Política y sociedad

HISTORIA DE ESPAÑA. 3.11 MILENIO

Dirección:

Elena Hernández Sandoica

Política y sociedad

Pedro Pérez Herrero Consuelo Naranjo Orovio Joan Casanovas Codina

Introducción

PARTE 1 LA AMÉRICA ESPAÑOLA (1763-1824)

Pedro Pérez Herrero

1. Planteamientos historiográficos iniciales

1.1. El estudio del siglo XVIII indiano y el nuevo contexto historiográfico

1.2. La "heterogeneidad estructural"

1.3. "Indios conquistados" y "españoles conquistadores"

1.4. "Criollos" frente a "peninsulares"

1.5. Los administradores-gestores metropolitanos borbónicos y los grupos de poder locales indianos

1.6. Las redes familiares como elemento de análisis de las sociedades indianas

2. El reformismo borbónico

2.1. Consideraciones sobre los principios teóricos del reformismo borbónico

2.2. La primera mitad del siglo XVIII: ¿precedente de las políticas reformistas de Carlos III y Carlos IV?

2.3. El reformismo borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII y sus principales pensadores

2.4. Crecimiento de los mercados internos indianos y reactivación del comercio internacional

2.5. Puesta en práctica del reformismo borbónico en los territorios indianos

3. Los territorios indianos durante la segunda mitad del siglo XVIII

3.1. Características generales

3.2. Regiones de antigua colonización con presencia de grupos de poder consolidados

3.3. Regiones de reciente colonización y nuevos grupos de poder emergentes

4. Ilustración, modernidad e independencias en el continente americano

4.1. El siglo XVIII revisitado

4.2. Autonomía local y tensiones por la participación en los beneficios fiscales: ¿una revolución modernizante?

4.3. Los marginados y los olvidados: ¿la independencia como un acto revolucionario y de lucha de clases?

4.4. La independencia de los territorios continentales americanos: ¿final de una etapa o comienzo de un proceso inacabado?

PARTE II ANTILLAS ESPAÑOLAS (1763-1898)

Consuelo Naranjo Orovio Joan Casanovas Codina

5. Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo durante la segunda mitad del siglo XVIII

5.1. Reformas borbónicas y afianzamiento de la plantación esclavista

5.2. Impacto de la Revolución americana (1776-1783) en las Antillas españolas

5.3. La destrucción de la economía de plantación en La Española (1791-1822)

5.4. Cuba y Puerto Rico tras la Revolución haitiana: expansión económica y estabilidad política

5.5. El fin de la esclavitud patriarcal

6. Cuba y Puerto Rico ante la crisis imperial española (1808-1825)

6.1. Las aspiraciones políticas antillanas

6.2. Cuba y Puerto Rico en la encrucijada de los intereses coloniales en el Caribe

7. Política y sociedad en Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo (1825-1860)

7.1. Consenso y tensiones con las élites criollas insulares

7.2. Santo Domingo: dominación haitiana y lucha por la independencia

8. La era de las reformas y la guerra (1860-1878)

8.1. La cuestión colonial en los gobiernos de la Unión Liberal, la Revolución de 1868 y la Restauración

8.2. La crisis del reformismo colonial: Lares y Yara

8.3. Santo Domingo, de la anexión a la independencia

9. Trabajo y movilización social en Cuba

9.1. La evolución demográfica urbana: La Habana y las ciudades secundarias

9.2. La manufactura del tabaco

9.3. Trabajadores libres y trabajadores esclavos en el medio urbano

9.4. Inicio y organización del movimiento obrero en Cuba

9.5. Socialismo, reforma y sectores populares: la prensa periódica y la lectura

9.6. El movimiento obrero en la Guerra de los Diez Años

9.7. Abolición de la esclavitud, emigración y evolución del movimiento obrero

10. La pequeña Antilla y su estructura económico-social

10.1. Demografía urbana y trabajo en Puerto Rico

10.2. Evolución del asociacionismo en Puerto Rico

11. La evolución política (1878-1898)

11.1. Puerto Rico en la Restauración: del asimilismo al autonomismo

11.2. El interludio civilista cubano (1878-1895)

11.3. El hundimiento del dominio colonial de España

11.3.1. La Guerra de Independencia en Cuba (1895-1898)

11.3.2. Puerto Rico: reacción canovista y estatuto autonómico (1897-1898)

Comentarios bibliográficos (Antillas españolas)

Apéndice documental

Bibliografía

Este libro analiza la evolución política y social de la América hispana desde mediados del siglo XVIII hasta la independencia. Adentrarnos en las características de estas sociedades es clave para comprender no sólo los distintos espacios económicos, sociales, políticos y culturales que integraron la Monarquía imperial hispana, sino también para entender los procesos de independencia y sus resultados.

Por otra parte, la configuración de regiones y estructuras distintas, no sólo a nivel continental, sino en términos más amplios, es decir, en América Latina y el Caribe, generó unas dinámicas propias y diferentes que condujeron a que el arribo a la independencia fuera también distinto. Por ello, ha sido necesario dividir la obra en dos partes, una primera dedicada a Tierra Firme y otra centrada en las últimas colonias en América: Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Tal división no obedece sólo a criterios cronológicos, sino que está fundamentada en las diferentes estructuras económicas, étnicas, culturales y sociales de ambos espacios que condujeron a plantear soluciones distintas.

Una parte importante de esta obra es el análisis de las tensiones existentes en las sociedades americanas y peninsulares, la naturaleza de los problemas y las rivalidades, es decir, estudiar cuándo y por qué los intereses americanos y los peninsulares dejaron de converger. Pero además, se trata de reflexionar acerca de en qué medida las ideas procedentes de la Ilustración sirvieron de base para el nacimiento de una conciencia propia, de una identidad diferente a la española, no sólo como individuos, sino también como países. Las múltiples aristas de este problema siguen constituyendo una pieza importante del debate historiográfico actual tanto para la América que se independiza a comienzos del siglo XIX (1824) como para las colonias que permanecen bajo el Gobierno español durante ese siglo. El estudio de las alianzas cambiantes y de los intereses que mediaron en las luchas por la independencia contribuyen sin duda a ver más allá de las disputas entre colonos y colonizados.

Para la primera parte del libro, damos las gracias, por sus acertadas críticas y sugerencias, a los participantes en el seminario permanente en el contexto del proyecto de investigación titulado "El liberalismo. La creación de la ciudadanía y los Estados Nacionales occidentales en el espacio atlántico (18081880)", apoyado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España, y del que Pedro Pérez Herrero forma parte como investigador principal.

Agradecemos también a los estudiantes de la Universidad de Alcalá sus comentarios a las ideas centrales de este texto, que fueron debatidas en cursos y seminarios. Es un honor compartir este libro con compañeros de la calidad intelectual y del reconocimiento internacional de Consuelo Naranjo Orovio y Joan Casanovas Codina.

Es importante además resaltar que las continuas reuniones universitarias y quehaceres de la vida académica (presentados siempre como "urgentes") hicieron que la investigación se retrasara, teniéndose en consecuencia que utilizar los fines de semana y las vacaciones para trabajar, con el consiguiente coste familiar y humano que ello representa.

En cuanto a la segunda parte del libro, se enmarca en las investigaciones realizadas dentro del proyecto "Memoria del azúcar: prácticas económicas, narrativas nacionales y cultura en Cuba y Puerto Rico, 1791-1930" (MEC), del que Consuelo Naranjo Orovio es investigadora principal. Sirvan estas páginas para agradecer a los integrantes del Grupo de Investigación de Estudios Comparados del Caribe y Mundo Atlántico, del Instituto de Historia del CSIC, su solidaridad y su trabajo en equipo mantenido a lo largo de los años.

Y, por último, todo este trabajo no hubiera sido posible sin la sabia dirección, demostrada profesionalidad y buen hacer de Elena Hernández Sandoica, directora de la colección Historia de España 3.e1 Milenio. Debemos reconocer a Editorial Síntesis una vez más su paciencia y generosidad con los autores. Gracias a todos.

1.1. El estudio del siglo xviii indiano y el nuevo contexto historiográfico

Para entender en toda su complejidad los acontecimientos que tuvieron lugar durante la segunda mitad del siglo XVIII en los territorios ultramarinos americanos ("Reinos de las Indias Occidentales") en tanto que parte integrante del sistema imperial de la Monarquía hispana, es necesario aclarar una serie de conceptos básicos al tiempo que distinguir entre las interpretaciones historiográficas tradicionales y aquellas nuevas investigaciones (libros, artículos en revistas especializadas, ponencias presentadas a congresos-simposia internacionales), basadas en fuentes hasta ahora poco trabajadas, que ofrecen visiones nuevas. El presente texto no pretende, por cuestiones de espacio, realizar un repaso exhaustivo, ni una valoración de toda la historiografía existente, pero sí ha querido comenzar por establecer un balance crítico que permita entender al lector qué parte de la historiografía clásica sigue siendo válida, cuáles son los temas sobre los que se está trabajando y la nueva documentación que se está manejando, qué enfoques y principios teórico-metodológicos están ayudando a renovar la disciplina y, a la vez, poner de relieve la conexión última entre las investigaciones realizadas a propósito de América Latina y las nuevas tendencias historiográficas a escala mundial (Stabili, 2006; Ferguson, 1998; Hernández Sandoica, 2004; Rezende, 2006; Landes, 2000; Sánchez León e Izquierdo Martín, 2008; Bulmer-Thomas, Coatsworth y Cortés Conde, 2006).

Resulta notable comprobar que la mayoría de las contribuciones historiográficas más novedosas referidas a la comprensión de las sociedades de los reinos de las Indias durante la segunda mitad del siglo XVIII se han editado en los últimos diez años, en revistas locales latinoamericanas, la mayoría de las veces realizadas por jóvenes investigadores con una buena formación internacional; y que dichos trabajos se han basado en el manejo adecuado de fuentes de archivo procedentes de repositorios regionales poco explorados hasta la fecha. No es casual que la aparición de nuevas universidades, el aumento de la inversión en I+D por parte de los nuevos gobiernos latinoamericanos y la descentralización educativa se hayan plasmado en el fomento de estudios regionales y en la recuperación de archivos hasta ahora poco accesibles, por falta de personal y de una adecuada catalogación de sus fondos. Una de las consecuencias de estos impulsos ha sido el crecimiento notable de la oferta educativa e investigadora especializada en estudios regionales en América Latina. Lo local ha cobrado importancia y los estudios del siglo XVIII han vuelto a tener relevancia. Comparativamente, se constata que las revistas europeas y estadounidenses sobre temas latinoamericanos priman los aspectos relacionados con las dinámicas de los siglos XIX y XX, con excepción de publicaciones periódicas de calidad como Colonial Latin American Historical Review (aunque es notable que muchos de sus artículos se refieran a los siglos XVI y XVII), The Americas, Revista de Indias, Anuario de Estudios Americanos, Revista Complutense de Historia de América, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas o Caravelle, por poner sólo algunos de los ejemplos más representativos.

La reflexión historiográfica sobre la segunda mitad del XVIII del mundo hispano ha cobrado un nuevo interés en las últimas décadas, a cargo de investigadores que han partido de nuevas preguntas relacionadas con los interrogantes académicos que prevalecen en el siglo XXI. En América Latina las discusiones se orientan a conseguir consolidar el Estado de Derecho, mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza, aumentar la productividad laboral y la competitividad internacional de sus sectores productivos, asegurar un desarrollo económico autosostenible, reducir la corrupción y el narcotráfico, extender y mejorar la calidad de la enseñanza, apoyar la reformas fiscales y la profesionalización de verdaderas administraciones, aumentar la integración intrarregional y las relaciones con el exterior, lograr una mejor cohesión social y convivencia intercultural, alcanzar una mejor gestión de la justicia, garantizar el orden interno, mejorar el medio ambiente, etc. La realidad mostró que pretender arreglar la compleja situación aplicando sólo recetas coyunturales de corto plazo no daba los resultados esperados, al menos en el tiempo programado. Los programas de reforma de primera, segunda, tercera y cuarta generación no alcanzaban de forma automática el milagro esperado por quienes diseñaron los modelos de desarrollo teóricos, en laboratorios en que los científicos sociales tenían un conocimiento de la realidad regional parcial. Solucionaron, eso sí, algunos de los problemas coyunturales pendientes, como las distorsiones generadas por el déficit público cróni co heredado de la aplicación de las políticas populistas demagógicas de mediados del siglo xx y los consecuentes procesos hiperinflacionarios, junto con el déficit en cuenta corriente (Moraña y Jáuregui, 2008; Paramio, 2006; Ríos Méndez y Sánchez Ramos, 2006; CEPAL, 2007).

Los historiadores especializados en la comprensión del siglo XVIII (obsesionados por orientar un futuro en el que la convivencia pacífica de los diversos actores, la transparencia electoral, la alternancia política, la división de poderes y el funcionamiento de sus instituciones sean la norma en vez de la excepción) miran ahora al pasado con la convicción de que algunos de los problemas que se detectaban a comienzos del siglo XXI no son coyunturales (como algunos analistas no dejaban en cambio, acríticamente, de repetir), sino que venían de larga data. De forma explícita se comenzó a subrayar que la labor de repensar la segunda mitad del siglo XVIII desde una perspectiva comparativa era esencial para comprender mejor la formación del Estado-Nación a comienzos del siglo XIX y con ello poder entender en toda su complejidad los problemas por los que todavía atraviesa la región a comienzos del siglo XXI. Los actuales historiadores del siglo XVIII estudian el reformismo borbónico con la intención explícita de ofrecer luces que ayuden a resolver las nuevas preguntas y, sobre todo, desgasten los estereotipos interpretativos ligados a la excitación de los viejos nacionalismos decimonónicos unificadores, que con mirada miope impidieron durante años construir historias plurales integradoras. Las viejas tesis dificultaron explicar el comportamiento de América Latina en el Mundo, en vez de América Latina y el Mundo. La visión convencional de los movimientos de independencia es un buen ejemplo de los excesos historiográficos que se cometieron durante años con la misión indisimulada de excitar los sentimientos patrióticos. El precio que se pagó por ello fue elevado. Al partir de la narración de un pretérito predeterminado sobre bases documentales parciales e interpretaciones sesgadas, se dificultó la elaboración de un futuro alternativo en el que cupieran las diversidades regionales y culturales. No por casualidad algunos ensayistas, como Fukuyama, trataron de convencernos de que la historia había llegado a su fin, cuando lo que estaba sucediendo en realidad era que una forma específica de hacer historia y de entender el mundo había comenzado a resquebrajarse. En un mundo globalizado, lo local, la alteridad y lo diverso aparecieron con fuerza inusitada, en contra de las premoniciones de muchos teóricos, poniéndose en evidencia que era urgente comenzar a contar otra historia, renovada (Sánchez León e Izquierdo Martín, 2008; Díaz-Polanco, 2006). Si el futuro depende del pasado que se nos ha explicado, es necesario repensar el pretérito para entender el presente e imaginar con libertad la construcción de una sociedad más tolerante, que no obligue a aculturaciones forzosas; que evite las relaciones laborales de explotación en contra de los derechos humanos; que logre que los flujos migratorios internacionales de las zonas pobres del planeta a las ricas no se sigan dando en las condiciones actuales, así como que el deterioro del medio ambiente no siga recayendo con más intensidad en las regiones periféricas. Pasado, presente y futuro están inevitablemente interrelacionados (Tortella, 2007; Ansaldi, 2006; Landes, 2000; Sánchez León e Izquierdo Martín, 2008).

La discusión de las distintas interpretaciones sobre los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XVIII en las regiones de los reinos de las Indias que formaron parte del complejo sistema imperial de la Monarquía hispana se ha convertido así no sólo en un tema de actualidad a comienzos del siglo XXI, sino en el centro de un importante debate orientado a distinguir las consecuencias de los procesos de corto, medio y largo plazo, que trata de ayudar a establecer las diferencias regionales y quiere impulsar una mejor comprensión de la formación del Estado-Nación a comienzos del siglo XIX, superando con ello visiones excesivamente patrióticas y nacionalistas, que no reflejan correctamente la realidad de los hechos históricos.

1.2. La "heterogeneidad estructural"

Para entender en su total complejidad la evolución de las diversas sociedades que se desarrollaron en el continente americano durante la segunda mitad del siglo XVIII y las dos primeras décadas del siglo XIX, se debe comenzar por recordar que, debido a que existían una multiplicidad de escenarios espaciales, sociales, económicos, culturales y políticos, así como dinámicas temporales diferentes, es complicado relatar una historia homogénea y uniforme. La heterogeneidad estructural, resultado de la coexistencia en el mismo espacio de distintas sociedades, culturas y memorias históricas, dificulta presentar un discurso homogéneo. La tesis mantenida durante años de que las señas de una identidad colectiva (Nación) se fueron configurando lentamente, por propia maduración, a lo largo de los siglos XVI-XVIII en los reinos de las Indias, hasta explotar en la revolución de independencia a comienzos del siglo XIX, ha demostrado ser más una construcción historiográfica nacionalista del propio siglo XIX que obedecer a la realidad. Con el nacimiento de las Repúblicas criollas se quedaron sin analizar convenientemente un sinnúmero de actores sociales y culturales que hoy, a comienzos del siglo XXI, surgen como fantasmas de un pasado secuestrado, reclamando el lugar en que participaron. No por casualidad fue negada su importancia, etiquetados como experiencias marginales y minoritarias, como desviaciones de la norma, cuando sucede que los documentos históricos muestran precisamente que, en las denominadas áreas centrales de mayor densidad de las comunidades étnicas originarias, los criollos eran, cuantitativamente, una minoría (Colom, 2005; González Ortega, 2006; Büschges y Langue, 2005; Albó, 1993).

Cada una de las regiones del continente americano fueron conquistadas en tiempos distintos, se incorporaron a los mercados internacionales de forma diversa, desarrollaron formas de integración económica interna y de cohesión social disímiles, y articulaciones particulares de poder, tanto entre sí como con el sistema imperial de la Monarquía hispana. En algunas zonas se organizaron sociedades esclavistas, con el consiguiente flujo de inmigración procedente, en su mayoría, del continente africano. Al ser espacios que no contaban con mano de obra abundante local (por inexistencia, aniquilación o emigración), se tuvo que recurrir a la importación por la fuerza desde otros lugares. La fortaleza física evidenciada por la población importada del continente africano (lo cual no permite interpretar que toda la población del continente tenía las mismas aptitudes), tras haber sido seleccionada por sus capacidades laborales, haber resistido las duras condiciones de la trata negrera africana y haberse adaptado exitosamente a las enfermedades infecciosas de las zonas cálidas bajas costeras, desarrollando las defensas inmunológicas adecuadas durante siglos, convirtió a este sector poblacional en un factor de producción caro, pero altamente productivo, y por tanto rentable si es que existía - como sucedió - una demanda creciente en los mercados internacionales que asegurara precios elevados en ciertos productos de exportación (azúcar, cacao, tabaco, añil, etc.). Obviamente, las relaciones sociales que se desarrollaron en estas regiones fueron las clásicas de las sociedades esclavistas, marcadas por fuertes diferencias sociales y por la desigualdad ante la ley. Una minoría de propietarios de los factores de producción (tierra, trabajo y capital) imponía las normas de convivencia de una sociedad compleja conformada por distintos grupos. Sólo los esclavos que lograban huir (cimarrones) pudieron recuperar parte de sus formas originales de vida, traídas del continente africano. Como los inmigrantes forzosos procedían de diferentes regiones y culturas de África, y se incorporaron a escenarios sociolaborales y culturales diferentes en el Nuevo Mundo, desarrollaron formas de vida diferentes, no pudiéndose, en consecuencia, interpretar que se procedió a una mera importación de las culturas originales, ni defender que se generaron aculturaciones homogéneas con las distintas culturas americanas existentes o sostener que los colonizadores actuaron en todos los casos de forma similar. Parece más apropiado defender que se produjo una adaptación compleja, que tuvo sus propias características en cada caso, tiempo y región. Las áreas productoras de azúcar, plata, oro, añil, ropa, etc., con presencia de esclavos, crearon distintas modalidades de sociedades, de comportamiento no homogéneo por el hecho de contar con un número elevado de mano obra compulsiva, procedente del continente africano. Las sociedades de la isla de La Españo la (azúcar y ganado), Cartagena de Indias (oro), Lima (trabajo doméstico), Veracruz (tabaco), Puebla (sector textil), Panamá (transporte), por poner sólo algunos ejemplos representativos, desarrollaron dinámicas sociales diferentes, aunque todas ellas compartieran la presencia de esclavos africanos. El servicio doméstico, compuesto por esclavos de ambos sexos de origen también africano, generó a su vez mecánicas distintas a las anteriores (Mórner, 1993; Robinson, 1979).

En otras regiones del ultramar hispano el elemento central de las dinámicas sociales lo constituye un número elevado de comunidades étnicas originarias, que contaban en 1492 con sus propias estructuras sociales, económicas y políticas, además de sus propias dinámicas evolutivas. Por ello, no parece apropiado interpretar que todas estas sociedades fueran homogéneas y conformaran una sola Nación, ya que las diferencias culturales, las distintas dinámicas demográficas, las características geográficas y productivas locales, las específicas relaciones de poder con el resto de los grupos sociales de la región, la distinta integración económica y los diversos momentos históricos hicieron que se produjeran notables diferencias entre sí. Las regiones andinas de los valles húmedos productoras de coca fueron distintas de las vecinas extractoras de plata y de las costeras productoras de algodón; las regiones de los altos de Chiapas en el virreinato de la Nueva España exportadoras de madera, o de la península de Yucatán, productoras de sal, tuvieron un comportamiento diferente a las del Bajío mexicano, productoras de plata, maíz, chile, frijol u hortalizas, o al de las regiones bajas, productoras de algodón, tabaco, etc. Las regiones centrales del virreinato de Nueva Granada, productoras de plata o comestibles, difirieron sensiblemente de las zonas de Tierra Caliente exportadoras de cacao.

Cada región desarrolló, en cada una de las épocas, una modalidad distinta de relaciones sociales, económicas y de poder, por lo que se hace complicado establecer cualquier generalización válida para un período tan amplio como el comprendido entre los siglos XVI-XVIII. Es evidente que las relaciones de dominio entre la República de indios y la República de españoles fue una pieza central de las sociedades estamentales de Antiguo Régimen de los territorios indianos, pero también es cierto que el tipo de producción, las relaciones con el exterior y la generación de sectores poblacionales intermedios entre una y otra República, hicieron que se fuera desarrollando un amplio y colorido abanico de diferencias socioculturales, que impide narrar una historia maniquea entre buenos y malos. Hay que añadir además que hablar de un sistema de castas, copiado (consciente o inconscientemente por unos historiadores o por otros) del modelo social de la India, y basar dicho concepto en el color de la piel de los individuos, además de transmitir una visión racista demuestra ser una interpretación poco acertada, simplista, que no se ajusta a la realidad latinoamericana. Tampoco se resuelven las cosas afirmando que la mayoría de los problemas con que se enfrentaron las jóvenes Repúblicas independientes a comienzos del siglo XIX eran la "lógica' herencia del "sistema colonial" (Colom, 2005; González Ortega, 2006; Alcina, 1990; Stein; 1970).

En las regiones geográficas en que ni las poblaciones originarias ni las procedentes del continente africano fueron los elementos centrales de la conformación de sus sociedades, nacieron dinámicas disímiles. Fueron las regiones denominadas de frontera, caracterizadas por la presencia de una movilidad social más elevada que en el resto de las casos descritos. Los emigrantes que llegaban a estas regiones originalmente habitadas por una escasa, o incluso en algunos casos nula población originaria, eran, o bien colonizadores que no habían podido integrarse adecuadamente por circunstancias varias en las regiones centrales (productoras de metales preciosos o materias primas de exportación con presencia de mano de obra originaria o esclava numerosa), o bien que no habían logrado convertirse en encomenderos o no habían alcanzado cargos de representación ni los privilegios de que se creían merecedores, o bien que habían decidido escapar de las rigideces sociales, económicas y políticas que caracterizaban a estas regiones, con la confianza de que alejándose del epicentro de los centros de poder encontrarían espacios de libertad mayores.

En estas zonas de frontera, donde existía una mayor flexibilidad en la convivencia de los diferentes grupos sociales y de poder, coexistieron los individuos procedentes de la Península Ibérica junto con los esclavos huidos de las duras condiciones de trabajo (o que habían logrado la manumisión de su dueño por alguna circunstancia), los indios que habían preferido escapar de las antiguas ventajas de sus regiones originarias por haberse descompuesto el funcionamiento de los mecanismos de reciprocidad y redistribución de sus comunidades originales y las reducidas poblaciones étnicas originarias de la zona. A todos ellos se fueron sumando los individuos (tradicionalmente denominados mestizos) que fueron naciendo (cultural y socialmente), por distintas circunstancias, en los intersticios de la República de indios y la República de españoles. Eran regiones con una mayor permisividad moral que las regiones centrales. En ellas, el que no se encontraba cómodo o no acaba de encontrar un espacio apropiado, siempre tenía la posibilidad de seguir emigrando más lejos. La frontera siempre fue dinámica y móvil. Los que decidían quedarse asumieron, conscientemente, que no podían reproducir fielmente, sin ningún tipo de adaptación, los comportamientos culturales que traían, pues ninguno conformaba un grupo social que pudiera imponer por sí solo sus costumbres sobre el resto. Como es lógico, tampoco en este caso se pude dibujar una imagen homogénea de las sociedades de frontera. Entre los extensos espacios de los nortes del virreinato de la Nueva España, en el interiornorte del virreinato del Río de la Plata creado en 1776, en el sur de la capitanía general de Chile, en los llanos neogranadinos o en la zona de selva del virreinato peruano, por poner sólo algunos ejemplos clásicos, se generaron dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales disímiles (Mórner, 1983; Crespo, 2006; Cruz, 2001, 2007; León, 1987; Mayo, 1993; Suárez, 2003; Sulmanas, 1990; Offut, 2008).

Cada grupo social tenía sus propias dinámicas, apreciándose diferencias notables a mediados del siglo XVIII, no sólo por la composición de su población, ubicación de su territorio y tipo de producción, sino también por el momento histórico que estaba viviendo. Así, por ejemplo, las sociedades que radicaban en el epicentro de los dos grandes virreinatos creados en el siglo XVI (Perú, Nueva España) mostraban a mediados del siglo XVIII una complejidad social y de relaciones de poder mucho mayor que la de los espacios de sus fronteras de la selva, los desiertos, los altiplanos y los nortes, respectivamente. Las regiones de nueva colonización presentaban dinámicas en las que las hipotecas del pasado eran menores (en algunos casos eran sencillamente inexistentes), por lo que se pudo plantear incorporar algunos cambios o impulsar las políticas reformistas ilustradas modernizadoras con mayor facilidad. De todos los datos históricos manejados parece inferirse que no por casualidad fue menos complicado lograr la independencia política con respecto a la metrópoli en aquellos territorios de reciente colonización en los que no existía el problema añadido de tener que combinar la lucha política contra las rigideces derivadas del sistema monárquico-absolutista-imperial, con la solución de las relaciones de poder internas construidas a lo largo del período virreinal (sistema estamental de Antiguo Régimen) (Carmagnani Hernández y Romano, 1999; Stein, 1970).

Los principios teóricos de obras clásicas sumamente conocidas como las de Immanuel Kant, Thomas Hobbes, John Locke, Baruch Spinoza, Jean Jacques Rousseau, John Stuart Mill basaron sus interpretaciones en la defensa de la dignidad de la persona, la autonomía de la voluntad y la razón. En todas estas obras se defendió que el principio de la libertad y de la igualdad sirvió para construir un contrato social, un pacto civil, capaz de crear una sociedad política unificada pacífica. Liberalismo, modernidad, democracia y desarrollo económico fueron entendidos desde una perspectiva eurocéntrica, en más ocasiones de las deseadas, en conceptos intercambiables y siempre considerados positivos. No obstante, hay que subrayar que la modernidad presuponía la existencia de seres racionales conscientes de sus derechos; que la libertad suponía la presencia de ciudadanos iguales ante la ley, cuando en la realidad se comprobó que la existencia de diferencias culturales complicaba sumamente el escenario; que la democracia en la práctica suponía la aceptación (aculturación) de un mismo código unificador ético-político-cultural para resolver los conflictos (sin olvidar que tuvo en cada caso una evolución conceptual diferente a lo largo de los siglos XIX y xx); y que el desarrollo eco nómico se acabó interpretando por algunos autores como el origen de las tensiones de clase, cuando la experiencia histórica ha mostrado que en muchas ocasiones poco tenían que ver con las diferencias socioculturales. Un indio, por el hecho de vivir en el campo, no puede ser identificado automáticamente como campesino, y menos aún se debe esperar que actúe de acuerdo a los principios políticos de éste. Tampoco se puede esperar que un campesino que emigre a la ciudad se convierta automática y mecánicamente en clase media urbana, o en un trabajador consciente de sus derechos y obligaciones. Fue así como acabó construyéndose el estereotipo de que, en el continente americano, los otros, no sólo eran atrasados o conservadores, sino que además eran poco productivos, y lo que era más grave, mostraban escasas capacidades adaptativas y una reducida potencialidad revolucionaria. Es por ello que la historiografía americanista comenzó acertadamente a hablar de la ruralización de las urbes (Díaz-Polanco, 2006; Kymlicka, 1996; Fuentes y Fernández Sebastián, 2008; Colom, 2005; Fuentes, 2008; Taylor, 1993).

Como es fácil de comprender, el paradigma de la modernidad no tuvo la misma aceptación, ni su discurso fue entendido de la misma forma, en el conjunto de las distintas sociedades no occidentales. No es complicado explicar que una sociedad que no partiera de los principios filosófico-político y culturales europeos no podría aceptar el concepto de contrato social como tabla de salvación, ya que lo que comprobaba día a día era que, en la práctica, la modernidad se traducía no sólo en una mayor explotación, sino sobre todo en una conculcación y exclusión de sus respectivos derechos, usos y costumbres, con la consiguiente negación o remodelación de sus memorias históricas colectivas (Pérez Herrero, 2006; Urban y Scherzer, 1991; Weber, 2007).

1.3. "Indios conquistados" y "españoles conquistadores"

La historiografía americanista de la segunda mitad del siglo XX, como las interpretaciones marxistas de mediados del mismo, identificaron a las comunidades étnicas originarias del continente americano como indios oprimidosconquistados y, de forma simplista, creyeron que por un cruce de variables se acabaron enfrentando a los conquistadores-dominadores occidentales metropolitanos a comienzos del siglo XIX, con la intención de recuperar la libertad arrebatada con violencia a partir del siglo XVI (Barré, 1983). Según esta interpretación, la América unida y libre se enfrentaría a la España opresora, olvidando que durante los siglos XVI-XVIII todos los grupos y estamentos conformaron un complicado conjunto sociopolítico integrante del sistema de la Monarquía imperial hispana. La interpretación de que con la independencia los antiguos vasallos y vecinos sacrificaron los antiguos privilegios, favo res y exenciones propios de las sociedades de Antiguo Régimen para convertirse en ciudadanos libres iguales ante la ley, no deja de ser una idealización que tuvo la virtud de presentar a todos los indios unidos e inmutables en el tiempo en tanto que receptores de los beneficios de la independencia política con respecto a la metrópoli a comienzos del siglo XIX. El libro VI de la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680 ofrecía una codificación específica para la República de indios. Al recordarlo no se pretende que durante el período de la Monarquía imperial esos grupos vivieran mejor, sino solamente se trata de subrayar que se han manejado estereotipos simplificadores que no han tenido en cuenta las diferencias entre las lógicas de poder y de organización social de los sistemas de Antiguo Régimen y los liberales.

Los datos históricos muestran que las distintas comunidades originarias americanas a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se comportaron de forma variada en función de sus respectivos intereses y regiones; y que en bastantes casos fue el mismo hecho político de la independencia -y en especial la Carta Magna de 1812 - el elemento que ayudó precisamente a aglutinar sus estructuras, fragmentadas durante la época colonial, al ofrecérseles la posibilidad de legitimar su situación con la creación de nuevos pueblos de indios. Como consecuencia de los cambios, parece adecuado plantear que se dieron en el tiempo permanentes procesos de indianización, desindianización y reindianización, lo cual ha puesto de relieve que el comportamiento de esos pueblos no puede seguir entendiéndose como historias uniformes y atemporales. Para terminar de convertir aquella foto fija, en blanco y negro, que transmitió la historiografía americanista tradicional en una película en color con movimientos propios, hay que recordar que dichas comunidades no permanecieron estáticas, en el mismo lugar geográfico, sino que su movilidad interregional fue bastante más elevada de lo que se presumía, y que sus contactos y préstamos interculturales fueron más habituales de lo imaginado, que no fueron grupos sociales y culturales estancos en el tiempo, aislados geográficamente y anclados inevitablemente en terrenos, usos y costumbres inmutables (Farris, 1992; Ouweneell, 1991; Romero, 1996; Sánchez Silva, 1998; Pitarch, 1996; Marzal, 1981; Carmagnani, 1988, 1999).

Evidentemente, en la práctica se siguió dando una importante distancia entre la República de indios y la República de españoles, y se comprueba que en muchas ocasiones (incluso después de haberse abolido esa diferenciación a comienzos del siglo XIX) siguieron los primeros tratados como menores de edad, en el mejor de los casos, y sometidos a discriminaciones por los grupos dominantes, convertidos en ciudadanos de segunda. La mayoría de las fuentes de la época coinciden en señalar que las familias de los notables en la segunda mitad del siglo XVIII consideraron a estos colectivos como un gru po homogéneo (los otros, la República de los indios), sin reconocer abiertamente su variedad y movilidad. Como ha quedado claro para Guatemala (Casaús, 1992) y Colombia (Safford, 1991; Colmenares, 1997a), en una estructura de Antiguo Régimen colonial, con presencia de una República de españoles y otra de indios, los notables utilizaron el concepto de pureza de sangre para justificar las relaciones de poder y de dominio, al mismo tiempo que para defender y conservar sus privilegios, exclusiones y favores. Con ello se construyó un muro difícil de sortear que complicó la movilidad social entre los diferentes estamentos, ampliando en consecuencia la brecha de la informalidad.

1.4. "Criollos" frente a "peninsulares"

Una parte importante de la historiografía americanista, partiendo de una visión bipolar, creyó que los orígenes de la independencia había que buscarlos en el enfrentamiento que por distintas causas se dio entre los vasallos indianos (criollos) y los nuevos gestores peninsulares enviados a los reinos de las Indias durante la segunda mitad del siglo XVIII para aplicar las medidas reformistas borbónicas (Navarro García, 1983; Brading, 1991, 1996). No obstante, las nuevas investigaciones han demostrado que esta visión del problema no se ajusta correctamente a la compleja y variada realidad del siglo XVIII en los amplios territorios indianos americanos, sino que en buena parte hereda una tradición interpretativa del siglo XIX que tuvo como misión justificar los mismos movimientos independentistas, excitando los nacionalismos y los planteamientos maniqueos entre civilizados y bárbaros (Sarmiento, 1845). Cuando se consumaron las guerras de liberación de independencia en los territorios indianos, se generalizó la explicación de que los criollos (defensores de la preservación de la autonomía de gestión de los grupos de poder locales) habían luchado para desprenderse de la inaceptable y creciente opresión impuesta por los peninsulares (identificados como colonialistas-imperialistas enviados por la Corona con la intención de volver a reconquistar los espacios indianos). Se estableció así una interpretación simplificada del pasado, basada en el antagonismo entre vencedores y vencidos, americanos y españoles, útil para justificar aquel presente. Nació una historia nacionalista que tuvo como misión esencial y explícita el crear señas de identidad comunes en los nuevos espacios políticos creados tras la independencia, un relato "de origen" del que, todavía al día de la fecha, no nos hemos librado en toda su extensión.

Los resultados de las últimas investigaciones están poniendo de relieve en cambio que las familias de los grupos de poder locales indianos (notables) estaban compuestas, en gran proporción, tanto por elementos que pueden ser identificados como criollos (individuos nacidos en el continente americano) como por peninsulares (nacidos en la Península), por lo que es complicado entender sus dinámicas y comportamientos si partimos únicamente de sus orígenes geográficos. Para tener una comprensión más apropiada del problema, resulta preciso distinguir entre lo que podríamos denominar criollos biológicos (nacidos en Indias de padres peninsulares) y criollos sociológicos (los que luchaban por la autonomía política y los intereses concretos de las regiones que habitaban, independientemente de su lugar de nacimiento); al igual que hay que diferenciar entre mestizos biológicos y mestizos sociológicos, estos últimos nuevos grupos sociales con reglas de funcionamiento propias, que fueron surgiendo en los intersticios de la República de españoles y la de indios.

Numerosos autores demostraron hace ya años para Nueva España (Brading, 1975; Ladd, 1976; Torales, 1991; Nunn, 1971; Pescador, 1991; Kicza, 1986; Kicza, 1995), Centroamérica (Casaus, 1992), Río de la Plata (Socolow, 1978, 1983), Ecuador (Cubitt, 1982), Cuba (Stolke, 1992; Naranjo y Serrano, 1999) y Nueva Granada (Quintero, 2008) que un buen número de emigrantes procedentes de la Península Ibérica (el clásico sobrino peninsular) acababa casándose con hijas de familias de notables indianos (comerciante, hacendado, plantador, exportador) por lo que el extranjero se integraba sin excesivas tensiones en la dinámica del negocio familiar y de las sociedades indianas. Esta práctica permitió incluso que los cuñados de los peninsulares recién llegados pudieran dedicar sus vidas a otras actividades consideradas en la época más nobles, al mismo tiempo que involucrarse en las tareas políticas. La estructura familiar de los notables indianos incorporaba con estas prácticas nueva sangre procedente de la Península Ibérica, que ayudaba a mantener viva la diferencia entre la República de españoles y la de indios.

Los estudios de caso demuestran que los recién llegados se incorporaban al mundo de los negocios de la sociedad colonial sin que existiera necesariamente un enfrentamiento entre ambos, sino que por el contrario se observa cierta complementariedad. Con ello no se quiere plantear que en el conjunto de las sociedades indianas no se diera una tensión entre lo peninsular y lo criollo (la literatura de la época refleja constantemente esta bipolaridad propia de una sociedad colonial), sino simplemente subrayar que las familias de notables indianos no estaban atravesadas por una tensión irreconciliable, continua y constante, entre los individuos procedente de la Península y los hijos de los grupos locales indianos nacidos en los territorios del Nuevo Mundo - como insistió machaconamente la historiografía latinoamericana durante años-, sino que al parecer se dio una mayor interconexión. Hay que añadir también que bastantes de los jóvenes administradores recién llegados de la mano de los planes reformistas no se quedaron siempre solteros (aunque los reformistas insistieron en que, para mantener su independencia de criterio, no emparentaran con hijas de las familias de los notables de la región de sus respectivos destinos), sino que bastantes de ellos acabaron entroncando con las familias del lugar y, desde luego, involucrándose directa o indirectamente en las redes de influencia de los grupos de poder locales indianos, sin por ello obligatoriamente tener que renunciar a sus conexiones metropolitanos. Precisamente, el hecho de que pudieran funcionar de puente les dotó de un activo político nada despreciable, que no dejaron de utilizar en su beneficio, como se puso de manifiesto en las discusiones que tuvieron lugar en Cádiz - al hilo de la discusión constitucional - a comienzos del siglo XIX (Balmori, Vos y Wortman, 1990; Langue 1997).

Hay que poner de relieve además que estas interrelaciones entre elementos peninsulares y criollos en las familias notables indianas fueron una característica más extendida en las áreas centrales de las regiones de antigua colonización que en las nuevas (Nunn, 1971). Algunas investigaciones (Garavaglia y Grosso, 1990) pusieron de manifiesto que en casos como el de Tepeaca (Puebla, Nueva España) no hubo un entronque de peninsulares con notables locales, sino que la norma fue las relaciones endogámicas, posiblemente debido a la reducida rentabilidad económica del área en términos comparativos (ausencia de minas y de negocios con un rendimiento potencial elevado). Evidentemente, aún no se puede plantear una diferenciación clara de comportamiento entre las áreas centrales y las de frontera, por falta de suficientes estudios comparativos, pero de momento se podría pensar en la posibilidad de sumar este argumento a los existentes para explicar el comportamiento diferencial entre unas y otras intendencias con respecto a los movimientos de independencia.

El color de la piel (identificado demasiado rápidamente con el lugar de nacimiento por cuestiones políticas a partir de la independencia) fue utilizado por los grupos más poderosos no sólo como un elemento de distinción social, sino como un mecanismo que, basado en la limpieza y pureza de sangre, ayudaba a legitimar y preservar sus privilegios, al tiempo que aseguraba la inviabilidad de posibles desviaciones culturales y de gestión del poder y frenaba la movilidad social. La despiadada mano de hierro de la Inquisición tenía la misión de mantener el orden establecido, denunciando y castigando públicamente de forma ejemplar toda heterodoxia. No por casualidad la Iglesia fue la pieza clave que ofrecía un mismo código ético de comportamiento a todos los vasallos de diferentes culturas al tiempo que proporcionaba la legitimidad requerida por el sistema monárquico imperial (Torres, 2004).

El pacto colonial entre los grupos de poder indianos (conquistadoresencomenderos, posteriormente convertidos en hacendados, comerciantes, funcionarios), la Iglesia y la Corona configuró un juego de fuerzas que hay que comprender adecuadamente a fin de explicar la articulación del poder interno en estas sociedades. La mayoría de los historiadores coincide en señalar que los grupos de poder locales se vincularon a la Iglesia y la Corona dando como resultado una compleja red de interdependencias que se fue modificando en el tiempo en función de las dinámicas de cada uno de los grupos intervinientes en las respectivas regiones. Pero hay que subrayar que el grupo de los eclesiásticos no puede tampoco ser interpretado como un grupo homogéneo, debido a que no sólo hubo diferencias entre el clero regular y el secular, sino entre las distintas órdenes entres sí y entre los distintos niveles de la jerarquía eclesiástica. A su vez, hay que tener presente que fue una costumbre bastante generalizada que los comerciantes de los Consulados de Lima y México, por ejemplo, colocaran a miembros de sus familias en puestos de relevancia de la Iglesia (clero secular, Santo Oficio); conventos (era común utilizar a una hija para acceder a los fondos de capellanías y obras pías); administración (tanto municipal como virreinal, intendencias y Audiencia); o milicias (Harris, 1975; Archer, 1983; Hausberger e Ibarra, 2003). Las relaciones entre la gestión pública local, los representantes políticos metropolitanos, los grupos de poder social y económico locales, la Iglesia (clero regular y secular), los distintos estamentos y las autoridades militares conformaron un escenario donde de forma permanente se negociaban las relaciones de poder y las cuotas de representación política entre los grupos. La información derivada de las últimas investigaciones históricas parece demostrar que la existencia de estas reciprocidades políticas no fue causa de permanentes e inevitables conflictos y enfrentamientos, como subrayó la historiografía latinoamericana tradicional, sino que constituyen el escenario político donde se dio el cruce de influencias entre los distintos actores sociales, económicos y políticos del momento. Los pactos y consensos, en vez de enfrentamientos irreconciliables, fueron la consecuencia y la base que permitieron la convivencia, más o menos pacífica, entre grupos de poder.

Esa convivencia y complementariedad de peninsulares y criollos en las familias de los notables no fue tampoco una práctica nueva característica del período borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII. Para los casos de Arequipa y Quito durante el siglo XVII (Davies, 1984; Ponce, 1999; Ramos Gómez, Ruigómez y Paniagua, 2007) se sabe que el matrimonio de extranjeros con miembros de las familias de notables locales fue una costumbre habitual, y que si las uniones no fueron tan numerosas como en el XVIII, ello se debió a la situación económica por la que pasaba la región, que se tradujo en una reducción del interés de emparentar por parte de los extranjeros, pero no a enfrentamiento o alejamiento. El hecho político de que todos los integrantes del sistema imperial de la Monarquía hispana estuvieran vincu lados entre sí, por el hecho de ser todos ellos vasallos de un mismo rey, hizo que no se presentaran tensiones de forma intensa. Todo parece indicar que aquella otra visión fue más el resultado de una explicación postindependentista, para alimentar la construcción nacionalista, que el reflejo de una dinámica histórica real para los siglos XVI-XVIII. Con todo, evidentemente cualquier generalización se hace peligrosa en un continente caracterizado por tantas diferencias regionales. Algunas de las investigaciones realizadas para los casos peruano y ecuatoriano del siglo XVII han insistido en confirmar la existencia de un enfrentamiento claro y evidente entre peninsulares y criollos desde los primeros años de la incorporación de los territorios americanos al sistema imperial (Lavallé, 1993, 1994; Ponce, 1999; Ramos, 2007; Pérez Herrero, 2002b).

A pesar de ello, y en consecuencia, parece arriesgado seguir manteniendo que el enfrentamiento entre peninsulares y criollos en las familias de notables durante la segunda mitad del siglo XVIII fue el motivo principal -y hasta único - que explicaría las tensiones que desembocaron en las guerras de independencia. Sería más apropiado plantear que se dio una tensión entre los intereses indianos y metropolitanos en una época de cambios internacionales y locales en el marco de una de recentralización colonial impulsada por la Corona. Todo parece indicar que fueron más bien los intereses políticos y económicos los que enfrentaron a unos y otros entre sí, independientemente de cuál fuera su origen. Que el modelo del sistema imperial monárquico y la recentralización fueran defendidos y apoyados con mayor vigor por individuos que habían nacido en la Península Ibérica, y que la defensa de la autonomía en la gestión local-regional-municipal fuera la bandera de muchos de los grupos de poder locales indianos, no nos permite establecer una relación mecánica automática entre la ideología y el lugar de nacimiento. Sirva de ejemplo que el virrey de la Nueva España, Revillagigedo II, habiendo nacido en La Habana, se convirtió en uno de los defensores más acérrimos de las políticas borbónicas re centralizadoras llegando explícitamente a afirmar en su Memoria de gobierno que dejó a su sucesor que no había que olvidar que la Nueva España era una colonia que dependía y vivía por y para el servicio de la Corona, eje central de la Monarquía imperial hispana. Ello no pude utilizarse tampoco para afirmar que sólo los nacidos en el continente americano defendieron, por una u otra razón, la causa de la autonomía-independencia; y que los nacidos en la Península Ibérica eran partidarios de forma automática de la pervivencia del sistema imperial. Personajes de la talla de San Martín, Belgrano, O'Higgins, Camilo Hernández o Andrés Bello fueron en algún momento de su vida defensores del sistema imperial y, posteriormente, variaron en sus concepciones. Lo mismo pasó con algunos pensadores peninsulares. Absolutismo, monarquía, Antiguo Régimen, impe rialismo y colonialismo no son, por tanto, términos sinónimos que puedan ser intercambiados sin caer en anacronismos.

1.5. Los administradores-gestores metropolitanos borbónicos y los grupos de poder locales indianos

La interpretación historiográfica americanista tradicional (aceptada hasta la década de 1990 sin muchas críticas) defendió que la propia maduración de las sociedades latinoamericanas a lo largo de los siglos, y de forma especial a partir de mediados del siglo XVIII (crecimiento demográfico y cambio social, crecimiento económico, extensión de las ideas ilustradas entre los grupos de mayor nivel de preparación, internacionalización de sus economías), junto con la aplicación de las políticas re centralizadoras impulsadas por los últimos monarcas de la dinastía de los Borbones (Carlos III y Carlos IV), que se tradujeron en la práctica en una llegada masiva de nuevos administradores-gestores (intendentes, subdelegados) procedentes de la Península Ibérica, acabó produciendo un enfrentamiento entre los grupos de poder local indianos, defensores de sus respectivas autonomías y privilegios adquiridos durante la época de los Habsburgo, y los recién llegados gachupines al sentirse los primeros desplazados por los segundos (Sanz Tapia, 1998). Fue tradicional sostener que, llegados a la mayoría de edad, era lógico que los hijos se marcharan de casa y se independizaran. Si la Madre Patria había demostrado ser además demasiado ambiciosa, intervencionista y poco generosa, ello no hizo sino acelerar en la práctica un proceso que se interpretaba iniciado con anterioridad, y que se presentaba como irrefrenable. Era un destino sin vuelta atrás. Fue así como fue surgiendo la necesidad de demostrar que ya antes de las guerras de independencia se venían fraguando identidades colectivas indianas propias que se oponían a los planteamientos recentralizadores del reformismo borbónico ilustrado metropolitano (Brading, 1991). La existencia de un antecedente de proyecto de Nación (protonacionalismo) se combinó de esta forma con las pretensiones políticas de los criollos y los mestizos. Se originó de este modo la idea de que, con la independencia, nacieron las Repúblicas criollas independientes (que defendían los privilegios de los notables) conformadas a su vez por sociedades mestizas que englobaban, y legitimaban en un único proyecto nacionalista, a las distintas dinámicas sociales y culturales existentes en cada región. Evidentemente, no se hizo en ningún momento de forma explícita por parte de los historiadores de la época una diferenciación nítida entre la comunidad política (Estado) y el conjunto cultural de la ciudadanía (Nación), a fin precisamente de no poner de manifiesto con claridad las contradicciones existentes.

A este razonamiento se añadió la tesis de que, por diversas circunstancias, los precios subieron coyunturalmente a finales de la época colonial, ocasionando un deterioro de la capacidad adquisitiva de gran parte de la población; que la elevación de la presión fiscal fue vista, en este contexto, como una situación agobiante que fomentó la expansión de sentimientos de oposición en los territorios ultramarinos contra la Corona; que la extracción de metales preciosos se elevó excesivamente, llegando a finales del período colonial a ser superiores los totales de plata exportada que los producidos, y generándose en consecuencia una disminución del total de la masa monetaria circulante (una de las razones que impulsaron el empleo de medios de pago alternativos como libranzas o cartas de pago y la utilización de las compensaciones en los libros de registro entre los comerciantes); que el rápido aumento demográfico, en un contexto de ausencia de suficiente mejora de la productividad, generó una extensión del hambre, la pobreza y un empeoramiento en la distribución del ingreso; que la llegada de ideas ilustradas porporcionó un caldo de cultivo para la revolución; y que las guerras internacionales derivadas del enfrentamiento entre las distintas potencias del Viejo Mundo impusieron un corte en la comunicaciones atlánticas durante largos períodos o un retraso en los intercambios, lo que se tradujo en una disminución de las exportaciones, un desabastecimiento de manufacturas y materias de primera necesidad (azogue, hierro, pólvora para la producción minera), una elevación del precio de las importaciones, y un encarecimiento del conjunto de las transacciones por la elevación del coste de seguros y fletes. En este contexto, no fue casual que una gran cantidad de textos históricos de comienzos del siglo XIX se dedicaran a recopilar memoriales de los agravios fiscales a que habían sido sometidas las regiones americanas en comparación con las peninsulares, y a subrayar la pérdida de ganancias netas que había tenido que soportar durante la segunda mitad del siglo XVIII los productores indianos como resultado de la implementación de las reformas borbónicas (Pérez Herrero y Vives Azancot, 1988).

A su vez, se defendió que la Consolidación de Vales Reales de 1804 representó la puntilla que ayudó a finalizar las tensiones que se habían iniciado durante las décadas anteriores (Wobeser, 2006). A ello se añadió la interpretación de que las comunidades étnicas se sintieron agredidas por la subida de impuestos, por la reducción de la autonomía de gestión disfrutada hasta el momento y por la reducción de tierras cultivables ante la invasión de los colonizadores (hecho acrecentado por su fuerte aumento demográfico). En este escenario de cúmulo de tensiones cruzadas, se explicaría cómo y por qué los ánimos de protesta de los distintos actores sociales y políticos crecieron. El hecho de que, con mucha regularidad, se gritara "Viva el Rey y muera el mal gobierno" representaba bien este estado de ánimo. Finalmente, cuando Fernando VII se vio obligado a abdicar en la figura de José Bonaparte se presentó la excusa (siguiendo las tesis clásicas pactistas procedentes del siglo XVI) para que, ante un acto de traición del rey, el poder regresaba al pueblo "legalmente constituido", esto es, a los cabildos y a las comunidades. Fue así como, ante la fractura coyuntural de la estructura monárquica, la gestión del poder comenzó a ser reclamada por los municipios americanos y las comunidades étnicas (obviamente con las consabidas diferencias regionales) hasta que se resolviera el asunto de la situación del monarca (Ortiz Escamilla y Serrano, 2007).

Sin duda, la mayoría de las fuentes históricas existentes muestra que todas estas variables fueron elementos necesarios que ayudaron a comprender el proceso, pero no pueden ser entendidos como variables suficientes y exclusivas para explicar la profundidad de los cambios a partir de 1808. Las investigaciones realizadas a partir de 1970 revelaron que la revolución en el gobierno (en palabras de Brading, 1996) no fue al parecer ni tan intensa ni tan duradera, ni se tradujo en la práctica en una reducción tan profunda como la imaginada en los niveles de autonomía de gestión alcanzados por los grupos de poder locales indianos, debido a que se introdujeron complejos mecanismos que hicieron posible sortear con éxito en bastantes casos la nueva injerencia metropolitana. En concreto, los trabajos realizados para Chile (Barbier, 1972; Goicvic, 2006), Nueva España (Salvucci, 1983; Kicza, 1986; Pérez Herrero, 1990a; Pescador, 1991; Torales, 1991; Walker, 1986) y el Río de la Plata (Bascari, 1997; Paz, 1997) comprobaron que los fieles burócratas enviados por los reformistas metropolitanos para controlar los negocios en manos de las familias de prestigio e influencia indianas, y así tratar de maximizar la rentabilidad de los espacios coloniales, a menudo acabaron captados sin problema por los notables indianos locales. El matrimonio fue una vez más el arma utilizada por los grupos de poder indianos para conservar la autonomía de gestión de sus territorios, frente a lo que consideraban injerencia de la nueva política reformista borbónica recentralizadora. En un primer momento (a comienzos del siglo XIX) se pretendió recuperar la autonomía municipal perdida ante el embate reformista borbónico, en vez de impulsar directamente la independencia, como repitió de forma obsesiva la historiografía nacionalista decimonónica. Prueba de ello es que en un comienzo los representantes que asistieron a las Cortes de Cádiz de 1812 estuvieron de acuerdo en que no había necesidad de romper con la estructura territorial heredada del pasado: no por casualidad el artículo primero de la Constitución gaditana estableció que "la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios" (Palacios, 2007; Guzmán Pérez, 2006; Pérez Herrero, 2003; Rodríguez, 2007; Rodríguez, 2003, 2005; Quijada, 2005; Guerra, 1992; Colom, 2005; Ortiz Escamilla y Serrano, 2007).

No obstante, no hay que olvidar que en algunos casos estos nuevos administradores asumieron fielmente su labor y cumplieron con su misión de forma ejemplar. Las investigaciones realizadas durante la década de 1990 pusieron de manifiesto que algunos de los nuevos servidores del rey enviados a los territorios indianos para desempeñar labores de control tenían lazos de parentesco directo o indirecto con la familia del propio José de Gálvez, por lo que en la práctica se construyó un complejo y extenso grupo de poder e influencia liderado por el propio secretario de Indias, que logró imponer (no sin problemas) sus criterios y decisiones sobre los intereses de los notables locales indianos. La Secretaría de Indias se convirtió así casi en un clan familiar con una gran capacidad de toma de decisiones y, lo que fue más importante, con una cierta facilidad de poner en práctica las directrices de la nueva política (Rojo, 1993; Pérez Herrero y Vives Azancot, 1988).

También se subraya en los más recientes trabajos que la independencia y el nuevo marco constitucional de las repúblicas nacientes no tiene por qué entenderse como la conversión automática de las comunidades étnicas originarias en ciudadanos iguales ante una misma ley, y menos aún su conversión de indios (con una lógica propia de las sociedades de Antiguo Régimen) en campesinos (basada en una relación de clase). El nuevo marco jurídicopolítico facilitó en algunos casos su integración como ciudadanos, pero en bastantes se realizó sin perder obligatoriamente su condición comunitaria, al dárseles la posibilidad de convertirse en pueblos de indios. De forma paralela, se está demostrando igualmente que no parece adecuado equiparar las actividades esporádicas manufactureras con los procesos de protoindustrialización de la segunda mitad del siglo XVIII; las quejas de los notables de finales de la época virreinal con los discursos protonacionalistas; las reclamaciones de buen gobierno o los rechazos a los aumentos fiscales con los movimientos sociales prerrevolucionarios; y las ideas ilustradas de la segunda mitad del siglo XVIII (entendidas en la mayoría de los casos como procedentes de los pensadores franceses) como conceptos modernizantes que prepararon y favorecieron el advenimiento del Estado moderno liberal. Por todo ello, no parece adecuado seguir calificando al reformismo borbónico de época como protoliberal (Lynch, 1991; Brading, 1991).

Los historiadores del XIX latinoamericano, cuando manejaron algunas de estas ideas, lo hicieron con la misión explícita de ayudar a construir historias nacionales que dieran formato y legitimidad a la memoria histórica que requerían las nuevas repúblicas nacientes, por lo que no dudaron en aprovechar todos aquellos datos y materiales que les facilitara su labor. No es que estuvieran mal informados, sino que su finalidad profesional se enfocó a justificar el presente que les tocó vivir. En consecuencia, no dudaron en defender que la maduración de las sociedades indianas durante los siglos XVI al XVIII fue un precedente en la formación de la Nación, por lo que no fue casual que sostuvieran en dichos textos la tesis de que el conjunto de los habitantes de los antiguos virreinatos de la Nueva España o del Perú debían ser comprendidos como protomexicanos o protoperuanos, respectivamente. La diversidad sociocultural y la heterogeneidad estructural se eliminaron para dar paso a la homogeneización requerida por los discursos nacionalistas. El problema reside en que estas historias de origen decimonónico no han sido hasta la fecha suficientemente descontaminadas de los presupuestos historiográficos de los que partieron, por lo que se han seguido repitiendo interpretaciones sesgadas débilmente conectadas con las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales de la época, cayéndose en consecuencia en interpretaciones anacrónicas (Colom, 2005).

1.6. Las redes familiares como elemento de análisis de las sociedades indianas

Durante la segunda mitad del siglo XVIII los grupos de poder indianos no estaban separados por sectores de producción o actividad sin conexión entre sí (hacendados, mineros, comerciantes, obrajeros, burócratas, eclesiásticos, militares, etc.), como transmitieron algunos manuales, sino que existía un complejo entramado de interrelaciones en el que la familia ocupaba el epicentro. La red familiar funcionaba como el medio por el que discurrían y se establecían interconexiones económicas y políticas. Una de las consecuencias de dichas alianzas matrimoniales fue que los intereses de los grupos de poder indianos se fueron diversificando, al mismo tiempo que irían ampliándose sus áreas de influencia (redes interregionales). La familia, así, se constituyó en la institución que garantizaba el estatus y la riqueza y, por ende, en la entidad central del análisis historiográfico (Pérez Herrero, 1990a; Casaús Arzú, 1992; Birle, Hofineister, Maihold y Potthast, 2007; Balmori, 1990; Moreno, 2002).

En el caso concreto de la realidad del virreinato de la Nueva España se puso de manifiesto que existió a finales del siglo XVIII una interrelación de las actividades económicas de los comerciantes, aglutinados alrededor del gremio mercantil del Consulado de la Ciudad de México. Así, por ejemplo, quedó claro que no se podía entender el negocio de la comercialización de los productos de importación atlántica (comercio de Veracruz), si no se vinculaba a las dinámicas mercantiles de la Mar del Sur (Acapulco) y ambos a las coyunturas del comercio interno (grana cochinilla en Oaxaca, manufacturas textiles en Puebla y en el Bajío, lana, cueros y sebos en los dilatados territorios del norte, algodón en Tierra Caliente, pulque en los alrededores de las grades ciudades y en especial en las ciudades de México y Guadalajara, cacao en la región sur, etc.). Este descubrimiento pone en evidencia que, si se quiere comprender en su detalle la lógica de la articulación económica del virreinato de la Nueva España, se debe superar el estudio concreto de una firma comercial, un sector económico o un ámbito territorial reducido (estudio de una hacienda, un centro manufacturero, una casa comercial). Esta interconexión de los sectores productivos y la existencia de complejas redes entre las familias de los notables ayudan a explicar la reducida rentabilidad de la producción de algunos sectores (como el de las haciendas productoras de granos, considerado como un estigma con el que se ha tratado de explicar el retraso económico, aludiendo a su falta de productividad y competitividad). Cuando se comprende la estructura productiva desde una perspectiva más amplia, se percibe que no sucedió otra cosa sino una transferencia de recursos de un sector (hacienda) hacia otro (minería), a fin de reducir los costes del conjunto de la empresa y asegurar unos beneficios de lo que hoy día denominaríamos el holding familiar. En definitiva, debemos comprender como interconectadas a todas las ramas de la empresa familiar, a fin de no parcelar y aislar sus múltiples piezas, dejando de presentarlas como aisladas. La extensa red familiar se comportaba como una amplia estructura de una compleja empresa de negocios que ofrecía crédito en una época en la que no existían bancos, facilitaba el control monopólico de las actividades económicas y permitía realizar transferencias de beneficios entre los distintos sectores (Pérez Herrero, 1988b; Lindley, 1987; Greenow, 1983; Yuste, 2007; Rangel, 2007; Torales, 1985; Sánchez Silva y Suárez Bosa, 2006; Stein, 2001).

Propietarios, comerciantes, hacendados, minoristas, administradores, mineros, distribuidores, burócratas, etc., conformaban una gran red que operaba bajo el paraguas de las relaciones familiares. Hijos, primos, tíos, abuelos, cuñados, sobrinos, trabajaban en cada sucursal de la empresa familiar de forma coordinada (Kicza, 1986; Borchart de Moreno, 1984; Castañeda, 1998; Guzmán y Martínez, 1991). Esta dinámica ayuda a entender también que los numerosos cambios en la propiedad de la tierra que se dieron en la segunda mitad del siglo XVIII no deben interpretarse como la decadencia en el poder de las familias (los hijos de antiguos terratenientes recuperaban sus fortunas por medio de la minería, el comercio o el matrimonio), ya que hacendados, mineros, comerciantes, burócratas y ganaderos se hallaban más interconectados de lo que habíamos imaginado (Brading, 1988; Tutino, 1983; Van Young, 1989; Yuste, 2007).

Estas dinámicas de los comportamientos familiares, al parecer, se repitieron en bastantes regiones del continente americano durante el siglo XVIII con regularidad. Las investigaciones existentes para Medellín (Twinam, 1979), Guayaquil (Hamerly, 1970; Cubitt, 1982), Potosí (Mira, 2000; Sánchez, Mira y Dobado, 1997), Arequipa (Wibel, 1975), Tucumán (Bascary, 1997) y la Rioja (Boixados, 1997) no han dejado de subrayar la importancia de las redes familiares para el apropiado entendimiento de las relaciones intra e interregionales. A su vez, para el virreinato del Perú se ha confirmado también que no es acertado describir al grupo de los hacendados (como el caso concreto de la región de Lambayeque) como un grupo de poder concentrado únicamente en la tierra, ya que por lo general (y fundamentalmente en períodos de crisis agrícolas, en los que se necesitaba diversificar actividades y conexiones a fin de mantener su poder) simultaneaban las labores agrícolas con las ganaderas y las comerciales, lo cual no impedía a los distintos componentes de la familia compartir sus actividades al mismo tiempo en las labores de la abogacía, las notarías, la milicia, la Iglesia, la minería, el transporte y las finanzas (Ramírez, 1991). Para las regiones de Guatemala (Casáus, 1992), Nueva Granada (Colmenares, 1997b, 1997c; Earle, 1997), Venezuela (Blank, 1974, 1979), Cuba (Knight, 1977; Kuethe, 1981) y Chile (Barbier, 1972), se han detectado también comportamientos similares. Al parecer, estas prácticas ni fueron una novedad en el siglo XVIII (Ponce, 1992), ni desde luego exclusivas del sistema imperial español.

El análisis de la dinámica de algunas familias de notables a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX puso de relieve que no hubo un enfrentamiento tan plano entre peninsulares y criollos, entre el realismo-absolutista tradicionalista peninsular y el reformismo liberal independentista americano (Breña, 2006). La historiografía nacionalista decimonónica argumentó que había que expulsar a los de fuera, los extranjeros, los peninsulares, los colonialistas, los imperialistas, los monárquicos para preservar lo propio y la autonomía de la gestión regional para poder construir un nuevo Estado republicano criollo independiente. No obstante, cuando se analizan con detenimiento algunos de los casos concretos (historia de vidas de algunas familias) se pone de manifiesto que el modelo clásico explicativo utilizado de forma generalizada durante años (que mantuvo que la llegada de nuevos comerciantes y gestores peninsulares se tradujo en un enfrentamiento inevitable de los de fuera con las familias locales) no parece funcionar correctamente. Dado que en bastantes ocasiones los recién llegados se acaban casando con las hijas de las familias locales indianas, las guerras de independencia no pueden seguir interpretándose como el resultado único de la lucha entre gachupines y criollos. Que hubo enfrentamientos no se pone en duda. Lo que hay que subrayar es que el lugar de nacimiento no constituyó el elemento central explicativo único para la aparición de movimientos y resquebrajamiento de estructuras de la Monarquía imperial hispana. Prueba de ello es que tras las guerras de liberación no se produjo de forma automática una fractura de las estructuras familiares de los notables. Al parecer, fue mucho más definitoria la gestión del poder que el lugar de origen de los individuos o su color de piel (una tesis por demás racista).

Hay que advertir que en muchas ocasiones estas dinámicas fueron camufladas por los propios actores en la época introduciendo un cambio de nombres en los apellidos de sus familias, lo cual no era nada extraño en las sociedades de Antiguo Régimen, donde el uso del nombre del grupo familiar no estaba reglamentado como sucede en los Estados liberales modernos tras la introducción del Código Civil y los censos civiles (nacimientos, defunciones, matrimonios). No está de más recordar que los hijos de una misma familia no llevaban siempre en las sociedades de Antiguo Régimen de forma obligatoria los mismos apellidos, sino que existía una cierta laxitud. Por lo general, utilizaban el apellido del padre, pero también existía la posibilidad de adoptar el nombre de un tío, un abuelo o cualquier otro familiar. En consecuencia, no es extraño comprobar que los hijos de un mismo padre nacidos en el seno de un matrimonio legal llevaran apellidos distintos. Esta circunstancia supone en la práctica una barrera importante para los historiadores interesados en recomponer las estructuras y dinámicas de las redes familiares. Lo que no cabe la menor duda es que las familias de los notables no desaparecieron de la noche a la mañana a partir de 1808; y que la expulsión de los peninsulares a comienzos del siglo XIX no fue tan masiva como se interpretó por algunos autores (Sims, 1984).

Por todo ello, parece que ha dejado de ser operativo seguir defendiendo que, por ejemplo, se dio una tensión irreconciliable entre la aristocracia de los hacendados, los grandes mercaderes de las principales ciudades (almaceneros), los administradores reales, la Iglesia y la República de indios. Las hijas de las familias de los notables indianos sirvieron de mecanismo en muchas ocasiones para sellar un trato de cooperación entre los intereses de las élites indianas y las pretensiones de la Corona, durante la segunda mitad del siglo XVIII, de reconquistar América. En una sociedad de Antiguo Régimen en que no existía una abierta movilidad social, la familia se convirtió en el sistema para conservar y ampliar privilegios y riquezas. En las familias se integraban en un conjunto armónico los distintos sectores. Fueron el epicentro de las estructuras de poder, además de ayudar a integrar a los distintos sectores y a facilitar una mejor conexión entre las diferentes zonas geográficas entre sí. La metodología de las historias de vida y los enfoques basados en los criterios cualitativos vuelven a cobrar importancia y a ser defendidos por muchos autores que están renovando con éxito la disciplina (Moreno, 2002; Sánchez León e Izquierdo Martín, 2008; Ortuño, 2008; Casaús, 1992).

2.1. Consideraciones sobre los principios teóricos del reformismo borbónico

En la actualidad se ha llegado al consenso entre la mayoría de los investigadores en reconocer que el reformismo borbónico hispánico tuvo como misión primordial vigorizar el poder de la Corona, siendo por tanto su finalidad más política que económica. Los cambios que se propusieron y se llevaron a la práctica trataron de reforzar la centralidad de la toma de decisiones del monarca (perdida parcialmente durante los últimos años de la dinastía de los Austrias); así como defender la integridad territorial del sistema imperial de la Monarquía hispana. Para ello, no sólo se impulsaron medidas de gobierno y de mejora en la gestión administrativa (intendencias, nueva contabilidad de partido doble), sino que se emprendieron las reformas económicas necesarias que permitieran impulsar el crecimiento de la producción capaz de garantizar un aumento de los ingresos fiscales de la Monarquía. Una nueva maquinaria más eficaz de gobierno y de defensa de los territorios requería un aumento de los ingresos y, dado que en la época éstos procedían por lo general de impuestos indirectos, había que asegurar que las actividades económicas se dinamizaran.

Una de las ideas centrales en que coinciden todos los investigadores es que el sistema de la Monarquía imperial hispana no pretendió impulsar un cambio profundo en el aparato productivo (desarrollo económico), en la configuración social (transformación de la sociedad estamental de Antiguo Régimen a otra de clases con movilidad social), en la estructura política (paso de una relación de poder personal basada en la lealtad rey-vasallo a otra de ciu dadanos iguales ante la ley, con la presencia de una Constitución que garantizara las bases del funcionamiento transparente de las instituciones), y en las identidades colectivas. No por casualidad, se llegó a la conclusión de que para evitar que los posibles cambios estructurales acabaran desatando cambios incontrolados e indeseables, como había quedado patente en la vecina Francia a partir de 1789, tras largas deliberaciones, se decidió que la Corona debía seguir la estrategia de ampliar la captación de excedentes de los territorios indianos ultramarinos. En los escritos de los teóricos reformistas ilustrados más representativos se refleja que había que evitar la transformación de las relaciones de producción (paso de una sociedad estamental de Antiguo Régimen a otra capitalista de clases), a fin de no sustituir el principio de autoridad del despotismo ilustrado por el liberal de la soberanía popular. Otra de las ideas que quedan claras cuando se repasan los textos de la segunda mitad del siglo XVIII es que los territorios indianos no fueron pensados (como repitieron acríticamente ciertos historiadores) como mercados cautivos coloniales con la finalidad explícita de facilitar y fomentar el desarrollo económico en la metrópoli (lo cual de haber sido cierto habría desembocado en un impulso de la industrialización, en un aumento de la productividad de los sectores productivos y en una ampliación de la competitividad internacional en los mercados internacionales), sino más bien como espacios de donde extraer los recursos monetarios requeridos por la Corona para ampliar y consolidar la autoridad del monarca y la centralidad política de la metrópoli en el conjunto imperial hispánico. No fueron, en consecuencia, medidas que puedan considerarse como protoliberales, ya que en la práctica funcionaron como instrumentos que retrasaron el avance de la modernidad. El hecho de que se impulsara una apertura parcial comercial y de que se concedieran rebajas a ciertos sectores productivos considerados como estratégicos (minería) no debe entenderse automáticamente como un impulso de los mecanismos de mercado (libre juego de la oferta y la demanda) y un recorte del papel de la Corona. Los precios siguieron en la mayoría de las ocasiones estando controlados y tasados. A fin de impedir prácticas monopólicas abusivas sobre los productos alimentarios de primera necesidad se crearon pósitos y alhóndigas para tener siempre un remanente de granos que se sacaba al mercado cuando se necesitaba (Artola, 1969, 2008; Cañeque, 2004; Pérez Herrero, 1992a; Guerra, 1992; Rodríguez, 2003; Domínguez, 1985).

Una de las consecuencias inmediatas de estos nuevos planteamientos reformistas dieciochescos fue la transformación de la vinculación e interrelación de las distintas piezas que conformaban la estructura territorial y de poder del sistema de la Monarquía imperial hispana durante la dinastía de los Austrias. Con la nueva política se puso en evidencia que el poder del monarca aumentaba en la misma proporción que disminuía la autonomía de gestión sobre lo local que habían alcanzado los grupos de poder regionales indianos, lo cual lógicamente suscitó rechazo. No obstante, una vez más, hay que repetir que ello no debe ser entendido como la causa primordial y única del inicio de los movimientos de independencia, sino como el intento por defender los espacios de poder perdidos y preservar la autonomía en la toma de decisiones a escala local-regional. Este cambio puede ser entendido como el paso de un sistema imperial (conformado en la práctica como una confederación de poderes locales unidos por la figura del monarca) a una "monarquía nacional", centralista y unificadora. Ello, sin duda, supuso necesariamente el resquebrajamiento del antiguo pacto implícito existente desde el siglo XVI entre la iglesia, la Corona y los notables locales indianos que había venido funcionando con más o menos éxito hasta entonces y que habían garantizado la convivencia entre todos los actores no sin las lógicas tensiones derivadas de las continuas negociaciones.

2.2. La primera mitad del siglo xv111: ¿precedente de las políticas reformistas de Carlos III y Carlos IV?

No es excesivamente correcto interpretar que las ideas manejadas por el gabinete ilustrado que rodeó a Carlos III y Carlos IV durante la segunda mitad del siglo XVIII se originaran y desarrollaran por completo ex nihilo. Las nuevas investigaciones demostraron que durante los reinados de Felipe V y Fernando VI se fraguaron ideas y conceptos que deben ser interpretados como antecedentes de aquel reformismo, al haberse comprobado que fueron recogidos, ampliados y retocados los esquemas embrionarios que comenzaron a idearse durante los primeros años del siglo XVIII. Algunos autores van más allá y citan a pensadores de finales del siglo XVII como claros antecedentes. Para confirmar esta tesis se citan los trabajos de pensadores del marqués de Varinas, quien en su Vaticinio de la pérdida de las Indias (1685) señaló con precisión los males de la administración de Carlos II (proponía ya la necesidad de suprimir la venta de oficios y que los miembros del Consejo de Indias conocieran de forma directa la situación de los territorios americanos desterrando la práctica de nombrar ministros a personas cercanas al rey como pago de servicios); los de Manuel de Lira, quien defendió a finales de siglo la creación de una Compañía General de Comercio, ser más permisivo con los extranjeros en el comercio para lograr que hicieran sus tratos por las vías legales y evitar así la ampliación del contrabando, y decretar la "libertad de conciencias" para evitar que la existencia de diferentes culturas acabaran generando una guerra religiosa, que pudiera impulsar a la promoción de fundamentalismos excluyentes; o los del marqués de Leganés, que redujo el número de plazas de todos los tribunales (audiencias, tribunales de cuentas) (Céspedes, 1983; Almarza, 1990; Sánchez Agesta, 1953; Pérez Herrero, 1987; 2002a).

Bastantes de los conceptos manejados durante la segunda mitad del siglo XVIII (que se interpretaron durante muchos años como una derivación directa de las ideas ilustradas de origen francés, británico o incluso italiano) procedían, en más casos de los imaginados, de algunos de los pensadores escolásticos del siglo XVI de origen hispano, como Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias, Domingo de Soto, Luis de Molina, Juan de Mariana, Francisco Suárez y Fernando Vázquez de Menchaca. Una renovación interpretativa ésta, que no tuvo como misión alimentar sentimientos nacionalistas trasnochados, sino recordar que existió un puente entre las ideas del siglo XVI y las de mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX que no había sido debidamente analizado con el detenimiento que se merece; y subrayar que los principios teóricos que se manejaron para legitimar la revolución de independencia a comienzos del siglo XIX no se basaron inevitablemente en la influencia única de las ideas afrancesadas ilustradas del siglo XVIII (Quijada, 2005; Rodríguez, 2005; Gómez Rivas y Soto, 2005).

El siglo XVIII comenzó con un cambio de dinastía en la Monarquía hispana y con una remodelación en el juego de fuerzas internacional. Tras la Guerra de Sucesión (1700-1713), el rey de España se vio obligado a conceder (Tratado de Utrecht, 1713) importantes ventajas comparativas a Inglaterra (el asiento de negros durante treinta años, el navío de permiso en virtud del cual podrían enviar un buque de 500 toneladas y vender su carga en Indias libre de impuestos). En el mismo tratado, Felipe V se tuvo que desprender de territorios estratégicos (Flandes, Piamonte, Milanesado, Nápoles, Cerdeña, Menorca, Gibraltar) y se cancelaron antiguos privilegios que Francia había venido disfrutando desde 1702. El crecimiento en la demanda internacional de productos ultramarinos a comienzos del siglo XVIII y la escasa respuesta competitiva de la oferta del sistema imperial español hizo que los ingleses, franceses, holandeses e incluso daneses se fueran asentando en los territorios americanos no ocupados de forma permanente ni defendidos de forma eficaz por la Monarquía hispana, creando en consecuencia nuevos núcleos productivos exportadores de materias primas tropicales (cacao, azúcar, tintes). Dichos puntos se fueron convirtiendo así en activas plazas de intercambio ilegal de esclavos y manufacturas; al mismo tiempo que en motores de la competencia en los mercados internacionales, poniendo en evidencia la baja productividad en términos comparativos del sistema imperial hispano.

Una de las consecuencias en este cambio de escenario fue la potenciación del comercio triangular (Hispanoamérica, Trece Colonias, Europa, África) con epicentro en las Antillas. Los ingleses de Jamaica, los franceses de Marti nica, los holandeses de Curasao, los portugueses de Sacramento y los daneses de Saint Thomas fueron abriendo eficazmente sus tentáculos sobre el continente americano y ampliando su participación en el comercio atlántico. Los enfrentamientos no fueron raros (como la "Guerra de los nueve años", llamada "de la oreja de Jenkins" por la historiografía británica, iniciada en 1739 entre España e Inglaterra), las alianzas a veces prometieron resultados positivos (Primer Pacto de Familia en 1733 y Segundo Pacto de Familia en 1743), pero los resultados fueron siempre claros: Felipe V no pudo imponer el control absoluto sobre sus dominios. Por la Paz de Aquisgrán (1748) y la Convención hispano-inglesa (1750) Fernando VI se comprometió a dejar de revisar los buques ingleses en alta mar a cambio de que la Corona de Inglaterra renunciara a los privilegios obtenidos en Utrecht. El tratado fue benéfico para Inglaterra pues el navío de permiso no funcionaba en realidad desde 1733 y el asiento de negros había cesado en 1739. En la práctica se daba carta abierta a los comerciantes ingleses para ampliar sin límites sus relaciones con América (Aiton, 1932; Kuethe y Blaisdell, 1991; Palacio Atard, 1945, 1949; Bernal, 2005; Tortella, 2007; Garavaglia y Marchena, 2005; Davis, 1977).

El reinado de Fernando VI terminó con una consolidación del poder de Gran Bretaña, una clara disminución del poder de la Corona francesa y un estancamiento en la política expansiva-recentralizadora de la Corona española. Tras la Guerra de los Siete Años (1756-1763), Gran Bretaña oficializó en el Tratado de París (1763) el control sobre Canadá y la expulsión de los comerciantes franceses de la India. Por el mismo tratado, la Corona española ganó la Luisiana a título de compensación, pero se desprendió de la colonia del Sacramento, que fue devuelta a Portugal, y de la Florida, que pasó a Gran Bretaña. En Europa, Prusia salió claramente favorecida tras la guerra con la consiguiente pérdida de protagonismo de Francia. El poder fáctico de los protestantes comenzó a ampliarse sobre los territorios de las Coronas católicas (Pérez Herrero, 1988; Fernández Alonso, 2000).

El nuevo monarca fue claro en sus intenciones a la hora de instrumentalizar su nueva política. Cuestión diferente es si logró los fines propuestos. Felipe V dirigió sus baterías a tratar de arreglar lo que consideraba que constituían los puntos débiles del sistema:

a)Limitó al máximo el poder del grupo de los primeros conquistadores al decretar (1701) la extinción de las encomiendas de tributo.

b)Creó la Secretaría de Despacho de Marina e Indias (1714) a fin de limitar el poder del antiguo Consejo de Indias.

c)Facilitó el acceso a la administración a una nueva burocracia eficiente, desplazando al antiguo cuerpo colegiado que heredaban puestos (favores e ineptitudes).

d)Trató de racionalizar el sistema impositivo a fin de lograr erradicar los antiguos privilegios y ampliar los ingresos.

e)Hizo todo lo posible por profesionalizar el ejército para disponer de la fuerza necesaria para defender sus territorios, al mismo tiempo que disminuir el poder de los grupos de poder locales indianos, sobre los que había recaído hasta la fecha el compromiso de la defensa de los territorios americanos.

f)Financió la creación de una marina de guerra a fin de tener los instrumentos apropiados para volver a ser capaz de imponer su autoridad en el Atlántico (Patiño fue el brazo derecho en esta maniobra de 1736 a 1743).

g)Trasladó la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz (1717) para dar más agilidad al tráfico comercial atlántico (ello supuso mermar el control del viejo grupo sevillano).

h)Remodeló el sistema de flotas y galeones (1720) a fin de acelerar el comercio marítimo; introdujo el sistema de compañías en las regiones periféricas (1728-1752) para poder llegar hasta zonas antes excesivamente alejadas o inaccesibles por la complejidad del sistema del tráfico marítimo (fue esencial en este aspecto la obra de jerónimo de Uztariz Teórica y práctica de comercio y marina de 1724).

i)Limitó al máximo la venta de oficios para recuperar la toma de decisiones.

j)Intentó introducir cambios en la organización territorial indiana con la controvertida creación del virreinato de Nueva Granada (1717, 1739) para dotarla de una mayor racionalidad.

k)Impulsó el programa defensivo indiano para contener los ataques extranjeros y reducir el contrabando, y en la medida de lo posible expulsar a los ingleses, franceses y holandeses de sus asentamientos (la Florida en 1718, 1721 y 1733; la Luisiana en 1716; la Laguna de Términos en 1717; la Mosquitia en 1720, 1724, 1733 y 1739; y la Banda Oriental en 1730).

1)Planteó una reorganización del sistema imperial (Nuevo sistema de gobierno para la América de José Campillo de 1743).

m)Recopiló información privilegiada (Noticias secretas de América de 1749 elaboradas por Jorge Juan y Antonio de Ulloa) para tener datos de primera mano con los que programar las reformas requeridas.

No existe ninguna duda en reconocer que la reforma comercial de 1720 fue un ensayo de las de 1765 y 1778; y que la controvertida creación del virreinato de Nueva Granada fue un precedente de la reforma territorial de finales del siglo XVIII (creación del virreinato del Río de la Plata, introduc ción del sistema de las intendencias, instauración de la Comandancia General de las Provincias Internas de la Nueva España, etc.) (Garrido, 1965; Garavaglia y Marchena, 2005; Brading, 1996; Muñoz Pérez, 1953, 1955; Castro, 1996; Fernández Durán, 1999; Vallejo, 1997).

Sin duda, todo los datos históricos coinciden en señalar que la transformación de los transportes, la construcción de una marina mercante y de guerra capaz de agilizar y defender los contactos entre el continente americano y la Península Ibérica, y el impulso de un plan de apertura comercial que permitiera una mayor participación de las regiones nuevas en expansión (y que el antiguo sistema de flotas y galeones y concentración de las transacciones en un par de puertos se traducía en un freno), se iniciaron con las políticas de José Patiño, José de Campillo y en especial con Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, durante el primer gabinete de Fernando VI, en su calidad de titular de la Cartera de Hacienda, Guerra, Marina e Indias (apoyado siempre por sus compañeros de gobierno José de Carvajal y Lancaster, en su calidad de titular de la Cartera de Estado, y Alfonso Muñiz del de Gracia y Justicia). Tras la firma de la Paz de Aquisgrán y del Segundo Pacto de Familia (1743) se concentraron las fuerzas en el diseño de un catastro único (que nunca llegó a funcionar), crear el Giro Real en 1752 (antecedente del banco de san Carlos) pensado como una entidad financiera capaz de promover el crecimiento económico, impulsar la construcción de una marina mercante que permitiera la agilización de los transportes por el Atlántico y modernizar la administración real. Desde el Consejo de Castilla, y en especial de la mano del fiscal Pedro Rodríguez de Campomanes bajo el reinado de Carlos III, se idearon estrategias y planes para volver a situar a la Corona en el epicentro de la toma de decisiones del sistema imperial. Fue el momento en el que los territorios indianos comenzaron fiscalmente a ser considerados como colonias al servicio de la metrópoli, poniéndose de relieve el cambio conceptual que se había producido con respecto a las dinámicas de los reinados anteriores (Pérez Herrero, 2002a).

Resulta claro en consecuencia que, independientemente de si la primera mitad del siglo XVIII fue analizada como una continuación del siglo XVII o como un precedente de la segunda mitad del siglo XVIII, el reformismo borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII no nació por generación espontánea, sino que debe ser entendido dentro de la dinámica de larga duración de la evolución del pensamiento político que arranca a finales del siglo XVII y se continuó durante toda la centuria dieciochesca. La mayoría de las fuentes indican al menos para el caso de las regiones de antigua colonización que los espacios americanos habían comenzado a revitalizarse económicamente durante la primera mitad del siglo XVIII como resultado tanto de la recuperación de los mercados internos (crecimiento demográfico) como de los externos (brecha expansiva), por lo que las medidas reformistas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII no pueden ser interpretadas como las causantes únicas y directas del impulso económico de aquellas regiones, sino que parece más apropiado plantear que las medidas comerciales aperturistas, la rebaja del precio de algunos productos de sectores vitales como la minería (pólvora, azogue, hierro), junto con la reducción fiscal concedida a algunos sectores productivos para tratar de aumentar su actividad y dar cabida con ello a la incorporación laboral de amplios sectores poblaciones surgidos de la explosión demográfica, posibilitaron no sólo la reactivación de ciertas actividades económicas, sino que además lograron reducir los canales ilegales (contrabando) y aumentar las transacciones realizadas a través de los circuitos oficiales (lo cual se tradujo en una ampliación de la cosecha de los impuestos respectivos que antes se per-dían). El contrabando en algunos sectores y regiones comenzó a dejar de ser la mejor opción para reducir la presión fiscal, al pasar los canales legales a convertirse en mecanismos que ofrecían comparativamente ventajas claras sobre las antiguas prácticas ilegales (Korol, 1999; Nestares, 1992; Nestares, 1995; Pérez Herrero, 199lb; Van Young, 1992).

2.3. El reformismo borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII y sus principales pensadores

Según la estrategia original, para lograr aumentar los ingresos fiscales y con ello aumentar el poder de la Corona, se debían primero recuperar aquellos territorios americanos ocupados por otras potencias europeas, para después agilizar el sistema comercial a fin de ampliar las transacciones comerciales entre las colonias americanas y la metrópoli; favorecer la producción de aquellas materias primas requeridas por la demanda internacional y en especial por los centros productores de la Península Ibérica; y potenciar el consumo de los súbditos en el continente americano a fin de agilizar los consumos internos y con ello las transacciones y el cobro de impuestos (alcabalas, almojarifazgos, averías). La actividad productiva y la agilización comercial generarían los requerimientos dinerarios que necesitaba la Corona para poner en práctica el resto del plan reformista (Fernández de Pinedo, 1984; Garavaglia y Marchena, 2005; Sánchez Agesta, 1953).

Los pensadores de mediados del siglo XVIII sabían bastante bien que para llevar a buen puerto estos fines tenían que lograr al mismo tiempo los siguientes objetivos:

a)Reducir la oposición interna de los grupos de poder indianos, para lo cual debían impulsar la aparición y expansión de nuevos sectores colaboracionistas con la política colonialista metropolitana.

b)Liberar en la medida de lo posible aquellos factores de producción controlados por las comunidades indígenas (tierra y trabajo), la Iglesia (capitales) o los grandes comerciantes (crédito y comercialización).

c)Limitar el poder político y económico acumulado durante años por los antiguos Consulados de comerciantes de Lima y México para asegurar que la producción se orientara masivamente hacia el exterior, además de reducir su control sobre la circulación de metales preciosos.

d)Erradicar las posibles producciones competitivas indianas (los centros textiles, viñedos, olivares, etc., debían ser desmantelados).

e)Crear una administración del sistema imperial y una burocracia colaboracionista.

f)Generar una legislación que justificara la vigorización del nuevo colonialismo borbónico.

g)Formar un Ejército real que fuera capaz de defender a los territorios indianos de los ataques extranjeros; recuperar las plazas ocupadas por ingleses y franceses en los sitios estratégicos; reducir el contrabando y la corrupción, a fin de que el crecimiento en la producción y los intercambios se materializaran en una subida de los ingresos fiscales; y proteger y apoyar a los nuevos grupos colaboracionistas que comulgaban con las ideas reformistas.

Para justificar todo el plan de reformas, y presentarlo con una cara benigna al conjunto de todos los territorios y grupos de poder que conformaban el sistema de la monarquía imperial hispana, se incorporó la idea central del despotismo ilustrado de que todas las actividades de la Corona se hacían "para el bien del pueblo" (Pérez Herrero, 1987; Langue, 1996; Guimerá, 1996).

Estas ideas fueron cobrando forma a lo largo del siglo XVIII, como resultado del trabajo acumulativo y cruzado de los planteamientos de distintos pensadores. En los momentos de mayor tensión, como la ocupación de Manila y La Habana (1756-1763) por los ingleses, la puesta en vigor del plan reformista se aceleró. En otras épocas se hizo más lenta; y en otras se detuvo por dudas o confrontaciones. Durante todo el siglo se fueron pergeñando ideas e hilvanando conceptos, ya fueran originales o tomados de otros pensadores del resto de las Coronas de Europa, así como de épocas pasadas. Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro (1676-1764), profesor de Teología y monje benedictino, apoyó la concepción del progreso de la ciencia y defendió la figura del rey como agente divino. Melchor de Macanaz (1670-1760), después de subrayar que los reinos de las Indias estaban llenos de riquezas y de que la Real Hacienda peninsular tenía sus arcas vacías, propuso la creación de sociedades patrióticas (públicas y privadas) que estimularan el desarrollo agríco la e industrial peninsular. Jerónimo de Uztariz (1670-1732) planteó que el retraso económico de la Península Ibérica se debía a la falta de un sistema proteccionista y a la presencia de una estructura impositiva y comercial inadecuada que reducía la competitividad y promocionaba los monopolios, por lo que había que agilizar el sistema fiscal y potenciar la creación de una poderosa marina mercante. Bernardo de Ulloa (1682-1740), obsesionado con el problema del contrabando, propuso la apertura del comercio de las islas Filipinas. José de Campillo y Cossío (1693-1743) señaló la necesidad de erradicar las industrias indianas competitivas de las peninsulares, aumentar las rentas indianas, flexibilizar el sistema mercantil y que las comunidades étnicas originarias se convirtieran en productores y consumidores, para lo cual se debía modificar el régimen de la propiedad de sus tierras, así como sus costumbres (claro antecedente de las leyes desamortizadoras del siglo XIX) (Lafuente, 1992; Maravall, 1991; Muñoz Pérez, 1988; Garavaglia y Marchena, 2005; Núñez, 1996, Peralta, 2006).

Francisco Roma y Rosell (1730-1784) coordinó las propuestas reformistas agrícolas, industriales, comerciales, demográficas y políticas en un conjunto armónico en el que cada pieza tenía su papel, poniendo de manifiesto que no era posible realizar cambios individualmente en cada uno de los sectores. Bernardo Ward (de origen irlandés), parafraseando las ideas de Campillo, recordó que el gobierno de las Indias había caído en las manos de los intereses de los grupos de poder indianos. Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1803), convertido en uno de los promotores del cambio bajo el reinado de Carlos III, consideró las propiedades de la Iglesia y la existencia de los monopolios como las barreras más peligrosas para la circulación y la creación de la riqueza, por lo que propuso la formación de sociedades económicas y la flexibilización del comercio como los mecanismos fundamentales para fomentar la transformación de la Monarquía imperial. José de Gálvez (1720-1787) fue el responsable de llevar a la práctica los planteamientos teóricos del reformismo, primero como visitador general de la Nueva España (1765-1771) y posteriormente como ministro de Indias (1776-1787). No obstante, hay que advertir que cuando llegó José de Gálvez al virreinato de la Nueva España llevaba bajo el brazo importantes y detallados informes que describían de forma pormenorizada la situación existente. El visitador sin duda actuó de forma clara y con mano decidida, pero no hay que dejar de recordar que muchas de las ideas que utilizó procedían de autores que habían publicado sus escritos o recomendaciones al rey en años anteriores (Suárez Argüello, 2002).

Entre unos y otros pensadores se fue conformando el plan programático conocido como el de las reformas borbónicas. Por todo ello, ningún autor puede ser considerado como el pensador único. Todas las ideas estuvieron entrelazadas y tuvieron distintos defensores e impulsores en cada época (Artola, 1969, 2008; Bitar Letayf, 1968; MacLachlan, 1988; Ezquerra, 1962; Llombart, 1992; Pérez Herrero, 1988b; Garavaglia y Marchena, 2005).

2.4. Crecimiento de los mercados internos indianos y reactivación del comercio internacional

Durante la primera mitad del siglo XVIII se dio en el continente americano una recuperación demográfica que fue más intensa en las antiguas áreas centrales (virreinatos del Perú y de la Nueva España). Los registros parroquiales indican que desde finales del siglo XVII se observa por lo general una tendencia de crecimiento poblacional. No se tienen cifras completas para todos los grupos y regiones, pero según los indicios disponibles parece que las comunidades originarias y los grupos de los mestizos tuvieron un empuje importante en términos comparativos con el resto de los grupos debido no sólo a un aumento en los nacimientos, sino también en una reducción de las defunciones. Estos cambios tuvieron algunas consecuencias importantes de subrayar, ya que se ocasionó un aumento de la demanda de alimentos básicos en los centros urbanos, lo cual se tradujo en una ampliación de la oferta a través de canales comerciales monetizados de los centros productores en manos en muchas ocasiones de las comunidades étnicas originarias, generándose una mayor integración entre los distintos grupos sociales, sectores económicos y regiones geográficas. Evidentemente, las transformaciones no fueron uniformes en el espacio ni continuas en el tiempo, pero se puede comprobar que en bastantes de las regiones para las que se tiene documentación se dio una reanimación de los flujos comerciales y de la economía de mercado. Los centros urbanos operaron como potentes ejes motores de este crecimiento de los mercados internos durante la primera mitad del siglo XVII (Oliver Sánchez, 2006; Pérez Herrero, 1989, 1991a; Van Young, 1992).

A su vez, la reanimación de la demanda de los mercados internacionales, ayudado por la bajada de los costes del transporte, los fletes y los seguros, se tradujo en la reactivación económica de algunas regiones cuya actividad central se basaba en la producción de mercancías destinadas a la exportación (y consecuentemente de la elevación de su precio). El aumento poblacional a partir de comienzos del siglo XVIII en la mayoría de las regiones de Europa (consecuencia de la caída de las tasas de mortalidad, especialmente la infantil, antes que de un impulso de la natalidad), vinculado a un crecimiento de la productividad del sector agrícola y a los inicios de la industrialización en Inglaterra, crearon una brecha de crecimiento económico. El inicio de la expansión industrial, unido a la introducción de nuevas téc nicas productivas agrícolas, posibilitó una menor necesidad de mano de obra. Ello provocó un crecimiento del flujo migratorio del campo a la ciudad, una especialización en la producción, un desplazamiento de los cultivos agrícolas y de la producción ganadera de menor productividad hacia regiones periféricas, un aumento del volumen de la masa de trabajadores asalariados y, lógicamente, un aumento de los volúmenes de mercancías comercializados a través del mercado con la consiguiente monetización de los intercambios (Tortella, 2007; Comín, Hernández y Llopis, 2005; Landes, 2000).

En los reinos de las Indias la reducción del coste de la mano de obra se dio como resultado de la expansión demográfica y de la potenciación de la compulsión política. Todo ello posibilitó abaratar los costes de producción sin elevar la productividad. A su vez, el control del contrabando y la reducción de los canales de comercialización ilegales hicieron que esta demanda internacional se plasmara con más vigor en la apertura y colonización de nuevas regiones. Hasta entonces algunas zonas y sectores económicos habían funcionado como surtidores de esta demanda internacional, pero como lo realizaron en muchos casos a través de contactos ilegales no generaron la documentación adecuada para estudiar sus ritmos productivos de forma precisa. Sólo a través de informaciones indirectas se pueden conocer sus volúmenes de producción y sus oscilaciones en el tiempo. Algunos historiadores, tras analizar algunos indicadores indirectos (como es el caso de aquellos que han trabajado con los libros de las casas comerciales de los reinos de Francia, Holanda o Inglaterra para detectar qué mercancías formaban parte de sus giros procedentes del continente americano tanto de forma legal como ilegal), pudieron hacer algunos interesantes cálculos cuantitativos (Morineau, 1985; Landes, 2000; Bernal, 2005).

Todo ello tuvo un efecto inmediato en la agilización y mejora de las comunicaciones, el abaratamiento de los costes de transporte (barcos, fletes, seguros), la elevación de la comercialización de mercancías voluminosas y de reducido valor (granos), en la expansión de la red de los intercambios internos, en la ampliación de la integración regional y en la reducción del autoconsumo. El aumento de las transacciones monetizadas, unido a la huida de metales preciosos como consecuencia de la abultada balanza comercial deficitaria que Europa tenía con los mercados asiáticos (se cambiaba plata por textiles de algodón de la India, sedas y porcelanas de China, Bengala y Persia, y té y café de Ceilán), hizo que el valor de la plata y el oro subieran en los mercados internacionales, haciendo que de nuevo se impulsara la producción de los mismos en los territorios americanos debido al aumento de la rentabilidad como consecuencia del bajo coste relativo de su mano de obra. A su vez, la demanda internacional de productos como el cacao, los tintes, los cueros, el azúcar, el lino, el cáñamo o el henequén, por poner sólo algu nos ejemplos clásicos, producidos en diferentes regiones del continente americano (Caribe, Brasil, Río de la Plata, Centroamérica, Oaxaca, Nueva Granada, Ecuador, Yucatán, Luisiana) se amplió de forma exponencial (Davis, 1977; Gottschalk y Latch, 1973; Koenigsberger, 1991; Landes, 2000).

Hay que advertir que este impulso en la demanda internacional de plata y oro se transmitió con más intensidad al continente americano debido a que durante el siglo XVIII se dio un recorte en la producción de estos metales en Europa y Asia. La producción y exportación de la plata japonesa decayeron desde finales del siglo XVII. La producción de plata centroeuropea y rusa, que durante el siglo XVII había ocupado parte del hueco dejado por el declive de las exportaciones americanas al continente europeo, volvió a descender a partir del tercer cuarto del siglo XVIII como resultado de la competencia de la plata americana, al no poder afrontar los bajos costes de producción indianos, resultado de la relación colonial y del proteccionismo del sector emprendido por la Corona española. La producción de oro africano, que había sido de capital importancia durante los siglos XV y XVI, decreció también en comparación con el impulso de la producción hispanoamericana y brasileña desde mediados del siglo XVIII, como consecuencia de la elevación comparativa del coste de producción (se llegó incluso a importar oro procedente de Brasil a cambio de esclavos). En suma, los territorios indianos se convirtieron en piezas clave del desarrollo económico europeo (especialmente británico) a partir de las primeras décadas del siglo XVIII (Cameron, 1990; Wallerstein, 1984; Attman, 1986; Barret, 1990; Tepsake, 1983; Vilar, 1974; Richards, 1983; Blanchard, 1989; Landes, 2000; Comín, 2005).

Hasta la fecha, fue un tópico clásico de la historiografía latinoamericana interpretar que tras la implementación de las medidas reformistas ilustradas durante la segunda mitad del siglo XVIII se potenció la orientación externa de las economías de los territorios indianos (Navarro García, 1983). Muchos autores reseñaron las cifras de aumento del comercio externo de la segunda mitad del siglo XVIII, en comparación con las del siglo XVII o las del siglo XVI (Alonso Álvarez, 1986; Delgado, 1986; Domínguez Ortiz, 1976a; Fradera, 1987; Guimerá, 1985; Manera, 1988; Martínez-Shaw, 1981; Ribes, 1985; Torija, 1985; Torres Santana, 1981; Bernal, 1992, 2005). Otros sostuvieron que la apertura externa, la desregulación y la flexibilización introducidas por el reformismo se tradujeron en una ampliación de los flujos comerciales, un tirón de la oferta y, en consecuencia, en una transformación de las estructuras económicas y sociales.

Sin embargo, desde hace algunos años se han comenzado a desmontar estas tesis que no hacían sino reproducir bastantes de los argumentos de los propios reformistas dieciochescos. Se ha comenzado por realizar una crítica rigurosa de la información existente y se ha puesto de relieve que los ilustra dos borbónicos para demostrar los resultados benéficos de sus planes innovadores no dudaron en establecer cuadros demostrativos en los que se comparaba el crecimiento de la primera mitad del siglo XVIII con el de la segunda mitad. Obviamente, en ellos se ponía de manifiesto (maquillando cuando fue necesario la información) los efectos benéficos del reformismo borbónico. Paralelamente, se comprobó que las cifras indicadoras de la actividad económica de la segunda mitad (quintos, alcabalas, almojarifazgos, diezmos, etc.) reflejaban no sólo mejoras en la administración y gestión de los ramos de la Real Hacienda, sino también una reducción de los sectores de autoconsumo, un aumento de los circuitos monetizados y un mejor control de las actividades establecidas en lo que hoy día denominaríamos sector informal. A su vez, el aumento inflacionario que se dio durante la segunda mitad del siglo XVIII hizo que los totales de los valores de las transacciones se presentaran "inflados" al no haberse deflactado las series (evidentemente, en cada región las oscilaciones de precios fueron diferentes, por lo que no se puede utilizar un deflactor generalizado para todo el continente americano) (ICO, 1999).

Las investigaciones recientes han puesto en evidencia que las fuentes cuantitativas existentes con las que se construyeron las interpretaciones tradicionales no son suficientes ni tienen la calidad apropiada para poder realizar un estudio minucioso que nos permita mostrar de forma adecuada el comportamiento de todas las variables, y menos aún para medir con cierta precisión cuáles fueron los efectos (directos e indirectos) de la introducción del sistema de flotas y galeones en 1720 o del sistema de comercio libre en 1765-1778-1789 según sus diferentes etapas de aplicación y regiones (Gárate, 1990; Hussey, 1934; Lang, 1998; Parrón, 1997). Tampoco tenemos la información de calidad para poder calibrar con exactitud si las medidas tomadas durante el primer reformismo fueron más traumáticas o menos que las del segundo; y de qué forma afectó la revitalización del comercio externo en las distintas economías regionales americanas y las sociedades locales indianas.

Obviamente, no se puede negar que los volúmenes de las transacciones comerciales realizadas por el Atlántico y por el Pacífico durante la segunda mitad del siglo XVIII aumentaron. Sin embargo, es obvio que es necesario introducir algunas apreciaciones a fin de corregir algunas de las interpretaciones globales originales. En principio, hay que subrayar que no se pueden ofrecer cifras totales del comercio, sino que hay que desagregar los grandes números, ya que las regiones periféricas incorporadas al sistema imperial por las medidas reformistas tuvieron un comportamiento diferente a las regiones de antigua colonización. Las primeras de forma innegable tuvieron un crecimiento en sus exportaciones, ya que previamente se comportaban como zonas escasamente integradas a los circuitos internacionales. El problema está en interpretar el comportamiento de los volúmenes comerciales de las segun das. En consecuencia, hay que poner de relieve que las excelentes obras de síntesis que estudiaron hace años las dinámicas del comercio indiano lo hicieron básicamente desde el lado de las llegadas de las mercancías totales procedentes de las Indias a los puertos de la Península Ibérica (Chaunu, 1983; García-Baquero, 1976; Fisher, 1992; Walker, 1979). En consecuencia, parecería apropiado reclamar la necesidad de realizar análisis desagregados de las cifras totales desde el punto de vista del origen de las exportaciones diferenciando las dinámicas de los distintos puertos indianos y estudiando la composición de las cargas. Al mismo tiempo, habría que recordar que los totales de las exportaciones manejados por la mayoría de los historiadores (cifras del comercio oficial llegado a Cádiz-Sevilla) no pueden seguir siendo tomados como definitivos, ya que deben ser corregidas por los volúmenes de contrabando. Algunas ya clásicas contribuciones (Morineau, 1985; Brown, 1925-1926; Brown, 1986; Malamud, 1986; Moutoukias, 1996) pusieron de relieve hace años la necesidad de revisar los totales de exportación en función de las series de contrabando elaboradas a través de las Gacetas Holandesas. Recientemente, se han comenzado a estudiar las cifras en un contexto más amplio descubriendo los errores de bulto que se habían venido cometiendo en el pasado (Bernal, 1992).

Paralelamente, se repitió que la apertura comercial y la desregulación económica fomentaron la integración de las comunidades étnicas al conjunto de la economía de mercado y que estas medidas modernizadoras ayudaron a dinamizar la aculturación. Se interpretó así que la apertura comercial se tradujo en una reducción de la frontera entre las economías monetizadas y las de autoconsumo, entre las occidentales y las indígenas. Sin embargo, hay que subrayar que siguen siendo una tesis sin un sustento empírico demostrativo suficientemente sólido. Las monografías sobre los comportamientos históricos locales que están apareciendo en los últimos años indican precisamente que la apertura estuvo acompañada al mismo tiempo de un aumento de la compulsión política, así como de la expansión de los núcleos productores occidentales dedicados a la exportación sobre las antiguas regiones habitadas por las comunidades étnicas (Miño, 1992; Pérez Herrero, 1989, 1990a, 1996; TePaske, 1970; Bracamonte, 2003). Como sabemos que la primera mitad del siglo XVIII fue un período por lo general de recuperación demográfica (más intensa en los núcleos de población de las comunidades étnicas no hispánicas) y que el aumento de la producción no se apoyó en una elevación de la productividad, sino en la incorporación de tierra y trabajo fundamentalmente (crecimiento extensivo y aumento de la compulsión política para abaratar costes), se puede comprender que los aumentos de las exportaciones debieron de traducirse en un aumento de las tensiones sociales como resultado de una vigorización de la compulsión política, antes que en un desarrollo autososteni do. No resulta extraño así entender que en las nuevas regiones de expansión comercial en las que actuaron preferentemente las nuevas compañías comerciales, no se diera una modernización acelerada. Hay que recordar que, por lo general, éstas prefirieron siempre abaratar los costes de producción, no a través de la introducción de nuevas tecnologías, sino a través de la utilización de mano de obra esclava o barata indígena. Una vez más, se comprueba que el control de la oferta de mano de obra (esclava o indígena) y de la tierra siguió siendo el centro del negocio indiano. No es extraño constatar en consecuencia que una de las ocupaciones más lucrativas fuera la trata negrera y que ingleses, franceses, holandeses y portugueses se pelearan por controlarla.

Todo ello parece apoyar la tesis de que la primera mitad del siglo XVIII fue seguida de un período de crecimiento económico, un aumento del poder de la Corona, una ampliación en la centralización política en el contexto del sistema de la Monarquía imperial hispana y una vigorización de los eslabonamientos internos entre los distintos sectores productivos; y que la segunda mitad acabó en una desaceleración económica, una expansión de las tensiones entre las distintas regiones y los grupos de poder locales entre sí, y una pérdida del poder del rey (independencia de los reinos de las Indias). Parecería obvio, por tanto, concluir que el crecimiento de la segunda mitad del siglo XVIII produjo más desajustes que el de la primera mitad. No obstante, habría que introducir algunas variables más para evitar caer en la tentación de establecer relaciones causaefecto demasiado simples y mecanicistas.

En suma, con la revisión de las series estadísticas realizada durante los últimos años se ha podido confirmar que el crecimiento económico en bastantes casos se inició antes que la implementación de la política borbónica en las regiones de antigua colonización y que éste estuvo impulsado tanto por una expansión de la demanda externa (derivada de una ampliación de los mercados) como interna (consecuencia de una expansión demográfica incuestionable y por tanto de los consumos). Es evidente que esta revisión no se puede hacer extensiva a las denominadas regiones periféricas, ya que el impulso de dichas áreas se debió a su incorporación al sistema imperial como resultado de la política reformista. Lo que los reformistas borbones ilustrados trataron de hacer fue canalizar el crecimiento de unas y otras regiones por circuitos oficiales a fin de reducir el contrabando y con ello aumentar la cosecha de los beneficios fiscales (impuestos indirectos). Parece en consecuencia apropiado comenzar a plantear que el reformismo borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII (reinados de Carlos III y Carlos IV) impulsó el cambio económico en unas regiones y se aprovechó de las dinámicas generadas durante la primera mitad en otras, así como de las políticas innovadoras impulsadas durante los reinados de Felipe V y Fernando VI (Bethencourt, 1954; Pérez Herrero, 1996).

2.5. Puesta en práctica del reformismo borbónico en los territorios indianos

Las reformas se fueron incorporando a los reinos de las Indias de forma paulatina y escalonada con diferente intensidad en cada una de las regiones según sus características. En aquellas regiones de reciente colonización en las que no se había alcanzado todavía una complejidad en las relaciones internas entre los distintos grupos de poder, o en las que no había una presencia numerosa de comunidades originarias americanas, las medidas innovadoras se introdujeron con anterioridad ya que no existía el temor de que se produjeran tensiones desestabilizadoras. Funcionaron como un banco de pruebas. En las regiones en las que la complejidad social, política y económica era mayor, como las regiones centrales de los virreinatos de Perú y de la Nueva España, las reformas se introdujeron más tarde y su implantación se hizo con prudencia de forma paulatina para ir controlando las reacciones, frenando las oposiciones, apoyando a los grupos que se mostraban a favor de las innovaciones y analizando los resultados indirectos que iban ocasionando en regiones conectadas directa o indirectamente con las regiones vecinas. A continuación, se presentan las reformas divididas por grupos temáticos, pero hay que subrayar que todas ellas se fueron aplicando con intensidades distintas según las regiones.

