Inseguridad y violencia en Venezuela

– Informe 2008 –

ROBERTO BRICEÑO-LEÓN
OLGA ÁVILA
ALBERTO CAMARDIEL

@ovv_violencia

Introducción

En Venezuela, el período 2007-2008 estuvo marcado por un notable incremento de los ingresos petroleros y de los homicidios. En este corto tiempo, el país tuvo riqueza y asesinatos como nunca antes. Una paradoja difícil de entender; una paradoja que se resiste a las explicaciones simples.

El incremento sorpresivo del precio del barril de petróleo, durante los meses de julio de 2007 a julio de 2008, trajo al país una cantidad de recursos difíciles de imaginar por el ciudadano común. Para un país que vive de la renta petrolera eso significó, nuevamente, una gran riqueza caída del cielo, pues no hubo aumento ni en la producción, ni en la productividad, sino en la renta. Entre 1998 y el año 2008, los precios del petróleo se multiplicaron por doce y el número de homicidios se multiplicó por tres.

Este escándalo de muertes sin sentido se encuentra acompañado de un notable silencio oficial. Hay un mutismo escandaloso de cifras y políticas públicas. Las autoridades responsables de las políticas de seguridad ciudadana no han mostrado al país ni sus archivos, ni sus posiciones para explicar ese desmedido y doloroso aumento de la violencia en Venezuela.

Hace unos años, Venezuela no aparecía en los anales de violencia y hoy en día es, junto con El Salvador, uno de los dos países más violentos de América Latina; más que Colombia y mucho más que Brasil y México, naciones con las cuales solíamos compararnos en estas contabilidades. Caracas es, con creces, la capital más violenta de América Latina.

Esta dura realidad amerita explicaciones adecuadas, para poder entender lo que sucede y para poder contribuir a atenuar el dolor de tantas madres y tantos hijos que ven morir a sus familiares. Ése es el propósito de este libro y de las múltiples miradas que aquí se aportan: sociólogos, psicólogos, abogados, criminólogos, estadísticos, politólogos, comunicadores sociales, todos colocan, desde su experiencia y experticia, su grano humilde de arena para describir, comprender y explicar la reciente epidemia de violencia en Venezuela.

Para estudiar la violencia se utilizaron múltiples herramientas de investigación científica: se hizo una encuesta por muestreo en 21 estados del país, en julio de 2008, en la cual se le preguntó a personas que fueron seleccionadas en sus casas acerca de sus experiencias y opiniones sobre la violencia. Se llevaron a cabo entrevistas en grupos focales en siete ciudades, con personas de los sectores D y E, los más pobres de la sociedad. Se reporta la observación directa de quienes trabajan y están en contacto con víctimas y victimarios en las zonas violentas; y se utilizó, también, la observación participante de quienes no sólo trabajan, sino que además viven y duermen, compartiendo sueños y riesgos, con la población de los barrios populares, que son los espacios donde se comete el mayor número de asesinatos del país.

Este libro es el fruto de un sostenido trabajo de colaboración entre grupos de investigación de las universidades nacionales. Por un lado, es el resultado de un proyecto de trabajo de grupos que han recibido apoyo financiero del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT) y que ha permitido el encuentro, diálogo y polémica, pero siempre cooperación científica, amistosa y respetuosa, entre tres instituciones: el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Instituto de Criminología Lolita Aniyar de Castro de la Universidad del Zulia (LUZ) y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). En ese trabajo han sido figuras centrales por la Universidad Central de Venezuela, los profesores Elsie Rosales y Carmelo Borrego, actual director del Instituto de Ciencias Penales, y las profesoras investigadoras Carmen Luisa Roche, María Josefina Ferrer, Gilda Núñez y Neelie Pérez. Por la Universidad del Zulia, los profesores investigadores Alexis Romero, Raima Rujano y Miguel Ángel Romero, así como Jesús Enrique Párraga, actual director del Instituto de Criminología. Y por LACSO, los profesores Olga Ávila, Alberto Camardiel, Verónica Zubillaga y quien esta nota escribe.

Adicional a este grupo de trabajo se conformó, con el aporte de otras dos universidades nacionales, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Estas dos casas de estudio fueron la Universidad Católica del Táchira (UCAT) y la Universidad de Oriente (UDO), a través de la Dirección de Cultura del Núcleo de Cumaná y del Departamento de Medicina Preventiva y Social del Núcleo de Ciudad Bolívar. Con ambas instituciones se procuraba incrementar la experticia, así como tener una visión más completa del país, al incluir en los análisis a dos zonas importantes como son el oriente del país y la frontera colombo-venezolana.

Todos ellos participan y contribuyen, con sus ideas y experiencias, en este libro. Pero hay otros autores, pues quisimos incluir en estas páginas el aporte de investigadores y profesores universitarios, expertos en el área de violencia y sociedad, como son el doctor Alejandro Moreno (UCV), sacerdote y psicólogo, con años viviendo en un barrio, autor de dos importantes libros sobre violencia; las doctoras Gloria Perdomo y Helen Ruiz, con años de experiencia en la protección de los jóvenes y niños; el doctor Francisco Rodríguez, de la Escuela de Medicina de la UDO, estudioso de la relación entre salud y sociedad; la doctora Gladys Villarroel (UCV), experta en cultura política y democracia; y la socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), María Teresa García-Ponte.

Se incorporan, también, un estudio sobre armas de fuego que presenta el sociólogo Luis Cedeño, actual director del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC), y otro sobre la representación de la violencia en la ciudad en el cine venezolano, que escribió la socióloga Belkis Suárez y que forma parte de la tesis doctoral que realiza en una universidad norteamericana. Adicionalmente, quisimos incluir la contribución de comunicadores sociales que cubren la fuente de sucesos para importantes medios de la prensa escrita nacional: Javier Ignacio Mayorca de El Nacional; María Isoliett Iglesias de El Universal y Carmen Julia Viloria de El Impulso (Barquisimeto). Ellos están diariamente en contacto con los crímenes, las víctimas y los victimarios; ellos escuchan y nos trasmiten en sus escritos el llanto de los familiares, la rabia de los sobrevivientes, el reclamo de los vecinos.

La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial. Múltiples y complejas han de ser, también, las miradas interpretativas y las respuestas que deben darse para su prevención y control. El país reclama detener la epidemia de violencia, pero desea, mucho más allá, la paz. Una cultura de la paz que no es sólo la ausencia de la guerra o de la muerte intencional, sino también la construcción de la convivencia y el reencuentro entre los individuos de cualquier tendencia política, preferencia ideológica o posición social. Venezuela ha tenido la dicha de contar con años de bonanza económica que han debido traducirse en bienestar y desarrollo sustentable, en inclusión y dignidad para las personas, en paz y vida. Los resultados son escasos; el balance es negativo; la tarea sigue pendiente.

Roberto Briceño-León
Saint Antony’s College,
Oxford, 20 de octubre de 2008

Primera parte

Venezuela en un mundo de violencia globalizada
Roberto Briceño-León

Hasta los años ochenta del siglo pasado, la violencia interpersonal en América Latina –los homicidios y las lesiones– se investigaba de una manera muy similar al resto del mundo, es decir, se interpretaba como fenómeno individual que era investigado por policías y criminólogos y, cuando se avanzaba a la fase judicial, por abogados penalistas.

La investigación e interpretación del fenómeno se hacía siempre desde una perspectiva individual; se procuraba conocer los motivos personales que habían llevado a la conducta desviada de la comisión del delito y, cuando mucho, se indagaba para entender las razones que habían llevado a fracasar los mecanismos de control social y, si todavía los casos escapaban a los límites de la racionalidad, se apelaba a la psiquiatría.

Sin embargo, en los años ochenta se inició un incremento notable en el número de homicidios de América Latina, que afectó tanto a los países que ya tenían altas incidencias, como a aquellos donde había pocos asesinatos. Este incremento fue considerado una suerte de epidemia que alarmó tanto a la sociedad como a las autoridades. Las magnitudes que adquirió el fenómeno en las décadas siguientes llevaron a considerar a los homicidios como un problema de salud pública y forzaron a trabajar esa realidad desde una perspectiva diferente, pues la tasa de mortalidad por homicidios se hizo, en algunos países, comparable con la tasa de mortalidad que ocurría por una enfermedad tan letal como lo había sido la malaria antes de las campañas de control con DDT a mitad del siglo pasado: entre 30 y 50 muertes por cada cien mil habitantes.

A partir de ese momento, se introduce una perspectiva de estudio distinta y se incorpora la mirada comprensiva de la sociología y la epidemiología. En el famoso texto de Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, éste había escrito que el delito y el crimen forman parte de la normalidad social, pues la transgresión y el delito existen en todas las sociedades. La afirmación resulta verdadera: en todas las sociedades se cometen homicidios; sin embargo, existe una gran diferencia entre decenas de muertes a decenas de miles de asesinatos, cuando la tasa es de menos de un homicidio por cada cien mil habitantes, como en Japón o Alemania, a cuando hay más de cincuenta por cada cien mil habitantes, como ocurre en El Salvador o Venezuela.

Los homicidios en el mundo contemporáneo

La Organización Mundial de la Salud, OMS, preparó un estudio llamado World Report on Violence and Health[1] en el cual presenta un panorama de la situación de violencia en las distintas regiones y países del mundo. Para la OMS, este tipo de muerte se corresponde a lo que en términos tradicionales se ha definido en los manuales que usan los médicos forenses y los epidemiólogos para la clasificación de las defunciones como «grupo 5» o «causas externas». En este acápite de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con las Salud, décima revisión[2] se incluyen los homicidios, los suicidios, los accidentes y también las lesiones legales; es decir, las defunciones como aplicación de la pena de muerte. En el informe mundial, y para fines de estudio de su impacto sobre la salud, se hacen precisiones adicionales y se define la violencia[3] diciendo que es:

«El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones».

Esta definición de violencia es muy similar a la que, de forma más breve, hemos usado los investigadores de América Latina[4] y que dice es:

«El uso o amenaza de uso de la fuerza física con el propósito de dañar a otros o a uno mismo».

Según los cálculos de la OMS y usando dicha definición, se estima que para el año 2000 ocurrieron cerca de 1,6 millones de muertes por violencia en el mundo. Esas muertes las clasifica el informe en tres tipos: los suicidios, que son la mayoría de los óbitos; los homicidios, que están en segundo lugar y, sorprendentemente, las muertes en situaciones de guerra, que tienen un menor número que los dos anteriores (ver cuadro 1.1).

Como puede observarse en el cuadro 1.1, la tasa de homicidios a nivel mundial es de 8,8 muertes por cada cien mil habitantes, muy inferior a los suicidios. Sin embargo, esta situación no es similar en todo el mundo, pues como muestra el cuadro 1.2 hay regiones como África o las Américas que tienen tres veces más homicidios que suicidios, mientras que en Europa y el Pacífico la situación es exactamente la contraria.

Los homicidios también varían de acuerdo con el nivel e ingresos de los países y es así que cuando se comparan los países de altos ingresos con los países de ingresos medios o bajos, la tasa de homicidios de estos últimos duplican a la de los primeros. En los países de ingresos medios y bajos, se cometieron cerca de millón y medio de homicidios en el años 2000, para una tasa de 28,8 muertes por cada cien mil habitantes; mientras que en los países de altos ingresos, ocurrieron cerca de ciento cincuenta mil homicidios –diez veces menos–, para una tasa de homicidios de 14,4, que representa la mitad de la existente en los países de menores ingresos.

La situación en los países de ingresos altos muestra una tasa disímil de homicidios. La mayoría de las naciones tiene una tasa cercana a 1 homicidio por cada cien mil habitantes, siendo las más bajas Inglaterra y Gales, y Japón, con 0,5 y 0,6, respectivamente; mientras que las más altas son las de Italia, Canadá y Bélgica, con 1,4 y Australia con 1,6. En contraparte, hay otros países que muestran una tasa muy elevada, como los Estados Unidos, que es siete veces mayor a los otros países que tienen condiciones sociales muy similares; y la de Rusia, que llega a 22,2, una situación excepcional en Europa y Asia y muy parecida a la de algunos países de América Latina (cuadro 1.3).

Ahora bien, según las tasas que se muestran en el cuadro 1.2, pareciera que África es la región más violenta del mundo, seguida por las Américas, pero dos observaciones deben hacerse para poder tener una idea exacta de lo que sucede. En primer, lugar, obsérvese que el nombre que se le da a la región está escrito en plural: las «Américas»; y es así porque ése es el nombre oficial que usa la OMS para referirse a todo el continente y por tanto incluye también a Estados Unidos y Canadá, así como a las islas anglosajonas del Caribe y los dominios territoriales de países europeos. Por tanto, si excluimos estos dos países y los territorios que, como hemos referido, tienen una tasa de homicidios baja, como en el caso de Canadá, y no tan baja, como en el caso de Estados Unidos, tendremos que América Latina supera las cifras de África y pasa a ser la región más violenta del planeta. Pero África, por otras razones, se mantiene como una región de altísima violencia, pues las muertes derivan de las guerras nacionales y tribales que azotan la región, que muestra una tasa de 52,9 muertes por cada cien mil habitantes, lo cual es una situación muy distinta a la existente en América Latina, donde hay una tasa de 3,6 muertes en situaciones de guerra por cada cien mil habitantes.

Las variaciones de la situación de violencia homicida en América Latina

Pero la situación a lo interno de América Latina muestra, también, diferencias muy significativas entre un país y otro. Si tomamos como referencia la tasa de homicidios media a nivel mundial, de 8,8 por cada cien mil habitantes, podemos encontrar algunas diferencias importantes.

La primera diferencia radica entre los países cuya tasa de homicidios es menor que la tasa media mundial de homicidios y aquellos otros cuya tasa es mayor que la media mundial. Como puede observarse en el cuadro 1.4, hay un grupo de países cuyas tasas están por debajo de la media mundial: Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y por tanto pueden considerarse como sociedades donde la violencia existe, como en todas partes, pero constituye un problema menor, ya que aunque en estos países la tasa de homicidios es superior a la existente en la mayor parte de Europa, es inferior a la existente en Estados Unidos. En el resto de los países de la región estudiados, la tasa nacional está por encima de la tasa media mundial y allí sí constituye un problema importante o grave.

La segunda diferencia se encuentra entre los países cuyas tasa de homicidios está por encima de la tasa mundial, pues la situación también es disímil entre ellos. Allí hemos establecido la existencia de tres grupos de acuerdo con la relación que tenga la tasa nacional con el promedio mundial: si es mayor, pero no llega a duplicarla, se trata de un grupo; si la duplica, es el segundo grupo; y si al menos la triplica, es el tercer grupo. Como se muestra en el cuadro 1.4, países como Perú, Nicaragua y Ecuador tienen una violencia media, pues no alcanzan a duplicar la tasa media mundial.

Otros países sí duplican la tasa mundial y en este grupo se encuentran, en la actualidad, Brasil y México, pues Venezuela, que hasta comienzos del nuevo siglo formaba parte de ese grupo, ahora está en el siguiente, conformado por países que triplican la tasa mundial. En este grupo está Colombia, que es un país que ha tenido una guerra interna y varios grupos armados de guerrillas y paramilitares; y El Salvador, que tuvo una cruenta guerra interna. Venezuela y Honduras, que no han tenido guerras, tienen una situación política interna que ha generado una gran expansión de las bandas criminales.

Pero, ¿cómo podemos entender la diferencia que existe entre estos países? La hipótesis que formulamos dice que la diferencia entre los niveles de violencia, medida por la tasa de homicidios, se encuentra asociada a los niveles de urbanización del país y los niveles de pobreza en sus hogares. Para que exista un nivel alto de violencia se requiere la presencia de las dos variables explicativas y, por tanto, la mayor incidencia de homicidios se produce en los países que tienen un alto grado de urbanización (un porcentaje elevado de su población viviendo en ciudades) y, al mismo tiempo, tienen muchos hogares en condición de pobreza. Ése es el caso del grupo 2, de países ubicados en el medio del cuadro 1.5: Brasil, México, Colombia, El Salvador y Venezuela.

Pero si en uno de los países sólo se halla presente una de las dos variables explicativas consideradas y la otra está ausente, no se encuentran niveles altos, sino bajos de violencia. Esta circunstancia cambia de unos países a otros, pues en unos casos, como el grupo 1, hay alta urbanización pero poca pobreza; son países urbanizados pero sin situaciones de miseria notables, como Uruguay, Chile y Costa Rica. Y en los otros, los del grupo 3 del mismo cuadro 1.5, donde la situación cambia, pues se encuentra alta pobreza pero baja urbanización, tienden a ser países más rurales y con una pobreza singular, como es la del campo o las ciudades pequeñas, como Paraguay, Bolivia o Nicaragua, y allí, por estar presente sólo una de las variables, tampoco se encuentran elevadas tasas de homicidios.

¿Quiénes son las víctimas de la violencia homicida?

Las víctimas de la violencia homicida en América Latina son fundamentalmente hombres, jóvenes y pobres. Si bien en una situación de violencia generalizada la víctima puede ser cualquier persona, se encuentra que en todos los países, con independencia de si tienen altas o bajas tasas de homicidios, las víctimas son los hombres. Ése el caso de Chile o Costa Rica, cuyas tasas son bajas para ambos sexos, pero la mortalidad masculina es seis veces superior a la femenina; o el de Colombia, El Salvador o Venezuela, donde la tasa de los hombres es casi trece veces superior a la de las mujeres.

Las víctimas son, igualmente, jóvenes. En once países de América Latina, los homicidios son la primera causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, y esto, al igual que ocurre con el sexo de las víctimas, es similar entre países con altos o bajos niveles de violencia. En Colombia, Brasil o El Salvador, representa casi la mitad de las muertes (48%) de los jóvenes, y en Argentina, Nicaragua o Haití, representa una de cada cinco muertes (18%). En México y Costa Rica, es la segunda causa de muerte; es la tercera causa de muerte en Chile, Uruguay y República Dominicana y puede representar una de cada cinco (18%) o una de cada diez (13%) de las muertes de los jóvenes[5].

Si bien no hay estadística disponible a nivel nacional sobre la condición social de las víctimas de los homicidios, los estudios particulares muestran que, la mayoría de los muertos, provienen de los sectores de menores ingresos. La violencia tiende a llegar a todos los grupos sociales, pero lo que se ha encontrado en los estudios de victimización de los distintos países, así como en la Encuesta Activa de la Organización Panamericana de Salud (OPS), es que si bien la violencia afecta a todos los sectores sociales, la intensidad cambia, varía y se hace más dañina a medida que desciende el nivel de ingresos de los individuos, mostrando que, a mayor pobreza, la intensidad y letalidad de la violencia es mayor también[6]. En América Latina, los pobres están hiriendo y asesinando a otros pobres.

Las explicaciones de la violencia en América Latina

Para interpretar las situaciones de violencia se han desarrollado diversos tipos de modelos que procuran ordenar la multiplicidad de factores que inciden en la violencia como comportamiento social y colectivo. La OMS formuló, en el año 2002, un modelo ecológico que intenta comprender las distintas dimensiones e incluye al individuo en sus explicaciones, pues se intenta que sea válido para los distintos tipos de violencia que entran en el reporte. Hay otros modelos de tipo ecológico[7], de tipo económico[8] o de la perspectiva criminológica[9] o social[10].

En complemento a estas propuestas, desarrollamos un modelo sociológico[11] que procura establecer las relaciones existentes entre los distintos niveles sociales (macro, meso y micro) y entre los determinantes materiales- situacionales y los culturales de la violencia, pero, a diferencia del utilizado por otros autores y la OMS, no incluye al individuo sino sus circunstancias. Para una mejor comprensión del modelo, se han denominado niveles macro sociales a los factores que originan, en el sentido aristotélico de la causa prima, y que se refieren a las condiciones de la sociedad y la cultura; factores meso sociales a los que fomentan y se relacionan con las condiciones materiales de la vida urbana, así como las expresiones singulares de las subcultura. Y, en el nivel micro se incluyen actores que facilitan la expresión de los factores anteriores o su letalidad, pero que no son en sí mismos productores de violencia[12].

Los factores que se considera que originan la violencia se relacionan con las condiciones de desigualdad social que existen en América Latina y que son superiores a las del resto del mundo[13]. No es la pobreza, sino la desigualdad social, lo que genera más violencia. No son los países más pobres (Haití, Bolivia), ni las provincias o estados más pobres de los países (no es el nordeste brasileño, ni los estados más pobres de Venezuela), los que tienen más violencia. La violencia ocurre en demasía en los países y las ciudades donde se concentra la pobreza y la riqueza; es en Sao Paulo, Río de Janeiro y Caracas; es en México, Brasil, Colombia y Venezuela.

En esos centros urbanos de América Latina hay un grupo importante de millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian: en 1995 había 7,2 millones de jóvenes desempleados; esta cifra subió a 9,5 millones en 2005. La tasa de desempleo juvenil es del 16,6% y es el doble de la tasa de desempleo de la región, pues los jóvenes representan el 26,9% de la población laboral, pero tienen un 44,7% de desempleo[14]. Se trata de jóvenes desempleados que no tienen modo de ocupar su tiempo, ni medios de satisfacer sus necesidades básicas, ni tampoco están en un contexto social normado (una institución escolar, una empresa, una cooperativa) que les dé orientación y les ofrezca parámetros de comportamiento.

La familia en América Latina, que debía ocuparse de la socialización de esos jóvenes, ha tenido cambios importantes que la han llevado a perder fuerza como mecanismo de control social. Uno de esos cambios importantes es que por múltiples razones, necesidad económica o deseo de realización de la mujer, las madres se han incorporado al mercado de trabajo de manera creciente. En las familias biparentales disminuyó el porcentaje de cónyuges que no trabajaba y podía ocuparse de sus hijos: de 46,2% en 1990 a 36,2% en 2002[15]. Un cambio muy grande en poco tiempo y no se sabe quién, si es que alguien, ha substituido a esas madres en el cuidado de los niños.

La religión –en particular la católica– ha perdido en las zonas urbanas el papel normativo que le permitía ejercer su función de control social. El proceso de laicización de las zonas urbanas de América Latina ha sido grande; la ley de dios se ha desvanecido, ha perdido fuerza y capacidad disuasiva, pero la ley civil no ha substituido su rol de regulador del comportamiento.

En América Latina se ha dado un proceso de democratización de las expectativas. Los estudios de mercadeo muestran que las personas comparten sus ambiciones y deseos de consumo de una manera bastante igualitaria. Los jóvenes, ricos o pobres, desean adquirir los mismos productos y las mismas marcas comerciales, pero la capacidad que tienen de satisfacer esa expectativa es muy diferente. Se puede decir que entre los pobres la relación es asimétrica, pues tienen altas expectativas y muy bajas posibilidades de satisfacerlas de un modo legal, pues se trata del 35% de los jóvenes que, según la Organización Internacional de Trabajo[16], están por debajo de la línea de la pobreza y ganan menos de dos dólares diarios.

Entre los factores que fomentan la violencia se encuentra la organización territorial de las ciudades. La violencia se concentra en determinadas zonas urbanas que han recibido distintos nombres por los estudiosos: zonas marginales, asentamientos urbanos no planificados o áreas de ocupación informal, los cuales representan entre el 20% y 80% de la ocupación territorial de las ciudades de América Latina[17]. Estas zonas, llamadas barrios, colonias, pueblos jóvenes, villas miserias, tugurios, tienen por lo regular en las grandes ciudades una alta densidad poblacional y una trama urbana intrincada, sea a causa de las tipografía del terreno o por haber sido construidas sin planificación, lo que facilita el control territorial de las bandas criminales o de tráfico de droga y hacen muy difícil el acceso de la policía.

Y como demuestran las cifras sobre las víctimas, la violencia tiene un sesgo de género y nos parece que eso puede ser explicado por la cultura de la masculinidad, que obliga a los hombres a la confrontación y hace que los efectos protectivos que pudieran tener las conductas de evitación de los conflictos no puedan ser adoptadas por los hombres de la región, por considerárseles como propiamente femeninas y hacerlo tendría repercusiones en su identidad de género. Los estudios de violencia juvenil muestran la importancia de la adquisición de «respeto»[18] entre los varones adolescentes y el uso de la violencia como un mecanismo para lograr esta meta de prestigio social que los hace adultos y hombres.

El mercado de la droga en América Latina ha tenido cambios importantes en la forma de organizar el negocio de la venta al detal, pues a partir de los años noventa se modificó la forma de pago de la venta de droga en una comisión en dinero, por el pago de una comisión en especies, es decir, en más droga. Este cambio en el negocio obliga de manera continua a los distribuidores minoristas a buscar más y nuevos mercados; como ésa no es una meta fácil de alcanzar, resulta más sencillo, aunque peligroso, quitarle el mercado a otro distribuidor. Buena parte de la violencia que se observa entre las bandas urbanas es debida a las disputas armadas por tomar control o defender el mercado local de la droga. Los espectaculares enfrentamientos de las bandas en Río de Janeiro han tenido como trasfondo permanente el control del muy rentable mercado local de la droga.

El sistema de justicia penal, que debiera significar una contención a la violencia, apenas logra conocer una parte pequeña de los delitos y castigar una ínfima porción de los mismos. Las cifras de la justicia penal son una pirámide que disminuye bruscamente entre la totalidad de delitos que se cometen, que estarían en la base, y los que se castigan, que estarían en la cúspide. En el medio de la pirámide se encuentran los hechos violentos que conoce la policía, que son menos de los que acontecen; luego aquellos en los que se logra identificar un culpable y acusarlo, después los casos en que se logra detener y juzgar al delincuente, que son todavía menores y, en la cima, se encuentra el mínimo porcentaje del 2% o 3% que se logra condenar. La impunidad es una realidad que fomenta el delito. Y esta impunidad existe porque el sistema de justicia penal no tiene capacidad de respuesta ya que, de una manera más dramática, si suponemos que la policía lograra detener a todas las personas que tiene en su lista de solicitados y el sistema judicial tuviera habilidad para condenarlos, la mayoría de los países de América Latina no tendría capacidad en los centros penitenciarios para alojarlos y hacerlos pagar su condena, pues ya se encuentran sobre-poblados. Así que la impunidad es, además, una alternativa pragmática a esta realidad.

Los factores que facilitan la violencia son el exceso de consumo de alcohol y el porte de armas de fuego. El exceso del consumo de alcohol se convierte en un facilitador de los comportamientos violentos; por ello ésta ha sido una medida importante en los programas de prevención en ciudades de Colombia y Brasil. El porte de armas de fuego contribuye a la letalidad de la violencia. Si bien la posesión de armas de fuego no es factor que produce en sí mismo la violencia, pues hay países como Costa Rica o Chile con amplia posesión de armas de fuego y bajas tasas de homicidios, las pistolas y los revólveres incrementan la letalidad y pueden hacer que un conflicto interpersonal cualquiera, hasta los más banales, puedan convertirse en fatalidades. De acuerdo al Small Arms Survey[19], América Latina es la región con mayores víctimas por armas de fuego, siendo, según las estimaciones hechas por este grupo, tres veces más los homicidios que en África, que es la segunda y muy alta región con muertes ocasionadas por este tipo de armamento.

La violencia en Venezuela

Todas las encuestas que se han realizado en el país durante el año 2008 señalan que la inseguridad personal es percibida como el mayor problema que afecta a los venezolanos y las críticas empiezan a dirigirse fuertemente sobre las políticas públicas que se han aplicado en estos años. Y no es de extrañarse que así sea pues, cuando en el año 1998 el Teniente Coronel Hugo Chávez andaba recorriendo el país como candidato a la presidencia de la República, se cometieron en el país 4.550 homicidios; pero nueve años después de su mandato constitucional renovado, las cifras de violencia se han triplicado y la estadística más conservadora indica que para el año 2007, se contabilizaron en Venezuela 13.157 homicidios, tres veces más que cuando se inició su gobierno. Éste es un incremento único en Venezuela y en América Latina, sobre todo cuando no ha mediado una guerra ni un conflicto armado que pudiera explicar ese espantoso crecimiento de las muertes violentas. ¿Qué ha pasado en Venezuela?

La pregunta se la hacen estudiosos de la sociedad y del delito, dentro y fuera de Venezuela, pues se trata de un caso excepcional en la historia reciente del crimen y la violencia. Ciertamente en América Latina, a partir de los años ochenta, se ha experimentado un incremento importante en los niveles de violencia interpersonal que ha despertado preocupación en las personas y mucho interés en los investigadores y encargados de las políticas públicas. Su creciente magnitud ha llevado a considerarla, inclusive, como un problema de salud pública, obligando a instituciones como la Organización Panamericana de la Salud a ocuparse de un tema que parecía más propio de policías que de médicos. Pero el crecimiento del delito violento en Venezuela ha sido muy superior al del resto de América Latina.

El incremento de los homicidios en Venezuela

Cuando en los años ochenta las universidades católicas de varios países de América Latina decidieron hacer un estudio comparativo sobre la situación de violencia en sus respectivos países, se invitó a Venezuela a participar, pero, luego, hubo muchas discusiones sobre si era pertinente o no su incorporación, pues se consideraba que no era un país con niveles de violencia similares al resto de las naciones participantes. En los años noventa la situación cambió y Venezuela, junto con Brasil y México, constituyeron países con una tasa alta de homicidios, mucho más peligrosos que Argentina, Costa Rica o Chile, pero menos que Colombia y El Salvador. A comienzos del año 2008, Venezuela muestra una tasa de homicidios superior a todos esos países.

En Venezuela, en el período de 1994 a 1998, el número total de fallecidos por causas violentas se mantuvo estable alrededor de los cuatro mil asesinatos (ver gráfico 1.1), inclusive descendiendo un poco hacia el final de la década, pues fueron 4.733 muertos en 1994 y 4.550 en 1998, para ofrecer así una tasa de homicidios con poco más o poco menos de los 20 muertos por cada cien mil habitantes. Para ese mismo período, Brasil y México tenían una tasa de homicidios promedio parecida a la de Venezuela; es decir, entre 20 y 23 homicidios por cada cien mil habitantes. Nueve años después, para el año 2006, México y Brasil mantienen una tasa de homicidios similar: con leves cambios, pues, en su conjunto. Brasil ha disminuido un poco su tasa y México la ha aumentado, pero se mantiene entre 20 y 25 homicidios por cada cien mil habitantes. En Venezuela, la tasa de homicidios se ha duplicado y está cercana a los 50 homicidios.

Y todas las fuentes reconocen este crecimiento: si uno toma las cifras más conservadoras, basadas en la estadística oficial del gobierno, nos daría una tasa de 45 homicidios por cada cien mil habitantes. Pero si uno usa como referencia la encuesta de victimización que realizó la Comisión Nacional de la Reforma Policial (CONAREPOL) en el año 2006, la tasa es de 49 homicidios. Si se consideran los cálculos que ha realizado el Observatorio Venezolano de Violencia, incluyendo una pequeña fracción de los casos clasificados como «averiguaciones de muerte» o «resistencia a la autoridad» en las cuentas oficiales, la tasa sería de 52 asesinados por cada cien mil habitantes. Pero sea 45, 49 o 52, estamos hablando de una tasa que se ha duplicado en Venezuela y se ha mantenido estable en Brasil y México, los otros dos países que tenían un nivel de violencia parecido al de Venezuela.

La singularidad de la violencia en Venezuela

Si en Venezuela, en los nueve años de gobierno del Presidente Chávez, la tasa de homicidios se ha más que duplicado; y en Brasil y México se ha mantenido igual, debemos, entonces, dar dos tipos de explicaciones diferentes a la violencia en Venezuela: una explicación de los primeros veinte homicidios de la tasa debe ser similar a la que se puede ofrecer para México y Brasil, ya que los tres países comparten una tasa similar cercana a los veinte homicidios. Pero una explicación distinta y singular debe ofrecerse para comprender los otros veinte y tantos homicidios adicionales que, por cada cien mil habitantes, se cometen en Venezuela y que no ocurren ni en Brasil ni en México.

La explicación de esos homicidios adicionales que ocurren en Venezuela debe encontrarse, entonces, en la crisis política que ha vivido el país en estos años y que ha llevado a un quiebre del pacto social y a una ruptura importante en la convivencia ciudadana y la gobernabilidad. Pues, ¿qué otra diferencia podemos encontrar en las políticas y la situación social y económica entre Brasil, México y Venezuela? Más aún, si nos concentráramos en una explicación clásica del crimen que vincularía los homicidios, la violencia y el delito a las condiciones sociales materiales y diéramos, además, como ciertas las informaciones oficiales que afirman que en Venezuela ha disminuido la pobreza y la desigualdad, se ha reducido el desempleo y ha aumentado el ingreso de la población, el consumo y la atención a los pobres en educación y salud, ¿por qué, entonces, en Venezuela ha aumentado la violencia y el delito cuando debería haber disminuido?

Cuando la violencia adquiere unas dimensiones como las que existen en Venezuela, no pueden ser entendidas ni explicadas sino por las condiciones sociales y políticas. Asesinos hay en todas las sociedades, pero cuando se alcanzan las tasas de homicidios como la existente en Venezuela (ver cuadro 1.8), estamos hablando no de enfermos aislados, sino de una epidemia y debe ser tratada como tal, pues, inclusive, la tasa de muertos por violencia en la actualidad es muy parecida a la tasa de mortalidad por malaria de los años treinta. Por tanto, esa epidemia sólo puede ser explicada en el contexto de la sociedad y la política, entendida ésta como el modo que los seres humanos tienen para hacer los arreglos que le permitan convivir, establecer pactos y normas y darse una forma de gobierno.

Los errores y omisiones de las políticas públicas desarrolladas por el gobierno en estos nueve años nos permiten comprender ese exceso de violencia y homicidios que se cometen en Venezuela y que hicieron que estuviera entre los países más violentos del mundo.

En primer lugar, cabe destacar la poca importancia que el gobierno nacional le ha dado al problema de la inseguridad ciudadana. En nueve años de gobierno, se pueden contar con las manos las veces que el Presidente de la República se ha referido al problema en sus múltiples, y no propiamente cortas, alocuciones al país. El Presidente no menciona el tema en sus discursos y las pocas veces que lo ha hecho ha sido para referirse a circunstancias fortuitas, como cuando se lamentó de la muerte de una médica cubana asesinada en un barrio, o para realizar comparaciones con Cuba donde, en su opinión, no hay delito porque no hay la ambición que fomenta el capitalismo.

Las políticas frente a la violencia y la inseguridad

Pero el silencio del Presidente ha sido parte de una política pública destinada a encubrir el problema. A inicios del año 2005, cuando debían darse los datos acumulados de delito y homicidios correspondientes al año anterior, como había sido la costumbre durante varias décadas, las autoridades decidieron que no hacían pública la información y retiraron los datos de violencia de las páginas en Internet de las instituciones públicas que las mostraban y las cifras de homicidios pasaron a ser un secreto de Estado.

Quizá la única política pública sostenida durante todo el gobierno ha sido la decisión de «no-reprimir». La medida resultaba, en el primer momento, interesante, pues significaba privilegiar la prevención y poner un coto a las acciones indiscriminadas y muchas veces abusivas de los cuerpos policiales. Pero esta política se revirtió contra el propio gobierno, pues cayó en el error de confundir la «represión», como una acción violatoria de los derechos humanos, con el esfuerzo que tienen que hacer las autoridades para obligar a cumplir la ley, proteger a los ciudadanos y darles respuestas equivalentes a la violencia de los delincuentes. Al no hacerlo, al no dar una respuesta, se está cometiendo una grave omisión que ha sido leída por los infractores de la ley como permisividad o impunidad.

Pero el gobierno, además, ha mostrado una gran ambigüedad en sus mensajes y una discontinuidad en sus políticas. Ha habido ambigüedad, pues el Presidente de la República ha dicho que está bien robar si se tiene hambre, lo cual puede ser adecuado en una discusión académica sobre sociología o doctrina del derecho penal, pero muy negativo en una figura pública que modela el comportamiento social. Ha existido ambigüedad, también, porque, por un lado, se han propuesto medidas para lograr el desarme de la población, pero, al mismo tiempo, se crean reservas y se postula armar a los ciudadanos en una reserva que tiene entre sus atribuciones legales funciones de «seguridad interna»; y la gente común se pregunta entonces, ¿será que nos armamos o nos desarmamos?

Y ha existido una importante discontinuidad en las políticas de seguridad ciudadana, no sólo porque ha habido varios Ministros del Interior en nueve años de gobierno, sino porque entre uno y otro las políticas se cambian sin que se puedan comprender bien las razones de la mudanza o en otros casos, como la CONAREPOL, con argumentos muy sorprendentes. La CONAREPOL surgió como una respuesta del gobierno frente a la indignada reacción de la sociedad ante el cruel asesinato de los hermanos Faddoul y del chofer que los acompañaba al momento del secuestro. Fue una respuesta que intentaba mostrar que el gobierno hacía algo al respecto de un tema abandonado y que quería mejorar una herramienta fundamental en el área de seguridad como es la policía. La CONAREPOL fue una interesante experiencia de convocatoria amplia y participación de los distintos sectores de la sociedad; una de las pocas de ese tipo que ha tenido el gobierno. La comisión realizó un amplio trabajo de consulta y estudios, y al final editó cuatro valiosos volúmenes con los resultados de su trabajo, aportes de expertos y sus recomendaciones para mejorar las policías del país. Pocas semanas después de finalizado el trabajo de la comisión hubo un cambio de ministros y, cuando aún estaban calientes los libros del informe, el nuevo titular de la cartera declaró, muy ufano, que los aportes de la CONAREPOL no eran «socialistas», que eran de «derecha»; por tanto, él no las pensaba aplicar y las mandó, sin pestañear, al archivo.

Pero, aparte de las ineficiencias e incoherencias, ha existido una postura de elogio sistemático de la violencia y los violentos, que ha debido tener un impacto en el comportamiento agresivo de muchas personas. Las sociedades y los gobiernos se dedican a buscar mecanismos que inhiban la violencia y a buscar otras formas de solucionar los conflictos y dirimir las diferencias normales en la vida social. Para lograr esos propósitos, se enaltecen los comportamientos que repudian la violencia y se exaltan valores e individuos pacíficos. Pues los mensajes del gobierno venezolano han ido en la dirección contraria. El Presidente de la República dice que la violencia no es mala, que no es verdad aquella expresión popular que dice que «es el arma de los que no tienen la razón» y sistemáticamente se utiliza el lenguaje militar y de guerra para la política: se trata de guerras libradas por batallones y pelotones contra enemigos, no adversarios. Adicionalmente, se elogia a las figuras violentas: el programa de empleo del gobierno se llama «Che Guevara» y cantidad de oficinas públicas tienen el nombre de guerrilleros como Fabricio Ojeda o Argimiro Gabaldón. A los pistoleros de puente Llaguno se les hizo un monumento, mientras los policías y sus jefes permanecen presos y, por si quedaran dudas, el mismo gobierno que se ha dedicado a acusar y endilgar a cualquier opositor el epíteto de «golpista», crea por decreto presidencial (Nº 38.618) «con valor, rango y fuerza de ley» una condecoración llamada «4 de Febrero» para elogiar el intento de golpe de Estado de esa fecha. Por eso no es de extrañar que la mitad de los entrevistados en el estudio del año 2008 consideraran que el lenguaje usado por el presidente contribuyera al clima de violencia en el país (ver gráfico 1.2).

Y, finalmente, el gobierno se ha dedicado a erosionar la labor de las policías criticándolas, desmoralizándolas y hasta desarmándolas en el caso de Caracas y Maracaibo. Algunas de las críticas que se le han hecho a los cuerpos policiales tienen fundamento y muchos las hemos compartido a lo largo de los años, pero una institución de ese tipo no se puede abandonar o arrinconar sin que tenga consecuencias para el resto de la sociedad. La policía debía depurarse y reformarse, pero con una respuesta inmediata de transformación que ofreciera formas alternativas y mejores a las funciones policiales, no dejando un vacío en su actuación. La transferencia de la Policía Metropolitana al Ministerio de Relaciones Interiores y luego su posterior eliminación, anunciada desde hace varios años en los proyectos de ley de policía nacional, sólo viene a confirmar una realidad previamente existente. Pero todo esto lo que ha hecho es contribuir a la sensación de impunidad hacia los delincuentes y de indefensión de los ciudadanos quienes, según la encuesta del Observatorio Venezolano de Violencia que se hizo el año pasado, en un 60% no denuncian los delitos violentos de los cuales han sido víctimas porque piensan que ni la policía va a hacer nada, ni los tribunales van a castigar a los culpables.

El incremento de la violencia y el sentimiento de indefensión ha llevado a un proceso de armamento de la población que busca, de este modo, garantizarse su autodefensa. Lo procuran los ricos contratando empresas de seguridad; lo hace la clase media y los pobres comprando armas personales y organizándose con su vecinos; y lo buscan, también, los jóvenes de los barrios, formando bandas con las cuales pretenden defenderse de la agresión de las otras bandas...y todo eso significa más violencia.

Las situaciones de violencia en Venezuela y Colombia

Durante cerca de cincuenta años, el nivel más alto de violencia que había experimentado Venezuela (medido como la tasa de homicidios más alta en ese período), fue inferior a la menor violencia vivida en Colombia durante ese lapso temporal (medida como la menor tasa de homicidios registrada en esas décadas). Eran dos historias completamente distintas, donde Colombia era el país violento y Venezuela el vecino pacífico.

Los estudiosos del tema se preguntaban cómo era posible que dos países, es decir, dos sociedades, tan parecidas en sus virtudes y defectos, pudieran ser tan diferentes cuando de violencia se trataba. Venezolanos y colombianos nos parecemos tanto que cuando hace treinta años, el Profesor J. M. Salazar de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) hizo sus estudios comparativos entre personas de ambos países, encontró que las virtudes y defectos que cada quien se atribuía a sí mismo y le atribuía al ciudadano del otro país, eran similares y calificó entonces esas representaciones mutuas como del tipo espejo, porque colombianos y venezolanos veíamos en el otro, lo mismo que el otro veía en nosotros. Pero incluso, científicos importantes, legos en las ciencias sociales, pero destacados en el área de las ciencias naturales, se atrevieron a adelantar hipótesis explicativas de la razón por la cual la violencia en Colombia era tan grande comparada con la de Venezuela. Uno de ellos, muy eminente, se remontaba en la historia y decía que la explicación debía buscarse en la composición de las tropas de la guerra de independencia de los Andes, pues allí los colombianos habían desarrollado su gusto por la sangre, ya que eran la tropa encargada del combate feroz, mientras los venezolanos eran los oficiales que ordenaban la muerte pero no la ejecutaban.

Hoy, todas esas teorías y explicaciones se vienen abajo, pues Venezuela se convirtió en un país más violento que Colombia. Sí, aunque resulte extraño y sorpresivo, la tasa de homicidios de Venezuela para el año 2007 es superior a la de Colombia, y por tanto Venezuela, que no tiene dos grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, ni tampoco un grupo de paramilitares, que vendría a ser un tercer ejército irregular, es más violenta que Colombia.

Para el año 1997, la tasa de homicidios de Colombia había logrado descender, pero se encontraba en 63 homicidios por cada cien mil habitantes; la de Venezuela, en ese mismo año, fue de 19 homicidios por cada cien mil habitantes (cuadro 1.9). Es decir, Colombia tenía una tasa tres veces superior a la de Venezuela, una diferencia considerable. Colombia estaba clasificada entre los países de violencia muy alta en América Latina y Venezuela entre los países de violencia media-alta, junto a Brasil y México.

En 1998, Venezuela mantuvo su tasa de homicidios. El país vivía una campaña electoral y el candidato Hugo Chávez recorría el país con su propuesta de realizar una Asamblea Constituyente que solucionaría los múltiples problemas del país; desde la corrupción, hasta la carencia de alimentos y la dependencia del petróleo. En Colombia, bajó la tasa de homicidios en seis puntos, a 57 por cada cien mil habitantes. Y en los años siguientes subió un poco y continuó un descenso hasta llegar la tasa a 53 homicidios en el año 2000. En ese mismo período, en Venezuela, la tasa había estado subiendo año tras año, hasta llegar a 33 homicidios en el año 2000. En ese período de 1997 a 2000, en Colombia la tasa descendió en 10 homicidios y en Venezuela aumentó en 14 homicidios por cada cien mil habitantes.

En los años 2001 y 2002, la situación se revierte en Colombia y se incrementa la tasa de homicidios. Como se recordará, el Presidente Pastrana, quien había sido electo en 1998, había acordado con las FARC una amplia zona de despeje, de cinco municipios y unos 42 mil kilómetros cuadrados; era un territorio entregado al control del grupo guerrillero en un área denominada el Caguán. El funcionamiento de esta zona de despeje fue muy poco satisfactorio para el gobierno de Colombia, pues se trataba de buscar una zona de distensión que permitiera adelantar los acuerdos de paz, pero la guerrilla utilizó el territorio para fortalecerse, cumplir allí funciones de Estado y usar la zona para esconder a los secuestrados. Todo eso llevó a que luego de tres años, se declarara, en 2002, el final de la zona de despeje. Esta fase final del proceso fue particularmente violenta y llevó al aumento en la tasa de homicidios, la cual se colocó en una cifra superior a la de 1997, con 67 homicidios por cada cien mil habitantes. En Venezuela, en esos mismos años, se desataba la gran crisis política y el proceso de polarización, los homicidios continuaban en ascenso y en el año 2000 alcanzaron los 38 por cada cien mil habitantes.

A partir del año 2003 la situación cambia una vez más y el nuevo Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sostiene una política dura frente a la guerrilla, refuerza la labor del Ejército en sus combates y retoma un conjunto de políticas que a nivel local se venían dando en las principales ciudades del país. En Bogotá existía una experiencia importante de educación y cultura ciudadana que, de manera muy ingeniosa, había llevado a cabo el Alcalde Antanas Mockus. Previamente a esto, en Cali, un médico y académico que llegó a ser Alcalde de la ciudad, Rodrigo Guerrero, cambió el enfoque criminológico del delito y el crimen, lo substituyó por otro de tipo epidemiológico, y en ambos casos se logró bajar la tasa de homicidios. En Medellín, la gestión de Lucio Pérez, pero sobre todo la de Sergio Fajardo, le dan un cambio a la ciudad, incrementan la eficiencia de la acción policial, bajan la tasa de homicidios y robos y la hacen más amable y más dinámica en su economía. Todos estos esfuerzos, nacionales y locales, con coordinación una veces más fáciles y otras más difíciles, con voluntad de continuidad en los programas a pesar de las diferencias políticas, han dado sus resultados. La Alcaldía de Bogotá la han ocupado alcaldes que pueden ser ubicados políticamente como en la derecha, la izquierda o el centro, y todos han mantenido una política contra el delito y la violencia y han hecho a la ciudad mucho más segura que Caracas.

En el año 2005, las tasas de homicidios de Colombia y Venezuela se igualan en 38 y 37 por cada cien mil habitantes. La tasa de Colombia venía en descenso; la de Venezuela había subido mucho en el año 2003, pero todavía allí, la de Colombia era más alta. En ese año, se cruzan las dos líneas del gráfico de la tasa de homicidios (ver gráfico 1.3) y la relación que por más de cincuenta años, desde el asesinato de Gaitán en 1948 y la guerra de los Llanos orientales en los años cincuenta, había hecho de Colombia un país más violento que Venezuela, se acaba. La situación que por décadas obligó a muchos colombianos a venirse a Venezuela, incluso todavía cuando la situación de bonanza económica de Venezuela ya no era tan buena, ha cambiado. Los gobiernos locales y el nacional de Colombia mantienen una política clara de condena a la violencia y a los violentos. En Venezuela, no sabemos cuál es la política de seguridad del gobierno. En el año 2006, tuvimos 12.257 homicidios y una tasa de 45 por cada cien mil habitantes. En ese año se nombró la CONAREPOL y se hizo un voluminoso informe de análisis y recomendaciones. El año siguiente, a comienzos de 2007, el nuevo Ministro dijo que ése era una informe de «derecha», que no era un «informe socialista». Ese mismo año ascendieron a 13.157 los homicidios y se registró una tasa de 49 por cada cien mil habitantes. Colombia tuvo 35.

Por mucho tiempo se argumentó que la situación de Colombia era algo especial y que tenía su origen en las condiciones sociales y en la psicología de los colombianos. Hoy, luego de los cambios que han ocurrido en Colombia y Venezuela, lo que queda claro es que la explicación tenemos que buscarla en otro lado, en las condiciones del pacto social y político, en los gobiernos y en los gobernantes, en las políticas públicas de nuestros países.

La construcción de la seguridad ciudadana

Venezuela está demandando una respuesta seria del gobierno en materia de seguridad, una respuesta efectiva y no efectista, como la recién promulgada Ley de Policía Nacional que todavía nadie sabe bien cómo podrá ayudar a mejorar la seguridad de las personas. Lo piden todos los sectores sociales, los pobres y los ricos, los partidarios del gobierno, los opositores y también los desilusionados. Y es así porque todo el país siente que está en riesgo de ser la próxima víctima, pues, cuando un delincuente decide robar una persona o agredirla, no le pregunta si está «con el proceso o contra el proceso», si apoya al gobierno o lo adversa; simplemente actúa y por eso las víctimas están en todos lados, aunque quienes más sufren sus consecuencias son los pobres.

Si la explicación de la situación de Venezuela tiene dos dimensiones y obliga a dos hipótesis distintas de interpretación, las políticas de seguridad también han de ser de dos tipos. Unas, dedicadas a combatir el mismo tipo de delito y violencia que puede encontrarse en los otros países de América Latina y unas medidas singulares de Venezuela que se relacionen con la superación de la conflictividad y el rescate de una política de seguridad basada más en la defensa del ciudadano y no tanto en la defensa del Estado o de sus funcionarios.

En Venezuela, se requiere un gran esfuerzo para lograr revertir la actual tendencia violenta del país, pero no es una tarea imposible. Se requiere, eso sí, la participación de todos los ciudadanos, de todos lo colores políticos y clases sociales; se necesita una acción de gobierno que procure reforzar el sistema normativo y legal, y forzar su cumplimiento, así como un liderazgo que procure unir a esos venezolanos y fomentar su voluntad de paz, en lugar de enemistarlos y dividirlos.

Conclusiones

El fenómeno de la violencia en América Latina es singular por sus dimensiones y porque muestra el rostro de una sociedad en cambio y conflicto. Una sociedad que dejó de ser rural pero todavía no llega a ser urbana; que experimenta un proceso de laicización por el cual ha abandonado la religión como reguladora de la vida cotidiana, pero no ha logrado asimilar la moral laica; una sociedad que construyó un gran aparataje institucional y legal, pero no consiguió que esas entidades fueran vida cotidiana para todos los grupos sociales, ni que fueran incorporadas a la conciencia.

Como se puede concluir sobre los datos presentados, esta situación de la violencia no es homogénea ni idéntica en todos los países. Pero sí es generalizada pues, con diferencias de magnitudes y de modos, existe y se ha incrementado en todos los países. No hay una zona urbana de América Latina donde el tema de la inseguridad ciudadana no se haya convertido en un problema de relevancia, causante de angustia y de miedo de las personas. Tampoco hay países vacunados contra la violencia; todos pueden sufrir incrementos notables y deterioros de la situación. Un caso notable es la relación entre Colombia y Venezuela, pues, hasta fecha muy reciente, se podía pensar que la situación de criminalidad y homicidios de Venezuela podían seguir, lento y con retraso, los pasos de Colombia; pero, resultaba inimaginable pensar que Venezuela pudiera llegar a tener una tasa de homicidios superior a la de Colombia, como ocurrió en el año 2007.

Los factores que permiten explicar estos cambios son múltiples y los hemos intentado describir brevemente, pero si debiéramos agrupar aún más esas tendencias, uno pudiera decir que hay un conjunto de factores permanentes, que se relacionan con las condiciones sociales y económicas de la región, y hay otro grupo de factores de tipo circunstancial, que se relacionan con la legitimidad institucional, las condiciones políticas y el pacto social. Los primeros, como su nombre lo indica, permanecen en el tiempo; los segundos, cambian de una manera más rápida que las condiciones sociales y económicas. El primer tipo de factores nos permite explicar el proceso general de incremento de la violencia en América Latina. El segundo tipo de factores nos permite entender la velocidad y direccionalidad (positiva o negativa) de los cambios en los niveles de homicidios que ocurren en algunos países como Venezuela o Colombia.

Las respuestas, que en términos de políticas públicas puedan darse a esta situación, se deben, entonces, corresponder con los distintos factores. Los factores permanentes se corresponden con el modelo sociológico formulado20 e implican niveles distintos de políticas. El más inmediato, por ejemplo, se corresponde con el control de armas de fuego y las restricciones en el consumo excesivo de alcohol, que son los factores que, decimos, facilitan la violencia homicida. Las experiencias de acciones que, en este sentido, se han tomado en ciudades colombianas como Cali y Bogotá o en Sao Paulo en Brasil, muestran que se obtienen resultados positivos y logran disminuir el conflicto y su letalidad. Pero el mayor impacto se logra cuando se intervienen los factores que afectan la legitimidad institucional y, quizá, es ésa la explicación del radical cambio que ha ocurrido en Colombia y Venezuela, pues la existencia de dos políticas distintas frente al crimen, la violencia y la legitimidad social han producido dos resultados igualmente diferentes.

Lo que es importante rescatar de estos ejemplos es que esta situación de violencia en América Latina no es una condición irreversible, ni es una maldición cultural. Se trata de condiciones sociales y políticas que pueden ser alteradas, para bien o para mal, en el corto o el mediano plazo. Por tanto, si los países, gobiernos y ciudadanía, logran ofrecer una orientación adecuada en sus políticas, es posible que América Latina y Venezuela cambien esta triste y dolorosa situación de violencia.

Referencias bibliográficas

Abramo, P. (2003). «A teoría econômica da favela: Quatro notas sobre a localização residencial dos pobres e o mercado inmobiliario informal». A cidade da informalidade. Río de Janeiro, P. Abramo org., Sette Letras, pp. 189-223.

Antillano, A. «Estudios sobre la policía en Venezuela». CONAREPOL. (2007). La policía venezolana. Desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del tercer milenio. Caracas, Gabaldón, L.G. y A. Antillano editores, tomo I, pp. 17-64.

__________. «La policía en Venezuela. Una breve descripción». CONAREPOL. (2006). Reforma policial. Una mirada desde afuera y desde adentro. Caracas, El Achkar, S. y L.G. Gabaldón editores.

Bolívar, T. (1995). «Urbanizadores, constructores y ciudadanos». Revista Mexicana de Sociología. México, enero-marzo, año LVII, núm. 1, pp. 71-87.

Briceño-León, R. (2008). Sociología de la violencia en América Latina. Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Briceño-León, R., A. Villaveces y A. Concha-Eastman. (2008). «Understanding the uneven distribution of the incidence of homicide in Latin America». International Journal of Epidemiology, núm. 37, pp. 751-757.

Briceño-León, R. (2005). «Urban Violence and Public Health in Latin America: A sociological explanatory model». Cadernos de Saude Pública. Río de Janeiro, nov-dez, núm. 21, pp. 1629-1664.

Briceño-León, R. y V. Zubillaga. (2002). «Violence and Globalization in Latin America». Current Sociology, núm. 50, pp. 11-29.

Briceño-León, R., A. Camardiel, O. Avila y E. De Armas. (1998). «¿Quiénes son las víctimas de la violencia en Caracas? Un análisis social del riesgo de la violencia no-fatal». Tribuna del Investigador, núm. 1, vol. 5, pp. 5-19.

Briceño-León, R., A. Camardiel, O. Ávila, E. de Armas y V. Zubillaga. (1997). «La cultura emergente de la violencia en Caracas». Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, núm. 2-3, vol. 3, pp. 195-214.

Buvinic, M., A. Morrison y M. Shifter. (2000). La violencia en América Latina y el Caribe. Un marco de referencia para la acción. Washington, Banco Interamericano de Desarrollo.

CELADE. División de Población. «Transformaciones demográficas en América Latina y el Caribe y consecuencias para las políticas públicas». CEPAL. (2004). Panorama social de América Latina. Santiago de Chile.

Cerqueira, D. y W. Lobão. (2004). «Determinantes de criminalidades: Arcabouços teóricos e resultados empíricos». Dados. Núm. 2, vol. 47, pp. 233-269.

CONAREPOL. (2007). Recomendaciones generales de la Comisión Nacional para la Reforma de la Policía. Caracas.

Concha-Eastman, A. (2000). «Violencia urbana en América Latina y el Caribe: dimensiones, explicaciones, acciones». Ciudadanías del Miedo. Caracas, S. Rotker (ed.), Nueva Sociedad, pp. 39-53.

Cruz, J. M. (1999). «Being a victim of urban violence: its likelihood and its associated variables in cities of Latin America and Spain». Revista Panamericana de Salud Pública / Pan American Journal of Public Health. April, numbers 4-5, volume 5, pp. 259-267.

Durkheim, E. (1978). Les régles de la méthode sociologique. París, PUF.

Lederman, D. (1999). Crime in Argentina: A preliminary assessment. Washington, LCSPR World Bank.

Londoño, J. L. y M. Szekely. (1997). Persistent Poverty and Excess Inequality: Latin America, 1970-1995. Washington, Inter American Development Bank, Working paper 357.

Londoño, J. L., A. Gaviria y R. Guerrero. (2000). Asalto al desarrollo. Violencia en América Latina. Washington, Banco Interamericano de Desarrollo.

Márquez, P. (1999). The Street is my Home, Stanford, Stanford University Press.

Moser, C. y E. Shrader. (1998). Crimen, violencia y pobreza urbana en América Latina: hacia un marco de referencia integrado. Washington, LCSES, Banco Mundial.

OIT. (2002). Panorama laboral 2002. Santiago de Chile. OIT.

OIT. (2006). Panorama laboral 2006. Santiago de Chile. OIT.

OPS. (1996). Violencia en las Américas: la pandemia social del siglo XX. Washington.

OPS. (1995). Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Washington, PAHO, décima versión.

Rubio, M. (1999). Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia. Colombia, TM Editores / CEDE Universidad de los Andes.

Small Arms Survey. (2004). Oxford, Oxford University Press.

Un-Habitat. (2003). The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements. London, Earthscan Publications Ltd.

United Nations Population. (2004). The State of World Population. New York.

WHO. (2000). World Report on Violence and Health. Geneva.

Zubillaga, V. (2003). Entre hombres y culebras: devenir un hommme et se faire respecter dans un barrio d’ une ville latinoamericaine. Louvainla-Neuve, Université Catholique de Louvain.

La medición de la violencia interpersonal
Alberto Camardiel

Es bien conocido que los registros administrativos sobre violencia y victimización ensamblados por los organismos oficiales competentes en nuestro país adolecen de múltiples fallas en la recolección, procesamiento y presentación del dato necesario para describir en forma válida y fiable el fenómeno.

En general, tales registros difícilmente garantizan la calidad del dato en términos de relevancia, oportunidad, accesibilidad y posibilidad de interpretación nítida[20]. Algunas razones para ello son bien conocidas: (1) muchos actos violentos y delitos no se reportan por miedo a la policía o porque se considera que de nada vale hacerlo, (2) no existe una preparación que estandarice el trabajo de los funcionarios que alimentan los sistemas de registros, (3) en algunas situaciones son los policías los que omiten el registro de los delitos y así por el estilo. Adicionalmente, el simple conteo de delitos no basta para comprender el hecho violento o delictivo, porque ignora las características de las víctimas y de los victimarios, de sus relaciones, del lugar y momento de los hechos, de forma tal que no se tiene la información que permitiría, por ejemplo, concebir políticas de prevención útiles.

En otras ocasiones, los entes gubernamentales responsables de la captación de los datos deciden no hacerlos públicos porque de otra manera podría quedar en evidencia que la adopción de políticas de control de la violencia y del fenómeno delincuencial no ha resultado exitosa.

A diferencia de los registros administrativos, las encuestas de violencia y victimización interrogan a la víctima cuando esto es posible y, en consecuencia, aportan información que contrasta fuertemente con la que pueden proporcionar los primeros. No sólo se logra una descripción de las características y circunstancias del conflicto violento o del acto delictivo, sino que, en general, se obtiene una imagen más completa de la situación violenta o delictual, al captar incidentes no reportados. Las encuestas también tienen la ventaja de utilizar procedimientos de medición estandarizados a nivel local, regional, nacional o aun supranacional.

Dicho lo anterior, no sorprende entonces que las encuestas por muestreo hayan comenzado a utilizarse de forma sistemática para determinar la magnitud de la violencia y la victimización y las características asociadas a tales eventos en diversos países desde finales de los años sesenta. En nuestro país, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO de ahora en adelante) ha venido trabajando sobre el tema de la violencia desde 1996, cuando formó parte de un equipo iberoamericano, organizado por la Oficina Panamericana de la Salud para estudiar las conductas, actitudes y normas culturales relacionadas con la violencia en ocho ciudades latinoamericanas y Madrid. Posteriormente, en el año 2004, el LACSO realizó un estudio nacional sobre violencia urbana y Sistema Penal Venezolano y en febrero de 2007 concluyó otro estudio nacional sobre violencia interpersonal y percepción ciudadana de la inseguridad.

En esta oportunidad, presentamos los resultados de una investigación realizada en junio de 2008 que titulamos «Violencia Interpersonal y Percepción Ciudadana de la Situación de Seguridad en Venezuela» (que de aquí adelante referiremos por sus siglas como EVIPCSSV-2008). El capítulo presenta los aspectos metodológicos necesarios para comprender los resultados del estudio más reciente del LACSO sobre violencia y victimización en Venezuela.

Violencia y victimización

Una definición de violencia bastante general a partir de la que se han construido otras un tanto más particulares, es la de la OMS, a saber, «El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones»[21]. Esta definición no considera los incidentes no intencionales, pero incluye el descuido, todos los tipos de maltrato físico, sexual y psíquico y el suicidio y otros actos de autoagresión. Al considerar los daños psicológicos, se amplía el espectro de actos violentos considerados que no necesariamente causan lesiones o muerte, pero que pueden imponer una carga sustancial a las personas, familias, y comunidades que las sufren[22].

En particular la definición de violencia empleada en los estudios de LACSO es una derivación de ésta que incluye explícitamente la afectación del patrimonio, a saber: «el uso o amenaza de uso de la fuerza física con la intención de afectar el patrimonio, lesionar o matar a otro(s) o a uno mismo»[23].

Ambas definiciones cubren una amplia gama de tipos de violencia y cabe nuevamente considerar una propuesta de la OMS para tipificarla. La clasificación propone distinguir básicamente entre la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. La violencia auto infligida es la que una persona se causa a sí misma y puede manifestarse en comportamientos suicidas o autolesiones. La violencia interpersonal es la que una persona o grupo impone a otra persona u otros individuos, distinguiéndose entre la que ocurre dentro de la familia o la pareja y la que se puede ejercitar contra conocidos o extraños en la comunidad. La violencia colectiva es aquella que practican grupos más grandes, como el Estado, organizaciones terroristas o políticas y tropas irregulares y que puede manifestarse en los ámbitos social, político o económico[24]. Puede añadirse más especificidad a esta tipología, distinguiendo la naturaleza del acto violento en términos de violencia física, sexual, psíquica y de abandono o descuido[25].

La victimización se conceptúa como la acción por medio de la cual un individuo o colectivo de individuos se convierten en víctima o víctimas de un acto violento. Atribuir a la victimización lo peculiar de la violencia implica entonces que las clasificaciones previas también se aplican a los actos de victimización y, por tanto, trataremos con victimización autoinfligida, interpersonal y colectiva con sus divisiones particulares y en dominios de afectación patrimonial, física, sexual y psíquica.

Las encuestas de violencia de LACSO: 1996-2007

Como ya mencionamos en la introducción del capítulo, el LACSO realizó, desde 1996 hasta 2007, tres encuestas por muestreo sobre la violencia en Venezuela. Todas incluyeron un módulo de victimización compuesto por un conjunto de preguntas sobre violencia autoinfligida e interpersonal, sufrida por el informante o miembros del hogar del que forma parte. En los tres estudios se excluyeron los delitos en contra de la propiedad que no implicaron un contacto directo con el victimario.

El primero fue realizado en el Área Metropolitana de Caracas y llevó por título «Conductas, Actitudes y Normas Culturales Relacionadas con la Violencia» (ACTIVA de ahora en adelante). Este estudio adoptó un enfoque de salud pública para abordar el tema de la violencia. Sus objetivos principales fueron: (1) el análisis y la comparación entre ciudades[26] de la prevalencia de conductas agresivas verbales y físicas hacia los niños, la pareja y personas que no son miembros de la familia, y (2) la identificación de factores personales, ambientales y socioeconómicos asociados con estas conductas violentas. El modelo teórico que se adoptó para interpretar el fenómeno de la violencia está basado en el rol de la cognición y del aprendizaje social en el desarrollo y aparición de la agresión[27].

El instrumento ACTIVA incluyó 15 secciones y el módulo sobre victimización reunió 15 preguntas sobre actos de violencia que pudieron haber afectado directamente al respondiente o que éste pudo haber presenciado en los últimos 12 meses. También se preguntó sobre el número de veces que ocurrió el suceso o que fue presenciado y sobre cuántas veces denunció el caso. El propósito fundamental de estas preguntas fue construir un indicador de victimización que permitiera establecer relaciones con otros indicadores obtenidos de la encuesta.

La encuesta ACTIVA fue de hogares y se llevó a cabo en el Área Metropolitana de Caracas (AMC). El universo en estudio estuvo comprendido por todas las personas mayores de 18 años de edad, moradores en viviendas familiares de uso residencial permanente. Las entrevistas fueron cara a cara, siendo el informante la misma persona seleccionada aleatoriamente dentro del hogar. El muestreo aplicado fue del tipo probabilístico en todas sus etapas.

El estudio del año 2004, titulado «Violencia Urbana y Sistema Penal Venezolano» con cobertura nacional, también requirió el diseño, ejecución y proceso de una encuesta de violencia y victimización. En esa oportunidad, la investigación compartió el segundo objetivo del proyecto ACTIVA, pero se apoyó sobre un modelo teórico distinto. El enfoque en ACTIVA resultaba útil para orientar intervenciones, pero presentaba limitaciones para comprender y analizar la violencia como expresión social de desigualdades y de otro orden de conflictos y determinantes. Por eso se adoptó un modelo sociológico de explicación de la violencia, que confiere primacía a las condiciones sociales y psicosociales y toma en cuenta tanto el condicionante situacional como el cultural[28].

El cuestionario de la encuesta contempló 13 secciones y el módulo de victimización de la encuesta formuló 13 preguntas que registraron, además del tipo de delito, algunos aspectos de los victimarios, de la denuncia y del castigo del delito y de la satisfacción con los resultados del seguimiento policial y judicial del mismo. Los tipos de delitos investigados fueron: homicidio, robo sin agresión, robo con agresión, amenaza, violación sexual, agresión física sin robo, secuestros y lesiones.

Al informante en el hogar, que podía ser cualquier persona de 18 o más años de edad que cumpliera con las especificaciones de edad y sexo que la cuota establecía, se le preguntaba si algún familiar había resultado asesinado y si el mismo entrevistado había sido objeto de algún acto violento en el último año. En caso afirmativo, se le pedía que describiera las características del último evento acontecido. El modo de interpelación sobre victimizaciones adoptado en esta encuesta difirió del empleado en el proyecto ACTIVA.

En febrero de 2007, se efectuó otro estudio nacional que titulamos «Violencia Interpersonal y Percepción Ciudadana de la Situación de Seguridad en Venezuela». Esta encuesta tuvo como uno de sus principales fines el de proporcionar información para el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV de ahora en adelante), establecido por el LACSO en el año 2006.

El OVV se concibió como un sistema integrado de información con la finalidad de hacer seguimiento y monitoreo sobre la situación de violencia interpersonal en Venezuela y evaluar la percepción ciudadana de la situación de seguridad en el país[29]. La perspectiva asumida en el OVV para abordar la temática de la violencia es la de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y el derecho de acceso a la justicia. Para cumplir con sus objetivos, el OVV cuenta con tres componentes de recopilación de información que emplean técnicas distintas y atienden también a fuentes diferentes. El primer componente revisa diariamente la prensa nacional y regional en la búsqueda de hechos de victimización y actuación de organismos de administración de justicia en el país. Esta información alimenta una base de datos cuya descripción se puede encontrar en Camardiel y Ávila[30]. El segundo componente está conformado por un conjunto de procedimientos que recaban información en los organismos oficiales de seguridad y derechos humanos, tanto nacionales como regionales, sobre actuaciones reportadas y denuncias realizadas. El tercer componente es una encuesta de violencia con representación nacional que incluye un módulo de victimización.

La integración de una encuesta propia de violencia y victimización en las actividades de producción de información de un observatorio de violencia ofrece la ventaja de compartir un mismo marco conceptual y teórico y, claro está, de emplear el mismo conjunto de definiciones, todo lo cual refuerza y potencia el valor de los testimonios que aportan los distintos medios de recolección de datos.

El instrumento empleado en esta versión tuvo 14 secciones y el módulo de victimización incluyó 13 preguntas que registraron el tipo de victimización, los actores involucrados, las circunstancias en que se produjo (lugar, momento del día, día de la semana, armas utilizadas), la ayuda a la víctima, la denuncia del caso y los resultados de la denuncia.

Los informantes calificados en el hogar, nuevamente personas de 18 años o más, se sometieron al mismo protocolo de entrevista empleado en la encuesta de 2004.

Las dos últimas encuestas compartieron el mismo tipo de diseño, ambas fueron muestras probabilísticas hasta la segunda etapa de selección a causa de restricciones presupuestarias y estratificadas trietápicas. En la tercera etapa, se seleccionó una primera vivienda de forma aleatoria y a partir de allí se escogían cinco personas por manzana censal cumpliendo una cuota establecida por sexo y grupos de edad. El tamaño final de la muestra fue de 1.200 hogares.

La encuesta de violencia interpersonal y percepción ciudadana de la situación de seguridad en Venezuela de 2008

La encuesta del año 2008, que comparte título y propósito con la precedente, tuvo como finalidad proporcionar datos para el OVV sobre la situación de la violencia y la victimización en Venezuela desde junio de 2007 a julio de 2008.

En esta ocasión, se utilizó también el muestreo probabilístico, pero hasta la tercera etapa de selección. En la cuarta etapa, se extrajo una primera vivienda de forma aleatoria y a partir de allí se seleccionaron cinco personas por manzana censal cumpliendo una cuota establecida por sexo y grupos de edad. El tamaño efectivo de la muestra fue de 1.133 hogares. Las unidades de selección de la primera etapa, a saber los segmentos censales, se estratificaron de acuerdo con la división político territorial del país en entidades federales. La elección de los segmentos dentro de cada estado se llevó a cabo sistemáticamente empleando una lista de segmentos ordenados de acuerdo con un criterio de clasificación socioeconómica basado en el método Graffar[31] (ver apéndice A).

El diseño de la muestra y la recolección de datos estuvieron a cargo de la empresa DELPHOS. El trabajo de campo se realizó del 4 de junio al 12 de julio de 2008. La encuesta tuvo cobertura geográfica de la totalidad de las localidades urbanas del territorio nacional[32]. El universo de estudio quedó conformado por todas las personas de 18 o más años de edad que residían de forma permanente en viviendas familiares de uso residencial, que para la fecha de la realización del estudio sumaban un gran total proyectado de 16.977.056 personas.

El cuestionario empleado en la encuesta indagó sobre asuntos factuales y subjetivos del entrevistado y de su hogar. Las secciones que se incluyeron en el instrumento de recolección de datos, además de la descripción socio-demográfica del entrevistado y del hogar, incluyó: (1) instituciones, (2) actuación de la policía, (3) actitudes sociales, (4) violencia contra la pareja, (5) actitudes hacia la violencia, (6) temor e (7) inhibición ante la violencia, (8) victimización, (9) relaciones nacionales, (10) terrorismo, (11) evaluación del gobierno y (12) tenencia de armas (ver apéndice B). El módulo de victimización es el más extenso del instrumento y contiene 25 preguntas sobre tipos de delitos sufridos por algunos de los miembros del hogar, frecuencia, patrones de victimización, variables personales de las víctimas y los victimarios y particularidades situacionales de los hechos delictivos para la victimización más reciente.

Algunas de las preguntas tienen valor por sí mismas, pero otras forman parte de un conjunto de ítems que dan origen escalas sumativas. Tal es el caso de la actuación de la policía, la violencia contra la pareja, las actitudes hacia la violencia, el temor y la inhibición ante la violencia y las relaciones nacionales. El trabajo preparatorio con las escalas supuso el cálculo del Coeficiente de Cronbach. Cuando el resultado estuvo por encima de 0,80, se procedió a sumar los puntajes de los ítems respectivos y a categorizar el resultado final de acuerdo con el mismo sistema de modalidades clasificatorias de los ítems individuales.

El modo de interpelación sobre victimizaciones adoptada en esta encuesta difirió del empleado en los estudios anteriores. El entrevistado seleccionado, además de aportar información sobre características socio-demográficas personales y de su hogar, debía describir numéricamente actuaciones, estimar frecuencias y cantidades, emitir opiniones y realizar evaluaciones sobre los diversos aspectos solicitados en distintas secciones del cuestionario. En el módulo de victimización se le preguntaba si algún familiar había resultado asesinado y si el mismo entrevistado u otro miembro del hogar había sido objeto de algún acto violento en el último año. En caso afirmativo, se le pedía que describiera las características del último evento acontecido. La recolección de datos sobre cantidades y tipos de victimización en este módulo es una tarea no exenta de complejidad, si tomamos en cuenta que en un hogar pueden cohabitar miembros no victimizados y victimizados, haber sido objeto múltiples veces de un mismo delito o que una misma persona haya resultado víctima de distintos delitos. Algunas otras consideraciones particulares sobre este asunto se pueden leer en el próximo capítulo.

Las preguntas del módulo de victimización tienen un período de referencia de un año, aun cuando se ha reportado[33] que esta duración acentúa el fenómeno del acercamiento de eventos intensos ocurridos fuera del período de referencia (fenómeno conocido como telescoping)[34], pero acortar el intervalo de tiempo hubiera obligado a emplear un tamaño de muestra sustancialmente mayor. Para el resto de las preguntas, el período de referencia se sitúa a finales del mes de junio de 2008.

Las unidades de análisis que se consideraron en el diseño y procesamiento de la encuesta fueron diversas, a saber: (1) el informante, (2) el hogar del entrevistado (tanto en su condición habitual como de hogar victimizado), (3) el delito, (4) las víctimas, (5) los victimarios, y (6) la situación delictual. Cabe adelantar que las unidades asociadas a la consumación de delitos violentos se consideran únicamente en el módulo de victimización.

El tamaño final de la muestra fue de 1.133 personas que fueron entrevistados en otros tantos hogares. La distribución por entidad federal se hizo proporcionalmente al tamaño de la población de cada estado. Las entidades con mayor número de hogares en la muestra fueron: Miranda (11,3%), Zulia (10,7%), Distrito Capital (10,6%), Carabobo (7,9%), Lara (7,1%), Aragua (7,1%), Anzoátegui (5,6%), Bolívar (4,8%), Táchira (4,4%), Mérida (3,5%) y Sucre (3,2%). El resto de la muestra (23,9%) se distribuyó entre las once entidades restantes. Es oportuno recordar que el tamaño de la muestra depende básicamente de la precisión con la que se quieran estimar los parámetros de interés y que la estimación de tasas de victimización de prevalencia muy baja, los períodos de referencia breves y los niveles de cobertura muy detallados, requieren tamaños muy grandes.

Ninguna de las encuestas por muestreo de LACSO sobre violencia ha tenido como uno de sus objetivos la estimación de tasas de victimización y esto porque las prevalencias de los delitos cuya magnitud se desea estimar son muy bajas. Resulta ilustrativo reportar el caso de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial realizada en el año 2006 por el Gobierno Venezolano. Esta investigación por muestreo probabilístico, con un tamaño de muestra efectivo de casi 5.500 hogares permitió estimar tasas de victimización por 100.000 habitantes empleando intervalos confidenciales de amplitud razonable para delitos con prevalencias altas, como el robo y el hurto. Pero para los delitos menos prevalentes como el secuestro, la extorsión y el homicidio, que arrojaron coeficientes de variación muy altos, la estimación por intervalo confidencial de sus tasas de victimización por 100.000 habitantes resultó excesivamente amplia y poco útil.

Sobre los resultados del procesamiento estadístico de los datos incluidos en este libro

Se emplearon dos formas de procesar estadísticamente los datos aportados por la encuesta. Por un lado se elaboraron distribuciones de frecuencias simples para cada una de las variables reportadas en el texto, que se optó por representar, en su mayor parte, mediante diagramas de barras, por aquello de «una imagen vale por mil palabras». Y por el otro, se cruzaron todas las variables directamente relacionadas con la temática principal del libro (que denominamos genéricamente como variables de violencia) contra nueve variables socio-demográficas, a saber: sexo, edad, estado civil, nivel educativo, condición de trabajo, religión, preferencias partidistas, raza y nivel socioeconómico objetivo.

El procesamiento se realizó, en general, empleando pesos muestrales[35], es decir considerando el número de individuos de la población de la encuesta[36] que representa cada respondiente. La excepción correspondió al tratamiento de las preguntas del módulo de victimización, porque manejamos eventos de prevalencia muy baja y dado el tamaño de la muestra, debemos prever un comportamiento inestable de las cifras de delitos que no tiene sentido considerar en su proyección poblacional. Todos los cuadros y gráficos generados con datos aportados por la encuesta presentados en el libro llevan la indicación de si se construyeron empleando porcentajes de la muestra o porcentajes expandidos a la población. Además, hay que mencionar que sólo se consideraron las frecuencias válidas, excluyendo las modalidades No aplica, No sabe y No recuerda.

Para cada uno de los cruces de variables indicados, se calculó el estadístico Ji-cuadrado de Pearson (X²) con el fin de facilitar la detección de patrones distintivos de respuestas de las modalidades de las variables de violencia (organizadas por filas) para las distintas modalidades de las variables sociodemográficas (organizadas por columnas).

En terminología estadística convencional, diríamos que empleamos una prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de factores fila (variable de violencia) y columna (variable socio-demográfica), dependiendo de si condicionamos sobre los totales de cada columna o sobre el total general de la tabla respectivamente[37].

Las tablas de contingencia resultantes de los cruces se presentan en términos de perfiles columnas (porcentajes expandidos a la población totalizando 100 en cada columna) para enfatizar de esta manera el posible rol «explicativo» que se le atribuye a la variable socio-demográfica considerada en la tabla cuando condicionamos sobre los totales de columnas.

El texto acompañante de las tablas cruzadas refiere el valor P del estadístico X² calculado con los datos de la muestra[38]. La magnitud del valor P comunica al lector cuán improbable resultaría observar una tabla como la calculada asumiendo que todos los perfiles columnas son realizaciones de vectores aleatorios con la misma distribución Multinomial o que los factores son independientes, es decir que la hipótesis nula es cierta. Cuando esta probabilidad es pequeña, los datos no son consistentes con esta hipótesis y concluimos que la evidencia muestral habla en su contra.

Si el valor P es menor que 0,05, es común expresar que el resultado de la prueba fue estadísticamente significativo o concluir que hay diferencias estadísticamente significativas al 5%, aun cuando algunos autores consideren que es una forma incorrecta de explicar las conclusiones (ver por ejemplo Prieto Valiente y Herranz Tejedor, 2005). A pesar de ello, hemos convenido en reportar los resultados de esta manera para no discrepar con lo que es una práctica extendida.

En el texto se incluyeron sólo aquellas tablas para las que la evidencia en contra de la hipótesis nula fue demasiado grande como para atribuirla únicamente al efecto del muestreo. Advertimos que esta forma de proceder no ignora las limitaciones que impone el tipo de muestreo (tetraetápico estratificado) empleado para la recolección de datos sobre el uso de una prueba de significación estadística. El procedimiento se utilizó, más que para establecer asociaciones de manera sólida, como un medio de criba, es decir, como una forma sistemática de obtener indicaciones acerca de relaciones potencialmente interesantes en el concurso de cientos de cruces posibles. Quedó a juicio del analista social la decisión de si reportar o no tomar en cuenta la asociación explorada.

Referencias bibliográficas

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Brackstone, G. (1999). «Managing Data Quality in a Statistical Agency». Survey Methodology. December, núm. 25, pp. 139-149.

Briceño-León, R. «Un marco sociológico para la violencia urbana». Briceño-León, R. y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Caracas, LACSO, pp. 11-67.

Briceño-León, R., A. Camardiel, O. Ávila, E. De Armas y V. Zubillaga. (1997). «La cultura emergente de la violencia en Caracas». Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Caracas, núm. 3, pp. 195-214.

Camardiel, A. y O. Ávila. «Un marco metodológico del Observatorio Venezolano de Violencia». Briceño-León, R. y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Caracas, LACSO, pp. 107-134.

Christensen, R. (1997). Log-Linear Models and Logistic Regression. New York, Springer.

OMS. (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, Organización Panamericana de la salud, Publicación Científica y Técnica, núm. 588.

Prieto Valiente, L. y Herranz Tejedor, I. (2005). ¿Qué significa ´estadísticamente significativo´? La falacia del criterio del 5% en la investigación científica. Madrid, Ediciones Díaz de Santos, S.A.

Skogan, W. G. (1990). «A review: The National Crime Survey redesigned». The Public Opinion Quarterly, núm 54, pp. 256-272.

Constitución, derechos humanos y violencia delictiva
Elsie Rosales[39]

Durante esta década, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) han adelantado una alianza para unir sus esfuerzos en la investigación científica de la violencia delictiva, principalmente en Venezuela, que permita comprenderla y explicarla para inferir respuestas con alta pertinencia social. De ahí, el Proyecto Cooperativo LACSO-LUZ-UCV en cuyo contexto se adelantaron sendas encuestas nacionales de victimización y múltiples estudios en torno a la seguridad urbana y violencia delictiva. Para el Instituto de Ciencias Penales, la responsabilidad específica recayó sobre el Proyecto Sistema Penal y Acceso a la Justicia, inscrito dentro de la plataforma de Sistemas Penales y cuya publicación de resultados finales salió con el sello del Consejo de Desarrollo Científico/UCV el pasado junio de 2008.

Por tanto, la alianza entre LACSO y el Instituto de Ciencias Penales de la UCV no se traduce en sumar esfuerzos para denunciar el dramatismo con el cual la violencia delictiva se muestra desde los años ochenta, de modo cada vez más grave en el país y en la región, e incluso en el mundo entero de las últimas décadas; sino que no se detiene en la denuncia implícita a toda exposición detallada de un problema tan serio y complejo como carente de adecuada atención, sino que trasciende hasta un punto de encuentro entre corrientes y estudios diversos, incluso con posturas en ocasiones antagónicas, para destinarse a aportar datos y estudios que no sólo alienten la comprensión científica, sino que postulen soluciones, propuestas alternativas y ensayos que allanen caminos para su superación.

En ese sentido, se hermanan voces académicas a veces convergentes, otras divergentes y por tanto más valiosas en su concepción democrática del saber y a la vez, indispensables, para evitar sesgos y prejuicios presentes incluso en la ciencia y en general, en todos los saberes humanos, aun cuando a veces la arrogancia pretenda manejar enfoques y datos como si se tratara de la única interpretación posible. De esta «desviación» del conocimiento damos cuenta todos los que nos dedicamos a estos quehaceres intelectuales y, por ello, de entrada, mi advertencia ante la propia ceguera.

Para cumplir su cometido, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ha venido elaborando un marco conceptual indispensable para la observación de la violencia delictiva mediante la identificación de los derechos humanos comprometidos por las acciones violentas.

En este contexto se inserta esta contribución como parte del marco conceptual necesario para ir comprendiendo, explicando e infiriendo soluciones a las dificultades derivadas de la violencia delictiva. Para ello, no sólo se parte del sistema de derechos humanos, sino de la matriz constitucional que los garantiza dentro de un contexto de protección dinámico que incluye el sistema internacional de protección y su base jurídica constituida por una novel rama jurídica: el Derecho de los derechos humanos.

De modo que desde una perspectiva constitucional y por tanto, jurídica y política, se postula que un marco válido para confrontar la violencia delictiva es su oposición a la vigencia y realización de los derechos humanos. Esto vale tanto para derechos humanos individuales (aquellos que corresponden a la persona individual por el hecho de serlo), de primer orden como son la vida, integridad o libertad, como también para comprender que la violencia delictiva obra como un severo obstáculo a la realización social y humana, en lo que se conoce como «desarrollo humano sustentable», tal y como establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando la analiza específicamente como una de las variables que obstaculiza la superación del problema más acuciante del planeta: la desigualdad[40].

La cuestión de la observación del comportamiento de la violencia delictiva exige un marco conceptual y otro metodológico para su medición y evaluación, siendo éste el de los derechos humanos, pero para poder realizar este contraste, se debe aprehender el sentido constitucional político y finalmente humano de los derechos humanos para formular un contexto que permita oponer los derechos humanos a la violencia criminal e ir desarrollando mecanismos cada vez más agudos de medición del estado de la cuestión, al punto que, al confrontar la violencia delictiva con deberes políticos que están en la base de la conformación del Estado de Derecho, se pueda comprender por qué esta violencia no sólo ofende los derechos humanos particulares en un episodio de violencia interpersonal, sino que el establecimiento estructural de su incidencia conduce a deslegitimar al Estado al retrasar el desarrollo humano sustentable –plexo de derechos humanos– al cual constitucionalmente se debe.

Por tal, el punto de partida es el orden constitucional, que en Venezuela no refiere cualquier orden formal, sino uno particularmente proclive a la garantía de los derechos humanos, es decir, sustantivo o material. De esta forma, la Constitución venezolana de 1999 profundiza la protección de los derechos humanos porque genera múltiples mecanismos de tutelaje (constitucional, flexible, material y normativa, sistema de derechos, control del poder, participación ciudadana) y aunque es sabido que la transformación humana es lenta y que de la proclama constitucional a su vigencia efectiva hay un largo trecho, partir de sus postulados es óbice para ir avanzando hacia su realización.

No obstante, no vale afirmar que la Constitución es una Constitución de los derechos humanos, si no se le interpreta en términos lo suficientemente explícitos que hagan evidente que la falla estaría en la aplicación y no en una interpretación mezquina o extraviada de sus fórmulas de protección. Mucho menos suponer que la mera declaratoria constitucional realiza la vigencia de los derechos –eso sería sólo retórica– toda vez que la existencia de la norma constitucional tiene el sentido de que en la realidad alcancen tal vigencia, y aunque es claro que tal realización es en definitiva un continuo, éste no justificaría que en la praxis política y social no se transitara ese camino. Sobre todo en el entendido de que el proyecto de realización de los derechos humanos responde, como la vida misma, a complejos dinámicos que constitucional y concretamente se traducen en el denominado principio de progresividad de los derechos[41].

De esta conceptualización, emerge que el orden constitucional ya desde antaño no está concebido para mero declarativamente enunciar los derechos humanos y luego pasar la página a los capítulos que organizan la nación y el gobierno o para destinarse a la regulación de la gobernanza mediante la legalidad de la actuación del poder público. Sino que toda la trama constitucional (principios y valores, sistema de derechos humanos, nación y territorio, concepción del Estado, ordenamiento legal de los poderes, gobernanza en general, etc.) tienen el único sentido de propender a la garantía efectiva de los derechos humanos en todas sus magnitudes. Éste es el concepto que se imbrica con el desarrollo humano sustentable donde se cruza la incapacidad del Estado para proteger los derechos humanos con aspectos específicos de atraso de tal desarrollo deseable. Huelga otra mayor explicación en cuanto al impacto humano particular y social que producen las muertes indebidas o imprudentes y más aún las violentas, mucho más destructivas, es decir, con efectos individuales y sociales más graves.

De ahí que cuando en Derecho se estudia la violencia delictiva y desde el Derecho Penal se considera la cuestión delictiva, deviene un conjunto de dispositivos, llamados tipos penales, esto es aquellas normas donde se tipifica la conducta delictiva, que aunque no siempre son fieles a sus cometidos, deben condensar legalmente los delitos que constituirían atentados contra bienes jurídicos que, en el fondo, no son más que representaciones, valores, bienes u objetos jurídicamente construidos para legitimar la tutela penal que lo que hacen es traducir la tutela penal de los derechos humanos a un criterio jurídico penal de imputación.

