no, de divisas y de licencias de importación, de cupos y de cualesquiera otras instancias ideadas para «sortear la penuria», diciéndolo con Nadal y Fontana. Las previsibles consecuencias, con otros términos, de todo «régimen de expediente», y máxime cuando alcanza el apogeo que conoció el español en esa época.

Y aunque en tal situación la miseria y la corrupción proliferen como cultivos espontáneos, los efectos más negativos a largo plazo de esa economía cerrada con reglamentación administrativa total gravitarán en una doble dirección. La inflexibilidad ordenancista, por una parte, actuará como drástico factor limitativo de la gestión empresarial y de potencialidades de expansión del sistema productivo: el miedo a la libertad, también en el ámbito de la economía, bloquea las capacidades emprendedoras. Por otra parte, introduce o agranda malformaciones en el comportamiento de los agentes sociales y, en particular, del sector público: la intervención extrema y el aislamiento exterior, con toda su larga serie de secuelas, no sólo perturban, en efecto, la racionalidad económica de las funciones empresariales, cuando los «negocios» y las prácticas especulativas y fraudulentas dan el tono de la situación; generan, en otro sentido, actuaciones desviadas y deformantes de la Administración, luego difícilmente corregibles y eliminables.

Junto a todo ello, el tercer ingrediente del momento histórico ahora contemplado es igualmente perturbador de la racionalidad económica: la inflación, que enmarca y condiciona la coyuntura económica de toda la década. Tres brotes inflacionistas de creciente intensidad se suceden: en los años de la inmediata posguerra, de 1941 a 1943, cuando el índice de precios al por mayor aumentó a una tasa media anual acumulativa del 13 por 100; en el trienio 1945-1947, años de malas cosechas y permisividad de la política monetaria, en que lo hizo al 16 por 100; y en el bienio 1950-1951, con un crecimiento del 23 por 100 anual.

Asentada en la escasez de muchos productos, la desbocada marcha de los precios es favorecida —a modo, si se quiere, de factor de propagación— por los peculiares dispositivos de financiación industrial en la España de la posguerra: el recurso presupuestario directo o a través de la cuenta del Tesoro en el Banco de España, cuando el Estado se erigía en empresario con altos costes iniciales, y el relajo fiduciario, contrapartida del compromiso de la banca española en la promoción industrial del país. Como bien explicara Sardá, la apertura casi ilimitada del crédito del Banco de España a la banca privada, mediante la pignoración automática de los fondos públicos, unido al mantenimiento del statu quo bancario —bendecido por la Ley de ordenación bancaria de 1946, reglamentista y reguladora por exceso— creó unas condiciones muy favorables para el desarrollo de los bancos, que dispusieron en este periodo de medios financieros abundantes para penetrar y dominar la mayoría de las grandes empresas españolas. La pignoración desempeñó de este modo un papel clave en la simbiosis de la industria con la banca, pero también en el descontrol de la política monetaria —si es que puede hablarse de tal en este periodo—, en particular cuando más necesario era domeñar las tensiones inflacionistas con detracciones de liquidez.

Quedan así pergeñados los tres componentes fundamentales de la política económica del franquismo durante el decenio de 1940: voraz intervencionismo, declaradas ambiciones autárquicas y recurso a la financiación inflacionista para abordar proyectos industriales. Justo el trípode sobre el que se va a levantar la que será la realización económica más emblemática del régimen franquista en sus primeros largos compases: el Instituto Nacional de Industria (INI), creado en 1941, expresión desde luego mucho más acabada de los designios de la política económica del periodo que las leyes industriales de fomento que se promulgan en la segunda mitad de 1939, las cuales entroncan, sin excesivas variantes, con las disposiciones de ese corte dictadas en épocas anteriores, en concreto con la Ley de 1917 a la que se ha aludido en el lugar correspondiente.

La propia norma fundacional del INI es bien elocuente al respecto, al insistir en un triple argumento justificativo de la «acción directa» del Estado en el dominio de la iniciativa empresarial, preferentemente industrial. Por un lado, la necesidad, que se considera imperiosa e inaplazable, de impulsar la industrialización como base de un desarrollo económico independiente, y también, de paso, como medio de atender las necesidades de la defensa nacional. Por otro, la incapacidad —que se da por demostrada— del sector privado en el pasado para emprender y liderar aquel proceso. Por último, la insuficiencia, que se considera igualmente manifiesta, de instituciones de crédito adecuadas —de ahí la primigenia vocación bancaria del INI— para financiar los programas de industrialización, dada la pequeñez del mercado de valores, puede añadirse, y la todavía entonces extrema modestia del crédito oficial, junto con la extendida práctica de la financiación de proyectos empresariales a través de la sistemática renovación de créditos a menos de noventa días que la banca mixta ofrecía.

Juan Antonio Suanzes es el auténtico impulsor y sostenedor del proyecto originario del INI, largamente acariciado por él a partir de la experiencia de los planes y comisiones de «movilización industrial», realizados por los ingenieros militares españoles durante la Primera Guerra Mundial para galvanizar todas las capacidades productivas nacionales en el marco del conflicto bélico, según ha demostrado San Román. Él es el que da forma al holding de empresas públicas que se introducirá en un amplio número de sectores industriales, en particular aquellos que por entonces se llamaban «de cabecera», con el propósito más inmediato de contribuir a la sustitución de importaciones. Sectores caracterizados, en general, por la fuerte competencia internacional a que estaban sometidas sus producciones, sus altos gastos de primer establecimiento, la larga maduración de sus inversiones y, en fin, la baja rentabilidad económica de sus empresas.

Escasa rentabilidad que obedeció, además, en estos primeros años, a la poca atención que mereció este criterio en las directrices del Instituto: para Suanzes, ingeniero militar él mismo —ya se ha dejado anotado—, como para los altos mandos del Ejército que se incorporan al consejo de administración de aquél y a la dirección de las empresas creadas, la atención preferente se fija antes en el carácter más o menos estratégico o básico del proyecto ideado y en las posibilidades técnicas de realizarlo; antes en esos dos elementos que en su viabilidad económica. Intentar producir, dicho con términos equivalentes, lo que se considere preciso para los «altos intereses nacionales» y técnicamente sea posible con independencia de los costes y, por supuesto, del coste de oportunidad —al existir destinos alternativos de los recursos correspondientes—, muchas veces despreciado. Sólo así se entiende que pudieran abordarse proyectos tan descabellados como el que anima el primigenio de Encaso (Empresa Nacional Calvo Sotelo, nombre social que tampoco debe pasar desapercibido) en 1942: obtener petróleo a partir de las pizarras bituminosas.

Aunque no todo, es verdad, tuvo ese cariz. Los esfuerzos industrializadores del INI durante los años cuarenta, esto es, cuando el patrón de la autarquía no es discutido —si bien para el Instituto tal vez el ideal autarquizante se prolongue hasta el mismo momento en que Suanzes es relevado de su presidencia en 1963—, son muy señalados: partiendo de cero, al terminar ese decenio, el de 1940, se ha convertido en el fabricante único de vehículos industriales y de turismo, y mayoritario de fertilizantes nitrogenados y de aluminio, alcanzando porcentajes apreciables, consolidados en la década siguiente, en el refino de petróleo —rectificada la entelequia de Encaso y constituida Repesa— y en la elaboración de fibras artificiales.

En cualquier caso, las propias realizaciones del INI, y no sólo su planteamiento a la hora de su creación, reflejan cuanto se ha venido apuntando respecto de las limitaciones de que adolece la orientación de la economía española durante los años aquí estudiados. La autarquía, por un lado, empujó al país a una sustitución de importaciones más allá de sus posibilidades tecnológicas, y condujo al Estado, en palabras muy del gusto de Suanzes, a un «papel director» en el proceso de industrialización, lo que pudo estar justificado por la astenia del sector privado, pero no sin reparar en costes. Junto a esto —aunque en absoluto ajeno a ello—, el intervencionismo, igualmente exacerbado, esterilizó muchas iniciativas de inversión privada. En fin, el cambio de la peseta, irreal y sobrevaluado, constituyó una barrera constante al estímulo de las exportaciones, que, pese a los postulados autarquizantes, seguían siendo en esos años —más aún, si cabe, dada la oclusión de otras vías— fuente básica de divisas para comprar en mercados foráneos productos imprescindibles para el sostenimiento de la propia actividad fabril nacional.

Y bien, ¿cuáles son los resultados globales que todo ello arroja, tanto desde la perspectiva de los indicadores más generales como desde una óptica sectorial agregada?

No hay margen, en este punto, para la ambigüedad. Parafraseando una expresión de Carreras que ha hecho fortuna —los años cuarenta como «la noche de la industrialización española»—, la metáfora de la oscuridad puede extenderse al conjunto de la economía, cuyo balance en esta década, en términos generales, es nítidamente negativo. El significado último, en cuanto a ritmos de crecimiento, que ofrece esta etapa económica del franquismo tiene, en consonancia con lo ya expuesto, una doble dimensión. Supone, por un lado, el final del proceso de crecimiento moderado, pero mantenido, que se prolonga en España durante el primer tercio del novecientos, acompañado de ciertos cambios demográficos, productivos y estructurales. Implica, por otro, el ensanchamiento de la brecha que separa la trayectoria de España respecto de la de otros países europeos y, de un modo muy singular, de la de Italia. Por decirlo en los mismos términos que Carreras, el autor antes citado, «el periodo 1935-1950 resulta ser el único que puede explicar satisfactoriamente el atraso industrial de España», al menos en el curso del siglo XX.

Se dispone ya de un repertorio numérico lo bastante aquilatado y de los suficientes estudios comparativos internacionales como para confirmar el signo adverso que el decenio de 1940 tiene en la historia económica contemporánea de España. Los datos impresionan: si la renta per cápita española de 1940 —sometida a cánones internacionales, según su paridad de poder de compra— había caído en un 20 por 100 respecto de la registrada en 1930, apenas si progresa hasta 1950; como resultado, la renta por habitante española, sólo un 10 por 100 menor que la italiana en 1930, es, dos décadas después, en 1950, ¡casi un 40 por 100 inferior! Se ha podido decir por eso, y con justificado énfasis, que, en los últimos ciento cincuenta años, los decenios de 1930 y 1940 constituyen en España «la única fase en que se produjo un retroceso de los niveles de bienestar de la población a largo plazo» (Prados de la Escosura). Aunque los daños causados por la contienda civil en la agricultura y en el equipo industrial, tan aireados por la propaganda del régimen, fueron limitados, ya se vió, y, en todo caso, menores que los sufridos por los países beligerantes europeos durante la conflagración mundial, la recuperación de los niveles productivos prebélicos en ambos sectores, y en el conjunto de la economía, se pospuso mucho más en España. Aquí, tanto la primera como la segunda mitad del decenio de 1940 ofrecen resultados muy pobres.

Las columnas del cuadro 4 son bien elocuentes de la cruda especificidad del caso español en la inmediata posguerra. Merece ser retenido, en concreto, el punto de comparación que aportan los otros países mediterráneos: mientras Italia y Grecia duplican o casi duplican sus respectivos índices de producción industrial entre 1946 y 1950 (Italia lo multiplica por 1,7 y Grecia por 2), España apenas consigue multiplicarlo por 1,1, la cifra más reducida entre los diez países comparados.

En el plano industrial el estancamiento fue completo, hasta merecer el calificativo de «depresión»: el máximo productivo de preguerra (1930) no es recuperado, en términos per cápita, hasta 1952. De 1941 a 1945 la tasa media anual acumulativa de crecimiento del índice de producción industrial per cápita en España es insignificante (0,6 por 100). Y en la segunda mitad del decenio de 1940, cuando el cierre de la frontera francesa, en marzo de 1946, y el boicot diplomático recomendado por la ONU, meses más tarde, refuercen las pretensiones aislacionistas de la política económica del régimen de Franco, aquella misma tasa, aun siendo positiva, contrastará, por ínfima, con la de los demás países europeos.

Cuadro 4. Índices de producción industrial en algunos países europeos, 1946-1950

Alemania

1946: 63

1950: 114

1950/1946 (%): 1,8

Austria

1946: 92

1950: 145

1950/1946 (%): 1,6

Bélgica

1946: 73

1950: 102

1950/1946 (%): 1,4

España

1946: 102

1950: 111

1950/1946 (%): 1,1

Francia

1946: 76

1950: 111

1950/1946 (%): 1,5

Grecia

1946: 62

1950: 127

1950/1946 (%): 2,0

Holanda

1946: 77

1950: 144

1950/1946 (%): 1,9

Italia

1946: 66

1950: 115

1950/1946 (%): 1,7

Reino Unido

1946: 100

1950: 131

1950/1946 (%): 1,3

Suecia

1946: 137

1950: 162

1950/1946 (%): 1,2

Nota: Base 100 en 1937, salvo España (1935 = 100).

Fuentes: Para España e Italia se siguen las series homogeneizadas (ipie 70) de A. Carreras (1992), «La producción industrial en el muy largo plazo: una comparación entre España e Italia de 1861 a 1980», en L. Prados de la Escosura y V. Zamagni (eds.), El desarrollo económico en la Europa del Sur: España e Italia en perspectiva histórica, Alianza, Madrid. Para el resto de los países europeos, B. R. Mitchell (1978), European historical statistics, 1750-1970, MacMillan.

Cabe plantearse, en concreto, el coste industrial del primer franquismo, esto es, de la política que contribuye a retrasar el engarce de España con la prosperidad occidental. Carreras, desde la perspectiva del sector industrial, lo ha tratado de medir en términos de producto «perdido», comparando los índices de producción industrial de España e Italia entre 1947, cuando ya no puede hablarse, al menos en la Europa democrática, de economía de guerra, y comienza una fase de auge productivo alentada por el Plan Marshall, y 1974, en que la crisis quiebra las tendencias anteriores en ambos países. Este ejercicio tentativo, con algún retoque en las series, es el que se ha plasmado en el gráfico 7. Y lo que ahí se pone de manifiesto es que hay un desfase, en perjuicio de España, de un 25 por 100 entre las series homogéneas (ambas con base 100 en 1947) de producción industrial per cápita de España e Italia. Es curioso, sin embargo, que la tasa media anual acumulativa de crecimiento del producto industrial en ambos países resulte ser prácticamente idéntica para el periodo considerado, en torno del 7 por 100, de modo que hacia 1974-1975 sus índices respectivos vuelven a encontrarse alrededor del valor 600.

Gráfico 7. Índices de producción industrial per cápita, España e Italia, 1934-1980
(base 100 en 1947)

Fuente: Elaborado con las series de A. Carreras (1992), op. cit.

La desventaja española radica, pues, en haber comenzado a crecer más tarde, y con menos bríos iniciales. Adviértase cómo una producción industrial inferior en un 25 por 100 en un periodo de veintisiete años viene a equivaler, en términos temporales, a un retraso medio de unos siete años, retraso que, sin duda, se fraguó en los primeros ejercicios de esta trayectoria comparada. Si se lee el gráfico en horizontal, en términos de «años perdidos», en vez de en vertical, en términos de «producto perdido», habrá que concluir que el coste industrial y, por extensión, económico del franquismo es, ante todo, un coste imputable al primer franquismo y a la política que continuó hasta entrados los cincuenta. De hecho, la diferencia acumulada en esos primeros años sólo pudo enjugarse en dos décadas, y con una sustancial pérdida, como se ha comprobado, del producto industrial obtenido en este largo periodo.

En resumen: influido por condicionantes internos y externos, el régimen franquista, guiado por el procedimiento de prueba y error que tan sabiamente supo practicar su epónimo para mantenerse en el poder, tardó toda una década, la del primer franquismo, en hallar la senda provechosa de la liberalización económica, llevándole otra, luego se verá, el dejarla definitivamente transitable. Como fuere, el estancamiento industrial de los años cuarenta devolvió a la agricultura y, en general, al mundo rural, con más trabajadores activos en el sector agrario español en 1950 que antes de estallar la Primera Guerra Mundial, ¡cuesta creerlo!, un protagonismo económico que había ido en declive desde comienzos de siglo. En el gráfico 1 ya se mostró, en una perspectiva secular, el desglose sectorial de la población activa española, pudiéndose apreciar el corte en las tendencias previas que causó la Guerra Civil y que se prolongó en la década siguiente.

A su vez, la evolución de la agricultura española en la década de los cuarenta no fue ajena ni a la del sector industrial ni a los condicionamientos de la política económica. La crisis agraria en estos años no fue una crisis de transformación, es decir, una fase de cambio profundo en el tránsito hacia la modernización económica, sino todo lo contrario: una auténtica contramarcha en el tímido proceso de crecimiento de la agricultura durante el primer tercio del siglo XX. Y las causas de ir hacia atrás no hay que buscarlas en los destrozos de la Guerra Civil, que no fueron catastróficos, sino, más bien, en las carencias que imponía el aislamiento y en la propia política agraria.

Pues, como sucediera con la industria, también para la agricultura la peor consecuencia de la Guerra Civil fueron los largos años que vinieron inmediatamente después. La política agraria, y la de redes y canales de comercialización —con el Servicio Nacional del Trigo y la Comisaría de Abastecimientos y Transportes como estandartes—, anclada en simplistas dictados autárquicos e intervencionistas, al tiempo que dio alas a transacciones que escapaban a la legalidad, no pudo evitar muy generalizadas situaciones de hambre y subconsumo —«el pan negro y escaso»—, y tampoco eliminar, paradójicamente, una dependencia muy alta del exterior en el abastecimiento de productos agrarios. Algún detalle será expresivo.

Si las superficies cultivadas de importantes productos agrarios —trigo, cebada, vid, patatas, remolacha— disminuyeron en relación con los niveles de preguerra, más lo hicieron aún las cosechas, con el consiguiente menoscabo de los rendimientos, inferiores, en el común de los casos, a los alcanzados en el periodo republicano. Como consecuencia, los niveles de consumo alimenticio también descendieron en proporciones difíciles de determinar, dado el ocultamiento característico de esos años. Por otro lado, el reflujo antes apuntado de la población hacia el campo y las actividades agrarias invita a pensar que la productividad del trabajo cayó en mayor medida aún que los rendimientos físicos. La comparación con Italia en este punto es igualmente significativa: en la agricultura italiana, los rendimientos, aunque caen en su inmediata posguerra (1944-1949), como lo habían hecho en España (1940-1944), se recuperan con gran dinamismo en la década siguiente (19501959), hasta rebasar, sin excepción alguna en los principales cultivos, y con gran amplitud en muchos casos, las cifras medias de preguerra (1929-1939); en España, sin embargo, la recuperación es mucho más lenta, y sólo en el cuarto lustro subsiguiente a la Guerra Civil (entre 1955 y 1959, periodo en el que, además, las estadísticas agrarias ofrecen mucha más fiabilidad que antes) algunos rendimientos, que no todos, recuperan los niveles de preguerra (1931-1935, en este caso).

El otro fruto espurio de la política agraria española de la época —ya se ha dicho— fue el «mercado negro», respuesta de agricultores y consumidores al inflexible sistema de intervención impuesto, basado en unos precios de tasa claramente inferiores a los de equilibrio. Las cantidades comercializadas en el mercado negro del trigo superaron, hasta casi finales de los cuarenta, las del mercado oficial, y algo parecido sucedió con el aceite; y los precios del mercado clandestino o no autorizado duplicaron y hasta triplicaron los oficiales de tasa, sin contar el deterioro de la calidad de los productos estraperlados.

Ese mercado paralelo al oficial, con el «estraperlo» —un término que procedía del nombre que se dio en 1935 a cierto juego fraudulento de azar— como ingrediente cotidiano de la vida de las ciudades y pueblos de toda España, fue unido, además, incluso por encima de lo que requería el delito —la comercialización al margen de los circuitos autorizados—, a la defraudación fiscal. De acuerdo con Barciela, lo recaudado por Hacienda en la década de 1940 apenas si alcanzó, por muy generosos que sean los cálculos, la tercera parte de lo debido. Algo que, obviamente, no contribuyó a mejorar la insuficiencia presupuestaria del Estado, crónica desde mucho antes, pero sobre todo aguda, entre otras por estas razones, en la posguerra civil.

Es, en suma, en los años cuarenta, final agónico en más de un sentido de la Guerra Civil, donde se encuentra el pasaje más tortuoso de la economía española contemporánea, y donde, a la vez, se han de contabilizar los costes sociales más altos. La suma de la represión y de la lucha por la supervivencia acalló la protesta, ha escrito Carr. Rígida disciplina laboral y drástica fijación de salarios en una situación que registra simultáneamente fuertes alzas en los precios: «la inflación incontrolada combinada con los salarios controlados». Preston lo ha sabido resumir: el estancamiento de los años cuarenta fue el «precio económico» del mantenimiento de Franco en el poder, es decir, de lo que aquí se ha llamado primer franquismo. Corte de tendencias modernizadoras, estancamiento y ampliación de las diferencias en los niveles de prosperidad con relación a las economías occidentales en cuanto éstas completaron su reconstrucción posbélica.

El «decenio bisagra», 1951-1959

El zigzagueante final de la autarquía económica

Quizá porque las cosas no podían ir a peor mucho más, comenzaron a mejorar: desde el comienzo de los años cincuenta eso fue perceptible. Las tensiones de todo tipo que el primer franquismo consigue represar hasta el umbral mismo de esa década, empiezan a encontrar resquicios para expresarse; vías de escape más o menos entrecortadas, más o menos estrechas, pero atenuadoras, aliviadoras de la situación precedente, donde todo, la iniciativa empresarial y la potencialidad de crecimiento económico, parecía como coagulado, como maniatado. Es cierto que en toda Europa, superada la fase de reconstrucción, propiamente dicha, de posguerra —segunda mitad de los años cuarenta—, se entra en otra cuyo apretado paso corresponde en parte a los desarrollos aplazados por las dos grandes conflagraciones bélicas de la primera mitad del siglo. Pero ello no le resta significación al cambio de escenario que en España se despliega desde temprana hora en los años cincuenta. De modo que al cuadro hasta entonces dominado por la penuria, el aislamiento y un intervencionismo extremo, le va a suceder otro en el que van a ir prevaleciendo mejoras en la producción y en el consumo, en los intercambios comerciales con el exterior y en la relajación de las instancias interventoras. No será un cambio súbito ni fácil, pero será.

Por muchos conceptos, el de los años cincuenta puede ser considerado como el «decenio bisagra» entre el estancamiento del primer franquismo y el conjunto de sobresalientes impulsos y cambios que la economía española registrará en los últimos tres lustros del régimen, a partir de 1960.

Son años, dicho con otros términos, de un rebullir intenso en muchos planos de la sociedad española, también en el económico; en la creación literaria y en los movimientos artísticos, en las aulas universitarias y en los foros empresariales. Son años, con todos los matices que se quiera, en que lo de dentro comienza a tener equivalencias claras con lo que se hace fuera de las fronteras españolas, a diferencia de la situación precedente. Las referencias cinematográficas, a veces tan representativas, pueden ahorrar muchas líneas: Surcos —esa estupenda historia de emigrantes andaluces al Madrid todavía de las cartillas de racionamiento, dirigida con nervio creativo y escasos medios por Nieves Conde a comienzo de los años cincuenta— se adelanta casi un lustro a Rocco y sus hermanos —emigrantes napolitanos buscando trabajo en Milán, bajo la refinada mirada viscontiniana—, y Muerte de un ciclista (Bardem) o Los golfos (Saura) están en línea con buena parte de las películas que en la segunda mitad del decenio marcan el tono en la entonces pujante cinematografía italiana. Y eso es precisamente lo que no puede decirse de la época anterior, cuando aquí se hacía Raza mientras que allí se gestaba Roma, città aperta o Ladrón de bicicletas, por ejemplo.

Sin duda, vuélvase a decir, en los países europeos occidentales los «plateados» cincuenta también tienen un carácter de transición entre las penalidades de posguerra y los «dorados» sesenta, con crecimiento importante de la producción y el empleo, gradual recuperación de las balanzas de pagos, paulatina acumulación de divisas y pasos decididos en la liberalización comercial y cambiaria, avanzando por la senda que desde el propio Plan Marshall se ha definido sin ambigüedad. Pero aunque en ese marco el discurrir de la economía española sea menos ágil y se sitúe entonces en los márgenes de la compartida historia continental, no es sustancialmente distinto ni menos rápido. Esto es lo que interesa subrayar.

Una doble aproximación facilita entenderlo así: por un lado, el ritmo de crecimiento; por otro, el cambio en la orientación de la política económica, cambio que acabará siendo, en la desembocadura del decenio, tan «profundo» como «larga y costosamente trabajado», en expresión repetida de Fuentes Quintana.

En cuanto al proceso expansivo, ya se dejó anotado antes cómo entre 1951 y 1959 el ritmo de crecimiento de la renta por habitante, en términos reales, se multiplica casi por diez, al comparar la tasa media interanual con la del decenio previo. Y todos los demás indicadores son coincidentes. El índice de la producción industrial arroja una tasa de crecimiento del 6,6 por 100 para 1951-1955 sobre la media de 1946-1950, y otra de nada menos que del 7,4 por 100 para 1956-1960 sobre la media del quinquenio 1951-1955, no obstante el elevado nivel ya alcanzado en éste, y a pesar de que en 1959 y 1960, como consecuencia de las medidas estabilizadoras, dicho indicador esté prácticamente inmovilizado en el valor alcanzado al final de 1958: de hecho, la producción industrial de este año prácticamente dobla la de 1950.

Con todo, lo que más importa reseñar es que, a diferencia de lo que ha ocurrido durante los años de reconstrucción de la posguerra mundial, ahora, en el decenio de 1950, España sigue de manera muy uniforme la pauta de otros países europeos, muy particularmente los del sur de Europa. La comparación de los respectivos índices de producción industrial es bien elocuente: de 1950 a 1958 —para dejar fuera de nuevo 1959, cuya segunda parte es de severa estabilización en España— el indicador español se multiplica por 1,9, el de Italia por 1,8 y el de Grecia por 2,1; formando todos ellos un bloque llamativamente homogéneo, a la cabeza, junto con las dos Alemanias, del crecimiento industrial europeo durante esos años, a distancia de Francia (multiplica el valor de su índice por 1,6) y lejos del Reino Unido y de Bélgica (que lo multiplican tan sólo por 1,2).

Atención, pues, al comportamiento similar de estos tres países mediterráneos. En ellos, por encima de diferencias institucionales, ya se apunta en los años cincuenta el papel estelar que en su más reciente desarrollo, tardío pero intenso, desempeña el conjunto de las relaciones exteriores: transacciones comerciales, remesas de emigrantes, flujos de capital y divisas por turismo. Si para otras fases de la industrialización el examen comparado de España con los países del sur de Europa es pertinente —lo que no implica de modo necesario un único «modelo latino» de desarrollo—, para esta segunda etapa del franquismo tiene especial interés, ya que pone de manifiesto la marcadísima sensibilidad de la economía española a los estímulos que provienen del exterior y su vocación mediterránea en el concierto de la industrialización europea, dada la similitud de las tasas de expansión y de sus principales factores determinantes.

Esa acentuada receptividad con respecto al mercado internacional es tanto más apreciable si se consideran dos hechos. Por un lado, que el grado de apertura de la economía española es en los años cincuenta notoriamente más reducido que el de Italia o Francia, por sólo citar dos ejemplos significativos. Por otro, que los pasos aperturistas de la política económica española durante este decenio, en la línea de aproximación a una liberalización de los intercambios y a una situación de pagos multilaterales, son siempre pasos cortos, repletos de temores y cautelas; de vacilaciones, en una palabra, incluso los que se dan en el verano de 1959 y meses posteriores. Lo cual no hace sino poner de manifiesto la capacidad de aprovechamiento de los reclamos exteriores por parte de la economía española, a pesar y por encima de barreras que recortan su potencial de crecimiento.

Conviene, por lo mismo, pasando a la segunda de las aproximaciones a la economía española de los años cincuenta, insistir en dos aspectos de esa política paulatinamente liberalizadora del decenio bisagra que dentro de la historia del franquismo —y no sólo desde la perspectiva económica— es el de 1950. El primero es el carácter de atenuación que tiene respecto a la rigidez anterior de la opción autárquica y de intervencionismo económico. Se ha dicho con relación a las medidas de 1959, pero es también atribuible a los pasos previos que se suceden desde 1951: la verdadera trascendencia de la política de liberalización económica de los cincuenta se debe —lo ha escrito Linde— «no a lo que se hizo, sino a lo que se dejó de hacer, no a los estímulos y al crecimiento que ella proporcionó, sino a los impedimentos y obstáculos que eliminó». Los impedimentos se derivaban de la falta de futuro de la política autárquica en una Europa que, presionada por Estados Unidos, apostaba por un sistema de relaciones internacionales basado en los principios de librecambio y no discriminación; y los obstáculos al desarrollo de las fuerzas productivas provenían principalmente de un generalizado intervencionismo, que tenía cada vez menos sentido cuando veía incluso condicionada la ayuda del Plan Marshall a la reducción de prácticas de ese género y del proteccionismo, en general. Es, pues, en el desbloqueo, en la liberación de posibilidades latentes de la economía española donde reside la afortunada clave, tan poco misteriosa como decisiva, de las medidas liberalizadoras del decenio de 1950: un compromiso, en definitiva, entre los deseos de industrialización y las exigencias de esta industrialización, por emplear una conocida fórmula, coloquial pero muy certera.

El segundo aspecto que interesa destacar de esa política liberalizadora es su despliegue en varios tiempos, aunque de forma más discontinua que articulada, más errática que armoniosa, resultado no de proyecto alguno a medio o largo plazo, sino de condicionamientos y circunstancias imprevistas. En otros términos: acabará dibujándose al final del decenio un cierto escalonamiento en la política económica liberalizadora, pero cada uno de los peldaños tiene una altura diferente y los rellanos separadores tienen también distinta extensión.

Cuando se habla, en consecuencia, de gradual alivio de algunos de los más graves estrangulamientos de la etapa anterior, no hay que pensar en una estrategia única, ejecutada en pasos sucesivos; más bien hay que ver en esa expresión el reflejo del dificultoso «abrirse camino» de las medidas liberalizadoras en una economía que sigue atenazada por los frenos y barreras que impone una todavía prevaleciente concepción autárquica e intervencionista de la política económica. Los sucesivos intentos de apertura económica en la España de los años cincuenta tendrán que enfrentarse, en definitiva, a las resistencias que oponen los sectores más inmovilistas del régimen franquista. Hasta el punto que la mantenida tensión entre medidas a favor y en contra de la liberalización, entre amagos aperturistas y reacciones involucionistas, acaba constituyendo uno de los rasgos más distintivos de toda la década. Un «forcejeo» —tomando ahora prestada una expresión de Ros Hombravella— que alcanza sus momentos cruciales en torno, el primero, del arranque mismo del decenio, el segundo hacia 1957 y el tercero en 1959, cuando se adoptan las medidas que, en su conjunto, consiguen un mayor enlace o ensamblaje de España con el mercado internacional.

Hay que apreciar ajustadamente la relevancia respectiva de los factores causales, el contenido y el alcance de cada uno de esos pasajes de la política económica del decenio de 1950. No debe subestimarse, por lo pronto, el primero de ellos, el que se sitúa en los compases iniciales de la década. Sin duda, las medidas de apertura económica exterior y de liberalización interior no son entonces especialmente llamativas, salvo el fin del racionamiento de alimentos; ni tienen, esto es evidente, el grado de firmeza y cohesión de las que se adoptarán en el tramo final del decenio. Pero la concurrencia de acontecimientos políticos y económicos, internacionales e interiores, en unas pocas fechas a partir mismo de 1950, configura una coyuntura con perfiles propios y cuya trascendencia no debiera infravalorarse.

Lo que ocurre allende las fronteras españolas es, en esta ocasión de modo muy especial, determinante de los cambios interiores. «Fueron los acontecimientos mundiales, y no la legislación de Franco, lo que provocó finalmente la entrada de España en el concierto de las naciones», ha afirmado con acierto Herr. Tanto en el escenario militar y político —agudización de la guerra fría, política de bloques y guerra de Corea—, como en el económico —avances en el proceso de cooperación y una fuerte expansión generalizada—, los sucesos exteriores son, en efecto, propicios. Lo son para asegurar la perdurabilidad del régimen franquista: es entonces cuando Franco forja su imagen de «centinela de Occidente»; lo son también para impulsar el crecimiento de la economía española, precisamente cuando al fracaso de la vía autárquica se añaden los primeros importantes movimientos huelguísticos y de protesta ciudadana desde la terminación de la Guerra Civil, en Barcelona, el País Vasco y Madrid, entre marzo y mayo de 1951. No es extraño que alguien bien situado para poder calibrar la importancia de todo ello, Martín Artajo, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores, anote en la primavera de ese año —lo ha recordado Tusell— que «el momento es bueno para abrir una nueva etapa».

Los dos hechos que mejor resumen y expresan la influencia conjunta de los factores mencionados y la apertura cierta, aunque tímida, de una página nueva en la historia del franquismo son, en julio de 1951, el cambio de gobierno, y, al comienzo del otoño de 1953, la firma de los acuerdos entre España y los Estados Unidos. El primero, tanto por alguna baja —Suanzes, que retendrá la presidencia del INI todavía durante trece años más—, como por algunas incorporaciones —Gómez de Llano, Cavestany y Arburúa, este último titular del Ministerio de Comercio, que entonces se desglosa, hecho significativo, del de Industria—, anticipa desde el momento en que se produce lo que no tardará en ponerse de manifiesto palmariamente: los medrosos primeros pasos de una rectificación de la política económica. Un viraje que pugna, repítase otra vez, tanto o más que por introducir criterios nuevos de gestión económica en el ámbito del sector público y en la empresa privada, por eliminar las trabas que entorpecen la actividad productiva en nombre de la protección y del intervencionismo.

Por su parte —segundo hecho seleccionado—, los acuerdos con los Estados Unidos los firma un régimen que hasta entonces había demostrado una «desconfianza casi alérgica hacia cualquier relación con el exterior»: lo dirá Navarro Rubio, un buen conocedor, hay que suponerlo, de la atmósfera que se respiraba puertas adentro en aquellos años. Pero implican, de hecho, el «primer paso» resuelto para romper la política de aislamiento prevaleciente desde 1939, sin desconocer las recomendaciones expresas que en esos mismos convenios se contienen a favor de la estabilidad monetaria y financiera y de la flexibilización de los controles del mercado interior y exterior.

Cabe discutir, desde luego, el detalle de la cuantía de la «ayuda americana» que en virtud de los Acuerdos de Madrid —una suerte de sucedáneo de Plan Marshall— recibe la economía española, pero no se podrá negar su oportunidad: «riega a España como el agua en tierra sedienta», escribió Sardá. Como tampoco su alcance para financiar importaciones de bienes de consumo, materias primas indispensables a la industria y bienes de inversión que van a permitir una parcial modernización de los equipos productivos. Y se podrá matizar la significación de los cambios personales y organizativos efectuados en la administración económica, pero no se puede ignorar el giro que poco a poco se da a partir de entonces al timón de la política económica española: señaladamente, en las relaciones comerciales exteriores, en la regulación del mercado interior y en el ámbito de una política agraria que desde la Guerra Civil se había reducido a casi mera política de suministros, en línea con la administración de intendencia propia del primer franquismo. No se debe rebajar, en suma, la importancia que todas esas circunstancias coincidentes tienen, de un lado, para mejorar las expectativas empresariales, al despejar incertidumbres, lo que se refleja en la recuperación de la inversión privada tras largos años de atonía; y, de otro lado, para dinamizar el proceso productivo interno a través de un aumento de las importaciones.

Como tampoco debe pasarse por alto la exteriorización de ciertas agudas contradicciones que todo ello genera. En particular, la recuperación de la demanda interna se traduce inevitablemente en mayores requerimientos de compras en el exterior, dada la fortísima propensión a importar de la economía española. Necesidades crecientes de importación que —repitiendo episodios análogos de tiempos atrás— se enfrentarán a la limitada capacidad de cobertura de unas exportaciones reducidas, poco diversificadas y que soportan el castigo de un tipo de cambio irreal de la peseta, que a su vez prima la importación y estimula la salida de capitales y el endeudamiento con el resto del mundo. Un efecto «autofágico» —por emplear una expresión ya consagrada en la literatura sobre la economía de esa época— se produce así de modo inexorable, estrangulando las posibilidades de continuidad del propio proceso de expansión que se ha iniciado poco antes.

No es sorprendente, por tanto, cuando la inflación repunte al término de un año y medio de relativa estabilidad, que a la altura de finales de 1953 se formule desde dentro del propio sistema una crítica, que no pasará inadvertida, de «la ineficacia del intervencionismo arbitrario imperante», cuestionándose abiertamente la virtualidad del modelo autárquico: la que hace Manuel de Torres bajo el título La coordinación de la política económica en España. No resultará casual, igualmente, que cada vez con mayor frecuencia, amplitud e intensidad tiendan a aflorar situaciones de conflicto, alcanzando especial notoriedad las que se suceden durante 1956: huelgas en Barcelona y el País Vasco, conflictos estudiantiles y manifestaciones de protesta de intelectuales y grupos de profesionales. Mayor conflictividad que no sólo responde a una relajación de ciertos controles represivos, sino también, cabe insistir, a que el propio proceso de crecimiento hace aflorar graves estrangulamientos inherentes al funcionamiento del sistema, multiplicando al tiempo los factores de disensión cultural y política, cuando una nueva generación de españoles, los nacidos a caballo entre los años veinte y los años treinta, comparece en la escena pública.

La propia situación interior, pues, neutralizado el impulso de partida, esterilizados en buena medida los efectos positivos de la concurrencia inicial de condiciones favorables y de un más correcto empleo de determinados instrumentos de la política económica, requería perentoriamente también, mediado el decenio, una nueva rectificación. Cuando la inflación, avivada por los demagógicos aumentos salariales decretados por Girón en 1956, alcance un punto crítico, dejando al descubierto la inoperancia y la tosquedad del intento de mantener «una estabilidad ficticia con toda suerte de controles y reglamentaciones directas», abandonados los instrumentos propios de la política monetaria y financiera; y cuando la proliferación de «cambios múltiples» o «diferenciales» al comercio exterior —ese «complicado artilugio, sin sentido coherente y, además, sujeto a continuas alteraciones», como lo caracterizó Sardá— agrave sobremanera el caos en el establecimiento de los costes de producción, la nueva ronda de medidas correctoras ya no podrá demorarse más.

Es el segundo episodio a retener del decenio de 1950: las primeras actuaciones del gobierno formado en febrero de 1957 —con Ullastres y Navarro Rubio en las carteras de Comercio y Hacienda—, coincidiendo con el brillante momento de intensificación de interdependencias económicas y de multiplicación de intercambios y esfuerzos integradores que los países occidentales viven entonces. Recuérdese que el Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea se firma en marzo de 1957, y a finales de 1958 se acuerda la convertibilidad de distintas divisas europeas —quedando, de momento, fuera la peseta—, decisión que en cierta forma representa la culminación del orden económico internacional de signo liberal auspiciado por Estados Unidos desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial.

«Pre-estabilización» es el término convenido para designar el conjunto inicial de medidas de la política económica del nuevo gobierno de Franco, orientadas a conseguir la estabilidad interna, la flexibilización de las regulaciones y la globalización del comercio exterior. Un paso hacia adelante, un nuevo peldaño que encuentra también así en la situación internacional su mejor aliado, su elemento precipitante. Máxime, ante las reticencias que desde dentro siguen manifestándose, comenzando por las expresadas obstinadamente por el propio Franco: no sin cierta sorna el ministro de Comercio sostendrá, por eso, que «la estabilización hay que hacerla en España desde el extranjero», lo que vendrá facilitado, sin duda, por la pertenencia de España al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE, germen de la OCDE) desde el mismo año 1958. Que deba esperarse hasta el verano de 1959 para que el ensayo general de 1957 y 1958 se convierta finalmente en un estreno exitoso, quizá pueda deberse a la timidez y moderación de lo entonces intentado; pero en el camino de la liberalización económica interior y exterior la suerte está ya echada, al compás de los movimientos de la economía internacional.

No se pretende con ello restar importancia al tercer y fundamental paso que ha de dar todavía la política económica española en los años cincuenta: el Plan de estabilización —o de estabilización y liberalización— económica de 1959, con ese primer paquete no poco espectacular de disposiciones decretadas entre el 17 de julio y el 5 de agosto. Con ellas se trata —en los términos textuales de Memorándum aprobado el 30 de junio y dirigido por el gobierno español al FMI y a la OECE— de «dar una nueva dirección a la política económica, a fin de alinear la economía española con la de los países del mundo occidental y liberarla de intervenciones heredadas del pasado que no se corresponden con las necesidades de la situación actual». Con tres ejes centrales de actuación, aunque no todos gozasen de igual firmeza.

Con el primero se planteaba conseguir la disciplina financiera imprescindible para afrontar un régimen de intercambios con el exterior más abierto y amplio, con disposiciones monetarias y presupuestarias de efectos muy inmediatos: subida de impuestos indirectos, recorte presupuestario, establecimiento de un «tope máximo» al crecimiento del crédito bancario, fijación de un depósito previo a las importaciones, eliminación de la pignoración automática de las nuevas emisiones de fondos públicos y flexibilización de los tipos de descuento e interés del Banco de España. El segundo eje se proponía alcanzar cierto grado de liberalización económica interior, avanzando en la línea de reformas dibujada ya en 1957 y 1958: es lo que persigue la eliminación de decenas de organismos interventores y la liberalización de algunos precios, básicamente. El tercer eje, en fin, era —y acabó siéndolo— el decisivo: las medidas de liberalización exterior. Entre ellas, deben destacarse la liberalización del comercio exterior, con reducción drástica del régimen bilateral; la unificación y devaluación —de casi un 50 por 100— del tipo de cambio de la peseta, modificándose su paridad; así como el nuevo tratamiento legal de las inversiones extranjeras, que, si bien establecía un «sistema de libertad condicionada», representaba un cambio radical respecto de la situación precedente.

Junto a otros factores, la tozudez de los hechos actuó como un poderoso corrosivo que ayudó a diluir las resistencias al cambio que ese vasto conjunto de disposiciones incorporaba. Y es que la realidad era insoslayable: la de una economía asomada «al borde del abismo» —la expresión es, una vez más, de Sardá—, en peligro de cortarse importaciones no prescindibles y suspendidos virtualmente los pagos exteriores por parte del Instituto Español de Moneda Extranjera, agotadas del todo las pocas reservas de divisas disponibles hasta entonces (pocas, ciertamente: ya en 1958, los doce millones de la cuota de entrada al FMI procedían de un crédito del Chase Manhattan Bank). Por eso, es el instinto de supervivencia y no ninguna facultad anticipativa lo que impone aceptar nuevas ideas aun a costa de la desnaturalización de los postulados originarios del régimen. Franco nunca entendió muy bien lo que estaba pasando. Su aturdimiento —lo ha recordado Preston— se hizo patente, a principios de 1959, cuando le inquirió al ministro de Hacienda «por qué debía cambiarse el tipo de cambio y así permitir que los norteamericanos pudieran comprar más con un dólar en España que los españoles en los Estados Unidos»; por eso, llegado el momento, el ministro prefirió mostrarle a Franco las consecuencias de su obstinado recelo: «Mi general, ¿qué pasará si después de volver a establecer la cartilla de racionamiento se nos hiela la naranja?».

Como fuere, es innegable la radicalidad de algunas decisiones entonces adoptadas en relación con lo habitual hasta ese momento; y lo es asimismo la complementariedad y el oportuno calendario —justo antes de la temporada turística, entre otras circunstancias— de las medidas adoptadas. Como no se puede negar tampoco la inmediata consecución de algunos de los objetivos propuestos: precios estables, cambio exterior de la peseta mantenido y saneamiento de la balanza de pagos, al combinarse la caída de las importaciones con el aumento de los ingresos por turismo y las primeras inversiones extranjeras. Todo ello, además, con muy escasa contestación social, no obstante la dureza de las medidas restrictivas o propiamente estabilizadoras; feble resistencia que se explica, en parte, por la falta de libertad, claro está, pero también por la conciencia muy generalizada de que la situación era insostenible. El resultado final, en suma, fue un giro de casi 180 grados en las direcciones más representativas de la política económica.

Por eso, junto al buen diseño técnico del Plan de estabilización y liberalización —en parte debido al asesoramiento de misiones y expertos de organismos internacionales, y en parte resultado del trabajo de las primeras promociones de altos funcionarios de la Administración española con buena formación económica y bajo el ascendiente de Sardá, director del Servicio de Estudios del Banco de España desde 1956—, debe destacarse su más hondo significado de marcar, con una determinación antes inexistente, un rumbo diferente para la economía española. El derrotero que señalan la normalización de las relaciones internas de costes y precios, el recorte de las facultades discrecionales de un intervencionismo todavía generalizado y la apertura exterior. Dicho con la rotundidad de Luis Ángel Rojo: «el Plan de estabilización implicó el reconocimiento de que las posibilidades de desarrollo del país dentro de los esquemas característicos de la etapa de autarquía estaban agotados; y abrió las puertas a una fase de incorporación de nuevas formas de producción y de vida».

Sobran razones, por tanto, para ponderar la trascendencia de este episodio final del decenio de los años cincuenta, que es ciertamente «cierre de toda una época y umbral de otra» en la política económica del franquismo. Aunque ello no debe llevar a considerar que 1959 es un año aislado, ni lo que en él acontece —por encima de su valor simbólico también en lo político: comienza el año con la inauguración del Valle de los Caídos y termina con la visita de Eisenhower a Madrid— algo singular sin antecedente alguno, dentro y fuera de nuestras fronteras (planes de estabilización se aplican en Italia y en Francia, por ejemplo, en los dos años inmediatamente anteriores).

Con otras palabras: si bien el de 1959 es el decisivo, no puede regatearse interés a los escalones previos que se suceden desde el comienzo de los años cincuenta y la muy notable importancia que tiene todo el decenio desde la perspectiva de la maduración del proceso de crecimiento económico moderno en la España del siglo XX. Piénsese no sólo en la especial aceleración del crecimiento industrial que ya se ha señalado, sino también en toda una suerte de concatenaciones: el fin de la vieja sumisión de la industria a las fluctuaciones de la actividad agraria, al sobrepasar el valor añadido bruto industrial al agrario y al desligarse la evolución de los precios del calendario y el volumen de las cosechas; los avances en la sustitución de importaciones industriales; los fuertes incrementos y las modificaciones en la composición de la demanda energética; la recuperación por parte de la industria, después del paréntesis de los años cuarenta, de una relación de intercambio favorable para sus productos en detrimento de la agricultura, al compás del movimiento en una dirección similar de los precios mundiales; el auge de la emigración rural y, paralelamente, el avance del proceso de urbanización —el crecimiento de Madrid es especialmente rápido— y el progreso en la modernización demográfica. A lo que debe sumarse, producto en parte de todo lo anterior, la ampliación de una burguesía industrial y financiera que apuesta, con mayor o menor resolución, con más o menos beligerancia, contra el eventual mantenimiento de una política de industrialización autárquica y contra una concepción que valora los mercados de exportación sólo como algo secundario y residual.

Sin la brillantez de la década siguiente, todos los años cincuenta constituyen, en suma, un capítulo de importancia crucial; y sólo considerándolos unitariamente, y en relación siempre con la evolución de los países occidentales, se hace inteligible la operación estabilizadora y liberalizadora de 1959 como algo más que una providencial coincidencia de circunstancias o una improvisada receta salvadora.

Los «años del desarrollo», 1960-1975

El crecimiento y la «economía recomendada»

Con el inicio del decenio de 1960 se abre, en todo caso, otra etapa de la economía española, que se extiende hasta los primeros años setenta para desembocar en ese singular cruce histórico que provoca la simultaneidad de dos sucesos capitales: el final del largo ciclo de prosperidad de los países desarrollados y la crisis última de la Dictadura franquista, en una apretada secuencia cuyo plano inicial recoge la muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973. Es un periodo, en definitiva, perfectamente diferenciable del que ha recorrido el decenio de 1950. La metáfora cinematográfica es de nuevo válida: del comienzo de los sesenta es Viridiana (Buñuel), y Franco aún vive cuando se hace Furtivos (Borau); películas ambas bien logradas, en las dos la acumulación de polos de tensión acaba por explotar.

Bueno será, ante todo, recordar los factores determinantes del crecimiento del periodo y, después, hacer una breve glosa de la magnitud de esa expansión y de sus principales manifestaciones sectoriales.

Lo primero no tiene secretos. Como ya se ha reiterado en páginas precedentes, la economía española, tras las medidas de 1959, muestra una vez más su extraordinaria capacidad de aprovechamiento de las favorables condiciones del mercado internacional. Facilidad para asimilar impactos positivos exteriores que durante los años sesenta se traduce en la ganancia de importantísimos márgenes de productividad antes desaprovechados por las limitaciones que imponían la situación de parcial aislamiento y la rigidez intervencionista.

El proceso de fuerte acumulación de capital y crecimiento de la economía española en los quinquenios que suceden al Plan de estabilización y liberalización tiene mucho, en consecuencia, de parcial recuperación de oportunidades anteriormente perdidas. Las oportunidades que desde el comienzo de los años cincuenta brindaban combinadamente, para muchos países en proceso de desarrollo industrial, los cuatro componentes esenciales de cualquier función de producción. Primero, los bajos precios de las materias primas, en general, y de los productos energéticos en particular; energía barata en términos absolutos y crecientemente barata en términos relativos, que promueve el que se triplique su consumo en España entre 1960 y 1975, con intercambio del puesto predominante, en las fuentes de energía primaria, entre el carbón y el petróleo, cuyo suministro aporta una fracción sustancial de los crecientes requerimientos. En segundo lugar, la mayor disponibilidad de nuevas fuentes de financiación exterior, nutrida ahora de remesas de emigrantes, divisas de turismo y entradas de capital, a modo de elementos compensadores de los fuertes déficit comerciales registrados en el periodo. Tercero, la fácil adquisición, en un mercado internacional expansivo, de la tecnología y de los productos necesarios para secundar los cambios que el propio crecimiento va imponiendo en los patrones prevalecientes de la demanda. En cuarto término, las abundantes disponibilidades de mano de obra, que tenía sus dos grandes reservas en la población femenina y en la población agraria deseosa de incorporarse a puestos de trabajo industriales, con la válvula de seguridad adicional que permitía desviar hacia mercados laborales de otros países europeos la mayor parte de la fuerza de trabajo excedente (alrededor de dos millones de emigrantes).

Los efectos combinados de todo ello, al eliminar estrangulamientos durante largo tiempo sufridos, muy principalmente en la capacidad para realizar las importaciones de bienes de equipo y materias primas imprescindibles, hacen posible un intenso desarrollo que modifica la función de producción de la economía española, por el cambio de intensidad en el uso de factores, y transforma radicalmente los hábitos de consumo y de comportamiento, en general. Es más, esos resultados, con ser sobresalientes, pudieron haber sido aún mejores de haberse afirmado, después de transcurrido el primer tercio del decenio de 1960, la política de flexibilización y liberalización emprendida con vigor notable a mediados de 1959.

He aquí una cuestión ciertamente no baladí. El ímpetu inicial en la aplicación de medidas en ese sentido —pasando, en los meses finales de 1959, de lo que previamente ha sido en algunos casos sólo un táctico vaciado de competencias de instancias y organismos interventores, a una resuelta supresión de trabas institucionales y a la afirmativa delimitación de márgenes más amplios de libertad— no sólo no progresa de modo continuo y se afianza a lo largo de los años sesenta, sino que se reduce y se frena. Con el doble resultado de mermar las posibilidades que una más decidida política de liberalización interior y exterior ofrecía para un crecimiento quizá mayor, y de introducir elementos de distorsión que revelarán toda su carga de disfuncionalidad e ineficiencia al generalizarse posteriormente la crisis económica de los años setenta.

En todo caso, el itinerario de la política económica en este periodo no es un avance sostenido hacia objetivos liberalizadores, sino una trayectoria titubeante e irregular, incapaz de sobrepasar ciertos límites. Dicho de otra forma: las presiones involucionistas se hacen pronto patentes, tanto en el frente exterior como en el interno. Así, en los intercambios con el exterior, el arancel de 1960 y sus múltiples modificaciones posteriores reafirman tempranamente un proteccionismo muy elevado y poco coordinado, creando espacios discriminatorios de protección para algunos sectores. Por su parte, en la ordenación de los mercados internos las restricciones se acusan desde el comienzo mismo del decenio de 1960, para alcanzar máxima notoriedad a partir de la generalizada utilización de instrumentos de política laboral, industrial, fiscal y de crédito al servicio de «la economía recomendada» —la expresión es de Fuentes Quintana— de los planes de desarrollo. El mantenimiento de las trabas que dificultan la creación de nuevas industrias y la ampliación de las existentes, la rigidez del mercado de trabajo y la intervención en el sistema financiero, adquieren o conservan suficiente fuerza, desde mediados del decenio, como para dar pie a que se hable de «vuelta a la economía corporativa».

¿Cuáles son las razones que explican esa inflexión en la línea marcada por la operación liberalizadora de 1959? ¿Qué es lo que permite a los intereses recelosos de la apertura reagruparse y volver a ejercer con algún éxito presiones entorpecedoras? Tres elementos deben conjugarse al buscar una respuesta satisfactoria a esas preguntas.

El primero tiene que ver —paradoja sólo aparente— con los propios resultados positivos que cosecha el Plan de estabilización y liberalización en sus primeros momentos, particularmente los que se traducen en la mejora de las cuentas exteriores de la economía española. La lógica de la reacción es muy simple: como las medidas de reforma han sido forzadas por el riesgo de insolvencia exterior, una vez que la reserva de divisas comienza a proporcionar un margen de respiro, se afloja la tensión para proseguir la línea de apertura, que sólo se ha seguido cuando no existía alternativa real. Lo que es bien ilustrativo de que el principal resorte del franquismo al adoptar cruciales decisiones económicas es ese sentido o instinto de supervivencia, al que se ha aludido repetidamente, en ausencia de idearios y de programas propiamente dichos. Un segundo elemento explicativo es, qué duda cabe, el carácter incompatible, a partir de cierto límite, del contenido liberalizador y reformador del Plan de estabilización con las características básicas del propio régimen político: quiere decirse que las reformas efectuadas en los primeros años sesenta «fueron las compatibles, o al menos las más compatibles, con el cuadro de fuerzas del franquismo», como escribiera Ros Hombravella; un cuadro entonces dominado por el ascenso de tecnócratas vinculados al Opus Dei. A lo que debe añadirse, en tercer lugar, la pérdida de vitalidad y de firmeza de los principios y condiciones que sostienen el crecimiento de posguerra de las economías occidentales, conforme se acerca el decenio de 1970.

Interrelacionadamente, las tres circunstancias mencionadas explican, en efecto, la falta de continuidad de la política económica liberalizadora durante la tercera etapa del franquismo. Hasta el punto que no es incorrecto considerar el periodo de mayor impulso reformador en ese sentido, el que transcurre entre 1959 y el comienzo de la planificación indicativa en España —«nacida en medio de la mayor pompa y enterrada casi a hurtadillas», apostilla Estapé—, como «un paréntesis» no poco singular en el recorrido de la política económica del régimen franquista. Paréntesis no excesivamente prolongado, desde luego, de 1959 hasta más o menos 1964, cerrándose al compás del envejecimiento de Franco —¡la «variable biológica»!—, lo que aporta una evidencia más del anquilosamiento institucional del régimen desde mediado el decenio, en contraste cada vez más apreciable con el dinamismo social que favorece el crecimiento económico. Un fuerte ritmo de crecimiento que se conseguirá, por tanto y hasta cierto punto, no sólo con independencia, sino también a pesar de determinadas medidas de la política económica del franquismo.

Es precisamente la entidad y el alcance de esa expansión lo que corresponde ahora glosar. En lo que respecta a su magnitud, y en términos globales, interesa subrayar ante todo el récord establecido: entre 1960 y 1975, esto es, cuando la población está creciendo algo por encima del 1 por 100 anual, la tasa media de crecimiento de la renta por habitante alcanza el 6,9 por 100. Una marca ciertamente excepcional en la trayectoria histórica de la economía española por su cuantía y, aún más, por lo dilatado del periodo de expansión.

Claro que esa media enmascara los altibajos que se producen a lo largo de los casi tres quinquenios considerados, con una primera fase de extraordinario auge, poco a poco amortiguado hasta tocar fondo en la recesión de 1967 —cuando se registra la tasa menor de crecimiento entre 1961 y 1969—, y con oscilaciones posteriores en intervalos cada vez más cortos: la recuperación iniciada en 1968 cede en 1970, y el fuerte impulso final de 1972 y 1973 flexiona a partir de la mitad de 1974, antesala de la etapa de crisis que se manifestará ya abiertamente en 1975. Diferentes ondulaciones —estudiadas por Myro— que, sin negar la posible influencia que en su determinación tenga el disminuido y vacilante pulso de la política de apertura y reforma, están relacionadas fundamentalmente con los movimientos descritos durante los mismos años por los países industriales: para el conjunto de la OCDE también 1967 y 1970 son años de recesión, y la crisis se manifiesta con toda crudeza desde el comienzo mismo de 1974. Lo cual no es sino expresión de la creciente vinculación, que es también supeditación, de la economía española, una «economía de arrastre» —la expresión es de García Añoveros—, a las fluctuaciones de aquellos países, especialmente de los europeos.

Pero sin desconocer la relevancia de esas fluctuaciones y de las concomitancias clarificadoras apuntadas, lo que más destaca es la muy fuerte y prolongada expansión que, en promedio, se produce durante el decenio de 1960 y el primer largo tercio de los años setenta. Una expansión que, sumada a la también muy notable de la década de los años cincuenta, ofrece un pronunciado y expresivo contraste con todos los registros anteriores, como ya se ha subrayado en páginas precedentes: un cuarto de siglo creciendo por encima del 5 por 100 cada año la renta por habitante, en promedio, frente a ritmos situados en torno al 1 por 100 tanto en la segunda mitad del siglo XIX como en el primer tercio del XX, con el derrumbe posterior provocado por la Guerra Civil.

Ahora bien, tan innegable como el carácter singular de ese avance en la perspectiva de la industrialización española, es su condición no excepcional. He aquí el segundo aspecto del tema: en el marco de una buena parte de las economías occidentales, el ciclo de duradero e intenso crecimiento tras la reconstrucción de posguerra es también un fenómeno hasta cierto punto inédito y probablemente irrepetible. Considerando otra vez el conjunto del periodo 1950-1975, la tasa española de crecimiento anual del producto por habitante (5,5 por 100) se sitúa casi un punto porcentual por encima de la alemana y de la italiana (en torno del 4,6 por 100), y más de punto y medio por encima de la francesa, cuando estos tres países partían de niveles superiores de desarrollo.

Es más, si la comparación se efectúa exclusivamente con los países mediterráneos y en términos de crecimiento de la producción industrial, el ritmo de avance español, con ser muy fuerte, resulta similar al de Italia y Grecia, y tanto en el decenio de 1950, ya se vio antes, como en el de 1960, situándose estos tres países mediterráneos a la cabeza de toda Europa occidental en cuanto a ritmo de expansión fabril. Dicho de otro modo: la importancia de lo entonces acontecido en España no debe regatearse; pero lo que resulta en buena medida excepcional históricamente es el largo ciclo de expansión del conjunto de la economía occidental. Y el crecimiento netamente superior de la economía española con relación a la media de los países desarrollados durante los años sesenta, además de tener algo de desplazado en el tiempo, al compensar la más tardía recuperación de posguerra, se enmarca en la tendencia general observable en los últimos decenios al recorte de las distancias de los países de la Europa meridional, y de industrialización más reciente, respecto a los del norte y a los países europeos de desarrollo más temprano.

Con todo, la trascendencia que tiene esta etapa en la historia económica española se tiene que valorar, más aún que por la evolución de los indicadores examinados, por la amplitud, el sentido y la irreversibilidad de las transformaciones estructurales que se inician, progresan o se consuman, según los casos, en los tres quinquenios que transcurren entre el Plan de estabilización y los últimos compases del franquismo. Cambios estructurales que son sinónimo de reequipamiento y modernización de muchas actividades productivas en todos los ámbitos sectoriales. Aunque con obligada brevedad, pueden resumirse a continuación, aludiendo primero a la agricultura, luego a la industria y finalmente al sector de servicios.

En el sector agrario, la transformación estructural durante el decenio de 1960 es radical, precipitándose, en un sentido literal, la «crisis de la agricultura tradicional» (la terminología no deja de ser equívoca, por las analogías que pueden establecerse con la ruptura del viejo orden social agrario del Antiguo Régimen). Crisis que lo es de todo un sistema de producción rural, ése que todavía en los años cincuenta pervive y conoce algunos de sus momentos más definitorios.

¿Cómo caracterizarlo? Simplificando, puede entenderse como tal un modelo de producción rural cuya estabilidad, al menos aparente, se sustentaba principalmente en la abundancia de fuerza de trabajo, con bajos salarios, y en la adecuación de la oferta de productos a las necesidades de un mercado poco extenso y poco diversificado en sus demandas alimenticias. Una política acompañante, centrada casi exclusivamente en el apoyo a la producción triguera, que fijaba precios y medidas proteccionistas con un alto nivel de generalidad a pesar del muy heterogéneo universo que componían las empresas agrarias, y propiciaba unos mínimos de renta para las explotaciones pequeñas, a la vez que facilitaba la obtención de beneficios saneados para las grandes. La difícil subsistencia —la palabra no se ha escogido al azar— del minifundismo era así la otra cara de la confortable situación económica de la agricultura de latifundio, en su sentido más convencional, pues una buena parte de las mayores explotaciones agrarias estaban insuficientemente trabajadas, con titulares de la propiedad que tenían poco de empresarios.

A partir de los años sesenta, no será ocioso repetirlo, dicho panorama conoce profundos cambios. El crecimiento industrial y la consiguiente intensificación del proceso de emigración rural —hacia mercados de trabajo urbanos situados dentro y fuera de las fronteras españolas— socavan los cimientos del sistema de producción agraria tradicional. Por un lado, las nuevas oportunidades de empleo en la industria y en las ciudades españolas y europeas intensifican el éxodo rural; por otro, la urbanización y el incremento de la renta generan cambios importantes en la demanda de productos alimenticios. Se rompen así los dos pilares sobre los que se había sustentado la agricultura tradicional: mano de obra abundante, con salarios bajos, y tendencia al ajuste entre lo que se producía y lo que se demandaba, provocando la transformación de todo el edificio. El precio más elevado del trabajo fuerza su sustitución por capital, y la creciente demanda de productos ganaderos y hortofrutícolas —en detrimento de cereales, leguminosas y féculas— impone modificaciones en la oferta agraria.

La consecuencia final será una vasta transformación de estructuras. Desaparecen muchas pequeñas explotaciones, aumentando el tamaño medio de las que permanecen. Se sustituye mano de obra —el factor más encarecido— por bienes intermedios y bienes de capital, elevándose la capitalización y la utilización de semillas selectas, fertilizantes, piensos y recursos de la tecnología genética. Se renuevan las redes de distribución de los productos. Se avanza, en fin, en la integración de la empresa agraria con el resto del sistema económico, al ser más dependiente de éste, tanto para proveerse de artículos y recursos financieros necesarios para afrontar las exigencias que impone el cambio en las condiciones de producción, cuanto para encontrar adecuada salida para sus propios productos, lo que requiere cada vez más procesos de manipulación y transformación de la industria alimentaria.

Transformación estructural tan honda como altos son los incrementos de la productividad del trabajo y de los rendimientos de la superficie cultivada en la agricultura española que afloran en el curso de los años ahora considerados. Es cierto que esos mejores resultados no significan, en términos comparados, y debido al juego de los precios percibidos y pagados por los agricultores, un alza correlativa de las rentas agrarias, originando, más bien, en repetidas ocasiones, elevados excedentes difíciles de vender y con precios descendentes —el caso del trigo es el paradigmático—, sin que la política agraria, sujeta a viejas inercias, sepa reaccionar con prontitud. Pero también es verdad que, aun con altos costes económicos y sociales, esas mayores capacidades productivas agrarias cambian a toda prisa el paisaje rural español: se reduce el número de trabajadores en el campo en casi dos millones entre 1960 y 1975, triplicándose a la vez el número de tractores. Paralelamente, en ese mismo periodo se desploma el peso del sector agrario en el conjunto de la economía española, reduciéndose a la mitad su importancia relativa tanto en el total de la población activa (la agraria pasa de estar situada en torno al 40 por 100 a no alcanzar apenas el 20 por 100), como en el total del producto interior bruto, cayendo el agrario desde una proporción no lejana al 20 por 100 del total a otra por debajo del 10 por 100; y recortándose aún más, en fin, su participación en el valor de las exportaciones españolas (las de productos agrarios, de aportar casi el 60 por 100 del valor total en 1960, no alcanzan el 25 por 100 en 1975).

Durante los años sesenta, en resumen, se afirma definitivamente en la trayectoria del crecimiento moderno en España uno de los «hechos estilizados» del desarrollo: conforme aumenta la renta per cápita de una colectividad, el consumo de productos agrarios —quizá creciente aún en términos absolutos, pero decreciente en términos relativos— se desplaza, por idéntico principio, hacia bienes distintos de los tradicionales, en correspondencia con una dieta más variada y de calidad, al tiempo que las ciudades atraen un flujo creciente de población rural, lo que exige del campo una renovada capitalización. La aportación de la agricultura al crecimiento económico adquiere también, así, nuevo formato: debiendo readaptar la producción a los nuevos requerimientos del mercado de alimentos, declina ahora su papel como abastecedora de capitales —a través del sistema impositivo o a través de los intermediarios financieros—, aumenta su condición de suministradora de mano de obra a las empresas industriales y terciarias, y alcanza un alto nivel su contribución como demandante de productos industriales, ya bienes de equipo, ya productos energéticos o intermedios.

Es el sector industrial, precisamente, el que actúa como motor central de la expansión de la economía española durante los años que ahora se están contemplando (el gráfico 8 permite apreciar la evolución de la trayectoria secular del producto industrial, y el destacado relieve de esta etapa). El crecimiento medio es muy intenso: ¡un 10 por 100 anual acumulativo en términos reales aumenta la producción industrial española entre 1960 y 1973! No lo hace, es cierto, sin ciertas alternancias, acompañándose también de profundas transformaciones estructurales. Hay que detenerse en ello aun a riesgo de incurrir en alguna repetición.

El crecimiento industrial de los años sesenta es, ya se ha dicho, el resultado de aplicar más —y más productivos— factores y recursos a unas funciones de producción más variadas y tecnológicamente más complejas que antes. La favorable coyuntura económica internacional es, desde luego, la pista satinada sobre la que se desliza la industria española, proveyéndola de mercados donde vender sus productos, de favorables precios relativos para sus abastecimientos, particularmente los energéticos, de una tecnología más evolucionada, de fuentes ampliadas de financiación y hasta de una demanda exterior de trabajadores que va a aliviar la presión del mercado laboral interno. A su vez, las modificaciones en la normativa mercantil y laboral, y, sobre todo, las medidas liberalizadoras, entre ellas, las de la inversión extranjera, que trae capitales, pero también nuevas prácticas de organización de la producción, ayudan a desatascar los engranajes del proceso, por más que la política industrial de los años sesenta presente trazos contradictorios con respecto a la etapa anterior: de discontinuidad, por un lado, de continuismo, por otro.

Gráfico 8. Variaciones interanuales del producto industrial español, 1900-2000
(en porcentajes)

Fuentes: Elaborado con los datos de A. Carreras (1987), «La industria: atra- so y modernización», en J. Nadal, A. Carreras y C. Sudrià (comps.), op. cit., en- lazados, a partir de 1982, con los del INE, Índices de Producción Industrial.

Discontinuidad, al menos en un doble plano: de una parte, la sustitución del viejo principio autárquico, cierto que muy atemperado ya en el decenio precedente, por una prédica desarrollista un tanto huera, pero, en todo caso, mucho más aperturista en lo económico; de otra, el completo remozamiento del acervo instrumental en manos del Estado, articulado ahora en torno a la Ley de industrias de interés preferente de diciembre de 1963 y a la planificación indicativa que inaugura, casi simultáneamente, el Primer Plan de Desarrollo (19641967). Continuidad, en tanto que las prácticas interventoras en el ámbito fabril, lejos de desaparecer, se hacen más sistemáticas, con el resultado de que un buen número de sectores industriales —minería y siderurgia, principalmente— apenas si perciben el cambio de política: las ayudas estatales continúan fluyendo hacia ellos sin interrupción. Las «acciones concertadas» sirven de cauce principal a estas ayudas: la Administración concede beneficios fiscales, crediticios y de otro género a las empresas que firman el compromiso de acometer ciertas inversiones y mejoras en la producción.

Producto, en suma, de un dinamismo alentado por la onda de prosperidad internacional de la época, pero también auxiliado por el Estado, la industria española crece y adquiere acentuados rasgos, tanto en términos de especialización sectorial como en su distribución territorial, que van a caracterizarla durante largo tiempo. Los subsectores que obtienen las mayores ganancias de productividad, al tiempo que lideran el proceso de avance y cambio técnico, introduciendo y difundiendo las innovaciones tecnológicas desde la posición central que ocupan en la malla fabril —en particular por su condición de crecientes suministradores de inputs intermedios al resto, como las investigaciones dirigidas por Segura pronto revelarán—, son las industrias químicas, sobre todo las básicas, las energéticas —aunque no las extractivas— y las de construcción de maquinaria de todo tipo, en especial eléctrica. La progresión de las industrias de base es muy marcada. Como el predominio general, en términos comparados con los grandes países europeos occidentales, de las ramas industriales de demanda y contenido tecnológico débiles, que, como se sabe, asientan sus ventajas competitivas en los bajos costes laborales unitarios: vestido, calzado, muebles y productos metálicos; situación que tiene su reverso en la menor importancia que esa comparación delata para las ramas industriales españolas avanzadas y de más altas exigencias tecnológicas.

A su vez, desde la perspectiva territorial, los años sesenta consolidan y agrandan el avance que la industria radicada en Madrid ha conocido desde el decenio de 1950, que dobla en el conjunto de los dos decenios su participación en el valor añadido bruto industrial de España, alcanzando casi un 14 por 100 del total (lejos todavía del 23 por 100 de Barcelona, pero doblando el porcentaje de Vizcaya). Al afianzamiento industrial de la capital madrileña, que presenta un abanico muy amplio de actividades fabriles, se suma también la ampliación y la consistencia del tejido productivo valenciano: de las provincias de Valencia y de Alicante, más algún foco singular castellonense, tupiendo un paisaje industrial en esa franja levantina que contrasta con el carácter más aislado de núcleos fabriles en otros puntos del territorio peninsular. Y aportando también un elemento de contraste con los viejos centros industriales de la España más septentrional; con las cuencas mineras asturianas, en primer lugar, que ya en el curso de la década de 1960 comienzan a poner de manifiesto dificultades que más tarde desembocarán en una trayectoria por largos años declinante.

En fin, los cambios notorios en la producción industrial que se operan en estos años quedan resumidos en dos hechos bien significativos: de un lado, el reequipamiento y la reestructuración de la mayor parte de los sectores fabriles; de otro, la conquista de mercados exteriores. El reequipamiento tiene, como efectos bien cuantificados, la disminución de los costes intermedios de producción, la intensificación del grado de utilización del capital y, sobre todo, la disminución muy acentuada de las necesidades de mano de obra. Todo ello corre paralelo a la mejora de la posición relativa frente al exterior de la industria española y al mayor peso de los productos industriales españoles dentro de las exportaciones mundiales.

Junto a las grandes alteraciones estructurales de los sectores agrario e industrial, se asiste igualmente en los años sesenta a un considerabilísimo avance del sector terciario de la economía española, que llega a situarse, desde la segunda mitad de la década, a la cabeza no sólo del reparto por sectores del valor de lo producido, sino también, ahora, del reparto por sectores de la población activa. El vigor del proceso de urbanización entre 1960 y 1975, las transformaciones en los medios transporte y comunicación, así como la duradera expansión y mantenida importancia del turismo, que tantos juicios apresurados acerca de su presunta inconsistencia ha desmentido, promoviendo una no poco asombrosa respuesta de la oferta hotelera y de servicios, son otros tantos factores coadyuvantes de la incesante terciarización de la economía española. De un ampliado sector servicios que en esos años ha de hacer frente, entre otras exigencias, a los renovados requerimientos que proceden del crecimiento industrial y de las mayores necesidades financieras y de comercialización de la agricultura. Progreso, en suma, del sector servicios que se superpone, naturalmente, a la readaptación de las muy diversas actividades que comprende, aunque desigual y entibiada cuanto más lejos están de la competencia exterior.

Lo que acontece en el sector bancario es particularmente significativo a este último respecto. Ajena a la competencia, la banca española de los años sesenta conoce un periodo provechoso en la obtención de beneficios, en su participación industrial y, en general, en su influencia sobre la política económica; a cambio, retrasará hasta bien entrado el decenio de 1970 el esfuerzo por incrementar su eficiencia y su competitividad.

Es, en efecto, el decenio de 1960 una época no poco esplendorosa para las entidades privadas bancarias. Con altas participaciones accionariales en empresas industriales en fase de fuerte expansión; con volúmenes de actividad crecientes en operaciones de activo y de pasivo, a corto y a largo plazo, como corresponde a su naturaleza mixta, que el intento de especialización de 1962, al distinguir entre banca comercial y banca industrial, no puede eliminar; con multiplicadas presencias en consejos de administración y en centros neurálgicos de poder económico, los grandes bancos españoles registran entonces altísimas rentabilidades sin apenas cambio en la estructura básica del sector. Estructura que sigue caracterizada por el predominio oligopolístico de unas pocas grandes firmas (las grandes entidades bancarias que nacen o se consolidan con el siglo: Banco Español de Crédito, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Hispano Americano, Banco de Santander, Banco Central y Banco Urquijo son los principales); por una nula competencia en el mercado interior, tanto en número de bancos y en número de sucursales, como en tipos de interés para operaciones de activo y de pasivo; y por la no autorización de la banca extranjera para actuar en España.

El añejo statu quo bancario prolongará así su vigencia, de hecho, durante todo el periodo aquí considerado, sosteniendo una banca siempre más poderosa que eficaz, más rentable que eficiente, con la anuencia interesada de un erario que, a cambio de la protección otorgada, elevaba gradualmente los coeficientes de inversión obligatoria, mediante los cuales obtenía en privilegiadas condiciones recursos financieros para la inversión pública. La modernización del sector bancario, por tanto, se hará esperar, y no será sino a mediados del decenio de 1970 cuando se inicie el proceso de liberalización y, con él, la introducción de la competencia, alentando una amplia reestructuración en las entidades de depósito españolas —primero en los bancos, luego en las cajas de ahorro—, que coincide, por lo demás, con el diseño y la aplicación de una política monetaria moderna, propiamente dicha, con creciente protagonismo del Banco de España, más de una década después de su nacionalización en 1962.

Añádase, para terminar estas líneas dedicadas a las repercusiones sectoriales del crecimiento económico de los años sesenta, una breve alusión a los cambios en el sector exterior, que bien merecen realzarse. Y no sólo en el ámbito de las balanzas de transferencias, de servicios y de capitales a largo plazo, cuya función primordial como rúbricas compensatorias del déficit comercial y como soportes de todo el proceso de expansión de la economía española ya se ha mencionado antes. De lo que ahora debe dejarse constancia es del crecimiento y de las modificaciones en la composición de las exportaciones españolas.

Respecto a su incremento, baste decir que se comportan desde la segunda mitad del decenio de 1960 según los deseos de los más optimistas, hasta llegar a ser el componente más dinámico de la demanda, consiguiendo el porcentaje de las exportaciones en la renta nacional dejar atrás los niveles bien modestos alcanzados, salvo en contadas ocasiones, a lo largo de todo el siglo. Y respecto a su composición, al tiempo que los productos agrícolas reducen sustancialmente su participación en el valor total de las ventas españolas en el exterior, como ya se dejó antes anotado, las exportaciones de bienes de equipo y manufacturas aumentan de modo muy considerable su respectivo peso relativo en este mismo periodo. Habiéndose además constatado —en trabajos de Alonso y Donoso, entre otros— que, si bien la contribución debida al aumento de la demanda internacional fue decisiva como factor explicativo del crecimiento de las exportaciones, el efecto de mejora de la competitividad también se reveló en el caso español muy significativo. Algo consecuente, por lo demás, con el buen balance que ofrece toda la etapa de los «años del desarrollo», a la que el tiempo transcurrido desde entonces, por lo demás, no consigue desnudar de tópicos.

Crecimiento económico y atraso institucional

Pobreza de medios, abundancia de intervenciones

En la más concisa síntesis de cuanto antecede, el crecimiento económico de los años sesenta y primeros setenta se basó, como dicta la teoría, en un uso más intensivo de recursos y factores —capital y trabajo, con aumentos sustanciales de la productividad de este último—, estimulados, en el caso español muy marcadamente, por un singular entorno internacional. Pero, ¿qué papel desempeñaron los factores de índole institucional, quiere decirse los más directamente moldeados por la acción del Estado? El tema obliga a recuperar una perspectiva alargada del franquismo.

Pueden distinguirse tres facetas —con frecuencia superpuestas, pero de índole distinta— en la actuación del Estado bajo ese régimen: una, directa, instrumentada a través de las empresas públicas; otra, regulatoria, reflejada en las medidas de política económica general y sectorial; y una última, la fiscal, mediante el Presupuesto. Pues bien, el intervencionismo estatal durante el franquismo, con el «pie cojo» siempre de los escasos recursos financieros de que va a disponer, es un intervencionismo tan burdo como de mermado alcance, y tanto en el dominio empresarial público como en el de la regulación y en el hacendístico. Más que basarse en actuaciones presupuestarias o en una regulación reglada, es, como ya se ha repetido, de tipo discrecional, extrapresupuestario y, casi siempre, favorecedor de las posiciones de poder económico. Como expresión de esa deformidad, el Estado luce, durante toda la historia del régimen dictatorial, una cabeza interventora de león junto a una cola presupuestaria de ratón.

Las empresas públicas y, muy en particular, el INI, a modo de brazo industrial del Estado, son el instrumento principal de su acción directa. El INI dirige sus inversiones durante los años de la autarquía hacia aquellas ramas energéticas y manufactureras en las que la protección del exterior no basta para estimular la sustitución de importaciones, bien por estrechez del mercado interno, o bien por carencia de las materias primas o de la tecnología precisas, cuando no por la conjunción de varios de estos factores en sectores que requerían movilizar una gran cantidad de recursos. Así, al final de la «era Suanzes» (1941-1963), el Instituto poseerá un grupo industrial extenso.

Bajo las nuevas directrices de la política industrial de los sesenta, y, sobre todo, de los planes de desarrollo (1964-1975), las empresas públicas se regirían por el principio de subsidiariedad, esto es, de subordinación a la iniciativa privada. Como se ha escrito con acierto por Comín y Martín Aceña, cambian así «las tornas»: «la desconfianza hacia la empresa privada durante la autarquía se trocaba en un recelo hacia la empresa pública como eje del desarrollo industrial». Además, junto al de subsidiariedad «aparecía otro principio de discrecionalidad, puesto que las autoridades debían decidir cuándo faltaba la iniciativa privada; así, se dejaba a la interpretación administrativa los límites de la intervención de la empresa pública».

La «crisis de identidad» —en expresión de Boyer— del holding público creado por Suanzes no podrá ser, en todo caso, ocultada por mucho tiempo, aunque el INI siga creciendo, sobre todo desde el final de los años sesenta, por adición —he aquí un ejemplo de cómo se entiende la subsidiariedad— de empresas privadas en crisis, en sectores como el carbón, los astilleros y la siderurgia, que durante mucho tiempo después constituirán un pesado lastre mercantil para el Estado. Con todo, la dimensión global del sector público empresarial español al concluir el franquismo no es ni mucho menos desproporcionada: si acaso, bastante menor que en la mayoría de los países europeos occidentales, cuya proporción de asalariados de las empresas públicas sobre el empleo total no agrario sobrepasa en un 50 por 100 a la de España. Lo característico, en todo caso, es el sesgo industrial de ese sector público empresarial, y la deteriorada estructura financiera —otro fruto de la política discrecional seguida— con que la mayoría de sus empresas habrá de afrontar la crisis coincidente con la transición democrática.

Si en el recurrir a las empresas públicas no se alcanzan los cánones europeos durante el periodo franquista, en el ámbito presupuestario las diferencias son todavía más llamativas. Mientras en otros países de Europa occidental se multiplica el gasto público para atender a servicios económicos, sociales y educativos, alterándose la composición también de los ingresos, en España se desandará durante algunos años ese camino de crecimiento, manteniéndose anquilosada la estructura presupuestaria. Así, durante la década de los años cuarenta, el porcentaje del gasto público en la renta nacional, que con tanta morosidad como constancia había ido aumentando desde principios de siglo, conoce un retroceso, registrándose en 1952, dato bien expresivo, un índice relativo del 9 por 100, inferior incluso al de 1900 (acúdase al gráfico 3). Como resultado, ese indicador, que a comienzos de siglo tenía aquí unos valores europeos, y que cumplido el primer tercio del novecientos aún no se había descolgado del italiano, alcanza su máximo anacronismo al concluir la década de 1950. Desde entonces sí crecerá el gasto público, pero, no obstante, se mantiene al concluir el franquismo una clara divergencia de porcentajes con la mayor parte de los países europeos occidentales.

Correlativamente a ese atraso cuantitativo, la estructura presupuestaria del Estado da dos pasos atrás después de la Guerra Civil: uno corresponde a los ingresos; el otro, a los gastos públicos. Su paralelo avance en el primer tercio de siglo (hacia una Hacienda «transicional», en el primer caso; hacia el «Estado benefactor», en el segundo) se ve truncado por la contienda bélica y, más tarde, paralizado por el franquismo. Por el lado de la estructura impositiva, su hibernación artificial, «petrificándose» las bases impositivas —en expresión que hizo fortuna—, impedirá el tránsito ya iniciado hacia una moderna tributación directa, lo que no puede traducirse sino en la escasez de los ingresos y en el auge arcaizante de los tributos indirectos. En cuanto a los gastos del Estado, es obvio el retroceso que, al menos hasta la década de 1960, experimenta la modernización de su estructura: los gastos que corresponden con las modernas funciones del Estado, inherentes al carácter benefactor que el sector público adopta en esos mismos años en el mundo desarrollado, sufren en España un grave retroceso relativo tras la guerra.

La combinación de ambos factores provoca que el paso a una Hacienda moderna, iniciado con el siglo, se retrase hasta los muy últimos compases del franquismo: la ausencia de un sistema fiscal moderno impide atender a la mayor demanda de bienes públicos, cuya magra dotación cada vez contrasta más con la producción privada, conforme el crecimiento económico afirma su avance. De modo que los cambios en la estructura del gasto, consolidados algún tiempo después, ya avanzados los años setenta, desde los bienes colectivos tradicionales de defensa y Administración hacia los asociados con el Estado del bienestar —educación, sanidad y, sobre todo, mantenimiento y redistribución de la renta—, son los que ya han tenido lugar, al menos una o dos décadas antes, en otros países europeos. He aquí un coste del franquismo, en términos de atraso, una vez más, que añadir a otros apuntados con anterioridad.

Como contrapeso de esa Hacienda escuálida, el franquismo —heredero en esto de la peor tradición arbitrista— engrosa las páginas del Boletín Oficial del Estado con múltiples disposiciones regulatorias y se provee de una plétora de instrumentos de intervención para usar a voluntad. En los años cuarenta y en los cincuenta, están presentes en todo; pero todavía proliferan en la década de los sesenta, y tanto en el ámbito industrial como en el financiero. No será ocioso recordarlo.

En el primero de esos dominios donde siguen abundando hasta tarde resortes interventores, y en el marco de la Ley de industrias de interés preferente y de los Planes de desarrollo, el listado de instrumentos específicos de la política industrial llega a ser tan extenso que apenas puede hacérsele justicia con un breve párrafo: ayudas de orden principal y de orden secundario; de corte sectorial y de corte territorial; planes generales de reestructuración sectorial y planes especiales; y, al amparo de la planificación indicativa a partir de 1964, las omnipresentes «acciones concertadas», emblema de las actuaciones sectoriales, ya se dijo.