Entre las primeras medidas estratégicas que se tomaron fue tratar de recuperar los territorios perdidos y garantizar la defensa militar del conjunto imperial. Durante la primera mitad del siglo se concentraron los esfuerzos en repeler los ataques de los extranjeros, en construir un número importante de navíos mercantes y de guerra para intentar erradicar el contrabando y los ataques marítimos, y en establecer un cordón defensivo en los puntos neurálgicos. En 1680 los portugueses se habían asentado en la colonia del Sacramento (Río de la Plata), los franceses se habían expandido en Nueva Orleans y los puertos de Panamá, Cartagena, La Habana, Callao-Lima, Guayaquil y Veracruz habían sido sometidos a ataques continuos por barcos franceses, ingleses u holandeses. A su vez, en las fronteras internas de las comunidades originarias no asimiladas plenamente no se dejaron de presentar pequeñas rebeliones que, sin poner en peligro el sistema imperial, supusieron importantes quebraderos de cabeza y, lo que fue más importante, representaron cuantiosos gastos en momentos en los que la Hacienda Real necesitaba dirigir sus siempre escasos fondos hacia otros menesteres. De forma tímida, dado el coste que ello representaba y las tensiones sociopolíticas que significaba (suponía tener que contar con la colaboración de los grupos de poder indianos), se fue paralelamente impulsando la creación de un Ejército real que defendiera los territorios indianos de los ataques externos y asegurara la implantación de las nuevas ideas y medidas. Alejandro O'Reilly llegó a la isla de Cuba a mediados de siglo con la misión de inspeccionar las defensas y organizar las milicias locales; Juan de Villalba arribó con igual misión al virreinato de la Nueva España a la cabeza de dos regimientos y en 1768 organizó tropas regulares en Caracas. Paralelamente, se fue tratando de hacer bascular los antiguos regimientos y milicias urbanas - compuestas por civiles sin una formación especializada, comandados por lo general por capitanes locales que representaban a los grupos de poder mas importantes de la región y sufragados por los comerciantes de la zona a fin de asegurar sus giros - hacia estructuras militares más centralizadas y profesionalizadas, controladas directamente por la Corona y compuestas ya en su mayoría por militares de carrera que obedecían las órdenes que les llegaban de la Península o de mandos ubicados en el continente americano nombrados por la Corona (Lynch, 1991; Archer, 1983; Garavaglia y Marchena, 2005; Kuethe y Marchena, 2005; Serrano Alvarez, 2006).

Este plan defensivo se fue materializando lentamente. La construcción de alcázares, torreones, puertos y murallas en el continente americano y la creación de una flota defensiva fue relativamente fácil de llevar a cabo, ya que si bien no dejaba de ser complicado (ingeniería militar), dependía esencialmente de contar con el apoyo financiero adecuado. Los resultados no se hicieron esperar. En 1776 se expulsó a los portugueses de su enclave de la colonia del Sacramento (actual Uruguay); se recuperó la Luisiana después de la Guerra de Independencia de las Trece Colonias Británicas; se echó a los ingleses del puerto de Omoa en las costas centroamericanas; y se pacificaron las provincias septentrionales de la Nueva España, al mismo tiempo que se construyó un cordón defensivo para evitar el expansionismo británico (Comandancia General de las Provincias Internas). El problema se presentó cuando se trató de crear un Ejército real con el consiguiente desmantelamiento de las antiguas fuerzas urbanas y regionales controladas por los grupos de poder locales. Cuando se optó por sustituir los antiguos mandos por militares profesionales se produjeron por lo general enfrentamientos, ya que ello suponía la entrada en escena de nuevos actores en el juego de las relaciones de poder indianas con el consiguiente reacomodo de los antiguos. Cuando, por el contrario, se prefirió contar con el apoyo y participación de los grupos de poder locales para profesionalizar y modernizar los cuadros defensivos se produjeron menos tensiones y los resultados fueron mejores, ya que el Ejército comenzó a ser entendido como una posible vía de ascenso social. En este caso, el problema vino cuando, pasado el tiempo y expandidos en proporción geométrica los gastos, la Corona no tuvo el respaldo financiero suficiente para seguir alimentando la maquinaria bélica creada en la proporción que exigía. Fue entonces cuando la tropa en bastantes ocasiones comenzó a dejar de tener la disciplina original o cuando algunos mandos optaron por abandonar la milicia o por utilizar sus batallones con fines propios (no especialmente dirigidos a sostener la defensa del sistema imperial). El sentimiento de decepción y de frustración en la milicia se convirtió en un arma peligrosa en contra de la Corona (Archer, 1983; Garavaglia y Marchena, 2005; Velázquez, 1950; Kuethe y Marchena, 2005).

Por todo ello, no se puede hablar de un resultado homogéneo para todo el continente, sino que hay que hacer referencia a los comportamientos regionales e incluso locales. Así, por ejemplo, los 42.995 nuevos soldados profesionalizados que había oficialmente en las Indias durante la segunda década de la segunda mitad del siglo XVIII estaban distribuidos desigualmente por todo el territorio. Mientras unas zonas estaban bien abastecidas, otras se encontraban casi desguarnecidas, como lo muestra el hecho de que, por ejemplo, en la rebelión de los comuneros en Nueva Granada (1781) las autoridades reales no pudieron contar más que con setenta y cinco soldados regulares. En la rebelión de Tupac Amaru (1780) se tuvo que echar mano de las guarniciones militares de las regiones circunvecinas o de población voluntaria contratada al efecto por no contarse con las fuerzas militares profesionales apropiadas en la zona (Brading, 1991, 1996; Garavaglia y Marchena, 2005; Kuethe y Marchena, 2005).

Con la finalidad de comenzar a controlar los asuntos religiosos y reducir la autonomía que las distintas órdenes religiosas y el clero había alcanzado en los siglos anteriores, la administración de Carlos III lanzó un plan que puso en práctica con prudencia para tratar de evitar posibles reacciones imprevistas. Primero la Corona se hizo con el control del nombramiento de los altos cargos de la jerarquía eclesiástica (concordato de 1753); y a renglón seguido se dispuso que todos los documentos pontificios tenían que ser autorizados por el rey para ser publicados en Indias (Regio Exequatur de 1762 y 1768). Posteriormente, se procedió a la expulsión de los jesuitas de los territorios imperiales y a la confiscación de sus bienes (1767), por considerar que habían llegado en algunos casos (Paraguay, Sonora) a constituir en la práctica casi unos Estados autónomos paralelos dentro del sistema imperial de la Monarquía hispana; y por interpretar que sus ideas se habían expandido peligrosamente al disponer de una importante red de escuelas y universidades de calidad en la que se formaban los hijos de los grupos de poder indianos más influyentes. Paralelamente, se restringió la inmunidad tanto del clero regular como del secular (fuero eclesiástico) y se revisó (1777) la legislación de los temas eclesiásticos incluidos en la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680. Finalmente, y con la intención de vigorizar los principios regalistas, se convocaron durante la década de 1770 diferentes concilios eclesiásticos en Lima, México, Santa Fe de Bogotá y Charcas con el pretexto de afianzar la disciplina interna del clero y revisar la aplicación de los principios básicos de la fe (Cordova Bello, 1975; Garavaglia y Marchena, 2005; Chowning, 2005).

Por lo que respecta a los cambios político-administrativos que se impulsaron, hay que subrayar una vez más que se acometieron con prudencia para tratar de frenar las posibles reacciones adversas de los grupos de poder locales indianos. Con la finalidad de recuperar el control político de los territorios americanos, se comenzó por reunir la información adecuada de primera mano. Para ello, se impulsó la realización de diferentes visitas generales a los más importantes lugares de los territorios americanos. José de Gálvez visitó el virreinato de la Nueva España entre 1765-1771; y Juan Antonio de Areche viajó por el virreinato del Perú en 1776 (Palacio Atard, 1946; Salvucci, 1983; Suárez Argüello, 2002).

A continuación, se comenzó a idear todo un plan de reformulación de la organización administrativa imperial para ampliar la capacidad de decisión y operativa de la Corona, con la misión de mermar la influencia de los grupos de poder locales indianos. Esta reconquista de América se realizó a través de lo siguiente:

a)La creación de nuevas Secretarías de Estado (lo que supuso que la Corona recobrara la capacidad decisoria sobre los asuntos indianos).

b)La disminución del poder político del antiguo Consejo de Indias, dominado hasta la fecha por grupos no especialmente afectos a los intereses de los borbones (el Consejo siguió ostentando sus atribuciones judiciales y de patronazgo).

e)La variación en los límites territoriales de la estructura político-administrativa indiana a fin de variar los espacios (territorialidad) en los que habían actuado con altas cotas de autonomía los notables de las distintas regiones.

d)La creación de una burocracia real que respondiera directamente a las órdenes dictadas por el monarca.

e)La remodelación del sistema de justicia copado hasta la fecha por las familias más prominentes indianas.

f)La recomposición de la administración regional a través de la introducción del nuevo modelo de las intendencias (Tusell, 1998; Bernard, 1955, 1972; Fisher, 1981; Pietschmann, 1996).

La reforma de los límites territoriales fue emprendida con firmeza y rapidez, pero los resultados no fueron tan positivos como se esperaba en todas las regiones del continente americano. En el virreinato del Perú se obtuvieron resultados positivos y negativos según los casos. En 1739 se creó el nuevo virreinato de la Nueva Granada (había sido erigido en 1717 pero muy pronto fue cancelado dicho experimento), pero no se cosecharon los fines que se habían diseñado en el plan original. El establecimiento en 1776 del nuevo virreinato del Río de la Plata para romper el viejo monopolio que ostentaba Lima sobre el continente suramericano obtuvo un éxito innegable, ya que el Consulado de Comerciantes de la ciudad de Lima vio reducir notablemente la condición de epicentro que había mantenido hasta el momento en cuanto a la distribución de mercancías y control de la circulación de metales preciosos (interna y externa). Parte de la plata generada en Potosí, después de la creación del nuevo virreinato, pasó a ser comercializada y distribuida por los miembros del recién creado Consulado de Buenos Aires, por lo que el metal blanco comenzó a fluir masivamente por el Río de la Plata, estableciéndose con ello una reconfiguración de los circuitos mercantiles en todo el continente de América del Sur (Céspedes, 1946; Kraselky, 2007; Parrón, 1997). En el virreinato de la Nueva España, la creación (1776) de la Comandancia General de las Provincias Internas tuvo continuos problemas como lo reflejaron sus remodelaciones (fue dividida en provincias orientales, occidentales y centrales en 1785; occidentales y orientales en 1787; una demarcación única en 1792; y, finalmente, provincias occidentales y orientales en 1804). En este caso, la existencia de unos amplísimos territorios carentes de una infraestructura de comunicación apropiada, con una baja densidad demográfica y sin la presencia de un elemento articulador potente (reales de minas, puerto importador-exportador, ciudad con una concentración de población) hizo que el proyecto del Septentrión del virreinato de la Nueva España fuera más claro sobre el papel que sobre la realidad. Había que frenar estratégicamente la lenta expansión de franceses e ingleses por el continente norteamericano para impedir la fragmentación territorial de la Nueva España, pero casi todos los intentos de llevarlo a la práctica terminaron chocando con el elevado coste del proyecto y la complejidad de su implementación (Velázquez, 1950).

Igualmente, con la intención de reducir el control que sobre los asuntos indianos habían adquirido los grupos de poder locales americanos, se procedió a la creación de los rudimentos de lo que podríamos llamar hoy día una administración pública profesionalizada dirigida y gestionada directamente por la Corona. En relación con la gestión municipal, y dado que no era complicado proceder a la cancelación de los puestos ya designados que recaían en miembros de las familias de notables locales, se optó por la creación de nuevos puestos designados en esta ocasión directa o indirectamente por el monarca para contrarrestar el peso de aquellos. Esta política tuvo resultados satisfactorios en un primer momento, pero cuando el coste financiero comenzó a ser inaguantable para la Real Hacienda en momentos de vacas flacas, el impulso recentralizador se volvió como un bumerán contra el monar ca. Los nuevos agentes de la administración imperial mal pagados, o sencillamente no pagados, encontraron en el cuerpo de los militares y en los grupos locales unos aliados inigualables para protestar contra el "mal gobierno". La semilla autonomista se activaba en los momentos que las soldadas y los sueldos no llegaban a las tropas, los mandos y los administrativos que componían la complicada maquinaria del sistema imperial. Los salarios aseguraban la lealtad de estos súbditos, pero como ésta comenzó a venderse cada día más cara, el experimento recentralizador acabó impulsando precisamente lo que había querido evitar. Desde luego una prueba de que algunos de los grupos de notables indianos siguieron teniendo poder e influencia a finales del siglo XVIII, y que por tanto no fueron barridos del mapa por las medidas ilustradas, es comprobar que se sublevaron contra el excesivo control monárquico a comienzos del siglo XIX y reclamaron con vigor la recuperación de la autonomía en la gestión de lo local perdida (Brading, 1973; Molina Martínez, 1995; Buschges, 1999; Herzog, 1996; Rodríguez, 2005; Martínez Ortega, 1993; Martin, 1996; Kinsbruner, 1987; Fisher, 2006).

Con respecto a la administración de la justicia se hicieron importantes reformas. Como desde 1687-1712 se había permitido la venta de algunos de los cargos de las Audiencias, éstas habían pasado a estar controladas en una gran proporción por los grupos indianos. Así, en general, para 1740 dos tercios de las Audiencias estaban en manos de individuos conectados con los intereses americanos. A fin de parar este proceso, se prohibió la venta de cargos judiciales a partir de 1776-1777, se impulsó la mecánica de la promoción interna, se introdujo la figura del regente para reducir el peligroso exceso de concentración de poderes en la figura del virrey (fungía como presidente de las Audiencias) y se crearon nuevas Audiencias con el objeto de resquebrajar la territorialidad de las áreas de dominio de las antiguas con la excusa de agilizar la tramitación de la Justicia (Buenos Aires, 1785; Cuzco, 1787; Puerto Príncipe, 1799). El resultado de las medidas fue inmediato como lo muestran algunas cifras. Si la Audiencia de Lima estaba compuesta en 1750 por 18 oidores (13 de los cuales respondían a los intereses americanos), en 1780 el escenario cambió radicalmente, ya que ahora los representantes de los intereses indianos ocupaban sólo cinco sillas (Burkholder y Chandler, 1984; Pérez Cantó, 1985).

A fin de recuperar el control de la gestión de los espacios regionales se incorporó en los territorios americanos la institución de la intendencia. Procedente según bastantes investigadores de Francia, había ya sido experimentada en los reinos peninsulares con éxito en años precedentes. Introducida en un comienzo en Cuba (1763-1765), se implantó después en el Río de la Plata (1782) y a continuación en Perú (1784), Filipinas (1784), Nueva España (1786) y América Central y Chile (1787). Conforme la experiencia se fue expandiendo y consolidando, se fue incorporando a los espacios donde se pensaba que su funcionamiento podía ocasionar más conflictos que beneficios. En esencia, suponía la concentración de los poderes administrativos, fiscales, militares y judiciales en la figura del intendente y en una nueva distribución de la territorialidad de sus influencias. El intendente, como individuo de confianza en sintonía con las directrices de la nueva política borbónica, nombrado directamente por el monarca, se tenía que ocupar de recuperar el control de las gestiones locales, reducir en la medida de lo posible la capacidad de acción de los grupos indianos, promover el crecimiento económico sin entrar en competencia con ningún sector o grupo de la Península Ibérica y aumentar al máximo la recaudación de las rentas reales. Para facilitar la gestión de los intendentes, se sustituyeron a los antiguos alcaldes mayores (en el virreinato de Perú se denominaron corregidores) por subdelegados, quienes, en teoría, deberían disponer de un salario que asegurara su imparcialidad e impidiera que continuaran sus tradicionales relaciones con los comerciantes (reparto de mercancías). Los alcaldes mayores, entre cuyas atribuciones estaba la recolección del tributo, se habían convertido en correas de transmisión de los intereses de los poderosos comerciantes de los Consulados de Lima y México. El alcalde mayor recibía el apoyo financiero requerido por la Corona de los almaceneros cuando recibía el cargo y a cambio se comprometía a repartir las mercancías a precios abusivos que aquéllos enviaban a la región donde operaban (Núñez, 1996; Floyd, 1965; Castañeda, 2002; Rees, 1979; Romero Vargas, 1988).

El resultado de la política de la introducción de la figura de los intendentes y la supresión de los antiguos alcaldes mayores por subdelegados tuvo resultados variados según las regiones. En unas ocasiones, particularmente en las zonas alejadas de los centros de colonización que no tenían el aliciente de disponer de una base económica sólida, se presentó el problema de no contar con suficientes candidatos para cubrir las plazas de subdelegados. En otras ocasiones, como fue el caso de las antiguas regiones centrales de colonización, los subdelegados siguieron, como consecuencia de sus sueldos reducidos o la tardanza de la recepción de los mismos, estando involucrados en los canales de distribución de mercancías, por lo que la misión de cortar las redes de influencia de los antiguos Consulados no se consiguió con la intensidad planeada. A su vez, se tiene constancia de que los comerciantes de los Consulados de Lima y México desarrollaron mecanismos para seguir controlando la circulación de los metales preciosos por el interior de los espacios americanos: invirtieron en la producción de metales preciosos, convirtieron sus ahorros mercantiles en capitales para ser prestados, adquirieron casas y propiedades rurales, diversificaron sus negocios y emplearon libranzas, letras de cambio y cartas de pago. No obstante, no hay que subestimar que José de Gálvez dispuso a partir de entonces de una potente nueva maquinaria con la que gestionar el sistema imperial por haber seleccionado a muchos miembros de su familia para ocupar los puestos de intendentes (García-Baquero González, 1976; Pérez Herrero, 1983, 1988b; Souto, 2001; Walker, 1979; Wobeser, 1994, Rees, 1979; Torres Puga, 2004; Fisher, 1981; Hamnett, 1976; Rojo, 1992; Carmagnani, 2004).

Una vez que las reformas anteriores se pusieron en marcha, la Corona comprendió que la recuperación del control de la gestión de los territorios indianos dependía del bombeo constante y creciente de enormes cantidades de recursos monetarios. Para ello el monarca acometió la tarea de recolectar impuestos de todas las actividades que fueran susceptibles de ello (transacciones comerciales, herencias-testamentos, movimientos de capitales, donaciones, préstamos, etc.). Hay que subrayar que el reformismo borbónico, cuando se planteó la misión de fomentar el tráfico marítimo, reducir el contrabando y ampliar los consumos, no lo hizo con la misión de impulsar una verdadera revolución industrial, una modernización profunda en la estructura socioeconómica o una variación de las relaciones entre las distintas piezas del sistema de la Monarquía imperial hispana, sino con el propósito de conseguir los recursos necesarios para fomentar y sostener convenientemente el papel de la Corona como árbitro y mediador político. La finalidad fue política, no económica (Domínguez Ortiz, 1976b; Marichal, 1999; Marichal y Marino, 2001).

Las reformas fiscales que se emprendieron durante esta época fueron múltiples y variaron en intensidad y características de acuerdo al momento y la región en las que se aplicaron. De forma general se crearon nuevos impuestos y monopolios a partir de 1768 (naipes, tabaco, lotería, pulque, aguardiente de caña, etc.); se pasó a administrar el conjunto de la Real Hacienda a través de una burocracia propia, por lo que se disminuyó al máximo posible la práctica del arrendamiento de algunos ramos como el de las alcabalas (1754), tradicionalmente administradas por los Consulados de Comerciantes o los Cabildos en las zonas centrales donde el volumen de negocio era elevado; se introdujo el sistema de partida doble para facilitar la transparencia de las cuentas y evitar con ello, en la medida de lo posible, el fraude (en algunos casos complicó más debido a la falta de experiencia de los contables indianos); se crearon Juntas Centrales de Real Hacienda con la misión de supervisar las cuentas de las distintas cajas; y se instalaron en Lima y México los superintendentes delegados de Real Hacienda, encargados de todos los asuntos de la Real Hacienda, aunque este proyecto se canceló en 1787, debido a las tensiones generadas entre los virreyes y los superintendentes (Céspedes, 1953). Paralelamente, se crearon impuestos especiales o se subieron los existentes en cada una de las regiones dependiendo de sus características y posibilidades concretas. Así, por ejemplo, se comprueba que las alcabalas (impuestos a las ventas) eran de desigual cantidad según la región, el momento o la mercancía (en circunstancias se reducían para fomentar la producción y otras se ampliaban justificando el aumento por cuestiones defensivas y requerimientos de la Monarquía).

De igual manera, se acometió un plan integral de remodelación del sistema comercial. Si era urgente ampliar los ingresos fiscales, también se tenía la conciencia de que había que eliminar las trabas administrativas que hasta la fecha habían frenado que las mercancías circularan con agilidad por los distintos circuitos preestablecidos de antemano. Evidentemente, no hace falta subrayar que no se trataba de un planteamiento librecambista como algunos autores han interpretado confundiendo el "Reglamento de Comercio Libre" de 1778 con el principio del "libre cambio" propuesto por Adam Smith en ese mismo año. Una vez que se construyeron los navíos mercantes y de guerra necesarios (política de José Patiño y del marqués de la Ensenada durante la primera mitad del siglo XVIII) y que se realizaron las obras de defensa oportunas en los puertos, se tuvo la base material necesaria para impulsar los cambios en las prácticas comerciales.

Dado que la experiencia cosechada por la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728), de La Habana (1740), de Barcelona (1755) y del sistema de los registros sueltos (1748) habían indicado que no se había logrado resquebrajar el poder de los grupos indianos, se emprendió otra política más agresiva. En un comienzo (como resultado de la situación creada por la Guerra de los Nueve Años entre 1739-1748 y la ocupación de Cuba y Manila por los ingleses durante Guerra de los Siete Años durante 1756-1763) se optó por la estrategia de ampliar el número de puertos que tenían permiso para realizar los intercambios entre la Península Ibérica y el continente americano. Con ello se pretendió reducir los monopolios de los antiguos Consulados de Lima y México y evitar que los intercambios siguieran realizándose a través de canales ilegales. Primero se concedió el permiso de comerciar a las islas de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Margarita y Trinidad en el continente americano y Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante, Cartagena, Barcelona, Santander, La Coruña y Gijón en la Península Ibérica (1765); al mismo tiempo que se modificó el sistema de tributación antiguo de palmeo (se cobraba por volumen de carga) por el de ad valorem (6% sobre el valor de las mercancías) para reducir las prácticas abusivas a las que se había llegado (Malamud, 1988; Pérez-Mallaína Bueno, 1982; Bernal, 2005; Gárate, 1990; Pérez Herrero y Malamud, 1988).

Al poco tiempo, y tras comprobar los resultados positivos que estas medidas habían supuesto en el corto plazo en la potenciación de los intercambios a través de los circuitos legales con el consiguiente aumento de la recaudación que ello suponía, se fue extendiendo la apertura comercial a otras regio nes. Primero le tocó el turno a Luisiana (1768), y posteriormente fueron siendo incorporados los puertos de Yucatán (1770) y Santa Marta (1776). Finalmente, en 1778 se concedió el "Reglamento de Régimen de Comercio Libre" de forma general al resto de los territorios americanos (con la excepción de Nueva España y Venezuela, que fueron incorporados en 1789). Como medida de broche final, se permitió (1789) a los comerciantes indianos enviar sus navíos directamente a la Península Ibérica. Paralelamente, la Casa de Contratación de Sevilla (trasladada a Cádiz a partir de 1717) fue reemplazada por los juzgados de arribadas, que realizaban los trámites necesarios para despachar los buques en cada puerto autorizado. Al mismo tiempo, para acelerar los intercambios de información entre el continente americano y Europa, tan necesarios para establecer exitosamente las operaciones mercantiles, se estableció el sistema de correos a partir de 1764.

Con respecto al tráfico de las islas Filipinas se estableció una política algo distinta, ya que se quiso explícitamente evitar que dicho comercio fuera controlado por el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. Por ello, se creó en 1785 la Compañía de Filipinas a fin de fomentar los contactos directos entre la Península Ibérica y los mercados asiáticos, e impedir la fuga de metales preciosos a través del tráfico realizado entre los puertos americanos y Manila. A su vez, se comenzó a abrir paulatinamente el tráfico interamericano. En 1774 le tocó el turno al realizado entre Nueva España y Perú; en 1776 al Río de la Plata; y en 1789 a la trata de esclavos realizado entre Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Venezuela con la finalidad, en este caso, de fomentar la producción azucarera (Ruiz Rivera y García Bernal, 1992; Bustos, 1995, 2005; Díaz-Trechuelo, 1965; Nestares, 1996; Piñeiro, 1994; Yuste, 2007).

El último paso fue crear nuevos Consulados de Comerciantes en los puntos considerados estratégicos (Caracas y Guatemala en 1793; La Habana y Buenos Aires en 1794; Cartagena de Indias, Santiago de Chile, Guadalajara y Veracruz en 1795; y Puebla en 1821) para tratar de quebrar los monopolios mercantiles de los antiguos grupos aglutinados en los Consulados de Lima y México, y ofrecer la cohesión que requerían y el apoyo a los nuevos comerciantes que se habían mostrado colaboracionistas con la política metropolitana (Smith, 1959; Ferry, 1989; Gelman, 1990, 1993; Pastore, 1997; Sulmanas, 1990; Garavaglia y Marchena, 2005).

Paralelamente a las reformas emprendidas en el comercio para agilizar y expandir los intercambios, se acometió un plan para aumentar la producción y para que la existente dejara de circular por los canales extralegales. No se planteó cambiar la estructura productiva, sino ampliar la existente para conseguir un aumento de los consumos y por ende del pago de impuestos indirectos. Obviamente, la producción de metales preciosos fue el sector que más atención recibió desde el comienzo. Para conseguir reducir el contrabando, se disminuyeron los impuestos (quinto y alcabalas) y se rebajaron los precios del mercurio y de la pólvora (necesarios para el sistema de beneficio de los metales por amalgamación, así como para realizar las perforaciones). La reducción del precio del mercurio tenía importantes consecuencias, ya que no sólo suponía el abaratamiento del sistema de la amalgamación comparado con el de fundición, sino que ayudó a que la Corona pudiera volver a controlar la producción minera a través del reparto de azogue (correspondidos). Paralelamen - te, a fin de erradicar en lo posible la expansión de la circulación de las platas en pasta sin quintar ni amonedar, se intentaron suplantar los partidos (contribuciones recibidas por los operarios de la mina en forma de proporción del metal extraído) por el pago de salarios, aunque con pocos resultados, ya que como respuesta los trabajadores realizaron movimientos de protesta que pusieron en peligro las reformas emprendidas. A su vez, para reducir los lazos financieros que tenían los mineros con los comerciantes de las ciudades de Lima y México se intentó dotar al sector minero de una autonomía jurídica e impulsar el adelanto tecnológico y científico. En particular, se crearon distintas instituciones financieras (Banco de la Minería de México en 1784, Real Banco de San Carlos de Potosí en 1779), se erigieron tribunales propios (Tribunal de Minería en 1776) y se fundaron los Colegios de Minas (1792), pero una vez más los resultados fueron menos espectaculares de lo programado. Con ello se comprobaba que era necesario avanzar dos pasos y retroceder uno a fin de no desequilibrar el complejo conjunto del sistema de la Monarquía imperial hispana. Romper los monopolios controlados por los grupos de poder indianos no era tarea fácil ni exenta de peligro. Apoyarse en grupos emergentes tenía el riesgo de la volatilidad de sus apoyos (Brading, 1975; Brading y Cross, 1972).

Con respecto a la producción de artesanías y manufacturas, la nueva política borbónica se planteó inicialmente la necesidad de eliminar aquellos sectores indianos que pudieran representar una competencia para sus similares metropolitanos, pero una vez más se demostró que era más fácil hacer planes sobre el papel que llevarlos a la práctica. El virrey de Nueva España, el conde de Revillagigedo, afirmó en repetidas ocasiones que los virreinatos americanos, a cambio de la protección que recibían de la Corona, debían comportarse como territorios coloniales suministradores de materias primas a la Península Ibérica y consumidores de las manufacturas importadas de la metrópoli. En repetidas ocasiones se ordenó la eliminación de los obrajes existentes (centros manufactureros textiles), así como los olivares y viñedos, pero el hecho de que permanentemente se tuviera que repetir la misma orden demuestra que no se cumplía ni con la intensidad ni con la extensión deseadas. Una vez más, hay que subrayar que esta política no estaba dirigida a fomentar una industrialización en la metrópoli, sino a impulsar un aumento de la actividad económica que acabara generando una elevación en los ingresos fiscales netos de la Corona (impuestos indirectos). Al respecto, no hay que olvidar que el propio Pedro Rodríguez de Campomanes fue enemigo de la extensión de la modernización de la producción (fábricas) en la Península Ibérica y defensor de la preservación de la estructura productiva existente (centros manufactureros) aunque con una disminución de los rígidos controles y ordenanzas establecidos por los gremios (Discurso sobre el fomento de la industria popular, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento) (Miño, 1990; Salvucci, 1987).

Finalmente, en cuanto a la producción agrícola, se acometieron reformas (reducción de impuestos o eliminación en ocasiones de los mismos) para fomentar las exportaciones de productos como el lino, el cacao, el algodón, el azúcar, el tabaco, los tintes, etc., pero no se estableció ningún programa para tratar de aumentar la productividad agrícola indiana que asegurara la producción de los productos básicos alimenticios a una población en claro aumento. Resulta revelador, por ejemplo, que los esfuerzos que se hicieron en los reinos de la Península Ibérica para tratar de resolver los problemas agrícolas con respecto a la producción de granos no tuvieran un tratamiento paralelo en Indias. En consecuencia, tampoco es extraño comprobar que las ideas contenidas en los textos de Campomanes (Tratado de la Regalía de Amortización) o de Jovellanos (Informe sobre la Ley Agraria) relativas a la necesidad de liberar al sector agrícola de las condiciones de agobio en las que vivía (endeudamiento, amortización de las tierras) no encontraran un eco en los programas reformistas ideados para la realidad indiana. Con ello se puso de manifiesto que los territorios indianos tenían una consideración diferente al de los reinos peninsulares, no obstante que en los discursos oficiales se defendiera de forma machacona que los cambios estaban dirigidos a defender el bienestar de los súbditos de todo el conjunto del sistema de la monarquía imperial, independientemente de dónde se encontraran. No sería, por tanto, extraño, que, tras este plan reformista, comenzara a generarse un clima de ánimo autonomista en los sectores indianos más desfavorecidos por las innovaciones (Lucena, 1996; Rodríguez, 2005).

3.1. Características generales

Las dinámicas de los territorios indianos durante la segunda mitad del siglo XVIII fueron diferentes según las regiones. Influyeron la ubicación de las zonas con respecto a los mercados internacionales, la estructura productiva, la composición y ubicación (grado de concentración urbana) de la población, la propia geografía, las conexiones existentes con los intereses comerciales peninsulares y extranjeros, la situación de peligro que representaba estar en un centro estratégico o en una frontera alejada del imperio, la intensidad de la aplicación de las reformas, la articulación interna de los mercados internos, la dependencia de las economías con respecto a los precios de las mercancías de exportación, los costes de las transacciones (fletes, seguros) y la fuerza en la toma de decisiones de los grupos de poder locales. En aquellas regiones en las que la capacidad de influencia de los notables era elevada, la política reformista se concentró en reducir su poder, apoyando para ello como estrategia a otros grupos alternativos. En aquellas regiones marginales de la geografía americana que no habían recibido todavía un impulso en la colonización, las medidas innovadoras tuvieron como fin integrarlas en el sistema imperial y crear los grupos emergentes necesarios para impulsar la producción y expandir los intercambios (Tovar, 1993; Elliot, 2006).

Obviamente, en unas y otras regiones la visión de la Ilustración y las repercusiones que tuvieron las medidas reformistas fueron diferentes. Sin embargo, no se debe caer en la tentación de establecer una visión dicotómica homogénea del comportamiento geográfico de la realidad americana, ya que en las regiones de colonización asentada se dieron a su vez diversas reac ciones, así como entre las de nueva colonización. A continuación, se establece una diferenciación en el comportamiento a nivel continental y se realizan sólo algunas referencias de los distintos comportamientos locales.

Por falta de espacio suficiente no se realizará una descripción detallada de las dinámicas de las distintas regiones. Hay que aclarar que la existencia de "fronteras internas" dentro de los territorios de los antiguos virreinatos hace complicado dibujar un mapa nítido entre regiones de antigua colonización y las de nueva. El Septentrión de Nueva España debe incluirse dentro del segundo grupo, a pesar de formar parte del primero; algunas de las regiones antillanas y circuncaribes tienen que incorporarse también al segundo bloque por la dinámica que adquirieron durante la segunda mitad del siglo XVIII, no obstante haber sido descubiertas y colonizadas a comienzos del siglo XVI. En el mismo caso, entre otros ejemplos, están las regiones de la selva amazónica, los nortes del virreinato del Río de la Plata o el sur de la capitanía general de Chile (Hausberger, 1997; Langue, 1992; Escandell, 1997; Tandeter, 1992; Mentz, 1992; Scharrer, 1997).

3.2. Regiones de antigua colonización con presencia de grupos de poder consolidados

Las respuestas al reformismo borbónico fueron variadas en las regiones en las que existían ya unos grupos de poder consolidados herederos de una larga etapa de colonización previa, una producción variada compleja que vinculaba la oferta para el mercado interno con la del mercado externo y una sociedad conformada por diferentes grupos con intereses distintos (no necesariamente antagónicos).

Para comenzar, es necesario recordar que en las regiones de antigua colonización es inadecuado presentar todos los cambios que acaecieron en estas regiones durante la segunda mitad del siglo XVIII como una consecuencia directa de las medidas innovadoras introducidas por los reformistas borbónicos (Arcila Farías, 1955). Es evidente que hay que comprender las propias dinámicas internas de estas sociedades, ya que unas eran esencialmente productoras de metales preciosos, mientras que otras estaban especializadas en la exportación de materias primas con un valor añadido reducido. Además, es necesario distinguir entre la evolución de la demanda externa y las consecuencias derivadas de la introducción de las medidas reformistas.

Con respecto a los mercados internos, se observa que éstos crecieron en estas regiones como resultado de varios procesos concatenados. El aumento de la población, unido a una especialización en la producción, una elevación en la extracción de metales preciosos y a una gradual monetización de los circuitos mercantiles (que supuso la reducción de las unidades de autoconsumo) devino en una ampliación de la demanda interna monetizada. En el virreinato de la Nueva España los totales de población crecieron de forma clara entre finales del siglo XVII y la década de 1740 y mantuvieron un buen ritmo en su brecha expansiva durante la segunda mitad del siglo XVIII. Obviamente, se dieron las consiguientes diferencias regionales y por grupos sociales, ya que se constata que en las zonas habitadas mayoritariamente por comunidades étnicas lo hicieron por lo general con más intensidad. El virreinato pasó de tener unos 3,3 millones de habitantes a mediados de siglo a unos 6,1 millones a finales de la época colonial (las cifras son aproximadas debido a la calidad de las fuentes existentes). Se puede apreciar a su vez que estos ritmos de crecimiento fueron más intensos en el norte y noroeste del virreinato, ya que al crecimiento vegetativo se le unió la inmigración procedente de regiones del mismo virreinato o del exterior. Así, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara triplicó su población durante la segunda mitad del siglo XVIII (Van Young, 1989; Reher, 1992; Oliver, 2003; Rabell, 1990; Molina Del Villar, 1996, 2001; Malvido y Cuenya, 1993; Duhau, 1988; Sánchez Silva, 1998; Solís, 2003; Sánchez-Albornoz, 1977; Béligand, 2007).

La expansión demográfica de las comunidades étnicas durante el siglo XVIII, al no poder ser absorbida por sus propias estructuras productivas ante la ausencia de los territorios necesarios adecuados (la expansión de las haciendas ante el aumento de la demanda mercantil se realizó sobre el territorio de las comunidades) se tradujo en unas ocasiones en una emigración hacia los centros urbanos, las fronteras interiores y hacia las haciendas para cubrir la mano de obra que requerían; y en otras en una lenta transformación de las antiguas formas de producción de autoconsumo hacia otras mercantiles monetizadas orientadas hacia el mercado ante la elevación del precio de algunos productos como el maíz, el trigo u otros alimentos básicos (Ouweneel, 1991, 1996; Conti, 1997; Brading, 1975; Baskes, 1996; Carmagnani, 1988; Chance, 1989; Romero Frizzi, 1996; Taylor, 1972; Mancuso, 2007). Sin embargo, estos datos no deben inducirnos a interpretar que el mundo indígena se redujo, ya que se observa que a fines del siglo XVIII quedaba un elevado número de municipalidades que seguían manteniendo dinámicas sociales, económicas y culturales netamente indígenas (Brading, 1975; Van Young, 1989; Farris, 1992; Ouweneel y Torales Pacheco, 1988; Escobar Ohmstede, Mandrini y Ortelli, 2007; García, 2007; Miño, 2006).

La producción de metales preciosos del virreinato novohispano creció, pero cuando se deflactan las series, se comprueba que la productividad no aumentó en la misma proporción, constatándose que creció más en la primera mitad del siglo que durante la segunda. La productividad argentífera novohispana aumentó con intensidad durante los primeros veinte años del siglo XVIII, siguió haciéndolo a mediados de siglo aunque con ciertas oscilaciones, y a partir de la década de 1770 comenzó a decrecer. El comercio externo en su conjunto (tanto en la vertiente atlántica como en la pacífica) se dinamizó (Coatsworth, 1990; Ouweneel, 1996; Garner, 1993; Pérez Herrero, 1988a; Flores Clair, 1997; Jacobsen y Puhle, 1986; Kuntz Ficker y Pietschmann, 2006; Valle Pavón, 2007; Yuste, 2000).

En la región del Bajío algunos centros productores comenzaron a alejarse de la antigua órbita de los reales de minas. Celaya y Salvatierra fueron comercializando más su producción de granos hacia la Ciudad de México, que comenzó a comportarse tanto como centro de consumo cuanto como redistribuidor de mercancías. San Miguel el Grande se convirtió en uno de los principales abastecedores de carnes, grasas y pieles a lejanos mercados a través de los puertos de Veracruz y Acapulco. Querétaro aumentó sus exportaciones de textiles hacia otras ciudades del virreinato, compitiendo con los antiguos centros manufactureros de la región de Puebla. Acámbaro y León se especializaron en la talabartería. La cerealización del Bajío generó una ampliación de importación de lana de las haciendas del norte del virreinato para el surtimiento de la materia prima necesaria de sus obrajes (Brading, 1975; Tutino, 1983; Alcántara, 2007; Escobar Ohmstede y Fagoaga Hernández, 2005; Thompson, 1989).

En la intendencia de Michoacán se generó un crecimiento urbano considerable, debido más a una emigración campo-ciudad que a un crecimiento vegetativo, procediéndose en consecuencia a una intensificación de la producción agrícola, la conversión de las haciendas ganaderas en cerealeras y el enfrentamiento entre hacendados y comunidades indígenas, que asistieron al deterioro de sus tradicionales formas de vida (Morin, 1979). La región de Puebla sufrió un parcial estancamiento relativo a lo largo del siglo XVIII debido a las epidemias, la emigración, la competencia de otras áreas productoras de granos por el surtimiento del mercado de la Ciudad de México, la reducción del número de obrajes ante la importación de telas extranjeras más baratas o la rivalidad con otros centros manufactureros del virreinato, la pérdida de los mercados harineros antillanos ante la entrada en escena de las exportaciones estadounidenses realizadas al amparo de las concesiones del comercio de neutrales y el enfrentamiento con la Compañía Guipuzcoana que luchaba por reducir las relaciones mercantiles entre Nueva España y Venezuela; y, fundamentalmente, por su situación excéntrica respecto a las zonas de producción minera (Garavaglia y Grosso, 1990; Thomson, 1989).

En la intendencia de Guadalajara florecieron las haciendas cerealeras, al mismo tiempo que se expandieron los centros manufactureros. La lejanía del puerto de Veracruz funcionó en la práctica como una eficaz barrera proteccionista. Los Altos de Jalisco, Aguascalientes y Lagos se especializaron en la cría de ganado mular y las regiones costeras de Tierra Caliente en la de vacuno. El ganado lanar, cuantitativamente inferior a los anteriores, se concentró en los distritos altos y más fríos de la intendencia. Tierra Caliente se especializó en la producción de algodón, tintes y arroz (Van Young, 1989; Serrera, 1977). El Noroeste experimentó un notable crecimiento económico en las últimas décadas del siglo XVIII tras el descubrimiento de nuevos reales de minas. La intendencia de San Luis de Potosí se especializó en la cría de ganado. Todos los cambios impulsaron un rediseño de las influencias de los grupos de poder, generándose en consecuencia nuevas tensiones antes inexistentes, así como la aparición de nacientes lealtades (Harris, 1975; Martin, 1996; Ortelli, 2004).

En la intendencia de Oaxaca, la región de la Mixteca Alta se especializó en la producción de grana para la exportación; en los valles centrales de la ciudad de Antequera las comunidades étnicas siguieron controlando los dos tercios de la producción agrícola del valle; y las regiones colindantes con las intendencias de México y Puebla se dedicaron a la cría de ganado caprino y en la producción de azúcar, índigo y algodón (Hamnett, 1976; Carmagnani, 1988; Chance, 1989). En la intendencia de Veracruz el aumento de los intercambios comerciales transformó el puerto; el monopolio concedido por la Corona a la producción de tabaco incorporó a la zona de Orizaba; el bloqueo atlántico en las Antillas a manos de los ingleses impulsó la producción de azúcar; y el acantonamiento de tropas en Orizaba, Córdoba y Jalapa originó nuevas actividades con la consiguiente especialización productiva en cada una de las subregiones. En la península de Yucatán la expansión demográfica y la demanda de materias primas para la exportación se tradujeron en un aumento de la coacción política, una monetización de los flujos comerciales y en una transformación del régimen de propiedad de la tierra (Bracamonte, 2003; Güémez, 2005; Martínez Ortega, 1993; Farris, 1992).

En las regiones centroamericanas la población creció también de forma notable, pero hay que advertir que lo hizo de forma desigual tanto a nivel regional como por grupos. Las comunidades étnicas aumentaron más en términos comparativos que el resto de la población, pero hay que subrayar que no lo hicieron de forma homogénea como lo demuestran los censos existentes de la región de la costa del Pacífico. Como resultado de la demanda internacional y del crecimiento en el consumo interno la región se dinamizó. La centralidad de la ciudad de Guatemala aumentó en la misma proporción que descendió el poder de los notables del resto de las regiones. La producción de añil, concentrada en las laderas de Pacífico, conectó el área con los mercados internacionales, fortaleció al grupo de los comerciantes de Guatemala (el Consulado fue creado en 1793) y generó una parcial especialización en la producción de la región. La cría de ganado se expandió. La reac tivación de la minería hondureña tras el descubrimiento de los yacimientos de Yuscarán y Opoteca no impulsó el crecimiento económico interno como se esperaba debido a la baja calidad de los minerales. Las medidas liberalizadoras hicieron que renaciera el cultivo del cacao, se comenzara a exportar la cochinilla, floreciera el tabaco, se exportaran cueros, se expandiera el comercio de carnes saladas como alimento de los esclavos en las plantaciones azucareras y se exportaran maderas nobles (caoba) a los ingleses. A su vez, la conmutación de tributos de 1737 hizo que las comunidades indígenas se integraran en los intercambios mercantiles monetizados. En resumen, la época colonial terminó con una estructura comercial enfocada hacia el exterior, pero al mismo tiempo hay que señalar que no se generó una integración de los mercados internos de la misma intensidad, lo que se tradujo en una ampliación de tensiones sociales y de los enfrentamientos entre los distintos grupos de poder (Romero Vargas, 1988; Garavaglia y Marchena, 2005; Casaús Arzú, 1992; Wortman, 1982; Floyd, 1965; Smith, 1959, 1990).

En el virreinato de Perú, la población, según muestran los censos disponibles, sufrió un descenso durante la década de 1720, se remontó a mediados de siglo y volvió a caer coyunturalmente en la década de 1780 (la población del virreinato pasó de 1.076. 122 habitantes en 1792 a 1.500.000 en 1812) (Sánchez-Albornoz, 1977; Minchom, 1994; Pérez Cantó, 1985; Simard, 1997; Garavaglia y Marchena, 2005). La parcial recuperación de la producción minera, la expansión poblacional, la creación de nuevos virreinatos (Río de la Plata y Nueva Granada) y la ampliación de la demanda internacional de nuevos productos agrícolas se tradujeron en cambios en la organización de los flujos comerciales internos del eje andino y en una remodelación del peso e influencia de los grupos de poder locales existentes. El aumento en la población indígena no desembocó como en el caso de la Nueva España en un incremento de la misma intensidad en la concentración urbana y por tanto en los niveles de mercantilización. La población de Lima, aun siendo el centro urbano mayor del virreinato peruano, no superó los 63.900 habitantes en 1812 (Pérez Cantó, 1985; Glave y Remy, 1983; Larson, 1988; Fisher, 1977; Lockhart y Schwartz, 1992).

La minería de la plata pasó por varias fases. Después de una primera etapa de niveles bajos en la producción a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, se inició un período de recuperación (1770-1784, pasando de producir 250.000 marcos anuales a casi 400.000) acicateado por la llegada de cantidades crecientes de azogue de las minas de Almadén; en 1777-1778 se regresó a los niveles de producción de comienzos de la década de 1770 (300.000 marcos); en 1785-1795 las extracciones volvieron a crecer (570.000 marcos); entre 1795-1805 la actividad minera mantuvo la media de los niveles más altos alcanzados en el período anterior, pero con oscilaciones anuales brus cas de hasta 100.000 marcos, y a partir de 1805-1815 se aprecia una aguda recesión al volverse de nuevo a los niveles de 1770 (250.000 marcos). En el período 1815-1825 la producción alcanzó de nuevo los niveles de 1810 (480.000 marcos), para posteriormente, una vez lograda la independencia política, caer abruptamente hasta el nivel de los 50.000 marcos. Los reales de minas que acusaron un aumento en su producción no siempre fueron los mismos; y la vigorización en la extracción de los mineras se tradujo por lo general en una intensificación en la explotación de la mano de obra indígena y en una movilización de los recursos comunitarios (Fisher, 1977; Brading y Cross, 1972; Dobado, 2002; Gavira Márquez, 2000, 2001; Mata, 1996; Whitaker, 1941).

La apertura del puerto de Buenos Aires en 1778 significó la entrada de manufacturas extranjeras, con la consiguiente expansión de la competencia respecto de los centros textiles indianos y la ampliación de la salida de metales preciosos hacia el exterior con el consiguiente descenso de la oferta monetaria en el eje andino. La plata comenzó a ser exportada directamente hacia el exterior pasando a ser a partir de ahora controlada también por el nuevo Consulado de Comerciantes de Buenos Aires, al mismo tiempo que dejó de circular con la intensidad que lo hacía en décadas precedentes por los espacios del virreinato del Perú. La antigua integración económica de los mercados internos varió. El antiguo presidio y pequeño puerto de Buenos Aires se convirtió en un importante enclave comercial por el que discurrían la plata potosina, los esclavos africanos, la yerba mate paraguaya, los cueros y cereales pampeanos y el azúcar brasileño. La ganadería literalmente inundó las tierras de pastos (las pampas de Argentina, Uruguay y sur de Brasil); la llegada de nuevos inmigrantes y la transformación de las identidades colectivas existentes pusieron las bases de una sociedad plural; y cada región comenzó a vincularse más directamente con el exterior, deteriorándose los antiguos eslabonamientos internos. Aunque la costa peruana siguió enviando al Alto Perú azúcar, algodón, alcohol, etc., estos productos fueron intercambiados por telas extranjeras en vez de por plata potosina, alterándose las relaciones interregionales del espacio andino. La yerba mate paraguaya comenzó a exportarse directamente al puerto de Buenos Aires en vez de al Alto Perú; los obrajes quiteños, al descender en su producción, dejaron de activar la demanda de algodón, lana y tintes del entorno; los ganaderos rioplatenses ampliaron sus exportaciones al Alto Perú, desplazando a algunas de las antiguas áreas surtidoras; Arequipa, hasta entonces especializada en la producción agrícola (vinos, aguardiente, patata, granos), que enviaba a Potosí para adquirir la moneda que le permitiera comprar los artículos de importación en Lima, comenzó a desligarse del centro minero; y la competencia de los cereales llegados de los puertos chilenos redibujaron los centros de producción andinos (Tandeter, 1992; Brown, 1986; Céspedes, 1946; Socolow, 1978; Madrazo, 1997; Mayo, 1996; Mayo y Latroubesse de Díaz, 1993; Moutoukias, 1996; Paz, 1997; Di Liscia, 2002; Mires, 1992).

La región de Tucumán, de ser un centro productor de ganado además de centro mercantil vinculado con Chile, de donde importaba textiles de procedencia externa para su posterior venta en los mercados altoperuanos, se convirtió en un punto clave de las nuevas rutas de la plata en la segunda mitad del siglo XVIII. Con la legalización de Buenos Aires como puerto importadorexportador de metales preciosos, el comercio triangular Potosí-Tucumán-Brasil pasó a realizarse entre el Alto Perú y el Río de la Plata. Tucumán exportaba ganado y otros productos de reexportación a los mercados altoperuanos a cambio de plata; enviaba cueros y sebos a los mercados internacionales y adquiría de los mismos textiles, hierro y manufacturas, pagando dichas importaciones con la plata adquirida en el circuito altoperuano. Las importaciones procedentes de la región de Chile (añil, cobre, telas y azúcar) continuaron. Además, el propio consumo de los centros urbanos desarrollados generó el tráfico de algodón, vino, aguardiente, azúcar y yerba mate que potenciaron la expansión de otras redes comerciales y la especialización de otras zonas. Todo ello impulsó la fabricación de carretas. Cuyo y Mendoza se convirtieron en centros viticultores; Córdoba en criador de mulas; San Juan se hizo famoso por sus aguardientes; Santiago del Estero por los tintes, la cera y la miel; Corrientes por sus arpilleras; y La Rioja destacó por sus productos agrícolas. El noreste se especializó en la exportación de productos subtropicales (algodón, azúcar, yerba mate y tabaco) (Garavaglia y Marchena, 2005).

La economía chilena basculó a partir del tercer cuarto del siglo XVIII hacia el eje de Buenos Aires, con el consiguiente alejamiento de Lima y la reestructuración intrarregional. La población de Chile pasó de 95.000 habitantes en 1700 a 184.000 habitantes en 1775 y a 583.000 en 1810 (Izard, 1986; Langue, 1994; Mago, 1997; León, 1987). El aumento del déficit en la balanza comercial fue combatido con el incremento de las exportaciones de granos hacia Perú, lo cual se tradujo en una reducción del precio de los cereales en el mercado de Lima, por lo que se generó la dinámica perversa de que si se quería aumentar las importaciones de circulante, había que exportar una cantidad proporcionalmente mayor de cereales (Carmagnani, 1967; Garavaglia y Marchena, 2005; Lacoste, 2004; Undurraga, 2005).

En la región de Paraguay la producción de yerba mate aumentó (se multiplica por diez entre 1730 y 1790), al mismo tiempo que se dio un cambio en las exportaciones a partir de 1778, al pasar los destinos de los mercados altoperuanos a la nueva capital del virreinato rioplatense (Buenos Aires reexportaba hasta el 50% de la yerba a los puertos chilenos, desde donde era otra vez recomercializada) (Garavaglia y Marchena, 2005).

El puerto de Buenos Aires se convirtió a partir de 1776, año de la creación del virreinato del Río de la Plata, en la nueva metrópoli comercial del continente suramericano. Su población aumentó y con ella la demanda de alimentos. Los habitantes de Buenos Aires pasaron de 11.600 en 1744 a 26.125 en 1778. Las exportaciones se multiplicaron exponencialmente. El ganado vacuno en manos de grandes estancieros y la producción de trigo en manos de pequeños agricultores se combinaron. La exportación de cueros, carne salada y sebo reorientó las antiguas conexiones con los centros mineros altoperuanos (Socolow, 1978; Gelman, 1990, 1993; Acevedo, 1996).

El destino internacional de la producción de cacao de Guayaquil hizo que la región se viera menos afectada por la reorientación de los circuitos de la plata y la atlantización del virreinato peruano. La población de Guayaquil aumentó de forma más intensa comparativamente con la de la región de Quito como resultado de la ampliación de las demandas de tabaco y cacao en los mercados internacionales. El crecimiento de los requerimientos de mano de obra hizo que los niveles de llegada de mano de obra libre o forzosa se elevaran. No obstante, hay que subrayar que esta expansión no estuvo exenta de problemas, ya que a partir de entonces los productores guayaquileños se tuvieron que enfrentar a los intereses de los productores centroamericanos, venezolanos o peninsulares. En 1718 y 1724 se prohibieron las exportaciones de cacao de Guayaquil a Nueva España para evitar la posible huida de metales preciosos hacia los mercados asiáticos, así como la llegada competitiva de las sedas chinas; en 1729, la creación de la Compañía Guipuzcoana de Caracas se tradujo en un nuevo golpe a los productores guayaquileños, pero la apertura de la ruta del cabo de Hornos en 1743 impulsó las exportaciones de los cacaos guayaquileños (los comerciantes andaluces vieron esta nueva ruta como un medio de competir con el monopolio concedido a la Compañía Guipuzcoana, exportadora del cacao de Caracas); en 1774 se permitió con limitaciones el tráfico entre Nueva España, Guatemala, Ecuador, Perú y Chile; en 1776, se concedió al cacao guayaquileño una rebaja de derechos a la entrada, tanto en puerto español como americano; en 1778 se limitó su introducción por Acapulco; y en 1785-1787 se volvieron a eliminar las restricciones. No por casualidad la región de Ecuador tuvo un comportamiento diferente al resto del virreinato peruano en los movimientos de independencia, basculando en un primer momento hacia la región neogranadina (Hamerly, 1970; Piñeiro, 1994; Cubitt, 1982; Milton, 2005; Minchom, 1994; Palomeque, 1994; Poloni-Simard, 2006).

La región de Lambayeque, situada al norte de la actual República Peruana, tradicionalmente productora y exportadora de azúcar, vio remodelar sus conexiones interregionales como consecuencia de la supresión del sistema de flotas (1740), la expansión de la producción azucarera antillana y la apertura oficial del puerto de Buenos Aires (aceleró la entrada de los azúcares brasileños). De esta forma, las exportaciones de Lambayeque se redujeron a los exclusivos mercados del sur de Lima y Chile, por lo que no casualmente las plantaciones de azúcar se fueron convirtiendo paulatinamente en zonas de pastos para el ganado (Ramírez, 1991).

En suma, los impulsos descritos en la concentración urbana y los efectos generados por los reales de minas fueron responsables de un parcial aumento en los mercados internos monetizados. En consecuencia, parece obvio reconocer que la introducción de las medidas reformistas borbónicas se apoyó en estas regiones de vieja colonización en las dinámicas precedentes. No hay que negar que al apoyarlas, las potenciaron, pero tampoco hay que caer en la tentación de interpretar que fueron la causa principal y única de las mismas. Toda la información disponible parece indicar que en estas regiones de antigua colonización el papel del reformismo al parecer fue más a remolque de los cambios internos que al revés. Paralelamente, hay que subrayar que en las regiones de antigua colonización se generaron nuevas tensiones entre los viejos y nuevos actores sociopolíticos al entrar en competencia unos con otros (un ejemplo claro lo representan los enfrentamientos entre los antiguos y los recién creados Consulados de Comerciantes). Unos querían preservar sus privilegios no sólo en términos relativos con el resto de los grupos de poder de sus regiones respectivas, sino también en relación con los nuevos grupos metropolitanos nacientes, mientras que otros luchaban por aumentarlos, gozando para ello del apoyo de la Corona. Estos segundos siguieron presionando para que se ampliara la libertad comercial, mostrando su disconformidad con la apertura selectiva que se había acometido hasta la fecha (Reglamento de Comercio Libre), pues querían ampliar su autonomía de acción y desprenderse del control ejercido hasta entonces por los antiguos flotistas y almaceneros. Obviamente, tampoco se sentían muy cómodos por la excesiva presión fiscal a la que eran sometidos como consecuencia de las necesidades urgentes por las que pasaba la Corona. Los comerciantes de los antiguos Consulados se encontraron ahora con el hecho de que no sólo les surgían competidores en la metrópoli, sino al mismo tiempo en casa, y lo que fue más importante que los préstamos y donaciones que habían hecho a la Corona para ayudar a financiar y mantener vivo el sistema de la Monarquía imperial hispana no se veían recompensados ahora con los favores y las prebendas que habían gozado hasta el momento. Prestar a la Corona había sido hasta entonces una de las formas de adquirir prestigio en las sociedades de Antiguo Régimen donde no existían mecanismos de movilidad social. El problema se presentó durante el reinado de Carlos IV cuando se tomó la decisión de extraer el máximo de beneficios netos, se aumentó la presión fiscal, se disminuye ron los gastos realizados en los territorios indianos (los gastos en defensa, por ejemplo, iban a parar a los bolsillos de los notables indianos, ya que eran ellos los responsables de organizar las milicias, fabricar los uniformes, abastecer las guarniciones, etc.) y se recortaron los privilegios y prebendas de los grupos tradicionales indianos. La vieja relación del pacto colonial entre la Iglesia, la Corona y los grupos locales de poder se rompía dejando las tres piezas desconectadas entre sí. No sería casual, por tanto, que los terceros vieran en consecuencia en la abdicación de Bayona (vacío de poder) un momento clave para tratar de recobrar los privilegios perdidos.

Paralelamente, hay que recordar una vez más que los datos existentes ponen de manifiesto que el aumento de las exportaciones de metales preciosos tanto al Viejo Mundo como al continente asiático no ocasionó de forma generalizada en todas las regiones del continente americano un aumento de la monetización de las transacciones internas con la intensidad que se ha subrayado, no generaron tampoco un impulso en la especialización en la producción en la proporción que se ha descrito, ni ayudaron a generar de forma automática una mayor integración interna en los mercados. Hay que aclarar que este aumento en la producción se basó por lo general en buena medida en una intensificación en la compulsión política en vez de en una mejora de la productividad (introducción de nuevas tecnologías), lo cual acabó generando un creciente malestar social. Ello ayudó a que no se generaran con la intensidad esperada los eslabonamientos internos, y que a su vez a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX las tensiones entre los grupos de poder regionales indianos aumentaron entre sí como consecuencia de la nueva reordenación de la territorialidad, hecho que se puso en evidencia cuando se dieron los movimientos de independencia. Cada grupo de poder regional defendió por todos los medios posibles lo que consideraba sus zonas de influencia y se opuso a compartir sus cuotas de poder con otros actores sociopolíticos y económicos tanto internos como externos.

3.3. Regiones de reciente colonización y nuevos grupos de poder emergentes

Las regiones de reciente colonización no productoras de metales preciosos, con una población originaria reducida, con presencia de grupos de poder poco consolidados y con una sociedad no muy compleja vieron cómo sus economías crecieron a lo largo del siglo XVIII como resultado del impulso de la demanda de los mercados internacionales (cambios dietéticos, aumento de la capacidad de consumo) y las facilidades generadas por algunas de las medidas reformistas borbónicas (apertura comercial, mayor flexibilidad en los con tactos mercantiles, reducción en algunos impuestos, abaratamientos del coste de los transportes, etc.). El crecimiento demográfico fue en casi todas estas regiones posterior a la incorporación de dichas medidas; y la ampliación de los mercados internos (integración interna con economías de escala) fue bastante menos vigorosa que la observable en los circuitos externos.

La población de Nueva Granada pasó de tener unos 333.000 habitantes en 1780 a unos 780.000 en 1800. La región de Caracas creció lenta pero de forma constante. La población indígena fue minoritaria (10%); y comparativamente, la de origen africano (24%) y europeo (66%) fueron superiores. En la isla de Cuba, la población se triplicó entre 1700 y 1760 (160.000 habitantes) (Carmagnani, 1967; Barbier, 1980; Sánchez-Albornoz, 1977). La inmigración (libre o forzada según los casos) desempeñó un papel fundamental en el crecimiento poblacional de estas regiones. Los inmigrantes que llegaron de forma voluntaria procedían a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en una gran mayoría del norte de la Península Ibérica; mientras que los que lo hicieron de forma forzosa siguieron llegando masivamente del continente africano (directamente, o como resultado de desplazamientos de otras zonas del continente americano). Hacendados y rancheros, con nuevas formas de vida, se multiplicaron por las llanuras del Orinoco, las costas de las actuales repúblicas de Colombia y Venezuela, las islas del Caribe y los amplios espacios septentrionales del virreinato de Nueva España. La mayoría de los recién llegados voluntariamente se insertaron en la sociedad indiana como burócratas, militares, comerciantes y agricultores. Los migrantes forzados lo hicieron en calidad de esclavos y se concentraron por lo regular en zonas geográficas de condiciones climáticas cálidas productoras de bienes para la exportación (azúcar, cacao, tabaco, tintes, etc.) con un alto valor y una demanda creciente en los mercados internacionales (Lucena, 1993; Black, 2006).

Tratar de cuantificar la inmigración es complicado, ya que se cuenta sólo con cifras generales, por lo que hay que ir recomponiendo las llegadas locales, comparándolas con las salidas de los puertos peninsulares americanos y cotejando todo el panorama resultante para ver si se dieron desplazamiento de destino en el continente americano una vez que los migrantes llegaron al primer puerto de llegada. Todo ello es difícil de realizar ya que, si bien podemos contar con las cifras generales de los migrantes en los puertos de salida europeos, estadounidenses y africanos, es más difícil seguirles la pista una vez que desembarcaron en el primer puerto indiano de llegada (Vives, Vega y Oyamburu, 1992; Cagiao, 1991; Márquez Macías, 1995; EEHA, 1985; Martínez Martínez, 1993; Sánchez-Albornoz, 1977). En cuanto al comercio de esclavos contamos con una información más detallada por ser fruto de un monopolio hasta 1789 (realizado en manos privadas o públicas) regulado por la Corona. Según las cifras oficiales existentes, se tiene constancia de que durante la segunda mitad del siglo XVIII se dio un crecimiento en los volúmenes de la trata como consecuencia del incremento de la demanda de mano obra de las regiones exportadoras de productos tropicales y de las zonas auríferas (Chocó en el virreinato de Nueva Granada). Así, se comprueba que si entre 1651 y 1760 se importó una media anual de unos tres mil esclavos, esta cifra se duplicó durante la segunda mitad del sigo XVIII. A partir de 1789, con la liberalización del comercio de esclavos, el número de entradas siguió elevándose. La llegada de la población esclava transformó los escenarios de las regiones tropicales y en especial el área antillana y circuncaribe. La población esclava de Cuba pasó de representar aproximadamente el 40% de la población total en 1774 al 50% en 1817. En Venezuela la población esclava constituyó a fines del siglo XVIII el 46% del total. Igualmente, en Panamá y Colombia la población africana (esclava y libre) alcanzó algo más del 50% (Lovejoy, 1982; Stolcke, 1992; Curtin, 1969).

En el virreinato de Nueva Granada, y más concretamente en la región de Venezuela, el cacao se convirtió en el producto más importante de exportación, al mismo tiempo que impulsor de la expansión de los circuitos intrarregionales. Por una parte, el cacao representó el producto exportador por excelencia, hasta que a partir del tercer cuarto del siglo XVIII aparecieron los tintes, el café, los cueros y el algodón, con la consiguiente incorporación de los llanos y las vegas del interior en los circuitos comerciales. A su vez, la reducción de las tradicionales exportaciones del cacao neogranadino a Nueva España, se tradujo en una caída en la entrada de metales preciosos a la región y en la necesidad de buscar mercados alternativos. Los destinos de las exportaciones pasaron a partir de entones a orientarse prioritariamente a los mercados europeos, el área antillana y los recién independizados Estados Unidos. El Real Decreto de 1777 (permitió el comercio con los mercados antillanos no hispánicos), la reducción de las exportaciones haitianas a partir de la década de 1791, la ocupación de la isla de Trinidad por los ingleses en 1797, la llegada de capitales externos y la disminución de la competencia en la región facilitaron el aumento de estas exportaciones. De España llegaba acero, hierro, textiles y vinos; del mundo antillano y circuncaribe afluían cacao, tabaco, azúcar, algodón y textiles ya locales o reexportados procedentes de Europa. Cartagena servía de cabeza de puente con el exterior y los ríos Magdalena y el Cauca eran los nervios centrales del comercio, mientras Bogotá hacía las veces de almacén y punto desde donde eran reexpedidas las mercancías. Popayán se constituyó en la puerta de acceso al mundo andino y en particular en la conexión con los centros textiles quiteños (Izard, 1986; Piñeiro, 1994).

El nuevo impulso económico derivado de las exportaciones de materias primas, junto con las inversiones realizadas por la Compañía Guipuzcoana de Caracas en la capitanía de Venezuela, convirtieron a Caracas en una próspera ciudad y en un puerto exportador con efectos de arrastre importantes en las áreas circunvecinas. A su vez, la producción de oro, así como la expansión de la cría de ganado, ayudaron a revitalizar la economía de la región. Sobre el cálculo de las oscilaciones en las extracciones de oro en el virreinato neogranadino (Antioquia) existe una fuerte polémica debido a la calidad de las fuentes. Por lo general se acepta que la producción dibujó una tendencia ascendente a lo largo del siglo XVIII, pero habría que deflactar estas cifras para eliminar la pérdida de la capacidad de compra del oro, al mismo tiempo que comparar el incremento observable en las cifras oficiales con el de la crisis del siglo XVII a la luz de las mejoras administrativas y de la reducción del contrabando. No obstante, con los datos existentes, no parece existir muchas dudas en reconocer que este crecimiento minero debió de generar eslabonamientos internos reducidos debido a su propia estructura productiva. La falta de concentración empresarial y el uso de técnicas primitivas (los mazamorreros iban literalmente rascando y lavando la superficie de la tierra para sacar el oro) hicieron que la producción aurífera se convirtiera en una actividad coyuntural, descentralizada y poco controlada. Al parecer, sólo cuando los placeres auríferos se desplazaron hacia las tierras altas de Marinilla, Rionegro y Santa Rosa se fue creando un comercio intrarregional. La costa se especializó en la producción de arroz, azúcar, cacao, frutas y frijoles y las sierras en la cría de ganado. La creación de la Capitanía General (1777), la instalación de la Audiencia en Caracas (1786) y la constitución del Consulado de Caracas (1793) representan un buen indicador de que el ritmo del crecimiento económico se fue consolidando y de que todo ello ayudó a fortalecer la estructura institucional (García-Baquero González, 1976; Nunes Dias, 1972; Lucena, 1993; Arcila Farías, 1950; Hussey, 1934; Piñeiro, 1994; Izard, 1979; Brito Figueroa, 1972; Colmenares, 1997; Pérez Herrero, 1992b).

La región antillana experimentó importantes transformaciones durante el siglo XVIII. Azúcar, cacao, tabaco y tintes dibujaron una especialización en la producción. Las islas que no habían modernizado sus estructuras productivas durante el siglo XVII, alcanzaron un techo al comenzar a descender su productividad en términos comparativos con otras regiones del planeta al no incorporar nuevos adelantos tecnológicos. Aquellas islas no hispanas que hasta entonces habían permanecido al margen tuvieron una rápida expansión en su oferta. Barbados pasó de producir 8.000 t en 1700-1704 a 12.000 t a comienzos del siglo XIX; St. Kits saltó de 132 t en 1700-1704 a 9.429 en 1770-1774; Nevis y Montserrat oscilaron permanentemente entre las 3.000 y las 2.000 t quinquenales durante todo el siglo; Antigua pasó de las 2.000 t en 1700-1704 a las casi 10.000 en 1750-1754; Jamaica pasó de exportar 4.000 t en 1700-1704 a 88.060 en 1805-1809; Granada, St. Vincent, Santa Lucía y Dominica se fueron incorporando a la fiesta del azúcar a mediados de siglo, subiendo sus exportaciones de 2.000 a 10.000 t; Trinidad y Tobago pasaron de exportar 1.000 a 10.000 a comienzos del siglo XIX; Martinica saltó de 5.000 en el quinquenio de 1710 a 17.000 en 1815-1819; y St. Domingue subió de las 5.000 t en 1710-1714 a las 68.000 en 1785-1789 (Watts, 1990; Chinea, 2002).

La expansión en la producción del azúcar redibujó la trama de los antiguos flujos comerciales. El ron elaborado en las costas norteamericanas era enviado al continente africano para ser cambiado por esclavos. Desde las costas africanas, los barcos enfilaban sus proas a las plantaciones azucareras antillanas, donde vendían los esclavos y cargaban el azúcar y las melazas con dirección a las refinerías norteamericanas y europeas. Los barcos ingleses solían navegar directamente a Jamaica transportando barriles, pescado salado y manufacturas, que cambiaban por metales preciosos, llegados a la isla por la venta de esclavos de contrabando en los puertos hispanoamericanos. Los mismos barcos tenían también la posibilidad de adquirir a bajo precio esclavos en los mercados antillanos y cargar azúcar y melazas, a fin de vender los primeros en las costas norteamericanas (bahía de Chesapeake), y cambiar el azúcar y las melazas por ron con el que iniciar otro circuito mercantil. Tampoco era raro que los barcos franceses se dirigieran a las costas del continente suramericano para cambiar esclavos por metales preciosos directamente, en vez de emplear el azúcar como producto intermediario. Con los metales adquiridos, los mencionados barcos compraban directamente en la India los textiles de algodón demandados en Senegal, donde eran cambiados por goma y ropa, que serían posteriormente la base de la compra de esclavos en Dahomey para comenzar el ciclo de nuevo. Lo que es necesario subrayar ahora es que entre 1750-1775 algunas de estas prácticas comerciales variaron. Los comerciantes británicos, ante la reducción de sus ganancias ocasionada por la competencia de los comerciantes franceses y estadounidenses y la pérdida del asiento (monopolio de la trata negrera concedido por la Corona española a los franceses), enviaron sus barcos directamente desde los puertos de las islas británicas hasta las costas africanas a fin de rebajar los costes de la adquisición de la mano de obra. En consecuencia, en algunas ocasiones, después de vender sus cargas humanas en las Antillas, regresaron a los puertos europeos en lastre, por encontrar que el azúcar estaba comprometido ya a otros comerciantes. De esta forma, los comerciantes británicos disminuyeron los volúmenes de sus exportaciones de azúcar, al mismo tiempo que aumentaron las de los franceses, holandeses y españoles (Curtin, 1969; Bernal, 2005; Comín, 2005).

La guerra de independencia de las colonias inglesas del continente norteamericano (1775-1783) tuvo consecuencias inmediatas en las dinámicas de los mercados antillanos. La disminución en las remisiones procedentes de las Trece Colonias supuso la elevación del precio de algunas materias primas y de ciertas mercancías de primera necesidad (granos, harinas), así como de productos como el ron y el ganado (caballar y mular). La firma del Tratado de Versalles en 1783 volvió a abrir el tráfico entre las islas británicas antillanas y Estados Unidos, con la condición de que fuera realizado en barcos ingleses. Sin embargo, esta condición acabó beneficiando a los contrabandistas norteamericanos debido a la incapacidad de los barcos ingleses para cargar los volúmenes crecientes de las harinas estadounidenses. A fin de combatir esta pérdida de control, el Parlamento inglés extendió en 1787 el sistema de libre comercio a varios puertos antillanos (Kingston, Savannah la Mar, Montego Bay y Lucea en Jamaica; St. George en Granada, Roseau en Dominica; y Nassau en las Bahamas), por lo que entre 1783 y 1791 volvieron a aumentar las exportaciones de azúcar, aunque no con la intensidad esperada ya que en ciertas ocasiones los huracanes arruinaron parte de las cosechas en 1784-1786. La revolución en St. Domingue a finales de la década de los ochenta creó el clima necesario para que las islas inglesas y Cuba se favorecieran de la nueva coyuntura. El clima de guerra entre Inglaterra y las Trece Colonias ayudó a convertir a Cuba en un mercado privilegiado para las exportaciones estadounidenses de harinas (después eran a su vez reexportadas por las Antillas y los mercados circuncaribes) y un lugar de donde extraer metales preciosos. Cuba encontró en las plazas de los recién nacidos Estados Unidos unos mercados sustitutivos de aquellos productos que no podían comercializarse en Europa por la situación del bloqueo marítimo causado por la guerra. En 1784-1785 la Corona española trató de cortar ese tráfico, pero se encontró que era casi imposible detener las prácticas comerciales iniciadas, por lo que los llorones cubanos (productores y comerciantes de la isla), consiguieron la concesión de un régimen comercial especial, que les permitió seguir manteniendo tratos mercantiles con Estados Unidos entre 1793 y 1808 (Barbier, 1980; Kuethe, 1986).

La isla de Cuba tuvo un desarrollo más tardío en el aumento de la producción de azúcar en términos comparativos con el resto de las Antillas en manos de las Coronas inglesa y francesa, ya que pasó de las 2.000 t en el quinquenio de 1740-1744 a las 10.000 t en 1775-1779, las 37.085 en 18051809, y las 50.384 en 1820-1824. El número de ingenios aumentó de un total de 463 en 1792 a 870 en 1803 y 1.000 en 1827. Los navíos que llegaron al puerto de La Habana pasaron de un total de 371 en 1775, a 800 en 1800, 1.057 en 1828 y 2.524 en 1837. La liberalización del tráfico de mediados de siglo, el reemplazo de la moneda macuquina (en su mayoría de cobre) por pesos fuertes (1771), la permisividad de la importación masiva de esclavos negros en 1789, el aumento en las inversiones gubernamentales en infra estructuras y la revolución de Saint Domingue en 1791 impulsaron la producción y favorecieron las exportaciones. Esta expansión en la producción azucarera cubana, junto con el crecimiento demográfico de la isla, impulsaron cambios en los circuitos comerciales. Mientras que las islas inglesas tenían un nivel de especialización alto en la producción y exportación de azúcar, contando para ello con mano de obra preponderantemente esclava, Cuba, por el contrario, mantuvo una economía más diversificada en la que la mano de obra compulsiva no ocupó comparativamente un lugar tan preponderante. A La Habana llegaban las harinas mexicanas y estadounidenses, necesarias para el abastecimiento de la creciente demanda urbana; de Campeche se recibía maíz y harinas a cambio de tabaco; y de Coatzacoalcos, maderas de cedro y caoba como materia prima para su astillero. Cartagena, Santa Marta, La Guayra y Maracaibo enviaban maíz y mulas, a cambio de tabaco, azúcar y sobre todo reexportaciones de manufacturas de procedencia europea. El tabaco cubano se llevaba a Portobello, donde era reexpedido para su venta en el virreinato peruano. A su vez, el puerto de La Habana se conectaba con las islas Canarias, exportando volúmenes crecientes de cueros, azúcar, cacao y tabaco procedentes de las islas y del entorno circuncaribe, a cambio de aguardiente, vino, vinagre y frutos secos de Tenerife. De Cádiz siguieron llegando las mercancías europeas (vinos, aceites, telas, papel), con la única diferencia de que ahora no lo hacían de forma concentrada, como en tiempos de las flotas y los galeones, sino en navíos sueltos. Los mismos comerciantes jamaicanos tenían tratos con Cuba, donde enviaban sus mercancías para recomercializarlos. El área de Santiago de Cuba siguió siendo la puerta falsa por donde entraba y salía un volumen creciente de mercancías de contrabando, tales como esclavos, telas y ropa, además de vinos y objetos de lujo. El comercio con St. Domingue también era intenso (comercializaba tabaco y mulas a cambio de ron y telas europeas). Las concesiones y privilegios concedidos por la Corona a los grupos de poder cubanos (por la importación de las remesas que enviaba a la metrópoli, junto con la aceptación de las formas de producción esclavistas, unido al bienestar económico alcanzado) hicieron que la isla no se sumara a la marea de los movimientos de independencia política que se desataron en el área latinoamericana a comienzos del siglo XIX (Kuethe, 1986; Le Riverend, 1975; Moreno Fraginals, 1964, Pérez Herrero, 1992b; Wortmann, 1982; Gutiérrez Escudero, 2001; Sáez, 2006).

La isla de Santo Domingo participó indirectamente de la recuperación económica antillana. Funcionaba como la trastienda del crecimiento azucarero de la parte francesa de la isla (proporcionaba alimentos, ganado y pastos), y como punto exportador de cueros y ganado a Antillas y el área circuncaribe. Importaba harinas, mulas, sebos y cueros de Puerto Rico, azúcar de Cuba, pescado y sal de la isla Margarita, y cacao, cueros, carne y ganado de Venezuela. Exportaba o reexportaba tabaco y cacao a Puerto Rico, vino, pescado, cacao y carne a Cuba, cueros y tabaco a Margarita y alimentos y manufacturas a Caracas, enviando ganado a la parte francesa de la isla. Desde 1756 y hasta 1765, se concedió el monopolio del tráfico de la isla a la Compañía de Barcelona, momento en el cual se introdujo el "régimen de comercio libre". De las plazas extranjeras llegaban víveres y caldos de Nueva York y Filadelfia, ron de Jamaica, sal de la isla de la Tortuga, azúcar de la parte francesa de la isla, víveres y caldos de Curasao y ron de las Antillas francesas e inglesas. Cuando el crecimiento azucarero de Saint Domingue disminuyó debido al proceso revolucionario, la parte española de la isla lo resintió inmediatamente (Pérez Herrero, 1992b; Pacheco, 2005).

En suma, se aprecia en líneas generales que estas regiones fueron impulsadas directamente por el reformismo borbónico y crecieron de forma notable durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los intercambios con la Península Ibérica se expandieron en estas regiones tanto en cifras totales como comparativas, ya que se partía de unos flujos de intercambio mínimos (en algunas ocasiones inexistentes). La tensión entre los grupos locales y los metropolitanos fueron reducidos en comparación con las regiones centrales del continente, debido a que los reformistas apoyaron a estos grupos emergentes. Muestra de que la Corona estaba interesada en apoyar a estos nuevos comerciantes-empresarios para potenciar la actividad de las regiones periféricas fue el hecho de que se decidiera bombear masivamente recursos monetarios procedentes de los viejos virreinatos en forma de situados a los virreinatos de Nueva Granada, Río de la Plata, colonias antillanas y Filipinas; y que se invirtieran sumas cuantiosas en la creación y perfeccionamiento de los sistemas defensivos. En el caso de Nueva Granada, si sus notables se inclinaron por apoyar los movimientos de independencia no fue, como en el caso de las antiguas regiones de antigua colonización, con la intención de recuperar sus viejos privilegios, sino para seguir expandiendo sus negocios y autonomía, después de comprobar que el reformismo se comenzaba a quedar estrecho al no seguir ofreciendo las vías de crecimiento esperado y a que el naciente liberalismo peninsular mostraba preocupantes tendencias colonialista con respecto a las regiones indianas.

Las regiones de reciente colonización comprobaron al final del reformismo que éste se les quedaba estrecho al suponerles un marco de acción excesivamente rígido que no les permitía seguir ampliando sus contactos directos con el resto de las potencias y de los mercados internacionales. Cuando a partir de 1804 la Corona comenzó a exigir a los reinos de las Indias un esfuerzo añadido excesivo para financiar las necesidades bélicas y presupuestarias de la Corona, los grupos de poder regionales de estas zonas apoyaron las peticiones de la Monarquía, pero con la esperanza de que a cambio en los meses o años venideros se les concedería una mayor cuota de participación en la definición de sus políticas económicas y una mayor autonomía en la decisión de su futuro político. Su pretensión era reducir los impuestos que pagaban a la Corona, disminuir la participación de los grupos peninsulares en el negocio indiano, ampliar al máximo sus contactos directos comerciales con las potencias económicas del momento y garantizar una mayor cuota de la autogestión de sus territorios. El problema surgió cuando se comprobó que los grupos comerciales metropolitanos siguieron ampliando sus exigencias en el control de flujos comerciales atlánticos, y cuando la Corona redujo las tradicionales reciprocidades políticas derivadas del viejo pacto colonial. Cuando en 1808 se creó la situación inédita de vacío de poder con la dimisión de Carlos IV ante Napoleón, estos grupos sopesaron como una solución viable la posibilidad de comenzar a controlar su futuro sin las cortapisas impuestas por la Corona. En un comienzo reclamaron mayor autonomía, no la independencia.

4.1. El siglo XVIII revisitado

Existen pocas dudas en reconocer, tras la revisión historiográfica de las últimas investigaciones, que las medidas reformistas borbónicas que se implementaron en los reinos de las Indias desde mediados del siglo XVIII no alcanzaron todas las metas que se habían propuesto. Los datos son elocuentes. El final del período se saldó con el derrumbamiento del sistema de la Monarquía imperial hispana en el continente americano, en vez de su reforzamiento. El monarca, no sólo no aumentó su poder sobre los territorios indianos, sino que perdió cualquier influencia sobre los mismos. A continuación se hace una reflexión de cuáles fueron algunos de los legados que dejaron las sociedades de Antiguo Régimen a finales del siglo XVIII para la construcción de las sociedades liberales en las repúblicas independientes a partir del siglo XIX y cuáles son las nuevas líneas de investigación que se han abierto en los últimos años. Se ha optado de forma consciente por obviar los detalles militares de las guerras de independencia, por considerar que forman parte de una historia patriótica que ha sido narrada con detalle en una inmensa cantidad de publicaciones.

Obviamente, no hace falta recordar que tras los avances realizados por las recientes investigaciones se hace cada día más complicado establecer cualquier generalización a nivel continental al darse una multiplicidad de situaciones locales tanto estructurales, como coyunturales, sectoriales y temporales. También es necesario recordar que si algo ha quedado claro en los últimos años es que hay que entender las independencias continentales en un contexto político, económico y de las ideas internacionales a fin de supe rar las explicaciones excesivamente regionalistas o personalistas de culto al héroe y de loa de una pequeña localidad presentada de forma aislada en el tiempo y en el espacio, sin por ello negar la importancia de estas variables (Calduch, 2006; Alcázar et al., 2003). El hecho de que en buena medida los movimientos de independencia reivindicaran los derechos municipales perdidos o recortados por las políticas recentralizadoras borbónicas (el fomento de los sentimientos nacionalistas de comienzos del siglo XIX fomentaron hasta la saciedad esta explicación) no debe hacer olvidar que las independencias tuvieron lugar en un clima internacional apropiado. En la actualidad, tras estudiar de forma comparativa el pensamiento liberal de los escritores más representativos de ambas orillas del Atlántico (Francia, España, Italia, Portugal, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Canadá, etc.) se está poniendo de relieve que existió una fuerte influencia recíproca entre los pensadores de ambas orillas; que algunas de las ideas más progresistas tuvieron su origen precisamente en el continente americano; que no todos los intelectuales del continente americano (tanto del norte como del sur) tuvieron un pensamiento político homogéneo diferenciado del europeo; y que algunos de los elementos teóricos que se manejaron no fueron siempre conceptos importados del exterior (como repitió incansablemente cierta historiografía) sino que representaron la recuperación de ideas de pensadores hispánicos del propio siglo XVI, tales como Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias, Domingo de Soto, Luis de Molina, Juan de Mariana, Francisco Suárez y Fernando Vázquez de Menchaca (Rodríguez, 2005).

Los cafés, las tertulias y la prensa se convirtieron en importantes núcleos de transmisión y discusión de las ideas. Los pensadores de ambas orillas del Atlántico estaban más y mejor conectados de lo que habíamos imaginado. Sus ideas eran comentadas, la aplicabilidad de sus tesis era valorada en cada rincón del espacio de las sociedades atlánticas y se discutía de qué forma debían ser adaptadas a cada uno de los casos concretos locales atendiendo a cada momento histórico. Los trabajos de importantes investigadores de reconocido prestigio internacional (Alfredo Ávila, Ana Frega, Antonio Annino, Antonio Miguel Bernal, Antonio Rivera, Armando Martínez Garnica, Ascensión Martínez Riaza, Brian Hamnet, Carole Leal, Charles Hale, Eduardo Cavieres, Elías Palti, Enrique Florescano, Federica Morelli, Fernando López-Alves, Francisco Xavier Guerra, Genevieve Verdo, Hilda Sábato, Inés Quintero, Inmaculada Simón, Iván Jaksic, Ivana Frasquet, Jaime Rodríguez, Javier Fernández Sebastián, Joaquín Varela Suances-Carpegna, Jorge Domínguez, José Álvarez junco, José Antonio Aguilar, José Antonio Serrano, José Carlos Chiaramonte, José María Portillo, Josep Fontana, Luis Barrón, Manuel Chust, Manuel Ortuño, Marcela Ternavasio, María Eugenia Claps, María Luisa Soux, Marta Irurozqui, Moisés Guzmán Pérez, Mónica Quijada, Natalio Botana, Noemí Goldman, Nuria Tabanera, Rafael Rojas, Raúl Navarro, Roberto Breña, Sol Serrano, Víctor Peralta, Virginia Guedea, Xiomara Avendaño, entre otros), recordaron insistentemente que no se puede explicar la creación de los Estados-Nación en América Latina sin entender las influencias recíprocas entre los pensadores de ambas orillas del Atlántico. El problema es que con bastante regularidad se ha incidido en estudiar la influencia del pensamiento político de Europa en América Latina, habiéndose descuidado la comprensión del peso del pensamiento político latinoamericano en el devenir del discurso político europeo y estadounidense. Evidentemente, existen notables excepciones (Rodríguez, 2007; Jaksic, 2008). Quizá ésta sea una de las razones que ayuden a explicar por qué se extendió la tesis que sostiene que los principios del liberalismo fueron más exitosos en los países clásicos de referencia (Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos); y por qué se difundió la interpretación de que los países anglosajones y Francia se caracterizaron por alcanzar la modernidad, mientras que los de tradición hispana se anclaron en el atraso y el oscurantismo. Obviamente, la tesis de Max Weber que vinculó el pensamiento protestante con el capitalismo ayudó a consolidar esta visión estereotipada.

En un mundo sin Internet y sin teléfono, las ideas se expandían a través del correo, de los periódicos, las hojas volanderas y las tertulias, y los pensadores acostumbraban a viajar más de lo que ahora nos imaginamos teniéndose que añadir que por las circunstancias de las comunicaciones de la época lo hacían por temporadas largas (medidas en meses y años en vez de en horas como hoy se hace). Como consecuencia, los conceptos se conocían y debatían en cafés en el espacio atlántico generando acalorados debates que reflejaban un buen conocimiento de los principales principios políticos de la época en amplios espacios y de las diferencias de perspectiva de cada región en función de sus propias características. No hay ninguna duda en afirmar que los países que vivían a ambas orillas del Océano Atlántico no vivían unos a espaldas de los otros. La idea de la existencia de un pensamiento liberal con una fuerte carga nacionalista (venezolano, argentino, chileno, español, portugués, italiano, mexicano, venezolano, colombiano, etc.) parece que debe finalmente ser sustituida por una comprensión de un pensamiento liberal atlántico más global e incluyente que evolucionó con diferentes ritmos e intensidades en cada una de las regiones del conjunto en función de sus propias peculiaridades, pero sin abandonar ni renunciar a los principios generales del los que habían partido.

De forma paralela, la nueva historiografía no ha dejado de poner de relieve en los últimos años tras una renovación profunda de los paradigmas manejados hasta la fecha que no todos los movimientos anteriores a 1808 puedan ser entendidos de forma automática y mecánica siempre como prolegómenos de la independencia (Pérez, 1986). La tesis que defiende que desde mediados del siglo XVIII se fue fraguando un sentimiento antimetropolitano con características protonacionalistas y que acabó explotando de forma inevitable como un efecto de maduración natural en 1808-18 10 no tiene la debida apoyatura documental necesaria en todos los casos (Quijada, 2005). Distintos autores han puesto en evidencia que los primeros movimientos no tuvieron reivindicaciones independentistas, sino autonomistas (Rodríguez, 2005). Tratar de recuperar los niveles de autonomía local, oponerse a un aumento del pago de impuestos, protestar por un aumento de precios y la carestía y ausencia de bienes alimentarios básicos, exigir un aumento de la libertad comercial, denunciar una mala gestión de gobierno, etc., no deben ser entendidos como signos inequívocos del surgimiento de sentimientos independentistas, revolucionarios o antisistema. Lo que queda claro tras la lectura de los documentos de la época es que en una primea fase, por lo general, los grupos de poder americanos lucharon por mantener y asegurar la gestión en la autonomía regional, no por conquistar frontalmente a cualquier precio la independencia (Simón, 2002; Portillo, 2006). En las mismas fuentes no se detecta por lo general un rechazo frontal a la Monarquía. Incluso se ha podido documentar que la figura de Fernando VII - el caso de Nueva España fue muy notable - fue defendida públicamente por ciertos grupos y comunidades étnicas. Su figura fue transportada en un carromato con las ventanas tapadas con cortinas para no dejar ver su interior por diferentes lugares del continente americano, por interpretar que representaba la continuación de la pervivencia del pacto colonial y en particular la preservación de los privilegios de la República de indios (Van Young, 2006; Anes, 2005; Ruiz Medrano, 2007).

Evidentemente, siempre se pueden encontrar excepciones cuando se analizan las reivindicaciones de los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz (Chust-Frasquet, 2004). El regreso de Fernando VII en 1814 con la consiguiente abolición de la Constitución primero, y la restauración de la Constitución en 1820 después (que gozó del apoyo de importantes comerciantes gaditanos dedicados a los negocios ultramarinos, pero no con el visto bueno generalizado de todos los representantes americanos), fueron hechos esenciales que ayudaron a modificar lentamente los sentimientos autonomistas en independentistas en los territorios ultramarinos junto con la lógica transformación de la propia imagen benefactora paternalista del monarca. Indudablemente, lo que precipitó la independencia a partir de 1820 fue el rechazo por buena parte de los liberales españoles (moderados e incluso algunos radicales) a discutir en profundidad la posibilidad de adaptar el antiguo sistema territorial imperial a una nueva estructura federal de reinos que tuvie ra la capacidad de integrar al complejo conjunto de regiones y sociedades existente, garantizara una cierta igualad de condiciones de todas sus partes y asegurara una cierta autonomía de gestión de cada uno de los grupos de poder locales. A las sociedades indianas (conservadores o liberales, radicales o moderados) no les quedó más salida que la independencia.

A comienzos del siglo XXI se distingue entre los conceptos de la modernidad, el liberalismo, la Ilustración, la revolución, la democracia, la República, la Monarquía, el absolutismo, el Estado de Derecho, etc. La Ilustración, centrada en la potenciación del método del conocimiento científico defensor de la relación entre causa-efecto y la medición cuantitativa de las variables, manejó conceptos de participación política y de libertad de expresión, pero hay que recordar que no puede ser identificado como un pensamiento político revolucionario que tratara de transformar la estructura del poder, ya que no se planteó de forma directa en términos de teoría sociopolítica la transformación de las estructuras estamentales del Antiguo Régimen en las liberales del Estado Moderno. En las primeras la lógica de poder se basaba en la relación personal del vasallo con el monarca, mientras que en las segundas se centraba en la relación anónima del ciudadano con el Estado en el marco de la Constitución partiendo del entendimiento de que todos eran iguales ante la ley. En las primeras los privilegios, los favores y las exenciones eran los instrumentos que manejaba la Corona para alimentar las reciprocidades políticas y asegurar las lealtades. Las libertades eran entendidas como privilegios personales, no como derechos políticos en el marco del Estado. Las sociedades liberales defendían que el imperio de la ley era el principio rector que debía garantizar la superación de los privilegios, los favores y las discriminaciones. Las ideas ilustradas sin duda introdujeron nuevos conceptos y vocablos en el discurso político que después obviamente ayudarían a desarrollar los principios liberales a lo largo del siglo XIX, pero desde luego no pueden entenderse automáticamente como conceptos revolucionarios-modernizantes, ya que los ilustrados partieron precisamente de la preservación de la lógica que legitimaba el sistema imperial de la Monarquía hispana. Es evidente que cuando se establece una modelización en Ciencias Sociales se suele caer conscientemente en una caricaturización de la realidad para tratar de facilitar la explicación de la misma, pero ello no debe hacer olvidar que la historia cambia como resultado de procesos, lentos o rápidos, incluso con avances y retrocesos, por lo que no se puede seguir construyendo un modelo explicativo rígido maniqueo que siga estableciendo ecuaciones automáticas de relaciones causa-efecto demasiado simples y planas entre conceptos y variables tales como Ilustración-liberalismo, modernidad-democracia, atraso-autoritarismo, revolución-cambio estructural, autonomía-independencia; o entre parejas de conceptos opuestos como Monarquía-República, libertad-absolutis mo, centralismo-federalismo, etc. Al mismo tiempo, es necesario subrayar que los conceptos de Ilustración, modernidad, liberalismo, realismo, revolución, independencia y autonomía, así como los nuevos lenguajes y discursos políticos, fueron interpretados de forma diferente (con connotaciones y denotaciones disímiles) por los distintos colectivos en cada una de las regiones y momentos históricos en función de sus intereses y coyunturas, lo que dificulta establecer cualquier generalización a escala continental (Artola, 2008; Mestre, 2003; Sánchez-Blanco, 2002; Quijada, 2008; Chust, 2007; Chust y Marchena, 2007; Chust y Serrano, 2008; Peralta, 2008; Quintero, 2008a, 2008b; Guerrero, 2006).

4.2. Autonomía local y tensiones por la participación en los beneficios fiscales: ¿una revolución modernizante?

El nuevo programa de gobierno, introducido por los reformistas borbónicos durante la segunda mitad del siglo XVIII, trató de potenciar la capacidad de influencia de la Corona en los destinos de los distintos grupos de poder que habitaban en los diferentes reinos que integraban el complejo conjunto de la Monarquía imperial hispana e impulsar los recursos económicos que la Corona obtenía de todo el conjunto. No obstante, quedó claro en los distintos textos de la época que no se pretendió cambiar de raíz la estructura socioeconómica del conjunto, sino precisamente vigorizar la vinculación de los territorios indianos a la estructura imperial. Los comerciantes de las regiones de nueva colonización comenzaron a ver en la política reformista de la Corona un freno a sus intereses expansivos; y los de antigua colonización consideraron una traición la actitud de la Corona al comprobar cómo se permitía y apoyaba desde la Península la intromisión de los nuevos grupos de poder socioeconómicos y cómo se ponían en entredicho la autonomía en la gestión de lo local que hasta la fecha habían disfrutado, junto con el mantenimiento de sus privilegios sociales y políticos (propios de estructuras estamentales de Antiguo Régimen). Ambos grupos de comerciantes (nuevas y antiguas regiones) se planteaban que, si se reducían las restricciones impuestas por la nueva política recentralizadora diseñada desde la metrópoli y se aminoraban los impuestos que se tenían que pagar a la Corona, se ampliarían enormemente sus beneficios, se expandirían al máximo los contactos comerciales, con el consiguiente aumento de los ingresos netos de los respectivos negocios, y se preservaría la autonomía de gestión de sus espacios. Lo que no pusieron en entredicho en un primer momento ni unos ni otros grupos fue que, si bien el sistema de la Monarquía imperial podía tener costes importantes en el corto plazo (presión fiscal, imposición de políticas res trictivas, tomas de decisión no consensuadas), tenía la ventaja de sostener, defender y legitimar en el largo plazo las estructuras de poder de Antiguo Régimen que permitían la pervivencia de las exclusiones y las desigualdades de las sociedades estamentales, a la vez que garantizaba la existencia de una compleja trama en el que cada grupo y región tenía su ubicación y una cierta autonomía logrando con ello una cierta convivencia pacífica entre distintos grupos pertenecientes a distintas culturas, intereses y regiones. El reconocimiento de la diversidad no fue identificado como un posible rompimiento de la unidad (Navarro García, 1982; Pérez Herrero, 1998; Sánchez de Tagle, 1998; Bernal, 2005). El problema apareció cuando, una vez puestas en entredicho las relaciones de poder heredadas del sistema imperial monárquico, se tuvieron que idear nuevas formas de articulación política-económica-socialcultural que permitieran seguir manteniendo las desiguales estamentales propias del Antiguo Régimen, pero ahora en el contexto del formato de las nuevas sociedades liberales republicanas e independientes.

A su vez, hay que subrayar que la tesis de que el crecimiento económico generalizado de la segunda mitad del siglo XVIII estuvo vinculado de forma directa con los programas ilustrados considerados como modernizadores impulsados por los gobiernos de Carlos III y Carlos IV ha comenzado a mostrar fisuras. Se sostuvo que el nuevo orden impuesto por los borbones fomentó el crecimiento y se estableció una distinción entre el desorden-crisis de los Austrias y el orden-crecimiento de la dinastía de los Borbones. Por lo general, se interpretó que el orden administrativo y la desregulación económica alcanzados durante los reinados de Carlos III y Carlos IV supusieron un crecimiento espectacular en los ingresos de la Corona. Por comparación, la mayoría de los estudiosos de la primera mitad del siglo XVIII cayeron en la trampa de interpretar que si Felipe V y Fernando VI no pudieron ampliar su poder en Indias fue por no haber conseguido aumentar los recursos que recibían de los territorios americanos. Los mismos historiadores añadieron que si durante dichos reinados no se fue capaz de aumentar la recaudación impositiva fue porque no existió la política económica apropiada que impulsara el crecimiento económico. Sin ingresos suficientes no se pudo sufragar los gastos requeridos para reformar la administración imperial y fortalecer la gestión del poder del monarca. Se llegó así a comparar el orden, los beneficios fiscales y el despertar en las actividades económicas de la segunda mitad con el desorden, el poco éxito tributario y el paroxismo económico de los períodos anteriores (o posteriores). Como se puede observar, no deja de ser una variante de la tesis liberal decimonónica de identificar orden con progreso. Sin embargo, hay que subrayar que el problema ha sido confundir orden metropolitano con orden en el conjunto del sistema imperial hispánico, así como beneficios coloniales con metropolitanos. No hace falta recor dar que ambos tenían lógicas diferentes (Klein y Barbier, 1988; Liehr, 2006; Pérez-Mallaína Bueno, 2005; Tepaske, 1976, 1993).

El problema se presentó historiográficamente cuando se tuvo que interpretar que tras una época de crecimiento y de expansión económica se dio un movimiento revolucionario. Para solucionar este aparente contrasentido, algunos historiadores trataron de explicar que el crecimiento económico estuvo acompañado de un deterioro en la distribución del ingreso, lo cual se tradujo en un enfrentamiento de los que cada vez menos tenían contra los que se enriquecían rápidamente de forma ostensible (Florescano, 1969). El gran dilema es que no contamos con las cifras necesarias demostrativas suficientes para probar esta tesis. No existen cálculos acertados de las variaciones en la productividad distinguiendo a su vez entre los distintos sectores productivos. Otro de los problemas añadidos es demostrar por qué tras un período de crecimiento económico presentado tan intenso, se inició una época de contracción económica y de reducción en las tasas de crecimiento demográfico que duró muchos más años de los esperados (hasta casi el último cuarto del siglo XIX según las cifras oficiales agregadas para todo el continente) (Pérez Herrero, 199 la). Obviamente, el argumento que se defendió fue sostener que las guerras de independencia supusieron un deterioro en las condiciones y factores de producción, así como una importante destrucción de las infraestructuras (Brading, 1996; Halperin, 1972; Romero Sotelo, 1997).

Los estudios realizados para el caso concreto de la Nueva España comprobaron que las correlaciones que se solían establecer entre los ingresos fiscales y la recuperación del poder de la Corona se habían efectuado de forma demasiado mecánica, debido a que no se habían establecido las diferencias oportunas en la estructura fiscal, no se habían deflactado las series para evitar las oscilaciones en los precios, no se había distinguido entre ingresos brutos y netos, y no se habían rectificado los errores contables de la época ni se habían corregido los totales con las variaciones en la presión fiscal. Tras efectuar las anteriores rectificaciones, se puso de relieve lo siguiente:

a)Durante la primera mitad del siglo XVIII los beneficios netos obtenidos por la Corona no se ampliaron debido a que los gastos (administrativos, defensa) en bastantes casos crecieron en igual proporción o incluso mayor en algunos años que los ingresos. Una parte importante de las rentas procedentes de los territorios de los reinos de las Indias se quedaban en suelo americano en vez de dirigirse a la metrópoli. Ello permite interpretar que durante la primera mitad del siglo XVIII los territorios de los reinos de las Indias, al no verse sometidos al aumento de succión de beneficios característico de los reinados de Carlos 111 y Carlos IV fueron más ricos en términos comparativos que la metrópoli, debido a que una parte considerable de la los beneficios fue reinvertido en suelo americano.

b)Durante la segunda mitad del siglo XVIII los ingresos netos de los impuestos ordinarios se redujeron hasta 1796, para después estabilizarse hasta finales del siglo XVIII. Como el aumento en los ingresos totales netos de finales de la década de 1790 se debió al empujón de entradas provenientes de los impuestos extraordinarios (préstamos, imposición de capitales donativos, suplementos), no es posible establecer la correlación mecanicista manejada por muchos historiadores entre el aumento en los ingresos fiscales, la mejoría en el desempeño económico y el crecimiento del poder del monarca.

c)Los datos fiscales demuestran que la fuerza del plan reformista de finales del siglo XVIII dependió no tanto de la capacidad de extracción de beneficios fiscales por parte de la nueva administración, sino de la voluntad de los notables indianos para donar recursos a cambio de protección económica y de recibir contraprestaciones políticas (privilegios y favores), ayudando todo ello a legitimar las relaciones de poder de las estructuras social y de poder propias de los sistemas de Antiguo Régimen y del sistema monárquico imperial.

En consecuencia, se puede interpretar que si se mantuvo la paz social no fue tanto por la capacidad de control de la Corona, sino más bien por el compromiso de los notables indianos de apoyar el sistema de la Monarquía imperial hispana. Dicho compromiso se rompió cuando el rey dejó de garantizar el retorno de beneficios a los grupos de poder coloniales. Cuando la Corona trató de restar beneficios a estos notables indianos y pretendió ampliar los beneficios metropolitanos desestabilizó el pacto imperial y surgió el conflicto. Evidentemente, todavía tenemos que contar con estudios detallados para el resto de las regiones para comprobar hasta qué punto el caso de la Nueva España se puede extender al resto de las regiones del continente americano (Pérez Herrero, 1991b; Quiroz, 1993; Marichal y Marino, 2001; Gómez Rivas, 2005; Jáuregui y Serrano Ortega, 1998; Jáuregui, 2003; Serrano, 2007; Zuleta Miranda, 2004).

Se aprecia, por tanto, que al menos para el caso de las regiones de antigua colonización, no se puede establecer una relación directa y mecánica entre los ingresos económicos y el aumento del poder del monarca, sino que hay que comprender el juego de relaciones propias de una compleja realidad característica de sociedades de Antiguo Régimen a la que se sumó las relaciones de dominación derivadas de la implementación de las medidas reformistas recentralizadoras. Los grupos de poder indianos no fueron totalmente barridos por el reformismo borbónico, sino que utilizaron todo tipo de mecanismos para reacomodar su papel en el nuevo escenario de fuerzas impuesto por las políticas implementadas durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. No se trató de un juego de suma cero en el que el poder ganado por la Corona representaba una merma de la misma intensidad en el control que sobre los asuntos indianos tenían los notables americanos.

Tampoco hay que olvidar que a partir de la consumación de la independencia política se generó un doble discurso entre los grupos de poder que es necesario aclarar. Es evidente, que si los notables no representaban a los intereses de los pueblos indios, no hay que pasar por alto que durante las luchas de independencia se apoyaron en aquellos grupos sociales y utilizaron sus brazos para lograr sus fines políticos particulares. Fue así, como los notables de las recién creadas Repúblicas latinoamericanas independientes se convirtieron (al menos en los discursos oficiales) en algunas ocasiones paradójicamente en representantes de la defensa de los indios, los desposeídos, los esclavos, los marginados. No obstante, ello no obstó para que internamente muchos de ellos siguieran defendiendo un discurso racista basado en el reconocimiento de la inferioridad social y cultural de estos colectivos (Casaús Arzú, 2006). Los datos históricos son concluyentes al respecto al indicar que, en bastantes casos, una vez que se acabó la independencia trataron de desligarse de los compromisos establecidos con aquéllos. En unos casos (los más dramáticos) se acometió una política de tierra quemada con esos pueblos y en otros se trató de extender acciones de aculturación. Muestra de ello es que bastantes de los pensadores y políticos liberales (radicales o moderados) latinoamericanos de mediados del siglo XIX trataron de acabar con los regímenes comunitarios (propiedad de la tierra) y los usos y costumbres de aquellos que no aceptaban la idea de que todos los ciudadanos debían ser iguales ante una única ley. Un ejemplo bastante claro lo ofrece el caso del propio Benito Juárez (de origen zapoteca) que a mediados del siglo XIX luchó en México exitosamente una vez que se convirtió en presidente de la República por avanzar en la implantación de las Leyes de reforma que incluían la desamortización de los bienes comunales y de la Iglesia (Bazant, 1986). No obstante, en otros casos, los cambios tuvieron que esperar algunos años, ya que por ejemplo las promesas de la abolición del tributo declaradas a bombo y platillo por algunos de los libertadores a comienzos del siglo XIX acabaron en la práctica en bastantes casos en las regiones en la que las comunidades étnicas suponían cuantitativamente una mayoría y en las que los gobiernos no encontraron fácilmente ingresos fiscales alternativos suficientes para hacer frente a los crecientes gastos del Estado. Como consecuencia, siguieron basando un porcentaje elevado de los ingresos en las rentas ofrecidas por las comunidades étnicas, aplicando para ello ahora una transformación terminológica: el antiguo tributo pasó a denominarse capitación a fin de reflejar la idea liberal de la defensa del individuo sobre la comunidad.

Al mismo tiempo, no hay que perder de vista que los rebeldes liberales americanos no representaron a todos y cado uno de los intereses de los distintos grupos sociales de los territorios indianos que se enfrentaron a los administradores peninsulares recién llegados como resultado de la implementación de las reformas borbónicas ilustradas recentralizadoras durante la segunda mitad del siglo XVIII. No es ningún secreto que los comerciantes de los Consulados de Lima, México, Buenos Aires, Caracas, Veracruz, Guadalajara, etc. (independientemente de si hubieran nacido en la Península Ibérica o en el continente americano), teniendo claro que sus intereses eran maximizar sus beneficios económicos, utilizaron siempre que les fue posible las estructuras de dominación política derivadas del sistema imperial monárquico hispano. Igualmente, los hacendados, mineros, obrajeros, exportadores, etc., no estaban muy interesados tampoco en desmantelar la relación del sistema de la Monarquía imperial hispana, ya que ello les garantizaba favores y privilegios, les ayudaba a recordar que las sociedades indianas estaban compuestas por una República de indios y una República de españoles, y les permitía obtener mano de obra abundante a precios inferiores a los de mercado. Parece, por tanto, que es una simplificación defender que los criollos, por el hecho de haber nacido en territorio americano, lucharan contra aquellos que habían nacido en territorio de la Península Ibérica, partiendo de la premisa de que el lugar de nacimiento implicaba de forma mecánica y directa la vinculación con unos ideales políticos e intereses económicos. En consecuencia, parece más adecuado hablar de intereses indianos e intereses peninsulares (políticos, sociales, económicos) a fin de superar la interpretación de que la tensión de finales del siglo XVIII estuvo causada por el origen geográfico de los distintos individuos que componían las complejas sociedades del sistema de la Monarquía imperial hispana (Tovar Pinzón, 1993; Kohut, 2006).

El problema se presentó posteriormente a los hechos de 1808 al comprobarse que incluso algunos de los liberales de signo más radical hispanos consideraron que el poder debía seguir estando controlado por los grupos peninsulares. Ello se reflejó claramente en el debate que se dio en Cádiz en 1812 sobre la proporcionalidad de los diputados en función de la población a la que representaban. Era obvio que (siguiendo un razonamiento meramente estadístico-cuantitativo) que si se tomaba en cuenta solamente la proporción de la población total que habitaba en el continente americano con respecto al conjunto de la Monarquía hispana, el peso de la toma de las decisiones debía recaer en los grupos de poder indianos, sin que ello tuviera que traducirse de forma automática en la exclusión de los peninsulares. Lo que comenzaron a pedir de forma reiterada los diputados americanos en Cádiz fue un reparto del poder más equilibrado. No fue su intención en un primer momen to establecer un enfrentamiento con los diputados peninsulares, pues todos se consideraban parte integrante del conjunto de la Monarquía imperial (Chust, 2006; Chust y Frasquet, 2004; Rodríguez, 2005; Frasquet, 2008).

El conflicto estalló cuando, ante la respuesta poco flexible de algunos de los diputados peninsulares, algunos de los representantes americanos legalmente elegidos por sus regiones tras la realización de elecciones comenzaron a preguntarse qué razón había para seguir siendo parte integrante de la estructura de la Monarquía imperial cuando en el nuevo esquema de reparto de poder que se estaba diseñando no se apreciaba que se estuvieran dando las suficientes señales transparentes en el corto plazo de querer caminar hacia una estructura política que garantizara un mayor equilibrio en la toma de decisiones de todas las partes integrantes del sistema imperial hispánico. Cada uno de los distintos actores (sociales, políticos, económicos y regionales) reclamaba que sus puntos de vista fueran tomados en cuenta y que sus peticiones se estudiaran con la seriedad que consideraban necesaria y justa. En consecuencia, lo paradigmático es comprobar que la reacción que acabó desencadenando los sentimientos de independencia entre los representantes americanos fue el hecho de comprobar que los diputados peninsulares (tanto conservadores-monárquicos, como liberales radicales y moderados) no parecían asumir de forma clara el principio de que la Monarquía imperial hispánica estaba compuesta por múltiples piezas y que cada una de ellas tenía características distintas y lógicas parcialmente diferentes que había que preservar si se pretendía seguir manteniendo la unidad. Fue así como lo que originalmente comenzó siendo una reclamación de preservación de la autonomía de las regiones indianas, acabó desembocando en un movimiento de independencia. No hay que olvidar que muchas de las independencias americanas continentales no comenzaron cuando gobernaba Fernando VII, sino cuando estaba vigente precisamente un marco legal constitucional en vez del monárquico (1808-1814; 1820-1823 con el Trienio Liberal después de la intervención de Riego). No es menos cierto que el regreso de Fernando VII supuso una aceleración de estos procesos al comprobarse que la posibilidad de llegar a cualquier acuerdo se cerraba por completo.

