Entrega n.º 98 de la colección Cuadernos Historia 16 dedicado a la España de Alfonso XIII.

AA. VV.

La España de Alfonso XIII

Cuadernos Historia 16 - 098

ePub r1.0

Titivillus 10.12.2019

Título original: La España de Alfonso XIII

AA. VV., 1985

Editor digital: Titivillus

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La España de Alfonso XIII

El período de tiempo que media entre los años 1902 —cuando Alfonso XIII accede al trono— y 1931 —en que la monarquía cae tras las elecciones de abril— muestra una serie de rasgos de imprescindible conocimiento para comprender la realidad de la España actual.

España era para entonces un país económicamente subdesarrollado y socialmente desarticulado. Predominaban en él las actividades agrícolas junto con la presencia de unos débiles centros industriales, de escaso número y aislados entre sí. Faltaba aquí el emprendedor espíritu capitalista necesario para impulsar una revolución industrial que en definitiva se vería prácticamente frustrada.

La sociedad española presentaba a principios de este siglo unas características mentales verdaderamente anacrónicas, frente a una Europa que ya se abría ampliamente a las nuevas corrientes de pensamiento dominantes. Con el paso de los años estas influencias externas llegarían a actuar sobre ciertos sectores numéricamente muy reducidas, mientras que la inmensa mayoría de la población se mantenía sumida en su secular situación de letargo y abandono.

Baile de gala en el Palacio Real de Madrid según grabado de la época.

En el plano político España cuenta en estos momentos con un sistema de turno de partidos implantado en 1885 tras la prematura muerte de Alfonso XII. Pero ya para entonces el régimen de la Restauración ha mostrado una larga serie de irreparables defectos y carencias. Sin embargo contaba con un elemento positivo a su favor: había sido capaz de mantener al ejército apartado de toda tentación intervencionista en la vida política, como había sucedido frecuentemente durante las anteriores décadas.

Llegado el nuevo siglo las exigencias de la población ya superaban estos limitados espacios de actuación. Y surgieron entonces nuevos partidos —de índole obrera y regionalista, sobre todo— que trataban de expresar realmente las posiciones ideológicas de un considerable número de españoles. Destacará entonces en especial la presencia de los partidos y sindicatos surgidos en base al proletariado, que asumen la representación y defensa de los intereses de la población trabajadora.

Mientras tanto los viejos políticos van desapareciendo de forma progresiva de la escena pública para dar paso a las nuevas generaciones. Pero paradójicamente ello no va a suponer en absoluto un verdadero remozamiento del sistema. La monarquía encarnada en la persona de Alfonso XIII tenía una naturaleza liberal, pero en ningún caso pudo ser calificada de democrática. De hecho, además, llegada la tercera década del siglo sus fundamentos se hallaban ya demasiado viciados como para esperar que de la institución brotase la menor posibilidad de renovación efectiva.

Alfonso XIII en 1915
(foto Kaulak).

España era uno de los países más atrasados de la Europa del momento en todos los órdenes. Y resultaba evidente que precisaba con urgencia de un eficaz tratamiento de recuperación que impulsase sus paralizadas actividades. Este necesario regeneracionismo será la idea que asuman intelectuales y políticos desde los años finales del siglo XIX. Pero a pesar de los continuos llamamientos que los primeros lanzan en este sentido los segundos se manifestarán repetidamente incapaces de responder a ellos en la forma adecuada.

En las páginas que siguen Manuel Espadas trata acerca del primer período de esta prolongada etapa, el correspondiente a la regencia de doña María Cristina durante la minoridad de su hijo, nacido siendo ya rey. A continuación Carlos Seco estudia la denominada etapa constitucional que mantuvo hasta 1923, y en medio de insalvables dificultades, un engranaje que ya había dado sobradas muestras de agotamiento. Por último, Genoveva García considera los años de la dictadura de Primo de Rivera, cuyo hundimiento acabaría por arrastrar consigo a la misma institución monárquica sobre la que se había apoyado y que abriría un virulento período dentro de la historia de España actual.

Los años de la Regencia

Por Manuel Espadas Burgos

Director del Departamento de Historia Contemporánea. C. S. I. C.

LA prematura aunque anunciada muerte de Alfonso XII sin un heredero varón abrió una incógnita y un tiempo de inseguridad en el sistema de la Restauración que parecían ofrecer cercanas oportunidades tanto al republicanismo como a los proyectos carlistas. El buen sentido político de los hombres claves del régimen conjuró ambos temores. El llamado pacto de El Pardo entre Cánovas y Sagasta, cuando el rey acababa de expirar, garantizó la continuidad del sistema. Se contó para ello con la excepcional colaboración de doña María Cristina, que, con arreglo a los artículos 67 y 72 de la Constitución, asumió la Regencia con un tino, una dignidad y una prudencia que permitieron mantener en pie y aun hacer importantes reformas —desde la implantación del sufragio universal a la nueva redacción del Código Civil— en aquel edificio hecho de eclecticismo, compromiso, flexibilidad y equilibrio. Un gran respiro vino a reforzar sus cimientos cuando el 17 de mayo de 1886 (hace más de un siglo) nacía un varón, Alfonso XIII.

RECIENTEMENTE con motivo del centenario de la muerte de Alfonso XII, subrayábamos en las páginas de HISTORIA 16 el gran beneficio que para la formación de aquel rey, modelo de monarca constitucional, había sido la dura escuela del exilio, tras la revolución de 1868 y cuando el príncipe tenía sólo once años. Durante el período de adolescencia, clave en la formación de una personalidad, se vio obligado a conocer colegios y academias de varios países y a convivir, como uno más, con estudiantes de París, de Ginebra, de Viena y de Sandhurst. Ello le hizo madurar rápidamente, como no lo hubiera conseguido entre los muros de palacio y en medio de la adulación de los cortesanos.

Su hijo Alfonso XIII gozó del raro privilegio de haber nacido rey. Fue una circunstancia lo bastante singular para que no la olvidase nunca y para que incidiese, hasta el final de sus años, sobre su personalidad.

Fue un niño rey educado bajo el peso de esa insoslayable condición de monarca ab origine. Las dos figuras femeninas que atienden con desvelo y amor entrañable los primeros años de su vida son su madre, la reina María Cristina, y su tía, la infanta Isabel. Modelo la primera para sus contemporáneos de todo género de virtudes públicas y privadas, dedicada a cuidar no sólo del tesoro de un hijo, sino de un hijo rey, con la sombra de la enfermedad y de la temprana muerte de su padre quizá reflejadas en una naturaleza que se mostraba débil en los primeros años; consciente en cada minuto de su papel de reina regente, atenta a defender el trono de su hijo y a fortalecer su cuerpo y su espíritu para asumir el alto destino que la providencia le había deparado.

La infanta Isabel, que pasaría a la memoria popular como un prototipo de la campechanía y el buen humor de los Borbones —quizá en la secuela populachera y cínica de Fernando VII—, era, como escribiría de ella su hermana la infanta Eulalia, una mentalidad típica del viejo régimen fernandino, con sus virtudes y sus defectos.

La medalla empleada como pase fue acuñada el 17 de mayo de 1927,
con ocasión del 25 aniversario de la coronación del rey.

No son únicamente las Memorias de su hermana Eulalia las que nos dan esa otra cara de la infanta Isabel de los romances, dicharachera y cercana al pueblo, que, como su madre, Isabel II, había aprendido muy poco en el exilio y se mostraba rígidamente cortesana, atada al concepto absolutista de Femando VII y tratando de inculcarle a su sobrino la idea funesta de que un rey no se equivoca nunca.

La Corte que vivió Alfonso XIII niño fue una Corte triste en unos años tristes. Un ambiente severo y encogido, reglado al extremo por un rígido y rutinario protocolo, fuertemente clericalizado y poco permeable a los aires del exterior, no era, por cierto, el mejor para la formación de un niño que, pocos años después, debía ceñir la corona de un pueblo.

Tuvo el rey un selecto grupo de profesores, designados tras diversas consultas por la reina María Cristina, que a partir de 1896 formaron su Cuarto de Estudios. Figuraban entre ellos el general José Sanchiz, como primer jefe de Estudios, y don Patricio Aguirre de Tejada, como segundo jefe; las Matemáticas y los estudios generales estuvieron confiados a don Juan Lóriga, conde del Grove, y a don Miguel González Castejón; la Historia, a don Fernando Brieva; el francés, a don Luis Gayán; el inglés, a don Alfonso Merry del Val; el alemán y la música, a doña Paula Czerny.

De su instrucción física lo hicieron don Pedro Carbonell, maestro de esgrima, y don Anselmo Sánchez, que dirigió sus ejercicios de gimnasia. Entre sus profesores, en su mayor parte militares, creo que es preciso individualizar a don Enrique Ruiz Fornells, que se ocupó de su instrucción premilitar; al padre José Fernández de la Montaña, confesor de la reina y deán de la catedral de Madrid, que preparó al rey para la primera Comunión y fue su preceptor religioso, y al catedrático de la Universidad de Madrid don Vicente García de Paredes, que fue su maestro en el campo del Derecho político y constitucional y recibió el encargo de formarle en los principales problemas políticos, económicos y sociales de nuestro tiempo.

La elección del padre Fernández de la Montaña para la educación religiosa del rey fue también cosa de la regente. Era su confesor y por su condición de secretario del cardenal Moreno, que había preparado a Alfonso XII para su primera Comunión, tenía un acceso garantizado a la tutela espiritual de las personas de la Real Familia.

Sagasta anuncia el nacimiento del futuro rey el 17 de mayo de 1886.

Hombre de talante conservador, muy ligado a actitudes integristas (era difícil encontrar en el entorno de la Corte, asediada por el integrismo, clérigos que mantuvieran posturas de conciliación y de tolerancia con el liberalismo), el padre Montaña dirigió la catequesis del rey, preparándole para la primera Comunión, que recibió el 23 de junio de 1898 en la capilla de palacio de manos del arzobispo de Sión, padre Cardona.

La reina, con su proverbial sentido de la prudencia, no tuvo reparo en separar al padre Montaña de la tutela espiritual del rey cuando sus artículos sobre los errores de Canalejas en el Congreso, publicados en El Siglo Futuro, órgano del integrismo más montaraz, provocaron una creciente reacción en la prensa y en la opinión pública.

Alfonso XIII de niño en dos postales.

Acompañado por su madre, la reina regente María Cristina.

Con ese panorama familiar y docente contrasta la figura del rey europeo y de su tiempo que luego fue Alfonso XIII o, al menos, ofreció una de las facetas de su personalidad. Las citadas Memorias de su tía Eulalia de Borbón recogen esa sorpresa:

Alfonso XIII ha sido un monarca liberal, con amplio sentido de su papel, con mentalidad moderna y con ideas progresistas, no por educación, sino por temperamento. Su mérito mayor y su prueba de talento es haberse sobrepuesto a su educación y conseguido ser liberal cuando se le educó entre mimos y malsanas sugestiones que debieron haberle hecho un autócrata.

medallaHubo, sin duda, algo del talante personal del rey que fue impermeable a la parte más anacrónica de aquella educación; hubo también después el respiro de sus salidas al extranjero y, más aún, sus contactos con la Corte inglesa, tras su matrimonio con Victoria Eugenia, y su creciente admiración por el sistema británico.