Es, con todo, en el sector financiero donde se deja sentir más ese intervencionismo tardío: a mediados de los setenta, grosso modo, cuatro de cada diez pesetas que fluyen por los cauces del sistema financiero español tienen un destino y, a veces, un destinatario concreto, predeterminado por el Estado a un coste y en unas condiciones por él estipulados: los llamados «circuitos privilegiados de financiación», alimentados por los coeficientes de inversión obligatoria impuestos a bancos y cajas de ahorro. Aunque tampoco esto es un rasgo singular de España: en Francia, en esos mismos años, más del 40 por 100 de los préstamos industriales son concedidos —bien por el Crédit National directamente, bien a través de la banca comercial— en régimen que no se atiene a las condiciones del mercado. La diferencia hay que buscarla, más bien, en las distintas garantías y procedimientos que un marco político u otro pueden ofrecer. Quizá convenga insistir en ello.

El intervencionismo financiero de los años sesenta, discrecional hasta casi el capricho, es, sin la menor duda, uno de los grandes pasivos de la década dorada del franquismo, al forzar la asignación de los recursos en unas direcciones no pocas veces arbitrarias y al margen del mercado, convirtiendo además el abundante crédito oficial de la época en una graciosa dádiva de quienes lo concedían. Su fruto más envenenado —hasta provocar un cataclismo político dentro del régimen— es lo que se llamó el «caso Matesa», que mucho dice de toda una época, y de su final.

Matesa —acrónimo de la empresa de maquinaria textil protagonista del enredo— es, en efecto, la gran metáfora del desarrollismo paternalista de los años sesenta. En el célebre affaire se concitan, con ribetes novelescos en algunos casos, casi todos los vicios del periodo: crédito oficial a la carta, delito fiscal y monetario, cabildeo entre iniciados e intrigas políticas. Cuando el almirante Carrero es informado, poco antes de estallar el escándalo, en 1969, de algunos de sus pormenores, no pudo por menos que recomendar a sus colaboradores —así lo recuerda López Rodó en sus memorias— un esfuerzo de discernimiento entre los hechos y el giro político que éstos estaban cobrando, que es lo que de verdad le preocupaba. Tres décadas después, sigue siendo inextricable el nexo de unión entre ambos aspectos, aunque el nudo gordiano económico del «caso» sea relativamente sencillo de desentrañar, y nunca lo haya negado su máximo protagonista, Vilá Reyes, durante años tenido oficiosamente por la Administración como «empresario modelo»: la necesidad de sortear las trabas intervencionistas del régimen, al tiempo, eso sí, que se apuraban sus beneficios arbitrarios.

A tal efecto, y con la patente de corso que en la época referida otorgaba la «Carta de exportador de primera categoría», Vilá se dedicó a exportarse a sí mismo, al menos en una parte muy sustancial, que pudo alcanzar los dos tercios de las operaciones, hasta convertir los cuantiosísimos créditos a la exportación obtenidos del Banco de Crédito Industrial en un mero subsidio con que financiar —es posible, incluso, que con beneficios— la producción de sus telares. Hay, sin duda, fraude y corrupción en la historia de Matesa, como en la del franquismo; pero hay, sobre todo, grandísima incompetencia burocrática y mayor ineficacia aún del mare mágnum reglamentístico tejido por el gobierno en esos años. Y luego, al final, una plena subordinación de los intereses meramente empresariales a los de índole política, que se saldan, como es sabido, con la salida del gobierno de quienes, interesadamente, convierten un «asunto» económico en gran «escándalo» con proyección política y, lo que casi es peor entonces, periodística, de la Dictadura franquista.

Por su carga simbólica, el «caso Matesa» anticipará el cierre de toda una época. Es el epítome de un cambio económico que cada vez pone más de manifiesto la paulatina esclerosis institucional del régimen franquista cuando éste se acerca a la última vuelta de su camino.

El legado del franquismo

Una herencia ambivalente

El franquismo, en lo económico, se mueve —siempre algo retardado— por impulso de los vientos exteriores que soplan con fuerza desde la posguerra mundial, empujando en la dirección del crecimiento a los países del sur de Europa. La caracterización de Franco que ha hecho Tusell como «un hombre de tempo lento» se ajusta también al ritmo de las decisiones de su régimen en materia económica. Una valoración del conjunto debe incluir, en todo caso, una severa crítica de su derrotero inicial, a contracorriente, junto al reconocimiento de los avances conseguidos en los años subsiguientes. Pero el legado económico del franquismo, al margen de su «coste histórico», en términos del atraso económico que inicialmente causa, tiene un carácter ambivalente en lo que se refiere al caudal de «bienes relictos» que deja a la transición.

Por el lado negativo, el de las hipotecas heredadas, están los problemas que afloran a partir de 1974-1975: con la crisis, se hacen visibles las fragilidades de la estructura productiva erigida durante los años precedentes, cuando España, tardía pero resueltamente, se incorpora a la fase larga de crecimiento económico posbélico de los países desarrollados. Quizá por eso mismo, por lo demorado y luego intenso de la recuperación económica en los dos decenios últimos del franquismo, el edificio —esto es, la estructura productiva resultante— acaba siendo menos sólido que aparente, a medio cimentar, con junturas mal soldadas y prestas a reabrirse al cambiar las condiciones exteriores en que se sustentó el acelerado crecimiento. Es lo que sucede precisamente en los últimos compases del régimen.

De tal suerte que el impacto de la crisis internacional, aquí artificialmente pospuesto durante largos meses, deja al descubierto las hipotecas que heredará el tiempo nuevo, no sólo acentuadas por la alta dependencia energética española, sino, sobre todo, por la defectuosa organización de algunas áreas fundamentales, atrofiadas en su modernización durante el franquismo. Entre ellas hay que destacar tres. Por un lado, el sector financiero, con una banca, ya se dijo, más poderosa y rentable que eficiente, cuyos altos costes de intermediación repercutirán, en los años de la crisis, sobre el sector real de la economía española. Por otro, el mercado de trabajo, producto de esa especie de «pacto implícito» —la expresión es de Fuentes Quintana— por el que el Estado concedía continuidad y fijeza al empleo —salvo al numeroso contingente de emigrantes que debieron abandonar el país para encontrarlo— a cambio de financiación privilegiada a las empresas, negando, al mismo tiempo, los derechos básicos para la defensa autónoma y libre de los intereses de los trabajadores y de los empresarios. Finalmente, un sector público que ha conjugado durante décadas su escasa dimensión, en términos comparados, con una amplísima red de instrumentos y resortes administrativos de todo tipo para interferir en la actividad mercantil.

Pero si esto es cierto, no lo es menos que la sociedad española de los años sesenta y primeros setenta estaba formada por una población que no sólo mejoraba con rapidez sus niveles de vida y sus posibilidades de acceso a bienes y servicios diversos, sino también y muy principalmente, cabría subrayar, por una población incursa en una fortísima dinámica de cambio, familiarizada con todas las tensiones y la acusada movilidad social y geográfica que ello comporta. Podrían manejarse para ilustrar este punto decenas de indicadores: desde los que captan la caída de la población activa agraria y el crecimiento acelerado de los grandes centros urbanos y de la población escolar y universitaria, hasta los que reflejan cambios en pautas religiosas y culturales, en general; todos ellos expresivos de un cambio profundísimo, quizá más rápido y fuerte que cualquier otro proceso de modernización social y secularización registrado en la Europa del siglo XX.

En pocas palabras, la España que, tras siete lustros de franquismo, se asoma al último cuarto del siglo XX presentaba una imagen ambivalente, con notorias dificultades, al tiempo que repleta de posibilidades. Junto a los problemas de articulación y desarrollo de su estructura productiva antes señalados, el país había experimentado ya para entonces una silenciosa, pero no por ello menos profunda, mutación económica, social y cultural.

No gratuitamente, desde luego, podrá decirse más tarde que la reforma política de los primeros años de la transición, sin menoscabo de la trascendencia de actuaciones individuales y colectivas determinantes o cuando menos influyentes, constituye un pasaje histórico cuyo desenlace no puede entenderse sin considerar esa vasta transformación social preexistente, que había renovado muchos de los patrones de comportamiento de una mayoría de españoles con actitudes vitales más propensas al cambio que a la quietud, a la novedad que a la conservación; más proclives a la moderación que al radicalismo, a la tolerancia que a la intransigencia. De una mayoría de españoles que amaba aquello a lo que más temió siempre el franquismo: la libertad.

Capítulo 4
Transición y democracia
La definitiva sincronización con Europa

Introducción: los tres escenarios del último cuarto de siglo

De la crisis del petróleo y la Constitución a la moneda única

Y la libertad se recuperó. Con el régimen de libertades que sucede al franquismo se abre un nuevo capítulo de la España contemporánea: el que, a efectos de estas páginas, abarca el último cuarto del siglo XX. Un cuarto de centuria en el que, debe anotarse enseguida, la realidad española ha demostrado holgadamente su capacidad para flotar sobre la corriente de la historia, dicho al modo orteguiano. Para afirmar sus capacidades creativas en muchos órdenes de la vida colectiva, también en el económico. Con una trayectoria temporal que tiene sus puntos más simbólicos, durante el primero de los cinco quinquenios, en la Constitución de 1978, antídoto y contrario de la Guerra Civil, y, durante el último lustro del siglo, en la presencia española en el grupo de cabeza de países de la Unión Europea comprometidos con la creación del euro, expresión de una resuelta voluntad de apertura e integración a escala continental. El camino ha estado sembrado de dificultades, pero se ha recorrido.

En un tiempo que, considerado con perspectiva histórica, no deja de ser reducido, España ha consolidado un régimen democrático, dejando atrás —el «ayer es nunca jamás» machadiano resuena ahora con fuerza— una larga experiencia dictatorial. Ha abierto simultáneamente sus fronteras y comparte la común tarea de la construcción de una Europa unida, alejándose de los años de aislamiento y de recelo ante lo exterior. Y se ha procedido igualmente en la España de los últimos dos decenios del siglo a una vasta reorganización territorial del Estado, con la creación de las Comunidades Autónomas y la revitalización de la Administración local, sustituyendo en pocos años un modelo centralista por otro ampliamente descentralizado. La libertad, en suma, ha inspirado —afianzándose, a la vez— un capítulo nuevo de la historia española, concitando la atención de propios y foráneos sobre algunos de los acontecimientos internos, en más de una ocasión resueltos con brillantez.

También en el plano económico, como se ha repetido ya, la «España recuperada» del último cuarto del siglo XX ha hecho un recorrido nada gris, desde luego. Ha conseguido un crecimiento, en términos de promedio, que reproduce —tendiendo incluso a superarla— la velocidad de crucero de los otros países occidentales, desvanecida ya para todos la larga onda de expansión de los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Han proseguido los grandes cambios estructurales que la aceleración posterior a 1950 desencadenó, en particular la desagrarización y la apertura e internacionalización de actividades productivas y operaciones financieras. Y la consolidación de la democracia ha traído consigo la ampliación de las estructuras del bienestar, hasta alcanzar el gasto público proporciones europeas sobre la renta nacional, con una distribución crecientemente inclinada hacia las administraciones territoriales del Estado, esto es, Comunidades Autónomas y ayuntamientos. La economía española de la democracia, en definitiva, culmina una segunda mitad del siglo XX no poco pródiga en frutos de prosperidad y de modernización estructural: la tercera España que el eje del crecimiento económico distingue en el curso de la centuria.

Un cuarto de siglo, por lo demás, este último del novecientos, en absoluto uniforme y lineal en su progreso; tampoco, es obvio, en lo que concierne a la evolución económica. El crecimiento medio interanual de la renta por habitante entre 1975 y 2000 se sitúa en torno al 2,5 por 100, superando, por tanto, al promedio resultante para todo el itinerario secular. Pero ese valor medio esconde oscilaciones cíclicas muy marcadas, ahora no amortiguadas por el retraimiento comercial de otras épocas ni por la reserva del mercado interno, ni tampoco provocadas, afortunadamente, por dramáticos conflictos, sino regidas por el definitivo engarce de España con el resto de los países europeos y la creciente sintonía con sus patrones de evolución económica. Tres escenarios de características significativamente dispares, y muy distintas también a las del largo ciclo alcista 1961-1973 —según se aprecia en el cuadro 5—, pueden distinguirse en el decurso del último cuarto del novecientos.

El primero arranca, claro está, del final del franquismo. Como ya sucediera en la España del comienzo de los años treinta —hasta inspirar no pocos ejercicios de analogía histórica—, dos circunstancias mutuamente condicionantes, la transición política democrática, por un lado, y una profunda crisis económica, por otro, volvieron a conjugarse a mediados del decenio de 1970, creando un clima de incertidumbre que subordinó algunas de las más urgentes decisiones económicas al albur de la coyuntura política. La inicial perturbación de oferta que supuso la brusca elevación del precio del crudo de petróleo desde finales de 1973 y de otras materias primas, adquiere enseguida un efecto acumulativo, no sólo con la inmediata flexión a la baja de la demanda internacional y de los flujos de capital, sino, quizá de un modo aún más decisivo, con la elevación de los costes salariales y la relajada utilización de las políticas monetaria y fiscal, al igual que en otro ámbito crucial, la política energética.

No puede sorprender, por tanto, que el periodo de la crisis y el ajuste industrial que se extiende prácticamente hasta 1984 —tras el impacto, a la altura de 1979, de un segundo shock energético— se salde con un crecimiento medio de la renta por habitante muy escaso, en torno del 1,5 por 100 anual, al tiempo que se agudizan algunas tensiones macroeconómicas, con alzas de precios que llegan a ser «históricas» (la tasa de inflación del 26 por 100 en 1977) y una descontrolada evolución de las cuentas públicas. La crisis empresarial, crisis de beneficios y de inversión, que golpea en estos años muy fuertemente al sector industrial y a la banca más vinculada a éste, dejó, como saldo añadido, una pérdida de casi dos millones de empleos netos, arrancando de ahí el desempleo masivo que ha sufrido desde entonces la economía española.

Un periodo, en síntesis, éste «de la crisis y el ajuste», extremadamente difícil, aunque no deje por ello de presentar componentes creativos que, desde el ámbito de la economía y de las relaciones industriales, acompañan a los pasajes más intensos de la transición a la democracia: es el significado que puede atribuirse a la cultura de la concertación social y del consenso que a partir de los Acuerdos de la Moncloa nutre las negociaciones entre los agentes sociales; y es el caso, igualmente, de algunas reformas institucionales, desde la tributaria hasta la que empieza a liberalizar el sector financiero.

Los efectos de la política de saneamiento y el positivo influjo de la integración europea, materializada formalmente en junio de 1985, abren, en coincidencia con el favorable clima económico internacional de buena parte de los años ochenta, un ciclo de la economía española que bien puede rotularse de «europeo», con tres fases nítidamente dibujadas: la que abarca hasta 1989, de fuerte expansión; la desaceleración de los años 1990 a 1992, apenas disimulada este último año, y la recesión —post festum, pestum— que alcanza su nivel más bajo en 1993, tras las tormentas monetarias que sacuden a la Unión Europea a raíz de las dudas sobre la suerte del Tratado de Maastricht.

Ciclo de la integración europea caracterizado por las altas tasas de crecimiento de la segunda mitad de los años ochenta —la renta por habitante en términos reales volverá a crecer a ritmos superiores al 4 por 100 durante un quinquenio—, impulsadas, en parte, por el vigoroso auge de la inversión extranjera hacia España, y también por la ampliación del gasto público, con un ritmo muy alto de ejecución de obras públicas y de otras infraestructuras, técnicas y sociales, a la vez que se universalizan prestaciones sociales básicas y se incrementa la provisión de bienes preferentes, desde los educativos a los sanitarios. Ciclo que, no obstante, dejará a su término una cierta sensación de malogramiento: no se aprovechan todas las oportunidades que entonces se tienen para emprender las reformas precisas en la estructura productiva española, con un sector industrial fuertemente perjudicado por el cambio sobreapreciado de la peseta de toda esta etapa hasta las forzadas devaluaciones de 1992; no se consigue detener, desde la huelga general de diciembre de 1988, una creciente tensión social, y, sobre todo, no se acierta a combatir deplorables comportamientos en la función pública y en la empresa privada, todos con amplia proyección social, ayunos de esa ética que cimienta la cohesión social y la credibilidad del sistema de libertades. La recesión profunda de 1993 contribuye a subrayar esa percepción, aunque se fuerce la prolongación del ciclo político con los resultados de las elecciones generales. Y, desde luego, el retroceso cosechado ese año en el balance económico (el producto interior bruto contabiliza un -1,2 por 100) reduce el crecimiento medio de la renta real per cápita entre 1985 y 1993 hasta un 2,9 por 100, aproximadamente.

Lo que continúa es ya presente. El escenario económico «del cambio de siglo» arranca de 1994, sin respetar el calendario del cambio en el plano político, que deberá esperar a la consulta electoral de 1996. Y, con una primera fase trienal de recuperación y otra posterior de afirmada expansión, expresa para la economía española la más plena sincronización con Europa y, lo que no es independiente, la conquista de una estabilidad en las variables de equilibrio interno y externo, merced al cumplimiento de los criterios de convergencia nominal que han desembocado en la moneda única. Estabilidad favorecida por la coyuntura internacional, pero también por el recuperado clima de acuerdo entre los agentes sociales y la continuidad gubernamental posterior a 1996; todo lo cual propicia un crecimiento de la renta por habitante apreciablemente alto, casi del 4 por 100 en los últimos años del siglo, y la remoción del marco institucional, en un sentido liberalizador y de progresiva desregulación, exigida para completar la plena convergencia con Europa.

Tres escenarios temporales, en definitiva, que conforman otros tantos itinerarios cíclicos, el último aún en curso al cerrarse el siglo. Su reconstrucción ha de servir, por lo demás —y aun a riesgo de la insuficiente perspectiva de un tiempo tan próximo—, para dar ligazón argumental a las páginas que siguen.

El periodo de la crisis y el ajuste, 1975-1984

El decenio más difícil

Mediados los años setenta, la coincidente descomposición del franquismo con los difundidos efectos de la crisis económica internacional confieren a la realidad española un sello de particular complejidad. Ya desde finales de 1973, dos hechos casi simultáneos dibujan ese nuevo escenario. Por un lado, el inesperado zarpazo que supone para el régimen la muerte de Carrero Blanco, agravado por la forma en que se produce. Por otro, la meteórica alza de los precios del crudo que se inicia a raíz de la guerra del Yom Kippur, cuando los países árabes exportadores de petróleo hacen valer su posición y materializan, con grave quebranto para el esquema imperante de relaciones económicas internacionales, las rentas que les ofrece un mercado cartelizado. Coyuntura crítica que en España se ve amplificada por los condicionantes de una delicada transición política y por las fragilidades de la estructura productiva formada en los decenios anteriores. Una estructura caracterizada, en el ámbito industrial, por la preeminencia de sectores con escaso dinamismo en su demanda y poco refinamiento tecnológico, y, en general, muy consumidores de energía —industrias textil y papelera, así como las metálicas básicas—, presa fácil, por tanto, de la crisis internacional.

El impacto del aumento de los precios del petróleo, aunque aquí las autoridades trataran de saltar sobre la crisis con la pértiga de las abundantes reservas de divisas acumuladas en los años previos —sin tener en cuenta lo movedizo del suelo—, fue de una magnitud difícil de soslayar. La multiplicación, primero por cuatro (en 1973-1974) y luego por tres (en 1979), del precio del principal y quizá más insustituible —al menos, a corto plazo— producto de importación, el petróleo, alteró el equilibrio externo de la economía española, al forzar un déficit comercial de gran magnitud: desequilibrio acorde con la dependencia petrolera española, la mayor entre los países occidentales, y la morosidad con que las autoridades se plantearon cualquier política al respecto.

Pero, más allá del efecto directo sobre las cuentas exteriores, la crisis del petróleo desencadenó en toda la economía mundial, y de ahí, en la española, un shock generalizado sin precedentes desde los años treinta; crisis que, naciendo de un factor de oferta —la brusca elevación del precio de un input fundamental—, pronto se convirtió también en crisis de demanda, al limitarse los intercambios comerciales entre los países, arrastrados por la reducción de la demanda interna, causada por la mayor factura petrolera. La recesión mundial —sorpresiva combinación, para el saber económico de la época, de estancamiento y paro con inflación en los países industrializados— tuvo unos efectos particularmente desfavorables para la economía española, que no sólo sufrió la disminución de sus exportaciones, sino también la de los principales factores hasta entonces compensadores de su desequilibrio comercial: recorte de las inversiones exteriores, caída de los ingresos por turismo y freno, seguido de un acelerado retorno, de la corriente migratoria hacia Europa, fuente fundamental, con sus remesas de divisas, de los ingresos por transferencias desde los años sesenta. Sólo la desaceleración de las importaciones, tan pronto como lo hizo la propia actividad interna a partir de los últimos meses de 1974, moderó la magnitud del déficit que reflejaban las cuentas exteriores.

Además de los efectos inmediatos e inducidos del aumento de los precios del petróleo, convendrá no ignorar el papel desempeñado por los agentes económicos con objeto de obtener una cabal comprensión de los perfiles diferenciales de la recesión en España, más profunda y prolongada que en otros países occidentales. Los salarios reales en la economía española no sólo no se redujeron como respuesta al alza de los precios del crudo, sino que aumentaron incluso por encima de los niveles previos a la crisis energética, debido a la llamada «indiciación» —en la negociación colectiva, generalmente a escala de sector, la reivindicación sindical planteaba un aumento de salarios que, como mínimo, debía situarse dos o tres puntos por encima de la inflación— y, en parte también, a las subidas de las cotizaciones sociales.

Aumento de los salarios reales que vino, de esta forma, a constituirse en una perturbación de oferta añadida a la ya originada por las alzas del precio del petróleo, causando una «segunda ronda» de efectos, y que repercutió negativamente sobre el empleo al menos por tres vías. En primer lugar, provocando el cierre de un gran número de negocios, incapaces de mantener, en unos años en que se desploma la rentabilidad económica y financiera del conjunto de las empresas españolas, unos mínimos niveles de actividad. En segundo lugar, a consecuencia de la cancelación de una buena parte de los proyectos de inversión previstos, dada esa caída en los niveles de rentabilidad, tanto en los efectivamente obtenidos como —quizá de un modo aún más grave— en los esperados, al ser desfavorables las expectativas. Y, finalmente, al incentivar un proceso de sustitución de mano de obra por capital a causa del encarecimiento relativo del factor trabajo.

De tal modo que el sostenimiento de la renta real de los asalariados, ante las subidas en el precio del petróleo, contribuyó a amplificar los efectos negativos de éstas sobre la economía española, tanto en forma de mayores alzas de precios, como de caída en picado de las tasas de inversión, que registran cifras negativas, y de destrucción masiva de puestos de trabajo. Todo ello se advierte muy claramente en los números del cuadro 5. Destáquese que el efecto combinado de la pérdida de cerca de dos millones de empleos netos y de la incorporación de activos al mercado de trabajo, situó la tasa de desempleo —apenas 3 por 100 diez años antes— por encima del 20 por 100 a la altura de mediados de la década de 1980.

Quizá ningún otro indicador numérico, como no sea ése del desempleo, resulte tan expresivo de la hondura de la crisis como el retroceso en la renta per cápita de los españoles, en términos absolutos, durante tres de los años del periodo considerado, 1975, 1979 y 1981. O el salto atrás en dieciséis años que se produce en la convergencia de España con el resto de los países europeos, de modo que la proporción que la renta per cápita española supone en relación con el promedio europeo en 1984 es justamente la de 1968 (72 por 100), después de haber alcanzado un máximo del 80 por 100 en 1975 (gráfico 9).

Gráfico 9. Convergencia de España con la Unión Europea, 1960-2000
(PIB per cápita español en porcentaje del promedio UE-15)

Fuente: Elaborado con los datos de European Economy.

El decenio que se está contemplando tiene, en todo caso, distintas modulaciones, tanto en lo que se refiere a la evolución de las principales magnitudes como en la orientación de las medidas de política económica. Son cuatro las etapas fundamentales que pueden acotarse en la evolución económica de este periodo, delimitado, a grandes trazos, entre 1975, con un cambio de coyuntura preludiado desde mediados de 1974, y 1984, cuando son bien patentes los signos positivos en la evolución económica del conjunto de los países desarrollados, anticipadamente en Estados Unidos y Japón, y, acto seguido, en Europa occidental, y cuando ya aparece despejado, tras la cumbre de Stuttgart del año anterior, el camino de la adhesión europea para España.

La primera de esas etapas llega hasta el comienzo del verano de 1977, y, más acentuadamente que en la mayor parte de los países europeos, la pasividad frente a las iniciales conmociones del shock petrolífero y de la crisis es la actitud dominante. Pasividad que debe explicarse no sólo atendiendo al artificioso triunfalismo de los últimos tiempos del franquismo, que conduce a impulsar planes de expansión de líneas y plantas de producción que ya habían perdido su razón de ser en el momento mismo de proyectarse —casos de la industria naval y de la siderurgia—, o recurriendo únicamente a la generalizada lentitud y miopía de gobernantes y académicos para sopesar los nuevos componentes del escenario económico internacional. Comprender el alto grado de inanición de la Administración española en aquellas circunstancias exige atender también, y muy sustantivamente, a los acontecimientos políticos que entonces se suceden: crisis del régimen dictatorial, con momentos muy dramáticos para la convivencia civil, y primeros dubitativos pasos de un proceso reformador repleto de pasajes singulares, a partir sobre todo de la Ley de reforma política, aprobada en noviembre de 1976 por las Cortes del Movimiento Nacional, que marca el punto de no retorno de un cambio en profundidad de alcance constitucional. La clave explicativa probablemente hay que buscarla ahí, en la incertidumbre y en la inestabilidad que ello trae consigo.

En definitiva, la precariedad de la situación política —hasta cinco composiciones gubernamentales, todas mediatizadas por una palpable interinidad, se suceden entre mediados de 1973 y la primera mitad de 1977— es lo que paralizará la toma de decisiones de costosa aceptación popular. Más aún: es lo que propicia medidas permisivas con objeto de canalizar toda la presión social de esos inciertos años a través de amplias concesiones salariales y de subvenciones al consumo de los productos energéticos encarecidos en el mercado internacional, de espaldas a la brusca caída de la relación real de intercambio que gravita sobre las posibilidades de la economía española y a la merma de renta que ello significa. En consecuencia, al llegar el verano de 1977 se habrá culminado, con las elecciones democráticas de aquel 15 de junio, un trecho capital de la reforma política, pero con el coste que suponen tensiones muy agudas en los precios y en las cuentas exteriores, y ya incipientes también en el mercado de trabajo. Además de ser España el único país occidental que aumenta la intensidad energética y petrolífera de su sistema productivo entre 1973 y 1977, siguiendo una tendencia que se mantendría hasta el final del decenio.

Viene a continuación la corta etapa que transcurre entre la formación de un nuevo gobierno —el segundo del presidente Suárez— en los primeros días de julio de 1977 y la aprobación de la Constitución democrática en diciembre de 1978. Corto fragmento de la historia española más cercana, pero ciertamente lleno de interés, por cuanto la política de consenso entre las fuerzas políticas alcanza también al plano económico. Dentro de él, cobran especial protagonismo dos hechos. Por un lado, las primeras y urgentes medidas del nuevo gobierno en el plano económico, con el objeto de frenar el deterioro en los flancos arriba mencionados; decisiones iniciales que incluyen, por cierto, la presentación en aquel mismo mes de julio de la que será definitiva solicitud de adhesión de España a la entonces Comunidad Europea. Por otro, los denominados Acuerdos o Pactos de la Moncloa, alentados desde la vicepresidencia económica del gobierno por Fuentes Quintana y firmados a finales de octubre de 1977, los cuales, a pesar de su corta vigencia, consiguieron algunos resultados muy apreciables en el terreno de la contención de los precios y del equilibrio exterior, apuntando las líneas de saneamiento y reforma de la economía española que un lustro después habrían de retomarse.

Ambos acontecimientos conseguirán, sobre todo durante los apretados meses de ese mismo otoño, que España ocupe primeras planas en los medios de comunicación internacionales, que dan cuenta del renovado impulso que cobra la política económica y del compromiso de los partidos políticos para avanzar con resolución en dos frentes cruciales. Uno, el de la corrección de los principales desequilibrios macroeconómicos arrastrados, cortando, ante todo, las arraigadas expectativas alcistas en los precios que entonces alimentaban un proceso inflacionista autosostenido, y sentando las bases de lo que después acabará perfilándose como un modelo de concertación social no poco original. Otro, el frente de las necesarias reformas institucionales y estructurales para adaptar la economía española a la nueva situación de la economía mundial, incluyendo entre ellas una profunda reforma fiscal, con nuevos criterios de reparto de la carga tributaria a partir de los principios de personalización y tecnificación de los impuestos.

Ciertamente, la atención que en esa segunda mitad de 1977 se presta por doquier a la actualidad española no deja de estar justificada. Desde la perspectiva de la política económica cabe hablar, incluso, de una cierta anticipación por parte española respecto de otros países, en particular en lo concerniente a la resuelta decisión de combatir la inflación. Cierta precocidad que debe explicarse recurriendo también en este punto a motivaciones políticas, que entonces juegan a favor de afrontar los problemas económicos, para que éstos no entorpecieran la recuperación de la democracia. En otras palabras, atajar la situación de crisis económica se erigió unánimemente como prioridad política, y esa coincidencia de criterios y voluntades facilitó el clima de consenso y pacto, auspiciando los acuerdos que se proponían abordar la corrección de los graves desequilibrios, internos y externos, que afrontaba en aquel momento la economía española. Las medidas entonces adoptadas apuntaron hacia un mayor rigor en la gestión monetaria, una política fiscal menos expansiva y una política de rentas que introducía una mayor disciplina en la fijación de los salarios; políticas de ajuste que vinieron complementadas por una sustancial devaluación de la peseta.

Y, al margen de otros recuentos más pormenorizados, no es en absoluto exagerado afirmar que el principal activo de los Pactos de la Moncloa y de la política económica de los meses que siguieron a aquel comienzo del otoño de 1977, fue conseguir el alivio suficiente en el terreno económico —con la quiebra crucial de la escalada de los precios— para hacer posible la elaboración consensuada de una Constitución democrática, y su mayoritaria aprobación al final de 1978 en un clima no enrarecido por los problemas socioeconómicos.

La iniciativa política —y de política económica, de manera acentuada— que promueven los Pactos de la Moncloa pronto comienza, sin embargo, a perder vigor. Ya conforme transcurre 1978 se va haciendo cada vez más perceptible la disonancia entre las declaraciones de fidelidad a los compromisos suscritos y una práctica diaria que los desconoce, de hecho; y desde comienzos de 1979, disueltas las Cortes constituyentes, el clima dominante es cada vez más tibio. Lo que permite distinguir otra etapa, la tercera, en el itinerario español aquí glosado. Tercera etapa que se prolongará hasta finales de 1982, condicionada toda ella por el nuevo y brusco encarecimiento del precio internacional del petróleo a partir de mediados de 1979 y por inquietantes sucesos de la escena política interna.

A estos últimos hay que situarlos una vez más en lugar preferente, pues vuelve la situación política española a estar dominada por factores de inestabilidad, cuando no de inseguridad extrema: tres cambios de gobierno entre abril de 1979 y septiembre de 1980, con Suárez de presidente, escalada terrorista, varios conatos de golpe de Estado que desembocan en el del 23 de febrero de 1981, remodelaciones de gobierno con Calvo-Sotelo, autodestrucción del partido que gobierna... No puede sorprender que, en esas circunstancias, el pulso de la política económica española vuelva a ser vacilante —en contraste con la firmeza de las políticas restrictivas europeas que entonces se están aplicando— y que el estilo mismo de muchas actuaciones de política económica exprese la pusilanimidad de una Administración mediatizada por múltiples y graves acontecimientos políticos no previstos.

Por supuesto, ese cuatrienio a caballo del final de los años setenta y los primeros ochenta no deja de presentar algunas consecuciones apreciables: ya sea en el dominio de la reforma del sistema financiero, avanzando en la política de liberalización iniciada poco antes, con libertad de apertura de sucursales, disminución gradual de los coeficientes de inversión obligatoria y autorización parcial de la banca extranjera; ya sea en el ámbito del mercado de trabajo, definiendo un nuevo marco de relaciones laborales en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980; ya en el de la política industrial, con los primeros ensayos de planes de reestructuración sectorial. Todo ello, al tiempo que se conseguía preservar el clima de negociación y acuerdo con las fuerzas sindicales. Pero en el balance final de la etapa ahora considerada sobresale la pérdida de empuje para continuar sin titubeos la línea de saneamiento y ajuste macroeconómico iniciada con los Pactos de la Moncloa. De la anticipación que éstos pudieron representar a la altura de 1977, se pasó, en apenas un lustro, a un marcado retraso con relación al calendario europeo en el proceso de adaptación a las nuevas condiciones del mercado internacional.

Así, cuando termina 1982, es decir, cuando una buena parte de Europa está completando o a punto de superar la fase más dura de ese esfuerzo adaptativo, en la economía española, no obstante haberse hecho algún progreso parcial, el deterioro es nuevamente muy intenso en el sector exterior y en las cuentas del sector público, con resistencia a la baja de los precios y también con una tasa de paro muy alta. Desempleo detrás del cual se encuentra, en la eclosión final de la crisis industrial —e igualmente bancaria, hasta afectar gravemente a casi la mitad de las entidades—, el silencioso y constante goteo de suspensiones de pago, quiebras, cierres y reducciones de capacidad y de plantilla de miles y miles de empresas, al margen de los planes de reconversión que entonces comienzan a desgranarse. Un compás de espera desfavorable a España, en definitiva, que se refleja asimismo en el parsimonioso avance durante esos años de las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Europea.

Hacer frente a los crecientes desequilibrios agregados que venían arrastrándose y reimpulsar la negociación con las autoridades de Bruselas serán, pues, no por casualidad, los objetivos preferentes de la política económica en la cuarta etapa que se distingue dentro de este periodo de la crisis y el ajuste. Un nuevo tramo que se abre en las últimas semanas de 1982 con la formación del primer gobierno socialista, y en el que diversas circunstancias coincidentes van a permitir que la política económica recobre capacidad de iniciativa y un pulso más firme —con Boyer al frente del Ministerio de Economía y Hacienda— que en ninguno de los momentos anteriores de la transición democrática.

Son varios los hechos que concurren, en efecto, comenzando por la estabilidad gubernamental del periodo, fruto de la holgada mayoría absoluta parlamentaria alcanzada en las elecciones de octubre de 1982, a diferencia de la entrecortada línea de todo el decenio precedente. Igual cabe decir de la reiterada colaboración de los agentes sociales durante esos años en la aplicación de las medidas de reconversión y de contención de salarios; colaboración sancionada en sucesivos acuerdos globales. En tercer lugar, cabe señalar el contraejemplo que supuso para los responsables de la Administración española el fracaso de la inicial gestión económica del primer gobierno presidido por Mitterrand, que intentó desde mediados de 1981 mantener en Francia una política expansiva, ignorando la restricción de la balanza de pagos y pretendiendo sortear —con la ayuda de amplias nacionalizaciones— los condicionamientos del ciclo económico internacional; política que no tardaría en rectificarse.

Puede servir para cerrar esta sumaria relación el factor acaso más decisivo, esto es, el estímulo proveniente de la recuperación de las economías occidentales, cuya importancia para una economía como la española, cada vez con mayor grado de sensibilidad a la influencia exterior, es difícilmente exagerable. Influencia favorable que no sólo va a facilitar los reajustes internos de la economía española —esto es, las políticas de saneamiento y de corrección de los desequilibrios— y su revitalización posterior, sino que también va a ofrecer un marco adecuado para la incorporación de España al proceso integrador continental, alcanzándose ahora —el momento clave, ya se ha señalado, es la cumbre de Stuttgart en junio de 1983— la fase culminante de las negociaciones para la adhesión a la Comunidad Europea.

El periodo de crisis y ajuste toca así a su fin, alimentando justificadamente expectativas favorables para la economía española a partir de la segunda mitad de los años ochenta. Con todo, el decenio que transcurre desde que en los últimos largos meses del franquismo se acusen las primeras señales inequívocas del final de la época anterior de crecimiento, dejará no pocas secuelas. Ante todo, las derivadas de una crisis empresarial, amplia y devastadora, reflejada en una masiva amortización de puestos de trabajo, y que de la industria se trasladó a la banca; una crisis industrial de efectos muy concentrados en algunas regiones, como sucediera, dada su especialización productiva hacia la industria pesada, en las de la cornisa cantábrica. Por otro lado, el quebranto que supone la agudización de desequilibrios macroeconómicos, en particular los que afectan al equilibrio interno, tanto en términos de precios como de desequilibrio de las cuentas públicas. Una inflación enquistada en los dos dígitos aún a la altura de 1984 y un déficit público que, en esas fechas, llegaba al 6 por 100 del producto interior bruto, constituyen la más viva expresión de los problemas irresueltos en la antesala del que va a ser el segundo de los escenarios que recorre la economía española en el último cuarto del siglo XX.

El ciclo europeo, 1985-1993

Crecimiento y recesión al compás europeo

Anticipándose incluso a la propia firma del Tratado de Adhesión en junio de 1985, las expectativas generadas por la integración en Europa, más la favorable evolución de la economía mundial —factores no únicos, pero de nuevo determinantes—, animan la recuperación de la actividad económica en España desde mediados de la década de 1980. Como al tiempo se están completando algunas actuaciones de saneamiento y, aunque tardías también, de reconversión industrial y de ajuste energético, el ciclo entra en una decidida fase alcista.

Con la segunda mitad de 1985 y los primeros meses de 1986 se abre, así, una etapa de muy notable y sostenido crecimiento. Vigorosa expansión de la economía española que, aun iniciándose casi dos años más tarde si se compara con la cronología generalizada entre los países europeos occidentales, alcanzará suficiente fuerza —con aumentos anuales de la producción rondando el 5 por 100— para superar ampliamente el promedio de las tasas de crecimiento comunitarias durante toda la segunda mitad de la década. Años en que, primero, se recuperan y, después, se sobrepasan —ya a la altura de 1991, según se aprecia en el gráfico 9— los niveles de convergencia con Europa perdidos a raíz de la crisis. Avance que es el resultado combinado de un vivo crecimiento del dividendo nacional, la renta, y un modestísimo incremento demográfico, que apenas si ha hecho de divisor, al proseguir el brusco desplome de la fecundidad iniciado al final del decenio de 1970.

Son también plurales los factores que se entremezclan en esos años, creando las condiciones necesarias para esta nueva fase de auge. En primer término, la prolongación de la estabilidad política —elecciones en el verano de 1986, poco después del referéndum de la OTAN— y la paulatina consolidación de las instituciones democráticas españolas, hasta quedar despejadas del horizonte las incertidumbres involucionistas que salpicaron la transición hasta bien entrados los años ochenta.

Debe destacarse asimismo, en conexión con ese primer aspecto, la mejora del clima empresarial, a partir no sólo del saneamiento financiero de las unidades productivas, con recobrados márgenes de beneficio, sino, igualmente, como consecuencia de la recuperada credibilidad del empresario —de la figura y de la función empresarial— en la sociedad española, dejando atrás años de indiscriminados recelos y censuras sociales. Aunque sea también en esta etapa de auge cuando determinados comportamientos reprobables de algunos «logreros», maestros ahora de la llamada «ingeniería financiera» y de no disimuladas prácticas especulativas, alcancen mayor notoriedad, con el quebranto, en términos de legitimación social, que ello ocasiona. El descontento que revelará la huelga general de diciembre de 1988 no es, desde luego, casual: los sindicatos, que siguen asumiendo un comportamiento solidario mientras cobra vigor la recuperación económica, cambian claramente de actitud, en plena cresta del ciclo, al no poderse soslayar una demanda social que reclama un reparto más extendido de las ganancias que el auge depara ostensiblemente para algunos.

Otra circunstancia que va a favorecer la capacidad de crecimiento de la economía española, que aún sigue presentando en este periodo un muy elevado grado de intensidad energética en su sistema productivo y de dependencia de los aprovisionamientos exteriores de crudos, es el mantenimiento de los precios del petróleo y de otras materias primas en niveles relativamente moderados, auxiliados por la depreciación nominal del dólar respecto de la peseta durante buena parte de los años ochenta. Que es también un tiempo, ya se apuntó, de bonanza económica en el mundo occidental, con persistentes vientos de prosperidad en los principales países desarrollados —fugazmente amainados tras la crisis bursátil de 1987, que dejó apuntados, en todo caso, los riesgos de la globalización financiera— y, dentro de Europa, de recuperado dinamismo en su proceso de integración económica, tras algunos años de aletargamiento. Entonces, efectivamente, además de la ampliación de la Comunidad a España y Portugal, acordada en 1985, se firma el Acta Única en febrero de 1986 y, a la vez que se asienta el Sistema Monetario Europeo y se integra en él la peseta, se dan los pasos que culminarán en el Tratado de Maastricht, ya en 1992.

A su vez, todo ello explica la renovada confianza del capital internacional en las posibilidades de la economía española, hasta constituir la caudalosa entrada de inversiones foráneas uno de los componentes fundamentales, sin duda alguna, del fuerte crecimiento económico alcanzado en la segunda mitad de los años ochenta. Los inversores extranjeros aportaron, en efecto, recursos y proyectos, complementando el insuficiente ahorro nacional para hacer frente a los altos requerimientos de capital y de iniciativa empresarial exigidos por una economía que conoce de nuevo en esos años un pulso febril de reequipamiento e incorporación de innovaciones tecnológicas y organizativas, con ritmos de expansión de la inversión productiva equiparables, si no superiores, a los de antes de la primera crisis energética.

Un impulso productivo que se refleja, igualmente, en una pujante capacidad de creación de empleo, que no alcanza, sin embargo, a reducir las tasas de paro más allá del 16 por 100 registrado al concluir la década, debido al contrapeso ejercido por dos factores: por un lado, la incorporación al mercado de trabajo de un número muy crecido de mujeres de todas las edades —bastante más de un millón entre 1985 y 1991—, y, por otro, la presión sobre la población activa de las extensas cohortes poblacionales de ambos sexos procedentes del baby boom de los años sesenta.

Adquiere así contornos claramente diferenciados la fase expansiva del ciclo europeo de la segunda mitad del decenio de 1980, reproduciéndose en España el juego de factores impulsores a escala europea, esto es, la exportación como principal elemento dinamizador de los primeros compases de la recuperación y su relevo, en los años de mayor crecimiento (1987-1989), por el fuerte empuje de los componentes de la demanda interna. Entre estos últimos, de un modo muy destacado, el gasto público —financiado en gran parte, además, con cargo a un creciente endeudamiento del conjunto de las Administraciones públicas— y las inversiones de procedencia extranjera. Debiéndose anotar también aquí el aumento del consumo privado —muy orientado hacia los bienes duraderos— que se da en estos años, sostenido en parte por el mayor endeudamiento de las familias, cuya demanda de crédito, avivada por el «efecto riqueza» de la revalorización de sus activos inmobiliarios y bursátiles, con rápidas plusvalías en algunos casos, encuentra gran receptividad en un sector financiero muy escaldado de sus implicaciones tradicionales en la industria, y tras los sucesivos episodios de crisis del decenio anterior.

El balance de esta fase expansiva subsiguiente a la integración europea presenta, por tanto, bastantes partidas satisfactorias. Es positivo, primero, en lo que concierne a las relaciones exteriores, alcanzándose una capacidad de interlocución, en Europa y en los grandes foros internacionales, inédita en la historia contemporánea española. Sobresaliente también, en general, en lo más puramente económico, con notable relanzamiento de la actividad productiva y un progreso bien perceptible, ya se ha dicho, en la convergencia europea. Igualmente, en lo que supone de ampliación de obra pública, con inversión en todo tipo de infraestructuras físicas —en particular en redes viarias y de comunicaciones— y sociales, incluyéndose aquí de los equipamientos educativos a los sanitarios y recreativos. Junto a todo esto, la universalización de las prestaciones sociales —en situaciones de vejez, de invalidez y de enfermedad—, la cobertura de un creciente número de desempleados y la mayor provisión de bienes preferentes, en terrenos como la educación y la sanidad, ayudan a afirmar la base del edificio democrático, reproduciendo las estructuras protectoras del Estado del bienestar características de otros países europeos, con años de ventaja sobre España, décadas en algún caso, en este campo. Y además hay que mencionar el buen comportamiento en la creación de puestos de trabajo: el primer gran paso hacia la liberalización del mercado de trabajo, dado en 1984 al introducir el contrato temporal, facilitará, cuando la fase de auge del ciclo comienza a desplegarse, el aumento del empleo, muy firme entre 1986 y 1990.

Pero no faltan tampoco las partidas con signo opuesto al valorar el conjunto de esos años. Ya se han apuntado algunas: la cortedad en las actuaciones que debieran haber modificado el marco normativo de la economía y avanzado en la efectiva liberalización de sus principales sectores, particularmente dentro de las variadas y cada vez más predominantes actividades de servicios, así como un cierto deterioro del ambiente social y de opinión pública a partir de la confrontación sindical y de la tibieza a la hora de reprobar conductas indeseables en la actividad mercantil y en los órganos de la Administración. El paso del tiempo se encargaría, por lo demás, de poner al descubierto fragilidades en el propio modelo expansivo, enfilando el ciclo hacia las fases de desaceleración y recesión.

En efecto, el crecimiento económico de la segunda mitad de los ochenta —avivado por los dos componentes de la demanda ya citados: el gasto público y la inversión extranjera— contenía elementos muy contradictorios desde el punto de vista de las variables de equilibrio interno y externo. Así, con una tasa de inflación por encima del promedio de los países europeos más fuertes y disciplinados, y con un tipo de cambio anclado, desde finales de los ochenta, en las paridades con las otras monedas del continente establecidas en el seno del Sistema Monetario Europeo, la pérdida continuada de competitividad que para las producciones españolas suponían esos mayores precios internos dañó seriamente a los sectores exportadores. En particular, a las industrias exportadoras. Al tiempo, se disparaban las importaciones de bienes y de servicios, estimulándose con ello a los sectores menos eficientes y más al abrigo de la competencia exterior. Aunque también sea cierto que la fortaleza de la peseta ayudó a moderar algunas tensiones inflacionistas por esta segunda vía, la de abaratar las importaciones.

Pero si la excesiva apreciación de la peseta castigaba en particular a los sectores exportadores, los mayores tipos de interés requeridos, en parte, para mantener esa situación, aunque contribuyesen a contener algo las alzas de precios, se erigían, esencialmente, en un obstáculo más para el conjunto del sistema productivo español, que poco podría hacer en cuanto rolasen los vientos favorables del exterior. Lo acaecido en Europa en 1992, tras los signos, ya evidentes desde comienzos del decenio, de desaceleración económica en las tres «locomotoras» occidentales —tanto en Estados Unidos como en Japón y en Alemania, que debió afrontar los costes de su reunificación—, terminó por desarbolar el equilibrio de la situación española.

Coincide el momento, tampoco es casual, con el de la crisis del Sistema Monetario Europeo, que, larvada desde al menos un par de años antes, se desata a partir del verano de 1992. El tortuoso camino de ratificación por parte de los parlamentos nacionales del Tratado de la Unión Europea, suscrito en Maastricht por los ministros de Exteriores de los países miembros en febrero de 1992 —con el no danés y el comprometido sí francés—, abre la espita de una «tormenta monetaria» que afecta con particular virulencia a las monedas «fuertes» de los países «débiles». España está en este grupo, y los ataques especulativos contra la peseta, favorecidos por la plena libertad de movimientos de capitales decretada poco tiempo antes —y por el gran monto de la deuda pública en manos de no residentes, vía de financiación del déficit en los años anteriores—, llevan a la necesidad de efectuar dos devaluaciones entre septiembre y noviembre de ese año, y dos más en 1993. Las cuatro vinieron a representar, pese a la desazón del gobierno, un gran alivio para los sectores exportadores de la economía española.

Devaluaciones que marcan el final del ciclo, y que expresan también los riesgos de la forzada vía anterior, emprendida —y sancionada con el ingreso de la peseta en el Sistema Monetario Europeo en junio de 1989— con el obvio propósito de controlar las variables monetarias y el comportamiento de los agentes sociales, aunque sin que la política económica fuera capaz de la disciplina fiscal exigida, ni acometiera con decisión las reformas estructurales precisas para liberalizar la economía y contener las tensiones inflacionistas presentes en todo este periodo.

La desaceleración de la actividad productiva, ya muy intensa en 1992, toca fondo en 1993. La caída de la producción y el crecimiento vertiginoso del desempleo en España hablan claramente de la magnitud de la recesión. Por eso, la euforia de los años previos, con el colofón de los fastos del 92, se muda enseguida en abierto pesimismo. El enrarecimiento del clima político, a su vez, bien perceptible a la altura de 1993, coincidiendo con las elecciones generales de ese año, parecía añadir dificultades a la recuperación de la economía española, que volvía a distanciarse de los niveles de convergencia europea, y se mostraba sin fuerzas ante el desafío de cumplir los criterios establecidos en Maastricht para incorporarse, en el plazo de un lustro, a la última fase de la Unión Económica y Monetaria.

Por fortuna, las apariencias eran engañosas. El nuevo escenario económico que se abre en 1994, bastante antes, por tanto, de que concluya la última legislatura con González de presidente, permitirá poco a poco recobrar condiciones propicias para retomar la senda del crecimiento a buen ritmo. Luego, a partir de 1996, con el gobierno Aznar, se enderezará decididamente el rumbo de la economía española hacia la postrer —e importante— etapa de expansión que conoce el siglo XX.

El ciclo del cambio de siglo

Cultura de la estabilidad ante el reto del euro

Los vientos favorables de la economía mundial, unidos al estímulo de una conjunción de factores diversos, en buena medida propiciados por el esfuerzo emprendido para incorporarse al proceso de unificación monetaria continental, ayudan a entender el balance positivo, en términos de convergencia con Europa y de estabilidad macroeconómica, con que España despidió el siglo XX. Un ciclo económico, éste del «cambio de siglo», que, sobrepasando el propio ciclo político, parte de la titubeante recuperación de 1994, aún con los socialistas en el poder y con Pedro Solbes al frente del Ministerio de Economía y Hacienda, y se afianza desde la segunda mitad de 1996, ya con Rodrigo Rato como responsable ministerial. Sostenido crecimiento y redoblada apertura al exterior que han permitido a España, como en otras fases de auge, culminar el siglo recortando distancias respecto de los elevados niveles medios de prosperidad de los países que forman con ella la Unión Europea, y alcanzar ahora una sincronía en términos evolutivos entre lo español y lo europeo mayor que en ninguna época anterior.

Sobre un terreno bien preparado para cosechar buenos resultados económicos, y aventado por la bonanza internacional, el periodo claramente expansivo que comprende la legislatura iniciada tras las elecciones generales de marzo de 1996 arroja, en todo caso, unos registros sobresalientes, tanto en cifras de aumento de la renta como, en general, en las condiciones de equilibrio macroeconómico. La renta per cápita de los españoles alcanza en estos años un incremento anual medio cercano al 4 por 100, muy notable al cotejarlo no sólo con la senda secular de crecimiento de la economía española, sino también con las tasas promedio del conjunto de los otros países de la Unión Europea. Un comparativamente más que notable incremento del ingreso que se ha dado, además —y aquí está el elemento distintivo fundamental del periodo—, en el marco de una estabilidad macroeconómica desconocida en otras fases de auge (gráfico 10): contención de los precios, aunque con repuntes desde 1999; rebaja de los tipos de interés, hasta converger con los de la «zona euro»; reducción muy sustancial del déficit público —con un horizonte de equilibrio presupuestario fijado para el 2001—, y contención, seguida de disminución, de la deuda pública, en línea con los requerimientos de los criterios de convergencia señalados en el Tratado de Maastricht. En esta senda, el año 1996 marca un claro punto de inflexión, que condujo en la primavera de 1998 —¡qué diferencia con aquel otro 98 del desastre!— a obtener el «aprobado» en los criterios de convergencia, sin más «manga ancha» de la que requirieron otros países en sus porcentajes de deuda pública.

Gráfico 10. Indicadores de convergencia nominal, 1995-2000

Notas: (a) Índicesarmonizadosdepreciosdeconsumo. (b) Tipos de interés de los bonos a 10 años. Fuente: Elaborado con los datos de Eurostat.

Una vez más, en suma, lo sucedido en España durante los años ahora considerados no expresa sino el mayor fuelle que puede alcanzar una economía europea algo rezagada, pero dirigida sensatamente, cuando el entorno internacional le es favorable. En concreto, tres circunstancias aparecen como coadyuvantes de la política económica española —a modo de esa «providencia al quite» que ya agradeciera Flores de Lemus mucho tiempo atrás— a la hora de explicar tan abundante cosecha durante estos últimos años del siglo XX. No es posible desconocerlas: conciernen a la coyuntura económica de los países atlánticos, al panorama de la Unión Europea y a la propia escena social y política interna.

La primera de estas circunstancias ha sido, en efecto, y particularmente en los primeros pasos del ciclo expansivo, la entonada coyuntura internacional, unida al mantenimiento de un clima muy extendido de estabilidad económica. La impresionante fase de intenso crecimiento de la economía de Estados Unidos a lo largo de todo el decenio de 1990, asociada a los espectaculares avances de las tecnologías de la información, pero también, y sobre todo, al prudente manejo de las magnitudes monetarias desde la Reserva Federal, ha resultado determinante para sostener ese ambiente, capaz de digerir sucesivas crisis financieras en Japón, Asia e Iberoamérica. La segunda coincidencia favorable es la renovada confianza que la construcción de la unidad europea consigue desde mediados del decenio; una recuperada convicción de alcanzar sin demoras la Unión Monetaria, según el calendario acordado, que pronto encontrará reflejo en los indicadores financieros de los principales mercados. En tercer lugar está lo que aporta la propia situación interior, con la expectativa que cunde entre los españoles de que aún era posible, cumpliendo con unos exigentes deberes de disciplina económica —bien secundados por la credibilidad, presupuestaria y monetaria, del gobierno y del Banco de España, éste con reconocida autonomía desde 1994—, participar desde el primer momento en esa fase decisiva de la construcción europea que iba a suponer la puesta en marcha del euro, la moneda única. Una expectativa favorecida en este caso por el más sereno marco político durante toda una legislatura no acortada, donde no sólo hay que contabilizar la escasísima conflictividad social registrada, merced a la ágil interlocución del gobierno con los agentes económicos y sociales, sino también otros muchos signos de afianzada normalidad democrática, por no hablar de las esperanzas suscitadas durante algo más de un año, entre 1998 y 1999, con motivo de la tregua terrorista. En definitiva, no sólo los españoles creyeron en sí mismos, sino también los mercados, que pronto anticiparon una convergencia en los tipos de interés a largo plazo con las economías centrales de Europa. La realidad se acomodó a la profecía.

Pero, más allá de los equilibrios monetarios, la expansión de la segunda mitad del decenio de 1990 se ha fundado, como en ocasiones anteriores, en la fuerza de las exportaciones, para ir tomando luego el relevo los componentes internos de la demanda, inversión y consumo, a medida que se asentaba la confianza de los agentes económicos. El consumo privado, en concreto, ha crecido en estos años por encima de la renta disponible, comprimiendo así las tasas de ahorro. Un gasto estimulado por la conjunción de diversos factores, desde el mayor empleo a las más favorables condiciones de endeudamiento, al haberse visto animadas las familias no sólo por el «efecto renta» de unos menores tipos de interés, sino también por el «efecto riqueza» de la revalorización de sus activos. A su vez, y a modo de positivo contrapeso, se ha contado con la disciplina del sector público, guiado por el objetivo del equilibrio presupuestario. Todo ello se resume —debe ser subrayado otra vez— en un cuadro macroeconómico marcado por el equilibrio de las principales variables y un crecimiento económico que, al ser mayor que el del promedio de los restantes países europeos, ha impulsado la convergencia española, en términos de renta real per cápita, hasta niveles situados holgadamente por encima del 80 por 100 comunitario al concluir el siglo XX.

Convendrá ahora, teniendo a la vista de nuevo el cuadro 5, hacer un sencillo ejercicio comparativo con el periodo de expansión que también conoce la segunda mitad de los años ochenta, e incluso con el tan excepcional como prolongado de 1961 a 1973, con el fin de completar lo que hasta aquí se ha dicho de la última fase expansiva del siglo. Es un ejercicio que revela apreciables similitudes, junto con algunas diferencias igualmente destacables. Por lo pronto, en cada uno de estos periodos se consigue un diferencial de crecimiento muy notable con respecto al promedio europeo, aunque haya sido con declinantes incrementos de la productividad del trabajo; menores avances del producto por trabajador que son la contrapartida de las mayores tasas de creación de empleo alcanzadas en las dos últimas fases de auge. Puede decirse, a la luz de los datos que tan expresivamente muestra el cuadro, que el perfil cíclico de la economía española parece acomodarse cada vez más a los patrones europeos, y no sólo en cuanto a sus ritmos, sino también en los componentes de la demanda que alimentan el crecimiento: así, entre 1996 y 2000, a diferencia de periodos anteriores, han sido el consumo y la inversión privados, antes que los movidos desde el sector público, los que han espoleado el incremento de la renta, junto con otro elemento muy indicativo del vigor de la iniciativa privada en estos años, el dinamismo de las exportaciones, que en esta ocasión ha aguantado sin grandes desfallecimientos el ritmo creciente de las importaciones, por no hablar de la colocación sin precedentes de capitales españoles en inversiones productivas en el exterior.

He aquí un rasgo que ha cobrado, en efecto, particular relieve y que merece, por su trascendencia, un comentario aparte: porque, al tiempo que se ha crecido, se ha asistido en estos años a un nuevo impulso en la proyección exterior de la economía española. Este renovado brío aperturista se ha concretado no sólo en el auge de las exportaciones, sino, de un modo si cabe más destacado, en la internacionalización de las empresas españolas, particularmente llamativa en el caso de unas pocas grandes compañías, pero también en otras muchas de dimensión más terciada. Por contraste con lo sucedido en otras épocas, ahora la internacionalización económica de España no es meramente pasiva —esto es, de fuera hacia dentro, recibiendo capitales o importando del exterior—, sino activa, con gran presencia inversora y exportadora de empresas españolas en otros mercados. Desde el punto de vista del comercio, el cociente de apertura externa de la economía española, medido por la fracción que exportaciones más importaciones de bienes y servicios suponen dentro de la renta nacional, ha aumentado en los últimos cinco años de la centuria del 45 al 60 por 100, en perfecta sintonía ya con los porcentajes europeos. Y, en cuanto a los movimientos de capitales, se ha dado la no poco asombrosa circunstancia de que las inversiones directas de España en el exterior superaron, desde 1997, las correspondientes entradas, convirtiendo a España en el sexto mayor país inversor de todo el mundo. Inversiones, es cierto, muy orientadas hacia unas pocas actividades de servicios, en particular con destino a Europa y cada vez más a Iberoamérica —hasta plantear, en este último caso, una concentración de riesgos a vigilar—, pero que son un signo, en todo caso, de madurez económica y de una estrategia activa en el proceso de globalización internacional de los mercados y de las actividades productivas.

La cercanía temporal de todo ello no debe impedir algún apunte adicional. Tres son los grandes rótulos que han encabezado la política económica española del último lustro del siglo XX. Primero, la búsqueda de la estabilidad económica, impuesta inicialmente por el condicionante exterior de los criterios de Maastricht, pero que luego ha adquirido consistencia propia, en línea con la hoy generalizada «cultura de la estabilidad» de las economías atlánticas; un objetivo, en todo caso, que no ha evitado al concluir la centuria ciertos rebrotes alcistas de los precios, ya se ha dicho, y que está fundado en una disciplina presupuestaria no exenta de otras hipotecas. Segundo, la creación de empleo, a partir de una nueva vuelta de tuerca en la legislación laboral al comienzo de la primera legislatura del Partido Popular y pronto favorecida tanto por el crecimiento de la renta como por el clima de acuerdo que ha prevalecido entre los agentes sociales; si bien no cabe ignorar, visto desde el otro lado de la balanza, que esa acelerada creación de empleo apenas ha dejado margen para las ganancias de productividad, lo que puede llegar a ser un lastre para avanzar por los caminos de la nueva economía. Y, tercero, la combinación de una decidida política de privatizaciones con otra menos enérgica de liberalización económica, que ha llevado, con la ayuda de las numerosas fusiones y acuerdos empresariales cerrados en los años finales del siglo, a una notable concentración de los grupos de poder económico, también de ambivalentes consecuencias. Cada punto de los mencionados merece al menos un mínimo detenimiento.

Ante todo, la estabilidad. En lo que hace a la primera —y más envolvente— de las líneas citadas de política económica, es obvio que la disciplina impuesta por los criterios de convergencia y, una vez entre los países de la «zona euro», por el llamado Pacto de Estabilidad, han favorecido los principales equilibrios macroeconómicos, tanto en términos de precios y de control de las cuentas públicas como del sostenible equilibrio de las cuentas exteriores. A diferencia de otras épocas de auge, en ésta el efecto expansivo de la demanda internacional se ha contrapesado con la controlada evolución de algunas variables claves, tanto del lado de la demanda interna, singularmente el gasto público, como de la oferta, merced, en este caso, a la moderación salarial —un fruto muy destacado de la aceptación social de las exigencias de Maastricht— y a un factor puramente exterior, el bajo precio de los crudos de petróleo.

En segundo lugar, la creación de empleo se erige en otro de los signos distintivos del tracto final del siglo XX, y quizá en el argumento principal de la política económica, al haberse disminuido muy sensiblemente en esos últimos cinco años el amplísimo diferencial, originado en la segunda mitad del decenio de 1970, con respecto de las tasas de paro europeas. Ello significa un cambio sustancial en el modelo de crecimiento de la economía española, tradicionalmente basado en los aumentos de productividad y apenas generador de puestos de trabajo. Es obvio que el crecimiento económico ha sido el revulsivo principal de la creación de empleo en estos años; pero también la legislación laboral, cuya reforma, en particular la de 1997, ha colaborado a que el empleo haya sido mucho más sensible que en periodos anteriores a los aumentos del producto nacional. De modo que la productividad del trabajo ha progresado menos que en las décadas previas, pero, en cambio, ha aumentado significativamente el empleo: así lo revelan, de un lado, los cerca de dos millones de nuevos puestos de trabajo creados, en términos netos, a lo largo de la legislatura del 96, y, de otro lado, las exiguas cifras de aumento de la productividad, tan inferiores, no ya a las estadounidenses, sino incluso a las europeas medias, que han suscitado un debate acerca de su fiabilidad, más allá de la evidente explicación del empleo creado en estos años. La afloración de una parte importante de la economía sumergida al calor de la recuperación económica y de ciertas rebajas fiscales al empleo, por un lado, y los cambios metodológicos operados en las estadísticas laborales y del producto, por otro, justifican, al menos parcialmente, una productividad aparente menor de la que puede haberse dado en la realidad.

Como fuere, con el respaldo de esta viva creación de empleo, la disminución del paro ha sido muy apreciable, reduciéndose la proporción de parados sobre el total de activos, según el cómputo del Instituto Nacional de Estadística, desde el 23 por 100 a comienzos de 1996, hasta una tasa que bajaba, al concluir el 2000, del 14 por 100, si bien la secuencia está afectada por una ruptura metodológica que obliga a algunas cautelas. Retroceso de la tasa de desempleo también favorecido, es cierto, por el más lento aumento de la población activa, toda vez que el desplome de la fecundidad iniciado dos décadas atrás —hasta situarse al finalizar el siglo en la tasa más baja del mundo, 1,1 hijos por mujer— ya se ha dejado sentir en la incorporación laboral de los jóvenes, y aboca a España a un escenario de acelerado envejecimiento que reclama, a pesar del aún alto paro —que afecta a jóvenes y a mujeres, principalmente—, una política de inmigración que garantice el futuro de las prestaciones sociales.

Una tercera línea de política económica ha alterado ciertas bases tradicionales del tejido empresarial español, enfrentado a una competencia exterior que no deja lugar ni al auxilio estatal de otros tiempos, ni al paraguas de un mercado protegido: se trata de la recomposición de los grandes grupos de poder económico, a instancias de la política de privatizaciones. Pues el dibujo del mapa empresarial dominante en la economía española cuando el siglo XX concluye, lo ha hecho posible, naturalmente, la ola de fusiones y adquisiciones impulsada por el saneamiento de las cuentas de resultados conseguido a lo largo de la segunda mitad del decenio de 1990, con rentabilidades medias en alza al compás del incremento de la actividad y de la reducción de los costes financieros que permitía la caída de los tipos de interés; pero algunos de los trazos principales de ese dibujo se deben a las medidas de privatización. De hecho, han sido éstas las que, aprovechando una efervescente coyuntura bursátil, han favorecido un aumento del grado de concentración empresarial, en línea con tendencias internacionales de parecido signo, y la conformación de unos nuevos «núcleos duros» dentro del capitalismo español. Como, a su vez, la liberalización económica ha sido más tibia, con medidas de desregulación sin suficiente fuerza para contrarrestar, en casos señalados, el efecto de unos mercados muy concentrados, las privatizaciones han tenido un alcance determinante en ese contexto, transfiriendo posiciones de dominio, no pocas veces, de manos públicas a otras privadas, como ha sucedido en los sectores energéticos o de telecomunicaciones, en cuyos mercados la competencia se abre paso con gran morosidad.

Dicho de otro modo, la privatización de empresas públicas en sectores de servicios básicos no suficientemente liberalizados, y en los que aquéllas, una vez privadas, han conservado buena parte de su poder de mercado, pone de manifiesto que no ha sido tanto la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos, como la conveniencia de allegar recursos inmediatos a las arcas públicas, lo que ha orientado principalmente el proceso: los más de cuatro billones de pesetas (unos 25 mil millones de euros) recaudados entre 1996 y 1999 por la venta de empresas públicas contrastan con los magros resultados obtenidos en términos de competencia de sus respectivos mercados, y, con ello, en términos de una mayor reducción de precios y tarifas. Con todo, es aquí, en la venta de empresas públicas, donde el cambio de ritmo respecto de la tímida política socialista de los lustros anteriores se ha hecho quizá más patente.

El resultado es que banca, energía y telecomunicaciones siguen siendo, como desde hace décadas, los protagonistas esenciales de ese entrecruzamiento de intereses, pero ahora de un modo más concentrado, en torno de un reducidísimo número de empresas que representan, por sí solas, cerca de los dos tercios de la capitalización bursátil española: los dos grandes bancos, el Bilbao Vizcaya Argentaria y el Santander Central Hispano, las dos principales eléctricas, Endesa e Iberdrola, más la petrolera Repsol y, por supuesto, el gigante Telefónica. De ahí nacen los principales centros nodales que se conectan entre sí, y se ramifican hacia múltiples intereses de la industria, los negocios de la construcción y los servicios. Núcleos en cada uno de los cuales, además de una o dos grandes entidades financieras, no falta la presencia de alguna empresa industrial o de servicios privatizada o de sus correspondientes herederos mercantiles. Se crea así una madeja de conexiones, cada vez más ampliada con otras de fuera de España, del que emerge un selecto número de empresas con intereses muchas veces comunes, y evidente poder de mercado y de influencia sobre las instancias de gobierno.

Cuatro notas, en resumen, pueden considerarse como características de la economía española que se asoma a la nueva centuria. La primera es el apreciable crecimiento económico, alcanzado, además, en unas condiciones de estabilidad desconocidas, en su alcance y consistencia, a lo largo de todo el siglo. La segunda es la mayor sensibilidad del empleo a esa expansión productiva, condición necesaria para atajar el gran déficit económico y social que acompaña a la democracia española en el último cuarto del novecientos: el paro masivo y duradero. La tercera es un grado de participación en el proceso de integración europea que hasta hace poco hubiera parecido impensable; tanto como lo era, todavía a mediados del decenio de 1990, que España pudiera incorporarse a la primera ronda de países fundadores del euro. En cuarto lugar, está el protagonismo creciente de la actividad privada y de un empresariado que, tras muchos tanteos, cuenta con más legitimación social y mayores posibilidades de actuación, dentro y fuera de las fronteras españolas, conociendo a la vez el tejido empresarial un proceso de concentración muy notable entre sus entidades más representativas.

Una nueva centuria, un nuevo siglo para España que hereda, por lo demás, dos asignaturas pendientes, y ambas troncales. Una está en relación con el dilatado margen que aún le queda por ganar a la economía española en su acercamiento a los niveles de renta de los grandes países europeos, y otra tiene que ver con las tensiones en el Estado de las Autonomías que ponen a prueba los elementos de cohesión económica. Sobre ambos temas conviene pronunciarse, y mejor en términos positivos que de ninguna otra forma.

El impulso definitivo en la convergencia real de España con el promedio de los restantes países europeos, verdadero horizonte colectivo y de la política económica para la próxima generación de españoles, requiere al menos de un doble esfuerzo adicional. Por un lado, de flexibilización económica y estímulo de la competencia, particularmente en las actividades de servicios más alejadas, por sus características intrínsecas o por la estructura de su oferta, de los criterios de mercado. Y, por otro lado, se requiere igualmente un esfuerzo de inversión que aproxime los stocks de factores productivos —tanto de capital físico y humano como tecnológico y de infraestructuras sociales—, determinantes de la productividad del trabajo, a los niveles europeos, actualmente muy por debajo, a pesar del avance de los últimos años. Nada de esto es sencillo: la experiencia histórica muestra cómo los impulsos a la liberalización económica se han entibiado tradicionalmente en España tan pronto como ha faltado el acicate externo, en forma de presión de las cuentas exteriores o de los propios organismos internacionales, y que las inversiones en los factores esenciales del crecimiento exigen una visión a largo plazo no siempre compatible con las premuras del ciclo político. Son, sin embargo, políticas sin las cuales la convergencia plena será una meta tan difícil de alcanzar como la tortuga perseguida por Aquiles.

Subsiste, en fin, al iniciarse el siglo XXI, otra cuestión problemática, acaso la más necesitada de reflexión colectiva. Es la que demanda, y cada vez más perentoriamente, articular un proyecto nacional compartido —sabiendo concitar para él, además, un apoyo social ampliamente mayoritario— en el escalón intermedio que deja, por un lado, la construcción de una Europa dotada de crecientes instrumentos de soberanía, y, por otro, la generosa descentralización, en lo político y en lo económico, efectuada por el Estado autonómico constitucional. Un proyecto que ayude a situar a España en Europa y en el mundo, evitando, entre otras cosas, una fragmentación que impida aprovechar los beneficios, incluidos los económicos, que en otros órdenes está permitiendo la creciente presencia internacional de España, en particular hacia Iberoamérica. Un proyecto que ayude, por otra parte, a superar las estériles tensiones territoriales y las pulsiones insolidarias que con frecuencia se advierten entre unas y otras regiones.

Pero ninguna de estas consideraciones finales debe desdibujar el buen desenlace que el final del siglo XX ha deparado a la economía española, que invita a mirar al futuro con esperanza, aunque ésta deba ser siempre más vigilante que confiada. Las lecciones del vivir en democracia han enseñado a los españoles que ésta se afirma en sus conflictos, y que ha sido la libertad creativa, y no deus ex machina alguno caído del cielo, la palanca que ha permitido superar las dificultades y progresar en los índices materiales y de bienestar social.

La huella de un siglo
La cumplida agenda de la modernización

Contra el maleficio finisecular que, por unas u otras circunstancias, parece arrastrar España desde el siglo XVI —entendiéndolo así, además, en cada ocasión, una buena parte de los contemporáneos—, el final del novecientos ofrece un tono radicalmente distinto, lejos de aquel hipercriticismo exacerbado de cien años atrás que tantas capacidades quizá acabó por mutilar. Un final de siglo, el del XX, marcado —ojalá que sin caer en una autocomplacencia eventualmente tan nociva— por la esperanza, bien justificada, de alcanzar los mismos baremos de prosperidad que los vecinos más prósperos, y que, frente al repliegue y al ensimismamiento pesimista de entonces, muestra una economía abierta y decididamente integrada con el resto del mundo desarrollado, embarcada en la primera línea de la construcción europea. Frente a la morosidad de los ritmos históricos de crecimiento, la evidencia de un progreso más vivo y sostenido, ya sobre niveles mucho más altos. Frente a la escasa trabazón social de una economía atrasada, la mayor ligadura que procuran los esquemas de protección y reparto de la renta de los Estados modernos. En fin, frente a una ansiada modernización, siempre pendiente a lo largo de la historia contemporánea, un conjunto de logros que expresan la honda transformación de la economía española. Estas páginas finales aspiran a subrayarlo, glosando el contenido y el cumplimiento de dicho programa.

El «España es el problema, Europa la solución» formulado por Ortega, no sólo recogía la aspiración modernizadora de su propia generación, la de «los intelectuales» del 14, y la de aquellas otras que en el primer tercio de siglo anhelaron una efectiva «europeización», sino también la de quienes, partiendo de las filas del institucionismo gineriano o del regeneracionismo costista, venían reclamando, desde antes de acabar el siglo XIX, «escuela y despensa», obra pública e industrialización, como sinónimos de un ideal que tenía en Europa el mejor señuelo de mejora y de progreso. Concluido el novecientos, bien puede repetirse que aquella agenda de la modernización ha cumplido sus principales objetivos.

Primero, escuela. La mejora de los niveles formativos de la población española —y la cualificación creciente de lo que hoy se conoce como capital humano— no sólo ha erradicado las pavorosas tasas de analfabetismo de hace un siglo, a las que tanta significación atribuyó acertadamente Brenan al tratar de explicar el laberinto español. Ha conseguido mucho más: una escolarización ya del todo generalizada, que se prolonga en un continuo aumento de la población universitaria, con más de millón y medio de estudiantes en el escalón de la enseñanza superior —un tercio de todos los españoles comprendidos entre 18 y 23 años—, y con una cifra de doctorandos equivalente a la de todos los estudiantes universitarios de los años treinta.

Segundo, despensa. El «pan y puchero» que ha dominado, si acaso con el esporádico consuelo de alguna fiesta muy señalada, la dieta alimenticia de los españoles hasta bien entrado el siglo XX, y la penuria, prolongada en la posguerra por las cartillas de racionamiento, que se sufre hasta comienzos de los cincuenta, son al terminar la centuria tan sólo parte del lejano recuerdo de algunos. El avance en los niveles de prosperidad material de la segunda mitad del siglo ha mejorado las condiciones de vida del conjunto de la población, no sólo en la alimentación, sino, igualmente, en las otras necesidades básicas, como el vestido y la vivienda, y en aquellas que, merced a las garantías de protección frente a la vejez, la enfermedad o la invalidez, conforman las «estructuras del bienestar» de la sociedad española. Como resultado quizá más visible, además del propio aumento de la renta per cápita y de su mejor distribución, deba subrayarse el espectacular aumento de una esperanza de vida media que, al superar los setenta y cinco años, es más del doble que hace un siglo.

Tercero, obra pública. Conscientes del papel de las infraestructuras para el desarrollo que luego han formalizado los economistas, los regeneracionistas de principios del XX reclamaron insistentemente una política de obras hidráulicas, de regadíos, de transportes y comunicaciones, que alcanzó algunos frutos —siempre limitados por la secular penuria de la Hacienda española— durante la Dictadura, con la República y a lo largo del franquismo. Ha sido, sin embargo, durante el último cuarto de siglo, cuando, según se ha indicado, el gasto público ha ejercido como palanca del aumento de la prosperidad y el bienestar colectivos: se han desterrado, merced a la generalización de algunas prestaciones sociales y a la provisión de bienes preferentes, las situaciones más extremas de pobreza, y se ha hecho un formidable esfuerzo en mejorar las dotaciones de infraestructuras técnicas. También la obra pública en materia de equipamientos urbanos y sociales ha conocido un despegue extraordinario, aunque su stock sea aún inferior al de otros países europeos con varias décadas de ventaja en la formación de capital social.

Cuarto, industrialización. Industrialización entendida como adecuación y modernización de la estructura productiva española, eliminando la «subordinación» de todo el sistema económico —por decirlo en los mismos términos que Vicens— a las fluctuaciones de la agricultura. En una palabra, el estímulo de lo fabril como símbolo del progreso, de lo nuevo, de lo urbano, como así ha sido. Pese a todas las insuficiencias, España ha terminado el siglo con un tejido industrial tupido y articulado, y con creciente capacidad competitiva, como prueba el aumento gradual de la cuota en los mercados mundiales de las exportaciones industriales españolas, una novedad histórica en el panorama nacional del comercio exterior.

Pero industrialización también significa —como ya se anticipó en las páginas introductorias— desagrarización, con todas sus connotaciones: pérdida de peso relativo del sector primario en las magnitudes que miden el conjunto de la actividad económica, y honda transformación productiva de las explotaciones agrarias, con un salto enorme en los niveles de productividad. Lo cual, no se ignore, al tiempo que aleja para siempre el espectro del «problema de los alimentos», cuando el campo pugnaba por alcanzar unos niveles mínimos de suficiencia en el abastecimiento de productos, adentra a una agricultura cada vez más subsidiada —los fondos provienen ahora del presupuesto de la Política Agraria Común europea, pero subsidios son— en los problemas del despoblamiento y el deterioro del medio rural, otorgando con ello nuevas responsabilidades a los campesinos, en tanto que conservadores y garantes de ese patrimonio colectivo que es el territorio y el paisaje natural. No es sino una consecuencia derivada de la industrialización tal como aquí se está entendiendo, que implica, asimismo, creciente terciarización de la estructura productiva, con actividades de servicios cada vez más abocadas a la competencia internacional, comenzando por las finanzas y las telecomunicaciones, sujetas, de un modo si cabe más particular, a la creciente globalización de sus mercados.

Por último, colofón y resumen de todo lo anterior, europeización. Ya significaba para los españoles de un siglo atrás el acercamiento a los niveles continentales de bienestar, pero también compartir con estos países su trayectoria económica, social, científica y cultural. Una meta, un ideal, que lo ha resumido casi todo a lo largo del siglo: expresión, por un lado, de ambición en el campo de la creación intelectual y de la creatividad productiva; y parapeto, por otro, frente a las pulsiones involucionistas o defensivas en el ámbito de la política económica, desde el «recogimiento» de Cánovas al «proteccionismo integral» de la Dictadura y la «Autarquía» con mayúsculas del primer franquismo. Aspiración europeísta muy mitificada, quién sabe si como reflejo de un complejo de inferioridad e inseguridad colectiva, pero que ha actuado, en todo caso, como un elemento de permanente referencia: durante el primer tercio del siglo XX, bajo el influjo orteguiano, como exigencia de prosperidad y de eficacia; durante el franquismo, como contramodelo deseado y estimulante, frente a una realidad insatisfactoria; durante la transición y la democracia, como garantía, no sólo de la irreversibilidad de las libertades conquistadas, sino igualmente de disciplina económica y de progreso, de gestión económica eficaz y bien orientada. Pues bien, esa europeización, anhelo colectivo de sucesivas generaciones de españoles a lo largo del novecientos, se ha consumado al concluir el siglo, al menos en lo principal de su significado: con la integración en la Unión Europea y la plena participación en el proyecto de Unión Económica y Monetaria, y con la apertura al exterior, tanto en lo cultural y en lo científico como en lo empresarial, lo que ha permitido una presencia creciente de capitales y empresarios españoles en otros países, una vez reafirmados en su crucial función emprendedora.

La agenda de la «modernización ibérica» —la expresión es de Varela Ortega— alcanza, en suma, cuando el novecientos dice adiós, un muy alto grado de realización, sin que con ello quiera decirse, por supuesto, que no queden pendientes objetivos y retos para la economía española que se ha de adentrar en los nuevos tiempos. Tanto en el ámbito de las reformas institucionales, con la plena liberalización de los sectores más renuentes a abrirse a la competencia, como en el del mejor aprovechamiento de los factores de crecimiento económico. Dos temas son, quizá, los fundamentales. Mientras la tasa de desempleo en España exceda en una proporción muy sustancial de los promedios europeos y el gasto tecnológico —como si aún rigiera la maldición unamuniana del «que inventen ellos»— no alcance ni la mitad de su cifra relativa, difícilmente podrá aspirarse a una plena convergencia real. De igual modo que el progreso económico de la segunda mitad del siglo XX se ha fundado, como no podía ser de otro modo, en un mayor empleo de factores, en particular del capital, y, sobre todo, en un uso más eficiente de ellos, merced al progreso técnico y a los cambios organizativos de las empresas y de cualificación de la mano de obra —todo ello, fruto de múltiples cambios institucionales y de la inserción de España en la economía internacional—, el avance futuro sólo puede concebirse a partir de un mejor aprovechamiento de las potencialidades productivas de la economía española, en el marco de una economía mundial integrada, interdependiente y, por ello, competitiva como nunca antes.

No se pierda la perspectiva, en todo caso: «es lo único importante», como decía, harta de repetirlo, Doña Rosa en la línea inicial de La Colmena. El siglo XX termina para España habiendo limado los perfiles más cortantes de las tres viejas fracturas que han nutrido los peores conflictos en su historia contemporánea —ya se dijo en páginas precedentes—, frenando también las posibilidades de progreso económico. La primera es la ideológica, y, con envoltorio político o religioso y con proclividad hacia el radicalismo, ha encendido pasiones y enfrentamientos en una España —«intratable pueblo de cabreros», se quejaba Gil de Biedma— con recurrentes tentaciones fratricidas. Concluido el novecientos, sin embargo, todo parece indicar que la mayoría de los españoles ha aprendido a vivir en libertad, formando una sociedad tolerante y permisiva, cuyo principal riesgo, si acaso, es el de ver cómo se diluyen algunos valores morales compartidos, aquellos que son la garantía de una cohesión social duradera.

La segunda fractura histórica, la socioeconómica, muy suavizada, ya se ha dicho, por el generalizado y drástico aumento de los niveles de bienestar colectivo, mantiene, no obstante, el peligroso quiste de un desempleo que, pese a la intensa creación de puestos de trabajo en los últimos años de la centuria, sigue siendo masivo, duradero y muy discriminatorio, con bolsas, si no de exclusión, sí de justificado malestar social. Por su repercusión económica, pero también por su función clave en la inserción social, el empleo se erige, así, en un desafío crucial del nuevo tránsito intersecular.

Quizá sea la tercera fractura, la territorial, la que, aunque igualmente muy matizada respecto de épocas anteriores, presente al iniciarse el nuevo siglo bordes potencialmente más abiertos. Son las pulsiones centrífugas, con más inclinación a detectar el agravio comparado que a cultivar la solidaridad, que afloran en unas u otras Comunidades Autónomas, y aun dentro de las mismas regiones. No casan bien siempre esas querencias, conviene advertirlo, con la suerte que a unas y otras retículas del mapa español ha deparado la evolución económica a lo largo del siglo: así, la solidez del tejido productivo de Cataluña sobrenada toda la centuria; Madrid, Valencia —las provincias levantinas, en general— y el eje que baja desde el Alto Ebro ofrecen otros tantos ejemplos de trayectorias ascendentes durante todo el siglo, en contraste con la pérdida de posiciones de las regiones industriales de la cornisa cantábrica, tanto Asturias y Cantabria como Vizcaya y Guipúzcoa; por su parte, los balances de Andalucía y de Galicia, también de Extremadura, en tanto que regiones atrasadas en el cómputo económico nacional al comenzar el siglo y también a su término, presentan muchas ambivalencias, siendo quizá las dos Castillas, en particular en sus zonas más ruralizadas, las que al terminar la centuria hayan perdido más posiciones relativas.

