SÍGUENOS EN
Megustaleer

Facebook @megustaleerebooks        

Twitter @megustaleer  

Instagram @megustaleer  

Director de la Historia contemporánea de España

Jordi Canal

Coordinadores de este volumen

Manuel Chust y Pedro Rújula

Isabel Burdiel

Jordi Canal

Autores

Ana Aguado (Universitat de València)

Isabel Burdiel (Universitat de València)

Jordi Canal (EHESS, París)

Manuel Chust (Universitat Jaume I, Castellón)

Ángel Duarte (Universitat de Girona)

Lourenzo Fernández Prieto (Universidad de Santiago de Compostela)

Ivana Frasquet (Universitat de València)

Juan Francisco Fuentes (Universidad Complutense de Madrid)

Xavier Andreu Miralles (Universitat de València)

Xosé M. Núñez Seixas (Universidad Ludwig-Maximilian, Múnich)

Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza)

Manuel Pérez Ledesma (Universidad Autónoma de Madrid)

Tomás Pérez Vejo (INAH, México)

Anaclet Pons (Universitat de València)

José María Portillo (Universidad del País Vasco)

Juan Pro Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid)

Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza)

Justo Serna (Universitat de València)

María Sierra (Universidad de Sevilla)

INTRODUCCIÓN

MÁS ALLÁ DE LA NORMAL ANORMALIDAD: UNA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA

Jordi Canal

Las historias de España conforman un género clásico de la historiografía, desde la obra del padre Juan de Mariana a fines del siglo XVI hasta las recientes de Antonio Domínguez Ortiz o José Enrique Ruiz-Domènec; desde los trabajos de Antonio Pirala y Modesto Lafuente en el siglo XIX hasta la monumental colección dirigida, en la segunda mitad de la centuria siguiente, por Ramón Menéndez Pidal y, más adelante, por José María Jover Zamora; desde los libros de Jaume Vicens Vives hasta los del francés Joseph Pérez, los del británico Raymond Carr y los de Juan Pablo Fusi. Muchos otros nombres propios podrían añadirse a la lista anterior, alargándola, sin duda alguna, de manera muy considerable. Esta rica tradición se encuentra en la base, como no podía ser de otro modo, de la obra que aquí presentamos, en dos volúmenes, aunque dedicada estrictamente al estudio de la historia de la España contemporánea, desde 1808 hasta nuestros días. Los orígenes de este trabajo se encuentran en un proyecto impulsado por la Fundación Mapfre, encabezado por Pablo Jiménez Burillo, en colaboración con la editorial Taurus, para repensar la historia de todos los países iberoamericanos, tanto los de un lado como los del otro del océano Atlántico. La génesis de las naciones americanas, desde México hasta Chile y Argentina, coincidió con la entrada de España en la época contemporánea y el surgimiento de la nación española —en el sentido que este concepto adquiere desde el siglo XVIII—, como efecto y consecuencia de la disolución de la monarquía imperial, también denominada católica, que los Reyes Católicos y Carlos IV simbolizan como principio y término. Este proyecto dio lugar a algunas decenas de volúmenes, entre los cuales cinco, que vieron la luz entre 2010 y 2015, estaban dedicados a la historia de España entre 1808 y 2010. La reescritura, revisión, readaptación y ampliación —entre otras cosas, de la cronología, hasta 2017— de estos textos ha tenido como resultado la obra que el lector tiene en sus manos, organizada en un par de tomos.

Esta historia contemporánea de España está dividida en cinco partes, dirigidas, respectivamente, por Manuel Chust y Pedro Rújula (La crisis de la monarquía hispánica), Isabel Burdiel (La construcción nacional), Jordi Canal (Modernidad y tradición), Eduardo González Calleja (Entre la libertad y las dictaduras) y Juan Luis Pan-Montojo (La búsqueda de la democracia), complementadas por una extensa y cuidada cronología y una selección de ilustraciones comentadas de todos los periodos tratados. La opción adoptada en las particiones es estrictamente cronológica: 1808, 1874-1875, 1931, 1959-1960, 2017. 1808 constituye un auténtico punto de partida, aunque resulte inevitable referirse a los antecedentes de los años anteriores y de finales del siglo XVIII. La crisis de la monarquía imperial, las independencias americanas y los principios del conflicto entre un Antiguo Régimen crepuscular y el liberalismo revolucionario caracterizaron el cuarto de siglo siguiente. La muerte de Fernando VII, en 1833, constituye un momento simbólico clave en el despliegue de la revolución liberal y en el proceso nacionalizador —o, si se prefiere, de construcción nacional— en España. Para unos, en 1833 se cierra una etapa; para otros, en cambio, aquel año constituye la apertura de un nuevo periodo. Una mirada en perspectiva, como la que aplica el historiador, permite entender ambas posiciones. Tras unas décadas de guerras civiles y tentativas revolucionarias, de monarquías más o menos liberales y de una república sin casi republicanos, un pronunciamiento terminó, a fines de diciembre de 1874, con esos momentos agitados que la historiografía denomina el Sexenio Democrático (1868-1874). Poco después, con el reinado de Alfonso XII, empieza el régimen de la Restauración (1875-1923), una etapa de paz política inusual en la contemporaneidad hispánica, aunque de agitación social no menor. La proclamación, en abril de 1931, de la Segunda República, cierra la monarquía de Alfonso XIII, hijo póstumo del anterior rey, profundamente desprestigiado por la colaboración con la dictadura regeneracionista de Miguel Primo de Rivera. Los años treinta del siglo XX supusieron el paso de la forma monárquica a la republicana en la conformación del Estado, en el marco de un amplio conflicto, español y también europeo, entre opciones más o menos democráticas y opciones más o menos autoritarias. La Guerra Civil española de 1936-1939 se prolongó en una larga y difícil posguerra. A partir de la década de 1960, finalmente, con el Plan de Estabilización de 1959 como inevitable referente, tiene lugar un importante conjunto de cambios económicos, sociales, culturales y, sin duda, aunque más lentos y a veces postergados, políticos, que se encuentran en los fundamentos de la España actual.

Los cortes cronológicos de las dos últimas partes pueden sorprender a algunas personas, ya que en los últimos tiempos los historiadores y los memorialistas han tendido a convertir los años 1931-1939 en un periodo específico y cargado de alto nivel referencial. Sin embargo, 1939 no constituye una radical ruptura, ya que el primer franquismo —iniciado en algunos territorios, como es bien sabido, en 1936— no deja de ser una continuidad de la Guerra Civil española. Los cambios iniciados en los años sesenta suponen, por el contrario, siempre y cuando seamos capaces de salir de una cronología exclusivamente condicionada por los acontecimientos políticos —y, en ocasiones, politizada por añadidura—, una transformación global de la sociedad española, aunque más lenta en unos campos, como el político, y más rápida en otros, como el demográfico o, en un sentido amplio, el cultural. En cualquier caso, como el historiador británico Eric J. Hobsbawm nos enseñara hace ya algún tiempo, la historia no es como un autobús que en cada parada —es decir, en cada final o inicio de etapa— obliga a bajar a todos los pasajeros y recoge a otros totalmente nuevos. La historia de un periodo extiende siempre sus largos tentáculos hacia las etapas anterior y posterior. Nada empieza totalmente de cero, ni nada termina de manera abrupta, siendo la evolución, en forma de antecedentes y consecuencias, de construcciones y destrucciones, de continuidades y, asimismo, discontinuidades, la clave de todo relato histórico.

Para entender cabalmente los fundamentos intelectuales de la obra que aquí se presenta deben ser tomados en cuenta, como mínimo, media decena de elementos. Se trata, ante todo, de una historia contemporánea de España no encerrada en ella misma. La tentación del aislamiento empobrece y entorpece siempre el propósito de comprender e interpretar el pasado. Solamente una España situada en el mundo, muy especialmente en Europa y América —y, en otro orden de cosas, algunas partes de Asia y el norte de África—, permite profundizar adecuadamente en su historia. En el caso americano, tras unos siglos de monarquía hispánica a ambos lados del Atlántico —como ha sostenido Antonio Miguel Bernal, lo «más español de España en los siglos XVI y XVII fue América»— y unas complejas revoluciones de independencia, algunos territorios, como Cuba o Puerto Rico, siguieron formando parte de España hasta 1898. Por aquel entonces, España era vecina de Francia y Portugal, pero también de México, a través de las posesiones caribeñas. Algunos problemas o cuestiones que afectaban a la península Ibérica fueron abordados por los contemporáneos a partir de las experiencias del otro lado del Atlántico. Los imaginarios y construcciones culturales americanos no están de ningún modo ausentes de la historia española en el Novecientos. A todo ello deberíamos añadir aún las transferencias culturales y políticas permanentes entre España y América Latina, unas transferencias que, como François-Xavier Guerra aseguró acertadamente, se producían en ambas direcciones.

En segundo lugar, la apuesta por la complejidad y la voluntad totalizadora —algo distinto, no obstante, de la ambigua «historia total»— preside los textos. Únicamente una aproximación compleja permite analizar una compleja realidad, esto es, la del pasado. El estudio de la política, la demografía, la sociedad, la economía, la cultura o las relaciones internacionales, sin olvidar las imágenes y los imaginarios, los aspectos religiosos y de género o el papel de España y los españoles en el mundo, resulta necesario para proponer una interpretación lo más completa y global posible de la historia nacional. Igualmente, esta historia no puede ignorar la diversidad cultural, lingüística y administrativa que enriquece y ha enriquecido históricamente a España, siendo fuente a veces de tensiones y conflictos, pero también de solidaridades y esfuerzos comunes. La división estricta en capítulos responde a la voluntad de introducir criterios reconocibles de uniformidad. Los espacios de conexión e intersección entre las partes resultan, está claro, inevitables en una obra que pretende ofrecer una visión de conjunto de cada una de las etapas históricas estudiadas, desde 1808 hasta nuestros días.

El tercer aspecto que debe tenerse en cuenta es la explícita intención de huir de todo tipo de presentismo y de discusiones, casi siempre estériles, sobre las esencias y el ser, la excepcionalidad y el fracaso. Toda historia de un país, y la de España no constituye una excepción, es anormalmente normal o normalmente anormal. Depende siempre del punto de vista adoptado, de los factores en juego y, entre otras cosas más, de los entes o procesos en comparación. El fin de la melancolía, para usar una expresión afortunada de Javier Moreno Luzón, está dando frutos muy notables en la historiografía hispánica. La historia contemporánea que aquí se está presentando pretende situarse, por consiguiente, más allá de la normal anormalidad de España. Se ha hecho una apuesta decidida, en cuarto lugar, por elaborar un producto que responda al estado actual de la investigación, sin dejar a un lado los trabajos e interpretaciones más recientes. El conocimiento del pasado está en permanente evolución y una síntesis de historia de España escrita a principios de la actual centuria no puede ser igual a otra elaborada hace treinta o cien años. Cada generación reescribe la historia, se ha dicho en muchas ocasiones. Este constituye también, en dicho sentido, un producto que tiene algo de generacional. Finalmente, aunque no por ello menos importante, se ha otorgado una especial atención a la forma, intentando ofrecer al lector un producto de alta divulgación capaz de hacer compatible el rigor del análisis histórico con una narración atractiva. El feísmo literario pertenece a otros tiempos. No deberíamos avergonzarnos, como aconsejaba lúcidamente Marc Bloch, ni de la parte de poesía que contiene la historia, ni de que esta pueda ser divertida o un elemento de distracción. En Sobre la historia (1999), Krzysztof Pomian nos recuerda, en la misma línea, que la obra de historia ideal —y, lógicamente, inalcanzable— es aquella capaz de combinar de forma equilibrada el hacer saber, el hacer comprender y el hacer sentir. El reto es difícil, pero merece la pena afrontarlo.

Esta historia contemporánea de España empieza estudiando un imperio colonial, regido por una monarquía absolutista en crisis, y termina, en los albores de una nueva centuria y un nuevo milenio, con una monarquía y un régimen democrático que, tras haber sido de rara —si tenemos en cuenta los avatares del pasado— y modélica estabilidad durante más de un cuarto de siglo, se enfrenta ahora a nuevos problemas derivados de una profunda crisis económica y social y del parcial agotamiento del llamado Estado de las Autonomías. Los frentes abiertos, en 2017, son múltiples y, en algunos puntos, inquietantes. Lo que va de un lejano ayer a hoy constituye el objeto de estos dos tomos, cuya primera entrega está en sus manos. Para llevar a cabo esta empresa se ha contado con un amplio elenco de excelentes historiadores e historiadoras —casi tres decenas de colaboradores—, pertenecientes a diferentes universidades, españolas y extranjeras. Las discusiones y los intercambios entre unos y otros han sido ricos y de gran provecho. Los distintos textos constituyen un pertinente reflejo del buen estado presente de la historiografía contemporánea española. El trabajo llevado a cabo por Miguel Aguilar y Elena Martínez Bavière y su equipo, en la editorial Taurus, ha sido excelente. Solamente cabe esperar ahora, una vez librado el producto a las librerías y bibliotecas, que esta obra contribuya, con todo el rigor y amenidad posibles, a una mejor comprensión del pasado español, alejada de prejuicios y simplismos, y ayude a generar nuevos debates y reflexiones. La aventura intelectual de la escritura y de la edición dejan paso, a partir de este momento, a otra aventura intelectual igualmente fundamental y necesaria, a la par que apasionante: la lectura.

Gerona, septiembre de 2017

LA CRISIS DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA

1808-1833

Manuel Chust y Pedro Rújula

(coords.)

LAS CLAVES DEL PERIODO

Manuel Chust y Pedro Rújula

Los cambios producidos en España entre 1808 y 1833 fueron de tal magnitud que aún hoy se hace difícil historiar y comprender lo ocurrido en este periodo crucial tanto para la historia de España como para la de América y Europa. El 14 de diciembre de 1788 subía al trono Carlos IV. Cuando el 29 de septiembre de 1833 muere su hijo Fernando VII y es proclamada reina regente María Cristina, sobrina suya y su cuarta mujer, la monarquía española había cambiado cuatro veces de monarca y dos de Corona; había estado inmersa en cinco guerras, incluidas las sangrientas campañas en la Península contra los franceses y la guerra americana contra la insurgencia; había cambiado de modelo de Estado cinco veces, con sucesivos vaivenes entre monarquía absoluta y constitucional, y había sufrido dos invasiones francesas, la napoleónica y la amparada por la Santa Alianza.

En esta primera parte del presente volumen se intentan desentrañar las claves de este turbulento primer tercio de siglo XIX; un periodo en el que asistimos al impacto de la Revolución sobre la monarquía hispánica y a las sucesivas respuestas protagonizadas por elementos centrales del Antiguo Régimen —monarquía, Iglesia, sectores de la nobleza, miembros de la Administración y los consejos reales, etcétera— en defensa de las posiciones de supremacía que habían venido disfrutando hasta ese momento. La espiral de impulsos revolucionarios y respuestas de la reacción puso de manifiesto no solo las dificultades para llevar adelante un proyecto liberal como el esbozado en el Cádiz de las Cortes, que implicaba una transformación de la sociedad y del Estado, sino también la fortaleza de los sectores privilegiados bajo la monarquía absoluta y la enorme influencia que mantuvieron sobre extensos sectores de la población española durante la primera mitad del Ochocientos.

LA GRAN CRISIS DE 1808

A lo largo del siglo XVIII, las monarquías española y francesa habían compartido una larga tradición de alianzas militares y diplomáticas, reforzadas por un sistema de enlaces familiares dentro y fuera de la dinastía de los Borbones, interrumpidas tan solo durante la Revolución francesa, cuando los Borbones españoles acudieron, sin éxito, en auxilio de la dinastía del país vecino. Pasado el periodo revolucionario, la alianza se reanudó con el nuevo dirigente galo, Napoleón Bonaparte. La existencia de un enemigo común como era Gran Bretaña, enormemente reforzada tras su triunfo en 1763 en la Guerra de los Siete Años, favoreció sin duda esa restauración.

Durante los primeros años del Ochocientos, este sistema de alianzas con la Francia napoleónica quedó plasmado en la firma de varios tratados francoespañoles orientados a un doble objetivo: invadir Portugal y enfrentarse a Gran Bretaña. La confrontación con esta potencia desembocó en un colosal duelo naval que iba a condicionar la historia mundial de la primera mitad del siglo XIX: Trafalgar.

Tras la derrota sufrida en esta batalla por la flota francoespañola, el poderío naval británico se tornó casi indiscutible, lo que condicionó el cambio de estrategia de la Francia napoleónica y su aliada, la monarquía de Carlos IV. En este contexto se inscribe el Tratado de Fontainebleau, de octubre de 1807, por el que la Corona española se comprometía con el emperador de los franceses: primero, a repartirse Portugal en tres partes; segundo, a autorizar la entrada de un ejército francés, con el objeto de invadir conjuntamente Portugal; tercero, a repartirse los territorios coloniales lusos, especialmente Brasil, una vez que hubiera terminado la contienda; y cuarto, a que Napoleón respetara el título de emperador de las Américas a Carlos IV. Estos dos últimos puntos eran muy reveladores respecto a las intenciones del estadista francés allende los mares.

La guerra en Portugal duró escasamente tres semanas, el tiempo que tardaron las columnas del general Jean Junot en entrar en Lisboa y las tropas españolas en invadir el norte portugués. No obstante, una parte sustancial del objetivo napoleónico, como era la captura de la familia real portuguesa, no se pudo llevar a cabo. Juan VI y su mujer, Carlota Joaquina, hija de Carlos IV, habían huido con destino a Brasil bajo la protección de la Armada británica y ante la impotencia de las Armadas francesa y española, muy dañadas desde Trafalgar.

Si en Portugal se vieron frustrados algunos de los planes de Napoleón —como la captura de la familia real y la obtención de Portugal y Brasil—, otros nuevos vinieron a sustituirlos rápidamente. La estrategia bonapartista, bien fuera pensada con anterioridad o bien se decidiera como recambio a la exitosa, pero ineficaz, invasión, se llevó a cabo entre los meses de enero y marzo de 1808. Es entonces cuando idéntica estrategia a la pensada para Portugal sería culminada con éxito en el caso de la familia real española, gracias en buena medida a los desencuentros de la dinastía borbónica, así como a la difícil coyuntura del país; porque esa era la finalidad de Bonaparte, obtener de un solo golpe palaciego el preciado Imperio hispanoamericano, ya que el lusobrasileño se le había escapado.

La monarquía hispánica había llegado al último tercio del siglo XVIII dando manifiestos signos de debilidad. Arrastraba un déficit estructural de la Hacienda que se iba haciendo cada vez más asfixiante. Al mismo tiempo iba perdiendo peso frente a Gran Bretaña y a Francia en el escenario internacional y, además, se mostraba cada vez más incapaz de defender por sí sola el Imperio americano del acoso de estas potencias. En el orden interior eran contestadas instituciones tan fundamentales del Antiguo Régimen como el sistema señorial o el papel de la Iglesia, especialmente visible en su dimensión económica por la resistencia al pago de rentas y tributos. La entrada en guerra contra la Francia revolucionaria en 1793 empeoró todavía más la situación, ya que la monarquía no contaba con recursos suficientes para afrontar el conflicto y los vales reales emitidos para sufragarla se depreciaron rápidamente. Esta situación obligó a incrementar la presión fiscal, fundamentalmente sobre las clases productoras, y a buscar recursos complementarios en el patrimonio de la Iglesia, iniciando un primer proceso desamortizador antes del cambio de siglo. Y todo esto sin conseguir imponerse a Gran Bretaña, cuya amenaza sobre la América hispana era cada vez mayor. Con la derrota de Trafalgar la situación se hizo todavía más desesperada, ya que el comercio americano quedó seriamente dañado. Esto obligaría a generar nuevos recursos sobre el suelo peninsular elevando la presión fiscal y abriendo nuevos procesos desamortizadores y a recurrir al crédito extranjero para cubrir el déficit.

Por otra parte, la Revolución francesa provocó una revisión de los vínculos establecidos entre la monarquía y el pueblo. La aparición en el país vecino de un nuevo concepto de poder fundado en la legitimidad popular fue rápidamente identificado como una amenaza. Ante ello la monarquía española actuó de dos maneras: la primera, y la más evidente, fue negar el hecho e imponer el silencio informativo, con la intención de minimizar el impacto que los sucesos franceses tuvieran en España. La segunda, sin embargo, fue competir con la Revolución en su mismo terreno. Para ello se propuso explotar los lazos que tradicionalmente unían a la monarquía con sus vasallos fortaleciendo la idea de pertenencia y definiendo cada vez más en torno a ella el concepto de «patria». Así se puso de manifiesto en la Guerra contra la Convención republicana francesa en 1793-1795. La ejecución de Luis XVI forzó la entrada de España en esta guerra, aunque las finanzas del país no estaban en condiciones de soportarla. La movilización de toda la monarquía para proveer los recursos necesarios no solo fue una solución económica, sino también una respuesta política y social que implicaba al conjunto del reino. Así, tanto en la Península como en América, se produjo una amplísima movilización para nutrir las filas de los ejércitos españoles, acompañada de una gran campaña de propaganda cuya principal responsabilidad recayó en el aparato de comunicación de la Iglesia. De este modo desde la nobleza hasta los gremios, pasando por corporaciones, instituciones religiosas seculares y regulares, cofradías o particulares, de todos los rincones del Imperio llegaron ofertas que, más allá de su valor económico, proporcionaron a la monarquía un aval social. Aquella guerra contrarrevolucionaria, librada bajo la tríada «Dios, Rey y Patria», fue, al decir de los contemporáneos, la guerra más popular de la que tenían memoria. Inauguraba una nueva etapa en la que las monarquías, incluso las absolutas, iban a esforzarse por validar su autoridad.

En 1808 confluyeron factores que venían del pasado con otros de génesis más inmediata y que condujeron a la crisis de la primavera de ese año. De un lado, evolucionaron los intereses de Napoleón en el sur de Europa, cuya política de bloqueo continental le llevó a intervenir sobre Portugal implicando directamente a España en la operación. La facilidad con la que las tropas imperiales se habían instalado en suelo español hizo posible un giro en los acontecimientos que transformaría a los aliados en invasores. Para ello fue necesario otro elemento: el enfrentamiento en el seno de la monarquía, donde dos facciones, lideradas, respectivamente, por el ministro Godoy y el príncipe Fernando, se disputaban el poder. La posición de fuerza que fue adquiriendo Napoleón en la Península, combinada con la manifiesta debilidad de la monarquía española, sumida en enfrentamientos intestinos en medio de una coyuntura crítica, permitió concebir la posibilidad de poner fin a la presencia de los Borbones en el trono español para ser sustituidos por una nueva dinastía que llegaría acompañada de un nuevo modelo de Estado y un nuevo proyecto para el país.

Todo ello propició la aparición de diferentes opciones alternativas en la búsqueda de un nuevo Estado: las napoleónicas, las de las juntas provinciales, la de la Junta Central, la de Carlota Joaquina reclamándose regente de América desde su corte brasileña, la del liberalismo gaditano o las de la insurgencia americana a partir de 1810.

Por lo que respecta a la opción de Estado impulsada por Napoleón, las iniciativas políticas, económicas e ideológicas que llevó a cabo estuvieron planificadas de antemano y conformaron una serie de medidas y de acciones de gobierno de carácter reformista, como la celebración de las Cortes en Bayona, a las que fueron convocados también representantes americanos, o la elaboración de una Constitución y los Decretos de Chamartín. Cuando los planes napoleónicos se hicieron evidentes, en especial tras el fracaso de las negociaciones de Bayona y el confinamiento de Fernando en Valençay, surgió una amplia contestación por todo el país. La fórmula de institucionalización de esta resistencia fueron las juntas nacidas en toda la superficie del reino libre de presencia militar francesa. Las juntas recompusieron la monarquía desde la base a partir de unas corporaciones que representaban orgánicamente a la sociedad preexistente. Esta representatividad les permitió asentarse y presentarse como representantes de los intereses de la comunidad. En virtud de ello pudieron dictar órdenes y llamar al pueblo a tomar las armas contra los franceses. La situación era excepcional, novedosa si se quiere, pero no había nada de revolucionario en este comportamiento, que se apoyaba ideológica y socialmente sobre elementos básicos del Antiguo Régimen. Las novedades vendrían más tarde. De momento las juntas, donde se daban cita intereses muy dispares, desplazaron a las autoridades godoyistas, sospechosas de obedecer las órdenes francesas procedentes de Madrid, armaron al pueblo y comenzaron a coordinar sus acciones con el objetivo de ganar la guerra, lo que desembocaría en la creación de la Junta Central.

La formación de la Junta Central tuvo sus paradojas, puesto que su composición y organización se realizó a partir de una organización federal. Fueron las juntas provinciales las que cedieron su soberanía mandando representantes al centro y no al contrario. La Junta Central convocó también a virreinatos y capitanías generales de América y Filipinas para que enviaran un delegado, pretendiendo así igualar la oferta de Bayona, que, en sus Cortes, ya había integrado a representantes americanos. Con esta medida, la Junta Central pretendía satisfacer las reivindicaciones del criollismo, que la crisis había hecho ahora mucho más visibles; pero otras fracciones criollas más combativas reclamaban un mayor número de representantes en la Junta Central, con el fin de que defendieran sus intereses específicos, tan heterogéneos e inabarcables como la propia diversidad, dinámica, evolución y enormidad económico-social, racial y étnica americanas.

No obstante, en estos primeros años las juntas americanas reconocieron la soberanía de la Junta Central, en especial tras la noticia de la derrota del ejército francés en los campos de Bailén, lo que fue interpretado como un triunfo español casi definitivo para el curso de la guerra. Sin embargo, una minoría de juntas se dispuso a emprender un largo recorrido reivindicativo, iniciado con proclamas autonomistas y soberanas, la mayor parte en disputa con las capitales de provincia y con las del virreinato. Ejemplos fueron las de Chuquisaca, Santa Fe de Bogotá, Quito y Caracas; esta última, que proclamó la independencia en 1811, resulto ser la más radical.

LEVANTAMIENTO, GUERRA Y REVOLUCIÓN EN UN MUNDO HISPANO

Tras los motines, las rebeliones, las revueltas y las manifestaciones, esto es, «el levantamiento del pueblo español frente a los franceses», en palabras del conde de Toreno, llegó la guerra. Esta última constituye el lugar donde se anudan todos los procesos que atravesaron la España de comienzos del siglo XIX. La política, las relaciones internacionales, la economía, la sociedad…, todo se vio traspasado, alterado y modelado por ella. El comportamiento del ejército sería fundamental desde ese momento. Algunos de los oficiales se pusieron a las órdenes del monarca francés, mientras que otros trataron de recomponer los escuálidos efectivos del ejército español para ponerlos al servicio de la causa patriota. En estas condiciones tuvo lugar una importante victoria en campo abierto, la de Bailén, que puso fin a lo que se presentaba como un paseo triunfal para los franceses. Esta temprana derrota francesa elevó el nivel de la apuesta imperial en España. Antes de finalizar 1808, sería el propio Napoleón quien llegaría al frente de un gran ejército de 250.000 soldados con la intención de dar por finalizado de manera rápida y resuelta al conflicto. Después de poner de nuevo a su hermano José como rey en Madrid y de forzar el reembarque de las tropas inglesas de vuelta a su país, el emperador abandonó la escena convencido de que el proceso de pacificación podía continuar sin necesidad de su presencia. Y así fue. Zaragoza cayó, finalmente, en febrero, Soult entraba en marzo en Oporto, y Gerona afrontaba un nuevo sitio que no podría mantener hasta final de año. Especial relevancia tuvo la derrota de Ocaña, en noviembre, que entregó la guerra a una nueva fase caracterizada por la guerra de guerrillas y las ciudades sitiadas. Las noticias de Ocaña corrieron con velocidad por España, Europa y América. En unos meses, se había pasado de vencer a Bonaparte a la certidumbre de que la «guerra en España» estaba perdida. La derrota provocó el descrédito de la Junta Central y, finalmente, en enero de 1810, su disolución y el reemplazo por una Regencia de cinco miembros.

Los efectos de la derrota de Ocaña también llegaron a América. El pesimismo dejó paso ahora a la euforia desmedida y altisonante con la que habían sido recibidas en su día las más que alentadoras noticias de Bailén. La rumorología se adueñó de calles y campos. Y las noticias se iban magnificando a medida que se propagaban. Así, se divulgó que el temido Napoleón iba a invadir los territorios americanos si estos no acataban su legitimidad. O, más bien, cobró cuerpo la imagen de Napoleón que el púlpito, las hojas volantes y la literatura satírica de la época trataban de difundir entre criollos y peninsulares, indios, mestizos y mulatos. El resultado fue que también América se sumó al conflicto. La impasibilidad de las autoridades, el deseo de reformas económicas largamente prometidas y reiteradamente retrasadas, la disputa entre ciudades principales y subordinadas, la actuación represiva de virreyes y capitanes generales, como Abascal y Elío, unidos a factores ideológicos y culturales, precipitaron la eclosión de juntas que vivió la América hispana desde abril hasta septiembre de 1810: Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, Santa Fe, Cartagena, Quito, y, finalmente, toda una rebelión india y mestiza, con connivencias criollas en Nueva España.

El Antiguo Régimen, ya bastante debilitado durante el bienio anterior, pero que aún resistía, entre otros factores, por la marcha victoriosa de la guerra, se desmoronó. La guerra, ahora sí, se extendió también a los «otros territorios» de la monarquía española, los americanos. Las repercusiones fueron que el Río de la Plata, Paraguay, partes de Venezuela y Nueva Granada —Cartagena, Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca— y Chile se declararon autónomos respecto a la Regencia, a la que no reconocieron. De esta forma, las guerras napoleónicas sacudieron también a América. Y ello conllevó, al igual que ocurrió en la Península, todo un amplio espectro de reformas, con características revolucionarias que iban desde la abolición del tributo y la esclavitud hasta desamortizaciones y aboliciones de mayorazgos, pasando por la convocatoria de elecciones, la sanción de constituciones o la reunión de juntas y asambleas populares.

En la Península, la guerra abrió también la puerta a la revolución. Sin ella, y sin todo el desgaste institucional que llevaba aparejado, hubiera sido imposible abrir el proceso que permitió la reunión de unas Cortes en Cádiz, concebir un nuevo modelo político que recogió la Constitución de 1812 y dictar una batería de decretos que desmontaban piezas básicas del Antiguo Régimen como el entramado feudal, los privilegios que limitaban el ejercicio de la propiedad, el régimen gremial o la reforma de las rentas y el patrimonio de la Iglesia. Sin embargo, la influencia de la guerra no se detuvo aquí, sino que se extendió en otros muchos planos de la vida de los españoles, de ahí su relevancia en los orígenes de la contemporaneidad hispana. Combatir a los ejércitos napoleónicos se convirtió también en una cruzada, una suerte de guerra de religión que, liderada por clérigos publicistas y prelados apocalípticos, atrajo el conflicto hacia el terreno de la contrarrevolución y de la defensa de antiguas instituciones y viejas ideas. Al mismo tiempo, el combate permitió identificar a los defensores de Fernando VII con el territorio de la monarquía y señalar a los franceses como un cuerpo extraño, codificando el enfrentamiento en términos xenófobos y potenciando la dimensión nacional que terminaría condensada en esa expresión de fortuna que califica la guerra como «de la Independencia», que solo se consolidaría algunos lustros después de los hechos. Finalmente, la guerra fue también popular, porque tuvo el efecto de introducir a las clases populares, rurales y urbanas, en la dinámica política y les forzó a realizar un aprendizaje acelerado en este campo. Esto no significa que abrazaran de inmediato las ideas del liberalismo, ni que permanecieran sumisas a las voces del absolutismo. Todo lo contrario, el protagonismo de las clases populares durante la guerra debe entenderse desde la perspectiva de los mismos protagonistas, para quienes no era tan importante adscribirse al servilismo o sumarse a las filas liberales como perseguir sus propios intereses. Así se explica que encontremos una línea de radicalismo liberal que se expresará a través de la milicia y que recuperará la dimensión revolucionaria del pueblo armado. Y, en la misma medida, nos permite entender la coexistencia de otro radicalismo, el ultraabsolutista, visible en movimientos urbanos serviles o en las partidas realistas, que se mantendrá activo en el tiempo a través de los Voluntarios Realistas y reaparecerá en la Primera Guerra Carlista. Todo ello indica que la guerra contra Napoleón trastornó las bases del Antiguo Régimen, debilitó a los antiguos grupos hegemónicos y situó a otros en nuevas posiciones de poder. Sin embargo, el desarrollo no fue lineal, ni progresivo, sino que el diálogo revolución/reacción se convirtió en una espiral cotidiana en la que todos los actores estaban en constante movimiento y no siempre trazando un recorrido coherente.

Con la mayor parte del territorio ocupado por las fuerzas francesas, la Junta Central envió una convocatoria de Cortes a todos los territorios de la monarquía española. Convocatoria que posteriormente sería confirmada por la Regencia. El resultado fue que representantes de ciudades, juntas y provincias se reunieron, primero en la Isla de León, en septiembre de 1810; después, en la ciudad de Cádiz, a partir de febrero de 1811; y, por último, en Madrid, a partir de enero de 1814. En estos emplazamientos discutieron, argumentaron, debatieron y promulgaron un buen elenco de decretos, que en su mayor parte constituían las bases de una revolución liberal y que abarcaban desde la parte más ideológica y jurídica del liberalismo hasta la abolición de las señas de identidad del régimen señorial. De esta forma, se decretó la soberanía nacional, la libertad de imprenta, la igualdad entre españoles y americanos, la inviolabilidad de los diputados, la división de poderes, la creación de un ejército nacional, los procesos electorales, la abolición de la Inquisición, de la tortura, del tributo indígena, de la encomienda, de la mita, del repartimiento, del régimen señorial, de monopolios privativos y prohibitivos, de los mayorazgos, de las matrículas de mar, la venta de bienes concejiles como contribuciones de guerra y un largo etcétera.

Los decretos de las Cortes se vieron completados con la sanción de una Constitución que estableció la nacionalidad española para peninsulares, criollos e indios y que ratificó conceptos como la soberanía nacional, el derecho de ciudadanía, el sufragio universal indirecto, la supremacía de las Cortes frente al rey, la creación de un sistema fiscal uniforme, proporcional y directo, la Hacienda Nacional, la Milicia Nacional, el desarrollo de un sistema judicial independiente, la constitución de ayuntamientos en función de la demografía y no de potestades privilegiadas del rey o la nobleza, la creación de las diputaciones y las provincias, como entes político-administrativos las primeras y como territorio homogéneo del nuevo Estado-nación las segundas, la abolición —por ese mismo hecho— del sistema colonial de virreinatos y capitanías generales en América y la implantación de toda esta normativa en la mayor parte de la América hispana, trasladando así un sistema constitucional y parlamentario antes que muchos de los Estados americanos llegaran a ser independientes.