Pero con frecuencia se duda de si, en esa estampa de rey moderno, pesó la planta del gentleman, la simpatía espontánea y el talante de hombre de mundo, el gusto por los deportes, la pasión por los coches y un cierto escepticismo muy de época, sobre un conocimiento profundo de los problemas que desde antaño aquejaban a su país y un compromiso a la altura de los tiempos para buscarles una solución que no pasase por las fórmulas regeneracionistas que también habían conformado su conciencia de rey cuando las grandes crisis finiseculares habían golpeado en todos los hogares españoles, incluido el propio Palacio Real.

Algunos de aquellos problemas —la cuestión religiosa, la cuestión social, el catalanismo, la cuestión militar— se mantendrían vivos y punzantes durante su reinado. Otro, el más grave de los que afectaron sus años de infancia, liquidó un largo y fecundo capítulo del pasado español con mutilaciones territoriales irrecuperables, pero los efectos de ese trauma del 98 también incidieron sobre los problemas enumerados; sin ello se hacen poco comprensibles al traspasar la frontera del siglo actual.

La cuestión religiosa

Los funerales de Alfonso XII reunieron en Madrid a 24 miembros del episcopado español que, aprovechando ese encuentro, se pronunciaron, quizá por primera vez y muy en consonancia con la reciente encíclica de León XIII, contra las actitudes de intransigencia, declarando que si bien la política debe basarse sobre la religión…, la religión y política son, sin embargo, cosas muy distintas y que jamás deben confundirse.

Se vivía entonces con profunda intensidad la llamada cuestión religiosa, que, propiamente, era una cuestión clerical, pues como diría un hombre de conciliación, distante de todo maximalismo, como don José Canalejas, no existe un problema religioso en España… lo que hay es un problema clerical, un problema de absorción de la vida del Estado, de la vida laica, social, por los elementos clericales. El régimen de la Restauración, que también en ese aspecto del difícil entendimiento entre la Iglesia y el Estado nacido de la revolución liberal había logrado un precario equilibrio, visible desde los ecos del manifiesto de Sandhurst al debatido artículo 11 de la Constitución, encontró en este problema uno de los mayores escollos.

Tres representaciones del príncipe antes de 1900. Izquierda, con su madre y hermanas en un plato de porcelana del palacio de la Magdalena (Santander). A la derecha, con su madre, María Cristina de Habsburgo.

Una postal le representa dirigiéndose a la apertura de las Cortes en 1899.

Vivió el período de la Regencia la consolidación del partido integrista y de otras fracciones confesionales, como los carlistas del marqués de Cerralbo, los conservadores de Pidal o los tradicionalistas independientes, entre los que se alineaba el citado padre Montaña. Presenció el aplauso y la difusión del libro del sacerdote catalán Juan Sardá y Salvany El liberalismo es pecado, publicado en 1884, que reforzó el integrismo en la mayoría de las provincias españolas y recibiría no pocas bendiciones de algunos sectores de la Curia romana.

Unos días antes del nacimiento del rey, un atentado conmovió la vida de Madrid. El obispo monseñor Martínez Izquierdo, el primero que ocupó la silla de la recién creada diócesis, fue asesinado a las puertas de la catedral de San Isidro. La agresión, que al principio se pudo tener por obra de un anarquista, fue cometida por un clérigo desequilibrado, don Cayetano Galeote. Como sucesor, ocuparía la sede el obispo de Ávila, don Ciriaco María Sancha, que llegaría a ser arzobispo de Toledo y cardenal, además de hombre muy cercano como consejero a la reina María Cristina y, más tarde, a Alfonso XIII, al tiempo que gozaba de la plena confianza de Roma.

Sancha sería uno de los obispos españoles más abiertos dentro de un episcopado muy conservador, pero indudablemente contrapunto de los muchos obispos integristas. Su influencia en la Corte fue, sin duda, beneficiosa, así como su impulso a los congresos católicos nacionales, que si entre sus objetivos tenían los de defender la religión, los derechos de la Iglesia y el Pontificado, lo hicieron sin perder la orientación aperturista dada por el propio León XIII y ayudaron a que las posiciones maximalistas de los católicos españoles se fueran suavizando.

El catalanismo

Vivió también la Regencia el periodo más característico del llamado catolicismo social, a través de la acción paternalista de los círculos católicos y de la obra de hombres como el padre Antonio Vicent o el obispo de Córdoba, fray Ceferino González, que intentaban una difícil armonía de las clases, acercando a obreros y patronos, en una búsqueda de soluciones en que la caridad y la justicia se tenían como las grandes fuerzas que equilibrasen la sociedad y el mundo del trabajo, para el que con frecuencia se añoraban las relaciones gremiales de la Edad Media.

No es preciso recordar el papel que en el proceso de advenimiento y consolidación del régimen de la Restauración jugó la burguesía catalana, asegurando así la protección a los productos de su industria tras la experiencia librecambista impuesta por los gobiernos del Sexenio democrático. Como diría Durán y Bas a Cánovas, una manifestación de soberanía tan esencial como poner las banderas en la frontera nacional era la de levantar barreras aduaneras.

Ese indispensable proteccionismo económico, clave para entender el comportamiento político catalán, pasaba también por la política colonial de los gobiernos de la Restauración y especialmente por Cuba, por la seguridad que ofrecía de un mercado protegido que daba salida tanto a los cereales de Castilla como a los textiles catalanes.

Políticamente el pacto canovista había dejado fuera de juego en Cataluña al federalismo y al foralismo carlista, ligado a sectores católicos tradicionalistas. Ambas realidades de la vida catalana harían simbólicamente su reaparición durante los años de la Regencia por medio de la publicación de dos obras: Lo catalanisme, del republicano federal Valentí Almirall, publicada en 1886, y La tradició catalana, del sacerdote Josep Torras y Bagès, aparecida en 1892.

La creación en 1882 del Centre Catalá y, sobre todo, la presentación en 1885 del Memorial de greuges, como un manifiesto de agravios en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, significan el reverdecimiento de la lucha promovida por algunos sectores burgueses para garantizar el proteccionismo, temerosos de un sesgo librecambista de la política económica, como la hacían presumir los tratados comerciales con Alemania, Francia y Gran Bretaña.

Tales temores serían disipados pronto. Un signo de ello fue la visita de la reina María Cristina con Alfonso XIII, de dos años, para inaugurar la Exposición Universal de Barcelona en mayo de 1888, viaje, el primero que hizo el rey, en que también visitaron Zaragoza, Valencia y Gerona. Fue un indudable triunfo del proteccionismo, que dejó altamente satisfecha a la burguesía catalana.

Esa política fue dejando paulatinamente la oposición catalana en manos de republicanos federales y de nacionalistas en un proceso ideológico y en un camino de reivindicaciones que tendrían su exponente y, en cierto modo, su síntesis en el Compendi de la doctrina nacionalista de Enric Prat de la Riba (1894) y en las Bases de Manresa, nacidas de la primera reunión en aquella ciudad de la Unió Catalanista, en que junto a representantes de la burguesía industrial y mercantil, había también una importante participación del mundo rural.

medallaEl renacimiento de la insurrección cubana en 1895, que abría el último tramo de la liquidación colonial, consiguió con más fuerza en Cataluña el apoyo a las soluciones del Gobierno de Madrid y a los primeros triunfos militares en aquellos lejanos escenarios.

Los recibimientos triunfales que recibieron en Barcelona los generales Polavieja y Weyler son testimonio de aquella sintonía. Pero, en la misma medida, la derrota del 98 provocó airadas reacciones y un movimiento de insolidaridad con los responsables, militares o civiles, de aquel resonante fracaso. Hubo incluso sectores de la burguesía que hubiesen preferido una cesión directa de aquellas islas al Gobierno de los Estados Unidos, con tal de haber mantenido, a cambio, aquellos mercados seguros.

Las secuelas del 98 originaron un cambio de fuerzas políticas y de relaciones con Madrid. En esa coyuntura nace la Lliga Regionalista de Catalunya que, tras su primera victoria electoral, en mayo de 1901, sería el principal interlocutor del catalanismo con los gobiernos de Madrid durante el reinado de Alfonso XIII.

El problema militar

En un debate parlamentario sobre el proyecto de ley de reforma del Ejército, precisaba don José Canalejas, el 1 de marzo de 1888, las deficiencias más señaladas que sufría el Ejército: material escaso y anticuado, deficiente estado de la organización militar y bajo nivel cultural. No eran todos, aunque eran los más importantes. Estaba también, por ejemplo, la mala situación económica de los profesionales del Ejército. Tiempo hace —escribía Galdós— que una de las cuestiones que más preocupa y más puede influir en la moral del Ejército es la grave situación económica en la que han caído gran número de oficiales, presas de la usura y de los prestamistas menos escrupulosos.

El cambio de mentalidad en el Ejército había sido apreciable. La política militar de los primeros gobiernos de la Restauración había contribuido a ese proceso de profesionalización que se va consolidando precisamente en los años de la Regencia, donde es excepcional el viejo recurso militar al pronunciamiento. El protagonizado por el brigadier Villacampa en 1886, detrás del cual se encontraba la conspiración republicana urdida, desde Francia por el incansable Ruiz Zorrilla, fue un fracaso completo.

Quizá por esos años la tentación en el Ejército no fuera tanto la del pronunciamiento como la del caudillaje, sobre todo si tenemos en cuenta el obligado alejamiento de muchas de sus figuras más prestigiosas en los escenarios coloniales de Cuba, Puerto Rico o Filipinas, dirigiendo las operaciones de una guerra cruel y gobernando, distantes del gobierno de Madrid, en esas circunstancias. La tentación rondó a Martínez Campos, cuyo nombre apareció en varias publicaciones seguido del calificativo de primer caudillo de nuestro Ejército, tras sus éxitos en Cuba, o a Jovellar, o a Polavieja, capitán general de Filipinas en 1896.

General Camilo Polavieja y del Castillo, en 1896
(La Ilustración Española y Americana).

El caso de Polavieja, el general cristiano, fue paradigmático. Su regreso a España del mando en Filipinas estuvo rodeado de manifestaciones que le aclamaban como el salvador de la patria y de la raza. El periódico El movimiento católico titulaba Él es hoy la esperanza de España. El especial saludo de la reina Regente cuando, también en olor de multitud, llegó a Palacio originó el correctivo de Cánovas, lo que Romanones llamaría el palmetazo de la reina. Lección que una mujer de la inteligencia política de María Cristina debió captar al instante. Las tentaciones, que también presionarían sobre Weyler en 1897, no pasaron de ahí y, al menos durante la Regencia, el intervencionismo militar pareció superado en la vida política española.

Quizá el capítulo militar que más trascendió a la opinión y a la prensa fue el de las reformas. Desde el Ministerio de la Guerra varios de sus titulares, como Martínez Campos, López Domínguez o Cassola, presentaron al Parlamento sus proyectos de reformas. Sin duda fueron las de Cassola las que más debate y oposición promovieron.