En síntesis, los derechos humanos justifican la existencia del Estado, le dan su sentido y el cometido de tutelarlos; son, también, el sustrato real de los entes jurídicos denominados bienes jurídicos, creados básicamente por el Derecho Constitucional o en todo caso, por las ramas jurídicas que, como el Derecho Internacional de los derechos humanos, se ocupan directamente de ellos y se dedican a abrirles espacios para el reconocimiento, la ampliación y su protección; bienes jurídicos que luego, en cada rama particular del Derecho, reciben un tipo de tutela específica, que para el caso del Derecho penal se denomina tutela penal. Esta tutela penal responde a la lesión más o menos intensa, pero siempre significativa de esos derechos humanos o en ocasiones de algún objeto jurídico representativo de la realidad, cuya función es permitir que éstos puedan existir y desenvolverse, como sucede con los bienes jurídicos «medio ambiente» o «confianza pública».

En el mundo del Derecho Penal, ante la violencia delictiva, los derechos humanos individuales erigen barreras de resguardo al tipificar como delitos los atentados más relevantes o graves, trasmutando técnicamente en figuras penales graves las conductas prohibidas y lesivas que los agredirían mediante la violencia delictiva. Estas conductas delictivas que ocasionan muertes o lesiones violentas, privaciones y amenazas, así como otros atentados a la libertad e integridad personales, son los que conceptualmente el OVV denomina «violencia interpersonal».

Entre las conductas delictivas características de la violencia interpersonal más común en el espacio urbano se observan: homicidios, desaparición forzada, lesiones, violación, robos, secuestros, extorsión, amenazas y abuso de las armas de fuego, concurrente en la comisión de alguno de estos delitos que aumenta el desenlace letal.

En general, todos o casi todos estos delitos constituyen atentados contra los derechos a la vida o la integridad, como sucede con el homicidio o la desaparición forzada (vida), la violación, el secuestro, la extorsión, las amenazas o las lesiones (integridad). Sin embargo, muchos de ellos a la vez también agreden otros derechos, es decir, son pluriofensivos. Así por ejemplo, el secuestro ofende primero la integridad, pues supone una agresión moral, física y psicológica a la víctima (principalmente al secuestrado y sus familiares), pero también lesiona la libertad y, eventualmente, al patrimonio. La violación socava directamente la integridad física, psíquica y moral; de hecho, usualmente el impacto emocional, psicológico y moral supera en el tiempo al grave atentado físico, su carácter multiofensivo denota un hecho con varias dimensiones violentas contra las víctimas y en perspectiva trascendente contra la colectividad, al igual que sucede con los otros delitos violentos descritos. En definitiva, lo que se quiere enfatizar es que la violencia delictiva en observación vulnera a la vez los derechos humanos individuales, llamados ocasionalmente fundamentales y que son inherentes a la condición humana y por tanto, inalienables, inmanentes e irrenunciables.

Si en ese orden de ideas, se considera un homicidio intencional, de inmediato emergerá la idea de que se suprime violentamente la vida de otro y, por tanto, el atentado será un atentado contra el derecho humano más importante existente: el derecho a la vida. La gama de estos delitos abarca la modalidad de desaparición forzada que en definitiva es un homicidio presunto en el cual el medio de comisión consiste en «desaparecer» a la víctima, no pudiendo encontrarse temporal o definitivamente los elementos constitutivos del cuerpo del delito de homicidio (cómo lo mató, con qué medio, cuándo, las evidencias acerca de la ejecución, lugar, circunstancias), pero sí los elementos del cuerpo del delito de desaparición, es decir, la demostración de que estuvo bajo determinada sujeción o fue sometida, privada de libertad o llevada y desapareció (estuvo en tal lugar, fue detenido en tal sitio, no se le vio más). En la reforma parcial del Código Penal de 2000, cumpliendo el mandato constitucional del artículo 45 de la Constitución, se incorporó el delito de desaparición forzada, pero se hizo dentro de los delitos contra la libertad, dándole prioridad a la lesión de un bien jurídico de menor entidad y correspondencia que la vida e integridad donde debería estar incluida su tipificación dada su gravedad y bien jurídico predominante, cuando no en un capítulo especial que contemple los graves atentados contra los derechos humanos -incluidos los de lesa humanidad- aún ausente en la legislación interna venezolana. No obstante, este error legislativo, por demás usual en muchas normativas comparadas, no es óbice para que el OVV no lo examine en correspondencia con los derechos humanos que lesiona más severamente el comportamiento de la violencia delictiva, por razones de elemental racionalidad. Sin embargo se entiende que en materia penal la dificultad parta del inquebrantable respeto al principio de culpabilidad, en tanto que no se pueda «presumir» la conducta homicida, cuestión que se comprende, así como a la estrecha vinculación situacional de la desaparición forzada y la privación ilegítima de libertad. Sin embargo, a los fines del OVV, interesa atender a los eventos delictivos de violencia interpersonal, en este caso, cometidos por agentes del Estado, entre los que esta modalidad supone, más allá del atentado a la «libertad», que la persona es víctima de un acto violento que la desaparece; esto no es más que una forma de exterminio.

La vida humana, además de ser inmanente, irrenunciable e inalienable, es, sobre todo, un derecho humano absuelto, lo cual significa que no admite relatividades de ningún tipo, restricciones, ni limitación alguna. Es de ese tipo de derechos que, por ejemplo, en una declaratoria de excepcionalidad, nunca pueden ser tocados, no admiten excepción y no está autorizado el Estado, en caso alguno, a disponer del mismo, pues queda fuera del mandato político que le otorga el poder constituyente al poder constituido. En un Estado auténticamente democrático en su formulación constitucional, es imposible permitirle la disponibilidad de la vida (como sí sucede en los Estados donde se aplica la pena de muerte) sencillamente porque la decisión sobre la vida no es alienable, delegable, ni negociable, ni subrogable hacia el Estado. Carece totalmente de legitimidad el desplazamiento hacia el poder político de una cuestión fundamental que está en la base del Estado de Derecho contemporáneo, que es la garantía de los derechos humanos, por lo que se añade que relativizar la protección de un derecho humano absoluto supondría una incongruencia que socavaría la base de su propia legitimidad.

En el caso de la integridad, se aprecia el otro derecho individual y principalísimo de carácter absoluto que, junto a la vida humana, harían imposible tan siquiera concebir el disfrute de los otros derechos humanos, pues si no hay vida o integridad en su tridimensional expresión física, psíquica y moral, se sucede una negación sustancial a tal lesión que imposibilita, al menos para la víctima directa del homicidio, el disfrute de todos sus derechos, con prescindencia de que sus familiares o la propia sociedad puedan disfrutar de los otros derechos, que son perpetuos y siempre continuarán con sus efectos post mortem (incluso en derechos personalísimos como dignidad, honor, nombre, identidad, vida privada, imagen). Mientras que en la integridad su lesión es tan grave que puede comprometer igualmente el disfrute de muchos e importantes derechos y su vinculación con la vida es tan íntima que muchos atentados contra la integridad arriesgan severamente la vida, como sucede con muchos secuestros, así como muchos atentados contra la vida, aun quedando en el estadio de lesión a la integridad, son considerados penalmente lesiones a la vida por concretar serias amenazas contra ésta, tal y como acontece con la penalización como homicidio de muchas de sus formas tentadas. Por tanto, la capacidad de lesión o daño de los atentados contra estos dos derechos absolutos tiene un sitial preeminente en la trama de los derechos humanos y debe ser tenido en cuenta cuando se evalúa la violencia delictiva.

Evidencia de ello sucede en delitos graves contra los derechos humanos como son la tortura o los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los que el bien jurídico y derecho tutelado es la integridad física, psíquica y moral. En estos supuestos, usualmente cometidos por agentes del Estado aprovechando ilegalmente tal condición, la lesión a la integridad puede hacer concurrir las tres modalidades y propinar, por ejemplo, lesiones, o puede constituir sólo afecciones a la integridad moral y emocional, esto mediante amenazas, insultos u ofensas. La incidencia de estos eventos es severamente sancionada tanto en Convenciones internacionales suscritas por la República, así como existen políticas para su evitación; no obstante, se documentan casos y denuncias, principalmente mediante ONGs o ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, en particular, por parte de agentes de seguridad, que obligan a su observación específica.

Otras modalidades delictivas violentas pluriofensivas que agreden el derecho a la integridad, pero también la libertad o el patrimonio, son, además del secuestro, la extorsión y las amenazas. En este sentido, el secuestro es característico para explicar tal carácter pluriofensivo, pues su comisión no sólo lesiona la libertad al sujetar y someter forzosamente a la víctima, sino que esta situación afecta directamente a su integridad no sólo física, sino emocional, psíquica y moral. En el caso de la extorsión y las amenazas en general, la grave amenaza de producir un daño supone en sí la lesión de la integridad psíquica, moral y emocional. Sin embargo, debido a un grave error técnico y de concepción en la reforma parcial del Código Penal de 1964, estas modalidades delictivas se incorporaron como delitos contra el patrimonio. El error fundamental consistió en darle prioridad al móvil delictivo de muchos secuestros y extorsiones, consistente en obtener un provecho injusto, usualmente económico o medible en términos económicos, en vez del bien jurídico; sin embargo, esto no es más que una desviación conceptual al darle importancia al móvil del delito y no al ente tutelado penalmente que en estos casos son derechos fundamentales como la integridad y la libertad con riesgo de la vida en muchas de sus modalidades de ejecución.

Sin embargo, derechos humanos individuales tan importantes como variados, como son la libertad o el patrimonio, no son absolutos, pues ya se dijo que los únicos que ostentan esta condición son la vida e integridad. La libertad admite restricciones y el patrimonio restricciones y limitaciones, así sucede al menos en todo el mundo occidental. Técnicamente, las limitaciones y restricciones al patrimonio históricamente derivan de la necesidad de preservar el equilibrio para con otros derechos.

No obstante, cuando se trata de robos no se está aludiendo sólo a un atentado contra el patrimonio, aunque pueda afectarlo severamente, sino que constituye una forma delictiva violenta que compromete eventualmente derechos como la vida y seguramente el derecho a la integridad, desplegada mediante la amenaza y la violencia física contra la víctima. Si además se estima que la incidencia de robos, hasta con armas de fuego, e incluso bajo la modalidad de robo de vehículos, tienen alta incidencia en Venezuela, que además se conecta con la temática de la delincuencia organizada, se concluye acerca de la importancia que tiene su observación dentro del espectro de la violencia delictiva.

Por su parte, la restricción de libertad puede ser el resultado de una medida cautelar dentro de un proceso penal o de una sentencia condenatoria en materia delictiva. La razón es que, dada la gravedad de la comisión de muchos delitos y el tutelaje penal que se merecen los derechos de las víctimas, una sanción grave puede conllevar la restricción de la libertad personal, lo cual, sin duda, constituye la intervención estatal más severa en conflictos muy graves como son estos delitos, pero sobre todo porque hasta la fecha, la evolución humana no ha superado el recurso a la sanción como tal en las intervenciones estatales en materia penal, que son las más duras, es decir, el Estado interviene para establecer la responsabilidad y esto se acostumbra mediante la imposición de una sanción severa –llamada popularmente «castigo»– no de una reparación, conciliación, indemnización u otra modalidad alternativa. El hecho definitivo es que la libertad personal admite restricciones constitucionalmente fundadas, y ésta se relaciona con otro derecho: el de circulación, que también puede ser restringido legítimamente.

Por tanto, el deber de tutelaje del Estado no es sólo una declaración constitucional sino su propio cometido, que cobra fuerza cuando se trata de los derechos absolutos a la vida e integridad, así como en relación con otros derechos individuales personalísimos y primigenios, como son la libertad personal o la igualdad, de nuevo hilvanados a la dignidad humana en tanto inherente su condición.

Por otro lado, es de advertir que no se olvida que condenar al hambre y a la desigualdad a una, miles o peor aún, millones de personas, constituye una negación estructural del derecho a la vida y a la integridad. Sin embargo, la observación de la violencia delictiva se circunscribe a la supresión de la vida humana o a la lesión de la integridad u otros derechos mediante acciones violentas directas que son administradas en la relación interpersonal. De modo que la violencia estructural ocupa otro lugar de análisis, distinto, mas no por ello menos importante.

Igualmente, las mediciones de Naciones Unidas sobre el significativo aumento mundial de las muertes violentas, producidas ya por la violencia bélica o por la estrictamente delictiva que numéricamente es mucho menor a la primera, es un contexto necesario para el análisis de la mortandad y lesividad violenta y sin duda, un dato significativo y abrumador para comprender la imperiosa necesidad de apostar positivamente por la paz y de traducir este postulado en acciones concretas para la reducción de la violencia, pero que en el caso venezolano, al cual dedica su cometido el OVV, se delimita a la violencia delictiva convencional e interpersonal, dada la realidad de la incidencia delictiva violenta (dimensión objetiva de la violencia delictiva) y la percepción de amenaza y miedos socialmente difundida (dimensión subjetiva de la violencia delictiva), sobre todo por el aumento exponencial de estos indicadores durante las últimas década, y en algunos delitos en particular, de un modo alarmante en los últimos diez años.

La otra dimensión del análisis de la violencia delictiva y su elevado impacto contra los derechos a la vida e integridad es que a estas alturas de la vida planetaria, tolerar de cualquier forma que pueda exterminarse –aun una sola de ellas- es más que un contrasentido histórico y evolutivo, dado el hecho único, irrepetible e insustituible de cada vida humana y dada la gravedad de la ofensa a la dignidad que suponen los atentados en su contra. Esto porque en la base de todos los derechos humanos está la dignidad humana como un pivote que ha logrado emerger como el postulado cumbre de universalidad de los derechos humanos, en tanto que atañe a la condición humana por tal.

Luego quedan los demás derechos importantísimos, sean de primera, segunda, tercera o cuarta generación, incluso de quinta y sexta generación como se debate actualmente, pero limitables o relativizables como pueden ser, por ejemplo, la libertad de expresión que siendo un derecho no restringible, no es absoluto, pero sí permite limitaciones debido a su interdependencia con el resto de los derechos con los cuales debe coexistir para garantizar el equilibro entre todos; de ahí que en los Estados auténticamente democráticos formalmente declarados en sus constituciones, este derecho no pueda declararse restringido en la declaratoria de un Estado de excepción, pero sí tiene, en situación de perfecta normalidad constitucional, usuales y regulares limitaciones basadas en el imperio simultáneo de otros derechos humanos como son el derecho a la imagen, el propio nombre, la privacidad o el honor. En definitiva, una explicación que permite contrastar el alcance de la fórmula que postula el carácter absoluto de derechos como la vida e integridad humanas.

Siendo ésta la relación entre derechos humanos-Estado en contraposición con la violencia delictiva, la incidencia de muertes, lesiones y otros atentados violentos interpersonales contra los derechos individuales, como los atentados violentos contra la libertad personal o contra el patrimonio, constituyen las lesiones interpersonales más características de la violencia delictiva urbana, situación de la cual no ha escapado Venezuela, a juzgar por los datos registrados oficialmente, sobre todo en los últimos diez años. En ella, también se inscriben los atentados cometidos contra la vida, integridad y otros derechos individuales principales como la libertad, cometidos por parte de agentes del Estado, esto es, lo que se ha denominado violencia institucionalizada, que da cuenta de los saldos rojos imputables a la acción de funcionarios de los cuerpos de seguridad.

La violencia interpersonal delictiva institucionalizada se opone más perjudicialmente que la violencia delictiva convencional a la vigencia de los derechos humanos, pues el monopolio del uso de la fuerza en el Estado le impone como criterio de legitimidad que su intervención sea pacificadora en los conflictos interpersonales y con estricta sujeción a la legalidad y por tal, la comisión delictiva violenta a su amparo o bajo su actuación desviada le brinda una ventaja que se traduce en la forma más grotesca de abuso de poder. En la base explicativa resulta insólito que una intervención pública que ha sido concebida para reservar a un ente regulado, controlado e imparcial el uso de la fuerza que se apartó de la esfera privada, de las manos de los particulares, para concentrarse exclusivamente en el Estado, pueda ser empleada para agredir lo que precisamente debe custodiar. La falta de legitimidad es obvia, pues involucra su propio fundamento en la concepción del Estado, consistente en la concentración del uso de la fuerza y del poder de coercibilidad con fundamento en criterios democráticos.

En el orden constitucional, estos derechos humanos primigenios se organizan en sistemáticas diversas conforme a diversas doctrinas sobre derechos humanos. En la Constitución venezolana de 1999, los derechos individuales tales como la vida, integridad y libertad se consagran entre los derechos civiles, invocando la doctrina que los asocia con un Estado protector que los cubre bajo el ejercicio de la soberanía. Sin embargo, el carácter individual y los logros históricos de su consideración como tales son indiscutibles. Al efecto, sólo basta repasar la cada vez más prolija normativa internacional de protección, los sistemas de derechos humanos asociados a ellas y el desarrollo de los sistemas constitucionales contemporáneos para protegerlos. Pero lo más significativo de este texto constitucional es el sistema de derechos humanos que desarrolla como el sistema constitucional más importante. El capítulo destinado específicamente a los derechos humanos incorpora positivamente los principios de interdependencia, indivisibilidad, irrenunciabilidad y progresividad[42] que antes eran doctrinarios o dispersos en normas de otras fuentes; dando cuenta de muchas consecuencias, entre ellas, que un derecho se sustenta e hilvana con otro del cual depende y que la plena integridad de los mismos exige esta interdependencia pero a la vez la integridad de cada uno (indivisibilidad); a la vez que reitera el madurado principio de libre desenvolvimiento de la personalidad[43], como herencia sabia del liberalismo en un primer y trascendente paso de oposición al Estado Absoluto. Como se trata de un sistema de derechos donde el elemento central es la garantía, valga decir la capacidad, dispositivos y medios de protección, articula desde sus primeros artículos una forma de Estado donde los derechos humanos son el cometido principal[44] y todo, absolutamente todo se organiza en torno a ellos. Esto conduce a que en la sistematización específica de los dispositivos que conjugan las reglas clave del sistema de derechos se incorpore tanto el derecho a la tutela judicial efectiva, como también al régimen especial de protección de los derechos humanos contra los graves atentados contra éstos[45], los que reconducen al tema de la violencia institucionalizada, pues los atentados graves contra los derechos humanos son delitos que son cometidos por abuso de poder y por tanto son delitos que pueden cometer los agentes públicos de seguridad. Claro está, el hecho de que un agente cometa un delito no significa que se trate de un atentado contra los derechos humanos, pero cuando estas lesiones responden a una sistemática, reiterada o estructural actuación de agentes al amparo del Estado, entonces se abre el camino trascendente de los graves atentados contra los derechos humanos.

Por su lado, la tutela judicial efectiva invoca un derecho y a la vez una garantía[46] que en relación con la violencia delictiva coloca al Estado ante la obligación de investigar y juzgar todos los delitos, exigencia que aumenta en la medida en que se trate de delitos de mayor gravedad, como sucede con los de violencia delictiva. Éste es el aspecto constitucional que se conecta más directamente con la demanda de justicia y por tal, con la reducción de la impunidad, cuestión que abarca no sólo la justa y oportuna intervención estatal resolutiva ante los conflictos sociales correspondientes a violencia delictiva interpersonal, sino también muy particularmente en cuanto a los delitos por abuso de poder en los que los atentados a la vida, integridad, libertad o patrimonio provienen de agentes del Estado[47].

Cosa nueva, cosa vieja. El contexto político de la violencia
Gladys. E. Villarroel

Introducción

Este trabajo, a partir de una orientación comprensiva, se propone describir la trayectoria de la democracia venezolana desde 1958 hasta nuestros días y desarrollar una aproximación al carácter del régimen de Hugo Chávez.

A propósito de la comprensión como esfuerzo intelectual, valga aquí recordar las hermosas palabras de Guillermo Sucre cuando resalta el carácter comprensivo de la «meditación venezolana» de Mariano Picón Salas:

«Sólo quien comprende logra desprenderse de dogmatismos, de orgullos olímpicos y sentencias lapidarias. Sobre todo, sabe amar lo que conoce: no tanto explicarlo y analizarlo como aprehenderlo e iluminarlo hasta en sus signos más secretos y contradictorios.[48]»

La hondura de la reflexión de Picón Salas está, desde luego, lejos de estas páginas. Sirva la referencia, simplemente, para señalar el procedimiento global que sigue el trabajo y delimitar su alcance. Se trata de comprender, en el sentido de iluminar, algunos aspectos del proceso político venezolano contemporáneo. Aunque la Reforma Constitucional de 2007 fue rechazada por la mayoría, el proyecto político que la promovió aún está en marcha y contiene una amalgama de ideas, símbolos y prácticas contrapuestas y confusas que, desde mi perspectiva, es preciso comprender. Especialmente para reconstruir el camino de libertad, convivencia y pluralismo inherente a la vida democrática.

El trabajo, en primer término, hace un recuento breve de los acontecimientos que la mayoría de los estudiosos encuentran centrales desde el regreso a la democracia en 1958 hasta el año 2007. Sin ninguna ambición esencialista se discutirán, también, dos categorías conceptuales (populismo y totalitarismo) que han servido para caracterizar al régimen que está actualmente en el poder; así mismo, se discutirá una hipótesis sobre el origen de la polarización política, atribuida exclusivamente por algunos analistas a la desigualdad social. En la medida en que se alcancen los propósitos anteriores se irá desarrollando una aproximación a lo que podría ser la «naturaleza» del régimen chavista.

De la excepcionalidad a la reforma

Luego de varias décadas de envidiable estabilidad política, la sociedad venezolana se enfrenta desde hace más de dos lustros a intensos procesos políticos. Es un hecho que el régimen de Chávez ha modificado, para bien o para mal, la sociedad venezolana; en particular, ha ido deshilvanando progresivamente el tejido liberal de la democracia venezolana. Hoy el pluralismo, el sistema de libertades, la convivencia y la igualdad política están seriamente disminuidos.

Conviene, antes de proseguir, precisar qué se entenderá en este trabajo por democracia. Siguiendo a Linz, se habla de democracia cuando en un régimen político existe:

«la libertad legal para formular y proponer alternativas políticas con derechos concomitantes de libertad de asociación, libertad de expresión y otras libertades básicas de la persona; competencia libre y no violenta entre líderes con una revalidación periódica de su derecho para gobernar; inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso democrático, y medidas para la participación de todos los miembros de la comunidad política, cualesquiera que fuesen sus preferencias políticas.[49]»

Ese cuadro de libertades, competencia entre grupos opositores y participación del ciudadano en la política se alcanzó en la sociedad venezo lana después de 1958. Entre los sesenta y los setenta hubo democracia y hubo prosperidad en Venezuela, ambas resultado de amplios procesos de negociación entre los diferentes actores políticos y económicos. Después del retorno a la democracia en 1958, a través de varios acuerdos –como el Pacto Obrero-patronal y el siempre mencionado Pacto de Punto Fijo– se creó un sistema institucional y de procedimientos democráticos que aseguraron el desarrollo de la democracia en Venezuela. En efecto, tal como recoge un volumen publicado en 1995[50], cuando la norma en la mayoría de los países vecinos era el autoritarismo y la inestabilidad política, en Venezuela los presidentes se sucedían con apego a la constitución, las Fuerzas Armadas eran un modelo de profesionalismo y, en lugar de polarización política entre izquierda y derecha, el partido socialdemócrata (Acción Democrática) y el partido socialcristiano (COPEI) habían creado una fuerte estabilidad apoyada en la abundancia petrolera. Aunque algunos hablaban de «partidocracia» y «partidarquía»[51], ello no impidió a otros describir estos logros como la «excepcionalidad venezolana».

Sociedad abierta, «democracia pactada»

Ciertamente, después de años de dominio militar, en Venezuela se desarrolló una comunidad política inclusiva, se afianzó un sistema de libertades, los partidos políticos se hicieron fuertes y se consolidaron procedimientos electorales confiables junto a una cultura política que cohesionaba la sociedad alrededor de creencias y fines democráticos. En 1984, Carrera Damas[52] describió a Venezuela como una «sociedad abierta», en la cual la democracia y sus procedimientos, como ha dicho Linz, eran valorados «en sí y por sí mismos por sectores significativos de la sociedad»[53]. En otras palabras, las mayorías eran leales y tenían un «compromiso normativo»[54] con el sistema político. Esa legitimidad racional-legal[55] sostuvo la democracia venezolana en tiempos difíciles, cuando opositores desleales de izquierda, bajo el influjo de la revolución cubana, tomaron las armas y desafiaron el orden democrático.

La excepcionalidad venezolana, sin embargo, sufrió serios descalabros cuando, a comienzos de los ochenta, bajaron los precios del petróleo, lo cual impuso severas limitaciones fiscales a los gobiernos venezolanos. Ello dejó dos cosas al descubierto. Primero, la disfuncionalidad del modelo político. La legitimidad, los consensos y el sistema institucional construidos, de pronto resultaron ser muy frágiles. Se hizo claro que todo ello dependía, en buena medida, de la riqueza petrolera. El contrato social y la estabilidad política en Venezuela se habían logrado, pero se trataba, de acuerdo con el análisis de Karl[56], de una «democracia pactada», por basarse en un consenso entre élites, con un sistema institucional rígido, una cultura rentista y una trayectoria de desarrollo anclada en los precios del petróleo.

Segundo, se hizo evidente que la comunidad política había dejado de ser inclusiva. Con la vida democrática habían crecido las exigencias de una sociedad políticamente más madura y mejor educada, de manera que cuando la renta petrolera disminuyó fue imposible satisfacer las demandas, en particular aquellas de los grupos menos favorecidos. El empobrecimiento y el deterioro de los servicios públicos habían ido aumentando la desigualdad. En este contexto, la denuncia continuada de hechos de corrupción se asoció con el comportamiento de grupos de élite que maniobraban para conducir la menguada renta petrolera hacia sus aliados y partidarios. La crítica hacia los partidos políticos, en especial Acción Democrática y COPEI, empezó a formar parte de las representaciones políticas[57] del venezolano.

El líder de los excluidos

En febrero de 1989, el descontento acumulado estalló violentamente en protestas callejeras y saqueos. Sus protagonistas se oponían al programa de ajustes estructurales llevado a cabo por el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, el cual incluyó aumentos en el precio de la gasolina y tuvo un «impacto dramático en la clase media y en los pobres»[58].

A partir de 1992, los acontecimientos se sucedieron muy rápidamente. Ese año hubo dos intentonas golpistas lideradas por el actual presidente de Venezuela, seguidas del juicio y salida del poder del presidente Pérez en 1993. De estas graves turbulencias emerge Hugo Chávez como líder político. Se apropia, inmediatamente, de la retórica antipartidos y antipolítica que estaba en el espíritu de ese tiempo[59], capitaliza el descontento de los pobres y obtiene el apoyo de las clases medias para ganar indiscutiblemente las elecciones presidenciales en 1998.

La primera victoria electoral de Hugo Chávez abrió un nuevo capítulo, todavía en desarrollo, en la historia política de Venezuela. Esa victoria recuperó de un solo golpe rasgos del pasado venezolano: caudillismo y personalismo del líder político que ofrece justicia social a masas de excluidos. El triunfo otorgó suficiente legitimidad al presidente para convocar una Asamblea Constituyente que transformó completamente el sistema institucional. Por una parte, se fortaleció ampliamente el marcado carácter presidencialista que ya tenía el sistema político venezolano (formalmente, se extendió el mandato presidencial a seis años y se autorizó la reelección inmediata; en la práctica el presidente, desde entonces, ha gobernado impulsivamente de acuerdo con su talante diario). Por el otro, se debilitó el cuerpo legislativo al convertirlo en unicameral y se eliminaron los controles civiles del Congreso sobre el sector militar.

El nuevo texto constitucional, aprobado en 1999, eliminó las bases políticas de la democracia que se había conocido en Venezuela y dio inicio a una nueva legalidad: la democracia ahora sería «participativa, protagónica y directa» y dejarían de existir mediaciones entre el pueblo y los gobernantes.

La revuelta antichavista

En este nuevo marco constitucional Chávez fue reelecto el año 2000, mientras el conflicto político iba en aumento. Con la aprobación de la llamada Ley Habilitante, anunciada en 2001, el gobierno se propuso «intervenir y afectar la estructura de la propiedad privada, el funcionamiento de la economía y los mecanismos administrativos de los gobiernos regionales»[60]. La respuesta no se hizo esperar. Parte de la sociedad venezolana inició una revuelta contra el proyecto político del ratificadomandatario. Revuelta en el sentido propuesto por Octavio Paz[61]: un movimiento que quiere reconstituir la tradición de un pueblo, recuperar la fuente original de las tradiciones. Un movimiento de la sociedad que quería volver, para usar la expresión de Picón Salas, al «repertorio de formas de la comunidad»[62] forjadas en los cuarenta años de democracia y que ahora se veían amenazadas o se creían perdidas. Se trataba, desde mi perspectiva, de una vuelta a las formas y costumbres democráticas desarrolladas en la sociedad venezolana desde 1936 y cristalizadas en la Constitución de 1961. Se trataba de recuperar la experiencia democrática venezolana, porque hacia atrás, como bien ha dicho Caballero[63], sólo había dictaduras militares, caudillismo y violencia.

Al iniciarse 2003, después de semanas de grandes manifestaciones callejeras diarias y un paro nacional de las actividades petroleras y comerciales, la revuelta antichavista desembocó en lo que ha sido considerado un golpe de Estado sin movimientos de tropa. Chávez, casi milagrosamente, sale fortalecido de este evento para enfrentar triunfalmente el referendo revocatorio del 2004. Poco después culmina la desarticulación de la legitimidad legal o racional construida después de 1958: se desmantela la Corte Suprema de Justicia, que pasó a estar compuesta por jueces leales al presidente y su proyecto político.

El año 2006, Chávez gana nuevamente las elecciones presidenciales. Procede, entonces, a tomar otras medidas que se proponen cancelar definitivamente el «Estado social de Derecho» definido en la Constitución de 1999. A la luz de esas medidas, puede conjeturarse que la ratificación electoral del presidente y de su proyecto parece haber creado, en él mismo y en sus partidarios, la necesidad de una nueva legitimidad. Al menos de ese modo podría entenderse, en particular, la Reforma Constitucional. Desde la nueva victoria electoral y el vertiginoso aumento de los precios del petróleo, el presidente procede al relanzamiento de su propuesta política. Radicalizando los componentes revolucionarios y proponiendo, sin más, el paso al socialismo. Al socialismo del siglo XXI se llegaría, según la propaganda oficial desplegada a lo largo y ancho del país, poniendo a «máxima revolución» cinco motores, uno de los cuales era, justamente, la Reforma Constitucional. Los propósitos principales y ostensibles de la Reforma eran mantener a Chávez en la presidencia por tiempo indefinido, consolidar un poder prácticamente absoluto del presidente y transformar la sociedad venezolana en socialista.

En diciembre de 2007, la mayoría de los electores votó en contra de la Reforma Constitucional. Es la primera derrota electoral sufrida por Chávez y un triunfo de la cohesión y perseverancia de los grupos opositores. A lo largo de 2007, la incorporación de las y los estudiantes y de otros actores políticos, dejó en claro que se estaba creando un nuevo clima moral en el país y que otra visión de la política se había puesto en movimiento. La revuelta antichavista había encontrado un cauce político cívico y plural. Ello parece abrir un camino distinto para la comunidad política venezolana. Por esta razón, para iluminar modestamente ese camino, conviene discutir algunas cosas que se han dicho sobre el régimen chavista y que podrían estar oscureciendo su comprensión.

Populismo, polarización y totalitarismo

Esta sección se propone revisar algunas ideas y conceptos que han servido para describir y analizar el régimen chavista. Tiene un doble punto de partida.

En primer término, está la convicción de que Venezuela se encuentra, como ha dicho recientemente un analista, al «borde del abismo»[64]. Técnicamente, el régimen venezolano puede considerarse un remedo de democracia: celebra elecciones, sí, pero se ha hecho más autoritario, centralista y estatista; ha eliminado el control civil sobre el sector militar, debilitado el pluralismo y deteriorado el sistema de libertades políticas y civiles. De manera que si se quiere restablecer y ensanchar la democracia en Venezuela y poner límites al autoritarismo presente y futuro, convendrá describir al régimen chavista con la precisión que sea posible. Ello contribuirá al propósito comprensivo y permitirá la mejor difusión de los ideales democráticos.

Para lograr esa aproximación, en segundo lugar, se requiere examinar algunas de las ideas y los conceptos que han venido siendo utilizados para analizar u oponerse al régimen político actual. La revisión que se propone este segmento del trabajo parte, también, de la perplejidad de quien escribe ante esos usos. Para describir el proyecto político, el movimiento, los programas y las acciones del presidente Chávez, se utilizan, indistintamente, términos como populista, izquierdista, fascista o totalitario, a veces sin mayores explicaciones y detalles. Por otro lado, la enorme polarización que vive la sociedad venezolana se atribuye a la desigualdad social y la consecuente exclusión que vienen del pasado, lo cual, a mi entender, quita importancia al profundo conflicto de fondo entre dos programas políticos enteramente diferentes.

Para conocerte mejor

Los conceptos y expresiones políticas tienen un origen histórico y un significado, no siempre exacto, en el vocabulario de las ciencias políticas y sociales. Esta imprecisión conceptual, desde luego, no ayuda mucho. Pero, además, distintos analistas utilizan los términos sin ton, ni son. Con frecuencia aplicándolos más bien como rótulos o etiquetas, que poco contribuyen a la comprensión de los fenómenos políticos.

Si se quiere conocer –como ha dicho Shamis en un artículo referido a las diferentes izquierdas latinoamericanas– el desafío consiste «en utilizar los instrumentos conceptuales en relación con los contextos históricos que le son propios, dado que los conceptos al ser removidos del espacio y tiempo en que se originaron tienden a perder su potencia explicativa»[65].

Teniendo en mente las afirmaciones anteriores y teniendo en cuenta los límites de este trabajo, en lo que sigue se examinarán tres de los conceptos que se han utilizado al tratar de explicar o analizar el gobierno o programa chavista: populismo, totalitarismo y polarización.

¿Populismo? Populismos

Histórica y estrictamente, el término «populismo»[66] describe movimientos colectivistas del siglo XIX que defendieron los intereses y se inclinaron a favorecer (y apoyarse) en las preferencias de la persona común. En el siglo XX, el régimen populista canónico fue el peronismo. Ese movimiento, que perdura hasta hoy bajo la denominación de «justicialismo», tuvo gran apoyo popular en Argentina ya que su líder, Juan Domingo Perón, promovió leyes que mejoraron las condiciones de los trabajadores, quienes fueron la poderosa base social de amplias alianzas multiclasistas. En lo económico, el peronismo aplicó un modelo proteccionista de importaciones sustitutivas.

En el lenguaje corriente, y con frecuencia en el académico, el término «populismo» se utiliza para calificar, indistintamente, a movimientos, gobiernos, programas o acciones políticas que favorezcan los intereses y demandas de los menos favorecidos. Se dice, por ejemplo, que el gobierno tal ha tomado medidas populistas, o que el candidato cual es un líder populista, que ciertos programas sociales son de corte populista, o bien se habla de una ideología populista, y hasta se ha hablado de un populismo chavista. Pero ¿qué significa realmente «populismo»?

Un buen recuento del debate académico sobre el populismo y su avatar contemporáneo, el neopopulismo, puede encontrarse en el libro de Arenas y Gómez Calcaño[67]. Según estos autores, el populismo tradicional se refiere a regímenes surgidos en situaciones de «transición hacia la modernización», dirigidos por un líder fuerte que emerge en medio de una crisis de dominación, junto a una alta movilización de sectores sociales excluidos hasta ese momento, y con alto intervencionismo estatal en la economía. En cambio, el «neopopulismo» describe formas políticas que surgen en países con sistemas políticos «colapsados», en los cuales los sectores sociales populares están altamente fragmentados y empobrecidos. El líder de este último tipo de movimiento suele ser un individuo políticamente marginal que se posiciona «con la promesa de salvación de los excluidos». En términos económicos, los gobiernos considerados neopopulistas muestran disposición a aplicar lo que se ha llamado modelos «neoliberales», es decir, orientados hacia el mercado y por lo tanto a disminuir la intervención del Estado en la economía.

Desde una perspectiva bastante más extensa, Mires[68] define el populismo como la forma que toma la política «cuando […] alude o interpela al llamado pueblo» y por ello es inherente a la práctica política. Según este analista, los movimientos populistas cuestionan y se proponen subvertir un orden político; por tanto, su naturaleza va a estar determinada por el carácter del orden que se proponen subvertir. Si es una democracia, pues serán antidemocráticos; si es un gobierno opresivo, pues serán antidictatoriales. Como se ve, esta caracterización es demasiado amplia y, a diferencia de las anteriores, sustrae por completo los referentes históricos de los regímenes que han sido denominados populistas. A mi entender, Mires estira[69] el término de tal modo que lo convierte en un concepto dudoso, poco eficaz para el análisis.

En posición contraria, Krauze considera el populismo como uno de los «paradigmas» que explican el atraso latinoamericano. El populismo, afirma, «confunde la democracia con demagogia, miente por sistema, desgarra el tejido político, envenena el espíritu público, alimenta la discordia civil. […] El populismo es una forma arcaica de concentrar el poder, de corromperlo mediante la promesa fácil y la palabra incendiaria»[70], y está, a su juicio, vivo y coleando en la Venezuela contemporánea.

La discusión precedente se justifica porque el régimen de Chávez ha sido considerado populista[71] por diversos analistas. Más aún, para Roberts[72], el proceso político venezolano reciente es «ejemplo impactante de la resistente vitalidad del populismo» en nuestras tierras. Aunque encuentra diferencias de importancia entre los contextos históricos de los populismos hispanoamericanos del pasado y el momento de emergencia de Chávez, así como en el estilo político, las acciones y la retórica del actual presidente de Venezuela, y a pesar de reconocer que el cuadro político venezolano contemporáneo no está marcado por alianza policlasista alguna –como ha sido característico del populismo– sino, al contrario, por «una división más estratificada basada en la figura polarizante» del presidente, Roberts concluye, sin embargo, que Chávez ofrece una «nueva versión» del populismo latinoamericano, el cual resurge cada cierto tiempo, al parecer sin importar contexto, alianzas o condiciones políticas «en formas y lugares impredecibles».

Arenas y Gómez Calcaño, por su parte, consideran que el proyecto chavista tiene características que lo ubican «entre el viejo y el nuevo populismo». Como los populismos clásicos es «antiimperialista, posee una concepción autónoma del desarrollo; es nacionalista; se plantea la incorporación de los excluidos; no desarrolla una acción de clases en el sentido marxista, a pesar de la retórica socialista». Y se asemeja al neopopulismo en el carácter antipolítico del liderazgo de Chávez y porque algunos rasgos jurídicos y ciertas medidas económicas (impuesto al débito bancario, impuesto a las ventas) son, en su criterio, medidas de corte liberal. El balance, sin embargo, es a favor del populismo de viejo cuño; en particular, porque la abundancia de recursos petroleros, al dar una vigorosa autonomía al Estado, permite a Chávez distribuir, intervenir y ser antiimperialista[73].

Como puede verse en los párrafos anteriores, diferentes autores coinciden en considerar populista al régimen de Chávez. Lo que llama la atención es que el proyecto chavista, si se sigue a Arenas y Gómez Calcaño, podría ser neutra o equilibradamente populista; si el análisis se atiene a lo que dice Mires, sería positivamente populista; la caracterización sería negativa, en cambio, si seguimos a Krauze. Todo dependerá del analista que se elija. Los alcances de este trabajo impiden dilucidar esta paradójica situación conceptual. Sin embargo, la revisión apunta hacia la escasa utilidad que tiene un término que puede usarse con tan diversos significados para estudiar, analizar o criticar un mismo fenómeno.

Si un concepto tiene esa multiplicidad de sentidos, quizás convenga usarlo con extrema cautela o, simplemente, no utilizarlo. Ésa es la posición de Shamis[74] quien, en 2006, desaconseja el uso del concepto en lo que se refiere al estudio de los regímenes latinoamericanos contemporáneos. El populismo, afirma, forma parte de la historia. Dejó de existir al cesar, en los años setenta, la estrategia económica de industrialización mediante sustitución de importaciones debido a que «desaparecieron los incentivos económicos en que se basaban las alianzas urbanas y policlasistas que lo sostenían». El populismo es, sin duda, un legado de nuestra historia política. Pero el uso analítico actual de esa categoría, a su juicio, no contribuye al conocimiento ni a la comprensión de los complejos fenómenos políticos que se viven en nuestro continente.

Respecto a Venezuela, Shamis[75] argumenta que el petróleo –así como sirvió de base a los arreglos democráticos anteriores a Chávez– define hoy la característica central del modelo chavista: un sistema de dominación patrimonial modelo siglo XXI. Es decir, una sociedad en la cual extensivas redes clientelares obtienen el control de los recursos –en este caso la riqueza petrolera– y los distribuyen entre los suyos. El patrimonialismo genera una práctica paternalista y corporativa de la política, una visión de la sociedad y del mundo político ordenados de acuerdo con principios externos, ajenos por completo a la conciencia de los individuos. Todo se ordena y unifica de acuerdo con el centro patrimonial, llámese rey, caudillo, cacique, dictador… o presidente[76].

No se trata, pienso, de cambiar una etiqueta por otra. Se trata, más bien, de dar más de una vuelta de tuerca para desarrollar o construir conceptos menos ambiguos. O como bien dice Shamis, para «identificar criterios estables y consistentes» que nos permitan, agregaría yo, en lo académico, explicar bien y comprender mejor; en lo político discernir, actuar y poder difundir ideas sólidas sobre lo que acontece.

Polarización y programas políticos

En el campo político se entiende por polarización cuando las tensiones inherentes a la dinámica política se hacen extremas, empujando a los individuos a asumir posiciones opuestamente radicales respecto al continuo izquierda-derecha, o respecto a cualquier problema que preocupe a la opinión pública[77].

La polarización política extrema ha sido una característica, repetidamente señalada por estudiosos y medios, del proceso político venezolano reciente. Esta profunda fractura de la sociedad ha sido atribuida –entre otros, por Ellner y Roberts[78]– a la severa desigualdad y a la consecuente exclusión social de décadas anteriores, así como al uso político que ha hecho Chávez de esa desigualdad. Sin negar la existencia de desigualdad y exclusión, ni tampoco sus efectos sobre la aspereza del conflicto político actual en Venezuela, conviene añadir que el programa político llevado adelante desde la presidencia de la república, por sus fines y sus contenidos ideológicos, es también responsable, a no dudarlo, de la exacerbación del conflicto y de la desbordada pugnacidad que ha estado dominando durante años el cuadro político venezolano.

La conjetura que se propone aquí es que la alta polarización política en Venezuela obedece, sobre todo, a un conflicto entre dos programas culturales y políticos. Cada uno animado por concepciones radicalmente diferentes de la sociedad, del individuo y de la política. Debe quedar claro que esta contradicción entre programas no es sólo consecuencia de peculiaridades históricas o culturales de la sociedad venezolana. Emerge de un contexto más vasto: el programa cultural de la modernidad.

Este programa, como demuestra Eisenstadt, está atravesado por antinomias radicales[79], las cuales encuentran su expresión en dos tradiciones políticas con principios y formas de acción opuestos. La tradición pluralista acepta múltiples formas de vida y reconoce diferentes concepciones del orden social, se caracteriza por la búsqueda de convivencia y la autonomía del individuo, alberga diferentes nociones del bien común, y por tanto, promueve el desarrollo de la democracia. La tradición jacobina, en cambio, está animada por una visión totalista y unificada del mundo, por ideologías inmunes a la crítica, privilegia el activismo social y cultural, sostiene una creencia en la primacía de la política sobre cualquier otra dimensión de la sociedad, negando la existencia de instituciones sociales intermedias.

Creo que la aguda polarización política que ha padecido Venezuela en los últimos años no puede explicarse solamente por la desigualdad social que, ciertamente, existe y avergüenza. Es mérito del presidente Chávez haberla puesto en el primer lugar de la agenda pública, y seguramente alimenta la polarización. Pero, de ninguna manera, puede dejar de reconocerse, en el origen y desarrollo de la polarización, el conflicto entre el programa jacobino y el programa pluralista.

El jacobinismo: otro enemigo de la sociedad abierta

El programa jacobino[80], liderado por el actual presidente de Venezuela, se basa en la visión universalista, utópica y totalizante que proviene del «campo magnético» del marxismo. Acoge su interpretación de la historia y de la vida social como un conflicto irreconciliable entre clases –lo cual hace de la violencia un medio legítimo para la acción política– y niega existencia a la negociación y la búsqueda de consenso; le otorga preeminencia a la comunidad sobre el individuo y sus derechos y pone la política por encima de cualquier otra dimensión social. En este programa, el Estado domina (o se propone dominar) toda la sociedad: el mundo económico, la política, la cultura, la vida personal, al amparo de una ideología unificadora, excluyente, incompatible con otros sistemas de ideas e impermeable a la crítica. Creo, sin exagerar, que el párrafo anterior describe, palabras más o menos, al régimen chavista.

Un orden así, en otras palabras, es lo que Popper[81] ha designado como «renacimiento del tribalismo»: un regreso a la adoración del Estado, de la historia y de la nación, junto a la negación de la sociedad abierta. Es decir, la negación de una sociedad con libertades civiles y políticas, espíritu crítico, un marcado interés por el individuo y por el fomento de la iniciativa y la responsabilidad individuales.

La retórica y las acciones del programa jacobino –tal como se está expresando actualmente en el cuadro político venezolano– son, desde luego, opuestas en todo a la idea de la sociedad abierta. Para muestra sólo basta escuchar la narrativa oficial llena de consignas, aparentemente del siglo XXI, pero que recoge creencias antimodernas como la negación del individuo, el personalismo político, el intercambio económico basado en cooperativas y el rechazo del capitalismo, las interacciones sociales cara a cara sin la mediación legal, el aprecio del sacrificio personal para la búsqueda de la justicia social, etc. Creencias que, me atrevo a conjeturar, se sostienen sobre una armazón de prejuicios occidentalistas[82]: hostilidad al intelecto y al pensamiento crítico junto a una valoración de creencias mágicas ancestrales, regreso a la vida idílica de los pueblos originarios, negación y desprecio de nuestra relación histórica con España o con los Estados Unidos y, en su lugar, fomento de las relaciones con países islámicos o que tengan posiciones antioccidentales, etc.

Expresiones de la cultura cívica

La expresión venezolana del programa democrático[83], al contrario, se caracteriza por la valoración de la democracia como régimen político –en sí misma y como dispositivo para alcanzar los objetivos de justicia social–; por la búsqueda del consenso y la reducción del conflicto; sostiene la creencia en las capacidades democrática, pluralista y participativa del pueblo, promueve el establecimiento de amplios mecanismos para la negociación social, y define un rol central del Estado respecto a la redistribución de la riqueza. La democracia, de este modo entendida y practicada, significa sobre todo recurrir a mecanismos de interacción social distintos a la violencia y a la fuerza para resolver conflictos políticos, y aceptar la coexistencia de ideologías o creencias diferentes e incluso opuestas cuando éstas se encuadran en un esquema de lealtad a la democracia.

Justamente los sectores que adhieren, consciente o intuitivamente, al programa democrático son los que están en el centro de la revuelta antichavista. Por ello han desarrollado la oposición política más racional, crítica y sostenida al régimen de Hugo Chávez. Esta afirmación tiene soporte empírico en estudios que han demostrado la preferencia de venezolanas y venezolanos por el compromiso y la negociación política, así como la persistencia de una cultura democrática compartida por amplios sectores de la población[84]. A lo largo del 2007, «la generosa energía de libertad y valentía de los estudiantes», como pudo decir Krauze, fue una manifestación ejemplar de la cultura cívica que persiste en la sociedad venezolana. El resultado de la consulta refrendaria sobre la Reforma Constitucional demuestra, indiscutiblemente, las inclinaciones democráticas y civilistas de buena parte de las electoras y electores venezolanos y es uno de los hechos políticos más notables de la última década.

Chavismo y totalitarismo

Para el momento en que se escribe este ensayo, febrero 2008, no cabe duda de que el carácter y las acciones antidemocráticas y autoritarias del gobierno de Chávez se han ampliado y acentuado en forma considerable. No sólo en términos de la retórica revolucionaria, y por ello violenta, del presidente y de los altos funcionarios gubernamentales, que no ha hecho sino aumentar. Sino también es evidente en acciones concretas y de gran alcance que revelan el progresivo alejamiento de los usos democráticos. Buen ejemplo de ello son el cierre o cancelación de la concesión a Radio Caracas Televisión, la criminalización de las acciones de protesta y la persecución judicial de los opositores políticos, o, justamente, los propósitos centralizadores, estatizadores y antipluralistas de la Reforma Constitucional, cuyo sentido indudable era, a mi entender, convertir a Venezuela en una sociedad cerrada.

Salvo sus más conspicuos y leales seguidores, ya nadie parece discutir el talante autoritario del régimen chavista. Al contrario, se le justifica en nombre de la justicia y el progreso sociales. El proyecto revolucionario del actual gobierno se propone no sólo cambios económicos, sociales y políticos de gran alcance, sino una transformación radical de lo que Picón Salas[85] llamó «cultura colectiva», aludiendo a las formas sociales, las tradiciones culturales, la conciencia moral y política que se habían ido sedimentando en nuestro país, porque «La democracia […] es, entre otras muchas cosas, un problema de cultura colectiva»[86].

El proyecto revolucionario se propone, en otras palabras, una transformación de las «costumbres» en el sentido profundo que Tocqueville le atribuyera a ese término refiriéndose a «las diferentes nociones que poseen los hombres, a las diversas opiniones que tienen crédito entre ellos, y al conjunto de ideas que forman los hábitos del espíritu […] todo el estado moral e intelectual de un pueblo»[87].

Cuando se alude a las transformaciones de todo orden con las que el actual régimen político ha pretendido alterar la «cultura colectiva», el «estado moral e intelectual» de la sociedad venezolana, se ha señalado con insistencia el carácter «totalitario» o «neototalitario» del gobierno presidido por Hugo Chávez. Considero que esta designación no está plenamente justificada: ni en las políticas globales, ni en las acciones específicas, ni en la retórica oficial y mucho menos en la dinámica social que vivimos. Esos términos –que seguramente sirven para la diatriba y para la descalificación del régimen– no permiten, en realidad, una comprensión real del «sistema» o programa chavista y, desde luego, ofrecen poco para sostener el diseño de políticas y acciones que, poniendo límites al evidente autoritarismo del proyecto chavista, promuevan, a un tiempo, el desarrollo de alternativas políticas organizadas, cívicas y, sobre todo, viables.

Continuando con el esfuerzo comprensivo, y del mismo modo que se hizo con el vocablo «populismo», convendrá explorar el significado y los usos del concepto «totalitarismo». En la sección siguiente se examinará, en primer lugar, las ideas de Arendt sobre el totalitarismo; segundo, se colocará el concepto en perspectiva con la ayuda de estudios más recientes; y, finalmente, se discutirá la calificación de totalitarismo que se ha hecho del régimen chavista.

El totalitarismo según Hannah Arendt

El término totalitarismo se origina a comienzos del siglo pasado en Italia y Alemania. Frente a características –que se pensaba divisivas y debilitantes– de las sociedades modernas, se promovía un Estado fuerte, activo y altamente movilizado que contrarrestara las consecuencias amenazantes de la modernidad. Mussolini definió a su régimen como totalitario y algunos medios de comunicación de la época comenzaron a utilizar el concepto para describir el rechazo de ese tipo de gobierno a los principios de la democracia liberal: respeto al individuo y al sistema de libertades, y aceptación de la existencia de espacios sociales autónomos en los cuales las personas pudiesen asociarse[88]. De allí que al hablar de regímenes políticos, «totalitario» se entienda como el opuesto de «pluralista».

En 1951, Hannah Arendt publica un masivo estudio sobre el totalitarismo[89], el cual es, sin duda, el más conocido entre los estudios sobre el fenómeno totalitario. Dice Arendt que la dominación totalitaria es una nueva forma de gobierno y de hacer política que contiene concepciones del poder y de la realidad «completamente nuevas y sin precedentes»[90].

El totalitarismo, en principio, requiere el apoyo de las masas. Más aún, recluta a sus seguidores entre aquellos individuos que, o bien son indiferentes a los partidos políticos, o bien han sido dejados de lado por éstos. Son aquellos espiritual y socialmente desarraigados que «perdieron todo el sector de relaciones comunales en cuyo marco tiene sentido el sentido común»[91]. Por ello aceptan sin dificultad las ficciones estructuradas y precisas que proporciona la propaganda totalitaria, la cual no inventa ni origina los temas, simplemente los toma de lo desatendido o de lo que nadie se atreve a tocar.

Las constelaciones de creencias que constituyen la propaganda totalitaria provienen de lo que Arendt denomina «cientifismo ideológico». El propósito de este «cientifismo» es establecer un nuevo sentido común constituido por una amalgama de afirmaciones, predicciones y contenidos que, utilizando el prestigio de las ideas científicas y los contenidos de diversas ideologías, crean un «mundo totalmente imaginario»[92] que aísla a los individuos de la realidad. En su lugar, les ofrece un sistema de creencias consistente, exacto y organizado sobre el que no se pueden formular opiniones, sino que se convierte en «un elemento tan real e intocable como las reglas de la aritmética»[93]. Este conjunto de creencias fantasiosas, por otra parte, evita la crítica del presente en nombre de la predicción «científica» del futuro.

Al lado de la propaganda y en lugar del consenso social y normativo necesario para gobernar, los regímenes totalitarios utilizan el terror. El terror totalitario no es sólo un instrumento para enfrentar a los opositores, lo cual también es practicado. Se trata de un «terror total», independiente de cualquier práctica opositora o amenaza exterior. El terror, dice Arendt, «es la esencia de la dominación totalitaria»[94]. El terror se ocupa de estabilizar la realidad humana a fin de que las fuerzas y las leyes naturales o de la historia puedan actuar sin mayores obstáculos. Pero para lograr esto, el totalitarismo no sólo domina a través de coerción externa y medios violentos, sino que gracias al papel asignado a la ideología en su sistema de coacción «ha descubierto unos medios de dominar y de aterrorizar a los seres humanos desde dentro»[95]. Por ello el terror es el modo privilegiado de acción del totalitarismo y se aplica aun cuando ya no es necesario para dominar a la sociedad.

El lugar donde se dan las interacciones humanas, acotadas por los sistemas normativos de una sociedad, es lo que Arendt denomina hermosamente el «espacio vivo de la libertad»[96]. El terror total destruye ese espacio, aniquila las fronteras, los límites y las vías de comunicación entre los miembros de una sociedad:

«El Gobierno totalitario no restringe simplemente el libre albedrío y arrebata las libertades; tampoco logra, al menos por lo que sabemos, arrancar de los corazones de los hombres el amor por la libertad. Destruye el único prerrequisito esencial de todas las libertades, que es simplemente la capacidad de movimiento, que no puede existir sin espacio[97].»

En suma, mediante el terror y el dominio que éste le otorga sobre los individuos, el totalitarismo destruye el mundo privado y la esfera política de la vida, aquella en la que los seres humanos actúan junto a otros persiguiendo sus intereses comunes; produciendo en las personas desarraigadas, aisladas e impotentes la experiencia de «ser superfluos», es decir, «de no pertenecer en absoluto al mundo, que figura entre las experiencias más radicales y desesperadas del hombre»[98].

En suma, un régimen totalitario demanda apoyo popular, utiliza la propaganda como principal instrumento, desafía todas las leyes del derecho positivo en nombre de supuestas leyes naturales o de la historia de las cuales obtiene una legitimidad superior y su esencia es el «terror total».

Describir para nombrar

La experiencia totalitaria del siglo XX ha dejado en claro la brutalidad de la dominación a que son sometidos individuos y grupos sociales. La opresión de los regímenes totalitarios destruye sistemáticamente cualquier espacio social autónomo, somete al individuo o a grupos sociales enteros mediante el terror y la eliminación física y desarticula el sistema de libertades que asegura las interacciones sociales. Dadas estas características, es evidente que un régimen totalitario es opuesto en todo a la democracia. Quizás esta terrible experiencia fue la que vislumbró Tocqueville cuando se refirió a los peligros que amenazaban a la naciente democracia norteamericana:

«Creo, pues, que el tipo de opresión que amenaza a los pueblos democráticos no se parecerá en nada al que la precedió en el mundo; nuestros contemporáneos no recordarán algo ya sucedido y semejante. Yo mismo busco en vano una expresión que reproduzca y encierre exactamente la idea que me formo; las antiguas palabras de despotismo y tiranía no son adecuadas. La cosa es nueva; es preciso entonces tratar de definirla, ya que no puedo nombrarla[99].»

En Venezuela estamos, sin duda, frente a una «cosa nueva» respecto a las libertades y tradiciones políticas democráticas que predominaron en nuestro país durante la segunda mitad del siglo pasado. El régimen chavista, sin embargo, es también «cosa vieja». Es un proyecto político manifiestamente autoritario que constitucionalmente va cerrando los espacios de acción y expresión de la ciudadanía y, por ello, constituye la mayor amenaza que la democracia venezolana haya conocido en las últimas décadas. Amparado en ideales de justicia social y con la pretensión de disminuir las múltiples desigualdades que aquejan a nuestra sociedad, el diseño político que este régimen ha estado imponiendo en Venezuela contiene muchas, si es que no todas, de las ideas y las prácticas autoritarias más oscuras y antidemocráticas de la política venezolana. Tanto aquellas que provienen, como se ha dicho antes, de la cultura jacobina de la izquierda marxista, cuanto aquellas que proceden de las usanzas militaristas y personalistas características de las terribles contiendas de nuestra independencia[100]. Por ello, y adelanto la conclusión, el programa chavista es «cosa vieja» y «cosa nueva».

Dicho esto, se impone discutir el calificativo de totalitario o neototalitario que se asigna al proyecto político de Hugo Chávez. Pienso que esa designación no se corresponde estrictamente al carácter o naturaleza del régimen actualmente en el poder en Venezuela. Cuando mucho se podría hablar de orientación, tendencia o aspiración totalitaria. Convendrá, entonces, antes de avanzar y concluir, precisar un poco más de qué se está hablando cuando se habla de totalitarismo.

El totalitarismo en perspectiva

Al revisar literatura sobre el tema se hace evidente que –salvo en el estudio de Arendt citado en páginas anteriores– no es fácil distinguir entre totalitarismo y regímenes autoritarios o tiránicos. Lo que sí parece claro, en todo caso, es que los regímenes totalitarios parecen oponerse en todo a los principios y el estilo político de las democracias.

La democracia se basa en el pluralismo de creencias, intereses y opiniones. Requiere, como se ha dicho, la existencia de mujeres y hombres libres e iguales ante la ley y un sistema de libertades. La democracia, además, ofrece oportunidades para la participación efectiva en el proceso político y para la constitución y acción de la oposición política.

El totalitarismo, en cambio, niega cada uno de esos principios y condiciones. Ha sido definido como «una forma dictatorial de gobierno centralizado que regula cada aspecto del comportamiento público y privado»[101]; es decir, presupone el control absoluto del Estado sobre los individuos y la sociedad civil. Este control se realiza mediante poderosos mecanismos, entre otros, la ideología y la propaganda, y utiliza la censura para controlar cualquier pensamiento diferente al oficial.

Muchas cosas distinguen a los regímenes democráticos de los totalitarios. A diferencia de los Estados pluralistas, el Estado totalitario es supremo y controla todas las actividades individuales y sociales. Los gobernantes totalitarios, aunque pueden llegar por vía electoral, siempre «toman» el poder y luego no aceptan que se discuta o se ponga en duda su supremacía; estos gobernantes se definen a sí mismos como «grupos de élite» o «vanguardias» e identifican su propia voluntad con la rousseauniana «voluntad general». Consideran, por otro lado, que cualquier oposición a su proyecto político es traición y los opositores son considerados enemigos de «clase» o «de la patria». La ideología totalitaria es distintiva de estos regímenes y el orden social es siempre un sistema o totalidad cerrada, que se explica mediante un principio único, por ejemplo, «la lucha de clases» o la «raza»[102].

Parece existir consenso entre los analistas sobre esta caracterización global del totalitarismo y su evidente contraste con las democracias. Pero también se encuentra coincidencias respecto a que caracterizar un régimen como totalitario crea más problemas de los que resuelve. Por ello el uso del término resulta provechoso sólo cuando se le emplea con cautela[103].

Furet y Needler, por ejemplo, coinciden en entender el totalitarismo como un tipo ideal. Allí se originan las dificultades al utilizar esta categoría para describir o analizar regímenes políticos realmente existentes, y ello por varias razones. Para Needler, un importante obstáculo reside en el proceso mismo de clasificación. Cuando se coloca dos ítems en una misma categoría, ocurre que se subrayan las características que esos elementos tienen en común, al tiempo que se minimizan los atributos que los diferencian. Si esas diferencias son significativas, el procedimiento puede conducir a error. Inicialmente, la categoría totalitarismo contenía un conjunto de dos elementos (el nazi y el soviético). Cuando se empezó a añadir ejemplares a la categoría «algunos de los regímenes se incluyeron al costo de una enorme distorsión respecto a su carácter real»[104]. El problema más serio, sin embargo, es que cuando cualquier entidad se ubica en categorías definidas a priori, las características del modelo abstracto se comienzan a atribuir a las entidades reales «aunque la entidad del mundo real nunca exhiba completamente los rasgos definidos como características del modelo abstracto». Y ahí empiezan los problemas, porque un concepto desarrollado para facilitar el conocimiento, en realidad viene a ser un obstáculo.

Esto que podría ser, simplemente, una fastidiosa precisión académica, se convierte en un problema real y de gran alcance cuando de la interpretación del fenómeno político se pasa a las recomendaciones dirigidas a los diferentes actores políticos y sociales, nacional e internacionalmente. Si se piensa, por ejemplo, que un determinado régimen es totalitario porque ha destruido todos los espacios sociales autónomos y controla perfectamente a su población mediante el terror, podría pensarse que las decisiones, los esfuerzos y los recursos democráticos dirigidos a combatir un gobierno tal se desperdiciarían irremediablemente, y podría optarse, por ejemplo, por una acción armada.

Needler, para quien el totalitarismo es el control total de los pensamientos y de las conductas de todos y cada uno en la sociedad, argumenta que el totalitarismo:

«debe ser mirado no como una realidad, sino como una aspiración hacia la que se mueven algunos (pero no todos) los dictadores. Una dictadura puede ser más o menos totalitaria; pero nunca será perfectamente totalitaria, dado que en la naturaleza de las cosas el control absoluto aspirado por el dictador es físicamente imposible de alcanzar[105].»

Este enfoque más sofisticado sobre el totalitarismo nos permite poner atención en que el totalitarismo «no es nunca una situación acabada, sino un proceso dinámico que consiste en el intento de controlar todas las instituciones de la sociedad»[106].

Furet, en The Passing of an Illusion, afirma que el totalitarismo designa una nueva realidad constituida por una sociedad prácticamente esclavizada por un partido-Estado que domina mediante la ideología y el terror[107]. Partiendo también de un enfoque comparativo, desarrolla una crítica al concepto (y a su uso) ligeramente diferente a la de Needler.

En su discusión sobre la relación entre los totalitarismos comunista y nazi, Furet encuentra que la relación entre ambos es compleja y mutua (imitación y hostilidad), sea como movimientos ideológicos o regímenes políticos. Quien quiera comprender a estos regímenes, afirma, bien haría en utilizar el término totalitarismo en forma moderada o matizada, teniendo en cuenta la curva de su desarrollo y lo que cada régimen tiene de específico y lo que tiene en común con otros. Añade que el totalitarismo es un concepto útil cuando describe «un estado particular alcanzado por los regímenes en cuestión (y no necesariamente por todos) a lo largo de los diferentes períodos de su evolución»[108].

Si algo puede concluirse de la discusión anterior es que, así como el populismo, el totalitarismo es un concepto anclado históricamente que convendrá utilizar con extrema precaución, sea que se lo use para adjetivar a un régimen, sea que se pretenda definirlo conceptualmente. En todo caso, lo que resalta es que su uso indiscriminado no resulta en un mejor conocimiento respecto a los fenómenos políticos.

Si lo que se tiene entre manos es caracterizar un sistema político distinto a los regímenes nazi y soviético, como es el caso en discusión, convendría iniciar un estudio que pudiese describir detalladamente las semejanzas, si las hubiere, entre el régimen chavista y los totalitarismos descritos en la literatura y precisar cuáles son las características específicas que lo distinguen de aquellos para poder, como plantea Furet, describir el estado específico en que se encuentra ese régimen.

Conclusión: de la «zona gris» al socialismo del siglo XXI

Mucho se ha escrito sobre Chávez y el chavismo. La revisión de categorías y conceptos realizada en las secciones anteriores seguramente puede ser ampliada. Para concluir quizás convenga ajustar el foco de la aproximación para saber de qué tipo de régimen hablamos cuando hablamos del gobierno presidido por Hugo Chávez. Una cosa parece cierta: aunque uno de sus eslóganes es «¡Democracia plena!», el régimen se ha ido distanciando casi por completo de las prácticas y costumbres democráticas.

Esto, desde luego, no es una novedad. Ya en 2003 se reconocía el deslizamiento del régimen chavista hacia una zona que, por decir lo menos, ensombrecía su condición democrática. Se señalaba, por ejemplo, que la democracia venezolana habría sufrido una mutación. El régimen político dirigido por Chávez estaría ubicado en la «zona gris» entre democracia y autoritarismo. El origen de esta mutación estaría, como se mencionó antes, en la debilidad institucional de la democracia venezolana y en la fragilidad del pluralismo que emergieron del pacto fundacional de Punto Fijo[109]. El mismo año, Zakaria argumentaba que, a pesar de sus victorias electorales, el gobierno de Chávez sería un régimen disfuncional respecto al marco de libertades, al imperio de la ley y la separación de poderes característicos de la democracia. Ello tomando en cuenta la usurpación y dominio que el ejecutivo ha logrado sobre las otras ramas del poder central, así como sobre las autoridades regionales, locales y otros sectores no gubernamentales, como el empresarial y los medios de comunicación[110].

¿Cuál es la «naturaleza» del régimen chavista? Tal como se dice desde las esferas gubernamentales, ¿es un régimen, novedoso, inédito en nuestra historia política? Creo que no. Sus rasgos más importantes, –personalismo, militarismo, autoritarismo– pueden rastrearse en nuestra historia, la venezolana, y también en la hispanoamericana. Esos atributos hablan de una sustitución de los principios y de una destrucción de las instituciones de la democracia liberal. La construcción de ese sistema institucional en nuestro país sí constituyó, respecto a nuestro pasado caudillista, militarista y autocrático, un esfuerzo notable y una clara novedad a mediados del siglo XX.

La trayectoria que ha recorrido el régimen chavista lo ha llevado desde la «zona gris» hasta un Estado en el cual predominan, claramente, los rasgos autoritarios. Si algo ha ocurrido es un desplazamiento hacia el lado oscuro, hacia el autoritarismo. ¿Puede ese movimiento ser considerado populista como han dicho los analistas revisados en páginas anteriores? Me inclino a pensar que no. Sobre todo teniendo en cuenta las observaciones desarrolladas por Shamis. Cuando los conceptos se utilizan sin precisión alguna, el fenómeno que quiere conocerse se difumina y se hace confuso. Ciertamente, el gobierno de Chávez hace una apelación directa a los sectores populares, y ciertamente los recursos petroleros extraordinarios hacen que su presidencia se caracterice por una multitud de programas sociales que pretenden remediar la desigualdad y promover la justicia social. Pero esas dos características por sí solas no lo convierten en un régimen populista. El examen detallado y específico del gobierno de Chávez no puede realizarse aquí. Convendría estudiar comparativamente, en un proyecto de mayor alcance, qué fue lo específico de los regímenes populistas, para ir más allá de las características superficiales que hacen pensar que el de Chávez sea un populismo. Ni el contexto internacional, ni el momento histórico, ni la dinámica del chavismo, ni la de la sociedad venezolana, tal como reconocen los analistas revisados en páginas anteriores, apuntan hacia su descripción como régimen populista.

Chávez, ciertamente, utiliza los recursos petroleros, a su confuso saber y entender, para lograr lo que, a su juicio, resolverá los graves problemas sociales que nos aquejan. En este sentido su régimen, aunque pretende ser «cosa nueva» es «cosa vieja». Y ello en más de un sentido. El gobierno de Chávez, como los regímenes democráticos anteriores a su mandato, ha basado sus políticas y programas en la riqueza petrolera. Al no haberse preocupado por fortalecer y ensanchar las bases económicas de la sociedad, la trayectoria del desarrollo venezolano sigue atada a las constantes variaciones del mercado petrolero mundial y los comportamientos rentistas se han acentuado considerablemente en la última década. Es difícil reconocer lo nuevo.

Como todos los regímenes jacobinos que desencadenan un «proceso revolucionario», el gobierno de Chávez, para sustituir el viejo ordenamiento institucional, jurídico, legal, ha intentado construir uno diferente. Lo que ha resultado, en cambio, es un sistema paralelo en varios órdenes: salud y educación superior resaltan, aunque también se ha ocupado de transformar el sistema militar y el judicial. ¿Es eso novedad? No lo creo. En particular, porque esos cambios no provienen realmente de transformaciones radicales y estructurales de la sociedad. Han podido hacerse gracias a los recursos extraordinarios provenientes del petróleo, cuyos precios, como se sabe, no dependen para nada del régimen. Por otra parte, lo único que esos cambios han asegurado es un estado de mayor anarquía institucional en Venezuela, lo cual parece apuntar a que el proyecto chavista en lugar de mejorar nuestras debilidades ha acentuado, por el contrario, algunos de los rasgos más conspicuos de la sociedad venezolana del pasado. Cuesta mucho distinguir lo novedoso.

Respecto a nuestra propia historia democrática, la presidencia de Chávez es «cosa nueva», simplemente, porque está dirigiendo el país hacia el pasado autoritario, incivil y anárquico. En ello se diferencia claramente de cualquiera de los gobiernos democráticos que lo antecedieron. De ninguno se pensó que nos llevara hacia atrás. En algunos casos, por el contrario, parecía que íbamos hacia delante. Pero es «cosa vieja» respecto a todos los regímenes democráticos que hemos tenido en Venezuela. El desarrollo del régimen chavista no parece moverse hacia un estado de cosas que proteja o fortalezca el sistema de libertades, que asegure la competencia libre entre alternativas políticas y líderes diferentes, que fortalezca los poderes que hacen contrapeso al poder presidencial, y, aunque se define como una democracia «protagónica y participativa», los espacios de participación con frecuencia se ven cerrados o limitados para quienes se oponen al gobierno.

Las creencias jacobinas que sustentan el programa chavista lo distancian enormemente del sentido común, cívico y democrático, propio de las democracias liberales. Ese hecho es indiscutible. Lo que demuestra la revuelta antichavista y la derrota de la Reforma Constitucional en diciembre de 2007 es que ese espíritu se mantiene vivo entre nosotros. ¿Estamos en presencia de un régimen totalitario? Pareciera que no. La existencia misma del movimiento opositor y el hecho que haya conseguido derrotar electoralmente al gobierno son poderosos indicadores para demostrar que la presidencia de Chávez no ha logrado destruir la cultura política democrática que se desarrolló en las décadas posteriores a 1958. Designar el régimen chavista como totalitarismo es un intento de conocer y describir reduciendo lo desconocido a lo conocido[111]. Creo que, para comprender y actuar con mayor eficacia política, estamos obligados a un esfuerzo intelectual más refinado.

El régimen, por otra parte, aunque ha hecho esfuerzos notables por arropar ideológicamente a la sociedad venezolana, es también «cosa vieja» respecto a la ideología. Repite incansablemente los clichés y eslóganes políticos de la izquierda jacobina. Desde el «no pasarán» famoso –utilizado por los republicanos durante la guerra civil española– y usado a comienzos del gobierno de Chávez por sus partidarios cuando pretendían bloquear manifestaciones de los opositores, hasta el reciente «Patria, socialismo o muerte», calcado de la mitología de la revolución cubana. Sin embargo, a pesar del poder económico, el baño ideológico y propagandístico no ha alcanzado, y creo que no alcanzará ni de cerca, la opresión ideológica y espiritual a la que fueron sometidas las sociedades que tuvieron los regímenes totalitarios del siglo XX. Si se vuelve a la sección que condensa el análisis que hace Arendt sobre el totalitarismo y se hace una comparación entre el chavismo y esas características, se verá claramente cómo no puede atribuirse esa «naturaleza» al régimen de Hugo Chávez; salvo en algunos rasgos como el apoyo de las masas y el reclutamiento de seguidores entre los excluidos. Lo demás, a mi juicio, es diferente.

Puede que el régimen tenga aspiraciones totalitarias, pero no tiene un sistema exacto, consistente de creencias. Por el contrario, su ideología es una mezcla variopinta y confusa de opiniones, ideas y elementos míticos que provienen de nuestro pasado independentista y del jacobinismo de izquierda. Tampoco, para ser justos, el régimen chavista ha utilizado el terror como instrumento para controlar a la sociedad. Aunque, ciertamente, sí ha desplegado prácticas autoritarias. El chavismo no ha destruido, aunque quizás lo ha intentado, la esfera asociativa que Arendt define como «el espacio vivo de la libertad», los espacios sociales donde el individuo despliega su sentido cívico, asume responsabilidades y se asocia con otros para mejorar la sociedad y alcanzar la justicia. La dinámica política venezolana de los últimos años parece indicar lo contrario.

Referencias bibliográficas

Arenas, Nelly y Luis Gómez Calcaño. (2006). Populismo autoritario: Venezuela 1999-2005. Caracas, CENDES/CDCH.

Arendt, Hannah. (1982). Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Alianza Editorial, vol. 3.

Boudon, Raymond y François Bourricaud. (1994). Dictionnaire Critique de la Sociologie. París, Presses Universitaires de France.

Buruma, Ian y Avishai Margalit. (2005). Occidentalismo. Barcelona, Ediciones Península.

Burleigh, Michael. (2004). El Tercer Reich. Una nueva historia. Madrid, Suma de Letras, S.L.

Caballero, Manuel. (1998). Maldición y elogio del siglo XX. Caracas, Fundación CELARG.

Carrera Damas, Germán. (1998). Una nación llamada Venezuela. Caracas, Monte Ávila Editores.

Carrasquero, José V., Daniel Varnagy y Federico Welsch. (2003). «Cultura política, capital social y calidad de la democracia en Venezuela: un análisis comparado». Revista Politeia, núm. 30, pp. 95-117.

Coppedge, Michael. (1994). Strong Parties and Lame Ducks. Stanford, Stanford University Press.

Diamond, Larry. (1999). Developing Democracy. Toward Consolidation. Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

Durán, Armando. (2004). Venezuela en llamas. Caracas, Random House Mondadori, S.A.

Eisenstadt, Schmuel N. (1999). Paradoxes of democracy. Washington, The Woodrow Wilson Center Press.

Ellner, Steve. «Introducción. En la búsqueda de explicaciones».

Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.). (2003). La política venezolana en la época de Chávez. Caracas, Nueva Sociedad.

Furet, François. (1999). The Passing of an Illusion. Chicago, The University of Chicago Press.

Goodman, Louis W., Johanna Mendelson Forman, Moisés Naím, Joseph S. Tulchin y Gary Bland (eds.). (1995). Lessons of the Venezuelan Experience. Washington, The Woodrow Wilson Center Press.

Karl, Terry L. (1997). The Paradox of Plenty. Berkeley, University of California Press.

Krauze, Enrique. (2003). Travesía liberal. Barcelona, Tusquets Editores, s.a.

Linz, Juan J. (1987). La quiebra de las democracias. Madrid, Alianza Editorial.

Madueño, Luis. «El populismo quiliástico en Venezuela. La satisfacción de los deseos y la mentalidad orgiástica». Ramos Jiménez, Alfredo (ed.). (2002). La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez. Mérida, Centro de Investigaciones de Política Comparada.

Mclean, Ian. (1996). The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford, Oxford University Press.

Mires, Fernando. (2007). Al borde del abismo. Caracas, Random House Mondadori, S.A.

Myers, David J. y Jennifer McCoy. (2003). «Venezuela in the gray zone: From feckless pluralism to dominant power system». Revista Politeia, núm. 30, pp. 41-74.

Needler, Martin C. (1991). The Concepts of Comparative Politics. Nueva York, Praeger Publishers.

Paz, Octavio. (2000). Corriente Alterna. México, Siglo XXI.

Paz, Octavio. (1983). Tiempo Nublado. Barcelona, Seix Barral.

Picón Salas, Mariano. (1987). Suma de Venezuela. Caracas, Monte Ávila Editores.

Pino Iturrieta, Elías. (2007). Nada sino un hombre. Caracas, Editorial Alfa.

Popper, Karl R. (1981). La sociedad abierta y sus enemigos. Buenos Aires, Paidós.

Roberts, Kenneth. (2003). «Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela». Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.). (2003). La política venezolana en la época de Chávez. Caracas, Nueva Sociedad.

Sartori, Giovanni. «Compare Why and How». Dogan, Mattei y Ali Kazancigil (eds.). (1994). Comparing Nations. Concepts, Strategies, Substance. Oxford, Basil Blackwell LTD.

Shamis, Hector E. (2006). «Populism, socialism and democratic institutions». Journal of Democracy. Núm.17, 20-34.

Sucre, Guillermo. «Introducción». Picón Salas, Mariano. (1987). Suma de Venezuela. Caracas, Monte Ávila Editores.

Tocqueville, Alexis de. (1995). La democracia en América. Madrid, Alianza Editorial, vol. 1.

Tocqueville, Alexis de. (1995). La democracia en América. Madrid, Alianza Editorial, vol. 2.

Urbaneja, Diego Bautista. (1993). Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo XX. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana.

Villarroel, Gladys E. (2003). «Paradojas de la democracia en Venezuela: dualidad y conflicto en las representaciones y en la política actual». Espacio Abierto. Núm. 12, pp. 63-93.

__________. (2001). Las representaciones políticas del venezolano. Un estudio sobre culturas políticas. Caracas, Consejo de Desarrollo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV.

Villarroel, Gladys E., Edoardo De Armas y Mario Brito Afonso. (2004). «Representaciones sobre la libertad y la igualdad en estudiantes venezolanos». Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Caracas, núm. 10, pp. 181-193.

Zakaria, Fareed. (2003). The Future of Freedom. Nueva York, W.W. Norton & Company.

Segunda parte

¿Quiénes fueron los entrevistados?
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

A continuación se presenta la descripción de los respondientes en términos de algunos aspectos socio-demográficos investigados en la encuesta, a saber: sexo, edad, estado civil, nivel educativo, situación laboral, ocupación, religión, percepción subjetiva de la clase social, color de piel subjetivo y preferencia partidistas. Si tuviéramos que definir el entrevistado «típico», constituido de acuerdo con las características modales de cada una de las variables socio-demográficas mencionadas, tendríamos a una mujer, aunque bien hubiera podido ser también un varón, entre 30 y 50 años de edad, que vive en pareja, tiene aprobado algún grado de educación básica o media y diversificada, trabajador en el área de los servicios, de religión católica, autoclasificado en la mitad inferior de una escala social de diez grados, trigueño o moreno y sin preferencia partidistas.

Sexo

La distribución por sexo de las 1.133 personas que formaron parte de la muestra arrojó un mayor porcentaje de mujeres (53,4%) que de hombres (46,6%), lo cual indica una diferencia con la distribución por sexo nacional proyectada para el año 2008. Según los datos del INE[112], para el 2008 la distribución proyectada por sexo de la población es de 50,2% hombres y 49,8% mujeres.

Edad

La edad de las personas que fueron entrevistadas para el estudio estuvo comprendida entre los 18 y los 86 años. Los menores de 30 años constituyeron el 33,3% de la muestra. El grupo más numeroso (44%) correspondió a las personas con edades entre los 30 y los 50 años y el 22,7% restante estuvo conformado por entrevistados con más de 50 años.

Estado civil

En cuanto al estado civil, del total de 1.133 entrevistados, se observa que las personas que viven con una pareja representan más de la mitad de la muestra, con un total de 54%, mientras que el resto de los respondientes se encuentra en situación de soltería, viudez, separados o solteros. Estos resultados se pueden visualizar en el próximo gráfico.

Nivel educativo

El nivel educativo de la muestra seleccionada señala que el 85% de los entrevistados está o cursó estudios en el sistema formal de educación. El gráfico 5.2 indica que los entrevistados sin nivel representan el 2% y aquellos que se encuentran participando de alguna de las misiones educativas implementadas por el gobierno suman un 1%. La clase modal, se corresponde con los entrevistados que tienen algún grado de educación básica aprobado. Se evidencia además que en el mejor de los casos el 60% de los entrevistados tiene toda la educación básica y media diversificada aprobada.

Situación laboral

Del total de las 1.133 personas entrevistadas a nivel nacional, el 56% de los respondientes formaba parte de la Población Económicamente Activa (PEA), con siete desempleados por cada cien personas en la PEA (ver gráfico 5.3). El grupo más numeroso de los inactivos económicos declararon estar dedicados a los quehaceres del hogar (23%) y un 12% ser estudiantes.

Ocupación

En cuanto a la ocupación (ver gráfico 5.4), del total de los 632 entrevistados que formaban parte de la Población Económicamente Activa y que informaron sobre su ocupación, por lo menos siete de cada 10 se encontraba trabajando en el sector de servicios diversos. La categoría de ocupación más numerosa fue la de los trabajadores de los servicios, deporte y diversiones con un 45%, seguido por los vendedores con un 20%. Los gerentes y administradores, directores, profesionales y técnicos sumaron el 16% de las ocupaciones de los entrevistados. Las categorías restantes registraron porcentajes por debajo del 6%, como se puede apreciar a continuación.

Religión del entrevistado

En términos de la religión, se encontró que más del 80% de los entrevistados pertenece o cree en la religión Católica Romana, mientras que siete de cada 100 personas declararon pertenecer a la Iglesia Evangélica. Las personas que dicen no tener ninguna religión apenas dieron cuenta del 5% de la muestra y el 3% de las creencias restante se diluyeron entre las otras religiones consideradas.

Percepción subjetiva de clase social

Se pidió a los entrevistados que se ubicaran de acuerdo con su percepción de clase social en una escala del 1 al 10, en donde 1 es el valor más bajo y el 10 el valor más alto. Los resultados de este ejercicio de autopercepción de la clase social se presentan en el gráfico 5.5 Resulta interesante constatar que el 81% de las 1.127 personas que respondieron se ubicó entre los cinco primeros lugares y el 19% restante se clasificó en las cinco posiciones más elevadas. Por cada persona que se autocalifica como perteneciente a la clase 10, hay 21 personas que se clasifican en la clase 1. Cuando se oponen las clases 9 y 2, esta relación baja a 15 personas; la relación para la oposición de las clases 8 y 3 se reduce hasta 9 personas y finalmente se obtienen relaciones de 4 y 3 personas cuando se oponen 7 versus 4 y 5 versus 6 respectivamente.

Color de piel subjetivo

De acuerdo con la apreciación que tiene cada entrevistado de su color de piel, el siguiente gráfico muestra que de 1.120 respondientes, la mayoría se autodefine como blanca, casi el 4% se define como negra, mientras que el grueso de las personas que sobrepasan la mitad se ubicó entre trigueño y moreno.

Partido político

En cuanto a la simpatía por algún partido político, más de la mitad de los 1.133 entrevistados manifestaron no tener simpatías partidistas. Un 41% se reparte entre tendencias oficialistas y opositoras en proporción 2 a 1 y menos del 2% se identificaron con otros partidos.

Victimización en Venezuela: cifras y limitaciones
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

Los eventos de victimización son situaciones que reúnen actores, locaciones y tiempos, difíciles de captar en toda su complejidad a través de una encuesta por muestreo. Todo delito se produce en un lugar y momento determinado y en el mismo pueden estar involucradas una o más víctimas y uno o más perpetradores. En la Encuesta de Violencia Interpersonal y Percepción Ciudadana de la Situación de Seguridad en Venezuela (EVIPCSSV-2008) se incluyó un módulo sobre victimización contentivo de 25 preguntas que captan datos sobre los tipos de delitos sufridos, la frecuencia, las circunstancias situacionales en las que se produjeron, en particular sobre el lugar y el momento del delito, la edad y el sexo de la víctima, el número de victimarios, las posibles relaciones de los delincuentes con las víctimas, el arma empleada y algunos aspectos relacionados con la denuncia del evento.

La tarea cognitiva que se impone al respondiente en cualquier encuesta sobre victimización es también complicada. El informante debe proporcionar datos sobre los delitos sufridos por él o por otros miembros del hogar en un período de referencia determinado, usualmente el último año contado desde el momento en que se formula la pregunta. En particular, en el módulo de victimización de la EVIPCSSV-2008, el informante debía reportar el tipo o tipos de delito, si lo(s) hubo, el número de personas del hogar que fueron víctimas del o de los delitos y el total de veces que cada víctima resultó afectada en el período indicado. Sabemos que el resultado de esta tarea está afectado por el olvido y por el fenómeno del acercamiento temporal o telescoping[113].

Para ilustrar las dificultades mencionadas, consideremos, por ejemplo, un hogar formado por cinco personas, en el que una fue sujeto de un robo sin agresión en dos oportunidades, otra resultó víctima de una amenaza en tres ocasiones y de una agresión física sin robo en una oportunidad y otros dos miembros fueron objeto de lesiones en una ocasión, todo acontecido en el último año. En un caso como éste, el informante ha debido responder a la pregunta 55 del instrumento que recoge la información sobre tipo y frecuencia de los delitos ocurridos en el hogar en el último año, de la siguiente manera:

Entonces, la pregunta genera respuestas asociadas a cuatro tipos de unidades de análisis: (a) La situación delictual, (b) el delito, (c) el hogar victimizado (en el que una o más personas pudieron ser victimizadas una o más veces) y (d) las víctimas (que también pudieron haber sufrido una o más veces con el mismo delito o delitos distintos). Con el fin de facilitar el seguimiento de los conteos que proporcionaría para cada unidad de análisis la respuesta dada por el entrevistado a la pregunta 55, mostramos el gráfico 6.1.

Se declara un hogar con al menos un miembro victimizado; cuatro delitos, dos ocurridos en una sola oportunidad a tres personas distintas (Agresión física sin robo y Lesiones) y los dos restantes, ocurrido uno de ellos (Robo sin agresión) dos veces a la misma persona y el otro (Amenaza) en tres oportunidades también a una misma persona; cuatro víctimas, uno victimizado en dos oportunidades (Miembro A), otro (Miembro B) igualmente victimizado en cuatro oportunidades[114] y los dos restantes (Miembros C y D) victimizados una sola vez. En total se produjeron ocho situaciones delictuales que afectaron al hogar en consideración. La pregunta no permite cuantificar la polivictimización.

En el módulo de victimización se inquirió en relación con ocho delitos violentos, a saber, homicidio, robo sin agresión, robo con agresión, amenaza, violación sexual, agresión física sin robo, secuestro y lesiones. Esta tipología se obtuvo como resultado de una operacionalización del marco teórico-conceptual del Observatorio Venezolano de Violencia de LACSO[115], fundamentado en cuatro principios de derechos humanos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y el derecho de acceso a la justicia y en la normativa nacional e internacional suscrita por el país en esta materia.

Las preguntas formuladas en el módulo de victimización se presentan en el apéndice B. El período de referencia fijado en las preguntas es de un año, a sabiendas de los inconvenientes que tal intervalo de tiempo puede causar[116]. El informante seleccionado proporcionó información sobre todas las situaciones delictuales acontecidas en el hogar en el año anterior a la entrevista. La encuesta supone que el entrevistado estaba en capacidad de recordar de forma exacta las características investigadas de todos los delitos. A tal efecto, los encuestadores asistieron al entrevistado en la atención de las demandas cognitivas que le requería el instrumento.

En conclusión, el módulo de victimización permitió establecer un registro numérico de la victimización sufrida en el último año por todos los miembros del hogar y otro registro detallado de la última situación de victimización sufrida por el informante o por algún otro miembro del hogar. Hay por tanto dos niveles en la descripción que se llevará a cabo en los capítulos de la parte primera: por un lado lo relativo a la frecuencia de la victimización considerará el total de situaciones delictivas registradas en los hogares y por el otro, la descripción de las situaciones se realizará en base a la victimización más reciente.

Otra consideración que hay que tomar en cuenta para la interpretación adecuada de los resultados obtenidos con el módulo de victimización, tiene que ver con la prevalencia del tipo de eventos que estamos considerando. Cuanto menor sea la prevalencia del atributo de interés, mayor deberá ser el tamaño de muestra necesario para lograr estimaciones con precisión razonable[117]. Los delitos, por su propia naturaleza, son eventos de prevalencia baja, algunos con valores muy pequeños, como por ejemplo el homicidio. Vale la pena revisar las tasas de delitos obtenidas en la encuesta de CONAREPOL para el año 2006[118] con un tamaño efectivo de 5.496 hogares. En particular la tasa de homicidios nacional resultó estimada en 49,6 personas por cada 100.000 habitantes. El intervalo de confianza del 95% correspondiente tuvo como límite inferior 14,12 por 100.000 y el límite superior resultó igual 85,08 por 100.000, ciertamente un intervalo confidencial demasiado amplio para considerar que la tasa de homicidios fue estimada con una alta precisión[119].