Una de las consecuencias más inmediatas de estas reinterpretaciones historiográficas es que en los últimos años se ha comenzado a plantear la necesidad de repensar la concepción de la formación de la idea de la España actual como una consecuencia de los sucesos de 1808-1812-1820. Ante la escasa flexibilidad de muchos de sus pensadores y dirigentes políticos de comienzos del siglo XIX para seguir manteniendo el sistema integrador del pasado que no sólo permitía la diversidad y la pluralidad dentro de la unidad, sino que basaba la existencia del sistema imperial en dichos principios, se tuvo que comenzar a plantear la necesidad de utilizar la unidad peninsular como un hecho inmutable heredado de la noche de los tiempos. La figura de la Monarquía nacionalista vino a resolver parcialmente las tensiones creadas en este nuevo escenario político. Hasta la fecha se ha interpretado el nacimiento de las Repúblicas latinoamericanas desde la óptica de la historiografía europeísta y como un proceso de ruptura y de traición de los territorios americanos contra la metrópoli. No obstante, habría que comenzar a hacer el experimento de tratar de comprender el nacimiento de la historia de España a comienzos del siglo XIX desde la perspectiva de las dinámicas latinoamericanas en el contexto del sistema imperial. La tesis de la excepcionalidad de la unidad y homogeneidad de España se conformó a comienzos del siglo XIX como reacción al rechazo a la idea basada en la coexistencia de una pluralidad de pueblos y culturas que era la esencia del sistema monárquico imperial. No es extraño, por tanto que Jaime Rodríguez reclame, reproduciendo un texto de la época, que los verdaderos españoles fueron los mexicanos de comienzos del siglo XIX y que la Constitución de 1824 de México fuera la culminación de la de Cádiz de 1812. La defensa de la libertad y la autonomía por parte de los reinos de las Indias no deben entenderse, por tanto, de forma inevitable como un hecho de traición a la Corona, así como tampoco parece adecuado seguir identificando la defensa de la unidad peninsular como el principio patriótico esencial articulador de España (Ortuño, 2008; Rodríguez, 2008; Frasquet, 2008; Portillo, 2006).

Lo que es importante subrayar es que estuvo a punto de crearse una "Comunidad Iberoamericana de Naciones" a comienzos del siglo XIX, pero acabó siendo un proyecto inviable por la miopía de unos, la intransigencia de otros, o las exigencias crecientes del resto al comprobar que sus voces no sólo no eran escuchadas con la atención que esperaban, sino que no eran comprendidas adecuadamente. Ante la falta de un clima de diálogo y de consenso, los sentimientos de enfrentamiento crecieron. Aranda trató de rescatar la vieja idea (ya utilizada en el siglo XVI) de la posibilidad de establecer una especie de Commonwealth colocando a un príncipe como representante de la Corona en cada región para garantizar la unidad del conjunto imperial hispano. Obviamente, como las propuestas llegaron tarde, fueron tímidas y no se implementaron de forma clara, resultaron inoperantes. La independencia de las Repúblicas independientes en los territorios americanos y la necesidad de defender una España homogénea basada en el principio monárquico estaban servidas. Resulta sintomático comprobar que mientras que en la Península Ibérica la presencia de las tropas francesas ayudó a alimentar los sentimientos de cohesión de las regiones en contra de los invasores, así como la estructura política centralista, en los territorios de Ultramar la desaparición de la Corona fue el acicate que dio comienzo a las luchas por la libertad y la defensa del federalismo (Chust y Serrano, 2007; Mínguez y Chust, 2004; Martínez Garnica, 2006; Artola, 2008).

4.3. Los marginados y los olvidados: ¿la independencia como un acto revolucionario y de lucha de clases?

Existe una interpretación historiográfica (producto tanto de visiones posindependistas de comienzos del siglo XIX, como marxistas de mediados del siglo XX) que mantuvo que el conjunto de la población de bajos ingresos, cansada de tener que aguantar las presiones de la Corona a la vez que de los abusos de los grupos dominantes durante la segunda mitad del siglo XVIII, decidió - presentando los hechos como una imitación de la Revolución francesa - revelarse contra el poder constituido. En consecuencia, no se dudó en ver a los movimientos de descontento popular anteriores a 1808 como precedentes de la independencia que sirvieron para ir caldeando y extendiendo el ambiente y la conciencia de lucha. Las desigualdades y las diferencias acabaron explotando en revoluciones modernizantes (Pérez, 1977). Sin embargo, hay que advertir que ello presupone la existencia de un comportamiento uniforme de numerosos grupos sociales desconectados entre sí, cuando se puede comprobar que las diversas situaciones del continente americano dieron lugar a tensiones sociales distintas. Parece, en consecuencia, arriesgado interpretar que los movimientos sociales que acaecieron durante la segunda mitad del siglo XVIII fueron precedentes de los movimientos de independencia y más aún sostener que estuvieran animados por la intención de cambiar las estructuras sociales e impulsar una transformación radical de la organización política (de la Monarquía de Antiguo Régimen al Estado liberal). Las nuevas ideas reformistas ilustradas de tradición francesa y británica comenzaron a defender a partir del tercer cuarto del siglo XVIII que la legitimidad del poder y la soberanía recaían en el pueblo legalmente constituido, el cual podía elegir a sus representantes, rompiendo en consecuencia con la vieja relación de que la legitimidad de la autoridad del monarca venía de arriba y era incuestionable (relación Dios-Papa-emperador). No obstante, cuando se gritaba a comienzos del siglo XIX "Viva el rey y muera el mal gobierno" quedaba patente que se estaba reclamando por lo general un cambio en las directrices de la política real, pero no una ruptura con la Corona y menos aún pidiendo la decapitación del monarca (como fue el caso de la Revolución francesa en 1789). En la mayoría de los casos se reclamó en un comienzo el respeto a unos derechos propios que se consideraba conculcados (Viqueira, 1987, 1997; Lienhard, 2008; Serulnikov, 2004, 2006; Van Young, 2006; Vasallo, 2006; Yannakakis, 2006).

Muchas de estas revueltas protestaban contra un aumento considerado excesivo de impuestos, una elevación de precios, un abastecimiento irregular de alimentos, un recorte en los salarios (directos o indirectos como fue el caso de los partidos en las regiones mineras) o una gestión inadecuada o abu siva de una autoridad. En otras ocasiones se generaron tensiones cuando algunas haciendas y latifundios, ante el aumento de los precios de las mercancías de exportación derivado de la expansión de la demanda de ciertos productos en los mercados internacionales, invadieron las tierras de las comunidades étnicas que las rodeaban a fin de aumentar las hectáreas del área de cultivo. A ello se unió que el precio de los alimentos básicos subió, al ser sustituidos los terrenos destinados al cultivo interno por el de productos de exportación; y el hecho de que las comunidades étnicas por lo general estaban pasando por una expansión demográfica. En otras ocasiones, la expulsión de los jesuitas en 1767 se tradujo en la práctica en un aumento del sentimiento de malestar contra el mal gobierno alimentado por la propia Compañía en los territorios que hasta la fecha administraba. Sólo esporádicamente las tensiones internas dieron paso a la generación de movimientos mesiánicos. Algunos de los casos en los que las tensiones cobraron cierta importancia fueron la rebelión de los mayas tzeltales de Chiapas en 1712; la de Tupac Amaru en los Andes Centrales en la década de 1780; las revueltas de las comunidades del norte de la Nueva España, en la década de 1770; el movimiento comunero paraguayo de 1732-1735; la rebelión venezolana contra la Compañía Guipuzcoana de Caracas de 1749; o la revuelta comunera neogranadina de la década de 1780. Lo que es necesario subrayar, es que todos los casos descritos tuvieron como referente general la petición de la solución del conflicto, en vez del deseo explícito de la reestructuración de las relaciones de poder del sistema monárquico imperial (O'Phelan, 1988; Valcárcel, 1982; Álvarez, 1997; Faverón, 2006; Marroquín, 1982; Van Young, 2006).

No hay que olvidar tampoco que las comunidades étnicas no se comportaron de forma homogénea a lo largo y ancho del continente, ni adoptaron iguales estrategias de lucha en cada período histórico. Sin duda no parece correcto seguir defendiendo la tesis de que los indios oprimidos, víctimas pasivas del sistema imperial durante siglos, se levantaron contra los continuos y crecientes abusos injustificables de una metrópoli absolutista. Con bastante regularidad esta historiografía identificó a los indios americanos con los campesinos occidentales y además no se dudó por parte de algunos analistas de aplicarles por extensión un código de conducta político basado en la dinámica de la lucha de clases que obviamente no les correspondía. No obstante, los hechos demuestran precisamente que algunas comunidades étnicas defendieron en más ocasiones de las imaginadas el sistema monárquico imperial sobre el liberal, con la finalidad precisamente de preservar los privilegios y favores que les concedía el Libro VI de la Recopilación de las Leyes de los Reinos de la Indias de 1680. Tampoco hay que olvidar que en otros casos la propia Constitución de Cádiz de 1812 funcionó como justificante para que algunas de las comunidades se convirtieran en pueblos de indios y por tanto adquirieran la legitimidad jurídica del régimen comunitario y los derechos de representación política que hasta la fecha no habían tenido. No obstante, no deberemos olvidar que cuando las comunidades étnicas defendían por las causas anotadas la aplicación de la Constitución de 1812 no se convertían automáticamente en revolucionarios que perseguían de forma explícita y consciente un cambio en la estructura del Estado y una modernización del sistema social (Annino, 1995; Irurozqui, 2005; Peralta, 1996, 1997; Alda, 2000; Quijada, 2005; Clavero, 1994; Taylor, 1987; Van Young, 2006).

Si el reformismo borbónico ilustrado francés vio cortada su evolución en 1789 con un movimiento revolucionario, las ideas manejadas por el reformismo borbónico español generaron en los territorios americanos una serie de importantes innovaciones conceptuales incuestionables, pero hay que advertir que los datos históricos son concluyentes al respecto al mostrar que los movimientos de independencia no pueden ser interpretados como una consecuencia de la maduración de aquellas ideas ni generaron las transformaciones profundas estructurales de calado que sostuvo la historiografía nacionalista decimonónica. Evidentemente, sería una temeridad tratar de defender que no se produjo ningún cambio. Lo que se trata es de subrayar que los movimientos de independencia no se convirtieron de forma automática en procesos de modernización acabados y cerrados, no pudiendo en consecuencia ser interpretados como el final de un ciclo. Los notables lucharon por conservar el principio articulador de las sociedades de Antiguo Régimen, y los nuevos grupos surgidos al amparo de las reformas borbónicas reclamaron el protagonismo que no habían tenido durante años. En consecuencia, hay que dejar de ver las independencias como un corte claro plano entre un antes y un después, y comenzar a analizar el período como el resultado de cambios mucho más complejos que deben ser entendidos desde una perspectiva temporal más amplia (1750-1850). Las independencias políticas no pueden seguir siendo interpretadas de forma plana como la revolución que transformó las estructuras de Antiguo Régimen en Estados liberales, sino como guerras civiles en las que participaron diferentes actores con distintos intereses y temporalidades diferentes.

Los notables de las regiones conquistadas durante el siglo XVI no se decidieron de forma inmediata y clara por apoyar directamente a los movimientos independentistas, ya que ello traía consigo redefinir las relaciones de poder de las sociedades de Antiguo Régimen de las que hasta la fecha habían sido beneficiarios. Al efecto es bastante sintomático que estos grupos se convirtieran en su gran mayoría en tradicionalistas que deseaban conservar la lógica de poder del pasado. Etiquetarles de realistas es complicado pues ello puede inducir a identificarles automáticamente con los defensores de la causa de Fernando VII (tras su regreso en 1814) y por tanto con el rechazo de los prin cipios de la Constitución de Cádiz de 1812. Deseaban modificar la política reformista borbónica que había recortado parte de su poder, pero necesitaban que la estructura de poder del sistema de la Monarquía imperial continuase para preservar sus posiciones de privilegio. Por ello no es casual comprobar que una vez desatadas las guerras civiles apoyaran el bando conservador, ya que no podían ver con agrado que un populacho levantado en armas intentara acceder al poder, reduciendo en consecuencia sus ventajas comparativas. Es bastante sintomático también que estos grupos de notables tradicionalistas comenzaran a ver la independencia como un mal menor en el momento que se planteó aplicar los principios liberales de la Constitución de Cádiz y se dieron por zanjados los viejos compromisos derivados del pacto colonial (reciprocidades políticas). Quedaron atrapados entre el apoyo a la lógica de poder del sistema de Antiguo Régimen que asegurara la pervivencia de su posición privilegiada en unas sociedades de desiguales, y el rechazo a algunos de los principios liberales por defender la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo cual se traducía en la práctica en el final de sus prebendas y de la estructura estamental. Lucharon por controlar los movimientos de protesta social, como el de Morelos e Hidalgo en la Nueva España o el de José Antonio Páez en Venezuela, a fin de contener los impulsos que desataran una profunda revolución social, pero no eran ni oscurantistas, ni atrasados tradicionalistas, así como tampoco antimonárquicos, antimetropolitanos, antiabsolutistas, como algunos investigadores han planteado. Básicamente eran contrarios al intervencionismo recentralizador derivado del reformismo borbónico. No obstante, las posiciones no se presentaron ni tan planas ni tan claras como se acaba de manifestar, pues eran conscientes de que tenían que navegar en unas nuevas aguas en las que había que tener la habilidad política de seguir ocupando el poder, pero sin rechazar frontalmente las expectativas de cambio de grandes masas de población en un contexto de un discurso político que había variado sustancialmente. Un edificio difícil de construir y mucho más complicado de mantener como lo demostró la historia de América Latina durante los siglos XIX y XX (Domínguez, 1985).

En las regiones de reciente colonización impulsadas por el reformismo borbónico, estas tensiones se dieron con menor intensidad, ayudando a explicar por qué precisamente la independencia se alcanzó con mayor rapidez. La estructura económica centrada en la producción de materias primas para la exportación y en el consumo de manufacturas llegadas del exterior, no sólo se mantuvo, sino que en muchos casos se reforzó con la independencia en estas regiones, aunque hay que advertir que se produjo en el contexto de un cambio de metrópolis. Gran Bretaña sustituyó en el continente americano al antiguo papel de los comerciantes peninsulares hispanos (Lynch, 1976, Domínguez, 1985; Morelli, 2006; Rodríguez, 2006).

En suma, la lucha contra las relaciones de dominación externa fue un hecho compartido por unos y otros grupos de poder de las regiones de antigua y nueva colonización. La diferencia estuvo en los mecanismos y fases empleados para asegurar la pervivencia de las relaciones de privilegio en sociedades declaradas liberales al menos sobre el papel. Sin embargo, todo ello no nos debe hacer olvidar que aparecieron nuevos actores sociales, el lenguaje del discurso político varió, la fuerza política de los antiguos grupos disminuyó y se fortalecieron otros nuevos. Al romperse el pacto colonial, el juego de fuerzas se transformó. Lo importante es comprender que todo ello no sucedió como resultado de una batalla en una fecha concreta, sino como un proceso de lenta maduración que duró décadas y que tuvo intensidades diferentes en cada una de las regiones. También es verdad que las regiones de reciente colonización se fueron complejizando con el paso del tiempo y acabaron cayendo en la misma lógica sociopolítica que las de antigua colonización. Ello demuestra que la ventaja comparativa que apareció en las primeras a comienzos del siglo XIX no representó más que una diferencia temporal con respecto a las segundas. Las relaciones de desigualdad propias de las sociedades de Antiguo Régimen acabaron permaneciendo con más o menos intensidad en ambas zonas (Rodríguez, 2008).

4.4. La independencia de los territorios continentales americanos: ¿final de una etapa o comienzo de un proceso inacabado?

Algunos historiadores opinaron que los movimientos de independencia en el continente americano debían interpretarse como revoluciones modernizantes, a modo de parteaguas entre el pasado de las sociedades de Antiguo Régimen y las liberales republicanas independientes. Como consecuencia de estas interpretaciones, se planteó la discusión de si la estructura institucional del EstadoNación nació débil en América Latina a comienzos del siglo XIX como resultado de tensiones no resueltas, originadas por la implementación de las reformas borbónicas recentralizadoras de la segunda mitad del siglo XVIII; o si por el contrario la causa profunda de esta falta de fortaleza institucional residió en que no se introdujeron paulatinamente durante el siglo XIX los cambios que hubieran sido necesarios para modernizar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales heredadas del pasado. Unos sostuvieron que el Estado nació débil, cansado, desde sus orígenes. Otros explicaron que América Latina comenzó sobre buenas bases, pero después por diversas circunstancias o no se acabó de encontrar el camino correcto o se torció su andadura.

Para el primer grupo de historiadores, la segunda mitad del siglo XVIII no debe ser entendida como una época protoliberal, premodernizante, sino como un período en el que las medidas políticas reformistas parciales implantadas no fueron capaces de ayudar a transformar las estructuras sociales, políticas y económicas heredadas del Antiguo Régimen, ni a impulsar un aumento de la productividad, sin duda porque no era su finalidad, como se dijo anteriormente. Según esta tesis, las guerras de independencia no deben entenderse en consecuencia como procesos de cambio revolucionarios y modernizadores, o como el resultado de un período de desarrollo económico, sino más bien como movimientos conservadores (Van Young, 2006; Domínguez, 1985). Para el segundo grupo de historiadores, los movimientos de independencia fueron básicamente guerras civiles que si bien fueron capaces de romper con la relación de dependencia política con el sistema de la Monarquía imperial hispana no acabaron impulsando cambios estructurales profundos y duraderos en el largo plazo capaces de promover un desarrollo económico sostenible, mejorar la distribución del ingreso, promover una mayor cohesión social y fortalecer el funcionamiento transparente de las instituciones. En consecuencia, existieron más continuidades en lo social, lo económico e incluso lo ideológico, al menos hasta mediados del siglo XIX, de lo que se había plantado (Pérez Herrero, 2003; Domínguez, 1985). El propio Simón Bolívar resumió bien este planteamiento en el mensaje que dirigió al Congreso Constituyente de la República de Colombia el 20 de enero de 1830. Dijo textualmente: "¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás".

Los historiadores económicos explicaron que como eran regiones con economías aparentemente ricas a finales del siglo XVIII (basadas en la existencia de abundantes materias primas susceptibles de ser exportadas y en la existencia de una abundante mano de obra barata), se acabaron volviendo pobres al no invertir en la generación de la necesaria tecnología, en la reinversión de beneficios, en el fomento del conocimiento que les hubiera asegurado un aumento de la productividad y la competitividad en los mercados internacionales y en el desarrollo institucional capaz de asegurar las certidumbres jurídicas necesarias para impulsar el desarrollo económico. La ausencia de inversiones no residenciales hipotecó el desarrollo económico autosostenible al no construir carreteras, puertos, comunicaciones; hipotecó el desarrollo político al no ser capaz de una administración del Estado propia que garantizara el ejercicio transparente del poder; y se congeló el cambio social y dificultó la movilidad social al continuar basando la producción y la competitividad básicamente en la explotación de la mano de obra barata. El problema de base, por tanto fue, político, no económico (Pérez Herrero, 1987, 1988b, 1990b, 2003; Uribe-Uran, 2001; Landes, 2000).

La discusión historiográfica aludida no es ociosa, pues para el primer grupo de autores las causas de los problemas de la debilidad del Estado nacien te se encontraban esencialmente en la herencia colonial (Stein, 1970; Hamnett, 1978), mientras que para los segundos residió en la falta de la suficiente voluntad política por parte de los actores sociales y políticos de ir introduciendo los cambios necesarios que exigía el guión de la modernidad durante el siglo XIX. La presión de los intereses internacionales y la aparente pasividad de la ciudadanía se señalaron como elementos básicos para explicar esta situación. La dependencia externa y la ausencia de una cultura ciudadana sana (ficción democrática) fueron conceptos repetidos una y otra vez por este grupo de profesionales. Lo que resulta más llamativo es que ninguno de ambos grupos realizó la distinción precisa entre las dinámicas de las sociedades de Antiguo Régimen y las estructuras coloniales. No es casual que incluso, como resultado de esta incomprensión conceptual, se llegara incluso a hablar de colonialismo externo (relaciones económicas externas asimétricas) y de colonialismo interno (sin explicitar que lo que reflejaba la realidad era una pervivencia de las estructuras estamentales-clientelares propias de las sociedades de Antiguo Régimen) (Pérez Herrero, 1991c; Domínguez, 1985; Cavieres, 2006, Rodríguez, 2007; Ortiz Escamilla y Serrano, 2007; Posada Carbó, 2003).

Además, el hecho de haber centrado los debates desde una perspectiva regional-localista desligada por lo general de lo que sucedía en el resto del mundo en las mismas fechas no hizo más que agravar el problema. Según la historiografía más clásica, se presentaba los casos de Francia y Gran Bretaña como ejemplos exitosos de la modernidad, resultado de sus respectivas revoluciones industrial y política, mientras que América Latina parecía empeñarse en seguir inevitablemente por la senda del atraso, el centralismo y el autoritarismo, no obstante haber hecho heroicamente su propia lucha por independizarse de la Madre Patria. No por casualidad, este grupo de historiadores repitió hasta la saciedad que las guerras de independencia debían conceptuarse como las revoluciones que dieron vida a las jóvenes Repúblicas, y subrayaron a renglón seguido hasta el hartazgo que las prácticas del caciquismo caudillista impidieron posteriormente la maduración apropiada de estas sociedades, confundiendo así causas con consecuencias (Veliz, 1984; Lynch, 1993).

El hecho de no haber establecido suficientes investigaciones comparativas no sólo entre las distintas dinámicas de los diferentes casos regionales del conjunto del Nuevo Mundo durante el siglo XVIII, sino además entre los distintos procesos coloniales de las Monarquías europeas en África, Asia y Oceanía para el mismo período ayudó a difundir la idea incorrecta de que las experiencias americanas fueron excepcionales y únicas. En la actualidad, la nueva historiografía tiene claro que se partió del esquema de que la ruptura con la metrópoli fue una condición necesaria, pero no suficiente para superar las estructuras estamentales-clientelares de Antiguo Régimen heredadas del pasado. Las nuevas investigaciones americanistas, al añadir la variable comparativa, están comenzando a permitir precisamente construir escenarios interpretativos renovados más precisos que están facilitando la comprensión de una visión más global, rica, amplia, plural, y sobre todo menos localista y nacionalista. Al día de la fecha queda claro que ni la historia de Francia o Gran Bretaña puedan ser idealizadas, ni que América Latina nació inevitablemente hipotecada y abocada al fracaso. El pasado no debe ser entendido inevitablemente como un lastre o un escollo sin posibilidad de ser superado. El problema ha residido en la interpretación parcial ofrecida por algunos historiadores que no quisieron o no fueron capaces de interpretar la realidad poliédrica que los documentos les mostraban (Bernal, 2005; Tortella, 2007; Landes, 2000).

A su vez, hay que recordar que la visión de una segunda mitad del siglo XVIII económicamente activa con tasas de crecimiento elevadas, frente a una primera mitad del siglo XIX caracterizada por la crisis económica, la ralentización de las comunicaciones, la extensión del paro y del hambre, la universalización del desorden político y la presencia de continuos golpes militares no se corresponde con los datos históricos que están recopilando las más recientes investigaciones. Partiendo de que existieron fuertes diferencias regionales, cuando se analizan con cuidado las cifras disponibles (por desgracia fragmentarias, incompletas y poco uniformes para todo el continente) y se deflactan las series de producción y exportación se comprende que el aumento de producción no significó una elevación de la productividad. Con ello no se pone en duda que se produjeron y exportaron de los territorios americanos más kilos de plata durante la segunda mitad del siglo XVIII y que la economía creció, sino simplemente se recuerda que la capacidad adquisitiva de cada uno de estos kilos extraído del subsuelo fue mermando conforme fue aumentando la inflación y que el crecimiento no se transformó en desarrollo. Ello hay que vincularlo con la tesis que defendió que durante la segunda mitad del siglo XVIII no se potenciaron los eslabonamientos internos hacia delante y hacia atrás, no generándose en consecuencia mercados internos nacionales debidamente integrados e interconectados. En suma, el crecimiento en la producción de kilogramos de plata y de las exportaciones, así como el aumento de los ingresos fiscales, no pude seguir entendiéndose como la base de una potenciación automática y mecánica de un desarrollo económico equilibrado y autosostenido, ni tampoco como el impulso de procesos de integración regional (Coatsworth, 1990; Pérez Herrero, 1991a, 1991b; Van Young, 1992).

Que los espacios americanos fueran fruto de políticas fiscales más agresivas de extracción de beneficios por parte de la metrópoli no puede poner se en duda, ya que algunos de los propios reformistas indicaron en la época que aquellos territorios debían comportarse como colonias al servicio de la Corona (en palabras de Pedro Rodríguez de Campomanes como fiscal del Consejo de Castilla; José de Gálvez, como visitador general y como secretario de Indias; y el conde de Revillagigedo, como virrey de la Nueva España). Algunos historiadores, partiendo de que la categoría colonia tenía una connotación peyorativa, defendieron insistentemente a mediados del siglo xx coincidiendo con las políticas hispanistas más agresivas de la dictadura franquista, que los reinos de las Indias no fueron nunca colonias, lo cual se corresponde más o menos correctamente con la estructura del sistema de la Monarquía imperial hispana, pero no se ajustaba con las tesis manejadas por los reformistas borbónicos ilustrados más connotados de la segunda mitad del siglo XVIII (Levene, 1951; TePake, 1976; Marichal, 2001, 2003 y 1999).

Paralelamente, se ha comenzado a diferenciar también entre las dinámicas coyunturales (variación en los precios, elevación de la presión fiscal, deterioro de la relación del intercambio, acontecimientos internacionales, cambios demográficos, variaciones climatológicas) y las transformaciones estructurales (estructura productiva, arquitectura del sistema político, modelo de sociedad, variaciones en los sentimientos de identidad). Se ha puesto en consecuencia en evidencia que el análisis y comprensión exclusivamente de las primeras no permite hacer inferencias para comprender el comportamiento en el largo plazo de las segundas de forma automática y mecánica; y se ha subrayado la necesidad de entender los cambios desde una perspectiva de revalorización de los procesos. No se puede poner en duda el hecho de que los precios subieron a partir de 1805 en casi todas las regiones de los territorios indianos, de que la presión fiscal aumentó de forma clara, que un período de sequías unido a un crecimiento poblacional produjo una elevación del precio de los alimentos básicos y que las nuevas ideas ilustradas se expandieron por todo el continente americano, pero lo que no se puede es caer en la tentación de explicar que estos cambios promovieron inevitablemente de forma automática los movimientos de independencia. Que se creara un malestar por el deterioro de la capacidad adquisitiva de los consumidores indianos no permite concluir que se convirtiera en la causa necesaria y suficiente para impulsar el rompimiento político de los grupos de poder locales indianos con la Corona (Florescano, 1969, Taylor, 1987). Que se extendieran los conceptos ilustrados a finales del siglo XVIII entre los notables de las regiones indianas no puede ser interpretado tampoco como un impulso protoliberal promotor inevitable de la independencia aceptado, entendido y compartido por todo el conjunto de la población (Vázquez, 1992). De hecho en bastantes más ocasiones de las imaginadas los sucesos de Francia en 1789 y los acontecimientos de la guerra en España en 1808 fueron vistos por bas tantes de los grupos de poder indianos (notables) con preocupación, porque podían ayudar a poner en entredicho el orden social y político establecido basado en las desigualdades y en los privilegios. En suma, interpretar que como resultado de ciertos impulsos coyunturales se acabaron desarrollando cambios estructurales generales en el largo plazo a escala continental parece una tesis complicada de demostrar. Sin duda no parece adecuado seguir interpretando la historia de forma maniquea como una oposición entre épocas idealizadas basados en conceptos fabricados de antemano.

En síntesis, lo que parece que estaban demandando buena parte de los grupos de poder indianos a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX no era únicamente una reducción impositiva o un cambio en la gestión del poder, sino más bien recuperar la autonomía política y económica que habían disfrutado durante los reinados anteriores (especialmente durante el siglo XVII) y que habían visto cómo se había reducido como resultado de las políticas reformistas. En consecuencia, lo que hay que aclarar es que los grupos de poder indianos no reclamaban pagar menos impuestos en cifras totales, sino seguir pagando al menos el mismo porcentaje que en el pasado. La desaparición de la Corona (abdicación de Bayona) fue interpretada (en teoría) por los grupos de poder indianos como la posibilidad de erradicar las contribuciones forzosas y los compromisos que se veían obligados a pagar a la Corona para seguir manteniendo sus privilegios y favores, en el momento en el que precisamente se habían reducido al máximo las reciprocidades políticas de antaño.

Para la difusión y aceptación de esta interpretación seguramente ayudó bastante la publicación de obras como las de Alexander von Humboldt, que manifestaban a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX que los grupos indianos saldrían ganando si fueran capaces de eliminar las contribuciones que tenían que pagar a la Corona. Las mismas obras subrayaban que con el desmantelamiento del sistema imperial hispano un porcentaje de recursos se quedaría en los territorios americanos para alimentar las reinversiones que se requerían para aumentar convenientemente la productividad de los sectores. Hoy día sabemos que esta interpretación no se ajustaba bien con la realidad, pues si bien los notables ayudaron sin duda a financiar la Monarquía hispana, también es verdad que no lo hicieron gratuitamente, ya que a cambio recibieron privilegios, prebendas y favores sociales y políticos. El sistema fiscal de Antiguo Régimen debe ser entendido como una potente maquinaria de alimentación de reciprocidades políticas cuyo epicentro estaba ocupado por el monarca (Pérez Herrero, 2002b). Sería con la aparición de los principios liberales durante el siglo XIX cuando el sistema fiscal comenzó a ser entendido (aunque se tardaría años en aplicarse con la intensidad deseada) como un mecanismo que tenía la misión de dotar de los ingresos suficientes al Estado para lograr que las instituciones funcionaran de forma transparente, cortándose en consecuencia en lo posible las reciprocidades clientelares políticas del pasado; y para lograr mejorar la distribución de los ingresos al incorporar el principio de la progresividad del pago de los impuestos directos sobre las rentas y capitales, en vez del pago basado en las contribuciones indirectas sobre las transacciones con un carácter regresivo (Pérez Herrero, 1996; Aboites Aguilar y Jáuregui, 2005).

Hasta mayo de 1808 no se puede dudar de que existían problemas y tensiones en los territorios americanos del sistema imperial español, pero sin lugar a dudas no había un planteamiento claro y generalizado de ruptura con la Corona, ni menos aún la intención manifiesta de emprender una revolución modernizante que tuviera la conciencia de transformar las estructuras estamentales de las sociedades de Antiguo Régimen integrantes del sistema imperial de la Monarquía hispana, basadas en los principios de lealtad entre el vasallo y el monarca, en sociedades liberales conformadas por ciudadanos libres iguales antes la ley (Constitución) integrados en Repúblicas independientes con un sistema de clases y presencia de movilidad social en el contexto de economías de mercado (libre juego de la oferta y la demanda). Es cierto que las ideas de libertad que circulaban por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos no eran desconocidas en los territorios indianos al menos para la mayoría de los notables, pero también es verdad que no fueron la espoleta única y básica que hiciera tambalear el edificio del sistema de la Monarquía imperial hispana (Lynch, 1976; Ortuño, 2008). Tampoco se puede negar que las ideas ilustradas de mediados del siglo XVIII pudieron en bastantes casos funcionar como un buen caldo de cultivo que ayudaran a promover y a facilitar los cambios, a difundir nuevos discursos conceptuales, junto con el manejo de un lenguaje político renovado, pero lo que no se puede seguir defendiendo y menos probando con el rigor científico necesario es que los conceptos ilustrados acabaron impulsando de forma automática e inevitable los movimientos de las independencias, que se creara un conciencia de clase, y menos aún que acabaran fomentando la formación de estructuras político-institucionales liberales y la creación de economías capitalistas regidas por el libre juego de la oferta y la demanda en el contexto de mercados competitivos internacionales.

Sin lugar a dudas, la Ilustración no puede seguir entendiéndose como un precedente protonacionalista libertario inevitable y exclusivo; ni como un impulsor automático de la transformación de las sociedades de Antiguo Régimen en liberales. También es verdad que no puede negarse su existencia. Los notables indianos a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX reclamaron en un primer momento la preservación de la autonomía política que habían gozado, en vez de la independencia y la transformación radical de las estructuras de poder, ya que no estaban dispuestos a perder sus privilegios, sino a luchar para mantenerlos vivos. Desde esta perspectiva, la Revolución fue entendida (siguiendo la frase de Lampedusa) como la necesidad de cambiarlo todo para que nada variara. Las elecciones que se celebraron en la mayoría de las regiones del sistema imperial de la Monarquía hispana en 1809 para elegir a los representantes de un gobierno unificado para España y América pudieron haberse convertido en un importante precedente en la formación de un gobierno moderno representativo para toda la Nación española, algo inédito para el resto de las experiencias coloniales europeas (Uribe-Uran, 2001; Rodríguez, 2005, 2007, 2008; Artola, 2008).

Como subrayó magistralmente Jaime Rodríguez, surgieron dos grandes movimientos en el sistema imperial de la Monarquía hispana. Ciertos grupos lucharon por impulsar una verdadera revolución política que transformara la estructura política heredada del pasado en Estados nacionales republicanos modernos. Otros, utilizaron las tensiones generadas por las guerras y los enfrentamientos para tratar de asegurar sus autonomías locales, la gestión de sus intereses y la preservación de sus privilegios. Estos dos procesos influyeron el uno sobre el otro y se entrecruzaron mutuamente dando lugar a distintos resultados en cada tiempo y lugar. Ninguno de los dos puede ser comprendido de manera aislada:

Las dos mitades de América siguieron distintos caminos hacia la emancipación. Mientras que las élites de la América septentrional se independizaron mediante un compromiso político en el que los oficiales civiles y militares cambiaron de bando y apoyaron la decisión de separarse de la Monarquía española, los independentistas del norte y centro de la América española meridional libraron guerras prolongadas y sangrientas para derrotar a las autoridades reales. Suele decirse que Simón Bolívar fue el libertador de cinco naciones. Resulta más apropiado decir que fue el conquistador de esos países. La mayoría de la población de dichos países, incluida su natal Venezuela, prefería el sistema político hispánico a lo que ofrecían los republicanos. No fue el debate ni las elecciones, sino la fuerza militar lo que transformó estas regiones en las repúblicas que son ahora (Rodríguez, 2008).

El hecho de que en las publicaciones de las últimas décadas se haya comenzado a entender el reformismo borbónico y las ideas ilustradas como una etapa de cambio (1750-1859) en vez de cómo el final del período colonial ha permitido conceptualizar nuevas visiones alternativas historiográficas más ricas y plurales. Esta nueva periodización está ofreciendo la posibilidad de entender que el reformismo borbónico no debe inevitablemente ser analizado como una etapa con un final abrupto, y facilitando visualizar las guerras de independencia como procesos que tuvieron lugar en el contexto de escenarios más amplios en el espacio (mundo atlántico) y en el tiempo (1750-1850).

El pedernal que hizo prender la mecha de este inmenso barril de pólvora revolucionario estuvo constituido precisamente por el comportamiento del monarca y en concreto por la abdicación realizada en Bayona por Fernando VII en favor del hermano de Napoleón. Este hecho rompió el pacto colonial que había venido funcionando desde el comienzo de la vida colonial y que había sida la base del sistema de la Monarquía imperial hispana. Descabezado el imperio por la ausencia del rey, las piezas del imperio recuperaron automáticamente su autonomía y libertad, debido a que cada uno de los reinos estaba conectado directamente con la Corona, y no entre sí. La Revolución francesa ofreció a las sociedades americanas la posibilidad de defender que la legitimidad de la autoridad descansaba a partir de entonces en el principio de que la soberanía residía en el pueblo legítimamente constituido. El malestar social y las tensiones entre los distintos grupos representaron un caldo de cultivo inigualable para impulsar los movimientos de independencia, pero no pueden seguir defendiéndose como la causa automática de los mismos. Los campesinos, comunidades indígenas, pagadores de impuestos, habitantes de las ciudades, querían solucionar sus problemas concretos, pero no eran claramente conscientes de querer impulsar una verdadera revolución que transformara las estructuras sociales, políticas, económicas y menos identitarias. Si hubiera sido así no se habría consumado la independencia de los territorios americanos en los territorios continentales con un final tan beneficioso para los grupos de poder indianos y tan parco para las extensas masas populares, ni hubiera durado el proceso bélico tantos años. Las guerras de independencia básicamente se realizaron en la mayoría de las regiones continentales por y para los primeros, no para los segundos. Algunos de estos últimos siguen a la espera de lograr el reconocimiento de algunas de sus reivindicaciones (Palacios, 2007).

En suma, mientras la Revolución francesa y el nuevo discurso político permitieron legitimar el nuevo edificio político construido por los grupos de poder indianos, no se debe dejar de olvidar que el verdadero traidor al pacto colonial lo representó el monarca en el acto de abdicación. Bastantes de los grupos de poder indianos trataron de seguir apostando durante años por conservar los privilegios que les otorgaban las estructuras de Antiguo Régimen y por tanto apostando por el regreso de un rey leal que respetara y mantuviera las viejas prácticas. Cuando el sistema imperial monárquico hispano dejó de funcionar como el eje legitimador y articulador de la convivencia de todos los grupos, regiones y reinos, las sociedades de los territorios indianos y la propia España tuvieron que comenzar a navegar en unas nuevas aguas en las que el control del poder se convirtió en el eje central de las discusiones y las tensiones. En un caso se apostó por la Monarquía nacionalista como elemento articulador, mientras que en los otros se confió en que las estructuras federales serían una garantía para establecer un marco pacífico de convivencia. Comenzaba otra historia cuyos flecos continúan hasta el presente.

Es en pequeñas ciudades como Trinidad y Santiago de Cuba, y en bonitos pueblos como Güines, San Antonio y Guanajay, o entre los cafetales de Vuelta-Abajo y los ingenios de Vuelta Arriba, que el extranjero tiene ocasión de ver los hábitos y costumbres de un pueblo siempre renuente a los cambios. Se ha dicho con razón que Cuba es más española que España, porque aquélla en cierto grado está presa de la influencia del mundo, en tanto ésta se esfuerza en atemperarse a las nuevas ideas de la época (Hazard, 1928).

5.1. Reformas borbónicas y afianzamiento de la plantación esclavista

Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo experimentaron importantes cambios desde finales del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII. La tradicional cría de ganado, la producción de cueros y la tala de maderas siguieron siendo actividades importantes, pero junto a ellas se fueron extendiendo las vegas de tabaco, las plantaciones de caña de azúcar, los campos de café y otros productos. Ganaban terreno las exportaciones, ya fuesen legales o de contrabando, que era una práctica muy difundida en unas colonias con extensas franjas costeras escasamente pobladas e infinidad de cayos y bahías naturales.

Las reformas borbónicas contribuyeron a este desarrollo ampliando los espacios comerciales legales, incrementando los gastos militares (fortificaciones, construcción naval y milicias), facilitando la roturación de tierras y fomentando la inmigración de españoles (en adelante "peninsulares") y la introducción de esclavos. El objetivo era reforzar el control de las tres colonias antillanas y asegurar las estratégicas rutas marítimas caribeñas, todo ello sin depender exclusivamente del subsidio que se enviaba anualmente desde La Nueva España (en adelante "situado"). Pese a todo, el "situado" continuó siendo la principal fuente de financiación de la red defensiva del Imperio español en el Caribe (Marichal y Souto, 1994; Grafenstein, 1997). Las reformas borbónicas se dejaron sentir con especial fuerza después de que La Habana fuera asaltada y ocupada por las tropas británicas durante diez meses (agosto de 1762-febrero de 1763), a raíz de la Guerra de los Siete Años (1756-1763).

En estos años el Caribe es el escenario de la confrontación europea. Las rivalidades de las principales potencias se trasladan a esta zona y en ella se suceden batallas, trueques de territorios e invasiones. Las ciudades principales, los puertos estratégicos del Caribe, pasan a ser los escenarios de estas luchas imperiales. La Habana era el puerto más importante y mejor fortificado del Imperio español en el Caribe y hasta entonces nunca había caído en manos enemigas. Para recuperar su control, así como el de Manila en las Filipinas, en el Tratado de París de 1763, la Corona española tuvo que entregar la Florida a los británicos, lo que provocó que unas 3.000 personas evacuaran la región para asentarse en La Habana. No obstante, un año antes, Francia había cedido a España la Luisiana en recompensa por su participación en la guerra. Hasta efectuarse su entrega a Francia en el año 1803, los españoles gobernaron la Luisiana bajo la jurisdicción de la Capitanía General de Cuba.

Posteriormente a la ocupación de La Habana por los ingleses, la Corona reforzó enormemente el sistema defensivo en ultramar. Un primer paso fue la reforma o construcción de fortificaciones en las tres colonias antillanas, especialmente las que defendían La Habana y San Juan de Puerto Rico, e incluso la ciudad de Santo Domingo. La magnitud de las inversiones fue tal que indirectamente contribuyó a que las élites insulares dispusieran de capitales para desarrollar la economía de exportación. Además de las fortificaciones, en La Habana se reactivó el Real Arsenal (astilleros fundados en 1724). Paralelamente a este esfuerzo, se reorganizó el Ejército real y las tradicionales milicias armadas, ampliando la participación de tropas y oficiales americanos en sus filas. En esta reorganización las milicias fueron objeto de especial atención, siendo a partir de 1763 rearmadas y ampliadas con la inclusión en la tropa de individuos de color. Desde su fundación en el siglo XVI, las milicias contaron con la participación de negros libres, pero en el siglo XVIII, su presencia era tal, que en 1765 la administración creó los batallones de "pardos y morenos" en La Habana y en Bayamón, Puerto Rico (Klein, 1967; Scarano, 1993; Kuethe, 1986).

Las reformas facilitaron el desarrollo económico y ampliaron gradualmente los márgenes de libertad comercial de que disponían las élites insula res, incluyendo la trata de esclavos, que era un elemento clave para el desarrollo económico. Pero a la vez reforzaban el mercantilismo a través de estancos, compañías comerciales y mecanismos de control fiscal más eficaz. Entre 1755 y 1784, en Puerto Rico y Santo Domingo operó sin demasiado éxito la Compañía de Barcelona con privilegios comerciales monopolísticos. Previamente en Cuba se estableció la Real Compañía de Comercio de la Habana (17391763) encargada de gestionar el estanco del tabaco, la introducción de esclavos africanos (en adelante "bozales") y colonos peninsulares, el Arsenal de La Habana y el suministro de comida a los presidios de Florida. A diferencia de la Compañía de Barcelona, la Compañía habanera estaba mayoritariamente controlada por la élite criolla. En la producción tabacalera, la Corona impuso su monopolio en las tres Antillas. En 1716 la Corona decretó el estanco del tabaco en Cuba, que a partir de 1760 quedó en manos de la Real Factoría de Tabacos, la cual contaba con casi la mitad de accionistas habaneros. Este modelo, en una escala mucho menor, se extendió a Santo Domingo en 1763 y a Puerto Rico en 1785 (Portuondo Zúñiga, 1994; González-Ripoll, 1999a; Scarano, 1993).

A partir de 1764, la Corona comenzó a introducir el sistema de intendencias en todo el imperio, comenzando ese mismo año por las intendencias de Cuba y la Luisiana. Se confirió a los intendentes poderes de gobierno, hacienda, justicia, defensa y fomento para asegurar el buen uso de los fondos y la eficacia de las distintas ramas de la administración en las colonias. En las décadas de 1770 y 1780 se crearon intendencias en todo el imperio excepto en las Antillas (Santo Domingo nunca tuvo intendencia y la de Puerto Rico se creó en 1811).

Pese al gran esfuerzo fiscalizador, la exportación ilegal de azúcar, aguardiente, tabaco o cueros curtidos continuó teniendo gran peso hasta comienzos del siglo XIX, en que España eliminó muchas de las antiguas barreras comerciales para tratar de asegurarse la lealtad de la sociedad criolla durante las guerras de independencia en el continente. El contrabando adquirió tal proporción que en 1765 el mariscal de Campo Alejandro O'Reilly, en un informe enviado a la Corona, afirmaba que los pobladores puertorriqueños se beneficiaban de vender ilegalmente sus productos a los "estrangeros" que a cambio introducían telas y otros géneros, "de modo que este trato ilícito... ha sido útil aquí" (Scarano, 1993).

El crecimiento demográfico fue paralelo al económico. Cuba (115.000 km2) pasó de tener 30.000 habitantes en 1662 a tener 272.000 en 1791 (Pérez, 1988); Puerto Rico (9.000 km2) de los 6.000 habitantes a comienzos del siglo XVIII, a 103.000 en 1787 (Dietz, 1997) y Santo Domingo (aproximadamente 60.000 km2) de los 18.000 habitantes en 1718, a acercarse a los 180.000 habitantes en 1790. El impacto de la Revolución ha¡ tiana (1791-1804) redujo en unos dos tercios la población dominicana (Moya Pons, 1980, 1991), pero durante este mismo período, Cuba y Puerto Rico continuaron experimentando un fuerte crecimiento demográfico y económico que se prolongó durante todo el siglo M.El principal factor del aumento de la población fue el crecimiento vegetativo, al que se sumó la llegada de colonos procedentes de la metrópoli, sobre todo de las islas Canarias (isleños), inmigrantes caribeños y negros bozales (traídos directamente de África). El tamaño de las capitales de las tres colonias antillanas refleja este crecimiento económico y demográfico. En la década de 1780 la población de Santo Domingo y sus arrabales rondaba los 25.000 habitantes (Moya Pons, 1980), la de San Juan no superaba los 8.000 y la de La Habana y sus barrios adyacentes se situaba en torno a los 50.000 (Johnson, 2001).

Como en toda la cuenca caribeña, desde la época de la conquista, la esclavitud, indígena primero y africana después, consolidó pautas de estratificación social cuyo legado de racismo y distinciones sociales aún hoy se deja sentir. En la base de la escala social se encontraban los esclavos; a continuación las personas libres de color ocupaban un estrato social intermedio. Por encima de la población negra, encontramos al segmento de la población humilde considerada como blanca y por último a la élite socioeconómica, exclusivamente blanca, máxima beneficiaria de este sistema social. Inicialmente el vínculo entre la esclavitud y las personas de origen africano era sólo una coincidencia. Tanto los indígenas como los trabajadores podían estar sometidos a formas de trabajo servil, pero hacia finales del siglo XVII, la palabra "esclavo" indicaba que se trataba de una persona de raza negra y ocupación manual. A diferencia de las sociedades esclavistas anteriores, en América el fenotipo de la persona negra quedaría estrechamente asociado al estrato social inferior marcado por el estigma de la esclavitud (Knight, 1990).

Pese a la existencia de estas pautas, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en las colonias hispano-caribeñas predominó de forma casi absoluta la llamada esclavitud patriarcal (término acuñado en 1933 por el historiador recifeño Gilberto Freyre en relación a Brasil), menos severa que la esclavitud en las "islas del azúcar" (Sugar Islands) del Caribe no hispano. La extrema limitación de movimientos, los duros castigos físicos y la segregación racial se intensificarían con el avance de las medianas y grandes plantaciones. Tradicionalmente, la inmensa mayoría de los esclavos de las colonias hispano-caribeñas se encontraban dispersos por las haciendas ganaderas y las pequeñas explotaciones agrícolas (estancias). Así mismo, una parte importante de los esclavos vivía en las ciudades trabajando como sirvientes domésticos o jornaleros. Tanto en el campo como en la ciudad eran muchos los esclavos que trabajaban y convivían con trabajadores libres o sus amos. El grado de sometimiento que les imponía la esclavitud no era tan extremo como lo sería en épocas posteriores. Desde el siglo XVI los índices de manumisión fueron relativamente altos lo cual contribuyó a que siempre hubiera una importante proporción de población libre de color, que impidió que existiera una extrema polarización racial propia de las colonias en manos norte-europeas. Frente a esta polarización, el mestizaje cultural y racial fue constante. Sin embargo, pese a la relativa flexibilidad de la esclavitud patriarcal, la resistencia esclava siempre estuvo presente y fueron esclavos cimarrones quienes construyeron los palenques de las zonas del interior (Portuondo Zúñiga, 1994).

A partir de mediados del siglo XVIII, la expansión de la economía de plantación comenzó a extender un modelo de sociedad esclavista cada vez más cercado a las "islas del azúcar" bajo el control norte-europeo, en las que las distinciones socio-raciales eran extremamente rígidas. Poco a poco, la plantación esclavista acabó por influir en toda la sociedad hispano-caribeña, e incluso en el ámbito urbano se intensificaron la segregación racial y las limitaciones legales y sociales a la población de color, ya fuese esclava o libre (Knight, 1970 y 1990). Las plantaciones de tamaño mediano y grande, principalmente azucareras (en adelante "ingenios"), comenzaron a extenderse primero en Cuba y Santo Domingo. En Cuba se concentraban en torno a La Habana, en occidente, y en Santiago y Guantánamo, en oriente.

En la colonia de Santo Domingo la escasa densidad de población frenaba el desarrollo económico y dificultaba la defensa militar. No obstante, la formidable expansión a lo largo del siglo XVIII que experimentó la economía esclavista en la colonia francesa de Saint Domingue impulsó de manera constante la producción de ganado en la parte hispana del territorio que generó un comercio de exportación en que el contrabando tenía un gran peso, pese a los esfuerzos de las autoridades españolas por eliminarlo. Así mismo, el contrabando ejercido por corsarios, junto con la producción de tabaco centrada en la región norte de la colonia, reforzaron las actividades comerciales y contribuyeron a financiar los gastos generados por la administración colonial. La presencia de comerciantes de otras Antillas y de la colonia francesa facilitó la llegada de inmigrantes y la introducción de esclavos. Siguiendo el ejemplo de Saint Domingue, los dominicanos impulsaron la producción azucarera especialmente en los llanos cercanos a la capital y algunas pequeñas áreas del sur de la colonia. Resurgían los ingenios en la misma región en la que se habían establecido durante la conquista y, junto a las plantaciones de caña, se expandieron las de cacao, añil y algodón (Moya Pons, 1980).

Todo apuntaba a que la economía y la sociedad esclavistas en Santo Domingo seguirían, a cierta distancia, los pasos de otras colonias antillanas. Las proporciones de esclavos que encontramos en Cuba y Santo Domingo a finales del siglo XVIII reflejan los diferentes ritmos a los que se expandía la economía de plantación en cada una de las colonias. Mientras en Cuba una cuarta parte de la población cubana era esclava y una quinta parte era libre de color, en Santo Domingo encontramos menos del 10% de esclavos y una gran mayoría de población mulata libre. Por último, aunque en Puerto Rico la economía de plantación no arrancaría con fuerza hasta comienzos del siglo XIX, al igual que las otras dos colonias hispano-antillanas, también era una sociedad esclavista que hacia finales del XVIII tenía un 11% de esclavos y un 42% de personas libres de color (Lavallé, Naranjo y Santamaría, 2002).

En Cuba, el monopolio de la Corona sobre la producción de tabaco desde 1717 canalizó los esfuerzos de las élites insulares en la producción de azúcar y posteriormente también hacia el café. A mediados de siglo ya había más de sesenta ingenios en la región habanera. Poco a poco los ingenios demandaron nuevas tierras que fueron ganándose al bosque, a la vez que desplazaban hacia otras zonas a pequeñas explotaciones agrícolas ("estancias"), vegas de tabaco y hatos o corrales ganaderos. La ocupación de La Habana por los ingleses entre agosto de 1762 y julio de 1763 aceleró este proceso, pero en modo alguno fue su origen (Moreno, 1978). Los ingleses permitieron la entrada libre de bozales y facilitaron el comercio con sus colonias, principalmente las de la costa este de Norteamérica. Una vez recuperado el control de la capital cubana, la Corona amplió los márgenes del comercio legal e inició un formidable refuerzo de su sistema defensivo en el Caribe. Esto supuso un gran aumento del gasto público, que en gran medida se sufragó con el "situado" que llegaba de Nueva España (Portuondo Zúñiga, 1994).

La expansión de los ingenios siguió sin pausa. La creciente demanda y las innovaciones tecnológicas desencadenaron el arranque a gran escala de la producción azucarera cubana basada en el trabajo esclavo. Desde la conquista hasta 1760 se calcula que en Cuba fueron introducidos unos 60.000 esclavos, una cantidad que fue superada en los siguientes treinta años a la invasión inglesa de 1761-1762. Hasta 1788 los ingleses dominaron la trata con las colonias hispano-antillanas dejando atrás el viejo sistema de asientos e introdujeron unos 50.000 bozales (Torres-Cuevas, 1994b). Este gran negocio estimuló el apetito de los comerciantes hispanoantillanos que en 1789 consiguieron que la Corona permitiese la introducción libre de esclavos africanos en estas colonias. A partir de entonces, los comerciantes españoles y algunos comerciantes antillanos desplazaron gradualmente a los traficantes de esclavos de otras nacionalidades. Entre 1790 y 1867 más de 780.000 bozales fueron introducidos en Cuba, lo que la convirtió en la colonia española que más esclavos importó (Bergad et al., 1995).

De manera paralela a este crecimiento económico y despertar de la sociedad cubana, asistimos a la reorganización administrativa cuyo objetivo fue el reforzamiento del poder de los funcionarios de la Corona y el desplazamiento de las oligarquías locales. El gobierno insular (dividido en dos gobier nos en 1607, el de La Habana y el de Santiago) recae en la figura de gobernador de La Habana, quien ostenta el cargo de capitán general, asistido en su trabajo por tenientes gobernadores en Nueva Filipina, Trinidad y Puerto Príncipe y en la del intendente del Ejército y de la Real Hacienda, en La Habana. El gobierno de Santiago recayó en otro gobernador y un segundo intendente, subordinado al primero. Del gobernador y de los tenientes gobernadores dependían los capitanes de guerra, que pasaron a denominarse capitanes de partido, y se fundió el cargo de teniente de rey con el de general segundo cabo, que fue la figura más próxima al capitán general.

5.2. Impacto de la Revolución americana (1 776-1 783) en las Antillas españolas

La Revolución americana (1776-1783) mostró a las élites criollas hispanas que era posible que las colonias en territorio americano desafiaran a las metrópolis europeas, a la vez que dejaban intacta la esclavitud y otras formas de trabajo coercitivo. Estableció un modelo de Estado que con el tiempo ejercería gran influencia. No obstante, de forma inmediata, la principal consecuencia de la sublevación e independencia de las Trece Colonias fue forzar un reequilibrio de poderes en el Caribe y el Golfo de México al debilitar seriamente el poderío británico, en tanto que Francia y España reforzaban sus posiciones tanto en lo militar como en la producción y el comercio.

Desde el comienzo de la guerra sus dirigentes prohibieron el comercio con las colonias británicas en el Caribe lo cual impulsó la producción en las tres Antillas españolas con destino a los mercados de las colonias en lucha. De manera particular este cambio afectó a Cuba que, a partir de entonces, aumentó de forma vertiginosa las ventas de azúcar y en menor medida de tabaco y otros productos. Así mismo, la contienda incrementó enormemente los gastos militares en las colonias españolas en el Caribe y en la Luisiana, pero en particular en La Habana que regularmente absorbía más de la mitad de la suma total de los situados que la Corona asignaba a estas colonias. Los 4.000 pesos en plata que en 1778 Nueva España entregó en situados caribeños, aumentaron a casi 11.000 en 1783, lo cual supuso un enorme esfuerzo para la hacienda novohispana (Marichal y Souto, 1994). Como ya venía ocurriendo, estas grandes asignaciones en dinero indirectamente favorecieron el desarrollo de la economía de exportación en las colonias antillanas, pero lógicamente el impacto fue mucho mayor en La Habana.

Interesada en recuperar territorios ocupados por los británicos (Florida, Gibraltar, Menorca...), en 1779 España se unió a Francia en su apoyo a los separatistas. Fue una participación militar que contó con el pleno asenti miento de la élite criolla cubana, interesada en expandir su poder regional y facilitar el intercambio comercial con las Trece Colonias. Además del formidable esfuerzo bélico que la Corona española llevó a cabo desde La Habana, la élite habanera entregó dinero y pertrechos de guerra a los ejércitos separatistas en las Trece Colonias. Muestra de este vínculo es que el encargado de las entregas fuera el comerciante habanero Juan Miralles, quien trató directamente con el general Washington (Torres Cuevas, 1994a). En el plano económico, los cuatro años de guerra en apoyo a los independentistas estadounidenses fueron un período de grandes negocios para la élite habanera. Cuba aumentó súbitamente las exportaciones de azúcar y otros productos a las Trece Colonias, en tanto éstas obtuvieron un trato comercial preferente con Cuba. Sin embargo, al finalizar la guerra en 1782 el precio del azúcar cayó a la vez que España aumentaba el impuesto que este producto debía pagar. Todo ello condujo a que a partir de 1783 las exportaciones retrocedieran a los niveles de la década anterior (Guerra y Sánchez, 1971).

En el ámbito militar, las primeras acciones fueron emprendidas por el gobernador de la Luisiana, Bernardo Gálvez, que contando con el apoyo de los colonos francófonos entre 1779 y 1781 conquistó varios fuertes británicos en el Valle del Mississippi en la Luisiana, hasta 350 km al noroeste de Nueva Orleans. Inicialmente, cuando los gobernantes españoles tomaron posesión de la Luisiana los colonos criollos de habla francesa lucharon en contra del dominio español, que estaba en una frágil situación por el reducido número de colonos hispanos. Ahora, el enemigo común permitió que Gálvez contara con el apoyo de los colonos francófonos para luchar contra los británicos. Los éxitos militares de Gálvez alentaron al ejército que dirigía el general Washington a atacar a los británicos en Georgia y las Carolinas, lo que decidió al capitán general de Cuba a ofrecer ayuda suficiente a Gálvez para que llevase a término una importante ofensiva sobre la Florida occidental (esta región era una franja costera que se extendía desde Nueva Orleans hasta Pensacola). En 1780, Gálvez consiguió conquistar la ciudad portuaria de Mobila; a continuación viajó a La Habana para ponerse al frente de una expedición de 4.000 hombres que a mediados de 1781 tomó Pensacola, puerto desde el cual la marina española ahora controlaba toda la región oriental del Golfo de México (Haarmann, 1960).

Al año siguiente, en 1782, desde La Habana el recientemente nombrado capitán general Juan Manuel Cajigal dirigía una expedición de 5000 hombres que conquistó las Bahamas. Aunque paralelamente a la firma del Tratado de Versalles en 1783 tropas monárquicas procedentes de las Trece Colonias las reconquistaron, el éxito de las campañas militares españolas forzaron a Gran Bretaña a devolver las Floridas a la Corona española. Sin embargo, la invasión napoleónica de España en 1808 y las guerras de independencia en las colonias hispanoamericanas continentales facilitaron que entre 1810 y 1813 Estados Unidos se apoderase de casi toda la Florida occidental y que, en 1817, iniciara la conquista y anexión de la occidental. Dos años más tarde España cedía las dos Floridas a Estados Unidos y en 1821 las transfería formalmente.

Entre los militares que participaron en la expedición de Gálvez en Pensacola y de Cajigal en las Bahamas se encontraba Francisco de Miranda, el "precursor" de la independencia de Venezuela, lo cual evidencia el impacto de la Revolución americana entre la élite hispanoamericana. Pero también es significativo que personalidades como Miranda no consiguieran el apoyo de las élites hispano-antillanas, sobre todo interesadas en fortalecer su peso dentro de la administración colonial y en perpetuar la sociedad esclavista de la cual emanaba su riqueza y estatus social.

Las revoluciones (Revolución americana, Revolución francesa y Revolución haitiana), lógicamente despertaron los recelos de las autoridades españolas que, temerosas de las ideas subversivas que portaban, contrarias al mantenimiento del statu quo, intensificaron la vigilancia sobre la circulación de libros (sobre todo de los enciclopedistas) y prohibieron la expedición de títulos de abogado en las universidades de México, Lima, Santo Domingo y La Habana, entre otras medidas.

5.3. La destrucción de la economía de plantación en La Española (1791-1822)

El éxito de la revolución que los esclavos de Saint Domingue llevaron a cabo entre 1791 y 1804 cambió el curso de la historia del Caribe. Tras quince años de lucha a muerte contra el esclavismo y la economía de plantación, el 1 de enero de 1804 nacía la República de Haití, sustentada por una amplia capa de campesinos libres (Fick, 1991). Desde el inicio mismo de esta revolución en todas aquellas sociedades en que los esclavos eran numerosos se endureció la vigilancia sobre ellos, desde los barracones de esclavos en Virginia, Estados Unidos, a los de Cuba y Brasil (Geggus, 2001). La Revolución haitiana produjo efectos contrarios según qué sociedades estudiemos. Si bien en todas causó miedo y creó imágenes de terror que criminalizó a la población de color durante mucho tiempo, en algunas de ellas alentó al mismo tiempo la importación de esclavos de forma masiva. Sin embargo, no todas las colonias azucareras corrieron la misma suerte. Éste fue el caso de Santo Domingo, que en lugar de seguir los pasos de Cuba (y en menor medida Puerto Rico), en su camino hacia una economía y una sociedad basadas en la esclavitud, se transformó en una sociedad campesina y ganadera.

Por otro lado, la lucha de los esclavos de Saint Domingue por la libertad modificó sustancialmente las relaciones de fuerza entre los distintos países que operaban en el Caribe y el Golfo de México: detuvo la expansión territorial francesa y debilitó el poder de los británicos, que aún no se habían recuperado de la pérdida de las Trece Colonias. La derrota francesa en Saint Domingue, entre 1802 y 1803, impidió que Napoleón hiciese efectivo el control de la Luisiana y, por tanto, facilitó que en 1803 Estados Unidos adquiriese este vasto territorio que le abría las puertas hacia el oeste, el Golfo de México y el Caribe. Por su parte, España perdía el control de Santo Domingo, una colonia de segundo rango tanto desde el punto de vista económico como militar. Sin embargo, la Revolución haitiana, al destruir la economía de plantación más productiva del mundo, eliminó a un importante competidor a las exportaciones azucareras y cafetaleras de Cuba y en menor medida de Puerto Rico.

Poco antes del inicio de la revolución, en 1789, Saint Domingue, con un territorio que entonces era un tercio del dominicano, tenía una población que rondaba los 520.000 habitantes, distribuidos en 452.000 esclavos, 28.000 affranchis, es decir personas libres de color, mayoritariamente mulatos, y 40.000 blancos. En los años anteriores a la Revolución francesa, los comerciantes de esclavos franceses introdujeron un promedio de 30.000 esclavos en esta colonia, en la que los grandes plantadores -ya fuesen blancos (en adelante Brand blancs) o affianchis (propietarios de un tercio de las plantaciones) - cada vez dependían más de los capitales de los comerciantes franceses. Antes de que estallara la Revolución francesa en 1789 los Brand blancs y los affranchis conspiraban en París. Los primeros aspiraban a conseguir mayor poder local y la liberalización de la economía, demandas que eran compartidas por los affianchis que a la vez reclamaban la igualdad legal con los blancos y se oponían, en un elevado porcentaje, a la abolición de la esclavitud de la cual también se beneficiaban.

Además de estas tensiones políticas fruto del vínculo colonial, existían tensiones sociales en el interior de la pequeña y rica colonia ya que la mayoría de los blancos eran pequeños hacendados, profesionales liberales, burócratas, soldados, tenderos y artesanos que recelaban del pujante poder económico y social de los affranchis. Este último grupo social aspiraba a que su estatus económico les permitiera conseguir la igualdad legal con los blancos, motivo por el cual en 1788 crearon en París la Société des Amis des Noirs, estrechamente vinculada a los revolucionarios metropolitanos. Pese a ello, un año después los gobiernos de la Francia revolucionaria no impulsaron esta equiparación legal ya que temían que desencadenara una revuelta de esclavos que arruinase las colonias de las que tanto dependía la burguesía comercial e industrial francesa. Esta negativa motivó que la Société des Amis des Noirs a partir de 1790 cambiara la estrategia y comenzara a conspirar con el fin de desencadenar una insurrección en Saint Domingue.

La profunda división entre los tres grandes grupos dominantes no pasó desapercibida entre los esclavos, quienes clandestinamente se organizaron y a partir de agosto de 1791 iniciaron un gran levantamiento armado en las plantaciones del norte de la colonia. Ante esta amenaza, los propietarios blancos y mulatos unieron sus fuerzas, pero pronto surgieron divisiones cuando en marzo de 1792, el gobierno francés reconoció la igualdad legal de los affranchis. En respuesta, los granel blancs, partidarios de la monarquía, con el apoyo de los grandes propietarios de color aceptaron una alianza con los británicos, que desde Jamaica enviaron tropas a Saint Domingue. Por su parte, los esclavos alzados en armas bajo la dirección de un liberto, Toussaint L;Ouverture (1743-1803), consiguieron el apoyo de las milicias criollas de Santo Domingo, enviadas por las autoridades españolas para recuperar los territorios arrebatados por Francia en el siglo XVII. Estas intervenciones militares respondían a los intereses inmediatos de las Coronas inglesa y española en el Caribe, pero se producían en el marco de su alianza, junto con otras monarquías, para derribar a la Francia revolucionaria en la llamada Guerra de la Convención (1793-1795).

Las expediciones militares enviadas desde Jamaica y Santo Domingo fracasarían a partir de abril de 1793, cuando el jacobino Felicité Sothonax, excediéndose en sus poderes como alto comisionado francés en Saint Domingue, dio orden de abolir la esclavitud. Nueve meses después, la Convención Nacional francesa proclamó la abolición en todas las colonias francesas. Inmediatamente Toussaint y unos 4.000 esclavos alzados en armas y libertos que luchaban con él se unieron a las tropas galas. En poco tiempo las tropas de Toussaint expulsaron a las tropas españolas de los territorios ganados para a continuación luchar durante cinco años contra los británicos a cuyo ejército derrotaron en abril de 1798, tras haberle causado la baja de 25.000 hombres. Toussaint, que pocos años antes era un esclavo que trabajaba como cochero en una plantación del norte de Saint Domingue, ahora era general de División y gobernador de la colonia.

En el verano de 1795, las luchas en Europa una vez más provocaron grandes cambios en Santo Domingo. El 22 de julio de este año por el Tratado de Paz de Basilea España cedía a Francia toda la colonia de Santo Domingo. A cambio Francia entregaba los territorios que había conquistado en el norte de España. Pese a la cesión del territorio, la lucha para expulsar a los británicos de Saint Domingue y las guerras en Europa retrasaron varios años que Francia tomara posesión de la colonia. Santo Domingo se convirtió en una colonia a la deriva, temerosa de las medidas y avances sociales que se producían en Guarico. Los grupos dominantes del Santo Domingo español confirmaban sus miedos ante las victorias de Sothonax y Toussaint y la abolición de la esclavitud. Comenzaba así una etapa de emigración de casi toda la élite dominicana que junto con muchos de sus esclavos y sirvientes buscaron refugio en otras islas o zonas cercanas de Tierra Firme. Tras quince años de pánico, extremas dificultades económicas, invasiones y guerras, la colonia perdió a más de la mitad de su población. En 1809 sólo quedaban unos 80.000 habitantes (Moya Pons, 1980). En esta primera oleada migratoria, el gobierno español dispuso barcos y prometió entregar tierras en el oriente de Cuba, pero cuando lo hizo los terrenos eran de tan poca calidad que muchos hacendados, altos funcionarios, comerciantes y eclesiásticos de alto rango optaron por marcharse a otras colonias en las que hubiera tierras y esclavos disponibles como en Venezuela o Puerto Rico.

Los temores fundados de los estancieros y otros grupos de la élite dominicana ante los sucesos de Haití se vieron cumplidos cuando en distintas partes del país estallaron una serie de pequeñas revueltas esclavas. Un ejemplo de éstas fue la que se produjo en octubre de 1796 en un ingenio azucarero dominicano, prueba irrefutable para este grupo de que la insurrección en Saint Domingue estaba minando el orden social en la parte española. A pesar de que la esclavitud en Santo Domingo continuaba siendo mayoritariamente de tipo patriarcal y que en toda la colonia sólo había unos 15.000 siervos, como en las otras Antillas españolas, la esclavitud tenía un significado y un peso social y cultural que trascendía el puramente económico; la esclavitud era una institución con casi tres siglos de arraigo de la que dependían el poder económico y en muchos casos el prestigio social del grupo dominante que se definía racialmente como "blanco". Era éste un grupo profundamente católico e hispanizado que consideraba el culto a la "razón" la "religión revolucionaria", como el otro gran factor de destrucción de su mundo. En el fin de la esclavitud este grupo veía, al igual que ocurría con las otras élites hispano-antillanas, la pérdida de un statu quo basado en la sociedad de castas.

Pero regresemos a Saint Domingue yen concreto a los proyectos del joven general Toussaint de EOuverture. Derrotados los británicos en 1798, Toussaint se propuso consolidar la revolución esclava ocupando la parte hispana del país, que aún no estaba bajo el control efectivo de Francia. Pese a las trabas del gobierno francés - en manos de Napoleón desde noviembre de 1799-, en enero de 1801 Toussaint se puso al frente de un ejército que en tan sólo un mes y medio consiguió ocupar toda la parte oriental. Por primera vez, una colonia española se separaba de la metrópoli por la acción de una fuerza armada netamente americana, es decir de manera autóctona. Inmediatamente después de entrar en la capital, Toussaint abolió la esclavitud, una medida que celebraron los 15.000 esclavos que existían en la parte española. Muy distinto fue el sentir del resto de la población que, compuesta en su mayoría por pobladores hispanos, hombres y mujeres libres que no se consideraban a sí mismos como "negros" ya que era una condición que asocia ban a la esclavitud, veían a Toussaint como una persona de rango inferior por ser de raza negra y ex esclavo. Las clases dominantes horrorizadas ante la perspectiva de quedar bajo el mando de las tropas negras revolucionarias iniciaron una segunda gran ola de emigración a distintos puntos del Caribe, mientras las clases populares también se oponían al poder haitiano al temer que Toussaint intentara imponerles la economía de plantación basada en trabajo semilibre vigente en el Guarico.

El atrevimiento de Toussaint alarmó a Napoleón que decidió poner fin a la revolución de los antiguos esclavos de Saint Domingue enviando, a comienzos de 1802, una expedición de 35.000 soldados - que después ampliaría hasta 58.000 - bajo el mando del general Charles Leclerc. Al desembarcar en Santo Domingo las tropas francesas contaron con el apoyo de los propietarios de estancias e ingenios que se oponían a la abolición y con la ayuda de un amplio sector popular contrario a las políticas de Toussaint. El gobierno de Leclerc reintrodujo la esclavitud y volvió a restaurar el orden alterado por Toussaint quien apresado fue trasladado a una cárcel de París en la que moría un año después. Pese a su alejamiento y muerte, la figura de Toussaint de LOverture se convirtió en un símbolo de rebelión y resistencia entre los esclavos. Su muerte proyectó aún con más fuerza la imagen de este general que con atuendo imperial dotaba de fuerza y orgullo los contenidos de la lucha antiesclavista. Esta imagen, un símbolo de lucha y esperanza, se transmitió y propagó por todo el Caribe y los territorios de la América continental en los que existía esclavitud.

Derrotado Toussaint, el objetivo de Napoleón era consolidar la presencia francesa en el Caribe y la Luisiana, territorio que acababa de recuperar sobre el papel. Sin embargo, la guerra continuó. La tenacidad de las guerrillas de libertos, encabezados por Jean Jacques Dessalines, puso fin a este proyecto. En noviembre de 1803 las tropas francesas, después de perder unos 30.000 soldados, se retiraban definitivamente a la parte hispana, a la vez que Francia entregaba la Luisiana a Estados Unidos sin ni siquiera haber implantado su gobierno. El 1 de junio de 1804 los revolucionarios de Saint Domingue proclamaban la República de Haití.

Tras ser derrotados en Haití, los franceses continuaron gobernando en Santo Domingo casi seis años. La presencia francesa, la existencia de la esclavitud en la colonia y los deseos de convertir a toda la isla en un único Estado fueron motivo de preocupación de los nuevos gobernantes haitianos, quienes en marzo de 1805 enviaron un ejército de 21.000 hombres para expulsar a los franceses. La resistencia de los 6.000 habitantes de la ciudad de Santo Domingo impidió que las tropas haitianas entraran en la capital. A pesar de derrotar a los haitianos, el pánico causado por la invasión y la destrucción de vastas regiones provocaron una tercera gran ola migratoria que redujo la población a unas 80.000 personas. Esta situación comenzó a cambiar tras la muerte de Dessalines y la división de Haití en varios estados antagónicos, hechos que animaron a regresar a una parte de la élite dominicana y atrajeron a sus tierras a algunos colonos españoles y franceses. No obstante, la Revolución haitiana había alejado a Santo Domingo del camino hacia la economía de exportación a gran escala que probablemente se hubiese desarrollado a partir de las plantaciones del sur de la colonia. La realidad fue que la colonia quedó dividida en tres regiones económicas sostenidas principalmente por trabajadores libres: el Cibao cuya principal producción era el tabaco; el sur dedicado a la tala de madera y a la ganadería y la región cercana a la ciudad de Santo Domingo dedicada a la agricultura para el consumo local.

Las luchas por la liberación del suelo dominicano continuaron en los años siguientes y pronto los dominicanos pusieron fin al domino francés en la llamada Guerra de Reconquista (1808-1809). Según Frank Moya Pons, los "sentimientos hispánicos" eran muy intensos entre los dominicanos, quienes tras la invasión napoleónica de España se levantaron en armas. La intervención de los británicos en este conflicto unos meses después al imponer un bloqueo marítimo a la capital contribuyó a la victoria de los dominicanos. Pese a que los combates en tierra fueron encarnizados y devastaron parte del territorio, las tropas francesas se rindieron ante los británicos en julio de 1809. Comenzaba así una segunda etapa de dominio español conocida como "La España Boba' (1809-1821). La destrucción causada por la guerra desencadenó una cuarta ola de emigración dominicana que una vez más frenó la recuperación demográfica y económica de la colonia y no fue hasta finales del siglo XIX cuando este territorio comenzó a tener cierto ritmo de desarrollo y crecimiento económico.

Al igual que Cuba y Puerto Rico, Santo Domingo permaneció leal a España durante los años en que Napoleón invadió la metrópoli. Sin embargo, a diferencia de Cuba y Puerto Rico, un lustro después del retorno de Fernando VII, Santo Domingo inició el camino de la independencia. Es un período poco estudiado por lo que sólo podemos entrever sus principales rasgos. Los sentimientos pro-hispánicos de la población sugieren que el territorio dominicano podría haber seguido bajo dominio español durante un largo período, pero tras años de paulatina despoblación, hundimiento económico y caos administrativo, el vínculo con la metrópoli era tenue. De forma similar a lo ocurrido en las colonias continentales, al finalizar la Guerra de Independencia en España, la Corona reconstituyó parte de su poder, reavivando así antiguas tensiones con los notables criollos, siempre ansiosos por obtener mayor autonomía administrativa y libertades comerciales. Sin embargo, en Santo Domingo la presión metropolitana no fue compensada con un fuerte desarrollo económico basado en el trabajo esclavo, como ocurrió en las otras dos colonias españolas antillanas.

El pronunciamiento de Riego en enero de 1820 y la puesta en vigor de la Constitución de 1812 tres meses después abrieron un nuevo período en que España perdió definitivamente el control de las colonias continentales en América que aún no se habían independizado. La agitación política en la metrópoli dificultó el envío de refuerzos a los ejércitos realistas de las colonias pero, en su derrota y en la pérdida del imperio existieron otros factores que influyeron más que los meramente militares. Durante todo el Trienio Liberal (1820-1823) los liberales españoles se decantaron por políticas cercanas al mercantilismo y negaron a los criollos tanto libertades comerciales como una mayor participación en la administración colonial, reclamos que desde hacía tiempo demandaban. Por otra parte, las élites temían que el radicalismo liberal metropolitano acabase por hundir un orden social que les confería privilegios en distintas esferas de la economía, la administración y la cultura. Por todo ello, la respuesta de las élites americanas no se hizo esperar. En México, Agustín de Iturbide, un comandante general del Ejército real, proclamaba la independencia en febrero de 1821 como único medio para conservar el viejo orden. En Venezuela, en junio de 1812, Simón Bolívar triunfaba en la decisiva batalla de Carabobo, en tanto que Antonio José Sucre avanzaba en Ecuador. Más al sur, en agosto de 1820 San Martín iniciaba la campaña del Perú, cuya independencia proclamó diez meses después ante una élite peruana desconcertada por los cambios que atravesaba la metrópoli (Rodríguez 0., 1996).

La combinación de estos factores alentó a un sector de la élite dominicana a levantarse en contra del dominio español. Era una élite débil que se alzaba ante una administración colonial que luchaba por recuperar su antiguo poder. Era además un grupo que, aunque temeroso de posibles rebeliones esclavas, como lo demuestra la dureza con que se reprimieron varias de ellas en la década de 1810, tenía un grado de dependencia de la esclavitud mucho menor que el de los hacendados de otras Antillas. En contraposición a éstas, a Cuba o a Puerto Rico, desde 1791 el sistema esclavista dominicano había sufrido tal erosión que para 1820 había dejado de ser un elemento clave de la sociedad dominicana. Prueba de ello es que en 1821, a lo largo del proceso de insurrección que llevaría a la proclamación de la independencia, los conspiradores se mostraron a favor de la abolición de la esclavitud para poder contar con el apoyo de las milicias de color. El 30 de noviembre de 1821, un levantamiento encabezado por el fiscal de Hacienda y auditor de Guerra, José Núñez de Cáceres, derribó al gobernador español. Aquella misma madrugada, los insurrectos proclamaban el "Estado Independiente del Haití Español".

Fue una independencia efímera. Sólo duró dos meses. Desde hacía tiempo los dirigentes haitianos conspiraban con algunos grupos dominicanos para anexar Haití al territorio de habla hispana. En febrero de 1822 los haitianos invadieron la parte oriental con 12.000 hombres. Al cabo de pocos días, los haitianos entraban en la capital, Santo Domingo, sin oposición militar. Inmediatamente, el gobierno del general Jean-Pierre Boyer abolió la esclavitud, a la vez que expropiaba los bienes de la Iglesia. El pánico que produjo esta nueva invasión de Haití provocó una quinta ola migratoria de la élite dominicana que, una vez más, se estableció preferentemente en Cuba y Puerto Rico. Dentro de la isla, bajo el gobierno haitiano el país desarrolló una estructura administrativa relativamente eficiente y centralizada a partir de la cual veintidós años más tarde los dominicanos erigirían un Estado independiente (Moya Pons, 1980).

5.4. Cuba y Puerto Rico tras la Revolución haitiana: expansión económica y estabilidad política

La Revolución haitiana alarmó a todas las clases, tanto a las pudientes como a las populares, de las regiones del continente americano en las que existía una importante proporción de esclavos. Por cercanía, por miedo a la propaganda y a que el ejemplo corriera como la pólvora, donde más inquietud causó la revolución de Guarico fue en la misma cuenca del Caribe. No obstante el principal efecto inmediato lo encontramos en la economía. A pesar de los esfuerzos del propio Toussaint y de algunos de sus sucesores en el gobierno, la mayoría de la población optó por dedicarse a la agricultura de subsistencia (Fick, 1991). Una tendencia similar se observó en los campos dominicanos. La Revolución interrumpió la exportación de las ingentes cantidades de café y azúcar producidos en La Española, a la vez que provocó un aumento de sus precios en el mercado internacional.

Conscientes de que esta coyuntura les favorecía económicamente, las élites cubana y, en menor medida, la puertorriqueña aprovecharon para dar un formidable impulso a la producción azucarera y cafetalera. Simultáneamente, las autoridades coloniales contribuyeron a este crecimiento permitiendo las exportaciones a terceros países y la masiva entrada de bozales. En este despegue también intervinieron los refugiados de La Española asentados en las dos antillas vecinas. La historiografía sobre la Revolución Haitiana insiste en que los esclavos alzados en armas exterminaron a la población blanca de Saint Domingue. Las imágenes del terror y del horror fueron la carta de presentación y la propaganda de esta revolución que hizo tambalear los cimientos de una cultura y una civilización basada en la supremacía del hombre blanco. Las violaciones, los incendios, los asesinatos fueron los sucesos y las escenas más contadas y repetidas entre las poblaciones blancas y de color. A las pri meras las atemorizó, a las segundas las fortalecía en la lucha por sus derechos. A pesar de la guerra, de las devastaciones y de las muertes, varios miles de hacendados, maestros azucareros, mayorales, artesanos, agricultores e incluso militares escaparon y se refugiaron en Cuba (principalmente en la región oriental) y Puerto Rico (sobre todo en la región occidental), así como en la Luisiana, Jamaica y otras islas del Caribe. Una proporción indeterminada de los refugiados eran personas libres de color, que en algunos casos acompañaban a los hacendados que escaparon de la colonia con sus esclavos. Tanto en Cuba como en Puerto Rico, este contingente humano, junto con los refugiados de la colonia hispana de Santo Domingo, contribuyó significativamente a extender los cultivos de azúcar y café. Desde el punto de vista administrativo, la evacuación de Santo Domingo ayudó a aumentar la importancia de Cuba dentro del imperio al provocar que se trasladara a Camagüey la Real Audiencia, la más antigua de América, cuya jurisdicción se extendía a Puerto Rico, la Florida y la Luisiana. Posteriormente, en 1800, con la cesión de nuevo de la Luisiana a Francia y la venta de este mismo territorio a Estados Unidos en 1803, varios miles de colonos españoles y franceses optaron por establecerse en Cuba. Entre ellos se encontraban varios hacendados que también fueron claves en el desarrollo de las exportaciones cubanas (GonzálezRipoll, Naranjo, Ferrer, García y Opatrn j, 2004).

La expansión económica facilitó que aumentara la influencia de los hacendados cubanos y puertorriqueños en la administración colonial, en especial a partir del gobierno del capitán general Luis de las Casas (1790-1796). Muestra de ello es la sistemática compra de títulos nobiliarios por parte de las más ricas familias cubanas (Portuondo Zúñiga, 1994; Moreno, 1978). Reflejo de la simbiosis entre la élite criolla y la administración española es la fundación en 1789 y en 1792 de las Sociedades Patrióticas de Santiago de Cuba y La Habana, respectivamente (ambas siguiendo el modelo de la Sociedad Bascongada de Amigos del País, fundada en Vergara en 1765). Estas sociedades agruparon a la intelectualidad criolla interesada en adquirir y difundir conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo económico de la isla. Tres años después, se fundaba el Consulado de Agricultura, Industria y Comercio de La Habana. Se trataba de una institución encargada de facilitar y regular las operaciones comerciales, de un tribunal mercantil, en que la voz de la clase criolla acomodada era mayoritaria. Paralelamente salía a la luz la primera publicación periódica en Cuba, el Papel Periódico de La Habana, una publicación oficial similar a la Gaceta de Madrid (González-Ripoll, 1999a; Puig-Samper y Valero, 2000; Álvarez Cuartero, 2000).

En este contexto el abogado Francisco Arango y Parreño (1765-1837), apoderado del Ayuntamiento habanero, emergió como el principal dirigente y guía intelectual de los hacendados criollos. Arango era un rico hacenda do azucarero que había estudiado Leyes en La Habana y Madrid, donde se licenció. Como en todos los territorios del Imperio español en América, la élite criolla era especialmente influyente en los cabildos, incluyendo el de La Habana. Según Arango, la expansión de las plantaciones imponía que se facilitase la introducción de esclavos africanos y que se eliminaran trabas legales y arancelarias al comercio. Arango además defendió la eliminación del estanco sobre el tabaco en manos de la Real Factoría, ya fuese de tabaco en rama (hojas) o manufacturado (puros, cigarrillos y rapé). La Factoría gestionaba la entrega de tierras y recursos para el cultivo, pero por otro lado imponía el precio al que pagaba el tabaco con dinero procedente del situado mexicano, lo que generaba descontento entre los agricultores (en adelante "vegueros") interesados en venderlo en el libre mercado a precios similares a los que ofrecían los contrabandistas.

En 1789 la Corona eliminó el viejo sistema de "asientos" de esclavos y autorizó el libre comercio de bozales. Los comerciantes españoles y algunos criollos antillanos entraban tardíamente en el negocio de la trata, pero lo hicieron con gran intensidad. Un año después España dio licencia para el comercio de neutrales, lo cual abrió la trata a los comerciantes de varios países, especialmente a los estadounidenses o a aquellos que navegaban bajo su bandera. Todo ello provocó que aumentara de manera vertiginosa el flujo de esclavos hacia las Antillas españolas, acoplándose a su ritmo de crecimiento económico. En estas islas los ritmos que impuso el azúcar fueron diferentes. Mientras que las "sugar islands" estaban al final de un ciclo de importación masiva de africanos y de expansión, y en muchas de ellas se iniciaban procesos que limitaban la trata y allanaban el camino hacia la abolición, las Antillas hispanas comenzaban a conocer cómo el azúcar cambiaba sus campos, sus gentes, sus costumbres y su historia. Mientras que en las posesiones coloniales españolas la esclavitud y el comercio de africanos se encontraban en pleno auge, en otras zonas imperiales entre 1803 y 1818 el movimiento abolicionista ganaba terreno y conseguía que Dinamarca, Gran Bretaña, Francia y Holanda prohibieran la trata en sus colonias caribeñas. Por su parte, el Congreso de Estados Unidos en 1808 impidió la entrada de esclavos en su territorio, pero no limitó el que sus comerciantes prosiguieran con la trata en otros países (Murray, 1980). A pesar de los acuerdos firmados desde 1820 con Gran Bretaña para poner fin al comercio negrero, la administración española lo toleró sistemáticamente para facilitar el crecimiento económico y consolidar el dominio colonial. Como se vio en el capítulo 3, el pacto colonial firmado entre las élites antillanas y la metrópoli aseguró el bienestar y el fomento de las colonias y afianzó el poder colonial de España. Esta evolución aceleraría la erosión de la política mercantilista española. Ya durante la Guerra de Independencia estadounidense, las autoridades españolas habían autorizado el libre comercio de las Antillas españolas con Estados Unidos. Una década después, en 1793, a raíz del bloqueo impuesto por la marina francesa al comercio entre España y sus colonias, el capitán general de Cuba autorizó la libertad de comercio con el extranjero. Las constantes tensiones internacionales prolongaron esta situación, hasta quedar consolidada al estallar la Guerra de la Independencia en España, a la vez que disminuía el situado mexicano. Finalmente sería legalizada en 1817, cuando Fernando VII hizo amplias concesiones en política económica a la élite criolla para garantizar su lealtad.

Bajo el miedo y las ganancias, los hacendados puertorriqueños y cubanos mantuvieron sus vínculos con la metrópoli en un momento de rebeliones e independencia (Fraile, Salvucci y Salvucci, 1991; Salvucci, 1993). Para algunos, como lo expresó Arango y Parreño en 1816, la existencia de una proporción alta de población de color inclinó a la élite criolla a continuar bajo el dominio español, antes que arriesgarse a sufrir una revolución similar a la haitiana (Guerra y Sánchez, 1971). A cambio de permanecer bajo la tutela española, los hacendados, la llamada sacarocracia cubana, recibió pingües beneficios, no sólo económicos, ya que fue ella la que ejerció realmente el gobierno de la isla. Durante el tiempo que duró, los hacendados cubanos supieron encajarse perfectamente en el sistema colonial, un pacto que sólo se rompió, como veremos en los capítulos siguientes, cuando las economías insular y metropolitana fueron antagónicas y sus intereses entraron en competencia y disputa.

5.5. El fin de la esclavitud patriarcal

A pesar de la formidable expansión de la moderna plantación esclavista, las relaciones sociales de las colonias hispano-antillanas continuaron incluyendo bastantes aspectos de sus tradicionales formas de vida. Era una sociedad que tendía, por un lado, a regirse por el sistema de castas que imponía la esclavitud y, por el otro, siempre incluyó fuerzas que constantemente erosionaban las barreras sociales; esto se debió a las características del sistema esclavista de las colonias iberoamericanas en las que siempre hubo un relativo alto índice de manumisión de esclavos, lo cual permitió la existencia de un importante segmento de población libre de color. Resultado de ello fue que en el Caribe hispano los porcentajes de población esclava nunca alcanzaron los de las colonias antillanas bajo control norte-europeo. Hasta mediados del siglo XVIII, la mayoría de la población esclava de las Antillas de habla española trabajaba en los núcleos urbanos. En las zonas rurales se encontraba muy diseminada. No existían concentraciones de esclavos importantes excepto en La Habana y, en menor medida, en Santiago de Cuba, en la ciudad de Santo Domingo y en San Juan de Puerto Rico. Ninguna actividad económica determinaba especialmente el entorno esclavista. Los esclavos trabajaban en todo tipo de tareas, desde las más simples a las más difíciles y formaban parte de la cultura afroantillana junto con las personas de color libres. Estos factores, junto con la escasez de pobladores, la continuidad de las formas tradicionales de producción y el modo de vida en las tres colonias hispanas tendían constantemente a diluir las barreras socio-raciales.

Los esclavos rurales y los urbanos vivían en condiciones distintas. A medida que se expandían las plantaciones, aumentó la proporción de esclavos rurales. Por ejemplo, en Cuba en 1855 en pleno auge azucarero, el 81% de los esclavos vivían en el campo. La vida de los esclavos rurales era más dura, especialmente en las plantaciones. A medida que se extendió el sistema de plantación en el Caribe hispano, durante el siglo XVIII, los severos castigos, el látigo de día y el barracón por la noche, marcaron la vida de un número cada vez mayor de esclavos. En las plantaciones sólo podían escapar a la severidad extrema de los barracones los esclavos de confianza o a cargo de tareas técnicamente complejas, como la de maestro azucarero, contramayoral o sirviente (Knight, 1990; Moreno, 1978; Pérez de la Riva, 1975; Ortiz, 1916).

Sin embargo, incluso en las plantaciones los esclavos disponían de modos de atenuar las difíciles condiciones de vida. A pesar del aumento continuo de esclavos varones en las plantaciones y el desequilibrio sexual que esto comportaba, los esclavos rurales establecieron vínculos de pareja y tejieron redes familiares. Era usual que los esclavos cultivasen pequeñas parcelas (conucos) de las que extraían alimentos e incluso pequeños excedentes que vendían o intercambiaban. Habitualmente el domingo era el día que los esclavos dedicaban al conuco, pero en época de tiempo muerto (cuando no había zafra, es decir, el corte de la caña de azúcar) tenían más oportunidades de producir para su propio consumo y comercializar cuando existiese algo de excedente. De este modo también el esclavo rural disponía de un limitado acceso a la economía monetaria. En caso de tener que trabajar para la plantación los domingos, los reglamentos establecían que los esclavos recibiesen una pequeña paga. Muchas de las protestas esclavas que han quedado registradas en los documentos fueron para preservar o ampliar el derecho a cultivar conucos. Otros motivos de protesta podían ser las interferencias excesivas en la vida familiar de los esclavos y los castigos desproporcionados.

Las posibilidades del esclavo rural de negociar su entorno de trabajo y de vida disminuyeron con la expansión de las grandes plantaciones azucareras o cafetaleras. Al igual que en las islas del azúcar bajo control de las potencias norte-europeas, la intensificación del ritmo de trabajo y la segmentación propia de la gran plantación conllevaron más violencia, rebeliones esclavas y sabotajes, como la quema de cañaverales y el cimarronaje. Quizá la forma de resistencia más común fuese la lentitud y baja productividad, pero la violencia y las coacciones de todo tipo podían contrarrestarla. Era frecuente que la élite letrada describiera a los esclavos como seres perezosos, faltos de iniciativa y embrutecidos. Dejar los brazos caídos podía ser una actitud consciente o inconsciente por parte del esclavo, pero denotaba la falta de estímulos positivos del entorno esclavista.

Los motines y la huida a zonas remotas (el cimarronaje) eran las máximas formas de protesta de los esclavos en las plantaciones. En la ciudad el cimarronaje comportaba menos violencia y habitualmente finalizaba con una negociación entre el esclavo y su propietario a través de un intermediario. En el campo, la huida individual o colectiva dependía sobre todo de las posibilidades de éxito que ofreciese el territorio. La extensión de Cuba facilitó que surgiesen enclaves empalizados construidos por esclavos cimarrones ("palenques") a lo largo de todo el territorio. También los encontramos en la colonia de Santo Domingo y sobre todo en las zonas limítrofes con la colonia francesa de Saint Domingue, de donde procedían la mayoría de cimarrones de La Española. Los palenques existían desde la presencia de esclavos africanos en el Caribe. En Cuba, pese a la constante deforestación a medida que avanzaban las plantaciones los palenques y el cimarronaje continuaron existiendo hasta la etapa final de la esclavitud. Contra los cimarrones y los palenques, los propietarios lanzaban a los cazadores de esclavos (los rancheadores) con sus armas y perros de presa entrenados para capturar personas.

Aunque hubo palenques que sobrevivieron varias décadas, en las Antillas el palenque difícilmente podía convertirse en un núcleo de población permanente, a diferencia de los palenques del continente americano que los esclavos fugitivos construyeron en zonas remotas. Los palenques antillanos fueron de pequeñas dimensiones y en ellos la menor proporción de esclavas en las faenas del campo en las plantaciones hacía muy difícil que se sostuvieran desde el punto de vista demográfico. A mediados del siglo XIX, en las plantaciones cubanas había menos de dos esclavos por cada esclava, lo que indica una presencia de mujeres relativamente alta, pero aún insuficiente para que la tasa de crecimiento demográfico de los esclavos rurales fuese positiva. A diferencia de los palenques establecidos en lugares alejados y bien defendidos, el cimarronaje menor o petit marronage frecuentemente se saldaba con una negociación en que si finalmente el propietario aplicaba castigos a los esclavos fugitivos, éstos tendían a ser poco severos (Rosa, 1988 y 1991; Rosa y González, 2004; Klein, 1986).

Desconocemos el impacto cultural del palenque como espacio en que el esclavo fugitivo puede expresarse libremente, sin las imposiciones de la plan tación. No obstante, desde hace décadas, este tema ha sido abordado por varios intelectuales, que ven en la figura del esclavo rebelde, apalancado, luchando contra la esclavitud, la esencia de la identidad nacional de los países del Caribe o de la región en su conjunto (James, 1963; Barnet, 1966; Pontecorvo, 1969; Giral, 1979).

Paralelamente al desarrollo de la producción agraria, muchos esclavos continuaron trabajando en el ámbito urbano, el cual impedía la rígida segregación de las plantaciones. En el caso de Cuba, hasta la década de 1860, entre una quinta y una cuarta parte de los esclavos cubanos trabajaban las ciudades (Klein, 1967; Knight, 1970). En ciudades como La Habana, en 1859 los esclavos constituían el 19% de la población, el mismo porcentaje que el de la población libre de color. Desconocemos la proporción de esclavos urbanos en Puerto Rico respecto al total de la población esclava en la isla, pero es muy probable que se asemejara a la cubana. Donde más se diferencian ambas islas es en la proporción de población libre de color que tendía a asentarse en el ámbito urbano. En Puerto Rico a mediados del siglo XIX superaba el 40%, mientras que en Cuba era del 17%. En cambio, la proporción de población esclava en San Juan era mucho menor: pasó del 10% a inicios de siglo XIX al 7% en 1869. El cese absoluto de la trata en Puerto Rico a mediados de la década de 1850 y en Cuba a mediados de la de 1860 condujo a que en ambas islas la proporción de esclavos urbanos descendiera gradualmente para iniciar, después, un rápido descenso. En Puerto Rico la abolición llegó con la proclamación de la Primera República Española en 1873, pero en Cuba se sostuvo hasta 1886 (Mayo y Negrón, 1992; Kinsbruner, 1996; Casanovas, 2000).

El esclavo urbano disponía de márgenes de libertad mucho mayores que los del mundo rural. Los grandes hacendados criollos pasaban la mayor parte de año en el ámbito urbano, en el que para realzar su estatus social se rodea-ron cada vez más de esclavos domésticos. Éstos vivían en mejores condiciones materiales que los de las plantaciones y eran considerados esclavos de mayor rango, aunque la proximidad a sus propietarios limitaba su grado de autonomía cultural y social. En cambio, muchos esclavos artesanos vivían y trabajaban sin el control directo de sus propietarios, a quienes tenían que entregar una cantidad fija. Al cabo de unos años el esclavo jornalero casi siempre podía iniciar el proceso de coartación, el cual limitaba aún más el poder del amo sobre el esclavo.

En las ciudades, los índices de manumisión esclava siempre fueron relativamente más altos que en el ámbito rural. El sistema de "coartación", según el cual todo esclavo individualmente podía comprar su propia libertad, fue el mecanismo que más contribuyó a que aumentase la población libre de color. Tan pronto un esclavo iniciaba su coartación depositando una cantidad pro porcional a su precio, éste adquiría una serie de derechos que suavizaban su condición servil. No obstante, la coartación era un arma de doble filo puesto que también servía para que el esclavo fuese más productivo ante la expectativa de conseguir la libertad (Klein, 1967).

En la colonia de Santo Domingo también encontramos estos dos tipos de esclavitud hasta el inicio de la Revolución haitiana en 1791, en que inició un paulatino declive hasta su definitiva abolición por el presidente Boyer en 1822. Sin la posibilidad de que la gran plantación esclavista arraigara en Santo Domingo, los procesos de fusión socio-racial iniciados bajo la esclavitud patriarcal adquirieron fuerza y contribuyeron a forjar la que quizá es la sociedad hispano-antillana más mestiza (Moya Pons, 1997). No obstante, el prejuicio racial hacia lo "negro" ha perdurado con gran intensidad, hasta el punto que durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) y los gobiernos de Joaquín Balaguer (1966-1978 y 1986-1996) se institucionalizaron políticas antinegras definidas como antihaitianas.

La población afroantillana partía de tradiciones culturales africanas muy diversas que en el entorno americano se fusionaron entre sí y con la cultura dominante de origen europeo, un proceso que Fernando Ortiz denominó "transculturación". Ortiz concibió este término en un marco interpretativo de la antropología funcionalista, en que la cultura afroantillana era vista como un cúmulo de comportamientos "funcionales" para la existencia y desarrollo de la colectividad. En su original aportación a la antropología, Ortiz entablaría amistad con Bronislaw Malinowski, quien insistiría en el principio de que "en todas las civilizaciones, cualquier costumbre, objeto material, idea y creencia, cumple una función vital [...] es un elemento indispensable en el funcionamiento del conjunto" (Malinowski, 1926). Malinowski y otros autores aceptaron con entusiasmo el término "transculturación", convirtiéndolo en una importante herramienta analítica de la antropología cultural.

Algunos autores se han referido al esclavo de plantación como un ser "aculturado", incapaz de incidir en el entorno cultural que se le impone debido a la vida extremadamente dura, la alta mortalidad, el desequilibrio sexual (en la plantación predominan los hombres) y la inestabilidad de las relaciones familiares. No obstante, esta perspectiva ha cambiado. Siguiendo las propuestas de Ortiz, en la actualidad los investigadores insisten en que el esclavo sí desarrolló un entorno cultural propio diferenciado de la cultura de sus propietarios, sobre todo en las grandes plantaciones, donde esclavos y hacendados vivían en mundos separados. Esta diferenciación cultural es percibida como parte de la resistencia de los esclavos ante las imposiciones que conllevaba su condición, pero también es el resultado de combinar elementos culturales tanto del grupo esclavo como de los propietarios (Knight, 1990). Las culturas esclavas se desarrollaron dentro de los límites que imponía la cultura dominante de los propietarios, pero, apartadas de las instituciones de la clase propietaria, adquirieron un carácter propio.

Esta diferenciación es particularmente notoria en la religión y sus prácticas rituales, incluyendo el lenguaje, la tradición narrativa, la música, la danza, la noción escenográfica... y los valores. Cada una de las religiones afroantillanas mezcla elementos culturales de varias regiones de África, entre las cuales una tiene mayor influencia que las otras, pero sin anular al resto ni impedir la inclusión y posterior fusión de elementos culturales de origen europeo o incluso indígena. Por ejemplo, en las Antillas las tradiciones culturales de los esclavos procedentes del Golfo de Guinea, principalmente yorubas, dominan sobre las tradiciones de la región del Congo, Angola o Mozambique (muy presentes en Brasil), aunque también en el Caribe encontramos rasgos culturales de estas últimas regiones.

Las religiones afro-antillanas surgen en el entorno cultural de la plantación esclavista, en que los africanos y sus descendientes vivían alejados del resto de la sociedad. Sin embargo, en las poblaciones existían instituciones como las cofradías de artesanos de color o los cabildos de africanos que contribuyeron a moldear y preservar las tradiciones africanas. Los cabildos mejor estudiados han sido los de Cuba. Fundados desde inicios de la colonia por esclavos africanos, tienen su origen en algunas cofradías de esclavos de origen africano en Andalucía. Cada cabildo agrupaba a africanos de una etnia: arará, congo, gangá... (Howard, 1997; Ortiz, 1921). En ellos participaban esclavos bozales y africanos libres de la población donde estaba el cabildo, pero en fechas señaladas, como el día de Reyes, los esclavos rurales tenían licencia para participar en sus celebraciones. Pese a las grandes diferencias entre la esclavitud urbana y la rural, las influencias mutuas entre ambos entornos fueron constantes. Aunque en el medio urbano el esclavo jornalero vivía en contacto permanente con los artesanos libres -ya fuesen de color y blancos - y con el mundo de la clase propietaria, el sistema de castas propio de las sociedades esclavistas necesariamente comportaba cierto grado de separación del esclavo y el resto de la sociedad. Por tanto, también en el medio urbano, los esclavos pudieron desarrollar un entorno socio-cultural propio, vinculado al de la población libre de color, y que incluía rasgos culturales de la élite y los artesanos blancos.

En Cuba las principales religiones afrocubanas que han surgido de estas tradiciones son la santería (o Regla de Osha-Ifá, marcada principalmente por las tradiciones yoruba, en el suroeste de la Nigeria actual), el Palo Monte (o las Reglas de Congo, de tradición conga) y la abakuá o ñáñiga (de tradición carabalí, del sureste de la Nigeria y el suroeste del Camerún actuales). En la colonia francesa de Saint Domingue los esclavos forjaron la religión de marcado signo panteísta que actualmente se conoce como vudú (dominada por la tradición yoruba). En la colonia española de Santo Domingo los africanos y sus descendientes desarrollarían lo que actualmente se conoce como "vudú dominicano" (tanto de raíz yoruba como conga). El "vudú dominicano" es cercano al "vudú haitiano", pero a la vez distinto por la mayor influencia conga en el primero (Hernández Soto y Sánchez, 1997).

Contamos con menos estudios sobre la influencia de la cultura africana en Puerto Rico, quizá porque allí la población esclava no fue muy numerosa, ni su proporción tan importante como en La Española o Cuba. No obstante, estudios recientes muestran que también en Puerto Rico encontramos creencias sincréticas afro-antillanas que siguen expresándose en festividades como las de Santiago Apóstol en Loíza, en las que se combinan tradiciones de raíz cristiana con creencias yoruba. Por otro lado, en el ámbito de las creencias, el legado africano sigue influyendo en la cultura puertorriqueña a través de las características específicas que ha adquirido el espiritismo en Puerto Rico. Desde su difusión en la isla a mediados del siglo XIX ha incorporado elementos tanto de la tradición católica, como de la africana. En las últimas décadas la difusión de la santería de origen cubano también ha dado expresión al legado cultural de raíz africano (Harris, 2001; Moreno Vega, 1999; Schmidt, 2006).

Poco tiempo después de que Napoleón colocase a su hermano José en el trono de España, en mayo de 1808, las colonias españolas en el continente americano iniciaron un largo y complejo proceso que desembocó en su independencia. En todas las colonias, incluyendo las antillanas, las élites criollas aspiraban a lograr mayor influencia en la administración colonial. Agrupadas en torno a los cabildos de las principales capitales del Imperio español en América, las élites americanas impulsaron la formación de juntas de Gobierno similares a las recién surgidas en la metrópoli. Al igual que las españolas, las juntas americanas inicialmente gobernaron en nombre de Fernando VII, pero progresivamente derivaron hacia posiciones separatistas. En las regiones más orientadas hacia la economía de exportación, como es el caso del Río de la Plata o Venezuela, el principal objetivo criollo era erradicar el mercantilismo metropolitano (incluyendo los estancos), reducir el poder de los grandes comerciantes peninsulares y facilitar el acceso a los recursos naturales.

Sin embargo, Cuba y Puerto Rico se alejaron de este proceso. Mientras que las juntas de Gobierno de Caracas y Buenos Aires deponían a la máxima autoridad colonial en abril y mayo de 1810, en Cuba y Puerto Rico las distintas instancias burocráticas y militares controladas por peninsulares impedían la formación de juntas. En ambas islas, los capitanes generales continuaron ejerciendo su mando sin interrupción hasta 1898, aunque para ello tuvieron que hacer importantes concesiones a la élite criolla.

Tanto en Cuba como en Puerto Rico, en las primeras décadas del siglo XIX se intensificó la tensión existente entre los dos grandes sectores de la élite, los cuales con el tiempo serían conocidos como el "partido criollo" y el "parti do español". La clase acomodada de los criollos estaba formada mayoritariamente por ricos hacendados (propietarios de ingenios, cafetales o hatos ganaderos) y en menor medida por profesionales liberales. Sus principales objetivos eran eliminar las barreras mercantilistas para poder exportar sus productos libremente y poner en explotación la mayor cantidad de tierra posible. Para ello el partido criollo quería mayor poder local e incrementar su influencia en las instituciones insulares y metropolitanas. El historiador Ramiro Guerra para referirse a esta corriente política de comienzos del siglo XIX utiliza la palabra "autonomismo", un término que tomó del proyecto político de los herederos de esta misma élite a finales del siglo XIX. Paralelamente a esta aspiración, la élite criolla rechazaba la total asimilación política a la Península porque necesariamente conllevaba la abolición de la esclavitud, institución en la que basaba su riqueza y prestigio social.

El segundo grupo, el llamado "partido español", estaba formado mayoritariamente por comerciantes, funcionarios, militares y eclesiásticos. La gran mayoría de sus miembros eran peninsulares partidarios del statu quo político y el proteccionismo mercantil, popularmente conocido como "el monopolio". Era una agrupación de intereses menos numerosa que el partido criollo, pero bajo la dirigencia de los grandes comerciantes, dominaba la política y las principales instituciones. Entre sus miembros era frecuente encontrar a peninsulares de origen humilde que habían hecho fortuna en la sociedad esclavista colonial. Los grandes comerciantes monopolistas, incluyendo a varios negreros peninsulares, estaban al frente del partido español. No obstante, desde sus orígenes mismos, la élite del partido español consiguió movilizar a los pequeños comerciantes, la mayoría de los cuales dependía muy directamente de los monopolistas tanto económica como socialmente.

Pese a las diferencias de intereses, origen e incluso cultura entre el patriciado criollo y el bando peninsular, cada uno de estos grupos sociales debía su prosperidad a la existencia del otro. Ambos eran partidarios de asegurar la continuidad de la sociedad esclavista basada en la estratificación socioracial. Los hacendados dependían de los grandes comerciantes peninsulares, o en algunos casos criollos, para vender sus productos, adquirir todo tipo de productos de importación, incluidos seres humanos en condición esclava y obtener créditos. Por su parte, los comerciantes monopolistas, e incluso burócratas, militares y clérigos, es decir, los sectores aparentemente más desvinculados de los intereses locales, sólo podían prosperar si en la isla existía una dinámica economía exportadora de la que se beneficiaban directa o indirectamente. Además, todos ellos, desde hacía muchos años mantenían íntimos vínculos de intereses, incluyendo el matrimonio, con miembros de la clase acomodada de los criollos.

Un factor a tener en cuenta sobre la continuidad colonial en Cuba y Puerto Rico es la participación de sus respectivos patriciados dentro de la administración colonial americana y metropolitana. El historiador Manuel Moreno Fraginals muestra cómo en el caso cubano esta participación consiguió criollizar la toma de decisiones dentro del Imperio español. Ninguna otra élite hispanoamericana alcanzó una posición similar en el Imperio (Moreno, 1986). Sin embargo, este hecho no basta para explicar la lealtad de la mayoría de las élites criollas cubana y puertorriqueña. En ambas Antillas se reproducían muchas de las tensiones existentes entre la élite criolla de las colonias continentales y la órbita controlada por los peninsulares, ya fuesen funcionarios, clérigos, grandes e, incluso, pequeños comerciantes. Al igual que en las fuerzas armadas del continente, la mayoría de los soldados y oficiales de las fuerzas armadas antillanas eran criollos que habían demostrado su capacidad de combate en diversas campañas militares de finales del siglo XVIII. Por tanto, también en las Antillas, las élites criollas estaban en posición de desafiar militarmente al dominio colonial (Domínguez, 1985; Kuethe, 1986, 1991).