Cassola fue ministro de la Guerra en 1887, durante el llamado gobierno largo de Sagasta. Su proyecto de reforma, que levantó una gran oposición, especialmente dentro de amplios sectores muy corporativistas del Ejército, se basaba en tres puntos fundamentales: la implantación del servicio militar obligatorio, la creación del Servicio de Estado Mayor, entendido como agente y auxiliar del mando militar, que sustituiría al cuerpo de Estado Mayor, en cuanto que los oficiales de Estado Mayor seguirían perteneciendo a sus cuerpos y armas de origen, y, tercer punto, la supresión de la dualidad en el sistema de ascensos en la oficialidad, proponiendo el ascenso hasta coronel por riguroso orden de antigüedad y, posteriormente, la llegada al generalato por elección entre las distintas armas y cuerpos.

medallaTocaba con ello tres puntos en carne viva de la realidad militar española, uno de los cuales tenía además una clara incidencia en la opinión pública por sus evidentes connotaciones sociales, el del servicio militar, ya que en España aún estaban vigentes las formas de redención en metálico y de sustitución, que hicieron gravitar el peso de las guerras coloniales —de ahí gran parte de su impopularidad— sobre los sectores más deprimidos de la sociedad, aquellos sin medios necesarios siquiera para recurrir a las sociedades de seguros de quintas con que librar a sus hijos del servicio obligatorio, que lo era, de hecho, sólo para un sector social de los españoles.

Pese al freno que en esos años se le impusieron, dejando que problemas como éste o como el de la doble escala, que permitía, según las armas, ascensos por antigüedad o también por méritos de guerra, entrasen vivos en el siglo XX, las reformas de Cassola se convertirían en realidad a los pocos años. Canalejas, quizá el hombre que más las defendió en 1888, sería quien, como jefe de Gobierno, hiciera en 1912 una nueva ley de reclutamiento que acabase, al menos parcialmente, con el sistema de la redención del servicio militar.

La cuestión social

Un país de predominio rural, con una incipiente industrialización concentrada en dos regiones con caracteres específicos —Cataluña y el País Vasco— y muy heterogéneamente dispersa y poco representativa en el resto del territorio nacional; con un escaso espíritu capitalista, en el sentido moderno, y una conciencia obrera no mucho más desarrollada, más proclive siempre a las soluciones utópicas e inmediatas del pensamiento ácrata que a la acción sindical o a la labor de partido.

La gran transformación, tanto de la mentalidad capitalista como de la actividad sindical y de la acción obrerista, vendría con la incidencia de la Primera Guerra Mundial en España, al menos cuantitativamente. Pero ya los años de la Regencia presenciaron hitos sustanciales.

Despierta en los niveles oficiales la conciencia de que existía una cuestión social, la creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1883 fue uno de aquellos hitos. Un año después la Agrupación Socialista madrileña presentaba a la Comisión el informe redactado por Jaime Vera, en uno de cuyos capítulos se decía: Nos hemos retrasado en la evolución económica; entramos tarde y mal armados en la guerra civil de la competencia y sólo llevamos como remedio contra los desastres que nos amenazan la deficiencia y los vicios de nuestra educación técnica y social, la incapacidad notoria de nuestra burguesía y la supina ignorancia de nuestros gobernantes, más o menos habilidosos en la intriga política.

En los próximos años, esa conciencia y esa militancia obrera se extienden por España. En 1888 se crea, a escala nacional, el Partido Socialista, cuyo germen había estado en 1879 en aquel grupo madrileño que en una taberna de la calle de Tetuán fundara el Partido Democrático Socialista Obrero Español. Ese mismo año 1888 nace la central sindical socialista, la Unión General de Trabajadores. Dos años antes había aparecido el periódico El Socialista, muy en la línea del socialismo guesdista francés.

Pero serían fechas de un fenómeno social y político cuya mayor presencia correspondería al primer tercio del siglo XX. Entonces el protagonismo de la lucha obrera correspondía aún a las soluciones ácratas, especialmente a aquellas que tenían en el uso de la violencia el remedio más seguro para acabar con aquella sociedad corrompida y llegar al ideal de un mundo de hombres libres, sin Dios, sin patria y sin patrón.

Los años de la Regencia sufrieron el frecuente uso de esa violencia purificadora. Lo sufrió sobre todo Barcelona, la ciudad más industrializada de España. El atentado a Martínez Campos el 23 de septiembre de 1893; el del Liceo, durante la representación de la ópera Guillermo Tell, el 7 de noviembre del mismo año; el de la calle de Canvis Nous, el 7 de junio de 1896, durante la procesión del Corpus, que causaría 15 muertos y 34 heridos.

Quizá más que ninguno, por sus efectos en la estabilidad del régimen del que era creador, el que un año después —y aparentemente como venganza a la represión dirigida por el Gobierno— costó la vida a don Antonio Cánovas en el balneario de Santa Agueda. Aun cuando su asesino, Michele Angiolillo, tanto pudiera haber servido a la venganza anarquista de los fusilamientos de Montjuich como a turbios intereses en la crisis cubana, cuando no a ambos juntos.

Ya Alfonso XIII, desde sus años juveniles, conoció esa inquietante faceta de la vida española y tuvo conciencia de que podía ser víctima de ella, como lo pudo experimentar en varias ocasiones a lo largo de su vida o como lo sufrió en las personas de dos de sus primeros ministros, Canalejas y Dato.

Si hay algún año especialmente aciago en el período de la Regencia —y hubo muchos, como el 93, que a los atentados terroristas sumó la guerra en Melilla y la explosión del Cabo Machichaco, que destruyó la ciudad de Santander— ese fue el 1898.

Sus ecos traumatizaron a una generación de españoles, precisamente a la generación del rey. A la reina María Cristina y al joven Alfonso XIII le tocó asumir el último acto de un proceso que venía de lejos y cuya solución estaba fuera de su alcance; de un lado, porque el remedio era tardío a esa altura del problema —tal fue el caso de la solución autonomista de Cuba en 1893 con Maura en el Ministerio de Ultramar—; de otro, porque el problema por esos años estaba metido en el enredo de los grandes intereses internacionales, en que las apetencias expansionistas de Estados Unidos pesaban mucho más que los derechos históricos de un pequeño país como España, cuya política exterior había sido de aislamiento durante la época isabelina y de un cauto recogimiento durante los gobiernos de Cánovas, tímidamente abierto con los gabinetes liberales que, como en 1887, intentaron acercarse al compromiso con la Triple Alianza de la mano de Italia.

España se encontraría sola ante el acoso de los intereses norteamericanos, más dispuestos a utilizar el proceso independentista cubano a su servicio que a pacificar aquel conflicto. Hay entre los múltiples testimonios de la actitud de la reina un texto, reproducido por Carlos Seco, de una carta del embajador de Estados Unidos, Woodford, al presidente Mckinley, confidencial y para no ser publicada jamás, que da una imagen dramática de María Cristina ante la realidad del problema:

He hecho cuanto usted me ha pedido o sugerido; he ido tan lejos como me ha sido posible —decía al embajador—. He cambiado el Gobierno… He concedido la autonomía y perseveraré en este empeño hasta el final. Creo que ahora, si el presidente Mckinley es amigo mío, debería estar dispuesto a hacer algo por su parte.

La sibilina respuesta del embajador no dejaría muchas esperanzas. La retórica amistad del presidente se supo pronto a qué intereses o presiones respondía.

Consumado el desastre, sus consecuencias salpicarían a todos los responsables y a todas las instituciones de la vida nacional.

Entonces el protagonismo de la lucha obrera correspondía aún a las soluciones ácratas, especialmente a aquellas que tenían en el uso de la violencia el remedio más seguro. El cuadro de López Mezquita, Cuerda de presos, muestra la represión de esa conflictividad social (Museo de Arte Contemporáneo, Madrid).

La etapa constitucional
(1902-1923)

Por Carlos Seco Serrano

De la Real Academia de la Historia

Alfonso XIII con traje de almirante de la Armada (postal de Palomeque, de comienzos de siglo, con foto de Valentín).

AL despuntar el año 1902, el rey niño Alfonso XIII escribió, en la primera página del cuaderno diario que acababan de regalarle sus hermanas, la siguiente reflexión —esbozo de programa de lo que podría ser su reinado, ya inminente:

En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la Monarquía borbónica o la República. Porque yo me encuentro al país quebrantado por pasadas guerras, que anhela por un alguien que le saque de esta situación; la reforma social en favor de las clases necesitadas; el Ejército con una organización atrasada a los adelantos modernos; la Marina sin barcos; la bandera ultrajada; los gobernadores y alcaldes que no cumplen las leyes, etc. En fin, todos los servicios desorganizados y mal atendidos. Yo puedo ser un Rey que se llene de gloria regenerando la patria; cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo imperecedero de su reinado; pero también puedo ser un Rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros, y por fin, puesto en la frontera. (…) Yo espero reinar en España como rey justo. Espero al mismo tiempo poder regenerar a la patria, y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea, que la busquen como aliada. Si Dios quiere, para bien de España…

Impresiona en este texto el claro pronóstico de don Alfonso: la perduración de la Monarquía dependerá de la capacidad del régimen para llevar a cabo la necesaria regeneración de la patria. Todo cuanto se manifiesta como problema en el encapotado horizonte del país se hace presente a la conciencia del rey: la postración generalizada traída por la derrota de Ultramar; el problema social; el mal estado de las fuerzas armadas y, en especial, de la escuadra; los incipientes chispazos de un regionalismo secesionista —la bandera ultrajada—; la corrupción de la Administración local…

En superar este cuadro de tensiones o de definiciones consiste la tarea de un monarca que se llene de gloria regenerando la patria: su fracaso será la alternativa —la oportunidad— de la República; ya desde ahora, Alfonso XIII pone por encima de la Monarquía la suerte del país. Pero quizá sea lo más significativo de todo el texto la fe que denota en su propio entusiasmo, cuyo reverso es una esencial desconfianza hacia la clase política: la de la oligarquía y el caciquismo denunciados por Costa.

Las perspectivas políticas al comienzo
del reinado

La proclamación de la mayoría de edad de Alfonso XIII tuvo efecto en los momentos en que estaba sobre el tapete, en la política nacional, el cambio de jefatura en los partidos del turno. Cánovas había muerto, asesinado, en vísperas del desastre (1897). Sagasta moriría en el mismo año 1902.

La sustitución de los dos grandes jefes debía atenerse a la realidad señalada por Jesús Pabón en su análisis de las consecuencias del 98: El intento de gobernar ya sólo será posible para los disconformes en la marcha hacia el Desastre. Ello pudo ser obra de la propia conciencia, o resultado de una difusa opinión pública. Intentarán gobernar realmente: Silvela, el de la carta al general Lazaga; Maura, el filibustero de las reformas autonomistas para Cuba; Canalejas, el derrotista de la carta a Sagasta.

En el despuntar del siglo y del reinado, las dos posturas regeneracionistas —desde la derecha y desde la izquierda, pero en la tradición del liberalismo del viejo turno— habían sido definidas, después de la experiencia silvelista, por dos de estos disidentes: Maura, desgajado del sagastismo a través del grupo gamacista; Canalejas, en la frontera democrática entre Monarquía y República.

