PRÓLOGO

CARLOS JOSÉ REYES POSADA

El lector tiene en sus manos un compendio de ensayos elaborado a partir de una significativa cronología sobre el desarrollo histórico de Colombia desde tiempos inmemoriales hasta el presente. Un trabajo serio que recoge bibliografía actualizada en cada capítulo, como también referencias utilizadas por cada uno de los autores, y que permite construir una imagen de la nación a partir del estudio de los arduos y muchas veces dramáticos procesos de desarrollo y participación democrática de sus habitantes.

Se trata de un proyecto que tiene interesantes antecedentes en otros intentos antológicos, entre cuyas tempranas manifestaciones puede mencionarse el objetivo final que perseguía la Comisión Corográfica de mediados del siglo XIX —dirigida por Agustín Codazzi—, que no era tan sólo levantar la carta geográfica del país en cada una de sus regiones, sino también investigar sobre su historia y su cultura, sus recursos económicos y sus posibilidades de desarrollo, tal como lo inició uno de sus principales colaboradores, Manuel Ancízar, en La peregrinación de Alpha, un escrito que se anticipó a las investigaciones sociológicas de la segunda mitad del siglo XX. El proyecto de Codazzi era el de aportar una completa imagen del país, de tal modo que fuera un instrumento de obligada referencia para otros estudios y, sobre todo, para diseñar los programas de gobierno a escala nacional y regional.

En el siglo XX aparecieron diversas publicaciones y proyectos editoriales que también buscaban presentar un panorama del país. La llamada Biblioteca Aldeana, iniciada durante los gobiernos de Olaya Herrera y la primera administración de Alfonso López Puma rejo, no sólo incluyó los cien volúmenes de la Selección Samper Ortega de literatura en sus diferentes campos, sino otras obras de interés nacional, entre las cuales se encontraba un estudio del mismo Daniel Samper Ortega titulado Nuestro lindo país colombiano. Allí el autor presentaba un detallado panorama de las distintas regiones del país y sus municipios más representativos, en un intento por comunicar una idea general de nación, dentro de un programa de dotación de material bibliográfico para las bibliotecas públicas del país, un primer gran esfuerzo para estimular la lectura en amplios sectores de la geografía nacional.

Otra importante colección antológica, cuya intención era presentar un panorama nacional en los diferentes campos del saber, la historia, la geografía, la literatura y sus autores más destacados, fue la Biblioteca Básica de Colcultura, editada durante la administración de Gloria Zea entre 1975 y 1982, una obra que aún es de útil consulta, como lo demuestra la antología de La nueva historia de Colombia, realizada por Darío Jaramillo Agudelo, que incluye monografías de Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Margarita González, Salomón Kalmanovitz, Álvaro Tirado Mejía, Miguel Urrutia y Jesús Antonio Bejarano.

En 1982 apareció el Manual de historia de Colombia, un compendio de ensayos publicado por el Instituto Colombiano de Cultura y Procultura, que tuvo como director científico a Jaime Jaramillo Uribe, y reunió a autores especializados en los temas esenciales de los distintos períodos, desde la Colonia hasta el último tercio del siglo XX. Desde ese entonces hasta el presente han aparecido numerosos trabajos de historiadores colombianos de formación universitaria, investigadores y profesores en diversos centros docentes, así como estudios de extranjeros de diversas nacionalidades interesados por los temas colombianos, como Daniel Pécaut, Malcolm Deas, Paul Oquist, David Bushnell, James Henderson y muchos otros, que han hecho significativos aportes a la historiografía colombiana.

En este contexto, un grupo de historiadores de formación más reciente ha colaborado con sus trabajos en la presente antología, que cubre el panorama desde la historia precolombina hasta el presente. El primer capítulo estuvo a cargo Luis Enrique Rodríguez Baquero, quien presenta una comprensión global de un tiempo histórico remoto sobre el cual aún falta mucho por investigar. El profesor Rodríguez Baquero enuncia como objetivo «plantear una serie de interrogantes acerca de las sociedades existentes en el período anterior al descubrimiento del actual territorio de Colombia y sobre la manera como tales sociedades han sido descritas». El primer interrogante se refiere al nombre de «prehispánico», que se ha dado a este período, y que cubre un lapso de apenas 200 años entre los más de 30.000 que, se supone, el continente ha estado habitado por seres humanos. En este sentido, se refiere al primer gran ordenamiento y periodización de tan amplio espectro cronológico realizado por el profesor Gerardo Reichel-Dolmatoff y publicado en 1978. El autor destaca el valor de esta investigación, pero a la vez cuestiona la forma como el modelo se toma al pie de la letra, sin realizar una crítica dinámica que aporte nuevas perspectivas y caracterizaciones en un período tan largo y poco conocido. Con una mirada muy amplia y general, la historia completa del territorio que hoy es Colombia podría dividirse en los períodos paleoindio, formativo, cacical, colonial y republicano, pero el autor plantea la necesidad de superar las fórmulas mecánicas y las periodizaciones tentativas, para estudiar en profundidad las distintas épocas y momentos singulares de la historia del país.

Este panorama global de la historia colombiana continúa con una caracterización de la Conquista y Colonia, desde 1492 hasta 1740, cuando se instituyó de un modo definitivo (hasta la Independencia) el virreinato de la Nueva Granada. En el segundo capítulo, escrito por Ana Luz Rodríguez, se analizan las principales instituciones de la monarquía española, desde el Consejo de Indias creado en 1518, y el sistema de capitulaciones con descubridores y colonos, un recurso utilizado por la corona para atraer capitales privados hacia la empresa de la conquista y colonización. Aquí se observa cómo fueron invadidos los pueblos de indios, diezmando su población, y cómo se crearon en ellos parroquias, después villas y por último municipios. Las villas que alcanzaban un cierto desarrollo o tenían una posición estratégica recibían el título de «noble y muy leal ciudad», para subrayar su dependencia, como ocurrió con Santa Fe de Bogotá cuando apenas era un caserío, pocos años después de su fundación. Una institución de gobierno como la Audiencia de Santa Fe fue creada en 1548, diez años después de haber sido fundada la ciudad, pero sólo se pudo instalar en 1550.

Pero en este capítulo no sólo se estudia el desarrollo de las instituciones, como la encomienda y el resguardo —temas que habían sido tratados en rigurosos trabajos por historiadores como Margarita González o Hermes Tovar Pinzón—, la fundación de ciudades, la consolidación de la conquista y el desarrollo de la colonización en la Nueva Granada. También se mencionan los principales acontecimientos de otras regiones del continente americano y la creación de los primeros virreinatos, el primero de los cuales fue México, seguido por el virreinato de Nueva España en 1535, y por el del Perú en 1543. Como muchas otras cosas que nos han llegado tarde, la Nueva Granada obtuvo esa condición mucho después, con un primer intento en 1517 que fracasó por deficiencias en su organización y por la corrupción administrativa, que ya desde entonces aparecía como un anticipo de este flagelo que se ha proyectado como una sombra a lo largo de nuestra historia tanto colonial como republicana. Al respecto, anota la autora del capítulo:

Los sueldos de los funcionarios eran tan bajos, que quienes desempeñaban tales cargos terminaban mezclando actividades públicas y privadas, lo que estimuló altos niveles de corrupción. Esto ocurrió con los oidores, corregidores, alcaldes y gobernadores.

Frente a estas situaciones y ante denuncias e informes que recibían el Consejo de Indias y los propios monarcas, desde Carlos V y Felipe II en adelante, trataron de tomarse medidas correctivas y buscar formas de vigilancia y verificación más eficaces, que no siempre alcanzaron el resultado buscado. Estos cambios, iniciados a partir de las denuncias de fray Bartolomé de las Casas y luego de la ardua polémica que sostuvo con Ginés de Sepúlveda, dieron lugar a las llamadas Leyes Nuevas, dictadas por la corona en 1542, e inspiradas en el humanismo de los grandes pensadores, teólogos y filósofos del Renacimiento español. Pero, realmente, en la vida de las provincias del Nuevo Mundo tuvieron escaso cumplimiento, dada la dificultad de efectuar una vigilancia como era debida, pues se trataba de inmensos territorios a donde no alcanzaba a llegar la mirada de las autoridades. De allí surgió aquella sentencia paradojal que anotaba con un dejo de burla socarrona: «Se obedece pero no se cumple». Otras instituciones creadas para poner en cintura los excesos y corregir los malos manejos fueron la visita y la residencia. Visitadores regios realizaban viajes de inspección a diferentes provincias sujetas a la corona, indagando sobre el comportamiento de las autoridades locales, y en el caso de los llamados juicios de residencia los funcionarios entrantes —así fueran los presidentes de la Real Audiencia y luego los virreyes— juzgaban a los salientes.

No se podían tratar los temas de la vida colonial sin una clara referencia al patronato eclesiástico y la notable influencia del pensamiento religioso en todos los aspectos de la vida social y política en España y sus colonias, sobre todo en el período de los Austrias, entre los siglos XVI y XVII. Al lado de los encomenderos, a quien estaba encomendado el «cuidado» de los indios, aparecían los curas doctrineros, quienes tenían la misión de bautizar y enseñar la doctrina a los indígenas, además de dar misa y procurar la asistencia de los nativos, celebrar fiestas, organizar procesiones y demás rituales del culto, así como celebrar los matrimonios, confesar y dar la comunión y enterrar a los muertos, aspectos todos ellos que se impusieron de inmediato a los indígenas, procurando a la vez eliminar sus creencias y destruir sus santuarios, íconos y representaciones religiosas, lo que equivalía a cambiar una cultura por otra con el argumento de superar la barbarie e imponer la civilización.

La tarea de la Iglesia no se limitaba a cristianizar a los indios, a modificar sus costumbres paganas y los llamados cultos demoníacos a los que estaban dedicados antes de la llegada de los españoles. También era importante impedir que a las colonias llegaran judíos o protestantes, y que circularan ideas o actitudes contra la fe y el dogma católico, en un tiempo en el que en Europa se libraba una intensa batalla entre la llamada Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, de la cual España era uno de sus principales bastiones. Con este fin se extremaron medidas para evitar cualquier desviación del camino trazado por la Iglesia y apoyado por la monarquía. A comienzos del siglo XVII, a partir de 1610, la institución del Santo Oficio, conocida como la Inquisición, entró a funcionar en Cartagena de Indias. Entre sus misiones más explícitas se hallaban las de suprimir el judaísmo y el protestantismo, castigar la brujería y las desviaciones sexuales, para lo cual se recibían denuncias y se adelantaban arduos interrogatorios a los inculpados, dando lugar a no pocos excesos y arbitrariedades.

El segundo capítulo termina con referencias importantes a los hacendados, mineros y comerciantes, y al establecimiento de jerarquías y estratos sociales, que redundaban en diversas formas de discriminación social proyectadas desde los tiempos coloniales hasta el presente en muchos campos de la vida nacional. No es posible concluir esta visión global del período sin mencionar el aporte de los afroamericanos y la incidencia de la esclavitud en la economía colonial, un tema que ha sido tratado en juiciosos estudios por Jorge Palacios Preciado y otros historiadores.

El siguiente período estudiado, en el tercer capítulo, es el que va desde la creación del virreinato de la Nueva Granada hasta la Gran Colombia, ubicado entre 1740 y 1830. Se trata de una monografía escrita por Jaime Humberto Borja Gómez, en la que se refiere a la época de los Borbones, la influencia de la Ilustración española (de corte francés) de este período, y los cambios profundos que tuvieron lugar en la mentalidad de los habitantes de la Nueva Granada, en especial por parte de los criollos que lograban acceder a la educación en los colegios mayores y universidades creadas en el siglo XVIII, y entre cuyos miembros iban a surgir los principales ideólogos de la Independencia.

La creación del virreinato de la Nueva Granada presentó algunas dificultades en sus primeros pasos. Antonio de la Pedrosa organizó los aspectos administrativos del nuevo virreinato, pero no llegó a asumir el cargo. El primero en hacerlo fue don Jorge de Villalonga, pero bajo su mandato surgieron toda clase de irregularidades. La corona envió entonces a un viejo militar, un hombre recio y experimentado, de su vieja confianza, don Antonio Manso Maldonado, para que adelantara el juicio de residencia a Villalonga y formulara las críticas y observaciones correspondientes. El virreinato fue abolido en 1723, y esta compleja época de transición, con las investigaciones realizadas por Manso Maldonado, apenas si ha sido estudiada por la historiografía colombiana, en muchas de cuyas referencias se plantea el trabajo del juez de residencia como un fracaso y se le atribuyen a don Antonio toda clase de fallas y arbitrariedades. Los informes y relaciones que existen en el archivo de Indias de Sevilla, tanto los escritos por el propio Manso Maldonado como los dictámenes finales del Consejo de Indias, muestran lo contrario. En el juicio de residencia que a su vez se le hizo a don Antonio Manso sobre su gestión, se presentaron también toda clase de acusaciones sobre las supuestas irregularidades que había cometido en el ejercicio de su misión. Como conclusión, se pedían contra él duras sanciones ejemplarizantes. Sin embargo, al estudiar los cargos y escuchar las razones del acusado, el alto tribunal determinó declarar del todo inocente a don Antonio y castigar a sus jueces con las mismas penas que se pedían para el procesado. Un juicio de residencia que merece un estudio más profundo, por cuanto a partir de las críticas y recomendaciones de Manso Maldonado se configuró el virreinato definitivo para el Nuevo Reino de Granada, establecido en 1739 y cuyo primer virrey fue don Sebastián de Eslava.

El virreinato es una institución que tuvo amplias consecuencias no sólo sobre la vida colonial, sino también sobre los primeros intentos de organización en la vida republicana después de la independencia, ya que al virreinato neogranadino y a la Audiencia de Santa Fe, presidida por el virrey, correspondían la administración general de los asuntos relacionados con la Capitanía General de Venezuela y la Presidencia de Quito, que fueron los puntales en el sueño de Simón Bolívar de la integración americana y la creación de la Gran Colombia, como se llamó más tarde a la Colombia unida con Venezuela desde su proclamación en el Congreso de Angostura en 1819 y su ratificación en el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821.

Las ideas de cambio aparecen tras la creación de un nuevo sistema educativo con el establecimiento de las universidades y colegios mayores, entre los que hay que mencionar al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y las Universidades de Santo Tomás y San Bartolomé. Para ingresar a alguna de estas instituciones se requería de dos condiciones básicas: tener más de doce años y una probanza de «limpieza de sangre», que pudiera demostrar que los padres eran cristianos viejos, y pertenecían a familias dignas que no hubiesen desempeñado oficios manuales. En este proceso se va configurando una nueva clase dirigente entre los criollos adinerados, que será la que tome las riendas del poder una vez lograda la separación de España.

Las grandes transformaciones se inician con las revueltas que se presentaron en varias regiones del continente, generadas por el descontento frente al autoritarismo reinante, la exclusión de los criollos de los cargos públicos y sobre todo, la implantación de nuevos impuestos. Es así como sobrevienen levantamientos como el de Tupac Amaru en el Perú, y poco después, el movimiento de los Comuneros en la Nueva Granada, que tuvo lugar en el año de 1781. Durante las décadas siguientes se desarrollaron nuevas instituciones y actividades científicas y culturales en un período conocido como la Ilustración neogranadina, durante el cual se llevó a cabo la Expedición Botánica bajo la dirección de José Celestino Mutis. El sabio gaditano a su vez impartió en el Rosario clases sobre el nuevo sistema copernicano, lo que le valió la amenaza de los padres dominicos con presentar su caso ante la Inquisición, pero esto no llegó a ocurrir, ya que los trabajos de la expedición y el apoyo del arzobispo virrey Caballero y Góngora salieron en su apoyo.

Una serie de nuevos hechos que modificaban las inquietudes y aspiraciones de los granadinos no tardaron en aparecer. A los avances científicos habría que agregar la implantación y desarrollo de la imprenta, traída por los padres jesuitas en las primeras décadas del siglo XVIII y trabajada en especial por una familia de impresores llegados de España, los Espinosa de los Monteros, que imprimieron no sólo novenas o almanaques, sino las primeras publicaciones periódicas, como el Aviso del Terremoto de 1785, o el Papel Periódico de Santa Fe, dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez, tras llegar a la capital con la comitiva del virrey Ezpeleta, quien lo conoció durante su estadía en La Habana. Don Manuel del Socorro fue además el primer paciente y dedicado director de la Real Biblioteca Pública del Nuevo Reino de Granada, el origen de la actual Biblioteca Nacional de Colombia, la primera en su género constituida en la América española, en el año de 1777, tomando como base inicial los fondos que habían pertenecido a los padres jesuitas, tras su expulsión de España y de todas sus colonias en el año de 1767. Alrededor de las primeras publicaciones, así como de las tertulias que tenían lugar en la Biblioteca, o en la casa de doña Manuela Santamaría de Manrique o de Antonio Nariño, se fueron gestando las ideas que vendrían a culminar con la primera independencia, el 20 de julio de 1810, y con la independencia definitiva, después de la Batalla de Boyacá, en 1819.

Estos sucesos no tenían lugar de forma aislada en Santa Fe de Bogotá o en el Nuevo Reino de Granada, sino que hacían parte de un complejo tejido de acontecimientos que se había iniciado con las primeras manifestaciones de descontento ya mencionadas, y luego a causa de otros motivos, ideas y pronunciamientos que habían tenido lugar en toda la América española y portuguesa, a raíz de la invasión napoleónica a Portugal en 1807 y a España en 1808. Tales hechos produjeron una airada reacción en España, que motivó la creación de juntas de gobierno provisional en Sevilla o la instalación de las Cortes en Cádiz, en 1812, para defender los derechos y la legitimidad del trono de Fernando VII, y por lo tanto produjeron también el rechazo a la dominación francesa y al gobierno de José Bonaparte, hermano de Napoleón, de quien los españoles se burlaban endilgándole el apelativo de Pepe Botellas, a causa de su afición a las bebidas alcohólicas.

Las fuerzas nacionalistas consiguen una victoria decisiva en la Batalla de Bailén y uno de los oficiales más destacados en la lucha contra los franceses es Pablo Morillo. Tras la derrota de Bonaparte y la recuperación de la corona española, Fernando VII envía a Morillo a las colonias de América del Sur con el fin de pacificar los ánimos. Morillo llega a la isla Margarita, frente a las costas de Venezuela, y arregla un tratado de paz con Juan Bautista Arismendi. Este, sin embargo, tras la partida de las fuerzas de Morillo, ordena la ejecución de los españoles que han quedado en la isla, y a partir de allí, el comandante español cambia sus procedimientos y orienta la pacificación aplicando la ley marcial a los jefes políticos y militares de los sublevados. Así aparecen los mártires de Cartagena de Indias y de Santa Fe de Bogotá, muchos de los cuales podrían considerarse como las figuras más destacadas del período de la primera independencia.

El cuarto capítulo cubre el período que va desde la formación de la república hasta el final del radicalismo liberal, una gran parte del siglo XIX, desde 1830 hasta 1886, cuando la constitución de Núñez y Caro remplazó a la Constitución de Rionegro, proclamada en 1863. Este trabajo fue elaborado por Diana Luz Ceballos Gómez, y en el complejo y arduo período que trata tuvieron lugar diversos enfrentamientos y guerras civiles regionales o nacionales, se comenzaron a parir con sangre tanto los partidos políticos como las constituciones nacionales. Las divergencias entre centralistas y federalistas, entre los partidarios del libre cambio o del proteccionismo de Estado, así como el surgimiento de los partidos políticos liberal y conservador, que adquirieron su carta de ciudadanía a mediados del siglo XIX, hacen parte de un conjunto de fuerzas y de ideas de nación que se contraponen según los intereses económicos, los caudillismos regionales y la aparición de figuras con grandes ambiciones de poder, como Tomás Cipriano de Mosquera o Rafael Núñez, que llenan toda una época con sus iniciativas y pronunciamientos.

En este cuadro general también se contempla la influencia internacional, en especial los grandes cambios producidos en Europa, como fueron los movimientos revolucionarios de Francia, de 1830 y 1848, cuya influencia se hizo sentir de inmediato en la política del país, como se comprueba por las constantes publicaciones sobre el tema que aparecieron en los periódicos de la época. El Movimiento de los Artesanos, que contribuyó a la llegada al poder de José Hilario López en 1849, tiene mucho que ver con esta influencia, así como la llamada Dictadura Artesanal del general Melo en 1854.

En cuanto a la ciencia y la cultura, es una época rica en investigaciones y escritos de carácter testimonial o costumbrista. Por un lado aparece la Comisión Corográfica a mediados de siglo, a la cual ya hemos hecho referencia, y llegan al país geólogos y geógrafos europeos, una buena parte de ellos alemanes, como Reiss, Stuebel, Steinheil, Schenck, Kohler o Burger, o un sueco como Carlos Segismundo de Greiff, abuelo del poeta León de Greiff, quien realizó importantes estudios en Antioquia.

En cuanto a los relatos de viajeros, es importante destacar algunos autores que dejaron en sus escritos interesantes observaciones sobre el desarrollo del país y sus regiones, tanto en los aspectos económicos como en las costumbres y características de la vida cotidiana, como fue el caso, entre muchos otros, de Salvador Camacho Roldán, Santiago Pérez Triana, Manuel Ancízar o Manuel Pombo, y también de extranjeros que visitaron el país a todo lo largo del siglo XIX, como Humboldt, Boussingault, Eliseo Reclus, John Potter Hamilton o Ernst Röthlisberger, quien escribió su relato de viaje titulado El Dorado, hacia finales del siglo XIX. Diana Ceballos también se refiere a las principales corrientes ideológicas del siglo XIX, así como a los periódicos, los artistas plásticos, los músicos, la aparición de la fotografía alrededor de 1840, con Luis García Hevia y sus principales exponentes en las siguientes décadas del siglo, y otros aspectos de la cultura en la época de los radicales.

El período que va desde la Constitución de 1886 hasta el final de la llamada Hegemonía Conservadora, en 1930, corresponde al quinto capítulo, elaborado por Carlos Uribe Celis con el título de «¿Regeneración o catástrofe?». Plantea el desarrollo del cambio producido por el ascenso de Rafael Núñez al poder, en el período conocido como la Regeneración, debido a la frase pronunciada por el presidente Núñez en unos discursos, pidiendo una «regeneración fundamental o catástrofe», que dio fin a la época de los gobiernos radicales y a muchas de las libertades y sueños utópicos planteados por ellos, para establecer una constitución centralista y autoritaria, que con algunas modificaciones, rigió al país a lo largo de un poco más de un siglo.

Uribe Celis divide la época de su trabajo en tres segmentos, que van desde el que llama período fundacional (1878-1903), seguido por el período de la paz (1903-1920), hasta concluir con el período de la construcción (1920-1930), es decir, desde el gobierno de Julián Trujillo, partidario de Núñez, quien facilitó su ascenso al poder, hasta llegar al final de la Hegemonía Conservadora con el gobierno de Abadía Méndez, en el cual se produjeron hechos como la huelga de las Bananeras de 1928, que ha dado lugar a diversos estudios, relatos, obras de teatro y algunas de las novelas más importantes del siglo XX, entre las que se cuentan La casa grande, de Álvaro Cepeda Samudio y Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

El autor de esta monografía asume una actitud crítica frente a la Regeneración y presenta una aguda semblanza de Rafael Núñez, como un hombre ambiguo y contradictorio, autoritario, aunque se decía liberal, hasta establecer una alianza con los conservadores para liquidar la política de los radicales, por lo cual ellos respondieron refiriéndose a estos cambios como a «la traición de Núñez», tema que ha significado una constante polémica en la historiografía nacional, con defensores en los dos partidos, como Indalecio Liévano Aguirre o Eduardo Lemaitre, y muchas críticas de los historiadores progresistas, liberales o de las corrientes de la izquierda democrática.

Este período, considerado como un «audaz paso a la modernidad», también plantea la radicalización de algunos clérigos, en un tiempo en el que la Iglesia volvió a tener un claro protagonismo a partir del Concordato firmado con la Santa Sede durante el gobierno de Rafael Núñez. Figuras como la de Ezequiel Moreno, agustino español y arzobispo de Pasto entre 1896 y 1906, llevado a los altares por Juan Pablo II, se caracterizaron por su visión ultraderechista de la política, al afirmar de un modo solemne en sus sermones que el liberalismo era pecado. Con el Concordato, por otra parte, se declaró al catolicismo como la religión oficial de Colombia y se devolvieron a la Iglesia los poderes y privilegios que había perdido durante los gobiernos radicales.

En este panorama se estudia la Constitución de 1886 y sus consecuencias, el gobierno de Sanclemente y Marroquín y la Guerra de los Mil Días, ubicada en la transición del siglo XIX al siglo XX; la Paz de Neerlandia y el Tratado de Wisconsin, de 1902, y la separación de Panamá, proclamada a finales de 1903. Celis prosigue con el quinquenio progresista de Rafael Reyes, y luego con el Republicanismo de Carlos E. Restrepo y los gobiernos conservadores de José Vicente Concha y Marco Fidel Suárez. En la siguiente década se dan cambios notables, un período que va de 1920 a 1930, pero en especial los siete años que van de 1922 a 1929 y que el autor considera como «los siete años más felices de la historia colombiana». En esta época se producen desplazamientos significativos, de Europa a los Estados Unidos, en los modelos que servían a las ideas y proyectos sociales, y a la vez los polos de desarrollo se desplazaron de la mitad oriental del país a la mitad occidental.

Amparo Murillo Posada se ocupa del sexto capítulo, que trata sobre la modernización y la violencia, período comprendido entre el inicio de la llamada República Liberal, con el gobierno de Olaya Herrera en 1930, hasta el fin de la dictadura del general Rojas Pinilla y la creación del Frente Nacional en 1957. Una época de grandes cambios y modernización de las instituciones, en especial durante el período llamado la Revolución en Marcha, que tuvo lugar durante la primera administración de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), a la cual sucedió el gobierno más tranquilo y estable de Eduardo Santos (1938-1942), y luego la segunda administración de López Pumarejo. Este mandatario no llegó a cumplir tal período, debido a las innumerables dificultades que se le presentaron en el ejercicio del cargo, en momentos en que en Europa se libraba la Segunda Guerra Mundial, con una notable influencia en las posiciones divergentes sobre el tema entre los partidos políticos y el intento de golpe de Estado por un levantamiento militar en el sur del país, el llamado Golpe de Pasto, que tuvo al presidente retenido durante unos días, a mediados de 1944. Aunque finalmente el movimiento resultó abortado por la acción de los principales colaboradores del presidente, como el doctor Darío Echandía, López decidió presentar renuncia irrevocable en junio 1945, y Alberto Lleras Camargo tuvo que terminar el período, hasta convocar a elecciones en 1946.

Las tensiones políticas se hicieron más intensas y el partido liberal se dividió entre las candidaturas de Gabriel Turbay, un liberal moderado, y Jorge Eliécer Gaitán, caudillo de gran acogida popular, especialmente en Bogotá y en la zona central del país. Esta división permitió que el partido conservador llegara de nuevo al poder, después de 26 años, con la figura de doctor Mariano Ospina Pérez, descendiente de varios presidentes conservadores de los siglos XIX y XX, como Mariano Ospina Rodríguez, el fundador del partido, y Pedro Nel Ospina, quien ejerció un gobierno moderno y progresista en la última década de la Hegemonía Conservadora.

Durante estos años se incrementan las diferencias entre los partidos tradicionales, a causa de la lucha por la propiedad de la tierra en varias regiones, dando lugar a un período que se llamó «la Violencia en Colombia», en cuya primera parte se presentaron las denuncias del doctor Jorge Eliécer Gaitán y las grandes manifestaciones de protesta que organizó en la capital, a finales de 1947 y comienzos de 1948, entre las cuales se destacaron las llamadas «Marcha del silencio» y la «Marcha de las antorchas», que movilizaron a miles de personas, en una expresión de protesta sin precedentes hasta ese momento. Al obtener la mayoría de los votos liberales, Gaitán se convirtió en el jefe único del partido liberal, y se hallaba en plena campaña por la reconquista del poder cuando fue asesinado en Bogotá, al salir de su oficina el mediodía del viernes 9 de abril de 1948, un magnicidio de graves consecuencias, acaecido en un momento en que acababan de iniciarse en Bogotá las sesiones de la Conferencia Panamericana, con delegados de una gran parte de los países del continente americano, como uno de los primeros pasos que se dieron para la organización de la OEA. Un estallido que en pocos días dejó centenares de muertos y grandes destrozos en el centro de la capital; un episodio conocido en las crónicas y en la historiografía moderna como el Bogotazo, que inaugura la era siniestra del asesinato político como una vía para eliminar contendores.

Con la muerte de Gaitán se incrementó la violencia hasta llegar a verdaderos genocidios, de una crueldad aterradora, con los llamados «cortes de franela o corbata» que se produjeron en algunas regiones de la zona central del país. Esta época se desarrolló con especial intensidad en la etapa final del gobierno de Ospina Pérez y durante el gobierno de Laureano Gómez, es decir, entre el año de 1948 y 1953, cuando ante la crisis se produce un golpe de Estado, el 13 de junio, que lleva al poder al general Gustavo Rojas Pinilla.

La dictadura del general Rojas planteó una serie de cambios significativos. El primero fue establecer un acuerdo de paz con las guerrillas liberales del Llano, con el objeto de terminar la violencia y propiciar una nueva época de paz y progreso en el país. El gobierno militar tuvo varias realizaciones progresistas, y aunque se presentaron enfrentamientos y actos de represión con serias consecuencias, como los sucesos de la plaza de toros o la matanza de estudiantes en el centro de Bogotá, la administración de Rojas Pinilla no llegó a los extremos de violencia y autoritarismo represivo que alcanzaron las dictaduras militares del Cono Sur, con los distintos generales de Argentina o con Pinochet en Chile, cuyos juicios por delitos atroces y crímenes de lesa humanidad aún tienen lugar en esos países. También en Uruguay, Paraguay y Brasil se presentaron dictaduras militares de oscura recordación, por lo cual la comparación con el gobierno de Rojas Pinilla no tiene sentido.

Durante tal administración se emprendieron importantes obras de infraestructura en carreteras, la construcción del aeropuerto de Eldorado en Bogotá y la implantación de la televisión en Colombia, en el año de 1954. Pese a las críticas que se le hicieron y al movimiento que terminó por lograr su abandono del gobierno y la entrega del poder en manos de una junta militar, la figura de Rojas Pinilla obtuvo un amplio apoyo de sectores populares y de las clases medias, que culminó con la creación de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, como la primera postulación seria de un tercer partido, frente a la hegemonía bipartidista, proclamada después de la dictadura, con la creación del Frente Nacional en el llamado Pacto de Benidorm, firmado por los ex presidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, en esa ciudad española. Los distintos gobiernos del Frente Nacional establecieron la paridad para repartir los cargos públicos entre los dos partidos tradicionales. Ante esta política excluyente reaccionaron movimientos como la ANAPO, encabezada por el general Rojas Pinilla y por su hija, Maria Eugenia Rojas, quien llegó a proclamar su candidatura presidencial logrando un buen número de votos, o el Movimiento Revolucionario Liberal, el MRL, encabezado por Alfonso López Michelsen, quien libró una ardua lucha contra el bipartidismo.

El último capítulo, que trata el período comprendido entre la creación del Frente Nacional y nuestros días (casi medio siglo de historia), corrió a cargo de Ricardo Arias Trujillo. Su trabajo plantea los alcances y limitaciones del Frente Nacional, el retorno a las formas de gobierno/oposición, el debilitamiento del bipartidismo, la aparición de nuevas corrientes, hasta llegar a la proclamación de una nueva constitución nacional en 1991, durante el gobierno de César Gaviria Trujillo. A lo largo de este complejo período, se analizan las distintas épocas de violencia, desde la confrontación de los partidos tradicionales hasta la aparición de otras formas de insurgencia como las guerrillas del Llano, que más tarde se convirtieron en zonas de autodefensa campesina. Los ataques producidos en Marquetalia, Riochiquito y Guayabero, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, dieron lugar a la creación de las FARC, la guerrilla más antigua del continente, que aún se encuentra combatiendo en las selvas del país después de más de cuarenta años de confrontaciones y pese a diversos intentos de paz y reconciliación, el último de los cuales fue la creación de la Zona de Distensión para los llamados Diálogos de Paz, durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, que no lograron los objetivos esperados. Se trata de una de las etapas más duras de la historia de Colombia, una encrucijada de la que el país aún no ha logrado salir, con la irrupción del narcotráfico, las diversas organizaciones de guerrilla, el paramilitarismo y las contradicciones entre las mismas instituciones del Estado, que en muchas oportunidades han tenido que enfrentar divergencias como las producidas entre la Policía y el Ejército y otras instancias administrativas, en lo que se ha llamado «choque de trenes».

Al tiempo con estas dificultades, que han puesto a Colombia en un primer plano de las noticias internacionales sobre países en conflicto, también cabe destacar avances en la economía, en la producción nacional, en el aspecto educativo y cultural, que muestran a las claras un país pleno de vitalidad; un país que ofrece grandes contrastes pero a la vez deja entrever amplias perspectivas hacia el futuro, en la medida en que se logren superar muchos de los problemas y estigmas que aún entorpecen el desarrollo pacífico y armónico; una nación con grandes riquezas naturales y con una población dinámica y creativa que debe conocer su historia, las raíces de sus conflictos más profundos, para contar con elementos que le permitan comprender y diseñar su futuro en la medida en que se corrijan errores y se logre una mayor participación democrática en las grandes decisiones nacionales, tal como lo proponen los autores de este libro.

Bogotá, septiembre de 2006

CAPÍTULO I

MIL AÑOS HACE…
DE LA PREHISTORIA AL DESCUBRIMIENTO

LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ BAQUERO

INTRODUCCIÓN

Puede decirse que la historia es el producto de la manera como el hombre de una época entiende e interpreta su pasado, lo relaciona con su presente y lo pone al servicio de su futuro. Así, la historia es el resultado de una reflexión humana sobre unas circunstancias específicas; por eso, para su mejor comprensión, se suele dividir en períodos, asignándoles características y duración.

Las divisiones pueden estar justificadas en la necesidad intelectual de diferenciar un proceso de otros, de tal forma que la particularidad del mismo logre distinguirse y facilite constituir un objeto de estudio cuyas propiedades y características permitan considerarlo de manera independiente sin que quiera decirse que no está ligado al conjunto de la explicación histórica. Un ejemplo de esta situación es la relación existente entre el período colonial y el republicano de nuestra historia: tanto el uno como el otro son puntos históricos de referencia que han sido estudiados por los historiadores de tal forma que existen especialistas en uno y otro; sin embargo, a nadie escapa que tales divisiones son formas que facilitan el análisis al «individualizar» situaciones que de otra manera no serían observables, y cuyo conocimiento produce reconsideraciones y nuevas divisiones que ahondan y enriquecen nuestra comprensión sobre una etapa específica de la historia.

También ocurre que la periodización y sus características responden a una visión sobre el pasado que es producto de las necesidades políticas o ideológicas de una nación en un momento determinado, y que sus contenidos e interpretaciones han sido concebidos al servicio de ciertas ideas y creencias que los pueblos y/o sus dirigentes suelen tener de sí mismos. En este sentido, la historia es usada como un elemento legitimador de las expectativas, nociones y proyectos de las generaciones de turno.

Estas posibilidades, en mayor o menor medida, están presentes en los proyectos nacionales de constitución de sus historias, toda vez que son grupos humanos con intereses y visiones sobre el presente, el futuro y el pasado los que participan e influyen en la construcción de un cierto discurso sobre la nación. El caso colombiano no es diferente a los demás. Las periodizaciones de la historia colombiana han sido objeto de toda clase de discusiones, definiciones y planteamientos que han reformulado y refinado algunas de sus características, como ocurrió en el caso de las distinciones entre los momentos de la conquista y la colonización durante el período colonial, para poner solamente un ejemplo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de este escrito es plantear una serie de interrogantes acerca de las sociedades existentes en el período anterior al descubrimiento del actual territorio de Colombia —y sobre la manera como tales sociedades han sido descritas—, aprovechando para este objetivo las investigaciones realizadas en el campo de las disciplinas que se ocupan de nuestro pasado remoto. De ahí que resulte pertinente empezar por uno de los temas más generales: el nombre.

LA PREGUNTA POR EL NOMBRE: ¿PREHISPÁNICO?

Entre las épocas o períodos en los cuales suele dividirse la historia de Colombia, hay uno que, a pesar de su importancia e incidencia para el presente, reflejadas en los estudios que se le han dedicado, no es muy conocido. Tanto es así que sus características principales están apenas esbozadas, como lo muestra el hecho sencillo de que sus límites temporales no son claros: su finalización está marcada, para muchos pueblos y zonas del continente, por la presencia española en 1492, en tanto que su fecha de inicio se pierde en la bruma de los tiempos y se confunde en ella con el origen del hombre en América. Es una época que abarca varios milenios, no se sabe con exactitud cuántos, cuyo adecuado conocimiento es necesario para determinar las raíces y las herencias culturales de la nación. Tal período es el denominado prehispánico.

En efecto, se ha llamado con este nombre una época de la historia de todo el continente americano, un continente que, a juzgar por lo poco que de él se conoce, estuvo habitado por sociedades humanas hace unos treinta mil años, según los cálculos más prudentes hechos por algunos arqueólogos.[1] Sin embargo, los conocimientos disponibles sobre las sociedades que habitaron y se adaptaron a este espacio provienen en buena parte de las fuentes escritas dejadas por los conquistadores entre 1492 y 1600, cuyo alcance se remonta hacia el pasado apenas más allá de dos o tres generaciones. Mejor dicho: la mayor parte del conocimiento sobre el período denominado prehispánico puede abarcar, cuando mucho, cien o doscientos años antes del Descubrimiento, cifra que resulta ínfima si se la compara con los anteriores 29.800 o más años, de los cuales se ignora buena parte de su historia.

La magnitud del desconocimiento sobre este período es perceptible a través de su nombre, el cual es una referencia clara a ese vacío pues, al parecer, no ha sido posible encontrar elementos significativos constituidos por sociedades o acontecimientos cuya presencia en ese lapso ameriten el establecimiento de divisiones temporales que permitan una mejor comprensión y alimenten lo poco que se conoce de sus características. Por otra parte, tampoco se ha hallado una denominación que otorgue al período una personalidad, que lo caracterice a partir de lo que de él se conoce.

No es extraño entonces que todos estos miles de años de experiencia humana y social hayan sido bautizados bajo un nombre genérico tomado de un acontecimiento que marcó, precisamente, su final: la presencia española en el continente desde 1492, de cuya fecha hacia atrás todo lo sucedido es previo a su presencia. De esta manera, todo lo conocido sobre este lapso ha sido incluido en una bolsa temporal llamada «época prehispánica», en donde no es posible distinguir ni mucho menos designar con nombre propio a sus actores.

Sin embargo, el anterior no es el único intento hecho para denominar la época. Con mucha frecuencia, los escritos que se ocupan de ella llevan en sus títulos palabras como prehistórico y precolonial, entre otras muchas, para referirse a todo lo sucedido en estas tierras antes de 1492. Dichas maneras de nombrar llevan consigo un problema de inexactitud pues, en su sentido más amplio, expresan que la historia del continente y de los millones de seres que lo habitaban en el siglo XV, comenzó con la llegada de las naves españolas guiadas por el genovés Colón.

Esta idea ha perdurado en los nombres con los cuales es conocido el pasado remoto de esta comarca. Por ejemplo, todavía a mediados del siglo XX se enseñaba en las escuelas colombianas que la historia del continente se dividía en dos: la prehistoria y la historia, y que la diferencia entre una y otra estaba marcada, en buena parte, por la presencia de la escritura, que servía de lindero para clasificar a los pueblos en una gama amplia que abarcaba desde atrasados hasta avanzados o desarrollados. En la base de esta consideración estaba la noción de que todos los pueblos de la tierra pasaban por un proceso evolutivo que terminaba en la civilización, y el corolario de tal idea era que las poblaciones atravesaban las mismas etapas de desarrollo y que, de acuerdo con la presencia o ausencia de ciertos rasgos, ello permitía entrar en discusiones académicas sobre su calidad de «atrasados» o «avanzados», «bárbaros» o «civilizados». Así, por ejemplo, características sociales como la presencia de técnicas para producir objetos, algunas instituciones y creencias, y la capacidad de ciertos grupos para ampliar su población, entre otros muchos factores, colocaban al pueblo o conglomerado étnico en un estadio de desarrollo específico. La culminación de estos rasgos era la presencia de alguna forma de escritura o medio de representación, punto que en algún momento fue considerado valioso porque ubicaba a los «elegidos» en el umbral de ser clasificados como pueblo historiable y, en consecuencia, civilizado.

Para los conquistadores del nuevo continente, la ausencia de este rasgo puso al conjunto de las sociedades que lo habitaban en un estado de atraso con respecto a Europa, razón por la cual se consideró que para estas tierras era «muy provechoso e gran bien», como lo expresan las crónicas de la época, implantar las creencias, valores, usos y costumbres considerados propios de su civilización. Ahora bien: dado que los habitantes primigenios no tenían, al menos de forma visible, una escritura como la europea, los historiadores se ocuparon de ubicar las gentes del nuevo continente en la prehistoria, dando paso así a la formación de la leyenda según la cual los conquistadores españoles fueron protagonistas de una gesta «civilizadora» que, a través de la implantación de la escritura, la religión, la lengua y las costumbres de esa parte de Europa, llevó al continente americano a salir de la prehistoria para ingresar en la historia a partir del siglo XV y, más precisamente, del siglo XVI. De acuerdo con este planteamiento, la historia del continente americano tendría hoy, apenas, quinientos años.

Por fortuna, este tipo de concepción de la historia y otros similares han experimentado cambios sustanciales en los últimos decenios, hasta el punto de que hoy ya no se considera a pueblo alguno fuera de la historia, o perteneciente a la prehistoria, pues no existe una historia única universal en el sentido exacto del término, sino una infinita sucesión de las pequeñas y grandes historias de cada uno de los pueblos que ha habitado la faz de la tierra. Sin la presencia de tales historias, la «historia» del planeta está incompleta.

De lo anterior podemos concluir que si bien la presencia de escritura en una sociedad es considerada como un elemento fundamental para el registro de la memoria social y el conocimiento de todo el grupo humano que la compone, no se quiere decir con ello que su ausencia implique la carencia de memoria y de formas de registro de la experiencia y de recordación de hechos significativos para el conglomerado. Es decir, que el hecho de que no exista escritura en un grupo no lo limita ni le impide tener una perspectiva histórica de su devenir. Por ello, su presencia o ausencia no es un factor determinante para establecer «grados de civilización», pues esta expresión encierra un juicio de valor que ha sido claramente objetado por el avance de disciplinas como la antropología, la cual ha demostrado que ante la necesidad de transmitir conocimientos de una generación a otra, los grupos humanos idearon mecanismos de transmisión oral, por ejemplo, por medio de los cuales dieron perdurabilidad a sus saberes y valores, haciendo con ellos, en buena parte, innecesaria la escritura. En consecuencia, si a pesar de que hoy tenemos conocimientos fragmentarios sobre las sociedades que habitaban el continente americano antes de la Conquista y podemos estudiar aspectos aislados de algunas de ellas, concernientes a su conformación, sus instituciones, sus costumbres, sus lenguas, sus formas de contar, sus edificios, sus monumentos, sus guerras, etc., y si nos anima el objetivo de evitar las inexactitudes que afectaron el juicio de los historiadores en el pasado, se nos impone un reto: ¿cómo llamar de manera acertada este período sin incurrir en injusticias, en exageraciones, en desconocimientos, en apologías y, al mismo tiempo, contribuyendo a la difusión de versiones más acordes con los resultados de la investigación arqueológica, lingüística e histórica? ¿Cómo asignarle un nombre que dé justa cuenta de la vida y de las sociedades que habitaban el continente sin recurrir al que utilizaron quienes, precisamente, propiciaron su dominio y destrucción?

LA PREGUNTA POR LAS DISCIPLINAS:
¿CUÁLES Y CÓMO ESTUDIAN EL PASADO?

El desarrollo del conocimiento sobre la época denominada prehispánica se apoya en varias disciplinas: la historia, la arqueología y, en menor grado, la lingüística y otras derivadas de la botánica. Es evidente que la lingüística es importante cuando de un idioma indígena sobrevivieron escritos o hablantes; de lo contrario, no posee material a partir del cual pueda hacer sus aportes. Por otra parte, y como ya se indicó, el alcance que pueda brindar la historia resulta limitado, debido a que la base principal de su trabajo es el material escrito y gráfico —testimonios, relatos, mapas, esquemas, figuras, etc.—, lo que implica que sólo puede aportar conocimientos sobre aquellas sociedades donde existió alguna forma de escritura o sobre las cuales la conquista y colonización españolas dejaron testimonios.

No obstante, en las sociedades en las que existió alguna forma de escritura o sistema de cuentas o de registro, el alcance informativo puede ser potencialmente más útil para remontarse en el tiempo y dar razón de su existencia y de su tejido de relaciones internas y externas. Sin embargo, entre los primitivos habitantes del llamado Nuevo Mundo son escasas las noticias de tales formas de expresión, aunque cuando se han hallado, han sido relevantes en aporte de datos, como en el caso de los incas y los aztecas, principalmente. En estas situaciones, la historia dispone de un panorama de la sociedad que si bien puede ser estrecho, toda vez que el sistema de registro suele estar, por ejemplo, supeditado a formas de conteo, por lo menos permite buscar información en el pasado de dicho grupo y realizar inferencias respecto de su devenir a partir de los testimonios generados y por sus propias acciones.

No sucede igual cuando las noticias sobre una sociedad provienen de quienes fueron sus conquistadores y colonizadores. Con frecuencia tales relatos aparecen cargados de juicios y prejuicios que atraviesan toda la información y vician de manera importante la visión que pueda tenerse de un conglomerado social. En especial, se detienen en celebraciones, usos y costumbres que son apreciados y calificados desde el punto de vista ortodoxo e intolerante de las creencias de que eran portadores los conquistadores, quienes dejaron descripciones de claro tono peyorativo. Adicionalmente, los datos aportados suelen referirse al momento de contacto con los indígenas y, por lo general, no se ocupan de averiguaciones acerca de su pasado, pues es evidente que el interés primordial de la circunstancia no era conocer su historia sino sojuzgarlos.

En un plano diferente se mueve la arqueología. Si bien es cierto que para su accionar requiere de la presencia de restos materiales, el desarrollo de su saber no depende exclusivamente de la existencia de un rasgo específico, como acontece con la escritura en el caso de la historia. Por el contrario, para que la arqueología pueda realizar su labor basta con que encuentre un sitio en donde estuvo asentada una vivienda, o un lugar que haya servido de botadero de desperdicios, o una zona usada como cementerio, o un punto establecido para taller de trabajo, entre otros muchos rasgos comunes a cualquier tipo de sociedad humana. Una vez hallados los sitios puede utilizar una variedad de restos materiales y humanos para dar cuenta de las formas de vida de una sociedad, y con el alcance de sus elaboraciones adentrarse profundamente en el pasado de aquellas sometidas a estudio. Es por eso que la arqueología aporta luces sobre un conglomerado humano partiendo de las constataciones y de las inferencias realizadas sobre y a partir de los restos dejados por el mismo. Elementos informativos como el tamaño del grupo social, las familias que lo componían, los hábitos alimenticios, las herramientas, las armas, las vasijas, los vestidos, los productos elaborados, los sitios de descanso, los ritos funerarios, las celebraciones, las guerras, la vinculación con grupos vecinos, el intercambio, la economía, los animales domésticos, las representaciones del mundo y las escenas de la vida cotidiana son todos aspectos sobre los cuales la arqueología ha brindado luces importantes cuando ha contado con los restos y las preguntas apropiados para elaborar o deducir información de ellos. Por consiguiente, ha contribuido con aportes valiosos al enriquecimiento de la historia de Europa, Asia, América y África, recreando desde la vida de sus primitivos habitantes, varios milenios atrás, hasta procesos muy recientes. En el caso del Nuevo Mundo ha tenido un papel relevante en plantear posibles respuestas a las preguntas que se formula el hombre actual con respecto, por ejemplo, a su origen, al tiempo que lleva en el Nuevo Continente y al número de sus habitantes antes de la conquista española, entre otras cuestiones.

A pesar de los numerosos aportes de la arqueología al conocimiento del continente americano, tales saberes y certezas siguen siendo exiguos, y en el territorio de la actual Colombia, el panorama obtenido a partir de los cientos de excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo del último siglo confirma dos cosas: en primer lugar, el inmenso interés en relación con el pasado indígena del país y, en segunda instancia, la fragmentación y el aislamiento de innumerables datos, algunos de los cuales fueron obtenidos por medios técnicos de dudoso rigor. El resultado es una batería de inferencias, de deducciones y de hipótesis en muchos casos endebles acerca de las asociaciones humanas existentes en la geografía de Colombia antes del Descubrimiento.

En resumen, las disciplinas que se ocupan de nuestro pasado remoto tienen incontables retos para resolver. En primer lugar, frente a sus propios métodos para validar como científico el conocimiento adquirido y, en segundo lugar, frente al tipo de visión que deben generar acerca de una época como la llamada prehispánica, tan dilatada y llena de preguntas sin respuestas adecuadas.

LA PREGUNTA POR LAS PREGUNTAS

¿Cuál es el origen del hombre americano?

Una de las preguntas más recurrentes entre los autores que han escrito sobre el período prehispánico es la referida a explicar la cuestión de la aparición del hombre en el continente americano. ¿Cómo y cuándo llegó a sus playas? ¿Por dónde arribó? ¿De dónde migró? ¿Estaba aquí? Todas estas preguntas han tenido a lo largo de las últimas centurias las respuestas más diversas, fantásticas y contradictorias.

Sin pretender hacer una lista exhaustiva, vale la pena mencionar que ya desde el mismo siglo XVII, algunos autores españoles se ocuparon del asunto. Entre ellos figura el oidor de la Audiencia de Lima, Diego Andrés Rocha, quien sostenía que el origen de los indios de América se debía a los mismos españoles, para lo cual desarrolló la siguiente argumentación:

Que estas Indias occidentales, después del diluvio universal, se comenzaron a poblar por los descendientes de Jafet, hijo de Noé; de Jafet descendió Tubal, quien pobló a España, como dice el P. Moret en la Historia de Navarra, libro 1, cap. 4, y sus descendientes la ocuparon y poblaron y de ellos, como estaban vecinos a la isla Atlántida, vinieron poblando por ella y llegaron a tierra firme, que corre por la parte de Cartagena (de Indias) […] Que estos fuesen los primeros lo dicta la razón, y también la cercanía del continente de Cádiz con Cartagena de estas Indias, pues de aquel a este se continuaba la isla Atlántida por mil leguas y más, como con evidencia se probó […][2]

Además de curiosa, la argumentación expuesta no es inocente en sus fines, pues contiene un propósito geopolítico evidente y manifiesto, según se puede deducir del siguiente texto, también de Diego Andrés Rocha:

Grande ha sido la misericordia de Dios con la nación española, aun en tiempo en que eran idólatras, por que miraba en ellos que habían de llegar a ser los más puros cristianos de su Iglesia, y así, en varios tiempos los ha hecho pobladores de grandes provincias del mundo como la de Phrigia, Toscana, Irlanda, Galia Narbonense, Roma (antes de la fundación de Rómulo), Sicilia, como se podrá ver en la Población Eclesiástica de España de Fr. Gregorio de Argaiz […]

Oh, profundidad de la sabiduría y ciencia del Altísimo, que después de tantos siglos ordenó que estas islas fuesen restituidas por Colón a la Corona de España, a la cual, […] le pertenecieron con justo título y buen derecho, pues tantos años antes fueron suyas y pobladas por los primeros reyes de España.

Como puede apreciarse, en una discusión sobre el origen de los primeros habitantes del continente americano pueden aparecer los más diversos intereses, buscando la legitimación de hechos y circunstancias igualmente diversos. Por ello, sería inabarcable citar el cúmulo de teorías que con una y otra argumentación han pretendido explicar el origen del hombre americano. Baste con decir que, del conjunto de las mismas, es claro que el hombre no nació en América.

Según la hipótesis más aceptada, su aparición en el continente fue posible gracias a las variaciones climáticas de la era geológica conocida como cuaternaria, la cual se caracterizó por la presencia de glaciaciones, lo que significa que durante este período las masas de hielo fluctuaban, avanzando y retrocediendo al tiempo que oscilaba el clima y, con él, el nivel del mar.[3] Al presentarse el congelamiento, el nivel de las aguas descendió, dejando descubiertas partes de la costa, islotes y porciones de tierra sumergidas hasta entonces; por otra parte, se conformaron grandes bloques de hielo que permitieron el paso entre zonas separadas tradicionalmente por el océano.

Así parece haber ocurrido en el Estrecho de Bering, la zona más próxima entre los continentes asiático y americano. Se ha sostenido que gracias al congelamiento, las dos costas permanecieron unidas por una franja de hielo que hizo posible el paso de sucesivos grupos humanos. Esta es una de las teorías más acogidas, debido a que cuenta con indicios que la favorecen, pero hasta el momento está lejos de ser probada y, en consecuencia, al no poder establecer con certeza la forma en que llegó el hombre al continente americano, nos obliga a tratar con igual o mayor prudencia el tema de las fechas de esa supuesta llegada, ya que no siendo factible establecer lo uno, será imposible establecer lo otro, de donde se deduce que no puede afirmarse con seguridad desde cuándo está habitado el continente. Los investigadores han trabajado con fechas producidas por medio de sistemas técnicos de datación en los sitios que se cree tienen alguna relación con los primeros habitantes, mas todo vestigio de seguridad desaparece en cuanto se examinan las fechas y las posibilidades:

Por lo menos en dos ocasiones, una vez hace 40.000 o 50.000 años y otra vez hace 28.000 o 10.000 años aproximadamente, el nivel del mar descendió de tal modo, que la zona de Beringia formó un amplio puente entre Asia y América y fue quizá durante estos períodos cuando pasaron, de un continente al otro, la mayoría de los primeros pobladores. Una fecha conservadora sería tal vez de 30.000 años, pero algunos arqueólogos consideran la posibilidad de un poblamiento inicial con magnitud de unos 100.000 años.[4]

Igual sucede con las fechas más antiguas de la presencia del hombre en América del Sur. De acuerdo con el autor citado, se había establecido que hace 10.000 o 12.000 años el hombre estaba en estas áreas. Sin embargo, excavaciones y descubrimientos arqueológicos realizados posteriormente en el Perú proporcionaron datos que documentan dicha presencia hace cerca de 22.000 años. En conclusión, cambiante parece ser la dinámica de quienes intentan responder las preguntas sobre el origen del hombre en América y, en particular, en lo que hoy constituye el territorio colombiano. Sucesivos hallazgos, nuevas dataciones y otras generaciones de arqueólogos darán cuenta de este problema y se acercarán lentamente a unos datos más precisos.

¿Y las sociedades qué?

De todas maneras, aunque no sepamos a cabalidad cuándo ni por dónde llegaron los seres humanos al continente americano, una cosa es cierta: ahí están muchas de sus huellas y de sus restos, y si se quiere conocer algo respecto de sus sociedades, de sus vidas y de sus culturas, es necesario examinarlos; actividad que han estado haciendo en el último siglo diversos investigadores. Producto de su empeño son los cientos de estudios contenidos en tesis e informes, algunos publicados bajo la forma de libros, otros resumidos en artículos para revistas y los restantes, inéditos. Todos ellos contienen los esfuerzos por documentar y enriquecer el conocimiento sobre las sociedades prehispánicas, un conocimiento que por fortuna ha sido resumido con el propósito loable de obtener un balance, una síntesis. La importancia de las síntesis, como señalan Franz Flórez y Santiago Mora, es que «surgen en momentos de coyunturas sociales en los cuales la creación de un pasado acumulativo y ordenado se hace deseable, y en esa medida son necesarias. Con ellas se intenta dar coherencia a la historia, explicando la trayectoria de un grupo de tal forma que se autentique su presente y se prevea su futuro».[5] Una síntesis es también un corte en el tiempo que permite elaborar referencias contextuales y cronológicas para el desarrollo de nuevas investigaciones, y así, para efectos de esta exposición, se han utilizado algunas de las más notables, cuyos contenidos se relacionan directamente con el período prehispánico.

¿Un inventario regional?

Uno de estos balances fue elaborado por Jorge Orlando Melo[6] a finales de los años setenta. En él se ocupa de presentar múltiples aspectos de la conquista y la colonización españolas, abordando desde sus inicios el mundo prehispánico. Para describir el período se concentra en la manera como estaba ocupado el territorio de la actual Colombia y realiza un estudio pormenorizado del estado de los grupos indígenas en el momento de la conquista, teniendo la región como eje articulador de su exposición. Para un mejor análisis, parte del conjunto de los grupos indígenas que habitaban en la Costa Atlántica, de los que vivían en el Valle del Cauca, de los que poblaban el Valle del Magdalena y sus vertientes, de los chibchas, de otros pueblos de las cordilleras Oriental y Occidental y de la altiplanicie de los Pastos, y finalmente toca dos temas que han sido objeto de discusiones entre los estudiosos del período: el tamaño de la población indígena en el momento de la conquista, y lo que el autor denomina el «nivel de desarrollo» de los indígenas colombianos.

En relación con las fuentes de que se valió para efectuar su investigación, Melo opina que «apenas se han realizado excavaciones arqueológicas en una parte mínima del territorio donde podrían encontrarse restos de culturas prehistóricas; los hallazgos de herramientas o cerámicas han sido analizados en forma no muy sistemática».[7] Es decir que, salvo el caso de algunos textos, para su trabajo la información arqueológica no resultó relevante, debido a sus características de escasez y poco rigor. En cambio, sus fuentes principales son las crónicas dejadas por los españoles a lo largo de los procesos de conquista y colonización, y los estudios elaborados por otros historiadores que tuvieron como fuente de información los documentos producidos por la administración española del territorio.

La importancia del trabajo de Melo radica en que desarrolla una caracterización social, política y cultural de los grupos indígenas del territorio en el umbral de la conquista española, caracterización lograda a partir de fuentes escritas y de unos pocos trabajos arqueológicos. Es, además, una mirada de conjuntos sociales que aporta una visión de las relaciones intergrupales tejidas en las regiones. Sin embargo, su lectura deja una pregunta nacida de la observación acerca del modo como el autor estructura la descripción de los grupos indígenas. En efecto, cuando se embarca en el estudio de las sociedades indígenas lo hace partiendo de una agrupación regional de orden geográfico: indígenas de la Costa Atlántica, del Valle del Cauca, del Valle del Magdalena, del oriente colombiano, etc. Sin embargo, no ocurre así cuando se trata de hablar de los indios que habitaban la región central del país (Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes). A estos los particulariza a través del nombre «chibcha», agrupando en su interior sociedades que hablaban la misma lengua o sus derivadas.

El cambio registrado en la unidad de análisis, al pasar de la agrupación geográfica a las configuraciones étnicas, suscita varias preguntas. ¿Cuál es el criterio de denominación? ¿Cuál es la razón para variar la manera de agrupar si, en algunos casos, el predominio de ciertas lenguas entre las sociedades indígenas que habitaban una misma zona le hubiera permitido plantear iguales conjuntos para otras regiones? ¿Por qué establecer un criterio distinto para los indios del altiplano cundiboyacense, y qué consideración permite contemplar el caso de los chibchas de manera diferente a los demás grupos que se habían asentado en el actual territorio colombiano?

Al parecer, el cambio obedece a valoraciones realizadas por el propio autor, pues según sus afirmaciones, «entre los pueblos sojuzgados por los europeos, el más importante desde el punto de vista de su desarrollo social fue el de los chibchas; además fue el grupo étnico que contribuyó con un mayor aporte a la conformación de la población colombiana y alrededor de sus centros y con base en el trabajo de sus miembros se establecieron los principales núcleos de la dominación española durante la colonia».[8]

Examinemos con algún detalle esta afirmación, que se halla montada en dos hechos pertenecientes a distintas circunstancias. El autor dice que «entre los pueblos sojuzgados por los europeos, el más importante desde el punto de vista de su desarrollo social fue el de los chibchas», una frase que queda enunciada sin ningún sustento que la relacione con la época prehispánica y que además tampoco explica cuál es la base de conocimiento sobre el período anterior a la llegada de los españoles que convirtió a los chibchas en más importantes que los demás, desde el punto de vista de su desarrollo social. ¿Qué los hizo más desarrollados socialmente? ¿Sería por las instituciones que se habían arraigado en su sistema social? ¿Cuáles fueron estas instituciones y en qué radicó su «avance» con respecto a otras sociedades, tanto estratificadas como igualitarias?

El profesor Melo no aporta ningún dato que enriquezca el conocimiento de estas comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles. Por el contrario, escribe con la perspectiva de los hechos ocurridos después de la conquista, pues argumenta que «el chibcha fue el grupo étnico que contribuyó con un mayor aporte a la conformación de la población colombiana y alrededor de sus centros y con base en el trabajo de sus miembros se establecieron los principales núcleos de la dominación española durante la colonia». Todos hechos ciertos, pero que en nada se relacionan con la supuesta notabilidad social de los chibchas antes de 1492.

Cabe preguntarse entonces por el origen de esa percepción de «mayor desarrollo social» que ha acompañado a los chibchas a lo largo del relato histórico colombiano. ¿Podrá deberse a que la sociedad muisca, a pesar de su tamaño poblacional, no era una sociedad guerrera, y a que con la muerte de sus líderes su conquista fue relativamente sencilla y rápida? Por otra parte, ¿no sería un hecho determinante que dadas las características de su conquista, la población en general no sufriera grandes bajas en el cambio de caciques a encomenderos, y que esta sea la razón por la cual «los principales núcleos de la dominación española durante la colonia» se conformaron «alrededor de sus centros y con base en el trabajo de sus miembros»?

Investigaciones posteriores, como se sabe, han mostrado que los chibchas no eran un grupo étnico: eran varios grupos que tenían en común una lengua con variedades idiomáticas, sociales y culturales propias de cada región, cuya presencia se extendía, de sur a norte, desde el sur del actual departamento de Cundinamarca hasta Norte de Santander, incluyendo importantes regiones de Boyacá, Casanare y Santander. En estos territorios habitaba una multitud de grupos entre los cuales figuraban los muiscas, que ocupaban la meseta cundiboyacense y se destacaban por su alta densidad poblacional. En consecuencia, se hace una denominación indebida al llamar chibchas a los muiscas y se extrapolan, sin ninguna razón válida, las características de su sociedad a todas las demás.

De lo dicho resulta claro que, en términos generales, la importancia de los muiscas antes de la conquista era la misma que tenían todos los grupos del territorio de la actual Colombia, el cual estaba poblado por un sinnúmero de sociedades con diversas conformaciones institucionales y tipos de gobierno: unas caracterizadas por su tendencia al igualitarismo, y otras, por la presencia de diferenciaciones sociales entre sus congéneres. Todas vivían en condiciones de cierta insularidad, sin preocuparse por imitar o seguir patrones institucionales, sino más bien ocupadas en apropiarse, por la vía de la guerra o de las alianzas, de los recursos del territorio dominado por los otros grupos, generalmente sus vecinos.

Un esquema de épocas

Otra de las grandes síntesis de la época prehispánica fue elaborada por el antropólogo y arqueólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff.[9] Su trabajo, también publicado a finales de los años setenta, se ha ganado el reconocimiento unánime del medio académico, pues constituye, sin lugar a dudas, un aporte notable. A través del establecimiento de una serie de etapas a partir de las cuales es posible distinguir algunas de las características de esa larga temporalidad de treinta mil años a que hicimos referencia, Reichel-Dolmatoff elaboró un marco temporal y teórico que le permitió sintetizar la investigación producida hasta ese momento (1978) y facilitar posibilidades interpretativas a los estudios emprendidos con posterioridad.

El avance que representa su propuesta es enorme, y su valor ha sido refrendado con la credibilidad que le otorgaran, entre muchos otros investigadores, los arqueólogos, quienes han usado sus resultados para corroborar y validar los producidos por sus propios trabajos. Cabe decir que, como todo buen aporte, sus conclusiones han influido en el desarrollo de innumerables labores arqueológicas y de historia que, en el último cuarto de siglo, han venido inscribiendo los resultados de sus investigaciones en el marco interpretativo propuesto por Reichel-Dolmatoff, posibilitando con ello cierto grado de generalización acerca del saber sobre las sociedades prehispánicas.

En síntesis, el planteamiento de este autor tiene como base el reconocimiento de un proceso evolutivo de las sociedades indígenas, el cual caracteriza las épocas que propone a partir de los medios de subsistencia empleados y de las implicaciones tecnológicas que exigía su realización, entre otros aspectos. Dentro del esquema propuesto, la etapa más antigua es la denominada paleoindia, que se extiende desde el inicio de la ocupación del territorio, fecha que aún se desconoce, hasta el año 5000 antes de Cristo. En ella, los grupos humanos se dedicaban a recorrer el entorno en busca de alimento, que obtenían de dos fuentes principales: de la caza de fauna de diversos tamaños y de la recolección de frutos silvestres y especies acuíferas, logrando con ello una dieta rica y, en cierto modo, variada. No obstante, para obtenerla era necesario disponer de un conjunto de herramientas, armas y utensilios que debían diseñar y elaborar a partir de los materiales disponibles en la naturaleza: piedra y madera.

La elaboración de los utensilios para la caza y la recolección es un elemento que aporta sugerencias muy valiosas acerca del grado de dominio que tales sociedades adquirieron para trabajar sobre distintos materiales. De hecho, la manufactura empleada en su producción y el resultado final de la misma —el cuchillo, el golpeador, la raedera, el proyectil, la lanzadera, entre otros— constituyen insustituibles fuentes de información acerca de la técnica empleada, del conocimiento acumulado sobre la dureza y durabilidad de la materia prima sobre la que se aplicaba el trabajo, y de las herramientas necesarias para llevar a cabo la obra requerida. Todos estos datos son, a su vez, indicios importantes para determinar el nivel de desarrollo tecnológico de un grupo específico.

Sin embargo, implementar las estrategias de caza y de recolección para conseguir el alimento y diseñar y elaborar los artefactos necesarios para su procesamiento son actividades que hablan de la ocupación del tiempo en estas comunidades, por supuesto, pero que también se refieren a la organización social requerida para llevar a cabo labores que demandaban del concurso de más de un miembro del grupo. De esta manera, la ocupación y la asociación para efectuar ciertas tareas constituyen elementos de análisis que permiten observar el grado de cohesión social y de coordinación entre sus componentes, a efectos de garantizar la supervivencia de un grupo humano itinerante de cazadores y recolectores.

De acuerdo con Reichel-Dolmatoff, una segunda etapa, que denomina formativa, transcurre entre el año 5000 antes de Cristo y el año 1000 antes de Cristo. Se caracteriza por la aparición de las condiciones bajo las cuales para la sociedad resultaba de mayor provecho fijar su habitación permanente en un sitio que continuar con su vida itinerante. Tales condiciones tenían que ver con la disponibilidad de los recursos alimenticios en distancias relativamente cortas y con el descubrimiento de las bondades de la agricultura, ya que el crecimiento demográfico de los grupos humanos creó una presión sobre las actividades de recolección de los recursos disponibles en la naturaleza y obligó a una mayor frecuencia e inversión de energía en cada una de las acostumbradas labores de caza. Por ello, para las sociedades resultaba deseable un escenario en el cual pudieran contar con cantidades superiores de alimentos, motivo por el cual establecieron sus sitios de habitación en zonas que ofrecieran nichos con recursos abundantes y variados que permitieran su pronta regeneración, pero que, a su vez, contaran con tierras aptas para el desarrollo de la agricultura.

Por otra parte, dicha etapa está asociada a la aparición de la cerámica de uso cotidiano, cuya compleja elaboración habla del alcance de los conocimientos de las sociedades que habitaron el territorio, ocupándolo en asentamientos de varios grupos de cazadores-recolectores que con el tiempo se agruparon en aldeas. Allí, los lazos familiares existentes se fortalecieron pero, además, se ampliaron al establecerse relaciones de alianza por medio de la celebración de matrimonios con miembros de otros grupos; todo ello en el marco de una vida comunitaria. De esta manera, el parentesco se extendió por los grupos dando origen a la conformación de sectores con reconocimiento dentro de la sociedad, lo que les valió cierta reputación que favoreció el desarrollo de liderazgos consolidados, igualmente, por medio de alianzas y matrimonios. Algunas de estas asociaciones tribales conservaron su característica de sociedades igualitarias, en las cuales la forma de intercambio social estaba regida por patrones de reciprocidad, en tanto que otras dieron el paso hacia sociedades jerarquizadas, con base en la diferenciación de roles asignados según diversos criterios, entre ellos la necesidad de administrar la producción de excedentes alimentarios, fruto del avance de las técnicas agrícolas.

La diferenciación social es una característica de un conjunto amplio de comunidades en donde tal desigualdad se arraiga en distintos grados y por diferentes razones; de la observación de este tipo de diferenciación surgió un concepto cuya importancia radica en que recoge su diversidad de grados: el cacicazgo. De acuerdo con los datos del registro arqueológico, la presencia de estos cacicazgos se advierte ya en el año 1000 antes de Cristo y se prolonga hasta el año 1600 después de nuestra era,[10] cuando por efecto de la colonización española se estima como desaparecido el tipo de organización social que encarnaron. «El modelo de cacicazgo muestra una combinación de ciertos rasgos que hacen de las sociedades de esta etapa un conjunto fácilmente diferenciable, tanto del nivel tribal que les precede (o que se desarrolla al margen de este) como del nivel estatal que les sigue».[11] Algunas de sus características están dadas por el aumento de la población producido por la creciente eficacia en el aprovechamiento de los recursos ambientales, entre ellos la agricultura. Tales rendimientos llevaron a una multiplicación de las funciones de algunos de los miembros de la comunidad, situación que volvió más complejo el tejido de la sociedad, en medio de la cual se presentaron relaciones jerárquicas entre aquellos que en otro tiempo habían sido iguales. La desigualdad se produjo con respecto a los individuos, pero también entre los grupos familiares.

Por otra parte, los cambios que afectaron la estructura social pudieron tener como base el desarrollo de nuevas formas económicas que requerían de una serie de controles más formales, toda vez que la intensiva producción agrícola impuso necesidades de acopio pero también de redistribución entre los miembros de la comunidad, tanto para efectos de consumo como de acumulación de eventuales excedentes. De esta manera, las necesidades de redistribución crearon incipientes centros administrativos y obligaron a planificar, con el objeto de acopiar y distribuir los productos, pero también con el propósito de cobrar contribuciones individuales, característica que destaca a este tipo de sociedades jerarquizadas.

LA PREGUNTA POR LA INTERPRETACIÓN

Como ya se mencionó, el trabajo de Reichel-Dolmatoff ha sido de mucha importancia para organizar, dentro del esquema propuesto, el conocimiento del mundo indígena anterior a la llegada de los españoles al continente americano. Su fuerza, derivada de la conjugación de los datos, radica en la coherencia de sus planteamientos y en la capacidad de explicación del período. Sin embargo, tales características, que sin duda constituyen un aporte considerable, resultaron siendo, a causa del uso dado por sus colegas, una talanquera para el desarrollo de nuevas preguntas sobre el pasado precolombino.

En efecto, las etapas señaladas y sus características han servido para que otros investigadores las tomen como una periodización cristalizada, cierta y estática, en lugar de servirse de ella como una referencia que puede ser modificada con nuevos hallazgos. Con las observaciones y conclusiones obtenidas por su disciplina, algunos arqueólogos, por ejemplo, no se disponen a contrastar los resultados con el modelo y viceversa, sino que optan por ubicarlos en el marco de los períodos propuestos por el esquema, criterio con el cual se afecta la capacidad explicativa del mismo. Al respecto concuerdo con Franz Flórez y Santiago Mora cuando afirman que «no es que exista nada malo en las taxonomías del tiempo (períodos, etapas, edades, fases, etc.) en tanto obedezcan y sean empleadas como principios organizativos de la historiografía […] Otra cosa muy diferente es suponer, como ha ocurrido en la historia arqueológica colombiana, que estas categorías están diseñadas para orientar o explicar los resultados de una investigación».[12] La práctica descrita debilita nuestra comprensión de la historia del mundo indígena prehispánico, dado que lo limita en sus posibilidades de desarrollo interpretativo. Sin embargo, esta no es su única falencia. Sucede también que la dinámica de la investigación en este aspecto plantea otra serie de vacíos que obligan a pensar en la credibilidad otorgada a la imagen de ese mundo creado con el objeto de presentar el «mejor de los pluriétnicos y multiculturales pasados posibles».[13]

Uno de tales vacíos consiste en que el conocimiento originado, conocido y consolidado, si se le compara con la gran cantidad de trabajos investigativos y de excavaciones llevadas a cabo, no guarda una proporción alentadora, pues «una primera revisión de los datos disponibles demuestra que sólo el 51% de la totalidad de las fechas obtenidas en Colombia cuenta con una interpretación, realizada por el arqueólogo, en la cual se le asigna una categoría referida al contexto de ocupación tal como habitación, tumba o basurero», lo que trae como consecuencia que en la actualidad, «aproximadamente la mitad de las cosas que hemos fechado se encuentran en un espacio en el cual no podemos identificar actividades humanas específicas». En otras palabras, «sabemos cuándo pasó, pero no tenemos la menor idea de qué pudo haber pasado».[14]

Este vacío es preocupante por sus dimensiones. Que las excavaciones efectuadas, sean pocas o muchas, sólo arrojen una fecha y una serie de restos materiales a los cuales no ha sido posible identificar dentro de un contexto histórico, social y geográfico, muestra claramente hasta qué punto la práctica de la investigación sobre ese vasto período está anquilosada. Vale la pena preguntarse por la racionalidad que no estima necesario interpretar los datos obtenidos en cada excavación. ¿Pensarán sus proponentes que todo lo dicho sobre el período en consideración es suficiente? ¿Creerán que para la utilidad que ese pasado le presta al presente no es necesario saber más? ¿Pensarán que ya se conoce todo? O, acaso, ¿creerán que teniendo la versión simplificada de ese pasado (paleoindio, formativo, cacical, colonial y republicano) está todo dicho y que, por lo tanto, solamente es necesario reforzar la colección de piezas de museo, de restos de cerámica y de otras piezas sin interpretación con que cuenta esa parte del pasado indígena colombiano? ¿Pensarán que si la interpretación ya está formulada con anterioridad, para qué nuevas interpretaciones?

Si esta es la situación, es legítimo decir que un modelo interpretativo, que como tal es y debe ser provisional, ha permeado la capacidad crítica y se ha establecido como la verdad de un pasado exiguamente constituido. Al respecto, resulta magistral la manera como los autores mencionados comparan esta situación con la siguiente anécdota:

En Europa la palabra prehistoria o la noción de Edad de Piedra apareció en los diccionarios hacia mediados del siglo XIX. El «Sistema de las tres edades» originalmente no era ningún sistema ni tenía tres edades pues surgió como un medio para clasificar en piedra, bronce y hierro los objetos del Museo Nacional de Dinamarca, inaugurado en 1819. Esta labor estuvo a cargo de C. J. Thomsen que publicó en 1836 la Guía de antigüedades escandinavas. En el texto, la clasificación y las etiquetas que identificaban los objetos en las vitrinas de acuerdo a su material se interpretó en términos cronológicos y así nació la primera periodización de otro «nuevo mundo»: la prehistoria. Cuando esta noción se extendió, por Europa se comenzaron a «encontrar» las «tres edades» y se afianzó la creencia según la cual la humanidad había pasado en todas partes por estas tres etapas. La noción de unas etapas homogéneas y no contradictorias «confirmaba» que el progreso de todos podía ser igualmente homogéneo y coherente. De esta forma, todas las sociedades participaban de una historia Universal con un camino (el progreso) y un destino (la civilización).[15]

Así, de similar forma al sistema de clasificación de las tres edades de Thomsen, en el panorama colombiano del mundo indígena previo a la conquista ha sido tomado el modelo explicativo de las sociedades propuesto por Reichel- Dolmatoff, y este sistema de etapas se ha convertido en una fórmula conceptual mecánica asumida sin mayores preámbulos por aquellos investigadores que, enfrentados al problema del conocimiento en una excavación arqueológica, obtienen datos para cuya interpretación, en el 51% de las ocasiones en que han podido formularla, acuden de manera desesperada al esquema de mayor reconocimiento, sin que en ello tenga la menor culpa el eminente antropólogo y arqueólogo. El resultado de esta práctica no puede arrojar, según los mismos autores, un panorama distinto al descrito a continuación:

No podemos depender de listas, angustiosamente semejantes a recetas de cocina, para definir los contenidos y el sentido de los datos que soportan las problemáticas que supuestamente estudiamos. Tampoco podemos dejar que la formulación de preguntas sobre cómo y por qué cambian las sociedades dependa de la «evidencia apropiada» (por medio de la cual se evalúa generalmente la validez de las periodizaciones). Aún menos aceptable es que permitamos que el mecanismo del «avance» en nuestro conocimiento se cifre en una fecha absoluta, con una oscura asociación a materiales arqueológicos, que posibilitan la ampliación geográfica y/o cronológica de una etapa, generando el espejismo de un contenido. De forma generalizada, la periodización en la arqueología colombiana sólo ha servido para disimular su pobreza en los contenidos.

LOS CLAROSCUROS DEL SABER

Entonces, ¿qué sabemos realmente? Como suele pasar en todas las ciencias, lo que se conoce, sea mucho o poco, siempre será provisional, pues dada la dinámica de la investigación, tarde o temprano se revaluarán conocimientos, se confirmarán unos y se profundizarán otros; metamorfosis que nos llevará hacia otros, nuevos y más consolidados saberes acerca de un período de nuestra historia que hasta el presente tiene una característica que debe ser superada con urgencia: mientras sabemos muchos datos de unas pocas sociedades, conocemos muy pocos de otras muchas. En otros términos, se ha venido configurando un saber desigual sobre nuestro pasado, que tiene como resultado una visión de conjunto en la cual sólo aparecen en primera fila ciertas sociedades, en tanto que se perciben desdibujadas o no se aprecian las demás.

Suele alegarse que tal situación se debe a que el conocimiento actual sobre el mundo indígena anterior a la llegada de los españoles es un área del saber que aún se encuentra en formación, por lo que resulta comprensible que, en esa medida, la noción sobre las sociedades del período se encuentre también en desarrollo. Sin embargo, con expresiones como «formación» y «desarrollo» se quiere señalar que la historia y la arqueología aún deben sacudirse de una serie de prejuicios y «verdades tradicionales» que han esterilizado su capacidad explicativa y detenido su evolución, siendo necesario aceptar que el resultado de los trabajos realizados ha sido, tradicionalmente, una colección amplia de datos puntuales sobre «ciertas» sociedades.

Además de lo anterior, a la desigualdad en el nivel de conocimiento sobre el mundo indígena de la época contribuye el hecho de que se privilegia la escogencia de ciertas sociedades no con base en criterios científicos o de acuerdo con las necesidades de información sobre un tema específico, sino en consonancia con los intereses coyunturales de un proyecto, o de las autoridades de la zona en que está el yacimiento, o del investigador particular que logró la financiación para ejecutar la tarea. El resultado: abundancia de datos sobre algunos grupos, y la completa e injustificada indiferencia e ignorancia sobre otras sociedades.

Esta práctica es perceptible en los vacíos grandes, vergonzosos e inexplicables que presenta el período. Por ejemplo: ¿cómo puede explicarse que sobre una sociedad prehispánica que construyó un sistema hidráulico compuesto por cientos de kilómetros de canales que se extendían a lo largo y ancho de más de quinientas mil hectáreas de tierras cenagosas en la Depresión Momposina no se conozca a ciencia cierta su nombre ni la manera como estaban organizados sus miembros?[16] ¿Cómo es posible que aún hoy no conozcamos los rasgos específicos de la sociedad que construyó, según las autoras, el sistema hidráulico de mayor extensión de América, y una de las obras de ingeniería más importantes para el mundo prehispánico del actual territorio colombiano?[17]

¿No es necesario saber, al menos como ilustración, qué conocimientos dominaban estos habitantes acerca del manejo de las aguas en zonas de inundación periódica? ¿Acaso ese conocimiento no tendría efectos prácticos en la actualidad, cuando la mitad del país se inunda en época de lluvias? ¿Cuál es la razón para no estudiar una sociedad tan interesante como la que realizó a lo largo de varios siglos una obra de tal monumentalidad? ¿Por qué no está considerada como una de las sociedades «más importantes», al lado de muiscas y taironas, si «la magnitud de tal sistema hace suponer una población bastante numerosa»?[18] Y no solamente numerosa, sino también de «creciente complejidad socio-económica». ¿Por qué razón, después del estudio financiado por el Banco de la República, la investigación realizada con los recursos estatales no se ha ocupado de profundizar en el conocimiento de esta sociedad? ¿Será que para las autoridades académicas es más importante saber sobre un grupo de indígenas cuyos logros económicos y sociales no van más allá de las cosechas periódicas y del intercambio de productos con comunidades cercanas, grupo que, por otra parte, ha sido considerado un «imperio en formación» con el propósito bastante discutible e iluso de equiparar a la sociedad muisca con los incas y los aztecas, y todo ello por obra y gracia de las exageraciones de algunos cronistas tomadas en serio por historiadores que no confrontan sus fuentes?

Es aquí donde tiene razón de ser lo enunciado en el tercer párrafo de este escrito, donde afirmaba que «la periodización y sus características responden a una visión del pasado que es producto de las necesidades políticas o ideológicas de una nación, y que sus contenidos e interpretaciones han sido concebidos al servicio de ciertas ideas y creencias que los pueblos y/o sus dirigentes suelen tener de sí mismos. En este sentido, la historia sería usada como un elemento legitimador de las expectativas, nociones y proyectos de las generaciones de turno».

De esta manera ha ocurrido. El conocimiento sobre la sociedad muisca ha sido un proyecto común a varias generaciones que han intentado construir y establecer como verdad histórica una imagen suya según la cual fueron una «civilización» cuya importancia económica, política y social, adquirida desde el mundo prehispánico y conservada a través del período colonial, actuaría como antecedente histórico del centralismo político, presupuestal y administrativo que ha ostentado el altiplano durante los siglos XIX y XX.

Sin pretender fijar una cronología exhaustiva sobre los estudios dedicados al tema de los muiscas, basta con mirar rápidamente algunos de los innumerables trabajos realizados a lo largo del siglo XX para darse cuenta de que alrededor de su historia confluyen intereses varios que han tenido, en todo caso, una influencia decisiva respecto de la consideración que las diversas disciplinas le han dispensado. Uno de los trabajos tenido como pionero, aunque no es el primero en este asunto, fue el elaborado a principios del siglo XX por Miguel Triana, titulado La civilización chibcha,[19] en el cual recoge aspectos relacionados con la «sociología prehistórica»: las migraciones que eventualmente dieron origen al grupo, descripciones de la morfología biológica de los indios, recreación del paisaje al que se vieron enfrentados, manejo de las aguas, objetos de culto y gobiernos. Por otra parte, aborda lo que llama su «capacidad industrial», representada en el comercio y la moneda, los tejidos, la orfebrería y sus derivados mineralógicos, y el laboreo de la piedra. Finalmente, se ocupa de las «señales de la cultura mental», como los nombres geográficos, los petroglifos y sus sitios, los mitos y el préstamo que hacen de los de otras culturas, los jeroglíficos chibchas y los indicios dispersos de escritura.

Posteriormente, en la década de 1950 Guillermo Hernández Rodríguez publicó De los chibchas a la Colonia y a la República,[20] texto que describe las bases materiales de la cultura chibcha, su estructura social, su tránsito del clan a la encomienda y la conexión de esta con la formación de los latifundios en el altiplano. En el año 1970, Hermes Tovar Pinzón dio a conocer un trabajo titulado La formación social chibcha, en el cual, con base en la transcripción de un importante volumen de documentos tales como las visitas realizadas por diversos oidores a las encomiendas de indios, describe los pueblos y sus capitanías y la manera como operó el sistema de los tributos impuesto a las parcialidades sujetas a los caciques.

En 1986, Roberto de Zubiría publicó La medicina en la cultura muisca, que recoge información relacionada con las prácticas médicas tradicionales, los conocimientos de anatomía, las nociones relacionadas con funciones fisiológicas, parasitología, nombres y síntomas de enfermedades, farmacología y supuestas formas de cirugía, todo ello antecedido de cien páginas descriptivas de los territorios, población, alimentación, comercio, vestido, deportes y mitos. Hacia el mismo año, Carl H. Langebaek publicó su trabajo Mercados, poblamiento e integración étnica entre los muiscas (siglo XVI), en el que reconstruye aspectos de la organización social y de la circulación de productos entre los indígenas de diversos pueblos, del intercambio que en buena parte se llevaba a cabo y de productos que no eran producidos en la zona.

Como los anteriores, podrían citarse decenas de trabajos realizados sobre una variedad de tópicos relativos a la vida de los muiscas. No obstante, dicha reiteración hace más protuberante aún el hecho de que sobre otros grupos hay un mínimo de estudios. Considérese el caso de los muzos, colimas, panches, yareguíes, pijaos, hondas, gualíes, marquetones, malibúes, cocinas, calamares, urabaes, opones, carares, pantágoras, yaporocos y sutagaos, entre otros muchos, que han sido estimados por la historiografía como pertenecientes a la filiación caribe y a los cuales los españoles caracterizaron como aquellos «que ofrecían mucha resistencia armada, utilizaban flechas envenenadas y practicaban el canibalismo. Un rasgo más significativo es la ausencia de caciques permanentes, que los diferencia de pueblos políticamente más evolucionados».[21] Sobre este numeroso grupo de sociedades que de acuerdo con lo que se conoce están presentes en todo el territorio colombiano, los trabajos realizados son escasos. En la mayoría de las oportunidades en que alguien se ha ocupado de su estudio, el período tratado corresponde a la época colonial, siendo común que los datos relacionados con la época prehispánica pertenezcan a inferencias elaboradas a partir de los textos coloniales. Pocas son las excavaciones llevadas a cabo para conocer estos grupos y, cuando se han efectuado, magros sus resultados.

¿Por qué el desinterés en estos grupos por parte de los investigadores? En buena medida, la indiferencia podría explicarse por su condición de sociedades tribales. Esta característica, al parecer, no ofrece atractivo alguno para quienes consideran que hay otros «pueblos políticamente más evolucionados» y para quienes buscan sociedades en las cuales puedan hallar jerarquías establecidas entre sus miembros. Por el contrario, las tribus son el nivel máximo de asociación entre comunidades locales autónomas, en cuyo seno se ha construido un sistema de relaciones de diverso orden (políticas, económicas, religiosas, culturales, sociales) que, generalmente, resulta de interés para todas o para una parte sobresaliente de las comunidades que las componen. Tales relaciones no tienen un centro articulador del poder y no dependen de un cacique pues, como se mencionó, su carácter no es permanente y, por lo tanto, la guerra y la paz son recursos legítimos a utilizar por cualquiera de las partes que conforman la tribu.[22]

En la época anterior a la llegada de los españoles, las sociedades tribales, probablemente, tuvieron una presencia mucho más numerosa en cuanto a grupos se refiere, y es muy factible, de acuerdo con los estudios, que numéricamente resultaran mucho más fuertes que la cantidad de sociedades conformadas como cacicazgos en el territorio, siendo esta una razón de más para reclamar atención sobre su presencia geográfica, sobre su conformación social y demás aspectos inherentes a su historia prehispánica.

Como los ejemplos expuestos en las páginas anteriores, podríamos traer a cuento una buena cantidad de zonas oscuras de la historia del período, y de pueblos indígenas cuyos logros sociales —y cuya presencia en el territorio— aún no han cobrado la suficiente importancia, razón por la cual permanecen intocados por los investigadores. En este sentido, es de esperar que nuevos conocimientos, puestos en manos de los interesados en esa parte remota de nuestra historia, permitan el desarrollo de nuevos y más profundos trabajos sobre las sociedades de todo tipo que habitaron el territorio de la actual Colombia.

LA PREGUNTA POR EL FUTURO

El conocimiento del mundo prehispánico requiere, como se ha intentado demostrar a lo largo de estas páginas, una redefinición. Entre muchas otras, las limitaciones, exageraciones y omisiones señaladas forman parte de una imagen del pasado que por su inexactitud debe ser objeto de reconsideraciones, replanteamientos, nuevas lecturas y, sobre todo, nuevas preguntas. Hay que abordar el tema con un enfoque analítico que «nos ayude a modificar las viejas preguntas en lugar de seguir buscando nuevas respuestas»,[23] y para ello no es necesario, por fortuna, arrancar de cero. Se reclama sí una mayor seriedad y responsabilidad, correspondientes a un exigente rigor metodológico, en la lectura de las evidencias; en las inferencias realizadas a partir de las mismas y en las interpretaciones que con base en lo anterior se lanzan sobre las sociedades que habitaron nuestro territorio en la época señalada.

Por lo general, todo cambio significativo en el dominio de las ciencias sociales conlleva una reconsideración de las «verdades establecidas» hasta el momento, lo que de ninguna manera implica que estas se descarten sin más, sino que se revaloran a la luz de los nuevos documentos que reflejan nuevas realidades y permiten nuevas construcciones discursivas. En su libro Nuevas memorias sobre las antigüedades neogranadinas, publicado por Colciencias en 1997, Franz Flórez y Santiago Mora documentan la necesidad urgente de revaluar, a la luz de nuevas preguntas, desatadas de las tradicionales interpretaciones, los conceptos que hasta el momento se han formado, difundido y mantenido sobre las sociedades del período en consideración, y para ello aportan una base que relaciona los principales datos obtenidos en más de ochocientas excavaciones.

Adicionalmente, desde otras orillas de la labor histórica se ha venido desarrollando un trabajo de largo aliento que sin duda aportará información valiosa para la conformación de un nuevo relato histórico sobre el mundo prehispánico: se trata de la colección titulada Relaciones y visitas a los Andes,[24] planeada y elaborada por Hermes Tovar Pinzón, quien ha transcrito una serie de documentos, dejados por la administración española, con descripciones precisas e información nueva sobre las sociedades indígenas en el mundo prehispánico. Con testimonios tempranos y en buena parte desconocidos, el profesor Tovar retoma, una tras otra, múltiples descripciones ricas en detalles sobre la vida de las sociedades que habitaban en el territorio de la actual Colombia al momento de la conquista española. Basándose en los actos administrativos denominados visitas; en los informes de los conquistadores, llamados relaciones; en las solicitudes de ciertos encomenderos; en cartas, pleitos y licencias para entrar por medio de las armas a dominar las poblaciones indígenas; en los descargos por acusaciones de asesinato de algunos caciques y en una gran variedad de testimonios similares, el autor proporciona un valiosísimo acervo informativo de difícil ubicación en Bogotá, Sevilla y Madrid y de endemoniada lectura, dada su casi ilegible caligrafía.

En el primer tomo se ocupa de presentar documentos relacionados con el suroccidente del territorio y, concretamente, con lo que más tarde se conocerá como Popayán, Anserma, Cali, Chocó, Pasto y Quito, abarcando desde el año 1515 hasta 1582. En el segundo tomo trata el Caribe colombiano por medio de las actas relativas a la provincia de Santa Marta (con valiosas descripciones sobre Tayrona, Ocaña, Valle de Upar, Tamalameque, Tenerife y Nueva Sevilla) y abundantes relaciones sobre la provincia de Cartagena. En el tercer tomo, dedicado a la región centro-oriental, agrupa documentos sobre los indios de Bosa, Fontibón, Ycabuco, Trinidad de Muzo, La Palma y Tocaima, además de descripciones sobre el Nuevo Reino de Granada y sus habitantes. Esta información es complementada en el cuarto tomo con testimonios relativos a la región del Alto Magdalena, donde sobresalen las visitas practicadas a los indios de Mariquita, Neiva, Natagaima, Chapaima y a los denominados indios pijaos.

Las sensaciones dejadas por la lectura de los cuatro tomos del profesor Tovar son múltiples y concluyentes. En primer lugar, muestran un abundante material descriptivo sobre el pasado reciente de los indígenas colombianos, alimentando el conocimiento respecto de las sociedades en el umbral de la transición entre el final del período prehispánico y el inicio de la dominación colonial española. En segunda instancia, las descripciones suelen ser profundas y sugerentes en relación con las sociedades, los ritos y las costumbres de diversos grupos, y finalmente, el impacto que produce «visualizar» las sociedades precolombinas en la dinámica que impone un marco de relaciones de alianza y guerra entre ellas plantea la necesidad de conocer cómo llegó a darse tal situación y si esta llevó a establecer las jerarquías percibidas en los textos.

Hay sin duda una gran tarea para los arqueólogos y los historiadores que se ocupan de los habitantes de América antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, no son sólo los profesionales del asunto los responsables de dar cuenta del pasado, de construir hitos y mitos y de revelarnos la verdad. La visión del pasado debe responder a un proyecto de identidad que tenga en cuenta todas las vertientes de nuestras raíces y que no privilegie ninguna en función de justificar las inequidades actuales. Las generaciones futuras no necesitan que les hablen del imperio que nunca tuvimos, sino de las cosas que fueron capaces de hacer, por modestas que parezcan, nuestros ancestros, cualquiera que haya sido su forma de organización social: bandas nómadas o seminómadas de cazadores-recolectores, grupos tribales de señores de la guerra conquistadores de nuevas tierras, cacicazgos multitudinarios de campesinos labradores o mineros y demás comunidades «complejas».