Tal como señalan diferentes historiadores, en un período de fuerte expansión de las plantaciones de azúcar, café y tabaco, la élite criolla cubana temía que un enfrentamiento con el poder colonial desencadenase una gran revuelta de esclavos que liquidase el mundo de la plantación tal y como había sucedido en La Española a raíz de la Revolución haitiana (1791-1804) (Guerra y Sánchez, 1971; Knight 1970; Moreno, 1978; González-Ripoll, Naranjo, Ferrer, García y Opatrn ~, 2004). Este temor guió la brutal represión contra todo levantamiento o conspiración encabezada por la población de color. Ya en la última década del siglo XVIII hubo varios levantamientos de esclavos en distintos puntos de la isla (1792, 1793, 1795 y 1796). En este último año, además se produjo una conspiración en Bayamo en favor de las reformas sociales encabezada por el liberto Nicolás Morales, que fue capturado y ahorcado. Quince años más tarde, durante el invierno de 1811-1812 tuvo lugar la conspiración separatista y abolicionista que lideró José Aponte, un artesano de raza negra y oficial de la milicia de pardos y morenos de La Habana. Aparentemente la conspiración abarcaba varias poblaciones a lo largo de la isla. Aponte fue ejecutado junto a ocho de sus seguidores y su cabeza fue expuesta públicamente en una jaula a las afueras de La Habana. La brutalidad de la represión contó con el apoyo de la élite criolla, preocupada por el mantenimiento del statu quo (Franco, 1977; Childs, 2006).

En lo que respecta a Puerto Rico, la continuidad del dominio español es un tema poco estudiado. La historiografía tradicional nos presenta una pequeña élite insular identificada con la metrópoli, o en todo caso insuficientemente extensa y fuerte como para desafiar a una metrópoli aún poderosa. Además, nos describe una población esclava y un sistema mucho menos numeroso y severo que en otras regiones americanas y por tanto una sociedad con un grado mínimo de tensiones raciales (Díaz Soler, 1994). Sin duda, el tamaño relativamente pequeño del territorio y su importancia estratégica durante las guerras de independencia en el continente son elementos que favorecieron la continuidad del dominio español. No obstante, es necesario examinar por qué la mayoría de su élite sostuvo la continuidad colonial incluso durante las etapas de extrema debilidad militar de la metrópoli (Mount, 1980). Debemos preguntarnos por qué la élite insular, que al igual que en Cuba participaba en las milicias locales e incluso en el Ejército real, optó por no movilizar estas fuerzas, que bien podrían haber operado en los montañosos bosques de la amplia región central de la isla. Muestra de la capacidad militar puertorriqueña fue la lucha contra la expedición británica de sesenta y ocho barcos que en abril de 1797 intentó conquistar San Juan. Durante esta breve pero intensa campaña, las milicias locales desempeñaron un papel fundamental en la derrota de los británicos.

Al igual que la élite cubana, la élite criolla puertorriqueña temía que si rompía el vínculo colonial con España, otras potencias coloniales ocupasen la isla. El nexo con la metrópoli era muy antiguo y en diversos aspectos la administración colonial se había mostrado atenta a los intereses de las élites locales. Por otro lado, el patriciado puertorriqueño también temía que una ruptura del pacto colonial desencadenase un alzamiento de la población esclava o negra en general. Las tensiones sociales que habían dividido la élite de Saint Domingue y desencadenado una revolución esclava de grandes proporciones, también estaban presentes en Puerto Rico, aunque en menor medida. La proporción de esclavos era menor que en Cuba, pero su número aumentaba a gran velocidad acoplándose a la evolución económica de la isla. Entre 1783 y 1823 la producción de azúcar pasó de 2.700 quintales a 180.000; la de café pasó de 11.000 quintales a 40.000; y la de tabaco de 7.000 quintales a 30.000 (Navarro García, 1999). Por consiguiente, entre 1779 y 1802 Puerto Rico pasó de tener 8.000 esclavos a registrar 24.000 africanos, un ritmo de crecimiento superior al de la población en general, que sólo duplicó su volumen. Además, en esta isla había una numerosa capa de población negra libre que a partir de 1790 superó en número a la blanca. La mayoría de los esclavos que se importaban eran destinados a las plantaciones azucareras localizadas en la mitad sur y el oeste de la isla, aunque en las ciudades vivían muchos esclavos y negros libres que trabajaban como artesanos o sirvientes domésticos (Baralt, 1989; Kinsbruner, 1996).

Guillermo Baralt ha documentado varias insurrecciones y conspiraciones abolicionistas de este período, algunas de ellas vinculadas a planes haitianos. Por ejemplo, en 1795 las autoridades afirmaron haber descubierto que los esclavos del partido de Aguadilla (en el noroeste de la isla) preparaban una insurrección. La noticia causó gran alarma. El hecho de que en Puerto Rico se refugiasen miles de colonos procedentes de la vecina Santo Domingo contribuyó a extender el temor a que la inestabilidad política desencadenara una revuelta esclava que pusiese fin a la larga etapa de prosperidad económica que vivía la isla (Navarro García, 1999; Scarano, 1993). Baralt analiza el nerviosismo de las autoridades y de la élite ante posibles conspiraciones abolicionistas como las ocurridas en 1805, que aparentemente contaron con el apoyo del gobierno haitiano. La amenaza duró varias décadas en las que las autoridades afirmarían haber descubierto conspiraciones similares.

Los debates sobre la abolición de la trata y la esclavitud misma en las Cortes de Cádiz contribuyeron a aumentar la tensión política en las Antillas hasta el punto de que en diciembre de 1812 algunos esclavos puertorriqueños celebraron erróneamente la abolición. En respuesta, las autoridades movilizaron a la tropa y a la población blanca para evitar cualquier sublevación esclava o de la población negra en general. Al otro lado del Atlántico, en La Habana el fracaso de las propuestas abolicionistas en Cádiz probablemente impulsó la conspiración de Aponte. En ambas Antillas las élites cerraron filas ante la posibilidad de que una revuelta esclava pusiese fin a sus privilegios. Durante décadas rechazaron toda propuesta que desafiara la continuidad del dominio colonial español, ya fuese separatista o incluso anexionista.

6.1. Las aspiraciones políticas antillanas

En enero de 1809, la Junta Central en España decidió incluir representantes de las colonias de ultramar. A lo largo de este año las élites hispanoamericanas se apresuraron a elegir un representante por cada uno de los virreinatos, o de las capitanías generales de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile y Venezuela. El avance de los ejércitos franceses y la autodisolución de la junta Central en enero de 1810 detuvieron temporalmente este proceso, pero la constitución del Consejo de Regencia y la inmediata convocatoria de las Cortes de Cádiz lo reabrió. Según el decreto electoral la metrópoli debía elegir un diputado por cada 50.000 habitantes, en tanto que las colonias sólo uno por cada una de las principales capitales de provincia. En la legislatura de 1810 a 1813, sobre un total de 308 diputados sólo 38 eran americanos. De este modo los políticos liberales españoles se aseguraban su primacía en las Cortes. La representación americana, no obstante, era exclusivamente criolla, puesto que los representantes fueron elegidos por los cabildos, en los que la mayoría de regidores eran criollos (Chust, 1999).

La convocatoria de la elección de diputados a Cortes abrió un período de intenso debate político en las colonias antillanas, incluida la de Santo Domingo, cuya población acababa de conseguir que volviese a ser colonia española. En total las Antillas eligieron a cuatro diputados: Cuba eligió dos (uno por Santiago y otro por La Habana), mientras que Puerto Rico y Santo Domingo enviaron uno cada uno. Cuba eligió a Andrés de Jáuregui por La Habana y al presbítero Juan Bernardo O'Gavan por Santiago. Ambos fueron guiados por el portavoz de la élite cubana, Arango y Parreño. Ramón Power y Giral, hijo de una familia de hacendados puertorriqueños, era el representante del cabildo boricua. Uno de los temas que mayor discusión levantó fue la supresión de la esclavitud planteada por Agustín de Argüelles y José Miguel Guridi. Les correspondió a Arango y a Jáuregui defender el mantenimiento de la esclavitud y la trata. Conocido el debate en la isla, desde La Habana llegaron a las Cortes las voces a favor de la esclavitud a través del capitán general, marqués de Someruelos, quien el 27 de mayo de 181 1 envió un escrito que recogía el pesar y la inquietud de los moradores:

Yo suplico a V. M. se digne providenciar se trate este asunto con toda la reserva, detención y examen que su gravedad requiere, para no perder esta importante isla; y que se digne tener en consideración los acreedores que son estos leales habitantes para alejarles todo temor de ver repetida en ella la catástrofe de su vecina la de Santo Domingo, dominada ahora por los que antes eran esclavos allí, después de haber sufrido sus dueños las terribles desgracias que son bien notorias... (Arango y Parreño, 1952: 2).

La carta acompañaba el memorial que Arango presentó a las Cortes en el que de manera brillante demostraba la riqueza que estaba consiguiendo el país a través de la extensión del cultivo azucarero y la entrada de esclavos. Este informe, así como los proyectos políticos redactados por Arango o los elaborados por el sacerdote ilustrado José Agustín Caballero, reflejan las aspiraciones del patriciado criollo cubano. A raíz de la convocatoria de elección de diputados a las Cortes de Cádiz, Arango redactó un memorial en el que proponía la creación de un "Consejo Provincial" insular presidido por el capitán general, cuyos miembros serían elegidos por los cabildos. Este consejo regularía las finanzas y el comercio de la isla. Además el consejo debería formar una comisión que redactase una "Constitución" para la isla de Cuba que posteriormente debería ser aprobada por el gobierno metropolitano. Poco después de presentar su memorial, Arango envió a las Cortes un extenso escrito de protesta ante la posibilidad de que éstas aprobaran la abolición de la trata o la esclavitud misma. Arango argüía que, para evitar que Cuba fuera absorbida por Estados Unidos, "que amenaza tragarse, si no, nuestra América entera", era necesario permitir la esclavitud. Cuba debía desarrollarse "a la par que este gigante [Estados Unidos] tomando su mismo alimento [la esclavitud]" (Guerra y Sánchez, 1971).

Simultáneamente a esta protesta, en 1811 José Agustín Caballero defendió la necesidad de establecer unas "Cortes Provinciales de la isla de Cuba, [...] revestidas del poder de dictar las leyes locales de la Provincia en todo lo que no sea prevenido por las leyes universales de la Nación" (Pichardo, 1971). Doce años después, en febrero de 1823, durante el Trienio Liberal, el presbítero Félix Varela, en condición de diputado electo por Cuba, impulsó y firmó junto con otros seis diputados un "Proyecto de Instrucción para el gobierno económico-político de las Provincias de Ultramar". El diputado puertorriqueño José María Quiñones, un abogado y funcionario colonial de San Germán, también impulsó y firmó el documento. Al firmar este proyecto, Varela continuaba la labor política iniciada por José Agustín Caballero, del que fue discípulo en el Seminario de San Carlos en La Habana (Piqueras, 2007). El "Proyecto de Instrucción" se inspiraba en la Constitución de 1812 para proponer la creación de instituciones representativas en las provincias de ultramar: los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y hasta los gobernadores insulares. Además delimitaba las atribuciones de las distintas instancias administrativas (Navarro García, 1991 y 1992; D'Alzina, 1995; Tardieu, 2003). Paralelamente, Varela preparó para leer en las Cortes una Memoria en la que se exponían razones que aconsejaban la extinción de la esclavitud. El trabajo nunca fue expuesto y su publicación no tuvo lugar hasta 1886 en la Revista Cubana:

"Memoria que demuestra la necesidad de extinguir la esclavitud de los negros en la Isla de Cuba, atendiendo a los intereses de sus propietarios" (Pichardo, 1971).

Aunque Varela defendía la abolición con indemnización, su postura era radicalmente opuesta a la de Arango y los grandes hacendados, firmes partidarios de la esclavitud. Tanto Varela como su predecesor, Caballero, junto con los profesionales liberales y los militares, pertenecían a la clase media, un sector más dispuesto que el de los grandes azucareros a aceptar el constitucionalismo y el liberalismo. Al caer el Trienio, Varela consiguió escapar de España, donde había sido condenado a muerte. Durante su exilio en Estados Unidos defendió el separatismo, sin que su proyecto fuera respaldado por los hacendados esclavistas (Piqueras, 2007).

En el caso de Puerto Rico las expresiones en favor del poder local también fueron muy intensas. El diputado electo para representar a la isla en Cádiz fue Ramón Power y Giralt, un joven teniente de navío que se había distinguido en la reciente campaña de "La Reconquista' para expulsar a los franceses de Santo Domingo. Antes de partir hacia Cádiz Power se dirigió a sus "compatriotas, los naturales de Puerto Rico". En respuesta a su discurso, Juan Alejo de Arizmendi, el único obispo criollo que tuvo Puerto Rico durante la época colonial, le entregó su anillo pastoral para que no cejase en su empeño de "proteger y sostener los derechos de nuestros compatriotas" (Scarano, 1993).

La aprobación de la Constitución de 1812 significó que en Cuba y Puerto Rico se crearían ayuntamientos y por primera vez diputaciones provinciales que se ocupasen de los asuntos administrativos insulares. La creación de las diputaciones parecía satisfacer la aspiración criolla de establecer instituciones provinciales. No obstante su efímera existencia sólo sirvió para crear un precedente al que las élites insulares se referirían hasta el último tercio del siglo XIX. En 1813 se creó la única Diputación de Puerto Rico y las tres de Cuba correspondientes a los tres departamentos recientemente creados. Al año siguiente, Fernando VII las suprimía todas, al igual que la Constitución. Seis años después, durante el Trienio Liberal, el gobierno metropolitano reintrodujo las diputaciones y convocó elecciones a Cortes, pero una vez más su vida fue efímera.

El separatismo contó con el apoyo, o al menos las simpatías, de algunos hacendados, profesionales liberales, artesanos y campesinos. En las tres colonias antillanas encontramos indicios de contactos con las fuerzas republicanas que luchaban en Nueva Granada y Venezuela. No obstante, en Cuba y Puerto Rico el separatismo no consiguió movilizar al grueso de la élite. A lo largo de estos años, las autoridades afirmaron haber descubierto varias conspiraciones. Sin embargo, ninguna de ellas consiguió desencadenar un levantamiento armado.

En Cuba, la primera conspiración separatista de la que tenemos noticia sucedió en 1809 y 1810, encabezada por el hacendado habanero Román de la Luz Silveira. Los conspiradores eran pocos. Uno de ellos, el abogado Joaquín Infante, escribió un Proyecto de constitución para la isla de Cuba, en el que, para atraer a la élite criolla proponía la creación de un Estado cubano independiente, con separación de poderes, católico, esclavista y en el que la población sería clasificada según su categoría socio-racial. Temerosos de desencadenar un cambio social radical, los hacendados criollos dejaron que las autoridades coloniales condenaran a los conspiradores a largos años de presidio y destierro. Sólo Infante evitó este destino huyendo a Venezuela, donde publicó su proyecto. Poco después, en el invierno de 1811-1812, la conspiración de Aponte disuadió definitivamente a la mayoría de los grandes hacendados y comerciantes criollos de apoyar todo intento separatista. La firme oposición de los representantes cubanos en las Cortes de Cádiz (febrero de 1810mayo de 1814) ante cualquier medida que no fuese perpetuar el statu quo esclavista que garantizaba España, no deja lugar a dudas sobre el sentir de la élite cubana (Portuondo, 1965; Chust, 1999).

Así mismo, en estos años la gran mayoría del patriciado criollo esclavista se desentendió de los pequeños intentos favorables a anexar Cuba a Estados Unidos, cuyas instituciones democráticas no inspiraban sus simpatías. Entre 1810-1812 y de nuevo en 1822 se desarrollaron dos oleadas de conspiraciones anexionistas que contaron con la complicidad de los presidentes James Madison y James Monroe, respectivamente. Los anexionistas pensaban que incorporándose a la Unión Americana los cubanos podrían desarrollar instituciones propias y conseguirían mayor libertad comercial, todo ello sin tener que renunciar a la esclavitud. Sin embargo, los hacendados criollos no los apoyaron ya que estaban convencidos de que el vínculo colonial con España era lo que les aseguraba que no estallara una gran insurrección esclava. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos sabía que si anexionaba Cuba tendría que ir a la guerra contra España y Gran Bretaña, por lo que en última instancia se desentendió de las conspiraciones. Hasta finales de la década de 1840 no se producirían nuevas conspiraciones anexionistas.

A diferencia de Cuba y Puerto Rico, la colonia de Santo Domingo rompió el nexo colonial en 1821. Los dominicanos partían de una situación sociopolítica muy distinta. La violencia y la inestabilidad del período 1791-1809 colocaron la esclavitud en vías de extinción, erosionaron la estructura administrativa española y provocaron sucesivas olas de emigración y exilio que mermaron el poder de la clase dirigente. La Corona no disponía ni de la estructura administrativa, ni de apoyo local suficientemente fuerte para restablecer el dominio colonial. Los dominicanos, al proclamar su independencia en 1821 se sumaban a las corrientes separatistas en el continente, pero su debilidad era tal que poco después Haití anexó el territorio y abolió la esclavitud. La Española se convertía así en la primera isla antillana en que la población fue enteramente libre.

Mantener la lealtad de los criollos más influyentes de ultramar obligó a pactar continuamente. La lealtad de las élites puertorriqueña y cubana no se debía exclusivamente al temor de que los sucesos iniciados en 1808 alteraran su posición social privilegiada. También responde a las importantes concesiones a sus intereses introducidas por los gobernantes españoles. En Puerto Rico, bajo el mando del capitán general Salvador Meléndez (1809-1820), las Cortes de Cádiz aprobaron un plan de reformas para la isla conocido como Ley Power. Con su promulgación en Puerto Rico a inicios de 1812, la Intendencia de Hacienda finalmente entró en funcionamiento bajo el mando del intendente peninsular Alejandro Ramírez, quien durante su estancia en la isla (1813-1816) impulsó importantes obras públicas y contribuyó a desmantelar el aparato mercantilista. Desde 1810, las insurrecciones populares en la Nueva España impidieron la entrega de los situados a las colonias antillanas. Para compensar esta pérdida era necesario permitir que estas colonias comerciaran libremente con todos los países para aumentar la recaudación arancelaria. Puerto Rico ahora podía importar harinas de cualquier país y exportar libremente ganado y otros productos a través de varios puertos insulares. Así mismo, la Ley Power permitió que se fundara la Real Sociedad de Amigos del País, un organismo vinculado a la administración pública encargado del fomento de la riqueza y la cultura, que desempeñó un importante papel en la educación de la élite insular.

El regreso de Fernando VII al trono significó la disolución de las diputaciones provinciales, el fin de los privilegios de los ayuntamientos y la devolución de amplias facultades de mando al capitán general. No obstante, en política económica el gobierno español consolidó la tendencia abierta con la Ley Power. Alejandro Ramírez siguió en el cargo de intendente, puesto desde el que favoreció los intereses de los hacendados estimulando la agricultura, la inmigración, la colonización y el comercio de exportación en un período en el que el azúcar y el café alcanzaban precios muy altos en el mercado internacional. En agosto de 1815 se expedía la llamada Cédula de Gracias por la cual se legalizaba el comercio de Puerto Rico con las naciones extranjeras tanto para la exportación como para la importación, abría puertas a la inmigración de individuos católicos, agricultores, industriales o artesanos, facilitaba la introducción de esclavos y establecía el "subsidio" - un impuesto elevado sobre la riqueza personal que sustituía al diezmo y a la alcabala que trataba de compensar la menor recaudación aduanera-. A pesar de que la Cédula de Gracias reportó grandes beneficios y redundó en el fomento de la población y la riqueza, en Puerto Rico y unos años después en Cuba (1817), el proteccionismo arancelario siguió marcando las distancias entre los comerciantes monopolistas peninsulares y los habitantes de ultramar que siguieron padeciendo los fuertes aranceles con los que se gravaban las importaciones y los límites impuestos al comercio (Scarano, 1993; Lavallé, Naranjo y Santamaría, 2002).

En Cuba la evolución fue similar a la de Puerto Rico, pero cuando se trataba de la Gran Antilla los gobernantes metropolitanos eran aún más reticentes a promover cambios basándose en leyes que los perpetuaran. Pese a la complicada situación en la metrópoli y en las colonias continentales hispanoamericanas, en Cuba prosiguió el imparable aumento de las exportaciones de azúcar, café y tabaco y las importaciones de esclavos, alimentos, herramientas y maquinaria. El gobierno quiso asegurarse de que podría mantener su primacía ante la clase patricia cubana y para ello permitió que, hasta finales de siglo XIX, los capitanes generales tuviesen un poder que en muchos casos parecía ilimitado. La política de pactos con las élites insulares, la preservación de los intereses de todas las partes - económicos y políticos - fueron piezas que en un complicado juego tuvieron que ir moviendo en función de las diferentes coyunturas y necesidades. En mayo de 1810, a instancias de Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva, el Consejo de Regencia decretó que Cuba podía comerciar libremente con naciones extranjeras pagando el correspondiente arancel. La pugna de intereses provocó que al cabo de poco tiempo, los comerciantes gaditanos, apoyados por los monopolistas en Cuba, consiguieran la revocación de este decreto, a lo que el capitán general marqués de Someruelos (1799-1812) y su sucesor Juan Ruiz de Apodaca (1812-1816) contestaron rápidamente dejando dicha revocación en suspenso ya que perjudicaba las aspiraciones económicas de los productores criollos. La fuerza de los hechos se imponía y Someruelos y Apodaca sabían que ésta era la única manera de aumentar la recaudación fiscal y mantener la lealtad criolla. La suspensión a partir de 1811 del situado mexicano dejó a la isla sin los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la administración colonial. El sistema defensivo quedaba en una frágil situación en un momento de grandes tensiones internacionales, afectando además la defensa de la Florida y Santo Domingo que dependían de Cuba. Militares y funcionarios recibían las pagas con dificultades y los trabajos del Real Arsenal fueron suspendidos; la Real Factoría de Tabacos no disponía de dinero para comprar el tabaco a los vegueros (Kuethe, 1986) y las recaudaciones del consulado y la aduana no podían aumentar sin liberalizar la economía exportadora. Curiosamente, como medida adicional para hacer frente a esta situación en 1812 se estableció la lotería, convirtiéndose en una importante fuente de ingresos para la administración.

Bajo Fernando VII prosiguió la política de concesiones a los intereses económicos antillanos. Inicialmente, al recuperar el trono en 1814 el gobierno prohibió la entrada de barcos extranjeros en puertos cubanos, pero una vez más el capitán general de Cuba (Apodaca en esta ocasión) permitió que continuase el libre comercio con las naciones extranjeras. A partir de entonces, Apodaca y su sucesor, José Cienfuegos Jovellanos (1816-1819), sobrino del ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, impulsaron decisivamente los negocios de los hacendados. En 1814 el rey premiaba la lealtad de los criollos cubanos nombrando a Arango miembro del Consejo de Indias, institución que acababa de ser restablecida después de su supresión en 1808. Dos años más tarde Alejandro Ramírez era nombrado intendente de Hacienda en Cuba, el mismo puesto que acababa de desempeñar en Puerto Rico. Su auxiliar en el cargo fue el habanero Claudio Martínez de Pinillos, quien al fallecer Ramírez en 1821 ocupó el cargo de intendente hasta 1851. A estos nombramientos, la Corona añadió la concesión de varios títulos nobiliarios, condecoraciones y mercedes diversas.

Apoyadas por la administración colonial las élites insulares desmantelaron formalmente el viejo orden económico. En 1814, la Corona eliminó muchas de las contribuciones territoriales y, un año más tarde, permitió la tala de bosques, medida que benefició a los hacendados en la pugna que mantenían con la Marina. De gran importancia fue un decreto de julio de 1817 permitiendo el libre cultivo, elaboración y exportación de tabaco. La Real Factoría de Tabacos, casi inactiva desde que comenzara a fallar la entrega del situado, a partir de entonces entró en su fase final hasta desaparecer unos años después. Desde 1793, salvo breves interrupciones, Cuba comerció libremente con países extranjeros. En 1818 el gobierno reconocía esta situación al decretar que Cuba podía comerciar libremente con otros países excepto con la metrópoli, en donde mercantilismo y proteccionismo metropolitanos se mantuvieron hasta el fin del dominio colonial. Por último, en 1819 se aprobó una Real Cédula y un Decreto sobre realengos y baldíos facilitando la compra-venta de tierras. Como consecuencia de estas medidas, las exportaciones aumentaron, a la vez que lo hizo la importación de esclavos, la rotura de nuevas tierras y la deforestación.

Los cambios en el marco político fueron acompañados de un importante impulso demográfico y económico. El censo de 1817 arrojó un total de 631.000 personas, de las que 291.000 eran blancos, 116.000 libres de color y 224.000 esclavos, o sea el 35,55% de los habitantes de la isla. Esta proporción significaba casi el doble que la de los esclavos censados en 1791, justo cuando comenzaba la gran expansión de las plantaciones azucareras y cafetaleras. Era un crecimiento muy por encima del resto de la población. Ahora Cuba se había convertido en una colonia con regiones enteras similares a las demás colonias europeas en las Antillas. No obstante, al igual que en Puerto Rico, la fuerte expansión de la economía esclavista acabaría por aislarla dentro del entorno antillano. Entre 1803 y 1824 la trata fue abolida en las colonias europeas en el Caribe y entre 1834 y 1848 era suprimida la esclavitud, excepto en las islas holandesas donde la abolición llegó en 1863. Sólo el sur de Estados Unidos seguía apoyándose en la esclavitud a gran escala hasta su abolición durante la Guerra Civil (1861-1865).

El crecimiento de la población esclava nos indica el ritmo de las exportaciones mismas, tanto las legales como las de contrabando. Alexander von Humboldt estimó que en Cuba estas últimas representaban entre un cuarto y un tercio del total. Además, con la extinción de la Real Factoría, a la producción de azúcar y café se añadía un volumen creciente de tabaco en rama y manufacturado que según los años representaba alrededor del 20% o más del valor total exportado. Los cultivos de tabaco en el extremo occidental (Pinar del Río), el centro (Remedios) y el este (Manzanillo) ahora se extendían más allá de los límites que anteriormente imponía la Factoría. Paralelamente, los pequeños talleres y la manufactura doméstica de tabaco, que se concentraban sobre todo en La Habana, comenzaron a desarrollarse. Una década después surgieron las primeras grandes fábricas de tabacos, casi todas ellas en manos de españoles.

La introducción masiva de esclavos satisfizo las demandas de mano de obra de los productores cubanos. Pese a la presión británica para que España prohibiese la trata hasta alcanzarse el acuerdo de 1817, el tráfico de esclavos se mantuvo y aumentó en los años siguientes, al menos hasta entrados los años cuarenta. La administración española lo amparó de tal manera que la entrada de esclavos en la isla fue elevada hasta 1862. Proteger el comercio de esclavos tenía varios significados: la protección de los intereses económicos de varios grupos, criollos y peninsulares, y el fomento del crecimiento económico, pero también reportaba lealtad. Una muestra del cuidado hacia la trata es el nombramiento entre 1819 y 1821, por orden real, de Arango como juez arbitral de la Comisión Mixta angloespañola encargada de las negociaciones para la prohibición de la trata. Hasta la disolución de la Comisión Mixta en 1867, con el fin de la trata, su principal función fue juzgar los casos de infracción del convenio con Inglaterra firmado en 1817. Tras el apresamiento de los barcos negreros por los británicos, los esclavos eran entregados a la Comisión que los declaraba libres y los ponía bajo la tutela de la administración, los denominados "emancipados". Este grupo fue siempre mirado con recelo al considerar que podían contribuir desde su posición de hombres libres de color a cualquier levantamiento de esclavos por lo que en 1828 fueron enviados a otros territorios españoles en los que su presencia no supusiera un estímulo para alcanzar la libertad. El número de emancipados se calcula en torno a unos 26.000. Desde 1825 el gobierno, a través del sistema llamado "consignación", dio la custodia de los emancipados a particulares y corporaciones para que durante cinco años se encargaran de enseñarles un oficio y la religión y se ocuparan de su mantenimiento a cambio de su trabajo. Lejos de la protección de las autoridades muchos negros emancipados fueron sometidos a rudas tareas que estaban más cercanas a los esclavos que a los hombres libres (Roldán, 1982).

Los aires de independencia del continente y los cambios políticos de la metrópoli alteraron el consenso en la isla. Ante las aspiraciones del patriciado criollo se levantaba el bando peninsular, alarmado por las propuestas a favor de un "gobierno provincial" y por los intentos anexionistas y separatistas, por lo que este sector, el bando peninsular al convocarse las Cortes de Cádiz en 1810 vio en el constitucionalismo la posibilidad de reencauzar los pasos iniciados por la élite criolla desde 1808, e incluso desplazarla definitivamente de su ventajosa relación con el poder colonial. En términos generales, podemos decir que la mayoría de los funcionarios y los comerciantes, incluyendo a los dueños de tiendas y pequeños almacenes y sus dependientes, eran partidarios de que se mantuviera la supremacía metropolitana en Cuba. En 1811 las tensiones entre ambos grupos afloraron como consecuencia de la entrada en vigor del decreto de libertad de prensa que fue paralelo a la creación de juntas locales de censura en Cuba y Puerto Rico. No fue tarea fácil mediar entre unos y otros sin herir susceptibilidades y a la vez proteger el poder de España. Uno de los incidentes que revelan la crispación ocurrió en Puerto Rico, en febrero de 1811, cuando Ramón Power solicitó sin éxito a las Cortes que despojaran al entonces capitán general de Puerto Rico, Salvador Meléndez, de sus facultades omnímodas, e incluso que lo destituyeran. En respuesta, Meléndez, apoyado por el bando peninsular, amenazó con encarcelar en la fortaleza de El Morro a los dirigentes del bando criollo si contravenían sus órdenes. La disputa originó el envío de un informe al Consejo de Regencia en el que se acusaba a Power de conspirar junto con el obispo de Arizmendi y otros contra el orden colonial establecido, pero temiendo que Puerto Rico siguiese los pasos de Caracas hacia la independencia, el Consejo optó por desaprobar la conducta de Meléndez y recordarle que era necesario "evitar disensiones y discordias" (Díaz Soler, 1994). Bajo esta nueva política, Meléndez seguiría en el cargo hasta 1820.

También en Cuba 1811 fue un año de abierto enfrentamiento entre el bando criollo y el peninsular. Dentro de este último pronto destacarían el superintendente de Tabacos y el cura peninsular Tomás Gutiérrez de Piñeres, quienes en las páginas de varios periódicos acusaron a Arango de ser un "independiente" (i. e. "independentista"), o incluso criticaron veladamente al capitán general por favorecer a los patricios criollos a cambio de su lealtad. Pese a que el capitán general no varió su política, procuró contentar al bando peninsular creando milicias de voluntarios para reforzar al ejército regular, cuya tropa fue desde el principio mayoritariamente peninsular. El regreso de Fernando VII al trono detuvo la campaña de los piñeristas, que hasta el segundo período constitucional no podrían volver a actuar abiertamente. El "Deseado" puso fin a la Constitución, prohibió la libertad de prensa, cesó las diputaciones y devolvió a los Capitanes Generales de las colonias antillanas sus poderes omnímodos.

Seis años más tarde, el regreso de los liberales al poder abrió una nueva etapa de inestabilidad en las Antillas españolas. La política colonial española durante el Trienio Liberal (1820-1823) desagradó profundamente a las élites criollas de los territorios americanos aún bajo el poder de España. Al volver a poner en vigor la Constitución de 1812, una vez más los sectores más poderosos de los criollos temieron que las políticas anticlericales y la libertad de prensa desafiaran el orden social tradicional y que la reintroducción de políticas mercantilistas y centralistas amenazara su poder económico y político. Entre otras medidas, en 1820, los liberales españoles abolieron el fuero eclesiástico y, por segunda vez, suprimieron la Inquisición y ordenaron la expulsión de los jesuitas. La respuesta de un importante sector de las élites americanas fue decantarse hacia el separatismo. Bajo el Trienio, España perdió el control de México, Centroamérica, Venezuela, Ecuador y Santo Domingo y su autoridad quedó definitivamente cuestionada en Perú (Rodríguez 0., 1996).

Estos hechos, junto con la previa retirada española del antiguo virreinato del Río de la Plata (excepto el Alto Perú), de Chile (1817-1818) y de Nueva Granada (1819) y la conquista y compra de las Floridas por Estados Unidos (1817-1819), tuvieron un impacto enorme en las colonias antillanas. Por ellas pasaron los ejércitos con destino a las colonias continentales en guerra y en ellas se refugiaron miles de militares y civiles a medida que éstas se independizaron. Para 1822 unos 3.000 refugiados habían llegado a Puerto Rico (Díaz Soler, 1994). Un número muy superior desembarcó en los puertos cubanos. Ahora Puerto Rico y Cuba dejaban de ser puntos estratégicos dentro de un gran imperio y pasaban a ser reductos coloniales de enorme importancia económica y política para España.

En Puerto Rico la libertad de prensa inaugurada con el Trienio reflejó la tensión existente entre el bando peninsular y el criollo. Sin embargo tampoco esta vez el encono entre ambos bandos puede equiparase a los graves sucesos ocurridos en Cuba durante este mismo período. En un clima de relativa tranquilidad, en 1820 Puerto Rico eligió a los diputados José María Quiñones y Demetrio O'Daly. Este último era un militar de San Juan defensor del constitucionalismo (Díaz Soler, 1994). La agitación en el bando peninsular surgía del temor a que el patriciado criollo debilitase excesivamente el vínculo con la metrópoli o que incluso lo liquidase con la ayuda de las repúblicas hispanoamericanas, Estados Unidos o incluso Gran Bretaña. Las conspiraciones de este período muestran que era un temor fundado. En Puerto Rico, sólo medio año después de que Santo Domingo proclamase la independencia se presentó la mayor amenaza al dominio español de este período. Entre junio y octubre de 1822 los avances de los republicanos en las colonias hispanoamericanas alentaron a algunos puertorriqueños a organizar una expedición libertadora en Estados Unidos financiada desde Curasao. Los conspiradores propusieron que la expedición fuese encabezada por Guillermo Docoudray, un ciudadano francés que había luchado con Bolívar y que propuso el establecimiento de la "República de Boricua" regulada por una Constitución basada en la división de los tres poderes fundamentales y en el que existirían distinciones de castas. Poco a poco las autoridades españolas desentramaron esta conspiración que liquidaron en octubre de 1822 fusilando a dos de sus dirigentes (Díaz Soler, 1993). En las siguientes décadas, esta eficaz red de espionaje, operativa desde al menos desde 1815, mantuvo al corriente a las autoridades españolas de cualquier conspiración que se estuviese llevando a cabo en la cuenca del Caribe o en Estados Unidos.

En la otra isla, en abril de 1820 al llegar la noticia a La Habana de que Fernando VII había jurado la Constitución de 1812 un batallón del ejército regular obligó al capitán general Juan Manuel Cagigal (sobrino del que también ocupase este cargo de 1781 a 1782) a proclamar la Constitución. Por primera vez, el bando peninsular recurría a las armas para forzar a un capitán general de Cuba a tomar una decisión de gran envergadura. Sin duda, esta acción también era una advertencia para que no siguiese favoreciendo al bando criollo. Medio siglo después se produciría un hecho similar cuando la tropa peninsular expulsó al capitán general Domingo Dulce, al intentar encontrar una salida negociada a la Guerra de los Diez Años (1868-1878).

La creación de la Milicia Nacional armó al conjunto del bando peninsular, consolidando el proceso iniciado una década antes al fundarse las milicias de voluntarios. Ésta era una institución civil, formada por voluntarios, vinculada a las autoridades locales para imponer y hacer respetar la Constitución. En el caso de Cuba, el grueso de la tropa de la milicia estaba integrado por comerciantes peninsulares y sus dependientes. Entre los oficiales predominaban los grandes comerciantes y los funcionarios de alto rango y los militares de carrera. En 1850, las milicias peninsulares resurgirían para hacer frente a las campañas anexionistas. Sin embargo, los batallones de voluntarios no quedarían formalmente establecidos hasta 1855 con la creación del Instituto de Voluntarios, al que pertenecieron en elevado porcentaje los peninsulares residentes hasta el fin del dominio español en la isla en 1898.

El constitucionalismo entusiasmaba al bando peninsular, que de nuevo podía utilizar la prensa para atacar al patriciado criollo y debilitar la posición del capitán general. Una vez más, Piñeres y sus seguidores expresaron su animosidad hacia Arango y los otros altos cargos que habían defendido los intereses económicos de la clase patricia insular, entre los que encontramos al intendente, Alejandro Ramírez. A partir de 1821 Piñeres y la milicia contaron con el pleno apoyo del nuevo capitán general, Nicolás de Mahy, que llegó a Cuba vistiendo el uniforme de la milicia. Sin embargo, para poder gobernar Mahy tuvo que subordinar al sector más integrista del bando peninsular. A los pocos meses de desembarcar Piñeres fue condenado a un año de prisión por publicar un libelo (tensen, 1988; Hernández, 1995).

Gradualmente, la candente situación internacional respecto a Cuba, las conspiraciones separatistas, el riesgo de una masiva insurrección esclava y el progresivo debilitamiento del gobierno constitucional metropolitano, llevaron a las autoridades españolas a consolidar la tradicional política de apoyo a los intereses de los grandes hacendados. En las elecciones de diputados a Cortes de 1822 el bando criollo derrotó decisivamente a los piñeristas con la elección del padre Félix Varela, Leonardo Santos Suárez, un criollo adinerado que había sido su alumno, y Tomás Gener, un rico comerciante catalán estrechamente vinculado a la esfera criolla. La progresiva descomposición del régimen constitucional a lo largo de 1823, junto con la política conciliadora del recién llegado capitán general Francisco Vives, recompusieron la política de la etapa anterior al Trienio, la cual se sostendría hasta el retorno de los liberales al poder metropolitano a partir de 1833.

Al igual que en Puerto Rico, en Cuba el mayor desafío criollo al dominio español se produjo durante el Trienio Liberal. En plena agitación entre peninsulares y criollos por el impacto en Cuba de las políticas de los liberales metropolitanos y el éxito republicano en las colonias continentales, tuvo lugar la conspiración masónico-separatista de los Soles y Rayos de Bolívar, con el objetivo de fundar la República de Cubanacán. La conspiración se desarrolló durante más de dos años, entre 1821 y 1823, y en ella se involucraron cientos de personas en varias ciudades de occidente. Su principal dirigente, José Francisco Lemus mantenía estrechos vínculos con los separatistas novogranadinos, que le concedieron el grado de coronel (Sevilla Soler, 1986). Una vez más las autoridades pusieron fin a un intento separatista antes de que estallara ninguna insurrección, llegando a encausar a unas seiscientas personas. Desconocemos si entre los conspiradores había "pardos y morenos", tal como afirmó posteriormente el capitán general, pero el hecho de que los conspiradores tuviesen instrucciones de procurar ingresar en las Milicias, hace verosímil esta posibilidad. Uno de los conspiradores fue el poeta José Heredia (1808-1839). Nacido en Santiago de Cuba, Heredia estudió Leyes en La Habana y en 1820 viajó a México durante varios meses. De regreso a La Habana, participó en la conspiración hasta 1823, en que se exilió. Lejos de su tierra escribió el poema "Himno del desterrado" que termina con los conocidos versos: "que no en vano entre Cuba y España/ tiende inmenso sus olas el mar".

En los años siguientes, las conspiraciones separatistas cubanas ocurridas entre 1823 y 1830 con el apoyo de México o las repúblicas andinas, al igual que las puertorriqueñas en este mismo período, tuvieron incluso menos éxito entre los criollos acomodados que prefirieron seguir amasando fortunas al calor del azúcar y los esclavos. Por otra parte, los apoyos externos comenzaban a ser menos frecuentes y fuertes debido a la devastación de la que estaban saliendo las recién creadas repúblicas que les impedía lanzar una campaña militar capaz de expulsar a las tropas españolas de Cuba y Puerto Rico. A pesar de ello, en marzo de 1826 las autoridades españolas en Cuba descubrían una conjura vinculada a Gran Colombia. Apresados los conspiradores sus dos principales dirigentes fueron ahorcados.

En el Congreso de Panamá en junio y julio de 1826 los representantes de la Gran Colombia, México, Perú, Bolivia y Guatemala acordaron que Cuba y Puerto Rico debían librarse del yugo español ya que, de lo contrario, sería un permanente peligro para la seguridad del continente al poder servir como base para la reconquista. En este congreso Bolívar propuso enviar una gran expedición de liberación a las dos colonias antillanas, tras la cual se consultaría a sus pobladores si querían unirse a alguna república hispanoamericana o constituirse en estados independientes. Los distintos intereses y recelos motivaron que ni siquiera se llegara a un acuerdo al tenerse en cuenta las palabras del observador británico que advertían que una expedición como la planeada desencadenaría una gran guerra en el Caribe en el que la política anexionista de Estados Unidos cada vez cobraba más fuerza. La indecisión del congreso dejó sin posibilidades de éxito a los intentos por liberar ambas antillas desde las repúblicas hispanoamericanas (Sevilla Soler, 1986). Después de él, el intento más conocido fue la conspiración de la Gran Legión del Águila Negra (1829-1830), que contó con apoyo mexicano para hacer frente a los planes de Fernando VII por reconquistar México. Consecuente con su política de apoyar el statu quo colonial, Estados Unidos expresó su oposición total a cualquier conspiración de este tipo. Si ellos no anexionaban a Cuba, ningún otro país debía hacerlo (Guerra y Sánchez, 1971).

6.2. Cuba y Puerto Rico en la encrucijada de los intereses coloniales en el Caribe

Desde el siglo XVI, las colonias españolas en el Caribe tuvieron gran importancia estratégica dentro del Imperio español. A mediados del siglo XVI, al implantar el sistema de flotas, Cuba se convirtió en la principal encrucijada en las rutas marítimas entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Los barcos procedentes de Cartagena de Indias, Trujillo (en la actual costa hondureña) y de los puertos de la costa del Golfo de México anclaban en la bahía de La Habana antes de partir hacia la metrópoli. Dos siglos después, el patricio habanero José Martín Félix de Arrate describió La Habana como la "Llave del Nuevo Mundo". El sistema de flotas relegó a Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo a un lugar secundario en la Carrera de Indias. No obstante, a lo largo de todo el período colonial los tres puertos continuaron teniendo gran importancia para la defensa e incluso el abastecimiento de las rutas marítimas norcaribeñas. A medida que Holanda, Gran Bretaña y Francia consolidaban y expandían su influencia en el ámbito del Caribe y Norteamérica, las colonias hispano-antillanas adquirieron aún mayor valor militar.

La Guerra de los Siete Años y la era de la Revolución atlántica (1776-1824) colocaron a las colonias hispano-antillanas en la línea de fuego. Tal como se ha señalado anteriormente, a raíz de la ocupación de La Habana por los ingle ses (1762-1763), España reforzó su sistema defensivo en el Caribe. El fallido intento inglés de tomar San Juan en febrero de 1797 demostró la eficacia de este esfuerzo. No obstante, intereses geopolíticos forzaron a la Corona a pactar con Francia, primero, en 1795, la cesión de Santo Domingo (efectiva en 1802) y después, en 1800, la devolución de la Luisiana.

Ya en esta época los gobernantes estadounidenses manifestaron interés por extender su poder sobre las colonias en manos europeas al sur de sus fronteras. En 1786, tres años después de que Estados Unidos obtuviese la independencia, Thomas Jefferson opinaba que no debía apremiarse a los españoles, pero que sus territorios no carecían de interés. Consecuente con su punto de vista, durante su presidencia (1801-1809) anexionó la Luisiana tres años después de que España aceptase devolverla a Francia. El 20 de diciembre de 1803, el gobernador español entregó la Luisiana a Francia en un acto en que al mismo tiempo el representante francés cedió el mismo territorio a Estados Unidos, que con esto obtenía un puerto de primer orden en las costas del Golfo, además del derecho de colonización de toda la cuenca occidental del Mississippi. A cambio de un pago mínimo, con este tratado, Estados Unidos obtuvo la mayor expansión territorial de su historia, unos 2.100.000 kilómetros cuadrados que, además de Luisiana, comprendían los actuales estados de Arkansas, Missouri, Iowa, las dos Dakotas, Nebraska, Oklahoma, así como buena parte de Kansas, Wyoming, Colorado, Montana y Minnesota.

Jefferson, un "genuino imperialista' en palabras de Ramiro Guerra, ambicionaba más territorios. Quería anexionar las dos Floridas para completar el control de lo que a sus ojos eran los límites "naturales" del sur de Estados Unidos. Paralelamente a este esfuerzo, en 1805 declaró que, en caso de entrar en guerra con España, la conquista y anexión de Cuba sería necesaria para la defensa de la Luisiana y las Floridas. Cuba volvía a estar en el centro de las rivalidades imperiales en el Caribe. Incluso después de dejar la presidencia, siguió promoviendo la anexión de las Floridas y Cuba. No obstante, a lo largo de todo este período, la oposición de Gran Bretaña y Francia impidieron que Estados Unidos avanzara hacia el sur. Los ingleses necesitaban que España pudiese hacer frente a la expansión napoleónica y querían detener la de Estados Unidos en el Caribe, en tanto que Napoleón quería extender su dominio a todo el Imperio español. La guerra anglo-estadounidense de 1812 a 1814 proporcionó a los colonos sureños la posibilidad de acelerar la ocupación permanente de la Florida occidental e iniciar el acoso de la oriental hasta su conquista y anexión entre 1817 y 1819.

A comienzos de la década de 1820 la delicada posición española en tierras americanas alentó de nuevo las pretensiones anexionistas en el gobierno de Estados Unidos, el primero en reconocer a las repúblicas hispanoamericanas que, de manera continua, promovieron con escaso éxito el anexionismo entre la élite cubana. Según declararía en 1823 el expresidente Jefferson, Cuba "es la más interesante de las adquisiciones que se pueden incluir en nuestro sistema de Estados". Una vez más el gobierno de Washington sondeó sin mucho éxito la posibilidad de desencadenar una revuelta anexionista entre el patriciado habanero. Pero no sólo Estados Unidos estaba interesado en anexar Cuba, también Gran Bretaña ambicionaba quedarse con la isla. La firme oposición de Gran Bretaña a todo plan anexionista norteamericano llevó al gobierno de James Monroe (1817-1825) a optar por la política de "la espera paciente". Siguiendo esta línea de acción, John Quincy Adams, el secretario de Estado de Monroe, en abril de 1823 en una carta al embajador en España, concretó la posteriormente llamada "política de la fruta madura':

Hay leyes de gravitación política similares a las de la física; y si una manzana, separada de su árbol por una tormenta, cae inevitablemente al suelo, Cuba, una vez rota la artificial conexión que la une a España, e incapaz de sostenerse por sí sola, ha de gravitar necesariamente hacia la Unión Norteamericana.

Unos meses después, la rivalidad entre Estados Unidos y las potencias europeas por ejercer control e influencia en tierras americanas condujo al presidente Monroe a anunciar que su país consideraría toda intervención militar europea en territorio americano como un acto de hostilidad. Previamente Gran Bretaña había presionado a Estados Unidos para conseguir una declaración conjunta ante cualquier nuevo intento colonial en tierras americanas. No obstante Adams, el verdadero arquitecto de la "Doctrina Monroe", se opuso porque quería que Estados Unidos llegase a ser la potencia dominante en la región sin interferencias de ningún país europeo (LaFeber, 1989). Indirectamente, Gran Bretaña se beneficiaba de esta política puesto que le permitía extender su influencia comercial en América Latina (Guerra y Sánchez, 1971).

A lo largo del siglo XIX se concretaron las propuestas de Adams en una serie de acciones militares e injerencias en tierras latinoamericanas en abierta competencia con las que llevaron a cabo los europeos mismos. Fue la etapa de la rivalidad imperial. Además del constante interés por la anexión de Cuba a lo largo del siglo, entre 1836 y 1844 se desarrolló el conflicto entre México y los colonos ingleses de Texas hasta la anexión estadounidense de 1844, la cual desencadenó una guerra con México entre 1846 y 1848. Esta guerra permitió a Estados Unidos anexar un inmenso territorio que, además de Texas, incluía los estados actuales de California, Nevada, Arizona, Utah, Wyoming, Nuevo México y parte de Colorado. A esta conquista, en 1853, Estados Unidos añadiría un territorio de 76.000 km2 al sur de Nuevo México y Arizona por el Tratado de la Mesilla.

El inicio de la fiebre del oro californiano durante la guerra convirtió a Panamá y otras zonas de Centroamérica en puntos de paso hacia la costa pacífica de Estados Unidos. Entre 1846 y 1855, empresas estadounidenses construyeron un ferrocarril y consiguieron que Colombia les concediera franquicias para el transporte de personas y mercancías. Mientras tanto, los intentos de crear un canal interoceánico a través de Nicaragua terminaron con la conquista del país entero por parte de William Walker (1855-1857), un mercenario del sur de Estados Unidos. Aunque el gobierno federal estadounidense no apoyó esta intervención, la acción de Walker contribuyó a alejar a los británicos de la costa caribeña nicaragüense. Posteriormente, Estados Unidos los arrinconaría aún más, dejándoles sólo el control de las Honduras Británicas (actual estado de Belice). Las ambiciones de Estados Unidos por el control del Caribe continuaron en estos años y se concretaron en la conquista de algunos enclaves como el golfo de Samaná, en la República Dominicana. Sin embargo, la tensión entre el norte y el sur durante la década de 1850 y 1860, debilitaron su posición en la región y condenaron al fracaso campañas anexionistas como la de Walker. En un mar de intereses y competencias, España y Francia aprovecharon la Guerra Civil norteamericana para anexar la República Dominicana (1861-1865) y conquistar México (1862-1867) respectivamente. Fueron sin embargo momentos puntuales y cortos ya que, una vez terminada la Guerra Civil, el enorme crecimiento económico y la consolidación del poder del gobierno federal, permitieron a Estados Unidos convertirse en la potencia hegemónica en América Latina, tal como lo muestran las injerencias en toda la cuenca del Caribe que finalmente desembocarían en la intervención en la Guerra de Cuba en 1898 y la política de las cañoneras de las primeras décadas del siglo XX.

El anuncio de la Doctrina Monroe en 1823 fijó a largo plazo la política de Estados Unidos y Gran Bretaña en favor del statu quo, de la continuidad del dominio español sobre Cuba y Puerto Rico. A lo largo de todo el siglo, ninguno de los dos países reconocería el estatus de parte beligerante a los movimientos separatistas o anexionistas cubanos y puertorriqueños. Ya siendo presidente, John Quincy Adams (1825-1829) consolidó la política de "la espera paciente" con el apoyo de su secretario de Estado, Henry Clay. Ningún país, incluyendo las nacientes repúblicas hispanoamericanas, debía hacerse con el control de las colonias españolas en el Caribe. En caso de que algún intento prosperase, Estados Unidos invocaría "la política de la fruta madura" para anexionar Cuba.

7.1. Consenso y tensiones con las élites criollas insulares

La pérdida del Imperio español y el fin del Trienio Liberal impusieron un cambio en la política colonial españ ola que se plasmó en la forma de gobernar sus colonias y marcó el inicio de una nueva política y relación colonial. El trasfondo peninsular y el de la América continental son fundamentales para entender este proceso en el que Cuba y Puerto Rico permanecieron bajo España gobernadas de manera más férrea, en un intento por controlar las últimas posesiones ultramarinas y hacerlas más rentables. La restauración del poder absoluto de Fernando VII en 1823 fue recibida en ambas islas con misas y diversos festejos a los que se sumaron tanto los conservadores como algunos liberales que desde ese momento asumieron la nueva situación. El fin del Trienio Liberal permitió a los capitanes generales en las Antillas poner fin a todo debate sobre política que se realizara en actos públicos, reuniones, tertulias o a través de la prensa. No fue un simple retorno a la situación anterior al Trienio. Mientras Fernando VII comenzaba a gobernar bajo el más extremo absolutismo, en América las fuerzas republicanas avanzaban sobre los últimos reductos monárquicos. En diciembre de 1823 se suspendían las diputaciones provinciales, los juzgados de primera instancia, los jefes políticos, etc., para establecer, en enero de 1824, en todas las capitales de provincia de la Península una Comisión Militar Ejecutiva y Permanente, cuyo fin era perseguir a los "enemigos de los legítimos derechos del trono, o partidarios de la Constitución publicada en Cádiz en el mes de marzo de 1812". Las comisiones militares, integradas por un brigadier, quien las presidía, seis vocales, un asesor y cuatro fiscales, también se ocupaban del orden público en general, por lo que su establecimiento equivalía a imponer el estado de excepción, mientras que los tribunales civiles ordinarios quedaban relegados a los delitos menores. En las colonias (con seguridad sólo sabemos que actuaron a partir de marzo de 1825 en Cuba y Filipinas) el fin prioritario de estas comisiones militares fue perseguir a todos aquellos que alterasen el orden mediante escritos, actos u opiniones. A pesar de que en España las comisiones militares ejecutivas y permanentes desaparecieron en agosto de 1825, con excepción de esos momentos en que volvieron a ser restituidas en 1828 y 1831, en las Antillas se mantuvieron hasta febrero de 1869.

En las batallas de Ayacucho (agosto de 1824) y Junín (diciembre de 1824) las tropas realistas fueron vencidas definitivamente en América del Sur. Por el contrario, en Cuba y Puerto Rico un sector de los criollos manifestó su adhesión a España:

Somos españoles, no de las perversas clases de las que las demás naciones forman muchas de sus factorías mercantiles, que es a lo que redujeron y reducen sus establecimientos en América, sino parte sana de la honradísima España. Y esa ilustre sangre que corre por nuestras venas en nada ha desmerecido porque, a costa de tantas visas, probaciones y fatigas, haya logrado conquistar, establecer y fomentar tantas Españas nuevas, tantos reinos opulentos (Arango y Parreño, 1952, vol. 2: 113).

La rendición de Ayacucho en 1824 motivó a muchos políticos y pensadores a exponer sus ideas y defender claramente la presencia de España en las últimas colonias a cualquier precio. Uno de ellos fue Francisco de Arango y Parreño, representante de esa élite habanera, que en 1823 asumió el cargo de superintendente. Salvar Cuba y Puerto Rico se convirtió en el fin primordial y para ello Arango expone con claridad la situación creada tras la independencia del continente, los peligros que acechaban a las Antillas y los deseos e intereses de sus élites.

Desde 1823 a 1868 Cuba y Puerto Rico fueron gobernadas bajo un régimen político excepcional. Las reformas y pequeñas libertades obtenidas en los años anteriores fueron suprimidas tras la vuelta de Fernando VII. El regreso al absolutismo puso fin a los proyectos liberales iniciados por los diputados antillanos José María Quiñones, Félix Varela y Leonardo Santos Suárez en las Cortes. Se alejaba por muchos años el ideal de obtener una descentralización en materia administrativa, que conllevara mayores competencias en la administración y el gobierno. La última etapa del reinado de Fernando VII, la Década Ominosa, en las Antillas se caracterizó por la estabilidad institucional y los largos mandatos de los capitanes generales. Creyendo que aún era posible la reconquista de América desde Cuba y Puerto Rico, y a pesar de la oposición del Consejo de Indias, Fernando VII concedió facultades extraordinarias a los capitanes generales de las Antillas. Tras su decisión se encontraban temores que con mayor o menor fuerza inclinaron al monarca a asumirla, entre ellos los informes que recibía sobre el estado de las Antillas, las incursiones enviadas por los revolucionarios desde Venezuela, Colombia y otros puntos cercanos para liberar a las Antillas, el miedo a que la pérdida de las colonias continentales americanas e incluso que el proceso que se vivía en Santo Domingo representara la independencia de Cuba y Puerto Rico, así como las peticiones a favor de la concentración de poderes y militarización. Todos estos factores motivaron que la Corona atendiera las peticiones del capitán general de Cuba, Francisco Dionisio Vives, para obtener mayores poderes.

En mayo de 1825 un Real Decreto concedía facultades omnímodas al capitán general de Cuba. Según este decreto, los capitanes generales de Cuba y Puerto Rico, sin necesidad de consulta previa, disponían de

la más amplia e ilimitada autorización para separar de la isla a personas, empleadas o no empleadas, cualquiera que fuese su destino, rango, clase o condición, cuya permanencia en el territorio se creyera perjudicial.

Además el capitán general podía "suspender la ejecución de cualquiera órdenes o providencias generales expedidas sobre todos los ramos de la administración" (Pichardo, 1971). Las facultades omnímodas se mantuvieron hasta 1878, en que las reformas crearon una situación menos autocrática, pero hasta 1898 el capitán general seguiría siendo la primera autoridad en la isla con amplias facultades sobre las personas y las instituciones, situación que crearía una gran tensión política y social hasta el fin del dominio español en la isla (Sánchez-Arcilla, 1997: 200-201).

El absolutismo puso fin a una etapa de apertura durante la cual se habían creado algunos espacios en los que se expresaban y escuchaban diferentes voces en periódicos, tertulias y asociaciones. A partir de ese momento los capitanes generales adquirieron poderes ilimitados, no teniendo que responder de sus actuaciones ante otras instancias como ocurría en el sistema administrativo anterior a 1808, en el que los gobernadores y capitanes generales, pese a que eran la primera autoridad en cada Antilla, tenían ante sí otras instituciones como los cabildos, las superintendencias, la audiencia y la Iglesia. Ante un conflicto, estas instituciones podían apelar a otras instancias administrativas fuera del territorio insular, ya fuesen la Audiencia en Santo Domingo, la administración virreinal en Nueva España o el Consejo de Indias en la metrópoli. Con ellas se iniciaba una nueva política colonial marcada por la militarización, el recorte de libertades, la limitación de la participa ción de los criollos en la política, su alejamiento de los círculos más cercanos al poder y la represión. La concesión de facultades omnímodas a los capitanes generales tenía como objetivo frenar la capacidad de maniobra que los sectores criollos más liberales y reformistas habían adquirido, así como organizar las colonias y centralizar el poder, pero además, el ejercicio de estas facultades posibilitó la consolidación de los hacendados azucareros y los grandes comerciantes como clase hegemónica. En Puerto Rico la concesión de facultades omnímodas fue el punto culminante del proceso de militarización, ya que a través de éstas la máxima autoridad podía, además de expulsar de la isla a cualquier sospechoso, suspender cualquier orden y ley que considerara podía perjudicar al orden colonial (Lalinde, 1980; Navarro, 1999).

En un clima de temor a que se extendiera la llama independentista desde Tierra Firme, y que los movimientos y conspiraciones para liberar Cuba y Puerto Rico fueran efectivos, se reforzaron las medidas de seguridad contra los separatistas y sus colaboradores procedentes de diferentes lugares como Venezuela, Santo Domingo o Curasao, a la vez que se utilizaron por parte de las autoridades para imponer el control y la sanción. La conspiración separatista de Soles y Rayos de Bolívar en 1823, las expediciones anexionistas de Narciso López a Cuba de 1850 y 1851 o la expedición a Puerto Rico comandada por Luis Guillermo Ducoudray Holstein en 1822, sirvieron de pretexto para aumentar el control de la población e incluso justificar la represión y los castigos.

Se insiste en que pese a la lealtad que pudieran manifestar a España, existe el temor de que deslumbrados por los logros que los revolucionarios estaban obteniendo en el continente, los habitantes de Cuba y Puerto Rico se animaran a seguir el ejemplo separatista, como lo hacía entonces la vecina colonia de Santo Domingo en 1822. A la sombra del miedo a posibles conspiraciones de esclavos, levantamientos y rebeliones de criollos que desembocaran en la pérdida de los restos del imperio hispano, se puso en marcha un sistema en el que los sectores más liberales y progresistas, aquellos que planteaban llevar a cabo algunas reformas administrativas y económicas que acercasen más a estas islas con la Península, fueron perseguidos y expulsados. La consolidación en esos años de la plantación esclavista como sistema económico e institución social hizo posible la permanencia del poder colonial de España en ultramar a partir de la alianza de sus élites con la metrópoli. En Puerto Rico y Cuba el compromiso que se selló fue similar. A cambio de la lealtad política, las élites se decantaron por pactar y negociar con la metrópoli un nuevo estatus de recíproca conveniencia, basado en concesiones sobre el régimen de tenencia de la tierra, facilidades para desarrollar la plantación esclavista y libertad de comercio a cambio de sustanciosos excedentes fiscales (Cubano, 1990; Scarano, 1981; Piqueras, 2003; Roldán de Montaud, 2008).

La expansión económica que experimentaron las Antillas desde los últimos años del siglo XVIII como consecuencia de la ruina de los ingenios azucareros tras la caída de Saint Domingue, principal productora de azúcar hasta ese momento, y el mantenimiento del suministro de mano de obra esclava que aseguró el crecimiento de la producción azucarera a bajos costes, provocaron que los criollos declinasen sus deseos y derechos a cualquier tipo de libertad o independencia.

Mantener el poder colonial y el statu quo produjo la alianza de las autoridades con la élite económica - hacendados azucareros y grandes comerciantes - que privilegiaron sus intereses económicos frente a libertades políticas del país. Al calor de las ganancias que producía la plantación azucarera, que se nutría y crecía fundamentalmente gracias a la entrada de esclavos, esta élite mantuvo su alianza con el gobierno colonial temerosa de que cualquier alteración del orden, sublevación de esclavos o que las presiones a favor de la finalización de la trata por parte de Gran Bretaña derivaran en la abolición de la esclavitud y, por ende, en la pérdida de su poder y de su estatus. Por otra parte, hay que apuntar que el comercio, los aranceles que gravaban las importaciones y exportaciones de esclavos y de mercancías, eran en gran parte la fuente que nutría los ingresos coloniales (Hernández Sandoica, 1982, 1997: 115, 2004: 23-45; Scarano, 1981; Cubano, 1990; Pico, 1988: 167169; Lavallé, Naranjo y Santamaría, 2002).

El entramado de redes familiares e intereses económicos y políticos favorecieron el crecimiento de las economías azucareras y la expansión de la plantación. Fue la articulación de este entramado social y económico que de manera férrea se estableció a ambos lados del Atlántico lo que dio lugar a la configuración de un Estado transoceánico e hizo posible el mantenimiento del poder de España sobre la isla. Se estableció un amplio marco que unió durante décadas a ambas orillas, a través de familias e intereses económicos que fueron el trasfondo de la política española durante muchos años y definieron las fórmulas de poder político en la metrópoli. Las familias azucareras, que protagonizaron un primer ciclo, dieron paso después de la década de 1820 a los comerciantes dedicados a negocios de importación y exportación y que posteriormente comenzaron a invertir en la producción azucarera y a repatriar capitales (a partir de 1840). El comienzo de la Guerra de los Diez Años en 1868 amplió el campo de las inversiones de estas familias a negocios relacionados con las guerras coloniales y la deuda. Las bases sobre las que se estableció esta relación transatlántica parte de la etapa de gobierno de Leopoldo O'Donnell, entre 1843 y 1848 (Bahamonde y Cayuela, 1992; Cayuela, 1993).

Conscientes del miedo de los hacendados hispano-antillanos a una revolución de esclavos como la de Haití, las autoridades no dudaron en utili zarlo como una de las principales armas para ganarse la lealtad de quienes más tenían que perder en una situación de guerra y caos. Para ello, se arbitraron diferentes medidas que protegieron la entrada de esclavos africanos a pesar de las leyes y acuerdos restrictivos firmados entre España y Gran Bretaña y se buscaron otros mercados en los que encontrar la mano de obra que supliese a la esclava. El mantenimiento de la esclavitud se equiparó a la conservación de las Antillas hispanas bajo el poder de España, por lo que reprimir la trata y, en consecuencia, fomentar la entrada de inmigrantes blancos - como defendían los reformistas - era para muchos de ellos el primer paso para la independencia. Bajo este presupuesto, los reformistas - partidarios de la supresión del tráfico negrero y de la introducción de pobladores blancos que fueran sustituyendo a los esclavos - fueron mirados con recelo. Sus demandas a favor de cambios administrativos y económicos que impulsaran la economía y la sociedad siempre fueron vistas con gran suspicacia por las autoridades viendo en cada uno de sus escritos y proyectos un anticipo y un anhelo de independencia. En 1825 el capitán general Vives afirmaba:

Los propietarios que subsistan unidos a la Madre Patria lo estarán sin variación, mientras les acose el temor de perder o exponer sus esclavitudes que constituyen el nervio primero y más considerable de sus fortunas.

Dos décadas después, el capitán general Leopoldo O'Donnell, en un informe reservado enviado al secretario de Estado, escribía:

El día que éstos [los blancos] sean en el país superiores a los negros y quede destruido el equilibrio de las castas acabará la seguridad de conservar la integridad del territorio [Cuba] y su dependencia de la metrópoli (AHN, Ultramar, leg. 3552, doc. 7. Schmidt-Nowara, 1999).

El temor de la élite a una revuelta de la población negra y la esclavitud sólo podía existir en un entorno de intensa segregación racial amparada por las leyes coloniales. A medida que se intensificaba la economía de plantación, aumentaba la tensión racial y la segregación. La discriminación legal en contra de la población no blanca era una política complementaria a la tolerancia hacia la trata y abarcaba todos los ámbitos de la vida pública. Por ejemplo, en las ordenanzas municipales de La Habana en 1855 se especificaba que "cuando se encuentren dos individuos en la calle, cederá la acera el que la llevase a la izquierda, á menos que sean de distintas castas, en cuyo caso cederá siempre la de color a la blanca, pena de uno a tres pesos" (La Habana, 1855). En Puer to Rico, el bando contra la raza africana de 1848, dado por el capitán general Juan Prim, era la expresión y respuesta, no sólo del miedo a la resistencia esclava, sino la plasmación de una política de segregación que limitaba los derechos de la población de color e imponía duras condenas a aquellos que atentasen contra las propiedades de individuos blancos o contra sus personas (Scarano, 1993).

El "miedo al negro", el temor a que Haití volviera a tomar vida en los cañaverales de las Antillas hispanas además de posibilitar la alianza entre los hacendados y comerciantes y el gobierno colonial fue un claro instrumento de control social y político. Como han indagado otros historiadores, Haití pasó a tener un poder de evocación de tal fuerza que actuó por sí mismo (GonzálezRipoll, Naranjo, Ferrer, García y Opatrnj, 2004; Ferrer, 2005: 67-83). Haití justificó la represión, la falta de libertades, el miedo y la esclavitud, y a la vez ocultó la capacidad que los sectores subalternos, los esclavos, tenían para rebelarse y luchar por sus derechos. Haití conformó una cultura y unas sociedades en Cuba y Puerto Rico, en la que el "miedo al negro" impuesto e instrumentalizado oculta otras tendencias, cambios y relaciones que fluían en ellas. Sociedades en continuo cambio que, sin embargo, quisieron ocultar como si nada perturbase el universo placentero que se vivía bajo el cielo de los trópicos.

Aunque en ambas islas la Revolución haitiana sirvió para afianzar el poder de los hacendados y de España, algunos autores consideran que la lealtad de Puerto Rico también obedecía a otros factores como la condición de presidio que había tenido desde el siglo XVI, el haber sido tierra de refugio de un gran número de realistas procedentes del continente o la posición económica subordinada de los criollos. Para otros autores, la fidelidad de Borinquen también se explica a partir de otros elementos que la convirtieron en baluarte del poder real, entre los que hay que destacar la llegada de familias procedentes del continente americano, favorecidas por las autoridades españolas y que con el paso de los años se convertirían en el vínculo colonial más importante entre Puerto Rico y la metrópoli, así como el asentamiento de un importante contingente militar que, utilizado como base, combatió hasta el final a los revolucionarios americanos (Scarano, 1981; Solano, 1992).

En Puerto Rico, el 4 de diciembre de 1823 el gobernador Francisco González de Linares abandonó el país, mientras que el entonces mariscal Miguel de la Torre tomó el mando, quien derogó la Constitución de 1812 y pasó a instaurar el antiguo orden absolutista. Tras solicitar ayuda militar a España para poder sofocar cualquier rebelión o intento de invasión, adoptó algunas medidas entre las que hay que señalar la reorganización de los ayuntamientos, la disolución de las agrupaciones masónicas y de las aso ciaciones políticas, la prohibición de hablar de la Constitución de 1812 o criticar al rey y a las autoridades, la prohibición de reunirse por la noche en lugares públicos como tabernas o cafés, así como estar en la calle pasadas las diez de la noche. Además, se puso en vigor el "sistema de purificaciones" que permitía a los liberales retractarse de sus ideas y sumarse a las filas del absolutismo (Cruz Monclova, 1969, t. 1). La puesta en marcha de estas medidas y la fuerza con que reprimió cualquier intento separatista le sirvieron a Miguel de la Torre para ser nombrado capitán general el 28 de mayo de 1825.

En 1825 Miguel de la Torre, ya gobernador, recibía todos los poderes para gobernar la isla. Como lo hizo Francisco Dionisio Vives en Cuba, se alió con los sectores criollos más conservadores y acalló con mano dura cualquier voz discordante. La restricción de libertades y la represión se extendió a todos los sectores de la sociedad, reformistas, liberales, población de color, esclavos, vagabundos, etc. Todos aquellos que eran susceptibles de alterar el orden fueron mirados con recelo y, frente a ellos y sus posibles actuaciones, se dictaron leyes, reales órdenes, bandos y decretos que limitaron su poder de actuación. En este marco de miedo y represión se enmarcan los reglamentos contra el cimarronaje - los reglamentos de cimarrones de 1814 y 1832, o el reglamento de esclavos de 1842-, las persecuciones, juicios y ejecuciones de posibles instigadores de rebeliones en los ingenios, así como otras disposiciones que controlaban y penalizaban la conducta de la población de color. Las medidas restrictivas de este gobierno se combinaron con otras administrativas que impulsaron la economía, la ciencia y la cultura mediante el reparto de tierras baldías del Estado y el deslinde de heredades particulares encaminados a fomentar la propiedad privada, la activación de servicios públicos como el sistema de correos, la instalación de una Audiencia en 1831 con poderes judiciales y legislativos, independiente de la Audiencia de Cuba, o a través de la creación de escuelas primarias y de diferentes cátedras de Derecho y Filosofía. A la vez, se dictaron reales órdenes que protegían los intereses comerciales españoles y se gravaban con fuertes aranceles las importaciones de otros países.

La estabilidad colonial de Cuba fue motivo de constante preocupación. Entre las medidas que se adoptaron para fiscalizar de manera más efectiva podemos destacar las inspecciones o visitas que realizaba el capitán general, Miguel de la Torre, por la isla anualmente a partir de 1824 con el fin de conocer de primera mano el estado de la población, las infraestructuras y la economía, y establecer una relación más directa entre los habitantes y las autoridades. La visita contribuyó no sólo a ejercer una mayor represión sobre los esclavos, o acercar a la población blanca a la metrópoli, también fue muy útil para que De la Torre conociera de cerca la realidad del pueblo y pudiese adaptar y apli car la política de manera más eficaz. Los resultados de la visita no escaparon a las autoridades metropolitanas como la Junta Consultiva de Gobierno de Ultramar en cuyo informe comentaba que a ella se debía el desarrollo económico y demográfico que había experimentado el país entre 1824 y 1836:

Promovió la prosperidad del país, vigiló de cerca las esclavitudes, impulsó la agricultura, la reparación y solidez de los caminos, las obras públicas de iglesias, cementerios, cuarteles, cárceles, puentes y otras, en las que consta se invirtieron, desde 1824 a 1834, más de setecientos mil pesos, suministrados voluntariamente por los vecinos (Navarro, 1999: 50).

Los costes que la visita ocasionaba y que repercutían en el presupuesto fueron motivo de críticas y revisiones, pese a las cuales la visita continuó realizándose. Sin duda a ello contribuyó el control que se obtenía a través de ella, la información sobre el estado de la isla y sus habitantes, así como los beneficios que sus responsables y organizadores sustraían. En el caso de Cuba la visita nunca se implantó, ya que existía una inspección permanente del territorio por la propia estructura administrativa y militar de la isla. Por otra parte, la responsabilidad de mantener la paz recayó en los alcaldes, comandantes militares y otras autoridades; ellos fueron los responsables de que se cumpliesen los bandos de buen gobierno que, además de controlar a la población vagabunda y a los desocupados, sirvieron para vigilar los movimientos de la población en general, transeúntes, extranjeros, esclavos, hombres de color, etc. La preocupación por las invasiones y conspiraciones llegadas desde el exterior motivaron la creación de un servicio de vigilancia política en la isla de Saint Thomas, financiado desde la administración de Puerto Rico, cuyo fin era informar de todas las actividades encaminadas a la independencia.

En Cuba, la derogación de la Constitución de 1812, el descubrimiento de algunos movimientos independentistas como la conspiración de agosto de 1823, denominada Soles y Rayos de Bolívar, una de los principales de la época, los levantamientos de esclavos en distintos ingenios y el cimarronaje, implantaron una atmósfera de terror que trajo importantes consecuencias para sus habitantes y, de manera especial, para aquellos ilustrados que desde sus cátedras, periódicos, cartas y escritos habían defendido el liberalismo. Félix Varela, José Antonio Saco y José María Heredia fueron algunos de los que tuvieron que abandonar la isla para evitar el presidio.

Convertida Cuba en baluarte inexpugnable del poder español, al igual que ocurrió en Puerto Rico, las autoridades insulares recibieron ayuda militar desde España, a la vez que allí se instalaban cientos de familias proce dentes del continente y militares huidos tras la capitulación de Venezuela, en 1823. La élite azucarera supo utilizar este clima de inseguridad y miedo en su provecho estableciendo un pacto con la metrópoli que cambió los destinos de esta Antilla. Así, el 13 de septiembre de 1823 la diputación provincial de La Habana, en un intento de salvaguardar los intereses económicos de las principales familias, elevó un escrito al secretario de Estado y de Despacho de la Diputación de Ultramar en el que, tras presentar un cuadro de la población y de la economía y riqueza de Cuba, aludía a las convulsiones que estaban ocurriendo en los territorios próximos, exponía los perjuicios que ocasionaría cualquier insurrección y reclamaba que se permitiese al capitán general utilizar poderes extraordinarios cuando fuera preciso.

El general Francisco Dionisio Vives (1823 y 1832), como en Puerto Rico La Torre, era consciente de que la posición de las dos colonias españolas en el Caribe era muy frágil, por lo que buscó el apoyo político y económico de los hacendados criollos y el beneplácito de los comerciantes, pero no el de los radicales constitucionalistas pro-españoles. Sin embargo, Vives y De la Torre excluyeron tanto como pudieron a los criollos de las milicias y del ejército. En una comunicación reservada, Vives lo expresaría en un claro lenguaje colonial:

En esta isla no debe contarse con otra defensa que la de las tropas europeas, y las que se mantengan del país fieles y subordinadas que siempre serán en reducido número.

Además de la severa represión a toda actividad política que no fuese de apoyo explícito a las autoridades, en Cuba, Vives prohibió la masonería, implantó la censura, cerró todos los periódicos regentados por hombres de ideas liberales (a partir de diciembre de 1823 sólo se publicó el Diario de avisos oficiales), dictó leyes contra la vagancia y permitió que los traficantes de esclavos operasen con total impunidad. Bajo su gobierno se selló el pacto entre la metrópoli, los hacendados y, en general, todos aquellos cuya fortuna dependía del azúcar. Cuba pasó a ser la "Siempre Fidelísima" (título que se dió en noviembre de 1824), a cambio de concesiones comerciales que el gobierno no dudó en otorgar, como el derecho a comerciar con las naciones aliadas y la continuación de la trata negrera, entre otras.

En 1836, la adopción de la Constitución de 1812 en España no produjo una vuelta a la situación anterior a 1823 en ultramar. Lejos de ello, no sólo se mantuvo el poder omnímodo de los capitanes generales, sino que en 1837 los diputados antillanos fueron excluidos de las Cortes españolas a la vez que se anunciaba la promulgación de leyes especiales para Cuba y Puerto Rico en función de sus características y necesidades particulares, sin explicar en qué consistirían estas leyes ni cuándo se concederían. Para su estudio y elaboración se creó en Madrid la Junta Consultiva de Ultramar - suprimida en 1840 por la Junta Revisora de las Leyes de Indias - y la Comisión Regia de Ultramar, ambas en 1838, con el fin de que se trasladaran a las Antillas para examinar el estado de la administración, población, economía, etc., y propusieran el plan más conveniente para ellas. El proyecto inconcluso alejó a los antillanos de las decisiones sobre su destino. A pesar de ello, los cubanos continuaron presentes en el Parlamento a través de los senadores vitalicios de designación real (Manuel O'Reilly y Calvo de la Puerta, 1847; José María Chacón y Calvo de la Puerta, 1849; Pedro José Cárdenas y Chacón, 1851; Claudio Martínez de Pinillos, 1851; Juan Bernardo de Echavarría, 1859; Carlos Drake y del Castillo, 1859; Andrés de Arango y Núñez del Castillo, 1861) (Piqueras, 2005b).

La exclusión de los diputados antillanos de las Cortes significó un nuevo giro de tuerca en la relación colonial. La política liberal y moderada de la Península no se trasladó a ultramar por lo que las expectativas que algunos criollos despositaron en los nuevos tiempos y las promesas cayeron en el olvido. Una vez más el proyecto liberal de Quiñones y Varela, presentado en 1823, tenía que postergarse. Muy al contrario, acudimos al desplazamiento de los criollos de los puestos de influencia en favor de los peninsulares, la persecución, encarcelamiento y destierro de los principales portavoces del reformismo, hechos que para algunos reflejaban, por una parte, la debilidad de la metrópoli como potencia colonial y, por otra, eran consecuencia de la imposibilidad de establecer un marco político en sus colonias que no alterase el statu quo (Saiz Pastor, 1990, 1998: 77-93; Fradera, 1999).

En términos generales el nuevo sistema colonial español diseñado a mediados de la década de 1830 se caracterizó por la militarización, el apoyo a un sector concreto de la élite criolla (los hacendados azucareros esclavistas), la concentración de los poderes en una persona y la centralización. La centralización administrativa conllevó la pérdida de la autonomía de los municipios; la puesta en marcha de una política fiscal que aumentaba las contribuciones extraordinarias de las colonias y gravaba con aranceles las importaciones (recuérdese que la política arancelaria fue el principal mecanismo de extracción de renta colonial); la exclusión de los criollos de los puestos administrativos; una mayor presencia militar tras el paso de las tropas y oficiales españoles de la América continental; la limitada libertad de prensa y la censura contra quienes denunciaban la falta de libertades, que se tradujo en el cierre de algunas publicaciones por editar artículos considerados desleales y sediciosos, como fue el caso de El Ponceño en 1854 en Puerto Rico, el destierro de las voces discordantes como fueron los casos de Nicolás Antonio Díaz o de José Antonio Saco en Cuba o la promulgación de decretos sobre censura de prensa.

En Puerto Rico la lucha contra el poder colonial y las nuevas disposiciones continuaron en la década de 1830. Excluidos sus diputados de las Cortes y alertados ante la revisión de la Real Cédula de Gracias concedida en 1815, en 1838 un grupo liderado por los hermanos Andrés y Juan Vizcarrondo planearon asaltar las dependencias del gobierno en la Fortaleza. Conocida la trama tras la delación de uno de los participantes, los conspiradores fueron apresados, siendo unos desterrados y otros ejecutados, mientras que los hermanos Vizcarrondo lograron huir y refugiarse en Venezuela. Conspiraciones como ésta y levantamientos de esclavos, que en ocasiones eran rumores, pero que reales o no sirvieron de excusa a las autoridades para establecer medidas más férreas sobre la población.

Después de quince años del mandato de Miguel de la Torre, fue nombrado Miguel López Baños, quien se hizo cargo del gobierno en 1837. Su gestión se inició con fuertes medidas de diferente carácter, económicas y sociales, que no fueron bien recibidas por la población. Algunas de las primeras fue el impuesto de cuatro pesos con el que se recargaba a todas las pulperías, el Bando de Policía y Buen Gobierno de enero de 1838 que incluso fue considerado muy restrictivo por la Junta Consultiva de Ultramar, la circular de febrero del mismo año por la que se obligaba a los jornaleros a trabajar de manera gratuita en la construcción y reparación de los caminos y vías públicas, la circular de 1838 por la que se declaraba vago a toda persona que no tuviera oficio o renta, teniendo que trabajar en las obras públicas en el plazo de veinte días no conseguía trabajo, o el impuesto a los extranjeros para extenderles la carta de naturalización que obligatoriamente tenían que llevar.

Cualquier manifestación contraria fue perseguida y castigada. Como en Cuba, el destierro fue una de las prácticas más habituales seguidas por el gobierno contra todos aquellos reformistas que se atrevían a criticar las reglas o el estado en que se encontraban los territorios insulares. Junto al destierro, el alejamiento de los cargos públicos de todos los disconformes con la política colonial o considerados liberales perniciosos fue tónica común en este gobierno. Uno de los "castigados" fue Pedro Rafael de Escalona, secretario del Ayuntamiento de San Juan. La dureza de las órdenes y sus actuaciones motivaron que tras llegar a oídos de la regente, quien conoció la situación a través de los informes de la Comisión Regia (diciembre de 1839-enero de 1840) que había visitado la isla a fin de poder preparar las leyes especiales, dispusiera su sustitución por Santiago Méndez Vigo, conde de Santa Cruz. Los comienzos de su mandato coincidieron con la Regencia del general Espartero quien expresaba su voluntad de atender los problemas de ultramar y cumplir la promesa de otorgarles leyes especiales. La noticia y las palabras del regente llegaron a Puerto Rico a través de la Gaceta de Puerto Rico del 23 de enero de 1841:

Determinado está en la Constitución de la Monarquía que las Provincias de Ultramar deben ser gobernadas por Leyes Especiales y no sólo es tiempo ya de que se les cumpla esa oferta solemne, sino que también es indispensable que estas leyes sean acomodadas a la ilustración de la época y respeten los derechos de sus habitantes que tienen títulos muy sagrados para exigirla (Cruz Monclova, 1970, t.1: 255).

Todo se quedó en palabras y buenos deseos. En Puerto Rico, el nuevo gobernador continuó la política de represión de Miguel López Baños, sancionando cualquier manifestación contraria al poder colonial. Al igual que su predecesor, separó de los cargos públicos a quienes no se mostraban completamente afines al gobierno como fue el caso del apoderado del Ayuntamiento de San Juan en Madrid, cargo que ocupaba desde 1815 Manuel Ledesma, o el de Francisco Tadeo de Rivero, vocal-secretario de la Comisión Superior de Instrucción Pública a quien sancionó por sus ideas liberales.

Pero las restricciones no pararon ahí. Obsesionado con reprimir cualquier intento revolucionario, el 4 de febrero de 1841 dictó una orden por la que se prohibía a todo aquel que no fuera militar usar bigote ni "pera', por si éstos fueran utilizados por los conspiradores como símbolos. Sin duda ésta fue una de las medidas más desorbitadas, pero hubo otras destinadas a controlar directamente a los extranjeros y a la población de color y esclava, sectores siempre sospechosos de instigar en contra del poder colonial. Los Bandos de Policía y Buen Gobierno de 1838 y 1849 fueron uno de los instrumentos que en esos momentos se pusieron en marcha para controlar los movimientos de la población, conocer su domicilio y limitar su movilidad; posteriormente se prohibieron las reuniones de grupos en lugares públicos y el tránsito nocturno después de las doce horas, a la vez que la nueva ley municipal de 1846 reducía a ocho los ayuntamientos, que disminuyeron a tres ayuntamientos en 1850 (San Juan, Ponce y Mayagüez) sobre cuyo poder actuaban los corregidores y alcaldes nombrados directamente por el gobernador (Silvestrini y Luque, 1992).

La represión fue la tónica seguida por los siguientes capitanes generales que no dudaron en hacer uso de sus facultades extraordinarias y de dictar severas medidas contra la población cuando las circunstancias así lo requiriesen. Es increíble ver el paralelismo entre la promulgación de órdenes, circulares y bandos en Puerto Rico con la llegada de noticias sobre sucesos revolucionarios como los que estaban ocurriendo en la vecina Santo Domingo, que en 1844 alcanzaba su independencia, o la abolición de la esclavitud en las colonias británicas y francesas. El miedo y las amenazas ayudaron a ejercer el poder con mano dura, privando de libertad a quienes se atrevían a disentir. Los gobiernos de Rafael de Arístegui (1844-1847), Juan Prim y Prats (1847-1848), Juan de la Pezuela (1848-1851), Enrique de España Taberner (1851-1852), Fernando Norzagaray (1852-1855), Andrés García Camba (1855), José de Lemery (1855-1857), Fernando Cotoner (1857-1860) y sus sucesores, algunos de los cuales apenas cumplieron un año en sus cargos, como Sabino Gamir (1860), Rafael de Echagüe (1860-1862), Rafael Izquierdo (1862), Félix María de Messina (1862-1865) y José María Marches¡ y Oleada (1865-1867) estuvieron marcados por ese sesgo. La destitución de determinados hombres liberales de sus cargos, la censura, el cierre de periódicos y la prohibición de fiestas populares continuaron en los años siguientes. Son numerosas las anécdotas sobre la censura a imprimir y publicar determinadas poesías, fragmentos literarios o relatos que pudieran menoscabar el prestigio de España, su historia y su obra de conquista en América. Cualquier palabra que pusiera en tela de juicio algunos de los valores defendidos, fue motivo suficiente para el cierre de un periódico o para prohibir que viera la luz una obra (Cruz Monclova, 1970, t.1).

A Juan de la Pezuela se debe el Reglamento General de jornaleros (1849) y el Bando de Policía y Buen Gobierno (1849-1869) que tantas repercusiones tuvieron en el ordenamiento de la sociedad civil puertorriqueña. Respecto al Bando de Policía y Buen Gobierno hay que comentar las fuertes restricciones que impuso a la libertad individual. Todo quedaba reglamentado bajo el poder de la autoridad suprema y a ella le competía autorizar hasta las actividades más pequeñas de una comunidad como era celebrar bailes, transportar cargas o bultos dentro de las poblaciones después de las 8 de la tarde, alquilar casas, cambiar de domicilio, reunirse en público después del toque de oraciones y andar por la calle después de las 12 de la noche. Un verdadero estado de excepción que sólo podía mantenerse con firmeza y castigos.

En 1865 la llamada del ministro de Ultramar, Antonio Cánovas del Castillo, a que se enviaran varios comisionados de Puerto Rico y Cuba a Madrid a participar en la junta de Información imprimió un giro diferente en la política colonial. De nuevo, tras largos años de sometimiento, los liberales creían ver una esperanza en conseguir las demandas que habían planteado en el Trienio Liberal. Se avecinaban tiempos de negociaciones, cambios, reformas y guerra. En Cuba, el conflicto entre Miguel Tacón y los criollos ilustres estalló al poco tiempo de llegar a la isla, en 1834. Convencido de que la "casi totalidad de Abogados, la generalidad de los que recibieron grados de Universidad, los que tienen pretensiones de ser literatos, los clérigos y cuantos sin pertenecer a las clases referidas, tienen en la masa de la sangre el deseo de independencia que parece ser connatural con sus personas", escribía en 1837, apoyó sin reservas la trata, protegió los intereses de los comerciantes españoles, alejó de los puestos de la administración a los criollos en un intento de mantenerlos apartados de las esferas de poder, e impuso medidas que garantizaban el orden en la ciudad para lo que creó un cuerpo de serenos, y la prohibición de llevar armas, entre otras.

Su gobierno, despótico con los criollos liberales, amable con los hacendados azucareros a los que en todo momento cuidó, también se caracterizó por las obras públicas que desarrolló, sobre todo en La Habana, ciudad que vio cómo las luces de la ilustración se plasmaban en sus paseos y avenidas, en calles que estrenaban pavimento y alumbrado, o en los nuevos mercados y teatros, a la vez que algunas de sus instituciones brillaban con luz propia. Su mandato coincidió con el despunte en muchos campos de la cultura cubana. Su gestión fue recompensada con los títulos de duque de la Unión de Cuba y marqués de Bayamo (Pérez de la Riva, 1963).

Presionado por la vigilancia de Gran Bretaña para que se cumplieran los tratados firmados entre ambos países para finalizar la trata de esclavos, en 1817 y 1835, y por los hacendados azucareros, Tacón tuvo que navegar entre la legalidad internacional y las exigencias de los hacendados azucareros. Como si se tratara de un rompecabezas, a sabiendas de que la continuidad del dominio colonial dependía de que la colonia mantuviera los niveles de crecimiento económico, que a su vez dependía de la continuación de la esclavitud y del tráfico esclavista, y consciente de que reforzar esta institución era el medio más eficaz para frenar los intentos separatistas de los liberales criollos, defendió enérgicamente el comercio negrero y el aumento de la población esclava (Madden, 1964). Comenzaban nuevos tiempos y surgían voces discordantes al modelo económico y social impuesto por la esclavitud. Los reformistas fueron los abanderados de este movimiento contrario a la trata y al mantenimiento de una institución que alejaba a Cuba del camino de las sociedades más avanzadas. Pero junto a ellos, también queremos mencionar el caso de Francisco de Arango, el que fuera portavoz de la oligarquía habanera de finales del siglo XVIII, el defensor de la esclavitud y de la entrada masiva de africanos - véase el "Primer papel sobre el comercio de negros", del 6 de febrero de 1789 - en el que abogaba por la libertad de importar a Cuba "los brazos precisos" para - remediando el contrabando existente - fomentar "las verdaderas riquezas que ofrece la superficie de su feraz territorio". En 1832 Arango, en el último texto que dedicó a la cuestión de la esclavitud "Representación al Rey sobre la extinción del tráfico de negros y medios de mejorar la suerte de los esclavos coloniales", adoptaba una postura muy diferente, defendía la abolición de la trata y la colonización blanca y abogaba por el mejoramiento de las condiciones de vida de los esclavos en los ingenios. Sin embargo, recomendaba que se aplazase la idea de una manumisión generalizada ya que "es muy peligroso abrir nuevas puertas [y] son imaginarias todas las que se nos recomiendan" (Arango y Parreño 1952, t. 1: 79-84 y t. 2: 529-536; González-Ripoll, 2004: 9-81).

La élite criolla se dividía en función de sus intereses y alianzas con la metrópoli. En su seno nacía el reformismo. Fue éste un movimiento por el que transitaron diferentes intelectuales con una evolución ideológica política que les hizo ir desde el reformismo al autonomismo e independentismo. Varela o Heredia y frente a ellos Domingo del Monte son un claro ejemplo de los distintos caminos por los que transitaron los liberales reformistas cubanos, que a principios de la década de 1860 se aglutinaron alrededor del Círculo Reformista, publicando muchas de sus ideas en torno al modelo de sociedad que querían en el periódico El Siglo, dirigido por Francisco Frías y Jacott.

El reformismo, en cuyas filas encontramos un importante grupo de intelectuales como José Antonio Saco, Gaspar Betancourt Cisneros, Domingo del Monte y Félix Tanco, entre otros, comenzó a definir y defender la peculiaridad de una cultura autóctona criolla que, hundiendo sus raíces en la cultura hispana, se alejaba de cualquier elemento procedente de África a cuyas culturas consideraban "bárbaras" y que en nada podían enriquecer la cultura criolla. Como indica Josef Opatrn~ el reformismo no fue sólo un movimiento centrado en la emancipación de los criollos en la esfera administrativa, "sino una actividad que iba formando entre criollos la conciencia de unidad mutua y de diferencia del mundo hispano" (Opatrn ~, 1986 y 1994: 249-259). Dentro del marco colonial, los reformistas buscaron otras vías de interacción y entendimiento con España en las que Cuba no fuera tratada como una colonia sino como una provincia con sus propias particularidades, que gozase de las libertades económicas que había disfrutado hasta 1837, intentando conciliar los intereses de la colonia con los de la metrópoli. Temerosos de la africanización que estaba viviendo Cuba en los primeros cuarenta años del siglo XIX, tanto de sus gentes como de su cultura, propusieron una alternativa de sociedad en la que el esclavo africano fuera sustituido por el colono blanco, preferentemente español. El fomento de esta población produciría no sólo el blanqueamiento del país sino también el desarrollo de otras ramas de la economía diferentes al azúcar. Para llevar a cabo su modelo social, una sociedad basada en un pequeño campesinado blanco capaz de abastecerse, la colonización blanca, la diversificación agrícola y el fin de la entrada de africanos eran imprescindibles.

La preocupación por esta pérdida de la identidad criolla que se estaba fraguando se la transmite Félix Tanco a Domingo del Monte en una de las cartas que le envía en 1837. De ella se desprende el inevitable mestizaje por el que transitaba Cuba y la penetración de las culturas negras africanas en la cultura isleña:

¿Quién no ve en los movimientos de nuestros mozos y muchachas deseando bailar contradanzas y valses una imitación de los negros en sus cabildos? ¿Quién no sabe que los bajos de los dancistas del país son el eco del tambor de los tangos? Todo es africano, y los inocentes y pobres negros, sin pretenderlo, y sin otra fuerza que la que nace en la relación en que están ellos con nosotros, se vengan de nuestro cruel tratamiento inficionándonos con los usos y maneras inocentes, propias de los salvajes de África (Mesa Rodríguez, 1957, vol. VII: 86 y ss.).

Abogando por las peculiaridades de la cultura criolla, por la necesidad de llevar a cabo reformas administrativas que posibilitaran un marco de libertad mayor a las Antillas, el reformismo se fue alejando de los contenidos de la política colonial y de sus ejecutores, como lo había hecho ya de sus conciudadanos, aquellos hacendados que seguían apostando por la entrada de mano de obra esclava en contubernio con las autoridades. La esclavitud, ausencia de libertades, la censura, la falta de libertad de imprenta y de representación eran el signo evidente, según José Antonio Saco, de la esclavitud política a la que estaba sometida Cuba. En 1837, en Paralelo entre la isla de Cuba y algunas colonias inglesas Saco, a través de una comparación entre la situación de la isla con la de otras colonias inglesas, denunció el sistema colonial español, haciendo hincapié en la forma del gobierno, la participación de los ciudadanos en la vida pública, la libertad de imprenta, la administración de justicia, las comunicaciones, la organización de las milicias, la educación pública, la colonización blanca, la economía o la posibilidad que tenían para influir a través de sus diputados en el gobierno, etc. (Saco, 1837: 3).

El desencuentro entre peninsulares y criollos se hace evidente en la polémica desencadenada entre Ramón de la Sagra, naturalista gallego enviado a La Habana (1824-1835) para hacerse cargo de la dirección del Jardín Botánico y José Antonio Saco, uno de los principales hombres del reformismo. A pesar de la coincidencia de muchas de sus ideas, en especial sobre la manera de fomentar el desarrollo económico insular y el tipo de trabajo más conveniente para ello -ya que ambos coincidían en la crítica a la esclavitud y en la defensa de la inmigración blanca y la utilización del trabajo asalariado en la industria azucarera-, Saco y La Sagra son el paradigma del antagonismo entre la cultura criolla, que ya se manifiesta con voz propia, y la española. Esta vez fueron los versos del poeta José María Heredia (Himno del desterrado, escrito durante su viaje desde Nueva York a México en 1825, país en el que se exilió tras su participación en los Soles y Rayos de Bolívar) los que desen cadenaron la disputa en 1829, los dardos que se lanzaron desde diferentes periódicos estos dos grandes intelectuales, liberales ambos pero de patrias diferentes.

Pero la literatura (unos versos de Heredia, considerado por los criollos el poeta de la cultura y de la identidad de Cuba) sólo había servido para encender la llama de la disputa. La oposición de gran parte de la élite intelectual criolla al gobierno de Tacón, tanto a él como al intendente de Hacienda, Claudio Martínez de Pinillos, conde de Pinillos, aflora en distintos momentos y esferas de la vida política y pública. Unos años después, en 1833, la epidemia de cólera morbo que causó miles de víctimas, sobre todo entre los esclavos, suscitó la polémica entre ambos. Ahora era La Sagra quien tenía que salir en defensa de su amigo el intendente de Hacienda contra las acusaciones de José Antonio Saco. Las polémicas y retos entre ambos hacen que se constituyeran en los representantes de dos sectores opuestos, criollos y peninsulares.

En esta larga cadena de atropellos y enfrentamientos también hay que rescatar la polémica suscitada por el cierre de la Academia Cubana de Literatura, institución creada en 1833 por algunos de los discípulos de Félix Varela como, Domingo del Monte, Joaquín Santos Suárez, José de la Luz, Felipe Poey, etc. El origen de esta academia está en las discrepancias de estos jóvenes con Bernardo O'Gavan, director de la Sociedad Económica, a la que pertenecían todos ellos. La defensa que de ellos hiciera Saco, en justa defensa de la Academia de Literatura, frente a O'Gavan - aliado de los hacendados esclavistas como también lo era Claudio Martínez de Pinillos - desembocó en el exilio de Saco en 1834 por mandato del general Tacón, asesorado por Martínez de Pinillos y O'Gavan. En Madrid formó parte del Club de los Habaneros desde donde prosiguió con su campaña reformista. Hasta ellos, y de nuevo contra Saco, llegaron las iras del general Tacón que acusó a este grupo de formar parte de una conspiración para independizar Cuba bajo el nombre de La Cadena Triangular y Soles de la Libertad (Puig-Samper, 1992; Puig-Samper y Valero, 2000). Saco en el exilio y La Sagra de regreso a España se lamentaban desde posiciones diferentes de la intransigencia y falta de cordura para hacerse entender. Mientras Saco criticaba la falta de mano dura con la que la metrópoli gobernaba Cuba, sin tener en cuenta las diferencias y sensibilidad de los criollos, La Sagra no entendía la hostilidad que sintió desde que llegara a La Habana, sin comprender que detrás de los ataques a sus criterios y actuaciones científicas se hallaban motivaciones políticas.

La otra vía política que surgió en estos años junto al reformismo fue el anexionismo, que cobró fuerza a partir de 1848 (Portell Vilá, 1930-1958; Sevillano, 1986, 10: 212-229; Saiz Pastor, 1986, XLIII: 441-468; Opatrn ~, 1990). Los deseos por parte de Estados Unidos de incorporar Cuba y Puer to Rico y la atracción que esto tenía entre un sector de hacendados eran conocidos por las autoridades españolas que, en todo momento, estuvieron vigilantes ante cualquier noticia sobre las simpatías que estas ideas pudieran ganarse en las Antillas, así como de las reuniones que los hacendados y algunos intelectuales criollos mantenían con políticos y esclavistas del sur de Estados Unidos que, vinculados por intereses económicos, velaban por mantener la esclavitud en sus tierras. Atentos siempre a las denuncias de cualquier complot, en 1835 llegó a oídos de Miguel Tacón el intento anexionista que en Matanzas lideraba Tomás Gener, activo comerciante vinculado por sus negocios a Estados Unidos. Aunque no se llegó a comprobar si el temor era real, sólo la noticia ocasionó su destierro a Norteamérica.

No fue hasta los años cuarenta cuando se materializaron los temores de las autoridades españolas. Las expediciones de Narciso López de 1850 en Cárdenas y de 1851 en El Morillo, cerca de Bahía Honda, provincia de Pinar del Río, terminaron en el apresamiento, condena a prisión, destierro y en ocasiones muerte de sus participantes. En 1855 hubo otro intento de expedición a Cuba dirigida por John A.Quitman, la cual nunca llegó a realizarse porque la Junta Cubana en Nueva York la consideró de interés secundario (Poyo, 1989: 8-9). En ambas expediciones los anexionistas contaron con la permisividad (no el apoyo ya que los estados del Norte temían que la anexión de Cuba fortalecería a los estados esclavistas del Sur) y el apoyo tácito de varios Estados del Sur. La expedición de más impacto fue la de Narciso López en agosto de 1851. La vinculación de éste al sector de hacendados azucareros esclavistas y a los círculos separatistas de cubanos residentes en Estados Unidos hacen que la historiografía le señale como el principal adalid del anexionismo. Exiliado desde 1848, tras conocer su participación en otra conspiración, el primer intento de Narciso López para invadir la isla fue en Cárdenas en la primavera de 1850. El 19 de mayo desembarcó en Cárdenas con 380 los expedicionarios, pero el escaso apoyo popular le hizo desistir de su propósito y regresar. Un año después, el 12 de agosto de 1851 llegaba a las costas de Pinar del Río, cerca de Bahía Honda, donde su tropa (unos 600 hombres) fue reducida por el ejército español. Posteriormente López fue ejecutado al garrote y cincuenta de sus seguidores pasados por las armas (Chaffin, 1996).

En otro intento de invasión en 1854 y 1855 se encontraban implicados varios individuos de fuera y de dentro del territorio insular. En Cuba Ramón Pintó se encontraba al frente de la trama trazada por las Juntas Cubanas de Nueva Orleans y Nueva York y el Club de La Habana; en Estados Unidos el general John A.Quitman, gobernador de Mississippi, aguardaba con sus tropas el levantamiento que tenía que producirse en el interior y contribuir al éxito del alzamiento. Conocidos los planes de Ramón Pintó, los sublevados fueron apresados, a la vez que Quitman suspendía la expedición por orden del presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce. Con la muerte de Pintó a garrote vil el 22 de marzo de 1855, las autoridades españolas derrotaron definitivamente el movimiento anexionista de la élite hacendada y esclavista, iniciado con el Club de la Habana en 1847. Sin embargo los sentimientos anexionistas perdurarían entre algunos sectores de la población cubana incluso después de la Guerra de Independencia. Por ejemplo, en abril de 1869, durante la Guerra de los Diez Años, pocos días después de constituido el gobierno de la República en Armas por la Asamblea de Constituyente de Guáimaro, la Cámara de Representantes de las fuerzas separatistas en Cuba acordó que Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la República en Armas, "trocaría su bandera de Yara y Bayamo por la que el ilustre Narciso López hizo flotar algunas horas en la ciudad de Cárdenas, el 19 de mayo de 1850" (Pírala, 1895, vol. 1: 481). El 29 de abril del mismo mes, la Cámara de Representantes acordó

comunicar al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos que se ha recibido una petición suscrita por un gran número de ciudadanos en que se suplica a la Cámara manifieste a la Gran República los vivos deseos que animan a nuestro pueblo de ver colocada esta isla entre los Estados de la Federación Norteamericana.

Según consta en el acta de la sesión, el presidente Céspedes sancionó este acuerdo incluyendo su firma al pie de la de los representantes (Casasús, 1937, libro tercero). La comunicación nunca se tramitaría formalmente, pero indica claramente que un sector del separatismo seguía defendiendo el anexionismo (Poyo, 1989: 25-31).

Frente a esta corriente política José Antonio Saco levantó la voz. Al igual que su maestro Félix Varela, señaló los motivos por los cuales Cuba no debía aceptar las propuestas de anexión; en su examen cobraban particular fuerza los factores económicos, políticos y culturales. Su oposición a la anexión a Estados Unidos partía de su concepción de la cultura cubana, una cultura en formación y aún frágil que en caso de unirse a Estados Unidos sería asimilada, perdería sus peculiaridades y desembocaría en la desaparición de la nacionalidad cubana. En su trabajo, Ideas sobre la incorporación de Cuba en los Estados Unidos, editado en París en 1848, Saco expuso todas las razones por las cuales la anexión de Cuba a Estados Unidos era inviable a pesar de reconocer que la isla alcanzaría el desarrollo deseado. Las diferencias culturales entre ambos países y la mayoría aplastante de la población norteamericana desembocarían de manera irremediable en la exclusión de los cubanos del gobierno y en la asimilación total de su cultura en la norteamericana:

Contemplado lo que Cuba es bajo el gobierno español, y lo que sería incorporada en los Estados Unidos, parece que todo cubano debería desear ardientemente la anexión; pero este cambio tan halagüeño ofrece al realizarse grandes dificultades y peligros [...], a pesar de que reconozco las ventajas que Cuba alcanzaría formando parte de aquellos Estados, me quedaría en el fondo del corazón un sentimiento secreto por la pérdida de la nacionalidad cubana [...], yo quisiera que, si Cuba se separase, por cualquier evento, del tronco a que pertenece, siempre quedase para los cubanos y no para una raza extranjera, [...] desearía que fuera Cuba cubana y no anglo-americana (Saco, 1848).

La esclavitud logró no sólo articular un sistema económico, configurar una sociedad, producir nuevas formas de cultura y de hombre y mujeres, sino que también fue durante el siglo XIX el factor condicionante de la política colonial, además de ser uno de los elementos que más pesaron en la toma de decisiones por parte de los capitanes generales. El fomento, la diversificación agrícola, la política de colonización e inmigración, los temores a la africanización y las batallas por el blanqueamiento... dependieron de los vaivenes políticos y de los compromisos adquiridos por las autoridades coloniales y las élites insulares. Todos ellos fueron elementos de gran importancia en la configuración de una sociedad móvil y cambiante que deambulaba desde una sociedad de castas a una sociedad plural, desde una sociedad esclavista a una sociedad en la que lentamente fueron apareciendo e incorporándose al proceso productivo mano de obra asalariada; una sociedad marcada por la negritud tanto cultural como demográficamente, con una pirámide poblacional en la que la población de color fue superior durante muchos años a la población blanca, una sociedad que, ya en la década de los sesenta, comienza a despertar y a reclamar sus derechos a partir de organizaciones civiles y de trabajadores.

La esclavitud invadió todos los ámbitos de discusión en los que se tomaban decisiones relativas al futuro político de las Antillas ya que no era sólo un tema de índole económica, sino también étnico, social, político y cultural. El problema del abastecimiento de mano de obra en ambas islas fue muy diferente. Si bien necesitaron esclavos para poner en marcha sus economías, no fue en la misma medida. Puerto Rico contaba con una elevada densidad demográfica, una población principalmente rural que se extendió desde el último tercio del siglo XVIII por todo el territorio, que contrasta con la lenta ocupación de las tierras en Cuba, su reducida población blanca y la introducción masiva de mano de obra africana que transformó en pocos años la pirámide poblacional. Por otra parte, en Puerto Rico, aunque durante los primeros cuarenta años del siglo XIX la principal fuerza de trabajo la constituían los esclavos, a diferencia de Cuba, existía una población campesina que aunque residía en las haciendas no tenía deberes ni estaba sujeta a un salario. Si bien los agregados, nombre con el que se conocía a este campesinado, representaban una fuerza de trabajo que bien podía suplir a la esclava, en la realidad no eran una mano de obra regular hasta que las autoridades acudieron a las leyes para hacerlos "productivos".

En Puerto Rico los años cuarenta estuvieron marcados por la promulgación de bandos y la puesta en marcha de diferentes medidas encaminadas a controlar a la población. Motivos económicos y de orden político estuvieron detrás de tales medidas que se dirigieron especialmente a los vagabundos y a los desocupados. Con el fin de asentar a los desocupados en un lugar determinado y hacerlos productivos, se establecieron las juntas de Vagos, se redactó el Bando de Policía y Buen Gobierno (1831) y se crearon en 1838 los registros de jornaleros bajo el mandato López de Baños. Siguieron otras disposiciones como las del gobernador Juan de la Pezuela, quien en 1849 emitió un reglamento para jornaleros que dio lugar al conocido Régimen de la Libreta (que perduró hasta 1873), decretando en 1856 el Reglamento General de jornaleros.

En este nuevo reglamento, jornalero era todo campesino mayor de 15 años que cultivaba la tierra, propia o ajena, y cuya producción era tan reducida que no cubría sus necesidades. El jornalero estaba obligado a trabajar durante un año en las haciendas, así como a llevar la libreta en la que se anotaban todos los trabajos que realizaba, especificándose diversos datos referentes al trabajo: horario, tiempo, salario, localidad, observaciones del patrono sobre la conducta, etc. La libreta era el documento de identidad del jornalero, que le permitía seguir trabajando, ya que no podía ser contratado si no la presentaba al nuevo patrón y éste comprobaba que todos los datos estaban en regla. Considerados un lastre para el desarrollo del país, considerados como "polillas", aquellos jornaleros que no encontraban trabajo en las haciendas eran contratados para realizar las obras públicas e incluso podían ser enviados a prisión (González Mendoza, 1998: 225-250).

De esta manera se trató de terminar con el sistema familiar y afincado en Puerto Rico en el que las haciendas acogían a agregados que sin ningún deber ni derecho realizaban tareas esporádicas para poder sobrevivir. La implantación del régimen de la libreta dio los resultados deseados al conseguir que se sustituyera la mano de obra esclava por asalariada. El incremento del número de asalariados corrió paralelo a la disminución de los esclavos en Puerto Rico en donde el ceso del comercio negrero no pudo ser suplido por el crecimiento vegetativo de la población esclava residente. En Cuba el problema de la mano de obra era bien diferente ya que la industria azucarera, principal motor de crecimiento económico, se abastecía fundamentalmente de mano de obra esclava. La distinta proporción de los grupos de población en las dos Antillas nos acerca a los problemas que tuvieron sus élites para conseguir mano de obra y las diferentes soluciones que a éstos se dieron.

La incidencia de los esclavos en la población de Puerto Rico y Cuba fue muy diferente. En Puerto Rico el porcentaje de la población esclava nunca alcanzó la importancia que en Cuba. De representar el 11,2% y el 10,8% (en 1765 y 1776), pasó a ser el 8,2% y 9,6% del total de la población entre 1802 y 1820, para subir en el período comprendido entre 1827 y 1846, época en la que registran los porcentajes más elevados de esclavos respecto a la población total. Así, en 1834 y 1846 éstos representaron prácticamente el 12% de la población. En los años siguientes el porcentaje de los esclavos fue disminuyendo. El aumento del precio de los bozales se combinó con la bajada de precios del azúcar y las malas cosechas por lo que los hacendados tuvieron que recurrir a otra mano de obra, fundamentalmente asalariados, sobre todo campesinos puertorriqueños desocupados, los llamados agregados, e inmigrantes. La población esclava pasó de representar el 9,5% de la población en 1854 a ser el 7,2% en 1860 y el 4,2% del total de los habitantes en 1873. El cierre de la trata de esclavos inició el camino del fin de la esclavitud. Por otra parte, el abolicionismo contó con más seguidores en Puerto Rico que en Cuba debido a la mayor densidad de población de Puerto Rico y al estancamiento que a partir de la década de 1840 tuvieron algunos de sus productos, fundamentalmente el azúcar (Schmidt-Nowara, 1999).