La Constitución de 1812 tuvo importantes repercusiones más allá de las fronteras españolas. Algunos países europeos la asumieron como modelo liberal de referencia en sus propios procesos revolucionarios. Fue a partir del triunfo de la revolución de 1820 cuando será adoptada en Italia, en el Piamonte y en el reino de las Dos Sicilias, en 1821, y en Portugal en 1822. Y fue también proclamada y aplicada en América: en toda Nueva España, que incluía Centroamérica, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en Perú, en el reino de Quito —prácticamente el futuro Ecuador—, en partes de Venezuela como Maracaibo y Coro, en la Banda Oriental —el futuro Uruguay—, en Charcas —la futura Bolivia— y en partes de Nueva Granada como Pasto, Popayán y Santa Marta.

Ese mismo año de 1812 se produjo otro hecho trascendental para la contienda en España. La entrada en guerra de las tropas francesas en Rusia provocó que Napoleón, al igual que hizo en otros territorios, empezara a retirar efectivos de la Península para destinarlos a la confrontación contra los rusos. Este factor, unido a la guerra de desgaste guerrillera, a la fortaleza de las ciudades, a la resistencia tenaz de la población y a la contribución armada de Gran Bretaña, ayudó a que, a partir de 1813, la contienda peninsular empezara a cambiar de signo y se sucedieran una serie de victorias importantes, como las de Arapiles en julio de 1812, la de Vitoria en junio de 1813 y la de San Marcial en agosto de ese mismo año.

Clausurada la legislatura extraordinaria, las Cortes fueron disueltas y una nueva asamblea abrió sus puertas el 1 de octubre de 1813 en Cádiz. Tal vez en la representación que asistió ese día al oratorio de San Felipe Neri no se apreciaban demasiados cambios con respecto al perfil de la cámara anterior. Y es que muchos de los electos no concurrieron a Cádiz, sino que se dirigieron directamente a Madrid y se incorporaron a sus escaños a comienzos de 1814, cuando se reanudaron las sesiones en la capital. Fue entonces cuando se hizo evidente un cambio en la representación nacional tan importante que algunos no dudaban en afirmar que en las Cortes había una clara mayoría servil. ¿Qué había pasado para que se produjera un cambio de este tipo? La cuestión es que la excepcionalidad de la guerra había dejado paso en buena parte del país a una cierta normalidad. Los exiliados estaban volviendo a sus hogares, los propietarios, a sus explotaciones, los clérigos, a sus sedes y los empleados, a sus destinos. Las viejas estructuras sociales y las antiguas relaciones de poder se iban restableciendo y las elecciones reflejaron hasta qué punto las viejas clases dominantes todavía, a pesar de todo lo vivido, seguían controlando los resortes del poder. La presencia servil en el seno de la soberanía nacional iba a ser el primer síntoma de que el hecho de mantener los logros de la Constitución no iba a ser una labor sencilla.

El rey se apoyará en este baluarte absolutista para debilitar políticamente la posición de los liberales. Además, buscará el apoyo del ejército y la complicidad internacional de Francia e Inglaterra y lo rodeará todo de una eficaz campaña de propaganda realista orientada a concentrar todas las expectativas de orden y prosperidad en el simple regreso del rey. El golpe de Estado del 4 de mayo de 1814 permitió a aquel acabar de un plumazo con la obra de las Cortes y abstenerse de jurar la Constitución. Esta resistencia a aceptar el texto gaditano no solo se debió a su significación liberal, sino también a que incorporaba los antiguos territorios coloniales americanos de la Corona al nuevo Estado-nación en igualdad de derechos y libertades, lo que para el rey suponía la pérdida de las rentas de los territorios americanos que hasta entonces ingresaba en su Hacienda Real. Esta especificidad de la revolución liberal española resultaba inaceptable para un rey absoluto que consideraba que América le pertenecía. De esta forma, Fernando VII fue beligerante tanto contra la insurgencia americana como contra las Cortes gaditanas, puesto que ambas, por distintos caminos, le privaban de su patrimonio real americano.

NADIE REGRESA IGUAL DESPUÉS DE UNA GUERRA, 1814-1820

Tras las guerras —la peninsular, la europea y la americana— vino la depresión económica. La coyuntura histórica del periodo 1808-1814 se saldó con una gran crisis para la monarquía española. El comercio y la producción cayeron en picado; la pérdida demográfica fue elevadísima —se especula con una cifra superior al medio millón de muertos—; el endeudamiento exterior aumentó hasta veinte veces los ingresos de una anualidad; el sistema de propiedad señorial se había visto cuestionado —los campesinos se resistieron a pagar las rentas señoriales durante y tras la guerra— y tuvo dificultades para volver a la normalidad; las contribuciones de guerra, tanto francesas como españolas, habían dejado aún más resentidos y empobrecidos a los pequeños propietarios y arrendatarios, por no hablar del paupérrimo nivel de vida que tenían los jornaleros. Además, las desvinculaciones y las desamortizaciones —aunque muchas de ellas fueron anuladas tras la restauración fernandina— no hacían más que prolongar la quiebra y descomponer la propiedad señorial, pero también ampliar la proletarización y el empobrecimiento del campesinado arrendatario. Por lo que respecta a las rentas americanas, si bien el tema es objeto de debate, lo cierto es que el monopolio comercial de la Corona desapareció con la pérdida del Río de la Plata —arteria de salida de los metales preciosos, especialmente de Potosí—. La contienda bélica que prendía ya por toda América reclamó los fondos de los consulados de comercio, aumentó las contribuciones forzosas a criollos, indios y mestizos y provocó una dinámica de acción/represión que comenzó en Venezuela con la «guerra a muerte» y que, posteriormente, se extendió por toda Sudamérica. En ese contexto, el envío de refuerzos para «pacificar» Tierra Firme —la actual Venezuela— y «reconquistar» el Río de la Plata fue interpretado por sectores criollos como una expedición de castigo y no de pacificación, tal y como la tildaba el Estado fernandino.

Sin embargo, la situación no era la misma que diez años atrás. Las guerras napoleónicas habían provocado la imposición en toda Europa de las reformas ilustradas bonapartistas —laicas, culturales, urbanas, civiles…— ahondando en algunas viejas heridas del Antiguo Régimen al dejar en evidencia a las antiguas familias nobiliarias —exiliadas, desaparecidas, «invisibles» o afrancesadas— y al descabalgar de sus tronos a las dinastías absolutistas de buena parte de Europa. Aun así, es cierto que también provocaron nuevas heridas, algunas de difícil solución. Es decir, las guerras napoleónicas no solo cuestionaron el Antiguo Régimen en sus pilares fundamentales —militar, fiscal, hacendístico, político e ideológico—, sino también erosionaron seriamente los fundamentos jurídicos del privilegio como la legitimidad, la representación y la soberanía real absoluta. Es más, la guerra interrumpió el pago de los derechos señoriales en muchos lugares, lo que abrió paso a la contestación de estas pechas que entraban en contradicción con los argumentos liberales circulantes. Al mismo tiempo, las clases populares, que habían recibido las armas para defender el reino, habían asumido no solo la responsabilidad de enfrentarse a los invasores, sino la conciencia de que su función había sido clave para conseguir la victoria. En el absolutismo o en el liberalismo el pueblo armado ya nunca iba a estar alejado de la política, ya fuera para impulsar soluciones revolucionarias o para defender fórmulas realistas. Además, la oficialidad del final de la guerra ya no era una casta de privilegiados reclutados por la nobleza de su estirpe, sino un abigarrado conjunto donde convivía la vieja oficialidad con muchos nuevos mandos ascendidos por méritos durante la guerra procedentes de las clases populares. Las ideas liberales prendieron entre la joven oficialidad, tanto por defender sus méritos como por la ausencia de vínculos de dependencia con la monarquía. No tardarían en convertirse en una de las vías principales de penetración del liberalismo en España debido a las enormes posibilidades de actuar sobre el poder político que les proporcionaba el uso de las armas y de las tropas que se encontraban a sus órdenes.

Cuando por fin se derrotó a Napoleón en 1815, las dinastías y la nobleza europeas, con la aquiescencia y complicidad de Gran Bretaña, necesitaron coaligarse más allá de los Pactos de Familia que durante el Setecientos y hasta Napoleón habían funcionado bilateralmente y con cierta eficacia. Las restauradas monarquías absolutas europeas fueron conscientes de que la derrota del «corso» había sido consecuencia de la acción conjunta articulada a través de una coalición militar y que debían prolongar su colaboración para rediseñar las fronteras europeas tras la oleada revolucionaria. En el Congreso de Viena, apoyándose sobre el principio de legitimidad, las monarquías vencedoras se propusieron recomponer el mundo con el objetivo puesto en la estabilidad y dar por concluido el periodo de alteraciones abierto en 1791. La impronta antiliberal del congreso podía chocar con la posición política de Gran Bretaña, pero la posibilidad de intervenir decisivamente en el reparto de las áreas de influencia le resolvió a participar. Como contrapartida obtuvo el reconocimiento de su hegemonía en el mar, lo que le permitía seguir persiguiendo sus objetivos comerciales más allá de la Europa continental. Impedir nuevos napoleones aseguraba a Inglaterra cierta tranquilidad en la conquista de este objetivo tras dos décadas en las que había visto cuestionada su supremacía armada, económica, territorial, comercial, naval y diplomática.

Tras la experiencia de los Cien Días los principales monarcas absolutos —los de Rusia, Austria y Prusia— decidieron establecer un pacto personal de protección mutua ante cualquier futura amenaza revolucionaria que contemplaba la intervención armada. El planteamiento, realizado en términos eurocéntricos, no impidió que los Estados y dirigentes hispanos y angloamericanos se sintieran más que aludidos. Recientes Estados-nación, otrora colonias como el Río de la Plata, Chile, Paraguay, partes de Nueva Granada y Venezuela, más los Estados Unidos de América, veían en la posibilidad de intervención armada de la Santa Alianza una clara amenaza a su independencia.

Esta estrategia de las monarquías europeas provocó rápidamente un cambio de rumbo en la táctica de la insurgencia americana. La amenaza de la Europa absolutista dio lugar a la unificación de la lucha armada insurgente de toda América. En ese contexto es donde hay que encuadrar la estrategia de José de San Martín de cruzar con sus fuerzas desde el Río de la Plata hasta el vecino Chile con el objetivo de llegar al corazón de la monarquía española, que era Perú, finalidad que le llevó a formar el Ejército del Norte y a atravesar los Andes; y también la estrategia de Simón Bolívar, José Artigas, etcétera, y de todos aquellos grupos políticos y económicos que tenían como objetivo la independencia. El panamericanismo se revelaba en clave de estrategia armada. De hecho, no se inventaba nada que no hubieran establecido ya los girondinos franceses al querer internacionalizar la revolución. La única novedad era que las monarquías absolutistas se vieron dialécticamente obligadas a hacerlo también tras Bonaparte, perspectiva intervencionista santoaliada a la que en 1823 replicaría el presidente de Estados Unidos, James Monroe, con su famosa frase: «América para los americanos».

La monarquía de Fernando VII ingresó en la Santa Alianza en 1817, un paso con el que el rey no solo intentaba blindar sus posesiones peninsulares, sino también utilizar esta vía santoaliada, mucho menos onerosa y posibilista, para recuperar su imperio. Algo que no pudo lograr, pues enfrente se topó con un antagonista muy poderoso: Gran Bretaña. Desde al menos 1808, esta había iniciado su particular estrategia para entablar relaciones comerciales y diplomáticas con la insurgencia americana, por lo que puso un alto precio para poder ser aliada de la monarquía española: la bilateralidad en el comercio de los puertos americanos y el pago de su contribución militar en la guerra de España.

La política británica para conseguir una América independiente se confirmó en 1814, cuando se negó a vender barcos a la monarquía española. A los británicos, obviamente, no les interesaba una reconquista española de los territorios independientes, especialmente del Río de la Plata, dado que ellos estaban ya estableciendo un comercio bilateral con aquellos países americanos que se declaraban independientes. Y, ante esta negativa británica, el recurso de la monarquía española fue la compra de los navíos a la única Corona que accedió a ello: la Rusia zarista. Barcos pagados con la indemnización que la monarquía había cobrado de Gran Bretaña por abolir el tráfico de esclavos. Navíos que se encontraban en un estado tan lamentable que, cuando arribaron a puerto español, provocaron el amotinamiento de las tropas que estaban esperando ser embarcadas hacia el Río de la Plata.

Todo ello precipitó que la monarquía fernandina tuviera que enfrentarse durante estos años a tres problemas: el primero, la maltrecha Hacienda, que no encontraba fórmulas para salir de la crisis sin ser incoherente con las características privilegiadas del régimen absoluto; el segundo, y relacionado con el problema anterior, la guerra en América; y el tercero, el acoso armado del liberalismo hacia el Antiguo Régimen, pues una cadena de pronunciamientos liberales tuvo en jaque permanente al régimen fernandino. Uno de ellos, el llevado a cabo en 1820 por el teniente coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan pondría fin incluso a la monarquía absoluta.

Respecto al primer problema, una larga serie de ministros que pasó por el gabinete de Hacienda tuvo que afrontar una doble dificultad. Por una parte, a la Hacienda Real le era prácticamente imposible realizar un presupuesto, ya que la Administración no sabía exactamente cuáles eran los gastos, los ingresos o las deudas. Por otra, el régimen seguía engendrando una gran contradicción: la mayor parte de los poseedores de la tierra estaban exentos del pago de impuestos por ser nobles. Así, en mayo de 1817, Fernando VII nombró ministro del ramo a Martín de Garay, quien planteó un sistema de Hacienda que abría nuevas expectativas a potenciales ingresos. La fórmula consistió en sustituir las rentas provinciales por una contribución general repartida entre las poblaciones, excepto en los puertos y capitales de provincia, donde se aplicarían derechos de puertas para los productos que entraran en ellas. Era un sistema mixto que aplicaba una contribución directa repartida en cuotas proporcionales a los pueblos y una contribución indirecta a las capitales y puertos. Este sistema encontró en la clase nobiliaria una oposición frontal, pues esta se negaba a perder su condición de privilegiada y a comenzar a pagar impuestos. Martín de Garay fue cesado y el problema hacendístico persistió.

La segunda cuestión era la de la guerra en América. Entre 1814 y 1820, Fernando VII organizó un ejército expedicionario de más de 40.000 soldados y oficiales para combatir en Venezuela y Nueva Granada. La expedición más importante fue la del mariscal Pablo Morillo, fletada en febrero de 1815 y compuesta por 42 transportes escoltados por 18 buques de guerra. El objetivo del absolutismo, desde la Península y en América, pasaba casi en exclusiva por la derrota militar de la insurgencia americana; y a ello se dedicaron notables oficiales del ejército español. Esto originó, especialmente en Nueva Granada y Venezuela, una guerra sin cuartel que no solo endureció aún más las campañas militares, sino que alejó de forma casi definitiva cualquier atisbo de solución al conflicto que no fuera la victoria armada. Es más, la dirección criolla propagó la identificación de la guerra como un conflicto provocado por el rey y los «españoles».

No hay que olvidar que una parte de la oficialidad embarcada rumbo a América había conseguido ascensos gracias a su valía en la guerra contra los franceses. Nada como la guerra para propiciar carreras meteóricas e inflación de mandos, con la consecuencia de una multitud de ascensos a oficiales que el régimen fernandino había congelado porque no se atrevió a depurar. Por ejemplo, el general Juan Martín, El Empecinado, un auténtico héroe popular que poco a poco fue perfilando su ideología liberal. Embarcándolos hacia América, el régimen fernandino encontró una solución a los pronunciamientos y a la incomodidad de tener a estos militares en el seno de la jerarquía militar. Con ello Fernando VII los enfrentaba a los también liberales americanos. Esta decisión, sin embargo, iba a propiciar una situación paradójica que tendría notables repercusiones en la historia de España, ya que muchos de estos oficiales adquirieron una gran experiencia en combate en las guerras de independencia que posteriormente emplearían en la Península durante la guerra contra los carlistas. Es decir, los mandos liberales enviados por el absolutismo a la guerra en América iban a ser claves, a su regreso de América, para derrotar al absolutismo carlista.

Y, por último, el tercer problema de la monarquía fernandina guarda relación con el hecho de que estos oficiales nunca sintonizaron ni con la restauración absolutista, ni con el ejército nobiliario del rey. Esta fue la causa de que, ante la ausencia de canales políticos de expresión de su disconformidad, utilizaran el recurso de la insurrección y del pronunciamiento. La lógica insurreccional consistía en crear las condiciones adecuadas para que un líder militar se pronunciara con el apoyo de sus tropas, proclamara la Constitución de 1812, difundiera un manifiesto con el programa liberal y provocara con ello la adhesión de las fuerzas proliberales, tanto civiles como militares, de otras ciudades y poblaciones, con la finalidad de conseguir un cambio de régimen. Una larga lista de pronunciamientos tuvieron lugar durante estos años: el del significado líder guerrillero Francisco Espoz y Mina en Pamplona, en septiembre de 1814; el de Juan Díaz Porlier, mariscal de campo de origen también guerrillero, en La Coruña en septiembre de 1815; el del teniente general Luis de Lacy en Barcelona el 4 de abril de 1817; o el teniente coronel Joaquín Vidal en Valencia en 1819.

En 1819 los problemas acuciaban al Estado absolutista: una Hacienda en ruinas, un sistema fiscal obsoleto, una América en llamas y una inestabilidad interior por los pronunciamientos de los mandos de un ejército que ya no respondían a los intereses de la clase dirigente nobiliaria y que, lejos de ser el ejército del rey, lo era de «la Pepa». En el plano cultural, el gobierno absolutista decretó el retorno al sistema educativo imperante en tiempos de Carlos III y ejerció todo tipo de presiones sobre los intelectuales que se habían opuesto a la restauración absolutista. La persecución afectó por igual a liberales y a afrancesados, que fueron obligados a exiliarse, los primeros mayoritariamente a Francia y los últimos preferentemente a Gran Bretaña. La persecución de todos los partidarios de una solución política diferente de la propuesta por el absolutismo restaurado de Fernando VII puso de manifiesto la intransigencia del realismo español y sus dificultades para asumir la discrepancia. Se inauguraba así un siglo de exilios políticos que afectaría a muy distintos colectivos que, desde liberales hasta carlistas, pasando por afrancesados, demócratas o republicanos, encontraron en tierra extranjera la posibilidad de ser fieles a su ideario sin por ello pagar su disidencia con la vida o terminar con los huesos en la cárcel.

Finalmente, uno de los tantos pronunciamientos liberales que hubo durante el Sexenio Absolutista acabó triunfando. Paradojas de la historia, fue la cuestión americana la que llevó a la proclamación de nuevo de la Constitución de 1812, al ser los oficiales de las tropas acantonadas en Andalucía, con destino al Río de la Plata, los que se pronunciaron el 1 de enero de 1820. La cuestión americana estuvo omnipresente en estos trascendentales años.

EL REGRESO DEL LIBERALISMO

Y, una vez más, España iba a contracorriente de los países de su entorno. Aunque bien pudiera ser, contemplado desde otra perspectiva, que se estuviera adelantando a los tiempos. Mientras la Europa de los congresos parecía haber hallado la fórmula para mantener la estabilidad política en el continente, España se veía, tanto a este como al otro lado del Atlántico, sometida a enormes tensiones. La insurgencia americana corría el riesgo de adueñarse de todo el territorio del imperio cuando se produjo en Cádiz el pronunciamiento del general Riego al mando de las tropas que debían zarpar para sofocar la insurrección. La acción no fue decisiva, pero, con el paso de los días, diversas ciudades, como La Coruña, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Oviedo, Murcia, Pamplona y Madrid, levantaron juntas que fueron proclamando la Constitución de 1812 y forzaron la aceptación del texto gaditano por el rey.

En otro gran bucle ideológico-político del liberalismo español, que pasaba por ser monárquico, Fernando mantuvo el trono, aunque no el cetro, cuando juró la Constitución de 1812, pasando así de ser un monarca absolutista a ser uno constitucional. Con ello, España se desmarcaba de la coalición establecida por las dinastías europeas y reforzada por la presencia de Gran Bretaña, una coalición destinada a cerrar armada e ideológicamente las posibilidades del liberalismo, tanto político como económico.

Fueron muy conscientes y previsores los «padres de la patria» —parlamentarios, constitucionales e hispanos— no solo de los contenidos de la carta doceañista, sino también del propio mecanismo que engendraba a modo de reglamento, el cual hacía automático el desarrollo per se de los fundamentos del propio Estado liberal. Así, su restablecimiento llevó incorporada la puesta en marcha de ayuntamientos, diputaciones, Cortes, elecciones, tribunales de justicia, sistema tributario, Milicia Nacional, etcétera.

La entrada en vigor de la Constitución de 1812 supuso la convocatoria de diputados americanos. Y estos volvieron a las Cortes a luchar por sus intereses a través de la vía política abierta por el liberalismo gaditano, la cual posibilitaba una «Commonwealth» hispana 80 años antes de su posterior plasmación en el Imperio británico. Para los «otros territorios» de la monarquía la situación era distinta. Los seis años de absolutismo habían cercenado casi de raíz la posibilidad de una vía autonomista americana dentro de una monarquía española. Fracciones del criollismo, especialmente novohispano y peruano, que anteriormente habían apoyado mayoritariamente la vía posibilista gaditana mandando a sus representantes con sus «instrucciones» y «representaciones» de los cabildos y juntas se mostraban ahora mucho más reticentes a apoyarla. En la base de este recelo se encontraba, sin duda alguna, la creencia de que Fernando VII la boicotearía por los mismos motivos que en 1814 había consumado su golpe de Estado. Y estaban en lo cierto.

Es más, la guerra endureció las posiciones entre los contendientes. Realistas e insurgentes se batían en una cruenta guerra en América del Sur. En este conflicto, 1821 fue un año crucial: Nueva España se convertía en México cuando parte de la oficialidad «realista», del criollismo y de otras fuerzas sociales, institucionales y religiosas, aceptaron la independencia tras el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Y, con ellos, se incluía también toda Centroamérica.

En el sur, la insurgencia estaba ganando la guerra. Ese mismo año, el Ejército del Norte, comandado por San Martín, hizo su entrada en Perú tras conseguir la independencia de Chile. Además, el antiguo virreinato peruano se veía acosado desde el norte por las fuerzas venezolanas y neogranadinas comandadas por Simón Bolívar. De esta forma, los ejércitos insurgentes entraron en Lima ese mismo año, declarándose una parte importante de Perú también independiente. La propuesta americanista en las Cortes de Madrid se desmoronó. A principios de 1822 la mayor parte de los diputados americanos solicitó su licencia y abandonó sus escaños. Se trataba del certificado de defunción de la vía política integracionista y constitucional del americanismo desde Cádiz.

Sin embargo, ya hemos dicho que la coyuntura era ahora muy diferente a la anterior. Primero, el rey estaba «presente», convirtiéndose en uno de los contrapesos de los distintos liberalismos en las Cortes y en la corte, ya que muy pronto inició su particular oposición política y conspirativa para que los acuerdos del Congreso de Viena y de la Santa Alianza fueran efectivos en el caso español, como acabó sucediendo. En segundo lugar, la coyuntura internacional de principios de los años veinte ya no era de guerra en la Península —aunque sí en América—, sino de reforzamiento del Antiguo Régimen. En tercer lugar, las propuestas liberales no se conformaban solo con superar el Antiguo Régimen, sino que pretendían completar y extender reformas políticas y económico-sociales que iban a afectar a la pequeña burguesía y a unas todavía heterogéneas clases populares, tanto urbanas como rurales. Entre estas propuestas liberales se encuentran la de desvinculación y desamortización de tierras del clero y de la nobleza y su posterior reparto; disposiciones más decididas contra la oficialidad de Antiguo Régimen; decretos de derechos sociales, mayor apertura en las libertades políticas; y una reforma fiscal directa y proporcional a los ingresos. Es más, en las elecciones de 1822 el denominado liberalismo «radical» o «veinteañista» obtuvo una mayoría que le posibilitó formar gobiernos como el de José María Calatrava. Los liberales radicales no iban a ser tan condescendientes con el monarca y sus devaneos conspirativos. Por ello las Cortes y el monarca entraron en 1822 en una dinámica similar a la francesa. En especial porque el poder legislativo fue quien empezó a pedir explicaciones y a juzgar actitudes involucionistas del rey. Lo cual provocó miradas a otras formas de gobierno… como el republicano.

Posiblemente una de las principales características del Trienio Liberal fue su capacidad para abrir los espacios políticos a la participación y la extensión de la política a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Desde el triunfo de la revolución en marzo de 1820 la vida de los españoles se aproximó a la política y se vio envuelta en unos rituales y unas prácticas que la acercaban a la contemporaneidad. Las ciudades se convirtieron en el lugar de la política por excelencia. En ellas se desarrolló con fuerza la libertad de expresión y aparecieron multitud de cabeceras de prensa que barrían el espectro de opiniones en concurrencia, llegando a hablarse de «periodicomanía». También allí se difundieron las sociedades patrióticas, tertulias y cafés, donde la política era la reina de las conversaciones, discusiones y conferencias. Las calles se inundaron de cánticos, músicas, iluminaciones, desfiles, ceremonias, etcétera, que, según la ocasión, expresaban apoyo al régimen o discrepancia con las medidas gubernamentales. Asimismo los uniformes y desfiles de la milicia tuvieron por escenario preferente las ciudades, donde nuevos grupos sociales entraron en la política y manifestaron activamente su apoyo a la Constitución. El campo, no obstante, no quedó al margen de todo esto. Hasta allí llegaron los periódicos, también se reclutó la milicia y no faltaron tertulias patrióticas o ceremonias de contenido político, pero su presencia fue menos intensa y, aunque mimetizaron los comportamientos de las ciudades más cercanas, los condicionantes propios de una comunidad de dimensiones reducidas hizo que los cambios fueran menos apreciables. Y, tanto en el medio rural como en el urbano, vivieron con normalidad la posibilidad de escoger a sus propios representantes locales o provinciales, lo que familiarizó a los ciudadanos con la práctica electoral, que era, en definitiva, la base de la participación en el régimen liberal.

El triunfo de Fernando VII de Borbón, el personal y el del Estado absoluto, se consumó cuando, tras meses de demandas de intervención de los ejércitos santoaliados en la «España liberal», un ejército francés al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, invadió la Península en 1823. Esta vez sí hubo invasión, pero ni guerra de la independencia, ni guerra contra los «franceses». Era abril de 1823. La conspiración fue más allá y hubo tropas que permanecieron en sus cuarteles inmovilizadas porque sus capitanes generales no hicieron nada frente a la invasión. Las Cortes abandonaron Madrid, pero obligaron al rey a viajar con ellas. El camino se volvía a repetir como en 1809 con la Junta Central: Sevilla y Cádiz. Otra vez la liberal Cádiz sitiada por los franceses, aunque esta vez con el rey dentro. La resistencia de la población fue tan tenaz como durante los asedios franceses de 1810. En las negociaciones de rendición intervino Fernando VII, que prometió respeto a la Constitución si era puesto en libertad. El 1 de octubre, libre ya y al lado del ejército francés, se desdijo y abolió la carta magna, las instituciones constitucionales y los decretos liberales. Regresaba el absolutismo.

LA SEGUNDA RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA, 1823-1833

Con la restauración absoluta del rey llegó la segunda abolición del Estado liberal, de los decretos liberales, de la Constitución de 1812, de ayuntamientos, diputaciones y de la Milicia Nacional. Y también retornaba la represión, el exilio, la cárcel y la clandestinidad de los liberales. Se instauraron juntas de fe y comisiones militares para reprimir a los mandos liberales, se suprimieron las universidades y se regresó al control de la educación primaria por parte de la Iglesia.

No obstante, tanto el rey como la nobleza no confiaban, a pesar de las depuraciones de la oficialidad del ejército, en la estabilidad del régimen restaurado. Así, Fernando VII pidió que una parte del ejército francés, que esta vez de ser «invasor» había pasado a ser «liberador», según la literatura absolutista y las homilías de los curas párrocos, se mantuviera en la Península ante posibles intentonas de militares opositores al régimen. Al tiempo que creó el álter ego y contrapeso de la Milicia Nacional, como fueron los Voluntarios Realistas. Estos constituían una milicia asalariada que el absolutismo armó y retribuyó para mantener el régimen frente a la amenaza de movimientos populares, especialmente urbanos.

Sin embargo, la monarquía fernandina seguía padeciendo el secular problema económico, tanto en el plano fiscal como en el hacendístico. Al igual que hiciera en el sexenio anterior, Fernando VII acudió de nuevo a hombres ilustrados y reformistas, incluso de ideas liberales, para intentar solucionar el acuciante problema de liquidez. Tal fue el caso del nombramiento de Luis López Ballesteros como ministro de Hacienda. Las medidas de este no constituyeron una sorpresa, ya que recurrió a un sistema fiscal similar al de la contribución directa, lo que produjo el malestar tanto de nobles como de campesinos, al cuestionar la privilegiada inmunidad fiscal de los primeros y aumentar los impuestos a los segundos. La situación provocaría el progresivo enajenamiento del régimen fernandino por parte de una fracción de la nobleza que reclamaba una política absolutista más agresiva y ortodoxa. Por otro lado, durante la última década del reinado de Fernando VII fue poniéndose de manifiesto la existencia de un radicalismo absolutista que no se acomodaba a las pautas definidas por el régimen. Sus exigencias ultrarrealistas insatisfechas fueron el motivo de levantamientos muy tempranos como el de Joaquín Capapé en 1824 o el de Jorge Bessières en 1825, dos guerrilleros que habían combatido la Constitución durante el Trienio Liberal y que habían visto defraudadas sus expectativas con la restauración del absolutismo. Aunque el hecho más relevante fue la insurrección catalana de 1827, conocida como de los «Malcontents», cuya dimensión obligó a la movilización del ejército y alertó al rey de la amenaza ultra, lo que le decidió a recortar la autonomía del cuerpo en cuyo seno había disfrutado de mayores posibilidades de desarrollo: los Voluntarios Realistas. En este contexto de tensión entre el rey y determinados sectores absolutistas, la figura de su hermano, el infante don Carlos, se fue perfilando cada vez más como posible candidato de recambio.

La situación económica se vio agravada por la pérdida definitiva para la Hacienda del rey de las colonias americanas. Tras la batalla de Ayacucho, Perú, en 1824, prácticamente la guerra continental en América se acabó para el ejército realista, con la consiguiente conversión de los territorios americanos en repúblicas independientes. La pérdida de las colonias americanas produjo notables cambios en la economía española, tanto porque la monarquía perdió el monopolio del comercio americano como porque la burguesía comercial e industrial tuvo que recurrir al mercado interior para su desarrollo.

La monarquía de Fernando VII terminó como empezó: con un gran pleito familiar. El rey, tras varios años de enfermedad y sin haber tenido descendencia con sus tres anteriores esposas, organizó un postrer matrimonio con su sobrina María Cristina. La posibilidad de traer al mundo un heredero podía truncar las aspiraciones de su hermano Carlos de acceder al trono y frustrar las expectativas de aquella parte de la nobleza, aristocrática y eclesiástica, que lo apoyaba. Estas actitudes no se limitaban a una élite absolutista, sino que tenían amplias conexiones en medios populares. La posibilidad de recurrir a su apoyo y de desencadenar una guerra civil hacía temible el poder de este grupo ultraabsolutista que jugó con fuerza sus bazas en los momentos finales del reinado para conseguir elevar al trono al infante don Carlos. La derogación de la Ley Sálica en los años finales del reinado, aún exacerbó más los ánimos de los ultrarrealistas, ya que posibilitaba una futura reina en detrimento de un inminente rey. El nacimiento de la princesa Isabel consumó el peor de los augurios para los carlistas. A la muerte del rey, el 29 de septiembre de 1833, y ante la minoría de edad de su hija Isabel, pasó a ser regente su viuda María Cristina, a quien no le quedaría más remedio que recurrir al apoyo de los liberales moderados. De esta forma, terminaba la etapa fernandina y comenzaba una tímida apertura política conducente al sistema del Estatuto Real. A la viuda de Fernando VII y a su hija correspondería la misión de lidiar con el liberalismo sin compartirlo y, muy probablemente, sin comprenderlo.

LA VIDA POLÍTICA

Manuel Chust y Pedro Rújula

Durante la primavera de 1808 la política se aceleró en el ámbito de la monarquía hispánica. La presencia de un importante ejército francés en suelo peninsular desde los últimos meses del año anterior tuvo un efecto catalizador y provocó importantes reacciones que afectaron al conjunto de la vida pública, desde la cúspide hasta la base. En el entorno de la corte esta presencia armada excitó la rivalidad entre los dos grupos que pugnaban por dominar el espacio de poder de la monarquía: el encabezado por el Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, y el que lideraba el heredero al trono, Fernando, príncipe de Asturias. Fuera de los muros del palacio, el contacto con las tropas imperiales despertó en muchos españoles la conciencia de que se estaba viviendo una situación de fuerza de consecuencias imprevisibles.

Godoy, el hombre fuerte del momento, que contaba con toda la confianza política de Carlos IV y María Luisa, no tenía ninguna posibilidad real de oponerse a los planes de Napoleón para invadir Portugal. De hecho, las tropas imperiales hollaban ya el suelo español antes incluso del 27 de octubre de 1807, fecha de la firma del Tratado de Fontainebleau que debía autorizar su paso. De ahí que sus negociaciones estuvieran sobre todo orientadas a visibilizarse como el interlocutor imprescindible en los asuntos relativos a la monarquía española. Esta posición le permitió también dar curso a su ambición de poder reservándose la condición de príncipe de los Algarves cuando Portugal hubiera sido vencida. Las pretensiones del Príncipe de la Paz no eran nuevas. De hecho, no hacía mucho tiempo que, con motivo de su promoción al puesto de almirante general de España e Indias, por el que recibía el tratamiento de alteza serenísima, se habían desatado los rumores sobre si su verdadera intención no sería hacerse con el trono español.

O, por lo menos, así se encargó de presentarlo el otro sector cortesano liderado por el príncipe Fernando. Junto con él se encontraban, además de algún clérigo intrigante, como el canónigo Escóiquiz, miembros de la familia real —el infante don Antonio—, figuras de la nobleza —los duques del Infantado y de San Carlos, los condes de Montijo y de Orgaz o el marqués de Ayerbe—, el embajador francés Beauharnais, algunos altos empleados y sectores de las guardias de palacio. Este grupo, receloso ante la estrategia del Príncipe de la Paz de concentrar todo el poder en sus manos y por su gestión de impronta ilustrada, que había hecho saltar las alarmas —entre otros, de los medios eclesiásticos— por cierta voluntad reformista, reaccionó mediante la adopción de una posición contraria. Se esforzó por hacer patente su conexión con la tradición española, su sensibilidad hacia los intereses de la vieja aristocracia, cuyas bases habían sido erosionadas por el despotismo ministerial, y su defensa del clero amenazado por la desamortización. Sin embargo, en materia exterior, su estrategia no fue muy distinta de la que había desplegado Godoy: intentar acercarse a la órbita de Napoleón y consolidar su posición política con su apoyo. En el caso del grupo fernandino la estrategia pasaba por concertar el matrimonio entre el príncipe de Asturias y una princesa de la familia del emperador que sirviera para reforzar su posición en la lucha por el poder interno como parte de lo que el propio Carlos IV denominó en un documento público «un plan para destronarme».