Sin correspondencia clara con esos itinerarios regionales del crecimiento económico durante el novecientos, las fisuras territoriales, empero, existen. Tal vez avivadas, por paradójico que pueda parecer, por una construcción autonómica singular y fecunda —una democracia compartida y asentada al terminar el recorrido secular—, y avanzada en lo que concierne a la descentralización del gasto público, que sitúa a España, en los primeros años del siglo XXI, entre los países europeos que más lejos han llegado en este sentido: las administraciones territoriales, autonómicas y locales, controlarán prácticamente la mitad de los recursos totales. Pero que se ha revelado como un modelo de organización territorial de las competencias legislativas y de gobierno que acaso no acierta a fortalecer una idea de nación a escala de toda España con sentido articulado. Algo tanto más necesario, desde la óptica económica, en un escenario dominado por la integración supranacional. Y algo del todo fundamental en esta España que, en el alba del nuevo siglo, al tiempo que miembro respetado en la Europa unida, vuelve a ser, por su condición mediterránea, país fronterizo en una de las zonas geográficas con mayor movilidad humana y conflictividad. Salir bien parado de esa historia exigirá un país más próspero, pero también consistentemente vertebrado, por decirlo, una vez más, con un término orteguiano.

Epílogo en 2007

El siglo que se contempla en las páginas de este libro es el del «novecientos», el novecento de los italianos. Siglo XX aquí acotado de un modo estrictamente cronológico (1900-2000), por más que desde unas u otras perspectivas haya sido objeto de recortes y acortamientos. Y bien, ni en aquella fecha ya lejana ni en ésta aún cercana, el calendario ha ocasionado alteraciones en las tendencias básicas de la economía española. Así, como quedó anotado en su momento, 1900, o su entorno temporal, no supuso corte alguno; de modo que, sobre lo que política y culturalmente pudo significar el 98, del arranque del siglo XX es apreciable el buen tono de una economía que, si bien rezagada respecto de la Europa más próspera, con el despuntar de la segunda revolución industrial encuentra más firmes asideros que con la primera. A su vez, tampoco en lo económico este otro 98, el que abre paso al euro, en circulación desde 2002, ha significado ruptura alguna en el buen final de siglo registrado. Un buen final que ha sido también buen comienzo para el nuevo siglo, aunque el estallido de la «burbuja tecnológica» en 2000 y los sucesos del 11 de septiembre de 2001 —con sus secuelas bélicas— hayan introducido elementos de incertidumbre internacional, con particular reflejo en el precio de los hidrocarburos, sumándose después, en el plano interno, el creciente déficit exterior y la amenazadora hinchazón inmobiliaria de la economía española.

Más aún, con el ejercicio de 2006 cerrado, el crecimiento sigue manteniendo en los primeros compases del siglo XXI órdenes de magnitud similares a los que, en promedio, se cosecharon en el último quinquenio de la centuria precedente, entre un 3 y un 4 por 100; sosteniendo igualmente el empleo la notable expansión de los años finiseculares: los poco más de doce millones y medio de ocupados al iniciarse 1996 —¡prácticamente los mismos que treinta años antes!— eran casi dieciséis al concluir 2000 y veinte al final de 2006. En consecuencia, la renta per cápita, pese al sustraendo demográfico de una inmigración masiva, ha seguido acercándose a una media europea que, en términos de los 27 países con que la Unión inaugura el 2007, viene a coincidir con la española (aunque el diferencial con la vieja UE-15 se mantenga en torno de los ocho puntos porcentuales). En la España del comienzo del siglo XXI se consolidan, pues, las principales tendencias con las que terminó la centuria precedente.

La perspectiva desde 2007 tampoco añade variaciones esenciales al juicio que merece el conjunto del siglo previo respecto de la «cumplida modernización»; más bien, puede aprovecharse lo que ese proceso secular enseña para valorar, con mayor ponderación, los primeros pasos del nuevo curso secular. Es lo que se intenta a continuación.

El siglo XX mostró el carácter determinante del sector exterior para el progreso de la economía española: intentar negarlo durante década y media supuso el mayor alejamiento de Europa desde los años de las guerras napoleónicas; también, como sucedió en largos pasajes del último tercio de la centuria, alimentar el desequilibrio comercial como palanca para el crecimiento requirió luego forzados —y esforzados— ajustes. Al comenzar el siglo XXI, el crecimiento de la economía española cuenta con un factor externo tan decisivo como en los dorados años sesenta lo fueron el turismo, las remesas de emigrantes o el petróleo barato; o como los flujos de inversión extranjera en la segunda mitad de la década de 1980; o como lo fue en los noventa el estímulo de Maastricht. Ahora, sin riesgo cambiario como en otros tiempos, la moneda única proporciona a los agentes económicos españoles la posibilidad de endeudarse a un coste relativamente bajo (de hecho, fue negativo en términos reales durante algunos años), sosteniendo así el desequilibrio de unas cuentas exteriores que han elevado el déficit de la balanza corriente hasta niveles récord internacionales. Los problemas de competitividad, agravados por un resistente diferencial de inflación y los escasos estímulos al ahorro propio, han convertido a la economía española en voraz demandante de recursos ajenos, una situación sólo sostenible, claro está, mientras haya financiación suficiente a un precio reducido.

Por eso mismo, un doble ajuste se hace más necesario conforme pasa el tiempo: de un lado, para reducir los elementos de riesgo financiero que se han agudizado mientras se confía en que la moneda única los conjura; de otro, y no es sino parte de lo mismo, para incrementar la inversión en los factores que inciden positivamente sobre la competitividad de la economía española.

El riesgo financiero tiene múltiples facetas, y el que la moneda única haya disipado el de tipo cambiario que castigó a la peseta durante buena parte del siglo XX no significa que no existan otros, quizá más peligrosos en cuanto cambie la fase del ciclo económico. El endeudamiento de los agentes es uno de ellos, y el de las familias españolas ha sido particularmente intenso desde mediados del decenio de 1990, al calor de los bajos tipos de interés hipotecarios. El aumento del precio de los activos desconectado de las condiciones productivas de la economía es otro, y no sólo el de activos reales, como la vivienda, sino también el de los de tipo financiero, una vez reemprendida la escalada de los índices bursátiles tras el bache de 20002002. Que más del 25 por 100 —y, en algún caso, más del 50 por 100— de los beneficios de las principales empresas españolas de los sectores financiero, energético y de telecomunicaciones provenga de Iberoamérica, tras la fuerte implantación allí de los años finiseculares, tiene una lectura positiva, pero no debe ocultar tampoco los elementos de incertidumbre que conlleva. De igual modo que no termina de sellarse el diferencial de inflación que lastra la competitividad de nuestras producciones en el exterior, convirtiéndose en un factor más de riesgo potencial para la economía española.

Todo ello conduce, por lo demás, al segundo de los frentes del ajuste considerados, el que revelan palmariamente los indicadores de competitividad internacionales, ocupando España, en el arranque del siglo XXI, posiciones que no se compadecen con su peso económico, comenzando por el del producto interior bruto, octavo en magnitud a escala mundial. La competitividad, fundada en el progreso de la productividad —lo que en nuestros días significa, en buena parte, en el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones—, es la forma más consistente de crecer; ha sido también, en el devenir de la economía española, el factor clave y quizá más determinante de su progreso. Para no desviarse de esa senda hay que invertir una parte sustancial de los recursos presentes en tecnología y en educación, dos capítulos cruciales en los que la convergencia con la Europa próspera no avanza como debiera. Planes aparte —el último se llama precisamente Avanza—, a la altura de 2007 el diagnóstico no difiere, al menos en esencia, del que se hacía al concluir el siglo XX. No es una buena señal, y estas líneas epilogales deben dejar constancia de ello.

Detrás de los lentos avances de la productividad en la economía española desde hace más de una década, en contraste con un intenso crecimiento del producto, hay, no obstante, una clave añadida, que hace referencia a otro factor antes reseñado: la inmigración, con ese récord español, difícilmente igualable, que ha consistido en pasar desde 1995, en apenas diez años, del 1 al 10 por 100 de extranjeros sobre el total de la población empadronada. Desde luego que la mayor parte de los inmigrantes vienen a rellenar huecos laborales —«vacantes», técnicamente— que los españoles ya no están dispuestos a cubrir en la medida en que se requiere. El servicio doméstico y la atención a personas dependientes, de igual modo que gran parte de las labores agrarias o del sector de la construcción, actividades en general de remuneración y productividad inferiores a la media –a pesar de ser cubiertas muchas veces por trabajadores de evidente sobrecualificación–, han nutrido principalmente el nuevo empleo creado. Pero lo preocupante no es que ahora haya más empleo en sectores de menor productividad, socialmente necesarios; lo que puede lastrar el futuro es que en aquellos sectores en donde se está jugando la batalla de la competitividad, esto es, en los de bienes y servicios comercializables internacionalmente, y en particular los de mayor contenido tecnológico, España no consiga siquiera acercarse a los baremos europeos.

Por las mismas razones que acaban de apuntarse, buena parte del empleo creado en los años más recientes ha sido del tipo precario y temporal que la legislación laboral española estimuló —en aras de una necesaria flexibilización del mercado de trabajo— desde mediados del decenio de 1980. La última coyuntura recesiva de la economía española, la de 1993-1994, debiera alertar de los efectos demoledores que puede tener, en estas condiciones, un cambio agudo del ciclo económico —y agudo significa acentuado por los factores de riesgo antes enunciados— sobre el desempleo, y, de ahí, sobre las ahora positivas cuentas del Estado, tanto por lo que dejaría de sumar, en forma de cotizaciones, como por lo que restaría, en forma de prestaciones.

Otro hecho debe aún anotarse para completar esta mirada sobre el curso de la economía española, avanzado ya el segundo lustro de la nueva centuria; un hecho del todo relevante cualquiera que sea la consideración que de él quiera hacerse: la creciente internacionalización de las empresas españolas, ampliando mercados y adquiriendo activos cada vez más alejados y diversificados. Al gran impulso de toda la segunda mitad del decenio de 1990, con Iberoamérica como privilegiado destino —rentabilizando las ventajas de una lengua común—, le ha seguido, desde el comienzo del siglo XXI, un notorio asentamiento de la presencia inversora directa de España en Europa, Estados Unidos y Asia. Lo cual, por un lado, es bien significativo de una madurez empresarial —madurez como sinónimo de fortaleza, de capacidad de gestión, de ambición estratégica—, que tuvo en Iberoamérica un banco de pruebas valiosísimo; siendo a la vez indicativo, por otro lado, de una estrategia de diversificación sectorial y geográfica ineludible, casi de supervivencia, en las coordenadas actuales de la economía internacional, y en las más concretas de la economía española.

Y bien, para terminar estas líneas epilogales, conviene volver sobre la cuestión que sirvió también de cierre cuando el texto precedente se escribió, justo en los compases finales del siglo XX: la articulación territorial y económica de España. El curso de los años transcurridos desde entonces no ha hecho sino acentuar —con independencia, incluso, de las reformas estatutarias emprendidas bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero— las tensiones que suscita el reparto competencial entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, así como el cálculo de la respectiva capacidad fiscal y la reserva —«blindaje»— que se pretende para determinados bienes o ámbitos de actividad de cada una de ellas. Un tema crucial que aconseja no ignorar una doble evidencia. Primera, que en la España democrática, la principal política de reequilibrio espacial de la renta desde el decenio de 1980 —junto a unos fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea que menguarán sustantivamente en el inmediato futuro— ha sido la de equidad en la distribución personal, basada, muy principalmente, en una fiscalidad de tipo progresivo. Segunda, que en apenas un cuarto de siglo, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos han pasado a gestionar una porción mayoritaria de todo el gasto público en España, excluida la seguridad social: sólo las primeras suponen hoy ya más que la Administración Central dentro del gasto no financiero consolidado de todas las Administraciones, por encima incluso de lo que sucede en muchos Estados federales.

Democracia y crecimiento económico en la España de nuestro tiempo parecen ir unidos, en consecuencia, tanto a ganancias de equidad distributiva como a mayores niveles pactados de autonomía. Un singular equilibrio que enseña, entre otras cosas, que la cohesión, basada en la solidaridad y el acuerdo antes que en los portazgos y el conflicto, es toda una palanca de progreso colectivo.

Nota bibliográfica

Esta parte de la obra condensa una perspectiva histórica del proceso de crecimiento y modernización de la economía española a lo largo del siglo XX que sus autores han reflejado en diversas contribuciones anteriores, unas veces con una óptica temporal más amplia y aún más compilatoria, y otras con mucho mayor detalle, al concentrarse en algunos periodos del novecientos: a unas y a otras se ha recurrido en no pocos pasajes de los distintos capítulos de este texto, aunque dándoles siempre aquí forma y orden originales. Por ello, esta breve nota bibliográfica debe comenzar dejando constancia de esos títulos propios. Los dos trabajos de más ancha perspectiva y, a la vez, más deliberadamente sintéticos, abarcando ambos los siglos XIX y XX, son J. L. García Delgado, «Etapas y rasgos definidores de la industrialización española», en J. L. García Delgado (dir.), Lecciones de economía española, octava edición, Thomson-Civitas, Madrid, 2007; y J. L. García Delgado y J. C. Jiménez, «El proceso de modernización económica: perspectiva histórica y comparada», en J. L. García Delgado (dir.), España, economía: ante el siglo XXI, Espasa Calpe, Madrid, 1999.

Considerando ahora los títulos que se centran en etapas específicas de la evolución secular de la economía española, y por el orden de éstas, las referencias deben partir de la contribución de los autores a la obra de P. Laín Entralgo y C. Seco Serrano, España en 1898. Las claves del Desastre, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1998. A continuación, hay que anotar cuatro obras de J. L. García Delgado: La modernización económica en la España de Alfonso XIII, Espasa Calpe, Madrid, 2002; «La industrialización española en el primer tercio del siglo XX», en Los comienzos del siglo XX (1898-1931). Tomo XXXVII. Historia de España Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 1984; «Autoritarismo político y tensiones económicas: Un balance crítico de la política económica de la dictadura de Primo de Rivera en España (1923-1930)», El Trimestre Económico, núm. 198 (1983); y «Sobre la economía española de la II República», en M. C. Iglesias (coord.), Historia y pensamiento. Homenaje a Luis Díez del Corral, Eudema, Madrid, 1987. Luego, los firmados por J. L. García Delgado y J. C. Jiménez, «La economía», en La época de Franco (1939-1975). Tomo XLI, vol. I. Historia de España Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 1996; y «La economía», en La transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I. Tomo XLII. Historia de España Menéndez Pidal, Espasa-Calpe, Madrid, 2003. Por último, J. L. García Delgado, «Claves de unos años decisivos», en J. L. García Delgado (dir.), Economía española de la transición y la democracia 1973-1986, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1992. Todos los textos anteriores contienen referencias bibliográficas precisas que aquí, para respetar las pautas estilísticas establecidas, se han obviado, y que excederían de los límites de la breve orientación que aspiran a ofrecer estas páginas finales, donde sólo se va a hacer mención de obras con perspectiva secular.

Aun con este criterio tan restrictivo, no pueden dejar de citarse cuatro obras de amplio recorrido que, con distintas perspectivas, ayudan a trenzar las principales líneas de la trayectoria económica de España a lo largo de los siglos XIX y XX. En primer término, la que con justicia puede considerarse ya un título clásico, R. Carr, España 1808-1975, Ariel, Barcelona, 1982, prolongación de la que viera la luz en 1969 en español, y acotada entonces hasta 1939. Luego, el manual de G. Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Alianza, Madrid, 1994. Finalmente, las más recientes, y, para el objeto de estas páginas, quizá las más sugerentes: las de J. P. Fusi y J. Palafox, España 1808-1996. El desafío de la modernidad, Espasa Calpe, Madrid, 1997, y J. M. Jover, G. Gómez-Ferrer y J. P. Fusi, España. Sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX), Debate, Madrid, 2000.

Por lo demás, el estudio de la industrialización española —y de las rémoras con que arrancara el siglo XX— no se entiende sin la contribución inicial de J. Nadal, El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913, Ariel, Barcelona, 1975, que se enlaza con la de J. Fontana y J. Nadal, «España 1914-1970», en C. M. Cipolla (ed.), Historia económica de Europa. Vol. 6, Ariel, Barcelona, 1980. A partir de estos hitos bibliográficos, la obra del profesor Nadal se ha enriquecido con múltiples ensayos y recopilaciones, entre los que pueden destacarse, referidos a la última centuria, el volumen compilado con A. Carreras y C. Sudrià, La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Ariel, Barcelona, 1987, o el coordinado y dirigido con A. Carreras, Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Ariel, Barcelona, 1990, que contienen, en ambos casos, ensayos de un nutrido grupo de autores y abundantes referencias bibliográficas. En línea con el último título citado, merece igualmente destacarse el más reciente de L. Germán, E. Llopis, J. Maluquer de Motes y S. Zapata, Historia Económica Regional de España, siglos XIX y XX, Crítica, Barcelona, 2001. El Atlas de la industrialización de España, 1750-2000, Crítica, Barcelona, 2003, bajo la dirección de J. Nadal, constituye, hasta el momento, la más enciclopédica de las aportaciones de este autor.

Diversos trabajos de A. Carreras ofrecen también una muy ajustada perspectiva del proceso de industrialización en España con un amplio prisma histórico: señaladamente, en su contribución al número monográfico de Papeles de Economía Española, núm. 73 (1997), «La industrialización: una perspectiva a largo plazo»; volumen que contiene, asimismo, trabajos de otros autores referidos al sector exterior (J. M. Serrano Sanz), el papel de la política económica (L. Prados), la agricultura (C. Barciela), la energía (C. Sudrià), la educación (C. E. Núñez), el empresariado (M. Cabrera) o la visión histórica del Banco de España (P. Martín Aceña), que compendian aportaciones más extensas contenidas en otras de sus obras y que ahí aparecen debidamente referenciadas. Como particularmente útil a los efectos de esta obra, junto a sus trabajos históricos sobre la Hacienda pública española, es el artículo de F. Comín, «La difícil convergencia de la economía española: un problema histórico», Papeles de Economía Española, núm. 63 (1995).

Los datos acerca de la renta por habitante española en comparación con la de los principales países europeos que han servido de guía a lo largo de esta obra proceden de A. Maddison, y su referencia precisa figura al pie del cuadro 1. Han de reseñarse igualmente en este punto las series contenidas en la obra de L. Prados de la Escosura, El progreso económico de España, 1850-2000, Fundación BBVA, Bilbao, 2003. La más completa recopilación estadística sectorial es, en todo caso, la de A. Carreras y X. Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX, Fundación BBVA, Bilbao, 2005.

Por último, y a falta de una reseña mínimamente exhaustiva de la larga nómina de autores que merecerían ser citados, se cierra esta breve selección bibliográfica con una referencia a dos obras que, a su vez, se proponen sistematizar y analizar la aportación de los economistas españoles al conocimiento de la España del siglo XX: J. Velarde, Economistas españoles contemporáneos: primeros maestros, Espasa Calpe, Madrid, 1990; y los tomos 6 a 8 de la magna obra de E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles, Galaxia Gutenberg, Barcelona.

Cronología

1899-1900

Estabilización presupuestaria de Fernández Villaverde. Afluencia de capitales antillanos —y europeos, algo después— y dinamismo mercantil.

1906-1907

El «proteccionismo legitimado» del arancel de 1906. Inicio del gobierno largo de Maura y, con él, de una decidida política de fomento de la producción. Ley de protección a la industria nacional (1907).

1917

Culminación de la fase de auge determinado por la influencia sobre la economía española de la Primera Guerra Mundial.

Ley de auxilios a las industrias de Alba. Establecimiento de un sistema de monetización indirecta de la deuda pública.

1921-1922

Esfuerzos normativos para hacer frente a la prolongada crisis de posguerra: Ley de ordenación bancaria (1921), que anticipa el statu quo del sector. Arancel Cambó (1922).

1924-1926

Redoblada protección e intervención económica desde el comienzo de la Dictadura: Decreto-ley sobre nuevos auxilios a las empresas industriales (1924).

El «directorio civil» activa desde 1925 la política de fomento y obras públicas e instituye el Comité Regulador de la Producción Industrial (1926).

1930

El «error Argüelles»: paralización de las inversiones públicas, al tiempo que la economía europea recibe el impacto de la Gran Depresión.

1931-1932

Efectos diluidos de la depresión económica internacional sobre la economía española. Se deja flotar la peseta. Ley de ordenación bancaria (1931), que aumenta la influencia del Ministerio de Hacienda sobre el Banco de España.

Ley de reforma agraria (1932).

1938

En plena Guerra Civil, con registros económicos que señalan una caída abrupta de la producción, se sientan las bases del intervencionismo extremo —al servicio de la «Autarquía»— que se practicará en la inmediata posguerra.

1940-1941

Consagración del statu quo bancario (1940).

Creación del Instituto Nacional de Industria (1941), palanca del intervencionismo directo del Estado, como productor, en la esfera industrial.

1951-1953

Crecimiento económico y atenuación de la política autárquica con el nuevo gobierno de 1951. Supresión del racionamiento.

Acuerdos con Estados Unidos (1953).

1957-1959

Medidas «pre-estabilizadoras» de 1957.

Se aprueba el Plan de estabilización (y liberalización) de 1959.

1962-1963

Acusada —y muy sostenida— mejora económica desde comienzos del decenio.

Nacionalización del Banco de España (1962).

Ley de industrias de interés preferente (1963) y aprobación del Primer Plan de Desarrollo. Se perfila una «economía recomendada», con el predominio de los «tecnócratas» en el gobierno.

1969-1970

Tras casi un decenio de fuerte crecimiento económico, estalla el «caso Matesa» en 1969.

Firma del Acuerdo Preferencial con la Comunidad Económica Europea (1970).

1975-1976

Se hacen patentes los efectos de la crisis energética internacional iniciada en 1973.

Final del franquismo: inestabilidad política y crisis económica.

1977-1978

Pactos de la Moncloa (1977) que facilitan la aprobación de la Constitución de 1978. Medidas de reforma fiscal. Solicitud de ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (1977).

1983-1984

Medidas de saneamiento y ajuste favorecidas por la estabilidad política. Tras la cumbre de Stuttgart (1983), se despeja el camino de las negociaciones para la integración española en Europa.

1985

Firma del Tratado de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas y recuperación económica.

1989

La peseta se integra en el Sistema Monetario Europeo cuando está culminando la fase alcista del ciclo económico.

1992-1993

Firma del Tratado de Maastricht (1992) y turbulencias monetarias que obligan a devaluar la peseta. Final de la expansión económica asociada al ciclo «europeo» de los años ochenta.

1998-2000

España supera los «criterios de convergencia» (1998). Comienza la implantación del euro como moneda única europea (1999). Mantenido crecimiento económico y extendida «cultura de la estabilidad»; proceso que culmina el 1 de enero de 2002 con la puesta en circulación de los billetes y monedas denominados en euros.

TERCERA PARTE

LA CULTURA

Juan Pablo Fusi

Introducción

«Cultura —escribió Ortega y Gasset— es el sistema vital de las ideas de cada tiempo». Así pues, en una primera aproximación, la cultura española del siglo XX es nada menos que el sistema vital de las ideas españolas de la centuria: sin conocer ni esa cultura ni esas ideas no es posible, por tanto, entender la España del siglo XX. Los libros que se publican en un país; su prensa; su teatro; la arquitectura de sus calles y ciudades, su pintura, su música; la ciencia que se hace, o que no se hace, en sus universidades y centros científicos, y también las formas (artísticas o no) del entretenimiento y el gusto populares —el cine, las canciones, el deporte— y aun la difusión de la cultura y la acción del Estado a su servicio todo ello, son hechos sociales de primera magnitud.

Ideas, sensibilidad estética, la vida moral e intelectual vertebran ciertamente la historia de todo país, incluso en muchos sentidos la conforman y, desde luego, dan razón cabal de ella. Cultura es vida intelectual pero también cultura de masas. La historia de la cultura integra, por tanto, muy distintas perspectivas: ensayo, arte, literatura, política cultural, religión, medios de comunicación, intelectuales, vanguardias, diversiones, modas, el propio consumo cultural. Aspira así a entender la vida moral de un país, de una época: es la historia de las múltiples respuestas que toda sociedad da, de una forma u otra, a los desafíos e inquietudes de su tiempo. La historia de la cultura es probablemente una historia más subjetiva que otras historias sectoriales (historia económica, historia política, historia institucional), pero es igualmente minuciosa: novelas, poemas, libros de todo tipo, obras de arte (cuadros, esculturas) edificios, filmes, dramas, comedias, exposiciones, obras musicales son a la vez los hechos que jalonan la historia cultural y los documentos capitales para su estudio. La historia cultural no puede prescindir de ellos, pero tampoco puede citarlos todos. En suma, y de acuerdo con lo dicho por Barraclough en su conocida Introducción a la historia contemporánea (1964) —en su análisis del arte y la literatura en el mundo contemporáneo—, la historia de la cultura no es, por tanto, otra cosa que el estudio de los cambios que en nuestras actitudes humanas básicas se producen en el tiempo.

Aquí se estudian, por tanto, las actitudes y formas que definieron la cultura española (y las culturas particulares de determinadas regiones) en el siglo XX, y la evolución y procesos de cambio que esa cultura pudo experimentar a lo largo del mismo. Se parte de la tesis de que entre 1900 y 1914 la cultura española —en la que alentaban ya hechos diferenciales y acusados particularismos culturales de carácter regional— conoció un «despertar» sorprendente, asombroso, que además se prolongó hasta la Guerra Civil de 1936-1939, despertar al hilo del cual la cultura española asumió con decisión los desafíos que le planteaban las exigencias de europeización y modernidad. Se estudia, luego, el impacto que la Dictadura de Franco (1939-1975) tuvo sobre la vida cultural e intelectual española, y con ello la cultura como forma de contestación a ese régimen y como instrumento esencial en la futura democratización del país. Se termina, finalmente, tras analizar la normalización que la vida cultural experimentó tras el restablecimiento de la democracia a partir de 1975, interrogándose sobre el futuro cultural de España ante el impacto de las nuevas tecnologías audiovisuales y de comunicación, de la decidida orientación de la industria cultural hacia el mercado de masas, y del recurso desaforado por aquélla a las técnicas de publicidad para la venta y el lanzamiento comercial de sus productos.

Capítulo 1
El despertar de la cultura

«El despertar cultural de España —escribió en 1949 E. R. Curtius, el historiador alemán de la literatura y de las ideas, en su libro Ensayos críticos de la literatura europea— es uno de los pocos sucesos agradables del siglo XX». Curtius aducía como prueba la importancia de la obra de Unamuno, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Jorge Guillén, de los que se ocupaba con amplitud en su libro; tenía además a Picasso por «el renovador de la pintura moderna». Curtius fechó aquel despertar en 1900. Entendía que en el siglo XIX España había sido un país provinciano, distanciado de Europa o, en todo caso, un escenario pintoresco, el país de la Alhambra, de Carmen y de las corridas de toros. Curtius creía entender —o así se desprendía de sus análisis— que había dos razones principales para el cambio: de una parte, la aparición de la llamada «generación del 98» que, según escribió en 1926, había empeñado sus energías, tras el desastre de Cuba, «para la renovación espiritual y nacional de España»; de otra, el progreso material de España en las primeras décadas del nuevo siglo, y especialmente el enriquecimiento que para el país supuso su no participación en la Primera Guerra Mundial: «una elite de la sociedad española —afirmaba en 1949 refiriéndose a aquella época— se abría a nuevas formas de vida y a nuevas ideas».

La tesis era, desde luego, objetable. Primero, buena parte de la cultura española del siglo XIX había sido, efectivamente, mediocre. Pero no toda: la poesía de Bécquer, las ideas pedagógicas de Giner de los Ríos y sus colaboradores de la Institución Libre de Enseñanza, la erudición de Menéndez Pelayo, la literatura de Clarín y Galdós, la exquisita pintura de Beruete, la labor científica de Santiago Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo fueron realidades culturales más que notables. Segundo, el despertar cultural que observara Curtius había comenzado antes de 1900. Por ejemplo, Unamuno (1864-1936) había publicado los ensayos que luego formarían En torno al casticismo en 1895 y su novela Paz en la guerra en 1897. Ganivet escribió toda su obra (Granada la Bella, Idearium español, Los trabajos del infatigable Pío Cid...) entre 1893 y 1897. Para entonces, Regoyos, Sorolla y Zuloaga, definidos ya sus respectivos estilos, comenzaban a interesar a crítica y público. Firmando o con otros seudónimos o con su nombre José Martínez Ruiz, Azorín había irrumpido en los medios literarios —con folletos y artículos de gran radicalismo ideológico— desde principios de los años noventa. Baroja lo hizo por las mismas fechas. Valle Inclán publicó su primer libro, Femeninas, en 1895; Hacia otra España, de Maeztu, salió en 1899. El modernismo catalán —al que se volverá más adelante— se había iniciado a principios de los años noventa.

Las cosas, como se irá viendo, fueron mucho más complejas que como las planteó Curtius. Pero su tesis no dejaba de ser plausible. En efecto, España venía experimentando un nada desdeñable proceso de modernización, crecimiento urbano y desarrollo industrial desde las últimas décadas del siglo XIX (que iba a prolongarse de forma más o menos sostenida hasta finales de la década de 1920). En 1877, la población que vivía en localidades de más de 10.000 habitantes no superaba el 20 por 100 de la población total (estimada en 16,6 millones) y sólo Madrid y Barcelona superaban los 200.000 habitantes; en 1930, el 42 por 100 de la población vivía en núcleos de más de 10.000 habitantes, Barcelona tenía 1.005.565 habitantes, Madrid 952.832 (España: 23,5 millones) y una docena de ciudades superaba los 100.000. Madrid y Barcelona se habían transformado en ciudades dinámicas y relativamente modernas; casi todas las capitales de provincias, aun modestas, habían incorporado para 1930 muchos de los servicios y adelantos de la vida moderna (electricidad, gas, tranvías eléctricos, automóviles, cinematógrafos, centros deportivos...).

La tasa de analfabetismo era alta —50 por 100 en 1910— pero disminuía paulatinamente: había sido del 71 por 100 en 1870. Como los escritores lamentaban, se editaban y leían pocos libros. Pero el público lector aumentaba. La venta de novelas cortas de periodicidad semanal que comenzó con la aparición de colecciones como El Cuento Semanal en 1907 y La Novela Corta en 1915 (por citar las dos más populares) alcanzó éxito extraordinario. En 1879, el número de publicaciones periódicas —diarios y semanarios, preferentemente— era de 544; en 1927, eran ya 2.210, muchas de ellas modernas y competentes como La Vanguardia de Barcelona fundada en 1881, El Liberal (Bilbao, 1901), ABC (Madrid, 1905), El Debate (Madrid, 1910) y El Sol (Madrid, 1917). Significativamente, el suplemento literario Los Lunes de El Imparcial, periódico propiedad de la familia Gasset, publicó desde principios de siglo a Unamuno, Azorín, Baroja, Valle Inclán y muchos otros escritores nuevos. Revistas como Vida Nueva (1898-1899), Alma Española (1903-1904) o Helios (1902-1904) fueron igualmente capitales para la formación y difusión de aquella gente nueva que aparecía en la literatura española y de las nuevas corrientes literarias.

La acción del Estado fue, al tiempo, haciéndose más efectiva. En 1900 se creó el Ministerio de Instrucción Pública con la idea de impulsar la reforma educativa del país tras la derrota de 1898. Poco después, se crearon tres instituciones singulares, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907), la Residencia de Estudiantes (1910) y la Residencia de Señoritas (1915), a las que habrá ocasión de referirse más adelante. En 1916, tras la apertura de la Universidad de Murcia, España tenía doce universidades, más una treintena de Escuelas superiores y especiales de ingenieros, arquitectura, diplomacia, comercio, náutica, veterinaria y similares. En las universidades estudiaban en 1930 en torno a 41.000 estudiantes, cifra comparativamente aceptable y expresión, además, del esfuerzo realizado: en 1885, sólo había 15.700 estudiantes universitarios. Ortega y Gasset diría en 1909 que la universidad española era una «universidad fantasma» donde unas «sombras» de profesores perseguían «sañudamente» a unas «sombras» de estudiantes. Su casi coetáneo Marañón guardó, en cambio, alta estima por algunos de sus profesores en la Facultad de Medicina de Madrid (como Ramón y Cajal, Juan Madinaveitia, Oloriz o Alejandro San Martín).

En la Universidad de Oviedo coincidieron a principios de siglo un notable grupo de profesores: Adolfo González Posada, Rafael Altamira, Adolfo Álvarez Buylla, Aniceto Sela, Fermín Canella, que impulsaron un interesante programa de «extensión universitaria». Unamuno fue desde 1891 catedrático de griego en Salamanca, donde ejercía Pedro Dorado Montero, un excelente penalista. El mejor arabista del país, Julián Ribera, fue desde 1887 catedrático en Zaragoza —donde coincidió con otro historiador de interés, Eduardo de Ibarra— y luego, desde 1905, en Madrid. Menéndez Pidal obtuvo la cátedra de filología comparada de la Universidad Central en 1899; el propio Ortega logró la de metafísica en 1910. Las cátedras de las facultades de derecho, sobre todo las de Madrid, fueron siempre ocupadas por conocidos y cualificados especialistas en las distintas ciencias jurídicas (personalidades como el propio Giner de los Ríos, los ya citados Posada y Dorado Montero, Felipe Clemente de Diego, Enrique Gil Robles, Santamaría de Paredes, Eduardo Hinojosa, Faustino Álvarez del Manzano, Adolfo Bonilla San Martín, Castán Tobeñas, Gascón y Marín, y muchos otros). En la de Madrid se creó en 1899 la primera cátedra de sociología del país, que ocupó Manuel Sales y Ferré. Catedráticos en facultades de derecho fueron también, desde principios del nuevo siglo, los tres economistas que crearon en España la economía como ciencia: Antonio Flores de Lemus, Francisco Bernis y José María Zumalacárregui.

Algunos intelectuales eminentes ocuparon, además, cargos públicos de responsabilidad. Menéndez Pelayo fue director de la Biblioteca Nacional entre 1892 y 1912; Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca entre 1900 y 1914. Santiago Ramón y Cajal, que en 1906 recibió, junto con G. Golgi, el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el sistema nervioso, fue presidente de la Junta para Ampliación de Estudios desde 1907. El historiador Rafael Altamira fue director general de Primera Enseñanza entre 1911 y 1913. Flores de Lemus simultaneó su cátedra con un alto cargo en Hacienda —jefe de la Inspección y la Estadística Tributaria— que ocupó entre 1905 y 1936.

Ello permite una primera, y triple, conclusión: 1) el despertar cultural de España en los primeros treinta años del siglo XX no fue una suma de casos aislados y ocasionales, la aparición de unas pocas personalidades extemporáneas y más o menos geniales, sino un hecho social de considerable entidad cuantitativa y cualitativa; 2) ese despertar fue posible por la progresiva evolución social y cultural que el país fue experimentando desde 1876; fue consecuencia, precisamente, de la mejora que la oferta y la demanda de cultura estaban experimentando en una sociedad en transformación; 3) todo ello cristalizó y se precipitó, sin duda, a partir del cambio de siglo.

Modernismo y 98

Por eso es que 1900, tomando la fecha con flexibilidad, puede ser considerado como un decisivo punto de inflexión a partir del cual la cultura española iba a conocer un sorprendente y sustancial proceso de renovación. Un hecho, al menos, parece cierto: espíritu de fin de siglo, crisis del positivismo —el paradigma de la cultura europea y española en la segunda mitad del XIX—, irrupción del modernismo (esto es, las nuevas tendencias e ideas que aparecieron en la cultura europea en los últimos años del XIX: simbolismo, esteticismo, decadentismo, art nouveau, Sezession...), ruptura generacional y crisis del 98 convergieron en torno a 1900 como catalizadores de transformaciones evidentes y, en buena medida, decisivas.

Desde luego, consideraciones estéticas y literarias y circunstancias políticas y sociales crearon una atmósfera, un clima espiritual, un Zeitgeist, un marco de referencias e incitaciones nuevas para la cultura del país. La respuesta fue múltiple y diversificada, en razón de las distintas visiones e ideas de intelectuales, escritores y artistas. Con todo, hubo preocupaciones y sensibilidades dominantes: esteticismo, pesimismo crítico, preocupación española, exigencias de regeneración, en literatura y ensayo; asimilación de tendencias nuevas, formas y lenguajes plásticos renovados (variantes del impresionismo y postimpresionismo, del expresionismo y del simbolismo), en las artes plásticas. El resultado último conviene anticiparlo ya: todo ello supuso un cambio radical en la literatura y el arte españoles, y una nueva visión de España y su significación histórica. No se trata de una elaboración posterior. Los mismos observadores y críticos contemporáneos percibieron prontamente el cambio. Emilia Pardo Bazán habló ya en 1904 de «la nueva generación de novelistas» aludiendo, entre otros, a Azorín, Baroja y Valle Inclán. Gabriel Maura se refirió poco después, febrero de 1908, a la «generación del desastre». En 1913, Azorín, apropiándose de un concepto que había acuñado el joven Ortega y Gasset para describir a su propia generación (la de Ortega), empleó y fijó el término de «generación del 98» (Valle Inclán, Unamuno, Benavente, Baroja, Manuel Bueno, Maeztu, Rubén Darío y el propio Azorín) que Azorín asoció a protesta moral, rebeldía, crítica social y renacimiento literario.

En cualquier caso, la aparición en el espacio de unos pocos años de un conjunto espléndido de autores, revistas y libros, y el desarrollo paralelo de unos pocos pero significativos actos e iniciativas culturales (exposiciones, homenajes, polémicas, protestas) resultaron determinantes. En 1900, Baroja publicó su primer libro, Vidas sombrías; Juan Ramón Jiménez, Ninfeas y Almas de violeta (libros que luego rechazaría), y Manuel Machado, Alma. En 1901 se estrenó Electra, de Galdós, que suscitó una amplia polémica anticlerical. En 1902, año excepcional para la literatura española, aparecieron Camino de perfección de Baroja, La voluntad de Azorín (que al año siguiente publicó Antonio Azorín y enseguida Las confesiones de un pequeño filósofo); aparecieron también En torno al casticismo, Paisajes y Amor y pedagogía, de Unamuno; Cañas y barro, de Blasco Ibáñez, y Sonata de otoño, de Valle Inclán (que entre 1903 y 1905 publicó además Sonata de estío, Sonata de primavera, Sonata de invierno y Flor de santidad). En 1902 se había publicado además Oligarquía y caciquismo, la encuesta coordinada por Joaquín Costa, pieza esencial del regeneracionismo político.

En 1903 apareció el primer libro de Antonio Machado, Soledades, reeditado con añadidos en 1907 como Soledades, galerías y otros poemas. Juan Ramón Jiménez publicó en 1903 Arias tristes y al año siguiente, Jardines lejanos, libros cuya asunción no le plantearía problemas posteriormente. Pío Baroja dio a conocer en 1904 su tremenda trilogía de novelas sobre los bajos fondos de Madrid, La busca, Mala hierba y Aurora roja. Ese año el historiador y filólogo Ramón Menéndez Pidal —que ya había publicado pese a su juventud (había nacido en 1869) importantes estudios sobre la poesía épica, el Romancero, las crónicas medievales y el Cid— publicó su Manual elemental de Gramática Histórica Española, libro repetidamente reeditado desde entonces; entre 1908 y 1911, recogió en libro sus estudios sobre el Poema del Cid. Paralelamente, entre 1900 y 1911 Rafael Altamira completó su Historia de España y de la civilización española, en cuatro volúmenes, libro metodológicamente innovador y también de indudable éxito, con cuatro reediciones antes de 1930.

En 1905, Falla (veintinueve años) terminaba su primera gran obra, La vida breve, que se estrenaría, sin embargo, en 1913, y enseguida se trasladaba a París donde se relacionaría con Dukas, Debussy, Ravel y Albéniz, que en 1907 estrenó su Suite Iberia (el mismo año en que, en ese mismo París, Picasso acababa Las señoritas de Avignon, el cuadro que creaba el cubismo). También en 1905, con motivo del III Centenario del Quijote, Unamuno publicó La vida de Don Quijote y Sancho, y Azorín, La ruta de Don Quijote, primero de la serie de libros memorables sobre España que Azorín publicaría entre ese año y 1924 (Los pueblos, España, Castilla, El paisaje de España visto por los españoles, Lecturas españolas, Clásicos y modernos, Una hora de España). Baroja, que entre 1900 y 1914 publicó también copiosamente —un total de 25 libros—, dejó el hampa madrileña y noveló, entre otros temas, el atentado de 1906 del anarquista Morral en Madrid contra los reyes (La dama errante, La ciudad de la niebla), la tierra vasca (Zalacaín el aventurero, 1909; Las inquietudes de Shanti Andia, 1911), su propia juventud (El árbol de la ciencia, 1911) y dio su visión más negativa y desesperanzada de la vida (El mundo es ansí, 1912). Por si fuera poco, en 1913 publicó el primero de los 22 volúmenes que formarían las Memorias de un hombre de acción, historia novelada y aventurera del siglo XIX español —de la época de Fernando VII y de la primera guerra carlista—, articulada en torno a su antepasado Eugenio de Aviraneta.

Valle-Inclán se había interesado igualmente por la guerra carlista en la trilogía formada por Los cruzados de la causa (1908), El resplandor de la hoguera y Jerifaltes de antaño, ambos de 1909. Aunque lo mejor de su obra aún estaba por llegar, entre 1904 y 1915 Juan Ramón Jiménez escribió unos veinte libros de poesía (si bien algunos permanecieron inéditos); entre 1907 y 1912, Antonio Machado había ido escribiendo los poemas paisajistas, hondamente españolistas, rebosantes de espíritu «noventayochista» que formarían Campos de Castilla (1912, reeditado con adiciones en 1917). En 1908 hubo aún otro hito cultural: la aparición de El Greco, de Manuel B. Cossío, el libro capital en la recuperación del pintor como figura esencial de toda la pintura española.

El Greco precisamente había sido reivindicado a finales del XIX por pintores como Zuloaga y Rusiñol (y por el Picasso anterior al cubismo, el Picasso de la «época azul», más o menos entre 1901 y 1904: La vida, la obra capital de esta etapa, fue de 1903), como símbolo de modernidad y renovación artística. Esa renovación, como sucedía en los círculos literarios, era evidente. Beruete (1845-1911), hombre culto y acomodado, historiador y crítico de arte, biógrafo de Velázquez, había renovado el paisaje vía el «plein air», una factura desenvuelta y ágil y combinaciones exquisitas de atmósfera, luz y color. Darío de Regoyos (1857-1913), pintor antiacadémico e inconformista, formado en Bélgica y siempre atento a la cultura europea, incorporó en su obra —dominada por el paisaje verde y suave del País Vasco donde residió gran parte de su vida— formas decididamente impresionistas y postimpresionistas. De hecho, hacia 1900, un número no pequeño de artistas españoles había asimilado las nuevas corrientes de la pintura europea: impresionismo y sus derivaciones (Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa), expresionismo (Isidro Nonell), fauvismo (Francisco Iturrino, Juan de Echevarría), simbolismo (Romero de Torres). El escultor Julio González se estableció en París en aquel mismo año, 1900. Picasso lo haría de forma definitiva a partir de 1902; su «época azul» duró, como se ha indicado, hasta finales de 1904; luego vino, antes del cubismo, la «época rosa» (1905-1907): Familia de saltimbanquis, su obra más conocida de ese periodo, en el que abundaron los temas circenses, fue de 1905.

El éxito internacional desde principios de siglo de Sorolla y Zuloaga fue, con todo, la expresión del reencuentro de la pintura española con la modernidad (aunque se tratase de pintores deliberadamente apartados de vanguardias y experimentalismos). Sorolla (1863-1923), pintor de formación académica e inicialmente de temas costumbristas, religiosos e históricos, abordó plenamente, a partir de los años noventa —desde que pintó La vuelta de la pesca, 1894, una escena de la vida de los pescadores valencianos—, la pintura al aire libre y el estudio de la luz. Aún por un tiempo pintó escenas (ya muy luminosas) de pescadores y niños a la orilla del mar de su Valencia natal. Pero desde principios de siglo, una vez encontrados sus temas —la naturaleza, la luz— y su estilo (pincelada libre y segura, colorido brillante), Sorolla pintó paisajes, escenas de playa (San Sebastián, Valencia, Zarauz), ciudades, vistas del mar, jardines, retratos (Beruete, Alfonso XIII, el presidente norteamericano Taft, Louis C. Tiffany), para componer una obra elegante y optimista, sin duda complaciente, pero de calidad y belleza inusuales, en especial por su radiante luminosidad. Zuloaga (1870-1945) había seguido una línea radicalmente opuesta. Admirador de la pintura española y sobre todo de Velázquez y El Greco, establecido en París en los años noventa (donde se relacionó con Rodin, Degás, Barrès y muchos otros pintores y escritores de la capital francesa), Zuloaga integró en su pintura modernidad y tradición —línea vigorosa y fuerte, colores sobrios y austeros (negros, verdes)—, creando una pintura de gran fuerza y energía en la que hubo retratos (Emile Bernard, la condesa de Noailles, Barrès en Toledo, Belmonte, Falla, Marañón, Ortega...), paisajes, especialmente castellanos (Zuloaga descubrió Segovia en 1898), toreros, gitanas, bodegones, pero que interesó y apasionó sobre todo por la visión negra, crítica, de España que transmitió en muchos cuadros formidables: El enano Gregorio el Botero, 1907; El Cristo de la Sangre, 1911; El Cardenal, 1912.

Por supuesto que, junto a la nueva cultura, coexistía otra realidad cultural: la herencia del XIX (Galdós, Pardo Bazán, Palacio Valdés), un teatro convencional e inerte, el arte oficial, mucha literatura mediocre (Ricardo León, Concha Espina, Felipe Trigo...), la Iglesia, el género chico, la zarzuela, los toros y los cuplés. Pero la larga relación anterior dejaba poco lugar a dudas: perspectivas y categorías radicalmente nuevas estaban subvirtiendo y alterando el signo profundo de la cultura española.

Pedro Salinas escribiría en 1940 que el signo definidor de la literatura española desde 1900 había sido el «signo lírico». Pues bien, la nueva poesía española se impregnó de preocupación estética, buscó, como diría Juan Ramón Jiménez, el reencuentro con la belleza. Fue decisiva la influencia directa del poeta nicaragüense Rubén Darío (se recordará que Azorín le incluía en la generación del 98) y del modernismo hispanoamericano, el movimiento literario identificado con Darío y asociado a estilo preciosista y artificioso, musicalidad, sensualidad y exotismo. Plenamente «modernistas» en ese sentido fueron Salvador Rueda, Francisco Villaespesa, Manuel Machado, Enrique de Mesa, el dramaturgo Eduardo Marquina y, en prosa, el primer Valle-Inclán, sobre todo en sus Sonatas —y en menor medida en las novelas de la guerra carlista y en las comedias «bárbaras» (Águila de Blasón, 1908; Romance de lobos, 1909)—, un Valle decadentista, d’annunziano, creador de una prosa deslumbrante y riquísima y de un mundo literario poblado de tipos y escenarios irreales y fantásticos (el marqués de Bradomín, la Niña Chole, Cara de Plata, don Juan Manuel de Montenegro, palacios y catedrales italianos, México, un carlismo aristocrático y romántico, la Galicia rural y medievalizante). La huella modernista, si bien indirecta y muy compensada por otras influencias (sobre todo, la de Bécquer) era visible también en la obra del Juan Ramón Jiménez anterior a 1910-1915 y en el Antonio Machado de Soledades, galería y otros poemas: poesía intimista, sencilla, melancólica en Machado; simbolista, sentimental, contenidamente lírica en Juan Ramón Jiménez.

Aunque su vigencia no se prolongara más allá de 1910, si bien con algún eco tardío como las artificiosas novelas líricas de Gabriel Miró (Las cerezas del cementerio, 1910; El humo dormido, 1919; Nuestro Padre San Daniel, 1921; El obispo leproso, 1926), el modernismo provocó una verdadera revolución formal en la literatura española: la obra de Valle, en concreto, había sido una propuesta estética personalísima y genial. El 98 tuvo un énfasis distinto: apareció asociado preferentemente a pesimismo nacional e individual, preocupación crítica, reflexión esencialista sobre España e «invención» de Castilla. Desde luego, un profundo pesimismo impregnaba las dos novelas más representativas del 98, La voluntad de Azorín y Camino de perfección de Baroja (y El árbol de la ciencia también de Baroja), verdaderas metáforas de una España carente de voluntad política y reservas morales. Inicialmente, pesimismo y visión crítica conllevaron, además, una explícita voluntad de denuncia política y social. Entre 1894 y 1897, Unamuno había militado en la Agrupación Socialista de Bilbao y colaborado asiduamente, con varios centenares de artículos muy influidos por el marxismo, en el semanario de aquella agrupación, La Lucha de Clases. En su trilogía de La lucha por la vida —La busca, Mala hierba, Aurora roja—, Baroja novelaba los bajos fondos de Madrid, los barrios y las clases marginales, el hampa y, en Aurora roja, el mito anarquista. Azorín denunció el hambre y el paro en Andalucía (en la zona Lebrija-Arcos de la Frontera) en sus artículos de «La Andalucía trágica», de abril de 1905. Paralelamente, Blasco Ibáñez, que ni por su biografía ni por su estilo literario pertenecía a la generación del 98, publicó casi al tiempo, en 1903-1905, sus «novelas sociales»: La catedral (sobre Toledo y el poder de la Iglesia), El intruso, sobre las luchas obreras del Bilbao de principios de siglo, La horda (el Madrid de los barrios marginales) y La bodega, la novela del anarquismo agrario andaluz de fines del siglo XIX.

El 98 fue también, y ante todo, una reflexión sobre el «alma» de España y sobre la significación del país en la historia, un tipo de análisis que inició Los males de la patria y la futura revolución española (1890), de Lucas Mallada, pero que cristalizó a raíz de la publicación de los artículos de En torno al casticismo (1895) de Unamuno y del Idearium español (1897) de Ganivet, y al hilo de la correspondencia entre ambos que publicó un periódico granadino en 1898 (recogida en libro por Unamuno en 1912, como El porvenir de España). Ganivet identificaba España con moral cristiana, autos de fe y mística, espíritu de independencia, individualismo indisciplinado y genialidad improvisadora; Unamuno, con espíritu castellano y tradición eterna y lenta, «intrahistórica», del pueblo, militarismo conquistador, religión católica, misticismo y humanismo, idealismo quijotesco y realismo plebeyo. Ambos asumían la idea de la decadencia y el agotamiento de España, creían que España vivía a fines del siglo XIX una gravísima crisis histórica y pensaban que sólo la recuperación de su verdadera esencia nacional permitiría su supervivencia como nación.

España era, pues, un problema, una preocupación, un fracaso, una España negra (título del libro del pintor Regoyos y el poeta belga Verhaeren, de 1899, en el que aparecían paisajes sombríos, espectáculos bárbaros, cementerios, procesiones). Era la idea que latía también en ensayos como Hacia otra España (1897) de Maeztu, en los poemas de Campos de Castilla de Machado, en las obras citadas de Baroja y Azorín, en las que ciudades como Toledo o pueblos como Yecla simbolizaban la tristeza sedentaria, la vida sombría, gris y monótona de España, y por supuesto en los muchos artículos, ensayos y conferencias del propio Unamuno, recogidos de forma regular en libros.

Castilla era, en aquella perspectiva, la esencia misma de la nacionalidad española: una Castilla austera y guerrera, en la visión que se desprendía de los estudios de Menéndez Pidal sobre El Cid y la poesía épica; una Castilla idealizante y quijotesca, la de los libros, ya citados, de Unamuno y Azorín sobre Don Quijote; realista y mística al tiempo, tesis del libro sobre El Greco de Cossío; una Castilla de hidalgos, capitanes, clérigos y teólogos, de ciudades vetustas, de calles silenciosas y caserones blasonados, evocada con nostalgia y delectación (y maestría literaria inigualable) por Azorín en la serie de libros bellísimos, ya aludidos más arriba, que publicó entre 1905 y 1924; una Castilla finalmente de paisajes desolados y fríos, tristes y nobles, campos yermos y ciudades decrépitas, la Castilla de Machado. La Castilla de Beruete, a quien Azorín dedicó su libro Castilla (1912) era una Castilla —el Guadarrama, Cuenca, vistas de Madrid y Toledo— casi luminosa y aun equilibrada y serena. La de Zuloaga, por el contrario, fue esencial a la visión noventayochista: tierras rocosas y pardas bajo cielos y nubes atormentados y amenazantes; un Cristo patético, sobre el fondo de una Ávila ennegrecida y en tinieblas, encuadrado por cofrades y penitentes enjutos y humildes (El Cristo de la Sangre); un cardenal de rostro anguloso y tosco ante una Sepúlveda pedregosa y desolada (El Cardenal); un enano, Gregorio el Botero, grotesco y terrible, un fenómeno de feria, un símbolo de España —como diría Ortega— contra una tierra (Sepúlveda) desnuda y dura. Ésa era, además, la visión de España que impregnaba el paisajismo de otros pintores del 98, como Gustavo de Maeztu, Ricardo Baroja, ocasionalmente Regoyos (siempre un pintor sin estridencias) y aun, Julio Romero de Torres.

El 98 había desembocado, por tanto, en una suerte de intenso examen de conciencia nacional. Provocó también vagas demandas de regeneración e impulsó el «redescubrimiento» de la América española y de sus vínculos con la cultura nacional (lo que pronto se llamaría «hispano-americanismo»). Pero no de la misma forma. El regeneracionismo, producción ensayística de calidad muy desigual, a menudo declamatoria y moralizante —con títulos como Reconstitución y europeización de España (1899) y Oligarquía y caciquismo (1902), de Joaquín Costa; El problema nacional (1899), de Ricardo Macías Picavea; La moral de la derrota (1900), de Luis Morote; Psicología del pueblo español (1901), de Rafael Altamira y otros— dejó sobre todo las metáforas afortunadas y las tesis contundentes de Costa: «oligarquía y caciquismo» como fundamentos del régimen español de 1876 y como causas del desastre; la europeización (esto es, educación, reformas administrativas, obras hidraúlicas) como solución. El hispano-americanismo, cuyos primeros impulsos partieron de hombres de espíritu liberal como Rafael Altamira, sirvió para que fueran restableciéndose las relaciones culturales entre los países hispano-americanos y España, reintrodujo América como factor necesario en la política española, abrió tímidamente el mercado americano a algunos escritores españoles (a Unamuno, por ejemplo, y mejor aún, a Grandmontagne y Salaverría que residieron por unos años en América) y dejó libros y experiencias de interés: libros como Teodoro Foronda de Grandmontagne, Tierra argentina (1910), A lo lejos (1914) y Los conquistadores (1918) de Salaverría; experiencias como la visita de Ortega a Buenos Aires en 1916, decisiva para la filosofía argentina. Pero derivó pronto hacia una inepta retórica grandilocuente de exaltación nacionalista, que ya en 1917, año en que se instituyó el 12 de octubre como fiesta de la «raza» hispánica, veía en la «hispanidad», la comunidad espiritual entre España y América, una de las claves de la nacionalidad española.

La herencia del 98, incorporada desde entonces al canon fundamental del ensayismo español —como pronto se vería en Ortega, Pérez de Ayala, Marañón, Azaña y otros—, fue, pues, aquella reflexión ensimismada sobre la idea de España y su realidad histórica ya mencionada: España como problema. Por su naturaleza, los planteamientos del 98 fueron desde el primer momento polémicos y discutidos. Ortega y Gasset reprocharía a Valle-Inclán que hiciera una literatura bella y galante, pero de cosas inútiles; a Baroja —cuyo fondo insobornable apreciaba profundamente—, su atroz e insolidario pesimismo; a Unamuno, su energumenismo, esto es, su personalismo obsesivo. Desde la derecha, José María Salaverría (en La afirmación española, 1917) asociaría a la generación del 98 con pesimismo profundo, negación sistemática, invención de una España sombría y ruinosa, diletantismo extranjerizante y desdén hacia la tradición española. Desde la izquierda, en unos escritos de 1921-1923, Manuel Azaña, el futuro hombre fuerte de la Segunda República, criticaría en el 98 la «egolatría», el «antipatriotismo», la carencia de ideas políticas de sus intelectuales: les reprochaba, en suma, no haber entendido que el problema de España era ante todo un problema político, un problema de democracia.

Pero los hombres del 98 fueron útiles ante todo como escritores (y Zuloaga como pintor). Baroja y Azorín, Valle y Machado, transformaron de raíz la literatura española: hicieron que en España se escribiera para siempre de otra manera. Negaron una España, pero recuperaron otra. Azorín diría en 1913 que su generación amaba los viejos pueblos y el paisaje, a los poetas primitivos (Berceo, el Arcipreste de Hita, el Marqués de Santillana), a Góngora y a Larra; Baroja, que nunca negó ni su apoliticismo ni su pesimismo, añadía a la lista el entusiasmo generacional por El Greco, Zurbarán, Goya y Velázquez. La reacción noventayochista no fue, en efecto, política; fue una reacción ética. Unamuno, sobre todo, vino a crear —al hilo de sus frecuentes y controvertidas intervenciones públicas— el papel del intelectual como conciencia moral de su país. La vida de Don Quijote y Sancho (1905) era una exaltación del Quijote como encarnación del heroísmo y afán de gloria y fama; una respuesta, por ello, a la falta de ideales de su época (a la del Quijote, pero también a la de Unamuno). La tesis de Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos (1913) era que el hombre enfrentado a su destino individual constituye la única realidad: en consecuencia, muerte, inmortalidad, no morir, incluso resurrección eran para Unamuno las claves de la vida. Niebla (1914), La tía Tula (1921), Cómo se hace una novela (1926) respondían a preocupaciones no muy distintas: el yo, la identidad, la voluntad de ser uno mismo. De hecho, toda la filosofía de Unamuno fue siempre una filosofía de la individualidad; la vida como búsqueda trágica y desgarrada de la propia personalidad. Hombre en lucha consigo mismo, solitario, provocador, vano, paradójico, desgarrado entre la vida y la muerte —como le describió Jean Cassou en 1926—, Unamuno fue «el despertador de su nación», el hombre a quien España debía el haber resurgido de su apatía (Curtius).

Cultura popular, cultura nacional

Ésa fue una labor ciclópea. En 1900 España era, primero, un país católico (sería consagrado al Sagrado Corazón de Jesús en 1919); segundo, era puro pueblo, como bien observara Ortega y Gasset; tercero, era pura provincia, otra certera intuición de Ortega.

Esa triple realidad nacional condicionó lógicamente el despertar cultural de España. Por distintas razones —poder social de la Iglesia, educación en los colegios religiosos, la cuestión de la fe, crisis de las vocaciones sacerdotales—, religión y catolicismo siguieron interesando de muchas formas a la visión de España de intelectuales, escritores y artistas: de ahí, novelas como La catedral y El intruso, de Blasco Ibáñez; AMDG. La vida en los colegios de jesuitas (1910), de Pérez de Ayala; Nuestro padre San Daniel y El obispo leproso, de Gabriel Miró; El jardín de los frailes (1926), de Manuel Azaña; San Manuel Bueno, mártir (1933), de Unamuno y El cura de Mauleón (1936), de Baroja; de ahí también, cuadros como La visita del obispo y Los disciplinantes, de Gutiérrez Solana (ya en los años veinte), libros como Figuras de la Pasión del Señor (1916), del mismo Miró, poemas como El Cristo de Velázquez (1920) y ensayos como La agonía del cristianismo (1926), ambos de Unamuno. Gaudí y Falla, por citar dos ejemplos señeros, fueron hombres profunda y sinceramente católicos. Lo mismo en 1900 que en 1931, culto y prácticas religiosas (bautismo, misa dominical, matrimonio, Semana Santa, Navidad, procesiones, cultos y festividades nacionales y locales) jalonaban la vida social del país y la vida individual de una mayoría de españoles. La Iglesia realizaba sin duda una amplia labor asistencial y caritativa (por ejemplo, las órdenes religiosas femeninas en hospitales, orfelinatos y asilos); controlaba, además, buena parte de la educación primaria y secundaria.

Del mundo católico surgieron iniciativas y esfuerzos culturales estimables. El Seminario Pontificio de Comillas (Santander) pasó a ser en 1904 Universidad Pontificia, regida por los jesuitas, para mejorar la formación teológica de los sacerdotes. En 1909, el padre jesuita Ángel Ayala creó, secundado por Ángel Herrera Oria (1886-1968), la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, orientada a la formación de minorías dirigentes católicas para el país. En 1910 apareció El Debate, al que desde 1911 Ángel Herrera Oria fue convirtiendo en un diario católico moderno. En 1916 los jesuitas abrieron en su Universidad de Deusto (Bilbao) una Facultad Comercial para la capacitación profesional (y católica) de economistas y técnicos de empresa. El mismo Herrera, y dentro de su proyecto de modernización del catolicismo, creó en 1920 la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos y en 1933 el Centro de Estudios Universitarios. En 1924 el padre Pedro Poveda creó la Institución Teresiana para la educación superior de la mujer. Jose María Escrivá de Balaguer creó el Opus Dei en 1928.

El catolicismo social —que algunos sacerdotes, y muy significadamente Maximiliano Arboleya (1870-1951), creían esencial a la modernización de la Iglesia— impulsó la creación de Círculos católicos de obreros, que tuvieron su apogeo en los años 1906-1912, y luego, de Sindicatos Obreros (iniciativa desde 1912 de los dominicos Pedro Gerard y José Gafo) y de organizaciones agrarias (hasta llegar a la Confederación Nacional Católico-Agraria creada en 1917). Paralelamente, fueron articulándose las bases de un pensamiento social católico moderno en torno a publicaciones como Revista Social de Barcelona y La Paz Social de Zaragoza, creada en 1907 y promovida por Severino Aznar, y en torno a iniciativas como la Acción Social Popular desarrollada en Barcelona por el jesuita Gabriel Palau entre 1907 y 1916.

Pero el balance de todo ello fue casi siempre contradictorio y las más de las veces decepcionante. Salvo por alguna rara excepción —los dominicos neotomistas Juan González Arintero (1860-1928) y Francisco Marín Sola (1873-1932), y el presbítero gallego Ángel Amor Ruibal (1869-1930), autor de Los problemas fundamentales de la Filosofía y del Dogma (1914-1922)—, la teología española fue intelectualmente nula. Fuera de la obra de Amor Ruibal, nunca bien vista oficialmente, el modernismo religioso apenas tuvo repercusión en el país. Al contrario, varios de los textos oficiales de Roma condenatorios del modernismo fueron escritos por cardenales españoles (Merry del Val y Vives i Tutó). La jerarquía española de las primeras décadas del siglo (Sancha, Torras i Bages, Almaraz, Maura y Gelabert, López Peláez, Sánchez Marco, Gabriel María Aguirre, Sardá y Salvany, Guisasola, Martín de Herrera, Benlloch, Reig y Casanova, Pedro Segura...) estuvo casi unánimemente anclada en posiciones integristas y antiliberales. Ésa fue también la línea mayoritaria seguida no ya por la inundatoria publicística católica de divulgación y apostolado (revistas, folletos, opúsculos, libros...) sino por publicaciones de prestigio, como Razón y Fe, creada por los jesuitas en 1901. El mismo El Debate se plegó siempre en materias de fe a las directrices de la jerarquía.

Para decepción de sacerdotes como Arboleya, el asociacionismo obrero católico, cualquiera que fuese su éxito, o derivó hacia labores puramente asistenciales y mutualistas o estuvo al servicio del empresariado católico. A la Iglesia española le preocuparon ante todo el culto y el cumplimiento de los preceptos religiosos, la paz social, las costumbres públicas y la moral familiar y sexual, cuestiones que abordó desde posiciones siempre estrictamente ortodoxas y fuertemente reaccionarias. En buena medida, por tanto, la cultura católica, tomada en su conjunto, fue un fracaso: la labor modernizadora de Herrera Oria tuvo un alcance demasiado elitista y minoritario y fue, además, tardía. Lo mejor que produjo la cultura católica fue probablemente la inverosímil, alucinante, iglesia de La Sagrada Familia de Barcelona, que Gaudí empezó a construir en 1888, y, con ella, la obra de erudición del sacerdote y arabista Miguel Asín Palacios (especialmente Dante y el Islam: la escatología musulmana en la Divina Comedia, 1919), la música religiosa de los padres Goicoechea, Otaño y Donostia y después, ya en los años de la Segunda República, la obra filosófica de Juan Zaragüeta (1883-1974). Con todo, antes de 1936 los libros de mayor y mejor sensibilidad religiosa fueron sin duda Figuras de la Pasión del Señor (1916), de Gabriel Miró, y El Cristo de Velázquez (1920) y La agonía del cristianismo (1926), de Unamuno; significativamente, libros de autores profanos.

La religiosidad —incluso desacralizada, como ocurría ya con determinadas festividades locales— era pese a ello parte de la cultura popular. De hecho, todas las formas del gusto y del entretenimiento populares seguían teniendo —pese al despertar de la alta cultura— amplia vigencia. Las corridas de toros, por ejemplo, tuvieron más difusión si cabe después de 1900 que antes de esa fecha: eran, desde luego, «el espectáculo más nacional», título del libro que el conde de las Navas publicó precisamente en 1900. La década de 1910 en la que compitieron los toreros José Gómez Ortega (Joselito), muerto por un toro en Talavera en 1920, y Juan Belmonte significó la época dorada del toreo. La asistencia al espectáculo era extraordinaria. Los grandes toreros toreaban cerca del centenar de corridas anuales. Las revistas y periódicos taurinos eran numerosísimos. En 1926 había en España unas 160 ganaderías y cerca de 400 plazas de toros (la de Barcelona, con capacidad para 25.000 espectadores). Pocos libros tuvieron tanto éxito como Sangre y arena, la novela de tema taurino que Blasco Ibáñez publicó en 1907.

La popularidad de la zarzuela (y de su versión en un acto, el género chico) no fue menor. Iniciada hacia 1870, siguió en toda su plenitud hasta la década de 1930. La corte de Faraón (1910), de Lleó; Doña Francisquita (1923), de Amadeu Vives; La del manojo de rosas (1934), y La tabernera del puerto (1936), ambas de Pablo Sorozábal, fueron grandes éxitos. La canción española —a veces piezas desprendidas de zarzuelas— tuvo su gran momento a partir de 1900; el cuplé, a partir de 1910. Piezas como «Tápame», «La pulga», «La violetera», «Flor de té», «El relicario» o «Banderita» —de la revista musical Las corsarias (1917), del maestro Alonso— eran conocidas y repetidas en toda España. Todo ello —no la exquisita y estilizada música de Albéniz, Granados y Falla; ni el flamenco puro, o refugiado en cafés cantantes o asomado ocasionalmente a algún escenario— era la verdadera música nacionalista española.

Era, además, una música unificadora en un país territorialmente complejo y diverso. Las manifestaciones del costumbrismo local y provincial —en novela, en poesía, en pintura, en la propia zarzuela—, que aspiraba a captar la esencia y las peculiaridades regionales y locales (a veces desde estereotipos y pintoresquismos burdos y trasnochados), iban incluso en aumento. Poesía «regional» extremeña hicieron Gabriel y Galán (1870-1905) y Luis Chamizo (1894-1945), escritos en las hablas populares de sus comarcas respectivas (Extremadura-Salamanca, Baja Extremadura), y poesía murciana, Vicente Medina, cuyo libro Aires Murcianos apareció en 1898. Blasco Ibáñez (1867-1928) publicó por entonces sus novelas valencianas: Arroz y tartana (1894), La barraca (1898), Entre naranjos (1900), Cañas y barro (1902). Inspirada por Eduardo Ibarra y Julián Ribera (y atenta a los problemas de su región) en 1900 apareció la Revista de Aragón (1900-1905); Mariano Baselga (1865-1938) y Luis López Allúe (1861-1928) popularizaron en cuentos y novelas los tipos de baturros, estereotipo del aragonés como hombre honesto y tozudo (identidad regional reforzada por la extraordinaria popularidad en toda España de la jota, canción que expresaba el «alma» de Aragón). La aldea perdida (1903) de Palacio Valdés era el equivalente para Asturias de la novela regional cántabra creada en el siglo XIX por Pereda: la idealización de la provincia como una arcadia rural y tradicional amenazada por la vida moderna (en este caso, Asturias, por la industria del carbón).

Madrileñismo y costumbrismo andaluz, nacidos y fijados en el XIX, cobraron nueva vida. El madrileñismo, supuesta expresión del tipismo castizo y «achulapado» de las clases populares madrileñas y uno de los temas favoritos de la zarzuela y del género chico (La verbena de la Paloma, ¡Agua, azucarillos y aguardiente!...), culminó ahora sobre todo en los sainetes de Carlos Arniches (1866-1943), algunos de ellos, como los recogidos en Del Madrid castizo (1917) por ejemplo, de innegable gracia e ingenio. El andalucismo amable, una Andalucía identificada con gracejo y simpatía, con huertos, flores y patios, tuvo su mejor momento en las obras, cerca de 200 y muy populares también, de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero (Las flores, Los piropos, Malvaloca...), aunque escritos como la «Andalucía trágica», de Azorín; La bodega, de Blasco Ibáñez —ambos de 1905— y, enseguida, Bandolerismo y delincuencia subversiva en la baja Andalucía (1913) y El espartaquismo andaluz (1919), de Constancio Bernaldo de Quirós, y la Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Córdoba (1929), de Juan Díaz del Moral, introducirían una versión radicalmente distinta de la realidad andaluza: Andalucía como el problema agrario de España.

El mismo paisajismo español —con la excepción del paisajismo noventayochista— fue paisajismo regional. Sorolla, cuando en 1911 aceptó pintar su obra Visión de España para la Hispanic Society de Nueva York, pintó temas pintorescos de las regiones de España (Castilla, Andalucía, Navarra, Aragón, las provincias vascas...). Lo que entre 1900-1920 se postuló como arquitectura española era en realidad arquitectura de clara inspiración regional: cántabra en Leonardo Rucabado (1876-1918), sevillana en Aníbal González (1876-1929). Con mejor o peor fortuna, desde estilos muy distintos, todas las regiones tuvieron entre 1900 y 1930 —y aun después— su pintura regionalista: así, el País Vasco (Regoyos, los Zubiaurre, Tellaeche, Arteta, los hermanos Arrúe...), Castilla (Chicharro, Marceliano Santa María, más la visión noventayochista de la región, ya citada), La Mancha (Ángel Andrade, López Torres), Levante (en la estela «luminosa» de Sorolla: Pinazo, Cecilio Pla), Asturias (Evaristo Valle, Nicanor Piñole), Navarra (Jesús Basiano), Andalucía (G. Bilbao, López Mezquita y, sobre todo, Julio Romero de Torres, 1874-1930, un espléndido pintor, tópicamente asociado al retrato de la mujer andaluza cuando su pintura —refinada, italianizante, cargada de sugestivo simbolismo— reinterpretaba desde posiciones ni folkloristas ni tópicas los temas de Andalucía), Galicia (Álvarez de Sotomayor, Francisco Llorens) y, en fin, Cataluña, con las características que enseguida veremos.

Religiosidad, toros, zarzuela, jotas, madrileñismo, andalucismo, costumbrismo local: ése era el verdadero nacionalismo popular español. Los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, los escritores del 98, Ortega, Juan Ramón Jiménez, lo detestaron: «sí, el flamenquismo, la torería, la pornografía, el génerochiquismo, todo es igual», escribía en 1911 Unamuno a Eugenio Noel, un noventayochista «menor» empeñado en una intensa campaña de denuncia de los toros, «es una plaga, y una plaga de dementalidad», concluía.

Hechos diferenciales y particularismo cultural: Cataluña, País Vasco, Galicia

Unamuno, los hombres del 98 hicieron desde su desengañado pesimismo la crítica —casi siempre feroz— de la España oficial y nacional-católica, y de las formas más brutales y vulgares de populismo españolista. Pero, como ha quedado dicho, hicieron también esencialismo, metafísica del ser de España y del «alma castellana» (aunque su visión no ignoraba la diversidad regional española: de hecho, Unamuno y Baroja proyectaron en sus libros verdaderas «teorías» del País Vasco, y Valle, de Galicia). Ello adquirió importancia adicional: coincidió con la primera crisis profunda de la misma idea de España como Estado nacional. Dicho rápidamente: en 1900, la cultura catalana era una cultura «independizada»; la cultura vasca, una cultura escindida; la cultura gallega, una cultura marginalizada.

En efecto, la cultura catalana se articuló en los primeros años del siglo XX en torno a movimientos específicos independientes de y ajenos a la vida cultural de Madrid, esto es, movimientos con planteamientos artísticos y literarios propios, no interesados, salvo excepciones, en las cuestiones y debates que dominaban la cultura española: el 98, por ejemplo, no marcó, o marcó sólo lateralmente (caso de Maragall), a la cultura catalana.

El particularismo cultural y político de Cataluña no era nuevo. La Renaixença, el movimiento romántico de recuperación de la lengua, la historia y el derecho civil catalanes, había comenzado a mediados del siglo XIX y había culminado en los años 1875-1890, en los grandes poemas de Verdaguer (L’Atlántida, el Canigó), en los dramas de Guimerá (María Rosa, Terra baixa), en las novelas de Narcìs Oller (La febre d’or). El catalanismo político se había extendido desde los años 1880-1890. La doble idea, por ejemplo, de la existencia de una nacionalidad catalana y de Cataluña como única patria de los catalanes (tesis del libro capital del catalanismo, La nacionalitat catalana, de Enric Prat de la Riba, publicado en 1906) estaba ya prácticamente planteada en esos términos hacia 1890. En 1892, centros catalanistas de toda Cataluña habían aprobado en Manresa las Bases per la Constituciò Regional Catalana; desde los años noventa, los catalanistas controlaban algunas de las más influyentes instituciones culturales catalanas. Lo que en cambio fue radicalmente nuevo fueron los valores literarios y estéticos que cristalizaron entre 1890 y 1920. Concretamente, modernisme y noucentisme renovaron de raíz en esos años la cultura catalana.

El modernismo catalán —que se artículó en torno a la revista L’Avenç (1889), a las Fiestas Modernistas ideadas por el pintor Santiago Rusiñol a partir de 1892 y a locales como la cervecería Els 4 Gats (1897-1903), promovida por Rusiñol y Casas, Utrillo y P. Romeu— surgió precisamente como consecuencia del rechazo de la cultura catalana «establecida» por parte de las nuevas generaciones intelectuales (Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Miquel Utrillo, Maragall, Jaume Brossa, Raimon Casellas...), empeñadas en europeizar la cultura catalana frente al espíritu provinciano y arcaizante de la Renaixença. Aunque surgiera de iniciativas y planteamientos culturales distintos (de hecho habría varios modernismos) y se plasmara en obras individuales muy diferentes, el modernisme catalán, visto en perspectiva, fue un movimiento integral que abarcó no sólo la arquitectura, la literatura, la pintura o la escultura (Llimona, Clarasó), sino también, y destacadamente, las artes decorativas y las artes industriales (el mueble, las vidrieras, la cerámica, la joyería —por ejemplo, las joyas de Masriera—, la forja, la ilustración de libros, revistas, el cartelismo...), y hasta el gusto musical, tal como reveló el éxito en Barcelona del wagnerismo, canalizado por la Associaciò Wagneriana (1902), y no de la zarzuela (aunque un catalán, Amadeu Vives, compusiese una de las zarzuelas más populares del siglo XX, Doña Francisquita, y a tres compositores catalanes —los tres magníficos: Pedrell, Albéniz y Granados— se debiese la recuperación a principios de siglo de la tradición musical española, y obras bellísimas como la ya mencionada Suite Iberia, 1907, de Albéniz, y Goyescas, 1911, de Granados).

Desde luego, la arquitectura modernista —cerca de ciento cincuenta edificios estilo «art nouveau» en la zona del Ensanche, construidos a partir del año 1880— cambió Barcelona. Edificios como el Palau de la Música Catalana (1908), el Hospital de Sant Pau, la Casa de Lleó Morera (los tres de Domenech i Montaner), como las casas Amatller y Terradas (1905) y el Palau Nacional (de Puig i Cadafalch), y, sobre todo, las casas Batllò (1906) y Milá (La Pedrera, 1910) y el Parque Güell (1900-1914), de Antonio Gaudí (1852-1926), cuya inacabada Sagrada Familia, como se dijo, se había empezado en 1888, suponían uno de los mejores conjuntos de toda la arquitectura modernista europea de principios del siglo XX.

Rusiñol y Casas revolucionaron la pintura catalana (y, en buena medida, el gusto de la sociedad catalana). Formados en París en contacto con el impresionismo, trajeron a la pintura catalana el plein air, el paisaje urbano, los temas fugaces y triviales (cafés, terrazas, vistas de Montmartre, patios, interiores, mujeres solitarias...) y luces y colores suaves y delicados. Ramón Casas (1866-1932) fue, además, un maestro del dibujo y del carbón (con el que hizo la iconografía de la intelectualidad catalana de su tiempo: Domenech i Montaner, Pompeu Fabra, Oller, Granados, Guimerá, Llimona, Maragall, Marquina, d’Ors, Nonell...) y de la ilustración y el cartelismo, y pintó además cuadros de temas de la vida contemporánea barcelonesa: Garrote vil (1894), la ejecución de un anarquista; La procesión del Corpus (1898); La carga (1903), una escena de la disolución de una manifestación de obreros en huelga por la Guardia Civil a caballo. Por su parte, Rusiñol, tras Montmartre, pintó preferentemente patios (de Sitges), figuras femeninas, paisajes y, finalmente, bellísimos jardines (en Granada, Mallorca y, sobre todo, en Aranjuez), una pintura que comunicaba un intenso sentimiento de melancolía y soledad. El también pintor Joaquim Mir (1873-1940), tras una etapa en que pintó temas sociales, pintó casi exclusivamente paisajes, una versión personalísima del impresionismo a través de un cromatismo intenso y libre, a veces puras manchas de color.

Ignasi Iglesias adaptó a Cataluña el teatro ibseniano; Adrià Gual, creador en 1898 del Teatre Intim, el teatro simbolista. Los poetas modernistas (Apel-les Mestres, Zanné, Alexandre de Riquer) introdujeron el gusto y las formas prerafaelistas, parnasianas y simbolistas. Joan Maragall (1860-1911) removió —como poeta, crítico y ensayista— toda la cultura catalana entre 1890 y 1911. Tradujo a Goethe y Novalis y se interesó por Nietzsche, Ruskin, Emerson e Ibsen, autores previamente casi desconocidos, cuyas ideas fue exponiendo desde sus artículos en la prensa. Su poesía (Poesies, 1895; Visions i cants, 1900; Enllà, 1906; Seqüències, 1911), una poesía en general serena y sobria, combinó emoción estética y vital, sentimiento de la naturaleza (el mar, los Pirineos), mitos catalanes (el conde Arnau), poemas «cívicos» («Oda a España», «Oda nueva a Barcelona», «Himno ibérico») y la contemplación y reflexión de la vida y la muerte... Su pensamiento integró catalanismo, visión regeneracionista e «iberista» de España, intensa espiritualidad, profundo sentido ético de la vida y, finalmente, filosofía cristiana.

En pocos años, el modernisme, que había nacido como una estética de ruptura —algunos «modernistas» como Brossa o Pere Corominas se habían incluso aproximado al anarquismo en unos años, la década de 1890, en que varios atentados anarquistas habían conmocionado a la sociedad barcelonesa—, terminó por lograr un excepcional éxito social (sobre todo, la arquitectura y las artes decorativas), evidente ya hacia 1900. Era claro que, además del Ensanche modernista, había otras Barcelonas: la Barcelona popular, obrera y proletaria, cuya cultura integraba anarquismo (la Escuela Moderna de Francesc Ferrer fue fundada en 1901), republicanismo radical y violento anticlericalismo —que estalló en la Semana Trágica de 1909—, más el gusto por las zarzuelas y las revistas musicales que se representaban en los teatros de la calle del Paralelo; la Barcelona sórdida y miserable de los bares y prostíbulos del Raval (el Barrio Chino). El hecho, pues, era palmario: las clases acomodadas, el catalanismo conservador, asumían el modernisme como expresión y afirmación de su identidad cultural y de clase (lo que hizo que algunos artistas radicalizaran sus propuestas artísticas personales, como fueron los casos de Nonell —pintor de fuerte agresividad expresiva sobre temas de la vida marginal: enfermos, mendigos, gitanos—, del joven Picasso y del escultor Manolo Hugué).

En cualquier caso, Cataluña, o Barcelona al menos, estaba generando una verdadera cultura creativa. Azorín contrastaba ya en 1898 lo que él llamaba ausencia de literatura joven en Madrid, con el vigor de la juventud artística y literaria catalana (y citaba a Rusiñol, Casas, Adrià Gual, Guimerà, Maragall, Iglesias y Oller). Y en efecto, a medida que el modernismo se fue convirtiendo en cultura «oficial», fueron apareciendo nuevas formulaciones individuales y colectivas, nuevos intentos, en suma, de reestructuración de la cultura catalana en su conjunto. Hechos como el cierre de Els 4 Gats (1903), como la aparición de la revista Catalunya (1903-1904), dirigida por Josep Carner, o la conferencia en 1904 del escritor republicano mallorquín Gabriel Alomar titulada «El futurismo» —una apelación a una cultura catalana deliberadamente cosmopolita y urbana—, e incluso como la aparición (1904) de un catalanismo de izquierdas en torno al periódico El Poble Català (en el que colaboraban intelectuales como Pere Corominas, Eugeni d’Ors, Maragall o Domenech i Montaner), evidenciaron tensiones y voluntad de cambio. La publicación en 1906 del libro del poeta Josep Carner (1884-1970) Els fruits sabrosos y la aparición en las páginas de La Veu de Catalunya del «Glosari» de Eugeni d’Ors (1882-1954) marcaron ya la definitiva transición hacia un nuevo movimiento cultural al que d’Ors, su principal inspirador, denominó noucentisme.

El noucentisme (que d’Ors, siempre amante de expresiones extravagantes y aparatosas asoció a «arbitrariedad», «imperialismo» y «tradición») era también, como lo fue el modernisme, una nueva estética, una nueva visión particularista de Cataluña, que d’Ors —hombre de cultura amplísima y excelente crítico de arte— identificó, por oposición a los valores simbolistas y decadentistas del modernisme, con el clasicismo y la luminosidad del Mediterráneo. En el Almanaque de noucentistes que, coordinado por d’Ors, apareció en 1911, colaboraron una treintena de escritores y artistas. No todo tuvo la misma calidad, pero hubo obras decisivas: ante todo, la poesía de Carner (Auques i ventalles, 1914; La paraula en el vent, 1914; Bella terra, bella gent, 1918; L’oreig entre les canyes, 1920), cuyo libro antes citado, Els fruits sabrosos, constituyó un hito en la literatura catalana por su belleza formal, su luminosidad y expresividad sensual y contenida al tiempo; junto a ella, la poesía de «Guerau de Liost» (seudónimo de Jaume Bofill i Mates, autor entre otros libros de La muntanya d’ametistes, 1908), y desde luego, el Glosari del propio d’Ors, aquellos comentarios breves, glosas, sobre temas de cultura y actualidad, llenos de ingenio y talento, que fue publicando en la prensa casi a diario, entre 1906 y 1920, y aun su novela La Ben Plantada (1912).

La escultura noucentista (Casanovas, Clará) siguió en general los modelos del clasicismo griego; la pintura (Torres García, Sunyer, Obiols...), inspirada en Puvis de Chavanne y Cézanne, incorporó además visiones arcádicas y bucólicas, composiciones alegóricas y paisajismo mediterráneo. La obra del escultor Manolo Hugué se diferenció, sin embargo, por su primitivismo y vitalidad singulares. Pablo Gargallo (18811934), junto a obras alineadas en aquel ideal clasicista, realizó una amplia obra en chapa metálica (la más conocida, El gran profeta, ya de 1933) en la que la inspiración clásica se resolvía en un juego sorprendente de volúmenes, huecos y líneas curvas y parabólicas, que la aproximaban a las vanguardias europeas. Joaquim Sunyer plasmó, sobre todo en sus cuadros Pastoral y Mediterránea, ambos de 1910-1911, el ideal mediterraneísta del noucentisme: desnudos clasicistas, intemporales, arquetípicos, sobre fondos paisajísticos inequívocamente mediterráneos, con un tratamiento de volúmenes y color muy influido por Cézanne.