En Cuba desde finales del siglo XVIII la población de color (libre y esclava) aventajó a la población blanca. Dentro de la población de color, los porcentajes más altos corresponden a los esclavos, grupo que incluso llega a ser superior al de los blancos en 1841 (Lavallé, Naranjo y Santamaría, 2002). La continua introducción de esclavos en la isla violando los acuerdos sobre el tráfico negrero con Gran Bretaña dio como resultado el incremento continuo de este grupo de población sobre el que descansaba el crecimiento de la economía. En Cuba la proporción de esclavos se incrementó de manera continua hasta la década de 1840. Pasaron de constituir el 30,8% de la población en 1792, a ser el 35,7% en 1817, el 40,7% en 1827, hasta representar el 43,3% en 1841, para descender al 36% en 1846, el 26,6 en 1862 y el 13,8 en 1877.

Hasta la década de 1840 en Cuba nadie había puesto en duda que la producción de azúcar necesitaba y dependía de la introducción de mano de obra esclava. Uno de los primeros en cuestionarse este binomio, azúcar-esclavitud, fue José Antonio Saco en el folleto publicado en su exilio bajo el título "La supresión del tráfico de esclavos africanos en la isla de Cuba, examinada en relación a su agricultura y seguridad" (París, 1845).

Portavoz del movimiento reformista, originado en la década de 1830 e integrado por individuos con diferentes intereses y objetivos, Saco trató de establecer y definir las bases culturales y étnicas de la identidad cubana, a partir de elementos políticos pero también demográficos, económicos y culturales.

Tiempo de rebeliones de esclavos y abolición, las autoridades coloniales y las élites insulares pusieron todos los medios a su alcance para controlar y doblegar a la población de color. En este marco, en el que se produjeron diversos levantamientos de esclavos en distintos puntos del Caribe, así como por la abolición de la esclavitud en las Antillas británicas, en 1834, y, años después, en 1848, en las Antillas francesas, en Guadalupe y Martinica, las autoridades se esforzaron por reprimir y castigar cualquier movimiento de la población de color y sobre todo de la esclava. Evitar el ejemplo haitiano que ya se había extendido a otras islas fue el principal objetivo. Para ello no se reparó en castigos y en promulgar bandos y nuevos códigos negreros, siendo los encausados perseguidos y condenados a presidio o pena de muerte.

En 1826 Miguel de la Torre proclamó el Reglamento de Esclavos en el que se establecían los deberes de amos y esclavos. Según este Reglamento los amos eran responsables de asegurar unas mínimas condiciones de vida a los esclavos como alimentación, vestimenta, salud, vivienda o instrucción religiosa, además de tener que velar por la moralidad de las costumbres y cuidar que en caso de que un esclavo casado fuera vendido a otro amo, éste tenía que comprar a toda la familia. Así mismo, se establecieron los castigos corporales que según las infracciones podían darse a los esclavos y los derechos del amo y del esclavo a presentar sus demandas ante la ley; se fijó la jornada laboral (9 horas en tiempo ordinario y 134 horas en época de zafra - recolección de la caña de azúcar-); se reguló el trabajo de ancianos, niños y mujeres embarazadas, y se limitó la movilidad de los esclavos y el acceso a distintos utensilios, no permitiendo que salieran fuera de la hacienda, o que salieran de sus cuartos durante la noche.

El reglamento estableció también el medio por el cual el esclavo podía comprar su libertad, es decir, el sistema de coartación. El dinero necesario para su compra lo podía conseguir mediante el cultivo de frutos, siembras, realizando manufacturas que luego vendía, o trabajando en otras actividades en las horas libres o en los días de descanso. Por otra parte, otra fórmula de adquirir la libertad fue a través de la voluntad del amo. Una vez muerto, el testamento podía contener una cláusula por la que se le concedía la libertad a un esclavo determinado. En otros casos, también era posible obtenerla cuando el esclavo era trasladado a países en los que no existía la esclavitud.

Hasta la creación de la Audiencia en Puerto Rico, los esclavos fueron juzgados por tribunales militares. En 1827 una circular del 28 de mayo establecía la manera de actuar cuando los esclavos estuvieran implicados en una conspiración. Los comandantes militares debían hacerlo sin consideración, con rapidez y severidad. La frecuencia de levantamientos a comienzos de 1840 produjo que de nuevo los esclavos fueran juzgados por tribunales militares en un consejo de guerra o una comisión militar creada para ello (Navarro, 1999). Una de las conspiraciones más populares de estos años fue la de Ponce.

A finales de 1841 en Puerto Rico corrió la noticia de que un grupo de esclavos en Ponce estaba preparando una revuelta ayudados por los sectores abolicionistas de la isla y del exterior. Enteradas las autoridades, enviaron refuerzos militares a la ciudad y apresaron a los cabecillas que fueron encerrados y posteriormente ejecutados. El castigo sirvió como ejemplo una vez más entre los demás esclavos que rápidamente abandonaron sus planes. Como consecuencia de este hecho y de otros levantamientos que también fueron sofocados, se incrementó el control y los castigos a los esclavos que ahora no sólo contaban con la ayuda exterior sino también con el apoyo de un sector de los criollos partidarios de la abolición. Abolición, reformismo e independencia pasaron a ser un frente unido que tuvo que combatir el gobierno, siendo también uno de los elementos que hay que tener en cuenta en el estudio de la decadencia de la esclavitud en Puerto Rico.

La llegada al puerto de San Juan el 31 de mayo de 1848 de unos cincuenta individuos que huían de Martinica tras ser abolida la esclavitud causó el pánico entre aquellos que vivían en un continuo clima de terror. Y de nuevo el miedo motivó que se promulgasen uno de los bandos más feroces dictados en Puerto Rico contra la población de color, nos referimos al Bando contra la raza africana de 1848 del capitán general Juan Prim, que otorgaba plenos poderes a los amos sobre los esclavos, incluso hasta quitarles la vida. Cualquier agresión que realizara un negro esclavo a un blanco con algún arma era sancionada con la muerte, mientras que si la agresión se limitaba a una amenaza con palabras, se le castigaba con cincuenta años de prisión; si los que participaban en la pelea eran todos de color, los castigos disminuían y se reducían a latigazos y trabajos corporales. El bando contenía todas las penas que iban de menor a mayor si el agresor era además de negro, esclavo, o bien si el agredido era blanco. Su sucesor, Juan de la Pezuela lo revocó al hacerse cargo del gobierno.

En Cuba, fue la zona oriental la que se destacó por el cimarronaje. Los reglamentos de cimarrones de 1814 y 1832 fueron dictados especialmente para esta parte del país. Los sucesivos levantamientos de esclavos, el cimarronaje y las noticias alarmantes de rebeliones lejanas lideradas por la población de color provocaron la promulgación del Reglamento para los Esclavos de 1842 por el capitán general Jerónimo Valdés, que estaba incluido en un bando más general, el Bando de Gobierno y Policía, el cual procedía del Reglamento para esclavos de 1826 dado en Puerto Rico.

Parte de su contenido recogía algunas medidas que ya habían sido ideadas en 1820 y 1830 y cuyo fin no era otro que el controlar día y noche a los esclavos. Con el fin de limitar la movilidad de los esclavos incluso dentro de las plantaciones, se puso en marcha el llamado "sistema de barracones" por el que se edificaron barracones en los que permanecerían los esclavos bajo llave una vez terminada la jornada laboral (artículo 25 del Reglamento de 1842). De esta manera, se evitaría que los esclavos se aprovechasen

de las horas del natural descanso y en ellas hacen sus salidas; se comunican con unas y otras dotaciones, eligiendo por punto de reunión la finca en que sus operarios son menos vigilantes, y de estas juntas y conversaciones nacen los desórdenes, robos y cuanto pueda temerse (ANC, Gobierno Superior Civil, leg. 942, n.° 33246).

Sin embargo, la nueva orden no fue bien recibida y chocó con la resistencia de algunos hacendados que veían más inconvenientes que beneficios para el sistema esclavista en la edificación de barracones y el encierro de los esclavos. Según nos consta el levantamiento de barracones fue muy lento y estuvo rodeado de críticas. Una de ellas es la de José Montalvo y Castillo, hacendado del occidente cubano, quien en su carta al capitán general el 15 de agosto de 1843 le decía:

[. ..1 tanto mal trae el excesivo freno en la esclavitud como la tolerancia. Un hombre forzado al trabajo diurno y encerrado de noche no puede vivir contento. Es preciso suavizar las cadenas de la esclavitud. [...1 El único desahogo de la clase africana es su choza, familia y amable libertad e independencia en los principios de la noche. Sus animales, conucos, sus quehaceres son el alma de su existencia. Su índole indica el modo de gobernarla y jamás el yugo de la esclavitud carga contra aquel que goza de cierta libertad. Las barreras de opresión y desesperación deben ser destruidas y nunca un punto de reunión, a mi triste entender, sería bueno para concertar conciliábulos de gente descontenta. Antes al contrario, es bueno desunirlos para mejor gobernarlos (ANC, Miscelánea de Expedientes, 3585/ Cu).

Ordenanzas, vigilancia, asociaciones clandestinas, levantamientos y castigos fueron el preludio de la Conspiración de la Escalera, ocurrida en 1844 y que dejó tras de sí un elevado número de víctimas. El apresamiento en los registros de algunas personas con un historial subversivo fue por sí solo prueba de que tras la Escalera se encontraban motivos políticos. A pesar de las reglas, bandos de buen gobierno, reglamentos sobre la conducta de los esclavos, a finales de la década de 1830 las medidas para frenar los levantamien tos y las alianzas entre la población libre de color y la esclava parecían insuficientes. A ello se sumaba que, a pesar de la represión y de una política divisionista, nunca pudo establecerse un régimen en el que las castas estuvieran totalmente separadas y no existiesen relaciones entre ellas, sin que tampoco se lograra el aislamiento total de las dotaciones rurales en cada plantación (García, 2002: 233-320).

Los levantamientos surgidos a lo largo y ancho del territorio en los años anteriores a 1844, sobre todo desde 1837, demostraban a las autoridades la confabulación entre la población de color libre y la esclava. Los arrestos, castigos y fusilamientos sólo sirvieron para esclarecer los hechos y conocer a otros culpables. La trama de las conspiraciones cada vez se extendía más y culpables e inocentes eran acusados y apresados. Estos hechos, el temor y las delaciones están detrás de la supresión por O'Donnell del Reglamento de Esclavos de 1842 quedando a la voluntad de los amos el trato, los castigos y la alimentación que debían dárseles, así como los juicios, destierros, castigos y muertes que sufrieron alrededor de 3.000 individuos por los acontecimientos conocidos como Conspiración de la Escalera, en la que estaban implicados varios esclavos y habitantes de la provincia de Matanzas. Una conspiración que a juicio de algunos historiadores sólo fue eso, una conspiración y que desencadenó toda la represión de un Estado que mediante ella trató de frenar las aspiraciones de la población de color, esclava y libre, y que desde hacía años se manifestaba en distintos lugares. Para otros historiadores, sí existieron diferentes focos de levantamiento en ese año en distintos puntos del occidente, que demuestran la existencia de varias redes conspirativas de esclavos y hombres libres de color trabajando, unas veces conectadas y otras sin conexiones entre ellas (Paquette, 1988; García, 2002: 233-320).

Leído el informe que el capitán general Leopoldo O'Donnell envió a la metrópoli sobre la Conspiración de la Escalera, el secretario de Ultramar del Consejo Real aconsejaba que se redujese por todos los medios el número de hombres y mujeres de color, siempre teniendo en cuenta no causar perjuicio alguno a otros intereses, y sugería al capitán general que tomara las medidas oportunas en función de las facultades que tenía, que hiciera salir de Cuba a todo libre de color que fuera perjudicial para

el reposo de la tierra; que se recomiende a los tribunales que, en cuanto lo permitan las leyes, prefieran en sus sentencias contra los libres de color procesados por delitos comunes, la expulsión del país; que así mismo se les recomiende que en los procesos de esta gente, no la sentencie a los presidios del país, sino a los de África en todos los casos en que la pena sea superior a cuatro años (Marrero, 1986, t. 13: 162).

En la década de 1840 la política seguida por los nuevos capitanes generales en Cuba tuvo otras características. La ruptura con las élites protagonizada por el gobierno de Miguel Tacón dio paso en los años siguientes a una estabilización de las relaciones y a la puesta en marcha de un nuevo modelo colonial que respondiera a las necesidades de la metrópoli y de las colonias tras la expulsión de los diputados de Cortes. El control de los capitanes generales se hizo mayor y sobre todo más efectivo, situándose por encima de los conflictos de las sociedades isleñas, "con una voluntad decidida de imponer la figura de los capitanes generales en el centro de la vida política colonial' (Fradera, 1999: 264). Este autor cifra este cambio y robustecimiento del poder de los capitanes generales en la autonomía que tuvieron por primera vez ante la esclavitud como consecuencia de los acuerdos firmados con Gran Bretaña.

Durante los mandatos de Jerónimo Valdés (1840-1843) Leopoldo O'Donnell (1843-1848), Federico Roncali, conde de Alcoy (1848-1850), José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Habana, (1850-1852; 1854-1859), Juan M.González de la Pezuela (1853-1854) y Francisco Serrano y Domínguez (1859-1862), el sector más proclive a la metrópoli adquirió más fuerza en los círculos políticos, a la vez que desde España se perseguía robustecer los vínculos coloniales a cualquier precio. Las actividades de los anexionistas, la propaganda de los reformistas e independentistas, las conspiraciones de la población de color y de los esclavos, las presiones de los abolicionistas, la división explícita de la sociedad entre un sector leal a la metrópoli integrado por peninsulares y criollos y otro sector criollo partidario de la independencia, la segmentación racial y el peso cada vez mayor de la población de color, que a la larga podía definir la vinculación con la metrópoli... fueron elementos que confluyeron en la toma de decisión de nuevas medidas para fortalecer el sistema colonial español. Esta política llegó a su culminación durante el segundo mandato (1854-1859) del general José Gutiérrez de la Concha quien procedió al fortalecimiento del compromiso colonial a través de la reestructuración del Ejército y la Hacienda. Dentro de su política, los peninsulares, comerciantes y negreros se vieron favorecidos mediante la concesión de contratas (Cayuela, 1993).

Entre los cambios hay que mencionar la reorganización del régimen municipal en Cuba en 1859. La elección de regidores se hizo entre los contribuyentes de mayores ingresos, siendo éstos los que proponían los alcaldes al capitán general. Así mismo, los ayuntamientos eran presididos por el capitán general o el teniente gobernador de la jurisdicción. Dos años después, en 1861 se creó el Consejo de Administración de la isla de Cuba, integrado por consejeros de designación real y miembros natos que asumió las competencias que hasta ese momento tenía la Audiencia de La Habana en cuanto al asesoramiento y jurisdicción contencioso-administrativa en primera instancia. El gobernador dejó de ser el presidente de la Audiencia y en su lugar se la dotó de regentes propios. Por otra parte, la creación en 1863 del Ministerio de Ultramar supuso un mayor control sobre diversos aspectos como la elección de los funcionarios, la gestión de la intendencia y de los presupuestos (Piqueras, 2005b).

La política seguida por estos capitanes generales fue conseguir el equilibrio de razas como elemento que ayudaba a mantener el poder colonial, a la vez que pusieron en marcha medidas para terminar con el comercio de esclavos, en función de los acuerdos firmados con Gran Bretaña, y buscaron en otros mercados mano de obra barata que sustituyera a los africanos. En el informe que O'Donnell envió a la metrópoli en 1846 exponía la necesidad de mantener el equilibrio racial - en una proporción de seis negros por cada cuatro blancos-. Para conseguirlo proponía tres medidas: la reproducción natural de los esclavos, realizar expediciones a África y trasladar a los esclavos domésticos a las zonas rurales.

A pesar de la nueva política de equilibrio de razas, la vigilancia británica sobre los navíos que transportaban esclavos, los acuerdos firmados entre España y Gran Bretaña, así como los controles de la Comisión Mixta para que se cumpliesen estos acuerdos, hay que señalar que las pautas seguidas para finalizar la trata no siempre fueron lo eficaces que debieron ser, no tanto por ineptitud de las mismas o de las autoridades como por el contubernio de éstas con los azucareros y comerciantes negreros. Los desembarcos clandestinos siguieron proveyendo de mano de obra esclava a aquellos hacendados que podían pagar los precios de los bozales. Por ello, durante estos años, los africanos continuaron siendo la mano de obra principal en los ingenios. Lógicamente, en el debate suscitado en contra de la trata volvió a plantearse el incremento de la colonización blanca que, criticado por algunos y defendido a ultranza por otros, fue manejado por las autoridades coloniales en función de sus intereses. La colonización blanca, al igual que la esclavitud y el miedo al negro, fueron instrumentos de la política colonial española. Así, a una ley que condenaba el comercio de esclavos, sucedían otras disposiciones por las que se fomentaba la entrada de colonos blancos como medio para clamar los ánimos de los hacendados.

Dos meses después de la promulgación de la Ley Penal o Ley del Tráfico Negrero (27 de febrero de 1845), el 17 de abril de 1845 O'Donnell comunicaba a los integrantes de la Comisión Permanente de Población las disposiciones que el gobierno había enviado a todos los agentes diplomáticos en el extranjero para que facilitaran el traslado a Cuba de todos aquellos españoles que "deseen contribuir con su trabajo al sistema de la colonización blanca, que se trata de fomentar" (ANC, Real Consulado y Junta de Fomento, leg. 186, n.° 8371).

La carta enviada por Roncal¡ al ministro de Estado español desde La Habana el 9 de septiembre de 1849, refleja el juego de intereses entre los que las autoridades tuvieron que navegar. La influencia que la élite azucarera propeninsular había ido adquiriendo dentro y fuera de la isla llegó a marcar el fin de algunos gobiernos de capitanes generales, como el de Pezuela distinguido por la persecución de la trata y la disposición de medidas encaminadas a mejorar la vida de los esclavos y la vuelta al poder de otros, como La Concha. Por ello, asegurarse el apoyo de la élite azucarera conllevaba el proveerla de mano de obra barata en unos momentos en los que había que tener en cuenta no sólo las presiones del abolicionismo inglés y los tratados con ellos firmados, sino también el encarecimiento de los esclavos, pero también se debía auspiciar la colonización blanca, aunque fuese en mínimos, como medio de alcanzar el equilibrio racial.

Los obstáculos que las autoridades veían en el fomento de la colonización, que no se planteó en términos económicos como sustitutivo de la mano de obra esclava, eran sobre todo de orden político. Por ello, Roncali recomendaba prudencia en las reformas ya que cualquier transformación en el orden político

[...1 en el estado actual de la isla para que el aumento de población blanca sea verdaderamente útil, bajo todos los conceptos, sería preciso que la de color esclava creciese también para mantenerse en la proporción que existen ambas; toda diferencia a beneficio de la primera tiende a debilitar los lazos de unión con la metrópoli (ANC, Asuntos Políticos, leg. 43, n.° 37).

En esta búsqueda de nuevos brazos para la agricultura no importaron las nacionalidades de los trabajadores ni su adaptación a los climas tropicales: asiáticos, indios yucatecos - ambos comenzaron a introducirse a partir de 1847-, europeos..., todos eran válidos según los momentos y la necesidad. Por el contrario, a pesar de los informes de algunas autoridades que sobre el papel protegían la entrada de colonos españoles, en la década de 1840 estos colonos fueron vistos como potenciales revolucionarios contra la presencia de España en Cuba, no tanto por ellos como por la segunda generación. En su opinión, sus hijos criollos se aliarían con los sectores que reclamaban una mayor autonomía e incluso la independencia. La consideración de éstos varió sustancialmente a partir del inicio de las guerras de independencia en 1868. Es entonces cuando se subraya la conveniencia de estimular su entrada en función del beneficio moral y político que reportarían a España, al ser ya considerados como elementos que ayudarían a reforzar y mantener la cultura y el poder en la Antilla (Naranjo, 1992, 195-196: 749-794 y 1996, 2: 71-92).

7.2. Santo Domingo: dominación haitiana y lucha por la independencia

El 1 de diciembre de 1821 José Núñez de Cáceres proclama la independencia respecto a España de la parte este de Santo Domingo. Bajo el nombre de "Estado Independiente del Haití español" se iniciaba la primera independencia de este territorio como Estado confederado de la Gran Colombia:

Así lo reconocemos y tocamos por nuestra propia experiencia, y conducidos por ello declaramos y solemnemente publicamos, que la parte española de la Isla de Haití, queda desde este día constituida en un estado libre e independiente: que el buen pueblo dominicano ni ahora, ni adelante, ni nunca se someterá a las leyes y gobiernos de España... ¡viva la Patria, viva la Independencia, viva la Unión de Colombia...! (Moya Pons, 1997).

El presidente haitiano, Jean-Pierre Boyer, trató de convencer a Núñez de Cáceres de la imposibilidad de mantener dos gobiernos separados e independientes en la isla, a la vez que le comunicaba que se dirigía hacia el este con un ejército de 12.000 hombres y no se detendría ante ningún obstáculo.

Con escasos hombres y recursos, y sin recibir apoyo de Bolívar, Núñez de Cáceres no pudo luchar contra las tropas haitianas, ni contra las promesas de Boyer sobre el reparto de tierras y la liberación de los esclavos. La independencia, que fue conocida como la independencia efímera, apenas alcanzó dos meses de vida, ya que el 9 de febrero de 1822 las tropas haitianas al mando de Boyer llegaban a la capital. En Santo Domingo el presidente haitiano fue recibido en el Ayuntamiento por las autoridades civiles y eclesiásticas que le entregaron las llaves de la ciudad, para después dirigirse a la catedral donde se cantó un Te Deum. Entre 1822 y 1844 Santo Domingo fue de nuevo ocupado y gobernado por los haitianos. La invasión causó la emigración de varias familias dominicanas que decidieron abandonar sus casas ante los rumores e imágenes que de los haitianos se habían creado y difundido tras la Revolución de 1794. A grandes rasgos, el período de dominación haitiana se caracterizó por el fin del Antiguo Régimen, la abolición de la esclavitud, el reparto de tierras y la instauración de un gobierno republicano basado en los principios de la Constitución de 1816. El mando de Boyer impuso, así mismo, una presidencia vitalicia. Durante los veintidós años de gobierno haitiano se estableció el servicio militar obligatorio, se prohibió el uso del español en los documentos oficiales (prohibición que sólo duró seis años) y se intentó implantar el francés en la enseñanza primaria.

Para llevar a cabo su proyecto social, es decir, crear un pequeño campesinado cultivador de productos de exportación como cacao, azúcar, coco, etc., Boyer cambió el sistema de tenencia - basado en tierras comunales - e inició en 1824 la desamortización de las tierras eclesiásticas. En mayo de 1826 Boyer promulgó el Código Rural por el que se trataba de fomentar el trabajo agrícola, arraigar al campesino a la tierra y obligar a que la cultivase. Esta medida no fue muy bien aceptada ya que los dominicanos no estaban acostumbrados a la imposición de ciertas reglas que les sujetara a un trabajo y lugar determinado. El código preveía que

nadie que no fuera funcionario del Gobierno o tuviera una profesión reconocida podía dejar de trabajar la tierra ni abandonar el predio en donde vivía, sin previa autorización del juez de Paz local o del jefe militar del lugar. Los hijos de los trabajadores agrícolas no podrían ir a la escuela abandonando las parcelas de sus padres, sin permiso de estas autoridades, y ningún trabajador podía dejar el campo para dedicarse al comercio bajo ninguna circunstancia. Mucho menos, ordenaba el Código, podía un trabajador construir su vivienda e irse con su familia fuera de la plantación en que trabajaba asalariado (Moya Pons, 1997: 234-235).

Los rumores de una conspiración en 1827 finalizaron con el apresamiento y la ejecución de sus líderes. Las medidas económicas y comerciales impuestas por Boyer produjeron la movilización de dos sectores de la población contra el dominio haitiano. Por una parte, los hateros (ganaderos), perjudicados por las reformas económicas y sociales impuestas por Boyer y, por otro, los comerciantes. A estos últimos, representantes de una pequeña clase media, se debió el comienzo de la lucha a favor de la independencia tras la creación en 1838 de una asociación secreta llamada la Trinitaria, bajo la dirección de Juan Pablo Duarte, cuyo ideal independentista se resumía en el lema "Dios, Patria y Libertad". El modelo de Constitución elaborado por Duarte refleja el modelo de gobierno propuesto: un Estado nacional independiente como única forma de garantizar libertades patrias o libertades políticas. A la independencia también ayudaron otros grupos de la población, unos proclives a solicitar un protectorado a Francia, representados por Buenaventura Báez y Manuel Joaquín Delmonte, otros más cercanos a la antigua metrópoli española cuyas cabezas visibles eran los sacerdotes Gaspar Hernández y Pedro Pamiés y, en Puerto Plata, el veterano general Andrés López Villanueva, y otro grupo más cercano a Gran Bretaña, a la que estaban dispuestos a solicitar un protectorado.

Tras el derrocamiento en todo el territorio del gobierno de Boyer, los dominicanos, huérfanos por el exilio de Duarte, a las órdenes de Pedro Santana - un ganadero, hatero, de la región de El Seibo - lograron la independencia. Una independencia corta y salpicada de conflictos con sus vecinos y rivales, los haitianos, que en distintas ocasiones intentaron de nuevo la invasión del oriente y la unificación de toda la isla bajo un gobierno haitiano. Condicionados por este hecho y por la debilidad de sus fuerzas militares, desde un principio los líderes dominicanos buscaron la ayuda de potencias extranjeras como España, Francia, Estados Unidos o Gran Bretaña, para que les defendieran de las agresiones de Haití. Santo Domingo volvía a ser escenario de la rivalidad y codicia de las potencias europeas que, en plena competición, se disputaban el control del territorio o de parte de él, como la península de Samaná, proponiendo protectorados a cambio de ricas compensaciones comerciales.

A mediados de julio de 1844 se constituyó una Junta Central Gubernativa bajo la presidencia del conservador Tomás de Bobadilla. Desde sus inicios, la creación del Estado dominicano estuvo marcado por la lucha entre distintos caudillos por conseguir el poder, que evidenciaba la fragilidad del joven Estado, la debilidad de la economía y la ausencia de una clase social fuerte capaz de llevar a cabo el proyecto nacional. Durante treinta y siete años (1844-1861), dos caudillos dominaron la escena política dominicana, Pedro Santana (1844-1856; 1858-1861), representante de un sector de la oligarquía tradicional, los hateros, y Buenaventura Báez (1849-1853; 1856-1858), político liberal, a caballo entre los grupos de comerciantes y profesionales, y el conservadurismo de los sectores más tradicionales. De este período caben destacar dos hechos unidos por un mismo hilo conductor: la revuelta de 1857 y la anexión a España de 1861. Tras ambos, como indicamos, subyace un elemento, la lucha entre los hateros y la pequeña clase media (comerciantes y especuladores) que, además, es el reflejo de la crisis de la sociedad tradicional.

8.1. La cuestión colonial en los gobiernos de la Unión Liberal, la Revolución de 1868 y la Restauración

Transcurridos más de treinta años de la pérdida del Imperio español, los gobiernos de la Unión Liberal (1856-1868) volvieron a intentar tener visibilidad en el exterior lanzándose a una política colonial tan arriesgada como efímera. En esta política expansionista que muchas veces fue acompañante de otras potencias y una fórmula de recobrar el prestigio perdido, se iniciaron algunas campañas exteriores como la expedición franco-española a Cochinchina (1857-1862), la participación en las guerras de Crimea y de África en 1859, la expedición a México, la anexión de Santo Domingo (1861-1864) y la participación en 1863 en la campaña del Pacífico.

Respecto a las posesiones de ultramar los gobiernos de la Unión Liberal de nuevo en la década de 1860 se interesaron por la cuestión colonial. En un intento manifiesto de acercarse a los criollos, desde Madrid se solicitó información sobre diferentes aspectos de la economía, hacienda y población de ambas Antillas que continuaban siendo fuente de conflictos y demandas a la administración. La pérdida de Santo Domingo tras un breve período de anexión, y el apoyo desde el partido progresista al abolicionismo que lentamente había ido cobrando fuerza en la metrópoli (las Cortes habían abolido la esclavitud en 1837 sólo para la metrópoli y se había creado la Sociedad Abolicionista Española bajo la dirección del puertorriqueño Julio Vizcarrondo en 1865, que contó con El Abolicionista Español como órgano de expresión desde 1866) influyeron sin duda en la nueva postura que planteaba el diálogo como vía de entendimiento para buscar soluciones que a todos beneficiasen. En 1865 el ministro de Ultramar, Antonio Cánovas del Castillo, llamaba a Madrid a los comisionados de las Antillas para que informaran al gobierno sobre la situación de las islas. Se trataba de conocer la opinión de los representantes de las Antillas sobre una gran variedad de temas, a fin de evaluar las peticiones de reforma demandadas desde ultramar. En la junta se debatieron los problemas principales haciéndose especial hincapié en la cuestión social, que lógicamente estaba muy unida a la económica y administrativa.

Convocada la junta de Información, los comisionados comenzaron su trabajo en noviembre de 1866 y lo concluyeron en abril de 1867. De los 44 comisionados presentes en la junta, 22 eran antillanos que habían sido elegidos a través de unas elecciones en las que sólo pudieron participar los funcionarios de los ayuntamientos y los contribuyentes de mayores medios, y los otros 22 comisionados habían sido designados por la Corona (Marrero, 1992, T. 15: 230-239; Junta Informativa de Ultramar, 1867). La Junta fue escenario de debate de las posturas a veces enfrentadas de reformistas antillanos y de los comisionados elegidos directamente por el gobierno entre ellos Vicente Vázquez Queipo, Ignacio González Olivares, Ramón de Montalvo y Calvo, Pedro de Sotolongo, José Ignacio Echeverría, Ramón de la Sagra, Manuel de Armas, Joaquín G.Estéfani, E Jiménez, Nicolás Martínez de Valdivieso, jerónimo de Usera, el marqués de Manzanedo y Juan Mumne. Durante las sesiones se trataron diversos aspectos en debates amplios y, a veces, reñidos, sobre todo cuando se trató el referente a la esclavitud. Desarrollo económico, mayor libertad de comercio, fomento de la población, esclavitud, abolición, inmigración y colonización fueron temas entrelazados cuyo tratamiento derivó en largas discusiones que entrañaban otras cuestiones políticas y que remitían, como lo habían hecho a lo largo del siglo, al mantenimiento del poder colonial español en Cuba y Puerto Rico. El otro tema de debate fue la concesión para los habitantes de las colonias de los mismos derechos individuales que gozaban los habitantes de la Península: libertad de imprenta, derecho a ocupar empleos públicos y cargos administrativos, etc.

Por parte de Puerto Rico asistieron seis. Los elegidos en la isla fueron José Julián Acosta, Manuel de Jesús Zeno Correa, Francisco Mariano Quiñones, Manuel Linares Valdés, Luis Antonio Becerra Delgado y Segundo Ruiz Belvis. De éstos, ante la junta sólo actuaron Acosta, Ruiz Belvis, Zeno Correa y Quiñones. Sus intervenciones giraron en torno a la abolición de la esclavitud, la manera de llevarla a cabo para no causar perjuicio a los hacendados (de manera inmediata o gradual), indemnización a los hacendados tras la abolición y, en general, el régimen de trabajo que debía implantarse. La elección de estos representantes permitió articular el primer partido reformista puertorriqueño cuyos puntos centrales eran igualdad de derechos con los peninsulares, abolición de la esclavitud, reforma arancelaria y librecam bismo; ampliación de la vida municipal y de las facultades de la diputación Provincial; organización de los tribunales a partir de la autoridad del Tribunal Supremo; promulgación en ultramar de los códigos penal y procesal y suspensión de las facultades omnímodas de los capitanes generales.

El proyecto de abolición de Segundo Ruiz Belvis de 1867 fue el defendido por estos comisionados. La propuesta era rotunda; sus palabras expresan con contundencia los ideales que pronto llegaron a conquistar para Puerto Rico: "Queremos y pedimos en nombre de la honra y del porvenir de nuestro país la abolición inmediata, radical y definitiva de la esclavitud". Los delegados elegidos en Cuba por las provincias fueron los siguientes: La Habana: Manuel de Armas, Antonio de San Martín; Matanzas: José Miguel de Angulo y Heredia (José Luis Alfonso renunció); Cuba (Oriente): José Antonio Saco; Pinar del Río: Manuel Ortega; Colon: José Antonio Echeverría; Puerto Príncipe: Calixto Bernal; Cienfuegos: Tomás Ferry; Villaclara: Francisco Frías y Jacott, conde de Pozos Dulces; Holguín: Juan Mumne; Sagua: Conde de Vallellano; Cárdenas: Antonio Fernández Bramosio (elegido también en Villaclara, optó por Cárdenas); Remedios: José Morales Lemus; Güines: Nicolás Azcárate; Sancti Spíritus: Agustín Camejo; y Guanajay: Antonio Rodríguez Ojea.

Las propuestas sobre inmigración blanca y el trabajo asalariado, la condena de la esclavitud y la defensa de la abolición de estos comisionados chocaron contra los intereses de la potente oligarquía azucarera, sobre todo en Cuba, que continuaba basando su riqueza y la producción de azúcar en el trabajo esclavo. En la junta, los reformistas afirmaron rotundamente que la inmigración era no sólo la más conveniente en Cuba y Puerto Rico, sino que también era la única. Una inmigración que contribuyera a conseguir el proyecto social y económico diseñado desde el reformismo, así como a blanquear la población y la cultura:

Estos fecundarán la producción de sus campos, y desterrarán de ellos para siempre el sistema devastador de agricultura que allí se ha entronizado... [la inmigración blanca ayudará a] consolidar la civilización de la raza blanca y la unión de aquellas provincias con la Metrópoli (Junta Informativa, 1867, t. 1: 156).

De la misma opinión era uno de los comisionados en la Junta por el Gobierno, Ramón de la Sagra, según el cual sólo los trabajadores blancos eran capaces de llevar a cabo el proyecto de desarrollo agrícola en Cuba, ya que sólo éstos estaban capacitados para trabajar con las nuevas tecnologías y aplicar los conocimientos y avances científicos a la agricultura. Al igual que Saco y Francisco Frías, la Sagra afirmaba que la presencia de trabajadores asa lariados blancos que supliesen a los negros esclavos ayudaría, además, a mantener el "patriotismo y la nacionalidad". Con ello se adelantaba a las propuestas que, desde Cuba, las autoridades y algunos hacendados comenzaron a realizar a partir de esos años. Como veremos más adelante, tras la Guerra de los Diez Años, 1868-1878, una de las consecuencias fue el cambio que experimentó la política de colonización e inmigración, orientada a importar trabajadores blancos y españoles que contribuyeran, no sólo al fomento económico del país, sino también a la rehispanización y defensa de la isla (Junta informativa, 1867, t. 1: 164-171).

En el caso de Cuba, el grupo reformista además de exponer los argumentos que defendían el trabajo libre y la entrada de asalariados blancos, presentó algunos datos de gran interés ya que indicaban la ocupación sectorial de la población blanca de Cuba en 1862. Según éstos, sabemos que la población blanca estaba ocupando lentamente los campos dedicándose básicamente a la agricultura, en cuyo sector estaban empleados más de la mitad, el 57,3% del total. En cuanto al trabajo en ingenios, la presencia de trabajadores blancos continuaba siendo minoritaria: su porcentaje era de 5,4%. Así mismo se constata la existencia, en 1861, de 200 predios menores - 13 de los cuales estaban situados en oriente, en la jurisdicción de Holguín - cultivados por campesinos blancos y destinados al cultivo de la caña y la fabricación de azúcar. La existencia de cuatro quintas partes de las tierras aún sin roturar evidenciaba la necesidad de continuar el proceso de colonización (Naranjo Orovio y González, 1996).

Las sesiones de la junta de Información se suspendieron en abril de 1867 sin que los comisionados antillanos obtuvieran éxito alguno. A ello contribuyó la inestabilidad de la política española, el cambio del partido liberal (quien había convocado la junta) a un gobierno moderado, el cese de las hostilidades en el exterior y el fin de la Guerra de Secesión que calmaba, al menos por el momento, las pretensiones de Estados Unidos sobre Cuba. El estallido de la insurrección en Cuba y Puerto Rico dio paso a un nuevo escenario en el que las Antillas cobraron una fuerza y una presencia en la política española como nunca las había tenido.

La insurrección de Cuba y la Revolución de 1886 quebraron el sistema colonial que se había implantado en los últimos treinta años. Las reformas en la política colonial volvían a posponerse. Quedaba invalidada la propuesta de reformar el sistema de gobierno de las provincias de ultramar que otorgaba a las Antillas los derechos consignados en la Constitución de 1869 con las modificaciones que se creyera convenientes. El caso de Puerto Rico fue diferente al de Cuba. En septiembre de 1869 se creaba una Comisión de reformas político-administrativas para Puerto Rico cuyo objetivo era estudiar las condiciones económicas y sociales y preparar el camino para la abo lición. La incorporación de once diputados puertorriqueños a las Cortes, elegidos mediante el sistema censitario, abrió el camino para la promulgación de algunas leyes reformistas entre 1872 y 1873. En 1873 se aplicó a Puerto Rico el Título 1 de la Constitución de 1869, aunque se concedía al gobernador la capacidad de poder suspender los derechos y libertades establecidos. En Cuba el inicio de la guerra y la presión de los grupos más intransigentes impidieron la elección de diputados. Unos años después, de nuevo la Constitución de 1876 preveía la representación de los antillanos en las Cortes para lo que se promulgó una ley electoral especial (sistema censitario) a la vez que se abría la posibilidad de que se aplicasen en las colonias las leyes promulgadas en la metrópoli. Las medidas fueron llevadas a la práctica en distintos momentos a Cuba y Puerto Rico, como se verá en el capítulo 11.

En la metrópoli, la Revolución de Septiembre precipitó los acontecimientos e iniciaron el proceso de abolición de la esclavitud. A propuesta de Rafael M.a de Labra, la Junta Superior Revolucionaria, constituida tras la Revolución de 1868, aceptó plantear la abolición de la esclavitud y que los diputados antillanos fueran de nuevo admitidos en las Cortes. Una de las primeras medidas de la junta fue acordar que se considerase libre a todo el nacido de una esclava a partir del 17 de septiembre de 1868. Tres años más tarde, el 4 de julio de 1870, veía la luz la Ley de Vientres Libres, presentada por el ministro de Ultramar, Segismundo Moret, por la que se concedía la libertad a los esclavos al cumplir 60 años, a aquellos que hubiesen luchado en las filas del ejército español y a los nacidos de madre esclava después del 17 de septiembre de 1868. Frente a esta ley templada levantaron su voz Emilio Castelar y Rafael M.a de Labra que abogaban por la abolición inmediata de la esclavitud como paso previo para iniciar un programa de reformas más profundo para las dos colonias ultramarinas (Hernández Sandoica, 1994a, 200: 107-136; García Mora, 2006: 125-137). Para estos hombres, la cuestión política estaba subordinada a la pervivencia de la esclavitud, siendo ésta el principal inconveniente para poder abordar una reforma colonial (Cautelar, 1973).

La Sociedad Abolicionista y su periódico volvieron a cobrar la fuerza que tenían en los años anteriores a su cierre y se comenzó a debatir el conceder la abolición sólo a Puerto Rico. Detrás de esta decisión se encontraba tanto la incidencia económica menor que la esclavitud tenía en Borinquen con respecto a Cuba (Schmidt-Nowara, 1999), como el que la esclavitud y su abolición en Puerto Rico se convirtieran en un tema de debate público debido a las presiones externas que el gobierno recibió desde la Sociedad Abolicionista y distintas asociaciones y sociedades secretas (Fernández, 1990: 279-291). La abolición dada a Puerto Rico en 1873 podría servir de ensayo para ver las fórmulas más adecuadas que aplicar a Cuba en donde la influencia política y económica de los hacendados azucareros y esclavistas impuso un ritmo diferente en la toma de decisiones. La abolición solicitada contemplaba la indemnización a los dueños, la obligación de los esclavos de trabajar durante tres años contratados por sus antiguos dueños y la adquisición de los derechos como ciudadanos trascurridos cinco años de ser promulgada la ley. Sin embargo, en Cuba el proceso abolicionista fue mucho más lento. Para comprenderlo una vez más tenemos que mirar a ambos lados del Atlántico, a Cuba y a España y, de manera especial, detenernos en la complicada trama de intereses que se crearon aquí y allá a lo largo del siglo XIX y la baza que esos intereses y los grupos económicos jugaron en el diseño de la política colonial. La Restauración, en cuyo trasfondo se encuentra el lobby cubano que con redes a ambos lados del Atlántico marcaba ritmos en la política de la Península, también contribuyó a retrasar la llegada de la abolición a esta isla hasta 1886. La interacción de intereses es uno de los elementos que contribuyeron a este hecho y actualmente a su explicación desde diferentes corrientes historiográficas. Junto a los trabajos que han prestado atención al papel que el ultramar jugó en política española y en la presión que en determinados momentos ejercieron algunos grupos con intereses coloniales en la metrópoli llegando a condicionar la actuación del Estado, merced a los intereses coincidentes en España y en sus colonias, estudiando la diferente intensidad de fuerza de estos grupos y cuándo realmente actuaron como grupos de presión, ya que en ocasiones en la política colonial pesaron otros intereses ajenos a los de los esclavistas cubanos (Espadas Burgos, 1975; Hernández Sandoica, 1994b: 183-196 y 1997: 133-149; Piqueras, 1992, 1996: 333-345 y 2005b; Rodrigo Alharilla, 1996 y 2001), hay que señalar la incapacidad del Estado para mediar en los asuntos de ultramar y la falta de autonomía que el Estado español tuvo frente al poder económico, que aunque ligado a intereses coloniales no formaba parte de estos grupos de presión afincados a ambos lados del Atlántico. Como han estudiado algunos autores para el último cuarto del siglo XIX, este hecho remite a la debilidad del Estado, cuya estrategia se centró más en la necesidad de lograr una estabilidad interna del modelo político que en desarrollar una política colonial, la cual quedó subordinada a intereses privados (Hernández Sandoica, 1982 y 1990, vol. 1: 601-632).

La contienda colonial fue aprovechada por los sectores más españolistas de las colonias que lograron posponer las reformas propuestas por los gobiernos de la Revolución, aunque en ello no sólo tuvieron que ver estos sectores. Desde las filas del republicanismo sólo una minoría abogaron enérgicamente por la reforma colonial. Dentro de este grupo, Rafael M.a de Labra, Emilio Castelar y Pi y Margall fueron los hombres que se mostraron más preocupados por la cuestión colonial y defendieron la modificación del sistema. A partir del reconocimiento de la diferencia, el Partido Republicano Democrá tico Federal quiso dotar a las Antillas de un régimen autonómico y equiparar a sus habitantes con las mismas libertades y derechos políticos y cívicos que los que gozaban los habitantes de la metrópoli. En estos años, las Cortes fueron escenario de largos debates sobre la cuestión colonial y la necesidad de emprender reformas inmediatas como la única vía para mantener las colonias. Si en un primer momento algunos republicanos creyeron que la insurrección era sólo una manera de protestar y exigir reformas, pronto vieron que su meta iba más allá por lo que ratificaron su postura a favor del mantenimiento de la unión de las colonias a España y su oposición a la independencia, a la vez que condenaron el integrismo de los sectores españolistas de las Antillas. En ese sentido estuvieron encaminadas las intervenciones de Labra, Castelar, Pi y Margall y algunos otros republicanos como Nicolás Salmerón, a favor de las reformas ultramarinas, de las libertades, de la autonomía o de la abolición. La presión de éstos, sobre todo de Labra - representante de Puerto Rico y Cuba en distintas ocasiones en las Cortes españolas - dio algunos resultados para Puerto Rico al lograr la aprobación de algunas reformas como la aplicación de las leyes de régimen local de 1870, el sufragio universal o la abolición de la esclavitud. Sin embargo, la Restauración volvió a implantar viejas costumbres dando marcha atrás y suspendiendo algunas de las reformas concedidas (Roldán de Montaud, 2000a, 39: 35-60).

En todo el período que media desde los gobiernos de la Unión Liberal hasta el fin de siglo, el problema colonial y las reformas ultramarinas estuvieron gravitando en el panorama político, siendo en muchas ocasiones piezas clave del juego político y armas arrojadizas entre los diferentes gobiernos. El gobierno de la Primera República sólo ratificó el modelo colonial diseñado anteriormente por el grupo de los republicanos que solicitaba la extensión de derechos y libertades a Cuba y Puerto Rico. Sus intenciones no fueron más allá, dentro del modelo más amplio de autonomía, de convertir en un futuro a estas dos colonias en estados de una misma federación en condiciones similares al resto. Si bien en Cuba la insurrección y las presiones de los esclavistas impusieron ritmos diferentes a los de Puerto Rico, el gobierno de la Primera República puso en marcha algunas medidas que facilitaron la apertura de espacios para la sociedad civil tales como la libertad de prensa, la libertad de reunión y la autorización para la formación de clubes políticos, además de suspender las órdenes de embargo que se habían dictado desde 1869 contra los insurrectos y detener la venta de dichos bienes. El proyecto de constitución republicana federal de 1873 reconocía que Cuba era un estado más de España con plena autonomía económica y administrativa y con autonomía política, siempre que ésta no chocase con los intereses de España. El republicanismo, debilitado en la metrópoli y con fuerte oposición en las colonias, especialmente en Cuba, no logró implantar las reformas.

8.2. La crisis del reformismo colonial: Lares y Yara

Pero volvamos a las Antillas, a las que una vez finalizada la Junta regresaron los comisionados. En el caso de Puerto Rico el descontento con el gobierno español había originado la creación de clubes (unos setenta y tres) en distintas localidades que en 1866 se agruparon en el Gran Club de Borinquen. Sus actividades hasta el momento parece ser que no estuvieron ligadas al levantamiento que dos años después se produjo en Lares. De vuelta a Puerto Rico, Acosta, Ruiz Belvis y Mariano Quiñones se reunieron junto a un grupo de propietarios en la hacienda El Cacao, en Carolina, para explicarles los debates que habían tenido lugar en las sesiones celebradas en la junta de Información. Partidarios unos de la autonomía, postulada por Quiñones, otros por continuar a la espera de las reformas y de que la coyuntura política en la metrópoli cambiase, como lo planteó Acosta, otro grupo secundaba las tesis de Ruiz Belvis y Betances sobre la necesidad de lograr la independencia. Su vuelta coincidió con el Motín de Artilleros de la guarnición de San Juan quienes tras reclamar similares derechos a los que gozaban en la Península, siendo desoídas sus demandas, decidieron amotinarse. El suceso derivó en una persecución contra todos los sospechosos de tener ideas contrarias al régimen colonial, por lo que se ordenó no sólo el encarcelamiento de los cabecillas del motín, sino también el arresto y el destierro de algunos criollos liberales, entre otros Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis, Julián Blanco Sosa, Pedro Jerónimo Goyco, José Celis Aguilera. Excepto Betances y Ruiz Belvis que se exiliaron en Estados Unidos - en donde entraron en contacto con la Junta Revolucionaria de Puerto Rico y Cuba con base en Nueva York y Filadelfia-, el resto emprendieron el destierro hacia España. Desde ese momento, tanto Betances como Ruiz Belvis no pararían en trabajar en pro de la independencia de Puerto Rico. Desde Saint Thomas, en 1867, Emeterio Betances lanzó la proclama conocida con el nombre de los "Diez Mandamientos de los Hombres Libres" que contenía el programa de la revolución:

Abolición de la esclavitud; Derecho de votar todos los impuestos; Libertad de cultos; Libertad de palabra; Libertad de imprenta; Libertad de comercio; Derecho de reunión; Derecho de poseer armas; Inviolabilidad del ciudadano; Derecho de elegir a nuestras autoridades.

En Puerto Rico fueron las juntas revolucionarias clandestinas que se habían ido creando en diversas localidades como Mayagüez, Ponce, San Sebastián, Camuy, entre otras, las encargadas de difundir el contenido del programa de los "Diez Mandamientos de los Hombres Libres". Desde fuera se fueron creando algunas condiciones necesaria para la revolución. En Santo Domin go, en enero de 1868, se reorganizó el Comité Revolucionario de Puerto Rico, creado ya en Nueva York en 1867. El Comité, integrado por puertorriqueños y algunos dominicanos como Ramón E.Betances, José Francisco Basora - quien estaba en Nueva York-, Carlos Elías Lacroix, Mariano Ruiz y Ramón M.Mella, proclamó el Gobierno de la Revolución Puertorriqueña bajo el lema "Patria, Justicia, Libertad". En la isla los encargados de alzar al pueblo en armas eran Matías Brugman, Manuel Rojas, Manuel María González, Carlos E.Lacroix, Mariana Bracetti, Manuel Cebollero, entre otros. Unos meses después, el 23 de septiembre de 1868 se producía el comienzo de la insurrección independentista en la localidad de Lares, un pueblo cafetalero de la zona centro-oeste. Una de las primeras medidas del gobierno proclamado el 24 de septiembre por Francisco Ramírez Medina fue la abolición del régimen de la libreta. Presidido por Ramírez Medina, el gobierno revolucionario estuvo compuesto por Aurelio Méndez, Manuel Ramírez, Celedonio Abril, Federico Valencia, Bernabé Poll y Manuel Rojas, este último jefe del ejército libertador.

El alzamiento revolucionario en Puerto Rico es conocido bajo el nombre de "Grito de Lares". Gran parte de la historiografía ha hecho especial hincapié en las condiciones económicas que subyacen detrás del brote revolucionario las cuales son, a juicio de varios autores, las causas principales del descontento. En sus estudios Bergad mantiene la tesis de que el levantamiento se debió a la crisis económica del momento - por ejemplo, el impuesto creado en mayo de 1867 elevaba las tasas sobre la propiedad en un 12% - y la situación por la que atravesaban de manera particular los hacendados y trabajadores criollos, que dependientes del crédito que les suministraban los comerciantes peninsulares vivían una de las peores situaciones. Su tesis apunta a que el levantamiento fue más contra los españoles, los peninsulares que controlaban el crédito y las casas de comercio y no tanto contra el sistema colonial español (Bergad, 1981: 143-185 y 1983; Camuñas, 1993 y 2000; Jiménez de Wagenheim, 1985). Las crisis económicas fueron entonces, como lo fueron en la década de 1880, las que alimentaron el descontento de los criollos. Si en 1868 dieron lugar al Grito de Lares, en los años ochenta desembocaron en la creación del Partido Autonomista de Puerto Rico. Éste fue producto de la radicalización de distintos grupos: profesionales, industriales y obreros (Cubano, 1990, 1996).

Algunos autores han considerado que estas tesis restan importancia a la lucha nacional que los revolucionarios emprendieron contra el colonialismo, lo cual ha suscitado en los últimos años el surgimiento de obras que enfatizan en que la situación económica sólo fue un factor más que actuó en el levantamiento contra el poder colonial. El estudio de la composición social de los participantes en Lares les permite afirmar que hubo también unos componentes de carácter social y político que provocaron el levantamiento, es decir, la lucha de clases y la lucha anticolonial desembocaron, junto con las condiciones económicas, en el Grito de Lares (Moscoso, 2006).

A pesar de que diversos estudios apuntan a que las formas del colonialismo español en Puerto Rico fueron menos férreas que en Cuba, debido a la menor potencialidad económica, ello no obstaculizó la creación de una conciencia nacional en Puerto Rico, similar a la que se desarrolló en Cuba tras el fracaso de las reformas y la falta de adaptación de España a las nuevas coyunturas. Este sentimiento nacional fue el que impulsó la creación de los clubes, asociaciones secretas y juntas revolucionarias que condujeron al Grito de Lares. En Lares están presentes las ideas radicales que los comisionados de Puerto Rico defendieron en la junta de Información. La abolición inmediata y radical que aparecía en el proyecto de Ruiz Belvis en 1867 forma parte de un programa social y político más amplio que trasluce los conflictos e intereses de una sociedad. Conocido el levantamiento, los líderes y sus seguidores fueron perseguidos, encarcelados y condenados. El Grito de Lares fue rápidamente abortado. Su escasa duración ha dado lugar a una copiosa historiografía que trata de entender las causas que coadyuvaron a que la revolución fracasara. Una multiplicidad de factores se combinó y causó que la revolución no prosperase. A pesar de que los hechos que se produjeron en Lares con la quema de libretas y de comercios también se dieron en otros puntos del país, lo cual indica que había un descontento generalizado en la población por la subida de los precios y de los impuestos, sin embargo faltaron hombres que con armas secundaran el levantamiento. El fracaso se pudo deber a que su organización fue deficitaria: no se contó con suficientes armas, ni con ayuda exterior, ni tampoco existió un consenso entre la él¡te intelectual y política sobre el futuro del país y las vías de alcanzarlo. El alzamiento se sofocó con el apresamiento de aquellos que lo lideraron y secundaron, que fueron rápidamente delatados. Pero además, sus principales portavoces estaban fuera de Puerto Rico ya que antes de agotarse la vía independentista sus líderes más destacados, Betances y Ruiz Belvis, habían tenido que exiliarse. A pesar de las consignas que emitían desde el extranjero tratando de impulsar la insurrección, en la isla faltó una mayor preparación, coordinación y organización material. Algunas tesis apuntan a la falta de comunicación entre los revolucionarios que actuaban dentro del país y los que desde fuera debían apoyarles, que a su vez se vieron traicionados en el último momento y no contaron con las ramas y medios necesarios para emprender la insurrección. Alertadas las autoridades españolas sobre el levantamiento que se estaba fraguando, los revolucionarios tuvieron que adelantar sus planes. El desconocimiento que Betances y otros jefes militares tuvieron de las decisiones acordadas para que se produjera el levantamiento el 23 de septiembre es tan sólo un ejemplo de la falta de comunicación y coordi nación señalada. Ello motivó el comentario de Betances sobre la precipitación con la que se había hecho el levantamiento.

Reprimidos los revolucionarios, en la cárcel o camino del exilio, los municipios y sus juntas locales se apresuraron a mostrar su lealtad a España. A pocas semanas de producirse el Grito de Lares, las autoridades españolas aseguraban la fidelidad y "docilidad" de los boricuas a pesar de que continuaron algunas manifestaciones contra España que se produjeron al calor de la Revolución Gloriosa. Las peticiones de ayuda y clemencia a los presos y condenados a muerte por su participación en Lares, encabezadas por Betances, surgieron efecto y en algunos casos consiguieron del gobernador Pavía que conmutara la pena de muerte por la prisión durante 10 años. La lucha de otros puertorriqueños en la Península, como Eugenio María de Hostos o Manuel Alonso que siguieron abogando por la amnistía y la concesión de libertades, derivó en la amnistía general decretada en enero de 1869 para todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en Lares, muchos de los cuales emprendieron camino del exilio a Europa, diferentes países de América Latina o Estados Unidos. La amnistía fue tan sólo un gesto en el inicio del gobierno de Laureano Sanz (1868-1870) que se caracterizó por el reforzamiento del poder militar, la suspensión y el cierre de algunas instituciones como la Sociedad Económica del País y el endurecimiento del control sobre la población, para lo cual creó la Guardia Civil (13 de junio de 1869) y el Instituto de Voluntarios que, siguiendo el modelo del Cuerpo de Voluntarios fundado en Cuba en 1855, autorizaba a sus miembros a tener armas. Durante su mandato, los reformistas liberales y todos aquellos que fueran sospechosos de tener ideas separatistas o de realizar actividades que menoscabaran la paz y el orden fueron perseguidos, apartados de sus cargos administrativos, destituidos de sus puestos de enseñanza e incluso desterrados bajo la acusación de trastornar el orden y ser "enemigo de la nacionalidad".

El gobernador Sanz logró abortar rápidamente cualquier movimiento en pro de la separación e independencia como fueron, entre otros, los intentos promovidos por Betances y la Junta Revolucionaria de Cuba y Puerto Rico de Nueva York para llevar a cabo una expedición armada. Conocido el proyecto, en agosto de 1869 el gobernador se lo comunicó a las autoridades metropolitanas y procedió al arresto de los implicados. La lucha continuó en el exterior desde donde Betances alentaba a los puertorriqueños a combatir por la independencia. El ideal a conquistar lo plasmó en el manifiesto que el 1 de enero de 1870 dirigía a los boricuas:

Puerto-riqueños: Voló como un sueño el año 1869. Y todavía somos esclavosJ/ Los hijos de Cuba, pasando por encima de todos los dolores, marchan muertos de gloria a la inmortalidad [...] // Ellos serán libres. // ¿Puerto-riqueños! ¿Permaneceremos impasibles // espectadores de esa lucha sublime en que nuestros hermanos, inmolados o vencedores, mártires o héroes, excitan a cada paso la admiración del mundo liberal? // [...] ¡Elevemos nuestra alma que se degrada en la servidumbre! Si el amor a la libertad, como lo dicen con desprecio nuestros opresores, no tiene ya en nuestra Borinquen amada otro refugio que el corazón más infortunado de todos, el del africano, esclavo de esclavos, sacudamos el yugo de deshonra que nos dobla, y sepamos combatir por conquistar nuestro honor y nuestra dignidad! // Sólo así, en el año de 1870, podremos en breve saludar a Cuba y a Borinquen independientes. // ¡Viva la República! // ¡Viva la independencia! (Cruz Monclova, 1970, t. II, 1.a parte: 31-32).

En poco tiempo, las banderas y consignas a favor de Betances y de la libertad de Puerto Rico sucumbían ante el asimilismo y posteriormente el autonomismo. Las palabras de Betances quedaban lejos de los ánimos de muchos puertorriqueños que abrazaban la asimilación como la mejor fórmula e incluso proponían, en 1871, la fusión del Partido Liberal Reformista puertorriqueño con el Partido Progresista de la Península. Desde la Península Julio Vizcarrondo defendía dicha idea, a la vez que se oponía a una posible unión de Puerto Rico y Cuba a través de los pactos entre sus partidos:

No creo conveniente que siga Puerto Rico la buena o mala // suerte de Cuba; siga ésta su camino; nosotros tenemos el nuestro, fácil y franco [...]. Cuba despreció las leyes y desafió la lógica inflexible del porvenir acrecentando las dificultades en la solución del problema social [...] // No, no nos fundamos; yo no quiero la colonia con España sino la provincia española, no querría ver (nuestra isla) colonia de Cuba (Cruz Monclova, 1970, t. II, 1.a parte: 139-140).

Pero volvamos a la metrópoli, a la Revolución de Septiembre y a las expectativas de cambio en la política y relaciones culturales que se abrieron para los antillanos. La Gloriosa hizo albergar a los sectores más liberales de Puerto Rico nuevas esperanzas con la intención que se expresaba en la Constitución de 1869 de emprender una política colonial asimilista, que les reconociera la igualdad plena con la metrópoli y la vuelta de los diputados antillanos a las Cortes. Que Puerto Rico fuera una provincia más de España era la meta de este sector reformista-liberal. Para ello, una delegación puertorriqueña integrada por Eugenio María de Hostos, Manuel Alonso y Santiago Oppenheimer presentó al general Serrano en Madrid un memorial en el que se solicitaban las reformas que la isla requería.

La representación en las Cortes y elección de diputados quedaron regulados a través del Decreto del Gobierno Provisional, del 14 de diciembre de 1868, que dividía el país en tres jurisdicciones que elegirían siete diputados (posteriormente el número se aumentó a once) que les representaría en el Parlamento. Sin embargo, el peso de los sectores más conservadores de la isla y en la metrópoli el miedo a que la aplicación de mayores concesiones y libertades derivase en la independencia constriñeron las reformas. A ello contribuyó la designación que se hacía desde la metrópoli de candidatos para diputados por Puerto Rico entre personas no vinculadas con esta Antilla pero que obedecían a determinados intereses. Dicha práctica implantada en los primeros años de 1870 se conoció con el nombre de "cunerismo".

Los boricuas pronto vieron los límites impuestos a la asimilación a través de un sistema electoral censitario que reducía el derecho a voto a los hombres mayores de 25 años y que pagasen contribuciones (territorial, industrial o comercial) superiores a 2.000 reales (posteriormente se rebajó a 500 reales) - de una población de unos 650.000 habitantes sólo podían votar 4.000 electores - y la concesión de algunas libertades que nacían mutiladas como fue la libertad de imprenta de 1870 que paradójicamente prohibía hablar de temas que en ese momento eran debatidos en las Cortes o bien eran tabú, como los relativos a la esclavitud-abolición y la relación colonial. Como resultado de estas elecciones fueron elegidos diputados José Ramón Fernández, Ramón Baldorioty de Castro, que en lo sucesivo tuvo una activa participación en la vida política del país, Luis Padial Vizcarrondo y Juan Hernández Arbizu, entre otros (Cruz Monclova, 1970, t. II, l.a parte).

En 1870 y 1871 se crearon el Partido Liberal Reformista y el Partido Liberal Conservador, que posteriormente dieron lugar al Partido Autonomista Puertorriqueño en 1887 y al Partido Incondicional Español en 1880, respectivamente. La vía reformista propuesta por los liberales puertorriqueños entrañaban dos maneras diferentes de gobierno autonómico. Mientras unos proyectaban una autonomía completa que contemplaba la descentralización administrativa y económica y la no representación en Cortes, los otros reformistas defendían un modelo de autonomía más moderado basado también en la descentralización administrativa y económica pero políticamente asimilados a la metrópoli que les asegurase igualdad de derechos y libertades similares a los ciudadanos de la Península a través de la representación en las Cortes y con un régimen local representativo. Asimilistas y autonomistas contaron con partidarios y detractores en la colonia y en la metrópoli. Mientras unos defendían una autonomía política y administrativa al estilo canadiense como Ramón Baldorioty de Castro o Luis Radial Vizcarrondo, otros, como Rafael María de Labra, se inclinaban más por una descentralización económico-administrativa (capacidad de maniobra en la ela boración de presupuestos, planes de instrucción, aranceles comerciales, etc.) y por la asimilación política. En noviembre de 1870 la asimilación en todos los órdenes (económico, político y administrativo) sobre la base de la identidad de derechos se impuso como criterio frente a la autonomía. El programa elaborado por Julián Blanco Sosa aceptaba el principio de asimilación completa en el Estado español, que hacía extensibles todos los derechos a la isla excepto el de sufragio masculino, para lo que se regirían por la Ley Municipal y la Diputación Provincial. La asimilación económica y administrativa también se asumía con la salvedad, decía el proyecto, de que se dotara a la diputación y al ayuntamiento de mayores facultades para poder resolver problemas internos. La pugna entre los sectores más reformistas y los conservadores continuó a largo de los años que median hasta finalizar el siglo. Aquí y allá los reformistas tuvieron que pelear por arañar pequeñas libertades y reformas. En parte sus demandas se cubrieron. Si bien el ministro de Ultramar, Manuel Becerra Bermúdez, presentaba un proyecto de Constitución para Puerto Rico basado en la Constitución de 1869 y la definía como una provincia española, a la vez prescribía que la aplicación de la Constitución se hiciera con modificaciones y concedía a la diputación provincial algunas facultades para resolver asuntos particulares insulares, siendo competencia del gobernador poner límites a algunas libertades dadas.

La oposición de los sectores más conservadores y el abandono del Ministerio de Ultramar por Manuel Becerra hizo fracasar el proyecto de Constitución para Puerto Rico pese a haber sido aprobado en las Cortes. La defensa de este proyecto por parte de Becerra y de Labra, entre otros, chocó con la resistencia de Romero Robledo, Antonio Cánovas del Castillo y otros diputados insulares como Juan Antonio Puig Monserrat y Sebastián Playa Vidal que veían en él el germen de la independencia. Tampoco prosperarían los otros proyectos presentados por Manuel Becerra para que se declarase el comercio entre la Península y las colonias ultramarinas como comercio de cabotaje, o para que se aboliese el derecho diferencial de bandera en ultramar. Meses después, en mayo de 1870, se presentaba un nuevo proyecto de Constitución para Puerto Rico a cargo del nuevo ministro de Ultramar, Segismundo Moret, que chocó con similares resistencias que el anterior. Tras largos debates, el proyecto se pospuso de manera indefinida.

Algunas concesiones llegaron unos meses después, en 1870, con la aplicación de la Ley Provincial, la Ley Municipal (que otorgaba a los municipios mayor autonomía en materia de Hacienda), el decreto sobre tolerancia de cultos, el decreto sobre la libertad de imprenta y la creación de la Diputación Provincial (recuérdese que Puerto Rico había contado con esta institución en las etapas más liberales del gobierno metropolitano, en 1812-1814 y en 18201823). La diputación, integrada por veinticinco miembros elegidos por dos años, hacía partícipes de la administración isleña a los puertorriqueños, siendo de su competencia la elaboración de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, además de ostentar otras atribuciones administrativas, políticas y económicas. Una comisión permanente creada en 1870 actuaba como cuerpo consultivo de la diputación, sobre la que se situaba la autoridad del gobernador.

La proclamación de la Primera República trajo la abolición de la esclavitud, que con algunas modificaciones al proyecto original preveía las indemnizaciones a los propietarios de esclavos (cerca de 30.000 esclavos y unos 2.000 propietarios) y el fin del régimen de la libreta, ambas en 1873. Así mismo, se dictaba una nueva Ley Electoral que ampliaba el derecho al voto al reconocer como electores a los varones mayores de 25 años que pagasen cualquier cuota de contribución directa o que supieran leer y escribir. Estas conquistas se sumaban a otros decretos por los que se concedía libertad de imprenta, ya comentada, libertad de culto y de reunión, se hacía extensible a Puerto Rico la Ley de Notariado, entre otras. En materia colonial, el gobierno de la República manifestó su voluntad asimilista, haciéndose extensivo a Puerto Rico el Título 1 de la Constitución de 1869, por el que se reconocía la igualdad de derechos entre los habitantes de Puerto Rico y los de la Península y se suprimían las facultades extraordinarias concedidas al gobernador en 1825. Caída la República, las reformas se paralizaron y algunas de las concesiones, como la Constitución, dejaron de tener vigencia.

En lo referente a Puerto Rico, la situación empeoró notablemente con el nombramiento en 1874 de José Laureano Sanz como gobernador, quien volvió a hacer uso de las facultades extraordinarias, recortó gran parte de los derechos adquiridos en los años anteriores bajo el gobierno de Gabriel Baldrich, prohibió las asociaciones, disolvió la Diputación Provincial y los ayuntamientos (los nuevos nombramientos recayeron en los propietarios más acaudalados), anuló las disposiciones de la Ley Municipal y otras medidas que habían comenzado el camino de la descentralización. Tales restricciones eran necesarias, según Laureano Sanz, para salvaguardar el orden y la integridad del territorio. Las condiciones de la población insular justificaban las prohibiciones y la vuelta al estado anterior en el que las libertades volvieron a reducirse y las distancias entre los habitantes insulares y peninsulares de nuevo aumentó. En uno de sus discursos el general Sanz aducía como elementos principales, la incapacidad y la falta de instrucción del pueblo de Puerto Rico para conocer y disfrutar de los derechos políticos, agravada por la existencia de diferentes razas, las distancias entre las clases sociales y el sistema centralizado que durante siglos les había gobernado.

Mientras en Puerto Rico muchos reformistas abandonaban el partido e ingresaban en las filas conservadoras, a mediados de 1875 en el exterior Betan ces y Hostos volvían a planear una expedición desde Santo Domingo para liberar la isla. Alertadas las autoridades españolas, los conspiradores fueron detenidos y arrestados. Las reformas parecían paralizadas y los liberales se encontraban en retroceso sin presentar batalla política ni acudir a las elecciones. En los comicios celebrados en febrero de 1876 su ausencia dio la victoria completa a los conservadores que lograron quince diputados. En ellas participaron, según el decreto de 6 de octubre de 1875 que regulaba el sistema electoral, los varones mayores de 25 años que supieran leer y escribir y que pagasen una contribución superior a ocho pesos. Las limitaciones se fueron imponiendo en decretos sucesivos de 1878 que reformaron la Ley Provincial y Ley Municipal restando competencias a la Diputación Provincial y a los alcaldes en favor del gobernador; así mismo, la comisión permanente que gobernaba la diputación fue sustituida por una comisión provincial controlada por el gobernador quien, además de presidirla, nombraba a sus vocales. La merma de derechos se hizo más patente tras la aplicación de la nueva Ley Electoral de 1878 que limitó el voto a unos 3.000 individuos. Los diputados puertorriqueños continuaron presentando informes para conseguir rebaja en los aranceles, la autorización del cabotaje y otras medidas que atendiesen los intereses de los agricultores y comerciantes isleños sin que sus demandas fueran oídas.

•En la otra isla

Finalizada la junta de Información también en Cuba los reformistas vieron cómo sus vías de negociación se cerraban. El capitán general Francisco Lersundi pronto mostró sus intenciones de continuar el control férreo de la colonia. El cierre del Círculo Reformista, que había sido creado en la etapa del gobierno anterior bajo Francisco Serrano, la reactivación de los batallones de voluntarios (creados en 1855 para hacer frente a la amenaza de expediciones anexionistas) y el restablecimiento de las Comisiones Militares eran signos evidentes de que las reformas no sólo se posponían sino que de nuevo llegaba una época de prohibiciones y controles. Se volvía a aplicar una política de mano dura a cargo del capitán general Francisco Versundi (impuso el 10% sobre la renta líquida, a la vez que se mantenían los impuestos y aranceles vigentes) sin tener en cuenta las condiciones económicas de la isla. Esta última medida junto a la política del nuevo capitán general, Joaquín Jovellar, que volvió a imponer un régimen similar al de sus predecesores restringiendo y prohibiendo los escasos espacios y derechos alcanzados, fueron algunos de los elementos que motivaron un cambio de actitud y de método en los reformistas cubanos, que optaron por la lucha como forma de reclamar sus dere chos (García Mora, 2001, 223: 715-748). Por otra parte, en este cambio de actitud y estrategia también hay que destacar el desencanto de algunos sectores separatistas, en su mayoría en el exilio, con respecto a Estados Unidos y al anexionismo, y su reclamación de incluir a otros sectores de la población cubana en la lucha. En estos años previos al inicio de la guerra, entre los cubanos emigrados asistimos a la división entre los partidarios de la junta de Nueva York, proclive al anexionismo, y aquellos que creían que la revolución debía venir del interior del pueblo de Cuba, es decir, que tenían que contar con todos para llevar a cabo la guerra y no sólo con los reformistas de la él¡te sacarócrata. La escisión dio lugar a la creación de la Sociedad Republicana de Nueva York desde la que los emigrados defendieron el nuevo ideal. La Voz de América (periódico chileno que brindó sus páginas a los emigrados cubanos) destacaba este cambio, es decir, la inclusión de los sectores marginados de la isla en el proyecto que podríamos llamar nacional ya que la meta no era sólo la integración de estos sectores en la lucha (Poyo, 1989). Podríamos decir que se apuntaba hacia una reformulación de la cubanidad.

Tanto en el exilio como en Cuba, los participantes en esta guerra, reformistas, anexionistas e independentistas, adoptaron posiciones muy distintas ante la revolución, tanto en el modo de llevar a cabo la lucha, como sobre los objetivos y destino final de la misma y el futuro político de Cuba; junto a las distintas formulaciones del futuro político, autonomismo, anexionismo e independentismo, el otro elemento de debate fue la abolición de la esclavitud y el modo de realizarla. Es interesante ver cómo los anexionistas, que no eran partidarios de la abolición, utilizaron como argumento el miedo al negro, arguyendo que la incorporación de la población de color a la lucha ocasionaría tensiones raciales. A comienzos de la guerra, en 1869, la junta de Nueva York conminaba a poner fin al conflicto mediante la intervención de Estados Unidos para la posterior anexión (Poyo, 1989). Estas diferencias, que en muchos casos devinieron en enfrentamientos entre los líderes militares y los políticos, así como entre los políticos de distintas tendencias, se mantuvieron hasta el final del conflicto y la firma de la Paz del Zanjón en 1878.

A pesar de la propaganda y actividades que realizaron los exiliados cubanos, no podemos saber cuál fue el peso real que tuvieron en la isla donde las condiciones económicas y políticas imperantes forzaron los acontecimientos. El 14 de agosto de 1867 se creó un Comité Revolucionario en Bayamo presidido por Francisco Vicente Aguilera, Francisco Maceo Osorio, como secretario, y Pedro Figueredo. Los tres fueron los encargados de recorrer Cuba con el fin de obtener apoyo para la insurrección. En agosto los dirigentes de las distintas provincias se reunieron en una hacienda de Las Tunas, en la Con vención de Tirzán, siendo elegido presidente Carlos Manuel de Céspedes. Pese a que se acordó no iniciar la revolución hasta que no se contase con más medios, armas y hombres, en septiembre de 1868 el conflicto bélico estalló en el oriente, en la zona en la que no sólo el peso de la esclavitud era menor, sino también donde el nuevo impuesto había causado mayores daños a los hacendados, en su mayoría medianos y pequeños propietarios. En la madrugada del 10 de octubre de 1868, los independentistas se levantaban contra el colonialismo español, acontecimiento conocido con el nombre de Grito de Yara. El inicio de la primera guerra de independencia, la Guerra de los Diez Años, tuvo lugar en el ingenio la Demajagua, próximo a la localidad de Yara, propiedad de Carlos Manuel de Céspedes (Guerra Sánchez, 1972b). La primera medida adoptada por Céspedes fue conceder la libertad a los esclavos que trabajaban en sus tierras. En el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba (Manifiesto del 10 de Octubre) se explicaban las razones del levantamiento. Liderados por Carlos Manuel de Céspedes, apuntaban como fin último la conquista de la independencia y anunciaban la inmediata abolición de la esclavitud con indemnizaciones. Sobre esto hay que indicar que si bien no hubo una abolición inmediata, sí se concedió la libertad a todos los esclavos que se incorporaran a la lucha armada, previa consulta a sus amos. La abolición llegaba un 26 de febrero de 1869 en Camagüey.

Frente a los independentistas, España sólo contaba con un ejército regular de 22.000 hombres, dos tercios de los cuales estaban permanentemente rebajados, realizando tareas fuera del ejército, y 10.000 del Instituto de Voluntarios destinados a vigilar las poblaciones. Inmediatamente después del Grito de Yara, el capitán general Lersundi, contando con el apoyo económico y el poder de los grandes comerciantes, los empresarios tabacaleros y los hacendados pro-españoles, inició la ampliación de los batallones de Voluntarios reclutando a miles de peninsulares residentes en Cuba. Fundado en 1855, en sólo tres meses el Instituto de Voluntarios pasó de tener 10.000 a 35.000 hombres bien armados. Pocos meses después, el número de voluntarios era de 58.000 hombres, casi todos ellos peninsulares. Además de esta fuerza, las burguesías regionales españolas pertrecharon y enviaron a varios batallones de voluntarios a sueldo (Chapelgorris, Voluntarios Catalanes...) directamente desde la metrópoli. Mientras los primeros realizaron tareas de vigilancia casi exclusivamente en las poblaciones hasta 1874, los voluntarios llegados de la Península combatieron junto al ejército regular en las zonas rurales.

Pronto, el Instituto de Voluntarios, dirigido por los grandes comerciantes, empresarios del tabaco y algunos hacendados desde el Casino Español (creado en 1869 en La Habana por el poderoso hacendado Julián de Zulueta) se convirtió en la plataforma desde la que se gobernó Cuba hasta inicios de 1874. Paralelamente a la red de casinos españoles que existían en las pobla ciones cubanas vinculados a los Voluntarios, en diciembre de 1871, en la Península, nació una red de Centros Hispanos Ultramarinos integrado por hombres con intereses en ambas orillas. Su objetivo era presionar al gobierno español para que no firmase ningún acuerdo con los insurrectos cubanos que pudiera perjudicar sus intereses.

La lucha se extendió por distintas localidades de oriente, Yara, Bayamo, Manzanillo, Jiguaní, Las Tunas y Holguín, entre otras, bajo la dirección de jefes locales que reconocieron el liderazgo de Carlos Manuel de Céspedes. El ejército libertador fue ganando fuerza y hombres a medida que avanzaba la lucha. Los revolucionarios comenzaron a contar con órganos de propaganda como El Cubano Libre, creado en Bayamo, y otros periódicos publicados en el exterior como fueron El correo de Nueva York, La Independencia, La Revolución, etc. Poco a poco, los insurrectos fueron ganando adeptos. El 4 de noviembre se unió a la lucha Camagüey con Napoleón Arango como jefe militar. Su Comité Revolucionario quedó integrado por Salvador Cisneros Betancourt y Eduardo Agramante Piña. Unos meses después, en febrero de 1869, se unió la provincia de Las Villas.

La llegada del nuevo capitán general, Domingo Dulce, los primeros días de enero de 1869, no varió el rumbo de los acontecimientos. Tanto los integristas como los revolucionarios se negaron a aceptar las condiciones de paz de Dulce. Su posición conciliadora causó su destitución meses después. En julio desembarcó en La Habana Antonio Fernández y Caballero de Rodas. Con él al frente del gobierno y con el conde de Valmaseda al mando del ejército - Blas Villate y de las Heras fue nombrado en diciembre de 1870 capitán general-, se pensaba poner fin de manera drástica a la guerra. Una de las tácticas fue localizar, cercar y aislar a los insurrectos. Una vez localizados, se procedía a la compartimentación del territorio a través de la creación de trochas con el propósito de separar y aislar a las poblaciones.

En este año el hecho principal fue la creación de la llamada República en Armas, que tuvo lugar en la Asamblea de Guáimaro, celebrada en esa localidad de Camagüey, el 10 de abril de 1869. A ella asistieron representantes del departamento oriental (Céspedes, José María Izaguirre, Jesús Rodríguez y Antonio Alcalá), de Camagüey (Salvador Cisneros Betancourt, Ignacio Agramonte, Francisco Sánchez, Antonio Zambrana y Miguel Betancourt Guerra) y de Las Villas (Miguel Gerónimo Gutiérrez, Eduardo Machado, Tranquilino Valdés, Arcadio García, Antonio Lorda y Honorato del Castillo). Tras las reuniones se nombró una Cámara de Representantes integrada por Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la República; Salvador Cisneros Betancourt, presidente de la Cámara; Miguel Gerónimo Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara; Antonio Zambrana e Ignacio Agramante, secretarios de la Cámara, y Manuel de Quesada, general en jefe. Una de las primeras leyes dictadas por la Cámara de Represen tantes fue la Ley de Organización Militar, el 9 de julio de 1869. Esta ley contenía los fundamentos sobre los que se creó la estructura militar del ejército libertador que posteriormente fue modificada en 1873 y 1875. La Constitución de Guaímaro también reconocía la libertad de todos los ciudadanos, a la vez que el artículo 25 los consideraba potenciales combatientes de la República. No obstante, sólo tres meses después, los dirigentes separatistas limitaban mucho este mismo artículo para asegurar que los esclavos accedieran a la libertad de forma muy gradual (Ferrer, 1999: 27-28).

Las disputas ya comentadas sobre el modelo futuro político de Cuba continuaron a lo largo de estos años. Anexionistas e independentistas mantuvieron una lucha por el poder que derivó, no sólo en el cambio de presidente de la República en Armas, sino que también condicionó el final de la guerra, es decir, provocó que el conflicto bélico terminara en un pacto. En octubre de 1873 Céspedes fue depuesto como presidente. En su lugar se nombró a Salvador Cisneros Betancourt. Para parte de la historiografía este hecho supuso una agudización de las tensiones internas en el bando revolucionario. Además, en un plano simbólico representó un duro golpe para todos aquellos que perseguían la independencia, ideal representado fundamentalmente por la figura de Céspedes. Pero las discrepancias no sólo se manifestaron en el plano ideológico o personal; cada vez se hacían más evidentes las desavenencias de los mandos militares con el aparato civil. La estrategia de unos, como la del jefe de las fuerzas rebeldes, el general Manuel de Quesada, partidario de la militarización y de llevar a cabo una guerra incendiaria, de tea, que arrasara el territorio, chocó con la política del ejecutivo. Esta disputa generó graves enfrentamientos tanto en la isla como en el exilio. Por otra parte, las fuerzas rebeldes también se vieron debilitadas por el regionalismo que ocasionó resistencia al mando de algunos jefes militares en las zonas donde operaban, como ocurrió en los casos de Máximo Gómez y Julio Sanguily. Con todos estos lastres, la guerra continuaba. A partir de 1873 se comenzó a preparar la invasión del departamento occidental, con ello se pensaba atacar directamente el poder español. Las acciones iniciadas desde Camagüey y seguidas en Las Villas eran la antesala de la invasión del occidente.

Mientras, para España era imprescindible poner fin a esta guerra colonial. Con este fin, se elaboró un plan pacificador para Cuba que comenzó con el nombramiento de un nuevo capitán general, Joaquín Jovellar, y un jefe de operaciones del ejército, que recayó en Arsenio Martínez Campos, conocedor de la manigua cubana donde había combatido en los primeros años (1869-1872). La llegada a Cuba en noviembre de 1876 para hacerse cargo del mando militar el general Martínez Campos a cargo de más de treinta mil hombres impuso un ritmo diferente al conflicto armado. Dispuesto a terminar la contienda y llegar a un acuerdo, fue tomando algunas medidas de carácter político y militar con las que trataba de ganarse la confianza del contrario demostrando a la vez su buena disposición para poner fin al conflicto a través de una negociación. Era preciso terminar esta guerra de elevados costes tanto para la sociedad como para la hacienda española. Ocho años de lucha habían supuesto una pérdida de doscientos mil hombres de ambos bandos y la inversión de más de setecientos millones de pesos. Conocedor del estado en que se encontraban las tropas cubanas, en 1877 ordenó a los jefes militares españoles que no represaliaran ni castigaran a los prisioneros, así como que prestasen socorro a quienes se encontraran en su camino; por otra parte, dictó un bando indultando a todo el que se entregara antes del 31 de diciembre, y se recompensaba con 5 pesos oro a los rebeldes que entregasen sus armas y con 20 pesos a los que dieran sus caballos. En ese mismo año, el capitán general Jovellar indultó a todos los habitantes de las jurisdicciones del oeste de la Trocha que estuviesen prisioneros por causas políticas.

Martínez Campos supo aprovechar tanto el desgaste físico del enemigo producido por tantos años de combate, como las desavenencias internas del bando cubano, ya mencionadas. El desafío continuo de los líderes a los acuerdos tomados por la Cámara de Representantes y por el presidente de la República en Armas, Tomás Estrada Palma, las devastaciones de poblados, ingenios, cañaverales y campos de cultivo en las provincias orientales y en el centro (Santiago, Camagüey y Las Villas) produjeron un malestar en las filas independentistas y un sentimiento de derrota que llevó a un pacto con las autoridades españolas en el que al menos se pretendía alcanzar un acuerdo para fijar una nueva relación colonial. Un ejemplo de la situación de descontrol y anarquía que reinaba en las filas rebeldes es el pronunciamiento de Santa Rita del 13 de mayo de 1877 en Camagüey protagonizada por Vicente García, quien se amotinó y se puso al frente del gobierno revolucionario. El incidente estalló cuando Tomás Estrada Palma le ordenó ponerse al mando del ejército en el departamento de occidente y trasladarse a Las Villas. En su lugar, convocó una asamblea constituyente y trató de ganarse el apoyo de los otros generales, quienes no accedieron y permanecieron leales a Estrada Palma. Sin embargo, los acontecimientos jugaron a favor de Vicente García quien, tras el apresamiento de Estrada Palma por las tropas españolas, fue nombrado nuevo presidente de la República en Armas.

El avance del ejército español condujo a las autoridades de la República en Armas, tras reunirse con varios generales, a entablar conversaciones con Martínez Campos. En diciembre de 1877 se suspendían temporalmente en el departamento central las hostilidades. Durante la tregua, dada hasta febrero de 1878, se iniciaron conversaciones con los jefes militares de Camagüey y Oriente que finalmente accedieron a firmar la paz en el campamento de San Agustín, en enero de 10 de febrero de 1878, a cambio de algunas cesio nes: concesión de los derechos político-administrativos que habían sido dados a Puerto Rico, libertad a los colonos asiáticos y esclavos que hubieran luchado en las filas rebeldes, amnistía política: perdón de los delitos políticos cometidos desde 1868 hasta ese momento e indulto general a los desertores del ejército español, suspensión de las hostilidades en todo el territorio, libertad a todos aquellos que quisieran abandonar la isla, entre otras.

El gobierno revolucionario y su Cámara de Representantes se disolvieron y se creó un comité, el Comité de Centro, que sería el encargado de tramitar la paz. Dicho comité estaba constituido por siete miembros (Emilio Luaces, presidente; Enrique Collazo; Rafael Rodríguez, secretario; Juan B.Spotorno; Ramón R Roa; Ramón Pérez Trujillo y Manuel Suárez). Los encargados de negociar la paz en el Zanjón fueron Emilio Luaces y Ramón Roa. Avisado Cánovas de las peticiones de los mambises, autorizó que se llegase a un acuerdo a pesar de conocer que la situación de Puerto Rico no era la que supuestamente creían los generales cubanos ya que, como hemos visto, en la vecina Antillas gobernaba desde 1874 con facultades extraordinarias el capitán general Sanz.

Tras la aprobación por Martínez Campos de las condiciones presentadas por el Comité del Centro, éste designó varios comisionados que fueron a transmitir las noticias a los jefes de las zonas aún insurrectas, así como a Nueva York con el fin de informar de la nueva situación al agente de la Revolución en Estados Unidos, Miguel Aldama. La noticia no fue bien recibida por algunos jefes militares y los líderes del independentismo radical que consideraban que el pacto no favorecía a Cuba. Así lo manifestaron Antonio Maceo y Máximo Gómez. Este último tras su negativa a aceptar los acuerdos de Zanjón se exilió en Jamaica. Antonio Maceo y otros generales de oriente (Santiago, Guantánamo y Holguín fundamentalmente) convocaron a Martínez Campos a una reunión en Baraguá. En dicha reunión, conocida como la Protesta de Baraguá, el 15 de marzo de 1878 Maceo mostró de nuevo su disconformidad con lo pactado. La decepción de Martínez Campos se transformó en crudas y amargas palabras contra Maceo en la carta que le remitió a Cánovas desde Santiago de Cuba el 19 de marzo de 1878.

Rota la cohesión del gobierno de la República en Armas, los que se sumaron a la protesta de Maceo y decidieron continuar la lucha se reunieron el 15 de marzo en Baraguá con el fin de elegir un gobierno provisional y redactar un proyecto de constitución que respondiera a las nuevas condiciones y necesidades que imponía la lucha armada. Entre otros aspectos, en el proyecto de constitución se decía que la paz con España sólo se firmaría sobre las bases de la independencia y con el conocimiento y consentimiento del pueblo. En la cúspide de este corto gobierno se encontraban Manuel Calvar, como presidente, y dos prestigiosos generales a los que se les concedía el mando militar de occidente y oriente respectivamente, Vicente García y Antonio Maceo. Unos días después de proclamarse la Constitución y el Gobierno de Baraguá, el 23 de marzo, se reinició la lucha en medio de deserciones, pérdidas humanas, desolación y hambre. Dos meses después, los generales mambises claudicaban. Maceo y otros generales decidieron exiliarse y preparar la futura guerra. Un período conocido en la historiografía cubana como "la tregua fecunda'.

En las filas cubanas el significado y punto final del conflicto bélico eran muy diferentes. Mientras que para un grupo la confrontación serviría para librarse del gobierno de España y anexionarse a Estados Unidos, para otro constituía una lucha de liberación nacional que tendría que desembocar en la total independencia de la isla. La discrepancia de opiniones y el desgaste provocado por diez años de lucha y devastación condujeron a la firma de la paz con España en febrero de 1878, finalizando con éxito el plan político y militar encomendado a Martínez Campos. El Zanjón cerraba un conflicto a la vez que abría nuevas brechas. Era preciso reformular la relación colonial, abolir la esclavitud y aplicar lo antes posible la legislación que regía en la metrópoli. A pesar que desde el principio los más radicales habían proclamado la abolición de la esclavitud, el Zanjón no la reconoció. La abolición gradual de la esclavitud siguió gravitando sobre Cuba. Como fórmula intermedia, salvaguarda de los intereses de los hacendados, para asegurar la transición del trabajo esclavo al trabajo asalariado, el 13 de febrero de 1880 se promulgó la Ley del Patronato, o Ley de la Abolición de la Esclavitud, por la que se regulaba el trabajo de los esclavos, que quedaban sujetos a sus antiguos dueños durante un período de doce años a cambio de un salario mínimo - entre seis y siete pesos-, la vestimenta y la manutención. Patrocinados y patronos debían cumplir esta reglamentación que permitió asegurar los intereses de los hacendados y la liberación progresiva de los esclavos. Una junta organizada en cada provincia fue la encargada de velar por el cumplimiento de la ley, así como por los derechos e intereses de patrocinados y amos.

Los independentistas radicales continuaron forjando planes para la liberación de la isla. Desde Nueva York y otros puntos del exterior donde existían colectividades de cubanos emigrados se comenzó a preparar una nueva estrategia para lograr la independencia. El Comité Revolucionario de la Emigración Cubana pasó a denominarse Comité Revolucionario Cubano de Nueva York cuya presidencia recayó en Calixto García, en septiembre de 1878. A este comité se unieron diferentes clubes que habían surgido en México, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, etc., así como los clubes del interior de Cuba (42), localizados su mayoría en el occidente del país. De nuevo, en agosto de 1879 estalló una insurrección en oriente, cerca de Holguín. Bajo el grito de "Independencia o muerte" comenzaba la Guerra Chiquita (1879-1880). La ausencia de los principales mandos militares como Maceo o Calixto García, las detenciones de muchos de los revolucionarios, la desarticulación del aparato revolucionario que en el caso de occidente provocaron que no participara en la contienda, la falta de un mando único y la escasez de ayuda fueron los principales factores que condujeron a un rápido desenlace del conflicto.

Como consecuencia de la Guerra de los Diez Años asistimos a una reestructuración de la sociedad cubana y de su sistema productivo, así como a la polarización de las élites según su especialización económica. Por otra parte, algunos autores han demostrado que la contienda sirvió para reforzar el poder de los españoles y el régimen colonial en cuyo beneficio el Estado utilizó los bienes embargados a los rebeldes (Quiroz, 1998, 72/8: 278-301).

El Zanjón abrió un nuevo marco en la relación colonial. Las transformaciones que en la economía y en la sociedad surgieron a raíz de la Guerra de los Diez Años y de la Paz del Zanjón en Cuba y la evolución política de Puerto Rico hacia un gobierno autonómico se analizan en los siguientes capítulos, en los que se muestra una sociedad cívica en pleno desarrollo -al finalizar el siglo existían 333 asociaciones registradas - que contrasta con el escaso porcentaje de población que tenían derecho a voto, sólo un 3%. Como consecuencia de la paz se crearon en Cuba dos partidos políticos en el mismo año. En 1878 nacían el Partido Liberal Autonomista o Partido Autonomista Cubano, procedente del reformismo, y el Partido Unión Constitucional que entrañaban dos formas distintas de concebir la patria y la madre patria - la nación-, así como de relacionarse en el marco colonial en cuanto a sus vínculos con la metrópoli, la concesión de derechos y libertades, el sistema electoral, la representación en las Cortes, el sistema impositivo, etc. En la organización del nuevo marco colonial los autonomistas sabían que estaban llamados a ocupar un lugar importante. Su objetivo no era otro que lograr un estatuto de autonomía dentro del Estado español. Por su parte, la Unión Constitucional estaba integrada por los elementos españolistas de la colonia que abogaban por el mantenimiento del statu quo sin modificación alguna, ni reformas por minúsculas que fueran.

8.3. Santo Domingo, de la anexión a la independencia

En 1855 el presidente de Haití, Faustin Soulouque, proclamado emperador con el nombre de Faustino 1, invadió por segunda vez la República Dominicana. Tras su derrota, Soulouque continuó sus esfuerzos por lograr una integración de todo el territorio bajo su gobierno por lo que en 1848 propuso la creación de una confederación. La excusa para formar dicha confederación era evitar la injerencia extranjera y en concreto la posible anexión de Santo Domingo a Estados Unidos. A pesar del derrocamiento de Faustino 1 y de las declaraciones pacíficas de su sucesor, Fabre Geffrard, los temores ante una invasión haitiana siguieron latentes, y unidos a los recelos que suscitaba la política norteamericana en el área y la injerencia directa en el territorio dominicano - por ejemplo en 1860 un grupo de norteamericanos bajo el pretexto de explorar yacimientos de guano tomaron posesión de la isla de Alta Vela-, motivaron que los dominicanos de nuevo pensaran solicitar la protección de una nación extranjera. Presionado por estas circunstancias y por la debilidad de su gobierno, el presidente Pedro Santana envió a Felipe Alfau, ministro plenipotenciario, a negociar a España su ayuda para protegerse de las amenazas exteriores que le permitiera continuar sobreviviendo como país independiente a cambio de un protectorado. Las negociaciones concluyeron en 1861 con la anexión, un 18 de marzo, de Santo Domingo a su antigua "madre patria". El proyecto fue sancionado dos meses después, el 19 de mayo de 1861.

Mientras que una parte de la historiografía ha defendido la tesis de que la anexión era la única vía que tenía el gobierno dominicano para no volver a ser invadida y unida a Haití, otros mantienen que a finales de la década de 1850 la amenaza haitiana y sus ambiciones para recuperar la parte de Santo Domingo no constituían un peligro real para la soberanía dominicana. Para éstos, la anexión era el último cartucho de la oligarquía hatera, representada por Santana, para mantenerse en el poder. Amenazada por la evolución de la sociedad dominicana en transición hacia formas más capitalistas protagonizadas por los comerciantes y una pequeña clase media - compuesta por cultivadores de tabaco de la zona del Cibao-, los hateros se resistían a dejar de ser la oligarquía de un país que a pesar de tener una economía precaria dejaba atrás las viejas estructuras agrarias y ganaderas. Por otra parte, Santana tenía garantizado en parte su poder dada la imposibilidad en esos momentos de una coalición entre los liberales y los partidarios de Báez tras la crisis de 1857 (Rodríguez Demorizi, 1955; Marte, 1989).

La anexión reportaría para España un nuevo territorio en el que desarrollar un sistema económico similar al de Cuba. Las condiciones ambientales y la existencia de abundante tierra disponible para ser cultivada con caña de azúcar eran los principales factores que hacían posible poner en marcha en Santo Domingo el negocio azucarero. Tan sólo faltaba la mano de obra que se supliría con la inmigración de trabajadores chinos, yucatecos y de otras zonas, como se ensayaba en Cuba desde finales de la década de 1840. Así mismo, desde un punto de vista estratégico la anexión afianzaría el poder de España en la zona, mientras que desde un punto de vista comercial también resultaba beneficiosa el poder utilizarse como una base de aprovisionamiento de carbón para todos los buques que transitaban por ese espacio. En la metrópoli la noticia fue recibida de manera muy distinta por los partidos políticos. Mientras que algunos criticaron el riesgo de esta aventura, otros sectores la acogieron con gran júbilo al hacerles volver a pensar en viejas glorias imperiales. Uno de ellos fue el senador Pacheco quien en su discurso en las Cortes no pudo menos que decir "los que pasamos de cincuenta años no lo veremos; pero los que tienen veinticinco verán un día que desde el Potomac hasta la Patagonia, todos estos Estados serán monárquicos, no quedando en América otra República que la de los Estados Unidos del Norte" (Diario de sesiones de las Cortes. Senado. Legislatura de 1861 a 1862, Madrid, 1862, t. 1: 90, cit. en Marte, 1989: 311).

A cambio de la anexión, España se comprometía a gobernar Santo Domingo como una provincia española, con los mismos derechos y libertades que regían en la Península; accedía a no implantar la esclavitud; aseguraba amortizar el papel moneda circulante; prometía mantener en los puestos de gobierno y responsabilidad a los funcionarios y militares dominicanos, y aceptaba a reconocer todas la medidas adoptadas por los gobiernos republicanos. Sin embargo, instaurado el poder de España se procedió a tomar algunas medidas que fueron mal recibidas por los dominicanos ya que atentaban contra algunos principios por los que ellos habían luchado. Desde el principio de la anexión un grupo de dominicanos de Santiago comenzó a planear la revuelta y restauración de la República. Pequeños conatos estallaron aquí y allá, pero por el momento el ejército los pudo contener.

Convertido Santo Domingo en provincia, Pedro Santana fue nombrado capitán general pero su poder quedó supeditado a la autoridad del capitán general de Cuba. España no reconoció los grados militares de los oficiales del ejército republicano prohibiéndoles utilizar los uniformes españoles, además de percibir sueldos menores, a la vez que se retiraron parte de los billetes de 50 pesos por considerarlos falsos, se prohibieron algunas de las leyes que desde hacía tiempo formaban parte del código de justicia dominicano, se limitaron los derechos de comercialización y exportación, por ejemplo del tabaco al crearse un monopolio, se impusieron aranceles en la importación de algunos productos para ventaja de los comerciantes, barcos y productos españoles, o, en 1864, se impuso por decreto el pago de los derechos de exportación en oro o en moneda fuerte. Por otra parte, los dominicanos se quejaban de la discriminación racial de los gobernantes y funcionarios metropolitanos que los trataban desde posiciones superiores y de poder a toda una población que en un elevado porcentaje era mulata. La queja era aún mayor cuando las nuevas normas afectaron a la vida cotidiana y privada del individuo. En este caso, el conflicto se originó entre el arzobispo procedente de España, Monzón, la población y el clero dominicano. Si por una parte, la población fue conminada a regularizar su situación de pareja según las leyes eclesiásticas y contraer matrimonio, por otra, se obligó al clero nativo a entregar a la Iglesia la mayor parte de sus ganancias.

Pero, el descontento de los dominicanos de la clase media productora de tabaco, de esos comerciantes que comenzaban a tener una mayor presencia y fuerza en la sociedad y en la política, no procedía sólo por las nuevas leyes y modos impuestos por España. También fue importante en su toma de posición contraria a la anexión el que ésta no les reportó beneficio alguno, ni económico ni político. Al contrario, los dominicanos vieron cómo aumentaba la inflación, descendían las exportaciones de café y se imponía un nuevo sistema tributario que cargaba a los medianos y pequeños agricultores y propietarios de establecimientos e inmuebles. Se encontraban en un país en el que la escasez de viviendas y el desabastecimiento eran cada más general.

En febrero de 1863, apoyados por los haitianos, que veían como una amenaza la presencia de España en su frontera, además de ver en esta lucha una oportunidad para lograr sus pretensiones, los dominicanos iniciaron la lucha contra España para volver a instaurar la República. Carentes de un ejército organizado, en la Guerra de la Restauración participaron todas las fuerzas sociales, grupos y facciones políticas, desarrollándose la lucha a veces en forma de guerrilla popular (Hoetink, 1985). A medida que la insurrección fue avanzando, en España cada vez eran más fuertes las voces que desde distintos partidos aconsejaban el abandono de la isla. Excepto la Unión Liberal, en los últimos meses de guerra todos eran partidarios de poner fin a la contienda.

El 13 de marzo de 1865 finalizaba la contienda contra España y la anexión; el 11 de julio las tropas españolas eran evacuadas mientras se proclamaba la Segunda República. Nacía de nuevo un Estado debilitado por la lucha contra España y por las rivalidades internas de sus caudillos y jefes militares, que no lograron en muchos años imponer un sistema de partidos y un sistema fiscal que fuera capaz de proveer empréstitos. Por otra parte, la situación económica tampoco fue favorable a la República que resurgía en medio de un caos económico producto en parte de la caída de las exportaciones durante la guerra. En el transcurso de la contienda emergieron enfrentamientos entre los campesinos más desfavorecidos y la vieja oligarquía filoespañola. En ella, se combinaron ideales políticos y problemas sociales que bajo diferentes líderes aspiraban a crear un Estado y un orden social distinto. Del conflicto armado surgieron muchos de los caudillos y líderes políticos posteriores cuyo perfil social era muy diferente al de los que con anterioridad habían dirigido el país. La contienda también produjo el ascenso de una clase social que venía a rivalizar con los antiguos gobernantes que en recompensa a sus hazañas reclamaban puestos y gratificaciones. Se avecinaban nuevos tiempos en los que nuevas generaciones y hombres procedentes de distintas clases sociales accedían al poder. Ya no eran los hateros los que mantenían la hegemonía. La movilidad político-social caracterizó los años siguientes que, además, fueron convulsos por la inestabilidad de los gobiernos.

9.1. La evolución demográfica urbana: La Habana y las ciudades secundarias

Desde finales del siglo XVIII La Habana comenzó una expansión marcada por el ritmo de las crecientes exportaciones de café, azúcar y tabaco. La ciudad contaba con un importante número de artesanos, que trabajaban en el principal astillero del continente americano en la elaboración de cigarros puros ("torcido") y cigarrillos de tabaco y en el embalaje y transporte de café, azúcar y tabaco en rama. En 1790 la capital ya tenía 50.000 habitantes. En el continente americano sólo México y Lima la superaban en población y su puerto era uno de los más grandes del Imperio español. Cuatro décadas después la población de La Habana ascendía a 94.000 habitantes (13% de la población cubana). Hacia 1861 la ciudad casi alcanzaba los 190.000 habitantes y la cercana villa de Guanabacoa los 16.400. A partir de entonces, descendió el ritmo de crecimiento de La Habana pero su proporción respecto al total de Cuba (alrededor de 14%) se mantuvo a lo largo de todo el siglo.

Según nos muestra el censo de 1861, los centros urbanos del resto del país estaban a mucha distancia de la capital. En el extremo occidental, el pueblo de Pinar del Río apenas tenía 3.000 habitantes. Desde esta región hasta el límite con oriente encontramos las ciudades de Matanzas con 30.539 habitantes y Camagüey con 30.585, así como varias poblaciones de entre 7.000 y 16.000 habitantes: Güines con 10.619; Cárdenas con 10.885; Santa Clara con 8.591; Remedios con 7.637; Cienfuegos con 9.950; Trinidad con 15.655; Sancti Spíritus con 13.338. En oriente, Santiago de Cuba contaba con casi 37.000 habitantes, es decir, una quinta parte de la población de La Habana. Fuera de la capital oriental, las mayores poblaciones eran: Holguín con 4.954 habitantes; Bayamo con 6.119 y Manzanillo con 5.643 (véanse los censos de La Habana, Cuba y España de 1827, 1828, 1846, 1861, 1877, 1887 y 1899; Arboleya, 1859; Sedano y Cruzat, 1873, Lavallé, Naranjo y Santamaría, 2002).

9.2. La manufactura del tabaco

La elaboración de puros y cigarrillos fue la única manufactura que consiguió desarrollarse ampliamente en la isla y, a diferencia de la producción de azúcar refinado, empleaba a gran número de artesanos. Aunque el tabaco se elaboraba en casi todas las poblaciones, la mayoría de talleres se concentraban en la capital y en algunas de las poblaciones circundantes como Santiago de las Vegas y Bejucal (véase cuadro 9.1).

Siendo una manufactura no mecanizada, la elaboración de puros y cigarrillos fue el motor principal del crecimiento demográfico de la capital durante estos años. Pese al Monopolio que la Real Factoría de Tabacos (fundada en 1717) ejercía sobre la producción y comercialización de tabaco en rama y tabaco torcido, desde fines del siglo XVIII aumentó significativamente el número de personas que torcían hojas de tabaco ilegalmente en sus casas o en pequeños talleres ("chinchales"). El Real Decreto de 1817, que declaraba libre el cultivo, la manufactura y el comercio de tabaco en todo el territorio, facilitó que varios de estos pequeños talleres se expandieran rápidamente hasta convertirse en grandes fábricas de tabacos a partir de la década de 1830. En cambio, en la metrópoli el tabaco continuó en manos del Estado. Un breve repaso al volumen total de exportaciones legales de tabaco manufacturado cubano pone de relieve que el crecimiento de la ciudad fue en gran medida paralelo al de la industria tabacalera. En 1828 se exportaron 18 millones de puros, cifra que una década después aumentó a 26 millones. Sin embargo, de 1840 a 1850, Cuba exportó legalmente un promedio de 176 millones de puros al año, una cifra que aumentó a 223 entre 1850 y 1855. Hasta finales del siglo XIX la cifra oficial de exportaciones oscilaría entre ciento cincuenta y doscientos cincuenta millones de puros (Sagra, 1863; Pezuela, 1866). Estas cifras sólo nos dan una idea aproximada de la expansión de la industria tabacalera cubana, puesto que un alto porcentaje de las exportaciones de tabaco salía de Cuba ilegalmente. El contrabando de tabaco proporcionaba altos dividendos y Cuba contaba con una experiencia de siglos en el tráfico ilícito.

El censo oficial de 1828, realizado una década después de que la Factoría perdiese el monopolio de la producción y comercialización de tabaco, muestra la existencia de 316 pequeñas fábricas (o talleres) de puros y 15 fábri cas de cigarrillos. La mayoría de estas fábricas dependían del trabajo a domicilio de todo tipo de trabajadores, entre ellos muchas mujeres que además de cigarrillos fabricaban los rodillos de las maquinillas para la elaboración manual (Pastor, 1829; Rivero Muñiz, 1964). Ya en 1809, un informe de la Factoría se quejaba de que en todas las casas, tiendas y hasta monasterios de La Habana se torcía tabaco (Marrero, 1972-1992). Durante la década de 1830 esta industria experimentó una gran expansión y surgieron las primeras grandes fábricas en las que trabajaban exclusivamente hombres. Este hecho contrasta con la industria tabacalera metropolitana donde las Reales Fábricas de Tabacos empleaban casi exclusivamente a mujeres (Gordon, 1897; Morange, 1980). No obstante, en Cuba un número adicional indeterminado de hombres y sobre todo mujeres elaboraban puros y cigarrillos a domicilio para empresarios que suministraban la materia prima y comercializaban el producto (Instituto de Historia, 1987).

Ya desde de la década de 1840 La Habana era "la ciudad de los tabacos". Según un informe oficial, en 1859 más de 15.000 tabaqueros y 2.300 cigarreros trabajaban en la capital. Aunque éstos eran los dos principales oficios del ramo, la manufactura tabacalera daba ocupación a muchos otros trabajadores urbanos tales como los dependientes de fábrica y de taller, los despalilladores (encargados de arrancar las venas de las hojas de tabaco), los rezagadores (encargados de clasificar las hojas de tabaco según tipo, tonalidad y aroma), los fileteadores (encargados de sellar y decorar las cajas de puros), los escogedores (encargados de clasificar los puros según color, aroma y tamaño), los cajoneros y por último los litógrafos. Fuera de las grandes fábricas, algunas mujeres trabajaban en casi todos estos oficios excepto el de escogedor.

Además de los datos proporcionados por la estadística de 1859, hay que tener en cuenta que muchos cronistas de la época observaron que hombres, mujeres y niños de raza asiática, africana o europea, ya fuesen esclavos, trabajadores libres, asiáticos contratados (sometidos a una situación de semiesclavitud) o soldados, torcían tabacos y elaboraban cigarrillos en un sinnúmero de pequeños "chinchales", en sus casas o en los cuarteles del ejército. A diferencia de las mujeres de raza negra, las mujeres blancas no comenzaron a trabajar fuera de la casa hasta finales del siglo XIX, pero la amplia difusión del sistema de trabajo a domicilio permitió que muchas mujeres, sin distingos de raza, se empleasen como cigarreras y hasta como tabaqueras (Gordon, 1897). Ya en tiempos de la Factoría, a finales del siglo XVIII, el asilo de mujeres de La Habana hacía operar como tabaqueras a muchas de las mujeres que acogía. El reglamento para los tabaqueros de 1851 se refería explícitamente a ambos sexos. Una mayor especificación sobre estas mujeres trabajadoras la encontramos en el censo de 1861 que contabiliza 198 mujeres negras libres y 558 blancas que con jornada completa realizaban tareas de tabaqueras o cigarreras en poblaciones cercanas a La Habana (Marrero, 1972-1992; Stubbs, 1985; Rivero Muñiz, 1964; Gordon, 1897; Serra, 1978).

A partir de 1877, para reducir los gastos en mano de obra, los talleristas de occidente comenzaron a reemplazar a los despalilladores por despalilladoras, y a partir de 1879 comenzaron a sustituir los cigarreros por cigarreras con la misma finalidad (La Razón, 28-X-1877 y 14-XII-1879). En las dos décadas siguientes un número importante de mujeres se incorporó a los talleres del ramo tabacalero que, si excluimos las ocupaciones de lavandera, planchadora y costurera, era el que absorbía más trabajo femenino fuera del ámbito doméstico (Clark, 1902).

Tomando en consideración estos datos, no es exagerado afirmar que a partir de mediados de siglo XIX entre un tercio y la mitad de la población habanera dependía directa o indirectamente de la manufactura tabacalera, una proporción que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Los trabajadores tabacaleros constituyeron el "primer núcleo de artesanos" con "mayor homogeneidad y coherencia' (Portuondo, 1961). Por esta misma razón, este colectivo de trabajadores fue el que más influencia tuvo en el surgimiento y desarrollo del movimiento obrero cubano en el siglo XIX. En la metrópoli, en cambio, los trabajadores del sector tabacalero - mujeres en su mayoría- desempeñaron un papel secundario dentro del movimiento sindical. El papel más destacado estuvo reservado a los trabajadores del sector textil en Cataluña, quienes a partir de finales de la década de 1830 fundaron importantes organizaciones obreras que marcaron el rumbo del sindicalismo español desde sus orígenes (Izard, 1973; Lida, 1973).