Estas gestiones, realizadas a espaldas de los reyes, fueron descubiertas y denunciadas como parte de un proyecto del príncipe de Asturias para apoderarse del trono de su padre. Durante el proceso llamado de El Escorial salieron a la luz las desleales negociaciones del grupo fernandino con la diplomacia napoleónica. Ante la evidencia, Fernando fue obligado a pedir perdón a sus padres y a manifestar públicamente su arrepentimiento, pero sus cómplices solo fueron castigados con penas de destierro, que, lejos de desintegrar al grupo, proporcionó cierto halo de perseguidos a sus miembros, que no tardarán en aprovechar para presentarse como los verdaderos defensores de los intereses patrióticos. Los hechos de El Escorial pusieron de manifiesto que en el seno de la corte existía un profundo enfrentamiento entre Godoy y el príncipe Fernando, cuyo elemento de disputa no era otro que el trono. Además, esta tensión se ramificaba en el conjunto de la monarquía, porque los capitanes generales y gobernadores nombrados por Godoy para gestionar su política sobre el territorio se encontraban muchas veces en tensión con las oligarquías locales que eran muy celosas de su poder y autonomía.

Esta fractura interna se representó en toda su dimensión a los ojos de Napoleón porque ambos partidos recabaron su apoyo, mostrando de este modo su debilidad y su profunda división. Fue esta imagen de una monarquía en decadencia la que terminaría decidiendo al emperador a emplear su posición de fuerza en la Península, donde poseía, a comienzos del año 1808, más de 100.000 hombres, para producir un cambio en la dinastía española que favoreciera su interés de controlar directamente el sur de Europa. Por lo tanto, en la primavera de aquel año, tuvieron lugar dos procesos que se combinaron de manera explosiva, pero que, inicialmente, no estaban conectados: las luchas internas entre dos partidos cortesanos que se disputaban el trono y la intervención militar de los ejércitos napoleónicos en Portugal, que dio a Napoleón la oportunidad de situar una fuerza armada muy poderosa sobre suelo español.

El contacto con las tropas imperiales hizo descender hasta el nivel de la población peninsular una idea cada vez más concreta de las tensiones políticas y los conflictos militares que atravesaban la Europa napoleónica. En un principio este contacto estuvo revestido de una evidente ambigüedad. Desde medios oficiales se insistía en la idea de que los franceses eran unos valiosos aliados de los que no había nada que temer. En consecuencia, los primeros contingentes de soldados fueron recibidos en las localidades del trayecto entre festejos y muestras de confianza. Sin embargo, la presencia de una fuerza militar importante en contacto con la población civil comenzó a generar fricciones y suspicacias, sobre todo cuando algunos comportamientos extraños, como la toma de las ciudadelas de Pamplona y Barcelona, en febrero de 1808, o el desvío hacia Madrid de las tropas francesas al mes siguiente, se hacían difíciles de explicar como propios de una fuerza amiga.

En medio de este contexto de disputa por el poder en el seno de la corte, y bajo la presencia inquietante de una fuerza militar extranjera, se desarrollará el Motín de Aranjuez, que, por una parte, tuvo el efecto de revolucionar ambos factores al desestabilizar el poder de la monarquía y forzar la abdicación del rey y, por otra parte, el de ofrecer la condición de árbitro a la misma potencia que tenía desplegados sobre la superficie peninsular a más de 100.000 hombres; pero antes de adentrarnos en esta nueva fase de la política española, es conveniente definir el marco general en el que iba a tener lugar.

EL COMPLEJO ESCENARIO INTERNACIONAL

En materia de política exterior la monarquía española iniciaba el siglo XIX en la misma encrucijada que había marcado los últimos 20 años del siglo XVIII: entre la amenaza constante por parte de Inglaterra de hacerse con el Imperio americano español y la no menos preocupante hegemonía continental que ejercía la Francia posrevolucionaria, que por entonces asistía a la consolidación del régimen napoleónico. De esta manera, con la firma en 1800 del Tercer Tratado de San Ildefonso —en realidad, una reconfirmación del Segundo Tratado que con este mismo nombre se había firmado en 1796— y su concreción mediante otro acuerdo secreto, firmado en Aranjuez en 1801, Francia y la monarquía española volvían a conjurarse para acabar con el poderío británico. La familia real española, en prueba de su amistad con Napoleón, entregó al estadista corso el gigantesco territorio de La Luisiana, que posteriormente le serviría a Bonaparte para comerciar con la república estadounidense. A cambio, los intereses dinásticos de la monarquía española se veían recompensados con la creación de un nuevo reino, el de Etruria, que ostentaría Luis I de Borbón y Parma, sobrino de la reina de España y esposo, a su vez, de María Luisa, hija de los reyes de España. Se reeditaban así los Pactos de Familia borbónicos del siglo XVIII, que formaban parte de las estrategias de las viejas monarquías. Sin embargo, algo había cambiado, pues, aunque el Estado napoleónico se revestía de formas aristocráticas y se valía igual que antaño de los matrimonios de conveniencia como instrumento diplomático, su pragmatismo y su razón de Estado se terminarían imponiendo sobre las antiguas convenciones del Antiguo Régimen.

La consecuencia de los acuerdos de San Ildefonso se revelaría con toda nitidez un año después. La monarquía española entró en guerra con la portuguesa, «fiel aliada» de Gran Bretaña, en la denominada Guerra de las Naranjas, ante la negativa portuguesa de cerrar sus puertos al comercio británico. En este momento es cuando Manuel Godoy, que ya había sido nombrado Príncipe de la Paz en 1795, pasa a ser generalísimo de los ejércitos de mar y tierra, nombramiento real recibido con escándalo por la alta nobleza, que interpretó como una ofensa a su clase el ascenso del que para ellos no era más que un «advenedizo plebeyo».

La Paz de Amiens de 1802 entre Inglaterra y Francia y sus aliados (la monarquía española y Holanda, convertida en Estado satélite francés bajo el nombre de República Bátava) duró escasamente dos años y Napoleón, de nuevo en guerra contra los ingleses, requirió el apoyo de su «fiel» aliado español. Carlos IV y el Príncipe de la Paz vuelven entonces a declarar la guerra a Gran Bretaña y sus aliados en 1804, implicándose, además, en la contienda de manera decidida. Prueba de ello es el despliegue, en la primera década del Ochocientos, de más de 40.000 soldados españoles por los campos europeos, en especial en Jutlandia y la península Itálica, como aliados de los ejércitos napoleónicos. Se trata de una cifra muy elevada, el 40 por ciento de su ejército, lo que supone una gran implicación en el conflicto. El resto lo componían un contingente similar que se encontraba en la Península y poco más de 20.000 hombres en América. Podría llegarse a pensar que Napoleón disponía ya de tempranos planes de dispersión de las fuerzas armadas españolas con el fin de restar oposición a estrategias futuras en la Península.

En el contexto americano, el fracaso de Napoleón para constituir un imperio colonial francés en el Caribe fue ratificado con la venta de La Lusiana a Estados Unidos, buscando con ello su fortalecimiento frente a la que era su rival común, Inglaterra. Napoleón renunciaba en primera instancia al codiciado mercado americano, pero el todavía colosal Imperio español ofrecía grandes posibilidades que seguramente eran contempladas por los rectores de la política francesa, y especialmente por el propio Napoleón Bonaparte.

Y en tanto llegaría 1805, un año crucial para las relaciones entre Francia, Gran Bretaña y la monarquía española, cuya repercusión posterior será decisiva en el desarrollo de los acontecimientos. El 20 de octubre tuvo lugar frente a las costas de Cádiz la batalla de Trafalgar, un episodio fatídico, una derrota contundente y dolorosa para el orgullo de la Armada Real española, para la familia real y, en general, para la monarquía española. El tablero de juego en el que las dos grandes potencias, Gran Bretaña y Francia, disputaban su poder era ya casi mundial y las monarquías española y portuguesa, así como sus respectivos imperios, estaban subordinadas a los intereses de aquellas. La supremacía en el mar era clave en los planes de Inglaterra y Francia, pero para España todavía significaba más porque de ella dependía la conservación de su imperio americano.

La derrota naval de Trafalgar supuso para la monarquía española la interrupción del comercio con América, especialmente de materias primas, metales preciosos y rentas, pero sobre todo trajo consigo la práctica indefensión de los territorios americanos frente a los reiterados ataques ingleses. Consciente de ello, la reacción del Alto Mando británico fue enviar un ejército para ocupar Buenos Aires en junio de 1806. Esta invasión, como la que le siguió un año más tarde, fue finalmente rechazada por las milicias bonaerenses reclutadas por el criollismo porteño, pero la experiencia armada de los milicianos criollos fue decisiva para que, a partir de mayo de 1810, se organizara la Junta de Gobierno con la que Buenos Aires empezaría a desmarcarse de la monarquía española.

A diferencia de lo que ocurrió con la monarquía española, la Francia napoleónica se restablecería de inmediato de la derrota de Trafalgar con una gran victoria continental. En efecto, apenas seis semanas después, el 2 de diciembre, Napoleón se imponía a los ejércitos prusiano y austriaco en Austerlitz. Estos dos acontecimientos de signo contrario influirían decisivamente en la estrategia napoleónica de intentar imponerse a los británicos en el mar. A partir de entonces Napoleón puso en marcha una nueva acción, trascendental durante los siguientes diez años: el bloqueo continental de Europa. A falta de supremacía naval, el recurso napoleónico fue ocupar todos los puertos europeos y americanos en los que los ingleses pudieran atracar su flota para avituallarse.

De esta manera, mientras la monarquía española había perdido su flota y puesto en peligro la continuidad de su imperio americano, Napoleón arrasaba en Europa en su estrategia militar, diplomática y política. La formación de la Confederación del Rin desembocaría en dos de las más brillantes y devastadoras victorias napoleónicas sobre ejércitos prusianos, sajones y rusos, en Jena y Auerstädt. Victorias que conducirían a la entrada de Napoleón en Berlín, la derrota definitiva de Prusia y la integración de Sajonia en la Confederación del Rin.

En la primavera de 1807, solo Gran Bretaña pugnaba en varios frentes contra la irresistible hegemonía francesa, en especial porque su insularidad y su dominio naval, tras Trafalgar, impedían el éxito de las tácticas militares napoleónicas que tan magníficos resultados habían dado en el continente. Por otra parte, el plan puesto en marcha para vencer la resistencia inglesa, el bloqueo continental, no era completamente efectivo, ya que la monarquía portuguesa, secular aliado económico y diplomático de los británicos, no aceptaba la determinación napoleónica, consciente igualmente de que, si se enfrentaba a Inglaterra, perdería a favor de esta su más preciada colonia: Brasil. Napoleón decidió, pues, que Portugal debía ser neutralizado, y, dado que su abordaje era imposible por mar, se hizo inevitable el recurso a la ocupación terrestre. Para ello resultaban imprescindibles el beneplácito y la colaboración de la monarquía española.

Con este fin, el 27 de octubre de 1807 se firmó entre Napoleón, Godoy y Carlos IV el Tratado secreto de Fontainebleau, por el que se acordaba ocupar y dividir Portugal en tres partes: el norte para el rey de Etruria, el sur para Manuel Godoy y el centro se decidiría a la conclusión de la paz con Portugal. No obstante, el tratado incluía tres importantes cláusulas más. La primera —conviene no olvidarlo— reconocía a Carlos IV como emperador de las Américas; la segunda acordaba la entrada y acantonamiento de tropas francesas en la Península con el objetivo de invadir y ocupar Portugal; la tercera establecía que ambas monarquías —quizá era este el gran objetivo— se repartirían las colonias del rey de Portugal, en especial Brasil, al término de la contienda. El tratado permite entrever la estrategia de fondo de Napoleón: capturar a la familia real portuguesa, sustituirla por su dinastía y obtener el imperio colonial portugués en función de los vínculos de legitimidad que establecían los reyes con sus colonias por derecho de conquista como patrimonio real. Lo mismo que ocurría con la familia real española y América.

El cálculo más optimista de los altos mandos portugueses era que las tropas lusitanas podrían resistir uno o dos meses. Erraron. En tres semanas, el 30 de noviembre de 1807, el general francés Jean Junot entraba en Lisboa, a tiempo para ver en la distancia a la flota que, bajo protección inglesa, transportaba a Brasil a la familia real portuguesa y a toda su corte.

Una vez culminado con éxito el pacto secreto de Fontainebleau mediante el fulminante triunfo militar relámpago en Portugal, el ejército francés se mantuvo, sin embargo, en suelo peninsular, llegando incluso a aumentar su número hasta los 110.000 efectivos que se contabilizaban ya en febrero de 1808. Estas tropas seguían incrementándose después de alcanzado su objetivo y lo hacían sin el acuerdo de las autoridades españolas, como se había establecido en el tratado. Además, se habían ido alejando del eje principal de avance que por Burgos llevaba hacia territorio portugués y, en ese momento, se encontraban ya acantonadas en importantes localidades del norte peninsular. El propio Murat, duque de Berg, llegaría a Madrid en los últimos días de abril. Junto con él, prestigiosos generales del ejército imperial, como Pierre Dupont, Bon Adrien Jeannot de Moncey, Guillaume Philibert Duhesme o Jean-Baptiste Bessières, se encontraban ya en la Península o lo iban a estar en muy poco tiempo. Aquella peligrosa combinación de tropas extranjeras cada vez más numerosas en el país y la presencia de prestigiosos generales alertaría a Manuel Godoy que, si bien no convenció a Carlos IV para que elevara una protesta al emperador, sí que consiguió que asumiera la crítica situación en que se hallaba y la necesidad de poner a salvo su persona y, con ella, la soberanía real que encarnaba. Así, tal como había hecho la familia real portuguesa, comenzaron los preparativos de un viaje hacia Andalucía, cuyo destino final, si las cosas seguían en los mismos términos, podía terminar en América. Llegó incluso a pensarse que el destino final de esta huida se hallaba en México.

Sin embargo, los sucesos conocidos como el Motín de Aranjuez dieron al traste con los planes de proteger el trono de la amenaza de Napoleón poniendo a salvo al rey. En ese Real Sitio, la tensión que vivía el país fue utilizada por los partidarios del príncipe Fernando para imponerse en un nuevo episodio del conflicto cortesano que le enfrentaba con Godoy. Para ello difundió la idea de que el traslado del monarca hasta Andalucía era una traición del favorito que trataba de impedir que las tropas imperiales pusieran fin a sus abusos. Así, cuando la noche del 17 de marzo corrió la noticia de que se iba a producir la salida, una multitud se echó a la calle para impedirlo. En la movilización se ha sugerido que estaban implicados desde algunos nobles, como el conde de Montijo, hasta el embajador francés, muy vinculado al partido fernandino desde el proceso de El Escorial, pasando por lacayos de palacio o algunos oficiales. Lo cierto es que todo lo sucedido esos días favoreció los intereses del príncipe de Asturias. Los amotinados se dirigieron al palacio que ocupaba Godoy y lo saquearon, aunque no hallaron a su propietario. Fernando, aquella noche, aprovechó su imagen de víctima del favorito de los reyes para presentarse como el príncipe deseado de una turba justiciera que se proponía intervenir en las altas decisiones políticas. A partir de ese momento, tanto en la calle como en palacio, todos pensaron que era el único capaz de dominar la situación combinando el control sobre la multitud con la defensa de los intereses de la monarquía.

El 18 de marzo de 1808, mediante un bando publicado en Madrid, Carlos IV exoneraba a Manuel Godoy de sus empleos de generalísimo y almirante. Al día siguiente, sería descubierto y maltratado por la multitud. Salvó la vida por la intervención del príncipe de Asturias, que se comportaba ya como si estuviera investido de una nueva autoridad. Esa misma tarde otro motín terminó por decidir a Carlos IV a abdicar en su hijo. «Como los achaques de que adolezco —esbozó a modo de justificación— no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos […], he determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y mi muy caro hijo el príncipe de Asturias». Esta es la manera mediante la cual Fernando VII accedió al trono: valiéndose del impulso que le proporcionaba un motín popular que coreaba su nombre. Era una forma poco ortodoxa de hacerse con el poder, pero no sería la última vez que se valdría de ella. Su habilidad para legitimarse a través del apoyo popular será una constante a lo largo su reinado. Sin embargo, solo unos días después, el 23 de marzo, Carlos IV escribía a Napoleón para quejarse de la abdicación en estos términos: «Yo no he renunciado a favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias, cuando el estruendo de las armas y los clamores de una guardia sublevada me hacían conocer bastante la necesidad de escoger la vida o la muerte».

Aunque los sucesos de Aranjuez no entraban dentro de los planes de Napoleón, este no tardó en darse cuenta de que podían servir muy bien a sus intereses. Unos días atrás había dicho al gran duque de Berg que no tomara partido por ninguna de las facciones de la corte y que anunciara su próxima visita a Madrid. Ahora, ante la fragilidad con la que llegaba al trono Fernando VII, y la necesidad que este tenía de ser reconocido cuanto antes por el emperador, podía jugar con él dilatando los plazos e impidiendo su consolidación. Las instrucciones dictadas a Murat eran claras en este sentido: «Debéis hacer como si el viejo rey reinara todavía». Lo perentoria que era la situación de Fernando VII sin el reconocimiento de Napoleón, se pone de manifiesto en que apenas transcurridos 15 días de la abdicación de su padre estuviera dispuesto a abandonar la corte ocupada por los franceses para ir al encuentro del poderoso aliado.

Los fastos de la coronación se redujeron al mínimo. El 24 de marzo Fernando entró en Madrid por la puerta de Atocha rodeado de un inmenso y bullicioso gentío que le acompañó en su camino hasta el palacio. Los franceses, con Murat a la cabeza de 12.000 hombres, ya estaban en la ciudad desde el día anterior. La convivencia no fue fácil, sobre todo por las continuas exhibiciones de fuerza de las tropas del emperador, que realizaban revistas casi a diario. La tensión entre españoles y franceses tuvo distintos episodios esos días, aunque en general se mantuvo el orden. El 5 de abril salió el infante don Carlos hacia Bayona para encontrarse con Napoleón y acompañarle en su viaje a España. Pocos días después, el 10, será el propio rey el que inicie el viaje hasta Burgos con intención de reunirse cuanto antes con el emperador. Nadie parecía ser consciente del riesgo que comportaba esta acción. En Madrid quedó una Junta Suprema de Gobierno presidida por el infante don Antonio que actuaría como principal autoridad durante la ausencia del rey. Su posición era, a todas luces, muy frágil ante la presencia francesa, quedando casi de inmediato sometida a la voluntad de Murat.

Aún no se habían apagado los ecos de las ceremonias de proclamación y los juramentos de fidelidad a Fernando VII realizados por todo el país, cuando este había dejado ya la corte y se dirigía, etapa tras etapa, a recibir la bendición de Napoleón más allá de la frontera española. Tras de sí quedaban las instrucciones de mantener el orden y respetar a los aliados franceses reiteradas por la Junta Suprema. El mismo 2 de mayo, cuando una parte del pueblo madrileño se levantó, fue una nota discordante con las instrucciones que el rey había dejado a su salida, y la Gazeta no dudó en calificar aquellos actos como producto de «un corto número de facciosos y tumultuarios». Por ello los franceses se permitieron reprimirla con tal dureza y Murat pudo asestar un golpe mortal contra la Junta de Gobierno que no había sido capaz de contener el motín al imponerse como nuevo presidente. Nadie parecía interesado en ese momento en que se produjera un levantamiento popular: ni los ejércitos imperiales, que esperaban dominar la situación con su sola presencia, ni los partidarios de Fernando, cuyas expectativas estaban puestas en Bayona, donde confiaban conseguir el apoyo de Napoleón explotando su condición de aliado fiel y sumiso.

Al final Napoleón sacaría partido de la oportunidad que le había brindado Fernando paralizando la huida de Carlos IV y permitiéndole capturar a la familia real española en condiciones muy favorables, ya que en Bayona estaba indefensa y completamente a merced de la voluntad de su poderoso anfitrión. Lo que no había logrado Junot en Lisboa, lo consiguió el príncipe de Asturias en Aranjuez.

En Bayona tuvo lugar una espiral de abdicaciones que ponía fin a la presencia de la Casa de Borbón en el trono de España: Fernando abdicó en su padre, Carlos IV en favor de Napoleón y, finalmente, este en su hermano José. Los reyes de España, padre e hijo, quedaban bajo la tutela napoleónica en un exilio complaciente. Fernando, en compañía del infante don Antonio, Escoiquiz y algunos de sus partidarios, fue alojado en el palacio del príncipe Talleyrand, en Valençay, donde iniciaría una estancia de casi seis años que le alejó durante este tiempo de los asuntos españoles. Sin embargo, en el imaginario popular esta circunstancia se interpretó como un cautiverio infame resultado de la traición y la ambición de Napoleón, el déspota de la Europa del momento que despejaba así de obstáculos su camino para apoderarse del trono español. El 8 de abril se comunicó el cambio dinástico al Consejo de Castilla y el 20 lo publicó la Gazeta de Madrid. La legitimidad, representación y soberanía del monarca comportaba que el traspaso de la nueva legitimidad francesa, caso de triunfar, conllevaría la incorporación de «todos los territorios de la monarquía española», es decir, los peninsulares más todo el Imperio americano, a la órbita napoleónica. Ahí radica la gran importancia de la estrategia napoleónica: la obtención de América, de sus rentas, de sus materias primas, de su comercio.

Es más, para Napoleón también se trataba de que estos territorios no cayeran en manos de los británicos, como había sucedido ya en Buenos Aires en 1806 y 1807. En esta confrontación francobritánica de caracteres mundiales, tan importante era sumar territorios como restárselos al enemigo. De ahí la insistencia de abortar cualquier salida hacia América de la familia real y el consentimiento, en el Tratado de Fontainebleau, de que Carlos IV asumiera el título de emperador de las Américas, pero únicamente tras concluir la contienda. Esta era la estrategia para que el futurible rey de las Españas lo fuera también de las Indias. Un rey que no solo podía ser de la Casa de Borbón, sino también de la de Bonaparte. Además, Napoleón contaba con un precedente histórico. Hacía poco más de cien años, se había producido un cambio dinástico en España. La monarquía austracista había dado paso a la borbónica, desencadenando en la Península la Guerra de Sucesión que duraría más de una década, pero que no provocó ni un solo movimiento insurgente en los territorios americanos. ¿Por qué debería suceder ahora algo diferente?

LA QUIEBRA

El escenario cambió por completo el mismo día en que, en Bayona, Fernando VII fracasó en su intento de ser reconocido por el hombre fuerte de Europa. La noticia del cambio de dinastía cayó como una bomba en todo el país, porque un enorme aparato propagandístico sostenido por el clero había transmitido hasta los menores rincones las expectativas que estaban depositadas en aquel viaje; el estupor que causó este hecho solo es comprensible por la enorme difusión que se había hecho del viaje, como parte de la labor de imagen del nuevo monarca que había ascendido al trono de manera tan excepcional y por la confianza depositada en su capacidad para gestionar una crisis como aquella. A partir de este momento, desde Bayona salen mensajes mediante cartas o portados por personas que en las principales ciudades todavía libres de presencia francesa permiten comprender que la situación ha cambiado radicalmente: los mismos fernandinos que ayer pedían tranquilidad y recomendaban contemplar a las tropas imperiales como fraternales aliados hoy iban a tomar la iniciativa de resistirse.

Para ello la fórmula utilizada fue la de crear juntas, un mecanismo político que sirvió para recomponer el poder desde el territorio a partir del momento en el que la intervención francesa cortó la cabeza a la monarquía borbónica. En realidad, Napoleón confiaba en que el cuerpo se mantuviese en pie permitiéndole sustituir una testa coronada por otra y poner al servicio de la nueva dinastía el aparato administrativo de la anterior. Sin embargo, hubo dos circunstancias que lo hicieron imposible. En primer lugar, la estigmatización de los representantes de la monarquía sobre el territorio por su identificación con Godoy y, por extensión, con los propios franceses. Capitanes generales, gobernadores y otras autoridades vinculadas con el antiguo ministro fueron contestados, separados del poder, encarcelados o asesinados, lo que impidió que las órdenes emitidas desde Madrid por Murat fueran obedecidas. Al contrario, la reacción contra quienes estaban dispuestos a acatar las órdenes de las nuevas autoridades provocó una elección de campo que definió todavía más claramente la posición antifrancesa como fernandina. Un nuevo triunfo, in absentia, de Fernando VII.

En segundo lugar, porque la monarquía no era una estructura moderna, jerarquizada y centralizada cuyo poder se encontraba concentrado exclusivamente en la cabeza. Precisamente una de las razones por las que la nobleza había apoyado al partido fernandino era por su oposición al despotismo ministerial de Godoy que tanto mermaba su poder y autonomía locales. Oponerse a Godoy, y ahora a las autoridades francesas, era también reclamar una cuota de poder que históricamente recaía en las élites locales de los territorios, en las que cabía reconocer no solo a la aristocracia, sino también al clero y a los cuerpos considerados como piezas fundamentales para la organización de la sociedad en el Antiguo Régimen. De este modo, el órdago francés les proporcionaba la posibilidad de reivindicar su papel fundamental en la organización de la monarquía, y hacerlo legítimamente en virtud del estado de urgencia que atravesaba el país.

Las juntas podrían haber enarbolado argumentos de origen escolástico, como encontraremos en las Cortes de Cádiz, sobre el derecho de reversión del poder al pueblo en ausencia del monarca, lo que hubiera abierto la posibilidad de dotarse de una nueva estructura constitucional. Sin embargo, por el momento, las juntas peninsulares no fueron tan atrevidas. Adoptaron una solución mucho más práctica que satisfacía los intereses de las oligarquías locales sin asumir el riesgo de caer por una pendiente revolucionaria. Invocaron la vieja tríada contrarrevolucionaria que había guiado a las tropas españolas en la guerra contra la Convención republicana francesa en 1793, es decir, la defensa del rey, la religión y la patria, y se dispusieron a reconstruir a su alrededor la monarquía desde abajo manteniendo excepcionalmente el poder en nombre del rey, de ahí que uno de los principales argumentos utilizados fuera el de la traición napoleónica y el de la cautividad como una circunstancia que había forzado la ausencia del monarca. Y, con ello, se procedió a hacer los llamamientos al pueblo para que se movilizara y tomara las armas. Utilizar un conocido discurso contrarrevolucionario como argumento para la movilización popular se revelaría como una solución muy eficaz.

Sin embargo, no todo lo que sucedió aquellos días de finales de mayo de 1808 remitía al pasado. En realidad, había muchos elementos novedosos sobre el tablero: la ausencia del rey, la neutralización del aparato central de la monarquía, el enemigo sobre el suelo peninsular y la inminencia de una guerra en este escenario, la inexistencia de un ejército profesional con el que presentar batalla. Aquí reside lo importante. El movimiento inicial fue de naturaleza continuista, se trataba de dar solución temporal a una crisis severa ocasionada por la captura del rey, pero los mecanismos de respuesta desencadenaron procesos que no encajaban bien en el marco político y social conocido abriendo paso a nuevas ideas, nuevos comportamientos, nuevas percepciones de la realidad circundante y, en definitiva, a desarrollos institucionales nuevos.

De momento, sin embargo, las juntas provinciales fueron constituyéndose integradas por miembros relevantes de la oligarquía local que ya tenían importantes cuotas de poder, tanto por su pertenencia a la nobleza o al clero locales como por su inserción en la Administración municipal o por su condición de miembros de la Administración real, ya fuera en las audiencias, en las capitanías generales o en las intendencias. Los miembros que se escapan a este perfil fueron una excepción. Las juntas, por lo tanto, asumieron el poder en virtud del prestigio social anterior de sus integrantes y de la legitimidad histórica que esto les proporcionaba. Las más importantes fueron las de Oviedo, Valladolid, Badajoz, Valencia, Cataluña, Zaragoza y Sevilla, especialmente esta última, que tuvo la voluntad de asumir la representatividad de toda la monarquía como Junta Suprema de Gobierno de España e Indias.

Sin embargo, lo que trastorna verdaderamente las relaciones son las órdenes de armamento general dadas por las juntas para todos los varones entre 16 y 40 años. En estas condiciones de debilidad institucional, el armamento de la población es un acto de confianza política que los protagonistas no dejaron de percibir como una nueva responsabilidad que recaía en sus manos. Instruidos militarmente para enfrentarse a los franceses, pero también ideológicamente para asentar en sus espíritus la lógica de aquel enfrentamiento en términos de supervivencia social, la población adquirió una conciencia nueva de su función como soporte de la sociedad. Estos hombres llamados a las armas en aquella circunstancia crítica para la monarquía tomaron conciencia de su importancia y no dudarán en el futuro en pedir que fuera reconocida su contribución a la defensa de la patria. Aunque, claro está, esta reclamación adoptaría en el futuro posiciones muy variadas, desde el radicalismo liberal presente en la milicia nacional hasta el realismo popular de las partidas absolutistas, pasando por un amplio abanico de posiciones cuyo común denominador era el protagonismo de estas clases populares movilizadas con motivo de la invasión francesa. Las armas, en definitiva, se convirtieron en la primera experiencia política profunda para muchos de los españoles que vivieron en los orígenes de la contemporaneidad.

EL ESTADO AFRANCESADO

La estrategia napoleónica respecto a la monarquía española, lejos de terminar con las abdicaciones de Bayona, solo estaba comenzando. El 4 de junio de 1808 un decreto napoleónico nombraba a José Bonaparte rey de España y de las Indias. A partir de ahí, el plan de Bonaparte incluía un pacto tácito con determinados sectores de la nobleza y de la burguesía peninsulares que tenían su poder político y económico en el aparato institucional de la monarquía borbónica. Asimismo, tras su coronación, José I desplegó todo un discurso ilustrado y reformador para atraerse, con la menor confrontación posible, a las élites ilustradas del país.

Además, este guiño a los sectores nobiliarios y burgueses no se dio solo en el ámbito peninsular. Los decretos josefinos se trasladaron rápidamente a América, con el fin de captar la adhesión del heterogéneo criollismo americano. En primer lugar, el nuevo Estado mandó comisionados a los virreinatos y capitanías generales con copias de las abdicaciones de Fernando y de Carlos y con la proclamación de Napoleón y, posteriormente, de José I. Las misivas iban acompañadas de una orden que exigía obediencia a las autoridades coloniales y a la población. En segundo lugar, se convocaron en Bayona unas Cortes compuestas por 150 diputados que representaban a la nobleza, al clero, a las ciudades con voto, a las universidades, a sectores de los oficios, al comercio, a las provincias con fueros y a las instituciones militares. Estas Cortes incluirán en su representación a diputados americanos. Con ello José I daba satisfacción al criollismo mediante la concesión de una de sus reivindicaciones más generalizada y reiterada durante la segunda mitad del siglo XVIII como era la representación política en las Cortes españolas, reconociéndose así que los reinos americanos tenían los mismos derechos que los peninsulares. Sin embargo, la estrategia americanista de José I fue más allá. Entregó a las Cortes de Bayona una Carta Otorgada —la denominada Constitución de Bayona— para su aprobación, en la cual se establecía que las futuras Cortes estarían formadas por representantes de las provincias de España e Indias (contemplaba 22 representantes americanos de un total de 172). Proclamaba también la igualdad de derechos entre las provincias españolas y americanas, la libertad de cultivo, industria y comercio, la prohibición de la concesión de privilegios y monopolios comerciales y estableció el derecho de representación a través de su elección por los ayuntamientos. Todo un programa reformista con el que se intentaba atraer al criollismo americano, dado que estas eran sus reivindicaciones desde hacía 50 años.

Sin embargo, el Estado josefino no dispuso de tiempo para desplegar sus acciones estatales. La tenaz resistencia armada, especialmente en la defensa de ciudades como Zaragoza, Gerona o Valencia, junto con la derrota de las tropas francesas en Bailén el 19 de julio de 1808 daría a su gobierno un carácter inestable; hasta el punto de que José I tendría que abandonar la corte apenas 11 días después de haberse instalado y trasladarse a Vitoria en el verano de 1808 ante lo que parecía iba a ser una rápida expulsión del ejército francés de España. Frente a esta situación Napoleón, que quería evitar a toda costa una guerra en España, decide intervenir personalmente poniéndose al mando de un magnífico ejército de invasión: la Grande Armée. Se iniciaba así una guerra que iba a socavar las bases del Antiguo Régimen en España; que durante seis años mantendrá al monarca, a la nobleza y al clero fuera de sus bases tradicionales de poder; que condicionará buena parte de las medidas políticas de uno y otro bando; y que iba a subordinar los poderes del Estado y sus decisiones ideológicas y políticas a la finalidad de ganarla. Es más, la coyuntura bélica abrirá la posibilidad a procesos anticoloniales, antiseñoriales o liberales que serán claves en el futuro de la monarquía. Un golpe importante al viejo orden de cosas fueron los Decretos de Chamartín, publicados el 4 de diciembre de 1808, durante la estancia del emperador en España, por los que destituyó al Consejo de Castilla, abolió la Inquisición, redujo los conventos a una tercera parte, abolió los derechos feudales, las cargas personales y los monopolios exclusivos y prohibitivos que la nobleza tenía como privilegio feudal.

DE LAS JUNTAS A LA REGENCIA

En el bando español, el ejemplo de Bailén dejó clara una premisa: la guerra contra los franceses no se podía ganar desde la dispersión juntera. El éxito de esta batalla provocó un movimiento generalizado para cohesionar el frente bélico. Las juntas provinciales acordaron mandar dos delegados cada una para formar la Junta Central el 25 de septiembre. El nuevo Estado se recomponía de esta forma desde la periferia y eso comenzaba a configurar un Estado diferente. El objetivo era doble: por un lado, centralizar el poder militar para ganar la guerra; por otro, que se visualizara en ausencia del rey un poder soberano, ejecutivo y legislativo, que permitiría embarcar hacia la Península los caudales americanos y así poder pagar la factura que los británicos ponían como condición para pasar de enemigos a aliados.

La Junta Central actuó rápido. En respuesta a la estrategia de José I de atraerse a los criollos dándoles representación, emitirá un decreto el 22 de enero de 1809 que proclamaba que los territorios americanos no eran colonias, sino que formaban parte de la monarquía española. En consecuencia, la Junta Central, formada hasta la fecha exclusivamente por representantes peninsulares, accedía a incorporar en su seno a 10 representantes americanos, uno por cada virreinato —Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata— y cada capitanía general —Cuba, Venezuela, Chile, Banda Oriental, Guatemala y Filipinas—. Por primera vez un órgano soberano de la monarquía española convocaba a representantes americanos, lo cual implicaba un principio de reconocimiento implícito en la igualdad de representación entre las juntas peninsulares y americanas.