En definitiva, la vigencia de modernisme (aproximadamente entre 1890 y 1910) y noucentisme (más o menos, de 1905-1906 a 1920) tenía ante todo, como ya quedó indicado, una significación: mostraba que la cultura catalana tenía entidad propia y distinta. El proceso de catalanización de la vida civil catalana era, además, evidente. Desde finales del siglo XIX se multiplicaron los grupos sardanistas, las sociedades corales (el Orfeò Català se creó en 1891), los centros excursionistas catalanes, los ateneos populares, las asociaciones en defensa de la lengua catalana. En 1906 se celebró en Barcelona el I Congrès de la Llengua Catalana; en 1908 el I Congrès d’Historia de la Corona de Aragò (y se inauguró el Palau de la Música Catalana). Con la llegada de Prat de la Riba a la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona (1907), y luego con la formación de la Mancomunidad de Cataluña (1913), organismo de coordinación de las cuatro diputaciones catalanas que también presidió Prat de la Riba, la institucionalización de la cultura catalana cobró fuerza extraordinaria. Prat hizo de aquellas instituciones un verdadero mini-Estado cultural: en pocos años, se crearon el Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, una Escuela Industrial, la Escola de Bibliotecaries, la Escuela de Administración Pública, escuelas profesionales para la mujer, un Institut d’Educaciò Nacional y muchos otros organismos e instituciones culturales. En 1913, el Institut d’Estudis Catalans aprobó las Normes ortografiques, obra de Pompeu Fabra, para regular y unificar el uso del catalán; en 1918 Fabra publicó por encargo del Institut la Gramatica catalana, adoptada de inmediato como texto oficial.

Los casos vasco y gallego fueron muy distintos. En Galicia, pese al Rexurdimento poético del siglo XIX (Rosalía de Castro, Curros, Pondal) y pese a iniciativas como la creación en 1905 de la Academia Galega (para el estudio del idioma gallego), la producción literaria en lengua gallega era antes de los años veinte escasa y de calidad limitada, con la excepción, tal vez, de Antonio Noriega Varela y Ramón Cabanillas Enríquez, y, en todo caso, no comparable con la literatura en castellano de Emilia Pardo Bazán y de Valle-Inclán. Que precisamente fuese a Valle a quien se debiesen las mejores aproximaciones literarias a Galicia antes de 1920 (en obras como Aromas de leyenda, Flor de Santidad, las comedias «bárbaras» ya citadas, El embrujado, Jardín umbrío y, sobre todo, Divinas palabras, 1920) no dejaba de ser revelador. Valle escribió siempre en castellano y proyectó en sus libros una imagen de Galicia —arcaica y milagrera, mística y supersticiosa, hidalga, rural, intemporal (y en Divinas palabras, una obra genial, una Galicia esperpéntica, brutal y grotesca)— que era ante todo un formidable artificio literario, que nada tenía que ver con la realidad marítimo-rural, urbana y social de la región. En otras palabras, hacia 1900 (y aún años después) la debilidad del galleguismo como propuesta cultural era palmaria.

De hecho, como dirían Castelao y Otero Pedrayo, el verdadero despertar de la cultura gallega no se produjo hasta los años 1916-1918, hasta la creación del movimiento de las Irmandades de Fala (1916) y la publicación de Teoria do nacionalismo galego (1920), de Vicente Risco (1888-1976). Sólo tras la aparición de la revista Nós en octubre de 1920 y la irrupción en la vida literaria y artística del propio Risco, de Alfonso R. Castelao (1886-1950) y de Ramón Otero Pedrayo (1886-1976) —los tres (y algunos más: Cuevillas, Losada Diéguez, Noguerol) vinculados a Nós—, y de los pintores Carlos Maside, Manuel Colmeiro y Arturo Souto, más la creación en 1923 del Seminario de Estudios Galegos, sólo entonces el galleguismo (algo se dirá en un capítulo posterior) adquiriría entidad propia. En una Galicia no industrializada, carente de grandes ciudades, dominada aún por la vida de aldea, con niveles educativos deplorables, atrasada y pésimamente comunicada, como era Galicia aún en los años treinta, la vida cultural —libros, exposiciones, revistas— carecía por definición de proyección social significativa y se circunscribía a pequeños círculos intelectuales y universitarios.

El caso vasco fue en un sentido opuesto al gallego: la industrialización y el desarrollo social, el crecimiento de Bilbao (y luego de San Sebastián) y la elevación de los niveles educativos, generaron allí, desde comienzos de siglo, una nueva demanda social de cultura que se reflejó, por ejemplo, en la creación de nuevos periódicos (La Gaceta del Norte y El Liberal, ambos de Bilbao, en 1901; El Pueblo Vasco, en 1911; Euzkadi, diario del Partido Nacionalista Vasco, en 1912) y que se tradujo sobre todo en la aparición de un número notable de escritores (Unamuno, Baroja, Maeztu, Meabe, Basterra, Salaverría, Grandmontagne, Mourlane Michelena, Lizardi, Lauaxeta, Orixe) y pintores (Guiard, Regoyos, Iturrino, Zuloaga, Echevarría, los Zubiaurre, los Arrúe, Tellaeche, Gustavo de Maeztu, Arteta, Ucelay , Aranoa, Lekuona, Olasagasti), de eruditos e investigadores (José M. de Barandiarán, Aranzadi, Carmelo Echegaray), de arquitectos (Manuel M.ª Smith, Bastida, Amann, Teodoro Anasagasti, Secundino Zuazo, Ispizua, José Manuel de Aizpúrua) y músicos (Guridi, Usandizaga, los padres Otaño y Donostia), todos ellos de valía casi siempre estimable y, en muchos casos, indiscutible.

Pero con una adición, que diferencia a su vez el caso vasco del caso catalán que acabamos de ver: a diferencia de lo ocurrido en Cataluña, en el País Vasco la formulación de la idea de nacionalidad —por Sabino Arana en los años noventa— y el papel del euskera en ella provocarían escisiones irreversibles en la conciencia de la intelectualidad vasca. De hecho, entre 1900 y 1936 se configuraron dos ámbitos de cultura diferenciados (dejando al margen la cultura de masas, pronto, en los años veinte, ganada por los espectáculos deportivos modernos): la cultura vasco-española y la cultura etno-euskaldún. La generación del 98 —Unamuno, Baroja, Maeztu, Salaverría, Zuloaga, Manuel Bueno, Grandmontagne— fue, por ejemplo, rigurosamente coetánea de la «primera generación nacionalista» (o «euskaldunista», pues no todos fueron nacionalistas), la generación de Arana, Evaristo Bustinza («Kirikiño»), Toribio Alzaga, Resurrección María Azkue y Domingo Aguirre. La generación españolista del 14 (Sánchez Mazas, Ramón de Basterra, Mourlane Michelena, Joaquín Adán, Joaquín Zuazagoitia, nacidos en los años 1879-1889) coincidió también con una generación del 14 euskaldún, la de Severo Altube, del bertsolari Enbeita, de Gregorio Múgica y del etnógrafo José Miguel de Barandiarán, nacidos también en aquellos mismos años.

En la misma nueva y espléndida pintura vasca que había ido apareciendo desde principios de siglo tras la estela abierta por Adolfo Guiard y Darío de Regoyos —que tuvo además un excelente teorizador en el crítico bilbaíno Ricardo Gutiérrez Abascal (Juan de la Encina), autor de La trama del arte vasco, 1919— , pudieron distinguirse también etapas, sensibilidades y tendencias distintas: 1) una primera generación «noventayochista» (la de Zuloaga, Uranga, Losada, Juan de Echevarría, Ricardo Baroja y Larroque), en la que Francisco Iturrino haría de puente hacia la vanguardia; 2) una generación del 14, dominada por el etnicismo nacionalista (la generación de los Zubiaurre, Tellaeche, los Arrúe, Gustavo de Maeztu), de la que en parte divergiría la figura singular de Aurelio Arteta (1879-1940), en cuya obra los tipos vascos servían a una pintura concebida muchas veces como una épica social del trabajo; 3) una tercera generación, la de los años 1920 a 1930, la generación de Ucelay, Aranoa, Urrutia, Lekuona, Guezala, Montes Iturrioz, Olasagasti y Martínez Ortiz, en la que, junto a los continuistas del etnicismo regionalista y del paisajismo idealizante, aparecerían ya diversos e interesantes lenguajes de modernidad.

Como ya quedó dicho, la cultura vasca era, en efecto, una cultura escindida. Los resultados que de ahí se derivaron fueron ciertamente desiguales y muchas veces contradictorios. Por ejemplo, antes de la aparición —ya en los años treinta— de los poetas Lizardi, Lauaxeta y Orixe (sobre los que volveremos más adelante), los intentos por crear una novela, un teatro, incluso una poesía vasca —con novelas como Kresala (1901) y Garoa (1907), de Domingo Aguirre, y el teatro de Toribio Alzaga y Abelino Barriola— fueron verdaderamente fallidos: viejo costumbrismo, y malo, en euskera. Fue en cambio muy positivo el impulso que tuvieron los estudios de tipo científico sobre el euskera y el folklore y la etnografía vasca a través de publicaciones como la Revista Internacional de Estudios Vascos (1907), de Julio Urquijo; Euskal-Esnalea (1908), y Euskalerriaren-Alde (1911), y merced a la labor gramatical y folklorista de Resurrección María Azue, autor del Diccionario vasco-español-francés (1905), Morfología vasca (1925), Cancionero popular vasco (1922) y Euskalerriaren Yakinza (1935). En 1918, se reunió el I Congreso de Estudios Vascos, que acordó la creación de la Sociedad de Estudios Vascos y de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, instituciones decisivas en adelante para el fomento de la cultura vasca. Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiarán y Enrique de Eguren, trabajando bien conjunta, bien separadamente, con una intensidad desbordante, plasmada en los centenares de estudios y trabajos que irían publicando sobre todo desde 1915-1920, avanzaron decisivamente en el estudio de la prehistoria (dólmenes, cuevas con pinturas rupestres), la etnología, la antropología y la mitología del primitivo pueblo euskaldún.

Pero, o expresada en una lengua minoritaria o encerrada en la mera erudición, alejada en suma de la modernidad, la proyección social que, entre 1900 y 1936, pudo tener la cultura euskaldún fue comparativamente menor. La hegemonía que ejerció en esos mismos años la cultura moderna vasco-española (prensa en castellano; Unamuno, Baroja, Maeztu, Salaverría y Basterra; pintura y arquitectura, que tuvieron amplio mercado en las nuevas clases acomodadas de Bilbao y San Sebastián) fue así evidente, y se diría que hasta natural. Hasta el mismo nacionalismo vasco tuvo que reconocerlo. Cuando personas vinculadas al movimiento —la familia Sota, Jesús de Sarria— quisieron crear una revista tipo magazine suntuoso y de calidad, Hermes —que apareció entre 1917 y 1922 y que resultó magnífica—, tuvieron que, redefiniendo cultura vasca como toda la producción cultural surgida en el País Vasco en castellano o en euskera, apostar decididamente por los hombres del 98 vascos y por la pintura vasca.

Esa pintura era, entonces, la mejor que se estaba haciendo en España. Los arquitectos antes citados eran también excelentes, como evidenciaban muchos edificios por ellos erigidos en Bilbao, San Sebastián y en el mismo Madrid. La coincidencia de Unamuno, Baroja y Maeztu fue una ocasión excepcional e irrepetible. La obra de José María Salaverría (El perro negro, La afirmación española, En la vorágine, Alma vasca...), de Francisco Grandmontagne, de Ramón de Basterra (La obra de Trajano, Las ubres luminosas, Los navíos de la Ilustración) o de Mourlane Michelena (El discurso de las armas y las letras) fue de calidad más discutible pero, en todo caso, muy estimable. La cultura vasco-española no era, además, ajena al hecho vasco (por más que no fuera nacionalista). Unamuno mantuvo siempre una emotiva vinculación con Bilbao que plasmó en libros como Paz en la guerra (1897), De mi país (1903), Recuerdos de niñez y mocedad (1908) y Sensaciones de Bilbao (1922), en los que combinó la idealización del Bilbao liberal del siglo XIX con una visión en la que lo vasco y lo castellano aparecían como aglutinantes de lo español. El mundo vasco fue igualmente esencial en la obra de Baroja, con títulos como La casa de Aizgorri (1900), Zalacaín el aventurero (1909), Las inquietudes de Shanti Andia (1911), La leyenda de Jaun de Alzate (1922), El cura Santa Cruz y su partida (1918) y otros. En ellos iría apareciendo un País Vasco hecho de paisajes y escenarios singulares (el Bidasoa), guerras civiles, vidas sombrías, héroes populares y románticos, aventureros (pilotos de altura, contrabandistas, negreros), cabecillas carlistas feroces, crímenes oscuros; emergería allí, también, el ideal vasco de Baroja, un País Vasco rural y euskaldún, liberal y paganizante (no monoteísta), sin curas ni carlistas ni nacionalistas.

El galleguismo era, pues, minoritario. La cultura vasca era mayoritariamente vasco-española. Culturalmente, entre 1900 y 1933, sólo Cataluña era un problema. Prat de la Riba llevaba razón: en España había dos pensamientos nacionales, dos culturas, dos capitales, Madrid y Barcelona. Nunca faltaron diálogos y puentes entre ambas: la amistad Unamuno-Maragall sería en ese sentido paradigmática. Pero desde principios de siglo, el distanciamiento cultural entre Madrid y Barcelona fue creciente. El esencialismo español del 98 y sus epígonos fueron —ya quedó dicho— esencialismo castellanista: «Castilla ha hecho a España, y Castilla la ha deshecho», escribió Ortega y Gasset en España invertebrada (1921). «Castilla hizo a España —replicaría en 1931, en las Cortes constituyentes, el historiador Sánchez Albornoz— y España deshizo a Castilla» (mucho después, en 1974, Julián Marías, discípulo y colaborador de Ortega propondría la idea de que «Castilla se hizo España»). Probablemente, llevaban razón: el hecho era, sin embargo, que Cataluña no fue nunca central a la reflexión sobre España y su historia planteada a raíz de la crisis del 98.

Capítulo 2
El discurso de la modernidad

En 1913-1914, en el espacio de unos pocos meses, tuvieron lugar dos relevantes hechos culturales: el 29 de octubre de 1913, un homenaje a Azorín en Aranjuez ofrecido por Ortega y Gasset y Juan Ramón Jiménez; el 28 de marzo de 1914, la conferencia «Vieja y nueva política» que el mismo Ortega pronunció en un teatro de Madrid, en la que se presentó, además, la Liga de Educación Política Española. El homenaje a Azorín significaba el reconocimiento del papel renovador que había cumplido y seguía cumpliendo la que desde ese mismo año, 1913, se llamaba, gracias al propio Azorín, generación del 98. La conferencia de Ortega supuso la presentación pública de una nueva generación —la generación del 14, si se quiere—, la de Ortega, Juan Ramón Jiménez, Marañón, Gómez de la Serna, Gabriel Miró, Luis Araquistáin, el pintor Solana, el mismo Eugenio d’Ors en Cataluña. Hasta un total de 99 intelectuales se adhirieron a la Liga de Ortega (entre ellos: Azaña, Basterra, Américo Castro, Manuel García Morente, Salvador de Madariaga, Moreno Villa, Federico de Onís, Pérez de Ayala, Fernando de los Ríos, Pedro Salinas, Lorenzo Luzuriaga); sólo dos, Maeztu y Machado, pertenecían a la generación anterior.

La plenitud cultural

Con la perspectiva del tiempo, aquellos dos actos acabarían por cobrar extraordinaria significación. Parecían revelar de hecho: 1) que la vida cultural española vivía una etapa de verdadera plenitud, y 2) que los intelectuales asumían (o querían asumir) de forma explícita y manifiesta un papel rector en la vida española.

Lo primero —la plenitud cultural del país— era cierto. Por hacer referencia a los principales protagonistas del acto de Aranjuez, Azorín había publicado en 1912 Castilla (y Machado, que envió al homenaje un espléndido poema, Campos de Castilla, al que ya se ha hecho alusión previamente); en 1914, Ortega y Gasset publicó su primer libro —capital para toda su filosofía—, Meditaciones del Quijote, y Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, un bellísimo relato lírico en el que el poeta, evocando a su burro Platero —arquetipo de bondad y dulzura—, creaba un mundo poético, no exento de tristeza, que exaltaba la armonía de las cosas con la naturaleza, preludio además de varios libros de poemas de calidad excepcional (Diario de un poeta recién casado, 1917; Eternidades, 1918; Segunda antolojía poética, 1922), sin duda entre los mejores de toda la poesía española del siglo XX, poesía «pura», ideal de la perfección poética, estética y moral a la que aspiraba el poeta.

Pero hubo mucho más. En 1913, Baroja inició la publicación —ya quedó dicho— de las Memorias de un hombre de acción, la historia del XIX tejida en torno a Aviraneta, un total de 22 volúmenes que irían apareciendo regularmente entre ese año y 1934 (y que no agotaron a Baroja que, al tiempo, fue publicando libros de ensayo —Juventud, egolatría, Las horas solitarias, Divagaciones apasionadas— y más novelas: La sensualidad pervertida, Los pilotos de altura, La estrella del capitán Chimista y muchas otras). También en 1913 Unamuno publicó su libro más representativo y personal, en el que había estado trabajando varios años, Del sentimiento trágico de la vida; desde 1916, la Residencia de Estudiantes —convertida por su director Alberto Jiménez Fraud en uno de los principales centros culturales de Madrid— empezó la publicación sistemática (en varios volúmenes) de sus numerosos artículos y ensayos dispersos. Falla estrenó en Madrid en 1915 sus Siete canciones populares españolas y la primera versión de El amor brujo, su obra más representativa (gitanería, cante jondo, sensualidad, pasión amorosa), un prodigio de estilización musical, lirismo arrebatado y fuerza estética, y en 1919, en Londres, con decorados y trajes de Picasso, su ballet El sombrero de tres picos, otra obra maestra, una farsa mímica deliciosa, llena de vitalidad y gracia en la que —con orquestación, ritmo y construcción perfectos— Falla integraba, estilizándolos, toda clase de temas populares españoles.

La nueva generación de escritores ya había hecho su aparición. En varios libros autobiográficos (AMDG, 1910; La pata de la raposa, 1911; Troteras y danzaderas, 1912), Ramón Pérez de Ayala (1880-1962) había novelado precisamente la educación sentimental de esa generación, libros todavía impregnados de pesimismo y desaliento sobre España, pero distantes ya del agonismo noventayochista aunque sólo fuese por la prosa al tiempo culta e irónica del autor. AMDG era, con todo, una durísima crítica de la educación en los colegios de los jesuitas; Troteras y danzaderas, una novela en clave sobre la vida intelectual madrileña. Gabriel Miró (1879-1930) publicó muy pronto Nómada (1908) y Las cerezas del cementerio (1910), la quintaesencia de la novela lírica, artificiosa y decadentista, escrita en una prosa almibaradamente poética y barroca, último eco del modernismo; logró gran fama con Figuras de la Pasión y Libro de Sigüenza, ambas de 1917, y suavizando su estilo e impregnándolo además de ironía y a veces de crueldad, escribió, ya en los años veinte, dos excelentes novelas, Nuestro Padre San Daniel (1921) y El Obispo leproso (1926), en las que más que la trama importaba la capacidad de Miró para construir un escenario de sugestiva belleza en torno a Oleza (Orihuela), la diócesis y sus medios eclesiales, iglesias, colegiatas y curas, la devoción, la milagrería y la beatería populares y la educación religiosa.

Pero fue sobre todo Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) quien encarnó la ruptura decisiva. Escritor insólito, genial, excesivo, lo abordó todo: el periodismo, la novela, el teatro experimental, el ensayo, la biografía. En 1909 fundó la revista Prometeo y sólo hasta 1922 publicó El libro mudo, Las muertas, Tapices, El doctor inverosímil, El Rastro, Senos, El circo, Pombo, El secreto del acueducto y El incongruente, y luego El torero Caracho, La mujer de ámbar, Efigies, Ismos y un larguísimo etcétera. Ramón supuso la aparición de la vanguardia (personalísima, puro ramonismo, como él mismo la llamó, pero vanguardia). En Prometeo, por ejemplo, publicó el «Manifiesto Futurista» de Marinetti y textos de Maeterlinck, Shaw, Wilde y Colette; sus greguerías, género que inventó en 1910, eran como breves e ingeniosas metáforas pre-dadaístas. Ramón hizo de sí mismo un gag humorístico, un espectáculo provocador: dio conferencias o subido en un trapecio o a lomos de un elefante o pintado de negro (en 1925 actuó en una película en el papel de Pimpampum). En Ismos (1931) exaltaba a Apollinaire, el jazz, el cubismo, a Léger, Tzara y Picasso. Escritor feliz, siempre guiado por la generosidad y el optimismo, Ramón enterró el pesimismo esencialista del 98. Madrid, por ejemplo, ciudad sobre la que escribió abundantísimamente sin hacer jamás costumbrismo madrileñista, era para él los cafés, la vida literaria, las estatuas callejeras, el circo, el Rastro, un mundo abigarrado y sorprendente, una metáfora de lo inesperado e insólito, un pretexto en cualquier caso para su propio ingenio literario.

Como su caso y los del pintor José Gutiérrez Solana (18861945) y el Valle Inclán de los años veinte probaban, el proceso de individuación de escritores y artistas era además cada vez más evidente. Solana y Valle fueron también, en efecto, casos singulares, extremos, y, al igual que Ramón, particularmente significativos. A ambos, a todo Solana y al último Valle, el Valle de los «esperpentos» (Luces de bohemia, 1920; Los cuernos de Don Friolera, 1921; Las galas del difunto, 1926; La hija del capitán, 1927; Tirano Banderas, 1926; El ruedo ibérico, 1927-1928...), se les asoció con la vuelta al 98, o cuando menos con el retorno de la España negra, lo que era evidente a la luz de la temática y el estilo de Solana (máscaras, carnavales, tauromaquias, penitentes, prostitutas, formas del costumbrismo bárbaro: expresionismo violento y caricaturesco y uso de gamas oscuras, especialmente el negro), y a la vista de la propia idea del «esperpento» valleinclanesco: una estética basada en la deformación grotesca y truculenta de personajes, lenguaje y situaciones, una visión de España como país trágico y absurdo («una deformación grotesca de la civilización europea», como Valle hacía decir a Max Estrella, el protagonista de Luces de bohemia).

Pero no era eso (o no era preferentemente eso). El planteamiento de ambos fue un planteamiento ante todo estético, vanguardia personalísima, como en el caso de Ramón (asociación en modo alguno arbitraria: Solana pintó en 1920 la tertulia de Ramón en el café Pombo, uno de sus cuadros más conocidos; Ramón escribió en 1944 la biografía de Valle Inclán). En realidad, Solana y Valle carecieron de apriorismos metafísicos y enfáticos sobre España y su historia. El poeta Jorge Guillén diría, por ejemplo, de Valle en 1923 —cuando el escritor gallego ya había ideado sus «esperpentos»— que Valle Inclán era el único escritor de la generación el 98 que no había escrito nada sobre «el problema nacional». En efecto, Valle fue más que nada la encarnación del escritor independiente y personal. Su figura extravagante —barbas, gafas quevedescas, la manga vacía—, sus desplantes, su habla ceceante, su fantasía, sus mismas dificultades económicas hicieron de él una leyenda literaria. Su literatura, carente de preocupaciones ideológicas y morales, fue pura y magnífica creación estética: preciosista y decadentista, primero (en su etapa modernista); «una mezcla de fantasmagoría granguiñolesca y caricatura acerba» —como dijo el escritor Antonio Espina— al final.

Entre 1916 y 1921, Ortega y Gasset publicó, tras Meditaciones del Quijote, los tres primeros tomos de El Espectador, recopilaciones de sus ensayos y artículos, y en 1921, España invertebrada. En 1916 había promovido la primera de sus empresas culturales, la revista España, que luego, y hasta 1923, dirigirían Luis Araquistáin y Manuel Azaña; en diciembre de 1917 apareció, también por influencia de Ortega, el diario El Sol, una iniciativa del industrial vasco Nicolás M.ª Urgoiti (1869-1951) periódico que, dirigido por Félix Lorenzo, se convirtió de inmediato —al margen de su mayor o menor tirada— en el órgano rector de la vida política y cultural del país y, desde luego, en la plataforma personal del propio Ortega y de sus ideas. Urgoiti promovió en 1918 la editorial Calpe, cuyas primeras colecciones —que fueron publicando las obras esenciales de pensamiento europeo— fueron dirigidas por Ortega, García Morente y Luzuriaga; en 1923 abrió en el centro de Madrid La Casa del Libro, la principal librería española, el mismo año en que, por su parte, Ortega lanzaría su Revista de Occidente, hasta 1936 una de las mejores revistas culturales europeas.

En 1917 apareció en Bilbao, como se indicó, la revista Hermes. Con fondos procedentes de las instituciones vizcaínas, más obras de los nuevos pintores vascos —unidos desde 1911 en una Asociación de Artistas Vascos— y otras adquiridas en la gran Exposición Internacional de Pintura y Escultura celebrada allí en 1919, en 1924 se inauguró en Bilbao un espléndido Museo de Arte Moderno, bajo la dirección del pintor Aurelio Arteta. En Galicia, la decisiva revista Nos apareció —también quedó dicho— en 1920. En Cataluña, Carles Riba (1893-1959), traductor de Homero y Virgilio pero también de Poe y Kavafis, crítico literario y poeta, partiendo de la poesía de Carner y del noucentisme, derivaría, bajo la influencia de Valery, hacia una poesía pura, culta, metafísica, abstracta, de belleza extraordinaria (como en Primer llibre d’estances, 1919, reelaborado en 1930 como Estances. Llibre segon); el prosista Josep Pla (1897-1981), corresponsal desde 1919 de periódicos catalanes en distintas ciudades europeas, rompiendo con todo lo que el noucentisme representaba, creó en sus crónicas y en sus libros periodísticos (Cosas vistas, Rusia, Cartas de lejos), publicados entre 1925 y 1928, una prosa catalana nueva, natural, directa, sencilla, llena de observaciones agudas sobre la vida cotidiana y el mundo político y cultural europeo y español, inteligentemente escéptica e impregnada por una visión siempre mordaz e irónica de las cosas.

España gozaba, pues, de una formidable vitalidad cultural.

La europeización de España

La cultura española se instalaba, además, en la cultura europea. Europa, desde la perspectiva de la generación del 14, era sobre todo ciencia: «necesitamos ciencia a torrentes, a diluvios», había escrito Ortega en 1906. «Europa = ciencia; todo lo demás —añadió en 1908— le es común con el resto del planeta». Pues bien, ciencia se hizo. Primero, a título casi individual, como ya había sucedido en su día con Ramón y Cajal, y como era, a principios del siglo XX, el caso del también histólogo Nicolás Achúcarro (1880-1918), especialista en anatomía del sistema nervioso y de la corteza cerebral. Pero se hizo ciencia también en torno a ciertas instituciones, como ocurriría con las ciencias naturales, encabezadas por el entomólogo Ignacio Bolívar y apoyadas en una cierta infraestrucura de museos, jardines botánicos e instituciones paralelas; y sobre todo iba a hacerse ciencia en la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, creada, como se indicó, en 1907.

Con José Castillejo (1877-1945) como secretario hasta 1936, la Junta se estructuró en 1910 en dos grandes institutos, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales (que englobó el nuevo Laboratorio de Investigaciones Físicas, más el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico y el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Ramón y Cajal) y el Centro de Estudios Históricos, cuyo director fue Ramón Menéndez Pidal y que contó con secciones de Filología, Arte y Arqueología, Instituciones Medievales, Estudios Árabes y la Escuela Española de Roma de Arqueología e Historia. A todo ello vinieron a añadirse, entre 1912 y 1919, los nuevos Laboratorios de Química Fisiológica, Fisiología y Anatomía de los Centros Nerviosos, Química General, Fisiología General, Serología y Bacteriología, Histología Normal y Patológica e Histología, casi todos ellos instalados en la Residencia de Estudiantes, creada en 1910 y dirigida por Alberto Jiménez Fraud y ubicada desde 1915 en los edificios construidos en los Altos del Hipódromo (en «la colina de los chopos», como la llamó Juan Ramón Jiménez) y que fue, además, un gran centro de conferencias y conciertos y que tuvo su propia línea de publicaciones (que editó a Ortega, Unamuno, Azorín, Machado, d’Ors, etc.).

El impulso que, con la Junta, se dio a la investigación científica fue determinante. Blas Cabrera (1878-1945), director del Laboratorio de Investigaciones Físicas (transformado en 1932 en Instituto Nacional de Física y Química), se especializó en el estudio de las propiedades magnéticas de la materia; Julio Palacios (1881-1970), en termología. Gonzalo Lafora (1886-1971) y Pío del Río-Hortega (1882-1945) prolongaron las investigaciones de Ramón y Cajal y Achúcarro sobre la histología del sistema nervioso: Río-Hortega, en concreto, sobre los tumores; Lafora, en el ámbito de la neurobiología (trabajos, además, complementados por la labor de psiquiatras y neurobiólogos como Emilio Mira, José M.ª Sacristán y José Germain). Con sus estudios, más los realizados en el ámbito de la geología por Hernández-Pacheco y en los distintos campos de la química por Angel del Campo, Enrique Moles, Antonio Madinaveitia, Jimeno y Luis Bermejo (y en la matemática por Julio Rey Pastor), los científicos de la generación de 1914 dieron (por decirlo en las palabras algo enfáticas del doctor Gregorio Marañón) «el golpe de timón que puso definitivamente la nave de la ciencia española proa al universo». La misma ciencia médica contribuyó poderosamente a ello. No sólo la neurobiología ya citada, sino además la fisiología, la hematología clínica (especialidad de Gustavo Pittaluga), la pediatría, la cirujía y la medicina interna. Marañón (1887-1960), por ejemplo, combinó la investigación rigurosa en el ámbito de su especialidad, la endocrinología (con numerosas publicaciones sobre secreciones internas, la sangre, la adrenalina, las enfermedades del tiroides, la enfermedad de Addison, el bocio, las infecciones o el climaterio de la mujer y del hombre), con la labor de alta divulgación, con libros de gran éxito sobre temas de amplio interés médico y social como las emociones, la sexualidad y la vejez (La edad crítica, 1919; Gordos y flacos, Tres ensayos sobre la vida sexual, ambos de 1926; Amor, conveniencia y eugenesia, 1929), temas muchas veces silenciados o por la ignorancia o por el lastre de los prejuicios religiosos.

Con mayor o menor acierto —en algún caso lo hecho fue más que notable— , la ciencia española parecía responder al imperativo de europeización que Ortega y Gasset, líder decidido e indiscutible de la intelectualidad española a raíz de su fulgurante aparición, proclamaba como deber de su generación. Ortega (1883-1955) iba a ser, desde luego, escrupulosamente coherente consigo mismo. Por ésa y otras razones, su trayectoria intelectual —europeización, pensamiento filosófico, teoría de la sociedad, proyecto para España, empresas culturales— iba a constituir uno de los hechos más estruendosos de la historia cultural española del siglo XX.

Esa trayectoria se articuló ante todo, desde la filosofía, fundamento de toda la visión orteguiana de las cosas que quedó esbozada ya en Meditaciones del Quijote (1914) y que se estructuró —como el mismo Ortega diría en 1932— en torno a dos verdades: 1) que la vida es el hecho radical, que la realidad primaria es definir qué es nuestra vida (de donde se concluía que toda vida es vida propia, perspectiva individual, esto es, soledad, vida intransferible), y 2) que la vida es circunstancia, que el hombre se encuentra forzado a existir en una circunstancia determinada («yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo»), y que el hombre es así misión: alguien obligado a actuar en esa circunstancia —personal, social, nacional— como única forma de salvación. La vida sería, en suma, quehacer (de ahí otra conclusión orteguiana: que el hombre no tiene naturaleza, sino que solamente tiene historia). La vida social consistiría ante todo en acciones individuales, sería —si se quiere— el hombre y la gente, vertebrados como sociedad desde sus ideas y creencias por la acción rectora de las minorías sobre las masas: desde esa perspectiva, una nación sería un proyecto en común para una sociedad propuesto y dirigido por una minoría egregia, tal como Ortega argumentaría en España invertebrada (1921).

De esa forma, el problema de España se le presentaba a Ortega ante todo como un gran problema histórico, definido por la ausencia de minorías rectoras y por el imperio de las masas en su historia (y por el particularismo regional y de clase que de ahí se derivaba): la historia de España era, así, desde el siglo XVI, la historia de una interminable decadencia. Pero España se revelaba también, y perentoriamente, como un problema inmediato, derivado del fracaso del régimen político de 1876, de la Restauración, fracaso clamorosamente manifestado en el 98 y cristalizado en el flagrante divorcio que, en la circunstancia del nuevo siglo, existía entre la España oficial —un régimen «fenecido», un «panorama de fantasmas», una España «muerta», «carcomida»— y la España vital, la España «aspirante» y «germinal», «nueva», «afanosa». España era, pues, el problema —dijo Ortega en Bilbao en 1910— y Europa, la solución. Europa era, ya lo hemos visto, ciencia, universidad, la crítica del «achabacanamiento nacional», educación, cultura, democracia, competencia y modernidad. España exigía «liberalismo» y «nacionalización», la gran tarea a la que Ortega convocaba —en su conferencia de 23 de marzo de 1914— a la España vital. Ortega reservaba en su visión a los intelectuales una labor enunciativa (no explícitamente política), una labor de pedagogía social y de educación política. De ahí, la Liga de 1914 (que careció, pese a todo, de cualquier operatividad) o luego, en 1930, la Agrupación al Servicio de la República; de ahí, las grandes empresas culturales de Ortega: España, El Sol, la Biblioteca de Ideas del Siglo XX de Calpe, Revista de Occidente, y luego, ya en la Segunda República, Crisol.

La rebelión de Unamuno

Con Ortega, por tanto, la cultura española adquiriría no ya sólo una prosa deslumbrante, ideas novedosas y un cúmulo de grandes incitaciones intelectuales, sino nada menos que «una manera nueva de mirar las cosas» (en palabras de Julián Marías), esto es, una visión filosófica rigurosa y decididamente moderna, cuya proyección social fue además inmediata —no lenta y silenciosa como la labor de la Junta de Ampliación de Estudios—, ya que Ortega escribió casi toda su obra en los periódicos (El Imparcial, El Sol).

Ortega supuso, pues, un salto capital respecto no ya de la casi inexistente filosofía española, sino respecto también del tipo de ensayismo arbitrario y asistemático que habían cultivado, por ejemplo, Ganivet, Costa y Unamuno, por citar tres personalidades que interesaron especial y decisivamente a Ortega. Sólo Unamuno, precisamente, iba a ejercer en los años 1914-1923 una influencia comparable a la suya. Ello era consecuencia, desde luego, del ascendiente que Unamuno —como ya vimos— ejercía en la cultura española. Pero además fue consecuencia de su destitución como rector de Salamanca (30 de agosto de 1914), una arbitraria decisión ministerial inmediatamente vista como la negación por la España oficial de la función reformadora y crítica que el pensamiento español venía ejercitando desde el 98.

Desde luego, Unamuno —que entre 1914 y 1918 publicó unos seiscientos artículos en la prensa, quizá los más viscerales y apasionados que escribiera nunca y que en esos años publicó siete volúmenes de ensayos, escribió Niebla y Abel Sánchez, estrenó Fedra y concluyó El Cristo de Velázquez— hizo de sí mismo en aquella coyuntura la bandera de la defensa de la libertad de conciencia en España. Su reacción fue, en principio, política. Sus artículos constituyeron una devastadora y apasionada crítica de la España de la Restauración y, especialmente, de la propia figura del rey, Alfonso XIII. España aparecería en los escritos de Unamuno como un régimen de censura y persecución, con gobiernos de camarillas, de ineptos y validos, mero «cesarismo habsburgo» y señoritismo frívolo, y la monarquía y Alfonso XIII, como los verdaderos obstáculos a la voluntad nacional. La misma neutralidad que España mantuvo en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) era vista por Unamuno como la expresión de la incapacidad moral y desorganización política y militar a que la monarquía había llevado al país, incluso como un acto de complicidad con el germanismo, el militarismo y la dictadura, y como una negación, por tanto, de los ideales de justicia y cultura representados en aquella guerra por Francia, Inglaterra y los países democráticos.

Pero la reacción de Unamuno —que fue procesado por ataques al rey y que en 1920 se presentaría a elecciones por Bilbao como candidato republicano— era al tiempo una reacción moral (como lo serían también su posterior enfrentamiento con la Dictadura de Primo de Rivera y luego, en los años treinta, su ruptura con la Segunda República). Ya quedó dicho que toda la filosofía de Unamuno fue siempre una filosofía de la individualidad, una búsqueda angustiada del yo y de la propia identidad. Unamuno sólo creyó en la acción personal. No le interesó ni siquiera la acción de las minorías intelectuales que proponía Ortega: en los años 1914-1923, identificó su proyección pública como escritor y como intelectual con el destino de la libertad intelectual en España.

De hecho, la significación de Unamuno resultó paradigmática: revelaba que España estaba instalada en una cultura liberal. Ortega y Marañón eran liberales. Los hombres que figuraban al frente de instituciones como la Junta de Ampliación de Estudios y la Residencia de Estudiantes —Castillejo y Jiménez Fraud— lo eran también. El talante de Menéndez Pidal o de Juan Ramón Jiménez, que ejercía ya una verdadera dictadura en el ámbito de la poesía, era un talante «institucionista», idéntico, pues, al espíritu que la Institución Libre de Enseñanza representaba: Giner de los Ríos consideró, por ejemplo, Platero y yo como un libro «perfecto». El Sol era un diario igualmente liberal.

La cultura antiliberal (tradicionalismo carlista, sectores del maurismo, parte del pensamiento católico) carecía de ideas renovadas y de proyectos sugestivos, de plataformas institucionales y de intelectuales de verdadero relieve. Maeztu, por ejemplo, que en su libro de 1919 La crisis del humanismo había argumentado que los valores del humanismo liberal y racionalista y la democracia habían hecho crisis tras la Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique de 1917, siguió todavía por unos años definiéndose como «liberal». Las ideas de d’Ors, que ambicionaba redefinir el nacionalismo catalán (y, probablemente, el pensamiento español) desde los planteamientos del nacionalismo integral de Maurras y del sindicalismo nacional de Sorel, terminaron por resultar extrañas incluso al conservadurismo liberal y regionalista del catalanismo moderado, razón última de su ruptura con éste en 1920. Establecido en Madrid desde 1923, d’Ors nunca encontró ya su sitio (entre otras cosas, porque estaba ocupado por Ortega). Sus glosas, que aparecerían ahora en castellano y en el diario ABC, jamás provocaron polémicas o discusiones relevantes. Como mostró la favorable acogida que tuvieron en cambio libros suyos como Tres horas en el Museo del Prado (1923) y Mi salón de otoño (1924), d’Ors interesó únicamente como crítico de arte (para lo que siempre tuvo visión y sentido estético, amplios conocimientos y aguda inteligencia).

El diario El Sol, en un editorial de 15 de abril de 1923 en que comentaba un artículo de La Época en torno a la posibilidad de la aparición de un fascismo español, decía que en España faltaba algo esencial para ello: el nacionalismo. José María Salaverría —maurrasiano y pre-fascista— escribió en ABC (7 de noviembre de 1922) que España carecía de motivos de exaltación patriótica, de emoción, de conflictos, de fermentos intelectuales que propiciasen el fascismo; el 30 de agosto de 1923, en vísperas por tanto del golpe del general Primo de Rivera (13 de septiembre) escribiría, también en ABC, que España era «una de las naciones más liberales de Europa» (lo que a Salaverría le parecía anacrónico y anticuado) y que mientras en Francia se habían entronizado el nacionalismo y el militarismo y en Italia, el fascismo, España permanecía estancada «en el doctrinarismo y el sentimentalismo liberales»: España le parecía «el país más liberal» y, por eso, el más «retrógado».

Dictadura y deporte

Así se explicaría otro hecho significativo: que la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) careciese de todo proyecto cultural propio. Más aún, contrariamente a lo que podría sugerir el enfrentamiento de algunos intelectuales (Unamuno, Blasco Ibáñez, Valle Inclán) con el régimen militar, la vida cultural no sufrió alteraciones o dificultades decisivas. La Dictadura de Primo de Rivera tuvo a su servicio a algunos ideólogos como José María Pemán, José Pemartín o Eduardo Aunós, que trataron de elaborar una ideología (monarquía, nación, catolicismo) para el régimen y su partido, Unión Patriótica, y de articular un proyecto de Estado corporativo e intervencionista, y contó con la simpatía y apoyo de hombres como Azorín, d’Ors, Wenceslao Fernández Flórez —un escritor ingenioso, escéptico y mordaz, autor de libros de éxito como Volvoreta, 1917, y Ha entrado un ladrón, 1920, y excelente cronista parlamentario—, y como Jacinto Benavente, el único dramaturgo de algún relieve en el inepto panorama teatral español (pero del que únicamente cabría salvar una sola obra: Los intereses creados, 1906) a quien inexplicablemente se concedió el Premio Nobel de Literatura en 1923, y finalmente como Maeztu que, completando su evolución hacia el autoritarismo, se adhirió a la Dictadura en 1928 y sirvió como embajador en la Argentina. Pero casi todo lo que importó culturalmente en los años de la Dictadura —la aparición de la Revista de Occidente, las primeras vanguardias, la actividad de la Residencia de Estudiantes, la Exposición de Artistas Ibéricos de 1925, el homenaje a Góngora en Sevilla en 1927 y el nacimiento de la «generación de 1927»— se hizo al margen del régimen: la cultura vivió «de espaldas a toda política», tal como había propuesto Ortega al presentar, antes del golpe militar, el primer número de la Revista de Occidente (julio de 1923), desde la convicción de que «la política no aspira nunca a entender las cosas».

A la Dictadura todo ello debió importarle poco. Pudo al menos beneficiarse de la acelerada expansión que en los años veinte tuvieron en España, como en toda Europa, las nuevas formas del entretenimiento popular y, sobre todo, de los deportes de estadio y del cine. Eran actividades que ya existían previamente. Las primeras exhibiciones del cinematógrafo, por ejemplo, se habían hecho en Madrid en 1896. Ese mismo año se abrió una primera sala comercial en Barcelona, el Cinema Lumière. Albert Marro creó en 1901 la primera productora española. El aragonés Segundo de Chomón —que trabajó con Pathé en París en la producción de numerosas películas— promovió a su vez, y siempre en Barcelona, distintas empresas que con más o menos fortuna produjeron asimismo un buen número de películas. Pese a que, con todo, España nunca desarrollaría una verdadera industria del cine, acabaron por rodarse bastantes producciones: 145 entre 1911 y 1914, 242 entre 1914 y 1918 (años en que había en Barcelona, centro del cine español, 28 productoras).

Deportes vinculados a actividades militares (equitación, esgrima, tiro) habían venido ejercitándose de antiguo, y su práctica, siempre en círculos reducidos, aumentó en los últimos años del siglo XIX. La gimnasia era teóricamente obligatoria en los Institutos de Segunda Enseñanza y en las Escuelas Normales desde 1883; la Institución Libre de Enseñanza en Madrid y algunos centros escolares catalanes promovieron, por su parte, la educación física, el excursionismo, los deportes de montaña y las escuelas veraniegas. Frontones de pelota vasca funcionaban en bastantes ciudades españolas, si bien como centros de apuestas más que por interés deportivo. Competiciones ciclistas, sociedades «velocipédicas» y velódromos comenzaron a ser organizadas y a funcionar desde mediados de los años 1880: el I Campeonato de Fondo en Carretera se celebró en 1890 y la I Volta a Catalunya, en 1911. El primer club de fútbol fue posiblemente el Huelva Recreation Club, creado por ingenieros ingleses en las minas de Ríotinto en 1889. El que luego sería el Athletic Club de Bilbao nació en 1898; el Club de Fútbol Barcelona, al año siguiente, y el futuro Real Madrid, en 1902. Tras la derrota del 98, el deporte —neologismo que empezó a usarse desde 1895 en lugar del inglés sport— se asoció a regeneración. Dos años después, en 1900, un deportista español, especialista en tiro con arco, Pedro Pidal, conde de Mejorada del Campo, participaba por primera vez en unos juegos olímpicos (aunque lo hizo a título particular). El nuevo y joven rey Alfonso XIII (1902-1931) sintió pasión por los deportes, fue propietario de una importante cuadra de caballos de carreras y practicó el polo y el automovilismo. En 1903 se celebró ya la I Copa de España de fútbol que ganó el Athletic de Bilbao. Madrid contaba con hipódromo desde 1878, San Sebastián desde 1916.

Pero todo ello cobró una dimensión social radicalmente distinta a partir más o menos de 1920. Por razones similares y paralelas a lo que simultáneamente ocurría en muchos otros países (mayor disponibilidad de tiempo libre tras la implantación de la jornada de ocho horas en 1919; aumento de la producción de películas y del número de salas de proyección; organización de federaciones y campeonatos deportivos nacionales e internacionales, profesionalización de los deportistas, construcción de grandes estadios...), cine y deportes se convirtieron en acontecimientos de masas. Además de la inmensa popularidad enseguida alcanzada por las películas de las primeras y grandes estrellas de Hollywood (Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Valentino y, sobre todo, Charles Chaplin), el cine español produjo importantes éxitos propios como La Verbena de la Paloma (1921), de José Buchs; La Casa de la Troya (1925), de Manuel Noriega, adaptación de una novela de mucho éxito de Alejandro Pérez Lujín; Currito de la Cruz (1925), también de Pérez Lujín y Noriega, de tema taurino; Malvaloca y El negro que tenía el alma blanca, ambas de 1926 y de Benito Perojo; Nobleza baturra (1925), de Juan Vilá Vilamala —el mayor éxito de todo el cine mudo español—, o La hermana San Sulpicio (1927), de Florián Rey. Al tiempo, dos novelas de Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes del Apocalipsis y la ya comentada Sangre y arena, fueron adaptadas al cine en los Estados Unidos en 1921 y 1923, respectivamente, protagonizadas por Rodolfo Valentino y con enorme éxito, y la cantante y actriz Raquel Meller, que en España había logrado inmensa popularidad sobre todo con el cuplé La violetera (1919), se convertiría en estrella del cine internacional.

El fútbol se popularizó sobre todo a raíz del éxito del equipo español en los Juegos Olímpicos de 1920 en los que quedó en segunda posición. La construcción de grandes estadios de hierba (San Mamés, 1913; Las Corts, 1922; Chamartín, 1924) —antes se jugaba casi en descampados— impulsó la organización y desarrollo de la competición. Jugadores y entrenadores profesionales reemplazaron a los jugadores amateur (estudiantes de ingeniería y arquitectura, abogados, médicos...) que hasta entonces habían figurado de forma dominante en los equipos: fichajes carísimos como los de José María Peña (1926) y Ricardo Zamora (1929) por el Real Madrid marcaron el cambio. En 1928 se organizó ya el primer Campeonato de Liga, con diez equipos profesionales, que ganó el Barcelona.

Todo el deporte experimentó parecido auge. En 1918, se creó la Federación Española de Atletismo, deporte que pudo mejorar sensiblemente su nivel tras la construcción en 1922 del estadio de Berazubi, en Tolosa (Guipúzcoa) y luego, en 1928, con el gran estadio olímpico de Montjuich, en Barcelona. En 1920 se creó la Federación Española de Natación, en 1923 las de rugby, baloncesto y hockey. En 1924 se formó el Comité Olímpico Español; ese año salió a la calle en Bilbao el primer diario deportivo, Excelsior, dirigido por Jacinto Miquelarena, escritor de ingenio y creador de un nuevo lenguaje periodístico deportivo, periódico que, además, organizó ese año la Vuelta Ciclista al País Vasco, con participación de conocidos ciclistas internacionales. Junto al fútbol —que creó pronto verdaderos mitos deportivos como el citado Zamora o Jacinto Quincoces o Pepe Samitier—, el boxeo proporcionó los primeros grandes ídolos de masas, sobre todo el vasco Paulino Uzcudun, protagonista de combates espectaculares contra los grandes campeones internacionales del peso pesado y campeón de Europa en 1926. La tenista Lilí Álvarez logró por entonces numerosos títulos en su especialidad. La hazaña deportivo-militar protagonizada por el hidroavión Plus Ultra que, tripulado por Ramón Franco, Ruíz de Alda, Durán y Rada hizo la primera travesía del Atlántico Sur en 1926, apasionó al país entero. En 1928, el deporte español conseguía, en hípica, otro resonante éxito olímpico.

El cine cultivaba el gusto popular por las zarzuelas, los toros y las comedias amables. El deporte, y especialmente el fútbol, suscitaba fuertes lealtades emocionales y excitaba de alguna forma el populismo españolista; por lo menos, las victorias internacionales de los deportistas y equipos españoles empezaban a vivirse como grandes triunfos nacionales de España (como sucedió en 1920 con el éxito olímpico, ya comentado, del equipo de fútbol, atribuido a la «furia española», y luego con los combates de Uzcudun). Así planteados, cine y deporte eran las formas de entretenimiento colectivo que sin duda mejor se acomodaban con el tipo de patriotismo fácil y popular cultivado por la Dictadura de Primo de Rivera, un régimen benevolente y paternalista al que, coincidiendo con unos años de prosperidad, se acomodó con suma facilidad la sociedad española.

Unamuno resintió el auge del deporte como una forma de estupidización colectiva e individual: «... hay ya —escribió en La Nación de Buenos Aires el 23 de marzo de 1924— el “aficionado” futbolístico, que no da patadas al pelotón, pero acaba por convertir en un pelotón su cabeza a fuerza de discutir jugadas y jugadores. Y el daño mayor —añadía— que está haciendo el football entre los chicos no es en el cuerpo, sino en la inteligencia». Algunos intelectuales y escritores jóvenes (como Alberti o Gerardo Diego o, algo después, Gabriel Celaya, que escribieron poemas de temas deportivos, como la «Oda a Platko» que Alberti escribió en 1928) vieron en cambio en el deporte, como en el cine, un factor de dinamismo y modernidad (como en los automóviles, el jazz y el cubismo). La Residencia de Estudiantes organizó en 1925 un primer Concurso Atlético.

Culturas españolas de vanguardia

Esas diferencias de opinión eran, sobre todo, diferencias generacionales. En una conferencia que dio en Pamplona, en mayo de 1926, Pío Baroja habló ya de la existencia de una tercera generación —tras las de 1840 y 1870, esta última en realidad la generación del 98, expresión que Baroja nunca quiso aceptar— a la que llamó «generación de 1900», generación que habría aparecido tras la Primera Guerra Mundial y a la que Baroja veía como una generación poco doctrinaria, elegante, no bohemia, que hablaba idiomas, en la que había ya mujeres, que gustaba del cine y de los automóviles, a la que daban carácter el deporte y la mecánica, y que tenía una actitud ante la vida profunda y digna pero también enérgica y optimista. El poeta Luis Cernuda diría después (en Estudios sobre poesía española contemporánea, 1957) que entre 1920 y 1930 nació, en efecto, una nueva generación poética (que él llamó «generación de 1925» aunque siempre se preferiría el término de generación del 27), con obras como Libro de poemas (1921), de García Lorca; Imagen (1922), de Gerardo Diego; Presagios (1923), de Pedro Salinas; Tiempo (1925), de Emilio Prados; Marinero en tierra, de Rafael Alberti, e Invitadas, de Manuel Altolaguirre, ambas de 1926, y Ámbito, de Vicente Aleixandre, y Cántico, de Jorge Guillén, las dos de 1928, más revistas como Litoral (1926-1928), de Altolaguirre y Prados, y Carmen, con su suplemento Lola, de Gerardo Diego (Cernuda no se incluía en el grupo pero era parte del mismo: publicó Perfil del Aire en 1927 y Égloga, Elegía, Oda en 1928).

O lo que es lo mismo, al lado de las generaciones que habían llevado a España a su plenitud cultural, la década de 1920 vio la aparición —no sólo en el ámbito de la poesía o la literatura— de una nueva generación, definida ante todo por una decidida vocación de renovación. Eso mostraban al menos manifestaciones como:

1) el efímero ensayo vanguardista del ultraísmo entre 1919 y 1921 (Gerardo Diego, Juan Larrea, las revistas Grecia y Ultra, Cansinos Assens, Guillermo de Torre);

2) la poesía de la generación del 27, con las obras citadas por Cernuda y otras: Cal y canto (1927) y Sobre los ángeles (1928), de Alberti; Romancero gitano (1928), de Lorca; Jacinta la pelirroja (1929), de Moreno Villa, más las revistas Alfar, de La Coruña, Mediodía, de Sevilla, y La Gaceta Literaria, de Madrid;

3) la pintura y escultura de los artistas reunidos en la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos organizada por el crítico Manuel Abril y el pintor Gabriel García Maroto en Madrid en mayo de 1925: esto es, Alberto Sánchez, Ángel Ferrant, Victorio Macho, Rafael Barradas, Solana, el mismo Gabriel García Maroto, Carlos Sáenz de Tejada, Aurelio Arteta, Antonio Guezala, Julián Tellaeche, Salvador Dalí, Francisco Bores, Benjamín Palencia, José María Ucelay; más la de quienes como Daniel Vázquez Díaz y Gregorio Prieto, aun no participando en aquélla, estaban vinculados a los nuevos movimientos artísticos allí representados, si es que, como en el caso de Vázquez Díaz, no estaban a la cabeza de los mismos;

4) la música del llamado Grupo de los Ocho: los hermanos Ernesto y Rodolfo Halffter, Robert Gerhard, Óscar Esplá, Ricardo Vinyes, Federic Mompou, Salvador Bacarisse y Gustavo Pittaluga;

5) la recepción de la arquitectura racionalista por distintos arquitectos agrupados en 1930 en el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para la Arquitectura, GATEPAC (Fernando García Mercadal, José Manuel Aizpúrua y otros, y sobre todo Josep Lluis Sert y los miembros de la sección catalana, GATCPAC, del grupo);

6) la narrativa «deshumanizada» asociada a la Revista de Occidente, con novelas como El profesor inútil y Paula y Paulita, de Benjamín Jarnés; El pájaro pinto y Luna de copas, de Antonio Espina; Vísperas del gozo, de Salinas, y otras, publicadas entre 1926 y 1929;

7) en Cataluña, el experimentalismo estético de Torres-García y Barradas, parte de la poesía de Josep María Junoy y Joan Salvat-Papasseit, y la irrupción del surrealismo a través de la pintura de Salvador Dalí (que en 1928 escribió con Sebastià Guasch y Lluis Montanyà un explosivo Manifest groc contra toda la cultura oficial catalana) y de revistas como Hélix (1929-1930) y L’amic de les arts (1926-1929) y en especial su sección literaria dirigida por J. V. Foix, autor de Gertrudis, 1928, y KRTU, 1932, y finalmente

8) el primer cine surrealista de Luis Buñuel: Un perro andaluz, 1929, hecha en colaboración con Salvador Dalí, y La edad de oro, 1930.

Lo que todo ello conllevaba era claro: voluntad de renovación artística; radicalismo estético; incorporación de literaturas y plásticas de vanguardia (cubismo y surrealismo en pintura y escultura, geometrismo y racionalismo en arquitectura); variedad y complejidad de ideas y formas poéticas, narrativas y artísticas, y visión y sensibilidad desnacionalizadas y cosmopolitas (incluso el andalucismo de Lorca, del Romancero gitano, era básicamente pura estilización estética, no preocupación españolista. Baroja observó muy bien, en la ocasión citada, que la nueva generación miraba a España «sin exageración», sin frases retóricas y sin tristeza). Con el precedente de Ramón, las vanguardias de los años veinte fueron así la contra-imagen del 98.

Varias de las propuestas e iniciativas de la nueva generación tuvieron carácter deliberadamente unitario: de ahí, por ejemplo, la colaboración en determinadas revistas literarias (Litoral, Alfar, Carmen y Lola), la publicación de manifiestos (Manifiesto Ultraísta, 1919; Manifiesto del Salón de Artistas Ibéricos, 1925; Manifest groc, 1928, ya citado) y la organización de asociaciones, como el GATEPAC, y de actos colectivos, como la misma Exposición de Artistas Ibéricos de 1925 o el homenaje a Góngora en Sevilla en diciembre de 1927, en el que participaron Alberti, García Lorca, Juan Chabás, Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. De ahí también determinadas coincidencias (la más ruidosa: Buñuel, Dalí, Lorca en la Residencia de Estudiantes en los años 1923-1927) y colaboraciones como las de Dalí y Buñuel en El perro andaluz. Cernuda, por ejemplo, destacó como elementos comunes a la poesía de la generación del 27 el culto poético de la metáfora, la predilección clasicista —esto es, la pureza poética de inspiración francesa (Gide, Valéry) cuya mejor expresión sería Cántico, de Guillén— y, enseguida, la influencia «superrealista», evidente en Larrea; en Sobre los ángeles, de Alberti; en el propio Cernuda; en Espadas como labios, de Aleixandre, y en Poeta en Nueva York, de Lorca.

Pero, como en los casos de las generaciones de 1898 y 1914, lo importante fue ante todo la producción individual, las trayectorias personales, siempre complejas y diversas (de ahí la dificultad del uso del concepto de «generación»), de los poetas, pintores, compositores y escritores citados, trayectorias que cristalizarían en obras individuales de significación muy diferente, pero por lo general de sorprendente y a veces excepcional calidad. El mismo Lorca, que había logrado un éxito formidable con el Romancero gitano —romances de inspiración desbordante en que aunaba bellísimas metáforas, intenso dramatismo y mitología y sensualidad andaluzas—, derivó en Poeta en Nueva York, libro que empezó en 1929 aunque se publicó en 1940, hacia una poesía de factura compleja y comprensión difícil (metáforas surrealistas, sentimientos de amargura y sufrimiento, preocupación social), que además Lorca, hombre de personalidad irresistible y capacidad poética excepcional, simultaneó con obras de sensibilidad y formas literarias muy distintas: en Poema del cante jondo (1931) usó sobre todo variedades de la copla andaluza (seguiriyas, soleás, saetas...); el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1934) era una elegía de gravedad y profundidad emocionantes; Diván del Tamarit (1935), una actualización cultísima de formas de la poesía árabe tradicional.

Alberti pasó del delicioso neo-popularismo de Marinero en tierra (1926), un canto al mar de Cádiz y a la Andalucía marinera, sin mitos ni gitanerías, a la complejidad surrealista de Sobre los ángeles y enseguida, ya en los años treinta, una vez completada su evolución hacia la izquierda y el comunismo, a los poemas satíricos y políticos que recogería en 1938 en El poeta en la calle. Jorge Guillén y Pedro Salinas —que tras Presagios publicó Seguro azar, 1929; Fábula y signo, 1931, y La voz a ti debida, 1933— cultivarían, en cambio, una poesía intelectualizada y culta, que en Salinas suponía una vigorosa y vital exaltación del amor (pero a través de un léxico y unas estructuras narrativas inteligentes y complicadas bajo su aparente claridad), y en Guillén —que hasta 1957 sólo publicó Cántico, 1928, si bien reelaborándolo continuamente— se plasmó en una poesía equilibrada, precisa, perfecta, llena de entusiasmo por la vida y la perfección de las cosas. Cernuda, la personalidad más difícil y compleja de la generación, que además de los libros ya citados publicó enseguida Un río, un amor (1929), Los placeres prohibidos (1931) y Donde habite el olvido (1932-1933), hizo una poesía también de gran pulcritud formal —el poeta siempre cultivó una cierta distanciada elegancia personal y creadora— en torno a un único tema: la desolación ante la imposibilidad del amor y el fracaso de todo deseo. Espadas como labios (1932) y La destrucción o el amor (1933), de Aleixandre, culminación de la poesía surrealista española, eran una verdadera explosión de imágenes fulgurantes, asociaciones verbales sorprendentes y audacias expresivas y gramaticales.

Sinfonietta, de Ernesto Halffter (1905-1989), estrenada en 1927 con éxito inmediato y formidable en España y fuera de España, fue una verdadera obra maestra, plena de modernidad, en la que, partiendo de Falla y a través de una rítmica compleja, Halffter recreaba los valores musicales del clasicismo del XVIII. La pintura de Vázquez Díaz (1882-1969), que celebró su primera exposición en Madrid en 1918 tras permanecer doce años en París, aun no siendo pura vanguardia, incorporaba rasgos cubistas, volúmenes y dibujo geometrizantes con un gusto especial para el uso de colores suaves (azules, grises, blancos), con resultados de gran belleza, como sus retratos, los paisajes que en los años veinte hizo del Bidasoa vasco, y sus murales, especialmente, los frescos de La Rábida, pintados por aquellos mismos años. El escultor Alberto Sánchez (1895-1962) presentó en la Exposición de 1925 obras todavía seudo-cubistas, influencia que era también evidente en ese momento en la pintura de Benjamín Palencia (18941980): trabajando juntos desde 1927, Alberto y Palencia buscarían crear un arte enraizado en la realidad inmediata del pueblo, desde una síntesis entre surrealismo y postcubismo al servicio sobre todo de la reinterpretación del paisaje castellano, apuesta que en Alberto se tradujo en una escultura de formas fantásticas (monolitos alargados y rayados como si fueran formas espaciales, cósmicas) y en Palencia, en una pintura terrosa de colores ocres y pincelada gruesa, como expresión de la sequedad y humildad de los páramos castellanos. Dalí (1904-1989), pintor de capacidad técnica asombrosa, pintó primero figuras, retratos, desnudos, de carácter realista (Retrato de Luis Buñuel, 1920; Muchacha de espaldas, 1925), atravesó fugazmente una etapa cubista, y desde 1929, en que pintó El gran masturbador, se adhirió al surrealismo, tipo de pintura en el que con mayor o menor acierto, pero con excepcional éxito comercial, permanecería hasta su muerte, compensando su progresiva falta de capacidad creadora con el cultivo histriónico de un calculado e irritante exhibicionismo. Aurelio Arteta presentó en la Exposición de 1925 varios óleos sobre cartón (El sembrador, La mina, El ferrocarril...) que había pintado preparando las pinturas murales que en 1923 hizo para el nuevo edificio del Banco de Bilbao en Madrid, una emocionante épica del mundo del trabajo vasco, resuelta con simplicidad y equilibrio clasicistas, colorido italianizante y algunas formas suavemente geométricas.

La modernidad española

Todo ello, toda aquella óptima producción literaria y artística —y recuérdese, repasando el listado de nombres citado más arriba, que había mucho más— tenía, al margen de su calidad intrínseca, un valor indicativo adicional: revelaba los cambios que la sensibilidad española, la vida moral del país (si se quiere), había experimentado a lo largo de los años transcurridos desde, por volver al principio de este libro, la derrota en la guerra de 1898 con los Estados Unidos.

La mejor demostración de ello estaba, además de en la literatura y la pintura, en las mismas transformaciones que desde principios del siglo pudieron observarse (y eran bien visibles) en las ciudades españolas y en su arquitectura. En muchas de ellas, y especialmente en las más importantes, fueron terminándose los ensanches proyectados en el XIX, iniciándose nuevas reformas y abriéndose numerosas calles, plazas y vías interiores: el número de nuevos edificios oficiales (correos, nuevos ayuntamientos y diputaciones, delegaciones de hacienda, ministerios), de nuevas estaciones y mercados, de edificios bancarios, de grandes hoteles, de modernos cines, de nuevos centros escolares (colegios privados, institutos, facultades universitarias), incluso de estadios deportivos, plazas de toros y nuevas iglesias —y, por supuesto, de nuevas viviendas— que se construyeron entre 1900 y 1930 fue altísimo.

Cambió, por tanto, y decisivamente, la imagen de las ciudades españolas. El caso de Madrid fue especialmente notorio. Edificios como el Banco Hispano Americano (1902-1905), obra de Eduardo Adaro; como el inmenso Hospital de Maudes (1908-1916), de Antonio Palacios, y como los hoteles Ritz (1908-1914), Palace (1910-1913) y Victoria (1916-1923), y el Palacio de Comunicaciones (1905-1918), de Antonio Palacios (con la colaboración de Julián Otamendi), un edificio colosalista, torreado, muy complejo, con innumerables audacias arquitectónicas y profusa mezcla de detalles decorativos, supusieron un cambio espectacular en la fisionomía de la ciudad. A ellos se añadieron enseguida el Real Cinema (1918) y los cines Monumental (1922) y Pavón (1924), los tres obra de Teodoro Anasagasti, y nuevos edificios financieros, concretamente el Banco Central (1910, también de Palacios que en 1919 diseñó las primeras estaciones y marquesinas del Metro y que luego, en 1926, hizo el edificio del Círculo de Bellas Artes), el Banco de Bilbao (1919-1923), obra de Ricardo Bastida (con los murales de Arteta ya citados y estatuas de Quintín Torre) y el Banco de Vizcaya, de Manuel Galíndez, ya en 1930. El trazado a partir de 1910 de la Gran Vía completó la modernización urbanística de la capital que incorporó ahora edificios neo-barrocos (la Gran Peña) y neo-renacentistas (Unión Mercantil e Industrial); edificios de fachada de ladrillo, como los palacios de la Prensa (Pedro Muguruza, 1924) y de la Música (Secundino Zuazo, 1928); el «rascacielos» de hormigón de la Telefónica (de Ignacio de Cárdenas y Louis S. Weeks, 1925-1926), y el cine Callao (Luis Gutiérrez Soto, 1926), con decoración art décò.

Como el mismo caso de Madrid probaba, la arquitectura española incorporó múltiples estilos y soluciones: eclecticismo, modernismo (apreciable no sólo en Barcelona, sino también en Bilbao, Valencia, Zaragoza y, ocasionalmente, en Madrid), neo-mudéjar, regionalismo más o menos estilizado (Rucabado, Manuel María Smith, Aníbal González: el neo-plateresco, por ejemplo, definiría a Sevilla a partir de 1910), secesión vienesa, clasicismo y simbolismo (Teodoro Anasagasti), y formas neo-barrocas y neo-renacentistas. Lo característico de la década de 1920 fueron, con todo, el impacto de la arquitectura norteamericana, las geometrizaciones del art décò y, finalmente, el racionalismo, teorizado por Fernando García Mercadal y José Manuel Aizpúrua, tendencia que produciría a finales de la década edificios excelentes por su simplicidad y pureza como el Club Naútico de San Sebastián (1929-1930, de Aizpúrua y Labayen), el cine Barceló de Madrid (1930, de Gutiérrez Soto) y el edificio de la calle Muntaner de Barcelona (1930-1931, de J. L. Sert). Zuazo empezó en Madrid en 1930 la Casa de las Flores, un modelo de urbanismo racionalista en el que las viviendas, en ladrillo de gran calidad, y todas de forma regular y con luz directa, se alineaban en dos cuerpos paralelos con jardines interiores.

Cuando Josep Pla, el escritor catalán, llegó a Madrid en 1931, encontró un Madrid «desconocido», «transformado» respecto al Madrid que había conocido once años antes, en 1920. Había cambiado, según Pla, su arquitectura y, sobre todo, la vida: ya no era una ciudad de aspecto provinciano, de vida familiar intensa y modesta, caserones anchos y bajos, y vida popular sentimental e ingeniosa, sino «una ciudad moderna» (aunque Pla la seguía viendo como una ciudad de aristócratas, funcionarios y tenderos), de construcciones modernas y confortables, en la que se apreciaba una relativa prosperidad material y donde todo quería ser «si no norteamericano, al menos europeo». Para Curtius, Madrid, hacia 1930, «ofrecía una encantadora combinación de lujo ultramoderno y de pátina histórica». Guillén recordaría el Madrid de los años veinte como una «ciudad deliciosísima».

El cambio cultural, por tanto, era cierto. Como atestiguarían libros como Mi salón de otoño (1924), de Eugenio d’Ors; Literaturas europeas de vanguardia (1925), de Guillermo de Torre; La deshumanización del arte (1925), de Ortega, y Música y músicos de hoy (1929) y La música española contemporánea (1930), ambos de Adolfo Salazar (o las conferencias y estudios sobre arquitectura de Leopoldo Torres Balbás, Zuazo, García Mercadal y Sert), el conocimiento que en España se tenía de la cultura europea y de sus implicaciones estéticas y filosóficas era considerable. En la Residencia de Estudiantes hablaron en los años veinte, entre otros, Einstein, Valéry, Chesterton, Marinetti, Max Jacob, Le Corbusier y Keynes. Casi todo lo que hubo de esencial en la cultura europea entre 1923 y 1936 apareció en la Revista de Occidente. Blasco Ibáñez en Los cuatro jinetes del apocalipsis (1915) y el mismo Baroja —por ejemplo, en El gran torbellino del mundo, 1926— se habían aventurado en un cierto tipo de novela cosmopolita. Periodistas como Corpus Barga, Ortiz Echagüe, Julio Camba o el propio Pla —que entre 1920 y 1931 permaneció en distintas ciudades europeas como corresponsal de prensa—, e incluso Maeztu, que residió en Londres entre 1905 y 1919, hicieron también, y con mayor fortuna que los novelistas, excelente periodismo cosmopolita.

Establecidos en Francia, Picasso, Juan Gris, Joan Miró y Julio González, y enseguida Dalí, eran ya mucho más parte de la cultura europea que de la cultura española. Picasso, cuyo primer cubismo había sido un cubismo hermético y monocromo, incorporó pronto al mismo la técnica del collage, pegó luego al cuadro pedazos de tela y papel (y otros materiales), empleó enseguida, como si fueran planos, letras, cabeceras de periódicos, partituras y similares, y en los años diez diversificó las formas geométricas y utilizó colores brillantes (en obras como Guitarrista, Personaje con guitarra, Mandolina y guitarra, etc.). El cubismo no agotó su obra. Tres bañistas, de 1920, Tres mujeres en la fuente, de 1921, Dos mujeres corriendo en la playa, de 1922, y muchas otras, supusieron la expresión del singular diálogo que Picasso mantendría, ya en los años veinte, con las formas del clasicismo mediterráneo, y a partir de Mujer en sillón rojo (1929), Crucifixión (1930), Corrida: la muerte de la mujer torero (1933) —por citar sólo tres ejemplos—, Picasso fue creando ya las figuras y formas distorsionadas y violentas, de expresión dramática e intensa y evidente carga simbólica (minotauros, caballos heridos, toros) que culminarían en el Guernica (1937), formas y figuras que parecían reflejar la violencia de la vida contemporánea. Juan Gris (1887-1927), en cambio, permaneció siempre fiel a un cubismo austero, sencillo, de gran simplicidad y pureza. Julio González (1876-1942) revolucionó la escultura en hierro, trazando con éste lo que eran, ante todo, formas abstractas, meras líneas y curvas en el espacio. Miró logró a partir de 1925-1927 su plenitud como artista: una obra (pintura principalmente, aunque Miró cultivó también la escultura, el grabado, el collage, los decorados para ballet y, con el tiempo, los murales de cerámica) en alguna medida próxima al surrealismo, plasmada en objetos y signos irreales y abstractos y formas de gran sencillez e ingenuidad (en colores vivos e intensos), que componía un mundo poético, onírico, hecho de candor y fantasía e irresistible libertad creadora.

El estreno de El amor brujo de Falla en París el 22 de mayo de 1925 fue un éxito fabuloso; pero también triunfó el Retablo de maese Pedro (1923), una obra muy distinta en la que, alejándose del andalucismo, Falla jugaba con la música del renacimiento español. Exilado por la Dictadura española, Unamuno publicó La agonía del cristianismo (1925) antes en francés que en español: su exilio hizo de él una figura internacional y ayudó a que la intelectualidad europea descubriese el pensamiento y la literatura españoles. Varios de los primeros libros de Salvador de Madariaga (1886-1978), funcionario de la Sociedad de Naciones entre 1921 y 1927 y titular de la cátedra Alfonso XIII de Estudios Españoles en Oxford desde 1927, libros como Shelley and Calderón (1920), The Genius of Spain (1923), Ingleses, franceses, españoles (1928) y Guía del lector del Quijote (1926) aparecerían casi al mismo tiempo en inglés y en español (y alguno también en francés).

Tras el éxito comercial, ciertamente extraordinario, que en su día habían tenido Zuloaga y Sorolla, el pintor catalán Josep M.ª Sert —pintor enfático y aparatoso, pero de indudable eficacia decorativa— decoraría, ya en los años treinta, el hotel Waldorf Astoria de Nueva York, el vestíbulo del Rockefeller Center de la misma ciudad y la Sala de Consejos de la Sociedad de Naciones de Ginebra. La rebelión de las masas (1930), de Ortega y Gasset, el ensayo en cuya primera parte Ortega atribuía a la aparición del hombre-masa la crisis moral del mundo contemporáneo, y en cuya segunda parte apelaba, como respuesta a esa crisis, a la formación de unos Estados Unidos de Europa, fue un verdadero best-seller mundial.

La cultura española era, en síntesis, cuando menos una versión discreta de la modernidad europea. En 1927 se puso en marcha el proyecto de la nueva Ciudad Universitaria de Madrid —cuya dirección se encargó al arquitecto Modesto López Otero—, concebida al estilo de los grandes «campus» espaciosos y abiertos norteamericanos. Los primeros edificios estarían listos en 1933. Para entonces, también la enseñanza universitaria oficial —la misma que antes, como se recordará, espantara a Ortega (y a Baroja)— había mejorado sensiblemente, en gran medida gracias a que, desde la creación de la Junta para Ampliación de Estudios en 1907, buena parte del futuro profesorado universitario había podido formarse, o ampliar estudios, en el extranjero: «la obra de esta Junta en los últimos veinte años —escribía en febrero de 1931, en su libro Ensayos sobre el sentido de la cultura española, Federico de Onís, discípulo de Unamuno y profesor en los Estados Unidos desde 1916— puede considerarse, por su perfección, calidad y diversidad, como un milagro del genio español, y sería difícil encontrar su equivalente en ninguna parte».

Capítulo 3
La República de los intelectuales

«¿Quién ha traído la República?». «¿Por quién ha venido la República?» preguntaba Azorín en un artículo en la prensa, en Crisol, el 4 de junio de 1931, poco después, por tanto, de la implantación del nuevo régimen: «El cambio de régimen —se respondía— se ha producido por un cambio del espíritu público», por una transformación —añadía— del sentimiento nacional «a lo largo de treinta años», que Azorín atribuía a la lenta labor que en ese tiempo había ido operando la que llamaba «legión de trabajadores intelectuales». «La República —concluía— la han hecho posible los intelectuales».

Azorín no se refería —estaba claro— a la movilización contra la Dictadura que se había producido, finalmente, a partir de los años 1928-1929, y al papel que en la misma habían tenido algunos intelectuales y profesores (Ortega, Marañón, Fernando de los Ríos, Jiménez de Asúa, Felipe Sánchez Román, Alfonso García de Valdecasas, etcétera), cuya última manifestación fue la creación, ya en marzo de 1931, por Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, de la Agrupación al Servicio de la República (y poco antes, el 15 de noviembre de 1930, el devastador artículo contra la monarquía escrito por Ortega en El Sol, titulado «El error Berenguer»). Azorín se refería a un hecho histórico mucho más profundo, al que ya se había referido poco antes, el 24 de febrero de 1931, en otro artículo periodístico, esta vez en El Sol: «Joaquín Costa —había escrito en esa fecha— es ahora cuando realmente está triunfando; triunfa también el espíritu de Giner de los Ríos, con todas las ramificaciones de la antigua Institución Libre de Enseñanza»; a lo que añadía el papel de la prensa, de los grandes órganos de opinión en aquellos treinta primeros años del siglo, el aumento formidable de la lectura de libros, la «muchedumbre de casas editoriales que antes no existían», y lo mucho que se publicaba y traducía. Azorín decía que la Guerra Mundial había cambiado además la sensibilidad de las nuevas generaciones (observaba, por ejemplo, que «el gusto por los deportes» se había desarrollado «extraordinariamente»), que lo que sucedía, en su opinión, era que se ansiaba un cambio total en la vida: en la vida política y en la vida social. Ese cambio fue la República.

En buena medida, Azorín llevaba razón. Desde luego, el revisionismo y la crítica de los intelectuales (de la Institución Libre de Enseñanza, de los hombres del 98, de Costa, de Ortega y la generación del 14) habían mantenido vivo el espíritu del liberalismo en España. Concretamente, a la Institución se vinculó, o en ella se educó, parte importante, tal vez la mejor, de la intelectualidad española de 1876 a 1936: Cossío, Costa, Rafael Altamira, Antonio Machado, Besteiro, Fernando de los Ríos, Luis de Zulueta, José Castillejo, Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, Alberto Jiménez Fraud. La Institución inspiró además varias de las mejores empresas culturales de los mismos años: la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la Residencia de Estudiantes, la Residencia de Señoritas —una institución similar y paralela a la anterior, creada en 1915 y dirigida por María de Maeztu—, el Instituto-Escuela (creado en 1919, también en los Altos del Hipódromo, para atender a la enseñanza primaria) y ya en la Segunda República, las Misiones Pedagógicas.

República y cultura

Los dirigentes del nuevo régimen fueron muy conscientes de esa realidad. Como Azaña haría decir a uno de los personajes de La velada en Benicarló (1937), la República quiso cambiar la vida intelectual y moral de España: se autodefinió como una «república de trabajadores», aceptó el principio de autonomía para las regiones y proclamó la aconfesionalidad del Estado. De esa forma, la cultura iba a ser impulsada y proyectada como expresión de la España nueva que surgía a partir de 1931. Para empezar, varios de los nuevos líderes del país, y de los más significados, procedían precisamente del mundo de la cultura y de las letras. Manuel Azaña (1880-1940), el hombre fuerte de la coalición republicano-socialista que gobernó entre 1931 y 1933, aunque poco conocido del gran público y aun en el mismo mundo literario, había publicado un libro de política internacional (Estudios de política francesa. La política militar, 1919), traducido, entre otras cosas, La Biblia en España, de Borrow (1921), y dirigido las revistas España y La Pluma. En 1926, había obtenido el Premio Nacional de Literatura por la Vida de Don Juan Valera y en 1927 había publicado su novela intimista El jardín de los frailes. En junio de 1930, se le eligió presidente del Ateneo de Madrid, institución de la que entre 1913 y 1920 había sido secretario. Cuando se proclamó la república estaba escribiendo otra novela, Fresdeval; en diciembre de 1931 —siendo jefe del gobierno—, estrenó La Corona, un drama que había escrito en 1930 (Azaña era cuñado de Cipriano Rivas Cherif, un hombre de teatro). En el poder escribió sus diarios y memorias. En 1934 publicó En el poder y la oposición, una selección de sus discursos; en 1935, Mi rebelión en Barcelona, su versión de su supuesta participación en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934; en 1937, en plena Guerra Civil y cuando era presidente de la República, escribió La velada en Benicarló, una novela dialogada en la que expresaba su visión lúcida y amarga de la guerra.

Fernando de los Ríos (1879-1947), ministro de Instrucción Pública entre diciembre de 1931 y junio de 1933 (y luego, de Estado), pariente lejano de Giner de los Ríos y emparentado posteriormente con los García Lorca, era catedrático de universidad y había publicado varios ensayos de filosofía política: La filosofía del Derecho de Francisco Giner (1916), Mi viaje a la Rusia sovietista (1920), El sentido humanista del socialismo (1925) y Religión y Estado en la España del siglo XVI (1927). Julián Besteiro (1870-1940), presidente de las Cortes entre 1931 y 1933, había sido alumno de la Institución Libre de Enseñanza y profesor en los institutos de Orense y Toledo, y era desde 1911 catedrático de lógica en la Universidad de Madrid. Luis de Zulueta (1878-1964), ministro de Estado entre 1931 y 1933 (y luego, en 1936-1937, embajador de la República ante el Vaticano), fue profesor, primero, en la propia Institución Libre de Enseñanza y, luego, de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, y había publicado abundantemente sobre cuestiones religiosas y pedagógicas.

La República nombró a Cossío y Unamuno ciudadanos de honor; 64 catedráticos y profesores y 47 escritores y periodistas fueron diputados en las Cortes constituyentes de 1931-1933. Pérez de Ayala, Gabriel Alomar, Américo Castro y Salvador de Madariaga fueron nombrados embajadores. Ortega y Marañón, Unamuno y Antonio Machado, Menéndez Pidal y Sánchez Albornoz (diputado en 1931, decano y rector de la Universidad de Madrid, efímero ministro de Estado a fines de 1933, embajador en Lisboa en 1936) ejercieron un ascendiente excepcional en la vida pública, académica y social.

En los años 1931-1933, la República hizo, desde luego, un gran esfuerzo educativo y cultural. Los presupuestos de educación se elevaron de inmediato en un 50 por 100. Bajo el impulso del subsecretario de Educación, Domingo Barnés, otro hombre de la Institución, y del director general de Enseñanza Primaria, el socialista Rodolfo Llopis, se reformaron enseguida tanto la enseñanza primaria como el bachillerato, sobre las ideas de escuela única, laicismo y co-educación. Prohibida paralelamente la enseñanza a las órdenes religiosas, disuelta en 1932 la Compañía de Jesús y confiscados sus centros educativos, entre 1931 y 1933 se construyeron unas 10.000 escuelas y se habilitaron cerca de 7.000 nuevos maestros. En mayo de 1931, se crearon las Misiones Pedagógicas, para llevar la cultura (esto es, bibliotecas de préstamo, cine, coros, reproducciones de obras de arte, conferencias) al mundo rural. Al año siguiente se creó La Barraca, un teatro universitario dirigido por Federico García Lorca que representaba por provincias obras del teatro clásico español y que hasta abril de 1936 realizó un total de 22 giras.

En 1933 se celebró en Madrid por vez primera la Feria del Libro. Ese año, el gobierno, por iniciativa de Fernando de los Ríos, creó en Santander la Universidad Internacional de Verano, cuyo primer rector fue Menéndez Pidal (y el segundo, Blas Cabrera), y el primer secretario, el poeta y profesor Pedro Salinas. En 1932 se había inaugurado en Madrid —en el complejo educativo de los Altos del Hipódromo— el nuevo edificio para el Instituto Nacional de Física y Química que se había empezado a construir en 1929, y cuyo primer director sería precisamente Blas Cabrera, que junto con sus colaboradores —José M.ª Torroja y Arturo Duperier; Julio Palacios, director de la sección de rayos X; Miguel Catalán, de la de espectroscopía; Emilio Moles y Miguel Crispi, de la de química— hizo del centro una de las mejores instituciones europeas de investigación, como así fue reconocido por la misma comunidad científica. El gobierno republicano quiso, también, reformar la universidad sobre la base de la autonomía universitaria, la reducción de exámenes y la flexibilidad en los planes de estudio y la libre elección de asignaturas. Con esos criterios, que empezaron a aplicarse de forma experimental en algunas especialidades de humanidades, la Facultad de Letras de Madrid, instalada desde enero de 1933 en su nuevo edificio, obra de Agustín Aguirre, ya en terrenos de la nueva Ciudad Universitaria antes mencionada, pudo convertirse, según Julián Marías que estudió en ella, en la mejor institución universitaria de la historia española: el profesorado incluía al filósofo Manuel García Morente como decano y, con él, a Ortega, al también filósofo José Gaos, a Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz y Américo Castro, a Besteiro, Zubiri, el prehistoriador Obermaier y el historiador del arte Manuel Gómez Moreno. En 1932 comenzaron, dentro del mismo recinto universitario, las obras del Hospital Clínico, obra de Sánchez Arcas, y en 1933, las de las nuevas Facultades de Ciencias y Arquitectura.