Alfonso XIII en su cuarto de estudio, con uno de sus profesores, en 1902.

Maura había proclamado la necesidad de dar autenticidad a una política de ficciones, vigorizando la conciencia y el deber de la ciudadanía en una masa inerte, y sustituyendo el centralismo basado en el entramado caciquil por una descentralización administrativa como la que ya habían esbozado Silvela y Dato. La gran oratoria del tribuno mallorquín había definido maravillosamente su voluntad de identificar España oficial y España real apelando a una revolución desde el poder (Silvela había hablado ya de revolución desde arriba).

Creía Maura en una democracia que unánimemente estaba proclamada, dijéranlo o no las leyes, en la conciencia de todos, como la única forma posible para el gobierno de España… Y se preguntaba: ¿Es que el pueblo español tiene alguna lacra, algún estigma por los cuales aquí no sea verdad lo que es verdad en todas partes? La obra necesaria desde el poder tenía ese claro sentido: que la democracia, que está en las leyes, pase a la realidad.

Así, su proyecto de ley de Administración Local implicaba el alumbramiento artesiano de las virtudes de los pueblos a través de la cáscara podrida de los políticos de profesión, desde la calleja pedregosa de la última aldea hasta la Puerta del Sol. Y la reforma imprescindible —el saneamiento moral del país y del Parlamento, el despertar de la ciudadanía— revestía el carácter de una revolución inaplazable: Ya no hay más que un camino, que es la revolución audaz, la revolución temeraria desde el Gobierno…; las reformas hechas por el Gobierno radicalmente, rápidamente, brutalmente…

Procedente del partido liberal —a través del regeneracionismo avant la lettre de Gamazo—, Maura se distanciaba esencialmente de esta raíz política en dos aspectos de su programa. Católico convencido, entendía como superado el problema de las relaciones Iglesia-Estado, una de las obsesiones del conglomerado ideológico sagastino. Mallorquín de nacimiento —procedente de la periferia peninsular—, consideraba imprescindible una reforma descentralizadora, puesto que centralismo y corrupción caciquil se identificaban en su pensamiento.

medallaDe hecho, tanto su concepción del Estado como su visión política, y la exigencia ética de sus ideas —el empeño de autenticidad—, le aproximaban al programa, al criterio y a las convicciones de Silvela; de aquí que en los comienzos del reinado de Alfonso XIII la coincidencia se trocase en identificación. Cuando Silvela formó su segundo Gobierno, Maura ocupó en él la cartera de Gobernación. Y cuando Silvela decidió abandonar la vida pública (1904), señaló como su sucesor, al frente del partido conservador, al advenedizo Maura.

En el otro partido del turno, la muerte de Sagasta (1902) abrió una pugna entre los que fueran hasta entonces sus lugartenientes inmediatos: Moret y Montero Ríos. Ya viejos, uno y otro habían quedado marcados por el 98: Moret fracasó en sus reformas de Ultramar; Montero Ríos fue —fatalidad que no pudo eludir— el negociador de la paz de París.

En la convención liberal, que tuvo efecto para decidir la nueva jefatura del partido, ninguno de los dos obtuvo mayoría absoluta. En el horizonte de diseñaba ya, como futuro líder, José Canalejas. Pero por lo pronto, éste hubo de aguardar a que los dos prohombres, ya muy desacreditados, acabasen de desgastarse en el poder.

Entretanto, si Maura había trazado el cauce regenerador de la derecha conservadora —conservadora, pero eminentemente liberal—, Canalejas, por su parte, acertó a definir las posibilidades —y las condiciones— de la Monarquía democrática, única posible en el siglo recién inaugurado: De lo que se trata —escribió— es de nacionalizar la Monarquía, esto es, de lograr que fuera de la Monarquía no quede ninguna energía útil. La afirmación de que el Rey ha de ser demócrata es una consecuencia inmediata del principio de la nacionalización de la Monarquía… Casi todas las Monarquías de Europa se fundan en la revolución, y nunca estuvieron más seguras.

Más aún: Canalejas acertó a subrayar la necesidad de integrar en la Restauración las nuevas corrientes ideológicas procedentes del socialismo: El socialismo no es sólo una doctrina, un sistema, un procedimiento, sino todo eso y mucho más; es una civilización. Sustraerse a ella y no ir preparando jurídicamente las soluciones necesarias, sería traer el rayo de la revolución social que en una forma u otra, o por la fuerza o por el derecho, ha de consumarse.

Pero ese Estado fundamentado en la democracia debía, por lo demás afirmar su esfera propia frente a las pervivencias del viejo ultramontanismo. Definir, en plena dignidad para ambos, los ámbitos de la Iglesia y del Estado fue siempre preocupación esencial de Canalejas

Siendo éste el instrumental político con que el viejo turnismo se aprestaba, hacia 1902, a un remozamiento desde sus cauces, mediante la renovación de jefaturas y programas, cabe seguir el despliegue del reinado de Alfonso XIII a través de dos ensayos regeneracionistas: el primero se intenta —fundamentalmente— mediante la experiencia maurista y la experiencia canalejista, desde la ortodoxia del sistema Cánovas; el segundo tiene lugar dentro de la continuidad monárquica, pero ya al margen de aquél, a través de la dictadura de Primo de Rivera.

Los veintiún años que separan la mayoría de edad de Alfonso XIII (17 de mayo de 1902) del golpe de Estado del marqués de Estella (11 de septiembre de 1923) pueden seguirse a través de cuatro tramos, de duración muy aproximada —entre cinco y seis años cada uno— y que, a su vez, quedan enmarcados por las cuatro crisis que, sucesivamente, contribuyeron a liquidar las líneas maestras del edificio canovista: desde la afirmación de la supremacía civil hasta el consenso político en el pacto de El Pardo.

En esas etapas, y en esas crisis, la actuación del rey responde siempre a la preocupación de evitar un retroceso a las confrontaciones internas, que, a lo largo del siglo anterior habían sido causa esencial del estancamiento y retroceso del país en el concierto de las potencias europeas.

Militarismo frente a civilismo

La primera etapa, que corre de 1902 a 1907, contempla un turno conservador (1902-1905) y un turno liberal (1905-1907). A lo largo de esa oscilación política —según la pauta marcada por el pacto de El Pardo— se define el problema, ya aludido, de las jefaturas de uno y otro partido. En el conservador, dividido en principio entre los criterios contrapuestos de Silvela y de Fernández Villaverde —empeñado el primero en un programa regeneracionista de gran alcance, como el fracasado, en parte, de su primer Gobierno, y atenido el segundo a una preocupación única y obsesiva por el equilibrio presupuestario, esto es por la salvación de su obra hacendística—, acabaría por quedar en minoría Fernández Villaverde frente a Francisco Silvela, reforzado ahora con la adhesión de Antonio Maura.

Alfonso XIII a los dieciséis o diecisiete años, en una postal inglesa.

La sucesión de gobiernos conservadores (Silvela, Villaverde, Maura, Villaverde de nuevo…) responde a esta dialéctica interna del partido y no —como se dijo con malicia aludiendo a las crisis orientales— a la perturbadora interferencia, animada por un ansia de poder del joven Alfonso XIII.

En cualquier caso, de la pugna Silvela-Villaverde se derivaría no sólo la derrota del segundo, sino el apartamiento del primero, ganado por el desánimo y por un indudable declinar vital —moriría muy poco después—. De aquí su afán —verdadero testamento político— de promocionar a Antonio Maura, convertido por su propia voluntad en su sucesor al frente del partido conservador, pese a tener éste un delfín unánimemente aceptado, Eduardo Dalc, quien por lo demás, se esforzó magnánimamente en secundar los deseos de su jefe y amigo, Silvela, facilitando la consagración de Maura.

medallaSin embargo, la mayoría parlamentaria seguía muy dividida: en su primer Gobierno (1904), Maura sólo tuvo tiempo de proponer y explanar su gran programa de la revolución desde el poder, que habría de aguardar a otro turno conservador —a otras Cortes más compactas— para intentar abrirse camino.

El turno liberal (1905-1907), iniciado por Montero Ríos, presenció la primera de las grandes crisis a que antes aludíamos: una peligrosa iniciativa del estamento militar para responder al reto de las provocaciones catalanistas, culminantes en las páginas de los periódicos La Veu y Cu-cut.

Antonio Maura en un busto de Mariano Benlliure
(Real Academia de la Lengua).

El Ejército que emerge del desastre ultramarino vive, en estos comienzos de siglo, una doble desazón interna, la que en sus elementos conscientes y responsables suscita la realidad de sus grandes defectos de estructura —la desproporción entre los mandos y las tropas a sus órdenes, la redención a metálico, las deficiencias técnicas y de equipamiento—, sus presuntos fallos en la acción: la guerra de Cuba no había sido una guerra perdida en tierra; el Desastre fue consecuencia del enorme desnivel entre la escuadra española y la norteamericana. A esta zozobra interior se sumó el espectáculo de las campañas regionalistas —con estridencias que apuntaban a una secesión efectiva— y que trasladaban al suelo peninsular el problema vivido en Ultramar.

La ruptura de la disciplina por parte de los oficiales de la guarnición de Barcelona, que se tomaron por su cuenta el castigo de las campañas de prensa de que se sentían víctimas, procediendo corporativamente a la destrucción de las imprentas en que se imprimían La Veu y el Cu-cut, implicó un grave deterioro del civilismo, que era una de las claves de la Restauración, sobre todo cuando el estamento militar, de forma generalizada y haciéndose eco de lo ocurrido en Barcelona, reclamó una Ley de Jurisdicciones, que implicaba poner bajo el control de los tribunales militares —y del Código Militar— los delitos contra el Ejército y contra la Patria.

José Canalejas, por Sorolla
(Palacio de Las Cortes, Madrid).

Montero Ríos no se avino a llevar su debilidad inicial hasta el acomodo a tal exigencia; Moret le sustituyó en el poder, para ratificar una ley que, en último término, condicionaba la democracia teórica reinstaurada por Sagasta en 1890, y suponía un primer retroceso del poder civil frente al poder militar. Por lo demás, la réplica de la sociedad catalana se tradujo en una integración de diversos frentes políticos marginales al turno pacífico, pero importantes en Cataluña, en la llamada Solidaridad Catalana, cuya clave vertebradora fue la Lliga Regionalista, primera expresión política del catalanismo, cuyos lideres eran Prat de la Riba —su presidente— y Francisco Cambó, su líder en crecida, que pronto haría acto de presencia en el Parlamento nacional.

La crisis del Pacto del Pardo

El segundo tramo —de los cuatro a que antes aludíamos— lo cubre, durante cinco años, la alternativa conservadora-liberal en sus nuevos jefes indiscutibles: Maura (1907-1909) y Canalejas (1910-1912, tras un intermedio a cargo de Moret).