El 10 de mayo de ese mismo año, la Junta Central publicó un Manifiesto a los americanos en el que clarificaba aún más sus pretensiones integradoras, tal y como había hecho el Estado francés con la Carta de Bayona. Unos días después, se publicaba el trascendental decreto de convocatoria de Cortes, que serán las futuras Cortes de Cádiz. Unas Cortes en donde también iba a haber representación americana.

Sin embargo, la marcha victoriosa de la guerra de los primeros meses se había truncado tras la entrada de las tropas de élite de Napoleón. Un ejército de más de 400.000 soldados penetró en suelo peninsular atravesando los Pirineos y dirigiéndose hacia Madrid. Las victorias francesas se sucedieron en Espinosa de los Monteros, Somosierra, Uclés, Zaragoza y, finalmente, se produjo el desastre de Ocaña para las tropas españolas. Era noviembre de 1809. Tras esta batalla, el ejército español quedó desmembrado. A partir de aquí, la guerra de guerrillas será la forma predominante de combate, junto con la resistencia de las ciudades sitiadas como Tarragona, Cádiz, Ciudad Rodrigo o Valencia.

Después de Ocaña, el avance para la ocupación de Andalucía por parte del ejército francés fue vertiginoso. La Junta Central tuvo que abandonar Sevilla y refugiarse en Cádiz. Allí, se disolvió el 29 de enero inmersa en una crisis total. La desastrosa marcha de la contienda y las disensiones internas habían conseguido que su desprestigio aumentara hasta límites insostenibles. El 30 de enero una Regencia constituida por cinco miembros sustituyó a la Junta Central. La Regencia la formaban Pedro Quevedo Quintano, obispo de Orense; Francisco Saavedra; el general Francisco Javier Castaños, héroe de la victoria de Bailén; el almirante Antonio Escaño; y Esteban Fernández de León, quien renunció y fue sustituido por el novohispano Miguel Lardizábal Uribe. Así, con la integración de un representante americano en la nueva institución de poder establecida en ausencia del monarca, se pretendía dar continuidad a la estrategia peninsular de gestos de aproximación a los criollos.

La primera medida de la Regencia fue intentar que se mantuviera el envío de caudales desde América, indispensables para afrontar los gastos del ejército, la compra de armamento y el pago al Estado británico por su colaboración en la guerra. Por su parte, el primer decreto fue, sintomáticamente, el de las Instrucciones para la Convocatoria de Elecciones de América y Asia, del 14 de febrero de 1810. Este asignaba un diputado por cada capital cabeza de partido en América y mantenía la representatividad de las capitanías generales y de los virreinatos. Hasta que los diputados electos en América pudieran llegar a Cádiz, se eligieron 30 suplentes en esta ciudad. La mayor parte de los municipios americanos entregó a sus diputados un pliego con las «instrucciones» que debían presentar, defender y promover en las Cortes. Este hecho será importante, porque muchos diputados americanos se sentían más responsables y representantes de la municipalidad y/o provincia que les había elegido que del conjunto de la nación. Esto originaría un problema, dado que los liberales peninsulares solo contemplaban una única representación —la nacional— y una sola soberanía, que residía en la nación, mientras que la mayor parte de los americanos interpretaba que la soberanía podía ser doble, al ser representantes de la provincia y también, por extensión, de la nación. Por esta razón, como más adelante analizaremos, con estas propuestas los americanos abogaban por una representación federal en las Cortes de Cádiz.

Pero ¿qué pasó en los territorios americanos de la monarquía cuando arribaron las noticias de la crisis de 1808? Las informaciones sobre la proclamación de Fernando VII que llegaron a América entre los meses de julio y septiembre de 1808 fueron recibidas con muestras de júbilo por la población. Las autoridades van a decretar en toda América tres días de iluminación general, corridas de toros, fiestas, etcétera. Aconteció que estas noticias llegaron al mismo tiempo, o escasos días antes, que otras que eran totalmente contradictorias y preocupantes, como las abdicaciones de Fernando VII y Carlos IV en favor de Napoleón, los acontecimientos del 2 de mayo y días siguientes, la retención de la familia real en Francia, el nombramiento de Joaquín Murat como regente de las Españas e Indias y la instalación de las Cortes de Bayona.

Es importante señalar no solo los tiempos de la llegada de unas y otras noticias, sino también la identidad de sus portadores y, en segundo lugar, su instrumentalización. Es más, algunas de estas autoridades habían sido designadas por Manuel Godoy, por lo que ahora, tras la caída en desgracia del Príncipe de la Paz, su posición estaba comprometida, tanto por el origen de su nombramiento como por la rivalidad de otros candidatos que podían esgrimirlo para ocupar su puesto. Viejas rencillas y ambición por el poder se sumaban así a la inestabilidad. Dada la nueva coyuntura, el hecho de tener orígenes franceses pasó a ser sinónimo de sospecha y de traición. Fue el caso del virrey de Buenos Aires, Santiago Liniers, héroe de la victoria frente a las invasiones inglesas, y de otras autoridades civiles, militares o eclesiásticas, víctimas de una xenofobia que se manifestó en revueltas urbanas como las acontecidas en Cuba.

En estos meses acudieron a La Habana, Caracas y Montevideo los emisarios franceses enviados por Napoleón, que reclamaban obediencia y acatamiento a sus órdenes. A ellos se sumó la llegada de comisionados de la Junta de Sevilla y de la de Asturias, quienes relataron lo acontecido y entregaron documentos de estas juntas que pretendían asumir la soberanía de «todos los reinos en ausencia del monarca». Y, para acabar de completar el panorama, Carlota Joaquina, hermana de Fernando, hija de Carlos IV y esposa del regente de Portugal, envió también desde su exilio en Brasil comisionados a Perú, a Charcas —la futura Bolivia—, a Buenos Aires y a Montevideo para reclamar a las autoridades españolas su reconocimiento como reina regente de los territorios hispanoamericanos. Sin embargo, Carlota Joaquina era, a su vez, regente consorte y futura reina de otra monarquía, la portuguesa, enemiga hasta hacía no mucho tiempo de la Corona española, pues ambas habían luchado en los años previos por el control del Río de la Plata y la posesión de Colonia del Sacramento, en el actual Uruguay. Finalmente, llegaron las noticias difundidas por los que, hasta entonces, también habían sido enemigos: los marinos ingleses. A pesar de toda la cautela de las autoridades y de no saber qué hacer exactamente ante este complejo panorama, estas se decantaron en última instancia por la fidelidad a Fernando VII y la más enérgica condena de los actos de Napoleón se extendió por toda la monarquía española.

Poco después, la noticia de la creación de la Junta Central vino acompañada en América de noticias tan sorprendentes como el triunfo de las armas españolas en Bailén. Por primera vez, desde hacía años, el ejército napoleónico era derrotado en suelo europeo. La nueva corrió como la pólvora por toda Europa y América. José I había abandonado Madrid y los franceses se replegaban hasta casi la frontera: la conclusión, exagerada, pero comprensible, fue que la guerra estaba ganada. En consecuencia, la Junta Central fue aceptada por las juntas americanas, los virreyes, el estamento eclesiástico, las comunidades indias y hasta casi los criollos más reticentes como la institución legítima de poder a la espera de la llegada del rey Fernando.

Sin embargo, todo iba a cambiar en los primeros meses de 1810. Primero llegaron las noticias de la derrota de Ocaña, de la ocupación de Andalucía por parte de los ejércitos franceses, de la disolución de la Junta Central y de la creación de una Regencia y, al final, de la instalación en la corte de José I y de la escasa resistencia armada peninsular, que quedaba reducida a unas cuantas ciudades. Estas noticias iban a estar directamente relacionadas con el establecimiento de juntas como las de Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Fe de Bogotá o la segunda Junta de Quito. En segundo lugar, debe destacarse que estas juntas ya no van a reconocer a la Regencia, y van a desmarcarse de ella por miedo a caer bajo el dominio de Napoleón o bien porque sus dirigentes creyeron llegado el momento de separarse de una monarquía que agonizaba tras la derrota militar. El año 1810 marca por lo tanto la frontera entre la opción independiente y la autonomista que caracterizó al bienio precedente.

Además, también las autoridades peninsulares que conservaron el poder cambiaron de actitud y adoptaron nuevas medidas. Para ellos había pasado ya el tiempo de la negociación. Tenían la argumentación precisa para actuar con contundencia, acusar a estas juntas de sediciosas, de traidoras y, especialmente, de independentistas. Estos cargos proporcionaron a las autoridades peninsulares la legitimidad necesaria para actuar militarmente contra aquellos que no obedecían sus instrucciones. Aquí se abrió la brecha para el Río de la Plata, Chile, Caracas, Nueva Granada e incluso Nueva España. En estos territorios, la mayor parte del criollismo apostaba ya por un camino insurgente, pero otra parte importante aún tenía depositadas esperanzas en la vía autonomista y en sus diputados en las Cortes de Cádiz. Esta corriente procedía de los virreinatos más antiguos: Nueva España —incluidas las capitanías generales de Guatemala y de Cuba— y Perú, junto con el reino de Quito.

La estrategia utilizada por el sector criollo disidente era similar a la peninsular, pero no se trataba, ni mucho menos, de mimetizar lo acontecido en la Península. El criollismo actuaba en la divergente realidad americana enfrentándose a la misma coyuntura que la Península y con la misma estrategia, porque, salvando las distancias, las instituciones de poder absoluto eran similares y la coyuntura también. Las juntas americanas se intitulaban «Defensoras de los Derechos de Fernando VII», al tiempo que no reconocían en la Regencia un poder soberano, ni legítimo, ni tampoco que este pudiera estar depositado en la formación de las futuras Cortes. Desde la teoría del neoescolasticismo suareciano, los intelectuales y teóricos americanos justificaban su estrategia mediante la tesis del pacto traslatii, por el cual se justificaba el derecho de un pueblo a ser soberano cuando la autoridad del monarca hubiera desaparecido temporalmente.

LAS CORTES DE CÁDIZ

Las Cortes abrieron sus puertas el 24 de septiembre de 1810 en el teatro de la Isla de León —actual San Fernando— para, posteriormente, en febrero de 1811, trasladarse a la iglesia de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz, donde se hallaban a salvo del ejército francés que asediaba la ciudad gracias a la protección de la escuadra inglesa. Allí se congregaron los diputados electos en virtud del decreto de febrero de 1810, procedentes tanto de la Península como de los territorios americanos. Respecto al problema planteado por las provincias ocupadas, bien fuera por los franceses en la Península, bien por la insurgencia en América, se ideó un sistema de suplencia entre los residentes en la ciudad de Cádiz que fueran originarios de aquellos territorios a la espera de que pudieran celebrarse en ellos las elecciones. Así, las Cortes quedaron compuestas por alrededor de 300 diputados, de los cuales cerca de 60 eran americanos.

La Cámara procedió a aprobar trascendentales decretos desde los primeros días de las sesiones, entre ellos los relativos a la soberanía nacional, la división de poderes, el reconocimiento de Fernando como rey, la nulidad de todos los decretos del gobierno de José I, la libertad de imprenta, la soberanía e inviolabilidad de los diputados, la igualdad de representación y de derechos entre los americanos y los peninsulares; se procedió, asimismo, a conceder una amnistía a los encausados por participar en la insurgencia.

Esta última medida fue la primera de una serie de disposiciones orientadas a dar respuesta a propuestas y reivindicaciones americanas, que, en bastantes ocasiones, se traducirán en decretos, todo ello como parte de una clara apuesta por conseguir una autonomía de las provincias americanas dentro de la monarquía española. En este contexto se aprobó la abolición del tributo indígena, de la encomienda, del reparto, de la mita y de la matrícula de mar. También una serie de derechos liberales como la libertad de cultivo, de comercio, de pesca, de industria, etcétera. Además, recordemos que los decretos aprobados en las Cortes eran de aplicación en América, por lo que en este sentido la revolución gaditana también se trasladó a los territorios americanos que habían acatado la soberanía de las Cortes, esto es: Nueva España con las Antillas y Filipinas, la mayor parte de Perú, la audiencia de Charcas, el reino de Quito —futuro Ecuador—, partes de Venezuela —en especial, Maracaibo— y zonas de Nueva Granada —Colombia—, como Pasto y Popayán. Por ello, muchos de los que en su día fueron constitucionalistas americanos en Cádiz se convertirían, posteriormente, en la década de los años veinte, en verdaderos «padres de la patria» de sus respectivas repúblicas, gracias a su experiencia constitucional gaditana.

Hay que señalar que durante este periodo la comunicación entre América y la Península y viceversa, llevada a cabo a través de navíos neutrales, ingleses o bajo pabellón español, fue muy fluida: cartas privadas, decretos, periódicos, el propio Diario de Sesiones de Cortes, panfletos, hojas volantes, correspondencia mercantil, literatura, obras de teatro, canciones patrióticas, etcétera. Además de ese flujo de ideas, también hubo acción, dado que se convocaron y se llevaron a término procesos electorales municipales, provinciales y a Cortes, todo lo cual provocó una intensa politización a uno y otro lado del Atlántico.

En esta relación dialéctica no solo hubo una interacción entre el autonomismo en América y las propuestas de los americanos en Cádiz. La insurgencia también se vio implicada en la revolución hispana que se proponía desde Cádiz, al tener que superar conquistas del liberalismo gaditano, tanto políticas como sociales, que los parlamentarios en las Cortes de Cádiz ya habían aprobado. A su vez, los diputados gaditanos también incorporaron conquistas y propuestas de los insurgentes. Los ejemplos del primer caso son notorios: el sufragio universal, que implicó el derecho al voto de la población india, la abolición de las formas de trabajo colonial como la encomienda, la mita, el tributo indio, el reparto, etcétera, la declaración de diversas libertades como la de imprenta o la abolición de la Inquisición. El producto de este intento de revolución hispana fue una Constitución de caracteres hispanos. La redacción del artículo primero es un magnífico ejemplo de lo anteriormente expuesto: «La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios», sin lugar a dudas, un claro y revolucionario paradigma de la importancia que para este proceso revolucionario tuvo América. La construcción jurídica del Estado-nación español quedaba así definida desde parámetros hispanos, y la revolución liberal iniciada desde 1808 adquiría en 1812 caracteres espaciales más allá de los meramente peninsulares.

Junto con la sanción de la soberanía nacional y la nomenclatura de las provincias de las que se componía la monarquía española, tuvieron especial trascendencia los artículos constitucionales referidos a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, para cuya redacción la comisión adoptó la memoria presentada por Miguel Ramos de Arizpe, diputado por Coahuila, en lo relativo a la organización y gobierno político de las Provincias Internas del Oriente de Nueva España. Esta circunstancia será de vital importancia para desentrañar un aspecto tan crucial en el proceso revolucionario liberal en la Península y en América como fue, a partir de la sanción constitucional, la fundación de ayuntamientos en todas las poblaciones que tuvieran al menos mil almas, pues esto suponía que a partir de entonces la creación de ayuntamientos iba a obedecer a criterios objetivos, como la demografía, y no a designios políticos como en el Antiguo Régimen, cuando era el rey quien tenía la prerrogativa de establecerlos. Cuando la Constitución fue sancionada se produjo la lógica explosión en el número de ayuntamientos que implicará la transferencia de competencias de organización político-administrativa a los poderes locales, con la consiguiente politización de la sociedad.

La Constitución fue netamente liberal al establecer el sufragio universal indirecto, la preeminencia de las Cortes sobre el rey, la autoconvocatoria de Cortes cada primero de marzo o el aplazamiento durante 30 años del requisito de saber leer y escribir para tener derecho de voto.

A menudo se ha explicado la conquista de la soberanía nacional solamente como una de las condiciones de la revolución española frente a la soberanía monárquica, absolutista, privilegiada y legitimada desde presupuestos divinos. Esta explicación hacía residir el conflicto entre el rey absoluto y la nación española y sus instituciones representativas, es decir, entre el poder unívoco y la división de poderes que proponía el liberalismo para superar al primero; pero en esa explicación se olvidaba un problema: esta no era simplemente una revolución española, si con ello queremos precisar no solo la nacionalidad que se está construyendo, sino también los territorios que pretendía conformar el nuevo Estado liberal. Por el contrario, esta revolución conllevó la desintegración al mismo tiempo de los territorios americanos en una pluralidad de Estados-naciones. Solo que esto no fue un hecho, sino un proceso que comportó fases, en la primera de las cuales la mayor parte del criollismo era autonomista, no independentista, pero exigió una igualdad de representación con las provincias peninsulares que implícitamente conllevaba una descentralización del poder. De ahí la derivación del liberalismo gaditano hacia posiciones centralistas.

LA VUELTA DEL REY

Desde la entrada de la Grande Armée en la Península a finales de 1808 hasta mediados de 1812, la contienda fue dominada por las tropas napoleónicas, si bien estas no llegaron a conseguir la ocupación completa de Portugal gracias a la presencia del ejército inglés al mando de Arthur Wellesley, más tarde nombrado duque de Wellington. José I tuvo la voluntad de reinar como un monarca español, pero las circunstancias en las que debió desempeñar sus funciones no fueron las más favorables. Dispuso de un notable grupo de españoles «afrancesados» a su servicio que hubieran podido ser una buena base para alcanzar este objetivo. Eclesiásticos como Llorente, Arce o Lista, políticos como Urquijo o Martínez Marina, literatos como Moratín o Meléndez Valdés o militares como O’Farrill o Amorós, constituyen la punta del iceberg de un amplio número de españoles que entraron al servicio de la Administración josefina. Otros muchos se pusieron a sus órdenes en distintos niveles de la Administración e incluso en unidades militares compuestas por españoles. Sin embargo, los problemas se multiplicaron, lo que hizo imposible su objetivo. Primero fue la temprana derrota de Bailén, que obligó a la intervención personal de Napoleón y restó autonomía y autoridad a su hermano. Más tarde fueron los problemas para encajar adecuadamente una monarquía española apoyada en un contingente militar extranjero. La presencia de un ejército que se comportaba como una fuerza ocupante —con su reguero de requisas, contribuciones forzosas, choques con la población civil, acuartelamiento a cargo de los municipios…— restó legitimidad a las autoridades. Posteriormente, cuando los éxitos en Andalucía parecían enderezar la fortuna de José en España, su hermano se encargó de erosionar y limitarle el poder mediante la creación de los gobiernos particulares —decretos de 10 de febrero de 1810— en Vascongadas, Navarra, Aragón y Cataluña, lo que implicaba sustraer estos territorios de las órdenes del rey. Así, el mariscal Suchet, en Aragón, sur de Cataluña y Valencia se comportará con independencia absoluta de Madrid. Cataluña, en 1812, incluso se convirtió en un departamento francés. También las tensiones entre José y los generales al frente de las tropas francesas, en especial con el mariscal Soult, se convirtieron en una fuente de problemas añadidos para el hermano de Napoleón.

Sin embargo, fue en 1812 cuando la situación se hizo insostenible para los franceses. La entrada en guerra contra Rusia obligó a Napoleón a trasladar tropas hasta el norte de Europa, lo que debilitó su posición en la Península. La circunstancia fue aprovechada por los ejércitos británico y portugués y el recompuesto español para avanzar hacia el centro; esto les permitió obtener una sonada victoria en Arapiles sobre las tropas del general Marmont, el 22 de julio de 1812. Como consecuencia los franceses tuvieron que abandonar Madrid y el rey se refugió en Valencia, al amparo de Suchet. Wellesley consiguió entrar en la capital, pero perdió demasiado tiempo y permitió que se reunieran las tropas del sur y el este en Almansa y, en combinación con las del norte, confluyeron sobre el enemigo obligándole a abandonar la capital el 2 de noviembre y retirarse hacia Portugal.

A comienzos de 1813, los franceses se mantenían en el norte y el este de la Península, aunque al precio de haberse retirado de Andalucía. Fue la continua demanda de tropas en otros escenarios europeos lo que hizo que su posición siguiera debilitándose los meses posteriores obligando a José a abandonar de nuevo Madrid, esta vez de manera definitiva, y trasladar su cuartel general a Valladolid. La superioridad en cuanto al número de efectivos de las tropas angloespañolas, comandadas por el duque de Wellington, era manifiesta, de ahí que pudieran avanzar con decisión sobre Vitoria, donde se impondrían en una batalla decisiva que supuso el hundimiento de las posiciones francesas en la Península. Esta situación en el centro y norte de la Península dejó muy expuesto el flanco occidental de Suchet, que se vio obligado a abandonar Valencia y Zaragoza replegándose sobre Cataluña. La batalla de San Marcial, en San Sebastián, el 21 de julio, fue el último enfrentamiento de importancia de la guerra. El resto sería una retirada progresiva de tropas hacia territorio francés dejando tras de sí guarniciones como Pamplona, Santoña, Figueras, Barcelona o Tortosa, que tardarían algún tiempo hasta volver a manos españolas.

Mientras tanto, Napoleón había visto hundirse sus posiciones en todos los frentes y estaba intentado defenderse en el propio suelo francés. Por eso, a finales de 1813, contempló la posibilidad de llegar a un pacto con Fernando VII que le permitiera cerrar la guerra en el sur. Los términos de este acuerdo serían el reconocimiento de Fernando como rey a cambio de romper su alianza con los ingleses. El Tratado de Valençay no llegaba tan lejos en este último aspecto, contentándose con que los ejércitos extranjeros abandonaran el suelo español, aceptando respetar a los afrancesados y estableciendo un tratado de comercio con Francia, todo ello al modesto precio de una pensión para los reyes padres y la posibilidad de regresar libres a España. Aunque, en realidad, el rey conseguía algo mucho más valioso que no estaba incluido en el tratado: volver a ocupar una posición central en el tablero político español en interlocución directa y sin mediación de las Cortes.

Tras el reconocimiento político de Fernando VII por Napoleón, su viaje a España se convertirá en un proceso para añadir nuevos apoyos con el objetivo de imponerse sobre las Cortes y recuperar sus atribuciones como monarca absoluto. La acción se realizará en varios niveles. En primer lugar, le acompañó una amplia campaña de propaganda, liderada por el clero, para presentar al rey no solo como el deseado de todos, sino como un retornado justiciero que venía a restaurar el orden perdido. A través de estos mensajes, de importante penetración en los ámbitos populares, se generalizó la idea de que el rey poseía una legitimidad superior a las Cortes y que recuperaba con su presencia en suelo español. En segundo lugar, Fernando VII necesitaba apoyo internacional. Ya hemos visto que Napoleón no había tenido ningún problema en legitimarle como interlocutor, pero tampoco Inglaterra estaba dispuesta a ponerse del lado de las Cortes, y mucho menos de una Constitución a la que consideraba demasiado avanzada, de modo que dejó campo libre a la ambición de los realistas. Necesitaba también, en tercer lugar, una fuerza armada que le permitiera imponer su voluntad. Las Cortes se habían ocupado de dictar severas normas para que el ejército no obedeciera al rey hasta que hubiera jurado la Constitución, lo que permitió a Copons, capitán general de Cataluña, ofrecerle una aséptica acogida en suelo español. Sin embargo, el ofrecimiento de Palafox para visitar las ruinas de Zaragoza, puso en bandeja a Fernando la posibilidad de desobedecer las instrucciones sobre el itinerario que le habían fijado las Cortes, sentando un peligroso precedente. Así quedó de manifiesto cuando salió a su encuentro el general Elío, capitán general de Valencia, y puso incondicionalmente a su servicio las tropas bajo su mando.

La ciudad de Valencia será el escenario final en el que se desarrollará el golpe de Estado de Fernando VII. Allí se fraguará el último de los niveles de la acción realista: el político. Para ello un amplio grupo de diputados en activo presentó el Manifiesto de los Persas que restaba legitimidad a la institución de la que formaban parte —las Cortes—, ya que en él pedían el retorno al absolutismo. El 4 de mayo firmaría el decreto en el que suspendía la Constitución y toda la acción emanada del Parlamento. Finalmente, la noche del 10, fueron encarcelados algunos señalados diputados y relevantes políticos liberales y fue disuelta la Cámara. El responsable de poner en práctica todo fue el general Eguía, nombrado capitán general de Castilla, que preparó la entrada triunfal en Madrid de Fernando VII el 13 de mayo, iniciando a una etapa de absolutismo restaurado.

Fernando VII declaró nulos los decretos y la Constitución de las Cortes de Cádiz, porque significaban el paso de un Estado absoluto a uno constitucional, pero también porque la obra legislativa del periodo 1810-1814 integraba los territorios americanos y peninsulares en un mismo Estado-nación, lo cual comportaba para la Corona la pérdida de lo que interpretaba como «sus» territorios y «sus» súbditos americanos, dado que, jurídicamente, eran patrimonio del rey. Es más, con estas conquistas constitucionales y representativas, el autonomismo americano estaba planteando la formulación y puesta en marcha de un Estado-nación no solo con caracteres hispanos, sino también desde concepciones político-administrativas federales, algo que no era una utopía. La mayor parte de los comerciantes y plantadores criollos basaban su propuesta en la capacidad representativa y administrativa de las diputaciones provinciales como instituciones capaces de canalizar las pretensiones y las necesidades de cada provincia, a la cual representaban y estaban ligados. Esto iba a provocar un doble rechazo. Por una parte, la oposición frontal del rey al federalismo, porque, además de las consideraciones ya argumentadas, los Estados federales existentes en ese momento eran también republicanos (los ejemplos eran precisos: Estados Unidos de América y la Confederación Helvética, la actual Suiza). Y, por otra, el concepto federalismo era sinónimo de democracia, asociado al concepto república. Por ello, la propuesta de los americanos conllevó la reacción de los liberales peninsulares hacia una organización centralista del Estado.

Tras la abolición del régimen constitucional, el restaurado Estado absoluto emprendió una rápida tarea de restitución de las antiguas instituciones, por ejemplo, de los consejos, órganos consultivos del monarca: el de Castilla, el de Cámara, el de Indias, el de la Inquisición, el de Hacienda y el de las Órdenes Militares. Por lo que respecta a las prometidas Cortes tradicionales, invocadas por el rey para neutralizar la indudable legitimidad que su representatividad territorial atribuía a las Cortes de Cádiz, nunca serían convocadas por el monarca. En cuanto a las secretarías, que funcionaban como ministerios, se mantuvieron las de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina y Ultramar.

El absolutismo tendrá especial cuidado en retornar al antiguo modelo de la Administración provincial. Así, disolvió las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales volviendo a organizar las provincias en capitanías generales y la Administración de justicia en audiencias y chancillerías. Por lo que se refiere al poder político local, se volverá al viejo sistema de ayuntamientos tradicionales, corregidores y regidores. La obra legislativa emprendida por las Cortes de Cádiz quedó desmantelada, así como la esperanza de los criollos autonomistas, que creyeron ver en esta iniciativa parlamentaria y constitucional una vía intermedia entre el independentismo y el colonialismo absolutista. Para América, la vuelta al absolutismo supuso el regreso, reforzado, de las autoridades coloniales. El combate sin tregua contra la insurgencia y contra cualquier veleidad autonomista criolla iba a generar una dinámica de acción-reacción bélica, que condicionaría, de forma casi definitiva, la adopción de una única salida armada e independentista por parte de la mayoría de las fracciones criollas.

El régimen absolutista procedió también a restaurar la Administración hacendística privilegiada mediante los intendentes y los subdelegados de rentas, retornando al sistema de rentas provinciales y estancadas y poniendo fin con ello al sistema gaditano de contribuciones directas. Con esta medida se granjeaba el beneplácito de la mayor parte de las clases populares campesinas, que sentían la presencia de un Estado liberal impositivo, desamortizador y opresivo, al tiempo que se volvía a privilegiar a la nobleza, tanto aristocrática como eclesiástica, excluyéndola del pago de impuestos y blindando el mantenimiento de su propiedad señorial. El Estado absolutista devolvió las tierras eclesiásticas incautadas, restituyó la privilegiada Mesta —una organización tradicional castellana fundada en la Edad Media que monopolizaba el comercio de la lana—, volvió al sistema de gremios, restauró la Inquisición y lo mismo hizo con el sistema de señoríos, si bien el rey no devolvió, en esta ocasión muy astutamente, la jurisdicción señorial, que reservó para sí.

El regreso a una monarquía absolutista también supuso un doble exilio, el de los «afrancesados» y el de los liberales. La derrota de los ejércitos franceses en la Península supuso el exilio de los militares que se habían unido al gobierno josefino, así como de los intelectuales, funcionarios, nobles y artistas que habían colaborado con los Bonaparte en su estancia en España. Las Cortes españolas habían aprobado en un decreto la pena de destierro para los colaboracionistas con el régimen bonapartista, pero fue la población civil la que más duramente trató a aquellos que señalaban como afrancesados durante los casi seis años que duró la contienda. Se calcula que más de 12.000 españoles cruzaron la frontera con Francia para evitar las represalias una vez que la guerra estuvo prácticamente perdida por Francia en la Península.

A este exilio afrancesado se unió, en pocos meses, el liberal. Fernando VII, instalado como monarca absoluto, decretó la prisión y destierro de aquellos liberales que habían tenido cargos públicos o que más se habían significado en la defensa de la causa liberal. Esto precipitó la salida de quienes, para evitar la cárcel, optaron por exiliarse en Londres, París, el sur de Francia o América. Se calcula que el número de exiliados sobrepasó los 15.000. Paradójicamente, los dos exilios convivieron en los mismos años y principalmente en el mismo país, al ser Francia el destino de la mayor parte de ellos.

No obstante, en España nada volvió a ser lo mismo tras la guerra y la revolución. Los seis años que duró la guerra habían esquilmado los medios de producción y de comercio y la secular crisis de la Hacienda Real, endeudada en 11.568 millones de reales —el doble que en 1808—, persistía. Esta crisis hacendística se vio agravada, además, desde 1814, por una coyuntura europea de depresión económica y se acentuó durante el bienio 1817-1819 por la caída de los precios agrarios. Y todo ello en medio de una guerra de independencia en los territorios americanos que provocaría que el Estado absoluto no solo no pudiera disponer de sus rentas de allende los mares, sino que, además, tuviera que dedicar una parte importante de sus recursos a combatir la insurgencia. El mayor esfuerzo en ese sentido fue la gran expedición enviada en febrero de 1815 al mando del general Pablo Morillo para la reconquista de Tierra Firme, la actual Venezuela y parte de Colombia, compuesta por 42 transportes, 500 oficiales y más de 10.000 soldados. Unos meses después, esta enorme expedición entraba en Cartagena de Indias con el objetivo de derrotar a las tropas del tenaz líder caraqueño Simón Bolívar.

En menos de un año, desde 1814 hasta 1815, se sucedieron cuatro ministros de Hacienda sin que se lograra enderezar la economía. El secular déficit en el presupuesto era particularmente grave, ya que para el Estado absoluto resultaba difícil calcular unos gastos e ingresos que se multiplicaban. Ante este cúmulo de problemas, la solución económica de la monarquía pasó por aceptar finalmente la propuesta reformista de Martín de Garay, persona con planteamientos ilustrados y antiguo vocal de la Junta Central. El proyecto de reforma de Hacienda de Garay, puesto en marcha a partir de mayo de 1817, consistió en sustituir las rentas provinciales por una contribución general que se repartiría entre las poblaciones y de las que quedaban excluidos los puertos y las capitales de provincia, si bien no se suprimieron las rentas estancadas. El plan contó, desde el primer momento, con la oposición de la nobleza y de la Iglesia y los notorios problemas para su aplicación generaron desconfianza y confusión. Todo ello fueron circunstancias que lo condenarían al fracaso, poniendo de manifiesto las dificultades que existían para la reforma del régimen desde dentro en todo aquello que afectara a los intereses de los grupos privilegiados.

LA IMPORTANCIA DEL IMPERIO

El régimen absolutista restaurado por Fernando VII contó con un contexto internacional favorable. Tras la derrota de Napoleón, se configuró un nuevo sistema de alianzas internacionales orientado a reforzar y defender a las monarquías europeas de intentos revolucionarios liberales. Así, entre noviembre de 1814 y junio de 1815, se desarrolló el Congreso de Viena, en el que las cuatro potencias triunfadoras —Prusia, Rusia, el Imperio austro húngaro y Gran Bretaña— reformaron las fronteras europeas e impulsaron la restauración de la monarquía borbónica en Francia con Luis XVIII. Reforzadas las fronteras de las monarquías absolutas con Estados intermedios, aislada y «restaurada» la Francia revolucionaria, enunciadas las claves de un pensamiento ultrarreligioso y ultraabsolutista al servicio de las monarquías europeas, quedaron sentadas las bases de una política de intervención militar contra cualquier Estado donde un movimiento liberal pudiera amenazar el principio de legitimidad.

De este contexto surgió también la Santa Alianza, a la que se incorporó la monarquía francesa en 1816. España, en un primer momento, jugó la carta del aislacionismo respecto a las alianzas europeas, dado que no se fiaba de los movimientos diplomáticos de Gran Bretaña, que se había reservado, eso sí, la opción de no participar en el intervencionismo armado del sistema de Viena. No obstante, el contexto de las guerras de independencia en América hizo que variara esta política y la monarquía española optó por integrarse en la Santa Alianza. Resulta interesante observar cómo Gran Bretaña se desmarcó de la Santa Alianza y, con ello, de cualquier conflicto armado continental, dejando la guerra y sus costes económicos a las potencias absolutistas para que derribaran a los competidores en el plano económico del liberalismo, mientras ella desarrollaba sus relaciones y beneficios comerciales, productivos y financieros por todo el mundo, especialmente en Europa y los países hispanoamericanos independientes.

El año 1817 supuso un cambio de rumbo en la política de la monarquía, que no solo se temía una inestabilidad interior, sino que comenzaba a vislumbrar también un fracaso económico. La recuperación económica del Estado absolutista pasaba, efectivamente, por el mantenimiento del imperio americano, y este, a la altura de 1817, peligraba en Nueva Granada y Venezuela y, por supuesto, en el Río de la Plata, que había declarado su independencia un año antes. Y eso a pesar de las continuas expediciones que desde 1814 habían partido hacia América.

Este cambio de rumbo se tradujo en una alianza tácita con la Rusia zarista, descartando de momento la vía diplomática de aproximación a Francia y de diálogo con la insurgencia. La mala situación que arrastraba la Marina Real desde la derrota de Trafalgar motivó que, en agosto de 1817, se procediera a la compra de cinco navíos y tres fragatas a la monarquía rusa por un importe de 68 millones de reales. La compra estuvo vinculada con el pago, por parte de Gran Bretaña, de la indemnización por decretar la abolición del tráfico de esclavos. En febrero de 1818 arribaron a Cádiz los barcos y ese mismo año el Estado absoluto comenzó a reclutar una fuerza expedicionaria capaz de reconquistar el Río de la Plata. El ejército fue acantonado en diversas poblaciones andaluzas y, al malestar de una tropa reclutada forzosamente, mal pagada y peor alimentada, se unió el de la oficialidad. La situación era el reflejo de los problemas de un ejército absolutista que, en gran medida, no había sido capaz de depurar a los oficiales que habían ascendido durante la guerra contra los franceses por sus méritos en el campo de batalla, pero que no eran nobles. La estrategia del monarca pasaba por destinar estos oficiales a las campañas americanas, con la finalidad de alejarlos de las pretensiones conspirativas liberales en la Península.