El nuevo régimen reformó también la legislación relativa al patrimonio artístico y creó (1931) una red de archivos nacionales y una junta para la adquisición de fondos bibliotecarios. En septiembre de 1931, el director general de Bellas Artes, Ricardo Orueta, reestructuró el Museo de Arte Moderno, nombrando al crítico de arte Gutiérrez Abascal (Juan de la Encina) como director, y al pintor Timoteo Pérez Rubio como subdirector, quienes pusieron en marcha una nueva política de adquisiciones y mejoraron sensiblemente las instalaciones (situadas, a falta de museo propio, en el edificio de la Biblioteca Nacional). Valle Inclán fue nombrado en 1933 director de la Escuela de Bellas Artes de Roma. Finalmente, el ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto —que ocupó el cargo entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933—, asumió los planes que para el engrandecimiento de Madrid había propuesto el arquitecto Secundino Zuazo: para 1933 se había concluido uno de ellos, la prolongación del paseo de la Castellana, y se había puesto en marcha la construcción de los Nuevos Ministerios, obra del propio Zuazo (que se terminaría mucho después, en la época de Franco, con modificaciones sobre los proyectos originales).

Cultura popular

Pese a todo, cambiar la vida intelectual y moral del país —la ambición de Azaña— iba a resultar problemático y difícil. Por supuesto que el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 impediría el despliegue de la obra republicana. Pero, además, la sociedad española no siempre respondió conforme con las expectativas de los hombres de la República. Iniciativas oficiales como las Misiones Pedagógicas (que recorrieron centenares de pueblos y que sólo en sus tres primeros años crearon cerca de 5.000 bibliotecas populares), o como La Barraca de Lorca —cuyo uniforme era significativamente un «mono» obrero—, o como las Universidades Populares (cursos nocturnos para las clases trabajadoras y populares impartidos por profesores y jóvenes estudiantes) respondían a un solo y admirable propósito: extender la cultura al pueblo. La cultura popular, sin embargo, siguió derroteros distintos.

Así, una revista musical de ambiente «chulesco» madrileño, Las Leandras, del maestro Alonso, estrenada en noviembre de 1931, protagonizada por una vedette explosiva, Celia Gámez, y con canciones enseguida popularísimas —Pichi, Los nardos—, fue probablemente el éxito más ruidoso de toda la década de los treinta. La misma zarzuela aún produjo obras de inmensa popularidad, como La del manojo de rosas y La tabernera del puerto, de Sorozábal, y Luisa Fernanda, de Moreno Torroba. Gracias a nuevos y excelentes toreros (Nicanor Villalta, Manuel Jiménez Chicuelo, Marcial Lalanda, Cayetano Ordóñez, Cagancho, Domingo Ortega), los toros mantuvieron en los años veinte y treinta el atractivo social y alto nivel técnico que habían alcanzado en la época de Joselito y Belmonte. Tras Belmonte, además, habían pasado a ser vistos no como un espectáculo cruel y populachero, sino como una manifestación estética cargada al tiempo de dramatismo y magia, y fascinaban ahora a intelectuales y escritores (como ocurrió con el cante flamenco a partir de la organización en 1922 del I Concurso Nacional de Cante Jondo de Granada, una iniciativa de Manuel de Falla y Federico García Lorca). Domingo Ortega, un torero, según la crítica, recio y dominador, fue la gran figura de la época republicana; el mismo Belmonte reapareció fugazmente en 1934.

Ignacio Ara, campeón europeo de los pesos medios en 1934, y el boxeador valenciano Baltasar B. «Sangchili», campeón del mundo en 1935, heredaron la popularidad que antes tuviera Uzcudun, ya en el ocaso de su carrera, aunque todavía protagonista de grandes combates. El ciclista Vicente Trueba ganó en 1933 el «premio de la montaña» de la Vuelta a Francia; en 1935 se organizó la I Vuelta Ciclista a España. Madrid (que en la república tuvo que renunciar a llamarse «Real») y Athletic de Bilbao —conocidos popularmente por los apelativos de «merengues» y «leones»— dominaron los distintos campeonatos futbolísticos (Liga, Copa) entre 1931 y 1936. La selección española tuvo una buena actuación en el campeonato mundial del año 1934, celebrado en Italia.

Con la llegada del cine sonoro, la popularidad del cine como entretenimiento aumentó considerablemente. En 1932 se estrenaron en Madrid un total de 330 películas (199 norteamericanas, 117 europeas, 24 españolas); en 1933, 408; en 1934, 381 (214 norteamericanas, 129 europeas, 21 españolas). La producción española supo, pues, adaptarse al nuevo sistema, si bien tras una grave crisis inicial. La llegada de la República hizo que se rodaran algunos documentales de carácter o social (Las Hurdes, 1932, de Luis Buñuel) o pedagógico. Pero, salvo por alguna rara excepción, la producción española, buena parte de ella a cargo de la productora valenciana Cifesa (Compañía Industrial Film Española, S. A.), creada en 1933, siguió las mismas fórmulas que habían tenido especial buena acogida entre el público en los años del cine mudo y de la Dictadura de Primo de Rivera: folklorismo españolista, andalucismo, comedias amables, temas taurinos, recurriendo igualmente a actores y actrices populares (Imperio Argentina, Miguel Ligero...). Los grandes éxitos fueron, al menos, las nuevas versiones que se hicieron de La hermana San Sulpicio (1934), de Florián Rey; El niño de las monjas (1935), de Buchs; La verbena de la Paloma (1935), de Benito Perojo, y sobre todo Nobleza baturra (1935) y Morena Clara (1936), ambas de Florián Rey.

La extensión cultural hacia las clases populares impulsada por la República no modificó, pues, el populismo españolista que impregnaba las principales manifestaciones de la cultura popular (cines, deportes, toros, revistas musicales, zarzuelas). Cambiar la percepción territorial (y nacional) de España, aceptar su pluralidad y el derecho a la autonomía de las regiones, reconocido en el art. 1.º de la Constitución de 1931, iba a resultar también difícil y contradictorio, por razones ideológicas sin duda, pero también por razones emocionales. Baste un ejemplo deportivo, esto es, popular: innovaciones «regionalizadoras» como la creación de campeonatos regionales de fútbol fracasaron por la escasa asistencia de público.

España, regiones, culturas

La transformación del Estado resultaba, sin embargo, necesaria y verosímil. En un libro de 1931, La redención de las provincias (escrito en forma de artículos previamente), el mismo Ortega y Gasset había planteado la idea de una nueva organización territorial del país, mediante su articulación en diez «grandes comarcas» —todas ellas con capacidad de autogobierno e instituciones propias— a fin de hacer una España nueva, y proyectar así una gran política nacional que, según Ortega, debía hacerse para las provincias y desde las provincias. La clave, a la vista de lo que había sido la política española desde 1900, estaba en el reconocimiento de Cataluña como realidad histórica y cultural distinta. Precisamente, como gesto de apertura y comprensión hacia la diversidad catalana y de ruptura al tiempo con el españolismo «más patriótico y apocalíptico» (como dijera el penalista Luis Jiménez de Asúa), un nutrido grupo de conocidos intelectuales «castellanos», como Menéndez Pidal, Ortega, el mismo Jiménez de Asúa, de los Ríos, Azaña, Sánchez Albornoz, Castillejo, Américo Castro y otros, visitó Barcelona en marzo de 1930. El divorcio sobre el hecho catalán iba a resultar, sin embargo, casi insalvable.

En realidad, lo que había era dos concepciones de España y Cataluña radicalmente distintas. Sobre todo desde principios de siglo, con Ramón Menéndez Pidal y luego con el Centro de Estudios Históricos por él dirigido —que fue creciendo e incorporando a nuevos y excelentes investigadores (Américo Castro, Amado Alonso, Navarro Tomás, Gili Gaya) y publicando una obra amplia y diversa en los ámbitos de la filología, la historia del arte, la historia del derecho español y los estudios clásicos—, la historiografía española había ido elaborando una verdadera teoría de historia nacional, que enfatizaba la continuidad y unidad de España en su historia, y que hacía de Castilla y de la lengua castellana los elementos sustanciales de la nacionalidad española. Paralelamente, la historiografía catalana (Rubiò i Lluch, Rovira i Virgili, Valls i Taberner, Raimón d’Abadal, Ferrán Soldevila) había ido recuperando la historia de Cataluña, entendiéndola y defendiéndola como la historia de la nación catalana. Tras sus primeras, y magníficas, obras (estudios sobre el Poema del Cid, Manual elemental de Gramática Española, etc.) ya citadas, Menéndez Pidal publicó en los años veinte Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI (1926), Flor nueva de romances viejos, El romancero. Teorías e investigaciones (ambos de 1928) y los dos tomos de La España del Cid (1929), libros todos capitales y verdaderos modelos de sabiduría y honestidad intelectuales, tras de los cuales alentaba —aun siendo Pidal esencialmente un filólogo, no un historiador político o politizado— una tesis evidente: la Castilla del Cid como origen de la España moderna. Las tesis de Claudio Sánchez Albornoz (1893-1984), vinculado en el Centro de Estudios Históricos no a Pidal sino a Eduardo de Hinojosa, historiador del derecho y de las instituciones españolas, fueron ya tesis históricas deliberada y polémicamente nacionales y nacionalistas. Formuladas básicamente en sus espléndidos estudios sobre el reino de Asturias como origen de la nación española (1921) y sobre las behetrías (1924), esas tesis argumentaban que España y la nación española se habían forjado —desde la continuidad con la España hispano-romana y visigótica— al hilo del continuado esfuerzo reconquistador y reploblador emprendido (siglos VIII al XII) por los núcleos cristianos astur-leonés y castellano tras la invasión musulmana y despoblación del Duero, tesis en las que el dinamismo castellano, clave para Albornoz de la peculiaridad de la historia española, se derivaba precisamente del hecho de ser Castilla en origen región de frontera y de hombres libres.

El medievalismo, al tiempo que hacía de la historia una disciplina rigurosa y científica, reforzaba la visión castellanista de la historia española. La filología y la historiografía catalanas operaban en otra dirección: en reforzar —como ha quedado dicho— la visión nacional de Cataluña en la historia. Pompeu Fabra culminó en 1932 con su Diccionari general de la llengua catalana su gran obra de sistematización normativa del catalán. En ese mismo año, Pere Bosch Gimpera (1891-1974) publicó Etnología de la Península Ibérica, primera visión de síntesis de la prehistoria hispánica, con la tesis de que la península se definía desde la Prehistoria por ser una pluralidad de pueblos y culturas. La mejor erudición catalana —Rubiò i Lluch, Valls i Taberner, d’Abadal— había puesto especial énfasis en la historia medieval (d’Abadal, en la Alta Edad Media; Valls i Taberner, en los siglos XIII a XV) como forma de mostrar la aparición en origen, esto es, ya desde la época carolingia, de una nación y unos sentimientos nacionales catalanes. La tesis se incorporó además, y pronto, a las grandes síntesis de divulgación: entre 1922 y 1931 fueron apareciendo los varios volúmenes que integraban la significativamente titulada Historia nacional de Catalunya, de Antoni Rovira i Virgili (que se publicó en uno solo volumen en 1933), y en 1934-1935 se publicaron los tres volúmenes que formaban la Historia de Catalunya, de Ferrán Soldevila, dos obras capitales en la historiografía catalanista.

El extrañamiento entre ambas perspectivas —por más que Menéndez Pidal, Bosch Gimpera o Abadal tuvieran amplísimos conocimientos de la historia española y catalana en su conjunto— era claro. Las buenas intenciones del viaje de los intelectuales castellanos en 1930 se trocaron en la incomprensión que hacia las aspiraciones de Cataluña mostraron en las Cortes constituyentes de 1931 intelectuales como Unamuno, Sánchez Albornoz y Ortega (que, con todo, acertó a decir que el problema catalán —que atribuía al particularismo nacionalista— si no se podía resolver, al menos se podía conllevar).

La Segunda República partía, en suma, de una visión unitaria de España, cuyas raíces eran la tradición liberal, el regeneracionismo republicano y la obsesión noventayochista por el ser de España. El caso de Azaña, como encarnación de la República y como político clave en la concesión en 1932 de la autonomía a Cataluña, fue revelador. Azaña tuvo siempre un profundo sentimiento de españolidad. «Descubrió» Cataluña tarde, en el viaje de los intelectuales a Barcelona de 27 de marzo de 1930. Asumió, a partir de ahí, sin reservas y con sinceridad, la idea de la autonomía de Cataluña. Y finalmente, desde 1935 y sobre todo durante la Guerra Civil, se decepcionó amargamente con Cataluña. En efecto, desde 1930, Azaña admitió la necesidad de reestructurar el Estado y de otorgar la autonomía a las regiones que tuviesen una conciencia histórica diferenciada, pero desde la doble convicción de que, de una parte, las libertades de los distintos pueblos hispánicos eran, en todo caso, consecuencia de las libertades de España y, de otra, que España y la cultura española eran la síntesis superior en la que se reconciliaban las culturas diferenciadas de las distintas regiones españolas.

En cualquier caso, la Cataluña de los años treinta estaba plenamente instalada en un ámbito propio de cultura. Sin duda que modernismo y noucentisme habían quedado ya, hacía tiempo, liquidados. Santiago Rusiñol murió en 1931; Ramón Casas, en 1932; el poeta Josep Carner se había alejado totalmente del noucentisme, como probaban libros como El veire encantat y La primavera al poblet. Pero que no volvieran a surgir movimientos estéticos de carácter colectivo y categorización teórica más o menos explícita significaba poco: la cultura catalana se plasmaba ahora, años veinte y treinta, en la obra individual de sus escritores y artistas. Carner publicó, como se acaba de citar, El veire encantat en 1933 y La primavera al poblet en 1935. Josep Pla publicó en 1928 una biografía de Cambó, el líder del catalanismo conservador, y luego, en 1933, un libro de causticidad demoledora sobre Madrid en el momento del advenimiento de la República. Josep Maria de Sagarra escribió en 1932 la mejor novela de la década, Vida privada, un feroz retrato de la vida de la burguesía barcelonesa escrita con extraordinaria audacia estilística. Carles Riba publicó Estances en 1930; J. V. Foix editó en 1932 un volumen de narraciones, KRTU, y en 1936 tenía ya listo su primer libro de poemas, Sol, i de dol (que apareció, sin embargo, en 1947). Con ellos, fueron apareciendo escritores como Marià Manent, el novelista Sebastià Juan Arbò, Ventura Gassol, los jóvenes Mercé Rodoreda y Salvador Espriú y otros. Foix, el arquitecto Sert, el crítico Sebastià Gasch y el compositor Robert Gerhard, entre otros, formaron parte de la agrupación Amics de l’Art Nou (ADLAN), que por iniciativa de Joan Prats se creó en 1932, y que ese mismo año organizó una pequeña exposición de Miró, pintor hasta entonces alejado de Cataluña pero al que críticos como Gasch, y enseguida J. V. Foix, iban ya a proponer como alternativa al cada vez menos auténtico Dalí (quien, pese a ello, expondría en Barcelona lo mismo en 1933 que en 1934). El escultor Ángel Ferrant presentó su obra, que empezaba ya a romper con los esquemas del clasicismo noucentista, en sendas exposiciones de 1931 y 1932. En el año 1934, hubo en Barcelona una gran exposición de Gargallo (su obra maestra, El Profeta, era precisamente de 1933). En 1936, ADLAN organizó, en enero, la primera (y única) exposición significativa de Picasso realizada en España hasta entonces y, en marzo, una muestra de arte surrealista titulada Exposición Logicofobista, en la que tomaron parte sobre todo jóvenes artistas catalanes.

Un decreto de la República de abril de 1931 declaró oficial el bilingüismo. Proliferó la prensa en catalán (aunque La Vanguardia, escrita en castellano, continuó siendo el primer diario de Barcelona) y aparecieron excelentes revistas, también en catalán, de literatura, arte y arquitectura, como Mirador, D’Ací i D’Allà y otras. Con la aprobación en 1932 de la autonomía, el Gobierno catalán, la Generalitat, presidida hasta diciembre de 1933 por Françesc Macià y luego por Lluys Companys, y, junto a ella, el Ayuntamiento de Barcelona reemprendieron la labor oficial de catalanización de la vida civil que había llevado a cabo en su día, entre 1914 y 1923, la Mancomunidad, y que había sido prohibida entre 1923 y 1931 por la Dictadura de Primo de Rivera. Se crearon, así, numerosos grupos escolares de primera y segunda enseñanza, instituciones como el Institut-Escola (1932) de enseñanza media; la Universidad Autónoma de Barcelona (1933, rector: Bosch Gimpera), que impulsó además la catalanización de la enseñanza superior, y el Museo de Arte de Cataluña (1934), dirigido por Joaquim Folch i Torres, sobre la base de las pinturas románicas procedentes de numerosas iglesias catalanas que habían ido recuperándose desde 1919. En 1932, la Generalitat adquirió la Colección Plandiura de arte. En 1934 se presentó públicamente el Plan Macià de reurbanización de Barcelona, elaborado por Le Corbusier y los arquitectos del GATCPAC (aunque sólo se construyó la Casa Bloc, de viviendas obreras, obra de Sert, Torres Clavé y Subirana). El violoncelista y compositor Pau Casals (1876-1973), que en 1919 había creado la Orquesta Casals de Barcelona, desarrolló una muy intensa actividad sinfónica; en 1932 compuso, además, la Salve montserratina (aunque sus obras más conocidas como compositor las haría en el exilio, tras la Guerra Civil).

Los casos vasco y gallego no eran simétricos al catalán: nunca lo habían sido. El mismo Azaña, tan interesado en Cataluña, se ocupó en cambio muy poco del País Vasco y casi nada de Galicia. Ello se debió probablemente a que, dada su debilidad cultural, nacionalismo vasco y galleguismo no suponían todavía un verdadero desafío intelectual y político. La cultura vasca era, en cualquier caso, una cultura escindida (en la que, además, el peso de lo vasco-español frente a lo euskaldún era determinante); el nacionalismo gallego no adquirió verdadera relevancia hasta los años veinte, hasta la irrupción de la generación de escritores y pintores asociados en la revista Nós (Risco, Castelao, Otero Pedrayo y otros).

Pero las cosas estaban cambiando en ambas regiones. Ciertamente, en el País Vasco, la cultura literaria vasco-española (Unamuno, Baroja, Basterra, José María Salaverría, Grandmontagne...) siguió teniendo hasta la Guerra Civil un ascendiente indiscutible. En pintura, la generación de los años 1920-1930 (Ucelay, Aranoa, Jenaro Urrutia, Guezala, Martínez Ortíz, Olasagasti, etc.) había renovado, mediante la incorporación de fórmulas modernas, ecos del postimpresionismo y de las vanguardias, la visión de lo vasco. Sin duda, el núcleo más interesante de los años treinta lo integró la vanguardia guipuzcoana formada por el arquitecto José Manuel Aizpúrua, los pintores Nikolás Lekuona, Cabanas Erauskin y Narkis Balenciaga y el escultor Jorge Oteiza. En el mismo ámbito de la cultura de masas, los deportes modernos (fútbol, ciclismo, boxeo) habían desplazado a los deportes rurales como espectáculo colectivo prioritario. Los años 1920-1936, en concreto, fueron los años dorados del fútbol vasco (del Athletic de Bilbao, pero también de equipos como Real Unión de Irún, Arenas de Guecho y otros). En 1924 se organizó la I Vuelta Ciclista al País Vasco: los ciclistas Federico Ezkerra, Ricardo y Luciano Montero fueron verdaderos ídolos populares; el boxeador Uzcudun fue, como se indicó, el primer gran mito no sólo vasco sino del deporte español.

Pero desde principios de siglo y muy especialmente desde los años veinte, por iniciativas muy distintas (sociedades culturales, deportivas y folkloristas, ayuntamientos, diputaciones), todo lo referente a la cultura euskaldún —bertsolarismo, música y danzas vascas, montañerismo, competiciones de pelota y de traineras, arrastre de piedra con bueyes, pruebas de hachas, levantamiento de piedra...— fue recibiendo atención especial y organización continuada y sistematizada, y cobró auge creciente y, en momentos, extraordinario. La celebración a partir de 1927 del día del euskera y desde 1930 del día de la poesía —iniciativas ambas del sacerdote nacionalista José de Ariztimuño (Aitzol) y de la Sociedad Euskaltzaleak— impulsó lo que Aitzol llamó el «renacimiento cultural vasco», cuya mejor expresión fue la obra de los poetas Lizardi, Lauaxeta y Orixe. Lizardi (José María de Aguirre, 1896-1933), autor de Biotz-Begietan (En el corazón y en los ojos, 1932) y Umerzurtz-Olerkiak (Poemas huérfanos, 1934), hizo una poesía intimista y personal, impregnada de un intenso sentimiento de emoción ante la naturaleza y el paisaje vascos. Esteban de Urquiaga (Lauaxeta, 1905-1937), que escribió Bide barrijak (Rumbos nuevos, 1931) y Arrats-Beran (Al atardecer, 1934), abrió su poesía hacia formas e incitaciones modernas: la influencia de Lorca en Arrats-Beran, en que reunía poemas de la vida cotidiana, romances, algún poema épico, paisajismo y poemas sociales, era por ejemplo evidente. Orixe (Nicolás Ormaetxea, 1888-1961) hizo en Euskaldunak (Los vascos, 1950, pero escrito antes de 1936) el gran poema épico de los vascos. En cualquier caso, con su obra, los tres poetas citados provocaron no sólo el abandono definitivo de la poesía religiosa, sino una renovación estilística y de lenguaje realmente sustancial. En 1933, apareció la revista Yakintza —dirigida también por Ariztimuño y en la que colaboró la práctica totalidad de la intelectualidad filonacionalista— que se autodefinía como «revista de cultura vasca», esto es, de todo aquello —historia, literatura, legislación, folklore— que revelase «el alma colectiva de la raza». El padre José Miguel de Barandiarán publicó en 1934 su estudio El hombre primitivo en el país vasco, en el que condensaba la abundante investigación arqueológica y etnográfica efectuada en el territorio vasco desde que la iniciaran, hacia 1916, el propio Barandiarán, Eguren y Aranzadi.

En Galicia, las novelas y ensayos de Vicente Risco y Otero Pedrayo, autores de espléndida facilidad y abundancia creadora, hicieron del gallego un instrumento de cultura moderna: Risco, irracionalista y elitista, con obras como O porco de pé (1928) y Nós, os inadaptados (1932), y Otero Pedrayo, conservador y católico, con Os camiños da vida (1928), A Romeiría de Xelmirez (1934), Ensayo histórico sobre la cultura gallega (1933), Sintese xeográfica de Galicia (1926) y muchas otras más. Castelao, con sus dibujos y caricaturas, verdadera crónica social de la Galicia negra, subdesarrollada y explotada, con sus ensayos literarios y políticos (de los que el principal, Sempre en Galiza, se publicó en 1944, en el exilio), escritos en una prosa precisa y sencilla, cargada siempre de ironía y humor, replanteó el galleguismo cultural y político, y la imagen misma de Galicia, asociada ahora, principalmente, a la miseria y pobreza de la vida rural y marinera y de la emigración. El pintor Carlos Maside (1897-1958) —y con él Manuel Colmeiro y en seguida Laxeiro y, en parte, Arturo Souto— creó paralelamente una iconografía primitivista y popular que plasmaba, precisamente, la realidad social de Galicia tal como la definía Castelao.

Pues bien, el «descubrimiento» de las culturas catalana, euskaldún y gallega era ciertamente esencial —como decía más arriba— al proyecto cultural de la República. Las vanguardias, cuyo espíritu era casi incompatible por definición a cualquier esencialismo nacionalista, sirvieron desde luego de puente entre Madrid y Barcelona. Lorca, por citar un ejemplo, visitó con frecuencia la capital catalana, donde su obra fue siempre altamente estimada. Pero tanto la visión unitaria de la historiografía española como el populismo españolista de las clases populares constituyeron, evidentemente, obstáculos considerables. La cultura particularista de Cataluña, País Vasco y Galicia fue por lo general muy mal conocida —en muchos casos, ignorada— fuera de sus respectivos ámbitos regionales, y no ya por la sociedad en general sino incluso en los mismos ámbitos periodísticos e intelectuales, prueba evidente de la centralidad «españolista» con que todavía buena parte de España (y no sólo ni principalmente Madrid) entendía y seguía la vida cultural española. La guerra, además, impidió, como se dijo, la continuidad de la tímida obra regionalizadora republicana.

El apogeo republicano

Pero, con limitaciones y contradicciones, la República fue —por retomar el argumento inicial— el periodo de cristalización y culminación de la sorprendente evolución cultural de etapas precedentes. Ortega, por ejemplo, recogió en 1932 gran parte de su obra en un volumen de obras completas, reeditado en 1936. En Unas lecciones de metafísica, su curso universitario de 1932, culminó su reflexión, capital a su filosofía, sobre la vida como única realidad radical. En En torno a Galileo, el curso que dictó en 1933 para inaugurar la nueva Facultad de Letras de Madrid, esbozó su teoría de las generaciones, otra de sus grandes incitaciones intelectuales: la generación como factor de cambios de la estructura vital, de la historia en suma (dentro de una reflexión, planteada en Historia como sistema, 1935, que, bajo la influencia de Dilthey, le había llevado a concluir que el hombre no tiene naturaleza sino historia, y que la razón histórica es por ello la única explicación que el hombre puede tener de sí mismo y de la realidad). Marañón que, a partir de 1930 publicó varias biografías con gran éxito (Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo, 1930; Amiel. Un estudio sobre la timidez, 1932; El Conde Duque de Olivares. La pasión de mandar, 1936; Antonio Pérez, 1938), entró de lleno también en la reflexión sobre la historia: sus biografías, que eran estudios del alma humana —la timidez, la pasión de mandar, la impotencia, el resentimiento— venían a enfatizar el papel del individuo, de la personalidad, como factor determinante de la acción histórica.

Antonio Machado estrenó dos comedias (La prima Fernanda, La duquesa de Benamejí) escritas con su hermano Manuel, reeditó en 1933 sus Poesías Completas y en 1936 publicó la mejor de sus obras «apócrifas», Juan de Mairena, una miscelánea de apuntes, sentencias, notas y diálogos —llenos de ironía—, en los que revelaba su visión hondamente humana, popular y social de la vida y de la literatura. Unamuno publicó en 1931 su pequeña gran novela San Manuel Bueno, mártir, una novela obsesivamente unamuniana, la historia de un cura que había perdido la fe —que creía además que el propio Cristo llegó a perderla—, pero que seguía entendiendo que la religión era el único consuelo para la realidad de la vida. Baroja, que ingresó en la Academia Española en 1935, concluyó las Memorias de un hombre de acción, publicó dos biografías (Aviraneta y Juan van Halen) relacionadas con esa serie, escribió una nueva trilogía de novelas titulada La selva oscura, y en 1936 publicó El cura de Monleón, también sobre las dudas respecto a la fe de un sacerdote. Juan Ramón Jiménez publicó en 1932 y 1934 unos cuadernos de hojas sueltas titulados respectivamente Sucesión y Presente, en los que, para confusión de la crítica literaria, reelaboraba toda su obra anterior: en ellos incluyó varios de los brevísimos retratos en prosa de escritores y artistas españoles que había ido publicando en la prensa desde 1923 (que recogería en libro en 1942 con el título Españoles de tres mundos), que eran un prodigio de belleza literaria, precisión y análisis psicológico, y también de crueldad, sin duda parte de la mejor prosa española del siglo XX.

Ernesto Halffter, que en 1928 había estrenado su ballet Sonatina, que incluía dos pequeñas piezas de gusto exquisito, las «Danzas» de la Pastora y de la Gitana, dirigió el Conservatorio de Sevilla entre 1934 y 1936; su hermano Rodolfo estrenó en 1935 el ballet Don Lindo de Almería. La Argentinita (Encarnación López) fundó en 1932, con su hermana Pilar y, de nuevo, García Lorca, la Compañía de Bailes Españoles, cuyo repertorio incluyó versiones estilizadas de danzas populares españolas —y también de Falla— y baile y cante flamencos. El teatro fue una de las sorpresas gratas de la República. Aunque el teatro convencional y comercial (Benavente, Arniches, los Quintero, Muñoz Seca, autor de La venganza de Don Mendo, 1918, una «astracanada» desternillante) siguió imperando, la presencia de la actriz Margarita Xirgu y de Cipriano Rivas Cherif al frente del Teatro Español, el teatro municipal de Madrid, abrió oportunidades previamente inexistentes al teatro de calidad y experimental. Rivas Cherif creó, paralelamente, el Teatro-Escuela de Arte; Max Aub, impulsor también del teatro universitario y experimental, escribiría para ese tipo de teatro varias piezas de carácter político y social (La jácara del avaro, El agua no es del cielo...). Pero, el estreno en 1932 de Divinas palabras de Valle Inclán —pese a no tener inicialmente éxito— y luego, y sobre todo, los estrenos de las obras de Lorca Bodas de sangre, en 1933, y Yerma, en 1934, dos verdaderas obras maestras, revolucionaron el teatro español: Bodas de sangre, una tragedia rural basada en un suceso real; Yerma, la tragedia de la mujer estéril. La guerra y el asesinato en ella de Lorca impidieron que estrenara (se hizo en Buenos Aires, en 1945) su tercera gran obra, La casa de Bernarda Alba, drama de mujeres en los pueblos de España en palabras del propio Lorca, que el poeta había leído y presentado en 1936. Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), novelista de humor regocijante y original (Amor se escribe sin hache, Espérame en Siberia, vida mía, Pero... ¿hubo alguna vez once mil vírgenes?, La tournée de Dios), renovó a su vez el teatro cómico con varias obras (Margarita, Armando y su padre, Angelina o el honor de un brigadier, Morirse es un error) que sorprendieron, como sus novelas y narraciones breves, por el uso que hacía de personajes absurdos e imposibles y episodios desconcertantes e inverosímiles, dentro de una narración escénica por lo general vertiginosa y dislocada, con la debilidad de acabar siempre con finales convencionales y excesivamente tiernos y dulces. Alejandro Casona logró en 1936 un gran éxito con Nuestra Natacha, una comedia romántica pero en la que se quiso ver una glorificación de los estudiantes y de las mujeres revolucionarias.

Lorca simultaneó La Barraca y el teatro con la poesía. Con Poeta en Nueva York, libro que empezó en 1929, derivó, como ya quedó dicho en el capítulo anterior, hacia una poesía de factura compleja y comprensión difícil, muy distinta, por tanto, del tipo de poesía estetizante y andaluza de su obra anterior, especialmente del Romancero gitano. En 1934 publicó el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, su emocionante elegía a la muerte en el ruedo de aquel torero e intelectual, poeta y dramaturgo, que había sido uno de los convocantes del homenaje a Góngora en Sevilla en 1927, y en 1935, Diván del Tamarit. De sus compañeros de generación, fue ahora cuando Aleixandre editó Espadas como labios (1932) y La destrucción o el amor (1935), culminación, como se dijo, de la poesía surrealista española; Salinas La voz a ti debida (1933); Gerardo Diego, Fábula de Equis y Zeda (1932), además de su Poesía española. Antología, en la que recogía la mejor poesía española del siglo XX, y Guillén, una reelaboración de Cántico (1936). Cernuda recogió en 1936 toda su obra en La realidad y el deseo. Destinado en Madrid como cónsul de su país, el poeta chileno Pablo Neruda promovió en 1935 la revista Caballo verde para la poesía, en la que colaboraron algunos de los poetas del 27 y poetas nuevos de la que pronto sería generación del 36. Alberti, volcado ya a la poesía política, publicó Consignas (1933) y Nuestra diaria palabra (1936).

El prosista del grupo del 27 José Bergamín (1895-1983), ensayista de gran agudeza, paradójico, arbitrario, culto, publicó El arte de birlibirloque (1930), un ensayo sobre los toros, y Mangas y capirotes (1933), un ensayo sobre el teatro español del siglo XVII, que eran ensayos sobre el alma de España en la tradición unamuniana. En 1933, Bergamín, junto con el filósofo Eugenio Imaz y con el respaldo de Falla, promovió la revista Cruz y Raya, que saldría hasta julio de 1936, una revista de ensayo, crítica y creación literaria de inspiración católica pero abierta a todas las manifestaciones culturales en la que publicaron intelectuales de la más diversa significación, como el propio Ortega, Gómez de la Serna, Manuel Abril, Marañón, J. A. Maravall, María Zambrano, J. A. Muñoz Rojas, Cernuda o Serrano Plaja: un intento, explícito desde luego en Bergamín, de aunar tradición española y espiritualidad moderna.

El racionalismo continuó rigiendo la arquitectura española, con realizaciones excelentes como el edificio Carrión, o Capitol (1931-1933), en Madrid, de Luis Martínez Feduchi y Luis Eced; la ya citada Facultad de Letras, también de Madrid, de Aguirre; el Dispensario Central Antituberculoso (1934-1938), en Barcelona, obra de Sert y Torres Clavé, y la antes mencionada Casa Bloc (1933-1936) de viviendas obreras, también en Barcelona, obra de Sert, Torres Clavé y Subirana. Los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez hicieron, junto con el ingeniero Eduardo Torroja, el nuevo hipódromo de la Zarzuela de Madrid (1935-1936), con la gran novedad de una tribuna cubierta por bóvedas laminares de hormigón inspiradas en la arquitectura popular.

La pintura y la escultura siguieron basculando en torno al surrealismo y a las distintas formas del realismo, pero dentro de una diversidad de tendencias y estilos que hizo que el arte español —incluso aunque los artistas más críticos denunciaran las contradicciones de la política gubernamental— viviera años de gran efervescencia y creatividad. Expresión de ello fueron, desde luego, la aparición de nuevas e importantes revistas como Arte y Orto, de Valencia, y, sobre todo, Gaceta del Arte, de Tenerife, dirigida por Eduardo Westerdhal, todas ellas aparecidas en 1932, y la creación de asociaciones de artistas, como la ya citada Amics de l’Art Nou, ADLAN (Barcelona, 1932), o como la Unión de Escritores y Artistas Proletarios (Valencia, 1932) y la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios (Madrid, 1933). Se llevaron a cabo exposiciones de indudable trascendencia como las de Óscar Domínguez (1933) y arte surrealista (1935) en Tenerife, ambas por iniciativa de la Gaceta del Arte, y como las ya citadas Exposición Picasso y Exposición Logicofobista, organizadas por ADLAN en Barcelona en 1936 (más las exposiciones individuales de Gargallo y Max Ernst celebradas en Madrid, en el Museo de Arte Moderno, en 1935 y 1936, respectivamente). Reapareció, además, la Asociación de Artistas Ibéricos, que hizo una gran exposición en San Sebastián en 1931 y que llevó otra en 1932 a Copenhague y Berlín; en 1936, finalmente, se celebró en París por acuerdo entre los gobiernos español y francés una gran muestra (cerca de 500 obras) de Arte Español Contemporáneo.

Individualmente, las realizaciones de mayor interés pudieron ser: en primer lugar, la obra del escultor Alberto Sánchez, que sería ahora cuando perfilara su reflexión sobre el arte popular y el paisaje, y cuando iba a realizar la mayoría de sus esculturas de formas orgánicas y fantásticas —a caballo entre surrealismo y realismo—, hasta culminar en El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, de 1937; en segundo lugar, la pintura de Benjamín Palencia, con su especial interpretación del paisaje como algo material, terroso, tangible, y finalmente, y sin duda, los fotomontajes y el cartelismo del valenciano Josep Renau (1907-1982), uno de los principales inspiradores de la actividad artística de su ciudad —plasmada en revistas como Orto y Nueva Cultura (1935)—, obra radicalmente innovadora (nadie había practicado el fotomontaje en España), que Renau concebía dentro del más riguroso realismo crítico al servicio del pensamiento socialista y comunista.

La pintura de los artistas gallegos Maside, Souto y Colmeiro —a los que ya se ha hecho referencia brevemente— enlazaba con las fórmulas estéticas de los realismos europeos de vanguardia del periodo de entreguerras. En concreto, Souto (1902-1964), junto a pinturas de temas gallegos, produjo en los años treinta una pintura metafísica, de figuras monumentales y sólidas, de clara influencia italianizante, impregnada de intemporalidad y melancolía. Pancho Cossío (1894-1970), cántabro, establecido en París en los años veinte, sintetizó en su pintura —bodegones, retratos, peces, barcas, puertos— influencias diversas (cubistas, abstractas, surrealistas) derivando hacia una pintura muy matérica, de apariencia intensa e imprecisa y de gran fuerza poética. El pintor vasco José María Ucelay (1903-1979) cultivó un tipo de hiperrealismo estilizado y elegante que daba a su pintura (retratos, patos, bodegones, rocas, romerías vascas) un aire desconcertante, mágico, libre desde luego de connotaciones etnográficas, aunque pintara temas vascos, como su espléndido mural de Bermeo (1931-1934) sobre la vida laboral de su tierra. La obra —óleos, dibujos, fotografías, fotomontajes— del también vasco Nikolás Lekuona (1913-1937) rompía ya definitivamente con todo lo que hasta entonces había hecho el arte vasco y optaba decididamente por el surrealismo. Dentro de éste, con las variedades individuales que fuesen, se movieron Maruja Mallo, José Caballero, Javier Ciria, Moreno Villa, Eugenio Granell, Gregorio Prieto y el pintor tinerfeño Óscar Domínguez; en el realismo, Luis Quintanilla, Ramón Gaya, y desde luego Souto y Ucelay, López Torres, Francisco Mateos, y escultores como Emiliano Barral, Victorio Macho y Francisco Pérez Mateo.

La politización de los intelectuales

La Segunda República fue, en suma, sobre todo en los años 1931-1933, algo parecido a un Estado cultural. Pero los años treinta fueron también los años en los que los intelectuales se politizaron. Ya fueron sintomáticas la publicación en 1930 del libro de José Díaz Fernández El nuevo romanticismo y la aparición ese mismo año de la revista Nueva España, dirigida por el mismo Díaz Fernández. Revelaban, cuando menos, una nueva sensibilidad que reclamaba, frente a la «deshumanización» del arte y al experimentalismo de las vanguardias, el retorno a un arte explícitamente social y al compromiso político del escritor y del artista.

Díaz Fernández (1898-1941) había publicado en 1928 El blocao, una breve e intensa narración sobre su experiencia —triste, sórdida, antiheroica— en la guerra de Marruecos, en 1921. Cesar M. Arconada (1898-1964), ex redactor jefe de La Gaceta Literaria, fundador de Ediciones Ulises, una editorial de izquierda, militante desde 1931 del Partido Comunista y asociado luego a revistas filocomunistas como Octubre y Nueva Cultura, publicó en 1930 La turbina, una novela sobre los conflictos planteados en un pequeño pueblo castellano por la construcción de una fábrica de luz eléctrica (y luego publicó libros con títulos tan explícitos como Los pobres contra los ricos y Reparto de tierras). Julián Zugazagoitia (1899-1940), militante socialista vasco, publicó por su parte El botín (1929) y El asalto (1930), novelas sobre las luchas sociales de Vizcaya.

De hecho, desde 1931 proliferarían editoriales «revolucionarias» (como Ediciones Oriente, Zeus, Cénit, Historia Nueva, Ulises, Libertad, España, alguna creada incluso antes de la proclamación de la república), el ensayo político de ideología radical (marxista, anarcosindicalista) y la novela social o proletaria. Ciges Aparicio publicó en 1931 Los caimanes; Carranque de Ríos, La vida difícil (1935); Joaquín Arderíus, Campesinos (1931). Las mejores novelas sociales fueron, con todo, Imán (1930), otra novela dura y crítica sobre la guerra de Marruecos, y Siete domingos rojos (1932), un relato objetivado de una insurrección anarquista, ambas de Ramón J. Sender (1902-1982), el más dotado, junto con Max Aub (autor de Luis Álvarez Petreña, 1934), entre los nuevos narradores aparecidos con la República y que en 1935 recibió el Premio Nacional de Literatura por Mr Witt en el Cantón, una novela histórica sobre los sucesos de 1873 en la Cartagena insurreccional.

Conocidos intelectuales y artistas, como Renau, el escultor Alberto Sánchez, el poeta Emilio Prados y, por supuesto, Rafael Alberti y María Teresa León, que en 1933 editaron Octubre, revista de los «escritores y artistas revolucionarios» (como decía el subtítulo), fueron o militantes del Partido Comunista o estuvieron muy próximos al mismo. Como revelaban ciertos libros —Cómo se forja un pueblo. La Rusia que yo he visto (1929), de Rodolfo Llopis; Rusia al día (1932), de Julián Zugazagoitia, o Madrid-Moscú (Narraciones de un viaje) (1934), de Ramón J. Sender—, la Rusia soviética ejerció una especial fascinación sobre muchos de ellos. En 1936 se erigió en Madrid un gran monumento (destruido tras la guerra) a Pablo Iglesias, el fundador en 1879 del Partido Socialista Obrero Español, obra del escultor Emiliano Barral que ya antes, en 1927-1930, había hecho la tumba del líder socialista en el Cementerio Civil de Madrid. Toda la izquierda española experimentó un intenso proceso de ideologización y revisión teórica de sus postulados doctrinales y de sus estrategias políticas. Hasta 1933-1934, el debate se centró principalmente en torno a la colaboración o no colaboración con la República, colaboración defendida en folletos y libros socialistas como Los socialistas y la revolución, de Manuel Cordero; La UGT ante la revolución, de Enrique de Santiago, o Nosotros, los marxistas, de Antonio Ramos Oliveira, todos ellos publicados en 1932, y criticada, en cambio, por Joaquín Maurín en La revolución española (1932), en que planteaba la necesidad de ir a una revolución socialista como única manera de detener la contrarrevolución y el fascismo (argumento sobre el que Maurín, un ex maestro que militaba en la izquierda comunista, volvería en Hacia la segunda revolución, 1935, un análisis del movimiento obrero español y una crítica durísima de la experiencia republicana de 1931-1933).

Pero luego, sobre todo desde la revolución de octubre de 1934, la polémica giraría en torno a la significación del marxismo y en torno a la idea misma de revolución. A ello respondería desde posiciones moderadas una obra como Marxismo y anti-marxismo (1935), de Julián Besteiro, su discurso de entrada en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y una exposición de los fundamentos del marxismo y de la incubación filosófica y condicionamientos económicos y sociales del fascismo, y, en la misma línea, folletos y ensayos como Del momento: posiciones socialistas (1935), de Indalecio Prieto, y Anti-Caballero. Una crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista Obrero Español (1936), de Gabriel Mario de Coca. Las posiciones de la izquierda se plasmarían, a su vez, en obras como El capitalismo español al desnudo (1935), de Ramos Oliveira; el folleto Octubre de las Juventudes Socialistas, y, sobre todo, en la revista mensual Leviatán (mayo de 1934-julio de 1936) —dirigida por Luis Araquistáin (1886-1959), un intelectual, ensayista y novelista que procedía del pensamiento costista, no del marxismo—, publicación que sería el verdadero órgano doctrinal de la izquierda socialista española agrupada en torno a Largo Caballero, e instrumento teórico esencial en la orientación revolucionaria del socialismo español antes de la Guerra Civil.

La politización de los intelectuales no fue únicamente hacia la izquierda. Tan significativo como la aparición en 1930 de El nuevo romanticismo y Nueva España, fueron la publicación en marzo de 1931 del semanario fascista La Conquista del Estado, dirigido por Ramiro Ledesma Ramos (1905-1936), un joven intelectual zamorano fascinado por la filosofía alemana y por el pensamiento irracionalista y ultranacionalista, y, paralelamente, la evolución de Ernesto Giménez Caballero (1899-1988), un conocido escritor asociado hasta entonces a la vanguardia, autor de relatos y ensayos ingeniosos, irreverentes y polémicos (Notas marruecas de un soldado, 1923; Los toros, las castañuelas y la Virgen, 1927; Yo, inspector de alcantarillas, 1928; Julepe de menta, 1929, y otros), fundador y director entre 1927 y 1930 de La Gaceta Literaria, una de las mejores revistas literarias de los años veinte, y seducido ahora, como mostraba su libro Circuito imperial (1929), por la experiencia fascista italiana. Ya había habido escritores e intelectuales que se habían interesado por el fascismo, como Sánchez Mazas, agregado cultural en la embajada española en Roma en los años veinte y corresponsal de ABC, como Eugenio Montes o el propio d’Ors, e incluso Pla y, ocasionalmente, Foix: La Conquista del Estado, significó, sobre ello, la oficialización de la aparición del fascismo en España.

Ideólogos y políticos del monarquismo autoritario y nacionalista (Maeztu, Vegas Latapié, Pemán, Sainz Rodríguez, Victor Pradera, Eugenio Montes, Calvo Sotelo y muchos otros) crearon, por su parte, en diciembre de 1931 la revista y asociación política Acción Española, dirigida por Ramiro de Maeztu, vehículo desde entonces del pensamiento político de la derecha católica, tradicionalista y antiliberal. Justo cuando la República disolvía la Compañía de Jesús, José María Pemán (1897-1981) estrenaba, con gran éxito además, su drama rimado El divino impaciente, una exaltación del catolicismo en la figura de San Francisco Javier. Maeztu publicó en 1935 su libro Defensa de la hispanidad, una glorificación de la catolicidad española y de España como nación católica en la historia, de la España de Recaredo, de los Reyes Católicos, de Cisneros y de la Contrarreforma, una exaltación también de la acción evangelizadora en América y una reivindicación de la Hispanidad —unidad espiritual de los pueblos hispánicos— como misión imperial católica en el mundo.

Sánchez Mazas, Giménez Caballero, Eugenio Montes, Santiago Montero Díaz, Samuel Ros, Pedro Mourlane Michelena, Agustín de Foxá, Víctor de la Serna, el pintor Pancho Cossío, el arquitecto Aizpúrua, el poeta Luis Rosales, José María Alfaro, Dionisio Ridruejo, Felipe Ximénez de Sandoval bascularon hacia las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, creadas en 1931 por Onésimo Redondo) y hacia Falange Española, creada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, esto es, hacia los grupos fascistas que aparecieron tras La Conquista del Estado: escribieron en sus publicaciones (JONS, El Fascio, F. E., Arriba), militaron en sus filas, perfilaron sus ideas, sus rituales, su estética, sus símbolos (ultranacionalismo, estilo viril y poético, antimarxismo, retórica heróica y de combate, camaradería juvenil y alegre, la camisa azul, el yugo y las flechas...); el Cara al Sol, el himno de Falange, por ejemplo, fue compuesto por el maestro Tellería, militante falangista vasco.

Baroja siguió expresando su hostilidad a todo tipo de política. Azorín apoyó en algún momento a Lerroux, en otros a Azaña. Machado y Valle Inclán fueron paulatinamente inclinándose hacia la izquierda. Ortega, que en diciembre de 1931 había expresado en una resonante conferencia («Rectificación de la República») su preocupación por la marcha de la República, fue apartándose de la política. Unamuno —envejecido, enfermo, irritado, automarginado de la vida social e intelectual (aunque la república le repondría como rector de Salamanca, y en 1935 le nombraría Ciudadano de Honor)— rompió pronto con el nuevo régimen. Vio en la República no un régimen nacional, esto es, un régimen enraizado en la honda conciencia colectiva del pueblo gestada a lo largo de los siglos, tradición que Unamuno asociaba a religiosidad popular y lengua española, sino un régimen artificial y carente de sentido histórico, basado en el jacobinismo laicista, en el nacionalismo catalán y en el socialismo, guiado por dogmas y mitos intelectuales, disparates técnicos (la reforma agraria) y burdos nominalismos (cambios de los nombres de las calles, uso de la bandera tricolor o de la palabra «República» en vez de «España») y por falsificaciones históricas (como los hechos diferenciales, o los tópicos sobre las clases sociales y el caciquismo). Diputado en las Cortes de 1931-1933, Unamuno se opuso a las pretensiones vascas y catalanas, defendió la lengua española y la idea de España como una e indivisible, y criticó la expulsión de los jesuitas y el Estatuto catalán. Sin duda, condenó sucesos como el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932, y rechazó, con invectivas a veces feroces, el fascismo. Su pesimismo y desesperanza fueron, sin embargo, demoledores: España le parecía un «convento» o «asilo» de «mangantes»; en la vida pública todo se le antojaba hueco, irresponsable, ignorante, pura vaciedad de palabras, tópicos, pedanterías y estupideces.

La guerra

La Guerra Civil marcó a los intelectuales españoles para siempre. Muchos de los más conocidos permanecieron leales a la República: Machado, Juan Ramón Jiménez, Sánchez Albornoz, Américo Castro, Casals, Madariaga, Azaña, Besteiro, de los Ríos, León Felipe, Guillén, Salinas, Alberti, Rodolfo Halffter, Bergamín, José Gaos, Cernuda, Moreno Villa, Sender, Max Aub, García Lorca, Blas Cabrera, Castillejo, Jiménez Fraud, Buñuel, Picasso, Miró. Muchos también apoyaron el levantamiento militar: d’Ors, Manuel Machado, Benavente, Giménez Caballero, Salaverría, Maeztu, Fernández Flórez, Gerardo Diego, Pla, Sánchez Mazas, Foxá, enseguida Dalí. Otros, en cambio, se sintieron divorciados del giro que las cosas fueron tomando en las dos Españas en guerra; en peligro (lo hubieran estado en cualquiera de las dos zonas) se exiliaron temporalmente: así, Ortega, Azorín, Menéndez Pidal, Marañón, Zuloaga, Baroja, Pérez de Ayala, Falla. Unamuno apoyó a los militares en un primer momento, pero poco después fue sometido a arresto domiciliario cuando, en un muy conocido incidente, replicó con apasionada contundencia al general Millán Astray en un acto público en Salamanca después que éste gritara su famoso «Muera la inteligencia».

La generación más joven, la generación del 36 (en la que habían empezado a destacar algunos poetas: Miguel Hernández, Luis Rosales, Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco, José A. Muñoz Rojas...) se vio literalmente «arrojada» a la guerra, como diría uno de sus miembros, el filósofo José Luis L. Aranguren. Del lado de los vencedores quedarían Ridruejo, Rosales, Vivanco, Torrente Ballester, el propio Aranguren, Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar, J. A. Maravall, Díez del Corral, Cunqueiro, García Nieto; del lado de los vencidos, Miguel Hernández, Julián Marías, Ferrater Mora, Salvador Espriu, Rodríguez Huéscar, García Pelayo, Juan Marichal, Buero Vallejo, María Zambrano. Como poeta, probablemente el más dotado fuera Miguel Hernández (1912-1942), un joven de origen campesino humilde, que en 1933 publicó Perito en lunas, un libro retórico y barroquista, pero que enseguida derivó hacia un tipo de poesía populista —El rayo que no cesa (1936)—, y finalmente, ya en la guerra, a una poesía combatiente, ardorosa, heroica (Viento del pueblo, 1937).

La guerra hizo de la cultura parte de la guerra psicológica y de propaganda librada por ambos bandos, sobre todo de las revistas (El mono azul, por ejemplo, en la zona republicana; Jerarquía, Vértice, revistas falangistas, en la zona «nacional») y los carteles, verdadero instrumento de combate para el que la República contó con el genio de Renau; pero la misma poesía fue en aquellos tres años, y en ambas zonas, una «poesía en armas» (parafraseando el título del libro de poemas que el escritor falangista Dionisio Ridruejo publicó en 1940).

El ímpetu cultural de la República aún dio, sin embargo, algunas obras de indudable importancia. En Valencia, capital republicana desde que se instalara allí el gobierno en octubre de 1936, un grupo de jóvenes intelectuales y artistas (Antonio Sánchez Barbudo, Rafael Dieste, Juan Gil-Albert, Ramón Gaya, María Zambrano, Arturo Serrano-Plaja) lograron publicar 23 números de una excelente revista mensual de ensayo, crítica y creación literaria, Hora de España (en la que colaboraron Machado, Cernuda, Max Aub, León Felipe, Bergamín, Octavio Paz, Neruda y muchos otros intelectuales conocidos), que, aun impregnándose del espíritu militante de la guerra, prolongó de alguna manera la obra de Revista de Occidente y Cruz y Raya. En la Exposición Internacional de París de 1937, la República, con el concurso de los gobiernos autónomos de Cataluña y Euzkadi, presentó un excepcional pabellón español, obra de Luis Lacasa y Josep Lluis Sert. Ante la fachada principal, se elevaban la obra maestra de Alberto, El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella; la extraordinaria escultura Montserrat, de Julio González, y dos piezas de Picasso, Cabeza de mujer y Dama oferente.

Dentro, en la planta de entrada, se exhibían el Guernica de Picasso (y, ante él, la Fuente de Calder) y esculturas de Pérez Mateo, y en otro lugar el mural de Miró titulado El payés catalán en revolución (también se expuso el cartel de Miró Aidez L’Espagne). La primera planta reunía sobre todo información política y estadística sobre la España republicana. En la segunda planta, la sección de artes plásticas incluía pinturas —muchas, sobre la misma Guerra Civil— de Souto, Rodríguez Luna, Gutiérrez Solana, Horacio Ferrer, Eduardo Vicente, Juan Bonafé, Ramón Gaya y otros; la sección de arte popular se componía de artesanía popular. La Generalitat catalana presentó una gran exposición de arte catalán medieval; el gobierno de Euzkadi, que nombró comisario al pintor Ucelay, presentó, por su parte, una magnífica selección de arte vasco, hecha por el pintor Tellaeche, con pinturas de Regoyos, Arteta, el propio Tellaeche, Juan Echevarría, los Zubiaurre, Bienabé Artía, los hermanos Arrúe y otros, y diversas esculturas.

La Guerra Civil dejó huella indeleble en la memoria de los españoles y en su cultura, como ya iremos viendo: el número de libros, novelas, revistas, artículos, películas, estudios universitarios, etc., sobre ella se elevaría al cabo de no muchos años a varios miles. La bibliografía sobre la guerra publicada hasta la década de 1990 era casi tan abundante como la generada por las dos guerras mundiales del siglo XX y el episodio napoleónico, superior, por tanto, a la dedicada a cualquier otro tema histórico. Por quién doblan las campanas (1940), de Hemingway; La esperanza (1937), de Malraux; Homenaje a Cataluña (1938), de Orwell, se convirtieron casi de inmediato en clásicos de la literatura universal; el Guernica de Picasso y la fotografía de Robert Capa titulada Muerte de un miliciano (Cerro Muriano, Córdoba, 5 de septiembre de 1936) se incorporaron también de forma inmediata a la iconografía del siglo XX. Entre las obras escritas por españoles, novelas como La velada en Benicarló (1937), de Azaña, y el ciclo novelístico «El laberinto mágico» de Max Aub, integrado por Campo cerrado, Campo abierto, Campo de sangre, Campo francés, Campo del moro y Campo de los almendros, publicadas en México entre 1943 y 1968, tendrían valor comparable, y también, desde luego, poemas como España del éxodo y del llanto (1939), de León Felipe, o muchos de los incluidos por Cernuda en sus libros Las nubes (1940) y Desolación de la quimera (1942), obras todas ellas escritas también, como las de Max Aub, en el exilio.

La guerra confirmó la imagen de España como un país trágico y violento, como un país dramático, imagen creada por el romanticismo decimonónico y reiterada por obras tan difundidas como —por citar sólo obras del siglo XX— El amor brujo, de Falla; el Romancero gitano y Bodas de sangre, de Lorca, o Fiesta y Muerte en la tarde, de Hemingway, publicadas en 1926 y 1933, respectivamente. Pareció reivindicar, paralelamente, el ensimismamiento noventayochista con España y su historia, la idea de España como problema: de ahí, libros —unos publicados en España, otros en el exilio— como España como preocupación (1944), de Dolores Franco; Los españoles ante la Historia (1947), de Menéndez Pidal; España en su historia. Cristianos, moros y judíos (1948), de Américo Castro; España como problema (1949), de Pedro Laín Entralgo, y España: un enigma histórico (1956), de Sánchez Albornoz.

En concreto, el libro de Américo Castro —que reeditó en edición muy renovada en 1954 con el título de La realidad histórica de España— venía a replantear en profundidad toda la historia de España, al definir la españolidad, primero, como una dimensión de la conciencia colectiva, afirmar enseguida que la españolidad era algo que había ido cristalizando a partir de los siglos XII-XIII (que ni hispano-romanos ni visigodos eran, así, españoles) y entenderla, finalmente, como el resultado del «entrecruce de tres castas de creyentes», cristianos, moros y judíos, a los que incorporaba de esa forma —contra el nacionalismo español— a la vida histórica española: así habría nacido la «conciencia de inseguridad» en la que, según Castro, los españoles vivirían permanentemente instalados (y por eso la fuerza de ideas negativas y paralizantes como el casticismo y la limpieza de sangre). Ésa era la razón última de los desacuerdos recurrentes entre los españoles en su historia, hasta culminar —aunque Castro no lo dijera— en la guerra de 1936-1939, la raíz, por tanto, del no paralelismo de España respecto de Europa que a Castro le parecía incuestionable.

Las tesis de Castro, tan contrarias a la visión unitaria y continuista de España de la historiografía nacional (Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz), provocaron la mayor tormenta intelectual de toda la historia de la historiografía española: el libro de Sánchez Albornoz, España. Un enigma histórico, en el que Albornoz reiteraba apasionadamente sus tesis históricas —continuidad hispanorromana-visigótica-reinos cristianos, invasión árabe, despoblación del Duero, reconquista, debilidad del feudalismo en Castilla—, era una insólita y feroz diatriba contra La realidad histórica de España.

La guerra reforzaba, así, la tesis de la excepcionalidad española. España volvía a presentarse —como en el 98 y no sin razón— como un obsesionante problema.

Capítulo 4
Vieja y nueva cultura
(la cultura durante el franquismo, 1939-1975)

La Guerra Civil de 1936-1939 y el triunfo en la misma de Franco (esto es, del ejército y de la Iglesia, de la Falange, del tradicionalismo carlista y del monarquismo conservador) supusieron el fin del excepcional momento cultural que España había vivido en los primeros treinta años del siglo merced a la acción acumulada de las llamadas generaciones del 98, del 14 y del 27. Como ya ha quedado dicho, muchos y bien conocidos intelectuales y artistas (Miró, Juan Ramón Jiménez, Casals, José Gaos, Sánchez Albornoz, Américo Castro, Alberti, María Zambrano, Jorge Guillen, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Aurelio Arteta, Castelao, Rodolfo Halffter y tantos otros) apoyaron a la República y optaron por el exilio. A pesar de que no faltaron intelectuales de la derecha —también quedó mencionado— que apoyaron a Franco, como Ramiro de Maeztu, asesinado en 1936, y Eugenio d’Ors, o que se incorporaron a la España «nacional» como Marañón y Zuloaga y luego Dalí, un solo hecho, el asesinato de García Lorca, un crimen que conmocionó al mundo, aparecería ante la conciencia europea como una permanente acusación contra el régimen de Franco, como un símbolo del destino de la cultura bajo aquél.

Desde luego, como muchos otros militares, el general Franco (1893-1975), un militar conservador, católico y anticomunista, desconfiaba del mundo intelectual. Ciertamente, publicó tres libros. Diario de una bandera (1922) fue un libro de calidad aceptable, un diario de campaña (y también una defensa de los valores militares) en el que Franco reseñaba las acciones de la bandera de la Legión que tuvo bajo su mando. Raza (1940), escrito bajo el seudónimo Jaime de Andrade, y guión de la película del mismo título de José Luis Saénz de Heredia, era, en cambio, un melodrama sentimental y patriótico, la historia entre 1898 y 1936 de una familia de militares, los Churruca (trasunto ennoblecido de los Franco), escrita según los clichés de la literatura de folletín (protagonistas con vidas y muertes nobles y heroicas, escenas patéticas, arrepentimientos inverosímiles, castigo de los culpables, final feliz) y que exaltaba también los que Franco pensaba debían ser los valores de su régimen: el patriotismo, los valores castrenses de deber, honor y valor, y la religión católica. Masonería (1952), publicado con otro seudónimo, Jakim Boor, una antología de escritos sobre el tema que escribió entre 1946 y 1951, plasmaba otra de las obsesiones del Caudillo: la teoría de que toda la historia de los dos últimos siglos no era sino el resultado de una gigantesca conspiración masónica, una de las grandes amenazas (con el comunismo) para el mundo y la España contemporánea.

Como reacción frente a la Segunda República, Franco no quiso que su régimen tuviera connotaciones intelectualistas. El escritor monárquico José M.ª Pemán observó cómo en los discursos de Franco nunca se deslizó «ni una gota de literatura, ni una cita de un autor, ni una metáfora, ni un tropo, ni un latiguillo». La generación del 98 le incomodaba particularmente: «nuestra generación —diría en Sevilla el 28 de abril de 1956— había salido al mundo tras la generación del 98 y no podía conformarse con el pesimismo y resignación de sus autores». En algún discurso aludió al «tufillo masónico» de los intelectuales liberales. A su primo Francisco Franco SalgadoAraujo le comentó en otra ocasión que muchos intelectuales tendían al comunismo.

La cultura franquista: cultura falangista y cultura católica

Culturalmente, Franco fue, por tanto, la encarnación de un desolador prosaísmo: muchos historiadores considerarían su régimen (1939-1975) como un vasto «páramo cultural» (según la expresión del filósofo e historiador del pensamiento español José Luis Abellán en el análisis La cultura en España, que publicó en 1971). Desde luego, la política cultural del régimen de Franco fue de hecho tanto o más una política negativa de control a través de la censura (que se aplicó, con todo rigor, a prensa, libros, radio, cine y teatro) que una política afirmativa de creación de una cultura propia y original. La enseñanza (en sus distintos niveles) y las profesiones intelectuales fueron depuradas: durante años, la obra de liberales como Sanz del Río y Giner, Unamuno y Ortega (no ya sólo, por tanto, la de republicanos como Azaña o Machado, o comunistas como Alberti, o los casos especiales de Lorca y Miguel Hernández, que murió en la cárcel en 1942) fueron o silenciadas o denigradas sistemáticamente.

Regulada por la ley de 22 de abril de 1938, que estuvo en vigor hasta 1966, la prensa experimentó una radical regresión. Muchos periódicos de etapas anteriores de significación liberal o republicana fueron prohibidos y sus instalaciones incautadas por el Estado. Mezcla de Estado totalitario y Estado católico, el régimen de Franco se dotó de un importante aparato de medios de comunicación (prensa, radio, agencias informativas) de propiedad pública y a su servicio, que inicialmente (1938-1942) quedó bajo el control de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del Ministerio del Interior, controlada por la Falange, el partido fascista español (aunque todo ello acabaría dependiendo, desde 1951, del Ministerio de Información y Turismo entonces creado). El Estado dispuso así de unos 40 diarios, la llamada prensa del Movimiento, como se denominó al partido único del franquismo creado en 1937 por fusión de los partidos que habían apoyado el levantamiento militar de 1936, prensa que incluía diarios como Arriba, Pueblo, el influyente diario de los sindicatos oficiales dirigido entre 1952 y 1975 por Emilio Romero, el periódico deportivo Marca, el diario de más venta del país, y muchos otros, y dispuso igualmente de dos agencias oficiales de noticias (EFE, creada en 1939, y Pyresa), de dos cadenas de radio, Radio Nacional (12 emisoras de onda media en 1952 y unas 60 de frecuencia modulada) y la cadena del Movimiento (16 emisoras de onda media y 70 de frecuencia modulada en 1952), y aun de editorial propia, Editora Nacional. Más aún, la prensa —tanto estatal como privada— iba a funcionar sobre la base de censura previa y consignas oficiales: la ley de 1938 reservó al Estado incluso el derecho a designar los directores de todos los medios de comunicación, públicos o privados, derecho que se ejercitó hasta con grandes periódicos independientes como ABC y Ya, de Madrid, y La Vanguardia, de Barcelona. Los cines fueron obligados a proyectar, antes de cada sesión ordinaria, un noticiario oficial y propagandístico, el NO-DO (Noticiarios y Documentales Cinematográficos, creado en 1942). Radio Nacional, creada en 1937 en Salamanca (con Burgos, capital del franquismo durante la guerra), retuvo, hasta el final de la Dictadura, el monopolio de la información: todas las emisoras, incluidas las privadas (cerca de 70 en 1940), debían conectar con aquélla a horas determinadas para la retransmisión de las noticias del día. El deporte fue también estatalizado, y su dirección y fomento quedó adscrito por decreto de 22 de febrero de 1941 a Falange, a la secretaría general del Movimiento, que la ejerció a través de la Delegación Nacional de Deportes (que fue ocupada por jerarcas del régimen: el general Moscardó, el falangista vasco Elola-Olaso, el catalán Juan Antonio Samaranch...): la organización de campeonatos deportivos de tipo escolar y universitario quedó en manos de organizaciones oficiales falangistas como el Frente de Juventudes, Sección Femenina y la obra sindical de Educación y Descanso.

Control estatal, consignas oficiales y censura servían, de alguna forma, a un proyecto ideológico de mayor envergadura: lo que el régimen de Franco se propuso inicialmente fue, según dijera Dionisio Ridruejo en Escrito en España (1961), restablecer el dogma católico y el idealismo nacional (y Ridruejo sabía de lo que hablaba: joven y buen poeta adscrito a la Falange desde el primer momento, había ocupado entre 1938 y 1942 los cargos más importantes en la dirección de prensa y propaganda del nuevo régimen). Los grupos que inicialmente se integraron en éste parecían compartir —desde luego en los años de la Guerra Civil y de la victoria— un cierto espiritu cultural, que aunaba exaltación nacionalista, glorificación del espíritu y de las virtudes militares, ferviente catolicismo y preferencia por formas y estilos artísticos clásicos y tradicionales. Detrás de ello había la idea, derivada de Menéndez Pelayo y Ramiro de Maeztu, y común también a todos los grupos del régimen, de que el catolicismo constituía el elemento esencial de la nacionalidad española y de la unidad nacional, que la defensa del catolicismo había sido el fundamento de la grandeza imperial española que, como se argumentaba en libros como Reivindicaciones españolas (1941), de José M.ª Areilza y Fernando Castiella, el nuevo régimen venía ahora a restaurar.

Ésos fueron los principios que, en un primer momento, definieron la cultura franquista. El clima de la Guerra Civil se prolongó en un arte militante y conmemorativo (retratos y estatuas de Franco, iconografía de la guerra —que tuvo su gran intérprete en Carlos Sáenz de Tejada—, monumentos a los caídos y héroes de la contienda) y en una bibliografía beligerante e inundatoria, de exaltación de los vencedores en aquélla, que cabría simbolizar en la Historia de la Cruzada Española, en ocho volúmenes, publicada bajo la dirección de Joaquín Arrarás y C. Sáenz de Tejada, entre 1939 y 1943. La guerra produjo también poesía (Poema de la bestia y el ángel, 1938, de Pemán; Poesía en armas, 1940, de Ridruejo; Corona de sonetos a José Antonio, 1939, con poemas de Manuel Machado, Gerardo Diego, Rosales, Vivanco y otros) y numerosas novelas y testimonios y relatos de experiencias personales (Madrigrado, de Francisco Camba; Retaguardia, de Concha Espina; Se ha ocupado el kilómetro 6, de Benítez de Castro; Checas de Madrid, de Tomás Borrás; Cristo en los infiernos, de Ricardo León, y muchísimas otras), una literatura ideologizada, belicista, propagandística, panfletaria, mera glorificación heroica de los vencedores (más denuncia de la represión en las cárceles republicanas) y, lo que importa más, de calidad por lo general deplorable y éxito muy escaso (con las excepciones de Eugenio o la consagración de la primavera, 1938, y La fiel infantería, 1943, ambas de Rafael García Serrano, y Madrid, de corte a checa, 1938, de Agustín de Foxá).

Pero, más allá de la guerra, el franquismo quiso heredar y continuar el pasado imperial: el Siglo de Oro, la arquitectura de El Escorial, los imagineros castellanos, la poesía neoclásica del Renacimiento, la espiritualidad de los místicos españoles. Revalorizó el pensamiento tradicional católico (Balmes, Donoso Cortés, Menéndez Pelayo), se distanció de todo vanguardismo estético y favoreció un retorno a las formas culturales más «establecidas»: al paisajismo y al retrato, al drama convencional, a la narrativa tradicional.

En concreto, el credo estético del falangismo, plasmado en la obra de Dionisio Ridruejo, Eugenio Montes, Mourlane Michelena, Foxá, Sánchez Mazas, Samuel Ros y otros, y en revistas como Jerarquía (1936-1938), inspirada por Fermín Yzurdiaga y Ángel María Pascual, Vértice (1937-1946) y Escorial, primó el gusto por la cultura greco-latina (influencia de d’Ors), la idealización de Castilla y del paisaje castellano, la reivindicación de Velázquez y El Greco, la exaltación del heroísmo militar y la vindicación del arte religioso. Eugenio d’Ors (1881-1954), en efecto, que se unió a la Falange al estallar la guerra, y hombre, como ya vimos, de amplísima cultura, ingenio mordaz —con su punta de cinismo— y pensamiento asistemático (que siguió vertiendo en su «nuevo glosario», que ahora publicó en el diario de Falange, Arriba), ejerció en un primer momento señalada influencia; desde luego, sus aparatosas formas expresivas, su gusto por las ceremonias fastuosas y por los símbolos, su vocabulario, a veces ininteligible, hecho de neologismos y formas barrocas y arcaizantes («eones» o valores permanentes de la cultura; «política de misión», «heliomaquia» o lucha por la la luz, «tectónica» o ciencia de las formas, etc.) apelaron sin duda a los ampulosos ideales de imperio, gloria y heroísmo de los jóvenes intelectuales falangistas. Por breve tiempo (1938), fue «jefe nacional» de Bellas Artes —entre otras cosas, rescató los fondos del Museo del Prado que la República había depositado en Ginebra por razones de seguridad cuando Madrid fue bombardeado por la aviación de Franco— e impulsó la creación del Instituto de España, una especie de academia de academias o gran consejo de la cultura del nuevo régimen que resultaría, sin embargo, un proyecto fallido. En 1943 publicó Epos de los destinos; en 1945, Estilos del pensar, y en 1947, El secreto de la filosofía.

Dentro del falangismo, Escorial (1940-1950), inspirada por Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar, Luis Rosales y A. Marichalar, quiso, además, recuperar el pensamiento español anterior a 1936, restablecer de alguna forma la comunidad intelectual española rota por la guerra: por lo menos, logró que en sus páginas escribieran Baroja, Azorín, Menéndez Pidal, Marañón y Zubiri. La Revista de Estudios Políticos, creada en 1941 por la «Falange universitaria» (hombres como sus tres primeros directores, Alfonso García Valdecasas, Fernando M.ª de Castiella y Francisco Javier Conde, principal sistematizador de la teoría política del caudillaje, sobre la que se quiso legitimar el poder personal de Franco), dio, por su parte, rigor y seriedad al estudio del pensamiento político, aunque se tratase, claro está, del pensamiento totalitario de la derecha. Garcilaso, revista de poesía creada en 1943 y dirigida por José García Nieto —e impulsada por Juan Aparicio, un antiguo militante de las JONS que en 1941 había sustituido como delegado nacional de Propaganda a Ridruejo, que se deslizaba ya hacia la ruptura con el régimen—, se distinguió por su deliberado propósito de recuperar las formas y metros poéticos clásicos (y, de forma destacada, el soneto) como si se tratara de una consigna oficial y con un propósito evidente: hacer de la suntuosa métrica del Siglo de Oro el canon poético del régimen que venía a heredar la grandeza de la España imperial.

La cultura monárquica quedó refugiada en el diario ABC, propiedad de la familia Luca de Tena: allí escribieron, entre otros muchos, Pemán, el historiador Fernández Almagro, Pérez de Ayala y Azorín, González Ruano, Eugenio Montes, Julio Camba, Gregorio Corrochano, Luis Calvo, Foxá, Edgar Neville, Antonio Díaz Cañabate... La cultura católica, por su parte, adquirió un papel excepcional y dominante. La Iglesia, no la Falange, monopolizó de hecho la educación en la España de Franco. La misma Ley Universitaria de 1943 ponía la universidad —que siguió siendo pública— al servicio de la religión católica. Aunque nadie lo tomara en serio, la ley estableció la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en las universidades españolas, disposición que estuvo vigente hasta el fin de la Dictadura. Numerosas cátedras universitarias fueron ocupadas por sacerdotes y miembros de organizaciones católicas, como la Asociación Católica de Propagandistas y el Opus Dei; en los años sesenta se reconocieron oficialmente, rompiéndose así el monopolio estatal, dos universidades de la Iglesia, la de Navarra, del Opus Dei, en 1962, y Deusto, de los Jesuitas, en 1963. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado en 1939 para reemplazar a la disuelta Junta para Ampliación de Estudios —el símbolo, como vimos, de la educación científica y liberal española—, fue, inicialmente, y aunque naciera para impulsar el desarrollo de la investigación universitaria, el baluarte del integrismo católico, con fuerte presencia del Opus Dei, al servicio de un proyecto que quería hermanar principios cristianos e investigación científica. Un destacado miembro de la citada institución, José María Albareda, ocupó la secretaría del Consejo desde 1939 hasta 1962; una mayoría de centros del organismo quedaron bajo la dirección de hombres del Opus Dei o afines. Arbor, la revista del Consejo, creada en 1944 e inspirada por Florentino Pérez Embid y Rafael Calvo Serer, fue portavoz de una filosofía católica y tradicional, cuyas tesis básicas hacían de la Contrarreforma la contribución sustancial de España a la historia, y del catolicismo, el elemento que podía vertebrar a España y devolverle su sentido como nación.

La Iglesia, que ejerció una censura moral sobre espectáculos y libros muchas veces más rígida que la censura política del régimen, mantuvo su prensa (como el diario Ya, de Madrid), e incluso su propia escuela de periodismo, sus emisoras de radio y sus editoriales. El libro religioso tuvo una difusión sin precedentes. Libros como La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, el devocionario del padre Vilariño, los misales de los padres Lefevre y Luis Ribera, el «misalito» de la Editorial Regina, o como Camino, del fundador del Opus Dei, monseñor Escrivá de Balaguer, y las vidas de santos y similares, alcanzaron tiradas fabulosas. Proliferaron las editoriales religiosas. Quo Vadis?, de Sinkiewicz, y Fabiola, del cardenal Wiseman, fueron dos de las novelas más leídas por los jóvenes de clase media de los años cuarenta y cincuenta.

En la universidad, con bastantes cátedras de filosofía ocupadas por religiosos y pensadores católicos (los padres Ramírez, Barbado, Todolí, Carro, los seglares Carreras Artau, Muñoz Alonso, González Álvarez, Millán Puelles, entre otros), la filosofía católica reemplazó a la de Ortega como filosofía «oficial»: un neo-escolasticismo rancio e inocuo, desligado del pensamiento contemporáneo, monopolizó la docencia superior hasta bien entrada la década de 1960. La arquitectura religiosa (nuevas iglesias, seminarios) adquirió impulso extraordinario. Sólo en Barcelona se proyectaron entre 1945 y 1959 setenta y dos iglesias. En Pamplona, por ejemplo, se erigieron un colosalista Monumento a los Caídos (1953), rematado por una gran cúpula, y un inmenso Seminario Conciliar, con una gran cruz incrustada en la fachada, ambos obra de Víctor Eusa. En Madrid se construyeron, entre otras, las iglesias de la Merced (1950), de Sáenz de Oiza, y San Agustín (1945-1959), de Luis Moya; en Málaga, la iglesia de la Asunción (1950) —neogótico con art decó—, de Fernández Shaw; en San Sebastián (1950) se erigió, en lo alto de uno de los montes que cierran la bahía, una capilla, obra de Pedro Muguruza, y, sobre ella, una estatua de gran tamaño del Sagrado Corazón, de Federico Coullant. Aunque no se concluyeron, avanzaron considerablemente las obras de la nueva e inmensa catedral de Madrid, La Almudena, iniciadas en 1882; en 1969 se terminó la catedral nueva de Vitoria, empezada también a principios de siglo y, como La Almudena, uno de los mayores templos católicos construidos en el siglo XX.

La historiografía de los años cuarenta promovió la exaltación del pasado «oficial»: los Reyes Católicos, Cisneros, el descubrimiento y la obra en América, la Contrarreforma, Carlos V, Felipe II. Si antes de 1936-1939, el medievalismo español (Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz) había primado, como vimos, el papel histórico de los núcleos astur-leonés y castellano y de la Reconquista como claves de la formación de la nacionalidad española, ahora el franquismo idealizó, primero, el reinado de los Reyes Católicos como símbolo de la unidad nacional y, enseguida, el Imperio y la acción en América, en tanto que expresión de la grandeza histórica española: el yugo y las flechas de los Reyes Católicos fueron incorporados a la iconografía oficial como símbolos del nuevo Estado; en 1940 se creó un Consejo de la Hispanidad (desde 1946, Instituto de Cultura Hispánica) para promover la presencia española en el mundo hispánico: el americanismo pasó a ocupar así una posición de privilegio en la historiografía española. El franquismo adoptó también algunas de las interpretaciones de la historia de España elaboradas por la visión liberal española (generación del 98, Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz), particularmente la continuidad histórica española desde el pasado hispano-romano y visigótico (que fue la tesis que Menéndez Pidal sostuvo en su ensayo Los españoles en la Historia, 1947, en origen el prólogo que escribió para el tomo I de la monumental Historia de España que dirigió para la editorial Espasa-Calpe) y la idea del papel central de Castilla en la aparición de España como nación: en 1943, por ejemplo, se celebró en Burgos el Milenario de Castilla y uno de los historiadores del régimen, Fray Justo Pérez de Urbel, publicó la Historia del condado de Castilla. Pero con una diferencia: lo que en la tradición liberal era mera convicción intelectual (como probaría el caso de Menéndez Pidal, que siguió trabajando hasta su muerte en 1968 con el rigor, la erudición y la honestidad que siempre habían impregnado su obra), en el franquismo eran consignas ideológicas, disfrazadas de saber empírico. Desde luego, el régimen rechazó siempre las tesis de Américo Castro sobre la confluencia de las culturas cristiana, islámica y judía en la formación de España. Además, el siglo XVIII, tan estimado por la tradición liberal, fue ahora marginado y el XIX, abiertamente rechazado (salvo la guerra de Independencia de 1808-1813) como siglo del liberalismo que había desembocado en la república marxista y masónica de 1931-1936: «el siglo XIX —dijo Franco en un discurso el 21 de junio de 1950—, que quisiéramos eliminar de nuestra historia, es la negación del espíritu español».

La arquitectura oficial tomó por modelo preferente el estilo herreriano de El Escorial, símbolo de la España de los Austrias, tal como quedó de relieve en el Ministerio del Aire de Madrid (1942-1951), de Luis Gutiérrez Soto, y en el Colegio Mayor José Antonio de la «ciudad universitaria» madrileña (1948-1953), de José Luis de Arrese y José María Bringas (y, habría que añadir, en los Nuevos Ministerios de Madrid, trazados, si se recuerda, por el arquitecto republicano Secundino Zuazo, depurado tras la guerra, y completados, con rectificaciones sobre el proyecto original, entre 1940 y 1942). El Arco del Triunfo (1956), de López Otero y Pascual Bravo; el Instituto de Cultura Hispánica (1940-1951), de Luis Martínez Feduchi, ambos en esa misma ciudad universitaria, y la grandilocuente Universidad Laboral de Gijón (1946-1950), obra de Luis Moya, se inspiraban en el clasicismo. El Museo de América e iglesia de Santo Tomás de Aquino (1942), de Moya y Martínez Feduchi, también en el recinto de la Universidad de Madrid (donde el régimen había proyectado una magna «cornisa imperial», de acuerdo con sus gustos estético-políticos), imitó la arquitectura colonial. El Valle de los Caídos, obra de Pedro Muguruza —el gigantesco mausoleo para los «caídos» en la guerra «por Dios y por España», cuya construcción, supervisada por Franco (enterrado en ella, como José Antonio Primo de Rivera), necesitó veinte años (1940-1959) y el trabajo de 20.000 hombres, muchos de ellos presos políticos—, resumió aquella combinación de exaltación nacional-religiosa y aparatosa grandilocuencia del primer franquismo: una grandiosa basílica horadada en la roca, rematada por una gigantesca cruz de 150 metros de altura, a cuyo pie, tallado en granito, se adosaba un grupo de cuatro evangelistas, también gigantescos, obra del escultor Juan de Ávalos.

Su equivalente en pintura y escultura fueron las exposiciones de arte religioso, estampas de la Pasión y pintura de África que, patrocinadas por las instituciones oficiales, se prolongaron hasta principios de los años cincuenta. En cualquier caso, el franquismo supuso la liquidación de los movimientos de renovación (de inspiración, como vimos, surrealista y realista) de los años anteriores a 1936 y, al tiempo, un retorno al gusto tradicional y académico, al tratamiento convencional de paisajes, bodegones, escenas de costumbres y retratos. Pudo salvarse algún pintor como Pancho Cossío, pero a título individual y en razón de su militancia falangista: el vanguardismo experimental no resurgiría hasta bien entrados los cincuenta. La especial hostilidad del régimen hacia Picasso y Miró simbolizaba la incompatibilidad última entre franquismo y creación artística. Dalí ganó reconocimiento oficial porque su surrealismo se había hecho ya inofensivo y porque algún cuadro suyo de temática religiosa —especialmente, El Cristo de San Juan de la Cruz, 1951, obra que tuvo un gran impacto en el público— pareció adecuarse a los postulados católicos oficiales. Zuloaga, Vázquez Díaz, Solana (también Benjamín Palencia) permanecieron en España, fieles a sus respectivos modos de entender la pintura. Zuloaga, que fallecería en 1945, pintó a Franco y a Millán Astray a la manera de sus retratos de hidalgos castellanos, como figuras hieráticas sobre un sombrío fondo paisajístico; Solana, que murió en el mismo año, continuó pintando su España «negra». Los tres recibieron no pocas distinciones oficiales, menos porque su pintura se correspondiese con los valores estéticos del régimen que por el deseo de éste de incorporar nombres prestigiosos a su escaso patrimonio cultural.

La cultura de masas

Fuese como fuese, un hecho iba a resultar especialmente significativo: el clima cultural del régimen de Franco quedó definido mucho más por la subcultura de consumo de masas que por la propia cultura oficial. Por una razón esencial: porque esa cultura de masas, una subcultura carente de preocupaciones políticas e intelectuales pero de gran popularidad y difusión pública, favorecía, vía el entretenimiento y la evasión, la integración social y la desmovilización del país, objetivos políticos del nuevo régimen.

Muchas de las características y hechos que configuraron y jalonaron la evolución de la cultura de masas iban a ser así extremadamente reveladores. El cine, aún sometido a una rígida y múltiple censura y obligado al doblaje de todas las cintas, fue el entretenimiento colectivo más popular. La producción nacional, con productores como Cifesa y Cesáreo González, promovió en un principio un cine o épico-militar (Harka, 1941, de Carlos Arévalo; Raza, 1941, de Sáenz de Heredia; ¡A mí la Legión!, 1942, de Juan de Orduña, y muchas otras) o histórico-imperial (como las cuatro películas de Juan de Orduña: Locura de amor, 1948, la historia trágica de Juana, la hija de los Reyes Católicos; Agustina de Aragón, 1950; Alba de América, sobre Colón, y La leona de Castilla, ambas de 1951, y otras como Inés de Castro, Los últimos de Filipinas, etc.). Pero pronto —años cuarenta y cincuenta— tuvo que buscar otros géneros que pudieran enlazar mejor con un público reticente ante la grandilocuencia de aquella cinematografía de propaganda y posiblemente deseoso de olvidar la Guerra Civil. El cine español, que producía en torno a 40-50 películas anuales en la década de 1940 y en torno a 60-70 en la de 1950, que desde 1953 contó con un festival internacional en San Sebastián, un intento de competir con Cannes, Berlín y Venecia, cultivó así la comedia amable, el folklorismo andaluz, los temas taurinos, el casticismo madrileño, el cine religioso —con el estrepitoso éxito de Marcelino, pan y vino (1954), de Ladislao Vajda—, las películas «con niño» (Pablito Calvo, Joselito, Marisol), el disparate cómico y el folletín romántico, que produjo, por ejemplo, los grandes éxitos de El último cuplé, 1956, de Juan de Orduña (protagonizada por Sara Montiel), y ¿Dónde vas, Alfonso XII?, 1959, de Luis César Amadori, basada en la obra teatral del mismo título de Juan Ignacio Luca de Tena. Sobre todo, el cine explotó hasta la saturación el folklorismo andaluz, con un cine —a veces a cargo de los mismos directores que lo habían promovido en los años anteriores a la guerra, como Florián Rey y Benito Perojo— basado en el éxito de la «canción española» y en la popularidad de sus intérpretes (Estrellita Castro, Conchita Piquer, Imperio Argentina, Juanita Reina en los cuarenta; Lola Flores, Paquita Rico, Carmen Sevilla y otras, después), un cine de planteamientos y esquemas simples que parecía querer pregonar el optimismo, como diría el escritor Terenci Moix, y presentar así la España de Franco como una España alegre, temperamental, generosa, definida por la simpatía del pueblo andaluz y la belleza racial de sus mujeres.