Por fortuna, esa nueva historia de la época prehispánica, caracterizada por la ausencia de grandilocuencias, de pretensiones imperiales, y que intenta conectar en un mismo relato las realidades políticas, geográficas y económicas de las sociedades prehispánicas, ya ha comenzado a narrarse. Como colofón a esta reflexión y a manera de invitación a quienes están interesados en la escritura de una nueva versión del pasado indígena anterior a 1492, basada en nuevas preguntas, me permito citar los siguientes cinco párrafos:

Cuando le informaron a Pizarro sobre lo que existía al sur del mar Pacífico, su interés se centró en descubrir y conquistar el Perú. […] Desde entonces el Perú se convirtió en una magnitud unificada, en un sueño que sólo podía tener representación en la realidad a través de grandes tesoros y riquezas. Cuando Cortés supo de México-Tenochtitlan se lanzó a la conquista de un gran imperio que después de sojuzgado se llamaría la Nueva España. Otras conquistas realizadas tanto al norte como al sur de lo que serían los grandes virreinatos de México y Perú, parecen desleírse entre el asombro que causó en toda Europa la fastuosidad de ciudades, riquezas, mercados y sistemas de control político que imperaban en los dos extremos de lo que hoy es nuestra América Latina.

En contraste con este espectáculo de magnitudes que cambió la faz del mundo, la Tierra Firme apenas aportaba volúmenes modestos de riquezas, que invitaban a tozudos empresarios a no abandonar un destino que ilusamente les abriría las puertas de un dorado. La riqueza del Nuevo Mundo era proporcional a las culturas descubiertas y, durante 40 años (1500-1540), en la actual Colombia, los europeos fueron engarzando a sus conquistas un rosario de pueblos, esparcidos por las llanuras, los valles interandinos y los Andes septentrionales.

Esta aparente pobreza, sin embargo, atraía y suministraba a quienes iban llegando con sus fardos vacíos, láminas, figurillas y pepitas de oro con que inflaban de esperanzas la ilusión de una vida de honor y de grandeza. Hecho de culturas minúsculas, como de complejas organizaciones políticas, el territorio de la actual Colombia ofrecía toda su riqueza a miles de conquistadores, para que pudieran constituir una sociedad en donde la estructura del poder pudiera organizarse con gran autonomía local y regional. Al final Colombia disponía de una riqueza diseminada en multiplicidad de centros de producción. Sobre su territorio nunca hubo una unidad política, ni hegemonías de caciques y señores prehispánicos, sino una gran diversidad de empeños y de culturas, fundamentados todos sobre recursos ocultos bajo una gran magnitud dispersa.

Colombia no tuvo un nombre como México o Perú. Comenzó por ser Tierra Firme, luego fue el Darién, para quedar convertida en las provincias de Cartagena y Santa Marta. Sólo a partir de 1550 sería el Nuevo Reino de Granada, con las nuevas provincias de Popayán, Tunja y Santa Fe. Un hecho tan intrascendente nos remite a un problema de identidad. Nunca nuestros antepasados tuvieron una idea global de lo que hoy es nuestro territorio. Sólo la Nueva Granada comenzó a dar sentido geográfico a la actual Colombia, pero dentro de ella actuaban múltiples localidades y regiones, que seguían ordenando sus espacios y sus sociedades conforme a una tradición histórica que anclaba sus raíces en el mundo anterior a 1492.

[…] La unidad espacial en los tiempos prehispánicos no estuvo determinada por la fuerza de una sociedad capaz de sojuzgar todos los horizontes para su propio beneficio […] El dominio y comprensión del espacio fue desde hace miles de años un desafío para el hombre que habitó la actual Colombia. En esa lucha apenas se roturaron tierras, se incorporaron montes a las economías indígenas y los ríos y las selvas formaron unidades especiales integradas a la pesca y a la caza. Ríos, montañas, selvas, bosques y planicies se articularon en señoríos y en cacicazgos para combinar climas y recursos vegetales y animales, en un proyecto de crecimiento y desarrollo. Lo que no se encontraba en estos diversos micro-ambientes, se obtenía en otros territorios, en un acelerado esfuerzo por que los mercados suministraran aquello que el desarrollo exigía a microambientes limitados.[25]

Con base en nuevos documentos y en el ejercicio crítico en la construcción del conocimiento sobre lo que hemos sido, se debe llevar a cabo una nueva lectura de nuestro pasado, pues aquellos a quienes la sociedad les ha otorgado el privilegio de ser los oráculos que miran hacia el pasado, han olvidado la sencillez de esas formas de vida descritas en los versos de una canción de Joan Manuel Serrat:

Mil años hace que el sol pasa

reconociendo en cada casa el hijo que acaba de nacer

que el monte dibuja perfiles suaves de pechos de mujer

que las flores nacen discretas y las bestias y la luz también

mil años para nuestro bien.

En cada valle una gente

y cada cara esconde vientos diferentes

mil años que el hombre y la guerra

dieron lengua y nombre a la tierra

y al pueblo que rindió a sus pies […]

Mil años hace que el sol pasa

pariendo esa curiosa raza

que con su llanto hace un canal

y de su sangre y su derrota días de fiesta nacional

que con la fe del peregrino jamás dejó de caminar

de trabajar y de pensar

empecinados buscan lo sublime en lo cotidiano.

Mil años hace y unas horas

que con manos trabajadoras

se amasa un pueblo de aluvión […]

Patria pequeña y fronteriza

mil leches hay en tu ceniza

pero un solo soplo de libertad

que la ignorancia no te niegue

que no trafique el mercader

con lo que un pueblo quiere ser.

BIBLIOGRAFÍA

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FLÓREZ, Franz, Santiago MORA y María Isabel PATIÑO. «De la edad de piedra… a la edad de la inocencia», en: Franz Flórez y Santiago Mora. Nuevas memorias sobre las antigüedades neogranadinas, Santafé de Bogotá: Colciencias, 1997.

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CAPÍTULO II

CONQUISTA Y COLONIA EN EL NUEVO REINO DE GRANADA (1492-1740)

ANA LUZ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Esta provincia de Cartagena está más abajo cincuenta leguas de la de Sancta Marta, hacia el poniente, y junto con ella la del Cenú hasta el golfo de Urabá, que ternán sus cient leguas de costa de mar, y mucha tierra la tierra dentro hacia el mediodía. Estas provincias han sido tractadas, angustiadas, muertas, despobladas y asoladas, desde el año de mil y cuatrocientos y noventa y ocho o nueve hasta hoy, como las de Sancta Marta, y hechas en ellas muy señaladas crueldades y muertes y robos por los españoles, que por acabar presto esta breve suma no quiero decir en particular, y por referir las maldades que en otras agora se hacen.

Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias

El año de 1492 se percibe tan lejano en la memoria de los colombianos, y tal vez también en la del resto de los pueblos de América Central y del Sur que alguna vez fueron colonias de España, que de no ser por el español que se habla en gran parte del territorio o de la religión católica que se sigue reconociendo como la religión mayoritaria, así como por la sociedad excesivamente jerarquizada y elitista que se construyó a lo largo de la época colonial, casi intacta en nuestros días, y en mejor estado que muchos de los edificios o las pinturas coloniales, podría decirse que no nos consta que los habitantes de la Península Ibérica hayan pernoctado por trescientos años en estas tierras.

DE CONQUISTADORES A COLONOS

Cuando Cristóbal Colón arribó a Cabo Tiburón, la parte más septentrional del Chocó, durante su cuarto viaje, en 1502, hacía siete años que la corona española había iniciado el sistema de capitulaciones como una solución que le permitía enfrentar la empresa de la conquista de los nuevos territorios con ayuda de capitales privados. En su cuarto viaje Colón persistía en la idea de llegar a las Indias Orientales, y ese era su propósito cuando divisó tierras de la actual Colombia. Sin embargo, se vio obligado a desistir de su objetivo, pues sus navíos empezaron a deshacerse atacados por la broma. A Colón no le quedó más remedio que regresar a España a través de Jamaica, y allí, murió en 1506.

El hallazgo de las tierras americanas por parte de Colón tomó por sorpresa a la corona española, al punto de que durante las primeras décadas de la conquista y mientras asimilaba la magnitud del nuevo desafío, actuó de manera un tanto errática. En los primeros años, financió los viajes y expediciones con créditos solicitados a particulares, pero luego, cuando no tuvo a quién recurrir, concibió la idea de otorgar permisos a particulares para que por su cuenta y riesgo continuaran la tarea de ocupar los nuevos territorios. Mediante la Real Cédula del 19 de abril de 1495 se inició formalmente el período de capitulaciones, período que se extendió hasta el año de 1591.

El avistamiento de las nuevas tierras produjo efectos contradictorios en España. El reino de Aragón, en el que se concentraba el pequeño núcleo de la incipiente burguesía comercial y manufacturera con que contaba España, y que contribuyó a la financiación de los viajes de Colón, acabó siendo relegado a un segundo plano por la nobleza feudal del reino de Castilla, que terminó por llevar adelante tan descomunal empresa. Sin embargo, como lo señala el historiador argentino Rodolfo Puiggrós en su libro La España que conquistó el Nuevo Mundo, fue tan enorme el desafío al que se enfrentó España al embarcarse en los procesos de conquista y colonización en territorio americano que sus limitadas fuerzas pagaron el costo de semejante esfuerzo. Luego de la conquista y a medida que avanzaba el proceso de colonización, España acabó siendo más feudal que antes de iniciado el proceso de expansión. Otros fueron los beneficiados con la empresa de extracción de metales preciosos y con la apertura de nuevos mercados: Inglaterra, Francia y Holanda, que no habían descuidado el desarrollo de su agricultura e industria manufacturera, pudieron canalizar los metales venidos de América y las nuevas rutas comerciales para avanzar por el camino de la industrialización.

La debilidad de la corona española para afrontar la tarea descomunal de la conquista permitió que españoles de diferentes orígenes sociales y culturales terminaran involucrados en el proyecto, mediante expediciones que dependían de la iniciativa privada. Pero la corona tuvo el cuidado de reservar para sí la jurisdicción sobre los asuntos civiles y criminales y, en el aspecto económico, gravó a los capitulantes con un impuesto calcado de la experiencia medieval, el quinto real, que consistía en que el 20% de las riquezas habidas en América correspondían a la monarquía.

En 1502, cuando Colón continuaba empeñado en descubrir una nueva ruta hacia Oriente, hacía dos años que Rodrigo de Bastidas había firmado una capitulación con la corona para instalarse en los territorios que se extendían desde el Cabo de la Vela hasta la desembocadura del río Atrato. Había partido de Sevilla en el año de 1500 y, al llegar a tierras de Santa Marta, logró establecerse e intercambiar algunos productos con los indios: vituallas, espejos y machetes por oro y perlas.

Las capitulaciones eran otorgadas por un período de cuatro a ocho años y mediante ellas se adquiría la licencia para adelantar empresas de conquista y el poder para distribuir tierras y fundar ciudades. Las ciudades se fundaban con treinta vecinos —españoles propietarios— y únicamente se permitía ocupar hasta cuatro leguas; al mismo tiempo, debía existir una distancia de cinco leguas entre dos ciudades próximas. Para fundar una nueva ciudad, el conquistador debía renunciar a poseer tierras en ciudades fundadas anteriormente.

Una década después de la llegada de Colón, la corona española empezó a comprender que debía combinar su política de toma de territorios con el inicio del poblamiento de los mismos, pues sólo permaneciendo en las nuevas tierras podría asegurar un dominio permanente. Ese nuevo propósito atrajo a otro sector de españoles, dispuesto a cambiar de lugar de residencia, y ávido de aventuras aunque en menor medida que los primeros expedicionarios. A partir de este momento colonos y conquistadores compartieron el escenario en América.

Para cumplir con esta nueva intención de la corona llegó en 1502, a Santo Domingo, Nicolás de Obando encabezando un grupo de 2.500 colonos. Obando, quien había sido nombrado gobernador, fundó una población y erigió un conjunto urbano con el primer trazado geométrico en América. En el mismo año, Vicente Yáñez Pinzón recibió autorización de la corona para asignar repartimientos de tierras e indios en Puerto Rico. Unos años más tarde, este sistema sería conocido con el nombre de encomienda en México, Perú y Nueva Granada.

Dos de las primeras poblaciones fueron fundadas en lo que se conoce hoy como el actual territorio de la Costa Atlántica colombiana: San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del Darién. La primera, en 1509, por Alonso de Ojeda, y la segunda, por Vasco Núñez de Balboa en esos mismos días. En ese entonces para constituir una población se erigía un conjunto de bohíos, pero dar ese paso no era sencillo. Instaurar una población era para los españoles una etapa necesaria en su propósito de hacer suyos esos territorios.

Vasco Núñez de Balboa es recordado por el trato civilizado y ecuánime que tuvo con los indios. Había hecho parte de la expedición de Rodrigo de Bastidas en el año 1500; tiempo durante el cual demostró en los hechos que era más un colono que un conquistador y fue uno de los primeros casos de un español que al instalarse en tierras de América experimentó un sentimiento confuso de cambio de identidad: dejó de ser sólo español para convertirse en una mezcla de español y americano. Balboa se opuso a que las nuevas tierras fueran pobladas con españoles recién llegados; defendió el derecho a que los primeros expedicionarios, que ya llevaban varios años concentrados en la tarea de ocupar el territorio, fueran los primeros propietarios.

A Balboa, a quien el historiador colombiano Juan Friede llamara el precursor de la lucha por la tierra en América —por el hecho de haber defendido los derechos de propiedad de los primeros expedicionarios—, se le recuerda como un gobernador magnánimo que construyó una población de doscientos bohíos en la que convivían españoles e indios. Fue tal el aprecio que Balboa despertó en los indios que estos decidieron confiarle uno de sus más preciados secretos: la ruta al océano Pacífico. En 1513, Balboa reportó a la corona su descubrimiento. Sin embargo, debido a sus continuos reclamos y protestas por las disposiciones de la corona en lo relacionado con los derechos sobre la tierra, fue acusado de rebeldía contra las autoridades locales, de traición al rey y de amotinamiento. Después de un juicio fue ejecutado y sus bienes fueron entregados a Gonzalo Fernández de Oviedo.

Trece años después de la muerte de Colón, en 1519, el conquistador Hernán Cortés arribó a las tierras del actual México. Cortés era considerado un hombre letrado, de esos que blandían la espada en el día y tomaban la pluma en la noche. Su curiosidad sin límite por los asuntos mineralógicos, geográficos y etnográficos lo llevó a escribir cuatro relaciones sobre sus viajes, entre 1519 y 1526. La primera de ellas fue publicada en latín, en la ciudad de Leipzig, en el año de 1524.

En el México central, los españoles encontraron poblaciones organizadas y, como lo señala el cronista Bernal Díaz del Castillo, al entrar en Tenochtitlan creyeron estar descubriendo las casas de encantamiento del libro de Amadís. Del otro lado, los aztecas liderados por Moctezuma, al ver llegar a Cortés y sus hombres creyeron estar presenciando el cumplimiento de antiguas profecías. Esos hombres enfundados en armaduras que subían a sus caballos, blandían sus espadas y disparaban sus armas de fuego constituían una visión nueva, como salida de un sueño. Como lo señala el filólogo e historiador búlgaro Tzvetan Todorov en su estudio sobre la conquista de América, podría decirse que los aztecas no fueron derrotados por los españoles; más bien se rindieron, porque los vieron como seres de otro mundo. En su ensayo, Todorov, basándose en las crónicas de López de Gómara y de Bernal Díaz del Castillo, cuenta que Cortés se valió de todo tipo de tretas para vencer la inteligencia de los aztecas. Por ejemplo, para ganar la confianza de los indígenas hacia los soldados españoles instó a sus hombres para que hiciesen como que no les interesaba el oro y que mejor aparentasen que no lo conocían. Como los aztecas creyeron al comienzo que los caballos eran seres inmortales, Cortés se las arregló para que los equinos fuesen sepultados en las noches, en ausencia de los indios, de tal manera que pudiera continuar el misterio en torno a la vida de estos animales. En la primera etapa de la conquista de México, Moctezuma actuó de manera dubitativa con Cortés porque creyó ver en el español la encarnación del dios Quetzalcóatl y el cumplimiento de la profecía acerca de su regreso. Luego de la muerte de Moctezuma, en la segunda etapa de la conquista, Cortés se valió de las disensiones internas entre los diferentes grupos que habitaban el centro de México para dominar por completo a los indígenas.

A mediados del siglo XVI, la corona autorizó a Cortés para que repartiera tierras entre los hombres más leales con el objeto de que se instalaran y contribuyeran al poblamiento. A los soldados de a pie se les otorgaron alrededor de ocho hectáreas y a los de a caballo cuarenta y dos. El repartimiento a los soldados de a pie se denominó peonía y el de los soldados de a caballo, caballería.

Uno de los aspectos que más llama la atención en el caso de la conquista de los aztecas es la debacle poblacional que se produjo. Si bien no se cuenta con fuentes documentales incontrovertibles que permitan establecer el tamaño de la población existente en el México central al momento de la conquista, los datos legados por los cronistas, y los libros de indígenas tributarios, han permitido a los estudiosos hacer algunas aproximaciones. Historiadores contemporáneos como S. F. Cook y W. Borah señalan que México contaba con una población aproximada de 25 millones de indios en 1519; que cuatro años después de la conquista, en 1523, había disminuido a 17 millones; para 1548 se había reducido a seis; veinte años después estaba en tres millones, y en 1630 era de 750.000.

Si nos atenemos a los datos proporcionados por estos historiadores habremos de concluir que en un siglo de conquista, entre 1519 y 1630, la población india del centro de México fue prácticamente eliminada de la faz del territorio. En México conquistar fue sinónimo de arrasar. Allí no sólo se destruyeron edificios, costumbres, códices y tradiciones sino que se aniquiló físicamente a los habitantes. Tenochtitlan, la cuna de la cultura azteca y una de las pruebas más importantes del desarrollo alcanzado por ella, fue destruida como para que no quedara prueba de lo que allí había existido. Posteriormente, entre 1530 y 1570, las órdenes monásticas se dieron a la tarea de reconstruir la ciudad, recurriendo a la mano de obra indígena. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, llamó a la reconstrucción de Tenochtitlan la séptima plaga, por las vidas que cobró.

Si bien en el territorio que llegaría a conocerse más adelante como Nueva Granada la población era menor que la del territorio mexicano en el tiempo de la conquista, los historiadores Juan Friede y Germán Colmenares concluyen que la población indígena también se redujo a causa de la conquista, hasta el punto de que tres décadas después de iniciada la incursión española sólo quedaba una cuarta parte de la población aborigen. Se toma como ejemplo el caso de Tunja —que por ese entonces estuvo casi a la par a todos los niveles con Santafé de Bogotá—, en donde habitaban 232.000 indios al comienzo de la conquista, entre 1537 y 1564, de los cuales sólo quedaban 44.691 en 1636.

Lo diverso, lo específico y lo complejo de los procesos históricos sólo es posible de entender a partir de la comparación de diversos casos en un escenario que supere las fronteras nacionales, en donde se comparen paisajes y poblaciones y se examine cómo reaccionaron los diferentes grupos humanos de América Central y del Sur frente a las políticas, la mayoría de las veces comunes, de un conquistador y colonizador común. Esa es la razón por la cual este relato intentará examinar los sucesos históricos ocurridos en los tres siglos que duró la conquista, atreviéndose a establecer algunas comparaciones entre las situaciones que se presentaron en México, Perú y Nueva Granada.

Retomando los procesos de capitulación ocurridos en territorio de lo que años más tarde sería la Nueva Granada, vale la pena mencionar los casos de Santa Marta y Cartagena a cargo de Rodrigo de Bastidas y de Gonzalo Fernández de Oviedo, respectivamente. Veinticuatro años después de su primera incursión en territorio de la Costa Caribe colombiana, el maduro, experimentado y enriquecido Rodrigo de Bastidas, quien había sido escribano de Triana, barrio de Sevilla, antes de convertirse en conquistador, obtuvo de la corona en 1524 los derechos de capitulación sobre Santa Marta; al mismo tiempo, a Gonzalo Fernández de Oviedo, encargado de confiscar los bienes de Balboa, se le otorgó la capitulación sobre el territorio denominado Cartagena.

Por estos días, mientras en unas regiones de América se estaba empezando el proceso de poblamiento, como en el caso de las regiones de Cartagena y Santa Marta, en otros lugares apenas se iniciaba la conquista de territorios. Tal es el caso del Perú, cuya conquista fue llevada a cabo entre los años 1527 y 1536, con la participación de indios esclavos de Nicaragua. La conquista de Perú se planeó en Centroamérica. Se sabe que los 1.280 barcos con los que se llevó a cabo esta intervención fueron construidos por mano de obra indígena en Nicaragua, y que en esta operación tomaron parte cerca de 448.000 indígenas.

Desde mediados del siglo XVI, México central y el Alto Perú se convirtieron en los dos principales centros de la colonización española, debido a que en esos territorios encontraron las mayores concentraciones de población, fuerza de trabajo disponible y con cierto grado de calificación, y el mayor número de recursos minerales, sobre todo de plata. Un segundo lugar en importancia para la corona española lo ocuparon las altiplanicies de Ecuador y Bogotá.

EL INDIO LLEVÓ A CUESTAS LA COLONIZACIÓN

La etapa a la que la corona española y luego los historiadores europeos denominaron conquista, palabra dura, que autorizó a los expedicionarios para apoderarse de los territorios y de las poblaciones a sangre y fuego si era necesario, fue un período de saqueo, en el que los recién llegados confiscaron los metales preciosos que habían sido extraídos y acumulados hasta ese momento por los indígenas, los despojaron de vituallas, los hicieron prisioneros, cometieron violaciones y sometieron a los indios al trabajo forzado. Y es después de casi ocho décadas de incursiones violentas cuando la corona, presionada en parte por las críticas y exhortaciones del fraile dominico Bartolomé de las Casas y de sus seguidores, quienes pedían un trato más humano para los indígenas, decide en 1573 sustituir la palabra conquista por el término pacificación, en apariencia menos agresivo.

A lo largo de la primera mitad del siglo XVI, la organización social de los indígenas fue desarticulada por las presiones y exigencias de los recién llegados. Los hombres fueron requeridos para el trabajo en las minas, la ganadería y el transporte de carga; las mujeres, para el trabajo agrícola y el servicio doméstico, produciéndose de este modo la atomización de las unidades familiares indígenas. Al mismo tiempo, esta nueva situación propició el mestizaje, pues las mujeres indias, al entrar al servicio doméstico de los españoles, tuvieron cercanía con los africanos esclavos y con los mismos españoles.

Algunas de las acuarelas pintadas en el siglo XIX por viajeros nacionales y extranjeros, entre las que se cuentan las elaboradas por el francés Auguste Le Moyne, retratan a los cargueros indios de Antioquia y Quindío. El oficio de carguero que tal vez existía desde antes del arribo de los españoles, fue aprovechado por el europeo. Carguero, palabra suave que disimula el hecho infamante de que los indígenas y los africanos esclavos hayan sido tratados como bestias de carga, humanos que sustituyeron a las mulas. El mismo Le Moyne señala que se sentía incómodo con la situación, pero que a los indios parecía no desagradarles el oficio. En un territorio tan accidentado y escarpado como el colombiano, era común que el camino que iba de Santafé de Bogotá a Honda, que tomaba varios días de recorrido, se hiciese a lomo de indio.

La imagen del carguero indio que lleva sobre sus espaldas a un español es la imagen más clara del tipo de relación que se entabló entre España y América en tiempos de la Conquista y de la Colonia. El español y el indio viajaban espalda con espalda, por tanto, mirando a lados opuestos, sin oportunidad de verse la cara; la locomoción se producía gracias al cerebro, a la energía y a las piernas del indio, quien debía soportar y llevar a su destino la carga que se le había impuesto. El indio se movía en un territorio que había transitado por siglos, caminaba descalzo, a pie limpio, en estrecha comunión con la tierra que lo había visto nacer. Durante las largas y peligrosas travesías por los desfiladeros colombianos, y mientras el español descansaba en la silla que llevaba el indio sobre la espalda, español e indio se hicieron uno solo, constituían una especie de centauro contrahecho bastante particular, un hombre sobre otro, un hombre cargando a otro.

En algunas regiones de América Central y del Sur, los españoles no sólo fueron recibidos con desconfianza sino también con hostilidad por los indígenas. Con frecuencia se ha pensado que la respuesta aguerrida por parte de los nativos americanos era expresión de su incapacidad para la hospitalidad, es decir, de su barbarie. Este fue el punto de vista difundido por los españoles. Lo que no parece estar bien es que quienes habitamos hoy el territorio americano, y que en alguna medida nos encontramos parados sobre los hombros de los primeros habitantes, hayamos llegado a otorgarles algún grado de razón, y que, por tanto, hayamos terminado justificando el trato humillante y la denominación de bárbaros que los españoles endilgaron a los indígenas.

Hasta donde nos lo permite la memoria histórica sobre el período de la Conquista, memoria construida en parte por los mismos españoles, recordamos algunos casos de rebeliones indígenas. Uno de ellos es el referido por el conquistador de origen andaluz, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien fue secuestrado tres años por los indios de La Florida y luego rescatado por un grupo de españoles en el norte de México. Las aventuras y penurias de este peninsular son narradas en su libro Naufragios y comentarios, publicado en Valladolid en 1542. La expresión indios belicosos empleada por Núñez Cabeza de Vaca para referirse a sus secuestradores, invita a pensar en que hubo casos en el proceso de conquista en que la relación entre españoles e indios americanos fue menos asimétrica de lo que se ha creído.

Es conocido también el hecho de que los araucanos, indios chilenos, armados de arcos y flechas, presentaron una dura resistencia militar a los españoles. Se sabe que durante un largo período el virreinato del Perú financió las empresas militares de los españoles que buscaban someter a los araucanos. Conservamos el recuerdo de la lucha de los indios chilenos a través del poema épico de su derrota, La Araucana, escrito por el español Alonso de Ercilla, entre 1569 y 1592, en el que se cuenta la historia de un héroe colectivo, el pueblo araucano, y de sus líderes Láutaro, Caupolicán y Colocolo. En territorio colombiano, se recuerda la resistencia de los indios pijaos, la de los panches y la de los indígenas del río Sinú que rechazaron la incursión de Alonso de Ojeda.

Si bien poseemos una memoria bastante fragmentada, imprecisa e incompleta sobre nuestros antepasados indígenas, se añade el hecho de que el recuerdo heredado ha sido narrado por intermediarios que no comprendían la historia que estaban presenciando porque no habían hecho parte de ella. Hasta hace algunas décadas, la imagen más importante de los antepasados indígenas provenía de los relatos de los cronistas, pero desde el siglo XIX, y gracias a las investigaciones de estudiosos como Francisco José de Caldas y a las indagaciones arqueológicas más rigurosas iniciadas en el siglo XX por Juan Friede o Gerardo Reichel-Dolmatoff, se han empezado a descubrir nuevas fuentes para el estudio del largo período prehispánico.

A pesar de que existe un sentimiento de reproche en la memoria colectiva de los pueblos que fueron colonizados por los españoles, por la historia que destruyeron en sus afanes de conquista, por la actitud con que llegaron y porque nos privaron de buena parte de nuestro recuerdo; y como no es hora de seguir lamentándonos por las pérdidas, es preciso reconocer que en ese proceso de dominación e imposición cultural hicimos nuestros buena parte de los valores de la cultura española, incluidos algunos vicios y prejuicios, al tiempo que los peninsulares, a pesar de su reticencia hacia los «bárbaros americanos», asimilaron algunos elementos de las culturas de las Indias Occidentales. Los misioneros, integrantes de las órdenes mendicantes que asumieron la tarea de convertir a los indios en fieles del catolicismo, se acercaron peligrosamente a la cultura indígena hasta el punto de que fueron contaminados. Con el tiempo aprendieron las lenguas locales, degustaron la comida nativa, experimentaron la medicina aborigen, y en este intercambio, a la vez que introdujeron nuevos productos en la dieta española y europea, allegaron nuevas palabras al español: tomate, maíz, batata, tabaco y chocolate, entre muchas otras.

La variedad de crónicas y diarios escritos, la mayoría de las veces sobre el terreno, por españoles que hicieron parte del proyecto de conquista y colonización, se convirtió en un instrumento de comunicación entre la corona y las colonias. Hernán Cortés, Núñez Cabeza de Vaca, Cieza de León, Gonzalo Jiménez de Quesada, Bartolomé de las Casas y otros, fueron los ojos y los oídos de la corona, tal vez en mayor medida que los funcionarios designados por ella. Sin importar si las crónicas favorecían o no la imagen de la monarquía, cada uno de esos escritos informaba de situaciones, proporcionaba datos, llamaba la atención sobre aspectos que, de no haber sido por el fuerte impulso de dejar constancia escrita de lo experimentado por estos etnólogos, ni la corona ni nosotros contaríamos con una visión de esa época.

En el conjunto de diarios, informes y reflexiones producidos hasta bien entrado el siglo XVI, vale la pena destacar los trabajos realizados por algunos miembros de las órdenes religiosas, pues debido al tipo de tarea que llevaron a cabo, parecen haber logrado un mayor grado de cercanía con los indios y con los afroamericanos. En su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, el fraile dominico Bartolomé de las Casas, quien había sido colonizador en Santo Domingo, capellán en Cuba y obispo en Chiapas, eleva una dura crítica a la corona por las vejaciones a las que eran sometidos los indígenas. Pero este dominico no se contenta sólo con escribir sino que viaja a España a exponer sus ideas y a abogar ante la corona por un mejor trato para los indios.

Los otros dos casos de cronistas vinculados al sector eclesiástico que lograron estar bastante cerca de las penurias de indios y afroamericanos esclavos son fray Toribio de Benavente, conocido con el nombre azteca de Motolinía, y fray Bernardino de Sahagún. Motolinía es reconocido por sus trabajos sobre los indios de Nueva España y Sahagún por su riguroso trabajo etnográfico, en el que transcribe sus conversaciones con los indios, tanto en náhuatl como en español. La obra de este último, aunque fue escrita en 1565, no fue publicada sino hasta mediados del siglo XX. En esta relación, seguramente quedan por fuera obras interesantes escritas en la época por autores de origen civil y eclesiástico, pero el propósito aquí es destacar la trascendencia que tuvieron a dos niveles: uno, como elementos para la visualización de la realidad en América por parte de la corona y, dos, como fuente para la reconstrucción de la memoria histórica.

LA COLONIZACIÓN, UNA TAREA DE URBANIZACIÓN

A raíz del ataque del corsario Francis Drake a Cartagena, en 1585 se produjo un incendio que destruyó las casas de paja y bahareque. Para ese entonces la ciudad puerto no había visto la necesidad de levantar construcciones más sólidas, pero la fragilidad del núcleo urbano puesta en evidencia por la sorpresiva incursión hizo que el cabildo solicitara a los vecinos reconstruir las viviendas y las sedes de las instituciones sobre bases más sólidas. La piedra fue el material escogido.

El acceso fácil del osado corsario hizo ver a los habitantes de Cartagena que debían fortificarse si querían continuar existiendo como ciudad. Antes de que se generalizara el tráfico de esclavos, y de que Cartagena se convirtiera en punto importante de recepción y distribución de mano de obra esclava, el puerto fue punto de paso para el comercio de la plata que provenía del Perú y que iba rumbo a la metrópoli. Cincuenta años atrás, cuando la ciudad apenas empezaba a formarse, residían allí ochocientos vecinos, entre hombres de guerra provenientes de Santo Domingo y viajeros recién llegados de España. En la época, el término vecino hacía referencia a los habitantes de origen español que eran propietarios.

El proceso de construcción y consolidación de los núcleos urbanos españoles en América avanzó lentamente, dependiendo de la importancia económica que pudieran tener para la corona, como puede apreciarse en el caso de Potosí, en el Alto Perú. Luego de los hallazgos de las minas de plata, Potosí se convirtió en pocas décadas en la ciudad más poblada y próspera de los territorios españoles en América. Hacia 1557 reunía 12.000 vecinos españoles y en 1610 contaba con 160.000 habitantes.

Unas décadas después de iniciado el proceso de conquista, la corona empezó a comprender que, de no iniciar la etapa de poblamiento y definición de las instituciones para gobernar los nuevos territorios, su empresa no tendría futuro. Para perfilar las nuevas instituciones había que levantar primero los núcleos urbanos que les darían asiento. La etapa de colonización comenzó mucho antes de que se terminara la de conquista, y la colonización fue ante todo una tarea de urbanización. «Quien no coloniza no conquista totalmente», decía López de Gómara, capellán de la familia de Hernán Cortés y escritor de la Historia general de las Indias y La conquista de México. Ante la inmensidad del territorio y el desconocimiento que se tenía de él, los españoles comprendieron que debían levantar poblaciones, que su debilidad debía compensarse con el asentamiento en grupo, pues era la única manera de no perder el idioma, las costumbres y la identidad.

En territorio de Nueva Granada, hoy Colombia, se levantaron dos núcleos urbanos en las tierras altas, con una diferencia de meses entre uno y otro. Santafé de Bogotá fue fundada en 1538 y Tunja en 1539, y estas dos ciudades rivalizaron por el poder político y administrativo durante el siglo XVII. En el acta de fundación de Tunja se justificó su emplazamiento en el hecho de que se encontraron tierras suficientes, así como caciques e indios. Hacia 1610 Tunja contaba con 300 vecinos, españoles propietarios, de los cuales 76 eran encomenderos, y el centro urbano estaba compuesto por 313 casas, de las cuales 88 eran de dos pisos. Doce años más tarde, se registraron 476 construcciones, 20 iglesias y conventos y tan sólo siete edificaciones públicas e industrias.

La existencia de centros mineros en la proximidad de las ciudades estimuló el desarrollo de estas últimas, porque la demanda de productos era elevada y porque el tributo proveniente de la actividad minera reactivaba la economía, y, en general, la vida social y administrativa de esos centros urbanos. Durante el siglo XVI, los distritos mineros de Ibagué, Tocaima, Victoria y Remedios insuflaron energía a Tunja y a Santafé de Bogotá. Santafé de Antioquia, principal centro urbano de los territorios que hoy se conocen como Antioquia, explotó el cerro de Buriticá y fue retroalimentada económicamente por los centros mineros de San Jerónimo, Cáceres, Zaragoza y Guamocó.

Pero los centros urbanos no prosperaron sin una adecuada relación con el entorno rural. El problema del abastecimiento debió ser considerado seriamente en el momento del asentamiento; tal vez por esa razón las principales ciudades españolas se levantaron en los lugares en donde encontraron poblados indígenas. En lo que hoy es Ciudad de México, fue erigida la capital de Nueva España, construida sobre las ruinas de la que fuera la capital azteca, Tenochtitlan. Durante el siglo XVI, Ciudad de México y Puebla fueron abastecidas con los productos agrícolas provenientes de los sembrados indígenas, pero esa situación se fue transformando porque pronto los españoles acapararon los terrenos ubicados alrededor de las ciudades para dedicarlos a las estancias de ganado y de pancoger.

Santafé de Bogotá y Tunja vivieron procesos similares a los ocurridos en las principales ciudades de Nueva España, pues los terrenos que rodeaban las ciudades terminaron siendo propiedad de los españoles. Para el caso de Santafé se sabe que en 1540 contaba con estancias en las que se criaba ganado o se cultivaba trigo y cebada. El tamaño de las estancias de ganado era de 2.540 hectáreas, mientras que el de las estancias dedicadas a la agricultura era de 635 hectáreas. En 1585 tanto Tunja como Santafé de Bogotá eran abastecidas por ese tipo de unidades agrícolas y ganaderas, pero el tamaño había disminuido. Las estancias de ganado mayor eran de 370 hectáreas y las de pancoger de 327 hectáreas. Cabe preguntarse qué factores propiciaron su reducción y hasta qué punto influyó tal reducción en una mejor administración, y, por tanto, en el mejoramiento de la producción y del abastecimiento de las ciudades.

Un ejemplo de ciudad próspera en la época colonial fue Lima. Situada sobre la costa peruana, se constituyó en puerto de entrada y salida del intenso comercio que se creó en torno a la explotación de la plata de Potosí. Si bien Potosí superó a Lima en número de habitantes y fue la ciudad minera por excelencia, Lima se constituyó en la ciudad de paso para vivir con tranquilidad y lujo. En 1610 albergaba 25.000 habitantes y setenta años más tarde su población alcanzaba las 80.000 almas, como decían en la época. Desde Lima se comerció con Europa, China y Nueva España. Los vecinos españoles, es decir, los propietarios, se sintieron a sus anchas en Lima, disfrutando de comodidades que no eran posibles en otras ciudades coloniales. Para que se tenga una idea del nivel de vida al que se llegó, se dice que en 1630 había en la ciudad cerca de 200 carrozas forradas en seda y oro, y que el costo de cada una de ellas era de 3.000 pesos aproximadamente, valor equivalente al de las propiedades comprendidas en un mayorazgo en la época.

La prosperidad de Lima se puede contrastar con la forma de vida de Popayán, pues mientras la primera creció rápidamente tanto en población como en actividad económica, la segunda fue hecha con mucha más dificultad. La fortaleza de las ciudades españolas dependía de que lograran consolidar núcleos de poder en lo económico, en lo político, en lo religioso y en lo administrativo; sin embargo esto no fue fácil en el caso de Popayán. Desde un comienzo contó con encomiendas pobres, y para las familias de hacendados locales fue muy difícil establecer mayorazgos; en el siglo XVII sólo una familia procedía por línea masculina de la primera generación de colonizadores. Si bien se dice que Popayán no fue modelo de administración en la época colonial, por los cruces de intereses que se dieron, en los que el mismo grupo de familias ejercía el poder político, militar, civil y eclesiástico, el historiador Germán Colmenares demostró con sus investigaciones que esta fue una de las pocas ciudades en las que no hubo conflicto con las regiones mineras, debido a que los encomenderos eran a la vez terratenientes y mineros. La pregunta sería entonces hasta dónde esa ausencia de conflicto, que se expresaba en la homogeneidad de la élite, entendida como la concentración de intereses económicos y de oficios en un mismo grupo de personas, contribuyó al desarrollo de la ciudad y de la región. Podría pensarse que en los casos en los que el poder estuvo repartido entre varios grupos, como por ejemplo cuando los comerciantes eran diferentes de los hacendados y de los mineros, esta heterogeneidad de la élite pudo ser fuente de mayores conflictos, pero a la vez, origen de una dinámica de desarrollo más compleja e interesante.

Los españoles que vinieron a América a descubrir lo que ya existía, también decidieron refundar los pueblos indígenas a su manera. Por orden virreinal se definió la extensión que debían tener los pueblos de indios y la manera como se debía disponer de los terrenos. En 1567 se determinó que su extensión no debía sobrepasar las 101 hectáreas, las cuales debían repartirse entre un núcleo central —en el que se encontraba la capilla doctrinera, una pequeña plaza y las casas de las autoridades principales—, las casas y los solares individuales y las zonas no cultivables como laderas, bosques, pantanos, etc. Los beneficiarios poseían el usufructo de la tierra pero no tenían la propiedad en el sentido del derecho romano. Sin embargo, y a pesar de que estos pueblos abastecían de mano de obra y de productos agrícolas a las ciudades cercanas, muy pronto empezaron a sufrir nuevas presiones de la corona. Cada vez más se les exigió que el tributo fuera en dinero y no en especie, lo cual forzó a los indígenas a dejar sus pueblos y sus familias por períodos más largos para ir a trabajar a las minas y a las haciendas; por ese camino los pueblos de indios fueron perdiendo cohesión e identidad y cada vez se abrieron más a la convivencia con mestizos.

Hacia 1574, en el territorio de la Nueva Granada existían como pueblos de indios las poblaciones de Fontibón, Guasca, Cajicá, Pasca, Chía, Fusagasugá, Choachí y Suche. A Fontibón se le encargó la tarea de proveer de leña y hierba a las iglesias de Santafé de Bogotá. Entre 1600 y 1750, aquellos pueblos de indios que se habían debilitado por las presiones económicas exteriores, fueron perdiendo su homogeneidad étnica para convertirse en pueblos más abiertos y mezclados socialmente. Como lo señala el historiador Germán Colmenares, una buena parte de esos pueblos de indios pasaron a ser viceparroquias, luego parroquias, después villas y, por último, municipios. Señala Colmenares que la historia de Colombia del período colonial ha hecho énfasis excesivo en la jerarquización de los grupos sociales como uno de los principales motivos de conflicto, y que no se ha detenido lo suficiente en los conflictos transversales generados en las tensiones y disputas entre los diversos tipos, grados y categorías de conglomerados urbanos coloniales por la preeminencia, por el prestigio, etc. Para Colmenares hubo momentos en los cuales el conflicto entre poblaciones estuvo por encima del conflicto entre castas y grupos sociales.

A mediados del siglo XVI se definió el modelo urbano de las colonias españolas en América. Potosí, Ciudad de México y Lima se convirtieron en pocas décadas en las ciudades más prósperas desde el punto de vista económico y llegaron a concentrar los núcleos de población más fuertes de todas las colonias. En un segundo rango, estuvieron ciudades como Santafé de Bogotá y Tunja. Las regiones de Paraguay, Tucumán y Venezuela tuvieron poca importancia para la corona durante el siglo XVI, porque eran consideradas zonas pobres con poca población indígena. Se ha comprobado que en estas regiones la institución de la encomienda, de la cual se hablará más adelante, pervivió hasta las últimas décadas del período colonial, tal vez porque sus economías estuvieron desligadas de la explotación minera. También es importante señalar que ciudades que en el siglo XX han sido reconocidas por su empuje y dinamismo tuvieron una fundación tardía en el período colonial. Es el caso de Buenos Aires, que fue fundada por segunda vez en 1580, y de Caracas, que logró su estatus como ciudad colonial en 1567.

LA ADMINISTRACIÓN COLONIAL

El historiador colombiano Jaime Jaramillo Uribe divide en tres etapas la historia de la administración colonial, que va desde la llegada de los españoles a territorio americano hasta el momento anterior a los procesos de independencia. La primera es la del descubrimiento y conquista, en la que primó la voluntad personal de los conquistadores y hubo falta de claridad de la corona acerca de cómo proceder política y administrativamente en los nuevos territorios; la segunda es la de la fundación de las audiencias y promulgación de las leyes de 1542; la tercera es la de los Borbones, que se inicia con las reformas de Felipe V a comienzos del siglo XVIII. Si bien es posible reconocer la existencia de estas tres etapas a lo largo de la época mencionada, así como también el hecho de que tal clasificación permite una visión más estructural y sistemática del período, resulta conveniente señalar que las etapas de conquista y colonización no estuvieron claramente diferenciadas en la vida real, y que se empezó a colonizar cuando todavía se estaba en la conquista de los territorios.

Si se examina con detenimiento el proceso de definición de las nuevas instituciones coloniales, puede apreciarse que la corona española tomó como ejemplo muchas de las instituciones existentes en la península a la hora de definir las características y funciones que tendría la administración de las colonias. La corona adoptó un criterio de uniformidad en cuanto a los modelos, funciones y niveles jerárquicos de las instituciones que gobernarían en América. Este criterio ha sido visto como un rasgo de modernidad de parte de la familia de los Austrias, mediante el cual se daba un primer paso hacia la construcción de un Estado racional y burocratizado. Por último, y tal vez como una manera de compensar las dificultades existentes para el gobierno de las nuevas colonias debido a las enormes distancias geográficas, podría decirse que hubo un exceso de institucionalización y que la variedad de organismos y de cargos creados, sin que estuvieran muy claros los límites entre los mismos, produjo un choque de trenes entre las diversas instancias, haciendo más lento el proceso de toma de decisiones, y en ocasiones contribuyendo a crear vacíos de poder. Esa es la razón por la cual se dice que el Estado colonial americano fue intervencionista y reglamentarista.

En el proceso de conquista y colonización, el primer aspecto de orden administrativo que preocupó a la corona fue el control de los procesos de migración de poblaciones y, en segundo lugar, la reglamentación del comercio. En la primera década de conquista, y tal vez porque no tenía una idea clara de la envergadura del reto que surgía ante sus ojos, así como de la importancia económica y política que podría tener para la península la conquista de los nuevos territorios, la corona permitió el embarque de personas de diversos orígenes sociales, pero luego, cuando se decidió a iniciar el proceso de colonización, comprendió que la selección de los viajeros podría garantizarle un mayor control sobre las poblaciones que se fueran creando. Como fruto de esa preocupación, la corona creó en 1503 la Casa de Contratación, a la que encargó de controlar el envío de flotas y pasajeros, las importaciones y exportaciones, y hacia 1510 le otorgó facultades legislativas en materia de hacienda. Tuvo como sede a Sevilla, pues se creía que esta ubicación favorecía al reino de Castilla.

Durante la época de la conquista, uno de los primeros cargos diseñados para ejercer funciones de orden político, administrativo y militar fue el de capitán general, que luego fue sustituido por el de gobernador. El hecho de que en el gobernador se concentraran todo tipo de poderes facilitó las tareas de administración, pues se evitaron conflictos de intereses, frecuentes en aquellas regiones en donde debían convivir y compartir el poder varios funcionarios considerados de alto rango, pero pertenecientes a instituciones diferentes. El cargo de gobernador se ejercía por un período de tres a ocho años. Uno de los primeros gobernadores en el territorio que se conoce hoy como Colombia fue Vasco Núñez de Balboa, nombrado gobernador del Darién en 1510. La corona tuvo mucho aprecio por la labor de los gobernadores porque fueron eficaces en aquellos territorios periféricos, en los que no era posible instaurar otro tipo de instituciones político-administrativas.

En la medida en que se fueron consolidando los primeros asentamientos de españoles en América, y en que algunos de estos conglomerados por su ubicación, dinamismo económico y organización de la población fueron destacándose con respecto a los demás, la corona vio la necesidad de crear una institución político-administrativa que tuviera sede en América, con el poder suficiente para resolver los principales problemas que se presentaran. Fue así como nació la Real Audiencia. A lo largo del siglo XVI se crearon reales audiencias en Santo Domingo (1511), México (1527), Panamá (1538), Guatemala (1543), Lima (1543), Guadalajara (1548), Santafé de Bogotá (1548), Quito (1563) y Chile (1563-73). El orden en que fueron fundadas puede dar una idea tanto de la forma como fue avanzando el proceso de conquista y de colonización, como del reconocimiento que fueron obteniendo a medida que se consolidaban como ciudades.

Al frente de cada real audiencia había un presidente y, para ejercer sus funciones político-administrativas y como tribunal de justicia, contaba con la colaboración de un grupo de oidores y de fiscales. La audiencia también tuvo que definir asuntos relacionados con el comercio y los abastos. Durante los dos siglos que duró el gobierno de los Austrias, siglos XVI y XVII, se nombraron, aproximadamente, mil funcionarios para desempeñar los cargos de las diversas audiencias en América, y en cada momento hubo cerca de noventa funcionarios vinculados a las ocho o nueve audiencias que llegaron a existir. Las audiencias fueron creadas a imagen y semejanza de las existentes en España. Estaban compuestas por oidores, fiscales, escribanos, alcaldes de corte, procuradores, notarios y alguaciles; debían también atender asuntos relacionados con el desempeño de los eclesiásticos.

A pesar de haber sido fundada en 1548, la Real Audiencia de Santafé sólo se pudo instalar en 1550. Tuvo la particularidad de que nació sin presidente, porque el licenciado Gutiérrez de Mercado, quien había sido designado para ese cargo, murió en Mompox antes de llegar. Finalmente fue inaugurada el 12 de abril con dos oidores. El segundo período de la Audiencia fue instalado en 1553, en Santafé, y debió resolver asuntos relacionados con el derecho a la explotación de las salinas que todavía estaban en manos de los indígenas, la invasión de las labranzas indígenas por el ganado español, pleitos entre ciudades y rivalidades entre encomenderos por linderos.

El cargo de oidor adquirió un enorme prestigio y disfrutó de amplias facultades. Si bien su sueldo no era muy elevado, percibía 5.000 pesos anuales pero, además, la estabilidad del cargo y las prerrogativas que tenía lo hacían atractivo. La corona dispuso que los oidores no podían casarse con mujeres de su jurisdicción, ni poseer tierras y, mucho menos, comerciar. Una vez creados los virreinatos, los oidores empezaron a experimentar que sus poderes disminuían frente a las funciones del virrey, y la historia muestra que hubo rivalidades permanentes entre estos dos funcionarios, a pesar de que el cargo de virrey tenía un mayor estatus que se expresaba en el hecho de que ganaba ocho veces más que el oidor. El sueldo anual de un virrey era de 40.000 pesos.

En el juicio de residencia —investigación que la corona hacía para evaluar la conducta de un funcionario mientras ejercía su cargo— que se hizo al presidente de la Real Audiencia de Santafé, Andrés Díaz Venero de Leyva, en 1575, por el presidente entrante Francisco Briceño, se pudo establecer que Venero de Leyva había otorgado 300 encomiendas y fundado cinco pueblos.

Quince años después de fundada la Casa de Contratación, la corona española decidió crear una instancia político-administrativa que se encargara del gobierno de las colonias, pero que tuviera asiento en España. Copiando el modelo de los consejos existentes en Castilla y Aragón, conformó el Consejo de Indias en 1518. El Consejo sesionó en el Palacio de Madrid hasta 1561 y después tuvo sede propia. Durante los siglos XVI y XVII hubo 249 consejeros y sólo siete de ellos tuvieron experiencia en altos cargos en América; en ese mismo lapso hubo 25 presidentes. El Consejo estaba conformado por consejeros, que podían ser juristas o teólogos, un secretario, varios procuradores, notarios, conserjes y alguaciles. En 1526, Felipe II introdujo el cargo de cosmógrafo y de cronista de Indias.

El modelo de Estado colonial diseñado por la corona española nació escindido en dos partes, separadas entre sí por un océano, pero también por el hecho de que una cosa era estar cerca de los problemas y otra imaginarlos a distancia gracias a los informes de los funcionarios. Los virreyes, los funcionarios de la Real Audiencia, los gobernadores, los miembros de los cabildos no podían darse el lujo de esperar una comunicación fluida con España para resolver los problemas; debían actuar con prontitud, tratando de guiarse por las Leyes de Indias establecidas hasta el momento, y por los casos resueltos anteriormente.

El Consejo de Indias concentraba todo tipo de funciones, desde las ejecutivas, legislativas y judiciales, pasando por las de administración económica y fiscal, hasta las de orden eclesiástico. La división de poderes a nivel del Estado tal como la conocemos hoy, empezó a darse después de la Revolución Francesa. El Estado colonial español fue bicéfalo, porque tuvo control tanto sobre asuntos temporales como espirituales. La corona de Castilla obtuvo permiso de la máxima autoridad de la Iglesia católica, el papado, para coordinar la participación de las órdenes religiosas en la tarea de conquista y evangelización y para nombrar a los eclesiásticos que debían desempeñarse en los diversos cargos. La alta jerarquía eclesiástica contribuyó a legitimar la empresa de conquista a condición de que las poblaciones encontradas fueran colonizadas en la doctrina y la fe católicas. De este modo, la Iglesia contribuyó a aumentar el poder de la corona y viceversa. Sin embargo, y como veremos más adelante, estas relaciones no fueron tan fluidas como puede parecer; y hubo períodos de desconfianza y mutuo recelo en que un poder trató de tomar ventaja con respecto al otro.

El Consejo de Indias tenía entre sus funciones las de proteger a la población indígena, proponer al rey las personas para cargos eclesiásticos y civiles, controlar la administración de hacienda y ejercer funciones legislativas y judiciales. En asuntos eclesiásticos, hacia 1524 presentó candidatos eclesiásticos en todos los niveles, pagó los salarios a los funcionarios eclesiásticos y se encargó de construir catedrales, iglesias, monasterios y hospitales. En 1538, la corona ordenó que toda la comunicación entre Roma e Indias debía pasar por el Consejo. La fundación de arzobispados y obispados, de misiones y reducciones, es decir, la delimitación de las jurisdicciones para el poder eclesiástico, estuvo en manos del Consejo de Indias y de la corona. Hacia 1620, el número de arzobispados y obispados en América era de treinta y cuatro. Desde esa perspectiva, es posible entender por qué ha sido tan complicado llevar a cabo los procesos de secularización del Estado y de la sociedad en los territorios que alguna vez fueron colonias de España. Trescientos años de simbiosis entre el poder civil y eclesiástico dejaron una huella profunda, casi genética, en sociedades e instituciones, hasta el punto de que hoy parecen no poder vivir el uno sin el otro.

La tarea de elaborar las leyes que regirían los nuevos territorios fue abordada por la corona mucho antes de que empezara a existir el Consejo de Indias. Las primeras leyes, las de Burgos, fueron expedidas en 1512, y apuntaron a regularizar la relación de los encomenderos y de los indígenas con la corona, pues ya se tenía noticia de los niveles de explotación a que se estaba llegando por parte de los conquistadores. A partir de 1518 el Consejo de Indias asumió todos los asuntos relacionados con el gobierno de las colonias en América. Cada vez que se piensa en el tipo de relación que existió entre el Consejo de Indias y las colonias llama la atención el hecho de que se legislara a distancia, pues no sólo existían diferencias de espacio, de tiempo y de cultura entre los dos territorios sino que los funcionarios encargados de formular las leyes, en su gran mayoría, nunca estuvieron en América. Esa sensación de extrañeza y de impotencia que debieron de experimentar los habitantes de las colonias frente a un gobierno inaccesible y ajeno, a la vez que incubó sentimientos de inconformidad, también debió de hacer que las sociedades se acostumbraran a vivir en medio de altos niveles de zozobra y de caos político y administrativo.

¿Hasta qué punto el tipo de Estado que tuvieron las colonias españolas, escindido geográfica, cultural y administrativamente entre la metrópoli y los territorios coloniales, con un centro de toma de decisiones importantes en la metrópoli y el ejercicio cotidiano del poder en las colonias en manos de funcionarios, con problemas de comunicación por la distancia pero también por la desconexión y desconocimiento del territorio americano por parte de los órganos supremos del poder, pudo originar y alimentar un acostumbramiento a cierto desgobierno en las sociedades coloniales y a la noción de que una sociedad puede funcionar con instituciones débiles? Tal vez, esa situación nos permita explicar en parte el origen de la debilidad crónica de los Estados latinoamericanos actuales.

Cuando se trata de abordar el problema de la organización política y administrativa que tuvieron las colonias españolas y de su relación con la metrópoli, casi siempre se procede a enumerar en orden jerárquico las instituciones, funcionarios y funciones que existieron tanto en España como en América, y se hacen algunas observaciones sobre las dificultades y conflictos que se presentaron entre las diferentes instancias, concluyendo que a pesar de los inconvenientes el sistema funcionó. Sin embargo, podría decirse que ha faltado indagar con más curiosidad y tesón los problemas que se presentaron en el diseño y funcionamiento de las instituciones, en el desempeño de los cargos, así como imaginar el funcionamiento del conjunto de instituciones, sus formas de engranaje, etc. En este campo, los estudios más rigurosos que se conocen son los del historiador José María Ots Capdequí, quien elaboró una reconstrucción detallada del conjunto de instituciones coloniales.

Las protestas del fraile Bartolomé de las Casas ante la corona española y el Consejo de Indias por el maltrato de los indios tuvieron un eco en las Leyes Nuevas de 1542. El monarca Carlos V, que había estado fuera de España atendiendo los problemas políticos y religiosos del imperio en los territorios europeos, se había desconectado de los problemas en las colonias. A su regreso en 1541, ante el cúmulo de quejas que encontró, tomó la decisión de relevar a los miembros del Consejo de Indias e introducir algunas reformas legislativas. El espíritu de las leyes de 1542 estaba imbuido del deseo de proteger a los indígenas; a través de esa legislación se decidió desactivar y desestimular el sistema de la encomienda; se trataba entonces de abolir el señorío que los españoles ejercían sobre los indígenas. Según los informes presentados por clérigos y por algunos funcionarios, el sistema de la encomienda estaba contribuyendo a la desaparición de la población indígena debido a los niveles de sobreexplotación que permitía.

En América se hizo oídos sordos ante las leyes de 1542. Los problemas de comunicación existentes entre la metrópoli y las colonias, si bien eran reales, se convirtieron en la excusa perfecta para no cumplir con las instrucciones y mandatos que llegaban del otro lado del océano. La frase «se acata pero no se cumple», oración que hizo las veces de principio orientador entre los españoles en América, era expresión de un comportamiento ambiguo, que no quería desagradar a la corona pero que, al mismo tiempo, expresaba el descontento ante un gobierno lejano e inoportuno. Las Leyes de Indias fueron recopiladas en el año de 1630 y publicadas en cuatro volúmenes en 1681.

En la medida en que las colonias españolas cobraron mayor importancia económica para la corona, esta decidió consolidar el proceso de colonización mediante la creación de una nueva institución político-administrativa que estaría por encima de las ya existentes, y que además permitiría un mayor control y autoridad sobre poblaciones y territorios que habían demostrado tener cierto grado de integración económica: el virreinato. Se inauguraba así una nueva jurisdicción político-administrativa que abarcaba un territorio extenso y un conjunto de ciudades y pueblos, bajo el mando de una nueva autoridad, el virrey.

Si bien Cristóbal Colón y su hijo Diego habían ostentado el título de virrey en Santo Domingo, este fue más un título honorífico como recompensa a quien había sido el pionero en el proceso de conquista. La institución del virreinato reapareció con nuevas características en el año de 1535, cuando se fundó el virreinato de Nueva España y se nombró a Antonio de Mendoza como primer virrey. La corona nombró en estos cargos a hijos jóvenes de la nobleza de Castilla. Antonio de Mendoza tenía cuarenta años cuando fue nombrado virrey y duró seis años en el cargo.

El orden cronológico en que fueron fundados los cuatro virreinatos instituidos en América proporciona una idea del grado de importancia económica que tuvieron para la corona cada una de estas regiones. El virreinato de Nueva España fue fundado en 1535, el del Perú en 1543, el de Nueva Granada en 1717 y el del Río de la Plata en 1776. Los dos primeros fueron fundados bajo el reinado de los Austrias y los dos últimos bajo el de los Borbones. Entre 1535 y 1700 hubo 25 virreyes en América y nueve de los hombres que se habían desempeñado como virreyes de Nueva España fueron nombrados luego para el virreinato del Perú.

A la familia de los Austrias le bastó con crear dos grandes unidades político-administrativas en el territorio de las colonias, los dos virreinatos, durante los siglos XVI y XVII. Como se sabe, el virreinato era una institución de más amplia jurisdicción y mayor autoridad que la Real Audiencia; pero es posible que mientras sólo existieron dos de estas unidades, las reales audiencias hayan aprovechado la debilidad relativa de los virreyes debida a la inmensa extensión de sus jurisdicciones, sobre todo en el caso del virreinato del Perú, para entrar a rivalizar y a disputar algunas de las funciones de estos. Aunque no es muy claro cuáles fueron los alcances reales de cada virreinato en lo político y administrativo, el del Perú asumió tareas como las de financiar el sometimiento de los indios araucanos en Chile y defender el istmo de Panamá de la incursión de piratas, tareas que hablan de que sus dominios abarcaban el territorio que se encontraba bajo el dominio de España, ubicado en América del Sur. Sería interesante adelantar algún estudio para indagar hasta dónde fueron acatados los virreyes en el período de los Austrias, para averiguar también cuáles fueron sus puntos de apoyo para el ejercicio del poder y profundizar mucho más en la relación que existió entre reales audiencias y virreyes.

A su llegada al poder, en el siglo XVIII, la familia Borbón percibió la crisis político-administrativa en que se debatían las colonias, y una de sus primeras medidas fue recortar el tamaño de los virreinatos existentes, creando dos nuevos: el de Nueva Granada y el de La Plata. Es de suponer que el virreinato del Perú era tan extenso que se hacía inoperante. Los Borbones se propusieron racionalizar la administración de las colonias, con el objeto, entre otras cosas, de recaudar mejor los tributos y los impuestos.

Con el tiempo y a medida que se presentaban problemas para el recaudo del tributo indígena, la corona vio la necesidad de nombrar un funcionario para que se encargara de esta tarea. En 1560 se creó el cargo de corregidor de indios y se le asignaron las funciones de administración de justicia en pueblos de indios, atención al abastecimiento de la mano de obra requerida por los repartimientos y organización del recaudo del tributo. El salario del corregidor era extraído del tributo indígena y su duración en el cargo era de dos a tres años. La historiadora Margarita González, en su investigación sobre El resguardo en el Nuevo Reino de Granada, señala que el cargo de corregidor fue creado, entre otras razones, para sustituir al encomendero en las tareas de administración de la mano de obra indígena, sólo que mientras el encomendero desempeñaba su cargo para beneficio privado, el corregidor lo haría en nombre de la corona.

Como una manera de obtener una entrada económica adicional, la corona decidió vender en subasta algunos cargos públicos. Esta costumbre promovió la venalidad en la administración de las colonias, porque algunos cargos fueron desempeñados por personas que poseían poder económico, pero no la competencia requerida para ejercerlos, y además hizo que, en la práctica, algunas instituciones de carácter público se colocaran al servicio de intereses privados. Algunos cargos pasaron a ser propiedades familiares y a tener carácter hereditario. Esto ocurrió con los cargos de los cabildos y, en particular, con el de escribano. En general, los sueldos de los funcionarios eran tan bajos que quienes desempeñaban tales cargos terminaron mezclando actividades públicas y privadas, lo que estimuló altos niveles de corrupción. Esto ocurrió con los oidores, corregidores, alcaldes y gobernadores.

Para supervisar y evaluar el desempeño de los funcionarios en América, la corona creó dos instituciones: la visita y la residencia. Las visitas, efectuadas por visitadores regios, tenían como función principal verificar el estado de la población indígena. Se iniciaron en la segunda mitad del siglo XVI y en la historia de la Nueva Granada tuvieron tres ciclos. El primero se dio entre 1550 y 1600, período de fundación de la Real Audiencia; el segundo a comienzos del siglo XVII, y el tercero a mediados del XVIII. Los juicios de residencia eran investigaciones que se adelantaban para establecer la conducta de un funcionario, casi siempre al terminar su período, y eran efectuados por los funcionarios entrantes. Por ejemplo, un nuevo presidente de la Real Audiencia debía evaluar a su antecesor.

El cabildo era la instancia político-administrativa que atendía los asuntos relacionados con el sostenimiento económico y la vida social de cada ciudad. Estaba compuesto por dos alcaldes, uno de primer voto y otro de segundo voto, por un mayordomo de propios, el alguacil mayor, por el escribano, el verdugo y varios ministros de vara. Se encargaba de administrar las rentas de propios, de vigilar los precios, supervisar el abastecimiento, organizar las principales fiestas, reparar y construir calles, camellones, caminos, puentes y edificios públicos, reglamentar y vigilar el funcionamiento de carnicerías, chicherías, pulperías, juegos y loterías.

Las rentas de propios eran los terrenos y bienes inmuebles de que disponía una ciudad para su sostenimiento, y que debían quedar establecidas en el momento de su fundación. Los ejidos, las dehesas, los solares y algunas casas y tiendas hacían parte de los bienes de propios y eran administrados por el cabildo. Los ejidos eran terrenos que circundaban las ciudades, previstos para su expansión y que podían ser alquilados; las dehesas eran terrenos rurales dedicados al pastoreo o a la siembra y que se podían alquilar para beneficio de la ciudad. Los pósitos y las alhóndigas eran sitios de almacenamiento de cereales, maíz y trigo, administrados por el cabildo; eran abastecidos con el producto de las cosechas de los indígenas que llegaba a esos depósitos como tributo o como resultado de la compra por parte del cabildo. Esas reservas se vendían en épocas de escasez y, en algunos casos, fueron utilizadas por el cabildo para especular.

La ciudad de Santafé de Bogotá nació sin tierras de propios porque no se tuvo esta previsión en el momento de su fundación. Los conquistadores, ávidos de tomar las mejores tierras y fuentes de agua, olvidaron el establecimiento de esta importante fuente de financiamiento para la ciudad. El historiador Julián Vargas Lesmes, en su bello y bien documentado trabajo La sociedad de Santafé colonial, señala que la ciudad nació pobre y que así debió permanecer hasta el año de 1571, cuando el cabildo decidió definir las tierras de propios.

En algunas ocasiones, los cabildos estuvieron en manos de las familias con mayor poder económico en la ciudad, quienes, la mayoría de las veces, olvidaban la función social y pública que debía cumplir este organismo y se dedicaban a aprovechar en beneficio particular las ventajas que proporcionaban los cargos. Es de sentido común suponer que en aquellas ciudades en las que el cabildo se preocupó por la administración pública fue posible apreciar cierta prosperidad colectiva, mientras que en el caso contrario el cabildo hizo las veces de un depredador.

LA ENCOMIENDA NO FUE UN DOMINIO FEUDAL

Hacia la cuarta década del siglo XVI se encontraban en Tunja varios de los soldados que habían seguido a Francisco Pizarro, conquistador del Perú, convertidos en encomenderos. La corona española otorgó las primeras encomiendas a los conquistadores como recompensa por sus servicios. En el contexto del siglo XVI la palabra encomendar significaba encargar a un español del cuidado y la protección de un grupo de indios; sólo que ese encargo se entendió como el derecho a disponer sin límites establecidos de la fuerza de trabajo del indígena. En la relación entre encomendero y encomendado había una situación de dominación, fortaleza y superioridad de parte del primero, y de subordinación, debilidad y sometimiento por parte del segundo.

Tunja y Santafé eran las ciudades que reunían mayor número de encomenderos en el Nuevo Reino de Granada. Nueve de las encomiendas mayores existentes en Tunja pertenecían a la corona, y desde la ciudad se controlaban cerca de 161 encomiendas, que comprendían poblados de 80 a 2.000 indios. Los encomenderos desempeñaron un papel decisivo en el proceso de apropiación de la tierra en la Nueva Granada, mediante el control de los cabildos. Antes de la última década del siglo XVI, la mitad del altiplano cundiboyacense había pasado a manos de los encomenderos.

Si bien el habitante originario de las tierras americanas, denominado indio por los españoles, quedó en condición de siervo con respecto al español encomendero, la organización social y económica que se dio en estas tierras fue diferente a la institución socioeconómica del feudo que se dio en Europa Occidental. En primer lugar, el indio no vivía en las tierras del español; por lo general permanecía en su propio pueblo y debía prestar algunos servicios en determinados días. En segundo lugar, aunque las encomiendas eran otorgadas a particulares, la corona conservaba algún nivel de control sobre estas. Por último, podría decirse que el siervo feudal tuvo mayores grados de libertad y fue tratado con más respeto y consideración que el indígena por parte del español. El indígena encomendado debía trabajar sin esperar ninguna remuneración y su sostenimiento recaía sobre la comunidad en la que vivía.

El arreglo social y económico de la encomienda sólo duró tres generaciones y su declive se debió principalmente a la extinción de la población indígena como consecuencia de la sobreexplotación a que fue sometida. Hernán Cortés, el conquistador de México, usó sus encomiendas, es decir, la mano de obra indígena que estaba bajo su cuidado, para construir barcos, extraer oro y proveer los astilleros y tomó a los indios como soldados de infantería. En aquellas regiones en donde la actividad minera fue cobrando fuerza, como Perú y Nueva España, la mita minera o trabajo forzado de los indígenas acaparó a la población indígena que había sobrevivido a la encomienda. En regiones como Paraguay, Tucumán y Chile, con escasos recursos de mano de obra y de minerales, la encomienda subsistió hasta el final del período colonial.

En las últimas décadas del siglo XVI se inició el declive de la encomienda en la Nueva Granada. Al mismo tiempo que disminuía la población indígena, se empezaron a presentar quejas por el acaparamiento de encomiendas en manos de las familias o de los amigos de los oidores. La disminución de la población indígena mostró la necesidad de reunir varias encomiendas bajo la administración de un solo encomendero. Los cabildos integrados por vecinos encomenderos se atribuyeron la facultad de otorgar estancias, caballerías, solares, aguas, minas y bosques.

En 1573, la élite de la ciudad de Cartagena estaba conformada por tres encomenderos que se turnaban en la administración municipal. El resto de la población estaba integrado por viajeros, comerciantes, empleados e inmigrantes portugueses. Entre 1590 y 1610 empezaron a sentirse los estertores de la encomienda y, en 1718, fue suprimida definitivamente en la Nueva Granada.

La encomienda fue una institución diseñada y puesta en práctica con el ánimo arrasador y de sobreexplotación de los conquistadores. Fue pensada para extraer el máximo de ganancias en el corto plazo. No es gratuito que su declive haya coincidido con la desaparición de la última generación de conquistadores. Hacia 1610, cuando se había dado la normalización del tributo, la creación del concierto indígena y la distribución del resguardo, la encomienda se debilitó.

Un hecho importante que se puede tomar como indicio del agotamiento del período de conquista y, al mismo tiempo, como afirmación del período de colonización, lo constituye la formulación de las leyes del 20 de noviembre de 1542 por Carlos V. Luego de una larga ausencia de la Península Ibérica en la que estuvo desconectado de los problemas de las colonias españolas en América, Carlos V regresa y se encuentra con numerosas quejas acerca de la sobre-explotación de los indígenas en el sistema de la encomienda y del escandaloso descenso de la población a causa de la misma. Decide entonces promulgar nuevas leyes tendientes a proteger la vida de los indígenas, desestimulando la encomienda y planteando la necesidad de su extinción. En la formulación de estas leyes no participaron los consejeros de Indias del momento, pues Carlos V los consideraba sospechosos de estar pagados por los encomenderos.

Una de las medidas que se pensó como respuesta a la desprotección del indígena en el sistema de la encomienda fue el establecimiento de los resguardos, que fueron creados en el año de 1561. La corona legitimó los pueblos de indios existentes dándoles una legislación y una organización administrativa especial. En los casos en los que la población indígena estaba desperdigada por el territorio, tomó la determinación de reunirla otorgándole un territorio determinado. Para administrar esas comunidades nombró a un corregidor, quien también se encargaba de recoger el tributo que debían pagar los indígenas a la corona; como autoridad religiosa, encargada del adoctrinamiento, nombró al cura doctrinero y, además, le dio una distinción especial al cacique indígena, como autoridad legítima de la comunidad aborigen, pero al mismo tiempo como canal de comunicación con los funcionarios españoles. Las tierras del resguardo eran de propiedad colectiva, pero estaban divididas entre las tierras de uso comunal y las tierras para usufructo de cada familia. Se prohibió expresamente que los mestizos o las castas habitaran en los resguardos, aunque con el tiempo los indígenas empezaron a arrendar algunos terrenos a españoles pobres y mestizos; y como lo señala la historiadora Margarita González, tal vez ante la necesidad que tuvieron los indígenas de contar con algunos servicios y productos que ellos no podían suplir, permitieron que algunos artesanos de origen mestizo fueran a vivir a los resguardos.

Mientras la encomienda agonizaba, a su lado florecía la hacienda. La hacienda era una unidad de producción compuesta de una gran extensión de tierra localizada alrededor de las ciudades o de las principales zonas mineras. Las había agrícolas y ganaderas. Estaban compuestas de zonas de barbecho, trojes para guardar productos de cosechas, viviendas para propietarios y administradores y chozas para los trabajadores. Durante los siglos XVI y XVII el terreno de las haciendas estuvo dividido en tres partes destinadas cada una de ellas a un uso diferente: zona de autoconsumo, zona comercial y zona de barbecho.

Durante buena parte del siglo XVI la ocupación de la tierra se dio de manera ilegal, lo que mostraba que la función administrativa del Consejo de Indias y de las reales audiencias, de los virreinatos y de los cabildos no había sido tan efectiva. Por un lado iban las reglamentaciones en materia de propiedad y tenencia de la tierra y, por el otro, la vida real. Entre 1599 y 1615 la corona decidió tomar cartas en el asunto a través del sistema de las composiciones, mediante las cuales se trataba de arreglar lo que andaba mal, de meter en cintura una parte importante de la vida económica. Este fue un proceso de grandes proporciones, pues la mayoría de las haciendas ganaderas, estancias y propiedades eclesiásticas estaban al margen de la ley. La legalización consistía en reportarse ante las autoridades y en pagar un dinero al fisco.

En la región central del actual México, gran parte de las haciendas medianas y grandes eran autosuficientes en carne, productos lácteos, cueros y sebos. Los hacendados cultivaban maíz y trigo y pagaban a los trabajadores permanentes y estacionarios con raciones de maíz. Como los hacendados detentaban el poder en los cabildos, bajo su autoridad estaba el control de los lugares de almacenamiento de los cereales, maíz y trigo, que provenían del tributo indígena; a esos lugares se les conocía como pósitos o alhóndigas. En períodos de escasez se especulaba con estas reservas. En general, el abasto de las ciudades estaba controlado por los hacendados que, al mismo tiempo, eran las autoridades municipales.

Los hacendados trataron de conservar las costumbres alimenticias españolas y terminaron por imponer una dieta europea, al traer productos, plantas y animales que hacían parte de la alimentación mediterránea. Introdujeron el ganado ovino, bovino y caballar, el trigo, el vino, el aceite y el azúcar. A propósito de la introducción del ganado, hubo numerosos conflictos entre hacendados ganaderos e indígenas, porque en determinadas épocas del año los españoles, continuando con una costumbre medieval, dejaban pastar libremente al ganado, que terminaba por invadir y destruir los sembrados indígenas. Es importante observar que debido al concepto de propiedad que tenían los indígenas, no acostumbraban cercar los terrenos, y por esa razón, fácilmente eran invadidos por el ganado de sus vecinos, los hacendados.

Tanto en la provincia de Caracas como en el Valle del Cauca encontramos haciendas a lo largo del siglo XVIII. Hacia 1684, una cuarta parte de los 172 vecinos de Caracas poseían 167 plantaciones de cacao, en las que se calcula hubo cerca de 450.000 árboles, pero también se reporta la existencia de 28 hatos. En el año de 1740, los señores del cacao pasaban de 400. Durante el siglo XVII, las haciendas del Valle del Cauca abastecieron de carne a las regiones mineras y los propietarios de los latifundios ganaderos residían en Cali, Buga, Caloto y Popayán.

Una buena parte de los trabajadores que requería la hacienda era suministrada por el sistema de repartimiento, que consistía en que la población indígena debía prestar un año de trabajo obligatorio a la corona. Este servicio podía prestarse en las ciudades, en las haciendas o en las minas. En Nueva España recibió el nombre de coatequitl y en los territorios del virreinato del Perú se usó el término quechua de mita. A los indígenas que prestaban este servicio se les debía pagar un jornal que, entre 1575 y 1610, osciló entre medio real y real y medio.

En el territorio de la Nueva Granada, al repartimiento se le denominó mita, concertaje o alquiler. Valdría la pena preguntarse por qué en la Nueva Granada fue tan generalizado el uso del término quechua, mita. Y como parte de esta inquietud, preguntarse también hasta qué punto la determinación de los Austrias de fundar sólo dos virreinatos, el de Nueva España y el del Perú, obedeció al hecho de que a la llegada de los españoles existía un nivel de comunicación y de integración entre las sociedades indígenas de los territorios que posteriormente se conocieron como Perú y Nueva Granada. Recordemos que el término mita era usado por los incas para denominar el trabajo obligatorio antes de la llegada de los españoles.

Por lo general, cuando se leen las historias sobre la estructura administrativa colonial española en América escritas hasta el momento, se observa que están recargadas de descripción y enumeración, pero que ha habido poco análisis. Un ejemplo de ello es que se registra la fundación de cuatro virreinatos con sus respectivas fechas, pero no parece haber preocupación o curiosidad por establecer el grado de eficacia de esas unidades político-administrativas, ni por indagar los motivos que tuvo la familia de los Austrias para no fundar sino dos virreinatos, y que sólo hasta el siglo XVIII, motivada por el interés de mejorar la administración de las colonias, la familia Borbón decide fundar dos nuevos virreinatos.

A finales del siglo XVII hubo protestas de los hacendados contra el sistema de repartimiento, pues consideraban que la mano de obra obtenida por esta vía era inestable y no proporcionaba los rendimientos adecuados. Es de suponer que al finalizar cada año, cuando llegaba un nuevo grupo de trabajadores mitayos, el hacendado tenía que plantearse nuevamente el problema de entrenarlos, y que de manera reiterada veía que bajo este sistema era imposible organizar adecuadamente la producción de la hacienda. Los hacendados pedían mano de obra libre. El sistema de repartimiento o mita se inició en el año de 1609. La historiadora Margarita González plantea que en el Nuevo Reino de Granada la mita se generalizó a partir del año 1657.

Al terminar el año de trabajo obligatorio, algunos de los mitayos decidían quedarse en las minas, ciudades o haciendas como trabajadores libres. Por esta vía se fue conformando un grupo de mano de obra libre que fue muy útil para los hacendados. Los dueños de las haciendas pagaron tributos anuales a la Real Hacienda por la mano de obra residente y también hacían pagos a la Iglesia por nacimientos, matrimonios y defunciones.

El concepto de mano de obra libre y asalariada fue entendido de una manera bastante particular en la época. Los hacendados requerían mano de obra libre de manera permanente, pero al mismo tiempo buscaban retener a los trabajadores por todos los medios. Necesitaban un grupo entrenado de trabajadores que estuviera dispuesto a quedarse para regularizar la producción y para evitar los azares y dificultades que existían en el mercado laboral. Durante los siglos XVII y XVIII, con el objeto de retener a los trabajadores, los hacendados de México central recurrieron a no aceptar la cancelación de deudas, a aplazar los pagos de los salarios y a manipular los libros de raya, en los que figuraban las deudas de trabajadores por artículos de primera necesidad. La mano de obra libre era variada desde el punto de vista étnico; estaba compuesta por españoles pobres, afroamericanos libres e indígenas que habían decidido no volver a sus pueblos.

Los hacendados de los siglos XVI y XVII necesitaron dinero en efectivo para la siembra, la compra o alquiler de aperos de labranza, para construir cercas, presas o graneros y para el pago de trabajadores estacionales; por lo tanto, debieron solicitar créditos a mineros, comerciantes, funcionarios y miembros de la Iglesia. Como se verá más adelante, las comunidades religiosas acumularon dinero y propiedades a través del sistema de las capellanías, y se convirtieron en una opción de crédito importante para el desarrollo de la actividad económica a lo largo del período colonial.

LA BÚSQUEDA DE EL DORADO

Hacia 1540, después de que los españoles saquearon el oro que los indígenas habían extraído antes de 1492, el codiciado metal se agotó en Nueva España y Perú. Las esperanzas de encontrar oro renacieron cuando fueron localizados algunos yacimientos en las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, en territorio de la Nueva Granada. El historiador colombiano Germán Colmenares señala que en la Nueva Granada el ciclo del oro se dio en dos etapas. La primera, entre 1550 y 1630, estuvo localizada en las regiones de Santafé, Pamplona, Tocaima, Venadillo, Victoria, Remedios, Antioquia, Cartago y Popayán. En este período la extracción del metal fue posible mediante el sistema de la encomienda. Después de un período de recesión entre los años 1640 y 1680, la segunda etapa se dio entre los años 1680 y 1800 bajo la supervisión de Popayán y tuvo como eje la región del Chocó.

La mayor parte del oro que se encontró en la Nueva Granada procedía de aluviones localizados en Popayán, Antioquia y Chocó. El oro de veta fue hallado en Pamplona, Anserma, Cartago, Marmato, el cerro de Buriticá y algunas explotaciones cerca de Popayán y Almaguer.

La minería estimuló el desarrollo de la economía haciendo surgir poblaciones en lugares inhóspitos; este fue el caso del litoral neogranadino sobre la costa del Océano Pacífico. Lugares que se encontraban incomunicados con territorios vecinos entraron en contacto con sitios lejanos al otro lado del océano. De España llegaron tejidos, vino y hierro; de Oriente, sedas y especias, y de África, mano de obra esclava, que relevaría al indígena en la dura labor de la extracción del metal. Durante el segundo ciclo del oro en la Nueva Granada se recibieron tres asientos, grupos de esclavos africanos que eran negociados por un tratante que había sido favorecido con un permiso de la corona para desempeñarse en esos menesteres. Entre 1696 y 1743 Popayán fue la encargada de recibir tres grupos de esclavos que fueron traídos por la Compañía de los Portugueses, la Compañía Francesa de Guinea y la Compañía de los Mares del Sur.

Dado que Nueva Granada no contó con una ceca, o casa de la moneda, lugar donde se fundía y acuñaba el metal, hasta bien entrado el período colonial, en algunas ocasiones el contrabando del metal se vio favorecido porque salía de la mina o del aluvión sin ser debidamente registrado y entraba en los circuitos comerciales sin mayor problema. Así, hacia 1573, Pamplona comerciaba oro en polvo, cuya falta de registro le evitaba el pago de los derechos reales.

Durante el siglo XVI la corona ejerció el control de la administración y explotación de minas, reservándose una parte de todo nuevo filón. La minería fue considerada una especie de empresa estatal; se ejerció un control severo de los derechos reales y de los permisos de reclutamiento de mano de obra. Este control fue más estricto en el caso de las minas de plata y mercurio en Nueva España y el Alto Perú que en la Nueva Granada, tal vez porque las primeras representaban una mayor entrada económica para la corona.

A mediados del siglo XVI, la corona se topó con las dos regiones mineras que se convertirían en las más productivas de sus colonias en América: Zacatecas, al norte de México, y Potosí, en el Alto Perú. El filón de plata de Zacatecas fue hallado en 1546 y el de Potosí en 1545. Si bien la leyenda de El Dorado sirvió de norte a los primeros conquistadores, llenándolos de arrojo y de codicia, sentimientos que permitieron hacer frente a geografías y culturas desconocidas, es el hallazgo de importantes yacimientos de plata lo que permitirá a la corona paliar las duras crisis financieras por las que atravesaba.

En Potosí se encontraron filones a 4.800 metros de altura, y fue tanto su rendimiento que esa población minera llegó a albergar cerca de 100.000 personas a finales del siglo XVI. Entre 1575 y 1600 Potosí produjo la mitad de la plata en territorio hispanoamericano. Por varias décadas, a pesar de las dificultades geográficas para acceder a él, se constituyó en el epicentro de la economía colonial. Los aviadores o mercaderes de la plata desarrollaron una labor incesante en torno a Potosí. Las tres primeras cecas o casas de la moneda se crearon en aquellos lugares que tenían una mayor producción de metales: Potosí, Nueva España y Lima. Había dos rutas para el comercio de la plata: la más larga salía por Lima y atravesaba Panamá; la otra, pasaba por Buenos Aires hasta Río de Janeiro, se dirigía a Lisboa o tomaba rumbo hacia India y China.

La segunda región productora de plata fue encontrada en Nueva España, en Zacatecas, territorio habitado por grupos indígenas belicosos y seminómadas. Este filón de plata debió ser explotado por mano de obra asalariada, pues allí fue imposible establecer el sistema de trabajo forzado o coatequitl. En la segunda mitad del siglo XVI llegaron a instalarse cerca de 1.500 españoles en Zacatecas, formando así una población heterogénea compuesta por indios, africanos y mestizos. En la Nueva Granada, en 1574, fue descubierta la mina de plata de Mariquita, población que a mediados del siglo XVIII se convertiría en la sede de la Expedición Botánica, por la bondad de su clima, la riqueza de su vegetación y su vecindad con el río Magdalena y el puerto de Honda. En Mariquita se estableció una casa de la moneda.

Hacia 1563, en la región de Huancavélica, en el centro del Perú, fueron descubiertas minas de mercurio.[1] La corona española obtenía el mercurio de tres fuentes distintas: Almadén, al sur de España, Idrija, en Eslovenia y Huancavélica, en el Perú. Las minas de mercurio de Almadén abastecían a Nueva España, las de Huancavélica, a Suramérica, e Idrija suplía las necesidades de mercurio cuando escaseaba en Nueva España o en España.

Se denominaba mita minera al sistema de reclutamiento forzoso de mano de obra indígena para desempeñar labores en los lugares de extracción de minerales. La población indígena estaba obligada a trabajar en la agricultura, en la minería y en las construcciones urbanas por períodos de un año, a cambio de un exiguo salario. Las dos más grandes mitas mineras existentes en el período colonial español fueron la de Potosí y la de Huancavélica. En 1572 el virrey Toledo estableció la mita minera de Potosí, para la cual reclutó indígenas varones de entre 18 y 50 años pertenecientes a dieciséis provincias. Al proceso de reclutamiento se le denominaba leva. Potosí llegó a concentrar hasta 13.500 trabajadores mitayos en un año. Al terminar el servicio obligatorio, muchos trabajadores decidían permanecer en las minas desempeñándose como trabajadores asalariados. Por este camino, se formó un contingente de mineros profesionales que terminó alejándose de sus pueblos de origen y asimilando las costumbres españolas. La mita minera de Huancavélica, segunda en tamaño después de la de Potosí, hacia el año de 1620 reunía una población de 2.200 indígenas en servicio por un año. Las condiciones de trabajo en esas minas ponían en peligro la vida de los mitayos, por los vapores tóxicos y las rocas blandas.

A pesar de los controles existentes sobre la economía minera por parte de la corona —una parte de cada nuevo filón era propiedad de la corona y las minas de mercurio de Almadén y Huancavélica pertenecían al rey—, la corona, en concreto el Consejo de Hacienda, se quejó en varias ocasiones de que la remesa de plata proveniente de las colonias había disminuido. En 1618, la corona acusaba a los virreyes de malgastar las ganancias en metal e impedir el flujo del mismo hacia España. Los virreyes se defendían aduciendo gastos extras como la financiación de la guerra contra los corsarios o el sostenimiento de los ejércitos que estaban encargados de someter a los indios araucanos de Chile.

Para comprender el grado de importancia y el nivel de desarrollo que alcanzó la economía minera de la Nueva Granada en la época colonial, es necesario ubicarla en el contexto de la América española, e intentar contrastar los niveles de producción, el tamaño de los grupos de trabajadores que se ocuparon de ese oficio, la permanencia en el tiempo de las explotaciones, los circuitos de abastecimiento y de comercialización de los minerales, entre otros aspectos. Los estudios realizados hasta el momento se han limitado a examinar el contexto interno, local, sin mostrar mayor interés por lo que ocurría en las regiones vecinas a ese nivel. Tal enfoque, necesario tal vez en una primera etapa de los estudios coloniales, ha conducido a visiones un tanto distorsionadas. Indagar por el nivel de la producción de oro y plata en la Nueva Granada constituye un deber para los historiadores de ese período, pero quedarse confinado en una mirada local y no entrar a establecer comparaciones con otras regiones coloniales de América puede crear falsas imágenes. Una de ellas, la de que la producción de oro de la Nueva Granada fue trascendental para la economía colonial, desconociendo el volumen y la trascendencia que tuvo la producción de plata en Nueva España y en el Alto Perú en comparación con los bajos volúmenes de explotación del oro.

El estudio de la economía minera colonial no ha sido fácil, porque no existen fuentes documentales suficientes para intentar responder preguntas cruciales como la relacionada con los volúmenes de producción de oro y plata. Se cuenta con los registros de recepción de derechos reales elaborados por las oficinas de tesorería, o con registros de acuñación, pero parece imposible, a partir de ellos, elaborar series de precios o de salarios. Otro factor que dificulta la investigación tiene que ver con las enormes proporciones que tuvo el contrabando en la época. No todo el metal, oro y plata, llegó a ser debidamente registrado, ni siguió los circuitos comerciales establecidos por los españoles. En el caso de la plata, la ruta Potosí-Salta-Tucumán-Buenos Aires condujo importantes cantidades de metal de manera clandestina.

Los historiadores han contado con algunos indicios para llegar a la conclusión de que durante el período colonial la producción de plata llegó a tener mayor trascendencia económica que la del oro. La decisión de la Casa de los Austrias de instaurar sólo dos virreinatos entre 1500 y 1717 en las colonias españolas parece haberse tomado teniendo en cuenta las regiones de mayor importancia para la economía minera colonial, es decir, las regiones de mayor producción de plata: Nueva España y Potosí. El otro indicio tiene que ver con el tamaño de las ciudades de la época, con su densidad de población, su importancia económica y política; dichas ciudades fueron Ciudad de México, Potosí y Lima.

PIRATAS Y CORSARIOS, REMORAS DEL COMERCIO COLONIAL

A lo largo del siglo XVI, el proceso de colonización de las tierras americanas por parte de la corona española supuso una intensa circulación de personas, animales, plantas y productos por el Océano Atlántico desde Europa hacia América. En 1532 cada barco que partía de España debía traer semillas, animales domésticos y plantas. Con el tiempo y a medida que los españoles se fueron familiarizando con la geografía y la vegetación americanas, se inició un comercio en sentido contrario, que salía desde América llevando barcos cargados de mandioca, patata, calabaza, maíz y fríjoles. Desde el viejo continente llegaban aceitunas, cáñamo y vino.

Tan pronto se tuvo noticia en el resto de Europa del hallazgo llevado a cabo por los españoles en tierras americanas, el comercio y la comunicación a través del Atlántico se fueron tornando cada vez más complicados. Holandeses, ingleses y franceses enfilaron sus flotas rumbo a América, y durante los siglos XVI y XVII estuvieron al acecho de cualquier oportunidad. El contrabando y la piratería se pusieron a la orden del día. Teniendo en cuenta las enormes dificultades que debía afrontar el comercio por el océano, los españoles comprendieron pronto que sólo los productos que tuviesen un valor elevado con respecto a su peso y volumen justificaban el viaje: especias, colorantes naturales y metales preciosos.

Si bien existieron varias categorías de mercaderes en la época colonial, no puede negarse que estos individuos, como dice el poema de Antonio Machado, hicieron camino al andar. A pesar de que los indígenas comerciaban entre sí antes de la llegada de los españoles, los comerciantes españoles extendieron e institucionalizaron diversas rutas comerciales al establecer un intercambio de productos entre Europa y América, derrotando en el desarrollo de su actividad la variedad de obstáculos que encontraron.

A finales del siglo XVI, el comercio de Tunja estaba bastante organizado, y era posible ubicar allí cuatro tipos de mercaderes. En la cumbre del sistema comercial se localizaban los quince mercaderes encargados de comerciar con España; importaban objetos finos y de lujo, tejidos finos pero también modestos. El segundo lugar lo ocupaban los mercaderes encargados de comerciar en el territorio de la Nueva Granada, para cuya labor disponían de caballos y mulas; hacían circular frazadas, sandalias, artículos de piel y harina. El tercer lugar lo ocupaban los mercaderes locales, criollos y mestizos, que dos veces por semana abastecían a la región de algodón y cerámicas elaboradas por los indios. El último renglón de la pirámide comercial estaba ocupado por los tratantes mestizos, indios y mulatos que distribuían mercancías en las comunidades indígenas.

Entre los mercaderes que tenían un radio de acción más amplio encontramos dos grupos: los mercaderes de la carrera y los comerciantes al por mayor. Los primeros eran españoles avecindados en Cartagena, Santafé, Mompox, Tunja, Honda, Popayán y Quito. Desde el siglo XVI, llegaron a disponer de 100.000 pesos de plata. Los comerciantes al por mayor carecían de la distinción social que tenían los de la carrera, pero llegaron a tener un amplio conocimiento de las rutas y del oficio porque eran mucho más dinámicos.

A pesar de que antes del siglo XVIII existió una permanente prohibición del comercio intercolonial, las diferentes regiones y ciudades coloniales se las arreglaron para intercambiar productos entre sí. La ciudad costera de Lima importaba trigo de Chile, y maderas, cordaje y brea de Guayaquil. Quito exportó tejidos a Potosí y Popayán, y recibió de Perú vino y plata. Hubo una ruta clandestina hacia Europa que partía de Potosí y atravesaba Salta, Tucumán y Buenos Aires. Desde Tucumán enviaban a Potosí caballos y mulas.

Los comerciantes de los siglos XVI y XVII se vieron conminados a combinar su labor con otras ocupaciones y negocios. Es posible que la imposibilidad de comerciar de manera fluida, por los peligros que acechaban en el océano, haya hecho que los comerciantes decidieran hacer inversiones en minas y haciendas. También ocurrió que los funcionarios de la corona, como fue el caso de los oidores, tal vez por los bajos salarios que recibían y por el nivel de vida al que aspiraban, fueron acusados de buscar el lucro en el comercio. A lo largo del siglo XVIII, y gracias a la política de los Borbones, el sector de los comerciantes adquirió mayor prestigio en el mundo económico colonial. En ciudades como Veracruz, Buenos Aires, Caracas y La Habana hubo familias que se dedicaron al comercio durante tres generaciones consecutivas, y empezó a apreciarse cierto grado de cosmopolitismo entre quienes se dedicaban a esa labor.

Los mestizos, indios y mulatos comerciaban empleando el trueque o la moneda sustituta. En el Alto Perú utilizaron la hoja de coca y en Venezuela y Costa Rica, los granos de cacao. A mediados del siglo XVI, en Nueva España circuló el tipuzque, moneda azteca que continuó vigente después de la conquista, mezcla de oro con cobre. El proceso de acuñación se inició alrededor de 1535 en Nueva España y Perú. A lo largo del período colonial, la moneda peruana estuvo bajo sospecha porque se adulteraba la plata con plomo y estaño; por esa razón, se aceptaba moneda falsa con un tipo de descuento. Los restos de moneda adulterada en Perú fueron introducidos en comunidades afroamericanas e indias, moneda que, finalmente, iba a parar a las arcas españolas en forma de tributo.