En realidad, el problema militar había surgido durante la propia Guerra de la Independencia, que implicó la trasformación de un ejército del Antiguo Régimen —con una oficialidad mayoritariamente de ascendencia noble— en un ejército nacional, por lo que obligó a eliminar las pruebas de nobleza para ser oficial y a ampliar la base del reclutamiento entre la población. Esta transformación militar, junto con las características y condicionantes propios de la guerra contra los franceses y de la revolución en el seno de las instituciones españolas, explican en buena parte los numerosos pronunciamientos y asonadas que salpicaron estos años, a pesar de las medidas tomadas por Fernando VII para congelar ascensos, depurar a oficiales sospechosos o mandar a las guerras americanas a los que tenían una ideología liberal o un sustrato social no privilegiado.

Y parece claro que la represión e intransigencia del absolutismo iban a propiciar un cambio de régimen mediante el recurso a las armas, pues la «protesta» no solo estaba ahora en la política y en la sociedad, sino también en el ejército, por lo que estas manifestaciones explotaron desde la vertiente armada hasta las sociedades secretas, utilizando el recurso del pronunciamiento como un instrumento capaz de acabar con la monarquía absoluta con un oportuno golpe de mano militar. Esto es lo que, finalmente, ocurriría, si bien de forma indirecta, con el pronunciamiento de Rafael del Riego en 1820.

De esta forma, a partir de 1814, se sucedieron los pronunciamientos. Un prestigioso guerrillero, Francisco Espoz y Mina, en el contexto de la desmovilización del ejército surgido de la Guerra de la Independencia y organizado bajo los decretos de las Cortes de Cádiz, pretendió, sin éxito, ese mismo año tomar Pamplona, por lo que se vio obligado a emprender el camino del exilio. No tuvo mayor fortuna Juan Díez Porlier, mariscal de campo incorporado al ejército desde la guerrilla, que sublevó la guarnición de La Coruña y proclamó la Constitución el 19 de septiembre de 1815. Fracasado el intento, sería fusilado ese mismo mes. El 4 de abril de 1817, en Barcelona, el teniente general Luis de Lacy conspiró con las guarniciones de Cataluña, pero fue derrotado y fusilado en julio de ese mismo año. Finalmente, en 1819, otro alto mando, el teniente coronel Joaquín Vidal, resultó apresado en una conspiración en Valencia. Sin embargo, uno de estos pronunciamientos terminaría por triunfar: el del teniente coronel Rafael del Riego, quien se sublevó con su guarnición en Cabezas de San Juan y proclamó el 1 de enero de 1820 la Constitución de 1812.

Por lo que respecta a América, otra oleada insurgente irrumpía con tremenda y casi definitiva fuerza independentista. Entre 1817 y 1818, el llamado Ejército de los Andes, liderado por San Martín, cruzó la cordillera y se unió a la resistencia de las milicias chilenas de Bernardo O’Higgins. En febrero de 1817 derrotaron a las fuerzas españolas en Chacabuco y de nuevo hicieron lo mismo en abril de 1818 en Maipú. Tras estas dos cruciales batallas, Chile proclamó su independencia ese mismo año. Por otro lado, el 15 de febrero de 1819 se constituyó el Congreso de Angostura, el cual aprobaría en diciembre de ese año la Ley Fundamental de la República de Colombia, por la cual se eligió a Simón Bolívar presidente de un gran Estado que reunía a Nueva Granada, Venezuela y Quito. La realidad americana, cuando despunta el año 1820, es que prácticamente toda Sudamérica, menos Perú, se ha declarado independiente o está fuera del control de la monarquía española.

Fue en este contexto cuando, el 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael del Riego inicia su pronunciamiento y proclama la legitimidad de la Constitución de 1812. La mayor parte de sus tropas pertenecían a las reclutadas desde 1818 para combatir a la insurgencia americana, pero el mal estado de los barcos comprados a Rusia había demorado su traslado al continente americano. El destino incierto, la mala paga, la presencia de notorios oficiales liberales que Fernando VII pretendía sacar de España para evitar más pronunciamientos y las relaciones con los elementos civiles que apostaban por una salida constitucional a la crisis estructural del Antiguo Régimen hicieron que explotara el pronunciamiento.

Sin embargo, al principio no tuvo éxito, ya que sus planes fueron delatados a los mandos fernandinos por uno de los oficiales que en su origen participaba de ellos, como era Enrique O’Donnell, conde de La Bisbal, futuro protagonista de la política española durante la etapa isabelina. Lo cierto es que el pronunciamiento de Riego no logró movilizar al resto de guarniciones. Así, Riego y su tropa iniciaron un recorrido por Andalucía en busca de adhesiones que no encontraron de inmediato. El 7 de marzo llegaba a Córdoba con unos exhaustos 300 hombres de los 1.500 con que había partido. A punto de ser derrotado por el ejército absolutista que le perseguía, el movimiento va a encontrar respuesta en las ciudades de tradición liberal que comenzaron a proclamar juntas gubernativas y la Constitución de Cádiz. De esta forma, se crearon juntas en La Coruña, Oviedo, Zaragoza, Murcia, Pamplona, Barcelona y Tarragona, que iban a proclamar la Constitución. El movimiento constitucional urbano y juntero va a ser la estrategia del liberalismo doceañista para presionar a Fernando VII a que jurara la Constitución y regresara así a un Estado liberal parlamentario. De esta forma, la revolución liberal volvía a emplear la misma táctica de las juntas de 1808, interpretada ahora en sentido liberal a través de la Constitución que servía de bandera.

Ante esta presión de las ciudades, el monarca se vio obligado a jurar la Constitución por primera vez el 9 de marzo de 1820. Se inauguraba así un nuevo periodo constitucional que solo duraría tres años, el llamado Trienio Liberal. Ese mismo día se creó una Junta Provisional Consultiva que se convirtió en un poder en transición a la espera de la reunión de Cortes. La junta actuó rápida y diligentemente. Decretó una amnistía para los liberales encarcelados, la proclamación de los decretos de las anteriores legislaturas, la restitución de los ayuntamientos constitucionales, de las diputaciones provinciales, la convocatoria de elecciones, la reunión de las Cortes, la supresión de la Inquisición, el restablecimiento de los jefes políticos, la libertad de imprenta, etcétera. En fin, se restableció la legislación liberal de 1810 a 1814 y la Constitución de 1812, lo cual supuso poner en marcha también el modelo de «Commonwealth» hispana, al volver a integrar a los territorios americanos que no se habían proclamado independientes o estaban bajo el control de la insurgencia, esto es, los territorios de los virreinatos de Nueva España y de Perú. Regresaba la Constitución y con ella el proyecto de un Estado ultraoceánico. Lo cierto es que la Constitución estaba planeada como un reglamento revolucionario, capaz por sí solo de poner en marcha y activar los resortes fundamentales del Estado liberal. Y en 1820 se evidenció. No nos extraña por ello que la Constitución fuera la pieza central del liberalismo, que será mitificada durante muchos años por los diferentes partidos y movimientos democráticos en la historia de España.

REVOLUCIÓN Y REACCIÓN

Las nuevas Cortes iniciaron sus sesiones el 9 de julio de 1820. El primer gabinete liberal, integrado casi en su totalidad por hombres que habían sido represaliados por el absolutismo, marcó pronto las líneas de su gobierno, que seguiría las pautas del doceañismo. Así, y de inmediato, el régimen liberal se vio afectado por el enfrentamiento entre las Cortes y el rey, disputa que, lejos de relajarse, será una tensión constante y progresiva. Este enfrentamiento fue uno de los principales problemas de este periodo liberal y una de las grandes diferencias con respecto a la anterior coyuntura liberal, ya que esta vez el rey estaba «presente», a diferencia del anterior periodo constitucional, cuando estuvo «ausente».

En segundo lugar, estos tres años de liberalismo también van a estar marcados por la división entre las dos facciones liberales: doceañistas y exaltados. Los primeros tuvieron mayoría en la Cámara hasta el verano de 1822. Entre ellos destacaron Evaristo Pérez de Castro, Francisco Martínez de la Rosa, Agustín Argüelles, el conde de Toreno o Eusebio Bardají. Las diferencias dentro del liberalismo, ahora conjugado en plural, se pusieron de manifiesto en cuanto a la diversa interpretación que ambas facciones tenían de la revolución, de sus consecuencias y de sus beneficiarios. Los doceañistas planteaban sus medidas políticas teniendo como referencia máxima el texto constitucional, mientras que los exaltados, entre los cuales estaban Evaristo San Miguel, Romero Alpuente o José María Calatrava, querían una mayor profundización de las reformas políticas, sociales y económicas establecidas hasta el momento. Sin embargo, las diferencias se acentuaron especialmente con respecto al rey y sus continuas conspiraciones y maniobras obstruccionistas. Mientras los primeros eran más contemplativos, los segundos van a iniciar no solo una crítica política contra el monarca, lo cual ya constituía una novedad en el liberalismo español, sino también, de forma clara, van a proponer la supremacía de las Cortes frente al rey y la subordinación y acatamiento de este al Estado liberal, así como la reclamación de responsabilidades políticas por sus continuos devaneos con la Santa Alianza.

Durante estos años se iba a producir una explosión de la prensa, producto del momento de libertades, tanto políticas como económicas. Un sinfín de hojas volantes, pasquines, folletos, periódicos e incluso diarios surgieron en toda la geografía peninsular y americana. El 22 de octubre de 1820 se estableció una ley de imprenta que sucedió a la elaborada por las Cortes de Cádiz en 1810, que iba a ser criticada por los exaltados por considerarla moderada. La lucha de la palabra de los años diez, dejó paso a la lucha de la palabra impresa en los años veinte. Palabra impresa que se leía en cafés, tertulias y plazas públicas para enseñanza y conocimiento de la población. La política se empezaba a trasladar a la calle de una forma muy acelerada. Igualmente iban a ser instrumentos del liberalismo, especialmente de los exaltados, las denominadas «Sociedades Patrióticas», verdaderos altavoces y centros de politización de la sociedad que actuaron de propagandistas del liberalismo, sobre todo entre las capas urbanas.

Con todo, estos tres años sirvieron para que no solo se pusieran en marcha los decretos gaditanos, sino que estos fueran enmendados, reformados, superados o completados. Además de los decretos referentes a libertades económicas y de mercado, como la libertad de comercio, arrendamiento, explotación, cercamiento de fincas o la abolición del régimen señorial, la reducción del diezmo a la mitad, la ley de desvinculaciones, de desamortización de las tierras de la Iglesia, la reforma de los eclesiásticos regulares, la supresión de la Compañía de Jesús o una reforma tributaria, también se van a reformar las leyes relativas a las Fuerzas Armadas, como la ley constitutiva del ejército, que establecía la existencia de dos instituciones para la defensa del Estado liberal: el Ejército Nacional y la Milicia Nacional.

Las Cortes y el liberalismo urbano y popular se lanzaron a concluir lo que habían empezado diez años antes y que la reacción absolutista de 1814 había abortado, si bien, como hemos dicho, el contexto era notoriamente distinto: no había una coyuntura de guerra y revolución en España y Europa, sino todo lo contrario, primaba la alianza política y militar de las monarquías absolutas.

En América, los seis años de represión absolutista fueron casi decisivos para frustrar la vía autonomista del liberalismo gaditano plasmado en la Constitución de 1812. Ello condujo a las filas de los insurgentes a muchos criollos «equilibristas» que tenían en el autonomismo del liberalismo gaditano la opción política más viable para transformar el régimen colonial. En especial porque la insurgencia debía contar con las clases populares y movilizarlas armadamente contra el régimen metropolitano, tanto liberal como absolutista. Además, las capas criollas se encontraron con un problema añadido, como fue el bloqueo sistemático de las autoridades peninsulares en América en contra de los decretos liberales de las Cortes, lo cual se tradujo en una gran desconfianza hacia la Administración peninsular.

Un ejemplo de ello fue la sustitución del virrey Apodaca en Nueva España por Juan O’Donojú, político peninsular que participaba de los planes autonomistas novohispanos en las Cortes de Madrid. Los diputados americanos en las Cortes habían diseñado todo un plan autonomista que sería trasladado a la Administración territorial en las provincias americanas y, en segundo lugar, conseguirían una autonomía legislativa, económica y administrativa en América dentro de la monarquía española. Eran las últimas medidas de las Cortes tendentes a intentar trasladar a los criollos una propuesta atractiva para mantenerlos dentro de la monarquía constitucional y que no se fueran a las filas de la insurgencia. De esta manera, en mayo de 1821, los diputados americanos lograron que en cada intendencia hubiera una diputación provincial, argumentando criterios de población, territorio, distancia entre las provincias, malas comunicaciones, dispersión, y esgrimiendo razones históricas de la anterior división en intendencias. Era un paso más para la organización federal de la monarquía, objetivo de los autonomistas americanos.

El 4 de junio de 1821 llegaron noticias a las Cortes del Plan de Iguala que se había establecido en Nueva España, por el que, con el beneplácito del capitán general O’Donojú, prácticamente se propiciaba una independencia de Nueva España: la joya de la Corona. Ante esta situación, la iniciativa parlamentaria encabezada por el conde de Toreno para proponer a las Cortes las medidas convenientes para «la pacificación» de América se enfrentó con la oposición manifiesta del rey. Una vez más se explicitó la confrontación que engendraba la Constitución de 1812 entre el rey, América y la organización político-administrativa y jurídica de esa Constitución. Confrontación inadmisible para Fernando VII, que veía peligrar así su patrimonio real americano.

Las propuestas formuladas constituían toda una declaración de federación hispana. La diputación americana reclamó la creación de tres secciones de las Cortes en América, una en Nueva España, incluidas las provincias internas y Guatemala, la segunda en el reino de Nueva Granada y las provincias de Tierra-Firme y la tercera en Perú, Buenos Aires y Chile. Las capitales donde se reunirían serían México, Santa Fe y Lima, tendrían las mismas competencias que las Cortes generales y sus diputados, las mismas facultades que las generales en su territorio, a excepción de la política exterior. Además, se establecería un ejecutivo designado por el rey entre sus familiares, cuatro ministerios —Gobernación, Hacienda, Gracia y Justicia, Guerra y Marina—, un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo de Estado en cada una de las secciones. Reclamaban también libertad de comercio entre la Península y América, igualdad de derechos entre americanos y peninsulares para ocupar los cargos públicos y se comprometían a la entrega de 200 millones de reales en seis años para pagar la deuda exterior, de 40 millones de reales anuales para los gastos de la Marina y al pago de toda la deuda pública contraída en su territorio. Los representantes americanos seguían creyendo firmemente en la validez legislativa del modelo gaditano, pero descentralizando los tres poderes de Madrid: unas Cortes, un ejecutivo y un poder judicial propio, más, claro está, una Administración hacendística para controlar, recaudar y disponer de sus recursos económicos.

Quedaba el vínculo de unión, el símbolo mental, ideológico y religioso, la monarquía, como forma de gobierno, que no de Estado. Sin embargo, el plan no fue aceptado por las Cortes. El 30 de junio de 1821 se cerraban las sesiones de la legislatura. En agosto se firmaban los tratados de Córdoba en México, que fueron rechazados por las Cortes en la Península. El 27 de septiembre se promulgaba la declaración de independencia mexicana. Aquí finalizaba la trayectoria autonomista novohispana en las Cortes de Madrid.

En clave peninsular, un punto de inflexión de esta etapa fueron los sucesos de julio de 1822 en Madrid. Casi desde el comienzo del periodo constitucional se habían oído voces contrarias a las nuevas instituciones procedentes de diversos sectores, desde el clero, que veía en los liberales una amenaza directa contra su poder político y económico y contra su influencia social, hasta distintos miembros del aparato de la monarquía, del ejército, de la Administración municipal o de la pequeña nobleza que temían perder el estatus del que habían disfrutado hasta la fecha. Tampoco en el medio rural —más allá de la supresión de las cargas señoriales o del medio diezmo que, sin duda, podían haber complacido a muchos— se veía con demasiada aceptación el establecimiento del nuevo régimen, ya que lo primero que percibieron de él fue un cambio en las reglas del juego, importantes trastornos en el orden social y la irrupción de nuevos responsables de la mediación entre los poderes públicos y la ciudadanía, tanto en el ayuntamiento como en la milicia, cuyas consecuencias iban a ser imprevisibles. Sin embargo, pese a las voces discrepantes y la desconfianza, hasta 1821 no se registran acciones armadas de importancia. En este momento tuvieron lugar algunos levantamientos y comenzaron a circular en distintos lugares de la monarquía partidas absolutistas que extendieron la idea de contestación del orden constitucional, difundieron un discurso contrarrevolucionario que evocaba la Guerra de la Independencia e intentaron contagiar, sin demasiado éxito, el entusiasmo realista entre la población. También ese año fue descubierta la conspiración de Matías Vinuesa, que contaba con apoderarse del gobierno y poner fin al régimen liberal.

Fue el año 1822 cuando la apuesta anticonstitucional subió de tono. Lo hizo en todos los ámbitos. El común denominador era el papel central que el rey ocupaba en estos movimientos. Se lanzaron mensajes diplomáticos en distintas direcciones transmitiendo la insatisfacción de Fernando VII con la situación y manifestando, en función del destinatario, la posibilidad de modificar el régimen con una carta constitucional más moderada —Inglaterra o Francia— o con la vuelta al absolutismo —Rusia o Nápoles—. En mayo tuvieron lugar varias sublevaciones militares con ramificaciones en Valencia, Andalucía, Murcia o Aranjuez que contaban con triunfar en Madrid, pero que no alcanzaron su objetivo. También la insurrección armada consiguió un avance importante con la toma de la Seo de Urgel por El Trapense en junio y el establecimiento a mediados de agosto de una junta absolutista bajo la presidencia del marqués de Mataflorida, lo que permitió ofrecer hacia el exterior una imagen más definida de la contestación interna a la que tenía que hacer frente el régimen.

Aun así, lo que elevó definitivamente el nivel de la acción antiliberal fue la sublevación de cuatro batallones de la Guardia Real el 1 de julio de 1822 que se dirigieron a El Pardo esperando que el rey se les uniera y se pusiera al frente de las operaciones. Fernando VII permaneció en Madrid y, rodeado de algunos fieles absolutistas, neutralizó el Gobierno del moderado Martínez de la Rosa haciéndole ir a palacio, donde fue retenido. Cuando el 7 de julio las tropas sublevadas se dirigieron sobre la capital, ciudadanos movilizados por el ayuntamiento, la Milicia Nacional y soldados comandados por el general Evaristo San Miguel hicieron frente a los sublevados y los derrotaron. La posición del rey quedó muy debilitada por la evidente implicación en los sucesos, que se eludió atribuyendo la responsabilidad a sus pérfidos consejeros. La ficción permitía mantener en pie la monarquía constitucional, pero no impidió que los exaltados llegaran al poder a comienzos de agosto con el propio San Miguel al frente.

Ninguna de las acciones interiores destinadas a terminar con el régimen constitucional parecía conducir al éxito. Ni siquiera la Regencia de Urgel, cuya autoridad había sido reconocida por las partidas realistas que actuaban en el tercio noreste peninsular, consiguió resultados relevantes. Pronto aparecieron problemas internos que desembocaron en la creación por parte de Francisco Eguía de otra junta paralela a la Regencia y con los mismos fines, pero la falta de recursos hizo que fuera difícil su mantenimiento. Finalmente, Francisco Espoz y Mina lanzaría una ofensiva contra la Seo de Urgel, tomando la población y obligando a huir a la Regencia. En estas condiciones, los realistas tuvieron que concentrar sus expectativas en el apoyo exterior. El modelo que debía seguirse parecía claro, después de la intervención austriaca, que en abril de 1821 había acabado en el reino de las Dos Sicilias con el régimen constitucional inspirado en la Constitución española de 1812: la acción militar extranjera.

Este clima de confrontación ayudó a que la Milicia Nacional se radicalizara, sobre todo en el ámbito de las ciudades. A ello contribuyó también la progresiva incorporación a sus filas de artesanos, asalariados y trabajadores urbanos que reclamaban medidas liberales, casi democráticas, mucho más contundentes contra las conspiraciones de nobles y clero, frente a la tibieza de algunos mandos militares, y, como gran novedad, contra la institución monárquica con el fin de responsabilizarla de la inestabilidad política y social del momento. Esta facción del liberalismo radical estuvo liderada por dos grupos singulares: las logias masónicas, más moderadas, formadas entre la clase dirigente y que abogaban por una transición estable y pacífica hacia un régimen de libertades y constitucional, y los comuneros, la versión más radical de los exaltados con propuestas de un temprano republicanismo.

El reto para los liberales era profundizar en el proyecto constitucional, mantener América mediante una fórmula liberal y autonomista y sobrevivir en el contexto absolutista del Congreso de Viena, y todo ello teniendo a la cabeza de las instituciones un rey que no solo no contribuía a conseguir el objetivo, sino que estaba abiertamente en contra y lideraba acciones en distintos planos para hacerlo naufragar. Desde la llegada de los exaltados al gobierno su actividad conspirativa se hizo más fácil, ya que el mensaje de estar cautivo de los revolucionarios liberales se transmitió con mayor eficacia entre las principales cortes europeas. España se iba dibujando cada vez de forma más clara como un problema para el equilibrio europeo establecido tras la derrota de Napoleón. Fernando VII, en opinión de sus homónimos europeos, no solo estaba perdiendo la guerra en América, lo cual implicaba que Gran Bretaña saliera notoriamente fortalecida al estar firmando tratados bilaterales comerciales y diplomáticos con los gobiernos insurgentes, sino que, además, había jurado la Constitución y no había podido derribar durante más de dos años el régimen liberal. Es más, a la altura de 1822 estaba diseñando sus reformas en un sentido cada vez más democrático.

Finalmente, las reiteradas demandas de Fernando VII invocando los principios del Congreso de Viena y la defensa del legitimismo en España fueron atendidas en un nuevo congreso que tuvo lugar en Verona en noviembre de 1822. La voluntad de intervención de las potencias europeas fue tan decidida que provocó la reacción de Estados Unidos de América, excolonia inglesa y con un Estado liberal y republicano federal. En lo que más tarde sería formulado como la Doctrina Monroe el gobierno estadounidense puso límites al campo de acción de las citadas potencias ante la posibilidad de que, en su perspectiva eurocéntrica, se propusieran extender su ánimo restaurador a territorio americano.

En Verona, Francia obtuvo carta blanca para llevar a cabo una operación contra el régimen constitucional español, si este no liberaba al rey y corregía en sentido conservador algunos aspectos de su sistema político. Para situar al gobierno contra la pared, las principales potencias enviaron notas diplomáticas durante el mes de enero en las que exigían unas modificaciones que aquel no podía aceptar sin asumir un enorme desprestigio. La airada respuesta del Gabinete de San Miguel proporcionó a las potencias la justificación que necesitaban para dar vía libre a la invasión y a Luis XVIII, las condiciones propicias para una intervención que le interesaba en términos de política interna para cohesionar el apoyo a la Corona mediante una aventura exterior. En consecuencia, un ejército francés compuesto por 100.000 hombres y bajo el mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, iniciaba su invasión de la Península en abril de 1823. Las Cortes españolas intentaron presentar esta nueva invasión francesa como una reproducción de los acontecimientos de 1808, pero esta vez no hubo respuesta. Los ejércitos invasores eran, como en el pasado, franceses, y, sin embargo, no se produjo una reacción «nacional». ¿Qué había cambiado? Lo sucedido con la ocupación francesa de 1823 corrobora el carácter contrarrevolucionario de la movilización de 1808. Lo que movía a los sectores realistas españoles no era impedir una invasión extranjera, sino oponerse a los planes revolucionarios que aquellas tropas traían consigo. Por eso, en 1823, los realistas no solo no se opusieron a la entrada de un gran ejército francés, sino que se pusieron a su cabeza, le abrieron paso y le facilitaron la consecución de sus objetivos militares.

Fernando VII, una vez más, había jugado bien sus bazas absolutistas. Durante los meses precedentes había destinado a capitanías generales claves en la Península a mandos de su confianza. La connivencia de estos con el rey fue notoria, tanta como su tibieza para enfrentarse militarmente a las tropas francesas. A lo cual había que unir la posición mayoritaria del clero a favor de la restauración, la división de los constitucionales y la ausencia de buena parte de la oficialidad liberal que seguía en América luchando contra la insurgencia, como Baldomero Espartero, José de la Serna, Jerónimo Valdés o José de Canterac, quienes diez años después ocuparían puestos de responsabilidad en el ejército liberal en la Guerra Carlista, especialmente a partir de 1836. Por el contrario, fue muy dudosa la actuación de otros altos oficiales como Pablo Morillo o Francisco Ballesteros ante la invasión francesa. Espoz y Mina, desde Cataluña, será el único en ofrecer resistencia hasta el último momento, y Barcelona, la última ciudad en rendirse.

Ante el avance de las columnas del ejército invasor francés por los dos ejes ya clásicos utilizados 15 años antes, San Sebastián-Vitoria-Madrid y valle del Ebro-Zaragoza, las Cortes se trasladaron el 20 de marzo a Sevilla, y obligaron al rey a que fuera con ellas. Como la situación se agravaba por días, las Cortes proyectaron desplazarse a Cádiz y, al igual que antaño, resistir desde esta ciudad. Esta vez el recurso a un potencial exilio en América ya no era viable, dado que en 1823 la mayor parte de los territorios continentales era independiente, excepción hecha de Cuba y Puerto Rico. Siguiendo la táctica de resistir para poder ser «liberado», Fernando VII se opuso frontalmente al traslado, lo que forzó al gabinete liberal, presidido por José María Calatrava, a declarar la enajenación del monarca. La fractura era ya total. Fernando VII, ahora sí, ponía contra las cuerdas el programa de los liberales apoyado sobre el modelo de una monarquía constitucional. La respuesta de las Cortes fue nombrar una Regencia.

Por segunda vez, las Cortes se trasladaron a Cádiz, abrieron sus sesiones y organizaron la resistencia desde la emblemática plaza del liberalismo doceañista. Allí se mantuvieron durante meses, hasta que la situación se hizo insostenible. Hasta Cádiz llegaron las noticias de las derrotas de los destacamentos fieles a la Constitución, de la connivencia de notorios militares y civiles con la trama e invasión absolutista y de la creación de una Regencia en el Madrid ocupado bajo la presidencia del duque del Infantado. Finalmente, el 1 de octubre, Fernando VII fue liberado y dos días más tarde las tropas francesas entraban en la Isla de León. Para entonces, la vuelta al absolutismo era ya un hecho en la mayor parte de la Península. Y, mientras en esta se restauraba por segunda vez el régimen absoluto, América continental se libraba de él, con el epílogo, un año después, de la batalla de Ayacucho.

La aparente facilidad con la que el ejército francés se había impuesto militarmente sobre el suelo peninsular puso de manifiesto algunas de las debilidades del régimen constitucional. En primer lugar, no había conseguido ampliar lo suficiente su base en las clases populares, un déficit que se hacía especialmente grave en el campo, donde el mensaje liberal tardó en llegar y, cuando lo hizo, fue recibido con desconfianza. En segundo lugar, la monarquía, que, pese a constituir la espina dorsal del régimen, nunca había dejado de ser un serio obstáculo para su desarrollo, lo que generó una constante contradicción interna que abrió las puertas a la intervención exterior. En tercer lugar, la apertura del espacio político a la participación propiciada por la Constitución no se correspondió con un fortalecimiento paralelo de las instituciones surgidas de ella y primaron las tensiones internas por encima del objetivo común de poner a salvo los logros de la revolución. En definitiva, el régimen se vio expuesto en un estadio muy temprano al reto de una invasión militar que no pudo superar y que puso en evidencia la importancia que habría tenido para la estabilidad del régimen la búsqueda de apoyos internacionales de los que el sistema constitucional nunca dispuso.

OTRA VEZ EL ESTADO ABSOLUTO

Las fuerzas contrarrevolucionarias se impusieron en 1823, pero cada nuevo episodio restaurador parecía más costoso, más difícil, que el anterior. En esta ocasión, para conseguir el éxito no había bastado con el prestigio del monarca y con los apoyos que conservaba en el seno del aparato del Estado, sino que fue necesaria una importante colaboración exterior que comprometía la independencia del país. De hecho, las tropas francesas permanecieron en suelo español durante años colaborando con Fernando VII en el objetivo de sostener el régimen. La otra cara de esta creciente debilidad de las fórmulas restauradoras fue la represión. En los meses que siguieron a la caída del orden constitucional, un huracán de violencia descontrolada se extendió por todo el país situando en su punto de mira a quienes habían destacado por su militancia liberal, especialmente los milicianos nacionales, pero también aquellos que habían ocupado puestos de responsabilidad en la Administración o en las instituciones. Es la causa de que comenzara un nuevo exilio liberal, que tendría el efecto de generar un colectivo identificado con el proyecto constitucional y que sostuvo desde el extranjero a partir de este momento la expectativa de una reinstauración del texto gaditano. Después vendría la represión oficial, aquella impulsada desde las instancias de poder y que afectó tanto a la Iglesia como a la Administración. En la Iglesia se vieron sus efectos desde la cúspide —cinco obispos debieron renunciar— hasta la base, donde se persiguió a los curas liberales y a los religiosos secularizados. En el ámbito civil los empleados tuvieron que someterse a un proceso de purificación de su comportamiento durante el Trienio Liberal y también fueron sometidos a la misma inspección los catedráticos y estudiantes de las universidades y las mujeres que percibían pensión del Estado. A todo habría que sumar el establecimiento de las comisiones militares ejecutivas y permanentes y de la policía que, reorganizadas a comienzos de 1824, tenían como uno de sus principales objetivos la persecución de los liberales.

La represión se endureció especialmente en dos ámbitos muy importantes: el ejército y la universidad. Por lo que respecta a las universidades, la depuración comenzó en junio de 1824 al quedar vacantes las cátedras que ocupaban profesores señaladamente liberales. El modelo de universidad pública que había creado el Estado liberal fue suprimido y se restableció la Universidad de Alcalá como referente de universidad de Antiguo Régimen, si bien en 1824 se implantó un nuevo plan de estudios para las universidades con el objeto de centralizar las directrices de todo el ámbito universitario. A estas medidas se unió en materia educativa el Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras del Reino en febrero de 1825 con el objetivo de influir ideológicamente en la enseñanza primaria, que pasó a ser competencia exclusiva de las órdenes religiosas.

En cuanto al ejército, Fernando VII desconfiaba de una oficialidad que había ascendido por méritos de guerra en las numerosas contiendas peninsulares y americanas y sobre la que había perdido buena parte del control que le proporcionaban la gracia y el privilegio. Por ello negoció con la monarquía francesa que 45.000 soldados franceses se quedaran en la Península hasta 1828. Además, creó el cuerpo de Voluntarios Realistas como milicia política que se extendía por los municipios de todo el país, lo que le permitía un control directo sobre el territorio sin necesidad de recurrir al ejército. Los cuadros fueron nombrados entre los combatientes que durante el Trienio Liberal habían luchado en las partidas realistas y las filas se nutrieron mayoritariamente de individuos procedentes de las clases populares; tanto unos como otros fueron reclutados por su fidelidad realista. El modelo, sin embargo, era el de la Milicia Nacional creada por los liberales unos años atrás pero adaptado ahora a la necesidad del sostenimiento del absolutismo. El éxito será tan notable que los Voluntarios Realistas se convertirán en auténticos guardianes de las esencias absolutistas y presionarán al rey y al gobierno para que su acción se mantenga en posiciones radicales.

Pese a este planteamiento radical de la restauración, el régimen adoptó en otros ámbitos, sobre todo en materia económica, directrices pragmáticas surgidas muchas veces de la necesidad. Esto no fue óbice para que se abandonara el sistema contributivo de proporcionalidad y uniformidad de la contribución directa del liberalismo, que tanto molestaba a la nobleza. Este pragmatismo fernandino, unido al incumplimiento de promesas económicas hechas a los combatientes de las partidas absolutistas o la negativa a restablecer la Inquisición, provocó, casi desde los primeros momentos, el descontento en medios realistas, lo que constituyó un inesperado foco de oposición ubicado en posiciones ultras. Aquí encontrarán su fundamento la serie de pronunciamientos realistas, como el de Capapé en 1824, tras el cual probablemente se hallaba el entorno del infante don Carlos, o el del general Bessières en agosto de 1825. Esta tensión desembocaría en la insurrección catalana de 1827, la denominada Guerra de los Malcontents, que protagonizaron las capas populares, el bajo clero y los voluntarios realistas que, en un contexto de crisis económica, reclamaban un mayor endurecimiento del régimen absoluto frente a medidas reformistas.

Al mismo tiempo el absolutismo también se vio amenazado por los pronunciamientos liberales que protagonizaron destacados oficiales en el exilio. A diferencia del periodo absolutista anterior, en esta ocasión la mayor parte de las intentonas liberales se produjeron desde el exterior. La más notoria de las ocurridas durante estos años fue protagonizada por uno de los héroes de la Guerra de la Independencia y que tenía ya el rango de general: Juan Martín, El Empecinado. Igualmente, en 1827, se creó la Junta de Londres, liderada por José María Torrijos, que inició contactos con los liberales portugueses para conseguir la utopía insurreccional de crear una Unión Ibérica con el emperador de Brasil como núcleo aglutinador. No se limitó solo a esto, pues, en 1829, se puso también en contacto con insurgentes americanos, en especial con mexicanos, para iniciar planes conjuntos contra la monarquía. La coyuntura europea parecía favorecerles porque, en julio de 1830, se produjo la revolución liberal en Francia. Tratando de imitar el éxito de Riego en 1820, Torrijos y sus hombres desembarcaron en Málaga en diciembre de 1831, pero el proyecto insurreccional fue un fracaso y acabó con su fusilamiento.

Aunque en los aspectos políticos el régimen mantuvo sólidamente sus bases en el absolutismo, en las cuestiones económicas recurrió, como había sucedido en el Sexenio Absolutista, a personajes ilustrados en busca de salidas económicas a la perentoria crisis hacendística de la monarquía. De esta forma se creó, en enero de 1824, la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, se estableció una legislación sobre minas y, en octubre de ese mismo año, se publicó un reglamento de aranceles. Para intentar solucionar la problemática económica se creó la Gran Caja de Amortización de la Deuda y la obligatoriedad del presupuesto anual y de gastos de cada ministerio. La Hacienda absolutista intentaba hacer frente así a las consecuencias de la pérdida del mercado exterior americano y de los ingresos provenientes de los impuestos aduaneros. A la altura de 1826 los excedentes coloniales habían dejado de existir. Solo quedaban los de las Antillas y Filipinas.