Llevaba, pues, toda la razón el entonces joven director Juan A. Bardem cuando dijo en 1955, en Salamanca, que el cine español era políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. El público prefería desde luego —y ello no dejaba de ser significativo— el cine extranjero, sobre todo el norteamericano, que, censurado y doblado, llegó regularmente a las salas de exhibición. Entre 1939 y 1961, por ejemplo, se exhibieron en Madrid 879 películas españolas y 4.277 extranjeras, de ellas 2.065 americanas. Entre 1955 y 1961, los filmes americanos permanecieron en cartel por término medio 25,7 días al año; los españoles, 16,1. En contraste con el cine, música y teatro fueron, ante todo, entretenimientos reservados a la burguesía acomodada de Madrid y Barcelona, y (pero ya sobre la base de temporadas breves y representaciones ocasionales) de alguna otra gran ciudad. En el ámbito de la música hubo, desde luego, iniciativas de interés y duraderas. Desde 1940 se organizó en San Sebastián la Quincena Musical, un, por lo general, excelente festival de música clásica. En 1944 se creó la Orquesta Nacional, pronto dirigida por un gran director, Ataulfo Argenta (1913-1951), que creó, además, la Orquesta de Cámara de Madrid. A principios de la década de 1950 se crearon los festivales de música de Santander y Granada. Por iniciativa privada, Bilbao tuvo desde 1950 temporada regular de ópera. Pero exiliados Rodolfo Halffter, Bacarisse, Roberto Gerhard y Pau Casals, alejados de España (aunque no exiliados políticos) Falla, que moriría en 1946, y Ernesto Halffter, la música española regresó a planteamientos anteriores a Falla, como mostraba el gran éxito del momento, el popularísimo Concierto de Aranjuez (1939), de Joaquín Rodrígo. Dicho de otro modo, con la excepción de Xavier Montsalvatge, autor de Cinco canciones negras (1946), Concierto breve (1953) y Partita (1958), compositor de gran perfección técnica que incorporaría desde su propia creatividad influencias diversas (de la música antillana a Stravinsky y las distintas vanguardias de la posguerra), la música española permaneció al margen de la evolución de la música contemporánea.

En el teatro no faltaron directores (Luis Escobar, Cayetano Luca de Tena, José Tamayo, José Luis Alonso) y autores cuyas obras tuvieron dignidad artística e interés, como José María Pemán, Joaquín Calvo Sotelo, Víctor Ruiz Iriarte, José López Rubio y Juan Ignacio Luca de Tena (más otros cuyas incursiones en el teatro fueron más espaciadas como Agustín de Foxá, que logró en 1944 un gran éxito con Baile en capitanía, o Edgar Neville, autor poco después de El baile, otro gran éxito). Entretenidas, desde luego, fueron o farsas graciosas con alguna suave carga erótica (como Los tres etcéteras de Don Simón, 1958, y La viudita naviera, 1960, ambas de Pemán) o las comedias amables de temas intrascendentes y final feliz, con diálogos cuidados e ingeniosos y buena construcción teatral, que caracterizaban el teatro de López Rubio y Ruiz Iriarte, que gozó de cierta boga entre los años de 1940 y 1955, con obras como El puente de los suicidas, El landó de seis caballos, La guerra empieza en Cuba, de Ruiz Iriarte, y Celos en el aire, La venda en los ojos, La otra orilla, y Un trono para Christy, de López Rubio. Pero el retorno que casi al mismo tiempo (años cuarenta y cincuenta) se produjo a un tipo de teatro neo-benaventino (el propio Benavente estrenó unas treinta obras hasta 1954), esto es, a un teatro de evidente intencionalidad moral, por lo general dramas psicológico-sociales de la burguesía al servicio de valores tradicionales (familia cristiana, reputación social), representó un formidable retroceso respecto de la renovación teatral iniciada, sobre todo con Lorca, en la etapa republicana. Que algunas de las obras de ese género (La herida luminosa, de Sagarra; La muralla, de Joaquín Calvo Sotelo, ambas de 1954) tuvieran gran éxito era, por tanto, culturalmente engañoso e irrelevante. De hecho, lo único realmente destacable fue el teatro de humor de Enrique Jardiel Poncela (1901-1950) y Miguel Mihura (1905-1979). Jardiel fue entre 1939 y 1949 (años en que estrenó Eloísa está debajo de un almendro, Madre, el drama padre, Los ladrones somos gente honrada, Los habitantes de la casa deshabitada, y otras comedias) por lo menos un autor polémico y discutido y su teatro —como quedó dicho, un teatro inverosímil e ilógico, de continuas sorpresas y paradojas— seguía suponiendo algo innovador y desconcertante. Mihura, uno de los fundadores en 1941 de la revista satírica La Codorniz, una de las pocas licencias festivas y críticas que consintió el primer franquismo, fue en realidad autor de una sola obra verdaderamente audaz, Tres sombreros de copa, estrenada en 1952, una excelente pieza, una sátira de la sociedad y de la vida de provincias, en línea con el llamado teatro del absurdo; el resto de su producción, como Ni pobre ni rico sino todo lo contrario, escrita en colaboración con Tono, otro buen humorista, o como El caso de la mujer asesinadita, con Álvaro de la Iglesia, A media luz los tres, Melocotón en almíbar, Maribel y la extraña familia, estas tres ya de los años cincuenta, y Ninette y un señor de Murcia, de 1964, no pasaron de ser comedias amables, refinadas y bien construidas.

En cualquier caso, por unas y otras razones, el teatro tuvo un papel secundario como hecho cultural y fue, por lo general, elemental y pobre, como revelaría que fuera Adolfo Torrado, un autor de comedias tópicas, humor poco exigente y sentimentalidad fácil, quien lograra los mayores éxitos de la posguerra, sobre todo con Chiruca, estrenada en 1941, y que siguieran triunfando las «revistas», esto es, las comedias musicales seudo-eróticas —la única expansión de este tipo que, dentro de cierta moderación, toleró la censura, género en el que destacaron Celia Gámez y Queta Claver, la compañía de Zori, Santos y Codeso, Tony Leblanc, Lina Morgan, Juanito Navarro y muchos otros— y los espectáculos folklóricos de canciones andaluzas o madrileñas cuyos interprétes (Juanita Reina, Juanito Valderrama, Antonio Molina, Carmen Morell, Pepe Blanco) gozaban de popularidad y renombre excepcionales.

La literatura de quiosco, especializada en géneros infraliterarios (novela «rosa» y del Oeste, autores como Corín Tellado, Marcial Lafuente Estefanía, José Mallorquí), y los seriales radiofónicos, esto es, novelas radiadas en capítulos, bien escritas para la radio, bien adaptaciones de obras literarias conocidas, fueron la literatura consumida por las clases modestas hasta mediados de la década de 1960. Mallorquí, por ejemplo, escribió sólo entre 1944 y 1951 un total de 130 novelas de «El Coyote», las aventuras de este personaje bajo cuyo antifaz se ocultaba un hidalgo mexicano de origen español, hacendado pusilánime en su vida cotidiana, pero, secretamente, un héroe valeroso en la lucha por la justicia. De la versión en libro de Ama Rosa, un lacrimoso serial radiofónico de Guillermo Sautier Casaseca, el maestro del género (autor, además, de Lo que nunca muere, La sangre roja y Un arrabal junto al cielo), se vendieron, en 1954, 800.000 ejemplares. Las exigencias de estatus de las clases medias les llevaron a reclamar productos culturales pretendidamente más sofisticados, «best-sellers» de autores extranjeros (Frank Yerby, Frank Slaughter, Lajos Zilahy, Vicki Baum, Pearl S. Buck, Mika Waltari, A. J. Cronin, W. S. Maugham, y muchísimos otros) y obras de autores españoles anclados, con peor o mejor fortuna, en la narrativa realista tradicional (que desde 1952 contaría con la apoyatura de un suculento premio literario, creado por la editorial Planeta): concretamente, Mariona Rebull (1944), de Ignacio Agustí, la saga (acabarían siendo cinco novelas) de varias generaciones de una familia industrial catalana, los Rius, desde fines del siglo XIX hasta la Guerra Civil; Ay... esos hijos (1943) y La vida como es (1954), de J. A. Zunzunegui; Lola, espejo oscuro (1950), de Darío Fernández Flórez, novela picaresca sobre una prostituta; Los cipreses creen en Dios (1953), de José María Gironella, primera parte de una trilogía (luego siguieron Un millón de muertos, 1951, y Ha estallado la paz, 1966) sobre la Guerra Civil, y Edad prohibida (1955), de Torcuato Luca de Tena, una novela sobre la adolescencia, alcanzaron numerosas ediciones.

La radio, que había nacido en la década de los años veinte, tuvo un espectacular desarrollo en la posguerra: de unos 300.000 receptores en 1936-1939 se pasó a cerca de un millón en 1943. Sistema mixto, integrado por un sector estatal (Radio Nacional, la cadena del Movimiento) y emisoras particulares financiadas con publicidad comercial (la más importante: la cadena SER, Sociedad Española de Radiodifusión, con 45 emisoras en 1965; en 1959, la Iglesia integró sus muchas emisoras locales en la Cadena de Ondas Populares Españolas, COPE), la radio se basó en una programación hecha de seriales, concursos, retransmisiones deportivas dominicales y «shows» de fin de semana (más programación religiosa especial en días y fechas señaladas, como la Semana Santa). Los años cincuenta fueron los años de oro de la radio: los nombres de locutores (Bobby Deglané, José Luis Pécker, Matías Prats), actores (Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Juana Ginzo), programas (Cabalgata fin de semana, El criminal nunca gana, Carrusel deportivo, Ustedes son formidables), humoristas (Tip y Top, Gila, El Zorro) fueron durante años nombres familiares en toda España.

Los toros —la «fiesta» nacional por excelencia y, por ello, particularmente bien vista por un régimen ultra-españolista como era el franquismo— produjeron en la posguerra el mito de Manolete (Manuel Rodríguez), muerto en el ruedo en 1947, y excelentes toreros —el mexicano Carlos Arruza, Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida, Antonio Chenel, Aparicio, Litri—, entre los que, por su personalidad y duración, Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordoñez alcanzarían particular proyección que se prolongó hasta principios de los años sesenta (Hemingway se haría eco de la rivalidad entre ellos en The Dangerous Summer, una serie de artículos que escribió para la revista Life en 1960, recogidos como libro en 1985). El fútbol, infinitamente más popular, tuvo también dimensiones extradeportivas: especialmente en competiciones internacionales, vino a ser el mejor catalizador del nacionalismo español (aunque el Club Barcelona lo fuese justamente de lo contrario: de la identidad catalana). Las victorias sobre Inglaterra en 1950 o frente a Rusia en 1964 (año en que España ganó el campeonato de Europa) constituyeron para la propaganda oficial —que fue inundatoria— poco menos que reivindicaciones de las razones de España en sus conflictos históricos con aquellas naciones. Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao (cuyos jugadores Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gaínza eran nombres familiares en todo el país) y Sevilla —y, menos, el poderoso Real Madrid— dominaron los distintos campeonatos en los años cuarenta. Con la llegada de los futbolistas Ladislao Kubala al Barcelona en 1951 y Alfredo Di Stéfano al Real Madrid en 1952, el fútbol se transformó en un gran espectáculo y en un entretenimiento que galvanizaba a la población masculina. El fútbol-espectáculo, reforzado por las apuestas, las populares quinielas, ocultaba, además, las carencias deportivas del país. Los deportes básicos —atletismo, gimnasia, natación— estuvieron siempre olvidados. A pesar de los éxitos futbolísticos —luego se mencionarán algunos—, España fue a todo lo largo de la época de Franco un país deportivo de segundo orden: en todos los años de la Dictadura, el deporte español sólo logró cinco medallas olímpicas.

Fútbol, toros, literatura de quiosco, cine, radio integraron la «cultura de la evasión» (en palabras de Raymond Carr) del país: forjaron un «silencio artificial», según la expresión de la novelista Carmen Martín Gaite, sobre los problemas reales de la sociedad. La canción ligera, popularizada por la radio —canciones andaluzas, zarzuelas, boleros (que tuvieron en Antonio Machín a su gran intérprete), canción mexicana (con la gran figura de Jorge Negrete), melodías románticas españolas, francesas e italianas—, fue así el vehículo de la sentimentalidad de la sociedad española de la posguerra, de una España del subdesarrollo y la miseria (satirizada sin acritud por el humorista Gila en sus insólitos e hilarantes monólogos radiofónicos, verdadera crónica negra de la época) que hallaba en aquellas formas de entretenimiento un ocio ameno que le compensaba de las dificultades de la vida cotidiana.

Sin duda, aquella cultura de la evasión compuso un marco de referencia socio-cultural muy alejado de la retórica nacional-católica oficial y de alguna forma hubo de contribuir a la recuperación del pulso vital del país que, pese a todo, se operó en los años posteriores a la Guerra Civil (que hizo que Ortega y Gasset, al regresar del exilio en 1946, pudiera percibir que España gozaba de una «casi indecente salud»). Pero, como diría el ensayista y periodista monárquico Luis M.ª Ansón (en un artículo titulado «La generación del silencio» publicado en ABC, el 1 de marzo de 1973), la generación de la posguerra —Ansón había nacido en 1935— fue la generación del silencio. En concreto, la etapa en que Gabriel Arias Salgado fue ministro de Información y Turismo (1951-1962) le parecía a Ansón «la década triste de la cultura española». «La censura —añadía— hizo un tenaz esfuerzo por convertir a los periódicos en hojas parroquiales preconciliares; redujo nuestro cine y nuestro teatro a la beatería y al folklorismo; prohibió infinidad de libros de novelistas y poetas que enriquecieron a varias editoriales hispanoamericanas...». «La verdad es —concluía Ansón— que mi generación tuvo la mala suerte de verse reducida durante varios años al más completo silencio». Eso lo decía, además, alguien que colaboró desde muy joven en ABC, y pronto en radio y televisión, y uno de cuyos libros, El grito de Oriente, fue Premio Nacional de Literatura.

La recuperación de la cultura liberal

En todo caso, la vigencia de aquella cultura popular permitiría al régimen de Franco enmascarar de alguna forma el fracaso de su propia cultura oficial, algo que empezaría a evidenciarse a partir de 1945 y que se había consumado a mediados de la década de 1960. La derrota del Eje en 1945 hirió de muerte los proyectos de crear una cultura genuinamente falangista, como se evidenció en el fracaso, en torno a ese año, de revistas como Garcilaso, La Gaceta Literaria y El Español, otras dos iniciativas de Juan Aparicio. De hecho, la única posibilidad cultural de interés real y de cierta entidad la había representado el falangismo «liberal» de Escorial: no pudo, por eso, sobrevivir a la ruptura, ya en 1942, de su principal inspirador, Dionisio Ridruejo, con el régimen. Los hombres que habían colaborado con Ridruejo se apartaron discretamente del mundo oficial. Los poetas Luis Rosales (La casa encendida, 1949; Rimas), Luis F. Vivanco (El descampado, 1957) y Leopoldo Panero (Escrito a cada instante, 1949), el propio Ridruejo, se refugiaron en una poesía intimista, religiosa, sencilla, existencial. Torrente Ballester (autor de Javier Mariñas, en 1943) buscaría su vía propia en la novela española a través de la fantasía y de la recreación del lenguaje con obras de indudable interés como Los gozos y las sombras (1957-1962) y sobre todo Don Juan (1962). Laín Entralgo, catedrático de historia de la medicina en Madrid desde 1942 y rector de la Universidad Central entre 1951 y 1956 (los años en que Joaquín Ruiz Giménez fue ministro de Educación), trató desde sus nuevas responsabilidades de hacer lo que ya había intentado en Escorial: recuperar la tradición liberal española, integrar liberalismo y catolicismo. Además de libros de su especialidad (Medicina e Historia, La Historia clínica. Historia y teoría del relato patográfico, Historia de la medicina y otros), en 1945 publicó La generación del 98, el primer estudio admirativo y comprensivo que aparecía sobre el tema en la España de Franco; como rector, logró al menos que se reincorporara a la universidad española alguna personalidad de relieve, como el físico Arturo Duperier y el matemático Julio Rey Pastor, y que las oposiciones a cátedra fueran más limpias.

Parece igualmente significativo que la novela de más calidad salida de la cultura oficial fuese La vida nueva de Pedrito de Andía (1951), de Rafael Sánchez Mazas, aspectos de la vida de un adolescente de la alta burguesía de Bilbao en 1923, ya que sus características —intimismo, calidad poética, sensibilidad— nada tenían que ver con la estética «viril», heroica, del falangismo en el que militó el propio autor. Alvaro Cunqueiro (1912-1981) se refugió en la literatura fantástica, dentro de la cual logró, ya en los años cincuenta, tres grandes libros: Merlín y familia, Las crónicas del sochantre y La mocedades de Ulises. En Cataluña, el formidable Josep Pla (1897-1981), que se había unido a la España franquista, se retiró al Ampurdán desde donde continuó publicando con regularidad libros de viajes, ensayos, biografías (Cambó, Rusiñol, Mir: a Pla se debió en buena medida la «reinvención» del modernismo catalán de principios de siglo), libros de notas, cuadernos personales, homenajes, hasta componer una obra única, singularísima, posiblemente la mejor de la literatura catalana del siglo XX, mezcla de reflexión autobiográfica y de indagación sobre la vida y la realidad cultural de Cataluña.

En cualquier caso, aquella amenaza potencial de vacío cultural que suponía el fracaso de la cultura oficial franquista no terminó de materializarse. Irónicamente, el vacío sería cubierto por la misma cultura liberal que el franquismo había querido inicialmente erradicar. Era cierto que, como recordaría mucho después Aranguren (en La cultura española y la cultura establecida, 1975), culturalmente el franquismo no dio nada («absolutamente nada», en sus propias palabras): el franquismo —hay que añadir— como régimen. Porque Julián Marías destacó a su vez (primero en 1962 en «Veinte años de vida intelectual española» recogido en su libro Los españoles, luego en «La vegetación del páramo» publicado en La Vanguardia el 19 de noviembre de 1976), y también con razón, la labor cultural e intelectual que llevaron a cabo durante la Dictadura escritores y ensayistas liberales e independientes —y algunos franquistas, entre ellos, bastantes de los mencionados— que o no se exiliaron o regresaron pronto a España, de forma que, según Marías, la continuidad intelectual española del siglo XX no llegó a quebrarse. Marías indicó que Baroja, Azorín, Menéndez Pidal, Gómez Moreno, Ortega, d’Ors, Zubiri, Marañón, Laín Entralgo, Rof Carballo, López Ibor, Dámaso Alonso, Lapesa, Valdeavellano, Alonso Zamora, Ricardo Gullón, Gaya Nuño, Camón Aznar, Díez del Corral, José Antonio Maravall, el mismo Aranguren, Rodríguez Huéscar, Garagorri, Tovar, Caro Baroja, Emilio García Gómez —y un largo etcétera, incluido el propio Julián Marías— publicaron muchos de sus mejores libros en las décadas de 1940 y 1950.

Ciertamente, esa labor —Marías incluía también la revista Ínsula, creada en 1946 por Enrique Canito y el poeta y ensayista José Luis Cano— fue en muchos sentidos espléndida. Marías publicó en 1941 su muy digna Historia de la filosofía y al año siguiente Miguel de Unamuno, el primer análisis riguroso del pensamiento filosófico y religioso del intelectual bilbaíno. En 1942 apareció el primer volumen de Carlos V y sus banqueros, del historiador Ramón Carande, un hito en la historiografía española, que ponía en su debida perspectiva la débil realidad financiera del imperio español del XVI; en 1944, Naturaleza, Historia, Dios, de Zubiri; poco después, Los Pueblos del Norte, de Caro Baroja. En 1948, Ortega y Gasset, que regresó a España en 1946, aunque nunca de forma permanente, promovió con Marías el Instituto de Humanidades, en el que colaboraron el arabista Emilio García Gómez, Caro Baroja, el historiador del arte Lafuente Ferrari (autor en 1955 de una Breve historia de la pintura española), Luis Díez del Corral —que en 1945 había publicado El liberalismo doctrinario y que en 1953 publicaría El rapto de Europa, casi un manifiesto europeísta en que Europa aparecía asociada a humanismo clásico, renacimiento, ilustración y liberalismo— y otros, especie de universidad alternativa que no prosperó por dificultades oficiales, pero que sirvió para mostrar a un Ortega en plena madurez intelectual (Ortega escribió en la posguerra obras decisivas como Introducción a Velázquez, Origen y epílogo de la filosofía, La idea de principio en Leibniz, Una interpretación de la historia universal, Meditación sobre Europa, El hombre y la gente y otras) y para mostrar la vigencia de su pensamiento, particularmente centrado ahora en la visión de la razón vital como razón histórica. Desde la filosofía de su maestro, Marías publicó El método histórico de las generaciones, en 1949; Idea de la metafísica y Biografía de la filosofía, en 1954, y uno de sus mejores libros, Ortega, circunstancia y vocación, en 1960.

Antes, en 1942, Eugenio d’Ors (siempre, como ha quedado dicho varias veces, un excelente crítico de arte: se le debió, por ejemplo, la restauración en 1940 del Misteri de Elche, representación cantada de origen medieval de la Asunción de la Virgen) había creado la Academia Breve de la Crítica de Arte, en la que expusieron artistas de las vanguardias de preguerra (Cossío, Vázquez Díaz, Miró, Benjamín Palencia, José Caballero, Francisco Mateos) y en la que se dieron a conocer algunos artistas que renovarían, ya en la posguerra, el arte español (Ortega Muñoz, Rafael Zabaleta, los primeros Tápies y Millares). En los pintores Álvaro Delgado, Agustín Redondela, Menchu Gal, Luis García Ochoa, Francisco San José, Cirilo Martínez Novillo y Eduardo Vicente —agrupados en torno a la galería madrileña Biosca en los años cuarenta y cincuenta— pareció perfilarse una escuela paisajista (se habló de Escuela de Madrid), no innovadora, pero de expresividad y belleza innegables. En la I Bienal Hispano-americana de arte, organizada por el propio régimen en 1951 —en la que se concedió el Gran Premio a Benjamín Palencia y en la que se exhibió el Cristo, ya comentado, de Dalí— no hubo ya ni arte oficial ni arte folklórico.

Además, el mundo cultural de la posguerra se vio sacudido por una serie de acontecimientos que removieron la complacida mediocridad religiosa-nacional del régimen franquista. En 1942, Camilo J. Cela (1916-2002) publicó La familia de Pascual Duarte, una novela en la que el gusto por lo truculento y lo violento —la novela era el relato del asesinato de su propia madre, hecho por el asesino— mostraba una realidad rural (los hechos tenían lugar en un pueblo de Badajoz) que nada tenía que ver con la imagen casi idílica del mundo campesino que gustaba a la España oficial. En 1944 aparecieron Hijos de la ira, de Dámaso Alonso (con su tremendo comienzo: «Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres»), y Sombra del Paraíso, de Vicente Aleixandre (un hombre de salud siempre delicada que había permanecido en España en una especie de exilio interior), libros con los que revivió la poesía como expresión de la experiencia humana y del desarraigo existencial del poeta, la poesía como emocionada expresión poética, como comunicación, como argumentaría Carlos Bousoño, él mismo autor de Subida al amor (1945), y que cultivarían poetas como Rafael Morales, Vicente Gaos, José Luis Hidalgo (Los muertos, 1947), Muñoz Rojas (Abril del alma, 1943; Las cosas del campo, 1946, bellísimo poema en prosa). Aunque con proyección crítica casi nula, surgieron intentos de poesía renovadora y experimental. Carlos Edmundo Ory, Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi promovieron en 1945 la revista Postismo, expresión de una poesía que retomaba planteamientos del surrealismo; el grupo Cántico, de Córdoba, revista que se publicó en 1947-1949 y 1954-1957, grupo integrado por Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier, buscó una poesía culta, intimista, que enlazaba con formas y preocupaciones de poetas de la generación del 27. En 1944 nació Espadaña, inspirada por Eugenio de Nora y Victoriano Crémer, la revista de la «poesía social», una poesía sencilla y directa, concebida como arma de lucha social y hasta política, que tuvo en Gabriel Celaya, Blas de Otero, José Hierro y Ángela Figuera sus mejores autores. Como obras más representativas, Celaya (1911-1991) publicó Las cosas como son, en 1949; Las cartas boca arriba, en 1951; Lo demás es silencio, en 1952; Cantos iberos, en 1955 (con el poema «la poesía es un arma cargada de futuro»), y De claro en claro, en 1956; Otero (1916-1978), Redoble de conciencia, en 1951 —todavía obsesionado por la presencia de Dios—; Pido la voz y la palabra, en 1955; En castellano, en 1959, y Que trata de España, en 1964, y José Hierro (1922-2002), Con las piedras, con el viento, en 1950, y Cuanto sé de mi, en 1957 (antes de dar paso con Libro de las alucinaciones, 1964, a una poesía que combinaría el intimismo y lo testimonial con lo onírico y lo irracional, que se anticiparía a algunas de las tendencias por la que se orientaría después la mejor poesía española); Leopoldo de Luis había publicado en 1946 Alba del hijo y en 1957 publicaría Teatro real.

En 1945 se publicó Nada, de Carmen Laforet (que obtuvo el Premio Nadal de la editorial Destino, considerado como el premio de «calidad» de las letras españolas y que antes de 1960 ganarían, por ejemplo, Delibes, Gironella, Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite y Ana M.ª Matute), la historia de una joven que llegaba a estudiar a la Universidad de Barcelona hacia 1943-1944 y una novela que venía a ser el retrato de la bancarrota moral de la burguesía barcelonesa de la posguerra. La colmena (1951), de Cela, era la radiografía de una sociedad, el Madrid de esa posguerra, dominada por el dinero y el sexo. La sombra del ciprés es alargada (1948) y El camino (1950), de Miguel Delibes, iniciaban una importante obra literaria (novelas, ensayos, libros de viajes: El diario de un cazador, La hoja roja, Las ratas...), caracterizada por su realismo y honestidad, y una prosa precisa y recia, al hilo de los cuales su autor presentaría una Castilla real, no idealizada (nada noventayochista, si se quiere), en vía de despoblación (un mundo que agonizaba), hecha de vida provinciana y aldeas marginales y abandonadas, y denunciaría la sociedad industrial, la vida moderna y el egoísmo insolidario y cruel de las clases acomodadas. En 1949, Buero Vallejo estrenó Historia de una escalera, una crítica realista y frontal de la sociedad española, la mejor obra del teatro moralista que su autor cultivaría desde entonces (con obras como En la ardiente oscuridad, Hoy es fiesta, Un soñador para un pueblo, El concierto de San Ovidio, ya en 1962).

En Barcelona, el escultor Ángel Ferrant (1881-1961) retomaría a partir de 1945 el camino experimental cuasisurrealista (objetos encontrados, piezas móviles, figuras estilizadas y arcaizantes, como maniquíes) que había iniciado antes de la guerra. En 1948, un grupo de artistas y escritores (Tàpies, Tharrats, Cuixart, Cirlot, Brossa) fundaron la revista Dau al Set, primera manifestación del informalismo abstracto de la posguerra, impregnado, además, de una clara conciencia de rebelión artística y política. En la misma línea, el escultor vasco Jorge Oteiza desarrolló entre 1948 y 1958 la labor de investigación estética más vigorosa y audaz del arte español: construcciones geométricas, cajas vacías, formas cilíndricas, pero también un apostolado y una Piedad, para el santuario de Aránzazu (1953-1959), que recordaban a Henry Moore. Ese mismo santuario de Aránzazu (1950-1955), obra del arquitecto Sáenz de Oiza (en el que colaboraron, además de Oteiza, Chillida, que hizo las puertas; Lucio Muñoz, autor del retablo; Basterretxea, que pintó la cripta; Javier Eulate, que hizo las vidrieras), fue una de las muestras mejores del cambio que se estaba produciendo en la arquitectura española. Dos rascacielos, la Torre de España (1947-1953) y la Torre de Madrid (19541957), obra de Julián y José M.ª Otamendi, cerraron la Gran Vía de Madrid. Influido por la arquitectura nórdica (la antítesis del monumentalismo franquista), Miguel Fisac construyó en 1952 la iglesia para el colegio de los Dominicos de Valladolid, y en 1955 otra iglesia —en Alcobendas, cerca de Madrid— cuya torre coronó con una audaz maraña metálica. En 1953 se formó en Barcelona el grupo R (Bohigas, Coderch, Gili, Martorell, Moragas, Pratmarsó, Sostres y Valls) que polemizó en sus escritos con la arquitectura oficial, reivindicó la arquitectura racionalista de los treinta y apostó por las nuevas formas dominantes en la arquitectura europea, como reflejaría la mejor obra del grupo, la Casa de Pescadores de la Barceloneta (1954), de José Antonio Coderch y Manuel Valls, un singular edificio de formas irregulares y curvilíneas, con fachada de azulejos y persianas graduables. En suma, esos y otros arquitectos (Alejandro de la Sota, Vázquez Molezún, Juan A. Corrales, Fernández Alba, Fernández del Amo...) habían devuelto, con más o menos acierto, a la arquitectura española —que había incorporado ya el uso de materiales nuevos: acero, hormigón, aluminio, cristal, prefabricados— el sentido de la modernidad: el sorprendente y extraordinario edificio Torres Blancas (1961-1964), de Sáenz de Oiza, en Madrid, una especie de rascacielos orgánico con jardines colgantes, y las torres onduladas del Edificio Trade (1966-1969) en Barcelona, de Coderch y Valls, eran las pruebas más convincentes de ello.

La naturaleza de la historiografía oficial —exaltación del pasado católico e imperial— había hecho que la historiografía extranjera adquiriese un papel principal en el análisis científico e investigación rigurosa de la historia española: libros como El laberinto español (1943), de Gerald Brenan; El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II (1.ª edición, 1949), de Fernand Braudel; La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII (1954), de Jean Sarrailh; España y la revolución del siglo XVIII (1959), de Richard Herr, y, en seguida, La España Imperial 1469-1716 (1963), de J. H. Elliott; La República española y la Guerra Civil (1965), de Gabriel Jackson, y España. 1808-1939 (1966), de Raymond Carr, fueron así decisivos para la recuperación plena y crítica del pasado español. Pero, desde los años cincuenta, hubo ya cambios notables también en la propia historiografía española. Ya han quedado citados el libro de Carande sobre Carlos V y sus banqueros, la polémica en el exilio entre Américo Castro y Sánchez Albornoz y la aparición del primer libro de Caro Baroja, más antropólogo o etnógrafo que historiador, pero cuya obra, como luego veremos, incidiría decisivamente en la visión histórica de España. Con todo, fue sin duda el historiador catalán Jaume Vicens Vives (1910-1960), catedrático de la Universidad de Barcelona, quien verdaderamente transformó la historiografía española. Su obra (Aproximación a la historia de España, 1952; Historia económica y social de España y América, 1957-1959; Historia económica de España, 1959; Industrials i politics del segle XIX, 1958; Coyuntura económica y reformismo burgués, etc.), que metodológicamente integraba de forma ecléctica los planteamientos de la escuela de Annales, del marxismo y de otras ciencias sociales, implicó cuando menos la sustitución de la narrativa política e institucional tradicional por la historia económicosocial (cuya primacía empezaría a ser desde entonces abrumadora en la historiografía española), y, al hilo del interés de Vicens en la historia de Cataluña, la regionalización de la visión histórica de España (enfoques ausentes, por ejemplo, en los planteamientos de Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz y Américo Castro). Pero la labor de Vicens —continuada por sus discípulos y colaboradores (Jordi Nadal, Joan Regla, Emili Giralt, Josep Fontana)— no fue la única. A la renovación de la historiografía española contribuirían, desde otras perspectivas y al margen de la influencia directa de Vicens, otros historiadores como el medievalista Luis G. Valdeavellano; los modernistas Felipe Ruiz Martín y Valentín Vázquez de Prada (formados en París con Braudel: también Carande mantuvo un estrecho diálogo con el historiador francés); Manuel Fernández Álvarez, el principal estudioso de Carlos V; Domínguez Ortiz, el gran especialista en la historia social del siglo XVII; los historiadores de las ideas Luis Díez del Corral y José Antonio Maravall, y contemporaneístas como Miguel Artola, José María Jover Zamora —que había comenzado como modernista— y Carlos Seco Serrano. Maravall, por ejemplo, abogaba en Teoría del saber histórico (1958), uno de los mejores ensayos españoles de teoría de la historia, por una historia social concebida básicamente como historia de las estructuras históricas y de las mentalidades, actitudes y creencias sociales, que él aplicaría en sus estudios empíricos al análisis del barroco, e insertaría sus estudios de España (Teoría del Estado en España en el siglo XVII, 1944; El concepto de España en la Edad Media, 1954; Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento, 1960, y muchos otros) en el contexto europeo como parte inseparable del mismo, alejándose así de todo esencialismo españolista. Con Los afrancesados (1953) y Los orígenes de la España contemporánea (1959), Miguel Artola hacía de la crisis del Antiguo Régimen y de la revolución liberal de principios del siglo XIX la clave para la comprensión de la España contemporánea, giro conceptual determinante —que impulsarían también Vicens, cada vez más interesado en el siglo XIX, Seco Serrano y enseguida Palacio Atard y Jover Zamora, y para lo que sería capital el libro de Carr ya citado, España 1808-1939, de 1966— que, en pocos años, haría de de los siglos XIX y XX (esto es, no del medievalismo, no de los Reyes Católicos y de la España imperial) el epicentro de la reflexión histórica española.

Muchos de los historiadores españoles citados enseñaban en universidades españolas. Aunque de forma aún muy minoritaria, la docencia universitaria mejoraba. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, nuevo nombre de la Universidad Internacional de Verano creada por la República en Santander, recobró buena parte de su antigua brillantez. Lo que líneas arriba veíamos que ocurría en historia se repetía en economía (merced a Ramón Perpiñá, Valentín Andrés Álvarez, Manuel Torres, Fabián Estapé, José Castañeda, Joan Sardá, Prados Arrate, José Luis Sampedro, Juan Velarde, Enrique Fuentes Quintana, Luis A. Rojo), en el ámbito de las ciencias jurídicas (Joaquín Garrigues, Rodrigo Uría, Segismundo Royo Villanova), en filosofía del derecho, derecho político e historia del pensamiento político (Carlos Ollero, Sánchez Agesta, González Vicén, Emilio Gómez Orbaneja, Lucas Verdú, García de Enterría, Jiménez de Parga, Rubio Llorente, Tierno Galván), en sociología (Enrique Gómez Arboleya, Murillo Ferrol, el mismo Tierno, Salustiano del Campo), en psicología (Mariano Yela, José Luis Pinillos) y en otras disciplinas. El Boletín informativo de la cátedra de derecho político de la Universidad de Salamanca, que Tierno Galván creó en 1954, difundió la filosofía neopositivista y el pensamiento analítico anglosajón, influencias muy evidentes en la propia obra de Tierno de esos años (Sociología y situación, XII tesis sobre funcionalismo europeo, ambas de 1955; La realidad como resultado, 1957). En Madrid, José Luis López Aranguren (1909-1996), que había dedicado su tesis doctoral a d’Ors (La filosofía de Eugenio D’Ors, 1945), inició, desde la década de 1950, una importante labor docente y ensayística (plasmada en libros como Catolicismo día tras día, Ética, La ética de Ortega, Ética y política, Moral y sociedad, y otros) orientada inicialmente hacia la aproximación a filosofías y actitudes disidentes (protestantismo, filosofía existencial, neopositivismo, marxismo) y que acabaría por centrarse en la idea del intelectual como conciencia ética de la sociedad, que fue el papel que el propio Aranguren asumió contra la propia España de Franco y que culminó en su expulsión de la universidad en 1965 por su respaldo —que también daría algún otro profesor (García Calvo, el propio Tierno)— a la agitación estudiantil que se extendió en esos años por los «campus» españoles.

El régimen de Franco carecía ya, culturalmente, de capacidad de respuesta. Dos libros de Pedro Laín Entralgo —el ya citado La generación del 98 (1945) y España como problema (1948 pero reeditado en 1957)— parecían sancionar la recuperación de la tradición intelectual liberal que se había producido, ya que, además de proceder a una interpretación admirativa de una generación, la del 98, cuyo «pesimismo», como quedó dicho, irritaba al propio Franco, Laín proponía, frente al nacional-catolicismo oficial, una idea plural de España que admitía la existencia de «hechos» regionales diferenciados y que asumía, recogiendo la brillante y polémica interpretación que en el exilio había desarrollado Américo Castro (a la que ya hubo ocasión de hacer referencia al final del capítulo anterior), las aportaciones históricas a la nacionalidad española de las culturas musulmana y judía. El franquismo montó una débil contraofensiva. Frente a las tesis de Laín, Calvo Serer argumentó, en España sin problemas (1949), que no había lugar a la recuperación de la España liberal, ya que tradición católica y tradición nacional eran una misma cosa. Cuando Ortega murió, en 1955, hubo algún conato del integrismo confesional por condenar su obra. En 1961, Vicente Marrero denunció en La guerra española y el trust de los cerebros la evolución hacia el liberalismo de ex falangistas como Ridruejo (que ese mismo año publicó en Buenos Aires su libro antes citado Escrito en España, una implacable crítica del franquismo), Laín y Tovar.

Pero nada de ello tuvo, al margen de las tormentas inmediatas suscitadas, ni enjundia intelectual ni consistencia ni, probablemente, efectividad. Revelaba, sólo, que el integrismo tradicionalista católico había sustituido al falangismo como elemento central de la cultura del franquismo. Por eso que de aquel sector partieran las críticas a la apertura cultural que intentó Ruiz-Giménez a su llegada al Ministerio de Educación en 1951. Aquella ofensiva reveló que el régimen no tenía más sostén ideológico que una trasnochada teología inquisitorial. Como mostraban iniciativas como las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, iniciadas en 1949 por Carlos Santamaría, y las Conversaciones Católicas de Gredos, iniciativa en 1951 de Alfonso Querejazu, protagonizadas por católicos laicos (Aranguren, Marías, Laín, Ruiz Giménez, Rof Carballo...) y sacerdotes y teólogos (José M.ª Cirarda, el padre Ceñal, el rector del seminario de Ávila, Jiménez Duque, y otros), reuniones de estudio y debate de los problemas del catolicismo en el mundo contemporáneo, en la misma Iglesia empezaban a aparecer ideas, reflexiones, tendencias y preocupaciones distanciadas, sino críticas, respecto del nacionalcatolicismo oficial: en otras palabras, el franquismo estaba perdiendo, si no había perdido ya, la batalla de la cultura.

Protesta cultural y conciencia crítica

Cuando menos, el régimen de Franco había perdido la universidad. La agitación de los estudiantes contra el régimen —que había tenido un primer episodio en 1956, que se saldó con la salida del aperturista Ruiz-Giménez del gobierno— rebrotó desde 1962-1963 y terminó por hacerse endémica. El conflicto universitario de los años sesenta preocupó al franquismo, despertó un inusitado interés por la situación de la educación en España y propició un innegable esfuerzo educativo del régimen (que culminaría en la Ley General de Educación aprobada en 1970). De todo ello se derivó, sin embargo, la doble convicción de que, por un lado, la crisis de la universidad revelaba profundas deficiencias en todo el sistema educativo que exigían radicales reformas de estructuras y métodos, y que, por otro, las aspiraciones de los estudiantes no podían ser satisfechas con reformas técnicas: necesitaban respuestas políticas inaceptables, por definición, para el régimen. La conflictividad estudiantil se prolongó así, con mayor o menor intensidad, hasta el final de la Dictadura e incluso se extendió a otros niveles de la enseñanza. Desde 1971, se hicieron frecuentes las huelgas de profesores no numerarios (esto es, con contratos provisionales) tanto en la enseñanza privada como estatal, reivindicaciones que conllevaron, además, desde el primer momento la exigencia de una democratización en profundidad de la enseñanza: enseñanza estatal y gratuita, gestión democratizada de escuelas, institutos y facultades, pedagogía anti-autoritaria y racional. En suma, el sistema educativo del franquismo no pudo sobrevivir cuando en los años sesenta el desarrollo y la secularización cambiaron profundamente la sociedad española, su estilo de vida y sus necesidades económicas y sociales.

El problema de la educación respondía, por tanto, a algo mucho más profundo: a la deslegitimación cultural e ideológica que el régimen de Franco experimentaba en la universidad. Más todavía, desde finales de la década de 1950, la cultura de la oposición desempeñaría —al menos en los ámbitos universitarios— el papel de conciencia crítica de la sociedad y, como tal, su mera existencia, cualquiera que fuese su calidad, contribuyó sustancialmente a erosionar los fundamentos ideológicos del franquismo y a crear las ideas y valores sobre los que se fundamentaría la futura democracia del país. A ello contribuyó de forma importante la aparición a partir de 1955 de la que se llamó «generación realista de la posguerra» (la generación de los cincuenta), un grupo de escritores adscritos al denominado «realismo social» en razón de su concepción de la literatura como forma de crítica social y política. La vía hacia el realismo social había sido anticipada, como se ha visto más arriba, por los poetas Celaya y Otero, ya citados. En cine, Juan A. Bardem y Luis García Berlanga (y con ellos otros directores de menor relieve: así, en 1951 Nieves Conde había filmado Surcos), y en fotografía Gabriel Cualladó habían intentado introducir las fórmulas del neorrealismo italiano; Bardem, a través de un cine abiertamente social y crítico (Muerte de un ciclista, 1955; Calle Mayor, 1956); Berlanga, en una línea satírica y mordaz (Bienvenido, Míster Marshall, 1952; Plácido, 1961; El verdugo, 1963). Algunos escritores habían iniciado lo que se llamó novela «objetiva» (y también, «neorrealista») que produjo en El Jarama, 1956, de Rafael Sánchez Ferlosio, una de las obras maestras de la literatura española de la posguerra, y en la producción de Ignacio Aldecoa (El fulgor y la sangre, Con el viento solano, Gran Sol), Carmen Martín Gaite (El balneario, Entre visillos, Ritmo lento), Jesús Fernández Santos (Los bravos) y Ana M.ª Matute (Pequeño teatro, Los hijos muertos), un conjunto de obras excelentes por la claridad y precisión de la prosa y el cuidado y dominio de las técnicas narrativas que demostraron poseer sus autores y por los temas que en ellas abordaban.

Con ellos, la crítica incluyó en la generación realista de la posguerra a los novelistas Juan Goytisolo (Juegos de manos, Fiestas, El circo, La resaca, La isla, Duelo en el paraíso), Juan García Hortelano (Nuevas amistades, Tormenta de verano), Alfonso Grosso (La zanja), Luis Martín Santos (Tiempo de silencio), Luis Goytisolo (Las afueras, Las mismas palabras), Juan Marsé (Últimas tardes con Teresa), Armando López Salinas (La mina), Antonio Ferres (La piqueta), José Manuel Caballero Bonald (Dos días de septiembre) y Jesús López Pacheco (Central eléctrica); a los dramaturgos Alfonso Sastre (Escuadra hacia la muerte, La cornada), Lauro Olmo (La camisa), José María Rodríguez Méndez, José Martín Recuerda (Las salvajes en Puente San Gil) y Carlos Muñiz, y a los poetas Ángel González (Áspero mundo, Sin esperanza, con convencimiento), Alfonso Costafreda, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, Caballero Bonald, José Ángel Valente, Francisco Brines y Claudio Rodríguez (Conjuros, Alianza y condena). Aunque los conceptos de generación y de realismo harían muy poca justicia a la diversidad y riqueza que definirían por lo general la obra de casi todos los nombres citados —y a su posterior evolución—, se trató en principio de una literatura en la que, en novela (y en los varios libros de viajes escritos por Juan Goytisolo, López Salinas, Ferres y Grosso), abundaron obras sobre la clase obrera y los braceros del campo, y en general sobre la sordidez de la vida de las clases populares, historias del trabajo en minas y en factorías, y temas como el conflicto generacional y la crítica del conformismo político de la burguesía, y que, como estilo, buscó una objetividad casi fotográfica, la narración dialogada y sin artificios, los lenguajes cotidianos; buscó más, si se quiere, el análisis de clases y grupos sociales que la creación de personajes singulares.

La poesía fue, según J. M. Castellet, el antólogo y teorizador del grupo (en obras como Veinte años de poesía española 1939-1962 y Un cuarto de siglo de poesía española (1939-1964), publicadas en 1962 y 1966 respectivamente), una poesía testimonial, objetiva, definida como la novela por el realismo, y de estilo sencillo y hasta prosaico. La poesía, por ejemplo, de Gil de Biedma (1929-1990) —en obras como Compañeros de viaje (1959) y Moralidades (1966)—, era ante todo una poesía de la existencia (la amistad, la sexualidad, el paso del tiempo, el deterioro de ideales e ilusiones), a menudo irónica y pesimista, y escrita desde luego en un lenguaje coloquial y directo; la de José Agustín Goytisolo (El retorno, 1955; Años decisivos, 1961) era también una poesía sarcástica y mordaz, preocupada por la condición humana, el compromiso político, la alienación y el paso del tiempo. El teatro de Sastre —además de autor, teorizador del teatro y escritor combativo a través de programas y manifiestos— era un teatro que él mismo definía como social-realista, un arte de «urgencia», abiertamente político y justiciero; sus dramas (los citados más arriba, más otros como Guillermo Tell tiene los ojos tristes, La cornada, Tierra roja) eran, en efecto, dramas tensos, sociales, actos morales, denuncias explícitas del poder y de la tiranía.

En cualquier caso, la generación de los cincuenta citada fue una generación significadamente antifranquista. Muchos de sus miembros se sintieron por entonces próximos al marxismo y al clandestino Partido Comunista; varios de ellos fueron encarcelados por sus actividades políticas clandestinas; casi todos participaron en actos e iniciativas de abierta oposición al régimen de Franco, como la firma de documentos contra la censura, contra la represión y en apoyo de las luchas de obreros y estudiantes; Juan Goytisolo se autoexilió en 1957; el teatro de Sastre fue prohibido. El «realismo crítico» era, en suma, más que una moda literaria: era, forzando los términos, la expresión de la sensibilidad e ideología de las nuevas generaciones españolas —las que protagonizaron en 1956 y en 1963-1968 la rebelión universitaria contra el franquismo—, que se vieron bien representadas por aquél; el realismo crítico constituía, por tanto, una verdadera y profunda ruptura cultural.

En arte, el espíritu de protesta y crítica, de ruptura, se orientó, en principio, hacia el informalismo y la abstracción, consagrados con la aparición en 1957 del grupo madrileño El Paso (Antonio Saura, Feito, Manuel Millares, Rafael Canogar, Suárez, Juana Francés, Rivera y el escultor Pablo Serrano), de la llamada «Escuela de Cuenca» (Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Gerardo Rueda), más la irrupción de pintores como Eusebio Sempere, Pablo Palazuelo, Albert Ráfols Casamada, Manuel H. Mompó, Josep Guinovart o José Guerrero y escultores como Andreu Alfaro, Martín Chirino y Amadeo Gabino y, ante todo, con la gran proyección que en los sesenta alcanzarían Tàpies y Chillida. Tàpies empleó en sus obras materiales inusuales (yesos, colas, arenas), incisiones, huellas, perforaciones y grafismos para lograr una obra definida por la misma expresividad de la materialidad física de la pintura (a veces, de inquietante trascendencia metafísica; a veces, apegada a lo cotidiano). El escultor vasco Eduardo Chillida, que fue premiado en la Bienal de Venecia de 1958, fue creando, a su vez, un mundo abstracto de formas innovadoras y complejas, una obra hermética, misteriosa, llena de referencias a lo vasco, guiada por la preocupación de explorar el espacio y el vacío, cargada de vigor y fuerza, por un lado, y de emoción poética, por otro. En música, la llamada Generación del 51, cuyos principales exponentes fueron Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Antón García Abril y Carmelo Bernaola, renovó de raíz el lenguaje musical español asimilando las formas más audaces de la vanguardia (dodecafonismo, atonalismo, nuevas técnicas electrónicas, serialismo, etc.).

Pero aunque la abstracción ya no desaparecería del arte español —todos los artistas citados, y muchos otros, seguirían trabajando y evolucionando hasta 1975 y aun después—, en los años sesenta, significados artistas cultivaron la figuración y el realismo por entender el arte, como los escritores más arriba citados, como crónica de la realidad, y la obra, como un manifiesto político-social, como plasmaron las obras de Juan Genovés, Juan Barjola, Eduardo Arroyo, Agustín Ibarrola, Canogar, de Equipo crónica (Manolo Valdés, Rafael Solbes) y el movimiento «Crónica de la Realidad». Las obras de Genovés —que simulaban fotografías monocromas— representaban multitudes perseguidas, metáforas de la represión franquista. En cuadros por lo general de gran formato, Ibarrola, tomando elementos del arte revolucionario ruso, del cartelismo y del muralismo, pintó cuadros de fábricas, obreros, huelgas, cárceles, una épica de las luchas y de las reivindicaciones obreras.

El marxismo, la filosofía más detestada por el franquismo, se convirtió por unos años en la subcultura dominante de la oposición. Desde mediados de los años sesenta, desde luego en los setenta (Josep Fontana, el más importante historiador marxista español, creó la revista Recerques en 1970) y aún en los ochenta, la historiografía marxista —que influyó igualmente sobre la historia antigua, el medievalismo, los estudios de historia moderna y contemporánea y el americanismo— fue sin duda, prolongando la apertura historiográfica de Vicens, la historiografía dominante: se creó hasta un nuevo paradigma interpretativo en el que el énfasis en la demografía y el poblamiento, las transformaciones de la sociedad, la organización económica, las formas del poder, los sistemas de trabajo, las crisis y la conflictividad social, mentalidades y creencias y clases sociales, terminó por diluir muchos de los conceptos con los que hasta entonces había trabajado la historia española (Reconquista, Reyes Católicos, España imperial...). En historia contemporánea, la disciplina que concentraba ya los mayores esfuerzos, Manuel Tuñón de Lara (1916-1997), historiador del movimiento obrero, exiliado en Pau (donde organizó unos importantes Coloquios anuales de historia), se convirtió con obras como La España del siglo XIX, Historia y realidad del poder, La España del siglo XX y otras, en la principal referencia para la que entonces quería aparecer como nueva historia española, cuyos postulados hacían del doble fracaso de la revolución burguesa y de la revolución industrial (y sus consecuencias: atraso económico, fuerte conflictividad social, bloque de poder oligárquico, ejército como instrumento de dominación de clase) las claves de la crisis contemporánea española.

Además, sociología y economía desplazaron a las humanidades como ámbito de especialización y reflexión del pensamiento radical de los años sesenta. Ramón Tamames abordó en varios libros de gran difusión (Estructura económica de España, Introducción a la economía española, Los monopolios en España...) la crítica de la estructura económica, de la banca y de los monopolios españoles. Manuel Sacristán y otros filósofos (Manuel Ballestero, García Bacca, Adolfo Sánchez Vázquez, estos dos últimos exiliados en América, aunque su obra llegaría a España) iniciaron la introducción del pensamiento y la obra de Luckács, Gramsci y Althusser, y del propio Marx, y de los temas característicos de la filosofía marxista, con libros como La tarea de Engels en el Anti-Dühring (1964), del propio Sacristán, Historia y filosofía (1966), de Francisco Fernández Santos, o Ensayos materialistas (1972), de Gustavo Bueno. La obra de Tierno Galván de los años sesenta (Humanismo y sociedad, 1964; Baboeuf y los iguales, 1968; Razón mecánica y razón dialéctica, 1969) mostró un interés creciente por el humanismo marxista y por los problemas y contradicciones entre neo-positivismo y marxismo: en 1972 publicó una antología de escritos de Marx. Carlos Castilla del Pino, autor de Dialéctica de la persona, dialéctica de la situación (1968), Psicoanálisis y marxismo (1969) y muchas otras obras, fue la versión española de los intentos de aproximación entre marxismo y psicoanálisis que entonces interesaban a parte del pensamiento psicoanálitico europeo. El marxismo impregnó igualmente la crítica y la historia del arte: así, José M.ª Moreno Galván publicó Autocrítica del arte, en 1965, un ensayo en el que trataba de dilucidar las implicaciones sociales e ideológicas del arte contemporáneo y de su evolución formal; V. Aguilera Cerni publicó, en 1969, El arte impugnado y Valeriano Bozal, El realismo plástico en España. 1900-1936, en 1967, un libro que quería dar fundamento histórico al realismo crítico del arte de los sesenta. Dos historiadores de la literatura, Pérez de la Dehesa y Blanco Aguinaga, recuperaron el Unamuno marxista de los años 1895-1898, prácticamente inadvertido hasta entonces por la crítica; Blanco Aguinaga escribió, además, en 1970 Juventud del 98, un ensayo sobre los primeros años públicos de Unamuno, Azorín, Maeztu, Blasco Ibáñez y Baroja, en el que subrayaba el carácter radical de la crítica de la realidad social de España que los jóvenes del 98 hicieron antes de convertir, en opinión de Blanco Aguinaga, el problema de España en puro paisajismo. En un libro de 1968, Aranguren abordó el análisis del marxismo como moral; fue, además, junto a otros hombres del pensamiento católico (Alfonso C. Comín, Jesús Aguirre, José María González Ruiz, el padre Díez-Alegría), una de las piezas centrales del diálogo marxistas-católicos entonces en boga. Jesús Aguirre promovió desde la editorial Taurus la introducción en España de la obra de la escuela de Frankfurt. La editorial Ciencia Nueva, creada en 1968, publicó numerosas obras de autores explícitamente marxistas.

Cultura y democracia

Los elementos más inteligentes del propio régimen supieron entender la amplitud del cambio que se estaba operando en la cultura española y, desde los años sesenta, sobre todo con la llegada de Manuel Fraga Iribarne al Ministerio de Información y Turismo en 1962, se inició una tímida y contradictoria liberalización, que culminó en la nueva Ley de Prensa de 1966, que supuso, por ejemplo, apoyos económicos para promover cine, teatro y aun música de calidad, y mayor tolerancia para con las editoriales y revistas progresistas. El productor Elías Querejeta supo aprovechar la oportunidad para lanzar, hacia 1965, el «nuevo cine español», un intento de lograr un cine que combinara calidad estética y crítica social, y que produjo unas cuantas obras de interés —La caza de Carlos Saura; Nueve cartas a Berta, de Basilio Martín Patino, algunos filmes de Manuel Summers (Juguetes rotos), Miguel Picazo (La tía Tula) y Angelino Fons (La busca, adaptación de la novela de Baroja)—, aunque sólo Carlos Saura lograría dar verdadera continuidad a su producción (Peppermint frappé, La madriguera, El jardín de las delicias, Ana y los lobos, La prima Angélica, Cría cuervos).

La «liberación» permitió la recuperación en 1963 de la orteguiana Revista de Occidente, dirigida por José Ortega Spottorno, y la aparición, el mismo año, de Cuadernos para el Diálogo, fundada por el ex ministro Ruiz-Giménez, la revista que, dirigida por Pedro Altares y luego por F. J. Ruiz Gisbert, sería portavoz del nuevo pensamiento político y social de la alternativa democrática al franquismo. La liberalización hizo posible, además, la actividad de numerosas editoriales de calidad (Alianza Editorial, Seix Barral, Ariel, Taurus) y hasta de semanarios de actualidad de izquierda (como Triunfo, obra sobre todo de José Ángel Ezcurra, Eduardo Haro Tecglen, Manuel Vázquez Montalbán, Víctor Márquez Reviriego y César Alonso de los Ríos), y permitió, finalmente, una gradual recuperación de la cultura del exilio. Los filmes de Buñuel, por ejemplo, antes prohibidos (aunque en 1961 había rodado en España con la complacencia oficial, que quiso capitalizar a su favor el prestigio internacional del cineasta, Viridiana, una crítica feroz de la religión católica que el régimen español, burlado, prohibió de inmediato pese a haber sido premiada en el festival de Cannes), se exhibían con gran éxito en Madrid en 1970: incluso filmó en España una de sus últimas grandes películas, Tristana (1969). Circularon ya casi sin problemas las obras de Machado, Miguel Hernández, Alberti y Bergamín, hasta entonces de difícil, sino imposible, acceso.

Novelistas del exilio como Francisco Ayala (autor de relatos como Los usurpadores y La cabeza del cordero, y de novelas como Muertes de perro y El fondo del vaso), Rosa Chacel, Max Aub, que entre 1943 y 1968 había escrito el ciclo de novelas y relatos agrupados bajo el título genérico de El laberinto mágico (el mejor ciclo novelístico de autor español sobre la Guerra Civil, con títulos como Campo cerrado, Campo de sangre...), o Ramón J. Sender, autor de la monumental Crónica del alba (y músicos como Rodolfo Halffter y Roberto Gerhard) vieron ahora sus obras publicadas en España (si es que ellos mismos no regresaron, aunque fuese de forma temporal y esporádica). Otro escritor formado en el exilio, Jorge Semprún, dirigente hasta 1964 del Partido Comunista en la clandestinidad, recibió en 1964 el Premio Formentor por su primera novela, El largo viaje. José Luis Abellán dio a conocer en Filosofía española en América (1936-1966), de 1967, la obra y el pensamiento de los filósofos exiliados (José Gaos, Ferrater Mora, María Zambrano, García Bacca, Eduardo Nicol, Eugenio Imaz, Adolfo Sánchez Vázquez y otros), cuyos libros empezaron también a circular libremente en España. Con problemas, pero fue igualmente posible acceder a las obras de Azaña, editadas en México gracias al historiador, también exiliado, Juan Marichal, cuyo estudio sobre el líder republicano, quizás la figura más aborrecida por el franquismo, La vocación de Manuel Azaña, fue publicada por Cuadernos para el Diálogo en 1968. Tampoco hubo ya dificultades para que se conocieran, difundieran y estudiaran las obras de otras figuras eminentes del exilio como Picasso, Miró, Juan Ramón Jiménez o Pablo Casals, aunque el régimen de Franco jamás disimulara la hostilidad que sus trayectorias —y, a veces, su arte— le merecían. En 1962, Ernesto Halffter, el mejor músico de la generación del 27, estrenó en Milán (y enseguida en San Sebastián, Granada, Santander y Madrid) Atlántida, el majestuoso, solemne y emocionante oratorio que Falla había dejado de forma muy incompleta a su muerte en 1946 y en el que Halffter había estado trabajando desde entonces.

La liberalización propició la definitiva eclosión, la hegemonía incluso, de la espléndida cultura liberal del interior. Julián Marías publicó en los años sesenta Los españoles, Meditaciones sobre la sociedad española, Consideración de Cataluña y una de sus mejores obras filosóficas, Antropología metafísica (1970); Pedro Laín, La relación médico-enfermo (1964) y Teoría y realidad del otro (1968). En 1966, Rodríguez Huéscar publicó la mejor monografía escrita sobre el pensamiento de Ortega, Perspectiva y verdad sobre el problema de la verdad en el filósofo madrileño; Paulino Garagorri, orteguiano también, Relaciones y disputaciones orteguianas, Españoles razonantes y, en 1970, Introducción a Ortega. En 1962 había aparecido el libro fundamental de Zubiri, Sobre la esencia, una reflexión —base de su filosofía— sobre la condición factual de la realidad y sobre la sustantividad e individualidad de las cosas (y del hombre): sus cursos en la Sociedad de Estudios y Publicaciones del Banco de Urquijo, una entidad creada en 1947 al servicio de la cultura liberal española, constituían, además, verdaderos acontecimientos sociales e intelectuales. Julio Caro Baroja (1914-1995) fue desarrollando con Las brujas y su mundo (1961), El carnaval (1965), Vidas mágicas e Inquisición (1967) y Ensayo sobre la literatura de cordel (1969) una de las producciones intelectuales más rigurosas e interesantes de toda la posguerra, que, al hilo de una erudición pasmosa y a través de un estilo narrativo caústico e incisivo, revisaba, a la luz de la evidencia empírica, falsedades, prejuicios y tópicos sobre costumbres y manifestaciones distintas de la historia española —revisaba los mitos del carácter nacional, título de un precioso librito que publicó en 1970— y venía a proponer una interpretación abierta y dinámica, ajena a excepcionalismos y casticismos, de la identidad española.

José Antonio Maravall publicó ahora sus grandes libros sobre los siglos XVI y XVII (sobre todo), su visión del barroco y de la concepción de la historia y del Estado entonces vigente (El mundo social de la Celestina; Antiguos y modernos. La idea de progreso en el desarrollo de una sociedad; Las Comunidades de Castilla, una primera revolución moderna; Teatro y literatura en la sociedad barroca); Antonio Domínguez Ortiz, varias de sus excelentes monografías sobre la sociedad española de los siglos XVII y XVIII. Significativamente, la liberalización cultural había propiciado también la recuperación del pensamiento krausista e institucionista del XIX, uno de los jalones fundamentales del liberalismo español. Vicente Cacho Viu (La Institución Libre de Enseñanza, 1962) y M.ª Dolores Gómez Molleda (Los reformadores de la España contemporánea, 1964) escribieron los dos primeros libros de conjunto sobre el tema. Se publicaron también, casi al mismo tiempo, antologías de escritos y correspondencia de Sanz del Río, Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Fernando de Castro, los principales exponentes del krausismo español. En 1969 aparecieron otros dos libros de carácter general: Sociedad e ideología en los orígenes de la España contemporánea, de Eloy Terrón, y El reformismo español. Krausismo, escuela histórica, neotomismo, de Juan José Gil Cremades; en 1973, La filosofía social del krausismo español, de Elías Díaz (que antes ya había prologado algunas de las ediciones de textos krausistas aludidos).

No le faltaba, por tanto, razón a Aranguren cuando escribía que el verdadero «establishment» cultural hacia 1970 no era ya el régimen de Franco —ni tampoco el nacional-catolicismo—, sino la recobrada tradición liberal, esto es, la tradición que continuaba la cultura iniciada por el krausismo, la Institución Libre de Enseñanza y la generación del 98 y, sobre todo, por Ortega y sus colaboradores. El equívoco era, con todo, evidente: el pensamiento liberal, la tradición orteguiana eran en el mejor de los casos la cultura dominante; no eran en modo alguno la cultura oficial. Precisamente, en 1962, Gonzalo Fernández de la Mora, un ensayista culto e inteligente y profundamente reaccionario y anti-liberal —cuyo libro El crepúsculo de las ideologías (1965), una apología de la tecnocracia y el desarrollo económico, haría de él el filósofo oficial del desarrollismo franquista—, había publicado Ortega y el 98, un libro que, tras una exposición que incluía manifestaciones plenamente admirativas hacia Ortega y los hombres del 98, ocultaba una devastadora crítica del espíritu noventayochista (pesimismo, negativismo nihilista, inadaptación) y del propio Ortega (frío teísmo, metafísica egocéntrica, elitismo, a menudo frivolidad y mera bagatela). Significativamente, sin embargo, los intelectuales y escritores asociados al pensamiento más radical del anti-franquismo de los sesenta eran tan críticos de la recién recobrada tradición orteguiana y liberal como del propio franquismo. Juan Goytisolo había publicado ya en 1958 una polémica crítica de las ideas estéticas de Ortega. Martín Santos satirizó cruelmente al filósofo madrileño en Tiempo de silencio (1962). En un artículo que publicó en 1965 en la revista Ruedo Ibérico, una de las revistas de la oposición al franquismo que se publicaba en París, Francisco Fernández Santos censuró ásperamente a Marías que hubiera excluido de su Diccionario de literatura española (edición de 1964) a autores como Goytisolo, Tamames, Tuñón de Lara, Sacristán, Gil de Biedma, Sastre, Martín Santos y muchos otros que sostenían, según Fernández Santos, «posiciones marxistas o influidas por el marxismo».

En cualquier caso, el franquismo, como ya ha quedado dicho, había perdido la batalla de las ideas. De hecho, en los años sesenta sólo le quedaba confiar en el evidente divorcio que seguía existiendo entre la cultura de masas y la cultura de las minorías, divorcio que aún se reforzó con la creación en 1956 de Televisión Española. Desde mediados de la década de 1960, tras la creación en 1964 de las instalaciones de Prado del Rey (Madrid) y la puesta en marcha de un segundo canal (1966), la televisión —que era estatal, aunque financiada por una copiosa publicidad— se convirtió en el principal elemento de la subcultura popular, con una programación que incluía informativos, cine, telefilmes americanos (Perry Mason, Bonanza fueron particularmente populares en su momento), concursos (Un millón para el mejor, 1,2,3... Responda otra vez), espectáculos musicales (en 1969 España ganó el festival de Eurovisión con la canción La,la,la, cantada por Massiel, un acontecimiento nacional), algún programa teatral, programación infantil, abundantes retransmisiones deportivas, y series de producción propia: los programas sobre fauna de Rodríguez de la Fuente, Crónicas de un pueblo (1971), de Antonio Mercero, y La Cabina (1973), también de Mercero, fueron grandes éxitos de audiencia y crítica.

Junto a ella, el cine y su mercado (España producía en torno a las cien películas anuales, si bien a mediados de los sesenta se llegó a 160) siguieron teniendo las características ya señaladas: el mayor éxito de público del cine español entre 1965 y 1974 no fue ninguna muestra del «nuevo cine español», ni del cine experimental de la llamada «escuela de Barcelona» de fines de los sesenta (Luis Marquina, Vicente Aranda, Jacinto Esteva, Gonzalo Suárez, Pere Portabella), sino una cinta de ínfima calidad, No desearás al vecino del 5.º (de la misma forma que triunfaban los llamados «spaghetti-westerns», protagonizados por Clint Eastwood). La popularidad del fútbol y de otros espectáculos deportivos siguió vigente y aun se vio reforzada por la televisión. Un ciclista, Federico M. Bahamontes, ganó la principal competición de ese deporte, la Vuelta a Francia, en 1959 (otro, Ocaña, volvió a hacerlo en 1973). El Real Madrid ganó desde 1956 durante varios años consecutivos la Copa de Europa de fútbol (también el Barcelona venció en algunas competiciones europeas) y el campeonato español, de forma casi ininterrumpida entre 1960 y 1970, lo que hizo del club poco menos que el equipo oficial del franquismo. España ganó en 1964 el campeonato de Europa por selecciones nacionales venciendo en Madrid a la URSS, victoria que parecía la versión deportiva de la propaganda oficial que siempre había justificado la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y la Guerra Civil como una victoria sobre el comunismo. Gracias a la televisión y a los éxitos internacionales de Manuel Santana, el tenis, un deporte hasta entonces minoritario y elitista, alcanzó también gran popularidad; la televisión contribuyó igualmente a revitalizar la fiesta de los toros, una industria declinante y corrompida en los años sesenta y primeros setenta («afeitado» de toros, debilidad y mala calidad de éstos, empresarios y ganaderías favorecidos en la adjudicación de festejos) y a la popularidad, ciertamente extraordinaria, de un torero temerario y carismático como Manuel Benítez «El Cordobés», cuya personalidad eclipsó a toreros de mayor calidad que la suya (Santiago Martín «El Viti», Paco Camino, Diego Puerta y otros).

El teatro experimentó pocos cambios. Joaquín Calvo Sotelo estrenó en 1964 un ambicioso y notable drama histórico, El proceso del arzobispo Carranza. A partir de 1965, gracias sobre todo a la labor de Ricard Salvat, Nuria Espert y Adolfo Marsillach, se montaron espectáculos interesantes sobre obras de Brecht, Weiss, Molière, Valle-Inclán y Lorca; se repuso parte del teatro de Alejandro Casona (1903-1965) —Nuestra Natacha, La sirena varada, La dama del alba— en parte escrito antes de 1936, antes de su exilio en América. Buero Vallejo estrenó con éxito de público varias obras entre 1967 y 1974 (El tragaluz, La llegada de los dioses, La fundación). El teatro poético, aunque amanerado y sobrecargado de lirismo, de Antonio Gala (Los verdes campos del Edén, El sol en el hormiguero, Noviembre y un poco de hierba) tuvo también excelente acogida. Pero ocurrió algo parecido a lo que se apuntó con respecto al cine: que el éxito comercial, y además éxito asombroso, correspondió a un autor irritantemente mediocre como Alfonso Paso (1926-1978), el autor de Usted puede ser un asesino, Vamos a contar mentiras, La corbata, Buenísima sociedad, Nos venden el piso y de un sinfín de obras más, la mayoría de las cuales solían permanecer en cartel durante meses. El teatro excéntrico y anarquizante, surrealista y provocador —«pánico», según su autor— de Fernando Arrabal (Los hombres del triciclo, 1959; La coronación, 1963; El arquitecto y el emperador de Asiria, 1966, y un muy largo etcétera) no tenía sitio en la escena española: Arrabal hizo toda su carrera en Francia. Sastre, ya se dijo, fue prohibido; el teatro de los otros miembros de su generación fue igualmente ahogado por la censura.

Las clases medias siguieron consumiendo literatura de «best-sellers» (los Morris West, Leon Uris y similares), y algunos españoles como Gironella, Lera, Palomino, y el prolífico humorista Álvaro de la Iglesia, director de La Codorniz entre 1944 y 1977, y autor de Sólo se mueren los tontos, Todos los ombligos son redondos, Yo soy Fulana de tal, Fulanita y sus menganos, y un largo etcétera de títulos. Torcuato Luca de Tena con La mujer de otro; Concha Alós, con Las hogueras; Rodrigo Rubio, con Equipaje de amor para la tierra; Ángel M.ª de Lera, con Las últimas banderas, una novela sobre la Guerra Civil desde el punto de vista de los vencidos, y el exiliado Sender, con En la vida de Ignacio Morel, ganaron en los años sesenta el Premio Planeta, cuya remuneración alcanzó en 1967 la entonces excepcional cifra de millón y medio de pesetas. Fernando Díaz-Plaja vio cómo su libro El español y los siete pecados capitales lograba 16 ediciones entre 1966 y 1973. De la «alta» literatura sólo el ya muy comercializado Cela y Miguel Delibes (Las ratas, 1962; Cinco horas con Mario, 1966) llegaron al gran público. La literatura de quiosco recibió nuevo aliento con la aparición, desde 1968-1969, de las «fotonovelas», melodramas ilustrados con fotografías: de Simplemente María se vendieron 170.000 ejemplares semanales a lo largo de ochenta y una semanas (cuando cualquier autor de calidad consideraba un éxito agotar una edición de 5.000 ejemplares). Gracias a la impresión en color, la llamada «prensa del corazón» (¡Hola!, Ama, Lecturas, Garbo, Diez Minutos), revistas semanales lujosamente editadas, especializadas en la vida sentimental de los famosos y orientadas a un público femenino, conoció un verdadero «boom» en los sesenta: ¡Hola!, dirigida desde 1965 por Jaime Peñafiel, el maestro del género, pasó de vender en torno a los 300.000 ejemplares en 1960 a cerca de 500.000 en 1975.

Eso matizaba la idea —expresada por Julián Marías en 1963— de que en España había «una floreciente vida cultural». En cualquier caso, aquella subcultura de masas era el mejor cordón sanitario que el régimen franquista tenía para ignorar la hegemonía de la cultura liberal y para contrarrestar la evidente «izquierdización» de la cultura en los años sesenta. Pero era en buena medida un cordón inútil. Porque había, además, otras realidades igualmente interesantes y extraordinariamente significativas (que anticiparían parte de lo que iba a ocurrir política y culturalmente a la muerte de Franco): en concreto, la Dictadura —cuarenta años de política cultural españolista y asimilista— no había podido desarticular las culturas privativas de las regiones, o de las más particularistas de éstas. La cultura catalana, por ejemplo, mucho más arraigada en su entorno social que otras culturas españolas, había sobrevivido al marginamiento y al silencio. La importancia de la obra de escritores como Josep Pla; los poetas J. V. Foix, Salvador Espriu (La pell de brau, Llibre de Sinera), Gabriel Ferrater (Da Nuces pueris, Teoría dels cossos) y Pere Gimferrer; de los novelistas Llorenç Villalonga (Bearn, 1961) y Merce Rodoreda (La Plaça del Diamant, 1962), y en teatro, de Ricardo Salvat, María Aurelia Campmany, Manuel de Pedrolo o del propio Espriú (Ronda de mort a Sinera, 1966), resultaba indiscutible. El dinamismo del mundo artístico catalán (los pintores Tàpies, Ràfols Casamada, Cuixart, Guinovart, Hernández Pijuán; los arquitectos Ricardo Bofill, Oriol Bohigas, José Antonio Coderch), la vigencia de Vicens Vives y la escuela historiográfica catalana (Jordi Nadal, Josep Fontana, Antoni Jutglar, Isidre Molas, Josep Termes, Albert Balcells), la aparición en 1963 del movimiento de la Nova Cançó (Raimon, Joan Manuel Serrat, Pi de la Serra, Luis Llach, Maria del Mar Bonet) y hasta el vigor y calidad de la nueva literatura en castellano de autores vinculados a Barcelona (los hermanos Goytisolo, Marsé, Barral, Gil de Biedma, Ana M.ª Matute, Vázquez Montalbán, verdadera izquierda literaria barcelonesa) —o la misma significación del club de fútbol Barcelona—, todo revelaba lo mismo: la existencia de una identidad catalana propia y particularizada. Vicens Vives no sólo renovó la historiografía española: regionalizó la historia española y explicó Cataluña, la identidad catalana, como el resultado de la cristalización histórica en la región y, sobre todo en el siglo XIX, de unas estructuras económicas y sociales privativas y distintas. El gran libro del historiador francés Pierre Vilar Catalunya dins l’Espanya moderna, que empezó a publicarse en 1964, reforzaría esa visión. Desde que fue posible, proliferaron las editoriales y las publicaciones periódicas en lengua catalana (Serra d’Or, Oriflama, Edicions 62, Nova Terra, etc.) y aparecieron obras colectivas (diccionarios, enciclopedias catalanas) de gran empeño y difusión. Existían ahora numerosos puentes entre la cultura española y la cultura catalana: por ejemplo, esa izquierda literaria barcelonesa citada más arriba; Barcelona era, además, el centro de la industria editorial española. Pero la afirmación cultural de Cataluña —afirmación que conllevaba la percepción de Cataluña como nación— era ya evidente en los años sesenta. Julián Marías expresó su preocupación al respecto en su libro Consideración de Cataluña de 1964. La respuesta desde Cataluña fue inequívoca: en Realidad de Cataluña (1967), Maurici Serrahima defendía la existencia de un hecho diferencial catalán, reafirmaba la realidad del catalán como única lengua propia de Cataluña y definía ésta como nación.

El caso vasco, apoyado, como sabemos, en una tradición cultural más débil, volvía a ser distinto. Pero también se habían producido un conjunto de hechos culturales notables. Oteiza y Chillida, por ejemplo, eran vascos (como lo eran, entre los nombres hasta ahora citados, Zubiri, Garagorri, Gabriel Celaya y Blas de Otero, Ignacio Aldecoa, Luis Martín Santos, Agustín Ibarrola, Elías Querejeta, Luis de Pablo y Carmelo Bernaola, Miguel Artola y, aun nacido en Madrid, Caro Baroja). La construcción entre 1950 y 1955 del santuario de Aránzazu, obra, como quedó dicho, del arquitecto navarro Javier Sáenz de Oiza —y recuérdese: apostolado y Piedad de Oteiza, puertas de Chillida, murales de la cripta de Néstor Basterretxea, retablo de Lucio Muñoz, vidrieras de Javier Eulate—, había sido una verdadera declaración de arte revolucionario y prefiguró la aparición de un nuevo arte vasco, de una nueva estética vasca volcada a la experimentación y a la vanguardia, a la que Oteiza quiso dar una base teórica con su polémico libro Quosque tandem (1963). Oteiza y Chillida, más Basterretxea, Vicente Larrea, Remigio Mendiburu y Ricardo Ugarte —que irrumpieron en los años cincuenta y sesenta— configuraron la que se llamó «escuela vasca de escultura», una de las apuestas artísticas más interesantes del momento. En 1966, escultores y pintores (los escultores citados, más pintores como los guipuzcoanos Amable Arias, Ruiz Balerdi, Sistiaga y Zumeta; los vizcaínos Ibarrola, Ramos Uranga, Dionisio Blanco, Javier Urquijo, hasta un total de veintitrés; los alaveses Fraile, Mieg, Ortiz de Elguea más el fotógrafo Alberto Schommer) constituyeron los grupos de Escuela Vasca, un proyecto —en parte fallido— para remover todo el entorno cultural vasco. La cultura y la literatura euskaldunes experimentaron en los años sesenta un primer resurgimiento tras la Guerra Civil. Apareció, al menos, una nueva generación de escritores (Jon Mirande, Krutwig, Juan San Martín, Aresti, Txillardegi) que renovó de raíz los temas y las formas expresivas de la literatura vasca: Harri eta herri (Piedra y pueblo), de Gabriel Aresti (1933-1975), de 1964, se convirtió en la pieza clave de la renovación. El filólogo Koldo Mitxelena, autor en 1960 de una influyente historia de la literatura vasca, fue el principal impulsor desde fines de los años sesenta de los esfuerzos para unificar la lengua vasca. En esa misma década, un pequeño grupo de escritores (en castellano) —Ramiro Pinilla, Pablo Antoñana, José M.ª Mendiola, el propio Martín Santos— incorporaron en sus obras las formas y temas de las llamadas «nuevas» narrativas: Pinilla obtuvo en 1960 el Premio Nadal de novela por Las ciegas hormigas; Mendiola, en 1962, por Muerte por fusilamiento. En 1966, Raúl Guerra Garrido publicó Cacereño, una dura novela social sobre la discriminación que los trabajadores inmigrantes sufrían en el País Vasco. En 1968, Néstor Basterretxea y Fernando Larruquert filmaron Ama Lur (Tierra Madre), casi la primera película vasca de la posguerra, un documental de larga duración sobre el País Vasco, con imágenes de gran fuerza y belleza.

El resultado era, pues, extremadamente paradójico, una sorpresa casi tan significativa como aquel despertar de la cultura española desde 1900 que, como vimos al principio, llamó poderosamente la atención de Curtius: en la España de Franco, la cultura «establecida» (que no oficial, hay que insistir) era una cultura liberal; la cultura crítica, por una parte, se radicalizaba; por otra, se regionalizaba. No sólo en Cataluña y en el País Vasco. En 1962, Joan Fuster publicó Nosaltres els valencians, un ensayo sobre la personalidad histórica y cultural de Valencia. La obra de Josep Melià, Els mallorquins (1967), tenía la misma ambición para Mallorca: definir la particular identidad de la isla. De la misma manera, en su libro O atraso económico de Galicia, aparecido en 1972, Xosé Manuel Beiras replanteaba la cuestión de la identidad gallega más en términos económicos y sociales, a la luz del estancamiento y dependencia de la región, que en términos históricos y culturales (un libro, además, que prolongaba el resurgimiento de la cultura gallega que había comenzado en la década de los cincuenta merced sobre todo a los esfuerzos de la editorial Galaxia creada en Vigo por Ramón Piñeiro, y que había tenido en el poema Longa noite da pedra, 1962, de Celso Emilio Ferreiro, su mejor manifestación literaria). El auge, aún efímero, que a fines de los sesenta y principios de los setenta parecieron experimentar las narrativas andaluza (en 1971, Alfonso Grosso por Guarnición de silla; Luis Berenguer, por Leña verde, y José M.ª Requena, por El cuajarón, obtuvieron algunos de los premios literarios más prestigiosos del país) y canaria (Juan Cruz Ruiz, Fernando G. Delgado, Armas Marcelo, cuya primera novela, El camaleón sobre la alfombra, recibió en 1975 el premio Galdós de novela) evidenciaba de alguna manera el despertar de la sensibilidad regional de aquellas comunidades, tanto más así en el caso andaluz, donde, desde los años sesenta, ensayistas, economistas, sociólogos e historiadores (Capelo Martínez, Antonio Burgos, Antonio M. Bernal, J. Acosta Sánchez y otros) habían ido proyectando, en libros esta vez de carácter académico, una nueva visión de Andalucía, identificada con atraso económico y problemas sociales, y no con la imagen estereotipada (gitanos, toros, cante, Semana Santa) divulgada hasta la exasperación por el folklorismo tradicional, reforzado en los años sesenta por las necesidades del turismo de la región.

Desde finales de los años sesenta, a partir de 1968-1970, pudieron apreciarse, además, en los planteamientos y proyectos de intelectuales, escritores y artistas españoles un enriquecimiento sensible y una evidente diversificación, apertura hacia nuevas ideas y tendencias que no hacían sino evidenciar que la cultura española había acabado por conquistar, frente a prohibiciones y dificultades de todo tipo, su propia libertad. Así, en el campo de la filosofía, aún vigente, como hemos visto, el pensamiento orteguiano —y, por otro lado, el marxismo—, aparecieron, al filo del cambio de la década, un número de autores (Emilio Lledó, Javier Muguerza, Manuel Garrido, Miguel A. Quintanilla, Alfredo Deaño, Jacobo Muñoz), que iniciaron caminos casi inéditos hasta entonces, salvo por la obra de Ferrater Mora, en la filosofía española, como la filosofía del lenguaje, el análisis, la lógica matemática y la filosofía de la ciencia. Dentro del pensamiento radical y crítico se había producido una cierta rebelión contra el marxismo que quedó de manifiesto en la sensibilidad inconformista y anarquizante («neonietzscheana») de los ensayos de Fernando Savater (Nihilismo y acción, 1970; Apología del sofista, 1971) y Eugenio Trías (La filosofía y su sombra, 1968; Filosofía y carnaval, 1970). En historia contemporánea, Raymond Carr había reunido desde 1970 en Oxford —en el Centro de Estudios Ibéricos, otra creación del Banco Urquijo— a un grupo de historiadores españoles y no españoles (inicialmente, Romero Maura, Varela Ortega, J. P. Fusi, Shlomo Ben-Ami, Preston) cuya obra, influida por la historiografía y el pensamiento británicos (Namier, Isaiah Berlin, etc.), buscaría huir de reduccionismos socioeconómicos y generalizaciones sin base empírica y revisar así críticamente, ampliando y complejizando las perspectivas de análisis, la España de los siglos XIX y XX (la Restauración, el caciquismo, el anarquismo, el movimiento obrero...).

En arte, la abstracción y el realismo crítico dejaron paso a nuevas tendencias (hiperrealismo, nueva abstracción, arte óptico, minimal art, arte pobre...), entre las que el minucioso realismo de Antonio López García, realismo poético y melancólico —escenas de la vida cotidiana, vistas de Madrid, interiores humildes (lavabos, bañeras, espejos, neveras)—, el exuberante informalismo de Luis Gordillo —una pintura biológica, geometrizante, obsesiva, como magmas de color—, la violenta, cruel, desgarrada y grotesca expresividad de Antonio Saura, y el divertido (y transgresor, casi dadaísta) pop de Eduardo Arroyo tuvieron particular importancia. Cristóbal Halffter (Firmantes para dos pianos, 1961; Anillos, 1968; Líneas y puntos, 1967) y Luis de Pablo (Radial, 1960; Libro para el pianista, 1961) se reafirmaron en su línea creativa y continuaron, con creciente reconocimiento internacional (y escasa atención dentro de España), la labor renovadora de la música española que habían emprendido en los cincuenta.