A diferencia de la fabricación de azúcar, el tabaco se elaboraba manualmente. La producción de cigarrillos empezó a mecanizarse en la década de 1850, pero hasta comienzos del siglo XX continuó siendo una industria en gran parte manual. En la producción de puros, la mecanización no comenzó a implantarse hasta la década de 1930, pero incluso hoy día continúa siendo una industria principalmente manual. Por consiguiente, la producción de puros y cigarrillos siguió utilizando una gran masa de trabajadores hasta bien entrado el siglo XX (Rivero Muñiz, 1964; Stubbs, 1985; Duarte Hurtado, 1976). No obstante, en la capital cubana existían muchas otras actividades económicas que absorbían una proporción significativa de la fuerza laboral. El mismo crecimiento de la ciudad generaba una importante demanda de brazos para la construcción de edificios, el tendido de vías de ferrocarril y de tranvía, la instalación de tuberías de gas, la canalización de las aguas, etc. Además, los hombres de negocios y los grandes hacendados residentes en la ciudad requerían todo tipo de servicios y artículos. Igualmente, el uso generalizado de máquinas de vapor en los trenes, los ingenios y los bar cos indujo a que aumentase el número de trabajadores calificados encargados de hacerlas funcionar, así como de mantenerlas y repararlas.

Un breve análisis del directorio comercial de la ciudad publicado en 1859 muestra la enorme importancia del sector comercial y la gran cantidad de pequeños talleres y tiendas orientados hacia el mercado interno. Siendo un centro comercial tan activo, La Habana disponía de servicios de transporte muy desarrollados. En el puerto trabajaban miles de estibadores, descargadores y artesanos dedicados a la reparación de embarcaciones, muchos de ellos de raza negra y condición esclava. Por otro lado, por las calles de la capital transitaban gran número de carretones, carruajes de alquiler y autobuses, los cuales requerían un número considerable de trabajadores para su fabricación, conducción y mantenimiento.

Las compañías ferrocarrileras y las empresas de navegación que tenían su sede en la ciudad también empleaban gran número de trabajadores, ya fuesen libres, esclavos o asiáticos contratados. A estas actividades económicas hay que agregar el sinfín de pequeños talleres artesanos y fábricas dedicados a la producción de todo tipo de objetos de consumo habitual, tanto en La Habana como en el interior del país (cuadro 9.2; Marqués Dolz, 2002).

CUADRO 9.2. Empresas de servicios, establecimientos comerciales, talleres y fábricas en La Habana (1859)

La expansión económica cubana y el gran desarrollo de la red de comunicaciones marítimas y terrestres permitieron que, a partir de las décadas de 1840 y 1850, se formase una gran área macro-urbana compuesta por La Habana y sus poblaciones circundantes. La primera línea de vapor de Cuba se inauguró en 1818. Durante la década de 1830 comenzó a funcionar de forma regular el servicio de lanchas que hoy día sigue cruzando la bahía habanera. Hacia mediados de siglo, diez líneas marítimas comunicaban entre sí los principales puertos insulares. En este período los barcos de vapor se impusieron en las comunicaciones de La Habana con el resto del Caribe, la costa Este de Estados Unidos, la Florida (Cayo Hueso, en el estrecho de la Florida y Cedar Key, en el Golfo de México), el Golfo de México (Nueva Orleans y Veracruz) y Yucatán. Por último, el vapor se impuso en la navegación entre la metrópoli y la colonia.

El desarrollo del ferrocarril fue aún más espectacular. En Cuba la primera línea de tren se abrió en 1837, la primera que entró en funcionamiento en América Latina. Cuando en 1848 se inauguró el ferrocarril en la metrópoli, ya se habían construido más de 600 kilómetros de vía en la colonia. Durante las décadas de 1850 y 1860 quedó casi completado el trazado ferroviario que comunicaba entre sí los principales núcleos urbanos del occidente insular (Zanetti y García, 1987; Moyano, 1991). La red de tranvías de La Habana comenzó a construirse en 1857 y, ya en 1873, algunas rutas introdujeron máquinas de vapor.

Siguiendo las líneas de ferrocarril, a partir de 1851 se comenzaron a tender los cables del telégrafo. En menos de dos décadas todas las grandes poblaciones se podían comunicar con la capital por este medio, incluyendo Santiago de Cuba. Además debido a su situación estratégica, Cuba fue el primer país de América Latina en estar conectado internacionalmente por telégrafo. En septiembre de 1867 entró en servicio el cable entre Cayo Hueso (Key West, en el extremo sur de la Florida) y La Habana, permitiendo que Cuba se comunicara de forma inmediata con Estados Unidos y España (a través del cable atlántico inaugurado un año antes entre Terranova e Irlanda). Tres años después se inauguraba el tramo La Habana-Santiago de Cuba-Jamaica, y en poco tiempo se alcanzaba las otras islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico, hasta Trinidad y Tobago (Anderson, 1872). En 1873 entraba en servicio el tramo Jamaica-Panamá, que ocho años más tarde abrió la comunicación telegráfica con los países andinos, Centroamérica y México, y en 1874 comenzó a funcionar la comunicación por cable entre Cuba y Brasil, vía Trinidad y Tobago y Cayena (Guayana); más adelante, en 1886 llegaría el teléfono. Pronto los principales periódicos habaneros y muchos otros servicios públicos adoptarían esta moderna tecnología.

Además de los servicios de comunicaciones, La Habana estuvo a la vanguardia de las ciudades latinoamericanas en servicios de todo tipo: teatros, hoteles, cementerios, hospitales, la universidad, el matadero municipal... Por ejemplo, desde 1835 la capital contó con un canal de suministro de agua, en 1846 se instaló la iluminación a gas (Le Riverend, 1960; Marrero, 1972-1992), y en 1866 por primera vez se iluminó brevemente una plaza con lámparas de arco voltaico. Paralelamente se pavimentaron calles, se construyeron y mejoraron vías de comunicación y paseos, y se renovó constantemente la decora ción de los edificios de acuerdo con las tendencias artísticas autóctonas e internacionales del momento (Venegas Fornias, Menocal y Shaw, 1996).

A diferencia de los centros urbanos de la Península, la población habanera estaba compuesta por grupos de personas de raza, grado de libertad y origen (criollo, peninsular, africano o asiático) muy diverso. Esta heterogeneidad es una de las principales causas de que la evolución del movimiento obrero cubano se diferenciara del español desde sus orígenes. Hacia mediados de siglo el grupo más importante de habitantes habaneros lo constituían los criollos blancos (42,9%). Si a este porcentaje añadimos la proporción de residentes en la ciudad que eran españoles (16,8%, de los que dos tercios eran peninsulares y un tercio isleños) y extranjeros (1,7%), tendremos que la proporción de población blanca era de 62%. La población de color constituía un 37,4% del total y dentro de este grupo la mitad eran esclavos (Pezuela, 1866).

A pesar de que en la Cuba colonial existían fuertes divisiones según la raza, el grado de libertad y el origen de las personas - tres factores divisivos que en la Península Ibérica tenían muy poca incidencia - el dinamismo de la economía urbana y las particularidades de la esclavitud cubana contribuyeron a crear unas condiciones de vida y de trabajo, que llevaron a las clases populares a compartir una intensa vida social en ciudades como La Habana. La gran demanda de fuerza de trabajo hizo que en los talleres urbanos coexistieran obreros de muy diversa procedencia, los cuales a menudo realizaban las mismas tareas. Este era un fenómeno muy usual en la manufactura tabacalera, donde a mediados de siglo aproximadamente la mitad de los trabajadores eran de raza negra, tanto esclavos como libres (Ortiz, 1978). La proporción de tabaqueros de raza negra comenzó a disminuir durante la década de 1860, pero se estabilizó en alrededor de un tercio del total de tabaqueros hacia finales de siglo (Stubbs, 1985; Clark, 1902; Pepper, 1899). Además, el empresariado insular impulsó la introducción de operarios asiáticos sujetos a un tipo de contrato que los convertía en semiesclavos. Aunque la mayoría de asiáticos contratados trabajaban en los ingenios de azúcar, una proporción significativa fue destinada a labores urbanas tales como la manufactura de cigarrillos y tabacos (China, 1993).

9.3. Trabajadores libres y trabajadores esclavos en el medio urbano

La estratificación étnica en la sociedad cubana separaba claramente a los blancos de la población de color. La élite blanca estaba dividida entre criollos y españoles peninsulares, recibiendo estos últimos un tratamiento preferente. Los blancos constituían el grueso de las capas sociales intermedias, copaban la totalidad de las profesiones liberales, el funcionariado y los eclesiásticos, eran la gran mayoría de los comerciantes (grandes y pequeños) y dominaban en los oficios más cualificados. A diferencia del mundo rural, hacia mediados de siglo XIX, la mayoría de la población de color urbana era libre, pero le seguía de cerca la población esclava. En un elevado porcentaje este grupo tenía los trabajos peor remunerados. Tanto si eran esclavos como libres, las personas de color trabajaban en el servicio doméstico, en las cocinas de las fondas y restaurantes, en los servicios de lavar y planchar ropa... Eran pocos, prácticamente inexistentes, los que accedían a las profesiones liberales, o a los trabajos artesanos mejor pagados como tipógrafo (cajista), escogedor de tabacos... No obstante, entre los oficiales de artesano de todos los oficios encontramos una proporción significativa de personas negras.

Hasta la abolición de la esclavitud en 1886 la élite criolla mayoritariamente aceptó el régimen militar español por considerarlo una garantía del orden racial que les aseguraba su posición privilegiada, aunque ello significara el predominio de los peninsulares. Para los peninsulares de menos recursos, el orden colonial también les aseguraba algunos privilegios: obtenían los trabajos mejor pagados en muchos talleres y fábricas de tabaco y recibían un tratamiento preferente en la administración. Incluso los dependientes podían ser invitados a las recepciones en el palacio del gobernador en La Habana.

A pesar de estas divisiones, la sociedad no se mantuvo tan segregada como hubiera deseado la élite hispano-criolla. En particular, en el mundo urbano los trabajadores libres de distinta raza y los esclavos convivían cotidianamente e incluso compartían en algunos casos los mismos oficios. Esto impidió que se mantuviera la estricta segregación racial que predominaba en las plantaciones de azúcar y café, e incluso en las vegas de tabaco. Aunque la proximidad contribuyó a que los trabajadores libres y los esclavos reconocieran sus intereses comunes y a que se constituyeran las bases para una acción colectiva, la fuerte militarización de Cuba propiciaba una atmósfera de dura represión política que afectaba a todos los sectores populares en su conjunto. A ello hay que agregar que a partir de 1830 la élite cubana buscó implementar formas más coercitivas de trabajo, demanda que fue satisfecha por la administración colonial mediante regulaciones que directa o indirectamente endurecieron el marco laboral de los trabajadores libres. El sistema de aprendizaje de oficios existente en Cuba entre la década de 1830 y la de 1860 es un claro ejemplo. Este sistema fue concebido y puesto en marcha precisamente cuando la demanda de trabajadores aumentó en las ciudades cubanas debido al enorme crecimiento económico de estas décadas. Según el erudito criollo Antonio Bachiller y Morales, creador del sistema, éste no buscaba revivir la vieja organización europea de los gremios, sino "extirpar la vagancia' y "excitar entre los artesanos una juiciosa emulación" (Marrero, 1972-1992).

La desaparición de las cofradías gremiales a inicios del siglo XIX no eliminó la tradición de colocar aprendices bajo las órdenes de un maestro artesano mediante un contrato oral. Los antiguos contratos de la época de las cofradías establecían que el aprendiz trabajaría sin salario de dos a cinco años en el taller a cambio de aprender el oficio. Tanto esclavos como trabajadores libres podían ser aprendices. Sin embargo, en 1837, siguiendo las sugerencias de Bachiller y Morales, miembro de la Sociedad Económica, el gobierno decretó que todos los aprendices fueran escriturados y dio a la Sociedad Económica la atribución de supervisar a los aprendices y a sus maestros en todas las principales ciudades cubanas mediante la junta de Aprendizaje. Además esta junta tenía la facultad de colocar directamente como aprendices a los niños huérfanos o abandonados, o a aquellos cuyos padres o propietarios aceptaran el sistema. La Junta podía así colocar a estos niños en talleres creados especialmente para ellos o en cualquier otro taller, incluso sin el consentimiento expreso del maestro. Como antes, trabajaban sin salario por varios años, pero la novedad era que tenían que permanecer como aprendices incluso después de conocer el oficio y haber pasado los exámenes de oficial que la Sociedad Económica supervisaba.

Las nuevas regulaciones decretadas en 1849 revelan que la esclavitud afectó en gran medida a este sistema de aprendizaje. Las mujeres podían ser escrituradas hasta diez años y los hombres hasta doce. Se desconoció las restricciones de número en un oficio, señalando que un maestro debía aceptar dos aprendices de la Sociedad por cada jornalero empleado. Un delegado debía vigilar a los aprendices y comentar sobre su trabajo en una libreta que el aprendiz debía tener consigo. Si enfermaba o desobedecía, se extendía el período de aprendizaje. Otro castigo era enviarlo a una institución penal. Si esto no bastaba para someterlo a la disciplina, se le mandaba a trabajar al campo: el mismo castigo que se aplicaba a los esclavos rebeldes de la ciudad. Las mujeres aprendices estaban también sometidas a estas regulaciones, con un agregado: en caso de quedarse embarazadas tenían que compensar al maestro por los servicios no prestados. Aunque las normas prohibían que el maestro empleara el castigo corporal, el uso del látigo, el palo y el yugo continuó siendo habitual.

La situación de los aprendices continuó empeorando con la fundación del Taller General Correccional de Aprendices en La Habana. Se trataba de un taller-prisión en donde trabajaban huérfanos y escriturados junto con niños que la policía había arrestado por "vagabundos", o los aprendices enviados allí en castigo. En el taller se imponían estrictas diferencias raciales. Sólo los aprendices blancos podían asistir a las clases de geometría y dibujo técnico en una de las escuelas de la Sociedad Económica, lo cual refleja la pre ocupación oficial por impedir el acceso a la educación a la población de color. A fines de 1830 el número de aprendices era algo más de cuatro mil jóvenes. Es probable que la Junta lograra que el número aumentara en más de un 25%. Al mismo tiempo las regulaciones establecidas posiblemente empeoraron la situación de aquellos aprendices escriturados por sus padres o propietarios (La Aurora, 30-XII-1866).

Otra medida gubernamental que afectaba a la libertad de los trabajadores era la Libreta del tabaquero que se empleó en La Habana desde 1851 hasta 1860, instaurada tras las quejas de los fabricantes de tabacos de que la fuerte demanda de mano de obra permitía a los tabaqueros "abusar" de los patronos. Específicamente se quejaban de que los tabaqueros no devolvían el dinero que les adelantaban del salario para asegurarse de que trabajarían en sus fábricas y talleres. Según las normas del sistema de la libreta, todo tabaquero o tabaquera tenía que registrarse en la Sección Industria de la Sociedad Económica, es decir, la misma sección encargada de vigilar a los aprendices. En la libreta se anotaba el lugar de trabajo, lugar de nacimiento, el domicilio, características físicas y el título de oficial (o carencia del mismo). Ningún fabricante podía aceptar como trabajador a un tabaquero libre o esclavo sin la correspondiente libreta (Portuondo, 1961).

Toda vez que un oficial tabaquero encontraba trabajo, su patrono le retenía la libreta y allí anotaba la cantidad de dinero que le daba de adelanto. Se trataba obviamente de un medio para "enganchar" al trabajador al puesto de trabajo, similar a la libreta empleada en Puerto Rico entre 1849 y 1873 con los trabajadores rurales, como se vio en el capítulo 7. También en las haciendas de varios países latinoamericanos encontramos un mecanismo parecido: el "peonaje por deudas". Como la producción de cigarros y cigarrillos descendía anualmente entre enero y julio, muchos obreros tabaqueros aceptaban adelantos en dinero de los fabricantes durante esos meses. Pero cuando la demanda de trabajo y el nivel de salarios subían de julio a diciembre, los tabaqueros que habían aceptado estos adelantos no tenían más opción que trabajar para sus acreedores por un salario inferior, en vez de obtener salarios más altos en otras fábricas.

En 1859, José Gutiérrez de la Concha, que gobernó Cuba de 1854 a 1859, trató de extender el sistema de la libreta a todos los oficios e incluso al trabajo rural en esta Antilla. Sostenía que la mayor demanda de mano de obra en Cuba daba a los operarios mucha más influencia que a los patronos (Portuondo, 1961). Sin embargo, el proyecto de Concha fracasó y la libreta del tabaquero cayó en desuso hacia 1860. Pero esto no hizo cesar el debate sobre la posibilidad de crear "talleres" o de volver a implantar la libreta para controlar la vagancia y ayudar a los patronos a mantener la disciplina sobre los trabajadores. Incluso, después de la abolición de la esclavitud en 1886, el gobierno colonial trató sin éxito de implantar el sistema de libreta para los empleados domésticos, muchos de los cuales habían sido esclavos.

Contra los peninsulares también se emplearon mecanismos legales coercitivos de manera que se convirtieran en trabajadores semi-libres. Esto ocurría en el caso de los dependientes cuyas vidas eran muy parecidas a la de los aprendices. La gran mayoría de dependientes eran inmigrantes peninsulares con escasos recursos que vivían en condiciones opresivas y trabajaban en tiendas y talleres pequeños, aunque algunos trabajaban en fábricas de tabaco. Generalmente vivían en el lugar de trabajo, junto con aprendices, esclavos o chinos escriturados, con los que realizaban tareas parecidas y casi en las mismas condiciones laborales. Su jornada duraba alrededor de dieciséis horas, sin descansar los domingos, y su libertad de movimiento era mínima. Sin embargo, los dependientes (a diferencia de los esclavos y asiáticos escriturados) podían salir del lugar de trabajo una vez cada quince días. Aun así, para trabajar en otro lugar, los dependientes necesitaban autorización oficial y podían sufrir graves castigos corporales. De hecho, hasta inicios del siglo xx este sector de trabajadores se mantuvo en una situación de semi-libertad y continuó soportando condiciones de trabajo sumamente duras (Rivero Muñiz, 1964).

Los soldados de las tropas españolas también se vieron afectados por las duras condiciones de trabajo en Cuba. Convertidos en trabajadores en régimen de semi-libertad se ocupaban en diversas ramas de la producción. Antonio López de Letona, antiguo gobernador de una provincia cubana, escribía en 1865 que este fenómeno era mucho más frecuente que en la Península porque la isla experimentaba una carencia de brazos en todas las industrias. De modo que los oficiales del ejército español permitían a sus subordinados emplearse en la construcción pública y privada, e incluso en el servicio doméstico. La proporción de soldados licenciados era tan alta que cuando la Guerra de los Diez Años estalló en 1868 sólo un tercio de las tropas españolas estaban preparadas para combatir. El capitán general Concha en la década de 1850 había intensificado el empleo de soldados que trabajaban en obras públicas o empresas privadas bajo disciplina militar, del mismo modo que hacía el Estado con los prisioneros; las diferencias entre ambos grupos solían ser mínimas. Además del régimen militar, la miseria de la vida en los cuarteles forzaba a los soldados a buscar empleo fuera del servicio. Por tanto, con el fin de ganar un salario, muchos soldados solían estar de licencia laborando como tabaqueros, albañiles, sirvientes domésticos, agricultores, cortadores de caña, etc. La administración fomentaba esta situación hasta el punto que Letona propuso enviar a los soldados a trabajar junto con los "emancipados" (esclavos decomisados) y los prisioneros en la construcción del ferrocarril central, proyectado para unir oriente con el resto del territorio (Casanovas, 2000).

9.4. Inicio y organización del movimiento obrero en Cuba

Los gremios y cofradías de artesanos que surgieron en los centros urbanos de Cuba desde los primeros tiempos de la conquista nunca consiguieron un grado de desarrollo equiparable al de las corporaciones artesanales de las ciudades españolas o de capitales virreinales como México o Lima. Antes del siglo XIX, las únicas corporaciones artesanales de importancia en Cuba eran las cofradías de trabajadores libres y esclavos, las cuales en algunos aspectos se asemejaban a los gremios de oficio existentes en la Península desde la Edad Media. Cada cofradía tenía un santo patrón y ofrecía auxilio caritativo, asistencia médica y servicios funerarios. Las antiguas cofradías de la isla desaparecieron con la extraordinaria expansión de la economía esclavista desde mediados del siglo XVIII y con las medidas decretadas en contra de los gremios hacia finales del Antiguo Régimen en España y en Cuba. Este conjunto de normas legales fue el golpe final a la ya de por sí débil estructura gremial cubana. En contraste con los gremios y cofradías que existieron en España, las cofradías cubanas nunca ejercieron un control sobre el aprendizaje y el empleo de artesanos equiparable al de los gremios de la Península. Una proporción cada vez mayor de la fuerza laboral era esclava y por su condición se la podía enseñar y utilizar independientemente de los controles de las cofradías.

A diferencia de otros países latinoamericanos tales como Perú o México, donde los gremios de artesanos siguieron existiendo después de la independencia aunque con sus funciones severamente recortadas, en Cuba hubo una clara discontinuidad entre las antiguas corporaciones artesanales y las asociaciones de trabajadores que surgieron a partir de la década de 1850. Esta circunstancia, el sumo grado de represión que la esclavitud imponía en las relaciones laborales y la estricta política colonial puesta en marcha por el naciente Estado liberal isabelino durante la década de 1830 explican el retraso con que surgieron los primeros signos de organización obrera en Cuba. En la Península, en cambio, existen claras muestras de organización obrera desde finales de la década de 1830 (Izard, 1970; Lida, 1973; Ollé, 1973).

A diferencia del asociacionismo obrero en España, el asociacionismo obrero cubano nació estrechamente vinculado al surgimiento y desarrollo de los cuerpos militares irregulares que se fundaron en Cuba a partir de mediados de siglo XIX. Hasta el final del colonialismo español en el Caribe, Cuba sufrió el peso del militarismo. La administración civil y militar siempre estuvo en manos de un general del ejército regular y, a lo largo del siglo XIX, incluso en tiempos de paz, la proporción de tropas regulares por habitante era muy superior a la existente en la Península.

La fundación de la primera asociación de artesanos se remonta a 1848. Probablemente, el capitán general de entonces autorizó su fundación para intentar conseguir el apoyo del artesanado blanco para hacer frente al movimiento en favor de la anexión de Cuba a Estados Unidos (el llamado "anexionismo"), fundado e impulsado por un sector minoritario de la élite criolla cubana. Se trataba de la Sociedad Artística y Literaria Nuestra Señora de El Pilar, un pequeño centro de declamación, música, pintura, literatura y baile para artesanos blancos y sus familias. La longevidad de El Pilar fue tal que noventa años después de su fundación seguía siendo un centro de reunión de los trabajadores habaneros. No obstante, las restricciones oficiales ocasionaron que durante un decenio El Pilar casi no pudiera ampliarse y que no se fundara ningún otro centro de artesanos. En todo este período la administración sólo autorizó algunas sociedades de socorros mutuos de profesionales calificados como los abogados, los maquinistas que enseñaban en la escuela Sociedad Económica de Amigos del País, o bien algunas asociaciones de inmigrantes blancos como las de los catalanes, los franceses o los alemanes (Portuondo, 1961; Pezuela, 1866; Rodríguez San Pedro, 1865-1868; Casanovas, 1995a).

El restablecimiento de las milicias de hombres de color en 1854 y la creación de una milicia irregular llamada Instituto de Voluntarios en 1855 - formada exclusivamente por artesanos blancos, la mayoría peninsulares - para defender el territorio en caso de producirse nuevas expediciones anexionistas (conocidas como "filibusteras") organizadas por emigrados cubanos desde Estados Unidos, contribuyó de forma decisiva a que con la súbita crisis económica de 1857 comenzaran a surgir algunas mutualidades de artesanos. Estas asociaciones podían admitir artesanos blancos o de color, pero en ningún caso a artesanos de ambas razas o a artesanos que residiesen fuera del barrio en que estas asociaciones tuviesen su sede. La administración no deseaba que se rompiese la rígida segregación racial inherente a toda sociedad esclavista, ni que el asociacionismo artesano adquiriese fuerza. Pese a todo ello, estas sociedades de socorros mutuos desempeñaron un papel fundamental al sentar las bases del desarrollo que experimentó el movimiento obrero a partir de la década de 1860.

Poco a poco, la dura política colonial impuesta por los liberales españoles desde su acceso al poder durante la década de 1830 entró en crisis. Hasta entonces, para mantener acallada a la acaudalada élite criolla (compuesta principalmente por grandes hacendados azucareros), el Estado liberal isabelino la amenazó sistemáticamente con desencadenar una revuelta de esclavos si intentaba poner fin a la marginación política en que se encontraba. No obstante, las crecientes dificultades que experimentaban el tráfico transatlántico de esclavos debido a la presión de la escuadra inglesa, así como la evolución de la política metropolitana, motivaron que a partir de finales de la década de 1850 España y la élite cubana comenzaran a reexaminar sus posiciones políticas. Para las clases populares, el reformismo creó una atmósfera favorable a la movilización obrera y muchos artesanos blancos se unieron al movimiento reformista. Ya en 1848 unos cuantos artesanos españoles habían fundado un centro recreativo en La Habana y, a fines de la década de 1850, la administración colonial había permitido la organización de sociedades de socorros mutuos, racialmente segregadas, tanto en occidente como en Camagüey.

Con la subida al poder en Madrid del partido de Unión Liberal en 1858, el gobierno metropolitano se propuso reformar la política colonial haciendo algunas concesiones a la élite criolla para conseguir que apoyase explícita o tácitamente que Cuba siguiese bajo dominio español. Posteriormente la derrota de los confederados en la Guerra Civil norteamericana no dejaría lugar a dudas sobre la cercanía del fin de la esclavitud en Cuba. La nueva política colonial de la Unión Liberal abrió un espacio inexistente hasta entonces para la élite criolla, la cual se agrupó en torno a un movimiento conocido como el "movimiento reformista" para defender sus intereses, aunque nunca se estableció como un partido propiamente dicho porque la administración colonial prohibía este tipo de organización. Las principales propuestas de este movimiento giraban en torno al libre comercio para los productos cubanos, el fomento de la inmigración blanca y el fin inmediato de la trata de esclavos africanos (aunque no de la esclavitud, pues muchos de los reformistas eran blancos, propietarios de esclavos y, por tanto, obtenían provecho económico y prestigio social de la esclavitud). Como consideraba que estas reformas eran específicas para Cuba, el movimiento reformista exigía un gobierno autónomo. Pronto el principal portavoz de los reformistas criollos sería el diario El Siglo. De forma paralela, a lo largo de todo el territorio se expandieron o se fundaron sociedades culturales con el nombre de liceos, casinos, ateneos o sociedades filarmónicas, a través de las cuales la élite criolla articuló el movimiento reformista y expresó sus intereses. Como era previsible, el sector de la población más vinculado a la administración colonial que monopolizaba la actividad política insular - el llamado "Partido Español", compuesto principalmente por comerciantes, fabricantes de tabacos y algunos grandes hacendados - orquestaron una campaña de oposición en contra del reformismo tanto criollo como metropolitano.

Para contrarrestar esta campaña y compensar la falta de comerciantes y fabricantes de tabaco en sus filas, el movimiento reformista procuró atraer el respaldo de los tabaqueros blancos. Para facilitar este acercamiento, el movimiento reformista expresó la necesidad de reducir el peso de la esclavitud en la sociedad cubana. Los trabajadores blancos se oponían al empleo de trabajadores no libres en las fábricas de tabaco porque ello permitía a los dueños endurecer las condiciones de trabajo. El movimiento reformista por tanto se mostró favorable al abolicionismo al manifestar su apoyo a la Unión Americana en la Guerra de Secesión norteamericana, en tanto que a las autoridades españolas les convenía que ganara el Sur para asegurar la continuidad de la esclavitud en Cuba. El 19 de noviembre de 1865, el capitán general Domingo Dulce consintió que los reformistas establecieran provisionalmente una asociación para erradicar la trata (acorde con los planteamientos de la recién fundada Sociedad Abolicionista Española). No obstante, dos meses más tarde, un decreto real obligaba a Dulce a cerrarla. Así mismo los reformistas comenzaron a propagar la idea de que los artesanos debían tener un mejor acceso a la educación y la cultura, que debían formar cooperativas y sindicatos, y que tenían el derecho a la negociación colectiva y a elegir delegados con ese fin.

Esta coyuntura política y el aumento de las exportaciones de tabacos durante la primera mitad de la década de 1860 permitieron al artesanado habanero dar un impulso sustancial al incipiente movimiento obrero cubano (Casanovas, 1995b). Siguiendo el credo reformista de que los trabajadores y los patronos podían convivir armoniosamente, el artesanado blanco fundó nuevas sociedades de socorros mutuos y centros de instrucción y recreo. No obstante, en 1865 la prensa reformista incluso apoyó las dos primeras huelgas del siglo XIX en Cuba. Se trata de las breves protestas que los torcedores de dos fábricas de tabacos llevaron a cabo en La Habana. Pocos meses después de estas huelgas los impresores fundaron una asociación para todos los trabajadores blancos de este oficio. Los tabaqueros trataron de imitarlos, pero las autoridades coloniales sólo les permitieron instituir asociaciones vecinales. En comparación con las movilizaciones de los trabajadores en la metrópoli, estas dos primeras huelgas breves y de pequeñas proporciones se produjeron en una fecha relativamente tardía. Además, mientras en Cuba recién comenzaba a arraigar el reformismo obrero, en la Península los trabajadores desde hacía ya algunos años estaban virando hacia posiciones mucho más radicales. Sin duda esta situación se explica por el clima de represión y censura de prensa que imponían la sociedad esclavista y el colonialismo español.

De todos modos, los artesanos de La Habana fundaron el primer periódico obrero La Aurora (1865-1867), un semanario muy vinculado a El Siglo, el diario reformista. Dadas las dificultades debidas a la represión, los editores de La Aurora se concentraron en la educación de los artesanos. Una de sus primeras campañas fue promover la lectura de libros y revistas en las horas de trabajo en las fábricas de tabaco. Fue así que "la lectura' se convirtió en institución cultural más importante de los tabaqueros hasta el presente (Gifford, 2004). Esta práctica consistía en que una persona leía en voz alta mien tras sus compañeros tabaqueros enrollaban puros y cigarros. Pese a la oposición de los fabricantes, ya en 1866 la lectura era una actividad diaria en la mayoría de fábricas y talleres de La Habana y pueblos circundantes. Como parte de este ideal educativo, los artesanos de La Habana se dedicaron a fundar escuelas para sus hijos y para ellos.

El aumento de la emigración peninsular y la mayor presión contra la trata esclavista, principalmente por parte del Reino Unido y Estados Unidos hasta su extinción a mediados de 1867, facilitó el aumento proporcional de los blancos en Cuba. El censo de 1862 puso de manifiesto que por primera vez la población blanca era más numerosa que la de color, lo cual debilitaba la tradicional política colonial fundada en la amenaza que Cuba sería "africana o española'. Por otro lado, tanto las huelgas como la lectura contribuyeron a disipar las divisiones de estatus y raza entre los trabajadores y, puesto que los trabajadores libres y los no libres trabajaban juntos en la manufactura de tabaco, los hombres de color e incluso los esclavos que se alquilaban terminaron por participar en las huelgas. Igualmente, también los esclavos, los asiáticos escriturados y los negros libres no estaban excluidos de la audiencia de la lectura. Pese a la censura del gobierno colonial y los fabricantes, los operarios no libres en las fábricas y talleres podían enterarse de denuncias abiertas o disimuladas de los reformistas sobre los abusos cometidos en las fábricas y de las veladas insinuaciones sobre la necesidad de limitar la esclavitud suprimiendo la trata y facilitando un lento y gradual proceso de emancipación. No obstante, con anterioridad a la Guerra de los Diez Años el movimiento obrero nunca dio apoyo explícito al abolicionismo o al separatismo.

La expansión de las asociaciones de trabajadores, la rápida propagación de la lectura en las fábricas de tabaco y la popularidad de las ideas más avanzadas del reformismo propiciaron las reivindicaciones de los obreros. Ya en 1865 se habían producido al menos dos breves huelgas las fábricas de tabacos de Hija de Cabañas y El Fígaro. Aunque no tenemos noticia de huelgas en 1866 los avances sociales alarmaron sumamente a los grandes fabricantes de tabacos, acostumbrados a tener el poder con el apoyo del aparato represivo necesario para sostener la sociedad esclavista. Todo parece indicar que llegaron a acuerdos para detener cualquier avance obrero, como si ya formasen un sindicato patronal, aunque formalmente éste no existiese. Una de sus maniobras fue comprar grandes cantidades de hoja de tabaco para provocar escasez de hoja en el mercado y así justificar el despido de miles de trabajadores hasta que aceptaran un salario inferior y peores condiciones de trabajo. El progresivo aumento de la represión no detuvo la conflictividad obrera y, en septiembre de 1867, se produjo la que tal vez sea la primera gran ola de huelgas. Aunque sólo duró unos cuatro o cinco días, en ella participaron miles de tabaqueros blancos y de color para reivindicar un aumento de jornales, mientras la burguesía insular presionaba al gobierno para que redujera los impuestos (Casanovas, 2000).

Paralelamente al aumento de la conflictividad entre marquistas y trabajadores tras años de aparente calma se intensificó la tensión entre el partido español y los reformistas. A finales de 1865 el gobierno español autorizó que se eligiera una parte de los comisionados entre los cubanos y los puertorriqueños (la "Junta de Información") para que negociaran en Madrid la reforma de la política colonial. A pesar del reducido censo electoral, el 25 de marzo 1866 los reformistas obtuvieron la mayoría de los delegados. Poco después, del 17 al 19 de abril de 1866 se producirían discusiones y finalmente tumultos entre grupos de peninsulares y cubanos. El detonante fueron los abucheos y aplausos estridentes que uno y otro grupo realizaron durante dos funciones de ópera y en un acto de homenaje en el Tacón, el principal teatro de La Habana, en el que se destacó un grupo de jóvenes criollos conocidos como los Tacos del Louvre. En la última noche de estos enfrentamientos muchos tabaqueros y artesanos blancos y de color se enfrentaron al "partido español", que además de los habituales funcionarios, militares y tenderos, consiguió que lo secundaran carreteros y cocheros, casi todos peninsulares.

Este tipo de sucesos hizo que la administración colonial cambiara su política: nombró un capitán general integrista, Francisco Lersundi, prohibió la lectura y gradualmente hizo cerrar muchos clubes y periódicos reformistas, o limitó muy severamente su libertad de actuación. Por otra parte, las divisiones de los sectores populares se pusieron de manifiesto ya que en este período los choques entre artesanos que defendían al régimen colonial español y los que apoyaban la autonomía o la independencia cubana se volvieron más frecuentes. Los artesanos españoles ocupaban una posición de privilegio en las fábricas de tabaco, eran capataces y ocupaban los oficios mejor pagados. Además, los peninsulares constantemente encontraban formas de beneficiarse del entorno colonial a través de sus vínculos con la administración, así como con el ejército regular, la milicia de los voluntarios y los comerciantes grandes y pequeños.

El giro hacia una política colonial más dura a finales de la España isabelina y el fracaso del reformismo dieron al separatismo el sustento popular necesario para lanzarse a la guerra en octubre de 1868. Hasta entonces el artesanado urbano casi no había participado en el movimiento separatista por su anexionismo pro-esclavista con Estados Unidos. A raíz de la represión del movimiento obrero y del giro de un sector separatista hacia posiciones más cercanas a los intereses populares e incluso al abolicionismo, muchos artesanos blancos y de color se acercaron o ingresaron en las filas del separatismo.

9.5. Socialismo, reforma y sectores populares: la prensa periódica y la lectura

La política colonial española en las Antillas limitó el desarrollo de la prensa en general y la obrera en particular. La falta de libertades impidió la difusión de las ideas socialistas radicales entre el grueso de los trabajadores urbanos hasta comienzos de la década de 1880. A pesar de estas dificultades, el dinamismo de la economía de exportación cubana impuso la circulación continua de personas y publicaciones que informaron incesantemente de las novedades políticas y económicas, así como de las corrientes ideológicas en boga en Europa y América.

La imprenta llegó tarde a Cuba, en la década de 1720. Al igual que en España, allí el primer periódico era la gaceta del gobierno, el Papel Periódico de La Habana, que bajo diversos títulos se publica desde 1790. Pese a la severa censura aplicada en las colonias, durante las primeras décadas de su existencia la prensa cubana siguió dos ciclos de apertura (1811-1814 y 18201823) o dos más de represión (1814-1820 y 1824-1836) similares a los que se observa en la metrópoli hasta mediados de la década de 1830, en que el naciente Estado liberal isabelino limitó enormemente el margen de actuación política legal de la élite criolla cubana (tensen, 1988). Desde ese momento, el llamado "partido español", dominado por los peninsulares acaudalados, se hizo con el control de los dos principales diarios habaneros de las décadas de 1840 y 1850, Fl Noticioso y Lucero de La Habana (1832-1844) y su sucesor El Diario de la Marina (1844-1960), dos publicaciones muy conservadoras en este período, y La Prensa (1841-1870) de planteamientos algo más moderados. La élite criolla se refugió en el diario El Faro Industrial de La Habana (1841-1851) hasta que la oleada de expediciones anexionistas de Narciso López entre 1848 y 1851 desencadenó un endurecimiento de la censura y la represión política. La tirada del principal diario de estos años, El Diario de la Marina, 7.500 ejemplares, muestra la difusión alcanzada por la prensa (Fornet, 1975).

Durante la etapa de 1859 a 1866, en que la administración colonial alentó las esperanzas criollas de reformas políticas, se ampliaron los estrechos márgenes de libertad de reunión, asociación y expresión. Hacia 1865, en todas las poblaciones de tamaño intermedio o grande de Cuba existía un liceo o centro de instrucción y recreo. A través de esta red asociativa, la élite criolla articuló el llamado movimiento reformista para impulsar una política colonial favorable a sus intereses, pero que no erosionase súbitamente la sociedad esclavista. Tal como señala Raúl Cepero Bonilla, los reformistas criollos resumieron su programa con el lema: "Todo por la evolución, nada por la Revolución" (Cepero, 1987).

La prensa desempeñó un papel crucial. Junto a los liceos, los reformistas criollos compraron o fundaron periódicos en Cuba e incluso en España (donde la censura era menor), que por primera vez desafiaron el monopolio de los periódicos afines al partido español en la colonia y la metrópoli. En Cuba, el diario El Siglo (1862-1868), editado con una moderna imprenta, fue el periódico más importante del "partido criollo". A los dos años de fundado se constituyó en sociedad anónima. A comienzos de la década de 1860, El Siglo lanzó una campaña en favor de la educación de la clase artesana y de su derecho a constituir sociedades de oficio y cooperativas de consumo. Los reformistas admitían que los artesanos eligiesen delegados para que negociasen durante los conflictos laborales y de este modo lograr que las relaciones entre clases sociales fuesen "armoniosas", sin enfrentamientos. Incluso propugnaron que las mujeres también tuviesen acceso a la educación y al trabajo remunerado fuera de sus casas, en las fábricas de tabaco u otras ocupaciones (Cepero, 1987; Moreno de Fuentes, 1865).

Entre los colaboradores de El Siglo encontramos a José Moreno de Fuentes, autor de Estudios Económico-Sociales (La Habana, 1865), el primer ensayo publicado en Cuba de temática exclusivamente obrerista. Después de analizar brevemente las ideas de Robert Owen, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Étienne Cabet y Pierre-Joseph Proudhon, Moreno de Fuentes muestra su preferencia por las ideas de Charles Fourier, el cual proponía un orden sociolaboral cooperativo extremamente pautado y no atacaba la propiedad privada. A pesar de la censura, ensayos como el de Moreno de Fuentes evidencian la facilidad con que circulaba en Cuba la información procedente de otros países. La fuerte orientación de la economía cubana hacia la exportación comportaba que en todos sus puertos llegasen libros, periódicos y personas bien informadas procedentes de Estados Unidos, Europa y América Latina. En consonancia con el auge económico y con los tiempos, los comerciantes y hacendados demandaban informaciones económicas precisas y puntuales sobre el estado del transporte y los mercados para sus productos. La expansión del ferrocarril, las líneas de barcos de vapor y la red telegráfica aseguraban la llegada de todo tipo de informaciones y su rápida circulación en todo el territorio. Uno de los directores del Diario de la Marina, Dionisio Alcalá Galiano, lamentaba este hecho. La prensa extranjera siempre llegaba antes que la española. Antes de su distribución, la prensa metropolitana cercenaba lo que sería publicado en ambas orillas, en tanto que la prensa extranjera sólo era vigilada en la colonia, donde también circulaba ilegalmente Censen, 1988; Rodríguez San Pedro, 1865-1868; Pezuela, 1866; Casanovas, 2003).

Los reformistas de la década de 1860 evidenciaron las fisuras del hasta entonces monolítico "partido español", al conseguir el apoyo del artesanado blanco y de algunos grandes fabricantes de tabacos contrarios al mercantilis mo impuesto por la metrópoli. A mediados de esta década La Prensa se acercó al reformismo mientras que El Diario de la Marina siguió defendiendo a ultranza el statu quo colonial. Entre los artesanos, el vínculo con los reformistas facilitó que en octubre de 1865 fundaran en La Habana el semanario La Aurora: Periódico semanal dedicado a los artesanos que alcanzó una notable difusión en occidente e incluso en las otras regiones del país. Sorteando la severa censura desde mediados de 1866 La Aurora continuó publicándose hasta octubre de 1868, pocos días antes del inicio de la Guerra de los Diez Años. Siguiendo los pasos de El Siglo, La Aurora surgió como una sociedad por acciones, de las cuales se emitieron diez que fueron vendidas entre los trabajadores de la fábrica de tabacos de Jaime Partagás en la que Saturnino Martínez, su director, trabajaba como capataz. Aunque La Aurora insistía en que era un periódico de y para los artesanos, defendió las mismas ideas que El Siglo, diario con el que compartió varios colaboradores. Por consiguiente, en referencia a los intereses de los artesanos, el principal objetivo de La Aurora fue impulsar la educación de los trabajadores y el establecimiento de sociedades de socorros mutuos, cooperativas de consumo y centros de instrucción y recreo.

El acercamiento a los artesanos propugnado por El Siglo y La Aurora suscitó la oposición visceral de la élite del partido español que, a través de su órgano de prensa, el Diario de la Marina, y de varios periódicos recientemente fundados en la metrópoli, obstaculizó la campaña reformista hasta detenerla casi por completo a partir de la primavera de 1866. La vuelta a la política colonial represiva supuso que la censura suspendiera la publicación de La Aurora y de El Siglo en varias ocasiones, convirtiendo a ambos periódicos en gacetas de información cultural y literaria muy general. La Aurora dejó de publicarse a comienzos de 1867 y El Siglo fue clausurado en marzo de 1868. Aunque en 1867 también en La Habana surgió un periódico reformista rival, El Occidente, y la labor de El Siglo fue continuada por El Occidente y El País, todos ellos tuvieron una vida efímera bajo el hostigamiento constante de la censura que lograba su cierre. A partir de entonces el reformismo sólo pudo expresarse a través de algún que otro periódico publicado en Madrid durante la Guerra de los Diez Años como por ejemplo La Voz del Siglo (1868-1869), editado por Nicolás Azcárate, uno de los más destacados colaboradores de El Siglo y La Aurora. Para entonces, la élite de los artesanos, sin embargo, ya hacía más de un año que no contaba con un órgano de prensa.

9.6. El movimiento obrero en la Guerra de los Diez Años

El estallido de la Guerra de los Diez Años en 1868 brindó al partido español la oportunidad de recobrar su posición dominante en la política insular. La debilidad militar y política de España durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874) empujó al gobierno español a consentir que el partido español impusiese su voluntad en Cuba. Desde el inicio de la contienda, el partido español aumentó su base de sostén armando a la mayoría de peninsulares que se enrolaron en el Instituto de Voluntarios, una milicia irregular fundada en 1855 que pasó de tener unos 10.000 hombres en 1868 a 70.000 en 1870. Como ya comentamos, era tal su poder que en junio de 1869 expulsaron al capitán general Dulce por haber concedido algunos derechos a los criollos para intentar frenar el levantamiento separatista. Dos años más tarde, el 12 de abril de 1871, los voluntarios impidieron que Jacinto M. a Martínez, el obispo de La Habana, desembarcara en la ciudad después de un viaje a Roma acusándole de ser demasiado moderado respecto a los separatistas. Además de su poder en las ciudades y núcleos urbanos donde vivían la mayoría de peninsulares, el Instituto de Voluntarios contó con el apoyo de varios batallones de voluntarios que las distintas burguesías regionales españolas financiaron, armaron y enviaron a la isla. Estos batallones cometieron graves violaciones contra las personas y las propiedades (Amores, 1998). Las tropelías del Instituto de Voluntarios en las ciudades y las de los batallones de voluntarios españoles en el campo contribuyeron al enriquecimiento de bastantes peninsulares que se adueñaron de plantaciones, ingenios y negocios urbanos (Gómez, 1885).

Como en las etapas anteriores a 1868 en que la política colonial actuó con mano dura, durante el enfrentamiento armado los peninsulares pasaron a monopolizar la dirección de las asociaciones populares. La violencia ejercida por los voluntarios forzó a muchos trabajadores criollos a exiliarse, la mayoría de ellos se dirigió a Florida y Nueva York. De este modo se formaron dos ramas del movimiento obrero cubano: una dentro y la otra en el exilio. Empero la represión y a la militarización de las ciudades cubanas, algunos artesanos que eran miembros del Instituto de Voluntarios pudieron continuar participando en asociaciones de recreo y socorros mutuos.

Por otra parte, los trabajadores emigrados a Estados Unidos aprovecharon su experiencia organizativa para impulsar un nuevo movimiento obrero en el que se materializaron muchas de las aspiraciones que el gobierno colonial y los voluntarios impedían en Cuba. En las comunidades cubanas de Cayo Hueso, Nueva York y otras ciudades de la costa este de Estados Unidos, los tabacaleros cubanos fundaron asociaciones de cultura, recreo y ayuda mutua, e iniciaron la práctica de leer periódicos y libros en los talleres de tabaquería, un uso que se extendió a los talleres de otras nacionalidades. Por ejemplo, Samuel Gompers, el primer presidente de la Federación Americana del Trabajo (AFL), inició sus pasos en el sindicalismo como lector de tabaquería en Nueva York.

Sólo en el exilio pudieron los obreros criollos ocupar posiciones de liderazgo en las asociaciones populares. Aunque ambas ramas del movimiento obrero cubano tenían un pasado común, durante años la guerra determinó su evolución independiente. A partir de 1876, cuando la lucha entraba en su fase final y, sobre todo tras ella, el obrerismo cubano insular y el desarrollado en Estados Unidos establecerían vínculos tácitos e intercambios de experiencias asociativas a partir de los cuales ambas ramas se expandirían y conseguirían importantes victorias en el período de entreguerras (1878-1895).

La evolución de estas dos ramas del movimiento obrero cubano muestra que los sectores populares cubanos, tanto en el occidente de Cuba como en las comunidades del exilio, procuraron superar las fuertes limitaciones que el conflicto bélico impuso a la organización de los trabajadores. Dentro de la isla, aunque la sociedad estaba extremadamente militarizada, los trabajadores trataron de limitar el poder del partido español. Aunque los peninsulares más adinerados, incluyendo a los grandes fabricantes de tabacos, formaban la oficialidad del Cuerpo de Voluntarios, la masiva participación de peninsulares menos pudientes en esta milicia irregular permitió que al menos algún sector de los trabajadores retuviera cierto poder de negociación frente a la administración y el empresariado. Así se pudo fundar el primer sindicato de oficio en 1872 (el Gremio de Escogedores, en La Habana), varias sociedades de socorros mutuos y centros culturales y algunas asociaciones regionales de inclinación popular más que elitista en varias poblaciones. En las solicitudes para fundar asociaciones en este período casi siempre los artesanos firmantes subrayaban que pertenecían al Cuerpo de Voluntarios. Aun así, no siempre conseguían la autorización.

La proclamación de la Primera República española el 11 de febrero de 1873 permitió que durante un año el movimiento obrero, dirigido por trabajadores peninsulares, desafiara a la élite del partido español. Al igual que en la metrópoli, en la Antilla los seguidores del republicanismo federal tuvieron gran influencia en el desarrollo del movimiento obrero. Ya antes de la guerra el artesanado habanero había expresado sus simpatías por el republicanismo. Ahora existía una oportunidad para desarrollar estas ideas. El 12 de febrero, un día después de la proclamación, se comenzaba a publicar en La Habana el diario republicano El Tribuno con el subtítulo "Dirigido y redactado por españoles de probado patriotismo". Era una publicación cercana al reformismo de Saturnino Martínez, un tabaquero asturiano que a mediados de la década de 1860 se convirtió en uno de los principales dirigentes obreros y de José de Jesús Márquez, un ingeniero mecánico cubano, que junto a Martínez había editado La Aurora entre 1865 y 1867. Sin embargo, el capitán general Francisco Cevallos, reacio a las reformas, frenó la aplicación de la nueva política colonial aperturista y próxima al abolicionismo.

Para facilitar el proceso de cambio, el gobierno nombró capitán general a Cándido Pieltain, quien estaba dispuesto a seguir las directrices del gobierno republicano pero con suma cautela ante el temor de ser expulsado por los españoles integristas como le había ocurrido al capitán general Dulce en 1869. Tan pronto Pieltain tomó posesión del cargo, se expandieron las asociaciones de recreo y socorros mutuos, surgieron nuevos periódicos y finalmente se establecieron clubes republicanos principalmente en La Habana como el Centro Nacional de Artesanos. Paralelamente se intensificaron las reivindicaciones laborales en diversos oficios y los esfuerzos en favor de la educación popular. En agosto de 1873, algunos tabaqueros intentaron en vano restablecer la lectura en los talleres, algo que en el extranjero sólo habían conseguido los trabajadores cubanos. Incluso dentro del cuerpo de los voluntarios, los republicanos desafiaron a la élite del partido español.

Además de los derechos ciudadanos y las reivindicaciones laborales, el principal punto de enfrentamiento entre los republicanos, tolerados por Pieltain, y los ultraconservadores o integristas fue el abolicionismo. Los republicanos federales aspiraban a que hubiese elecciones democráticas y, de forma más o menos encubierta, defendieron la inmediata abolición de la esclavitud, un tema que estaba prohibido debatir en Cuba. Este abolicionismo no estaba exento de racismo. Siguiendo los pasos del movimiento reformista de la década anterior, siempre con la preocupación de detener la "africanización" de Cuba, en 1873 el semanario obrero La Unión señalaba que el crecimiento de la población de Cuba debía basarse en la raza blanca o europea; era ésta una opinión en la que coincidían distintos grupos con diferentes posiciones ideológicas. Incluso algunos dirigentes de la República en Armas se expresaron de forma similar en relación a la inmigración y la conveniencia de fomentar la entrada de inmigrantes blancos. Aunque el Centro Nacional de Artesanos tuvo una vida efímera, fue la primera asociación popular de Cuba en la que participaron artesanos de toda La Habana. La popularidad del republicanismo federal entre los trabajadores habaneros queda reflejada en el hecho de que el centro de reuniones del Centro Nacional - el teatro Ariosa con un aforo para 800 personas - se llenaba completamente siempre que había una de las frecuentes juntas que convocó la asociación hasta su disolución en enero de 1874 (Casanovas, 1998).

La evolución política de Puerto Rico influía en Cuba. Los republicanos federales querían que las libertades ciudadanas existentes en Puerto Rico se hicieran extensivas a Cuba. Mientras en Cuba se desarrollaba la guerra, ya en 1872 el gobierno español permitió que en Puerto Rico se realizaran elecciones a Cortes. Un año después, a los pocos días de proclamarse la República, el gobierno convocó elecciones a las Cortes constituyentes y abolió la escla vitud, hechos que tuvieron un tremendo impacto en Cuba. Sin embargo, en la gran Antilla la campaña integrista y el contexto represivo de la guerra impidieron que se aplicasen ambas medidas. El partido español se opuso enérgicamente a las moderadas reformas de Pieltain. Lo que más preocupaba a este grupo era la abolición de la esclavitud por lo que tanto en La Habana como en Madrid impulsó una campaña sumamente agresiva para limitar la introducción de libertades civiles e impedir la abolición.

El fin de la Primera República española fue un grave revés para los republicanos en Cuba; su término marcó el inicio de la represión, aunque el movimiento obrero republicano federal persistió. Como se estudiará en el capítulo 11, a raíz de los cambios provocados por la Guerra de los Diez Años, España se vio obligada a iniciar una reforma del sistema colonial. La supresión de levantamiento cantonal y la derrota carlista en la Península permitieron este giro. En 1876 el general Arsenio Martínez Campos tomó el mando del ejército español en Cuba, a donde llegó junto con miles de soldados bien pertrechados y fogueados. Paralelamente a una campaña militar de grandes proporciones, Martínez Campos permitió que se fundaran (o expandieran) asociaciones culturales, de recreo y ayuda mutua. Con la reducción del número de esclavos, las personas de raza negra pudieron fundar asociaciones tras dos décadas de prohibición. Es en estos momentos cuando por primera vez los asiáticos fundaron varias sociedades.

En 1877 los artesanos blancos fundaron en La Habana el "Recreo de Obreros". En el acta fundacional no se hace referencia a la raza de sus miembros, lo que indica el propósito de superar las divisiones fruto de la esclavitud. Con el paso del tiempo y bajo diversos nombres, "El Recreo" se convirtió en el centro más importante del movimiento obrero insular hasta la Guerra de Independencia. Por tanto, cuando los separatistas cubanos y el ejército español firmaron la Paz del Zanjón en febrero de 1878 ya existía una red de asociaciones populares que sirvieron como base a partir de la cual el movimiento obrero se expandió rápidamente. Como en Cuba, los cambios políticos de los últimos años de la guerra y el Zanjón propiciaron una transformación profunda de las comunidades de trabajadores cubanos en Estados Unidos. Ya en la primavera de 1875 tenemos noticia de que algunos tabaqueros de Cayo Hueso regresaron con sus familias a La Habana después de perder una huelga. Conscientes de la necesidad de romper el aislamiento, al terminar la contienda la libertad para entrar y salir de Cuba dio a los trabajadores tabacaleros de la emigración una mejor posición para negociar con los patronos, que en la mayoría de los casos estaban estrechamente vinculados a la directiva del movimiento separatista. En 1878 muchos de estos trabajadores regresaron a Cuba - a la vez que el movimiento separatista perdía fuerza - para sumarse al esfuerzo de sus compañeros en la isla en transformar el movimiento obrero en una fuerza social que superara las divisiones del pasado e incorporara las experiencias de lucha obrera vividas durante la guerra dentro y fuera de la gran Antilla.

9.7. Abolición de la esclavitud, emigración y evolución del movimiento obrero

Tras la firma de la Paz del Zanjón, Arsenio Martínez Campos redujo drásticamente el ejército regular, permitió que los emigrados y exiliados regresasen, suavizó bastante la censura de prensa, autorizó los mítines públicos y permitió por primera vez la formación de dos partidos políticos, cuya composición, prácticas y evolución se estudian en el capítulo 11. Inmediatamente, la élite criolla y el partido español constituyeron el Partido Liberal de Cuba (PLC) y el Partido de Unión Constitucional (PUC) respectivamente, de los que saldrían representantes para las diputaciones provinciales y las Cortes españolas en Madrid. Como parte de las reformas, autorizó a los peninsulares y a los criollos leales a expandir o fundar organizaciones empresariales, asociaciones populares y centros peninsulares regionales tales como el Centro Gallego o el Centro Asturiano, ambos fundados en La Habana en 1879 y 1886 respectivamente. A medida que se acercaba el fin de la esclavitud, aumentó mucho el número de españoles que emigraba a Cuba. Fue una etapa de casi cincuenta años en que la emigración estuvo dominada por gallegos y asturianos (Maluquer de Motes, 1992; Naranjo Orovio, 1992 y 2005: 83-110).

Junto a estas organizaciones de carácter étnico, a finales de 1876 los trabajadores de tendencia republicano-federal fundaron un centro de reunión, esta vez con el nombre de Recreo de Obreros en La Habana, la cual era una continuación directa del Centro Nacional de Artesanos. Paralelamente, Saturnino Martínez - el principal líder del obrerismo reformista de la década de 1860 - fundó el semanario La Razón, que durante ocho años, hasta su suspensión definitiva en el verano de 1884, fue el principal periódico obrero de Cuba. Al igual que los dos semanarios que este líder obrero había dirigido (La Aurora, 1865-1868, y La Unión, 1873-1874), La Razón defendió la armonía entre trabajadores y empresarios e impulsó la fundación de cooperativas de consumo y producción cuyos fines eran mitigar el coste de la vida y paliar el desempleo. Aunque el clima bélico de estos años impidió el desarrollo del Recreo de Obreros hasta su clausura en 1879, esa asociación sentó las bases del principal centro obrero cubano de después del Zanjón y que sucesivamente se llamaría Recreo de Artesanos (1880-1885), Círculo de Trabajadores (1885-1892) y Sociedad General de Trabajadores (1892-1896). Después de la Guerra de Independencia, el modelo organizativo de los sindicatos siguió las pautas marcadas por esta institución, e incluso el actual Palacio de los Trabajadores de Cuba, construido en La Habana en la década de 1940, es heredero de esta institución. Pese a que el primer director del Recreo, Saturnino Martínez, era miembro del Instituto de Voluntarios, a través de esta institución una vez más emergían las tensiones que a lo largo de toda la contienda atravesaron los distintos sectores partidarios del dominio español. Según afirmaban sus fundadores, el Recreo abría sus puertas a todas las personas trabajadoras en contraposición al Casino Español que sólo aceptaba a familias de "posición desahogada' (Casanovas, 2000).

El Recreo de Obreros recogía la gran aspiración del movimiento obrero cubano desde sus orígenes: ofrecer un centro de "instrucción y recreo" a "todos los obreros de la Habana", indistintamente de su origen insular o peninsular e incluso su raza, puesto que el reglamento no se refería a la raza de los asociados. Era un intento claro por superar las divisiones que imponían el colonialismo y la esclavitud. Durante estos dos años de su existencia bajo una intensa censura y prohibiciones la principal actividad del Recreo eran las reuniones de los domingos por la tarde. En su local, los asociados y sus familias asistían a conferencias, obras de teatro, lecturas de poesía, conciertos y bailes que se prolongaban hasta la madrugada.

Además de ser un centro cultural, desde el principio, el Recreo fue el principal lugar de reunión de las asociaciones populares habaneras. No obstante la severa vigilancia de las autoridades obligaron al Recreo a concentrar sus esfuerzos en ofrecer servicios educativos y actividades culturales. Poco después de fundarse, el Recreo abrió una biblioteca y sala de lectura de periódicos e inició los trámites para abrir una escuela, pero la administración no la autorizó por temor a que se convirtiese en un centro de propaganda separatista (Casanovas, 1995). Simultáneamente a la fundación del Recreo de Obreros surgieron sociedades de artesanos, principalmente de socorros mutuos a lo largo de todo el territorio. Incluso los trabajadores de raza africana y los asiáticos pudieron comenzar a establecer sus propias sociedades de socorros mutuos o de instrucción y recreo.

Un aspecto importante del movimiento obrero es su contribución a la abolición de la esclavitud. Los estudios demuestran que el crecimiento del movimiento obrero contribuyó a la descomposición de la esclavitud. Las organizaciones obreras realizaron una activa campaña abolicionista a través de la prensa y las actividades culturales, cuyo arraigo popular empujó a los dos grandes partidos a incluir gradualmente la abolición entre sus principales objetivos políticos. La abolición preocupaba de tal modo a la administración colonial que limitó mucho la actividad del movimiento obrero por miedo a que alentara la combatividad de los esclavos. A finales de la Guerra de los Diez Años en las ciudades casi no quedaban esclavos. El fin de la trata en 1867, las dificultades por imponer disciplina a los esclavos en el entorno urbano y, sobre todo, el trabajo a jornal de muchos de ellos que les permitía iniciar un proceso de autocompra (coartación) se tradujo en índices de manumisión bastante más altos en las ciudades que en las zonas rurales. Por otro lado, la convivencia en los talleres y lugares de residencia entre los esclavos que trabajaban a jornal, los trabajadores negros libres y los artesanos blancos y sus familias contribuía a diluir la barrera racial que imponían siglos de vida en una sociedad esclavista.

Inicialmente los dos partidos políticos insulares, el PLC y UC, seguían planteamientos políticos sin tomar en cuenta este creciente movimiento asociativo popular o la situación de los trabajadores urbanos en general. Un tema crucial era el abolicionismo falso o muy moderado de ambos partidos. El impacto de la breve Guerra Chiquita (1879-1880), declaradamente abolicionista y separatista, y la profundización de las reformas coloniales posteriores, permitieron al movimiento obrero dirigido por artesanos de tradición reformista a participar en 1881 en un intento de poner en marcha un Partido Democrático (PD) de tendencia republicana federal. El PD tuvo una vida efímera por el temor de las autoridades a que el "partido español" se dividiera como en 1873. No obstante, el abolicionismo explícito y la capacidad de movilización popular del PD alentaron al PLC, el partido de la élite criolla - en constante minoría respecto al PUC, el "partido español", por el favoritismo de las autoridades coloniales-, a buscar el apoyo popular defendiendo posturas cada vez más abolicionistas. El objetivo a medio y largo plazo era conseguir votos y apoyo procedentes de las capas populares. En Cuba las normas coloniales concedían el voto a las personas de renta alta, a los voluntarios, muchos de ellos artesanos, y a los funcionarios españoles. Además existía la esperanza de que el censo electoral se hiciera extensivo a las capas medias de la sociedad. Hasta la definitiva abolición de la esclavitud el 8 de octubre de 1886, los republicanos presionaron a los autonomistas con esta cuestión. De este modo, los republicanos, con el apoyo del movimiento obrero, contribuyeron decisivamente a generar una atmósfera política y social favorable a la abolición.

La gradual decadencia de la esclavitud hasta su total extinción y del aparato represivo que la sostenía permitió el crecimiento o fundación de muchas asociaciones obreras. Las ya existentes habían conseguido mantenerse desde la época de la guerra o antes como centros de instrucción, recreo y socorros mutuos. Con las reformas políticas que siguieron al Zanjón, muchas de estas asociaciones cobraron un carácter más radical y por primera vez aparecieron sindicatos de oficio reconocidos legalmente en Cuba. Anteriormente la administración sólo había tolerado el elitista y exclusivo Gremio de Escogedores fundado en 1872. Con la abolición de la esclavitud en 1886, este proceso se aceleró. Precisamente, las mayores movilizaciones obreras de la Cuba del siglo XIX se produjeron a partir de entonces.

Dos organizaciones tuvieron un papel clave en esta evolución: el Círculo de Trabajadores de La Habana (fundado en 1885, pero continuador de asociaciones anteriores) y la Junta Central de Artesanos de La Habana OCA, fundada en 1882). En los locales del Círculo se reunían asociaciones obreras de La Habana. La JCA era un consejo sindical de la Habana y su región que aspiraba a federar a todas las asociaciones obreras de Cuba siguiendo el modelo de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). Ambos organismos influyeron en el movimiento obrero cubano interior y en el de las comunidades de la emigración. Su portavoz fue el periódico El Productor (1887-1892).

Por ejemplo, el Gremio de Obreros de Ramo de Tabaquerías (GORT), el sindicato más grande fundado tras el Zanjón, logró transformar efectivamente las relaciones laborales existentes en las fábricas y talleres de tabaco. Por otra parte, los trabajadores negros y los asiáticos fundaron miríadas de asociaciones que mantenían un perfil propio, alejadas de las luchas sindicales pero que contribuían a fortalecer las protestas populares. Para contrarrestar estas tendencias, los propietarios ya no podían contar con el mismo grado de intervención de la administración colonial que antes. Las tensiones de clase habían adquirido una mayor intensidad que las divisiones que imponía la esclavitud y el dominio colonial.

Aunque en la cúpula dirigente del movimiento obrero sólo había criollos blancos y peninsulares, en las huelgas los trabajadores superaban las diferencias de raza y origen (incluso condición social) para unirse abiertamente en sus reivindicaciones. Por ejemplo, en 1885 estalló una huelga de toneleros en Cienfuegos en la que peninsulares, criollos blancos, mulatos y negros fraternizaron. La flexibilidad en las relaciones entre los trabajadores motivó que los propietarios de fábricas de puros fundaran el Gremio de Fabricantes de Tabacos (que posteriormente se convertiría en la Unión de Fabricantes de Tabacos, UFT). Además de promover los intereses comerciales de los marquistas, su principal objetivo era mantener la disciplina laboral, pero su éxito parece haber sido limitado debido a la fuerte posición negociadora de los trabajadores.

La participación de las mujeres en el mundo laboral fuera del hogar se desarrollaba en un entorno distinto al de los hombres. A diferencia de las mujeres blancas, las de color siempre habían participado intensamente en la vida laboral fuera del hogar, incluyendo las asociaciones populares de personas de raza negra. La mayoría de ellas eran vendedoras ambulantes, lavanderas, planchadoras, costureras, cocineras, sombrereras, etc. Según las noticias de la prensa, probablemente la mayoría eran prostitutas, ya fuesen libres o esclavas, pero no contamos con datos estadísticos precisos (Gullón, 1996; Pepper, 1899). Los cabildos de africanos (asociaciones de personas nacidas en África pertenecientes a la misma etnia, existentes en Cuba desde el inicio de la época colonial) habían institucionalizado la participación femenina y, en algunos de ellos, las mujeres eran mayoría. Por ejemplo, en una solicitud de 1877 del Cabildo Arriero Gangá de La Habana para convertirse en un centro de instrucción y recreo que admitiese negros criollos, observamos que de sus 421 asociados, 306 eran mujeres (Casanovas, 2000; Scott, 1985; Schmidt-Nowara, 1995).

A partir de finales de la década de 1870, cuando los cabildos de africanos se transformaron en asociaciones de ayuda mutua y la administración autorizó la fundación de asociaciones de gente de color, las mujeres tuvieron en muchas un papel más relevante que el que tenían las mujeres blancas en asociaciones dirigidas por artesanos blancos. Por ejemplo, a comienzos de 1879 en Cienfuegos varias mujeres de color fundaron la sociedad de ayuda mutua La Caridad del Cobre y en Trinidad, provincia de Santa Clara, crearon la sociedad Las Hijas del Progreso (Howard, 1988; Casanovas, 2001). Aunque en oficios como el de tabaquero de chinchal, hombres y mujeres trabajaban juntos, lo más frecuente era que las mujeres lo hicieran en entornos apartados de los hombres, lo cual dificultó que las mujeres participaran en las luchas de sus compañeros de clase.

Los primeros propagandistas del anarquismo aparecieron en este clima de incremento de las reivindicaciones obreras en Cuba. A través de la palabra y la prensa comenzaron a atraer a un creciente número de obreros a los planteamientos anarco-colectivistas (bakunianos) de la FTRE. Sin embargo, el giro hacia una política colonial más represiva y la repentina e intensa crisis de 1883 frenaron la difusión de los planteamientos anarco-colectivistas. En este clima represivo, los dirigentes obreros reformistas intentaron ganar terreno a los radicales colectivistas colaborando con la organización patronal y el gobierno colonial, pero fracasaron. Sus demandas no fueron aceptadas y sus posiciones anti-separatistas tampoco convencieron al gobierno que siguió temiendo una escisión en el partido español.

A finales de 1886 el GORT se autodisolvió porque los trabajadores rechazaron los pactos de sus dirigentes reformistas con la UFT. Al quedar desacreditados, cuando la economía se recuperó los trabajadores urbanos comenzaron a elegir a anarquistas como dirigentes de sus sindicatos. El desastroso papel que desempeñaron los dirigentes reformistas en una gran huelga de los obreros tabacaleros de 1886 los desacreditó definitivamente ante la mayoría de los trabajadores urbanos. Desde entonces los tabaqueros se reorganizarían en pequeños colectivos de fábrica encabezados por simpatizantes del anarquismo de signo anarco-colectivista. Así mismo, otros oficios también colo caron a dirigentes anarquistas al frente de sus organizaciones. Bajo la influencia táctica e ideológica del anarquismo los avances obreros fueron constantes. Tal fue su éxito que, al menos hasta la etapa de represión anti-sindical durante la dictadura de Gerardo Machado (1925-1933), el anarquismo fue la principal táctica de lucha e ideología entre los obreros de Cuba.

La política metropolitana hacia Cuba, abiertamente reformista a partir de 1886, facilitó la expansión del movimiento obrero. Por otro lado, el aumento de las exportaciones de puros y cigarrillos fortaleció la posición negociadora de los trabajadores tabacaleros (el colectivo obrero más numeroso de Cuba). Las impactantes victorias obreras en las grandes huelgas del período que va de 1887 a 1889 mostraron la fuerza creciente de los trabajadores cubanos. Fueron huelgas de proporciones nunca vistas en esta Antilla. Como era habitual, tuvieron lugar en la época del año de más demanda de fuerza de trabajo (agosto-diciembre).

En 1887 y 1888 el ciclo fue muy similar. Después de declararse la huelga, algunos fabricantes elaboraban listas negras de huelguistas, a lo que los obreros respondieron extendiendo la huelga a aquellas fábricas que las ponían en práctica, hasta que finalmente la UFT, la asociación de los marquistas, decretaba un cierre patronal generalizado que afectaba a todas las fábricas de La Habana y los alrededores. En ambas huelgas la victoria obrera fue contundente, en buena medida gracias a las importantes ayudas que los trabajadores recibían de sus compañeros en otras poblaciones de Cuba y de las comunidades cubanas en Estados Unidos, a las que muchos emigraron para resistir durante estos conflictos. Siguiendo el ejemplo de los tabaqueros, los trabajadores de otros sectores productivos se unieron a esta explosión de activismo obrero.

La abolición de la esclavitud, la principal línea divisoria entre las clases populares y la razón fundamental del intervencionismo del Estado en las relaciones laborales, permitió la expansión del movimiento obrero. A partir de 1886, mediante la movilización masiva de personas de distinta raza y origen (insular o peninsular), el movimiento obrero contribuyó decisivamente a debilitar y eliminar los métodos residuales de disciplina laboral de la era esclavista así como a la rápida transformación de la sociedad colonial. Fue una etapa en que la propaganda anarco-colectivista llegó a un amplio sector de las clases populares urbanas de Cuba occidental, e incluso oriental. Las autoridades coloniales procuraron contener este avance, pero el enfoque que los anarquistas dieron a la política colonial y al enfrentamiento de clases consiguieron importantes victorias sobre la administración colonial y los fabricantes de tabacos. Al permanecer independientes de cualquiera de las principales fuerzas políticas que operaban en Cuba, el movimiento obrero pudo incorporar a trabajadores de distintas simpatías políticas, desde los que apo yaban el dominio español - peninsulares en su mayoría - hasta los que anhelaban una Cuba independiente. Además, como fuerza independiente social y política, el movimiento obrero consolidó una fuerte posición negociadora en la política cubana. Las grandes huelgas y cierres patronales que ganaron los trabajadores cubanos en 1887 y 1888 en La Habana y en 1889 en Cayo Hueso (al sur de Florida) respaldaron la validez de las propuestas anarquistas como alternativa al reformismo (Casanovas, 2000).

Los cubanos de la emigración eran un grupo relativamente compacto, sobre todo en su aspiración republicana e independentista, pero también experimentaron fuertes tensiones ideológicas y de clase (Poyo, 1989). A partir de 1869, durante la Guerra de los Diez Años, los emigrados más pudientes se establecieron en Nueva York, París, Madrid y otras ciudades de América Latina y el Caribe. El grueso de la emigración, los obreros tabacaleros cubanos, se dirigió principalmente a Cayo Hueso, pero también a Nueva York, Nueva Orleans, Filadelfia y otras poblaciones estadounidenses donde pudieran trabajar en la manufactura tabacalera. Inicialmente los tabaqueros cubanos entraron en los talleres de empresarios alemanes y bohemios, pero paralelamente al exilio cubano, inmigrantes españoles y cubanos comenzaron a establecer talleres para producir tabacos con hoja cubana que se asemejasen a los prestigiosos puros de La Habana, que eran los más caros. Se trataba de la industria del puro "Clear Havana". Ésta comenzó a consolidarse en 1871 en Estados Unidos, a la vez que surgían industrias parecidas en Veracruz, México y en Kingston, Jamaica, a donde también emigraron los cubanos.

A mediados de la década de 1870 había al menos 12.000 cubanos en Estados Unidos (Álvarez Estévez, 1986), la mayoría de ellos en Cayo Hueso y Nueva York. El Cayo, una pequeña población de pescadores antes de la Guerra de los Diez Años, aumentó su población en 12.000 habitantes o más en 1876, un tercio de los cuales eran cubanos (Poyo, 1978). Desde su llegada a Estados Unidos durante la Guerra de los Diez Años, los obreros cubanos fundaron organizaciones vinculadas al ala progresista del movimiento separatista, encabezada por el general Manuel de Quesada. Los quesadistas querían el fin inmediato de la esclavitud en Cuba y defendían los intereses de las clases trabajadoras. En Cayo Hueso, Nueva Orleans y Nueva York los quesadistas fundaron asociaciones patrióticas de instrucción y recreo, de ayuda mutua e incluso cooperativas, para fletar expediciones para pertrechar y engrosar las filas del ejército de la República en Armas en los campos de Cuba. En Nueva York, los quesadistas se vincularon a la 1 Internacional, pero sobre todo al grupo de comuneros parisinos residentes en la ciudad, que en 1871 habían escapado de la feroz represión de Adolphe Thiers. Así mismo, durante estos años, exiliados de clase popular ingresaron en logias masónicas, órdenes fraternales e iglesias protestantes (Castellanos, 1935; Poyo, 1989). El otro grupo (los aldamistas), seguidores de Miguel Aldama, un rico hacendado de occidente, eran personas adineradas que defendían la independencia del país, pero sin cambios sociales significativos, es decir sin tocar la esclavitud (Poey, 1989).

Además de las diferencias a causa de la esclavitud, las comunidades cubanas de la emigración se polarizaron en torno a problemas laborales, que emergieron con fuerza a mediados de la Guerra de los Diez años. Las tensiones en las fábricas de puros elaborados con hoja procedente de Cuba (los llamados "Clear Havana") en Nueva York y Cayo Hueso reflejan esta situación. Los fabricantes de puros "Clear Havana' en Estados Unidos eran principalmente españoles y cubanos que coincidían en sus intereses de clase, pero con posiciones irreconciliables respecto a la soberanía de Cuba. Aunque en Nueva York había un cierto equilibrio entre el número de marquistas españoles y cubanos, en el Cayo la presencia de los españoles era mínima. También entre los trabajadores encontramos una situación similar en cuanto a su origen, en Nueva York localizamos tabaqueros españoles y cubanos, mientras que en el Cayo sólo a cubanos.

Aunque los tabaqueros cubanos consiguieron una primera victoria en una huelga del invierno de 1872-1 873, al lograr aumentar el "precio" (jornal a destajo) que cobraban por millar de puros elaborados, pronto la gran crisis económica iniciada en septiembre de 1873 debilitó su posición hasta el punto que se disolvió su joven sindicato, "La Protectora". Puesto que los trabajadores cubanos participaban en el movimiento separatista) unto a los marquistas cubanos, en el momento de disolverse el sindicato entregaron lo que quedaba de sus fondos al movimiento separatista. Un año y medio después, en la primavera de 1875, los trabajadores tabacaleros cubanos de Nueva York ganaron una huelga que fue negociada por los dirigentes separatistas.

Con esta mediación, la dirigencia separatista se reservaba una posición preeminente en las comunidades cubanas de Estados Unidos, pero este mismo año mostró que no siempre podía reconciliar las posiciones entre empleados y fabricantes. Alentados por este éxito, los tabaqueros del Cayo también organizaron un sindicato y se declararon en huelga, pero la junta directiva del movimiento separatista en Nueva York - encabezada por los aldamistas - no intervino y dejó que el aislamiento del Cayo facilitara la derrota de los tabaqueros cubanos. Este fracaso llevó a muchos trabajadores cubanos a marcharse a Nueva York, Nueva Orleans, Jacksonville e incluso a la Ciudad de México y La Habana (Poyo, 1989; Álvarez Estévez, 1986). Pronto en Nueva York se iniciaría una evolución similar de distanciamiento entre los trabajadores cubanos y la directiva separatista percibida como excesivamente próxima a los marquistas y sus intereses como empresarios. A partir de entonces, para fortalecer su posición los trabajadores cubanos emigrarían temporal o definitivamente a otras ciudades, incluyendo La Habana, a la que pudieron viajar debido a la política de gradual apertura de las autoridades insulares.

Tras el Pacto del Zanjón en febrero de 1878, la libre circulación entre Cuba y Estados Unidos aceleró este proceso acercando cada vez más a las organizaciones de los obreros cubanos residentes en ambos países, a la vez que los trabajadores de las comunidades cubanas en ese país se distanciaban de la directiva del movimiento separatista. Ya en 1878, una súbita crisis en las fábricas del Cayo desencadenó una ola de huelgas y finalmente un cierre patronal en la industria de Cayo Hueso que empujó a muchos tabaqueros cubanos a regresar a su país con sus familias. La derrota obrera en esta lucha y el regreso de los trabajadores debilitó a los separatistas que persistían en la lucha al rechazar el Pacto del Zanjón (Castellanos, 1935; Alvarez Estévez, 1986; Poyo, 1989). Fueron tantos los que regresaron, que desde entonces un barrio de La Habana se llama Cayo Hueso por ser el lugar donde muchos de ellos se establecieron a su llegada.

Pese a estas oleadas de retorno la constante expansión de la industria tabacalera en Estados Unidos a partir de 1879 impulsó la emigración temporal o permanente de obreros tabacaleros hacia el Cayo, Nueva York y otras ciudades de la Unión en busca de trabajo o bien como medida de presión a los marquistas durante las huelgas y cierres patronales (Poyo, 1989; Westfall, 1987). A lo largo de las décadas de 1880 y 1890 el flujo migratorio hacia Estados Unidos no cesó de aumentar. La gran mayoría de estos emigrantes eran criollos, los cuales no estaban sujetos a reclutamiento militar y por tanto siempre podían salir de la isla sin restricciones. En cambio, los peninsulares necesitaban permiso de salida antes de cumplir el servicio militar y no podían viajar durante el tiempo que prestaban servicio. El servicio en el ejército regular duraba tres años y en el Instituto de Voluntarios seis años.

A comienzos de la década de 1880, la mayoría de los obreros tabacaleros cubanos en Estados Unidos se distanciaron de la cúpula dirigente del movimiento separatista. Los jefes separatistas sistemáticamente procuraban que los trabajadores emigrados no declarasen huelgas y en caso de no poder evitarlo, intentaban imponer un rápido acuerdo entre los obreros y los empresarios en conflicto con lo cual debilitaban la posición negociadora de los trabajadores. Las huelgas interrumpían las contribuciones de los obreros tabacaleros y algunos marquistas al movimiento separatista y absorbían las ayudas que los trabajadores que no estaban en huelga entregaban por solidaridad de clase. En la década de 1880 estas fricciones se agudizaron. Algunos separatistas cubanos que habían comenzado en la anterior década como pequeños talleristas de tabaco, ahora eran grandes marquistas vinculados a la cúpula dirigente del movimiento separatista.

Con todo, los trabajadores de la emigración continuaron apoyando a los sectores más avanzados del movimiento separatista tales como los insurgentes de la Guerra Chiquita (1879-1880) o las tres únicas expediciones armadas que alcanzaron las costas de Cuba antes de la Guerra de Independencia (1895-1898) y que tuvieron lugar en el período 1884-1885 (la de Carlos Agüero, la de Ramón Bonachea y la de Limbano Sánchez). El fracaso sucesivo de estas campañas y sobre todo la oposición de los principales jefes separatistas a las huelgas hizo que la dirigencia del movimiento tuviera cada vez más dificultades en recolectar fondos entre los trabajadores cubanos (Poyo, 1989; Schwartz, 1989). Las huelgas en las comunidades de la emigración durante la década de 1880 reflejan la tensión entre la base y la dirigencia, así como el desarrollo de estrechos vínculos entre las organizaciones obreras a ambos lados del estrecho de la Florida. Los importantes conflictos laborales que tuvieron lugar de 1878 a 1880 tomaron un nuevo rumbo en 1881, cuando por primera vez el poderoso sindicato de tabaqueros de La Habana, el GORT, envió fondos a los huelguistas del Cayo para ayudarlos a desplazarse con sus familias a La Habana (Westfall, 1987; Poyo, 1989; La Razón, 1878-1884).

Aunque finalmente los marquistas ganaron esta huelga, el crecimiento de la producción de puros "Clear Havaná' a partir de 1880 permitió a los trabajadores de Cayo Hueso ganar significativas concesiones hasta 1884, en que los marquistas se reorganizaron para frenar el avance obrero. Como ya ocurrió anteriormente, durante la huelga obrera y el cierre patronal de agosto de 1885, cientos de trabajadores cubanos se trasladaron temporalmente a La Habana, a Nueva York y a otras poblaciones tabacaleras de Estados Unidos con la solidaria ayuda de sus compañeros residentes en ellas. Después de cinco semanas de conflicto marquistas y obreros aceptaron un acuerdo negociado por la dirigencia separatista claramente favorable a los primeros. Encantado con la noticia, el cónsul español informó al capitán general que la huelga había dividido seriamente al movimiento separatista. La militancia obrera en el Cayo empujó a dos empresarios peninsulares a construir Ybor City, un barrio industrial cercano a la pequeña población de Tampa (Casanovas, 2000; Westfall, 1987; Poyo, 1989; Ingalls, 1988; Mormino y Pozzeta, 1987). Los problemas entre los trabajadores y la dirigencia separatista también se manifestaron en Nueva York donde, a diferencia del Cayo, residía una proporción importante de obreros tabacaleros españoles que habían emigrado a Estados Unidos siguiendo los pasos de la industria tabaquera cubana. Pese a que las fábricas de "Clear Havaná' donde trabajaban los cubanos y españoles pagaban los jornales más altos del ramo, ya en el invierno de 1872-1873 se produjeron las primeras huelgas de los trabajadores cubanos. Desde entonces casi todos los años se desencadenaron huelgas y cierres patronales con excep ción de los períodos de intensa crisis económica como en otoño de 1873 o durante 1876 en que una ola de desempleo barrió la ciudad.

Las fricciones entre los obreros cubanos y los jefes separatistas alcanzaron un punto crítico durante la primera mitad de 1886. A raíz de una huelga de tabaqueros dos periódicos separatistas acusaron a los huelguistas de ser malos patriotas, lo cual motivó una dura respuesta de los obreros cubanos. A partir de entonces impulsaron sindicatos independientes e incluso se negaron a entregar parte de su sueldo a la dirigencia separatista, por lo que los dos periódicos de la localidad tuvieron que cerrar (Casanovas, 2000). Pocas semanas después de finalizar este conflicto, los trabajadores cubanos de Filadelfia y Nueva York declararon huelgas. Estos conflictos alentaron a varios dirigentes obreros procedentes del separatismo a acercarse al anarquismo, sobre todo a partir de la gran campaña de solidaridad con los ocho anarquistas acusados por los incidentes ocurridos en mayo de 1886 en Haymarket Square, Chicago. En 1887 varios operarios de origen hispano-cubano, entre ellos el cubano José C.Campos, constituyeron un grupo anarco-colectivista de habla española en Nueva York (Abelló, 1987).

Durante estos años los trabajadores cubanos del Cayo siguieron una evolución paralela a la de sus compañeros en Nueva York, hasta que en marzo de 1886 un incendio arrasó más de la mitad de la población. Con el fin de debilitar al movimiento separatista, inmediatamente el capitán general de Cuba envió tres barcos de guerra para trasladar a La Habana a los más de 2.000 cubanos que se habían quedado sin empleo y vivienda. Después un primer traslado de 264 obreros con sus familias a La Habana sin cobrar el pasaje, muchos cubanos se presentaron en el consulado español solicitando viajar de balde a Cuba. Solicitó pasaje incluso una comisión de la Unión de Tabaqueros del Cayo que actuaba de acuerdo con el GORT de La Habana. Tan pronto pudo, el capitán general envió tres viejos cañoneros a Cayo Huso. Pese a la oposición de los dirigentes separatistas, en total la marina española transportó como mínimo 600 personas a La Habana. Simultáneamente, muchos obreros se trasladaron a Nueva York y sobre todo a Tampa, en el centro de la Florida, donde las fábricas de Ybor City pudieron finalmente empezar a producir tabacos (antes de fin de siglo, Tampa se convirtió en el principal centro de producción de Clear Havana en Estados Unidos). La huida de los tabaqueros obligó a la Unión de Tabaqueros a cerrar sus puertas. Sin embargo, la escasez de mano de obra alentó a los que estaban a favor de las huelgas y expresaban su desacuerdo con las maniobras antiobreras de los dirigentes separatistas (Casanovas, 2000; Rivero Muñiz, 1964 y 1976; Westfall, 1987; Mormino y Pozzeta, 1987; Poyo, 1989).

Después de los intensos conflictos laborales de 1885 y 1886 y del incendio del Cayo en 1886, los obreros cubanos en Estados Unidos, influidos prin cipalmente por una versión específica del anarco-colectivismo español cada vez más popular en Cuba, apoyaron que dirigentes de esta tendencia encabezaran los sindicatos tabacaleros en el Cayo, Tampa y Nueva York. Muestra del vínculo entre las organizaciones obreras en ambos lados del estrecho de la Florida fue la gran huelga en la industria tabaquera en la región habanera en el verano y el otoño de 1886. Los trabajadores cubanos del Cayo, pese al reciente incendio, enviaron dinero para que sus compañeros de Cuba pudieran resistir y si fuese necesario desplazarse al Cayo con sus familias. El GORT incluso consiguió que algunos fabricantes del Cayo mandasen dinero aprovechando su interés por dejar las fábricas de la competencia sin mano de obra. La respuesta de los fabricantes de tabacos habaneros fue reorganizar su Gremio, el cual agrupaba a los grandes marquistas, para también incluir a los que fabricaban puros de menor rango con hoja de Partido (inferior a la de Vuelta Abajo). La organización resultante, la Unión de Fabricantes de Tabacos (UFT), consiguió imponerse a los huelguistas y desde entonces se convirtió en una sólida plataforma empresarial que duraría hasta mediados del siglo xx (Casanovas, 2000).

La gran huelga de 1888 en La Habana y cercanías fue la que tuvo una mayor repercusión en las comunidades de trabajadores de la emigración. Previamente a la huelga, los tabaqueros recompusieron su sindicato con el nombre de Alianza Obrera y bajo dirección anarco-colectivista. El éxito de la huelga reforzó de tal manera a la Alianza que sus dirigentes decidieron incorporar a las organizaciones obreras cubanas del otro lado del estrecho de la Florida. Dos populares dirigentes aliancistas viajaron al Cayo y Tampa, en donde fueron calurosamente recibidos por sus compañeros pese a la oposición de los dirigentes separatistas (Casanovas, 2000; Poyo, 1989). Aunque el separatismo continuaba siendo popular, con el surgimiento de asociaciones obreras pro-aliancistas en la Florida y Nueva York, a lo largo de 1889 se enconaron las fricciones existentes entre el movimiento obrero y la dirigencia separatista. En la prensa, las peleas más duras se produjeron entre El Productor de La Habana y El Yara de Cayo Hueso. El editor de El Yara, José Dolores Poyo, siguiendo la pauta de los dirigentes separatistas, afirmaba que El Productor y los anarquistas eran pro-españoles, acusación a la que respondía El Productor comentando que El Yara era una marioneta de los marquistas del Cayo. La pérdida de popularidad de El Yara quedó reflejada en el hecho de que los tabaqueros del Cayo despidieron a Poyo como lector de tabaquería por negarse a leer El Productor, por el contrario, tres periódicos fundados recientemente por el obrerismo cubano en el Cayo y Tampa apoyaron a El Productor y simpatizaron con el anarco-colectivismo como ideología y táctica de lucha sindical (Poyo, 1989; Casanovas, 2000).

La popularidad de la Alianza entre los trabajadores cubanos en Estados Unidos los acercó aún más a sus compañeros en la isla. Durante la primave ra de 1889, ante la presión de la UFT a través del despido de muchos tabaqueros, el Círculo de Trabajadores, el principal centro obrero de La Habana y cercanías, consiguió pagar el pasaje hacia el Cayo y Tampa a unos doscientos trabajadores en paro y a sus familias contando con la ayuda de las asociaciones obreras pro-aliancistas en Estados Unidos. Con la llegada a La Habana de más tabaco en rama a finales de verano, finalizó la ola de paro. Una vez más se avecinaba una gran huelga. Tanto la UFT como los aliancistas estaban en guardia, pero esta vez fue en la Florida donde comenzó el conflicto. Alentados por los éxitos obreros en Cuba, desde mediados de agosto los trabajadores del Cayo declararon las primeras huelgas, a las cuales los marquistas respondieron con un cierre patronal en toda la población. Gracias a la ayuda de sus compañeros de clase en La Habana, Tampa, varias poblaciones de la Florida, Nueva York, Chicago y Nueva Orleans, muchos obreros se desplazaron a estas poblaciones. Ante tan impresionante movilización, los marquistas del Cayo, varios de ellos vinculados al movimiento separatista cubano, organizaron un Comité de Vigilantes (grupos parapoliciales del sur de Estados Unidos) para hostigar a los huelguistas y sus dirigentes. Entonces, el capitán general de Cuba, Manuel Salamanca, nuevamente intentó debilitar al movimiento separatista transportando a La Habana a tantos huelguistas como fuese posible. Hacia finales de noviembre unos dos mil trabajadores cubanos del Cayo ya se encontraban en La Habana, pero muchos otros se habían marchado a Tampa (Casanovas, 2000).

A la semana de iniciada la huelga general en el Cayo, al otro lado del Estrecho, en La Habana, comenzó un conflicto laboral en el sector tabacalero en el que de nuevo se repitió el ciclo de listas negras elaboradas y distribuidas por los fabricantes, huelgas de solidaridad y finalmente un gran cierre patronal decretado por la UFT, la cual con esta decisión ponía en práctica su solidaridad de clase con los empresarios del Cayo. Al ver que el cierre patronal impedía las colectas obreras en solidaridad con los huelguistas del Cayo, e incluso para pagarles un pasaje a La Habana, Salamanca decretó el cierre tanto de la UFT, como de la Alianza y el Círculo. Además impuso una censura muy estricta de prensa y en las lecturas de los talleres de tabaquería. Aunque la Alianza y el Círculo estuviesen cerrados, el fin del cierre patronal en La Habana permitió que los trabajadores habaneros reanudasen la ayuda a los compañeros del Cayo, quienes pronto ganaron la huelga (Casanovas, 2000).

La importante capacidad de movilización obrera desde al menos 1886 interesó a dirigentes separatistas residentes en Estados Unidos como José Martí, quienes percibían claramente que era un movimiento popular en el que los criollos eran los principales dirigentes tanto en Cuba como en las comunidades de la emigración. Inicialmente Martí se mostró opuesto al sindicalismo anarquista. Por ejemplo, al producirse el tumulto de Haymarket Square en mayo de 1886 en Chicago, en un primer momento Martí aprobó la sentencia de pena de muerte que recibieron ocho anarquistas, varios de los cuales ni siquiera habían estado presentes en los hechos; un año después, en septiembre de 1887, Martí cambió de opinión y manifestó que los anarquistas de Chicago eran inocentes. Es muy probable que la aproximación de Martí al obrerismo radical estuviese motivada por la fuerza que desde 1887 adquirió el movimiento obrero cubano en Cuba y Estados Unidos. Desde ese momento, Martí intentó incorporar el obrerismo anarco-colectivista al separatista para conseguir más apoyo dentro y fuera del territorio insular, ya que tal como expresó en varias ocasiones sin apoyo desde dentro no tenía sentido intentar desencadenar una insurrección separatista enviando nuevas expediciones armadas a Cuba (Turton, 1986; Martí, 1963-1966; Callejas, 1984; Gómez, 1974; Deschamps, 1975; Poyo, 1989).

A partir de 1887, desde Nueva York Martí promovió una alianza interclasista para construir una república cubana que reconociese los derechos civiles a todos sus ciudadanos por igual. Martí insistió siempre en la necesidad de que las clases sociales conviviesen de forma armónica, pero a diferencia de la mayoría de los dirigentes separatistas aceptó algunas de las críticas sociales del movimiento obrero de signo anarquista y no se opuso a que los obreros establecieran sus propias asociaciones. Su noción de armonía incluía el reconocimiento de las organizaciones populares y sus aspiraciones. Sin embargo, hasta comienzos de la década de 1890, el programa martiano tuvo poco peso dentro del movimiento separatista. Tanto los exiliados adinerados como los viejos dirigentes separatistas desconfiaban de la atención que las propuestas martianas prestaban a los sectores populares, mientras que los trabajadores cubanos emigrados a Estados Unidos seguían distanciándose de un movimiento separatista que no atendía sus demandas (Poyo, 1989; Cabrera, 1985).

Todo comenzó a cambiar en 1890. El fin en ese año de las reformas políticas iniciadas con el Pacto del Zanjón contribuyó a que el movimiento obrero cubano se acercara al separatista. Ya a finales de la década de 1880 los gobiernos liberales metropolitanos frenaron enormemente el proceso de reformas iniciado en 1878, pero su fracaso definitivo tuvo lugar entre 1890 y 1892 durante la presidencia de Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas y el capitán general de Cuba, Camilo Polavieja, liquidaron de un sablazo el proceso de reformas. Su objetivo era satisfacer los viejos intereses coloniales tanto en Cuba como en la Península: el negocio mercantilista y las prebendas administrativas. Tan pronto desembarcó en Cuba, Polavieja reprimió duramente a los republicanos, a los autonomistas, al ala "izquierdista' del PUC y al movimiento obrero. Según él, sólo debía existir "el partido español", es decir el ala netamente integrista del PUC. Al restringir de tal forma el mar gen de acción política en Cuba, Cánovas y Polavieja allanaron el camino a los separatistas.

La represión junto con el inicio de una fuerte crisis económica en el sector tabacalero en este período debilitó la capacidad de acción del movimiento obrero y provocaron que muchos trabajadores del ramo del tabaco emigraran a Estados Unidos. A partir de entonces varios destacados dirigentes obreros de la isla empezaron a expresar su anhelo de que Cuba, libre del dominio español, fuese un país en el que sindicalismo pudiese avanzar sin obstáculos. También en este período, los trabajadores cubanos en Estados Unidos se aproximaron al sector más pro-obrero del movimiento separatista encabezado por José Martí (Poyo, 1989; Collazo Pérez, 1989). Esta apertura del movimiento obrero permitió a Martí conseguir un amplio apoyo popular a su programa y con ello reforzar su posición dentro del movimiento separatista. Los trabajadores del Cayo y Tampa sabían que sin la Alianza Obrera en Cuba no podían ganar otra huelga como la de 1889, mientras que la agresiva política de Cánovas y Polavieja colocaron al reformismo colonial en vía muerta. Los sucesivos intentos por desarrollar una política colonial reformista fracasaron cuando Cánovas dejó la Presidencia del Gobierno. El estatus colonial de Cuba no había sido liquidado y construir una república independiente era el anhelo de miles de cubanos.

En este contexto, a finales de 1891, los dirigentes obreros de Tampa invitaron a José Martí para que expusiese públicamente su programa. El "Apóstol", como posteriormente sería conocido Martí, fue acogido con entusiasmo tanto por los trabajadores como por los empresarios tabacaleros de origen cubano. El 26 de noviembre de 1891 pronunció en el Liceo Cubano de la población su famoso discurso "con todos y para el bien de todos". Esta frase resumía su propuesta política: construir una república cubana abierta a todos sus ciudadanos. Unos días después, Martí viajó al Cayo donde repitió el éxito de Tampa, pese a que la vieja dirigencia separatista recelaba del giro hacia la izquierda que proponía Martí. Poco después, la red de clubes separatistas que los emigrados cubanos habían ido estableciendo desde su llegada a Estados Unidos en 1869 fundaron el Partido Revolucionario Cubano (PRC), en que Martí era "el delegado" a la vez que principal editor de su órgano de prensa, el periódico Patria. Bajo la dirección de Martí, el PRC coordinaría el alzamiento contra el dominio español en Cuba el 24 de marzo de febrero de 1895.

La presión que los sectores populares de dentro y fuera ejercieron sobre sus paisanos de clase más acomodada tuvo un impacto decisivo en la reorientación del movimiento separatista a partir de 1890. Por un lado propició que el ala más próxima a los sectores populares del movimiento separatista radicalizara su discurso, por otro empujó a los separatistas acaudalados y conser vadores a aceptar el programa martiano. Ante las dificultades que imponía la política colonial española, el ala más conservadora del movimiento aceptó el programa martiano como el único capaz de desencadenar un levantamiento de grandes proporciones contra el dominio español. Las discursiones que en pocos meses adquirió la Guerra de Independencia muestran el acierto de las propuestas martianas.

Con todo, a lo largo de la existencia del PRC hasta su disolución en 1898, continuaron existiendo tensiones de clase dentro de las comunidades de la emigración, especialmente después de que Martí muriese en combate en mayo de 1895. A partir de entonces el PRC en Nueva York quedó en manos de dirigentes cada vez más conservadores que hicieron lo posible por desplazar a los sectores más radicales. La intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana en el verano de 1898 ayudó a consolidar el poder de los conservadores, que desvirtuaron aún más las propuestas políticas que habían permitido la fundación del PRC. El legado de esta situación quedó reflejado en la extrema presión que Estados Unidos ejerció en Cuba a partir de su ocupación militar en 1898.

10.1. Demografia urbana y trabajo en Puerto Rico

Puerto Rico fue un país eminentemente rural hasta finales del siglo XIX. Los censos del siglo XIX muestran que el artesanado no sobrepasó el 7% de la población (Quintero, 1978). La isla desde hacía dos siglos experimentaba un sostenido crecimiento económico y demográfico, pero la tendencia a la dispersión de la población en las zonas de campo significó que, hasta el último tercio del siglo XIX, no existiera un grupo de artesanos suficientemente grande y homogéneo capaz de desarrollar asociaciones de oficio y lanzar reivindicaciones laborales en defensa de sus intereses de clase. Esta tendencia a la dispersión deriva del peso secundario que la capital, San Juan, tuvo dentro de la ruta de las flotas de Indias hasta su extinción a finales del siglo XVIII. Las imponentes fortalezas de San Juan acogían a una importante guarnición militar (Castro, 1980) y en su puerto la flota de la Nueva España hacía escala camino de Veracruz, pero a su regreso a la metrópoli, la flota y los galeones cargados de metales se concentraban en La Habana. De allí partían en convoy por la ruta del estrecho de la Florida y las Bahamas hasta llegar a la latitud de las Bermudas y las Azores, donde los contraalisios llevaban los barcos hasta la metrópoli. A la sombra de la flota, La Habana siempre tuvo la primacía en el Caribe.

La evolución de la población de Puerto Rico refleja esta circunstancia. A mediados del siglo XVII, la isla no superaba los 7.000 habitantes, la mitad de los cuales residían en San Juan. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, además de la capital, destacaban cuatro núcleos urbanos: Arecibo (en la costa norte), San Germán (al suroeste), Ponce (al Sur) y Mayagüez (al oeste). La inmigración y el crecimiento natural impulsaron tasas anuales de crecimiento demográfico superiores al 4% en el último tercio del siglo XVIII, para después ir decreciendo hasta situarse en el 1,14% en el último tercio del siglo XIX. A pesar de que San Juan era el principal núcleo urbano, en 1776 sólo tenía 6.600 habitantes sobre una población insular de 70.000 habitantes (Hostos, 1966; Lavallé, Naranjo y Santamaría, 2002; Torres Degró, 2004). En comparación con las capitales de las otras Antillas españolas era una pequeña ciudad amurallada cuya única posibilidad de crecimiento era extenderse fuera de la pequeña isla en que fue construida. Durante estos años, la ciudad de Santo Domingo y sus arrabales rondaba los 25.000 habitantes y La Habana, con 50.000, estaba iniciando una expansión formidable.

Durante el siglo XIX, Puerto Rico continuó experimentando un fuerte crecimiento demográfico impulsado por el desarrollo agrícola cada vez más orientado a la exportación de azúcar y café y posteriormente tabaco en rama. Hacia 1830 su población se acercaba a los 300.000 habitantes y en 1878 superaba los 700.000 habitantes. No obstante, el ritmo de crecimiento de la capital fue menor. San Juan de Puerto Rico reúne en 1812 casi 10.000 habitantes, que representan apenas un 3,5% frente al total de la población. Más reducida es la proporción de las ciudades que le siguen: Ponce, un 0,7% y Mayagüez, el 1,1%. Incluso en 1867, pese al crecimiento demográfico general, San Juan verá reducida su proporción frente al total de población, pasando con algo más de 19.000 habitantes a representar sólo un 2,9% del total. Los límites que imponían las murallas comportó que, desde mediados de siglo, aquellas personas con menos recursos comenzaran a establecerse en los barrios de extramuros. En 1877, la población de San Juan era de unas 24.000 almas y en 1887 de unas 27.000. En este período la población de la ciudad comenzó a desplazarse a los pueblos de fuera de las murallas. Alejados en importancia quedaban los núcleos urbanos de Mayagüez, San Germán o Ponce, menos concentrados pues se confundían con la campiña. Dos décadas después, en 1899, San Juan tenía 32.000 habitantes, de los que 20.000 eran residentes intramuros, pero su peso demográfico respecto al total de la insular seguía siendo bajo, el 3,3%.

Ya entonces, Ponce y los barrios de sus inmediaciones, con 27.000 habitantes, se acercaban al tamaño de la capital; Mayagüez y San Germán retroceden en importancia relativa sobre el total insular y los núcleos urbanos de los términos municipales de Arecibo, Manatí (costa norte), Aguadilla (noroeste), Yauco (sur), Guayama (sureste) y Caguas (centro-este) presentan una población que oscilaba entre los 4.000 a los 8.000 habitantes (Quintero Rivera, 1988; Matos Rodríguez, 1999; Díaz Soler, 1994). En contraste, como ya vimos, el peso demográfico de La Habana en relación al total de la población, alrededor del 14%, siempre fue mucho mayor que el de San Juan en relación al total insular.

Desde los inicios de la colonia, San Juan fue la ciudad de los empleados públicos del gobierno insular y municipal, la soldadesca, los eclesiásticos y los comerciantes peninsulares, ya fuesen monopolistas (almacenistas) o pequeños bodegueros. No obstante, la capital también contaba con pequeñas industrias en las que trabajaban artesanos libres, blancos y de color, y algunos esclavos hasta la abolición en 1873. La lista de las empresas de servicios, comercios y talleres en San Juan en 1859 nos muestra una distribución equilibrada de los diferentes ámbitos productivos (cuadro 10.1). Esta situación contrasta con La Habana, donde desde la década de 1830 (e incluso antes), la manufactura tabacalera comportó el surgimiento de un grupo grande y relativamente homogéneo de trabajadores que encabezó las luchas de la clase trabajadora urbana.

CUADRO 10.1. Empresas de servicios, establecimientos comerciales, talleres y fábricas en San Juan de Puerto Rico (1859)

Sin embargo, existen coincidencias importantes entre San Juan y La Habana. En ambas capitales la proximidad entre trabajadores libres y esclavos y entre nativos e inmigrantes, en el entorno de trabajo, impulsaron un proceso de fusión y formación de una clase artesana sumamente heterogénea en raza, cultura y origen geográfico. Hasta la abolición de la esclavitud en 1873, la facilidad de los esclavos urbanos por iniciar un proceso de coartación produjeron que la esclavitud no supusiera una barrera infranqueable entre los distintos sectores populares. El trabajo en los talleres impedía las rígidas barreras según la condición (libre o esclavo) y raza que se imponían en las plantaciones. Entre 1776 y 1869 el número de esclavos en la ciudad pasó de 800 a 1.334 esclavos y de éstos un elevado porcentaje eran mujeres ya que, al igual que en otras sociedades esclavistas, en el mundo urbano la mayoría de los esclavos eran mujeres. En el caso de San Juan a mediados del siglo XIX representaban el 60% sobre el total (Kinsbruner, 1996).

El fin de la trata atlántica en Puerto Rico a finales de la década de 1840 marcó el punto de inflexión a partir del cual el número total de esclavos entró en un lento y gradual descenso, el cual fue sensiblemente más pronunciado en el ámbito urbano. En las plantaciones azucareras había gran demanda de fuerza de trabajo esclava, en tanto que en la ciudad existían más posibilidades de manumisión. En las ciudades se encontraban los síndicos municipales encargados de iniciar los procesos de coartación. Además, en las poblaciones grandes era mayor la proporción de esclavos que trabajaba por cuenta propia y que, por tanto, podía ahorrar el dinero necesario para iniciar y sostener el proceso de coartación de sí mismos y de los familiares sometidos a la infame institución. Al igual que en La Habana, a mediados de siglo alrededor del 20% de la población de la ciudad eran esclavos, pero en 1869, los 1.334 esclavos de la ciudad sólo representaban el 7% del total (Matos Rodríguez, 1999; Mayo y Negrón, 1992), una proporción inferior a la de La Habana donde la población esclava probablemente superaba el 10%. La promulgación de la ley de "vientre libre" en 1870 liberando a los esclavos nacidos a partir de septiembre de 1868 y a los mayores de 60 años aceleró el ritmo al que disminuía la población esclava hasta la definitiva abolición, en marzo de 1873.

No obstante, la evolución de la esclavitud en ambas capitales fue similar. En ambas ciudades, la erosión de la esclavitud redujo la alta proporción de mujeres de color, a la vez que la constante llegada de inmigrantes europeos supuso un gradual proceso de blanqueamiento de la población urbana. La Ley de Abolición de la Esclavitud puso fin a la presencia esclava en San Juan. Aunque en Cuba la definitiva abolición de la esclavitud no llegó hasta 1886, más de 13 años después, en el ámbito urbano la situación se aproximó a la de San Juan, puesto que hacia mediados de la década de 1870, en las ciudades de la gran Antilla sólo quedaban algunos esclavos domésticos. El fin de la esclavitud eliminó el mayor obstáculo para el desarrollo del proceso de fusión de intereses y de construcción de identidad de clase entre los artesanos. Fue un proceso dominado por el trabajo en los pequeños talleres o fábricas de escasas dimensiones. Hasta bien entrado el siglo XX, la ausencia de una industria nacional explica el carácter artesanal del trabajo urbano. El censo de 1899 señala que la agricultura empleaba a 199.000 trabajadores, mientras que las industrias "fabriles y mecánicas" empleaban a 26.500 trabajadores. Esta última categoría incluía las personas que transformaban materias primas y alimentos para ser procesados industrialmente, además de muchos trabajadores a destajo que trabajaban en sus casas. El sector de los trabajadores industriales y los artesanos de los diez principales oficios era de sólo 19.100 trabajadores. Por otra parte 42.800 personas trabajaban como lavanderas o sirvientes domésticos, lo cual subraya el tamaño reducido del sector de los artesanos y los obreros (García Rodríguez, 1989).

10.2. Evolución del asociacionismo en Puerto Rico

De forma paralela al proceso de abolición surgió la acción colectiva de los artesanos y los intentos por fundar sociedades de oficio. Tras la Gloriosa en septiembre de 1868 se crearon gremios, casinos de artesanos, sociedades de socorros mutuos y publicaciones periódicas dirigidas a los trabajadores urbanos. No obstante el origen de estas asociaciones se remonta a varias décadas anteriores. En Cuba, la fuerza de choque de los españoles incondicionales, el Instituto de los Voluntarios, frenó todo intento de política colonial reformista, pero en Puerto Rico la ausencia de una guerra separatista prolongada permitió que se redujera significativamente la censura de imprenta (1870), se introdujera el sufragio universal en las elecciones municipales (1873) y a Cortes, y se legalizara la formación de partidos políticos. Entre 1870 y 1871, los españoles incondicionales fundaban el Partido Liberal Conservador, concentrándose la élite criolla alrededor del Liberal Reformista. Como hemos visto en el capítulo 8, en el ámbito laboral, los gobiernos del Sexenio abolieron la libreta de los jornaleros rurales (un sistema de enganche existente en Puerto Rico entre 1849 y 1873), pusieron fin a la esclavitud (1873) y permitieron la fundación de asociaciones (1873) (García Rodríguez, 1989 y 1990).

Pese a este desarrollo asociativo tardío, desde hacía décadas los artesanos contaban con sus organizaciones tradicionales, las cofradías y hermandades religiosas dedicadas a un patrón religioso existentes en Puerto Rico desde el siglo XVII o antes (Hostos, 1966). Al igual que en Cuba, el entorno esclavista durante siglos debilitó a los gremios hasta su extinción a manos de las políticas de la España liberal. No obstante, a lo largo del siglo el gobierno estableció categorías gremiales para el cobro de impuestos de un mismo ramo, que posteriormente servirían de base para la creación de organismos tanto empresariales como de artesanos. Paralelamente se fueron extendiendo sociedades masónicas y espiritistas. La masonería inicialmente arraigó entre las profesiones liberales, pero poco a poco adquiriría gran arraigo entre los artesanos puertorriqueños. La Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 1814 durante el período de las Cortes de Cádiz, dio un fuerte impulso a la difusión de la educación y la producción agrícola en Puerto Rico (Pérez Rivera, 2002).