El llamado Gobierno largo o gran Gobierno de Maura —casi un trienio, de enero de 1907 a finales de octubre de 1909— despliega el agotador esfuerzo del político mallorquín para hacer efectivo su famoso programa de la revolución desde arriba mediante la discusión —tan prolongada que no llegó a terminarse en tres legislaturas— de la Ley de Bases de Régimen Local, concebida como una minuciosa descentralización administrativa, y denominada por el propio Maura ley de descuaje del caciquismo.

medallaAunque en realidad distaba mucho de un esquema autonomista (no incidía de hecho en la descentralización política), sirvió de plataforma de encuentro y entendimiento entre Maura y Cambó, llegado a las Cortes con los votos obtenidos por Solidaridad Catalana, y que se aplicó a mejorar las ofertas del maurismo desde una perspectiva más ambiciosa.

El entendimiento Maura-Cambó refleja la vinculación de uno y otro al ciclo revolucionario liberal-burgués —nunca rebasado por la presunta revolución desde el poder—, pero suscitó las resistencias, cada vez más enconadas, de los que veían comprometida su situación en el viciado sistema político tantas veces denunciado por los regeneracionistas, y la enemiga de los elementos vinculados a una revolución de base: los republicanos, atenidos a un anticlericalismo combativo; los socialistas y los ácratas, embarcados en el movimiento social iniciado en los días de la I Asociación Internacional de Trabajadores, al que Maura no daba la más mínima audiencia.

Aunque, en definitiva, el programa de Maura no alcanzaría buen puerto, a lo largo de todo su gobierno dio un ejemplo extraordinario de dignificación del Parlamento y aportó un gran esfuerzo a la concienciación ciudadana del español medio, al mismo tiempo que lograba éxitos notorios en el camino de una necesaria restauración del poder naval de España y de su papel en los foros internacionales (conferencia de Cartagena).

En 1909, un conflicto de fronteras en la plaza de Melilla —ciudad de soberanía española en la costa marroquí— requirió una importante movilización de fuerzas, que suscitó la protesta de republicanos y socialistas, muy definidos en el frente antimilitarista y anticolonialista abierto por el 98. La protesta degeneró en los gravísimos sucesos de Barcelona (Semana Trágica), y la represión subsiguiente —dirigida por Juan de la Cierva, ministro de la Gobernación— quedó muy matizada por el espíritu imperante en la llamada Ley de Jurisdicciones.

La dureza con la que se aplicó esa represión, a través de tribunales militares, a determinados agitadores anarquistas (Ferrer Guardia), cuya responsabilidad directa en los sucesos era muy discutible, suscitó una clamorosa ofensiva antimaurista, extendida a todos los medios radicales de Europa, que en el Parlamento español contó con el apoyo total de Moret, jefe de la oposición dinástica —rompiéndose así el compromiso de solidaridad mínima entre los partidos del turno pacífico, verdadera clave del Pacto de El Pardo.

Preocupado por el alcance de la enorme marejada contra Maura. Alfonso XIII se adelantó a aceptar la dimisión del presidente —que éste no había llegado a presentarle, aunque la tuviera prevista—, y se abrió paso a un turno liberal, en la persona de Moret —verdadero responsable de la crisis.

El trance político de octubre de 1909 —la crisis del Pacto de El Pardo— es quizá el más decisivo de todo el reinado de Alfonso XIII, puesto que de él arranca el proceso de descomposición del sistema Cánovas, culminante en el naufragio final de 1923. Sin embargo, la solución dada a la crisis había sido ya prevista por el propio Maura, años antes, al definir las situaciones que justificaban plenamente la intervención del poder moderador:

Siempre que haya conflicto entre el Gobierno y la mayoría puede decidir la Corona… Puede decidir aunque no haya conflicto entre la mayoría y el Gobierno; cuando lo haya entre el Gobierno y la minoría, y por obstrucciones, por escándalos, por perturbaciones políticas, por no marchar normalmente el juego parlamentario, se haga imposible la satisfacción de las necesidades públicas. Esta crisis —ha afirmado Fernández Almagro, pese a su posición maurista— fue, como pocas de las tramitadas y resueltas en tiempos de Alfonso XIII, esencialmente parlamentaria, por cuanto fue de opinión.

En todo caso, Moret no retuvo el poder mucho tiempo: su traición al Pacto de El Pardo no había traído como contrapartida una polarización de las izquierdas antidinásticas por el régimen. La crisis se volvió contra Moret, dando paso a Canalejas.

Más que Maura, supone José Canalejas el despliegue del regeneracionismo desde las estructuras del sistema Cánovas. La peculiaridad de su intento reside en el hecho de que, ejerciendo la presidencia del Gobierno, no tuvo nunca una mayoría clara dentro del conglomerado liberal, ya dividido en torno al problema de la jefatura del partido; pero se afirmó como su líder indiscutible a través de una labor de estadista que apunta a la democratización política y a una afirmación de las prerrogativas del Estado en el equilibrio de los distintos sectores sociales.

Ataúdes violados durante los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, 1909

La cuestión batallona durante el bienio canalejista fue la de las relaciones con la Iglesia —la necesidad de sujetar las Ordenes y asociaciones religiosas a la legislación civil; la de afirmar la presencia del Estado en la administración eclesiástica—. La famosa ley del candado vetó el establecimiento de nuevas casas religiosas en España hasta tanto no se aprobase una ley de asociaciones o una solución concordada que cubriese los flancos mal definidos por el Concordato de 1851.

Pero si este tema creó verdaderas tensiones entre conservadores (tradicionalistas) y liberales demócratas, en otros aspectos Canalejas se esforzó por restaurar el Pacto de El Pardo y la armonía del turno pacífico. Recogió de la ley de bases de Maura el articulado que posibilitaba la creación de mancomunidades, como cauce de una cierta descentralización administrativa a escala regional; procuró limar las asperezas que dejó tras de si la ferrerada, en el debate parlamentario sobre la represión durante la Semana Trágica, y tendió al mismo tiempo una mano a las organizaciones obreras, estableciendo decididamente el arbitraje del Estado en los conflictos sociales, y suprimiendo —en la estructura del Ejército— el sistema de liberación a metálico: el servicio militar se democratizó, con una reserva relativa (el llamado soldado de cuota que gozaba de ciertas ventajas, pero que no dejaba de ser soldado, y debía acudir a la guerra en el caso de que ésta se plantease).

En cambio, Canalejas no logró nunca contar con el apoyo o la benevolencia del PSOE —por primera vez presente en las Cortes de 1910, en la persona de Pablo Iglesias—, y hubo de enfrentarse con el rebasamiento de las huelgas de alcance político, promovidas por la recién fundada CNT (Confederación Nacional del Trabajo), de significación anarquista.

Alfonso XIII, por Francisco Pons Arnau, cuadra pintado en 1915.

La iniciativa de Canalejas se hizo notar también a escala internacional con su decidida interposición a las pretensiones francesas de ocupar unilateralmente Marruecos. Pero la fijación del Protectorado —a dos vertientes, francesa y española— sólo sería ratificada tras la muerte de Canalejas: un ácrata solitario asesinó al gran político, en la Puerta del Sol madrileña, en noviembre de 1912.

La crisis de los partidos y el impacto de la guerra mundial

El quinquenio siguiente (1913-1918) presenció la crisis de los partidos dinásticos. Maura había sido el proscrito de 1909; muerto Canalejas —y muy poco después Moret— se volvió a plantear el problema de la jefatura liberal en un forcejeo entre García Prieto y Romanones, del que saldría la división del partido en dos facciones.

En cuanto a los conservadores, la exigencia de Maura ante el rey —que éste replantease la política seguida desde 1909 mediante la organización de un liberalismo idóneo para alternar en el poder con los conservadores según el roto Pacto de El Pardo— daría lugar a una escisión interna del partido entre los intransigentes mauristas y los seguidores de Dato —promovido a la jefatura por los cuadros de aquél, que no se avenían a aceptar el pronunciamiento de Maura ante la Corona.

El Gobierno conservador de Eduardo Dato (1913-1915) presenciaría la catástrofe europea —la Primera Guerra Mundial—, de cuyas salpicaduras logró —respaldado en todo momento por Alfonso XIII— dejar a salvo al país. Pero la neutralidad no evitó que España se viera afectada, indirectamente por la gran conflagración,

Hasta 1912, y después de las reformas de Villaverde, la situación económica había mejorado sensiblemente; durante los primeros años del siglo se logró superar los efectos de la filoxera, y la extensión del régimen de regadíos promovió la producción naranjera y remolachera, al paso que —desde 1902— alcanzaba un primer despliegue la industria pesada, simultáneamente con un elevado nivel de exportaciones minerales.

medallaLos aranceles de 1906 neutralizaron los efectos que supuso la pérdida del mercado antillano. La balanza comercial —y la balanza de pagos— había mantenido un cierto equilibrio después de la nivelación presupuestaria lograda por Fernández Villaverde. Pero la guerra europea abrió una coyuntura excepcional para la economía española: en primer lugar, con una demanda cada vez más amplia y el franqueamiento de mercados insólitos hasta ese momento.

La balanza comercial cambió de signo; pero el río de oro que eso supuso para los exportadores españoles benefició fundamentalmente a sectores sociales minoritarios, y las fuerzas productoras se opusieron a una legislación como la que proponía Santiago Alba (ministro de Hacienda en el Gobierno Romanones de 1915 a 1917), gravando los beneficios extraordinarios obtenidos a consecuencia de la paz en la guerra.

Esta situación perjudicó en cambio al sector de los funcionarios —atenidos a los sueldos del Estado, que no pudo flexibilizarlos en los momentos en que la demanda exterior provocaba carestía y aumentos de precios—. En cuanto al obrerismo urbano, se vio en mejor situación que el rural (los empresarios industriales no obstaculizaron un aumento proporcional de jornales, perfectamente asimilable en la ola de prosperidad que la guerra trajo, y por lo demás, los obreros disponían de dos grandes plataformas sindicales, UGT y CNT, dilatadas en sus cuadros al ritmo de la creciente emigración del campo a la ciudad).

La prosperidad, aunque mal repartida, implicó un fuerte impulso para el desarrollo del país, pero al mismo tiempo generó un nuevo semillero de conflictos; robusteció a los sectores empresariales de la gran industria, los más identificados con las corrientes ideológicas que oscilaban entre descentralización y secesionismo en Cataluña y en el País Vasco; acrecentó el peso y el empuje del proletariado urbano, según acabamos de apuntar.

La reina Victoria Eugenia, esposa del rey, con uniforme
de enfermera de la Cruz Roja, retrato de Gamonal, 1921.

Eduardo Dato Iradier, por M. Santamaría
(Palacio de las Cortes, Madrid).

Cuando al final de la Gran Guerra se produjese un nuevo cambio en el signo de la balanza comercial, la crisis social y política doblaría su gravedad. De hecho, puede decirse que los regeneracionismos españoles del reinado de Alfonso XIII se despliegan estimulados por un doble impulso exterior: hasta 1915, el revulsivo moral vino en la onda del desastre de Ultramar; a partir de 1915 planearon fundamentalmente sobre la situación interna los condicionantes derivados de la guerra exterior —y de la posguerra sobre todo.

Aun antes de que la gran conflagración terminase, España atravesó —tras las crisis del civilismo (1906), del Pacto de El Pardo (1909) y de los partidos (1913)— una cuarta crisis, de mucha mayor envergadura, por la compleja problemática que envolvía: fue la triple conmoción revolucionaria de 1917.