En épocas de crisis monetaria en las colonias, se usaba el trueque y la moneda sustituta; esto hacía que se acortaran las rutas comerciales y que disminuyera la seguridad del mercado. Cuando la buena moneda era abundante se extendía el comercio de larga distancia. Por esa razón, se considera que el nivel de acuñación de la plata y las condiciones en que se llevaba a cabo son indicadores seguros para establecer el estado de la economía en general.

A pesar de la enorme inseguridad que reinaba en el océano por el acecho de piratas y bucaneros, la corona continuó delineando su política tributaria, esta vez sobre el comercio de los productos. En 1592 creó el impuesto sobre las ventas o alcabala, que equivalía al cobro de un dos por ciento sobre el precio de venta de los artículos. La medida se acompañó de una fortificación militar del comercio marítimo. Fue así como se introdujo el sistema de flotas armadas. El impuesto de la alcabala había existido en Castilla antes del arribo de los españoles a América.

Durante los siglos XVI y XVII, la corona española debió afrontar un enorme desafío, que no provenía únicamente de las dificultades para mantener el control de las tierras usurpadas en América, sino también del acecho permanente de Holanda e Inglaterra en el océano, acecho ejercido bajo la forma de flotas armadas, de corsarios y de bucaneros. En el año de 1580 se cumplió un viejo anhelo de la corona española: la unificación de la Península Ibérica, mediante el acceso al trono de Portugal por parte de Felipe II. El poder de España creció al disponer de un nuevo e importante puerto en Europa, Lisboa, pero también ensanchó sus dominios en América, al lograr el control del territorio del Brasil que, para ese momento, ya estaba en manos de los portugueses.

Hacia 1590 el comercio proveniente de América representaba el 20% de los ingresos totales de España. Además, el capital líquido en forma de plata era demandado por banqueros alemanes y genoveses. Para conservar y mejorar esas perspectivas económicas, el reto de la corona española consistía en mantener bajo control a los poderes europeos que la acechaban en el océano. Pese a todo, y a pesar de las precauciones militares tomadas, la flota española fue capturada por los holandeses en 1628 y luego por los ingleses en el año de 1657.

El acrecentamiento del poder logrado mediante la ampliación de los territorios americanos bajo su dominio trajo nuevos dolores de cabeza a los españoles. Entre 1624 y 1630 España debió afrontar una dura disputa con Holanda por el dominio del territorio brasileño. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales tomó Bahía en 1624; acto seguido, españoles y portugueses desalojaron a los holandeses en 1625. Cinco años más tarde, en 1630, los holandeses organizaron una nueva invasión del territorio del Brasil.

El incremento de los desafíos afrontados por España a partir del momento en que Portugal y Brasil entraron bajo sus dominios, hizo que sus energías limitadas se concentraran en los asuntos relacionados con el aseguramiento del poder en territorio del Brasil. En estas décadas, y sin que pudiera evitarlo, España descuidó el control directo sobre las colonias ya establecidas, situación que aprovecharon las élites locales para consumar procesos de apropiación de tierras. Si bien el control fiscal se seguía ejerciendo por parte de los funcionarios de la corona, en otros aspectos se apreciaba cierto abandono por parte de España. Entre 1620 y 1650, las colonias españolas experimentaron cierto grado de independencia; pero sobre todo, los funcionarios y los grupos locales de poder económico vieron la oportunidad para hacer valer con mayor fuerza sus intereses particulares.

Los portugueses, que no se encontraban a gusto con el dominio reciente por parte de los españoles, aprovecharon los resquicios de debilidad de la corona para declarar su independencia en 1640. Por esta vía, España perdió definitivamente el dominio sobre el territorio del Brasil, y tuvo que volver a lo suyo: recuperar el control de los territorios coloniales que había dominado con sus propias fuerzas.

En las décadas que transcurrieron entre el acceso al trono de Portugal por parte de España, en 1580, y la independencia de Portugal en 1640, los piratas y bucaneros se dedicaron a atacar las zonas costeras de las colonias españolas. El Nuevo Reino de Granada fue víctima en varias ocasiones de esas incursiones, pero en el período mencionado se recuerda especialmente la toma de Cartagena por Francis Drake en 1586 y la de Riohacha en 1595. En las dos ocasiones, la corona, con el objeto de impulsar la reconstrucción de estas poblaciones, las eximió del pago de algunos impuestos y promovió el traslado de familias desde España para consolidar de nuevo los asentamientos.

Con el advenimiento de la familia Borbón al trono español, en 1700, llegaron aires de renovación a las colonias españolas. Con Felipe V a la cabeza, los Borbones se mostraron decididos a mejorar el sistema de administración colonial, haciendo un esfuerzo por racionalizar la gestión del Estado. El comercio intercolonial, prohibido bajo los Austrias, fue permitido y alentado por los Borbones, quienes tomaron las medidas necesarias para que fuese posible la intensificación de la producción minera, y de materias primas como la quina, la madera, el tabaco y el azúcar, al tiempo que reorganizaron la hacienda y el recaudo de impuestos. A partir de 1714, Felipe V reestructuró el gobierno de Indias, siguiendo el modelo de la administración francesa. El organismo máximo del gobierno colonial durante los dos siglos anteriores, el Consejo de Indias, perdió funciones y fue transformado en un órgano consultivo.

Con el objeto de obtener mayor control económico y administrativo sobre las colonias, la corona decidió otorgar una amnistía a los comerciantes, pues era sabido que el contrabando se había convertido en la forma normal de abastecimiento en los albores del siglo XVIII. En territorio del Nuevo Reino de Granada, entre 1710 y 1713, la corona otorgó un indulto a algunos de los comerciantes más poderosos. Entre los indultados figuraban Agustín de Londoño y Trasmiera, uno de los comerciantes más ricos de Santafé, y José Tafur de Valenzuela, quien había administrado la Real Hacienda en Santa Marta.

EL PATRONATO ECLESIÁSTICO

La empresa de conquista y colonización de los territorios americanos por parte de la corona de Castilla fue llevada a cabo gracias a un Estado colonial bicéfalo en el que una de las cabezas era la corona, o parte civil, y la otra la Iglesia católica; un Estado con dos caras, que en ocasiones se reconocían mutuamente y en otras renegaban de su parentesco, pero que en últimas sabían que eran parte de un todo indisoluble.

¿Por qué la corona de Castilla se asoció con la Iglesia católica para la empresa de la conquista? Entre 1350 y 1550, Europa Occidental se encontraba en un período de transición entre dos épocas, que más tarde serían conocidas bajo los nombres de Edad Media y Edad Moderna. Ese período de transición tenía todavía, en muchos aspectos, las características de la época que se empezaba a superar, y uno de los aspectos que se conservaba en toda su plenitud era la profunda influencia de la esfera religiosa sobre los demás asuntos de la vida social. La Edad Media, según lo han reconocido historiadores medievales europeos como Jacques Le Goff o Georges Duby, entre otros, se caracterizó porque la actividad religiosa hizo las veces de columna vertebral, integradora de todas las demás actividades. Durante los dos siglos mencionados, el territorio de Europa Occidental estuvo cubierto por un halo religioso que apenas empezó a ser disipado en los inicios del siglo XVI con el surgimiento de la reforma protestante liderada desde Alemania por el monje católico Martín Lutero. Sin que ese haya sido su propósito, el luteranismo contribuyó a la laicización de la sociedad de su época al rescatar la necesidad y la posibilidad que tenían los individuos de establecer una relación directa con Dios, para la cual no había necesidad de mediaciones.

Durante el siglo XVI, y mientras en Europa Occidental se iba consolidando la reforma protestante, España, profundamente católica, se encontraba embarcada en la empresa de terminar la conquista y adelantar el proceso de colonización en el territorio americano. Como lo han señalado los historiadores Ruggiero Romano y Alberto Tenenti, el nivel de influencia de la esfera religiosa sobre la vida en general no tenía que ver únicamente con el predominio de ciertos ritos y creencias, sino con el hecho de que el arte, la filosofía y aún la economía y la política eran vistas a través de un velo religioso. En el momento de la conquista, la corona de Castilla actuaba impelida por el influjo de varias fuerzas que también hacían parte de la atmósfera cultural del resto de Europa. De un lado, actuaba para contribuir a construir un mercado mundial; de otro, cuidaba los intereses de la corona, y de otro, se preocupaba por su deber de difundir y afianzar la fe católica.

Para quienes observamos la historia de esos siglos, desde una época en la cual la esfera religiosa ha disminuido su radio de influencia sobre los demás aspectos de la vida —recordemos que desde la Revolución Francesa, al menos en teoría, las creencias religiosas se convirtieron en asunto de la vida privada de los individuos—, no es fácil comprender la mentalidad que gobernaba los actos de los hombres y mujeres de esos días. Nos esforzamos pero no lo logramos del todo. Ese esfuerzo infructuoso se ha hecho evidente en las diversas interpretaciones de los historiadores sobre los mecanismos de funcionamiento de la sociedad de la época. Se termina por ver a la España de los siglos XV, XVI y XVII con los ojos de un espectador del siglo XXI, que no comprende cómo una visión religiosa puede afectar profundamente no sólo la actividad social, sino también los campos de la economía y de la política. Se nos ha olvidado hacer una pregunta clave, cuya respuesta permitiría entender mejor la época estudiada: ¿qué significaba ser cristiano en la España y en la Europa Occidental de los siglos XV, XVI y XVII?

Hubo varias maneras de ser cristiano en el período mencionado. Para empezar, sería necesario considerar que debido a las críticas profundas que planteó la reforma protestante a la Iglesia como institución, se generó una nueva manera de concebir y practicar la religión que logró extenderse a amplios sectores de la población. El cristianismo no volvió a ser el mismo después de la reforma protestante, aunque sí hubo sectores de fieles y de miembros del clero regular que hicieron oídos sordos a lo planteado, reafirmándose en las formas ortodoxas de ver y de vivir la religión. Si bien el protestantismo no llegó como movimiento a las colonias españolas durante la primera etapa de conquista y de colonización, es preciso señalar que el hecho de vivir en América y de tener que enfrentar una relación con culturas diferentes, indígena y africana, hizo que los españoles residentes en América tuvieran que enfrentar cotidianamente asuntos de carácter ético y moral que sus conciudadanos en la península nunca llegaron a imaginar. No era lo mismo ser cristiano en la España del siglo XVI que serlo en las colonias españolas en la misma época. Para continuar por el camino de las diferencias, el cristianismo del indígena catequizado en el siglo XVI fue diferente al cristianismo vivido por los españoles que llegaron a residir en América.

¿Por qué la corona de Castilla se apoyó en el patronato eclesiástico para llevar a cabo la empresa de conquista y de colonización? Se pueden aducir razones de cálculo económico y de sagacidad política como explicaciones posibles; sin embargo, aunque seguramente esos factores contaron, lo cierto es que la España que conquistó a América era profundamente católica, hasta el punto de no olvidar sus deberes de lealtad con la institución religiosa. De todos modos, hubo algo más. Si la corona se sentía comprometida con la Iglesia católica, ¿por qué no optó simplemente por coordinar la empresa con el papado, sino que buscó y encontró la fórmula que le permitió controlar directamente la intervención de la Iglesia en América? Tanto la corona como la Iglesia católica tenían intereses terrenales y las dos eran conscientes de ello. La corona se apoyó en la bula de 1486, por la cual se le autorizaba para hacer los nombramientos eclesiásticos en el reino morisco de Granada a cambio de la difusión del catolicismo como un precedente que le permitía repetir la fórmula en tierras americanas. Posteriormente, una bula de 1493, firmada por el papa Alejandro VI, confirió el gobierno y la jurisdicción de las nuevas tierras descubiertas a los reyes de Castilla y León, y luego una bula de 1501, ampliada en 1510 y 1511, otorgó a la corona la administración de los diezmos recaudados en Indias. Al acuerdo establecido entre la corona y el pontificado, en el que la primera se encargaba de difundir la fe en los nuevos territorios, mientras el segundo le otorgaba el poder de administrar las funciones eclesiásticas, se le denominó patronato eclesiástico. Apoyándose en ese acuerdo, en 1524 el Consejo de Indias se reservó el derecho de presentar candidatos eclesiásticos en todos los niveles, se responsabilizó de pagar salarios a los funcionarios eclesiásticos, de construir iglesias, monasterios, catedrales, hospicios y hospitales en América. Siendo consecuente con esa política, en 1538 la corona de Castilla ordenó que toda la comunicación entre Roma e Indias debía pasar antes por el filtro del Consejo de Indias.

Al iniciarse el proceso de colonización, la corona española invitó a cuatro órdenes mendicantes para que asumieran la tarea de cristianización del Nuevo Mundo. Como se sabe, las órdenes mendicantes eran conocidas por sus votos de pobreza, por su entrega a la causa espiritual, en contraste con aquellas órdenes que durante la época medieval habían demostrado un excesivo celo por las riquezas materiales. Dominicos, agustinos, franciscanos y carmelitas fueron arribando a América con la tarea de propagar la fe católica. Los franciscanos llegaron a México en 1524 y a Perú diez años más tarde. Durante los siglos XVI y XVII, la corona se apoyó en el cargo del cura doctrinero para llevar a cabo las tareas de enseñar la doctrina cristiana, administrar los sacramentos y acostumbrar a los indígenas a acatar a las autoridades españolas.

La labor de las comunidades religiosas fue trascendental para los propósitos de la corona de Castilla. Los curas no sólo enseñaron la doctrina sino que se convirtieron en difusores de una cultura. Para ganar adeptos para el cristianismo, había que establecer un puente de comunicación con los indios, aprender su lengua, enseñar el español, ganarse su confianza compartiendo con ellos las preocupaciones de la vida cotidiana. Los curas se arremangaron el hábito y pusieron en práctica sus conocimientos en técnicas agrícolas y de regadío. Cada misión, convento, monasterio y pueblo de indios vio nacer un huerto de árboles frutales, fue testigo de la incorporación de diques, acequias, presas, y del incremento de tierras cultivables. A partir de esa estrecha convivencia, algunos religiosos llegaron a comprender la difícil situación del indígena explotado por el encomendero.

La última orden en arribar a las colonias españolas en América fue la de los jesuitas. Creada en 1540 bajo el influjo de la Contrarreforma y del Concilio de Trento, estaba conformada por sacerdotes cultos, cosmopolitas, conocedores de la doctrina, bastante leales al papado. De hecho, los jesuitas fueron la única orden que no se sometió del todo a las condiciones del patronato eclesiástico, pues mantuvieron un canal directo de comunicación con Roma mientras estuvieron en América. El modelo de evangelización que desarrollaron se basaba en la idea de que había que difundir la fe sin alterar la estructura social y económica de los indígenas; consideraban que se debía crear un sacerdocio nativo. Sin embargo, lo más cerca que estuvieron del ideal que se propusieron se materializó en las llamadas reducciones, comunidades indígenas congregadas bajo la protección de la orden, que se opuso siempre a que los indígenas fueran explotados económicamente por los particulares españoles o por la corona. La reducción fue diferente al resguardo, porque el segundo permitió la explotación de la mano de obra indígena al establecer semáforo en verde para las levas que requería la mita, mientras que la reducción se planteó como un modelo económico y social al servicio de las comunidades indígenas. Entre 1609 y 1767, en el territorio que se extendía entre el noreste argentino y el sureste brasilero, el actual Paraguay, llegó a haber misiones o reducciones jesuíticas, las cuales reunían alrededor de 130.000 indígenas.

En el siglo XVI, la corona de Castilla se dio a la tarea de delinear las jurisdicciones de los obispados y arzobispados en las colonias españolas; acto seguido se ocupó de los nombramientos y de la definición de funciones. Pero, ¿qué significaba ese gesto? La corona, en otra época impenetrable y reacia a este tipo de intervenciones, asumía los asuntos administrativos del poder eclesiástico. Durante el siglo XV se aprecian algunos cambios en la manera de operar de la Iglesia católica como institución con intereses en todos los órdenes: político, económico, administrativo y religioso. El clero deja de actuar como miembro de un cuerpo que se coloca por encima de los intereses económicos y políticos regionales y empieza a sentir y a expresar solidaridades, que han sido vistas por algunos historiadores como prenacionales. Tal vez, la corona fue hábil en interpretar los signos que empezaban a mostrar indicios de un cambio de mentalidad al interior de la Iglesia y por fuera de ella, y por ello se atrevió a establecer una alianza con el clero peninsular.

La alianza entre el poder civil y el eclesiástico para participar en una empresa como la de la colonización no fue fácil. Sobre todo, porque en este caso el poder civil se colocaba un poco por encima del eclesiástico al atreverse a regular y controlar los niveles de participación de la Iglesia. En la práctica, los obispos y arzobispos asumieron sus funciones, se instalaron en sus jurisdicciones, y dado que en algunos casos no fue fácil establecer hasta dónde debía intervenir cada poder, como era de esperarse hubo roces continuos entre el poder civil y el eclesiástico. A la Iglesia de ese momento no sólo le preocupaban los asuntos espirituales sino que sus intereses la llevaban a intervenir también en asuntos económicos y políticos. Con el tiempo, y a medida que echaban raíces en el suelo americano, los miembros del clero, y sobre todo los que ocupaban altos cargos, fueron cooptados por las familias con poder económico y con prestigio social dentro de las colonias.

En la práctica, las tareas del Estado bicéfalo colonial se complicaron enormemente, porque se trataba de actuar con una doble estructura administrativa, civil y eclesiástica, que la mayoría de las veces terminaba siendo inoperante. Podría decirse que estos problemas se tornaron más graves durante la primera etapa de la colonización, pero que luego, en la medida en que se fueron consolidando los núcleos del poder civil en cada región, también se definieron las células del poder eclesiástico. Y todo se fue acomodando de tal manera que cada vez se hicieron menos frecuentes los cruces de cables. Las alianzas familiares y los núcleos de poder mixtos fueron la solución.

Durante la época colonial, el obispado fue concebido como un centro administrativo autónomo, ocupado de tareas como la sacramentalización, la legislación sinodal y la función judicial de la Iglesia; pero también actuó en todos los niveles de la administración civil. La primera diócesis que se instauró en América fue la de Santo Domingo en el año de 1504, y hacia mediados del siglo XVI ya estaban definidas casi todas las diócesis en las colonias. La última diócesis que se fundó fue la de Buenos Aires en el año de 1620. En el ámbito urbano la unidad administrativa eclesiástica fue la parroquia, concepto que tuvo su origen en la antigua Roma y que fue ratificado como célula básica por el Concilio de Trento.

A lo largo del siglo XVI hubo constantes conflictos entre los funcionarios de las esferas civil y eclesiástica. En el Nuevo Reino de Granada la llegada de franciscanos y dominicos produjo roces entre las dos esferas, porque los religiosos se quejaban de que había maltrato de los indios o de que los diezmos no se repartían adecuadamente. Con frecuencia el obispo de turno entraba en pleitos con los oidores de la Real Audiencia. En 1562, el obispo Juan de Barrios decidió viajar a España para exponer ante el Consejo de Indias los motivos de su conflicto con los oidores de Santafé, pero el Consejo de Indias no le autorizó el viaje.

Durante el período colonial, la jurisdicción de los obispados comprendió extensos territorios. A mediados del siglo XVI, el obispado de Santafé tenía autoridad sobre Cuenca, Quito y Popayán al sur y sobre Santa Marta, Cartagena y Panamá por el norte. Riohacha perteneció al obispado de Santo Domingo hasta que se creó el obispado de Santa Marta.

La corona española le reconoció algunas prerrogativas económicas a la Iglesia católica, y una de ellas fue el cobro de dos impuestos: el diezmo y la santa cruzada. El diezmo consistía en el cobro anual del diez por ciento sobre la producción agropecuaria. Este impuesto lo pagaban los agricultores propietarios de haciendas, laicos y religiosos. Entre 1620 y 1630 el fruto del diezmo osciló entre diez mil y sesenta mil pesos al año. El diezmo era recaudado por la Iglesia y a la corona le correspondía una novena parte. El resto del impuesto se invertía en los gastos de los obispados, cabildos de la catedral y en la construcción y mantenimiento de iglesias y hospitales. La santa cruzada era un impuesto recaudado por el clero y consistía en el pago de un dinero por parte de los fieles pudientes a cambio de las indulgencias, y se otorgaba cada dos años. La indulgencia estaba ligada al sacramento de la confesión y consistía en el perdón de los pecados cometidos durante un tiempo determinado a cambio de una donación.

HACENDADOS, MINEROS Y COMERCIANTES

Para empezar a comprender una época, para entender los rasgos peculiares y los mecanismos de funcionamiento de una sociedad o de una cultura, vale la pena detenerse a examinar los gestos y las imágenes que se repiten. Durante la época colonial, era frecuente ver a hacendados, mineros y comerciantes haciendo donaciones significativas a comunidades religiosas, hospitales, conventos, hospicios, etc. También era frecuente que personas con poder económico decidieran fundar una capellanía a la hora de redactar su testamento, o que desde una época temprana en su vida adulta optaran por hacer parte de una cofradía. Por lo general, los estudiosos de este período han registrado este tipo de acciones como rasgos peculiares de una sociedad singular, pero no se les ha dado mayor trascendencia.

¿Qué movía a hacendados, mineros y comerciantes, después de haber dedicado sus vidas a acrecentar cierta cantidad de propiedades y de dinero, a hacer donaciones o a fundar capellanías hacia el final de sus vidas? Vistos desde hoy, con una mirada cargada de una concepción materialista en la que predominan el cálculo, el interés, la competencia y las duras realidades económicas por encima de cualquier otra cuestión, esos gestos pueden llegar a desdibujarse, al ser interpretados de manera anacrónica. En la época de la Colonia se respiraba una atmósfera religiosa que afectaba todos los demás ámbitos de la vida. Pero como se dijo anteriormente, la fuerte presencia del elemento religioso no se debía únicamente al exceso de ritos y ceremonias, sino al hecho de que la filosofía, la mentalidad, y en general la estructura cultural estaban dominadas por lo religioso.

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cristianismo europeo pasó por un momento en el que predominó una tendencia a la burocratización de la fe. El cristianismo con sus comunidades y miembros dedicó sus energías a la edificación de una estructura jerárquica y procuró por todos los medios defender sus intereses espirituales a través de la consolidación de sus dominios terrenales. Como es normal en el proceso de construcción de instituciones humanas, hubo duras disputas internas por el poder. Un testimonio de ello lo constituyó el hecho de que entre 1378 y 1417 dos papas con sus respectivos bandos se disputaron la autoridad suprema de la Iglesia católica: Urbano VI y Clemente VII.

Al mismo tiempo que un importante sector de la cristiandad se preocupaba por la consolidación del poder temporal, se dieron algunos movimientos que llamaban a fortalecer el lado espiritual, a recobrar los principios de los primeros tiempos del cristianismo. Bernardo de Claraval, Guillermo de Occam, Eckhart y Johannes Tauler, entre otros, desde diferentes orillas invitaron a la renovación profunda del cristianismo y podría decirse que, sin proponérselo, prepararon el camino para la Reforma de Martín Lutero.

En lo referente a las manifestaciones de la fe y de la piedad, la corriente mayoritaria de la Iglesia católica se inclinó por darles peso a las prácticas exteriores por sobre los sentimientos de interiorización y de reflexión individual. Se trataba entonces de demostrar, de dar testimonio, de expresar a través de gestos que fueran visibles y significativos para los demás el grado de fe que se poseía. El otro aspecto importante a considerar es que la muerte y la vida ultraterrena se convirtieron en los hechos centrales de la vida del cristiano. Si la preocupación principal del cristiano era la muerte y lo que venía después de ella, los esfuerzos y sacrificios del creyente se concentraban en la etapa final de su vida, mientras que el resto de la vida transcurría sin mayores preocupaciones espirituales. En la segunda mitad del siglo XV, en Francia, Italia, Alemania y España fueron comunes los manuales para una buena muerte. El arte de morir, ars moriendi, se convirtió en la principal preocupación de la fe cristiana en el período mencionado.

La España que colonizó a América estaba inmersa en esa concepción de la vida y de la fe cristianas. Desde esa perspectiva es posible empezar a entender por qué hacendados, encomenderos y mineros, después de haber concentrado sus fuerzas en el acrecentamiento de sus fortunas, terminaban legando o donando una parte importante de ellas a las comunidades religiosas o a las instituciones de caridad de la época. Se trataba de salvar el alma a través de gestos públicos de fe, para que no quedase duda acerca de los sentimientos cristianos del donante. Pero el hecho de que las formas exteriores de expresión de la fe fueran importantes en la época, no significaba que tales manifestaciones careciesen de sinceridad. El temor a la muerte y la creencia en una vida ultraterrena eran sentimientos reales y profundos, y aunque la expresión de los mismos variase de un individuo a otro, hacían parte de una estructura mental colectiva.

El balance de los estudios sobre la historia de la Colonia permite concluir que está pendiente la realización de investigaciones que conduzcan a esclarecer cuál fue el peso económico que tuvieron los legados y las donaciones hechos por particulares a instituciones religiosas, a lo largo de los tres siglos que duró este período. Si bien se han hecho algunos estudios al respecto, estos son de carácter local y para períodos cortos de tiempo. A diferencia de lo que ocurre con otros aspectos de la vida colonial, en este caso se cuenta, para la investigación, con fuentes documentales como los testamentos que, por lo general, han sido bien preservadas. Desde luego, una fuente clave son los archivos eclesiásticos, a los cuales se ha tenido poco acceso, pero que ya empiezan a ser consultados.

Las comunidades religiosas se convirtieron en propietarias de grandes haciendas y de bienes inmuebles en las ciudades. Si bien no se cuenta con investigaciones que permitan establecer el volumen de las propiedades que llegaron a estar en manos del sector eclesiástico por la vía de las capellanías y de los censos, se sabe por ejemplo que durante los siglos XVI y XVII, en Perú, jesuitas y agustinos llegaron a tener el monopolio de tierras de buena calidad. A comienzos del siglo XVII, los jesuitas disponían de once haciendas azucareras de las 97 que existían en el Valle Central y en el norte del Perú, cuyo valor aproximado ascendía a 5.7 millones de pesos; tenían a su servicio alrededor de cinco mil esclavos. En 1689 los jesuitas eran propietarios de la mejor hacienda azucarera, la de Pachachaca en el Valle de Abancay. En la Nueva Granada fueron propietarios de estancias ganaderas y de haciendas productoras de azúcar y cacao.

Durante la Edad Media, en Europa Occidental algunas comunidades religiosas optaron por «apartarse del siglo», es decir, renunciaron a los intereses mundanos para dedicarse a la contemplación y a la oración; otras, como las órdenes del Cister, de Cluny y la del Temple, optaron por mezclar los asuntos divinos y humanos, y a la vez que fueron confesoras, construyeron monasterios, fueron prestamistas y se vincularon a las Cruzadas haciendo parte de ejércitos. Las comunidades religiosas que participaron en el proceso de colonización española en América también optaron por alguno de los caminos señalados. Como suele ocurrir, no siempre las comunidades fueron buenas administradoras de los legados recibidos; así lo hace saber el virrey Mendinueta, en su relación de mando a comienzos del siglo XIX. Tal vez por inexperiencia o por falta de interés, algunas comunidades no estuvieron al tanto de las reparaciones que necesitaban los bienes inmuebles que poseían en Santafé y terminaron dejándolos arruinar.

En lo que respecta a la investigación de la historia colonial, una gran variedad de temas y problemas está todavía dentro del tintero, y otros apenas han empezado a ser considerados. También ha ocurrido que se han multiplicado los lugares comunes, sin que ello signifique que una investigación exhaustiva respalde tales visiones y aseveraciones. En la relación entre economía y religiosidad valdría la pena preguntarse qué peso real tuvieron los sectores eclesiásticos en la economía colonial, y en qué medida la participación eclesiástica en los procesos económicos contribuyó a determinar un rumbo y unas características a la economía de esa época.

EL SANTO OFICIO O LA IMPORTANCIA DE PARECER BUEN CRISTIANO

En 1545, el Concilio de Trento se ocupó de dar una respuesta a las corrientes disidentes del cristianismo, cuya principal cabeza visible era Martín Lutero. En el seno del cristianismo medieval habían pervivido movimientos e individualidades inconformes con la enorme distancia existente entre el exceso de manifestaciones exteriores de fe, conjugado con el exceso de ambición por los poderes materiales, y la pobreza de la vida interior, distancia que se apreciaba no sólo en los fieles laicos sino también entre los miembros de las comunidades religiosas y en las altas esferas de la Iglesia católica. Frente al llamado de Martín Lutero a fortalecer la comunicación individual y directa con Dios, los jerarcas que participaron en el Concilio de Trento invitaron a incrementar las manifestaciones exteriores de la fe como único camino para fortalecer la creencia. No bastaba con reconocerse como cristiano sino que había que parecerlo, de tal modo que en esa suma de expresiones individuales se fortaleciera el espíritu del grupo. Se colocaba la vivencia colectiva de la religión por encima de la experiencia individual, porque se desconfiaba del individuo aislado; el individuo sin control externo tendía por naturaleza al mal. La presión del grupo ayudaría a regular los comportamientos individuales.

La corona española tuvo especial cuidado de que el movimiento de reforma protestante no arribara a las colonias en América. Si bien algunos miembros de comunidades religiosas residentes en las colonias tuvieron acceso a los libros de Erasmo y de Tomás Moro, el efecto de estas ideas fue mínimo. La Iglesia y la corona hicieron extensivas la filosofía y las determinaciones del Concilio de Trento a las colonias. El concilio recomendó reforzar las prácticas exteriores de la fe; por lo tanto, había que multiplicar las procesiones, impulsar la veneración a los santos, cultivar la devoción a las almas del purgatorio e insistir en la importancia de las indulgencias. Se determinó perseguir las prácticas religiosas clandestinas de los indígenas, pues se sabía que tenían santuarios secretos para sus ceremonias religiosas. Tanto los indígenas como los esclavos africanos y, más tarde, los afroamericanos, trataron de conservar sus creencias y cultos, resistiendo con terquedad y valentía a la imposición de las ideas y creencias de los españoles.

En su tarea de evangelización, la Iglesia católica dio especial importancia a la construcción de los lugares de culto, y estimuló la imaginación de sus nuevos adeptos mediante la difusión de íconos religiosos. Se levantaron capillas doctrineras en los pueblos de indios, así como templos, capillas y catedrales en las ciudades. La catedral de Cartagena de Indias fue iniciada en 1575 y finalizada en 1631; la catedral de Córdoba en Argentina, construida por Bianchi, arquitecto jesuita, fue iniciada en 1677 y concluida en 1729. El arte y la arquitectura recibieron un soplo de vida proveniente de la necesidad de alentar las prácticas religiosas. Los talleres de pintura como el de los Figueroa, en la Nueva Granada, tuvieron una actividad incesante. En el seno de este taller se formó el que ha llegado a ser considerado el mejor pintor colonial de la Nueva Granada: Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Nacido en Santafé en 1638, Vásquez se inspiró en los grabados que reproducen importantes obras de la pintura barroca de las cortes católicas españolas. Sus cuadros de motivos religiosos fueron solicitados por comunidades religiosas de Tunja, Pamplona, Santafé de Antioquia, Barichara, Cartagena, Neiva, Monguí y Popayán. Vásquez murió en medio de la pobreza en Santafé en el año de 1711.

La Iglesia católica, conocedora de la naturaleza y de las emociones humanas, también se valió del miedo y del terror para afianzar los dogmas cristianos en las mentes de sus seguidores. El Santo Oficio o Tribunal de la Inquisición, institución creada para vigilar y castigar aquellos comportamientos que, desde la perspectiva de las autoridades eclesiásticas, atentaban contra los dogmas de la Iglesia, fue instaurado en América desde 1519, pero tomó fuerza a raíz de las persecuciones contra el protestantismo en Europa. En Lima empezó a funcionar a partir de 1570, en Ciudad de México en 1571 y en Cartagena en 1610. Su misión fue suprimir el judaísmo y el protestantismo, y castigar la brujería y las desviaciones sexuales. No tenía jurisdicción sobre los indígenas. Dado que en 1492 un grupo importante de judíos huidos de España se refugió en Portugal, el término portugués fue considerado equivalente al de judío. Después de la separación de Portugal de la corona española, en 1640, la persecución contra los portugueses se convirtió en objetivo prioritario del Santo Oficio.

ECOS DE LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL COLONIAL

El tipo de sociedad que se conformó en las colonias españolas en América se caracterizó por un alto nivel de jerarquización establecido en torno a privilegios y a prejuicios basados en distinciones relacionadas con el lugar de nacimiento, con las características étnicas y con la filiación religiosa. Ha sido tradicional entre los historiadores comparar la sociedad colonial con una pirámide, cuya base estaría conformada por los sectores más pobres, más numerosos y menos valorados socialmente, valoraciones llevadas a cabo por el grupo selecto, encumbrado en el pico de la pirámide. En la mitad de la misma se ubicaría un amplio sector que carecía de privilegios, pero difícil de clasificar porque no cumplía con los requisitos necesarios para estar ni en la cumbre, ni en la base: los mestizos. El criterio principal de clasificación en esta pirámide es el elemento étnico, que para los españoles era una clasificación en torno al grado de pureza de la sangre. Se impuso el criterio de que los nacidos en América eran impuros; eran considerados manchados de la tierra. Los hijos de españoles nacidos en América han sido clasificados en el segundo renglón de la pirámide por el hecho de haber sido concebidos en tierra americana. Durante la Conquista y en las primeras décadas de la colonización, la población indígena ocupó el último renglón de la pirámide, pero luego, debido a su violenta disminución y, en parte, gracias a los buenos oficios del movimiento lascasiano —conformado por seguidores de fray Bartolomé de las Casas—, pasó a ocupar el penúltimo lugar, siendo reemplazada en el último escalón por la población de origen africano, traída a América contra su voluntad y en condición de esclavitud.

A semejanza de la sociedad aristocrática feudal europea, la sociedad colonial fue estamental, compartimentada y con niveles mínimos de movilidad social. Sin embargo, en la medida en que se consolidó la organización social y económica de las colonias, fueron apareciendo pasadizos y laberintos posibles para ir de un estamento a otro. En el modelo a escala que tenía asiento en la imaginación de la élite española, la sociedad era inamovible; en la vida real había algunas posibilidades de desplazamiento. El historiador Germán Colmenares llama la atención sobre el hecho de que la clasificación étnica de la sociedad colonial no puede ser tomada al pie de la letra porque a partir de cierto momento se apreció una fuerte tendencia hacia la búsqueda de la movilidad social, generada a partir de los propios estamentos. En los padrones de la época, llamados hoy censos, es posible apreciar cómo en algunos casos los indígenas buscaron ser tratados como mestizos y los mestizos como blancos. Pero también, el proceso creciente de mestizaje contribuyó a hacer menos nítida la frontera entre los diversos grupos étnicos y estimuló en alguna medida la movilidad social.

Es innegable que el elemento étnico se convirtió en factor de clasificación y discriminación en la época colonial. Tan dura y profunda fue su huella que sus ecos han llegado hasta nosotros. La élite española estableció e impartió las valoraciones y el resto de la sociedad las interiorizó y las reprodujo. El proceso de interiorización fue tan efectivo que las clasificaciones, prejuicios y discriminaciones vigentes en esa época se hallan presentes en la memoria colectiva, como un elemento negativo de nuestro bagaje cultural.

La herencia es de tal magnitud que ha llegado a permear las visiones de historiadores y sociólogos. De otro modo no se entiende por qué los estudiosos no han pensado en la necesidad de hacer menos énfasis en las diferenciaciones étnicas y, por lo mismo, en la urgencia de recurrir a otro lenguaje para la elaboración del discurso histórico. A veces, en nombre de la fidelidad histórica y pensando en evitar anacronismos, se termina reproduciendo la escala de valores de la época. El lenguaje no es inocuo y las reconstrucciones históricas tampoco lo son. Si el colonizador empleó el término negro para designar a los inmigrantes africanos y la palabra tenía connotaciones discriminatorias, basadas en el color de la piel, ¿por qué seguimos empleando el término? ¿Acaso no sería necesario empezar por hacer conciencia sobre el lenguaje y su carga de valor para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa?

EL APORTE DE LOS AFROAMERICANOS

Se calcula que durante el período colonial llegaron a América, en calidad de esclavos, cerca de tres millones de personas provenientes de diferentes regiones de África Occidental. A la Nueva Granada fueron traídos hombres y mujeres de Guinea, Sierra Leona, Mina, Carabalí, Congo y Angola. Según cálculos de Richard Konetzke, hacia 1570 había alrededor de 40.000 esclavos en las colonias espa-

ñolas; en 1650 el grupo ascendía a 857.000, y hacia el final del período colonial la población esclava era de 2.357.000, aproximadamente. Hacia 1598, la población esclava que trabajaba en los yacimientos antioqueños era de 6.000 personas.

En la época se denominaba tratantes a quienes se dedicaban al comercio de esclavos. En la costa occidental de África, era posible encontrar tratantes de diferentes nacionalidades: ingleses, franceses, portugueses y holandeses. En el año de 1613, a través del Tratado de Utrecht, se concedió el monopolio de la trata a Inglaterra, es decir, a la Compañía de los Mares del Sur, la cual surtió de esclavos a América hasta el año de 1750. En 1701 se le concedió el privilegio a la Real Compañía Francesa del Golfo de Guinea. El contrabando de esclavos, agenciado sobre todo por franceses y holandeses, fue intenso a lo largo del período colonial. La crisis económica mundial de 1620 precipitó la trata en un profundo letargo, y en el período de la independencia de Portugal, entre 1641 y 1650, estuvo suspendida.

El puerto de Cartagena de Indias fue uno de los centros autorizados en el territorio colonial americano para el comercio de esclavos. Como lo señala el historiador Jorge Palacios Preciado, quien fuera uno de los estudiosos del tema en Colombia, poseer esclavos era un signo de prestigio, lujo y ostentación. En nuestros días, no es fácil comprender el hecho de que un grupo de seres humanos fuera vendido por toneladas, piezas de Indias, cabezas y lotes, o que figurase en los inventarios de los testamentos como un objeto más en la lista de los enseres domésticos. Vista desde hoy, y aunque no está muy lejana en el tiempo —la esclavitud en Colombia fue abolida definitivamente en 1852—, la mentalidad esclavista parece pertenecer a seres de otra especie, no humana.

Entre los privilegios de los funcionarios de la corona estaba el de disponer de un cierto número de esclavos. Tanto los funcionarios civiles como eclesiásticos tenían permiso para introducir esclavos: los virreyes, contaban con doce, los oidores, con cuatro, los funcionarios de la tesorería, con tres, el arzobispo, con seis, el obispo, con cuatro y el clero secular, con dos. La Iglesia católica fue hija de su tiempo, porque no de otra manera se explica que los defensores de causas espirituales y divinas terminasen disputándose los derechos para introducir esclavos. El jesuita Pedro Claver y algunos otros pocos miembros de comunidades religiosas se enfrentaron a la mentalidad esclavista de la época, y se dedicaron a la protección de los esclavos. Bartolomé de las Casas, quien defendió a los indígenas, fue partidario de que fuesen sustituidos en el trabajo duro por la población africana.

Los hombres y mujeres que migraron a América contra su voluntad, trajeron sus saberes, costumbres y creencias. Algunos de ellos se desempeñaron como hábiles artesanos en los campos de la sastrería, carpintería, herrería y albañilería, y también en los trabajos mecánicos de la trapichería. Las mujeres fueron cocineras, niñeras, lavanderas y amas de cría. En Cartagena, los funcionarios alquilaban sus esclavos para trabajar en obras públicas. Pero, principalmente, se desempeñaron en labores mineras en aluviones y vetas del Chocó, Antioquia y Popayán.

Desde el momento en que arribó a América, la población africana inició un movimiento de resistencia con miras a obtener su libertad. A lo largo del siglo XVI se presentaron levantamientos en diferentes puntos del Nuevo Reino de Granada. En 1530 un grupo de africanos fugitivos incendió Santa Marta; en 1533, esclavos de Cartagena se refugiaron en las montañas; en 1556 hubo una rebelión de esclavos en Popayán y en 1598 se dio una sublevación en Zaragoza. Los españoles emplearon el apelativo de cimarrón, término con el que se denominaba al ganado indómito, para designar a los esclavos rebeldes. En 1570, el cabildo de Cartagena dispuso que a los esclavos huidos por más de un mes se les cortaría el miembro genital, a los que llevaran más de seis meses en cimarronaje se les aplicaría la pena de muerte: serían ahorcados.

Los esclavos huidos establecían sus sitios de vivienda en lugares inhóspitos, de difícil acceso para los españoles, denominados palenques. En 1599, Benkos Biojó, oriundo de Guinea y que había sido vendido en Cartagena como esclavo, huyó junto con su familia y otro grupo de esclavos hacia La Matuna, al sur de Cartagena, y luego a los Montes de María. En 1605, los españoles se vieron obligados a hacer un acuerdo con los palenqueros, en el cual les reconocían la condición de libres, les permitían circular libremente por la ciudad y les autorizaban el uso de armas. Biojó, líder de los palenques de La Matuna y de los Montes de María, en abierto desafío a las autoridades españolas fue proclamado rey de Arcabuco. Finalmente, fue hecho prisionero y ahorcado en Cartagena, el 16 de marzo de 1621, por orden del gobernador García Girón.

El movimiento cimarrón se multiplicó por el territorio de la Nueva Granada durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Se sabe de la existencia de palenques en La Matuna, San Basilio, San Antero, Tabacal, San Miguel, El Arenal, Mompox, Norosí, Envigado, Cáceres, Remedios, Guarne, Rionegro, Guayabal, Anolaima, Tocaima, Cartago, Otún, San Juan, Magdalena Medio, Guapi, Cali, Puerto Tejada, El Cerrito y Yurumanguí. El hecho de que haya existido un crecido número de palenques a lo largo de todo el período colonial nos debe llevar a pensar que el movimiento cimarrón debió de jugar un importante papel en la preparación de las condiciones sociales y políticas que hicieron posible el proceso de independencia, hipótesis que deberá ser constatada a través de futuras investigaciones históricas.

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CAPÍTULO III

UN TERRITORIO IMAGINADO
DEL VIRREINATO DE LA NUEVA GRANADA
A LA GRAN COLOMBIA(1740-1830)

JAIME HUMBERTO BORJA GÓMEZ

INTRODUCCIÓN

Simón Bolívar soñó con la integración americana y comenzó por hacer todo lo políticamente posible para sostener la unidad de la Gran Colombia, aquel territorio conformado por lo que hoy son Colombia, Venezuela y Ecuador. El sueño se desmoronó en 1830, poco antes de su muerte. Bolívar, como muchos de sus contemporáneos, se dio a la tarea de construir una nación a partir de un territorio surgido casi cien años atrás al calor de las reformas borbónicas: el virreinato de la Nueva Granada, que comprendía el reino de la Nueva Granada y las audiencias de Quito y Caracas, espacios muy diferentes a los actuales estados nacionales. En realidad se trataba de un territorio imaginario, un conjunto ideal que en la práctica no era administrativa ni políticamente gobernable. Salvo algunas similitudes y problemas históricos en común, los tres territorios guardaban profundas diferencias culturales, sociales y políticas, de manera que cada uno funcionaba «independiente». Sin embargo, sobre esta ficción se trató de construir una unidad a lo largo de casi todo el siglo XVIII hasta las dos primeras décadas de la república.

Lo cierto es que las estructuras virreinales sobrevivieron, paradójicamente, a la independencia. El proyecto de crear un Estado nacional se organizó a partir de estas estructuras, incluso territorialmente, que ahora ya no eran tres audiencias, sino tres departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca. Parte de la responsabilidad del fracaso de la Gran Colombia se debió precisamente a esto, al peso de la herencia colonial. Es más: esta ficción territorial no logró crear un sentido de pertenencia en la mentalidad colectiva de sus contemporáneos. Aun hoy día, los historiadores que tratan el virreinato y la Gran Colombia lo hacen desde su «lugar nacional», es decir, desde su propia región, con nulas o escasas alusiones al conjunto. En el caso colombiano, pensar esta jurisdicción desde la porción que corresponde al actual Estado nacional ofrece una ventaja: la matización de las diferencias regionales. El orden social, la mentalidad colectiva, la política y la economía no funcionaron de manera uniforme para este gran mosaico de patrias culturalmente distintas que es hoy Colombia: la sociedad en la esclavista y controlada Cartagena, por ejemplo, no podía ser la misma que en la mestiza Tunja o en la naciente villa de Medellín. La historia del país en el período que va de 1740 a 1830 debe ser leída, por lo tanto, sin perder de vista que la actual Colombia era apenas una parte de un todo más complejo.

EL COMIENZO DE UNA FICCIÓN:
EL VIRREINATO DE LA NUEVA GRANADA

Fundaciones virreinales

La intensa actividad cultural, política y social que provenía del siglo anterior comenzó a registrar cambios significativos a comienzos del siglo XVIII, cambios que sólo se consolidarían hacia la década de 1740. El último rey de la casa de los Habsburgos, Carlos II, había muerto en 1700, lo que desató una guerra por la sucesión al trono que finalizó con el ascenso de Felipe V, de la casa de los Borbones, en 1717. Comenzaba una nueva era. Felipe V orientó su política a la consolidación del régimen monárquico absoluto y a la reorganización de la economía, para lo cual era importante eliminar las trabas internas que obstaculizaban la competencia comercial con las dos potencias del momento, Francia e Inglaterra. Esto también implicaba racionalizar la capacidad de gestión del Estado, de modo que su política económica fuera más eficaz, y para ello era necesario modernizar el manejo de las colonias americanas, que entonces eran conocidas como «reinos de ultramar».

En el reino de Nueva Granada, como en los demás territorios hispanoamericanos, la estabilidad del dominio español dependía en buena medida del equilibrio de poder entre la administración, la Iglesia y las élites locales. Por esta razón, las reformas emprendidas por los reyes borbónicos se orientaron a incentivar el comercio entre las colonias y de estas con la metrópoli, para lo cual era indispensable favorecer la producción de materias primas y la explotación minera, lo que a su vez implicaba una organización más eficaz de la hacienda. Estas nuevas condiciones económicas y administrativas coincidieron con la crisis de la producción de metales en el virreinato del Perú a finales del siglo XVII, lo que llevó a que la corona fijara su atención en las minas neogranadinas, además de que la región estaba creciendo en importancia económica y sus puertos eran estratégicos. Estos factores determinaron la creación del virreinato de la Nueva Granada en 1717; así la corona podía incrementar sus riquezas y controlar más eficazmente las provincias marítimas del norte del continente, asediadas por las potencias enemigas de España.

El nuevo virreinato comprendía las provincias de Santafé, Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Caracas, Guayana, Antioquia, Popayán y Quito. Hasta entonces, la presidencia y las gobernaciones del Nuevo Reino dependían del virreinato del Perú, lo que en términos prácticos era inoperante debido a la gran extensión del territorio. Sin embargo, el informe de los dos primeros virreyes, Antonio de la Pedrosa y Guerrero, que organizó el virreinato pero no asumió formalmente el cargo, y Jorge de Villalonga, mostraba que el territorio neogranadino no satisfacía las expectativas económicas y que no se justificaba su sostenimiento. De manera precipitada, la corona ordenó abolirlo en 1723.[1]

La efímera creación del virreinato abrió una vieja rivalidad entre Santafé y Cartagena para constituirse en capital y albergue de un tipo de funcionario hasta entonces desconocido: el virrey. El cabildo de Cartagena aducía argumentos geopolíticos debido a su ubicación en el Caribe. Por aquel entonces, Santafé de Bogotá era la ciudad más importante del reino, cabeza de la Real Audiencia desde 1548. Según el censo de 1778, la ciudad tenía algo más de quince mil habitantes organizados en cuatro barrios: Catedral, San Victorino, Santa Bárbara y Las Nieves. En el siglo XVIII la ciudad creció hasta desbordar los límites establecidos en el siglo anterior, lo cual generó algunas transformaciones de mucha trascendencia: con el virreinato, en efecto, se estableció una especialización administrativa que se convirtió, junto con el comercio y una incipiente producción artesanal, en la principal actividad económica. A partir de 1780 se incentivaron las construcciones de puentes, acueductos, alcantarillado y alumbrado.[2] La prosperidad material era resultado de las llamadas reformas borbónicas, que habían pretendido ampliar la capacidad del mercado. Sin embargo, fracasaron a mediano plazo, pues no lograron superar el obstáculo fundamental: España no tenía la infraestructura necesaria para suplir la demanda de manufacturas de sus colonias, mercado que era cubierto por otras potencias, como Francia, Inglaterra y Holanda, las cuales exportaban sus productos desde los mismos puertos españoles o, más a menudo, por medio del contrabando.

Por su parte, Cartagena de Indias recogía todas estas tensiones. Debido a su localización geográfica había llegado a ser, desde el siglo XVI, un importante centro de intercambio comercial, pero las políticas borbónicas le agregaron la condición de centro estratégico para el imperio. No era gratuito que fuera sitiada militarmente por las potencias enemigas de España. De este modo, «la venta de servicios de defensa convirtió a Cartagena en la ciudad más importante del Virreinato de la Nueva Granada»,[3] lo que se traducía en que buena parte de su actividad económica, especialmente artesanal y agrícola, giraba en torno a las necesidades castrenses. Además, los comerciantes del puerto controlaban casi todo el intercambio ultramarino para el Nuevo Reino. Se trataba de una próspera ciudad de cerca de catorce mil habitantes en la segunda mitad del siglo XVIII, de los cuales casi dos terceras partes eran afrodescendientes.

Pese al primer intento fallido, la corona española revisó su política y restableció el virreinato de la Nueva Granada en 1739, aduciendo, entre otras razones, la protección de los puertos, las relaciones con la Iglesia y el crecimiento de la economía. Sebastián de Eslava fue su primer virrey, y al igual que sus sucesores, llevó a cabo una importante obra de modernización de las estructuras coloniales, de acuerdo con los parámetros establecidos por las reformas borbónicas. La reorganización de la Casa de la Moneda, el impulso a las obras públicas, el inicio de los estudios estadísticos de población, entre otras iniciativas por el estilo, reflejaban una mentalidad progresista. Había un gobierno más eficaz, se incentivaba la economía, la vida cotidiana tenía nuevas modas y nuevos aires la cultura colonial. No obstante, los cambios no resultaron ser tan radicales, pues otras facetas como la mentalidad colectiva, los comportamientos y buena parte de las estructuras socioculturales, construidas durante los dos siglos anteriores, permanecieron fieles a la tradición.

La sociedad virreinal: criollos y mestizos

La imagen que tradicionalmente se ha sostenido de la sociedad neogranadina del siglo XVIII corresponde a la de una comunidad regida por valores religiosos, marcada con el sello indeleble de la moral cristiana y donde la familia unida y el matrimonio eran una constante. La situación real, sin embargo, no correspondía a la imagen. En espacios urbanos como Bogotá, Tunja, Medellín, Cali y Cartagena las familias tenían pocos hijos, y el alto índice de mortandad infantil agravaba el problema: sólo dos terceras partes de la población solían criar hijos legítimos; las madres solteras y viudas eran cerca del 40%, y los amancebamientos, más frecuentes de lo que se piensa. Esto implica que los modelos de familia eran muy variados, pues aunque la familia nuclear resultaba mayoritaria, también convivía con familias extendidas, polinucleares y de gente que no compartía vínculos sanguíneos: una casa podía albergar varias de estas familias.[4] Los rasgos mencionados eran más comunes en las familias mestizas, que al finalizar el siglo XVIII constituían la base social de las ciudades, y ello hacía todavía más notorio que la Iglesia y el Estado no tenían todo el control sobre la población.

Se trataba de una sociedad compleja, que con frecuencia ha sido simplificada y estereotipada por los historiadores. A la diversidad de formas de familia se agrega el carácter de la composición social, otro aspecto que debe ser observado en detalle, porque había cambiado con respecto a los dos siglos anteriores. En la Cartagena de la segunda mitad del siglo, por ejemplo, casi la mitad de la población estaba constituida por personas libres de todos los colores —es decir, mestizos de diferentes mezclas étnicas— que se desempeñaban en los más variados oficios; la otra mitad la componían esclavos (19%) y blancos (31%). Santafé de Bogotá no difería mucho: 51% de blancos, 35% de libres, 9.5% de indígenas y 4.5% de esclavos. Se trataba de una sociedad en continuo cambio, en la que no sólo se incrementaban los mestizos, sino que también disminuía la esclavitud. Habría que agregar cierto flujo de extranjeros y hasta ciertas tolerancias, impensables un siglo antes, como el permiso otorgado en 1785 por el virrey Caballero y Góngora para que mil quinientos colonos protestantes poblaran una zona del Darién.[5] Sin embargo, a pesar de los cambios introducidos por el virreinato y las reformas borbónicas, seguían existiendo ciertas «reglas» sociales, como el orden de las castas, que formaban parte de las estructuras de la mentalidad colonial.

Al igual que en otros lugares de la América hispánica, la organización social neogranadina se estratificó fenotípicamente, es decir, de acuerdo con el color de la piel. El término «casta» fue usado por las élites para designar a las personas de sangre mezclada, y en el plano de la cultura tenía una valoración peyorativa que estaba sancionada por el orden jurídico. Oficialmente no se utilizaba la categoría «casta», sino la de «blancos», «indios», «esclavos» y «libres de todos los colores», pero se trataba de una sociedad en la que la defensa del linaje y el honor personal y familiar dependía de la llamada «limpieza de sangre», es decir, de la carencia de ancestros indígenas, negros, judíos o moros. A partir de esta convicción, las élites construyeron imaginariamente un orden social que se definía a partir de una compleja clasificación. El fraile capuchino Joaquín de Finestrad, quien escribió en 1789, en pleno virreinato neogranadino, lo define así:

Semejantes a los árabes y africanos que habitan los pueblos meridionales, tales son los indios, los mulatos, los negros, los zambos, los saltoatrás, los tente en el aire, los tercerones, los cuarterones, los quinterones y cholos o mestizos. Los que tienen sangre de negro y blanco se apellidan mulatos; los de mulato y negro, zambos; los de zambo y negro, saltoatrás; los de zambo y zamba, tente en el aire; los de mulato y mulata, lo mismo; los de mulato y blanca, tercerón; los de tercerón y mulata, saltoatrás; los de tercerón y tercerona, tente en el aire; los de tercerón y blanca, cuarterón; los de cuarterón y blanca, quinterón; los de quinterón y blanca, español, que ya se reputa fuera de toda raza de negro.[6]

Aunque este sistema de castas era una marca de relación social permanente, uno de los aspectos que caracterizó al siglo XVIII fue el ascenso de los mestizos y la consolidación social y política de los criollos, hijos de españoles nacidos en el territorio colonial. Esta afirmación también cuenta con su leyenda, pues muchos historiadores han querido situar la conformación del criollismo en esta segunda mitad del siglo XVIII, en un intento por justificar el descontento, la división de clases y el ambiente previo a la Independencia. De acuerdo con esta imagen, los criollos lograron ascender en la escala social mediante la compra de certificados de hidalguía y nobleza, lo que resultó un negocio muy rentable para la corona y les permitió tener una gran influencia tanto en la Audiencia como en el servicio fiscal. Si bien esto es cierto en parte, también es importante tener en cuenta que desde el siglo XVII, en la experiencia neogranadina, los criollos ya constituían un importante sector social, con prebendas y poder. De esto habla la gran circulación de criollos en importantes cargos eclesiásticos —obispados y arzobispados—, así como tampoco fueron excepcionales los indianos que ocuparon cargos importantes en España.

Quizás los más afectados con los cambios introducidos por el virreinato de 1739 fueron los indígenas. Desde el siglo XVI la corona había actuado de manera bien intencionada al buscar, al menos legalmente, la protección de los «naturales», a quienes consideraba «menores de edad». La realidad había sido bastante distinta, pues el expolio y el maltrato fueron más bien las constantes. El problema se incrementó cuando, en la segunda mitad del siglo XVIII, la política borbónica se orientó a evitar el proteccionismo, de modo que se llevó a cabo la extinción y venta al mejor postor de las tierras de los resguardos indígenas que no cumplían con ciertos requisitos estipulados en la ley. El hecho se justificó con el argumento de que esas tierras se habían entregado en el siglo XVI como usufructo y no como propiedad. Además se incrementó, por parte de la creciente población mestiza, el arriendo de tierras consideradas improductivas en los resguardos. Si ya era una realidad la disminución de la población indígena, estas situaciones agravaron su condición, pues la obligaron a inmigrar a otras regiones con la consecuente fractura de sus relaciones económicas y culturales. Mientras esto ocurría con los indígenas, especialmente en aquellas regiones ocupadas desde el siglo XVI, otros grupos se integraban al espacio de colonización en la medida en que avanzaba la cristianización de aquellas regiones que ahora se constituían en territorios de frontera. Este fue el caso de los Llanos Orientales, la Orinoquia y el Chocó, exploraciones iniciadas en el siglo XVII pero que comenzaron a producir frutos avanzado el siglo XVIII.

También hubo cambios significativos en una de las más antiguas instituciones, la esclavitud, consolidada en el Nuevo Reino desde el siglo XVI. En la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente a partir de la década de 1780, la necesidad y rentabilidad de los esclavos declinaron, aunque todavía se requerían en zonas mineras como Antioquia y Chocó, o agrícolas del valle del Cauca. Este decrecimiento se debió en buena parte al fenómeno de la transformación del trabajo esclavo en trabajo libre, ocasionado a su vez por el incremento de la población mestiza y por la liberación de la mano de obra esclava, fenómeno que ya era más o menos corriente desde el siglo XVII. Además, entre 1750 y 1790 se generalizaron las luchas de los negros y el cimarronaje, desarrollándose palenques en casi todas las regiones del virreinato, lo que también afectaba las estructuras de la economía colonial. Sin embargo, no sobra resaltar que para entonces ya había una importante población negra libre que hacía su vida cotidiana en espacios urbanos y rurales.

Educación, universidades y conocimiento

No cualquier persona podía acceder a la educación durante la Colonia. En la práctica, hasta finales del siglo XVIII no existía lo que hoy conocemos como instrucción primaria, que suplían los padres o los preceptores en el hogar. El ingreso a la universidad, hacia los doce años, estaba reservado a la llamada «república de blancos»: es decir, había que demostrar «limpieza de sangre» y que en la familia no se habían desempeñado oficios manuales. De esta manera, quienes se formaban en alguna de las facultades existentes —filosofía, teología, medicina o derecho— se identificaban con la élite, aunque esta no era estrictamente la composición del estudiantado, pues era frecuente encontrar en sus filas a hijos de criollos o blancos pobres. Sin embargo, los estudiantes ocupaban un lugar muy visible en la esfera pública de la ciudad, así como en toda celebración, fiesta o evento conmemorativos.[7] No era gratuito, entonces, que cuando un estudiante defendía su tesis y recibía el título de doctor, hacia los veinticuatro años, era todo un acontecimiento cívico, celebrado con un curioso ritual y gran boato. Para entonces, la pequeña Bogotá tenía tres universidades: la tomística, regentada por los dominicos; la Javeriana, de tradición jesuítica, y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. A ellas confluían estudiantes de las ciudades y pueblos principales del virreinato, donde se formaban los futuros funcionarios y aquellos que influirían en los procesos políticos de finales de la Colonia. Pero por supuesto, los problemas relacionados con la cultura no se limitaban al campo de la educación formal.

Muchos historiadores han puesto en duda la acumulación de conocimientos en el Nuevo Reino, así como la calidad de su producción cultural, debido en buena medida a la ausencia de imprenta, a la dificultad del comercio, a la censura de los libros y, finalmente, al qué se leía. Este aspecto es importante porque otros territorios coloniales, como México y Perú, tenían imprenta desde la primera mitad del siglo XVI, lo que les permitió un acelerado desenvolvimiento de la vida intelectual, universitaria y académica. Sin embargo, esta ausencia de imprenta no fue obstáculo para que —desde el siglo XVII y en ciudades como Bogotá, Tunja o Cartagena— el conocimiento y la producción cultural circularan de manera oral o a través de libros manuscritos, como en la mejor tradición medieval. El Carnero, de Juan Rodríguez Freile, es un buen ejemplo de ello, del cual se conocen diez copias manuscritas. Aunque habría que añadir que no todo circulaba de esta manera y que la producción, desde luego, era pequeña.

Desde el siglo XVII, muchos autores, algunos de ellos muy prolíficos, como el jesuita Pedro de Mercado, Pedro Solís de Valenzuela y Juan Bautista de Toro, enviaban a publicar sus libros a España. Esta tendencia aumentó en la primera mitad del siglo XVIII, de manera que fácilmente circulaban obras de autores neogranadinos sobre muchas materias: desde tratados de medicina hasta de preceptiva retórica; desde vidas ejemplares hasta compendios de jurisprudencia. El crecimiento de las ciudades y de la economía, la relativa liberalidad del siglo XVIII y la situación política del virreinato mejoraron las condiciones materiales y culturales, y en 1738 el reino contaba ya con una imprenta. Por aquel entonces, las ideas ilustradas que irrumpían en Europa, y en particular en Francia, se encontraban en su apogeo. La Ilustración planteó un cambio radical en relación con los sistemas escolásticos, pero también era el resultado del humanismo medieval y de la revolución epistemológica que había proclamado Descartes en el siglo XVII. Este nuevo conocimiento buscaba la «luz de la razón»; criticaba la desigualdad social, la monarquía absoluta y la intolerancia religiosa, e impulsaba el conocimiento y el desarrollo de nuevas ciencias. La búsqueda de una nueva organización social y política facilitó la aparición del liberalismo, a través del cual la burguesía reafirmó su fuerza social. Los monarcas españoles acogieron algunas de aquellas ideas, las que facilitaban las reformas sociales y económicas que tenían en mente, pero rechazaron las que iban en contra de sus intereses, es decir, las que posibilitaban la libertad política y la participación de la población en el gobierno. A este tipo de ilustración se le llamó «despotismo ilustrado», y los virreyes del Nuevo Reino de Granada se contaban entre sus propagadores más entusiastas.

Para muchos autores, el pensamiento ilustrado se inauguró en el virreinato con la figura de José Celestino Mutis, quien en 1763 abrió la cátedra de matemáticas en el Colegio Mayor del Rosario. Era la primera vez que se enseñaba la física de Newton y las teorías astronómicas de Copérnico en el territorio de lo que hoy es Colombia, y a partir de entonces se conformaron dos generaciones de ilustrados neogranadinos: la primera, hija del despotismo ilustrado, buscó poner en práctica el desarrollo de las ciencias naturales e impulsar la actividad industrial y económica del reino, siendo uno de sus principales representantes el mismo Mutis; la segunda estuvo integrada por criollos autodidactas, o educados en los colegios de enseñanza superior, que absorbieron las ideas ilustradas por su propia disciplina de trabajo y que, en no pocas ocasiones, habían realizado extensos viajes por Europa. Entre otros cabría mencionar a Pedro Fermín de Vargas, Ignacio y Manuel de Pombo, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Zea, fray Diego Padilla y Antonio Nariño, quienes entraron en contacto con numerosos intelectuales y políticos del viejo continente que muchas veces les prometieron ayuda para lograr la independencia.

Si bien es cierto que ambas generaciones se vieron beneficiadas por la política borbónica de abrir los virreinatos a la Ilustración, no sobra añadir que otros contextos también obraron a su favor. Uno de ellos, tal vez el más sobresaliente, fue la expulsión de los jesuitas en 1767. La Compañía de Jesús se había instalado en el Nuevo Reino en 1605 y desde entonces entendió que su misión, en palabras de un importante jesuita del siglo XVII, consistía en «la reformación de las costumbres en los cristianos, la introducción de la fe en los indios gentiles y la crianza de la juventud en virtud y letras».[8]Esta última le dio prestigio y fuerza social, pues en la academia javeriana se formaron muchos criollos importantes. Además, los jesuitas lograron conformar una representativa biblioteca. En 1767, no obstante, Carlos III decretó su expulsión de todos los reinos de España y, en consecuencia, se les expropiaron sus bienes, entre ellos sus libros, que poco tiempo después fueron la base para la apertura de la primera biblioteca pública.

Pero este no fue el único efecto del despotismo ilustrado en la Nueva Granada. El virrey Manuel Guirior encargó en 1773 al fiscal de la Real Audiencia, Francisco Antonio Moreno y Escandón, que elaborara un plan para crear la Universidad Pública, ya que para ese momento se contaba con los bienes expropiados a la Compañía de Jesús. Moreno y Escandón presentó en 1774 su Plan Provisional de Estudios Superiores, que representaba una ruptura con las formas tradicionales de la educación colonial. Su propuesta combinaba algunos principios del pensamiento moderno, como la física de Newton y las matemáticas, con aspectos convencionales de los estudios escolásticos. Sus presupuestos básicos atacaban el método dogmático de enseñanza basado en el criterio de la autoridad del maestro, y buscaban sustituir la formación en retórica, filosofía y lógica, que calificaba de «inútil jeringonza», con una educación «útil» que permitiera aprovechar las riquezas del virreinato. El plan nunca se puso en práctica, y no sólo por carencias financieras y docentes, sino también por razones políticas.

En este contexto, e impulsado por el arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora, se llevó a cabo uno de los acontecimientos más importantes de la Ilustración neogranadina: la Expedición Botánica. Dirigida por el presbítero José Celestino Mutis, tenía por objetivo conocer la riqueza natural del territorio para proceder a explotarlo de manera racional. Esto ocurría en el momento en que la Ilustración europea avalaba con gran entusiasmo los viajes de exploración bajo el nuevo ímpetu de la naciente ciencia. Las expediciones científicas se convirtieron en un objetivo prioritario de los imperios europeos, pues bajo las nuevas teorías, conocer y dominar la naturaleza facilitaba el control de las culturas y, por supuesto, el incremento del poder económico y político, ya que se trataba de llevar a cabo una explotación más eficaz de la riqueza natural de las colonias. La corona española promovió expediciones botánicas en muchos de sus reinos con el fin de investigar nuevas plantas y sus aplicaciones medicinales y comerciales, lo que implicaba recolectar, clasificar y pintar las nuevas especies.[9] En este contexto, Mutis inició en 1783 sus actividades en la ciudad de Mariquita, pero trasladó la sede para Santafé de Bogotá en 1791. El proyecto tenía grandes dimensiones. Se proponía estudiar la vegetación del sur del país hasta la línea equinoccial. Las observaciones se realizaron en diversos campos: la astronomía, la geografía y la física. Sin embargo, la botánica ocupó el lugar privilegiado. Se estudiaron las propiedades de cerca de veinte mil plantas que se clasificaron en un herbario. En la empresa participaron algunos de los futuros patriotas de la Independencia, entre ellos Eloy Valenzuela, Francisco Antonio Zea, Francisco José de Caldas y Jorge Tadeo Lozano.

La segunda generación de criollos ilustrados que se ha mencionado heredó en buena medida estos nuevos pasos en el conocimiento que auspiciaron los virreyes de la Nueva Granada. Sin embargo, tenían una visión diferente y más amplia, pues los viajes por Europa los pusieron en contacto con ideas que ya no podían ser controladas por la corona, así como con autores cuyas obras estaban prohibidas por la Iglesia. Muchos de estos criollos vivieron o sintieron los efectos de los ideales de la Revolución Francesa de 1789, que no cabían en el ideario monárquico ilustrado español. Un efecto similar tuvo unos años antes la estructura constitucional, novedosa para entonces, que se proclamó tras la Independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Estas experiencias mundiales avivaron el sentido autonomista y concientizaron a los criollos de que el autogobierno era una posibilidad. En este contexto se entiende a un Antonio Nariño, el aristócrata que poseía ese raro artefacto, una imprenta, que traducía e imprimía los Derechos del hombre, o al cubano Manuel del Socorro Rodríguez, quien imprimió los primeros periódicos y abrió el espacio de la opinión pública.

Los periódicos, novedad para su época, fueron uno de los principales mecanismos para divulgar las ideas ilustradas. El Papel periódico de Santa Fe de Bogotá, paradójicamente impulsado por el virrey José de Ezpeleta; el Correo curioso, erudito, económico y mercantil; la Gaceta de Santa Fe y el Semanario del Nuevo Reino de Granada, entre otros, comenzaron a circular a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Estos periódicos contenían nuevas ideas políticas, comentaban autores prohibidos, publicaban las investigaciones científicas de Mutis y Pedro Fermín de Vargas sobre la quina y el guano, seguían en detalle los acontecimientos europeos y eran una fuente de información y discusión de los problemas políticos y de la vida cotidiana. Muchas veces fueron censurados por las autoridades reales, pero de todos modos tuvieron una activa participación en la formación de la opinión pública y en la consolidación de un nuevo sentimiento, el amor a la patria.

Curiosamente, algunos de estos periódicos nacieron de la iniciativa de quienes participaban en las tertulias, espacios privados donde también se cultivaron las ideas ilustradas y las relaciones sociales por fuera del control de las autoridades españolas. En la Europa del siglo XVIII habían tenido un importante papel en la consolidación de las comunidades académicas. Estaban conformadas por personas que se reunían a comentar las lecturas de los principales representantes de la Ilustración, como Rousseau, Wolff, Linneo y Buffon, para examinarlas desde distintos puntos de vista. Las tertulias no eran sólo un centro de discusión simple y espontánea, sino un encuentro organizado con una periodicidad definida, en el cual se partía de algunas reglas de debate con el claro objetivo de la ilustración recíproca de los participantes. En la Nueva Granada se reunieron en universidades, en la Real Biblioteca Pública, en casas particulares y en centros intelectuales como el Observatorio Astronómico y la casa de la Expedición Botánica.

Estos espacios favorecieron la expresión de nuevos intereses culturales y formas de relación social a través de la opinión pública y la libre crítica, lo que resultó fundamental en la crisis del sistema colonial. Entre las tertulias más representativas de Santafé de Bogotá se encontraba la Tertulia Eutropélica, organizada por Manuel del Socorro Rodríguez, que se reunía por la noche en la Biblioteca Pública, se dedicaba al estudio de los clásicos y tenía un carácter marcadamente erudito y literario. La Tertulia del Buen Gusto, dirigida por Manuela Sanz de Santamaría de Manrique, discutía temas científicos e históricos y reunía a futuros próceres de la independencia como Camilo Torres, Francisco Ulloa, los hermanos Frutos y José María Gutiérrez. Por su parte, Antonio Nariño organizaba otra, El Arcano de la Filantropía, en la que se leían y comentaban los periódicos extranjeros y los libros que pertenecían a su biblioteca, por lo que su tendencia era más bien filosófica y política. El fenómeno de las tertulias se extendió a otras ciudades como Cartagena y Popayán.

Efectos de los cambios económicos en la política y la vida cotidiana

Joaquín Gutiérrez fue uno de los pintores neogranadinos más sobresalientes en la segunda mitad del siglo XVIII. Se trataba de un pintor cortesano, dedicado a realizar retratos de virreyes y nobles santafereños, algo que unas cuantas décadas atrás era impensable, pues se creía que el trabajo fundamental de los artistas debía versar sobre los temas religiosos que, para ese momento, ya no tenían tanta demanda. En una de sus obras, el retrato de María Tadea González Manrique, marquesa de San Jorge de Bogotá, se advierte un cambio en el gusto: reproduce la imagen de una mujer ostentosa que responde a su condición social, lo cual se refleja en sus vestidos, los dos relojes que cuelgan de su cintura, el mobiliario, las joyas que porta, el abanico, el escudo de armas, el peinado de moda y la disposición de sus gestos. Estos cambios en el gusto reflejaban cierto boato de corte virreinal y, desde luego, eran el resultado de un modesto, aunque no por ello menos significativo, crecimiento económico.

A mediados del siglo XVIII, el orden colonial había comenzado a cambiar ante el impacto de las nuevas políticas económicas reformistas. En un principio, estas reformas se aplicaron ante todo en España, pero cuando los Borbones se dieron cuenta de que las élites locales criollas coloniales ostentaban el poder económico debido a la debilidad del gobierno real y a su escasez de recursos, decidieron fortalecer la posición del Estado a través de la reforma al sistema administrativo y a expensas de lo que hoy en día llamaríamos «sector privado». Los intereses mineros, territoriales y mercantiles de los criollos comenzaron a verse afectados por los nuevos impuestos y por el renovado aparato burocrático con el cual la corona pretendía recuperar el espacio político perdido. En estas circunstancias, y ante la necesidad de fortalecer el poder del Estado, se tomaron las medidas que pretendían acabar con el creciente poder de la Iglesia. La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 formaba parte de las nuevas estrategias, así como el esfuerzo por someter al clero a la jurisdicción de los tribunales civiles, pretendiendo restringir la inmunidad de la cual gozaba, así como su gran capacidad económica. Solamente los jesuitas poseían 170 haciendas en el territorio del Nuevo Reino, la gobernación de Popayán y la Audiencia de Quito, y estas haciendas pasaron a la administración de la corona.[10]

Para entonces, el principal renglón de la economía neogranadina era la explotación del oro y la plata, y aunque surtía el 24% de la producción mundial, su rentabilidad era muy baja y la explotación minera tendía a decrecer año tras año. Alrededor de la minería giraban la producción de las grandes plantaciones de cacao, caña de azúcar y tabaco, y las manufacturas, cuyo principal objetivo era satisfacer la demanda de las zonas mineras, por lo que el excedente para exportación era muy pequeño. Como la corona trataba de fortalecer sus ingresos, se crearon monopolios y se acrecentó el control del gobierno sobre las contribuciones, lo que a su vez sirvió para financiar la guerra contra Inglaterra. Para que esta política tuviera efectos, a partir de 1765 se adoptó el «comercio libre», el cual consistía en la disminución de las restricciones del intercambio trasatlántico, en la reducción de tarifas y en la eliminación de la exclusividad que tenían Cádiz y Sevilla de comerciar con las colonias. A estas se les permitió comerciar entre sí, aunque con la prohibición explícita de hacerlo con otras naciones.

El impacto de las reformas borbónicas en la vida cotidiana fue evidente. Las ciudades neogranadinas se modernizaron en muchos sentidos. La construcción de casas de dos pisos se hizo más frecuente, y en el interior de las viviendas de las familias adineradas hicieron presencia nuevos objetos y materiales exóticos: vajillas chinas, cristalería importada, sillas inglesas, sombreros de París, sedas de la India, recipientes de plata traídos de México y Perú… La importación de telas hizo el vestido más ostentoso en las clases pudientes: terciopelos, tafetanes, holandas, sedas y encajes. En Santafé, cabeza del gobierno virreinal, la ostentación acompañaba a la pequeña corte que se había formado alrededor del virrey, lo cual se reflejó también en la pomposidad de las fiestas religiosas y civiles y en la aparición de nuevos espacios, como el Coliseo Ramírez en 1792, donde se presentaban comedias y bailes privados. Era una ciudad muy diferente a la de setenta años atrás.

Sin embargo, las condiciones del monopolio español en materia fiscal, particularmente la aparición de nuevos impuestos, obstaculizaban el progreso de las colonias y el descontento de los diversos grupos sociales no tardó en evidenciarse. Los comerciantes neogranadinos, por ejemplo, perjudicados por las leyes borbónicas, recurrieron al contrabando, especialmente con la introducción de bienes de consumo y esclavos, y a la exportación de materias primas, oro y plata a países como Inglaterra, Holanda y Francia. Por otra parte, las rentas que producían los monopolios del aguardiente y del tabaco, importante sector de ingresos coloniales, eran administradas directamente por la Real Hacienda, lo que produjo descontento entre funcionarios, comerciantes y cosecheros y motivó insurrecciones populares, pues la insatisfacción fue creando una nueva conciencia política en las élites, que buscaban liberarse del monopolio comercial de la metrópoli.

Uno de los principales efectos de esta situación fue el levantamiento de los comuneros en el año de 1781. El movimiento reflejaba la inconformidad hacia la política española, que intentaba recuperar su condición de potencia mundial, pero también hacía eco a la influyente revuelta que encabezó José Gabriel Condorcanqui, autodenominado Tupac Amaru, en el vecino virreinato del Perú un año antes, pero a diferencia de esta, que tuvo connotaciones de guerra racial, la insurrección comunera se originó como reacción al decreto de nuevos impuestos para sostener la Armada de Barlovento. La protesta se inició espontáneamente en Socorro, aunque pronto se extendió por Simacota, San Gil, Mogotes, Barichara, Vélez, Chita y Sogamoso. Tras el éxito de esta primera protesta, los comuneros organizaron una rebelión y para dirigirla eligieron al criollo Juan Francisco Berbeo como jefe único.

Durante el primer mes de protestas se unieron varios sectores sociales, entre los que se encontraban pequeños campesinos, comerciantes, jornaleros y artesanos, cuyos jefes prometieron obediencia a quienes lideraban el movimiento: terratenientes y medianos propietarios. Organizados, resolvieron marchar a Santafé para presentar sus demandas, y para recibirlos las autoridades virreinales nombraron una comisión negociadora, suspendieron la reforma tributaria y fortificaron la capital. Celebrado el encuentro, los líderes criollos aceptaron los acuerdos propuestos por el virrey-arzobispo Caballero y Góngora, lo que generó descontento entre las clases populares y desmoronó la alianza comunera. El sector compuesto por campesinos, comerciantes y artesanos se sintió traicionado y continuó con la lucha nombrando como máximo líder a José Antonio Galán, quien se dedicó a liberar a los negros y a animar a los mestizos y a los indígenas para que se unieran a la causa que exigía la reforma del gobierno colonial. Su actividad se extendió entre los pueblos de Villeta, Guaduas, Honda, Ambalema y las riberas del Magdalena, bajo la consigna de «la tierra es para quien la trabaja». Al igual que Tupac Amaru, Galán fue traicionado, capturado y ejecutado para escarmentar a quienes pretendieran sublevarse.[11] El alzamiento comunero fue expresión del conflicto interno que vivían los habitantes de la colonia, pero también manifestaba una nueva conciencia frente a la metrópoli.

Las nuevas necesidades económicas que se generaron tras la creación del virreinato, así como el crecimiento poblacional, dieron lugar a uno de los aspectos más sobresalientes del siglo XVIII: la expansión territorial. Desde que se inició la colonización de la Nueva Granada en el siglo XVI, los españoles ocuparon las zonas donde se encontraban las comunidades indígenas más importantes, especialmente en la región andina. En el siglo XVII se intentó ocupar el interior del territorio, pero las cordilleras y selvas fueron una barrera natural. La exploración y colonización de regiones prácticamente desconocidas, como los Llanos Orientales y la Orinoquia, se llevaron a cabo intensivamente en el siglo XVIII, lo que las convirtió en fronteras agrícolas y ganaderas. Algo similar ocurrió con las tierras bajas del Pacífico, incluido el Chocó, dueño de las ya legendarias riquezas auríferas de aluvión, y al finalizar el siglo XVIII el territorio estaba prácticamente colonizado y el virreinato alcanzaba un total de 826.550 habitantes, de los cuales 277.068 eran blancos; 368.093 mestizos; 136.753 indígenas y 44.636 negros.

Las esferas políticas del virreinato y el final de la colonia

Existían tres grandes esferas sobre las cuales reposaba la administración política y territorial de las colonias españolas en América. La primera era la total dependencia de todas las instancias del poder con respecto al Consejo de Indias, cuya sede estaba en Sevilla y que era el encargado de fiscalizar cualquier nombramiento, tributo, decreto o decisión oficial. En segundo lugar se encontraban los funcionarios que operaban en la colonia: virreyes, oidores de la Audiencia, visitadores, gobernadores, capitanes generales y oficiales reales, entre otros, que obedecían a una jerarquización muy precisa. Por último estaban las instancias locales, donde más patentes se hacían las contradicciones entre las exigencias de la corona y las necesidades no institucionalizadas de las oligarquías lugareñas. Tradicionalmente se ha querido sostener que en esta última instancia crecieron y se consolidaron los criollos, grupo que después tomaría las riendas de la república. Excluidos de los estamentos superiores del poder, esta ha sido una de las explicaciones propuestas por la historia académica para avalar el proceso de la independencia. Sin embargo, como ya se ha mencionado, desde mediados del siglo XVII los criollos participaban de manera muy activa en los cargos oficiales, lo que indica que el problema no se concentraba sólo en la exclusión, sino en la adquisición de una conciencia de autogobierno.

A primera vista, es paradójico que se formara una conciencia de autogobierno en los criollos en el momento en que su situación política y económica era relativamente mejor con respecto a su pasado, además, en una sociedad donde las reformas borbónicas impulsaban la economía y fomentaban la ciencia y la cultura, lo que les proporcionaba mayor holgura social. Sin embargo, el surgimiento de esta conciencia no fue un fenómeno generalizado en todos los criollos, sino en un sector en el cual tuvieron un fuerte impacto las ideas que introdujo la Ilustración europea en la Nueva Granada. Como ya se dijo, estas generaron una especie de división entre la élite, cuyos miembros comenzaron a escindirse entre quienes defendían la tradición y quienes se oponían a ella. Los criollos ilustrados se dieron cuenta de que las nuevas ideas justificaban su emancipación de España. Tenían, por otra parte, muchas objeciones que hacerle al régimen colonial, y entre las más importantes estaban la mala administración y la parcial discriminación de la que eran objeto para ocupar ciertos cargos públicos. Las discrepancias políticas de estos criollos con la corona alimentaron en buena medida la posibilidad de autogobierno, lo que no significaba necesariamente la búsqueda de la independencia. Por consiguiente, acontecimientos externos como la Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa de 1789 les permitieron considerar que aquellos ideales de igualdad, fraternidad y libertad eran realmente efectivos a la hora de crear una nación, y el caso norteamericano les mostró que era posible derrotar a la metrópoli. De ahí que en la Nueva Granada circularan con notable amplitud las obras de los enciclopedistas franceses y los discursos de Thomas Jefferson y George Washington, lo que motivó el interés por sus contenidos y por la ideología social que proponían a sus lectores.

Los criollos ilustrados, para decirlo en pocas palabras, llegaron a la madurez política en medio de un entorno internacional que los llevó a concluir que podían encabezar el proceso de la emancipación y que estaban en condiciones de asumir el gobierno de las nuevas repúblicas. El caso de Antonio Nariño es bastante revelador. Próspero comerciante e intelectual aficionado que poseía una de las bibliotecas privadas más grandes del reino, convirtió su casa en centro de reuniones secretas donde se discutía la situación del virreinato. Era un admirador ferviente de Washington, Montesquieu, Rousseau y Benjamin Franklin. Ante los peligros que representaba su actuación para la estabilidad del régimen colonial, la Real Audiencia lo apresó, acusándolo de conspiración, y lo envió a la cárcel de Cádiz, de donde se fugó. Durante su estancia en Europa continuó estableciendo contactos para lograr la emancipación, y en los acontecimientos posteriores a 1810 tendría un protagonismo decisivo.

ENTRE LA COLONIA Y EL SUEÑO REPUBLICANO (1810-1821)

La historia oficial, con su sesgo de patriotismo, ha instaurado, y reducido, el proceso de la independencia a la versión casi de leyenda del Florero de Llorente. Según esta, la chispa que prendió la revolución fue la solicitud de préstamo de un florero que hicieron los hermanos Morales, criollos, al español José González Llorente el 20 de julio de 1810. Su negativa desembocó en una pelea, a la cual se fueron adhiriendo los habitantes de la ciudad. A partir de este acontecimiento, sobreviene el «grito de independencia» y sus consabidas consecuencias. Lo que generalmente no se cuenta es que la pelea había sido intencionalmente planeada la noche anterior por los criollos revolucionarios en el Observatorio Astronómico; y que el «grito» no fue inmediato, tardó varios días en concretarse y meses para consolidarse. Además, la historia que concluye en el famoso florero es más complicada.

La cultura política

Al finalizar la primera década del siglo XIX, trescientos años de dominación colonial española en la Nueva Granada llegaban a su fin. Los cambios introducidos por las reformas borbónicas habían gestado una crisis política y social sin precedentes, que se reflejó en los nuevos impuestos y en la falta de atención a los inconformes. Pero en otro sentido, las reformas y la crisis habían acelerado el desarrollo de una nueva conciencia en los sectores criollos, y los ideales ilustrados aportaron a esta nueva conciencia un complejo de ideas que unos años antes hubieran sido impensables: la igualdad se oponía al orden social colonial, jerárquico y escalonado por castas; la libertad se oponía a la fidelidad al rey y, sobre todo, a las autoridades reales; el ciudadano se oponía al súbdito. De la mano de estas ideas venían otras, igualmente revolucionarias para la época: opinión pública, soberanía, independencia y autogobierno. Esta acumulación de rencores criollos, olvidos españoles y nuevas ideas políticas encontró un espacio para comenzar a manifestarse en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invadió España.

Napoleón había ascendido al trono en 1804, y aunque era el heredero natural, por así decirlo, de la Revolución Francesa, asumió las actitudes de un nuevo emperador. Poco tiempo después de su coronación inició una campaña militar con el objeto de conquistar Europa. Su gran obstáculo era Inglaterra, la gran potencia del momento, y para derrotarla decidió crearle un bloqueo continental. La primera víctima de sus ansias de conquista fue Portugal, cuyo rey huyó hacia la lejana colonia del Brasil en 1807. Enseguida le tocó el turno a España, que por aquel entonces pasaba por un mal momento, pues el poder se dividía entre el débil Carlos IV y Manuel Godoy, el favorito de la reina. Esta continua tensión, agravada por la abdicación del monarca a favor de su hijo, Fernando VII, y por el descontento popular, fue lo que le permitió a Napoleón tomar posesión de España y, nominalmente, de las Indias.

Bonaparte obtuvo la abdicación de Fernando VII y nombró como nuevo soberano a su hermano José. Con este hecho cayó la autoridad central de las colonias, lo que creó un vacío de poder que no fue aprovechado por los criollos, al menos inmediatamente, para declarar la independencia. La reacción política de la aristocracia y la naciente burguesía españolas fue organizar un movimiento de oposición a los franceses que proponía gobernar España y las colonias en nombre del rey derrocado. Este movimiento tuvo cierto éxito en las provincias, pero por ello mismo se atomizó en juntas regionales autónomas en las que, desde el punto de vista ideológico, se consolidaron dos líneas: la tradicional, que abogaba por el regreso de las instituciones monárquicas, y un liberalismo moderado, que pretendía aprovechar la coyuntura para establecer una monarquía constitucional con mayores libertades. Estas dos tendencias tuvieron amplias repercusiones en las colonias.

El odio a los franceses aceleró la consolidación de un patriotismo español de carácter liberal, y este favoreció el establecimiento de un gobierno central conocido como Junta Central de Sevilla, que manejaba los intereses de la España no ocupada. Los representantes del poder real en las colonias aceptaron las disposiciones de la Junta de Sevilla. Sin embargo, una minoría criolla se opuso, argumentando que la Junta Central de Sevilla no tenía intenciones de cambiar la situación de las colonias y que a los españoles nacidos en América les asistía el derecho de crear juntas autónomas que gobernaran los territorios hasta que la situación en la península se estabilizara. En este contexto se llevó a la práctica la idea política, con varias décadas de gestación, que anteponía la soberanía del pueblo a cualquier dominación. Estos fueron los primeros pasos tendientes a formar juntas americanas, cuyo objetivo era gobernarse autónomamente pero en nombre del rey. Los criollos no tuvieron que esperar mucho, pues la creciente debilidad de la Junta de Sevilla llevó a que fuera reemplazada en 1810 por un Consejo de Regencia cuya instauración dio inicio a un nuevo movimiento «juntista» en las colonias.

En el aspecto político existían tres clases de juntas: las realistas, que apoyaban de manera incondicional la soberanía del rey de España; las autonomistas, que como su nombre lo indica proponían la autonomía de los gobiernos provisionales, y las independentistas, para las cuales se debía llevar a cabo una revolución que cortara los lazos con España. Las diferentes tendencias reflejaban la existencia de dos grupos con perspectivas e intereses diferentes frente al sistema colonial. El primero estaba compuesto por los realistas, también llamados chapetones, los principales beneficiarios del statu quo. Defendían el poder real, apoyaban el ordenamiento colonial y, en términos generales, ocupaban los cargos administrativos más importantes. El otro grupo se definía por su actitud en contra de la existencia misma de la colonia y lo componían los criollos, quienes habían tenido una pequeña participación en el poder. A su favor contaban con un considerable respaldo del clero y, en no pocas ocasiones, con una base económica relativamente fuerte: terratenientes, grandes comerciantes, propietarios de minas y profesionales de la época, como médicos y abogados.

En algunas ciudades del virreinato de la Nueva Granada, como Caracas y Quito, se organizaron juntas en 1808, pero fracasaron por la férrea resistencia de los chapetones, fieles a la política de Sevilla. En Bogotá, aunque en aquel año se llevó a cabo la ceremonia conocida como «jura de fidelidad al rey» y hubo declaración de guerra contra Napoleón, en el cabildo se debatió la constitución de una junta, pese a la resistencia del virrey Antonio Amar y Borbón. Su único resultado fue la elaboración de la llamada «Representación del Cabildo de Santafé», más conocida como el «Memorial de agravios». Camilo Torres, su redactor, enumeró quejas específicas acerca de la injusta manera como se gobernaba la colonia. Señaló que la política borbónica había debilitado la confianza en el gobierno real, y terminó afirmando que «las Américas, Señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la corona de España […] Tan españoles somos como los descendientes de Don Pelayo, y tan acreedores, por esta razón, de las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación».[12] Sin embargo, su reclamo más representativo era la defensa del derecho que tenían los criollos a tener igualdad de derechos, a participar en el gobierno y a tomar decisiones que afectaban el bien común. Aunque el documento nunca se envió a España, circuló en forma manuscrita, por lo que fue conocido y comentado por otros pensadores criollos. Frutos, Joaquín Gutiérrez e Ignacio de Herrera, por ejemplo, llevaron a cabo una extensa justificación de la revolución y hablaron de la necesidad de que el pueblo americano ejerciera su soberanía.

Mientras tanto, la arremetida de Napoleón contra las ciudades peninsulares que aún no había logrado someter, Sevilla entre ellas, debilitó aún más a España, de modo que las pocas juntas existentes se disolvieron a favor del recién creado Consejo de Regencia. Esta situación planteó de nuevo el tipo de relaciones que debían sostener las colonias con la metrópoli, aunque de fondo estaba el reconocimiento de la nueva autoridad española. Los criollos independentistas ganaron terreno y los autonomistas perdieron poder. El resultado fue un nuevo impulso hacia la libertad política, y a partir de abril de 1810 se comenzaron a sustituir las viejas juntas por nuevas, compuestas en su mayoría por criollos. Caracas, cabeza de la Capitanía General de Venezuela y territorio dependiente del virreinato de la Nueva Granada, fue la primera en conformar una junta propia que depuso al capitán general. La siguió Cartagena en mayo, que hizo lo mismo con su gobernador, y de allí en adelante Cali, Pamplona, Socorro y Santafé imitaron el ejemplo.

Para entonces ya habían comenzado los movimientos de insurrección en varias colonias españolas, principalmente en Charcas, La Paz y Quito. Los ecos del levantamiento en esta última ciudad repercutieron en la Nueva Granada cuando Camilo Torres propuso apoyarlo. Las corrientes independentistas empezaban a madurar. La agitación de las provincias se extendió por todo el virreinato y culminó el 20 de julio en Santafé. Y es aquí donde entra en escena el famoso Florero de Llorente. Más allá de la anécdota, la pelea generó un tumulto que reclamaba derechos para los criollos y la convocatoria de un cabildo abierto. El virrey Amar y Borbón accedió a conformar una junta suprema de gobierno que asumía la soberanía en nombre del pueblo pero quedaba sujeta a la Suprema Junta de Regencia de España, que reemplazaba al cautivo rey Fernando VII. Días más tarde, el 26 de julio, el cabildo abierto declaró la independencia del Consejo de Regencia, con lo cual se rompían las relaciones con España mientras el rey estuviera detenido por Napoleón.

Tras estos sucesos la situación se volvió aún más confusa. En muchas ciudades aparecieron juntas que se definían a sí mismas como autónomas a partir de las llamadas «actas de revolución». Es decir, no buscaban independencia sino autonomía con respecto a España, mientras durara la retención de Fernando VII. Sin embargo, a raíz de los acontecimientos de los meses siguientes los criollos radicalizaron sus posiciones. La proclamación de independencia formal se inició en Venezuela el 5 de julio de 1811 y en la Nueva Granada, debido a su división interna, se hizo gradualmente. Cartagena fue la primera provincia en declararse independiente de España en noviembre de ese mismo año, y en su «acta de revolución» hacía referencia a la ruptura de los vínculos con el rey tras la renuncia de Fernando VII al trono, con lo cual el pueblo podía hacer uso de la soberanía que le correspondía para autogobernarse.[13] En su declaración afirmaba: «[…] declaramos solemnemente a la faz de todo el mundo que la provincia de Cartagena de Indias es desde hoy de hecho y por derecho Estado libre, soberano e independiente; que se halla absuelta de toda sumisión, vasallaje, obediencia y de todo otro vínculo de cualquier clase y naturaleza que fuese, que anteriormente la ligase con la corona y el gobierno de España, y que como tal Estado libre y absolutamente independiente pueda hacer todo lo que hacen y pueden hacer las naciones libres».[14] La siguió Cundinamarca y, posteriormente, Antioquia y Tunja.