Acerca de la importancia que para el desarrollo económico supuso la pérdida de las colonias americanas se mantiene un intenso debate. En un lado se sitúan las tesis que postulan que este hecho fue trascendental para condicionar el crecimiento económico de sectores industriales, agrícolas y comerciales de la monarquía española. En otro, quienes abogan por una tesis contraria que sostendría que el ulterior desarrollo económico español estaría basado en una reactivación comercial con las repúblicas americanas y en el desarrollo industrial debido a la entrada en competencia en un mercado de laissez faire y no monopolístico como el colonial. Lo cierto es que el monopolio del comercio americano se perdió y la burguesía comercial e industrial tuvo que recurrir para su desarrollo al mercado interior y a preservar el antillano.

La crisis hacendística se intentó paliar con el aumento de ingresos de viejas rentas y el restablecimiento de las rentas provinciales, pero, con todo, la contradicción seguía existiendo, ya que cualquier medida que chocara con la exención fiscal de los privilegiados estaba condenada al fracaso. La difícil situación se intentó abordar con medidas como la creación, entre 1829 y 1831, del Banco de San Fernando, del Código de Comercio y de la Bolsa de Comercio. Con ello se pretendía crear un mercado financiero y reorganizar los parámetros de intercambio y de monedas interiores. Sin embargo, estas medidas no tuvieron una repercusión importante en el saneamiento de la economía.

Y en este contexto económico, político y social tuvo lugar el problema sucesorio. Fernando VII se casó, en cuartas nupcias, con María Cristina de Borbón, hija del rey de Nápoles y sobrina suya, el 11 de diciembre de 1829. La reina estaba ya encinta cuando, en marzo de 1830, fue publicada la Pragmática Sanción decretada por el rey Carlos IV en 1789. Esta ley suponía la derogación del principio de agnación establecido por Felipe V que impedía el acceso de las mujeres al trono cuando existía un varón en la línea principal o lateral. De este modo, el hijo del rey que estaba por nacer, cualquiera que fuera su sexo, llegaría con todo su derecho a sucederle en la Corona de España. Fernando, que no había tenido descendencia en sus tres matrimonios anteriores, en octubre de 1830 fue padre de una niña, la futura Isabel II. Con ello quedaba cerrado el camino del trono a su hermano el infante don Carlos, que se había dibujado desde hacía tiempo como el príncipe que podría colmar las expectativas de los sectores ultraabsolutistas del país.

La cuestión sucesoria ya se perfilaba como un problema cuando el triunfo de la Revolución de Julio, que provocó la caída de los Borbones en Francia, hizo todavía más compleja la situación. El acceso al trono de Luis Felipe de Orleans, el rey burgués, tensó las relaciones entre ambas monarquías. La española se negó a reconocer al nuevo titular. Por su parte, la actividad de los exiliados españoles al otro lado de la frontera francesa se hizo más intensa al amparo de una actitud más permisiva de las autoridades, siendo posible constituir una junta en Perpiñán con el apoyo de banqueros, políticos e incluso autoridades de la nueva monarquía constitucional.

Casi al mismo tiempo iban a producirse intentonas liberales de entrar en el país para forzar un cambio político, como la de noviembre de 1830 protagonizada por Francisco Espoz y Mina en la frontera vasca. Después de algunos años sin que los liberales constituyeran una verdadera amenaza para el régimen, comenzaban a sonar las armas y los nombres de aquellos que traían al presente las expectativas de un cambio en sentido constitucional. La respuesta de Fernando VII fue rearmar la frontera y asignar el mando de las regiones conflictivas a oficiales de su confianza.

Era evidente que un trono sometido a tensiones que procedían tanto de la derecha ultraabsolutista como de la izquierda liberal iba a verse en una frágil situación cuando la figura que había sido capaz de dar continuidad a la política española de los últimos 25 años desapareciera. Así pudo comprobarse en la crisis del verano de 1832, cuando, gravemente enfermo Fernando, y ante la presión de los sectores carlistas, aceptó derogar la Pragmática Sanción para evitar una guerra civil. Sin embargo, la recuperación del rey y la conciencia de la presión ejercida por los cortesanos en favor de don Carlos permitieron a Fernando VII reaccionar y a la reina preparar el terreno para el día en que la desaparición de su esposo fuera una realidad. María Cristina, en condición de regente temporal, depuró el ejército y el aparato administrativo de la monarquía de elementos carlistas y situó en su lugar a hombres fieles que le permitieran controlar la situación en el horizonte inmediato de una crisis sucesoria. No perdió el tiempo y así, cuando el 29 de septiembre de 1833 fallece el rey Fernando, su posición era mucho más fuerte que un año antes y los carlistas se vieron obligados a asaltar las instituciones desde fuera. La temida guerra civil que había planeado sobre los últimos meses del reinado iba a ser una realidad. Por eso María Cristina, con el fin de instalarse de manera más estable en el poder, había comenzado a aproximarse a los sectores moderados del liberalismo, los únicos que en aquella situación podían ayudarle a conseguir que su hija, la futura Isabel II, llegara a ocupar el trono.

ESPAÑA EN EL MUNDO

José María Portillo

Entre fines del siglo XVIII y la década de los años treinta del siglo siguiente, la monarquía española vivió una sucesión de procesos de crisis y revoluciones seguidos de otros de restauración más o menos efectiva del orden previo a la crisis. Todo ello determinó la evolución posterior tanto de la matriz de aquella monarquía como de todo el complejo territorial que la conformaba. Utilizando una imagen creada por José Ortega y Gasset, podríamos decir que es en este momento —y no en el siglo XVII, como proponía el filósofo— cuando asistimos a un proceso de contracción de España que continuará hasta 1898, y cuyo resultado será la geografía española que hoy conocemos. España como nación surge, efectivamente, en ese contexto, en el que también se iban a conformar otros cuerpos políticos independientes resultantes de su crisis. En 1825, el dominio ultramarino español había quedado reducido a posesiones insulares en el Caribe (Cuba y Puerto Rico) y en el mar de China (Filipinas y otras islas dependientes de su gobierno). Estamos, por tanto, ante un caso único de disolución imperial, un caso que provocó la experiencia más compleja en el proceso de formación de naciones y construcción estatal del hemisferio occidental.

Durante este periodo, dicho sea de otro modo, asistimos a un proceso por el que España pasa de tener su mundo a reinsertarse en el orden internacional como un Estado de escaso relieve, poseedor de algunas colonias, pero difícilmente candidato a participar en el «pastel» de la expansión colonial europea del Ochocientos. El contexto en el que ese mundo hispano se rearticula en un orden de Estados independientes lo es de emancipaciones y revoluciones constitucionales. Con la Declaración de Independencia de las colonias inglesas de América del Norte, cuyo texto, fechado el 4 de julio de 1776, se convirtió en un documento global utilizado repetidamente desde entonces, se abría un proceso de revolución constitucional que desde 1789 tuvo su continuación en Europa. La independencia se entendió entonces como una actuación en el ámbito del derecho de gentes y ante las demás naciones que anunciaba la existencia de un nuevo sujeto en ese espacio. Como explicaban a la sazón los manuales más usados de este derecho de gentes (el hoy llamado «Derecho Internacional»), nación era aquella comunidad de hombres libres capaz de gobernarse a sí misma por su propia autoridad y leyes, y sin dependencia de otra soberanía, aunque estuviera vinculada con otro cuerpo político mayor. La relevancia de la declaración de independencia como acto político, que se inaugura, como hemos dicho, con la estadounidense, consistió en el hecho de vincularla con la necesidad de una Constitución que redefiniera el orden político de la nueva nación.

Esta combinación entre independencia y Constitución se mostraría con toda contundencia en el escenario hispano que abarca desde el inicio de su crisis, en 1808, hasta la consolidación de las naciones resultantes de la misma a lo largo de la centuria. La actuación sobre la monarquía por parte de Napoleón Bonaparte conllevó el que la crisis española no se resolviera únicamente en una cuestión interna, sino que se trasladara, desde sus inicios, al espacio del derecho de gentes. Y será en ese mismo espacio en el que comenzarán a querer moverse algunos territorios de la monarquía, por ejemplo, Venezuela, desde el momento en que sus élites dirigentes opten por una resolución propia de la crisis en términos constitucionales. No es otra la idea que transmiten también los dos primeros artículos de la Constitución española de 1812: soberanía nacional e independencia o, dicho de otro modo, constitución en el contexto de la existencia nacional en términos del ius gentium.

Este cruce entre constitucionalismo e independencia de la nación como sujeto del derecho de gentes provocó asimismo que durante todo este periodo, o buena parte del mismo, las posibilidades de imaginar el Atlántico hispano se multiplicaran extraordinariamente. La existencia de una serie cambiante de repúblicas independientes que, a lo largo de la centuria, se consolidaron en el mapa político que hoy conocemos a ambos lados del Atlántico hispano no tuvo por qué constituir el único resultado posible en los momentos de la crisis y de la transformación de la misma en una cuestión constitucional. Más bien al contrario, ese habría sido posiblemente el resultado más disparatado vistas las cosas desde la perspectiva de los contemporáneos de la crisis. Fue en la propia experiencia que hubo de esta a un lado y otro de ese mundo hispano como se abrió paso la idea de conformación de Estados independientes, entre ellos España.

Sin embargo, también se vislumbraron por entonces otras posibilidades de combinación y rearticulación en un cuerpo político común de aquel gigantesco conjunto de territorios. En buena parte de aquellos territorios no fue en absoluto descabellada la posibilidad de compartir nación y constitución general de todo el anterior imperio, a la vez que, como pueblos por sí mismos, procedían a dotarse de su propia Constitución. Ausente aún un principio de nacionalidad que concibiera la nación como un sujeto trascendente de la voluntad política, tampoco se asociaba necesariamente aquella a una exclusividad estatal: se podía ser «pueblo independiente» como parte de la nación y de la monarquía española, como propusieron no pocos proyectos políticos entonces en América, o como entendieron vizcaínos, guipuzcoanos o alaveses al leer el texto constitucional de 1812. Si a lo largo del proceso de revolución y reacción que vivió la monarquía española entre 1808 y 1833 los territorios americanos se fueron decantando por establecer espacios políticos independientes y por romper toda vinculación política con España, habrá que buscar la explicación en la experiencia de la crisis, tan distinta para unos y otros «españoles».

UNA MONARQUÍA ENTRE IMPERIOS

Las consecuencias de la Guerra de los Siete Años (1757-1763)

Una de las ideas más repetidas por parte de la Ilustración europea fue que la monarquía española había quedado descolocada en el contexto político e intelectual del Setecientos. Pensadores de la talla de Montesquieu o Edmund Burke llegaron incluso a afirmar que España estaba tan debilitada internacionalmente que debería ser sometida a tutela por parte de alguna otra potencia europea —pensando cada cual en la propia como beneficiaria, por supuesto—. Si bien es cierto que cuando finalmente Napoleón Bonaparte lo intentó en 1808 pudo comprobar que no era tan sencillo llevar a cabo este proyecto, lo que estos pensadores u otros estaban poniendo de manifiesto era el hecho de que, a mediados del siglo XVIII, España constituía una monarquía de unas dimensiones descomunales para la relevancia que tenía en el complicado escenario internacional de los imperios comerciales y del equilibrio de potencias que se había configurado entre la Guerra de Sucesión española (1702-1713) y la de los Siete Años (1756-1763).

Entre ambos conflictos, en efecto, se configuró en Europa un nuevo esquema de hegemonías, en el que las potencias relevantes resultaron ser Inglaterra, Francia, Prusia, Austria y Rusia. Tanto Suecia en la Guerra del Norte, finalizada en 1721, como España después de la Guerra de Sucesión habían quedado mermadas como potencias europeas. Y si Suecia tuvo que ceder la hegemonía en el norte en favor de Rusia, España vio cómo al final del mencionado conflicto se reducía drásticamente su presencia en Europa, al verse obligada a ceder sus posesiones en los Países Bajos e Italia y al perder enclaves estratégicos en el Mediterráneo (Gibraltar y Menorca). Consiguió, no obstante, mantener intacto su enorme dominio ultramarino en América y Asia, lo que desde entonces iba a constituir uno de los motivos de reflexión política más relevantes en la monarquía borbónica.

A partir de ese momento, pues, España se vio encajonada como potencia entre Inglaterra y Francia. La diferencia entre estas dos de cara al diseño de la política de Estado española consistió en tres factores fundamentales: a saber, que Francia era una monarquía católica; que no tenía un imperio colonial, sobre todo americano, que pudiera parangonarse al español, y que la dinastía española y la francesa se regaban de la misma sangre borbónica. Al hacerse cargo de la monarquía española, el duque de Anjou había recibido de su abuelo, Luis XIV, el consejo de actuar como rey de España sin olvidar que había nacido francés. Fue todo un dictamen que informó la política exterior española durante buena parte de la centuria, contribuyendo a orientar la política de alianzas en los conflictos más relevantes que se presentaron por entonces.

Los conocidos como Pactos de Familia formalizaron esta estrecha relación entre la corte de Madrid y la de París en tres ocasiones, dos durante el reinado de Felipe V (1733 y 1743) y una durante el de Carlos III (1761). Con el prudente paréntesis del reinado de Fernando VI —quien observó una muy beneficiosa política de neutralidad que le permitió jugar entre ambas bazas—, España optó por la compañía francesa frente al espectacular incremento de la hegemonía británica, que en América se tradujo en el control de la franja oriental de América del Norte y en un permanente cuestionamiento de la tradicional delimitación del dominio hispano, sobre todo en áreas de especial interés colonial como Honduras y el sur de Yucatán.

La firma del tercer Pacto de Familia en 1761 por parte de Carlos III conllevó la implicación española en el conflicto conocido como Guerra de los Siete Años, en el que Francia e Inglaterra midieron sus fuerzas como potencias hegemónicas, no solo en Europa sino también en América y Asia. La entrada de España en este conflicto se produjo en 1762, a tan solo un año de su final, y sus resultados fueron diametralmente opuestos a los esperados. Francia y España tuvieron que rendirse a la evidencia de la mayor capacidad británica en términos globales, lo que a España le costó la experiencia de ver en manos inglesas una de las joyas de la Corona, La Habana, además de Manila. Ambas las recuperaría en la Paz de París (1763) a cambio de la cesión de las dos Floridas (lo que Francia trató en parte de compensar mediante la cesión de la Luisiana). Sin embargo, ni Gibraltar ni Menorca volverían entonces a dominio español, tal como preveía la estrategia inicial; además, se tuvo que ceder a Portugal de nuevo Colonia de Sacramento. Inglaterra, por su parte, se hizo con el control del norte de América, obteniendo una muy ventajosa posición respecto del comercio internacional y consolidando un circuito que comunicaba Europa, América, India y Asia.

La Guerra de los Siete Años fue el primer conflicto europeo que en buena medida se dirimió fuera de Europa, y su resultado para España, claramente negativo, ratificó la precariedad de esta como potencia europea, así como la necesidad de replantearse el gobierno de la monarquía con el fin de poder mantenerla en el nuevo escenario internacional de los imperios comerciales. El año anterior a la Paz de París, justo inmediatamente antes de la entrada de España en ese conflicto, Pedro Rodríguez de Campomanes, por entonces en pleno proceso meritorio en una carrera que posteriormente le llevaría a ocupar destinos de primer relieve en la monarquía borbónica, presentó a Carlos III un texto sobre el comercio de América que permanecería inédito. Al mismo tiempo, el ministro de la Real Junta de Comercio, Bernardo Ward, concluía, casi al final de su vida, su Proyecto económico, que posteriormente, en 1779, editaría el propio Campomanes. En ambos textos, que sintetizaban una intensa actividad desplegada en los años inmediatamente anteriores a la llegada de Carlos III al trono español, tenía lugar una profunda reflexión sobre el sentido que cabía dar a la monarquía española en el nuevo sistema internacional de imperios comerciales.

Como ya dejara apuntado en los años cuarenta el ministro de Felipe V José del Campillo, en un controvertido texto titulado Nuevo sistema económico para América (1743), el imperio no podía tener como referente ni la antigüedad ni tampoco el discurso que, elaborado en los siglos XVI y XVII, se centraba en la conversión de los «indios» como motivo esencial. Los nuevos exempla estaban a la vista de todos: Holanda, Francia y, sobre todo, la gran enemiga de la monarquía española, Inglaterra; y el éxito de todos ellos mostraba hasta qué punto resultaban envidiables. Campomanes, en su texto ya mencionado, reproducía textualmente un pasaje de El espíritu de las leyes (1748), de Montesquieu, donde se ponía de relieve cómo la diferencia esencial entre el imperio construido por la monarquía española desde finales del siglo XV y el de las otras naciones de Europa consistía en que el primero estaba pensado desde la conquista, mientras que los otros lo estaban desde el comercio. Lejos de entrar en polémicas con el pensador francés, Campomanes dio por buena esta opinión, haciendo causa común con una forma de pensar que, en los años finales del reinado de Fernando VI, se venía abriendo decididamente paso entre intelectuales y ministros de la monarquía y que, básicamente, consistía en pensar esta como un circuito comercial, debiendo la metrópoli encargarse de establecer unas reglas de juego que la beneficiaran frente a las demás naciones. Lejos de una idea abierta de libertad comercial, los proyectos que rondaron en los ambientes en que se movían Campomanes y Ward (Simón de Aragorri, Francisco de Craywinckel) proponían la creación de un circuito de exclusividad «nacional» que aprovechara para España un hecho objetivo detectado perfectamente por Campillo: a saber, la existencia a uno y otro lado del Atlántico de una significativa cantidad de súbditos y territorios dispuestos para el comercio. Dicho de otro modo, entre los años cuarenta y el momento en que España se embarcó en la Guerra de los Siete Años fue cundiendo la idea de que la monarquía había agotado su ciclo barroco y de que para su subsistencia precisaba ser pensada no desde la razón de religión, sino desde la razón de comercio.

La lección obtenida en 1763, tras el pulso con Inglaterra, puso de manifiesto que aquellos planteamientos deberían tener algún tipo de traducción práctica, en el sentido de que la monarquía tenía necesariamente que pensarse como un imperio. Ello implicaba que en su organización deberían introducirse algunas reformas profundas, con el fin de adaptar cada parte a la función que debía cumplir en un sistema imperial. A partir de los años sesenta, se acometieron reformas en dos ámbitos especialmente interesantes en lo relativo a la comprensión del nuevo modelo al que se aspiraba para el Atlántico hispano. Por un lado, en los años setenta se completó en América su peculiar Nueva planta, de manera que lo que hasta el siglo XVIII había sido concebido como dos grandes reinos con dependencias más o menos autónomas (Nueva España y Perú), se volvió notablemente más complejo. Así, en 1776, se crearon en el norte de Nueva España la comandancia y la capitanía general de las Provincias Internas (de Poniente y Oriente). El virreinato de Perú se desgajó en tres con la creación del de Nueva Granada (1717 y refundado en 1739), que abarcaba desde la audiencia de Panamá hasta la de Quito, y el del virreinato del Río de la Plata (1776), al que se le anexionó la audiencia de Charcas. Además, se crearon también las capitanías generales de Venezuela (1777) y Chile (1789), que de hecho funcionaban como virreinatos. Con todo ello se trataba de crear espacios mucho más manejables desde el punto de vista fiscal y demarcaciones administrativas que sirvieran mejor al propósito de la racionalidad del gobierno de la monarquía, si bien, como se demostraría algunas décadas después, en realidad sirvieron para recrear en esos ámbitos intereses locales de control autónomo del espacio.

Buena parte de estas intervenciones ministeriales sobre el territorio americano de la monarquía eran debidas a los informes elaborados por los visitadores generales enviados tras la Guerra de los Siete Años. José de Gálvez, futuro marqués de la Sonora, y luego José Antonio de Areche y Jorge de Escobedo recorrieron, respectivamente, Nueva España y Perú, con el fin de recabar datos que dieran una idea más exacta de la situación en que se hallaban las posesiones americanas de la monarquía. Si Areche y Escobedo tuvieron que enfrentarse en sus visitas a situaciones conflictivas como la revolución andina de los años ochenta y sus consecuencias posteriores, Gálvez no dudó en proponer una reforma a fondo del sistema de gobierno y administración de la monarquía en América, muy en la línea de la concepción imperial que se venía consolidando en los textos a los que anteriormente hemos hecho referencia.

El ciclo revolucionario que se produjo a inicios de los ochenta en los Andes constituyó, de hecho, el primer desafío de envergadura para la monarquía borbónica en América. En primer lugar, porque combinaba elementos de protesta social y étnica con un profundo cuestionamiento del orden colonial. Y, en segundo lugar, porque durante este proceso aparecen ya también esbozadas las diferentes posibilidades que resurgirían con fuerza a partir de 1808: autonomía dentro de la monarquía, o independencia ante la inflexibilidad o incapacidad de adaptación a la autonomía efectiva del orden colonial rediseñado justo en esos momentos. Historiográficamente es habitual tratar esta fase revolucionaria dentro aún del capítulo de rebeliones o motines de indios. Sin embargo, su lugar ha de estar en un ciclo amplio que conecta directamente con la crisis de 1808. Se trató de un fenómeno que afectó a una región considerable: desde Cuzco hasta Chuquisaca (La Plata, hoy Sucre), pasando por La Paz y Chayanta, un espacio cultural y económico de enorme complejidad —la parte central del Tawantinsuyu, mestizado desde el siglo XVII—. Allí se experimentaron las contradicciones de la nueva moral imperial, enfrentando a las autoridades coloniales a su propia legalidad y funcionamiento institucional, y se planteó la independencia como solución, mostrando de esta manera una elasticidad muy similar a la que posteriormente adquiriría la idea de «pueblo» en la crisis de 1808.

Gálvez realizó su visita a Nueva España entre los años 1765 y 1771, ocupándose de llevar a cabo medidas tan relevantes como el decreto de expulsión de los jesuitas. Durante este periodo que pasó sobre el terreno, Gálvez tuvo ocasión de formarse una idea clara del sentido de la reforma que precisaba la monarquía en sus territorios americanos, reforma que posteriormente impulsaría tras su encumbramiento al Ministerio de Indias en 1776. Hacía tiempo ya, en efecto, que venía aconsejando introducir en América un sistema de administración basado en las intendencias, al entender que estas permitirían a la metrópoli un más estrecho control fiscal y material de sus posesiones. La intención era deshacerse, por una parte, de la red de intereses locales creados por los corregidores y alcaldes mayores —cargos que se hacían apetecibles y se compraban, debido al control que otorgaban a sus titulares sobre los recursos de las comunidades y el comercio local—, y, por otra, deshacerse también de la presencia criolla en estos y otros destinos de mayor relieve, como las audiencias. Podemos decir que, más que anticriolla, la política de Gálvez era promonárquica, puesto que el fin que perseguía era la creación de un sistema efectivo desde un punto de vista imperial. Se trataba, en puridad, de desvincular el oficio de los intereses locales y aferrarlo al servicio de la política ministerial, con la consecuencia de que la presencia criolla en audiencias y en otras altas magistraturas coloniales se redujo drásticamente.

El ministro encontró una fuerte oposición a la puesta en práctica de sus reformas, lo que ocurrió tanto en las corporaciones que se veían más directamente afectadas por ellas —Iglesia, comerciantes, mineros, audiencia y oficiales reales de menor entidad— como en unas élites criollas que entendieron aquel intento como una pérdida de su estatuto de grupo hegemónico dentro de la sociedad colonial. El saldo para la monarquía de estas reformas administrativas impulsadas por el malagueño fue dudoso, pues, por un lado, significaron el más serio cuestionamiento del orden colonial heredado de los Habsburgo, y, por otro, tampoco las intendencias lograron corregir la mayor parte de los problemas de coherencia administrativa del imperio a los que querían hacer frente, al reproducir los mismos vicios de superposición de intereses propios y locales sobre los intereses generales que pretendían corregir.

La Guerra de los Siete Años estuvo cargada de consecuencias para los dos grandes imperios atlánticos europeos. En el caso del británico, el gobierno trató tras el final de la guerra de corresponsabilizar fiscalmente a los colonos americanos en el sostenimiento del imperio americano, ahora consolidado con las ganancias producidas a costa de Francia. Como es sabido, este hecho marcó el inicio de una creciente protesta colonial, reclamando una presencia parlamentaria para aceptar la corresponsabilidad fiscal, que llevaría al enfrentamiento con la Corona y, finalmente, a la proclamación de la independencia el 4 de julio de 1776. Sin duda era esta la ocasión que Francia y España esperaban desde 1763 para ajustar sus cuentas pendientes con Inglaterra, por lo que no dudaron en apoyar decididamente, sobre todo la primera, a los colonos americanos en su lucha contra la metrópoli. Como vio claramente el conde de Aranda, quien negoció la Paz de París de 1783, que puso fin a aquel conflicto de emancipación, el hecho de la independencia no podía ser conveniente a España y sí solo a Francia, pues la primera tenía tras de sí todo un conglomerado territorial que podía fácilmente correr la misma suerte. Pues no solo estaba el hecho del temido factor de imitación y exaltación del ejemplo angloamericano —que rápidamente adoptarían cuantos buscaban ya vías de escape de la monarquía, como Francisco de Miranda—, sino sobre todo el surgimiento de una nueva potencia, situada, además, sobre el continente que hasta ese momento había sido objeto de expansión imperial. Por todo ello, ni siquiera la recuperación de la Florida llegó a compensar el riesgo que suponía para España el enfrentamiento con Inglaterra y el nacimiento de una república independiente en América.

El imperio cuestionado (1789-1808)

La emancipación de las colonias inglesas en América, que daría lugar al nacimiento de Estados Unidos, se produjo, no obstante, de la mano de una revolución constitucional. Este último hecho fue el que realmente adquirió relevancia a los ojos de los sorprendidos observadores europeos, que vieron plasmados en las Constituciones de Pensilvania, Carolina del Norte y Virginia aquellos principios que la Ilustración había venido teorizando como los más acertados para constituir sociedades y sistemas políticos capaces de evitar el tan temido despotismo. El gran duque Leopoldo II de Toscana —el monarca europeo que más se acercó al constitucionalismo— o intelectuales de la talla de Denis Diderot o Gaetano Filangieri admiraron en la revolución estadounidense, aún más que la emancipación en sí, el hecho de que esta hubiera traído de la mano la conjunción de republicanismo y constitucionalismo.

Poco después el experimento constitucional tendría su continuación en Francia, afectando de forma mucho más directa en esta ocasión a España y su monarquía. Efectivamente, el que entre 1789 y 1791 se procediera en el país vecino a establecer fácticamente un régimen constitucional en el que el monarca quedaba reducido de soberano a primer funcionario del Estado encendió todas las alarmas en la corte española. De entrada, y como es bien sabido, el hecho implicó un giro notable en la actitud del ministro que Carlos IV (1788-1808) había heredado de su padre, el conde de Floridablanca. El viraje se hizo notar sobre todo respecto del debate político, especialmente intenso y rico en la década de los setenta y los ochenta, pero acallado ahora por el afán de prevenir cualquier posibilidad de transmisión a España de los planteamientos de la revolución constitucional. Desde los años setenta, sin embargo, y con menos publicidad también en los noventa, intelectuales como Manuel de Aguirre, León de Arroyal, Victorián de Villava, Manuel de Salas, Valentín de Foronda y otros muchos exploraron las posibilidades del constitucionalismo con vistas a su aplicación en la monarquía española.

Sin embargo, cuando la Revolución francesa empezó a tener una mayor consecuencia para la situación de la monarquía española en el orden internacional fue en el momento en que derivó hacia el republicanismo. La detención de Luis XVI en Varennes en 1792, en su intento de huida de Francia para oponerse a la revolución que le había degradado de soberano a «jefe supremo de la administración general del reino», su posterior juicio por la Asamblea Nacional y, finalmente, su ejecución pública en enero de 1793 eran hechos que difícilmente podían contemplar con pasividad las testas coronadas europeas. A diferencia de lo ocurrido con Carlos I de Inglaterra en 1649, acusado de alta traición, Luis XVI había pagado con su vida la traición a la soberanía de la nación, que así manifestaba su supremacía en un nuevo orden político. La República francesa, proclamada en septiembre de 1792, constituía por sí misma todo un desafío al orden tradicional europeo, como no se cansó de repetir uno de sus más inteligentes y feroces críticos, el político irlandés Edmund Burke, puesto que alteraba el curso de su historia al proponer un sistema alternativo incompatible con el que la Europa moderna había heredado de la Edad Media.

La deriva republicana de la Revolución en Francia implicó que España se alineara con las potencias europeas que trataban de frenar la consolidación de este régimen y su expansión más allá de las fronteras francesas. Cesaba con ello la tradicional alianza con el país vecino que había venido informando en las décadas precedentes la política exterior de la monarquía española, y esta se enfrentaba ahora militarmente con Francia en la Guerra de la Convención (1793-1795). La controvertida decisión de entrar en guerra con la República francesa dividió radicalmente a los partidos de la corte. En ese contexto, Carlos IV optó por Manuel Godoy, en quien creyó encontrar la persona adecuada para poder llevar a cabo una política propia al margen de las intrigantes facciones cortesanas. Fue Godoy el encargado de dirigir una nueva política de Estado abiertamente hostil a la Francia republicana después de la ejecución de Luis XVI y marcada por la evolución de la guerra librada en la frontera. Si en un principio los éxitos militares del general Ricardos en el frente catalán parecían augurar un resultado final aceptable para España, desde 1794, con la invasión de Guipúzcoa y con el ejército revolucionario enseñoreándose por la frontera vasconavarra, prácticamente nadie pensaba ya en la posibilidad de una victoria. La caída en desgracia primero del mayor opositor a la política de Godoy en España, el conde de Aranda, y posteriormente de Maximilien de Robespierre en Francia, acaecidas ambas en 1794, permitieron a Godoy negociar una paz en 1795 que le valió al extremeño el título de Príncipe de la Paz, con lo que se encumbraba a lo más alto de la jerarquía cortesana española. No obstante, y en contra de la visión que ofreció entonces en sus intervenciones ante el Consejo y luego en sus memorias, aquella no fue, ni mucho menos, una paz concluida en términos neutrales. Para empezar, sí hubo cesión territorial por parte de España, y muy significativa además, pues toda la isla de Santo Domingo se transfería ahora a Francia con el fin de mantener la integridad de las posesiones peninsulares. Este hecho tiene especial relevancia por dos razones, en primer lugar, porque se trataba de La Española, el punto de arranque de la expansión ultramarina de la monarquía hispánica, y, en segundo lugar, porque, durante la guerra, Toussaint Louverture, el líder haitiano regresado al ejército francés y ascendido a general, había sentado ya las bases para la consolidación de la revolución negra en la que iba a ser desde 1804 la República de Haití.

La Paz de Basilea conllevó también la recomposición de la tradicional política de Estado española de alianza con Francia y de hostilidad hacia Inglaterra —esta última no había dejado de aprovechar la ocasión del conflicto en la frontera hispanofrancesa para hacer negocio con el contrabando en América—. Desprendida de sus tintes más radicales y con unas campañas militares cada vez más exitosas en Italia y Alemania, la República francesa se presentaba a los ojos de Godoy como la potencia que podía dar cobertura a España frente a la competencia imperial británica. Sin embargo, también para Francia era importante contar con España, pues, por un lado, ello le permitía presentarse en Europa como una potencia regular y no extraordinaria y aislada en sus alianzas como así había ocurrido desde 1792, y, por otro, España significaba también navíos con los que afianzar el control del Mediterráneo, además de plata americana con la que hacer frente a su más que notoria falta de metálico. Todo apuntaba, por tanto, a una formalización de relaciones que llegaría al año siguiente.

En agosto de 1796, en efecto, España firmó en San Ildefonso un tratado de alianza militar con Francia que le obligaba a la asistencia a la República en su enfrentamiento con Inglaterra —no así frente a otras potencias—. La corte española era plenamente consciente de que ello implicaba la ruptura con Gran Bretaña, algo que de hecho se produjo en octubre. Animada por la idea de encontrar apoyo ante la más que probable intervención británica en el imperio americano español, así como en su obsesión por continuar teniendo una presencia relevante en Italia a través de infantes vinculados a la rama española de la casa de Borbón (Nápoles y Parma), la monarquía española no dudó en entrar con este tratado en una espiral bélica que la llevaría a subordinar sin paliativos la política de Estado española a la francesa.

El influjo creciente del Directorio en la política española no dejaba de ser paradójico, pues en Europa representaba la continuidad de la Revolución, si bien en versión más moderada. También lo sería que en octubre del mismo año, tras la ruptura con Inglaterra y ante el temor de que una acción combinada de los americanos del norte y los británicos acabaran con el dominio español en América, España firmara otro tratado de alianza, más leonino aún si cabe, con Estados Unidos. De este modo, la monarquía española quedaba vinculada en el ámbito internacional con los dos focos desde donde se había irradiado la revolución constitucional, una revolución que, en ambos casos, había significado el tránsito hacia el republicanismo.

Dentro de la estrategia del Directorio, la posición de España debía servir para asegurar, por un lado, el tránsito entre el Atlántico y el Mediterráneo, y, por otro, para presionar a Portugal y lograr minar este baluarte británico en el continente europeo. Como ya se ha señalado previamente, España contaba, además, para el Directorio como una posible fuente de suministro de plata para unas finanzas muy resentidas por el exceso de papel moneda. La presión ejercida desde el ejecutivo francés con el fin de conseguir estos beneficios de su alianza con España fue constante y también dependiente en gran medida de las propias tensiones internas que padeció este gobierno colegiado hasta que fue sustituido al finalizar la centuria por el Consulado. Dado que la apuesta por esta alianza por parte de Godoy no dejaba de constituir una decisión política de primer orden para la monarquía española, inmediatamente se convirtió en uno de los temas esenciales de debate entre las facciones de la corte. La misma caída del favorito en marzo de 1798 estuvo muy directamente relacionada con la presión ejercida sobre la familia real en ese sentido por el Directorio y con la decisión del mismo de liquidar el dominio temporal del Papa en sus Estados.

Con el ascenso de Napoleón Bonaparte a la primera magistratura francesa este influjo sobre la política exterior española no haría sino consolidarse, pues las grandes cuestiones que por entonces la determinaban (la consolidación de un reino en Italia a partir de Parma, la protección del comercio y de los territorios de América frente a Inglaterra y las relaciones con Portugal) pasaban ya indefectiblemente por las manos de Bonaparte, quien tenía demostrada su capacidad para crear y deshacer territorios en Europa. La creación en 1801 por parte de Napoleón del reino de Etruria a partir de los territorios de Parma y Toscana significó toda una humillación internacional para la familia real española, aunque esta, con Godoy ya de nuevo al mando de la situación, lo celebró como un éxito (que se trataba de un mero instrumento más en manos de Napoleón quedaría demostrado en 1807, cuando aquel no dudó en liquidar dicho reino y anexionar su territorio al imperio).