Primero, en el mes de junio, brotó en los cuarteles un peculiar sindicalismo militar, provocado, de una parte, por el descontento que creaba entre las guarniciones de la Península la diferencia de trato con respecto a los oficiales destacados en Marruecos —promovidos rápidamente en el escalafón mediante las reducidas operaciones exigidas por la implantación del Protectorado—, y de otra parte, la debilidad de los políticos del turno —degradado tras la fragmentación de los partidos dinásticos—. La claudicación del poder, al reconocer las juntas militares de defensa, anunciaba ya la próxima dictadura.

En el mes de julio fueron los núcleos políticos no incluidos en la rotación del turno —Lliga Regionalista de Cambó, reformistas demócratas de Melquiades Álvarez— los que protagonizaron la subversión, a través de la llamada asamblea de parlamentarios, que, reunida sediciosamente en Barcelona, reclamó una reunión de Cortes Constituyentes.

Superados relativamente ambos conflictos —el militar y el político— por el segundo Gobierno Dato, hubo de enfrentarse éste con el más grave, que desencadenaron socialistas y sindicalistas —bajo el estimulo republicano— a través de la huelga general revolucionaria de agosto. Esta gran conmoción social tuvo salpicaduras peligrosas en Cataluña y en el País Vasco; apenas pasó de un conato en Madrid. Pero algo quedó muy claro durante el proceso huelguístico: el desplazamiento del poder efectivo desde el ámbito civil del Gobierno a las salas de banderas.

Su forzada claudicación ante las Juntas Militares había permitido a Dato contar con el Ejército para cortar de raíz el movimiento revolucionario de socialistas y ácratas; a partir de ese momento, el verdadero árbitro de la situación iba a ser el estamento armado en cuanto tal. Y así, en octubre de 1917, los elementos militares —las Juntas— afirmaron su presencia en la vida pública, provocando la caída del propio Dato, para abrir paso a soluciones más acordes con sus exigencias.

medallaPrecisamente en el año en que la guerra mundial terminaba, intentó el rey solucionar la crisis política —el debilitamiento del Estado— mediante un Gobierno de concentración: presidido por Maura, entraron en él Dato, Romanones, García Prieto, Alba y Cambó. Este Gobierno nacional, que a su advenimiento despertó un amplio asentimiento en el país, no superó, sin embargo, las tensiones internas entre los jefes de las diversas facciones políticas, y su fracaso coincidió con la llegada de la paz. Pero la paz suponía, como ya hemos indicado, una nueva inversión en el signo de la balanza comercial: cierre progresivo de los circunstanciales mercados exteriores, crecida del paro, reducción de los jornaleros, con toda su repercusión en el fuerte sindicalismo desarrollado desde 1910, y, de otro lado —consecuencia de los principios ideológicos en que el presidente norteamericano Wilson y el premier francés Clemenceau basaron la destrucción de los Imperios centrales—, una eclosión de las corrientes nacionalistas, que salpicaron de lleno a las plataformas sensibilizadas de España —Cataluña, País Vasco y Galicia.

La agitación social y la ofensiva de los nacionalismos afectarían, a la larga, al reducto colonial de Marruecos, en el cual la guerra exterior había mantenido una situación de relativa calma hasta 1919: desde este último año —marcado por el fracaso de un estatuto autonómico para Cataluña y por la gravisima huelga de la Canadiense, el temor a que el triunfalismo francés se tradujese en un intento de excluir a los españoles del Protectorado estimuló las operaciones en Yebala y sobre todo en el Rif, con la finalidad de alcanzar Alhucemas para neutralizar las resistencias en esta última zona.

La rebelión de Abd-el Krim (1921), como violenta réplica, fue un peculiar reflejo de los focos de agitación europeos, cuyo impulso nacionalista y revolucionario traducía a una escala tercermundista, y el descalabro español de Annual vino a doblar la compleja crisis que la posguerra había traído al suelo peninsular.

El plano inclinado a la Dictadura
(1918-1923)

En este último tramo de la Restauración, el debilitamiento extremo del instrumental político forjado por Cánovas (Dato fue asesinado en el mismo año 1921, cuando trataba de llegar a un acomodo con Maura para refundir el partido), coincidiendo con la crecida del clima revolucionario, estimulado por el lejano ejemplo de Rusia, abocó a una situación que cabria calificar de plano inclinado hacia la Dictadura.

A la inquietud que el espectáculo anárquico provocado por la subversión social —en Barcelona, un enfrentamiento entre bandas armadas, las de sindicato único (CNT) y las de la patronal— creaba en el estamento militar, se sumó el secesionismo —de doble signo— estimulado por los nacionalismos en crecida.

En cualquier caso, los cuadros burgueses de la Lliga no hallaron reparo en supeditar sus aspiraciones autonómicas al restablecimiento del orden burgués mediante el recurso al Ejército (desde 1921 habían logrado imponer en el gobierno de Barcelona al general Martínez Anido, cuya dureza en los procedimientos costó, indirectamente, la vida a Eduardo Dato, víctima de las represalias sindicalistas).

A partir de 1921, estos estímulos se sumaron al malestar que entre los jefes y oficiales del Ejército provocó la marejada en torno al desastre de Annual y, sobre todo, el famoso expediente Picasso —que trataba de fijar las responsabilidades contraídas en aquel sangriento revés.

Cuando el Bloque de Izquierdas —presidido por García Prieto, pero inspirado sobre todo por Melquíades Álvarez y por Santiago Alba— alcanzó el poder en 1922, sus medidas claudicantes con respecto a Abd-el Krim y el clima de indisciplina que no supo eludir en los cuarteles fueron el último empuje para que los que no dejaban gobernar diesen el paso decisivo en un camino iniciado en 1906 (Ley de Jurisdicciones) y culminante desde 1917 (Juntas de Defensa). El 11 de septiembre de 1923, el capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, respaldado por el gobernador militar de Zaragoza. Sanjurjo, daba el golpe militar que iba a poner punto final a la tradición parlamentaria canovista.

Alfonso XIII y Victoria a la salida de la catedral de Burgos, durante
las celebraciones del VII centenario de la catedral, en julio de 1921.

A lo largo de todo ese complejo proceso político-social, ¿qué carácter tuvo el ejercicio del poder moderador por Alfonso XIII? En otro lugar subrayé su empeño constante en cubrir las distancias, cada vez mayores, entre la evolución interna de la sociedad española y las soluciones políticas previstas por el llamado sistema Cánovas.

Salvó, mediante la difícil solución de dos crisis —la de 1905, que dio paso al Gobierno Moret tras el tropiezo de Montero Ríos en torno al problema catalán, y la de 1909, que liquidó el Gobierno Maura—, una repetida amenaza de escisión social, que en el primer caso estuvo a punto de desembocar en una dictadura militar, y en el segundo hubiera obligado a Maura a gobernar dictatorialmente frente a media España y más de media Europa. Sostuvo hasta el final, por encima de todas las desasistencias, al político de más talla de todo el reinado: el demócrata Canalejas.

Frente a la intransigencia de Maura, hubo de aceptar la solución Dato —político que compensaba, con su sensibilidad para los problemas sociales, la ausencia de teatral brillantez—. Contrarrestando —en los límites impuestos por el orden constitucional— la fragmentación de los partidos dinásticos abrió —puede decirse que impuso— un cauce de solidaridad constructiva a través del Gobierno de concentración de 1918.

Trató de salvar desde arriba la inestabilidad creada por las tensiones político-sociales apelando a Maura y Cambó —que se hicieron a un lado— en el momento decisivo de 1922. Y aceptó —pero no urdió— la dictadura militar, haciéndose eco de un clamor generalizado, cuando parecía definitivamente obstruido el libre juego de los partidos —reducidos a banderías— y evidentes las insuficiencias de una Constitución doctrinaria —en pugna con la democracia teórica de 1890.

Alfonso XIII, un regeneracionista en el trono, creyó siempre que el bien posible del país estaba por encima de la Constitución de 1876 tanto como por encima de la propia Corona; y de esta convicción daría prueba decisiva escogiendo noblemente el exilio en 1931, cuando la realidad social se expresó inequívoca en unas elecciones que rompían por primera vez el juego de ficciones denunciado por Costa treinta años atrás.

Erró, sin duda, en alguna de las decisiones trascendentales de su reinado y, sobre todo, en haber sostenido demasiado tiempo al dictador. Un rey puede equivocarse —declararía en su manifiesto de abril de 1931—, y, sin duda, erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia. ¿Ha llegado la hora de que esa convicción del monarca sea, históricamente —tras cumplirse su centenario—, una realidad?

La dictadura de Primo de Rivera

Por Genoveva García y Queipo de Llano

Profesora de Historia Contemporánea. UNED

EN el juicio histórico que se emita sobre Alfonso XIII siempre habrá de jugar un papel decisivo la interpretación que se haga acerca de la actitud del monarca durante la dictadura de Primo de Rivera.

Fue el régimen inaugurado el 13 de septiembre de 1923 el que sustituyó la monarquía liberal, tradicional en la Restauración, por un sistema autoritario peculiar, que nunca fue fascista y siempre mantuvo un tono regeneracionista. Pero, sobre todo, el régimen de Primo de Rivera tuvo como consecuencia que una parte muy considerable de la clase política de los partidos del turno mostrara un desvío con respecto a la persona del monarca.

medallaHasta entonces los políticos solían mostrar sus reticencias con respecto a la persona del rey, pero no por ello amenazaban con pasarse a las filas de la República. Más bien sucedió hasta 1923 todo lo contrario, porque, en vez de crecer los republicanos, tendieron a estancarse incluso en una situación de retroceso. En cambio, la dictadura de Primo de Rivera creó un abismo entre la clase política de los partidos del turno y el rey, por supuesto, la mayoría de aquélla no optó por el republicanismo, pero proliferaron las actitudes de crítica profunda al monarca, colocándose en una especie de actitud intermedia entre el monarquismo y el republicanismo, que dejaron luego inerme al sistema político vigente en 1930 y 1931.

La opinión pública urbana evolucionó también en un sentido manifiestamente contrario al rey. Finalmente, siendo los intelectuales la expresión más significativa de la oposición política en contra del régimen, Alfonso XIII hubo de convertirse en destinatario de sus odios. Por supuesto, no había sido así hasta este momento: baste con recordar que en 1922 Unamuno había visitado al rey en una ocasión que resultó de enorme repercusión; por su parte, Ortega y Gasset, más de una vez puso sus esperanzas de transformación política del país en la persona del monarca.

El rey y el golpe de Estado

Gran parte de las consecuencias que para Alfonso XIII tuvo el régimen dictatorial se remontaron al momento mismo del golpe de Estado en contra del Gobierno de concentración liberal. En la fase final de la Monarquía le fue reprochado al rey el haber procurado animar un golpe de Estado dictatorial, el intentarlo él mismo, o el no enfrentarse a él.

Desaparecida la dictadura, sus consecuencias peores no fueron para los propios partidarios de la misma que evolucionaron hacia fórmulas autoritarias que resultaban más relevantes para los que las practicaban en lo que tenían de oposición al liberalismo que en lo que tenían de monárquicas. El rey, en cambio, que no siguió una evolución en este mismo sentido, sufrió ante la opinión pública severas críticas por haberse identificado supuestamente con el régimen dictatorial, facilitando su advenimiento. Todavía hay historiadores que defienden esta tesis, que, sin embargo, en modo alguno está probada y de la que puede decirse que hay muchos argumentos convincentes en su contra.