Por todo lo dicho conviene considerar los conteos sobre delitos obtenidos en esta encuesta con la debida prudencia. La base poblacional a la que hay que referir las frecuencias obtenidas en la encuesta para obtener tasas por 100.000 es de 5.774 personas.

La encuesta registró 239 hogares en el que alguno de sus miembros fue victimizado entre junio del 2007 y junio del 2008 sobre un total de 1.099 hogares que aportaron información. Estos datos se presentan en el cuadro 6.1. De los 1.133 hogares contactados, en 34 los informantes declararon no saber si alguien había sido victimizado y 860 entrevistados informaron que ningún miembro de su hogar había sido objeto de delito en el último año. En 227 hogares se observaron exclusivamente delitos distintos del homicidio, en 5 hogares se verificaron solamente homicidios y en 7 hogares algún miembro fue asesinado y por lo menos alguien más resultó victimizado por alguno de los delitos restantes.

Los hogares en los que se reportó por lo menos un delito en el último año alcanzaron el 21,7%, lo que equivale a afirmar que algo más de uno de cada cinco hogares venezolanos tuvo al menos un miembro afectado por un delito en al menos una oportunidad.

El total de homicidios reportados en la encuesta entre junio de 2007 y junio de 2008 fue de 13. La tasa correspondiente por 100.000 personas es de 225 homicidios. El número es muy alto cuando se compara con las cifras oficiales, pero hay varios aspectos que se deben tener presentes para explicar la discrepancia. Por un lado, ha podido funcionar el fenómeno del «acercamiento» temporal. Después, el informante ha podido confundir hogar[120] con familia y por tanto generar un fenómeno análogo al «acercamiento» temporal en el ámbito de las personas consideradas como miembros del hogar y reportar homicidios ocurridos a miembros de la familia que no formaban parte de ese hogar. En tercer lugar, el efecto combinado del tamaño del estudio y la baja prevalencia del fenómeno ocasionan inestabilidad en el número de homicidios reportado para el tamaño de muestra empleado. Finalmente, hay que tomar en cuenta que las cifras oficiales no toman en cuenta los casos de muertes producidas por la policía, las muertes en cárceles, las muertes ocurridas por enfrentamiento de bandas criminales y otras muertes no suficientemente aclaradas, que si hubieran sobrevenido a algún miembro del hogar, habrían sido reportadas por el informante.

La encuesta registró 255 delitos de victimización distintos del homicidio ocurridos entre junio de 2007 y junio de 2008. Esta cifra incluye personas que fueron afectadas por más de un delito y/o en más de una oportunidad. El 88% de los delitos distintos de los homicidios fueron robos en las dos modalidades consideradas: sin agresión (59%) y con agresión (29%). Las amenazas fueron responsables del 8% y el resto de los delitos (agresión física sin robo, secuestro y lesiones) dieron cuenta del 4% restante. Estos resultados se presentan en el gráfico 6.2.

El número de víctimas ascendió a 351, lo que representa el 6,1% del total de los 5.774 individuos que conformaban los hogares de la muestra para el momento de la encuesta, pero si consideramos los delitos ocurridos a adultos mayores de 18 años, el porcentaje se eleva a 8,2%. Cabe adelantar que las edades de las víctimas del último delito ocurrido van desde los 11 hasta los 75 años. Cuando calculamos el índice de personas victimizadas por hogar encontramos la cifra de 1,4 personas.

El total de las situaciones de victimización por delitos distintos del homicidio contabilizadas en la muestra sumó 377. En esta cifra se incluye la multivictimización y la polivictimización. Si agregamos a este número el total de homicidios registrados, obtenemos un total de 390 casos ocurridos en 1.133 hogares, para una tasa de victimización del 34,4%. Cálculos similares efectuados con los datos de la encuesta[121] dan cuenta de una tasa del 36,4%.

La expansión de estos porcentajes a la población presenta una situación por demás grave. Más de un millón de personas de todas las edades y más de un millón trescientos setenta mil adultos mayores de 18 años fueron objeto en el último año de por lo menos alguno de los delitos violentos incluidos en la clasificación manejada en la encuesta.

El módulo de victimización indagó adicionalmente sobre quiénes fueron las víctimas, dónde y cuándo ocurrió el último delito que afectó a algún miembro del hogar entre junio de 2007 y junio de 2008. El 62% de los delitos considerados, distintos del homicidio, correspondió a la categoría de robo sin lesiones, el 30% fueron robos con lesiones, el 5% amenazas y el 3% restante se refirió a otros delitos.

Prácticamente la mitad de los entrevistados describió una situación de victimización personal, un 28% relató lo ocurrido a su pareja, hijos o padres y el 25% restante se refirió a lo acontecido a otros miembros del hogar.

La caracterización demográfica de las víctimas se corresponde con las tendencias generales evidenciadas en otros estudios. Así, por cada tres víctimas de sexo masculino, se presentan dos de sexo femenino con edades cuya distribución se reporta en el gráfico 6.3.

La comparación de estos resultados con las proyecciones de población por edad para el año 2008 del INE, evidencia que en los grupos de edades comprendidos entre 20 y 24 años y entre 25 y 29 años las víctimas duplican a la población comprendida en esos rangos, ocurriendo algo similar para los grupos de edades entre 35 y 49 años, pero en menor grado, como se aprecia en el gráfico 6.4.

La pregunta de cuándo ocurrió el delito permite identificar que la mayor parte de los mismos sucedieron de lunes a viernes (66%) y durante el día (61%). En el gráfico 6.5 podemos apreciar que aun cuando el mayor número tuvo lugar en días laborales, la concentración de delitos por día es mayor durante los fines de semana.

El gráfico siguiente reporta los resultados de la pregunta de dónde ocurrió el delito, pudiendo leerse que el mayor número tuvo lugar fuera de la zona donde vive (46%). En contraste, la vivienda y la zona cercana a la misma sirvieron de escenas delictuales para el 54% restante de los casos.

No existe evidencia estadística de asociación entre el lugar y el día en que se cometió el delito. Si tomamos en cuenta el factor clase social del hogar determinado según el método Graffar[122], tampoco se manifiesta asociación estadística entre las tres variables, pero vale la pena destacar que la proporción de delitos ocurridos durante el fin de semana en hogares que se ubican en la clase D supera sostenidamente la proporción de delitos verificados en los otros estratos sociales. De manera análoga, la proporción de delitos registrados en la vivienda y en la misma zona donde vive es mayor en la clase A que las proporciones que se verifican en los estratos restantes.

Para los homicidios, el patrón dominante en relación con lugar y momento es distinto del que se manifiesta con los delitos restantes. Así, la mayor proporción de los homicidios reportados ocurrió de lunes a viernes durante la noche (35%); si a esto le sumamos los que tuvieron lugar en la noche en fines de semana obtenemos un 54% que supera a los homicidios cometidos durante el día (46%), como se puede verificar en el gráfico siguiente.

Los lugares donde se cometieron los homicidios se repartieron igualmente en las tres modalidades consideradas, pero nuevamente los homicidios tuvieron lugar mayormente en la vivienda o en la misma zona donde vivía la víctima (67%), aunque en mayor proporción que para los otros delitos.

Aunque el módulo de victimización no permite la estimación de frecuencias de victimización con precisión razonable, como fue argumentado al comienzo del capítulo (tampoco es ése uno de sus objetivos), sí resulta útil para el acopio de información confiable sobre los delitos más comunes, la magnitud de la cifra negra y las razones para no denunciar, las características de las víctimas, las circunstancias que rodean a la victimización y el perfil de los victimarios. En resumen, los resultados del módulo de victimización ratifican las tendencias que hemos venido observando con otros estudios similares efectuados en el pasado reciente. Se desprende que en uno de cada tres hogares se verificó un delito entre junio de 2007 y junio de 2008. Que los delitos cometidos en ese período a miembros de los hogares encuestados fueron mayormente delitos contra la integridad personal en busca de la propiedad ajena. Así mismo, podemos concluir que se manifiestan como tendencias persistentes que: (1) dos de cada tres delitos no se denuncian, porque los agraviados no tienen confianza en las autoridades, (2) las víctimas son hombres jóvenes en su mayor parte, (3) el homicidio es mayormente nocturno y los delitos restantes son, por el contrario, diurnos, (4) ambos acontecen principalmente en la vivienda de la víctima o en la zona donde vivía la víctima y (5) aunque ocurren sobre todo en días laborales, hay una mayor concentración de delitos por día durante los fines de semana.

Referencias bibliográficas

Camardiel, A. y O. Ávila. «Un marco metodológico del Observatorio Venezolano de Violencia». Briceño-León, R. y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela. Caracas, LACSO, pp. 108-134.

CONAREPOL. (2006). Informe de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial. Caracas, noviembre.

National Research Council. (2008). Surveying Victims. Options for Conducting the National Crime Victimization Survey. Washington, The National Academies Press.

Skogan, W. G. (1990). A review: The National Crime Survey redesigned. The Public Opinion Quarterly, núm. 54, pp. 256-272.

¿Quiénes cometieron el delito?
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

Los datos aportados por el Observatorio Venezolano de Prensa[123], basados en el examen de 1.738 sucesos delictuales publicados en cinco periódicos nacionales y seis regionales durante junio de 2007 hasta enero de 2008, determinaron que los homicidas resultaron ser mayoritariamente de sexo masculino (98%). En los 147 reportajes periodísticos de homicidios que proporcionaron información sobre la edad de los victimarios, el 70% de los responsables tenía edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. Para los delitos distintos del homicidio, también la mayor parte de los infractores resultaron varones (96%) con edades entre 16 y 30 años (65,5%). Los datos se obtuvieron levantando un censo de todos los sucesos cubiertos por los once periódicos durante ocho meses continuos. Aun cuando esta forma de recolección de datos adolece de un sesgo de selección introducido por la redacción de los medios impresos, la referencia no deja de ser valiosa, porque se incluyeron todos los periódicos de mayor circulación tanto a nivel nacional como regional y el registro abarcó prácticamente un año de observación continua.

Por otro lado, la encuesta de CONAREPOL arrojó también un elevado porcentaje de victimarios de sexo masculino (84%) con edades comprendidas mayoritariamente entre 15 y 24 años para los homicidios y entre 25 y 44 años para otros tipos de delitos[124]. Tres cuartas partes de los victimarios no eran conocidos por las víctimas, pero en el caso de los homicidios, la mitad eran conocidos de las víctimas. La tendencia general que revela esta encuesta es que, en los delitos contra las personas, el victimario está más cercano a la víctima.

En este capítulo presentamos los datos aportados por los entrevistados en relación con los responsables de la comisión del último delito registrado entre junio de 2007 y junio de 2008. Describiremos los resultados de las preguntas 63 y 64 del cuestionario, que interrogaban al entrevistado sobre el número de personas que perpetraron un delito distinto del homicidio y su cercanía a la víctima respectivamente y las preguntas 73 y 74, que indagaban sobre los mismos aspectos para los homicidios. Cabe recordar que para los actos delictuales distintos del homicidio, el respondiente fue la víctima en un 48%, en un 9% la víctima fue su pareja y en un 11,5% fue un hijo o una hija. Por tanto, para casi el 70% de los informantes, podemos confiar en el conocimiento aportado por el entrevistado sobre las condiciones en que ocurrió el delito, por tratarse del propio informante victimizado o de un pariente muy cercano.

El gráfico 7.1 refiere información sobre el número de victimarios que cometieron el delito. Se aprecia claramente que las acciones delictuales se realizan mayormente en pareja (42,5%). La mayoría fueron ejecutados por dos personas como máximo (73%) y los delitos en los que participaron tres o más personas sumaron un 27%.

La pregunta 64 inquirió sobre la relación de las personas que cometieron el delito con las víctimas y los resultados arrojados por las respuestas se presentan en el gráfico 7.2.

Se aprecia que uno de cada diez delitos es cometido por personas que son conocidos o familiares de las víctimas y nueve por desconocidos u otras personas. Cuando los delincuentes son conocidos, la tendencia apunta mayormente hacia vecinos (73%), amigos (9%) y parejas o ex parejas (9%).

La Encuesta de Violencia Interpersonal y Percepción Ciudadana de la Situación de Seguridad en Venezuela del 2007 (EVIPSV-2007), suministró resultados parecidos. Los delincuentes eran familiares o conocidos de la víctima en un 15%, desconocidos en un 83% y 2,2% policías, guardias nacionales u otras personas no identificadas. Los victimarios conocidos resultaron también en su mayoría vecinos (44%), amigos (17,5%) y parejas, ex parejas o parientes en un 18%[125].

Los patrones de victimización en el caso de los homicidios varían un tanto con respecto al resto de los delitos. El gráfico 7.3 sugiere que el homicidio es un delito más asociado a la comisión en solitario (56%), aunque tiene en común con los delitos restantes que alrededor de las tres cuartas partes (78%) fueron cometidos por dos personas como máximo. Cuando participan tres o más personas, cabe pensar en un nivel superior de organización y por tanto en la actuación de bandas que para el caso de los homicidios registró un 22% y para los delitos restantes subió al 27%.

En lo relativo a la vinculación entre el o los homicidas y sus víctimas, el gráfico 7.4 muestra que la mayor parte de los homicidios fueron perpetrados por desconocidos (75%). Diecisiete de cada 100 fueron cometidos por conocidos de la víctima y ocho de cada cien por las fuerzas de la seguridad y el orden. Cuando el homicida es conocido de la víctima, la mitad de los casos resultó ser un vecino.

La EVIPSV-2007 proporcionó para el homicidio resultados diferentes. En ese estudio se reportó 24% de casos con un homicida, 48% de homicidios cometidos por un máximo de dos personas y 52% perpetrados por tres o más delincuentes. Los homicidas fueron familiares o conocidos de la víctima en un 24%, desconocidos en un 69% y de los dos casos restantes, uno resultó policía o guardia nacional y el otro un victimario sin identificar.[126]

El cruce de las preguntas 63 y 64 contra las variables socio-demográficas arroja dos resultados interesantes. Por un lado, se constata que el número de victimarios está asociado[127] con el sexo de la víctima (ver cuadro 7.1) evidenciando que los victimarios solitarios prefieren a las mujeres como víctimas, mientras que el 90% de los delitos contra hombres los practican dos o más delincuentes.

El otro resultado interesante, aunque no alcanza la significación estadística, sugiere por un lado que los victimarios conocidos o familiares de las víctimas actúan con mayor frecuencia en contra de las que sólo tienen educación básica o menos (19%) y en menor proporción (9%) eligen víctimas que tienen educación media y superior. Algo similar ocurre con el estado civil: los victimarios conocidos prefieren víctimas solteras, viudas, divorciadas o separadas (6%) antes que casadas o viviendo en pareja (17%).

El perfil de los victimarios que emerge de los datos de la EVIPSV-2008 se puede resumir en las siguientes características para el caso de delitos violentos distintos del homicidio: (1) delincuentes solitarios que seleccionan preferentemente a víctimas del sexo femenino, (2) delincuentes en pareja que abordan sobre todo víctimas de sexo masculino, (3) delincuentes asociados en bandas que actúan en grupos de tres o más individuos. Estos victimarios son en su mayor parte desconocidos para la víctima y también prefieren actuar especialmente en asociación, pero cuando son conocidos resultan vecinos en una gran proporción. El perfil de los homicidas se corresponde en su mayor parte con delincuentes solitarios que no son conocidos de la víctima.

Referencias bibliográficas

Ávila, O., A. Camardiel, R. Briceño-León y otros. «Resultados del Observatorio de Prensa». Briceño-León, R. y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela. Caracas, LACSO, pp. 167-192.

Camardiel, A., O. Ávila y R. Briceño-León. «Resultados de la Encuesta Nacional de Victimización». Briceño-León, R. y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela. Caracas, LACSO, pp. 135-166.

CONAREPOL. (2006). Informe de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial. Caracas, noviembre.

Cifra negra y denuncia
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

Es un hecho bien conocido que muchos delitos no se denuncian a las autoridades competentes y esto acontece por diversas razones que bien vale la pena estudiar. Esta constatación ha recibido el nombre de la cifra negra de la criminalidad en los tratados sobre la temática que ahora nos ocupa y ha sido gracias a las encuestas por muestreo sobre victimización como se ha podido medir este valor y en consecuencia acercarse a la magnitud real del crimen prevalente en una determinada sociedad.

En este capítulo, describiremos los datos aportados por los entrevistados en relación con la denuncia del último delito ocurrido a algún miembro del hogar entre junio de 2007 y junio de 2008, las razones por las que no se materializó la denuncia y el conocimiento del estado de la denuncia. Describiremos en particular los resultados de las preguntas 67, 68 y 69 de la encuesta para delitos distintos del homicidio y las preguntas 76, 77 y 78 para homicidios (ver apéndice B). Nuevamente recordamos que para los actos delictuales distintos del homicidio, casi el 70% de los informantes aportó un conocimiento sobre las condiciones en que ocurrió el delito, que merece credibilidad por tratarse del propio informante victimizado o de un pariente muy cercano. Como en los capítulos anteriores, describiremos únicamente los datos muestrales sin expandir a la población.

Presentamos entonces los resultados relativos a uno de los derechos básicos considerados en el marco teórico de la indagación, a saber, el derecho del acceso a la justicia. Es decir, el derecho de los agraviados a denunciar y ejercer los recursos adecuados y eficaces ante los órganos de administración de justicia[128].

Los datos de la EVIPSV-2008 permiten afirmar que se deja de denunciar dos de cada tres delitos distintos del homicidio (64%), lo que representa una cifra muy alta, pero que confirma la tendencia general obtenida en otros estudios. La encuesta de CONAREPOL estimó el índice de denunciabilidad[129] en 30% para el año 2006[130]. En un estudio del año 2001, encomendado por el Ministerio del Interior y Justicia a Consultores 21, se obtuvo una estimación de la cifra negra de 66% de delitos no denunciados[131] (Ibídem, pág.7). Los resultados de la Encuesta de Victimización del LACSO, levantada a comienzos de 2007, también arrojaron una cifra del 63,5% de no denuncias de delitos distintos del homicidio.

Las razones para no denunciar se cuantifican en el gráfico 8.1. Una rotunda mayoría (78%) afirma que no denunciaron el delito porque las autoridades competentes no cumplen con sus funciones.

La no denuncia por temor a las represalias de los delincuentes (16%), supone que se mantiene un sombrío vínculo entre éstos y sus víctimas, que prolonga el sufrimiento y la inseguridad de éstas aun después del momento de la ocurrencia del delito violento.

Aun cuando se podría pensar que esta respuesta debería estar relacionada con la evaluación que los entrevistados hacen de las instituciones en general y de la policía en particular, no hay evidencia estadística significativa de asociación. El 60% de los que calificaron mal o muy mal a la policía no denunciaron el delito y el 67% de los que la calificaron como buena o muy buena no hicieron la denuncia. Si cambiamos el punto de vista, obtenemos un resultado análogo: el 64% de los que sí denunciaron calificaron de mal o muy mal a la policía y sólo el 55% de los que no denunciaron hicieron lo propio. Algo similar se verifica con la evaluación global de las instituciones, como se muestra en el gráfico 8.2.

El gráfico 8.3 proporciona datos que justifican las respuestas manifestadas por las víctimas para no denunciar. Prácticamente en ocho de cada diez casos, la policía y las instituciones de justicia no habían hecho nada en relación con el delito denunciado hasta el momento de la entrevista. Si a este porcentaje se añade el 13% de las situaciones que todavía estaban en averiguación, se obtiene un 92% de no respuesta efectiva ante la denuncia.

Los datos sobre la denuncia de los homicidios siguen un comportamiento diferente, pero hay que recordar que este delito no requiere ser notificado para que las autoridades competentes tomen en cuenta el caso y procedan a realizar las averiguaciones de rigor. El 83% indicó que sí denunció el homicidio. De los dos casos que afirmaron no haberlo hecho, uno argumentó que por la falta de acción de las autoridades y el otro por temor a represalias de los delincuentes.

Las respuestas a la pregunta sobre el estado de la denuncia del homicidio se reportan en el gráfico 8.4. En la mitad de los casos, se expresa no haber hecho nada, pero un 37,5% de los entrevistados declaró que el caso ya había llegado a los tribunales. Una proporción casi cinco veces mayor que en el caso de los delitos distintos del homicidio.

Cuando se considera únicamente los casos de delitos que acontecieron al informante (48%), podemos tomar en cuenta las diversas variables socioeconómicas registradas del entrevistado, con el fin de caracterizar socialmente a los denunciantes y no denunciantes. De esta forma, podemos concluir que las mujeres victimizadas son menos propensas a formular las denuncias que los hombres victimizados (28% contra 50% respectivamente con una elevada significación estadística[132]) y que las víctimas simpatizantes con los partidos de la oposición son más propensas a denunciar el delito que las víctimas que favorecen el oficialismo o a ninguna de las dos tendencias, como se aprecia en el cuadro 8.1[133]. El resto de las variables socio-demográficas no evidenciaron asociación estadística significativa. Tampoco las razones para no denunciar muestran una asociación estadística significativa con las variables socio-demográficas.

Cuando se comparan los resultados de esta encuesta con los obtenidos en las encuestas de victimización del LACSO levantadas en marzo de 2004 y en enero de 2007, se puede concluir que las respuestas expresan una tendencia sugerente de actitudes sostenidas en el tiempo. El cuadro 8.2 resume los porcentajes modales de las tres encuestas.

Para los delitos distintos del homicidio, el índice de denunciabilidad se ha mantenido alrededor del 36% desde el año 2004. De forma análoga, más del 59% de los entrevistados aducen como la razón más frecuente para no denunciar que las autoridades no hacen nada, lo que resulta totalmente justificado porque más del 79% (excluyendo el año 2004) afirma que ciertamente no se ha hecho nada en relación con las situaciones delictuales sufridas por alguna persona de su hogar y que fueron denunciadas.

En relación con los homicidios, delitos extremadamente graves, resulta preocupante que los respondientes hayan afirmado en dos oportunidades que en más del 68% de los casos las autoridades competentes no hayan hecho nada en relación con la denuncia. En el mejor escenario, más de la mitad de los homicidios quedan impunes, según lo expresado por los afectados.

La imagen final que se deriva de los resultados presentados en este capítulo demuestra claramente que la impunidad del delito y de los delincuentes tiene una alta prevalencia en nuestro medio. Sin castigo a la vista o con muy pocas posibilidades de que el delincuente sea sancionado, un hecho que es del dominio público, resultaría extraño que las personas que tengan razones para delinquir no lo hagan. La marcada impunidad que describe la encuesta es una de las causas que explica el crecimiento sostenido del delito que estamos presenciando desde hace ya bastante tiempo en el país.

Las situaciones en las que los responsables de un delito no reciben el castigo con que la administración de justicia debería sancionarlos, se genera bien por fallas originadas en los organismos policiales encargados de la captura de los delincuentes y del acopio de pruebas necesarias para su procesamiento judicial o bien por imperfecciones del propio sistema judicial. Pero también se propicia cuando la víctima no denuncia el delito. De esta forma, la impunidad y la falta de denuncia se refuerzan mutuamente en un circuito perverso en el que no denunciar un delito determina que el delincuente no sea castigado y el delito quede impune y la falta de acción por parte de las autoridades desalienta a su vez la denuncia, causando nuevamente impunidad, como se puede visualizar en el gráfico siguiente.

Esta dinámica contribuye a aumentar la inseguridad personal, el descontento colectivo y es causa de frustración e impotencia en la población general ante la falta de castigo de los delincuentes.

Referencias bibliográficas

Camardiel, A. y O. Ávila. «Un marco metodológico del Observatorio Venezolano de Violencia». Briceño-León. R. y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela. Caracas, LACSO, pp. 108-134.

CONAREPOL. (2006). Informe de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial. Caracas, noviembre.

El temor a ser víctimas
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

En ciudades como Caracas, y en general en el territorio venezolano, sentir miedo se ha convertido en una condición de la vida cotidiana de los ciudadanos.

El temor es una emoción natural y necesaria en los seres humanos; porque permite responder ante situaciones consideradas de riesgo o peligro, es un modo preventivo de resguardar la vida y la integridad física. Sentir miedo no es anormal, pero abrigar temores en la propia casa, en el lugar que se presume debe ser el cobijo protector, sentir miedo en las calles del vecindario o en el transporte público que se aborda para ir al trabajo o de compras, es algo distinto. Es igualmente una respuesta protectiva, pero una respuesta a una situación que no es normal, aunque se haya venido convirtiendo en cotidiana.

En América Latina, la violencia interpersonal se ha convertido en una amenaza muy compleja. Las ciudades, que por un tiempo fueron un lugar hacia donde se mudaban las personas en búsqueda de sus derechos, pues eran el espacio de la seguridad y de la libertad, el territorio de las leyes y las normas, se transformaron en la comarca del peligro. La violencia dejó de ser rural y pasó a ser urbana y con la violencia se mudó el miedo a la ciudad.

El informe del Latinobarómetro del año 2007 arrojó que el 63% de los habitantes en América Latina se sentía inseguro y albergaba ese sentimiento pues un porcentaje aún mayor, el 73%, temía ser víctima de un delito violento. Pero ese temor tiene sus fundamentos en una realidad, pues el mismo informe indicó que entre 1995 y 2007 el porcentaje de personas que declararon haber sido víctimas de un delito violento en toda la región había aumentado de 29% a 37%. En algunos países esa cifra era todavía más alta, llegando al 47% en Argentina y al 49% en Venezuela.

Hay realidades y hay sentimientos y es así porque la posibilidad real de ser victimizado es una cosa y el temor que se tiene de serlo es otra, y ambas realidades pueden coincidir o no. Por eso, muchos autores diferencian la inseguridad objetiva, como el resultado de hechos concretos que suceden en un tiempo y espacio determinado, y la inseguridad subjetiva, esto es, la percepción imaginaria, que puede ser individual o colectiva, que tienen las personas de su inseguridad, la cual está mediada por las creencias, valores y experiencias de esas personas o grupo social y que necesariamente no se corresponden con la probabilidad real de ser víctima[134]. Esto quiere decir que puede haber un temor «desproporcionado» en relación con el riesgo probable y que, por tanto, al comparar algunas ciudades o zonas de la ciudad se pueda observar un temor similar, a pesar de que la incidencia real de delitos, y por tanto la probabilidad estadística de ser víctima, sea muy diferente. La inseguridad subjetiva crea, además, un desfase entre las expectativas de las personas de ser protegidas y la capacidad real del Estado y sus instituciones de proporcionar esta protección. En algunos casos, el sentimiento de temor puede ser menor, porque las expectativas de seguridad son bajas; en otros, porque la seguridad prestada es alta, el mismo fenómeno puede ser resultado de procesos distintos.

Para medir las reacciones de las personas ante la inseguridad y violencia en el país, se dedicaron unas preguntas a conocer el temor de las personas a ser atacadas o robadas en diferentes ámbitos de la ciudad: en su casa o apartamento, en su vecindario, es decir en las calles de su comunidad durante el día, en otras partes más distantes de la ciudad y en los medios de transporte público. Para aquellos que trabajaban, les preguntamos si sentían miedo en su lugar de trabajo; y para quienes estudiaban, si temían ser víctimas en su lugar de estudio.

Como puede observarse en el gráfico 9.1, existe un temor generalizado a ser víctima de algún delito en su propia casa o apartamento. El 61% de la población siente mucho o algún temor de ser víctima de algún delito, 18% tiene un poco de temor, mientras que sólo el 21% no siente temor. Ese temor en la población en su propia casa existe con independencia del sexo, de la edad, del estado civil, del nivel educativo, de las creencias religiosas o políticas o nivel socioeconómico. Es interesante este resultado, pues a pesar de las medidas de seguridad que rodean las viviendas de todos los sectores sociales, en el barrio, en la urbanización o donde sea que se encuentre la vivienda, las personas tienen temor en sus casas. Cuando comparamos estos resultados con los obtenidos en las encuestas administradas en los años 2004 y 2007 por el LACSO, se encuentra que este temor se sigue manteniendo en valores por encima del 60% al sumar las opciones de respuesta mucho y algo, lo que indica que la gente se siente poco segura en su casa.

En relación con el miedo que se siente en las calles de la comunidad durante el día, encontramos que el 80% de los venezolanos siente temor en esos espacios, casi la mitad de los cuales siente mucho temor de ser víctima en el contexto inmediato donde habita (ver gráfico 9.2). El hecho de que la mayoría de los venezolanos no se sientan seguros en los sitios donde viven, ni dentro, ni fuera de su casa, contribuye al debilitamiento de los vínculos sociales y del sentimiento de comunidad necesario para la convivencia. Ese sentimiento de inseguridad y de temor en la casa y en la comunidad ha conducido a las comunidades a adoptar medidas de control como el cierre de espacios, el cierre de las calles en las urbanizaciones de clase media, el cierre de las veredas peatonales en los barrios, así como la contratación de guachimanes o seguridad privada, a fin de impedir el acceso de los extraños y disminuir los riesgos de delitos contra las personas y los bienes[135].

Los niveles de temor aumentan si las personas se encuentran en otras partes de la ciudad, como se aprecia en el gráfico 9.3. El 83% de las personas a nivel nacional dijo que se sentían temerosas de ser víctimas de delitos. Esta cifra ha ascendido en relación con los resultados de las encuestas en años anteriores.

En el cuadro siguiente, se reporta el cruce de las respuestas a la pregunta sobre temor en otras partes de la ciudad contra las modalidades del nivel educativo. La prueba Ji-cuadrado evidenció una asociación estadísticamente significativa[136] (P=0,008). Se observa que el mucho temor aumenta con la educación y que la ausencia de miedo disminuye consistentemente con el nivel educativo.

En cuanto a la simpatía política (ver cuadro 9.2), llama la atención que aunque hay leves diferencias, tanto los partidarios de la oposición (69%) como los del oficialismo (62%) tiene mucho temor de ser victimizados en la ciudad. La asociación estadística entre el temor en la ciudad y la simpatía política resultó significativa (P=0,001). Si consideramos las tendencias desde los partidos de oposición hacia los del oficialismo como un continuo, se observa que a medida que se simpatiza con partidos del oficialismo, disminuye el mucho temor.

En el lugar de trabajo, que debería ser uno de los lugares donde las personas se sientan seguras, los resultados mostrados en el gráfico 9.3 señalan que el 34% de la población siente mucho temor. Aunque en grados diferentes, se observa que el 73% de las personas temen ser victimizadas en su lugar de trabajo, mientras que sólo el 27% no siente ningún temor. Las explicaciones a este hallazgo no son fáciles: puede tratarse de una percepción subjetiva, debida al estado general de desconfianza que se siente del otro, influenciada bien por la realidad del problema, por la experiencia vicaria, esto es, las emociones o sensaciones sentidas a través de la experiencia de otras personas, o por el influjo de los medios de comunicación. Lo cierto es que ni en casa, ni en la comunidad, ni en la ciudad, ni en el trabajo, la población de Venezuela deja de sentir temor de ser victimizada.

Si se trata del lugar de estudio, la situación no cambia mucho. El gráfico 9.4 muestra que quienes sienten mucho temor de ser víctimas de algún delito mientras se encuentran en el lugar donde estudian, alcanzan el 33% de la población residente en el país. Si a éstos les sumamos quienes se sienten algo o poco temerosos, el porcentaje aumenta a 79%.

A pesar de algunos programas del gobierno nacional, entre ellos el «Plan de Seguridad Integral Ruta Segura» iniciado en la Gran Caracas, y en los estados Vargas y Miranda en junio de 2008 para evitar los robos en las unidades de transporte, los hallazgos del estudio (ver gráfico 9.5) parecen indicar que los resultados no son percibidos por la población, pues el 91% de la población venezolana sigue teniendo temor de ser victimizada en los medios de transporte, mientras que sólo un 9% dijo no sentir temor. Este aumento en los porcentajes de temor se ha mantenido sostenidamente desde el año 2004 hasta el presente y las continuas protestas de los choferes de autobuses, de los taxistas y los moto-taxistas, han mostrado la gravedad del problema, pues ellos tienen una voz organizada que puede expresar la angustia que el resto de los ciudadanos, de los pasajeros, no halla como pronunciar.

Después de revisar los datos anteriormente descritos, es inevitable reconocer que los ciudadanos estamos invadidos por la sensación de temor de ser atacados o robados tanto en casa como fuera de ella, bien en la comunidad, en la calles de la ciudad, en el trabajo, en el lugar de estudio o medios de transporte (ver gráfico 9.6). Es un temor que no discrimina diferencias sociales, etarias, de género o condición social, como tampoco lo hace el delito.

La inseguridad ciudadana que hoy día declaran los venezolanos como su principal problema se ha convertido en una condición real que provoca temor en las comunidades y que se vislumbra como un circunstancia que atenta contra los vínculos sociales, contra el sentido de comunidad y contra la noción de orden y control, en tanto no hay confianza en el otro, en quien vive cerca o lejos de casa, en quien camina a mi lado en la calle. Es un sentimiento que si bien es subjetivo, no menos cierto es que se considera como una situación real en la cual se tiene la convicción del riesgo, aunque a veces no se corresponda con la realidad.

El miedo o temor es una construcción social compuesta por la forma como los individuos asumen las situaciones que pueden convertirse en una amenaza o un riesgo y por la representación e interpretación que las personas hacen de esa realidad, producto de su experiencia de victimización o de la experiencia vivida por los otros y que conocen por las conversaciones cotidianas o por las noticias de los medios de comunicación.[137] (Aniyar, 1991; Pegoraro, 2002; Cisneros y Zubillaga, 1997; Briceño- León, 2007).

Sentir temor o miedo ante cualquier situación de peligro es una emoción normal, fundamental, necesaria e inevitable; sentir temor es una estrategia de supervivencia, dado que ante cualquier situación de amenaza se producen reacciones como: ataque, huida, paralización o sumisión. La inseguridad subjetiva y la inseguridad objetiva son parte de un mismo problema social que hoy día trastoca la calidad de vida, la cotidianidad y la tranquilidad de los venezolanos. Las condiciones sociales de carencia, la desconfianza en las instituciones de administración de justicia, la creciente impunidad y la falta de políticas eficientes del Estado para atacar el problema son elementos estimulantes del miedo, del temor a ser una víctima de delitos, y como consecuencia de ello, la reacción expresada en conductas de inhibición que limitan a ejercer el derecho de acceso a la ciudad, a la comunidad.

Referencias bibliográficas

Aniyar, L. (1991). «Inseguridad y control». Capítulo Criminológico. Núm. 18-19.

Briceño-León, R. (2007). Sociología de la violencia en América Latina. Quito, FLACSO, pág. 317.

Cisneros, A y V. Zubillaga. (1997). «La violencia desde la perspectiva de la víctima: la construcción social del miedo». Espacio Abierto. Núm. 1, vol. 6.

Farral, Stephen y otros. (2000). «Social psychology and the fear of crime: re-examining a speculative model». The British Journal of Criminology. Núm. 3, vol. 40, pp. 339 y ss.

Informe Latinobarómetro. (2007). Banco de datos en línea www.latinobarometro.org

Pegoraro, J. (2000). «Violencia delictiva, inseguridad urbana. La construcción social de la inseguridad ciudadana». Nueva Sociedad. Núm. 167.

Romero Salazar, A. (2002). «Informalización y privatización del control social: respuesta al miedo a la violencia delictiva.» Sociología. Porto Alegre, núm. 8, pp. 136-151.

Por temor perdemos la ciudad
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

La realidad de Venezuela a finales de la primera década del siglo XXI es que se ha perdido la ciudad, la posibilidad de ejercer la ciudadanía, de disfrutar los derechos de libre circulación y del derecho a la libertad. Los venezolanos han limitado la circulación libre por la ciudad, por la comunidad y han dejado de disfrutar de los espacios públicos, así como de compartir y exhibir los espacios comunitarios. Todo como resultado de la segmentación y desarticulación de las áreas comunes para evitar ser víctima de algún delito.

Las conductas de inhibición son una respuesta de evitación de las personas cuando se ven atemorizadas ante una situación que consideran amenazante a su espacio vital, sea ésta real o imaginaria. Este comportamiento social de inhibición ocasiona problemas de interacción social, dado que se despliegan esfuerzos por recuperar la «seguridad o la tranquilidad» y mantener así la continuidad de la vida cotidiana, aunque ello se haga al precio de reducir o perder espacios o renunciar al interés de aspectos fundamentales de la vida. Es así que dejamos de interactuar con los vecinos, de encontrarnos en lugares comunes, de visitar cualquier lugar fuera de casa, de interesarnos por aspectos de características lúdicas: cine, teatro, parques, exposiciones, espectáculos, por temor a ser víctimas de algún delito que atente contra la integridad física, la vida o los bienes materiales que poseemos.

Para conocer cuánto ha afectado la inseguridad la vida de los venezolanos, quisimos ver cómo ello se expresaba en conductas de inhibición en aspectos fundamentales de la vida cotidiana.

Los resultados del estudio realizado muestran que el 63% de los venezolanos ha limitado las actividades de diversión o recreación, así como los lugares y las horas para realizar compras. Comprensible este hallazgo si consideramos que los centros comerciales y los lugares donde se concentran los comercios son espacios propicios para que los delincuentes encuentren sus víctimas.

Limitar las horas de trabajo ha sido la respuesta de un 44% de los venezolanos por temor a ser victimizado. Trabajar horas extras o sobretiempo no debe ser un atractivo para las personas, considerando que si bien va a ganar un dinero adicional, ello también puede representar perder la vida. Madrugar para llegar temprano al trabajo se convierte también en factor de tensión, por cuanto implica el riesgo de ser atacado, más aún si consideramos que bajo el amparo de la oscuridad los victimarios se aprovechan de sus víctimas. Recordemos que los delitos no fatales para el año 2007 se cometían fundamentalmente los días de semana, con porcentajes casi similares en el día y en la noche[138].

Producto de esa sensación de inseguridad en el barrio o la urbanización y en la ciudad, las personas han sentido la necesidad de mudarse a otros lugares que les ofrezcan mayores condiciones de seguridad. El 37% siente la necesidad de mudarse de su comunidad y el 29% de la ciudad (ver cuadro 10.1).

Es importante destacar que estas conductas inhibitorias, a excepción de la necesidad de mudarse del barrio o comunidad, están relacionadas con la edad de las personas, como se observa en los siguientes cuadros. La asociación estadística entre la edad y las conductas inhibitorias resultó estadísticamente significativa[139] para las siguientes condiciones: Limitó horas de compra (P=0,008); Limitó las horas de trabajo (P=0,002); Limitó horas de diversión (P=0,002) y Necesidad de mudarse de ciudad (P=0,029). Para cada una de las opciones de inhibición examinadas en el estudio, son los menores de 29 años quienes menos se limitan por temor a ser víctimas (ver cuadros 10.2 al 10.5); por el contrario, cuando se trata de restringir las actividades recreativas y los lugares y horas de trabajo, es el grupo etario de 30 a 50 años (68% y 51% respectivamente) quien más se limita. Para hacer las compras, se confinan en mayor proporción (69%) quienes tienen más de 50 años.

La simpatía por partidos del oficialismo o de la oposición también resultó estadísticamente significativa con las conductas de inhibición: Limitó horas de compra (P=0,014); Limitó las horas de trabajo (P=0,043) y Limitó horas de diversión (P=0,009). En los cuadros 10.6, 10.7 y 10.8 se observa que quienes simpatizan con algún partido del oficialismo son quienes menos se limitan en todas las actividades. Los simpatizantes de la oposición se limitan fundamentalmente en sus actividades de recreación y diversión (71%) y además se abstienen de lugares y horas donde hacen sus compras en una proporción similar. De igual forma, más de la mitad de los venezolanos con tendencias políticas a la oposición ha sentido la necesidad de mudarse de su barrio o urbanización a otra ciudad u otro país por temor a ser victimizado.

No obstante, estos resultados no resultan sorprendentes en relación con los obtenidos en los años 2004 y 2007, a propósito de las conductas inhibitorias (ver cuadro 10.9). En términos de pérdida de los espacios y horarios para hacer sus compras durante los años 2004, 2007 y 2008 en promedio se inhibe el 62% de los venezolanos.

Si se trata de limitaciones de horas y lugares de trabajo, quienes expresan que no se han limitado superan a quienes afirman lo contrario en los tres años comparados. Debe destacarse el hecho de que para el año 2004, un poco más de la tercera parte de los entrevistados se había limitado por temor a ser víctima de algún delito, pero para los años 2007 y 2008 se dividen en forma casi equitativa.

Las comparaciones con los años 2004 y 2007 ratifican que las actividades de diversión y recreación son las más afectadas por el temor a ser víctima de un acción violenta. Así se tiene que la conducta de inhibición a los lugares de recreación y diversión se ha mantenido en valores por encima del 50%.

Ese sentimiento de temor ya descrito en el capítulo anterior ha tenido influencia, puesto que entre los años 2004 y 2008 a nivel nacional los porcentajes de quienes han sentido la necesidad de mudarse a otra ciudad o fuera del país alcance en promedio 26% y a otro barrio o urbanización 33%.

La percepción de inseguridad producto del incremento de los actos violentos se traduce en conductas de inhibición y en cambios en los hábitos cotidianos de los habitantes de las ciudades. La gente deja de salir o se encierra entre rejas, muros y alcabalas de vigilancia privada, afectando de esta forma su derecho a la libertad y su derecho a la libre circulación.

Las conductas de inhibición, el aislamiento y la separación del otro e incluso la necesidad de huir, de alejarse del contexto donde cotidianamente transcurre la vida, parecen haberse convertido en rasgos característicos de los venezolanos como respuesta al temor de ser víctima de una acción violenta, reduciendo o evitando lugares, horas, actividades, así como deseos de separación de los espacios socialmente construidos, como se aprecia en el siguiente gráfico.

Evitar los lugares y reducir las horas para hacer compras, limitar las horas y lugares de trabajo, restringir las actividades recreativas y querer mudarse del barrio, urbanización o ciudad, desde la lectura de los resultados descritos, no son más que acciones de adaptación de las personas como respuesta a los efectos e impacto que han tenido el sentimiento de inseguridad objetiva y subjetiva en la vida cotidiana de las personas y en su proyecto de vida futuro.

El miedo de ser victimizado y las consecuentes conductas inhibitorias de renunciar a visitar lugares por considerarlos peligrosos, o abstenerse de pasar por determinadas zonas a ciertas horas; dejar de hacer las mismas actividades que hacíamos antes, actividades de diversión, ir al cine, a determinadas plazas o parques, ir al centro comercial; o dejar de salir de casa o del barrio o urbanización después de ciertas horas, para evitar ser víctimas de algún delito, han implantado una especie de toque de queda en los personas, que además de afectar la cotidianidad, ha provocado una pérdida de la ciudad[140]. Hemos dejado de disfrutar la ciudad y poco a poco hemos dejado de ejercer nuestra ciudadanía por culpa de la violencia.

Referencias bibliográficas

Briceño-León, R. (2007). Sociología de la violencia en América Latina. Quito, FLACSO, pág. 317.

Camardiel, A., O. Ávila y R. Briceño-León. «Resultados de la Encuesta Nacional de Victimización». Briceño-León R. y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Caracas, LACSO.

La percepción de las instituciones del sistema de justicia penal
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

Las instituciones del Sistema de Justicia Penal, a saber, policía, tribunales penales, prisiones y fiscalía, son un elemento fundamental en el proceso de contención de la violencia en la sociedad. Las instituciones penales muestran en su forma elaborada y codificada el pacto social y las consecuencias que su incumplimiento trae para el individuo. Por ello son el eslabón clave para el proceso de control social, pues es la instancia que debe actuar cuando fallan los procesos regulares de la vida social, cuando la socialización fracasa y la trasgresión se hace presente. Toda sociedad establece los tipos de comportamientos considerados positivos y deseables, y los diferencia de los que considera negativos e indeseados; los primeros los prescribe y, por tanto, se le exige a las personas que los cumplan y los segundos los proscribe, disuadiendo su ejecución pues los censura, condena y castiga[141].

Los contenidos de las prescripciones y proscripciones pueden variar de una a otra sociedad, pero la violencia interpersonal es uno de los comportamientos más comúnmente regulados de la vida social. El «no matarás» del quinto mandamiento de la tradición judeo-cristiana es quizá la demostración más clara de esa regulación inicial, la cual sin embargo no era y no ha sido nunca unívoca, pues lo que las sociedades hacen con la violencia es normarla, nunca la prohíben ni la permiten totalmente. Por eso la violencia se condena en ciertas condiciones: está mal matar a tu vecino; pero se aprueba en otras: está bien matar en la guerra contra los enemigos de tu país o de tu grupo. Ahora bien, una vez establecidas esas regulaciones en el comportamiento de las personas y codificadas en las palabras que llamamos leyes, se produce un conjunto de aparatos sociales que son los encargados de prevenir que se cometan los delitos o de castigar a quienes las incumplan, siendo las encargadas de esta labor las instituciones de justicia penal[142].

Pero para que estas instituciones puedan tener algún efecto importante en el comportamiento de las personas, dichas legislaciones tienen que ser aceptadas voluntariamente por la población, es decir, deben tener legitimidad ante las personas de la sociedad en las cuales debe actuar y cumplir su función. Las instituciones y las leyes pueden existir en un papel, pero sólo tienen vida real si son admitidas y valoradas por los individuos, si la comunicación existe y es legítima entre las personas, las reglas y los hechos reales de la vida social[143].

Algunos estudiosos de la evolución del crimen en distintas sociedades han sostenido que los cambios rápidos en las condiciones del delito en una sociedad no pueden deberse a los cambios de las variables socio-demográficas, pues éstas tienden a ser estables en el tiempo o a sufrir modificaciones lentas, que la explicación de las modificaciones positivas o negativas en el crimen deben ser estudiados y comprendidos a partir de las mutaciones que ocurren en la legitimidad de las instituciones[144] (LaFree,1998).

Para el estudio de la legitimidad de las instituciones del Sistema de Justicia Penal un aspecto fundamental es la percepción que tienen las personas hacia las mismas, cómo evalúan su gestión, el cumplimiento de sus metas, entre otras. Esta manera de abordar a los organismos es de carácter subjetivo; muchos de estos individuos, quizá la mayoría no han tenido contacto nunca con algunas de esas organizaciones, no han ido a un tribunal ni conocen una cárcel; sin embargo tienen una opinión sobre cada una de ellas. Esto debe ser así, pues esas instituciones son gubernamentales y cumplen una función con la colectividad, a la cual debe comunicarle sus acciones, es decir ante el cual deben tener legitimidad.

Para conocer la percepción de las personas sobre los organismos que componen el Sistema de Justicia Penal se le preguntó a la población estudiada cómo «calificaría» el «trabajo» de las mismas, y se usó para la medición una escala de cinco modalidades de respuesta, que van de muy buena a muy mala. Para efectos de facilitar la presentación, se agrupó en tres modalidades, fundiendo buena y muy buena y mala y muy mala.

Los resultados son presentados para cada una de las instituciones consideradas: la policía, los tribunales, las prisiones y la Fiscalía. Al final se presenta una escala construida sobre el conjunto de éstas para la evaluación agregada institucional del Sistema de Justicia Penal en Venezuela.

Sobre la policía

La evaluación que hace la población sobre la policía en Venezuela es negativa: la mitad considera que es mala. Sólo una de cada siete personas evalúa la policía como buena. Y por cada uno que la califica como buena hay tres personas y media que piensan que son malas (gráfico 11.1).

Los resultados son contundentes y muy lamentables. La policía nunca ha tenido una buena imagen en Venezuela. A fines de los años noventa y con el impulso de las policías municipales éstas lograron una mejor evaluación de la población, quien las percibía como más respetuosas y mejor calificadas[145]. Pero esta situación se agravó de manera importante por una combinación de factores: por un lado, una sensación de ineficiencia derivada del incremento de la violencia y el delito en el país, las personas piensan que la policía no hace nada por contener el crimen o que no tiene los mecanismos para responder, no tienen presencia en muchos de los estratos pobres del país, los llaman y no responden la solicitud de auxilio, simplemente se abstienen de contener el crimen y de enfrentarse a los delincuentes por no tener un armamento adecuado, muchas veces inferior en potencia al usado por los criminales.

Por otra lado, está la sensación de que buena parte de la policía está involucrada con el delito, pues o son unos delincuentes ellos mismos o medran del delito con la permisividad y la tolerancia. Y, además, los casos de los excesos policiales, en particular los eventos del asesinato de los estudiantes en la urbanización Kennedy y de los hermanos Faddoul, potenciaron aún más su descrédito ante la población.

Como respuesta a ese desprestigio o por razones netamente políticas, el gobierno nacional ha tenido un mensaje ambiguo y poco claro ante la institución policial. Las críticas a la policía hechas por altos funcionarios, buena parte de ellas con fundamento, han contribuido a socavar su imagen y su respeto por la ciudadanía. El mensaje calaba bien en un primer momento, pues se hacía eco de un sentimiento y apuntaba a un acertado diagnóstico, pero, cuando ese mensaje no estuvo acompañado de una reforma real y de una mejoría de la institución, tal y como le corresponde a la autoridades encargadas de la institución y del problema, entonces el daño que se produce a la institucionalidad en general es grande.

La creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) tuvo un impacto positivo y una buena imagen en la población, por la manera como fue constituida y por la abundante comunicación con la ciudadanía que mostraba una intención de cambiar y efectivamente mejorar la institución policial. Pero las subsiguientes no-acciones y el mismo descrédito que el nuevo ministro le dio a los informes preparados por la Comisión[146] echaron por la borda lo que podía haberse alcanzado.

Esta situación se hizo aún más compleja con los continuos cambios e incertidumbre alrededor de la Policía Metropolitana, lo cual, a pesar de tratarse en primera instancia de un asunto local propio de Caracas, tuvo repercusión nacional. La decisión de transferir la Policía Metropolitana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas al Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia primero, y luego de eliminarla formalmente a partir de la nueva Ley de Policía Nacional, han contribuido a esa imagen negativa, pues no se ha terminado de crear la nueva policía ni tampoco de eliminar la anterior. Cabe recordar que el Ministro de turno hizo, durante las actividades de traspaso de la policía, varias declaraciones en las cuales calificaba a la nueva policía como «insurgente» y «socialista» dándole un matiz político que parcializaba su función y le quitaba legitimidad, pues dejaba de ser una institución para todos y provocaba rechazo en una parte de la población que no comparte sus posturas ideológicas.

Por otra parte, la Ley de Policía Nacional, que había estado en discusión en la Asamblea Nacional desde varios años antes, fue sancionada como decreto con fuerza de ley por el Presidente de la República sin consulta, información, ni ningún proceso de creación de consenso, con lo cual su legitimidad y capacidad real de incidir sobre la población es muy escasa.

Con todas estas circunstancias, quizá es posible entender por qué hay una opinión tan negativa de la institución policial y por qué esa opinión está generalizada en todos los grupos sociales. En el estudio no se evidenció asociación estadística entre la calificación que se hace de la policía y el sexo del entrevistado, su estado civil, raza o situación de trabajo, pero se encontró que existía una relación estadísticamente significativa[147] con la educación (P=0,006) y la religión de las personas (P=0,044). Como puede observarse en el Cuadro 11.1, las personas de otras religiones cristianas: evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, evaluaron mejor a la policía y la consideraron menos mala que los católicos y las personas de otras religiones.

Algo similar ocurre con la educación, pero en este caso las personas de menor nivel educativo, analfabetas o solo con primaria, evaluaron mejor a la policía que los que tenían educación media o universitaria.

Sobre los tribunales penales

La mayoría de las personas por lo regular tienen menos contacto con los tribunales penales y, por tanto, poseen una imagen muy borrosa al respecto. Muchas de las representaciones que las personas se hacen provienen de los medios de comunicación, en particular de series de televisión y de las películas de Hollywood, lo que explica, por ejemplo, que las personas pensaran que en Venezuela existían juicios orales mucho antes de que fueran aceptados en los procedimientos procesales venezolanos. La percepción que tienen las personas proviene entonces de muy diversas fuentes, pero en general hay una sensación que se repite en los diversos países de América Latina: el sistema judicial es lento, ineficiente y poco justo[148].

En Venezuela esta situación no es distinta, pues como puede observarse en el gráfico 11.2, cuatro de cada diez venezolanos piensa que el sistema judicial es malo y un número bastante similar piensa que es regular.

Si se toman las clases constituidas como niveles socioeconómicos, se encuentra que la situación se repite en todos los grupos, aunque las proporciones entre quienes los consideran buenos y quienes lo consideran malos varía significativamente (P=0,025), como se puede observar en el cuadro 11.2. En la clase D, constituida por el sector de la población que menos ingresos posee del país, y que en algunos casos se trata de la pobreza extrema, hay casi dos personas que la evalúan mal por cada una que la evalúa bien. En la clase C, que es un grupo de trabajadores obreros y empleados, hay 2,6 personas que la califican mal por cada una que lo hace bien. Por último, en la clase B, que es propiamente la clase media, hay casi cuatro que la consideran mala por cada una que dice que le parece buena. Se constata que, aunque en todos los grupos sociales dominan quienes califican negativamente los tribunales, las proporciones no son las mismas. Podemos afirmar que a medida que aumenta el nivel social disminuyen los juicios positivos y aumentan los juicios negativos sobre los tribunales.

Las otras dos características sociales donde se encontraron diferencias estadísticamente significativas fueron la edad (P=0,000) y el nivel educativo (P=0,001): los menores de 29 años tendieron a evaluar menos mal a los tribunales que los que tenían más de cincuenta años. En relación con el nivel educativo, se observó algo particular: los que evaluaban con mayor rigor la acción de los tribunales eran los que no tenían ningún nivel educativo o los que tenían educación universitaria incompleta o completa, los que estaban en la media -y marcaban la línea divisoria- eran los que tenían educación secundaria y los que mejor evaluaban a los tribunales eran aquellos que apenas habían alcanzado la educación primaria.

Sobre el sistema penitenciario

En los primeros seis meses del año 2008, asesinaron en las cárceles venezolanas a 249 personas privadas de la libertad. Eso da un promedio de más de un muerto cada día, para ser exactos 1,3 víctimas cada día[149]. En el año 2007 fue igual y en período anterior lo mismo. La tasa de homicidios en las cárceles venezolanas supera los 2.000 muertos por cada cien mil habitantes en un espacio, la prisión, que debería ser el lugar más seguro de una sociedad. Pero no es así, es quizá el lugar más peligroso y los riesgos que representa la permanencia en ese lugar se han convertido en un temor y castigo mayor que la pérdida de la libertad, que es lo que establece como pena la ley venezolana.

De las cuatro instituciones del Sistema de Justicia Penal, el sistema penitenciario fue el que recibió las peores evaluaciones de parte de la población venezolana: por cada persona que estimaba que el sistema era bueno, había seis que consideraban que era malo.

Y es que las cárceles son un lugar inseguro, donde se comercia con todo lo ilícito y se portan desde chuzos hasta granadas para defenderse o agredir. Son un lugar controlado por los propios prisioneros y donde la ley que los ha forzado a estar allí no se aplica o no existe como regla de funcionamiento social. El Estado de Derecho se esfuma al traspasar las puertas de la prisión. El mismo que ha creado las cárceles y ha condenado a esas personas a la reclusión, los coloca en un lugar donde se burla continuamente la ley. Las prisiones son el espacio del delito, no de la ley; son el lugar donde las reglas las pautan los prisioneros y no los funcionarios encargados y responsables de su funcionamiento.

Por eso no es de extrañarse que la sociedad tenga una imagen tan precaria del sistema penitenciario y haga en su conjunto tan mala evaluación de la misma. Se encuentran, por ejemplo diferencias significativas con la edad de los respondientes (P=0,001). Como se aprecia en el cuadro 11.3, en todos los grupos, más de la mitad de los encuestados tiene una opinión negativa sobre las cárceles venezolanas y ésa es la contundente realidad. En promedio, un 62% de las personas las califica como malas; sin embargo, si se mira con detenimiento se observará que los menores de 29 años son más benévolos en sus juicios que los otros dos grupos y están por encima de la media nacional. Es difícil poder encontrar una explicación satisfactoria de esta diferencia; quizá los jóvenes tienen menos información sobre las prisiones; quizá están contestando de una manera más general y no sobre las de Venezuela.

Con el nivel educativo y con el grupo socioeconómico también se encontraron diferencias significativas (P=0,039 y P=0,037 respectivamente). Aunque en los dos casos más de la mitad de las personas consideraba que era mala, pudo notarse una tendencia que mostraba que a medida que mejoraban las condiciones socio-económicas, era más alta la calificación negativa de las prisiones y a medida que aumentaban los años de escolaridad, se incrementaba también la desaprobación del funcionamiento de las cárceles. ¿Por qué ocurre esto? La hipótesis que se puede adelantar es que a medida que aumenta la escolaridad y el nivel social, se va incrementando el sentido de los derechos que tienen las personas. Incluso de los reclusos, pues, por el hecho de estar condenados por un delito que cometieron (y muchos ni siquiera lo están), no dejan de tener derechos que deben ser resguardados.

Sobre la Fiscalía

La Fiscalía fue la institución mejor evaluada de las cuatro consideradas, pues fue la que tuvo menor porcentaje de personas que la consideraba mala y mayor que la calificaba como buena. Los resultados, sin embargo, no son muy halagadores, pues apenas un 18% estima que realiza un buen trabajo, por lo cual quienes la califican negativamente duplican a quienes consideran su gestión como buena, llegando a sumar un 43%.

La imagen de la Fiscalía es algo complejo para la sociedad venezolana, pues para muchas personas representa la mano acusadora de la sociedad; es la institución a la cual tienen que acudir para exigir que se haga justicia ante algún agravio sufrido o para pedir castigo a los culpables de la muerte de algún familiar. Para otros, son los individuos encargados de acusar a sus seres queridos, delincuentes o inocentes, pero siempre amados y perdonados en el sentimiento y con la angustia de que están o pueden ir al infierno que son las cárceles. Para otros más, es una instancia que ha estado politizada desde el juicio contra el presidente Pérez y en los años pasados, asociada con el gobierno, considerada parcializada y con poca independencia, pues el hecho de haber ejercido el cargo una persona que venía de ocupar el cargo de Vicepresidente de la República hacía dudar a muchas personas de su imparcialidad y voluntad de ocuparse de manera igualitaria de todos los ciudadanos.

El análisis estadístico mostró que existe una asociación estadísticamente significativa entre la evaluación de la Fiscalía y el nivel educativo (P=0,0003). Los que mejor evalúan a la Fiscalía son los que tienen al menos algún grado de educación básica; les siguen los que tienen algún grado de educación media y diversificada y la evalúan menos bien aquellos que poseen algún grado de educación superior. Aunque los que la califican mal siempre superan a los que la califican bien, las proporciones varían entre uno y otro grupo: tres veces en los que tienen educación superior; dos veces y media más entre quienes educación media y una vez y media más entre quienes tienen educación básica. La tendencia general parece ser que a mayor educación, se observa una peor evaluación de la Fiscalía.

La evolución temporal de los resultados

¿Y cómo se relacionan los resultados de la encuesta del año 2008 con los encontrados en el año 2007? Para poder conocer la evolución de los resultados obtenidos y mostrar si había existido algún cambio en la percepción acerca de las instituciones del sistema penal de los venezolanos, elaboramos un conjunto de gráficos donde se mantienen los resultados con las escalas de Likert de cinco alternativas, que fueron la utilizadas en el cuestionario con el cual se recogió la información y se muestran en barras conjuntas los resultados del año 2007 y del año 2008 para cada una de las instituciones estudiadas y para cada una de las cinco modalidades.

Lo que puede observarse en los gráficos 11.4 al 11.7 es una evolución negativa de la calificación que hacen los entrevistados y en todos los casos se encontró un crecimiento de la valoración negativa en detrimento de las apreciaciones positivas. En los cuatro gráficos, se puede destacar que hay una disminución de las modalidades de calificación buena o regular que dan un incremento a las modalidades mala y muy mala. La única diferencia en ese patrón es el caso del sistema penitenciario (gráfico 11.6), donde disminuyen también las personas que declararon que lo consideraba malo, pero no porque se incrementa quienes la valoran positivamente, sino bien por el contrario, quienes lo consideran muy malo.

La escala valorativa de las instituciones

A fin de poder tener una visión de conjunto de la calificación que hacían las personas sobre el Sistema de Justicia Penal, se procedió a elaborar una escala sumativa.

Para proceder a la construcción de una escala de este tipo, es necesario conocer si existe consistencia entre las respuestas proporcionadas a las preguntas realizadas, es decir, si todas apuntan en una misma dirección y, por tanto, están midiendo un mismo fenómeno. El estadístico Alfa de Cronbach, que mide la interasociación entre los ítems constitutivos de la escala, igualó a 0,874, lo cual se considera aceptable para este tipo de análisis, que no busca predecir comportamientos sino agrupar los ítems para representar un constructo que facilite la discusión teórica.

La agrupación de las variables se realizó, encontrándose que casi la mitad de las personas, un 48%, consideraba que las instituciones del Sistema de Justicia Penal eran evaluadas como malas o muy malas; un número parecido, 44%, consideraban que eran regulares y solo un 9% de los entrevistados calificó su actuación como buena o muy buena.

Los resultados agrupados confirman la tendencia que venía expresándose y nos muestra de manera sintética la gran dificultad institucional que enfrenta el país cuando la mitad de su población califica negativamente las instituciones del Sistema de Justicia Penal y tan solo una décima parte la avala y considera buena. Las consecuencias de este hecho son muy graves, pues las incapacita para cumplir con esa función social que al inicio describíamos y permiten, en consecuencia, al no existir un contexto institucional de contención y reparación de las agresiones, que se desaten cada vez más los demonios de la violencia.

Referencias bibliográficas

Camardiel, A., O. Ávila y R. Briceño-León. «Resultados de la Encuesta Nacional de Victimización». Briceño-León, R. y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela, Informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Caracas, LACSO.

CONAREPOL. (2007). Recomendaciones generales de la Comisión Nacional para la Reforma de la Policía. Caracas.

Habermas, J. (1996). Between Fact and Norms. Contribution to a Discursive Theory of Law and Democracy. Cambridge, The MIT Press.

Insulsa, J. M. (2008). Informe sobre la situación de seguridad pública en las Américas, México.

La Free, Gary. (1998). Losing Legitimacy: Street Crime and the decline of social institutions in America. Boulder, Westview.

Merton, R. K. (1965). Teoría y estructura social. México, FCE.

O'Donnell, G. «Las poliarquías y la (in)efectividad de la ley en América Latina». O'Donnell, G. y P.S. Pinheiro (comp.). (2002). La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina. Buenos Aires, Paidós, pp. 305-336.

Observatorio Venezolano de Prisiones. (2008). Informe primer semestre de 2008. Caracas.

Rosales, E. y L. Aniyar de Castro. (2007). Cuestión criminal y derechos humanos: La perspectiva crítica. Caracas, EBUC.

Rosales, E., C. Borrego y G. Núñez. (2008). Sistema penal y acceso a la justicia. Caracas, CDCH.

La gestión del gobierno venezolano en seguridad ciudadana
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

La situación de violencia e inseguridad demanda respuestas por parte de las autoridades políticas. La Constitución y las leyes le otorgan a los gobiernos y sus representantes esa potestad, y le exigen la obligación de proteger a los ciudadanos en sus derechos fundamentales: la vida, la integridad física y la libertad. Si hay un área de la sociedad en la cual la labor pública es aceptada y requerida sin ambages, es la seguridad personal.

A lo largo de la historia, todas las sociedades han intentado dominar la violencia y para ello han procurado regularla, normarla y, a partir de allí, prevenirla o permitir su incidencia, pero dentro unos parámetros que la hagan controlable por el poder y que permitan la tranquilidad de las personas. El proceso de dominación de la violencia ha ido paralelo con la idea de construcción de un Estado que pudiera regular las relaciones entre las personas, de modo tal que controlara el drama del hombre convertido en lobo depredador de los otros hombres[150]. En ese proceso de construcción social, un elemento central ha sido lo que fue descrito en palabras de M. Weber[151] (1977), como la constitución de un monopolio de la violencia por parte del Estado. Ese monopolio, que le otorga al Estado la posibilidad exclusiva de ejercer la violencia en determinadas condiciones, surge como un derivado del pacto social y se funda en un intercambio de potestades: la ciudadanía renuncia voluntariamente a su derecho a ejercer la violencia para defenderse, vengarse o hacer justicia, y le entrega ese poder al Estado. Y, en retribución, éste les garantiza a esas personas que cumplirá esas funciones y, por tanto, les promete que les dará protección personal y tomará, en su nombre, venganza y castigo sobre quienes quiebren el pacto social y usen ilegítimamente la violencia.

La exigencia de los ciudadanos de protección y seguridad por parte del Estado es, entonces, una demanda de cumplimiento del pacto social. No es un capricho, ni una petición indebida o cómoda de quienes trasladan a otros su responsabilidad; no es así pues, en este dominio, se trata de exigir la reciprocidad debida, de pedir que se cumpla el contrato social.

En ese contexto de reciprocidad y responsabilidad, quisimos saber si las personas estaban de acuerdo con la respuesta que estaba dando el gobierno nacional, cómo evaluaban la gestión del Presidente de la República en el área de seguridad y cuánta confianza tenían en la capacidad del gobierno de darle una adecuada y satisfactoria respuesta a la creciente situación de violencia. Para ello, elaboramos tres preguntas: dos en escala de cinco categorías que, para efectos de análisis y presentación, se reagruparon en tres modalidades, y una pregunta de evaluación de la confianza.

Les preguntamos a los entrevistados cuán de acuerdo estaban con la manera como el gobierno nacional estaba afrontando la situación de inseguridad en el país, y poco más de la mitad de los encuestados, un 54%, respondió que estaba en desacuerdo. En contraparte, casi una tercera parte, un 29%, nos dijo que sí estaba de acuerdo con el tipo de respuesta que estaba dando el gobierno. Cuando uno analiza estas respuestas por el nivel socioeconómico (ver cuadro 12.1), encuentra que en todos los sectores sociales, la mitad, o más de la mitad de las personas, rechazan la política del gobierno en seguridad ciudadana. Sin embargo, hay que destacar que se pudieron encontrar diferencias en la magnitud de ese acuerdo o desacuerdo, que fueron estadísticamente significativas[152], y que es importante resaltar. Se observar una diferencia en gradiente de acuerdo con el grupo social (P=0,000), aumentando el acuerdo a medida que desciende el nivel socioeconómico de la población y disminuyendo así, el rechazo

También se encontró una diferencia estadísticamente significativa (P=0,000) en la respuesta que se daba según las preferencias políticas del entrevistado, pero no de gradiente, sino de contraste. Esto era previsible porque se trata de evaluar la gestión de un gobierno sobre el cual ha existido una alta polarización en las opiniones del país. Como puede observarse en el cuadro 12.2, hay una manera invertida de opinar entre el sector oficialista y el resto de las orientaciones políticas del país. Sólo los que se dicen simpatizantes del oficialismo están mayoritariamente de acuerdo con las políticas del gobierno en el área de seguridad; el resto de los entrevistados de cualquier otra orientación política –oposición o ninguna– están mayoritariamente en desacuerdo.

Luego preguntamos, de una manera más directa, acerca de la evaluación que las personas hacían de la gestión de gobierno, pero refiriéndonos directamente al Presidente de la República, como figura central de cualquier gobierno e indiscutible y único líder del gobierno actual. La pregunta estaba formulada en una escala valorativa de muy buena a muy mala, dejando en el medio un espacio para quienes eligieran una postura ambigua o intermedia con la respuesta: regular. Como la evaluación formulada así podía resultar muy amplia en el tiempo, quisimos delimitar el periodo considerado para la evaluación y se utilizó la fórmula que comúnmente se aplica en estos casos; es decir, restringirla a un año y preguntar por los doce meses anteriores al momento de realizar la entrevista. En este caso, el lapso temporal iba desde julio de 2007 a julio de 2008.

Los resultados arrojaron que un 24% de las personas consideró que la gestión había sido buena o muy buena, un 34% dijo que regular y un 42% la consideró como mala o muy mala (ver cuadro 12.3). Es decir, que quienes la consideran negativamente, casi duplican a quienes la estiman positivamente.

Para estas evaluaciones, encontramos diferencias que resultaron estadísticamente significativas para nivel socioeconómico (P=0,000), simpatías políticas (P=0,000) y nivel educativo (P=0,000). En relación con el nivel educativo, se encontró una diferencia en gradiente que se modificaba de acuerdo con éste; es decir, las personas con mayor nivel educativo consideraban en mayor proporción negativamente la gestión del gobierno del Presidente Chávez en materia de seguridad que los que tenían menor nivel educativo y a la inversa. Entre éstos últimos se encontraba un porcentaje mayor que en los otros grupos y que en la media, que la consideraba como buena o muy buena, como se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Esta evaluación también mostraba cambios cuando se cruzaba con las simpatías políticas de los entrevistados, pero en este caso, las diferencias eran radicales entre un grupo y otro, pues, una vez más, los resultados resultaron invertidos; es decir, la mitad de los simpatizantes del oficialismo la consideraba como buena, mientras que la mitad de los no alineados y las tres cuartas partes de los opositores la consideran como mala. Si se observa el cuadro 12.4, se podrá notar la forma invertida que tienen las magnitudes de los porcentajes en las tres columnas de las distintas simpatías políticas, siendo una parte de los oficialistas, que para efectos de esta muestra representan cerca del 30%, quienes difieren en sus juicios del resto de la población.

La tercera dimensión que procuramos explorar fue la confianza que las personas tenían en que el gobierno nacional pudiera dar una respuesta satisfactoria a la situación de inseguridad personal. En este caso, y a diferencia de las dos dimensiones anteriores, se trata de un juicio sobre el futuro, no sobre el pasado. Se trata de una expectativa que las personas construyen sobre sus valores, sus experiencias y sus preferencias.

La pregunta fue elaborada sobre una escala jerárquica de respuesta a la pregunta de: ¿Cuánta confianza tiene usted en que el gobierno del presidente Hugo Chávez podrá solucionar el problema de la inseguridad y la violencia en Venezuela?, la escala daba cuatro opciones: mucha, algo, poca o ninguna. Este tipo de escala permite tres tipos de organización de la información: uno puede tomar las cuatro categorías como están en la pregunta; uno puede llevar las posturas a los extremos y transformarla en dos respuestas al unir mucha y algo por un lado y, por el otro, a poca y ninguna. O, también, uno puede convertirla en tres categorías dejando como valores independientes los dos extremos que no presentan dudas, pues sería mucha confianza o ninguna confianza, y unir las respuestas medias de algo y poco en una sola categoría. Los datos serán presentados con las cuatro categorías originales, pero en el análisis haremos, también, algunos agregados usando la modalidad de tres categorías para facilitar la discusión e interpretación de éstos.

Los resultados obtenidos dieron que un 15% dijo que tenía mucha confianza en que el gobierno del presidente Chávez iba a resolver el problema de la inseguridad. En el otro extremo, un 26% manifestó que no tenía confianza alguna en que lo pudiera resolver y en el medio de ellos, poco más de la mitad del país, dijo que tenía algo o poca confianza en la capacidad resolutiva del gobierno.

Pero, ¿quiénes son los que tienen, o no, confianza en la capacidad del gobierno de atender adecuadamente la situación de violencia? En el análisis de asociación se encontraron diferencias significativas para las variables educación (P=0,000), nivel socioeconómico (P=0,000) y preferencias políticas (P=0,000): tendieron a tener mayor confianza en la capacidad del Presidente los que tenían menor nivel educativo y peor situación socioeconómica, así como los partidarios del gobierno. En el caso de la educación y el nivel socioeconómico, las variaciones eran leves; en el caso de las preferencias políticas, la diferencia es radical. Veamos y analicemos este último cruce de datos en el cuadro 12.5.

En primer lugar, si uno compara los que expresaron tener mucha confianza, que a su vez manifestaron simpatía por la oposición, el oficialismo o ninguna organización política, se encuentran grandes diferencias. Los oficialistas que tienen confianza en que el gobierno podrá resolver el problema son proporcionalmente cinco veces más que los no alineados políticamente y nueve veces más que los opositores. Visto al contrario, los que expresaron tener ninguna confianza, en ese caso los no alineados, son proporcionalmente diez veces más que los oficialistas, y los opositores, son proporcionalmente dieciséis veces más que los oficialistas. Es decir que, en este caso y mirando hacia el futuro, se hacen más fuertes las diferencias de acuerdo con la posición política del entrevistado. Pero incluso en el grueso grupo que manifestó una confianza media, se pueden notar las diferencias: entre los oficialistas, los que dicen tener algo de confianza, son cuatro veces más que los que dicen tener poca confianza; al contrario, entre los opositores, los que dicen tener poca confianza son tres veces más que los que dicen tener algo de confianza, y entre los no alineados, la relación entre quienes dicen tener algo o poca confianza es bastante pareja.

Referencias bibliográficas

Hobbes, Thomas. (1998). Leviatán o la materia, forma y poder de una República Eclesiástica y Civil. México, FCE.

La Free, Gary. (1998). Losing Legitimacy: Street Crime and the decline of social institutions in America. Boulder, Westview.

Weber, Max. (1977). Economía y Sociedad. México, FCE.

Las modalidades del castigo
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

Durante muchos siglos, a los infractores severos de las reglas de la moral o del poder en una sociedad se les castigaba con el sufrimiento físico y la pena de muerte. La cárcel era apenas el lugar donde se esperaba la ejecución de cualquiera de las otras penalidades. La cárcel no era entonces un lugar de reclusión permanente; era temporal y no se le consideraba un castigo en sí misma, sino un tránsito hacia el castigo. El establecimiento de las penas privativas de libertad como un castigo en sí mismo fue un desarrollo posterior, de hace pocos siglos, y en opinión de algunos estudiosos del tema, su instauración fue entendida como un proceso de humanización de la pena[153].

A partir de ese momento, las prisiones se han convertido en la forma más común de castigo en las sociedades. La pena de muerte aún permanece en muchos países o regiones dentro de un país, pero en el siglo XX se dio una notable disminución en su aplicación y en decenas de países fue abolida como la pena máxima que se aplicaba a los hallados culpables de crímenes considerados muy graves por esa sociedad. Los castigos físicos: las torturas, mutilaciones, azotes u otros tipos de castigos destinados a producir sufrimiento corporal, fueron masivamente condenados en multiplicidad de países y su eliminación fue refrendada en variados acuerdos internaciones. En la actualidad, salvo extrañas excepciones como en Bolivia donde, con motivo de la discusión sobre la reforma constitucional, se ha argumentado que por razones de tradición cultural y de pluralismo jurídico, se deberían permitir los castigos físicos que fueron utilizados por los pueblos indígenas de la zona desde el pasado, casi nadie reivindica la utilidad o legitimidad de los castigos corporales. No sucede lo mismo con la pena de muerte, pues en este caso hay países que la mantienen, como algunos estados en los Estados Unidos, China o Cuba, y muchos políticos y teóricos la defienden como un modo de castigar al infractor y de disuadir a los eventuales infractores futuros.

Por eso la cárcel es la forma más difundida de castigo en todos los países. Las tasas de encarcelamiento varían a nivel mundial entre 29 y 714 presos por cada cien mil habitantes. En América del Sur, la tasa más baja la tiene Venezuela, con 79 prisioneros por cada cien mil habitantes y la más alta la tiene Chile, con 298, según los datos recopilados por el International Center for Prison Studies[154] del King’s College London. Las tasas en la región, como puede apreciarse en el cuadro 13.1, varían de manera importante entre uno y otro país, pues en los casos antes citados, la tasa de encarcelamiento de Venezuela es cuatro veces menor que la de Chile, tres veces menor que la de Brasil y dos veces menor que la de Argentina.

Las razones para las variaciones en el número de prisioneros en los países pueden ser muy variadas; quizás existe un bajo nivel de delito o suceda que sencillamente no se castigue a los delincuentes llevándolos a la cárcel, sino de otros modos, o que simplemente se les deje impunes.

Las razones para utilizar las penas de prisión son variadas. Las teorías de la pena han tenido en la criminología unas muy amplias discusiones al respecto[155]. Para algunos autores, la teoría de la pena queda restringida a la modalidad de cómo se castiga al delincuente, se reflexiona y hace doctrina sobre la proporcionalidad que debe existir entre falta y sanción, o sobre su relación con los derechos humanos, etc[156]. Pero, para otros, la teoría de la pena debe también incluir la justificación de la pena y las razones éticas y utilitarias para su aplicación[157], y en esto todavía hay una discusión en las ciencias sociales.

Desde el punto de vista sociológico, nos parece que el castigo forma parte de una reciprocidad negativa que utiliza la sociedad. Todas las sociedades tienen como un elemento fundamental de su funcionamiento la idea de reciprocidad. Levi-Strauss[158] describió adecuada y minuciosamente el funcionamiento de estos principios, que ya antes Marcel Mauss[159] los había trabajado en su estudio sobre el don y la obligación que éste representa. Pero, en este caso se trata de una reciprocidad inversa: cuando una persona hace un daño, cuando alguien asesina a otro, los familiares claman por que el autor del delito «pague» por el crimen cometido. El castigo es la forma de venganza de la sociedad, sólo que es una venganza a la que se le ha sustraído al derecho individual y se ha colocado en una institución pública, las instituciones de justicia criminal.

La pena de prisión es entonces, en primer lugar, una venganza de la sociedad que busca una retribución, un pago, por la ofensa infligida. La pena procura restituir a la sociedad al estado anterior a que se cometiera el delito[160] y nos parece que lo hace exigiendo reciprocidad.

Pero el castigo de prisión tiene además otros propósitos adicionales y específicos de la reciprocidad negativa y que son los que fundamentalmente rodean la finalidad de la cárcel en la sociedad contemporánea. Esas metas podemos agruparlas en tres modalidades que son especialmente importantes en los casos del crimen violento y constituyen los tres argumentos principales:

Evitar que los delincuentes vuelvan a cometer un delito. Es decir, se espera que al tener a los criminales en prisión, éstos no podrán significar una amenaza para el resto de la sociedad. La tesis en estos casos es proteger a la sociedad retirando de la vida social, excluyendo individuos peligrosos, temporal o definitivamente, de la cotidianidad y confinándolos a un lugar donde no podrán dañar a otros[161].

El segundo argumento que se utiliza es que el castigo de prisión, como cualquier otro castigo, diríamos, puede disuadir a los potenciales infractores de cometer un delito o puede disuadir a los que ya lo cometieron de no reincidir y volver a delinquir. Esta se considera es la función social fundamental del castigo, pero su eficacia es motivo continuo de discusión, pues depende de los contextos culturales en los cuales se aplique[162]; de la manera como las personas perciban el riesgo, pues al igual que muchos jugadores, no creen que puedan volver a ser capturados, pues sería demasiada mala suerte[163]; o inclusive de la manera como se comete el delito, pues algunos autores sostienen que gran parte de los crímenes se cometen en un momento de impulsividad, por lo cual el costo posible de su acción, es decir el castigo, no entra en los cálculos de escogencia racional de los infractores[164].

El tercer argumento es la recuperación de los delincuentes; es la idea bondadosa de considerar que los individuos que se desviaron pueden ser recuperados y traídos al buen redil a partir de un proceso educativo, de un castigo que obliga a modificar la mala conducta. La cárcel vendría a ser entonces un centro educativo o, quizá mejor, re-educativo, que permitiría corregir los malos comportamientos mostrados por los delincuentes. Esta argumentación es la que está detrás del pomposo nombre asignado de algunas prisiones en Venezuela. Pero este argumento ha sido también motivo de polémica y discusión. Algunos autores, como Sutherland y Goffmann[165], han considerado que la prisión crea un estigma y una etiqueta que actúa negativamente sobre las personas, pues una vez que han estado en la cárcel ya son unos delincuentes y, por tanto, poco importa seguir actuando como tales. Para otros, simplemente no es posible pensar en una re-educación ya que, como piensa mucha gente, las cárceles son en realidad una educación al revés, es decir, son el lugar donde se entrenan los delincuentes, aprenden cómo delinquir y forman bandas; por tanto, se les considera una «escuela de bandidos».

En relación con estos tres argumentos, quisimos conocer la legitimidad que tenía la cárcel como un método para castigar a las personas y la aprobación que daban a la pena de muerte como forma de punición extrema. Como es muy difícil poder conocer la función disuasiva de la cárcel y la pena, decidimos concentrarnos en los otros dos argumentos, colocando de manera negativa el referido a la posibilidad que las personas se reformen, pues ésta es una tesis de muy poca aceptación entre las personas en Venezuela; entonces se optó por evaluar el argumento extremo: mantener a los delincuentes en la cárcel a pesar de que no se fueran a reformar (argumento 3) y que no fueran tampoco a disminuir los delitos, pues tampoco cumpliría su función disuasiva (argumento 2).

Pero hay un elemento adicional: las cárceles cuestan dinero. El sistema penitenciario consume una parte importante de los recursos de la sociedad. En algunas partes, en California, Estados Unidos, por ejemplo, lo que se gasta en las prisiones es mayor que lo que gasta en educación, los salarios de los guardias de prisiones son mayores que los salarios de los maestros, y esto genera una polémica sobre la racionalidad de esta asignación de recursos que pone en entredicho la eficiencia de la cárcel como castigo. Por tanto, nos pareció que se debía colocar este elemento en el equilibrio de la evaluación que debía hacer cada entrevistado.

La pregunta entonces se formuló así: ¿Cree usted que vale la pena mantener en la cárcel a un delincuente, a pesar de que le cuesta bastante dinero al país y no va a reformarse ni van a disminuir los delitos?

Los resultados mostraron un país dividido: un 61% dijo que sí valía la pena y un 39% expresó que no le parecía valedero mantener a los delincuentes en prisión (ver cuadro 13.2). La legitimidad de la cárcel quedaba entonces muy en entredicho. La mala opinión de las personas sobre el sistema penitenciario es grande y así lo muestran los resultados de la evaluación institucional que señalan a esta institución como la de mayor desprestigio entre las personas[166].

Ahora bien, ¿cómo se distribuye esa diferencia entre quienes aprueban mantener a los individuos en la cárcel y quienes no lo hacen? Los resultados de los análisis dieron que no había diferencias significativas[167] en las dos posturas en relación con el sexo, la educación, la religión de las personas, ni la simpatía política. Sin embargo, como puede observarse en el cuadro 13.2, a pesar de que en todos los grupos sociales hay una mayoría que aprueba la cárcel (a pesar de que le cueste mucho al país y de que los individuos no se vayan a recuperar), existe una pequeña diferencia significativa (P=0,023) que señala una división entre los grupos A, B y C , cuyo nivel de aprobación está por debajo de la media de esta escogencia, y el grupo D, los pobres, cuyos niveles de aprobación están por encima de la media.

La pregunta que viene a la mente de inmediato es: ¿y si no es la prisión, qué? ¿Cuál es entonces la propuesta de quienes no creen que valga la pena mantenerlos en la cárcel? Las posturas frente a la cárcel son de dos tipos: los más radicales son los abolicionistas; creen que la cárcel debe eliminarse pues no cumple su función, a pesar de aceptar que es necesario el castigo (aunque algunos parece que sí tienen esta posición), sino que deben buscarse formas alternativas de punición. El otro grupo es «reduccionista», es decir, sostiene que deben rebajarse las penas al máximo, pues no tiene sentido el encarcelamiento, sobre todo porque muchos de los delitos castigados con penas privativas de la libertad no son violentos, ni se trata de individuos agresivos ni homicidas, sino infractores de otro orden y tipo de comportamiento. Pero en este caso no se considera la idea de eliminar la privación de la libertad ni la cárcel, sino de reducir su aplicación como castigo. Es difícil pensar que este tipo de argumento es el que esgrimen las personas en Venezuela, pues esta discusión no ha estado en el debate público en el país, y la poca que ha existido se ha concentrado en sofisticadas discusiones de filosofía y sociología del delito. Es menester entonces pensar en otras posibilidades, pero no podemos hacer gran cosa con los datos disponibles.

Quisimos saber también qué pensaban las personas sobre la pena de muerte como forma de castigo para ciertos crímenes y los resultados mostraron otra vez un país de opiniones divididas: la mitad de la población dijo estar de acuerdo, un 32% muy de acuerdo y un 18 algo de acuerdo. Casi la otra mitad, un 43%, dijo estar en desacuerdo. Este tipo de divisiones de opinión son comunes ante la pena capital en diversas partes del mundo. Pero ello nos llevó a preguntarnos si es que acaso los que no aprobaban mantener a los delincuentes en la cárcel eran quienes apoyaban la pena de muerte como forma de castigo.

Los resultados mostraron una asociación significativa entre ambas posturas, es decir que quienes creen que no tiene caso mantener en la cárcel a los delincuentes tienden a aprobar más la pena de muerte que aquellos que pensaban que si valía la pena mantenerlos en la cárcel (ver cuadro 12.3) De esta forma se perfila que, para muchos, la razón de la no creencia en la prisión no es por razones humanitarias, sino porque quisieran castigos más severos. Para confirmar esta idea, se hizo un cruce de esta pregunta sobre la permanencia en la cárcel y la que se refería a la opinión de las personas acerca de si la policía tiene o no derecho a matar a los delincuentes, y se encontró una asociación significativa para la prueba de Ji-cuadrado (P=0,0000) entre ambas variables, resultando que quienes no creen en la cárcel tienden a aprobar más la actuación extrajudicial de la policía que quienes sí creen que se deben mantener los infractores en prisión.

Los resultados nos muestran que el incremento de la violencia homicida y del delito violento ha llevado a que las personas exijan castigos más severos e inclusive hasta la aprobación de acciones ilegales como las ejecuciones extrajudiciales, lo cual es lamentable no sólo desde el punto de vista ético, sino por las consecuencias de mayor violencia que esto por lo regular conlleva, a pesar de que el deseo de las personas sea otro. Desde los tiempos y escritos de C. Beccaria[168], se sabe que lo que puede disminuir los delitos no es la severidad del castigo, sino la certeza de su aplicación; por tanto, es la confianza en el funcionamiento institucional lo que ayuda a disminuir la violencia y no las bravuconadas del legislador.

Referencias bibliográficas

Beccaria, Cesare. (1973). Dei delitti e delle pene. Edito da U. Mursia & C., a cura di Renato Fabietti.

Durkheim, E. (1967). De la division du travail social. París, PUF.

Foucault, M. (1975). Surveiller et Punir. Naissance de la Prison. París, Éditions Gallimard.

Garland, D. (1990). Punishment and Modern Society: A study of Social Theory. Chicago, University of Chicago Press.

Garland, D. (2006). «Concepts of Culture in the Sociology of Punishment». Theoretical Criminology. Núm. 10, pp. 419-447.

Gibbs, J. P. (1975). Crime, Punishment and Deterrance. Amsterdam, Elsevier.

Hart, H.L.A. (1968). Punishment and Responsibility. Oxford, Clarendon Press.

International Center For Prison Studies. (2008). ICPS. London, King’s College.

Karstedt, S. (2007). «Exploration into Sociology of Criminal Justice and Punishment: Leaving the Modernist Project behind». History of the Human Sciences. Vol. 20, pp. 51-70.

Levi-Strauss, Claude. (1964). Las estructuras elementales del parentesco. Buenos Aires, Paidós.

Mauss, Marcel. (1950). Sociologie et anthropologie. Paris, Press Universitaires de France.

Pogarsky, G. and A. Piquero. (2003). «Can Punishment encourage Offending? Investigation on the ‘Resetting’ effect». Journal of Research in Crime and Delinquency. Vol. 40, 95-120.

Rosales, E. y L. Aniyar de Castro. (2007). Cuestión criminal y derechos humanos: la perspectiva crítica. Caracas, EBUC.

Rosales, E., C. Borrego y G. Nuñez. (2008). Sistema penal y acceso a la justicia. Caracas, CDCH.

Wright, B. R. E., A. Caspi, T..Moffit and R. Paternoster. (S/F). «Does the perceived risk of punishment deter criminality prone individual? Rational Choice, Self-control and Crime». Journal of Research in Crime and Delinquency. Vol. 41, pp. 180-213.

Zaibert, L. (2005). «Prolegomenon to a theory of Punishment». Law, Culture and Humanities. Vol. 1, pp. 221-246.