Otro tanto puede decirse de las relaciones con Portugal hasta la invasión de finales de 1807. El azar había querido que el matrimonio de la hija mayor de Carlos IV con el segundogénito de la Casa Real portuguesa convirtiera a aquella, en 1792, en princesa regente del reino vecino, a raíz tanto del fallecimiento del primogénito como de que la reina María I hubiera perdido la cabeza. Esta inmejorable disposición dinástica para lo que podría haber sido una inteligente política de Estado con Portugal no fue en absoluto aprovechada por la corte española, que cedió al dictado de unos intereses de Francia claramente enfocados a minar la alianza lusobritánica. A esa estrategia respondió la conocida como Guerra de las Naranjas (1801), en la que tropas al mando personal de Godoy controlaron plazas militares fronterizas, aunque, para enfado de Napoleón, Carlos IV no quiso rematar la faena entrando en Lisboa y forzando a Inglaterra a una negociación poco ventajosa. La retención de Olivenza y Villarreal y el reconocimiento de la posesión española de Colonia de Sacramento (Uruguay) no compensaron en absoluto ni el esfuerzo económico en tiempos de escasez financiera ni, sobre todo, el hecho de abrirle a Napoleón la puerta para una acción más personal sobre Portugal.

El mantenimiento de los dominios americanos de la Corona pasaba por no arriesgar tampoco excesivamente en el conflicto europeo entre Francia e Inglaterra. En este sentido, si la Paz de Amiens (1802) entre ambas potencias significó un respiro para Carlos IV y Godoy —que imprudentemente quiso fungir de árbitro entre dos colosos—, su fracaso al año siguiente colocó de nuevo a España en la peor de las tesituras. El Tratado de Subsidios acordado en octubre de 1803 significó un peldaño más en el proceso de alienación de la política de Estado española, al comprometerse España al pago de una fuerte cantidad en metálico (seis millones de libras mensuales) a cambio de su neutralidad en el conflicto anglofrancés. Aunque ni España podía satisfacer tal cantidad a ritmo mensual ni tampoco Francia estuvo nunca muy dispuesta a mantener la neutralidad española exigiendo la satisfacción de la deuda en buques de guerra, la firma de este tratado nos da la medida exacta de la evolución de la monarquía española en el ámbito internacional, donde se la podía contar ya como parte dependiente de Francia.

La autocoronación de Bonaparte como emperador en mayo de 1804 consolidó tanto su liderazgo político interior como, sobre todo, el conglomerado territorial que se había ido adhiriendo a la República francesa. El nuevo imperio se mostraba pujante y con un indudable ánimo expansivo, lo que hacía inevitable que tarde o temprano acabara apeteciendo también los dominios de la Corona de España; pero, a diferencia de otros territorios europeos, esta presentaba la particularidad de llevar anejo un impresionante conglomerado territorial ultramarino, cuyo control y defensa en su caso no sería en absoluto sencillo para el nuevo imperio europeo. Tal fue el motivo de que Napoleón optara en primer término por hacerse con el control de los beneficios imperiales de España a través de los subsidios y de la dedicación de la flota a los intereses imperiales franceses. Si lo segundo llevó a la liquidación de la flota española frente a las costas de Cádiz, en Trafalgar, en octubre de 1805, lo primero significó un literal expolio a través de la consolidación de vales reales que también se extendió a América.

En un contexto de creciente oposición a su persona y su política de enfrentamiento con la facción formada en la camarilla del príncipe de Asturias y de una muy delicada situación económica, Godoy se vio además obligado a encajar el que la flota española hubiera sido literalmente sacrificada a los intereses imperiales de Francia. El hecho tenía una importancia multiplicada, pues no solo significaba el desamparo en la defensa de los puertos peninsulares sino, ante todo, en la protección de la flota mercante y las posesiones ultramarinas españolas. La ocupación británica de Buenos Aires en 1806 y 1807 evidenció las consecuencias que para la monarquía española tenía la posición de subordinación de su parte imperial a los intereses del nuevo imperio napoleónico. Incapaz la Corona de prestar la más mínima asistencia militar a sus propios dominios, la liberación de Buenos Aires hubo de confiarse a las fuerzas provenientes de Montevideo y a la autodefensa de la ciudad por sus propias milicias. En esos años, en el Río de la Plata pudieron claramente atisbarse los límites de la monarquía entendida como imperio. Confiar en el nuevo y poderoso Imperio francés para la protección del propio no podía sino conducir a la absorción del segundo por el primero.

De hecho, desde 1804 los beneficios del Imperio español estaban sirviendo para satisfacer las necesidades del francés, pues el mayor granero fiscal de la monarquía, la Nueva España, se vería desde entonces orientado claramente al pago de los subsidios a Francia. Más aún, el decreto que en 1804 hizo extensiva a América la consolidación de vales reales significó, sobre todo en Nueva España, un ejemplo evidente de hasta qué punto estaba dispuesta la corte a sacrificar la parte económica y fiscal de su imperio en beneficio de Francia, con tal de no verse desbaratada, y con toda probabilidad liquidada, al igual que había ocurrido con otros territorios europeos. La obligatoriedad de redimir todos los censos —préstamos que hermandades e instituciones pías hacían a comerciantes, mineros u otras personas— para la consolidación de la deuda pública reducida a un papel moneda (unos pagarés denominados «vales reales»), que perdía a marchas forzadas su valor, supuso en México una comprobación de los límites que el despotismo estaba perfectamente dispuesto a cruzar para dilatar la desaparición de la monarquía española. Y muestra de que se sentía ya próxima fue el que Godoy empezara entonces a insinuar al emperador francés la posibilidad de una negociación de la que él saliera asegurado con alguna posesión en Portugal.

El Tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de octubre de 1807, incorporaba esta pretensión del Príncipe de la Paz, pero, ante todo, expresaba ya sin disimulos la capacidad de disposición que Napoleón había adquirido sobre la política de Estado española y, sobre todo, el modo en que la dimensión imperial de la monarquía se manejaba como asunto propio por parte del emperador de los franceses. Ese mismo día se destapaba un asunto de la máxima gravedad que implicaba al príncipe de Asturias y su camarilla en un intento de conspiración contra Godoy y Carlos IV. Con el tratado que le permitía introducir tropas en España y el enfrentamiento abierto en el seno de la corte y en la familia real, Napoleón pudo entonces concebir la posibilidad de hacerse no solo con los beneficios del imperio, sino con la monarquía española en su conjunto.

CRISIS, REVOLUCIÓN, CONSTITUCIONES

1808. La crisis de la monarquía

Desde el punto de vista del derecho de gentes constituye un error hablar de invasión de España por tropas francesas a finales de 1807 y durante los primeros meses de 1808. Con ser esta la versión historiográfica oficial, lo cierto es que el ingreso de numerosos contingentes militares en España había sido consentido por el rey en octubre de 1807. Pues el que a Junot con sus tropas dirigiéndose hacia Portugal le siguieran otros generales del ejército imperial (Dupont, Duhesme, Moncey), los cuales fueron tomando posiciones en la mitad septentrional de la Península y controlando algunas de las más importantes plazas militares, era algo que bien podía suponerse cuando se franqueaba la entrada a 28.000 soldados y se permitía el acantonamiento de otros 40.000 en la frontera, tal y como se había acordado en Fontainebleau.

Por otra parte, todo ello se producía en el mencionado contexto de abierto enfrentamiento entre las dos facciones en que se dividía la corte española. Interesa subrayar que en la raíz de ese enfrentamiento se hallaba una pugna por el poder, pero no diferencia alguna en cuanto a la política que España debía seguir en materia de Estado. De hecho, cuando en marzo de 1808 los partidarios del príncipe de Asturias logren finalmente hacerse con el trono, tanto Fernando VII como su padre acudirán raudos a buscar el apoyo de Napoleón, dejándole así meridianamente claro el plegamiento de España a la estrategia imperial de Francia. Para entonces, sin embargo, el emperador, que estaba diseñando ya por su cuenta el futuro de la monarquía española, había enviado como lugarteniente general, inmediatamente reconocido en calidad de tal por Carlos IV, a su cuñado Joaquín Murat. El gran duque de Berg comenzó su cometido dando a entender perfectamente con sus actos que actuaba en calidad de virrey, con una estudiada política de símbolos que incluyó su alojamiento en el palacio de Godoy, la ignorancia desplegada hacia Fernando VII cuando hizo su entrada en Madrid al día siguiente de haberlo hecho él con su ejército o el envío a Francia de la espada de Francisco I.

Efectivamente, tras el Motín de Aranjuez (19 de marzo) y la entrega sin condiciones de Carlos IV y Fernando VII a Napoleón del futuro de la sucesión española, puede decirse que la monarquía había sido mediatizada de hecho, esperándose únicamente la adopción de una decisión imperial sobre el modo en que ello iba a formalizarse. Una vez controlada la situación en Madrid, Napoleón procedió a completar la mediatización de la monarquía española, para lo que le sirvió no poco el enfrentamiento entre Carlos IV y su favorito Godoy con el príncipe de Asturias (ya Fernando VII según sus partidarios). Entre el 5 y el 10 de mayo el emperador, que únicamente consideró y trató como rey de España a Carlos IV, literalmente compró a este y a su hijo los derechos hereditarios de la monarquía de España. A cambio de propiedades y fabulosas rentas vitalicias, Carlos IV, en efecto, cedió sus derechos a Napoleón, «como el único que en el estado a que han llegado las cosas puede restablecer el orden», y con la sola condición de mantener en un bloque toda la monarquía y no tolerar más religión en ella que la católica. Del mismo modo, Fernando hacía renuncia «en cuanto sea menester a los derechos que tiene como príncipe de Asturias».

Con ello, la monarquía española quedaba totalmente mediatizada por parte de Napoleón. Pues, aunque nominalmente aquella seguía existiendo, en términos de ius gentium se entendía que España había literalmente desaparecido absorbida por el Imperio francés. El derecho de gentes no conformaba una regulación sistemática del derecho internacional, sino que, más bien, se entendía como una cultura jurídica que informaba de cómo debían establecerse entre guerras, tratados, alianzas y federaciones, las relaciones entre los Estados o naciones soberanas; una cultura jurídica que se ocupaba solo de los cuerpos políticos dotados de soberanía propia e independiente, lo que en los términos del momento se denominaba «nación» o «Estado». No era para esta cultura requisito imprescindible el hecho de que un cuerpo político soberano tuviera que estar desvinculado de cualquier otro, pues bien podía estar unido mediante federaciones o distintos tipos de contrato de protección o asistencia. El hecho discriminador era que pudiera tener capacidad para actuar por sí en el espacio de las relaciones entre naciones.

Al disponer de la monarquía española por cesión —ilícita— de la familia real, Napoleón procedió a darle un nuevo orden y un nuevo rey. Lo primero se hizo con notable celeridad, pues inmediatamente el duque de Berg reunió una asamblea de notables en Bayona a quienes el emperador presentó un texto constitucional prácticamente cerrado. Las variaciones introducidas en el proyecto obedecieron más bien a lo que puede denominarse reparto de gracias, pero no al estatuto que la monarquía ocupaba en el diseño imperial como parte de lo que se denominaba la «Confederación del mediodía». Así, desde el primer boceto enviado por el emperador a su lugarteniente en Madrid para sondear a altos funcionarios de la corte, la mediatización de la monarquía española quedaba en evidencia a través de la obligación constitucional de un tratado perpetuo de alianza con Francia.

El Acta Constitucional de España, por lo que aquí interesa, sancionaba la falta de independencia de la monarquía en el ámbito del ius gentium. Por un lado, su artículo segundo reconocía la matriz dinástica en el propio emperador francés, y, por otro, el artículo 124 establecía la obligatoriedad de la dependencia de Francia en materia de política internacional. En realidad, al texto de Bayona se estaba trasladando tanto lo previsto desde el primer borrador de Constitución como lo que Napoleón había puesto buen cuidado de acordar días antes en un tratado con su hermano José en orden a la cesión de los derechos dinásticos. Ese tratado de 5 de julio de 1808 —tres días anterior a la promulgación de la Constitución— endosaba a España el gasto derivado de la compra de los derechos dinásticos a Carlos IV y su hijo —fincas incluidas— y establecía de forma mucho más sistemática la subordinación de la monarquía española al Imperio francés en materias de Estado. Una cláusula secreta aseguraba, además, al comercio francés el disfrute del circuito comercial colonial español a cambio de su protección.

El modelo de monarquía que diseñaban tanto este acuerdo como el texto constitucional de Bayona consistía en un conglomerado de metrópoli y colonias en el que ambas partes se subordinaban, a su vez, a la política de Estado del Imperio francés. Ambas, metrópoli y colonias, tenían también parte en la representación en Cortes, si bien de manera diferenciada, pues las provincias americanas la tenían solo corporativa —a través de elección municipal— y sensiblemente menos numerosa que la metropolitana. Donde no hacía distingos el modelo era en el ámbito económico y comercial, estableciendo un sistema abierto del que pudiera también beneficiarse el comercio francés, tal y como se recogía en el tratado entre los Bonaparte.

La consecuencia de esta operación de implante dinástico y de subordinación en el orden internacional de la monarquía española colocó al reino ante la necesidad de optar bien por aceptar esta situación como la más conveniente a España, bien por resistirse a ella negando obediencia al nuevo rey. No carecía ni mucho menos de sentido la primera de estas posiciones, pues José I podía muy bien presentarse como el monarca ilustrado que buena parte de las élites intelectuales españolas de las décadas anteriores había anhelado. De hecho, sobre todo en la parte europea de la monarquía, los partidarios de la aceptación de un rey que se presentaba con un texto constitucional por delante y con la promesa de códigos y de una racionalización de la Administración entendieron que todo ello bien podía valer la situación de subordinación en el orden internacional que traía también consigo. Esto explica el hecho de que una muy significativa parte de las élites intelectuales y de las relacionadas con el gobierno y administración de la monarquía se mostrara dispuesta al reconocimiento del nuevo monarca.

En América surgió otra posibilidad que tuvo un cierto predicamento, inquietando lo suyo a las autoridades locales. Al haber salido hacia Río de Janeiro a finales del año anterior la familia real portuguesa con todo el Estado cargado en su flota, la princesa regente Carlota Joaquina pudo ahora postularse como gobernadora de las posesiones americanas de Fernando VII en ausencia de este. Sin contar con el beneplácito de su marido ni tampoco del aliado compartido ahora con España, Carlota Joaquina desplazó sus agentes sobre todo a las colindantes sedes de gobierno de Buenos Aires y de Charcas, consiguiendo, sobre todo en la primera, formar un cierto partido carlotista. Tras esta propuesta latía, por supuesto, el viejo conflicto irresuelto entre las Cortes de Lisboa y de Madrid sobre los límites de sus dominios respectivos en América, que seguirá hasta la anexión de la Banda Oriental como provincia Cisplatina a Brasil en 1817 y hasta 1827.

Resistir el proceso de mediatización imperial de la monarquía española en toda su integridad (como monarquía y como imperio) requería, por su parte, de una intervención excepcional, dada la desacreditación de las más relevantes magistraturas de la monarquía —Consejo de Castilla, audiencias y chancillerías—, que se plegaron a la operación de compraventa realizada en Francia. Fueron los ayuntamientos primero, e inmediatamente después unas instituciones de emergencia, las juntas, los únicos que se pronunciaron contra el reconocimiento de la nueva dinastía implantada en Bayona. El objetivo inicial de estas consistió en presentarse como instituciones capaces de absorber la legitimidad tradicional de la monarquía, evitando ser vistas únicamente como reuniones tumultuarias y sin orden o soporte legal alguno. Lo interesante es que esta segunda opción de respuesta ante los hechos ocurridos en mayo de 1808 en Bayona se generalizó al conjunto de toda la monarquía, dándole así a esta crisis —a diferencia de lo que había ocurrido con la crisis dinástica previa de comienzos del Setecientos— una dimensión atlántica que la caracterizaría ya hasta su conclusión con la independencia de los territorios americanos.

Los pueblos ante el imperio (1808-1810)

En el capítulo «La vida política» de este periodo, el lector podrá encontrar un tratamiento más pormenorizado de esas juntas que se formaron a lo largo y ancho de la geografía atlántica hispana desde mayo de 1808. Aquí interesa recoger la vertiente que esa reacción tuvo desde la perspectiva del derecho de gentes, algo que, como venimos señalando, tuvo una significativa relevancia en esta crisis. Es importante, ante todo, advertir un dato general que puede comprobarse desde Asturias hasta México o La Plata: la respuesta que se dio a la mediatización de la monarquía española requirió que en el ámbito del ius gentium se presentara un nuevo sujeto capaz de hacer valer los derechos de la monarquía española a una existencia independiente. Esto, a su vez, implicaba la modulación de un discurso, por decirlo así, en dos tonos. Uno tenía que sintonizar con el derecho de gentes y el otro, con el derecho público de la propia monarquía.

De cara al escenario de las naciones era imperativo mostrar que la reacción ante la mediatización de la monarquía no era parangonable con actos de rebelión o sedición, sino que se trataba de un sujeto plenamente legitimado que actuaba en situación de emergencia en ausencia de su soberano. Ello implicó, en primer lugar, construir un relato de los hechos que presentara a Fernando VII no como el felón que había sido en Bayona, sino como un príncipe engañado y sujeto contra su voluntad a los dictados de un déspota internacional. En segundo lugar, requirió que se articulara un discurso mediante el cual la nación española se hacía cargo de los derechos inherentes a la soberanía de ese rey «muerto civilmente». Es entonces cuando, tanto en la Península como inmediatamente en América, se despliega todo un discurso apologético de la imagen de Fernando como El Deseado y de la nación española como la depositaria de sus derechos de soberanía. Ambos elementos, centrales en los numerosos textos que se producen por toda la geografía de la monarquía para legitimar los actos de resistencia a José I y Napoleón, componían la situación de casus necessitatis que justificaba actos tan extraordinarios. Lo relevante es, por tanto, que para dar respuesta a un desafío en el ámbito del derecho internacional se estuviera recurriendo no a un planteamiento revolucionario de ruptura del orden tradicional, sino justamente a lo contrario.

Lo que entonces podía contenerse bajo el título de Instituciones de Derecho Público —así las publicadas en 1801 por el catalán Ramón Lázaro de Dou Bassols, primer presidente de las Cortes— enseñaba los principios del derecho tradicional, del ius civile tanto como del ius publicum, que funcionaban tradicionalmente bajo una misma clave heredada del ius commune. Y uno de sus temas recurrentes era la cuestión de la responsabilidad y del grado en que la misma era exigible hasta el propio monarca, dado su compromiso juramentado de respeto y defensa de los derechos de cada cual en su reino. Aparece ahí, pues, perfectamente definida la idea de que, ante su incapacidad, cualquier persona jurídica podía ser suplida en su responsabilidad por otras mediante el ejercicio de la tutela y la figura del depósito del bien o bienes custodiados. Tal es la alegoría jurídica que utilizan las juntas para manejar la soberanía: constituirse en custodias de un bien que es la soberanía de Fernando VII.

Al presentarse de este modo, las juntas, o luego también la Junta Central, estaban enviando un par de mensajes interesantes para nuestro objeto de análisis. En primer lugar, que una vez constatada la condición de hostis de la nación española que había adquirido Napoleón desde Bayona, estaban dispuestas a plantear el pleito en el ámbito del ius gentium de la única manera que podía hacerse, esto es, mediante la guerra. De ese modo dejaban claro que se trataba de una guerra justa y que no tenía nada que ver, como argumentaban los partidarios del cambio dinástico, con una asonada o motín de agavillados y desobedientes a su legítimo soberano. En segundo lugar, que no se trataba de cuerpos revolucionarios dispuestos a un trastorno del orden jurídico-político de la monarquía. Al contrario, al utilizar la idea de depósito de soberanía como tutela efectiva de la correspondiente a Fernando VII, las juntas dieron por supuesto que su cometido era más bien conservador y, de hecho, algunas juntas en América adoptan nombres relacionados con esta idea de tutela o de conservación.

Era evidente que el mismo hecho de la conformación de las juntas implicaba, de suyo, un acto en cierto sentido «revolucionario», pues nunca antes se había conformado un conjunto de poderes tal que asumiera efectivamente la soberanía. Esto significaba que las juntas podían, como de hecho hicieron, gobernar, levar y mandar ejércitos, enviar embajadores a cortes extranjeras, administrar justicia, dispensar honores y promocionar grados militares, así como realizar otras funciones anejas a la soberanía. Sin embargo, lo que las juntas no podían hacer, y no hicieron, fue alterar el orden jurídico político tradicional. Dicho de otro modo, las juntas no nacían para hacer Constituciones, sino para preservar el orden tradicional de la monarquía, precisamente porque su cometido estaba cifrado más en el espacio del ius gentium, que era donde se consideraba que Napoleón había alterado de manera arbitraria el orden existente al mediatizar dinásticamente la monarquía española.

Esto explica por qué, en medio de la crisis, las juntas tomaron como uno de sus cometidos principales el control del espacio imperial español. Puede parecer casi de opereta que, en medio de aquella catastrófica situación, la Junta de Sevilla, entre otras, enviara comisionados a América para recabar el apoyo y los dineros de aquellos territorios. Sin embargo, esa actuación tiene toda su lógica, si se interpreta el momento de las juntas como una respuesta en el espacio del derecho internacional: ante la mediatización simultánea de monarquía e imperio, el cometido de las instituciones de emergencia para hacerse cargo de la soberanía de Fernando VII debía ser asegurar ambos espacios. Interesaba, por supuesto, seguir contando con el apoyo financiero que América podía suplir, pero también, y mucho, interesaba transmitir la impresión de que monarquía e imperio seguían asociados en el depósito de soberanía.

La Junta Central, por su parte, no solo envió también comisionados a América, sino que de manera más audaz emitió un decreto específico para proclamar la igualdad de estatus entre las provincias europeas y americanas de la monarquía. Aunque de la proclamación al hecho práctico de poner en planta esa igualdad existió un trecho insalvable tanto para la Junta Central como luego para la Regencia o las Cortes, lo interesante es el efecto que había producido desde muy pronto esta actuación de las juntas en el espacio del derecho de gentes al integrar de lleno a América en la crisis. Se pudieron ver entonces, y así se constata en muchos textos, las diferencias de fondo entre la crisis puramente dinástica de comienzos de la anterior centuria y esta: aquella había consistido en un conflicto entre casas soberanas en disputa por la sucesión al trono de España, pero en esta se trataba de dirimir la existencia o no de la nación española en el único espacio en que tenía sentido, esto es, el de las demás naciones.

De las juntas a los Congresos (1810-1814)

Tras el desbarajuste provocado en el frente militar por la batalla de Ocaña en noviembre de 1809, los días de la Junta Central se iban a esfumar tan rápidamente como su prestigio. En fuga por la Península de Aranjuez a Sevilla y de allí a Cádiz, la junta se disolvió finalmente en enero de 1810, trasladando el gobierno a una Regencia formada por tres personas nombradas por la propia junta saliente, que se irían renovando. Ante tamaña situación absolutamente irregular, las juntas americanas, consolidadas para entonces, optaron por no reconocer la legitimidad de ese gobierno, que además ofrecía muy pocas garantías en cuanto a su capacidad para dirigir la guerra. Dicho de otro modo, la Junta Central había perdido credibilidad en la misma medida en que había mostrado su incapacidad para gestionar la crisis en su vertiente internacional haciendo la guerra al emperador de Francia. También en la Península se puso rápidamente en cuestión la idoneidad de este gobierno, con el intento por forzar una nueva transformación de la crisis. Esta se produjo, de nuevo, en varios lugares de la monarquía de forma simultánea —Caracas, Buenos Aires, Quito, Bogotá, Santiago de Chile y Cádiz—, ofreciendo asimismo un muy amplio abanico de soluciones políticas.

Y, en todos los casos, funcionó una misma lógica de fondo. En primer lugar, se trataba de interpretar la crisis no ya solo como una cuestión planteada en el ámbito del ius gentium por la mediatización imperial de la monarquía, sino también como una cuestión constitucional, con el argumento ahora de que la crisis obedecía no solo a la injusta invasión militar francesa, sino también —y sobre todo— a las malas prácticas del gobierno despótico. Se requería, por tanto, una solución constitucional, que a su vez exigía la presencia de un nuevo sujeto político que la protagonizara: la nación. En segundo lugar, se demandaba también una nueva institución donde este sujeto pudiera manifestarse políticamente, pues, si las juntas habían servido como institución de soporte para los pueblos, el nuevo momento de la nación requería el Congreso como institución de representación. Finalmente, también en todos los casos se produjo una alteración en el supuesto hasta entonces manejado de tutela de un depósito de soberanía cuyo titular era Fernando VII. La asociación directa entre nación y soberanía iba a implicar, de hecho, la disolución de ese depósito y un tránsito de la soberanía desde el rey hacia la nación.

En los primeros Congresos que pueblan la geografía hispana es posible detectar diferentes formas de entender el tránsito hacia el constitucionalismo. La idea de que la experiencia de la monarquía compartida estaba agotada había sido planteada ya desde las décadas finales de la centuria anterior. Textos como la Carta a los españoles americanos, del exjesuita expulso Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, proponían claramente ya en los años ochenta y noventa la disolución de todo vínculo político entre los reinos americanos y la monarquía y su constitución independiente al igual que lo habían hecho los americanos del norte. La expedición montada en 1806 por Francisco de Miranda —quien difundió el texto de Vizcardo—, aunque se saldó con un fracaso por no haber despertado prácticamente ningún apoyo entre la élite criolla venezolana, constituyó no obstante uno de los más serios intentos de llevar a la práctica la idea de la independencia con anterioridad a la crisis definitiva de la monarquía.

Sin embargo, fue precisamente en ese momento, en el contexto de una crisis sin precedentes, cuando la independencia logró por primera vez imponerse como un objetivo político en la América española. Empezando por Baton-Rouge, cuya comunidad se declaró independiente de la monarquía de España en septiembre de 1810, y siguiendo por la más contundente y trascendental declaración de Venezuela de 5 de julio de 1811, la independencia comenzó a ser una realidad en el Atlántico hispano. No se puede hablar de un momento definitivo ni fulminante, sino que el proceso se tomó su tiempo, con momentos de regreso más o menos forzado, según los casos, a la comunidad de la monarquía, lo que también es ya significativo. Como recogió el Acta constitutiva de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en noviembre de 1811, se trataba de conformar un nuevo cuerpo de nación, dada la inviabilidad demostrada por la monarquía española para seguir funcionando de manera regular en el propio ámbito de las naciones. O, lo que era lo mismo: la independencia aparecía como alternativa precisamente ante la incapacidad de la matriz de la monarquía para asegurar su propia independencia en el espacio de ius gentium. En todo ello insistía la declaración hecha en Caracas el 5 de julio de 1811, acumulando, además, los agravios resultantes de la dominación y, sobre todo, del trastorno de la monarquía. Son estos extremos que se repetirían habitualmente en las numerosas declaraciones de independencia que desde entonces se iban a suceder en el espacio americano de la monarquía española, insistiendo particularmente en la alteración sufrida por esta en el ámbito del derecho de las naciones a causa de la intervención napoleónica —con consentimiento regio— y en el derecho de los pueblos a procurarse su propia protección y tutela en ese ámbito especialmente inhóspito como lo es el internacional.

Uno de los resultados más visibles, pues, de la crisis de la monarquía fue la eclosión de los pueblos como agentes de la crisis. Ello implicó que la Nación o el Pueblo —así, en mayúsculas y singular, significando un sujeto de radio amplio y no local— tuvieran que disputar a los pueblos el espacio de la soberanía. De ahí que no pocas de entre las declaraciones de independencia que se produjeron en la década sucesiva tuvieran lugar frente a las capitales, las cuales trataban ahora de nuclear las instituciones centrales de la nueva nación, y no frente a la metrópoli española. Tal es el caso, por ejemplo, de la reacción de Montevideo ante los requerimientos de obediencia por parte de la Junta de Buenos Aires y también el de numerosas ciudades en Venezuela y Nueva Granada, así como posteriormente en Centroamérica.

Con todo, no fue la independencia entendida como forma de existencia aparte en el espacio del ius gentium la forma más habitual de interpretar las consecuencias de la crisis de la monarquía. El laboratorio de experimentos constitucionales en que devino el Atlántico hispano ofreció otras posibilidades que se centraron mucho más en la idea de autonomía, una solución también prevista por la cultura del derecho de gentes que, con anterioridad a la imposición del principio de nacionalidad y de la fórmula Estado-nación como definidora exclusiva de la soberanía, contemplaba la posibilidad de que distintos cuerpos independientes se vincularan en uno más complejo en orden a su mejor defensa y participación en las relaciones comerciales entre ellos y con otros. En Nueva Granada, Quito, Chile y Cádiz se ensayó este tipo de solución en distintas propuestas constitucionales. También se intentó en Nueva España y Charcas, aunque allí los experimentos fueron abortados muy tempranamente manu militari por fuerzas metropolitanas.

La primera Constitución de Cundinamarca (1811), el Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito (1812), el Reglamento Constitucional Provisorio de Chile (1812) o la Constitución de Cádiz (1812) eran, en efecto, documentos constitucionales que preveían, de distintas maneras, la posibilidad de mantener activo el cuerpo político común conformado en torno a la monarquía hispana. Los tres primeros partían del supuesto de la capacidad propia de cada uno de esos territorios para dotarse a sí mismo de un orden político interno, a la vez que, con determinadas condiciones constitucionales, consideraban la posibilidad de mantener una vinculación entre diferentes territorios de la América hispana o de la monarquía misma a través de la figura del rey. La Constitución de Cádiz, por su parte, propuso una fórmula más audaz —y, por ello, también a la postre menos exitosa— de transformación de la antigua monarquía en una nación con toda su geografía incluida.

En todos esos textos el concepto que juega más fuerte es el de autonomía, que por entonces, según enseñaba el derecho de gentes, podía tenerse por una forma de independencia. No había que ir muy lejos para verlo, pues el ejemplo estaba en casa: así se habían presentado constantemente las provincias vascas y el reino de Navarra una vez superada la prueba de fuego de la remodelación territorial y constitucional de la monarquía a comienzos del siglo XVIII. La fórmula de compartir monarquía continuó siendo una posibilidad que se mostraría repetidamente en la América hispana hasta el final, tanto en los años veinte para la parte continental, como en los ochenta y noventa para la caribeña. El mismo principio se repetiría entre entidades políticas territoriales para debatir y disputar sobre distintos ámbitos de poder, como muestra el caso extremo de Nueva Granada o como pudo verse también en el «Estado de Quito», cuyo radio de soberanía fue duramente discutido por otras ciudades de su antigua jurisdicción.

El de Cádiz fue un experimento que, inserto en esa tradición autonomista, se mostró más ambicioso. Al arrancar con una subrogación de la nación en el lugar de la monarquía, tuvo que plantearse el reto de dar consecuencia política y constitucional a la inusitada idea de una nación transoceánica. Si «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios», como rezaba su primer artículo, entonces todo el mundo hispano, desde Manila hasta Barcelona, tenía que estar igualmente representado en las instituciones de gobierno de la nación. Además, dada esa mastodóntica geografía, debían ponerse en práctica formas de gobierno territorial que permitieran su gestión. A cumplir lo primero vino la definición de una ciudadanía colectiva de todo el imperio, aunque ahí mismo comenzaron las dudas y temores del primer liberalismo peninsular, que no se resistió a asegurarse una primacía metropolitana mediante el recurso de reducir el censo americano y asiático por medio de una definición genética de ciudadanía que excluía a todo descendiente de africanos. Además, este orden constitucional, como los que luego concretarían las repúblicas criollas, daba por supuesto que la única forma de existencia nacional era la definida en la propia Constitución y no la de otros pueblos que existieran como tales en uso de su soberanía propia aunque luego se vincularan de una u otra manera a España. El proceso de definición constitucional de los nuevos espacios políticos —la nación gigantesca de Cádiz o las repúblicas formadas inmediatamente— no hizo sino acentuar esta capacidad de disposición de pueblos y comunidades existentes en la geografía definida en aquellos textos. El resultado iba a ser, en no pocos casos, la transferencia arbitraria de pueblos enteros entre Estados, cual si de cosas se tratara, como repetidamente ocurrió con los de la frontera septentrional de México. En otros casos, como en Yucatán o el desierto argentino, la consecuencia acabaría siendo la opción del Estado por el puro exterminio.

El segundo aspecto anteriormente mencionado, el gobierno territorial, se trató mediante el invento de las diputaciones provinciales como espacios políticos y sobre todo administrativos, así como electoralmente intervenidos por la ciudadanía local. Junto con la identidad católica de la nación, este fue, con diferencia, el invento más exitoso del constitucionalismo gaditano en el mundo hispano. Como mostrará el caso de México, independiente desde 1821, la herencia de las diputaciones provinciales podía conducir sin mucho esfuerzo al federalismo.

Así, en los primeros momentos de vigencia de la Constitución de Cádiz (marzo de 1812 - mayo de 1814), era imposible definir exactamente algo parecido a unas relaciones internacionales entre la España peninsular y los territorios de la América hispana, que en todo caso sí seguía existiendo, como lo había hecho hasta entonces, para las comunidades indígenas que estaban dentro del espacio hispano definido por la cultura jurídico-política europea del ius gentium, pero que efectivamente eran independientes de las autoridades españolas, y con las que la comunicación era por vía de tratados. Tales tratados son los que en rigor tienen entonces consideración, dentro de ese espacio «hispano», de acuerdos o convenciones de España con otras naciones, como los que podía celebrar con cualquier nación o potencia.

Por lo que respecta a los espacios tradicionalmente controlados por la monarquía a través de virreinatos, capitanías generales y audiencias, tanto por parte metropolitana como por buena parte también de las élites de territorios y ciudades americanas, se entendía que se continuaba compartiendo un cuerpo político común, bien como monarquía, bien como nación. Por parte de algunos otros territorios, sin embargo, se daba por hecho que ese cuerpo se había desvanecido por la actuación imperial de Bonaparte y la irresponsabilidad de los Borbones españoles. Este convencimiento, unido al de que la metrópoli buscaba reconstruir por vía de nación una nueva forma de dominación y subordinación políticas, llevó a algunos territorios a proclamarse como nuevas naciones segregadas del cuerpo político hispano. Desde el punto de vista de quienes así procedieron, la situación estaba ya en los términos del derecho de gentes y era por este, fuera para la paz o para la guerra, por el que debían regirse las relaciones con España. Desde el punto de vista metropolitano tal tránsito no se había producido, de manera que quienes proclamaban su independencia de la monarquía no eran sino rebeldes y criminales. Sin embargo, lo cierto es que, dada la situación cada vez más comprometida desde 1810 en la península Ibérica, no hacía falta siquiera la formalidad de una declaración de independencia, siguiendo la planta estadounidense, como se comprobó en el Río de la Plata. Allí no la hubo hasta el Congreso de Tucumán de 1816, convirtiéndose la provisionalidad constitucional en algo estructural hasta bien avanzada la centuria. La evolución política de la monarquía española desde 1814 no haría sino agudizar estas contradicciones manifestadas en el momento constitucional.