Una patria no tan boba

A la luz de estos acontecimientos comenzó el primer período de vida independiente de la Nueva Granada, que ha pasado a la historia con el nombre de «la patria boba» (1810-1816). En realidad, dicho apelativo lo usó el propio Antonio Nariño en su periódico La Bagatela, y más adelante lo echaron a rodar sus enemigos políticos en la década de 1820, que le reprochaban los errores cometidos en los años siguientes a los hechos de 1810. Los historiadores del siglo XX se encargaron de legitimarlo y popularizarlo, designando con él la falta de experiencia y la incapacidad de los criollos para hacer viables los planes de autogobierno.[15] No obstante, el problema de esta Primera República, a pesar de su fracaso, debe ser mirado desde la perspectiva de las enormes dificultades políticas que afrontaron los criollos de la época y que iban desde las herencias virreinales hasta los obstáculos de las regiones, pasando por la incorporación de aquellos grupos sociales que no disfrutaban de libertades económicas y públicas. Construir nación no ha sido, al menos hasta hoy, una tarea fácil.

Entre las dificultades que existían para lograr cierta unidad política se encontraban la falta de vías de comunicación y, por supuesto, el fuero jurisdiccional que se les había otorgado a las provincias durante la Colonia, lo que había generado diferencias sociales y económicas entre las grandes regiones. Este acentuado regionalismo se consolidó con el proceso de la independencia, ya que se había propagado el principio de que cada provincia debía ser una entidad independiente y con su propia junta de gobierno. A lo anterior hay que añadir el caso de aquellas provincias «legales», reconocidas como tales por la jurisdicción colonial. Las encabezaba Bogotá. Era significativo que la antigua capital del virreinato se sintiera la heredera «legal» del gobierno de la Nueva Granada y, al mismo tiempo, hiciera esfuerzos por separarse de su pasado colonial, razón por la cual cambió el nombre de Santafé por el de Bogotá y la provincia pasó a llamarse Cundinamarca. Al frente de su gobierno estaba Antonio Nariño, quien con otros patriotas tenía la idea de que la nación se construiría con base en la unión de las otras tres provincias «legales»: Cartagena, Popayán y Quito.

A estas se oponían aquellos territorios que habían sido creados como cabezas de corregimiento por la corriente reformista del siglo XVIII: Socorro, Pamplona, Tunja, Antioquia y Mompós. A finales de 1811 constituyeron un gobierno general que recibió el nombre de Provincias Unidas de la Nueva Granada. Defendían la creencia de que la nueva nación debía ensamblarse como una federación muy amplia, con capital en Tunja y presidida por Camilo Torres. Desde el comienzo fue un gobierno débil, ya que las autoridades federales dependían de la cooperación voluntaria de las provincias. Las diferencias entre la concepción centralista de Nariño y la concepción federalista de Camilo Torres desembocaron en la primera guerra civil entre patriotas neogranadinos, en 1811.[16] Las Provincias Unidas se levantaron en armas contra Cundinamarca y Cartagena, y esta última enfrentó la sublevación de Mompós, rico puerto sobre el Magdalena, que se declaró provincia independiente y con su propia junta.

Había un tercer grupo de pequeñas provincias —San Gil, Vélez, Girón, Santa Marta y Pasto—, que defendían los antiguos fueros establecidos en los siglos XVI y XVII y que se rebelaron contra las pretensiones de los dos grupos anteriormente nombrados. Algunas, como Vélez, San Gil y Sogamoso, se anexaron a Cundinamarca; otras, como Santa Marta y Pasto, permanecieron fieles a España. Pasto tenía una estratégica posición, pues era el lugar de tránsito hacia Quito. Durante la Colonia se mantuvo al margen de la administración central no sólo por su lejanía, sino también porque su población estaba unida alrededor de comunidades muy conservadoras en las que los criollos partidarios de la independencia tuvieron que enfrentar a un nuevo enemigo: las guerrillas prorrealistas del indígena Agustín Agualongo.

Esta primera guerra civil, que nació con la nación, reflejaba un problema político que a la postre se convertiría en uno de los principales factores de conflicto durante buena parte del naciente siglo XIX: la disputa entre dos conocidas corrientes, centralistas y federalistas. Antonio Nariño fue uno de los primeros defensores de un poder central fuerte, ideas que auspició desde La Bagatela. Del otro lado, las Provincias Unidas defendían el federalismo para fortalecer el poder local y reducir al mínimo el poder central. Abogaban por una confederación de estados autónomos semejante al modelo norteamericano. En Bogotá predominaba el favoritismo por un gobierno centralista que le permitiera seguir siendo el centro de la administración, con los consecuentes beneficios económicos que de esto se derivaba. Por el contrario, las provincias se inclinaban por el federalismo, de tal manera que sus intereses no se vieran afectados por una autoridad central lejana, como había sucedido durante la Colonia.

Los dirigentes de Bogotá y Cartagena pretendieron, siguiendo el modelo territorial del virreinato de la Nueva Granada, que a ellos se unieran las provincias «legales» de Venezuela y Quito, que pasaban por situaciones similares. De hecho, el canónigo Cortés de Madariaga, enviado de Venezuela a Bogotá, fue quien propuso que la unión de las tres regiones se llamara Colombia. El proyecto fracasó, y esta primera guerra civil, que se haría casi normal en los dos siglos siguientes, culminó con la conquista de Bogotá por parte de las tropas federales de las Provincias Unidas, que contaron con la ayuda de Simón Bolívar, temporalmente expulsado de Venezuela.

El panorama después de los cuatro primeros años de vida independiente estaba conformado por la fragmentación política de las provincias y por la falta de integración de buena parte de la población al movimiento republicano, lo que impidió mantener la unidad del Estado. El resultado fue el hundimiento de la Primera República y el conflicto de intereses económicos y políticos entre las élites, que favoreció la reconquista realista en 1814. Sin embargo, esta Primera República tuvo algunos efectos sociales importantes. En 1814, por ejemplo, en la provincia de Antioquia, se decretó la abolición de la esclavitud, garantizando la libertad de todos los niños que desde el momento nacieran de madre esclava. Se trataba del principio de la libertad de vientres, que después de la guerra se extendió a todas las regiones del país.

La «Expedición Pacificadora»

El contexto no podía ser más desfavorable para la conflictiva Primera República. Mientras los centralistas y los federalistas se ensartaban en una prolongada guerra civil, los ingleses vencieron a Napoleón y, a consecuencia del Congreso de Viena de 1814, se reorganizaron los estados europeos. España, libre del dominio napoleónico, comenzó a restablecer su antiguo poderío, y entre sus proyectos más ambiciosos se encontraba la reconquista de las colonias americanas que había perdido pocos años atrás. La explosiva situación neogranadina favoreció este proyecto. Los españoles encontraron apoyo entre los partidarios locales de la monarquía y de las instituciones virreinales, entre los cuales no faltaban funcionarios peninsulares, criollos tradicionalistas y parte de la población de Popayán, Pasto y Santa Marta. Para España, la revolución de sus antiguas colonias era una simple sublevación de criollos descontentos contra la verdadera legitimidad del poder que representaba la corona.

La misión de reconquistar la Nueva Granada fue encomendada a Pablo Morillo, quien emprendió su campaña militar por Venezuela en 1815, al mando de un ejército de más de diez mil soldados. Sitió Cartagena durante tres meses y, tras la victoria, inició el sometimiento del interior del antiguo virreinato, lo que le tomó algo más de un año. En la batalla de la Cuchilla del Tambo, en junio de 1816, Juan Sámano derrotó a las tropas patriotas, acontecimiento que dio por terminado el período de la Primera República. La reconquista se facilitó en muchas regiones porque los pobladores estaban agotados por la guerra civil entre federalistas y centralistas. En poco tiempo, los españoles volvieron a dominar el territorio, con excepción de los Llanos Orientales.

La reconquista española se apoyó en el uso sistemático del terror como herramienta para alcanzar sus objetivos. Morillo empleó para tal fin tres tribunales: el Consejo Permanente de Guerra, que dictaba las sentencias de muerte a los patriotas; el Consejo de Purificación, que juzgaba a quienes a su juicio no merecían la pena de muerte, y la Junta de Secuestros, encargada de confiscar los bienes de los implicados en los procesos por rebeldía. La victoria española también estuvo respaldada por el apoyo que recibió de los caudillos regionales y por la debilidad del gobierno central. Finalmente, la élite criolla fue aplastada por sus enemigos, en particular durante el año de 1816, que llegó a ser conocido como «el año de la horca». Y sin embargo, en la cumbre de la represión española, volvió a renacer la «revolución».

Las guerras de independencia

Restablecido el poder español en el territorio de la Nueva Granada, sobrevino una tercera etapa del proceso de independencia. Se inició en los Llanos Orientales, la única región que no estaba en poder de los españoles, bajo el liderazgo de Simón Bolívar, quien tenía cierta experiencia militar porque había servido como oficial en el ejército colonial; además, había viajado por Europa, donde recibió la influencia de las ideas ilustradas; políticamente era enemigo del federalismo, pero para esta época ya era conocido como el Libertador, gracias a su participación en la campaña que adelantaron en 1813 las Provincias Unidas para liberar a Caracas del poder español.

Para el éxito de esta tercera etapa fue muy importante la vinculación de Francisco de Paula Santander, quien se unió al estado mayor de Simón Bolívar en 1817. Estos dos personajes fueron los artífices de las batallas que permitieron a los neogranadinos reconquistar las zonas estratégicas. La campaña de 1819 se inició cuando los ejércitos patriotas se reunieron en Casanare para atravesar la Cordillera de los Andes y atacar a los españoles en la provincia de Tunja, donde se abrieron camino hacia Bogotá. Al mando de Santander marchaban las tropas neogranadinas, mientras que las venezolanas estaban comandadas por José Antonio Anzoátegui. Bolívar, mientras tanto, aportaba su ingenio militar y político, fundamental para unir los intereses de venezolanos y neogranadinos, y contaba con el apoyo de Francia y de Inglaterra. Esta última, en particular, aportó armas, dinero, municiones y un ejército de cinco mil hombres conocido como la Legión Británica.

Los patriotas enfrentaron a los españoles en diversos escenarios, pero el decisivo fue la victoria que obtuvieron en la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819, una victoria que selló la suerte de las tropas enemigas. Días más tarde, el 7 de agosto, españoles y patriotas tuvieron su encuentro final en el Puente de Boyacá, sobre el río Teatinos. El coronel Barreiro debía detener el avance patriota, pues para asegurar la victoria definitiva, a Bolívar y Santander sólo les faltaba llegar a Bogotá. El conflicto se llevó a cabo paralelamente en dos lugares: una parte de los patriotas enfrentó al ejército español en el Puente de Boyacá, mientras que el grueso de los dos ejércitos combatió en la planicie del camino a Samacá.[17] Después de dos horas de combate y trece muertos patriotas, en ambos frentes fueron derrotados los realistas y sus jefes capturados, lo que significó la derrota definitiva del imperio español en esta parte del continente americano. Días después el ejército patriota entró en Bogotá, mientras que el último virrey y las tropas a su mando huían hacia Cartagena o hacia el sur del país.

Pablo Morillo le comunicaba al rey lo sucedido en estos términos:

El sedicioso Bolívar ha ocupado a Santa Fe y el fatal éxito de esta batalla ha puesto a su disposición [la Nueva Granada] y los inmensos recursos de un país muy poblado, rico y abundante, de donde sacará lo que necesite para continuar la guerra. […] Bolívar en un solo día acaba con el fruto de cinco años de campaña, y en una sola batalla reconquista lo que las tropas del rey ganaron en muchos combates.[18]

Los efectos de este enfrentamiento fueron muy importantes para la futura Colombia, pues la victoria abrió paso para que se llevaran a cabo las campañas de Venezuela, Quito, Perú y Bolivia, que entonces se conocía como Alto Perú.

LA PRIMERA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO (1821-1830)

Con la expulsión de los españoles se reiniciaba la etapa republicana del país, un camino que no pintaba fácil porque la guerra llevaba ya tres años y había paralizado la economía, especialmente por la escasez de mano de obra y por el estancamiento del comercio, la minería y la agricultura. A esto se sumó la entrada de las mercancías que en proporciones cada vez mayores producía la naciente revolución industrial inglesa, más baratas que las de producción artesanal, y el pago de los préstamos ingleses para costear la guerra de independencia, cuyos altos intereses debilitaron aún más la incipiente economía. Al finalizar 1819 no todo el territorio estaba libre; todavía quedaba por expulsar a los españoles de la provincia de Pasto y de algunos lugares de la Costa Atlántica. Sin embargo, en diciembre de aquel año se reunió el Congreso de Angostura, en el cual se organizaba la República de Colombia con la unificación de la capitanía general de Venezuela y el antiguo virreinato de la Nueva Granada. Más adelante, se anexaría la presidencia de Quito, después de las batallas de Bomboná y Pichincha. Aún faltaba el largo proceso de construir la República.

Entre constituciones y congresos

En Angostura se aceptó la propuesta de Simón Bolívar de crear la República de la Gran Colombia sobre la base territorial del antiguo virreinato de la Nueva Granada. El Libertador fue elegido presidente, asistido por un vicepresidente en cada uno de los departamentos, y a partir de entonces se inició el lento proceso de organización de la república, cuya primera etapa se llevó a cabo entre 1819 y 1821. Concluyó con el Congreso Constituyente de Cúcuta, que dotó a la nueva nación de su primera carta constitucional. Durante los debates emergieron de nuevo las viejas rencillas entre centralistas y federalistas, pues se trataba de buscar, entre el cajón de las doctrinas políticas vigentes, cuál debía ser la forma de integrar la naciente república. Los centralistas, encabezados por José Manuel Restrepo y Vicente Azuero, defendían la idea de constituir la nación sobre la unidad central, de manera semejante a los centralistas de la Primera República, y los federalistas, liderados por José Ignacio de Márquez, deseaban organizar el país a través de los parámetros de una confederación de regiones independientes, para lo cual argumentaban, entre otras cosas, la necesidad de respetar la diversidad geográfica. Por supuesto, el modelo que seguían era el sistema federativo norteamericano, símbolo en su época de desarrollo y prosperidad.

Los intensos debates culminaron con la aprobación del sistema centralista para la organización de la República de la Gran Colombia y sirvieron de marco para la promulgación de otras leyes importantes, entre ellas la libertad de vientres y la prohibición del tráfico de esclavos —aunque no de la esclavitud propiamente dicha, que subsistió durante casi medio siglo más—. También se les reconocieron algunos derechos a los indígenas y se les declaró exentos del pago de tributos. Como se trataba de borrar hasta donde fuera posible los rastros del pasado colonial, los delegados del Congreso Constituyente de Cúcuta abolieron el Santo Oficio de la Inquisición, que funcionaba desde 1610; expropiaron conventos pequeños para que funcionaran como escuelas de educación oficial, para lo cual se reformaron y unificaron los planes educativos de todo el país, y aprobaron leyes que permitían la libertad de imprenta y las libertades públicas.

Estos avances políticos se vieron desfavorecidos por la difícil situación económica. Las autoridades trataron de implementar algunas medidas, como la ley del impuesto sobre la renta, especialmente para la propiedad rural y urbana, y frente a las manufacturas inglesas que inundaban el mercado se fomentó el proteccionismo a los productos nacionales y se eximió del pago de derechos aduaneros a la importación de maquinaria. Sin embargo, las guerras de independencia habían agotado los recursos del fisco y las bases de la economía se encontraban exhaustas. La Gran Colombia había adquirido una cuantiosa deuda externa con Inglaterra, nación que había prestado los dineros para financiar la independencia. Santander, vicepresidente de Colombia, llevó a cabo esfuerzos muy considerables para recuperar la situación fiscal, entre ellos el establecimiento de normas tendientes a reorganizar la moneda y los impuestos, y para el efecto suprimió el tributo indígena, la alcabala y el monopolio estatal del aguardiente, sustituyéndolo por el impuesto directo. Pese a estos esfuerzos, poco se podía hacer para sostener la unidad de la Gran Colombia, pues el territorio que la conformaba tenía una larga tradición colonial que había consolidado una especie de «independencia» administrativa en cada una de las regiones, con características sociales y culturales específicas.

Mientras avanzaba la organización de la Gran Colombia, las potencias europeas todavía buscaban mecanismos para recuperar las colonias perdidas. De ahí que eminentes políticos y precursores neogranadinos, preocupados por la debilidad y el futuro de los nuevos estados, pensaran en la necesidad de unir fuerzas, lo que recibió el nombre de «integración». Simón Bolívar abanderó este proceso, pues siempre defendió la idea de crear un sentimiento de americanidad. La primera vez que lo propuso fue en Londres, en 1810, cuando justificó la importancia de crear una confederación de colonias españolas que permitiera asegurar la independencia. El concepto fue desarrollado en la famosa «Carta de Jamaica», de 1815, donde mencionaba la urgencia que había de conformar una verdadera confederación de estados iberoamericanos.

Dadas las condiciones, en 1822 envió representantes diplomáticos a varios países para sentar las bases sobre las cuales funcionaría el proyecto y para asegurar una reunión del Congreso Americano, que se llevaría a cabo en Panamá en 1826. Para Bolívar, la integración debía abarcar a todos los países del continente sobre la base de una población con un mismo idioma y creencias religiosas semejantes, y un amplio territorio cuyas fronteras naturales fueran los dos océanos. La urgencia de constituir esta liga se debía a que el progreso no llegaría a las jóvenes repúblicas si no se unían para enfrentar a las grandes potencias europeas y, especialmente, a los Estados Unidos, al que ya veía como un gigante a punto de despertar. Al congreso asistieron delegados de Colombia, Perú, México y Centroamérica; en él se comprometieron a dirimir sus conflictos de manera amigable; a no declararse la guerra; a defender la integridad de sus territorios y, por añadidura, firmaron algunos pactos de carácter comercial. Sin embargo, el proyecto fracasó porque algunos países no ratificaron el pacto.[19]

La continuidad de las estructuras coloniales

Una vez finalizado el Congreso Constituyente de Cúcuta, Bolívar marchó al sur con el objeto de adelantar la campaña que conduciría a la independencia de Perú y Bolivia. En su lugar gobernó Francisco de Paula Santander, a quien le correspondió enfrentar directamente la tarea de organizar el país tras la devastación ocasionada por las guerras de independencia. A los problemas económicos ya mencionados se agregaba una burocracia desorganizada, un ejército desgastado y, como si fuera poco, la gran dimensión territorial de la Gran Colombia, a la que se adhirió Panamá en 1821. En realidad, buena parte de los inconvenientes se encontraba en la dificultad de hacer un corte inmediato con el pasado colonial, pues se debían articular las reformas a las estructuras institucionales que se habían heredado del virreinato. De hecho, buena parte de estas estructuras se prolongaría al menos hasta mediados del siglo XIX.

Pese a las buenas intenciones de los gobernantes y a las nuevas condiciones generadas por la independencia, la tradicional división jerárquica de castas entre blancos, mestizos, indios y negros, de origen colonial, no se modificó. Se preservaron los privilegios sociales, económicos y políticos en favor de las élites criollas, que se mostraban renuentes a posibilitar transformaciones que beneficiaran a los grupos inferiores. La nación era ahora el marco apropiado para desarrollar sus propios intereses. Durante la guerra por la independencia se habían aliado los terratenientes, los esclavistas y los comerciantes, y una vez superado el conflicto procuraron que sus resultados se ajustaran, en lo fundamental, a sus necesidades más inmediatas, lo que desató la lucha por el predominio del poder entre los diferentes sectores. Además, el hecho de formar la Gran Colombia en el espacio regional colonial permitía que continuaran las tradiciones políticas locales y el centralismo heredado del virreinato.

De esta manera, las condiciones sociales durante la primera mitad del siglo XIX fueron muy parecidas a las que regían durante la Colonia: los indígenas se mantuvieron en los resguardos sin que se les concedieran nuevos privilegios; los negros, en su mayoría, continuaron en la esclavitud; los mestizos siguieron siendo una parte marginal de la sociedad. Por el contrario, los criollos vieron acrecentar su riqueza por medio de la distribución de tierras, cuyo mecanismo era muy sencillo: el nuevo gobierno republicano entregó grandes extensiones para pagar las deudas nacionales, de lo que se beneficiaron muchos generales y sus familias, al igual que algunos sectores mestizos que pertenecían al ejército, y el sistema de haciendas absorbió las tierras más ricas y funcionó con poco capital y mano de obra barata, lo que permitió la concentración del poder regional, el ascenso del caudillismo y la consecuente debilidad del poder central.

La economía también mantuvo los rasgos generales de la estructura colonial, agravados por el abandono de las tierras, la destrucción de las propiedades, la interrupción del comercio y el derrumbe de las vías de comunicación. La población, por otra parte, seguía siendo escasa: en 1825 el número de habitantes oscilaba alrededor de 1.350.000, y para 1851 no llegaba a los 2.300.000, de los cuales el 85% vivía en el campo. Las diferentes regiones se autoabastecían de los productos que necesitaban consumir y el intercambio comercial era muy reducido. La deuda externa contraída con los ingleses seguía consumiendo los ya de por sí modestos recursos del erario, y la reforma fiscal de Santander no tuvo los efectos esperados, por lo que los antiguos impuestos coloniales tuvieron que ser restituidos cuando Bolívar se proclamó dictador en 1828.

El orden social y cotidiano, aunque afectado por los cambios políticos, mantuvo más o menos las mismas expectativas que habían caracterizado la época de la Colonia. Los pintores, por ejemplo, se enfrentaron a una demanda muy menguada de imágenes sagradas debido al empobrecimiento de las comunidades religiosas. Pero también había nuevos sentimientos para ser representados: la libertad, el patriotismo, el héroe. El retrato virreinal se prolongó con sus elementos tradicionales, pero los representados ya no eran virreyes o miembros de la aristocracia criolla, sino los próceres de la independencia. Las construcciones urbanas aún seguían el modelo colonial, y la arquitectura republicana tardaría todavía en aparecer. La vida diaria, sus objetos y artefactos estaban en la misma condición de unas décadas atrás.

Por añadidura, el contexto internacional no era el mejor. Europa, a pesar de los avances de la revolución industrial, padeció una grave recesión entre 1820 y 1850. Sus efectos se sintieron en la Nueva Granada, donde cesó prácticamente la demanda de productos agrícolas y las exportaciones se redujeron al oro, que ocupó una posición predominante en la economía. Finalmente, la balanza comercial no constituía un factor menos angustioso: las exportaciones, principalmente de sombreros, sal, ganado, cacao, café y derivados de la caña de azúcar, eran débiles, mientras que las importaciones estaban conformadas ante todo por textiles. Aunque en la década de 1820 se trató de incentivar las primeras inversiones extranjeras, los campos elegidos fueron la explotación minera y la inversión en medios de transporte a gran escala, como la navegación a vapor por el río Magdalena. En 1823, el comerciante alemán Juan Elbers adquirió el monopolio de dicha navegación, con lo que los costos del transporte se dispararon.

El enfrentamiento entre Bolívar y Santander

Durante la década de 1820 Bolívar dirigió su política hacia la búsqueda de un equilibrio entre las diversas castas que configuraban la sociedad de la Gran Colombia. Su objetivo era frenar la ambición criolla para prevenir el peligro de posibles insurrecciones negras y mestizas, para lo cual se apoyó en el poder militar. Esta situación desató una fuerte resistencia encabezada por los sectores agrupados alrededor del general Santander, entre los cuales participaban comerciantes y grupos de abogados opuestos al ejército y defensores del civilismo, es decir, del pensamiento político según el cual el pueblo debía seguir los lineamientos de un «Estado de derecho» regido por la constitución, las leyes y la democracia liberal. El distanciamiento entre Santander y Bolívar se incrementó entre 1826 y 1827 a causa del intento separatista de Venezuela, dirigido por el general Páez, quien se sublevó contra el gobierno central. Santander respondió a este suceso defendiendo la legalidad constitucional, mientras que Bolívar, preocupado por la unidad de la república, perdonó el levantamiento militar y debilitó la autoridad de la ley.

La pugna entre los dos próceres se acrecentó al conocerse el proyecto constitucional bolivariano de 1826, que buscaba acabar con la anarquía política y la manipulación electoral. El proyecto defendía la necesidad de un fuerte centralismo y proponía el carácter vitalicio de la presidencia, al tiempo que Santander abogaba por un poder ejecutivo más débil, cuyo presidente fuera elegido mediante el sufragio restringido. Los bolivarianos lograron ganar el apoyo de algunos grupos tradicionales interesados en evitar reformas al orden colonial, especialmente entre las élites de Bogotá, Popayán y Cartagena, así como de la Iglesia, mientras que el santanderismo, cuyas reformas beneficiaban a los comerciantes, contaba además con el apoyo de los profesionales y era especialmente fuerte en el nororiente del país y en Antioquia. La Gran Colombia, a estas alturas, estaba nuevamente dividida.

La tensión entre santanderistas y bolivarianos llegó a su punto más conflictivo en 1827. En Bogotá, a Bolívar se le veía con cierta desconfianza por los privilegios que otorgó a ingleses y venezolanos, lo que aceleró las diferencias con el Congreso. En este contexto se pensó en llevar a cabo una reforma a la constitución, y para ello se reunió una Convención Constituyente en Ocaña. El enfrentamiento entre las dos fracciones fue tan fuerte que tres meses después se clausuraron las sesiones sin ningún resultado. En respuesta, Bolívar proclamó un decreto constitucional, el 27 de agosto de 1828, por el cual asumía plenos poderes, suprimiendo la vicepresidencia y el Congreso. Santander quedaba excluido del gobierno. Poco después dictó decretos muy polémicos: impuso de nuevo el tributo indígena, reabrió conventos y elevó los aranceles de importación, actitud que le granjeó un gran número de enemigos, de manera que un mes después los partidarios de Santander atentaron contra la vida de Bolívar en la conspiración de septiembre de 1828. Los participantes fueron ajusticiados y el mismo Santander fue condenado a muerte, pero el Libertador le conmutó la sentencia por el destierro. Santander marchó al exilio para Europa y allí permaneció hasta 1833, cuando regresó al país para asumir la presidencia.

La disolución de la Gran Colombia

El bolivarismo se fue debilitando tanto por las contradicciones entre Bolívar y sus partidarios como por la resistencia santanderista, que acabó obligando al Libertador a abandonar, dos años después, el poder. Sus amigos acusaban a los seguidores de Santander de incompetentes, corruptos, demagogos, formalistas y legalistas, y estos últimos tachaban a Bolívar de militarista y a sus áulicos de serviles. Así, el proyecto de la Gran Colombia, fundado sobre la alianza entre los sectores criollos y sobre el equilibrio entre las castas, desembocó en una confrontación que, sumada a la crisis económica y al excesivo centralismo, llevó a que Quito se separara de la Gran Colombia en mayo de 1830. En septiembre del mismo año, el Congreso de Valencia aprobó una nueva constitución para Venezuela y nombró a José Antonio Páez como presidente, con lo que en términos prácticos desaparecía el viejo sueño de Bolívar.

La muerte del Libertador y el desmembramiento de la Gran Colombia dieron paso a una nueva etapa política que se prolongó hasta mediados de siglo XIX. De estos dos acontecimientos resultó la derrota del bolivarismo y el regreso de Santander al poder. Investido por la Constitución de 1832, asumió la presidencia por segunda vez e inauguró una segunda alianza entre los diferentes sectores criollos. No fue tan fácil aplicar la nueva constitución, que había bautizado al país como la Nueva Granada. Las continuas fricciones entre santanderistas y bolivarianos, y el origen venezolano de algunos políticos, fueron una limitante para alcanzar la paz y el orden. Y así, la ficción territorial que comenzó con la formación del virreinato de la Nueva Granada se desvanecía definitivamente.

La disolución de la Gran Colombia cerraba el proyecto de la creación del virreinato de la Nueva Granada, llevado a cabo casi cien años atrás. Tanto el uno como el otro trataron de integrar políticamente tres regiones —Quito, Venezuela y Nueva Granada— cultural e históricamente diferentes. La bisagra de esta coyuntura fue el proceso de independencia, cuyos próceres trataron de consolidar la unidad que representaba el virreinato. Sin embargo, este acontecimiento no determinó cambios en la mentalidad, como tampoco lo lograron las reformas borbónicas, la Ilustración, el ideario emancipatorio o las ideas integracionistas bolivarianas. Ninguno de estos intentos pudo crear una cultura neogranadina o grancolombina por encima de las diferencias territoriales, por lo que fracasó el intento de crear un proyecto de estado nacional sobre esta unidad colonial. Pesó más el regionalismo y la cultura de la dependencia, el largo rezago colonial.

BIBLIOGRAFÍA

De la investigación histórica sobre la Colonia, el siglo XVIII es hasta el momento el más estudiado. A continuación se mencionarán algunos textos básicos y recientes que permiten ampliar los problemas aquí expuestos. También puede considerarse esta bibliografía como una «guía de autores». Entre la amplia producción que ubica los principales problemas políticos, sociales y económicos del siglo XVIII desde una perspectiva general, así como estudios de situaciones muy específicas que se engloban dentro del contexto general, se encuentran los siguientes:

AGUILERA, Mario. Los comuneros. Guerra social y lucha anticolonial, Bogota, Universidad Nacional, 1985.

BONNETT, Diana. Tierra y comunidad, un problema irresuelto. El caso del altiplano cundiboyacense, 1750-1800, Bogotá, ICANH, 2002.

COLMENARES, Germán. «Los jesuitas: modelos de empresario colonial», en: Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá, Banco de la República, No. 2, vol. XXI, 1984.

GARRIDO, Margarita. Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815, Bogotá, Banco de la República, 1993.

JARAMILLO URIBE, Jaime (director). Manual de historia de Colombia, Bogotá, Colcultura-Procultura, t. I, 1986.

JARAMILLO URIBE, Jaime; Colmenares, Germán. «Estado, administración y vida política en la sociedad colonial», en: Manual de historia de Colombia, Bogotá, Colcultura-Procultura, t. I, 1986.

KONING, Hans. En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del estado y la nación de Nueva Granada, 1750-1856, Bogotá, Banco de la República, 1994.

MCFARLANE, Anthony. Colombia antes de la independencia. Economía, sociedad y política bajo el dominio borbón, Bogotá, Banco de la República, El Áncora Editores, 1997.

VARGASLesmes, Julián. La sociedad de Santa Fe colonial, Bogotá, Cinep, 1990.

En los últimos años se ha desarrollado una historiografía que se aleja de la interpretación tradicional de la historia social, para ahondar en problemas relacionados con la vida cotidiana y material, la ciudad, las mentalidades, las prácticas. Un acercamiento a este tipo de estudios se encuentra en:

BORJA, Jaime Humberto. Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada, Bogotá, Ariel, 1998.

CASTRO, Beatriz (ed.). Historia de la vida cotidiana en Colombia, Bogotá, Norma, 1996.

RAMÍREZ, María Himelda. Las mujeres y la sociedad colonial de Santafé de Bogotá, 1750-1810, Bogotá, ICANH, 2000.

RODRÍGUEZ, Pablo. Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Ariel, 1998.

SILVA, Renán. «La vida cotidiana universitaria en el Nuevo Reino de Granada», en: Beatriz Castro (ed.). Historia de la vida cotidiana en Colombia, Bogotá, Norma, 1996.

De igual manera, una preocupación reciente son los estudios sobre el impacto de la Ilustración en sus diversas facetas. Se ha trabajado tanto la producción de textos ilustrados como la recepción de lo que provenía del exterior, desde diversas perspectivas, entre las cuales sobresalen la historia de la ciencia y la historia cultural. Algunos textos representativos son los siguientes:

CASTRO, Santiago. La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816), Bogotá, Instituto Pensar, 2006.

NIETO, Mauricio. Remedios para el imperio. Historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo, Bogotá, ICANH, 2000.

SILVA, Renán. Los ilustrados de Nueva Granada. 1760-1808. Genealogía de una comunidad de interpretación, Medellín, Banco de la República, EAFIT, 2002.

Los estudios regionales se han hecho importantes para poder establecer las diferencias específicas, en relación con lo regional. Aunque hay una producción amplia, se pueden ver los siguientes:

CALVO STEVENSON, Haroldo; Meisel, Adolfo (eds.). Cartagena de Indias en el siglo XVIII, Cartagena, Banco de la República, 2005.

DÍAZ, Rafael. Esclavitud, región y ciudad. El sistema esclavista urbano-regional en Santafé de Bogotá, 1700-1750, Bogotá, CEJA, 2001.

HERRERA, Marta. Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos. Siglo XVIII, Bogotá, ICANH, Academia Colombiana de Historia, 2002.

KUETHE, Allan. «Un interesante caso de tolerancia religiosa en la época colonial» en: Boletín de Historia y Antigüedades, Bogotá, Nos. 615-617.

MÚNERA, Alfonso. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el caribe colombiano (1717-1810), Bogotá, Banco de la República-El Áncora Editores, 1998.

SAETHER, Steinar. Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha. 1750-1850, Bogotá, ICANH, 2005.

Además de las obras ya citadas, que incluyen dentro de sus análisis la coyuntura de la independencia y la década siguiente, es importante anotar que este período no ha sido tan afortunado historiográficamente. Se conservan trabajos clásicos sobre la independencia, muchos de ellos elaborados bajo la idea positivista de reconstruir lo que «realmente ocurrió». Algunos estudios particulares son los siguientes:

DÍAZ, Sergio Elías. Génesis de la revolución del 20 de julio de 1810, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1960.

MARTÍNEZ, Armando. El legado de la Patria Boba, Bucaramanga, UIS, 1998.

OCAMPO LÓPEZ, Javier. El proceso ideológico de la emancipación. Las ideas de génesis, independencia, futuro e integración en los orígenes de Colombia, Tunja, La Rana y el Águila, 1974.

OCAMPO LÓPEZ, Javier. «El proceso político, militar y social de la Independencia», en: Manual de historia de Colombia, t. II, Bogotá, Procultura-Colcultura, 1986.

PUYO, Fabio. Muy cerca de Bolívar, Bogotá, Oveja Negra-Misión Colombia, 1988.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ana Luz. Cofradías, capellanías, epidemias y funerales. Una mirada al tejido social de la independencia, Bogotá, El Áncora Editores, 1999.

RODRÍGUEZ, Diana. Santafé 1810-1816. Orden alterado en la capital de… ¿una patria boba?, Bogota, Universidad Javeriana, trabajo de grado, 2005.

También existe una amplia bibliografía de fuentes de la época, recopiladas y publicadas. Algunas, además de las mencionadas en este texto, son las siguientes:

AA.VV. Historia documental de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada después de la muerte de su director, José Celestino Mutis, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1986.

CABALLERO, José María. Diario de la independencia, Bogotá, Villegas Editores, 1990.

COLMENARES, Germán. Relaciones de mando e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, 3 tomos, Bogotá, Banco Popular, 1989.

FINESTRAD, Joaquín de (1789). El vasallo instruido en el estado de la Nueva Granada y en sus respectivas obligaciones, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2000.

HERNÁNDEZ DE ALBA, Gonzalo. Archivo Nariño, 6 tomos, Bogotá, Presidencia de la República, 1990.

HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Documentos para la historia de la educación en Colombia, 7 tomos, Bogotá, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, 1969-1984.

MERCADO, Pedro de. Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, t. 1, Bogotá, Presidencia de la República, 1957.

Obras de Francisco José de Caldas, Bogotá, Universidad Nacional, 1966.

ORTEGA DE RICAURTE, Carmen. Revolución del 20 de julio de 1810. Sucesos y documentos, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1996.

CAPÍTULO IV

DESDE LA FORMACIÓN DE LA REPÚBLICA HASTA EL RADICALISMO LIBERAL (1830-1886)

DIANA L. CEBALLOS GÓMEZ[1]

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Comúnmente, la división de la historia en períodos suele estar marcada por la historia política y es, en este sentido, que 1830 se convierte en una fecha importante, por ser este año el de la disolución de la República de Colombia, creada en 1819 por el Congreso de Angostura, mejor conocida como la Gran Colombia y que estaba constituida por los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca (actuales repúblicas de Venezuela, Ecuador y Colombia, incluida Panamá). Se podría decir que es el fin de un proyecto político guiado por la idea de construir una sola nacionalidad, agrupada bajo una misma administración en un vasto territorio que tenía conexiones político-administrativas desde la creación del virreinato del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII. Del mismo modo, en 1886 se presenta un nuevo corte de orden político cuando el país, después de haber tenido otros nombres (República de la Nueva Granada 1830-1858, Confederación Granadina 1858-1863 y Estados Unidos de Colombia 1863-1886), vuelve a llamarse República de Colombia con la expedición de una nueva constitución de carácter centralista y de inspiración conservadora, que acabó con la autonomía que los estados soberanos tenían con el sistema federativo (1855-1886). Este cambio constitucional marcaría el fin de un proyecto político que creía en un liberalismo basado en el librecambio, en la idea del progreso como pilar de la civilización y en la defensa del individuo, de sus libertades y de la autonomía política regional.

Tres fases políticas caracterizan el período que va de 1830 a 1886: la primera, de 1830 a 1849, de consolidación de la república, de sus instituciones y de definición de los partidos. Coincide con una fase de reorganización política en Europa continental y, como en América, de consolidación en algunos casos de nuevos regímenes liberales o monarquías constitucionales —Bélgica, algunos estados alemanes, Portugal y España—, que comienza con el proceso revolucionario de 1830 —antecedido y precedido por los de 1820 y 1848—. Se trata de una oleada revolucionaria, encabezada por sectores liberales, en contra del intento de restauración del Antiguo Régimen (sustentado en la monarquía absoluta y la Iglesia), a la que se dio inicio en Francia, pero que pronto se extendió a Bélgica —se independizó de los Países Bajos—, a la confederación germánica, Polonia, Suiza e Italia. En las revoluciones de 1830 se consolidaron el liberalismo, como modo de acción y de pensamiento, y la burguesía, como una nueva clase social en ascenso, pero esa fiebre liberal no logró triunfar en todos los países, tal fue el caso de Polonia, de Italia y parcialmente de Suiza.

La segunda, de 1849 a 1876, de preponderancia liberal, época de reformas, del establecimiento del sistema federal (1858-1886) y de las ideas liberales, conocido como «radicalismo». Es paralelo a un proceso de consolidación del pensamiento liberal, de las corrientes nacionalistas y de liberalización en algunos gobiernos de Europa central —caso de Suiza—, que se inicia con los movimientos revolucionarios de 1848 y 1849, movimientos, finalmente fracasados, que nuevamente se iniciaron en Francia y se extendieron a los estados alemanes y a los regímenes aún absolutistas de Rusia, Prusia y Austria, que tendían tentáculos de dominio sobre estados italianos y de Europa del este y el noreste. Entre las demandas, hubo algunas de tipo democrático (sufragio universal) y de reforma social (derecho al trabajo, plasmadas en el Manifiesto del partido comunista de Marx y Engels) y participaron otros sectores, los trabajadores. Sin embargo, el balance final de estos retozos revolucionarios es más bien fallido, tal como sucedió con las medidas liberales colombianas, pues la gran represión que siguió permitió el establecimiento de sectores conservadores, aunque en la mayoría de los casos con el sello de regímenes parlamentarios; en Francia se estableció el sufragio universal masculino y en Alemania e Italia se dieron los procesos de unificación bajo ese signo conservador.

La tercera, de 1877 a 1886, todavía federalista, de transición hacia un régimen conservador y autoritario, conocido como la Regeneración, en el que, a partir de la alianza de los liberales independientes, liderados por Rafael Núñez, con el partido conservador, el clero y los militares, se dio paso —después de la guerra de 1876 y de la derrota de los radicales en la guerra de 1885— a la expedición de la Constitución de 1886, centralista, hispanista y confesional. Además, se modificaron las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales; la Iglesia católica se convirtió centro del orden social y pasó a controlar la educación, y el país fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de Chiquinquirá. Este período de crisis política en el país coincide con un período de crisis económica internacional, la época de la Gran Depresión, que se extiende desde los años de 1870 a los de 1890.

El peso de la historia política y la impronta de la historia tradicional han contribuido a que, a diferencia de otros períodos, como el denominado período colonial o el siglo XX —sobre todo sus treinta primeros años—, el siglo XIX colombiano no cuente con tan amplia gama de temas, personas y grupos sociales, enfoques y problemas tratados. Por ejemplo, los sectores subalternos de la sociedad, «los de abajo», aparecen menos referenciados que en otros períodos. No se puede olvidar que el siglo XIX es el de constitución y legitimación de un nuevo régimen, para lo cual la construcción de la representación del pasado, es decir, de la historia, es fundamental. Todo régimen político nuevo, así como su dirigencia, necesita legitimar su dominio y, para ello, en el siglo XIX, se crearon formas de interacción política, social y cultural entre las personas, como fueron los partidos políticos, las asociaciones (políticas, de beneficencia, literarias, «científicas») y las tertulias. Se configuraron también nuevos símbolos con el fin de brindar algunos elementos con los cuales conformar una comunidad imaginada, la comunidad de la nación (banderas, himnos, escudos, ritmos musicales, flores y árboles nacionales); se realizaron descripciones del territorio y de sus gentes, mediante geografías, mapas, censos, dibujos, literatura y pintura; se fundó un museo «nacional» en 1823, como un lugar en el que se pudiera construir una memoria (qué se recuerda y qué se olvida; qué es importante y qué vale la pena resaltar, recordar y enaltecer, y qué no), memoria que sería la base de la historia nacional, es decir, de la historia oficial.

A pesar de los discursos de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley pregonados por la nueva república la construcción de la «nación» —y las ideas que le sirvieron de base— fue excluyente y no contó con la mayoría de los pobladores del país ni con sus culturas. No contó con los más pobres, quienes además tenían casi siempre características étnicas diferentes a las de los dirigentes y que por lo tanto quedaron excluidos de la participación política y de los círculos del poder, porque al no cumplir con los requisitos de alfabetización y de patrimonio, o ambos, no podían sufragar ni ser miembros de las corporaciones republicanas. Quedaron excluidos, asimismo, de la construcción de los símbolos nacionales, porque en estos se exaltaron valores andinos, occidentales y europeizantes, y de las posibilidades de ascenso social y económico, por no poder acceder a la educación ni participar en los ciclos productivos. Aunque el proceso de modernización que se vivió durante el siglo fue incipiente, en él participaron nuevos sectores sociales en ascenso (comerciantes, artesanos, profesionales liberales, burócratas estatales, militares), y a pesar de que se introdujeron avances técnicos como el molino de pistones para la minería, la navegación a vapor por el río Magdalena, los primeros ferrocarriles y el telégrafo, y se crearon algunas empresas, incluso con capitales extranjeros, como las ferrerías, el país no logró un despegue hacia un proceso de industrialización —para lo cual habría de esperar hasta las décadas 1910-1920—, ni consiguió romper con la fragmentación y la falta de comunicación e intercambio entre las regiones, porque la producción y el crecimiento económico, así como todo el sistema vial, estaban orientados hacia el exterior, lo que no contribuyó a un crecimiento efectivo de la economía ni del país. Mientras en países tales como México, Argentina, Brasil y Chile el proceso de industrialización, con sus consecuencias —modernización, surgimiento de sectores obreros y consolidación de burguesías y economías de mercado, así como el establecimiento de consumos suntuarios y de una sociedad de «buen gusto»— se dio de forma más temprana, entre 1870 y 1880.

Los desarrollos en el transporte —principalmente ferroviario y a vapor—, en vez de romper la regionalización la reforzaron, pues cada región, al buscar salir al río Magdalena, ahondaba su insularidad. Colombia continuó siendo pobre y estando por fuera de los grandes intercambios transatlánticos de personas, de bienes y de conocimiento, que se dieron sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y que llevaron a grandes migraciones europeas y al crecimiento acelerado en algunos países y ciudades de América, cuyos ejemplos más sobresalientes son quizás las ciudades de Chicago y de Buenos Aires, gracias a la exportación de carne hacia Europa, potenciada por dos desarrollos técnicos: la posibilidad de enlatar y los barcos refrigerados.

Grandes grupos de población —los sectores subordinados— estuvieron excluidos de la ciudadanía durante casi todo el siglo XIX. La figura del ciudadano fue central en la concepción de las nuevas repúblicas americanas, dado que en ellas el ejercicio del poder se consideró como una delegación de la soberanía del pueblo en los dirigentes; la soberanía residía en la nación, y la nación la constituía el conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, no todos accedían a la ciudadanía y no todos podían votar. En Colombia, país electorero, aunque las normas electorales cambiaron frecuentemente, la posibilidad de elegir —y de ser elegido— se restringió en muchos períodos a los varones que contaban con un cierto capital —en dinero o en propiedades— y/o que sabían leer y escribir. Hubo épocas, como el lapso de 1853 a 1863, con sufragio universal masculino, y con la llegada del sistema federal en 1863, cada estado soberano pudo decidir su régimen electoral. Pero sólo a partir de 1936 los hombres pudieron ejercer sus derechos ciudadanos sin distingos económicos o educativos —sufragio universal masculino—, y las colombianas apenas en 1957 (por un breve tiempo, en 1853, a las mujeres se les permitió votar, por primera vez en Hispanoamérica, en Vélez, Santander, pero estas no ejercieron este derecho).

En cuanto a la formación de los partidos políticos en Colombia, se han establecido tres lugares comunes en la historiografía. En el caso de los partidos tradicionales, se dice que el partido conservador proviene del pensamiento y las acciones de Simón de Bolívar y que el liberal es heredero de Francisco de Paula Santander, y algunos sectores marxistas han aventurado la tesis de que los partidos tradicionales son expresión de la clase dominante burguesa y de sus intereses económicos, que se manifiestan en la clásica división de los partidos: los liberales estarían ligados a los intereses burgueses y los conservadores, a los intereses de la tierra. Pero santanderistas como José María Obando y bolivaristas como Tomás Cipriano de Mosquera fueron pilares fundamentales del partido y de las reformas liberales, y Mariano Ospina Rodríguez, quien hizo parte de los conspiradores septembrinos, fue fundador del partido conservador, lo que muestra que la diferenciación de los partidos no se centraba en los intereses de las facciones. Por ejemplo, el partido conservador no sólo estaba ligado a los intereses de la tierra, más rurales y tradicionales, ni el liberal a los intereses de la industria y el comercio, más urbanos y burgueses. En ambos bandos había diversidad de intereses económicos y, en ocasiones, con inversiones combinadas en diversos frentes (café, comercio e industria, o minería y comercio). Tampoco se puede decir que la pertenencia a un partido se definiese ideológicamente o por la religión, pues en ambos lados se defendían toda suerte de posturas: había centralistas conservadores y liberales, y federalistas de los dos partidos. En ambos bandos había defensores del librecambio y del proteccionismo; todos eran católicos y, de hecho, los dirigentes políticos no dejaron de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Para citar un caso, una buena proporción no hizo uso, en ciertos estados soberanos liberales como Santander, de la posibilidad de acceder al matrimonio civil: sus creencias se lo impedían. La tan promulgada, a modo casi de insulto, masonería e irreligiosidad de los liberales a ultranza, conocidos como «radicales», residía en el convencimiento que estos tenían la necesidad de una separación efectiva de la Iglesia y el Estado, uno de los temas álgidos del período.

Los vínculos políticos y la pertenencia a uno u otro partido se definían más bien en el ámbito familiar y local y venían dados por el lugar de nacimiento, por las relaciones de parentesco o de vecindazgo, por las lealtades personales o la sujeción económica y social a determinadas personas a través del caudillismo, el gamonalismo y el clientelismo. Como no existía una razón de identidad política, ideológica o de clase (los sectores dirigentes se identificaban en sus intereses económicos), el tema de la religión y de sus instituciones se convirtió en bandera política y en elemento de diferenciación clara y tangible entre los partidos, gracias a que el partido conservador se apropió de la defensa de la Iglesia.

La publicación de dos manifiestos es considerada como el momento fundador de los partidos liberal y conservador. El manifiesto liberal, publicado el 16 de julio de 1848 en el periódico El Aviso, dirigido por Vicente Azuero y Ezequiel Rojas, que abogaba por un sistema representativo con respeto de los derechos y de las libertades económicas y políticas, por un régimen republicano e individualista y por la separación de la Iglesia y el Estado, apareció en el año de la gran ola revolucionaria en Europa, que se inició en Francia y se propagó después a Alemania y a otros países. Un año después, el 4 de octubre de 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro publicaron, en el periódico La Civilización, el manifiesto conservador, que propugnaba por una libertad racional, por la legalidad, la moral del cristianismo, la igualdad y el orden constitucional, por la civilización en contra de la barbarie, por el orden, la tolerancia y la defensa de la propiedad. La consolidación del partido conservador en la región más grande de Colombia, el Cauca, estuvo ligada a los intereses latifundistas y al rechazo a la abolición de la esclavitud en 1851.

Se ha sostenido que fue después de las guerras de independencia y, particularmente, a finales de la década de 1820 y durante la de 1830 cuando empezó, casi que a marchas forzadas, la organización del Estado en el país, con el propósito de llevar a cabo el proyecto nacional ideado por los nuevos sectores dirigentes. Sin embargo, la conformación del aparato del Estado en Colombia, como la de cualquier Estado, ha sido un proceso de lenta constitución al que se dio inicio desde el momento mismo en que comenzó el asentamiento definitivo de España en tierras americanas, es decir, durante la segunda mitad del siglo XVI. El régimen anterior a la independencia era altamente corporativo: había cargos de elección a través de los cabildos; había un derecho claramente establecido; un ejercicio del poder coercitivo en manos de tres aparatos de justicia (secular, inquisitorial y episcopal), y un aparato estatal materializado en instituciones organizadas administrativamente. Una buena parte de las relaciones sociales y simbólicas, necesarias para la constitución del Estado y de la sociedad misma, se creó durante el tiempo del dominio español, pero fue sobre todo durante el siglo XVIII cuando se organizó y consolidó el sistema fiscal —creación exitosa de los monopolios del tabaco y del aguardiente— y se amplió el comercio externo; se fortaleció el aparato militar, el ejercicio de la justicia y la estructura política central (creación de nuevos oficios públicos —ampliación de la burocracia— para manejar nuevas instituciones, y mayor centralización del ejercicio del gobierno); se fundaron nuevas parroquias y comenzó una preocupación por controlar y ordenar la vida privada de las personas, que se acentuó durante el siglo XIX, sobre todo en las regiones con mayor presencia de la Iglesia (que amplió sus bases sociales y caló en los medios populares a lo largo de este siglo) y en aquellas en las que la educación se fue estableciendo y haciendo más generalizada. En realidad, se debería hablar de un siglo XVIII largo, que prolongó algunos de sus procesos hasta bien entradas las décadas arriba mencionadas (incluso hasta 1850), por lo que se puede concluir que la independencia no produjo de manera inmediata verdaderas rupturas o cambios profundos en muchos ámbitos, como lo ha pregonado la historia de carácter oficial que se enseña aún en muchas escuelas y colegios. Aunque, obviamente, no todo siguió igual, pues todo proceso violento produce cambios que convulsionan las formas habituales de vida.

En ese proceso político de configuración de un ordenamiento institucional de nuevo cuño, con el sello de un Estado liberal, propiamente republicano, se destaca el general Francisco de Paula Santander[2] como una de sus figuras más importantes. Santander estuvo presente en la vida de la nueva república desde sus inicios (vicepresidente de Cundinamarca 1819-1821; vicepresidente de Colombia 1821-1826, y presidente de la Nueva Granada 1832-1837). Aunque no manifiestas expresamente, el gobierno de Santander adoptó algunas de las características de los preceptos del código napoleónico: abolición de ciertas formas de dependencia y servidumbre, libertad de cultos, ampliación del sistema educativo y su administración centralizada en manos del Estado. Este código estipulaba, además, la expedición de una constitución, que contemplaba el sufragio universal masculino, una declaración de derechos y la creación de un parlamento o congreso, así como el establecimiento de sistemas administrativo y judicial independientes. Los aspectos más relevantes del régimen de Santander para la formación del Estado y del juego político decimonónicos, que prefiguran algunos de los debates del siglo, fueron: separación de poderes, responsabilidad de los funcionarios públicos, exiguo apoyo a los militares (reducción significativa del ejército, reformas políticas y militares tendientes a limitar la influencia general de la milicia, separación de la administración civil y la militar y prohibición del ejercicio de posiciones civiles y militares en unas mismas manos), libertad de prensa, protección a cargo del Estado de la religión católica y creación de cuerpos de elección provinciales, reorganización de la hacienda pública, la educación, las comunicaciones, el sistema penitenciario y remoción de las barreras que obstaculizaban la iniciativa privada. Santander fue también uno de los iniciadores de la secularización de las instituciones; inauguró una política anticlerical que propendía por la abolición o la limitación de los bienes de manos muertas (con el fin de impulsar la libre circulación de la riqueza —medidas tomadas en las reformas liberales, sobre todo en los gobiernos de José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera—) y por el cierre de conventos menores, para emplear sus bienes en favor de la educación secundaria, pues educar al pueblo debería ser tarea de la democracia. Resta por anotar que, aunque no siempre con éxito, Santander sentó las bases de lo que serían las propuestas de los programas posteriores del liberalismo de 1848 a 1876. La reputación de Santander como hombre de leyes es justificada en gran medida, por su respeto a las libertades civiles y la búsqueda de una consolidación institucional, que garantizase el cumplimiento de las normas y de los derechos civiles de los ciudadanos dentro del marco de una legalidad constitucional.

Un poco en la tónica de que la ley hace la norma, se expidieron siete constituciones en un lapso de 56 años, que dieron al país cinco nombres diferentes: 1830, República de Colombia; 1832, Estado de la Nueva Granada (ambigua, centralista, pero con un peso fuerte de las provincias); 1843 y 1853, República de la Nueva Granada (ambas centralistas, pero en la segunda se produjo una mayor autonomía regional, al declararse el Estado de Panamá en 1855, luego el de Antioquia en 1856 y, finalmente, los de Santander, Cauca, Bolívar, Boyacá, Magdalena y Cundinamarca en 1857, lo que condujo a la contradicción de una constitución centralista con estados federados); 1858, Confederación Granadina (federal); 1863, Estados Unidos de Colombia (federal), y 1886, República de Colombia (centralista).

La característica principal del nuevo Estado republicano, asentado en la idea de la soberanía de la nación, fue la separación del poder en tres ramas diferentes. En el Estado anterior, gobernar y ejercer justicia eran funciones a cargo de los mismos funcionarios (el alcalde era alcalde y juez); con la instauración del Estado liberal, se dividieron sus funciones en tres aparatos: el legislativo —que hace las leyes—, el judicial —que ejerce justicia—, y el ejecutivo —que gobierna—. Sin embargo, el proyecto político del Estado nacional fortaleció, paradójicamente, las estructuras e identidades políticas locales y regionales, y una buena parte de los conflictos pasaron por las diferencias entre el sistema político central y las regiones. La política, además, tenía un gran componente pueblerino, ya que el país era eminentemente rural y de pequeñas localidades, unidas por un sistema de comunicaciones deficiente. Dados el poblamiento inicial del territorio y la variedad étnica de su composición, las especificidades y diversidades regionales eran muy marcadas. A esto se sumaba una densidad poblacional desequilibrada, con mayor población en los Andes y el Caribe.

En Iberoamérica, la Iglesia, los partidos y el ejército —militares, armada regular y caudillos— fueron pilares en la configuración estatal decimonónica.[3] En Chile, Uruguay y Colombia prevalecieron los partidos políticos estructurados; en cambio, en Argentina y Brasil, las estructuras políticas fueron más débiles. En Chile, Argentina y México, las instituciones estatales se fortalecieron y lograron monopolizar en buena medida los mecanismos de coerción, mientras en Uruguay, Colombia y Venezuela, estos fueron débiles y mantuvieron una baja presencia en el mundo rural. Si bien en Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y Perú el Estado fue construido por élites políticas asociadas a una coalición de terratenientes, comerciantes y mineros, en Venezuela y Paraguay, el ejército y las milicias influyeron predominantemente en este proceso. En Argentina, el ejército tuvo un peso considerable, pero los civiles tuvieron el rol principal en la organización de la administración pública y de la política. El bipartidismo cerrado colombiano fue una excepción dentro del contexto iberoamericano; sólo en Colombia y Uruguay la competencia entre dos partidos modeló la organización política. Al tiempo, en ambos países, el Estado enfrentó graves obstáculos para la centralización de la autoridad y sus instituciones siguieron siendo frágiles hasta entrado el siglo XX. Los partidos políticos fueron la característica distintiva de la formación del Estado en América Latina entre 1810 y 1900; contribuyeron a demarcar los límites de la ciudadanía y la nacionalidad y a organizar el ejército. Fueron, a su vez, la forma más común de resistencia regional al Estado. Igualmente, ejército, partidos políticos e Iglesia se constituyeron en los vehículos más importantes de incorporación y vinculación de los «pobres rurales».

El proceso de secularización en Hispanoamérica fue mayor en la segunda mitad del siglo XIX, mientras que en Europa lo fue en la primera mitad. En México, Colombia, Ecuador y Guatemala, donde la Iglesia era más fuerte, el clericalismo conservó su influencia hasta más tarde, mientras que en Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y Venezuela, donde era más débil, tuvo que aceptar con anterioridad la disminución de sus prerrogativas. Colombia, sin embargo, al igual que México, realizó durante el tercer cuarto del siglo XIX una serie de reformas encaminadas a modernizar instituciones y relaciones sociales, económicas y políticas, siempre con el fin de poner al país a tono con la época y vincularlo a los ciclos del capitalismo internacional. En México, mediante ley del 25 de junio de 1856, se tomaron medidas económicas contra la Iglesia (desamortización de bienes de manos muertas), medidas que fueron casi calcadas por los liberales colombianos en 1861-1863. En ambos países, la Iglesia fue mermada en términos económicos y en su presencia social (después de una guerra federal en la década de 1860, el porfiriato —régimen de Porfirio Díaz, 1876-1910— emprendió amplias medidas modernizadoras), pero no perdió su influencia en las conciencias de los fieles, a tal punto que se puede afirmar que para los mexicanos el símbolo de unidad nacional es la virgen de Guadalupe.

En el campo de la fe, el liberalismo radical de aquellos años promovió la libertad de conciencia y de cultos, la tolerancia y la separación de la Iglesia y el Estado; tomó medidas para liberar la tierra y la mano de obra por medio de la disolución de los resguardos indígenas, proceso que ya se había iniciado en el siglo XVIII; libertó a los esclavos con la manumisión del 21 de mayo de 1851;[4] a través de la desamortización de bienes de manos muertas, puso en circulación, por decomiso, propiedades que antes no se podían vender porque estaban dedicadas a producir rendimientos para parroquias, comunidades religiosas, curatos u otras corporaciones; trató de restarle influencia a la Iglesia al declarar laica la educación, promulgar la tuición de cultos (1861) y propender por la elección popular de los párrocos; terminó con el fuero eclesiástico, obligando a los sacerdotes a someterse a las leyes seculares, y suspendió el pago de los diezmos y de los derechos de estola, que se hacía por recibir los sacramentos, al tiempo que el 21 de mayo de 1850 decretó la expulsión de los jesuitas. Las determinaciones adoptadas por el liberalismo radical reglamentaron, asimismo, los monopolios, y suprimieron los impuestos a las exportaciones; pusieron límites al ejercicio tradicional de los caudillos políticos; dictaron normas para proteger las libertades individuales y la vida humana; abolieron la pena de muerte (que fue restablecida por la Regeneración); promulgaron el matrimonio civil y el divorcio (1853); declararon la libertad absoluta de imprenta; crearon la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia (1867), e impulsaron la educación pública primaria (1870). La Constitución de 1853 fue la primera en estatuir la libertad de cultos, de pensamiento y de expresión, ejemplo que siguieron las de 1858 y 1863, y esta última fue la primera, al igual que la Constitución de 1991, cuyo encabezado se hizo en nombre del pueblo y no de Dios. Por otra parte, las constituciones del 1853 y 1863 estaban muy a tono con lo que sucedía en el mundo y, particularmente, en Europa en ese momento: el liberalismo y los gobiernos con fuertes intereses burgueses y utilitaristas. Las reformas se hicieron no sin debate y dificultades dentro del mismo partido liberal, se discutió la conveniencia de tomar o no las medidas y, como en otros momentos de división de los partidos en Colombia, hubo una separación entre lo que pensaba la generación de los más viejos y la de los más jóvenes (algunos de estos jóvenes reformistas serían los veteranos más moderados y conservadores para el momento de otra posterior división, la que se dio al final de la Regeneración, como preludio a la Guerra de los Mil Días).

Las medidas mencionadas motivaron varias guerras (1851, 1859-1862 y 1876-1877), así como algunos conflictos y escaramuzas locales (1867, 1875), y condujeron a que a partir de la década de 1880 pero, principalmente, a partir de la firma del Concordato con la Iglesia en 1887,[5] el país sufriera un proceso de conservatización que iba en contra de las tendencias secularizantes en las demás naciones del área. En el siglo XIX, como en los siglos anteriores, la religión y la política estaban profundamente imbricadas, y la separación de la Iglesia y el Estado, tanto en el ámbito institucional como en las mentes de las personas, sólo fue cuajando lentamente, como lo demuestra el hecho de que con el establecimiento de la nueva república el patronato real se conservó con el nombre de Patronato Republicano (1824). El Papa, por su parte, respondiendo al proceso global de reformas laicas, proscribió las ideas liberales y la separación de la Iglesia y el Estado y afirmó su autoridad en materia de dogmas, de política y de costumbres en el Syllabus de 1864. Esto dio pie a una gran beligerancia por parte de la mayoría de los eclesiásticos. No obstante, la Iglesia no tenía una posición unificada, como no la tenían los otros sectores sociales, ni frente a las reformas ni frente a los partidos; hubo curas que tomaron las armas por ambos bandos, aunque la arenga y la militancia fueran más fuertes del lado conservador. Los dos estados conservadores durante la época del federalismo, Antioquia y posteriormente Tolima, y el conservatismo del Estado del Cauca —que representaba, en territorio, aproximadamente a medio país—, fueron los adalides y promotores de las guerras en contra de las reformas (1851, 1860 y 1876). La adscripción a la Iglesia le facilitaba al partido conservador el reclutamiento de los soldados y la consecución de las armas, pero no puede verse al conservatismo sólo como bastión de la tradición, ya que los estados soberanos de Antioquia y Tolima, y sobre todo el primero, contaban con un sector conservador independiente y progresista cuyos gobiernos produjeron procesos de modernización con otro sello, como la creación de la Universidad de Antioquia en 1871, a partir de la fusión de tres instituciones existentes, o la fundación de la Escuela Nacional de Minas de Medellín en 1887, puntal de la ingeniería moderna en Colombia, instituciones que al lado de la Universidad Nacional formarían los sectores empresariales a partir de la década de 1870.

En el siglo XIX, el control efectivo del Estado central sobre el conjunto del territorio y de sus gentes fue precario; esto tiene su paralelo, como ha sido señalado anteriormente,[6] en una sociedad con un peso alto de las regiones en la configuración del país, sectarismo en la vida municipal, poca inmigración, libertad religiosa tardía, diferencias sociales pronunciadas, confrontación política con frecuencia de carácter violento, rivalidades entre élites regionales y entre localidades vecinas, luchas étnicas y bandolerismo social, que han dado como resultado la tan mencionada fragmentación del país. Sin embargo existían otras formas de control que sustituían y complementaban al Estado.

Aunque el sistema político, con centro en el aparato estatal, se amplió, su capacidad de incidencia en la vida social e individual era limitada, pues no alcanzaba a todas las localidades de igual forma: no había, por ejemplo, cuerpos de policía organizados. Este peso de las localidades, las grandes distancias y la dificultad en las comunicaciones hicieron que el ejercicio del poder no fuera marcadamente vertical, desde las instituciones centrales, sino que se difuminara y se ejerciera en una interacción entre la sociedad, las instituciones y los poderes locales y regionales.[7] En el ejercicio de la política durante el siglo XIX, estos micropoderes tomarían la forma del caudillismo, el gamonalismo y el clientelismo; estarían en cabeza de las élites propietarias (hacendados, comerciantes, mineros, esclavistas) o de jefes pueblerinos (caudillos político-militares, funcionarios, o personas con prestancia social en la vida municipal como los médicos, los curas y comunidades religiosas y los maestros), que sustituirían en parte al Estado y cumplirían sus funciones en el ejercicio del orden, en el control de la sociedad y en la vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las normas, debido a que tenían control directo sobre muchas personas a través de sus relaciones de trabajo, de vecindad, de parentesco o de sujeción —como la esclavitud o el concertaje—, lo que les permitía contar con clientelas y, en períodos de guerra, con soldados. Esta forma del ejercicio del poder ha contribuido a una tradición de desinstitucionalización en el país que ha provocado que los sectores dirigentes se arroguen derechos para sí, aun los de exclusión y exterminio del otro. Se puede definir al gamonal o al cacique como un dueño de poder local que influye y domina en la población, y controla la política mediante la repartición de favores personales, contratos y beneficios.

Los dos partidos tradicionales, a pesar de sus disensiones y de las guerras y los conflictos que los enfrentaron en el siglo XIX, tuvieron el control de la legitimidad política y social, y se sucedieron hegemónicamente en el gobierno del país, en parte porque las élites que los representaban tenían características sociales, étnicas y culturales más o menos comunes y una visión excluyente del manejo del poder, que les permitió superar los momentos de mayor crisis a través de pactos o acuerdos políticos que restablecían el «orden» perdido —con concesiones para los grupúsculos de dirigentes en contienda—. Estos pactos no modificaban ni comprometían aspectos sustanciales de la configuración de la sociedad y no crearon un consenso social amplio, aunque todos los sectores —y los más pobres en mayor medida— hubieran tomado las armas por el partido.

El siglo XIX fue un siglo convulso: hubo dos golpes de Estado, catorce guerras civiles regionales, muchos enfrentamientos locales y nueve guerras generales, de las cuales seis se sucedieron entre 1830 y 1886: la de los Supremos (1839-1842), la de 1851, la de los Artesanos (1854), la Gran Guerra de 1859 a 1862, la de las Escuelas (1876-1877) y la de 1885. Las constantes elecciones, caracterizadas por fraudes y sobornos —«el que escruta elige»—, se convirtieron en factor de división y de sectarismo y en motivos para la contienda. Las guerras impiden establecer consensos y deslegitiman al contrario por la vía de las armas y fueron una característica en casi toda Hispanoamérica hasta la década de 1870 —Centroamérica, Perú, México, Venezuela, Argentina, Bolivia—; sin embargo, Colombia continuó en la misma tónica hasta 1902, lo que la diferencia de otros países del área. Debido a los sucesivos enfrentamientos armados nacionales, locales y regionales del siglo XIX, su historia se podría mirar como una sucesión de ciclos que oscilan entre períodos de violencia y conflictos en alza, que llegan a un pico alto de muerte y derramamiento de sangre y concluyen en un acuerdo entre las élites, al que sucede un período de calma interrumpido por otra época de conflicto.[8]

En la guerra de los Supremos, tomaron parte y se enfrentaron personajes que serían relevantes para la política del siglo. Fue una guerra entre caudillos por el poder político nacional y regional, que se inició en Pasto con un levantamiento contra la supresión de conventos menores, que hizo que los caudillos regionales, los «Supremos», entraran en contienda. En ella, se perfilaron políticamente José María Obando, Tomás Cipriano de Mosquera, Mariano Ospina Rodríguez, Pedro Alcántara Herrán, el arzobispo Manuel José Mosquera, Rafael Núñez y Manuel Murillo Toro. Contribuyó a la conformación de los dos partidos tradicionales, de las adscripciones políticas, de sus imaginarios y de las imágenes que sirvieron para describir al otro, de amistades y enemistades, que se prologarían en el siglo. Esta guerra contribuyó también a la consolidación de formas de confrontación política, en la lógica amigo-enemigo, de exclusión política del adversario, que perdurarían a futuro en las demás guerras civiles del siglo XIX y en los conflictos violentos del siglo XX, en la denominada cadena de «odios heredados» entre familias y pueblos vecinos. Por otro lado, además configuró una característica de la política decimonónica colombiana: el ejercicio frecuente de la presidencia por generales. Además, incluyó otro elemento de polarización, también presente en los conflictos posteriores: la alianza de la Iglesia católica con el partido conservador. Esta guerra involucró al país vecino, Ecuador, cuando el gobierno central pidió ayuda a su presidente, el general Flores, para que contribuyese a reprimir la rebelión en el sur, y sirvió para delimitar la frontera entre ambos países.

La guerra de 1851, en cambio, fue una consecuencia directa del primer proceso de reformas liberales de medio siglo. Los conservadores caucanos y antioqueños se sublevaron entre julio y septiembre de ese año y finalmente perdieron la guerra. Los caucanos se oponían a la manumisión de la esclavitud y a la supresión de los ejidos (tierras de uso comunal, cercanas a la cabecera municipal, que existían desde el régimen español). Un sector de los antioqueños rechazaba el establecimiento de las contribuciones directas —atentaban contra la riqueza y la propiedad—, el recorte de prerrogativas a la Iglesia y ciertos cambios en la regulación de asuntos civiles (supresión del diezmo, redención de censos sobre propiedades, abolición del fuero eclesiástico, matrimonio civil, divorcio vincular, libertad de imprenta, libertad de cultos, nombramiento de párrocos por los cabildos municipales, expulsión de los jesuitas), y la división de la provincia en tres —que redistribuía los caudales electorales y favorecía al liberalismo—. El fanatismo religioso fue un fuerte acicate en esta guerra, en la que un buen número de sacerdotes tomaron las armas, participaron en la logística o azuzaron a la población y predicaron en contra del liberalismo. Lógicamente, después de ella el proceso de unión de la Iglesia y el conservatismo, como una forma de establecer orden, iniciado por Mariano Ospina Rodríguez a comienzos de los años cuarenta, con el retorno de los jesuitas al país —habían sido expulsados en 1767—, salió más fortalecido.

A pesar de que los opositores a las reformas fracasaron en su intento bélico, el malestar no cedió y dio paso, sólo unos cuantos meses después, a otro enfrentamiento, esta vez con otro tinte político. El golpe del general José María Melo el 17 de abril de 1854 contra el gobierno del general José María Obando, y el consecuente levantamiento de artesanos y de la guarnición militar de Bogotá, que le dieron apoyo, dan cuenta de las divisiones políticas —entre draconianos y gólgotas— y socioeconómicas —jóvenes letrados de buena posición y artesanos— en el seno del partido liberal. Estas divisiones políticas fueron consecuencia de las modificaciones introducidas en la Constitución de 1853 y en las leyes y decretos respecto del comercio y los aranceles, de la Iglesia, de la distribución de baldíos de la nación y del recorte en número y en prebendas en el ejército en los años 1849-1853 (reformas al régimen presidencialista, restándole poderes; mayor autonomía provincial y elección de gobernadores por las regiones; separación de la Iglesia y el Estado; reformas a las regulaciones de las relaciones civiles; abolición de la pena de muerte; modificaciones a los aranceles aduaneros en 1849 y 1852, que disminuían la protección a productos terminados nacionales e incrementaban el costo de algunos textiles importados usados por los artesanos). Este descontento, sentido por ciertos sectores, se vio agravado por el alza significativa de los precios de los alimentos en Bogotá en 1852-1854.

El golpe fue contra las medidas tomadas, no contra la persona de Obando, y fue la única revolución de carácter marcadamente social en el siglo XIX. La posición nacional del conservatismo y de un sector mayoritario del liberalismo fue de apoyo al gobierno. Ejércitos de ambos partidos, comandados por los generales José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, derrotaron la causa de Melo y restablecieron el orden después de ocho meses de guerra en buena parte del territorio nacional. En algunas regiones, como Antioquia, la revuelta terminó prontamente; en otras, como en Cauca, se persiguió y asesinó a liberales draconianos sublevados.

La guerra de 1860 o guerra Magna, la más larga, cruenta y devastadora, al lado de la de los Mil Días, se inició con una rebelión dirigida por el gobernador del Estado del Cauca, el general Tomás Cipriano de Mosquera, por las diferencias surgidas entre el gobierno central y algunos gobiernos regionales, en relación con la autonomía que debían tener los estados en un régimen federal. Preludio de la guerra fueron las elecciones presidenciales del período 1857-1861, la expedición de la Constitución de 1858 y las leyes de 1859 —sobre organización e inspección de la fuerza pública nacional, elecciones, presupuesto y hacienda pública, poder judicial y reducción del número de miembros del ejército regular—. Fue la primera guerra que tuvo a los rebeldes —los liberales— por triunfadores y fue perdida por el gobierno constitucional del presidente Mariano Ospina Rodríguez —conservador—, apoyado por la Iglesia. Como resultado directo, se impuso el gobierno de los vencedores, en cabeza del general Mosquera; se expidieron la Constitución de 1863 —Constitución de Rionegro—, de fuerte tono federal, las normas de desamortización de los bienes de manos muertas, de tuición de cultos y de expulsión de comunidades religiosas, y se creó una nueva unidad administrativa, el Estado del Tolima, en 1861. Todos los estados soberanos —denominación establecida entre 1863 y 1885— quedaron en manos del liberalismo; sin embargo, en 1864, una rebelión conservadora, acaudillada por Pedro Justo Berrío y respetada por el gobierno radical de Manuel Murillo Toro, le dio el control del gobierno de Antioquia a este partido.

La guerra de 1876-1877 se convirtió en un punto de quiebre para el debilitamiento y posterior caída del régimen liberal, que dio paso a la conservadora Regeneración. La denominada guerra de las Escuelas recorrió, entre julio de 1876 y julio de 1877, como otras, al país. Se inició en Cauca, de donde pasó a Antioquia y de allí al centro oriente del país —Cundinamarca, Boyacá y Santander—, a Tolima y a zonas limítrofes con los estados de Bolívar, Magdalena y Panamá. Los estados conservadores de Tolima y Antioquia fueron derrotados por el gobierno de la unión, tras lo cual la guerra volvió a Cauca, donde culminó en 1877, después del sometimiento de Pasto en junio y de las guerrillas de Cundinamarca, Boyacá y Santander en julio. El partido conservador y algunos liberales seguidores de Rafael Núñez, inconformes con el gobierno, criticaron principalmente la manipulación de las elecciones por los liberales radicales y especialmente las de 1875 (entre el liberal independiente Rafael Núñez y el liberal radical Aquileo Parra, ganadas por el último); el manejo del erario público por el gobierno federal y el sostenimiento de la Universidad Nacional y de las escuelas normales; se opusieron al Decreto Orgánico de Instrucción Pública, expedido por el gobierno de Eustorgio Salgar en 1870, que propugnaba por una educación en manos del Estado, laica, gratuita y obligatoria y le quitaba el control educativo a la Iglesia; a un proyecto de ley para elevar el ejército a 2.500 efectivos en tiempos de paz y 5.000 en tiempos de guerra; a un nuevo proyecto sobre tuición de cultos, impulsado nuevamente por el general Mosquera en el Congreso, y a la intervención del gobierno de la unión en los asuntos de algunos estados soberanos y su participación en guerras y conflictos locales, prohibida por la Constitución y por ley de 1867, violadas en los casos de Magdalena y Cundinamarca en 1868 y en los estados de Panamá, Magdalena y Bolívar en la guerra de 1875, así como a la aprobación de la Ley de Orden Público en junio de 1875, que derogó la de 1867 y le permitió al gobierno federal intervenir en los estados en caso de guerra entre ellos. Esta guerra tuvo, como la de los Mil Días, un alto componente de guerra de guerrillas y fue la primera en emplear fusiles de precisión y el telégrafo para las comunicaciones, y creó un abismo mayor entre los actores políticos y cimentó la división del liberalismo, comenzada desde 1870.

Entre 1878 y 1884, hubo un recambio en el gobierno de la unión; los liberales independientes sucedieron a los radicales y le dieron un nuevo giro a la política, al establecer una alianza con los conservadores, encabezada por Rafael Núñez y conocida como la «Regeneración» («Regeneración fundamental o catástrofe»). Con ella y con la guerra se dio fin al proyecto modernizador radical, que tanta oposición había generado en la tradicional y católica sociedad colombiana. Para 1884-85, más de la mitad de los estados soberanos estaban gobernados por liberales independientes (el conservatismo se había ido imponiendo entre 1880 y 1885, en virtud de los acuerdos pactados; el radicalismo estaba circunscrito a los estados de Antioquia y Tolima y parcialmente a Santander y Boyacá), a pesar de lo cual los radicales se lanzaron a la guerra, en un acto calificado por contemporáneos como de suicidio colectivo. Varios hechos tenían caldeado el ambiente: la caída de las exportaciones (primero de tabaco, algodón, añil y quina, y después las de café), con el consecuente déficit del fisco, por el decremento de los ingresos de aduanas, y la imposibilidad de cubrir las erogaciones del Estado (correos y telégrafos, pago a funcionarios, deuda interna y externa, obras públicas…); la polarización política creciente, debida, entre otras razones, a la creación del Banco Nacional (1881), con el que se pretendía unificar la moneda, darle posibilidad al Estado central de emisión e imponer la circulación de moneda de curso forzoso (sin el respaldo necesario en oro; esta medida iba en detrimento de la banca privada y por tanto de las ideas de laissez-faire); a intentos de centralización política en detrimento de poderes regionales, y al rechazo que producían ciertos lineamientos, actos y actitudes del presidente Núñez.

La guerra tuvo dos etapas, la primera entre agosto y diciembre de 1884, cuando una rebelión, que comenzó en Santander (en virtud del fraude electoral, el aumento de la guardia, los problemas fiscales, administrativos, económicos y de exportación en ese Estado y del desconocimiento por parte de Núñez de las elecciones ganadas por los radicales en octubre, lo que agravó la situación), se propagó a Boyacá, Panamá y Cundinamarca. Después de una propuesta de paz presentada en Bogotá por los radicales en diciemre —desdeñada por Núñez—, se dio la segunda fase de la guerra entre enero y julio de 1885; comenzó con la toma del río Magdalena y se extendió paulatinamente a todo el país; nuevamente los sacerdotes desde el púlpito participaron con sus arengas. Terminó después de las derrotas infligidas a los radicales en Panamá y Cartagena, gracias a la intervención estadounidense pedida por el presidente, y en Tamalameque —La Humareda—, donde se produjo una de las mayores matanzas de liberales y la pérdida de jefes de esta fracción de suma importancia.

El gobierno conservador «nacionalista» se impuso e impuso un nuevo proyecto de nación, con un profundo interés en un «orden» coherentemente tradicional, con gran peso de ideales hispanistas y de la religión y la Iglesia en la vida diaria y la del Estado, ideales plasmados en la Constitución de 1886, el Concordato de 1887, en una malograda política monetaria (a través del ya mencionado Banco Nacional y los abusos cometidos con él), y en un Estado con centralización del poder —con manipulación y exclusión electoral incluidas, como las del régimen anterior—, con represión y censura de prensa para lograr sus objetivos, que consecuentemente se vio dividido entre «históricos» y «nacionalistas», concitó gran oposición por parte de liberales independientes y de los antiguos radicales —ya viejos— y concluyó en la nefasta guerra de los Tres Años o de los Mil Días.

Como han mostrado Luis Javier Ortiz M. y la investigación colectiva Ganarse el cielo defendiendo la religión, las guerras civiles fueron un elemento destacado en la formación del Estado y del proyecto nacional en Colombia y en Iberoamérica; civilizaron pero a la vez destruyeron; contribuyeron a la cohesión de sectores (como la Iglesia) y a la debilidad de otros (un liberalismo de corte popular). Ese papel de la guerra en las configuraciones de las nacionalidades es válido también para Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina, Salvador, México y para casi todos los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica. Chile y Uruguay tuvieron mayor estabilidad y pocas guerras; en Chile, las identidades nacionales se fortalecieron después de la derrota de la Confederación Peruano-Boliviana en 1839. El caso colombiano tiene dos rasgos característicos: la permanencia de los conflictos violentos durante el último cuarto del siglo XIX, e intermitentemente en el siglo XX, y la falta de guerras internacionales que, en países como México, Chile y Paraguay, contribuyeron a la creación de nacionalismos.

Tres ideas rectoras subyacen y se cruzan entre sí en el pensamiento y en los debates del siglo: la idea de progreso, la idea de nación (con su correlato: las «razas» que la conformaban), y la creencia en la necesidad de una conexión con el exterior (con su sucedáneo: la necesaria modernización del país). El marco de referencia cultural fue el proyecto de construcción de un Estado nacional basado en la unidad de la nación como comunidad imaginada en la que se fundían, en una igualdad también imaginada, todos los grupos sociales y étnicos que delegaban su soberanía como pueblo en sus dirigentes. La nación era un marco de referencia que se daba por sentado y que tenía un pasado y un futuro ilimitados, cimentados en la posibilidad del progreso, progreso que se alcanzaría en la medida en que el país creciera, se modernizara y se conectara con el exterior tanto por la vía económica, con la vinculación a los mercados internacionales a través de las exportaciones, como estando al tanto de los nuevos pensamientos, invenciones y adelantos tecnológicos que se producían en el mundo «civilizado». Por esa razón, todas las vías del país —todavía hoy— estaban orientadas hacia el exterior y no hacia la integración de las distintas regiones.

La creencia en el progreso era el motor que todo lo impulsaba. Como idea se consolidó en el siglo XVIII, cuando aparecieron las palabras «cultura» y «civilización» como términos de contraste con «barbarie» y «salvajismo». La civilización y la cultura se consideraban los unificadores de la historia de la humanidad, entendida como la historia del ascenso del hombre desde un estado cercano al animal a una sociedad civilizada, de buenas maneras, cuya característica principal era el libre ejercicio de la razón. Se creía en la posibilidad de un progreso indefinido hacia una perfectibilidad cada vez mayor del espíritu humano. No obstante, como había que reconocer que las sociedades también podían declinar, ello introdujo una valoración de los distintos pueblos: había pueblos más civilizados —los europeos— y otros menos —como los americanos—, así como pueblos decididamente bárbaros o salvajes. La noción de raza estaba atravesada por esta clasificación jerarquizada y por ello se afirmaba que había «razas degeneradas», lo que dio pie a grandes discusiones sobre la conveniencia o no del mestizaje, sobre la adecuación o no de la configuración étnica del país para alcanzar el progreso y la civilización, sobre la necesidad de fomentar la inmigración extranjera con el fin de mejorar la raza y alcanzar el anhelado progreso —inmigración que no llegó, porque el país no resultaba tan atractivo como Argentina, Estados Unidos, Chile o Brasil—. El auge de la idea de progreso estuvo ligado a los procesos de industrialización y de expansión económica de Europa y su decadencia, la pérdida de fe en el crecimiento ilimitado de la razón, vino con el desgarramiento producido por las atrocidades de las dos guerras mundiales y por la crisis económica de 1930.

Igualmente, algunos debates atravesaron las discusiones del siglo. En cuanto a la organización política hubo tres temas álgidos, que se plasmaron en legislaciones (constituciones, leyes, decretos) e incluso fueron ventilados como motivaciones para ir a la guerra: la discusión sobre cuál sistema político era mejor, si el centralista o el federalista; sobre qué tipo de régimen político adoptar, si uno liberal, con una visión laica de la administración y una ética utilitarista, o uno conservador y clerical, lo que a su turno conducía a la conveniencia o no de separar la Iglesia del Estado. En la economía, el debate se centró en qué era mejor para el país, si la protección a la producción nacional (proteccionismo) o el juego en el libre mercado de la oferta y la demanda (librecambio, laissez-faire) y la propiedad privada, de inspiración británica. No obstante, ambas posiciones aceptaban, explícita o tácitamente, la teoría del aprovechamiento de las ventajas comparativas en la producción, lo que dejaba al país como productor y exportador de materias primas e importador de bienes manufacturados.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD[9]

La historia económica de América Latina del siglo XIX puede sintetizarse en un primer período de estancamiento económico después de la independencia (excepción hecha de Cuba), un segundo de transición con mejoras relativas entre 1830 y 1850, un tercero de crecimiento de las exportaciones entre 1870 y 1880, y un cuarto signado por los altibajos y vaivenes productivos desde la Gran Depresión de 1873 hasta el fin de siglo. Gran Bretaña conservó su posición predominante como exportadora a Iberoamérica y a la vez continuó como el mercado principal para las exportaciones del continente. Sin embargo, los años centrales del siglo XIX, marcaron para la economía europea el fin de un período de decadencia, que alcanzó su punto más bajo durante la crisis de 1848, y el comienzo de una formidable ola expansiva que se prolongó —a pesar de las crisis de 1857 y 1865— hasta la Gran Depresión, arriba mencionada.

La economía colombiana decimonónica estuvo atravesada por una contradicción: aunque la expansión exportadora y la vinculación a la economía del mundo capitalista se consideraba la única forma factible de desarrollo —según las condiciones impuestas por los mercados externos, por el liberalismo económico y por las ideas del librecambio—, las formas y estrategias de producción empleadas en la articulación del país a esa economía limitaban las posibilidades para un crecimiento estable y continuo de las exportaciones y de la producción misma, porque no se incorporaron nuevas técnicas o tecnologías, no se consolidó un mercado interno, ni se llevó a cabo un proceso incipiente de industrialización, dado que el país se concentró —como pregonaban algunas doctrinas de la época— en la producción de materias primas, su vocación «natural». En el afán por explotar al máximo las oportunidades que ofrecían los mercados mundiales, se generaron formas de «producción-especulación» no tecnificadas. El sistema se caracterizó por ciclos que iban en crecimiento o se contraían al son de las condiciones de la economía mundial: se disparaba el comercio de un determinado producto y luego perdía importancia. En la mayoría de los casos, la bonanza terminaba pronto, cuando desaparecían las condiciones de precios excepcionales. El oro, principal producto de exportación de los siglos anteriores, cedió espacio al tabaco, la quina y el café, principalmente, y a unos cuantos géneros secundarios como el añil, los cueros, el algodón, la tagua y el caucho. La minería continuó siendo una explotación más o menos estable y tuvo una gran expansión en la segunda mitad del siglo, sobre todo en Antioquia. En 1850, el gobierno terminó el monopolio del tabaco, por lo que su producción y su comercio quedaron completamente libres. El desarrollo tabacalero entre 1845 y 1870 representó una especie de edad de oro de la economía exportadora colombiana y se concentró en cuatro regiones: valle del Magdalena, Santander, valle del Cauca y Costa Atlántica, siendo Ambalema, en el Magdalena, uno de los distritos tabacaleros más importantes.

El país era primordialmente agrario y el Estado débil en los campos político y fiscal. Sus ingresos se reducían a lo recaudado por aduanas y por algunos comercios y monopolios. Las economías locales garantizaban, a través del intercambio, su funcionamiento más o menos autónomo y el Estado central participaba en forma limitada en el juego económico. Recaudar los impuestos era una tarea compleja: había numerosos mercados locales, la red de transporte era pobre y no se contaba con tantos funcionarios como para poder gravar muchos productos. Sólo se imponían tributos sobre algunos intercambios y servicios (el comercio exterior, el comercio de la sal, el tabaco y el aguardiente, el degüello en las ciudades más grandes, el tránsito por algunas vías de comunicación —como los puertos, los caminos para las recuas de mulas—, las minas, los mataderos, los estancos de tabaco y aguardiente), porque se podían recaudar sin muchos gastos. Aun así, la evasión fue alta.

El mercado interno era precario —no había intercambios entre grandes distancias y predominaba la producción para el autoconsumo—, debido a tres factores principales: las relaciones de producción, el sistema de transporte y las redes mercantiles locales, factores que impedían el crecimiento económico y la formación de capitales. La circulación local de mercancías prevalecía sobre la regional, la nacional y la internacional, y la producción estaba basada en el trabajo local o familiar, el que se realizaba en las haciendas o en las parcelas y generaba unas ganancias pequeñas, típicas de las economías campesinas.

Una buena parte del área cultivable estaba en manos de terratenientes y, aunque los precios de la misma no eran muy altos, la mayoría no podía comprar sus propias parcelas. No había mucha moneda en circulación ni mano de obra asalariada, por lo que numerosas personas trabajaban en predios que no eran de su propiedad, bajo el régimen de arriendo o de aparcería. Los arrendatarios recibían del dueño un terreno para vivir y cultivar a cambio de pagos y de trabajo en los sembrados de aquel; en la aparcería se establecía la sujeción del aparcero. Estas dos modalidades ataban a los trabajadores a la tierra y no les permitían recibir, en la mayor parte de los casos, sino una exigua remuneración monetaria por su labor.

Debido a que los cultivos de las tierras frías encontraban fuerte competencia con los de los países europeos, como política gubernamental se decidió implantar el poblamiento de las regiones cálidas, pues se consideraba que era necesario desarrollar cultivos tropicales que contaran con mayor demanda en los mercados externos. Este proceso se llevó a cabo titulando pequeñas extensiones a una pequeña parte de los campesinos y adjudicando cientos y miles de hectáreas a militares, políticos, comerciantes y latifundistas. Y mientras los resguardos indígenas fueron amenazados por el desalojo, a los militares destacados los recompensaron con la adjudicación de baldíos, y los inmigrantes europeos, que se arriesgaban a asentarse en el país, recibieron lotes de gran extensión.

Dada la dificultad de acceso a la tierra, las grandes haciendas se impusieron y dentro de ellas se consolidaron duros regímenes de trabajo que se materializaban a través de las deudas contraídas por los peones, a través del poder político local, que ejercían los terratenientes, los mineros y los comerciantes, y a través de la influencia del clero. En la década de 1830 comenzó la reorganización de la economía y los herederos de los viejos latifundios del siglo XVIII trataron de reconstruir los antiguos órdenes. Muchas haciendas entraron en decadencia —sus dueños habían dejado el país o la guerra las había dejado desiertas—; otras lograron mantener su vocación productiva hasta bien entrado el siglo XIX. Varias familias coloniales se proyectaron sobre el siglo como legítimas depositarias de viejos sistemas de organización económica, mientras que algunas extensiones fueron adquiridas por modernos comerciantes deseosos de hacerlas productivas.

Una parte del área cultivada del país eran territorios de resguardos indígenas que habían sido recortados sustantivamente en alrededor de un 80% después de 1778. Se argumentaba que la propiedad comunal era un impedimento para la circulación libre de las mercancías y para el desarrollo de la producción, sobre todo la destinada al mercado externo. Sin embargo, al país le sobraban grandes extensiones aptas para la agricultura; lo que le faltaba era la mano de obra, y la disolución de los resguardos estaba más dirigida a captar indígenas para el trabajo en las haciendas que a liberar tierras.

La venta de los latifundios eclesiásticos, impuesta por la desamortización de bienes de manos muertas (1861), permitió al Estado recaudar doce millones de pesos de la época, de los cuales casi seis millones correspondían a hipotecas (censos y capellanías).[10] La redención de capellanías tuvo más importancia que la venta misma de las propiedades del clero, porque liberó grandes extensiones de terreno que servían de garantía —con frecuencia eterna— para los préstamos que contraían los hacendados a partir de los censos y capellanías impuestos sobre las donaciones de algunos moribundos que esperaban salvar sus almas del infierno. Sin embargo, estas reformas no modificaron significativamente la tenencia de la tierra, y en vez de contribuir a forjar un campesinado y una mano de obra asalariada, ayudaron a consolidar relaciones laborales no capitalistas —sujeción extraeconómica— e inadecuadas para una economía con interés en vincularse al mercado mundial.

A partir de 1839, parte de los predios útiles que quedaban en Cundinamarca, Boyacá, Santander y Tolima fueron repartidos y/o adquiridos por terratenientes y comerciantes. En algunos casos, los indígenas pasaron a ser arrendatarios o «agregados» de las haciendas; en otros, se convirtieron en ínfimos propietarios. A partir de 1843 los baldíos nacionales comenzaron a otorgarse de manera permanente, como un privilegio de clase, un procedimiento que se vio reforzado por la Constitución de 1863, gracias a la autonomía que adquirieron los estados soberanos para adjudicarlos. En los procesos de colonización de nuevos territorios, los grandes propietarios fueron capaces de controlar las adjudicaciones y de hacer valer sus derechos sobre los colonos pobres y sobre las invasiones realizadas a predios incultos de su propiedad. Los pequeños fundos se localizaron preferentemente en lugares que no ofrecían condiciones apropiadas para las haciendas o donde los terratenientes promovían en forma directa el desarrollo de una economía parcelaria, otorgando posesión temporal a los colonos que abrieran sus propiedades. En varios lugares los inmigrantes tuvieron que luchar abiertamente por su derecho a la tierra, pugna en la que las posibilidades de éxito dependían del apoyo de las élites locales y regionales.

En Colombia, por otra parte, y a diferencia del modelo clásico, la aparición de la industria fue un fenómeno independiente de las actividades artesanales. Ya en la década de 1830 hubo algunos esfuerzos manufactureros, de los que quedaron unas cuantas instalaciones que consiguieron sobrevivir hasta finales del siglo. Cuando logró nacer la industria propiamente dicha, a principios del siglo XX, lo hizo en circunstancias de localización, mercados y acumulación de capital derivadas de la expansión mercantil de una región de blancos libres, mientras que la industrialización que se dio en la Nueva Granada entre 1830 y 1850 fue iniciada por terratenientes con ciertos monopolios de producción otorgados por el Estado. El fracaso de esta incipiente industria del siglo XIX se puede explicar por las razones ya anotadas para otros campos: pésimas vías de comunicación, poca integración nacional, falta de mercados internos y, además, el abastecimiento en ciertas zonas —Costa Atlántica y sobre todo Panamá— de artículos europeos y estadounidenses con mejores precios y calidades que los ofrecidos por los productores nacionales. Las industrias lucharon a lo largo del siglo con un mercado estrecho, con el escaso interés de los inversionistas y con dificultades técnicas de todo tipo, como en el caso de las ferrerías, que casi siempre fueron creadas por grupos reducidos de empresarios que debieron apelar a sus propios fondos para capitalizarlas. En 1850, antes de comenzar la era librecambista, la mayoría de las industrias enfrentaba serios problemas, e incluso muchas habían quebrado.