La paradoja de la tenencia de armas de fuego
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

El Informe mundial sobre la violencia y la salud[169] dejó claramente establecido que América Latina es la región que más sufre la violencia armada en el mundo. La tasa anual de muertes producto del uso de armas de fuego es de 15,5 por cada 100.000 habitantes, el doble que la de África (7,5) y cuatro veces mayor que la de Norteamérica (3,9). Esta violencia, fundamentalmente armada, tiene múltiples expresiones: los femicidios, la violencia juvenil, el crimen organizado, la violencia delincuencial y los conflictos cotidianos que terminan resueltos en tiroteos.

De acuerdo con la información registrada en el Informe de la UNESCO[170], las armas pequeñas originaron a nivel mundial la muerte de 500.000 personas por año, esto es, una persona muerta por minuto. Y destaca además que Brasil y Venezuela encabezan la lista de países del mundo con más muertes por armas de fuego. Un estudio que compara datos de 57 países, determinó que Venezuela fue el primero, con 22,15 personas muertas por armas de fuego por cada 100.000 habitantes por año.

Los datos parecen indicar que los latinoamericanos están resolviendo sus conflictos a tiros. La difusión de armas ligeras en la región, gracias a la existencia de un mercado ilícito de armas de fuego, aumenta la letalidad de los delitos. Armas que en algún momento pertenecieron a la guerrilla pasaron a manos privadas o de la delincuencia común, como respuesta a ese sentido de inseguridad y de temor a ser victimizado en un acto violento; recurrir a un arma parece ser una forma de sentirse protegido.

Todo indica que la posesión de un arma de fuego incrementa las probabilidades de ser víctima o victimario de un hecho violento con daños letales o no letales. El Informe anual del Small Arms Survey[171] señaló que el número de las armas en circulación en el mundo ascendió a 875 millones, incluyendo armas civiles y de las fuerzas públicas y militares. De este total, 270 millones pertenecían a civiles, lo que equivale a un arma por cada 7 personas. A pesar de que cada año se destruyen aproximadamente 4 millones de esas armas, se incorporan al mercado alrededor de 8 millones de nuevas armas.

En Venezuela, la percepción de inseguridad ciudadana, la desprotección e impotencia ante la impunidad, la ineficacia de los organismos de control y prevención del Estado, así como la corrupción son, entre otros elementos, los que explican la proliferación de armas pequeñas y ligeras. Las armas de fuego dejaron de ser un instrumento de protección y defensa de los ciudadanos, para convertirse en un nuevo detonante de la violencia en el mundo.

Tenencia de arma de fuego en casa

La encuesta exploró acerca de la tenencia de armas y la disposición a tenerlas en dos preguntas (ver apéndice B), la primera de las cuales permitió establecer que el 5% de la población venezolana tiene algún tipo de arma de fuego (pistola, revólver, rifle) en su casa. Claro está, tratándose del reconocimiento voluntario de posesión de armas, se supone la legalidad de la misma, pero cabe preguntarse acerca de la cifra oculta que esconde este porcentaje. Con seguridad, hubo entrevistados que aun teniendo un arma no lo declararon, bien por ilegalidad o por autoprotección.

De acuerdo con los datos manejados por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada (DARFA), desde julio de 2000 hasta octubre de 2001, se habían procesado en el país 95 mil portes de armas y se estima que la cantidad ascienda a 700 mil (donde se incluyen los del archivo del Ministerio del Interior, ente que emite los permisos). Por su parte, datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Estadística muestran que en el año 2002 se contabilizaron 2.258 casos de porte ilícito de armas, lo que significó un incremento del 35% en relación con el año anterior.

En una nota de prensa publicada en el año 2006, el entonces Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón declaró que, según la DARFA, en Venezuela existía un aproximado de 6.000.000 de armas de fuego, 75% de las cuales no habían sido registradas y sobre las que el Estado no tiene ningún tipo de control. Los datos aportados por esta fuente refieren que, en el año 2004, había 2 mil 143 armas solicitadas por atracos y robos, mientras que 573 ciudadanos con porte de armas estaban solicitadas por delitos. Esto indica la dificultad para cuantificar la cantidad de armas ilícitas circulando en la calle.

Ocho de cada cien hombres y tres de cada cien mujeres están armados, como lo indica el cuadro 14.1. Este resultado es consistente con un componente cultural en nuestra sociedad, el cual asocia la tenencia de un arma de fuego con una representación simbólica de poder, valor y masculinidad[172].

De igual forma, hay que destacar que dentro de los hallazgos del estudio se aprecia una asociación significativa[173] entre la tenencia en casa de armas de fuego con el nivel educativo (P=0,042). A mayor nivel de instrucción, aumenta el porcentaje de posesión de armas entre la población (ver cuadro 14.2).

También existe una asociación estadística significativa con la condición laboral (P= 0,002). La posesión de las armas es declarada mayormente por quienes están incorporados a la Población Económicamente Activa. Las personas que declararon dedicarse a los oficios del hogar, estudiantes, jubilados e incapacitados apenas afirmaron tener arma en un 2%. (Ver cuadro 14.3)

Disposición a tener arma de fuego para protección

La pregunta sobre la disposición a tener un arma de fuego para protección, recogió respuestas afirmativas en 28% de los entrevistados. Esto indica que casi tres de cada diez personas en el país están dispuestas o quieren tener un arma en casa para su protección, lo que refleja el estado de indefensión en que se encuentran las personas ante el riesgo de ser atacadas. Sin embargo, es necesario considerar el peligro de tener un arma en casa sobre todo cuando hay niños; los más pequeños, no conscientes del peligro, pueden manipular las armas que los padres mantienen en casa sin protección o resguardo, o por efectos de la violencia intrafamiliar, con consecuencias mortales.

La disposición a tener arma de fuego para protección arrojó una asociación estadística significativa (P=0,042) con el nivel educativo (ver cuadro 14.4). Son las personas que no declaran tener ningún nivel educativo quienes menos disposición tienen a poseer un arma de fuego.

También se encontró una asociación estadística significativa entre la disposición a tener un arma y el nivel socioeconómico (P=0,021), que se presenta en el cuadro 14.5. Las personas ubicadas en el estrato A de la escala socioeconómica se dividen a la mitad entre quienes tienen disposición y quienes no.

El Informe de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial de 2006, realizado en Venezuela bajo la coordinación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) y el INE, estableció que el arma de fuego fue la más utilizada en los casos de victimización en el país. El arma de fuego predomina en el 77% de los casos, siendo utilizada en los homicidios en el 99% de los casos.

Para el año 2007, esta situación no sufre mayores modificaciones. El estudio del Observatorio Venezolano de Violencia[174] realizado en ese año, arrojó que el 90% de los homicidios se llevaron a cabo con armas de fuego, 3% con armas blancas y 7% usando la fuerza física.

El número de muertes, bien por casos de homicidios o de suicidios, tiene como principal instrumento el arma de fuego dada su letalidad. Ello se traduce en la pérdida de capital humano, deterioro de la salud física y emocional de las personas, discapacidad total o parcial, absentismo y discapacidad laboral, sentimiento de inseguridad expresada en conductas de inhibición y temor ante la posibilidad de ser víctima de un delito, fragmentación social de las comunidades al establecer rutinas de protección que van desde transitar en grupos, disposición de utilizar armas de fuego, así como la emergencia de «justicieros sociales» y linchamientos, que como consecuencia de su vulnerabilidad, los convierte en víctimas y victimarios, pudiendo cerrar el círculo y hacer el problema incontrolable.

La suposición de que tener un arma de fuego en casa ofrece seguridad es un mito y una suposición errónea. La posibilidad de encontrar la muerte por arma de fuego tanto fuera como dentro de casa, si se consideran no sólo los homicidios accidentales o intencionales sino también los suicidios, es muy alta. La posesión de un arma de fuego, si no se asume en forma responsable, facilita la incidencia de delitos y potencia la violencia de los mismos.

Referencias bibliográficas

Camardiel, A., O. Ávila y R. Briceño-León. «Resultados de la Encuesta Nacional de Victimización». Briceño-León, R. y O. Ávila (eds.). (2007). Informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Caracas, LACSO.

Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) e Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2006). Informe de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial. Caracas.

Organización Panamericana de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington.

Small Arms Survey. (2007). La ciudad y las armas.

UNESCO. (2005). Estudio sobre los índices de muertes violentas asociadas al uso de armas de fuego. Brasilia.

Zubillaga, V. y R. Briceño. (2001). «Exclusión, masculinidad y respecto: algunas claves para entender la violencia entre adolescentes en barrios». Nueva Sociedad. Caracas, núm. 173, pp. 34-78.

Las actitudes violentas hacia la violencia
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

La violencia puede ser analizada desde diversas aristas y connotaciones. Por ejemplo, puede estudiarse desde la perspectiva de la víctima o del victimario. Cuando hablamos de las actitudes hacia la violencia, adoptando una configuración sociológica centrada en el victimario, se trata de establecer algún tipo de relación, discutida por algunos autores, entre actitudes y comportamiento violento que permita su predicción o modificación.

En el campo de la psicología se han hecho importantes aproximaciones en torno a esta relación. Algunos autores han encontrado que en situaciones de presión, con poco tiempo para decidir, suele encontrarse mayor relación entre actitud y comportamiento, que en aquellos casos cuando esta presión no es tal. Esto es especialmente importante en las situaciones de conflicto donde el tiempo de reacción es importante para seleccionar la estrategia considerada[175].

Otro tipo de acercamiento desde la psicología, para comprender este tipo de reacciones, ha precisado que las etiquetas empleadas para describir a las personas que han cometido actos violentos tienden a producir inclinación a actitudes de respaldo hacía acciones punitivas, más que de recuperación. No produce la misma percepción decir, «persona que comete un asesinato» que decir «asesino».

La complejidad del problema de la violencia precisa abordar las actitudes en el contexto de la situación (tipo de situación: valorativa, individual o colectiva), del individuo (creencias, valores, experiencias previas, estatus en el conjunto social) y de la actitud como predisposición valorativa para la acción. La conformación de las actitudes, tomando en cuenta el espacio de los condicionantes culturales y normativos, permitirá visualizar la relación entre actitud y comportamiento, el tipo de respuesta asumida, que en el caso que nos ocupa es una situación de conflicto individual o colectivo.

Las experiencias de victimización propias o vicarias influyen en la percepción de inseguridad coherente o no con la realidad, y ésta tiende a moldear las actitudes hacia la violencia, dado su componente cultural y normativo. El sentimiento de miedo y de temor producto de la inseguridad puede generar el apoyo a respuestas violentas hacia la violencia, aunado a la evaluación negativa de las instituciones de administración de justicia[176] y la impotencia ante una violencia que se desborda sin control alguno.

Cuando se trata de actitudes violentas que expresan desafío a la autoridad formal, como asumir la justicia en manos propias por ajusticiamiento a violadores, personas «indeseables», delincuentes que acosan a las comunidades, se debe tener presente que además de un componente de defensa y venganza social, intervienen otros factores ya mencionados, como la impunidad, la desconfianza en las instituciones de control, seguridad y prevención, los cuales se constituyen en argumentos para justificar la muerte. El o los victimarios, en este caso, sienten que se trata de una reivindicación ante derechos fundamentales afectados, como el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, sin asimilar que igualmente el castigo ejercido viola estos derechos fundamentales.

La exploración sobre actitudes de apoyo a la muerte ante situaciones como la violación a una hija, la eliminación de personas molestas a la comunidad y de gente indeseable, proporcionó los resultados que se describen a continuación.

Matar al violador de la hija

Bajo el supuesto de que una persona mata a quien le viola una hija resulta importante destacar que el 55% de la población apoya este tipo de situación. Un 7% se mostró indiferente ante la respuesta, lo cual puede indicar la imposibilidad de ponerse en una situación como ésta o de predecir si apoyaría o no la muerte del victimario (ver gráfico 15.1).

La defensa de la familia o salvar el honor que tiene toda una connotación moral, no necesariamente justifica el derecho a matar. En nuestro país, la pena de muerte no está legalmente permitida, pero sin embargo el honor de una hija violada a nivel familiar se constituye en un bastión de la conservación de los valores familiares ligados con un componente religioso y de valores morales que justifica la muerte[177].

El cuadro 15.1 muestra la relación entre el grado de acuerdo con la declaración y la religión que profesa el entrevistado. La prueba Ji-cuadrado evidenció una asociación estadísticamente significativa[178] con la creencia o pertenencia a una religión (P=0,000). Los entrevistados que se vinculan con otras religiones cristianas diferentes de la católica se muestran más en desacuerdo, resultando que sólo un tercio de quienes las profesan apoyan este comportamiento violento. Resulta interesante constatar la similitud de los perfiles columna de los Católicos Romanos y de los que declaran no tener ninguna religión en contra de los perfiles de los que dicen profesar otras religiones. Por cada persona que muestra su desacuerdo entre los primeros, hay 1,5 personas en esas mismas modalidades que están de acuerdo, pero tal relación se invierte en el caso de otras religiones. En efecto, por cada entrevistado en estos grupos que declara acuerdo, hay entre una y dos personas que opina lo contrario.

Persona molesta a la comunidad

Las acciones violentas colectivas de limpieza social, tales como linchamientos, son otra forma de reacción de las comunidades ante la indiferencia gubernamental para establecer medidas eficientes de control de la delincuencia y la ineficiencia de las instituciones para castigarlos o rehabilitarlos, ya que si entran al sistema de justicia al poco tiempo vuelven a estar fuera y las comunidades siguen padeciendo de sus acciones. Pero también es importante señalar que la justificación de este tipo de acciones colectivas tiene que ver con la percepción que tienen las personas de estos victimarios, en términos de su utilidad para la sociedad, de establecerles un sello que niega posibilidad alguna de rehabilitación para estas personas, para lo cual la solución más eficaz pareciera ser deshacerse de ellos.

A este respecto, encontramos en nuestra investigación, que un 39% de los entrevistados muestra su acuerdo con la acción de matar a una persona que mantiene en zozobra o angustia a su comunidad (ver gráfico 15.2), y son los hombres quienes en proporción casi igual muestran acuerdo y desacuerdo ante esta situación.

El análisis de homogeneidad/independencia mostró una asociación estadística significativa (P=0,001) entre esta variable y el sexo (ver cuadro 15.2), siendo las mujeres quienes tienden a mostrar más desacuerdo en que se mate a una persona que mantiene en zozobra a la comunidad. Una posible explicación de ello es que son las mujeres en su parentesco de madre, hija, hermana o pareja, quienes padecen o sufren por la muerte de su ser querido. Esa persona que molesta a la comunidad puede ser el marido, el hijo, el hermano, el padre de una mujer que no está de acuerdo con este tipo de acción colectiva.

Otro hallazgo significativo (P=0,035) indica que las personas de nivel socioeconómico D y A son quienes mayormente se declaran en desacuerdo, y lo opuesto, quienes se ubican en las clases B y C de la escala social son quienes manifiestan mayor acuerdo (ver cuadro 15.2). Por cada entrevistado de clase social A que afirma acuerdo, hay casi dos entrevistados en esa misma clase que manifiestan lo contrario. La situación más extrema es la de la clase C, en la que por cada persona que manifiesta acuerdo hay otra que expresa desacuerdo. Las clases B y D se encuentran entre estos extremos, la primera muy cercana a C y la segunda próxima a la clase A. Una hipótesis que puede argüirse en este sentido es que el grado de acuerdo varía con la capacidad de compra de la protección necesaria. A mayor cantidad de bienes, también hay mayor seguridad. Esto claramente podría ser el caso de la clase alta A y en menor grado el caso de las clases B y C, pero quedaría por explicar la posición intermedia de la clase D entre A y B. Siendo la clase con menos recursos y sufriendo más del acoso de la delincuencia, si pensamos que los azotes por lo general, provienen de zonas de barrio, deberían manifestar mayor acuerdo con matar a quien mantiene en zozobra a la comunidad.

Gente indeseable

Similar interpretación puede hacerse si se trata de apoyar acciones violentas extremas contra gente considerada indeseable (mendigos, niños de la calle). Sin embargo, el estudio encontró que hay un desacuerdo notable de la población a apoyar la muerte de personas por considerarlas indeseables.

El cuadro 15.4 muestra que el componente religioso tiene relación con la actitud de apoyar estas acciones de limpieza de personas consideradas indeseables, aun cuando el desacuerdo de todos los grupos está por encima del 70%. Para las personas de las religiones cristianas y otras religiones, los porcentajes de desacuerdo superan los de acuerdo en más del 78%, mientras que para los que profesan la religión católica la diferencia entre el desacuerdo y el acuerdo baja al 50% y para quienes no creen en ninguna religión disminuye a un 40%. El análisis de homogeneidad/independencia estableció una asociación estadística significativa (P=0,009) entre estas dos variables.

La asociación de Matar a gente indeseable con partido político, de acuerdo con la prueba Ji-cuadrado, también fue estadísticamente significativa (P=0,002). Los resultados que se presentan en el cuadro 15.5 muestran que las personas con simpatía o pertenencia a partidos políticos del oficialismo o que no se identifican con ningún partido, son quienes manifiestan más desacuerdo con matar a gente considerada indeseable, mientras los simpatizantes de partidos de la oposición marcan menor desacuerdo. Por cada entrevistado de la oposición que exteriorizó su acuerdo con la declaración, hubo dos opositores que manifestaron su desacuerdo, pero esta relación es de 5 a 1 en el caso de los entrevistados simpatizantes del oficialismo.

Los resultados presentados revelan la complejidad del fenómeno de la violencia y los factores asociados con las actitudes de apoyo a la violencia. La percepción de inseguridad, la sensación de temor y miedo y su consecuente respuesta de acuerdo con la valoración del riesgo, la experiencia vivida y las normas culturales y morales son elementos asociados a la violencia, los cuales inciden en las actitudes de apoyo a la misma.

Apoyar acciones violentas cuyo monopolio debe tenerlo el Estado a través de los mecanismos legales de punición de los delitos, es un indicativo de la afectación de los principios sociales de valoración de la vida del otro, aunque éste haya violado a una hija, sea un azote de la comunidad o resultado indeseable y poco útil a la sociedad. Es un desconocimiento a la capacidad estatal a responder ante el problema de la violencia y en consecuencia se asume este derecho alimentado por el concepto que se tiene de este tipo de personas dentro de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Briceño-León, R., A. Camardiel y O. Ávila. «Victimización y actitudes de apoyo a la violencia en Caracas». BRICEÑO-LEÓN, R. y R. Pérez Perdomo (comp.). (2002a). Morir en Caracas. Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, pp. 121-146.

Briceño-León, R., A. Camardiel, O. Ávila y E. De Armas. «¿Tiene la policía derecho a matar a los delincuentes? Un estudio del apoyo ciudadano a la violencia policial». BRICEÑO-LEÓN, R. y R. Pérez Perdomo (comp.). (2002b). Morir en Caracas. Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, pp. 179-192.

Laca, F. (2005). «Actitudes y comportamientos en las situaciones de conflicto». Revista Enseñanza e Investigación en Psicología. Xalapa, México, Universidad Veracruzana, número 1, vol. 10, pp. 117-126.

Linchamiento: ¿justicia o venganza social?
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

El calor de Maracaibo todavía no amainaba cuando llegaron los gritos que anunciaban que le estaban cayendo a palos. «Busca otro bate» –gritó alguien que corría hacia la calle trasera del barrio. La población estaba indignada; se decía que había intentado violar otra vez a una muchachita y que además había robado a un vecino esa misma noche. Al tumulto se sumaba gente, quienes aupaban a los agresores. Por detrás, otras personas protestaban y decían que eso no se debía hacer, que era peligroso, que era malo. Pero la gente estaba cansada, hacía siete meses que había huido del barrio, luego de que hiriera de muerte a otro muchacho de la zona. Siguiendo la costumbre, desapareció unos meses para luego regresar como una afrenta a los vecinos y familiares del muerto y para seguir en sus andanzas. Pero la gente lo aceptó; qué más podían hacer ellos si la policía no hacía nada. Aquella noche ellos llamaron a la policía y a la ambulancia y todos llegaron tarde; el guapetón había huido y el otro había muerto desangrado sobre el pavimento antes de que llegaran los enfermeros. Esta vez ya era demasiado; lo golpearon con todo lo que pudieron y lo dejaron medio muerto en la calle, pero esta vez sí llegó a tiempo la ambulancia y los paramédicos lo subieron a una camilla y al carro. Pero la población ya sentía que era demasiado, así que le cerraron el paso al vehículo, bajaron al herido de la ambulancia y lo colocaron en el piso para que muriera desangrado como el otro joven de hacía siete meses.

Los linchamientos son acciones colectivas de venganza social; son un medio de aplicar justicia de un modo expedito y cruel. Por lo dramático de sus ejecuciones, algunos autores lo han llamado como un signo de «barbarie» y otros como una forma de aplicación de la justicia popular[179]. Son una forma de violencia colectiva asumida por las comunidades para tomar la justicia en sus propias manos, ante una reacción de ira o rabia contenida contra un delincuente que las han mantenido en zozobra[180] (Briceño-León, y otros, 2002) o ante la incidencia de un hecho coyuntural que se convierte en el disparador de la justicia colectiva. Tal es el caso de linchamientos producidos después de descubrir al culpable de delitos sexuales, homicidios o ambos, contra personas socialmente vulnerables como niños, ancianos, discapacitados o personas muy queridas en la comunidad.

De una u otra forma, el linchamiento es una acción del ejercicio ilegal de la pena de muerte en forma planificada o circunstancial. Si es planificada, no necesariamente interviene toda la comunidad, pero justifican la misma si se trata de imponer un «orden» ante las injusticias y ante la mirada indiferente de las autoridades. La culpabilidad del hecho se diluye en el colectivo, por lo que resulta difícil identificar un culpable, que para las autoridades tampoco reviste interés, ya que «es lo mejor que pudieron hacer».

Algunos de sus estudiosos dicen que en algunos países se trata de una forma de aplicación de la justicia tradicional indígena, pero no es fácil aceptar este argumento, pues implicaría una justicia sin proceso ni defensa. En Venezuela no tenemos una tradición indígena que reporte estas acciones, ni que tenga fuerza suficiente como para pautar un comportamiento colectivo urbano.

Esta forma de «justicia» social ha venido tomando cuerpo en países latinoamericanos, sobre todo en las zonas urbanas (fundamentalmente de bajos recursos económicos) ansiosas de un real y efectivo ejercicio de la justicia por parte de las instituciones correspondientes a cargo del Estado[181]. El linchamiento refleja un vacío en la aplicación de los mecanismos formales del cumplimiento del castigo, en sustitución de mecanismos informales[182].

De allí que los linchamientos evidencian el cuestionamiento a las instituciones, la autoridad, las leyes, el Estado de Derecho, por su ineficacia en el cumplimiento de la ley y en el establecimiento de responsabilidades ante los innumerables delitos que diariamente se cometen y quedan sin responsables que respondan por ellos.

De acuerdo con los datos aportados por PROVEA y el Centro de Estudio para la Paz, entre octubre de 2006 y septiembre de 2007[183] se reportaron con la prensa en Venezuela 7 linchamientos y 21 intentos de linchamiento, cifras que descendieron en relación con igual lapso entre 2005 y 2006, cuando se registraron 12 linchamientos y 80 intentos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que éstos fueron los que se reseñaron en prensa; pudieron haber ocurrido casos no conocidos públicamente.

La población tiene dos posturas ante los linchamientos: o los aprueba o los desaprueba. Por tanto, hemos querido saber cuál es el nivel de aprobación de los linchamientos entre la población de Venezuela.

Pero queremos saber también cuáles son las razones que se arguyen para justificar una acción tan violenta. Los argumentos que pueden encontrarse son de tres tipos: 1) La impunidad existente en el país; el individuo seguirá cometiendo los delitos pues no habrá manera de que lo mantengan preso, no se le aplicará ninguna sanción. Además en estos casos siempre hay el temor de las represalias del delincuente o de un agravamiento de su conducta delictiva y violenta. 2) El segundo tipo de argumento se refiere a la gravedad del delito cometido; las personas lo pueden justificar ante delitos atroces, como la muerte con saña o la violación de menores, y el 3) se refiere a lo irreversible de la conducta del individuo; son personas que ya están en el delito violento y no se van a recuperar; entonces, en estos casos, la pena de muerte, aplicada en forma de linchamiento, estaría justificada.

Para conocer el apoyo que tendría cada uno de esos argumentos, se elaboró una pregunta que incluía cada uno de estos razonamientos. Quisimos saber cómo se distribuía el apoyo a cada argumento entre los que justificaban el linchamiento y saber también quiénes eran los grupos sociales que razonaban en tal o cual dirección.

Cualesquiera que sean las causas de los linchamientos, es indudable que se trata de un hecho cuestionable que viola los principios fundamentales del derecho a la vida. Los resultados del OVV en el año 2007 arrojaron que el 67% de las personas consultadas de un total de 1.010, justificaban el linchamiento como forma de hacer justicia por cuenta propia. Los datos del estudio para el año 2008 muestran una leve reducción entre quienes no justifican el linchamiento bajo ningún concepto, alcanzando 38% de la población. Es importante destacar que tanto hombres como mujeres en igual proporción muestran su desacuerdo con este tipo de conducta colectiva. Puede observarse en el gráfico 16.1 que la principal razón para justificar un linchamiento es el delito sexual o el homicidio, seguido de cuando no tiene remedio el delincuente, y luego, cuando se sabe que lo van a soltar al día siguiente.

Desde el punto de vista moral, la utilización de la fuerza física para el control social en las comunidades en la forma de linchamiento sugiere una valoración negativa y degradada de la víctima de la acción colectiva En este sentido, quienes resultan victimizados como producto de estas acciones se encuentran expuestos, etiquetados y estigmatizados, al punto de justificar su muerte dado el daño que han ocasionado o la poca confianza de la sociedad de que van a ser rehabilitados o absorbidos por el sistema de justicia para ser castigados[184].

La imposibilidad de la policía para atender a las denuncias, la ineficiencia del sistema judicial en su lentitud y la negligencia para establecer las penas son parte del problema de la precariedad institucional e impunidad que incentivan, por una parte, a los delincuentes a cometer sus delitos, porque saben que tiene pocas probabilidades de ser atrapados, y por otra a la población a actuar, convencidos de que tal suposición es realmente cierta[185].

En el estudio se encontró que las personas mayores de 50 años son quienes menos se muestran de acuerdo con linchar a un delincuente cuando ha matado o violado a alguien. Consecuente con ello, es este grupo de edad avanzada quien piensa que el linchamiento nunca está justificado, tal y como se muestra en el cuadro 16.1. El análisis de homogeneidad/independencia mostró una asociación estadística significativa (P=0,022) entre esta variable y la edad[186].

En el cuadro 16.2 se reporta el cruce de la justificación del linchamiento contra las modalidades del nivel educativo. La prueba Ji-cuadrado evidenció una asociación estadísticamente significativa (P=0,0024). Puede notarse que las personas con algún grado de educación superior son los que consideran en mayor proporción que el linchamiento nunca está justificado. El grupo con nivel educativo medio registra el mayor porcentaje de aprobación del linchamiento cuando el delincuente ha matado o violado a alguien y el grupo con menor nivel educativo lo aprueba en mayor medida cuando el delincuente no tiene remedio y cuando se sabe que lo van a soltar al siguiente. Esta última condición es la que menos apoyo recibe de los entrevistados como justificativo para el linchamiento.

Existe también una asociación estadísticamente significativa (P=0,046) entre la justificación del linchamiento y la religión que se profesa. Como se observa en el cuadro 16.3, poco más de la mitad de quienes creen o pertenecen a las religiones cristianas y otras religiones nunca justifican el linchamiento. Los que se declararon de otras religiones son quienes mayormente apoyan el linchamiento cuando saben que lo van a soltar al día siguiente. Y quienes no creen o pertenecen a ninguna religión son quienes más apoyan esta acción cuando el delincuente no tiene remedio.

Las formas de expresión violenta colectiva como los linchamientos suelen ser explicados por algunos autores como parte de la dinámica social que se genera y toma forma en los espacios urbanos, sobre todo en los sectores de barriadas en donde hay menor presencia y penetración policial y en consecuencia proliferan bandas, pandillas, así como delincuentes, agresores sexuales, ladrones, malandros quienes establecen sus límites territoriales para cometer sus delitos, imponiendo una especie de orden particular y control interno en los barrios. Es éste, pues, el escenario propicio para ejercer las diversas modalidades violentas de resolución de conflictos, que lejos de estar ligadas al desarrollo urbano, responden más bien a la forma como se ha dado el crecimiento en los barrios y la imposibilidad o forma insatisfactoria o inadecuada como han llegado allí las políticas sociales[187].

A las condiciones sociales de vida se suman el sentimiento de temor y miedo, la incompetencia e ineficiencia de las organizaciones policiales y de administración de justicia, la impunidad, y en general, el sentido de indefensión ante el incremento de la inseguridad, lo que está haciendo posible la generación y justificación de respuestas colectivas violentas de castigo y justicia deformada, porque no se produce una respuesta efectiva del Estado para controlar el problema y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Referencias bibliográficas

Briceño-León, R., A. Camardiel y O. Ávila. (2002). «El derecho a matar en América Latina». Violencia, sociedad y justicia en América Latina. Buenos Aires, CLACSO, pp. 383-404.

Gabaldón, Luis G. (2007). «Territorialidad, legitimidad y empoderamiento en la seguridad ciudadana y el control del delito en América Latina». Espacio Abierto. Núm. 1, vol. 16, pp. 119-134.

Gabaldón, Luis G. (2002). «Tendencias y perspectivas hacia la violencia delictiva en Latinoamérica». Violencia, sociedad y justicia en América Latina. Buenos Aires, CLACSO, pp. 245-260.

Mendoza, C. y E. Torres. (2003). Linchamientos: ¿barbarie o justicia popular? Guatemala, FLACSO.

OMS/OPS. (1996). «Estudio multicéntrico sobre normas y actitudes hacia la violencia». Proyecto ACTIVA. Washington.

Romero, A. y R. Rujano. (2007). Impunidad, anomia y cultura de la muerte. Los linchamientos en Venezuela. México, Espiral, pp. 139-161.

Salazar, M. (1999). «Violencia política, conflicto social y su impacto en la violencia urbana». Reflexión Política. Colombia, Universidad Autónoma de Bucaramanga, núm. 1.

¿Matar para defender la vida, los bienes y la propiedad?
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

El derecho a matar desde el punto de vista formal, jurídico y político existe bajo la figura de la pena de muerte legalmente establecida, aceptada y practicada en algunos países del mundo. Este derecho como tal no está en la ley, o al menos no en forma generalizada, pero sí existe en la cultura de las sociedades, es decir, en lo que se considera correcto o incorrecto, en lo que es aprobable o se justifica como una conducta, con independencia de la norma escrita en la ley[188].

Son escasos los países en América Latina donde la pena de muerte existe como parte de su marco legal. Guatemala recientemente legalizó la pena de muerte para ciertos crímenes, pero ello ha traído dificultades en su aplicación, ya que por un lado, se enfrentan a los grupos políticos y familiares de las víctimas, quienes exigen el castigo de los agresores, y por otro lado, están los opositores a la medida, quienes argumentan que la misma se aplicará a los más vulnerables y en ciertas situaciones políticas, lo que en definitiva pone en discusión su efectividad en sistemas judiciales inestables y manejables[189].

La aplicación de la pena de muerte implica la condena del acusado por parte de una persona autorizada quien, en nombre de la ley, ejecuta la privación de la vida por haber cometido alguna acción ilegal y que supone se corresponde con el castigo recibido. También pueden encontrarse otras formas de ejercer el «derecho a matar» y una de ellas, tal vez la más común, es cuando se hace en defensa propia. Las circunstancias pueden variar de una cultura a otra o de una sociedad a otra, pero la lógica en el fondo es la misma, porque se trata quitarle la vida al otro al percatarse del riesgo que corre su propia vida, la de su familia o sus bienes.

En Venezuela, el derecho a la vida está garantizado y reconocido en su marco jurídico. El artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela destaca la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe en cualquier instancia la pena de muerte; por el contrario, le impone al Estado la protección de la vida a las personas. De igual forma el Código Penal tipifica de homicidio a los crímenes que implican la privación de la vida, estableciendo las penas y sanciones respectivas de acuerdo con las características del hecho.

Sin embargo, a pesar de las implicaciones legales, morales, religiosas o sociales, cada vez más la pena de muerte está siendo aceptada por las poblaciones urbanas demandantes de un sistema de justicia efectivo y de una forma de venganza o justicia social, como consecuencia del incremento de la violencia y la inseguridad.

De allí que fuera del marco de la ley es posible encontrar actitudes de apoyo a ciertas acciones de violencia que implican quitar la vida en casos de delitos que ponen en peligro la casa o propiedad y la vida e integridad de la familia.

Se establece social y culturalmente la legitimidad del derecho a matar bajo ciertas circunstancias. Y la legitimidad se expresa en lo que se cree debe ser lo correcto para justificar moralmente lo que la norma no acepta[190]. La defensa de la familia y la defensa de una propiedad puede que se convierta en suficiente excusa o justificación para quitar la vida, bien porque se trata de conservar la integridad familiar o porque se trata de defender lo que se ha logrado con grandes esfuerzos, merece la acción. Los resultados obtenidos en el Proyecto ACTIVA[191] realizado en 8 ciudades de América Latina y Madrid arrojaron que la aprobación del derecho a matar para defender a la familia superó el 50% de las personas consultadas, siendo Caracas la ciudad con el mayor porcentaje. Cuando se trataba de defender a la propiedad, los resultados ascendían, pero continuaba siendo Caracas la ciudad donde porcentualmente se aprobaba la acción[192].

Abordajes más recientes del OVV[193] a nivel nacional indican que el 59% de un total de 1.061 entrevistados justifican el derecho a matar para defender a la familia y 47% apoyan el derecho a matar para defender la casa o propiedad. En el año 2008, esta situación no ha sufrido variación, como puede apreciarse en el gráfico 17.1 para el caso de defender a la familia.

La asociación de estas actitudes con variables como sexo muestra que son los hombres quienes más mostraron su acuerdo con matar para defender a la familia, aunque en el caso del sexo femenino quienes se muestran de acuerdo y en desacuerdo los porcentajes son casi similares.

En cuanto a la religión, es interesante observar en el cuadro 17.2 que quienes no se identifican con ninguna religión son quienes tienden a estar de acuerdo con el derecho a matar cuando se trata de defender a la familia. Quienes profesan otras religiones cristianas y otras religiones están mayormente en desacuerdo con esta acción.

Al igual que el proyecto ACTIVA y los resultados del OVV en el año 2007, en el año 2008 se reducen los porcentajes de quienes están de acuerdo cuando se trata de matar para defender la casa o propiedad (43%), tal como lo muestra el gráfico 17.2.

Las actitudes de acuerdo o desacuerdo en cuanto a matar para defender la casa o propiedad arrojan asociaciones estadísticamente significativas[194] con variables socio-demográficas como el sexo (P=0.035) y las simpatías por los partidos políticos (P=0,02).

En relación con el sexo, se nota en el cuadro 17.3 que son las mujeres quienes tienden a mostrar más desacuerdo con matar para defender la casa o propiedad. Los valores de acuerdo y desacuerdo para los hombres son casi similares.

Interesante resulta analizar el sentido de la relación entre la simpatía con un partido político y el grado de acuerdo con matar para defender la casa o propiedad. Los simpatizantes de los partidos de la oposición tienden a estar de acuerdo (55%), mientras que los simpatizantes de los partidos del oficialismo son minoría entre quienes están de acuerdo. Pero cuando se trata de manifestar desacuerdo con la afirmación, son éstos últimos y los que definen sus simpatías por otros partidos políticos quienes mayormente lo manifiestan, quedando los simpatizantes de la oposición en minoría (40%).

A pesar del sentimiento de miedo y temor ante la violencia, de la impunidad, de la ineficiencia de las instituciones del Estado obligadas a brindar seguridad y condenar a los culpables, de la precariedad en las condiciones materiales, o de las valoraciones morales y culturales, ninguna razón puede justificar el derecho a la muerte.

Se pueden hacer intentos de buscar explicaciones, pero no justificarlas moral, social o políticamente[195]. Las actitudes de apoyo a la violencia extrema, expresada en la muerte del otro, lejos de contribuir a su control o reducción tienden a incrementarlo, a reforzar la falta de autoridad y control del Estado, a hacer más extenso el vacío entre la sociedad y las instituciones. Es una violación del derecho a la vida y un condicionante apoyar incluso las acciones extrajudiciales. Es necesario desterrar del colectivo la idea de estas acciones como formas de justicia social, pero imperioso también es construir un Estado de Derecho bajo la legalidad y legitimidad de las autoridades, el cumplimiento de la norma y la eficiencia en la formulación y aplicación de políticas de seguridad y políticas sociales, que permitan la garantía y disfrute de la calidad de vida.

Referencias bibliográficas

Briceño-León, R., A. Camardiel y O. Ávila. (2006). «Attitudes Toward the Right to Kill in Latin American Culture». Journal of Contemporary Criminal Justice. Núm. 4, vol. 22, pp. 303-323.

Briceño-León, R., A. Camardiel y O. Ávila. (2002). «El derecho a matar en América Latina». Violencia, sociedad y justicia en América Latina. Buenos Aires, CLACSO, pp. 383-404.

Camardiel, A., O. Ávila y R. Briceño-León. «Resultados de la Encuesta Nacional de Victimización». Briceño-León y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Caracas, LACSO.

OPS/OMS. (1996). «Investigación multicéntrica sobre normas y actitudes hacia la violencia». Proyecto ACTIVA. Washington.

La percepción de las FARC y de la guerra internacional
Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel

En la plaza de la populosa parroquia del 23 de Enero había banderas de Colombia y Venezuela y unos letreros desplegados; se esperaba la llegada del Alcalde de Caracas y otros líderes políticos para el acto central de ese día: se iba a develar una estatua en homenaje a Manuel Marulanda, conocido líder y fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien había muerto recientemente -según había dicho un comunicado de la organización-, de viejo y al lado de su compañera. Pedro Antonio Marín, quien tenía además los alias de Tirofijo y Manuel Marulanda, era la figura guerrillera de mayor antigüedad en el continente, ya que había permanecido más de cincuenta años en esa actividad, y su muerte, ocurrida en mayo de 2008, significó una pérdida importante para el grupo guerrillero. El evento que se celebraba en Caracas representaba un homenaje que llamó la atención tanto dentro como fuera del país; tanto, que la Cancillería colombiana le pidió una explicación al gobierno de Venezuela.

Pero este evento fue uno más en una cadena de declaraciones y noticias que convirtieron a las FARC en un componente de la discusión política y social de Venezuela. Cuatro hechos más contribuyeron a esta situación. En primer lugar, la intervención del gobierno de Venezuela, con gran despliegue propagandístico, en la liberación de un grupo de secuestrados colombianos, a quienes por años los habían mantenido en cautiverio las FARC. En segundo lugar, la solicitud del Presidente de la República, en un mensaje a la Asamblea Nacional, de que se reconociera a las FARC con el estatus de «fuerza beligerante», es decir, se le diera reconocimiento político y no se les tratara como un grupo terrorista, que es como lo califican varios países, entre ellos Colombia y Perú, pero también Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En tercer lugar, la decisión del propio Presidente de la República de guardar un minuto de silencio en homenaje al Comandante de las FARC, Raúl Reyes, luego de su muerte, tras un ataque militar del Ejército colombiano al campamento donde se encontraba en territorio ecuatoriano. Y finalmente, y como consecuencia de lo anterior, el retiro del Embajador venezolano en Bogotá y la movilización de tropas a la frontera colombiana han puesto a las FARC como un tema importante de opinión pública. Pero también convirtieron la guerra en un tema más cercano, pues a pesar de que durante varios años se ha hablado de una intervención de los Estados Unidos y de la guerra asimétrica, nunca había sido percibida como algo cercano hasta que se anunció la posibilidad de una guerra con Colombia, pues por primera vez en muchos años, varios batallones de soldados fueron movilizadas a la frontera colombiana, en un despliegue sorpresivo que hizo sonar los tambores de guerra y causó preocupación entre los venezolanos.

¿Qué opinan los venezolanos de todo eso? Ésa fue la pregunta que nos hicimos y que quisimos contestar consultando a las personas en sus casas sobre qué opinaban de las FARC y de la posibilidad de una guerra con otros países.

En primer lugar, buscamos que las personas nos dieran una calificación de las FARC; es decir, describieran el grupo con unos rasgos que pudieran indicarnos, de manera sencilla, lo que pensaban acerca de esa organización. Para ello se establecieron cuatro categorías, dos extremas, y que inmediatamente indicaran una postura política y una valoración; y dos algo ambiguas, que permitiera una calificación sin que fuese contundente. Para las dos posiciones extremas usamos las calificaciones de «son un grupo de delincuentes», que es parecido a como los llama el gobierno colombiano y el Presidente Uribe en sus intervenciones; y «son un grupo de luchadores sociales», que es la manera como lo consideran muchos políticos venezolanos, parecido a como los califican los medios de comunicación oficiales del gobierno de Venezuela y lo que pudiera derivarse de la solicitud de darle el carácter de beligerancia. En las posiciones ambiguas buscamos un componente descriptivo y en ese caso se usaron las siguientes: «son un grupo guerrillero», pues con esta frase la gente podía describir al grupo sin obligatoriamente calificarlo, aunque tendía a ser negativa; y «son unos insurgentes» con lo cual se describía, también, pero se tendía a darles una calificación positiva.

Los resultados en las posiciones extremas muestran que un 20% de los entrevistados las consideró como un grupo de delincuentes, doblando a quienes las identificaban con unos luchadores sociales (11%). En las repuestas menos extremas encontramos que más de la mitad de las personas, el 60%, consideró que era un grupo guerrillero, mientras sólo un 5% dijo que eran unos insurgentes. Con lo cual, si sumamos las posturas, tenemos que un 81% de los venezolanos calificó negativamente a las FARC y sólo un 17% lo hizo positivamente.

Pero ¿es que las personas están preocupadas por la amenaza que pueden representar las FARC para Venezuela, o simplemente le restan importancia? Los resultados de la encuesta dieron que el 80,5% de los habitantes de Venezuela –cuatro de cada cinco– están preocupados por la amenaza de las FARC y sólo un 19,5% –uno de cada cinco– dijo que no estaba nada preocupado. Claro, los niveles de preocupación varían, pues valoran de manera distinta la amenaza: un 34% dijo estar muy preocupado, un 28% algo preocupado y un 18% poco preocupado.

El tercer componente que quisimos estudiar fue la opinión que las personas tenían acerca de la forma como el presidente Chávez está manejando las relaciones con las FARC y si es que estaban de acuerdo, o no, con la forma como se estaban dando. Los resultados mostraron que un 64% rechazó el tratamiento que se le había dado a las FARC y dijo que estaba en desacuerdo, y un 36% lo aprobó y dijo que estaba de acuerdo con esa forma de manejarlo. Cabe destacar que en este caso el porcentaje que califica negativamente, o que expresa preocupación a través de su respuesta, desciende en relación con las dos preguntas anteriores, pues allá estaba en el 80% y aquí está en el 64%. Este tipo de cambios en las respuestas parece explicarse por la valoración positiva y confianza que alguna gente tiene en el Presidente, y que lo hace responder positivamente a cualquier pregunta en la cual su nombre esté involucrado. Pero veamos un poco más en detalle esta situación.

Cuando se correlacionan las opiniones que se tienen sobre la gestión del Presidente en relación con las FARC y la adhesión a los partidos políticos, encontramos que hay diferencias significativas[196] importantes (P=0,000). Como puede observarse en el cuadro 18.1, las opiniones cambian de manera radical entre los opositores y los que manifestaron no tener adhesión política alguna, y los oficialistas, quienes mayoritariamente aprobaron el tipo de gestión que lleva el Presidente con el grupo armado colombiano.

En éste, como en otros aspectos de las respuestas, se nota claramente el nivel de politización que existe en el país, que lleva a ver los distintos aspectos de la vida nacional a través de la militancia política. Claro que en este caso es evidente que la diferencia está entre quienes simpatizan o son militantes del PSUV, y el resto del país, sea de la oposición o de ninguna parcialidad política, que en esta encuesta representaron un 60%.

También existen diferencias significativas con el nivel socio-económico de los entrevistados (P=0,000). En todos los grupos sociales, las personas desaprueban mayoritariamente las relaciones del Presidente con las FARC, pero como puede observarse en el cuadro 18.2, el nivel de acuerdo aumenta a medida que disminuye la posición socioeconómica de las personas. Mientras que para los entrevistados de la clase D hay una persona que manifiesta su desacuerdo por cada una que expresa acuerdo, esta relación es, entre las personas de la clase A, de seis en desacuerdo por cada uno de acuerdo y entre la clase B, de algo más de tres personas en desacuerdo por cada persona que manifiesta acuerdo. Aun entre los entrevistados de la clase C, la relación es de casi dos desacuerdos por cada acuerdo.

Encontramos un resultado similar con el nivel de preocupación (P=0,02), pero en este caso lo que se modifica es el tenor de la condición, es decir, si tienen mucha o poca preocupación, tendiendo a sentir menos gravedad en la preocupación, como puede observarse en el cuadro 18.3, los sectores C y D, que son los que tienen menos ingresos.

En relación con la calificación de las FARC como un grupo guerrillero, de delincuentes, luchadores sociales o insurgentes, se encontraron dos asociaciones interesantes. Por un lado, hay una asociación significativa entre la calificación que se hace de las FARC y la opinión que se tiene acerca de la manera como el Presidente está gestionando las relaciones con las FARC (P=0,000), pues como puede observarse en el cuadro 18.4, los que la califican como luchadores sociales son también, de manera relevante, los mismos entrevistados que están de acuerdo con la política presidencial; y al contrario, los que están en descuerdo son quienes los llaman delincuentes o guerrilleros.

En este caso se encontró, también, una relación significativa interesante con la religión que dijeron profesar o no los entrevistados (P=0,008). Como puede observarse en el cuadro 18.5, lo que dijeron no profesar religión alguna, ateos u agnósticos, duplican al resto en cuanto a considerar a las FARC como «luchadores sociales».

En relación con la posibilidad de una guerra, sea con un país vecino o con cualquier otro país, formulamos dos preguntas que, de manera general, abordaron el tema. Si bien existen como telón de fondo los continuos señalamientos que se han hecho sobre una eventual confrontación militar con los Estados Unidos y las amenazas de guerra fronteriza con Colombia, el tema militar ha implicado mucho más por la continua compra de armamento ligero y pesado en el exterior y por los múltiples acuerdos internacionales en los cuales se ha involucrado al país; así como por la creación de una milicia y la propuesta de reforma constitucional del año 2007, que proponía cambios substanciales en la composición de la Fuerza Armada.

Todo ello y aunque la reforma fue rechazada y otros eventos como la movilización de tropas hacia la frontera no pasaron de ser amenazas bravuconas, en el país ha quedado la idea de una eventual confrontación militar. Por tanto, les hicimos dos preguntas a los entrevistados: Si estaban de acuerdo con que, ante la eventualidad de un «conflicto de frontera con un país vecino», el gobierno iniciara una «acción militar efectiva». Y la segunda, más general, si creían que la guerra era «necesaria para resolver conflictos entre países».

Los resultados muestran que hay un rechazo general a la idea de una «acción militar efectiva» contra un país vecino. El 65% de los entrevistados dijo estar en desacuerdo con esta posibilidad, mientras que una cuarta parte de las personas, un 26%, dijo que sí compartía este tipo de respuesta. Lo que es interesante, en este caso, es que no se encontraron diferencias significativas por la posición política, ni por ninguna otra de las características sociales que fueron estudiadas; es decir, las razones del acuerdo o el desacuerdo pueden ser variadas, pero en cualquier caso son distintas a las consideradas. Obsérvese por ejemplo en el cuadro 18.6, cómo los porcentajes de aprobación o desaprobación son muy similares entre las personas que dijeron tener simpatías por partidos políticos de la oposición, del oficialismo o de ningún partido.

Algo parecido, pero más contundente, ocurre con la pregunta sobre la guerra como un mecanismo para resolver conflictos entre los países. La casi totalidad de los venezolanos rechaza esa idea, el 94% se muestra en desacuerdo. Y, por supuesto, con este porcentaje tan alto no hay diferencias de opinión por ninguna de las variables consideradas, ni sexo, nivel socioeconómico, color de piel, religión o educación; el rechazo es prácticamente unánime con sólo un 4% de acuerdo. Los resultados pueden revisarse en el cuadro 18.7 donde se los presentan cruzados por los grupos de edad, y allí se observa que; todos por igual, se oponen a la idea de una guerra como medio para solventar las diferencias y los conflictos que puedan existir entre los países.

Ante tan rotundos resultados, resulta difícil de comprender la propaganda militarista y bélica que ha tenido el gobierno nacional, así como la continua y sostenida compra de armamento. Es como prepararse para una guerra que la población no quiere y es bien sabido, en las teorías de los conflictos armados, que cualquier posibilidad de triunfo tiene que tener el apoyo moral y sentimental de la población que va a enviar a los soldados y va sufrir las consecuencias de un enfrentamiento de esa naturaleza.

Y algo similar ocurre con las FARC. Los testigos del acto en el cual se develaba el busto a Manuel Marulanda pudieron notar la sorpresa de las personas que por allí transitaban sin entender lo que se celebraba, ni el porqué del busto hierático de Tirofijo, labrado sobre el bronce con su toalla al hombro. Esa comunidad popular y populosa, de grandes edificaciones de arquitectura moderna que se llamaron «superbloques» por su tamaño, ha estado luchando durante años por una vida mejor y habría que recordar que ha apoyado en muchos aspectos al gobierno nacional, pero no entiende -como tampoco lo entiende el resto del país, de acuerdo con los resultados de la encuesta- las razones para homenajear a un guerrillero y líder de los secuestradores de esas personas que han visto por la televisión salir de años de cautiverio.

La zona urbana donde está ubicada la estatua y se llevó a cabo el acto tuvo como primer nombre «2 de Diciembre», porque así lo quiso el dictador Pérez Jiménez para celebrar el fraude electoral con el cual intentó legitimar su permanencia en el poder. Años después, y luego de la caída del dictador, el nuevo gobierno le cambió el nombre y la llamó con otra fecha de significado distinto: «23 de Enero», para celebrar el día que el dictador huyó del país y regresó la democracia. Quizá los celebrantes de Tirofijo hubieran querido cambiarle el nombre otra vez y denominarla «Marulanda»; no lo sabemos, pero, en cualquier caso, no tendría buenos augurios, pues no parece ser ése el sentimiento dominante en el país.

Tercera parte

En Venezuela, la muerte se convirtió en un lugar común
María Isoliett Iglesias

«… y no pude dejar de pensar en lo frágil que es la vida, en lo violenta que es mi ciudad, en lo absurda que es la muerte y en lo poco agradecidos que a veces estamos de ver la luz del día».

David González en Desvelos y Devociones, El Pulso de la Crónica en Venezuela

El sonido de las balas se confundió con el de las cornetas de los carros que a las 3:34 de la tarde de ese lunes se activaron bajo el inclemente sol que fuerte calentaba todo bajo su manto. El grito de la mujer salió desde tan adentro que logró silenciarlo todo. Fue desgarrador.

Frente a ella se acababa de desvanecer un hombre de 48 años, amigo suyo y de muchos en ese barrio, y querido, además, en sectores vecinos. El hombre se desangraba sin que alguien, en medio de la pericia por la experiencia de años socorriendo tiroteados, pudiera hacer algo para mantenerlo con vida hasta llegar al hospital más cercano. Nadie pudo ayudarlo. Ya estaba muerto. Una de las tres balas que le dispararon le había partido el corazón en dos y sin darle tiempo a nada le arrebató la vida de una sola vez. «El tiro que le dieron en la cabeza estuvo de más. Son unos salvajes», decían quienes, sin poderlo controlar, comenzaron a llorar un asesinato más. «Ya perdimos la cuenta», aseguraban. «Aquí matan al que es y al que no… vivimos en una perenne guerra».

El suplicio de estos caraqueños, pues vivir en guerra es vivir con el miedo clavado en el alma, no se detallará. «Esto pasa en todos los barrios de la ciudad, así que muchos se sentirán identificados y los que no, pues podrán imaginárselo. No hace falta nombres, ni especificaciones del sitio… que quede simplemente como nuestro día a día. Éste es nuestro lugar común».

A las 3:45 de la tarde de ese lunes, y después de un fin de semana particularmente violento en esa zona hacia el sur de Caracas, los moradores de ese barrio no terminaban de llorar a otros muertos y ya se disponían a ponerle un nombre más a cada lágrima.

Mientras la mujer delgada corría hasta la casa de los familiares del hombre de 48 años que recién se había desplomado a sus pies, otros hacían esfuerzos para contactar a la policía. Suplicaban que, desde la morgue de Bello Monte llegara la furgoneta, lo más pronto posible, para evitarle el dolor a los nuevos deudos del barrio de comenzar el velatorio en medio de la calle.

Pero la logística no quedó allí. Un grupo de vecinas, que días antes había colaborado con regalar varias sábanas para tapar otros cadáveres, mientras los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaban a recogerlos, se atribuyeron, nuevamente, la responsabilidad. Y otra vez, cedieron la tela para cubrir al hombre de 48 años.

El vía crucis comenzó. Seis horas se tardaron, ese lunes, los efectivos de la Policía Científica en subir a fijar lo ocurrido y una hora más tarde llegó la camioneta desde la Morgue de Bello Monte a buscar el cuerpo. El rústico Nissan se les había accidentado en la vía. Cuando llegaron, los familiares y amigos del hombre de 48 años ya se preparaban, tal y como aseguraron haberlo hecho meses atrás, para levantar ellos mismo el cuerpo de su muerto, montarlo en un jeep y llevarlo ellos mismos hasta la medicatura.

Como no tenían camillas de plástico –las que existen, están ya podridas por la sangre de aquellos que caen en Caracas de lunes a lunes y no les ha llegado la dotación tantas veces prometida– los funcionarios, ya conocidos de la comunidad por las recurrentes visitas, tomaron las sábanas que cubrían al hombre de 48 años para improvisar una parihuela y sobre ella cargar al asesinado hasta la cajuela de la Nissan Terrano. Allí lanzaron al hombre sin vida, como si se tratara de un maniquí estropeado que ya no sirve para exhibir ropa.

La viuda, con sus tres hijos –de cuatro en total– se dispuso a buscar todos los documentos necesarios para que los trámites en la morgue fueran más expeditos. Ya tenía experiencia. En un año y medio no era mucho lo que pudo haber cambiado. Ella ya había pasado por eso.

Ese lunes, ya desesperanzada y cansada de llorar su desgracia y la de sus vecinos, sin que pudiera evitarlo, el pasado llegó intempestivamente a sus recuerdos. Un tiempo que se obligaba a olvidar y que ese lunes la invadió completa. Revivió la misma sensación que la estremeció el día que la misma mujer, morena y delgada, llegó a su casa, y en medio de una reunión familiar, le avisaba que en el barrio vecino acababan de matar al segundo de sus hijos. Un joven de 16 años. «Es un vacío que te arranca la vida por unos instantes».

Con los documentos que pudo encontrar, se fue primero hasta la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), para tener el registro de la denuncia y completar lo que en la medicatura le pedirían, según recordaba.

Ya de noche, decidió regresar a su casa a esperar el día para comenzar con los trámites del velatorio y enfrentar el dolor de reconocer a su esposo, antes de retirar el cuerpo, dentro de la sala de autopsias en la Morgue de Bello Monte. Confesó que la noche fue interminable. Aunque la casa estuvo llena de vecinos, con las claras muestras de solidaridad que ella misma, pocos días atrás, había tenido con algunas amigas y conocidas, ella no pudo con la desesperanza. Recordaba, una y otra vez, que al segundo de sus hijos se lo habían matado por transgredir la «frontera», un día en que los problemas que dirimen las dos bandas rivales estaban en el punto más neurálgico.

Y no entendía cómo era que a su esposo le había ocurrido algo muy parecido. Aunque no había pasado la línea divisoria, se lo habían matado porque los integrantes del grupo que controla el barrio se enteraron de que el hombre de 48 años trataba con amabilidad a los de la banda rival.

Ya el martes, aunque dispuesta desde muy temprano en la Morgue de Bello Monte para cumplir con los quehaceres legales y retirar lo más pronto posible el cuerpo del hombre con el que compartió su vida por más de 25 años, fue hasta pasado el mediodía cuando pudo terminar con los trámites.

Cuando hubo que bajar a reconocer el cadáver, ella decidió enfrentar aquello. Sus hijos intentaron convencerla de que no lo hiciera. Su hijo mayor le dijo que él lo haría, pero ella no entendió razones. Quería ir ella… y así lo hizo. No dejó, tampoco, que la acompañaran.

Se secó las lágrimas, con un pañuelo que solía usar su esposo, y acompañada por el funcionario de la medicatura que había salido a buscarla para cumplir con el último de los trámites para que la funeraria se llevara el cuerpo a prepararlo para el velatorio, bajó.

Temblando, caminó por la empinada rampa que desde la calle da acceso a esa sala. Bolsas llenas de basura, de ropa de los cadáveres; de escombros y de cerros de féretros fueron los que a cada lado de la ruta custodiaron su recorrido. Luego viró a la derecha y entró a un pasillo que le dio la antesala a la sala de autopsias. El olor rancio de la sangre descompuesta la golpeó recién pasó la primera de las puertas.

Según recordó, antes de entrar al propio cuarto donde estaba el cuerpo de su esposo, se detuvo a tomar aliento. El poco temple que le daba la valentía para superar aquello comenzó a desaparecer. Apretó fuerte el pañuelo de su esposo, tratando de recordar cómo él, en vida, con un apretón de manos la llenaba de fuerzas, y así fue como logró un poco de coraje para pasar.

Las cuatro camillas, tipo bateas, que están repartidas en ese cuarto sostenían, cada una, un cuerpo. Todos eran hombres. Cada uno estaba cocido en el pecho… No sabía por dónde caminar… se mareó y con la mano que tenía libre, apretó el brazo del funcionario. Creyó que se desmayaría, que no podría con aquello. Aseguró que un profundo temor la embargó y de pronto sólo sintió el impulso de salir corriendo. Dudó estar viviendo aquello, pensó estar en medio de una pesadilla… «Sólo pedía con fuerzas despertarme y por un momento creí que así sería. Que abriría los ojos y estaría en mi cama al lado de mi marido». Empezó a sudar y de pronto se dio cuenta de que todo aquello era real…

Ya sin remedio, cayó en cuenta de que debía seguir adelante para salir de allí, y con tranquilidad llorar a su muerto. Así que tuvo cuidado cuando caminaba, pues los charcos de sangre estaban regados por todos lados. De uno de los soportes chorreaban espesas gotas rojas. A ese cuerpo acababan de practicarle el análisis necesario para determinar la causa de muerte.

En el piso, justo en un rincón, estaban dispuestos tres cadáveres. Eran del fin de semana, aún los familiares no los recogían. Creyó reconocer a uno. Pensó que se trataba de uno de los jóvenes que, tres días atrás, habían asesinado por los predios del sector del sur de la ciudad donde ella vive. Pero nunca estuvo segura. El olor y todo el horror que veía a su alrededor la abrumó tanto que aseguró, tiempo después, no llegaría a olvidarlo nunca. Y es que todo lo que guarda «la caja de resonancia de la violencia y la tragedia diaria de Caracas: los asesinados, los muertos en accidentes de tránsito, los suicidas, los difuntos por causas desconocidas», –como definió el periodista David González en su crónica «Una noche en la morgue», publicada en el libro de la Fundación Bigott Desvelos y Devociones, El Pulso y Alma de la Crónica en Venezuela–, se queda aferrada para siempre en los recuerdos de quien baja a reconocer el rostro de un ser querido y de quienes bajan, curiosos, a ver de qué se trata todo aquello.

Cuando la mujer pudo llegar hasta la camilla donde estaba su marido, la última de las cuatro, y lo vio, sólo atinó a voltear hasta donde estaba el funcionario de guardia y desplomarse en llanto. Su marido estaba allí desnudo, manchado de sangre, con una cicatriz enorme en el pecho… estaba sin vida, sin dignidad… Con la voz quebrada, y con el rostro invadido de lágrimas, sólo pudo decirle a los trabajadores de la funeraria cuál era su marido. Ya cumplido con el requisito, ella, ya sin cuidado de mancharse los zapatos con la sangre derramada en el piso, corrió para salir de aquella pesadilla. En la subida, apuró el paso, y cuando pasó las rejas entreabiertas y se vio invadida por la luz del día, se apoyó sobre uno de los muros a llorar desconsolada. Al mismo tiempo escupía, como si hubiese tratado de arrancar el mal sabor de todo aquello.

Su hijo mayor, como se tardaba, caminó y la encontró deshecha. La abrazó y los dos se pusieron a llorar por la muerte de su familiar, por la indignidad de todo aquello, por la violencia diaria que ellos sufren… por la injusticia que, por segunda vez, les tocaba vivir.

«La desgracia de nosotros los pobres es vivir en los barrios y tener, obligatoriamente, que convivir con el hampa, con la violencia, con la criminalidad… con la muerte». Esa cita, aunque no la pronunció ninguno de los familiares del hombre de 48 años, y lo hizo Juan Domínguez, un año y medio más tarde, también desde la morgue de Bello Monte cuando esperaba por el cuerpo de su hermano, pues resume lo que la viuda, sus hijos, sus vecinos y amigos, padecieron dos veces, y continúan haciéndolo año y medio más tarde, pues aún no logran salir del barrio. No tienen recursos para ello.

Pero adentro, en la sala de autopsias, el recorrido puede ser mucho peor. Sobre todo, para quienes les toca conseguir a su familiar tendido en el piso, en la ruma que los fines de semana se encuentra en varios rincones, porque la sala se hace insuficiente. Apilados, unos sobre otros, colocan a mujeres y hombres, desnudos, enredados sobre sábanas sucias, ésas que sirvieron para cubrirlos mientras esperaban a que los efectivos de la medicatura, con una sola furgoneta, hicieran el recorrido por los innumerables barrios caraqueños y las que luego se utilizaron para cargar al cadáver hasta el vehículo oficial que luego lo trasladaría.

Si se trata de buscar a un desaparecido, además de hacer el recorrido por los 40 metros cuadrados que mide el cuarto, y después de ver la cantidad de rostros sin vida por todos lados, y de hacer maromas para no pisarlos y a la vez esquivar la sangre regada; deben llegar hasta las 15 neveras, dispuestas una al lado de otra y revisar cada una. Allí, todo es aún más dantesco. La capacidad para cada una es de cuatro cuerpos, pero la mayoría de las veces guardan más. Los cadáveres que están allí ya se descompusieron.

A la sede de la Coordinación de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) entran, cada semana, un promedio de 102 cadáveres, según reportan las estadísticas de esa dependencia. El 80% de esos ingresos son de caraqueños que pierden la vida a tiros. En 2007, según evidencian las cifras de la Dirección de Estadísticas de la Policía Científica, se reportaron 3.731 ingresos, todos catalogados como homicidios. De ésos, discrimina la tabla, 2.710 fueron asesinatos por distintas causas, 101 quedaron reportados como resistencia a la autoridad y 920 fueron homicidios por determinar. La data del CICPC no incluye los accidentes de tránsito.

Uno de ésos, de los que engrosaron las estadísticas ese año, fue el hombre de 48 años. Cuando los funerarios entraron a recogerlo, para prepararlo y luego llevarlo hasta su casa –una sin número, dispuesta en uno de los barrios levantados hacia el sur de la ciudad–, tomaron el cuerpo y lo lanzaron dentro de una caja de aluminio, sin ningún tipo de cuidado. Ataviados con máscaras para evitar ese mal olor, que minutos antes había tenido que soportar la viuda de aquel hombre, y con guantes de plásticos para evitar cualquier tipo de contaminación, lo tomaron por las piernas y los hombros. Al dejarlo caer, sonaron dos golpes secos. La cabeza del hombre se golpeó con el filo de la caja de aluminio, y cuando lo rodaron para que cupiera, se estrelló contra la base de la urna.

A él lo velaron en su casa. Fue prácticamente obligatorio para la familia hacerlo allí. Y es que además de lo mucho más económico que podía costarles hacerlo en casa, se ahorraron la humillación de pasearse por cantidad de funerarias y aguantar la crueldad de los encargados negando cupo para «tiroteados», tal y como lo vivieron con el primero de la familia que perdieron de esa misma manera.

Desde hace dos años, son muchas las funerarias que decidieron no velar a tiroteados, para evitar los destrozos que dejan cantidad de homenajes. Otras, aumentaron los precios regulares hasta el triple para cubrir los destrozos que los dolientes puedan causar.

Por eso, sin estudiar alguna otra posibilidad, llevaron el cuerpo del hombre de 48 años hasta la casa y allí, en el lugar donde vio nacer y crecer a sus hijos, y morir a uno de ellos, le dieron el último adiós. Aunque temerosos a una arremetida, llegaron deudos de predios «enemigos» a decirle adiós. Ese día, se dieron tregua. Por unas horas, los integrantes de la banda que controla la zona donde vivía el hombre de 48 años no atentaron contra alguno de los que llegó a llorar junto a la familia aquella pérdida.

El miércoles, bajo una torrencial lluvia, salió el cortejo rumbo al Cementerio General del Sur. Tan querido fue el hombre, que la procesión bajó a pie. Un centenar de moradores acompañaron la carroza que llevó el cuerpo desde el barrio hasta la necrópolis, en silencio... lo único que se dejaba escuchar de pronto, eran los sollozos…

Cuando estuvieron a 200 metros de la entrada de la necrópolis, los deudos en pleno bajaron el féretro, para llevarlo en hombros hasta el lugar donde lo enterrarían. Sus hijos y sobrinos tomaron la urna y comenzaron a bailarla. A ratos, se intercambiaban la responsabilidad de «entregar el cuerpo, ya de una vez y por todas, con la mayor de las resignaciones, a la muerte», con las mujeres. Ellas, aguerridas y fuertes, también bailaron a su muerto cargado en hombros, como días atrás lo habían hecho con varios de los que ese fin de semana cayeron. La muerte, para ellos, es un lugar común.

Así, durante una hora y media, consumaron su rito rociando cerveza y ron, que eran las bebidas preferidas del hombre de 48 años. Ya agotados y mojados, y frente a la fosa, cruzaron el féretro y antes de bajarlo para cumplir el entierro, lo abrieron. Allí, bajo la lluvia, cada uno de sus tres hijos, su viuda y cantidad de sobrinos, dieron el definitivo y último adiós. Lo enterraban justo en la misma parcela que un año y medio atrás había tenido que, obligatoriamente, comprar. Juntos, padre e hijo descansan, hoy en paz. Sus deudos no.

Normas y valores de la violencia en Venezuela[197]
Alexis Romero-Salazar
Raima Rujano Roque
Miguel Ángel Romero Sulbarán[198]

Introducción

En los últimos 25 años, la violencia ha sido uno de los principales problemas sociales de Venezuela, lo que se refleja, por un lado, en el notable aumento de la tasa de homicidios y el relativamente bajo incremento de la tasa de lesiones y, por otro lado, en la acentuación de la tasa de robos a mano armada y el descenso en la tasa de hurtos. Para Romero y otros, el caso de los homicidios supone una violencia extrema, pues se trata de dar muerte, intencionalmente, a una persona, en tanto que con las lesiones se busca producir un daño, sin pretender acabar con su vida. En el caso de los robos; se trata de una situación en la cual el delincuente se encuentra con la víctima, existiendo siempre la posibilidad de la agresión para despojarla del objeto apetecido; mientras que los hurtos son acciones furtivas en las cuales la condición fundamental es la ausencia del propietario del bien[199]. Esta situación ha sido explicada a partir de un comportamiento social orientado por la idea de la impunidad, entendiendo que los delincuentes aprenden que pueden ejecutar sus acciones, pues difícilmente serán castigados y la población se convence de que ello es totalmente cierto[200]. Otra interpretación destaca el mayor y más fácil acceso de la población a la compra y posesión de armas de fuego; es decir, no se trata de que la gente pelea más, sino de que se mata más y la letalidad está intrínsecamente relacionada con la posesión de armas de fuego con las cuales es posible asesinar mucho más fácilmente que las armas blancas[201]. Ciertamente, en Venezuela la gran mayoría de los homicidios (90%) son ocasionados con armas de fuego; el porcentaje en el mundo es de 63% y en América Latina de 80%[202].

Para el año 2002 en el país se registró una tasa de homicidios de 35 por cada 100 mil habitantes, por encima de países como México (15/100.000) y Brasil (28/100.000), siendo la tasa mundial de 8,8/100.000[203]. La gravedad de la situación es tal que en los diez años que van desde 1989 hasta 1999, la tasa de homicidios se duplicó, llegando a registrarse 21,04 homicidios por cada 100 mil habitantes; los homicidios por día se multiplicaron por 3 desde 1988 (4,6) a 1998 (12,5). En números absolutos, los 2.502 homicidios por año de 1991 se multiplicaron por más de 3 para el año 2000.

Es un fenómeno que se produce en un contexto donde no existen ni guerras, ni terrorismo, ni guerrillas. En Venezuela, la violencia social es una acción cotidiana que no tiene banderas y que afecta a todos por igual. Tal situación se pudiera estar reflejando en las normas culturales y las actitudes asociadas con comportamientos agresivos dentro del núcleo familiar y hacia personas ajenas a éste.

La violencia es una de las mayores amenazas para la salud pública y la seguridad social, ya que no sólo es la causa de numerosas defunciones prematuras, sino también causa de lesiones y de discapacidad[204]. Juan Carlos Navarro[205] muestra una aproximación al valor de las vidas humanas perdidas[206]. En Caracas, para una esperanza de vida en el año 95, de 70 años para las mujeres y 67 para los hombres, el número total de años de vida perdidos es de 56.032 (descontando de cada año adicional de vida a una tasa del 3 por ciento) y las muertes infantiles al año de 1752. De acuerdo con la perspectiva del Banco Mundial (1993) tal situación hace que la mitad de las pérdidas humanas en América Latina pertenezcan a Venezuela[207]. Si al cálculo anterior se le asigna un valor económico por año perdido (equivalente al salario promedio para el año 96) y tomando en cuenta los ajustes por tasa de desempleo y distribución de la fuerza de trabajo, se obtienen 35 millones de dólares en el año 1995.

Por otro lado, la magnitud de los problemas producidos por el temor al crimen puede ser mayor y más dañino que el mismo delito, ya que favorece la autoprotección individual, restringe las respuestas organizadas a problemas colectivos, da paso a la violencia social y a una visión sesgada y represiva de la inseguridad personal[208].

De modo que la violencia y la inseguridad tienen un alto componente subjetivo, tanto por las dificultades para realizar juicios racionales en esta área, como por la notable carga sentimental que conllevan y la compulsividad de las acciones de respuesta. Así, es difícil saber de manera científica cuál es y cómo varía el componente subjetivo de la violencia y cómo se relaciona este componente con las situaciones reales de peligrosidad y acceso a previsión de seguridad personal de actores sociales con recursos desiguales. La victimización real y el miedo a las agresiones impulsan respuestas violentas de la población, como los linchamientos, las patrullas vecinales, el amurallamiento de las residencias, el porte de armas, entre otras.

Reveladores estudios confirman que la impunidad fomenta conductas indeseables; en algunos casos las víctimas frente a las agresiones y la ausencia de la protección que debe garantizarle el Estado, asumen respuestas, también violentas, que cada día se generalizan, logrando alguna «justificación» por la sensación de indefensión. Estas respuestas tienen una dimensión actitudinal por medio de la cual se podrían aceptar las acciones violentas de la policía y estar dispuesto a matar para defender la propiedad y la familia[209].

En este contexto cobra sentido indagar: ¿Qué hace la gente frente a la distancia entre las leyes y los eventos violentos que vive? ¿Cuáles son las opiniones, las actitudes y la percepción de las normas culturales en la familia? ¿Cuál es la normativa social que siguen? ¿Es la agresividad cotidiana un contexto que conlleva a la aprobación de la violencia extrema?

Perspectivas útiles

Debido a sus singulares características, es necesario ubicar el problema de las normas y la cultura violenta en un enfoque específico en el cual se haga posible poner en movimiento las diversas categorías del llamado control social. En términos de la peculiaridad señalada, es coherente la utilización del concepto de violencia a partir del cual se asume como un problema social y de salud pública, y se refiere al «uso o amenaza de uso de la fuerza física con la intención de hacer daño a otro o hacerse daño»[210]. Definición que alude a la fuerza física y a la intención de agredir, lo cual excluye a la violencia estructural y psicológica, los hurtos y los accidentes.

En ese marco, se entenderá la violencia cotidiana como aquella que ocurre en el ámbito de las relaciones dinámicas mediadas por la convivencia diaria, y que se expresa en agresiones y golpes, producidos en el hogar o la escuela. El tipo de violencia a la que se hace referencia no logra ubicarse dentro de las concepciones tradicionales de control social. Por esta razón, para su tratamiento e interpretación, se consideran aquí preliminarmente sólo algunas orientaciones teóricas que podrían permitir el encuadre de los resultados y en ningún caso para la comprobación o elaboración de teoría, pues se trata de un estudio totalmente descriptivo.

Perspectiva culturalista

Hay que captar que se trata de una violencia que refiere a un proceso de socialización que se da en el contexto de una cultura específica. Para empezar, siguiendo a Ashley Montagu, se podría definir la cultura como «la manera como el hombre responde a sus necesidades básicas. La cultura es el modo que el hombre tiene de ubicarse en el mundo, es el comportamiento aprendido dentro de la sociedad. La cultura puede ser definida como el modo de vida de un pueblo, como el medio que un grupo de hombres, que ocupa un mismo territorio, ha creado a través de sus ideas, de sus instituciones, de sus utensilios, de su idioma, de sus servicios y sentimientos»[211].

También es pertinente revisar el planteamiento de Eugene Sapir –1930– en torno a que los comportamientos culturales son simbólicos: la cultura, igual que el lenguaje, está basada en significados que comparten todos los miembros de una determinada sociedad. Así la cultura es el conjunto de interacciones entre los individuos y la totalidad de significados que cada uno de éstos puede, por sí mismo, abstraer inconscientemente de sus intercambios sociales[212].

Y es útil, también, la elaboración de Ralph Linton, para quien todos los miembros de una determinada sociedad comparten un conjunto de ideas, sentimientos, maneras de ver y obrar, y sus personalidades manifiestan las mismas configuraciones características. Sin embargo, pueden coexistir varios sistemas de valores que son todos significativos, pudiendo haber varias formas de integrarse a la sociedad. Este constituye un esfuerzo epistemológico por producir el encuentro entre lo psicológico y lo social, mediante el enfoque llamado «cultura y sociedad».

Por tanto, desde la orientación de esta investigación se asume la cultura como el conjunto de creencias, costumbres y valores de una determinada sociedad, y a su vez de las percepciones, representaciones y comportamientos de sus miembros. Se entiende, entonces, que la posición que adoptan las personas ante la violencia está en parte relacionada con sus condiciones de vida, ya que ésta depende de factores psicológicos cuyo sustrato es cultural y social. Estos factores –cognoscitivos y afectivos– como las creencias y los sentimientos, se refuerzan y profundizan a través de los procesos de socialización y educación y de sus propias experiencias.

Perspectiva cognoscitiva social

Para explicar la violencia se asume que el comportamiento humano es producto de la interacción dinámica de factores ambientales, personales y de otros comportamientos relacionados con la agresión. Estas influencias se pueden estudiar en tres etapas. a) La fase de adquisición, en la cual se observan tanto los primeros factores que predicen la agresión, como los relacionados con su proceso de aprendizaje. b) La fase de mantenimiento, que alude a la manera como se mantiene la agresión con el transcurso del tiempo, asociada a los factores personales y ambientales. c) La fase de desempeño, que comprende todos los factores que estimulan o facilitan la agresión en el momento que se realiza[213].

Para esta perspectiva, las personas poseen su propio conjunto de creencias que controla sus pensamientos, sensaciones y acciones. Así, lo que «la gente piensa, cree y siente, afecta como ella se comporta»[214].

Por otro lado, los ambientes y los sistemas sociales influencian el comportamiento humano a través de los mecanismos psicológicos. Por tanto, la teoría cognoscitiva social postula que los factores tales como condiciones económicas, status socioeconómico y estructuras educativas y familiares, afectan las conductas al grado que afectan las aspiraciones de la gente, la creencia de la autoeficacia, los estándares personales, los estados emocionales y otras influencias autorreguladoras.

Perspectiva del comportamiento aprendido

En este caso, el punto de partida es que la agresión antisocial severa es principalmente aprendida[215]. La instigación (las condiciones que crean frustración en los niños), el reforzamiento (una respuesta contingente de los padres a la agresión de los niños), la identificación (la internalización de los estándares de los padres y formación del comportamiento de los adultos) y las normas socioculturales, son determinantes importantes de la acción humana.

Las conductas prosociales y los comportamientos agresivos, representan dos estrategias opuestas para solventar problemas interpersonales, aprendidas temprano en la vida. Si un niño aprende bien de un modo, no se inclinará por aprender del otro.

Eron, con sus investigaciones, encontró que los niños que fueron agresivos a los ocho (8) años, tendieron a ser agresivos a los dieciocho (18) y eran tres veces más propensos a tener un historial policial. Estos mismos niños eran más proclives a estar involucrados en actividades criminales y a tener comportamientos violentos hacia sus esposas a la edad de 30.

Perspectiva simbólica

Esta teoría sostiene que el pensamiento se funda a partir del proceso de interacción social y se constituye y comunica a través de símbolos; entendiendo por símbolos los «objetos sociales que se usan para representar («significar» u «ocupar el lugar de») cualquier cosa que las personas acuerden representar»[216]. El símbolo es el objeto material que provee un significado que será el indicador social en la formación de la conducta, ya que las personas actúan sobre las cosas e interactúan con otras personas partiendo de la significación que las cosas y las personas tienen para ellas, es decir, a través de símbolos.

Para Mead[217], los gestos y el lenguaje eran símbolos significativos, que permitían al niño conocer las reglas, las actitudes y los principios del grupo y a identificarse y diferenciarse dentro de éste. Estos significados se producen por medio de la comunicación con los demás, en razón de símbolos, y son interpretados por las personas en función de sus expectativas y propósitos.

A partir de los símbolos, el hombre crea y recrea activamente al mundo sobre el que actúa, ya que éstos: a) incrementan la capacidad de las personas para percibir su entorno; b) aumentan la capacidad de pensamiento; c) ensanchan la capacidad para resolver diversos problemas (el hombre, sirviéndose de símbolos, valora diversas acciones alternativas antes de elegir una de ellas); d) permiten a las personas dirigir sus propias acciones.

En lo esencial, la teoría de Mead asignaba primacía y prioridad al mundo social. Es decir, la conciencia, la mente, el self; emergen del mundo social. La unidad básica de su teoría social es el acto, que incluye cuatro fases dialécticamente relacionadas: impulso, percepción, manipulación y consumación. Un acto social implica dos o más actores, y el mecanismo básico del acto social es el gesto. Los humanos están capacitados para comunicar el significado consciente de sus gestos. Los humanos son distintivamente capaces de crear gestos vocales, y esto conduce a la capacidad peculiarmente humana de desarrollar y usar símbolos significantes. Los símbolos significantes conducen al desarrollo del lenguaje y a la capacidad distintiva de los humanos para comunicarse entre sí en el pleno sentido del término. Los símbolos significantes también hacen posible el pensamiento y la interacción simbólica.

Mead analiza una serie de procesos mentales que forman parte del proceso social general, incluidos la inteligencia reflexiva, la conciencia, las imágenes mentales, el significado y, en términos más generales, la mente. Los humanos poseen la capacidad peculiar de emprender una conversación interna consigo mismos. Desde el punto de vista de Mead, los procesos mentales se derivan del proceso social y no están ubicados en el cerebro.

Metodología

El objetivo fundamental del estudio fue analizar la problemática de la violencia urbana en Venezuela a través de la exploración de diversas variables. Para la variable normas, se elaboraron preguntas para explorar el grado de congruencia entre el deber ser de las normas y la percepción de las personas sobre la objetivación de las mismas. Dentro de esta área interesó conocer, en función de la norma, las formas de resolución de conflictos en el medio familiar (padres e hijos y entre pareja), y la aprobación del uso de la extrema violencia en el plano comunal o social como vía para mantener la paz y seguridad personal. Es necesario aclarar que las explicaciones ofrecidas en este artículo son de carácter preliminar, en tanto que los resultados corresponden sólo a una parte de un estudio de mayor amplitud y profundidad.

El universo del estudio estuvo conformado por todas aquellas personas mayores de 18 años, quienes habitaban permanentemente en centros poblados en Venezuela con más de 2.500 habitantes, en viviendas familiares de uso residencial. Para la selección de la muestra, se tomó como marco de muestreo la información cartográfica y demográfica del XIII Censo de Población y Viviendas, realizado en el año 2001 por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, INE.

Se empleó el muestreo probabilístico estratificado trietápico. En la última etapa se realizó un muestreo por cuotas, de acuerdo con la distribución por sexo y edad de la población venezolana, según los resultados preliminares del Censo 2001; sin embargo, el punto de inicio de búsqueda para cubrir la cuota asignada fue seleccionado al azar.

Los 22 estratos de selección se definieron atendiendo a la actual división político-administrativa del país, aunque se conformó un solo estrato con los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar. Se aplicó un mecanismo de selección sistemático dentro de cada estrato, para asegurar la representación en la muestra de distintas áreas geográficas, así como de los distintos niveles socioeconómicos.

Para cada estrato, se cubrió una primera etapa de selección de segmentos censales con probabilidad proporcional al número de viviendas de uso residencial permanente. Una segunda etapa de selección de manzanas censales con probabilidad proporcional al número de viviendas de uso residencial permanente; y una tercera etapa de selección de personas cumpliendo una cuota establecida por sexo y grupos de edad. Fueron seleccionadas cinco personas por cada manzana censal. Era abordada sólo una persona por vivienda, iniciándose la búsqueda en una vivienda escogida aleatoriamente y recorriendo luego las otras viviendas de la manzana.

El resultado del muestreo resultó en la selección de 120 segmentos censales, dos manzanas censales por segmento y cinco personas por cada manzana censal para un tamaño de muestra de 1.200 personas, quienes fueron abordadas en un proceso de recolección de información que se desarrolló entre el 10 de marzo y el 6 de abril de 2004.

En este estudio, se aplicó la encuesta indistintamente a hombres y mujeres que estuvieran en el hogar al momento de la entrevista. Esta no discriminación parte del principio bidireccional o integral de la violencia de pareja, al cual se le añadió la violencia ejercida hacia los hijos. Se parte de la constatación de que tanto el hombre como la mujer tienen la misma probabilidad de atacarse en diversas formas[218].

Resultados

Los entrevistados

Las características de las personas consultadas se refieren no para producir correlaciones entre las condiciones sociodemográficas y el ejercicio de la violencia; apenas se quiere aportar elementos que permitan captar quiénes fueron los entrevistados. Entre los datos más resaltantes se muestra que las edades correspondieron a un 42% menor o igual a 30 años, un 40% entre 31 y 50 años, y el resto (18%) mayores de 51. En lo relacionado al nivel de instrucción, un 51% correspondió al de básica, un 45% alcanzó el nivel medio y técnico universitario, sólo un 4% reportó no haber obtenido ningún nivel de instrucción formal.

En lo referente a la situación laboral, casi la mitad, 43,6%, afirmó estar inserto en el mercado laboral, un 26,3% se dedica a las labores del hogar y otro 18,6% se encuentra desempleado. El resto, 10,7%, reportó ser estudiante y/o jubilado.

La agresividad en las relaciones familiares

La violencia dentro de la familia no es un problema reciente; por el contrario, ha sido una característica de la vida familiar desde tiempos remotos. Incluso, recientemente se ha considerado como un fenómeno que afecta gravemente al tejido social.

La familia representa la influencia de mayor peso en la formación de la conducta del hombre. Es el primer sistema social con el cual el niño entra en contacto. La manera como los padres afronten la solución de conflictos y establezcan normas será determinante en las aspiraciones, en la autoestima y en los estados emocionales en el niño y su acción humana[219].

Bandura ubicó en una primera fase los factores que se observan y aprenden temprano en la vida y que predicen la agresión (fase de adquisición). Así la familia, que aparece en esta primera etapa, va a ser la fuente principal en el proceso de aprendizaje de estas conductas.

Los datos relacionados al maltrato verbal o físico por parte de los padres hacia los hijos y su pareja informan acerca de los elementos y las situaciones que caracterizan el ambiente en la familia. Primero se señalarán las respuestas dadas a las preguntas asociadas al maltrato de los padres hacia su(s) hijo(s).

En la pregunta: ¿Cuántas veces, en el último mes, tuvo que gritarle con rabia a (Nombre del niño/a)?, según los padres entrevistados, la mayoría (61,5%) declaró hacerlo a menudo. Es decir, de cada diez (10) padres entrevistados, seis (6) afirman gritarle con rabia frecuentemente a sus hijos.

Se observa, entonces, que en la mayoría de los casos, el diálogo no forma parte ni es el medio empleado por los padres en la resolución de conflictos. Por el contrario, parece ser el maltrato verbal expresado en gritos la manera como los niños están aprendiendo a manejar los problemas en su familia, en su escuela y en la calle. En otras palabras, es en su medio social de la familia donde el individuo tiene un aprendizaje que realiza por la observación vicaria del comportamiento[220]. De esta manera, la persona aprende y desarrolla actitudes violentas que se verán reflejadas al momento de dar una respuesta, provocada por situaciones que estimulen y faciliten la agresión (es la llamada fase de desempeño)[221].

Otro aspecto a considerar en la relación padre e hijo es el del maltrato físico. Las preguntas ¿Cuántas veces, en el último mes, tuvo que darle nalgadas a su hijo/a? y ¿Cuántas veces, en el último mes, tuvo que pegarle en alguna otra parte del cuerpo, con una correa u otro objeto?, arrojan datos interesantes. Un porcentaje importante de los padres admitió castigar frecuentemente con nalgadas (17,1%) y correas (20,1%) a sus hijos.

Ésta es una situación preocupante, ya que estos comportamientos agresivos se están aprendiendo por los niños a temprana edad. Para Mead[222], los gestos y el lenguaje eran símbolos que permitían al niño entender su entorno, conocer las reglas y los principios, aprendidos en el seno de la familia, para luego actuar sobre determinadas situaciones y personas. Se aprende de este modo en sus primeros años de vida y no se opta por otro[223].

En el caso de los padres, por lo general se trata de una persona insatisfecha, frustrada, que está repitiendo su historia familiar. Fue hijo o hija de una familia desintegrada o autoritaria. «El maltrato emocional incluye, además de la burla y ridiculización, fallas en proporcionar al niño o a la niña un ambiente apropiado de apoyo para su desarrollo y una figura de referencia»[224]. En consecuencia, no es extraño que esta conducta se refleje en la edad adulta, siendo agresivos con sus esposas y más proclives a desarrollar conductas criminales[225]. Parece ser una cadena interminable; y es que tanto el agresor como los agredidos suelen presentar historiales de violencia en sus familias.

Así, resulta interesante conocer lo que sucede entre dichos padres y sus parejas. Los datos recogidos a través de las preguntas: ¿Cuántas veces, en los últimos doce meses, usted le gritó con rabia a su pareja? y ¿Cuántas veces, en los últimos doce meses, su pareja le gritó con rabia a usted?, fueron similares, mostrando un 37,3% para las personas que declararon gritar con rabia frecuentemente a su pareja, y un 35,1% que dijo ser gritado con rabia por su pareja frecuentemente. Se trata de casi la mitad del porcentaje de padres que afirma gritar con rabia frecuentemente a sus hijos. Esto parece indicar que el abuso severo contra los niños es mayor que el abuso similar contra las mujeres[226] y que el maltrato entre parejas. Sin embargo, estas cifras no dejan de ser alarmantes. Hay que considerar que las mujeres víctimas del maltrato doméstico presentan una escasa o nula participación en el ámbito económico, social y político.

Gritar y ser gritado

Se tiene, entonces, que esta relación de agresividad y maltrato viene dada casi de igual forma por ambas partes. Es decir, parece ser que tanto los padres como las madres presentan activamente un comportamiento violento entre ellos. Ambos son agresores y agredidos. Ya no es el padre quien sólo maltrata a su pareja y a sus hijos, rompiendo con la idea de que la familia está organizada en jerarquías de poder desiguales entre hombres y mujeres y que es esta condición la que les otorga características de debilidad, pasividad y sensibilidad. Estas cuestiones constituyen un indicio de la existencia de un clima de agresividad en el espacio doméstico, cargado de gritos, amenazas y golpes.