La etapa de la Primera República española (febrero de 1 873-enero de 1874) tuvo un gran impacto en Puerto Rico. En 1873 en San Juan se fundó la cooperativa de consumo Sociedad Amigos del Bien Público para ofrecer socorro a sus asociados, tales como gastos de entierro, ayuda al cónyuge e hijos en caso de muerte (montepío), pensiones a inválidos y auxilio en caso de catástrofes. Paralelamente, en todo el territorio surgieron casinos de instrucción y recreo. En San Juan se fundaba en 1872 el Círculo de Beneficencia y Recreo Artesanal, en Mayagüez La Bella Unión Mayagüezana, en Ponce el Círculo Ponceño de Artesanos y en Fajardo La Unión Fajardeña (García Rodríguez, 1985).

Las autoridades españolas toleraron la creación de casinos y posteriormente cooperativas de producción y consumo como parte de la política reformista hacia las colonias e incluso la metrópoli. Puerto Rico debía servir de ejemplo para pacificar la insurrección cubana y, por tanto, era necesario conceder un margen de libertad que en Cuba sólo llegaría después de la Paz del Zanjón y la Guerra Chiquita. Mientras que en Puerto Rico tenemos noticia de la existencia de cooperativas a partir de 1873, en Cuba sólo aparecieron a partir de 1879.

En 1874, después de meses de intensa actividad política y tolerancia metropolitana, se creó en San Juan el Casino de Artesanos, una organización que imitaba a la red de sociedades culturales de la burguesía criolla y, sobre todo, a la red de los casinos y centros ultramarinos de la burguesía peninsular fundados a partir de 1871 para defender la "integridad de la patria', desafiada por las reformas metropolitanas y el levantamiento separatista en Cuba (Pérez Rivera, 2002). En los salones de estos centros artesanos, los socios podían reunirse, leer la prensa, asistir a bailes, conciertos, veladas literarias, conferencias..., y recibir educación básica en varias disciplinas. En algunos casos estas asociaciones también ofrecían servicios educativos a los hijos de los asociados.

Junto con las asociaciones populares también aparecieron los primeros periódicos dirigidos a los trabajadores urbanos. En 1874, en Ponce salía a la luz el semanario El Artesano: Periódico Republicano Federal. En los años siguientes nacieron publicaciones similares en varias poblaciones: El Obrero (Ponce, 1889-1890), Revista Obrera (Ponce, 1893), El Eco Proletario (San Juan, 1892), justicia (Guayama, 1894), Ensayo Obrero (San Juan, 1897), entre otras. Las libertades políticas existentes en Puerto Rico desde 1869 abrieron la posibilidad a que los artesanos participaran desde el comienzo en el proyecto reformista de la élite criolla. En cambio, en Cuba esto sólo fue posible en las comunidades de la emigración y exilio en Estados Unidos y otros países de la cuenca del Caribe. Durante la Guerra de los Diez Años, en la gran Antilla sólo los trabajadores partidarios del dominio colonial pudieron impulsar (con muchas dificultades) asociaciones de artesanos. En Puerto Rico, ya a mediados de la década de 1870, la élite criolla puso en marcha una política de atracción de las clases populares que en Cuba tardarían más de una década en emerger. Tal como señala Gervasio García, en las elecciones de 1869 participaron sólo 4.000 votantes masculinos, pero en los comicios de 1871 esta cifra aumentó a 15.800 y en los de 1873 a 28.500 (aunque el censo electoral era de 46.000 personas). Puesto que las autoridades españolas facilitaban el voto a los "españoles incondicionales", la élite criolla organizada en torno al Partido Liberal Reformista (después conocido como Partido Autonomista) necesitaba contrarrestar esta situación a través del apoyo de los artesanos mayoritariamente republicanos federales. Al caer la Primera República en 1874 se inició una etapa de limitación de libertades, pero durante las décadas de 1880 y 1890 este patrón político se intensificó hasta la concesión de la Carta Autonómica en 1897 y las elecciones de 1898, en las que el Partido Liberal obtuvo casi 83.000 votos. En cambio, el Partido Conservador, órgano de los partidarios del statu quo colonial, durante su existencia como fuerza política legal en el último tercio del siglo XIX, sólo consiguió un éxito reducido entre la clase artesana por su apoyo a las limitaciones electorales que imponía la metrópoli para favorecer su posición preeminente (García Rodríguez, 1990).

La participación de los artesanos en el juego de los partidos burgueses en un contexto en que la libertad política era significativamente mayor que en Cuba fortaleció su posición dentro de la sociedad colonial. La "armoniosa" tolerancia oficial hacia los centros artesanos era tal que incluso en algunos casos las autoridades participaron en la inauguración de asociaciones, algo impensable en Cuba en estos mismos años. En 1875 el alcalde de San Juan envió un representante el día que el casino de artesanos de la ciudad abría sus puertas. Durante el acto se dieron vivas a España, al rey y al gobernador; posteriormente, en la década de 1890, el ayuntamiento apoyó los servicios de instrucción del centro. Años después, esta convivencia "armónica' proseguía. En los actos públicos de conmemoración del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América participaron varios gremios de oficio. Puesto que los gremios tradicionales de oficio hacía años que habían desaparecido, se trata de los llamados "gremios" que la administración pública regulaba con el fin de facilitar el pago de impuestos. Sin embargo, vemos que también eran pequeñas instituciones capaces de proporcionar redes organizativas básicas como participar en actos públicos (García Rodríguez, 1990). En contraste con la tolerancia oficial hacia las asociaciones de instrucción y recreo e incluso las cooperativas de producción y consumo, las autoridades, la élite criolla y los integristas partidarios del orden colonial eran sumamente reacios a permitir que los trabajadores iniciasen acciones radicales de reivindicación labo tal. Atentos ante la posible propagación de ideas socialistas en la isla, hasta el fin de la administración española en 1898 el artículo 567 del código penal vigente en Cuba y Puerto Rico desde 1879, permitía a las autoridades castigar duramente a los huelguistas con arresto mayor por coligarse "con el fin de encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo o regular sus condiciones" (García Rodríguez, 1990).

Al caer la Primera República se inició una etapa de restricciones a las libertades políticas y ciudadanas que duró hasta bien entrada la década de 1880. Incluso las asociaciones de los trabajadores más cualificados tuvieron que esperar unos años para poder establecerse. Por ejemplo, un proyecto de 1877 de los tipógrafos de San Juan para fundar una sociedad de socorros mutuos tuvo que aguardar a 1882 para poder realizarse. La Ley de Asociación, aprobada en Madrid en junio de 1887 y promulgada poco después en las colonias españolas en las Antillas permitió un rápido desarrollo de las asociaciones. Siguiendo a los tipógrafos se crearon sociedades de socorros mutuos tales como el Taller Benéfico de Artesanos de Ponce en 1888, una sociedad con el mismo nombre en Humacao en 1893. Fue un movimiento asociativo que abarcó todo el país. En otras poblaciones surgieron sociedades del mismo tipo entre los músicos de San Juan (1885), los artesanos de Guayama (1980), los tabaqueros de Ponce (1891), los obreros de San Germán (1892), los artesanos de Coamo (1894), etc. Todas ellas ofrecían servicios, atención médica, funeral y montepío, recreo e instrucción (Quintero Rivera, 1983; García Rodríguez, 1990).

Junto con las sociedades de socorros mutuos se expandieron las cooperativas de producción y consumo. En San Juan, la Sociedad Progresiva de Artesanos (1889) era una cooperativa dedicada a la construcción de casas para los trabajadores, cuyo capital derivaba de la venta de acciones. También en la capital, los carpinteros fundaron la cooperativa Protección y Trabajo (1893) para conseguir se asignasen encargos laborales a sus socios. En Ponce, en 1893, los albañiles constituyeron una asociación para encontrar trabajo. Poco después, en "la segunda ciudad", los artesanos establecieron las cooperativas La Liga del Trabajo, de los zapateros, y la Sociedad Cooperativa del Gremio de Carpinteros. En Mayagüez crearon la panadería cooperativa "La Choza Amiga'. En otra ciudad, en Arecibo, la sociedad el Porvenir Obrero (1893) adquirió una panadería para abaratar el coste del pan a los asociados (García Rodríguez, 1990). Eran asociaciones en que no existían cláusulas de discriminación racial y, excepto en algunos casos concretos, el grado de fusión socio-racial era muy intenso. Por otro lado, la llegada de gran número de inmigrantes impulsó la creación de centros regionales como el asturiano en 1887 y el gallego en 1890. Junto con ellos llegaría la prensa regionalista de los peninsulares (Pérez Rivera, 2002).

En la década de 1880 la expansión de las organizaciones artesanas y las reivindicaciones laborales fueron constantes. El sector tabacalero desempeñó un importante papel en esta etapa. Antes del Sexenio, existía una limitada producción de hoja de tabaco ya fuese para mascar o para producir puros y cigarrillos para el consumo local. No obstante, a partir de 1869, grupos de trabajadores y empresarios cubanos salieron de Cuba a raíz de violencia y de la crisis económica desatada por la Guerra de los Diez Años (1868-1878). La mayoría de ellos marcharon a Estados Unidos donde desarrollaron la industria del "Clear Havana", pero algunos cubanos también establecieron industrias tabaqueras en Veracruz, México, Kingston, Jamaica y San Juan de Puerto Rico.

Los talleres que surgieron utilizaban principalmente hoja puertorriqueña para producir puros tan similares como fuese posible al excepcional puro habano manufacturado con hoja de vuelta abajo. Aunque inicialmente se importaba bastante hoja cubana que era mezclada con la puertorriqueña, el negocio de estos talleres era el puro de imitación con hoja cultivada en esta isla y, por tanto, producido a mucho menor coste que el original habanero. Con los años, el cultivo de tabaco puertorriqueño se refinó y pudo establecer cierta competencia con la hoja de vuelta abajo. Hacia 1895 la entrada de hoja cubana casi había desaparecido. Por contra, la hoja puertorriqueña, además de abastecer a la creciente manufactura propia, cada vez se exportaba en mayores cantidades (Baldrich, 2005).

El primer taller que surgió en Puerto Rico fruto de esta migración fue un chinchal que estableció en 1870 en San Juan el peninsular José Rodríguez Fuentes. Seis años después empleaba a 30 tabaqueros y adquiría el nombre de Las Dos Antillas. En 1892 tenía 100 trabajadores. Junto a ella surgieron otras fábricas. En 1879 encontramos seis talleres en San Juan, produciendo imitaciones de puros habanos para lo que utilizaba principalmente hoja de tabaco boricua. A mediados de la década de 1880 los talleres habían adquirido el tamaño de fábricas como el caso de Ultramarina, que en 1897 empleaba a 160 tabaqueros. Poco a poco la manufactura puertorriqueña se hizo con un pequeño mercado, sobre todo en Londres, y sus productos concursaron exitosamente en exposiciones internacionales contando con el apoyo del gobierno colonial. También aumentaba el tamaño de las empresas dedicadas a la producción de cigarrillos y picadura. Tal es el caso de La Colectiva, una empresa de cigarrillos fundada en 1898 cuyas modernas máquinas producían 400.000 cigarrillos diarios. Los tradicionales chinchales y pequeños talleres de cigarrillos existentes desde hacía décadas desaparecían en favor de los grandes talleres que producían para el mercado local y de exportación (García Rodríguez, 1983; Baldrich, 2005).

Paralelamente a este desarrollo de la manufactura tabacalera, en la década de 1890 surgieron en San Juan las primeras huelgas de oficio y cierres patronales de los que tenemos noticia en Puerto Rico. Al igual que en Cuba, la lectura de periódicos y libros de contenido social durante las horas de trabajo en los talleres fue un elemento importante en el desarrollo de la defensa colectiva de los intereses de los tabaqueros. En 1892 el empresario de Las Dos Antillas recurrió al cierre patronal para someter a los trabajadores de su fábrica. En 1895 los tabaqueros de la fábrica La Comerieña fueron a la huelga. Dos años después iban a la huelga los más de 100 obreros de La Ultramarina, a la que se sumarían los trabajadores de otras fábricas. No obstante, las grandes movilizaciones de los tabaqueros llegarían en el siglo XX junto con la expansión y concentración de la industria. Entre 1899 y 1909, el número de tabaqueros en Puerto Rico aumentó casi un 200%, lo cual da una idea de las proporciones que adquiría la manufactura tabacalera (Quintero Rivera, 1978).

Por otra parte, los artesanos de varios oficios desencadenaron importantes protestas en contra del aumento de precios al consumo y reivindicando la necesidad de moneda fraccionaria que evitase cayesen en las redes de los comerciantes (casi siempre españoles). Eran movilizaciones que contaban con las simpatías de los autonomistas, interesados en debilitar el poder de la red de grandes y pequeños comerciantes españoles. Al igual que en Cuba, en 1892 los comercios cerraron en contra de nuevas imposiciones fiscales. Fue un movimiento que abarcó a todo los sectores insulares: los comerciantes españoles, los autonomistas criollos y a las capas populares. Sin embargo, las protestas más importantes fueron desde finales de 1894 a enero de 1895, y tuvieron lugar en Ponce, San Juan y otras poblaciones. En ellas participaron estibadores, albañiles, tabaqueros y otros oficios. En Ponce las protestas abarcaron el núcleo urbano y las zonas rurales, por lo que la élite temió se desencadenase una huelga de amplias proporciones. Los manifestantes lanzaron proclamas contra el monopolio de los comerciantes españoles y en favor del aumento de salarios. Por primera vez también tenemos noticia de que los casinos de instrucción y recreo fueron las plataformas a partir de las cuales se coordinaron estas protestas, dando un giro a las asociaciones populares que en Cuba había ocurrido quince años antes.

Debido a la falta de estudios más profundos desconocemos si en estas protestas se expresaron ideas próximas al socialismo o el anarquismo. No obstante, existen indicios de que en las décadas de 1880 y 1890 las ideas del anarco-colectivismo bakuninista consiguieron cierto arraigo en Puerto Rico. Por ejemplo, sabemos que en 1890 se publicaba en Mayagüez la obra de Mijaíl Bakunin, Federalismo y socialismo. Por otro lado, varios dirigentes obreros puertorriqueños, en sus memorias mencionan haber leído las obras del pensador anarquista (García Rodríguez, 1983 y 1989; Quintero Rivera, 1978). Las campañas anti-socialistas de la prensa autonomista o integrista son una muestra de la difusión de estas ideas en la isla. Las propuestas del grupo de artesanos que editaba el semanario Ensayo Obrero proponiendo la creación de un partido o federación obrera indican el creciente arraigo de las ideas socialistas entre los artesanos de Puerto Rico. En marzo de 1898 en vísperas de la invasión estadounidense, la fundación del Círculo de Estudios Sociales para estar al día de las formas de organización obrera internacional reforzó esta tendencia. Finalmente, aprovechando la libertad asociativa introducida por los gobernadores estadounidenses, en octubre de 1898 se fundó la Federación Regional de los Trabajadores (FRT). La FRT siguió el ejemplo de la desaparecida Federación Regional Española, pero a la vez su programa era de clara tendencia socialista en lugar de bakuninista (García Rodríguez, 1990; García y Quintero, 1982).

Pese a la difusión de la ideología y tácticas de luchas radicales, las principales sociedades de artesanos en San Juan y Ponce siguieron defendiendo el vínculo con los autonomistas. De esta circunstancia parece derivar el predominio del reformismo social del obrerismo puertorriqueño bajo la dirección de Santiago Iglesias Pantín y el vínculo con la Federación Americana del Trabajo (AFL) en las primeras décadas de la dominación estadounidense. Durante la Guerra de Independencia en Cuba, las asociaciones de artesanos continuaron fieles a su política de proximidad al reformismo de la él¡te criolla. Terminada la contienda las principales organizaciones obreras de la isla se mantendrían en esta línea sindical moderada, a la vez que en política se acercarían al Partido Republicano Puertorriqueño (que emergió de una escisión del autonomista en 1897) favorable al anexionismo. En su empeño por defender el derecho de asociación y las libertades ciudadanas, las sociedades obreras optaban por distanciarse del control local al que tradicionalmente la élite criolla había aspirado (y en parte conseguido) (Quintero Rivera, 1974; García y Quintero, 1982). La evolución de ambas tendencias sigue presente en las luchas de las clases populares del Puerto Rico actual y sus comunidades en la costa este de Estados Unidos, desde Orlando en Florida hasta Nueva York y su área metropolitana.

11.1. Puerto Rico en la Restauración: del asimilismo al autonomismo

Como se vio en los capítulo 8 y 9, al amparo de las libertades concedidas por la Constitución de 1869 se iniciaba un interesante proceso al abrirse el debate político y la participación de la sociedad insular mediante la creación de partidos y asociaciones. Para algunos autores la conexión e integración de la economía cafetalera, en auge desde la década de 1880, en la metrópoli es el factor que hizo posible que esta isla, a diferencia de lo que ocurría en Cuba - cuya economía y comercio estaban más vinculados a los canales norteamericanos-, encajase dentro del proyecto colonial español, a la vez que explica los rasgos del nacionalismo puertorriqueño cuyos portavoces centraron sus miras en alcanzar un sistema político representativo, incrementar el comercio con España - su aspiración era alcanzar el comercio libre, el cabotaje, entre Puerto Rico y España - y frenar la influencia económica de Estados Unidos, mientras se mostraban indiferentes ante algunas cuestiones sociales como la abolición de la esclavitud (Cubano, 1997: 163-171). El 24 de noviembre de 1870 nacía en Puerto Rico el Partido Liberal Reformista, integrado por individuos pertenecientes a la clase media (comerciantes intelectuales y profesionales) y terratenientes, cuya aspiración era la asimilación a España. Un año después, en marzo de 1871, se creó el Partido Liberal Conservador que defendió las reformas económicas que impulsaran el crecimiento económico de la isla a la vez que trataron de frenar las ideas abolicionistas y la aplicación de la Constitución de 1869. La Restauración había devuelto a Puerto Rico el derecho de representación en las Cortes y le había dotado de un sistema electoral restringido y una Diputación Provincial. La escasa autonomía concedida se reducía más por el expreso deseo de sus dirigentes políticos que renunciaron en los años setenta a cualquier ambición autonómica por la asimilación. Dicha actitud correspondió tanto al Partido Liberal Reformista como al Partido Liberal Conservador. Este último, integrado por algunos de los hacendados y comerciantes más poderosos, siempre se replegó a la política metropolitana con independencia de quién estuviera en el gobierno; prueba de ello son las denominaciones que fue tomando, en 1880 pasó a llamarse Partido Español sin Condiciones para posteriormente conocerse como Partido Español Incondicional.

Como han demostrado algunos estudios, frente a lo que ocurría en Cuba, los cambios económicos que experimentaba Puerto Rico en la década de 1880 tras el descenso del azúcar y la expansión de la economía cafetalera condujo a la incorporación paulatina de la isla en el sistema económico y político español a través del afianzamiento de los vínculos de los hacendados cafetaleros y comerciantes insulares con la metrópoli. Fueron los comerciantes, fundamentalmente de origen español, los que controlaron los hilos de la política boricua. La dependencia de los agricultores hacia los comerciantes se manipuló en términos políticos y electorales, lo que provocó el control de la vida política por parte del Partido Incondicional Español.

En las Cortes continuaban las peticiones a favor de reformas administrativas y económicas para Puerto Rico y la restauración de los derechos derogados después de 1874. Los autonomistas, cubanos y puertorriqueños, siempre contaron con un aliado en las Cortes, Rafael M.a de Labra y Cadrana, que desde 1879 fue representante unas veces de Cuba y otras de Puerto Rico en el Parlamento. A pesar de su relación, sus visiones en cuanto a la forma de conseguir la autonomía en ocasiones enfrentaron a Labra y a los autonomistas antillanos, especialmente con los cubanos. Como explica García Mora para los líderes cubanos el problema se reducía a conseguir la autonomía colonial, con independencia del sistema de gobierno de la metrópoli y de la estructura del Estado, mientras que para Labra la autonomía colonial era una pieza más de la política nacional y su resolución tenía que darse dentro del proceso de modificación de las estructuras del Estado español (García Mora, 2006: 125-137).

En 1879 Labra reclamaba que se aplicase a las Antillas, de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución de 1876, un régimen de gobierno que garantizara la descentralización política y administrativa dentro de la unidad nacional, hiciera realidad la representación parlamentaria, así como que se suprimieran aquellas trabas que limitaban y situaban en peores condiciones al comercio de las islas (abolición gradual de las aduanas, declaración de cabotaje, supresión de los derechos de exportación, etc.). Sus palabras fueron secundadas por Martínez Campos, en ese momento presidente del Consejo de Ministros, quien manifestó ante el Parlamento la necesidad de convertir a Cuba y Puerto Rico en provincias y no en colonias. El proceso se estancó una vez más tras el estallido en Cuba de la Guerra Chiquita, el 26 de agosto de 1879, quedando sin resolverse el estatuto de las Antillas y sin tener certeza alguna sobre la constitución, las leyes o los decretos que regían sus destinos.

Por todo ello, en la década de 1880 parecían acabadas las vías de la asimilación. Los sueños de ser una provincia con todos los derechos constitucionales similares a los que tenían los habitantes de la metrópoli sucumbían; la asimilación como vía política terminaba en estos años para los puertorriqueños y se abría un nuevo escenario en el que los autonomistas e independentistas comenzaron a cobrar peso. Distintas voces se levantaban a favor de la autonomía. Manuel Fernández Juncos, Francisco Cepeda, Luis Sánchez Morales, Julián Blanco Sosa, Juan Hernández López, entre otros, usaban distintas publicaciones como El Buscapié, El Clamor del País o la Revista de Puerto Rico para manifestar sus ideas autonomistas. Los liberales puertorriqueños comenzaron a variar su postura alentados por las ideas de Labra que mantenía en las Cortes el debate a favor de la autonomía para las Antillas, así como por las actividades desplegadas a favor de la autonomía por Sociedad Nacional Democrática, fundada en Madrid en 1880 y de la que formaban parte el puertorriqueño Julio Vizcarrondo y Coronado y Rafael M.a de Labra, nacido en Cuba. Baldorioty de Castro, Ramón Marín, Manuel Fernández Juncos, José Julián Acosta, Julián Blanco, José Celis, entre otros reformistas, abrazaron el autonomismo como la única solución que le quedaba a Puerto Rico. A pesar de ello, algunos como Baldorioty de Castro, al igual que Labra, continuaron durante algunos años aceptando la asimilación en lo político como paso previo a la autonomía. Sólo a mediados de la década de 1880 el asimilismo perdía fuerzas dando paso al autonomismo (Cruz Monclova, 1970, t. II, 2.a parte; Cubano, 1990).

A finales de 1880 el autonomismo cobró importancia como resultado de la movilización de sectores medios que actuaban al margen de los grandes comerciantes y cafetaleros, dejando a un lado las discusiones sobre el modelo autonómico que se implantaría, es decir, si más cercano al estilo canadiense, defendida por Baldorioty de Castro (una autonomía política y administrativa) o más próximo al que combinaba la descentralización con la asimilación política - similar al proyecto perseguido por algunos autonomistas de Cuba y propugnada por Labra y Vizcarrondo (es decir, una autonomía administrativa)-. Fueron años en los que los autonomistas fueron acusados de actuar contra los intereses de España y contra la monarquía. Las manifestaciones contrarias a los comerciantes peninsulares y las demandas a favor de mejoras en las condiciones económicas y de mercado fueron consideradas como parte de un complot que fue duramente reprimido desde la gobernación. El año de 1887 fue el de máxima represión. La memoria y la historiografía lo registran como el momento de mayor persecución de los autonomistas y de la población en general, que ha pasado a ser conocido como el año de los "compontes" (nombre que agrupaba a las distintas torturas con las que se castigaron a los reos).

La crisis económica de los años ochenta, la devaluación monetaria, los escasos márgenes de ganancia que obtenían los hacendados y agricultores, las limitaciones impuestas al tráfico comercial (importación y exportación) como medio para proteger los productos peninsulares y en última instancia el mercado peninsular, el monopolio comercial y del crédito ejercido por los comerciantes peninsulares que en muchos casos provocó el endeudamiento de los hacendados que no pudiendo hacer frente a los préstamos usureros tenían que cederles sus tierras, ayudaron a la concienciación de la población sobre la necesidad de protestar y emprender acciones que ayudaran a cambiar su situación. Fueron estos sectores urbanos movilizados los que dominarán dentro del autonomismo desde los años ochenta hasta 1896.

De manera paralela al autonomismo, se organizaron sociedades secretas que también reclamaban mayores derechos y denunciaban el control comercial de los peninsulares cuyos negocios asaltaron y quemaron en distintas localidades. Repartidos por la isla diferentes periódicos como El País, El Clamor del País o la Revista de Puerto Rico apoyaban las ideas autonomistas. En 1886 los reformistas dieron a conocer su proyecto, el llamado "Plan de Ponce para la Reorganización del Partido Liberal de la Provincia' de 1886, en el periódico editado en esta localidad, La juventud Liberal. En él se solicitaba la vuelta de los derechos concedidos entre 1869 y 1873, se establecía que el autonomismo sería el principio que regulase la relación entre la isla y la Península y se manifestaba a favor de la República como forma de gobierno. El reconocimiento de la variedad dentro de la unidad les permitiría a estos reformistas la coexistencia dentro del Estado español con igualdad de derechos civiles y políticos. Por otra parte, se declaraban partidarios de coaligarse con los partidos republicanos de la Península y con los liberales puertorriqueños. Entre los firmantes del Plan se encontraban Ramón Baldorioty de Castro, presidente; Antonio Molina; Guillermo Oppenheimer; Pedro Salazar; Luis Gautier; Martín Corchazo; Lázaro Martínez; Rafael Pujals; Marcial Morales; y José Ramón Abad. A la propuesta y doctrina del Plan se unieron otros grupos repartidos a lo largo de la isla.

El giro y radicalización de las posturas de los liberales reformistas fue rápidamente contestado y debatido desde distintas instancias por los incondicionales, fundamentalmente desde el Boletín Mercantil que no desperdi ciaba oportunidad para manifestar su adhesión a España. A pesar de las oposiciones de dentro y de fuera, en marzo de 1887 tras una asamblea de los reformistas puertorriqueños se producía la creación en la ciudad de Ponce del Partido Autonomista Puertorriqueño. Ramón Baldorioty de Castro, Manuel Zeno Gandía, Francisco Muñoz Rivera, José Celso Barbosa, Rosendo Matienzo Cintrón, entre una larga lista de representantes de distintas localidades, se encontraban entre sus fundadores. En esta asamblea se debatieron las dos corrientes que enfrentaban a los autonomistas, una más radical y republicana liderada por Baldorioty de Castro y otra más moderada encabezada por Francisco Muñoz Rivera partidario de la negociación continua. Ambas corrientes integraban sectores diferentes de la sociedad boricua que no llegaron a conciliar posturas en torno a temas relativos a la política económica, o las tácticas de negociación con la metrópoli entre las que estaban incluidas la conveniencia o el rechazo a establecer coaliciones con los grupos parlamentarios peninsulares afines - que también provocó discusiones entre los seguidores de Baldorioty-, la posibilidad de llegar a fusionarse con algún partido nacional e incluso de asociarse al Partido Autonomista Cubano. El partido también nacía con una composición social heterogénea que provocó una discrepancia en cuanto a los objetivos a alcanzar y la manera de llegar a ellos. Un sector estaba representado por los azucareros y algunos grupos urbanos más proclives a fórmulas republicanas y que abogaban por una modernización de la industria azucarera como motor de crecimiento; el otro sector estaba integrado por medianos y pequeños agricultores, caficultores y de otros productos menores, pequeños comerciantes y ganaderos, funcionarios públicos, miembros de los cuerpos militares, fundamentalmente, que apostaban por la diversificación económica, la pequeña y mediana propiedad y el comercio con España.

El nuevo partido adoptaba la fórmula de la autonomía administrativa - más cercana a las ideas de Labra que a las de Baldorioty-, alejada del asimilismo y abierta a discutir y respetar las particularidades insulares. Fueron años de continuas peticiones que condujeran a la descentralización, como fueron las demandas para conseguir la aplicación en Cuba de la misma Ley Electoral que regía en la Península, la separación del poder civil y el militar, la reforma del sistema tributario y arancelario, la modificación del régimen comercial, o para que se aplicasen distintas leyes sobre asociación o prensa vigentes en España. Algunas de estas demandas fueron escuchadas, como la Ley de Imprenta, el derecho de asociación o la Ley sobre juicio Oral y Público, de 1886, 1887 y 1889; otras tuvieron que aguardar a 1897 (Cruz Monclova, 1970, vol. 111, I.a parte; Cubano, 1990, 1996; Scarano, 1993).

En la década de 1890 Puerto Rico se encaminaba a una integración en el sistema colonial español. Muchos de los planteamientos y reivindicacio nes de los autonomistas habían perdido terreno - por ejemplo el control del presupuesto y del empleo fue cediendo ante el superávit que en estos años tenía el tesoro insular-. Por otra parte, las divergencias sobre las vías de acercamiento y pacto con el gobierno metropolitano de nuevo causaron una escisión entre aquellos que apuntaban la necesidad de pactar a cualquier precio, los "posibilistas", y los que se mostraban contrarios a llegar a acuerdos con cualquier grupo político y especialmente con los monárquicos. En las filas autonomistas también hubo quienes abogaron por una coalición con distintos partidos peninsulares, tendencia que no era nueva ya que desde su fundación se habían escuchado voces a favor de la unión con distintos partidos republicanos. Desde Madrid, Rafael M.a de Labra, defensor a ultranza de las reformas en las Antillas, recomendaba la coalición parlamentaria de los autonomistas tanto puertorriqueños como cubanos con los liberales o republicanos de la Península con el fin de alcanzar un apoyo y mayor consenso en la política nacional y contrarrestar el rechazo que pudieran tener por el carácter local de estos partidos, pero desestimaba la fusión de las organizaciones autonomistas insulares con los partidos nacionales. En el caso del Partido Autonomista de Puerto Rico no creía que fuera conveniente que se fusionase con el Partido Republicano español o con cualquier otro partido español dado el localismo del partido boricua.

En 1896 una comisión del partido compuesta por Luis Muñoz Rivera, Rosendo Matienzo Cintrón, Luis Velázquez y Gómez Brioso fue a Madrid con el fin de llegar a un acuerdo, a un pacto que resolviese la cuestión del gobierno insular. Tras reunirse con varios jefes de diferentes partidos, el pacto se firmó en 1897 con el gobierno de Sagasta, por el que los autonomistas se comprometían a abandonar el partido puertorriqueño para integrarse en el Partido Liberal español. Tras el regreso de los comisionados de Madrid, la fusión fue debatida en una asamblea del Partido Autonomista en la que se acusó a los comisionados de haberse atribuido competencias que no tenían y se discutió la naturaleza del pacto y las consecuencias que produciría en la política insular. En contra de la fusión se pronunciaron José Celso Barbosa, Juan Ramón Ramos, Santiago Veve y Rossy Calderón. A pesar de los discursos en los que se denunciaba que la fusión significaba una claudicación, además de ser anticonstitucional, el pacto fue ratificado por una votación en la que los posibilistas ganaron con 79 votos frente a 17 en contra, 7 abstenciones y 28 ausentes. Estos hechos provocaron la escisión del Partido Autonomista en dos nuevos partidos. Los seguidores de José Celso Barbosa, reacios a pactar con cualquier partido político español que no fuera republicano, constituyeron el Partido Autonomista Ortodoxo. Este partido continuaba la organización que hasta ese momento tenía el Partido Autonomista y declaraba que podría pactar o ingresar en algún partido nacional republicano y que se apartaba del poder mientras estuviese vigente la Monarquía en España. La otra organización fue el Partido Liberal Fusionista de Muñoz Rivera. Ambos tuvieron sus propios voceros, El País y La Democracia, respectivamente. El Partido Liberal Fusionista adoptó como programa el aprobado en Ponce en 1887. La confianza ciega en la buena voluntad de los políticos españoles nunca la perdieron. Prueba de esto son las palabras de Muñoz Rivera sobre el compromiso adquirido por Sagasta con el pueblo de Puerto Rico:

[...] que el jefe liberal cumplirá sus promesas. Creo en esto de igual modo que creo en las leyes de la lógica o de la mecánica. Aunque le pesara no tendrá más remedio que hacer justicia a nuestro patriotismo. Y no le pesará de ningún modo (Cruz Monclova, 1971, vol. III, 2.a parte: 448-449).

Los acontecimientos impusieron otro ritmo a la política puertorriqueña tras la concesión de la autonomía en 1897 que le dotaba de un gobierno propio que poco pudo hacer ya que un año despues España cedió la isla a Estados Unidos.

11.2. El interludio civilista cubano (1878-1895)

La contienda había producido cambios importantes en la isla en diferentes sectores de la economía y de la sociedad. Las transformaciones en las estructuras económica y social (mecanización de los ingenios, división de los procesos de la producción azucarera - cultivo y fabricación de la caña-, abolición de la esclavitud, nueva organización del trabajo, concentración de la propiedad y de la producción, cambio en las relaciones de propiedad, entre otros) dieron como resultado el surgimiento y avance de la sociedad civil con la fundación de agrupaciones mutualistas y obreras, asociaciones culturales y sociedades de carácter étnico, el aumento de publicaciones periódicas, el regreso de exiliados y la apertura de un debate político que ayudó a madurar la cultura política de una sociedad que afianzaba su identidad nacional; se evidencia una mayor fractura entre los intereses metropolitanos y los insulares, a la vez que se puso de manifiesto las deficiencias del sistema colonial y se sentaban las bases de un pensamiento independentista. La abolición, la participación en la administración y en la política insulares, la reducción de los aranceles, el cabotaje y la rebaja de la presión fiscal - una de cuyas consecuencias inmediatas y principales sería la liberalización del comercio con Estados Unidos - eran las demandas que plantearon los criollos cubanos. Su aceptación y negociación en la metrópoli chocó con varios obstáculos. Las reformas fueron frenadas muchas veces por los cambios de gobierno, depen diendo de la actitud y voluntad política de cada gabinete para llevar a cabo o no las reformas, pero lo que realmente las limitó fue la competencia de intereses entre los productores y comerciantes isleños y los de la Península, la dependencia del mercado antillano por parte de los productores peninsulares y las necesidades del Tesoro español. En septiembre de 1879 comenzó a trabajar la junta de Reformas de Ultramar.

Con este trasfondo cubano y con una voluntad reformadora del Gobierno de la Restauración se inició un proceso de cambio cuyos cambios llegaron de una manera lenta, que estuvo salpicado por los intereses contrarios, la voluntad de los distintos gabinetes políticos y la intolerancia de algunos políticos españoles que produjeron el desenlace conocido por todos, el desencuentro de intereses, la confrontación armada, la concesión tardía de la autonomía y la independencia.

En marzo de 1878 se volvía a conceder a Cuba la representación parlamentaria, para lo cual en junio del mismo año se otorgaba un sistema electoral y se abría un proceso electivo restringido a quienes fueran cabeza de familia, tuvieran una casa abierta, contasen con dos años de residencia, pagara una cuota de contribución territorial mínima de 25 pesos o 125 pesetas, o fuese profesional, empleado civil o militar, activo o pasivo del Estado, ayuntamiento o alguna provincia. Todo ello no sólo era discriminatorio respecto a la Península, sino que también restringía enormemente el número de electores e inclinó la balanza hacia determinados grupos más conservadores y españolistas como eran los funcionarios y los comerciantes-industriales. Por otra parte, la división electoral benefició a los más conservadores y proespañolistas al conceder mayor poder a las ciudades que al ámbito rural puesto que se reconoció a cada provincia como una circunscripción. El régimen electoral fue modificado en 1892 al rebajarse la cuota contributiva de los electores a 5 pesos (Piqueras, 2005b; Roldán de Montaud, 2000b).

A partir del Zanjón el gobierno recayó en una figura que continuaba compatibilizando los cargos de capitán general y gobernador general. Al capitán general se le despojó de las facultades extraordinarias que poseía hasta entonces ya que tenía que contar en sus decisiones con otras instituciones como la junta de Autoridades, a la vez que debía responder de sus actos ante el Gobierno. Se dividía el país en seis provincias administradas por gobernadores civiles nombrados por el ministro de Ultramar. Así mismo, se aplicaron las leyes provinciales y municipales que regían en la Península con algunas modificaciones. Se crearon seis diputaciones provinciales a través de las cuales los cubanos accedieron a la participación política y al gobierno y se fueron concediendo algunas libertades y derechos, que hicieron que la sociedad civil comenzara a cobrar fuerza y presencia en la vida política isleña. A ella contribuyeron la libertad de imprenta, asociación y reunión y la creación de partidos políticos. Sin embargo, pronto se vio que las reformas concedidas en el Zanjón eran limitadas y continuaban marcando una diferencia en cuanto a los derechos y a la representación en el ámbito nacional y en el insular entre cubanos y españoles y entre criollos y peninsulares. En la práctica, las atribuciones de las diputaciones provinciales quedaron bastante mermadas y el capitán general tuvo en sus manos la disolución de los ayuntamientos y diputaciones provinciales y la aplicación o no de derechos y libertades. Él también era quien designaba al presidente de la diputación, a los alcaldes y a los tenientes alcaldes entre la terna que le presentaban las corporaciones, y elegía a los miembros de la comisión permanente, integrantes de la diputación provincial, encargados de establecer el censo electoral. Por otra parte, el régimen electoral siguió privilegiando a los peninsulares que contaron con una mayor representación en las distintas instituciones.

En el terreno político el Zanjón abrió un espacio que hasta ese momento había estado vetado a los antillanos a través de la creación de partidos políticos. Dos de los que marcaron la vida política de la isla, el Partido Liberal y la Unión Constitucional, partían de similares demandas aunque la forma de resolverlas distaba y marcaba las diferencias entre ambos. Asimilación, abolición y cabotaje fueron los temas centrales alrededor de los que giraron las propuestas de ambos partidos y los ejes del debate colonial.

El nacionalismo cubano más moderado, vertebrado en torno al Partido Liberal dentro de la política de consenso pactada con la metrópoli, se acogió a la propuesta autonomista que planteaba el mantenimiento de la unión con España pero a partir de un modelo político, económico y administrativo descentralizado. El partido fue evolucionando desde una posición asimilista que defendía en los primeros años de su creación hacia posturas autonomistas; ya en 1882 este partido aspiraba a un régimen de amplia descentralización administrativa. Su programa se corresponde con el nacionalismo moderado al que aspiraba. Frente al independentismo y al asimilismo, como opción intermedia que aseguraba el mantenimiento del orden colonial pero en un marco nuevo de libertades y derechos civiles y político, en agosto de 1878 nacía el Partido Liberal, un partido nacionalista, liberal y democrático integrado por una clase media, en su mayoría profesionales e intelectuales (abogados, médicos y científicos), con unos objetivos y características propias de un partido político, es decir, canalizar intereses de distintos sectores, participar del poder o aspirar al mismo y tener un programa para la sociedad en su conjunto.

Es importante tener en cuenta la formación intelectual y las ideas de una parte significativa de los profesionales que integraban el autonomismo. Positivistas y evolucionistas convencidos, creían que la sociedad, que se regía por unas leyes biológicas como otros seres vivos, lograría la plenitud de su desarrollo a través de la evolución. Evolución y no revolución son los conceptos que también aplicaron a su pensamiento y programa políticos. Las reformas serían las que producirían los cambios en la sociedad y encaminarían al país hacia otras formas políticas y económicas (García Mora y Naranjo Orovio, 1997, XV: 115-134; Puig-Samper y Naranjo Orovio, 1998, XXXII: 97-110). Sus ideas diferentes al ideario independentista, sobre todo en cuanto a los medios para conseguir los fines, así como los fines mismos de este partido, han sido negados sistemáticamente por la historiografía marxista. La visión reducida del autonomismo que ofrece esta historiografía le resta validez en el proyecto de lograr una sociedad y una nación, aunque a largo plazo, por otras vías que no fuera la insurrección. Un buen ejemplo del pensamiento de una parte de los autonomistas lo representa Enrique José Varona. Adentrarnos en su pensamiento y en su vida es también penetrar en el de muchos intelectuales que militaron en las filas del autonomismo; algunos de ellos permanecieron en ellas y otros, como Varona, decidieron abandonarlas.

En Varona el evolucionismo marcó su concepción de la sociedad, la política, la historia y el presente. En su vasta obra abordó un estudio minucioso de los factores que causaban el retroceso y el avance de un pueblo, es decir de aquellos elementos que propiciaban la evolución y cuáles la retrasaban. Dentro de este ideario, en el que se despuntan claros elementos regeneracionistas, la educación de los individuos era el instrumento principal para conseguir la evolución. El viejo orden social, apuntaba, sólo era alterado mediante la evolución lenta y gradual, una legislación adecuada y una educación conveniente que produciría la transformación social que apartase al pueblo del fanatismo y le sacara de la ignorancia. Y es en el análisis de la historia y del transcurso del tiempo en donde Varona halló los elementos que le sirvieron para probar y fundamentar las leyes de la evolución y, lo más importante, encontró las claves sobre las que argumentar la imposibilidad de que Cuba llegara a un pacto con la metrópoli. Desengañado de los políticos españoles, de la intolerancia y de las injusticias, tras su vuelta de España en 1884 renunció al Partido Liberal Autonomista y abrazó la causa independentista. En 1895, año en que asumió la dirección del periódico Patria apuntaba "con España ya no hay solución para el porvenir de Cuba' (Varona, 1919).

A pesar de la riqueza y complejidad de pensamiento de muchos de los autonomistas, como el que aquí hemos expuesto, los estudios que se han producido dentro de la historiografía marxista rechazan la concepción del autonomismo como una corriente que también tenía un modelo de nación y que defendía la identidad de los cubanos, ya que consideran que el movimiento autonomista poseía un carácter antinacional y antipatriótico que sólo respondía a los intereses de una clase y de la metrópoli (De la Torre, 1998; Estrade, 1999: 155-170). Otros estudios, menos condicionados por el presente, como los de García Mora y Bizcarrondo y Elorza, entre otros, defienden la tesis que dota al autonomismo de un proyecto nacional. Para algunos de ellos el autonomismo entraña el esfuerzo de un grupo por configurar una patria (Bizcarrondo y Elorza, 2001; García Mora, 1999, 2: 53-72, 2003, 11: 179-194 y 2005, 15: 299-314; Alonso Romero, 2002), a pesar de la exclusión que los autonomistas hicieron de la población de color. Recuérdese que no fue hasta 1893 cuando el autonomismo reconoció la igualdad de derechos civiles y políticos a todos los habitantes de Cuba. La polémica ha sido desarrollada e interpretada por Inés Roldán (Roldán de Montaud, 2002: 27-75).

El órgano principal del Partido Liberal era la Junta Central con sede en La Habana integrada por un presidente, un vicepresidente y treinta seis vocales, de la que dependían las juntas provinciales de Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe (actualmente Camagüey) y Santiago, y las juntas locales y comités de barrio sólo para el caso de La Habana. Sus órganos de difusión fueron El Triunfo (1878-1885) y, desde 1885, El País (García Mora y Naranjo Orovio, 1997, XV: 115-134; García Mora, 1999, 2: 53-72 y 2003, 11: 179-194; Bizcarrondo y Elorza, 2001).

Siguiendo el modelo político de Canadá, como en su día defendiera José Antonio Saco en 1837 en su obra Paralelo entre la isla de Cuba y algunas colonias inglesas, los autonomistas elaboraron un programa que contemplaba tres niveles de actuación: político, social y económico. En la esfera política, como apuntamos, los autonomistas defendieron la permanencia de Cuba dentro de la nación española con un sistema descentralizado que les permitiera participar de forma directa en los asuntos que atañeran a la isla, así como la equiparación de derechos y libertades entre peninsulares y criollos y la homologación de las leyes que regían en la metrópoli. En definitiva, los autonomistas buscaban establecer un "estado en pequeño" dentro del Estado español, con independencia del tipo de gobierno que existiera en la Península. Sobre la cuestión social, los autonomistas volvieron a respaldar la propuesta que habían llevado a la junta de Información, es decir la abolición de la esclavitud, primero a largo plazo y con indemnizaciones a los hacendados, para posteriormente radicalizar su postura y plantear su supresión de forma inmediata y sin indemnización. Siguiendo las ideas de los primeros reformistas de los años treinta y cuarenta, los autonomistas continuaron defendiendo el blanqueamiento de Cuba como uno de los principales medios para alcanzar el modelo social y cultural ideal, basado en un pequeño y mediano campesinado blanco; un modelo en el que la población exesclava y de color quedaba supeditada a la población blanca. Su lucha no contemplaba las mismas aspiraciones que la que se libraba desde otras filas a favor de los derechos de la población de color y de su incorporación a la sociedad cubana.

El otro nudo del programa era el económico. Partidarios del librecambio, el Partido Liberal Cubano defendió aquellas medidas que concedían a los comerciantes y productores insulares una mayor libertad y capacidad de actuación, por lo que abogaron por la reforma del sistema fiscal y de aduanas, incidiendo de manera especial tanto en la necesidad de la desaparición de los aranceles como en la firma de tratados comerciales con otros países y de manera especial con Estados Unidos, país con quien las relaciones comerciales eran muy estrechas desde mediados del siglo XIX e incluso, en algunas ocasiones, había sido su principal socio comercial en el negocio azucarero.

En las primeras elecciones generales de 1879 los autonomistas consiguieron el mayor número de diputados de toda su existencia, siete diputados, diez menos que el otro partido creado en estos años en Cuba, la Unión Constitucional, que con fuerte presencia en las provincias de Matanzas y Pinar del Río contó con la ayuda de las autoridades españolas en su campaña. Mientras, los liberales ganaron en Camagüey y en Santiago de Cuba. En estos comicios caracterizados por una moderación y, como apuntan las fuentes, por un ambiente bastante tranquilo, se perfilaron las tendencias de votos: la división entre occidente, predio de los unionistas, y oriente, feudo de los autonomistas. Así mismo, el estudio de estas elecciones revela que los conservadores aún no habían logrado controlar los mecanismos electorales como ocurrió después, siendo los sectores más moderados de ambos partidos los más votados. En las filas del liberalismo Rafael Montoro y Rafael M.de Labra resultaron electos por La Habana (Roldán, 2000b: 159-162).

Desde 1881 el Partido Liberal Cubano pasó a denominarse Partido Liberal Autonomista tras ser declarada lícita la propaganda autonomista. El carácter local de este partido, circunscrito a unos problemas y objetivos sólo insulares, y el hecho que desde él no se desplegasen alianzas con otras fuerzas políticas, reduciéndose éstas a vínculos individuales, limitó su influencia en el juego político de la metrópoli. Por otra parte, las discrepancias internas también mermaron poder al autonomismo dividido entre un sector más moderado y otro más radical, representado por Enrique José Varona, que consideraba agotados los canales legales para continuar en la escena. Todo ello condujo a que en Cuba los liberales fueran perdiendo fuerza frente a los unionistas. En las elecciones de 1881 los autonomistas perdían tres diputados, alcanzando sólo cuatro, mientras que los unionistas obtuvieron dieciocho diputados. En abril de 1882 ante los ataques virulentos de los sectores más intransigentes de la Unión Constitucional que reclamaban que se prohibiera hablar abiertamente de autonomía, el Partido Liberal cambió su estrategia. Tras celebrar una Junta Magna, los liberales acordaron defender la autonomía colo nial como gobierno, se declararon partidarios de la democracia liberal y concedieron libertad a sus miembros para que se afiliaran a cualquier partido democrático siempre que su doctrina fuera compatible con la del Partido Liberal Autonomista. En dicha junta se fijaron los objetivos así como las líneas de actuación para conseguirlos; entre otros, se acordó crear un órgano de opinión en la Península que abogaba por sus intereses y difundía sus ideales: con este fin surgió La Tribuna. A partir de ese momento, la actuación del partido se centraría en conseguir la identidad de derechos civiles y políticos de cubanos y peninsulares, la abolición del patronato y la autonomía colonial. Para alcanzarlos los autonomistas declaraban su intención de aliarse con cualquier partido político metropolitano que les ayudase a conquistarlos (García Mora, 2003, 11: 179-194, 2006: 125-137).

A la altura de los años noventa la esperanza reformista parecía estar más lejos. Los caminos y destinos diferentes de la metrópoli y las colonias se hacían patentes en las Cortes. Mientras que en la Península se debatía la Ley de Sufragio Universal, para las Antillas se continuaban presentando proyectos y dictando leyes electorales con contenidos distintos según donde se fuera a aplicar. La Ley Electoral de 1889 del ministro de Ultramar, Manuel Becerra, volvía a marcar la desigualdad entre antillanos y peninsulares al establecer diferencias en la cuota de las contribuciones que se requería para poder votar. El sistema electoral continuaba concediendo un amplio margen a la Unión Constitucional al elevar la renta para poder votar. Así, si en 1878 para ser elector era necesario tener 250 pesos de renta, en 1890 se precisaba tener 500 pesos. Por otra parte, Labra comentaba las desigualdades que la ley establecía entre la Península, en donde el 22% de la población podía votar, y Cuba en donde sólo el 7% de la población tenía acceso al voto en estas elecciones. Por todo ello, en 1892 el partido decidió abstenerse de las elecciones en contra de la voluntad de algunos de sus principales dirigentes como Rafael Montoro, Antonio Govín, José María Gálvez y Eliseo Giberga, y con la reprobación de Rafael María Labra. Los autonomistas ya habían expresado en 1886 su desacuerdo con el sistema electoral y la ley electoral vigente que hacía patente la desigualdad entre insulares y peninsulares y beneficiaba a la Unión Constitucional ya que el sistema censitario favorecía a los sectores industriales y mercantiles de Cuba, en su mayoría votantes de dicho partido. En 1890 Giberga denunciaba en el Congreso esta cuestión con cifras, comentando las estadísticas de 1890 según las cuales más de 64.000 habitantes habían sido excluidos de las elecciones. Este clima de desavenencia y la pesadumbre de los autonomistas se incrementaron tras la designación de Romero Robledo como ministro de Ultramar en 1891 y la puesta en marcha de medidas que ahondaban las diferencias entre Cuba y España. Poco después, los autonomistas comunicaban su decisión de retraerse en los comicios en el Manifiesto al país del 2 de febrero de 1892.

Al estallar el conflicto en 1895 el Partido Liberal Autonomista expresó su desacuerdo a través de un manifiesto. Desde ese momento y hasta el final en 1898 las posiciones de los miembros de este partido variaron notablemente. La unidad de opiniones fue resquebrajándose a medida que la guerra avanzaba y la situación de la población cubana fue empeorando, sobre todo tras el nombramiento de Valeriano Weyler como capitán general de Cuba en 1896. Si en un primer momento el partido condenó el levantamiento y manifestó sus deseos de que se aplicase en Cuba la Ley Abarzuza y unos meses después la Junta Central proclamaba que la autonomía era el único medio viable y alternativo a la guerra, a partir de 1896 asistimos a una división en las filas autonomistas: unos más favorables a la independencia, otros más cercanos al pacto con el gobierno colonial y otro grupo que, a pesar de condenar la represión, se mantuvo en su ideario autonomista. Este fue el caso de Giberga.

La otra gran fuerza política que surgió tras la Paz del Zanjón fue la Unión Constitucional. Después de algunas discusiones sobre su denominación, se barajaron los nombres de Partido Español sin Condiciones y Partido Español, la Unión Constitucional nacía en La Habana en la casa de uno de los principales hacendados, José Eugenio Moré, un 16 de agosto de 1878 bajo el lema "¡Paz, patria y unión constitucional!". En dicha reunión participaron peninsulares y criollos, hacendados, tabaqueros, comerciantes, banqueros y profesionales, entre otros: Gonzalo Jarrín, Manuel Sánchez Bustamante, José Ricardo O'Farrill, Francisco de Armas y Céspedes y Ramón de Armas y Sáenz. En pocos meses se redactó y aprobó el programa del partido, el cual se dio a conocer en noviembre de ese año. Su contenido, como el de los autonomistas, giraba en torno a tres ejes: político, social y económico. La Unión Constitucional pedía una asimilación completa a la Península y por tanto la extensión de la Constitución española de manera íntegra, solicitaba que se suprimiesen los derechos de exportación, que se procediese a una reforma arancelaria, que se fuera allanando el camino hasta conseguir el comercio de cabotaje, así como que se pusiera fin al problema de la deuda pública, se rebajasen las tributaciones y se destinasen fondos para la reconstrucción de las zonas más afectadas por la guerra. En lo referente a la cuestión social, los unionistas se acogían a la abolición según marcaba la Ley Moret y recomendaba que el Estado protegiera y fomentara la inmigración con el fin de poder cubrir las demanda de mano de obra que se presentaba de manera anual durante la época de la zafra azucarera y la recolección de otros productos, una inmigración, recordaban, que vendría a suplir la mano de obra que hasta ese momento cubrían los esclavos (Roldán de Montaud, 2000b y 2002: 27-75 ; Portela Miguélez, 2004).

Era éste un partido que obedecía al interés de distintos sectores de mantener el statu quo, lo cual no significa que no existieran corrientes diferentes dentro del mismo. Con independencia a los sectores más integristas, a los miembros del Cuerpo de Voluntarios o de los Casinos Españoles, en la Unión Constitucional participaron otros elementos reformistas próximos al asimilismo que hasta los primeros años de 1880 tuvieron cierto peso en el partido. Con posterioridad a 1881 los sectores integristas se impusieron como fuerza mayoritaria. Las visiones dicotómicas de la historia de Cuba también están presentes en los trabajos sobre los partidos políticos del siglo XIX y, en concreto, en los que se refieren a la Unión Constitucional. Los últimos estudios de 1. Roldán han puesto de manifiesto la heterogeneidad de sus integrantes en cuanto a su adscripción socio-económica. Sus estudios demuestran que, pese a que este partido estuvo apoyado por el Gobierno español y las autoridades españolas de la gran Antilla y que en gran medida los integrantes del aparato burocrático colonial eran miembros de él, la Unión Constitucional no era un partido compuesto fundamentalmente por miembros de la burguesía comercial e industrial isleña, con intereses enfrentados a los hacendados azucareros (criollos). Sus trabajos abren el partido a distintos grupos, peninsulares y criollos, todos ellos miembros de la élite económica más influyente; una élite diversificada en sus intereses e inversiones, a la que también pertenecían profesionales no vinculados con intereses coloniales. Pero también integraban las filas unionistas medianos propietarios y comerciantes, sectores urbanos, empleados e inmigrantes de origen español (Roldán de Montaud, 2000b: 135-143).

En pocos años la composición de ambos partidos, de los autonomistas y de los unionistas, varió. A comienzos de la década de los ochenta los sectores más moderados y liberales de la Unión Constitucional abandonaron sus filas bien porque se había producido la abolición, razón por la cual algunos de ellos se habían apuntado al partido, o bien porque las ideas y prácticas de sus dirigentes habían cambiado y los sectores más intransigentes y españolistas iban adquiriendo fuerza. Frente a ellos, un sector comenzó a distanciarse y a solicitar mayores medidas que protegieran los intereses insulares que tenían una especificidad que con frecuencia se olvidaba en la metrópoli. A su juicio, la brecha entre insulares y metropolitanos cada vez se hacía más profunda por lo que también reclamaban que se fueran atenuando las diferencias.

Las reformas de Francisco Romero Robledo en 1891 y la diversidad de intereses económicos de los integrantes de la Unión Constitucional y sobre todo las diferencias que se fueron haciendo cada vez más pronunciadas e insalvables entre los intereses de algunos grupos insulares (tanto criollos como de origen peninsular) productores y exportadores, y los intereses de los pro ductores de la Península provocaron la escisión del integrismo en 1893 y la creación del Partido Reformista, un partido compuesto por los sectores vinculados a la economía cubana y cuya solvencia y estatus dependía de ella. En este juego de intereses es necesario introducir el malestar producido por las medidas proteccionistas impuestas por Estados Unidos por las que controlaron y subordinaron a sus intereses la producción azucarera cubana. Éste fue un partido fundado para llevar a cabo la reforma ideada por el ministro de Ultramar Antonio Maura, ya que fue en este clima de tensiones internas y de enfrentamientos entre intereses insulares y coloniales cuando Maura elaboró un programa de reforma para las Antillas. Las reformas de esos años sólo respondían a un objetivo: intentar conciliar los intereses que ahora entraban en disputa y que hacían tambalear el pacto colonial.

Las otras opciones políticas de este último cuarto del siglo XIX fueron el independentismo que se articuló alrededor del Partido Revolucionario Cubano, el Partido Liberal Democrático, fundado en 1878, el anexionismo y el anarquismo, protagonista a finales del siglo del movimiento obrero, que ya ha sido estudiado en el capítulo 9.

Tras la fracasada Guerra Chiquita, el independentismo comienza a rearticularse a partir de 1882 con José Martí como uno de los principales líderes en este momento en el que se planteaban distintas estrategias para conseguir la independencia, que distanciaron a Martí de otros líderes. En estos años previos al estallido de la Guerra de Independencia, los generales Maceo y Gómez, así como otros políticos exiliados como Salvador Cisneros Betancourt gestaron distintos proyectos insurreccionales a los que Martí no se sumó. Para llevar a cabo su proyecto de emprender una revolución que desembocara en la independencia y en la constitución de un Estado democrático, Martí defendió que era necesario crear un partido que aunase a los distintos sectores y clubes y que sentase las bases sobre las que se construiría el nuevo Estado lejos de espíritus personalistas o militaristas. Su negativa a Máximo Gómez para seguirle en sus proyectos de invasión se basaba en estos planteamientos en los que primaba una estrategia política. El 20 de octubre de 1884 Martí le escribía a Máximo Gómez: "Un pueblo no se funda, general, como se manda un campamento...... El tiempo le dio la razón ya que a la altura de 1886 los diferentes intentos de expediciones habían fracasado. A partir de entonces, la propuesta martiana comenzó a cobrar fuerza. En 1887 en Nueva York se creó una Comisión Ejecutiva presidida por Martí con el fin de aunar a todos los sectores. De dicha Comisión salió un proyecto en el que se diseñaba tanto la organización política del independentismo como su organización militar.

En 1892 José Martí había logrado consolidar el movimiento insurreccional y convertirlo en un partido revolucionario con un programa y una ideología que guiaría la insurrección contra España, nos referimos al Partido Revolucionario Cubano cuyas bases fueron aprobadas en Cayo Hueso, el 5 de enero de 1892, donde se habían reunido diversas agrupaciones de exiliados y trabajadores cubanos. Ese día se aprobaron las bases y el reglamento que aunaba a todas las organizaciones y clubes de la emigración, las mismas que constituyeron las bases y los estatutos secretos del Partido Revolucionario Cubano. Nueve artículos recogían el programa de este partido. Sus artículos 2 y 3 expresan claramente el ideario martiano que encamina la lucha y la aleja del caudillismo:

Artículo 2: El Partido Revolucionario Cubano no tiene por objeto precipitar inconsideradamente la guerra en Cuba, ni lanzar a toda costa al país a un movimiento mal dispuesto y discorde, sino ordenar, de acuerdo con cuantos elementos vivos y honrados se le unan, una guerra generosa y breve, encaminada a asegurar en la paz y el trabajo la felicidad de los habitantes de la Isla. Artículo 3: El Partido Revolucionario Cubano reunirá los elementos de revolución hoy existentes y allegará, sin compromisos inmorales con pueblo u hombre alguno, cuantos elementos nuevos pueda, a fin de fundar en Cuba por una guerra de espíritu y métodos republicanos, una nación capaz de asegurar la dicha durable de sus hijos y de cumplir, en la vida histórica del continente, los deberes difíciles que su situación geográfica le señala.

El artículo 4 recoge su espíritu democrático sobre el que se fundaría el Estado-nacional:

El Partido Revolucionario Cubano no se propone perpetuar en la República Cubana, con formas nuevas o con alteraciones más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud.

Previamente, el 28 de noviembre de 1891, en una reunión celebrada en Tampa, en el Club Ignacio Agramante donde participaban exiliados y emigrados cubanos, después de un discurso de Martí, en el que el gran orador expuso sus ideas en torno al gobierno que debía implantarse en Cuba, "una república de todos y para el bien de todos...", se acordó redactar un manifiesto que recogía la necesidad de promover de manera inmediata "una acción común, republicana y libre [que aunara a] todos los elementos revoluciona ríos honrados". Las "Resoluciones tomadas por la emigración de Tampa" son el precedente del Partido Revolucionario Cubano (Historia de la nación cubana, 1952, vol. VI: 119-147; Estrade, 2000). El objetivo fundamental era lograr la independencia de Cuba y fomentar y ayudar a la de Puerto Rico. Las bases del partido, divididas en nueve artículos, definían el carácter de la República cubana, centrada "en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud". Conquistada la independencia, el sistema de gobierno de la nueva nación sería la democracia de base popular (De armas, 1994: 261-278). Tras la elección de José Martí como delegado del Partido y de Benjamín Correa como secretario, el 10 de abril fue constituido el Partido Revolucionario Cubano. El simbolismo de su constitución es bastante revelador ya que hicieron coincidir el día con otra fecha histórica como era la proclamación de la República en Armas en 1869, en Guáimaro. Con ello, los independentistas asumían el legado de los revolucionarios de 1868 y hacían de la lucha anticolonial un proceso ininterrumpido iniciado en 1868.

El Partido, presidido por Martí, estaba gobernado por un Consejo (integrado por los presidentes de las asociaciones que habían aceptado el programa), un delegado y un tesorero (procedentes también de las mencionadas asociaciones y que cuya elección era anual). El Partido y el periódico Patria (fundado en Nueva York en marzo de 1892) fueron los instrumentos de los que se valió Martí para difundir su programa político y organizar la insurrección. En la organización de la revolución estuvieron implicados cada uno de los clubes, que repartidos por países y localidades diferentes trabajaron a las órdenes del que sería llamado "Apóstol de la Revolución". En su trabajo contó con la colaboración directa de Gonzalo de Quesada a quien nombró secretario del partido. Desde esos días la actividad de Martí fue incesante. Escribe artículos, prepara discursos, imparte conferencias, viaja a diferentes países para conseguir apoyo, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Cuba, Haití, México, Santo Domingo... En todos los lugares y desde todas las tribunas Martí hablaba sobre la revolución, sobre sus contenidos y objetivos, a la vez que ultimaba los preparativos para la insurrección. En 1892 en La Habana, los asistentes al Congreso Obrero acordaron sumarse al partido independentista. El 8 de diciembre de 1894, Martí, José María Rodríguez y Enrique Collazo firmaban el plan de insurrección en Cuba. Conocido por Estados Unidos, las autoridades impidieron su ejecución; a finales de enero de nuevo se firmaba otro plan de alzamiento, que sería el definitivo. El 24 de febrero comenzaba la última guerra de Cuba.

El 25 de marzo de 1895 Martí daba a conocer el Manifiesto de Montecristi en el que exponía los motivos por los que Cuba debía luchar contra España para conseguir su independencia, haciendo de la nueva lucha una continuación del proceso que se iniciara en 1868 en Yara. Su llamamiento a la guerra lo hacía en nombre de la libertad y de la patria; una guerra que no era contra el español, sino contra el Gobierno: "Los cubanos empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos". Los discursos y escritos de Martí eran un llamamiento a la unidad de todos los cubanos; una convocatoria a que participaran en la revolución y en la creación de la patria sin distinción de clases ni de raza. "Cubanos hay ya en Cuba de uno y otro color", decía José Martí en este mensaje conciliador en el que sobreponía la cubanidad sobre las diferencias y conflictos reales de la sociedad cubana. "No hay odio de razas, porque no hay razas", escribía Martí en Nuestra América a la altura de 1891 (Martí, 1992: 2). Recordaba Martí cómo la participación de los esclavos y exesclavos en la guerra de 1868 había generado una imagen diferente del hombre de color, que luchando junto al blanco contra el colonialismo y peleando por los mismos ideales había demostrado que eran miembros de una misma nación, más allá de las líneas divisorias marcadas por el color. Para Martí, como posteriormente han insistido algunos autores e intelectuales, la participación de este importante sector de la población en ambas guerras era un factor por sí mismo representativo del advenimiento de una nueva sociedad, de una nación de todos y para el bien de todos. Cubano, postulaba Martí, era ser "más que blanco, más que mulato, más que negro". Partiendo de ello, de la interiorización de este concepto y de este imaginario se llegaría a la igualdad. La necesidad de unidad, condición indispensable para Martí como medio de alcanzar la independencia, condicionó su discurso sobre las razas, cerrándolo a cualquier discusión o simple alusión a la existencia de diferencias de color. Silenciar el problema racial se convirtió en una estrategia y hasta en un "acto de patriotismo". La igualdad concebida así se identifica con la unidad nacional y lejos de representar el fundamento de la libertad es su límite. La cubanidad incluía de forma abarcadora todas las diferencias étnicas y culturales, era uno de los principios del discurso fundacional (Rojas, 1998; De la Fuente, 2002).

11.3. El hundimiento del dominio colonial de España

En la metrópoli, terminada la Guerra de los Diez Años, hubo un viraje hacia posiciones más conservadoras en política colonial. En el panorama político peninsular la cuestión ultramarina fue cobrando cada vez más fuerza y fue utilizada por unos y otros para deponer gobiernos o instaurar repúblicas. Enfrascados en luchas internas, los diferentes grupos parlamentarios fueron incapaces de lograr un acuerdo. En su análisis sobre la política colonial española de este período, Elena Hernández Sandoica comenta que no hubo un diseño de una política exterior y colonial. La necesidad de afianzar el modelo político de la Restauración condujo a que se subordinasen otros objetivos políticos a aquellos intereses y sectores económicos que podían estabilizar dicho modelo como fue el caso de la Compañía Transatlántica Española. Las concesiones que se dieron a esta compañía naviera en momentos clave para el traslado de hombres, tropas e inmigrantes a las Antillas y Filipinas hay que entenderlo en el marco de la política de la Restauración y de la debilidad de un Estado cuya política está supeditada a los intereses económicos de un sector. La trama de relaciones económicas y políticas alcanza el mundo ultramarino pero ni responde a los mismos mecanismos que en otros momentos han actuado ni tienen los mismos agentes, es decir, las redes familiares, las sagas azucareras, los intereses comerciales que protagonizaron gran parte del siglo XIX en la metrópoli y en las Antillas. En el último cuarto del siglo XIX la trama de relaciones, más metropolitanas, ve "en el ámbito de lo colonial una esfera privilegiada para su actuación". El mundo colonial pasó a jugar un importante papel, no en tanto tema y problema del debate político, sino en la medida en que las colonias eran un ámbito de expansión y crecimiento de la compañía naviera (Hernández Sandoica, 1990, vol. 1: 601-632 y 2004; Rodrigo Alharilla, 2001). Pero además, el debate en torno al proyecto autonómico que defendían los diputados antillanos en las Cortes, fue uno de los nodos de la política nacional en tanto que se enmarcaba en la discusión sobre la organización y administración del Estado liberal (De la Calle y Esteban Vega, 1998: 173-209).

Por otra parte, las nuevas condiciones sociales y económicas de las Antillas impusieron una remodelación en la relación colonial provocada por la guerra de 1868, la reestructuración de la producción, así como por las nuevas relaciones comerciales y la abolición de la esclavitud. Desaparecida la esclavitud, primero en Puerto Rico y luego en Cuba, debían de establecerse unas bases sobre las que mantener el poder de España en las Antillas. Después de muchos años se planteaba la concesión de leyes especiales para gobernar las colonias en el marco de la Constitución de 1876. Unos años después, en 1879, nacía otra comisión de reformas de ultramar que como las anteriores tenía la misión de estudiar e informar al gobierno español sobre diferentes aspectos de la economía y la población de Cuba y Puerto Rico.

Finalizada la guerra de Cuba, las relaciones coloniales habían variado y en función de ello también cambió la política colonial. En 1879 volvían los diputados antillanos a las Cortes; años antes se había concedido la autonomía a Puerto Rico, estatus que sólo mantuvo un año, en 1873, y en 1881 era proclamada en Cuba la Constitución con leyes adaptadas y similares a las españolas. Las reformas y la mayor descentralización que se prometieron en el Zanjón no llegaron. El proyecto del ministro de Ultramar, Fernando León y Castillo, de 1882, por el que se trataba de limitar los poderes del gobernador general en favor de los derechos individuales no se materializó, como tampoco prosperaron otras propuestas para la concesión de la autonomía. Así, en 1886 el programa presentado en las Cortes por los diputados antillanos para elaborar un estatuto de autonomía que aceptase una mayor descentralización que la que regía en la Península no fue aceptada por la mayoría. Hubo que esperar a 1897 para que se otorgara la autonomía a ambas islas por el Real Decreto del 25 de noviembre de 1897; era el mismo decreto que ampliaba el derecho a voto mediante el sufragio universal masculino a las provincias de ultramar.

A pesar de la voluntad y los trabajos de algunos autonomistas, especialmente de Rafael María Labra, en España el asimilismo se impuso frente a las corrientes autonomistas, si bien el asimilismo de los republicanos distaba del propuesto por los sectores más conservadores y dinásticos, sobre todo en las prácticas y modos de imponer las leyes y el orden en las Antillas. El proyecto autonomista de Labra, compartido por una mayoría de los liberales antillanos, se enmarcaba en un sistema político republicano. En su apasionada y constante defensa Labra, que no estuvo condicionado por la disciplina de algún partido, contó siempre con el apoyo de los republicanos (Bizcarrondo, ed., 1998; García Mora, 2006: 125-137). Sin embargo, el problema de la concesión de la autonomía plena a las Antillas era algo más complejo ya que se trataba de compaginar la autonomía con la integridad nacional por lo que sólo parte de los republicanos, los federales, aceptaban algunas de las propuestas autonómicas en el terreno económico y administrativo, mientras que la mayoría de los gobiernos rechazaron la autonomía como fórmula de gobierno para las colonias. Estancada la reforma colonial, con el fin de conseguir una mayor influencia en la política nacional, Labra propuso a los autonomistas un cambio en su estrategia consistente en la afiliación a los partidos políticos de la metrópoli y, de manera especial, al Partido Republicano, que no fue totalmente efectiva hasta la década de 1890; llegaba tarde la simbiosis de republicanos y autonomistas, como también llegó la autonomía. Por otra parte, hay que señalar que los republicanos defendieron la autonomía de diferentes maneras y postulados, ya que el grado de autonomía y los contenidos dependieron de las líneas distintas existentes dentro del republicanismo - centralistas, federalistas, progresistas - (Hernández Sandoica, 2004; Roldán de Montaud, 2000a).

En Cuba algunos autores centran el estudio del fin del dominio español en causas fundamentalmente económicas y en la torpeza del Gobierno his pano al no saber llevar a cabo medidas que realmente resolvieran los problemas económicos y comerciales. En gran medida éstos protagonizaron las relaciones, encuentros y desencuentros entre metrópoli y colonia. En la medida que los intereses económicos de ambos se fueron volviendo contrarios, la relación colonial se fue tornando más compleja y tirante. El desarrollo y las necesidades de Cuba chocaron con las necesidades de la Hacienda española que durante mucho tiempo se abasteció del dinero procedente de las colonias y en concreto del superávit cubano, los "sobrantes de Ultramar" (Roldán de Montaud, 2008). El proteccionismo impuesto se volvió imprescindible para España, a la vez que era un freno para el crecimiento de la economía y el comercio insulares cuya burguesía demandaba con mayor fuerza la apertura de nuevos mercados para exportar su producción. Las leyes comerciales de 1882 fueron un intento por conciliar lo que era irreconciliable. Los esfuerzos de la burguesía insular por adaptarse a las transformaciones que le exigía la industria azucarera, así como al descenso de los precios del azúcar y a las modificaciones que se operaron en el mercado de trabajo no fueron recompensados por la metrópoli, que lejos de permitir mayor libertad para comerciar con otros países, especialmente con Estados Unidos - país que a la altura de los años noventa del siglo XIX recibía más del 70% de las exportaciones azucareras (Moreno Fraginals, 1978, III: 89) - aumentó la presión fiscal, reservándose el mercado antillano para exportar los productos peninsulares. En estos años se hizo evidente no sólo el carácter contrapuesto de los intereses de la burguesía insular y los de las burguesías peninsulares, sino también la imposibilidad del Estado español de actuar como metrópoli económica a partir de su incapacidad para absorber y comercializar las mercancías procedentes de Cuba (Piqueras, 1998a).

Un ejemplo de esta disparidad son las protestas que originó por parte de los autonomistas y de los unionistas el que se cargase la deuda contraída durante la Guerra de los Diez Años a las arcas cubanas y no se asumiese como una deuda de la Hacienda española. Así, en 1884 tuvo lugar la creación de la Junta Magna, integrada por asociaciones y representantes de las élites insulares como Feliciano Ibáñez, José Moré, presidente del Círculo de Hacendados, de quien partió la iniciativa, la Junta General de Comercio y la Sociedad Económica de Amigos del País; un movimiento que nacía al margen de las instituciones oficiales y muy heterogéneo ya que reunía a unionistas, autonomistas, hacendados, tabaqueros, etc. Su fundación era una llamada de atención a las autoridades españolas sobre la necesidad de arbitrar medidas que no sólo paliasen las consecuencias de las crisis de 1883 y 1884, producidas tras el brusco descenso de los precios del azúcar, sino que modificasen el sistema económico y comercial vigente en la isla relativo a los aranceles, los tratados comerciales, los impuestos y la deuda. Lógicamente, la unión de distintos hombres con diferentes credos políticos pronto alarmó a las autoridades españolas que presionaron a algunos de sus líderes, como José Moré y Feliciano Ibáñez, para que se desvinculasen de tal iniciativa y que además lo hicieran público, como así sucedió (Roldán de Montaud, 2000).

Una vez más, ante las protestas se recurrió a una solución rápida que calmase los ánimos y paliase la crisis. En lugar de emprender una reforma del sistema colonial como reclamaban distintos sectores desde Cuba, en 1884 se firmó un convenio con Estados Unidos y se aprobó la exención del pago de derechos arancelarios al azúcar, reservándose este producto para el mercado peninsular, al mismo tiempo que se aumentaron los aranceles de entrada de los productos importados del extranjero. En esta ocasión de nuevo las esperanzas de las élites insulares de que se firmara un acuerdo comercial con Estados Unidos tampoco se vieron cumplidas. Atados de pies y manos, los hacendados seguían subordinados a los intereses de las burguesías peninsulares y de la Hacienda española.

La situación económica de los productores azucareros empeoró tras la reforma arancelaria de Estados Unidos en 1890 que dejaba fuera de su mercado al dulce cubano. Seguían existiendo problemas económicos de fondo que requerían soluciones drásticas e inmediatas que nunca se dieron. Estados Unidos imponía la firma de un tratado por el que España redujera los derechos de importación en las Antillas a cambio de rebajar los aranceles que gravaban la entrada de azúcar. Este escenario provocó la agrupación de distintas corporaciones económicas que se unieron para presentar sus problemas y reclamar a España soluciones con el nombre de Movimiento Económico (Estrade, 1997). A finales de 1890 los comisionados de las corporaciones económicas presentaron en Madrid sus propuestas que en términos generales contemplaban la reforma arancelaria, la firma de un tratado comercial con Estados Unidos, la supresión de algunos impuestos recientes que gravaban el azúcar, la carga y descarga, o la importación de materias como el carbón, entre otras medidas. La competencia con los intereses de las burguesías peninsulares limitó una vez más las reformas anheladas. A pesar de ello, el viaje de los comisionados del Movimiento Económico a Madrid sirvió para que se escucharan parte de las peticiones a favor de la negociación de un tratado comercial con Estados Unidos, que finalmente se firmó en 1891. Conocido con el nombre de Foster-Cánovas, el modus vivendi alcanzado con Estados Unidos sólo fue una solución parcial y temporal ya que su vigencia fue muy limitada (1891-1894). Tras la llegada a la presidencia de Cleveland, en 1894, el tratado dejó de tener vigencia lo que provocó un descenso de las exportaciones y de nuevo el malestar y las protestas de los hacendados.

Las reclamaciones de estas corporaciones, que eran tan sólo una pequeña muestra de los problemas económicos y sociales por los que atravesaba Cuba, sirvieron para que algunos grupos parlamentarios, como los republicanos, se cerciorasen de la necesidad de llevar a cabo algunas reformas si no se quería perder la isla. Sin embargo, las discrepancias internas dejaron sin solucionar el problema. Lo que ocurrió entonces, continuó sucediendo en los años siguientes en los que la falta de consenso y el temor dejaron sin resolver el problema colonial en todas sus aristas.

Las tenues reformas que llegaban desde la metrópoli no respondían a las necesidades de los habitantes de ultramar. El nombramiento de Francisco Romero Robledo como ministro de Ultramar a finales de 1891 causó temor entre los autonomistas y júbilo entre los unionistas ya que el nuevo ministro era miembro de la Unión Constitucional. Pronto los autonomistas verían cumplidos sus miedos. En un intento de rebajar los costes de la administración colonial, el ministro emprendió algunas reformas y reajustes por los que se ganó la enemistad de parte de la población. A través del Real Decreto de 31 de diciembre de 1891 suprimió las direcciones generales de la Administración Civil y de Hacienda, al igual que las Inspecciones de Obras Públicas, de Montes y de Minas y las Audiencias de lo criminal en Pinar del Río y en Matanzas; clausuró los institutos de segunda enseñanza de algunas localidades y las escuelas de distintas especialidades y el doctorado en la Universidad de La Habana. El mismo decreto disponía una reorganización territorial por la que la isla quedó dividida en tres departamentos, occidental - con La Habana como capital-, central - cuya capital era Matanzas - y oriental - con Santiago de Cuba como capital-, al frente de los que situó a gobernadores regionales que dependían del ministro de Ultramar y que tenían las competencias propias de la administración civil y tributaria. Un nuevo arancel volvía a recordar a los antillanos su dependencia y subordinación a los intereses peninsulares (Roldán de Montaud, 1996).

La vuelta de tuerca y el retroceso en las reformas provocó la protesta de los autonomistas a través de un manifiesto en el que se quejaban de que estas medidas daban marcha atrás al proceso de reformas emprendido. A esta queja se unieron otros grupos y partidos de la isla cuando unos meses después, en abril de 1892, el ministro presentó en las Cortes un proyecto de presupuesto por el que se incrementaban los impuestos y se creaban otros nuevos para los antillanos. Autonomistas, unionistas y las corporaciones económicas clamaron ante este proyecto que finalmente fue aprobado en junio de ese año. La tensión cedió tras la destitución de Romero Robledo. Como ya comentamos, fue el siguiente ministro, Antonio Maura, un hombre más cercano a las posiciones autonomistas, quien intentó dar mayores competencias a los antillanos.

En 1893 presentó a las Cortes un proyecto de ley para el gobierno y administración civil de Cuba y Puerto Rico, en el que especialmente remarcaba el proyecto para Cuba por su particular situación y circunstancias. El proyecto contemplaba la reforma de la Ley Municipal, la Ley Provincial del régimen electoral de los ayuntamientos y de la diputación, así como del Consejo de Administración y de la administración civil y económica. A través de él se les dotaba de una única diputación provincial, que pasaba a tener mayores competencias a pesar de que el gobernador general seguía siendo la máxima autoridad, pudiendo incluso suspender los acuerdos tomados por la diputación. Ni liberales ni conservadores ayudaron a que el proyecto saliera adelante. La autonomía seguía siendo considerada el paso previo a la independencia (Maura, 1893).

En el caso de Cuba, se contemplaba la creación de una diputación provincial única, integrada por las seis provincias en las que había sido dividido el territorio en 1878, al frente de las cuales estaba un gobernador regional. Así mismo, la ley preveía una modificación del sistema electoral municipal que contemplaba que la elección de diputados, dieciocho en total, sería por un período de cuatro años, siendo renovables cada dos años por mitades. El Consejo de Administración de la isla, de carácter consultivo, quedaba integrado por nueve diputados provinciales, nueve consejeros nombrados por el gobierno y seis miembros natos. El mantenimiento de la autoridad y del control en manos del gobernador general fue uno de los motivos por los que el proyecto de Maura no fue bien recibido por los autonomistas y mucho menos por los independentistas. Las tímidas reformas y los paños calientes con los que se quería ir dando soluciones a las demandas de ultramar condujeron a un nuevo proyecto en 1895. Tampoco el proyecto de Buenavetura Abarzuza, ministro de Ultramar, convertido en la Ley Abarzuza el 15 de marzo de 1895 por la que se establecían las bases de un régimen político-administrativo para Cuba, logró acallar el malestar y satisfacer las demandas. El estallido de la guerra de 1895 provocó que esta ley nunca se aplicara.

El comienzo de la guerra en febrero de 1895 aunó criterios en torno a la necesidad de mantener Cuba a cualquier precio. La célebre consigna de Antonio Cánovas del Castillo, "hasta el último hombre y hasta la última peseta', prolongó una guerra devastadora durante tres años. Como medio de poner fin al conflicto sólo algunos republicanos siguieron defendiendo la concesión de la autonomía y sólo Pi y Margall planteó la negociación como la única vía que podía mediar en el conflicto. Desoído por todos, en los años siguientes su posición se radicalizó y defendió que la independencia era la única salida que mediaba. En 1897 de nuevo se intentaba acabar la guerra a través de la concesión de la autonomía a Cuba y Puerto Rico. En varios momentos, primero Cánovas y luego Sagasta, intentaron terminar el conflicto armado mediante la aplicación de leyes más descentralizadoras como la Ley Abarzuza, de 29 de abril de 1897, los decretos dictados por Sagasta, el 25 de noviembre de 1897, por los que se sentaban las bases para la concesión de la autonomía de las dos Antillas, se extendía el sufragio universal y se les dotaba de una Constitución autonómica. El poder legislativo recayó en un Parlamento insular, bicameral, integrado por una Cámara de Representantes (elegidos por sufragio universal cada cinco años: un representante por cada 25.000 habitantes) y un Consejo de Administración (35 miembros de los cuales 17 eran designados desde Madrid), cuyo poder sólo era limitado en aquellos casos en que la materia fuera competencia exclusivamente de las Cortes (Roldán de Montaud, 2000b).

La concesión inmediata de la autonomía a las Antillas no sólo era para algunos políticos, como Labra, el camino para evitar la crisis colonial, sino, como se ha apuntado, el paso necesario y previo para llevar a cabo la reforma del Estado. En enero de 1899 Labra comentaba: "El verdadero interés de la metrópoli consistía en que nuestras Antillas fuesen libres y felices, gobernadas por sí mismas, formando parte de la gran nacionalidad española' (Labra, 1899: 50). La autonomía llegó tarde. En medio de una guerra en la que distintos intereses se mezclaron y chocaron, nacía muerta. Estados Unidos y los independentistas se aliaron para hacer fracasar el proyecto que debió haber llegado mucho antes.

11.3.1. La Guerra de Independencia en Cuba (1895-1898)

En el escenario antillano, especialmente en Cuba, existían las condiciones propicias para que estallase una insurrección. El descontento de los productores y de los grupos exportadores se hizo patente tras la pérdida en 1894 del mercado norteamericano, el principal mercado que desde hacía años tenían para situar sus productos. Con este trasfondo de descontento y de crisis económica, las ideas y fuerzas independentistas actuaban de manera paralela a los regateos políticos de los autonomistas y, de espaldas a éstos y a los integristas, preparaban desde dentro y desde fuera la insurrección como única vía de lograr la independencia. En Nueva York en 1891 José Martí comenzó los preparativos para la insurrección, la que sería la última guerra de independencia (Estrade, 2000). Junto a él trabajaron puertorriqueños y otros exiliados y obreros tabaqueros cubanos en Estados Unidos. Desde allí se gestó la independencia, a la vez que se articulaban algunos modelos de Estados y la organización de las nuevas repúblicas. En este sentido, algunos de los líderes como Betances, Martí y Hostos defendieron la creación de repúblicas independientes que se agruparan en una Confederación Antillana, compuesta por Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana. El antillanismo de estos autores, como el desarrollado por Hostos, es un proyecto integrador que par tía de su creencia en una identidad caribeña derivada de una geografía e historia comunes, mucho más que en los rasgos específicos de un territorio en particular (González-Ripoll, 1996a, 1996b: 37-48 y 1999b: 288-297). Frente a ellos, otros pensaban en que la independencia de España era el paso previo para lograr la anexión a Estados Unidos. Dicha propuesta era sustentada por José J.Henna, Manuel Besosa y Roberto H.Todd. Entre los clubes revolucionarios fundados hay que destacar el Club Borinquen, creado en Nueva York por Sotero Figueroa en 1892, donde publicó el periódico Patria, y el Partido Revolucionario Cubano, también en 1892, cuyo objetivo principal era lograr la independencia de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Los nexos entre puertorriqueños y cubanos se afianzaron tras el nombramiento de Betances de representante del Partido Revolucionario Cubano en París, donde desplegó una activa campaña de propaganda a favor de la independencia. El 22 de diciembre de 1895 en Nueva York se creaba dentro del PRC la sección de Puerto Rico, dirigida por José Juliano y con delegados en diferentes países, por ejemplo a Hostos se le designó delegado en Chile, a Aurelio Méndez en Santo Domingo, a Lorenzo Mercado en Venezuela, etc., mientras que Betances en París fue distinguido con el cargo de delegado general (García Rodríguez, 1999, 11: 73-108; Estrade, 1984, 1993 y 1996: 25-36).

En Puerto Rico y Cuba las condiciones para llevar a cabo la lucha eran muy diferentes. En la primera el levantamiento que se produjo en los últimos años de colonialismo español fue rápidamente sofocado. Nos referimos al que tuvo lugar en Yauco en 1897. A remolque de los acontecimientos que en Cuba se producían, los autonomistas continuaron luchando por la concesión de la autonomía prometida.

El Grito de Baire dio comienzo a la Guerra de Independencia de Cuba el 24 de febrero de 1895. De forma simultánea se produjeron levantamientos en distintas localidades del este: Jiguaní-Baire, Santiago de Cuba, Manzanillo, Bayamo y Holguín. La historiografía cubana ha señalado que la contienda fue consecuencia de dos factores, uno de carácter internacional y otro de carácter interno relacionado con la crisis económica, el descontento de los sectores medios y marginados y el descrédito de la corriente autonomista que tras fracasar las reformas de Maura habían dejando al independentismo como única opción válida en la consecución del cambio social, económico y político. Como rasgo distintivo de esta guerra hay que destacar el compromiso de sus principales figuras - José Martí, Máximo Gómez, Antonio Maceo y Juan Gualberto Gómez entre otros - con los sectores urbanos y rurales menos favorecidos, es decir la guerra tenía un carácter popular y agrario. En ella, como había ocurrido en 1868, la población de color participó en las filas del ejército libertador. Para algunos autores dicha intervención favoreció una solidaridad interracial que posteriormente ayudaría a la integración de la población exesclava a la sociedad cubana al dotar al hombre de color de nuevos y poderosos argumentos en sus reivindicaciones. Por otra parte, la participación de la población de color en el Ejército Libertador les dotó de un valor simbólico y patriótico que contribuyó a su inclusión y a la conquista de derechos en un Estado que reconocía a todos como ciudadanos de una misma nación, contrasta con el silencio que se impone en torno a la "raza", en aras de la unidad; un hecho de particular importancia en los estudios sobre el nacionalismo cubano y las identidades nacionales (Ferrer, 1999).

Otro rasgo esencial de la contienda de 1895 fue la labor activa de José Martí en la creación del Partido Revolucionario Cubano con el propósito de que fuese la guía esencial del movimiento independentista. El peligro de que grupos de revolucionarios que no se habían incorporado al partido realizaran intentos que pusieran en riesgo el plan desarrollado por Martí y otras figuras, y la amenaza de que se descubriera el alzamiento provocaron el adelanto del inicio de la lucha el 24 de febrero. Fue en la región oriental donde los insurrectos lograron mayor éxito en su llamamiento. El que la guerra quedara limitada a oriente fue considerado un elemento tranquilizador para el gobierno colonial que pensaba que era movimiento local y por tanto fácil de sofocar (Guerra, 1952, t. VI: 185-256; Pérez Guzmán, 1996: 430-546).

Procedente de Santo Domingo, donde había recogido a Maceo, Martí llegó a Cuba en abril de 1895. El 5 de mayo se reunían en la finca "La Mejorana" Antonio Maceo, José Martí y Máximo Gómez para analizar el desarrollo futuro de la guerra. Durante las conversaciones se hicieron patentes las diferencias entre Maceo y Martí por la dirección y el modo en que debía llevarse a cabo la lucha armada y la futura república. Maceo concebía una república de militares, mientras Martí creía en la separación de mandos y señalaba la conveniencia de crear las bases necesarias durante la guerra, sin esperar a ganarla. El 19 de mayo de 1895 moría en combate Martí en la zona conocida como Dos Ríos (cerca de Bayamo). Tomás Estrada Palma asumió la dirección del PRC. Tras su muerte, el nacionalismo cubano se ha referido a José Martí como "El Apóstol" por su importante labor en la construcción de la República cubana (Estévez y Romero, 1899). Principal héroe en el pabellón de los mártires de la nación, Martí ha sido y sigue siendo usado por partidos de diferente signo como el máximo símbolo de la libertad de la patria y del sentimiento de pertenencia a la comunidad nacional cubana. Su figura tiene un gran poder evocador, representando y encarnando la cubanía o cubanidad.

La institucionalización del proceso independentista se produjo meses después, cuando reunidos los veinte delegados (cuatro por cada cuerpo de ejército) en Jimaguayú, provincia de Camagüey, se procedió a aprobar una Constitución para la República en Armas. El 16 de septiembre de 1895 era aprobada la Constitución por la que además de dotar a la República de un gobierno, se pretendía internacionalizar el conflicto y ganar adeptos que proveyesen de armas y en general de ayuda a los insurrectos. Tras las elecciones para asignar los cargos del Consejo de Gobierno que regiría durante dos años, Salvador Cisneros Betancourt fue elegido presidente, mientras que la vicepresidencia recayó en Bartolomé Masó. Tomás Estrada Palma fue reconocido como la máxima autoridad en el exilio y Máximo Gómez fue ratificado en su cargo de general en jefe tras haberse negado a ser presentado por varios delegados para el cargo de presidente.

Hasta finales de año la guerra tuvo un carácter regional, concentrada en oriente no logró extenderse hacia el occidente hasta el 24 de noviembre, una invasión liderada por Antonio Maceo y Máximo Gómez que dejaba a su paso muerte y destrucción con la quema de cañaveras e ingenios. El ejército libertador, denominado ejército mambí, había logrado uno de sus objetivos: extender la guerra por todo el territorio, desde el cabo de San Antonio a la punta de Maisy. La falta de resultados de la política de conciliación de Martínez Campos condujo a adoptar soluciones más drásticas que pusieran fin al conflicto. Con esta idea se envió al general Valeriano Weyler en febrero de 1896 al mando de unos 270.000 hombres bien armados, pertenecientes al ejército regular, los batallones de voluntarios y otros cuerpos irregulares (entre ellos los bomberos). Sus acciones y tácticas bélicas ha motivado que la historia le recuerde por su crueldad. La reconcentración de civiles es sin duda el método que más ha trascendido de esta contienda y de la actuación del general español, quien no se detuvo ante nada con tal de doblegar al enemigo. Con el fin de aislar a los mambises, fortificó una línea que atravesaba la isla de norte a sur (las trochas), dividió al país en sectores y, con el objetivo de privar a los insurrectos de víveres, desplazó a los campesinos de sus lugares para agruparlos o reconcentrarlos en núcleos militares donde la situación generada por la guerra, la falta de alimentos, las malas condiciones higiénicas y el hacinamiento, provocaron la muerte de un elevado número de civiles que la historiografía cubana ha calculado en torno a 200.000. A través de diversos decretos reguló la movilidad de los individuos, prohibiendo el tránsito fuera de los fortines donde estaba concentrada la población, impidió el comercio entre las poblaciones, requisó el ganado y otorgó poderes a los jefes militares quienes podían incluso hacer juicios sumarísimos. No obstante, al igual que ha ocurrido posteriormente en diversas luchas contra movimientos armados anticoloniales, la política de reconcentración empujó a muchos civiles hacia el campo separatista, antes que ser encerrados y diezmados en núcleos fortificados sin posibilidades de supervivencia.

En octubre de 1897, se procedió a la renovación del Gobierno de la República en Armas en la asamblea celebrada en La Yaya, provincia de Camagüey. De ella resultaron elegidos Bartolomé Masó, presidente, y Domingo Méndez Capote, vicepresidente; Máximo Gómez volvió a ser nombrado general en jefe. La asamblea acordó que no se aceptaría mediación alguna con el gobierno español que no fuera el reconocimiento de la independencia de Cuba. El ejército mambí contaba con la colaboración exterior, no sólo procedente de Estados Unidos, y progresivamente iba conquistando espacio y ciudades: Maceo desde el oeste, Gómez en el centro (Las Villas y Camagüey) y Calixto García en oriente. A comienzos de diciembre de 1896 Maceo consiguió llegar a la provincia de La Habana. El avance de los mambises y la situación de guerra estancada motivaron la destitución del general Weyler a finales de 1897. En su lugar fue enviado el general Ramón Blanco con la misión de alcanzar un acuerdo a través de la negociación política. Sin embargo, era demasiado tarde tanto por el avance del ideal independentista como por las presiones y pretensiones que Estados Unidos tenía desde hacía tiempo sobre Cuba.

La contienda armada había ido destruyendo el tejido productivo y sumiendo a la población y al país en la ruina y en la crisis. Pero la guerra no sólo había devastado los campos, arrasado los cañaverales o inutilizado los ingenios y las fábricas, también había causado enormes pérdidas a los inversores norteamericanos que intentaron por todos los medios conseguir un acuerdo con España mediante la compra de la isla. La única solución que el Gobierno hispano encontró como fórmula para contrarrestar las presiones norteamericanas y contener la lucha fue la concesión de la autonomía en noviembre de 1897 que llegaba a Cuba como una solución en medio de un conflicto que no parecía tener fin. En enero de 1898 se constituía el gobierno autonómico presidido por José María Gálvez y con un gabinete compuesto con autonomistas históricos como Rafael Montoro, Francisco Zayas y Antonio Govín. Los intentos por atraerse a los insurrectos o negociar con los norteamericanos fueron infructuosos. La autonomía nacía muerta: los independentistas decretaron la pena de muerte a todo aquel que quisiera pactar con el Gobierno español, los más integristas rechazaron el nuevo régimen, y desde Washington se recelaba de la autonomía. En este escenario, la entrada de Estados Unidos en la guerra precipitó los acontecimientos.

El 15 de febrero de 1898 la voladura del acorazado Maine, el barco que había sido enviado unos días antes por Estados Unidos a la isla con el fin de asegurar los intereses de los norteamericanos, provocó la entrada de este país en el conflicto. El estallido y la muerte de gran parte de su tripulación, de la que sólo sobrevivieron cien, condujo al enfrentamiento entre las dos potencias que se acusaban de ser los responsables del "atentado". Se desarrolló una vasta campaña mediática en los medios estadounidenses y en la prensa española. Mientras España mantenía que había sido una explosión interna en el buque lo que había causado el hundimiento del Maine, los norteamericanos defendían la teoría del atentado y declararon un ultimátum a España en el que exigían su retirada de Cuba. Su intromisión estaba anunciada desde el verano de 1897 por el presidente William McKinley quien públicamente manifestó su desacuerdo con la política española y la guerra que se libraba en Cuba. Sabotaje o no, la explosión del Maine fue el pretexto que utilizó Washington para declarar la guerra a España en abril de 1898, no sin antes haber intentado la compra de la isla (Elorza y Hernández Sandoica, 1998).

Sobre la voladura del acorazado es importante aportar algunos datos sobre la polémica que se desató con relación a las causas de la explosión. Estados Unidos nunca aceptó la teoría de España que, basada en el informe del encargado de este gobierno, exponía que la explosión tuvo un origen interno, es decir, fue un problema de las máquinas o de la combustión de gases, y que no fue un atentado como mantenía el gobierno de Washington. En 1976, sin embargo, un informe particular de unos oficiales de la Marina de Estados Unidos concluyó que era casi seguro que la explosión del Maine fue producida por una explosión interna de los gases que emanan del carbón. Tras el estudio realizado en 1976 por el almirante Hyman G.Rickover y varios técnicos de la marina norteamericana sobre el hundimiento del Maine a partir de los documentos existentes se llegó a la conclusión de que la causa había sido una explosión interna, probablemente de la carbonera (Naval History Division, 1976).

La entrada de este país en la contienda bélica definió el rumbo de la guerra. En un momento en el que los dos bandos presentaban un estado de fuerzas similar, para muchos historiadores la participación norteamericana fue decisiva. En mayo de 1898 el Consejo de Gobierno ordenaba a los generales mambises que cumplieran el acuerdo pactado entre Estrada Palma y Estados Unidos. La desigualdad de los ejércitos y de las armas condujo a la derrota del ejército español en varios escenarios en Cuba y en Filipinas. Fue en el mar donde la armada de Estados Unidos destruyó las dos flotas que tenía la armada española, una en Santiago de Cuba, al mando del almirante Pascual Cervera y Topete, y otra en Manila. El 16 de julio se rendía Santiago de Cuba. El 12 de agosto de 1898 terminaba la guerra en Cuba y se firmaba el armisticio.

El tratado de París ponía fin a la presencia de España en ultramar. España renunció a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba (art. 1) y cedía a Estados Unidos las islas de Puerto Rico y Guam (art. 2) y las Filipinas (art. 3). La intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana condicionó el proceso independentista y la independencia de Cuba al no reconocer ni la beligerancia de los cubanos, ni los órganos de gobierno ema nados de la revolución como fue el Consejo de Gobierno cubano. El 20 de diciembre era disuelto el Partido Revolucionario Cubano. Por otra parte, en la mesa de negociaciones cuando se firmó el Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, Cuba no sólo estuvo ausente sino que en ningún momento se le pidió su opinión sobre lo que allí se pactaba y que tanto le concernía. La exclusión de los generales y líderes cubanos de estas negociaciones y posteriormente el licenciamiento del ejército libertador restringieron el acceso de los cubanos al poder y su participación política en estos primeros años. Las condiciones impuestas en 1899 en la Resolución Conjunta por el presidente McKinley definían lo que sería por muchos años la política de este país hacia Cuba, considerada una menor de edad con escasa capacidad para gobernarse. La tutela impuesta por Estados Unidos era una premisa que les aseguraba el orden y el bienestar. En su política estuvieron respaldados por algunos grupos cubanos, tanto anexionistas como ciertos autonomistas que compartían las tesis sobre la incapacidad del pueblo cubano para gobernarse. Así mismo, dicha resolución marcó la evolución política y económica de la isla, condicionada por el Gobierno Interventor (1898-1902), la presencia de fuerzas militares y los acuerdos económicos y políticos a los que llegaron los gobernantes de ambos países.

Cesadas las hostilidades y con el fin de contar con un órgano que representara a los cubanos, el Consejo de Gobierno de la República en Armas constituyó una Asamblea de Representantes. Su primera reunión tuvo lugar el 24 de octubre de 1898, en Santa Cruz del Sur. En ella, el presidente del Consejo de Gobierno, Bartolomé Masó, concedió la presidencia a Calixto García. Unos días después, el 7 de noviembre, la Asamblea prosiguió sus trabajos con el fin de establecer su reglamento y marcar cuál sería la estrategia frente al gobierno norteamericano en plena evacuación de las tropas españolas y el comienzo de la ocupación norteamericana. Para ello se nombró a una comisión que, presidida por Calixto García, se trasladó a Washington para llevar sus propuestas referentes al papel que debería tener el ejército libertador durante el cambio, la soberanía y los años de intervención norteamericana, y manifestar su disponibilidad de trabajar y colaborar con dicho gobierno para conseguir armonizar su política con los intereses y derechos del pueblo cubano. Desde el principio una de las preocupaciones de la comisión fue la manera en que se efectuaría el licenciamiento del ejército libertador, cuyos jefes, especialmente Máximo Gómez, se negaron a disolver sin recibir a cambio los recursos necesarios. Tras las negociaciones sólo se obtuvieron para los ex combatientes tres millones de dólares, quedando pendiente este problema para los futuros gobernantes de la joven república. La aceptación de las condiciones impuestas por Estados Unidos a la Asamblea, en el caso de la financiación para el licenciamiento del ejército libertador, y el modo de lle varia a cabo era una de las primeras claudicaciones de los políticos cubanos. A pesar de las manifestaciones en contra y de la dimisión de Máximo Gómez, la Asamblea aceptó las condiciones impuestas.

El 1 de enero de 1899 se procedía al cambio de la bandera. Se arriaba la española y se izaba la norteamericana. John R.Brooke, mayor general del ejército de Estados Unidos, comandante de la división de Cuba, asumía el mando de la isla. El pueblo de Cuba celebraba en todas las localidades los nuevos tiempos; se vestían con sus mejores galas para recibir el fin del colonialismo y la modernidad que supuestamente traerían los norteamericanos. Hasta nosotros ha llegado la plasticidad de las manifestaciones y del alborozo de aquel momento. Canciones populares y versos recogen el sentir de la población. Un ejemplo de ellos es ¡Arriba con el Himno!, obra de 1900 por Ignacio Sarachaga:

Habaneros, a gozar:// cesó la dominación,// y el hispano pabellón //a las doce se ha de arriar. // En su lugar subirá // la bandera americana; // pero pronto dejará // ese puesto a la cubana. // Habaneros, a gozar (Sarachaga, 1975, t. 2: 277-230).

La República que nacía en 1902 lo hacía condicionada, ya que para llevar a cabo la transición y en pro de la soberanía nacional los políticos cubanos pactaron con Washington algunos tratados y acuerdos que limitaban, al menos temporalmente, su actuación en distintos campos: la Enmienda Platt (1902) se convirtió en un tratado permanente entre ambos países; el Tratado de Reciprocidad Comercial (1903) y el Tratado de Arrendamiento de las Bases Navales y Militares (1903) constriñeron la capacidad económica y política de esta joven república (Guerra, 1952; Ibarra, 1992). Llegados aquí, con el trasfondo del imperialismo norteamericano y la ocupación del territorio cubano, también hay que preguntarse hasta qué punto a finales del siglo XIX y primeros años del siguiente existía en el pueblo cubano una idea clara del tipo de república y de gobierno que se quería establecer. Así mismo, es necesario tener en cuenta el entramado de relaciones económicas y comerciales (la subordinación económica respecto a Estados Unidos), las tensiones raciales y sociales con las que se enfrentaba la sociedad cubana que dificultaban su integridad nacional y hacía peligrar su soberanía, la persistencia de grupos de poder, así como el peso de la tradición colonial, no sólo presente en la cultura, sino también en varias esferas de la economía y de la sociedad. Los largos años de lucha, la dispersión de la población, su heterogeneidad y su prolongada situación colonial entorpecieron la unidad que se requería en esos momentos (García Álvarez y Naranjo Orovio, 1998, 212: 101-129). Por ello, hay que preguntarse qué otros elementos contribuyeron a que el futu ro inmediato de la isla se viera mediatizado una vez que pasó el fervor revolucionario y que la proclama integradora de Martí sobre la necesidad de construir una república "con todos y para el bien de todos" se tambaleara ante las contradicciones internas de una sociedad marcada por graves conflictos raciales y de clase. La unidad y solidaridad interracial vivida durante la guerra abrió un camino de esperanza para la inclusión de la población de color en una sociedad en la que la memoria de la esclavitud tenía mucha fuerza y era muy reciente. Lo ocurrido en esos años tampoco se podía borrar, era ya parte de la memoria colectiva. Los tiempos nuevos, cargados de pasado, de esclavitud y de herencias culturales, también brindaban la oportunidad a los más desfavorecidos, que iniciaron una larga lucha por conseguir la igualdad y reclamar sus derechos. Frente a la heterogeneidad étnica y cultural de la sociedad cubana, en los primeros años del siglo xx el grupo dominante luchó por mantener su poder a través de un modelo tanto en lo político como en las otras esferas de la vida social en las que las minorías no estuvieron presentes. La formulación de la cubanidad como un elemento abarcador que cohesiona la nación e incluso se sitúa por encima de ella enmascaró las tensiones sociales y raciales; parte de un discurso, un símbolo que adquirió la fuerza de un imaginario colectivo, fue utilizado por las distintas fuerzas políticas para atraerse a la población de color sin que a cambio las recompensas sociales tuvieran el mismo alcance.

La igualdad proclamada por Martí - uno de los principios fundacionales de la nación - pasa a ser símbolo de la unidad nacional, y en aras de ella los discursos tendieron y tienden a presentar una nación homogénea. Esta homogeneización, que enmascara, e incluso trata de silenciar, problemas y tensiones raciales y sociales, resta dinamismo y riqueza a las culturas que conforman una nación, y se presta a la creación de estereotipos a través de los cuales un determinado pueblo es catalogado y representado hasta la saciedad. La exclusión se hizo mediante el silenciamiento o la criminalización de la conducta de aquellos cuya cultura no era considerada parte integrante de la identidad, y la pretendida homogeneidad dio origen a una imagen colectiva en la que las identidades individuales fueron, por lo menos, silenciadas.

11.3.2. Puerto Rico: reacción canovista y estatuto autonómico (1897-1898)

El 25 de noviembre de 1897 se promulgó la Carta Autonómica para las Antillas, a la vez que se ampliaban en ellas dos leyes de la metrópoli: el Título 1 de la Constitución y la Ley Electoral de 1896. Las reformas anheladas llega ban a Puerto Rico. La historiografía incide en que las demandas y luchas de los liberales puertorriqueños no fueron lo que influyó en ello, sino más bien las presiones de Estados Unidos y la continuación de la guerra hispano-cubana. La autonomía concedía el gobierno de la isla a un Parlamento compuesto por dos Cámaras (una Cámara de Representantes y un Consejo de Administración) y presidido por el gobernador general, que era nombrado por el rey a propuesta del Consejo de Ministros. Se ampliaban los derechos y libertades de la metrópoli a las Antillas y se concedía el derecho a voto a los varones mayores de 25 años. El Consejo de Administración, facultado para legislar los estatus coloniales, quedaba integrado por quince miembros, ocho elegidos y renovados por mitades cada cinco años, y siete vitalicios nombrados por el rey. La otra Cámara estaba compuesta por un representante por cada 25.000 habitantes, elegidos también cada cinco años. Así mismo, se preveía la existencia de una diputación provincial y se establecían las competencias de los ayuntamientos, que se constituirían uno por cada mil habitantes. La administración de la justicia y la organización de los tribunales eran competencias que se dejaban en la esfera nacional, así como el mando de los ejércitos, la aprobación de tratados comerciales y las relaciones con otros países.

La Carta Autonómica nacía herida. Las Cortes no la ratificaron y las discrepancias internas en el Partido Autonomista impidieron que se constituyera un gobierno hasta marzo de 1898, cuyo primer gabinete liderado por autonomistas, resultado de la victoria del partido de Luis Muñoz Rivera en las urnas, comenzaba sus trabajos el 17 de julio. Nacía muerto, como lo había hecho la Carta Autonómica ya que, pasada una semana, el 25 de julio de 1898, se iniciaba la invasión norteamericana por Guánica. El desembarco por esta pequeña localidad ha sido descrito por muchos espectadores y recogido por los historiadores. "¿A qué pelear si los de Madrid no nos quieren?" recoge el sentir de gran parte de la población puertorriqueña, cansada de demostrar su fidelidad, de solicitar demandas sin llegar a las armas y, a cambio, sólo recibir pequeñas reformas que no alteraban el estatuto colonial ni mejoraban la situación de la población. Muchos de sus habitantes se apresuraron a manifestar su adhesión a los invasores, mientras que unos pocos trataban de resistir excavando trincheras, con escasas armas y pocas fuerzas militares, como ocurrió en algunas localidades del interior, entre otras Aibonito. El baile de lealtades, las imágenes cambiantes de España, la llegada y acogida de los norteamericanos es un tema apasionante, colofón de cuatro siglos y comienzo de un nuevo proceso en el que Puerto Rico pasa a manos de otra potencia. Comienzo de una liberación, lo fue también de una dominación. Sus protagonistas han sido analizados exhaustivamente por los historiadores, sobre todo a raíz del centenario de 1898, cuando de nuevo se sus citó el debate nunca olvidado sobre la identidad, las contradicciones de un pueblo que aparentemente cambió de gobierno sin mayores problemas, la modernidad, la soberanía o las ambigüedades de una larga relación colonial (Agrait y Cubano [coords.], 1997; Castro, 1997, 211: 657-694; Naranjo Orovio, Puig-Samper y García Mora [eds.], 1996; Bernecker [ed.], 1998).

El imperio ultramarino español llegaba a su fin con la ley de 14 de agosto de 1898 que autorizaba al gobierno

[...] a renunciar a los derechos de soberanía y para ceder territorios en las provincias y posesiones de Ultramar, conforme a lo estipulado en los preliminares de paz convenidos con el gobierno de los Estados Unidos del Norte de América.

El 10 de diciembre de 1898 Puerto Rico, junto a Filipinas y Guam, pasaban a manos norteamericanas por el Tratado de París firmado entre España y Estados Unidos. Algunos historiadores interpretan que, cuando se aceptó la dominación norteamericana, en los políticos puertorriqueños operó la racionalidad que había fungido bajo el gobierno español. Para algunos de ellos y para un grupo de intelectuales, como el autonomista Salvador Brau, el "98" en Puerto Rico era el camino más rápido para que el país entrara en la modernidad. Tras un gobierno militar que duró dieciocho meses, en abril de 1900 se promulgó una ley que estableció la forma de gobierno insular, la Ley Foraker, dejando fuera a las élites locales, además de regular las relaciones económicas y políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. El gobierno, dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, quedaba compuesto por un gobernador, que lo presidía y era nombrado por el presidente de Estados Unidos, un Consejo Ejecutivo y una Cámara de Delegados. Para muchos estudiosos esta ley supuso la implantación del sistema de gobierno colonial ya que el control de la política insular era ejercido directamente desde Washington (Luque, 1986).