En general, los artesanos del país de aquel entonces complementaban su actividad artesanal con la agrícola. Las mujeres conformaban el grupo mayor y sus labores principales eran cardar, tejer, fabricar loza y alfarería para la cocina, prendas de vestir y calzado; los hombres se ocupaban más en la carpintería, la sastrería, la herrería y la talabartería. Parte de la actividad artesanal se orientó hacia la producción de artículos de fique, en especial cuando se incrementó el cultivo del café; la exportación de sombreros de paja también fue un renglón importante en el siglo XIX y se localizó ante todo en Santander, Antioquia y Tolima. Se trataba de una producción de tipo doméstico, aunque a partir de la segunda mitad del siglo comenzó a fortalecerse la estructura del taller artesanal con dos o tres trabajadores y técnicas tradicionales: alambiques, tenerías, tejares y fábricas de loza. Como ya se anotó, las reformas liberales fueron vistas por los sectores artesanales, representados en las sociedades democráticas, como una seria amenaza para su supervivencia material y condujeron al levantamiento popular de 1854 en apoyo al golpe de José María Melo.

Dentro de la economía hubo algunos pesos regionales altos y un desplazamiento de los ejes, de zonas fuertes de producción del siglo XVIII hacia nuevas zonas, estableciéndose así un liderazgo en las regiones de centros más republicanos, que desplazaron a los más tradicionales. En Santander, el sur continuó con procesos económicos y fortalezas comerciales y productivas que venían desde la época de la Colonia (Vélez, Socorro, Tunja), pero de 1865 en adelante el norte adquirió primacía (Pamplona, Ocaña, Bucaramanga, Cúcuta y su conexión con la región de Zulia en Venezuela). En Antioquia, Medellín se fue fortaleciendo como eje central, en disputa con Rionegro, y desplazó a la vieja capital, Santafé, al tiempo que, asociada a los procesos de colonización, aumentó la importancia de Sonsón, Manizales, Santa Rosa, Yarumal, Fredonia y Jericó. En el Cauca, se fue dando un desplazamiento de Popayán hacia Cali, y en la región Caribe, Panamá, Barranquilla y Santa Marta adquirieron notabilidad en detrimento de Cartagena. Por su parte, Panamá se forjó como eje central de comercio, logrando establecer grandes e importantes relaciones con los Estados Unidos, al volverse lugar estratégico para este país por la posibilidad de comunicación del Atlántico con el Pacífico y por el auge de la explotación del oro en California, razón por la cual en Panamá se construyó el primer ferrocarril de Hispanoamérica (inaugurado en 1855) y posteriormente, un canal interoceánico.

Las reformas económicas propuestas por los liberales tuvieron trascendencia en la medida en que movilizaron el comercio, sobre todo el internacional, e iniciaron la conformación de un Estado laico que pudiera llevar a la práctica la inserción del país en el mercado externo. No obstante, el liberalismo de esta época no consiguió instaurar un cambio revolucionario en las relaciones de trabajo y de propiedad en el campo como condición para la expansión de la economía, de las fuerzas productivas y de un régimen político democrático. Una de sus medidas más renombradas, la abolición de la esclavitud, que debía abrir la vía para la transformación de las relaciones laborales hacia sistemas más eficientes, derivó hacia otros tipos de dependencia y no generó trabajo asalariado. Algunas disposiciones, finalmente, resultaron contraproducentes para el desarrollo del capitalismo en el país, en particular la creencia en el «dejar hacer», que concebía un Estado central débil, que no interfiriese en las actividades económicas, cuando se hubiera necesitado regulación central para construir la infraestructura vial y para organizar las finanzas a través de un banco central.

Desde mediados del siglo, no obstante, se desarrollaron tímidos intentos por mejorar el sistema de transportes, en contraste con los mayores esfuerzos desarrollados en países con economías más dinámicas y mayores inversiones extranjeras, sobre todo británicas, tales como Argentina, Brasil, México y Chile. Se introdujo la navegación a vapor, se construyeron algunos tramos de ferrocarril, pequeños caminos carreteables y se adecuaron algunos puertos. Hasta bien entrado el siglo XX, la mayor parte del transporte interno continuaba realizándose a través de trochas de herradura diseñadas sin técnica alguna, lo que encarecía los costos de producción y desalentaba el uso de nuevas técnicas, y no es exagerado afirmar que el río Magdalena fue el bastión de las comunicaciones y de la economía colombiana hasta mediados del siglo XX. Como eje fluvial, desde la época de la Conquista, todos los caminos estaban orientados a él, ya que era la principal vía de salida del país y de conexión con el mundo y con el comercio transatlántico. Aunque los barcos a vapor fueron el principal avance del transporte en la época, al principio constituyeron más bien una novedad que un medio efectivo para viajar y mover mercancías, un medio que difícilmente podía competir con el champán, capaz de transportar hasta ocho toneladas. El vapor, sin embargo, permitió reducir el tiempo del viaje río arriba y los riesgos de navegación; generó una reducción notable en el costo de los fletes por el río —los costos de acarreo en mula no disminuyeron—, y mejoró las comunicaciones de las poblaciones ribereñas. Introducido por el alemán Juan Bernardo Elbers en 1824, en tres décadas sólo hubo tres compañías: la Empresa Elbers entre 1824-1839, la AngloGranadina en 1837 y Vapores de Santa Marta entre 1847-1852. A partir de la década de 1850 la navegación por el río se consolidó, gracias a empresarios en su mayoría alemanes, anglosajones y algunos colombianos. Hubo compañías pequeñas y de poca duración; se destacan por su tamaño y permanencia la Compañía Unida de Navegación por Vapor en el río Magdalena (1857-1880, con 16 barcos), la Alejandro Weckbecker (1858-1875, 7 barcos), la Compañía de Navegación por el Dique (1860-1898, 12 barcos) y la Compañía Alemana (1869-1885, 6 vapores). Entre 1824 y 1885 circularon unas 20 compañías, pero la expansión mayor se dio a partir de 1870, cuando la construcción de un ferrocarril corto entre Barranquilla y Sabanilla logró conectar el tráfico fluvial con el oceánico y se amplió el servicio, dejando a aquella ciudad como el mayor puerto comercial del país hasta el siglo XX.[11]

La población de la actual Colombia había sido clasificada antes de la independencia, en las leyes, en las representaciones sociales y en los censos, por castas: negros, indios, libres de todos los colores y blancos. En términos poblacionales, los libres de todos colores conformaban el grupo mayoritario, pero los grupos dominantes eran los blancos y los mestizos, que presentaban diversidad de matices y no compartían los mismos intereses. No obstante, a partir de la Independencia se impulsaron sentimientos de cohesión social y política y los discursos de igualdad y de ciudadanía sirvieron a este propósito. Como un primer resultado, el Estado republicano suprimió las castas, con lo cual quedaron únicamente libres y esclavos como dos categorías sociales básicas, y ya entrado el siglo XIX hubo un mayor interés por conocer y censar no tanto los aspectos étnicos y «raciales» de la sociedad, sino aquellos que tenían que ver con su edad, su estado civil y su ocupación. Hasta 1850, los negros esclavos eran los únicos que continuaban siendo discriminados formalmente, aunque en la práctica los indios y otros sectores sociales también lo fueron.

Durante la primera mitad del siglo se realizaron cuatro censos generales: en 1825 (1.229.259 habitantes), 1835 (1.686.038), 1843 (1.931.684) y 1851 (2.243.730), además de algunos regionales o parciales (1859-1864, 1882-1884, 1883, 1896).[12] El censo de 1870 mostró que la más amplia red urbana del país, aún incipiente, seguía posicionada sobre el centro de la Cordillera Oriental, en gran medida asociada al río Magdalena, al tiempo que crecían ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Palmira y Socorro y se extendían nuevas colonizaciones hacia la Costa Atlántica —en la región tabacalera de Bolívar, en las llanuras del río Sinú y en el puerto de Barranquilla—, hacia el oriente —en territorios de Lebrija, Cúcuta y Salazar—, hacia el noroccidente —en Antioquia y Cauca—, el suroccidente —sobre el área tabacalera de Palmira y las regiones asociadas al río Cauca y a la Costa Pacífica—, y hacia Cundinamarca, desde donde avanzó la ocupación del valle de Rionegro y de las tierras del Meta y San Martín en los Llanos Orientales.

En los países del área entre 1850 y 1900, los de mayor aumento poblacional, en parte gracias a la inmigración de extranjeros, fueron Argentina (pasó de 1.100.000 a 4.693.000 habitantes) y Uruguay (de 132.000 a 915.000) en más del triple —se duplicó nuevamente entre 1900 y 1930—; Brasil (de 7.230.000 a 17.980.000), Chile (de 1.443.000 a 2.959.000), México (de 7.662.000 a 13.607.000) y Costa Rica (de 101.000 a 297.000) en alrededor del doble o algo más; en Guatemala, Perú, Venezuela y Ecuador, países con bajo ingreso de europeos, la población se incrementó alrededor de un 50%, mientras que en Paraguay —debido a la catástrofe demográfica de la guerra de la Triple Alianza— y Cuba el crecimiento no fue tan sensible.

Durante la mayor parte del siglo XIX, el número de la población colombiana ocupó el tercer lugar en Iberoamérica: pasó de un poco más de 1.600.000 habitantes en los años treinta a casi 2.300.000 hacia mediados del siglo y a 2.700.000 en 1870. Según este último dato, se puede decir que la Nueva Granada, cuya área alcanzaba los 1.420.900 km², era un país casi despoblado. No obstante, para 1934, el área se había reducido en cerca de 300.000 km², gracias a los conflictos fronterizos, a la avidez territorial de los vecinos y a la pérdida de Panamá.

Inmensos territorios permanecían desiertos, en particular en Caquetá, que abarcaba la cuenca del Amazonas. La parte habitada del país apenas tenía una densidad inferior a 2.5 habitantes por km², debida principalmente a la baja población de la provincia de Casanare y del enorme cantón de San Martín —provincia de Bogotá—, con 0.1 habitantes por kilómetro cuadrado. Cerca de la mitad del total de los habitantes vivía en un área de poco más de 100.000 km² en las provincias de Bogotá, Tunja, Socorro, Tundama, Vélez, Pamplona, Soto, Ocaña y Santander. La mayoría de la mitad de la población restante se concentraba en una estrecha franja de la Costa Atlántica y en áreas reducidas en las alturas medias de las cordilleras Occidental y Central. Para 1843, el número no alcanzaba los 2.000.000 de habitantes. Las costas estaban más despobladas que el interior, con 260.000 en la Atlántica y 65.000 en la Pacífica. Estos datos revelan que más del 85% de la población estaba concentrada en el interior andino, con un mayor peso poblacional sobre la cordillera centro oriental, preponderancia que se mantendrá hasta la época de la expansión cafetera, a partir de 1885, hacia el occidente —cordilleras Central y centro occidental—. Para 1850 había menos de 850 europeos y estadounidenses en Colombia. Algo menos de la mitad residía en Panamá y el resto se agrupaba en Bogotá, en el puerto fluvial de Honda, en las minas cercanas a esta y en los puertos del mar Caribe. La mayor oleada de inmigración al continente llegó a partir de la década de 1870, cuando la crisis alimentaria y económica producida por la Gran Depresión expulsó masas de europeos en búsqueda del sueño americano, que entonces se refería a los países del Cono Sur y los de Norteamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, México y Estados Unidos y, en menor medida, Chile, Venezuela, Costa Rica y Cuba. Entre 1881 y 1900 llegaron 3.813.000 inmigrantes a Argentina, 3.964.300 a Brasil y 579.800 a Uruguay, 596.000 a Cuba, 300.000 a Venezuela y 183.000 a Chile.

La estadística de 1876, a partir de datos recolectados en el censo de 1870, incorporó nuevos parámetros demográficos y poblacionales. Para 1870, en la superficie del territorio de Colombia, con cultivos medianos podían vivir y prosperar más de cincuenta millones de habitantes. Según datos de la Comisión Corográfica, el territorio tenía 295.613 km² habitados o más o menos cultivados, y 1.125.287 km² baldíos, pero con poblaciones indígenas. En su conjunto, aproximadamente el 80% del territorio correspondía a terrenos baldíos, y en cuanto a población, las guerras de Independencia (1810-1820) y de los Supremos (1839-1842), aparentemente, no afectaron la tendencia general del crecimiento demográfico. No obstante, los reclutamientos forzosos llegaron a ser tan temidos que peones, indios y aun esclavos terminaban ocultándose cuando llegaba a sus oídos el rumor de que los censos o recuentos estaban ligados a posibles incorporaciones a la milicia. A su vez, los ejércitos en campaña actuaban en muchas ocasiones contra la población civil, la cual abandonaba sus centros de habitación y buscaba refugio en zonas de paz; los ciudadanos urbanos se desplazaban entre pueblos, en busca de refugio, y los trabajadores rurales se dirigían monte adentro, donde podían estar al margen de los efectos de la devastación. Sin embargo las guerras de 1876, 1860, y Mil Días se convirtieron en verdaderas masacres de la población masculina en edad de guerrear, siendo catastróficas demográficamente las dos últimas, que duraron tres años cada una, y comparables con la hecatombe poblacional de Paraguay una vez concluida la guerra de la Triple Alianza —Brasil, Argentina y Uruguay— en 1870-1871, en la que perdió la vida el 86% de los varones en edad reproductiva.

Algunas cifras dispersas de nacimientos, publicadas en 1823, 1843-46 y 1892, revelan que las tasas de natalidad eran superiores al 4% anual. La mortalidad debía de estar entonces cerca o algo por encima del 2.5% anual. En general, estas tasas de crecimiento eran elevadas si se las compara con cifras de otros países. La alta natalidad se debía a la ausencia casi total de medidas de control y a la elevada frecuencia con que se llevaban a cabo uniones tempranas. Las diferencias en las tasas de mortalidad, sobre todo infantil, tenían mayor impacto sobre el crecimiento de la población. El paludismo, la uncinariasis, la fiebre amarilla y otras enfermedades infecciosas fueron más epidémicas en áreas bajas y cálidas del país como las costas, golpeadas a su vez en forma directa por epidemias internacionales como la viruela y el cólera. Con el correr del siglo, los crecimientos poblacionales se invirtieron: Cundinamarca bajó su tasa y Antioquia se convirtió en la zona con una mayor expansión poblacional pero, en general, a pesar del incremento en la natalidad, para el final del siglo el total de la población había decrecido, en parte debido a las guerras civiles. En la de los Mil Días, por ejemplo, murió la quinta parte de la población masculina.

La población colombiana de la segunda mitad del siglo XIX era eminentemente rural, lo que corresponde a una estructura económica cuya actividad principal era la agricultura. Entre los principales centros urbanos del país entre 1843 y 1912, la ciudad más grande, Bogotá, pasó de 30.000 habitantes a cerca de 100.000. Hacia 1850, los demás núcleos urbanos eran esencialmente pequeñas localidades en las que buena parte de sus vecinos realizaba tareas agrícolas. Sólo un porcentaje pequeño de la población se empleaba en centros comerciales, administrativos o artesanales. No hay indicios de que entre 1850 y 1870 estuvieran en marcha procesos amplios de urbanización. Sin embargo, el auge comercial impulsado por la creciente vinculación al mercado mundial fue reforzando, poco a poco y sobre todo a partir de 1870, el crecimiento de algunas ciudades, y para finales del siglo Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Cali y Manizales habían sobrepasado los 20.000 habitantes; Barranquilla, probablemente, tenía más de 30.000, favorecida por su condición de puerto, y Medellín, donde comenzaba a surgir una industria incipiente y se habían expandido el comercio y los negocios estimulados por la minería y el café, pasaba ya de los 50.000 habitantes.

SABERES Y REPRESENTACIONES

Una porción del interés por estudiar el territorio y las gentes de un país parte de la premisa de que conocer a quiénes y qué se va a gobernar es una buena manera de legitimar una configuración política determinada. En esta línea se inscriben la elaboración de censos y de estadísticas, de geografías y de mapas, las relaciones de viaje y la creación de museos, bibliotecas y eventos para fomentar determinados tipos de productos culturales. Desde la Expedición Botánica del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, este interés por conocer el país se materializó en textos académicos, de crónica y literarios, en relatos de viajeros extranjeros y nacionales, en las instituciones y en el arte.

La Comisión Corográfica (1850-1859) fue el proyecto de conocimiento decimonónico más importante del país. Desde 1839 el Congreso había expedido una norma con el propósito de realizar una descripción general de la Nueva Granada, disposición que se concretó en otra ley de 1849. La expedición fue dirigida por el italiano Agustín Codazzi, quien ya había liderado una empresa similar en Venezuela y levantado un mapa general y una geografía de ese país; tuvo como ayudantes a los colombianos Manuel Ancízar y José Jerónimo Triana, y estuvo apoyada por dibujantes, botánicos, pintores y, por supuesto, por un ejército de cargueros. Inició su recorrido por el territorio colombiano el 3 de enero de 1850. Su meta era elaborar un mapa general de la Nueva Granada (al final de la expedición se llamaría Confederación Granadina) que incluyera la división administrativa —estados y distritos—, las cordilleras, el curso de los ríos y sus afluentes, una tabla sinóptica de las distancias, una vista comparada de las alturas de los principales cerros, nevados y volcanes, una vista sinóptica del curso de los ríos navegables, una de la altura absoluta y relativa de las ciudades y villas, cuadros de población, de su movimiento y desarrollo, y un atlas físico y político de 52 cartas ilustrativas de la historia y la geografía del país. Todo ello debía ir acompañado de dos textos explicativos: una geografía física y una geografía política. Ancízar debía informar sobre la educación, el comercio, la industria, la tenencia de las propiedades, la población, las costumbres, los delitos, las razas y los monumentos de la nación, y el resultado de sus pesquisas sería publicado en su Peregrinación de Alpha. Triana actuaba como adjunto y debía examinar, clasificar y dar nombre botánico a las plantas encontradas; llevar un registro de clasificación y descripción de las plantas de aplicación útil en medicina, en artes y para la exportación; recoger, examinar, disecar y describir las plantas nuevas en herbarios, y presentar la colección anualmente al gobierno. Los frutos más visibles de la labor efectuada fueron la elaboración del primer mapa confiable y general de Colombia, publicado en París por Manuel María Paz después de la muerte de Codazzi. Desde el punto de vista académico y de las ciencias, la Comisión Corográfica fue un impulso para el trabajo de los naturalistas y para la creación de asociaciones científicas en la segunda mitad del siglo XIX.

Además de los dibujantes, tres pintores hicieron parte de la comisión: dos extranjeros, el británico Henry Price —trabajaba en casas de comercio de Bogotá— y el venezolano Carmelo Fernández —ilustró el volumen cartográfico de Venezuela que Codazzi realizó en 1840—, y uno colombiano, Manuel María Paz, pastuso, hábil cartógrafo y mal pintor. Los informes iban acompañados de láminas que daban cuenta visual de lo observado y que se pueden considerar como cuadros de tipos y costumbres. La expedición no recorrió todo el país y privilegió algunas zonas; se había propuesto llegar hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, pero Codazzi murió en 1859 cuando arribó al municipio que hoy lleva su nombre, de manera que la zona del Caribe no fue estudiada.

La Comisión Corográfica desempeñó un papel central en la construcción de la nacionalidad, al ofrecer una imagen de territorio, de nación, de regiones, pero también de «unidad imaginada». Para construir la anhelada comunidad nacional se tomaron como emblemas los ideales proclamados por la Revolución Francesa: un solo territorio, un solo pueblo y una misma lengua. La construcción de esa «comunidad imaginada» pasaba por el conocimiento de sus características físicas, sociales y políticas; por la fijación del nombre de sus pueblos y aldeas, cordilleras, montañas, valles y ríos, y por la posibilidad de materializar en un texto una representación determinada del territorio y de sus gentes a partir de una investigación geográfica y corográfica.

Las geografías, en particular, fueron un elemento clave para el fomento de la integración nacional, ya que buscaron representar a los habitantes de las diferentes regiones como individuos cercanos, identificados con una patria común, unos intereses materiales y unas estrategias de progreso conjuntos. La cartografía, por otra parte, permitía conocer el país, sus pobladores y sus recursos con propósitos prácticos: la transformación del territorio para hallar el camino del progreso; el conocimiento de su espacialidad, con el objeto de realizar una división territorial puesta al servicio de la representación política. En esta empresa de conocimiento participaron varios estudiosos y aguerridos viajeros nacionales y extranjeros, con frecuencia guiados o financiados por los intereses de las potencias coloniales. Entre 1860 y 1910, numerosas personas recorrieron varias zonas del país con el ánimo de investigarlas a fondo. Las regiones más visitadas fueron los Llanos del Casanare y San Martín —sobre todo a finales del siglo—, la Sierra Nevada de Santa Marta —frecuentada por geógrafos extranjeros—, la zona de los Andes centrales y, por supuesto, el río Magdalena.

En este mismo período se originaron obras geográficas notables sobre Colombia, la mayor parte escrita por alemanes. En geología, los trabajos de Wilhelm Reiss y Alphonse Stuebel, adelantados entre 1867 y 1869; los de Eduard Steinheil en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, realizados entre 1872 y 1873; los de Friedrich von Schenck sobre el Estado de Antioquia entre 1878 y 1880-1881; el de Alfred Tener sobre la Cordillera Oriental, publicado en 1892; el de Alfred von Kohler sobre los Llanos de San Martín y la cuenca del Orinoco (1887), y el estudio de Otto Burger sobre la distribución de las especies zoológicas, publicado en 1897, fueron notables y aportaron elementos para el desarrollo de la disciplina, al mostrar las particularidades de los Andes y el territorio americano y las diferencias respecto de los Alpes y Europa.

Aunque estas obras fueron desde luego relevantes, los estudios iniciados por parte de los investigadores nacionales adquirieron mayor importancia en tanto que su objetivo era dar a conocer, en términos más específicos, la geografía del país. Así se originaron, entre otros, varios trabajos: la Geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia, de Felipe Pérez; el Compendio de geografía general política, física y especial de los Estados Unidos de Colombia y tres opúsculos geográficos: Memoria sobre la geografía física y política de la Nueva Granada (1852), Compendio de geografía general de los Estados Unidos de Colombia (1866) y Diccionario geográfico, publicados por Tomás Cipriano de Mosquera (1866); el Diccionario geográfico de los Estados Unidos de Colombia, de Joaquín Esguerra (1879); la Geografía general del Estado de Antioquia en Colombia, de Manuel Uribe Ángel (1885); la Nueva geografía de Colombia, de Francisco Javier Vergara y Velasco (1888); el Tratado completo de geografía universal, de Federico Lleras (1874), y el Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada en el siglo XVI, de Joaquín Acosta (1848). Además, las observaciones geográficas de Antonio Basilio Cuervo, Tomás Cipriano de Mosquera, José Manuel Royo, José María Samper y un compendio de la provincia de Cartagena de 1839, escrito por Juan José Nieto, fueron de considerable importancia. Vale la pena mencionar que, aunque la obra de José Manuel Restrepo (Historia de la revolución de la República de Colombia) no se destaca por su consistencia geográfica, el autor la acompañó de un atlas que contiene un mapa general de Colombia y doce mapas de los departamentos que la componían.

Durante el siglo XIX, Brasil fue el primer país en presentar actividades exploratorias antes de 1820; el traslado de la casa real portuguesa a Río de Janeiro produjo una apertura cultural, que llevó a selvas brasileras a naturalistas y exploradores, como el ingeniero Wilhelm L. von Eschwege, el botánico Auguste de Saint-Hilaire (1816-1822) y el zoólogo Johann B. von Spix (1817-1820). Entre 1820 y 1850 la exploración geográfica moderna fue significativa en toda América del Sur, pero fue en las décadas de 1850 y 1860 que se vivió la época clásica de investigación más sistemática. Aparte de los trabajos de las comisiones corográficas de Venezuela y Nueva Granada —dirigidas por Codazzi—, se destacan las de: Antonio Raimondi en Perú (1851-1869), Aimé Pissi en Chile y el gran estudio sobre el desierto de Atacama realizado por Rudolph Amandus Philippi (1853-1854), por comisión del gobierno de Chile. También se produjeron estudios de H. K. Burmeister en Argentina, J. A. Lloved en Bolivia entre Cochabamba y Chimoré y, más tarde, 18 años después de la colombiana, la Geografía de la República del Ecuador de Manuel Villavicencio; en 1859 se publicó en Bolivia el mapa general del país elaborado por J. M. Ondarza y otros; en 1862 apareció el primer mapa sistemático de la República Oriental del Uruguay por el general José María Reyes. Uno de los países con mayor tradición en exploración geográfica fue Perú; Valentín Ledesma publicó en Lima en 1853 sus Apuntamientos acerca de la corografía del Perú, que precedió a la Geografía del Perú de Mateo Paz Soldán, publicada en 1862.

Los relatos de viajeros nacionales y extranjeros, a su turno, fueron y continúan siendo vitales para el conocimiento del territorio, de los grupos humanos y de los tipos de sociedad del siglo XIX. Algunos de los más importantes son las Notas de viaje, de Salvador Camacho Roldán; De Bogotá al Atlántico, de Santiago Pérez Triana, y la ya mencionada Peregrinación de Alpha, de Manuel Ancízar Basterra. No pocas descripciones de viajeros extranjeros como Humboldt, Boussingault, Holton, Hamilton y Gosselmann destacan mayormente el mestizaje y el mosaico de tonalidades de piel y rasgos, y muchos de estos viajeros, en tránsito por el país o con residencia en él (Mark, Brown, Saffray y André), dejaron testimonios inolvidables de los paisajes, objetos y personajes que encontraron a su paso. Este fue un proceso que se dio en toda América y en otros mundos «exóticos»: África, Pacífico Sur, Asia, Egipto… y que produjo gran fascinación en los hombres letrados europeos del siglo XIX, quienes a menudo, como parte de su formación, recibían cierto entrenamiento en pintura/dibujo, por lo que en sus expediciones podían dejar testimonio pictórico de sus viajes o contratar un dibujante/grabador/litógrafo que lo hiciera, bien sobre el terreno mismo —expediciones que se organizaban con ilustradores—, o bien por expertos contratados en los países europeos para las ediciones de los relatos. Por esta razón, este siglo se puede calificar como el de la edad de oro de la ilustración; es así como algunas de las más conocidas representaciones de paisajes americanos fueron realizadas por hombres que nunca pisaron su suelo.

En síntesis, la Comisión Corográfica, las geografías, los censos y los relatos de viaje tenían un propósito descriptivo (plantas, flores, paisajes, gentes) y eran por lo tanto verdaderos «cuadros de naturaleza». Mientras el siglo XVIII estaba signado por la taxonomía, por el catálogo, por la descripción minuciosa de los objetos aislados de su medio, tal como hacían los botánicos en los herbarios —véanse las ilustraciones de la Expedición Botánica—, el siglo XIX ya no presentará los resultados y las ilustraciones de viajes, de inventarios e investigaciones geográficas y naturales a la manera de catálogos, sino que ahora se compondrá un cuadro en el que el paisaje tendrá un papel organizador de las representaciones. Los cuadros de costumbres, los grabados de los viajeros y, muy particularmente, las imágenes de la Comisión Corográfica seguirán esta tendencia. Para el siglo XIX, entonces, podemos hablar de cuadros: cuadros de costumbres, en pintura y literatura; cuadros de la naturaleza, en las descripciones «científicas» y de viajeros, y cuadros inmóviles de la fotografía. Y hablar de cuadros es como hablar de estampas pintorescas, en las que se construía una idealización estética y romántica que exaltaba lo rural, lo popular, lo agreste, lo «natural».

El proceso de secularización de la sociedad que tuvo lugar a lo largo del siglo se materializó en transformaciones de la cultura en las cuales fueron importantes la individualización de las relaciones sociales y humanas —desapareció el carácter corporativo y colectivista propio del siglo XVIII—, la afirmación de la libertad individual y del ejercicio de los derechos ciudadanos —limitados, por supuesto, a los hombres alfabetos y adinerados—, y la supremacía de la actividad privada como postulado básico del liberalismo. El pensamiento, la formación intelectual y la producción literaria, musical y artística se sucedían entre dos aguas, por así decirlo, en un ir y venir que oscilaba entre la introducción de ideas, movimientos y modelos «foráneos», ante todo europeos, y un intento de producción propia y de análisis de los asuntos «de la tierra» —emancipación cultural—, como serían los casos de las literaturas costumbrista y modernista y de la pintura de cuadros y costumbres. Sin embargo, antes que hablar de «imitación» o de «recepción» de modelos e ideas europeas, sería más adecuado hablar de apropiación, porque además del interés en los aspectos propiamente académicos, había un interés práctico en aplicar las ideas aprendidas dentro de un espíritu de modernización, con el propósito de «desarrollar» el país y llevarlo por la vía del «progreso» hacia una verdadera «civilización», que haría que grandes sectores poblacionales salieran por fin de la «barbarie» en que se hallaban sumidos. Como esos pensamientos no eran transferidos sin más, sufrían mezclas y transformaciones que permitían hablar de un cierto eclecticismo intelectual en los países del área. Idealismo, positivismo, liberalismo, utilitarismo, socialismo utópico, sensualismo, enciclopedismo, racionalismo, romanticismo, neo-escolasticismo… pasaron por sus manos y sus ojos, dando por resultado las más variadas tendencias y posiciones, desde hispanistas a ultranza, como algunos miembros del movimiento conocido como la Regeneración, hasta liberales recalcitrantes, lo que hace que sea difícil encasillar en determinadas corrientes a los escritores colombianos de esta época, pues mezclaban nociones y teorías que incluso podían ser contradictorias.

A esta mezcla se sumaban la mala calidad de muchas traducciones y el hecho de que un grandísimo número de las obras ni siquiera eran traducidas al español, por lo que el estudio de otras lenguas se volvió indispensable para aquellos que querían «estar al día» o adquirir una formación académica más sólida. Lo anterior se reflejaba en la importancia dada a las cátedras de inglés y de francés en algunos colegios/universidades y en la profusión de gramáticas, tratados de retórica, diccionarios, textos de ortografía y cursos de inglés, francés, alemán, italiano, latín y griego, que se encontraban en la Biblioteca Nacional de Bogotá y en el Museo y Biblioteca Zea de Medellín, en los cuales una buena parte de los libros se hallaba en los idiomas originales o traducidos al inglés, al francés o al alemán.

Esta debilidad de las empresas editoriales, en España y América, venía desde los tiempos del antiguo régimen, durante el cual la censura impidió el establecimiento libre de imprentas, por lo que la mayoría de los textos que estas publicaban eran de carácter religioso. Durante el siglo XIX, la edición de libros se realizaba en imprentas oficiales, en las de los periódicos, en imprentas particulares o por parte de libreros que asumían el papel de editores, como Miguel Antonio Caro y Jorge Roa. Es notable el caso de este último, quien editó la Biblioteca Popular en 250 entregas y en 25 volúmenes. Las ediciones eran limitadas y poco regulares, pues no existía una red comercial organizada para un público amplio de consumo, lo que impedía la existencia de casas editoriales estables. Por eso se importaban libros; las pocas librerías existentes tenían relaciones directas con libreros o editores europeos y americanos; el conducto era bastante eficiente, pues algunas ediciones se obtenían pocas semanas después de aparecidas, pero el costo de los materiales era alto y su circulación, limitada. Los periódicos y la lectura en voz alta suplían algunas de las deficiencias en la circulación de los libros, extranjeros y nacionales, pues publicaban por entregas obras de afamados escritores internacionales. Esto extendía la producción literaria a un público más amplio, aunque una población significativa no accedía a ella. Las publicaciones de escritores nacionales se hacían, con frecuencia, por este conducto.

De ahí que el papel que desempeñó la prensa en siglo XIX fuera, sin exagerar, fundamental. La prensa era el medio a través del cual se creaba un vínculo con el mundo y se tenía acceso a una parte importante de la cultura. No sólo los acontecimientos políticos y noticiosos pasaban por los periódicos, como sucede con frecuencia en nuestros días, sino que aun la música —en forma de partituras que podían ser interpretadas por aficionados, pues todavía no existía el fonógrafo—, la literatura nacional e internacional e incluso los anuncios de nuevos bienes y servicios llegaban por este medio. La prensa tenía, asimismo, una misión civilizadora muy acorde con la idea del progreso que regía el comportamiento de los sectores dirigentes de esos años. En el siglo XIX creció el número de periódicos en todo el país: mientras en la década de 1790 apenas había uno, en 1846 había ya 16 y cuatro años más tarde, 29, de los cuales 11 se publicaban en Bogotá. En las principales ciudades coexistían publicaciones periódicas con distintos matices. Muchas de ellas tenían una vida efímera, pero lo cierto es que sirvieron de caja de resonancia para las grandes discusiones nacionales. La prensa satírica, de crítica y caricatura política, tomó fuerza a partir de mediados del siglo XIX, primero en Bogotá y más tarde en otras ciudades. Se pueden rastrear periódicos de este tipo por lo menos desde El Latigazo (Bogotá, 1840), pero su número irá creciendo con el tiempo hasta destacarse, particularmente, tres épocas, que coinciden con períodos de agudización de la crisis política: la comprendida entre la guerra de 1851 y el ascenso y caída del gobierno del general José María Melo (1854); la que antecede y sucede a la guerra de 1876-1877, momento en el cual aumentará su número, y la de los años de la Regeneración, que pueden ser considerados como el culmen de la caricatura y la sátira política durante el siglo XIX. Algunos de estos periódicos fueron El Alacrán (Bogotá, 1849), El Coco (Bogotá, 1853), El Espía (Bogotá, 1854), Los Matachines Ilustrados (Bogotá, 1855), El Fisgón (Bogotá, 1873-1874), El Mochuelo (Bogotá, 1877), Los Tartufos (Medellín, 1897) y El Cirirí (Medellín, 1899).

En ellos trabajaron los más sobresalientes grabadores y dibujantes del siglo, hombres como Alberto Urdaneta, José Manuel Groot, Ramón Torres Méndez, Alfredo Greñas, Jesús Bermúdez, José Ariosto Prieto y Darío Gaitán, alrededor de los cuales se constituyeron escuelas de formación, ya que en el siglo XIX no existía un mercado del arte y, por lo tanto, las ilustraciones en la prensa, los retratos por encargo y las imágenes religiosas para iglesias, comunidades, fieles y parroquias eran las principales fuentes de trabajo para los artistas. En este sentido, el Papel Periódico Ilustrado (1881-1887), fundado por Alberto Urdaneta, cumplió un papel decisivo. En él trabajaron la mayoría de los artistas de la época, incluido el ya octogenario José María Espinosa y el setentón Torres Méndez, sin importar distingos políticos; había sido precedido por la Escuela de Grabado en Madera o Xilografía, en 1881, a cargo del español Antonio Rodríguez en compañía de Urdaneta, quien también contribuyó a la creación del Instituto de Bellas Artes de Bogotá en 1886 y del Ateneo de Bogotá en 1884. Aunque hubo intentos anteriores de conformación de escuelas de dibujo, aquellas dos instituciones dejaron una huella indeleble en las artes de la capital.

La mayoría de los pintores nacionales eran autodidactas; aprendieron el oficio en talleres artesanales de pintores o mediante libros y manuales, pues la pintura académica apenas hizo su arribo en el último cuarto del siglo XIX, jalonada además por el ejemplo de extranjeros como el diplomático Edward Walhouse Mark, con sus famosas acuarelas; los viajeros franceses Charles Saffray y Edouard André, con sus xilografías y sus memorias; el británico Joseph Brown y el litógrafo alemán Carlos Dorhein, que dejaron cuadros valiosísimos de tipos y costumbres, dos géneros presentes también en obras literarias como Manuela, de Eugenio Díaz, y que contribuyeron a recrear una idea de lo nacional atravesada por estereotipos, más focalizada en el espacio de los Andes y, en algunas ocasiones, en el río Magdalena y sus bogas.

No sobra añadir que las personalidades del país, influidas por las ideas liberales inglesas y por las doctrinas políticas francesas, rara vez escribían sobre temas artísticos y literarios. Sus temas recurrentes eran el progreso, la libertad individual, la felicidad para el mayor número, la educación como vía civilizadora y, por supuesto, propuestas de solución a los problemas nacionales mediante la implantación de estas doctrinas, así como las posiciones contrarias a ellas, defendidas por miembros de sectores más conservadores de la sociedad, que se atrincheraban en los valores tradicionales para combatir a sus oponentes. Dada la baja circulación de libros, muchos políticos no tenían otra instrucción que la recibida de los manuales seguidos en las instituciones de educación y en la prensa, y en un país altamente politizado como era Colombia en el siglo XIX, era de esperarse que muchas de las discusiones verbales y escritas estuvieran más centradas en la economía que en la literatura, las ciencias y la filosofía, lo que condujo a que algunas de las tertulias, asociaciones y círculos científicos, literarios y de lectura que se fundaron en las últimas cuatro décadas del siglo, abogasen por otro tipo de intereses e incluso llegasen a prohibir las discusiones políticas, como fue el caso de la llamada Asociación del Tercer Piso (Biblioteca de Santo Domingo, Antioquia), a la que asistía Tomás Carrasquilla.

Durante todo el siglo, y muy en la onda de lo que sucedía en Europa ya desde la época de la Ilustración, en Colombia se crearon asociaciones con diversos fines. Aunque todas cumplían con la característica de ser grupos de personas que se juntaban con un interés determinado, su propósito variaba: en el ámbito científico se crearon academias, sociedades y ateneos, como la Academia de la Lengua y la Sociedad Colombiana de Ingenieros; en el social, asociaciones de beneficencia y ayuda mutua, como la Sociedad de San Vicente de Paúl y la del Sagrado Corazón; en el de las artes, tertulias, círculos y talleres literarios; en el político, sociedades democráticas, de artesanos y de amigos del país. Todas estas entidades buscaban educar al pueblo y fomentar la lectura de libros y revistas especializadas, y de ahí que saludaran con tanto alborozo una innovación técnica que transformó hondamente las representaciones y los productos culturales de la época: la introducción de la litografía en 1848, para la creación del semanario El Neo-Granadino y de la imprenta del mismo nombre, fundados por Manuel Ancízar, quien había regresado de Venezuela acompañado de los hermanos litógrafos Jerónimo y Celestino Martínez. Con la litografía comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia partituras, grabados, láminas, mapas y viñetas en las publicaciones periódicas, impresos que hasta ese momento había que contratar en París, Londres o Leipzig —principales centros litográficos en el siglo XIX—, dado que en el país no se contaba con los medios técnicos necesarios. Esta actividad impresora fue parte de la vida diaria del siglo XIX; la litografía había sido inventada en Alemania y patentada en 1801 por Alois Senefelder en Londres, de donde se propagó por Occidente —a Brasil y Estados Unidos se introdujo por 1819—; aunque el ingreso a Colombia es relativamente tardío, si se piensa en la rapidez de la llegada de otras publicaciones o de la fotografía, en los años que van de 1848 a 1870 se publicaron numerosos periódicos con ilustraciones, entre ellos El Neo-Granadino, El Mosaico y El Eco de los Andes.

La música salió hondamente beneficiada de este proceso, pues por primera vez en la historia de Colombia los músicos y los aficionados tuvieron a su alcance partituras de circulación libre entre el público —antes de la introducción de la litografía, debían ser importadas o copiadas a mano, por lo que el acceso a nuevos repertorios no era fácil—. A su vez, se pudieron publicar composiciones colombianas, lo que contribuyó a la conformación y consolidación de ritmos musicales propios a lo largo del siglo. Si para la época de la Independencia la contradanza era el ritmo más escuchado y bailado por grupos en las ciudades, a mediados del siglo lo era la denominada música de salón (valses, polkas, mazurcas, redovas), que se bailaba en parejas, y en la segunda mitad del mismo el bambuco y el pasillo, denominados «aires neogranadinos», se configuraron como formas musicales representativas del interior del país. Las músicas andinas —pasillos, bambucos, guabinas—, por servir a la identidad de las regiones en las que tradicionalmente se controlaba el poder político, ingresaron lentamente a los círculos académicos y a las entidades de enseñanza musical, y para el cambio del siglo ya se habían convertido en «aires nacionales». La educación musical, finalmente, se amplió a sectores laicos de la población (en el siglo anterior estaba circunscrita al ámbito religioso) y comenzó a ser «bien vista» en los sectores adinerados de la sociedad, que la consideraban un signo de civilización y de prestigio. Es así como el aprendizaje del piano, en el caso de las señoritas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, se volvió costumbre proverbial, y es así como creció de manera considerable el número de pianos importados, a pesar de las dificultades del transporte en un país de caminos en los que la mayor parte de los tramos se hacía a lomo de mula o a espalda de carguero. Se importaron además otros instrumentos y continuó su fabricación en el país. No sólo el repertorio pianístico aumentó, sino también el de instrumentos como la guitarra y el tiple, este último derivado de la vihuela española. Con su aporte se consolidaron algunos de los ritmos regionales que se valoran en la actualidad como canónicos del folclor colombiano, y entre sus compositores más destacados figuran personajes como Santos Quijano, Julio Quevedo, Joaquín Guarín, Mercedes Campuzano, Juan de Dios Escobar y Juan Crisóstomo Osorio.

La música de salón, pequeñas piezas de corta duración y de ensambles no muy complejos, tuvo su contraparte en la pintura en las llamadas miniaturas, género plástico por excelencia de la primera mitad del siglo XIX colombiano. Se trataba de pequeñas obras al óleo o acuarela —generalmente retratos—, pintadas sobre una base de formato pequeño y con frecuencia de marfil, que tomaban la forma de camafeos o cuadritos en los cuales se inmortalizaban los héroes de la Independencia y los seres queridos. Se realizaban por encargo. En ocasiones venían acompañadas de un trabajo de platería-orfebrería en la elaboración de los marcos, como aún hoy se puede ver en el Museo Nacional y en el Museo de Antioquia, y entre sus autores más destacados se encontraban el propio José María Espinosa y Ramón Torres Méndez, que serían artistas de gran influencia en la segunda mitad del siglo, aunque ya en otras técnicas —dibujo, acuarela, óleo y grabado— y en dos géneros característicos de aquel entonces: el retrato y la pintura de cuadros y costumbres.

Entre las diversiones del siglo, además de las corridas de toros, se podía asistir a espectáculos de circo y prestidigitación, a teatro, ópera y zarzuela. Por lo menos desde 1830 hubo compañías colombianas de teatro en cuyo repertorio se contaban obras nacionales y extranjeras. Su principal característica estribaba en que estaban conformadas sólo por hombres, que hacían también los personajes femeninos, ya que las normas de «buen comportamiento» consideraban como no propio de mujeres «decentes» el oficio de actriz. A partir de mediados del siglo la ópera italiana y la zarzuela empezaron a visitar el país y, dadas las difíciles condiciones de las comunicaciones, algunas se quedaban durante meses o incluso años en las ciudades visitadas. Si venían del sur del continente pasaban primero por Cartago, Palmira, Buga y Cali para llegar luego a Bogotá y Medellín, donde permanecían temporadas más largas, y si venían por el Caribe visitaban primero Panamá y Cartagena para luego tomar el río Magdalena hacia el interior. Estos espectáculos eran valorados como fenómenos propios de las ciudades modernas y, de hecho, en ciudades con movimiento significativo de capitales, tanto de Europa como de América, se construyeron sedes para ópera a lo largo de los siglos XVIII, XIX e inicios del XX, uno de cuyos ejemplos más extravagantes fue la erección de la ópera de Manaos, Brasil, en plena selva amazónica, durante los años comprendidos entre 1881 y 1896. En varias oportunidades, los integrantes de estas compañías movilizaron la escena musical y teatral y crearon escuela, al abrir lecciones particulares temporales o, como en algunos casos, por su decisión de vincularse en forma estable a instituciones como la Sociedad Filarmónica de Bogotá (1846-1857), la Escuela de Música Santa Cecilia (fundada en 1888, que se fusionará con el taller de pintura de Francisco Antonio Cano para dar paso al Instituto de Bellas Artes de Medellín en 1911) y el Instituto de Bellas Artes de Bogotá.

Dentro de esa oleada de asociaciones creadas en el transcurso del siglo merece especial mención la Sociedad Filarmónica de Bogotá (1846-1857), en cuya fundación participó el británico Henry Price —dibujante en la Comisión Corográfica—, porque además de conformar una orquesta filarmónica, de ofrecer conciertos con cierta regularidad y de tratar de consolidar una escuela de enseñanza de música, procuró concitar la iniciativa de varios particulares al crear la primera sociedad por acciones del país con el fin de construir un salón de conciertos (1848-1849) que brindara un espacio adecuado para la música. El pintor Carmelo Fernández realizó el diseño del salón y el arquitecto Tomás Reed los planos. Los trabajos comenzaron en julio de 1849 y se suspendieron en 1850; el primer piso construido permaneció como testimonio de la poca «civilización» del país y de la ciudad de Bogotá. La Sociedad Filarmónica se disolvió en 1857, y el hijo de Price, Jorge, después de varios intentos fallidos, logró conformar, el 2 de marzo de 1882, la Academia Nacional de Música, que más tarde se convertiría en el Conservatorio Nacional de Música.

La fotografía, por otra parte, hizo su ingreso de manera temprana a Colombia, en la década de 1840, poco después de que la Academia de Ciencias de Francia reconociera al daguerrotipo como un nuevo invento y a Louis-Jacques-Maudé Daguerre y a Nicéphore Niepce como sus creadores (1839), y un año después de que la prensa neogranadina publicara la primera noticia al respecto —ya en 1826 Niepce había realizado una imagen del río Sena—. Dos ensayos de daguerrotipo fueron presentados por el pintor colombiano Luis García Hevia en la Exposición de Industria de Bogotá en noviembre de 1841, al lado de dos retratos al óleo y un busto con los cuales obtuvo el tercer premio, pero la imagen fotográfica más antigua que se conserva es el daguerrotipo de la Calle del Observatorio (1842-1843), del barón Jean Baptiste Louis de Gros, encargado de negocios de Francia en Colombia. En sus inicios, tanto en Europa como en América, hubo dos tipos de fotógrafos: los «transeúntes» o itinerantes, que iban de pueblo en pueblo haciendo retratos, y los que se radicaron en algún lugar y montaron un «atelier» o «galería fotográfica». El nuevo oficio se estableció rápidamente y pronto hubo practicantes en todo el territorio nacional, sobresaliendo en este campo Santander, Bogotá y Antioquia con nombres como los de Julio Racines Bernal, Tomás Acevedo, Demetrio Paredes y Quintilio Gavassa. Demetrio Paredes fue el retratista más destacado del período y García Hevia el primero en hacer tomas de exteriores (la destrucción del Convento de San Agustín en 1862). Habría que esperar, sin embargo, bien entrado el siglo XIX, a Melitón Rodríguez y a Benjamín de la Calle para que se produjera un cambio notable en la composición fotográfica, cuando el retrato dejó de parecer una representación «congelada» y pasó a tener más movimiento, aunque fuera el poco que permitían las cámaras de cajón y las técnicas de revelado de la época.

El retrato fue, entonces, el género por excelencia del siglo, tanto en miniatura como en grabado, fotografía y pintura en general. Dos grandes temas lo caracterizaron: los personajes (destacan los militares) y los cuadros de tipos y costumbres, que contribuyeron a la construcción de una memoria nacional en buena parte excluyente y que durante muchos años dejó por fuera a grandes sectores de la población. Toda construcción de la memoria, como se sabe, individual o colectiva, se hace de manera sesgada. Qué se olvida, qué se recuerda y por qué se olvida y se recuerda en una sociedad es lo que explica, en una buena proporción, su historia narrada. La construcción de la memoria del siglo XIX colombiano puede rastrearse a través de su representación iconográfica y musical, de su narración literaria y periodística y de su historia escrita, tres medios mediante los cuales se forja la legitimidad de las clases en pugna por el poder, y mediante los cuales se crean símbolos y representaciones compartidos que garantizan, hasta cierto punto, el consenso necesario para la vida en sociedad. No obstante, en un universo multicultural, como era el colombiano del siglo XIX, el mestizaje étnico —de sangre— no desempeñaba un papel definitivo ni marcaba la diferencia cuando se hablaba de las ideas —representaciones— que se tenían sobre el mundo; eran las tradiciones culturales, y sobre todo la mezcla cultural,[13] las que definían, caracterizaban y diferenciaban mejor a los diversos grupos de la sociedad, tanto en sus modos de acción como de pensamiento.

Sin embargo, el aspecto étnico, lo que en el siglo XIX se denominaba «la raza», sí era determinante —y aún lo es— en las formas y posibilidades de vida y en el acceso, simbólico y material, a bienes y servicios. La sociedad colombiana de la época, como todas las de América, se basó en la jerarquización y en la exclusión económica, política, social y cultural. Los negros —esclavos o libres—, los indígenas, los tipos mestizos descendientes de los anteriores, las mujeres y un sector amplio de los blancos pobres no tenían acceso equitativo a las oportunidades del mercado. La educación, aun la de primeras letras, estaba restringida, casi exclusivamente, a algunos privilegiados. Se trataba de una sociedad, en otras palabras, con pocos mecanismos de movilidad y ascenso para sus sectores subordinados; su estructura económica, a pesar de los esfuerzos realizados por los liberales radicales del tercer cuarto de siglo, no había variado mucho desde los tiempos de las guerras de Independencia; sus conflictos políticos seguían dirimiéndose a través de las guerras civiles y, en los períodos de «paz», a través de las redes clientelistas de los caudillos, gamonales y caciques locales, y, en términos generales, aún cargaba sobre sus espaldas con el pesado lastre del desconocimiento de su propia cultura.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Como ampliación de algunos de los temas tratados, además de los libros y autores referenciados a lo largo del texto, se pueden consultar, para la historia general del período, la política y las instituciones:

ABEL, Christopher, Política, Iglesia y partidos en Colombia, Bogotá, FAES-Universidad Nacional, 1987.

COLMENARES, Germán, Partidos políticos y clases sociales en Colombia, Bogotá, Los Comuneros, 1984.

GONZÁLEZ, Fernán, Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia, Bogotá, Cinep, 1997.

LEGRAND, Catherine, Colonización y protesta campesina en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1988.

Manual de historia de Colombia, tomo II, Bogotá, Colcultura, 1976.

MELO, Jorge Orlando, et al., Colombia hoy: perspectivas hacia el siglo XXI, Colombia, Tercer Mundo, 1995.

ORTIZ MESA, Luis Javier, El federalismo en Antioquia. 1850-1880, Medellín, Gente Nueva, 1985.

TIRADO M., Álvaro (dir.), Nueva Historia de Colombia, tomo 2, Bogotá, Planeta, 1989.

Para las guerras civiles y el control social:

JURADO JURADO, Juan Carlos, Vagos, pobres y mendigos. Contribución a la historia social colombiana. 1750-1850, Medellín, La Carreta, 2004.

MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA, Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX, Bogotá, 1998.

Para aspectos económicos y de poblamiento, los empresarios y los artesanos:

JARAMILLO, Roberto Luis, «La otra cara de la colonización antioqueña», en Revista de Extensión Cultural, No. 18, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 1984.

MAYOR MORA, Alberto, Cabezas duras y dedos inteligentes: estilo de vida y cultura técnica de los artesanos colombianos del siglo XIX, Medellín, Hombre Nuevo, 2003.

PALACIOS, Marco, El café en Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y política, Bogotá, El Áncora Editores, 1979.

PARSONS, James, La colonización antioqueña en el occidente de Colombia, Colombia, Carlos Valencia, 1979.

SAFFORD, Frank, El ideal de lo práctico: el desafío de formar una élite técnica y empresarial en Colombia, Colombia, El Áncora Editores, 1989.

TOVAR PINZÓN, Hermes, Que nos tengan en cuenta: colonos, empresarios y aldeas: Colombia 1800-1900, Bogotá, Tercer Mundo, 1995.

Para el problema de las representaciones y el pensamiento, de la construcción de la memoria y las identidades, de los productos culturales y las conexiones con el exterior:

ANDERSON, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

COLMENARES, Germán, Las convenciones contra la cultura. Ensayos sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX, Bogotá, Tercer Mundo, 1989.

DUQUE, Ellie Ann, El Granadino. La música en las publicaciones periódicas colombianas, 1848-1860, Bogotá, Fundación de Música, folleto de CD.

JARAMILLO URIBE, Jaime, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, Temis, 1974.

MARTÍNEZ, Frédéric, El nacionalismo cosmopolita: la referencia europea en la construcción nacional en Colombia, 1845-1900, Bogotá, Banco de la República, 2001.

Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro, Bogotá, Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, PNUD-IEPRI-ICANH, 2000.

SÁNCHEZ CABRA, Efraín, Gobierno y geografía. Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva Granada, Bogotá, El Áncora Editores-Banco de la República, 1998.

CAPÍTULO V

 ¿REGENERACIÓN O CATÁSTROFE?
 (1886-1930)

CARLOS URIBE CELIS

Todos los períodos de la historia son significativos y, aún más allá, toda división en períodos es más o menos arbitraria. Dejados, sin embargo, con los años comprendidos entre 1886 y 1930 como tema de trabajo, por razones de organización editorial, no podemos menos de exaltar que para la comprensión de la historia contemporánea de Colombia este lapso singular, que cubre el último cuarto del siglo XIX y el primero extendido del siglo XX, es, como aspiramos a mostrarlo, fundacional.

1886 es el año de la constitución que casi todos los colombianos de hoy aprehendimos como nuestra: la más persistente y, sin lugar a dudas, la más influyente de cuantas hemos tenido en nuestra vida republicana: más de media docena, sin contar los grandes paquetes de reformas constitucionales. Sin embargo, el verdadero comienzo de esta nueva era de la historia nacional arranca en 1878, cuando el general Julián Trujillo, el triunfador de la guerra civil de 1876-1877 (una de las tantas del siglo XIX), obtiene la presidencia apoyado por las huestes de Rafael Núñez. Aunque Trujillo dio al gobierno liberal de Aquileo Parra la victoria militar en esta guerra, la victoria política recayó en la oposición al gobierno, ya que Trujillo no resultó parrista sino nuñista. Llegaba así a su fin la era de la Primera República Liberal, la del federalismo, la del radicalismo, que se había inaugurado con José Hilario López en 1849 y que logró su cenit político con la Constitución de Rionegro en 1863. Núñez, que se decía liberal, no lo fue en absoluto; por el contrario, se erigió en verdugo del liberalismo radical. Viró definitivamente a la derecha y aliado a los conservadores, a los que prestó sus favores, marcó el fin de su partido originario y de los ideales libertarios que este encarnaba. Los radicales lo llamaron traidor, y su parábola política es el fiel reflejo de una característica de la historia de Colombia que según algunos se prolonga hasta hoy: la de los liberales que, una vez en el poder, gobiernan para los conservadores.

Núñez no dejó de ser, en muchos ángulos de su personalidad un hombre ambiguo. Liberal de nombre, como hemos dicho, fue conservador en política. No tuvo escrúpulo alguno en hacer que la libertad se inclinara ante la majestad y la fuerza del orden como norma de gobierno. Originario de la provincia periférica de la Costa Atlántica —había nacido en Cartagena en un ambiente de robusta vocación federalista—, impuso a golpe de martillo el centralismo de andina raigambre como objetivo inclaudicable. Costeño cabal, se rodeó de cachacos rancios y a uno de ellos, Miguel Antonio Caro, lo convirtió en su alter ego. Su experiencia en Inglaterra, donde vivió sus años formativos (más de una década hasta 1876), no lo hizo librecambista ni laissez-fairista manchesteriano, como era de esperarse en la segunda mitad del siglo XIX. En economía fue proteccionista. Designó a la Iglesia católica como cogobernante en la sombra, pero no hizo nada para cambiar su imagen de escéptico, agnóstico y aparente librepensador.

Para desconcierto de amigos y enemigos, jugaba con las apariencias. Fue —al lado de Salvador Camacho Roldán— uno de los presentadores de la sociología en Colombia, inspirado sin duda en Herbert Spencer, cuando esta disciplina se inclinaba hacia el evolucionismo y se ofrecía como alternativa laica a la doctrina cristiana de la vida, la moral y la historia. Se divorció de su mujer y vivió con otra sin casarse, doña Soledad Román, cuando esto era un escándalo en Colombia, pero pronto gestionó la componenda ante el Vaticano para mostrar que regresaba a un redil que internamente nunca fue el suyo. Lo llamaban «el filosofo de El Cabrero» (su casa de retiro en Cartagena), pero la filosofía no le debe nada. Tenía fama de ser un político calculador, frío, implacable e incorruptible en cuanto al dinero concierne. Los conservadores lo adoraron y el más sectario de todos ellos, Laureano Gómez, lo idolatraba. Fue un colombiano atípico, cuya ambigüedad se desliza imperceptiblemente hacia el misterio.

NÚÑEZ Y LINCOLN

La pintura que Epifanio Garay hizo de Núñez, y que reposa en gran formato en el Museo Nacional de Bogotá, muestra a un hombre hundido en un sillón, ante un escritorio de estudio doméstico, con un brazo desgonzado que sostiene un libro de fino empaste.

Sin exagerar, y guardadas las debidas proporciones, hay un aire de Abraham Lincoln en la fisonomía de Rafael Núñez y en otros rasgos de su biografía.[1] Los dos hombres eran fronterizos: uno de Kentucky, cuando esta era la frontera de la expansión norteamericana, y el otro de Cartagena, antiguo pilar de civilización pero ubicada en un remoto extremo de la capital política de Colombia. Lincoln y Núñez fueron hombres de bufete y estrado judicial, de origen popular y hechos a pulso. Los dos desafiaron el establecimiento y vencieron en franca lid a sus aquilatados rivales: Lincoln al coloso demócrata del Senado norteamericano Stephen A. Douglas, Núñez al último baluarte del establecimiento radical. Ambos organizaron mediante alianzas estratégicas nuevos partidos: Lincoln el Partido Republicano, Núñez el Partido Independiente, que sirvió de cortina al ascenso del conservatismo. Dentro de sus agrupaciones políticas brillaban como moderados y fueron impugnados por los radicales. Lincoln desfederalizó y unió la América del Norte, Núñez liquidó el federalismo criollo y centralizó la administración con parejo ímpetu. Lincoln creó el National Bank de los Estados Unidos, Núñez, el Banco Nacional, un primer intento de banco central en Colombia. Los dos fueron proteccionistas en política fiscal.

Tan determinante como Lincoln en la historia republicana de los Estados Unidos es Núñez en la historia de Colombia, y el período al que estas páginas van dedicadas está dominado abrumadoramente por él, en primer lugar, y por su sombra política, don Miguel Antonio Caro, en segundo lugar. La influencia de ambos sobre el futuro que nos abarca, y del cual nuestro presente es parte, es formidable e incontrovertible.

EL AJEDREZ POLÍTICO Y LAS PRESIDENCIAS DE NÚÑEZ

Núñez llega por primera vez a la presidencia en 1880, para el período 1880-1882, aunque a partir de 1878, como ya se dijo, todo es nuñismo recocido en Colombia, al menos hasta el año de su muerte, en 1894, y aun mucho después. Mientras estuvo vivo brilló soberano en el cielo de la política colombiana durante dieciséis años, y ya muerto su luz incandescente se proyecta al menos hasta 1930, con el comienzo de la República Liberal, lo que arroja en total cincuenta y dos años de apogeo, una estrella que ni Bolívar ostentó. Este largo medio siglo nuñista es conocido bajo el nombre de la «hegemonía conservadora».

Tras su primera presidencia, y luego de un interregno de dos años durante los cuales Francisco Javier Zaldúa y Eusebio Otálora —nuñistas, por supuesto— lo reemplazaron al frente del gobierno, Rafael Núñez fue el presidente oficialmente nombrado para el cargo entre 1884 y 1898. Sin embargo, después de haber salido victorioso en la guerra civil de 1885 y de haber proclamado la Constitución de 1886, consideró que el ejercicio presencial de la presidencia no valía la pena —o al menos su propia pena— y se retiró a su casa de El Cabrero, en Cartagena, desde donde despachaba in absentia cuando la necesidad lo exigía. Los asuntos de rutina fueron encargados al menos a cuatro subalternos sucesivos que ejercieron sus funciones desde Bogotá, el centro administrativo nacional, y entre ellos se destacaron don Miguel Antonio Caro, máximo ideólogo del régimen, y don Carlos Holguín, típico representante de la élite conservadora capitalina.

El lapso comprendido entre 1878 y 1930 puede dividirse en tres períodos fundamentales:

1. El período fundacional: 1878-1903

2. El período de la paz: 1903-1920

3. El período de la construcción: 1920-1930[2]

La Constitución de 1886 es a todas luces un hito de nuestra nacionalidad, pero sería un error entenderla como el producto de un pase mágico salido de las manos de Núñez y de Caro. En efecto, a la muerte de la Constitución de 1863 y a la inauguración de una nueva carta se llega mediante un proceso que toma alrededor de un decenio. En lo involuntario, o en el plano de las consecuencias no deseadas, todo comienza con la necesidad de cometer un fraude para no sucumbir a la avalancha electoral de Núñez en las elecciones de 1876. Aquileo Parra, el beneficiario del fraude, representaba la agonía del federalismo. Su sucesor, Julián Trujillo, inicia ya de modo deliberado el desmonte del régimen más audaz y revolucionario que Colombia haya tenido en toda su historia después de Bolívar, la única ocasión en que el país lideró un proceso continental, porque las medidas secularizantes y «modernistas» tomadas por los liberales desde 1849 y consolidadas en 1863, y las que produjo el recio carácter del general Tomás Cipriano de Mosquera, fueron pioneras en Latinoamérica. Estaban entre ellas las siguientes: abolición de la esclavitud, al menos en parte, y de los diezmos y primicias (los impuestos religiosos); matrimonio civil obligatorio; libertad de cultos y libertad de educar bajo cualquier tipo de valores; secularización de la vida política; abolición del fuero eclesiástico, del que gozaban los sacerdotes y que les permitía no ser juzgados sino por su propia institución; redención de «censos» y «capellanías», rentas a perpetuidad cedidas a los curas para financiar misas post-mortem, y, en fin —entre las medidas modernizantes de los radicales—, expropiación y venta en subasta pública de los bienes de las comunidades religiosas, que eran de lejos los principales terratenientes de la época. Estas medidas se complementaron con la tutela del Estado sobre la Iglesia, manifestada en la selección política de los prelados, con las expulsiones de los jesuitas en 1850 y en 1861 y con la mano dura contra los obispos que no se sometieron a las nuevas reglas del juego. Es posible que muchas de ellas fueran hasta cierto punto innecesarias, pero deben entenderse como pasos normales en el establecimiento de un Estado moderno, pasos por los que Inglaterra, Francia e Italia transitaron cada una en su momento con igual severidad y aún mayores traumas en el corto plazo, aunque victoriosamente en el más largo plazo. México, Argentina, Venezuela y Ecuador tomaron medidas similares en el transcurso del siglo XIX. La modernidad, en una palabra, era radical o no era modernidad.

La Regeneración, por lo tanto, puede ser vista como el fracaso de una revolución, como el triunfo de la restauración de un ancien régime que, por supuesto, ya no podía ser como antes, porque el tiempo y la sangre no corren en vano, pero que logró hacer devolver el carro de la historia en muchos sentidos. Colombia no se detuvo; el capitalismo, finalmente, se enseñoreó del país, mas la modernidad que debía acompañarlo se truncó y Colombia fue desde entonces una nación impedida. Su historia en el siglo XX, con su carga de muerte y desolación, sufrimiento y violencia, bien puede describirse con la fórmula de una «revolución frustrada», y si esta referencia señala al menos una parte de la verdad, hay que reconocer que esa frustración se inició en 1878 y que Núñez fue su agente.

Cambiando de perspectiva, podemos entender entonces el período 1878-1903 como el período fundacional del país que nos quedó. En esos años, marcados de manera indeleble por la Constitución del 86, se levantan los cimientos de los cien años siguientes. El período de la paz, que corre entre la separación de Panamá (3 de noviembre de 1903) y los inicios de la década de 1920, no cierra, sin embargo, el temporal de calamidades. El país entró en algo así como el sopor de un largo duelo. No fue una paz de victoria y de celebración, sino la paz del cansancio, de la sustracción de todas las fuerzas, de la anemia política. Sólo el tiempo cura las heridas, y eso ocurrió en nuestro caso. Las cicatrices persistieron, y el cuerpo maltrecho de Colombia empezó a moverse en convulsiones esporádicas de euforia y depresión.

La euforia es la característica del tercer decenio del siglo XX, que hemos llamado el período de construcción. El contacto final y tardío del país con el capitalismo personificado en el «modelo» de los Estados Unidos, que después de la Gran Guerra ya comenzaba a perfilarse como el líder de la economía y la política mundiales, no ocurrió de un día para otro, desde luego, pero lo cierto fue que el sol brilló, por así decirlo, y comunicó su calor a una economía y a un estado de ánimo que habían vegetado largamente en la penumbra.

En 1922 se celebró en Colombia el cumplimiento de dos decenios de paz desde las capitulaciones de la Guerra de los Mil Días. En ese momento, no obstante, la paz ya estaba en problemas. Otro tipo de agitación emergía en el panorama nacional, una agitación de carácter moderno y capitalista basada en un proletariado joven que nacía a la organización y a la protesta. En síntesis, los ecos mundiales del socialismo y de la revolución rusa se hacían sentir en todo el mundo, incluso entre nosotros.[3]

LA CONSTITUCIÓN DE 1886

Se han enumerado prolijamente, por la historiografía tradicional, los logros de Núñez. Es normal ver al «filósofo de El Cabrero» como un «desfacedor de los entuertos» de los radicales. El federalismo era «malo»: debía ser liquidado. La centralización era «buena»: debía ser implementada. La Iglesia católica era «santa»: había que venerarla. El liberalismo era ajeno a nuestra idiosincrasia: había que extirparlo o desnaturalizarlo. Núñez trajo la «paz» y, con ella, finalmente, el «progreso». ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Y por qué llamamos «fundacional» la obra de Núñez?

La consideramos «fundacional» porque el país que todavía tenemos deriva de su triunfo definitivo en la guerra civil de 1885. El grito de campaña de Núñez fue «Regeneración o catástrofe», y durante todo el siglo XX hemos tenido «regeneración y catástrofe». La Regeneración fue un hachazo en el cuello de las libertades, un silenciamiento de toda voz disidente, un retroceso en el camino de la modernización, la entronización de una república teocrática y la legitimación de la intolerancia, y la violencia que vivió el país a partir de aquel entonces no se debe a una supuesta debilidad congénita del Estado —la tesis del «Estado débil» como explicación de la violencia colombiana como han querido hacerlo ver no pocos analistas—,[4] sino a que el legado histórico de Núñez hizo que Colombia erigiera y mantuviera una fábrica de odios legitimados en dogmas ineluctables elevados a la categoría de mandatos divinos. La Regeneración es fundacional porque en ella se consagró la intolerancia arropada con el velo sagrado, el velo del templo en su recinto impenetrable. Fuera del dogma definido en términos religiosos, sociales y políticos no había salvación. Ezequiel Moreno, agustino español y obispo de Pasto entre 1896 y 1906, santificado por Juan Pablo II, determinó solemnemente que el liberalismo era pecado,[5] y Rafael Uribe Uribe, el penúltimo caudillo de las guerras decimonónicas, se molestó en contradecirlo por medio de un ensayo famoso, «De cómo el liberalismo político colombiano no es pecado» (1912), en el que trató de invocar en su defensa a León XIII. De nada le sirvió. La jerarquía eclesiástica, atrincherada en el ejercicio de un poder político real y bien asegurado, era incontrovertible, y el escrito de Uribe fue prohibido bajo pena de excomunión por los arzobispos de Bogotá y Medellín.

Al respecto Malcolm Deas, el colombianista de Oxford, en un ensayo de 1999 sobre las causas de la violencia en Colombia, tras muchos titubeos y cautelas discursivas, llega a una sugerente conclusión:

Muchas repúblicas latinoamericanas pasaron por fases de antagonismo liberal-conservador […] Pero en ningún otro lugar la movilización política […] fue tan prolongada ni involucró de manera tan comprometida a tan gran parte de la población […] En la versión colombiana se mantiene un agudo conflicto sectario […] La administración pública es partidista y discrimina entre uno y otro bando. La participación política del clero es manifiesta y hasta existen curas «carlistas», término del que los mismos santandereanos se apropiaron.

Más incluso que en el propio Núñez, quien nunca dejó de cultivar un cierto «escepticismo filosófico», el carácter regresivo de la hegemonía conservadora se hizo carne de su carne, para utilizar una expresión muy típica del personaje, en la figura de don Miguel Antonio Caro, la más caracterizada cabeza de la Regeneración. «Yo no soy conservador —sostuvo una vez— sino un defensor decidido de la Iglesia [católica]».[6] Hijo de don José Eusebio Caro Ibáñez, de ancestros peninsulares y fundador del conservatismo colombiano en 1848, don Miguel Antonio era un latinista consumado. Junto con Rufino José Cuervo escribió una voluminosa gramática del latín y tradujo a Virgilio y a otros poetas de la antigüedad clásica. Fue también, en estas alturas del trópico, un polémico humanista católico, lo que no está exento de mérito. Estudioso de la patrística cristiana, seguidor de los ideólogos de la restauración europea (Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Francois de Chateaubriand), de Donoso Cortés (el gran polígrafo español del siglo XIX, quien creía que el dogma, y no la razón crítica, conducía al conocimiento) y del filósofo escolástico Jaime Balmes, Caro impugnó a Bentham, el utilitarista, cuyo supuesto influjo nocivo ya había enfrentado a Bolívar contra Santander, y acabó polemizando contra los partidarios de la evolución, contra el sensualismo de Destut de Tracy y contra el eclecticismo inofensivo de Victor Cousin, que eran parte del currículo en la Universidad Nacional de entonces —y en particular del profesor liberal Francisco Eustaquio Álvarez, discípulo de Ezequiel Rojas.[7] Caro los consideraba perniciosos y los acusaba de apartarse del hilemorfismo aristotélico-tomista y, en general, del dogma católico. Naturalmente, no creía en la libertad de cátedra, ni en la de enseñanza, ni en la de opinión, ni en la de prensa, ni en la de asociación, ni en varias otras, aunque en su retórica las enunciara. El pueblo debía obedecer a sus gobernantes, cuya autoridad derivaba de Dios. Fiel lector y seguidor de la doctrina papal, don Miguel Antonio se comportaba en realidad como un alto jerarca laico, sin tonsura y sin títulos pero con todo el conocimiento y la devoción de un consagrado.

Al mismo tiempo, era implacable con sus enemigos políticos y aun con sus correligionarios, cuando estos no estaban a la altura de sus saberes y de sus férreas convicciones. Dotado de la ironía ofensiva de los capitalinos rancios, se complacía en burlarse de los caciques ignorantes que llegaban al Congreso de la República.[8] Nos equivocaríamos, sin embargo, si viéramos en él a un hombre perverso en el terreno personal. Era de noble carácter y en muchas actuaciones un practicante de la caridad cristiana, pero se distinguía por el dogmatismo vertical de sus principios y por su insobornable fidelidad a la Iglesia católica y a sus jerarcas. Sus actuaciones como cerebro filosófico del régimen estuvieron cargadas de la más honda trascendencia histórica, y si Núñez fue la cara de la moneda de la Regeneración, Caro fue el sello o, como suele decirse, la otra cara de la misma moneda. Artífice de los dos grandes «textos sacros» de aquella época fundacional, la Carta Constitucional de 1886 y el concordato con la Santa Sede de 1887, hay, no obstante, un tercer personaje que actuó en la sombra y cuya importancia no siempre se reconoce como es debido: el arzobispo de Bogotá en aquellos años cruciales (1885-1889), el jesuita José Telésforo Paúl, que había vivido en Guatemala en la década de 1860 y allí había protegido al derrocado y exiliado ex presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez, quien había logrado escapar de la prisión a que lo sometió el general Tomás Cipriano de Mosquera, victorioso en la guerra civil de 1861. Ospina y Paúl regresaron al país después de varios lustros. El segundo fue nombrado obispo de Panamá en 1875 y allí permaneció hasta 1885, cuando Caro lo hizo trasladar con el título de arzobispo a Bogotá, donde reinó hasta el día de su muerte en 1889. Se dice que Caro discutía con él, en largas jornadas, el texto constitucional que había redactado, y es de suponer que algo parecido ocurrió con las cláusulas del concordato.

La Constitución de 1886 tiene un componente fundamental que resumiremos en tres aspectos principales y, por otra parte, un componente secundario de reglamentaciones. Entre estas últimas se hallan la elevación a seis años del período presidencial, lo que para el patrón bianual de la era radical debe entenderse como una enormidad; el restablecimiento de la pena de muerte para delitos políticos, que Rafael Reyes haría valer en contra de los perpetradores del frustrado atentado de 1905 contra su persona, y la formación de un ejército permanente, un componente fundamental de las naciones modernas nacidas de la guerra y basadas en ella. Los viejos estados de la federación (Panamá, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Santander, Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Cauca) fueron declarados departamentos. En 1910 se habían añadido Nariño, Caldas y Atlántico.

Tornando a los aspectos fundamentales de la Carta Magna conviene señalar lo que muchos ven como central en ella: su índole republicana, inspirada en la Constitución de los Estados Unidos y en los derechos del hombre y del ciudadano proclamados por la Revolución Francesa.[9] El antimonarquismo, el republicanismo, la libertad y la igualdad ante la ley y la defensa de la propiedad individual ciertamente están en la Carta del 86, aunque cabe recordar que esto no la hace peculiar, ya que desde la época de Bolívar todo ello era un presupuesto normativo omnipresente. Además, la libertad, la igualdad y la propiedad burguesas, como sabemos, excluyen a las mayorías y se convierten en proclamaciones retóricas.

Lo fundamental y característico de la Constitución de 1886, en realidad, giró alrededor de tres cuestiones axiomáticas. En primer lugar, la centralización radical del poder en torno a un jefe supremo, el presidente de la república. El famoso artículo 121 autorizó al primer mandatario para establecer el estado de sitio, o sea, el régimen excepcional paralelo a la dictadura de las instituciones romanas del imperio, cuando todas las garantías individuales eran suspendidas en aras de la salvación de la patria amenazada. En segundo lugar, la declaración del catolicismo como religión oficial de Colombia, que consagró a la jerarquía católica como brazo derecho del poder central e instrumento capital en el mantenimiento del orden social. La dotó de poderes, subsidios pecuniarios y privilegios que hicieron de ella la más favorecida institución en el contexto continental y un organismo cogobernante y con más poder que el poder civil en determinadas coyunturas. Entre 1914 y 1928 los presidentes de Colombia fueron nominados por el todopoderoso arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, quien detentó el cargo durante 37 años (1891-1928), y entre 1906 y 1934 monseñor Manuel José Caicedo, desde la arquidiócesis de Medellín, tuvo una influencia semejante. Finalmente, y aunque ese no fuera el propósito original, la carta del 86 convirtió a Colombia en un Estado nacional territorial al modo político moderno, ajustado a la definición de Estado propuesta por Max Weber: un territorio sobre el cual se ejerce el monopolio de la fuerza. Un largo siglo después aún habrá quienes contradigan este tercer objetivo del gran proyecto: no hay Estado nacional, dicen, sólo tenemos regiones aisladas; no hay monopolio de la fuerza, agregan, sino fuerzas locales en disputa. Semejante concepción, que engolosina las mentes de algunos contemporáneos, es totalmente contrafáctica. Colombia sí existe hoy como una unidad cultural y social y los colombianos actuales sí somos colombianos: no paisas, costeños o «rolos» simplemente, sino identificados en una esencia común en lo cultural, en lo lingüístico, en lo geográfico, en lo económico y en lo político, lo que no cancela las diferencias, la multiplicidad y la multiculturalidad.

La constitución de Caro, por último, creó en el país un Estado confesional. Cuando a principios del siglo XX el Senado norteamericano debatía su propia versión del affaire Panama (la escandalosa bancarrota francesa de la Compañía del Canal en 1889), algún senador del país del Norte objetó la negociación con Colombia y propuso negociar con el Vaticano, del que Colombia era a su juicio un feudo. La constitución arrancaba con una invocación de fe y una declaración medieval de la autoridad divina delegada en el príncipe. Decía: «En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad y con el fin de afianzar la libertad y la ley…». El instrumento legal de ese orden confesional confirió a la jerarquía católica la condición de guardián del orden social. La educación y la cultura eran de su exclusiva incumbencia. El Estado proveía los fondos y la jerarquía administraba y ejecutaba. La Iglesia era debidamente subvencionada por sus servicios: cien mil pesos anuales indexados a partir de 1887 como compensación, sin contar sueldos y demás subsidios. Se la eximió de impuestos sobre todas sus propiedades y de la obligación de rendir cuentas sobre el dinero recibido. Era realmente un Estado teocrático, soberano y parásito dentro de un Estado laico sumiso, en el que la plenitud de la ciudadanía no podía ejercerse sino con el visto bueno de las autoridades religiosas.

LA INTOLERANCIA COMO SEMILLERO DE VIOLENCIAS

¿En qué resultó ese giro copernicano con respecto a la legalidad del liberalismo radical expresada en la Constitución de 1863? En nada diferente de la intolerancia. Si Max Weber adscribía el Estado al monopolio de la fuerza, la nueva carta colombiana fue absolutamente fiel a ese principio pero, además, se aseguró el monopolio del pensamiento y de la conciencia. Toda publicación debía ser aprobada por la jerarquía eclesiástica. Muchos periódicos liberales, obreros y disidentes fueron censurados y sus editores, excomulgados. Conforme a la doctrina de Pío IX y su encíclica Quanta cura, el liberalismo, al igual que la modernidad, la masonería, el agnosticismo, el judaísmo, el protestantismo y las otras religiones estaban condenados. La historiadora antioqueña Patricia Londoño transcribe en una obra reciente un aparte del Catecismo político y social publicado por A. Botero en Medellín en 1915:

Pregunta: ¿Qué partido político colombiano representa la buena política?

Respuesta: El partido conservador.

Pregunta: ¿Qué partido político colombiano representa la mala política?

Respuesta: El partido liberal.

Pregunta: ¿Por qué?

Respuesta: Porque el partido liberal contiene en su credo político varios cánones o principios que son reprobados y condenados por la Iglesia, es decir, por el Papa de Roma, que es cabeza de la Iglesia, maestro y guía de todos los católicos.[10]

El mundo, para estos cruzados, estaba pintado en blanco y negro, sin matices posibles. Como proclamaba inapelablemente una carta pastoral del obispo de Pasto, Ezequiel Moreno: «Con Jesucristo o contra Jesucristo; o catolicismo o liberalismo».

Herida por el desquiciamiento de su estatus colonial hispánico, llevado a cabo por los radicales y en particular por Mosquera, y que realmente no era otra cosa que la prolongación de la idea bolivariana de un Estado republicano a la europea y anclado en la modernidad, la Iglesia católica de Colombia respiró profundamente por su herida una vez Núñez la hizo su aliada irrestricta. Y mientras en Europa y en el resto de América Latina se iniciaba o se consolidaba un proceso de secularización social que tendría repercusiones muy profundas, en el país se echaba para atrás lo poco que se había logrado en ese campo.

España, como se sabe, vivió a su manera la experiencia de la secularización, en forma distinta de Francia, Inglaterra o Italia, cuyas experiencias de liberación de la tutela clerical son bien conocidas. Las cortes españolas de 1810-1814 y de 1820-1823 avanzaron en el camino de las reformas liberales ya iniciadas bajo los Borbones en la segunda mitad del siglo XVIII, que incluyeron la expulsión de los jesuitas en 1767. La constitución napoleónica de 1812 encarnó el liberalismo de raíz francesa. Descabezado ese intento por Fernando VII en 1815, pero reasumido en 1820, otra vez fue ahogado por el propio Fernando durante la llamada «década ominosa» (1823-1833), tercera fase de su reinado absolutista. El liberalismo español recobró su ímpetu en los años setenta del siglo XIX, y reafirmaría su predominio en las primeras décadas del siglo XX.

En lo que concierne a Latinoamérica, vemos que México superó con éxito la prueba durante el período llamado la Reforma (1855-1858), que se materializó en la influyente Constitución de 1857. Benito Juárez, quien gobernó entre 1861 y 1872, confirmó las medidas secularizantes de la reforma liberal y, después de él, los conservadores casi desaparecieron de la escena política mexicana hasta el surgimiento de los cristeros en el siglo XX, quienes confrontaron subversivamente el gobierno anticlerical de Plutarco Elías Calles (1922-1928) bajo el grito de «¡Viva Cristo Rey!». Álvaro Obregón, reelegido para suceder a Calles en 1928, fue asesinado por un cristero días antes de asumir el mando.

Argentina, por su parte, marcó la separación entre la Iglesia y el Estado desde los tempranos años de la dictadura del general Juan Manuel de Rosas, quien en 1837 prohibió el cumplimiento de los decretos del Vaticano. El momento característico del movimiento secularizante argentino, sin embargo, sobrevino en los años ochenta del siglo XIX bajo las presidencias de Julio Roca y Miguel Juárez Celman, cuyas medidas serían refrendadas por las reformas de 1912.

Venezuela, a su turno, fue gobernada durante buen tramo de su historia republicana por dictadores conocidos con el nombre de «caudillos». Durante los 67 años transcurridos entre 1868 y 1935, 57 de ellos fueron presididos por Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, en ese orden. Y en particular Guzmán Blanco, cuyo gobierno se prolongó de 1868 a 1890, era un «caudillo» de ideología liberal que pugnó por la separación entre la Iglesia y el Estado.

Aunque entre 1860 y 1875 Ecuador vivió una suerte de teocracia laica bajo el régimen de Gabriel García Moreno, quien consultaba sus decisiones políticas con el Papa, en 1897 los liberales ecuatorianos, encabezados por Eloy Alfaro, llegaron al poder y realizaron la revolución modernizante. Formado en la lucha, el exilio y la persecución, Alfaro era un hombre de fuerza: «La libertad no se implora de rodillas —decía—; se conquista en los campos de batalla». El ideólogo máximo del liberalismo ecuatoriano, no obstante, fue el inspirado escritor Juan Montalvo (1832-1889), quien se refugió en Colombia durante la dictadura de García Moreno y a quien los radicales colombianos veneraron y contaron entre sus propias filas.

Chile dio paso a las reformas secularizantes en los tiempos de su República Liberal (1861-1891), pero fue durante el período de Domingo Santamaría (1881-1886) cuando el proyecto cobró sus mayores avances. Entre tanto, algo parecido sucedió en Centroamérica bajo las presidencias de Tomás Guardia en Costa Rica, Justo Rufino Barrios en Guatemala y Marco Aurelio Soto en Honduras.

La historia de Colombia, por el contrario, fue muy diferente. La Iglesia católica colombiana, en tiempos de asedio tanto como en horas de fasto y predominio, generó militantes e instigadores de violencia. Obispos y curas varios —no todos, por supuesto, ni sin duda la mayoría, pero suficientes para arrastrar a muchos merced al apoyo del partido conservador— se convirtieron en reales empresarios del conflicto. Todo el aparato de la religión y de la moralidad prevaleciente servía de justificación al proyecto unificador: la cultura al servicio de un objetivo político. El extremismo era la pauta: o sometimiento total o condena, destierro o eliminación. Se trataba de un proceso en el que «el otro» debía ser construido como un enemigo: se lo etiquetaba, se le creaban estereotipos, se demonizaba. Los liberales eran, por extensión, ateos y diabólicos, masones y comunistas, ajenos, extraños, inadmisibles.

Desde el principio de la Regeneración hasta bien entrada la década de 1950 hubo siempre curas incendiarios y obispos dogmáticos e instigadores. Además de Manuel José Caicedo y Ezequiel Moreno Díaz, ya citados, habría que añadir a Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos desde 1924 y activo hasta los años cuarenta, y a monseñor Juan Manuel González Arbeláez, obispo coadjutor de Bogotá en la misma época, al igual que a muchos curas de parroquia en Santander, Boyacá, Antioquia y otros rincones de la geografía, que ejercían sus ministerios como auténticos cruzados de la fe. Su celo político lo tenían por un deber de conciencia promulgado y bendecido por la divinidad. No estaban solos: en el conservatismo hubo extremistas, desde la cúpula hasta el pueblo raso, y las fuerzas del Estado prestaban su concurso indeficiente. Laureano Gómez, a quien los liberales llamaron «el Monstruo», uno de los más prestantes, arrolladores y brillantes políticos que haya tenido Colombia, mantuvo el fuego de la antorcha del fanatismo desde los días del presidente Suárez (1918-1921) hasta que desapareció de la escena política en 1957. La Violencia con mayúscula del siglo XX, en consecuencia, debe ser vista como el producto de la intolerancia cocida en las calderas de la Regeneración. Todo poder crea resistencia, escribió Michel Foucault, y la resistencia a la violencia es, por desgracia, casi siempre violenta. La violencia y la intolerancia engendran más violencia y más intolerancia. El odio cambia de bando todo el tiempo. Los líderes liberales, desde los años treinta, no permanecieron con los brazos cruzados, y donde no había líderes reconocidos surgieron jefezuelos locales que, apropiados de identidades de papel o de fantasía, tomaron el camino del crimen irracional.

No es difícil demostrar que en su origen, durante el siglo XIX, la cuestión religiosa dividió al partido conservador del liberal, y aun cuando esa división no se dio siempre sobre bases partidistas, como en el caso de José María Obando, fue la religión la que motivó la guerra en casi en todos los casos. La guerra civil de 1839-1842 es a la vez una guerra federalista y una guerra religiosa: a ello debe los dos nombres con que se la conoce: Guerra de los Supremos y Guerra de los Conventos. La guerra civil de 1851 fue tan religiosa como la anterior y estuvo motivada por las medidas secularizantes del gobierno de José Hilario López, contra el cual se levantó en armas, bajo el grito de «¡Dios y la federación!», el general conservador caucano Eusebio Borrero. Luchaba por ambas. La guerra de 1860 giró en torno al problema federalista, pero el mayor efecto del triunfo en ella de Mosquera fue la secularización del Estado, reflejada en la Constitución de 1863. En 1862 Julio Arboleda, del Cauca, Leonardo Canal, de Santander, y Braulio Henao, de Antioquia, definidos defensores de los fueros del clero, se declararon en guerra contra el secularismo de Mosquera y fueron derrotados por el general liberal Santos Acosta. En 1876 estalló la Guerra de los Párrocos contra el gobierno de Aquileo Parra, manchado de fraude electoral. Los párrocos fueron vencidos en el campo militar pero no en la escena política, y su victoria oculta dio lugar al período que nos ocupa: la Regeneración. La guerra de 1885, acaudillada por Ricardo Gaitán Obeso, se hizo contra Núñez, cuya alianza con el clero y los conservadores era anatema para los liberales, y la Guerra de los Mil Días multiplica por mil la motivación anterior. No es ya Núñez el objetivo, sino Caro, que ahora combate al frente de un ejército de mil cabezas tonsuradas.

Los estereotipos de los partidos se fueron definiendo a sangre y fuego en el contexto de estas violencias fratricidas referidas a la cuestión religiosa. El panorama sufrió relativas modificaciones en el siglo XX, pero el inconsciente colectivo persistió, alimentado por las cruentas batallas de la centuria anterior. Si las cosas no hubieran ido más lejos, el tiempo quizás hubiera acumulado su capa de polvo y de escoria para inhumar aquel pasado. Pero el caro-nuñismo entronizó la intolerancia y, creyendo silenciar a sus contradictores mediante la espada y la mordaza, no hizo más que acendrarlos en los rescoldos del odio y del resentimiento. En los años treinta la sangre volvería por sus antiguos cauces para reactivar, como se dijo, «los viejos y queridos odios».

DEL CARO-NUÑISMO MANIFIESTO AL CARO-NUÑISMO LATENTE

Núñez murió en 1894 y fue sustituido por Caro, el vicepresidente, quien gobernó con mano de hierro hasta 1898. Una fracción moderada del conservatismo, liderada por Carlos Martínez Silva, empezó a vislumbrar que se estaba yendo muy lejos e inauguró una tibia y ambigua oposición a partir de 1896. Se llamaron los «históricos» y se distinguían del conservatismo ortodoxo en el poder, apelado los «nacionales». En 1898 el solio de Bolívar recayó para el período 1898-1904 en dos provectos conservadores «nacionalistas» designados por Caro: Manuel Antonio Sanclemente como presidente y José Manuel Marroquín como vicepresidente. Nada predecía alteración alguna de la rutina administrativa, pero el vicepresidente Marroquín acabó promoviendo un golpe de Estado contra su jefe en la aurora del nuevo siglo, 1900, y libró con éxito —más por la chapucería estratégica y táctica de los enemigos que por el mérito de sus propios generales— la última y más sangrienta guerra civil del siglo XIX: la Guerra de los Mil Días, que sirvió de preludio a la desmembración de Panamá. A Marroquín se le atribuye una frase, hija de la ironía popular mas no difícil de pasar por el magín festivo y sardónico del personaje: «Me entregasteis un país, y yo os devuelvo dos». Autor de una ortografía castellana en verso que los colombianos de principios del siglo XX memorizaban poniéndole música y cantándola en coro, produjo también comedias costumbristas, que sus amigos representaban en Palacio, y una tomadura de pelo escrita en forma de poema, La perrilla, que ingresó al inventario del folclor nacional. El país era pobre, el fisco, miserable, el pueblo, analfabeta y la oposición se ahogaba en medio de las más truculentas medidas represivas, pero al igual que ahora, había campo para el humor, así fuera negro y doloroso.

La Guerra de los Mil Días (1899-1902) fue una salida desesperada de los liberales, muchos de los cuales la consideraron perdida de antemano y se opusieron a ella. El conflicto incitó a hombres del pueblo a organizarse en guerrillas que no se sometían al control central. El gobierno nombró comandante de los ejércitos oficiales al general Próspero Pinzón, un devoto católico que rezaba el rosario escondido entre las plantaciones cafeteras mientras sus soldados combatían en la vecindad. Como ministro de Guerra fungía un hombre siniestro: Aristides Fernández, verdadera bête noire de la represión del régimen en la presidencia de Marroquín. Fernández imponía contribuciones forzosas a los liberales, cerraba sus negocios y los apresaba sin fórmula de juicio en la cárcel del Panóptico (hoy Museo Nacional), cuando no los hacía eliminar sencilla y llanamente. Concluida la guerra se dio a constituir un nuevo partido, el Partido Católico de Colombia, que según sus partidarios sería «el mismo partido conservador mejorado».

Los liberales, mal preparados, guerreaban bajo el mando de Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera y Gabriel Vargas Santos. Buena parte del enfrentamiento se desarrolló con cuadrillas guerrilleras que se extendieron sobre todo en las zonas cafeteras de Santander, Cundinamarca y Tolima. Los insurrectos perdieron los encuentros iniciales en Bucaramanga, Nocaima y Los Obispos, aunque el 15 de diciembre de 1899 obtuvieron una resonante victoria en Peralonso, cerca de Cúcuta, con heroico desempeño del general Uribe Uribe. El 11 de mayo de 1900 tuvo lugar la Batalla de Palonegro, cerca de Bucaramanga, donde se enfrentaron cerca de treinta mil hombres, de los cuales veinte mil componían el ejército del gobierno. Es la más grande batalla de la historia colombiana. Próspero Pinzón comandaba las fuerzas leales a Marroquín y Gabriel Vargas Santos las rebeldes. Como era de esperarse, el primero obtuvo la victoria y el escenario quedó sembrado de cadáveres, hasta el punto de que «¡qué chulada en Palonegro!» fue una frase que sobrevivió en la mente popular para recordar esa devastadora carnicería. Uribe trató de reorganizar sus tropas en la Costa Atlántica y fue definitivamente derrotado en la Batalla de Ciénaga, tras de lo cual firmó la Paz de Neerlandia, llamada así por el nombre de la hacienda cienaguera donde se firmó el acuerdo. Benjamín Herrera hizo el intento de levantarse de nuevo en Panamá, pero allí encontró la resistencia del ejército norteamericano, que había estacionado unidades de su marina frente al istmo y desembarcado algunas de ellas. La capitulación no se hizo esperar, y el 21 de noviembre de 1902 Herrera firmó el Tratado de Wisconsin en un barco gringo del mismo nombre. El Estado, aun en penuria y atravesado por las más grandes dificultades, resultó otra vez más fuerte de lo que se presumía. La guerra, sin embargo, como todas las guerras, había sido devastadora, y cerca de cien mil colombianos, muchos de ellos niños forzados a combatir, habían perecido en los campos de batalla. Se trataba de un 2.5% de la población total de aquel entonces, como si hoy los muertos hubieran sido alrededor de 1.100.000 compatriotas en tres años.