Estamos, entonces, en presencia de un espacio privado donde prevalece la incapacidad para el disciplinamiento de los hijos y la solución de problemas con la pareja al margen del conflicto. La violencia familiar parece ser un fenómeno característico de nuestra sociedad y que traspasa sexo, niveles socioeconómicos y culturales.

El espacio comunal, reflejo de lo que ocurre en lo doméstico

La violencia, entendida como fenómeno multidimensional, se origina por múltiples factores, entre éstos, psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales. Del mismo modo, los comportamientos violentos se presentan entre individuos, en la familia y en la comunidad o sociedad. Si llamamos a éstos últimos espacios o niveles de incidencia de la violencia, se espera que lo que ocurre en el nivel familiar afecte la convivencia de las personas en el plano comunal, y a su vez, en la sociedad en general. De tal modo que al explorar las costumbres violentas en el plano familiar, es posible encontrar algunos elementos que expliquen la actuación, expectativas y actitudes de la población en relación con el uso de la extrema violencia, bien sea personal o de los agentes de control social.

Una vez caracterizada la violencia en el espacio doméstico, se quiso conocer cuál era la tendencia de las opiniones de los entrevistados hacia la aprobación de la violencia extrema. Para ello se vincularon las respuestas de quienes afirmaron utilizar la violencia como medio para castigar a sus hijos y relacionarse con su pareja. Así se realizaron algunas tablas de contingencias que permitieron dar cuenta de la situación que a continuación se expone.

En el caso de quienes recibieron maltrato de su pareja, lejos de estar en desacuerdo con la extrema violencia, la aprobaron en un porcentaje mayor al reportado por quienes ejercían la violencia. Esta situación coincide con los resultados de una investigación realizada por Briceño-León y otros[227], en la cual se demostró una alta asociación entre las opiniones de quienes ejercen o reciben violencia (entre pareja); razón por la cual se observa como usual que en este caso se encuentre una mayor aprobación de la violencia extrema en los que reciben pasivamente la violencia por parte de su pareja.

Conclusiones

En un intento por puntualizar de modo preliminar los resultados de esta investigación descriptiva, se puede señalar lo siguiente:

Se constata un clima de agresividad en el espacio doméstico; más de la mitad de los entrevistados reportaron que los conflictos intrafamiliares y entre pareja son resueltos con el uso de agresiones verbales y físicas (caso de los hijos).

Prevalece cierta intolerancia e incapacidad para el disciplinamiento de los hijos y la solución de problemas con la pareja, situaciones que hacen posible la reproducción de un círculo perverso de aprendizaje de modelos violentos para la resolución de conflictos.

Se reproduce el patrón cultural de aprobación de la extrema violencia, del mismo modo que se observa una versión moralista de la pena de muerte basada en el incremento de la violencia delincuencial y la supuesta necesidad de defender la vida y realizar la limpieza social. Esta situación, lejos de disminuir la violencia, pudiera estar contribuyendo a la destrucción de formas pacíficas de relacionarse en los espacios de socialización, se difiere el proceso de ciudadanización y se reproduce la fragmentación social, lo que exige fortalecer el Estado de Derecho.

Si bien el derecho a matar no está en la ley, se está constituyendo en una base arraigada en la cultura. Igual ocurre con la aprobación de la acción extrajudicial de la policía, la cual se expresa como una norma cultural que coexiste con la formalidad del Estado de Derecho.

Referencias bibliográficas

Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

Berkowitz, L. (1996). Agresión: causas, consecuencias y control. Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer.

Briceño-León, R. (2007). «Violencia urbana en América Latina. Un modelo sociológico de explicación». Espacio Abierto, nº 3, vol. 16.

Briceño-León, R., C. Piquet Y J. Cruz. (1997). «El apoyo ciudadano de la acción extrajudicial de la policía en Brasil, El Salvador y Venezuela». Realidad. Número 60.

Buvinic, M., A. Morrison Y M. Orlando. (2005). Violencia, crimen y desarrollo social en América Latina y El Caribe. Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México.

Cisneros, A. Y V. Zubillaga. (1997). «La violencia desde la perspectiva de la víctima. La construcción social del miedo». Espacio Abierto. Vol. 6, número 1.

Eron, L. (1987a). «The development of aggressive behavior from the perspective of a developing behaviorism». American Psychologist.

Eron, L. (1987b). «Aggression through the ages». School Safety.

Linton, R. (1976). Estudio del Hombre. Bogotá, Fondo de Cultura Económica.

Mead, G.H. (1972). Espíritu, persona y sociedad. Buenos Aires, Paidós.

Montagu, A. (1979). Homo Sapiens. Dos millones de años sobre la tierra. Madrid, Guadiana Publicaciones.

Navarro, J. «El costo del delito violento en Venezuela». Briceño-León, R. y R. Pérez Perdomo. (2002). Morir en Caracas. Caracas, Universidad Central de Venezuela.

Organización Panamericana de la Salud. (1990). «La violencia: un problema de salud pública que se agrava en la región». Boletín Epidemiológico. Capítulo 11, pp. 1-7.

Parra, A. (2000). «La inseguridad desde la perspectiva del delincuente». Espacio Abierto. Vol. 9, número 3, pp. 415-432.

Romero Salazar, A., J. Salas y A. García. (2001). «El miedo a la violencia y la guachimanización». Capítulo Criminológico. Maracaibo, vol. 29, número 2.

Romero Salazar, A. y A. Parra. «Organizaciones ilegales que ofrecen seguridad de vehículos: ¿protección o extorsión?» Gómez-Tagle, E. (Ed.). (2005). Violencia e Inseguridad en América Latina. México, Editorial Insumisos Latinoamericanos.

Romero Salazar, A., I. Molina y A. del Nogal. (2006). «El endurecimiento de la ciudad: el miedo a la violencia delictiva». Question. La Plata, Argentina, vol. 10, número 2.

Romero Salazar, A. y R. Rujano. (2007). «Impunidad y cultura de la muerte: los linchamientos en Venezuela». Espiral. Guadalajara, México, vol. XII, número 39.

Scuardelli, P. (1977). Introducción a la Antropología Cultural. Madrid, Villamar.

Vara Horna, A. (2006). Mitos y verdades sobre la violencia familiar. Hacia una delimitación teórica conceptual basada en evidencias. Perú, Centro de investigaciones científicas y tecnológicas. Asociación por la defensa de las minorías.

País cautivo: el secuestro en Venezuela
Javier Ignacio Mayorca[228]

El único pecado de Douglas Bello era vivir en la urbanización Cumbres de Curumo. Ese hecho lo hacía un secuestrable, según los estándares trazados por una banda que se autodenomina Los Invisibles.

Bello es trompetista, miembro de la orquesta Filarmónica Nacional. A veces, se redondea sus ingresos con algún toque para el grupo de Oscar D’León. Vive con su numerosa familia en una casa cuyos patios están llenos de escombros por unas reparaciones que se han prolongado más de lo previsto.

La noche del 6 de agosto, él no tenía que salir a la calle. Las arepas estaban en el horno y toda su familia se preparaba para cenar. Pero su hermano menor, Nelson Bello, había llegado de Margarita con una camioneta cargada con instrumentos para la iluminación de espectáculos. Todos los aparatos eran prestados. Insistió en que corrían un riesgo al dejar el vehículo estacionado frente a la fachada del inmueble. Uno nunca sabe si los ladrones pasan por el lugar en la madrugada y se enamoran de los costosos reflectores.

A las 11:15 p.m., los dos hermanos abrieron la reja del estacionamiento para meter la camioneta y un automóvil Subarú, modelo 2005, que generalmente utilizaba el músico.

De haber salido a la calle un poco antes, o un poco después, probablemente los hermanos no se hubiesen topado con los secuestradores que precisamente a esa hora hacían ronda por la avenida Lago de Maracaibo, con el propósito de pescar a alguna víctima. Pero les tocó. El trompetista recordó ese momento como si fuese una aventura:

«El carro se paró para darle paso al de mi hermano. Yo me asomé y le di las gracias. Ellos siguieron de largo, como si fuesen vecinos. Más adelante, dieron la vuelta en U y apagaron las luces. Lo sabemos porque un vecino tiene unas cámaras que tomaron todo. Pararon el carro y se bajaron estilo comando, armados con pistolas Glock y diciendo que eran agentes de la PTJ (actual CICPC).[229]»

Todo sucedió muy rápido para ambos hermanos. Los sujetos, armados y vestidos de civil, decían con voz firme que buscaban al músico, que se metiera sin chistar en el Toyota Corolla que manejaban, y que también era robado.

Nelson Bello se percató de la situación y salió de inmediato a reclamar. También lo sometieron. Ni siquiera tuvo tiempo de apagar la camioneta.

Ambos hermanos fueron colocados boca abajo en el asiento trasero del vehículo que traían los secuestradores. Uno de ellos, por cierto, aprovechó la situación para llevarse el Subarú.

Aun en esta circunstancia, Douglas Bello insistió en que todo era una confusión. La discusión se terminó cuando el copiloto les dijo su verdadero propósito: «Miren, señores, esto es un secuestro express».

Douglas Bello y su hermano permanecieron en manos de sus captores poco más de un día. En ese lapso, los trasladaron de un lado a otro del Área Metropolitana de Caracas. En un momento determinado, el músico creyó estar cautivo en una vivienda de El Junquito.

Como eran dos hermanos, Los Invisibles exigieron inicialmente un rescate de 200.000 bolívares fuertes, poco más de 93.000 dólares al cambio oficial. Era menos que el promedio para estos casos. Las estadísticas del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia han establecido que el banderazo o primera solicitud de pago por parte de los secuestradores urbanos se sitúa en aproximadamente 300.000 bolívares fuertes. En cambio, en el ambiente rural pueden pedir 1.000.000 de bolívares fuertes por un ganadero de mediana importancia. Eso establece un punto de partida para las negociaciones.

Los hermanos Bello fueron rescatados por comandos de la Policía Judicial en el bloque 37 del 23 de Enero. Para ese momento, las negociaciones con la familia habían bajado el monto del rescate a 20.000 bolívares fuertes. Pero la acción policial se produjo antes del pago. Esta circunstancia hace que Douglas Bello pueda contar su historia sin problemas. Los que pagan rescate, generalmente quedan con un remordimiento que les impide relatar abiertamente sus casos.

En Venezuela, el secuestro se ha popularizado de tal forma que ya no es necesario ser un próspero ganadero de la frontera o un representante de empresa transnacional para quedar en poder de los plagiarios. El asunto ha llegado a tales extremos que en Petare y Antímano, por ejemplo, se practica el secuestro de vehículos de transporte colectivo. En esta modalidad, la víctima se ve obligada a pagar un monto parecido al que le cobrarían las aseguradoras por una póliza anual. Algunos conductores han señalado que en la fase previa fueron extorsionados por los mismos grupos que luego les quitaron sus instrumentos de trabajo.

Pero estos casos no figuran en las estadísticas oficiales, al igual que los secuestros express y los llamados paseos millonarios, en los que la víctima es trasladada a los cajeros electrónicos hasta que le vacían sus cuentas. Según los cánones policiales, éstos no son secuestros sino robos agravados. La legislación penal, inspirada en el viejo código italiano, y las resistencias de orden político, imponen un corsé a las autoridades que les impide tener una noción sobre la verdadera magnitud del problema.

En 2007, el presidente Hugo Chávez se empeñó en participar como facilitador de la liberación de las colombianas Clara Rojas y Consuelo González, ambas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta iniciativa indignó a amplios sectores del país, que veían que este empeño no se compaginaba con un interés por lograr la libertad del creciente número de venezolanos secuestrados. Luz en la calle y oscuridad en casa, dice el refrán.

La presión pública fue de tal magnitud que obligó al Gobierno a designar a un comando unificado para atender este problema. El grupo fue encabezado por el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, capitán retirado Pedro Carreño. Lo acompañaron los directores de la Disip (policía política) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, general de brigada (Ejército) Henry Rangel Silva y comisario Marcos Chávez, respectivamente.

Un año después, sabemos que esta comisión no fue más que un canto a la bandera. Luego de tres reuniones con los familiares de las víctimas, la opinión pública entendió claramente que la idea del Ejecutivo era ganar tiempo para que Chávez desplegara su agenda internacional.

Pero esta iniciativa abrió un espacio para que la población conociera una estadística más ajustada a la realidad. Y en un país donde las estadísticas son como secretos de Estado, eso ya era un avance. Los números de esa comisión revelan que durante 2007 fueron reportados 397 secuestros. Algo sin precedentes en la historia del país. Hasta ese momento, el récord era de 277 casos, correspondientes a 2003.

Durante la presidencia de Hugo Chávez, las autoridades han conocido 1.795 casos de secuestro. Como quiera que la veamos, la cifra es alarmante. Por ejemplo, el promedio por año de gobierno es de 199 casos. En la segunda administración de Rafael Caldera (1994-1999), hubo 296 secuestros. El Ejecutivo se alarmó hasta el punto en que fueron activados los teatros de operaciones en la frontera con Colombia. La franja limítrofe fue militarizada, especialmente en los estados Táchira y Apure, con la finalidad de cortar las vías de apoyo logístico y escape con que cuentan los plagiarios.

Hasta finales del siglo pasado, el secuestro era un delito primordialmente fronterizo. El caso del niño Carlos Vegas Pérez, conocido en 1973, fue a todas luces excepcional. En primer término, la víctima fue privada de su libertad en plena Caracas. Luego, las averiguaciones permitieron comprobar que detrás del plagio del menor estaba su propio hermano y un grupo de traficantes de drogas del sureste capitalino, con quienes él mantenía una deuda. Finalmente, la víctima del secuestro falleció mientras estaba cautiva. Todas estas circunstancias conmocionaron a la sociedad venezolana.

El avance de las bandas de secuestradores hacia los estados del centro y del norte del país comenzó a registrarse con fuerza en 1996. Ese año hubo ocho casos en regiones que no correspondían a los límites con Colombia. El de mayor repercusión tuvo como víctima a un joven de 22 años de edad, Diego Sigala, hijo de un industrial aragüeño.

Luego de 47 días de incertidumbre, Sigala fue rescatado por efectivos de la extinta Policía Técnica Judicial, asesorados por técnicos en telefonía de la Disip. Lo encontraron en Duaca, estado Lara. Detrás de este plagio estaba una célula del Frente Bolivariano de Liberación (FBL), comandada por César Peña La Cruz, un sujeto que años antes intentó matar a cuchilladas al ex presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Antonio Ríos.

Para ese momento, las FBL eran apenas un proyecto. Hoy es una realidad que se hace sentir en Táchira, Apure y Barinas. Su presencia, sin embargo, se extiende hasta Lara, mediante pintas en las paredes. En sus informes internos, la Guardia Nacional tiene al FBL como uno de los tres grupos guerrilleros con actividad de secuestros en Venezuela. Los otros dos son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Después de padecer ese secuestro, los Sigala nunca fueron los mismos. La señora Norma Cardier, mamá de Diego Sigala, fue la encargada de negociar con los plagiarios. Hoy en día, rehúye toda actividad que implique alguna figuración pública. Al ver lo que ha sucedido durante los últimos años, la familia pasa la mayor parte del tiempo en un país europeo.

Al tiempo que se ha popularizado, el secuestro se ha urbanizado. Las estadísticas demuestran que en 2007, el 27% de los casos reportados ocurrió en los estados centrales del país. Apenas una década antes, allí se recibía el 1,5% de las denuncias. Al respecto, el siguiente gráfico puede resultar ilustrativo.

Para 2007, además, los cinco estados con mayor proporción de secuestros por población fueron, en orden decreciente: Yaracuy, Barinas, Apure, Táchira y Mérida. Como se observará, el primero y el quinto estados de la lista no pertenecen a la zona fronteriza.

La Guardia Nacional atribuyó este comportamiento al movimiento de bandas que antes operaban en zonas como Táchira y Apure. Uno pudiera interpretar que estas regiones limítrofes están tan saturadas de bandoleros que los grupos menos poderosos se han movido hacia el centro del país, en la búsqueda de mejor fortuna.

En Yaracuy, sin embargo, la gente sospecha que el auge del secuestro está ligado a la formación de bandas de policías corruptos y no tanto al desplazamiento de organizaciones que operan en otros sectores. En diciembre de 2007, por ejemplo, al constructor Ender Ramaglia se lo llevaron ocho sujetos que portaban fusiles de asalto e iban en una camioneta Chevrolet Blazer verde, similar a la que usan los cuerpos de seguridad.

Es posible, también, que la población aún esté impresionada por los secuestros de los hermanos Faddoul y del industrial Filippo Sindoni. En ambos casos, se comprobó la participación de funcionarios policiales. Según las estadísticas, agentes de distintos cuerpos están involucrados en el 17% de los secuestros.

Las informaciones de personas que tuvieron que pagar por su libertad se repiten con tanta frecuencia que el asunto se ha «normalizado». Un secuestro citadino ya no es noticia, a menos que comporte ciertos aspectos que lo hagan destacar sobre el resto. Como el caso de los cinco adolescentes que fueron tomados en agosto cuando hablaban frente al edificio donde uno de ellos vive, en la avenida principal de Cumbres de Curumo. O el de las dos parejas que fueron interceptadas al mismo tiempo, cuando salían del Centro Comercial Concresa, y que aparecieron el 17 de septiembre de este año (2008) en el otro extremo de Caracas, luego de que sus padres pagaran 230.000 bolívares fuertes (106.900 dólares, al cambio oficial). Paradójicamente, en estos episodios lo que más llama la atención es la descarada audacia de los plagiarios y no la destreza de los agentes de seguridad.

Los partes oficiales (que deben ser leídos con sana desconfianza) señalan que 65 de los 397 plagios reportados se resolvieron luego de que las víctimas o sus familiares pagaran alguna suma. Por supuesto, no todas las víctimas reconocen ante las autoridades que han cancelado dinero por su libertad. Aun así, según los cálculos más conservadores, los plagiarios se apropiaron en 2007 de 12,9 millones de bolívares fuertes (5,58 millones de dólares, al cambio oficial). Esto representa un incremento de 17% en el monto neto de los rescates pagados con respecto a 2006. Pero el número de casos en 2007 fue 54% más elevado que en el año anterior. Esto quiere decir que se está cobrando menos en promedio por cada cautivo. El secuestro se populariza, pero también se devalúa.

Esto contribuye a conformar la noción de país cautivo, presa de su propio temor a ser víctima de delincuentes. Como vemos, la lista de potenciales víctimas ha trascendido las barreras socioeconómicas, de género y edad, que antes la circunscribían al ámbito de los ganaderos o industriales, hombres y mayores de 18 años. La niña María Laura Colina cumplió 10 años cuando estaba en poder de sus captores. La sociedad caraqueña se movilizó para exigir su libertad. Un periodista de televisión contactó a la mamá de uno de los plagiarios y en una entrevista ella le recordó al delincuente que él también es padre de familia. Esta presión logró que la niña apareciera sana y salva, luego de mes y medio en cautiverio. No obstante, el daño psicológico y moral para su familia será difícil de reparar.

Los últimos cálculos extraoficiales señalan que Venezuela se dirige este año a un nuevo récord en materia de secuestros. Van 430 casos conocidos hasta el mes de septiembre, y el ritmo indica que para diciembre serán más de 500.[230] Los métodos para secuestrar se han diversificado de tal forma, que ahora las bandas utilizan portales de Internet como el facebook. como hi5.com para facilitar el proceso de escogencia de sus potenciales víctimas[231] La pertenencia a ciertos círculos sociales es un indicador de estatus. Dime con quién andas y te diré quién eres.

Al ritmo en que vamos, por lo menos tres personas fueron secuestradas durante el tiempo que tomó redactar este trabajo. Esta realidad no puede ser negada ni vista de soslayo. El Estado, desde la legalidad, debe enviar un mensaje firme y contundente a los grupos que se dedican a esta actividad. Las presiones de la opinión pública llevaron al Parlamento a aprobar la Ley contra la Extorsión, el Secuestro y Delitos Conexos. La norma tiene aspectos polémicos, como la obligación para la Fiscalía de vigilar los movimientos de las cuentas de todas las víctimas y sus familiares más cercanos. Pero es un punto de partida importante.

Curiosamente, el Presidente ha tenido un retardo inexplicable para refrendar esta norma. Esos son los mensajes, sutiles, pero mensajes al fin, que inclinan la balanza a favor de los secuestradores.

El discurso de guerra y la muerte de jóvenes varones en Venezuela
Verónica Zubillaga[232] y María Teresa García-Ponte[233]

Ser hombre, joven, habitante de sector popular en una ciudad venezolana, implica vivir signado por una altísima probabilidad de morir violentamente. Para los jóvenes de 15 a 34 años, el homicidio y las lesiones –con o sin arma de fuego–, constituyen la primera y segunda causa de muerte, respectivamente, en el año 2004[234].

Los jóvenes venezolanos están muriendo como lo hacen los hombres en un país en guerra: decenas todos los días, centenas en meses, de a miles todos los años. El Salvador y Guatemala, países que vivieron largos y cruentos conflictos armados hasta la década de los 90, y que todavía hoy experimentan los coletazos de estos sucesos, presentaron una tasa de homicidios de 40 y 46 muertes, respectivamente, por cada 100.00 habitantes para la década que inicia el nuevo siglo[235]; Venezuela, que atraviesa un período de alta conflictividad social y política pero que no ha experimentado una guerra oficial, registró una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes[236].

Así, a partir del año 1999, sumando las diferentes categorías de muertes violentas, comenzaron a registrarse más de diez mil muertes; en el año 2006 se contaron 17.604 muertes violentas; entre 1999 y 2006, adicionando las muertes violentas registradas, se contaron 117.100. Y de nuevo, el contraste con países en guerra resulta desolador para los venezolanos: en Guatemala, durante los seis años de guerra (entre 1982 y 1988), se registraron, aproximadamente, 75.000 asesinatos; en Venezuela, en los seis años comprendidos entre 1999 y 2005, se cuentan 99.497 muertes violentas. Y quienes mueren, mayormente, son los hombres jóvenes que viven en barrios[237].

Estas cifras devastadoras revelan las prácticas de matanza sistemática entre y contra hombres jóvenes de sectores populares en este país. Partiendo de este hecho, este ensayo quiere documentar la complejidad de un período histórico, la Venezuela de finales del siglo XX y de inicios del nuevo siglo, donde se verifica la expansión de un discurso de guerra por parte de hombres en posiciones de poder –sin distinciones en su orientación política, en un país que comienza a perfilarse como intensamente fragmentado– que sustentan las prácticas de aniquilación llevadas a cabo por los cuerpos policiales; discursos que se articulan y chocan con los de sentido común, de hombres y mujeres, y se entrechocan con discursos en pugna: los de movimientos alternativos que denuncian la matanza y claman por el derecho a la vida y los de jóvenes hombres de sectores populares.

Así, esta reflexión –que forma parte de una investigación más amplia y que está todavía en proceso– se fundamenta en el examen de los discursos de figuras en posiciones de poder, aparecidos en la prensa a partir del año 1997[238], analizados de la mano de estadísticas que ilustran las prácticas de matanza sistemática que alcanzan su cúspide en el año que trascurre entre 2003 y 2004. En esta reflexión, contrastamos este movimiento con las opiniones de sentido común de la población, recogidas en diferentes encuestas[239]. La complejidad discursiva en la Venezuela del inicio del nuevo siglo se termina de revelar en la pugna entre este discurso de guerra y los discursos de movimientos alternativos[240]. Culminamos este texto con la invitación de discursos emergentes de jóvenes varones de sectores populares, que expresados en un movimiento cultural fuertemente discursivo como el Hip-Hop –a través del Rap– se levantan y se expanden denunciando la violencia vivida y erigiendo propuestas.

La violencia y los discursos de guerra en Venezuela

La violencia de la que hablamos, aquella que tiene como expresión extrema el auge de muertes violentas, ha sido caracterizada como social, urbana, armada e infrapolítica, para destacar la dimensión económica e instrumental de esta violencia, cuyo carácter político se encuentra francamente diluido frente a la orientación de los actores organizados hacia el control de los recursos o actividades económicas clandestinas, como el tráfico de drogas o de armas y el crimen organizado[241]. Se trata de una violencia que conlleva la desmesura y la privatización de la venganza, frente a la cual los estados se encuentran impotentes y debilitados[242], y tiene como sede fundamental las ciudades latinoamericanas con mayor riqueza y donde hay mayor desigualdad socio-económica entre sus habitantes[243].

Uno de los indicadores más resaltantes del auge de esta violencia en Venezuela, como señalamos con anterioridad, es el dramático y sostenido incremento de las muertes violentas contabilizadas por los organismos oficiales, así como la expansión de un miedo totalizante que restringe las rutinas cotidianas de los venezolanos y que en un contexto de impunidad, instauró un definitivo extrañamiento hacia el otro desconocido, máxime si es joven varón de sector popular[244].

Así, explicitemos que uno de los supuestos de esta reflexión es la intrincación entre el discurso y la realidad. En este sentido, siguiendo las preocupaciones fundamentales de una mirada centrada en el análisis del discurso[245], entendemos este último como un medio fundamental para construir realidades[246]; asimismo, lo concebimos como práctica social en sí misma, es decir, como orientación a la acción en contextos particulares; «cuando hablamos hacemos cosas»: exhortamos, ordenamos, declaramos[247]. Por último, también lo entendemos como organizado retóricamente, es decir, en el establecimiento de las realidades a las que aluden los discursos en juego, se verifican luchas por establecer una versión de la realidad o los eventos entre varias versiones en concurrencia[248].

Digamos, entonces, que entendemos como discurso de guerra aquellos enunciados que, en primer lugar, demarcan a un sector de la población como enemigo, al cual se le atribuye la responsabilidad de la violencia que abruma en la cotidianidad a los venezolanos –los delincuentes, que se superpone con jóvenes, varones, morenos, de sectores populares–; en segundo lugar, comprende, también, la definición de la situación del auge de la violencia como guerra, lucha a muerte; y finalmente, como dijimos con anterioridad, siendo definida la situación como una guerra, exhorta a la aniquilación sistemática del enemigo por fuerza de las armas, o a la retirada cuando éstos están en peligro de muerte, dejándoles morir. Detallemos estas ideas.

El enemigo: el hombre joven de barrio

Para 1999, luego de una década de incremento de los crímenes de mayor violencia en el país –la tasa de homicidios se duplicó de 13 homicidios por 100.000 habitantes (1990) a 25 homicidios por 100.000 habitantes (1999)[249]– empezaron a escucharse cada vez más las voces de hombres políticos con «inéditas» soluciones contra la delincuencia.

Desde principios del año 1999, comenzó una polémica fundamental ya que en los titulares de los diarios se reseñó que un Gobernador afirmó: «Policía de Lara no evitará linchamientos de delincuentes». En este artículo se reportaron las órdenes del Gobernador a sus policías: «cuando se trata de los malandros que los vecinos capturan in fraganti en urbanizaciones y barrios, por lo general, azotes de las comunidades, los agentes del orden tienen órdenes precisas de no salvarles la vida. El bandido debe asumir los riegos de sus malos pasos, porque sería el colmo que le brindemos protección al hampa»[250].

Las respuestas frente a estas declaraciones no se hicieron esperar y comenzaron, a su vez, a aparecer artículos de opinión denunciando la violación a derechos humanos fundamentales; editoriales de prensa, artículos de opinión, entrevistas a miembros de organizaciones de derechos humanos tomaron, también, las páginas de los diarios[251]. La lucha discursiva se extendió durante al menos los siguientes ocho meses; meses durante los cuales el Gobernador en cuestión reiteraba su posición y se defendía de las denuncias: «No protegeré al hampa así me lleven ante la Corte de La Haya[252]»; «deseo ratificar por enésima vez mi posición ante el auge de la delincuencia, en el sentido de que no desviaré la atención de la policía para defender a los delincuentes (…)».

«Lamentablemente, mis declaraciones fueron mal interpretadas por muchas personas que dicen defender los Derechos Humanos…».[253]

Hombres que no forman parte del gobierno, pero que tienen acceso privilegiado a espacios donde se construyen los discursos, como la prensa, también participan en la definición de la amenaza: «el hampa» que se extiende y que como una peste nociva y usurpadora es menester exterminar[254]: «Aquí, señores, el hampa es nuestro mayor problema. Hampa por todas partes y a toda hora. Hampa a granel. Hampa impune y supraconstitucional…».

En medio de esta pugna entre discursos, se va construyendo la distinción dominante entre los buenos y malos, el «nosotros y el otro amenazante» que se proyecta en la figura de víctimas y victimarios, donde se concede a los primeros status de ciudadanos detentores de derechos, y a los segundos calidad de seres infrahumanos y malévolos que como solución extrema hay que eliminar.

Y este tipo de distinciones también es operado por la gente que tiene acceso a la prensa cuando se les entrevista para declarar sobre sus muertes. Es el caso de la madre de un joven de sector popular que denuncia a la prensa la muerte de su hijo: «Daniel era un muchacho sano, deportista, sin problemas con nadie, que estaba haciendo el propedéutico para ingresar a la universidad…»[255]. La distinción entre el «muchacho sano» y «malandro» se erige como clasificación fundamental para condenar la muerte y pedir justicia para unos (el muchacho sano) y justificar la muerte del otro (el malandro). Nótese la distinción operada por, de nuevo, una madre que denuncia a la prensa que la policía mató de asfixia a su hijo. Su condena deja claro que ésta sólo tiene valor, sólo es ésta plausible pues su hijo no ha sido clasificado como malandro: «Si mi muchacho hubiera sido un malandro, escondería la cara de pura vergüenza y no pediría que se haga justicia. El cadáver está todo golpeado»[256].

El muchacho joven de sector popular se consolida como el sujeto amenazante por excelencia, justificándose su sometimiento a las más arbitrarias formas de sujeción[257]. La evolución de este saber de sentido común se registra en las encuestas sobre «actitudes hacia la violencia» realizadas a lo largo de los últimos doce años. En la primera encuesta realizada en Caracas en el año 1996 –en el marco de un estudio comparativo donde participaron las siguientes ciudades: Bahía, Cali, Río de Janeiro, San José de Costa Rica, San Salvador y Santiago–, se reveló que casi un tercio de los entrevistados (26,6%) estaba de acuerdo con el hecho de que «La policía tiene derecho a detener a jóvenes que considere sospechosos por su aspecto físico». La importancia de esta proporción resulta evidente cuando se advierte que este porcentaje de aprobación fue el más alto, después de San Salvador, comparado con las otras seis ciudades del estudio. Ocho años más tarde (2004), en la misma encuesta, llevada a cabo esta vez en varias ciudades del país, el 29% de los entrevistados afirmó estar de acuerdo con la detención de jóvenes por su aspecto físico, y todavía tres años después, la encuesta del Observatorio Venezolano de Violencia (2007), una proporción mayor manifestó apoyar estas salidas (32%) con respecto a esta misma afirmación.

Así, desde fines de los años noventa sistemáticamente empieza a aparecer la definición de una amenaza fundamental que se perfila como un enemigo animalizado que hay que detener, aprisionar, y por último, eliminar. Una serie de descriptores peyorativos, degradantes comienzan a definir al hombre joven de sector popular, instalando la aversión y el temor que justificará su matanza sin remordimiento: hampa, seres incorregibles, raticas[258], aberrados[259] o demonios[260], son los adjetivos con los que se les nombra por hombres en posiciones de poder sin distinciones en su orientación política, en un país que se define ya como intensamente polarizado en este ámbito. La expresión más elocuente de esta distinción la constituyen las afirmaciones de integrantes de los grupos de exterminio que comenzaron a conocerse a partir del año 2001, quienes subrayaron la radical diferencia entre los ciudadanos decentes, por un lado, y las raticas y los choros, objetivos de su acción mortífera[261]. Y de nuevo, el ratica y el choro es un muchacho joven.

El paroxismo de esta situación se perfila cuando se construye la categoría del «delincuente potencial» o del «predelincuente» por una de las máximas autoridades en el ámbito de la seguridad ciudadana. Así, en septiembre del año 2000, se reporta en la prensa que: El viceministro de Seguridad Ciudadana dijo que «desde enero hasta agosto pasado, más de 2.000 ‘potenciales delincuentes’ han muerto por venganza o por desafiar a los organismos policiales, «situación que lamento porque es una población joven que podía entrar en el proceso de rehabilitación, pero éstos dejan poco espacio social cuando se caen a tiros entre ellos y con funcionarios policiales»[262].

El delincuente potencial, se advertirá de la expresión anterior, se asocia y es por definición joven, varón, y agregamos nosotros, de sector popular; así, esta categoría prescinde de diferencias y presenta a la población masculina joven como un universo indiferenciado: los delincuentes[263]. Adicionalmente, impresiona de esta expresión, por un lado, la banalidad de la respuesta frente al conocimiento de dos mil muertes: una situación que sólo lamenta; no condena, no exhorta a una averiguación para castigar responsables por actuar de manera ilegal. Por otro lado, llama la atención cómo se legitima la muerte de aquellos que desafían a los organismos policiales; no reprueba la extralimitación de los organismos policiales frente a esos dos mil hombres jóvenes muertos; son ellos los que por dejar poco espacio son muertos; se desprende, en consecuencia, que ameritan morir.

La gravedad de estos procesos discursivos donde constantemente se degrada a un grupo de la población es que precisamente se le extrae su humanidad y se le convierte en seres vivientes que hay que (se debe) eliminar por nocivos, para garantizar la propia sobrevivencia. Precisamente, M. Wieviorka (2004), reflexionando sobre la violencia, subraya el hecho de que en eventos históricos de suma crueldad, junto con la impunidad y el miedo, se lee una larga preparación –que se verifica en múltiples espacios: la familia, la educación, los medios de comunicación– donde se acostumbra a los actores en juego a la cosificación y animalización del otro enemigo y a la idea de que «merecen morir»[264].

Pero años de conversaciones con jóvenes varones con armas revelan que no son anormales o seres deshumanizados; tamaña evidencia: al acercarse y escucharles resulta evidente que son seres humanos respondiendo a las extremadamente inhóspitas condiciones sociales en las que crecieron, de allí que sean decenas de miles implicados en esta dinámica de la violencia armada que mueren y matan todos los años y no una «banda de desviados»[265]. Antes de armarse experimentaron profundas vivencias de amenaza que les hicieron comprender la fragilidad –la banalidad– de la vida; aprendieron la desconfianza protectora y experimentaron la rabia necesaria para defenderse[266]. En sus relatos se advierte cómo padecieron la orfandad de instituciones y organismos adonde acudir para poder preservar su vida, y frente a la abundancia de armas con las cuales fueron amenazados, ellos también decidieron armarse y formar parte de esta Guerra Nuestra[267], como se llamó un libro que forma parte de nuestra literatura urbana de fines de los años noventa[268].

La propia vulnerabilidad y la abundante presencia de armas aparecen con recurrencia en los relatos de los jóvenes varones cuando describen los hitos que marcan su iniciación en un estilo de vida de violencia en un contexto que definen como de guerra[269].

La definición de la situación: la guerra y el auge de las prácticas de matanza

En las declaraciones a la prensa de funcionarios policiales y altas autoridades, de una u otra tendencia política, una y otra vez se definió la situación como de guerra y de batalla:

«Malandros ganan la guerra... por ahora»[270].

«A ganar la batalla. El gobernador manifestó que la lucha contra el hampa tiene que ser sostenida hasta ganarle la batalla»[271].

«La guerra contra la delincuencia requiere de la sociedad organizada, de la Iglesia, los sindicatos, los colegios profesionales, de las ONGs y de la familia. Vamos a reducir la acción delictiva…», afirmó el Alcalde Mayor[272].

«La guerra contra el hampa no está dando resultado, concluyen los defensores»[273].

«El Alcalde Mayor: La guerra contra el hampa será casa por casa» [más adelante expresa que su voluntad política consiste en:] «librar una batalla a muerte»[274].

Y sin duda no olvidaremos el muy célebre slogan de Plomo al hampa con el cual designó el candidato a la Alcaldía Mayor de Caracas y luego Alcalde (el primero Alcalde oficialista y luego figura de la oposición) su estrategia de gestión frente al auge de la violencia en la ciudad. En un diario, justamente se resaltó que el Alcalde: «admitió públicamente que dio órdenes expresas a los efectivos de la policía «para responder con plomo al hampa». Dijo estar consciente de las críticas que recibirá por parte de los organismos defensores de los derechos humanos», anticipándose a los discursos que lo denunciarían[275].

Estas exhortaciones a la guerra, estos llamados hacia los agentes policiales para actuar en una batalla contra una figura maléfica, como profecía autocumplida, fueron preparando y configurando, en efecto, prácticas de aniquilación que se conjugaron en la conformación de grupos de exterminio y en saldos de muertes similares a los de países en guerra que tuvo su cúspide en el año 2004.

A partir de mediados del año 2001 comenzó a reportarse la aparición de los conocidos grupos de exterminio[276], y se señaló que en algunos casos recibían aportes de los empresarios locales[277]. Pero este consentimiento con la aniquilación como estrategia para aleccionar a personas etiquetadas como delincuentes, para fines de los años noventa, ya contaba con aceptación y con el paso de los años esta aprobación se hizo mayor: en el año 2004, una muy alta proporción de entrevistados afirmó asentir con esta actuación. Así, en la encuesta del año 1996, en Caracas, ya se revelaba que un tercio de los entrevistados (32%) estaba de acuerdo con el hecho de que: «La policía tiene derecho a matar a los delincuentes»[278]; en el año 2004, la encuesta de Violencia y Sistema de Justicia Penal registró que casi 40% de los venezolanos (38,4%) aprobó que la policía dé muerte a los delincuentes[279].

Las prácticas de muerte empezaron, entonces, a evidenciarse. Las denuncias por las violaciones al derecho a la vida perpetradas por las fuerzas policiales comenzaron a incrementarse de manera importante. Sin duda, hay que decir que esta práctica tiene una larga tradición. Entre 1989 y 1997, cada año murieron en promedio 140 personas, víctimas de la acción extrajudicial de la policía y el número de casos más elevado de la década de los noventa se presentó en 1993, año cuando hubo 187 muertes. Pero con la entrada del nuevo siglo se registró un número de muertes sin precedentes: en el año entre 2000 y 2001, 241 personas murieron en manos de los cuerpos de seguridad; y en el año que trascurre entre 2003 y 2004, de nuevo, se tiene que más de doscientas personas fueron muertas por la policía: 230 ese año; 201 fueron ejecuciones extrajudiciales[280]. Y quienes murieron son: hombres (96%), entre 18 y 30 años (50%), y menores de edad (13,5%)[281]. Pero si estas cifras pueden recoger la tendencia a la denuncia, otras cifras oficiales registran, también, el horror de las prácticas a las que se someten los hombres jóvenes venezolanos.

La categoría de muertes por resistencia a la autoridad refiere las muertes perpetradas por agentes policiales en situación de presunto enfrentamiento con civiles, no contabilizadas como homicidios. Una mirada en el tiempo sustenta, precisamente, por qué hablamos de prácticas de matanza sistemática: en el año 1990 se registraron 313 muertes; en el año 1999 se registró el doble, 607 muertes perpetradas por los agentes, pero en el año 2003 –año donde se registra el número de muertes más elevado– se cuadruplicaron y se contabilizaron 2.305 muertes consumadas por agentes policiales. En este sentido, entre el año 1999 y el año 2003, las muertes ocasionadas por la policía se incrementaron en un 279%[282] –los homicidios que tanto llaman la atención en este período se incrementaron en una proporción mucho menor (90%)–. Y en esta situación de «enfrentamiento», en el año 2003, murieron 39 civiles por cada agente policial, lo que revela la situación de evidente asimetría entre funcionarios y civiles, y sobre todo, la extrema vulnerabilidad de los civiles[283]. Esta cifra revela además, y sobre todo, el exceso de la situación venezolana.

Los patrones internacionales establecen que la relación de civiles muertos por policía debe ubicarse en cinco civiles muertos por policía[284]. En Buenos Aires, en el año 2001, se contaron 6 víctimas civiles por cada agente policial muerto; en Estados Unidos, para el año 1998, se registraron 6,3[285]. En Brasil, específicamente en Sao Paulo, donde diferentes estudios reportan la violencia policial sistemática, constituyendo un caso paradigmático en el mundo[286], la relación fue de 18,8 civiles muertos por policía para el año 1992, año donde las muertes ocasionadas registraron una muy alta cifra[287]. Y ya vimos que, en Venezuela, esta relación fue dos veces superior en el año 2003.

Así, no resulta desmesurado definir como matanza sistemática la práctica ejercida sobre los jóvenes varones. Si asumimos que el perfil de las víctimas es el mismo que se registra en las denuncias, se puede afirmar que entre los años 1999 y 2006 murieron 11.523 personas en una situación de presunto enfrentamiento con la policía, y estas víctimas eran sobre todo jóvenes varones[288].

Y se trata de una policía que actuaba como agente de una venganza privada aniquiladora; fuerza letal que aplica de facto la sentencia de muerte pero que no resolvía la angustia. A lo largo de los años, el descontento con la actuación policial no hizo sino incrementarse. En el estudio comparativo sobre actitudes hacia la violencia realizado en el año 1996, Río de Janeiro y Caracas tuvieron los porcentajes más altos de desconfianza hacia la policía; «un poco más de uno de cada cuatro entrevistados consideró que la policía era mala o muy mala» (28.7 y 27.6 respectivamente)[289]; en la encuesta del Observatorio Venezolano de Violencia, el 37% de los entrevistados en varias ciudades venezolanas afirmó que la policía era mala o muy mala[290]; y en el año 2008 todavía más, casi 40% expresó su desconfianza con su policía (39,4%).

Y en efecto, un joven varón de estilo de vida violenta[291] con el que conversamos en el año 2001, analizando las estrategias de lucha contra la criminalidad en la ciudad, a saber, el incremento de policías en la calle, y también destacando el uso extralimitado de la fuerza por parte de los agentes policiales, predecía justamente que en esta ciudad la situación se tornaría en guerra. En sus palabras:

«Lo que pasa es que la prensa, yo, no te creas, yo soy un chamo que le interesa leer la prensa, de eso de los atracos»

P- «¿Por qué te interesa leer eso?»

R- «Cónchale, porque es normal; uno siempre tiene que estar informado, qué es lo que pasó, dónde hubo operativo, dónde no hubo operativo, dónde va a estar en el fin de semana, va estar aquí, va a estar allá,...siempre en contra de ellos, entonces cada vez, ¡los sacan más y los sacan más!, y aunque tú no lo creas, aquí va ver una guerra, oíste, una guerra, chama.

P- «¿Por qué tú crees eso?»

R- «Porque hay demasiada violencia y la policía vive en represión. Ahorita viene la guerra y por lo menos la gente que sabe que sus hijos tienen problemas, y la policía se los agarra y se los va a matar...Por lo menos ninguna madre, ningún padre, ningún tío, acepta que le vayan a matar un sobrino en la calle, ¿qué tienen que hacer? Agarrar las armas y echarse en la vía...».

Así, el año que trascurre entre 2003 y 2004, ya lo hemos discutido, constituyó un año donde se registró una muy alta cantidad de muertes violentas y muertes de hombres en presunto enfrentamiento con la policía; ese año las denuncias por la violación al derecho a la vida perpetradas por la policía también tuvieron su cúspide –después de aquella sucedida en el año transcurrido entre 1999 y 2000–. Ese año, asimismo, las afirmaciones de sentido común se orquestaron con estas prácticas y se registró un apoyo muy importante a salidas donde la muerte es una opción considerada como evidente para luchar contra el enemigo: los hombres jóvenes de sectores populares.

Y llama la atención cómo, a lo largo de estos años, este discurso de guerra y la persecución y eliminación de «los delincuentes» se ha impuesto a costa de un discurso de convivencia que sustente prácticas de reconocimiento y asunción de responsabilidades frente a los problemas sociales, políticos y culturales que nos aquejan[292]. En Venezuela, así como en otros países de la región donde se registra una violencia similar, las miles de muertes de hombres jóvenes no se han definido como problema específico o prioritario. Sorprende cómo se habla de lucha a muerte y se aniquila masivamente y no se habla de fortalecer la escuela, de desarrollar programas de empleo juvenil masivos o de programas de atención a jóvenes –hablamos, por ejemplo, de la atención a jóvenes en situación de deserción escolar– para así poder dejar de definirlos como en situación de riesgo y poder entenderlos como potencialidad[293].

Finalmente, digamos que negarle la humanidad al otro es también renunciar a nuestra humanidad, entendida como la capacidad de usar la palabra para reconocer al otro y forjar los acuerdos de convivencia; usar la palabra para negociar algunas veces, y las más de las veces sembrar conflicto como tensión producto de las reivindicaciones aspiradas; como resistencia a las dominaciones insostenibles.

¿Hacia el florecimiento de discursos alternativos?

A partir del año 2005, si bien los homicidios no han disminuido y continúa advirtiéndose la pugna entre organismos oficiales y organizaciones de derechos humanos en la producción de las estadísticas que recogen las muertes violentas[294], el número de víctimas muertas en manos de la policía presuntamente ha disminuido: las muertes por resistencia a la autoridad ese año fueron de 1.355 muertes. Asimismo, las violaciones al derecho a la vida reportadas, también se redujeron comparadas con las contadas en el fatídico año 2003-2004.

En el año 2005 y 2006, dramáticos eventos concentraron la atención de los medios de difusión de información y produjeron movilizaciones de protesta de jóvenes en la calle: la muerte ocasionada a jóvenes estudiantes por agentes policiales en un barrio, evento conocido como el caso Kennedy; y el secuestro y asesinato de tres hermanos estudiantes, los hermanos Faddoul. Este último año, las máximas autoridades en el ámbito de la seguridad ciudadana iniciaron un importante movimiento alternativo a este discurso de guerra, propiciando un movimiento de diálogo y encuentro ampliamente reseñado en prensa y destacado por la diversidad de organizaciones de derechos humanos[295].

La iniciativa para constituir la Comisión Nacional para la Reforma de la Policía (CONAREPOL) convocó a actores de sectores muy distintos como ONGs de derechos humanos, universidades, Iglesia, la policía, empresariado, gobernaciones y alcaldías, Asamblea Nacional, Tribunales y Ministerios, de diversas orientaciones políticas. La originalidad de la Comisión consistió en haber iniciado un proceso de consulta y diálogo donde se utilizaron metodologías muy variadas, tales como una consulta abierta (buzones físicos y electrónicos, servicio telefónico); consulta con sectores específicos (Gobernadores y Alcaldes; directores de la policía; funcionarios policiales; comunidades; movimientos sociales; estudiantes, indígenas, niñas, niños y adolescentes; campesinos, grupos religiosos, empresarios entre otros); consulta con grupos vulnerables (gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y trasvestis; madres de sectores populares; jóvenes de clase media y alta; familiares de víctimas de abuso policial; jóvenes de sectores populares, entre otros); consultas con especialistas y talleres con expertos nacionales e internacionales[296].

En este proceso, durante el año 2006, alrededor de 70.000 personas en el país tomaron la palabra. Coincidimos con sus representantes sobre el hecho de que:

«la consulta nacional sobre la policía agregó un valor instrumental a la democracia porque permitió a los ciudadanos y ciudadanas tener un canal de expresión a través del cual se pudo obtener atención para las demandas sentidas; la oportunidad de aprender unos de otros; formular y delinear valores como sociedad y participar en el diseño de instituciones colectivas[297].»

Palabras alternativas a la guerra comenzaron a repetirse en la prensa: responsabilidad, solidaridad[298]; defensa de la vida[299]; atención a las víctimas de abuso policial[300], por mencionar apenas algunas, figuraron en los textos de los reportajes. Si bien las declaraciones y los informes de organizaciones de derechos humanos han sido cubiertos constantemente por la prensa desde hace al menos veinte años, a partir de abril del año 2006, cuando se constituyó la Comisión, comenzaron a registrarse regularmente en prensa por varios meses, los avances del proceso de encuentros, debates y consultas. Se trataba de un movimiento que, convocado por autoridades de gobierno, comenzaba a concebir la necesidad de un tratamiento alternativo al represivo frente a la violencia en la ciudad y empezaba a preocuparse por la violencia causada desde sus instancias[301].

Sin querer establecer un vínculo simple y directo, resulta ahora interesante destacar que en la encuesta del Observatorio Venezolano de Violencia, aunada al aumento de la desconfianza hacia la policía registrado en el año 2008 –casi 40% expresó su desconfianza hacia la policía (39,4%)–, la proporción de personas que afirmó estar de acuerdo con que la policía tiene derecho a matar a los delincuentes, ha venido disminuyendo en los últimos años: 32,31%, en el año 2007 –recordemos que en el año 2004 el porcentaje de aprobación fue de 38,4%– y todavía más en el año siguiente (2008): (26,99%). Asimismo, otras respuestas que apoyaban el exceso de la fuerza vengadora comenzaron a restringirse en la encuesta: el 23,68%, cinco puntos menos que en la encuesta del año 2004, aprobó que la policía tiene derecho a detener a jóvenes que considere sospechosos por su aspecto físico.

¿Significa que hemos llegado a un punto de horror y nos hemos comenzado a dar cuenta de la urgencia de establecer el respeto al derecho a la vida como acuerdo mínimo para refundarnos como sociedad? Es muy temprano para responder. En todo caso, los procesos de diálogo recientes donde se incluyen universidades, organizaciones de derechos humanos, Iglesia, empresariado, autoridades gubernamentales de diversos sectores, gente de las comunidades, gente de grupos definidos como vulnerables, han demostrado que es posible un fértil encuentro y la concepción de un discurso y prácticas alternativas en el despliegue de estrategias para afrontar el auge de crímenes violentos. Una tregua, un discurso de reconocimiento intersubjetivo de la humanidad que nos convoque a todos para el despliegue de prácticas alternativas luce como urgente para desmontar la monopolización del discurso de guerra y prácticas de matanza en la Venezuela del siglo XXI.

Discursos emergentes: jóvenes varones nos cantan[302]

De su parte, y para terminar este ensayo, digamos que jóvenes varones de sectores populares, aquellos que son temidos y apuntados, han comenzado a enarbolar un discurso y a difundirlo. La denuncia sobre la falta de atención, la situación de precariedad, la falta de oportunidades, la discriminación y la violencia con la que se crece y vive, ha sido formulada por jóvenes de barrios haciendo uso de su creatividad. Diferentes grupos de varones han tomado la palabra en espacios públicos a través de canciones y videos caseros, constituyéndolos en novedosos medios de expresión y denuncia, y también en medios para obtener reconocimiento social dentro de sus vecindarios y redes de pares[303].

Canciones, conciertos y videos vinculados al movimiento Hip-Hop[304] comienzan a circular en escenarios públicos contribuyendo a la penetración de jóvenes varones de barrios en espacios no convencionales para ellos, como son los auditorios de las universidades públicas y privadas; los de los ministerios y museos (entre otros). Así, el Hip-Hop es uno de los escasos recursos que ha permitido a los jóvenes conquistar escenarios en la ciudad y resistir a la indiferencia con la que se enfrentan. Es uno de los pocos recursos con el que han podido establecer puentes con las autoridades locales: dos Alcaldías de Caracas, una afecta al gobierno y otra en oposición, han coincidido en forjar escenarios donde los jóvenes puedan izar sus mensajes. Hablamos de los diferentes festivales donde estas Alcaldías han puesto a la disposición las plataformas necesarias para que estos muchachos se presenten, se exhiban y se prueben a través de la habilidad discursiva o física.

Se trata, pues, de un movimiento donde jóvenes de sectores populares, especialmente varones, a través de canciones, videos, bailes, se constituyen en actores y autores de críticas y propuestas frente a las problemáticas que les conciernen y son, a la vez, los recursos utilizados para obtener la visibilidad que tanto reclaman. Se trata, también, de espacios donde la palabra emerge como medio alternativo para obtener reconocimiento, por encima de las armas o de la negación del otro. No podremos olvidar las palabras de un joven que nos comentó alguna vez que: «Antes malandreaba con las armas y ahora malandreo con la palabra», y de allí la potencialidad de un movimiento cultural que permite a los jóvenes expresarse y forjar identidades reconocidas.

Es cierto que existe una diversidad de géneros dentro de la vertiente discursiva del Hip-Hop, concretamente en el Rap: El Rap de Conciencia, el Rap Gangsta conocido también en el ámbito local como el malandreo; éste último hace gala de la competitividad masculina y la oda al arma, entre otros. Entre uno y otro, hay duelos y enfrentamientos discursivos en los conciertos y en Internet. Pero también es interesante advertir que en medio de esta pugna discursiva, jóvenes activistas del movimiento, que se identifican con la tendencia del Rap Conciencia, organizan conciertos que convocan a todos los jóvenes que se identifican con «La Cultura». Estos conciertos, que pueden reunir entre cien y doscientos jóvenes en su mayoría de sectores populares, han llevado eslóganes como: «Hagan el amor, no la guerra», «No Violencia, Sí Conciencia: que se internacionalice la Cultura Hip-Hop venezolana»[305].

Uno de estos actores, el Núcleo de Desarrollo Endógeno Tiuna el Fuerte, ha organizado «La Gira», que consiste en conciertos itinerantes en los diferentes barrios consolidados de la ciudad. La Gira, se explicita, trata de visitar, poner el pie y realizar una «guerrilla cultural» contra la violencia en los barrios: «Contra la violencia, conciencia». Igualmente, los conciertos organizados por el colectivo «Africaracas» han implicado un importante esfuerzo por difundir este movimiento y presentar a estos jóvenes en espacios que raramente frecuentan: las universidades y auditorios de ministerios.

Así, jóvenes con quienes hemos comenzado a conversar nos han hablado de su necesidad de trasmitir un mensaje, su mensaje. Precisamente un joven llamado Joiner del grupo Instituto Libertad, comentó:

Lo que por lo menos a mí me enganchó de la cultura Hip-Hop fue que a través del Rap que es la música del Hip-Hop era donde yo podía plasmar mi mensaje, cosa que yo no podía hacer, quizás no sé… en un joropo, en una balada. Porque son mensajes muy reales sobre lo que uno vive en la calle, son mensajes muy reales de lo que uno quiere cambiar de la calle; yo pienso que no lo podía haber encontrado en ningún otro género musical y lo encontré fue en el Hip-Hop.

P. -¿Por qué es importante que la gente se entere de lo que está pasando en la calle?

R.-: Porque yo pienso que es algo que nos interesa a todos, todos vivimos en el mundo y todo lo que pasa en el mundo nos concuerda a todos. Y estamos pendientes en la calle de esas personas que a veces no tienen cómo expresarse y nosotros a través del Hip-Hop es una herramienta para dar ese mensaje o transmitir esa necesidad que a veces es la necesidad de ellos, de los demás, es la misma de nosotros. Entonces nosotros utilizamos el Hip-Hop como herramienta para expresar y para, ¿Cómo lo diría? Protestar. Más nada, simple.

Poetas urbanos que tematizan su realidad y la lanzan a través de un discurso, las más de las veces lacerante; jóvenes cargados de lápices y libretas apuntando y expresando lo que ven, como dice la canción de Norris, un muchacho que nos pasó sus letras:

Mi lápiz, mi libreta
Suena como metra
Súmale la cuenta, comenzó la guerra
Asesinatos y delitos
Son los que comentan a diario sin usar escapulario

Este movimiento nos parece relevante, pues es el medio donde han comenzado a hacerse escuchar jóvenes varones, aquellos que han causado tradicionalmente el miedo; aquellos a quienes se les niega; quienes, temidos y condenados, han sido las víctimas de la matanza sistemática que hemos vivido en el país en los últimos años. En sus canciones exhortan a que les escuchemos, reclaman que sepamos cómo viven, nos invitan a penetrar su mundo. La voluntad de forjar un discurso que pide socorro y hace pública la experiencia vivida se traduce en los temas de las canciones que, con esmero, conciben y escriben. Así, los integrantes del grupo «Hermandad Negra» comentaron que escribieron una canción llamada Inseguridad. Cuando les preguntábamos por qué se llamaba así, explicaron:

«Porque refleja lo que pasa en la inseguridad, la violencia callejera, como en la calle se matan, pues, y nadie hace nada, porque eso es mentira lo que sale en la televisión que investigan… No, ese caso queda en el limbo, en un laberinto. Nadie supo, nadie sabe nada, pues. Y no hay seguridad porque… hay más mafia que policías, la policía está más pendiente de matraquearte que de hacer su labor como es. Entonces tú vas en la calle y no sabes quién es quién y yo siempre les digo, yo no confío en nadie y ando siempre en la calle y bueno caminando con Dios, pues, y si el día que Dios decida que yo me morí, bueno… pasé para allá y me tocó morir, son cosas que tienen que pasar y ya. Entonces por eso me reflejé en el tema de la inseguridad, y me identifiqué con esa canción…»

Queremos culminar este ensayo con un discurso lleno de esperanza y propuestas de un joven conocido como Blue en el movimiento:

«Entonces digo que siempre existirán personas que se opondrán o contrarresten el discurso, pero serán cada vez menos, siempre. Siempre va a haber delincuencia, pero siempre puede haber menos. Cosa que el que robe le dé pena, ahorita la gente dice que roba y es normal, pues. Es ser perseverante, y ¿cómo se da esa perseverancia? Si haces que un colectivo se enfoque en ese camino de mejorar el entorno donde están viviendo y aportar soluciones para todo, entonces cada vez más personas van a ser y va a ser más fuerte el movimiento porque cada uno tiene vidas distintas y van a llevar su mensaje por cada sitio donde estén y es como si estuvieran predicando. Es como un criterio, pues.

»Nos da fortaleza para sobreponer o minimizar intereses ajenos al bien común. Cosa de que cada vez que vamos cantando vamos minimizando esas cosas, si cantamos acerca de la corrupción de una buena manera explicando por qué es mala la corrupción van a haber más personas que le van a dar más pena de ser corruptas, o van a haber niños que le dirán a sus papás «Papá, ¿por qué tú eres corrupto?.

»(…)

»…que no hay reglas pero son unos lineamientos lógicos que es la vida… porque esto, más que una cultura, es una cultura del ser humano. ¿Por qué vas a seguir cantando violencia? ¿Vas a seguir matando a la gente? Vamos a cantar de paz, vamos a hacer que la paz sea moda.»

Siguiendo a Blue: Vamos a hacer que se hable de la paz; que la paz sea la moda y no la guerra.

Referencias bibliográficas

Aniyar, L. (1989). «Publicidad del delito e inseguridad ciudadana». Capítulo Criminológico. Maracaibo, Facultad de Derecho, Universidad del Zulia, número 14.

Arfuch, L. (2008). «Crímenes y pecados. De los jóvenes en la crónica policial». Crítica cultural. Entre política y poética. Venezuela, Fondo de Cultura Económica.

Barker, G. (2005). Dying to be Men. Youth Masculinity and Social Exclusion. Londres, Routledge.

Basu, D. y S. Lemelle (eds.). (2006). The Vinyl Ain’t Final: Hip-hop and the Globalisation of Black Popular Culture. Londres, Pluto Press.

Briceño-León, R. y O. Ávila. (2007). Violencia en Venezuela. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Caracas, Laboratorio de Ciencias Sociales, Universidad del Zulia, Universidad Católica del Táchira y Universidad de Oriente.

Briceño-León, R., y V. Zubillaga. (2003). «Dimensiones y construcciones de la violencia en América Latina». Las ciencias sociales en Venezuela a inicios del siglo XXI. Mérida, Universidad de los Andes, C.D.C.H.T.

Briceño-León, R. «¿Tiene la policía derecho a matar delincuentes? Un estudio del apoyo ciudadano a la violencia policial». BRICEÑO-LEÓN, R. y R. Pérez Perdomo (eds.). (2002). Morir en Caracas. Caracas, Universidad Central de Venezuela.

Briceño-León, R., y V. Zubillaga (2002). «Violence and Globalisation in Latin America». Current Sociology, pp. 19-37.

Briceño-León, R. y otros. (1997). «Comparando la violencia y la confianza en la policía en América Latina». Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Caracas, UCV, vol. 3, número 2-3 (abr-sept).

Bodson, Xavier. «La culture hip hop comme mode de socialisation juvenile». BAJOIT y otros (eds.). (2000). Jeunesse et Société. Bruselas, Universidad De Boeck.

Caldeira, T. (2007). Ciudad de muros, Barcelona, Editorial Gedisa.

Callejas, L. y C. Piña. (2005). «La estigmatización social como factor fundamental de la discriminación juvenil». Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe/ El Cotidiano. México, Universidad autónoma de México. Consultado en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32513409

CECODAP (2005). Informe anual Somos Noticia. Situación de los derechos de la niñez y adolescencia en Venezuela. Septiembre 2004-agosto 2005. Consultado en Internet: http://www.cecodap.org.ve/texto/situacion/Montaje%20Somos%20Noticia%202004.pdf

CISOR-CESAP. (2006). Venescopio. Reporte mensual, número 17, agosto-septiembre de 2006. Consultado en Internet: https://issuu.com/venescopio/docs/reporte_venescopio__17

CONAREPOL. (2007). La consulta nacional sobre la reforma policial en Venezuela. Una propuesta para el diálogo y el consenso. Caracas, Comisión Nacional para la Reforma de la Policía, Ministerio de la Cultura.

Daroqui, A., M. Calzado, N. Maggio y C. Motto. (2007). «Sistema penal y derechos humanos: la eliminación de los delincuentes. Una mirada sobre las prácticas y los discursos de la policía, la justicia y los medios de comunicación». Espacio Abierto, vol. 16, número 3, julio-septiembre.

De Freitas, J. «Bárbaros, armados y peligrosos. La eficacia del discurso sobre violencia popular urbana». Amodio, E. y T. Ontiveros (eds.). (1995). Historias de identidad urbana. Caracas, Fondo Editorial Trópikos, Ediciones Faces-UCV.

Downey, Luke. (2005). Ni Guerra Ni Paz. Comparaciones internacionales de niños y jóvenes en la violencia armada organizada. Consultado en Internet: http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5015.pdf

Dreyfus, P. G. y R. C. Fernández. (2008). «Violencia urbana armada en América Latina: otro conflicto». Cohesión social en América Latina: bases para una nueva agenda democrática. Consultado en Internet.

Duque, J.R. (1999). Guerra nuestra. Crónicas del desamparo. Caracas, Editorial Memorias de Altagracia.

El Achkar, Soraya y Riveros A. (2007). «El valor de la consulta nacional para la reforma policial». La consulta nacional sobre la reforma policial en Venezuela. Una propuesta para el diálogo y el consenso. Caracas, Comisión Nacional para la Reforma de la Policía, Ministerio de la Cultura.

Fernandes, S. (2006). «Mambíses, malandros, y maleantes: imaginerías colectivas de luchas y supervivencia en el Rap cubano y venezolano». Revista Iberoamericana, número 217, octubre–diciembre.

Gabaldón, Luis y C. Suyín. (2001). Violencia urbana: perspectivas de jóvenes transgresores y funcionarios policiales en Venezuela. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello.

Gill, R. «Discourse Analisys». Bauer, Martin y G. Gaskell (eds.). (2000). Qualitative Researching with Text, Image and Sound. A Practical Handbook. Londres, Sage Publications LTD.

Gingold, L. (1992). «Feos, sucios y malos. El poder de sentencia de las etiquetas sociales». Nueva Sociedad. Caracas, número 117, enero-febrero, pp. 104-199.

Piña Narváez, Y. «Construcción de identidades (identificaciones) juveniles urbanas: movimiento cultural underground. El hip-hop en sectores populares caraqueños. Mato, D. y A. Maldonado. (2007). Cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización. Perspectivas latinoamericanas. Caracas.

Palmierin, G., C. Ales y E.Donza, E. (2002). «Violencia y enfrentamientos policiales. Civiles y policías muertos en enfrentamientos de los que participaron miembros de la Policía Federal Argentina. Años 1996-2001». Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Consultado en Internet: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/pegoraro/Materiales/Violenciayenfrentamientos.pdf

PROVEA (2000). «Situación de los derechos humanos. Informe anual». Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. Caracas, octubre 1999/septiembre 2000.

PROVEA (2004). «Situación de los derechos humanos. Informe anual». Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. Caracas, octubre 2003/septiembre 2004.

PROVEA (2005). «Situación de los derechos humanos. Informe anual». Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. Caracas, octubre 2004/septiembre 2005.

PROVEA (2006). «Situación de los derechos humanos. Informe anual». Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. Caracas, octubre 2005/septiembre 2006.

Reguillo, R. (2001). «Miedos: imaginarios, territorios, narrativas». Metapolitica. México, vol. 5, número 17, pp. 70-89.

Sainz, K. (2006). Caracas Hip-Hop. Caracas, Fundación Chacao.

Sanjuán, A. (2000). «Violencia y criminalidad en Venezuela». SIC. Caracas, Centro Gumilla, año LXIII, número 627, agosto.

Sanjuán, A. (1999). «Estudio sobre los indicadores de la criminalidad y la delincuencia en Venezuela». Programa Seguridad y Convivencia Ciudadana, Caracas, BID, (Mimeografiado).

Sanjuán, A. (1997). «La criminalidad en Caracas: percepciones y realidades». Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Caracas, vol. 3, número 2-3, pp. 215-254.

Soares, L. y otros. (1996). Violência e Política no Rio de Janeiro. Río de Janeiro, Relume Dumará, ISER.

Wacquant, L. (1992). «The Zone». Actes de la Recherche en Sciences Sociales. París, pp. 39-59.

Wieviorka, M. (1997). «Le nouveau paradigme de la violence». Cultures et Conflits. París, núm. 29/30.

Wieviorka, M. (2004). La violence. París, Editions Ballano.

Zaluar, A. (1997). «Violence Related to Illegal Drugs, «Easy money» and Justice in Brazil: 1980-1995». UNESCO, Discussion Paper N°35, Management of Social Transformations (MOST).

Zubillaga, V. (2007). «Los varones y sus clamores: los sentidos de la demanda de respeto y las lógicas de la violencia entre jóvenes de vida violenta de barrios en Caracas». Espacio Abierto. Vol. 16, número 50.

Zubillaga, V. (2005). «La carrera moral del hombre de respeto y armas. Historias de vida de jóvenes y violencia en Caracas». Revista Venezolana de Psicología Clínica Comunitaria. Caracas, Número 5.

El malandro[306] y su comunidad: violencia en el barrio
Alejandro Moreno Olmedo

Introducción

En estas páginas me refiero a la comunidad local, a aquella en la que el malandro tiene su residencia y en la que discurre su vivir cotidiano; la comunidad de convivencia. El malandro tiene su comunidad y la comunidad tiene sus malandros.

Es éste un tema en el que no se suelen detener los estudios y análisis sobre violencia en Venezuela. Se supone, como punto de partida, que el delincuente violento, el que ejerce su acción con consecuencias letales para las personas, que es el que ha sido objeto del reciente estudio llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Populares, bajo mi coordinación[307], no puede sino ser rechazado por cualquier comunidad de personas no violentas que en ella desarrollan su vida.

Es el caso, sin embargo, que delincuentes violentos y personas normales comparten no sólo el mismo espacio físico de convivencia, exiguo y abarrotado, en el que son obligados los encuentros cercanos por lo estrecho del callejón y lo angosto de la calle principal; sino también una trama común de relaciones sociales en la que se entrelazan las familiares, las de vecindad, las de paisanía, pues muchos provienen de los mismos lugares interioranos de origen, las de compadrazgo, las de amistad o las de simple pertenencia a un lugar: el barrio, delimitado por unas calles, una quebrada, una carretera, un nombre y un patrono del que se celebra la fiesta, recorrido por una línea de camionetas que todos aguardan en la parada y luego abordan, en las que se intercambian comentarios, noticias, bromas, discusiones y hasta peleas.

Una intrincada red, una madeja de movimientos, afectos, percepciones, encuentros, desencuentros, acercamientos y rechazos, solidaridades y conflictos; todo un mundo muy complejo de vivencias constituyen la realidad humana total en la que el delincuente violento convive con otros de su misma calaña y con las personas comunes que se dedican a formas sanas de actividad.

El delincuente y su comunidad

El delincuente incide sobre la vida de esa comunidad cuya cotidianidad sería otra si él no estuviera y la comunidad influye sobre la vida del delincuente, aunque el modo y el impacto hayan cambiado a lo largo del tiempo.

De la investigación a la que me refiero se sacan algunas pistas que marcan una vía de comprensión del enredo, a primera vista indescifrable, que parece constituir el mundo de las relaciones entre el delincuente violento y comunidad local.

Sigamos la pista que nos traza José al narrar su propia historia-de-vida:

«Yo, José Gómez, salí de la cárcel de Tocuyito el año 83. Soy ladrón; fui ladrón de toda la vida. Fui atracadol. También, desde el 77 vendía droga. Vendía droga. Eramos tres convives. Salíamos a robá endrogaos todos fuera del barrio, siempre los viernes a las 5 e la tarde, arrobábamos, atracábamos, por ahí reales. Siempre fui el primero, porque era el jefe del grupo. Robábamos to el tiempo. Yo estaba saliendo con mi compañero favorito que era Calavera. El otro, el Quema; el otro, Cara e Sapo; el otro Johnny, era Johnny. Bueno… Eran muy sicópatas. Entonces, se controlaban conmigo. Robábamos. Hacíamos buenos botines. Recorríamos el barrio a compartí en un carro. Todos ellos andaban conmigo. Recorríamos el barrio a tomar cerveza. En el barrio éramos una gente sana. Nada de… sino era tomando y ayudábamos a todo aquel que necesitara, que tuviera necesidá. Era bien. To el mundo sabía que yo era delincuente, que nosotros éramos delincuentes, que yo era el jefe de todos los delincuentes, de cualquier cosa que pasara mala ahí en el barrio. A mí me decían todo de los muchachos. Entonces, yo los llamaba a capítulo. Todos me hacían caso. En el barrio no había robos, nadien robaba, nadien consumía drogas ande lo vieran los niños, ni nada de eso. Y nadien robaba porque el que robara por lo menos una casa, un rancho, yo lo sabía, porque todos caían a mí porque yo era el jíbaro del barrio. Entonces, todos iban a comprame, a vendeme y a haceme negocio por lo que robaban, por los artefactos que ellos hurtaban. Entonces, yo preguntaba que de dónde procedían esos artefactos. Entonces, ellos me decían: No, de tal casa, de tal fulano. Entonces, yo les decía:

»–¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres por un televisol? ¿Qué es lo que tú quieres?

»Eso eran ciento cincuenta bolívares lo más que ellos… trescientos. Les daba tres puchos de mariguana, o les daba unas pastillas también, que era mandrax. Las cambiaba por eso. Entonces, le decía:

»–Usté vaya y entrega eso donde se lo robó. Póngalo cerquita de donde se lo robó. ¿Me entiende? Que el dueño encuentre su cosa.

»Y le decía: –Espero que no vuelvas a hacer eso, porque si vuelves a hacer eso, ¿entiendes?, yo te voy a envainar, ¿entiendes? Pa que no robes aquí en el barrio. Porque… robando aquí en el barrio, me perjudicas a mí que me la paso aquí en esas cosas, y que nosotros nos la pasamos aquí empistolaos y no quiero que nadie me diga… ni tener problemas con el gobierno por culpa tuya: que te robé una licuadora, o te robé un televisor, o te robé un cualquier equipo de sonido, ¿me entiendes? Entonces, eso no tiene por qué seguí sucediendo y quiero que no suceda. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, espabílese.

»Yo llegaba y les decía todo eso a los muchachos y ellos me hacían caso. Y al que no hacía caso, le daba siquiera dos cachazos en la cabeza. Todos hacían caso. No lo seguían haciendo. Por eso cuando yo, que fui delincuente en el barrio, to el mundo me respetaba y me apreciaba. Ajá. Porque yo era un tipo que nadie me veía malandreando, ni estar pistoleteando, ni nada de eso; y no toleraba eso. Yo venía al barrio era a gastar real; puro gastar real, puro gastar plata y ayudar a aquel que tuviera hambre, que tuviera necesidá, pues[308].»

Estos son algunos de los hitos que nos marcan la pista:

El grupo de delincuentes sale fuera del barrio a hacer sus fechorías.

El grupo tiene un jefe, José, que controla a todos sus compinches, «muy psicópatas».

El grupo recorre el barrio «a compartir», a tomar cerveza, como «gente sana».

Ayudan a «todo el que necesitara, que tuviera necesidá».

El jefe, el delincuente mayor, se hace responsable «de cualquier cosa que pasara mala ahí en el barrio».

Al que se desmandaba «lo llamaba a capítulo» y todos le hacían caso.

Así, en el barrio no se cometían robos ni se consumía droga delante de los niños.

En todo caso, lo robado se devolvía y el jefe se encargaba de castigar, a golpes de culata de pistola, o de compensar con droga de la que era el jíbaro principal.

La razón de todo ese control es la seguridad que los delincuentes necesitan en la comunidad, porque si cometen en ella delitos se ponen en peligro ante «el Gobierno».

Así, el delincuente mayor obtenía el respeto y el aprecio de «todo el mundo».

De esta manera, el delincuente mayor –mayor por jefe y por edad– respetaba y hacía respetar fundamentales normas de convivencia no dictadas por nadie, implícitas en la práctica de la vida cotidiana en el barrio y necesarias para que la comunidad tuviera paz y el delincuente seguridad.

Se establece, pues, un pacto no declarado pero eficaz entre el malandro y sus convecinos: la comunidad no denuncia, permite su presencia como un habitante más con el que se comparte, se intercambian diversión y comunicación, encubre sus delitos que todo el mundo conoce bien, se aprovecha incluso de las mercancías por él robadas y él protege a la comunidad de todo acto de robo y violencia que pueda provenir de agentes externos y de los delincuentes jóvenes incontrolados internos.

La comunidad y sus malandros

Las relaciones entre malandros y comunidad resultan, así, no sólo pacífi cas, sino cordiales, pero las exigencias implícitas sobre las que esa cordialidad reposan son, al mismo tiempo, eficaces controles, también implícitos, que la comunidad ejerce sobre los delincuentes que en ella habitan. Estamos hablando de un control no policial ni gubernamental, sino estrictamente social: la opinión de la gente, las formas del trato, las condiciones para la permisividad, las prácticas relacionales de vecindad y convivencia, etc.

Dos necesidades entran en negociación: la necesidad de seguridad, consideración, respeto y refugio por parte del delincuente; y la necesidad de paz y de seguridad, una seguridad que ninguna policía ha provisto nunca a los sectores populares, por parte de la comunidad del barrio.

Así, el malandro tiene su comunidad, aquella en la que vivir; y la comunidad, sus malandros como puede tener su recogelatas, su borrachín empedernido, su loco callejero, su portugués, su evangélico o su cura.

José es lo que se llama un malandro «viejo». En el momento de narrar su historia tiene sesenta y cinco años. Esto quiere decir que se ha formado como delincuente violento en el período que transcurre entre los años cincuenta y los sesenta, del pasado siglo. En el texto que precede nos presenta toda una manera de actuación personal y de integración social que corresponden a lo que de nuestro estudio se deduce como ambiente propio del mundo popular, hasta finales de la década de los ochenta.

Quedaban huellas de una tradición de convivencia y de una educación de cierto respeto y consideración entre las personas, que hasta los peores delincuentes no tenían más remedio que observar si querían sobrevivir. De hecho, si José llega a pasar de los sesenta años de edad no es sólo por su propia capacidad de eludir los peligros mortales que afronta en la cárcel y fuera de ella, sino también porque tiene como proyecto esa misma supervivencia. Hoy constituye una excepción como hay pocas.

La gran mayoría de los delincuentes «nuevos» muere antes de cumplir los 25 años y ellos lo saben desde muy temprano. Su proyecto no es sobrepasar ese tope de edad. En consecuencia, su relación con la comunidad y la de ésta con ellos va a ser muy distinta.

José, pues, nos testimonia un equilibrio, un pacto implícito entre la comunidad local y sus malandros, que permite una vida de paz y seguridad a un colectivo al que el Estado y sus instituciones le han resultado siempre ajenas y lejanas. Ese pacto no es sino el recurso inteligente y efectivo de un grupo humano abandonado a su suerte y que pone en marcha sus propios dispositivos para la solución de sus problemas.

Crisis de las relaciones tradicionales

Aunque el proceso ya se venía dando, el quiebre tiene un fecha y se origina, por lo menos de manera abierta y propiamente explosiva, el 27 de febrero de 1989. Uno de los efectos más importantes para lo que estamos tratando de aquel acontecimiento, fue, por razones todavía no bien estudiadas, el descenso drástico de la edad media del delincuente violento en el momento de iniciarse plenamente al comportamiento antisocial. Si hasta entonces esto había sucedido en torno a los 17 y 18 años, ahora ese momento se instala entre los 12 y 13 y aun baja hasta los once en muchos casos. Los 16 ó 17 ya no son el inicio sino la temprana madurez de la conducta malandra.

Por distintos motivos, tales como el aumento numérico de los delincuentes en una comunidad, las nuevas armas, mucho más difundidas y mucho más dañinas, la juventud del malandro actual -irreflexivo e instintivo-, la total pérdida de todo rastro de respeto humano y la absoluta inutilidad de todas las policías para controlar el delito y lo peligroso que es recurrir a ellas, el control social desaparece como fuerza real y operante.

Se instala en las comunidades populares una situación de inseguridad y peligro, casi de anarquía y anomia, que las pone con demasiada frecuencia a merced de las explosiones de violencia asesina, de grupos muy jóvenes y muy descontrolados que, a diferencia de los anteriores, ahora roban y dañan a sus mismos convecinos, consumen abiertamente toda clase de drogas y exhiben y accionan sus armas sin ningún reparo.

La posición del nuevo delincuente ante sus convecinos ha cambiado radicalmente de sentido y de significado. El malandro ha roto los únicos límites que respetaba: los de la convivencia en la comunidad. Con eso se ha puesto en contra de ella, no tanto porque la agreda sino porque le da lo mismo lo que piensen de él y la actitud que ante él tome la gente. De esta manera, han desaparecido las posibilidades de convivencia.

El antiguo tenía cierta necesidad de ser aceptado; eso estaba en las entrañas de su formación infantil, tanto en la familia como en el vecindario. Al nuevo no le importa en absoluto si es aceptado o no. La aceptación está sustituida por su capacidad brutal y directa de imponerse, de ejercer el poder total sobre cualquiera, la pura gana. El poder como instinto de muerte en estado puro. Si para los antiguos el otro contaba por lo menos algo, para éstos, el otro está completamente anulado. Sólo se preocupan de sí mismos.

Nadie describe con mayor viveza la situación, que los mismos actores y habitantes del lugar. Veamos la narración de Frank:

«Ahorita por aquí es raro cuando se mete un policía. Los chamitos lo consumen. No respetan a nadie, pues. Se ponen a fumar en una parte y pasan chamitos, señoras, cualquiera y ellos siguen fumando normal y uno se lo ha dicho pero no le hacen nada por no buscarse un problema, pues. Uno les dice las vaina, no le paran bolas, a veces, a veces uno lo que hace es ostinarse y... lo que le puede es caer a tiros o, o agarrarlos y esbaratarlos, pues. Correrlos de aquí. Cuando uno ya... uno ha pasao ya... muchas vainas conjuntamente con el sector, pues. Entonces, uno lo que deja es que la gente de aquí mismo, bueno, hagan con ellos lo que sea y ellos saben quienes son los que consumen y quienes no consumen y conocen quienes son los que se la pasan por aquí. Creo que fue que denunciaron, no sé, cargaban una lista por ahí, que estaba nombrada un poco de gente que consumía drogas y se la entregaron a la policía, pero nunca agarran a nadie. A veces lo agarraron pero... pero ¿qué es lo que hacen los policías? Si tienen rial le quitan los riales y la droga y ya, y se van. No... no se puede, pues[309].»

Frank narra con lamentos y críticas. Según eso, la comunidad hace lo que no hacía con los antiguos, esto es, denunciar, hasta que ve lo inútil e incluso lo peligroso. Frank no ve otra solución que «caerles a tiros», «desbaratarlos». ¿El linchamiento? Frank es él mismo un delincuente que ha vivido esos pasos y ha experimentado el desplazamiento de esos «chamitos».

En otro momento hace la distinción entre el grupo de los malandros ya algo mayores y los «chamitos». Los primeros han aprendido a relacionarse entre sí y han ido adquiriendo cierta sensatez:

«Ya no tenemos... no tenemos problemas, pero... De bandas así como la que estaba aquí antes, no. Todos nos tratamos, todos nos tratamos. Sí, a veces tenemos nuestros piques, pues, que tenemos problemas... peliamos pero después nos arreglamos, pues, porque siempre estamos juntos y ¿cómo vamos a estar peliando entre uno mismo?[310]»

El mundo de los más jóvenes, los que se inician, es otro:

«Ahorita esos chamitos que agarran una pistola, entonces tú les dices algo, entonces te quieren estar malandriando; de que «yo soy malandro», y lo que hacen es equivocarse porque primero fue sábado que domingo. Entonce, eso es lo que ellos no saben. Ellos quieren ser más que todo el mundo y por eso es que tienen los problemas y los matan. Claro, porque se equivocan con la gente que no tiene que ser. Porque si tú sabes que yo estuve en ese tiempo... Tú vendes droga, ¿cómo tú me vas a venir a malandriame si yo sé de eso? O se te alzan porque él tiene una pistola y tú ahorita no tienes. Pero parece que se le olvida a ellos que uno todavía tiene gente en otro lao y uno puede ir a buscar. Lo puede, lo puede. Lo puede joder también, porque como se sienten apoyaos porque tienen padrinos, de que tienen la pistola, y por eso lo hacen. Pero aquí lo que hay es puros alumbraítos queriendo malandriar pero sin nada, no son nadien, pues. Como consumen droga, ellos creen son malandro así, ¡ah! Ya son malandros. No saben nada de nada, pues, todavía[311].»

Se necesita reconstruir la relación perdida

El mismo delincuente, cuando llega a cierta edad, pasa de los veinte años como Frank, se da cuenta de que necesita la solidaridad de su comunidad, pero para obtenerla tiene que respetarla. Ese es el peligro de los nuevos, que ponen en jaque a todos, a los buenos y a los malos. Esto aparece de un modo u otro en todas las historias-de-vida.

Surge en el malandro, ya mayor en edad, un intento por ejercer en los nuevos tiempos el mismo o similar papel que ha descrito José para tiempos pasados:

«Unos chamos, unos chamitos de por aquí. Tienen 15, 16 años, pues, pero ellos querían hacer lo que les daba la gana, ahora, porque como nadie les dice nada, nadie les dice nada; entonces ellos hacen lo que les dé la gana, pues. Pero... no, a mí no me gusta eso porque, entonces, después, uno los deja, deja hacer eso, entonces, después empiezan a robar a la misma gente de aquí. Entonces, que... ¿qué es lo que le provoca a uno? Si uno no llama a la policía, uno mismo acabarlos, uno mismo esbaratarlos, eso es lo que provoca.

»Se quedaron tranquilos, me dieron la razón que... que está bien, que hicieron eso porque estaban drogados y querían rial, pues. Les dije: no, cuando tenga su droga encima, su nota, contrólenla, porque resulta que si roban una persona de aquí, ¿no se meten en tremendo lío? Lo que es peor, que pase alguien que ustedes conozcan y vengan y la roben, ¿no se meten en tremendo lío conmigo? Porque ustedes hacen y... de que los mato, los mato, porque ya saben con quién se meten.

»Entonces, por aquí con nadie se meten, por aquí con nadie se meten porque... como saben como, como es uno por aquí con la gente y la gente misma se le, se le alza, se le alza también.

»Si tú vives en un barrio y tú tienes al barrio de enemigo, no tienes nada. En cambio, tú teniéndolos a todos, que tú te comportes bien con la gente, siempre vas a tener cualquier puerta abierta. Que tú te metas en algún problema y siempre van a salir por ti. En cambio, si tú tienes todo el tiempo un problema con la gente de aquí, lo que hacen es buscar que te maten o que te echen la policía o vas a tener que mudarte o irte bien lejos o meterlo preso[312].»

Esta es la guerra entre el delincuente experimentado y el «nuevo». Y la guerra puede ser a muerte: «de que los mato los mato, porque ya saben con quién se meten». No sólo los amenaza de muerte, sino que confiesa que saben que lo hace, «saben con quién se meten».

El orden necesario

Pudiera parecer contradictorio, pero la realidad es que un delincuente exige orden. Si no lo hay, se halla a merced de quien le quiera matar y, encerrado como está, no tiene escapatoria. Es la experiencia de que puede haber un delincuente peor que él. La racionalidad es una necesidad, un instrumento necesario. Sin alguna racionalidad, algún orden no sometido al arbitrio, no se puede vivir. El desorden, la anomia a la que el mismo delincuente está adscrito como línea de su vida, se vuelve en su contra cuando es él quien cae bajo su dominio, cuando la anomia la ejercen los otros. Por eso exige todo lo contrario de lo que él siempre ha hecho, la vigencia de unos valores que nunca ha respetado. Ello no quiere decir que la experiencia lo corrija. Recurre a ella para defenderse, pero, cuando salga de la situación volverá a su propia anomia.

Por el orden clama José en medio del orden arbitrario que impone la autoridad en la irracionalidad de la cárcel:

«Yo estoy en plan de irme pa la calle. Ojalá y sea rápido, chico, porque esta vaina… esto es insoportable; uno no puede hacer nada, chico. Uno aquí requiere orden, ¿entiendes? Pero, bueno, tranquilo. Yo sé que estoy preso.

»Me dice… me dice el guardia que estaba… me dice (con desprecio)…: –Tú eres penado, chico, tú estás a la orden de nosotros. Si nosotros queremos, te matamos a ti y nadie lo ve, nooo…

»Y yo: –¿A los que estamos aquí?

»–Síii… Nosotros aquí estamos, el orden, que no se les olvide, lo ponemos nosotros como a nosotros nos de la gana[313].»

De cómo es de peligrosamente caótica la realidad de un barrio cuando los malandros de toda edad pululan en él, sin control de nadie, nos da una idea bastante aproximada Nelson:

«Entonces, más o menos cuando tenía como 17 años decidí irme de aquí; vi que aquí no era mi mundo; mataron a varios amigos míos. Esto era aquí tiro todo el tiempo. Se metía la policía, se metía la guardia. En una oportunidad se metieron los Disip encapuchaos, me acuerdo yo. Estaba con Henry y estaba con el Negro, con el Culón, a él le dicen el Equis. Estábamos los tres con una pistola caminando por ahí, por los callejones, por aquel lao. Entonces, de repente, yo traía la pistola en la mano y yo veía que me venía un tipo con las manos levantadas. Y yo pensé que estaba echando broma y me le estaba acercando así, cuando veo bien era la policía y tuvimos que ¡salí corriendo! por debajo y da la vuelta completa pa salí por aquí arriba. Y los carajos nos estaban persiguiendo y vaina. Entonces, nos escondimos y vaina. Ahí no pasó a mayores... Luego, este, en otra oportunidad también... este... Ah, una vez, nos pasó también que estábamos por ahí montados en una platabanda fumando mariguana y vaina, los tres, y de repente pasaron unos chamos por un lado, pero nosotros no los vimos. Y bajaron una escaleras y abajo estaba un chamo parao en una esquina y le dieron un poco e tiros. Y nos estaban buscando a nosotros. También, ¿para ver?, en otra oportunidad... Este... porque ellos mataron un chamo allá arriba, que se la pasaba con nosotros. Entonces, nosotros bajamos con dos pistolas. Y los chamos estaban jugando básquet y le entramos a tiros a todo ese poco e locos que estaban allí (se ríe). ¡A to ese poco e bichos! Le entramos a tiros y salieron corriendo ¡Ay! Y más atrás nosotros nos devolvimos. ¡Pum! Después, cuando llegamos aquí arriba, más o menos como 15, 20 minutos, media hora, subieron ellos otra vez también para acá y nos entraron a tiros por allá, pero nosotros no estábamos por allí. Yo por lo menos estaba aquí en mi casa y el Negro también estaba en su casa. El Culón... el chamo ese está muerto; a él le dieron un tiro. El bajaba por lo menos al mercado en las mañanas. Yo a veces me iba con él, a veces, muy pocas veces. Nos robábamos las frutas en los camiones y las vendíamos, que era... de esa manera también conseguíamos la plata. ¡Pero estaban los problemas! En una oportunidad el Culón y yo solo nos prestaron una escopeta... y bajamos en un callejón por allí y asaltamos a unos carajitos. Después, los chamos nos querían jodé y me agarraron a mi por aquí atrás, pero el chamo no me reconocía, no sabía que había sido yo porque estaba de noche, y se fueron. Entonces, se presentó por allí un problema con otro chamo. Esos chamos nos querían jodé a nosotros por eso y vaina[314].»