La novela y la poesía social entraron en crisis desde mediados de los años sesenta. La novela de Luis Martín Santos Tiempo de silencio (1962), una novela social (el fracaso existencial de un joven médico en el miserable Madrid de la posguerra) pero de estructura narrativa y lenguaje insólitos, pareció acabar con el género. La literatura hermética, densa y metafórica de Juan Benet (Volverás a Región, 1967; Una meditación, 1970; Una tumba, 1971; Un viaje en invierno, 1972; La otra casa de Mazón, 1973), una alegoría sobre la Guerra Civil española en el marco de un territorio llamado Región, marcó el cambio. Paralelamente, un grupo de nuevos narradores (Terenci Moix, José M.ª Guelbenzu, Germán Sánchez Espeso, José Leyva, Vicente Molina Foix, Félix de Azúa, Javier Marías) convirtió la libertad expresiva, el esteticismo y el experimentalismo en formas y estilos, en la clave esencial de su literatura, lo que permitió que se hablase, a propósito de ésos y otros escritores, de «nueva novela española». Tras la aparición en 1967 del deslumbrante libro de poemas Arde el mar, de Pere Gimferrer, y de Dibujo de la muerte, de Guillermo Carnero, del mismo año, el crítico Josep M.ª Castellet, el mismo que antes había teorizado la literatura del realismo social, lanzó en 1970 a un grupo de poetas «novísimos» (Gimferrer, Carnero, Molina Foix, Ana M.ª Moix, Leopoldo M.ª Panero, Martínez Sarrión, José M.ª Álvarez, Vázquez Montalbán, Félix de Azúa) —pudo haber incluido también a José Miguel Ullán, cuya poesía (Amor peninsular, 1965; Cierra los ojos y abre la boca, 1970; Maniluvios, 1972) pronto derivó hacia el «collage» y los juegos visuales y de lenguaje—, cuya apuesta por una poesía a la vez imaginativa, estetizante, experimental, despreocupada de las formas tradicionales y llena de referencias al cine y a otras manifestaciones de la cultura moderna (opciones que parte de la crítica creyó ver también en la poesía de Gil de Biedma o de Francisco Brines de fines de los sesenta, la de este último reunida en Ensayo de una despedida, 1974) tuvo mucho de movimiento «contra-cultural» y revolucionario, completado por la poesía igualmente esteticista, culta, depurada que, al margen de los novísimos, propondrían casi al tiempo, desde sus respectivas y muy diversas estéticas, otros poetas nuevos, poetas ya de los setenta como Luis Alberto de Cuenca (Espejo del amor y de la muerte), Luis Antonio de Villena (Sublime Solarium, Hymnica, El viaje a Bizancio), Antonio Colinas (Truenos y flautas en un templo, Sepulcro en Tarquinia), Jaime Siles (Génesis de la luz, Biografía sola, Canon) o Jorge Urrutia (La fuente como un pájaro escondido).

Significativamente, Juan Goytisolo, el novelista más sólido de la generación realista de los cincuenta, inició en 1966, con Señas de identidad (a la que en 1970 siguió Reivindicación del conde don Julián y en 1975 Juan sin Tierra), una etapa nueva en su narrativa dominada no ya por la problemática social, sino por una obsesión evidente por la renovación formal y por la incorporación de formulas narrativas inéditas, en las que Goytisolo —un Goytisolo amargado por la prolongación del franquismo y la acomodación de la sociedad española al mismo, cada vez más distanciado de la cultura española y más crítico del pasado español en su totalidad (de ahí que le interesaran especialmente las tesis de Américo Castro y la recuperación de las culturas musulmana y judía españolas)— veía ahora una forma extrema y generalizada de transgresión cultural. José Ángel Valente, por su parte, iría distanciándose del realismo, y derivando hacia una poesía (El inocente, Treinta y siete fragmentos, Material memoria) cargada de espiritualidad y tensión metafísica y de excepcional pureza estética y sobriedad expresiva. El cambio afectó también a otros narradores de la generación de Goytisolo (Hortelano, Caballero Bonald, Grosso, Luis Goytisolo) y aun de la anterior, como el propio Cela (San Camilo 1936, Oficio de tinieblas/5) y Gonzalo Torrente Ballester, con su celebrada La saga/fuga de J. B. (1972). Con todo, el realismo objetivista, mesurado, bien construido, bien narrado, de Carmen Martín Gaite (Retahilas, 1974), Jesús Fernández Santos o Delibes, o el más desenfadado y mordaz de Juan Marsé (Si te dicen que caí, 1973), o el más expresivo de Francisco Umbral, un escritor fecundísimo que practicaba una especie de neo-costumbrismo crítico cargado de erotismo, lirismo y audacias lingüísticas (Travesía de Madrid, 1966; El Giocondo, 1970; Amar en Madrid, 1972; Memorias de un niño de derechas, 1972), producirían notables ejemplos de buena literatura. En concreto, Cinco horas con Mario (1967), de Delibes, el largo monólogo de una mujer ante el cadáver de su marido, que era una tremenda diatriba contra la mediocridad y miseria moral de las clases medias españolas del franquismo, fue inmediatamente reconocida, por su construcción y prosa, como una de las mejores novelas españolas de toda la posguerra.

Experimentalismo, voluntad renovadora, liberación de procedimientos narrativos: tal era, al filo de la década de 1970, el lenguaje de los jóvenes escritores españoles y de los que sin serlo se sumaron a las nuevas tendencias. Parecía volverse a la idea de que la misión de la literatura radicaba más en la revolución estética y lingüística que en la crítica social, y a la concepción del compromiso del escritor como un compromiso fundamentalmente literario (y algo parecido ocurría en el cine, cuya nueva recuperación se inició en 1973 con El espíritu de la colmena, de Víctor Erice). En La revolución y la crítica de la cultura (1970), un libro deliberadamente polémico que sacudió los medios culturales españoles, Alfonso Sastre criticó con agresividad y violencia extremas la evolución hacia el esnobismo y el cosmopolitismo que creía observar en la cultura española —en la cultura progresista española—, que, tomada en su conjunto, definía como una cultura degradada, enferma, anémica. Sastre no entendió, sin embargo, que la vanguardia literaria de los setenta fue tan hostil al franquismo y tan decididamente demócrata como pudo serlo la generación del realismo.

Desde luego, el divorcio entre el pensamiento español y el régimen de Franco era ya, hacia 1970, abismal, algo que sería decisivo en la transición a la democracia a la muerte del Caudillo. Lo evidenció, ante todo, la propia evolución de las ciencias sociales (sociología, historia, ciencia política, economía). Primero, por la explosión que estos estudios conocieron desde 1968-1970 y que se tradujo en una obra muy abundante y de gran rigor científico y conceptual, como lo fueron muchos de los libros y artículos escritos entre esos años y 1975 por sociólogos, politólogos, especialistas en derecho político y constitucional y en filosofía del derecho, como Juan L. Linz [An Authoritarian Regime (Spain), 1964, y The Party System of Spain: Past and Future, 1967], Carlos Moya (Burocracia y sociedad industrial, 1972), José M.ª Maravall (Trabajo y conflicto social, 1967; El desarrollo económico y la clase obrera, 1970); Víctor Pérez Díaz, Salvador Giner, Raúl Morodo, Elías Díaz (Estado de Derecho y sociedad democrática, 1966; Sociología y filosofía del derecho, 1971), Julio Busquets, Amando de Miguel, Jordi Solé Tura, Ignacio Sotelo, Martínez Cuadrado, José R. Recalde, Emilio Lamo de Espinosa, Jorge de Esteban, Santiago Varela; por historiadores de la economía como Fontana (La quiebra de la Monarquía absoluta, 1971), Nadal (El fracaso de la Revolución Industrial en España, 1975), Gabriel Tortella (Los orígenes del capitalismo en España, 1973), Gonzalo Anes, José Luis García Delgado y Santiago Roldán, autores en 1973 de un gran estudio sobre la evolución del capitalismo español entre 1914 y 1923; por historiadores generales como Javier Tusell (autor, con Martínez Cuadrado, de los primeros trabajos rigurosos de sociología electoral de los siglos XIX y XX), Santos Juliá (historiador de la izquierda española de los años treinta), Ángel Viñas, Joaquín Romero Maura, José Varela Ortega (estos dos últimos, autores con Tusell, en octubre de 1973, de un número monográfico de Revista de Occidente sobre el caciquismo que renovó de raíz todo lo escrito hasta entonces sobre el tema); por historiadores de las ideas y del pensamiento como José Luis Abellán, Carmen Iglesias, Antonio Elorza (La ideología liberal en la Ilustración española, 1970), José Álvarez Junco (La Comuna en España, 1971), del arte como Marchán Fiz y Valeriano Bozal, de la literatura como Gonzalo Sobejano, Ruiz Ramón, Andrés Amorós, Víctor García de la Concha y José Carlos Mainer (Falange y literatura, 1971; Literatura y pequeña burguesía en España, 1973; La Edad de Plata. 1902-1939, 1975) y muchos otros. Segundo, porque los temas sobre los que tal producción se centró —la naturaleza de los regímenes autoritarios y democráticos, la estructura social de la España contemporánea, los sistemas de partidos, elecciones y partidos políticos en España, ideologías, literatura y arte contemporáneos, el atraso económico de España, los mecanismos de los sistemas electorales— giraban, desde las diferentes perspectivas de sus autores, adscritos a escuelas de pensamiento muy distintas, en torno a una preocupación dominante: la democracia en España, su fracaso histórico y los problemas para la construcción de un nuevo orden democrático estable y duradero.

La evolución de la cultura ponía, pues, en evidencia el formidable vacío cultural, ideológico e intelectual sobre el que descansaba en sus años finales el régimen de Franco. Éste se estrellaba en sus propias contradicciones. Pese a la liberalización de los sesenta, en 1972 el gobierno cerró Madrid, el más liberal de los diarios españoles. El cierre fue inútil, no silenció a la prensa. Ya, el diario católico de Madrid, Informaciones, el semanario Cambio 16, creado en 1971 por Juan Tomás de Salas, se distinguieron ahora (1970-1975) por sus críticas al régimen y la abundancia y calidad de su información. La prensa cumplía casi las funciones de un «parlamento de papel». Un grupo de excelentes y celebrados humoristas gráficos (Perich, Forges, Mingote, Chumy Chúmez, Summers, Gila, Ops y otros) satirizaron desde la prensa cotidiana —y desde revistas (Hermano Lobo, Por Favor) y libros de gran éxito— el inmovilismo, la burocracia, la retórica y los valores del franquismo. Bien significativo fue el excepcional éxito comercial que en 1973 tuvieron La República y la España de Franco, un libro de divulgación del economista Ramón Tamames que era una apología de la democracia y una denuncia abierta de la dictadura, y la película La prima Angélica, de Carlos Saura, una sátira cruel del franquismo (o el de Furtivos, de José Luis Borau, un intenso drama rural, ya en 1975, film complejo y bellísimo, uno de los mejores de la historia del cine español, que fue interpretado como una metáfora del régimen que entonces mismo moría). En 1974, cuando todavía estaban prohibidos los partidos políticos, apareció Partidos y programas políticos, 1808-1936, un monumental estudio (dos volúmenes, más de mil páginas) realizado por el historiador Miguel Artola en el que analizaba la evolución de los partidos a lo largo de los siglos XIX y XX y editaba, además, los que fueron sus manifiestos y programas. El sentido de todo ello era claro: la conciencia intelectual de la España de los setenta era una conciencia mayoritariamente democrática.

Capítulo 5
Cultura y democracia
La cultura de la transición

La cultura española había recobrado desde los años cincuenta y sesenta, como hemos visto, un más que discreto nivel de calidad y modernidad. Parte de ella —también ha quedado dicho— había sido, además, esencial en la recuperación de la conciencia democrática del país. Cuando en 1977 se concedió el Premio Nobel de Literatura al poeta Vicente Aleixandre, pareció obvio que se quiso premiar no sólo los méritos innegables del escritor, sino además el hecho mismo de que la cultura española —como ejemplificaba el caso de Aleixandre, que supo sobrevivir con enorme dignidad en su exilio interior— hubiera terminado por triunfar sobre el franquismo.

El retorno de la normalidad

En ese contexto, la restauración de la democracia a la muerte de Franco, consagrada en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía regional que de ella se derivaron, configuraría un marco histórico radicalmente nuevo para la vida cultural del país. En concreto, tres hechos serían determinantes:

1) La cristalización de un régimen de libertades en el ámbito de la edición, prensa, teatro, cinematografía y bellas artes.

2) La intensificación de la acción del Estado al servicio de la difusión social de la cultura.

3) El resurgimiento de las culturas de las comunidades autonómicas, como expresión de una nueva idea de España basada en el reconocimiento de su pluralidad cultural y lingüística.

La transformación que el mundo cultural experimentó como consecuencia del efecto acumulado de esas nuevas circunstancias fue notable. Tras unos primeros meses, hasta julio de 1976, de contradicciones e incertidumbre, la democracia supuso un sistema radicalmente nuevo y libre de prensa y radio, y más lentamente de televisión. Desapareció el Ministerio de Información, el órgano de control de la información y la cultura durante la Dictadura. Se procedió al cierre o venta de los periódicos del Estado: trece de ellos fueron cerrados y diecisiete vendidos entre 1975 y 1982, y los restantes fueron clausurados definitivamente tras la llegada de los socialistas al poder en 1982, de forma que la cuestión quedó resuelta definitivamente en 1984. Desaparecieron, pues, periódicos «históricos» del franquismo como Arriba, Pueblo o El Alcázar. Con la creación en 1976-1977, al hilo de la aparición de grandes grupos de comunicación (PRISA, Zeta, el grupo vasco de El Correo de Bilbao) de periódicos nuevos (El País, El Periódico de Cataluña, Deia, Egin, Diario 16, Avui, Navarra hoy y otros) y en 1989 de El Mundo; con la desaparición de otros por razones económicas (por ejemplo, Informaciones y Diario de Barcelona y semanarios como Triunfo y Cuadernos para el Diálogo), más la modernización y actualización (nuevos formatos, uso del color) que experimentaron muchos otros estimulados por la nueva competencia, el cambio fue extraordinario, probablemente el más intenso y positivo que se había producido en la historia de la prensa española. En 1977, había unos 70 diarios que tiraban en torno a los dos millones de ejemplares; en 1994, 80, con una tirada cercana a los cuatro millones. Los periódicos de más difusión en 1975 eran La Vanguardia de Barcelona con 223.000 ejemplares y ABC de Madrid con 187.000; en 1994, El País con algo más de 400.000 ejemplares (y El País Semanal, de los domingos, en torno al millón) y ABC con 320.000.

El 3 de octubre de 1977 terminó el monopolio informativo de Radio Nacional, cuando la cadena Ser emitió su primer informativo. La cadena de radio del Movimiento desapareció fusionada en 1988 con Radio Nacional, definida como radio pública dentro del organismo autónomo Radio y Televisión Española, regulado por un estatuto nuevo aprobado en 1979. Se autorizaron numerosas radios nuevas, especialmente de frecuencia modulada: en 1976 había 334 emisoras; en 1996, 2.603. Los años ochenta, en concreto, supusieron la explosión de la radio (en parte atribuida al positivo papel que la radio —que mantuvo al país perfectamente informado de lo que ocurría— desempeñó durante el intento de golpe de estado militar de 23 de febrero de 1981, la «noche de los transistores», como se dijo): las grandes cadenas (Ser, Radio Nacional, COPE, Onda Cero) tendrían audiencias millonarias; la popularidad e influencia política y social que en esa década y en la siguiente alcanzaron los periodistas de la radio (José M.ª García, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Encarna Sánchez, Luis Herrero, Julia Otero, Antonio Herrero) fue excepcional, un hecho social y cultural de primera importancia. La televisión también cambió. El canal público, Televisión Española, regulado por el estatuto de 1979 que, entre otras, cosas establecía el control parlamentario de la entidad, iría aumentando sus horas de emisión e introduciendo continuas innovaciones tecnológicas. Dejó, además, de ser monopolio. Con el establecimiento de regiones autónomas, se autorizaron la creación de televisiones regionales. En 1982, el gobierno vasco creó Radio y Televisión Vasca, que empezó a emitir en enero de 1983, con dos canales de televisión (Euskal-Telebista), uno de ellos íntegramente en euskera, y varias radios públicas. Casi al tiempo, el gobierno catalán creó TV 3, la televisión catalana, y Catalunya Ràdio, a los que se añadirían luego otros canales. Desde 1984-1985, la práctica totalidad de las comunidades autónomas dispondría de cadenas de radio y televisión propias. Desde 1983 fue posible, además, la recepción de televisiones extranjeras por satélite. En 1990, el gobierno —entonces presidido por Felipe González— reguló la televisión privada, autorizándose la emisión a las cadenas Antena 3, Telecinco y Canal Plus, esta última televisión de pago.

Entre 1975 y 1990 se había producido, por tanto, una verdadera revolución en los medios de comunicación españoles. La aparición en Madrid, el 4 de mayo de 1976, por iniciativa de José Ortega Spottorno, del diario El País, perteneciente al grupo PRISA de Jesús de Polanco, un empresario procedente del mundo editorial, y dirigido entre 1976 y 1988 por Juan Luis Cebrián (luego, por Joaquín Estefanía, hasta 1993, y Jesús Ceberio), revolucionó el mundo de la prensa. Con un selecto grupo de periodistas e intelectuales relevantes a su frente (como Javier Pradera, Vicente Verdú, Francisco Umbral, Rafael Conte, Juan Cueto, Maruja Torres, Rosa Montero, Manuel Vicent, Ángel S. Harguindey, Soledad Gallego-Díaz, Patxo Unzueta, Juan Cruz, Francisco Calvo Serraller —cuya espléndida sección de crítica e historia de arte, mantenida a lo largo de los años, marcaría el gusto y la sensibilidad artística del país— y un largo etcétera), El País tuvo un éxito fulminante, especialmente en medios políticos y culturales de la intelligentsia liberal y de izquierda, que tuvo en sus páginas el vehículo idóneo para la expresión de sus ideas. Ello revelaba, de acuerdo con lo dicho en el capítulo anterior, la ascendencia que la cultura democrática —y hasta una cierta mystique de gauche— tenía en los medios universitarios y profesionales (como criticaría con acritud y aspereza ya en 1979 Federico Jiménez Losantos en su libro Lo que queda de España), algo que sólo empezó a cambiar en los años ochenta, con la recuperación del diario ABC bajo la dirección de Luis M.ª Ansón (1982-1997) y la aparición en 1989 de El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, cuyas páginas culturales —en ambos casos, de notable calidad— quisieron configurarse como alternativa a la hegemonía de El País (aunque todavía en 1996, la llegada al poder, tras su victoria en las elecciones de marzo, del Partido Popular, el partido conservador —un partido, ciertamente, con muy escaso bagaje intelectual y cultural y que había logrado muy pocos apoyos intelectuales de relieve— sería recibida con considerable recelo en medios intelectuales y culturales).

En cualquier caso, a pesar de cierta parcialidad ideológica —indisimulada en algunos de sus colaboradores habituales, como Haro Tecglen o Vázquez Montalbán— y de su exclusivismo cultural, la factura de El País resultó excelente. Su información fue, desde el primer momento, superior a la de sus competidores. Acertó a introducir «cuadernillos» monográficos de interés y a producir una excelente edición dominical. En 1991 empezó a publicar Babelia, un suplemento semanal de cultura; en 1992, una edición especial para Cataluña, a la que siguieron otras para otras regiones: El País, en suma, elevó de forma sustancial el horizonte informativo y cultural de España.

En 1977 se suprimió la censura de espectáculos. Ello tuvo desde luego alguna desviación negativa. El cine y el teatro se vieron en un primer momento inundados de manifestaciones pornográficas, muchas de ellas de deleznable gusto. Algunas publicaciones periódicas —semanarios de gran difusión, principalmente— vieron la oportunidad que el mercado ofrecía a la combinación de pornografía ligera, periodismo «amarillo» y escandaloso e información gráfica espectacular y morbosa: la revista Interviú, fundada en 1976, tendría un éxito popular excepcional. Pero el hecho positivo fue que la sexualidad pudo ser ya tratada libremente. Películas como Los placeres ocultos y El diputado, de Eloy de la Iglesia; Ocaña. retrato intermitente (1978), de Ventura Pons, y Un hombre llamado flor de otoño (1978), de Pedro Olea, abordaban el tema de la homosexualidad; Cambio de sexo (1976), de Vicente Aranda, era la historia de un transexual. La colección de novela erótica «La sonrisa vertical» sirvió al menos para descubrir a una excelente escritora, Almudena Grandes, cuya novela Las edades de Lulú (1989), sobre las fantasías eróticas de una joven, tuvo un excepcional éxito en España y Europa.

El 4 de julio de 1977 se creó el Ministerio de Cultura, con amplias competencias en materias de libro, bibliotecas, cine, música, exposiciones y museos. Ministerio polémico y discutido —visto al principio como la posible continuación de los Ministerios de «información» del franquismo y como amenaza de un posible dirigismo estatal de la cultura—, el Ministerio de Cultura nació con el propósito de procurar financiación del Estado a empresas culturales para las que la iniciativa privada podría ser insuficiente, como el mantenimiento de bibliotecas, museos y archivos, la construcción de obras de infraestructura cultural, el costeamiento de orquestas, teatros y ballets nacionales, o la realización de grandes exposiciones. Aunque los sucesivos gobiernos cayeran en más de una ocasión en las tentaciones y riesgos implícitos en dichas políticas —uso político de los actos culturales, favoritismo en la adjudicación de ayudas y subvenciones—, el Ministerio de Cultura supo ajustarse pronto a su verdadera función. Por lo menos, la nueva democracia española no se inspiraba en un proyecto cultural unilateral y excluyente, no reivindicaba —ni proyectaba hacia la sociedad— una determinada interpretación de la historia y de la literatura españolas, unos determinados credos estéticos, un pensamiento o unos gustos culturales dados. Podía preferir ciertas tradiciones culturales e históricas españolas. De ahí, por ejemplo, la atención que, después de 1975, recibirían escritores y artistas silenciados o perseguidos durante el franquismo, o vinculados a la cultura del exilio —Miró, Alberti, García Lorca, Machado, María Zambrano, tantos otros—, o etapas históricas caracterizadas por el reformismo monárquico —por ejemplo, el siglo XVIII, reivindicado en 1988 con motivo del bicentenario de la muerte de Carlos III— o por su significación democrática, como la Segunda República: en 1986 y 1987 se organizaron en Valencia distintas actividades para conmemorar que la ciudad había sido capital de la república en 1936 y sede de un resonante congreso internacional de intelectuales antifascistas en 1937; en 1990, el Ministerio de Cultura, entonces presidido por el escritor Jorge Semprún, conmemoró con una gran exposición (y otros actos) el cincuentenario de la muerte de Azaña, el líder de la Segunda República. Cuando en 1985 correspondió a España protagonizar en Bruselas Europalia —un festival de tres meses de duración de exposiciones y actos culturales de todo tipo—, la selección de manifestaciones culturales que se hizo reveló la voluntad integradora y abierta de la visión cultural de la joven democracia española: el camino de Santiago; la pintura del Siglo de Oro de El Greco a Velázquez; Goya; los Beatos y otros libros preciosos de la Biblioteca Nacional; Miró, Picasso y Dalí; Tàpies y Chillida; Miquel Barceló y Antonio López; García Lorca y Juan Ramón Jiménez; la música de Luis de Pablo (que en 1990 estrenaría su ópera El viajero indiscreto, con libreto de Molina Foix); significativamente, Juan Goytisolo recibió el premio literario especial concedido por dicha muestra. Dos años después, en otro acontecimiento similar, «París a la hora de España», la imagen se repitió. España volvió a presentar muchos de los tesoros de su pintura clásica y de su patrimonio bibliográfico, una antología de su arte del siglo XX titulada «El siglo de Picasso» seleccionada por Calvo Serraller y una exposición de casi 2.000 libros (novela, poesía, ensayo, historia, literatura infantil, arte, ciencia) publicados desde 1975, como expresión de lo que era la cultura escrita de la nueva etapa democrática.

En otras palabras, los principios últimos de la cultura democrática eran claros: neutralidad cultural del Estado y reconocimiento del pluralismo cultural de la sociedad civil. La labor del Ministerio de Cultura fue, además, decisiva. A raíz de su creación y en muy poco tiempo, la Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta, el Centro Dramático Nacional, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas —estas tres últimas, promovidas después de 1975—, el Ballet Nacional y la Compañía de Teatro Clásico, creada en 1985, cobraron un impulso inusitado. El nuevo régimen inició una ambiciosa política de grandes exposiciones, especialmente potenciada en la etapa (1979-1981) en que el historiador Javier Tusell ocupó la dirección general de Bellas Artes —exposiciones antológicas de Miró, Picasso, Tàpies, Chillida, Henry Moore, etc.— que alcanzaron casi de inmediato espectacular éxito de público. En 1981 se logró un éxito notable: la repatriación del Guernica de Picasso, que pasó del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde había estado desde la Guerra Civil española, primero al Casón del Buen Retiro de Madrid, dependiente del Museo del Prado y luego al nuevo Centro de Arte Reina Sofía. Los socialistas, que permanecerían en el poder entre 1982 y 1996, reforzaron la política de exposiciones: los Iberos, Dalí, Cezanne, Ortega, Juan Gris fueron, por ejemplo, las muestras de más éxito en los años 1982 a 1985; cerca de dos millones de personas visitaron en 1990 la exposición que sobre Velázquez organizó el Museo del Prado, un hecho social formidable, un verdadero fenómeno de masas. En 1998 —con el Partido Popular en el poder desde marzo de 1996— hubo, entre otras, coincidiendo con distintos tipos de aniversarios, grandes exposiciones y congresos sobre Felipe II, el 98 y García Lorca; en 2000 se conmemoró, también profusamente, el centenario de Luis Buñuel.

Paralelamente, bien por iniciativa del gobierno central, bien por la acción de los gobiernos regionales y locales, se potenciaron muchos de los ya existentes festivales de música y/o teatro (San Sebastián, Santander, Granada, Mérida...) y se crearon otros nuevos, como el Festival de Teatro Clásico de Almagro (1978) o los festivales de música de Segovia y Perelada, iniciativas que tendrían, además, gran difusión merced a la extraordinaria atención que les prestarían los medios de comunicación. Al hilo del formidable éxito que, bajo el rectorado de Raúl Morodo (y luego, en los ochenta y noventa, de Santiago Roldán, Ernest Lluch y José Luis García Delgado), tuvo la renacida Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, la antigua universidad de verano creada por la Segunda República, se multiplicaron las universidades estivales, sobre la fórmula de cursos distendidos sobre temas de actualidad y presencia masiva de intelectuales, políticos y famosos, y amplia difusión (también) en los medios de comunicación.

En 1986 se inauguró en Madrid el Centro de Arte Reina Sofía, escenario desde esa fecha de las grandes exposiciones de arte contemporáneo organizadas por Cultura (hasta entonces desarrolladas en otros centros de la capital). Ese mismo año se abrió en Mérida el Museo Nacional de Arte Romano, una obra maestra del arquitecto Rafael Moneo que, en Madrid, adaptó el Palacio de Villahermosa para Museo de la excepcional colección Thyssen-Bornemisza adquirida por el Estado español en 1993. En 1988, se inauguró el nuevo Auditorio Nacional de Música en Madrid, obra de José M.ª García de Paredes; en 1989, el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia, obra de los arquitectos Emilio Giménez y Carlos Salvadores, y el Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas, de Sáenz de Oíza; en 1991, el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, también de Sáenz de Oiza; en 1993, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (de Álvaro Siza) en Santiago; en 1996, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (de Richard Meier) y el Museo Domus del japonés Isozaki en La Coruña. En 1997 se reabrió el Teatro Real de Madrid y se inauguraron el Museo Guggenheim en Bilbao, un fabuloso edificio de sorprendentes formas curvas revestido de titanio y cristal, obra de Frank O. Gehry y, en Las Palmas, el Auditorio Alfredo Kraus, de Óscar Tusquets. En 1999, finalmente, se terminó el Palacio de Congresos y Auditorio de San Sebastián, obra de Moneo, dos inmensos «cubos» que simbolizaban dos rocas varadas en una de las playas de la ciudad.

Todo ello, exposiciones, museos, cursos de verano, auditorios —la propia arquitectura: casi todos los edificios citados nacieron como nuevos hitos visuales de sus respectivas ciudades—, respondió a una verdadera y genuina demanda social de cultura; contribuyeron a su vez a crear, en relativo poco tiempo además, un nuevo clima cultural en el país. En todas las comunidades autónomas proliferaron la organización de actos culturales —conferencias, exposiciones, conciertos, congresos—; las ayudas financieras a artistas noveles, a grupos teatrales independientes y similares; los intentos por promocionar los estudios universitarios, y la divulgación cultural. Madrid fue un caso extremo. La abundancia de exposiciones, conciertos, conferencias, recitales, representaciones de ópera y ballet, festivales, ferias de arte (como Arco, que comenzó en 1982), presentaciones de libros y de toda suerte de actos culturales (la antigua Residencia de Estudiantes, por ejemplo, resurgió a partir de 1988 bajo la dirección de José García de Velasco y Alicia Gómez Navarro), actividades de iniciativa bien pública (Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento de Madrid), bien privada (Fundación March, Banco Exterior, Mapfre, Caixa de Pensiones, Cajamadrid, Telefónica...), le dio un dinamismo cultural verdaderamente inusitado que, por un tiempo —mediados de los ochenta—, se asoció a lo que se llamó la «movida» madrileña, esto es, los distintos e indefinibles movimientos contraculturales de la capital española inspirados por diseñadores de moda, fotógrafos, dibujantes, grupos musicales y algunos galeristas (Ouka-Lele, Agatha Ruiz de la Prada, Alaska, Radio Futura, Ceesepe, El Hortelano, Haro Ibars, Moncho Alpuente y la revista La Luna de Madrid, dirigida por Borja Casani, el cine de Almodóvar y otros), vagamente emparentados con el trivialismo ideológico de la postmodernidad (por lo que sus frutos, después de todo, no fueron sino efímeras manifestaciones estéticas y culturales anticonvencionales y provocadoras).

La «movida» simbolizó de alguna forma —y eso era lo que importaba— el resurgimiento cultural de Madrid con la democracia. El cambio —ya veremos más adelante lo que pudo tener de contradictorio y engañoso— afectó, sin embargo, por igual a todo el país: tal vez fuera la masiva asistencia a actos culturales que se registró en toda España a partir de 1975 el hecho más significativo de la historia de la cultura en la transición de la dictadura a la democracia. Pero además, entre 1975 y 1995, la industria española produjo un total de 1.727 películas. Volver a empezar, de José Luis Garci, en 1983; Belle époque, de Fernando Trueba, en 1994, y Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, en 2000, obtuvieron el «Óscar» a la mejor película extranjera. Desde 1981, España era el quinto país del mundo por producción de libros: en 1987, se editaron un total de 38.814 títulos nuevos; en 1995, 51.934. Aleixandre en 1977 y Camilo José Cela en 1989 recibieron el Premio Nobel de Literatura. Arquitectos como Ricardo Bofill, Rafael Moneo, Enric Miralles, Campo Baeza, Santiago Calatrava —especializado en audaces y bellísimos puentes y torres— y Navarro Baldeweg tenían tanta obra fuera de España como dentro de ella. Moneo obtuvo en 1996 el premio internacional más importante de su profesión, el premio Pritzker; también el compositor Cristóbal Halffter (Concierto para violín y orquesta, 1979; Fantasía sobre una sonoridad de Haendel, 1981; No queda más que el silencio, 1985; Variaciones Dortmund, 1986...) había logrado un excepcional reconocimiento internacional. Incluso aunque el teatro siguiera agonizante, entre 1982 y 1994 se montaron un total de 670 espectáculos.

El pluralismo cultural

En todo ello, sobre todo a la luz de algunos acontecimientos culturales protagonizados por España, como Europalia85, «París a la hora de España» de 1987, la Feria de Francfort de 1991 y el Salón del Libro de París de 1995 —que permitieron tomar el pulso de la cultura española—, tres hechos parecían concluyentes: primero, el hecho mismo de la convivencia en la España de la transición de varias generaciones culturales: la generación de la posguerra, la generación de los cincuenta, la generación del setenta y las primeras generaciones de la transición y de la postransición, coexistencia generacional que conllevaba la permanencia de autores surgidos en etapas anteriores (Cela, Delibes, Torrente Ballester; Tàpies y Chillida; Marías, Caro Baroja, Laín Entralgo; Benet, Ferlosio; Antonio Saura; Aranguren, Artola, Jover Zamora, y un larguísimo etcétera). Ello era sencillamente natural: era la lógica prolongación de la actividad de quienes alcanzaban ahora su plenitud creadora, trayectorias individuales llamadas a perdurar por su capacidad y calidad; segundo, que la cultura española se definía desde 1975 ante todo por la pluralidad y diversidad de sus manifestaciones literarias y artísticas y de su pensamiento: dicho de otro modo, que no había una cultura o pensamiento dominante, sino, en todo caso, convivencia de tendencias de pensamiento muy distintas; tercero, que, con todo, en ese pensamiento parecían adquirir particular relieve, como enseguida veremos, dos cuestiones sustantivas: la ética y la historia, como respuesta —conviene anticiparlo ya— a los que eran, probablemente, los problemas más urgentes que tenía ante sí la sociedad española desde 1975: el problema de la democracia como moral (no sólo como política); el problema de la identidad de la nueva España democrática y autonómica como nación.

Pluralidad, fragmentación, eclecticismo parecían, pues, definir la vida intelectual española. Ello era, en parte, resultado de la crisis que los grandes paradigmas filosóficos experimentaron, en todas partes, en los años setenta y ochenta (crisis que en historia fue ante todo la crisis del marxismo). Pero, en el caso español, revelaba también, y ante todo, otra realidad: el hecho mismo de que la sociedad española de la transición constituía una sociedad plural y abierta.

Literatura, arte, cine, iban a ser los primeros en así reflejarlo. La literatura española se liberó desde 1975 de compromisos políticos y sociales (o se liberó de la idea de que su función había de ser explícitamente política y social). Hizo del mero placer de la narratividad imaginativa y entretenida, y de la creación lingüística y literaria, sus aspiraciones esenciales, lo que no significó que la realidad política y el análisis social no afloraran en muchas de sus páginas. En todo caso, una evidente libertad (en temas y estilos) vino a definir la novela y la poesía españolas después de 1975. La aparición en ese año de las novelas de Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, y Mortal y rosa, de Umbral, y en 1976, de Los verdes de mayo hasta el mar, de Luis Goytisolo (y de Belver Yin, de Jesús Ferrero, un poco después, en 1981) abrió el camino. En concreto, la obra de Mendoza, una historia de intriga y acción en la Barcelona de 1917-1919, divertida, sutil, compleja, folletinesca —llena de personajes y episodios intrigantes— significó eso: la recuperación de la narración por la narración misma (pero, además, con indudable calidad, que Mendoza confirmaría en obras posteriores: El misterio de la cripta embrujada, 1979; El laberinto de las aceitunas, 1982; La ciudad de los prodigios, 1986; Una comedia ligera, 1996).

A partir de ahí, la novela cultivó, con mayor o menor acierto, y con formas narrativas muy dispares, géneros y temas muy diversos. La novela de la Guerra Civil y de la posguerra produjo, por ejemplo, varias obras destacables: sobre la guerra, Mazurca para dos muertos (1983), de Cela; Herrumbrosas lanzas (1983-1986), de Juan Benet, en las que continuaba su estimable esfuerzo por crear un mundo estilístico y lingüístico propio y distinto, iniciado, como vimos, mucho antes, y La leyenda del César Visionario (1991) y Capital del dolor (1996), ambas de Francisco Umbral; y, sobre la posguerra, la muy interesante Luna de lobos (1985), de Julio Llamazares, historia de cuatro guerrilleros huidos al monte después de 1939; El año del wolfram (1984), de Raúl Guerra Garrido, sobre las minas de wolframio del Bierzo, y, sobre todo, la serie de novelas (Ronda del Guinardó, 1984; Teniente Bravo, 1987; El embrujo de Shanghai, 1993; Rabos de lagartija, 2000, y antes Si te dicen que caí, de 1973 pero reelaborada en 1989) en las que Juan Marsé recreó, con amarga lucidez, la Barcelona de aquella época y el mundo moral de los vencidos en la Guerra Civil. El género policiaco tuvo su mejor expresión —aunque no la única— en las numerosas novelas de Manuel Vázquez Montalbán (La soledad del manager, Asesinato en el Comité Central, Los mares del Sur, La rosa de Alejandría...), el único escritor español capaz de crear un «tipo» inconfundible, el detective Pepe Carvalho, y de lograr un notorio éxito de público gracias a su habilidad para combinar adecuadamente los principios del género —acción, realismo, narración y diálogos ágiles, intriga— con el humor y el análisis de la propia realidad política y social española; Muñoz Molina usó las formas de la novela negra en sus primeras obras de éxito (El invierno en Lisboa, 1987; Beltenebros, 1989).

Dentro de la novela rural, Delibes escribió en 1981 una pequeña obra maestra, Los santos inocentes. Novelas históricas notables fueron Extramuros (1978), Cabrera (1981) y El griego (1985), de Jesús Fernández Santos; No me digas que fue un sueño (1986), de Terenci Moix (a la que siguieron El secreto de Alejandría, Venus Bonaparte y otras), y Mansura (1984), de Félix de Azúa. Ana M.ª Matute hizo en Olvidado Rey Gudú (1998) un formidable ejercicio de fabulación con la recreación del fantástico reino de Olar. El realismo, bien intimista (como El cuarto de atrás, 1978, de Carmen Martín Gaite), bien tradicional (como las varias novelas de Raúl Guerra Garrido: Lectura insólita de El Capital, 1978, la historia de un secuestro de ETA; La carta, 1990, también sobre la violencia vasca), bien renovado, complejo y estilizado (como en las obras de José María Merino, que derivaría en El oro de los sueños y La tierra del tiempo perdido, aparecidas en 1986-1987, hacia la novela de aventuras, ambientada en el tiempo de la conquista de América por los españoles, y como en las novelas de Luis Mateo Díez: Las estaciones provinciales, La fuente de la edad, El expediente del naúfrago o La gaznápira, 1984, de Andrés Berlanga), siguió produciendo piezas excelentes. Julián Ríos, con Larva (1984), y Juan Goytisolo, con Paisajes después de la batalla (1982) —una obra singular, una transgresión continua de los cánones literarios, una especie de autobiografía de humor corrosivo y feroz—, hicieron, en cambio, las novelas experimentales más complejas y exigentes de la transición (a las que Goytisolo añadiría en 1997 otro excelente ejercicio de subversión e ironía literarias, Las semanas del jardín, en la que un grupo de lectores reunidos para discutir lo que se sabía de un poeta español desaparecido en Melilla al principio de la Guerra Civil terminaban inventándose un autor, Goytisolo, y atribuyéndole una treintena de libros). El relato autobiográfico dio varios de los libros más apasionantes de toda el periodo: Autobiografía de Federico Sánchez (1977), de Jorge Semprún, historia de la vida del autor como dirigente clandestino comunista en los años 1953-1964 y de su ruptura con el Partido Comunista, un sincerísimo, mordaz y cruel ajuste de cuentas con sus ex correligionarios (luego Semprún escribiría Federico Sánchez se despide de ustedes, sobre su labor como ministro de Cultura entre 1988 y 1991); Coto vedado (1985), de Juan Goytisolo, exposición plena de sinceridad, lucidez y corrosividad de su infancia y juventud, de su militancia política, del descubrimiento de su homosexualidad, de su vida de escritor (a la que siguió En los reinos de taifas, 1986), y Los años sin excusa (1976), de Carlos Barral, esencial para conocer la vida literaria española —con sus grandezas y miserias— bajo el franquismo. La novela de memorias, por poner un último ejemplo, sería el recurso de Rosa Chacel (Maravillas, 1976; Alcancía. Ida y vuelta, 1982), Ayala, Jesús Pardo y Umbral, en su espléndida Trilogía de Madrid (1984), en parte memorias reales, en parte imaginarias, y una brillante recreación del Madrid de los años cincuenta y sesenta.

La relación de buenas novelas era considerable: Visión del ahogado (1977), de Juan José Millás, y El río de la luna (1981), de Guelbenzu; El héroe de las mansardas de Mansard (1982), de Álvaro Pombo; Gramática parda, de Juan García Hortelano (1982); Estela del fuego que se aleja (1984), de Luis Goytisolo; El hombre sentimental, de Javier Marías; Beatus Ille, de Antonio Muñoz Molina; Burdeos, de Soledad Puértolas; Historia de un idiota contada por él mismo, de Félix de Azúa, las cuatro de 1986 (Azúa publicó al año siguiente Diario de un hombre humillado); La Quincena Soviética (1988), de Molina Foix; Los dioses de sí mismos, de Armas Marcelo (también de 1988); Juegos de la edad tardía (1989), de Luis Landero; Beltenebros (también de 1989), de Muñoz Molina, y El jinete polaco (1991), de este último; Corazón tan blanco (1992), de Javier Marías; El embrujo de Shangai (1993), de Marsé... Lo que cabría denominar como el «canon» literario de la transición fue fijado por El País en 1991, cuando, con motivo de la Feria de Frankfurt de ese año —dedicada a España, como se indicó— llevó a cabo una encuesta entre lectores cualificados, publicada el 9 de octubre, para determinar la narrativa española que «había que leer» desde la muerte de Franco en 1975. La relación fue ésta: La verdad sobre el caso Savolta, de Mendoza; Todas las almas (1989), de Javier Marías; La ciudad de los prodigios, de Mendoza; El río de la luna, de Guelbenzu; Herrumbrosas lanzas, de Benet; El testimonio de Yarfoz (1986), de Sánchez Ferlosio; Si te dicen que caí, de Marsé; Diario de un hombre humillado, de Azúa; Juegos de la edad tardía, de Landero; Un día volveré (1982), de Marsé; Galíndez (1990), de Vázquez Montalbán; El metro de platino iridiado (1990), de Pombo; La orilla oscura (1985), de José M.ª Merino; Gramática parda, de García Hortelano, y Diario del artista en 1956 (1991), de Gil de Biedma.

En poesía, donde la crítica había percibido cambios no ruidosos pero desde luego determinantes y significativos en torno a los años 1977-1982, la antología titulada precisamente La Nueva Poesía (1975-1992), de 1996, hecha por el crítico del citado diario Miguel García-Posada, incluía un total de veinticuatro poetas, entre ellos, Luis García Montero, Blanca Andreu, Andrés Trapiello, Felipe Benítez Reyes, Jon Juaristi, Miguel d’Ors y Luis Alberto de Cuenca: obras como De una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall (1981), de Blanca Andreu; Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn (1980), Rimado de ciudad (1983) y En pie de paz (1985), de García Montero; Junto al agua (1980), de Trapiello; Tinta (1981), de Sánchez Robayna; Diario de un poeta recién cansado, de Juaristi, y La caja de plata, de L. A. de Cuenca, ambos de 1985, aparecían ya como indiscutibles.

En suma, no existían tendencias literarias dominantes en la literatura española. Narrativa y poesía mostraban una amplísima, irreductible, diversidad de estilos, temas y formas literarias. Así, cuando el 4 de enero de 1990 el International Herald Tribune informó a sus lectores, en un breve artículo, sobre la última narrativa española (el periódico citaba los nombres de Soledad Puértolas, Muñoz Molina, Mendoza, Juan J. Millás, Javier Marías, Alvaro Pombo y Daniel Múgica, autor, en ese momento, de En los hilos del títere y Uno se vuelve loco), el articulista señaló como características de aquélla la variedad de temas que abordaba, el abandono del realismo social y de la novela ideológico-política, y una evidente preferencia por una literatura que reflejaba la confusión y el absurdo de la vida urbana y que apelaba a la ironía y la parodia. García-Posada, en su antología citada, al analizar los rasgos generales de la nueva poesía —que definía como poesía urbana, temporalizada, realista, narrativa— prefería hablar de poéticas (en plural) y de grupos y corrientes (neopurismo, poesía de la experiencia, impresionismo, poesía elegiaca, surrealismo y aun otras), como única forma de reflejar la pluralidad de opciones que veía en aquélla.

Y eso mismo ocurría en el arte. La exposición que España presentó a la Bienal de Venecia de 1976 titulada «Vanguardia artística y realidad social 1936-1976», dirigida y seleccionada por Tomás Lloréns y Valeriano Bozal, era, más que nada, un homenaje a la combatividad política que la vanguardia artística española había mostrado en la Dictadura de Franco (al tiempo que analizaba los problemas específicos con que hubo de enfrentarse dicha vanguardia para sobrevivir y buscar su propia definición). Pero tuvo mucho de punto final. Como el propio Bozal diría veinte años después (en Historia 16, mayo de 1996), el arte español era, desde 1975, «un arte en renovación constante».

En razón de su inmenso reconocimiento internacional, Tapies, Chillida y Antonio López, y con ellos Antonio Saura, Eduardo Arroyo y Luis Gordillo, se constituyeron en la referencia obligada del arte español de las décadas setenta, ochenta y aun noventa. Fueron parte esencial de todas las exposiciones —como las ya citadas— que España presentó internacionalmente (y junto a ellos continuaban en pleno vigor creador la mayoría de los pintores y escultores que habían propiciado, desde los cincuenta, la transformación del arte español: así, en 1987-1988 se celebraron exposiciones conmemorativas de los treinta años de «El Paso», y grandes antológicas de Oteiza, Feito y Lucio Muñoz, y en los años siguientes de Saura, Chirino, Carmen Laffon, Antonio López —en 1993, otro excepcional éxito de asistencia—, Guerrero, Manuel Rivera, Arroyo...).

Pero, aun así, la crítica de arte señalaría que la muerte de Franco pareció marcar una frontera y que los años ochenta, sobre todo, trajeron una evidente renovación de la pintura española. La expresión más relevante de ello fueron, probablemente, varias exposiciones colectivas, como 1980, que reunió a un grupo de pintores —Carlos Alcolea, Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo, Miguel Ángel Campano y Manolo Quejido— que se inscribían en formas distintas de la «nueva figuración» que tenía su antecedente en Luis Gordillo, y como Madrid D. F. (1981), Otras figuraciones (1982) y la exposición que, sobre la «época nueva» del arte español, se celebró en 1989 en Chicago y que incluyó a los escultores Susana Solano y Txomin Badiola —vasco, continuador de Oteiza—, y los pintores Sicilia, García Sevilla, Cobo, Broto —renovador, con Xavier Grau, Javier Tena y otros, de la abstracción—, Juan Uslé, Juan Navarro, María Gómez y Leiro, lista reveladora pero incompleta, pues faltaban Carlos Franco, Gerardo Delgado, Lazkano, Cortázar, Zush, Nagel, Elena Asins, Marta Cárdenas, Menchu Lamas, Darío Villalba, Dis Berlin, el escultor Miquel Navarro y muchos otros. Pero la renovación se concretó ante todo en la obra individual de los artistas mencionados, entre los que algunos tendrían casi desde el momento mismo de su aparición particular interés. El mallorquín Miquel Barceló (nacido en 1957), pintor asociado al neoexpresionismo europeo de los ochenta, apasionado y visceral —cuadros de superficies rugosas y abruptas (bodegones, sopas, animales, cocinas, retratos; desde 1987, paisajes africanos, desiertos terrosos y blanquecinos, frutas, ríos, cabras)—, reintrodujo en la pintura española el dramatismo y la tensión, la pasión por la verdad, la intensidad moral si se quiere. José M.ª Sicilia (Madrid, 1954), que se movería dentro de la abstracción, haría una pintura compleja, refinada —primero, dentro del expresionismo matérico, luego, en diálogo con el constructivismo, finalmente, en los noventa, juegos de flores y color con capas de cera—, de gran belleza y sutil espiritualidad. Ferrán García Sevilla (Palma de Mallorca, 1949), pintor también vehemente e intenso, acumularía en sus cuadros (por su factura, asociados al grafitti o al arte primitivo) figuras, objetos, trazos, líneas y gestos dispares, en una pintura de gran fuerza poética y sugerentes connotaciones metafísicas. Dentro siempre de la nueva figuración, en su caso una actualización, una reinvención pop, de la iconografía clásica y renacentista, Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948) derivaría hacia una pintura en la que confluían modernidad, alegoría y metáfora. Darío Villalba (San Sebastián, 1939), algo mayor que los anteriores, había ido creando desde los setenta una obra obsesiva, de enorme fuerza y contundencia, una pintura (si bien hecha sobre fotografía) de la angustia y del dolor: figuras encapsuladas en jaulas de plástico, mendigos, enfermos, locos... Ya en los ochenta, Cristina Iglesias (San Sebastián, 1956) desarrollaría una singular obra escultórica —instalaciones de grandes celosías de madera, resina y polvo de bronce; bosques de bambú oxidado en hierro y resina; habitaciones de hierro o alabastro; hojas de laurel en fibrocemento y aluminio; puertas ondulantes, techos suspendidos...— esto es, espacios inventados, escenarios sugestivos, como si se tratase de recuerdos indeterminados o detalles alguna vez observados, y Juan Muñoz (1953-2001) crearía, por su parte, un mundo de grupos de figuras extrañas, intrigantes, colocadas en escenarios igualmente extraños, atmósferas, por tanto, inquietantes, cargadas de misterio, como interrogaciones sobre la vida misma y el hombre.

Los artistas españoles buscaban, pues, nuevos estilos y temas, lenguajes y formas personales de expresión, sin duda como plasmación de sus propias respuestas a sus respectivas circunstancias o sociales o estéticas, pero sin unidad ni homogeneidad generacional o de grupo, sin otro marco de referencia, por tanto, que el propio arte. El arte español, en definitiva, había optado por la afirmación individual, por el ensayo, la experimentación y la búsqueda constantes, por la renovación permanente, como quedó dicho.

También el cine podría diversificar ahora su propia temática y abordar muchas de las cuestiones que le habían estado prohibidas por la censura franquista: por ejemplo, la Guerra Civil (Las largas vacaciones del 36, 1976, y La vieja memoria, 1979, de Jaime Camino; La vaquilla, 1985, de Berlanga; Las bicicletas son para el verano, 1983, de Jaime Chávarri, adaptación de una obra teatral de Fernando Fernán Gómez; ¡Ay, Carmela!, 1990, de Saura; Libertarias, 1996, de Aranda), y la posguerra, los años del hambre, de la represión y del maquis —pero también la recuperación del pulso vital del país— (El corazón del bosque, 1978, de Manuel Gutiérrez Aragón; La colmena, 1982, de Mario Camus; Pim, pam, pum... fuego, 1975, de Pedro Olea; Canciones para después de una guerra, 1976, de Basilio M. Patino; El Sur, 1983, de Víctor Erice). Películas como El desencanto (1977), de Chávarri, el retrato de la familia Panero; Ocaña, retrato intermitente, ya citada; Función de Noche (1981), de Josefina Molina, y El largo invierno (1990), de Camino, eran documentos sociológicos y críticos del franquismo; Asignatura pendiente (1977), de José Luis Garci, la agridulce crónica sentimental de aquel régimen. Franco mismo fue objeto de varios films: Caudillo (1976), de Martín Patino; Dragon Rapide (1986), de Camino; Espérame en el cielo (1987), de Antonio Mercero; Madregilda (1993), de Francisco Regueiro. El juicio de Burgos (1979), y La fuga de Segovia (1981), ambas de Imanol Uribe y sobre ETA; Siete días de enero (1978), de Bardem, sobre los asesinatos en Madrid, en 1976, de varios abogados laboralistas; La noche más larga (1991), de José Luis García Sánchez, sobre las últimas ejecuciones del régimen de Franco, abordaron episodios que habían conmovido a la opinión pública.

Pero junto al cine más o menos político, pronto hubo otras propuestas. Algunos directores jóvenes (Trueba, Colomo, Ladoire, Almodóvar) cultivaron, con evidente calidad en algunos casos (como Ópera prima, 1980, de Trueba, y los varios films de Almodóvar), un tipo de comedia desenfadada y provocadora inspirada en un cierto acratismo moral y político dirigido contra las formas convencionales de comportamiento y contra el moderado pragmatismo político de las clases medias españolas. Las primeras películas de Almodóvar (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, 1980; Laberinto de Pasiones, 1982; Entre tinieblas, 1983) integraban un cine irreverente, divertidamente transgresor (sexualidad, travestismo, drogas, rock) con una estética anticonvencional, desenfadada y audaz; luego, desde Qué he hecho yo para merecer esto (1984) (a la que siguieron La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, de 1988; ¡Átame!, Tacones lejanos, Kika, La flor de mi secreto, en 1995; Todo sobre mi madre, en 1999) derivó, siempre con técnica excelente e historias por lo general descabelladas, hacia una parodia del melodrama, hacia una especie de folletín moderno que parecía una clave óptima para entender la confusión en que se movía un país tradicional, España, súbitamente modernizado.

En Patrimonio Nacional (1981) y Nacional III (1982), Berlanga quiso caricaturizar, con un humor excesivamente tosco, aspectos de la transición; Carlos Saura demostró su indudable conocimiento del cine en varias obras musicales (Bodas de Sangre, 1981; Carmen, 1983; El amor brujo, 1986; Flamenco, 1995) y en un film sobre la delincuencia juvenil (Deprisa, deprisa, 1980). Gutiérrez Aragón —junto con Almodóvar, el director más representativo de la transición— produciría una amplia y hermosa obra (El corazón del bosque, 1978; Maravillas, 1980; Demonios en el jardín, 1982; La noche más hermosa, 1984; La mitad del cielo, 1986; El rey del río, 1995; Cosas que dejé en La Habana, 1997), un cine exigente y eficaz, de estructura compleja e indudable belleza visual, guiado por la mirada irónica de su autor, narraciones a la vez realistas y mágicas, reflexiones sobre España derivadas o de vagos recuerdos infantiles o de preocupaciones inmediatas y testimoniales. Mario Camus lograría excelentes resultados mediante la adaptación de textos literarios (La Colmena, 1983; Los santos inocentes, 1984), al igual que Ricardo Franco con Pascual Duarte (1976) y Vicente Aranda, con sus adaptaciones de novelas de Marsé y Vázquez Montalbán. José Luis Garci obtuvo con Volver a empezar, una comedia sentimental sobre el regreso de un exiliado y Premio Nobel de Literatura a su Gijón natal al cabo de cuarenta años, el «Óscar» de 1983 a la mejor película extranjera, que también obtuvieron, como quedó dicho, Trueba, con Belle epoque (1992), una comedia situada en la Segunda República, y Almodóvar (2000), con Todo sobre mi madre. Pilar Miró —que como directora general de cinematografía puso en vigor, en 1984, un decreto que establecía una política de subvenciones directas a la industria española del cine— logró un extraordinario éxito con El crimen de Cuenca (1979), la reconstrucción de un conocido error de la justicia española en 1918, que significó la condena de unos inocentes acusados de un crimen inexistente del que se autoinculparon tras ser torturados por la Guardia Civil.

No sólo, pues, sobrevivió como industria, sino que el cine español produjo, desde 1975, algunos filmes muy notables, como El Sur (de Erice), Carmen (de Saura) y la hermosa Tasio (1984), de Montxo Armendáriz, evocación de la vida de un carbonero vasco, y casi todo el cine de Almodóvar y Gutierrez Aragón, y como Los santos inocentes (de Camus), El desencanto (de Chávarri), La muerte de Mikel (1983), de Uribe, la historia de un homosexual abertzale en el conflictivo País Vasco de los setenta; Arrebato (1990), de Iván Zulueta; Alas de mariposa (1991), de Bajo Ulloa; Vacas (1992), de Julio Medem, y El día de la bestia (1995), de Álex de la Iglesia. Además, películas como Los santos inocentes, El crimen de Cuenca, Asignatura pendiente, Volver a empezar, Mujeres al bordo de un ataque de nervios, y en los noventa, Belle epoque, Kika, El día de la bestia y Todo sobre mi madre, y aun otras, fueron grandes éxitos comerciales que, en algún caso, superaron los obtenidos por el cine extranjero.

Incluso en el teatro, aun agonizante y en crisis, y de antiguo atrapado por la medianía del teatro comercial, abundaron los estrenos —de Nieva, con su «teatro furioso» y su «teatro de farsa y calamidad», de Gala, Buero Vallejo, Ana Diosdado, excepcionalmente Alfonso Sastre (Los dioses y los cuernos, 1995)— y las reposiciones; hubo montajes muy estimables, a cargo principalmente del Teatre Lliure catalán de Luis Pascual, creado en 1976, del Centro Dramático Nacional (1978; inicialmente dirigido por José Luis Gómez) y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (1983, a cargo al principio de Adolfo Marsillach) y esfuerzos notables de grupos independientes (especialmente catalanes: Albert Boadella y Els Joglars, Dagoll-Dagom, Els Comediants, La Fura dels Baus) y de personalidades aisladas, directores y actores como Nuria Espert, José Luis Gómez, Fernán Gómez, José Carlos Plaza, Adolfo Marsillach, y hubo, al tiempo, la aparición de autores nuevos, como Fermín Cabal (Tú estás loco, Briones, 1978; Esta noche gran velada, 1983), Alonso de los Santos (Bajarse al moro, 1985), Sanchis Sinisterra (¡Ay, Carmela!, 1987), Sergi Belbel (Después de la lluvia), Ernesto Caballero (Auto, Squash), Benet i Jornet (El manuscrito de Ali Bey, Deseo) y Paloma Pedrero (Una estrella, 1998), además de que hombres de teatro conocidos más como directores o actores como Marsillach (Yo me bajo en la próxima, 1981) y Fernán Gómez (Las bicicletas son para el verano, 1982) estrenaran también sus propias obras y de incursiones ocasionales en el mundo teatral de escritores acreditados en otros ámbitos (por ejemplo, Molina Foix, que estrenó en 1985 Los abrazos del pulpo y en 1992 Don Juan último).

Individualismo ético

Individualidad y diversidad triunfaban, por tanto, sobre escuelas, movimientos y generaciones. Lo que ocurría era bien evidente: no había establishment cultural. O si lo había, ese establishment lo formaban no el pensamiento orteguiano como todavía pretendía Aranguren —ahora (1980) erróneamente—, sino en todo caso los colaboradores de las páginas de opinión de El País y las manifestaciones culturales, literarias y artísticas proyectadas desde sus páginas de cultura y desde sus suplementos literarios: hasta mediados de los ochenta, pareció que la cultura española no era sino el pensamiento radical y crítico del propio Aranguren, de Savater, de García Calvo —otro de los profesores expulsados, con Aranguren y Tierno Galván, de la universidad por el franquismo en 1965 y por unos años colaborador frecuentísimo del citado periódico— y de Sánchez Ferlosio, revelado también en El País, tras muchos años de silencio narrativo en que sólo publicó Industrias y andanzas de Alfanhuí, como articulista y ensayista singular y polémico y con una calidad, y prolijidad, lingüística y literaria excepcional.

Pero ni siquiera eso era así. Como escribió el también filósofo José Luis Abellán, en su Historia del pensamiento español de Séneca a nuestros días, de 1996, lo que definía ahora a ese pensamiento era la cristalización de un nuevo «paradigma», caracterizado precisamente —como quedó apuntado más arriba— por el pluralismo y la complejidad. En cualquier caso, Zubiri, que moriría en 1983, publicó, entre 1980 y el año de su muerte, tres obras capitales —Inteligencia sentiente, Inteligencia y logos, Inteligencia y razón (y póstumamente, Sobre el hombre)—, que recogían el núcleo central de su filosofía, una densa y rigurosa meditación sobre la esencia de la realidad (de las cosas, del hombre) y sobre la intelección o aprehensión de la misma, sobre el conocer humano, en la que el hombre sería una realidad radicada en la realidad, una esencia abierta que se hace persona enfrentándose a las «realidades». Marías publicó en 1983 Las trayectorias, un análisis de las múltiples perspectivas abiertas por el pensamiento de Ortega (y publicó además, y con gran éxito, varios libros que recogían su amplísima labor periodística posterior a 1975, obra dignísima, pulcra, bien escrita, optimista, inequívocamente liberal). Rodríguez Huéscar profundizó en La innovación metafísica de Ortega (1982), en lo que en aquellas trayectorias era verdaderamente capital: la crítica y superación del idealismo, el desarrollo de las «categorías» de vida (circunstancia, situación, posibilidad, libertad, vocación, proyecto...).

Antes, en 1978, Emilio Lledó había publicado Lenguaje e historia, un conjunto de ensayos sobre cuestiones relacionadas con el lenguaje (como fundamento del discurso filosófico y del análisis historiográfico), parte de una muy sólida construcción filosófica (La memoria del Logos, 1984; Memoria de la ética, 1994)) en la que descifrar el sentido del lenguaje, de los signos, de las formas simbólicas, aparecía como exigencia y condición necesaria para entender las cuestiones esenciales de la filosofía: el vivir, la ética, la razón. El mismo Aranguren, cada vez más hostil al orteguismo liberal, poco complaciente y nada complacido ni con las consecuencias del carácter no rupturista de la transición a la democracia en España ni con el pragmatismo de la izquierda moderada española, recogió su desencanto —siempre impregnado de un profundo sentido moral— primero en la prensa y luego en los varios libros (La Democracia establecida. Una crítica intelectual, Propuestas morales, El buen talante, Ética de la felicidad y otros lenguajes...) que fue publicando hasta su fallecimiento en 1996. A través de una obra amplia y original (El artista y la ciudad, Lo bello y lo siniestro, de 1983, Tratado de la pasión, Los límites del mundo, Lógica del límite, La edad del espíritu), Eugenio Trías iría construyendo una filosofía propia que, habiendo partido de la idea de la muerte del hombre (de la disolución de la identidad del yo, que ya había planteado en sus primeros libros, La filosofía y su sombra y Filosofía y carnaval, mencionados en el capítulo anterior), le llevaría a revisar la razón moderna (introduciendo, por ejemplo, lo siniestro como parte de lo bello, o entendiendo al hombre como un sujeto de deseo y un animal soñador) y a reivindicar, contra la modernidad, el sentido de lo espiritual y de lo sagrado. José Antonio Marina, un ensayista previamente desconocido que irrumpiría en los noventa y cuyos libros (Elogio y refutación del ingenio, 1992; Teoría de la inteligencia creadora, 1993; Ética para náufragos, 1995; El laberinto sentimental, El misterio de la voluntad perdida) constituirían verdaderos best-sellers, elaboraría una teoría de la inteligencia en la que el ser humano sería, ante todo, inteligencia creadora (deseo inteligente, racionalidad poética), condición que fundamentaría sus derechos básicos: a una vida digna, a una vida inteligentemente libre, a la felicidad personal.

La aparición a partir de mediados de los años ochenta de una serie de monografías sobre Ortega y Gasset escritas por autores de generaciones ya muy distanciadas biográficamente del filósofo madrileño y aun de su inmediato entorno discipular (Pedro Cerezo, La voluntad de aventura. Aproximación crítica al pensamiento de Ortega y Gasset, 1984; José Luis Molinuevo, El idealismo de Ortega, 1984; Jaime de Salas, Razón y legitimidad en Leibniz. Una interpretación desde Ortega, 1994; I. Sánchez Cámara, La teoría de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset, 1986; Javier San Martín, De la razón moderna a la razón histórica. Ensayos sobre Ortega, 1994; José Lasaga, Ortega y Gasset 1883-1955, 1997), selló el reencuentro del pensamiento de la transición con la filosofía orteguiana. En Telépolis, Cosmopolitas domésticos y Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno, tres obras ciertamente singulares publicadas entre 1994 y 1999, Javier Echeverría analizaba las consecuencias que las tecnologías telemáticas tenían (y tendrían en un futuro inmediato) para la sociedad y la estructura misma de la vida humana. La nueva filosofía española que empezaba ya a emerger en libros y ensayos de finales de los años noventa (de autores como Patxi Lanceros, Enrique Ocaña, Luis Arenas, Rodríguez Tous, Germán Cano y Francisco Vázquez, todos ellos nacidos entre 1960 y 1970) se aprestaba a replantearse, asumiendo su propia incertidumbre, los problemas y retos de la nueva modernidad: la razón moderna, la identidad, la biogenética, la globalización... En síntesis, como en toda sociedad abierta, el pensamiento español estaba dominado por la pluralidad y, por tanto, por la fragmentación y aun por la incertidumbre. De ahí, tal vez, el retorno de la ética que se apreció en la filosofía española en los años ochenta, al hilo de la aparición de publicaciones como Ética contra política. Los intelectuales y el poder, 1980, de Elías Díaz; Invitación a la ética, 1982, y Ética para Amador, 1991, de Fernando Savater; La imaginación ética, de Victoria Camps; Desde la perplejidad, 1990, de Javier Muguerza; Ética sin moral, 1990, y El quehacer ético, 1995, de Adela Cortina; Manifiesto hedonista, 1990, de Esperanza Guisán; Saber vivir, de Javier Sádaba; Aproximación a la ética, 1992, de Norbert Bilbeny; Ética para náufragos, 1993, de Marina; Memoria de la ética, de Lledó. Tras lo que cabía ver dos razones: a) la conciencia crítica de parte de la comunidad filosófica española que entendía, de acuerdo con Aranguren, que la democracia debía entenderse y definirse, no tan sólo como política, sino ante todo como moral, lo que, en palabras de Muguerza, invitaba a una «empresa de moralización social», y b) la necesidad —explícita o no— de elaborar una ética laica que sustituyese a la moral católica que había regido a la sociedad española durante siglos, y ahora ya definitivamente periclitada a todos los efectos. Significativamente, la ética de la filosofía española —una ética para un individuo solitario en una sociedad plural (Victoria Camps)— se apartaría de verdades trascendentes y atemporales, de normas absolutas. En La imaginación ética (1983), Victoria Camps sostenía que la «única moral aceptable» era una moral «precaria y provisional», en revisión permanente. En La razón sin esperanza (1977), La alternativa del disenso (1989) y Desde la perplejidad (1990) —el libro de filosofía práctica más importante publicado en España en mucho tiempo—, Javier Muguerza planteaba la cuestión de la irreductibilidad tanto de la idea de la universalidad de la razón como de la idea de la autonomía individual, y hacía, por ello, del disenso —de la autonomía moral de cada individuo, incluso de la obligación moral del individuo a disentir— el fundamento de los derechos humanos y de la legitimidad de los sistemas políticos. Toda la obra de Fernando Savater (San Sebastián, 1947), el ensayista más brillante e influyente de la nueva España democrática, integrada por centenares de artículos, en su mayoría en El País, y, sólo entre 1970 y 1998, por cerca de cuarenta libros (La tarea del héroe, Invitación a la ética, Contra las patrias, El contenido de la felicidad, A decir verdad, Ética como amor propio, Ética para Amador, Política para Amador...), integraba un pensamiento heterodoxo, iconoclasta, mordaz, desenfadado —Savater reivindicaría siempre su pasión por el cine, por las lecturas divertidas de su infancia, por las carreras de caballos—, un pensamiento provocador, radicalmente ajeno sin duda a lo que en su día fueron, por ejemplo, Unamuno y Ortega (Savater se vería a sí mismo más como un philosophe que como un filósofo), y que suponía una continua reivindicación de la libertad individual (contra las patrias, el militarismo, las instituciones, el poder, los prejuicios, el terrorismo, los nacionalismos), una ética de libertad, en suma, como realización plena y gozosa de la vida, pero también como asunción y ejercicio de valores y responsabilidades morales (justicia, dignidad...), como las que el propio Savater asumiría al aparecer en 1999 al frente de la plataforma cívica Basta Ya, que encabezaría en el País Vasco la movilización ciudadana contra el terrorismo de ETA y el exclusivismo etnicista del nacionalismo vasco.

Nueva visión de España

El individualismo ético era la propuesta moral que mejor podía fundamentar la diversidad y la pluralidad culturales de la sociedad democrática que era la España de las dos últimas décadas del siglo XX. Pero esa pluralidad era también pluralidad territorial. De acuerdo con la Constitución de 1978 y con los Estatutos de Autonomía regional aprobados con posterioridad, la nueva democracia española se organizó territorialmente como un Estado autonómico, integrado por un total de diecisiete regiones autónomas, más los casos singulares de Ceuta y Melilla. En 1984, se concedió el Premio de las Letras Españolas al poeta catalán J. V. Foix; al año siguiente, a Julio Caro Baroja, muy vinculado, como ha quedado dicho, al País Vasco. La significación de esas concesiones era, desde el punto de vista cultural, inequívoca: suponía oficializar de alguna forma la existencia de culturas particulares en el Estado español, y enfatizar, de esa forma, una nueva idea de España y de su cultura, basada en la integración de los hechos diferenciales catalán, vasco y gallego. En 1989 se otorgó el Premio Nacional de Narrativa a una obra escrita en euskera, la espléndida Obabakoak, de Bernardo Atxaga; en 1996, a un libro de relatos en gallego, ¿Qué me queres, amor?, de Manuel Rivas. Al hacer en 1991 la encuesta, a la que ya se ha hecho referencia, sobre la narrativa que «había que leer» desde 1975, El País incluyó también los que se creía eran los mejores libros en euskera, catálán y gallego aparecidos desde el año en cuestión: en euskera, Obabakoak, de Atxaga; No soy de aquí (1985), de Joseba Sarrionandía, y Azúcar en la hierba, de Inazio Mújika; en catalán, Mirall trencat (1975), de Mercé Rodoreda; Dietari (1982), de Gimferrer, y El jardì dels sept crepuscules (1990), de Miquel de Palol; en gallego, Amor de Artur (1981), de Méndez Ferrín; Os oscuros soños de Clio (1984), de Carlos Casares; O triàngulo inscrito na circunferencia (1988), de Víctor F. Freixanes, y Un millón de vacas, de Manuel Rivas.

El cambio era, pues, considerable. Por razones históricas, pero también por razones políticas —concretamente por la llegada, desde 1980, de los nacionalismos a los gobiernos autonómicos—, ello iba a ser particularmente relevante en Cataluña y en el País Vasco, las regiones, como sabemos, con un mayor grado de auto-conciencia nacionalista. El nacionalismo vasco aspiraba a la recuperación de una supuesta soberanía histórica de los vascos, a reivindicar para el País Vasco amplias facultades de autogobierno y a definir su asociación con España en todo caso como un pacto entre pueblos soberanos; el nacionalismo catalán concebía por su parte a Cataluña como un país o nación distinta de los otros pueblos de España, con una evolución siempre diferenciada (aunque se hubiese movido en el ámbito de lo español), y dotada de lengua y cultura propias, fuerte cohesión social y acusada conciencia colectiva. Una idea fuertemente étnica y lingüística de lo vasco —que asociaba lo vasco exclusivamente a lo euskaldún— impregnó al nacionalismo vasco desde su formulación por Sabino Arana a fines del siglo XIX; el proyecto nacional del nacionalismo catalán incluía como irrenunciables la catalanización plena de Cataluña, esto es, la extensión de la lengua catalana a todos los ámbitos de la vida social (enseñanza, universidad, señalización, topografía, cine, vida judicial, comercio), el fomento de una cultura exclusivamente catalana y la difusión de una visión histórica que enfatizase la tesis de Cataluña como única nación de los catalanes.

Con independencia de que los nacionalismos catalán y vasco pudieran o no colaborar en la gobernación de España, o gobernar en sus propias comunidades en coalición con partidos no nacionalistas, sus planteamientos iban a condicionar decisivamente la vida cultural de ambas regiones. La vida cultural catalana estaría marcada desde 1980 por una doble, y a veces conflictiva, circunstancia: por un lado, la política de «normalización» del catalán de la Generalitat, el gobierno autónomo, en manos desde 1980 del principal partido nacionalista, Convergencia i Uniò; por otro, el dinamismo natural de la actividad cultural de Barcelona. Lo primero se tradujo, sobre todo a partir de la aprobación en 1983 de la Ley de Normalización Lingüística, en la extensión del uso del catalán —primero, en la enseñanza primaria y secundaria; luego, a partir de 1993, en la vida social, en lo que se llamó «inmersión lingüística»—, en la catalanización de la universidad y de los medios de comunicación (creación en 1983 del canal de televisión en catalán TV 3 y de Catalunya Radio) y en la afirmación de la identidad de Cataluña como nación: ése era el propósito, por ejemplo, del Museu Nacional d’Historia de Catalunya, abierto en 1995.

Lo segundo, el dinamismo cultural de Barcelona, derivado de la propia entidad de la ciudad (industria editorial pujante; espléndidos museos y fundaciones de arte: Picasso, Miró, Tàpies; gran tradición literaria, artística y musical) y aun de la importancia que, como vimos, la izquierda literaria barcelonesa había tenido en la cultura española desde los años sesenta, tuvo también resultados evidentes. El ayuntamiento de Barcelona, controlado desde 1975 por la izquierda (el socialista Pasqual Maragall ocupó la alcaldía entre 1981 y 1997), impulsó, al margen de la Generalitat y a veces enfrentado con ésta, una notable transformación urbanística de la ciudad, no exenta de polémica, estimulada sobre todo tras la designación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, reforma en buena medida inspirada por el concejal de Urbanismo, el arquitecto Oriol Bohigas, que se tradujo, además de en una recuperación del casco antiguo, instalación de numerosas esculturas en lugares públicos y trazado de nuevas rondas de circulación para la mejora del tráfico, en obras como la apertura de la Plaza dels Països Catalans, la remodelación del Palau de la Música, la reconstrucción del Pabellón Alemán de la exposición de 1929, obra de Mies van der Rohe, la construcción del Velodromo de Horta (1984, de Bonell y Rius), la apertura en 1990 de la Fundación Tàpies (obra de los arquitectos Roser Amadó y Lluis Domenech), y nuevas edificaciones como el Palau Sant Jordi (1991), en el Anillo Olímpico de Montjuïc, espléndida obra de Isozaki; la Torre de Comunicaciones (1992) en Collserola, de Norman Foster; la Villa Olímpica (de Martorell, Bohigas, Mackay y Puigdomenech); el espectacular Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1995, Richard Meier); la ampliación del aeropuerto del Prat (1992, Bofill), o la Torre de la Telefónica (1992), de Calatrava, en Montjüic. Hasta la elección de los arquitectos parecía responder a una idea clara: apostar por la internacionalización de Barcelona como ciudad y centro de cultura moderna, afirmar su presencia como capital cultural, con Madrid, del Estado español.

La política de catalanización de la Generalitat produjo inicialmente alguna tensión. Antes de la aprobación de la Ley de Normalización citada, se publicó en Barcelona el Manifiesto de los 2.300 (por el número de firmas), que denunciaba una supuesta persecución en Cataluña de la lengua castellana, a la que respondió una amplia movilización ciudadana, la Crida a la Solidaritat, en defensa del catalán: uno de los firmantes del Manifiesto, Jiménez Losantos, fue objeto de una brutal agresión. El colaboracionismo catalán con el franquismo fue silenciado —y el papel de la izquierda catalana en la oposición a dicho régimen, disminuido— en beneficio de una visión victimista que enfatizaba únicamente la represión que Cataluña y la lengua catalana habían padecido bajo la Dictadura; la propuesta, en 1983, de los historiadores Miquel Barceló, Borja de Riquer y Enric Ucelay Da Cal por una historia catalana crítica y no instrumentalizada por la política, que se plantease muchas cuestiones sustantivas marginadas por el nuevo «oficialismo» (Cataluña en el Estado español, historia catalana como historia nacional o regional, etapas, ideas, políticas no nacionales ni nacionalistas de Cataluña...), provocó una áspera y violenta campaña de denuncia por parte de la historiografía alineada con el canon nacionalista oficial. Intelectuales conocidos (Mendoza, Marsé, Azúa, Victoria Camps...) aparecieron en 1998 al frente de un llamado Foro de Babel que expresó su inquietud porque la ampliación de ley de 1983, que pretendía ahora la Generalitat, pudiera romper el consenso lingüístico entonces logrado. Pero, pese a ello, la cultura catalana vivía instalada con relativa comodidad en las dos lenguas. En su libro Barcelona, de 1992, Robert Hughes, el conocido escritor y crítico de arte, describía una Cataluña en la que coexistían español y catalán, en la que se publicaban ocho diarios en castellano y dos en catalán, en la que había dos canales públicos de televisión en castellano (TV 1 y TV 2, éste mixto) y dos en catalán (TV 3 y Canal 33) y donde de los seis millones de habitantes, más de la mitad leían catalán y casi la totalidad lo entendían.

En todo caso, la vida cultural mantendría, después de 1975, un vigor innegable. Bastaría recordar la condición catalana de un número elevadísimo de los escritores, pintores, historiadores y ensayistas citados más arriba: Tàpies, Ráfols Casamada, Guinovart, Cuixart, Brossa; Gimferrer, Victoria Camps, Eugenio Trías, Mendoza, Vázquez Montalbán, Gil de Biedma, Azúa, Marsé, Castellet, Barral, Luis y José Agustín Goytisolo (Juan era desde los cincuenta un expatriado), Terenci Moix... Hasta los ochenta, vivieron en plena capacidad creadora tres de las figuras señeras de la literatura catalana del siglo XX: Pla, Espriu, J. V. Foix. (y hasta entonces y aun después, eruditos como el padre Batllori, autor, entre otras obras, de Vuit segles de cultura catalana a Europa y Catalunya a l’época moderna, ésta de 1971, o como Martín de Riquer, el mejor romanista español, gran especialista en la literatura medieval provenzal y catalana y en el Quijote). El número de libros editados en catalán pasó de 611 en 1975 a 4.200 en 1988 y a algo más de 5.000 en 1995. La literatura en catalán —no limitada a Cataluña, sino cultivada igualmente en Valencia y Baleares— resurgió. Edicions 62 empezó a publicar en 1983 la colección Les millors obres de la literatura universal, dirigida por Joaquim Molas. El libro de Manuel de Pedrolo Mecanoscrit del segon origen, publicado en 1974, alcanzó la edición número veintiocho en 1988; La Plaça del Diamant, de Mercé Rodoreda, publicada originalmente en 1962, fue reeditada continuamente. Rodoreda publicó, además, en 1980 Viatges i flors y la novela Quanta, quanta guerra. El mallorquín Baltasar Porcel, ya conocido desde los sesenta, publicó Cavalls cap a la fosca (1975), Les primavers i les tardors (1986) y Lola i els peixos morts (1994); Gimferrer, Fortuny, en 1983, una biografía novelada de Mariano Fortuny y Madrazo. Entre los autores nuevos y más jóvenes, Pau Faner escribió en 1988 una novela de aventuras, Moro de Rei; Jesús Moncada, también en 1988, Camí de sirga, la historia de la localidad minera de Mesquinensa. Quim Monzó publicó Benzina (1983) y La magnitud de la tragèdia (1988); Sergi Pàmies, libros de relatos (Als limits del fricandó, La infecciò) y varias novelas (como La primera pedra, 1990); Andreu Martin, especializado en la novela negra, Marea ocultá (1995), entre otras; Miquel de Palol, además de El jardí dels set sepulcres ya mencionada, un formidable ejercicio narrativo de más de mil páginas, El ángel de Hora en Hora (1995). Poesía (Comadira, Parcerisas, el valenciano Josep Piera), literatura femenina —Rodoreda, M.ª Aurelia Campmany y, además, Carme Riera, Montserrat Roig, Rosa Regàs, Christina Fernández Cubas, Ana M.ª Moix, María Jaén, que logró un gran éxito de ventas con su novela erótica Amorrada al pilò, de 1987, etc.— evidenciaban igualmente el vigor cultural de Cataluña (o de Barcelona). Ya quedó dicho que eran catalanes la mayoría de los grupos independientes (Els Joglars, La Fura dels Baus, Els Comediantts, Dagoll-Dagom) a los que se debía buena parte del mejor teatro que se hacía en España desde 1975.

El cine también produjo obras de interés, como La ciutat cremada (197) y Victòria (1983), de Antoni Ribas; Companys, procès a Catalunya (1979), de José M.ª Forn; La plaça del diamant (1981), de Francesc Betriu; L’Orgia, La quinta del porro y Pa d’angel, de Francesc Bellmunt, y Boom, boom, de Rosa Verges. A fines de los setenta habían hecho su aparición nuevas generaciones de pintores: Robert Llimós, Miquel Vila, Carlos Pazos, Lluis Clots, Lluis Bartrina..., de escultores: Susana Solano, Eudald Serra, Jaume Plensa..., fotógrafos (Javier Vallhonrat, Josep Bou, Tony Catany...). Todas las especialidades académicas —economía, sociología, historia del arte, derecho, etc.— contaban con excelentes especialistas y buenas publicaciones. En la estela de Vicens Vives y de sus colaboradores y discípulos, pero también de Pierre Vilar y John H. Elliot, que en 1966 había publicado La revolta catalana, 1598-1640, la historiografía catalana continuaba ocupando lugar preeminente, prácticamente en todos los campos de especialización: historia económica, con Jordi Nadal, autor de El fracaso de la revolución industrial en España 1814-1913 (1975), y con Maluquer de Motes, autor de Catalunya. La fàbrica d’Espanya (1985), dos libros esenciales, más Ernest Lluch, Albert Carreras, Carles Sudrià y Ramón Garrabou; medieval (J. M. Salrach), historia moderna (P. Molas Ribalta, Martínez Shaw, el valenciano R. García Cárcel, autor de Historia de Cataluña, siglos XVI-XVII, 1985), historia contemporánea (Fontana, Termes, Balcells, Borja de Riquer, Ucelay Da Cal, Bonamusa, Josep M. Fradera, autor de Cultura nacional en una societat dividida. Patriotisme i cultura a Catalunya, 1992; J. L. Marfany, de La cultura del catalanisme, 1995, dos libros que gustaron poco al canon oficial, y muchos otros), historia de las mujeres (Nelly Sachs). La Historia de Catalunya de la editorial Edicions 62, en ocho volúmenes, publicada a partir de 1988, dirigida por Pierre Vilar y coordinada por Josep Termes y escrita por Josep Fontana, el propio Termes, Borja de Riquer y Joan B. Cullà, fue el mayor empeño historiográfico catalán de la transición, una visión rigurosa, crítica, no esencialista, de la evolución de la historia económica, social, cultural, institucional y política de Cataluña, como entidad histórica propia y distinta, en la historia.

Paralelamente, el País Vasco mostraba a su vez una nada desdeñable vitalidad cultural, sorprendente, además, a la vista de la crisis que la región experimentaría como consecuencia del terrorismo de la organización ETA —creada en 1959 y que desde 1978 escaló espectacularmente su estrategia de atentados y violencia— y de su declinar económico. Los gobiernos vascos hicieron del apoyo al euskera política prioritaria aunque se optase, tanto en la enseñanza como en la administración, por políticas gradualistas de euskaldunización. El número de vasco-parlantes pasó del 21,5 por 100 en 1981 al 26 por 100 en 1991. La edición de libros en euskera pasó de 118 títulos en 1975 a 968 en 1995. En 1982 se creó la Orquesta Sinfónica de Euskadi; el último día de ese año comenzó a funcionar la televisión vasca Euskal-Telebista.