DE LA SEPARACIÓN DE PANAMÁ AL PORFIRIATO DE REYES

En 1804 el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, envió a sus ayudantes Meriwether Lewis y William Clark a explorar el territorio norteamericano, a través de la Louisiana, hasta encontrar la salida al Océano Pacífico, abriéndose paso por la región norte del país y principalmente por los ríos Missouri, Columbia y Snake, cerca de la frontera canadiense. Dos años después Lewis y Clark habían alcanzado su objetivo y obtenido la categoría de héroes nacionales, más la gobernación de los territorios explorados. Jefferson había comprado la Louisiana en 1803 por quince millones de dólares, a razón de 1.800 dólares por hectárea, y la región equivalía en ese entonces a cerca de la cuarta parte del territorio de los Estados Unidos. Había pertenecido a España durante cuarenta años, hasta que Napoleón se reapropió de ella en 1800, y al oeste de las Montañas Rocosas seguía siendo posesión española y luego mexicana. Ahora bien: desde siempre los norteamericanos entendieron que su nación iba del Atlántico al Pacífico, sin importar quién se reclamara dueño legítimo del espacio geográfico que separaba los dos océanos: indios, franceses o españoles. Y a fe que lo alcanzaron. Lo consideraban parte de su «destino manifiesto», pero también entendieron que la conexión marítima entre las dos fronteras era más o al menos tan necesaria, desde el punto de vista económico y geopolítico, como la terrestre. Panamá se constituyó entonces en estación inexorable de ese trayecto, lo que significa que desde el comienzo mismo de la nacionalidad norteamericana su destino estuvo marcado. Cuando en 1848 California fue integrada a la Unión y se descubrió oro allí, los estadounidenses invadieron tras un breve «acuerdo» con Colombia el territorio panameño y construyeron el primer ferrocarril transoceánico del mundo (75 kilómetros) y el más densamente utilizado por kilómetro de línea: un negocio redondo. El ferrocarril fue planeado, financiado, construido y utilizado exclusivamente por los norteamericanos. En su apertura participaron gringos libres y esclavos, europeos y chinos. Hubo unos cuantos jamaiquinos («chumecas») y costeños colombianos, y al final de la obra habían muerto de malaria y fiebre amarilla doce mil hombres.

En 1846 el Tratado Mallarino-Bidlack (en la primera presidencia de Mosquera) había entregado a los Estados Unidos la protección —y de hecho la soberanía— de Panamá, y con este y otros antecedentes parecidos, la pérdida del istmo se volvió mera cuestión de trámite. Durante los años siguientes se presentaron numerosas protestas contra la manera como administraban el ferrocarril los norteamericanos, y en 1876 el presidente Aquileo Parra, consciente de la importancia de Panamá en el ajedrez comercial de su época, contrató con los franceses, bajo la dirección del gran Lesseps, que había dirigido las obras del Canal del Suez, la construcción del canal interoceánico. Iniciado en 1882, fue un fiasco sin antecedentes de la ingeniería y las finanzas. En forma equivocada o malintencionada, Lesseps hizo un diseño inservible de la obra, y los franceses, que aspiraban a vendérsela inconclusa a los gringos por una suma astronómica, protagonizaron el fracaso económico más grande de su tiempo en Europa. Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en 1903, no hizo más que ajustarle el último clavo al ataúd. Ex director de la policía de Nueva York, cazador de osos y jefe de un batallón de vaqueros, The Rough Rider Regiment, en la guerra contra España en Cuba, Roosevelt añadió la estrella de Panamá a sus dominios. Cocinó una revolución de independencia en el istmo con la ayuda de sus barcos de guerra y pudo declarar entonces con satisfacción: I took Panama.

Como observamos antes, la separación de Panamá, unida a la conducta vergonzosamente inepta que caracterizó a la clase dirigente colombiana en el transcurso de los episodios que condujeron a la pérdida de una de las provincias más estratégicas del país, contribuyó a morigerar las diferencias entre el gobierno y la oposición. Luego de la tempestad vino la calma, o al menos una cierta calma, y después siguió el silencio de los sepulcros, del miedo y de la componenda, a la que lamentablemente se prestó Uribe Uribe durante sus últimos quince años de vida. Se inició entonces el período de la paz, como lo hemos denominado, y la «paz» entró en vigencia, aunque parezca paradójico, con la dictadura de Rafael Reyes.

Elegido mediante un guiño de las élites liberales, que ya habían participado en las elecciones amañadas de 1898, el general Reyes, conservador nuñista y héroe de la Guerra del 85, se propuso «revolucionar» la política. Cerró el Congreso y convocó una Asamblea Constituyente —un viejo truco—, cuya primera decisión fue prolongar su período presidencial a diez años. Reconoció a la minoría liberal y procuró establecer relaciones más civilizadas con sus dirigentes, pero se cuidó de propiciar reformas que le enajenaran el apoyo de las dos fracciones en que estaba dividido el partido conservador.

De origen boyacense y curtido explorador de la selvas del sur del país, donde fue pionero de las caucherías que hasta bien entrado el siglo XX esclavizaron a los indios de la Amazonia, según lo documentan La vorágine de José Eustasio Rivera y los estudios antropológicos de Michael Taussig,[11] Reyes quiso mostrarse como un «modernizador». Se preocupó por la economía y por el llamado «espíritu de empresa». Era admirador de Francia y había tratado de negociar con los Estados Unidos, durante el gobierno de Marroquín, una tímida «compensación» por la pérdida de Panamá. Es difícil saber cuál fue la relación directa que pudo haber tenido con el México de su tiempo, pero muchas cosas parecen indicar, como señala el historiador Darío Mesa, que el ejemplo de Porfirio Díaz se volvió una de sus tantas fuentes de inspiración.[12]

En efecto, desde 1876 y por los treinta y cinco años siguientes, Porfirio Díaz ocupó el poder en México. Su lema como candidato había sido de una claridad meridiana («¡No a la reelección!»), y tal vez por eso mismo instauró una dictadura que gobernó hasta 1911, cuando la primera fase de la revolución mexicana, la de Francisco Madero, lo obligó a exiliarse en París. Su programa fue la modernización de México y su inserción en el capitalismo mundial mediante la atracción del capital norteamericano. Acogió el positivismo del filósofo Augusto Comte, el fundador de la sociología, que pregonaba el ideal político de «orden y progreso». Reyes se rodeó de hábiles asesores conocidos como los «científicos», también en armonía con los esquemas tecnocráticos comtianos. Desarrolló los ferrocarriles e impulsó la industria y el comercio exterior, no sin antes asegurarse de que el pueblo recibiera «pan o palo», su lema. «Un perro con un hueso en el hocico ni ladra ni muerde», se dice que solía también decir. Su estrategia económica, si así puede llamarse, se regía por la consigna que más tarde pondría en boga el presidente norteamericano Warren Harding (1921-1923): «Menos gobierno en los negocios y más negocios en el gobierno», una consigna sorprendentemente similar a la que el propio Reyes acuñaría en su época: «Menos política y más administración». Porfirio Díaz terminó sus días en el dorado exilio parisino, y Rafael Reyes, que había llegado a la presidencia con la idea porfiriana de perpetuarse en el poder para «salvar el país» en calidad de «hombre providencial», terminó su «quinquenio», como se le conoce, huyendo a Inglaterra en un barco de la United Fruit Company.

Su obra de gobierno, no obstante, tendría repercusiones perdurables. Reyes se propuso fortalecer el Estado; contrató una misión chilena para modernizar el ejército permanente, la piedra de toque del monopolio de la fuerza; estableció la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá, la Escuela Naval de Cartagena (1907) y la Escuela Superior de Guerra (1909); impulsó las plantaciones bananeras, que se habían establecido a finales del siglo XIX; se preocupó por electrificar el país, noble propósito en la alborada del desarrollo capitalista; compuso las finanzas públicas y corrigió los desarreglos monetarios, para lo cual devaluó con buenos resultados, aunque el comercio importador se viera afectado; fomentó la industria textil con algún éxito; inició la industria petrolera colombiana con la Concesión de Mares en Barranca y la Concesión Barco en el Catatumbo; extendió los ferrocarriles y, sobre todo, el de Girardot a Bogotá y el de La Dorada a Ambalema, para conectar la capital con el mar aprovechando el río Magdalena; construyó la Carretera Central del Norte; trajo a Bogotá el primer automotor de gasolina, que ya había llegado a Medellín y a la Costa, y en él realizó una épica y exótica travesía hasta Santa Rosa de Viterbo, su patria chica en Boyacá.

Esto, hay que admitirlo, era bastante, si se ve sobre el telón de fondo de una política entrampada en la lucha militar intestina y en la feroz contienda ideológica del siglo anterior. Hubo que esperar hasta 1922 para volver a encontrar una voluntad empresarial de parejos arrestos en la persona del antioqueño Pedro Nel Ospina, pero no hay que perder de vista el contexto político de la presidencia de Reyes y el momento histórico en que se inscribió.

ACERCA DE LA ECONOMÍA

Aparte de la religión, que fue durante todo el siglo XIX una de las principales causas del enfrentamiento político y militar entre los colombianos, otras líneas divisorias, como el federalismo y el centralismo, el proteccionismo y el libre cambio, desempeñaron un papel decisivo. La clase dominante de la época, conformada en lo fundamental por los terratenientes (hacendados) y los comerciantes vinculados al comercio exterior, militaba de manera más o menos indiscriminada en ambos partidos. Suele identificarse a los liberales con el federalismo, pero Antioquia, por ejemplo, se refugió en el federalismo para afianzar su conservatismo clerical, y el general conservador caucano Eusebio Borrero, como ya se dijo, se levantó en armas bajo la bandera de «¡Dios y la federación!» Los incipientes empresarios manufactureros, por otra parte, veían con buenos ojos el proteccionismo, pero sus capitanes eran tanto liberales como conservadores.

Si se hiciera un sobrevuelo rápido sobre la economía colombiana del período, lo primero que habría que anotar es que el país era muy pobre y que sus ricos, vistos dentro del contexto de América Latina, no podían competir en ningún caso con sus pares de Venezuela, México o Argentina. El primer rico verdaderamente tal de Colombia fue el narcotraficante Pablo Escobar en la historia reciente. Entre nosotros no existió antes el equivalente del boliviano Simón Patiño, por ejemplo, el «rey del estaño», ni del peruano Julio César Arana, el «rey del caucho», para citar sólo dos nombres históricos. Y aunque en tiempos de Bolívar aún era posible que la Gran Colombia fuera comparada en población, recursos naturales y perspectivas económicas con la Unión Americana, lo cierto es que al finalizar el siglo XIX, un siglo plagado de guerras civiles, de conflictos religiosos y de intentos reformistas truncos, la distancia entre los términos comparativos se había vuelto infranqueable. El radicalismo liberal de la segunda mitad del siglo había tratado de abolir los monopolios, los latifundios eclesiásticos y las demás herencias feudales de la época de la Colonia, y sus medidas fomentaron el comercio, la apertura de vías de comunicación, la modernización del aparato del Estado y el boom exportador, para decirlo en lenguaje contemporáneo, de ciertos productos primarios.

El auge del tabaco, en particular, se extendió entre 1850 y 1870. Al socaire del cultivo de la hoja aparecieron los primeros bancos privados. Un sector pequeño pero significativo de las clases altas empezó a importar de Europa bienes de consumo y lujos como pianos, espejos, vajillas, perfumes, gobelinos. Las divisas obtenidas gracias a las exportaciones de tabaco permitieron que el gobierno de Manuel Murillo Toro (1864-1866) se convirtiera en el gran promotor del telégrafo, uno de los primeros signos de modernidad que llegaba a los campos y aldeas de Colombia, con los telegrafistas como un primer sector imbuido del espíritu de la burocracia prusiana y del civil service inglés. Entre 1865 y 1880 se tendieron más de tres mil kilómetros de líneas telegráficas, y en 1913 había cerca de veinte mil. La construcción de ferrocarriles se incrementó en forma notable, sobre todo a partir de la década de 1870, y al iniciarse el siglo XX, según Carlos Mejía Sanabria,[13] el país contaba con alrededor de mil kilómetros de vías férreas, una cifra que se triplicaría al final del período cubierto por este capítulo, llegando a 3.262 kilómetros en 1934. Si los comparamos con los de otras naciones latinoamericanas, no obstante, estos logros pueden ser considerados modestos: en 1911, cuando Porfirio Díaz abandonó el poder, el tendido ferroviario mexicano era de 20.000 kilómetros, en buena parte producto de las inversiones norteamericanas; Argentina, con inversiones francesas y ante todo británicas, exhibía 16.503 kilómetros de líneas férreas en 1900 y la asombrosa extensión de 40.000 kilómetros en 1930, y en 1910 Perú contaba con 2.528 kilómetros construidos y 722 en construcción, para un total de 3.250, la misma cifra aproximada que Colombia alcanzaría un cuarto de siglo después.

Sin embargo, el impacto que tuvo el cultivo del tabaco sobre la sociedad colombiana fue muchísimo menor, ciertamente, que el que tendría algunos años después del cultivo del café. Como han señalado numerosos autores, entre ellos Frank Safford y Marco Palacios[14] gracias al café Colombia entró con paso firme al mercado mundial de materias primas tropicales. El café colombiano se había producido en las haciendas del centro y del oriente del país durante casi todo el siglo XIX, pero en el último tercio del mismo, con la colonización de las laderas («vertientes», decía el profesor Luis López de Mesa[15]) del suroccidente antioqueño y de las cordilleras Central y Occidental —un proceso que se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XX y cuyos protagonistas principales fueron cientos de miles de campesinos pobres que desarrollaban pequeñas parcelas con mano de obra familiar y, por lo tanto, de muy bajo costo—, Colombia se iría convirtiendo poco a poco en el segundo productor mundial del grano (detrás de Brasil), condición que obtendría en 1920. Las divisas recaudadas al calor de las exportaciones de café fueron el componente más importante de la acumulación originaria de capital que sirvió para fundar las primeras industrias: textiles (Fabricato, de la familia Ospina; Coltejer, de los Echavarría, Tejidos Obregón), bebidas (Postobón, Gaseosas Román, Bavaria), alimentos (galletas La Rosa, Noel), cementos (Cementos Samper), vidrio (empresa Fenicia, del mismo fundador de Bavaria, el alemán Leo Kopp), energía eléctrica (planta de El Charquito, en Bogotá), exportación de carne bovina (Packing House de Coveñas), exportación de banano (empresarios nacionales en competencia desigual con la United Fruit Company), petróleo (Casa Pearson de Inglaterra; la Concesión Mares que en 1919 pasó a la Tropical Oil Co. y la Concesión Barco que en 1918 pasó a la Texas) y diversos servicios públicos (los acueductos del barranquillero Ramón Jimeno, por ejemplo, en Bogotá y otras ciudades). No sobra añadir que tanto Núñez como Caro y Reyes resultaron ser proteccionistas a ultranza y que sus respectivos gobiernos establecieron tarifas, subsidios, cuotas y otras medidas fiscales para fomentar la agricultura de exportación y la creación de industrias.[16] Un ordenamiento de las finanzas estatales, un presupuesto equilibrado (tras la galopante inflación de la vuelta del siglo, exacerbada por la Guerra de los Mil Días) y el regreso al patrón oro, meses después de la caída de Reyes, contribuyeron a allanar el camino para que el café se transformara en el heraldo del progreso económico.

El PIB per cápita, según algunos cálculos, se incrementó en un 23% entre 1900 y 1910; la tasa de crecimiento descendió a raíz de la Primera Guerra Mundial, pero en el decenio de 1920, cuando las exportaciones cafeteras se quintuplicaron, tuvo un repunte extraordinario, que algunos analistas estiman en el 34%. La población del país, que en 1900 rondaba los cuatro millones de habitantes, se duplicó durante los siguientes treinta años. La calidad de vida mejoró en términos relativos: para unos más que para otros, por supuesto, como suele suceder en la historia; la colonización de las vertientes de las cordilleras hizo que surgiera y se consolidara un mercado interno de cierta consideración; el nacimiento de la industria proletarizó a vastos sectores de las clases menos favorecidas, como las llaman los sociólogos de espíritu positivista; la indemnización por la pérdida de Panamá, veinticinco millones de dólares que los Estados Unidos pagaron a regañadientes, le dio un renovado impulso al desarrollo de las obras públicas (ferrocarriles, puertos, carreteras, transporte fluvial), y las primeras inversiones norteamericanas, sobre todo en el sector petrolero, empezaron a llegar en cantidades nunca antes vistas; las corrientes migratorias engrosaron los cinturones urbanos de las grandes ciudades, y la economía colombiana, en pocas palabras, ingresó a la era del capitalismo.

EL ARTE Y LA CULTURA

En lo que tiene que ver con la cultura, Colombia estuvo anclada en las flojas y acariciadoras arenas del siglo XIX hasta el inicio de la primera posguerra. Era un país agrario, academicista, locuaz, dogmático, servil a la jerarquía eclesiástica, costumbrista, discriminador en términos raciales contra el «indio», el «negro», la «chusma», los «guaches», los «masones», el «rojo», el «godo», el «chino», las «sirvientas», los «peones», formas del «otro» que no se toleraban, que se aspiraba a eliminar, o que se soportaban siempre y cuando permanecieran sometidas e inferiores, desposeídas de derechos, portadoras de una humanidad de segunda clase.

Al propio tiempo, Colombia desarrolló una clase de hombres trabajadores que sólo pretendían proveer el sustento de sus familias, «pertenecer» a imaginarios como los partidos o las comunidades de identidad y afrontar el riesgoso destino de luchar por la dignidad, por los derechos reconocidos, por un país más justo e igualitario: entre ellos cabe incluir a los campesinos del café que realizaron la proeza de la colonización antioqueña y a los ciudadanos de buena voluntad que creían que los partidos eran maneras de ver la vida sin necesidad de eliminar a todo aquel que profesaba una idea diferente. También están en este grupo los luchadores políticos que desde las nacientes organizaciones obreras —a partir de 1918— reclamaban mejor trato, mejores relaciones laborales, mejores salarios, mayores y verdaderos derechos políticos. Estos hombres y mujeres de buena voluntad conformaban la mayoría del pueblo colombiano, pero hay períodos completos de la historia en que las mayorías acaban siendo sometidas a la férula de una minoría opresora, violenta, ventajosa, fanática y, en no pocas ocasiones, desquiciada.

Al lado de estos hombres de buena voluntad hay que destacar también a una élite de colombianos cultivados que en un ambiente de pobreza, y con la única ayuda de su vitalidad interior y de su esfuerzo personal, alcanzaron un conocimiento de excepción, comparable a veces al de quienes en condiciones de favor, y en medio de formidables tradiciones científicas, se desempeñaban en el mismo campo. En este plano hay humanistas y lingüistas de la talla de Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo y Ezequiel Uricoechea Rodríguez, un grupo de estudiosos y cultores del «bien decir» que el profesor López de Mesa llamó la Generación del 70. Cuervo y Uricoechea brillaron por fuera de Colombia, y el primero dejaría una obra de perenne importancia que un siglo después culminaría con la edición del Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana (1998). Uricoechea Rodríguez (Bogotá, 1834 - Beirut, 1880) estudió medicina en Yale y filosofía y letras en Gotinga. Era un naturalista con aportes a la química, a la cartografía de América, a la astronomía y a la filología, y publicaba en revistas científicas europeas de primera plana. Conocedor del sánscrito y del árabe, fue el primer orientalista colombiano. En cuanto concierne a Caro, su obra política es, como lo hemos mostrado, de formidable influencia en Colombia. El giro intolerante y papista de su humanismo matiza el valor de su aporte universal, pero Caro, a no dudarlo, es una figura señera del pensamiento católico laico.

Colombia, por otra parte, fue durante todo el período histórico que cubre este capítulo un país de poetas y de letterati. En el Senado ciertas intervenciones, o partes de ellas, aún se hacían en verso, como lo ilustra el caso de José Joaquín Casas Manrique, parlamentario boyacense conservador de la época. No pocos debates se volvían simples torneos de retórica en los que la materia discutida importaba menos que el efecto perlocutivo del discurso. Era una época en que, a juzgar por lo que afirma José María Vargas Vila en Los césares de la decadencia, en una sentencia de muerte interesaba más la ortografía que la justicia de la decisión. Las discusiones senatoriales de los años veinte sobre la pena de muerte entre el poeta Guillermo Valencia (conservador que la defendía) y Antonio José Uribe (liberal que la rechazaba) pueden ser un delicioso bocado literario, y hasta un majestuoso espectáculo de elocuencias sutiles, pero el fenómeno cabe ser mirado de un modo menos divertido, ya que constituye una manifestación adicional de que en Colombia toda mente brillante en la literatura, en la ciencia, en el periodismo, en cualquier rama de la inteligencia humana, acaba sucumbiendo ante la tentación de convertirse en senador o en ministro, con lo que el talento original es drenado en remolino hacia los vertederos de la política.

En semejante marco social, por lo tanto, no resulta extraño que la literatura de fines del siglo XIX fuera ante todo costumbrista y romántica. José Asunción Silva, que intentaba vivir del comercio de importación para el consumo suntuario en una Bogotá marcadamente provinciana y conventual, hacía viajes de negocios a Europa y allí se familiarizó con el simbolismo francés que informó su poesía, modelada también por la influencia del norteamericano Edgar Allan Poe. Fue el joven Silva un islote de modernidad en un paisaje de autores bucólicos, si bien amables, populares y simpáticos. Agobiado por las deudas de un negocio muy mal administrado, abrumado por un ambiente pacato que rechazaba su esnobismo (lo llamaban José «Presunción» Silva) y por otros dolores como la pérdida de sus manuscritos inéditos y la muerte de su hermana Elvira, este bardo soltero acabó descerrajándose un tiro en el corazón a la edad de treinta años. Guillermo Valencia pinta el momento a través de la impresión de una de las imaginadas lectoras de Silva, la dama del «recamado viso» que, «Leyendo a Silva» (así se llama el poema de Valencia), «se quedó pensando, pensando en la amargura/ que acendran ciertas almas, pensando en la figura/ del bardo que en la calma de una noche sombría/ puso fin al poema de su melancolía». Esta fue la noche del 23 al 24 de mayo de 1896. El más famoso poema de Silva, «El tercer nocturno», inspirado en la muerte de su hermana (1891), apela a recursos caros a los simbolistas, como la perfecta correspondencia entre sonido e imagen, reduplicaciones, aliteraciones y sinestesias, aunque la más clara relación en tipos de versos, sonoridades y repeticiones, se puede ver tal vez con el poema «The Bells» (1849), de Edgard Allan Poe.[17]

La corriente general de la poesía colombiana de fin de siglo, sin embargo, continuaba gravitando alrededor del romanticismo y del costumbrismo. Rafael Pombo (1833-1912), por ejemplo, coronado como bardo nacional en 1905, fue poeta serio y de vena romántica, aunque se lo recuerda mucho más por su literatura para niños: El renacuajo paseador, Pastorcita, Simón el bobito, Chanchito y Mirringa Mirronga, entre otras piezas memorables. Había estudiado matemáticas en Inglaterra y después había vivido en los Estados Unidos. De ahí que algunos de sus populares Cuentos pintados sean transcripciones libres o elaboraciones imaginativas de temas antiguos de la literatura anglosajona para niños, los famosos Nursery Rhymes recogidos en colecciones como Mother Goose Rhymes, donde también figuran las historias de Pastorcita («Little Bo-Peep has lost all her sheep»), de Simón, el bobito («Simple Simon met a pieman») y de Rinrín renacuajo («This little froggy took a big leap»).

Un romanticismo tardío es el de Julio Flórez, a quien Pedro Henríquez Ureña llamó «el último becqueriano». Chiquinquireño, hijo de un liberal radical que fue presidente del Estado de Boyacá, Flórez estudió ingeniería. Amigo de Silva, en el funeral del poeta declamó una elegía que el arzobispo de Bogotá condenó por blasfema. Fundó con Soto Borda la Gruta Simbólica, una tertulia bogotana de repentistas y bohemios opositores al gobierno que se reunía en Las Galerías (el pabellón de tiendas y mercados que había al costado occidental de la Plaza de Bolívar) durante la Guerra de los Mil Días. El presidente Reyes, paisano suyo, lo obligó a dejar el país. Viajó entonces a Centroamérica y a México en el primer decenio del siglo XX. Gran versificador, Flórez cultivó en viejo estilo una actitud moderna marcada por el hastío y por una conciencia existencial de la muerte que lo llevó a exagerar las imágenes necrófilas hasta extremos verdaderamente patéticos, como se ve en los poemas cortos de Gotas de ajenjo: «No os enorgullezcáis, niñas hermosas,/ porque formas tenéis esculturales./ Vuestras carnes se pudren y en las fosas/ todos los esqueletos son iguales». O aquel otro de: «Llora el hombre y llora y llora/ y el llanto la faz deslíe/ la carne acaba y entonces/ la calavera se ríe». Pero Flórez cobra altura y se hace memorable en sonetos como «Algo se muere en mí todos los días» y «Todo nos llega tarde hasta la muerte», por ejemplo.

A caballo entre el fin del siglo XIX y la primera mitad del XX está el poeta Porfirio Barba Jacob (1883-1942), que igualmente cruza un puente entre el romanticismo y el modernismo. No ensaya con formas nuevas (como Darío o Silva), pero su sentimiento es moderno: desgarrado y afirmativo, ansioso e impulsivo, sensitivo, extravagante, sensual y decadente («una bacante loca y un sátiro afrentoso / conjuntan en mi sangre su frenesí amoroso», escribió en su Balada de la loca alegría). Compone junto con León de Greiff y con el cartagenero Luis Carlos López la gran tríada de la poesía colombiana en la primera mitad del siglo XX. Homosexual (véase su poema Los desposados de la muerte: «Su adolescencia láctea, meliflua y floreal / fluía por las escarpas de mi madurez / como fluye por los montes la leche del alba»), marihuanero (Balada de la loca alegría: «Soy un perdido, soy un marihuano»), tuberculoso, aventurero, audaz como nadie en la lucha por la supervivencia (siempre a la caza de dinero, que se hacía prestar de sus amigos y nunca retornaba), emigró a Centroamérica en la misma época de Julio Flórez (alrededor de 1907) y acabó sus días en México, en 1942. Al menos tres presidentes ordenaron su expulsión de las repúblicas que presidían: México, Guatemala y El Salvador, donde escribió una famosa crónica sobre el terremoto de 1917. Vinculado a la actividad periodística en México, tomó el partido del viejo Porfirio Díaz, su tocayo (¿será esa la razón de su seudónimo?), cuando estalló la revolución mexicana. En 1911 fundó en Monterrey, con Jesús Cantú, un periódico que es bandera de esa ciudad hasta el día de hoy («Si lo leyó en El Porvenir, es cierto», reza su actual lema publicitario). Su prosa política desde esa tribuna logró calar en la opinión pública mexicana de entonces; cultivó el reportaje cuando este era una técnica casi inexistente; sus crónicas fueron en su tiempo grandes éxitos periodísticos, y escribió una novela que nunca llegó a conocerse, pues fue confiscada por las autoridades de su pueblo natal (Santa Rosa de Osos) por inmoral. Se confesaba católico «por disciplina y por elegancia». Un día le preguntaron por qué fumaba marihuana, de la que era adicto, y su respuesta la resumió diciendo que la «hierba maldita» lo hacía sentir «como un etcétera azul». Su obra en verso, que aquí es imposible reseñar, encierra una de las más grandes expresiones de nuestra nacionalidad en este campo del arte (vibrante, exultante, emotiva en sus mejores momentos), y su «Canción de la vida profunda» («Hay días en que somos tan móviles, tan móviles»), sin ser lo mejor de su repertorio, se incorporó al folclor del pueblo raso, un honor no menor entre los reservados al poeta.

Guillermo Valencia, tan diferente en su vida y en su persona a Barba Jacob, fue tenido por el gran maestro de la poesía de su tiempo. Arquitectónico en su factura, aristocrático en todas sus maneras, conservador, erudito, brillante en la tribuna parlamentaria, político al que sólo se le negó la presidencia, fue por la imagen que proyectaba una suerte de «Goethe colombiano». Fino escultor de la expresión poética, en él hallamos versos de magistral pergeño, como el inspirado dístico de «Leyendo a Silva» («amando los detalles, odiar el universo;/ sacrificar un mundo para pulir un verso»), e imágenes de gran originalidad y fuerza evocadora («Quiero el soneto cual león de Nubia:/ ¡de ancha cabeza y resonante cola!», en «Cigüeñas blancas»). El cuidado de la forma pesó muchas veces como un lastre sobre el fondo de sus versos y en algunos recodos de sus poemas se hallan por momentos los ripios quizás mejor elaborados de la poesía colombiana.

Dejo de lado la novela de esta época, típicamente costumbrista, donde se destaca la obra de Tomás Carrasquilla (1858-1940), cuyo esfuerzo por retratar escenas y tipos humanos de su tierra, con penetración psicológica y el élan de la novela realista europea (Balzac, Dickens, Pereda) ha sido relacionado con la literatura gauchesca argentina, calificada de criollismo.

Mención aparte merece la literatura política, especialmente la de los radicales, y entre ellos la de José María Vargas Vila (1860-1933). Su estilo lapidario, paradójico y demoledor campea en sus ensayos contra los dictadores del continente (Los providenciales), contra el yanky (Ante los bárbaros) y contra la Regeneración nuñista (Los césares de la decadencia). Fue un campeón de la libertad como concepto abstracto y enemigo feroz de sus contradictores en la escena pública. En 1891 viajó a Nueva York y allí trabó amistad con José Martí, el cubano. Editorial Sopena editó sus libros, incluida su fecunda novelística inmoralista (pornografía de la época) a principios de siglo, mientras vivía en Barcelona. Fue el primer escritor colombiano, y quizás latinoamericano, que logró ganarse el pan con el producto de su obra narrativa. Su antimoralismo y su vena libertaria fascinaron al pueblo, y los anarquistas españoles y argentinos lo veneraron. Vivió y murió solo, y no capituló ante nadie.

La pintura colombiana de la época, finalmente, fue academicista, realista, apacible, digna y grata a la contemplación. El impresionismo hizo una tímida incursión en la obra de Andrés de Santamaría (1860-1945), quien estudió en París y vivió buena parte de su vida en Bélgica. No obstante, invitado por el presidente Reyes, vino a Colombia entre 1904 y 1911 y dirigió durante todos esos años algunas instituciones artísticas de Bogotá, una ciudad donde la arquitectura de influencia francesa, que se conoce como «republicana» (neoclásica y neogótica), adquiría un auge inusitado. El estilo republicano se había iniciado en las obras públicas desde antes de la mitad del siglo XIX y se impuso en las obras civiles y en las casas de habitación, incluido el moderno mobiliario importado de Europa, desde la década de 1870, al menos en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, pero en el tercer decenio del siglo XX ya había desplazado casi por completo al modelo colonial santafereño en las nuevas edificaciones.

EL DECENIO DE 1910

Aunque el general Rafael Reyes gobernó dictatorialmente y sin Congreso, impulsó dos importantes reformas constitucionales: la de 1905, que extendió a diez años el período presidencial (ya Núñez lo había extendido a seis), y la de 1910, que a la postre se hizo cuando Reyes ya había abandonado el país. Esta última abolió la pena de muerte e inició el paso de un régimen de elección indirecta de presidentes y senadores, que era el vigente entonces, a uno de elección directa de los mismos, sin intermediación del Parlamento. Sin embargo, el primer mandatario que sucedió a Reyes en la presidencia, Carlos E. Restrepo, no fue elegido por el pueblo sino designado por la Asamblea Constituyente, que redujo el período presidencial a cuatro años y realizó otros cambios que aún persisten.

La rebelión contra Reyes tuvo un carácter civil y se expresó a través de manifestaciones y protestas. En buena parte se presentó en Bogotá (aunque con efecto y eco nacionales), y fue protagonizada por estudiantes que salieron a las calles a convocar el apoyo popular de las masas urbanas. Entre los dirigentes estudiantiles que participaron en los hechos de los días 9 y 13 de marzo de 1909 se contaban figuras como Enrique Olaya Herrera, líder de tales jornadas, y Eduardo Santos, testigo de ellas, quienes veinte o veinticinco años después asumirían como presidentes de la república. La coyuntura estimuló el ascenso de políticos que habían expresado alguna forma de oposición a Reyes, quien a pesar de ser conservador, no era del agrado de sus copartidarios más tradicionales, que lo tildaban de autocrático y lo acusaban de concederles demasiado espacio político a los liberales. Se destacó entre los opositores Carlos E. Restrepo, conservador antioqueño de pensamiento moderado y progresista. Restrepo constituyó una coalición efímera por fuera de los dos partidos, la llamada Unión Republicana, que por desgracia no prosperó, y al final de su mandato, mediante el Tratado Urrutia-Thompson, consiguió conciliar las diferencias que se habían interpuesto entre Colombia y los Estados Unidos a raíz de la separación de Panamá. El tratado incluía una cláusula en la cual el gobierno norteamericano manifestaba su sincère regret (sincero pesar) por su participación en los hechos que condujeron a la desmembración del país, al tiempo que le prometía la «libre circulación» con exención de derechos de cruce por el canal. El acuerdo fue ratificado por el Senado gringo en 1921, y en 1922 entraron al fisco nacional, en calidad de indemnización, veinticinco millones de dólares de la época, una suma de dinero que, sumada a las divisas provenientes de las exportaciones cafeteras, renovó la construcción de obras públicas e inauguró una etapa de la historia de Colombia que se conoce con el nombre de «la danza de los millones». El país entró en el círculo vicioso de los préstamos internacionales, y al final del período había contraído deudas que ascendían a cerca de 214 millones de dólares.

Para el período presidencial de 1914 a 1918, las minorías liberales presentaron como candidato a Nicolás Esguerra. El candidato conservador, con la venia de monseñor Bernardo Herrera Restrepo, fue José Vicente Concha. No es un detalle menor de la política colombiana que el más connotado liberal de aquellos días, el general Uribe Uribe, apoyara a Concha, lo que no impidió que el legendario comandante de las tropas rebeldes durante la Guerra de los Mil Días cayera asesinado en la Plaza de Bolívar, el 15 de octubre de 1914, por varios golpes de hachuela que le propinaron en el cráneo dos artesanos. Como con tantos otros magnicidios en Colombia, aún se investiga quién fue el autor intelectual del crimen. Un rumor de aquellos tiempos, empero, implicaba al entonces director de la Policía, el general Salomón Correal, a quien el pueblo acabó llamando «general Hachuela».

En el gabinete de Concha figuró como ministro de Instrucción Pública el clérigo Carlos Cortés Lee, quien aparecía con bonete en las fotos del grupo de ministros. Repetía Concha el ejemplo de Caro, que en 1894 había nombrado en el mismo cargo a monseñor Rafael María Carrasquilla. El gobierno se vinculó de lleno al Primer Congreso Eucarístico de Colombia en 1914, y el ministro de Relaciones Exteriores, don Marco Fidel Suárez, pronunció en él su famosa «Oración a Jesucristo», tenida por el mejor sermón laico de la época. El período de Concha coincidió con la Primera Guerra Mundial, en la que Colombia, al igual que México, se declaró neutral, una circunstancia que implicaba un cierto enfrentamiento con los Estados Unidos, dadas las aún tensas relaciones entre los dos países debido a la separación de Panamá. Las divisas escasearon y la situación económica se tornó difícil, por lo que el gobierno apretó drásticamente el cinturón de las finanzas públicas. En un período de fronteras todavía no totalmente definidas, en 1916 el Tratado Suárez Muñoz-Vernasa regularizó la frontera con Ecuador.

Para las elecciones de 1918 hubo dos candidatos: Marco Fidel Suárez y el poeta Guillermo Valencia, ambos conservadores. El partido liberal, en estado agónico, se contentó con apoyar a uno de los dos, con la ingenua idea de crear divisiones, y Suárez obtuvo una amplia mayoría. Le cupo entonces el honor de presidir los destinos de una nación que en muchos aspectos continuaba viviendo en pleno siglo XIX, y su propia personalidad es una muestra de ello. Suárez preside el último tramo de la nación que pertenece aún al siglo XIX colombiano: una nación pastoril, teocrática, dogmática, intolerante, gramaticista, retórica y sectaria. El autor de los famosos Sueños de Luciano Pulgar fue sin embargo un hombre bueno, digno, virtuoso, extraviado en la política y, en consecuencia, objeto de intereses adversos y de malevolencias consuetudinarias. Su biografía ilustra el pathos de un país a las puertas de la modernidad, una modernidad menguada pero reconocible en ciertos rasgos. Hijo ilegítimo de una campesina de Bello, Antioquia, que lavaba ropa ajena para subsistir, se dice que a Suárez, por pobre, no lo admitieron en la escuela de su pueblo natal y que su deseo de conocer lo indujo a escuchar a hurtadillas, desde el exterior del plantel, las voces de los maestros. La verdad es que favorecido por un párroco ingresó al seminario diocesano de Antioquia, donde cursó algunos años de estudios. Las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX interrumpieron su carrera religiosa y lo llevaron a volverse maestro de enseñanza primaria. Inquieto y aplicado, en 1880 llegó a Bogotá y al poco tiempo ganó un concurso literario con un sesudo Ensayo sobre la gramática castellana de don Andrés Bello. El escrito debió de parecerle maravilloso a don Miguel Antonio Caro, a la sazón en la cima del poder, pues su autor se convirtió en su protegido favorito, hasta el punto de que lo nombró secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y en 1895, a los cuarenta años de edad, acabó casado con una prima del propio Caro. Laborioso y estudioso, muy pronto ascendería a los cargos de ministro de Relaciones Exteriores y de Instrucción Pública de sucesivos gobiernos. El papa Benedicto XV lo nombró Caballero de la Orden Piana, verdadera distinción nobiliaria del Vaticano, y finalmente llegó a la primera magistratura en 1918, cuando la veta trágica de su saga inició su curso inevitable. Su esposa, en efecto, había muerto a los pocos años del matrimonio; le había dejado un hijo, Gabriel, que murió en extrañas circunstancias (1920) fuera del país; su cadáver fue repatriado a Colombia en un barco norteamericano, y Suárez, que vivía de su sueldo, se vio forzado a empeñar sus salarios para pagar los costos de la repatriación de los despojos mortales de su hijo. Semejante práctica, que no tenía nada de ilegal, le pareció «indigna de un presidente» al joven parlamentario conservador Laureano Gómez, y este último, diestro como ninguno en la contienda política, montó un teatro en el Congreso y exigió su renuncia. Suárez, que sí era un hombre digno —y, sin duda, abrumado por la pérdida de su hijo—, aceptó retirarse en noviembre de 1921, dejando a Jorge Holguín como encargado. Escribió una defensa que entregó a una imprenta privada, pero Laureano se las arregló para acceder a ella antes de su divulgación y la difundió abusivamente, con aire de escándalo y refutaciones ponzoñosas. Se especuló entonces acerca de que lo que realmente estaba en juego era quién recibiría la indemnización de veinticinco millones de dólares a punto de ser entregados por Estados Unidos. Suárez era demasiado honesto para ser el depositario de semejante suma. Suárez se retiró, y ya como ciudadano común pasó los últimos años de su vida (1923-1927) redactando una serie de artículos que el diario El Nuevo Tiempo publicaba bajo el título Los sueños de Luciano Pulgar, donde trataba en lenguaje castizo y correcto temas de gramática, de las costumbres y de la vida de su tierra y de sus gentes.

En su gobierno se inició el cobro del impuesto sobre la renta, que Woodrow Wilson había introducido años antes en los Estados Unidos, y se creó la distinción de la Cruz de Boyacá, que el presidente en ejercicio otorga ad placitum. Suárez se hizo tempranamente experto en derecho internacional (recuérdese que su primer empleo público significativo lo desempeñó en la Cancillería) y con ese título fue miembro «natural» de las comisiones de asuntos exteriores de los gobiernos conservadores. Con la fórmula latina de respice polum (mirad al polo), teorizó sobre la conveniencia de acercarnos al naciente imperio norteamericano en busca de su amistad y de sus capitales, en lo que se distanciaba «polarmente» de José Enrique Rodó (1871-1917), el intelectual liberal uruguayo autor de Ariel (1900), verdadero catecismo político del modernismo de América Latina en la aurora del siglo XX, un elogio de la espiritualidad hispánica y un repudio manifiesto del materialismo gringo.

Pero Colombia, como hemos observado, se introducía entre tanto, muy paulatinamente, en el mundo ancho y ajeno de la modernidad. La cuestión obrera empezó a hacerse sentir. La influencia de la Revolución de Octubre recorría el mundo. El socialismo y el anarquismo convocaban adeptos en los cinco continentes, y el país no estaba exento de sentir sus consecuencias. Uno de estos conflictos implicó al gobierno de Suárez. En el contexto de la celebración del centenario de la Batalla de Boyacá, Suárez contrató un pedido de uniformes y botas para las fuerzas armadas. Los artesanos (sastres y zapateros) de Bogotá que licitaban para ello y no obtuvieron el contrato protestaron amotinándose frente al palacio presidencial. Llovía en la ocasión, Suárez salió al balcón e intentó hablar, la lluvia y los gritos impedían oír. Suárez ofreció revocar el contrato y lo hizo, aunque demasiado tarde para apaciguar a los artesanos, que aparentemente atacaron o amenazaron a los soldados, quienes dispararon con saldo de muertos.

EL PERÍODO DE LA CONSTRUCCIÓN

Los siete años que discurren entre 1922 y 1929 son los siete años más felices de la historia colombiana. Una nueva época, llena de promesas, irrumpía triunfante en el hasta entonces decimonónico, rancio y conventual espíritu de la nacionalidad. El mundo llevaba dos decenios en el nuevo siglo y volvía sus ojos hacia esta esquina vasta y contradictoria de Suramérica para tratar de aprovechar sus riquezas. Como ya se dijo, a partir de 1910 los precios y el volumen de las exportaciones de café aumentaron a un ritmo sorprendente, siendo el principal mercado, desde luego, el mercado norteamericano. A comienzos de la década siguiente llegó el dinero de los préstamos internacionales, de la indemnización de Panamá y, en menor medida, de las inversiones extranjeras directas. Fueron los tiempos de la «prosperidad a debe» de que hablara Alfonso López Pumarejo. Los procesos de urbanización, proletarización, marginalidad urbana, descampesinización, acumulación de capital, construcción de infraestructura y de vivienda, alfabetización y cambio cultural se volvieron realidades contantes y sonantes, y si la mayoría de la población, que vivía en el campo, aún no los sentía en carne propia, pudo, sin embargo, columbrarlos en el horizonte y acariciar el sueño de acceder a ellos. Era este el sueño de un ingreso monetario ligado a un contrato legal de trabajo en la ciudad, con preferencia al campo, pero siempre más allá de la sempiterna condición del peón atado servilmente a la tierra y sin esperanzas de redención. La alegoría de las «luces de la ciudad» —como en la película de Chaplin de 1931— inicia su danza hipnótica ante la vista encandilada de esas mayorías. Las estaciones de ferrocarril en la provincia colombiana, construidas desde fines del siglo XIX, con el tren, seguido pronto por el automotor y el hidroavión, fueron los primeros faros de esperanza para ese campesinado agobiado por siglos de servidumbre.

Los años veinte presentan una lista sobresaliente de índices económicos y sociales que en su conjunto ningún otro decenio del siglo XX puede mostrar entre nosotros. Una inflación de 2%; un incremento del alfabetismo de ocho puntos porcentuales, que sólo se iguala en 1970; una tasa de crecimiento en el valor y el volumen de las exportaciones que fue la más alta del siglo hasta 1975-1980, y una excepcional duplicación del tendido ferrocarrilero. Para 1929 había en el país 16.000 vehículos y 28.000 teléfonos —de 3.000 que había en 1913—, y en lo político y cultural, el conservatismo y su aliado, la Iglesia católica, vieron su poder, por primera vez desde Núñez, si no desplazado, al menos matizado por el talante de la República Liberal, sobre todo el exhibido en el septenio de López Pumarejo, durante la llamada Revolución en Marcha (1936-1945). Este giro de la política colombiana, perpetuamente inclinada a la derecha (con la excepción del período radical de 1849 a 1878 y de ciertos componentes del septenio de López Pumarejo), se gestó al calor de la cuestión obrera, la propaganda socialista, el impulso al periodismo liberal, un feminismo emergente aunque tímido, una urbanización espasmódica pero cierta y, en fin, la actuación organizativa de personajes carismáticos y de representantes del nuevo capital, como el propio López Pumarejo.

Los años veinte son los años de la segunda era de la comunicación moderna (la del avión y la radio) en Colombia.[18] Durante ellos el país irrumpe significativamente en el panorama capitalista mundial y, merced a la reconciliación con los Estados Unidos (aislados desde 1903 por la toma de Panamá), se involucra de lleno en los procesos de modernización dirigida desde afuera o, en otras palabras, dependiente.

Los años veinte se conocen en la historia de los Estados Unidos como «la era de la maravillosa tontería» (the era of wonderful nonsense), la «década del dólar», la «década seca» (por la puritana prohibición del alcohol entre 1920 y 1933), la «era de Al Capone».[19] Es la época de la resurrección y caída del Ku-Klux-Klan, del inicio generalizado del consumismo, de la popularización del jazz y de la música negra, de los judíos como grupo emergente del capitalismo norteamericano, de Henry Ford y su Modelo T (en Colombia llamado el Ford Tres Patadas), es decir, del carro de gasolina al alcance de los obreros norteamericanos. Es también la época de la radio, del cine y, finalmente, de las flappers, las muchachas con vestidos estilo talego, pelo corto, a lo garçon, la falda un poco abajo de la rodilla (antes apenas descubría los pies), el cigarrillo con o sin boquilla en los labios, la asimilación de los sexos (unisexismo embrionario) y, en general, la moda libre femenina, que popularizó Coco Channel en París. Fue, asimismo, una época forjadora de «héroes» de la imagen, los héroes que el mercado necesita, promueve y crea de la nada en su afán de anunciar y vender. Brillaban entonces como nuevas «celebridades» de la escena gringa John Ford, Charles Chaplin, el escritor Francis Scott Fitzgerald (autor de El gran Gatsby, 1925), el músico Louis Armstrong, el piloto Charles Lindbergh (primer vuelo sin escalas a través del Atlántico, 1927) y los mafiosos Al Capone y Johnny Torrio, amos del contrabando de alcohol en las trastiendas clandestinas —speakeasies— de la vida nocturna urbana. Es la época de los convictos Sacco y Vanzetti (Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti), obreros inmigrantes italianos de convicciones anarquistas, acusados sin pruebas de un asalto a mano armada ocurrido en Massachussets en 1920. La opinión pública los reputó inocentes, pero eran estos (también) los tiempos del anticomunismo (el red scare), que obró en su contra. Tras un proceso escandaloso lastrado de racismo y de prejuicios políticos, que los periódicos libres y conscientes rechazaron, fueron ejecutados sin apelación en 1927. Entre los artistas de la escena la atención recaía en figuras como Sarah Bernhardt, artista dramática francesa sobreviviente de la belle époque y muerta en 1923, y Rodolfo Valentino, un actor de cine de origen italo-norteamericano muerto prematuramente en 1926. Todos estos personajes aparecen destacados en la prensa colombiana de entonces.

Finalmente, en lo político los años veinte son la resonancia inmediata de dos revoluciones: la soviética y la mexicana. La cuestión obrera, la lucha sindical y la huelga general son fenómenos mundiales de aquel decenio. El largo quinquenio comprendido entre 1919 y 1926 es testigo de enormes levantamientos obreros y de huelgas masivas en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. El socialismo, el anarquismo y el comunismo surgen como fantasmas que amenazan la estabilidad burguesa, que reacciona con ferocidad y astucia al riesgo inminente. En Argentina gobierna el llamado Partido Radical (ambiguo representante de las clases medias) de Marcelo Alvear e Hipólito Yrigoyen. En Chile el populista Arturo Alessandri ocupa el poder hasta 1925, cuando es reemplazado por el coronel Carlos Ibáñez, que promovió las garantías laborales de la clase obrera y prometió elecciones limpias. Brasil es azotado por las revueltas militares de los tenentes, quienes convocan el apoyo campesino y obrero, aunque no siempre con éxito. Brilló entre ellos el capitán Luis Carlos Prestes, cabecilla de la famosa Columna Prestes, nombre de una épica marcha campesina de 1.400 kilómetros en 1924. En México —ya lo vimos— es la década de Plutarco Elías Calles, fase ostensiblemente anticlerical de la revolución mexicana. Y en Perú el decenio entero es presidido por Augusto Leguía, dictador de talante conservador y gobierno represivo, uno de cuyos damnificados fue el político del APRA Raúl Haya de la Torre, quien vivió años exiliado en la embajada de Colombia en Lima.

La prensa, los diarios y las secciones culturales de las revistas populares colombianas (como Cromos y El Gráfico) informan, comentan y divagan en torno a estos hechos, ambientes y figuras. La moda, la introducción al modo de vida moderno, el impacto de los productos de consumo masivo y la política colombiana en general giran en torno a esos acontecimientos y procesos externos. Nunca los oídos del país se habían abierto tanto a las vibraciones del exterior. Pero, por supuesto, Colombia produce y experimenta su propia historia, y dentro de ella cabe resaltar algunos hechos que tendrían hacia el futuro una serie de repercusiones notables.

En 1922, por ejemplo, Pedro Nel Ospina inició la presidencia más productiva —económica y socialmente hablando— del siglo XX, comparable al avance político ocurrido bajo López Pumarejo entre 1934 y 1938. Sus logros fueron entre otros la apertura de Colombia al mundo (y en especial a los Estados Unidos), la gran afluencia de dinero en relación con el pasado reciente y lejano, el gran auge de la urbanización y la adecuación político-administrativa del Estado (creación de una banca central, el Banco de la República (1923) —por sugerencia de E. Kemmerer aquí como en muchos países de América Latina—, establecimiento de la Federación Nacional de Cafeteros (1927) al lado de reformas «instruccionista», penal, militar, fiscal, laboral, etc.). El cuatrienio siguiente, el de Abadía Méndez, recogió la herencia de Ospina pero entró en barrena económica en 1929, por la Depresión Mundial, y en barrena política por el desgaste de una maquinaria que trabajó a más capacidad de la que estaba hecha para soportar. Un accidente inesperado precipitó el colapso: monseñor Bernardo Herrera Restrepo, quien por tres décadas había decidido el destino político del país, murió en 1928, y su sucesor, monseñor Ismael Perdomo, sembró la confusión en el partido de gobierno al respaldar oscilantemente a uno y otro de los dos candidatos conservadores, el poeta Guillermo Valencia y el general Alfredo Vásquez Cobo, lo que permitió que el partido liberal, por primera vez en casi medio siglo, ganara las elecciones de 1930.

A lo anterior habría que añadir la agitación laboral en los enclaves extranjeros de la Tropical Oil Company (la «Troco») y de la United Fruit Company (la «Yunái»), agitación que se complementó con varias huelgas en los puertos, en los ferrocarriles y en las industrias de las grandes ciudades. Las huelgas suscitaron una ola de represión gubernamental que culminó en diciembre de 1928 con la «masacre de las bananeras», inmortalizada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, y con el asesinato del estudiante Bravo Páez en las jornadas de protesta del 8 y 9 de junio de 1929 en Bogotá. El régimen conservador de Abadía Méndez implementó entonces el primer «estatuto de seguridad» del siglo XX colombiano —la ley 69 de 1928, también conocida como «ley heroica»—, pero la militancia obrera socialista, anarquista y comunista había llegado para quedarse y, unida al creciente despertar de las invasiones campesinas del occidente de Cundinamarca y del norte del Tolima, determinaría en no pequeña escala las reformas liberales de la década siguiente.

Y una palabra, para finalizar, sobre los procesos culturales de la época. En el tercer decenio del siglo XX confluyen la llamada Generación del Centenario, a la que se atribuye la caída de Reyes en 1909 y acaso la semilla del desplome de la hegemonía conservadora, y la llamada Generación de los Nuevos, representantes de la primera intelectualidad moderna del país. En la primera de tales generaciones Luis Eduardo Nieto Caballero, quien acuñó el nombre, sitúa a los ex presidentes Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo —y al conservador Laureano Gómez—, pero a la lista habría que agregar figuras destacadas de la cultura como el propio Luis Eduardo y su hermano Agustín Nieto Caballero. Luis Eduardo, quien escribía con el seudónimo de Lenc, produjo un periodismo en cuyas páginas discurre una riquísima historia del país en los decenios iniciales del siglo XX, y Agustín, fundador del Gimnasio Moderno de Bogotá, desempeñó un papel determinante como introductor de las ideas acerca de la «escuela nueva» y de la «escuela activa». Completan el cuadro Luis López de Mesa (protosociólogo colombiano), Armando Solano (cronista de tersa prosa) y hombres de letras como Porfirio Barba Jacob (de quien ya tratamos), Luis Carlos López (el más alto ironista de la poesía colombiana) y José Eustasio Rivera, el gran poeta de Tierra de promisión y el autor de La vorágine (1924), la segunda novela colombiana de impacto continental después de María (1867), de Jorge Isaacs. La Generación de los Nuevos se distancia del costumbrismo, del modernismo rubendariano y del parroquialismo inveterado. Una figura emblemática de este grupo es el poeta León de Greiff, quien, si es cierto que la poesía se confunde con la música, resultó un muy «alto cantor» de la poética nacional. Como él mismo decía con su sarcasmo subversivo: «Alto cantor, aunque bajo cantante». Un grupo de neoconservadores inspirados por la derecha monarquista francesa que se llamaron los Leopardos (Silvio Villegas y José Camacho Carreño entre ellos) enriquecieron la paleta cromática de la novedad no siempre discernible entonces del esnobismo. Pero todo fuera por la euforia de los inspirados e inquietos años veinte.

CONCLUSIÓN

En el período que hemos estudiado —1886-1930—, es posible detectar tres grandes tendencias dinámicas en la evolución del país y una esclerosis de efectos deletéreos en el organismo de la nacionalidad. Del último cuarto del siglo XIX al primer cuarto del siglo XX Colombia sufre tres desplazamientos: uno de adentro hacia fuera; otro de Europa a los Estados Unidos; y el tercero, relacionado con los polos de su desarrollo económico, de la mitad oriental del país a la mitad occidental del mismo.

El primer movimiento se refiere a esa tendencia que hemos ilustrado como constitutiva del tercer decenio: la apertura hacia el resto del mundo, la inserción de la economía colombiana en el capitalismo mundial, el interés por ciertas formas importantes de la modernidad. El segundo movimiento describe el cambio de órbita imperial que el mundo entero comenzó a experimentar a partir de la primera posguerra, cuando Inglaterra y Francia abdicaron su prelación, como centros de influencia y de poder, a favor de los Estados Unidos. Latinoamérica, dada su condición de «patio trasero» de los Estados Unidos, fue el primer objetivo de ese desplazamiento geopolítico. El tercer tropismo consiste en que al menos desde el siglo XVIII, el oriente de Colombia acusaba mayor dinamismo económico y político que el occidente. Los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá y los Llanos Orientales fueron los escenarios de las revoluciones independentistas —incluida la de los Comuneros—, así como de una próspera artesanía (Santander) y de agricultura en expansión: el café de las haciendas, el tabaco de Ambalema y aun productos de la selva (caucho, por ejemplo, aunque el eje vire en este caso algo hacia el sur). Poco a poco, sin embargo, y sobre todo a raíz de la colonización antioqueña y de la progresiva prestancia de Antioquia y Medellín, el polo de desarrollo del país se desplazó hacia el occidente, abarcando la emergencia del pacífico suroccidental alrededor de Cali y de Buenaventura. Barranquilla, activa desde 1870, se ubicó en el centro de gravedad, pero su desarrollo relegó al olvido a la oriental Santa Marta.

Naturalmente, no se trata de particiones absolutas, pues el oro de la Colonia estuvo siempre en occidente (Antioquia), y Cartagena, que, como la cantara el Tuerto López, fue durante «los tiempos de la cruz y de la espada, / del ahumado candil y las pajuelas» un centro comercial y militar de notable importancia. No obstante, y más allá de estas precisiones, el desplazamiento al occidente (una suerte de «precesión equinoccial» nacional) es una realidad de la primera mitad del siglo XX.

La grave esclerosis que advertimos procede de la coja modernidad, impedida por los procesos de intolerancia que este capítulo de nuestra historia ha tratado con algún detenimiento, y de donde deriva nuestra violencia. Cómo hicimos el tránsito, en rigurosa procesión, de una violencia a otra —desde la violencia partidista hasta la mafiosa y paramilitar, pasando por la guerrillera y sin olvidar la violencia común que recorre los intersticios del tejido social—, es algo que convendrá esclarecer en otra oportunidad.

APÉNDICE

Tasas e índices relativos al período

Tasa de crecimiento PIB

Tasas de crecimiento exportaciones PIB

Tasa de crecimiento manufacturero

Tasa de inflación

Valor y volumen de las exportaciones

Tasa de analfabetismo

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CAPÍTULO VI
LA MODERNIZACIÓN Y LAS VIOLENCIAS
 (1930-1957)

AMPARO MURILLO POSADA

INTRODUCCIÓN

Como lo han señalado diversos autores, hacia 1880 se inició en América Latina un período de modernización apoyado en una economía exportadora e importadora, en la difusión de la ideología del progreso y en la continuidad del régimen social y político tradicional. Como resultado de este proceso se registró hasta 1930 un notable crecimiento económico a favor de las élites, compuestas por terratenientes, grandes comerciantes y la naciente burguesía industrial, que tenían libertad para orientar sus negocios y el pleno control de la política de sus respectivos países. Fue un desarrollo «hacia fuera» sometido a los vaivenes del mercado internacional, que determinaba los ciclos de expansión y contracción, y esta dependencia resultó más evidente durante la Primera y Segunda guerras mundiales y durante la crisis de la economía capitalista que se desató en 1929 con la quiebra de la bolsa de Nueva York.

Debido a los efectos negativos de la crisis del 29, las élites latinoamericanas se alejaron de los postulados del laissez-faire, ese modelo liberal que significó la ausencia de restricciones estatales a las empresas y negocios del sector privado, e impulsaron un modelo de desarrollo «hacia adentro», ampliando la intervención del Estado para promover el mercado interno y proteger la incipiente industria nacional. Desde entonces, los países latinoamericanos entraron en una nueva época que transformó sus economías, sus relaciones sociales y políticas y sus culturas, y que se extendió, en términos generales, hasta 1960. En esta segunda etapa modernizadora se aceleraron los procesos de industrialización y urbanización y se amplió la organización de los campesinos, los obreros y los sectores medios, nuevos actores sociales que cuestionaron el poder de unas élites que, además de someterlos a precarias condiciones de existencia, impedían su participación política. En Argentina, Brasil, México, por ejemplo, a través de figuras tan representativas como Juan Domingo Perón, Getulio Vargas y Lázaro Cárdenas, los cambios económicos y sociales hicieron posible el surgimiento de partidos nuevos, nacionalistas y populistas, que llegaron al gobierno y, en algunos casos, lograron resquebrajar considerablemente el exclusivo poder de los grupos oligárquicos tradicionales. Durante el período citado, por otra parte, los Estados Unidos desplazaron la influencia de los países europeos en el continente americano e intensificaron sus incursiones expansionistas, llevando a las naciones del área a seguir su visión económica y su estilo de vida. El «interamericanismo» de principios de los años treinta, la «buena vecindad» del presidente Roosevelt y, posteriormente, la doctrina de la «seguridad nacional» fueron los argumentos estadounidenses para enfilar a Latinoamérica contra el fascismo europeo primero y, después de la Segunda Guerra Mundial, contra el comunismo, incentivando las tensiones de la Guerra Fría.

En el caso de Colombia, esta época se ha periodizado teniendo en cuenta la alternancia de los partidos liberal y conservador en el poder. Un primer período, llamado por consenso República Liberal, va de 1930 a 1946. En el segundo, los conservadores gobiernan desde 1946 hasta 1953, y en él tiene lugar el comienzo del fenómeno de la Violencia, con mayúscula, que desde entonces no ha dejado de caracterizar al país. En 1953 se inicia la gestión político-militar del general Gustavo Rojas Pinilla, que tuvo también características conservadoras y que los historiadores visualizan como un tercer momento, que se prolonga hasta 1957. Durante estos tres períodos, los dirigentes nacionales de ambos partidos y las oligarquías regionales y locales se trenzaron en pugnas internas y los conflictos sociales fueron encubiertos por la lucha bipartidista. En 1957, aunque la violencia continuó, terminó la confrontación armada entre liberales y conservadores. Las élites firmaron un pacto de convivencia y comenzó entonces el período del llamado Frente Nacional.

La economía de Colombia alcanzó cierta prosperidad en la agricultura cafetera y en la industria. Se ampliaron las vías de comunicación y las redes de servicios públicos, especialmente en las ciudades. Crecieron las inversiones del capital extranjero en diferentes campos, en particular en la explotación petrolera. Simultáneamente, la sociedad se volvió más compleja; aumentó la población y se diversificaron aún más los grupos en que estaba dividida, construyendo nuevas formas de interrelación. Las migraciones campesinas hacia algunas ciudades aceleraron su crecimiento urbano y estas, como centros del poder y de la riqueza, fueron los escenarios donde fluyó una nueva cultura a tono con el movimiento de ideas y mercancías. Los centros urbanos, entonces, dejaron poco a poco su aire parroquial para convertirse en aglomeraciones relativamente complejas donde circulaban nuevos grupos sociales que aspiraban al reconocimiento y al ascenso. Estos nuevos sectores, en los que sobresalían los obreros y las capas medias, eran más dinámicos y abiertos y, por supuesto, menos apegados a la tradición. Mientras tanto, los que componían las exclusivas y poderosas élites sostuvieron unos, en pleno siglo XX, la supervivencia del imaginario aristocrático, y otros, la defensa del ideal burgués, entusiasmados por el éxito de sus empresas y finanzas.

Esta complejidad social se advirtió también en las zonas rurales donde, dedicada a las labores agrarias y mineras, se concentraba la mayor parte de la población. Sin embargo, en contraste con las ciudades, los ambientes rurales y pueblerinos soportaban una vida más austera, lenta y estrechamente controlada por los clérigos. La sociedad rural era más cerrada debido al dominio social y político que ejercían los hacendados tradicionales, y estos últimos, que buscaban ampliar sus propiedades y disponer de fuerza de trabajo barata y abundante, entraron en conflicto con los campesinos que aspiraban a ser propietarios independientes. La lucha social por la tierra en la década de 1930, en efecto, puede ser vista como el telón de fondo del tímido intento de reforma agraria que adelantó el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938).

De 1930 a 1957, lo rural y lo urbano se ligaron más a causa de los procesos de industrialización y urbanización. No obstante, la integración sucedió sólo en aquellas regiones donde se hallaban localizados los centros de poder político y donde se realizaban las principales actividades económicas. Durante esta época continuó el ordenamiento socioespacial que diferenciaba a una sociedad central, altamente cohesionada, de aquella situada en territorios poco poblados, con escasa cohesión social y precaria articulación a la nación y, en consecuencia, a las acciones públicas del Estado. Lo anterior sería caldo de cultivo para nuevos conflictos, dinamizados después de 1960, que ahondaron la brecha entre ambas sociedades.

UN BALANCE SOBRE LA MODERNIZACIÓN COLOMBIANA

Durante el período cubierto por este capítulo tuvieron lugar acontecimientos económicos y socioculturales que retocaron la vieja fachada del país y permitieron a sus gentes respirar nuevos aires. Continuó, sin embargo, la presencia de lo tradicional, herencia de los tiempos coloniales y del siglo XIX, y la renovación sólo se dio en una parte del territorio. No todas las regiones, efectivamente, subieron al tren del progreso. Algunas se quedaron aisladas de las redes del mercado, viviendo en condiciones de pobreza y desconociendo lo que sucedía más allá del paisaje que las rodeaba. Para entonces, hasta ellas no llegaba el poder de los partidos políticos, ni sentían la presencia del Estado y de la Iglesia. Por estar situadas en los vastos espacios periféricos de la Amazonia, los Llanos Orientales, las selvas del Pacífico, el sur de la Costa Atlántica, el Urabá y el Magdalena Medio, no gozaban de los privilegios que ostentaban las sociedades centrales y eran la frontera, lo desconocido; percibidas como expresión de lo «salvaje», eran lo contrario al ideal de civilización, o «el revés de la nación».[1] Después de 1950 se incorporarían poco a poco al escenario de los sucesos nacionales, pero no por la puerta que les abriera la modernización, sino por la del poblamiento espontáneo de miles de colonos que huían de los conflictos que sacudían el interior del país.

Rezagadas del proceso modernizador quedaron también otras regiones, como las del Caribe colombiano. A pesar de ser el río Magdalena, hasta la década de 1940, la principal ruta comercial hacia el exterior, no existían vías de comunicación que permitieran el desarrollo de su entorno territorial. La modernización llevada a cabo durante estos años privilegió, por lo tanto, el mundo andino, sitial de una economía agraria de producción cafetera orientada al mercado externo, y dentro del mundo andino no todos los grupos sociales se beneficiaron de ella en la misma medida, ya que los proyectos de las élites agroexportadoras no se propusieron la distribución de la tierra, ni del ingreso entre los más necesitados. Los pobladores del campo sin tierra, sin trabajo, o desplazados por diversas violencias migraron hacia las ciudades más prósperas, pero allí no todos ellos encontraron oportunidades y pronto aparecieron el desempleo, la mendicidad, la delincuencia, la prostitución y los barrios marginales, al tiempo que los trabajadores urbanos y rurales sentían que el sistema económico y político estaba en deuda con su bienestar social y, en señal de protesta y demanda, empezaron a movilizarse, de manera espontánea unas veces y otras bajo la influencia de organizaciones sindicales. El surgimiento de este inconformismo hizo que las élites reeditaran su histórico miedo al pueblo y, para responder a los retos sociales que implicaba la modernización económica, trataron de asimilarlo políticamente, «desde arriba», mediante las prácticas clientelistas y sectarias de los dos partidos tradicionales.

Muchos estudiosos de esta etapa de la historia nacional sostienen que el conjunto de reformas económicas, políticas y sociales que se implementó durante aquellos años no significó el desarrollo de una sociedad moderna porque no logró una democratización más plena y, en su lugar, se incrementó un estilo autoritario de gobierno, sobre todo a partir de 1950. Añaden que la educación y la cultura laicas tuvieron pocos alcances y continuó predominando una visión sacralizada del mundo que se apoyaba en el repertorio educativo y cultural de la Iglesia católica, y concluyen que el modelo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado impidió a este liberarse de las permanentes interferencias eclesiásticas. Si a los factores anteriores se agrega el analfabetismo de buena parte de la población, la ausencia de las mujeres en los escenarios políticos, el desconocimiento de las diferencias étnicas y la continuidad de las formas semiserviles del trabajo rural, resulta apenas lícito afirmar que entre 1930 y 1957 no existió en Colombia, en términos estrictos, una auténtica modernidad.

LA ECONOMÍA

La producción cafetera aseguró al país la continuidad de su vinculación al mercado mundial durante todo el siglo XX y se convirtió en una importante fuente de trabajo, de acumulación de capital y de poder político. El café era el único producto de exportación que estaba en manos de propietarios colombianos exclusivamente, ya que los otros bienes primarios eran explotados por empresas extranjeras. En este sentido es posible decir que la economía de Colombia giraba alrededor del monocultivo del café, así como le sucedía a Venezuela con el petróleo y a Ecuador con el cacao. Entre 1930 y 1957 el sector cafetero duplicó las áreas cultivadas y representó el 72% de las exportaciones del país entre 1945 y 1949,[2] y esta condición sometió a toda la economía a una dependencia aún mayor de los fluctuantes precios internacionales del grano. Por otra parte, la expansión y consolidación de la economía cafetera de pequeña y mediana propiedad contribuyó a la creación de un mercado interno de cierta envergadura, lo que incentivó la producción manufacturera pero veló la necesidad de redistribuir las tierras en toda la geografía nacional.

Otros asuntos importantes del período fueron la forma como se enfrentó la crisis mundial del capitalismo durante la década de 1930, el mejoramiento de las condiciones de la producción agraria y la consolidación de la industria como sector dinámico de la economía. Para lograr los objetivos propuestos se amplió la incidencia del Estado en el terreno económico, en algunos casos por vocación y en otros —en coyunturas externas que así lo demandaron— por los requerimientos mismos que implicaba la creación de nuevas plantas manufactureras. Cumpliendo una modesta función intervencionista y protectora, sin modificar la estructura productiva del país, el Estado suplió las deficiencias de la acumulación privada, incapaz de asumir los riesgos de incursionar en nuevas esferas productivas, y patrocinó con créditos blandos y facilidades tributarias el surgimiento de la petroquímica, la siderurgia y los servicios de transporte. Algo similar sucedió en las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado se vio obligado a actuar como productor directo a causa del cierre de las importaciones de bienes básicos. Aunque limitada, su participación fue importante para el desarrollo del país durante la primera mitad del siglo XX, cuando se logró un crecimiento de la agricultura, la industria y los servicios, y el estímulo de sus medidas económicas permitió afrontar las consecuencias de la crisis económica mundial de 1929, que deterioró el intercambio comercial e impactó a los sectores financiero y bursátil, vinculados a la exportación de materias primas y alimentos.

Durante aquellos años críticos, el aparato productivo colombiano debió afrontar los efectos de la reducción de la demanda de café, la caída de sus precios en el mercado internacional y la merma de los ingresos fiscales provenientes de los impuestos a las exportaciones. También afrontó la interrupción de los préstamos extranjeros, obligando al Estado a suspender la construcción de obras públicas. Las importaciones se redujeron, así como las posibilidades de adquirir créditos internos. Al igual que en los Estados Unidos, en Europa y en otras naciones latinoamericanas, el aumento del desempleo generó numerosas movilizaciones de protesta urbana, y en el campo, a causa del incremento de la pobreza y de la expropiación de tierras, tuvieron lugar nuevas luchas campesinas. Sin embargo, a diferencia de Cuba, El Salvador, México y Chile, donde sus efectos se prolongaron hasta 1937, la crisis mundial se sintió en Colombia de manera mucho más benigna, si así puede decirse, y ello obedeció, según el historiador Marco Palacios, al hecho de que el país pudo sostener la producción de café sin elevar los costos de su mano de obra, ya que buena parte del cultivo y del procesamiento del grano estaba en manos de pequeños y medianos propietarios que utilizaban el trabajo familiar, por naturaleza no remunerado y dedicado a otros cultivos de pan coger que les permitió soportar la crisis. De esta manera fue posible incrementar la oferta, a pesar de los bajos precios internacionales, y mantener un cierto dinamismo de la economía agraria, que en 1930 representaba el 71% del producto interno bruto.[3]

A propósito de la economía agraria, es posible identificar dos grandes etapas de su desarrollo durante el período. La primera va de 1930 a 1945, cuando las políticas de los gobiernos liberales estuvieron orientadas a intensificar la producción cafetera y a modernizar el campo por medio de la diversificación de los cultivos, la concesión de créditos internos, las inversiones públicas y la introducción de nuevas técnicas. En 1944, no obstante, el atraso consuetudinario de las prácticas agrícolas no se había alterado en forma sustancial, motivo por el cual el crecimiento del sector siguió siendo lento y en todo caso insuficiente para satisfacer la demanda de alimentos y materias primas. Adicionalmente, las expectativas creadas durante la primera presidencia de López Pumarejo por la Ley 200 de 1936, que había prometido adelantar una reforma agraria en beneficio de los campesinos sin tierra, resultaron frustradas, lo que no impidió que los grandes propietarios continuaran mostrándose renuentes a la inversión de capitales en la agricultura. En consecuencia, durante toda la época cubierta por este capítulo, y sobre todo en los años de la Segunda Guerra Mundial, el país se vio abocado a realizar importaciones de azúcar, algodón, cacao, arroz y otros componentes básicos de la dieta alimenticia de los colombianos.

La segunda etapa del desarrollo agrario del período va de 1945 a 1957. En ella se advierte un crecimiento de la agricultura comercial basada en la concentración de la propiedad rural y en el fomento de la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Se aceleró, asimismo, la difusión de conocimientos tecnológicos y la introducción de maquinaria, herramientas, abonos, fungicidas y semillas mejoradas, lo que fortaleció los cultivos de cebada y otros cereales en las tierras altas y, en aquellas zonas planas y fértiles que antes estaban dedicadas a la ganadería, se facilitaron las siembras extensivas de algodón, caña, cacao y ajonjolí. La agricultura productora de alimentos como el maíz y la papa, localizada en las laderas de las montañas, registraba, por el contrario, una bajísima productividad, y a partir de entonces se amplió todavía más la brecha entre una agricultura comercial de materias primas para la industria y una agricultura tradicional dedicada al cultivo de alimentos para el consumo de la población, una brecha que aún hoy persiste.

La agricultura comercial, cabe anotarlo, se hallaba especializada por regiones. En la región del Caribe, por ejemplo, se expandió el cultivo del algodón desde el departamento del Atlántico hacia Magdalena, las sabanas aledañas a Valledupar y valle del río Sinú. Su producción se vio estimulada por el crecimiento de las industrias textiles, que hacia 1950 consumían cerca de la mitad del algodón cultivado en Colombia, y en departamentos como el Valle del Cauca, tradicionalmente ganadero, la caña de azúcar comenzó a producirse en gran escala, hasta el punto de llegar a cubrir cerca del 80% de las necesidades nacionales. Otros proyectos agroindustriales asociados al fomento de una agricultura comercial tuvieron lugar desde 1950 en los valles de los departamentos del Magdalena, Valle, Huila y Tolima, y muchos de ellos aún persisten.

Sin embargo, daríamos una visión recortada de la economía colombiana del período si no habláramos de los enclaves del banano, el oro y el petróleo, explotados casi todos por empresas extranjeras que, según el historiador Luis Ospina Vásquez, ejercían un control estricto sobre la producción y comercialización de mercancías en sus respectivos territorios, dentro de los cuales el Estado colombiano tenía escasas, por no decir nulas, posibilidades de regulación. El banano era producido al norte del departamento del Magdalena por la United Fruit Company, que comenzó su retirada de la zona en 1946 y la abandonó definitivamente en 1960. Las minas de oro en manos foráneas se hallaban localizadas en las tradicionales regiones auríferas de Antioquia y, en especial, en Segovia y Zaragoza. Las concesiones para la explotación petrolera en el valle del río Magdalena fueron otorgadas por el Estado a compañías estadounidenses, holandesas e inglesas, y entre ellas se hizo célebre la Tropical Oil Company, instalada en el puerto de Barrancabermeja, a cuya sombra nació un sindicalismo que desde aquel entonces se distinguió por su beligerancia, liderazgo y resistencia y al que en buena parte, gracias a la fortaleza con que defendió los intereses nacionales, se debe la creación de Ecopetrol en 1951.

Resulta indispensable agregar, finalmente, que el desenvolvimiento económico del país, y ante todo de su industria, en los años comprendidos entre 1930 y 1957 se dificultó de manera muy notoria por la ausencia de una verdadera infraestructura de vías de comunicación y medios de transporte. Las rutas de exportación del café que se habían construido desde el último tercio del siglo XIX eran casi siempre caminos de arriería que conectaban las zonas de cultivo con el río Magdalena, donde el grano se embarcaba en planchones que lo llevaban hasta Barranquilla, el principal puerto de Colombia en ese entonces. Durante las primeras décadas del siglo XX se invirtieron cantidades muy considerables de recursos públicos en la construcción de carreteras y ferrocarriles orientados a facilitar los flujos del mercado externo; pero en 1930, cuando se inició el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, más de la mitad del territorio nacional estaba aún clasificada como «zona de difícil acceso». La geografía montañosa del país, que encarecía el trazado de las vías y el tendido de las carrileras, sirvió para explicar la precaria integración de sus regiones, aunque no por ello debemos olvidar que la relación de las sociedades con su geografía y su medio ambiente pasa por decisiones de poder y que, en tal sentido, las desigualdades en la infraestructura del transporte calcaban el mapa de la concentración de la riqueza y del dominio político.

Hasta 1930, la construcción de vías férreas y carreteras fue financiada con capital extranjero, principalmente de Estados Unidos. Con la recesión económica mundial que se extendió después del crack de 1929 se redujo la afluencia de inversiones foráneas, pero superados los efectos de la crisis se construyeron con dineros públicos casi 13.000 kilómetros de carreteras nacionales y departamentales que conectaron las ciudades del centro del país, ante todo, y de algunas zonas costeras. Se concluyeron importantes tramos férreos entre las áreas de producción cafetera y los puertos-estación a orillas del río Magdalena, y se iniciaron los trabajos de dragado en Bocas de Ceniza y en el terminal marítimo de Barranquilla, lo que explica en parte el hecho de que el poblamiento más intensivo en Colombia continuara en las áreas andina y del Caribe, los dos grandes bloques socioespaciales y políticos del país. Sin embargo, la inexistencia de caminos entre ambas macrorregiones ilustra el precario avance de los esfuerzos estatales en este rubro. La modernización de la región Caribe se relacionó con la navegación por el río Magdalena, que hasta 1945 fue la principal vía del comercio colombiano y el elemento integrador por excelencia entre el mundo caribeño y el andino. La construcción del Canal de Panamá influyó en la apertura de nuevas rutas para el tráfico internacional de mercancías, y la red ferroviaria de la región centro-occidental fue conectada en 1930 con el Ferrocarril del Pacífico. En consecuencia, Buenaventura desplazó a Barranquilla como puerto principal del país, y el río Magdalena fue perdiendo poco a poco la preponderancia económica y de integración nacional que había tenido en años anteriores.

La salida al Pacífico, en otras palabras, dio un giro a la orientación geográfica del transporte colombiano, pues de un eje norte-sur se pasó a otro en dirección oriente-occidente, un cambio que mermó el crecimiento económico del Caribe y lo rezagó de las dinámicas modernizadoras que ocurrían en el centro del país. Para 1950 sólo trochas y caminos carreteables recorrían las sabanas interiores de la Costa Atlántica y todavía no existía una troncal que comunicara a Cartagena con Barranquilla, por ejemplo, ni a Santa Marta con Riohacha, y menos aún a cualquiera de estas tres ciudades con el interior andino. La construcción del Ferrocarril del Atlántico, iniciada en 1950 y terminada en 1961, trató de llenar el vacío, pero no es equivocado concluir que entre 1930 y 1957 el mundo caribeño continuó su aislamiento del «centro» nacional, lo que tendría consecuencias significativas sobre el desarrollo posterior de su industria y de su agricultura.

El proceso de industrialización avanzó durante el período en medio del debate entre librecambistas y proteccionistas, aunque el pragmatismo llevó a los distintos gobiernos de la época a optar por la protección de las actividades fabriles que prometían consolidarse en diferentes departamentos. De las 4.467 empresas fabriles que en 1939 había en el país, 2.805 eran nuevas, creadas entre 1930 y 1939 bajo el modelo de sustitución de importaciones, que significó el reemplazo de las manufacturas extranjeras por las nacionales.[4] Esta manufactura local, apoyada por el Estado mediante múltiples incentivos tributarios y crediticios, fue capaz de responder a la demanda interna en expansión. Se trataba, en su mayoría, de empresas relativamente pequeñas y de capital nacional que producían bienes de consumo inmediato y alimentos procesados: desde tabaco, bebidas y velas hasta fósforos, jabones, textiles y artículos de cuero. La industria textil, con mayor presencia en Medellín, se desarrolló de manera sorprendente, y después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1958, mientras la demanda externa estimulaba el sector agroexportador, ocurrió la segunda fase del proceso de industrialización y se hizo más explícita la política de sustituir importaciones. Las fábricas crecieron y se diversificaron al calor de demanda, de la mayor inversión de recursos provenientes de la caficultura y de la intervención del capital extranjero. Se aplicaron nuevos y complejos procesos productivos, de superiores exigencias técnicas en el ramo de los bienes intermedios —químicos, metalmecánicos, plásticos, papel y llantas, entre otros—, y la actividad industrial se asoció a las nuevas orientaciones desarrollistas promovidas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada por la ONU en 1948. Para esa misma fecha, los empresarios ya se habían organizado gremialmente alrededor de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI); el Estado se embarcaba en la creación de lo que más tarde se llamaría el Instituto de Fomento Industrial (IFI), buscando centralizar las políticas de apoyo, y la oferta de empleo en los establecimientos fabriles de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla atrajo a oleadas de inmigrantes que se «urbanizaban» en la medida que ingresaban a las filas de los trabajadores industriales.

LA SOCIEDAD

En 1900 Colombia contaba, aproximadamente, con 3.825.000 habitantes; treinta años después, la población se había duplicado, llegando a 7.300.000, y de 1930 en adelante, con las campañas de salud pública, el crecimiento demográfico aceleró su ritmo: 11.548.000 habitantes en 1951 y 17.500.000 en 1964. La mayoría de los colombianos —el 70% en 1940— vivía en las zonas rurales, y no sólo en términos geográficos sino económicos, y el 30% restante habitaba en espacios urbanos que eran poco más que pueblos grandes que servían de centros administrativos de una región agrícola determinada.[5] Este predominio de la sociedad rural continuó hasta 1960 y marca, en consecuencia, toda la historia del período.

Acerca del espacio geográfico habitado por los colombianos es importante resaltar que desde fines del siglo XIX, a raíz de la expansión del cultivo del café, la región centro-occidental del país fue la que más concentró los grupos habitacionales, desplazando en importancia al oriente andino, el tradicional eje socioespacial que alojó al mayor número de habitantes durante todos los siglos anteriores, incluidos los de la época precolombina. Para 1940, la economía cafetera y la industrialización determinaron que este cambio de ejes fuera definitivo, poblándose ampliamente la región andina que comprende los actuales departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Cundinamarca y Valle. En este espacio interior se trazó una malla de pueblos y ciudades intermedias en torno a Bogotá, Cali y Medellín, llamada por algunos «el triángulo de oro», al tiempo que los pobladores del histórico eje oriental, formado por Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila y sur del Tolima, salían expulsados de su ámbito económico y geográfico a causa de la pobreza y las violencias. En su mayoría, migraron en calidad de colonos hacia territorios de frontera como los Llanos, Caquetá, Putumayo y el Magdalena Medio, y fueron estos campesinos los principales actores de una nueva fase de colonización que comenzó a finales de los años veinte y se prolongó hasta bien entrada la década de 1950.

Examinar la sociedad colombiana del período permite considerar los grupos sociales que lideraron nuevas formas de movilización y que introdujeron nuevas prácticas culturales y políticas, pese a la reacción de las clases dirigentes tradicionales y al analfabetismo reinante, que en 1930 era del 63% y que significaba un obstáculo en muchas ocasiones insalvable para la circulación de nuevas ideas. En el contexto modernizador del siglo XX, los campesinos, los obreros y las mujeres emergieron con conciencia de sus identidades colectivas y llegaron a plantear propuestas audaces de incorporación a la vida ciudadana. El derecho a la tierra para quien la trabaja, la legislación de las garantías laborales y sociales y el reconocimiento a la participación de la mujer en la política a través del voto, fueron demandas de sujetos subalternos para ampliar y fortalecer la democracia en contravía de los intereses privados, que insistían en la república elitista y debilitaban la regulación estatal en la negociación de conflictos.

El crecimiento urbano y el sindicalismo

El proceso de urbanización, asociado al avance de la economía capitalista, fue uno de los cambios más significativos que vivió la sociedad colombiana de la época. Sin embargo, su impacto resultó moderado si lo comparamos con el que tuvo en otros países más ricos de América Latina como Argentina, México y Brasil. En 1938, la población de las principales ciudades estaba distribuida así: Bogotá contaba con 325.000 habitantes, Barranquilla y Medellín apenas llegaban a los 100.000 y Cali, Cartagena y Manizales no pasaban de los 50.000. Trece años después, en 1951, Bogotá había duplicado la cifra anterior, al igual que Cartagena y Manizales, y Medellín, Cali y Barranquilla ascendían a 328.000, 241.000 y 276.000 pobladores, respectivamente.[7] Uno de los grupos sociales con mayor incidencia en el crecimiento urbano fue el sector de las clases medias, conformado por artesanos, pequeños negociantes, dueños de almacenes y talleres, funcionarios públicos, oficinistas de empresas privadas y profesionales independientes del derecho, la ingeniería y la medicina, entre otros campos. Todos ellos se ampliaron y diversificaron en la medida en que la industria, el comercio y las finanzas demandaban personal calificado en diferentes áreas, y según el censo de 1951 constituían casi un 45% de la población, entre trabajadores independientes y empleados, mientras los obreros representaban un 31% de los colombianos.[8]

La mayoría de los integrantes de las capas medias engrosaron las clientelas de los dos partidos tradicionales, y esta adhesión política contrasta con la fuerza que ellas adquirieron en Argentina, México y Chile, donde desde principios del siglo XX lograron definirse como un sector consciente de la necesidad de ampliar la democracia para garantizar su participación política. Fue así como nacieron la Unión Cívica Radical en Argentina, el Partido Anti-reeleccionista —luego Partido Constitucional— en México y el Partido Radical en Chile. En los tres países señalados, además, estos partidos se aliaron en no pocas ocasiones con el movimiento obrero; en el caso específico de Colombia, donde la clase media sólo logró su autonomía política más tarde, algunos pocos de sus representantes contribuyeron a la difusión de las ideas socialistas entre los trabajadores y los animaron a constituir sindicatos, a realizar huelgas y a defender sus intereses colectivos mediante la protesta pública.

Antes de 1930 existían leyes que, implementadas por la Oficina del Trabajo, consideraban las demandas laborales como problemas de orden público y no como conflictos sociales legítimos. Así lo entendió el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez cuando, en 1928, le dio a la huelga de la zona bananera una respuesta militar que conmocionó a la opinión pública y que animó a muchos dirigentes liberales, en particular a quienes se movían alrededor de López Pumarejo, a poner en marcha una serie de reformas tendientes a conciliar de una manera moderna y moderada las contradicciones entre asalariados y patronos. En efecto, entre 1930 y 1945, los gobiernos liberales interesados por atender la alarmante amenaza de la «cuestión social», promovieron ante el Parlamento diferentes leyes que respondían a las demandas más sentidas de los trabajadores y que hasta cierto punto permitieron regular los conflictos entre el capital y el trabajo. Según varios estudiosos de la época, estas leyes «reformistas» encuadraron a quienes vivían de un salario en relaciones más formales con el Estado y, al mismo tiempo, hicieron posible que este último ejerciera un control sobre las organizaciones y las luchas de los obreros, lo que frenó su independencia política.

Entre 1930 y 1957 el movimiento obrero se debatió entre el reconocimiento de su legitimidad, la adquisición de garantías y la represión de sus acciones colectivas. Todas estas situaciones obedecieron a que las tensiones laborales fueron encubiertas o politizadas por la contienda sectaria entre los dos partidos tradicionales. Los liberales, captando la inconformidad de los trabajadores para comprometerlos como una de sus bases de apoyo, redujeron su autonomía y su iniciativa, y los conservadores, desde 1946, los sometieron al control de su partido y de la Iglesia católica, disolviendo sus referentes de resistencia. La clase obrera fue perdiendo protagonismo social en la medida que la debilitaron las propias divisiones internas, la ideología anticomunista y el fracaso de algunas de sus luchas reivindicativas.

Para 1935 en el movimiento sindical no existía una efectiva unidad a nivel nacional. Los sindicatos de filiación política liberal conformaron la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), que apoyó el plan de reformas del presidente López Pumarejo. A ella y a López se adhirieron los comunistas, influidos por las estrategias internacionales de crear frentes populares para contener el avance del fascismo europeo. En 1939 cerca de 80.000 obreros, organizados en 224 sindicatos, se encontraban afiliados a la CTC. Algunos continuaron al margen de la institucionalización sindical y otros, agremiados en 73 organizaciones textileras y agrarias, estaban orientados por la Iglesia católica.

Aunque las reformas iniciadas por Olaya y López Pumarejo reconocieron el derecho de huelga, la jornada laboral de ocho horas, el descanso dominical, el pago de horas extras y no pocas prestaciones sociales, la relación entre los sindicatos y el Estado durante los años de la hegemonía liberal no supuso el abandono de la resistencia obrera. Por el contrario, en la década de 1940 los trabajadores del transporte, particularmente los braceros del río Magdalena, adelantaron numerosas huelgas en procura de estabilidad y de mejores salarios. También se manifestaron los petroleros y los textileros, cuyas protestas, sumadas a las anteriores, propiciaron recias críticas políticas al segundo gobierno de López Pumarejo y su alianza con la CTC. El partido liberal se dividió entonces entre un ala de izquierda, personificada en Jorge Eliécer Gaitán, y un ala moderada —o «realista», como la llamaban algunos—, dirigida por Eduardo Santos. La renuncia anticipada de López en 1944, cambió la situación del movimiento sindical, que en vez de conseguir el prometido arbitraje del gobierno obtuvo las respuestas represivas de este. Sobrevino entonces la liquidación de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Fluvial, Marítimo, Portuario y Aéreo, la famosa Fedenal, una de las organizaciones más importantes y combativas de la CTC, cuya desaparición fue el reflejo de la decadencia del transporte por el río Magdalena, y de la actitud intransigente de Alberto Lleras Camargo, quien había sucedido a López como designado. En lo político, este atropello laboral significó la ruptura de las relaciones entre el sindicalismo y el partido liberal, un partido que al igual que el conservador, en la época de la Guerra Fría —después de la Segunda Guerra Mundial—, reprimió las movilizaciones obreras en nombre de la lucha contra el comunismo.

A partir de 1946, por lo tanto, el sindicalismo colombiano se transformó. La CTC se vio obligada a coexistir con la recién creada Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, promovida por la Iglesia, el conservatismo y los empresarios antioqueños. La UTC acogió la doctrina social católica, declaró formalmente su apoliticismo y pacifismo, habló de su interés por la justicia social y el bienestar de los trabajadores y optó por una táctica que buscaba conciliar los intereses contrapuestos del salario y la ganancia sin acudir a la lucha de clases. Apoyada por el gobierno, sus bases sociales se ampliaron, adicionando grupos procedentes de la casi extinguida CTC, de modo que entre 1950 y 1957, durante los regímenes dictatoriales de Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla, la actividad sindical se limitó a la negociación económica de pliegos de peticiones y a la realización de congresos organizativos. No sólo tenía censura la prensa; también las protestas y las movilizaciones públicas. Fue un período que cerró con mano dura el proceso de asimilación de la clase obrera por parte de los dos partidos tradicionales. La actividad del movimiento sindical se redujo progresivamente; ahora sus luchas perseguían, ante todo, la supervivencia. Con el repliegue de las luchas obreras, la oposición social y política al régimen conservador se desplazó hacia el gaitanismo y luego hacia las zonas rurales, donde se formaron los primeros movimientos guerrilleros, unos de ellos fueron de filiación liberal, y otros de orientación comunista, llamados autodefensas campesinas.

La ciudadanía de las mujeres

En la década de 1930 las reformas modernizadoras emprendidas por los liberales —en su totalidad hombres— aprobaron leyes que autorizaron el título de bachiller a la mujer, garantizaron su ingreso a la universidad y le otorgaron el derecho a administrar sus bienes dentro del matrimonio. A estas leyes se opuso la mentalidad tradicional de los conservadores, que las consideraban lesivas para la moral y la estabilidad familiar. Cuando con el proyecto de reforma constitucional del gobierno de López Pumarejo (1936) circuló la idea de la ciudadanía femenina, no hubo consenso sobre su contenido. Muchas mujeres la acogieron como fuente de dignidad; algunas se opusieron, argumentando que contrariaba la autoridad divina y la tutela de sus maridos, y otras la entendieron como un camino de participación en la beneficencia pública. El sufragismo, sin embargo, no fue programa de un partido; fue logro de la organización de las mujeres, que sacó adelante este derecho con el apoyo y la alianza de distintas colectividades.

La Unión Femenina, fundada en 1944 por mujeres profesionales de ambos partidos políticos, y la Alianza Femenina, creada en 1945 por simpatizantes y militantes del socialismo que crearon filiales en diversas poblaciones, pasarían a la historia como las mayores organizaciones desde las cuales las mujeres lucharon por sus derechos civiles en aquella época. Plurales ideológica y socialmente, convocaron a la unidad de todas las mujeres colombianas, invitándolas a luchar por el derecho al voto como un acto de justicia social, y reclamaron la aplicación del principio universal de la igualdad de salarios. La revista Agitación Femenina se constituyó en su medio de difusión por excelencia. Circuló en varias partes del país con el respaldo del Partido Socialista Democrático y del gaitanismo, que ya empezaba a convertirse en una fuerza política arrolladora, pero sus planteamientos pasaron desapercibidos para la mayoría de los congresistas conservadores y liberales, que insistían en que los derechos civiles estaban reservados a los hombres. Para los primeros, la vida pública de la mujer era una amenaza para la estabilidad familiar; y para los segundos, temerosos de que la influencia de la Iglesia católica sobre el futuro electorado femenino les hiciera perder votos, era un tema que no había que agitar demasiado.

Durante el gobierno de Laureano Gómez (1950-1952) se impuso sobre la sociedad colombiana una mentalidad sacralizada que frenó el intento de modernizar por la vía laica las prácticas sociales y culturales, lo que no fue obstáculo para que bajo el régimen militar de Rojas Pinilla el debate se reabriera, liderado esta vez por la Organización Femenina Nacional, creada en 1954 para continuar la búsqueda del reconocimiento de los derechos políticos y laborales de las mujeres. La Asamblea Nacional Constituyente convocada por Rojas Pinilla contó con la participación de tres de ellas, encargadas de presentar el proyecto de ley que concedía el sufragio a la mujer, y cuando finalmente se aprobó en 1954, fue ratificado por el plebiscito de 1957, y Colombia se convirtió así en uno de los países latinoamericanos que más tarde tomó la decisión. Ecuador, por ejemplo, lo había hecho en 1929, y Uruguay en 1932.