Cuando el orden necesario para la convivencia humana en un barrio no lo impone el Estado porque ninguna de sus instituciones funciona adecuadamente y no sólo las que estarían implicadas en el problema de la delincuencia al que me estoy refiriendo, como las distintas agencias policiales, sino todas las que tienen que ver con los servicios imprescindibles y básicos –uno nunca sabe, por ejemplo, cuándo va a llegar el agua, a qué horas, a cuántos días de distancia, si será suficiente para llenar los tambores de depósito, si llegará a la parte alta o sólo a la baja, etc., la comunidad tiene que arreglárselas. Ya se ha visto cómo en un tiempo establecía pactos tácitos con los delincuentes. Pero, cuando los mecanismos tradicionales y experimentados como eficaces empiezan a fallar, hay que producir otros.

En los casos extremos, y en momentos de auténtica desesperación, puede recurrirse al terrible expediente del linchamiento, más frecuente de lo que se suele reconocer públicamente. Ya he señalado cómo Frank se mueve entre el intento de una influencia ordenadora similar al pacto clásico y el impulso desesperado hacia el homicidio de los actores del desorden.

El nuevo orden

Las aguas, sin embargo, pueden volver a un cauce aunque no sea el mismo, ni igual.

Yovani tiene ahora 28 años. Ha superado, pues, la edad crítica de los 25 y se encamina a ser un malandro «viejo», un sobreviviente excepcional. Habla poco y con pocos, organiza con inteligencia y sobriedad, pero es implacable y frío cuando las circunstancias se lo exigen. Se erige como el hombre fuerte de su barrio.

Jean Carlos es un dirigente social, un líder popular por decisión propia que, sin ninguna conexión política y sin ningún cargo oficial, desde muy joven ha dedicado su tiempo libre a organizar actividades educativas extraescolares y de orientación moral para los niños y jóvenes de su barrio, en conexión con una presencia de la Iglesia Católica. Nos dice:

«Yo trato a Yovani porque tengo vínculos familiares con él y especialmente cuando empiezan los peligros de unos y otros, las peleas por el terreno entre ellos.

»Esas peleas empiezan porque cada quien quería ser más fuerte que el otro. Había varios. Estaba Cheo que quería su terreno, Juancito que quería el suyo, todos de la parte de abajo del barrio. Y allí estaba también él y los suyos. Arriba estaba el otro grupo, el de los colombianos. Cuatro grupos que querían quedar solos. Al final se quedó él dominando el patio. A Cheo lo sacan a la fuerza, lo hacen correr y se desaparece. No lo mata. A Juancito lo para con una tregua. Con eso lo inutiliza y él se tiene que ir. A la gente de arriba, al grupo de los colombianos, se los quita de encima a punta e plomo. No tengo idea de cuántos murieron, pero fueron por lo menos, cuatro o cinco. Fue la pelea más fuerte. De abajo no murió nadie y todos se le unieron. Había un quinto, es verdad, que era bien fuerte, Cachicamo. La culebra con él fue porque quería quitarle el terreno, pero a Cachicamo se le abrió una oportunidad cuando estuvo preso porque se empató con la madre de un compañero de pabellón y con ella dio un brinco a niveles muy altos del comercio de droga, hasta internacional. Se fue y la culebra se murió. El otro día por poco si de nuevo se arma el tiroteo entre ellos, pero fue un error. Llegó Cachicamo por ahí con tremenda camioneta de muchos millones y un tipo del otro barrio, de Agua Fría, se vino a tirotearlo. El creyó que eran los de Yovani y ni Rambo, pues. Se terció a la espalda una metralleta, se armó con dos pistolas atrás, otra en la izquierda y una bolsa con dos granadas y proyectiles en la derecha. Se fue barrio abajo a buscarlos. Los pegó contra la pared a toditos como si fuera un policía. Ellos le dijeron que no tenían problema con él, que estaba equivocado. Vinieron bastantes carros y motos de la policía, pero salieron corriendo. A toditos los hizo correr. Dijeron: No, con ese loco no nos vamos a meter. Estaba mejor armado que todo ellos.»

De este modo Yovani se convierte en el hombre fuerte del barrio. Domina todo el mercado de la droga y administra y dirige el delito y la violencia de sus compinches. Pudiera ser un jefe de banda que no se mete con sus vecinos, pero que se mantiene como un cuerpo parasitario de la comunidad sin intervenir para nada, ni positiva ni negativamente, en ella. No es así. Se erige como una figura análoga –análogo en el sentido en que lo tomaban los antiguos filósofos escoláticos, totaliter aliter, secundum quid idem, esto es, totalmente otra cosa, sólo en cierto modo igual— a la del José que conocemos.

En primer lugar, las cosas en la comunidad funcionan bien y pacíficamente porque Yovani nunca se ha metido con nadie del lugar. Una vez despejado el panorama se está mejor, más tranquilo, porque él con los suyos han sacado a toda la gente extraña y que en el barrio se refugiaba, tomándolo como escondite cuando eran desplazados de otro sitio. Además no deja entrar a nadie, especialmente a los de Agua Fría, barrio en el que no se han resuelto aún los enfrentamientos y la violencia está desatada.

«Si alguien del barrio sube pa Agua Fría –dice Jean Carlos– allí lo matan. Entonces, ellos no dejan entrar a nadie p’acá tampoco. Sólo dejan entrar a gente que esté con ellos, del resto no».

Le pregunto: ¿Ellos impiden que venga gente de fuera, de otros barrios, a cometer algún tipo de fechoría aquí? ¿Protegen al barrio?

Responde: «Ellos no dejan. Cuidan el barrio con respecto a eso. Si viene alguien a provocar, ellos lo saben y lo sacan a la fuerza. No van a dejar que aquí se meta nadie. A algunos de aquí les ha pasado alguna cosa, como robo, y ellos resuelven. Ellos buscan la forma, si le han robado, de recuperar. Aunque haya pasado en otro sitio, fuera de aquí. Yovani tiene muchos contactos por todo eso, entre bandas y eso, y resuelve».

Pero el nuevo hombre fuerte no se queda ahí.

Jean Carlos narra lo que sucedió en las fiestas patronales de la comunidad en las que actuó como parte de la comisión organizadora:

«Ellos lo que hicieron fue… por lo menos, que les dijeron a los malandros de los otros barrios que ellos conocen telefónicamente y a to el mundo: mira, los que vayan a vení p’acá, que cero droga y cero nada. Aquí nadie tiene que vení armao ni na. Lo que pasa es que la policía está acostumbrá pa las fiestas que hay ahí, a está matraqueando. Ellos van a buscar hasta el mínimo fallo pa que les den real. Basta que tú… así tengas todo legal, y les digas que no les vas a dar nada, entonces ellos vienen a querer fastidiar. Entonces éstos –Yovani y los suyos-- acuden a la gente de ellos, pues. Entonces acuden a la gente de ellos y: no, no, aquí no queremos ningún problema, aquí no queremos ningún tipo de nada pa que la policía no esté fastidiando.

»La gente no fue a la policía. La fiesta la estábamos haciendo nosotros. Yo me metí a organizar la fiesta con la gente del consejo comunal. Entonces, con to y eso, la policía viene a martillar. Vienen diciendo que tú tienes que pedir las cosas con tiempo, que tal. Pero con todo y con eso, igualito. Si ponen el carro de policía ahí, hay que darle plata. Entonces, uno, como está haciendo algo pa la comunidá y no está buscando ningún beneficio pa uno, entonces, ¿qué plata le va a da? ¿Qué plata le puede dar uno? Nada, no tenemos. Sin embargo, ahí se le dio algo de plata pa que no fastidiaran. Y los malandros, que son los que pueden vení a jodé to el tiempo, ya uno lo habla con los malandros: mira, nosotros lo que queremos es que paren esto y esto y esto. Ellos paran los problemas que hay que entre ellos: mira aquí no queremos nadie armao y eso, y hacen caso.

»Y ellos cuidan la fiesta. Claro, porque ellos están metíos entre la gente y el que fastidiase ellos saben cómo lo van a parar. Claro, y están regaos en toa la fiesta, y están pendientes que no va a haber una discusión, que no haiga esto y esto. Y son más confiables que, que… je, je… es más confiable que con la policía. Con la policía tú no puedes hablar, con ellos sí. Y ellos protegen mejor, pues. Y así funcionó bien. Tanto que no hubo ningún problema, pues.»

Con los malandros se puede hacer pactos en las tramas relacionales propias del mundo-de-vida popular venezolano. Y esos pactos son seguros mientras no lo son, en cambio, los que se hacen con la policía. Pero además, Jean Carlos afirma, por larga experiencia y sin rubor ni vergüenza, «sin que le quede nada por dentro», como se suele decir, que Yovani y los suyos son más confiables que la policía. Esta realidad, no la sola afirmación, será terrible pero es la que existe, la que experimentan los vecinos de las áreas populares.

Pero Yovani hace más a favor del barrio. Actúa cuidando a los niños para que no incurran en el consumo de drogas y no se orienten por malos caminos. El, que está bien mal encaminado y no piensa retroceder, se convierte en apoyo de quienes desinteresadamente dedican su tiempo por la comunidad.

Sigue Jean Carlos:

«Igual con los niños. Con los niños depende de lo que uno haga. Yo como dirigente juvenil, tengo que congraciame con ellos en la forma en que tengo que decirles: coño, que no le vendan vainas a los carajitos que uno tiene que… Uno tiene que andar detrás de ellos, que no vendan nada a carajitos. Y si hay un carajito que quiere comprar una vaina, ellos se lo dicen a uno: mira, aquí está pasando esto, así que tengan cuidao con este muchacho y este muchacho. Así ya uno toma ahí acciones.»

¿Qué puede hacer la gente de la comunidad que tiene que convivir con sus malandros? Son suyos. ¿Cómo no los va a tratar, cómo se los va a poner en contra, como no los va a tomar en consideración si, además de todo, la protegen mejor que los organismos del Estado?

«Yo no los puedo desechar –comenta Jean Carlos– yo vivo en el barrio y tengo que estar con ellos ahí pendiente. Yo no manejo el barrio, ellos sí lo manejan, prácticamente. Nosotros como Centro Juvenil –la organización de la Iglesia a la que pertenece– y ellos como malandros que son, pero hay que hablar con ellos, pues, hay que cuadrar con ellos pa que no le hagan nada, ni a los muchachos, no le hagan nada ni le vendan nada. Y él está muy pendiente de eso. Habrá otros que no, pero él sí está muy pendiente de eso. El tiene su negocio pero eso es otra cosa.»

Cuando la comunidad asume sus malandros y los toma en consideración, la comunicación fluye y la seguridad funciona. Esto no impide que ellos sigan delinquiendo e incluso asesinando a sangre fría, pero eso a la comunidad local no la afecta directamente. Es su negocio y es otra cosa, como dice Jean Carlos. Ellos, por su parte, se integran a las actividades del barrio, participan y colaboran en una red muy intrincada, y hasta contradictoria, de relaciones.

Jean Carlos y, con él, la gente del barrio en general, lo tienen claro:

«En el momento actual, todo está bien. Ahora no hay problemas, uno habla con él y todo chévere. Más que nada ahora están pendientes del deporte, de los juegos y todo eso. La mayoría de los que son malandros, que se la mantienen ahí, se meten a la cancha y están pendientes de los juegos y de toas esas cosas. Ahorita ellos están metíos de lleno con esto. Incluso a las reuniones nuestras que son los martes vienen algunos de ellos que echan bromas, pero ahora están jugando futbolito y eso. Uno aprovecha pa decirles las cosas y ellos las agarran de otra forma, porque no es lo mismo decirle algo en la calle por ahí, que yo le diga: mira, tú, tal cosa, tal y tal, así tal cosa. Ah sí, bueno, tranquilo, no hay problema. Tienen hasta equipo, un equipo de futbolito. Están jugando. Juegan, pues. Es como si financiaran el equipo. Sí, financian el equipo. De hecho, les compran el uniforme y todo. Ahí están sacando un equipo de kikinball de mujeres y los que están financiando son ellos. Porque ni siquiera nosotros nos hallamos capacitaos pa eso. Si me piden que financie el equipo de kikinball yo no puedo. Sin embargo, ellos sí, ellos sí pueden. Por lo menos comprar los uniformes y esas cosas».»

¿Tendría que ser rechazada esa financiación por motivos morales? ¿Qué sería peor? ¿Puede enfrentarse la comunidad a sus malandros por escrúpulos de ese tipo, ciertamente muy justificados pero quizás muy poco prácticos para la convivencia, la única posible, aunque sea un tanto precaria e implique alguna complicidad?

Las relaciones humanas, a la manera convivial, propia del mundo-de-vida popular venezolano, son el caldo de cultivo propicio para que la vida pueda fluir en paz. Jean Carlos lo expresa de manera convincente:

«Eso de estar en la cancha y hablar con ellos, eso da mucho más respeto al Centro Juvenil. Y es eso, uno tiene que estar con ellos, uno tiene que vivir ahí. Uno no hace nada de lo que ellos hacen, pero uno tiene que estar con ellos ahí, tomarlos en cuenta por lo menos, que es lo que ellos buscan, que los tomen en cuenta. Son carajos que tienen sus problemas y piensan, y tal, y uno está con ellos: coño, mira… Se sienten bien. De hecho yo en estos días que he estao ahí en la cancha, que me siento con ellos, ellos se quedan ahí y empiezan a hablar con uno y dicen: caramba, qué bueno que nos toman en cuenta. Así tenemos que hacer, nosotros vivimos en un barrio y tenemos que tomarlos en cuenta y ahí es donde yo les hago hincapié pero no por ello llega que tenemos que estar cometiendo fechorías ni nada de eso, no , no. Eso es lo que se busca, que no haiga fechorías aquí en el barrio ni nada, todo está mucho más tranquilo. Uno tiene que meterse en ese ambiente. Con mucho cuidao porque también hay que tener cuidao dónde uno se va a meter. Yo lo hago porque hasta ahora, gracias a Dios, no me ha pasao nada. Pasa algo y salgo corriendo. Por eso es que yo siempre que salgo así a la cancha y a los juegos, que a veces voy tarde y eso, ellos se sientan ahí en la calle; eso ni venden ni consumen ni nada; ahí no les gusta que los busque nadie, si acaso alguna cerveza que alguien se la vende, pero con una cerveza se la pasan. Y ellos se sienten bien. Se sienten bien, primero, porque se divierten; van con los hijos, van con las mujeres, se divierten ellos, se divierten con los muchachos, y se sienten bien. Por lo menos, tienen ese poquito de ser humanos, ¿no?, que no son salvajes y no están en eso de matar y joder… Cuando los buscan, bueno.»

De hecho, Yovani y los suyos ejercen las funciones de seguridad mucho mejor que la policía.

«La policía fastidia –sigue Jean Carlos– la policía no sabe quién es quién, quiere someter a las personas y ellos no, ellos sí saben quién es quién, quién jode, quién no jode y le paran a uno, se la llevan bien con uno. De hecho, yo paso por ahí y con migo no se meten. Tampoco se meten con la gente. A menos que tengan problemas.

»Con la policía no quieren nada. La policía lo que hace es martillarlos. Ahora, otra cosa es los que tienen amigos dentro de los cuerpos. Ellos les compran las armas y los proyectiles a sus amigos; los que tienen dentro de los cuerpos. Los amigos les venden pero yo no me meto hasta allá. Hasta allá sí no me… ¿Quién más lo puede vender sino los policías?

»Los secuestros los han parao en seco. Los han parao desde que desapareció Andresito y no se sabe si está muerto, no se sabe dónde está. Hicieron corré al Portu, otro que vivía ahí en el barrio tuvo que irse de ahí, otros han caído presos, y los de ahí, los que están cerca, los han hecho correr ellos mismos porque no querían más problemas ahí porque a Yovani lo habían martillao varias veces pensando que era secuestrador y no lo ha sido nunca. Entonces, tuvo que imponer su autoridad, pues, y hacerlos volar, pues: a secuestrar pa otro lao. Si vienes por aquí, te mato. Ahí juega muy buen papel, de paso».

¿Un poder alternativo?

Tenemos, pues, dos modelos de delincuente «mayor», en edad y en poder, que ejercen una influencia de protección y seguridad sobre la comunidad popular en la que viven y a la que pertenecen: José, en los viejos tiempos, y Yovani, en los actuales.

Ambos cometen sus crímenes y asaltos fuera del barrio, controlan las acciones de agentes externos potencialmente peligrosos para sus habitantes y las de los propios compinches, –una vez que han eliminado las bandas contrarias y los elementos díscolos–, comparten las fiestas y las actividades de todo tipo con sus convecinos e incluso aportan recursos para ellas, están integrados en tramas familiares tanto por sí mismos como mediante sus mujeres, que suelen ser varias en simultaneidad y en sucesión, y los hijos en ellas habidos, y podríamos seguir. La comunidad, por su parte, responde estableciendo y manteniendo con ellos vínculos de vecindad, de tolerancia y de interacción, mientras ellos respeten y protejan.

¿No tenemos aquí el germen, e incluso la instalación, de un poder ya bastante desarrollado, que compite exitosamente con el poder nunca bien establecido del Estado y sus instituciones?

Cuando en la Europa central, la organización estatal implantada por Carlomagno se disuelve y se instala en el territorio del antiguo imperio una total anarquía, –el dominio de los malandros de entonces incontrolados que a todos agraden y amenazan–, la gente se reúne en torno a un hombre fuerte en las distintas localidades con el que establecen vínculos personales. Así se constituyen las bases para los múltiples señoríos de los que se origina toda una forma de organización política y social que se llamó feudalismo. Cada feudo tuvo su propia autoridad, su propio centro de poder identificado en el hombre fuerte, capaz de proteger a los que con él estaban vinculados, no por instituciones sino de manera personal, y recibir de ellos sumisión y vasallaje.

Puede parecer arriesgado hablar del surgimiento de una especie de organización comunitaria en nuestros barrios, espontánea y, al mismo tiempo, necesaria e inevitable, análoga –totaliter aliter, secundum quid idem– a los primeros tiempos del feudalismo, esto es, formada en torno al hombre fuerte del momento, independiente de hecho de las instituciones del Estado y que cumple mucho mejor que éstas todas las funciones de protección y orden que las comunidades necesitan.

Es claro que no se puede hablar de aislamiento total, como fue el caso histórico al que me he referido, ni de total autarquía, pues los tiempos actuales y las realidades de nuestra sociedad lo hacen imposible, pero sí se puede hablar del surgimiento de un poder local, alternativo y dotado de cierta autonomía con respecto a los poderes centrales, hoy ejercido no por «el hombre justo» del barrio, sino por «los valientes», para evocar un episodio bien conocido de nuestra historia.

Este fenómeno se está presentando en múltiples escenarios y pareciera ser el resultado normal de las luchas entre delincuentes, cuando uno de ellos logra imponerse «a punta e plomo» sobre sus rivales y, además, entenderse, más de manera implícita que expresa, con sus convecinos.

Todo esto nos está indicando a quienes nos preocupamos por comprender los acontecimientos sociales, que estamos ante un fenómeno cuyo estudio no podemos eludir. Entenderlo como simple tiranía del delincuente y ejercicio brutal de la violencia para someter por el miedo a los habitantes de un sector popular, si bien puede explicar casos reales pero aislados, es desatender la necesidad de orden, racionalidad, paz y seguridad que todo grupo humano exige para poder seguir viviendo, necesidad que de alguna manera tratará de satisfacer dentro de la legalidad institucional cuando funciona, pero fuera de ella cuando no cumple su cometido.

Pero, sobre todo, plantea un problema mucho más de fondo: la necesidad de un poder local real, del pequeño municipio –no esas macroentidades que se llaman así, pero que no se diferencian de los antiguos distritos–, llámese parroquia, comuna o con cualquiera de los muchos nombres que la tradición hispánica ha producido para esa organización política natural de base, que represente y cohesione a la comunidad de convivencia, la que ya hoy se siente formando una totalidad con una identidad, unos intereses comunes, una delimitación territorial establecida, aunque no sea oficialmente sancionada ni reconocida, unos símbolos compartidos –un patrón, unas fiestas, un nombre–, unos centros de intercambio por muy exiguos que sean, etc.

Esto no lo cumplen los llamados «consejos comunales», pues no surgen de la convivencia misma de la totalidad de los habitantes, sino que son artificialmente creados para fines determinados, no unen a la comunidad sino que la dividen en sectores fijados por otros y no son propiamente autónomos sino sometidos en todo al poder central. Los consejos comunales son una manera manipuladora de eludir la necesaria entrega del poder al pueblo.

Me atrevo a afirmar que la comunidad de convivencia, por el hecho de existir como tal, genera el derecho de ejercer control sobre sus propias circunstancias y orientar hacia el futuro su propia vida. Esto es, la comunidad de convivencia produce de sí misma el poder político sobre sí misma, y tiene derecho a que le sea reconocido y respetado por los poderes más amplios, regionales y nacionales. Ese es el poder que al pueblo concreto, el que vive en pequeñas comunidades dotadas de coherencia interna y capacidad para autogobernarse, le corresponde. Ese pueblo no le ha entregado nunca su poder a nadie; de él ha sido despojado. No se trata, pues, de devolvérselo como una dádiva, sino de reconocérselo como acto de justicia. Si eso no se hace, surgirá por su cuenta y estará expuesto a realizarse en formas desviadas, extrañas y aun delictivas.

Sólo con el pequeño municipio, hecho realidad política y administrativa, se evita el dominio del «hombre fuerte», a la vez delincuente y activista social, y se hace al ciudadano responsable y actor de la convivencia.

Referencias bibliográficas

Moreno, A. y otros, (2007), Y salimos a matar gente. Maracaibo, Universidad del Zulia, dos volúmenes.

La violencia en los barrios de Petare (Caracas)
Gloria Perdomo y Helen Ruiz

Petare es una parroquia urbana, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, con una población que las cifras más conservadoras estiman en 750.000 residentes, quienes han conformado más de 800 barrios urbanos, de los cuales una alta proporción vive en condiciones de pobreza, lo que se evidencia en desempleo, ingresos familiares esporádicos e inestables, hacinamiento en viviendas, ausencia o precariedad de servicios básicos como agua, disposición de excretas, vías de acceso, transporte, entre otros. En esta realidad abundan las manifestaciones de exclusión social, como se aprecia en los miles de niños y niñas que crecen sin alimentación suficiente y adecuada a su edad, por lo que muestran signos de desnutrición y de una talla inferior al promedio; son miles los niños, niñas y adolescentes que no logran poseer documentos de identificación, quienes crecen así, al margen de lo formal, que no son inscritos en la escolaridad básica y quienes trabajan para sustentar su hogar, realizando actividades no cónsonas con su desarrollo físico, creciendo en viviendas inadecuadas, precarias y riesgosas, en zonas donde no cuentan con servicios educativos, recreativos y culturales que contribuyan a su protección y formación integral. Son miles los niños y niñas de esta zona cuyo cuidado y formación básica dejaron de ser prioridad de sus familias, porque sus padres están ausentes y las madres enfrentan, a diario, las dificultades propias de la supervivencia económica; mientras las madres trabajan, los hijos quedan solos en sus hogares, expuestos a situaciones para las cuales no están plenamente preparados.

Pero aquí queremos destacar que la violencia, en particular, la violencia armada y delincuencial, se viene imponiendo como el signo distintivo al que la población, en general, asocia a Petare. Esta zona es calificada como sector de alta peligrosidad, por el creciente volumen de delitos que aquí ocurren o que involucran a sus habitantes como víctimas o victimarios en hechos de violencia: muertes, tiroteos, secuestros y robos. En este contexto, la violencia tiene distintas manifestaciones, algunas de las cuales venimos conociendo a través del trabajo social y comunitario que realizamos desde hace ocho años continuos. En esta zona, apreciamos la gravedad de la violencia que se comete contra los niños y las niñas, o la agresión continua a la que están expuestos desde la más temprana edad, lo que es muy frecuente y cotidiano en las relaciones sociales, comunitarias o en la vida de las familias.

No se conocen cifras precisas sobre la violencia en esta zona: es difícil acceder a la información que poseen las distintas autoridades responsables de su documentación, no hay registros uniformes y algunos datos ni siquiera se registran (por ejemplo, la violencia contra las niñas y los niños, las lesiones, la distinción por grupo de edad, entre otros). Pero es evidente el incremento generalizado de hechos violentos en la mayoría de los barrios de Petare, la creciente cifra de muertos y lesionados por armas; la presencia de personas y grupos que cometen hechos delictivos con total impunidad, quienes circulan armados por las calles de su barrio sin ningún disimulo, actuando en forma pública y amenazante para sus vecinos, cometiendo delitos atroces a plena luz del día, cuyas víctimas quedan expuestas en medio de las calles. Hay otro tipo de violencia, la que ocurre en los hogares, que se establece en relaciones familiares basadas en el insulto, el castigo físico, el trato humillante, la descalificación, el abandono y la desprotección: se trata de una violencia mucho más extendida, que al no ser siempre tan visible y brutal como la violencia delincuencial, es subestimada y no son consideradas sus graves consecuencias en el desarrollo personal, en las relaciones sociales, en la vida familiar y en el desempeño laboral, educativo y comunitario.

En los servicios y programas que desarrolla la Fundación Luz y Vida, es decir, en Defensoría del Niño y del Adolescente, el Servicio de Orientación Psicológica y Fortalecimiento Familiar y el Programa de Integración Educativa de Niños No Escolarizados, conocemos, con frecuencia, el impacto de estas distintas formas de violencia en los niños y niñas que crecen en los barrios de Petare y en esta realidad hemos podido constatar varios asuntos:

Lo primero es que en todas las comunidades con las que hemos compartido y que conocemos, es una reducida minoría la población que participa en delitos, o que es agresora en hechos violentos. Por el contrario, la gran mayoría de la población es víctima de la violencia, sufre miedo, está expuesta y no le toca más que afrontar la inseguridad en condiciones de evidente minusvalía e indefensión. Sorprende la capacidad de angustia y sufrimiento que puede tolerar una población que durante años ha estado sometida a convivir con personas que conocen y que, siendo sus vecinos, se les imponen como los jefes o dueños de las calles de su vecindario, ante quienes las personas honestas aprendieron estrategias para sobrevivir: a veces, los saludan con prudencia; siempre distancian claramente la mirada o saben que no deben ver o presenciar el intercambio de armas, drogas o la comisión de un delito. Todos saben que si ven, si lamentablemente llegan a ser testigos, están sentenciados a morir. Pero si la víctima es un hijo o un familiar, allí ya no es posible la evasión; ocurre entonces el enfrentamiento, «la culebra», el asunto pendiente, y ante la ausencia u omisión de la justicia, la reparación del daño queda a cargo de la banda rival que se convierte en protección. Es la ley de las bandas la que sí se cumple, igualmente si se transita por un barrio distinto al que se reside, donde está la banda rival a la de su vecindario, igual si se es anciano o niño, ese otro grupo lo asume como un trofeo o le califica de sapo que viene a curiosear en su zona, y esto sólo es razón para pagar, con la muerte.
De tal manera que es totalmente injusto el calificar a toda la población que reside en estos barrios como agresores, malvivientes o potenciales delincuentes: como advertimos, son más bien víctimas profundamente afectadas por esta violencia, quienes deberían recibir protección y seguridad, quienes han logrado sobrevivir y sobreponerse al miedo y a la desesperanza y a quienes no podemos exigir que asuman el rol de colaboradores o agentes de programas que realizan cuerpos de seguridad o funcionarios que ni han estado cerca, ni se quedarán en la zona para protegerles de la venganza o del severo castigo que los delincuentes imponen a quienes les delatan.

La frecuencia, casi cotidianidad, de la violencia en las calles de los barrios la ha convertido en costumbre, en un asunto normal, que ya no sorprende y en algunos casos, se naturaliza y hasta comienza a vivenciarse como un hecho irrelevante. Hay ocasiones en las que los vecinos salen de sus casas para ver cómo quedó el muerto y llevan a sus hijos: la tragedia se convierte en espectáculo.
Recordamos, por ejemplo, un caso que nos sorprendió, como fue el que una mañana, las maestras de una guardería en uno de los barrios, encontraron que había un joven tendido en el pasillo de acceso a la puerta principal, que había sido muerto a tiros esa madrugada. Los padres de los niños protestaban contra las maestras porque ellas no querían recibir ese día a los niños (de 2 a 6 años de edad) pensando no sólo en el riesgo de un nuevo tiroteo o en el homenaje al muerto (que casi siempre implica una amplia descarga de pistolas), sino básicamente en las consecuencias de exponer a los niños a la visión de esta situación macabra. Pues una de las madres pasó a su hija de sus brazos a los de las maestras por encima del cadáver, con la mayor naturalidad, ante la sorpresa u objeción sólo de las maestras. Los demás vecinos parecían reclamar cómo por un muerto iban a suspender las clases.

Como se aprecia, está funcionando un modelo educativo que emerge de esta vivencia claramente irregular, contraria a la convivencia social, a lo gregario, a lo humano, y se viene afirmando la vigencia de una cultura de la violencia y la muerte, en la que los débiles o vulnerables no tienen oportunidades. Se valora o reconoce al fuerte, a quien se impone. Ya el joven mal encarado, que es jefe de la banda, es admirado por los más jóvenes, y si bien es odiado y temido por la mayoría, se difunde una suerte de asociación con su figura, ya que cuando llega al sector la banda rival, actúa como el valiente que se arriesga y defiende su vecindario, a los muchachos que congrega. Incluso en sentido opuesto es modelo, porque a más de un niño le hemos escuchado decir: «cuando sea grande quiero ser un malandro», «para que me respeten», «para que no me tengan sometido», «de todas formas voy a morir», «y que no sea que me maten como a un mamita», «prefiero llevarme a varios primero». Expresiones, éstas, que no son más que el producto del resentimiento, la anomia, la indefensión.

Ahora bien, el que la violencia se haya generalizado, que incluso se naturalice o se considere normal, no significa que no sea apreciada como el problema que mayor preocupación o angustia genera en estas comunidades. Ciertamente afecta, está invadiendo todos los espacios y hasta las costumbres o tradiciones; ha llegado a lugares sagrados como las capillas, los velatorios o los espacios públicos comunitarios como las canchas, las escuelas, los centros de salud. Limita el estudio o el trabajo, porque hay oportunidades en las que los vecinos los rechazan por el toque de queda virtual que se vive en estas comunidades. La violencia condiciona y limita las reuniones sociales, las costumbres, las celebraciones públicas, hasta el funcionamiento de programas y servicios que dejan de llegar a estas comunidades por el riesgo de la victimización. De tal manera que justamente muchas de los que podrían ser indicadas como opciones para detener la violencia, como podría ser el deporte, la recreación, los servicios sociales, no funcionan o se realizan esporádicamente, por todas las implicaciones que tiene este problema de la inseguridad. Hasta la misma policía no accede, afirmando que puede ser vulnerable y ver expuestos a sus funcionarios, ante la demostrada capacidad y armamento de los grupos delictivos.

La población está en estado de indefensión. En estas comunidades, se evidencia la presencia de personas armadas en forma libre y notoria, o de individuos que delinquen sin ningún tipo de restricción. Salvo días, horas, en los que se realizan los llamados operativos, los agresores gozan de impunidad. Ciertamente, es una demanda pública la presencia permanente de los servicios públicos policiales, para que sean un disuasivo o que su presencia evite el robo, la amenaza o la agresión a personas vulnerables. Por ejemplo, es prioritario proteger las calles y vías de acceso a los recintos escolares, porque ya se cuentan por cientos los niños que han dejado de estudiar porque en la vía principal de camino a su escuela han sido golpeados o amenazados por antisociales.
Más aún, cuando se comete un delito, los servicios públicos de seguridad deberían intervenir, ser confiables, y suele ocurrir que los vecinos no están dispuestos a presentar denuncias, bien porque esta actuación no suele tener respuesta o efectividad, o bien porque, como afirman, tarda más la persona en regresar a su comunidad, que el vecindario todo, y en particular, la banda, en enterarse de que el vecino informó a las autoridades, lo que hace mucho más vulnerables a estas víctimas. En estos casos, habría que contar con programas de protección a testigos o víctimas de delitos.

Para el tratamiento o atención a situaciones de violencia, los servicios públicos existentes son pocos, aislados, están colapsados por la alta demanda y, en consecuencia, suelen brindar una atención inmediata, parcial, sin seguimiento y con una efectividad precaria. La complejidad de las situaciones familiares y comunitarias que conocen estos servicios demanda la activación de una diversidad de programas e instituciones que atiendan a la múltiple causalidad que les es propia. Implica generar opciones frente a realidades de pobreza extrema, problemas de salud mental, programas de educación especial, servicios de refugio o protección a víctimas, instancias de acceso a la justicia, de exigibilidad de derechos, entre otras. Debido a la gravedad y magnitud de las situaciones que hemos descrito, habría que concebir un trabajo de conjunto y coordinación, que responda con solidaridad y efectividad a esta emergencia social que ya algunos califican como una cruenta guerra civil. Lo más lamentable del asunto es que las principales víctimas, en especial las víctimas fatales, son los adolescentes varones, de doce a veintiún años.

Nos proponemos, a continuación, caracterizar algunas expresiones de la violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes en Petare, procurando una descripción que documente e ilustre sobre la gravedad y complejidad de este problema social y que, al mismo tiempo, permita reconocer las posibles causas de esta situación, para así valorar si tienen sentido o son viables las respuestas y opciones que hemos venido impulsando, al actuar en el contexto de esta realidad.

La violencia que conoce el maestro de una escuela de Petare

Un maestro de cualquier escuela de Petare conoce muchas situaciones que dan cuenta de manifestaciones de esta violencia que venimos describiendo.

Por ejemplo, una alumna de un cuarto grado le escribe a su maestra sobre cómo es la comunidad en la que habita y la niña explica que en su barrio vive mucha gente, la mayoría se conoce, pero muchas personas viven preocupadas por la música que suena y es colocada con cornetas con sonido muy alto en esta zona. Cuando la maestra le pide a la niña que aclare, ella explica que con la música tan alta, la gente sale a la calle, comienza a tomar, pasan las horas y luego salen las armas y siempre hay un muerto. La niña concluye: «si no ponen la música, no habrá violencia; se acabarán las peleas y los muertos».

Otra docente de un aula en Petare Norte cuenta que uno de sus alumnos de tercero llegó al salón asustado porque en el camino se encontró con uno de los de la banda del barrio de abajo, quien le dio un cachazo en la cabeza por pasar por esa escalera siendo un habitante del barrio de al lado, quienes tienen prohibido transitar por ese territorio. La maestra no sabía qué hacer; de hecho, no podía reclamar a nadie, menos aún se planteó presentar la denuncia por temor a represalias. El niño resolvió dar la vuelta al revés y caminar durante veinte minutos para llegar a su salón, por miedo a este sujeto que lo amenazó. Así logró mantener sus estudios, pero un amigo suyo a quien le ocurrió lo mismo, dejó de estudiar, porque su mamá le dijo que era muy peligroso y que era preferible que no estudiase ese año escolar.

En otra escuela, una docente en derechos de niños, niñas y adolescentes acude a un taller convocado para formar a los alumnos en el conocimiento y defensa de sus derechos. La docente organiza a los niños en tríos, a cada uno de los cuales les presenta el texto de un derecho para que los niños expliquen, con un ejemplo, si se cumple o no, y de qué modo los beneficia el tener ese derecho. Haciendo esta dinámica, se levanta una niña de nueve años y le dice al resto de sus 30 compañeros de clase presentes, que eso que la señora les había puesto a leer era «un embuste», que eso no se cumplía, (se trataba del derecho a la integridad personal). Señalando a su compañerita de grupo dijo: «todos nosotros y todas las maestras saben que a ella siempre la viola su papá, que su mamá la deja sola en la casa para que el papá le haga puras cosas sucias y no pasa nada, nadie la ayuda; aquí dicen que hay que protegerla, que hay autoridades que la protegen y eso es mentira». Los alumnos corroboraron lo dicho por la niña, reclamando que todas las docentes sabían eso y nunca habían hecho nada; hacían como que nada pasaba. La Directora y una maestra pedían a la docente que suspendiera la actividad. Esta defensora decidió proseguir con el taller, informando lo que la ley indica que debía hacerse para que la víctima recibiera protección inmediata y felicitando a las niñas por su solidaridad y valentía con una compañera que sufre una situación tan cruel e inhumana; improvisó una excusa para los maestros, diciendo que las docentes justo le habían pedido a ella que acudiese a la escuela para conocer estas situaciones tan difíciles (lo cual era falso, pero lo afirmó para no romper la autoridad de los directivos y docentes ante el alumnado) y se comprometió con los niños a gestionar el cumplimiento de la ley. Informó de inmediato a las autoridades, hizo un fuerte reclamo a los docentes y aseguró la presencia en la escuela de una Fiscal del Ministerio Público. En medio de la tragedia, hubo para los alumnos una demostración de la posibilidad de que exista justicia para las víctimas, si conocemos y exigimos el cumplimiento de la ley.

La violencia que busca atención en un Servicio de Psicología y Orientación Familiar

Las observaciones que a continuación transcribimos son producto de la práctica de la psicología clínica y constituyen sucesos que diariamente confrontamos en la atención de casos relacionados con diversos problemas emocionales, de conducta, uso y abuso de drogas, así como manifestaciones del maltrato y la violencia que afectan a las familias de niños, niñas y adolescentes que viven en la zona de Petare.

El Servicio de Fortalecimiento Familiar se caracteriza por ser abierto a todo público que asista de forma voluntaria. Su objetivo fundamental consiste en el fortalecimiento de vínculos, como única forma de garantizar el normal desarrollo psico-evolutivo de la infancia y por tanto, la salud, no sólo personal, sino social. Sólo así será posible la convivencia comunitaria y el respeto a las normas y los derechos humanos.

Es fácil comprender cómo afectan a un niño los mensajes de contenidos agresivos. Las actitudes que valoran conductas agresivas o violentas y aún más, las vivencias trágicas de nuestros niños de Petare, que tienen que convivir y enfrentarse a la violencia entre sus padres o en el barrio; a la traumática observación de la muerte de niños, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia entre bandas, «ajustes de cuenta» o venganzas.

Son niños de muy corta edad quienes ya nos relatan la experiencia de haberse encontrado frente a la puerta de su colegio, en las escaleras que conducen a sus viviendas o en la esquina, una persona «tirada» que ha muerto víctima de la violencia, «tiroteada». Muchos de los niños que hemos atendido han visto estas situaciones y no logran expresar cuál es el sentimiento que les produce tal espectáculo; quedan perplejos ante el trauma. Gesticulan, levantan los hombros y ante la pregunta «¿Qué sentiste?» responden a veces: «No sé»; otros dicen: «Nada»; muy pocos declaran el miedo. La mayoría, incluso los adultos, viven esta situación como parte de la rutina, como algo normal con lo cual tienen que convivir y continuar viviendo; sin reflexión. Muchos de los adolescentes que asisten a nuestras consultas y que están presentando problemas de conducta, rebeldía, agresividad y conductas de riesgo, manifiestan ante el señalamiento de peligro: «¡Qué importa! De algo uno tiene que morirse». A éstos les resulta natural que la muerte se presente de forma inesperada o tempranamente, a pesar de ser adolescentes.

Generalmente nos encontramos con que no se expresa directamente el tema de la violencia, ni se habla sobre el temor; tampoco se asocian los problemas de rebeldía, fracaso y deserción escolar con las situaciones de violencia presentes en estas comunidades. Resulta, muchas veces, un descubrimiento doloroso en los procesos terapéuticos, que deja desconcertada a la familia. Suele ser negada como mecanismo de defensa o supervivencia. Se ha bloqueado el pensamiento, se separa el afecto y se «actúa» impulsivamente. Se ha perdido la capacidad de pensar antes de actuar. En estos casos, el trabajo terapéutico está dirigido a establecer conexiones entre el pensamiento y el sentimiento que producen los sucesos, aprender a controlar los impulsos y la búsqueda de formas de comunicación apropiadas y alternativas constructivas que sustituyan la actuación violenta.

Sólo a título ilustrativo, sintetizamos el caso de un adolescente de 12 años de edad de nombre Manuel, quien acude a la primera consulta con su madre y a instancias de la misma. Se observa debidamente vestido y cuidado y parece de menor edad, debido a un aparente déficit de talla y peso. Su actitud sugiere temor, aunque inspira necesidad de protección y sentimientos de empatía.

Manuel se mantuvo muy callado frente a la madre y hasta la sesión sucesiva que se realizó a solas con la psicóloga. Tenía temor de hablar frente a la madre. Como producto de la entrevista inicial, se obtuvo la información siguiente:

Manuel cumplió 12 años en el mismo mes de su primera consulta al servicio de Fortalecimiento Familiar. Estudia 8vo grado, lo que denota adelanto académico al menos de un año. Su rendimiento es promedio y su nivel de calificaciones satisfactorio. Tiende al aislamiento de sus grupos.

Vive en un barrio de la zona de Petare norte considerada por la familia «poco peligrosa». Sus padres se encuentran separados desde hace tres años. Es hijo de madre venezolana y padre extranjero (suramericano), quien se desempeña en un oficio especializado. El adolescente y su familia han tenido acceso a un nivel de vida que les ha permitido cubrir necesidades básicas fundamentales, en un sector correspondiente a población de bajos recursos.

El grupo familiar de origen, desde su nacimiento hasta hace 3 años, estuvo conformado por su madre, padre, el adolescente de 12 años y su hermana de 7 años. El padre abandonó de forma intempestiva, aunque sin conflictos, el hogar y se estableció con otra pareja. Según refiere la madre, esto dio origen a sentimientos de tristeza y resentimiento en el adolescente. Mantiene una relación poco frecuente y distante con su padre; además, éste último no ha aportado desde entonces la manutención de sus hijos y regresó recientemente a su país de origen, dejando toda la responsabilidad a la madre.

En relación con los antecedentes personales, familiares y psicopatológicos, la madre niega violencia intrafamiliar o maltrato físico. Aporta información acerca de sus antecedentes: embarazo sin control, parto traumático, con hipertensión, por lo cual fue necesario aplicar fórceps al niño. El recién nacido fue hospitalizado por infección contraída al nacer y por cianosis. La madre refiere que hubo negligencia en la atención hospitalaria.

El motivo de consulta textualmente fue el siguiente:

«Hace como tres meses el niño comienza a hacer un movimiento extraño con sus manos; todo le da miedo; reza todas las noches y repite y repite unas palabras. También camina de un lado para el otro encerrado dentro de la casa».

La respuesta familiar ante los síntomas:

La madre se siente angustiada y no logra entender lo que ocurre. Verbaliza sentimientos de rabia y rechazo hacia su hijo; lo regaña y le prohíbe los síntomas, considera éstos como manías, culpabiliza al paciente y lo responsabiliza ante una eventual pérdida de su trabajo, ya que éste la retiene y llora cuando va a salir a la calle.

Los familiares adultos actúan con burla y ridiculizan al adolescente, asignándole apodos denigrantes como «loco», «jeva». Critican a la madre por haber mimado al adolescente y le recomiendan darle una «paliza», «para que deje las manías».

La intervención terapéutica:

Se decide ofrecer apoyo psicoterapéutico al adolescente, con carácter de urgencia, debido a los riesgos inherentes a la hipótesis diagnosticada: Trastorno de Ansiedad (hiperansioso). Paralelamente, se refiere a una institución especializada en salud mental para su evaluación de emergencia, tanto neurológica como psiquiátrica, solicitando se estudie la pertinencia de su medicación para atender los riesgos y coadyuvar al tratamiento psicológico del adolescente y el grupo familiar. Éste último se ofrece en la Fundación Luz y Vida, y actualmente se mantiene.

En entrevistas sucesivas se obtuvo la siguiente información:

Actualmente, y desde hace aproximadamente tres meses, viven en el hogar:

–Sobrina de la madre, de 22 años, desempleada.

–Sobrino de la madre, de 27 años, desempleado.

–Pareja del sobrino, de 20 años, vende alimentos preparados en el hogar.

–Sobrina, de 10 años, estudiante de primaria.

–Hijo adolescente, objeto de atención, de nombre Manuel.

–Hija niña, de 7 años, estudiante.

La sintomatología detectada y referida por el adolescente:

De nuestra observación se evidencia estado de ansiedad que no logra controlar, sino a través de conductas rituales de control y anulación de ideas amenazantes (tales como contar con los dedos de forma repetitiva). Obsesión que se manifiesta a través de la repetición de palabras que considera tiene dificultad de pronunciar (palabras complejas). Las repite hasta que logra la perfección. Así, el adolescente siente que evita que le ocurran «cosas malas» a él o a su familia. A Manuel le angustia la separación de la madre hasta el punto de que, en ocasiones, le ha impedido asistir a su lugar de trabajo. Es efusivo y hasta excesivo en sus expresiones de afecto a su madre, lo que genera en ella un rechazo. Manuel padece, además, de insomnio y deambulismo. En vista de la necesidad inminente de su tratamiento individual y familiar, se decidió trabajar con un plan de atención desde el Servicio de Psicología de la Fundación Luz y Vida. Se atiende dos veces a la semana. Las citas en otras instituciones tardan semanas en ocurrir.

Resultados de la intervención:

En efecto, Manuel fue medicado y recibe tratamiento psicofarmacológico, mejorando su estado de ansiedad. Manuel asiste puntual y regularmente a sus sesiones de psicoterapia; se ha establecido alianza terapéutica y logra expresar sentimientos de temor, rabia y tristeza, asociados a eventos de su historia personal y familiar. En el proceso, se puntualiza como desencadenante de su trastorno de ansiedad lo siguiente:

Hace aproximadamente siete meses, un primo adolescente, de 17 años de edad, vino a vivir a su hogar debido a que fue amenazado de muerte en su propio barrio. El referido primo presentaba problemas de conducta y tenía una relación ambivalente con Manuel: jugaban, compartían y se acompañaban; pero, según refiere Manuel, también constantemente lo maltrataba y golpeaba.

El primo de Manuel fue asesinado hace cuatro meses por miembros de una banda de otro barrio porque transitaba en su territorio. A raíz de lo sucedido, comienzan las venganzas y son amenazados, también, los hermanos y familia del joven asesinado; razón por la cual se refugian en el hogar de Manuel y de su madre.

Como es posible observar, durante el proceso de psicoterapia, Manuel logra establecer conexiones entre los sucesos de valor traumático (asesinato de su primo), sus sentimientos de culpa, omnipotencia y la aparición de sus síntomas. Tomó conciencia del significado de sus síntomas: temor a la muerte y a la pérdida de la madre.

Manuel siente rabia por el maltrato que le infligía su primo muerto y los familiares que ahora se refugian en su hogar; incluso siente rabia de su madre, quien no sólo no le comprende, sino que no establece límites ante tales abusos y tampoco le permite a él expresar sus sentimientos.

La situación vino a desestabilizar a la familia. Especialmente llama la atención el ataque de sus primos al vínculo que han establecido Manuel y su madre, lo que no es más que un ataque envidioso ante la armonía madre-hijo y una repetición de los patrones de interrelación que sostienen (maltrato, abuso de poder).

La naturalización de eventos de violencia no permitió a la madre comprender lo que ocurría y proteger a la familia. Aun el miedo no le permite poner límites en el hogar. Manuel resiente la reacción de rechazo de su madre, teme perderla y siente rabia (ambivalencia hacia la madre).

Los primos fueron convocados para sesiones de orientación, mas no asistieron, pero se han limitado en su comportamiento hacia el adolescente después de la convocatoria.

Los efectos de la violencia que no comprenden los padres

Karina es una niña de 6 años, estudiante del tercer nivel de preescolar, que asiste a una escuela de su comunidad. La niña es hija única de una pareja de padres, consolidada y con relaciones armónicas. El padre plantea como motivo de la consulta que está muy preocupado y por ello ha traído a la niña al Servicio de Psicología de la Fundación Luz y Vida. Dice: «La niña no nos dejó dormir anoche, está muy mal, se pasa siempre para la cama de nosotros y se ha puesto muy nerviosa; últimamente por todo llora y siente miedo. ¡Si usted viera cómo tiembla cuando se asusta!» Vemos que está mal, «no sé por qué nos salió así, fíjese que en la casa todo es para ella, no hay ningún problema».

Después de conversar con la niña y analizada la dinámica familiar, constatamos que, en efecto, los padres mantienen una relación de pareja satisfactoria y de características sanas. No se detecta ninguna forma de patología mental. La niña es producto de una relación estable y de un embarazo deseado. Ha contado con el cuidado afectuoso y responsable de sus padres y su desarrollo evolutivo transcurre conforme a lo esperado a su edad cronológica. Ahora bien, cuando se pidió al padre describir en detalle los sucesos que más le preocupan, detalló los siguientes:

«Ella no quiere dormir sola; cuando ve que se está haciendo de noche se pega a la madre y no quiere acostarse sola en su cama. Cuando oye ruido fuera de su casa, motos, discusiones, tiros, se mete debajo de la cama y tiembla, no quiere salir de allí. En realidad, los malandros pasan diariamente haciendo caballitos; si hay entierros, ellos pasan echando tiros. Una vez, cuando estábamos construyendo la casa, faltaban unos remaches en el techo en el cuarto de la niña: esa tarde vino un ventarrón y el techo se desplomó, cayó encima de su cama. Pero ahora ya logré arreglarlo.»

Tomando en cuenta la edad cronológica de la niña, pudimos orientar al padre, informándole que la conducta esperada de ella era totalmente normal ante lo que es una situación de inminente peligro, que en ambas situaciones pudo haberle causado la muerte. La condición de un ser humano normal, ante un peligro o amenaza a la integridad personal, es la de sentir temor e inmediatamente protegerse. Por el contrario, fue indicada al padre su conducta inadecuada. Se trabajó a nivel terapéutico cómo la naturalización de situaciones de violencia, riesgo y peligro, en general, son negadas como mecanismo de defensa patológico. Durante el proceso de orientación, se mostró al padre que la dificultad real no estaba en la niña, quien reaccionaba de forma natural protegiéndose ante el peligro; la reacción inadecuada estaba en él, ya que actuaba como si nada estuviera ocurriendo y, por tanto, su conducta de «naturalización» era la inadecuada y de riesgo.

Asimismo, se mostró al padre la importancia de tomar conciencia ante las situaciones de peligro que podría estar confrontando la familia y, en especial, la niña, para estar en capacidad de tomar buenas decisiones, decidir estrategias de protección y, finalmente, comprender el significado y origen de la conducta de su hija.

Conclusiones

De la documentación y las ilustraciones de casos que acabamos de presentar, derivamos algunas observaciones y aprendizajes sobre la naturaleza del fenómeno de la violencia que se ha impuesto en las comunidades de Petare.

Lo primero que resalta es cómo hay un alto porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes que pueden ser calificados como población en riesgo, en tanto que son claramente vulnerables a su victimización o utilización por parte de agresores y criminales.

No hay sensibilidad o dolor por lo que puedan sufrir los niños. Los adultos parecen asumir que por ser niños no sufren igual o que sus vivencias se borran, no les afectan o no tiene consecuencias en sus vidas. Se habla delante de ellos sin considerar sus miedos, sus angustias; se les maltrata o humilla sin entender cómo así se forman con rabia, con rencor o con sentimientos de desprotección y minusvalía. La exposición frecuente a situaciones violentas, a veces verdaderamente crudas y brutales, viene afectando la integridad psíquica de los niños y niñas de diversas maneras, entre las cuales preocupa especialmente la naturalización de la violencia y la muerte y su susceptibilidad o vulnerabilidad a ser captados por personas inescrupulosas, quienes los utilizan y exponen, sin importarles su corta edad.

Hay un contexto de pobreza, exclusión, de anomia y ausencia de la institucionalidad básica del Estado que propicia la actuación y desarrollo de las bandas criminales, quienes vienen ganando espacios crecientes en el dominio y control de la convivencia cotidiana en estos sectores.

La lucha por la protección integral de los derechos sociales para toda la población se enfrenta hoy a la fuerza con la que la cultura de la violencia, la muerte y la ilegalidad le viene quitando sus hijos a los habitantes de los barrios de Petare; les impone la muerte, la zozobra, destruye los sueños, la paz, la solidaridad, acaba con la vida. Somos testigos de creciente número de muchachos muertos y heridos, del número de jóvenes que la delincuencia, las drogas y la violencia le arrebata a familias humildes y cómo crece el número de hogares destruidos o desintegrados, sin capacidad real de esas familias para la socialización y protección de sus miembros y sin apoyos efectivos para afrontar esta situación.

Uno de los más grandes desafíos que enfrentamos hoy trabajando en estas realidades es el de valorar si es factible formar en valores orientados a la convivencia, al trato y consideración al otro; si entre las condiciones o prerrequisitos básicos para esta formación está la convicción sobre el respeto a la propia vida, el asumir que todo ser humano merece una dignidad como persona, que nadie puede ser considerado como un ser inferior, o subhumano, incapaz de merecer valoración y buen trato. Y lamentablemente, vemos cómo en estos barrios hay niños que crecen sin estima o valía de su propia vida, quienes asumen naturalmente que no llegarán a viejos porque allí los matan siendo muchachos. Asumen esta realidad e igualmente están convencidos de que ciertos grupos o jóvenes son «culebras», son individuos a los que nunca considerarán como personas: son los malos, los enemigos, a los que hay que eliminar. Se trata de una suerte de guerra civil, que tiene como territorios los límites de cada barrio, y en la que el enfrentamiento es entre vecinos, entre adolescentes que deberían estar es compitiendo por aspiraciones, por oportunidades, asociados en retos que impliquen desarrollo. Pero aquí no; aquí la única ganancia que se evidencia es la emoción o adrenalina que produce el ser el protagonista del enfrentamiento, del mayor riesgo, ser el centro de atención en el espectáculo de la violencia y la ilegalidad.

El culto, casi idolatría de la violencia, del fuerte, de aquel que es un guerrero, se instaló en la cultura popular, se apropió del lenguaje de los niños y jóvenes, se utiliza y valora en el discurso político, se exalta y refuerza en los medios de comunicación. Se evidencia en el lenguaje cotidiano y hasta se aprecia con aceptación en las actitudes, posturas incluso de mujeres, de muchachas que aprenden también a imponerse, a dominar.

Sin embargo, el desarrollo creciente de la violencia en esta zona no es sólo un resultado de la actuación contundente de grupos antisociales que se han instalado e impuesto su dominio en las comunidades: Tiene que ver, también, con el deterioro evidente de la capacidad de protección y socialización de las familias, con hogares donde los hijos crecen desamparados, donde sólo están las madres respondiendo a todas las prioridades, en los que las familias no logran lo básico: la formación en hábitos sociales, el aprendizaje del respeto y consideración al otro, las normas de convivencia, la responsabilidad social. Se trata de hogares inestables, a veces formados por progenitores muy jóvenes, con personas con dificultades para su integración social.

A esta realidad se añade la realidad de la alta frecuencia de la distribución y el consumo de alcohol y otras drogas, que altera las relaciones personales, la vida de las familias, las dinámicas sociales y comunitarias.

El tráfico, distribución y consumo de drogas está íntimamente relacionado con la violencia en las comunidades. Es un fenómeno muy complejo que involucra todos los niveles: políticos, económicos, de seguridad de los Estados y de salud pública, las relaciones entre comunidades, con la prestación de servicios públicos, etc.

Específicamente en el municipio Sucre, es posible encontrar manifestaciones importantes de esta problemática en cada uno de sus componentes, pero específicamente en su asociación a la violencia. Es, definitivamente, un factor que en las comunidades origina problemas entre bandas por control de territorios, muerte por ajustes de cuenta y accidentes, violencia hacia la mujer y la familia y riesgos en niños, niñas y adolescentes.

En Petare, el consumo de alcohol y otras drogas es intenso y compulsivo los fines de semana; constituye una forma de diversión, motivo de reunión entre vecinos y familiares, además de una forma de evasión de duras realidades. No sorprende que la violencia bajo efectos de este consumo se encuentre exacerbada y conduzca a la mayor cantidad de estos eventos violentos y de muerte los días sábados y domingos.

Paradójicamente, nos encontramos con una marcada ineficiencia en las acciones dirigidas a la reducción de la oferta de las drogas, y en políticas, estrategias y programas dedicados a la prevención y atención de las comunidades, la familia y la infancia afectada por los problemas de consumo de drogas. Puede concluirse que, en un alto porcentaje, las familias que acuden a los servicios tienen al menos un familiar con problemas de alcohol y drogas; así mismo, refieren que la violencia que se genera en el hogar y en su comunidad está íntimamente relacionada con los efectos del consumo.

Dentro de las políticas y estrategias del Estado y de organismos para el control de la violencia es indispensable, primordial e ineludible atender en la magnitud que implica el fenómeno de las drogas (incluyendo el alcohol) en su doble dimensión, para el control de la oferta y la demanda en Petare.

En este contexto que describimos, son precarios e insuficientes los servicios y programas destinados a la protección de las víctimas, de acciones orientadas a restituir la justicia, a promover la formación y convivencia de las personas, incluso, los servicios públicos que enfrenten la actuación impune y hasta protegida de los circuitos de criminalidad que operan en estos sectores.

Es obvio que si lo cotidiano es la ausencia de servicios e instituciones que hagan valer la justicia y la legalidad, si en la vida hay privaciones de los recursos más elementales, en forma tal que la persona ni siquiera conoce o se imagina una vida digna, si no hay a quién acudir cuando se enfrenta toda una vida sometida al maltrato y a la carencia, la consecuencia no es otra que la subordinación, la marginalidad, la exclusión. Si la cultura que impera demuestra la efectividad del antisocial, de quien incumple la ley; si se admira a quien se impone o a quien logra sus necesidades o aspiraciones a través de cualquier medio, para algunos comienza a ser justificable o hasta deseable la transgresión de la ley, la violencia para defenderse, la agresión para sobrevivir.

Por ejemplo, no se denuncia porque no se confía en la institucionalidad, en la capacidad de respuesta del Estado, y son frecuentes las sospechas sobre la confiablidad del sistema policial y de justicia, su capacidad para resguardar a las víctimas, para guardar la confidencialidad.

Nuestras propuestas para un Plan Municipal para la convivencia pacífica en Petare

Entre quienes participamos en el intenso trabajo social y educativo que se desarrolla en Petare, parece haber coincidencia en lo que podrían ser propuestas para que existan políticas públicas de prevención de la violencia contra la infancia y la familia en esta localidad.

En primer lugar, es un clamor unánime el desarrollo de una política de seguridad ciudadana, cuya prioridad se exprese en la presencia institucional del Estado, es decir, que en forma permanente y no circunstancial o esporádica, estén visibles y presentes las autoridades públicas y, en especial, los cuerpos policiales, lo que no sólo sería un disuasivo para la comisión de delitos, sino que ante todo, haría visible el Estado, una autoridad pública que sea una referencia perceptible, de protección y servicio al ciudadano, y no un asunto abstracto o lejano, que es difícil de ilustrar o constatar. Ésta es una materia compleja y difícil, en la que no somos especialistas, y ante la cual, lo que resaltamos es la demanda popular por que sea superado el estado de indefensión, vulnerabilidad y hasta de terror y crueldad al que está sometido la población.

Esta política pública de seguridad debería ser integral y preventiva: si se limita a lo represivo, reactivo y coyuntural, dejará de lado lo esencial, como lo es la atención de las situaciones o realidades que dan origen y reproducen los ciclos de la violencia y la desintegración social en estas realidades. Es preciso detener las diversas situaciones que pueden conducir a la reproducción e incremento de esas realidades cotidianas que implican desamparo, conflictos y victimización, que al no ser debida y oportunamente atendidas, pueden desencadenar diversas expresiones de violencia.

Desde la perspectiva de quienes trabajamos por hacer realidad un mundo apropiado para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el municipio Sucre, es prioritario emprender un Plan Social para la Protección Integral de la infancia en esta localidad, que integre el aporte de distintos sectores para el logro de la protección integral de la niñez, lo que en este caso implica un trabajo conjunto por la justicia, por hacer efectivo el cumplimiento de todos los derechos que garantizan el desarrollo integral y para que en todos los ámbitos sea promovido el desarrollo social integral y la convivencia pacífica y solidaria.

Para la definición de ese plan, entre las muchas propuestas que pudiesen ser presentadas, privilegiamos las siguientes como las políticas que deberían ser prioritariamente promovidas, para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la infancia y el logro de una cultura de respeto a la vida y a la integridad personal en las comunidades de esta localidad:

Políticas

Promoción de una amplia participación para incluir el aporte de muy diversos sectores en la elaboración y cumplimiento de un Plan Social para garantizar los derechos a la salud, el desarrollo integral, la participación y la protección especial para todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el municipio.
Con este propósito, cada barrio, cada escuela, todas las instituciones, servicios y programas deberían integrarse a esta prioridad de contribuir a la elaboración y puesta en práctica de este plan. Ningún sector o grupo debería ser excluido, porque se requiere una intensa labor, la presencia vigilante y la solidaridad de todos. Ya el modelo tradicional del Estado demostró que una sola persona o institución no puede abrogarse la exclusividad de la protección integral, y que más bien la dificultad está en cómo lograr que muchos sectores tengan conciencia y que estén atentos y dispuestos, en procura del bienestar y la sana formación de los niños. Por ejemplo, la lucha de los familiares o el apoyo de la escuela u otra institución protectora, hemos visto que se derrumba, fracasa, si en el barrio se tiene a personas que, por ejemplo, son líderes que incitan al consumo de alcohol, o acosan y propician la formación de los muchachos para que sean pendencieros e irrespetuosos.
Cada barrio debiese tener un conocimiento preciso sobre la cuantía de su población infantil, su escolaridad, quiénes son los niños que requieren educación, protección o cuidados a su salud, o los que deben ser amparados por programas de asistencia (pobreza crítica, necesidades educativas especiales, enfermedad, entre otras). Cada zona debe definir sus prioridades de protección y contar con mecanismos para la exigibilidad de inversiones y programas, para el seguimiento a los planes y servicios dedicados a garantizar la salud, la educación, la protección y participación de los niños, niñas y adolescentes. La protección integral, para que sea efectiva, requiere la corresponsabilidad, el activismo y el compromiso de muy diversos actores, instituciones y servicios, quienes deben articular sus aportes y responsabilidades, para complementarse y asegurar la efectividad de sus esfuerzos, orientados todos hacia los propósitos comunes y compartidos, que se definan en este plan.
Tratándose de la protección de la infancia, ese plan debería ser la expresión de un acuerdo compartido sobre qué futuro queremos asegurar a los niños y qué acciones vamos a emprender para construir un mundo justo y apropiado para el desarrollo integral de la niñez.
La elaboración y desarrollo del plan debería hacerse mediante mecanismos que hagan posible o faciliten el aporte de muchos sectores, integrándolos a todos alrededor de objetivos, estrategias, responsabilidades, prioridades e inversiones fijadas en ese plan. Desde el punto de vista social, contar con un plan ayuda a superar el trabajo aislado, la dispersión de recursos, favorece la efectividad porque advierte dónde están los problemas más complejos y relevantes, estableciendo las metas o resultados a esperar a corto, mediano y largo plazo.
Entre las prioridades de ese plan está justamente la de forjar una convivencia de paz y respeto a la vida de los niños, niñas y adolescentes, cómo encontrar caminos para detener la muerte y la violencia contra la infancia, asunto en el cual debería estar claro cómo contribuye cada sector o grupo que participa desde el Estado o desde la vida social y comunitaria.

Desarrollo y pleno funcionamiento del Estado Social de Derecho y de Justicia, con instituciones que actúen en el ámbito local y parroquial para garantizar la Protección Integral de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la LOPNA y todos los tratados de derechos sociales suscritos por el Estado ilustran sobre la aspiración de la sociedad de lograr el cumplimiento de todos los derechos que garantizan la protección integral de la infancia. Este mandato legal es aplicado cuando se evidencia que para la población infantil se cuenta y son accesibles suficientes servicios públicos gratuitos y cercanos, que garantizan a todos los niños, niñas y adolescentes sus derechos a la identidad, la salud, la educación, cultura, recreación dirigida y a participar en su desarrollo deportivo.
Estos servicios públicos deberían brindar atención oportuna, de calidad y ser no sólo conocedores, sino promotores de la condición de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derechos. En la práctica, esta prioridad, que no es más que una exigencia de justicia social, se concreta en que existan suficientes escuelas, que estén bien dotadas y equipadas, para evitar las prolongadas suspensiones por reparaciones o ausencia de personal y suministros; que los servicios de salud y nutrición lleguen a toda la población; que existan programas recreativos y socioeducativos de apoyo a las madres que trabajan, para la protección de los hijos en el turno libre escolar; que reciban protección especial y se cuente con servicios asistenciales y educativos para la población con necesidades educativas especiales, el desarrollo de oportunidades de formación deportiva y recreación dirigida para el sano esparcimiento de la población, entre otros servicios. En el caso del municipio Sucre, es prioritario ampliar la cobertura y fortalecer la calidad del desempeño de las instituciones y servicios que integran el Sistema de Protección de Niños Niñas y Adolescentes: el Consejo Municipal de Derechos, el Consejo de Protección, las Defensorías, los programas y las entidades de atención, los servicios de Defensa Pública y de acceso a la justicia.
Dada la gravedad de las situaciones de violencia que se evidencian en la zona, son indispensables los programas de refugio o tratamiento para la atención de adolescentes atrapados en las redes de la violencia y también se requieren programas socioeducativos para el cumplimiento de medidas comunitarias y socioeducativas que deben cumplir los niños y adolescentes que han infringido la ley y cumplen medidas de reparación del daño infringido.

Fortalecimiento de las familias como el espacio primario de protección, socialización y afecto de sus miembros.
Es crítica la situación de debilitamiento y pérdida de la capacidad de protección y socialización de las familias, por lo que es impostergable la demanda de poner en práctica procedimientos, programas, servicios, de realizar inversiones para apoyar a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades destinadas al cuidado y educación de sus hijos. Ningún niño debería padecer la exclusión y castración afectiva que implica su internamiento en instituciones de atención, porque sus padres o familiares viven en pobreza crítica o enfrentan dinámicas de conflictos que pueden ser tratadas y debidamente atendidas por servicios especializados en salud mental y asistencia socioeducativa. Por ello, en el caso de este municipio, urge consolidar las redes sociales que articulen servicios sociales y programas de asistencia y orientación para la protección y tratamiento psicosocial de familias que requieren protección especial para facilitar el cumplimiento de su rol fundamental: son los casos de familias que viven en pobreza crítica y se ven debilitadas en su capacidad para proveer sustento y protección a sus hijos; hogares afectados por el consumo de drogas o alcohol de algunos de sus miembros; familias que evidencian dinámicas de conflicto o violencia doméstica; grupos de familias que enfrentan, por ejemplo, la enfermedad o muerte de un familiar y requieren un apoyo puntual, niños que crecen solos con una abuela sin mayores capacidades, hogares conformados por adolescentes, que después del embarazo quedan solas, sin estudio y sin trabajo, entre otras situaciones. Estas realidades vienen ocurriendo durante largo tiempo, sin que se cuente con una política orientada a su debida atención, y hemos comprobado que en estas situaciones están algunas de las causas estructurales de las situaciones de desintegración y violencia social que involucran a adolescentes y jóvenes de los barrios de Petare.

Fortalecimiento de la escuela como entidad fundamental para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, en contextos sociales en los que son frecuentes dinámicas familiares de conflicto y exclusión.
Antes que la capacitación en conocimientos generales, la escuela debería asumir el desafío educativo que le plantean las realidades en las que trabaja y, en consecuencia, concentrar importantes esfuerzos en trabajos educativos que promuevan la paz, la convivencia sin agresiones, en particular, la formación para el diálogo y la comunicación; por ejemplo, es importante, más bien crucial, el aporte de las escuelas en formar a los estudiantes y maestros en la elaboración, construcción participativa y aplicación del manual de convivencia escolar, lo que es una verdadera oportunidad para la formación práctica, vivencial, en materia de habilidades sociales, en actitudes y valores orientados a la convivencia pacífica, al respeto y comprensión de las normas, de la consideración al otro, de valoración de la autoridad, la solidaridad y de pertenencia, e incluso como actor corresponsable de la vida en común.
Es preciso que la escuela apoye a las familias en esa tarea fundamental de educar en el reconocimiento y aceptación del afecto, desarrollar habilidades relativas al uso del lenguaje como mecanismo de expresión propia, de manejo de las emociones, promoviendo competencias para la racionalización de las emociones, evitando, así, la impulsividad.
En un contexto generalizado de violencia social y familiar, la escuela no puede obviar la realidad de la violencia, porque está siendo afectada por ella, tiene la vivencia de alumnos que pierden familiares o que viven angustiados, que exhiben depresión, comportamientos inadecuados o incluso que se presentan armados (para protegerse en la calle o para ser victimarios): no son pocos los planteles de Petare que tienen la experiencia de enfrentamientos que ocurren en sus locales o a sus puertas, dejando heridos y muertos; en este contexto, las actividades educativas necesitan abordar la reflexión y análisis con los estudiantes, niños, niñas y jóvenes, sobre las causas y consecuencias de estas violencias, en valorar alternativas frente a ellas o debatir en la comunidad educativa acerca de cómo protegerse de ella, cómo sobrevivir e, incluso, si es posible aportar a la prevención de los hechos violentos. Pero es obvio: la escuela también necesita protección; la política de seguridad debería brindar amparo y protección especial a los planteles, en sus horarios de entrada y salida; las instituciones policiales y de justicia deben asegurar que no impere la impunidad en la agresión a la población escolar, a los familiares y docentes.

Promoción de una cultura de derechos humanos de la infancia y en especial, formación de los niños, niñas y adolescentes para el conocimiento y ejercicio de sus derechos.
Los cambios educativos, sociales y culturales son lentos, difíciles de consolidar, requieren procesos educativos que utilicen distintos medios, entre los cuales destaca la formación adecuada y de calidad de familias, docentes, funcionarios públicos y demás personas que dedican acciones a la protección de niños, niñas y adolescentes. Estas personas son responsables de la educación fundamental y hay que decirlo, nadie los está preparando para afrontar los desafíos que implica la protección de los niños, las niñas y los adolescentes en una sociedad tan compleja, en un contexto donde se enfrentan privaciones, violencia, retos y dificultades. Por ejemplo, todos esperamos que la familia cumpla su papel de socialización, de formación básica, pero ninguna institución, programa o servicio está preparando a las familias; es una tarea que asumimos que podemos cumplir sin mayor formación o para la que estamos natural o biológicamente capacitados. Desde nuestra experiencia, valoramos la prioridad de la formación y apoyo a las familias, a los docentes y a los propios niños en habilidades fundamentales de comunicación, de encuentro con el otro, de formación en valores. Desde el campo de la Doctrina de Protección Integral, valoramos, en especial, la prioridad de escuchar y comprender a los niños y niñas, de tomar en cuenta sus opiniones y criterios, de hacerlos partícipes en la vida familiar, escolar y social, de educarlos para la responsabilidad y la solidaridad, para el conocimiento, defensa y ejercicio de sus derechos.
En el contexto de violencia que afronta el municipio Sucre, es un desafío asumir conductas que se opongan a la cultura de la agresión, del maltrato, que promuevan actitudes y capacidades para la participación social y la organización comunitaria en acciones de prevención y atención oportuna de la violencia. En especial, sabemos que pueden rendir provecho los esfuerzos orientados a capacitar a los niños, niñas y adolescentes como promotores de la no violencia.
Deberían ser promovidas campañas públicas para sensibilizar a los padres, maestros y vecinos sobre el impacto negativo del castigo físico y del trato humillante y descalificador hacia los niños y niñas; que ilustren sobre la relevancia del buen trato y la expresión del afecto y la protección de los niños y las niñas en las familias y comunidades.

Diseñar e implementar un Observatorio Municipal sobre el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas, los y las adolescentes. Poner en práctica un Observatorio, implica hacer seguimiento a indicadores en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que se cuente con información útil y actualizada sobre la población de niños, niñas y adolescentes, sobre la cobertura y calidad de atención de los servicios destinados a proteger su desarrollo: ésta es la base para una planificación realista y efectiva de las instituciones y programas que garantizan el desarrollo integral. Este registro de información es difícil de construir porque no todas las instituciones registran los datos requeridos o no los informan adecuadamente; o agrupan los datos con criterios y categorías que no informan sobre la situación específica de los niños y niñas. En algunos casos, las estadísticas no son publicadas y es casi imposible lograr que sean divulgadas.
Hace falta, además, información con base social y comunitaria, la que pueden aportar los consejos comunales o grupos comunitarios, porque sabemos que hay población que permanece excluida, que no accede a los servicios e instituciones, incluso que ni siquiera posee identificación. Así que en muchos indicadores, la labor de este Observatorio no sólo será la de integrar datos o reclasificarlos, sino además, la de promover su recopilación e incluso la de generar o facilitar mecanismos para la producción de los datos. Por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, se cuenta sólo con información aislada, de familias atendidas en los servicios, pero no se ha promovido un sistema de información que, por ejemplo, permita el alerta epidemiológico, la intervención temprana, con datos que puedan aportar los propios niños, las escuelas, las comunidades, utilizando indicadores orientados por un enfoque de derechos y de género. Al respecto, pueden ser promovidas investigaciones que documenten las diferentes manifestaciones e implicaciones de la violencia contra los niños, las niñas, los y las adolescentes en el municipio Sucre, para orientar sobre la ubicación y los tipos de programas y servicios que se requieren para la atención de estas situaciones.

Atención oportuna e integral de la población que es víctima o está siendo afectada por situaciones de violencia, pobreza y exclusión social. Al igual que en el campo de la salud, en materia de la promoción del desarrollo social de la infancia y la familia, es preciso contar con servicios y desarrollar múltiples acciones que propicien condiciones favorables para proteger el desarrollo infantil, que son la base para prevenir la exclusión social, la desintegración familiar, la pérdida o amenaza a la salud integral (que incluye el bienestar físico y social, el desarrollo espiritual y la felicidad de las personas). Pero debe contarse, también, con servicios y programas dispuestos a brindar protección inmediata y de calidad, en los casos en los que se amenazan o vulneran los derechos a la salud, al pleno desarrollo, a la participación e inclusión social. En estos casos, es responsabilidad del Estado ofrecer servicios, programas e instituciones a quienes se pueda acudir para restituir a los niños y niñas los derechos que les son vulnerados. Para ello, la LOPNA ha previsto el funcionamiento de un Sistema de Protección, conformado por instituciones, programas y servicios que las autoridades públicas promueven y financian, para asegurar efectividad y la articulación de acciones para intervenir adecuadamente en estas situaciones. En el caso del municipio Sucre, es prioritario ampliar la cobertura y fortalecer la calidad del desempeño de las instituciones y servicios que integran el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: el Consejo Municipal de Derechos, el Consejo de Protección, las Defensorías, los programas y las entidades de atención, los servicios de Defensa Pública y de acceso a la justicia.

Para el desarrollo efectivo de esas políticas, es preciso concretar planes, programas, servicios e inversiones, involucrando a instituciones públicas, instituciones y programas que articulen y coordinen sus acciones, y establezcan mecanismos para su evaluación, mejoramiento y continuidad en el tiempo. Se trata de un trabajo de conjunto, que debe concretar el principio de la corresponsabilidad Estado-Familias-Sociedad, entendiendo que si bien hay una obligación primera y fundamental de la autoridad pública, la protección integral de la infancia es un asunto complejo y que no será posible sin el aporte de los más diversos sectores, que deben ser convocados a contribuir al logro de la vigilancia y protección del bienestar de la niñez, construyendo espacios de formación para la justicia social, la paz y la solidaridad.

Violencia en Maracaibo y el estado Zulia[315]
Alexis Romero Salazar, Raima Rujano Roque y Miguel Ángel Romero Sulbarán

Introducción

En las últimas décadas se han hecho cotidianas en el estado Zulia distintas formas de violencia, entre las cuales los homicidios, los robos a mano armada, los secuestros, el sicariato y el cobro de «vacuna» son las más importantes. Situación bastante grave sobre todo si se toma en cuenta que, en particular, el homicidio es la expresión extrema de la violencia «en tanto priva a la víctima de la totalidad de sus derechos y en tanto tiene un profundo significado social»[316]. Por eso, la tasa de homicidios se utiliza como indicador de medición internacional de la violencia urbana.

En el estado Zulia, la tasa de homicidios casi se cuadruplicó en los 16 años que van desde 1990 (11 homicidios por cada 100 mil habitantes) hasta el 2006 (38 homicidios por 100 mil habitantes). En cifras absolutas, se pasó de 272 a 1.333 homicidios.

No obstante que la tasa correspondiente a 2003 (40) está por debajo del total del país para el mismo año (44), es similar o más elevada que las alcanzadas por grandes ciudades latinoamericanas de alta densidad poblacional y enorme complejidad a nivel económico y político. Podemos citar para 2003 los casos de Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México, Santiago de Chile y Buenos Aires.

Tasa cercana también a la de otras entidades del país con menor población y distinta dinámica socioeconómica, como los estados Sucre, con 41 homicidios por cien mil habitantes, y Táchira con 45[317].

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, referidas a las singulares condiciones territoriales, económicas y culturales del estado Zulia, y a la evolución de la tasa de homicidios, nuestra investigación se orientó a la identificación de las características de los actores, las circunstancias y los móviles de los hechos violentos ocurridos en esta entidad federal durante el año 2006. Con esta presentación, damos inicio a los productos del Observatorio Venezolano de Violencia en su componente de seguimiento a la prensa regional zuliana.

Metodología

Dado el objetivo de construir un sistema de información que haga posible el monitoreo de la situación de violencia en Maracaibo y el estado Zulia en general, se observó toda la información registrada en los diarios Panorama y La Verdad, atendiendo a aquellos delitos de violencia interpersonal que violan los principios internacionales y normativa nacional sobre: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y el derecho de acceso a la justicia.

Para sistematizar la información de una manera más eficiente y ordenada, que permitiera establecer comparaciones con los resultados proporcionados por los datos de la encuesta nacional, se diseñó un instrumento a partir de los indicadores de las variables identificadas como delitos que violan los derechos apegados a las normativas nacionales e internacionales.

Caracterización del Estado Zulia y su capital, Maracaibo

Los homicidios, y la violencia en general, los asumimos como fenómenos sociales que no pueden ser entendidos aisladamente sin conocer las causas, «las interpretaciones de los sujetos involucrados, los contextos sociales y culturales en los cuales se ejerce este tipo de conducta». Lo cual nos obliga a presentar algunas condiciones de la región.

El estado Zulia está situado al noroccidente de Venezuela. Limita al norte con el Mar Caribe; por el este con los estados Falcón, Lara y Trujillo; por el sur con Mérida y Táchira, y por el oeste, con la República de Colombia. Está integrado por 21 municipios, los cuales han sido agrupados en 5 subregiones administrativas: Sub-Región Maracaibo: (municipios Maracaibo, J. E. Lossada, San Francisco y la Cañada de Urdaneta); Sub-Región Costa Oriental del Lago; Sub-Región Sur del Lago; Sub-Región Perijá y Sub-Región Guajira. Tiene una población de 2.553.127 habitantes (1990) y una densidad de población de 40,46 hab./km2. La población indígena está representada, en su mayor parte, por la etnia Wayúu –los llamados guajiros–; pero también están los Yukpas, los Barí y los Añú.

Ocupa el 6,92 % del territorio nacional con una extensión de 63.100 Km2, siendo el sexto estado con mayor superficie del país. Su principal actividad es la petrolera, que se practica de forma intensiva, generando un ingreso que supera el dominio regional, pues es el principal sustento de la economía nacional. Cubre el 80% de la producción nacional de petróleo e hidrocarburos. En su territorio se dan importantes cultivos: algodón, cambur, coco, frijol, melón, plátano y sorgo. También se cumplen actividades de pesca y cría –avícola, bovina, caprina y porcina–.

Las zonas sur, sureste y oeste constituyen las zonas más productivas del país en ganado bovino, produciendo el 70% del consumo nacional de leche y queso. El Zulia aporta al país el 42,6% del PIB del sector primario.

Tiene una extensísima frontera con la República de Colombia; en la parte norte, con la Península de la Guajira, porción de tierras desérticas habitadas por miembros de la etnia Wayúu con doble nacionalidad y libre desplazamiento de un lado a otro, pues ambos países legitiman el traslado de mercancías que son ofrecidas de manera masiva en importantes puntos de la ciudades del estado Zulia. La península, desde hace muchas décadas, ha sido utilizada por bandas organizadas para el tráfico de armas.

Más abajo, la Sierra de Perijá hace una división natural; del lado de Venezuela, los Yukpas y los Barí son sus habitantes en pequeñas aldeas, mientras en el lado de Colombia, una mayor población y los bosques sirve a carteles de la droga para la siembra de amapola, coca y para el procesamiento de la cocaína.

La frontera termina en el sur del Lago de Maracaibo, donde caen grandes ríos que vienen del vecino país, como el Catatumbo, el Zulia y el Escalante. En el caso venezolano, se trata de una importante zona de producción ganadera y de plátanos; y en el caso colombiano, de un área de acción de guerrillas y paramilitares que generan desplazamientos de la población y que, paulatinamente, han extendido sus operaciones hacia el estado Zulia mediante el cobro de vacuna y secuestro de los productores.

La capital del estado está ubicada en la parte noroeste del Lago de Maracaibo. Es, también, cabecera del municipio homónimo, con una extensión de 557 km2. El municipio está dividido en 18 parroquias, siendo, además, la segunda ciudad más grande del país con 1.760.127 habitantes estimados para 2005 (sin incluir el área metropolitana 2.600.000 hab.).

Como capital del estado, a Maracaibo hay que agregar el Municipio San Francisco, que cuenta con una superficie de 164 kms²; una población de 445.210 habitantes (estimación año 2005) y donde predominan los sectores pesquero, industrial, comercial y financiero, así como la cría de pequeños rebaños.

La ciudad de Maracaibo es el principal centro financiero del occidente país, ya que es la capital del mayor estado productor de petróleo de Venezuela y el mayor de Latinoamérica. Es el principal puerto y centro industrial de la rica cuenca petrolera. Se halla en la orilla occidental del canal que comunica el Lago Maracaibo y el Golfo de Venezuela (un brazo del mar del Caribe).

Resultados

Hasta diciembre de 2006, se introdujeron en la base de datos del observatorio de prensa regional (reportes de los diarios Panorama y La Verdad) un total de 702 sucesos del estado Zulia y 322 de la ciudad de Maracaibo, registrados en esos principales medios impresos.

En cuanto a la fuente que proporciona la información a los periodistas, en su mayor parte son los cuerpos policiales (49%) y, en segundo lugar, los familiares (40%).

Del total de sucesos reportados y registrados para el estado Zulia, 637 (90,74%) corresponde a homicidios y 65 (9,25%) a otros delitos. Para Maracaibo se reseñaron 296 (91,82%) homicidios y 26 (8,07%) delitos distintos.

En el estado, el número de víctimas resultantes de los casos de homicidios resultó ser 856 y de otros delitos, alcanzó un total de 82. En Maracaibo, las víctimas por homicidios llegaron a 419 y a 34 las de otros delitos.

Caracterización por tipo de delito

I. Homicidios

Las víctimas

De acuerdo con la información suministrada por los diarios Panorama y La Verdad, la casi totalidad de las víctimas (91,87% en el estado Zulia y 92,59% en Maracaibo) fueron de sexo masculino. En cifras absolutas, 780 hombres fallecieron en el estado y 375 en la ciudad capital (apenas 69 y 30 mujeres, respectivamente).

El mayor número se concentra entre los 17 y 30 años (58,57% en el estado y 60,12% en Maracaibo); estando el grupo más grande comprendido entre 21 y 30 años (24,69 en el estado Zulia y 26,30%).

Hay una casi total ausencia de información en torno a la nacionalidad de las víctimas, lo cual se podría derivar del hecho de que los redactores de las noticias automáticamente asumen a los fallecidos como venezolanos. De los 61 casos que aportan este dato para el estado, la referencia es básicamente a 31 colombianos y 25 venezolanos. (En el caso de Maracaibo, de los 31 casos que se reportan, se señalan 15 colombianos, 14 venezolanos y 2 peruanos).

Si se clasifican las víctimas del Zulia por ocupación –en los casos donde se da este dato–, los grupos más numerosos están constituidos por 53 obreros, 51 comerciantes, 32 estudiantes, 30 albañiles, 24 vigilantes, 20 taxistas, 17 mecánicos, 15 vendedores, 14 ganaderos o productores agropecuarios, 12 policías, 9 profesionales universitarios (de distintas áreas) y 9 amas de casa.

En Maracaibo, se indican los grupos de 23 comerciantes, 17 estudiantes, 16 albañiles, 15 taxistas, 14 obreros, 12 policías, 9 vendedores, 9 vigilantes y 7 mecánicos.

Los homicidas

También la casi totalidad de los homicidas son del sexo masculino (98,80% en todo el estado y 97,99% en Maracaibo). En ninguno de los dos ámbitos aparecen señaladas más de 10 mujeres; aunque en la ciudad es mayor la proporción (9 de 748 contra 7 de 348).

Más de 2 tercios de las notas periodísticas no informan las edades de los victimarios. En los casos reportados, el mayor número está por debajo de los 25 años (39,29 en el Zulia y 35,48 en Maracaibo).

Tal vez por asumir, los periodistas, como un hecho que la nacionalidad de los victimarios es la venezolana, la casi totalidad de la notas de prensa no hacen referencia a ello; solamente aparecen mencionados como homicidas 26 colombianos y 5 venezolanos, en el caso de los sucesos del estado, y 20 colombianos y 1 venezolano en el caso de Maracaibo.

En la gran mayoría de las reseñas (91,84% en Zulia y 89,80% en Maracaibo), no se ofrecen datos respecto a la actividad a la que se dedican los victimarios; pero en los 59 que reportan para el estado, casi la mitad (27) son calificados de delincuentes –entre ellos 5 sicarios y 2 «azotes de barrio»–, 6 son policías y 4 vigilantes. De los 28 casos de Maracaibo, 14 son señalados como delincuentes, 2 «azotes de barrio», 4 policías y 4 vigilantes.

Cuándo se produjeron los homicidios

Los sucesos de los cuales dan cuenta los diarios se produjeron, en su mayoría, durante el fin de semana (58,89% en el estado y 52,33% en Maracaibo); sobre todo en la noche y en la madrugada (31,84% y 36,33%, respectivamente). Es decir, que en las 3 noches que van desde el viernes a la madrugada del lunes, ocurren en las 4 noches de lunes, martes, miércoles y jueves.

Dónde ocurrieron los homicidios

En lo que se refiere al estado Zulia, de las 382 notas periodísticas que traen la información acerca del lugar del suceso, casi la mitad (173) señala la misma zona donde residía la víctima; menos de un tercio (121) indica una zona diferente y menos de un cuarto (88) dice que en su misma casa. En Maracaibo se mantiene esa proporción: 76, 59 y 37, respectivamente.

Asistencia a la víctima

Aunque no todas las reseñas refieren este aspecto, lo relevante es que se establece que en los sucesos con desenlace fatal, 4 de 10 de las víctimas no contaron con asistencia de algún tipo. Situación similar en el estado Zulia y en su ciudad capital.

Quiénes eran los homicidas

En el estado Zulia, de los 380 homicidios de los cuales se informa la condición del victimario, la mayoría (69,74%) fueron cometidos por personas desconocidas; una importante porción (20,26%) por familiares y conocidos, y la cantidad menor (6,58%) por policías. En Maracaibo, se sigue el mismo esquema (72,73%; 18,18% y 6,06%, respectivamente).

La relación de las víctimas con los homicidas

De las pocas notas que indican el nexo de la víctima con el homicida (59 para el Zulia), se obtiene que en el 27,12% de los casos se trató de un amigo; en el 23,73% de la pareja o ex pareja; en el 23,73% de un pariente y en 13,56% de un vecino. Igualmente en los 23 casos que aportan este dato para Maracaibo, amigo 30,43%, pariente 21,74%, pareja o ex pareja 13,04% y vecino 13,74%; aunque se nota una menor participación de los «compañeros» sentimentales.

El tipo de arma utilizada

En los 602 casos en los que se informa el tipo de arma utilizada, se tiene que 479 de los homicidios del estado Zulia fueron cometidos con arma de fuego; 58 con arma blanca y 52 usando la fuerza física. También en los 278 casos de Maracaibo: 225, 27 y 23, respectivamente.

Tipo de violencia

La gran mayoría (84,78%) de los homicidios en el estado Zulia para los cuales hay información, ocurrió por violencia delincuencial; una parte muy pequeña por violencia doméstica (4,52%), violencia policial (4,01%) y por delincuencia organizada (2,68%). En Maracaibo, se cumplen las mismas proporciones, aunque sube un poco la delincuencial (86,18%) y bajan la doméstica y la organizada (2,70% respectivamente).