Alfonso XIII en una postal de la segunda década del siglo (foto Kaulak).

El primero de ellos estriba en que la acusación en contra del rey por su supuesta colaboración en el advenimiento del régimen dictatorial resulta rigurosamente anacrónica. Tal acusación nació en los círculos de la oposición durante el régimen primorriverista, pero, aun así, ni siquiera pretendió ser probada fehacientemente. Unamuno no pudo (ni intentó) probar que el rey hubiera hecho todo lo posible por liquidar el sistema liberal: simplemente se limitó a condenar al monarca, mezclando su figura con el clericalismo y el militarismo.

El único argumento a favor de una supuesta actitud conspiratoria del rey parte o bien de la presunción de que el rey debía colaborar o del documento publicado por Gabriel Maura en el que se da una respuesta a una cierta actitud del monarca tendente a un golpe de Estado. Ahora bien, este mismo documento apareció impreso en 1930. La acusación contra el rey no tuvo lugar en el momento mismo de producirse el golpe de Estado. Precisamente lo que aconteció fue todo lo contrario: el rey se apresuró a declarar que él no había tenido nada que ver con el golpe de Estado en un momento en que éste era enormemente popular.

En los diarios aparecían declaraciones de la mayor parte de los dirigentes políticos del sistema del turno y se mostraban favorables a un golpe de Estado que lo que había hecho era marginarlos del poder, pero, aun así, el monarca no se identificó con el origen del golpe. No hay que pensar, tampoco, en que sus declaraciones públicas no tuvieran nada que ver con las privadas: sucede exactamente lo contrario, porque a los embajadores de las principales potencias el rey los llamó para declararles que él no tenía nada que ver con lo acontecido. Mientras tanto, Primo de Rivera declaraba a quienes querían oírle que bien sabía él que el golpe de Estado había procedido de su propio y radical impulso y no de la persona del monarca.

¿Qué había sucedido en realidad? Es cierto que el rey se había expresado en 1921 en un sentido claramente contrario a la situación política existente, criticando la inestabilidad gubernamental y la carencia de sólidos propósitos nacionales en la clase política. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto era habitualmente admitido en la época.

Llama la atención que la declaración del rey no sólo no fuera acompañada de protestas, sino que incluso movió a algunos de los dirigentes políticos a proclamar su identidad con el punto de vista del monarca; uno de ellos fue, precisamente, Antonio Maura, que en 1923 desaconsejaría una forma dictatorial al monarca.

Éste, en los últimos momentos del régimen liberal, estaba lógicamente muy preocupado por la evolución de la política nacional. Es evidente que intervenía en la política nacional infinitamente más de lo que sería pensable en un monarca democrático, pero, si era así, la razón reside en que, en realidad, la Constitución española se lo permitía, porque en ella el poder legislativo residía en las Cortes con el rey, pero sobre todo en el hecho de que la debilidad del sistema liberal en España era enorme, viciado como estaba por el caciquismo y toda suerte de adulteraciones de la voluntad popular.

Al parecer, lo que el rey hizo en estos meses inmediatamente precedentes al golpe fue, sobre todo, tratar de mantener la cohesión en el equipo de la concentración liberal, en el que las crisis eran frecuentísimas. No siempre lo logró y, con el paso del tiempo, fue centrando su preocupación en su condición de monarca militar.

Durante toda la Restauración, el monarca reinante jugó un papel importantísimo en lo que respecta a la relación entre el mundo político oficial y el militar. El rey, en este sentido, se convirtió en una especie de portavoz de las quejas del elemento militar, que se irritaba (y no sin razón) por las constantes dudas de los políticos respecto a Marruecos, mientras no se les proporcionaban los elementos militares suficientes para actuar.

La combinación de estos dos factores tuvo como consecuencia que por la mente del rey rondara la eventualidad de asumir poderes extraordinarios. Fue esto lo que motivó la consulta escrita de Antonio Maura. Lo que pensó Alfonso XIII fue un régimen de duración temporal muy limitada, en que él ejercería el poder con los altos cargos militares y que luego quedaría sometido a un juicio electoral.

medallaEn realidad, se trataba, por tanto, de un prototipo de dictadura regeneracionista y liberal como la que muchos intelectuales creyeron ver en el golpe de Estado de Primo de Rivera, aunque ésta evolucionó luego en un sentido más duradero y con una cierta institucionalización.

Pero, además, el hecho de que el monarca pensara en esta fórmula (con lo que, por supuesto, era todo menos original, puesto que muchos otros también lo hacían) no quiere decir que ésa fuera la idea que se llevara a la práctica, ni menos aún, que él fuera quien lo hiciera.

Antonio Maura se enteró de los propósitos del monarca gracias a una conversación ocasional de éste con uno de sus hijos, quien, al mismo tiempo, le informó de que los propósitos del monarca tampoco parecían tan firmes ni decididos. En alguno pudo influir, también, la postura opuesta del político conservador. En definitiva no existe la menor prueba de que verdaderamente el rey prosiguiera la preparación de un tipo de golpe como el que había pensado. Lo que parece es que a partir de un determinado momento, como por otra parte resultaba inevitable dado el hecho de que la conspiración tenía lugar prácticamente a plena luz, hubo elementos que participaban en ella que dieron cuenta de su posición al monarca.

Esto no aumenta la supuesta culpabilidad de Alfonso XIII, sino que testimonia que él, precisamente, no era el inspirador del golpe.

El momento decisivo del golpe de Estado fue cuando éste no había triunfado y el movimiento ya se había iniciado. Los militares pedían a Alfonso XIII que reconociera la que ya consideraban como su absoluta victoria.

En cuanto a la actitud del Gobierno de la concentración liberal, era exactamente la contraria. No hubo la menor reacción efectiva que permitiera el restablecimiento del poder civil, pese a algún gesto en este sentido. Incluso el ministro de mayor peso en el seno del Gabinete, Santiago Alba, dimitió y lo hizo no ante el presidente del Consejo, sino ante el rey, posición ésta que, en estrictos términos, era anticonstitucional. El resto del Gabinete pretendió apoyarse en el rey para conseguir la sumisión de los sublevados.

Para Alfonso XIII, este tipo de situación era algo ya conocido de manera suficiente. No era la primera, ni sería la última ocasión, en que fuerzas contrapuestas le exigían que reconociera su predominio mientras que no estaba claro a cuál de ellas le correspondía la fuerza efectiva. En el fondo, las polémicas entre los partidos del turno se reducían a ello. Lo grave del caso es que, más que en ninguna situación anterior, era imposible saber hasta qué punto tenían no la razón pero sí fuerza los militares o los civiles.

Alfonso XIII con el primer directorio de Primo de Rivera.

Como no le había quedado más remedio que hacer en ocasiones anteriores, Alfonso XIII debió tantear, por procedimientos que dependían mucho más de su instinto que de factores objetivos, quién era el triunfador de hecho al que él había de reconocer como tal. No le resultó difícil comprobar que los mandos militares eran en su casi absoluta totalidad partidarios de Primo de Rivera, y que la actitud del Gobierno consistía, sobre todo, en esperarlo todo del Gobierno o componer un gesto de supuesta resistencia.

Pero debió jugar también un papel decisivo en su toma de postura el hecho de que a partir de un determinado momento, en vista de la irresolución en que se encontraba su caso, el general Primo de Rivera anunciase que estaba dispuesto no sólo a enfrentarse con los gobernantes liberales, sino también contra el rey, en el caso de que éste se opusiera al golpe. De ello no cabe la menor duda porque, recientemente, se ha encontrado testimonio documental de ello. De ahí la decisión real: no hizo sino reconocer a un vencedor que ya había, de hecho, logrado el triunfo de sus propósitos.

Al adoptar esta actitud el monarca, no puede dudarse que acertó, al menos en lo que respecta a la concordancia con la opinión pública. No podía ocultársele que se jugaba mucho en su decisión, pero al optar por Primo de Rivera fue inicialmente, sostenido por la opinión pública en un grado mucho mayor que en alguna otra ocasión, como, por ejemplo, la muy controvertida de 1909, cuando Maura se enfrentaba con una campaña de opinión, pero tenía, al menos, a su favor a la mayor parte de la España autoritaria y católica.

El rey durante la Dictadura

Alfonso XIII inició, en el momento de reconocer como vencedor a Primo de Rivera, una experiencia que era nueva para él. Hasta entonces había influido en la política española porque así se lo permitía la Constitución y porque, además, a ello le empujaba la debilidad del sistema político vigente, había campos, como era el de la política exterior o el de la política militar, en los que consideraba que debía ser especialmente consultado.

Alfonso XIII con el hábito de gran maestre del Toisón de Oro.

Lo hacía, sin embargo, en un marco de pluralidad de grupos políticos a quienes les correspondía la responsabilidad principal de las decisiones. Ahora, la situación era nueva porque en una dictadura el resto de los grupos políticos eran excluidos del poder y porque podía parecer que la actitud del monarca se identificaba con la del dictador. Éste, además, tenía un poder extraordinario que podía incluso llegar a enfrentarse con el del monarca, en el peor de los casos, con las lógicas consecuencias para la política del país. En última instancia, la crisis de la Monarquía fue consecuencia de la peculiaridad de esta situación.

Da la sensación de que el rey y Primo de Rivera se conocieron el uno al otro en sus defectos y en sus virtudes. El examen de la correspondencia diplomática demuestra, sin lugar a dudas, que la política exterior la llevaron a cabo ambos en colaboración estrecha. No puede decirse que difirieran en nada fundamental respecto a ella, sino muy circunstancialmente.

Los reyes en la ceremonia de inauguración de la Feria Iberoamericana de Sevilla, 1929.

Sin embargo, las diferencias mayores entre ambos se produjeron en el terreno de la política interior. En ella, el monarca, que conocía el patriotismo pero también la incertidumbre de Primo de Rivera, sabía que arriesgaba mucho, sobre todo en lo que respecta a la fidelidad hacia su persona y hacia el sistema político de la Restauración de las antiguas clases políticas del mismo. Por su parte, hay pruebas de que Primo de Rivera pensó repetidamente que el rey intervenía en exceso en la política interna.

En realidad, por tanto, los problemas entre el dictador y el rey no se plantearon hasta el momento en que el primero decidió llegar a una cierta institucionalización del régimen. Hasta la altura de 1925 esta posibilidad no se planteó, por el simple hecho de que Primo de Rivera estaba demasiado preocupado por la situación en Marruecos. Además, la propia actitud de los partidos políticos del turno tampoco era tan taxativa en contra del propio monarca: en este sentido, la visita de Romanones y de Melquiades Álvarez para pedir al rey la reapertura de las Cortes, tan sólo unos meses después del golpe, debe interpretarse, sobre todo, como un gesto.