Se inició una nueva andadura para el pueblo puertorriqueño que dependiente de España pasó a serlo de Estados Unidos con un estatus que aún continúa siendo tema de debate entre las dos fuerzas políticas más importantes del país, los autonomistas y los estadistas. Desde entonces la cultura sigue siendo el instrumento de lucha contra la inclusión de la isla como un Estado más de la Unión y su mantenimiento como un Estado libre asociado, estatus al que se llegó en 1953 y que mantienen desde entonces. Es en la cultura donde radica gran parte de sus peculiaridades, de su identidad y de su carácter, y es en la defensa de su cultura desde donde emana la oposición a la estadidad y la justificación de la existencia y permanencia de su nación; un caso peculiar que ha convertido a Puerto Rico en una nación sin soberanía.

En esta sección se ofrece una orientación que permita al lector conocer las obras citadas brevemente en el texto principal y profundizar en los temas tratados en la parte dedicada a las Antillas hispanas. Son escasos los libros que abarquen la historia del Caribe en general, tanto de las Antillas hispanas como de otras islas inglesas, francesas, holandesas, danesas o alemanas. Por ello, son referencias necesarias el trabajo de Knight (1990) que además de ofrecer una visión de conjunto sobre todas las Antillas, hace un repaso de diferentes aspectos relacionados con su devenir, y el novísimo estudio de Moya Pons (2008), que explora desde una perspectiva atlántica los cambios que dieron una identidad propia a la región del Caribe desde 1492 a 1929, ofreciendo una visión global de los procesos históricos más sobresalientes que la marcaron. Con relación a la historia de cada isla o país caribeño de habla hispana contamos con una amplia bibliografía de la que se destacarán sólo algunas obras. Sobre Cuba, los libros de Guerra y Sánchez han superado el paso del tiempo y continúan siendo útiles por sus planteamientos y los datos que ofrecen. Desde la voluminosa Historia de la Nación Cubana que coordinó, hasta los estudios sobre la evolución económica y social de la isla, Guerra persigue un objetivo claro, definir la identidad de Cuba, defender su soberanía como país libre e independiente y marcar las diferencias en el desarrollo económico y cultural que han conducido a forjar una nación distinta de los modelos creados en las "sugar islands" (1952, 1962, 1972a, 1972b y 1975). El esfuerzo de Guerra lo continuó Marrero en un libro individual que, a partir de documentos primarios extraídos de diferentes archivos de España y Cuba (fundamentalmente el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo Nacional de Cuba), analiza la historia de la isla has ta la primera guerra de independencia a lo largo de 15 volúmenes, Cuba: economía y sociedad (1972-1992). Así mismo, es útil por el esfuerzo compilador la obra colectiva publicada por el Instituto de Historia de Cuba (19941998), Historia de Cuba (3 vols.). Para Puerto Rico, las obras generales de gran utilidad son la clásica para el siglo XIX de Cruz Monclava (1970-71), una historia exhaustiva y pormenorizada a lo largo de seis volúmenes, el libro de Scarano (1993b), el trabajo Silvestrini y Luque (1987), los libros de Castro Arroyo y Luque (2001) y Díaz Soler (1994), así como la historia general resumida de Fernando Picó (1990). En relación a la República Dominicana, destaca la magnífica obra de Moya Pons (1997), los estudios de Hoetink (1985) y Marte (1989) y los clásicos de Rodríguez Demorizi (1955). Como libro de referencia sobre la influencia que Estados Unidos ha ejercido sobre la región de la cuenca del Caribe, se puede consultar Jones (1995) y LaFeber (1989).

La era de las revoluciones atlánticas en el Caribe desde finales del siglo XVIII es un tema de extrema complejidad por los múltiples factores que intervinieron en ellas: la esclavitud, las tensiones geopolíticas entre las potencias europeas y la entrada en la escena de Estados Unidos como país independiente con gran influencia en la región. Desde el punto de vista económico, es de gran utilidad el artículo de Marichal y Souto (1994). Otros enfoques son los de Von Grafenstein (1997), quien ha analizado el tema tomando a la Nueva España como referencia; el libro de Klein (1986), que ofrece una excelente visión general de la esclavitud en tierras americanas y el trabajo de Freyre (1977), que sigue siendo fundamental para entender la noción de esclavitud patriarcal con relación a la de gran plantación (en cierto modo industrial-agrícola); Murray (1980) ha estudiado el papel de Gran Bretaña en el fin del comercio esclavista en Cuba, mientras que Bergad et al. (1995) lo han investigado desde el punto de vista económico, en especial en el mercado cubano. Son muchos los estudios sobre la esclavitud que han aparecido con posterioridad a las grandes obras de Ortiz (1978) y Moreno Fraginals (1978). De entre ellos se pueden destacar los de García (2002), Scott (1985), Knight (1970), Klein (1967 y 1986) y Tornero (1996), que desde diferentes enfoques y distintos objetivos se acercan al problema. La esclavitud puertorriqueña ha sido motivo de un interés creciente: Díaz Soler (1981), Baralt (1988 y 1989), Scarano (1993a), Mattei (1981), entre otros autores. Una visión general del tema se encuentra en Solano y Guimerá (1990).

Junto a la esclavitud, la inmigración ha sido otro de los temas más trabajados en los últimos años. Un estudio conjunto para ambas islas lo representa el libro de Lavallé, Naranjo y Santamaría (2002). En él, Naranjo y Santamaría, en la parte correspondiente a las Antillas, entrelazan la economía y la población como elementos subordinados entre sí. La inclusión en esta obra de todo el problema relativo a la migración es el motivo por el cual en el presen te libro no se aborde este tema; ambos libros forman parte de la misma colección. Por ello, en este trabajo sólo se dan referencias generales del fenómeno migratorio. Para Cuba en el siglo XIX se cuenta con los trabajos de Maluquer (1992), Naranjo Orovio, en algunos de cuyos estudios analiza la relación entre la política colonial y la inmigración (1992, 1994, 1998, 2004, 2005) y los escritos de esta autora con García (1996) referentes a la política inmigratoria cubana y su vinculación con la creación de estereotipos y barreras raciales sustentadas en muchos casos por las teorías científicas. Para Puerto Rico hay que seguir consultando la obra coordinada por Scarano (1981) que incluye estudios resumidos que hacen referencia a investigaciones más amplias sobre el tema, así como el libro de Bergad (1983) y el trabajo de Sonesson (2000), en el que aparecen amarrados los negocios, la inmigración y el comercio hispano ultramarino. Dejamos por tanto de comentar la copiosa bibliografía generada en torno a estos temas en relación a las Antillas hispanas y hacemos referencia al libro ya citado de Lavallé, Naranjo y Santamaría (2002).

Cuba y Puerto Rico fueron dos colonias que España censó constantemente como herramienta de dominio colonial. Hasta la etapa de la Guerra de los Diez Años se difundieron los resultados de forma muy minuciosa. A partir del Sexenio Revolucionario se publicarían menos datos probablemente por razones de política colonial, pero incluso en esta etapa los censos aportan una información interesante. Los censos de 1899 en ambas islas, ya bajo el dominio estadounidense, vuelven a ser muy detallados. Esta particular circunstancia censal permite reconstruir las proporciones y muchos otros aspectos del mundo urbano. La esclavitud en San Juan ha sido detalladamente estudiada Mayo y Negrón (1992) y Kinsbruner (1996). El mundo de los trabajadores urbanos puertorriqueños y sus luchas a finales de siglo ha sido abordado por García (1985, 1989, 1990), mientras que Matos Rodríguez ha tratado acertadamente el mundo de las mujeres en San Juan en el siglo XIX (1999, 2002). Distintos aspectos de la vida de la población negra y esclava en La Habana durante el siglo XIX han sido bien analizados por Klein (1967), Stolcke (1992) y Howard (1998). Desde hace décadas la historia de los trabajadores urbanos cubanos ha sido acometida de forma dogmática y su estudio es insuficiente, si bien hay varias obras centradas en otros temas que dedican interesantes secciones al mundo de los trabajadores urbanos y sus luchas. La obra de Casanovas (2000) recoge este esfuerzo tan disperso; a este autor también se debe una investigación rigurosa y amplia del movimiento obrero (1995a, 1995b, 2002 y 2003). También escasos pero muy detallados son los escritos respecto a las comunidades cubanas emigradas en la Florida en el siglo XIX (Poyo, 1978, 1985 y 1989; Ingalls, 1988).

La celebración del centenario de 1898 ha repercutido de manera extraordinaria en la historiografía, en particular en la española y en las de aquellos países que estuvieron involucrados en este proceso como fueron Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Estados Unidos. Muchas obras colectivas, monográficos de revistas e informes han contribuido a esta historiografía: Naranjo Orovio, Puig-Samper y García (1996), Díaz Quiñones (1997), Fusi y Niño (1997), Agrait y Cubano (1997), Ramos y De Diego (1997), Bernecker (1998), Naranjo Orovio y García (1998) y Esteban y Morales (2004), entre otras. Junto a las obras aquí citadas fueron muchas las monografías que vieron la luz con ocasión del centenario, cuyas contribuciones se han analizado en otros estudios historiográficos. Algunos de los más relevantes son Hernández Sandoica (1997), "Historiografía reciente acerca de los españoles en Cuba (siglo XIX): comercio, emigración, negocios y finanzas", Historia y Sociedad, IX: 149-170 y (1998), "La Historia de Cuba vista desde España: estudios sobre `política', `Raza' y `Sociedad—, Revista de Indias, LVIII/212: 7-23. Santamaría y Naranjo Orovio (1999), "El 98 en América. Últimos resultados y tendencias recientes de la investigación", Revista de Indias, Madrid, CSIC, 215: 203-274. 1. Roldán de Montaud (2002), "Los partidos políticos cubanos de la época colonial en la historiografía reciente", Opatrny y Naranjo Orovio (coords.), Visitando la isla. Temas de historia de Cuba, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert: 27-75 y (2004), "El final de la presencia española en Cuba: últimas aportaciones historiográficas", Ayer, 55/3: 265-297. Sebastián Balfour (1998), "El Desastre de 1898 y el fin del Imperio español, cien años después", Revista de Occidente, 202-203: 78-89; Morales Moya (1998), "De un 98 a otro. Una revisión historiográfica'', en Los 98 Ibéricos y el mar, Madrid, Fundación Tabacalera, 1: 154-186; González Martínez (1998), "Historiografía hispano-cubana y perspectiva analítica del 98: crisis del Estado español", Anales de Historia Contemporánea, 14: 17-31; Elizalde (2001), "Balance del 98. Un punto de inflexión en la modernización de España'', Historia y Política, 3: 175-206. Cayuela (2002), "1898, más allá del centenario", Historia Contemporánea, 24: 429-455. Naranjo Orovio y Opatrn j (2002), "Estudios cubanos en los fines del milenio", Visitando la isla. Temas de historia de Cuba, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert: 9-26.

Las guerras de independencia han recibido atención de varios autores que con distintas visiones se acercan a las contiendas. En España y sobre el caso cubano destaca el libro de Elorza y Hernández Sandoica (1998), que desde una perspectiva muy amplia ofrece un contexto político y económico de Cuba en la primera mitad de los noventa, a la vez que analiza la política colonial española, el estallido de la última guerra de independencia y el papel de Estados Unidos en el conflicto; así como también la obra de Amores Carredano (1998). En ambas, los autores mantienen que la guerra no fue un hecho accidental sino algo inevitable por el choque de intereses entre las aspiraciones económicas y políticas de los criollos y la política diseñada por la metrópoli. En un estudio amplio sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la obra de Pérez aquí trabajada (1995) trata los aspectos que en la historiografía española han estado más desatendidos, poniendo su atención en los vínculos y dependencia de Cuba hacia Estados Unidos, pero dejando fuera a veces algunos factores sociales, culturales y políticos que fueron decisivos en la formación de la nación y de la sociedad cubana.

Entre los trabajos que abordan las guerras independentistas en Cuba hay que mencionar aquellos que introducen elementos novedosos como son los de Ferrer (1999 y 2005) sobre la participación de la población de color en las gestas independentistas. Coincide con la mayor parte de la historiografía cubanista al marcar que la Guerra de los Treinta Años representa el período fundamental de la formación de la nación cubana y mantiene que la incorporación de la gente de color a la nación es el aspecto más importante de este período. El discurso fundacional de la nación es motivo de estudio desde diferentes ángulos por Rojas (1998) y De la Fuente (2002). Mientras el primero enfatiza más en el análisis de los discursos desde la historia intelectual y desde la filosofía, De la Fuente construye una historia social en la que la política es el trasfondo que la articula en gran medida.

Para Puerto Rico las últimas monografías sobre los movimientos independentistas y el Grito de Lares reivindican que junto a las causas económicas y el malestar general de la población existieron otros motivos sociales e ideológicos que impulsaron a los boricuas a rebelarse. En este sentido los trabajos de Moscoso (2006) presentan una nueva interpretación a los estudios de Bergad (1981 y 1983), Camuñas (1993 y 2000), Jiménez de Wagenheim (1985), quienes dan prioridad al peso que tuvieron las crisis económicas y financieras en la radicalización de distintos sectores de la población, tanto cuando sucede el Grito de Lares como posteriormente en la formación de partidos políticos: Cubano (1990 y 1996). Así mismo, son abundantes los trabajos relacionados con los héroes de la independencia, sobre los partidos que lucharon por conseguirla y los líderes del pensamiento independentista y nacional tanto en Cuba como en Puerto Rico. Martí, Hostos y Betances han sido profusamente trabajados por De Armas (1994), González-Ripoll (1996a, 1996b y 1999b) y Estrade (1984, 1993, 1996, 2000), entre otros autores cuyas obras hemos valorado en otros ensayos.

Si hace unos años la conmemoración de 1898 nos aportó un abundante material historiográfico, ahora en vísperas de las independencias latinoamericanas también han comenzado a aparecer contribuciones que analizan desde distintos aspectos y visiones los hechos. En nuestro caso, el interés se centra en las repercusiones que las independencias en América (en todo el territorio desde Saint Domingue a Tierra Firme y América del Norte) tuvieron sobre los territorios que quedaron bajo el dominio español. Sobre la indepen dencia de Estados Unidos en relación a la política exterior de la monarquía española, véase Beerman (1992). La expansión de Estados Unidos desde una perspectiva cubana ha sido analizada por Guerra (1975). La Revolución haitiana y el mundo atlántico han sido bien descritos por Geggus (2001), mientras Fick (1991) ha analizado la participación de "los de abajo" en esta revolución. Desde una perspectiva dominicana, son muy útiles los ensayos de Moya Pons (1997 y 2001). Así mismo, el impacto de la Revolución haitiana en Cuba ha producido diversos estudios recientes como el de GonzálezRipoll, Naranjo, Ferrer, García y Opatrn j (2004) y el libro de Childs (2006).

Sobre la independencia de las colonias españolas del continente americano hay que mencionar dos trabajos abarcadores a cargo de Domínguez (1985) y de Rodríguez O. (1996); ambos ofrecen una visión general y amplia de las causas de la independencia. El impacto de este proceso en el Caribe ha sido objeto de atención de Sevilla Soler (1986), De Solano (1992) y Pérez Vega (1987), siendo en la actualidad motivo de análisis por otros autores que vinculan los acontecimientos del continente con las condiciones económicas y sociales de la isla. Estas obras tratan además de establecer los vínculos entre la pérdida del Imperio hispano y el modelo colonial que se implanta en las Antillas, en el que el pacto colonial entre la metrópoli y los criollos fue fundamental. En ese sentido y para este período en Cuba hay que destacar las valoraciones de Ferrer (2004, 2005), que muestran claramente el impacto de la Revolución haitiana en la lealtad cubana y las contribuciones integradas en el libro coordinado por Piqueras (2005) que desmarañan las repercusiones de la Ilustración que tardíamente llega a las Antillas, su recepción en las sociedades locales y las dinámicas que se generaron en ellas a remolque muchas veces de los acontecimientos que sucedían en la Península, análisis a cargo de Ferrer, Naranjo, González-Ripoll, García, Castro, Luque, Kuethe y el trabajo colectivo de Puig-Samper y Maldonado; otros estudios son los de Hernández (1995), Piqueras (2003, 2005a y 2005b) y la obra colectiva coordinada por Imilcy Balboa y Piqueras (2006) que incluye Cuba y Puerto Rico. Para Puerto Rico, Mount (1980), Cruz Monclava (1970-1971) y Navarro García (1999) acometen el estudio de la lealtad puertorriqueña a España durante este período. Sin duda, en los próximos años asistiremos a la renovación historiográfica importante en la que las Antillas, aunque no sean el punto central como lo fueron en 1998, también tendrán un espacio.

El sistema colonial ha sido durante muchos años la estrella de las investigaciones. Definir el modelo o los modelos coloniales, analizar los cambios, así como los elementos que fueron teniendo importancia y en muchas ocasiones marcaron el pacto y el modelo colonial ha sido abordado desde la historia política y económica. Entre los principales autores hay que citar las obras de Espadas (1975), Hernández Sandoica (1982, 1990, 1994a, 1994b, 1997, 2004), Fradera (1999a y 1999b), Saiz Pastor (1986, 1990 y 1998), Piqueras (1992, 1996, 2005a, 2005b), Rodrigo (1996 y 2001) y Schmidt-Nowara (1995 y 1999). Entre los factores que estas obras destacan como piezas clave de la política colonial se encuentran la esclavitud, elemento imprescindible para el mantenimiento del poder colonial en las Antillas, las alianzas familiares que dieron lugar a relaciones transoceánicas y crearon un entramado de conexiones que trascendieron la esfera familiar para penetrar en la esfera política y económica, los negocios de las élites insulares e hispanas, o la fuerza de los grupos de presión la cual si bien existió hay que sopesarla según el período del que se trate ya que en ocasiones pesaron más otros intereses que los de los grupos esclavistas. Algunas de estas investigaciones, como las de Hernández Sandoica, llegan a la conclusión que en el último cuarto del siglo XIX la política colonial española quedó subordinada a otros intereses (económicos y navieros) ante la necesidad de lograr una estabilidad interna del modelo político de la Restauración. Para un período anterior, Saiz y Fradera también plantean que la debilidad del Estado español unido a la imposibilidad de establecer un marco político en sus colonias que no alterase el statu quo marcó y condicionó la política colonial. En muchos estudios sobre el sistema colonial, política y economía se dan la mano. Un ejemplo de ello es el libro recientemente editado por Roldán de Montaud (2008), en el que varios autores se encargan de analizar las haciendas públicas en Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo en el siglo XIX. En él, diferentes autores abordan temas relacionados con el crecimiento económico y la renta colonial, las finanzas públicas y las desviaciones de fondos coloniales a la metrópoli o los costes de las guerras coloniales, etc. Los estudios que integran esta obra son autoría de Roldán, Santamaría, Saiz, García, Quiroz, Sonesson, Marichal, Maluquer y Domínguez.

La estrecha relación de las élites insulares y peninsulares ha sido motivo de trabajo desde hace unos años. A pesar de la importancia de este tema su investigación es relativamente reciente. Las monografías de Bahamonde y Cayuela (1992) y la de Cayuela (1993) son algunas de las más interesantes para el caso cubano-metropolitano. Recientemente están apareciendo estudios puntuales que nos van enseñando más acerca de la complejidad de este entramado de relaciones familiares, económicas y políticas que tanta importancia tuvieron en los acuerdos y pactos coloniales. Ejemplo de ellos son las contribuciones de González-Ripoll sobre los Arango (1999b y 2001).

Como hemos indicado en otros ensayos historiográficos, la problemática del 98 ha estado vinculada con temas relacionados con la formación de la nación en las Antillas. En este sentido hay que destacar algunas de las obras citadas que de manera especial remiten a la identidad y a la nación cuando abordan aspectos políticos y sociales de los últimos años del siglo XIX en Cuba y Puerto Rico. A veces se observa un presentismo en los estudios sobre la his toria política de las Antillas hispanas, sobre todo de Cuba y Puerto Rico. Por diferentes motivos estudiar el estatus de estas islas ha sido y continúa siendo motivo de interés. Para Puerto Rico indagar en su estatus es penetrar en los problemas derivados de su régimen político como un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, lo cual conduce a que muchos de sus estudios deriven en una vuelta a repasar su historia y su identidad. Historia política e historia cultural se entrelazan en los estudios de García Rodríguez (1985 y 1999), Cubano (1990, 1994, 1996, 1997 y 1998), Castro (1997), Luque (1986), entre otros. Las ambigüedades de la relación colonial han sido también motivo de estudio en las obras de Agrait y Cubano (coords.,) (1997), Díaz Quiñones (coord.,) (1997) y de Bernecker (ed.), 1998, entre otras.

Para el caso de Cuba son pocas las historiografías que escapan a la tentación de trazar puentes de continuidad entre el pasado y el presente, a la vez que muchas se ven en la necesidad de tener que justificar una realidad a partir de unos hechos y de un pensamiento que han ido construyendo y haciendo míticos. A pesar de estas limitaciones, hay que reconocer que todas las obras y perspectivas han contribuido a generar un debate, si bien en ocasiones éste se queda en una discusión sorda que no incorpora las críticas y observaciones de los otros, como se evidencia en el caso de las historias sobre los partidos políticos en Cuba en el siglo XIX: Roldán de Montaud (2000b, 2002 y 2004), García Mora (1994, 1999, 2001, 2004 y 2006), De la Torre (1998), Bizcarrondo y Elorza (2001), Alonso Romero (2002), Estrade (1999), Bizcarrondo (1998), principalmente.

El debate continúa abierto, aunque en España sigue teniendo más peso el que versa sobre la historia de Cuba. Poco a poco habrá que ir volcando el interés en las otras Antillas cuyo estudio comparado nos dará nuevos enfoques y perspectivas de análisis. En la actualidad, frente a la historia económica y política, más trabajada en los últimos años, se impone una historia social y cultural en la que emergen nuevos actores que ofrecen nuevos ángulos de una compleja realidad.

Documento 1

Glosario para la historia de Cuba y Puerto Rico en los siglos XVIII-XIX:

abakuá: miembro de la sociedad secreta afrocubana de los abakuás. La sociedad abakuá es de origen carabalí. Surgió en 1836 y desde 1857 aceptó la formación de agrupaciones de blancos. Ñáñigo es un sinónimo peyorativo de abakuá.

abolicionista: partidario de la abolición de la esclavitud.

almacenista: comerciante de tabaco en rama.

anexionista: partidario de la anexión de Cuba o Puerto Rico a Estados Unidos. El anexionismo se constituyó en un movimiento político clandestino en la Cuba de mediados del siglo XIX. Aunque en Puerto Rico no se dio un fenómeno parecido, hasta la Guerra Cubano-Española-Estadounidense (1895-1898) fue un sentimiento o predisposición compartido por sectores de la élite insular cubana y puertorriqueña que llegaría a expresarse de forma articulada en Estados Unidos durante la Guerra de los Diez Años y la Guerra de Independencia.

anillado: colocación de un anillo de papel al cigarro puro para identificar clase y marca.

arroba: unidad de peso equivalente a 25 libras (11 kilos y 502 gramos).

bagazo: lo que queda de la caña después de exprimirse su jugo en el trapiche.

barracón: construcción, por lo general de mampostería y teja, en que habitaban los esclavos en las plantaciones rurales.

batey: en los ingenios azucareros y fincas de campo era todo el espacio que incluía desde las viviendas y los barracones, hasta los almacenes y el trapiche.

boca bajo: castigo consistente en azotar a un esclavo colocado boca abajo.

bocoy: envase construido con duelas a semejanza del tonel para transportar miel de purga, azúcar mascabado y café.

bodega: tienda de comestibles en Cuba. En Puerto Rico el nombre era tienda de ralla.

bohío: cabaña de madera y ramas.

bonche (o bunche): del inglés "bunch", se refiere a la tripa y el capote enrollados y preparados para ser envueltos con la capa.

Borinquen: nombre indígena de la isla de Puerto Rico.

bozal: en tierras americanas, esclavo nacido en África.

breva: cigarro algo aplastado y menos apretado que los de forma cilíndrica, o bien cigarro bastante grande elaborado con hoja muy oscura.

cabildos de nación o cabildos de africanos: asociaciones de educación, recreo y ayuda mutua de los africanos residentes en Cuba.

calesero: conductor de volantas y quitrines. Esta palabra deriva del uso del carruaje llamado "calesa", que en el Caribe dejó de utilizarse a inicios del siglo XIX.

capa: hoja de tabaco fina, resultado de un delicado proceso de cultivo, con la que se envuelve el tabaco torcido. Además del aspecto que da al cigarro, en Cuba se cuida que su aroma y sabor encajen con el del capote y la tripa.

capillo o capote: hoja de grosor medio con el que se envuelve el relleno o tripa y prepara el puro para ser terminado con la colocación de la "capa". Además de su función "mecánica", el capillo o capote influye significativamente en el sabor, aroma y combustibilidad del puro, y por tanto su sabor debe ser compatible con la tripa y la capa.

capitán general: en Cuba y Puerto Rico, jefe de las Fuerzas Armadas que también ocupaba el cargo de gobernador superior civil, la máxima autoridad civil. En 1874, este último cargo pasó a llamarse gobernador general.

casa de calderas: en los ingenios, era un edificio donde se efectuaba el proceso de evaporación, situado al lado del trapiche.

casa de criollos: criadero o edificio destinado a la crianza de los hijos de los esclavos hasta los siete o nueve años, en que pasaban a estar bajo el control de sus padres.

casa de purga: en los ingenios, edificio donde se separaba los cristales de azúcar de las mieles en hormas de barro o posteriormente hojalata. Actualmente este proceso se realiza por centrifugación.

casa de tabaco: edificación rural de madera en que las hojas de tabaco recién cosechadas se cuelgan, ensartadas por un hilo, en varas de madera (cujes) durante unos 40 o 50 días según las condiciones de humedad y calor, para su curación y fermentación (en que las hojas pierden hasta el 85% de su peso). En Cuba este proceso se realiza de febrero a abril.

Cayo Hueso: nombre español de isla y población de Key West, al extremo sur de la Florida.

cepo: instrumento de castigo hecho de dos maderos gruesos con unos agujeros en el centro para inmovilizar la garganta o la pierna de los esclavos.

chapeo o chapear: corte y limpia de los campos de caña con el machete.

chinchal: en Cuba y Puerto Rico, una pequeña fábrica o taller, generalmente de tabacos.

cigarrero.• persona que enrolla cigarrillos en una fábrica. Aunque fuera de las fábricas era un oficio que lo realizaban hombres y mujeres de muy distinta condición, en las fábricas fue un oficio exclusivamente masculino hasta 1879, en que las mujeres comenzaron a reemplazar a los hombres. La mecanización desde finales del siglo XIX eliminó casi por completo el oficio de cigarrero.

cigarro: según el contexto en que se use esta palabra puede significar "cigarrillo" de papel, o bien "cigarro puro" o "puro".

cimarrón: esclavo fugitivo que generalmente se refugiaba en los montes, pero que también podía esconderse en las poblaciones.

coartación: contrato de manumisión por autocompra en que los esclavos y sus dueños firmaban ante un síndico municipal. El síndico fijaba el valor del esclavo, y éste entregaba una cantidad en depósito. En pagos sucesivos el esclavo completaba la autocompra. Casi todos los esclavos coartados ganaban un jornal por cuenta propia del cual entregaban una cantidad fija a sus propietarios.

coartado: esclavo que ha iniciado el proceso de autocompra para emanciparse.

cofradía: hermandades de artesanos libres o esclavos establecidas en Cuba desde comienzos de la colonización; cada cofradía tenía un santo patrón y proporcionaba caridad, ayuda médica y servicios funerarios a sus miembros.

colono: además de referirse a un aparcero que trabajaba para el central o un propietario rural, en Cuba la palabra "colono" también podía hacer referencia a un inmigrante rural sujeto a una contrata que lo obligaba a trabajar varios años por un salario ínfimo.

Comisión Militar Permanente Ejecutiva: comisión militar creada en marzo de 1825 en La Habana para la represión de cualquier sedición, que actuó en particular contra los levantamientos de esclavos. Fue disuelta en febrero de 1869.

Comisión Mixta Anglo-Española de La Habana: comisión creada en 1820 en La Habana (junto con otra en Sierra Leona, África) en cumplimiento del acuerdo anglo-español contra la trata de 1817. Hasta 1867, en que terminó la trata de esclavos africanos, esta comisión declaró "emancipados" unos 25.000 esclavos procedentes de barcos negreros apresados por la escuadra británica. Los esclavos "emancipados" quedaban bajo la tutela de la administración española en la isla, que los utilizaba igual que si fuesen esclavos para trabajar en obras públicas, o para ser alquilados a propietarios particulares. En 1870, el capitán general de Cuba liberó a los "emancipados", pero les impuso el deber de trabajar durante varios años "a contrata" por un salario ínfimo.

componte: tormento o tortura de los detenidos por las distintas ramas de la fuerza pública española en Cuba y Puerto Rico (principalmente la Guardia Civil y la policía). Consistía principalmente en apalear al detenido, pero también podía incluir el uso de instrumentos de tortura como los "palillos" de unos 17 centímetros con los que se presionaba los dedos del arrestado. Se aplicó de manera muy general en Puerto Rico en 1887 y en Cuba en la lucha contra el bandolerismo rural a finales del siglo XIX.

consumo: impuesto que se aplica a la venta de alimentación, bebida y combustible.

contramayoral: en las haciendas, era un esclavo que conducía una cuadrilla de trabajadores.

conuco: en una hacienda, pequeña parcela que los propietarios asignaban a sus esclavos, como si fuese una propiedad exclusiva, para que la cultivasen en días festivos. La producción del conuco era para el esclavo, el cual la consumía o vendía dentro o fuera de la hacienda. cosechero: hacendado tabacalero.

criollo: persona nacida en América. En referencia a las personas de color, los "negros criollos" eran los esclavos nacidos en América, a diferencia de los esclavos bozabes que fueron traídos de África.

desbotonado y deshije del tabaco: son acciones distintas que se realizan sobre la planta del tabaco esenciales para el crecimiento adecuado de la hoja. El desbotonado consiste en extirpar la yema superior de la planta. El deshije consiste en eliminar los rebrotes laterales.

despalillador: persona encargada de extraer las nervaduras o venas centrales de las hojas de tabaco. Se requiere gran habilidad manual para realizar esta tarea rápidamente y sin dañar la hoja. En las fábricas, este oficio lo ejercieron exclusivamente hombres que cobraban un salario cada ciertos días hasta finales de 1877, en que comenzaron a ser reemplazados por mujeres que cobraban bajos jornales por un trabajo realizado a destajo. Desde entonces es un oficio realizado casi exclusivamente por mujeres. El despalillo de la tripa y el capote se realiza en locales de despalillo, a veces separados de las fábricas. Probablemente por su valor, la capa habitualmente es despalillada en la fábrica. Actualmente, los principales talleres de despalillo están en La Habana o en algunas poblaciones de la provincia de Pinar del Río.

dependiente de fábrica de tabacos: eran empleados encargados de despaquetar y preparar el tabaco para el torcido. Al igual que los rezagadores, cobraban un sueldo mensual, a diferencia del resto de los trabajadores de las fábricas de tabacos, que cobraban a destajo.

dotación (o negrada): el conjunto de los esclavos de una hacienda.

emancipado: esclavo nacido en África decomisado en un barco negrero. Aunque legalmente el emancipado era una persona libre, al menos hasta 1870 continuaba en condición esclava de facto bajo el control de la administración pública. Véase "Comisión Mixta Anglo-Española de La Habana".

escogedor: persona que en los talleres de tabacos agrupa y empaqueta los puros según color y aroma antes de ser envasados de forma que, dentro de la caja, combinen su sabor y aroma del que resulte un producto uniforme. El oficio de escogedor es el más cualificado y mejor remunerado del proceso de fabricación de cigarros puros.

escogida: proceso de selección de las hojas de tabaco curadas que son colocadas en mazos de unas veinte hojas. También se refiere a los atados de los cigarros puros una vez elaborados para ser envasados.

esquifación: ropa que llevaban los esclavos de una finca rural (ingenio): camisa, pantalón y sombrero de paja para los hombres y vestido y sombrero para las mujeres.

fábrica de tabacos: edificio en el que se elaboran y envasan puros.

fermentación o curación: proceso químico natural en que la hoja de tabaco genera calor a la vez que desprende nicotina y otros componentes. La hoja cambia de color y adquiere su sabor. A lo largo del complejo proceso de producción de los puros, se producen varias curaciones. Una vez la hoja ha sido secada en la casa de tabaco, en Cuba, a partir del mes de marzo, se traslada en pacas de yagua a un almacén donde se realizan los siguientes pasos: preselección ("escogida" según color, textura y tipo), moja, oreo, "reposo" (o fermentación) de intensidad diferente según el tipo de hoja en pilones ("burros"), meticulosa selección (o "rezagado") según el destino de la hoja (tripa, capote o capa), engavillado y enterciado. Aunque algunos tercios se seleccionan para añejamiento (que puede durar hasta dos años), la mayoría se destinan a la producción inmediata. Los tercios de "capa" se envían directamente a las fábricas donde se despalilla y utiliza. En cambio, los tercios de tripa y capote van a los talleres de despalillo, donde se moja y fermenta el tabaco. Una vez extraídas las venas, si la fermentación es breve (hasta 30 días) se deja reposar en "burros", y si es larga (unos 50 días o más) se coloca en barriles de cedro. A continuación, el tabaco se entercia de nuevo para entregarlo a las fábricas. En las fábricas se humedece la tripa y el capote, y se despalilla la capa, y se agrupa la hoja en "tareas" (material utilizado por un tabaquero en un día, en que produce de 100 a 125 puros). Una vez terminados los puros, se dejan reposar 72 horas en un "escaparate" y, por último el escogedor los clasifica, en tanto que grupos de trabajadoras los anillan y envasan en cajas. Dentro de la caja, los sabores y los aromas se combinan. En algunos casos se añeja los puros dentro de sus cajas.

ferrocarril urbano: tranvía tirado por caballos.

figurado: puro con terminación en punta. Los puros en punta por ambos lados eran típicos del siglo XIX.

fileteador: persona que sella las cajas de tabaco con unas decorativas tiras de papel de colores conocidas como "filetes".

fuma: cigarros que se permite fumar y llevar a casa a los tabaqueros de una fábrica o taller.

galera: en una fábrica de tabacos, gran sala en la que los tabaqueros elaboran puros sentados en largas mesas unidas (vapores).

gavilla: mazo o atado de unas 25 hojas de tabaco. Cada cuatro gavillas forman un manojo.

gobernador general. - a partir de 1874, nombre dado al hasta entonces gobernador superior civil de Cuba o Puerto Rico. Era un cargo reservado al capitán general, máxima autoridad militar.

gorrión: durante la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878), término peyorativo para referirse a los peninsulares residentes en Cuba.

gremio: en el siglo XIX, organización patronal u obrera, o categoría de productores, para el pago de impuestos.

grillete: arco de hierro con dos agujeros por los que se pasa un pernio cerrado por un candado. Se utilizó para castigar y controlar a esclavos, marinos y presidiarios. Su uso causaba úlceras en la piel que se padecían toda la vida.

guajiro: en Cuba, campesino.

guataca: azada corta (cubanismo).

Guerra Chiquita (agosto 1879-agosto 1880): segunda gran insurrección separatista cubana que se desarrolló principalmente en Oriente.

Guerra de los Diez Años (1868-1878): primera guerra cubana de independencia.

Guerra de Independencia (1895-1898): tercera guerra cubana de independencia, también conocida como la Guerra Cubano-Española-Norteamericana.

habano: puro elaborado en Cuba exclusivamente con hojas del país.

ingenio: aparato para extraer el jugo de la caña. Por extensión, se utiliza para referirse a una plantación de caña de azúcar, en donde se cosecha la caña dulce y se elabora el azúcar. Si la finca del ingenio era pequeña, sin capacidad para producir azúcar, tenía el nombre de trapiche y sólo producía miel o rapadura.

integrista: en Cuba y Puerto Rico, miembro del sector más intransigente del "partido español", partidario de la preservación del dominio colonial español en cada una de las islas.

isla de Pinos: actualmente isla de la Juventud. A lo largo del siglo XIX estuvo muy poco poblada y se utilizó para deportar detenidos por causas políticas.

isleño: en la cuenca del Caribe, inmigrante procedente de las islas Canarias.

jíbaro: en Puerto Rico, campesino.

laborante: separatista cubano que opera clandestinamente en territorio español, o bien abiertamente en el extranjero.

liga o ligada: combinación de hojas de tabaco usada en cada puro. El arte del tabaquero consiste en dar forma a las hojas de manera que el color, la liga y la combustión sean las adecuadas.

mambí: separatista cubano que lucha en los campos de Cuba.

manigua: bosque tropical originario del Caribe.

manojo: cuatro gavillas.

manumisión: liberación del esclavo por rescate personal, autocompra o decisión del dueño.

marquista: gran fabricante de tabacos (cubanismo).

mascabado: azúcar bruto, antes de ser purgado, de calidad, poroso y grano grueso.

mayoral: hombre blanco encargado del gobierno de los ingenios y por tanto responsable del trabajo de los esclavos.

miel de purga: miel de caña de azúcar. Se extrae cuando el azúcar está purgando en las hormas de barro cónicas.

moja: rociado con agua de la hoja de tabaco para facilitar su manipulación y curación.

moneda: en Cuba y Puerto Rico en el siglo m, la principal unidad monetaria fue el "peso fuerte". A partir de 1869 también la peseta española circuló en Cuba cotizándose un 20% más que en la Península, puesto que un "peso fuerte" equivalía a cuatro pesetas, a diferencia de la Península donde el "peso fuerte" (o "duro") equivalía a cinco pesetas. Además de las monedas de acuñación española, en Cuba y Puerto Rico en el siglo XIX circulaban el dólar estadounidense, el peso mexicano y las monedas de varios países de América Latina.

moreno: en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, persona de piel oscura. También es un eufemismo para referirse a individuos de color.

Movimiento Económico: coalición política cubana fundada a comienzos de la década de 1880 y que resurgió en varias ocasiones para defender los intereses económicos de la élite insular. En 1892 se convirtió en el Partido Reformista.

movimiento reformista: movimiento iniciado por la burguesía criolla cubana en la década de 1860, para promover que Cuba consiguiera un gobierno autónomo y reformas en política colonial de España que no condujeran ni a la independencia de Cuba ni a la inmediata abolición de la esclavitud.

negrada: en una plantación, sinónimo de dotación de esclavos.

ñáñigo: sinónimo peyorativo de abakuá.

ómnibus: vehículo de transporte colectivo urbano tirado por caballos.

onza: moneda de oro que en las Antillas españolas era equivalente a 17 pesos fuertes.

Oriente: región de Cuba situada al este de Camagüey.

palenque: lugar apartado, generalmente situado en la manigua, en donde los esclavos cimarrones se refugiaban y protegían de sus perseguidores.

pardo: mulato.

Partido: zona tabaquera al suroeste de la provincia de La Habana (incluye Artemisa que está en la provincia de Pinar del Río). En el siglo XIX el tabaco de Partido servía para manufacturar puros de calidad intermedia. En la actualidad es una zona de producción de la valiosa capa.

partido autonomista: nombre utilizado informalmente para referirse al Partido Liberal de Cuba a partir de 1881.

partido cubano: agrupación de personas, sobre todo de hacendados criollos y profesionales liberales, favorables a la defensa de los intereses criollos en Cuba.

partido español: no fue un partido político propiamente dicho, sino una agrupación de personas, sobre todo "peninsulares" adinerados, funcionarios del Estado o criollos, estrechamente vinculadas a estos dos grupos, que en Cuba o Puerto Rico defendían el statu quo colonial.

patrocinado: esclavo durante el período del patronato.

patronato: mecanismo legal establecido en 1880 para regular la abolición de la esclavitud.

peninsular: residente de origen español en Cuba o Puerto Rico. Este término incluía a los canarios, aunque en la cuenca del Caribe era más frecuente referirse a ellos como "isleños".

peso fuerte (o duro): principal unidad monetaria en las Antillas españolas del siglo XIX. Desde la implantación en 1848 del sistema monetario decimal, el peso fuerte equivalía a 10 reales sencillos cubanos o 20 reales de vellón (moneda conocida como "medio sencillo").

precio: en las fábricas de puros, pago a destajo al tabaquero por millar de puros manufacturados.

pulpería: tienda de comestibles que también podía ser una taberna. En el campo era una tienda "mixta".

puro: cigarro de hojas de tabaco enrolladas sin papel. Deriva de la expresión "puro habano", para indicar que es un cigarro genuino de Cuba.

quintal: 100 libras españolas, equivalente a 4 arrobas o a 45,976 kilos.

quitrín: carruaje de dos ruedas similar a la "volantá', pero con la cubierta abatible y por tanto considerado de más lujo.

rama: véase "tabaco en rama".

rebajar: en el contexto militar significa quedar libre de servicio, y en las fábricas de tabaco cubanas significa despedir del trabajo.

Remedios (o Vuelta Arriba): zona tabaquera situada en la región central de Cuba (comarcas de Cabaiguán, Sancti Spíritus, Fomento, Camajuaní, Cienfuegos y Remedios).

rezagador: persona que en los talleres de tabacos se encarga de clasificar las hojas según tamaño, color, textura y calidad inmediatamente antes de que el torcedor las utilice. En las fábricas de tabacos, los rezagadores cobraban sueldo mensual, igual que los dependientes de fábrica. Actualmente es una tarea que realizan principalmente mujeres.

República en Armas: gobierno republicano en Cuba organizado por las guerrillas separatistas durante las dos grandes guerras contra el dominio colonial español, la de los Diez Años (1868-1878) y la de Independencia (1895-1898).

rueda: paquete de cien puros atados con una cinta. Por consiguiente, media rueda son 50 puros.

sabor: se refiere al sabor del puro cuando está encendido. Es uno de los principales aspectos en su evaluación.

Semi Vuelta: zona tabaquera de Cuba situada en la parte oriental de la provincia de Pinar del Río, en los términos municipales de Candelaria y San Cristóbal, entre otros, y que produce hoja cubana de calidad inferior a la de Vuelta Abajo.

sentar: dar trabajo 'a un tabaquero (cubanismo).

sitio de labor o estancia: pequeña finca rural dedicada a cultivos menores para el consumo local.

tabacalero: relativo al cultivo, manufactura o venta de tabaco. Persona que cultiva tabaco.

tabaco (planta, Nicotina Tabacum): planta solanácea originaria de América que crece hasta alcanzar el metro y medio de altura y que contiene nicotina, un alcaloide. Para su cultivo primero se planta en un semillero. Cuando la planta tiene el tamaño adecuado, se trasplanta para que crezca hasta la cosecha. El tabaco para capa se tapa con telas de algodón, estopilla o malla para protegerlo del sol. En Cuba existen cinco regiones tabaqueras: Vuelta Abajo, Semi Vuelta, Partido, Vuelta Arriba (Remedios) y Oriente. En la zona de Vuelta Abajo las vegas eran más extensas que en la de Partido. En Remedios encontramos las más grandes con unas 10 ha de extensión de promedio. En Cuba y Puerto Rico, además de referirse a la planta del tabaco (Nicotina Tabacum), la palabra tabaco es sinónimo de "cigarro puro".

tabaco en rama: hoja de tabaco preparada para ser manufacturada, dispuesta en manojos de gavillas o atados de hojas.

tabaquería: punto de venta de cigarros. En Cuba también significa pequeña fábrica o "chinchal" que vende su producción al por menor.

tabaquero (o torcedor): obrero que dispone, corta y enrolla (o "tuerce") las hojas de tabaco para elaborar un cigarro puro. Los tabaqueros trabajaban a destajo: cobraban un jornal por la "tarea" realizada.

taberna: tienda de venta de bebidas y otros productos de consumo al por menor. En las zonas rurales además servían comidas y ofrecían hospedaje.

tallerista: marquista.

tangos: bailes que efectuaban los esclavos en días festivos agrupados según su etnia.

tarea: trabajo efectuado por un trabajador en un día y al que corresponde un jornal. Producción diaria en una fábrica o taller de tabacos. En referencia a los tabaqueros, significa la cantidad de cigarros que un obrero produce en una jornada. En las escogidas, es la cantidad de libras de rama que separa un "apartador".

tasajo: carne de res, cerdo u otro animal, salada o ahumada.

tercio: bala, o paquete rectangular, de tabaco en rama que pesa entre 4 y 5 arrobas (de 100 a 125 libras, o más de un quintal) envuelta en yagua. En Cuba era y es más una unidad de valor fijo, que una unidad de peso constante. Por ejemplo, los tercios de Vuelta contenían unos 40 o 50 manojos de rama y por tanto pesaban menos que los de Partido (o Vuelta Arriba) que contenían de 60 a 80 manojos, pero valían igual o más que estos últimos.

tiempo (en referencia a la hoja de tabaco): escala en que se clasifican las hojas de tabaco (volado, ligero, seco, fino y maduro).

tiempo muerto: período anual fuera del tiempo de molienda, que iba aproximadamente de mediados de mayo a fines de noviembre.

tiro: resistencia que opone el puro al inhalarlo.

torcedor: sinónimo de "tabaquero".

torcido: en las transacciones comerciales, se refiere a cigarros puros. También se refiere al proceso mismo de elaboración del puro que realiza el tabaquero con una cuchilla llamada chaveta.

trapiche: en Cuba y Puerto Rico se refiere a todo aparato mecánico para moler la caña de azúcar, pero también se refiere a los pequeños ingenios que muelen con fuerza animal.

trata o trata negrera: comercio de esclavos capturados en África y vendidos en América.

tren jamaquino. antiguo proceso para producir azúcar.

tribunal mixto (o jurado mixto): comités formados por representantes de la patronal y los trabajadores, habitualmente supervisados por una autoridad de la administración colonial, para dirimir en conflictos laborales.

tripa (o relleno): es una mezcla de hojas de grosor variable y textura esponjosa colocadas a lo largo del interior del puro en abanico, envuelta en el capote o capillo, para que deje pasar el aire necesario para que el tiro sea adecuado, y proporcione la totalidad de sabores y aromas. En la producción mecanizada, la tripa corta es picadura para cigarros pequeños y la tripa larga para los de mayor formato.

vapor: largas mesas en que trabajaban los tabaqueros en las fábricas de tabacos. Tenían algo más de un metro de ancho y divididas en toda su extensión en dos bandas, cada una de ellas hasta un máximo de siete compartimentos o mesas individuales, frente a las cuales los tabaqueros se sentaban en taburetes. Este tipo de mesa permitía las conversaciones entre los trabajadores cara a cara. Al finalizar la Guerra Cubano-Española-Norteamericana, los gobernadores militares de Estados Unidos en Cuba y Puerto Rico prohibieron los vapores en ambas islas alegando razones "higiénicas", e impusieron las mesas de una sola banda. No obstante los vapores siguieron usándose en las fábricas de tabacos de Estados Unidos.

vega: plantación de tabaco que puede tener tamaños muy distintos. Originalmente las vegas se encontraban en los márgenes de los ríos. Actualmente se aplica a cualquier campo de tabaco.

veguero: puro de poca calidad que se torcía en las zonas de cultivo de tabaco. Esta palabra también se refiere al campesino, e incluso cosechero, que cultiva una "vega".

vianda: en las Antillas, conjunto de frutos o raíces que se acostumbra a servir cocidos. Son yuca, ñame, plátano, calabaza, malanga, etc.

vitola: tipo de puro según medida y forma.

volanta: carruaje de dos ruedas típicamente cubano.

voluntarios: milicianos irregulares pertenecientes al Instituto de Voluntarios, un cuerpo fundado en 1855 que perduró hasta el fin del dominio colonial español en Cuba y Puerto Rico.

Vuelta Abajo o Vuelta: región cubana que comprende casi todo el oeste de la provincia de Pinar del Río, donde crece la mejor hoja de tabaco.

Vuelta Arriba: región cercana a La Habana donde se cultiva hoja de tabaco de calidad intermedia.

yagua: corteza de la palma real utilizada para envolver manojos de rama de tabaco u otros productos, o utilizado como material para construir bohíos.

zafra: cosecha de la caña de azúcar y molienda o transformación del jugo en azúcar para ser comercializada. Empezaba a finales de noviembre y se extendía hasta mediados de mayo.

Documento 2

Facultades extraordinarias que, para casos extraordinarios, y que no dan tiempo a consultas, se concedieron al capitán general de La Habana el 28 de mayo de 1825, y fueron reproducidas en Real Orden de 21 de marzo y 26 de mayo de 1834.

Bien persuadido S. M., de que en ningún tiempo ni por ninguna circunstancia se debilitarán los principios de rectitud y de amor a su real persona que caracterizan a V. E., y queriendo al mismo tiempo S. M. precaver los inconvenientes, que pudieran resultar en casos extraordinarios, de la división en el mando, y de la complicación de facultades y atribuciones en los respectivos empleos, para el importante fin de conservar en esa preciosa Isla su legítima autoridad soberana y la tranquilidad pública, ha tenido a bien, conformándose con el dictamen de su consejo de Ministros, autorizar a V. E. plenamente confiriéndole todo el lleno de las facultades que por las reales ordenanzas se conceden a los gobernadores de plazas sitiadas. En consecuencia da S. M. a V. E. amplia é ilimitada autorización, no tan sólo de separar de esa Isla y enviar a esta Península a las personas empleadas, cualquiera que sea su destino, rango, clase o condición, cuya permanencia en ella sea perjudicial, o que le infunda recelo su conducta pública o privada, reemplazándola interinamente con servidores fieles a S. M., y que merezcan a V. E. toda su confianza, sino también para suspender la ejecución de cualquiera órdenes o providencias generales expedidas sobre todos los ramos de la administración, en aquella parte que V. E. lo considere conveniente al real servicio, debiendo ser en todo caso provisionales estas medidas, y dar V. E. cuenta a S. M. para su soberana aprobación. S. M. al dispensar a V. E. esta señalada prueba de su real aprecio, y de la alta confianza que deposita en su acrisolada lealtad, espera que correspondiendo dignamente a ella, empleará la mayor prudencia y circunspección, al propio tiempo que una infatigable actividad, y confía en que constituido V. E. por esta misma dignación de su real bondad, en una más estrecha responsabilidad, redoblará su vigilancia para cuidar se observen las leyes, se administre justicia, se proteja y premia a los fieles vasallos de S. M., y se castigue sin contemplación ni disimulo los extravíos de los que, olvidados de su obligación, y de lo que deben al mejor y más benéfico de los soberanos, los contravengan; dando rienda suelta a siniestras maquinaciones con infracción de las mismas leyes y de las providencias gubernativas emanadas de ellas. Lo que de Real Orden comunico a V. E. para su inteligencia. Dios, etc. Madrid, etc. Sr. Capitán General de la Isla de Cuba.

(Raimundo Cabrera, Cuba y sus jueces [Rectificaciones oportunas], Filadelfia, 1891.)

Documento 3

El "Bando Negro" o "Código Negro" (31 de mayo de 1848). Preliminar.

HABITANTES DE LA ISLA DE PUERTO RICO: Por la goleta francesa Argos, que procedente de Martinica, ha fondeado hoy en el puerto de esta Capital, han llegado á mi noticia los gravísimos acontecimientos ocurridos en las Colonias de Franceses de la Martinica y de la Guadalupe, á consecuencia de los últimos decretos del Gobierno provisional de dicha nación, sobre la emancipación de los esclavos de sus Colonias. Los infelices emigrados conducidos por el expresado buque, que abandonando sus familias e intereses vienen á esta Isla á buscar la seguridad y protección que no han podido encontrar en su país, son el testimonio más evidente del estado lamentable en que se ven aquellas Colonias, y de la ferocidad estúpida de la raza africana, que no sabiendo ni pudiendo apreciar la gracia que su gobierno les ha concedido, muestra su reconocimiento entregándose á los sentimientos que les son naturales; el incendio, el asesinato y la destrucción. Felizmente se halla esta Isla en circunstancias muy diversas por todos conceptos; mas como la noticia del arribo del expresado buque habrá circulado por esta Capital y pronto se difundirá por toda la Isla, con las ampliaciones y comentarios exagerados, que son consiguientes en tales casos, deber mío es persuadiros á que desechéis los temores que semejante noticia pueda infundir en nuestros ánimos, y aseguraros que vuestro Capitán General vela constantemente por el sostenimiento del orden y tranquilidad del territorio que la Reina Nuestra Señora (Q. D. G.) se dignó confiarle así como por la seguridad de vuestras personas é intereses. Con este objeto, y por si acaso se propagasen á las islas Danesas de Santa Cruz y St Thomas, algunas chispas del incendio que devora á las francesas; he dispuesto parta hoy mismo uno de mis Ayudantes de Campo á ofrecer en mi nombre al Gobernador general de ellas los eficaces auxilios de fuerza armada de que pudiere necesitar en tan desgraciado evento, para esterminar los malvados que intentasen la ruina de aquellas posesiones. Habitantes de Puerto Rico, estad tranquilos, confiad en la bizarría de los soldados españoles y en el valor de vuestro Capitán General. Puerto Rico, 31 de Mayo de 1848, El Conde de Reus.

Documento 4

"Nuevo bando del gobernador D.Juan Prim, conde de Reus, aclarando el anterior" (Gaceta de Gobierno, 9 de junio de 1848).

Capitanía General de la Isla de Puerto-Rico. - Habiéndose suscitado algunas dudas la verdadera inteligencia del art. 1.0 del Bando espedido por esta Capitanía General en 31 de Mayo próximo pasado, publicado en la Capital y demás pueblos de la Isla, estableciendo las penas en que incurrirán los individuos de raza africana, bien sean libres ó esclavos, por los delitos que cometan contra sus dueños, ó en ofensa de cualquiera persona blanca, he tenido por conveniente, á fin de ilustrarlas y que en su aplicación no ocurra la menor dificultad, decretar lo siguiente:

Art. 1. Los delitos á -que se contrae el art. 1.° del Bando del 31 de Mayo son todos aquellos que puedan cometer los precitados individuos contra las personas blancas, según se expresa en los artículos 2.°, 3.0 y 5.0 del precitado Bando, y también los que perpetren contra las propiedades, de un modo tal, que de su ejecución pueda alterarse la tranquilidad pública, así como todo aquello en que esta se interese.

Art. 2. Los individuos de esta clase que solos ó acompañados cometieren a mano armada cualquier robo en despoblado, sea en personas blancas ó de color, ó en casas situadas también en despoblado, de cualquier modo que fuere, serán juzgados y castigados por el Consejo de Guerra que previene el art. 1.0 del repetido Bando.

Art. 3. Del mismo modo lo será aquel ó aquellos que incendien cualquiera finca rural ó urbana, cañaverales ú otras siembras, sean quienes fueren sus dueños.

Art. 4. Cuando dos ó mas personas de color, libres ó esclavos, riñan entre sí en calles ó sitios públicos, pero sin hacer uso de otras armas que las manos, aunque de la riña resultaren heridas leves, sufrirán los esclavos 25 azotes, entregándoles en seguida á su amo ; y los libres 15 días de trabajos en los caminos públicos ó 25 pesos de multa.

Art. 5. Si la riña se verificare con palo ó piedra por todos ó algunos de los contrincantes, aunque de ella resulten heridas leves, el que fuere esclavo sufrirá la pena de 50 azotes, y será entregado inmediatamente á su amo, y el libre un mes de trabajos en los caminos, redimible con 50 pesos de multa; pero si resultaren heridas graves se impondrán al esclavo 6 años de presidio, y 4 al que fuere libre.

Art. 6. Si la riña se verificare con armas de fuego ó blancas, y solo resultaren heridas leves, el que fuere esclavo sufrirá 8 años de presidio, y 6 el libre; mas si las heridas fueren graves será castigado el esclavo con 10 años de presidio, y con 8 el que fuere libre. En caso de muerte ó mutilación de miembro, el agresor sin distinción será castigado de muerte.

Art. 7. El que faltare á la obediencia ó respeto debido á las autoridades y funcionarios públicos, sufrirá la pena arbitraria que según la gravedad del caso y condición del delincuente corresponda.

Art. 8. El esclavo que hurtase hasta el valor de ocho reales, sea en metálico ó en efectos, será entregado á un amo para que le corrija, y este satisfará al propietario.

Art. 9. El esclavo que hurtase desde ocho reales hasta ochenta, sufrirá 200 azotes en tandas proporcionadas, y será entregado á su dueño.

Art. 10. Si hurtase mayor cantidad se instruirá el competente sumario y se dará cuenta á esta Capitanía General para la resolución que corresponda.

Art. 11. Siempre que en cualquiera desórden, ó tumulto donde hubiere reunion de personas se presentare alguna autoridad ó funcionario público para contenerlo, todo el que corriere y no permaneciere firme en el sitio en que se encuentre al invocar aquel el nombre aogusto de S. M., diciendo POR LA REINA deténganse ó esténse quietos, etc., será aprehendido y puesto á disposicion de la autoridad militar para ser juzgado y castigado por el Consejo de Guerra, segun la gravedad del caso y circunstancias de delincuente.

Art. 12. Los demás delitos comunes, tales como incesto, estupro, estafa, fraude falsificación, etc., etc., cometidos por individuos de raza africana, en que no pueda interesarse el orden y tranquilidad pública, continuarán como hasta aquí sujetos al conocimiento de los Tribunales competentes.

Art. 13. Los Comandantes departamentales y á sus órdenes los de Cuartel, quedan encargados del cumplimiento de los precedentes artículos en cuanto á las penas leves, dando después el debido conocimiento á esta Capitanía General; pues en cuanto á asegurar los culpables, formar los procedimientos para averiguar las que puedan producir presidio ó pena capital, solo les toca los delitos, y remitir las actuaciones á mi Autoridad para los efectos que fuesen de justicia.

Todo lo que comunico á U. para una inteligencia y puntual cumplimiento en la parte que le toque. Dios guarde á U. muchos años. Puerto Rico 9 de junio de 1848. - El Conde de Reus.

Documento 5

Cuba en 1858: Dionisio Alcalá Galiano y el partido español.

Sentada, pues, la premisa de que existen (en Cuba) dos partidos políticos de encontradas tendencias, su descripción se hace necesaria, empezando al efecto por el que todos a una conocemos por el partido español. Y sobre este mismo tema, permítaseme otra aclaración personal de todo punto inevitable. He prometido la verdad, según yo la comprendo, sobre el conjunto de la situación, empeñándome por consiguiente a dar muestras de completa imparcialidad, hasta donde me fuera dable obtenerla en mis juicios; pero esa promesa, a cuyo fiel cumplimiento me obligo de nuevo, no implica en manera alguna la profesión de una neutralidad imposible de alcanzar. No trataré, pues, de ocultar, ni tengo por qué hacerlo cuando de ello me glorio, que pertenezco al partido español en Cuba; y que si alguna separación cabe señalar en su seno, mi puesto se encuentra entre las filas de aquellos que profesan las opiniones más ardientes y entusiastas. Bajo las banderas de este partido he servido, hasta donde la profesión del periodismo se roza con la política militante; [56] y sus intereses y su gloria son el objeto de mis más fervientes votos, dado que por sustentarlos he trabajado con menos acierto quizá que otros, pero con un celo que a nadie le fuera dado superar. Nuestro común lema durante las recientes agitaciones obtuvo también mi deliberada adhesión, y he proclamado ¡¡¡Que Cuba será africana o española!!! abrigando el firme propósito de realizar nuestras amenazas. Si el momento de crisis suprema hubiera llegado, se nos hubiera visto arrostrar con impavidez el último trance, y pelear hasta morir o vencer. ¡¡¡Con el fusil en una mano y la tea incendiaria en la otra, y con la terrible palabra de emancipación en nuestros labios!!!

(Dionisio Alcalá Galiano, Cuba en 1858, Madrid, Imprenta de Beltran y Viñas, 1859.)

Documento 6

Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, dirigido a sus compatriotas y a todas las naciones.

Al levantarnos armados contra la opresión del tiránico gobierno español, siguiendo la costumbre establecida en todos los países civilizados, manifestamos al mundo las causas que nos han obligado a dar este paso, que en demanda de mayores bienes, siempre produce trastornos inevitables, y los principios que queremos cimentar sobre las ruinas de lo presente para felicidad del porvenir.

Nadie ignora que España gobierna la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado; no sólo no la deja seguridad en sus propiedades, arrogándose la facultad de imponerla tributos y contribuciones a su antojo, sino que teniéndola privada de toda libertad política, civil y religiosa, sus desgraciados hijos se ven expulsados de su suelo a remotos climas o ejecutados sin forma de proceso, por comisiones militares establecidas en plena paz, con mengua del poder civil. La tiene privada del derecho de reunión, como no sea bajo la presidencia de un jefe militar; no puede pedir el remedio a sus males, sin que se le trate como rebelde, y no se le concede otro recurso que callar y obedecer.

La plaga infinita de empleados hambrientos que de España nos inunda, nos devora el producto de nuestros bienes y de nuestro trabajo; al amparo de la despótica autoridad que el gobierno español pone en sus manos y priva a nuestros mejores compatriotas de los empleos públicos, que requiere un buen gobierno, el arte de conocer cómo se dirigen los destinos de una nación; porque auxiliada del sistema restrictivo de enseñanza que adopta, desea España que seamos tan ignorantes que no conozcamos nuestros sagrados derechos, y que si los conocemos no podemos reclamar su observancia en ningún terreno.

Amada y considerada esta isla por todas las naciones que la rodean, que ninguna es enemiga suya, no necesita de un ejército ni de una marina permanente, que agotan con sus enormes gastos hasta las fuentes de la riqueza pública y privada; y sin embargo, España nos impone en nuestro territorio una fuerza armada que no lleva otro objeto que hacernos doblar el cuello al yugo férreo que nos degrada.

Nuestros valiosos productos, mirados con ojeriza por las repúblicas de los pueblos mercantiles extranjeros que provoca el sistema aduanero de España para coartarles su comercio, si bien se venden a grandes precios con los puertos de otras naciones, aquí, para el infeliz productor, no alcanzan siquiera para cubrir sus gastos: de modo que sin la feracidad de nuestros terrenos, pereceríamos en la miseria.

En suma, la Isla de Cuba no puede prosperar, porque la inmigración blanca, única que en la actualidad nos conviene, se ve alejada de nuestras playas por las innumerables trabas con que se la enreda y la prevención y ojeriza con que se la mira.

Así pues, los cubanos no pueden hablar, no pueden escribir, no pueden siquiera pensar y recibir con agasajo a los huéspedes que sus hermanos de otros puntos les envían. Innumerables han sido las veces que España ha ofrecido respetarle sus derechos; pero hasta ahora no ha visto el cumplimiento de su palabra, a menos que por tal no se tenga la mofa de asomarle un vestigio de representación, para disimular el impuesto único en el nombre y tan crecido que arruina nuestras propiedades al abrigo de todas las demás cargas que le acompañan.

Viéndonos expuestos a perder nuestras haciendas, nuestras vidas y hasta nuestras honras, me obliga a exponer esas mismas adoradas prendas, para reconquistar nuestros derechos de hombres, ya que no podamos con la fuer za de la palabra en la discusión, con la fuerza de nuestros brazos en los campos de batalla.

Cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de oprobio. El ejemplo de las más grandes naciones autoriza ese último recurso. La isla de Cuba no puede estar privada de los derechos que gozan otros pueblos, y no puede consentir que se diga que no sabe más que sufrir. A los demás pueblos civilizados toca interponer su influencia para sacar de las garras de un bárbaro opresor a un pueblo inocente, ilustrado, sensible y generoso. A ellos apelamos y al Dios de nuestra conciencia, con la mano puesta sobre el corazón. No nos extravían rencores, no nos halagan ambiciones, sólo queremos ser libres e iguales, como hizo el Creador a todos los hombres.

Nosotros consagramos estos dos venerables principios: nosotros creemos que todos los hombres somos iguales, amamos la tolerancia, el orden y la j usticia en todas las materias; respetamos las vidas y propiedades de todos los ciudadanos pacíficos, aunque sean los mismos españoles, residentes en este territorio; admiramos el sufragio universal que asegura la soberania del pueblo; deseamos la emancipación gradual y bajo indemnización, de la esclavitud, el libre cambio con las naciones amigas que usen de reciprocidad, la representación nacional para decretar las leyes e impuestos, y, en general, demandamos la religiosa observancia de los derechos imprescriptibles del hombre, constituyéndonos en nación independiente, porque así cumple a la grandeza de nuestros futuros destinos, y porque estamos seguros de que bajo el cetro de España nunca gozaremos del franco ejercicio de nuestros derechos.

En vista de nuestra moderación, de nuestra miseria y de la razón que nos asiste, ¿qué pecho noble habrá que no lata con el deseo de que obtengamos el objeto sacrosanto que nos proponemos? ¿Qué pueblo civilizado no reprobará la conducta de España que se horrorizará a la simple consideración de que para pisotear estos dos derechos de Cuba, a cada momento tiene que derramar la sangre de sus más valientes hijo? No, ya Cuba no puede pertenecer más a una potencia que, como Caín, mata a sus hermanos, y, como Saturno, devora a sus hijos. Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada, para tender un brazo amigo y un corazón fraternal a todos los demás pueblos, y si la misma España consiente en dejarla libre y tranquila, la estrechará en su seno como una hija amante de una buena madre; pero si persiste en su sistema de dominación y exterminio segará todos nuestros cuellos, y los cuellos de los que en pos de nosotros vengan, antes de conseguir hacer de Cuba para siempre un vil rebaño de esclavos.

En consecuencia, hemos acordado unánimemente nombrar un jefe único que dirija las operaciones con plenitud de facultades, y bajo su responsabilidad, autorizado especialmente para nombrar un segundo y los demás subalternos que necesite en todos los ramos de administración mientras dure el estado de guerra, que conocido como lo está el carácter de los gobernantes españoles, forzosamente ha de seguirse a la proclamación de la libertad de Cuba. También hemos nombrado una Comisión gubernativa de cinco miembros para auxiliar al General en jefe en la parte política, civil y demás ramos de que se ocupa un país bien reglamentado. Asimismo decretamos que desde este momento quedan abolidos todos los derechos, impuestos, contribuciones y otras exacciones que hasta ahora ha cobrado el gobierno de España, cualquiera que sea la forma y el pretexto conque lo ha hecho, y que sólo se pague con el nombre de ofrenda patriótica, para los gastos que ocurran durante la guerra, el 5 por 100 de la renta conocida en la actualidad, calculada desde este trimestre, con reserva de que si no fuese suficiente pueda aumentarse en lo sucesivo o adoptarse alguna operación de crédito, según lo estimen conveniente las juntas de ciudadanos que al efecto deben celebrarse.

Declaramos que todos los servicios prestados a la patria serán debidamente remunerados; que en los negocios, en general, se observe la legislación vigente interpretada en sentido liberal, hasta que otra cosa se determine, y por último, que todas las disposiciones adoptadas sean puramente transitorias, mientras que la nación ya libre de sus enemigos y más ampliamente representada, se constituya en el modo y forma que juzgue más acertado.

Manzanillo, 10 de Octubre de 1868. El general en jefe, Carlos Manuel de Céspedes.

(Vidal Morales y Morales, Iniciadores y Primeros Mártires de la Revolución Cubana. La Habana, 1901.)

Documento 7

Bando de vagos.

GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE PUERTO RICO. DON SEGUNDO DE LA PORTILLA Y GUTIÉRREZ, condecorado con las grandes cruces de San Hermenegildo, del Mérito Militar roja y de Isabel la Católica, Caballero dos veces de la de San Fernando de Primera clase, y con otras varias por acciones de guerra; Teniente General de los Ejércitos nacionales, Gobernador Capitán General de la isla de Puerto Rico, Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de la misma, del Ayuntamiento de la Capital, Subdelegado de Correos, Vice Real Patrono de Indias en esta Antilla, Director e Inspector de todas las armas e institutos militares, etc., etc.

Entre los varios males que más han afectado conmovido siempre a la sociedad, figura casi en primer término el de la vagancia.

Probado se halla hasta la evidencia que el origen de la mayoría de los crímenes que se expían diariamente en las cárceles, presidios y hasta, por desgracia, en los patíbulos es la vagancia.

El vago, dadas las primeras e imperiosas necesidades de su vida, ha de buscar los medios indispensables para satisfacerlas. Cuales sean éstos en el vago, por hábito y por toda su profesión, lógicamente los comprende un criterio sano, por poco razonador que sea.

Con el agio inmoral, con el hurto, con la estafa y con la asidua concurrencia a los juegos prohibidos, llena sus primeras aspiraciones como principio de gradación en su vida criminal.

Más adelante, encenagado y pervertido su corazón por las mayores necesidades que los vicios le han creado, no se detiene en su carrera ni aparta su vista del insondable abismo hacia el que se precipita ciegamente y cuyas consecuencias podría evitar con facilidad si se detuviera a examinar el fin que, indudablemente, ha de tener, de seguir por tan pernicioso camino.

El que comenzó por ser vago, en este segundo periodo no halla ya inconveniente en recurrir al robo en mayor escala, al asesinato, a la destrucción de la propiedad y al ataque a todo cuanto más sagrado existe en la sociedad humana.

En cambio, el hombre honrado, laborioso, amante de su familia y de todos sus semejantes, procura llenar aquellas mismas necesidades por los medios lícitos y honestos que le son asequibles, y que las leyes y la sociedad han puesto a su alcance.

Este, si con los productos de su trabajo personal no puede atender a las más sagradas obligaciones que le imponen el mundo religioso y social, para llenarlas jamás desciende a manchar su nombre con el delito ni se hace acreedor a que la vindicta pública imprima sobre su frente el infamante estigma de réprobo y de criminal. Busca medios más decorosos para vivir y para ahorrar un porvenir con que pueda hacer frente a la imposibilidad de trabajar en que le colocan los últimos años de su vida; se afana y se aplica por conseguirlo; y, por último, alcanza lo que en la vida es más noble, más elevado y más santo: la tranquilidad de su conciencia, el bienestar dentro de la esfera de sus modestas pretensiones, y el reconocimiento y aprecio de la sociedad en general.

Expuestas las precedentes consideraciones, que en estos momentos creo muy necesarias; atendiendo a que las disposiciones oficiales de carácter j udicial y gubernativo han marcado siempre la más eficaz y absoluta preferencia en perseguir y castigar la vagancia, sea cual fuere la forma con que se presente y la hipócrita máscara con que se cubra; y, resuelto como estoy a que en la siempre culta isla de Puerto Rico no exista vago de género alguno y sí a que sus habitantes adquieran el convencimiento de que el trabajo legítimo es fuente de verdadera producción y riqueza, y prueba inequívoca de moralidad y de respeto a las leyes y a la sociedad;

Ordeno y mando:

Artículo 1.° A contar desde la fecha de la publicación de este Decreto en La Gaceta Oficial, se procederá por todos los Alcaldes-Delegados de esta Isla a poner en práctica y a aplicar con el mayor rigor el Bando sobre vagos de 15 de abril de 1874, hoy vigente.

Artículo 2.° Inmediatamente después de aprehendido un vago que se halle comprendido en el artículo 6.° de dicho Bando y puesto a disposición de la Autoridad local, ésta mandará instruir, en el tiempo más breve que sea posible, el oportuno expediente gubernativo; el cual, con inclusión de la hoja histórico penal del vago, será remitido a este Gobierno General para la resolución que proceda.

Puerto Rico, 17 de abril de 1876. Segundo de La Portilla.

BANDO DE VAGOS QUE SE CITA:

"Teniendo presente las unánimes exposiciones de los Ayuntamientos de esta Isla y de la Excelentísima Diputación Provincial, en que manifiestan la imperiosa necesidad que existe de corregir la vagancia, que tantos males está causando a la agricultura y a la sociedad;

"Considerando que, según se desprenda de dichas exposiciones y he comprobado en la visita que estoy efectuando a los pueblos de la Isla, el abandono en que se halla la clase jornalera en muchas jurisdicciones municipales viene a constituir un grave peligro para el orden público;

A reserva de someter al Gobierno de la República el correspondiente proyecto sobre reglamentación del trabajo y haciendo uso de las facultades que me conceda el artículo 4.°, caso 1.°, del Decreto sobre organización provincial de esta Isla, y los artículos 3.° y 35.0 de la vigente Ley de Orden Público;

"Ordeno y mando lo siguiente:

"Artículo 1.° Serán considerados vagos, para los efectos del presente Bando:

"Primero: Todos los que no tengan rentas, profesión, empleo, oficio u ocupación lícitamente lucrativa y conocida.

"Segundo: Los que, teniendo oficio u ocupación lícita, no se dediquen habitualmente al trabajo.

"Tercero: Los que, dependiendo de un jornal o salario, concurran con frecuencia en días y horas laborables, a cafés, tabernas, pulperías y sitios de recreo y solaz.

"Cuarto: Los ebrios consuetudinarios con escándalo público.

"Artículo 2.° Todo aquel que se halle comprendido en el artículo anterior será llamado por la Autoridad local de su domicilio, la que le amonestará para que varíe de conducta y se dedique al trabajo.

Artícuto 3.0 Transcurrida una semana desde la amonestación, el amonestado deberá justificar haberse dedicado durante aquélla al trabajo y variado de conducta. Si así no lo efectúa o si, con posterioridad, se hiciese acreedor a nuevo llamamiento de la Autoridad, sufrirá ocho días de arresto con destino a las obras públicas municipales o del Estado.

"Artículo 4.° La primera reincidencia se corregirá con 15 días de arresto, con destino a las referidas obras públicas, y con 50 pesetas de multa. La segunda reincidencia, igual número de días de arresto y multa de 150 pesetas.

"Artículo 5.0 Por insolvencia de los multados, sufrirán un día de arresto con trabajo, por cada cinco pesetas, con arreglo al artículo 50 del Código penal vigente en la Península.

"Artículo 6.° Se considerarán incorregibles los vagos que, después de la amonestación y de las tres correcciones expresadas en los artículos anteriores, no morigeren su conducta y no se dediquen al trabajo. En este caso, las Autoridades locales formarán el oportuno expediente gubernativo y, con detención del vago, lo remitirán a mi resolución.

"Artículo 7.0 Las Autoridades locales, auxiliadas de la Guardia Civil, Guardia Municipal y de Orden Público y de los Comisarios de barrio, cumplirán y harán cumplir con toda preferencia y exquisito celo el presente Bando."

SECRETARIA. CIRCULAR.

Habiéndose padecido un error de copia en la Circular inserta en La Gaceta del día 18 del actual, referente a las cédulas de los libertos que, en virtud de la Ley de abolición, entran a gozar de los derechos civiles; señalándolas el valor de una peseta y veinticinco céntimos en vez de una peseta, que es lo que está asignado a cada una de las de los jornaleros, el Excelentísimo Señor Gobernador General ha tenido a bien disponer se subsane esta falta, expresando a ustedes que no se exija por dichas cédulas más de una peseta oficial.

Lo que, de orden de Su Excelencia, manifiesto a ustedes para su puntual cumplimiento. Dios guarde a ustedes muchos años. Puerto Rico, 19 de abril de 1876. El Secretario del Gobierno General, Miguel Ferrer y Plantada. Señores Alcaldes-Delegados de esta Isla.

(La Gaceta de Puerto Rico, 18 de abril de 1876.)

Documento 8

Constitución de Guaímaro.

"Constitución Política que regirá lo que dure la Guerra de Independencia". Artículo 1.0 El Poder Legislativo residirá en una Cámara de Representantes. Art. 2.° A esta Cámara concurrirá igual representación por cada uno de los cuatro estados en que queda desde este instante dividida la Isla. Art. 3.0 Estos estados son: Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente. Art. 4.° Sólo pueden ser representantes los ciudadanos de la República mayores de veinte años. Art. 5.0 El cargo de representante es incompatible con todos los demás de la República. Art. 6.° Cuando ocurran vacantes en la representación de algún estado el ejecutivo del mismo dictará las medidas necesarias para la nueva elección. Art. 7.0 La Cámara de Representantes nombrará el Presidente encargado del Poder Ejecutivo, el General en jefe, el Presidente de las sesiones y demás empleados suyos. El General en jefe está subordinado al Ejecu tivo y debe darle cuenta de sus operaciones. Art. 8.° Ante la Cámara de Representantes deben ser acusados, cuando hubiere lugar, el Presidente de la República, el General en jefe y los miembros de la Cámara. Esta acusación puede hacerse por cualquier ciudadano: si la Cámara la encuentra atendible, someterá el acusado al Poder Judicial. Art. 9.° La Cámara de Representantes puede deponer libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le corresponde. Art. 10.0 Las decisiones legislativas de la Cámara necesitan para ser obligatorias la sanción del Presidente. Art. 11.0 Si no la obtuvieran, volverán inmediatamente a la Cámara para nueva deliberación, en la que se tendrán en cuenta las objeciones que el Presidente presentare. Art. 12.° El Presidente está obligado en el término de diez días á impartir su aprobación á los proyectos de ley ó á negarla. Art. 13.° Acordada por segunda vez una resolución de la Cámara, la sanción será forzosa para el Presidente. Art. 14.° Deben ser objetos indispensablemente de ley: las contribuciones, los empréstitos públicos, la ratificación de los tratados, la declaración y conclusión de la guerra, la autorización al Presidente para conceder patentes de corso, levantar tropas y mantenerlas, proveer y sostener una armada, y la declaración de represalias con respecto al enemigo. Art. 15.0 La Cámara de Representantes se constituye en sesión permanente desde el momento en que los representantes del pueblo ratifiquen esta ley fundamental, hasta que termine la guerra. Art. 16.° El Poder Ejecutivo residirá en el Presidente de la República. Art. 17.° Para ser Presidente se requiere la edad de treinta años y haber nacido en la Isla de Cuba. Art. 18.° El Presidente puede celebrar tratados con la ratificación de la Cámara. Art. 19.° Designará los embajadores, ministros plenipotenciarios y cónsules de la República en los países extranjeros. Art. 20.° Recibirá los embajadores, cuidará de que se ejecuten fielmente las leyes y expedirá sus despachos á todos los empleados de la República. Art. 21.° Los secretarios del despacho serán nombrados por la Cámara á propuesta del Presidente. Art. 22.° El Poder Judicial es independiente, su organización será objeto de una ley especial. Art. 23.° Para ser elector se requieren las mismas condiciones que para ser elejido. Art. 24.° Todos los habitantes de la República son enteramente libres. Art. 25.° Todos los ciudadanos de la República se consideran soldados del Ejército Libertador. Art. 26.° La República no reconoce dignidades, honores especiales, ni privilegio alguno. Art. 27.° Los ciudadanos de la República no podrán admitir honores ni distinciones de un país extranjero. Art. 28.° La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del Pueblo. Art. 29.° Esta Constitución podrá enmendarse cuando la Cámara unánimemente lo determine. Esta Constitución fue votada en el pueblo libre de Guáimaro el 10 de Abril de 1869, por el ciudadano Carlos Manuel de Céspedes, Presidente de la Asamblea Constituyente, y los ciudadanos Diputados Salvador Cisneros Betancourt, Francisco Sánchez, Miguel Betancourt Guerra, Ignacio Agramonte Loynaz, Antonio Zambrana, Jesús Rodríguez, Antonio Alcalá, José Izaguirre, Honorato Castillo, Miguel Geró nimo Gutiérrez, Arcadio García, Tranquilino Valdés, Antonio Lorda y Eduardo Machado.

(Academia de la Historia de Cuba, Constituciones de la República de Cuba, 1952.)

Documento 9

Bases del Partido Revolucionario Cubano.

Artículo 1.0 El Partido Revolucionario Cubano se constituye para lograr, con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la Isla de Cuba, y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico.

Artículo 2.° El Partido Revolucionario Cubano no tiene por objeto precipitar inconsideradamente la guerra en Cuba, ni lanzar a toda costa al país a un movimiento mal dispuesto y discorde, sino ordenar, de acuerdo con cuantos elementos vivos y honrados se le unan, una guerra generosa y breve, encaminada a asegurar en la paz y el trabajo la felicidad de los habitantes de la Isla.

Artículo 3.0 El Partido Revolucionario Cubano reunirá los elementos de revolución hoy existentes y allegará, sin compromisos inmorales con pueblo u hombre alguno, cuantos elementos nuevos pueda, a fin de fundar en Cuba por una guerra de espíritu y método republicanos, una nación capaz de asegurar la dicha durable de sus hijos y de cumplir, en la vida histórica del continente, los deberes difíciles que su situación geográfica le señala.

Artículo 4.° El Partido Revolucionario Cubano no se propone perpetuar en la República Cubana, con formas nuevas o con alteraciones más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legitimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud.

Artículo 5.0 El Partido Revolucionario Cubano no tiene por objeto llevar a Cuba una agrupación victoriosa que considere la Isla como su presa y dominio, sino preparar, con cuantos medios eficaces le permita la libertad del extranjero, la guerra que se ha de hacer para el decoro y bien de todos los cubanos, y entregar a todo el país la patria libre.

Artículo 6.° El Partido Revolucionario Cubano se establece para fundar la patria una, cordial y sagaz, que desde sus trabajos de preparación, y en cada uno de ellos, vaya disponiéndose para salvarse de los peligros internos y externos que la amenacen, y sustituir al desorden económico en que agoniza un sistema de hacienda pública que abra el país inmediatamente a la actividad diversa de sus habitantes.

Artículo 7.0 El Partido Revolucionario Cubano cuidará de no atraerse, con hecho o declaración alguna indiscreta durante su propaganda, la male volencia o suspicacia de los pueblos con quienes la prudencia o el afecto aconseja o impone el mantenimiento de relaciones cordiales.

Artículo 8. - El Partido Revolucionario Cubano tiene por propósitos concretos los siguientes:

1. Unir en un esfuerzo continuo y común la acción de todos los cubanos residentes en el extranjero.

II. Fomentar relaciones sinceras entre los factores históricos y políticos de dentro y fuera de la Isla que puedan contribuir al triunfo rápido de la guerra y a la mayor fuerza y eficacia de las instituciones que después de ella se funden, y deben ir en germen en ella.

III. Propagar en Cuba el conocimiento del espíritu y los métodos de la revolución, y congregar a los habitantes de la Isla en un ánimo favorable a su victoria, por medios que no pongan innecesariamente en riesgo las vidas cubanas.

IV. Allegar fondos de acción para la realización de su programa, a la vez que abrir recursos continuos y numerosos para la guerra.

V.Establecer discretamente con los pueblos amigos relaciones que tiendan a acelerar, con la menor sangre y sacrificios posibles, el éxito de la guerra y la fundación de la nueva República indispensable al equilibrio americano.

Artículo 9.0 El Partido Revolucionario Cubano se regirá conforme a los estatutos secretos que acuerden las organizaciones que lo fundan.

(José Martí, Obras completas, 27 ts., La Habana, Editora Nacional de Cuba, 1963-1973.)

Documento 10

Manifiesto de Montecristi.

El PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBANO A CUBA.

La revolución de independencia, iniciada en Yara después de preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo periodo de guerra, en virtud del orden y acuerdos del Partido Revolucionario en el extranjero y en la Isla, y de la ejemplar congregación en él de todos los elementos consagrados al saneamiento y emancipación del país, para bien de América y del mundo; y los representantes electos de la revolución que hoy se confirma, reconocen y acatan su deber, sin usurpar el acento y las declaraciones sólo propias de la majestad de la república constituida, de repetir ante la patria, que no se ha de ensangrentar sin razón, ni sin justa esperanza de triunfo los propósitos precisos, hijos del juicio y ajenos a la venganza, con que se ha compuesto, y llegará a su victoria nacional, la guerra inextinguible que hoy lleva a los combates, en conmovedora y prudente democracia, los elementos todos de la sociedad de Cuba.

La guerra no es, en el concepto sereno de los que aún hoy la representan, y de la revolución pública y responsable que los eligió, el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, o la humillación siquiera de un grupo equivocado de cubanos; sino la demostración solemne de la voluntad de un país harto probado en la guerra anterior para lanzarse a la ligera en un conflicto sólo terminable por la victoria o el sepulcro, sin causas bastante profundas para sobreponerse a las cobardías humanas y a sus varios disfraces, y sin determinación tan respetable por ir firmadas por la muerte que debe imponer silencio a aquellos cubanos menos venturosos que no se sienten poseídos de igual fe en las capacidades de su pueblo ni de valor con que emanciparlo de su servidumbre.

La guerra no es la tentativa caprichosa de una independencia más temible que útil, que sólo tendrían derecho a demorar o condenar los que mostrasen la virtud y el propósito de conducirla a otra más viable y segura, y que no debe en verdad apetecer a un pueblo que no la pueda sustentar; sino el producto disciplinado de la resolución de hombres enteros que en el reposo de la experiencia se han decidido a encarar otra vez los peligros que conocen, y de la congregación cordial de los cubanos de más diverso origen, convencidos de que en la conquista de la libertad se adquieren mejor que en el abyecto abatimiento las virtudes necesarias para mantenerla.

La guerra no es contra el español, que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que se ganen podrá gozar respetado, y aún amado, de la libertad que sólo arrollará a los que le salgan, imprevisores, al camino. Ni del desorden, ajeno a la moderación probada del espíritu de Cuba, será cuna la guerra; ni de la tiranía. Los que la fomentaron, y pueden aún llevar su voz, declaran en nombre de ella ante la patria su limpieza de todo odio, su indulgencia fraternal para con los cubanos tímidos o equivocados, su radical respeto al decoro del hombre, nervio del combate y cimiento de la república, su certidumbre de la aptitud de la guerra para ordenarse de modo que contenga la redención que la inspira, la relación en que un pueblo debe vivir con los demás, y la realidad que la guerra es, y su terminante voluntad de respetar, y hacer que se respete, al español neutral y honrado, en la guerra y después de ella, y de ser piadosa con el arrepentimiento, e inflexible con el vicio, el crimen y la inhumanidad. En la guerra que se ha reanudado en Cuba no ve la revolución las causas del júbilo que pudiera embargar al heroísmo irreflexivo, sino las responsabilidades que deben preocupar a los fundadores de pueblos.

Entre Cuba en la guerra con la plena seguridad, inaceptable sólo a los cubanos sedentarios y parciales, de la competencia de sus hijos pare obtener el triunfo, por la energía de la revolución pensadora y magnánima, y de la capacidad de los cubanos, cultivada en diez años primeros de fusión sublime, y en las prácticas modernas del gobierno y el trabajo, para salvar la patria desde su raíz de los desacomodos y tanteos, necesarios al principio del siglo, sin comunicaciones y sin preparación en las repúblicas feudales o teóricas de Hispanoamérica. Punible ignorancia o alevosía fuera desconocer las causas a menudo gloriosas y ya generalmente redimidas, de los trastornos americanos, venidos del error de ajustar a moldes extranjeros; de dogma incierto o mera relación a su lugar de origen, la realidad ingenua de los países que conocían solo de las libertades el ansia que las conquista, y la soberanía que se gana por pelear por ellas. La concentración de la cultura meramente literaria en las capitales; el erróneo apego de las repúblicas a las costumbres señoriales de la colonia; la creación de caudillos rivales consiguiente al trato receloso e imperfecto de las comarcas apartadas; la condición rudimentaria de la única industria, agrícola o ganadera; y el abandono y desdén de la fecunda raza indígena en las disputas de credo o localidad que esas causas de los trastornos en los pueblos de América mantenían, no son, de ningún modo los problemas de la sociedad cubana. Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrático y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno; o de cultura mucho mayor, en lo más humilde de él, que las masas llaneras o indias con que, a la voz de los héroes primados de la emancipación, se mudaron de hatos en naciones las silenciosas colonias de América; y en el crucero del mundo, al servicio de la guerra, y a la fundación de la nacionalidad le vienen a Cuba, del trabajo creador y conservador en los pueblos más hábiles del orbe, y del propio esfuerzo en la persecución y miseria del país, los hijos lúcidos, magnates o siervos, que de la época primera de acomodo, ya vencida, entre los componentes heterogéneos de la nación cubana, salieron a preparar, o en la misma Isla continuaron preparando con su propio perfeccionamiento, el de la nacionalidad a que concurren hoy con la firmeza de sus personas laboriosas, y el seguro de su educación republicana. El civismo de sus guerreros; el cultivo y benignidad de sus artesanos; el empleo real y moderno de un número vasto de sus inteligencias y riquezas; la peculiar moderación del campesino sazonado en el destierro y en la guerra; el trato íntimo y diario, y rápida e inevitable unificación de las diversas secciones del país; la admiración recíproca de las virtudes iguales entre los cubanos que de las diferencias de la esclavitud pasaron a la hermandad del sacrificio; y la benevolencia y aptitud creciente del liberto, superiores a los raros ejemplos de su desvío o encono, aseguran a Cuba sin ilícita ilusión, un porvenir en que las condiciones de asiento, y del trabajo inmediato de un pueblo feraz en la república justa, excederán a las de disociación y parcialidad provenientes de la pereza o arrogancia que la guerra a veces cría, del rencor ofensivo de una minoría de amos caída de sus privilegios; de la censurable premura con que una minoría aún invisible de libertos descontentos pudiera aspirar, con violación funesta del albedrío y naturaleza humanos, al respeto social que sola y seguramente ha de venirles de la igualdad probada en las virtudes y talentos; y de la súbita desposesión, en gran parte de los pobladores letrados de las ciudades, de la suntuosidad o abundancia relativa que hoy les viene de las gabelas inmorales y fáciles de la colonia, y de los oficios que habrán de desaparecer con la libertad. -Un pueblo libre, en el trabajo abierto a todos, enclavado a las bocas del universo rico e industrial, sustituirá sin obstáculo, y con ventaja, después de una guerra inspirada en la más pura abnegación, y mantenida conforme a ella, al pueblo avergonzado donde el bienestar sólo se obtiene a cambio de la complicidad expresa o tácita con la tiranía de los extranjeros menesterosos que lo desangran y corrompen. No dudan de Cuba, ni de sus aptitudes para obtener y gobernar su independencia, los que en el heroísmo de la muerte y en el de la fundación callada de la patria, ven resplandecer de continuo, en grandes y en pequeños, las dotes de concordia y sensatez sólo inadvertibles para los que, fuera del alma real de su país, lo juzgan, en el arrogante concepto de sí propios, sin más poder de rebeldía y creación que el que asoma tímidamente en la servidumbre de sus quehaceres coloniales.

De otro temor quisiera acaso valerse hoy, so pretexto de prudencia, la cobardía: el temor insensato; y jamás en Cuba justificado, a la raza negra. La revolución, con su carga de mártires, y de guerreros subordinados y generosos, desmiente indignada, como desmiente la larga prueba de la emigración y de la tregua en la Isla, la tacha de amenaza de la raza negra con que se quisiese inicuamente levantar, por los beneficiarios del régimen de España, el miedo a la revolución. Cubanos hay ya en Cuba de uno y otro color, olvidados para siempre con la guerra emancipadora y el trabajo donde unidos se gradúo del odio en que los pudo dividir la esclavitud. La novedad y aspereza de las relaciones sociales, consiguientes a la mudanza súbita del hombre ajeno en propio, son menores que la sincera estimación del cubano blanco por el alma igual, la afanosa cultura, el fervor de hombre libre, y el amable carácter de su compatriota negro. Y si a la raza le naciesen demagogos inmundos, o almas ávidas cuya impaciencia propia azuzase la de su color, o en quienes se convirtiera en injusticia con los demás la piedad por los suyos, con su agradecimiento y su cordura, y su amor a la patria, con su convicción de la necesidad de desautorizar por la prueba patente de la inteligencia y la virtud del cubano negro la opinión que aún reine de su incapacidad para ellas, y con la posesión de todo lo real del derecho humano, y el consuelo y la fuerza de la estimación de cuanto en los cubanos blancos hay de justo y generoso, la misma raza extirparía en Cuba el peligro negro, sin que tuviera que alzarse a él una sola mano blanca. La revolución lo sabe y lo proclama: la emigración lo proclama también. Allí no tiene el cubano negro escuelas de ira, como no tuvo en la guerra una sola culpa de ensoberbecimiento indebido o de insubordinación. En sus hombros anduvo segura la república a que no atentó jamás. Sólo los que odian al negro ven en el negro odio; y los que con semejante miedo injusto traficasen, para sujetar, con inapetecible oficio, las manos que pudieran erguirse a expulsar de la tierra cubana al ocupante corruptor.

En los habitantes españoles de Cuba, en vez de la deshonrosa ira de la primera guerra espera hallar la revolución, que ni lisonjea ni teme, tan afectuosa neutralidad o tan veraz ayuda, que por ellas vendrán a ser la guerra más breve, sus desastres menores, y más fácil y amiga la paz en que han de vivir juntos padres e hijos. Los cubanos empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos maltraten, y no se les maltratará. Respeten, y se les respetará. Al acero responda el acero, y la amistad a la amistad. En el pecho antillano no hay odio; y el cubano saluda en la muerte al español a quien la crueldad del ejercicio forzoso arrancó de su casa y su terruño para venir a asesinar en pechos de hombre la libertad que él mismo ansía. Más que saludarlo en la muerte, quisiera la revolución acogerlo en vida; y la república será tranquilo hogar para cuantos españoles de trabajo y honor gocen en ella de la libertad y bienes que no han de hallar aún por largo tiempo en la lentitud, desidia, y vicios políticos de la tierra propia. Este es el corazón de Cuba, y así será la guerra. ¿Qué enemigos españoles tendrá verdaderamente la revolución? ¿Será el ejército, republicano en mucha parte, que ha aprendido a respetar nuestro valor, como nosotros respetamos el suyo, y más sienten impulsos a veces de unírsenos que de combatirnos? ¿Serán los quintos, educados ya en las ideas de humanidad, contrarias a derramar sangre de sus semejantes en provecho de un cetro inútil o una patria codiciosa, los quintos segados en la flor de su juventud para venir a defender, contra un pueblo que los acogería alegre como ciudadanos libres, un trono mal sujeto, sobre la nación vendida por sus guías, con la complicidad de sus privilegios y sus logros? ¿Será la masa, hoy humana y culta, de artesanos y dependientes, a quienes, so pretexto de patria, arrastró ayer a la ferocidad y al crimen el interés de los españoles acaudalados que hoy, con lo más de sus fortunas salvas en España, muestran menos celo que aquel con que ensangrentaron la tierra de su riqueza cuando los sorprendió en ella la guerra con toda su fortuna? ¿O serán los fundadores de familias y de industrias cubanas, fatigados ya del fraude de España y de su desgobierno, y como el cubano vejados y oprimidos, los que, ingratos e imprudentes, sin miramiento por la paz de sus casas y la conservación de una riqueza que el régimen de España amenaza más que la revolución, se revuelvan contra la tierra que de tristes rústicos los ha hecho esposos felices, y dueños de una prole capaz de morir sin odio por asegurar al padre sangriento un suelo libre al fin de la discordia permanente entre el criollo y el peninsular; donde la honrada fortuna pueda mantenerse sin cohecho y desarrollarse sin zozobra, y el hijo no vea entre el beso de sus labios y la mano de su padre la sombra aborrecida del opresor? ¿Qué suerte eligirán los españoles: la guerra sin tregua, confesa o disimulada, que amenaza y perturba las relaciones siempre inquietas y violentas del país, o la paz definitiva, que jamás se conseguirá en Cuba sino con la independencia? ¿Enconarán y ensangrentarán los españoles arraigados en Cuba la guerra en que puedan quedar vencidos? ¿Ni con qué derecho nos odiarán los españoles, si los cubanos no los odiamos? La revolución emplea sin miedo este lenguaje, porque el decreto de emancipar de una vez a Cuba de la ineptitud y corrupción irremediables del gobierno de España, y abrirla franca para todos los hombres al mundo nuevo, es tan terminante como la voluntad de mirar como a cubanos, sin tibio corazón ni amargas memorias, a los españoles que por su pasión de libertad ayuden a conquistarla en Cuba, y a los que con su respeto a la guerra de hoy rescaten la sangre que en la de ayer manó a sus golpes del pecho de sus hijos.

En las formas que se dé la revolución, conocedora de su desinterés, no hallará sin duda pretexto de reproche la vigilante cobardía, que en los errores formales del país naciente, o en su poca suma visible de república, pudiese procurar razón con que negarle la sangre que le adeuda. No tendrá el patriotismo puro causa de temor por la dignidad y suerte futura de la patria.-La dificultad de las guerras de independencia en América, y las de sus primeras nacionalidades, ha estado, más que en la discordia de sus héroes, y en la emulación y recelo inherentes al hombre, en la falta oportuna de forma que a la vez contenga el espíritu de redención que, con apoyo de ímpetus menores, promueve y nutre la guerra, y en las prácticas necesarias a la guerra, y que ésta debe desembarazar y sostener. En la guerra inicial se ha de hallar el país maneras tales de gobierno que a un tiempo satisfagan la inteligencia madura y suspicaz de sus hijos cultos, y las condiciones requeridas para la ayuda y respeto de los demás pueblos -y permitan en vez de entrabar - el desarrollo pleno y término rápido de la guerra fatalmente necesaria a la felicidad pública. Desde sus raíces se ha de constituir la patria con formas viables, y de sí propia nacidas, de modo que un gobierno sin realidad ni sanción no la conduzca a las parcialidades de la tiranía.-Sin atentar, con desordenado concepto de su deber, al uso de las facultades íntegras de constitución, con que se ordenen y acomoden, en su responsabilidad peculiar ante el mundo contemporáneo, liberal e impaciente, los elementos expertos y novicios, por igual movidos de ímpetu ejecutivo y pureza ideal, que con nobleza idéntica, y el título inexpugnable de su sangre, se lanzan tras el alma y guía de los primeros héroes, a abrir a la humanidad una república trabajadora; sólo es lícito al Partido Revolucionario Cubano declarar su fe en que la revolución ha de hallar formas que le aseguren, en la unidad y vigor indispensables a una guerra culta, el entusiasmo de los cubanos, la confianza de los españoles y la amistad del mundo. Conocer y fijar la realidad; componer en molde natural, la realidad de las ideas que producen o apagan los hechos, y la de los hechos que nacen de las ideas; ordenar la revolución del decoro, el sacrificio y la cultura de modo que no quede el decoro de un solo hombre lastimado, ni el sacrificio parezca inútil a un solo cubano, ni la revolución inferior a la cultura del país, no a la extranjeriza y desautorizada cultura que se enajena al respeto de los hombres viriles por la ineficacia de sus resultados y el contraste lastimoso entre la poquedad real y la arrogancia de sus estériles poseedores, sino al profundo conocimiento de la labor del hombre en el rescate y sostén de su dignidad: ésos son los deberes, y los intentos, de la revolución. Ella se regirá de modo que la guerra pujante y capaz dé pronto casa firme a la nueva república.

La guerra sana y vigorosa desde el nacer con que hoy reanuda Cuba, con todas las ventajas de su experiencia, y la victoria asegurada a las determina ciones finales, el esfuerzo exceloso, jamás recordado sin unción, de sus inmarcesibles héroes, no es sólo hoy el piadoso anhelo de dar vida plena al pueblo que, bajo la inmoralidad y ocupación crecientes de un amo inepto, desmigaja o pierde su fuerza superior en la patria sofocada o en los destierros esparcidos. Ni es la guerra el insuficiente prurito de conquistar a Cuba con el sacrificio tentador, la independencia política, que sin derecho pediría a los cubanos su brazo si con ella no fuese la esperanza de crear una patria más a la libertad del pensamiento, la equidad de las costumbres, y la paz del trabajo. La guerra de independencia de Cuba, nudo del haz de islas donde se ha de cruzar, en plazo de pocos años, el comercio de los continentes, es suceso de gran alcance humano, y servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas presta a la firmeza y trato justo de las naciones americanas, y al equilibrio aún vacilante del mundo. Honra y conmueve pensar que cuando cae en tierra de Cuba un guerrero de la independencia, abandonado tal vez por los pueblos incautos o indiferentes a quienes se inmola, cae por el bien mayor del hombre, la confirmación de la república moral en América, y la creación de un archipiélago libre donde las naciones respetuosas derramen las riquezas que a su paso han de caer sobre el crucero del mundo. ¡Apenas podría creerse que con semejantes mártires, y tal porvenir, hubiera cubanos que atasen a Cuba a la monarquía podrida y aldeana de España, y a su miseria inerte y viciosa!

A la revolución cumplirá mañana el deber de explicar de nuevo al país y a las naciones las causas locales, y de idea e interés universal, con que para el adelanto y servicio de la humanidad reanuda el pueblo emancipador de Yara y de Guáimaro una guerra digna del respeto de sus enemigos y el apoyo de los pueblos, por su rígido concepto del derecho del hombre, y su aborrecimiento de la venganza estéril y la devastación inútil. Hoy, al proclamar desde el umbral de la tierra veneranda el espíritu y doctrinas que produjeron y alientan la guerra entera y humanitaria en que se une aún más el pueblo de Cuba, invencible e indivisible séanos lícito invocar, como guía y ayuda de nuestro pueblo, a los magnánimos fundadores, cuya labor renueva el país agradecido, y al honor, que ha de impedir a los cubanos herir, de palabra o de obra, a los que mueren por ellos. Y al declarar así en nombre de la patria, y deponer ante ella y ante su libre facultad de constitución, la obra idéntica de dos generaciones, suscriben juntos la declaración, por la responsabilidad común de su representación y en muestra de la unidad y solidez de la revolución cubana, el Delegado del Partido Revolucionario Cubano, creado pare ordenar y auxiliar la guerra actual, y el General en jefe electo en él por todos los miembros activos del Ejército Libertador.

Montecristi, 25 de marzo de 1895. José Martí. Máximo Gómez.

(José Martí, Obras completas, 27 vols., La Habana, Editora Nacional, 1963-1973.)

Documento 11

"Ley de Abolición" (Puerto Rico, 22 de marzo de 1873).

Artículo 1.0 Queda abolida para siempre la esclavitud en la Isla de Puerto Rico.

Artículo 2.° Los libertos quedan obligados a celebrar contratos con sus actuales poseedores, con otras personas o con el Estado, por un tiempo que no bajará de tres años.

En estos contratos intervendrán, con el carácter de curadores de los libertos, tres funcionarios especiales nombrados por el Gobierno Superior, con el nombre de Protectores de los libertos.

Artículo 3.0 Los poseedores de esclavos serán indemnizados de su valor en el término de seis meses después de publicada esta ley en La Gaceta de Madrid. Los poseedores con quienes no quisieran celebrar contratos sus antiguos esclavos, obtendrán un beneficio de 23% sobre la indemnización que hubiera de corresponderle[s] en otro caso.

Artículo 4.° Esta indemnización se fija en la cantidad de 35 millones de pesetas, que se hará en efectivo, mediante un empréstito que realizará el Gobierno sobre la exclusive garantía de las rentas de la Isla de Puerto Rico, comprendiendo en los presupuestos de la misma la cantidad de tres millones quinientas mil pesetas anuales para intereses y amortización de dicho empréstito.

Artículo 5.0 La distribución se hará por una Junta compuesta del Gobernador Superior Civil de la Isla, Presidente, Jefe Económico, del Fiscal de la Audiencia, de tres Diputados Provinciales elegidos por la Diputación, del Síndico del Ayuntamiento de la Capital, de dos propietarios elegidos por los 50 poseedores del mayor número de esclavos, y de otros dos elegidos por los 50 poseedores del menor número. Los acuerdos de esta comisión serán tomados por mayoría de votos.

Artículo 6.° Si el Gobierno colocase el empréstito, entregaran los títulos a los actuales poseedores de esclavos.

Artículo 7.0 Los libertos entrarán en el pleno goce de los derechos políticos a los cinco años de publicada la Ley en La Gaceta de Madrid.

Artículo 8.° El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para la ejecución de esta Ley y atender a las necesidades de beneficencia y de trabajo que la misma hiciera precisas.

Asamblea Nacional, 22 de marzo de 1873. Francisco Salmerón y Alonso, Presidente. Eduardo Benot, Representante Secretario. Federico Balart, Representante Secretario.

(El Proceso abolicionista en Puerto Rico: documentos para su estudio. Vol. 2: Procesos y efectos de la abolición: 1866-18961

Introducción de Arturo Morales Carrión. San Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1978.)

Documento 12

José Martí: "Mi raza'.

Esa de racista está siendo una palabra confusa y hay que ponerla en claro. El hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza o a otra: dígase hombre, y ya se dicen todos los derechos. El negro, por negro, no es inferior ni superior a ningún otro hombre; peca por redundante el blanco que dice: "Mi raza"; peca por redundante el negro que dice: "Mi raza". Todo lo que divide a los hombres, todo lo que especifica, aparta o acorrala es un pecado contra la humanidad. ¿A qué blanco sensato le ocurre envanecerse de ser blanco, y qué piensan los negros del blanco que se envanece de serlo y cree que tiene derechos especiales por serlo? ¿Qué han de pensar los blancos del negro que se envanece de su color? Insistir en las divisiones de raza, en las diferencias de raza, de un pueblo naturalmente dividido, es dificultar la ventura pública y la individual, que están en el mayor acercamiento de los factores que han de vivir en común. Si se dice que en el negro no hay culpa aborigen ni virus que lo inhabilite para desenvolver toda su alma de hombre, se dice la verdad, y ha de decirse y demostrarse, porque la injusticia de este mundo es mucha, y es mucha la ignorancia que pasa por sabiduría, y aún hay quien crea de buena fe al negro incapaz de la inteligencia y corazón del blanco; y si a esa defensa de la naturaleza se la llama racismo, no importa que se la llame así, porque no es más que decoro natural y voz que dama del pecho del hombre por la paz y la vida del país. Si se aleja de la condición de esclavitud, no acusa inferioridad la raza esclava, puesto que los galos blancos, de ojos azules y cabellos de oro, se vendieron como siervos, con la argolla al cuello, en los mercados de Roma; eso es racismo bueno, porque es pura justicia y ayuda a quitar prejuicios al blanco ignorante. Pero ahí acaba el racismo justo, que es el derecho del negro a mantener y a probar que su color no le priva de ninguna de las capacidades y derechos de la especie humana.

El racista blanco, que le cree a su raza derechos superiores, ¿qué derechos tiene para quejarse del racista negro que también le vea especialidad a su raza? El racista negro, que ve en la raza un carácter especial, ¿qué derecho tiene para quejarse del racista blanco? El hombre blanco que, por razón de su raza, se cree superior al hombre negro, admite la idea de la raza y autoriza y provoca al racista negro. El hombre negro que proclama su raza, cuando lo que acaso proclama únicamente en esta forma errónea es la identidad espiritual de todas las razas, autoriza y provoca al racista blanco. La paz pide los derechos comunes de la naturaleza; los derechos diferenciales, contrarios a la naturaleza, son enemigos de la paz. El blanco que se aísla, aísla al negro. El negro que se aísla, provoca a aislarse al blanco.

En Cuba no hay temor a la guerra de razas. Hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. En los campos de batalla murieron por Cuba, han subido juntas por los aires, las almas de los blancos y de los negros. En la vida diaria de defensa, de lealtad, de hermandad, de astucia, al lado de cada blanco hubo siempre un negro. Los negros, como los blancos, se dividen por sus caracteres, tímidos o valerosos, abnegados o egoístas, en los partidos diversos en que se agrupan los hombres. Los partidos políticos son agregados de preocupaciones, de aspiraciones, de intereses y de caracteres. Lo semejante esencial se busca y halla por sobre las diferencias de detalle; y lo fundamental de los caracteres análogos se funde en los partidos, aunque en lo incidental o en lo postergable al móvil común difieran. Pero en suma, la semejanza de los caracteres, superior como factor de unión a las relaciones internas de un color de hombres graduado y en su grado a veces opuesto, decide e impera en la formación de los partidos. La afinidad de los caracteres es más poderosa entre los hombres que la afinidad del color. Los negros, distribuidos en las especialidades diversas u hostiles del espíritu humano, jamás se podrán ligar, ni desearán ligarse, contra el blanco, distribuido en las mismas especialidades. Los negros están demasiado cansados de la esclavitud para entrar voluntariamente en la esclavitud del color. Los hombres de pompa e interés se irán de un lado, blancos o negros; y los hombres generosos y desinteresados se irán de otro. Los hombres verdaderos, negros o blancos, se tratarán con lealtad y ternura, por el gusto del mérito y el orgullo de todo lo que honre la tierra en que nacimos, negro o blanco. La palabra racista caerá de los labios de los negros que la usan hoy de buena fe, cuando entiendan que ella es el único argumento de apariencia válida y de validez en hombres sinceros y asustadizos, para negar al negro la plenitud de sus derechos de hombre. Dos racistas serían igualmente culpables: el racista blanco y el racista negro. Muchos blancos se han olvidado ya de su color, y muchos negros. Juntos trabajan, blancos y negros, por el cultivo de la mente, por la propagación de la virtud, por el triunfo del trabajo creador y de la caridad sublime.

En Cuba no hay nunca guerra de razas. La República no se puede volver atrás; y la República, desde el día único de redención del negro en Cuba, desde la primera constitución de la independencia el 10 de abril en Guáimaro, no habló nunca de blancos ni de negros. Los derechos públicos, concedidos ya de pura astucia por el Gobierno español e iniciados en las costumbres antes de la independencia de la Isla, no podrán ya ser negados, ni por el español que los mantendrá mientras aliente en Cuba para seguir dividiendo al cubano negro del cubano blanco, ni por la independencia que no podría negar en la libertad los derechos que el español reconoció en la servidumbre.

Y en lo demás, cada cual será libre en lo sagrado de la casa. El mérito, la prueba patente y continua de cultura y el comercio inexorable acabarán de unir a los hombres. En Cuba hay mucha grandeza en negros y blancos.

(José Martí, "Mi raza", Patria, Nueva York, 16 de abril de 1893.)

Parte I

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