Móvil de los homicidios

Para el caso del estado, las notas periodísticas señalan las causas en 479 homicidios; en su mayoría por «ajuste de cuentas», 185; seguido de robo, 88; riña, 67; y sicariato, 44. Lo que se cumple, también, para los 227 casos de Maracaibo: 93 «ajustes de cuentas», 48 robos, 28 riñas y 17 sicariatos.

Qué hicieron los familiares de las víctimas

A nivel del estado, de los 67 casos en los cuales se proporciona información al respecto, la mayoría (76,12%) refiere que los familiares denunciaron; una porción menor (13,43%) reseña que buscaron apoyo de líderes comunitarios y un grupo más pequeño dice que intentaron aplicar justicia por cuenta propia (5,97%). En las notas de los homicidios en Maracaibo, se tiene que es menor la proporción de quienes hicieron la denuncia (61,76%) y más grandes los grupos que buscaron dirigentes vecinales (17,65%) y de quienes intentaron castigar al agresor (11,76%).

Estado de la denuncia

La casi totalidad (95,47%) de las notas que informan la situación de los homicidios ocurridos en el estado señalan que la policía sigue investigando; sucede lo mismo en las referidas a Maracaibo (96,57%).

II. Otros delitos distintos al homicidio

Las víctimas

En su mayoría son del sexo masculino (70,27% Zulia y 66,67% Maracaibo); un tercio corresponde al sexo femenino, situación que refleja una mayor victimización de mujeres en los delitos distintos al homicidio (29,73% Zulia y 33,33% Maracaibo).

La mayor cantidad de víctimas se ubica en el rango de edad entre los 16 y 25 años, notándose un importante número de casos con edades comprendidas entre los 41 y 50 años (20,37% Zulia y 23,53 % Maracaibo). Del mismo modo, según las notas periodísticas, son pocos los delitos contra personas de menos de 16 años -niños y adolescentes- y contra personas de más de 65 años, lo que probablemente esté relacionado con la menor frecuencia en que se encuentran en ambientes de riesgo.

En cuanto al estado civil, la prensa destaca que las víctimas, en su mayoría, son personas casadas y casi un tercio solteras, un mínimo grupo son separadas o unidas, en el estado Zulia. Sin embargo, en Maracaibo se observa que la mitad corresponde a personas solteras y la otra a casadas.

Cuándo ocurrieron los hechos

En este aspecto, se evidenció que casi un tercio de los sucesos ocurren en las horas nocturnas de lunes a viernes (25,45% Zulia y 27,27% Maracaibo), disminuyendo el número de hechos en las horas diurnas, tanto en Maracaibo como en el Zulia (18,18% ambos). Lo curioso es que durante los días y noches del fin de semana disminuyen pero, definitivamente, las cifras no dejan de ser alarmantes (12,73% Zulia y 13,64% Maracaibo). Vale la pena mencionar que se pudiera estar confirmando que la magnitud de la violencia se pone en evidencia a través del número de homicidios o intentos, no siendo igual en el de otros delitos, en los cuales la agresión no llega a desencadenar en la muerte de la víctima. Recuérdese que los datos corresponden sólo a los hechos reseñados en la prensa, los que probablemente sean concebidos como extremos o noticiosos. Esta acotación le otorga mayor relevancia al porcentaje de casos que suceden los días y noches de los fines de semana.

Lugar de incidencia

De acuerdo con el lugar de ocurrencia, se pone de manifiesto un importante porcentaje de sucesos dentro del hogar (45,29% Zulia y 44,19% Maracaibo), disminuyendo la proporción en la comunidad y fuera de ésta. Los datos confirman la existencia de fuertes eventos violentos dentro del domicilio, lo que indica el grado de exposición de las víctimas, y si lo relacionamos con el número de agresiones en contra del sexo femenino, se puede corroborar que la violencia se está constituyendo en una forma de relación y convivencia en los espacios domésticos. Tal hallazgo permite señalar la importancia de generar una cultura ciudadana que rechace los actos violentos como medio para resolver los conflictos. En este sentido, las estrategias preventivas tendrían que considerar la intervención de los espacios domésticos y comunitarios a fin de aminorar el número de casos.

Esta alarmante situación se refleja en la siguiente tabla:

Otro aspecto a considerar es que estas cifras pudieran estar favoreciendo el desarrollo de una percepción de peligrosidad de circular libremente por entornos conocidos e incrementar la misma en los escenarios desconocidos. Tal percepción genera miedo y sensación de inseguridad «objetiva» en la población, que tiende a sentirse amenazada, cada vez más, por la delincuencia.

El victimario y su relación con la víctima

La información ofrecida en torno a la relación victimario y víctima permite describir algunas situaciones, sobre todo si se hace la lectura desde los datos anteriores. Menos de un tercio de los delitos fueron cometidos por familiares (20% Zulia y 13,4% Maracaibo), mientras que más de la mitad fueron cometidos por desconocidos, posiblemente por el hampa común (74,58% Zulia y 2,61% Maracaibo). Sin embargo, destaca que de estos conocidos, la casi totalidad corresponde a parejas o ex parejas y familiares (88,89% Zulia y 50% Maracaibo); sólo un 11,11% fueron ejecutados por vecinos o nativos del mismo sector de habitación. Con esta información se hace evidente lo afirmado en torno al clima violento que invade los hogares zulianos.

Llama la atención el hecho de que en más de la mitad de los casos en el Zulia y Maracaibo, no hubo intervención de personas ajenas al suceso (61,54% y 71,43% respectivamente) que le prestaran ayuda a la víctima. Lo curioso es que, tratándose de hechos ocurridos en zonas conocidas y en la vivienda, ningún familiar o conocido haya intervenido.

Tipo de violencia presumible o cierta

De la totalidad de casos reportados, se observa que más de la mitad de los hechos se presentan como producto de la delincuencia, un tercio a la organizada y el resto corresponden a la categoría domésticos.

Véase que la menor proporción está ocupada por la violencia doméstica, siendo ésta la más descrita en la información suministrada en los diarios trabajados. Esta situación puede leerse en dos sentidos: uno como resultado de la no declaración o denuncia de la víctima en contra de un familiar, y el otro, que la prensa no ofrece el detalle sobre el suceso.

Causas del delito

En el Zulia, más de un tercio de los delitos (35,42%) ejecutados por la delincuencia común son producto del robo y un tercio por extorsión. Estas cifras no difieren en Maracaibo. La causa del resto de los delitos no fue reportada en las noticias. Esta información está asociada a aquellos delitos que ocurren fuera de la zona de residencia.

Tipo de arma usada para cometer el delito

Identificar la clase de arma utilizada para cometer el delito permite estimar el tipo de violencia ejercida hacia la víctima y sus posibles consecuencias. Tanto el arma de fuego como la blanca pueden ocasionar la muerte y, aunque el efecto letal difiera, son las más usadas para cometer los delitos. Se observa que la casi totalidad de los delincuentes utilizaron armas de fuego (81,67% Zulia y 87,50% Maracaibo), lo que indica el gran número de armas ilegales en la calle, en manos de civiles y delincuentes.

Es importante observar que el uso de la fuerza física también se reporta en los casos de otros delitos, evidenciándose un porcentaje inferior pero significativo (6,67% Zulia y 4,17% Maracaibo).

¿La víctima recibió atención médica?

La atención a la víctima es importante en tanto contribuye, en la mayoría de los casos, a salvar una vida. Definitivamente, se puede afirmar que una atención oportuna disminuye las graves consecuencias de las heridas sufridas por un hecho violento, más aún si se trata de heridas graves producidas por arma blanca o de fuego. En tal sentido, los datos señalan que de los delitos distintos al homicidio, la casi totalidad de los casos (88,21% Zulia y 88,89% Maracaibo) recibió asistencia médica; sólo un mínimo porcentaje no la recibió (10,53% Zulia y 11,11% Maracaibo), aunque quizás pudiera tratarse de estados que no ameritaban la intervención médica.

¿Qué hizo la víctima después del suceso?

Conocer las acciones que emprenden las víctimas de los delitos es un dato muy importante porque puede dar cuenta de la confianza en las instituciones dispensadoras de justicia. Sobre todo en un país como Venezuela, en el cual se ha cuestionado en los últimos años la celeridad y transparencia de los dictámenes de sentencia. Al respecto, se tiene que la casi totalidad de las víctimas (96,77% Zulia y 91,69% Maracaibo) denunciaron el delito a las autoridades. Destaca, además, que los hechos siguen siendo investigados por los cuerpos policiales en más de un 90% de los casos. A esto hay que agregar que de los casos denunciados, alrededor del 10% está en los tribunales y sólo al 6% de los correspondientes al Zulia se les ha dictado sentencia. Tales datos dejan en evidencia la poca celeridad, por parte de los juzgados, aunque la víctima haya denunciado el delito.

Venezuela y la región Guayana: crisis de un modelo de convivencia y aumento de homicidios
Francisco Rodríguez[318]

Introducción

La cuestión de la violencia es un tema que suscita gran interés por el carácter dramático de su presentación, así como por sus consecuencias; no sólo a nivel de la sociedad en su conjunto, sino también en el contexto de la vida cotidiana. La nuestra se ha convertido en una «civilización de la violencia» y en nuestra región, y específicamente en Venezuela, en un problema «endémico-estructural».

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2000 se produjeron en el mundo 520.000 muertes por homicidios, para una tasa de 8,8 por 100 mil habitantes. La mayor tasa mundial de homicidios fue de 19,4 por 100 mil habitantes, correspondiente a los hombres ubicados entre los 15 y 29 años. Para este año, la tasa de defunciones debido a la violencia en países pobres fue más de dos veces superior a la de los países ricos[319].

La entronización en Venezuela, en las últimas décadas, de un modo de vida fundamentado en una racionalidad sistémica que constituye una situación de «ecología de la violencia» y que en sí misma es violencia estructural, genera procesos de anomia salvaje que se traducen en indicadores de violencia social.

Para el año 2006 en Venezuela, se registró la cifra récord de 12.257 homicidios, pasando de una posición de sexto o quinto lugar, a ocupar los primeros lugares en toda América Latina, por encima de países tradicionalmente violentos como Colombia y Brasil[320].

En la región Guayana, tuvimos un incremento de 38,1% de muertes violentas en el lapso comprendido entre 2005 y 2006. La tasa de homicidios es de 53 por 100 mil habitantes, superando la mayoría de las entidades federales[321].

1. Origen reciente del problema

Ya desde los años ochenta, era evidente la crisis sistémica del modelo democrático-representativo bipartidista en el país. Pero también eran evidentes las tendencias hacia la implantación de un estilo de vida y una cultura, que por más que nos parezca chocante, ha terminado adoptando la ciudadanía en la vasta geografía de las formas de vida de la sociedad venezolana.

Nos referimos al fenómeno de la violencia social: atracos, robos, homicidios, violencia intrafamiliar, suicidios, violaciones y abuso sexual, etc.; es decir, la «cultura de la violencia» asomaba ya su feo y repugnante rostro, por encima del escenario democrático, desde los últimos años de la década de los ochenta.

A medida que el Estado se mostraba incapaz de resolver los problemas fundamentales, la pobreza se arremolinaba en las grandes ciudades, el campo se desintegraba y, con él, el concepto virginal de comunidad y las grandes ciudades comenzaban a convertirse, progresivamente, en el zoológico que iban a llegar a ser; el «Jinete del Apocalipsis» por excelencia que es la violencia social, se instalaba cómodamente en nuestra sociedad que todavía, hasta los años cincuenta, era rural.

De acuerdo con Briceño-León, la violencia social «no representaba un importante problema para la salud pública en Venezuela hasta el fin del siglo veinte». Durante varias décadas, las tasas de homicidios oscilaron entre seis y diez muertes por 100 mil habitantes»… «la situación en el comienzo de la nueva centuria es muy diferente: con una tasa de homicidios de más de 50 muertes por 100 mil habitantes, Venezuela está entre los más violentos países de la región»[322].

Creemos que este fenómeno, aunque no apareció repentinamente, ha venido rebasando las capacidades de respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado y generando en la población estados de temor e indefensión, agravado, ahora, con la aparición de un tipo de delincuencia de alto nivel de organización y agresividad que se concreta en el fenómeno de los secuestros con muerte de la víctima.

Significa esto la emergencia de un fenómeno de «gangsterización» o «enmafiamiento» de la delincuencia, que copia el modelo de violencia tipo Colombia adoptando la modalidad del «sicariato». Este método delictivo, por decirlo de alguna manera, no existía en Venezuela. Esto no formaba parte del mundo del delito en nuestro país.

No es lo mismo el ataque de un azote de barrio o de una banda delictiva de un barrio, que una organización delictiva que adopta la forma de «empresa del delito» con ramificaciones en las estructuras de poder, que más se parecen a una corporación que a una banda.

2. ¿A qué clase de violencia nos estamos refiriendo?

Todas estas situaciones no significan que Venezuela no conociera antes de esta etapa de su vida histórica la horrible presencia de la violencia. Ella existe desde el mismo momento de la conquista y colonización, puesto que nacimos como parte de la civilización occidental a partir de un gran acto de asalto, pillaje y violación, y luego a través de toda la vida republicana hasta el siglo XX, pero ésta era, más que todo, violencia política. La violencia a la que nos estamos refiriendo es a la del tipo social-pura, la cual es típica de este momento histórico, más que la violencia política.

Pero en este caso, no se trata de una violencia racial, étnica, religiosa, política, las cuales pueden estar presentes, sino de una violencia que no reconoce diferencias, porque no es una violencia ideológica. Es una violencia masiva, no de clase social, aunque haya mucho de resentimiento social y que puede ser, también, muy anónima e impersonal, indiscriminada.

Por primera vez en nuestro país nos enfrentamos a un enemigo anónimo, ubicuo, con fuerte capacidad para hacer daño, cada vez más frío, perversamente criminal y con mucho resentimiento social. A eso se añade la impunidad y la ineficacia del Estado para combatir este mal.

Pobreza, exclusión social, desintegración de la sociedad y la familia (y sobre todo la familia), predominio de mensajes que constituyen un llamado a la violencia en los medios de comunicación, así como la promoción y venta de un estilo de vida fundamentado en los valores del mercado y crisis del modelo sociopolítico; son las condiciones socio-estructurales dentro de las cuales florece el fenómeno de la violencia interpersonal en nuestra sociedad.

3. Carácter estructural del fenómeno de la violencia convertido en epidemia

El estilo de vida fundamentado en el mercado que comienza fuertemente para finales de los ochenta significó una tormenta social devastadora en las «tranquilas aguas» de la sociedad tradicional venezolana. Sobre todo, el desplazamiento que este estilo de vida hace del modo tradicional de ver la vida, el hombre y el mundo en general, del venezolano tradicional.

La cesta de valores tradicionales que colocaba en el primer lugar a la persona, la familia y el parentesco, el honor y la honestidad, la pertenencia a una comunidad y una familia, ahora va a darle paso a un sistema de valores en donde lo que está en la cúspide de la pirámide es otra cosa: dinero, poder, objetos, consumo y confort, status material, hedonismo, «el pasarlo bien a toda costa», etc. Un standard de valores con foco sociocéntrico le cede al paso a un sistema de jerarquización de valores con foco egocéntrico.

Significa esto que nada importa más que estos valores-objetos-metas, operándose de este modo un desplazamiento del viejo standard de valores que, por esta razón, se vuelve obsoleto.

La atmósfera espiritual que genera la instalación del denominado «capitalismo de consumo» configura una manera de ver el mundo que no coloca a la persona en el centro, sino en lugares inferiores. La honestidad, el parentesco y la familia, la pertenencia a una comunidad y una familia, pasan a ser valores de carácter desechable. En este mismo sentido afirmamos que «la entronización en Venezuela en las últimas décadas, de un modo de vida fundamentado en una racionalidad sistémica cuya lógica de funcionamiento es el mercado neoliberal, genera representaciones, relaciones, subjetividades y estilos de vida que podríamos enmarcar en el contexto de lo que denominamos como «orden caníbal»[323].

4. La cultura de la muerte como estilo de vida

Hoy, en la vida cotidiana, la muerte se ha banalizado, vale decir, se ha convertido en un hecho más o menos sin trascendencia, un hecho trivial; cosa que había sucedido antes con los Estados como en el caso de los nazis, pero no con el hombre común.

Asistimos a una época de «banalización del mal». Esto significa que el valor de la vida se ha devaluado considerablemente, al mismo ritmo en que se han devaluado las monedas en la economía contemporánea. Y en este proceso de la implantación de un sistema social tan materialista como el capitalismo de consumo (antes fue el capitalismo productivo), a medida que se revaloriza el mundo de los objetos, se desvaloriza, en la misma proporción, el mundo de la persona.

Todos hemos oído noticias tan escandalosas como la muerte de cualquier joven para robarle los zapatos en cualquiera de nuestros países latinoamericanos. En Venezuela, por ejemplo, se ha venido entronizando también, como en el resto del mundo, una «cultura de la muerte».

El hombre ha perdido el carácter sagrado que siempre tuvo en cualquier civilización, a pesar de la violencia y la muerte que siempre hubo. El quiebre de valores centrado en la persona y la familia es responsable de la entronización de valores puramente instrumentales, centrados en el yo del individuo y no en el carácter relacional de la persona.

Valores egocéntricos: posesión de bienes materiales, dinero, status social, consumo, confort, goce inmediatista, etc., por oposición a valores interpersonales como: solidaridad, amor al prójimo, respeto por el otro (y por sí mismo), tolerancia, compasión, etc., que son valores que conducen a promover situaciones de convivencia, y no de enfrentamiento y de «orden caníbal», como es lo que estamos observando hoy en día.

Es una situación en donde lo que predomina es el culto al objeto y no a la persona humana, el goce sin compromiso por encima de la responsabilidad y el individualismo egoísta del «sálvese el que pueda» por encima del colectivismo responsable y solidario.

Por otro lado, tenemos el terrible expediente de la instalación en nuestras sociedades, ya con carta de ciudadanía, de una «cultura de la violencia». Por todas partes respiramos el aire maloliente de un clima de violencia permanente: la familia, la comunidad, la TV, las crónicas rojas de los diarios y ahora el mundo político, son vivos ejemplos de esa ecología en la cual estamos todos metidos; la «ecología de la violencia».

El caso más típico es el de una sociedad que condena a más de la mitad de la población a una situación de exclusión social. Esto también es violencia, violencia estructural.

Finalmente, para completar este cuadro muy apretado de condiciones que favorecen la aparición de la violencia, tenemos que debido al endurecimiento de la vida social en nuestros tiempos contemporáneos, hemos terminado convenciéndonos de que si no es por la violencia no podemos lograr nuestros objetivos, lo cual puede ser denominado como «alienación normativa».

Esto es una verdadera tragedia para una sociedad que desprecia mecanismos como: las leyes y normas sociales, las instituciones, la conciliación, la mediación y la comunicación para resolver los conflictos.

La violencia social hoy en Venezuela, y en buena parte del mundo occidental, constituye el aspecto que tiene la mayor resonancia como problema de salud pública, no sólo por las consecuencias en términos físicos y morales, sino también porque sus víctimas se registran en todos los estratos sociales de la población.

A medida que el Estado de compromiso nacional-popular, o Estado paternalista-clientelar, se mostraba incapaz de resolver los problemas crónico- estructurales de equidad y justicia social, la pobreza y marginalidad se arremolinaba en las grandes urbes, el campo se desestructuraba (y con éste, el concepto tradicional de comunidad) y las grandes ciudades se convertían progresivamente en el zoológico que iban a llegar a ser; el fenómeno de la violencia social se instalaba cómodamente en nuestra sociedad como un inquilino del proceso de urbanización compulsiva, caótica y violenta, en una sociedad que todavía hasta la década de los cincuenta, era rural, del tipo comunidad, en el sentido en que Tönnies lo enunció.

Jamás la sociedad venezolana se había enfrentado con un problema de las magnitudes que asume actualmente. En este sentido podemos hablar, no sólo para Venezuela sino también para el mundo en general, de una epidemia. Y éste es el verdadero concepto de epidemia, porque envuelve un carácter de difusión generalizada, de magnitud y trascendencia que lo proyectan en este sentido.

Hoy en Venezuela la violencia tiene un estatuto social, más que político, a pesar de que éste fue, de siempre, su carácter fundamental. Pobreza, exclusión social, disolución de los tejidos sociales que constituían la comunidad sin la compensación del surgimiento de estructuras del tipo sociedad medianamente integradas, desestructuración de las diversas formas familiares (incluida la familia popular venezolana), sustitución del paradigma de la comunicación interpersonal tipo cara-a-cara por el formato de la comunicación anónima e impersonal de los medios masivos, constituyen las cadenas epidemiológicas básicas que nos pueden conducir a comprender los contextos dentro de los cuales se produce y reproduce el fenómeno.

Sin embargo, es la utilización del concepto de estilo de vida o modo de vida, como categoría de análisis, la estrategia conceptual que nos podría aproximar de manera más cercana al fenómeno en estudio.

El estilo de vida fundamentado en el mercado entendido en su contexto neoliberal, ha significado, no sólo para Venezuela, pero sobre todo para Venezuela, una tormenta socio-subjetiva de consecuencias devastadoras para el mar de aguas relativamente tranquilas de la sociedad tradicional. Sobre todo el efecto de desplazamiento que esta racionalidad, en su lógica de racionalidad instrumental, ha ejercido sobre los modos de producir representaciones sociales, y por tanto, sentido en el venezolano tradicional.

Sin embargo, la violencia social está asumiendo ya la connotación de un problema endémico-estructural porque su presentación anuncia, de hecho, un enraizamiento en la racionalidad del funcionamiento de la sociedad venezolana; una enfermedad crónica más aguda. Su carácter generalizado y siempre presente puede inducir a su percepción como un fenómeno natural y, por tanto, imposible de erradicar sin medidas extremas que signifiquen dosis mayores de violencia; vale decir, combatir la enfermedad con la misma lógica de ella.

Esto envuelve amenazas reales y probables a valores que, aunque no del todo reales en nuestras sociedades latinoamericanas, al menos constituían patrón cultural de referencia para la vida civilizada contemporánea, como son los derechos humanos, la democracia, las estructuras legales, etc.

5. La violencia interpersonal como respuesta a los cambios en la racionalidad del sistema social

El resurgimiento de una «pulsión de muerte», capaz de generar sentimientos destructivos y autodestructivos en la población de cualquier nivel socioeconómico, está pasando a comandar buena parte de los comportamientos y de la vida cotidiana de la gente hoy. Parece una epidemia que se hubiera instalado en «el espíritu de los tiempos» y desde ahí contaminara nuestro inconsciente colectivo, nuestra alma.

La pulsión canibalística, aunque no es nueva, se ha entronizado en nosotros amenazando con convertirnos en una sociedad donde todo el mundo intenta devorar a todo el mundo.

Y es que la nuestra es una «civilización caníbal» porque la tendencia a eliminar o desvalorizar todo lo que sea palabra, discurso o mediaciones sociales en general; todo lo que no reúna los requisitos que acreditan a alguien como merecedor de reconocimiento social: (dinero, poder, posesión de objetos materiales, etc., es decir, ser humano como tal y su correspondiente tendencia a revalorizar (idolatrar) todo lo que involucre objeto, valor material, etc., nos ha llevado a este estado del espíritu que denominamos como «miseria del espíritu colectivo».

Todo se ha vuelto desechable, no sólo los objetos de consumo, sino también los seres humanos. Estos, por efectos de una civilización del consumo y el confort como única forma aceptable de estar y existir en el mundo, y por tanto de legitimar la existencia, se han convertido en meros medios o instrumentos para el logro de objetivos; en una inversión de valores en la cual los medios se convierten en fines y las personas (fines) se convierten en medios.

Se trata de una ética muy instrumental que define la realización personal como una cuestión meramente individual a través de la posesión material, el placer libidinal que genera el consumo y de esta manera se puede alcanzar la «salvación del alma», que en este caso no es en el cielo sino en la tierra.

Jamás en toda la historia de la humanidad el hombre había sentido que su salvación, su realización, dependían de medios materiales como en esta civilización; jamás el hombre se convirtió en una «mera abstracción», un simple medio material, una cosa totalmente desechable como ahora. Jamás las relaciones interpersonales y la comunicación en general, estuvieron tan mediatizadas materialmente como en esta civilización.

El concepto de sagrado, vinculado no sólo a Dios, sino también a la naturaleza, el hombre y la vida, jamás había sido declarado por el poder y la gente común, como totalmente innecesario para la realización y el logro de los objetivos fundamentales de las sociedades y los individuos considerados particularmente.

Jamás en la historia de la humanidad se había llegado a un pragmatismo tan delirante como para considerar que lo único importante en la vida sea mi interés particular, las necesidades estrictamente individuales y particulares.

De ahí surge un tipo social, un estilo de vida y manera de ver al mundo que se expresa concretamente en el «individualismo autístico social». Igualmente podríamos hablar de otro tipo social, complementario con el anterior, que surge en este contexto y que podríamos definir como el «individualista hedonístico».

Lo único importante en la vida y ésta no merecería llamarse tal si no girara alrededor del «goce material» que permite el consumo de productos de origen tecnológico. «El goce sin compromiso» radical es la manera como se define, desde esta perspectiva, el modo de alcanzar la realización y por tanto la salvación del alma, pero no ya desde el plano de lo espiritual, sino de lo material, por lo tanto salvación del cuerpo.

Todos estos elementos conforman una «atmósfera espiritual» y ética que contiene ya dentro de sí como una lógica fundamental y terrorífica, la «muerte del hombre» desde un punto de vista existencial-antropológico y también de la naturaleza, porque implica el empobrecimiento del universo de la vida y su reducción a cuestiones de tipo instrumentales.

Es un estado de miseria espiritual que reconcilia al hombre con el carácter de «ser-para la destrucción» que puede llegar a tener y que comporta dentro de sí como especie, como potencialidad.

En este sentido tenemos algunos elementos de cambio sociocultural ubicados dentro del proceso de modernización que forman parte de un fenómeno mucho más amplio, el cual pudiéramos denominar como «proceso civilizatorio de capitalismo global»:

1. En primer lugar tenemos que hablar de un fenómeno que es mundial, pero que en Venezuela, por su condición de país petrolero-minero y de anomia ancestral, se presenta de manera dramática: nos referimos al proceso de la monstruosa desvalorización de la vida y la persona humana, al mismo tiempo que una valorización idolátrica de los objetos, el dinero y las cosas materiales, producto del actual proceso de modernización.

Es una relación inversamente proporcional, porque mientras más se valorizan los objetos, más se desvaloriza la persona humana. En una cultura que hace énfasis en la posesión de objetos, consumo y goce sin compromiso, la vida humana puede ser un estorbo en el logro de estas metas.

2. El proceso de urbanización acelerada y la transición de una sociedad tipo comunidad a una sociedad de tipo urbana-masificada, en donde todos los días hay que batirse en un «orden caníbal», que nos reduce a todos a simples átomos de un universo cada vez más impersonal, ha convertido a la persona humana en una especie de abstracción que no tiene un valor concreto para el sujeto.

3. La implantación de una «cultura de la violencia» que se expresa en el surgimiento de bandas que luchan por el control de territorios y en donde «matar» y «ser matado», son las dos caras de la misma moneda de la «cultura de la muerte» que caracteriza a los miembros de bandas y azotes de barrio. No se trata aquí de una cultura que simplemente afecta a muchos jóvenes, sino que determina su manera de ser, pensar y sentir.

4. En una sociedad donde el proceso de civilización modernizante ha acabado con todas las mediaciones sociales que existían, la gente está sintiendo que la violencia es el único recurso para resolver sus conflictos. Nada de justicia institucional, palabras, negociaciones o acuerdos para reparar la falta.

El sentimiento que se ha estado incubando en muchas personas es el de que el daño o la ofensa causada tiene que ser pagada con sangre, porque ninguno de estos mecanismos de mediación social y conciliación sirven para nada.

6. El abordaje de la sociogénesis de la violencia social a partir de cambios en la subjetividad colectiva del venezolano

Por otra parte, tenemos que en el caso del venezolano, concretamente, se han producido algunas modificaciones en la dimensión de su subjetividad colectiva que favorecen el surgimiento de una «pulsión de muerte» como tendencia dominante en el universo simbólico. Aunque estos cambios se registren en el talante y el comportamiento colectivo e individual, es en el inconsciente colectivo (el alma popular) en donde finalmente se radican.

1. En primer lugar, tenemos que en los últimos tiempos, el status de la «madre», como devoción central del venezolano (matricentrismo), ha venido experimentando cambios en el sentido de un desplazamiento por otros poderes.

La hegemonía de la cultura del mercado que habíamos descrito antes presiona hacia la colocación del centro de la vida en los objetos y el consumo y no a los valores referidos a personas, aunque ésta sea la madre.

2. A pesar de la fuerza que aún tiene la cultura de la masculinidad y de la madre como modelo simbólico y centro afectivo, la revalorización de la mujer-esposa y de la vida conyugal conspira contra los valores tradicionales que asignaban carácter sagrado a la figura materna y a los valores que se relacionan con ésta como: la familia, el parentesco, etc.

3. El resentimiento social que nos ha acompañado ancestralmente (somos una sociedad del resentimiento), ha venido agravándose por efectos de las inmensas desigualdades y la exclusión social, hasta el punto de alimentar la vieja y también ancestral «pulsión de muerte» que arrastramos como grupo con una historia de dominación, opresión y «heridas abiertas y sangrantes», aún no completamente sanadas. Esto presiona para la instalación definitiva de una cultura y una subjetividad fuertemente fálicas, sin las restricciones de la presencia de la madre como modelo simbólico.

4. Todo esto se vincula con una tendencia ancestral a resolver los conflictos de manera violenta en el venezolano que se asocia con el carácter «cimarrón» de la ciudadanía, propia de sociedades en donde la gente de origen popular ha sido sometida durante mucho tiempo a situaciones de dominación y humillación tales que producen como reacción compensatoria, imaginarios de «rebeldía» y «orgullo» que predispone a comportamientos destructivos y autodestructivos.

Sin embargo, tenemos que aceptar que algunos de estos factores de cambio sociocultural y subjetivo están ya contenidos en los procesos de modernización que se viven contemporáneamente como parte del proceso civilizatorio capitalista-urbano-global; sobre todo en regiones como América Latina.

Así vemos como la tasa de homicidios en hombres se ha venido incrementando en nuestro país a partir de la década pasada:

El número de hombres muertos por homicidios pasa de 2.623 a 6.895 entre los años 1997 y 2004[324].

7. Violencia social y homicidios en la región Guayana

La región Guayana no ha permanecido ajena a la explosión de violencia social que ha significado el aumento de homicidios en todo el país. De hecho, en la región se produjo un incremento de 38,1% de muertes violentas en el lapso comprendido entre 2005 y 2006. La tasa de homicidios es actualmente de 53 por 100 mil habitantes, muy cercana a la del país en general y superando la mayoría de las entidades federales[325].

Aparte de todos los factores anteriormente señalados, podríamos mencionar elementos particulares a la región que le dan carácter de especificidad al fenómeno de las muertes violentas en la región. Así, tenemos que el hecho de haber pasado de un patrón de subsistencia basado en un eje fluvial como modelo primario exportador de desarrollo, a un modelo de tipo minero-siderúrgico, planteó cambios muy rápidos y difíciles de digerir por la población, que constituyeron las corrientes migratorias aluvionales que se desplazaron atraídas por el «espejismo del nuevo dorado».

Al respecto, presentamos unas tablas ilustrativas de este fenómeno referidas a la mortalidad por hechos violentos en el estado Bolívar, discriminadas por distritos sanitarios, sexo y edad, en el lapso comprendido entre 2000-2004 (información más reciente es de difícil adquisición).

En esta tabla observamos una tendencia al aumento de las muertes violentas en los dos Distritos Sanitarios más importantes de la región, cónsona con la tendencia general para el resto del país; sin embargo, vemos como el Distrito Sanitario II tiene porcentajes que representan más de la mitad de todos los homicidios que se producen en el estado Bolívar. El municipio Caroní es el asiento de las empresas básicas y, por tanto, el centro del eje urbano Ciudad Guayana-Ciudad Bolívar. Es aquí donde mayoritariamente se han instalado las corrientes migratorias aluvionales provenientes de diversas partes del país y del exterior. En este municipio coexisten dos núcleos urbanos que se corresponden con la definición de una típica ciudad de clases: Puerto Ordaz y San Félix.

La primera es una ciudad planificada y diseñada para gerentes y profesionales de las empresas básicas; en tanto que San Félix es la ciudad de los trabajadores y de los asentamientos precarios constituidos por una población que no se vincula con los procesos de producción fundamentales vinculados a las empresas básicas y, por tanto, desarraigados. Son los «condenados de la tierra» que podemos encontrar en cualquier gran urbe latinoamericana.

Este proceso de exclusión y, por tanto, de violencia estructural, se desarrolla en un espacio que ya de por sí se constituye en torno a una lógica de la violencia urbana.

En esta tabla observamos una diferencia muy marcada entre el número de víctimas de muertes violentas que ocurrieron en varones, en comparación con las hembras, durante el período comprendido entre 2000-2004 en el estado Bolívar.

Esta tendencia, que no es exclusiva de la región puesto que se puede observar en todo el país, no señala el hecho de la participación del sexo masculino como protagonista central de los procesos de violencia interpersonal que terminan en homicidios. De acuerdo con estos datos, tal parece que la violencia interpersonal fuera un fenómeno propio del sexo masculino y eso nos remite a la prevalencia de la cultura de la masculinidad como rasgo central de una sociedad que se ha vuelto excesivamente fálica en la lógica de su funcionamiento.

Esto puede inferirse de la combinación de al menos dos tipos de racionalidades muy fálicas como es, por un lado, la que ha dominado tradicionalmente la sociedad venezolana con su fuerte carga de machismo y la lógica del mercado que postula una «sociedad canibalística» propia de la neomodernidad capitalista global.

Cuando examinamos la mortalidad por hechos violentos, de acuerdo con grupos etáreos en esta población, encontramos que los grupos de edad ubicados entre 15 y 24 años, y 25 y 44 años, concentran la mayor parte de los homicidios que ocurrieron en el período comprendido entre 2000 y 2004.

Si la violencia interpersonal que produce muertes violentas se ubica mayoritariamente en el sexo masculino, de tal manera que pareciera un fenómeno propio de una cultura y una sociedad esencialmente falocéntrica, con respecto a incidencia y prevalencia en grupos de edad, pareciera que fuera una cuestión de jóvenes.

En la cultura juvenil parece que se incubara, también, la «cultura de la muerte» de la cual hemos hablado porque, aunque la edad no sea un factor determinante, sí es condicionante, pues a través de esta variable se filtran los demás factores determinantes y detonantes.

Toda la problemática familiar y de exclusión social, así como los problemas derivados de la frustración con respecto al «ideal colectivo de realización social y autorrealización» en el contexto de una «cultura fálicocanibalística», podrían estar afectando, de manera especial, a los grupos de edad ubicados entre la adolescencia y la juventud en general.

La vinculación de todos estos factores de riesgo con la cultura mediática que promueve este tipo de standard de valores y patrones de comportamientos violentos, como una cuestión de jóvenes que se orientan primordialmente por la acción, en un contexto sociocultural que privilegia el «accionar» por encima de cualquier otra consideración, podría explicar parcialmente el hallazgo realizado.

Por otra parte, es preocupante que en un grupo de muy corta edad como es el de 5-14 años, se esté comenzando ya a ver cierto grado de mortalidad violenta que nos habla de una tendencia general en todo el país a disminuir el umbral de la edad de incidencia de los homicidios.

Conclusiones

Con respecto al fenómeno de la violencia interpersonal que conduce a muertes violentas, en el país y la región, de acuerdo con los datos disponibles, creo que podemos hablar de una tendencia estructural al agravamiento del problema, sobre todo en las dos últimas décadas. A nuestro modo de ver las cosas, lo que ha ocurrido es un proceso de agudización de tendencias estructurales, ya presentes en la sociedad venezolana, agravadas por la implantación de un modelo de civilización que en vez de disminuir el peso de éstas, lo que hace es exacerbar el cuadro de una patología que tiene todos los síntomas de una epidemia, en el mejor sentido del término.

Por otro lado, no vemos ni por la parte del Estado, ni por la de la sociedad en general, respuestas y señales que eventualmente pudieran minimizar el daño. Pensamos que tanto el Estado como la sociedad forman parte activa del problema y esto podría ser muy grave por la ausencia de un «sistema inmunológico» de tipo social que funcione mínimamente.

Referencias bibliográficas

Briceño-León, R. (2006). «Global View on Violence and Health». ABRASCO, Asociación Brasilera de Post-grado en Salud Colectiva, vol. 11, número 2, abril-junio.

Briceño-León, R. (2005). «Violencia urbana y salud pública en Latinoamérica: un marco sociológico explicativo». Cad. Saude Publica. Río de Janeiro, nov-dic.

España, L. y otros. (2004). Detrás de la pobreza. Caracas, UCAB.

Hobbes, T. (1978). Leviatán. San Juan, Universidad de Puerto Rico.

Moreno, A. (2007). Y salimos a matar gente. Maracaibo, Universidad del Zulia, tomo II.

Organización Mundial de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, D.C.

Rodríguez, F. (2005). «Violencia social: ¿Estilo de vida o estrategias de sobrevivencia?» Revista Heterotopía. Caracas, año X, número 31, septiembre-diciembre.

Tonnies, F. (1999). ¿Qué es la ciudad? Selección de textos hecha por Víctor Urrutia. Pamplona, Editorial Verbo Divino.

Ugalde, L. y otros. (1993). La violencia en Venezuela. Caracas, Monte Avila.

Prisioneros del miedo: la inseguridad en el estado Lara
Carmen Julia Viloria Arcaya

La palabra inseguridad la escucho en boca de los taxistas, los estudiantes, las amas de casas, los profesionales, los adolescentes, las personas adultas o de la tercera edad.

Incluso la pronuncian con frecuencia los niños y las niñas quienes, tal vez, no están conscientes de que ese problema social agobia a la mayoría de los ciudadanos venezolanos.

Las historias en las cuales pueden estar involucrados familiares, amigos, vecinos y conocidos, por ser víctimas de atracos en las busetas o en plena vía pública, son comentadas en los hogares, los barrios, las urbanizaciones, los edificios, los trabajos, los parques, las fiestas, las reuniones entre amigos, en fin, en cualquier espacio del país. Ese es el pan nuestro de cada día.

Cada persona que ha sido objeto de un acto de violencia narra su experiencia de manera distinta: llora, grita, tiembla, suda, se horroriza. Otros prefieren relatar el episodio en voz baja. Sienten temor y prefieren «no tener problemas con nadie».

También hay quienes prefieren callar y sufrir a solas, pero en sus rostros se percibe el miedo que sienten.

En definitiva, todos sentimos angustia e impotencia. Nadie quiere ser asaltado, vivir la experiencia de un robo de carro, ni experimentar lo que se padece al recibir un disparo.

Tampoco quiere sentir cómo acecha la muerte. Menos, cuando el delincuente no se conforma con robarse las pertenencias de otro, sino que actúa con saña y dispara contra su humanidad, sin importarle los ruegos y las súplicas de quien se resiste a morir.

El sentimiento de inseguridad se afianza, cada vez más, en el millón y medio de habitantes que vive en el estado Lara (ubicado en la zona Centroccidental del país).

El terror ha generado una angustia colectiva que se manifiesta con las protestas semanales de las comunidades, especialmente, de la zona norte y oeste de Barquisimeto.

Pero lo más curioso es que la inseguridad ha despertado a la gente de pueblo, como solemos llamarlos, que vive en los caseríos de los municipios Jiménez, Morán y Andrés Eloy Blanco, donde se respira aire fresco y el verdor de las montañas ilumina las mañanas.

Centenares de personas bajan de sus cerros para protestar por un problema que nos afecta a todos. En algunos casos significa la muerte de un ser querido, lo cual representa una pérdida irreparable y un costo social que es incalculable.

Esta realidad queda plasmada todos los días en las páginas de sucesos de los distintos medios de comunicación social impresos (El Impulso, El Informador, La Prensa, Diario Hoy y la Prensa de Lara). Allí se reseñan las historias trágicas de decenas de familias que perdieron a uno de sus miembros, producto de la delincuencia común.

Los comunicadores sociales somos los principales testigos, cuando visitamos la morgue del hospital Antonio María Pineda, la cual se congestiona por las familias que sufren de manera desconsolada por la muerte de uno de sus integrantes, asesinado durante un atraco, una balacera, un presunto «enfrentamiento policial» (los cuales son muy comunes en la entidad).

También hay casos en los cuales los desafortunados murieron dentro de sus hogares, porque la bala asesina traspasó el viejo zinc de su casa.

Hasta el mes de septiembre de este año, se han registrado 545 muertes violentas en la entidad –según los registros y publicaciones de las páginas de sucesos del diario El Impulso–.

Los meses en los cuales se produjeron más homicidios fueron: febrero (67), mayo (71) y agosto (74), de acuerdo con los datos obtenidos.

La mayoría de las víctimas son hombres, por lo general, menores de 40 años. No obstante, las mujeres también han sido protagonistas de hechos violentos. Hasta el mes de agosto se reseñaron 25 feminicidios.

La población juvenil también ha sufrido bajas. Hasta el presente han asesinado a 58 adolescentes, según un reportaje publicado por el diario La Prensa, el día miércoles 1 de octubre de 2008, en la página 17.

Al hacer una comparación con las estadísticas sobre los homicidios –según reportes de los periódicos– nos encontramos que en el año 2007 perdieron sus vidas 627 personas en el estado, pese a los dispositivos de seguridad implementados por los distintos cuerpos de seguridad.

Por eso, la situación de inseguridad preocupa a los larenses, quienes sienten temor de transitar por las calles – y especialmente por las barriadas, donde no existe ningún tipo de patrullaje y los delitos se han incrementado de manera sorprendente.

Lo peor es que la ciudadanía ha perdido la confianza en los operativos de seguridad implementados por la Policía Regional.

Cada vez que asesinan a una persona, los periodistas escuchamos el llanto desgarrado de la madre, el padre o hermanos; al igual que sus expresiones de desconsuelo porque muchos tienen la certeza de que no se hará justicia.

Pero el clamor de los familiares parece que no lo escuchan las autoridades policiales, porque centenares de casos de homicidios, «enfrentamientos policiales» y ejecuciones extrajudiciales, siguen dentro de las carpetas, que se desgastan en los viejos archivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o en el Ministerio Público.

En nuestra memoria retumban las voces de ruego y reclamos: «Estamos cansados de tantos muertos», «mi padre era trabajador», «mi hermano no era delincuente, sino excelente estudiante», «la inseguridad en los barrios no se aguanta», «vivimos presos en nuestras propias casas», «ya no se puede salir porque tenemos miedo que nos maten», «estamos desesperados», «no hay justicia ni nadie que luche contra esta inseguridad»…

Estas frases las pronuncian los familiares de personas muertas por la acción del hampa común, ante la mirada impávida de quienes son los responsables de ejecutar políticas de seguridad ciudadana y de garantizar el derecho más preciado de un ser humano: la vida.

Ejecuciones por doquier

Los larenses no sólo sienten miedo por la inseguridad, sino de algunos efectivos que integran los cuerpos de seguridad (Fuerzas Armadas Policiales de Lara, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Guardia Nacional), quienes han incurrido en excesos durante el ejercicio de sus funciones y han violado los derechos humanos de centenares de ciudadanos.

Sólo en presuntos «enfrentamientos policiales» han muerto 51 personas, en lo que ha trascurrido de este año, según las cifras aportadas por el Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara, el cual procesa 146 casos desde hace más de tres años.

Hasta el momento, ningún policía ha resultado herido durante las actuaciones policiales, en las cuales las bajas alcanza la cifra de cinco personas. Tal como sucedió en la masacre registrada en el barrio Primero de Mayo, ubicado en Quíbor –municipio Jiménez–, durante los primeros meses del año.

Los familiares de los occisos aseguran que el procedimiento se ejecutó de una manera «tan violenta», que todavía no concilian el sueño en las noches porque temen que «el gobierno» vuelva a «tomar el barrio» y «maten a otros jóvenes más».

Los abatidos fueron: José Etanislao Jiménez Aguilar, 25 años de edad; Carlos Rafael Pérez Pérez, 23 años de edad; Luis Marcelo Rodríguez Linárez, 30 años de edad; Henry José Álamo Rodríguez, 23 años de edad; Franklin Escalona Mendoza, 27 años de edad.

En total quedaron 13 niños sin padre.

Según el reporte policial, tres de los occisos tenían entrada policial y los otros dos habían sido denunciados por ser considerados «azotes de barrios».

Ante este tipo de hechos se suelen hacer las siguientes afirmaciones: «pertenecían a una banda», «ellos son inocentes», «murieron en un enfrentamiento policial», «tenían antecedentes», «se les incautó drogas y armas», «no eran malandros», «eso no fue un ajusticiamiento», «no merecían morir de esa manera». «Está bueno que los mataron, porque no se aguanta la delincuencia», «debieron ponerlos presos y no matarlos como unos perros», «ahora salen los defensores de los derechos humanos y defienden a esos malandros», «toda persona tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos»...

Las frases son pronunciadas por las autoridades policiales, los familiares de las víctimas y la sociedad civil en general, cada vez que se produce un «enfrentamiento policial» o cuando conocen la información a través de los medios de comunicación social. Las aseveraciones las hacen los actores de acuerdo con la visión y posición que tengan sobre el hecho.

Los jefes de los cuerpos de seguridad tratan de justificar las acciones violatorias de los derechos humanos con el artículo 218 del Código Penal, que se refiere al delito de resistencia a la autoridad.

Mientras, la Fiscalía 21 de los Derechos Fundamentales, inicia las investigaciones junto con la Defensoría del Pueblo, por la presión de los familiares organizados y la matriz de opinión que se ha generado, regional y nacionalmente, por los distintos casos registrados en la entidad.

Voces internas

Cada vez que escucho los testimonios de los padres y las madres que perdieron un hijo, producto de la violencia y la inseguridad personal que existe en el estado Lara, siento un profundo dolor y angustia por la situación de zozobra que vivimos quienes estamos conscientes de este grave problema social.

Me parece inaudito que existan comunidades donde la gente viva en un permanente «toque de queda», porque si sale o se asoma a la calle, después de las siete de la noche, puede encontrarse con la muerte.

Es indescriptible el sentimiento de inseguridad que se siente cuando por obligación uno tiene que detenerse en un semáforo, en horas de la noche (especialmente en zonas de alto riesgo), porque lo más probable es que te roben, quiten el carro o hagan un daño irreparable.

También se siente impotencia y rabia porque no se justifica la falta de políticas coherentes, que garanticen efectivamente la seguridad ciudadana y personal de todos quienes vivimos en este país.

El monstruo parece invencible, pero cuando uno entrevista a estudiosos del tema se percata de que ciertamente existen soluciones. Sólo se requiere voluntad política.

Todos somos testigos de que cada Ministro de Interior y Justicia aplica su propio plan y políticas, mientras centenares de venezolanos siguen muriendo. No sabemos si se trata de una política de Estado, pero el costo social por cada venezolano asesinado es incalculable e irrecuperable.

Las ejecuciones extrajudiciales son otro tema sobre el cual, obligatoriamente, tenemos que reflexionar, no sólo los comunicadores sociales, sino la sociedad en general, porque se viola el derecho más sagrado del ser humano, que es la vida.

Muchas veces escucho con preocupación las opiniones de personas que justifican los ajusticiamientos porque piensan que esas acciones son producto de las políticas que están «obligados» a emprender los cuerpos policiales, para combatir los altos índices de inseguridad que existen en el estado Lara.

Incluso hay algunos vecinos, militares, policías y efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y DISIP, con los cuales he conversado en algunas ocasiones para conocer sus puntos de vistas sobre el tema, que están convencidos de que hay ciudadanos «tan dañados» (con múltiples homicidios, violaciones y robos) que no pueden «recuperarse» y por ese motivo deben «ser ajusticiados», según ellos, «para acabar con ese tipo de plagas que perjudican a la sociedad».

El riesgo que se corre es naturalizar la violencia. No podemos justificar el asesinato de personas (tengan antecedentes policiales o no), porque todos sabemos que en el país no existe la pena de muerte. Y en mi caso personal, aun cuando se aplicara, no aprobaría ni respaldaría este tipo de política.

Como periodista pienso que es nuestra obligación incluir en la agenda pública los temas de inseguridad, los enfrentamientos policiales y las ejecuciones extrajudiciales, como acciones que violan los derechos humanos.

El propósito es propiciar una profunda reflexión sobre una situación que no se puede desdeñar, en los distintos sectores público y privado. Recuerden que ningún ser humano está exento de vivir una circunstancia trágica y penosa, producto de los actos violentos que, día a día, se viven en nuestra localidad y el país entero.

En definitiva, esta realidad nos atañe a todos como ciudadanos e integrantes de una sociedad, en donde lamentablemente la familia, como núcleo de la humanidad, se encuentra seriamente lesionada por la carencia de valores y una cultura donde prevalece el facilismo, por encima de los principios morales, éticos y religiosos, que, sin duda alguna, deben ser cimientos en la formación de cualquier ser humano, cuyo norte sea realmente contribuir con el desarrollo y el bienestar de su patria.

Las armas de fuego: un factor de riesgo para la seguridad ciudadana
Luis Cedeño[326]

Uno de los factores asociados directamente con la violencia homicida es el uso de armas de fuego. Las armas se definen como instrumentos ofensivos destinados a causar daños a bienes y personas. Su razón de ser es parte de la evolución humana, y han sido, también, elementos de avances técnicos importantes a lo largo de la historia. Y es que el desarrollo de las armas tiene un elemento de supervivencia; si no me hago de la mejor arma, es probable que mi enemigo acabe conmigo. Es así que la carrera armamentista ha desarrollado tecnologías tanto para la destrucción como para el progreso de la humanidad.

Las armas en una sociedad que no está en guerra son una amenaza para las personas que la conforman. Las armas alcanzan, en algunas sociedades, rango constitucional, como es el caso de los Estados Unidos, donde el derecho de portar armas se refleja en la enmienda número 2 «right to keep and bear arms»[327], una reminiscencia de la guerra de independencia de ese país; siendo la número 1 el derecho a la libre expresión. Hoy en día, padres en ese país se preocupan por el número de armas en las calles y en las escuelas, donde los tiroteos masivos se han hecho lugar común. «Los ciudadanos de Estados Unidos poseen alrededor de 270 millones de armas de fuego, con un promedio aproximado de 90 armas de fuego por cada 100 personas. En el mundo, hay por lo menos 875 millones de armas de fuego hoy en día, entre armas en manos de civiles, fuerzas públicas y militares.»[328]

Las armas en Venezuela se han convertido en un factor asociado a los altos índices de violencia homicida en el país. Del total de homicidios que se registran en Venezuela, el 84% de los mismos son realizados por armas de fuego[329].

La violencia y los homicidios en las cárceles también están vinculados con la presencia de armas de fuego dentro de estos recintos. Dentro de las armas que se incautan en las cárceles se encuentran armas blancas, pero cada vez en mayor número las armas de fuego, tales como los chopos de fabricación interna, revólveres, pistolas, ametralladoras e inclusive granadas fragmentarias. Esta situación explica, en gran medida, el porqué las cárceles venezolanas registraron más de 400 homicidios y más de 900 lesionados dentro de una población penal de aproximadamente 19.000 reclusos en el 2007[330]. Existe una necesaria colaboración por parte de las autoridades de los penales para que armas de alto calibre estén en posesión de los internos. La falta de controles, las pobres condiciones de infraestructura y una corrupción rampante dentro de los penales hace posible que dentro de ellos la delincuencia y la violencia sean aún peor que en las calles más violentas de Venezuela. Considerando que estos venezolanos están bajo la tutela del Estado, son los más inasistidos por el mismo.

Los tipos de armas: cada vez más mortíferas

La proliferación del parque de armas en Venezuela ha llevado a una falta de control por parte de los organismos del Estado, en el caso venezolano, la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas (DARFA). Se calcula que entre el 80% y el 90% de todas las armas ligeras ilegales provienen originalmente de transacciones aprobadas por los Estados.[331] Lamentablemente para Venezuela, esto es una realidad. Según cálculos de Amnistía Internacional en Venezuela, se estima que el parque de armas cortas existentes está cerca de 6 millones, de los cuales 4,5 millones se hallan en situación irregular o ilegal.

Los calibres comúnmente encontrados en manos de delincuentes son 9mm, .45 y .38, todos ellos con alto nivel de impacto mortífero. Pero el arma de preferencia son las 9mm. que tienen un alcance efectivo de 90 metros y una munición de alta velocidad que tiene la característica de atravesar su blanco y causar daños a terceros; también tienen capacidad para portar hasta 19 balas en el peine y ser transformadas en armas automáticas. Según fuentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de los aproximadamente 1.200 homicidios que se han registrado hasta la fecha en Caracas en lo que va de 2008, 800 de estas muertes se han consumado con armas 9mm.[332]

Las municiones también se han vuelto más mortíferas. En el mercado han surgido las llamadas balas dumdum, que explotan al impactar su blanco, también conocidos como Black Tallon por su recubrimiento negro. Las balas tipo hollow point tienen la característica de abrirse como una flor al impactar su blanco, causándole mayor daño; al igual que las conocidas como Hidra-shock, que tienen un efecto similar. Algunas de estas municiones fueron declaradas ilegales en muchos países por ser consideradas «asesinas de policías». Estas municiones han llegado al país de forma ilegal, traídas por particulares en busca de tener algún tipo de ventaja contra el auge delincuencial.

El mayor problema que se afronta con el tema de las municiones es, de nuevo, la falta de control por parte de la DARFA. Las municiones pasan por los mismos canales por las cuales se adquieren las armas. Pero no son la única alternativa; recientemente se desmanteló una fábrica de balas clandestinas en el sector El Mirador de la parroquia de Petare[333]. En el procedimiento se incautaron 1.500 cajas de municiones de 50 unidades cada una para armas 9mm y .38, lo que hace pensar que esta fábrica tenía una capacidad de producción de 25.000 municiones al mes, considerando que mantendrían producto almacenado para 3 meses de demanda. Es una cantidad impresionante de municiones para distribuir ilegalmente a un precio inferior al mercado; las cajas de 50 municiones se vendían entre Bsf. 150- 200, quedando el precio por bala entre Bsf. 3-4, a la mitad del precio que se consiguen en el mercado legal. Lo preocupante de esta situación es lo inédito del descubrimiento y cómo fábricas como éstas puedan existir en las zonas populares de centros urbanos a lo largo y ancho del país.

Transferencia de armas a civiles y grupos armados

Otro punto a recalcar es el uso de armas de guerra por la delincuencia común y el crimen organizado. Ha existido transferencia de armas largas o de guerra a grupos irregulares, tales como el ELN y las FARC desde Venezuela, desde hace ya varias décadas. También se han manifestado estas armas en robos a entidades financieras y a camiones blindados que trasladan valores, por parte de la delincuencia organizada. Todas estas armas fueron importadas legalmente por el Estado venezolano, pero han llegado a las manos equivocadas.

Es por ello que se ha generado una preocupación alrededor de la compra de 100.000 fusiles de asalto AK-47 serie 100 a Rusia. Este fusil, el más prolífico del mundo, se caracteriza por ser sumamente confiable y de fácil manejo. Ha participado en gran parte de los conflictos bélicos surgidos en la segunda mitad del siglo XX. Su gran versatilidad ha permitido que hasta niños y adolescentes sean armados con este tipo de fusil. Venezuela ha optado por reemplazar el anterior fusil de ataque liviano (FAL) estándar para el Ejército venezolano, por el AK-47 100. Con esta compra también se realizará transferencia de tecnología que permita que el Estado venezolano fabrique el fusil, al igual que las municiones para el mismo. El destino de los antiguos FAL es asignarlos a la reserva nacional. La incorporación de estos fusiles y el destino de los reemplazados preocupa, dado el historial que ya se conoce con respecto a la falta de control de este tipo de armamento por parte de los cuerpos militares que los manejan. Se teme que muchos de estos fusiles lleguen a manos de civiles transferidos por la reserva nacional.

Los canales por los cuales llegan las armas a los civiles están claramente identificados. En el caso de las armas cortas, éstas llegan principalmente a través de los cuerpos de seguridad del Estado, tales como policías estadales y municipales y Guardia Nacional. Una segunda fuente de flujo de armas ilegales proviene de las empresas de seguridad privada, las cuales escapan de su control, al ser robadas por sus mismos empleados o en sucesos delictivos donde son relevados los agentes de las mismas. Y una última fuente son los civiles que adquieren armas privadas para su protección y éstas también terminan en manos de los delincuentes al ser robadas a sus dueños.

Las armas: combustible de la violencia homicida

Las tasas de homicidios tienen una correlación directa con el número de armas circulando sin control dentro de la sociedad. La proliferación de homicidios por armas de fuego supera, desde hace varias décadas, a las muertes por armas blancas.

La violencia generada en cualquier contexto se vuelve más mortífera en la medida en que estén presentes armas de fuego. Una discusión entre individuos puede pasar de la violencia verbal a la violencia física sin mayores consecuencias, mientras que las armas disponibles sean sólo los puños. En el caso de que una parte o ambas dispongan de un arma de fuego, el resultado de la disputa puede tener como saldo uno o más homicidios.

No sólo ha aumentado la frecuencia en que se emplean armas para cometer homicidios; también observamos que el número de homicidios por armas de fuego se ha duplicado en 10 años. En el estado Miranda, entidad del centro del país, observamos cómo este indicador ha aumentado en un 102%. Esto está a tono con el aumento generalizado de las tasas de homicidios que se ha observado en todos los estados de la República. Las armas disponibles son cada vez más mortíferas y son muchos los que quedan en el medio de la violencia engrosando las listas de homicidios y lesionados por armas de fuego.

Las muertes por armas de fuego han llegado a matar cerca de 80 mil venezolanos en tan sólo 8 años, promediando casi 10 mil homicidios anuales desde 1999 hasta el 2006; y este número se proyecta a ser mayor cada año. No sólo por el crecimiento vegetativo de la población, sino por la creciente inseguridad y el mayor número de armas disponibles.

MUERTES POR ARMA DE FUEGO EN VENEZUELA 1999 – 2004[334]
(2005 – 2006 Proyecciones)

AÑOS
M.A.F
ACUMULADO

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5.645
8.030
8.030
10.231
12.480
10.604
11.596
12.588
5.645
13.675
21.705
31.936
44.416
55.020
66.616
79.203

El crecimiento exponencial de este indicador obliga a pensar que la solución al problema de la violencia homicida tiene que estar vinculada a políticas que coadyuven al control de las armas circulando en la sociedad. Es entonces indispensable que en países como Venezuela, donde la violencia tiene rasgos epidemiológicos, exista un control de armas que frene el aumento de las estadísticas de homicidio en el país. Para 2007, Venezuela registra una tasa de homicidios de 48 por cada 100 mil habitantes, y Caracas, 130 homicidios por cada 100 mil habitantes[335]. Esto sitúa a Venezuela como el segundo país más violento del hemisferio, superado por el Salvador, y a Caracas como la ciudad más violenta de Latinoamérica, seguida por Recife, Brasil. Estas altísimas tasas tienen una correlación directa con el número de armas de fuego disponibles en la población.

Plan de desarme: utopía o realidad

El problema de las armas no es ajeno al gobierno. Aunque no lo reconozca abiertamente, ha dado pasos en el control de armas. Desde 2002, la DARFA no da permisos de porte de armas a civiles a raíz del golpe de Estado. Esto, por supuesto, generó quejas por parte de la población que alega que quiere acceder a armas para su protección de manera legal. Otra acción que ha realizado la DARFA es el retiro de armas largas del parque de armas de policías estadales y municipales. Esto sucedió recientemente con Polisucre, donde se sustrajeron escopetas y subametralladoras Uzi utilizadas por el cuerpo comando de este cuerpo policial.[336]

Este tipo de acciones, aunque parezcan contradictorias, contribuyen a que armas de alto calibre no consigan su camino a los delincuentes a través de cuerpos policiales. De la misma manera, limitar los permisos privados de porte restringe el acceso a personas que pueden hacer mal uso de las mismas. Pero lamentablemente el Estado sólo ha dado muestras espasmódicas en cuanto a un plan de desarme articulado y efectivo:

Tras su designación como Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello fue el primer funcionario de gobierno que habló de desarmar a la nación. «Será un desarme nacional. Le pediré colaboración a toda la población venezolana». (6 de mayo de 2002).

El Presidente Chávez también habló de plan desarme. «Propongo que hagamos un plan de desarme popular y que el que tenga un arma la entregue en acto público, y podemos dar incentivos a quien lo haga». El programa lo denominó Misión Desarme. Contaba con financiamiento de Bs. 5 millardos. No se profundizó. (1 de julio de 2002).

El Ministro de la Defensa, el G/J (Ej.) Jorge García Carneiro, realizó tres actos de destrucción de armas. Se fundieron 50 toneladas. No obstante, nunca se aplicó un plan nacional coordinado. «Estas medidas contribuyen a reforzar los niveles de seguridad», dijo. Pese a que hubo recolección de armas, no se realizó a nivel nacional. (9 de julio de 2004).

«Somos el primer país del mundo en muertes por armas de fuego, con unas 3 millones de personas, es decir, entre un 60% y 70% de ciudadanos sin porte legal». Así lo dijo el Presidente de Bandes, Edgar Hernández, al proponer un plan con un incentivo por la entrega: 300 mil por revólver, y 500 mil por pistola. No se concretó. (6 de julio de 2006).

Una vez más se habló de desarme sin hechos. Jesse Chacón reiteró la aplicación de un plan para controlar el manejo de armas e incentivar la entrega de éstas en poder de los ciudadanos. «Mientras menos circule en la calle, menos violencia tendremos en el país». (24 de julio de 2006)[337].

Todas estas acciones denotan una falta de voluntad política y liderazgo en el tema. Todos sabemos que la disminución de armas circulando por las calles tendrá como consecuencia una disminución de la violencia homicida, pero no sabemos, en muchos casos, cómo llevar adelante estos planes de desarme. Algunos dudan de que el gobierno actual esté en lo absoluto interesado en el desarme y que más bien está interesado en que la población esté armada. Esto de cara a una posible invasión por parte de una potencia imperialista o en defensa hacia lo interno de lo que se ha llamado «revolución bolivariana» y contra aquellos que buscan acabar con ella, o como los han llamado, «contrarrevolucionarios». Es, entonces, cuando encontramos un cariz político que empaña verdaderos esfuerzos por disminuir los índices de violencia en la sociedad.

Existe, a su vez, una resistencia natural de las personas al desarme. En una encuesta de victimización realizada a nivel nacional, el 36% de los venezolanos tendría un arma para su protección y sólo el 3% admitió que poseía un arma para tales fines.[338] Esto denota dos aspectos importantes: un alto porcentaje de personas considera que tener un arma es una forma razonable de protección y que existe un porcentaje alto de personas que no declara poseer un arma de fuego.

Otros aspectos rodean el tema del desarme. Existen aspectos legales en cuanto a la destrucción de armas que pueden constituir importantes pruebas en casos abiertos por homicidios. Debe existir amnistía al momento de entregar el arma que se porta ilegalmente; se debe absolver de esa falta. Existe, a su vez, la necesidad de articular diversos organismos del Estado para hacer posible la recolección y destrucción efectiva de las armas. Todo esto debe estar enmarcado en una legislación que regule la política de desarme que se quiera llevar adelante, a su vez que se realicen mejoras en la seguridad ciudadana que no lleven a los ciudadanos a adquirir nuevamente armamento.

La situación ideal con respecto al uso de las armas es que éstas sean de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado. De esta manera, todo aquel civil que porte un arma, estaría fuera de la ley. Lamentablemente esta disposición, en muchos casos, contradice los derechos civiles garantizados en muchas constituciones de nuestros países. En Brasil se sometió a referendo una disposición de prohibición de compra de armas por civiles que no logró mayoría de votación, pero sí se impulsó una campaña de desarme voluntario que logró recoger, en un período de 15 meses, unas 500 mil armas cortas.

Dadas las limitaciones que se presentan para implementar una prohibición de venta y porte de armas por parte de civiles, quedan aún algunas acciones que se pueden tomar:

Modernización del órgano rector, en este caso la DARFA, para que disponga de los elementos técnicos necesarios para hacer un seguimiento efectivo del parque de armas que manejan las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad del Estado y la población civil.

Un control sobre la producción de municiones a través de la marcación de las mismas según los usuarios. Esto conllevaría mayor control con respecto a las municiones que manejan funcionarios del Estado y si algunas se desvían, tener conocimiento de su procedencia.

Un plan de desarme voluntario donde se indemnice justamente (precios de mercado) a los que entreguen armas y a su vez beneficiarlos de una amnistía por el porte ilícito de esas armas. Garantizar, a su vez, total anonimato en la entrega y en el cobro de la recompensa.

Desplegar una campaña mediática donde se expongan los peligros de portar una arma de fuego.

Desplegar una campaña mediática en contra de los juguetes bélicos que moldean actitudes violentas en los niños y jóvenes.

Éstas pueden ser algunas de las propuestas que ayudarían a disminuir los índices de violencia armada en Venezuela, pero más importante es tener la voluntad política y un liderazgo ejemplarizante para poder implementar las políticas necesarias para lograr resultados concretos en un tema que, de por sí, conlleva muchísimas dificultades de implementación.

Cine y violencia: la representación de la ciudad en dos producciones cinematográficas venezolanas
Belkis Suárez Faillace[339]

La violencia como área de estudio ha sido abordada desde distintas perspectivas. Hay gran cantidad de trabajos basados en cifras de actos violentos que son de gran ayuda para las investigaciones que se realizan sobre el tema. Sin embargo los datos, aun de violencia física, son de difícil acceso, contrario a lo que se podría suponer. Existen múltiples razones para disfrazar, tergiversar y hasta ocultar hechos y cifras, en detrimento de las investigaciones y los avances que se pueden lograr respecto a la violencia. Algunos factores políticos y sociales en Venezuela han resultado en la falta de disponibilidad de datos para elaborar estudios específicos sobre el tema. Pero no es necesario ocultar datos concretos para percatarse de que la violencia es parte de la cotidianidad y de que ésta puede ser percibida desde distintas vertientes. Una de las formas de estudiarla es, por ejemplo, mediante el estudio del lenguaje y la vida urbana. El discurso con que se narra una ciudad o la cotidianidad urbana per se señala una perspectiva de la violencia que es importante de ser estudiada. Néstor García Canclini, en su trabajo Imaginarios urbanos, señala un listado de autores que muestran la importancia de la ficción en la formación de identidades:

«Este tipo de aproximación tiene consecuencias para la construcción de la ciudadanía cultural, porque esta ciudadanía no se organiza sólo sobre principios políticos, según la participación ‘real’ en estructuras jurídicas o sociales, sino también a partir de una cultura formada en los actos e interacciones cotidianos, y en la proyección imaginaria de estos actos en mapas mentales de la vida urbana.»

Este trabajo se focaliza en la representación de la ciudad de Caracas a través del discurso de la violencia en dos producciones cinematográficas venezolanas.

La ciudad de Caracas amor a muerte y Secuestro express

El lenguaje con que se narra una ciudad se encuentra en estrecha relación con la forma como se percibe el espacio geográfico que es representado mediante la interpretación que hace la persona que narra. Lo que se cuenta de un lugar a través de la cultura remite a la representación como forma de acceder e interpretar la realidad. En este trabajo se analiza cómo la ciudad de Caracas ha sido representada a través del discurso de la violencia y cómo este lenguaje ha variado en dos producciones cinematográficas venezolanas: Caracas amor a muerte (2000) de Gustavo Balza y Secuestro express (2005) de Jonathan Jakubowicz. En ambas películas hay un punto de conexión que junta la ciudad de Caracas y la violencia.

En la primera producción cinematográfica, la representación de la ciudad en términos generales se dirige y hasta se concentra en un espacio geográfico particular, un barrio como forma de acceder lo que ocurre en Caracas. En la segunda producción, sin embargo, la violencia se extiende a todo el territorio de la ciudad. Ambas representaciones muestran el espacio urbano de la capital venezolana haciendo uso del lenguaje de la violencia. Ciudad y violencia son partes de una misma ecuación y pareciera difícil narrar una de las partes sin incluir la otra. Susana Rotker, en la introducción del libro Ciudadanías del miedo, menciona la escasez de trabajos literarios interesados en la violencia social o el miedo ciudadano, a pesar de los problemas cotidianos que se presentan en América Latina. A partir de la década de los noventa, hay una producción literaria que apunta hacia una visión de la ciudad o de lo urbano donde la violencia está presente, ya sea de manera implícita o no[340].

Las ciudades han sido ampliamente narradas ficcionalmente. Alicia Ortega menciona el papel de la literatura en la representación de la ciudad:

«Es posible tener una visión más completa y global de una ciudad desde una perspectiva aérea o desde un mirador colocado en un sitio estratégico, pero también es posible hacerlo desde el discurso literario que inventa un rostro, complejo y matizado de la ciudad […] El trabajo con la ciudad desde la literatura no es sólo un trabajo de referencialidad sino un trabajo de enunciado, pues la ciudad es inventada y construida en el espesor del lenguaje.»

Es en el espesor del lenguaje de la violencia donde se reitera una visión particular de Caracas en estas dos producciones cinematográficas. En ambas, las imágenes, las luces, los movimientos de cámaras, el lenguaje, los tonos de voces y entonaciones, no sólo se utilizan para crear una referencialidad de la capital venezolana, sino que además se la inventa partiendo de una realidad a la que busca representar: la violencia urbana.

Tanto en Caracas amor a muerte como en Secuestro express, el lenguaje de representación es el lenguaje de la violencia. Domingo Miliani, en su artículo «Cien años de ciudad entre dos violencias y dos novelas», señala algunos datos publicados en el diario El Universal de la Agencia Nacional de Seguridad, en la que la violencia en 1999 en Venezuela era superada sólo por Colombia, Sudáfrica, México, Brasil y Rusia.

Roberto Briceño-León señala en Violencia en Venezuela que «hace diez años Venezuela tenía las mismas tasas de homicidios que países como Brasil y México; en la actualidad esos países mantienen sus tasas iguales o incluso han disminuido, mientras en Venezuela la tasa de homicidios casi se ha triplicado».

Esa violencia real de la ciudad comienza a reflejarse en la literatura y otras formas de la cultura. Pareciera que los diferentes canales culturales han venido mostrando un patrón a lo largo de los años en la cultura venezolana. Ana Teresa Torres, en Tatuajes de Ciudad, menciona cómo la violencia ha marcado las páginas de la literatura nacional. Al igual que en narrativa, el cine como expresión y representación de la cultura muestra la convivencia en la ciudad de Caracas a través del lenguaje de la violencia, y así es representada tanto en Secuestro express como en Caracas amor a muerte.

Espacios representados

Es a partir de Henri Lefebvre cuando lo urbano se expande como concepto, es decir, lo urbano deja de entenderse como las especificaciones de lo físico espacial, geográfico, y por urbano comienza a entenderse la concentración de actividades, funciones y creaciones que ocurren en un espacio-físico en un tiempo determinado. El concepto de espacio se flexibiliza con Lefebvre ya que pasa de ser un concepto rígido donde las «cosas pasan», a un concepto social en donde las relaciones sociales se reproducen (género, «raza»), o se inventan (mitos, estereotipos), o donde la identidad se construye.

Lefebvre desarrolla en su texto The Production of Space los conceptos de espacios de representación y representación de espacios[341]. El primero, the space of representation, corresponde a aquellos espacios en los que se vive, donde ocurren las experiencias pragmáticas de la vida. Es el espacio directamente vivido que en la mayoría de los casos tiende a ser un sistema coherente de símbolos y signos no-verbales (Lefebvre 39). Por otra parte, la representación de los espacios, representation of spaces, corresponde, según el autor, con el mundo de los conceptos y el mundo imaginado; es el mundo que tiende hacia un sistema verbal desarrollado intelectualmente en base a símbolos y signos verbales que para Lefebvre es el espacio dominante de la sociedad.

Esta diferenciación en las aproximaciones del espacio elaborada por Lefebvre es de gran utilidad en lo que respecta a la representación de la ciudad a través del discurso de la violencia, ya que el discurso es elaborado por escritores y autores que interpretan la realidad y la representan discursivamente en literatura o cinematografía. Armando Silva, en Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos desarrolla una metodología donde lo urbano se trabaja siguiendo la línea teórica de Lefebvre. Menciona Silva cómo «el punto de vista urbano determina los filtros desde donde se hacen urbanismos ciudadanos. Cómo la ciudad se muestra y cómo los ciudadanos la perciben y la interpretan. Es así como nacen las representaciones urbanas filtradas por un punto de vista dominante».

La visión que tenemos de las ciudades hoy en día varía según las diferentes formas en que éstas han sido y están siendo representadas, y en consecuencia, según Lefebvre, conceptualizadas. La capital venezolana es, en Caracas amor a muerte y Secuestro express, no sólo una figura central, sino un acercamiento ideológico a la ciudad. Caracas amor a muerte, se trata de la historia de una joven embarazada, Aixa, que vive el dilema de tener a su bebé en medio de los intereses de las personas que la rodean. La abuela, por su experiencia de madre soltera, busca el término del embarazo de la nieta. El novio de la protagonista, Ramón, es un joven delincuente, drogadicto, violento y asesino, que la amenaza si lo termina. Un cura que busca «salvar vidas» enfatiza la perspectiva moral y religiosa exponiendo su apoyo para que el embarazo llegue a término, y hay un médico ginecólogo dispuesto a terminarlo. El argumento en esta producción es el conflicto de vivir o morir en torno a la violencia y la lucha del poder en un espacio en el que existe una ruptura del pacto social, creando, a su vez, otro pacto. Ese otro pacto es el de la violencia, que se representa en dos espacios: el cuerpo mismo de Aixa y la ciudad de Caracas. Existe una lucha de poder en la que confluyen distintos intereses y en la que se hace necesario negociar nuevas formas de solución. Esta negociación, sin embargo, entra en conflicto por considerar opciones diferentes a las existentes institucionalmente, pero que están socialmente disponibles aunque no accessibles a todos. En cualquiera de las formas posibles, la palabra toma la violencia. Los conflictos de intereses por el poder del espacio, sea éste el cuerpo de Aixa o el barrio donde ocurre la película, son enfrentados con violencia. Aixa debe debatirse entre los intereses externos a ella para decidir qué hacer en el interior de su espacio físico. En el barrio, los vecinos parecen estar excluidos de la toma de decisiones de lo que ocurre en el espacio donde viven. El papel de la policía en Caracas amor a muerte muestra la corrupción, la impunidad y la violencia como la norma que rige la cotidianidad. Policías y vecinos-delincuentes se enfrentan para obtener el dominio espacial en el barrio; los moradores ciudadanos del lugar están excluidos forzosamente de la lucha de poder y están expuestos a la violencia que elimina espacios públicos y los confina a espacios privados, en algunos casos, no menos violentos que los externos. El papel de Aixa y la toma de decisiones en su vida es una analogía de lo que ocurre en el barrio. Las múltiples posibilidades, legales e ilegales, de resolver conflictos terminan, en muchos casos, por definirse gracias a otros personajes ajenos a los involucrados en la toma de decisiones, como sucede con Aixa y su decisión de tener o no a su bebé y los ciudadanos del barrio incapaces de, incluso, transitar por sus edificios y aceras. La película concluye con un fin abierto que sólo deja espacio a la violencia. Intoxicada por una sobredosis en un intento de suicidio, Aixa se dirige a la maternidad para que la salven. No obstante, y ya fuera de peligro, Ramón la asesina en una cama del hospital creyendo que ha abortado. La conclusión es una detonación que nos lleva a la oscuridad, producto del enfrentamiento entre Ramón y el médico, dejando múltiples finales, todos violentos.

El argumento de la película de Jakubowicz es un secuestro que ocurre en la ciudad y que transcurre durante algunas horas de la noche. Los secuestrados, una pareja, y los tres secuestradores, recorren Caracas en una camioneta de lujo. La representación de los espacios en Secuestro express es la violencia urbana de Caracas, en la que cualquiera que muestre un estrato social medianamente alto puede ser víctima de los secuestradores. Los espacios de la representación se narran como espacios de la vulnerabilidad del ciudadano frente a la violencia, con un lenguaje no menos violento. Rotker señala «la sensación generalizada de inseguridad que tiñe las capitales de América Latina, sensación que ha ido cambiando el modo de relacionarse con el espacio urbano, con los semejantes, con el Estado, con el concepto mismo de ciudadanía. Las capitales, como todo texto y todo espacio son prácticas sociales. La cotidianidad en la vida urbana latinoamericana y sus prácticas sociales se desarrollan conceptual y discursivamente mediante la violencia. Los espacios de la representación se muestran como espacios violentos.

La violencia de la ciudad como representación del espacio

Las dos películas comienzan con la ciudad de Caracas. En el filme de Balza las imágenes de la ciudad titilan con el juego de luces que se prenden y se apagan como un cortocircuito. Es una imagen que se repite para mostrar la fragilidad de la vida en la capital venezolana. En Caracas amor a muerte la ciudad se ve distante; se muestra desde una perspectiva que va desde arriba hacia abajo y muchas veces laterales, pero siempre desde lo alto, vulnerable, como la protagonista de la película, Aixa, ajena a las relaciones interpersonales más cercanas: callada, apática. Sólo la violencia de su pareja, Ramón, parece alcanzarla. Lo que pasa en la ciudad pareciera equipararse a lo que sucede con la protagonista, o la protagonista es una extensión y a la vez producto de lo que ocurre en la ciudad. La metáfora del cortocircuito y la luz, que existe pero que está a punto de perecer, es una forma de expresar la manera difícil de vivir en una ciudad como Caracas. La violencia y los conflictos que ocurren en el contexto social de la película de Balza son una conexión entre las problemáticas relaciones del individuo con la sociedad y una pequeña muestra de esta ciudad que existe y se mantiene a pesar, y muchas veces gracias, a la violencia. Se percibe en este filme la incapacidad de la sociedad para generar un ambiente social productor de relaciones interpersonales y sociales sanas. Se enfatiza la corrupción policial, el abuso de poder, la presencia de la Iglesia en asuntos de salud pública, la ilegalidad del aborto, la prostitución, la maternidad en adolescentes. Caracas es una ciudad como muchas otras, productora de injusticia social e incapaz de ofrecer un buen nivel de vida a la mayoría de sus habitantes. En Caracas amor a muerte y también como veremos en Secuestro express, la cotidianidad en la ciudad es más un esfuerzo individual que un fluido recorrido social. La ciudad de Caracas amor a muerte muestra la lucha del ciudadano por sobrevivir en un lugar hostil que incluso puede no pertenecerle. En Secuestro express esta lucha se incrementa hasta llegar a generar un compulsivo conflicto de clases en el que se muestra el lugar de la no pertenencia, o los múltiples mini lugares de pertenencia que confluyen y se diluyen en una ciudad cuya división socioespacial fragmenta la relación entre los ciudadanos. Esta ruptura ocurre justamente porque la noción del ser ciudadano como tal, ya no existe.

El crítico y teórico literario Jesús Martín Barbero, en una entrevista, comenta:

«Yo acepto la hipótesis de la angustia cultural: hay una angustia que van padeciendo las poblaciones a medida que, al salir de sus casas, se encuentran con una ciudad que les pertenece cada vez menos; no sólo en términos de que haya una privatización del espacio público, sino en el sentido de que se va borrando su memoria, la ciudad en la que nacieron, en la cual crecieron […] esta pauperización psíquica va más al fondo que lo que significa el puro miedo al delincuente, a la agresión física: tiene que ver con el respeto mutuo, con la confianza. Aquí sí la ciudad está produciendo, o es uno de los grandes causantes, de la degradación del respeto mutuo y por tanto un empobrecimiento radical de lazos sociales. Estamos asistiendo a procesos de perversión de las relaciones sociales.»

El empobrecimiento de los lazos sociales, la privatización de los espacios públicos, la perversión de las relaciones sociales que menciona Martín Barbero es lo que observamos delimitado en Caracas amor a muerte y expandido a la ciudad de Caracas en Secuestro express. El escenario particular y específico de Caracas amor a muerte: un vecindario que miramos desde afuera se podría mantener aislado de las relaciones sociales cotidianas de la ciudad, pero en Secuestro express es imposible evadir la inmersión de la ciudad. Secuestro express comienza con la imagen de la ciudad de Caracas desde un helicóptero recorrida por el borde que «limita» los ranchos y los edificios de clase media. Podría ser cualquier ciudad latinoamericana, pero un inmenso tanque de agua nos aclara que se trata de la capital venezolana: «Caracas te quiero». Las imágenes de la ciudad en helicóptero descienden a lo concreto y en un movimiento acelerado de la cámara van intercaladamente entre la noche donde los jóvenes manipulan armas, consumen drogas y luchan por poder y legitimación entre las calles de los barrios de la ciudad, a otras imágenes también rápidas pero a la luz del día, de los campos de golf, el centro comercial más grande y opulento de la ciudad y las mansiones del Country Club. Dos ciudades sociales que no logran encontrarse en el espacio físico que las delimita y si lo hacen es en el espesor de la violencia.

El contexto temporal, político y social de la película es fácil de ser delimitado. Un discurso en la radio del presidente de la República Hugo R. Chávez Frías hace ineludible el contexto político, así como la situación de ambivalencia y escisión en la que vive el venezolano, dependiendo de la postura política en la que se encuentra. La Caracas de las huelgas y el enfrentamiento entre bandos políticos opuestos queda evidenciada con diferentes y diversas imágenes de huelgas, manifestaciones, violencia policial, tanques de guerra en las calles, imágenes del Puente Llaguno en el centro de la ciudad.

Este contexto no es más que un marco para expresar la escisión y el malestar de la población caraqueña, que vive la cotidianidad en base a discursos que promueven la separación de intereses y el resentimiento social de los ciudadanos. Sin hacer mayor referencia a las repercusiones políticas y sociales del gobierno de Chávez, Caracas presenta un elevado índice de violencia. Los secuestros son ya parte de la cotidianidad de la ciudad; y lo eran también antes de la presidencia de Chávez, pero con éste, la lucha de clases es exaltada en el discurso político. Secuestro express es un ejemplo de cómo la división y la rabia social están haciendo eco en el campo de la cultura. La división de clases sociales se hace más marcada cuando el referente es subrayado constantemente en los discursos políticos y culturales, y cuando existe, como la llama Roberto Briceño-León, un «elogio a la violencia».

Cualquier espectador que tenga un carro medianamente de lujo podría ser víctima de la violencia presentada en Secuestro express y es uno de los elementos que difiere con el filme de Balza, cuya violencia es más el conflicto de poder entre pandillas de barrio, entre polícias y delincuentes, por la lucha de poder y territorio. Es, en fin, entre el deber y poder ser social y ético en un territorio delimitado y cerrado de la ciudad. No ocurre lo mismo en Secuestro express, donde cualquier territorio urbano es el espacio de la violencia. Hay un marco de acción centrado en un barrio en Caracas amor a muerte que se extiende a toda la ciudad en Secuestro express.

En ambas películas la impunidad es un elemento común. La actuación de las fuerzas de seguridad es una farsa, hay una constante violación sistemática de las leyes, así como una fascinación por la violencia y la discordancia. La ciudad en las dos producciones cinematográficas pasa de ser una ciudad latinoamericana violenta con los problemas sociales típicos de nuestras sociedades, a ser la misma ciudad pero con la expresión de un odio social. Ésta es la transición de Caracas amor a muerte a Secuestro express, cuya diferencia se percibe incluso particularmente a través del uso del lenguaje.

Lenguaje de la división

Siguiendo los conceptos señalados por Lefebvre, el espacio de la representación: Caracas como espacio geográfico donde se vive, se conceptualiza construyendo un lenguaje que dista y se contrapone en las dos producciones cinematográficas. En Caracas amor a muerte el lenguaje utilizado es, si se quiere, unificado, lo que subraya aún más el carácter ficcional de la película. En Secuestro express la presencia tanto de actores naturales (actores no profesionales, ciudadanos invitados a actuar), como de actores profesionales, enfatiza diferentes usos y entonaciones del lenguaje, marcando las claras separaciones sociales y lingüísticas que conviven en la ciudad de Caracas. Mía Maestro, la actriz argentina que representa la muchacha secuestrada, Carla, se interna en un hogar caraqueño para aprender la entonación de una joven de clase alta, o media alta, que vive y se mueve en el Este de la ciudad: una sifrina, diferenciándose radicalmente del lenguaje utilizado por los actores naturales que representan a los malandros. Trece, en su representación de clase media, utiliza una especie de entoncación híbrida que juega entre los dos mundos, a veces sifrino, a veces malandro, pero con la capacidad de poder manejarse social y lingüísticamente en ambos estratos.

En Caracas amor a muerte no se escucha esta división; de hecho, los actores son profesionales, hasta los malandros hablan con el acento y tono de la clase media. Hay utilización de jerga pero ésta no es territorio de una clase particular. Todos los personajes pertenecen a un mismo entorno social y aunque sus niveles educativos y profesionales sean distintos, hay una entonación «unificada». Aunque el manejo de la violencia se manifiesta en algunas expresiones lingüísticas, éstas no difieren ni expresan un malestar que va más allá de la representación ficcional del problema subyacente en la película. La violencia es la vía para solucionar problemas inmediatos. Es el medio para alcanzar objetivos que por la vía legal regularmente ofrecidas serían imposibles de lograr; de allí que se tomen las social e ilegalmente disponibles.

En Secuestro express no hay unificación posible. Desde el comienzo las divisiones sociales se hacen evidentes, no solamente mediante los contextos en los que muestran a cada uno de los personajes: el espacio de la representación, sino a través de las expresiones verbales que enfatizan las divergencias sociales y que las conceptualizan. No hay que ser caraqueño, ni siquiera venezolano, ni lingüista, para darse cuenta de estas diferencias a través del lenguaje. Son los secuestradores que crean con un código de comunicación que sólo los «malandros» conocen. El secuestrador de clase media, utlizando siempre su lenguaje medio, puede moverse entre el código creado entre los malandros de clase baja, y la modulación sifrina que se marca en las entonaciones y expresiones lingüísticas de la clase alta. Hay un claro enfrentamiento en las formas de expresión del lenguaje que muestra la lucha de clases: la entonación, el volumen de la voz y las expresiones marcan un claro límite social que sólo se intenta unir a través del personaje que representa la clase media.

Caracas: una urbe abandonada

Caracas parece, en ambas películas, una postal que miramos desde afuera; está allí, inofensiva. Pero al adentrarnos, ¿qué nos muestran estas dos producciones?

En Caracas amor a muerte, las escenas de los edificios están desérticas, lo que contrasta con ropa secándose al sol y el hacinamiento de la familia de Aixa y de Ramón. La única zona poblada de los bloques, durante el día, es la cancha de deportes y los bares durante la noche. Los espacios públicos no son públicos porque no todos los ciudadanos pueden o quieren ocuparlos. Su privatización es ficticia pero real, no tienen puertas pero sus límites están claramente delimitados. García Canclini señala un cambio en la pertenencia del ciudadano respecto al espacio donde vive. Cómo la privatización y organización de los espacios públicos ha generado la creación de estrategias y reinterpretaciones que tiene que hacer el ciudadano al movilizarse por la urbe mientras reorganiza su pensamiento tratando de entender los cambios de los espacios y de cómo transitar en ellos.

En Secuestro express, las escenas de la ciudad, de sus construcciones, edificios y casas, se muestran casi siempre abandonados, con vidrios rotos, con las calles sucias. Los ciudadanos lo ocupan todo y a la vez nada, están en todas partes y en ninguna, dejando siempre rastros: la basura, la desidia. Los apartamentos, aunque habitados, parecen vacíos desde afuera, porque nadie interviene en los asuntos públicos relacionados con la violencia, quizá porque se asumen como asuntos privados. Así se evidencia cuando le roban a los secuestradores la camioneta que ellos han secuestrado. Es de mañana y a pesar de que sabemos que hay actividad en la ciudad, nadie mira, nadie escucha, aunque estén todos.

Rotker señala algunas alternativas que tiene el ciudadano frente a la violencia. Una de ellas es la posibilidad de no involucrarse, el dejar hacer: «El cuadro de vivencias cotidianas apunta al sentimiento urbano de indefensión generalizada y al riesgo de la parálisis (la posición de ‘mejor no hacer nada’, para evitar riesgos o, porque a la larga, nada vale ya la pena)».