Hasta 1927 no se produjo una ruptura calificable de definitiva entre la clase política y el monarca. La primera se limitaba a multiplicar sus gestos de oposición al régimen, como, por ejemplo, homenajeando a los representantes de la tradición liberal con ocasión o sin ella, o procurando empujar a los militares hacia una intervención en la política en sentido contrario a Primo de Rivera. Sin embargo, la efectividad de esta acción política estaba condenada a ser mínima. La opinión pública, en la medida en que existiera, continuaba siendo totalmente contraria a la vieja política, que, además, no podía recurrir a ella por otro motivo: la vida política de la Restauración política, de tal manera que, para los dirigentes de los partidos del turno, el recurso a ella resultaba casi revolucionario. En cuanto a los militares, debe tenerse en cuenta que no era lo mismo dar un golpe de Estado incruento contra un régimen liberal en plena descomposición, como el que había en España en 1923, que hacerlo contra otros militares que estaban rodeados del prestigio de la popularidad, que no habían perdido, y que, además, obtenían éxitos apreciables.

Hasta 1926 lo cierto es que la dictadura no tuvo apenas oposición. Si acaso, ésta ha de situarse más que en los políticos de la anterior situación o en los militares, en los intelectuales. Lo que es preciso recalcar es que este tipo de oposición no se revolvió solo contra la dictadura, sino especialmente en contra del rey, desde una fecha muy temprana.

medallaUnamuno, desde el exilio, se convirtió en un opositor casi personal del rey y de Primo de Rivera, pero a este último lo veía como una especie de marioneta del primero. Blasco Ibáñez redactó un panfleto contra el monarca que si deterioró su imagen más allá de los Pirineos, también lo hizo en la Península, puesto que aquí Primo de Rivera organizó un desagravio que inevitablemente ligó la figura del rey y el régimen dictatorial. A medida que fue pasando el tiempo las filas de la oposición fueron nutriéndose de intelectuales más contrarios al monarca que al dictador.

De todas las maneras, la oposición fue virtualmente inexistente, al menos en cuanto a su real efectividad, hasta 1926. Esta fecha es decisiva, porque a partir de ella Primo de Rivera intentó la institucionalización de su régimen, cuestión en la que fracasó rotundamente, alcanzando este fracaso a la propia persona del monarca.

Se atribuye a Primo de Rivera la frase de que a él no lo borboneaba nadie, es decir, que él no era uno de esos personajillos de la política del turno del que el rey fuera capaz de librarse con facilidad. Entendido así, el juicio del dictador tenía fundamento. En un sistema dictatorial, al rey le cabía tomar iniciativas parciales en terrenos concretos, pero era mucho menos pensable que las tuviera respecto a la propia supervivencia del régimen y, sobre todo, en relación con el mismo régimen dictatorial.

La verdad es que a Primo de Rivera no lo borboneó nadie, a no ser que se entienda que se borboneó a sí mismo. No fue el rey, sino su propia indecisión y su carencia de capacidad para imaginar una salida al régimen dictatorial, las que explican que abandonara el poder. En este sentido es muy ilustrativo lo sucedido con su proyecto constitucional. Éste, elaborado por un conjunto de personas muy diferentes en cuanto a procedencia y en cuanto a pensamiento, acabó por ser algo muy distinto de lo que el dictador había imaginado: establecía una especie de autoritarismo real (en cuya configuración no parece, sin embargo, que influyera el monarca) que difería de los propósitos dictatoriales, en el caso de que estos realmente existieran y tuvieran alguna firmeza.

Rechazado este proyecto por el dictador mismo, el rey no hizo en los meses finales de la dictadura sino cerrarle el paso a determinadas actitudes que resultaban especialmente incongruentes. Pero no hubo de empujar, en absoluto, a Primo de Rivera para que abandonara el poder. Fue el mismo Primo de Rivera el que se autodescalificó como dictador al apelar a los altos cargos militares para que le ratificaran sus poderes. Ya en esta decisión se demostraba su estado de tensión con el monarca, que se enteró de su consulta a las autoridades militares a posteriori.

La crisis de la Monarquía

La caída de la Dictadura abrió un período crítico en la historia española cuya dificultad nacía, precisamente, de lo problemático de un tránsito en paz desde un régimen dictatorial a otro de constitucionalismo liberal. Para Alfonso XIII la situación era especialmente grave porque a estas alturas no podía dudar de que se estuviera jugando el trono. Por supuesto, no cabe excluir que cometiera errores, pero su actuación, para ser entendida, debe ser enmarcada en el conjunto de circunstancias que el país vivía por entonces, especialmente graves desde el punto de vista político y a las que no cabía dar fácil solución.

Como siempre, resulta muy sencillo culpar a una actuación personal de las tensiones de una sociedad en trance de modernización. Hay que tener en cuenta que el momento vivido por el rey era especialmente grave desde el punto de vista personal: había muerto su madre, buena consejera en el pasado, y se había hecho patente el problema de su sucesión por la inviabilidad de sus dos primeros hijos, debido a la enfermedad. Es muy posible que el monarca hubiera pensado, a estas alturas, en la abdicación, de resultar ésta viable. Pero no lo era y, en consecuencia, debió intentar la reconstrucción del sistema político de la Restauración.

En parte, tal reconstrucción era un problema de reanudación de relaciones personales interrumpidas o deterioradas como consecuencia del régimen dictatorial. En la Restauración la relación personal jugaba un papel decisivo en la política, desde la más pequeña entidad de población hasta la cúspide del sistema político.

Los vínculos entre el monarca y los miembros de los partidos conservador y liberal no se habían roto de forma absoluta, como se demuestra por el hecho de que apenas habían aparecido nuevos republicanos a la altura de 1930. Se puede decir que Alfonso XIII hizo todo lo posible por restablecer esa relación personal, no escatimando esfuerzos para lograrla. Sin embargo, en el momento era necesario no sólo restablecer estos vínculos personales, sino también imaginar una modificación profunda de la vida política nacional, ya sentida como irremediable, aunque fuera para los políticos escasamente apremiante.

medallaEl rey, que no escatimó esfuerzos para conseguir reintroducir en la política constitucional y liberal a quienes se habían marginado de ella como consecuencia de la dictadura, no era el encargado de tomar la iniciativa en este otro terreno. La tragedia para la Monarquía fue que quienes estuvieron dispuestos a desempeñar las posiciones políticas claves en este momento dentro del régimen constitucional no supieron darse cuenta de esta realidad; hubo, además, otros que no pudieron o no quisieron asumir esta responsabilidad.

Entre quienes no supieron darse cuenta de la necesidad de una transformación en profundidad de la política interna española figura, en primer lugar, el general Berenguer. Era, indudablemente, un liberal y había estado en contra del régimen dictatorial desde el mismo momento de su iniciación. Pero era también un palatino, y el mismo hecho de que ocupara tan importante puesto como presidente del Consejo de Ministros constituía la demostración de las dificultades con las que se encontraba el régimen en su fase final.

Lo peor fue, sin embargo, que su condición de militar le alejaba de planteamientos políticos en sentido estricto y que se rodeó de un conjunto de ministros que eran profesionales de la política de la etapa anterior que carecían de capacidad para enfrentarse con una remodelación a fondo de la política nacional. Una parte considerable de la labor del Gobierno Berenguer consistió, simplemente, en el desmantelamiento de lo hecho por la dictadura: el grave inconveniente político de hacerlo era que deterioraba la imagen pública del período político anterior sin que, al mismo tiempo, permitiera apreciar un programa por parte del Gabinete Berenguer.

A esa incertidumbre programática del Gobierno de Berenguer hay que añadir, sobre todo, la estrictamente política. Berenguer tenía una idea muy simple del proceso de retorno del sistema constitucional, consistente en la convocatoria de elecciones previa la recuperación de las libertades. Ahora bien, no tenía en cuenta que la situación precedente al golpe de Estado de septiembre de 1923 no era únicamente de libertades, sino también de caciquismo. En consecuencia, apoyado en los elementos más conservadores de la política del turno, Berenguer restableció las libertades, pero dio también la sensación de encaminar al país a una situación idéntica a aquella que había provocado precisamente el golpe de Estado de Primo de Rivera. Esta actitud produjo una lógica carencia de esperanzas en una España que a la altura de 1930 necesitaba urgentemente un remozamiento de las prácticas políticas.

Si esos fueron los defectos de la tarea emprendida por Berenguer, respecto al almirante Aznar ni siquiera cabe señalar sus errores por el simple hecho de que no le dio tiempo a demostrar que tenía, verdaderamente, un programa político. La afirmación de que procedía geográficamente de Cartagena pero políticamente de la luna parece correcta. No era más que un recurso para cubrir la presidencia de un Gobierno en el que existía una heterogeneidad considerable y en el que se necesitaba una personalidad neutra a su frente. La heterogeneidad, en realidad, no sumaba apoyos; demostraba que era la Monarquía la que se jugaba sus posibilidades de subsistencia, aglutinando a los partidarios que le quedaban.

El rey fue el único autor de la decisión de nombrar a Berenguer, pero, probablemente, no tuvo nada que ver en el nombramiento de Aznar. La solución Berenguer era obligada en el momento de la caída de la dictadura. Cabe, sin embargo, preguntarse si el monarca, inmediatamente después de iniciado el tránsito hacia la normalidad, no hubiera podido apoyarse para él en otros políticos diferentes de los que estuvieron presentes en el Gobierno. La respuesta es positiva, pero esos políticos fueron los que no pudieron —Cambó— o no quisieron —Santiago Alba y Sánchez Guerra— hacerse cargo de las riendas del poder en estos momentos.

Alfonso XIII, al final de la dictadura, no cerró el paso a ninguna de estas soluciones. Por supuesto, cometió errores y algunos graves. No puede, sin embargo, hacerse un juicio de su persona fundamentado en criterios anacrónicos que exigirían de él lo que se puede pedir a un monarca de una época democrática.

La caída de la Monarquía, en última instancia, no fue producto de que su actuación fuera más o menos correcta, sino sobre todo de un proceso de modernización del país que la identificó (quizá más por culpa de sus políticos que de él mismo) con la resistencia al cambio. Pero esto no dependía primordialmente del rey.

Exilio y muerte

El exilio de Alfonso XIII estaría definido en todo momento por circunstancias de carácter negativo, tanto en el plano familiar como en el económico. El ex monarca rechazará durante diez años la idea de renunciar a sus derechos dinásticos. Y hasta 1936 mantendrá viva la esperanza de restaurar en España la monarquía oligárquica y no democrática que él había personificado.

Durante la República apoyará a la conservadora y católica CEDA por considerarla afín a sus planteamientos ideológicos. Pero con ello se ganará la inquina de los sectores monárquicos más reaccionarios, que acabarán encontrando en la figura del infante don Juan —entonces marcadamente antiliberal— el candidato idóneo para efectuar la restauración.

Ante la guerra civil Alfonso XIII se mostrará abiertamente partidario del bando sublevado, pero sus esperanzas se verán frustradas al comprobar la voluntad de Franco por conservar en su mano el poder. En enero de 1941, considerando el enfrentamiento abierto entre militares y falangistas, decide renunciar al trono para facilitar el retorno de la monarquía a España. Pero nada se resolvería según lo esperado, y el ex rey muere poco tiempo después —el 28 de febrero— en su residencia de un hotel de Roma.

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