Las luchas campesinas

Las sociedades agrarias del período 1930-1957, según lo han señalado diversos estudios historiográficos, continuaban subordinadas a la autoridad social y política de los grandes terratenientes. Al campesinado lo unía la pobreza, aunque algunos de sus miembros tenían acceso a la tierra, como sucedía con las comunidades indígenas que vivían en propiedades colectivas adjudicadas desde los tiempos coloniales, y con los propietarios individuales y familiares de pequeñas parcelas. La mayoría de la población campesina, no obstante, estaba compuesta por los arrendatarios de las haciendas, por jornaleros y peones que trabajaban ocasionalmente en ellas, residiendo en aldeas cercanas, y por los colonos que se asentaban en las tierras públicas o baldías.

Las diferentes capas del campesinado coexistían en un mismo escenario, y de esta convivencia resultaba un ambiente con múltiples intereses económicos y políticos en juego que se expresaban en tensiones cuya principal causa era la disputa por la tierra, valorada como recurso principal en una sociedad esencialmente agraria. Los terratenientes, empeñados en conservar y ampliar sus propiedades, excluyeron la aspiración de los desposeídos rurales a convertirse en pequeños propietarios independientes, y esta problemática, constante en todos los países de América Latina, es clave para entender los conflictos de la sociedad colombiana en los veintisiete años que estudia este capítulo. Las protestas campesinas comenzadas en 1925 continuaron después de 1930, proponiendo reformas, suscitando debates y provocando la reacción, en muchas ocasiones violenta, de la oposición elitista. A diferencia de las luchas de la década anterior, las de los años treinta tuvieron un nuevo ingrediente, la politización, que les permitió reorientar sus objetivos y estrategias. Tal politización fue incentivada por el Partido Comunista, por la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), dirigida por Jorge Eliécer Gaitán, y por el Partido Agrario Nacional, organización independiente de la región del Sumapaz, en Cundinamarca.

Las movilizaciones campesinas de mayor impacto ocurrieron entre 1930 y 1937 y su escenario principal fueron las zonas cafeteras del occidente de Cundinamarca y del suroriente del Tolima, donde la producción tenía lugar en haciendas tradicionales, a cargo de arrendatarios. No sucedía lo mismo en la franja occidental del país —Antioquia, el viejo Caldas y el Valle del Cauca—, donde había propiedades medianas y pequeñas y donde el conflicto giraba alrededor de los linderos de la tierra y el control político de las clientelas familiares y aldeanas. Los colonos, por su parte, protagonizaron ocupaciones de terrenos baldíos y se organizaron en ligas para coordinar sus acciones de resistencia al desalojo de los grandes propietarios, quienes se aliaban con las autoridades locales y regionales para salir victoriosos en la vieja disputa entre «el hacha y el papel sellado» de que hablara, para esta época, la historiadora Catherine LeGrand. Las ligas se dispersaron sin lograr la unidad necesaria para desafiar al latifundio y poco a poco se debilitaron, ya fuera porque sus dirigentes se integraban a las clientelas de los partidos políticos o porque los colonos, expulsados de sus posesiones, continuaban errantes hacia otras zonas periféricas, valorizando los fundos ganados a la selva y ampliando los horizontes de la producción agraria.

En el caso de los arrendatarios, sus luchas buscaban mejoras económicas, el derecho a ser dueños del suelo que ocupaban dentro de las haciendas y la libertad de sembrar café en sus parcelas, pues sólo se les permitía cultivos de subsistencia. Organizados en sindicatos, se dirigieron al gobierno para cuestionar la dudosa legalidad de los títulos de propiedad de los terratenientes y presionaron ante las administraciones de Olaya Herrera y López Pumarejo (1930-1938) el reconocimiento al derecho de agremiación. Dicho reconocimiento institucionalizó las relaciones entre la sociedad campesina y el Estado, reguló los conflictos derivados del enfrentamiento por la tierra, contrarrestó la influencia de los comunistas en los sectores rurales y auspició la promulgación de la Ley 200 de 1936, que estableció la función social de la propiedad y parceló algunas haciendas cafeteras. Estas fueron compradas por el Estado y adjudicadas luego a cerca de 11.000 arrendatarios y colonos, lo que frenó temporalmente las luchas agrarias. Años después, los minifundios resultaron incapaces de sostener el crecimiento de las familias campesinas y sus miembros formaron el proletariado rural de la agroindustria que comenzó a posicionarse en los años cincuenta.

En síntesis, aunque la Ley 200 de 1936 no contrarrestó el dominio tradicional de los terratenientes, unió a los hacendados de ambos partidos en contra del gobierno de López Pumarejo, al que no pocos conservadores tildaban de comunista, y propició una cadena de maniobras y retaliaciones que culminó en la Ley 100 de 1944, cuya letra menuda acabó de enterrar el reformismo agrario, incipiente y tímido, de la década anterior. En 1954, diez años después de la expedición de esta última ley, un censo realizado por las Naciones Unidas mostró que el 55% de los propietarios rurales trabajaba parcelas de hasta dos hectáreas y ocupaba el 3.5% de la tierra cultivable; que un 35% de los campesinos era propietario de extensiones inferiores a diez hectáreas y ocupaba el 20% de la tierra cultivable, y que las haciendas de más de cien hectáreas estaban en manos del 10% de los propietarios rurales y ocupaban el 76.5% de la tierra cultivable, gran parte de ella dedicada a la ganadería extensiva en la Costa Atlántica, los Llanos Orientales y las zonas planas de la región andina.[9] En estas últimas, precisamente, se concentrarían las violencias sociales y políticas que desde 1948 devastaron a Colombia, y el país terminaría el siglo XX sin haber realizado una reforma agraria digna de tal nombre.

LA POLÍTICA

Como sucedió desde mediados del siglo XIX por etapas más o menos prolongadas, la alternancia de los partidos liberal y conservador en el gobierno caracterizó la historia de Colombia entre 1930 y 1957. Ambas colectividades, cada cual a su manera, continuaron estimulando el sentimiento de pertenencia a la nación colombiana desde la filiación a una de ellas y se constituyeron en canales de comunicación entre las autoridades centrales, las regiones y las localidades. Al igual que en tiempos anteriores, cada una de ellas contenía sectores moderados y radicales, con sus correspondientes líderes nacionales, y el talante de estos últimos era con frecuencia el que determinaba las diversas estrategias políticas, desde las alianzas moderadas hasta las confrontaciones abiertas.

Los partidos, por otra parte, amalgamaron los diferentes intereses de las clases dominantes y, con contadas excepciones, nunca expresaron con fuerza una visión particular del desarrollo económico. En la época que nos ocupa sólo algunas fracciones de la burguesía industrial impulsaron la idea de transformar la estructura agraria para que se ajustara a las necesidades del desarrollo capitalista clásico, planteando que el mercado interno se ampliaría con la desaparición de las relaciones semifeudales en el campo y con la modernización de las formas atrasadas de tenencia y uso de la tierra. Argumentaban además que si se quebraba la concentración de la propiedad se haría del suelo una mercancía accesible a productores más eficientes que proveerían bienes agrícolas baratos y abundantes a la industria y a la creciente población urbana. Pero la imposibilidad de adelantar una reforma agraria ha sido una de las deudas históricas más lacerantes del devenir de los colombianos, y hasta nuestros días este impedimento ha originado sucesivos conflictos económicos, sociales y políticos.

Desde finales de la década de 1920, ante el fracaso manifiesto de los liberales y los conservadores, se hicieron varios intentos de romper con el bipartidismo. El primero de ellos fue el Partido Agrario Nacional (PAN), nacido en 1928 como alternativa política creada por los campesinos de la región del Sumapaz, en Cundinamarca. El PAN buscaba una distribución más equitativa de la tierra y logró ganar cierta influencia en numerosas veredas de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y Meta. Su vocero nacional era el periódico Claridad, dirigido por Erasmo Valencia, desde cuyas páginas, además de convocar la solidaridad de los obreros para luchar contra los hacendados, se difundía información acerca de las leyes agrarias, los conflictos sociales, los abusos de poder y los títulos ilegales de los latifundios. Varios de sus militantes fueron elegidos concejales en diversos municipios, y Erasmo Valencia llegó a la Asamblea de Cundinamarca en 1935.

La Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), fundada por Jorge Eliécer Gaitán y otros jóvenes simpatizantes de las ideas socialistas, surgió en 1933. Sus líderes pretendían elevar la cultura política de las masas populares, se oponían a la Constitución de 1886 y al Concordato, denunciaban la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, combatían la concentración de la propiedad agraria y las prácticas del caciquismo electoral, apoyaban a los obreros en huelga y asesoraban al movimiento campesino en su lucha por la tierra. En 1935, no obstante, tras el experimento de la Revolución en Marcha que impulsó el gobierno de López Pumarejo, Gaitán disolvió la UNIR y regresó a las toldas del partido liberal ocupando los cargos de alcalde de Bogotá, ministro del Trabajo y ministro de Educación. Pasarían varios años antes de que volviera a liderar la resistencia al bipartidismo de la república elitista.

El Partido Comunista de Colombia, finalmente, se formó en 1930 retomando el legado del extinguido Partido Socialista Revolucionario (PSR), fundado en 1926, y del impulso que le dio el movimiento agrario y sindical de las primeras décadas del siglo XX. Sus militantes predicaban la necesidad de unir a los obreros y a los campesinos en su lucha contra el latifundio y, en concordancia con los lineamientos internacionales de la época, que dictaban la estrategia de los frentes populares, se aliaron con las fuerzas progresistas del liberalismo, y en particular con el sector lopista, para promover los postulados de la Revolución en Marcha. Como en otros países de América Latina, dicha alianza se justificó con el argumento de que había que contener a los sectores más radicales de la extrema derecha, representada en Colombia por los partidarios de Laureano Gómez, y cuando a partir de 1946, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se intensificó la violencia de la policía chulavita y de los «pájaros» —los paramilitares de ese entonces—, los comunistas pasaron a la clandestinidad, se refugiaron en las zonas rurales y desde allí comenzaron una nueva fase de resistencia campesina expresada en la lucha armada.

La hegemonía del partido liberal

Ninguno de los tres intentos mencionados acabó con el dominio del bipartidismo en Colombia, y en 1930, cuando Enrique Olaya Herrera llegó a la presidencia de la república, poniendo fin a cincuenta años de hegemonía conservadora, la actividad política se canalizó todavía más a través de las clientelas de las dos colectividades tradicionales. Liberal moderado de origen boyacense y antiguo embajador en Washington, su elección estuvo acompañada de la división interna del conservatismo y de las usuales intervenciones políticas del alto clero, pero no suscitó la oposición de sus rivales porque adelantó un gobierno de «concentración nacional» que preservó la continuidad de la república elitista y no provocó rupturas sustanciales en el modelo de dominación.

No obstante, el gobierno de Olaya Herrera debió sortear diversas dificultades: los efectos económicos de la Gran Depresión del 29, las protestas sociales por el desempleo, las obligaciones cada vez más onerosas de la deuda externa, el conflicto bélico con el Perú y la confrontación armada entre liberales y conservadores en ciertas provincias del centro de Boyacá y de los Santanderes donde su administración había nombrado gobernadores y alcaldes liberales, lo que desató la violenta resistencia de conservadores recalcitrantes, apoyada por el clero. El historiador Javier Guerrero estudió estos enfrentamientos bipartidistas entre poblaciones boyacenses y los consideró un precedente importante de las violencias desatadas a partir de 1946.

Con Olaya, sin embargo, también comenzó un proceso de reformas económicas y sociales que pretendían amoldar la situación del país a los requerimientos del crecimiento capitalista. Las orientaciones se implementaron progresivamente y dieron continuidad a un proceso modernizador de corto alcance que llegó a su cúspide, por así decirlo, con la reforma constitucional de 1936 y el programa de la Revolución en Marcha. La historiografía tradicional le asignó a este período, que se extiende hasta 1946, el nombre de República Liberal, y su figura más emblemática fue sin duda alguna Alfonso López Pumarejo.

Hijo de uno de los banqueros más ricos de Colombia en las primeras décadas del siglo XX, comerciante exitoso de café y reconocido hombre de negocios, López triunfó en las elecciones de 1934 en representación del sector exportador, más «globalizado» diríamos hoy en día, de los grupos dominantes. Para dar continuidad al reformismo de Olaya conformó un equipo de intelectuales progresistas que elaboró un plan de modernización del Estado y de la sociedad en procura de regular las relaciones, cada día más conflictivas, entre las clases sociales. La estructura de la propiedad agraria no fue tocada en profundidad, como vimos en páginas anteriores, pero su primer gobierno logró que el Parlamento aprobara una serie de iniciativas que giraron, en sus aspectos más sobresalientes, en torno a los siguientes puntos:

1. Una reforma tributaria que creó el impuesto sobre la renta y el patrimonio y que gravó a los sectores de mayores ingresos y a los dueños de grandes propiedades, lo que permitió al fisco aumentar sus recursos financieros y tener una mayor presencia en el territorio nacional.

2. La declaración de la función social de la propiedad, con el fin de atender las demandas por la tierra y por las obras de interés público.

3. Las condiciones de intervención del Estado como promotor del desarrollo económico y ente regulador de la sociedad.

4. La reformulación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, de tal modo que tuviera lugar, con el ejercicio de las libertades de culto, de enseñanza y de conciencia, una cultura más laica.

El intervencionismo estatal se ejerció a través de una legislación notable en muchos aspectos. En lo económico, empero, el tamaño del Estado no aumentó a pesar de su importante papel en la gestión de recursos de capital interno para el fomento industrial, y la tradicional alianza entre gobernantes y dirigentes gremiales —definida por Daniel Pécaut como un «cogobierno»— continuó durante la administración de López Pumarejo e hizo que los intereses privados primaran sobre los públicos. Gremios poderosos como la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Asociación Patriótica Económica Nacional (APEN) —luego transformada en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)— y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) antepusieron sus prerrogativas de enriquecimiento a las iniciativas del Estado, entonces limitado por serias restricciones presupuestales. Jesús Antonio Bejarano, historiador económico, señala que tales restricciones obedecieron al lento crecimiento de la economía entre 1930 y 1939 y a la falta de recursos financieros externos para la inversión.

Otras medidas tomadas por los gobiernos de la República Liberal reconocieron a los obreros y campesinos su derecho a la organización sindical y a la huelga y propiciaron una legislación que les dio importantes garantías sociales y laborales, y en el plano cultural constituyeron un avance de repercusiones innegables las propuestas para transformar la mentalidad religiosa mediante leyes que aspiraban a ejercer el control sobre la educación, antes en manos de la Iglesia; a terminar con el analfabetismo a través de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria; a cuestionar la instrucción confesional, abriendo espacios para la difusión de nuevas corrientes científicas y filosóficas; a instaurar la libertad de cátedra universitaria, y a promocionar el desarrollo de la educación técnica y experimental.

Todas estas reformas, desde luego, recibieron el impulso alentador de las ideas contestatarias que entonces circulaban en el mundo y, en particular, en otros países de América Latina. La revolución mexicana, iniciada en 1910 y que entre 1934 y 1940 terminó su fase de transformaciones sociales y políticas con el gobierno de Lázaro Cárdenas; la revolución rusa de 1917, que trascendió las fronteras europeas e inspiró a los inconformes de los cinco continentes; el surgimiento en el Perú de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), dirigida por Raúl Haya de la Torre, que pregonaba el nacionalismo y alcanzó a tener una influencia muy considerable entre las capas populares y medias de varias naciones andinas y del Caribe; el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Bolivia y la República Española de 1931, entre otros factores, motivaron el conjunto de reformas defendidas por el ala modernizadora del partido liberal colombiano. Otro frente de influencias fue el propio Estados Unidos, donde el presidente Roosevelt renunció formalmente a la política del «gran garrote» que había distinguido a sus antecesores, asumió una actitud de solidaridad y «buena vecindad» hacia los países latinoamericanos, que ahora podían promover una cierta protección de sus economías sin temor a que sus finanzas resultaran castigadas por las deudas contraídas con el capital estadounidense. En el caso de Colombia, Olaya Herrera y López Pumarejo buscaron por igual la cercanía con la estrella polar del norte a fin de obtener créditos, mejores condiciones de intercambio comercial y, por supuesto, inversiones petroleras, que para el año de 1940 fueron de 75 millones de dólares, y para 1956 aumentaron a 103 millones de dólares.[10]

La coyuntura internacional, al mismo tiempo, convergía en la política de defender la democracia, asediada por el avance del totalitarismo en Europa y aun en el Lejano Oriente, donde ya comenzaba a germinar la semilla de lo que más tarde se convertiría en la revolución china. Tras el triunfo del general Francisco Franco en la guerra civil española de 1936 a 1939, que radicalizó los sentimientos antifascistas de amplios sectores de la intelectualidad europea y latinoamericana, la confrontación ideológica se trasladó con mayor énfasis al debate político interno de Colombia, ya que en torno a ella se alinearon las posiciones de ambos partidos. El falangismo autoritario y corporativista español encontró sus seguidores en aquellos sectores del partido conservador orientados por Laureano Gómez, mientras que los liberales tendían a identificarse, haciendo caso omiso de algunas excepciones, con los republicanos.

La Revolución en Marcha de López Pumarejo, sin embargo, se enfrentó a la temprana resistencia de los representantes más tradicionales de ambos partidos, enemigos de la relación del gobierno con los sindicatos, y al ataque frontal de los altos jerarcas de la Iglesia, que se oponían a la apertura del horizonte cultural y educativo. El discurso beligerante y sectario de los laureanistas, en particular, acudió a la prensa y a la radio de filiación conservadora, así como al sentimiento religioso de las gentes, para defender un orden político basado en privilegios supuestamente bendecidos por la autoridad divina. Sus arengas hablaban de la amenaza liberal contra la moral católica que llevaba al país a la masonería y al comunismo, dominios del demonio, e invitaban incluso a desobedecer las leyes emanadas de la reforma constitucional de 1936. Este frente de mentalidad tradicional comenzó su oposición al cambio desde 1932, con las primeras medidas adoptadas por Olaya; después de 1935 arreciaron sus críticas y sus bloqueos a la gestión gubernamental, y al finalizar la década, de acuerdo con el análisis de Daniel Pécaut, el país se hallaba en medio de una «contrarrevolución», con características de cruzada político-religiosa, llevada a cabo por aquellos sectores de la extrema derecha que se proclamaban con orgullo «católicos, conservadores, nacionalistas y reaccionarios». Sus seguidores adquirieron tanta fuerza que en 1937 el propio López mermó sus ímpetus reformistas y su sucesor en la presidencia, Eduardo Santos, hizo una pausa en el proceso de reformas y centró su actividad en el manejo de la coyuntura económica que produjo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Respecto a este conflicto, Colombia se declaró neutral en un primer momento y después de 1941, a instancias del Departamento de Estado norteamericano, fue el primer país de Suramérica que rompió relaciones con Alemania.

Al terminar el gobierno de Santos (1938-1942), López Pumarejo resultó reelegido en medio de un caldeado ambiente político, y aunque en su segundo período presidencial ya no hablaba de reformas sino de reconciliación, el partido conservador, respaldado por la Iglesia, insistió en sus tácticas obstruccionistas y, desde las páginas del periódico El Siglo, emprendió una campaña sistemática de ataques que terminó debilitando su gobierno, a la que se sumaban noticias sobre corrupción política que comprometían incluso a la familia presidencial. El presidente no encontró el apoyo solidario del liberalismo, debiendo incluso afrontar solo un fallido intento de golpe militar en Pasto, pues el partido continuaba dividido. Apenas contó con el respaldo de los sindicatos liberales y comunistas, reunidos alrededor de la CTC. Estas y otras circunstancias lo obligaron a renunciar un año antes de que se venciera su período. Fue relevado en el cargo por su ministro de Gobierno, Alberto Lleras Camargo, quien llamó a los conservadores a participar en el gabinete ministerial y con ello mermó la presión de las tensiones políticas.

Y así, al iniciarse la contienda electoral de 1946, se repitió la situación de 1930, pero a la inversa. El partido liberal se dividió en dos corrientes: una moderada y elitista, dirigida por Eduardo Santos, proclamó la candidatura de Gabriel Turbay, y la otra, radical y populista, liderada por Jorge Eliécer Gaitán, proclamó la candidatura de este último. El partido conservador se aglutinó alrededor de Mariano Ospina Pérez, quien llegó a la presidencia, y Gaitán obtuvo la mayoría de los votos liberales.

Retorno y hegemonía de los conservadores

Con Mariano Ospina Pérez, de origen antioqueño y quien representaba a los sectores moderados del partido conservador, comenzó un proceso de conservatización del país dirigido por los grupos fundamentalistas de su partido y del clero, unidos para hostigar la vigencia del legado de los gobiernos liberales de la década anterior. La agresión verbal de estos fundamentalistas se difundió desde la prensa, la radio y los púlpitos de las iglesias, y su discurso se fue transformando poco a poco en una sucesión de hechos violentos instigados por sus clientelas locales y regionales. El sectarismo político se generalizó, y para 1947 las estadísticas registraban 14.000 muertos, en su mayoría liberales de los departamentos de Boyacá y los dos Santanderes.[11] Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y Jorge Eliécer Gaitán, cuyos copartidarios controlaban los cuerpos colegiados, protestaron contra la arremetida conservadora y rompieron el pacto de Unión Nacional que habían concertado con Ospina. Con el rompimiento del pacto sobrevinieron los despidos masivos de obreros y empleados de filiación liberal, la represión de las luchas sindicales lideradas por la CTC, el fortalecimiento del ejército y la conservatización de la policía, y para finales de 1948 los muertos sumaban 43.000, de acuerdo con los registros de Oquist, retomados además por otros historiadores como Daniel Pécaut y Marco Palacios.[12]

Gaitán había comenzado a aglutinar un caudaloso movimiento de masas desde 1944, cuando el gobierno de López se hallaba en plena crisis, y en las elecciones de marzo de 1947, para Congreso y asambleas departamentales, sus fuerzas obtuvieron una resonante victoria. Su liderazgo se hizo por lo tanto irrebatible, ante lo cual Eduardo Santos, dirigente del ala oficialista del partido, tuvo que entregarle la dirección general del mismo, y durante la huelga general de 1947, convocada para denunciar las condiciones de pobreza y la represión del gobierno de Ospina, su proyecto político incorporó con renovados bríos las aspiraciones del pueblo raso y su proselitismo se tomó las calles y las plazas públicas de Bogotá, propagando la idea de una restauración moral y material de la república. El movimiento gaitanista creció a partir de entonces en proporciones nunca antes vistas en Colombia. Su radio de acción trascendió el estrecho marco de la sociedad capitalina y se extendió por todo el país, convirtiendo a su jefe en un caudillo popular al que admiraban los pobres del campo y las ciudades, ya fueran liberales o conservadores. Los viernes al caer la tarde, las familias colombianas se congregaban en torno a la radio para escuchar las arengas del líder, quien les hablaba de un país nacional, conformado por los grupos sociales excluidos de los privilegios económicos y del poder, y de un país político al que las oligarquías de ambos partidos se habían repartido en beneficio propio.

Mientras Gaitán realizaba su campaña, empezó una oleada de atentados y de asesinatos selectivos, primero en las ciudades y luego en los pueblos. Las peores consecuencias las sufrieron los liberales tras las elecciones de octubre de 1947, cuando los conservadores pretendieron extender su dominio, en muchas ocasiones a la fuerza, en los concejos municipales. En Bogotá, en febrero de 1948, una desbordante multitud respondió al llamado del caudillo para realizar la famosa Marcha del Silencio, en la que abogó por la defensa de la vida y exigió el cese de las persecuciones, los crímenes y la violencia. La polarización política aumentó a la par de los preparativos de la IX Conferencia Panamericana, en la que los Estados Unidos buscaban alinear a los países del continente en su lucha contra el comunismo, exacerbada en el contexto de la Guerra Fría, y mientras transcurrían las deliberaciones de la Conferencia, cuya delegación colombiana estaba presidida por Laureano Gómez, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en pleno centro de Bogotá.

El nueve de abril de 1948

La noticia del homicidio se conoció en todo el territorio nacional a través de la radio e inmediatamente, en medio de impresionantes manifestaciones de dolor y de rabia, se iniciaron los levantamientos populares. Las gentes, enardecidas y descontroladas, incendiaron los edificios del gobierno y de la prensa conservadora, saquearon bancos y almacenes, arrasaron las ferreterías en busca de armas y protagonizaron una revuelta espontánea y caótica que apenas logró ser contenida, al precio de numerosos muertos, en las propias puertas del palacio presidencial. «El día del odio», como lo llamó el novelista José Antonio Osorio Lizarazo, se propagó con rapidez a otras regiones. En Bogotá se conformó una Junta Revolucionaria Central, dirigida por las juventudes gaitanistas radicalizadas, que transmitía mensajes incendiarios por las emisoras y procuraba orientar las movilizaciones de protesta. En algunas ciudades intermedias se constituyeron gobiernos alternos, aunque sin coordinación ni proyecto político determinado, pues el desarrollo de los acontecimientos fue diverso y dependió de la correlación de fuerzas y de los conflictos acumulados en cada localidad. Los historiadores llaman a esta sublevación por fuera de la capital «El 9 de abril en provincia». El más duradero y organizado alzamiento, cuyo itinerario fue detallado por Apolinar Díaz Callejas,[13] sucedió en el puerto petrolero de Barrancabermeja, en Santander, donde durante diez días se instaló una junta popular conocida como la Comuna de Barranca, que nombró autoridades municipales y llevó a la alcaldía a Rafael Rangel, el primer alcalde elegido popularmente en el país. En otros pueblos la sublevación fue más efímera, pero en su conjunto los levantamientos desencadenados por el Bogotazo desarticularon el régimen institucional del Estado y partieron en dos tiempos la memoria histórica de varias generaciones de la Colombia contemporánea.

Por sus contenidos y alcances el movimiento gaitanista tenía muchos rasgos en común con el justicialismo de Perón en Argentina y con el proyecto del Estado Novo de Getulio Vargas en Brasil. En estos países se trataba de líderes carismáticos que se organizaron al margen de los partidos tradicionales, que congregaron los intereses de toda la nación y que accedieron al poder —en Argentina y Brasil— quebrando la hegemonía de las élites oligárquicas. En Argentina y Brasil, no obstante, el «populismo», como lo denominan algunos analistas, promocionó a los sectores subordinados y excluidos de la sociedad y la política y les permitió alcanzar valiosas reivindicaciones; en Colombia, por el contrario, el asesinato de Gaitán trajo consigo la desesperanza, que aunada a las dinámicas políticas violentas, propició la formación de movimientos guerrilleros, liberales y comunistas, que vieron en la opción armada una vía de resistencia social y política.

Una vez que se desvertebró la insurrección del pueblo gaitanista, las élites liberales y conservadoras pactaron una nueva Unión Nacional alrededor del gobierno de Mariano Ospina Pérez. Se acordó el «desarme de los espíritus» y la repartición paulatina de las alcaldías y de otras instancias de la administración pública entre los miembros de ambos partidos, pero el acuerdo nunca pudo materializarse a causa de la oposición que desde las páginas de El Siglo le declaró Laureano Gómez, lo que agudizó la división de los conservadores. Los que seguían sus orientaciones ganaron finalmente el pulso y en 1949 obligaron a Mariano Ospina a renunciar a su proyecto de Unión Nacional y a instaurar la hegemonía conservadora. Los liberales, fuera del gobierno, continuaron como mayoría en el Congreso, y el Parlamento se volvió el escenario de las confrontaciones verbales, acompañadas de agresiones físicas, entre los miembros de ambas colectividades. La ruptura política se extendió como violencia social en las zonas campesinas de varios departamentos, manifestándose en asesinatos y atropellos indiscriminados en pueblos y veredas. Cualquier sitio de encuentro popular era propicio para el enfrentamiento violento entre uno y otro bando. En vísperas de las elecciones de 1950 la policía ya se había transformado en una fuerza pública conservadora. Los «pájaros» a su servicio atravesaron todas las fronteras departamentales, sobre todo en la región andina, y el país se conservatizó «a sangre y fuego».

Para referirse a tal convulsión y desvarío, los colombianos empezaron a hablar de la Violencia, con mayúscula, y a clamar por la paz. En ambos partidos surgieron numerosas voces que buscaban fórmulas de contención y entendimiento, pero la masacre de que fueron víctimas los liberales de Cali, en octubre de 1949, hizo saber a todos que las acciones violentas llegaban hasta las ciudades y que el conservatismo estaba dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para perpetuarse en el poder. Los liberales, por consiguiente, se abstuvieron de votar en la elección presidencial de noviembre de 1949, alegando falta de garantías, y convinieron en acusar al presidente ante el Congreso de incapacidad para gobernar, ante lo cual Ospina declaró el estado de sitio, suprimió las garantías constitucionales, cerró el Parlamento, suspendió las asambleas departamentales, impuso la censura de prensa, estableció el toque de queda y encarceló a centenares de sindicalistas y miembros de la oposición. La crisis política se profundizó y ante amplios sectores de la ciudadanía el Estado, al no garantizar los derechos públicos, perdió la escasa legitimidad que tenía.

Aunque en diciembre de 1949 el presidente de la ANDI, José Gutiérrez Gómez, declaraba en entrevista concedida al periódico El Siglo que «la situación colombiana es hoy en día la mejor que se haya jamás conocido», el balance de 18.500 muertos mostraba, a su vez, que el saldo trágico de la Violencia iba en aumento. La situación se agravaría con la gestión presidencial de Laureano Gómez iniciada en 1950, y a la que los analistas del período consideran como una dictadura civil apoyada en el ejército, en la policía «chulavita» y en los altos y bajos clérigos católicos, una dictadura que se proponía romper el modelo de la democracia liberal moderna e instaurar un «orden social cristiano» y un régimen corporativo, al estilo de la España franquista. Sus concepciones y métodos políticos se volvieron tan autoritarios y personalistas que incluso generaron una oposición entre los conservadores, que en efecto resultaron divididos en varias facciones, al igual que los liberales, que no encontraban la manera de ponerse de acuerdo y cuyos dirigentes, acosados por innumerables atropellos, optaron por retirarse del escenario y, en algunos casos, por el exilio. La debilidad del Estado como ente regulador y centralizador de las actividades sociales se acentuó hasta extremos sólo comparables a los de las guerras civiles del siglo XIX, y el poder real pasó a manos de los gamonales locales y de los grupos armados oficiales, privados y partidistas. Según diversas fuentes, como los estudios de Paul Oquist y Daniel Pécaut, durante el primer año de gobierno de Laureano Gómez hubo en Colombia cerca de 50.000 asesinatos políticos.

A fines de 1951, ante el mal estado de salud de Gómez, quien tuvo que retirarse de la presidencia, Roberto Urdaneta Arbeláez lo reemplazó en el cargo. Aunque la administración continuaba bajo el control del autoritarismo laureanista, los caudillos liberales y conservadores más esclarecidos, alarmados por la fragmentación de las élites y por el creciente descontento popular, comenzaron a considerar la propuesta de un gobierno militar que restaurara el orden. Las Fuerzas Armadas, creadas en 1951 con la unificación del ejército y la policía, se habían transformado radicalmente a raíz de las alianzas y los compromisos con Estados Unidos, y algunos de sus miembros habían sido enviados a la Guerra de Corea en 1952. Colombia fue el único país latinoamericano que participó en esta guerra, en la que sus altos mandos adquirieron experiencia en tácticas regulares e irregulares, además de un gran protagonismo político. La dirigencia liberal y conservadora vio en ellos una alternativa provisional para solucionar la crisis del régimen, y el 13 de junio de 1953 tuvo lugar el golpe de Estado que derrocó la dictadura civil de Laureano Gómez e instauró la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla.

De la Violencia al Frente Nacional

El fenómeno de la Violencia en Colombia, que caracteriza los últimos diez años del período cubierto por este capítulo, ha sido analizado desde muchos puntos de vista. Daniel Pécaut, por ejemplo, anota que su simple y llana denominación mayúscula deja como responsables del mismo sólo a los sectores populares y oculta las instigaciones y las estrategias que utilizaron las élites de ambos partidos para beneficiarse de él. Otros estudiosos de la época señalan que el asesinato de Gaitán fue apenas el detonante de un proceso que se venía gestando desde tiempo atrás y que el conflicto agrario en las zonas cafeteras, no resuelto por las reformas de López Pumarejo, incubó una serie de tensiones sociales que se desataron con la confrontación bipartidista. El historiador Javier Guerrero, como ya se dijo, insiste en que la «pequeña violencia» que sufrieron los conservadores de Boyacá y los Santanderes durante el decenio de 1930 explica, en parte, el surgimiento de la «gran violencia» veinte años después, y otros investigadores se remontan a las guerras civiles del siglo XIX, y en particular a la Guerra de los Mil Días, para tratar de entender el entramado de las relaciones sociales y partidistas que entre 1946 y 1965 provocó el terror y la intimidación en todo el país.

Sea cual fuere el punto de partida, en lo que todos ellos concuerdan es en afirmar que el fenómeno de la Violencia en Colombia se transformó dependiendo de los cambios en la política nacional, de las formas que iban adquiriendo las rivalidades partidistas y, por supuesto, del perfil de las realidades locales. Existieron, pues, diferentes momentos, distintos espacios en cada momento, y diversas lógicas violentas en cada lugar. A grandes rasgos, sin embargo, es posible establecer dos etapas decisivas: la primera va de 1947 a 1953, durante los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez; la segunda, de 1953 a 1957, corresponde a los años de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla.

La región cafetera fue uno de los territorios de más «sangre derramada» durante estos años.[14] Allí, donde sus habitantes estaban más integrados al proyecto de nación, la pertenencia partidista definía las identidades sociales y espaciales, lo que agudizaba los enfrentamientos entre el poder local y el departamental, entre las localidades vecinas e, incluso, entre los miembros de una misma colectividad política. Los enfrentamientos pasaban a mayores cuando se alteraba la balanza del poder en los concejos municipales debido al resultado de las elecciones o a las decisiones del gobierno central, que en muchos casos arreciaban la lucha por los puestos públicos. Sin embargo, la Violencia en las comarcas cafeteras no se desbordó más allá de los márgenes del bipartidismo, lo que la hizo políticamente controlable.

Había, desde luego, matices regionales. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la conservatización de los pueblos liberales fue realizada por grupos de matones a sueldo —los llamados «pájaros»—, cuya nefasta influencia se prolongó, según los estudios realizados por Darío Betancourt y Martha García, hasta principios de la década de 1960. El historiador Carlos Miguel Ortiz precisa que la confrontación armada entre los dos partidos comenzó en el Quindío desde 1949, conjugando la presencia de los «pájaros» del Valle y la de los bandidos liberales procedentes del Tolima, ambos, de acuerdo con sus filiaciones, servidores de los intereses económicos de los conservadores y los liberales quindianos. En esta comarca, por entonces perteneciente al viejo Caldas, la Violencia estuvo asociada a los negocios de las capas medias que se enriquecían con el comercio ilícito del café, con la compra a bajo precio de los terrenos abandonados, con la cuatrería y con el monopolio partidista de ciertas actividades productivas y mercantiles. En el caso de Antioquia, la historiadora Mary Roldán ha diferenciado dos dinámicas violentas: una de tipo burocrático en los municipios del centro del departamento, y otra de mayor virulencia entre el centro y las zonas periféricas de Urabá, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. El enfrentamiento entre el centro y la periferia fue instigado desde el gobierno departamental, acudiendo a fuerzas paramilitares para conservatizar los territorios e imponer el modelo cultural «paisa». Se trató, pues, de unificar a la fuerza a sociedades que no reproducían los mismos valores socioculturales y políticos de la «antioqueñidad».

Otros espacios de esta primera etapa de la Violencia en Colombia fueron las fronteras interiores del sur del Tolima y de los Llanos Orientales, pobladas por colonos desplazados de sus lugares de origen desde hacía relativamente poco. En tales sociedades existía un precario control político y las jefaturas partidistas no tenían definición; sus luchas, por lo tanto, estuvieron más ligadas a los conflictos derivados de la propiedad de la tierra y de las relaciones de trabajo. En el sur del Tolima, donde aún continuaban los conflictos entre colonos y terratenientes de ambos partidos, se organizó un frente de resistencia campesina conformado por guerrilleros liberales y autodefensas comunistas que, desde 1949 hasta 1951, consiguieron detener la arremetida de la policía chulavita. Dicha resistencia se enriqueció con el aporte de antiguos dirigentes agrarios de los años treinta y a ella se unieron algunos combatientes liberales del Cauca y del Quindío. Uno de ellos, Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez, conformaría en la década de 1960 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las guerrillas liberales también se organizaron en el nordeste antioqueño, en zonas del Carare y del Opón, en el Magdalena Medio santandereano, y en el área entre Yacopí y La Palma, en Cundinamarca. No obstante, las de los Llanos Orientales fueron sin lugar a dudas las más destacadas y perdurables del país. En sus inicios, como señala Eduardo Franco Isaza en un libro que describe en forma detallada sus fortalezas y debilidades,[15] contaron con el visto bueno —y con el decidido apoyo económico— de los terratenientes de su misma filiación partidista, pero a partir de 1952, con la expedición de la famosa Ley del Llano, que hablaba de expropiar los latifundios para repartirlos entre los campesinos sin tierra, sus orientaciones se volvieron un peligro para los grandes hacendados de los dos partidos y el gobierno tuvo que emplearse a fondo para derrotarlas en el campo militar y para que más tarde, al calor de la amnistía que les ofreció Rojas Pinilla, sus destacamentos más radicales depusieran las armas.

Territorios hubo, finalmente, donde la Violencia no logró expandirse. El caso más notorio, aparte del de Aguadas, en el departamento de Caldas, es el de la Costa Atlántica. Aunque algunos pueblos de las sabanas del Sinú tuvieron una corta etapa de enfrentamientos, los historiadores coinciden en que la problemática del mundo andino no se reflejaba con la misma intensidad en las regiones caribeñas, aisladas de los centros económicos y administrativos del país y donde la influencia de la Iglesia, entre otros aspectos, era menor, lo que las hacía más tolerantes a las ideas ajenas y, en consecuencia, menos fanáticas en el terreno político.

De cualquier manera, y a pesar de sus particularidades regionales, el complejo y multifacético fenómeno de la Violencia es el que explica por qué la dictadura militar de Rojas Pinilla, que obligó a Laureano Gómez a exiliarse en España, se justificó ante la opinión pública con el lema de «Paz, justicia y libertad» y, ante todo, «¡No más sangre!». Su gestión de reconciliación nacional se vio favorecida por la coyuntura económica, caracterizada por los altísimos precios del café en los mercados internacionales, que florecían bajo el boom de la posguerra, por el flujo de las inversiones extranjeras y por el respaldo político del partido liberal y del ala ospinista del conservatismo. Su gobierno restauró la libertad de prensa, ofreció amnistía a los rebeldes, convocó una Asamblea Nacional Constituyente que prorrogó su mandato hasta 1958 y financió numerosas —y vistosas— obras públicas. Durante su período presidencial reprimió las protestas de los estudiantes bogotanos y las invasiones campesinas del sur del Tolima y de la región del Sumapaz, pero Colombia pasó de registrar 22.000 muertes violentas, entre 1952 y 1953, a 1.900 durante los años 1954 y 1955.

A pesar del equilibrio que su dictadura militar representó para las clases dirigentes, estas, al igual que la Iglesia, fueron retirándole su apoyo desde 1954, cuando el general Rojas aumentó los gravámenes a las exportaciones cafeteras y fueron advertidas sus pretensiones de perpetuarse en el poder. En 1956, Laureano Gómez y Alberto Lleras se reunieron por primera vez en Benidorm, un pueblo de la Costa Brava española, y pactaron un Frente Civil de resistencia al régimen castrense. En mayo de 1957 todos los grupos dominantes respondieron a la convocatoria de huelga general promovida por la ANDI. Rojas abandonó la presidencia, y la Junta Militar que lo sustituyó en el cargo convocó el plebiscito que dio origen al Frente Nacional.

El historiador y politólogo Gonzalo Sánchez, uno de los investigadores más representativos de la época de la Violencia, escribió al respecto las siguientes palabras: «El análisis de este período plantea un problema original porque la Violencia, que comenzó como una guerra civil entre los dos partidos, terminó, paradójicamente, con una coalición entre ellos; la rivalidad fue sustituida por la cooperación pacífica, y la lucha por el monopolio del aparato burocrático fue reemplazada por la repartición institucional del poder».[16]

EXPRESIONES CULTURALES

La historia intelectual de la primera mitad del siglo XX en América Latina registra el caudal de ideas que emergieron en el subcontinente para hablar de su identidad derivada de realidades históricas y culturales propias, en contraste con las del resto del mundo occidental, Europa y Estados Unidos. El eje de las reflexiones fue la noción de americanismo, interpretada por pensadores como José Enrique Rodó en Uruguay, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, José Vasconcelos y Alfonso Reyes en México, Manuel Ugarte en Argentina, entre otros. Los temas derivados de esta corriente de pensamiento reconsideraron el legado cultural español, el aporte y presencia de los pueblos indígenas y negros, y las recientes relaciones con Estados Unidos. Se debatió entonces sobre el contenido del hispanismo, la noción de Indoamérica, el avance imperialista contenido en la propuesta del panamericanismo primero, y después de 1930, en las relaciones interamericanas.

Estas ideas americanistas se alimentaron de situaciones como la agresiva expansión estadounidense en Centroamérica y el Caribe, la revolución rusa, la revolución mexicana, la guerra civil española, el avance fascista contra las democracias y la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, otras circunstancias contribuyeron a caldear el ambiente cultural como la circulación de las ideas socialistas y la emergencia social y política de los sectores populares.

En el caso de Colombia, desde 1930, particularmente en los años de la República Liberal, se mostró algún interés por renovar la mirada sobre la sociedad y la cultura colombianas incorporando la investigación sociológica en la Escuela Normal Superior (1935) y la antropológica en el Instituto Etnológico Nacional fundado en 1941 por el francés Paul Rivet. Reflexiones sobre la evolución y carácter de la sociedad colombiana fueron expuestas en las obras de pensadores como Luis López de Mesa y Luis Eduardo Nieto Arteta, mientras que en algunas instituciones estatales se adelantaron indagaciones sobre las condiciones de vida en el mundo rural. Los estudios históricos se renovaron entre unos pocos investigadores liberales que, influidos por la sociología, trataron sobre la presencia de los sectores populares y sus líderes en el pasado, como lo hará Germán Arciniegas en 1938 con su libro Los Comuneros, y la temática indigenista tuvo una interpretación histórica en la obra de Juan Friede en 1944. Vinculada a esta preocupación, surgió en 1936 la Revista de Indias, dirigida por Arciniegas, y su publicación difundía, además, los logros educativos y culturales de la Revolución en Marcha.

Durante este período, convivieron en el país varias expresiones del pensamiento que, de alguna manera, representaron las luchas políticas entre liberales y conservadores. En un ambiente cultural cerrado y estrecho, dominado por las visiones de la Iglesia católica y el terror anticomunista, resultó difícil el oficio intelectual referente a la libertad de la crítica y la expresión artística, independientes de la política. Notables intelectuales modernos fueron captados por los gobiernos liberales —en particular por el de López Pumarejo—, interesados en promover proyectos de renovación educativa que elevaran el nivel cultural de la población y en una preparación técnica que se correspondiera con las demandas de una sociedad capitalista. Entre estos intelectuales progresistas, críticos de la conservación a ultranza de la tradición hispánica y católica, se destacaron Baldomero Sanín Cano, crítico literario moderno y universal, y Jorge Zalamea, escritor y gestor de la Comisión de Cultura Aldeana.

Acorde con una corriente narrativa de tono realista, incluso de protesta social y política, escritores como César Uribe Piedrahita, Eduardo Zalamea y José Antonio Osorio Lizarazo narraron en sus novelas situaciones de la problemática social, ya fuera en las selvas, en el desierto guajiro, en las haciendas cafeteras o en las minas.[17] Sobre el mundo urbano, Osorio Lizarazo escribió Hombres sin presente en 1938 y, en 1939, Garabato. En general, la novela y la cuentística desenvolvieron en sus argumentos los conflictos políticos y sociales de la provincia colombiana y anticiparon el fenómeno de la violencia como tema central de la narrativa de los años cincuenta.

En poesía, surgen en la década del treinta los poetas que hicieron conocer su generación bajo el distintivo de Piedra y Cielo. Siendo la tercera generación literaria que surgió en Colombia durante el siglo XX, después de la de los Centenaristas y la de los Nuevos, sus propuestas fueron en contravía de los dictados de los movimientos vanguardistas que empezaron a irrumpir en Europa y América. La influencia de esta generación, que tomó su nombre del título de un libro del escritor español Juan Ramón Jiménez, se extendió hasta mediados de la década del cincuenta, cuando aparecieron en el panorama cultural colombiano los escritores de la revista Mito. El piedracielismo tuvo como representantes destacados a Eduardo Carranza, principal impulsor del movimiento, Jorge Rojas, Arturo Camacho Ramírez y Carlos Martín. En los piedracielistas, hispanistas y tradicionalistas en sus apuestas formales, predominaron los temas del amor, la infancia, el paisaje y el encanto de la existencia. Otra voz que se destacó, al margen de los anteriores, fue la de Aurelio Arturo, autor de Morada al sur, una de las obras cimeras de la lírica colombiana del siglo XX. Para esta época, continuaron sus publicaciones poetas anteriores a los piedracielistas como Porfirio Barba Jacob, León de Greiff y Luis Vidales, siendo estos dos últimos los únicos que presentaron en sus obras búsquedas formales inusitadas, emparentadas con el vanguardismo.

En 1955, apareció la revista Mito como una propuesta renovadora del pensamiento. Buscando romper con el aislamiento cultural del país divulgó a pensadores latinoamericanos y filósofos europeos, publicó novelas extranjeras y colombianas, y también documentos sobre la vida cotidiana del pueblo. Los fundadores de Mito, el poeta Jorge Gaitán Durán y el ensayista Hernando Valencia Goelkel, fueron sin duda mediadores culturales de una visión moderna y plural del mundo de las ideas y las artes. En junio de 1962 llegó a su fin la publicación de la revista.

Acorde con el espíritu americanista y nacionalista, la pintura de paisajes rurales y urbanos representó la decisión de muchos artistas por inspirarse en el entorno natural de sus regiones, como fuente de valores nacionales, desplazando así el tema del retrato de personajes aristocráticos. El pintor bogotano Andrés de Santa María fue pionero de esta propuesta, emulada por otros pintores de otras partes país. También la pintura de bodegones incorporó flores, frutas y objetos propios del medio natural y cultural del país, y no faltaron las pinturas costumbristas sobre el mundo campesino. Estas tendencias pictóricas predominaron hasta mediados del siglo XX, sin desaparecer después de 1950. Después de 1930 se produjo un cambio notable en la pintura colombiana cuando comenzaron las obras con una temática social y nacionalista influenciadas por el arte muralista de la revolución mexicana desarrollado por los maestros Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Ignacio Gómez Jaramillo y Pedro Nel Gómez expusieron en sus obras, algunas de ellas en calidad de murales en edificios públicos, la situación social de sectores populares excluidos de la historia y el arte; por este motivo fueron censurados y rechazados por las élites sociales y políticas de pensamiento conservador. Exaltando los mitos del pasado aborigen, la pintura del santandereano Luis Alberto Acuña se inscribió en este movimiento nacionalista que buscó una revaluación de lo autóctono. En la expresión de problemáticas sociales y de denuncia política se destacó la creación de la antioqueña Débora Arango, quien además plasmó desnudos femeninos realistas que le granjearon la censura moral de la élite «paisa». Otros pintores que pertenecieron a esta misma onda social fueron el antioqueño Carlos Correa y el caldense Alipio Jaramillo.

Después de 1945, se dio un giro académico y temático entre los pintores colombianos porque ya no fueron las escuelas de París los referentes de su formación, sino que las relaciones con Estados Unidos decidieron la balanza a favor de Nueva York y por entonces comenzó a expresarse un arte abstracto en la pintura, de la cual fue representante el santandereano Eduardo Ramírez Villamizar.

Otros aspectos relacionados con la cultura colombiana de este período fueron, entre otros más, la música, el cine y el teatro. Durante los años veinte el cine colombiano tuvo desarrollos interesantes, pero en la década del treinta este movimiento se detuvo para dar paso a la presencia masiva de películas estadounidenses, mexicanas y algunas europeas. Luego de algunas producciones argumentales en los años cuarenta, aparece la producción de documentales audiovisuales estimulados por la demanda de la recién creada televisión. La radio, además de ser el medio privilegiado del debate político, constituyó una importante vía de difusión de la obra de dramaturgos y actores de teatro, nacionales y universales. Estos programas de radioteatro fueron conocidos por emisoras como la Radiodifusora Nacional de Colombia. En la escritura de piezas de teatro también se expresó una corriente de denuncia social y política, como en las obras de Luis Enrique Osorio, después del 9 de abril. En 1954, con la llegada de la televisión a Colombia, se inicia una nueva etapa del movimiento teatral que se hace más profesional y permanente.

En lo relativo a los deportes, esta es una época en que se hicieron populares el fútbol y el ciclismo que, a la vez, permitieron un reconocimiento de los colombianos entre sí a través de los equipos regionales y por los recorridos de las rutas pedaleadas. Hacia 1936, el gobierno reconoció la Asociación Colombiana de Fútbol, promotora del fútbol aficionado que se popularizó entre 1920 y 1940, y luego sucedió el primer partido de una selección nacional en el campeonato suramericano de 1945. La profesionalización de este deporte comenzó en 1948, cuando se conformó la División Mayor de Fútbol, organizadora del primer torneo entre equipos; desde entonces y hasta 1952 se identificó este tiempo como «el dorado» del fútbol por la calidad de su espectáculo y alta rentabilidad. También el ciclismo comenzó como una afición desde 1898, pero en 1938 se incluyó en las competencias de los I Juegos Bolivarianos realizados en Bogotá y, en 1950, un equipo de ciclistas colombianos participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con escenario en Guatemala. Luego, en 1951, en medio de una difícil topografía y por carreteras intransitables, comenzó la primera vuelta a Colombia con 34 corredores. De nuevo la radio informó y conectó a los colombianos en estos espectáculos deportivos que se hacían masivos, mientras las decisiones políticas y económicas continuaban en manos de la minoritaria élite tradicional, ahora unida en el Frente Nacional.

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CAPÍTULO VII
DEL FRENTE NACIONAL A NUESTROS DÍAS

RICARDO ARIAS TRUJILLO

INTRODUCCIÓN

Este capítulo aborda el último medio siglo de la historia colombiana, un período en el que el país, al igual que el resto de América Latina, ha conocido una serie de transformaciones radicales de la más diversa índole. Muchos de esos cambios hacen parte de un amplio proceso de modernización que ha traído mejoras sustanciales en algunos campos. Sin embargo, se trata de un proceso todavía muy incompleto y contradictorio, amenazado permanentemente por innumerables obstáculos. Por lo tanto, si en las últimas cinco décadas la sociedad colombiana ha logrado avances muy significativos, al mismo tiempo también es necesario puntualizar que el país entró al siglo XXI sin haber resuelto problemas fundamentales, de muy vieja data, relacionados en particular con la justicia social y con la convivencia pacífica entre sus ciudadanos.

El proceso histórico que vamos a analizar comienza en 1958, fecha que, políticamente, marcó el inicio del Frente Nacional, un pacto bipartidista mediante el cual los partidos tradicionales retomaron el poder tras poner fin a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Como lo acabamos de mencionar, a partir de ese mismo momento la sociedad colombiana también conoció importantes transformaciones: se presentaron cambios demográficos sustanciales; en el plano socioeconómico, amplios sectores de la población se beneficiaron de una mejor prestación de servicios por parte del Estado; en el ámbito cultural, aparecieron artistas que revolucionaron las concepciones tradicionales de la literatura y de la pintura; el proceso de secularización debilitó la influencia de la Iglesia católica, de manera que los valores tradicionales del catolicismo perdieron rápidamente fuerza en un número creciente de colombianos. En términos políticos, el Frente Nacional puso fin a la época de la Violencia, un devastador conflicto generado por los dos partidos tradicionales que dejó aproximadamente 200.000 muertos. Pero el fin de la guerra partidista no significó el fin de la violencia: a partir de la década del sesenta, aparecieron diferentes movimientos guerrilleros que, a diferencia de lo que sucedió en el resto de América Latina, conservan, aún hoy en día, una gran capacidad militar. El panorama sociopolítico se tornó cada vez más complejo, debido a la aparición de otros factores que, como el narcotráfico y el paramilitarismo, se sumaron a vicios ya antiguos (corrupción, impunidad, debilidad estatal) y contribuyeron a ahondar la crisis del país. Para hacer frente a esa preocupante situación, diversos sectores de la sociedad colombiana apoyaron la creación de una nueva constitución. La Carta Política de 1991 intentó ampliar y consolidar las bases de la frágil democracia, pero, como podemos verlo, ello no ha sido suficiente para superar la crisis del país.

El propósito del siguiente capítulo consiste en explicar las profundas evoluciones que ha conocido la sociedad colombiana desde el Frente Nacional hasta nuestros días: ¿cuáles fueron las causas de esas transformaciones?, ¿en qué consistieron?, ¿qué consecuencias han provocado? Es igualmente necesario preguntarse por el papel que desempeñó el Frente Nacional en el proceso de modernización. ¿Contribuyó a su desarrollo, como sostienen sus defensores? O, por el contrario, ¿se constituyó en uno de sus principales obstáculos, como afirman sus críticos? Finalmente, hay que detenerse en el significado de la Constitución de 1991.

En la medida en que el proceso histórico colombiano se encuentra estrechamente relacionado con el contexto internacional, es necesario ver también lo que ha sucedido en otros países, en particular en América Latina. Esa visión comparativa nos permitirá, además, destacar las similitudes y las particularidades del desarrollo histórico colombiano.

EL FRENTE NACIONAL

A medida que el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla intentaba independizarse del bipartidismo, liberales y conservadores redoblaron sus esfuerzos para deslegitimar al «dictador» y recuperar el poder. Ante las presiones de la clase política, de los grandes empresarios, de la prensa nacional y del episcopado, Rojas cedió su cargo en mayo de 1957 a una Junta Militar transitoria, encargada de preparar el retorno de un gobierno civil. A finales de ese mismo año, los líderes de los dos partidos tradicionales presentaron al electorado colombiano, en forma de plebiscito, los resultados de unas negociaciones que venían desarrollándose desde el mismo momento en que Rojas pretendió prolongar su estadía en el gobierno. Se trata del Frente Nacional, un acuerdo encaminado, esencialmente, a asegurar el retorno del bipartidismo al poder.

Para alcanzar dicho objetivo era necesario, en primer lugar, derrocar al «dictador» y, enseguida, poner fin a las luchas entre liberales y conservadores. La repartición del poder, condición esencial para asegurar la reconciliación bipartidista, fue la pieza clave del proyecto frentenacionalista: por una parte, liberales y conservadores alternarían en la presidencia durante dieciséis años, de manera que cada partido asumiría la dirección del gobierno en dos ocasiones; por otra, todos los cargos públicos se repartirían equitativamente entre los miembros de las dos colectividades.

Cansados, quizá, de una larga etapa de violencia que había causado todo tipo de males, los colombianos y las colombianas —en el plebiscito de 1957, las mujeres inauguraron su derecho al voto— respaldaron masivamente el pacto del Frente Nacional, en una de las votaciones con mayor participación en la historia electoral del país. El sí abrumador a favor del plebiscito otorgó una gran legitimidad a los dos partidos que, luego de varias décadas de duros enfrentamientos, se presentaban ahora ante la opinión pública como los garantes de una nueva unidad nacional. De acuerdo con los dirigentes del bipartidismo, el Frente Nacional, en efecto, era el reflejo de la voluntad popular, la cual, de manera espontánea y democrática, había demostrado su deseo de ponerle fin a la «dictadura». El pacto bipartidista fue presentado también como el inicio de una nueva y prometedora etapa histórica para todo el país, pues permitió el retorno de la «democracia», puso fin a la violencia y abrió las puertas a la reconciliación de todos los colombianos. Sus defensores agregan que, además, gracias al nuevo clima de concordia, el desarrollo económico conoció un gran dinamismo, el cual le brindó los recursos necesarios al Estado para impulsar importantes reformas sociales.

Tal es, en pocas palabras, la versión oficial. Sin embargo, muy pronto otras opiniones le dieron una interpretación diferente al Frente Nacional. Según sus numerosos detractores, el acuerdo bipartidista, lejos de favorecer la democracia, no fue más que un pacto «oligárquico», que legitimó el monopolio del poder en manos de las élites y cerró las puertas a todos aquellos que no se identificaban con los partidos tradicionales. Sus adversarios señalaron que al repartir el poder entre liberales y conservadores, el Frente Nacional le quitó todo sentido al juego democrático: ¿qué interés, se preguntan, podían tener unas elecciones en las que se sabía de antemano que el triunfador sería el candidato del Frente Nacional?, ¿cuál era el sentido de hacer oposición política si el bipartidismo, amparado en la Constitución, podía acaparar todos los puestos gubernamentales? Además de su carácter excluyente y elitista, el Frente Nacional también fue tachado de ser un régimen autoritario, en el que el Ejército adquirió un gran poder y el estado de sitio —un régimen de excepción que le concedía al presidente, por un tiempo limitado, derechos extraordinarios para afrontar problemas de «orden público»–– se convirtió en práctica cotidiana para debilitar a la oposición. Al sentirse excluidos, los críticos más radicales del Frente Nacional terminaron legitimando vías ilegales para oponerse al régimen excluyente y autoritario de las élites colombianas. En el marco de esta interpretación, ese fue el origen de las guerrillas comunistas que aparecieron en Colombia a mediados de los años sesenta:

Este experimento [el Frente Nacional] produjo desastrosos resultados, cuyo precio todavía estamos pagando. Se partió del supuesto de que la opinión pública colombiana se dividía exclusivamente entre liberales y conservadores y, en consecuencia, se proscribieron cualesquiera otras colectividades políticas, comenzando por las de izquierda. La limitación a participar en la dirección del Estado a quienes no pertenecieran a los partidos históricos se extendió a todas las ramas del poder público. Fue así como se formaron coaliciones de gobierno y coaliciones de oposición […]. Y, en último término, se optó por apelar a la lucha armada.

Estas declaraciones no provienen de la guerrilla, ni siquiera de uno de sus simpatizantes; son el punto de vista del ex presidente Alfonso López Michelsen.[1]

Se trata, como vemos, de dos versiones que se excluyen mutuamente, pues ambas pretenden tener la razón de su lado. Una visión más matizada permite superar interpretaciones que merecen ser revaluadas. Por ejemplo, quienes siguen insistiendo que el carácter excluyente del Frente Nacional dio origen a las guerrillas, debían pensar en que la Constitución de 1991 abrió los espacios políticos como nunca antes se había visto en la historia del país y, sin embargo, la violencia no ha cesado. De la misma manera, aquellos que continúan empeñados en hacer la apología del Frente Nacional, deberían preguntarse si el pacto bipartidista realmente contribuyó a sentar las bases de una mayor cultura política.

LAS TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA

Numerosos académicos extranjeros que llegaron al país en la década de 1950 han manifestado su sorpresa ante la rapidez y la profundidad de los cambios que experimentó la sociedad colombiana a partir de esos años. Y tienen razón, pues en el lapso de medio siglo, que es un tiempo relativamente corto desde una perspectiva histórica, Colombia ha conocido numerosas transformaciones en los aspectos más diversos. La misma observación puede hacerse para el conjunto de América Latina. En efecto, en el mismo momento, todo el continente experimentó un proceso de grandes evoluciones. En términos generales, ese período se caracterizó por un espíritu de rebeldía que cuestionó todos los pilares sobre los que reposaban las sociedades del continente.

Durante veinte años, convergieron cambios políticos, económicos, culturales y estéticos relacionados con enormes expectativas sociales. Fue la época en que la descolonización de Asia y África, sumada a la revolución cubana, marcaron la irrupción del «Tercer Mundo». Los países «subdesarrollados», que no querían identificarse plenamente con ninguno de los dos grandes bloques que, en el marco de la Guerra Fría, dominaban el mundo —el capitalismo y el comunismo—, intentaron dotarse de una identidad propia, tanto en el plano político, como económico y cultural. El discurso antiimperialista, la exaltación de los rasgos culturales autóctonos a través de las diferentes manifestaciones artísticas, las reivindicaciones populares, la lucha por la soberanía, todo ello sirvió para autoafirmar la identidad tercermundista.

En América Latina, el triunfo de la revolución cubana (1959), como lo veremos más adelante, desempeñó un papel determinante en este proceso, pues para amplios sectores de todo el continente, el levantamiento de Castro y sus compañeros se convirtió en el modelo a seguir. Su impacto fue más allá del plano puramente político: todos aquellos que, de una u otra manera, vieron con simpatía el ejemplo cubano, compartieron la convicción de que una transformación radical en todos los órdenes era inminente.[2] Los movimientos estudiantiles y juveniles de los años sesenta fortalecieron tal sentimiento: las revueltas de los estudiantes parisinos, así como el «hippismo», cuyas repercusiones no tardaron en hacerse sentir en las capitales latinoamericanas, se hicieron en nombre de una revolución sexual, moral, cultural, mental, etc.

Convulsiones similares se produjeron, paralelamente, en el mundo del arte y de las ciencias sociales, que se vio animado por una gran efervescencia y por un ferviente deseo de renovación. En particular, la literatura, por una parte, y la sociología, la historia y la economía, por otra, se politizaron y, en muchas ocasiones, se pusieron al servicio de la «causa revolucionaria» o, al menos, adoptaron un discurso mucho más comprometido y militante.

Veamos cómo se dio todo este proceso de cambios en el caso colombiano. En primer lugar, el Frente Nacional puso fin a la violencia entre liberales y conservadores, lo que permitió recuperar cierta estabilidad política. A diferencia de lo que sucedió en la mayor parte de Latinoamérica, Colombia no volvió a conocer ningún régimen dictatorial durante la segunda mitad del siglo XX. Resulta importante recalcar, además, que la transición de la dictadura al nuevo régimen político fue pacífica y que los militares, en una actitud que contrasta con la de sus colegas del resto del continente, no se opusieron al restablecimiento de un gobierno civil.

Una de las transformaciones más importantes se presentó en el plano demográfico. En primer lugar, la población colombiana aumentó aceleradamente: en 1951 el país contaba con once millones y medio de habitantes; a mediados de los años sesenta, la población ascendía a diecisiete millones y medio, y diez años después el número de colombianos era superior a los veintidós millones. Es decir, en menos de veinticinco años la población total del país se duplicó. En segundo lugar, se presentó una redistribución geográfica de la población: el fracaso de las políticas agrarias y la presión demográfica «llevaron a los campesinos a hacer su propia reforma agraria», colonizando nuevas regiones (Caquetá, Guaviare, Meta, etc.).[3] Por otra parte, Colombia dejó de ser un país rural para convertirse en un país mayoritariamente urbano. En el curso de los años sesenta Bogotá sobrepasó el millón de habitantes y ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla llegaron a los quinientos mil. El gobierno de Lleras Restrepo intentó responder al desafío que planteaba la creciente urbanización, desarrollando planes de vivienda popular cuyos resultados fueron bastante ambiguos. Vale la pena mencionar que el crecimiento urbano y el desarrollo económico de las ciudades se acompañaron de cierta modernización arquitectónica, visible particularmente en la capital del país. Edificios empresariales (Seguros Bolívar, Ecopetrol, Banco de Bogotá, sede de El Tiempo), el aeropuerto Eldorado, la vivienda para las clases altas, permitieron apreciar novedades técnicas y formales, producto de una nueva generación de arquitectos formados en el exterior o en las nuevas facultades de arquitectura que se abrieron en distintas universidades del país.[4] El más destacado de los jóvenes arquitectos fue Rogelio Salmona, quien, con el conjunto de Residencias El Parque (1970), logró realizar una de las obras más influyentes a nivel nacional, tanto en términos urbanísticos como arquitectónicos.[5]

El crecimiento de las ciudades, particularmente las más dinámicas en el plano económico, se dio por varios factores: durante mucho tiempo se dijo que la violencia había provocado la expulsión de miles de campesinos de sus veredas y pueblos, obligándolos a buscar refugio en los centros urbanos; sin desconocer ese factor, hoy en día se insiste más en la creciente atracción que ejercieron las ciudades como centros laborales, gracias al desarrollo de la industria, del comercio y de las obras de infraestructura.

La economía colombiana también conoció cambios significativos y, como acabamos de mencionarlo, ello explica la importancia creciente de las ciudades en términos demográficos y económicos. De manera general, los economistas llaman la atención sobre un crecimiento acelerado y sostenido como nunca antes se había visto. El desarrollo se explica no sólo gracias al café, que seguía generando buena parte de los recursos estatales, sino también al desarrollo industrial. Si hasta entonces el país había dependido casi exclusivamente de la actividad agrícola, a partir de mediados del siglo otras actividades económicas cobraron mayor importancia: el transporte, los servicios públicos, las comunicaciones, las finanzas y, en especial, la industria. El auge de esta última actividad no provocó conflictos con el gremio cafetero. En realidad, durante varias décadas estos dos sectores no sólo mantuvieron relaciones armónicas, sino que lograron limitar la intervención del Estado en la política económica, que siguió controlada, como había sido la tradición, por el sector privado.[6]

Antes de los años sesenta, la mayor parte de la actividad industrial, limitada por la baja demanda interna, producto a su vez de los precarios ingresos de la población, estaba orientada a la fabricación de unos cuantos artículos de fácil elaboración (textiles, alimentos, bebidas, tabaco). Pero, a medida que la situación económica iba mejorando y la demanda crecía, la industria se vio incentivada en invertir en tecnología para mejorar, aumentar y diversificar su producción: a las industrias anteriores se sumaron la automotriz, la petroquímica, los plásticos y la metalmecánica.[7] La diversidad económica le permitió al sector privado acumular grandes capitales, que fueron invertidos en fábricas modernas, en agroindustria y en construcción. Una economía cada vez más compleja intensificó el trabajo asalariado, sobre todo en las ciudades, y permitió el desarrollo de nuevas regiones, como el Valle del Cauca, que conoció un gran dinamismo gracias a la apertura del puerto de Buenaventura y a su pujante agroindustria y, en menor medida, el Tolima y el Meta.[8]

El desarrollo de la economía colombiana también tuvo consecuencias en el plano social. Al disponer de recursos más numerosos, los gobiernos del Frente Nacional destinaron un mayor porcentaje del presupuesto a atender las necesidades de los sectores más pobres. El aumento de la esperanza de vida es quizá el índice más revelador de la mejoría en las condiciones de vida de la población, aumento que se sustenta en mejoras en la alimentación, en la higiene y en la salud. Hay otros índices no menos reveladores del progreso social. La cobertura de los servicios públicos se extendió a nuevas regiones y a nuevos sectores. Una evolución similar se dio en el plano educativo. Bajo el impulso del Estado, la educación primaria y, en menor medida, la secundaria, llegaron a un número mayor de personas, lo cual permitió reducir las tasas de analfabetismo, que pasaron del 39% de mediados del siglo XX a un poco menos del 18% a comienzos de los años setenta. El incremento cuantitativo de la educación se explica, en buena medida, por las necesidades crecientes del Estado —que requería de un número mayor de funcionarios letrados—; por el crecimiento de las clases medias, cuya importancia provenía, precisamente, de la ampliación de la burocracia estatal, y por el desarrollo de una economía que, como lo mencionamos, se estaba diversificando.

La educación femenina también registró grandes avances durante el Frente Nacional. En la década del sesenta, el número de mujeres con título universitario igualó al de los hombres. Más allá de los derechos adquiridos para cursar estudios superiores, la educación profesional de la población femenina acarreó una verdadera revolución en torno al papel de la mujer en la sociedad y a la imagen tradicional que de ella se tenía. La mujer, ahora dotada de título profesional, accedió por primera vez a importantes cargos laborales que hasta entonces le estaban vedados. Los estudios universitarios y el deseo de ejercer sus carreras le permitieron adquirir solvencia económica y, por lo tanto, una mayor independencia. Más aún: la política, que siempre había estado reservada a los hombres, abrió sus puertas, aunque tímidamente, a las primeras mujeres. En el nuevo contexto, las prioridades tradicionales para la población femenina sufrieron un reacomodamiento: el matrimonio, los hijos y la dedicación a la familia se postergaron, pues ya no eran sus únicos objetivos. El nuevo papel que empezó a desempeñar la mujer en la sociedad modificó el modelo tradicional de la familia, y a partir de los años sesenta el número de hijos disminuyó debido al uso masivo de la píldora anticonceptiva, sobre todo entre las clases más ricas, lo que hizo de Colombia uno de los países más desarrollados en materia de control natal en toda América Latina. Las uniones libres y los divorcios aumentaron, así como el número de madres solteras.

Los nuevos patrones de comportamiento adoptados por un número creciente de mujeres son reveladores, a su vez, de los profundos cambios culturales que se estaban presentando en los años sesenta. Tales cambios permiten apreciar una sociedad cada vez más secularizada, es decir, una sociedad en la que los valores morales, impuestos por el clero, con el respaldo del Estado, empezaron a ser cuestionados. La vida diaria de los colombianos, la cotidianidad, sobre todo en el ámbito urbano, ofrece otros ejemplos de desapego a los valores tradicionales. La diversión, el esparcimiento, el ocio tuvieron un desarrollo importante a partir de mediados de siglo, de modo que la población contaba con nuevas alternativas para pasar el tiempo libre, que hasta entonces había estado copado en buena medida por la oferta religiosa: procesiones, fiestas patronales, misa dominical, celebración de las grandes fechas del cristianismo (novenas navideñas, Semana Santa, Cuaresma, etc.). Los clubes sociales para los más pudientes y, para los sectores populares, los espectáculos de variedades, las corridas de toros, la televisión. Esta última llegó al país en 1954, durante el gobierno militar, y desde un comienzo privilegió una programación popular, por lo general de muy baja calidad, centrada en las telenovelas, en los concursos y en espacios humorísticos. Sin embargo, el espectáculo más apasionante para la mayor parte de los colombianos fue el deporte, en particular el ciclismo y el fútbol. La profesionalización de la actividad deportiva, las primeras vueltas a Colombia en bicicleta, la llegada de grandes figuras del balompié argentino a los equipos del país, la construcción de escenarios deportivos adecuados para albergar a un público creciente, los medios de comunicación, favorecieron el auge de esos deportes y contribuyeron al protagonismo creciente de los atletas más destacados, algunos de ellos convertidos en verdaderos héroes nacionales: Efraín «el Zipa» Forero y «el Marinillo» Ramón Hoyos, ganadores de las primeras vueltas a Colombia, y Efraín «el Caimán» Sánchez, Francisco Cobo Zuluaga, Julio «el Chonto» Gaviria, por el lado del fútbol, fueron los antecesores más ilustres de los grandes deportistas nacionales de épocas más recientes, como los ciclistas Martín Emilio «Cochise» Rodríguez y Luis Herrera, «el Jardinerito de Fusa», y de las «grandes glorias» del fútbol nacional, Willington Ortiz, Carlos «el Pibe» Valderrama, entre otros.

Los convulsionados años sesenta provocaron cambios incluso en la muy conservadora y tradicionalista Iglesia católica colombiana. Numerosos sacerdotes, provenientes sobre todo del «bajo clero», adoptaron un discurso crítico frente a la realidad nacional que muy pronto los condujo a cuestionar igualmente la actitud de la jerarquía eclesiástica. La evolución en el clero colombiano se relaciona, en primer lugar, con el Concilio Vaticano II (1962-65) que, liderado por los papas Juan XXIII y Pablo VI, representó un esfuerzo para abrir un diálogo, como nunca antes se había realizado, entre el catolicismo y el mundo moderno. Promoviendo una mayor tolerancia y apertura al mundo y a las otras visiones sobre la sociedad, el Concilio Vaticano II quiso dejar atrás las actitudes defensivas y hostiles de la Iglesia frente a muchas de las conquistas de la modernidad. Sin embargo, para el catolicismo latinoamericano fue mucho más decisiva la política trazada por los propios obispos del continente en la reunión que tuvo lugar en Medellín (CELAM II, 1968). El episcopado de toda la región, con la excepción de los jerarcas colombianos, expresó su profunda preocupación por las condiciones de pobreza y de dependencia del continente. Con un discurso muy novedoso dentro del clero, pero ampliamente conocido en los sectores cercanos al marxismo, los obispos no dudaron en señalar que las innumerables situaciones de injusticia y de exclusión a las que estaba sometida la mayor parte de la población latinoamericana eran el resultado de la dependencia frente a las «potencias imperialistas» y constituían una forma de violencia «oficial» o «institucionalizada».

Camilo Torres, «el cura guerrillero», se adelantó unos cuantos años a las nuevas tendencias del clero latinoamericano, pues ya para 1965 había proclamado que el verdadero cristiano tenía que ser revolucionario. Consecuente con su punto de vista, ingresó a la guerrilla del ELN luego de varios enfrentamientos con sus superiores eclesiásticos, que lo llevaron a salir de la Iglesia y a radicalizar sus posturas. Pocos meses después moriría en un combate con el Ejército (1966), pero su trayectoria significó un cuestionamiento, como nunca antes había ocurrido, del papel que debían desempeñar la Iglesia católica y los cristianos en general en una sociedad con graves problemas sociales. Camilo Torres no tardó en convertirse en un nuevo referente para miles de católicos militantes en toda América Latina: inspirados en su mensaje, muchos de ellos quisieron convertirse en los voceros de los sectores populares. La Teología de la Liberación, que apareció tan pronto finalizó la reunión episcopal de Medellín, ahondó las divisiones dentro del clero del continente: a un lado, estaban los defensores del orden establecido, dentro de los que se destacaban los obispos colombianos, opuestos a toda veleidad contestataria; del otro, encabezados por algunos obispos chilenos y brasileños, se situó un episcopado decididamente combativo, que, reinterpretando la noción de pecado, concluyó que la pobreza también constituía una situación pecaminosa, cuya responsabilidad recaía en las clases dirigentes. Muchos de esos obispos, influenciados por la revolución cubana y por los enfoques marxistas, se habían hecho más radicales tras la decepción provocada por los escasos logros que alcanzaron los gobiernos demócratas cristianos en Venezuela y Chile.

Los jerarcas del catolicismo colombiano afrontaban otros problemas no menos preocupantes: los fieles se alejaban de las prácticas religiosas; otras creencias empezaron a ganar terreno y el número de curas católicos también disminuía, seguramente debido a que la imagen del sacerdote ya no gozaba del mismo estatus social. Teniendo en cuenta este panorama se puede concluir que, a partir del Frente Nacional, la sociedad confesional que había establecido la Constitución de 1886, una sociedad en la que la Iglesia y sus valores morales ocupaban un lugar central en la vida de los colombianos, comenzó a presentar fisuras de consideración. En otras palabras, la religión católica, que hasta entonces había sido uno de los pilares esenciales de la sociedad, empezaba a perder su lugar privilegiado.

El otro gran pilar, el bipartidismo, conocía una crisis muy similar. Desde el siglo XIX, los partidos liberal y conservador se convirtieron en un factor de identidad nacional: ante la dificultad de verse representada en un Estado ausente y débil, la mayor parte de la población se identificó desde muy temprano con uno de los dos partidos tradicionales. De generación en generación, las familias heredaron las afinidades políticas. Por otra parte, de acuerdo con el investigador Francisco Leal, el sentimiento de pertenencia a sus respectivas colectividades se vio reforzado por las continuas guerras civiles: ante la amenaza del enemigo, había que defender el partido. No obstante, al poner fin a los enfrentamientos bipartidistas, el Frente Nacional debilitó esos lazos de pertenencia.[9] El proceso de urbanización también golpeó al bipartidismo, ya que los sectores pobres de las ciudades se alejaron de los partidos tradicionales para apoyar masivamente a la ANAPO.[10] El debilitamiento del bipartidismo puede explicarse también por la ausencia de grandes debates ideológicos entre los dos partidos: en la medida en que liberales y conservadores tenían asegurada su participación en el gobierno, independientemente de los resultados electorales, la discusión ideológica pasó a un segundo plano. De ahí que no resulte extraño que el desinterés de muchos colombianos frente al bipartidismo se reflejara en las altas tasas de abstención que caracterizaron las elecciones durante toda la década de 1960. El alejamiento de las urnas fue algo más que simple indiferencia del electorado; en el fondo, reflejaba un creciente descontento de la población con respecto al Frente Nacional.

¿Cómo se explica el malestar de sectores cada vez más numerosos frente a un acuerdo que pocos años atrás había sido masivamente respaldado y había suscitado grandes esperanzas? Las razones son de tipo social y político, y se relacionan tanto con el contexto colombiano como con el internacional.

En párrafos anteriores señalamos que durante el Frente Nacional se dieron importantes progresos en materia social y económica. Sin embargo, pese a los avances en ambos campos, las desigualdades no disminuyeron de manera sustancial, de manera que el panorama seguía siendo muy preocupante para la mayoría de la población: mientras que en las ciudades tan sólo unos cuantos se beneficiaban, muchos eran excluidos; barrios enteros crecían alrededor de las principales urbes del país, formando cinturones de miseria en donde se asentaban multitudes que carecían de servicios, empleo, protección, salud y educación, lo que a su vez generaba problemas de inseguridad y de criminalidad; la situación del campesinado era aún más precaria. Adicionalmente, las diferencias sociales aumentaron entre el mundo rural y el mundo urbano, entre las regiones aisladas y los epicentros económicos.

Lo que sucedió en el campo de la educación deja al descubierto que, pese al desarrollo en materia educativa, problemas de gran importancia seguían sin solución. Vimos que el analfabetismo disminuyó durante el Frente Nacional, pero los avances en el plano educativo fueron esencialmente cuantitativos. En términos de calidad, la educación, como en el pasado, presentaba graves deficiencias y protuberantes contrastes: por ejemplo, entre la educación urbana y rural, o entre el sector privado y el público; y, sobre todo, la educación universitaria seguía reservada a unos cuantos privilegiados.

Razones políticas se sumaron al malestar social. Como lo dijimos anteriormente, muchos inconformes interpretaron el Frente Nacional como un pacto mediante el cual la «oligarquía» había monopolizado el poder y excluido a sus opositores, y en ese contexto aparecieron algunos partidos políticos que intentaron liderar el descontento. El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y la Alianza Nacional Popular (ANAPO), dirigidos por Alfonso López Michelsen y por el derrocado Rojas Pinilla, se convirtieron en los principales cuestionadores del régimen, al que le reprochaban en particular su carácter excluyente y su desinterés por los problemas sociales. La ANAPO, hábilmente conducida por Rojas, quien supo deshacerse de la imagen de dictador corrupto con la que el Frente Nacional intentó desprestigiarlo, fue el movimiento que mejor aprovechó el clima de malestar general, sobre todo entre las clases medias y algunos sectores populares urbanos: los 100.000 votos que obtuvo en las elecciones parlamentarias de 1962 le abrieron paso en el escenario político, y los casi 750.000 alcanzados cuatro años más tarde hicieron de la ANAPO una fuerza política amenazante para el bipartidismo. Frente al descontento, las autoridades privilegiaron los mecanismos de fuerza. Al amparo del estado de sitio, la represión se desató contra los movimientos disidentes. Como lo señala Marco Palacios, el Frente Nacional no propició el desarrollo de una «cultura cívica y pacífica, pluralista y participativa», objetivo que no estaba en la mira ni de la clase política, ni de los dirigentes gremiales, ni de la Iglesia católica, verdaderos gestores del acuerdo bipartidista.[11]

Los cuestionamientos al Frente Nacional se apreciaban no sólo en los resultados electorales. Al mismo tiempo que la ANAPO y el MRL multiplicaban sus críticas, durante los años sesenta y setenta las manifestaciones estudiantiles, el movimiento obrero, las marchas campesinas y las huelgas generales adquirieron un gran protagonismo y sus protestas se hicieron sentir en muchas regiones del país.

Una actitud muy similar fue adoptada por las nuevas corrientes artísticas que surgieron en los años sesenta con propuestas y discursos novedosos, propios de la vanguardia. La renovación se observó, de manera muy clara, en la literatura, representada por figuras que pronto alcanzaron renombre internacional. No se trata, una vez más, de un fenómeno aislado. Los años sesenta y setenta constituyeron una especie de «edad de oro» de la literatura latinoamericana, en la que los grandes escritores que aparecieron en todo el continente lograron crear una obra de muy alta calidad literaria y de una gran importancia política. Sin duda, la revolución cubana explica en muy buena medida los vínculos cada vez más estrechos que se forjaron entre el arte en general y la política, lo cual llevó a los artistas, sobre todo a los escritores más exitosos, a convertirse en intelectuales de primer plano que asumieron un papel político determinante: de un momento a otro, se hicieron voceros de amplios sectores de la sociedad. A través de sus obras y de su papel como intelectuales, muchos de estos escritores se convirtieron en una especie de «conciencia nacional», o mejor aún, «latinoamericana», que estaba en búsqueda de una identidad propia, alejada de las influencias y de los referentes europeos y norteamericanos. Al mismo tiempo, más allá de la heterogeneidad de esta vasta literatura, se observa una obsesión por la figura del dictador (Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca, Mario Vargas Llosa, Conversaciones en La Catedral, Augusto Roa Bastos, Yo el supremo), una revisión crítica de la conquista (Alejo Carpentier, El arpa y la sombra), una exaltación del nuevo mundo (Pablo Neruda, Canto general) y de las civilizaciones indígenas (Carlos Fuentes, Terra Nostra), así como el deseo de llevar a cabo una «obra total» (García Márquez, Cien años de soledad), en donde se aprecia la influencia de los «grandes perturbadores modernos», como Joyce, Proust, Faulkner, Kafka.[12]

Los ejemplos citados —escritores y obras—, se convirtieron muy pronto en grandes éxitos internacionales, lo que dio lugar a que la literatura continental de ese momento se conociera con el nombre del «boom latinoamericano»: los tirajes y las traducciones aumentaron, se conquistó un público más numeroso, los reconocimientos internacionales premiaron con el Nobel la obra de Miguel Ángel Asturias, Neruda y García Márquez.

En Colombia, la renovación literaria se dio principalmente en torno a la revista Mito. Fundada por Jorge Gaitán Durán en 1955, en ella se desarrolló un espacio literario basado en la creatividad y abierto a todas las vanguardias. Allí aparecieron textos inéditos de Manuel Mejía Vallejo, Fernando Charry Lara, Eduardo Cote Lamus, León de Greiff, García Márquez, Álvaro Mutis y otros novelistas y poetas que estaban revolucionando las letras colombianas. A estos nombres se sumaron los de Manuel Zapata Olivella, Álvaro Cepeda Samudio, Germán Espinosa, Andrés Caicedo, y muchos otros que también desempeñaron un papel destacado en todo este proceso. La vanguardia literaria se acompañó de un rechazo al orden imperante, y buena parte de los jóvenes escritores que surgían alrededor de Mito y de otras revistas que siguieron su ejemplo, no ocultaban su insatisfacción con relación al Frente Nacional y a los poderes tradicionales.

Con respecto al problema de «La Violencia», tema central en la literatura anterior a los años sesenta, su enfoque sufrió un cambio significativo: si hasta entonces la mayor parte de las novelas buscaban, desde una perspectiva casi siempre partidista, responsabilizar al adversario político, deteniéndose en los innumerables actos de horror que se habían cometido, la nueva literatura prefirió interrogarse por los efectos que causó la violencia en los sobrevivientes y en el imaginario colectivo. El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, ilustra muy bien esta otra mirada sobre la violencia. La nueva narrativa colombiana también se caracterizó por su deseo de interpretar el pasado colombiano, interés que implicaba «una indagación de nuestras raíces culturales».[13] Changó, el gran putas, de Manuel Zapata Olivella y La tejedora de coronas, de Germán Espinosa, entre otras, son dos novelas que intentan llevar a cabo esa indagación desde una perspectiva de larga duración. En un contexto cultural que daba muestras de cierto despertar, en el que la demanda aumentaba gracias al desarrollo económico y a la politización creciente de la sociedad, muchas de estas novelas se convirtieron en éxitos literarios, con tirajes que alcanzaron varias reediciones y cifras récord en el país.

En realidad, la actitud crítica fue compartida por toda una generación de intelectuales que empezaban a superar la impotencia en la que los había sumido el horror de la guerra civil no declarada que se había desatado en el país desde los años cuarenta. Defraudados por el Frente Nacional y por el bipartidismo, emprendieron una reflexión acerca del presente y del futuro de Colombia y, fuertemente influenciados por las vanguardias europeas, adoptaron una actitud independiente desde las perspectivas más diversas. La sociología y la historia profesional, lideradas por jóvenes académicos cercanos al marxismo, hicieron su aparición en el mundo de las ciencias sociales y de inmediato centraron su mirada en los problemas de la pobreza, en la violencia, en las exclusiones políticas, en las deficiencias del modelo económico y en las relaciones de dependencia frente a los Estados Unidos. Algunos de los trabajos realizados bajo estos nuevos parámetros fueron apoyados y patrocinados por el Estado, con lo cual no sólo se difundieron las investigaciones de algunos de los intelectuales más sobresalientes, sino que se le permitió a un público más amplio abordar trabajos de calidad sobre la realidad nacional en todas sus facetas. El Manual de historia de Colombia, dirigido por el destacado historiador Jaime Jaramillo, editado por el Instituto Colombiano de Cultura, logró hacer realidad el propósito de sus principales adalides: llevar a cabo «una nueva síntesis del pasado nacional […] utilizando los métodos y conceptos que en los últimos años han renovado la investigación histórica». Con el apoyo del gobierno de Alberto Lleras, se realizó una de las investigaciones más importantes producidas por la academia, La violencia en Colombia (1962), realizada por el sociólogo Orlando Fals Borda, el sacerdote Germán Guzmán y el penalista Eduardo Umaña. Se trata de una obra pionera que logró convertir a la violencia en objeto de estudio «científico», en el que el análisis de las causas, los actores, las modalidades regionales, la intensidad, los horrores de la violencia, fueron abordados desde cierta objetividad.

La efervescencia social, política y cultural que durante dos décadas sacudió al país tuvo varios puntos de gravitación: nuevas editoriales que no dudaban en publicar los trabajos de los jóvenes intelectuales (Oveja Negra), centros universitarios fuertemente influenciados por el marxismo (Universidad Nacional), revistas de avanzada (aparte de Mito, publicaciones como Eco y Estrategia publicaron y difundieron los trabajos de autores nacionales y extranjeros que estaban a la vanguardia en los más variados temas).

La pintura también conoció una transición que llevó a sus principales exponentes a abrazar las tendencias modernistas. El Salón Nacional de Artistas fue determinante en este proceso, sobre todo después de su reapertura en 1958. Creado por el gobierno liberal a comienzos de los años cuarenta, poco a poco se fue institucionalizando hasta convertirse, a partir del Frente Nacional, en un espacio estatal destinado a promover el arte moderno. Allí fueron consagradas las obras de Alejandro Obregón, Enrique Grau, Fernando Botero, Pedro Alcántara, Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, entre otros. Tanto por las temáticas como por el lenguaje empleado, las pinturas y esculturas de estos artistas marcaron el inicio del arte moderno en Colombia. Al igual que en la literatura, la consolidación de las artes plásticas se apoyó en la aparición de una crítica profesional, en la que tuvieron un papel de primer plano algunos expertos extranjeros, dentro de los que sobresale la argentina Marta Traba, fundadora, además, del Museo de Arte Moderno en Bogotá en 1962. Y de la misma manera que el escritor se convirtió en un intelectual que, como tal, debía ayudar a reflexionar sobre los problemas del país, muchos pintores también sintieron la obligación de «comprometerse» con la realidad. El premio otorgado a Obregón por su cuadro Violencia en el Salón Nacional de 1962 refleja la politización del arte, pero ya no se trata, como en las décadas anteriores, de una militancia bipartidista, sino de una denuncia del horror de la violencia y, al menos en algunos casos, de un llamado a una mayor justicia social. Dentro de esta perspectiva, se pueden mencionar los cuadros que Obregón pintó en homenaje a Camilo Torres y al Che Guevara, figura que también fue objeto de algunos trabajos de Pedro Alcántara.

El cine colombiano también intentó abordar los temas más delicados de la realidad nacional. Sus resultados fueron muy modestos en comparación con los obtenidos por la pintura y la literatura, y el proceso fue mucho más lento. A comienzos de los años sesenta, las temáticas predominantes eran las mismas de las décadas anteriores: «el mismo folclor, el mismo melodrama histórico o no histórico, el mismo paisajismo».[14] No obstante, para esos mismos años, ya empezaban a apreciarse nuevas tendencias que le abrían otras perspectivas al cine colombiano. Películas, cortos y documentales de Diego León Giraldo («Camilo Torres»), de Carlos Mayolo y Luis Ospina («Oiga vea»), de Marta Rodríguez y Jorge Silva («Chircales»), de Francisco Norden («La leyenda de El Dorado»), abordaron, a partir de un lenguaje propiamente cinematográfico, los problemas sociales y políticos, entre los que se destacaban las críticas al imperialismo, las migraciones de los campesinos a las ciudades, la violencia de los terratenientes. La mayor madurez del cine colombiano se relacionó igualmente con la aparición de una crítica cinematográfica más profesional, gracias al trabajo pionero de personajes como Hernando Valencia Goelkel; asimismo, la creación de un número mayor de cine-clubes, reflejo de una inquietud por la formación cinematográfica del público, también contribuyó al desarrollo del incipiente cine nacional.[15]

El creciente descontento que se observaba en la sociedad colombiana se inscribía en un contexto de agitación internacional. En América Latina, en ese mismo momento, se asistía a una radicalización cada vez más fuerte en torno al grave problema social. Sin duda alguna, los escasos logros alcanzados por el populismo, el comunismo, la democracia cristiana, así como las políticas represivas de los diferentes gobiernos, reforzaron en los sectores contestatarios el deseo —y la impaciencia— por cambiar el mundo.

La aparición de movimientos guerrilleros en casi toda América Latina constituyó la expresión más radical de ese descontento generalizado. El triunfo armado de Castro y sus compañeros, que puso fin en 1959 a la dictadura de Fulgencio Batista, se convirtió, para muchos, en el modelo que debía imitarse para solucionar, de una vez por todas, los problemas históricos del continente. El impacto de la revolución cubana se aprecia, como lo señala Jorge Castañeda, en que durante treinta años, desde el triunfo de Castro hasta la caída de la Unión Soviética, la idea de la revolución ocupó el centro del escenario político de la izquierda en toda América Latina.[16]

La revolución cubana se inscribía en el marco más amplio de la Guerra Fría. Para Estados Unidos, la posibilidad de que el comunismo soviético se extendiera por toda América Latina suscitó una profunda preocupación y lo llevó a desarrollar, con el apoyo de las burguesías locales, políticas militares que debían contrarrestar la escalada comunista. Es cierto que Washington, bajo la iniciativa del presidente Kennedy, también intentó contribuir al desarrollo del continente apoyando programas sociales, pero estas iniciativas no prosperaron, como quedó demostrado con la Alianza para el Progreso. La «Declaración de los pueblos de América» (1961) fijó como objetivo central de la Alianza realizar un esfuerzo conjunto que acelerara «el desarrollo social y económico de los países participantes, con el fin de alcanzar un alto nivel de bienestar, con igualdad de condiciones para todos, en sociedades democráticas». Sin embargo, ese proyecto social nunca se concretó realmente: la oposición de amplios sectores dirigentes, poco interesados en apoyar un pacto que, en última instancia, disminuía sus privilegios, y el profundo temor que inspiraba el comunismo, relegaron rápidamente a un segundo plano los objetivos sociales del proyecto. El débil apoyo a lo social contrastó con el respaldo incondicional de Washington a los diferentes golpes de Estado que se produjeron en los primeros años de la Alianza para el Progreso.

En Colombia surgieron, entre otros movimientos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos grupos pertenecían a una tradición contestataria que había comenzado décadas atrás y presentaban ciertas continuidades con el conflicto bipartidista de la época de la Violencia. El origen de las FARC, cuyos antecedentes se remontan a las luchas agrarias de los años cuarenta, se dio en 1964, cuando el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) decidió bombardear algunas regiones con influencia comunista bajo el pretexto de que el Estado no podía tolerar «repúblicas independientes». De esos ataques surgieron las FARC, un movimiento netamente campesino en sus orígenes, con una influencia muy limitada, localizada en áreas de colonización (sur del Tolima y regiones del Meta, del Guaviare y del Caquetá), es decir, territorios periféricos, alejados del centro del país y con poca o nula presencia del Estado. Sus objetivos, inicialmente, también eran bastante modestos: además de protegerse de los ataques del Ejército, sus luchas estaban orientadas a conseguir tierras para la población rural y a adquirir cierto poder en sus zonas de influencia. En otras palabras, el impacto de la revolución cubana no fue determinante en la cúpula campesina de las FARC.

El ELN surgió en Santander, cerca de Barrancabermeja, una región con una larga tradición contestataria: en los años veinte fue epicentro de las huelgas de los trabajadores de la Tropical Oil, en los cuarenta conoció la agitación gaitanista y luego, durante la época de la Violencia, contó con la presencia de guerrillas liberales. El ELN mantenía grandes diferencias con las FARC. Sus dirigentes eran jóvenes citadinos con títulos universitarios, casi todos con un pasado militante: algunos venían de las filas del MRL, la disidencia de López Michelsen; otros eran líderes sindicales del puerto petrolero. Para todos ellos, el ejemplo cubano fue decisivo: buena parte de la cúpula del ELN pasó temporadas de entrenamiento en La Habana antes y después de la creación del movimiento; pero, sobre todo, para sus dirigentes el triunfo de Castro demostró que la lucha revolucionaria tenía un gran provenir. Por eso, el objetivo de los jefes del ELN era más ambicioso que el de los campesinos de las FARC: la toma del poder a escala nacional.