Los esfuerzos individuales se han ido perdiendo por la falta de apoyo de las instituciones. No es que los ciudadanos ofrezcan ayuda a las redes formales que operan en la sociedad para consolidar las buenas relaciones sociales como se podría suponer. Por el contrario los esfuerzos individuales se malgastaron entre la maleza institucional que, como muestran las dos producciones fílmicas, están allí para el bien personal de quienes ejercen un poder institucional y haciendo uso de éste abusan del ciudadano muchas veces aliándose con las redes informales e ilegales para poder subsistir.

En Secuestro express las dos torres más altas de la ciudad representan el Parque Central[342]. Allí se muestra una guardería sucia y abandonada donde se recibirá el dinero de la recompensa del secuestro. Desde allí se ve Caracas, también sucia, para muchos abandonada. La guardería, al igual que la ciudad, no está desierta; en otro nivel hay niños jugando entre el sucio y sin la supervisión de un adulto. Pareciera una metáfora de la ciudad, de los entes gubernamentales que no velan por las necesidades primarias de sus ciudadanos, aun cuando haya instituciones y leyes que planteen lo contrario.

El conflicto social contenido en los límites de un barrio de la ciudad en Caracas amor a muerte se extiende y se agudiza en Secuestro express. En esta última producción, el secuestrador de clase media, Trece, le asegura a Carla, la mujer secuestrada, que roban a todos los ciudadanos, pero no «con la misma arrechera». El cierre de la producción finaliza en las afueras de la ciudad con Carla arrodillada frente a Caracas y esperando la muerte escucha: «mira la ciudad donde vives, perra. Comparte con las ratas. Bienvenida a la Castellana, al Country Club, ahora siente la mierda» y descargan sus pistolas, pero no a ella, sino a la ciudad, y le dicen «sorpresa, mami, que estás viva» y se van. Perdonarle la vida a Carla es sólo posible porque Trece negocia una parte de su dinero con los otros dos secuestradores para que no hagan más daño: es decir, ni muerte ni violación. En este pasaje está claro el papel negociador de la clase media, así como la inversión de los roles usualmente tradicionales. Carla en posición de subordinación, arrodillada en representación de La Castellana y el Country Club, dos urbanizaciones mayoritariamente de la clase alta caraqueña, y los malandros con el poder de la vida y la muerte en sus manos mediante un arma de fuego. Caracas no es solamente la ciudad donde vive la protagonista, no es sólo el mundo de la clase alta caraqueña, sino también es la Caracas de las diferencias sociales, la ciudad de las ratas, de la basura, de la mierda.

Una camioneta de las fuerzas de seguridad encuentra a la protagonista llorando y arrodillada de espaldas a la ciudad y la convencen de irse con ellos. Pero sus malas intenciones quedan abiertas al cerrar las puertas de la camioneta donde la internan, un lugar oscuro y frío. Es decir, la protagonista se salva de las manos de los secuestradores, para caer en las manos no menos violentas de las fuerzas de seguridad del Estado. No obstante, esta vertiente que se abre al final de la película no llega a ocurrir de facto porque los secuestradores, con Trece como héroe, regresan al lugar donde dejaron a Carla, acribillando a los oficiales y salvando a la protagonista del abuso inminente de éstos.

El filme concluye con la protagonista manejando un carro común y corriente, sin hacer ostentación alguna, orillándose en el hombrillo para informarle a su padre, por teléfono celular, su recorrido por la ciudad para llegar a su lugar de trabajo en medio del tránsito de Caracas.

Conclusiones

Las películas refuerzan los límites: noche/día, pobreza/riqueza, amor/odio, enfermedad/salud, luz/oscuridad, presencia/ausencia, felicidad/tristeza, vida/muerte. Los puntos de conexión son: la ciudad, dos mujeres, las drogas, la violencia, la apatía y en Secuestro express la clase media esperanzadora. Es la clase media la que junta las terribles diferencias de convivencia urbana. Es también esperanzadora en la medida que transcurre y se desenvuelve desde la noche hacia el día y no al revés. Así como la reivindicación, el diálogo y la negociación posible entre las clases.

En Caracas amor a muerte el conflicto no es la lucha social como en Secuestro express, sino una confrontación moral y ética en la que hay una lucha por el poder del territorio, sea éste el cuerpo o la comunidad. La resolución en Caracas amor a muerte no es esperanzadora; hay, por el contrario, un final abierto donde cualquier conclusión es posible. En esta medida no sólo la película no se acaba, sino que permite que la violencia se extienda con las múltiples consecuencias de este final. Es, quizá, la violencia extendida de la ciudad que se muestra en Secuestro express donde, por el contrario, hay un futuro posible, aunque sea de origen dudoso. La violencia de la lucha y el enfrentamiento social es negociada y, en consecuencia, su resolución es posible.

La convivencia en las ciudades latinoamericanas hoy en día no existe sin la presencia de la violencia. Ésta toma todas las vías de expresión, como en la literatura y la cultura. Secuestro express y Caracas amor a muerte son sólo un ejemplo del espacio de la representación de un lugar. La representación del espacio de Caracas en ambas producciones cinematográficas se narra con conceptos y con un discurso de la violencia. El mundo imaginado, como sistema verbal construido intelectualmente, se elabora a base de símbolos y signos verbales violentos. A pesar de que sabemos que la literatura y la cultura no necesariamente muestran la realidad, la convivencia en la ciudad de Caracas se representa con violencia, con la ficción de la violencia. La convivencia en Caracas y los logros en ella se hacen a pesar de la ciudad y no gracias a ella. Vivir y pensar, Caracas es el arte y la cultura de la representación que parece haber tomado el camino ideológico de la violencia.

Lo cuantitativo, los datos aunque estén ausentes, pueden dar precisión y credibilidad a otros aspectos cualitativos no menos importantes. En última instancia, la violencia no se calla, ni se esconde, está allí presente como la vida urbana, como las ciudades expuestas a la cotidianidad, a la vida, a la muerte, a los secuestros, a la corrupción e impunidad. Caracas no es sólo un tanque de agua en un barrio de la ciudad, o la montaña que marca el norte. Es El Country Club, Petare, La Castellana, Chacao, El 23 de Enero. Caracas son los ciudadanos que viven la ciudad, su cotidianidad, pero también su ficción y la conceptualización de los espacios que la representan.

Referencias bibliográficas

Balza, G (dir.). (2000) Caracas amor a muerte. Caracas, largometraje.

Briceño-León, R. (2008). «Con Chávez hemos tenido tantos muertos como en Vietnam». Semanario Versión Final. 18 al 24 de enero. http://www.versionfinal.com.ve/wp/2008/01/18/con-chvez-hemos-tenido-tantos-muertos-como-en-vietnam/

Briceño-León, R. «Introducción». Briceño-León, R. y O. Ávila (eds.). (2007). Violencia en Venezuela. Caracas, Laboratorio de Ciencias Sociales.

García Canclini, N. (2007). Imaginarios Urbanos. Buenos Aires, Eudeba.

Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Cambridge, Blackwell.

Jakubowics, J. (dir.). (2005). Secuestro express. Caracas, largometraje.

Jones, G. (1994). «The Latin American City as Contested Space: A Manifiesto». Bulletin of Latin American Research. Número 13.1, enero, pp. 1-12.

Martin Barbero, J. (2008). «El lugar para renovar la democracia no es el Estado, es la ciudad». Revistateína. Número 4, abril-junio, pp. 1-5. http://www.revistateina.es/teina/web/Teina4/dossiermartinbarbero.htm

Miliani, D. «Cien años de ciudad entre dos violencias y dos novelas: Todo un pueblo (1899) / Pin Pan Pun (1997)». Moraña, M. (ed.). (2002). Espacio urbano, comunicación y violencia en América Latina. Pittsburgh, University of Pittsburgh, pp. 127-142.

Ortega, A. (1997). «La representación de Quito en su literatura actual». Moraña, M. (ed.). (2002). Espacio urbano, comunicación y violencia en América Latina. Pittsburgh, University of Pittsburgh, pp. 127-142.

Rotker, S. (ed.). (2000). «Introducción». Ciudadanías del miedo. Caracas, Nueva Sociedad.

Silva, A. (2004). Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos. Colombia, Convenio Andrés Bello.

Torres, A. T. (2007). «Introducción». Tatuajes de ciudad. Caracas, Sacven.

La prevención de la violencia a través de las redes de inteligencia social: caso Venezuela[343]
Gilda Núñez y Neelie Pérez[344]

I. La inseguridad y sus efectos en las zonas populares

Venezuela cuenta con altas cifras de delitos violentos, altos niveles de victimización y un número considerable de casos conocidos de violaciones a los derechos humanos asociados a la violencia policial, situación que, lejos de disminuir, se ha agravado considerablemente durante los últimos años. Según datos oficiales, durante los cinco primeros años del milenio la tasa promedio de homicidios, a nivel nacional, superó los 40 por 100 mil habitantes (pcmh), para cerrar el 2006 con 45,3 muertes violentas u homicidios pcmh. En general, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial, realizada en el año 2006 (CONAREPOL- INE), la tasa global de victimización, a nivel nacional para todos los delitos reportados, se sitúa en 8.986,4 pcmh, número significativamente superior a la tasa oficial nacional, que se encuentra en 1.010 pcmh.

Como en otras capitales latinoamericanas, en la ciudad de Caracas –y especialmente en las las zonas populares (barrios[345])– se registra una alta incidencia de homicidios[346], entre otros delitos violentos, relacionados con el uso de armas de fuego[347], conformación de bandas juveniles y graves problemas asociados con la función policial (corrupción y abuso de fuerza).[348]

Especialmente en las zonas populares, la violencia se filtra en el entramado social local, lo cual trae como consecuencia:

El incremento de la vulnerabilidad social e intensificación del sentimiento de inseguridad, que en la mayoría de los casos se traduce en demandas a las instituciones del Estado para procurar seguridad;

El miedo y la desconfianza entre los miembros de la comunidad, promoviendo actitudes de hostilidad entre los integrantes de la comunidad y hacia personas consideradas «extraños» a ella;

La pérdida de espacios públicos de encuentro como respuesta a una situación de temor ante la violencia (como se evidencia en los decretos de toque de queda para niños, jóvenes y adultos por parte de la misma comunidad para la protección y salvaguarda de la vida de sus integrantes, etc.);

El «autoencarcelamiento» como forma de procurar la protección de las familias a través de la instalación de rejas de seguridad, construcción de casas sin ventanas, etc.;

El retraimiento de la participación comunitaria, reflejado en la falta de iniciativa de algunas comunidades para participar en las actividades relacionadas con la prevención del delito y la violencia, lo cual se expresa en el temor a participar en reuniones, dificultad para la conformación de los comités y grupos en temas relacionados con la seguridad;

El debilitamiento de la capacidad de organización social para la solución de los asuntos problemáticos en algunas comunidades;

Acciones violentas para la defensa y protección de la comunidad (como el caso extremo de los linchamientos) y conformación de grupos armados para ejercer funciones de seguridad local.

Cualquier intervención para disminuir los niveles de inseguridad y sus posibles consecuencias debe realizarse teniendo en cuenta las dimensiones y principales características de la violencia (interpersonal e institucional) enmarcada en un escenario de temor, desconfianza y desigualdad social. Para ello resulta necesario superar las tradicionales formas burocráticas y represivas de lucha contra el delito[349] y se requiere la apertura para la participación de nuevos actores sociales como alternativa, lo cual –como se verá– ha sido recogido parcialmente por las diversas estrategias implementadas en materia de seguridad.

II. La participación como alternativa en la gestión de la seguridad comunitaria

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela[350] (CRBV), la participación es incorporada como principio fundamental de la gestión pública en todos los niveles del proceso, desde la formación hasta la evaluación y el control de la misma[351]. Ello comporta importantes beneficios, porque al integrar a la colectividad al proceso de elaboración de las políticas, se fortalece la confianza en el gobierno, se mejora la calidad de la política pública, a la vez que se ofrecen más garantías de respuesta a las demandas y expectativas de los ciudadanos.

Los gobiernos pueden promover la participación a través de diversas formas, bien sea informando (cuando el gobierno genera información sobre alguna situación o sobre la gestión pública y la difunde a los ciudadanos), consultando (cuando se abren los canales de comunicación para que los miembros de la sociedad le planteen propuestas al gobierno sobre asuntos particulares) y participando activamente (cuando las personas se comprometen activamente en el proceso de diseño de la política pública y evaluación de la gestión). Estas dimensiones de la participación ciudadana han sido identificadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se considera la participación activa como manifestación de una relación asociativa con el gobierno, y desde este punto de vista, al ciudadano se le reconocería la facultad de hacer propuestas concretas, aunque la responsabilidad de la decisión final recaiga en el gobierno.

Las ventajas de la participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos de la gestión pública han sido ampliamente reconocidas, señalándose que la participación representa:

Un espacio de encuentro para mejorar la relación entre el Estado y la sociedad, y generar nuevos escenarios y mecanismos de articulación entre éstos[352];

Una posibilidad para potenciar el peso y la capacidad de los sujetos sociales para lograr el reconocimiento y la ampliación de sus derechos políticos, económicos y sociales[353], logrando la consolidación de la democracia material;

Un avance hacia el empoderamiento del ciudadano para la reducción de las asimetrías en los procesos de control social, formal e informal[354];

Una forma de desplegar la energía social para perfeccionar la democracia a través de la organización social y «contradecir el paradigma burocrático weberiano»[355], fortaleciendo los lazos sociales;

Una oportunidad para fortalecer la autoorganización, y mejorar las relaciones sociales –como bien señala Scotto– y romper la situación de desencuentro en la que normalmente se desenvuelven los sujetos. Ello, según el autor, va a permitir «encontrar las oportunidades para los aportes, confrontaciones, establecimiento de las diferencias y también establecimiento de los consensos»[356].

En la práctica, el enfoque participativo ha sido desarrollado en diversos ámbitos de la vida política y social del país como en la salud, la educación, la gestión de los servicios públicos, etc. Este interés responde a una forma de hacer política que se encuentra enmarcada en un contexto socio-político en el cual el gobierno venezolano ha impulsado fuertemente la participación comunitaria en el área económica, social, política, etc. Evidencia de esta tendencia es la conformación y promoción de organizaciones de gestión comunitaria en áreas determinadas y frente a problemas concretos, como de las Mesas Técnicas de Agua, los Comités de Salud y de Tierra, e incluso habría que considerar el rol de las «Misiones», creadas y desarrolladas por el gobierno nacional, como factor de inclusión y participación, por cuanto suponen una forma a través de la cual el gobierno ha tratado de reducir el déficit de atención de derechos sociales fundamentales y ha procurado agilizar las respuestas para la satisfacción de las necesidades básicas de la población (salud, educación, trabajo, alimentación). Actualmente se cristalizan en programas sociales (especialmente dirigidos a los habitantes de los barrios y zonas periféricas más empobrecidas) que funcionan en paralelo a la estructura formal del Estado, formando una nueva institucionalidad pública[357].

Se trata de nuevas experiencias que pretenden el fortalecimiento de los individuos como parte de una comunidad y que, desplegadas en distintos ámbitos, tienden a la prevención social del delito y la violencia[358] y a la articulación social necesaria para la incidencia pública[359], siempre bajo la presunción de que a través de la conformación de redes sociales se logrará el desarrollo y la consolidación de un capital social local necesario para prevenir la violencia[360].

III. La experiencia venezolana

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el incremento de la participación ciudadana en la prevención del delito es un pilar importante en la «política específica para la prevención y el combate de la criminalidad y la violencia».

En ese contexto, el Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), como ente encargado de fijar la política nacional para la prevención y el control del delito y la violencia, en sus recientes planes de seguridad ciudadana (2004, 2006) ha resaltado el papel de las redes de inteligencia social, las cuales se han creado y desarrollado bajo su auspicio en el marco de los planes de seguridad implementados, donde la inteligencia social es promovida para la recolección de información por parte de los vecinos de distintos sectores sobre aspectos específicos del problema de inseguridad, información requerida por parte de los cuerpos de seguridad para ejercer actividades de control. Gubernamentalmente se considera que «las redes sociales, en su función de inteligencia, están concebidas para facilitar a las instituciones información sobre el entorno».[361]

Las estrategias denominadas de «inteligencia» han estado tradicionalmente asociadas a las funciones de seguridad ejercidas por funcionarios de policía nacionales, regionales y municipales, desde donde se utilizó (y aún se utiliza) la información que les proporciona confidencialmente la comunidad como estrategia para el control del delito y la detección de personas consideradas «peligrosas» o «delincuentes», y ha sido primordialmente ésta la forma de participación de las comunidades en los planes de seguridad. En este sentido, a partir de la década de los setenta, la Policía Metropolitana registra en su historia una profundización del trabajo comunitario y de vigilancia en los barrios. A partir de esa década, la Policía Metropolitana, tal como se refleja en su registro histórico,

«se integró de lleno a las juntas de vecinos de los barrios, pro-mejoras de los barrios y se establecieron servicios conjuntos para detectar, describir, identificar y detener a los delincuentes de oficio, mediante un servicio de Inteligencia Policial que, conjuntamente con los dirigentes de las comunidades, lograron múltiples progresos en cuanto a la erradicación del antisocial.[362]»

En el año 2002, desde la Alcaldía Metropolitana de Caracas se reprodujeron estas estrategias al intentar aplicar el «Plan Bratton» con la utilización de los miembros de la comunidad en calidad de «repetidores» (habitantes de la localidad que proporcionan información).

Si bien las funciones de inteligencia para el control policial del delito no son una estrategia novedosa[363], quizá el elemento que destaca de los más recientes planes nacionales que incluyen estas estrategias de control es la incorporación de entes no policiales para el desarrollo y promoción de actividades tendentes a obtener información, como por ejemplo la Dirección General de Prevención del Delito (adscrita al MPPRIJ), funcionando como puente comunicativo entre los cuerpos de seguridad y las comunidades en labores de inteligencia.

La importancia de esta Dirección General para la conformación de las redes de inteligencia social fue destacada por la máxima autoridad del Ministerio, quien afirma, de acuerdo con el documento de presentación oficial del Plan Integral Nacional de Seguridad Ciudadana (2004), que:

«Ya desde la Dirección de Prevención del Delito hemos comenzado reuniones con Asociaciones de Vecinos, con Comités de Tierra, con Comités de Salud, dependiendo si estamos hablando de urbanizaciones o barrios, para buscar el encuentro entre el organismo de seguridad y las comunidades, tratar que sea un trabajo que nos permita crear en Venezuela redes de inteligencia social, que son las que en definitiva, van a tener una incidencia dentro de los índices delictivos (subrayado de las autoras).»

Desde la prevención del delito, se les confiere a las redes de inteligencia social una atención especial –algunas veces protagónica– en la reducción del delito. Se trata de lineamientos emanados del ente rector de la política de seguridad que han sido seguidos por algunos gobiernos estadales y locales, los cuales también han trabajado recientemente en la conformación de redes de inteligencia para la «prevención del delito», dirigidas desde Gobernaciones y Alcaldías, desarrolladas algunas veces bajo el mismo paraguas de la prevención social, esto es, diluidas en estrategias sociales-asistenciales, como sucede en los planes nacionales. En el área metropolitana de Caracas se pueden señalar las «Redes de Prevención Integral» de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor y las «Redes Sociales de Prevención», adscritas al Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte de la Alcaldía del Municipio Libertador.

Sobre el éxito de las redes de inteligencia social, durante el año 2004, la Directora de Prevención del Delito destaca que «el ciudadano ha aprendido a dar información precisa sobre las personas solicitadas por los cuerpos policiales, y esto facilita el trabajo de éstos»[364]. También señaló que «la participación de los habitantes de una comunidad en franca colaboración con los organismos de seguridad, influye directamente en resultados de operativos policiales (y por ello) se trabajará para consolidar las redes de inteligencia comunitaria»[365], justificando de esta forma la fusión entre la prevención y el control represivo a través de la inteligencia comunitaria, a la vez que destaca su importancia dentro de la política de prevención del delito.

En general, la utilidad de las redes de inteligencia social ha sido resaltada por las distintas autoridades ministeriales, bajo el argumento de que «los habitantes conocen quiénes son los delincuentes» y suministran información que luego será corroborada[366].

Para el General del Ejército Henry Rangel, Director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), organismo de inteligencia encargado de la seguridad del Estado, las redes de inteligencia social pretenden la «integración entre las policías, el CICPC y la comunidad, a través de aportes de información hacia los órganos de seguridad». En este sentido, para la consolidación de estas redes anunció la realización de «cursos de inteligencia a personas de la comunidad sobre cómo buscar la información, procesarla y pasarla a la policía»[367].

Bonilla-Molina y El Troudi, en su libro publicado por la Dirección del Despacho de la Presidencia de la República y la Universidad Bolivariana de Venezuela consideran que «la inteligencia social está referida a la experiencia y saberes acumulados por las comunidades y los grupos sociales que se expresan en estrategias de sobrevivencia contra lo enemigo, los contrarios a sus intereses y para coadyuvar al éxito de lo amigable, los aliados, lo propio»[368], destacando así la existencia de dos grupos antagónicos claramente identificados: por un lado, los amigos o aliados, y por el otro, los enemigos. Desde este punto de vista, las redes tenderían a la creación de una sociedad homogénea, cohesionada, de donde deben ser excluidos los «enemigos» y los «traidores», y por ello la importancia de su detección.

La necesidad de diferenciar entre los amigos y aliados, por un lado y, por el otro, los enemigos y traidores, cobraría relevancia como una estrategia de naturaleza militar que buscaría identificar y eliminar al enemigo en un Estado de corte autoritario, sobre todo si se toma en cuenta que no está claramente definido quiénes serán considerados enemigos y bajo qué criterios de clasificación lo serán, dejando un amplio y peligroso margen para su utilización.

El desarrollo de las redes sociales, en el marco de la política de seguridad ciudadana, es un asunto de primera índole en la agenda política, por lo que se hace necesario identificar algunas características de las redes de inteligencia social promovidas por el Ejecutivo nacional, que intentan dar cuenta de su conformación y funcionamiento. Esta caracterización surge como una aproximación teórica basada en la información obtenida a través de entrevistas no estructuradas realizadas a funcionarios públicos de instituciones que abordan el tema de la seguridad desde el uso de la inteligencia social[369], conversaciones con líderes comunitarios (en el marco del Foro «Experiencias de organización comunitaria para la prevención de la violencia», realizado el 1 de enero de 2007), y el empleo de documentos oficiales.

Entre las características más importantes destacan las siguientes:

Asimetría de las relaciones, pues las redes están basadas en el principio de jerarquía y en la centralización de la información. Se trata de una situación donde los organismos públicos toman la información, proporcionada secreta e individualmente, para guiar la toma de decisiones y gestión de algunos asuntos. De cualquier manera, es el funcionario gubernamental quien toma las decisiones en base a la información suministrada por los miembros de las redes.

Comunicación unidireccional (redes simples), donde uno de los componentes transmite (miembro de la comunidad) y el otro componente recibe (funcionario de gobierno). No hay reciprocidad entre las personas de la comunidad y la organización gubernamental.

Escasa interacción social, esto es, no hay intercambio entre los miembros de las redes, el cual resulta determinante para generar confianza y fomentar la unión de los grupos sociales. En este sentido, si bien la reciprocidad es considerada como una característica fundamental de cualquier red social, en esta experiencia no se fomenta la solidaridad entre los miembros de la comunidad; por el contrario, los miembros no interactúan, no se conocen; de hecho, son tratados de manera anónima y confidencial por parte del gobierno y los cuerpos de seguridad.

Transitorias, pues de la revisión de los planes de seguridad del MPPRIJ y declaraciones de funcionarios públicos, se evidencia que se trata de redes que han sido creadas por un período determinado y en ciertas áreas de la ciudad, respondiendo al número de crímenes violentos o los reclamos sociales de seguridad; es decir, son acciones que no responden a una política pública de seguridad sistematizada.

El control prevalece sobre la prevención, y en este sentido, las redes de inteligencia social han sido concebidas para contribuir a las actividades policiales y militares relacionadas con el control del crimen, y en tanto sus miembros proporcionen la información requerida por la autoridad gubernamental, se entiende que se trata de una estrategia de control del crimen eficiente y exitosa, de acuerdo con lo expresado por algunos altos funcionarios con competencia en materia de seguridad.

Dificultad para ser evaluadas, como consecuencia de la falta de registro e información oficial sobre el funcionamiento y resultados de estas redes, e inexistencia de criterios de evaluación. Allí radica la principal dificultad para evaluar la experiencia y conocer su impacto y eficacia. Sin embargo, algunos funcionarios del ente coordinador de las estrategias de prevención y seguridad han hecho referencia a la importancia y éxito de las redes para detectar sujetos «sospechosos» y/o «peligrosos», lo cual se reflejaría en la reducción de los índices de criminalidad[370].

IV. Valoración y alternativas

Si bien se entiende que la participación de las comunidades resulta insustituible para el éxito de las acciones y específicamente, en la gestión de la seguridad, no todas las experiencias de participación ni todas las redes son promotoras de confianza, cooperación y reciprocidad en la sociedad para el alcance de objetivos comunes, y en este sentido, las redes sociales pueden promover lazos sociales y abrir posibilidades a la organización social basada en la confianza[371], o ser un factor de ruptura social y de exclusión.

Las redes de inteligencia vendrían a ser una renovada técnica, un dispositivo más para ejercer el control (social y político) de una población determinada.

Las estrategias de inteligencia social, si bien en un espacio y durante un lapso determinado dan la impresión de satisfacer las demandas de seguridad de algunas comunidades, al crear falsos espacios de eficiencia, al facilitar la detención de personas «sospechosas» y anunciar como logro político la reducción del delito en la zona, desde la comunidad se generan unas expectativas que no pueden ser satisfechas de forma sostenida. Ello es así porque las redes de inteligencia social, bajo la filosofía de «vigilar y delatar», tienen un rango de acción limitado (dar información), como limitada es la participación de la ciudadanía (pasiva, temporal, unidireccional), descuidando las otras dimensiones que podría alcanzar la participación y abandonando este importante elemento para el resto de los procesos de la gestión de la seguridad, como puede ser la consulta, la formulación de propuestas y la evaluación de la gestión.

Aunque algunos políticos y funcionarios puedan considerar como efectiva esta forma de «prevención del crimen y la violencia», el costo de esta actividad la convierte en una vía socialmente costosa, pues aniquila al sujeto social al reducir sus cualidades, incrementa las tensiones sociales y hace más vulnerables a los sospechosos de siempre.

En el caso venezolano, los límites entre delincuente-enemigo, prevención-represión, parecen desdibujarse, generando un grave peligro para la garantía de los derechos humanos, característica fundamental de los Estados constitucionales[372], transformándose el sistema punitivo en una estrategia de guerra en un contexto combativo que busca, por la vía del eficientismo[373], la eliminación del «otro», del «extraño»[374], considerado una amenaza para la sociedad por ser portador de un estado de peligrosidad latente, criterios que encuentran su fundamento en las tesis sobre la temibilidad y peligrosidad[375], utilizadas por regímenes autoritarios principalmente en Italia y Alemania durante el siglo XX[376].

Es importante aclarar que el suministro de información por parte de la comunidad a los entes de seguridad no debe ser evaluado de forma negativa; por el contrario, puede ser muy necesario, en especial si sirve para abrir los canales de información e interrelación entre las partes involucradas en el conflicto social que genera violencia, y entre la colectividad y la policía. Lo que habría que evaluar –y destacar– es la calidad de esa interrelación, y tener en cuenta que no puede ser la única estrategia, la principal actividad a través de la cual se configuren las políticas de seguridad en las comunidades populares, al menos no en un contexto que se pretenda incluyente, promotor de justicia social y respetuoso de los derechos humanos.

Evidentemente, si las redes de inteligencia social impulsadas por el Ejecutivo nacional y algunos gobiernos locales están caracterizadas por la asimetría, falta de reciprocidad y la delación, entre otras cosas, no puede aspirarse a que promuevan la unión y la solidaridad, ni entre los miembros de una comunidad, ni entre ellos y el Estado.

El éxito en la gestión de la seguridad, y de la participación en la prevención, requiere una participación ciudadana plena y activa en todas sus dimensiones, y no sólo con fines de inteligencia, mucho menos cuando esas «Redes de inteligencia comunitaria» son instruidas y gestionadas desde la Dirección General de Prevención del Delito, utilizando el discurso preventivo-asistencial para facilitar las labores (represivas) de los cuerpos policiales y militares, desvirtuando el verdadero sentido de la participación ciudadana en la prevención de la violencia, que debe estar asociada al fortalecimiento de los lazos sociales y la confianza para la solución de problemas vinculados con la convivencia y la violencia.

Un gran paso adelante en la prevención de la violencia podría darse a través del empoderamiento (empowerment), que en el área política implica la «posibilidad, por parte de los más débiles, pobres, desventajados, marginados, de emanciparse de una condición caracterizada por una responsabilidad limitada, pero también por una oportunidad limitada»[377]. En otras palabras, empoderamiento representaría una forma a través de la cual los individuos pertenecientes a una comunidad despliegan su capacidad de utilizar el poder colectivo para transformar el contexto en el cual viven y evitar las relaciones de dependencia y las relaciones de autoridad que los oprimen.

Para alcanzar estos objetivos, es necesario activar al máximo todos los recursos presentes en la localidad, estimular la iniciativa de los operadores y líderes comunitarios, reforzar los lazos intra e inter comunitarios, trabajar en la construcción de una identidad comunitaria y, como señala Bauman[378], también política, asociada a la exclusión. Esto se logra a través de redes sociales, completamente abiertas, de ayuda recíproca, caracterizadas por un alto grado de intimidad en las relaciones sociales, que den lugar al desarrollo de contactos interpersonales.

El centro de todo debe ser la comunidad y son sus integrantes –considerados en conjunto– quienes deben ser los protagonistas y beneficiarios de la experiencia.

V. Reflexiones finales

Las redes sociales deben ser entendidas como un bien público, cuando están basadas en la promoción de relaciones de confianza, reciprocidad y solidaridad entre los miembros de una comunidad, dirigidas a favorecer la capacidad de conocimiento y comprensión de la realidad por parte de las personas, así como la colaboración y cooperación de la comunidad para la consecución de fines comunes para satisfacer necesidades sociales, y las redes de inteligencia social, promovidas desde el poder central, no se enmarcan en estos parámetros.

Se considera que la constitución de redes de inteligencia social, que faciliten la actuación represiva de organismos policiales y militares para la persecución y captura de vecinos considerados «delincuentes», «de mala vida», «peligrosos», o de aquellos percibidos como una «amenaza», representa una expansión de las estrategias policiales y militares a lo social, al estilo de vida comunitario, al utilizar la inteligencia, la delación y las denuncias anónimas como medio y fin de la participación, promoviendo la penetración policial y militar en los asuntos sociales de las comunidades más carenciadas de la ciudad capital, socavando las bases de la convivencia. Se trata de una estrategia que puede ser muy útil para cumplir otros objetivos (de control político), pero no para la prevención de la violencia y el delito.

La utilización de redes de inteligencia en las comunidades, aun bajo el discurso de la seguridad y la prevención del delito, no es un asunto frecuentemente abordado por las investigaciones sobre seguridad y violencia; sin embargo, se considera como un asunto de relevancia por cuanto, a través de ellas, se estaría ejerciendo una suerte de control represivo propio de un modelo reactivo, pensado desde la ideología de la defensa social, que le otorga al Estado un espacio social de intervención privilegiado que extiende el control represivo a lo largo y ancho de todo el tejido social, configurando un modelo de seguridad inhumano, injusto y alejado del ideal democrático, si se entiende por democracia –como señala Touraine (2006)– el reconocimiento del derecho de todos los individuos y las colectividades a ser los actores de su historia.

Referencias bibliográficas

Aniyar, L. «Abolicionismo en marcha: nuevos modelos de control. Participación ciudadana y policía comunitaria. El caso de América Latina». Aniyar, L. (2003). Entre la dominación y el miedo. Nueva Criminología y Nueva Política Criminal. Mérida, Ediciones Nuevo Siglo, pp. 81-95.

Aniyar, L. (2005). Participación ciudadana, prevención y sentimiento de inseguridad. Los Comités vecinales de seguridad pública: una experiencia exitosa. México, Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas. www.juridicas.unam.mx

Bauman, Z. (2006). Ética postmoderna. Madrid, Siglo XXI.

Barbagli, M y U. Gatti. (2005). Prevenire la criminalità. Cosa si può fare per la nostra sicurezza. Boloña, Editorial Il Mulino.

Bernardo, J. (2005). Redes promotoras de calidad de vida. Construyendo vínculos para responder a las necesidades sociales. Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.

Bonilla-Molina, L y H. El Troudi. (2004). Inteligencia social y sala situacional. Caracas, Publicación auspiciada por la Dirección del Despacho Presidencial. República Bolivariana de Venezuela.

Briceño-León, R. «La nueva violencia urbana de América Latina». Briceño León, R. (comp.). (2002). Violencia, sociedad y justicia en América Latina. Buenos Aires, CLACSO.

Chinchilla, L. «Experiencias de participación ciudadana en la prevención del crimen en Centroamérica». Fruhling, H. y J. Tulchin. (edits.). (2005). Crimen y violencia en América Latina. Colombia, Fondo de Cultura Económica, pp. 245-275.

Colmenares, M. «El contexto de la sociedad civil en Venezuela: aproximación conceptual, evolución y desafíos». Renaud, C. (coord.). (2002). La participación de la sociedad civil en la Constitución de 1999. Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, pp. 27- 44.

Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) e Instituto Nacional de Estadística (INE). (2006). Informe de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial. Caracas.

Cunill, N. «Balance y significado de la participación ciudadana en el diseño y la gerencia de programas y proyectos sociales». Alvarez, L. y otros. (coords.). (1999). Política social: exclusión y equidad en Venezuela durante los años noventa. Caracas, Nueva Sociedad, pp. 205-219.

D' Elia, Y. (2006). Las misiones sociales en Venezuela: una aproximación a su comprensión y análisis. Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.

Dammert, L. (2003). «Participación comunitaria en la prevención del delito en América Latina. ¿De qué participación hablamos?» Revista de Ciencias Sociales Delito y Sociedad. Buenos Aires, Gino Germani, Número 18-19, pp. 125-157.

Dantzker, M. (1997). Contemporary policing. Personnel, issues and trends. U.S.A, Butterworth-Heinemann.

Echenique, C., F. Torres y Y. Zorrilla. «La política pública de participación ciudadana en Venezuela. Referencia al caso del municipio Baruta del Estado Miranda». Mascareño, L. (coord.). (2003). Políticas públicas siglo XXI; caso venezolano. Caracas, Cendes, pp.87-118.

Gabaldón, L. (2007). «Territorialidad, legitimidad y empoderamiento en la seguridad ciudadana y el control del delito en América Latina». Espacio Abierto, Maracaibo, Universidad del Zulia, vol. 16, número 1, enero-marzo, pp. 119-134.

Garófalo, R. (2006). Criminología. Estudio sobre el delito y la teoría de la represión. Buenos Aires, Editorial B y F.

Giuliani, F. (comp.). (2005). «Construcción de una cultura de paz. Aprendizajes comunitarios desde las dimensiones convivencia, institucional y jurídica». Temas de formación sociopolítica. Construcción de una cultura de paz. Caracas, Fundación Centro Gumilla, número 41.

Grosso, M. «¿Qué es y qué puede ser el ´Derecho Penal del enemigo´?» Cancio Meliá, M. y C. Gómez–Jara Díez. (coords.). (2006). Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión. Buenos Aires, Editores B y F, Vol. 2, pp. 1-50.

Knepper, P. (2007). Criminology and social policy. Londres, Sage publications.

Monroy, D. (2005). «Participación y control social de la gestión pública en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela». Serie Cuadernos de Investigación. Caracas, Escuela de Gerencia Social y Ministerio de Planificación y Desarrollo, número 22.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La atracción de la participación ciudadana: información, consulta y participación pública en el diseño de las políticas públicas. México. Disponible en internet: http://www.funcionpublica.gob.mx/ocde/

Piccardo, C. (1995). Empowerment. Strategie di sviluppo organizzativo centrate sulla persona. Milán, Raffaello Cortina Editore.

Pizzorno, A. «¿Por qué pagamos la nafta? Por una teoría del capital social». AA.VV. (2003). El capital social. Instrucciones de uso. Argentina, Fondo de Cultura Económica, pp. 19-52.

Policía Metropolitana. (1982). Dos siglos de historia policial. Caracas.

República Bolivariana de Venezuela, Agencia Bolivariana de Noticias. (2005). MIJ asegura disminución de índices delictivos en Caracas. Abril, 16. [On Line] Disponible en: http://www.abn.info.ve

Renaud, C. (coord.). (2002). «Beneficios y riesgos de la participación ciudadana en la gestión pública». La participación de la sociedad civil en la Constitución de 1999. Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, pp. 13-25.

República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta oficial Nº 36.860 de 30 de diciembre de 1999. Caracas.

República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Interior y Justicia. (2004). Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Caracas.

República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Interior y Justicia. (2006). Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Caracas.

República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Interior y Justicia. (2004). Documento de presentación oficial del Plan Integral Nacional de Seguridad Ciudadana. Caracas.

República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Planificación y Desarrollo. (s/f ). Líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007. Caracas.

República Bolivariana de Venezuela. Prensa del Ministerio del Interior y Justicia. (2005). Prevención del Delito del MIJ: Consolidará redes de inteligencia comunitaria en Caracas. Marzo, 3 [On Line] Disponible en: http://www.mij.gov.ve.

República Bolivariana de Venezuela. Prensa del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. (2007). Reactivado Plan de Seguridad Ciudadana en coordinación con comunidades organizadas. Marzo, 30. [On Line] Disponible en: http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article1905

Rosales, E. (2005). «Sistema penal y Estado Constitucional en Venezuela». Revista Capítulo Criminológico. Maracaibo, Instituto de Criminología Lolita Aniyar de Castro, vol. 33, número 4, p p. 460-515.

Salamanca, L. (2002). «La Constitución de 1999 y la participación de la sociedad civil en el Poder Legislativo». La participación de la sociedad civil en la Constitución de 1999. Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, pp. 47-65.

San Juan, A. «Violencia: Algunos apuntes para su delimitación y estudio». Briceño-León, R. y J. Mayorca. (comps.). (2004). Fin a la violencia: Tema del siglo XXI. Caracas, Rectorado UCV–Fundación Francisco Herrera Luque, pp. 25-49.

Sanjuan, A. (2005). «La violencia en el contexto de la participación comunitaria. La visión profesional». Temas de Formación Sociopolítica. Construcción de una cultura de paz. Caracas, UCAB, número 41, pp. 44-57.

Schmitt, C. (1999). El concepto de lo político. Madrid, Alianza Editorial.

Scotto, C. «La participación ciudadana como política pública». Mascareño, C. (coord.). (2003). Políticas Públicas siglo XXI; caso venezolano. Caracas, Cendes, pp. 69-85.

Touraine, A. (2006). ¿Qué es la democracia? México, Fondo de Cultura Económica.

Virtuoso, J. (2006). «Construcción de cultura de paz desde la organización comunitaria». Temas de Formación Sociopolítica. Construcción de una cultura de paz. Caracas, UCAB, número 41, p p. 22-27.

Wells, W., J. Schafer, S. Varano y T. Bynum. (2006). Neighborhood resident’s production of order; the effects of collective efficacy on responses to neighborhood problems. Londres, Sage Publications, número 52, pp. 523-550.

Zaffaroni, E. (2006). El enemigo en el Derecho Penal. Buenos Aires, Editorial Ediar.

Otras fuentes

Foro «Experiencias de organización comunitaria para la prevención de la violencia», realizado en la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 01 de enero de 2007.

Noticias Globovisión. Declaraciones ofrecidas en rueda de prensa por el General del Ejército Henry Rangel Silva, Director de la DISIP. (Televisión). Caracas, 29 de julio de 2007.

Apéndices

Apéndice A
Informe técnico de muestreo y ejecución operativa de levantamiento de la encuesta de violencia interpersonal y percepción ciudadana de la situación de seguridad en Venezuela

1. Introducción

El presente informe expone de manera general los aspectos técnicos relacionados con el diseño y ejecución operativa de levantamiento, correspondiente a la investigación titulada «Violencia Interpersonal y Percepción Ciudadana de la Situación de Seguridad en Venezuela».

2. Aspectos a investigar

Los temas y variables a investigar fueron definidos en su totalidad por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO).

3. Metodología

El diseño realizado para la medición y recolección de la información fue del tipo investigación por muestreo y se basó en entrevistas cara a cara de personas en hogares residentes en el país.

El diseño para la medición y recolección de la información comprende, de manera general, las siguientes actividades: diagramación del instrumento de medición y material asociado, diseño muestral, actualización en campo del material cartográfico necesario para el levantamiento de la información, levantamiento propiamente de la información, crítica, codificación, captura de datos y diseño y ejecución del control estadístico de la calidad de todas las etapas antes mencionadas; finalmente, consolidación de la base de datos.

Algunos de los aspectos más importantes se exponen brevemente a continuación:

3.1. Alcance del estudio

3.1.1. Cobertura geográfica

El alcance geográfico de la investigación lo comprenden todas las localidades urbanas del territorio nacional.

3.1.2. Universo en estudio

El universo en estudio está conformado por todas las personas mayores de 17 años de edad, en viviendas familiares de uso residencial permanentes ubicados en las localidades urbanas del territorio nacional.

3.1.3. Dominios de estudio

La muestra fue diseñada para arrojar información a nivel nacional.

3.1.4. Informante

Las entrevistas fueron del tipo face-to-face siendo el informante la misma persona seleccionada para la muestra.

3.2. Marco muestral

Como punto de partida para la elaboración del marco muestral de este estudio, se utilizó la base de información cartográfica y demográfica generada por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), a partir del XIII Censo de Población y Viviendas realizado en el país en el año 2001 (Censo 2001). Sobre esta base cartográfica se realizó un trabajo exhaustivo de actualización en campo acorde con las exigencias del estudio y las respectivas consideraciones técnico-metodológicas.

3.3. Tipo muestreo

El muestreo aplicado fue del tipo Semi-Probabilístico Superior, aplicándose muestreo probabilístico en la primera, segunda etapa y tercera etapa, mientras que para la última etapa se aplicó el método de dinamización de la cuota muestral.

3.4. Clase de muestreo

La clase de muestreo utilizado fue Estratificado Tetraetápico. Los estratos de selección estuvieron conformados por los estados del país. Adicionalmente, se aplicó un mecanismo de selección sistemático dentro de cada estrato a fin de asegurar la representación en la muestra de zonas con distintos niveles socioeconómicos.

Dentro de cada estrato se realizó una selección en tres etapas de la siguiente manera:

Primera etapa: selección de 120 segmentos censales con probabilidad proporcional al número de viviendas de uso residencial permanente según el Censo 2001. Se utilizó un mecanismo de selección sistemático el ordenamiento geográfico de estas unidades; esto produce un efecto de estratificación, permitiendo la representación proporcional en la muestra de los diversos niveles socioeconómicos de interés para el estudio, lo cual a su vez, se traduce en un aumento de la precisión.
Segunda Etapa: selección de manzanas censales (2 por segmento) con probabilidad proporcional al número de viviendas de uso residencial permanente según el Censo 2001. Al igual que en la primera etapa, se utilizó un mecanismo de selección sistemático el ordenamiento geográfico de estas unidades.
Tercera Etapa: Selección de viviendas con probabilidad igual, empleando un mecanismo sistemático atendiendo al ordenamiento geográfico de las mismas en la manzana. El uso de este mecanismo en esta etapa tiene dos principales ventajas: asegura un efecto de estratificación al garantizar la dispersión de la muestra a lo largo de la manzana, lo cual redunda en un aumento en la precisión y evita que los entrevistados tengan la percepción de que su vecino inmediato está siendo consultado y que sus datos no serán confidenciales.
Cuarta Etapa: selección de personas dentro de la vivienda atendiendo a la cuota muestral por sexo y edad fijada por manzana.

3.5. Tamaño de la muestra

En la tabla 1 se observan los tamaños de muestra de la investigación:

3.6. Probabilidades de selección

3.6.1. Probabilidad de selección de primera etapa

donde,

P1hi = probabilidad de inclusión del i-ésimo segmento censal del estrato h-ésimo.

nh = número de segmentos censales a seleccionar en el estrato h-ésimo.

Vhi = número de viviendas en el i-ésimo segmento censal de la h-ésima ciudad según el Censo 2001.

Vh = número de viviendas en estrato h-ésimo según cifras del Censo 2001.

V₀ = número de viviendas total en Venezuela según cifras del Censo 2001.

3.6.2. Probabilidad de selección de segunda etapa

donde,

P2hij = probabilidad de inclusión de la j-ésima manzana censal del i-ésimo segmento censal del estrato h-ésimo.

mh = número de manzanas censales a seleccionar en el i-ésimo segmento censal del estrato h-ésimo.

Vhij = número de viviendas en la j-ésima manzana censal del i-simo segmento censal del h-ésimo estrato según el Censo 2001.

Vhi = número de viviendas en la i-ésima manzana censal del h-ésimo estrato según el Censo 2001.

3.6.3. Probabilidad de selección de tercera etapa

donde,

P3hijk = probabilidad de inclusión de la k-ésima vivienda dentro de la j-ésima manzana censal del i-ésimo segmento censal del estrato h-ésimo.

V'hij = número de viviendas en la j-ésima manzana censal del i-ésimo segmento censal del h-ésimo estrato según el listado elaborado durante la actualización en campo.

Vhij = número de viviendas a seleccionar dentro de la j-ésima manzana censal del i-ésimo segmento censal del estrato h-ésimo.

3.6.4. Probabilidad de selección final de viviendas

La probabilidad final de selección de cada vivienda es la siguiente:

3.7. Cálculo de los pesos muestrales (expansión de la muestra)

El peso teórico de cada unidad en la muestra es el siguiente:

Donde PP representa la proyección de población mayor de edad para Venezuela al mes de julio de 2008.

Sin embargo, al existir «no respuesta» en el estudio, ésta debe ser tomada en cuenta para la expansión. La «no respuesta» global del estudio fue del 5,6%. No obstante, esta no respuesta es distinta para cada estrato de selección. Por este motivo, se consideró una corrección por no respuesta diferenciada por estrato.

Donde PPh representa la proyección de población mayor de edad para el estrato h-ésimo al mes de julio de 2008, mientras que nh representa el tamaño de muestra efectivo en el estrato h.

3.8. Diseño operativo del estudio

A continuación se ofrece un diagrama con las etapas operativas del estudio desde el diseño del cuestionario hasta la consolidación de la base de datos; cada etapa tiene asociado un proceso de control de la calidad reseñado brevemente en las siguientes secciones del presente documento:

3.9. Actualización del material cartográfico

Un equipo de personal de campo con experiencia en el manejo de material cartográfico realizó labores de actualización de los planos utilizados por los encuestadores como base para la selección y ubicación de viviendas.

Un grupo de personas realizó la supervisión de las labores de actualización cartográfica previo al levantamiento de la información por parte del encuestador. El supervisor directo tenía a su cargo un grupo de actualizadores a quienes acompañaba en las labores diarias de campo.

3.10. Recolección de los datos

3.10.1. Período de recolección

La recolección de los datos en campo fue efectuada entre el 4 de junio y el 12 de julio de 2008.

3.10.2. El cuestionario y procedimientos de medición

La recolección de los datos se llevó a cabo mediante entrevistas directas a las personas seleccionadas (face-to-face). La entrevista era conducida por un entrevistador. Se aplicaba un proceso de visitas programadas y acordadas para cada persona seleccionada a fin de lograr la consecución de la entrevista. Un proceso de supervisión fue conducido a fin de asegurar un nivel adecuado de calidad de la información levantada.

El cuestionario y los procedimientos de medición fueron diseñados en función a los objetivos y a las características del proceso de recolección del estudio. Diversas pruebas, tanto en situaciones simuladas como en situaciones reales, fueron llevadas a cabo para asegurar la consistencia interna del instrumento y de los procedimientos de medición, así como su adecuada operativización.

La organización para la recolección de datos comprende a un equipo conformado por un coordinador general, un jefe de campo, supervisores, y entrevistadores que opera de acuerdo con la siguiente jerarquía:

Un equipo de entrevistadores con experiencia fue capacitado para el levantamiento de la información. El adiestramiento consistió en la familiarización en oficina del entrevistador con el cuestionario, así como de los procedimientos de medición a través de sesiones de trabajo, para luego conducir pruebas en campo.

Un grupo de personas de alta calificación en labores de campo ejerció las funciones de supervisores directos. El supervisor directo tuvo a su cargo un grupo de no más de tres entrevistadores a quienes acompañaba en las labores diarias de levantamiento.

3.11. Crítica, codificación y captura electrónica

Las labores de crítica, codificación y captura electrónica del material levantado en campo fueron realizadas en oficina. El material diligenciado era enviado a oficina en la cual se iniciaba el trabajo de crítica y codificación, para luego pasar a su captura electrónica.

Diversos procesos de control de calidad eran aplicados en esta etapa para asegurar la calidad de la información.

Apéndice B
Cuestionario empleado para el levantamiento de la encuesta de violencia interpersonal y percepción ciudadana de la situación de seguridad en Venezuela

Notas

1. Véase World Report on Violence and Health, 2002.

2. Véase OPS, 1995.

3. Véase WHO, 2005, pág. 5.

4. Véase Briceño-León y otros, 1997, pág. 198.

5. Véase OPS, 2006.

6. Véase Cruz, 1999; Briceño-León y otros, 1998.

7. Véase Moser y Shrader, 1998.

8. Véase Rubio, 1999.

9. Véase Cerqueira e Lobão, 2004.

10. Véase Concha-Eastman, 2000.

11. Véase Briceño-León, 2005.

12. Véase Briceño-León, 2008.

13. Véase Londoño y Szekely, 1997.

14. Véase OIT, 2006.

15. Véase CELADE, 2004.

16. Véase OIT, 2002.

17. Véase UN-Habitat, 2003; Abramo, 2003; Bolívar, 1995.

18. Véanse Márquez, 1999; Zubillaga, 2003.

19. Véase Small Arms Survey, 2004.

20. Véase Brackstone, 1999, pág. 141.

21. Véase OMS, 2003, pág. 5.

22. Ídem.

23. Véase Briceño-León y otros, 1997.

24. Véase OMS, 2003, pág 7.

25. Ídem.

26. San Salvador, El Salvador; San José, Costa Rica; Cali, Colombia; Caracas, Venezuela; Salvador de Bahía y Río de Janeiro, Brasil; Santiago, Chile y Madrid, España.

27. Véase Bandura, 1986.

28. Véase Briceño-León, 2007, pp. 19-21.

29. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pág. 109.

30. Ídem.

31. Modificado por el Dr. Méndez Castellanos.

32. Centros poblados con más de 2.500 habitantes.

33. Véase Skogan, 1990, pág. 262.

34. Este autor afirma que el efecto de este fenómeno puede aumentar entre un 40% y un 50% el conteo de los incidentes de victimización, dependiendo del tipo de crimen. En los crímenes violentos el «acercamiento» es mayor.

35. Los pesos son constantes especificadas para cada individuo que se obtienen tomando en cuenta las probabilidades de selección en cada una de las etapas consideradas y el ajuste por no respuesta diferenciada por estrato.

36. Se diferencia entre población de inferencia, población del marco, población objetivo y población de la encuesta. Esta última se refiere a la población efectivamente alcanzada con la encuesta y difiere de la población del marco debido a la no respuesta, las negativas a responder y las ausencias de los entrevistados entre varias otras causas.

37. Véase Christensen, 1997.

38. El valor P del estadístico X² se define como Pr(χ²>Valor observado en la muestra del estadístico X²), en donde X² sigue una distribución χ² con (I-1)(J-1) grados de libertad e I y J respectivamente de filas y columnas de la tabla de contingencia.

39. Se desempeña en Sistemas Penales, Instituto de Ciencias Penales y Universidad Central de Venezuela.

40. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre desarrollo humano 2005.

41. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 19.

42. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 19.

43. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 20.

44. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 2.

45. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, arts. 29, 30 y otros.

46. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 26.

47. Sobre este problema de la impunidad y el acceso a la justicia penal en Venezuela da cuenta el estudio Sistema Penal y Acceso a la Justicia, desarrollado dentro de las investigaciones de Sistemas Penales aliadas en el Proyecto Cooperativo LACSO-LUZ–UCV y publicado por CDCH UCV 2008.

48. Sucre 1987. «Introducción». En Picón Salas 1987: IX.

49. Linz 1987[1978]: 17.

50. Véase Goodman y otros, 1995, pp. 3-11.

51. Coppedge (1994, pág. 18) dice: «Una partidarquía es una democracia en la cual los partidos políticos monopolizan el proceso político formal y politizan la sociedad de acuerdo a lineamientos partidistas».

52. Véase Carrera Damas, 1998, pp. 206-207, 214.

53. Véase Linz, 1987, pág. 26.

54. Véase Diamond, 1999, pág. 65.

55. De acuerdo con Weber (1997, pág. 172), la legitimidad de carácter racional es aquella que «…descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)».

56. Karl (1997, pp. 54-64), afirma que la explotación del petróleo, eventualmente, puede favorecer el desarrollo de un estado predador, institucionalmente débil y con poca autoridad política, al tiempo que estimula el desarrollo de una psicología rentista en el sector público y en el sector privado, la cual admira y premia los comportamientos de búsqueda de renta, en lugar de estimular actividades más productivas.

57. Se denomina representaciones políticas a las producciones cognoscitivas y simbólicas referidas a la política, desarrolladas en las interacciones cotidianas por individuos y grupos sociales. Se trata de conjuntos organizados de creencias, valores y orientaciones que hacen inteligible la política y permiten al sujeto relacionarse con ésta. Villarroel, 2001, pág. 23.

58. Véase Goodman y otros, 1995, pág. 5.

59. Véase Villarroel, 2001, cáp. 4, pp. 107-127 y cáp. 8, pp. 239-286.

60. Véase Durán, 2004, pág. 18.

61. Véanse Paz, 2000; Paz 1983, pp. 94, 96.

62. Véase Picón Salas, 1987, pág. 70.

63. Véase Caballero, 1998.

64. Véase Mires, 2007.

65. Véase Shamis, 2006, pág. 21.

66. Véase Mclean, 1996, pág. 392.

67. Véase Arenas y Gómez Calcaño, 2006, pp. 79-82, 139-155.

68. Véase Mires, 2007, pp. 193-211.

69. Sartori (1994, pág. 21) se refiere a estiramiento o chapucería conceptual cuando el uso indiscriminado de ciertos conceptos hace que pierdan su sentido, conduciendo el análisis a falacias y resultados fútiles.

70. Véase Krauze, 2003, pp. 203-205.

71. Véase Madueño, 2002, pp. 59-60.

72. Véase Roberts, 2003, pp. 75-95.

73. Véase Arenas y Gómez Calcaño, 2006, pág. 155.

74. Véase Shamis, 2006, pág. 21.

75. Véase Shamis, 2006, pág. 32.

76. Véase Moore, 1995. Resonancias del Nuevo Mundo. México, Vuelta. En Krauze, 2003, pág. 226.

77. En realidad, el término no aparece definido en diccionarios especializados, ni en los dos tratados de sociología política consultados para la realización de este trabajo. Véase, por ejemplo, Mclean, 1996; R. E. Dowse, 1990, Sociología Política, Madrid, Alianza; J. Lagroye, 1994, Sociología Política, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

78. Véanse Ellner, 2003, pág. 38; Roberts, 2003, pp. 88-94.

79. Según Eisenstadt (1999, pp. 18-41), la cultura moderna está atravesada por varias y profundas contradicciones de origen histórico y de orden ideológico. Así las teorías políticas de la antigüedad al lado de las tradiciones republicanas que emergieron posteriormente; la autonomía del individuo y la legitimidad de los intereses privados; la tensión entre concepciones constitucionalistas o participativas de la democracia; diferentes énfasis en la libertad o la igualdad; concepciones diversas relativas al papel de la razón en la vida y las sociedades humanas; y referidas a las oposiciones entre reflexividad y construcción activa del mundo.

80. En las ciencias políticas contemporáneas, el «jacobinismo» define creencias políticas basadas en una visión totalista y centralista. Se atribuye por igual a movimientos de izquierda y de extrema derecha. Véase Mclean, 1996, pág. 256. Un desarrollo más detallado de estas ideas respecto a Venezuela en Villarroel, 2003, pp. 63-93.

81. Véase Popper, 1981, pp. 180, 184-185, 193, 224-225.

82. Por occidentalismo se entiende el conjunto de creencias, sentimientos y valores que contienen una imagen deshumanizadora de Occidente, vacía de contenidos espirituales, según la cual la civilización occidental es considerada desarraigada, cosmopolita, superficial y materialista, en suma, una civilización mecanicista y arrogante sin espacio para el alma humana. Véase el magnífico ensayo Occidentalismo de Buruma y Margalit, 2005.

83. Véase Urbaneja, 1993, pp. 151-181.

84. Véase Carrasquero, Varnagy y Welsch, 2003, pp. 95-117. Véase también Villarroel, De Armas y Brito Afonso, 2004, pp. 181-193 y Villarroel, 2001, pp. 189-197, 252-253.

85. Véase Picón Salas, 1987, pp. 17-18.

86. Véase Picón Salas, 1987, pág. 85.

87. Véase Tocqueville, 1995, pág. 271.

88. Véanse Burleigh, 2004, pág. 54 y ss.; así como Boudon y Bourricaud, 1994, pp. 624-626.

89. Véase Arendt, 1982, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza.

90. Véase Arendt, 1982, pág. 546.

91. Ídem., pág. 474.

92. Ídem., 1982, pág. 475.

93. Ídem., 1982, pág. 485.

94. Ídem, 1982, pp. 600, 602, 610.

95. Ídem., 1982, pág. 443.

96. Ídem., 1982, pág. 601.

97. Ídem., 1982, pp. 601-602.

98. Ídem., 1982, pág. 612.

99. Véase Tocqueville, 1985, pág. 266.

100. Sobre los orígenes del personalismo político en Venezuela véase el esclarecedor trabajo de Elías Pino Iturrieta Nada sino un hombre, publicado en 2007. Es particularmente revelador el análisis del personalismo en Bolívar, pp. 77-105.

101. Véase McLean, 1996, pág. 501.

102. Véase Boudon y Bourricaud, 1994, pp. 626-634.

103. Véanse Needler, 1991, pp. 13-20; Furet 1999.

104. Needler, 1991, pág. 14.

105. Ídem., pág. 16.

106. Ibídem.

107. Furet, 1999, pág. 157.

108. Ídem., pág. 161.

109. Véase Myers y McCoy, 2003, pp. 41-74.

110. Véase Zakaria, 2003, pp. 96-97.

111. Véase Furet, 1999, pág. 157.

112. INE, 2008.

113. Véase capítulo 2.

114. Los sujetos A y B fueron objetos de victimización repetida (Multivictimización) por el mismo delito y el sujeto B fue objeto además de victimización por dos delitos (Polivictimización).

115. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pp. 109-128.

116. Véanse comentarios al respecto en el capítulo anterior.

117. Baste considerar que para estimar un atributo dicotómico cuyo valor poblacional expresado como tasa sea igual, por ejemplo, a 50 por 100.000 personas, con un error de 10 por 100.000, es decir con un error que nos permita afirmar que el intervalo confidencial de 40 a 60 por 100.000 cubrirá el valor poblacional con una confianza del 95%, es bajo muestreo aleatorio simple igual a 191.984 personas. Para contar con ese número de individuos si cada hogar tiene en promedio 4,5 personas necesitaríamos contactar efectivamente a 42.663 hogares.

118. CONAREPOL, 2006, pág. 12.

119. El tamaño de muestra de la Encuesta Nacional sobre el Crimen y Victimización de los EUA (NCVS por sus siglas en inglés) comenzó en el año 1972 con un tamaño de 72.000 hogares, pero para el año 2006 se encuestaron 38.600 hogares (NRC, 2008, Pág. 155) y la Encuesta Internacional del Crimen y Victimización del UNICRI de la ONU entrevistó a 135.465 personas en 56 países en la versión 1996-97 (Ibíd., Pág. 185).

120. El hogar se define como el conjunto de personas que habita la vivienda y que hacen vida en común para satisfacer necesidades de alimentación, alojamiento y otras propias de vida en grupo.

121. CONAREPOL, 2006, pág. 10.

122. En su versión modificada por el Dr. Méndez Castellano.

123. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pp. 169-184.

124. Véase CONAREPOL, 2006, pág. 18.

125. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pp. 149-150.

126. Véase EVIPSV-2007, pp. 144-145.

127. El resultado de la prueba Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia para los factores considerados en el cruce arrojó un valor P=0,005.

128. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pág. 154.

129. Índice de denunciabilidad=(Número de delitos denunciados/Total de delitos)*100.

130. Véase CONAREPOL, 2006, pág. 12.

131. Ídem, pág. 7.

132. El resultado de la prueba Ji-cuadrado de independencia para los factores considerados en el cruce arrojó un valor P=0,02

133. En este caso, el resultado de la prueba Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia produjo un valor P=0,008

134. Véase Farral y otros, 2000.

135. Véase Romero Salazar, 2002.

136. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

137. Véanse Aniyar, 1991; Pegoraro, 2002; Cisneros y Zubillaga, 1997; Briceño-León, 2007.

138. Véase Camardiel, Ávila y Briceño-León, 2007.

139. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

140. Véase Briceño-León, 2007.

141. Véase Merton, 1965.

142. Véanse Rosales y Aniyar, 2007; Rosales, Borrego y Núñez, 2008.

143. Véanse Habermas, 1996; O'Donnell y otros, 2002.

144. Véase LaFree, 1998.

145. Véase Camardiel, Ávila y Briceño León, 2007.

146. Véase CONAREPOL, 2007.

147. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

148. Véase Insulza, 2008.

149. Véase Observatorio Venezolano de Prisiones, 2008.

150. Véase Hobbes, 1998.

151. Véase Weber, 1977.

152. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

153. Véanse Foucault, 1975; Garland, 1990.

154. Véase ICPS, 2008.

155. Véanse Rosales y Aniyar, 2007; Rosales, Borrego y Núñez, 2008.

156. Véase Hart, 1968.

157. Véase Zaibert, 2005.

158. Véase Levi-Strauss, 1964.

159. Véase Marcel Mauss, 1950.

160. Véase Durkheim, 1967.

161. Véase Gibbs, 1975.

162. Véase Garland. 2006.

163. Véase Pogarsky y Piquero, 2003.

164. Véase Wrigth y otros, 2004.

165. Véase Karstedt, 2007.

166. Véase capítulo 11 de este libro.

167. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

168. Véase Beccaria, 1973.

169. Véase OPS/OMS, 2002.

170. Véase UNESCO, 2005.

171. Véase Small Arms Survey, 2007.

172. Véase Zubillaga y Briceño-León, 2001.

173. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

174. Véase Camardiel, Ávila y Briceño-León, 2007.

175. Véase Laca, 2005.

176. Véase Briceño-León y otros, 2002b.

177. Véase Briceño-León y otros 2002a.

178. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

179. Véase Mendoza y Torres, 2003.

180. Véase Briceño-León y otros, 2002.

181. Véase OMS/OPS, 1996.

182. Véase Gabaldón, 2002.

183. Véase Informe Provea, 2007.

184. Véase Gabaldón, 2007.

185. Véase Romero y Rujano, 2007.

186. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

187. Véase Salazar, 1999.

188. Véase Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2006.

189. Ídem.

190. Véase Briceño-León, 2002.

191. Véase OMS/OPS, 1996.

192. Véase Briceño-León y otros, 2002.

193. Véase OVV, 2007.

194. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

195. Véase Briceño-León y otros, 2002.

196. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.

197. Los datos que se presentan provienen de la investigación «Violencia Urbana y Justicia Penal en Venezuela», desarrollada conjuntamente por el Laboratorio de Ciencias Sociales, el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia, en el marco del Programa de Proyectos Asociativos financiados por FONACIT.

198. Los tres se desempeñan en la línea de Investigación sobre Violencia, Instituto de Criminología. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. E-mail: romeros@cantv.net

199. Véase Romero y otros, 2001, 28.

200. Véase Romero y otros, 2001, 29.

201. Véase Briceño-León, 2007

202. Véanse WHO, 1999; Londoño y Guerrero, 2000.

203. Véase WHO, 2002.

204. Véase Activa, 1998.

205. Véase Navarro, 2002.

206. Desde una perspectiva de salud pública, el enfoque dominante es el de desarrollar el cálculo de AVPP (años de vida potencial). «Este enfoque supone estimar el número de años de vida perdidos como consecuencia de muertes prematuras causadas por hechos delictivos violentos, medidos como la diferencia entre la edad al momento de la muerte violenta y la esperanza de vida de los individuos afectados en la sociedad en cuestión» (Navarro, 2002: 60).

207. Un paso adicional puede encontrarse en los intentos por asignar un valor estrictamente económico a los años de vida perdidos. Para ello se supone que la víctima habría producido ciertos bienes durante su vida útil, y por lo tanto se produce un costo para la sociedad en términos de producción perdida.

208. Véase Parra, 2000ª, pág. 418.

209. Véase Romero Salazar, 2002.

210. OPS, 1900, cap. 11, pp. 1-7.

211. Véase Montagu, 1970, pág. 146.

212. Citado por Scuardelli, 1977, pág. 59.

213. Véase Bandura, 1973.

214. Véase Bandura, 1986, pág. 25.

215. Véase Eron, 1987.

216. Véase Charon, 1985, pág. 39.

217. Véase Mead, 1934, pág. 62.

218. Véase Vara, 2006.

219. Véase Bandura, 1973.

220. Véase Berkowitz, 1964.

221. Véase Bandura, 1973.

222. Véase Mead, 1963.

223. Véase Eron, 1987.

224. Véanse Buvinic, Morrison y Orlando, 2005.

225. Véase Eron, 1987.

226. Véase Larrain y otros, 1997.

227. Véase Briceño-León y otros, 1997.

228. Periodista. Especializado en criminalística. Desde 2004 cubre la fuente de sucesos para el diario El Nacional. Premio Nacional de Periodismo, 1997.

229. Entrevista a Douglas Bello, 20 de agosto 2008.

230. Iglesias, María Isoliett: 430 personas han sido plagiadas en Venezuela durante 2008. El Universal, 5 de octubre de 2008. Obtenido de La Guía: http://www.guia.com.ve/noti/29569/430-personas-han-sido-plagiadas-en-venezuela-durante-2008

231. MAYORCA, Javier Ignacio: Plagiarios usan Internet para investigar a víctimas. El Nacional, 9 de junio de 2008. Ciudadanos, pág. 6.

232. Profesora-investigadora de la Universidad Simón Bolívar (USB); Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) e investigadora asociada al Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) en Caracas.
vzubillaga@usb.ve; vzubilla@reacciun.ve veronicazubillaga@cantv.net

233. Socióloga, Universidad Católica Andrés Bello. mt_gap@hotmail.com
La investigación en curso sobre la cual se basa este artículo se realizó gracias al sostén financiero del Decanato de Investigación y Desarrollo (DID) de la Universidad Simón Bolívar; y del Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, Venezuela.

234. Véase CISOR, 2006.

235. Véase Dreyfus y Fernández, 2008.

236. Entre los años 1997 y 2004 las muertes por violencia pasan de 40% a 60% (CISOR, 2006). Esta cifra es más alta que la registrada en El Salvador, donde se contabiliza un porcentaje considerado como muy elevado de muertes por causas externas; esta cifra disminuyó de 58,1% a 51,4% entre 1998 y 2000 (Dowdney, 2005:108).

237. Estudios epidemiológicos realizados en el pasado —no se han realizado estos estudios desde el año 2001 (PROVEA, 2005) — han develado que el 95% de las víctimas de homicidios son hombres; el 69% tenía entre 15 y 29 años. Las víctimas han muerto cerca de sus casas (83%), durante riñas en espacios públicos (55,4%) y el arma utilizada ha sido una de fuego (92%) (Sanjuán, 1999; 2000).

238. Se realizó una revisión de prensa que tomó en cuenta dos periódicos de emisión nacional, El Nacional y Últimas Noticias. Se seleccionaron de 96 artículos publicados entre los años 1997- 2007, mediante la búsqueda digital a partir de palabras clave (delincuente, malandro, hampa, exterminio, homicidio), para su posterior lectura sistemática y análisis del contenido.

239. La primera encuesta fue realizada en el año 1996 por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) en Caracas; la segunda, la encuesta de Violencia y Sistema de Justicia Penal realizada en el año 2004, fue hecha en varias ciudades del país por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO); el Instituto de Ciencias Penales de la UCV y el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia. Por último, las dos encuestas efectuadas durante los años 2007 y 2008, en el marco del Observatorio Venezolano de Violencia, por el Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO; la Universidad del Zulia; la Universidad Católica del Táchira y la Universidad de Oriente.

240. Explicitamos que en este ensayo nos centramos en esta complejidad discursiva; en otros espacios nos hemos dedicado a discutir los procesos que distinguimos en el auge de la violencia urbana en el país (ver Briceño-León y Zubillaga, 2002) o también las categorías de las Ciencias Sociales para examinar estos procesos (ver Briceño-León y Zubillaga, 2003).

241. Véanse Wieviorka, 2004; Downey, 2005.

242. Véase Wieviorka, 2004; 1997.

243. Véanse Soares, 1996; Zaluar, 1997.

244. La seguridad personal sigue siendo un tema pendiente y constituye el problema que más agobia a la población, como se revela sistemáticamente en encuestas de opinión (PROVEA 2006).

245. Véase Gill, 2000.

246. La metáfora de la «construcción» definida en tres facetas: el discurso entendido como elaboración permanente, relacionado a un acervo lingüístico o discursivo pre-existente; como medio fundamental para definir y en consecuencia «objetivar» los hechos (en el contexto de la dialéctica entre los objetivo y lo subjetivo); como versión de los hechos (subjetivos-objetivos) que comprende una selección particular en medio de otras versiones o posibilidades.

247. Véase Austin, 1962.

248. Véase Gill, 2000.

249. Véase PROVEA, 2006.

250. El Nacional, 15 de agosto de 1999.

251. «Los linchamientos sólo traen más violencia», abril 1999; Permiso para linchar, mayo 1999. La organización de derechos humanos PROVEA denunció precisamente las campañas de candidatos que: «han realizado declaraciones que constituyen apologías a la violación de los Derechos Humanos». Esta organización destaca que «en un volante de campaña se señala: el único malandro bueno es el malandro muerto». La misma organización señala que otro candidato: «aseguró que los delincuentes lo respetarán por las buenas o por las malas y ...luego que no vengan a llorar y a hablar de derechos humanos pues los policías también los tienen. (El Universal, 08.06.00, Pág. 4-16)» (PROVEA, 2000).

252. El Nacional, 17 de agosto de 1999.

253. El Nacional, 29 de agosto de 1999.

254. Se trataba de un artículo de opinión, del presidente de la organización «Luces contra el hampa». Éste escribió: «El tema de los derechos humanos tiene a los venezolanos enfurecidos. (…) «Primero el criminal», parece ser la consigna, y por último, en tercera clase, las víctimas... el pueblo que respeta la ley y depende de la protección del Estado. (…) Pienso que las organizaciones de derechos humanos tienen que adaptarse a la realidad venezolana…». El Nacional, 6 de febrero de 2000. Ya desde 1996, en prensa se reaccionaba frente a esta asociación: «El pretendidamente democrático discurso de «Luces contra el Hampa» sesga, parcializa y privatiza el asunto público al cual intenta dar respuesta, al tiempo que propone soluciones incompatibles con la democracia y el Estado de Derecho». El Nacional, 30 de noviembre de 1997.

255. Últimas Noticias, 16 de diciembre de 2004.

256. El Nacional, 21 de enero de 2006.

257. Los jóvenes varones de sectores populares han sido tradicionalmente el blanco principal de los temores de la población en América Latina y, sobre todo, los sujetos fundamentales de las «detenciones arbitrarias» de las fuerzas policiales del Estado. (ver Gingold, 1992; De Freitas, 1995; Reguillo, 2001, por citar sólo algunos). Sin embargo, el exceso de muertes de hombres jóvenes denunciadas como Violación al Derecho a la Vida o clasificadas como Muertes por resistencia a la autoridad, constituye la particularidad venezolana con la entrada en el nuevo siglo.

258. El Nacional, 4 de junio de 2001: «Ese muchacho Jimmy era tremendo choro, vinculado con el robo de autos. Incluso, su papá también era una ratica».

259. Ultimas Noticias, 27 de enero de 2003: «Dos aberrados ultrajaron a una mujer de 40 años».

260. El Nacional, 1 julio de 2007: «Delincuencia diabólica».

261. En una entrevista telefónica realizada a un «supuesto integrante del Grupo Exterminio» aparecida en el diario El Nacional, éste afirmó: «sin excepción, todas las personas que hemos ejecutado eran delincuentes (…) Ese muchacho Jimmy era tremendo choro, vinculado con el robo de autos. Incluso, su papá también era una ratica». Cuando habló sobre quienes integraban el grupo afirmó: «Lo que sí te puedo decir es que cualquier ciudadano decente puede ser un integrante del grupo». El Nacional, 4 de Junio de 2001.

262. El Nacional, 19 de septiembre de 2000.

263. Véase Gingold, 1992, pág 16.

264. Véase Wieviorka, 2004, pág. 275.

265. Véase Vacquant, 1992, pág. 47.

266. Véase Zubillaga, 2005; 2007.

267. Véase Duque, 1999.

268. En testimonios de jóvenes varones de vidas de violentas, (Zubillaga, 2005), se revela que la ausencia de seguridad pública, la presencia de armas en su entorno cercano y las dinámicas de violencia armada en sus comunidades se experimentan subjetivamente como desamparo. Los jóvenes desde muy temprano incorporan el sentido de vivir en un mundo de antagonismo puro y bajo la ley del más fuerte. En este ámbito, se define a la acción violenta como una respuesta apreciada, y para sobrevivir, será menester armarse y constituirse en defensores personales en sus territorios.

269. Véase Zubillaga, 2005.

270. Últimas Noticias, 13 de febrero de 1998.

271. El Nacional, 18 de febrero de 2000.

272. El Nacional, 5 de marzo de 2001.

273. Últimas Noticias, 30 de marzo de 2002.

274. El Nacional, 5 de marzo de 2001.

275. El Nacional, 23 de julio de 2001.

276. El 4 de mayo del año 2001 se reportó en el diario El Nacional: «De acuerdo con las investigaciones adelantadas por funcionarios de la Policía Técnica Judicial para esclarecer unos 90 asesinatos ocurridos en el estado Portuguesa, se determinó que desde septiembre del año pasado se iniciaron los ajusticiamientos extrajudiciales. De estos hechos se sindican a efectivos de la policía estatal que supuestamente integran un grupo denominado Exterminio (…). El Nacional, 4 de mayo de 2001.

277. «Fuentes vinculadas a la investigación que en estos días se realiza en las principales ciudades del estado Portuguesa, revelan que el grupo Exterminio recibía importantes contribuciones de parte de empresarios locales». El Nacional, 31 de mayo de 2001.

278. Véase Briceño-León y otros, 2002.

279. Véase Briceño-León y Ávila, 2007.

280. Véase PROVEA, 2005.

281. Ídem.

282. Cálculos realizados a partir de los datos aparecidos en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos. Informe Anual, Octubre 2004/Septiembre 2005. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. Caracas (PROVEA 2005).

283. Véase PROVEA, 2005.

284. «Se considera que es normal encontrar un número mayor de civiles que de policías muertos en enfrentamientos –debido a su capacitación específica y medios para su protección– si esta tasa es muy elevada introduce sospechas sobre el uso excesivo de la fuerza y el rol que la policía estaría cumpliendo en el incremento de la violencia» (Palmierin, Ales, y Donza, 2002: pág. 9).

285. Véase Palmierin, Ales y Donza, 2002.

286. En el conocido trabajo de la antropóloga Teresa Caldeira (2000), ésta destaca que en el también conocido estudio de Paul Chevigni sobre el uso de la fuerza letal por parte de la policía (1995), el autor afirma que «al comparar la violencia policial en seis regiones en las Américas (incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de México y Jamaica), Chevigni encontró muchos tipos de abuso (especialmente tortura, corrupción y uso excesivo de la fuerza letal), pero no logró encontrar ninguna otra situación que se aproximara a la de Sao Paulo en las décadas de 1980 y 1990.» (Caldeira, 2000: pág. 197).

287. Véase Caldeira, 2000, pág. 197.

288. Datos elaborados por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos, UCV a partir de los datos del Ministerio de Interior y Justicia y el CICPC (PROVEA, 2005).

289. Véase Briceño-León y otros, 1997.

290. Véase Briceño León y Ávila, 2007.

291. Al hablar de estilo de vida queremos subrayar el hecho de que se vincula con el hacer y el ser en un período de tiempo biográfico determinado. En este sentido, no hablamos de jóvenes violentos, como si fueran esencialmente violentos; queremos subrayar la posibilidad de transformación de los estilos de vida sostenidos en el tiempo: de trayectorias de vidas violentas a trayectorias de vidas no violentas.

292. A pesar de que existen algunos esfuerzos de institutos y fundaciones públicas o privadas y ONGs, estas iniciativas lucen insuficientes para enfrentar esta situación (Cecodap; 2005; Dowdney, 2005). Las políticas estatales para enfrentar la violencia en la ciudad se han caracterizado por ser operaciones policiales represivas desarticuladas y puntuales con visión de corto plazo (Provea, 2005; Provea, 2007).

293. Véase Barker, 2005.

294. «Fiscalía y ONG difieren sobre disminución de ajusticiamientos», es el titular de un artículo en prensa. El Nacional, 12 de noviembre de 2006.

295. Véase PROVEA; 2007.

296. Véase CONAREPOL, 2007.

297. Véase El Achkar, 2007, pág. 512.

298. El Nacional, 21 de mayo de 2007.

299. El Nacional, 22 de julio de 2007.

300. El Nacional, 02 de noviembre de 2006.

301. Lamentablemente, al año siguiente el nuevo Ministro de Interior y Justicia desestimó el trabajo de la Comisión y subrayó el: ««carácter de derecha» que tiene el diagnóstico de CONAREPOL, que supuestamente se aleja del sistema socialista por instaurarse en Venezuela». El Nacional, 03 de mayo de 2007. Sin embargo, los resultados de este estudio han seguido siendo debatidos y referidos.

302. Esta sección presenta reflexiones preliminares de una investigación en curso.

303. Véanse también Fernández, 2006; Narváez Piña, 2007.

304. El Hip-Hop es un movimiento cultural que emana de los guetos negros norteamericanos del Bronx y del Harlem desde fines de los años setenta. A partir de los años ochenta este movimiento ha tenido una importante expansión entre grupos de jóvenes de sectores subalternos en Inglaterra, Francia, África y ha tenido un importante arraigo para denunciar la injusticia vivida entre jóvenes del Caribe, y notablemente en Venezuela (ver Bodson, 2000; Basu y Lemmelle, 2006; Fernández, 2006; Narváez Piña, 2007). En Venezuela este movimiento cultural comienza a hacerse visible desde los años ochenta a través del Rap y el breakdance, pero es sólo en los noventa cuando comienza a hablarse de la Cultura Hip-Hop (Sainz, 2006). Los jóvenes, apropiándose de este «recurso cultural» tematizan sus vivencias y las convierten en discurso musical a través del Rap.

305. Ver (http://www.eltiuna.org/node/1441).

306. Utilizaré el término malandro sin entrecomillarlo porque está reconocido por el DRAE (2001) con el significado de «delincuente, especialmente el joven» que corresponde al que le damos en Venezuela.

307. Los personajes de cuyos testimonios me serviré a lo largo de este artículo, excepto los últimos, Yovani y Jean Carlos, como notará el lector en su momento, forman parte con sus historias-de-vida de la referida investigación ampliamente expuesta bajo el título «Y salimos a matar gente» (2007) publicada por la Universidad del Zulia.

308. Véase Moreno y otros, 2007, pp. 275 y ss.

309. Ídem, pp. 566 y ss.

310. Ídem, pág. 559.

311. Ídem, pp. 559 y ss.

312. Ídem, pp. 570 y ss.

313. Ídem, pág. 265.

314. Ídem, pp. 761 y ss.

315. Este artículo ha sido elaborado en el marco del Observatorio Venezolano de Violencia, desarrollado por el Laboratorio de Ciencias Sociales, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente y la Universidad Católica del Táchira.

316. Véase Cardona y otros, 2005, pág. 840.

317. Véanse CICPC, 2006; Centro para la Paz, UCV, 2006.

318. Grupo Violencia social-UDO-Bolívar. E-mail: franciscorodriguez50@cantv.net

319. Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, DC, 2002.

320. Fuente: Anuarios de Epidemiología y Estadísticas vitales. Varios años. Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS).

321. Ídem.

322. Briceño-León, Roberto: Global view on violence and health en ABRASCO: Asociación brasilera de Postgrado en Salud Colectiva, volumen 11, número 2, abril-junio 2006, pág. 316.

323. Véase Rodríguez, Francisco, «Violencia social: ¿Estilo de vida o estrategias de sobrevivencia?» Caracas, 2005, pp. 87-96.

324. Iniciativa del Centro de Investigaciones Sociales del grupo social CESAP-Nº17-agosto-septiembre, 2006, Caracas.

325. Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

326. Director del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC).

327. Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Derechos Civiles.

328. Small Arms Survey 2007. «La ciudad y las armas». Un proyecto del Instituto de Estudios Internacionales. Ginebra. En http://www.smallarmssurvey.org/

329. Anuarios de Mortalidad 2006. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Venezuela.

330. Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Reporte Anual. Venezuela.

331. Armas bajo control, Pág. Web: www.controlarms.org

332. El Universal. «Al menos 576 personas han muerto por balas 9 milímetros». 6 de octubre 2008. Sucesos 3-19.

333. El Nacional. «Desmantelaron fábrica de balas». 07.10.08. Ciudadanos, pág. 13.

334. Fuente: Anuarios de Mortalidad MSDS en José Luis Farías, La Muerte en Tiempos de Chávez (2006). Edit. CEC.

335. Cifras Oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

336. Ultimas Noticias. «Darfa se llevó 149 armas de Polisucre». 14.10.08. Pág. 38.

337. Versión Final: «Venezuela supera a Colombia en asesinatos a tiros» Por Oswaldo Torres el 8 de Febrero, 2008 en Edición 88, Seguridad en http://www.versionfinal.com.ve/wp/2008/02/08/venezuela-supera-a-colombia-en-asesinatos-a-tiros/

338. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). Encuesta Nacional «Violencia Interpersonal y Percepción Ciudadana de la Situación de Seguridad». Resultados Finales. 2006.

339. Socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad realiza estudios de doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Florida.

340. Rotker menciona algunos autores latinoamericanos que desarrollan la violencia social en sus producciones literarias: Fernando Vallejo, Laura Restrepo, Alonso Salazar, Rubem Fonseca, entre otros. En cuanto a la producción literaria en Venezuela, menciona La ley de la calle. Testimonios de jóvenes protagonistas de la violencia en Caracas de José Roberto Duque y Boris Muñoz y, Pin Pan Pum de Carlos Rebolledo. Habría que añadir a esa lista la producción literaria de Israel Centeno particularmente Calletania y El complot, y Viste de verde nuestra sombra de Ricardo Azuaje. Una lectura detallada de la producción de José Balza permitiría su inclusión en esta lista.

341. En The Production of Space, traducido por Donald Nicholson-Smith, el autor se refiere a «representations of space» y «representational spaces». Jones en su artículo «The Latin Amercian City as Contested Space: A Manifiesto» se refiere a los mismos conceptos como «the space of representation» and the «representation of spaces». En este trabajo usaré la terminología utilizada por Jones.

342. En ellas funcionan diversas oficinas gubernamentales y ministerios.

343. Este trabajo se encuentra enmarcado en la línea de investigación Sistemas Penales, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, y fue publicado en la Revista de Ciencias Políticas Politeia, 2008, volumen 31, número 40.

344. Universidad Central de Venezuela. E-mail: nunezg.ucv@gmail.com – perezneelie@yahoo.es

345. Siguiendo a Virtuoso, se entiende por barrio aquel «territorio autoconstruido por sus pobladores, sin propiedad legalizada del suelo, servicios públicos básicos precarios, fuera del ordenamiento formal establecido y marginalmente vinculados a la trama urbana. Desde el punto de vista de su condición socioeconómica, las familias están en situación de pobreza relativa y extrema» (2006:292).

346. Para el año 2006 se registró una tasa de 105 homicidios pcmh, cometidos principalmente en las zonas urbanas más deprimidas económicamente, donde las principales víctimas y victimarios son los más jóvenes. Para un estudio más detallado sobre estos aspectos, véanse los trabajos de Sanjuán (2004, 2005), Briceño-León (2002), entre otros

347. De acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción Policial realizada por la Comisión para la Reforma Policial y el Instituto Nacional de Estadística en el año 2006, un 76,7% de los delitos fue cometido haciendo uso de un arma de fuego, aunque -como señala el informe de la encuesta- existen variaciones para los delitos desagregados. Según los resultados obtenidos, los homicidios son cometidos en un 99% de los casos con armas de fuego, los robos en un 79% y la privación de libertad en un 78%. Estas cifras evidencian la incidencia directa que tienen las armas de fuego en delitos contra la vida, integridad personal y patrimonio, por cuanto su uso eleva el nivel de violencia letal en algunos tipos delictivos. (CONAREPOL/INE, 2006)

348. Según los resultados de la más reciente encuesta de victimización realizada a nivel nacional, los funcionarios policiales o guardias nacionales representan casi una octava parte de los autores de los diversos delitos, y una proporción considerable en los delitos de corrupción, privación de la libertad y extorsión. (CONAREPOL/INE, 2006)

349. Véanse Barbagli y Gatti, 2005; Wells, Schafer, Varano y Bynum, 2006.

350. En este sentido, la CRBV en su artículo 62 establece: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos… La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

351. Véanse Renaud, 2002; Salamanca, 2002; Monroy, 2005.

352. Véase Echenique, Torres y Zorrilla, 2003.

353. Véase Cunill, 1999.

354. Véase Gabaldón, 2007.

355. Véase Aniyar, 2003, pág. 90.

356. Véase Scotto, 2003, pág. 84.

357. Véase D´Elia, 2006.

358. Véanse Chinchilla, 2005; Knepper, 2007.

359. Véase Colmenares, 2002.

360. Véase Dammert, 2003, pág. 126.

361. Véase Bonilla-Molina y El Troudi, 2004, pág. 30.

362. Véase Policía Metropolitana, 1982, pág. 102.

363. Véanse Aniyar, 2005; Dantzker, 1997.

364. ABN, 16 de abril de 2005.

365. Prensa de MIJ, 3 de marzo de 2005.

366. Prensa de MPPRIJ, 30 de marzo de 2007.

367. Declaraciones ofrecidas en rueda de prensa transmitida por Noticias Globovisión, 29 de julio de 2007.

368. Véase Bonilla-Molina y El Troudi, 2004, pág. 28.

369. Las autoras entrevistaron, en el mes de julio de 2007, a Leonard González, Director de las «Redes de Prevención Integral» de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor y a la Abg. Judith Ortiz, Directora de las «Redes Sociales de Prevención» adscritas al Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte de la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas.

370. ABN, 16 de abril de 2005.

371. Véanse Bernardo, 2005; Giuliani, 2005.

372. Véase Rosales, 2005.

373. En el ámbito penal y criminológico, a través del eficientismo se pretendería obtener efectividad a cualquier costo, incluso recurriendo a formas de control más agresivas que las tradicionales, reduciendo garantías y estableciendo más prohibiciones que las aceptadas en los sistemas democráticos (véase Grosso, 2006).

374. Véase Schmitt, 1999.

375. Véase Garófalo, 2006.

376. Para un estudio detallado sobre la negación jurídica del enemigo y sus implicaciones en el ejercicio del poder punitivo, véase Zaffaroni (2006).

377. Véase Piccardo, 1995, pág. 9.

378. Véase Bauman, 2006.377.

© Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel, 2009
© Editorial Alfa, 2009
© alfadigital.es, 2016

Primera edición digital: mayo de 2016

www.alfadigital.es

Escríbanos a: contacto@editorial-alfa.com
Síganos en twitter: @alfadigital_es

ISBN Digital: 978-84-16687-27-5
ISBN Impreso: 978-980-354-269-6

Diseño de colección
Ulises Milla Lacurcia

Corrección ortotipográfica
Magaly Pérez

Conversión a formato digital
Sara Núñez Casanova

Fotografía de portada
© Gregorio Marrero / Orinoquiaphoto.com