En 1975 y 1976, Ramón Saizarbitoria escribió en euskera dos novelas altamente estimadas, 100 metro (Cien metros) y Ene Jesús (Ay de mí, Jesús), y en 1995, otra gran obra, Hamaika pauso (Los pasos incontables). Aparecieron nuevos y muy notables escritores: los ya citados Atxaga, Joseba Sarrionandía e Inazio Mújika, Ángel Lertxundi (autor, entre otras, de la novela Otto Pette, 1994), Koldo Izaguirre, Joxé A. Arrieta, Joan Mari Irigoyen, Josémari Iturralde, Jon Juaristi, Gotzon Gárate, Pako Aristi, Felipe Juaristi, Arantza Urretabizkaia. El extraordinario éxito de Obabakoak (1989), de Atxaga, traducido a varias lenguas (Atxaga publicó después El hombre solo, 1994, y Estos cielos, 1996), venía, así, a sancionar un hecho de gran interés en sí mismo y a afirmar la reforzada legitimidad de que gozaba la literatura en euskera desde 1975. La aparición en 1979 de un polémico volumen titulado Narrativa vasca actual, con textos de Pablo Antoñana, Carlos Aurteneche, J. J. Rapha Bilbao, Ángel García Ronda, Guerra Garrido, José Luis Merino, Ramiro Pinilla y Martín de Ugalde) vino a reclamar la condición de literatura vasca también para la literatura que usaba el castellano. Precisamente, el poeta Jorge G. Aranguren obtuvo en 1976 el premio Adonais de poesía por De fuegos, tigres, ríos y Guerra Garrido, el Nadal por su novela Lectura insólita de El Capital, a la que siguieron La carta (1990) y Tantos inocentes (1996), también sobre la violencia vasca. Entre 1977 y 1981, Aranguren, Guerra, Ángel García Ronda, E. Seminario y Félix Maraña publicaron en San Sebastián la excelente revista literaria Kandil. En 1996, Fernando Aramburu publicó Fuegos con limón, una visión divertidamente esperpéntica de la iniciación literaria de un grupo de jóvenes en el San Sebastián de la transición. En la vecina Navarra, nunca ajena a la evolución política y cultural vasca, Miguel Sánchez-Ostiz había ido construyendo desde los ochenta una intensa y amplia obra novelística (La gran ilusión, 1989; Las pirañas, 1992; La caja china, 1996; No existe tal lugar, 1997).

La transformación en 1980 de la Universidad de Bilbao en Universidad del País Vasco, con facultades en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, extendió la vida universitaria a una zona que había carecido históricamente de ella, salvo por la Universidad de los jesuitas de Deusto y por la labor desarrollada por personas de ascendencia vasca en universidades de fuera del País Vasco, como Artola y Palacio Atard, el medievalista José Angel García de Cortázar, el modernista Pablo Fernández Albaladejo, el historiador de las ideas Antonio Elorza (Ideologías del nacionalismo vasco, 1876-1937, 1978) y el historiador económico Luis M.ª Bilbao, por citar algunos casos sobresalientes. La UPV tenía ya en 1990 43.769 estudiantes y 2.596 profesores. El nivel de algunas especialidades distaba mucho de ser desdeñable: la UPV era en 1990 la tercera universidad de España por el número de publicaciones de investigación. El País Vasco contaba con excelentes escuelas, o individualidades, no ya en los ámbitos de la prehistoria (Ignacio Barandiarán, J. Altuna, J. C. Elorza) y de la filología y la literatura vascas (E. Knörr, Ibón Sarasola, Jon Kortazar, J. Lasagabaster, Jon Juaristi), temas tradicionales de especialización de la cultura regional, cuyas figuras señeras, D. José Miguel de Barandiarán y Koldo Mitxelena fallecerían en 1991 y 1987, respectivamente; sino además en los ámbitos de la geografía y la sociología (Gómez Piñeiro, Arpal, Ruiz Olabuénaga, Ander Gurrutxaga, Edurne Uriarte), del derecho y de la ciencia política (José R. Recalde, Javier Corcuera, Gregorio Monreal, José Manuel Castells, Gurutz Jaúregui), de la historia económica (González Portilla, Fernández de Pinedo, Montserrat Gárate), de la historia contemporánea (Fernando García de Cortázar, Ignacio Olabarri, Luis Castells, J. L. de la Granja, M.ª Cruz Mina y muchos otros), de la historia del arte (Kosme Barañano, J. González de Durana, Maya Aguiriano, Adelina Moya), de la antropología y la etnografía, etc. En los años ochenta, la Facultad de Filosofía de San Sebastián reunió a un puñado de especialistas de gran valía: Savater, Víctor Gómez Pin, Miguel Sánchez Mazas, Javier Echeverría, Víctor Sánchez de Zavala, Aurelio Arteta, Carlos Martínez Gorriarán, los escritores Molina Foix y Félix de Azúa, que hicieron de aquélla, aunque fuese brevemente, una experiencia singular y única. Vuelto del exilio, Tuñón de Lara permaneció en la Universidad del País Vasco entre 1983 y 1996; más brevemente, también se incorporaron a ella Caro Baroja y el historiador de la literatura Carlos Blanco Aguinaga.

Nuevos y excelentes artistas (Darío Urzay, Txomin Badiola, Nagel, J. L. Goenaga, Txupi Sanz, J. M. Lazkano, Alfonso Cortázar, Pello Irazu, Juan C. Savater, Cristina Iglesias, Dick Recalde, Amondarain, Juan Luis Moraza...) vinieron a sumarse a los Oteiza, Chillida y Basterretxea, y a los artistas de la generación de los sesenta citados al hablar del franquismo (Balerdi, Zumeta, Ibarrola, Sistiaga, Mendiburu, etc.). Buena parte del mejor cine de la transición era vasco: Tasio, de Montxo Armendáriz; La muerte de Mikel, de Uribe, pero también La conquista de Albania, de Alfonso Ungría; Akelarre, de Pedro Olea; Toque de queda, de Iñaki Núñez, y hasta una treintena de filmes (de, además de los citados, Rebolledo, Eloy de la Iglesia, Javier Aguirre y otros) en los ochenta; y ya en los noventa, El día de la bestia, de Alex de la Iglesia; Vacas, de Julio Medem; Alas de mariposa, de Bajo Ulloa; Salto al vacío (1995), de Daniel Calparsoro, y otros.

Pero la violencia de ETA, de un lado, y, de otro, las mismas circunstancias que definían la situación política y lingüística del País Vasco (pujanza social del castellano, hegemonía política del nacionalismo y apoyo oficial a la promoción del euskera y a la euskaldunización) hacían inevitables cierto tipo de conflictos. Significativamente, sin embargo, el debate en torno a la cultura y a la identidad vascas no se planteaba ya en torno a la idea de nacionalidad vasca, idea universalmente aceptada, sino en torno a diferentes concepciones de esa identidad: entre una concepción esencialista y étnico-lingüística de lo vasco, y una concepción pluralista y abierta de ese hecho (y, en todo caso, en torno a posibles desviaciones o mesiánicas o excluyentes o totalitarias de lo vasco). Así, en Euskadi: dos comunidades (1978), Manu Escudero advirtió ya sobre el peligro de que Euskadi se dividiera en dos comunidades. En Milenarismo vasco (1982), el antropólogo Juan Aranzadi argumentaba que el abertzalismo vasco no era sino una transformación de la religión étnica vasca, de base católica, y que la violencia de ETA y su entorno, también de transfondo religioso, era una forma de fortalecer la etnicidad vasco-nacionalista. La tesis de El País Vasco: pluralismo y nacionalidad (1984), de Juan P. Fusi, era que, desde fines del siglo XIX y como consecuencia de la industrialización y los cambios que ello comportó, el País Vasco era una sociedad plural en la que coexistían distintas (no sólo la euskaldún) tradiciones culturales. En El linaje de Aitor (1987) y en otros ensayos posteriores, Jon Juaristi, una de las figuras más interesantes y polémicas de la nueva cultura vasca, expuso cómo muchos de los elementos míticos y legendarios de la identidad vasca que se creían seculares, no eran en realidad sino invenciones literarias del siglo XIX. En El bucle meláncolico (1997), un ensayo memorable sobre distintas personalidades del nacionalismo vasco, completado en 1999 con Sacra Némesis, Juaristi argumentaba que el «victimismo» nacionalista, nacido de la melancolía por una patria supuestamente perdida, estaba en la raíz del irredentismo que inspiraba y definía todo el nacionalismo, del PNV a ETA. Mikel Azurmendi (La herida patriótica, 1998) expondría a su vez cómo, carente de una identidad común —debido precisamente al irrealismo nacionalista y al ethos violento del «abertzalismo» radical (ETA)—, el País Vasco estaba abocado al conflicto permanente y a la violencia interna.

Fuese como fuese, los hechos culturales catalán y vasco —y, en menor medida, también el gallego— obligaban, pues, a replantear el concepto mismo de cultura española. De hecho, los años posteriores a 1975 vieron el resurgimiento de todas las culturas regionales y locales españolas, como consecuencia, primero, del renacimiento de la conciencia particularista de las distintas regiones, y, luego, una vez desarrollado el Estado de las autonomías, por impulso de los nuevos gobiernos autonómicos. Todo ello dio lugar a una actividad inusitada. En todas las comunidades autónomas proliferaron los estudios de historia local, las políticas de recuperación de tradiciones propias perdidas o en trance de serlo, las ayudas al mantenimiento del patrimonio histórico. El número de libros en gallego, por ejemplo, se elevó en 1995 a 1.148 (más, pues, que en euskera).

El Estado de las autonomías conllevaba, ya quedó dicho, una nueva visión de España. La urgencia de inventar una identidad nacional nueva falseó sin duda en más de un extremo la propia realidad histórica de España, como reiteradamente advirtió en artículos y libros (recogidos en un solo volumen en 1998 titulado La España Real) el filósofo Julián Marías. El españolismo franquista había, desde luego, desacreditado todo nacionalismo español. Si el tema de España, la reflexión casi metafísica sobre el ser de España, había sido desde 1898 —como hemos visto en este libro— obsesión del ensayismo español de Unamuno y Ortega a Marías y Laín, Savater escribía ahora (1984, reeditado en 1996) Contra las patrias, ensayos provocados sin duda por la situación vasca, pero que criticaban todo nacionalismo en cuanto ideología política y hasta la idea misma de identidad nacional, que Savater definía coloquialmente como mera «engañifa» y además «repelente».

En suma, desde 1975 hizo crisis la idea misma de España como nación, en beneficio de la idea de España como Estado. España se disolvía en beneficio de las identidades separadas de Cataluña, Euskadi, Galicia y el resto de las comunidades autónomas. Cuando en 1997 la ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, quiso reforzar la enseñanza de la historia española en la enseñanza secundaria, desencadenó una «guerra de la historia», que provocó el rechazo frontal de los planes del Ministerio por parte sobre todo de los representantes políticos de Cataluña (que denunciaron, sin razón, el proyecto de la ministra como el retorno de una visión centralista y unitaria de España) y obligó a rehacer el proyecto previa negociación con las comunidades autónomas.

Bajo el signo de la historia

En esas circunstancias, la cuestión de cómo España había llegado a ser lo que era, la historia, adquiría especial relevancia. El magisterio individual de Caro Baroja (Las formas complejas de la vida religiosa, 1985; El estío festivo, 1984; Los fundamentos del pensamiento antropológico moderno, 1985; etc.); José Antonio Maravall, que moriría en 1986, (La cultura del barroco, 1975; Poder y elites en el siglo XVII, 1979; La literatura picaresca desde la historia social, 1986); Díez del Corral (El pensamiento político europeo y la Monarquía de España, 1976; Velázquez, la Monarquía en Italia, 1979), y Domínguez Ortiz (Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, 1976; Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVIII, 1984) siguió siendo indiscutible. En 1975, José María Jover Zamora asumió la dirección de la historia de España que en su día preparó para la editorial Espasa-Calpe Menéndez Pidal y dio un impulso decisivo al proyecto: para 1995, se habían publicado más de veinte volúmenes que estudiaban desde el siglo del Quijote y el siglo XVIII a la era isabelina, los comienzos del siglo XX y el franquismo, todos ellos verdaderos hitos editoriales y culturales. A partir de 1988 empezaron a publicarse los primeros volúmenes de la Enciclopedia de Historia de España que para Alianza Editorial había dirigido Miguel Artola, una obra que honraría a cualquier historiografía (Artola, además, publicaría distintos trabajos sobre la evolución de la Hacienda desde el Antiguo Régimen hasta los años sesenta del siglo XIX, como prolongación y complemento de sus muy influyentes estudios sobre la revolución liberal española). José Luis Abellán inició en 1979 una amplísima historia crítica del pensamiento español, en varios volúmenes. Tuñón de Lara dirigió en 1980 la edición de una historia de España colectiva (publicada por la editorial Labor), en diez volúmenes, de inspiración vagamente marxista aunque con colaboraciones de toda índole, y promovió la celebración anual de unos «coloquios» de historia contemporánea en Segovia, que trajeron a España el espíritu de las reuniones que el propio Tuñón había organizado en Pau antes de la muerte de Franco. Una Breve historia de España del historiador Fernando García de Cortázar (en colaboración con José M.ª González Vesga) se convirtió en 1995 en un verdadero best-seller editorial.

Pero fue sobre todo la historia contemporánea de los siglos XIX y XX la especialidad que, por la misma naturaleza de los temas que abordaba —el atraso económico de España, la Guerra Civil, Franco, la transición—, iba a tener mayor (no necesariamente mejor) desarrollo y mayor proyección pública: el debate en torno a la formación del Estado español contemporáneo, a los nacionalismos periféricos y al propio nacionalismo español tendría ahora el rango que en su día tuvieron las cuestiones que ocuparon a Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz o Américo Castro, por citar tres nombres señeros. Cambió, primero, el paradigma de la historia, tras la crisis que en los ochenta sufrirían las que se habían llamado «nuevas» historias y especialmente el marxismo, un cambio al que contribuyeron la «nueva» historia económica (Prados de la Escosura, Gómez Mendoza, Martín Aceña, Palafox, A. Carreras, Tedde de Lorca, Comín, P. Fraile, Sudriá, con el antecedente de Tortella, Anes, N. Sánchez Albornoz y J. L. García Delgado), el revisionismo crítico del grupo de Oxford (Romero Maura, Varela Ortega, Fusi, por citar sólo españoles), la nueva historia social planteada por Santos Juliá, Álvarez Junco y Pérez Ledesma (cuya expresión teórica pudo ser Historia social/sociología histórica, 1989, de Santos Juliá, que permaneció también algún tiempo en Oxford), y la historia política, que tendría en Javier Tusell su principal especialista. Cambió, en segundo lugar, el interés, el énfasis, que fue deslizándose hacia el periodo de la Restauración (1875-1923) y el siglo XX, es decir, hacia los orígenes más inmediatos de los problemas de la democracia en España.

En todo caso, el cambio fue operándose al hilo de la aparición de distintas monografías: La Rosa de Fuego: el obrerismo barcelonés de 1898 a 1909 (1974), de Romero Maura, un libro por todos los conceptos (narrativa, fuentes, rigor conceptual, originalidad de análisis) excepcional; Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo durante la Restauración (1875-1900) (1979), de Varela Ortega, el libro que hizo cambiar todas las perspectivas de estudio sobre el tema; La destrucción de la Democracia en España (1978), de Paul Preston; Radiografía de un golpe de Estado: el ascenso al poder del general Primo de Rivera (1987), de Javier Tusell; Fascism from Above (1983), de Shlomo BenAmi; tal vez Política obrera en el País Vasco 1880-1923 (1975), de J. P. Fusi; sin duda, Madrid, 1931-1934, de la fiesta popular a la lucha de clases (1984) y Manuel Azaña: una biografía política (1990), ambos de Santos Juliá, y El Emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia popular (1990), de Álvarez Junco. Para Galicia, La propiedad de la tierra en Galicia 1500-1936 (1982), de Ramón Villares, y para Cataluña, Lliga regionalista: la burgesía i el nacionalismo, 1898-1904 (1977), de Borja de Riquer, y La Catalunya populista. Imatge, cultura i política a l’etapa republicana (1931-1939) (1982), de Ucelay Da Cal; en historia económica, De Imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930) (1988), de Prados de la Escosura; Ferrocarriles y cambio económico en España (1855-1913) (1982), de Gómez Mendoza, la historia de la Hacienda Española de Comín, los estudios de política monetaria de Martín Aceña y los estudios sobre la industrialización española de Albert Carreras, hasta llegar a la gran síntesis de Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX (1994).

Desde principios de la década de 1970, la historiografía española había ido reemplazando a la historiografía extranjera en el estudio de la Guerra Civil. Los estudios sobre el franquismo fueron adquiriendo, sobre todo a partir de 1975, extraordinario desarrollo, con libros imprescindibles como El régimen de Franco, 1936-1975 (1988), de Stanley G. Payne; Franco y los católicos: la política interior española entre 1945 y 1947 (1984) y Franco, España y la Segunda Guerra Mundial (1995), ambos de Tusell, y Franco (1994), la biografía del dictador, de Preston. La transición a la democracia desde 1975 irrumpió a su vez como nuevo ámbito de investigación y especialización. Finalmente, muchos historiadores y politólogos —Andrés de Blas, Juan J. Solozábal, Javier Corcuera, Antonio Elorza, Borja de Riquer, J. P. Fusi, F. García de Cortázar, Juliá, Álvarez Junco, Varela Ortega, Justo G. Beramendi, Ramón Máiz, Eloy Fernández Clemente, A. Cucó, y muchos otros— harían, como se ha indicado, del estudio de la idea contemporánea de España (y de los estereotipos sobre el país y su historia), del nacionalismo español, de los nacionalismos vasco, catalán y gallego, de la construcción del Estado, de la identidad española e identidades regionales, el tema, o temas, más sustantivos de la cultura española. De todo ello salió una nueva visión de España, una visión que, aun no haciendo suya totalmente la idea de plurinacionalidad (España como varias naciones) planteada por los nacionalismos catalán, vasco y gallego, aceptaba sin duda los particularismos culturales de esas tres nacionalidades, no aceptaba la tesis del fracaso secular de España —para el XIX y XX prefería, por ejemplo, la idea de atraso económico a la de fracaso de la revolución industrial—, una visión que no creía que lo ocurrido en la historia española hubiera sido inevitable, una interpretación ni esencialista ni casticista (a lo Américo Castro), que veía, en suma, la historia española como un proceso discontinuo, abierto, impulsado por múltiples y complejos factores personales, culturales, económicos y sociales y aun por el juego de lo contingente e imprevisible. España era, en todo caso, una variable europea. En 1970, Juan Goytisolo había empezado su novela Reivindicación del conde don Julián haciendo decir al narrador, aludiendo a España, las palabras «tierra ingrata, entre todas espuria y mezquina, jamás volveré a ti»; en 1995, la tesis de El secreto de España, el libro del historiador formado en el exilio Juan Marichal que le valió el Premio Nacional de Historia, era que el pensamiento español moderno era fundamentalmente liberal.

La cultura en transición

Cuando terminaba el siglo XX, España (39,6 millones de habitantes en 1995) era un país democrático e integrado desde 1986 en Europa. La población urbana representaba, en ese año, el 76,2 por 100 del total de la población. La mitad de la población activa trabajaba en el sector servicios. El país disponía de unas 60 universidades, con cerca de 1,5 millones de estudiantes, cifra superior a la población activa agraria. En 1990, la proporción de mujeres en la población activa llegó al 50 por 100. El divorcio fue legalizado en 1981; el aborto, en 1985. La España rural, pobre, atrasada, religiosa, a veces brutal, subsistía, como fotografió magistralmente Cristina García Rodero en España oculta (1989). Pero España era una sociedad urbana y moderna, cuyos problemas eran ahora los problemas de las sociedades desarrolladas: la seguridad ciudadana, las drogas, la marginalidad social urbana, la tercera edad, el desempleo juvenil, el medio ambiente. Películas como Deprisa, deprisa (1980), de Carlos Saura, y Maravillas (1980), de Gutiérrez Aragón, trataban del problema de la delincuencia juvenil; El pico (1983), de Eloy de la Iglesia, y 27 horas, de Armendáriz, de la droga.

Como escribieron dos de los colaboradores (Ignacio Sotelo y Estrella de Diego) del número que Revista de Occidente dedicó en julio de 1991 a España ante los noventa, la cultura española era una cultura instalada en la europeidad (Sotelo) y, por fin, cosmopolita (de Diego). Ya quedaron mencionados al principio del capítulo los éxitos internacionales de los arquitectos Moneo, autor por ejemplo del Museo de Arte y Arquitectura de Estocolmo (1997), Calatrava y Bofill, una de cuyas obras más famosas era Le Palais d’Abraxas, en Francia, o del compositor Cristóbal Halffter. El pintor Barceló irrumpió a raíz de su éxito en la Dokumenta de Kassel de 1982. La literatura o la vida (1994), de Jorge Semprún, era un libro europeo: su experiencia en el campo de concentración de Buchenwald entre 1943 y 1945. La historiadora Carmen Iglesias publicó en 1983 un espléndido estudio sobre Montesquieu; el economista Luis Ángel Rojo, en 1985, un brillante estudio sobre Keynes; en una serie de libros llenos de erudición y amenidad publicados a partir de 1981 (Epicuro, Mitos, viajes, héroes, Historia del rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda, El zorro y el cuervo, La Antigüedad novelada), Carlos García Gual había ido estudiando los orígenes de la novela europea, mitos y leyendas de la antigüedad clásica y del mundo medieval y analizado su pervivencia en formas de la cultura europea actual. Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) y Todo sobre mi madre (1999), de Almodóvar, tuvieron un extraordinario éxito internacional. Tras el Salón del Libro de París de 1995 —que destacó sobre todo a Eduardo Mendoza, Javier Marías, Muñoz Molina, Vázquez Montalbán, Atxaga y Savater, y a varias escritoras: Rosa Montero (La función Delta, Temblor, Bella y oscura...), Soledad Puértolas, Almudena Grandes, Montserrat Roig—, varios escritores españoles, como algunos de los nombrados (más Pérez-Reverte, un periodista conocido por sus crónicas de guerra pasado a la novela de aventuras: El maestro de esgrima, El club Dumas, El capitán Alatriste, Limpieza de sangre), empezaron a ser profusamente traducidos. La obra de Savater, por ejemplo, era ampliamente conocida en Italia. Javier Marías fue un caso extremo: Corazón tan blanco tuvo en 1993 el Premio L’Oeil et la Lettre y en 1997 el Premio IMPAC de Dublín; Mañana en la batalla piensa en mí, el Premio Internacional Rómulo Gallegos de 1995 y el Fémina extranjero en 1996. En apenas tres años, a partir de 1995, sus libros se tradujeron a más de veinte idiomas y vendieron unos dos millones de ejemplares. La literatura de Javier Marías —culta, hermética, de lectura premiosa por la morosidad estilística del autor, despegada de toda referencia localista: Todas las almas era la novela de Oxford—, literatura sin apenas acción (sus temas eran las perturbaciones, secretos, sospechas, extrañas coincidencias, que hay en toda vida y que parecen asemejarla a la ficción literaria), en la medida que nacía más de la literatura europea que de la tradición literaria española, venía a ser como la expresión literaria de la nueva modernidad española.

España había cambiado. En la década de 1990 empezaron a cristalizar ya de forma evidente los cambios generacionales que se habían ido produciendo desde la transición a la democracia. Al celebrarse el Salón del Libro de París de 1995, algún crítico quedó sorprendido por encontrar una España que, desde los ochenta, se identificaba con bares, droga, sexo y discotecas. Para entonces, unos diez millones de españoles habían nacido después de 1975. El tipo de preocupaciones políticas, morales, históricas y estéticas que habían impregnado a generaciones anteriores —y singularmente a las generaciones moldeadas por el espíritu de la oposición al régimen de Franco (Ardor guerrero, 1995, de Muñoz Molina, la espléndida memoria de su servicio militar, podía leerse como un adiós a todo aquello)— eran, para las generaciones jóvenes de la transición, literalmente inexistentes. El diario El País publicó el 3 de marzo de 1996 una «Guía para mayores de 30 años», a fin de que fuese posible entender el lenguaje y las señas de identidad (jerga propia, gusto por determinados ritmos, músicas y grupos musicales, atuendo de cazadoras, sudaderas, vaqueros y botas, tatuajes, aros en orejas, nariz y labios) de los jóvenes menores de treinta años, cuya subcultura prefería ante todo los cómics, los juegos de ordenador, los videoclips y el cine violento (del estilo del cine del norteamericano Tarantino, autor de Pulp Fiction y Reservoir Dogs). Así, drogas, sexo, alcohol, los problemas generacionales eran el tema de varias novelas de los noventa, escritas por lo general por escritores jóvenes (Lo peor de todo, de Ray Loriga; Historias del Kronen, de Mañas; Veo, veo, 1995, de Gabriela Bustelo; La ciudad de abajo, 1996, de Daniel Múgica; Beatriz y los cuerpos celestes, 1998, de Lucía Etxeberría). Lo peor de todo, de Loriga, la primera de todas y algo anterior, de 1985, era la historia, contada en un lenguaje callejero y simple, de un adolescente que deambulaba de trabajo en trabajo sin más horizonte que su novia, la música pop y el fútbol; Historias del Kronen, 1993, de José A. Mañas, la más representativa y exitosa de todas —se habló de la «generación del Kronen»—, era la novela de unos jóvenes drogadictos, perdidos y violentos. El día de la bestia (1995), el film de Álex de la Iglesia tenido también por una especie de emblema generacional, era una muestra (excelente) de humor negro, absurdo y violento, con una historia delirante en la que un jesuita, un dependiente de una tienda de música y un «profesor de adivinación» conocido por sus programas en televisión intentaban impedir la llegada del Anticristo prevista en Madrid para la Nochebuena de 1995; Salto al vacío (1995), de Daniel Calparsoro, era una durísima película sobre violencia y drogadicción en Euskadi; en Tesis (1996), la primera película de Alejandro Amenábar (veintitrés años), alumnos de la facultad de periodismo de Madrid aparecían implicados en la realización de snuff movies, películas rodadas con imágenes reales de torturas y muertes; Airbag (1997), de Bajo Ulloa, la película de más éxito en 1997, era otra historia delirante, la búsqueda por el protagonista y sus amigos del anillo de compromiso que aquél había perdido en un comprometido punto de la anatomía de una prostituta. Que todo ello no agotase la propuesta cultural de las nuevas generaciones, cuya novelística al menos (con obras, además de las ya citadas, como Nadie conoce a nadie, 1996, de Juan Bonilla; La escala de los mapas, 1992, de Belén Gopegui; Coños, Las máscaras del héroe, 1996, y La tempestad, 1997, de Juan Manuel de Prada; Belinda y el monstruo, de Luis Magrinyá; Nunca le des la mano a un pistolero zurdo y Dónde crees que vas y quién te crees que eres, 1996, de Benjamín Prado y otras) nacía bajo el signo de una variedad absoluta, no lo hacía menos significativo: era otra manifestación de la nueva modernidad española.

El cambio cultural experimentado desde 1975 era, por tanto, extraordinario. En los años noventa se haría evidente, sin embargo, algo que quedó simplemente insinuado al principio: lo mucho que dicho cambio tenía de contradictorio y engañoso. El mismo aumento casi asombroso del consumo social de cultura que se había producido y que aumentó incluso en los noventa —reflejado en la asistencia masiva a actos culturales— tenía su precio: una cierta trivialización de la cultura, convertida en moda, acto social y espectáculo; una desvalorización de la verdadera cultura, por la aceptación acrítica y desjerarquizada de cualquier tipo de producto seudo-cultural (libros de escándalo, biografías de famosos, literatura de best-sellers...); la orientación del libro, y de la industria cultural, hacia el mercado sobre la base de grandes promociones publicitarias y llamativas campañas de lanzamiento al margen de la calidad (como los casos en que conocidos premios literarios se otorgaron a escritores conocidos por su trabajo en televisión, operación obvia para capitalizar su popularidad, o la misma promoción, a través también de premios, de jóvenes escritores como Prada o Lucía Etxeberría, respectivamente premios Planeta y Nadal de 1997 y 1998); el precio, en suma, de la banalidad, la confusión y la falsedad. En un artículo titulado «Gaceta cultural: perspectiva 2000» (El País, 5 de enero de 1998), Juan Goytisolo satirizó despiadadamente lo que estaba ocurriendo: las listas de libros vendidos, el éxito literario de los presentadores de televisión, las campañas de promoción de libros, la insustancialidad de las entrevistas literarias. El pintor Eduardo Arroyo, objeto de una amplia retrospectiva en el Museo Reina Sofía de Madrid a principios de 1998, declaraba al suplemento dominical El Semanal del 15 de febrero que la cultura española era «absolutamente lamentable en el sentido de su expresión, de lo que nos llega a través de los periódicos, de la radio y de la televisión».

Aquella gran oferta cultural convivía, además, con limitaciones y carencias graves y, en parte, las ocultaba. Pese al aumento en la producción de libros, los índices de lectura de los españoles seguían siendo comparativamente bajos: en 1998, se estimaba que la mitad de los españoles que sabían leer no leían libros. Las insuficiencias en bibliotecas eran considerables; la conservación del patrimonio artístico, deficiente. Masificada y convertida en una mera prolongación de la enseñanza secundaria, la universidad (en 1991 se había autorizado las universidades privadas) había desembocado en los años noventa en un fracaso colectivo. La cultura de masas —deportes, toros, literaturas de kiosko, radio, televisión, best-sellers, revistas gráficas, prensa de «sociedad» o del «corazón», pornografía— una cultura definida por lo general por la chabacanería y la mediocridad seguía teniendo una vigencia social incomparablemente superior a la cultura de calidad.

La expectativa que produjo la autorización en 1990 de televisiones privadas quedó pronto defraudada: la televisión derivó en «telebasura», melodramas latino-americanos, concursos detestables, programas con «milagro», vida sentimental de los famosos, retransmisiones deportivas, reality shows que explotaban los dramas humanos... No habían desaparecido del cine español las «españoladas», comedias groseras y tópicas basadas en la popularidad de conocidos humoristas (tipo Los bingueros, Cristóbal Colón, de oficio descubridor, El robobo de la jojoya). Los toros, de los que hubiera podido pensarse que se acomodarían mal a una sociedad modernizada y europea, encontraron nueva vida con la televisión: el número de festejos anuales que había descendido de 565 en 1976 a 390 en 1981 se elevó a 803 en 1995; en contraste con el otro gran periódico liberal del siglo, El Sol de 1917 a 1936, que jamás publicó una línea sobre ellos, El País les dedicaba abundante información; pueblos del entorno de Madrid incorporaron los encierros taurinos, previamente inexistentes, a sus fiestas patronales. Merced a los medios de comunicación y a los constantes éxitos que los deportistas españoles obtendrían desde los años ochenta —no sólo en fútbol, sino ahora también en ciclismo, tenis, motociclismo, golf, vela, automovilismo e incluso en atletismo— hasta culminar en las 22 medallas logradas en los Juegos Olímpicos de 1992 y en los triunfos extraordinarios del ciclista Miguel Indurain a principios de los noventa, el deporte adquirió una presencia social verdaderamente inundatoria: un intenso y vulgachero españolismo populista, tal vez una reacción compensatoria a la «desnacionalización» de la idea de España planteada por los nacionalismos periféricos, impregnaba, además, la pasión deportiva, y por supuesto la taurina, de muchos españoles, bien alimentado por un periodismo deportivo demagógico y estridente, especialmente en su versión radiofónica.

Con la irrupción de los nuevos medios de comunicación, el auge de la cultura audiovisual y la entrada en el mercado del libro de las técnicas de publicidad y ventas, la alta cultura perdió probablemente parte de su autoridad intelectual, de su prestigio social. Los medios de comunicación desplazaban a los intelectuales en el liderazgo moral de la opinión. Por lo menos, la agenda de la actualidad (pero también de la actualidad cultural) era marcada por la prensa, por personalidades de la radio y la televisión —los Luis del Olmo, Gabilondo, Carlos Herrera, Luis Herrero, etc., citados más arriba—, por los columnistas de mayor influencia (Pedro J. Ramírez, Javier Pradera, Jiménez Losantos, Haro Tecglen, Raúl del Pozo, Francisco Umbral, Jaime Campmany, Miguel Ángel Aguilar, Pablo Sebastián...): significativamente, como si fuera una metáfora del extraordinario poder de la prensa, dos periodistas, Juan Luis Cebrián y Luis M.ª Ansón, fueron elegidos miembros de la Academia Española de la Lengua en 1996.

Vemos, pues, que desde 1975 la cultura española se había instalado en la normalidad y recobrado una función esencialmente cultural y no política, en contraste con lo que había ocurrido bajo el franquismo. Por eso que la recuperación de la normalidad hiciese pensar que la cultura en España no tendría ya en adelante más problema que el problema de su calidad, de su capacidad creadora (o de la falta de ella). Eso, desde la perspectiva del 2000, no era exactamente así. La ascensión de la cultura periodística, por ejemplo, que podía ser —y en muchos casos lo era— de innegable calidad, conllevaba un profundo cambio cultural: la extensión de una cultura generalista, vinculada de oficio a la actualidad inmediata y efímera, y dependiente profesionalmente de la excitación del momento.

El despertar de la cultura española desde 1900 que sirvió de punto de partida de estas páginas fue obra, como vimos, de una minoría de intelectuales y escritores de excepcional talento, los hombres convencionalmente asociados a la generación del 98 y al modernismo. Cien años después, publicidad, mercado, medios de comunicación condicionaban decisivamente la producción y la transmisión de la cultura en España: cultura era, en buena medida, lo que llegaba a través de los periódicos, de la radio y de la televisión.

Epílogo en 2007

Modernidad, cultura como mercado, idea de España, cultura de masas, esto es, la realidad social y las directrices y debates culturales en torno a las que se desenvolvía de alguna forma la cultura española cuando terminaba el siglo XX, condicionarían, lógicamente, la dinámica cultural del país aún por un cierto tiempo y, desde luego, en la primera década del siglo XXI.

La arquitectura, que en 2002 celebró profusa y significativamente el centenario de Gaudí, era, cuando comenzaba ese nuevo siglo, la mejor expresión de la modernidad española. Ya se han citado más arriba algunos de los nombres (Sáenz de Oiza, Moneo, Bofill, Calatrava, Enric Miralles, Campo Baeza) y edificios más representativos de los últimos años del siglo XX. Entre 2001 y 2007 se terminaron, entre muchos otros, éstos, todos ellos espléndidos: la sede de Caja de Granada, de Campo Baeza, en Granada; el Museo de Arte Contemporáneo de León, de Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón; los Museos Oteiza (en Alkuza, Navarra), de Sáenz de Oiza, y Artium, en Vitoria, de José Luis Catón; la Torre Agbar, en Barcelona, obra de Jean Nouvel; el edificio «Vels e Vents» en Valencia, de Davis Chipperfield y Fermín Vásquez; la espectacular Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, de Antonio Lamela y Richard Rogers; las Torres Repsol, de Cristal, Sacyr Vallehermoso y Espacio, obras respectivamente de Foster, Pelli, Rubio Carvajal-Álvarez Sala y Pei Cobb-Reid Fenwick, también en Madrid. En 2000 y 2001 finalizaron, además, las largas obras (diez-doce años de duración) de rehabilitación de la Biblioteca Nacional y de la Residencia de Estudiantes en Madrid, según proyectos en ambos casos de los arquitectos Junquera y Pérez Pita, obras que, dada la significación de las dos instituciones (y de los mismos arquitectos), ponían de relieve la mezcla de modernidad y sensibilidad histórica que había inspirado la política cultural de la nueva democracia española.

Aunque el cine español siguiera siendo un cine de éxito siempre intermitente y tuviera graves problemas —de financiación y producción, de distribución y, a veces, de público—, era cuando menos, como ya vimos, un cine audaz, con aciertos indudables y realizaciones de considerable calidad. Tras dos nuevos filmes interesantes (Hable con ella y La mala educación), Almodóvar produjo en 2006, dentro de sus personalísimos temas y estilo cinematográfico, otra obra maestra, Volver. Almodóvar no estaba solo. Alejandro Amenábar realizó en 2001 Los otros, un absorbente film de misterio y suspense de gran belleza formal, y uno de los grandes éxitos comerciales y de crítica —en España y fuera de España— de toda la historia del cine español, y en 2004, Mar adentro, una película basada en un hecho real que conmocionó en su día a la sociedad española, la historia de un parapléjico (Ramón Sampedro) que tras muchos años de sufrimiento puso dignamente fin a su vida, y un alegato a favor de la eutanasia. En 2002, Fernando León filmó la excelente Los lunes al sol, la historia de unos trabajadores en paro tras el cierre de los astilleros en que trabajaban. Alatriste (Agustín Díaz Yanes, 2006) fue una espectacular película de acción, sobre las aventuras del capitán Diego Alatriste y Tenorio, el personaje, un soldado de los tercios españoles de Flandes del siglo XVII, creado por el novelista Arturo Pérez-Reverte en 1996 y sobre el que hasta 2006 había escrito seis novelas de gran popularidad.

La concesión en 2006 del Premio Cervantes, el premio literario más importante en habla española, a Antonio Gamoneda, permitió el descubrimiento por el público de la poesía del poeta, una poesía (Edad, 1987; Libro del frío, 1992; Arden las pérdidas, 2003) emocional e intensa que el mismo Gamoneda, escritor ya veterano —nació en 1931— pese a su tardío reconocimiento, definía como una poesía «del sufrimiento y del gozo». Mendoza (Mauricio o las elecciones primarias, 2006), Marsé (Canciones de amor en Lolita’s Club, 2005), Javier Marías (Fiebre y lanza, 2002; Baile y sueño, 2004), Muñoz Molina (Sefarad, 2001; El viento de la Luna, 2006), Pérez-Reverte (La Reina del Sur, 2002; El pintor de batallas, 2006), Pombo (Una ventana al norte, 2004), Almudena Grandes (Los años difíciles, 2002; Castillos de cartón, 2004), Atxaga (El hijo del acordeonista, 2004), Manuel Rivas (Los libros arden mal, 2006)..., esto es, los novelistas de la transición más interesantes, como vimos, para la crítica, siguieron publicando con regularidad, y con oficio y calidad innegables, tras el año 2000. Dentro, pues, de la amplitud de registros e incitaciones que definían la narrativa del país, lo más revelador ahora, 2000-2005, era probablemente la obra de Enrique Vila-Mata (Bartleby y compañía, París no se acaba nunca, El mal de Montano, Doctor Pasavento), una obra mezcla de novela, ensayo y crónica, de juegos literarios y experimentos narrativos sobre los límites entre ficción y realidad. Al hilo del permanente interés que la Guerra Civil había suscitado en todo momento desde 1975, Javier Cercás escribió en 2001 Soldados de Salamina, un excelente relato sobre el conflicto, bajo la forma de un periodista que en 1999 indaga en torno a los hechos y protagonistas que rodearon al fusilamiento en enero de 1939, en Cataluña, de un grupo de presos franquistas del que pudo escapar el personaje central de la historia, el escritor e ideólogo de Falange Rafael Sánchez Mazas. Ignacio Martínez de Pisón publicó en 2005 otro relato apasionante, Enterrar a los muertos: la historia de la detención y ejecución en diciembre de 1936 de José Robles Pazos, hombre de izquierdas, escritor, profesor de literatura en los Estados Unidos y traductor de Dos Passos al español, asesinado posiblemente por uno de los sectores de los servicios secretos soviéticos en España —en su afán de desacreditar a un militar ruso— , y la historia, sórdida, del linchamiento de la memoria y personalidad de Robles por la propaganda comunista (que le acusaría de ser un espía fascista), con el concurso incluso de Hemingway (razón de la ruptura entre éste y Dos Passos, y del alejamiento de Dos Passos del comunismo). Benjamín Prado, que en 1999 había publicado No sólo el fuego, libro donde el exilio y la memoria de la Segunda República adquirían papel principal, abordaba en Mala gente que camina (2006) la cuestión, igualmente terrible, del robo de niños de presos y exiliados republicanos por las autoridades del primer franquismo. En El corazón helado (2007), un verdadero tour de force literario, Almudena Grandes narraba la historia de dos familias enfrentadas desde la guerra civil y marcadas por el exilio y el franquismo.

Savater y Jon Juaristi publicaron, con todo, dos de los mejores libros de los inicios del nuevo siglo, Mira por dónde. Autobiografía razonada (Savater, 2003) y Cambio de destino. Memorias (Juaristi, 2006), dos autobiografías ciertamente extraordinarias: Mira por dónde, la evocación por Savater de su infancia, adolescencia y primera madurez, de la que emergía la personalísima propuesta personal que era ya, si se recuerda, la filosofía de Savater, una ética de la libertad como realización gozosa de la vida y como asunción de valores y responsabilidades cívicas; Cambio de destino, la reflexión intensa, lúcida, absorbente, de Juaristi sobre su infancia, su familia, el Bilbao de los años sesenta y setenta del siglo XX, de su militancia en ETA, de su formación intelectual y académica, pero la historia al tiempo de la autodestrucción de una generación, la generación vasca de los sesenta, y tal vez de una sociedad, la vasca, por las imposturas del nacionalismo y la locura de la violencia independentista y revolucionaria.

Podemos, por tanto, esbozar algún tipo de conclusión general. Tres tesis básicas recorren, como se ha visto, este estudio: 1) que, tomada en su conjunto, la cultura española del siglo XX —cultura común y culturas regionales particulares— aparece cuando menos como una versión discreta de la cultura europea de ese mismo siglo; 2) que los intelectuales interesan ante todo como intelectuales, esto es, que lo determinante en ellos es su individualidad, su capacidad creadora (o en otras palabras: que no representan a nadie más que a sí mismos); 3) que la visión crítica que muchos intelectuales tuvieron de España a lo largo del siglo fue una de las claves para el desarrollo de las ideas de libertad y democracia en el país. El primer punto, sobre todo, me parece difícilmente discutible. La cultura española del siglo XX fue —por parafrasear a Ortega— una cultura asomada a Europa. Más aún, Zuloaga y Sorolla, Ortega, Unamuno, Falla, la Revista de Occidente, El Sol, El País, Tapiès, Chillida, Oteiza, Cristóbal Halffter, Ricardo Bofill, Moneo, Santiago Calatrava, Semprún, Barceló, Juan Goytisolo, Eduardo Arroyo, y en los años noventa, Javier Marías, Fernando Savater y Pedro Almodóvar —no sólo, por tanto, los nombres obvios: Picasso, Miró, Dalí, Buñuel—, serían parte innegable de esa misma cultura europea, no sólo gentes que se pudieron asomar ocasionalmente a ella.

Desde luego, aunque los años diez, la década de 1910, fueran la edad de oro del toreo y aunque desde la década de 1920 la cultura de masas (deportes de estadio, cine) irrumpiera definitivamente en la vida española, en la primera mitad del siglo XX coincidieron en la vida cultural española personalidades, sin exageración, excepcionales, sin duda irrepetibles: Unamuno, Azorín, Baroja, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Machado, Valle-Inclán, Ortega y Gasset, Marañón, Menéndez Pidal, Falla, Gaudí, Picasso. Por su capacidad creadora, Valle-Inclán, Picasso y Miró se acercaron a la pura genialidad. García Lorca fue una personalidad deslumbrante. Ortega y Gasset generó un amplio repertorio de grandes incitaciones intelectuales, plasmadas además en metáforas casi siempre oportunas y certeras: vida como circunstancia; la verdad como perspectiva; vida como quehacer y realidad radical (razón vital); minorías y masas como teoría de la sociedad; invertebración de España; liberalismo y nacionalización, como deberes generacionales; anticipación de la unidad europea; teoría de las generaciones; razón histórica. Paralelamente, Ortega impulsó o inspiró empresas culturales decisivas: España, El Sol, Revista de Occidente.

Luego, tras la Guerra Civil, la obra de individualidades como Ramón Carande, Caro Baroja, Xavier Zubiri, Emilio García Gómez, Julián Marías, José Antonio Maravall y Luis Diez del Corral —por citar unos pocos ejemplos señeros— hizo al menos que España no fuese un desierto cultural entre 1939 y 1975. La posguerra vio la explosión de la radio; los años sesenta, de la televisión. Prensa y medios de comunicación adquirirían ya a partir de 1975, restablecida la democracia, un excepcional poder cultural, social e ideológico. Por las razones expuestas en su momento, la vida cultural iba a experimentar así en las últimas décadas del siglo XX (por otra parte, como en casi todo el mundo occidental) un giro decisivo. En 1900, cultura era igual a modernismo y generación del 98, o sea, un acto sustantivo de creación intelectual; en 1999, cultura era mercado, medios de comunicación y publicidad, esto es, la venta de un producto. Así y todo, con Tapiès, Chillida, Sáenz de Oiza, Antonio Saura, Arroyo, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Carlos Saura, Juan Benet o Goytisolo, la cultura española había recuperado el pulso de la modernidad. Desde 1975, había emergido —también lo hemos visto— una nueva visión de España y de su historia.

Porque, los treinta años de democracia transcurridos en 2005 desde el fin, en 1975, de la dictadura de Franco conllevaron nada menos que la refundación de España como nación. Con la consolidación de la democracia, España no se reconocía en modo alguno en el país dramático y pintoresco creado por el estereotipo romántico y sancionado por la pobreza de su vida rural en los siglos XIX y XX y la «tragedia» de la Guerra Civil de 1936-1939 (hasta la cultura de masas desautorizaba ahora esa imagen: España, país, según el estereotipo, de toreros y procesiones de Semana Santa, era en 2005 un país de espléndidos equipos de fútbol y abundantes campos de golf, muchos de ellos en la propia Andalucía, de campeones de automovilismo y motociclismo, de grandes tenistas y excelentes atletas masculinos y femeninos: Fernando Alonso ganó el campeonato del mundo de coches de «Fórmula 1» en 2005 y 2006; España se proclamó campeona del mundo de baloncesto en 2006). Dos libros extraordinarios, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001), de José Álvarez Junco, e Historias de las dos Españas (2004), de Santos Juliá, pusieron de relieve, precisa y oportunamente, la complejidad tanto de la misma idea moderna de España como nación como de los grandes «relatos» que sobre la significación del país en la historia habían hecho sus intelectuales más significados.

Efectivamente, y como en parte ya quedó dicho al hablar de la creación del Ministerio de Cultura en 1977 y de la política de exposiciones oficiales entre ese año y 2000, España, al hilo de la propia labor de los historiadores y a través de la política de conmemoraciones de gobiernos, medios de comunicación, universidades y fundaciones públicas y privadas, había ido recobrando la memoria íntegra de su pasado: 50.º aniversario de la Segunda República, regreso del «Guernica» y exposición «La Guerra Civil», en 1981; monumentos en Madrid a Pablo Iglesias, Besteiro, Prieto y Largo Caballero; centenario de Ortega, en 1983; congreso en Oviedo, en 1984, sobre la Revolución de 1934; congreso «Valencia, capital de la República», año Unamuno, congresos sobre la Guerra Civil en Granada y Salamanca, y larga serie de Televisión Española sobre esta última, todo ello en 1986; filme Lorca, muerte de un poeta, de Bardem, producida también por Televisión Española, en 1987; bicentenario de Carlos III en 1988; congresos y exposiciones sobre Azaña en 1990, el año, si se recuerda, de la gran exposición de Velázquez en el Museo del Prado; conmemoraciones de Carlos V y Felipe II; centenarios de Lorca, Cernuda, Alberti y Buñuel, de la guerra de 1898 y de la generación del 98; exposiciones sobre Cánovas, Sagasta y Maura; sobre las fotografías de la Guerra Civil de Robert Capa, ya en 1999 (en el Museo Reina Sofía de Madrid); Gaudí, en 2002; María Zambrano, en 2004; cincuentenario de la muerte de Ortega en 2005, y de la de Pío Baroja en 2006; IV centenario del Quijote en 2005. La Guerra Civil de 1936-1939, el hecho que más podría dividir la memoria de los españoles y que dejó huella permanente en la conciencia del país, produjo durante la transición miles de publicaciones de todo tipo (libros, ensayos, artículos: entre ellos, libros «negacionistas» como Los mitos de la guerra civil, 2003, y 1934, comienza la guerra civil: el PSOE y la Esquerra emprenden la contienda, 2004, de Pío Moa, que no eran sino una mera re-elaboración de las tesis franquistas sobre la guerra), y un número considerable de novelas, películas, obras de teatro, series de televisión y fascículos de prensa. El resurgimiento de las culturas e historia de las comunidades autónomas que siguió, igualmente, al restablecimiento de la democracia tras 1975 y a la creación del Estado de las Autonomías —y a cuyas consecuencias en Cataluña y Euskadi se ha hecho ya referencia— pudo haber conllevado, como también se apuntó más arriba, una cierta negación de la idea de España como nación en la historia pero impulsó al tiempo una nueva idea de España basada en el reconocimiento de su pluralidad cultural y lingüística y de la historia propia de sus antiguos reinos y territorios históricos.

La España democrática de 1975-2005, en suma, integraba en su nueva identidad etapas y hechos señeros de su pasado (el camino de Santiago; El Greco, Velázquez, Goya; Carlos V, Felipe II; el Quijote; Carlos III, la Ilustración) con la historia política contemporánea, con la Restauración de Cánovas y Sagasta, el socialismo de Pablo Iglesias, la Segunda República de Azaña y la Guerra Civil de 1936-1939, y con la misma Transición iniciada en 1975. Asumía las identidades particulares de nacionalidades y regiones. Se reconocía en su tradición intelectual liberal (Jovellanos, Giner, Unamuno, Ortega, Marañón), en la espléndida plenitud cultural que vivió entre 1898 y 1936 (la generación del 98, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Dalí, Miró, Picasso), en la cultura del antifranquismo (Goytisolo, Aranguren) y del exilio (María Zambrano, Francisco Ayala) y en la última modernidad estética del país (Tapiès, Oteiza, Chillida, Arroyo, Calatrava, Moneo...). En 2005, España era, sencillamente, una variable europea.

Nota bibliográfica

Aunque no exista una historia general de la cultura en el siglo XX, existen en cambio muchas, y excelentes, historias sectoriales y un buen número de monografías útiles. Como introducción sirve el libro colectivo (cerca de 40 colaboradores) de H. Graham y Jo Labanyi (eds.), Spanish Cultural Studies. An Introduction. The Struggle for Modernity, Oxford, 1995, que cubre el periodo 1898-1992. Leídos conjuntamente, los volúmenes que a continuación se citan de la historia de la literatura dirigida por Francisco Rico componen la mejor introducción a la literatura y el ensayo del siglo: José Carlos Mainer, Historia y crítica de la literatura española, VI, Modernismo y 98, Barcelona, 1978; Víctor García de la Concha (ed.), Historia y crítica de la literatura española, VII, Época contemporánea, 1914-1939, Barcelona, 1984; D. Yndurain (ed.), Historia y crítica de la literatura española, VIII, Época contemporánea, 1939-1980, Barcelona, 1980, y Darío Villanueva (ed.), Historia y crítica de la literatura española, IX, Los nuevos nombres: 1975-1990, Barcelona, 1992. En un solo volumen, y de alcance cronológico más limitado, es útil G. G. Brown, Historia de la literatura española. El siglo XX. Del 98 a la Guerra Civil, Barcelona, 1993; para la novela, Eugenio G. de Nora, La novela española contemporánea (1898-1962), 3 vols., Madrid, 1958-1963; para el teatro, F. Ruiz Ramón, Historia del teatro español: siglo XX, 3.ª ed., Madrid, 1976; para la poesía, J. Lechner, El compromiso de la poesía española del siglo XX, Leiden, 1968. Me han resultado de gran interés los ensayos de Pedro Salinas, Literatura española. Siglo XX. Madrid, 1970, y Luis Cernuda, Estudios sobre poesía española contemporánea, Madrid, ed. 1969.

Una buena introducción al pensamiento español es José Luis Abellán, Historia del pensamiento español. De Séneca a nuestros días, Madrid, 1996, además de otros libros del propio Abellán que se citan más adelante. Una visión general de la ciencia puede verse en Un siglo de ciencia en España, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 1998, catálogo de la exposición de ese título celebrada en 1999 en esa institución, dirigida por José Manuel Sánchez Ron, y el libro editado por este último titulado Ciencia y sociedad en España: de la Ilustración a la Guerra Civil, Madrid, 1988.

Para el arte es imprescindible la monumental Pintura y escultura españolas del siglo XX, 2 vols., Madrid, 1991, de Valeriano Bozal, que abarca los años 1900-1990; pero también, los ensayos de F. Calvo Serraller, Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). De Edmundo Rosales a Miquel Barceló, Madrid, 1990, y Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo, Madrid, 1990. Para la arquitectura: Ángel Urrutia, Arquitectura española. Siglo XX, Madrid, 1997; M. A. Baldellou y A. Capitel, Arquitectura española del siglo XX, Madrid, 1995, y C. Flores, Arquitectura española contemporánea, 2 vols., Madrid, 1989. Para la música lo mejor es Tomás Marco, Historia de la música española, 6, Siglo XX, Madrid, 1982; sobre flamenco hay mucha información en José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz, Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco, 2 vols., Madrid, 1988, y para el cuplé, S. Salaun, El cuplé, Madrid, 1990.

La educación y la Iglesia pueden estudiarse en los siguientes libros: M. Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea, Barcelona, 1991; A. Botti, Cielo y dinero: el nacional-catolicismo en España (1881-1975), Madrid, 1992, y V. Cárcel Ortí (ed.), Historia de la Iglesia en España, vol. V, Madrid, 1979.

El cine cuenta con excelentes monografías de conjunto: F. Méndez Leite, Historia del cine español, Madrid, 1965; Román Gubern y otros, Historia del cine español, Madrid, 1995, y Augusto M. Torres, Diccionario Espasa del Cine Español, Madrid, 1994, son tres buenos ejemplos de ello.

Para la historia de los medios de comunicación deben consultarse J. J. Sánchez Aranda y C. Barrera del Barrio, Historia del periodismo español. Desde sus orígenes hasta 1975, Pamplona, 1992; Jesús Timoteo Álvarez y otros, Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990), Barcelona, 1989.

Los toros cuentan con la monumental historia de José María de Cossío, Los toros, 11 vols., Madrid, 1943-1988; más reducidas, pero igualmente útiles, son: Daniel Tapia y Carlos Abellán, Historia del toreo, Madrid, 1992, y J. Alameda, El hilo del toreo, Madrid, 1989.

Para el fútbol puede empezarse por J. García Candau, Épica y lírica del fútbol, Madrid, 1996, un pequeño libro lleno de curiosidades cultas sobre ese deporte.

Dada la importancia que en el texto se da a las culturas regionales, parece oportuno aproximarse a ellas a través de algunos libros de carácter general relacionados, lógicamente, con cuestiones culturales de aquéllas. Para Cataluña: Joan Ramon Triadó, Arte en Cataluña, Barcelona, 1994; Martì Riquer, Antoni Comas y Joaquim Molas, Historia de la literatura catalana, Barcelona, 1986-1988, de los que los cinco últimos volúmenes están dedicados a la época contemporánea. Para el País Vasco: Luis Villasante, Historia de la literatura vasca, Burgos, 1979; Kosme M. de Barañano, Javier González de Durana y Jon Juaristi, Arte en el País Vasco, Madrid, 1987; Ibon Sarasola, Historia social de la literatura vasca, Barcelona, 1976; Jon Juaristi, Literatura vasca, Madrid, 1987, y M. Llano Gorostiza, Pintura vasca, Bilbao, 1966. Para Galicia: Anxo Tarrío Varela, Literatura gallega, Madrid, 1988; Carmen Pena López, A Arte, Vigo, 1992, y R. Carballo Calero, Historia da literatura galega contemporánea, Vigo, 1981.

Lorenzo Díaz, La radio en España 1923-1997, Madrid, 1997, es una excelente historia general de la radio; J. Cuadrado, Diccionario de uso de la historieta española (1873-1996), Madrid, 1997, cubre la misma función para el cómic.

La llamada «edad de plata» de la cultura española, esto es, el periodo 1898-1936, cuenta, como es lógico, con una bibliografía casi inundatoria. Por eso resulta imprescindible aproximarse a ella a través de tres síntesis, muy distintas entre sí pero las tres igualmente valiosas: Julián Marías, España ante la historia y ante sí misma (1898-1936), Madrid, 1996; José Carlos Mainer, La Edad de Plata (1902-1939): ensayo de interpretación de un proceso cultural, Madrid, 1981, y M. Tuñón de Lara, Medio siglo de cultura en España, Madrid, 1970. Pero esos libros deben completarse con los dos grandes volúmenes de la «Historia de España. Ramón Menéndez Pidal» de la editorial Espasa Calpe titulados precisamente La edad de plata de la cultura española (1898-1936), Madrid, 1983-1984, dirigidos por Pedro Laín Entralgo, y con la obra de José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español. Tomo V. La crisis contemporánea 1875-1936, 2 vols., Madrid, 1988. La prensa de esa época fue estudiada por M.ª Cruz Seoane y M.ª Dolores Saiz, Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-1936, Madrid, 1996, y J. M. Devois, La prensa en España (1900-1931), Madrid, 1977, y para el caso vasco, por Alfonso C. Saiz de Valdivielso, Triunfo y tragedia del periodismo vasco (Prensa y política): 1900-1939, Madrid, 1977. F. Villacorta Baños, Burguesía y cultura: los intelectuales españoles en la sociedad liberal, 1808-1931, Madrid, 1980, se ocupa de la sociología de los intelectuales y de su creciente presencia en la sociedad; de la difusión del libro, Jean François Botrel, La diffusion du livre en Espagne (1868-1914), Madrid, 1988. El Diccionario de las vanguardias en España (1909-1939), Madrid, 1995, de Juan M. Bonet, contiene una masa de información pertinente, e inteligentemente depurada; mucha documentación sobre ese tema en Jaime Brihuega (ed.), Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España 1910-1931, Madrid, 1982; para Cataluña, véase Joan R. Resina (ed.), El aeroplano y la estrella. El movimiento de vanguardia en los Países Catalanes (1904-1936), Amsterdam, 1997, y Joaquim Molas, La literatura catalana d’avantguarda (1918-1938), Barcelona, 1980.

Por más que hasta el concepto de generación haya sido negado muchas veces, la generación del 98 concitaría de siempre especial atención. Siguen siendo muy válidas versiones ya clásicas como: Pedro Laín Entralgo, La generación del 98, Madrid, ed. 1997; C. Blanco Aguinaga, Juventud del 98, Madrid, 1970, y J. L. Abellán, Sociología del 98, Madrid, ed. 1997. Con motivo del centenario del 98 aparecieron, entre otros, los siguientes libros: V. Cacho Viu, Repensar el 98, Madrid, 1997; E. Inman Fox, La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional, Madrid, 1997, ambos de gran interés; José M.ª Marco, La libertad traicionada. Siete ensayos españoles, Barcelona, 1997, libro deliberadamente polémico y discutible y que incluye, además de ensayos sobre los «noventayochistas», capítulos sobre Azaña, Ortega y Prat de la Riba; Andrés Trapiello, Los nietos del Cid. La nueva Edad de Oro de la literatura española (1898-1914), Barcelona, 1997, libro agudo e inteligente. Resultan de gran interés los estudios de Unamuno, Machado, Ortega y Azaña incluidos por Juan Marichal en El secreto de España. Ensayos de historia intelectual y política, Madrid, 1995.

Biografías de hombres del 98 hay varias: Sebastián J. Arbó, Pío Baroja y su tiempo, Barcelona, 1969; J. Caro Baroja, Los Baroja (memorias familiares), Madrid, 1972; Emilio Salcedo, Vida de D. Miguel de Unamuno en su tiempo, en su España, en su Salamanca. Un hombre en lucha con su leyenda, Salamanca, 1964; L. González Egido, Miguel de Unamuno, Valladolid, 1997; M. Fernández Almagro, Vida y literatura de Valle-Inclán, Madrid, 1966; José M.ª Valverde, Antonio Machado, Madrid, 1975, y Azorín, Barcelona, 1971. Para Unamuno, véase, además, Pedro Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico. Filosofía y tragedia en Miguel de Unamuno, Madrid, 1985.

El modernismo cuenta con varios estudios ya clásicos: L. Litvak (ed.), El modernismo, Madrid, 1975; Guillermo Díaz-Plaja, Modernismo frente a Noventa y ocho, Madrid, 1966; Ricardo Gullón, Direcciones del modernismo, Madrid, 1963. Como es lógico, el modernisme catalán cuenta con bibliografía propia: J. L. Marfany, Aspectes del modernisme, Barcelona, 1987; V. Cacho Viu, Els modernistes i el nacionalisme cultural. Antología, Barcelona, 1984; Jordi Castellanos, El modernisme. Selecció de textos, Barcelona, 1988; El modernismo, 2 vols., Barcelona, 1990.

Para el noucentisme: El Noucentisme. Un projecte de modernitat, Barcelona, 1994; Enric Jardí, Eugenio D’Ors. Obra y vida, Barcelona, 1967; N. Bilbeny, D’Ors i la ideologia del Noucentisme, Barcelona, 1988; V. Cacho Viu, Revisión de Eugenio D’Ors (1902-1930) seguida de una epistolario inédito, Barcelona, 1997. La revista L’Avenç dedicó números especiales monográficos a Josep Carner (1984), Carles Riba (1984) y Josep Pla (1987). Sobre Gaudí, puede verse J. Bassegoda Nonell, La arquitectura de Gaudí, Madrid, 1982, y es interesante la visión de la Barcelona modernista de Robert Hughes, Barcelona, Londres, 1992. Interpretaciones de gran interés sobre el arte vasco de esta época en: Pilar Mur, La Asociación de Artistas Vascos, Bilbao, 1988, y C. Martínez Gorriarán e Imanol Aguirre Arriaga, Estética de la diferencia. El arte vasco y el problema de la identidad (1882-1966), San Sebastián, 1995.

Ortega y Gasset cuenta con una bibliografía abundantísima, alguna de inusitada hostilidad. Debe ser entendido ante todo desde la filosofía. Por eso, libros esenciales sobre él serían: Julián Marías, Ortega. Circunstancia y vocación, Madrid, ed. 1983, y Las trayectorias, Madrid, 1983; Paulino Garagorri, Introducción a Ortega, Madrid, 1970; A. Rodríguez Huéscar, Semblanza de Ortega, edición de José Lasaga, Barcelona, 1994, y Pedro Cerezo Galán, La voluntad de aventura. Aproximamiento crítico al pensamiento de Ortega y Gasset, Barcelona, 1984. Para las empresas culturales de Ortega: Gonzalo Redondo, Las empresas periodísticas de José Ortega y Gasset, 2 vols., Madrid, 1970, y E. López Campillo, La Revista de Occidente y la formación de minorías (1923-1936), Madrid, 1972. Es imprescindible el libro de Mercedes Cabrera, La industria, la prensa y la política. Nicolás M.ª Urgoiti (1869-1951), Madrid, 1994: Urgoiti hizo posibles las empresas culturales de Ortega (al margen de lo que pudieran tener del propio Urgoiti).

Lorca y Dalí cuentan con un gran biógrafo, Ian Gibson, autor de Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, Barcelona, 1988, y de La vida desaforada de Salvador Dalí, Barcelona, 1988, más las vidas paralelas de ambos, Lorca-Dalí. El amor que no pudo ser, Barcelona, 1999. Además: R. Santos Torroella, Dalí Residente, Madrid, 1992, y A. Sánchez Vidal, Buñuel, Lorca, Dalí, el enigma sin fin, Barcelona, 1988.

Introducciones a Picasso podrían ser: Roland Penrose, Picasso. Su vida y su obra, Barcelona, 1981; Pierre Daix, Picasso creador. La vida íntima y la obra, Buenos Aires, 1988, y John Richardson, Picasso. Una biografía, vol. 1, 1881-1906, Madrid, 1995, y para Miró: R. Penrose, Miró, Londres, 1990, y Pere Gimferrer, Miró y su mundo, Barcelona, 1972.

Una aproximación general al estudio del papel de los intelectuales en la vida pública, en V. Ouimette, Los intelectuales españoles y el naufragio del liberalismo (1923-1936 I), Valencia, 1998. La relación entre los intelectuales y la Dictadura de Primo de Rivera fue estudiada por Genoveva García Queipo de Llano en Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera, Madrid, 1988. Ella misma y J. Tusell hicieron un libro similar sobre la Segunda República: Los intelectuales y la República, Madrid, 1990.

La cuestión de la educación en la Segunda República ha sido bien estudiada: M. Pérez Galán, La enseñanza en la II República Española, Madrid, 1975; Mercedes Samaniego, La política educativa de la Segunda República Española, Madrid, 1977, y E. Otero Urtaza, Las Misiones Pedagógicas: una experiencia de educación popular, Coruña, 1982.

Para el pensamiento de la derecha en la etapa republicana, el libro clásico es Raúl Morodo, Acción Española. Orígenes ideológicos del franquismo, Madrid, 1980, que debe complementarse con Pedro C. González Cuevas, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, 1998.

Sobre aspectos de la cultura popular en el mismo periodo, pueden verse: Christopher Cobb, La cultura y el pueblo: España, 1930-1939, Madrid, 1981; J. Esteban y G. Santonja, La novela social, 1928-1939. Figuras y tendencias, Madrid, 1987 —y de Gonzalo Santonja, además, La novela revolucionaria de quiosco, 1905-1939, Madrid, 1993—, y el libro pionero sobre la historia de la radio en España La radio en España, 1923-1939: de altavoz musical a arma de propaganda, Bilbao, 1988, de Carmelo Garitaonaindía.

Para el arte en la Segunda República, pueden verse J. Brihuega, La vanguardia y la República, Madrid, 1981; L. García de Carpi, La pintura surrealista española (1924-1936), Madrid, 1986, y O. Bohigas, Arquitectura i urbanisme durant la República, Barcelona, 1978. El arte vasco de los años treinta cuenta con un excelente estudio: Adelina Moya, Orígenes de la Vanguardia Artística en el País Vasco. Nikolás Lekuona y su tiempo, San Sebastián, 1994.

Para el reflejo de la Guerra Civil en la literatura, el trabajo esencial es Maryse Bertrand de Muñoz, La guerra civil española en la novela. Bibliografía comentada, 3 vols., Madrid, 1982-1986, así como su La guerra civil española y la literatura francesa, Sevilla, 1995. La misma M. Bertrand de Muñoz dirigió dos números monográficos sobre cultura y Guerra Civil publicados por la revista Anthropos: «Guerra civil y producción cultural. Teatro, poesía, narrativa», núm. 148, septiembre 1993, y Suplementos, «Literatura sobre la guerra civil», junio 1993. Son útiles igualmente Gareth Thomas, The Novel of the Spanish Civil War, Cambridge, 1990; H. Vázquez Rial, La Guerra Civil española: una historia diferente, Barcelona, 1996, y, sobre todo, Andrés Trapiello, Las armas y las letras. Literatura y guerra civil (1936-1939), Barcelona, 1994. Un trabajo muy innovador fue M. Tuñón de Lara, «Cultura y culturas. Ideologías y actitudes mentales», en M. Tuñón de Lara y otros, La guerra civil española. 50 años después, Barcelona, 1985. El excelente estudio de Alicia Alted, Política del Nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la Guerra Civil española, Madrid, 1984, se ocupa de los primeros proyectos culturales de la España de Franco.

Análisis generales de la cultura durante el franquismo hay varios: Elías Díaz, Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), Madrid, ed. 1983; José Luis Abellán, La cultura en España. Ensayo para un diagnóstico, Madrid, 1971, y La industria cultural en España, Madrid, 1976; Equipo Reseña, La cultura española durante el franquismo, Bilbao, 1977; varios autores, La cultura del franquismo, Barcelona, 1977; J. F. Marsal y otros, Pensar bajo el franquismo. Intelectuales y política en la generación de los años cincuenta, Barcelona, 1979. El libro de Elías Díaz, Los viejos maestros. La reconstrucción de la razón, Madrid, 1994, es un homenaje del autor a algunos de sus maestros y amigos intelectuales como, entre otros, Tuñón de Lara y el profesor de filosofía del Derecho, Felipe González Vicén (1908-1991). Giuliana di Febo se aproximó al espíritu del primer franquismo en un libro original y revelador: La santa de la raza: un culto barroco en la España franquista, Barcelona, 1988, como lo son, para distintos aspectos de la cultura popular, Manuel Vázquez Montalbán, Crónica sentimental de España, Barcelona, 1980, y Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, Barcelona, 1987. Sobre la censura franquista y sus efectos sobre la cultura española pueden verse: R. Gubern, La censura: función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975), Barcelona, 1985; Justino Sinova, La censura de prensa durante el franquismo (1936-1951), Madrid, 1989; Hans-Jörg Neuschäfer, Adiós a la España eterna. La dialéctica de la censura. Novela, teatro y cine bajo el franquismo, Barcelona, 1994, y Georgina Cisquella y otros, Diez años de represión cultural. La censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976), Barcelona, 1977.

La mejor introducción a la cultura del exilio es José Luis Abellán (ed.), El exilio español de 1939, 6 vols., Madrid, 1976-1978. Existen distintas monografías sobre aspectos sectoriales de la cultura durante el régimen de Franco. Ésta es una selección imprescindible: J. J. Carreras y M. A. Ruiz Carnicer (eds.), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, 1991; R. Valls, La interpretación de la historia de España y sus orígenes ideológicos en el bachillerato franquista (1936-1951), Valencia, 1987; D. Shaw, Fútbol y franquismo, Madrid, 1987; G. Pasamar, Historiografía e ideología en la posguerra española: la ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, 1991; para la novela, S. Sanz Villanueva, Historia de la novela social española (1942-1975), 2 vols., Madrid, 1980; para la poesía, Víctor García de la Concha, La poesía española de 1939 a 1975, 2 vols., Madrid, 1987; Fanny Rubio, Las revistas poéticas españolas (1939-1975), Madrid, 1976, más las dos antologías de José M.ª Castellet citadas en el texto: Un cuarto de siglo de poesía española (1939-1964), Barcelona, 1964, y Nueve novísimos poetas españoles, Barcelona, 1970, y la muy interesante selección crítica de José Carlos Mainer, De postguerra (1951-1990), Barcelona, 1994; para el teatro, F. Bernal y C. Oliva, El teatro público en España 1939-1978, Madrid, 1996, y para el arte, A. Bonet Correa (ed.), Arte del franquismo, Madrid, 1981; A. Cirici, La estética del franquismo, Barcelona, 1977; Lourdes Cirlot, El grupo Dau al Set, Madrid, 1986; M.ª José Arribas, 40 años de arte vasco, 1937-1977. Historia y documentos, San Sebastián, 1979; Juan D. Fullaondo, Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte, Bilbao, 1976; Ángel Llorente, Arte e ideología en el franquismo (1936-1957), Madrid, 1991, y, finalmente, el catálogo Arte y artistas vascos en los años sesenta, San Sebastián, 1995.

Por último, la transición a la democracia desde 1975 cuenta con bibliografía específica. Del franquismo a la posmodernidad. Cultura española, 1975-1990, Madrid, 1995, obra de varios autores; el número monográfico de Revista de Occidente, España a comienzos de los noventa, núms. 122-123, julio-agosto 1991; la antología de Jordi Gracia (ed.), El ensayo español. 5. Los contemporáneos, Barcelona, 1996 —que recoge textos de M.ª Zambrano, Ayala, Marías, Ferrater Mora, Laín, Tierno, Pla, Aranguren, Haro Tecglen, Sastre, etc.—, y los libros de Equipo Reseña, Doce años de cultura española (1976-1987), Madrid, 1989, y Teresa M. Vilarós, El mono del desencanto. Una crítica cultural de la transición española (1973-1993), Madrid, 1998, sirven como introducción general. Libros como R. Buckley, La doble transición. Política y literatura en la España de los años setenta, Madrid, 1996; J. Puy (ed.), La cultura catalana recent (1960-1988), Barcelona, 1993; John Hopewell, El cine español después de Franco (1977-1988), Madrid, 1989; Lorenzo Díaz, Informe sobre la televisión en España (1989-1998). La década abominable, Barcelona, 1999; Fermín Cabal y J. L. Alonso de los Santos, Teatro español de los ochenta, Madrid, 1985; las antologías de poesía de L. A. de Villena, La poesía plural. Antología, Madrid, 1998, y Poesía española, 10, La nueva poesía, edición de Miguel García Posada, Barcelona, 1996; más el número monográfico de Revista de Occidente, Narrativa española actual, núms. 88-89, julio-agosto 1989, cubren con interés indudable aspectos más parciales.

Nada, por supuesto, puede sustituir a la lectura, contemplación o audición (según se trate) de las numerosas obras citadas en el texto.

Cronología

1900

Creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. M. Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca (1900-1914).

1901

J. Costa, Reconstitución y europeización de España.

1902

J. Martínez Ruiz, Azorín, La voluntad; Pío Baroja, Camino de perfección;

R. del Valle-Inclán, Sonata de otoño; J. Costa, Oligarquía y caciquismo.

1903-1905

Casa Terrades o de les Punxes (Barcelona), de J. Puig i Cadafalch.

1904-1906

Casa Batlló (Barcelona), de A. Gaudí.

1905

M. Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho; Azorín, La ruta de Don Quijote.

Aparece el diario ABC (Madrid).

1906

E. Prat de la Riba, La nacionalitat catalana; J. Carner, Els fruits sabrosos.

1907

Pablo Picasso, Las señoritas de Aviñón; Isaac Albéniz, Suite Iberia. Se crea la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.

1908

Palau de la Musica Catalana (Barcelona), de Doménech i Muntaner.

1910

Casa Milá, La Pedrera (Barcelona), de A. Gaudí.

1912

Azorín, Castilla; Antonio Machado, Campos de Castilla; E. D’Ors, La Ben Plantada; Pío Baroja, El árbol de la ciencia; Ignacio Zuloaga, El Cardenal.

1913

M. Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida.

1914

J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote; Juan R. Jiménez, Platero y yo.

Estreno (en Madrid) de La vida breve, de M. Falla.

1915

El amor brujo, de Falla.

1917

Aparece el diario El Sol (Madrid).

1919

El sombrero de tres picos, de M. Falla.

1920

R. Valle-Inclán, Luces de bohemia; J. Gutiérrez Solana, La tertulia del Café de Pombo.

Aparece la revista Nós, clave de la cultura gallega.

1921

J. Ortega y Gasset, España invertebrada.

1922

Juan R. Jiménez, Segunda antolojía poética; Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura.

1923

Ortega y Gasset crea la Revista de Occidente.

1924

R. Alberti, Marinero en tierra.

1925

Exposición de Artistas Ibéricos; E. Halffter, Sinfonietta.

1926

M. Unamuno, La agonía del cristianismo.

1927

Celebración en Córdoba del tercer centenario de la muerte de Góngora.

E. Giménez Caballero crea La Gaceta Literaria; R. Valle-Inclán, El Ruedo Ibérico.

1928

F. García Lorca, Romancero gitano; J. Guillén, Cántico.

1929

Club Naútico (San Sebastián), de José M. Aizpúrua y Joaquín Labayen. L. Buñuel y S. Dalí, El perro andaluz; S. Dalí, El gran masturbador.

1930

Se crea en Zaragoza el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para la Arquitectura Contemporánea. Casa de las Flores (Madrid), de S. Zuazo.

1931

La Segunda República crea Las Misiones Pedagógicas y el teatro La Barraca.

1932

Creación del Instituto Nacional de Física y Química. Jose M.ª Sagarra, Vida privada.

1933

P. Gargallo, El profeta.

Inauguración de la nueva Facultad de Letras (Madrid); creación de la Universidad Internacional de Verano (Santander).

1934-1936

Dispensario antituberculoso (Barcelona), de Sert, Subijana y Torres Clavé.

1935

V. Aleixandre, La destrucción o el amor; R. Maeztu, Defensa de la hispanidad.

1936

L. Cernuda, La realidad y el deseo; A. Machado, Juan de Mairena.

1936-1939

Guerra Civil: asesinatos de García Lorca, R. Maeztu; exilio de numerosos escritores y artistas.

1937

Aparece Hora de España, revista cultural republicana. Pabellón español en la Exposición Internacional de París (de J. Ll. Sert y L. Lacasa): Picasso, Guernica; Alberto, El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. M. Hernández, Viento del pueblo.

1938

Ley de Prensa, que establece la censura en el régimen de Franco. A. Foxá, Madrid, de Corte a Checa.

1939

Creación del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas. J. Rodrigo, Concierto de Aranjuez.

1940

Aparece Escorial, revista dirigida por D. Ridruejo.

1941

Raza, film de J. L. Sáenz de Heredia, guión de Franco. Aparece La codorniz, revista satírica dirigida por M. Mihura. J. Marías, Historia de la filosofía.

1942

R. Carande, Carlos V y sus banqueros.

Nace el NO-DO.

Cela, La familia de Pascual Duarte; Cernuda, Desolación de la quimera; Juan R. Jiménez, Españoles de tres mundos, las dos últimas publicadas en el exilio.

1942-1951

Ministerio del Aire (Madrid), de L. Gutiérrez Soto.

1943

R. García Serrano, La fiel infantería.

Max Aub, Campo cerrado (primer volumen de la serie «El laberinto mágico», 1943-1968, escrita en el exilio).

1944

D. Alonso, Hijos de la ira; V. Aleixandre, Sombra del paraíso; X. Zubiri, Naturaleza, historia, Dios; Alfonso R. Castelao, Sempre en Galiza (publicada en el exilio).

1948

Se crea en Barcelona el grupo artístico Dau al Set. P. Laín Entralgo, España como problema.

1949

A. Buero Vallejo, Historia de una escalera.

1951

Creación del Ministerio de Información y Turismo. S. Dalí, El Cristo de San Juan de la Cruz.

1952

Luis G.ª Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall.

1953

Alfonso Sastre, Escuadra hacia la muerte. Nace el Festival del Cine de San Sebastián.

1954

Américo Castro, La realidad histórica de España. L. Vajda, Marcelino, pan y vino.

1955

Blas de Otero, Pido la paz y la palabra. J. A. Bardem, Muerte de un ciclista.

1956

R. Sánchez Ferlosio, El Jarama.

Nace Televisión Española.

El R. Madrid gana la I Copa de Europa de fútbol. J. Orduña, El último cuplé.

1957

Aparece el grupo artístico «El Paso».

1960

Cristóbal Halffter, 5 Microformas.

1961

Viridiana, de Luis Buñuel, Palma de Oro en el Festival de Cannes.

1961-1964

Torres Blancas (Madrid), de J. Sáenz de Oiza.

1962

L. Martín Santos, Tiempo de silencio.

M. Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo.

Celso E. Ferreiro, Longa noite da pedra.

1963

J. Ruiz Giménez funda la revista Cuadernos para el Diálogo. Luis García Berlanga, El verdugo.

Aparece la Nova Cançó catalana.

1964

G. Aresti, Harri eta Herri.

1965

«Nuevo cine español» impulsado por el productor Elías Querejeta.

1966

Juan Goytisolo, Señas de identidad.

Ley de Prensa, que elimina la censura previa. R. Carr, Spain, 1808-1939.

1966-1969

Edificios Trade (Barcelona), de José Antonio Coderch.

1967

Juan Benet, Volverás a Región.

1970

Josep María Castellet, Nueve novísimos poetas españoles.

1973

J. Marsé, Si te dicen que caí.

V. Erice, El espíritu de la colmena.

1974

Carlos Saura, La prima Angélica.

M. Artola, Partidos y programas políticos 1808-1936.

1975

Fin de la Dictadura de Franco.

J. L. Borau, Furtivos.

E. Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta.

1976

Aparece el diario El País.

E. Chillida y L. Peña Ganchegui, Peine de los vientos (San Sebastián).

1977

Creación del Ministerio de Cultura.

Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura.

J. Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez.

1981

Regreso a España del Guernica, de Picasso.

1982

Nace en Madrid ARCO, feria de arte contemporáneo.

1983

Volver a empezar, de J. L. Garci, Óscar a la mejor película extranjera.

1984

El gobierno privatiza la cadena de periódicos y radios del Movimiento. F. Savater, Contra las patrias.

1985

EUROPALIA-85 (Bruselas), dedicada a España.

1986

Inauguración del Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).

1987

L. García Montero, Diario cómplice.

1988

P. Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios.

1989

Camilo J. Cela, Premio Nobel de Literatura. Aparece el diario El Mundo (Madrid).

La novela en euskera Obabakoak, de B. Atxaga, Premio Nacional de Literatura.

1990

Se autorizan las televisiones privadas.

Gran exposición de Velázquez en el Museo del Prado.

S. Juliá, M. Azaña: una biografía; J. Muguerza, Desde la perplejidad.

1991

F. Savater, Ética para Amador.

1992

Exposición Internacional de Sevilla; Juegos Olímpicos de Barcelona; V Centenario del Descubrimiento de América.

Inauguración del Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid).

Javier Marías, Corazón tan blanco.

1993

Inauguración del Centro Gallego de Arte Contemporáneo (Santiago), de Álvaro Siza.

1994

Grandes éxitos internacionales de los deportistas españoles Miguel Indurain, Conchita Martínez, Arantxa Sánchez Vicario, José María Olazábal, Martín Fiz.

José Ángel Mañas, Historias del Kronen.

Paul Preston, Franco.

1995

Inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de

Barcelona, obra de Richard Meier.

Alex de la Iglesia, El día de la bestia.

1997

Reapertura del Teatro Real de Madrid.

Inauguración del Museo Guggenheim (Bilbao), obra de Frank Gehry. A. Muñoz Molina, Plenilunio; Jon Juaristi, El bucle melancólico.

1998

Conmemoración de los centenarios del 98 y Federico García Lorca, V Centenario de Felipe II.

Francisco Rico: edición definitiva del Quijote.

José Hierro, Poemas de Nueva York.

Aparece el diario La Razón (Madrid), de L. M. Ansón.

1999

Inauguración del Palacio Euskalduna (Bilbao) y de los auditorios musicales de Barcelona, Oviedo y San Sebastián.

E. Trías, La razón fronteriza.

M. Artola, La monarquía de España.

2000

J. Goytisolo, Carajicomedia.

Estreno de D. Quijote de C. Halffter.

Todo sobre mi madre, de Almodóvar, Óscar a la mejor película extranjera. Inauguración de Chillida-Leku, Museo del Aire Libre del escultor Chillida, en Zabalaga (Hernani).

2001

A. Amenábar, Los Otros.

J. Cercas, Soldados de Salamina.

J. Álvarez-Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX.

2002

F. León de Aranoa, Los lunes al sol.

Centenario de Gaudí.

2003

F. Savater, Mira por dónde.

2004

S. Juliá, Historias de las dos Españas.

2005

IV Centenario de El Quijote.

Los autores

Santos JULIÁ (Ferrol, 1940) es Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la UNED. Es autor de diversos estudios sobre Madrid, la Segunda República, movimientos sociales, socialismo, republicanismo, intelectuales e historiografía. Entre sus libros se cuentan: Manuel Azaña, una biografía política (1990), Los socialistas en la política española, 1879-1982 (1997); director de Violencia política en la España del siglo XX (2000), y coordinador de Víctimas de la guerra civil (1999), República y guerra en España (2006) y Memoria de la guerra y del franquismo (2006). Premio Nacional de Historia en 2005 por su libro Historias de las dos Españas.

José Luis GARCÍA DELGADO (Madrid, 1944) es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense. Antes lo fue en la Universidad de Oviedo, siendo investido por ésta doctor Honoris causa en 1994. Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo entre 1995 y 2005, es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y titular de la Cátedra «la Caixa» Economía y Sociedad. Sus principales trabajos abordan diversos aspectos del crecimiento moderno en España, desde el temprano La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920 (1973), hasta La modernización económica en la España de Alfonso XIII (2002).

Juan Carlos JIMÉNEZ (Madrid, 1959) es Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá. Ha sido Secretario General y Vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha publicado numerosos estudios sobre el proceso de industrialización en la España contemporánea —entre ellos, los firmados con el profesor García Delgado en tres tomos de Historia de España Menéndez Pidal—, el papel del crédito oficial y de la empresa pública, así como otros relacionados con el sector energético. Ha codirigido recientemente el libro Energía: del monopolio al mercado. CNE, diez años en perspectiva (2006), y está en prensa Economía del español. Una introducción, del que es coautor.

Juan Pablo FUSI AIZPURÚA (San Sebastián, 1945) es Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Miembro hasta 1980 del Centro de Estudios Ibéricos creado en Oxford en 1970 en torno a Raymond Carr, fue luego profesor en las universidades de Cantabria y del País Vasco, secretario de redacción de Revista de Occidente, director de la Biblioteca Nacional (1986-1990) y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es autor con Jordi Palafox de España, 1808-1996: el desafío de la modernidad (1997). Entre sus últimos libros se encuentran: España: la evolución de la identidad nacional (1999), El País Vasco 1931-1937. Autonomía. Revolución. Guerra civil (2002), La Patria lejana: el nacionalismo en el siglo XX (2003), El malestar de la modernidad. Cuatro estudios sobre historia y cultura (2004) y Identidades proscritas. En 2000 recibió el Premio Montaigne de la Fundación Alfred Toepfer.

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