Estos movimientos guerrilleros, sobre todo en sus primeros años, tuvieron un impacto muy limitado. Se trataba de grupos pequeños, con grandes dificultades económicas, débiles militarmente y con unas bases de apoyo muy reducidas. Sin embargo, no pasaron desapercibidos; por el contrario, desde muy temprano, los dirigentes del Frente Nacional vieron en ellos una amenaza para el sistema e intentaron doblegarlos, casi siempre recurriendo a la fuerza. El gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-70), sin abandonar la respuesta militar, le dio cierta importancia a la dimensión social del problema guerrillero. Por una parte, autorizó a los civiles a armarse para protegerse de las guerrillas, lo cual legitimó el paramilitarismo, sentando así un precedente nefasto en nuestra historia reciente. Pero, por otra, quiso apoyar a la población campesina impulsando una reforma agraria y creando una asociación que defendiera sus intereses, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). No obstante, el alcance de dichas medidas fue muy limitado, pues sólo un número muy reducido de campesinos logró acceder a la tierra y, como en el caso de las reformas de Alfonso López Pumarejo, las medidas adoptadas por Lleras Restrepo, a pesar de su moderación, fueron contrarrestadas por la férrea oposición de los terratenientes que, una vez más, demostraron que no estaban dispuestos a permitir que las políticas estatales afectaran sus privilegios. El triunfo del interés de unos cuantos particulares sobre el bien común quedó sellado en 1971, con el famoso Pacto de Chicoral, cuando el gobierno de Misael Pastrana (1970-74) suspendió la distribución de tierras.

Las raíces del descontento social y político no fueron, como vemos, debidamente resueltas durante el Frente Nacional, y la agitación, por lo tanto, se mantuvo e incluso aumentó en la década de 1970. A comienzos de ella apareció un nuevo movimiento guerrillero, el M-19, que rápidamente acaparó la atención nacional. Su surgimiento dejó al descubierto la fragilidad de la democracia frentenacionalista. En las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, la ANAPO logró sus mejores resultados, hasta el punto de que los primeros datos le daban el triunfo al disidente Rojas Pinilla. Sin embargo, el presidente saliente, Lleras Restrepo, decidió suspender las informaciones parciales y al día siguiente se proclamó el triunfo del candidato oficialista, Misael Pastrana. Para los líderes del M-19, la situación no ofrecía dudas: el Frente Nacional recurrió al fraude y desconoció las inclinaciones políticas de los electores, que habían expresado claramente su deseo de buscar una solución por fuera del bipartidismo. La supuesta democracia no ofrecía espacios para la oposición y, por consiguiente, el único camino posible era el de las armas. El Movimiento 19 de Abril —en alusión a los hechos ocurridos en las elecciones de esa fecha— reunía a personajes bastante heterogéneos: anapistas, universitarios, guerrilleros de otros movimientos, intelectuales y cristianos con inclinaciones sociales. Sin duda alguna, fue la guerrilla más popular de los años setenta, lo que se explica, entre otros factores, porque su discurso no se acompañaba del dogmatismo comunista de las otras guerrillas, por el carisma de sus dirigentes y por la espectacularidad de sus acciones.

Los hechos que ocurrían en Colombia, parecían, sin embargo, ir contra la corriente. En el resto de América Latina, en efecto, ya hacia finales de los sesenta y, sobre todo, en la década siguiente, las esperanzas puestas en la revolución comenzaban a esfumarse. La muerte del mítico Che Guevara, en 1967, simbolizó, para muchos, el fin de una época. A partir de ese momento, la lucha revolucionaria empezó a perder parte de su legitimidad y los movimientos guerrilleros entraron en un período de decadencia antes de desaparecer del todo. Cuba estrechó vínculos con los gobiernos latinoamericanos, ante los cuales no había mostrado mayor deferencia hasta entonces; el triunfo electoral del socialista Salvador Allende en Chile (1970) constituyó un golpe a los movimientos guerrilleros, pues la vía a seguir para la izquierda latinoamericana, como lo corroboraban los hechos, parecía ser el juego democrático. Los golpes de Estado que se desencadenaron en varios puntos del continente en la década del setenta (Chile, 1973; Uruguay, 1974; Argentina, 1976) se acompañaron de una represión muy fuerte que debilitó aún más a la izquierda en sus dos variantes, la legal y la ilegal.

HACIA UNA CRISIS GENERALIZADA

A partir de finales de los años setenta, Colombia entró en una delicada y muy compleja etapa de su historia, que aún hoy no ha logrado superar, a pesar de los grandes y numerosos esfuerzos que han hecho diferentes sectores de la sociedad, así como de las reformas que se han emprendido desde el Estado. Se trata de una crisis generalizada que afecta a las principales instituciones estatales y a la sociedad en su conjunto. Ampliando la mirada al resto del continente, se puede observar que toda América Latina también entró en una profunda crisis. Sin embargo, la naturaleza de la crisis colombiana era muy diferente a la de sus vecinos. Los años ochenta fueron, para América Latina, la «década perdida» debido a los devastadores problemas económicos que aquejaron a la región.

La caída de los precios del petróleo, en 1970, seguida inmediatamente por el desplome de otros productos que América Latina sacaba al mercado internacional, se convirtió en la crisis de la deuda externa cuando México se declaró en bancarrota e interrumpió sus pagos ante los organismos internacionales. Para tratar de contrarrestar los efectos de la crisis, los gobiernos implementaron medidas tendientes a devaluar las monedas con el fin de estimular las exportaciones y generar de esa manera los recursos que necesitaban desesperadamente. El resultado fue una hiperinflación que llegó a niveles inverosímiles. El apresuramiento en la toma de decisiones, dictadas en buena medida por las presiones internacionales, no hizo sino agravar aún más la situación: la necesidad de capitales llevó a los gobiernos a aumentar vertiginosamente sus deudas, en momentos en que los recursos propios escaseaban. A comienzos de la década del ochenta, el endeudamiento externo superó, en algunos países, la mitad del PIB, situación que llevó a la mayor parte de los gobiernos a declararse impedidos para pagar sus exorbitantes deudas.

Ante la repentina escasez de recursos, la inversión pública se interrumpió y los créditos, que habían llegado generosamente en los años anteriores, también disminuyeron. La nueva coyuntura también afectó el desarrollo industrial, que se había beneficiado de los ingresos derivados de las exportaciones y de los préstamos de la banca internacional. Más que un estancamiento, fue una verdadera regresión socioeconómica, que obligó a los gobiernos, escasos de recursos, a despedir empleados, a reducir salarios y a recortar los gastos en inversiones públicas. El costo social fue apabullante: la desigualdad social se disparó a tal punto que 200 millones de latinoamericanos, es decir la mitad de la población del continente, vivía por debajo de la pobreza.

En medio de una situación desesperada, América Latina no tuvo más remedio que aceptar las reformas impuestas por los organismos financieros. Los planes de «ajuste» planteaban, en realidad, una nueva concepción del desarrollo económico, basada en el libre cambio. De acuerdo con el nuevo modelo de crecimiento, presentado como una especie de receta mágica por parte de la nueva élite intelectual —los jóvenes «tecnócratas», economistas formados en las universidades norteamericanas—, era necesario imponer un gran rigor en el gasto público y en el presupuesto, reducir el papel del Estado en materia económica y abrir las economías nacionales a la competencia internacional. En otras palabras, el contexto favorecía la consolidación del neoliberalismo.

La economía colombiana, junto con la chilena, no conoció la «década perdida».[17] La crisis nacional tuvo que ver con otros factores. En primer lugar, con la agudización de la violencia, relacionada con el fortalecimiento de las guerrillas, en especial de las FARC, y con el auge y consolidación de los paramilitares. Hay que agregar que, además de la violencia generada por los grandes grupos armados, existían otras formas de violencia que causaban más muertes que el conflicto político. Pero la violencia no era el único síntoma de la crisis. La guerra sucia, las escandalosas desigualdades sociales, la violación sistemática de los derechos humanos, la alarmante impunidad, los altos índices de corrupción, el narcotráfico, fueron factores que afectaron gravemente a la democracia colombiana.

A finales de los años setenta, en efecto, las guerrillas se habían convertido en un problema nacional para el Estado. Frente a las crecientes protestas sociales y al recrudecimiento de la violencia insurgente, que empezaba a golpear los centros urbanos, los gobiernos optaron por reforzar el aparato militar de las Fuerzas Armadas. Esta actitud fue particularmente evidente durante la administración liberal de Julio César Turbay (1978-82). Desde el inicio de su controvertido gobierno, los mecanismos de excepción para «restablecer el orden público» perdieron su carácter extraordinario y se convirtieron en normas casi permanentes. El Estatuto de Seguridad, respaldado por la Iglesia, los gremios y la clase política tradicional, le abrió paso a una militarización creciente: algunas de las zonas más amenazadas por las guerrillas quedaron bajo el control de alcaldías y gobernaciones castrenses; la justicia militar se vio ampliada y fortalecida, y la oposición fue objeto de una represión implacable.

Bajo el pretexto de luchar contra las fuerzas revolucionarias y convencido de que Colombia, al igual que Centroamérica, estaba próxima a caer en las garras del comunismo internacional, el gobierno de Turbay cometió todo tipo de violaciones al orden jurídico, como no tardaron en denunciarlo numerosas organizaciones, comenzando por Amnistía Internacional. Los abusos del gobierno y las condenas por parte del exterior inquietaron a varios sectores del bipartidismo, preocupados además por el escandaloso auge de las clientelas políticas y de la corrupción, así como por los efectos de una ola inflacionaria que golpeaba el bolsillo de las clases medias y populares. Ante la presión de algunos sectores de la sociedad, el gobierno optó por mostrase conciliador y aceptó crear una comisión de paz que debía iniciar diálogos con las guerrillas. Se evocó incluso la posibilidad de concederles una amnistía general, pero ninguna de las iniciativas prosperó: la comisión de paz, encabezada por el ex presidente Lleras Restrepo, se disolvió rápidamente cuando sus miembros se percataron de que el gobierno no tenía mayor intención de facilitar los contactos con la guerrilla, y en cuanto a la oferta de amnistía, fue rechazada por los militares.

Nada de esto, sin embargo, preocupaba demasiado al presidente Turbay, que prefería, por razones ideológicas, darle todo su apoyo a la solución militar, la cual, por otra parte, podía exhibir resultados concretos: ¿acaso casi toda la cúpula del M-19 no estaba tras las rejas gracias a los operativos de la fuerza pública? No obstante, no todos pensaban que la represión fuera el medio más adecuado para erradicar una violencia guerrillera que, en el caso de las FARC y el ELN, se extendía por varias regiones del país. Las elecciones presidenciales de 1982 giraron en torno a la búsqueda de la paz, lo que reflejaba la preocupación de la sociedad al respecto. El triunfo de Belisario Betancur marcó un hito en el accidentado camino de las relaciones entre el Estado y la insurgencia: por primera vez en la historia, un gobierno reconoció que el problema guerrillero no era un problema de orden público, como habían dicho hasta entonces todos los mandatarios, sino que existía una serie de «causas objetivas» (injusticia social y exclusión política) que habían llevado a numerosos colombianos a empuñar las armas.

Consecuente con su diagnóstico acerca de las raíces del conflicto armado, Betancur puso en marcha su proceso de paz y abrió así una fórmula que no sólo ha sido retomada por los diferentes gobiernos que le sucedieron, sino que ha sido extendida a otros actores armados. La iniciativa reposaba en tres principios clave: negociación entre amplios sectores de la sociedad, incluidos los movimientos guerrilleros; reformas sociales y apertura del espacio político. Los resultados concretos fueron modestos: en cuanto a los enfrentamientos, se decretó un cese al fuego que nunca sirvió para propiciar un clima de confianza entre las partes; en lo político, se aprobó la elección popular de alcaldes, que entró en vigencia en 1986, y se constituyó la Unión Patriótica (UP), el movimiento político de las FARC; finalmente, para enfrentar el problema social, se creó el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), un organismo con una capacidad de acción muy limitada debido a los escasos recursos con los que contó al comienzo de sus gestiones. Con el paso del tiempo, por lo tanto, y en vista de los múltiples tropiezos que sufrió desde sus propios inicios, el experimento de Betancur fue objeto de innumerables objeciones por parte de los empresarios, de los jerarcas de la Iglesia católica y de la gran prensa nacional. Todos ellos vieron en la criminal toma del Palacio de Justicia por parte de un comando del M-19, en noviembre de 1985, la oportunidad para deslegitimar por completo el cuestionado proceso de paz.

¿Qué balance se puede hacer de este experimento pionero? Para muchos fue un fracaso absoluto, pues lejos de debilitarla, la guerrilla aumentó su poderío. Aunque lo anterior no deja de ser cierto, la misma objeción resulta válida para deslegitimar la vía militar, pues luego de varias décadas tampoco ha logrado acabar con la insurgencia. Es importante tratar de reconocer que la solución negociada del conflicto armado que inauguró Belisario Betancur ha sentado varios precedentes que no se pueden ignorar: en primer lugar, permitió la desmovilización de varios grupos guerrilleros y de otros actores armados; por otra parte, la iniciativa de Betancur ha sido retomada por todos los gobiernos posteriores —ya hablaremos más en detalle de ello—; asimismo, una visión comparativa, que se pregunta por lo que ha ocurrido con fenómenos similares en otros países, arroja conclusiones muy significativas: en Centroamérica, para citar un caso, pese a los enormes gastos de guerra y al apoyo militar de los Estados Unidos, los movimientos guerrilleros no lograron ser derrotados y su reinserción en la sociedad civil sólo se consiguió mediante procesos de paz. Como bien lo anota Eduardo Pizarro, «la disminución de los conflictos [armados en la posguerra fría] ha tenido como origen ante todo procesos de paz exitosos y no el triunfo militar de uno de los polos en conflicto».[18]

De ahí que si todos los gobiernos posteriores al de Betancur se encargaron de introducirle numerosas modificaciones, ninguno de ellos renunció a la modalidad del diálogo como instrumento para acercarse a las guerrillas. Los cambios que se observan en los sucesivos procesos se explican en buena medida por el deseo de no repetir los errores de oportunidades anteriores y por las evoluciones que se presentan en las distintas coyunturas. Pero más allá de las diferencias entre un proceso y otro, es posible hablar de dos modelos generales que han inspirado las políticas de paz de todos los gobiernos desde 1982. En primer lugar, tenemos aquellas negociaciones que se muestran dispuestas a ceder a las exigencias de los grupos alzados en armas. Fue el caso de Belisario Betancur y de Andrés Pastrana (1998-2002), quien les cedió 42.000 km² del territorio nacional a las FARC para iniciar conversaciones, reconociéndoles de hecho una amplia soberanía sobre la región y sus habitantes. En el otro extremo están las negociaciones basadas en unas agendas más concretas y más exigentes, en las que se condiciona el inicio del diálogo a la voluntad de paz de las guerrillas y a su deseo de reinsertarse definitivamente en la sociedad civil mediante el desarme y la desmovilización. Este fue el modelo puesto en marcha por Virgilio Barco (1986-90) y, en parte, corresponde al del primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006). En ocasiones, los mandatarios combinan las dos estrategias: César Gaviria (1990-94), por ejemplo, no dudó en adelantar diálogos y en decretar la «guerra integral».

Como resultado de dichos procesos, a comienzos de los años noventa se habían desmovilizado varios grupos guerrilleros o parte de ellos, algunos de importancia nacional: casi todo el EPL, una pequeña facción del ELN y, sobre todo, el M-19. Tras su reinserción en la sociedad civil, estas organizaciones se convirtieron en movimientos políticos que han tratado, con distinta suerte, de asumir la vocería de la izquierda democrática.

Los procesos de paz no han arrojado, sin embargo, ningún avance significativo con respecto a la guerrilla más poderosa: las FARC. Este movimiento conoció, a partir del gobierno de Betancur, un gran fortalecimiento en todos los aspectos, tendencia que se reafirmó en la década siguiente. A comienzos de los años ochenta los dirigentes de la organización, muy limitada hasta entonces en el plano político, militar y geográfico, decidieron que las condiciones estaban maduras para pasar a la ofensiva en la lucha por la toma del poder y que, para alcanzar dicho objetivo, era necesario fortalecer las finanzas, aumentar el pie de fuerza y conquistar territorios estratégicos. El secuestro, las extorsiones a los hacendados y a las multinacionales, y los cultivos ilícitos se convirtieron en sus principales fuentes de financiación. Los cuantiosos ingresos que derivaban y aún derivan de esas actividades delictivas les permitieron reclutar numerosos adeptos, fortalecer su presencia en sus zonas tradicionales de dominio y, sobre todo, extenderse hacia regiones mucho más importantes: áreas ganaderas como el Magdalena Medio y las sabanas de Córdoba, regiones agroindustriales como Urabá, el sur del Cesar y algunas provincias de Santander, y zonas de explotación petrolera como el Magdalena Medio, Casanare, Arauca y Putumayo. Las FARC fortalecieron sus bases de apoyo, igualmente, en la región andina, en la zona cafetera, en algunas ciudades, en áreas fronterizas con casi todos los países vecinos y en franjas costeras del Pacífico y del mar Caribe, que constituyen puntos vitales para la exportación de drogas y la importación de armas.

Como vemos, ya no se trataba de una organización con influencia limitada a las zonas de colonización, sino que ahora tenía presencia y ejercía control en regiones del país cuya importancia estratégica salta a la vista. Sin embargo, su fortalecimiento económico y militar, al que no afectó la desaparición de los regímenes comunistas en Europa, fue sólo parcialmente exitoso, pues a mediano plazo, como se vería con posterioridad, no se tradujo en una consolidación de su influencia en el plano sociopolítico; por el contrario, hoy las FARC no cuentan ni siquiera con el respaldo de los sectores más pobres de la población, a los que dicen representar en sus proclamas. Y de ser un grupo armado de resistencia campesina, se convirtió en un ejército semirregular que ha impuesto el régimen del terror en las zonas que están bajo su dominio, ejerciendo un poder arbitrario, intolerante y represivo, que se aplica no sólo en el plano político, sino que abarca incluso aspectos morales —se persigue a los homosexuales— y religiosos —no se toleran las minorías cristianas—. En otras palabras, y como lo han señalado no sólo sus detractores sino numerosos estudios académicos, cada día son más evidentes las contradicciones entre la teoría y la práctica, entre los discursos y los hechos: la guerrilla dice luchar por los intereses del pueblo y por el restablecimiento de la democracia, pero lo que se aprecia a diario son actos claramente criminales que poco tienen que ver con los ideales revolucionarios: secuestros, ataques indiscriminados a la población civil y violación permanente de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario:

El desarrollo del aparato militar de las FARC en la década del 90 no logró traducirse en avances de la capacidad de propuestas políticas, ni en la consecución del apoyo de amplios sectores urbanos del país a la lucha revolucionaria […]. La agrupación podría haber llegado a confundir su fortaleza militar y su dominio en varias regiones con legitimidad política nacional y apoyo de vastos sectores de la sociedad, pues la suma de sus poderes regionales estaba lejos de constituir de alguna manera un poder nacional.[19]

La expansión económica y militar de las FARC, por otra parte, está estrechamente relacionada con el auge del paramilitarismo, otra pieza central, por sus múltiples consecuencias, de la crisis actual del país. Para muchos, el paramilitarismo puede ser visto como una respuesta a los desmanes de la guerrilla en un contexto en el que el Estado no estaba en capacidad de proteger a la población afectada. Para tratar de frenar esa amenaza, que se traducía en secuestros, asesinatos y extorsiones contra la población, se organizaron grupos armados de «autodefensas» en unas cuantas regiones del país. Rápidamente, sin embargo, lo que comenzó siendo una propuesta de carácter local y defensivo se convirtió, gracias a su vinculación con los dineros de la mafia y al apoyo de influyentes sectores, en un proyecto mucho más ambicioso. Ya no se trataba simplemente de esperar a que el enemigo atacara, sino que había que tomar la iniciativa, es decir, había que salir en búsqueda de la guerrilla para expulsarla a sangre y fuego del territorio. Con la ayuda de terratenientes, empresarios, políticos e incluso miembros del Ejército y de los organismos de seguridad, los grupos paramilitares, cada vez más ligados al narcotráfico, se extendieron por diferentes regiones del país. Su primer epicentro fue el Magdalena Medio y, en particular, los alrededores de Puerto Boyacá. De allí no tardaron en avanzar hacia otras regiones controladas de tiempo atrás por las guerrillas, y hacia finales de los años ochenta ya ejercían el poder de facto en varios municipios de Córdoba, del Urabá antioqueño y, un poco después, del piedemonte llanero.[20]

El origen del paramilitarismo, en consecuencia, no se explica sólo por los crímenes de la guerrilla. Es decir, no es únicamente, como afirman sus numerosos simpatizantes, una respuesta defensiva que encuentra su justificación en la debilidad de un Estado que no puede proteger a la población de los ataques guerrilleros. En su origen y desarrollo hay también causas económicas e ideológicas muy precisas. Como lo han señalado varias investigaciones, el paramilitarismo se consolidó en el mismo momento en que el gobierno de Betancur puso en marcha su proceso de paz, una iniciativa que, como ya vimos, privilegiaba las reformas políticas y sociales, lo cual, directa o indirectamente, les dio un gran protagonismo a los actores de la lucha armada. Todo ello preocupó a buena parte de las élites tradicionales, que temieron por sus privilegios y consideraron con horror la perspectiva de que los ex guerrilleros pudieran, en un futuro próximo, ejercer su influencia desde las instituciones del Estado. Mauricio Romero explica claramente la situación:

[El crecimiento del paramilitarismo] no se debe sólo a la ofensiva de las guerrillas y al incremento de los secuestros, tal como sostienen los que ven en los paramilitares sólo el resultado de una falta de seguridad para hacendados, ganaderos y propietarios rurales. Ese mayor radio de acción paramilitar también se puede explicar como parte de los planes de quienes serían afectados por un proceso de paz exitoso. Estos sectores —élites ganaderas y rurales, políticos locales tradicionales, etc.—, mediante una alianza estratégica con grupos de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, esperan neutralizar cualquier intento de paz con negociación, lo mismo que el reformismo que aparentemente le seguiría, en especial el que supone una redistribución de activos rurales.[21]

Ante un panorama tan inquietante, los representantes más violentos de la extrema derecha, dispuestos a impedir cualquier cambio que atentara contra sus prerrogativas, lanzaron una verdadera cruzada contraguerrillera en todo el país a partir de los años ochenta.[22] Para ello combinaron, en lo fundamental, dos tácticas —«las acciones de control y combate de las Fuerzas Armadas, y las acciones de escuadrones paramilitares privados»[23]—, y como en toda cruzada de este tipo, sus instigadores empezaron a ver enemigos por todas partes. Mediante una guerra sucia muy bien planificada y financiada, que adquirió connotaciones aún más bárbaras durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), periodistas, jueces, intelectuales, maestros, sindicalistas, ecologistas, defensores de los derechos humanos, candidatos presidenciales y cientos de miles de campesinos engrosaron la larga y triste lista de víctimas del terror. El ejemplo más dramático de la estrategia de extermino es el de la Unión Patriótica (UP), el movimiento que había nacido como brazo político de las FARC durante el proceso de paz de Betancur y que, hacia finales de los años noventa, ya había visto caer asesinados a más de dos mil de sus militantes. No debe perderse de vista, sin embargo, que la ofensiva paramilitar de aquellos años fue también una respuesta a la táctica de «combinar todas las formas de lucha» propuesta por las FARC y por el partido comunista, una táctica que los dirigentes de la UP no denunciaron ni rechazaron con el vigor requerido por las circunstancias y que sirvió de pretexto para que la extrema derecha desatara una campaña de aniquilamiento contra todo lo que pareciera de izquierda.

En un comienzo, como es de público conocimiento, el paramilitarismo no encontró mayor freno ni por parte de la sociedad, hastiada de los ataques de la guerrilla, ni por parte del Estado, que veía en los paramilitares un aliado en su lucha contra el enemigo común. Durante muchos años, las autoridades negaron incluso la existencia de los grupos «contrainsurgentes», como desde entonces se calificaban a sí mismos; sólo a partir del momento en que empezaron a asesinar a encumbrados funcionarios y a dirigentes políticos de primer orden, tomaron medidas al respecto. Sin embargo, lo que se puede concluir es que no ha existido una política común, una posición estatal frente al paramilitarismo —como tampoco la ha habido en relación con la guerrilla—, y eso explica en no pequeña escala los vaivenes y las contradicciones que se aprecian de un gobierno a otro: Virgilio Barco y César Gaviria, por ejemplo, reconocieron el problema y adoptaron estrategias, así fueran tímidas, para resolverlo, pero Ernesto Samper volvió a revivirlo mediante la recreación de las Convivir, agrupaciones campesinas armadas por la fuerza pública para asegurar la protección de ciertas regiones.

Las consecuencias del fenómeno paramilitar fueron funestas para el Estado, para la sociedad y para la democracia. Es cierto que la ofensiva contrainsurgente «liberó» zonas históricamente controladas por la guerrilla, pero los resultados obtenidos —y los métodos que se utilizaron— no contribuyeron a legitimar las instituciones ni a solidificar su presencia en las áreas dominadas por los insurgentes. Por el contrario, los costos ocultos de los supuestos triunfos trajeron como consecuencia la «creación de dominios territoriales armados donde no puede actuar el Estado sino como cómplice de sistemas de justicia privados»,[24] de donde se deduce que los paramilitares, como lo han puesto de presente numerosos pronunciamientos de tribunales jurídicos nacionales e internacionales, llevaron a cabo su política de terror bajo la mirada indiferente de las autoridades oficiales y, en no pocas ocasiones, con la colaboración explícita de miembros de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la sociedad, los costos que pagó fueron altísimos. Así como el terror causado por la guerrilla facilitó y para muchos «justificó» la reacción de sus víctimas, el horror que acompañó las acciones de los paramilitares incrementó la violencia de la guerrilla. La espiral de masacres y contramasacres golpeó en primer lugar a la población civil, pues las arremetidas «justicieras» de uno y otro bando estaban más dirigidas a sembrar el terror entre las bases de apoyo del enemigo que a vulnerar directamente al adversario: «Lo esencial de este tipo de justicia es que no individualiza responsabilidades, sino que se aplica a sustitutos de los culpables, como medida ejemplarizante para crear terror en la población», escribe al respecto Alejandro Reyes. El balance de esta tenebrosa lógica es, sencillamente, aterrador: en las últimas décadas del siglo pasado, los homicidios se convirtieron en la principal causa de mortalidad en el país; según datos del episcopado, desde mediados de los años ochenta más de dos millones de colombianos han tenido que huir de su lugar de residencia para escapar al fuego cruzado de los paramilitares, la guerrilla y el Ejército; hasta el día de hoy, habría más de 3.000 personas secuestradas.

En tercer lugar, la democracia colombiana, «la más vieja de América Latina», también se vio amenazada. Por una parte, la lucha a muerte de los paramilitares contra la izquierda legal impidió que el escenario político se ampliara y se consolidara como un espacio abierto a otras tendencias. Como consecuencia de ello, y en medio de un círculo vicioso en el que aún estamos inmersos, el paramilitarismo contribuyó a la radicalización de la guerrilla y las exigencias de la lucha armada hicieron que el poder económico y militar de ambos bandos comenzara a fundarse, en muy buena medida, en las enormes ganancias que las dos organizaciones obtenían —y aún obtienen— del narcotráfico. Según estudios citados por el investigador Eduardo Pizarro, los ingresos de las FARC por este concepto, entre 1991 y 1996, ascendieron a 470 millones de dólares, cifra que representó el 41% del total de sus ingresos durante el mismo período, al tiempo que los paramilitares obtuvieron cerca de 200 millones de dólares, correspondientes al 70% de sus ingresos.[25] El interés de ambos grupos por controlar las zonas de cultivos ilícitos se tradujo en un aumento sustancial de la violencia. El narcotráfico, sin embargo, no sólo ha contribuido a alimentar la guerra. En realidad, como lo veremos enseguida, se trata de un fenómeno que ha tenido un impacto decisivo en muchos aspectos de la sociedad colombiana.

Como respuesta a la demanda creciente de los consumidores de los mercados internacionales, a partir de la década de 1980 Colombia adquirió una mayor importancia como país productor y exportador de cocaína. Sin duda, la cercanía de Colombia a los Estados Unidos —el principal consumidor mundial— y a Perú y Bolivia —los principales centros productores de la hoja hasta los años ochenta— explica el protagonismo de las mafias criollas, que también se favorecieron por su enorme habilidad para burlar y sobornar a todo tipo de autoridades. Los carteles de Medellín y de Cali, dominados por Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela respectivamente, fueron los ejemplos más exitosos de tales empresas delictivas. Las dos organizaciones, en su afán por aumentar su riqueza y por eliminar a sus adversarios, dieron desde muy temprano origen a todo tipo de violencias: ajustes de cuentas entre las diferentes mafias; asesinatos selectivos de sus críticos y de los defensores de la extradición, ya fuesen políticos, policías, jueces o periodistas, y atentados indiscriminados para sembrar el pánico en todo el territorio nacional. Los años de 1988 y 1989 marcaron el clímax de una época de terror que buscaba presionar al Estado para que aboliera la extradición. Los «dineros calientes» penetraron cada vez más hondo en el tejido social, permeando desde la clase política hasta la guerrilla, pasando por los paramilitares, el deporte, los medios de comunicación, la banca, algunos miembros del Ejército, no pocas reinas de belleza y miles de campesinos y de comerciantes. La corrupción del narcotráfico llegó a tal nivel que incluso un presidente de la república (Ernesto Samper, 1998-2002) fue acusado de recibir enormes cantidades de dinero del cartel de Cali para financiar su campaña electoral.

El comercio de la cocaína no fue solamente un asunto de las grandes mafias de la droga; también tuvo —y sigue teniendo— una dimensión social. Para miles de campesinos, el cultivo de la planta era en muchas ocasiones la única alternativa económica viable frente a las escasas oportunidades que ofrecía el mundo rural en las décadas de 1980 y 1990. Departamentos como Guaviare, Caquetá y Putumayo recibieron en aquellos años a miles de inmigrantes ansiosos de mejores oportunidades. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las olas de colonización no tuvieron un final feliz. Por el contrario, las regiones de cultivos ilícitos se convirtieron en epicentros de delincuencia, de guerrilla y paramilitares, dando lugar a todo tipo de problemas.

Algo similar puede decirse acerca de los supuestos beneficios económicos del narcotráfico. Algunos analistas han calculado que en las dos últimas décadas del siglo pasado esta actividad generó un promedio de 2.000 millones de dólares anuales, una cifra que supera los ingresos de las exportaciones de café, razón por la cual durante un tiempo hubo quienes se empeñaron en destacar las consecuencias positivas del auge de la droga: generación de miles de empleos directos e indirectos, grandes inversiones financieras y un auge inusitado de la construcción y del consumo. Sin embargo, muchos economistas han cuestionado las bondades del fenómeno, ya que si bien es cierto que en el corto plazo la economía pasó por una etapa de relativa reactivación, a mediano y largo plazo las consecuencias fueron ampliamente desfavorables: los gastos de la mafia estaban orientados, esencialmente, al lujo y la especulación, lo que no favorecía un desarrollo sostenido, y sus inversiones en actividades comerciales reposaban en el contrabando, generando así una competencia desleal que afectaba al comercio y a la industria. Adicionalmente, la droga produjo profundos cambios en la estructura de la tenencia de la tierra. El interés de los narcotraficantes, de los paramilitares y de las guerrillas por controlar zonas estratégicas tuvo consecuencias nefastas para los propietarios rurales, ya fuesen grandes terratenientes o humildes campesinos, pues se vieron presionados a vender o a abandonar sus propiedades según la voluntad omnímoda de los «señores de la guerra». Las transferencias forzadas permitieron la creación de enormes latifundios dedicados más que todo a la ganadería extensiva. Las cifras son muy difíciles de calcular, pero es indiscutible que en el transcurso de unos pocos años se implementó una auténtica contrarreforma agraria que concentró la tierra en manos de unos pocos y que agravó considerablemente la problemática social del campo colombiano.[26] En muchas ocasiones los campesinos se vieron obligados a desplazarse a los centros urbanos, huyendo de la violencia hacia ciudades que no ofrecían solución a sus necesidades más elementales de vivienda, educación, salud y servicios. La consolidación de los nuevos hacendados se manifestó en sus pretensiones de extender su enorme poder económico al plano social y político, y esto produjo consecuencias éticas devastadoras: predominancia del dinero en detrimento del mérito, como factor determinante del reacomodamiento social; un incremento sin precedentes del consumo suntuario, del derroche y del exhibicionismo, y una tendencia cada día más marcada, sobre todo entre los jóvenes, hacia las actividades ilícitas. Todas estas transformaciones pueden ser consideradas como signos de una «narcocultura» que llegó hasta los resquicios más sagrados de la sociedad y que influyó de manera determinante en el progresivo debilitamiento de la justicia. A la congestión en los procesos judiciales y a la impunidad se sumaron entonces la intimidación y los sobornos por parte de los barones de la droga. Ya no sólo se trataba de comprar o asesinar a unos cuantos jueces, sino de la capacidad de negociar directamente con el Estado, como sucedió durante el gobierno de César Gaviria, cuando el cartel de Medellín impuso sus condiciones para la entrega de Pablo Escobar. La llamada política de «sometimiento a la justicia» abolió la extradición, que era la principal exigencia de los narcotraficantes, y concedió muchos otros privilegios jurídicos a quienes se «sometieron» a ella.

Por último, hay que señalar que la droga también tuvo incidencias considerables en el plano de la soberanía nacional. Las políticas antinarcóticos de los diferentes gobiernos colombianos no fueron el resultado de una deliberación interna y autónoma, sino de las presiones ejercidas por los Estados Unidos. En la medida en que para Washington el problema radicaba en la oferta y no en la demanda, la responsabilidad de resolverlo recaía en los países productores, por lo cual todos los esfuerzos debían concentrarse en erradicar los cultivos ilícitos y en perseguir a los carteles. Este enfoque simplista de un fenómeno tan complejo, que se observa con rasgos muy particulares en el Plan Colombia, suscrito por Andrés Pastrana y el ex presidente Clinton, explica por qué la ayuda que brinda el gobierno estadounidense se dirige esencialmente a las Fuerzas Armadas y por qué, además de trazar las políticas que han de adoptar los gobiernos andinos para luchar contra la droga, Estados Unidos impone castigos unilaterales a los países que se «portan mal», como la descertificación y las sanciones comerciales. Finalmente, cabe añadir que en su lucha contra el narcotráfico, convertido en una de las principales fuentes de financiación de la insurgencia, las autoridades colombianas relegaron a un segundo plano la dimensión social del problema y no supieron ofrecer alternativas serias a los millares de campesinos que sembraban y aún siembran coca para subsistir. Los costos de esta política represiva, por lo tanto, imprimieron su huella en el conjunto de la sociedad colombiana. La represión hizo del negocio de las drogas una actividad enormemente lucrativa, sólo comparable al tráfico de armas y de rentas petroleras, y sus astronómicos ingresos alimentaron la violencia, aumentaron la corrupción, extendieron los cultivos ilícitos y provocaron mayores deterioros ecológicos.

LA CONSTITUCIÓN DE 1991

Como se vio en los párrafos anteriores, Colombia enfrentaba una crisis bastante seria a finales de la década del ochenta. Sin desconocer la gravedad de la situación, no obstante, es importante advertir, como lo han hecho varios analistas, que la cultura política colombiana no se puede reducir únicamente a los problemas de violencia, corrupción, impunidad, etc., y que es necesario reconocer las tradiciones democráticas del país. Es lo que ha hecho, en particular, Eduardo Posada Carbó.[27] Otros autores, en la misma línea, también hacen un llamado para no exagerar la magnitud de la crisis que vivimos: recuerdan que la economía ha mantenido un desarrollo estable, las instituciones no han dejado de funcionar, las elecciones no se han visto interrumpidas en ningún momento, la práctica de la violencia se reduce a unos cuantos actores armados, desprovistos, además, de legitimidad social.[28] Este tipo de observaciones resulta muy importante, como lo señala Posada Carbó, pues permiten cuestionar una visión muy difundida de la historia colombiana, reducida exclusivamente a la violencia, a la corrupción, a la pobreza, en fin, una visión «derrotista».[29] Sin negar que todo ello hace parte de la realidad, Posada Carbó considera, sin embargo, que es necesario reconocer «la complejidad del Estado colombiano, su legitimidad y sus tradiciones democrático-liberales, con logros, adversidades e imperfecciones».[30] Una rápida mirada a lo que ha pasado en Bogotá en las últimas décadas debería conducir a introducir matices en los juicios de opinión, a reconocer que no todo lo que sucede en el país es censurable. La capital del país, de la mano de una serie de alcaldes responsables y bien preparados, ha conocido, en efecto, un desarrollo muy significativo. Sin desconocer que todavía hay mucho por hacer, la educación, la salud, los servicios públicos, la seguridad, han logrado avances considerables. Más importante aún, las autoridades locales han mostrado una preocupación central por aspectos que nunca antes habían merecido tanta atención: más allá de los beneficios que arrojan las políticas en torno al transporte (Transmilenio), a la cultura (red de bibliotecas), a la promoción de nuevas formas de movilización (ciclovías), a la creación o rehabilitación de espacios para el esparcimiento (Parque Simón Bolívar, Parque Tercer Milenio), lo que hay que resaltar es que todos estos esfuerzos apuntan a la creación de una ciudad en la que las nociones de lo público y de lo social ocupan un lugar central.

Sin embargo, a pesar de estos avances, nadie niega la existencia de una crisis que resultaba preocupante. Las reformas que se adelantaron para tratar de superar los diferentes problemas se inscribieron en un país que seguía transformándose. A comienzos de los noventa, la población colombiana superaba los 36 millones de habitantes. El proceso de modernización económica y social que comenzó a mediados de siglo continuó su marcha. El promedio de vida siguió mejorando, pues ahora se sitúa en 71 años. La promoción de la mujer le permitió no sólo ocupar un porcentaje cada vez más elevado en el mercado laboral, sino además ingresar de lleno al campo político y a los más altos cargos en el sector privado. La infraestructura se amplió considerablemente, lo que permitió, entre otros factores, aumentar la red de comunicaciones. El auge urbano también mantuvo la misma tendencia de los años anteriores: Bogotá concentra cerca del 20% del total de la población nacional y varias ciudades cuentan con más de un millón de habitantes.

Para enfrentar los enormes problemas que venían aquejando de tiempo atrás a la sociedad colombiana, se conjugaron diversos factores que terminaron creando una nueva carta constitucional, caracterizada por su deseo de reforzar y ampliar las bases de la debilitada democracia colombiana. Un proceso similar se venía presentando en el resto del continente, en donde las férreas dictaduras cedían su lugar a gobiernos civiles. Fue una transición lenta, a través de la cual los militares fueron perdiendo su popularidad debido, entre otros factores, a la crisis económica de la década anterior, a la violación constante a los derechos humanos y a la consolidación de una oposición moderada y demócrata. En 1983, en Argentina, cayó el gobierno de Jorge Videla, una las dictaduras más sanguinarias de todo el continente, debilitada, además, por la desastrosa guerra de las Malvinas. A finales de la década, luego de un plebiscito, el turno fue para Augusto Pinochet, otro militar que había gobernado de manera tiránica a su país, violando sistemáticamente los derechos humanos y saqueando las arcas del Estado.

El restablecimiento de la democracia se acompañó de un nuevo modelo económico, el neoliberalismo. En el contexto de la época, esta evolución fue percibida casi como un proceso natural: los militares estaban desacreditados, el modelo de sustitución de importaciones se había agotado, el comunismo estaba en vías de desaparecer; por tales razones, el neoliberalismo era presentado por la nueva dirigencia como la única y la mejor alternativa para lograr el desarrollo económico. Las nuevas democracias aceptaron, sin mayores reticencias, las exigencias impuestas por las instituciones financieras internacionales, orientadas a fomentar las privatizaciones, a desregular la economía, a eliminar todo tipo de trabas que impidieran el libre mercado. Todo ello implicaba una reducción del Estado, considerado, desde la perspectiva neoliberal, como un obstáculo para el libre desarrollo de los pueblos. Este modelo fue aplicado en casi toda América Latina, aunque con variantes regionales. Si Chile se convirtió en el caso más exitoso, Perú y Brasil introdujeron altas dosis de populismo que terminaron en fracasos evidentes.

En principio, el restablecimiento de la democracia en la región parecía abrir una etapa de esperanza para América Latina. No sólo se había puesto fin a una oprobiosa etapa de regímenes militares, sino que además, los índices económicos mostraban resultados halagüeños: la inflación y la devaluación fueron controladas, las inversiones extranjeras aumentaron, la integración económica se tradujo en numerosos pactos entre diferentes países. Sin embargo, como se ha visto a lo largo de los últimos años, se trata de un proceso todavía muy frágil, expuesto a todo tipo de amenazas. Por una parte, quedó una fuerte sensación de impunidad, pues en muchos casos los responsables de la guerra sucia no fueron castigados con el rigor que exigía la gravedad de los hechos. Aun así, la condescendencia de los nuevos gobiernos frente a los crímenes de los regímenes dictatoriales no fue suficiente para calmar a los militares, quienes en varias ocasiones llevaron a cabo intentos golpistas. La fragilidad del equilibrio político se vio afectada, igualmente, por los altos niveles de corrupción que, en el caso venezolano y brasileño, condujeron a la caída de sus gobernantes. En cuanto a la parte económica, los resultados tampoco eran tan satisfactorios como se había pensado en un comienzo. En especial, el problema social no sólo seguía vigente, sino que se había agudizado aún más en el marco del modelo neoliberal, que golpeó de manera dramática a los sectores populares, sobre todo a la población rural, afectando al campesinado y a las comunidades indígenas. Incluso Chile, presentado como el paradigma económico del continente, sufrió los rigores de una apertura económica indiscriminada y acelerada. Sin duda, el auge del populismo que estamos viendo en los últimos años en varios países del continente se explica, en muy buena medida, por el fracaso de las élites tradicionales y por los efectos de un modelo económico que no ha tenido en cuenta los problemas sociales de la mayor parte de la población.

Aunque con cierto retraso, Colombia también entró en la era del neoliberalismo, en el mismo momento en que intentaba consolidar su democracia. Como ya se dijo, la economía colombiana había logrado escapar a los estragos de la «década perdida». Sin embargo, el modelo de sustitución de importaciones no había generado el desarrollo económico deseado y la industria se había estancado, por lo cual, desde el gobierno Barco, siguiendo el ejemplo de lo que sucedía en la mayor parte del mundo, se tomaron medidas importantes tendientes a liberalizar la economía. Ese proceso se hizo mucho más intenso durante la administración Gaviria, en momentos en que se consolidaban los procesos de integración regional.

De acuerdo con sus partidarios, la apertura le permitiría a la economía colombiana desarrollarse hacia afuera, rompiendo de esa manera su dependencia con respecto a un mercado interno que, por sus numerosas limitaciones, no se había podido convertir en el motor del desarrollo económico. Por consiguiente, la economía nacional debía buscar sus clientes en el exterior. Los adalides del neoliberalismo no se cansaban de exaltar, cifras en mano, las bondades que el nuevo modelo había generado en el sureste asiático y en algunos países latinoamericanos, como Chile.

Las reformas emprendidas transformaron de manera radical el modelo económico. La apertura, por una parte, buscaba liberalizar los mercados, los capitales y el trabajo. La reducción de los aranceles, de los subsidios, la eliminación de controles a las importaciones, el apoyo a las exportaciones y la apertura al sector privado de actividades que hasta entonces le estaban vedadas, fueron algunos de los mecanismos adoptados para alcanzar el primer objetivo. La reforma cambiaria, que legalizó el mercado paralelo de divisas y permitió las cuentas en el exterior, así como las facilidades brindadas a la inversión extranjera, apuntaban a liberalizar los capitales. La flexibilidad laboral, al eliminar varios derechos de los trabajadores, quería aliviar las cargas de los empresarios y, de esa manera, contribuir supuestamente a aumentar el empleo.

Los cambios en el modelo económico transformaron el papel del Estado y modificaron su estructura. Se dio un proceso de descentralización, que respondía tanto al deseo de racionalizar el gasto público como a la voluntad de auspiciar la participación regional en sus propias políticas.[31] Por otra parte, se promovieron las privatizaciones de entidades estatales y se permitió al sector privado ingresar a actividades reservadas tradicionalmente al Estado (finanzas, seguridad social, infraestructura). Con el fin de fomentar las exportaciones, se creó una nueva estructura institucional (Consejo Superior del Comercio Exterior, Ministerio de Comercio Exterior, Banco de Comercio Exterior). Asimismo, el intervencionismo estatal aumentó para responder a las nuevas exigencias establecidas por la Constitución de 1991, que definió al Estado colombiano como un «Estado social de derecho«, por lo cual debía promover una serie de políticas sociales relacionadas, entre otras, con educación, vivienda, servicios, trabajo. Todo ello lo obligaba a crear nuevas fuentes de ingreso y a aumentar las existentes, condición necesaria para fomentar el gasto público.

El nuevo modelo económico arroja un balance favorable si nos atenemos a los índices macroeconómicos. Sin embargo, el balance es muy preocupante si se trata de los resultados sociales. Acordes con los objetivos trazados, las medidas adoptadas permitieron controlar la inflación, favorecer el desarrollo de ciertas actividades (industria automotriz, construcción) y aumentar las exportaciones que, además, se han diversificado: desde los años ochenta, el café perdió buena parte de su importancia, mientras que el petróleo, el carbón y, en menor medida, el banano, las flores y otros productos no tradicionales, ocupan desde entonces los primeros lugares en las exportaciones colombianas. Pero, por otra parte, el libre cambio, cuya aplicación no respetó la gradualidad que inicialmente había sido prevista con el fin de amortiguar sus efectos en los sectores más vulnerables, provocó una profunda crisis en el sector agrario que aún hoy en día tiene sumida a la población rural en una situación muy precaria, como se observa en las altas tasas de desempleo, en los bajos salarios, en la caída de los precios de muchos productos, en la reducción del área sembrada con ciertos cultivos. En definitiva, aumentaron los índices de pobreza en el mundo rural, lo cual amplió aún más las brechas sociales entre el campo y las ciudades.

La apertura económica fue presentada por sus gestores como una iniciativa que le permitiría al país desarrollar su economía y, de esa manera, atender sus urgencias sociales. Sin embargo, otros sectores pensaban que la solución dependía de un cambio constitucional. El curso normal para adelantar ese tipo de reforma era el Congreso, pero el poder legislativo se había convertido, precisamente, en el principal obstáculo para llevar a cabo los cambios necesarios. La iniciativa para reformar la constitución por otros medios provino de los estudiantes, pero rápidamente muchos otros sectores apoyaron la propuesta. Ante el amplio respaldo a favor de la reforma constitucional, el gobierno de César Gaviria aceptó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), encargada de hacer los cambios necesarios.

Los miembros de ese organismo fueron elegidos por los colombianos en diciembre de 1990, en unos comicios que tuvieron varios rasgos inéditos o sorprendentes, y que se enmarcaban en un contexto internacional caracterizado, como ya lo vimos, por la caída del comunismo y por el restablecimiento de la democracia en muchos países del mundo. En primer lugar, dentro de la larga historia constitucional del país, era la primera vez que una asamblea de este tipo era elegida popularmente, aunque los niveles de participación fueron mínimos: sólo el 26% del electorado acudió a las urnas, lo que sin duda le restó legitimidad a la ANC desde un comienzo. Por primera vez también, el organismo encargado de reorientar los principios constitucionales del país escapó al control de las élites tradicionales. En efecto, sectores que hasta entonces no habían tenido mayor capacidad de decisión en los rumbos del país ocuparon un lugar central en las deliberaciones. El mejor ejemplo lo constituye el M-19, el grupo guerrillero recién desmovilizado, que obtuvo el segundo lugar (con casi el 27%), detrás del liberalismo, pero por encima del partido conservador. Hubo también espacio para minorías religiosas y étnicas, para sindicalistas y para nuevas fuerzas sociales.

Después de cinco meses de deliberaciones, la Asamblea concluyó que la crisis colombiana podía ser resuelta mediante cambios decisivos en dos grandes áreas: la ampliación de los derechos y libertades, y el fortalecimiento de la democracia. En cuanto al primer aspecto, la ANC estableció múltiples libertades y derechos, de naturaleza muy variada (sociales, económicos, culturales, ecológicos, colectivos, etc.), dentro de los cuales se destacan los fundamentales: derecho a la vida, a la intimidad, a la igualdad, a la libertad de conciencia, de culto y de expresión, entre otros. Al mismo tiempo, la ANC creó una serie de herramientas y de instituciones encargadas de velar por el respeto de esos derechos, como la acción de tutela, que obliga a la justicia a resolver, en un plazo de diez días, demandas relacionadas con los derechos fundamentales.

El segundo punto, el fortalecimiento de la democracia, se buscó a través de diferentes estrategias. Por una parte, se le dieron nuevas atribuciones al ciudadano en materia política: hasta entonces, el elector se limitaba a escoger sus representantes mediante el voto; ahora, gracias al plebiscito, al referendo, a la revocatoria del mandato, el ciudadano participa de una manera más activa y directa en la política. En segundo lugar, se crearon mecanismos para facilitar la aparición de nuevos partidos, una medida destinada a darles cabida a otras voces y a otros sectores. En ese contexto favorable, apareció la Alianza Democrática M-19, que reagrupaba a los guerrilleros desmovilizados del M-19. Y con el fin de darles cabida a los indígenas, se estableció que estas minorías étnicas contarían siempre con dos representantes en el Congreso mediante la creación de una circunscripción propia. Por otra parte, la ANC introdujo la segunda vuelta para la elección presidencial, buscando de esa manera que el jefe de Estado, al ser elegido por más del 50% del electorado, contara con una mayor legitimidad. También se consideró benéfico para la democracia establecer un mayor equilibrio entre las distintas ramas del poder, lo cual implicó, por un lado, aumentar la descentralización para darles mayores facultades y mayor autonomía a las regiones y, por otro, recortar las funciones del Ejecutivo (por ejemplo, muchos funcionarios públicos que antes eran elegidos por el presidente, ahora lo son por el electorado o por instancias estatales independientes del poder ejecutivo).

Más allá de las medidas tendientes a fortalecer la democracia y de la ampliación de derechos y libertades, que en sí constituyen cambios muy significativos en las orientaciones del Estado, la nueva constitución reconoció y valorizó la pluralidad de la nación colombiana, al destacar y defender su diversidad social, étnica, religiosa, política, sexual, etc. Si, por un lado, la igualdad era muy importante, la ANC consideró que el derecho a la diferencia también era fundamental, pues el respeto al «otro», es decir la tolerancia, se consideró un principio básico para una convivencia armoniosa. En otras palabras, la democracia ya no consistía simplemente en votar cada cierto tiempo para elegir a unos cuantos representantes. Por ese tipo de democracia lucharon los liberales radicales en la segunda mitad del siglo XIX, lo cual, para la época, resultó bastante revolucionario. En los años 1930, Alfonso López Pumarejo comprendió que la democracia, para ser más firme, no podía reposar únicamente en los derechos políticos, sino que tenía que apoyarse también en el reconocimiento de los derechos sociales de los sectores populares. Acorde con esa interpretación de la democracia, López Pumarejo quiso poner en marcha el Estado social de derecho. La Constitución de 1991 profundizó aún más el significado de la democracia, al introducir el derecho a la diferencia.

De ahí la importancia —inédita en la historia del país— que se les concedió a las «minorías». La promoción de la que fueron objeto las minorías étnicas y religiosas ilustra muy bien el nuevo carácter pluralista del Estado. En nombre de la diversidad cultural, los indígenas gozan de una amplia autonomía política, fiscal, jurídica y cultural. La pluralidad de la nación también explica las reformas que se dieron en materia religiosa. Desde 1886, el catolicismo estuvo rodeado de todo tipo de privilegios y ejerció una influencia decisiva en la sociedad colombiana, en especial en el plano social y moral. A pesar de la fuerte oposición del episcopado colombiano, la Constitución de 1991 puso fin a esa situación, al reconocer la libertad e igualdad religiosas, lo cual implica que no puede haber una religión con mayores derechos que otras. Es decir, la nueva carta política acabó con el Estado confesional y le dio paso a un Estado laico.[32]

El espíritu participativo impulsado por la nueva constitución ha permitido que la «sociedad civil», más consciente acerca del papel que puede jugar, asuma un mayor protagonismo en la búsqueda de soluciones a sus problemas. Es lo que se observa a través de múltiples iniciativas tomadas desde «abajo», por la comunidad misma, a favor de la paz y del desarrollo social.

A pesar de los diferentes logros alcanzados gracias a la Carta Política del 91, la democracia colombiana continúa, hoy en día, profundamente afectada por el conflicto interno y por el problema social. Ninguno de los gobiernos que se sucedieron a lo largo de la década del noventa logró avances definitivos en alguno de estos planos. A finales del siglo pasado, los índices sociales señalaban que más del 60% de la población vivía en condiciones de pobreza. Y un informe del Banco Mundial reveló que «los niveles de desigualdad de los [años] noventa eran similares a los de 1938». De acuerdo con el mismo estudio, las posibilidades que tienen los colombianos de acceder a la educación superior también dejan al descubierto el contraste abismal entre una rica minoría y una inmensa mayoría que carece de oportunidades: «la probabilidad de que el hijo de padres con solo educación primaria llegue a la universidad, es de únicamente 10,5% y de que termine el bachillerato es de solo 14%». Mientras que los pobres con baja educación difícilmente pueden escapar de ese círculo vicioso, «un tercio de los hijos de las familias más ricas obtienen grado universitario, un nivel similar al de Estados Unidos y Canadá».[33] Hay otro dato que revela lo poco que han hecho las clases dirigentes para ayudar a los sectores más pobres. Se trata de la distribución de la tierra: después de varias décadas de expedir la primera ley de reforma agraria, «a la que siguieron otras, la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia sigue siendo [a finales del siglo XX] una de las mayores del mundo».[34] En cuanto a la violencia, las FARC y los paramilitares eran más poderosos que nunca. Después del frustrante proceso de paz de Andrés Pastrana (1998-2002), la mayor parte de la población se mostraba hostil a los diálogos con una guerrilla que no había demostrado su voluntad de paz. En ese contexto fue elegido a la presidencia el liberal disidente Álvaro Uribe. En relación con las guerrillas y con los paramilitares, durante su gobierno se han desarrollado nuevas políticas que han suscitado grandes controversias en la sociedad.

DEBATES

Si a comienzos de los años ochenta, Belisario Betancur estableció una estrecha relación entre violencia y pobreza, el presidente Uribe se ha empeñado, por el contrario, en negar cualquier vínculo entre la lucha guerrillera y la injusticia social. Para Uribe, la violencia es únicamente el resultado de las acciones «terroristas» llevadas a cabo por grupos criminales que buscan acabar con la democracia colombiana. Esta visión, que ha llevado a Colombia a aislarse de casi todos los países latinoamericanos, se encuentra plenamente legitimada por la nueva coyuntura internacional, en la que la lucha contra el «terrorismo», desatada y liderada por los Estados Unidos tras los atentados de 2001, domina la agenda mundial. En ese contexto, el gobierno Uribe lanzó la contraofensiva más ambiciosa en mucho tiempo para derrotar militarmente a la guerrilla. Al mismo tiempo, llevó a cabo controvertidas negociaciones con los paramilitares, pues consideró que estos grupos armados sí demostraron su deseo de reinsertarse en la sociedad.

La democracia colombiana puede verse afectada por unas negociaciones que terminan haciendo concesiones excesivas a los actores armados sin exigirles mayores condiciones. Es cierto que gracias al proceso de paz que ha impulsado el gobierno Uribe con los paramilitares, se han desmovilizado miles de combatientes. Pero, a mediano y largo plazo, las consecuencias pueden ser muy graves para el país. El proceso, en efecto, le ha dado gran importancia a la desmovilización, pero ha descuidado aspectos esenciales relacionados con la verdad, la justicia y la reparación, como lo han advertido sectores de la Iglesia, los principales medios de comunicación escritos, e incluso algunos uribistas. Otra consecuencia igualmente inquietante podría ser la institucionalización del paramilitarismo: una vez regresan a la sociedad civil, los ex combatientes, que no han sido castigados ni obligados por la justicia a devolver los bienes que adquirieron por medio del terror, están en capacidad de ejercer una enorme influencia en la sociedad.

En cuanto a los interrogantes que plantea la estrategia de «seguridad democrática» del gobierno Uribe para enfrentar a la guerrilla, diversos analistas, sin desconocer la creciente criminalización de la insurgencia, creen, no obstante, que la lucha guerrillera no ha perdido su dimensión social y política. La reforma agraria, la situación de los sectores populares, el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad, la política petrolera, el modelo económico, el Tratado de Libre Comercio (TLC), etc., son puntos que figuran en las agendas de las FARC y del ELN. Los actos terroristas y criminales, condenables e injustificables, no son, sin embargo, actos gratuitos que sólo buscan atemorizar a la sociedad, sino instrumentos de guerra. Por lo tanto, agregan, es evidente que en Colombia sí existe un conflicto interno y que su solución depende de un proceso de paz que debe conducir a reformas profundas en la sociedad.

Cuando se insiste en la necesidad del diálogo como herramienta privilegiada para superar el largo conflicto armado, es claro que se trata de un llamado que se dirige no sólo al Estado, sino también a la guerrilla. Las FARC, en efecto, no han demostrado un verdadero interés en las negociaciones; durante el gobierno de Pastrana, la mayor parte de la población sintió que la guerrilla se aprovechó del proceso de paz, con cinismo y arrogancia, para fortalecerse económica y militarmente, y no para sentarse a negociar. La guerrilla privilegia la acción militar porque sigue convencida de que el régimen colombiano no permite la participación de la izquierda. Esa ceguera le impide ver los cambios significativos que ha conocido el país en materia política: la alcaldía de Bogotá y algunas gobernaciones han estado en manos de líderes de la izquierda; la alcaldía de Medellín, la segunda ciudad colombiana en importancia, tiene como alcalde a un académico independiente, al igual que lo que sucedió en Bogotá en los años noventa. En el corto plazo, el Polo Democrático Alternativo está en vías de constituirse, a nivel nacional, en una fuerza política de primera importancia, gracias a la destacada labor de sus representantes en las distintas esferas del poder. Todos estos ejemplos demuestran que la violencia no tiene justificación alguna, puesto que el sistema político, a pesar de muchos inconvenientes y de serias debilidades, ofrece posibilidades reales para las nuevas fuerzas:

[Existe una] democracia «formal» si se quiere, pero una democracia arraigada y estable. Desde la creación de las FARC, se han producido diez elecciones presidenciales abiertas, han sesionado doce Congresos pluripartidistas y una Constituyente de origen popular, las autoridades locales pasaron a ser elegidas por la ciudadanía, se han sucedido cuatro elecciones de gobernadores y seis de alcaldes en todo el territorio, se adoptaron los mecanismos de la democracia directa y se ha respetado —incluso ha aumentado— la separación de los poderes públicos.[35]

Por otra parte, el inventario de lo que ha logrado la guerrilla, tras cuarenta años de haber iniciado su lucha, resulta desalentador:

El estudio del impacto del conflicto armado en Colombia es contundente: lejos de haber generado una dinámica positiva para la resolución de las múltiples grietas geológicas que afectan a nuestro país, ha contribuido a profundizarlas y a agravarlas. Si la guerrilla emerge en los años sesenta con objeto de luchar contra la pobreza, la desigualdad de los ingresos y las insuficiencias de las instituciones democráticas, el balance es profundamente negativo.[36]

Pero así como hay que insistir en el fracaso del proyecto revolucionario, también hay que destacar el «fracaso del Estado, porque fue incapaz de prevenir los alzamientos y ha sido incapaz de resolverlos en casi cuarenta años. Este fracaso se debe a que el conflicto también fue marginal o “periférico” para el Estado y las élites, a que no lo abordaron del modo prioritario, integral, concertado y sostenido que exigían la gravedad, complejidad, profundidad y persistencia del problema».[37]

Creemos que esta cita toca un aspecto central, que explica buena parte de los problemas del país. No se trata de responsabilizar únicamente a los sectores dirigentes, pues las interpretaciones maniqueístas —los buenos contra los malos— no arrojan ninguna luz sobre la realidad. Pero no se puede desconocer la gran habilidad de las clases dirigentes para evadir su responsabilidad histórica. Durante mucho tiempo, las élites le achacaron al comunismo la culpa de todos los males. Inmediatamente después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en el contexto de la Guerra Fría, la dirigencia reforzó los mecanismos de defensa para cerrarle el paso a la «chusma» que, durante los violentos episodios que siguieron al 9 de abril, había demostrado su peligrosidad. Hoy en día son los «terroristas» quienes concentran toda la atención del Estado. Pero tenemos la sensación de que todos esos peligros y esas amenazas han servido de excusa para que las élites aplacen, indefinidamente, las reformas urgentes que necesita toda sociedad que pretende ser verdaderamente democrática.

Ese objetivo no puede darse si el Estado no se fortalece en todos los aspectos, no sólo en el plano militar. De su fortalecimiento depende su legitimidad. Queremos terminar este capítulo con dos citas que plantean en toda su dimensión las raíces del problema y los retos que debe enfrentar el Estado colombiano:

[…] lo que diferencia a nuestro país de otros latinoamericanos no es la exclusión como tal, o la inseguridad ciudadana en las grandes ciudades y en los campos, o la desigualdad social creciente, sino la ausencia de una clase dirigente capaz de gobernar el Estado, de tramitar los procesos complejos de construcción de ciudadanía y de dar curso al sentimiento de que todos somos colombianos.[38]

[Hace falta] una toma de conciencia por parte de las élites políticas de la urgencia de unirse alrededor de un plan de reforzamiento de las instituciones en todos los niveles, nacionales o regionales y, sin hacerla depender de los avatares de las negociaciones, una decisión efectiva de llevar a cabo transformaciones sociales, sin las cuales sería vano esperar un renacimiento de la confianza en la política y en el futuro.[39]

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ACERCA DE LOS AUTORES

LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ BAQUERO. Antropólogo e historiador, ha investigado sobre temas relacionados con la historia prehispánica y colonial de Colombia y con la historia de Bogotá.

Sus trabajos en el área de la historia prehispánica y colonial son: Encomienda y vida diaria entre los indios de Muzo entre 1550 y 1620. En compañía de otros investigadores: Territorio, población y trabajo indígena en la provincia de Pamplona en el siglo XVI; El mundo prehispánico del Norte de Santander; Sentencia y penitencia: caminos hacia la reconciliación en la sociedad colonial; Cartas a la Suprema; Nobles, blancos y mestizos en la villa de Medellín, 1680-1812; y Letras y folios-Índice de documentos de archivos españoles para la historia colonial del Nuevo Reino de Granada, en CD-ROM.

En el área de historia de Bogotá ha publicado con otros investigadores: Fuentes documentales para la historia de la administración pública de Bogotá en el siglo XX (4 tomos); Empresas públicas de transporte en Bogotá, siglo XX; y la Historia institucional de la Caja de Previsión Social del Distrito. Actualmente coordina el área de investigaciones y valoración documental del Archivo de Bogotá.

ANA LUZ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Bogotana. Socióloga y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Publicó en 1999 el libro Cofradías, capellanías, epidemias y funerales. Una mirada al tejido social de la independencia, coedición del Banco de la República y El Áncora Editores. Compiladora del libro Pensar la cultura. Los nuevos retos de la historia cultural, publicado en octubre de 2004 por la Editorial Universidad de Antioquia, dentro de la Colección Clío, coedición de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Desde hace ocho años se desempeña como catedrática y coordinadora del área de historia del Departamento de Humanidades en la Universidad Autónoma de Colombia.

JAIME HUMBERTO BORJA GÓMEZ. Doctor en historia de la Universidad Iberoamericana (México D. F.). Profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana de Bogotá, donde imparte historia medieval e historia colonial neogranadina. Ha publicado tres libros: Indios medievales. Construcción del idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI (Bogotá, ICANH-CEJA, 2002); Rostros y rastros del demonio en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá, Editorial Ariel, 1998); e Inquisición, muerte y sexualidad en la Nueva Granada (Bogotá, Editorial Ariel, 1996). Autor de artículos especializados para revistas y libros colectivos, textos para educación secundaria, varios módulos de divulgación y recopilaciones documentales. En la actualidad investiga acerca de representaciones culturales en la pintura colonial neogranadina, de lo cual próximamente publicará el libro Devociones y representaciones del cuerpo. Pintura y cultura neogranadina. Ha sido conferencista y ponente en simposios y congresos nacionales e internacionales, y organizador de diversos eventos de historia de la cultura colonial. Entre sus distinciones se cuenta la mención honorífica del premio en ciencias sociales de la Fundación Alejandro Ángel Escobar (2001), el premio al mejor artículo en 1998 del Comité Mexicano para las Ciencias históricas, y ser becario de Colciencias en diversas ocasiones. Ha sido profesor en las universidades Anáhuac e Iberoamericana (México D. F.), y profesor invitado en la Universidad de Salamanca (España).

DIANA L. CEBALLOS GÓMEZ. Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Doctora en estudios de la cultura de la Universidad de Tubinga, Alemania. Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Premio nacional de cultura —historia—, convocatoria 1999-2000. Ha publicado los libros Hechicería, brujería e Inquisición en el Nuevo Reino de Granada. Un duelo de imaginarios, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1994; Zauberei und Hexerei im Neuen Königreich Granada. Eine Untersuchung magischer Praxen, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2000 y «Quien tal hace que tal pague». Sociedad y prácticas mágicas en el Nuevo Reino de Granada, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2002; además de artículos en libros colectivos y revistas nacionales e internacionales.

CARLOS URIBE CELIS. Nació en Bogotá. Cursó estudios académicos en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, y la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ha sido profesor titular de sociología en la Universidad Nacional de Colombia, catedrático en otras universidades colombianas y profesor visitante en Estados Unidos, Australia y España. Ha publicado siete libros sobre temas de historia y crítica sociales, desde su primera publicación en 1985 sobre los años veinte en Colombia. Sus colaboraciones en revistas académicas, tanto nacionales como extranjeras, y en otros medios son copiosas.

AMPARO MURILLO POSADA. Nació en Zaragoza (Antioquia). Licenciada en ciencias sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, realizó una maestría en sociología de la educación en la Universidad de Antioquia, y estudios de maestría en historia en la Universidad Nacional de Bogotá. Durante treinta años fue profesora de historia latinoamericana en el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia en Medellín. Sus investigaciones han tratado sobre el poblamiento y la configuración histórica de la región del Magdalena Medio y algunas de sus localidades. De manera especial ha indagado la sociedad del siglo XVIII en la frontera minera del distrito de Simití, en la provincia de Cartagena, hoy sur de Bolívar. De estos estudios se han derivado diversos artículos publicados en revistas y libros nacionales.

RICARDO ARIAS TRUJILLO. Doctor en historia de la Universidad de Aix-en-Provence (Francia). Profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones se centran en el catolicismo colombiano durante los siglos XIX y XX. Sobre este tema ha publicado: El episcopado colombiano: intransigencia y laicidad 1850-2000 (Bogotá, CESO-Uniandes-ICANH, 2003); «El difícil camino hacia la laicidad. La reforma religiosa de 1991 y el episcopado colombiano», en Utopía para los excluidos, compilado por Jaime Arocha; El multiculturalismo en África y América Latina (Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional, 2004); y en coautoría con Fernán González, «Búsqueda de la paz y defensa del “orden cristiano”: el episcopado ante los grandes debates de Colombia», en En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI (Bogotá, Norma, 2006). Actualmente adelanta una investigación sobre intelectuales católicos colombianos en el siglo XX.

Notas

Notas del Capítulo 1

[1] Gerardo Reichel-Dolmatoff, «Colombia indígena, período prehispánico», en: Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Planeta Colombiana Editorial, 1989, p. 29.

[2] José Alcina Franch, «Introducción», en: Diego Andrés Rocha, El origen de los indios, Madrid, Crónicas de América, Historia 16, 1998, p. 31.

[3] Gerardo Reichel-Dolmatoff, «Colombia indígena, período prehispánico», p. 29.

[4] Ibid.

[5] Franz Flórez y Santiago Mora, Nuevas memorias sobre las antigüedades neogranadinas, Santafé de Bogotá, Colciencias, 1997, pp. 23 y 24.

[6] Jorge Orlando Melo, Historia de Colombia, la dominación española, Bogotá, Editorial La Carreta, tomo I, 1977, pp. 39-72.

[7]Ibid., p. 39.

[8]Ibid., p. 54.

[9]Gerardo Reichel-Dolmatoff, «Colombia indígena, período prehispánico», pp. 27-68.

[10] Santiago Mora, «La paradoja: ¿procesos en la arqueología colombiana?», en: Franz Flórez y Santiago Mora, Nuevas memorias sobre las antigüedades neogranadinas, Santafé de Bogotá, Colciencias, 1997, p. 49.

[11] Gerardo Reichel-Dolmatoff, «Colombia indígena, período prehispánico», p. 43.

[12] Franz Flórez, Santiago Mora y María Isabel Patiño, «De la edad de piedra… a la edad de la inocencia», en: Franz Flórez y Santiago Mora, Nuevas memorias sobre las antigüedades neogranadinas, Santafé de Bogotá, Colciencias, 1997, p. 25.

[13] Ibid., p. 11.

[14] Santiago Mora, «La paradoja: ¿procesos en la arqueología colombiana?», en: Franz Flórez y Santiago Mora, Nuevas memorias sobre las antigüedades neogranadinas, p. 57.

[15] Franz Flórez, Santiago Mora y María Isabel Patiño, «De la edad de piedra… a la edad de la inocencia», p. 13.

[16] Clemencia Plazas, Ana María Falchetti, Juanita Sáenz Samper y Sonia Archila, La sociedad hidráulica Zenú. Estudio arqueológico de 2000 años de historia en las llanuras del Caribe colombiano, Santafé de Bogotá, Banco de la República, Museo del Oro, 1997.

[17] Ibid., p. 9.

[18] Ibid., p. 89.

[19] Miguel Triana, La civilización chibcha, Bogotá, Banco Popular, 1984 [1922].

[20] Guillermo Hernández Rodríguez, De los chibchas a la Colonia y a la República, Bogotá, 1978, (2 ed.).

[21]Jorge Orlando Melo, Historia de Colombia, la dominación española, p. 43.

[22] Luis Enrique Rodríguez, «El mundo prehispánico del Norte de Santander», en: Aristides Ramos, Guillermo Sosa y Luis Enrique Rodríguez, Norte de Santander. Aspectos de su historia colonial, Pamplona, Universidad de Pamplona e Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1999, p. 53.

[23] Franz Flórez, Santiago Mora y María Isabel Patiño, «De la edad de piedra… a la edad de la inocencia», p. 11.

[24] Hermes Tovar Pinzón, Relaciones y visitas a los Andes, siglo XVI. Bogotá, Colección de historia de la Biblioteca Nacional, con el apoyo de los desaparecidos Colcultura e Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, tomos I, II, III y IV, 1993. Esta colección fue proyectada para ocho tomos y es de esperarse que sea completada en los próximos años.

[25] Hermes Tovar Pinzón, Relaciones y visitas a los Andes, siglo XVI, Bogotá, Colección de historia de la Biblioteca Nacional, Colcultura e Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, tomo I, pp. 17-21.

Notas del Capítulo 2

[1] El oro y la plata son solubles en mercurio. Este último se utiliza para la extracción del metal de su mena por el método de amalgamación. En el caso de la plata se tritura la mena de plata nativa y se mezcla con agua y mercurio; la plata se disuelve en el mercurio formando la amalgama, la cual es destilada en retortas de hierro. El mercurio volátil se condensa y se vuelve a utilizar, quedando la plata en la retorta.

Notas del Capítulo 3

[1] Jaime Jaramillo Uribe, Germán Colmenares. «Estado, administración y vida política en la sociedad colonial», en: Manual de historia de Colombia, t. I, Bogotá: Colcultura-Procultura, 1986, pp. 402-407.

[2] María Himelda Ramírez. Las mujeres y la sociedad colonial de Santafé de Bogotá 1750-1810, Bogotá: ICANH, 2000, pp. 21-32.

[3] Haroldo Calvo Stevenson, Adolfo Meisel (eds.). Cartagena de Indias en el siglo XVIII, Cartagena: Banco de la República, 2005, p. 314.

[4] Pablo Rodríguez. Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá: Ariel, 1998, pp. 33-92; María Himelda Ramírez. Las mujeres y la sociedad colonial de Santafé de Bogotá 1750-1810, pp. 55-66.

[5] Allan Kuethe. «Un interesante caso de tolerancia religiosa en la época colonial», en: Boletín de Historia y Antigüedades, Bogotá, Nos. 615-617, pp. 153-159.

[6]Joaquín de Finestrad (1789). El vasallo instruido en el estado de la Nueva Granada y en sus respectivas obligaciones, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000, p. 135.

[7] Renán Silva. «La vida cotidiana universitaria en el Nuevo Reino de Granada», en: Beatriz Castro (ed.). Historia de la vida cotidiana en Colombia, Bogotá: Norma, 1996, pp. 391-401.

[8] Pedro de Mercado. Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, t. 1, Bogotá: Presidencia de la República, 1957, p. 29.

[9] Mauricio Nieto. Remedios para el imperio. Historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo, Bogotá: ICANH, 2000, pp. 9-15.

[10] Germán Colmenares. «Los jesuitas: modelos de empresario colonial», en: Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá, Banco de la República, No. 2, vol. XXI, 1984.

[11] Mario Aguilera. Los comuneros. Guerra social y lucha anticolonial, Bogotá: Universidad Nacional, 1985.

[12] Carmen Ortega Ricaurte. Revolución del 20 de julio de 1810. Sucesos y documentos, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1996, pp. 51-68

[13] Margarita Garrido. Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815, Bogotá: Banco de la República, 1993, cap. IV.

[14] Javier Ocampo López. «El proceso político, militar y social de la Independencia», en: Manual de historia de Colombia, t. II, Bogotá: Procultura-Colcultura, 1986.

[15] Diana Rodríguez. Santafé 1810-1816. Orden alterado en la capital de… ¿una patria boba?, Bogotá: Universidad Javeriana, trabajo de grado, 2005, cap. 1.

[16]Armando Martínez. El legado de la Patria Boba, Bucaramanga: UIS, 1998, caps. 1-3.

[17] Javier Ocampo López. «El proceso político, militar y social de la Independencia», pp. 115-123.

[18] Fabio Puyo. Muy cerca de Bolívar, Bogotá: Editorial Oveja Negra-Misión Colombia, 1988, p. 92.

[19] Sobre las ideas integracionistas: Javier Ocampo López. El proceso ideológico de la emancipación. Las ideas de génesis, independencia, futuro e integración en los orígenes de Colombia, Tunja: La Rana y el Águila, 1974, pp. 439-482.

Notas del Capítulo 4

[1] Agradezco a mis colegas Juan Carlos Jurado, Claudia Vázquez, Juan Felipe Gutiérrez y, muy especialmente, a Luis Javier Ortiz Mesa por los comentarios, aportes y críticas a este texto.

[2] David Bushnell, El régimen de Santander en la Gran Colombia, Bogotá, El Áncora Editores, 1985.

[3] Para la configuración del Estado en Iberoamérica, véase Fernando López-Alves, La formación del Estado y la democracia en América Latina, Bogotá, Norma, 2003.

[4] Según el censo de población de 1843, había 26.778 esclavos, de los cuales 12.800 habitaban en el suroccidente y en el Chocó.

[5] Jorge Villegas, Enfrentamiento Iglesia-Estado en Colombia, 1819-1887, Medellín, CIE, Universidad de Antioquia, 1987.

[6] Cf. Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Norma, 1995; Malcolm Deas y Fernando Gaitán Daza, Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1995, y Gonzalo Sánchez, Guerra y política en la sociedad colombiana, Bogotá, El Áncora Editores, 1991.

[7] Para este ejercicio del control social y aspectos de la configuración del Estado, cf. Diana L. Ceballos Gómez, «Quien tal hace que tal pague». Sociedad y prácticas mágicas en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Ministerio de Cultura, 2003.

[8] Para lo que sigue, véase: para la guerras y el conflicto en general, Álvaro Tirado Mejía, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Medellín, Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia, 1995, y El Estado y la política en el siglo XIX, Bogotá, El Áncora Editores, 1983; Luis Javier Ortiz Mesa, Antioquia en las guerras civiles del siglo XIX, texto inédito de próxima publicación, y el trabajo de investigación colectivo, dirigido por este investigador, Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 1840-1902, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2005, en el cual dos capítulos son de mi autoría; Frank Safford y Marco Palacios, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, Bogotá, Norma, 2002, y Gonzalo Sánchez, op. cit.; para la guerra de los Supremos, Fernán González, «La guerra de los Supremos», en Gran Enciclopedia de Colombia, tomo II, Bogotá, Círculo de Lectores, 1991; para la de 1851, Juan Carlos Jurado J., «Ganarse el cielo defendiendo la religión. Motivaciones en la guerra civil de 1851», en el libro del mismo nombre, arriba citado; para el golpe de 1854, el libro de Safford y Palacios; para la guerra de 1876, Luis Javier Ortiz Mesa, Fusiles y plegarias: guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2004, y La guerra de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colombia. De la fe defendida a la guerra incendiada, disertación doctoral, Universidad de Huelva, 2003; y para la de 1885, Malcolm Deas, «Pobreza, guerra civil y política: Ricardo Gaitán Obeso y su campaña en el río Magdalena en Colombia, 1885», en Del poder y la gramática y otros ensayos de historia, política y literatura colombiana, Bogotá, Taurus, 2006.

[9] El texto siguiente sintetiza planteamientos de José Antonio Ocampo, Colombia y la economía mundial 1830-1910, Bogotá, Siglo Veintiuno Editores, 1984; José Antonio Ocampo (ed.), Historia económica de Colombia, Bogotá, Fedesarrollo-Siglo Veintiuno Editores, 1987; Jesús Antonio Bejarano, Historia económica y desarrollo: la historiografía económica sobre los siglos XIX y XX en Colombia, Bogotá, Cerec, 1994; Salomón Kalmanovitz, Economía y nación: una breve historia de Colombia, Bogotá, Cinep, 1985, y Jorge Orlando Melo, «La evolución económica de Colombia, 1830-1900», en Nueva Historia de Colombia, vol. 2, Bogotá, Planeta, pp. 65-100.

[10] Para el problema de las relaciones Iglesia-Estado y las reformas, Jorge Villegas, Colombia: enfrentamiento Iglesia-Estado, 1819-1887, Medellín, Universidad de Antioquia, Centro de Investigaciones Económicas, 1977.

[11] Fuente: Capitán Julio Acosta H., Historia de la navegación por el río Magdalena y sus afluentes, Barranquilla, 1945; véase también Jesús Antonio Bejarano (comp.), El siglo XIX en Colombia visto por historiadores norteamericanos, Colombia, La Carreta, 1977.

[12] Para las estadísticas poblacionales, cf. Jorge Orlando Melo, «La evolución económica de Colombia, 1830-1900», en Nueva Historia de Colombia, vol. 2, Bogotá, Planeta, pp. 65-100, y José Antonio Ocampo, Colombia y la economía mundial 1830-1910, Bogotá, Siglo Veintiuno Editores, 1984; para el caso iberoamericano en este y otros aspectos, Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, vols. 6, 7, 8 y 10, Barcelona, Crítica, 1990; para Colombia y comparaciones con otros países del área, Frank Safford, «Empresarios nacionales y extranjeros en Colombia durante el siglo XIX», en Anuario de historia social y de la cultura, 4, Bogotá, 1969, p. 87 y ss.

[13] El mestizaje y, particularmente, el mestizaje cultural caracterizan, a lo largo de la historia, la conformación de casi todos los pueblos del globo, pues los intercambios, los «préstamos» y las «apropiaciones» culturales son parte de la interacción misma de los humanos, por lo que, en últimas, se podría afirmar que no hay ninguna cultura que no sea mestiza. A partir de la Edad Media, pero sobre todo desde el siglo XV, los intercambios fueron en aumento, lo que necesariamente condujo a una mayor interacción entre diversas culturas.

Notas del Capítulo 5

[1]Ver reproducciones de óleos de Lincoln y Núñez.

[2] La forma expresiva «años veinte» se prefiere aquí a la de «años veintes» (numeral pluralizado). Esto por fuerza de la costumbre que en la lengua es ley. Pero también porque aquella forma resulta más simple y generalizable: «años diez», por ejemplo, es mucho más natural que «años dieces».

[3]Ver pp. 253 y 256 de este capítulo.

[4] Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada, La violencia en Colombia, Bogotá, Alfaomega, 2001; Kees Koonings y Dirk Kruijt, Armed Actors. Organized Violence and State Failure in Latin America, Londres, Zed Books, 2004; Luis Alberto Restrepo, «Violence and Fear in Colombia: Fragmentation of Space, Contraction of Time and Forms of Evasion», en: Kees Koonings and Dirk Kruijt (eds.), Armed Actors…; Álvaro Valencia Tovar, «Las debilidades estructurales del Estado y la solución de los conflictos en cuanto a la justicia y el monopolio de la fuerza en el caso colombiano», en: Jesús Antonio Bejarano (ed.), Construir la paz. Memorias del Seminario Paz, Democracia y Desarrollo, Bogotá, Presidencia de la República, CEREC, 1990; Alejandro Reyes, «Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias», en: Análisis Político, No. 12, eneroabril 1991, Bogotá, IEPRI; Daniel Pécaut, «From the Banality of Violence to Real Terror: The Case of Colombia», en: Kees Koonings y Dirk Kruijt (eds.), Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America, Londres, Zed Books, 1999.

[5] Típicamente el obispo Ezequiel Moreno proclamó en una carta pastoral a su grey: «Con Jesucristo o contra Jesucristo. O catolicismo o liberalismo».

[6] Ver G. Hernández P., Anécdotas y poesías satíricas de Miguel Antonio Caro, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1988, p. 105.

[7] Véase Estela Restrepo Zea, «La fundación de la Universidad Nacional. Su primer debate: 1870», en: E. Restrepo Zea (comp.), Universidad Nacional de Colombia. 130 años de historia, Bogota, Universidad Nacional de Colombia, 1997.

[8] Se dice que en el Congreso ejercía en sus días un intonso parlamentario boyacense llamado Bartolomé, seguramente nada castizo en su improvisada elocuencia parlamentaria. Don Miguel Antonio decidió minimizarlo, y para ello empezó a referirse a él como don Bartolo, a lo que el parlamentario cada vez que su verdugo decía «don Bartolo», en voz alta le añadía «me», como para obligarlo a llamarlo por su nombre completo: Bartolomé. Pero otra vez venía don Miguel Antonio diciendo: «don Bartolo», y este otra vez voceaba: «me». Hasta que Caro dijo: «Esta bien, don Bartolo mee y pee!» (con lo que en sorna aludía veladamente a funciones orgánicas).

[9] Véase A. López Michelsen, «Los obispos en época electoral», periódico El Tiempo (sección columnas de opinión), 19 de febrero, 2006.

[10] Patricia Londoño, Religión, Culture and Society in Colombia, Oxford, Clarendon Press, 2002.

[11] Michael Taussig, «Culture of Terror-Space of Death. Roger Casement’s Putumayo Report and the Explanation of Torture», en: Comparative Studies in Society and History, 26:3, julio, 1984, pp. 467-497.

[12] Darío Mesa, «La vida política después de Panamá», en: Jaime Jaramillo Uribe (ed.), Manual de historia de Colombia, vol. III, Bogotá, Colcultura, 1980, pp. 83-169.

[13] Carlos Mejía Sanabria, «Ferrocarriles colombianos en el siglo XIX. Inicio de una mentalidad moderna y tecnológica», Bogotá, periódico El Tiempo, agosto 20, 2004.

[14] Frank Safford y Marco Palacios, Colombia. Fragmented Land, Divided Society, Nueva York, Oxford University Press, 2002, pp. 273-276.

[15] Luis López de Mesa, De cómo se ha formado la nación colombiana, Bogotá, Librería Colombiana, 1934.

[16] Salomón Kalmanovitz observa que entre 1890 y 1915 se establece «el esqueleto básico de una tercera parte de las industrias existentes en el país al término de la Segunda Guerra Mundial», en: Economía y nación, Bogotá, Siglo Veintiuno, 1985, p. 249.

[17] «Hear the sledges with the bells- / Silver bells! / What a world of merriment their melody foretells! / How they tinkle, tinkle, tinkle, / In the icy air of night! / While the stars that oversprinkle / All the heavens, seem to twinkle / With a crystalline delight; / Keeping time, time, time, / In a sort of Runic rhyme, / To the tintinnabulation that so musically wells / From the bells, bells, bells, bells, / Bells, bells, bells / From the jingling and the tinkling of the bells». Compárese con el «Tercer nocturno» de Silva: «Una noche, / Una noche toda llena [… etc.]».

[18] Habiendo sido la primera la del ferrocarril y del telégrafo (siglo XIX). Se puede hablar de la tercera (la del transistor, en la primera mitad del siglo XX) y de la cuarta (la de la cibernética y el teléfono celular, en la segunda mitad del siglo XX).

[19] Judith Baughman, American Decades, 1920-1929, Nueva York, Gale Research Inc-Internacional Thompson Publishing Co., 1996.

Notas del Capítulo 6

[1] Margarita Serge, El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie, Bogotá, Uniandes-Ceso, 2005.

[2] Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Santafé de Bogotá, Norma, 1995, p. 138.

[3] Jesús Antonio Bejarano, «La economía colombiana entre 1930 y 1945», en: Álvaro Tirado Mejía (director), Nueva Historia de Colombia, vol. V, Bogotá, Planeta, 1989, p. 118.

[4] Jesús Antonio Bejarano, «La economía colombiana entre 1930 y 1945», en: Álvaro Tirado Mejía (director), obra citada, p. 121.

[5] José Olinto Rueda, «Historia de la población de Colombia: 1880-2000», en: Álvaro Tirado Mejía (director), obra citada, pp. 365-368.

[7] José Olinto Rueda, obra citada, p. 373.

[8] Citado por Mauricio Archila, «El Frente Nacional: una historia de enemistad social», en: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 24, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1997, p. 212. El autor refiere además el cálculo del sociólogo norteamericano Robert Dix, quien dijo que las capas medias constituían un 15% de la población colombiana al iniciarse el Frente Nacional, y eran individualistas, apegadas a la familia y a lo jerárquico.

[9] Datos presentados por Guillermo de la Peña, «Las movilizaciones rurales en América Latina desde c. 1920», en: Leslie Bethell, editora, Historia de América Latina, vol. 12, Barcelona, Crítica, 1997, p. 225.

[10] Samuel Pizer y Frederick Cutler, Inversiones norteamericanas en la economía de América Latina. Washington D.C., Instituto de Desarrollo Económico-Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 1968.

[11] Los datos sobre muertes violentas del período, citados de aquí en adelante, fueron extraídos de Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, Bogotá, Banco Popular, 1978, pp. 59-67.

[12] Daniel Pécaut, Orden y violencia: Colombia, 1930-1954, vol. 2, Bogotá, CEREC-Siglo Veintiuno, 1987, p. 489; Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, obra citada, p. 190.

[13] Apolinar Díaz Callejas, Díez días de poder popular, 2a ed., Bogotá, FESCOL-El 1989.

[14] De las 180.253 muertes violentas sucedidas de 1946 a 1957, el 56% correspondió a los departamentos del antiguo Caldas (24.6%), Tolima (17.2) y Antioquia (14.5). Datos tomados de Daniel Pécaut, Orden y violencia: Colombia, 1930-1954, obra citada, p. 490.

[15]Eduardo Franco Isaza, Las guerrillas del Llano, Bogotá, Librería Mundial, 1959.

[16] Gonzalo Sánchez, «La violencia y sus efectos en el sistema político colombiano», en: Cuadernos Colombianos, No. 9, 1976, p. 3.

[17] Las novelas son: Toá. Narraciones de caucherías (1933), de César Uribe Piedrahita, Cuatro años a bordo de mí mismo (1934), de Eduardo Zalamea, La cosecha (1935) y El hombre bajo la tierra (1944) de J. A. Osorio Lizarazo.

Notas del Capítulo 7

[1]El Tiempo, «Una revisión del Frente Nacional», 6 de junio de 2004.

[2] Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2003, pp. 35-52.

[3]Marco Palacios, «País de ciudades», en Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Su historia, Bogotá, Norma, 2002, p. 575.

[4] Alberto Saldarriaga y Lorenzo Fonseca, «Un siglo de arquitectura colombiana», en Nueva Historia de Colombia, t. VI, Bogotá, Planeta, 1989, pp. 199-201.

[5] Ibid., p. 202.

[6] Andrés López, «El cambio de modelo de desarrollo de la economía colombiana», en Análisis Político, No. 21, enero-abril 1994, pp. 31-33.

[7] Marco Palacios, «País de ciudades», en obra citada, pp. 574-575.

[8] José Antonio Ocampo, Joaquín Bernal, Mauricio Avella y María Errázuriz, «La consolidación del capitalismo moderno», en José Antonio Ocampo (compilador), Historia económica de Colombia, Bogotá, Tercer Mundo-Fedesarrollo, 1996, pp. 243-250.

[9]Francisco Leal, Estado y política en Colombia, Bogotá, CEREC-Siglo Veintiuno, 1989, pp. 151-185.

[10] Marco Palacios, «País de ciudades», en obra citada, pp. 605-606.

[11] Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Norma, 1995, p. 239.

[12] Albert Bensoussan, «Hispano-américaine (Littérature)», en Encyclopaedia Universalis, t. 9, París, 1985, pp. 342-343.

[13] César Valencia, «La novela colombiana contemporánea en la modernidad literaria», en Manual de literatura colombiana, t. II, Bogotá, Procultura-Planeta, 1988, p. 469.

[14] Hernando Martínez, Historia del cine colombiano, Bogotá, Librería y Editorial América Latina, 1978, p. 197.

[15] Ibid., pp. 241 y ss.

[16] Jorge Castañeda, La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina, Bogotá, Tercer Mundo, 1993, pp. 82-85.

[17] Hay quienes consideran que los ingresos del narcotráfico explican el buen comportamiento de la economía colombiana. Sin embargo, la mayoría de analistas coinciden en que el comportamiento responsable y cauteloso de la clase dirigente evitó que el país se endeudara de manera escandalosa; adicionalmente, el auge de las exportaciones no tradicionales le dio un impulso decisivo al crecimiento económico de los años ochenta.

[18] Eduardo Pizarro, Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Norma, 2004, pp. 42-43.

[19] Fernán González, Ingrid Bolívar, Teófilo Vásquez, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá, CINEP, 2003, p. 57.

[20] Alejandro Reyes, «Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias», en Análisis Político, Bogotá, No. 12, enero-abril 1991, pp. 37-38.

[21] Mauricio Romero, Paramilitares y autodefensas. 1982-2003, Bogotá, Universidad Nacional, 2003, pp. 103-104.

[22] Ibid., pp. 18-42.

[23] Alejandro Reyes, obra citada, p. 35.

[24]Alejandro Reyes, obra citada, p. 35.

[25]Eduardo Pizarro, obra citada, p. 193.

[26] Muchas de las propiedades que pasan a manos de esos grupos armados se convierten en tierras improductivas, que sólo sirven para darles estatus social a sus nuevos propietarios. En muchas otras ocasiones, son mal utilizadas, pues no se tienen en cuenta las características del suelo: por ejemplo, se dedican a la ganadería extensiva a pesar de que son más aptas para la producción agrícola, lo que a su vez afecta la producción nacional.

[27] Ver, en particular, su ensayo Reflexiones sobre la cultura política colombiana, Bogotá, Universidad de los Andes, Cátedra Corona, 2001.

[28] Ver, entre otros, Mauricio Rubio, «Rebeldes y criminales. Una crítica a la tradicional distinción entre el delito político y el delito común», en Jaime Arocha, Fernando Cubides, Myriam Jimeno (comp.), Las violencias: inclusión creciente, Universidad Nacional, 1998; Malcolm Deas, Fernando Gaitán, Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia, Bogotá, Fonade, Departamento Nacional de Planeación, 1995.

[29] Eduardo Posada Carbó, El Tiempo, 24 de febrero de 2006.

[30] Ibid.

[31] José Antonio Ocampo, «Una década de grandes transformaciones económicas», en Nueva Historia de Colombia, t. VIII, Economía y regiones, Bogotá, Planeta, 1998, p. 78.

[32] Ricardo Arias, El episcopado colombiano: intransigencia y laicidad (1850-2000), Bogotá, CESO-Uniandes-ICANH, 2003, pp. 316-323.

[33] El Tiempo, 15 de febrero de 2006.

[34]Marco Palacios, «País de ciudades», en obra citada, pp. 565-566.

[35] El conflicto, callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia-2003, PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Bogotá, 2003, p. 32.

[36] Eduardo Pizarro, Una democracia asediada, obra citada, p. 252.

[37] El conflicto, callejón con salida, obra citada, p. 32.

[38] Marco Palacios, «Un país sin clase gobernante», en El conflicto, callejón con salida, obra citada, p. 34.

[39] Daniel Pécaut, Guerra contra la sociedad, Bogotá, Planeta, 2001, p. 19.

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