DESPOTISMO Y «RECONQUISTA» (1814-1820)

El deterioro sufrido por el ejército napoleónico en su retirada de Rusia en el otoño de 1812, unido al incremento de las fuerzas coaligadas en su contra contribuyó a modificar la situación militar en la península Ibérica. El 21 de junio de 1813, la batalla de Vitoria —a la que Beethoven dedicaría su conocida suite— marcó el final de la dominación imperial en España. Que Fernando VII no tenía ni en mucho ni en poco el orden constitucional aprobado en 1812 lo demostró antes de volver a España, al acordar con Napoleón en diciembre de 1813 condiciones para ello al margen de las Cortes. Se trataba de todo un augurio, pues el rey siguió desobedeciendo y desconociendo a la Regencia y las Cortes hasta que, en mayo de 1814, desde Valencia, declaró anulada toda la obra constitucional y se encaminó, casi sin oposición, a Madrid.

Por si le cabía alguna duda a Fernando VII, a su llegada a España se le hizo entrega de un documento conocido como Manifiesto de los Persas, en el que un número importante de diputados se despachaban a gusto contra la Constitución de 1812 y la obra legislativa de las Cortes. Allí se afirmaba que la responsabilidad en el estado de sublevación en que representaban a América se debía a las «condescendencias» tenidas con «los indios», como la exención del tributo, y a la igualdad entre españoles americanos y europeos decretada el 15 de octubre de 1810 por las Cortes. Apuntaba ya este texto, por tanto, la línea respecto de América que la política fernandina no haría sino seguir y profundizar hasta 1820.

Esa política, sustanciada en la solución militar, se enmarcaba en un escenario de cancelación de cualquier atisbo político de constitucionalismo, así como de represión inmisericorde de toda evidencia o mera sospecha de liberalismo. Se restablecieron las instituciones de gobierno previas a la crisis de 1808 (consejos, Junta de Estado, secretarías de Estado, chancillerías, audiencias y capitanías generales) y se suprimieron las nuevas instituciones del orden gaditano (Cortes, Consejo de Estado, ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales). Además, se restableció la Inquisición y se dio por liquidada toda la legislación liberal. El gobierno, nominalmente en manos de los consejos y de los ministros del rey, en realidad estaba liderado por un grupo de allegados al monarca que se conoció como «la camarilla». Allí se tomaron las decisiones más relevantes también respecto a América.

Volvía Fernando a España exactamente en el momento en que los aliados entraban en París y obligaban a Napoleón a una rendición en la que podía poner muy pocas condiciones. Desde que las potencias coaligadas contra el emperador habían vislumbrado la victoria, y con ella la posibilidad de reordenar Europa, ya habían decidido dejar fuera de escena a España. Cuando alcanzaron un acuerdo de principios en Fontainebleau en abril de 1814, España ni siquiera consiguió que fuera considerada su única reclamación relacionada con el reino de Etruria. En la toma de decisiones en Europa no había sitio ya más que para Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia y, tras su redención y gracias a una muy hábil labor diplomática, para Francia. España, realmente, tenía nulas posibilidades de negociar, pues ni poseía presencia militar fuera de sus fronteras ni se le había consentido tenerla tras deshacerse de Napoleón. Además, España, desde su crisis, no había firmado más que algunos acuerdos internacionales con Gran Bretaña y Portugal de carácter militar, y, con Rusia, Suecia y Prusia, para el reconocimiento de Fernando VII como rey y de las Cortes y la Constitución de 1812 como instrumentos legítimos de gobierno.

La fecha de la derrota napoleónica en Europa marcó también un nuevo ciclo para España. Esta, por un lado, recuperó definitivamente su posición como soberanía independiente. (Debe recordarse aquí un dato relevante: a diferencia de otros territorios europeos restituidos por decisión de las potencias vencedoras en Viena, España, por decirlo así, se había liberado de la amenaza imperial por sí misma, si bien con el nada despreciable apoyo portugués e inglés). Sin embargo, por otro lado, desde el momento mismo de la salida de las tropas francesas se vio que España no estaba precisamente invitada al festín posimperial, pues, aunque las tropas españolas corrieron a algunas francesas en territorio galo, enseguida tuvieron que regresar. A ello debe añadirse que España salía del momento más crítico de su historia moderna considerablemente tocada en su prestigio imperial. Si bien la pérdida territorial no era por entonces tan definitiva como lo sería en los años venideros, sí había quedado perfectamente puesta en evidencia la incapacidad de España para sostener sus propias dimensiones. La conjunción de estos factores dio lugar a un arrinconamiento de España en la escena europea que, a su vez, no dejó de tener su impacto americano: España perdía prestigio metropolitano y no ganaba ningún ascendiente para que su voz sobre cuestiones coloniales pudiera sonar autorizada entre las demás potencias.

Aunque Inglaterra quiso a España en un comité ampliado para las negociaciones que tenían que reordenar el mapa europeo en Viena, finalmente se vio reducida al grupo de las potencias de segundo orden, las cuales contaban solamente a la hora de sancionar las decisiones adoptadas por los cuatro grandes. Como si de todo un síntoma de los tiempos se tratara, Fernando VII designó para representarle en Viena al marqués de Labrador, quien aunaba en su persona todas las características que nunca deben acompañar a un diplomático. Su paso por la capital austriaca sirvió para que los potenciales aliados españoles (Inglaterra y Rusia) decidieran que para España bastaba con la restauración de Fernando en el trono, sin que las reclamaciones sobre la Luisiana, Etruria (Parma) o Gibraltar pudieran siquiera ser seriamente consideradas.

De hecho, la actividad exterior española durante este periodo se redujo a las consecuencias derivadas del Tratado de Viena, al que formalmente se adhirió solo en mayo de 1817, haciendo lo propio al mes siguiente con el Tratado de la Santa Alianza, acordado en 1815 por Rusia, Austria y Prusia. La firma del Tratado de Viena da la medida exacta de la nula influencia que el gobierno español tenía ya en los asuntos europeos. Finalmente, el conde de Fernán Núñez, sustituto del ineficaz Labrador, tuvo que aceptar los hechos consumados de la exclusión de los Borbones españoles de Parma, poniendo así de relieve la irrelevancia de la «diplomacia paralela» de Fernando VII que había confiado en el zar Alejandro I la resolución favorable a sus pretensiones. Con una dimensión muy residual en Europa, la política de Estado de España se redujo a dos actuaciones, ambas desastrosas. Por un lado, la compra en agosto de 1817 de una escuadra rusa que resultaría inservible; por otro, la cesión en febrero de 1819 de las Floridas a Estados Unidos, operación que ni siquiera llegaría a cobrar, pues su montante se dedicó a satisfacer reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno de España.

El embajador ruso que negoció la venta de la escuadra, Tatischeff, formaba parte de aquella camarilla o consejo áulico que tanto influía en el rey. En ella fue donde se decidió aplicar en América una política de reconquista militar de los territorios que se habían declarado independientes, lo que exigió un muy notable esfuerzo económico y bélico que, en buena parte, acabó por servir de justificación para la operación de la compra de la flota rusa. Exhaustas como estaban las arcas de la Real Hacienda, la Corona no podía hacer frente al ingente gasto que implicaba una operación como aquella. Quienes sí podían, y lo hicieron, fueron los comerciantes de Cádiz, que tanto habían determinado también la política de la Regencia y de las Cortes respecto al Nuevo Mundo. Con más de 60 buques y 15.000 mil efectivos, el general Pablo Morillo partía hacia América en febrero de 1815, con el fin de llevar a efecto la política derivada de la interpretación de la insurgencia americana como un problema estrictamente policial. Derivada esta expedición de su objetivo inicial, el Río de la Plata, tanto ella como una mucho menor dirigida a Nueva España debían reducir a las fuerzas insurgentes que desde 1811 venían fomentando y practicando la idea de la «independencia absoluta» en Nueva Granada y Venezuela. Morillo, un militar de prestigio que había pasado por Trafalgar y la Guerra de la Independencia, ejecutó muy fielmente su mandato practicando una política de «pacificación» basada en el tratamiento puramente policial de la insurgencia, lo mismo que hizo Francisco Casimiro Marcó del Pont en Chile tras la victoria en 1814 sobre los insurgentes de Mariano Osorio. Detenciones y ejecuciones fuera de todo orden de notables muy señalados en aquellas sociedades y confiscaciones o torturas formaron parte de esa política, como también lo hicieron de la de los insurgentes. Si las élites capitalinas americanas habían tenido la esperanza de que con la expedición de «reconquista» se restableciera una legalidad que conocían y estimaban bien, sus esperanzas se vieron pronto frustradas.

Tras la idea de la reconquista manu militari de los territorios levantiscos latía, en realidad, un planteamiento imperial que se había venido manifestando desde hacía décadas y que, en los años de la crisis y su solución constitucional en Cádiz, había tenido su mejor valedor en el comercio monopolista, el cual había acabado pagando a sus expensas la expedición de Morillo. Textos como las representaciones enviadas en mayo y julio de 1811 por el consulado de México a las Cortes contra la libertad de comercio y contra la extensión del voto a los americanos, o la actuación fulminante del consulado gaditano ante la posible liberalización del comercio con extranjeros en América en mayo de 1810, avalaban esta interpretación de la crisis americana de la monarquía como una cuestión de orden interno tratable a través de una actuación decididamente represiva.

Las Cortes habían tenido una tendencia muy acusada a tratar de este modo la cuestión. La decisión de bloquear el puerto de la Guaira como respuesta a la declaración de independencia de Venezuela en julio de 1811 o también, sin ir más lejos, el hecho de que ninguno de los gobiernos formados en la crisis, desde las juntas hasta las Cortes, hubiera reconocido la legitimidad de las juntas americanas apuntaban en un sentido muy distinto de las repetidas declaraciones de igualdad entre las provincias de uno y otro lado del océano. Desde un lugar tan privilegiado para la observación del mundo como entonces era Londres, José María Blanco White, español de nacimiento, irlandés de ascendencia y venezolano de adopción, advirtió con tanta insistencia como poco éxito de las consecuencias que tamaña inconsecuencia política podía conllevar. Al dar noticia de los sucesos de abril y mayo de 1810 en Caracas y Buenos Aires en su periódico El Español, Blanco White proponía con claridad una interpretación del derecho de gentes que habría permitido integrar aquellos movimientos dentro de un proceso de regeneración política común a toda la monarquía. Se trataba simplemente de entender que la independencia podía significar también autonomía o, dicho de otro modo, que el reconocimiento de la capacidad de las élites locales para gestionar la crisis y autotutelarse no tenía necesariamente que implicar su segregación de un cuerpo político común. Blanco sostuvo siempre —cayendo en desgracia por ello— que los americanos habían sido prácticamente expulsados del cuerpo político común inventado en Cádiz bajo el nombre de «nación española». No fue el único que lo creyó así, pues planteamientos similares pueden encontrarse en textos de señalados líderes de los procesos de independencia. Juan Germán Roscio, la voz jurídica de la primera República venezolana, afirmaría algo muy similar al sostener que la de Cádiz podía ser a la vez la más liberal y la más tirana de las Constituciones, dependiendo de en qué lado del Atlántico se leyera.

Entre el tratamiento que hubo de ese complejo espacio atlántico en el momento constitucional de 1812 y el que hubo durante el despotismo ramplón posterior a mayo de 1814 se observan, no obstante, importantes distancias. Si bajo el signo de la Constitución de Cádiz era concebible algún tipo de solución política de la crisis americana, desde la concepción imperial-monopolista asumida por el gobierno de la camarilla fernandina tal planteamiento quedaba totalmente fuera de lugar. En realidad, si el despotismo descartó cualquier posibilidad de solución política, a pesar de las advertencias que repetidamente recibió en este sentido, fue por el simple hecho de que tampoco entraba en sus planes poner en práctica ninguna forma de mediación política entre gobierno y sociedad para la propia metrópoli. La asociación entre despotismo y monopolio comercial quedó ahora más patente que nunca, dejando muy pocas opciones a las élites criollas que venían desde hacía décadas mostrando lo nociva que resultaba para sus intereses la combinación de ambos principios.

Este fue el motivo de que, si bien la experiencia americana de la Constitución había sido ambivalente, la del despotismo y la solución militar se acabará convirtiendo en el perfecto caldo de cultivo para que se conformara una identidad americana que ante todo se definió como antiespañola, afirmación que debe tomarse en el sentido que entonces podía tener y que nada tiene que ver con la idea de nacionalidad que hoy nos es más familiar. La españolidad cultural de los promotores de la independencia no se ponía en cuestión, pero sí su adscripción a España como cuerpo político. Ni José de San Martín, que había participado activamente y con honra en la guerra contra Napoleón, ni tampoco Simón Bolívar, que si por algo se tenía intelectualmente era por europeo, albergaban demasiadas dudas sobre su identidad cultural. Ambos, sin embargo, como les ocurrió también a otros muchos líderes americanos, llegaron a la conclusión de que formaban parte de una nación distinta de la española. Esas identidades encontradas no se conformaron en la cultura, sino en la guerra, en el enfrentamiento que tanto azuzó la solución encarnada en la expedición militar de 1815. En torno a esos años fue cuando el enfrentamiento entre americanos y españoles se presentó por parte americana como un pleito también en el ámbito del derecho internacional. Al igual que habían hecho las autoridades creadas en 1808 en España para resistir la mediatización imperial, los americanos procedieron a identificar a España con el ejercicio de un despotismo internacional en la medida en que se empeñaba en seguir sometiendo a tutela a naciones en grado de emanciparse y actuar por sí mismas.

El descubrimiento de una nación propia, enfrentada radicalmente a la española, se había producido ya entre los insurgentes mexicanos entre 1810 y 1814. El discurso que animó aquel momento arraigaba en la certidumbre de que España, bien por su entrega a Napoleón y su consiguiente pérdida de identidad propia, bien por su empecinamiento en el despotismo, había dejado de ser una referencia de nación para los americanos. El Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán (1814) lo expresaron con gran claridad, al proclamar su voluntad de «substituir al despotismo de la monarquía de España [con] un sistema de administración que, reintegrando a la Nación misma en el goce de sus augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la independencia, y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos». Fue sobre todo en la guerra cuando americanos y españoles se reconocieron mutuamente como diferentes. El conocido como «Decreto de guerra a muerte» (1813) de Simón Bolívar es todo un condensado de identidad basada en el enfrentamiento bélico, en el descubrimiento de una nación (la americana) en guerra con otra opresora e invasora (la española).

Las directrices de los gobiernos de Fernando VII relativas a la política americana no hicieron sino agudizar estas tensiones entre naciones que se descubrían diferenciadas y enemigas en la guerra. El tratamiento de la «cuestión americana» como un problema de orden interno, aplicando el rigor requerido en casos de motines y desórdenes públicos de acuerdo con la legislación tradicional que facultaba al monarca para reprimir duramente a sus súbditos díscolos y revoltosos, condujo al escenario que en junio de 1815 dibujaba para Fernando VII su ministro de Estado Pizarro: era casi imposible —le decía en una conocida memoria— que América se mantuviera íntegra para España; era muy difícil que se mantuviera parcialmente, y entraba «en la esfera de los posibles» que se perdiera por completo. Lo que proponía Pizarro en esa memoria era que el problema americano se enfocara preferentemente como una cuestión política y no como un desafío militar. Según él mismo contó en sus memorias, escritas con posterioridad, las propuestas de renuncia al sistema de comercio exclusivo y de apertura de los puertos americanos al comercio internacional fueron las que mayor oposición encontraron en el Consejo. A esta actitud, tradicionalmente mantenida por «la orgullosa Cádiz», Pizarro añadía otra opinión latente en la atmósfera que rodeaba al monarca y determinaba sus decisiones: el desprecio por los criollos y la desconfianza acerca de su capacidad para hacerse cargo del gobierno y la administración de los territorios americanos.

Si la expedición militar comenzó rindiendo frutos con la reducción de la insurrección en Venezuela y Nueva Granada, pronto se harían realidad los peores presagios de Pizarro para los intereses de la monarquía española en América. Así, el 9 de julio de 1816 se proclamaba formalmente la independencia de las provincias del Río de la Plata en el Congreso de Tucumán. Inmediatamente, el general José de San Martín, con el apoyo del recién nombrado director supremo Juan Martín de Pueyrredón, organizó la campaña de Chile, atravesando los Andes al año siguiente y logrando coronar en Maipú, en abril de 1818, el plan de liberación de Chile, lo que franqueaba el camino hacia el norte en un intento de consolidar la independencia continental. Por su parte, Simón Bolívar lograba reactivar la insurrección en Venezuela y reunía en febrero de 1819 el Congreso de Angostura (hoy Ciudad Bolívar), proclamando la República de Colombia, integrada por Nueva Granada, Venezuela y Quito (que aún seguía bajo control español). La consolidación de la independencia de esta república permitió también a Bolívar encaminarse hacia el sur con intención de conseguir una independencia continental.

Cuando el ejército que se dirigía a América con el objetivo de proseguir esta política de solución militar se levantó en Cabezas de San Juan (Cádiz) en enero de 1820, provocando un cambio de régimen político en marzo, España había perdido el control sobre buena parte de la América hispana: por el norte, había cedido Florida a Estados Unidos; y por el sur, se habían independizado los antiguos virreinatos del Río de la Plata y Nueva Granada, junto con las capitanías generales de Chile y de Venezuela. También habían fracasado los intentos del conde de Fernán Núñez de conseguir un pronunciamiento del Congreso de Aquisgrán (1818) sobre la extensión a América del principio de legitimidad, lo que habría forzado algún tipo de intervención europea contra la insurrección americana. La oposición de Gran Bretaña fue pertinaz y decisiva a la hora de que se descartara cualquier implicación europea, dejando en exclusiva a España y a sus cada vez más mermadas fuerzas militares la empresa de ir perdiendo gota a gota sus antiguas colonias. Excepto Nueva España y Perú, los más antiguos enclaves españoles en América, así como Cuba y Puerto Rico, el resto de la América española era ya, de hecho, independiente en el momento en que volvió a entrar en vigor una Constitución que proclamaba en su primer artículo que la nación española se extendía por ambos hemisferios y que, en el undécimo, definía una geografía de esa nación ya del todo imposible.

ESPAÑA SIN IMPERIO (1820-1833)

Al reanudarse el ciclo constitucional entre marzo y julio de 1820, los revolucionarios tuvieron la vana esperanza de que la sola noticia de tales acontecimientos peninsulares conllevaría de nuevo la reunión de «todos los españoles» en un cuerpo político nacional. Así lo dio a entender el ministro de Ultramar del gobierno provisional, Antonio Porcel, al rendir cuentas ante las Cortes en el verano de 1820. Mal había comenzado, sin embargo, aquel proyectado reencuentro constitucional de la nación española soñada en Cádiz, pues, de nuevo, las Cortes se abrían con una muy precaria representación americana. Formada toda ella por suplentes en número de 30, la asamblea no atendió, al revisar sus poderes, a la cuestión de fondo sobre la legitimidad de la representación de aquellas provincias, sancionando así un auténtico despropósito por el que algunos diputados nombrados por Argüelles el primer día de la reunión de Cortes como electos desaparecían de la sanción definitiva, mientras que otros quedaban representando malamente a quienes no se sentían ya parte de la nación española. Tanto fue así que el mismo conde de Toreno pidió a las Cortes que no entraran a decidir si la elección de diputados americanos era o no constitucional, sino únicamente si se había ajustado al decreto de convocatoria del 22 de marzo de 1820, que se suponía a su vez ajustado a la Constitución.

Este mismo señalado protagonista de todo el momento gaditano, el conde de Toreno, fue al año siguiente el encargado de leer unas decepcionantes conclusiones de la comisión nombrada por las Cortes para proponer medidas para la «pacificación» de América. Si todo lo que pudo discurrir esa comisión fue pedir, a su vez, al gobierno que propusiera medidas al respecto, los diputados americanos no tuvieron ninguna dificultad para proponer al día siguiente una muy concreta. Se trató del último intento de procurar una recomposición constitucional del cuerpo político hispano, que arrancaba constatando que la Constitución de 1812 era en América tan deseada como impracticable. Proponían, por ello, volver a un tipo de unión basado en la combinación del vínculo monárquico y el constitucional, mediante la creación de tres secciones de Cortes, del poder ejecutivo, del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado en América. Todas estas partes estarían reunidas con la peninsular europea en la monarquía española a través de la persona del rey y de la comunidad de Constitución, entendiéndose un mismo espacio nacional también a efectos comerciales.

Lucas Alamán, uno de los firmantes de esta propuesta, constataría en enero del año siguiente que lo único que quedaba por hacer a las Cortes y al gobierno era enviar agentes a América y recibirlos a su vez de los gobiernos americanos, con el fin de poder proceder a establecer armisticios con ellos. En una interpretación a la que seguiría fiel años después al escribir la historia de estos acontecimientos, señaló entonces que la independencia obedecía únicamente a la conveniencia. En efecto, era esa la conclusión a la que habían llegado ya buena parte de las élites territoriales americanas, adivinando su diferencia de nación con España no en la identidad de cultura —que continuarían reivindicando siempre, sobre todo para diferenciarla de la indígena y orillar esta así del proceso de apropiación de la nación—, sino en la identidad política. Las posibilidades constitucionales no se habían cerrado hasta el último momento, como demostraban las intervenciones de los diputados americanos en Madrid o las de escritores públicos tan señalados como Carlos María de Bustamante, Félix Varela, Vicente Rocafuerte o Manuel Lorenzo de Vidaurre. Sin embargo, toda la respuesta que recibieron de las Cortes de Madrid fue dar por nulos los acuerdos alcanzados por el capitán general y jefe político Juan O’Donojú con Agustín de Iturbide para el tránsito hacia una forma de vinculación monárquica en Nueva España y la incitación al gobierno para el envío de agentes a América.

De esta manera, durante el periodo liberal y constitucional fue cuando se completó prácticamente la independencia de los territorios españoles de la América continental. Mientras las Cortes de Madrid debatían sobre los poderes de los diputados americanos y no se decidían a tomar medidas «pacificadoras», y mientras la responsabilidad pasaba de unas manos a otras entre las propias Cortes, el gobierno y el Consejo de Estado, en América las tropas del general San Martín llegaban a Lima y, en julio de 1821, se declaraba la independencia del Perú, que durante los tres años siguientes mostraría su fragilidad. Por su parte, las tropas bolivarianas alcanzaban Quito y Guayaquil en 1822, y, en septiembre de 1821, se proclamaba la independencia de México, al que se incorporaría toda Centroamérica, conformando un imperio que cubría desde el norte de California hasta Panamá y desde el Pacífico hasta el Atlántico.

Al mismo tiempo, en otoño de 1822, se reunía en Verona un Congreso de príncipes y plenipotenciarios europeos inicialmente convocado para tratar de cuestiones relativas a la política europea en el Mediterráneo oriental, pero que rápidamente hizo de España su foco de atención preferente. La evolución radical de la revolución liberal reiniciada en 1820 preocupaba a las cortes y gobiernos europeos en distintos grados y por diferentes motivos, pero constituyó una perfecta ocasión para que la «gendarmería» europea decidiera dar una lección a los revolucionarios. Ganada finalmente la neutralidad británica —cuyo ministro de exteriores, George Canning, declaró que lo único que le preocupaba de España era la situación de las colonias españolas emancipadas—, el Congreso aceptó la oferta francesa de «hacerse cargo» de la revolución española. Meses después de que este «encargo» se tradujera en la invasión francesa de España y la restauración del despotismo fernandino, el presidente estadounidense James Monroe hacía pública la decisión de no consentir reapropiaciones coloniales europeas en los territorios españoles independizados.

Con ello, durante los años que restaban de gobierno a Fernando VII, España iba a quedar aún más aislada si cabe en la política internacional, algo de lo que da fe la muy escasa y poco relevante actividad diplomática desplegada por los gobiernos fernandinos hasta 1833. Por una parte, Francia dejó acantonada una significativa cantidad de tropas, contando con el consentimiento regio en distintos convenios firmados en 1823 y 1824, lo que mermaba considerablemente la imagen de Estado independiente de España en el escenario europeo. Por otra, la declaración de la Doctrina Monroe, junto con los requerimientos del equilibrio de poderes en Europa y un prometedor mercado en América, incitaban al reconocimiento de las nuevas repúblicas por parte de los gobiernos occidentales. La única potencia que no participó en ese proceso fue precisamente España. Si hasta 1836 no se produjo el reconocimiento oficial de la independencia y soberanía de México, de por medio se perdió la oportunidad de establecer tratados de comercio ventajosos, como no dejaron de señalar distintos escritos públicos salidos a la luz con la apertura pública del debate sobre el reconocimiento de la independencia de las repúblicas americanas en los años treinta. Fue entonces cuando pudo, finalmente, asentarse el principio de que era mucho más conveniente para España el comercio que la soberanía, lección que ya había quedado clara para otras potencias coloniales desde mediados de la anterior centuria.

EL PROCESO ECONÓMICO

Ana Aguado

La época comprendida entre 1789 —año de la Revolución en Francia y del comienzo del reinado de Carlos IV en España— y 1833 —final del reinado de Fernando VII e inicio de la Primera Guerra Carlista y de la llamada revolución liberal— es un periodo en el que la convulsión política y social fue tal que en parte esta circunstancia ha dificultado su análisis desde la perspectiva económica. Para entender las características del proceso es indispensable remitirse a las transformaciones producidas en las estructuras económicas y sociales a lo largo de este periodo, dentro de un contínuum en el que la crisis del Antiguo Régimen y el periodo revolucionario liberal resultan inseparables. Un proceso en el que las transformaciones producidas estuvieron orientadas hacia el desarrollo de una economía capitalista, concretada en un capitalismo de carácter agrario y comercial, y en el libre acceso a la propiedad privada de la tierra.

Este desarrollo capitalista, junto con la progresiva hegemonía de nuevos sectores comerciales e industriales burgueses emergentes, llevaría definitivamente las tradicionales estructuras sociales y económicas de carácter señorial, así como las formas de vida propias del Antiguo Régimen, hacia modelos burgueses específicos de la sociedad liberal consolidada a lo largo del siglo XIX. Estos sectores fueron diferenciándose de la tradicional burguesía financiera y mercantil que no solo no había cuestionado los privilegios y monopolios derivados del Antiguo Régimen, sino que les debía su enriquecimiento. Por el contrario, a fines del Antiguo Régimen el crecimiento económico había potenciado la aparición de sectores burgueses ajenos en parte a los mecanismos tradicionales de acumulación y necesitados de invertir capitales fuera del marco de los privilegios corporativos y de la organización tradicional del comercio y las finanzas. Los intereses de estos sectores se irían concretando en la eliminación de trabas para el libre comercio y en la implantación de la propiedad privada, libre, plena e individual, que se conseguiría con la transformación liberal del régimen jurídico de la propiedad de la tierra, a través fundamentalmente de las leyes de desamortización y de desvinculación.

Estas medidas fueron decisivas porque, a comienzos del siglo XIX, el sector agrario constituía la base de la economía española. Las guerras y los problemas fiscales de fines del reinado de Carlos IV habían descargado todo su peso en el campo, con unas clases nobiliarias y eclesiásticas exentas de tributación y enormemente resistentes a los cambios mínimos impulsados por los primeros gobiernos ilustrados. Así, la agricultura fue el sector de la economía que mayor atención recibió durante el primer asalto liberal al edificio económico y social del Antiguo Régimen. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX se pondría en marcha, en efecto, un movimiento de venta de tierras que adquirió un carácter acumulativo y que culminaría, tras varias iniciativas legales, en la Ley de Desamortización General de 1855.

Los cambios habidos en la propiedad de la tierra, factor determinante en la época feudal, la crisis de la ganadería mesteña, la pérdida del mercado colonial, las dificultades financieras de la Hacienda Real y todo un rosario más de problemas añadidos han hecho que la valoración global del periodo a menudo resulte negativa, llegando incluso a ser calificado de periodo de contracción económica. Poco a poco, sin embargo, se ha ido asentando entre los historiadores económicos la idea de que las dificultades iniciales del momento, y en concreto las vinculadas a la situación económica de la primera década del XIX —hambres, guerras, enfermedades y crisis de mortalidad incluidas, o sea, los clásicos jinetes del Apocalipsis que definen las grandes crisis medievales y modernas—, no deben ocultar el robusto crecimiento que, al menos desde el final de la Guerra de la Independencia, registró el país. Un crecimiento basado en el de la agricultura, con una notable expansión de los cultivos —en especial de los cereales—, pero también con cambios en ámbitos como el comercio o la manufactura, que acabarían por romper los estrechos moldes del entramado institucional del Antiguo Régimen. A medio plazo, el crecimiento agrario dieciochesco fue resultado de una doble tendencia: extensión del área de cultivo, por una parte, e intensificación y producción para el mercado por otra. Bien fueran para la subsistencia, bien para el mercado, los cultivos se ampliaron a lo largo del siglo.

En cuanto a la manufactura y la industria, la situación no era en absoluto homogénea, pues, a los factores derivados del escaso dinamismo del mercado interior, hay que añadir la especial coyuntura que para la industria supusieron estos años —los de la primera Revolución Industrial—, que implicaron una fortísima competencia, amén de exigir modernización tecnológica. La defensa proteccionista a través de aranceles no era barrera suficiente frente al contrabando y la competencia de las modernas fábricas extranjeras, y así no fue extraño que las viejas pañerías o lencerías entrasen en decadencia, aunque en algunos casos mantuviesen focos activos mediante la especialización puntual —Béjar con sus capotes, Alcoy con su lana de menor calidad o Palencia con sus mantas—; ni tampoco fue extraño que algunas zonas aprovechasen su anterior potencia y fuesen incorporando tecnología —como es el caso del algodón catalán, que desde temprana fecha contó con las hiladoras mule-jenny—, logrando mantener su posición puntera dentro de la industria peninsular. Cataluña fue, sin duda, el lugar donde se localizaron los esfuerzos más activos por mecanizar el proceso productivo, y por centralizar en naves industriales parte del mismo, y, por supuesto, la fuerza de trabajo, es decir, el alumbramiento de la fábrica.

La otra industria propia de la primera Revolución Industrial, la siderurgia, vivió durante estos años una etapa de tanteo. Vinculada como estaba con el suministro del input energético, o sea, con el carbón, las primeras iniciativas quedaron determinadas por el acceso a las cuencas hulleras, por lo que Asturias y Andalucía se convirtieron en el eje de las primeras siderurgias modernas. Especialmente la segunda, que, a partir del arancel proteccionista de 1826, vio nacer dos iniciativas, en Málaga y en Sevilla, dedicadas a producir hierro; pero, sin hulla de calidad a precio asequible, el recurso al carbón vegetal y la estrechez del mercado impidieron un desarrollo mayor. Harían falta años para que las ferrerías vascas tomasen la delantera merced a su comercio de mineral de hierro que les dio acceso al carbón inglés como flete de vuelta.

Por lo que respecta a otras industrias, cabe destacar aquí la industria harinera, ya que se trata de la que más empleo generaba en aquella época, si bien tanto su dispersión como su carácter mayoritariamente de manufactura antigua, la vieja molinería, la hagan poco visible. Sin embargo, se beneficiaría de un extenso mercado reservado, y en época de ampliación del área de cultivo destinada al cereal, solo las restricciones legales a la libre iniciativa impidieron que emergieran industrias harineras modernas. Sin embargo, sí que hubo algunas, como las registradas en el Canal de Castilla, en Cantabria y otros lugares, que sirvieron de punto de arranque para su posterior extensión cuando las leyes desamortizadoras y de libertad de industria liquidaron tales restricciones.

Es este, por tanto, el periodo en el que se gestan las bases de la economía y de la sociedad españolas contemporáneas a partir de la suma de diversos factores: a la larga crisis del viejo orden señorial tardofeudal se añadiría una crisis de carácter político, que, unida también a los problemas financieros de la monarquía, iba a tener importantes repercusiones en los cambios introducidos en la política económica de Fernando VII, todavía en los periodos finales del absolutismo.

Los sucesos de 1808 significaron el inicio del proceso revolucionario liberal y de las transformaciones económicas que lo acompañaron y que se llevó a cabo en dos etapas fundamentales —1808-1814 y 1820-1823—, interrumpidas por los dos últimos periodos absolutistas, el Sexenio Absolutista (1814-1820) y la Década Ominosa (1823-1833). Esta etapa de discontinuidades y contradicciones económicas y políticas acabaría dando paso a partir de 1833, fecha de la muerte de Fernando VII, a una España en la que la consolidación de la economía capitalista y del Estado liberal convertiría a estos en dos aspectos de la realidad ya indisociables. En este sentido, y con todos los matices obligados, es necesario contextualizar este proceso histórico en el amplio marco de final del Antiguo Régimen, de disolución del régimen señorial y de transición al capitalismo.

Las transformaciones económicas que se produjeron en el primer tercio del siglo XIX fueron resultado del desmembramiento final de las estructuras señoriales, así como de la progresiva articulación de una nueva realidad económica de carácter capitalista. En este sentido, y como señaló en su día Josep Fontana, la crisis económica lo fue sobre todo para las viejas clases dominantes, para la Hacienda absolutista —dada la pérdida de los ingresos provenientes de las colonias americanas y el enorme volumen alcanzado por la deuda pública— y también para los sectores más pobres del campesinado, que sufrieron particularmente el aumento y los cambios introducidos en la fiscalidad.

Para los nuevos sectores burgueses se hacía cada vez más necesaria y urgente la construcción de un mercado nacional, así como el acceso a la propiedad privada de la tierra y la liquidación de un régimen señorial que dificultaba el crecimiento agrario y el «progreso general» —tal como ellos lo denominaban— del país. Comerciantes y campesinos acomodados estaban interesados en adquirir nuevas fincas y poseían capital suficiente para hacerlo, pero se lo imposibilitaba la falta de oferta y el elevado precio de las escasas tierras libres en el mercado. Fue, por tanto, en estos sectores donde más se intensificaron las presiones en favor del cambio.

Resulta imprescindible relacionar la promulgación y desarrollo de la legislación revolucionaria —disolución del régimen señorial, desamortización, desvinculación, reducción y posterior abolición del diezmo—, así como los cambios políticos ocurridos al mismo tiempo —Constitución de 1812 y primeras instituciones liberales—, con la transformación sustancial de las relaciones económicas, en particular con el desarrollo de las estructuras capitalistas, la progresiva consolidación de la propiedad privada de la tierra y su transformación en mercancía, la articulación del mercado nacional y la progresiva polarización social agraria, entre otros aspectos.

Sobre estas transformaciones estructurales iba a incidir la coyuntura prerrevolucionaria de los últimos años del siglo XVIII que conducirán al inicio del proceso revolucionario. En este sentido, no se pueden separar las dos características que definen esta época: crisis de la antigua sociedad señorial y desarrollo de nuevas relaciones de carácter capitalista, relaciones estas que la acción revolucionaria liberal aceleraría en la primera mitad del siglo XIX. Los episodios de crisis que se producen a finales del siglo XVIII e inicios del XIX muestran, más allá de la coyuntura, las contradicciones entre el desarrollo del capitalismo y las estructuras sociales e instituciones del Antiguo Régimen.

A lo largo del siglo XVIII se fueron extendiendo nuevos intereses económicos y nuevas relaciones de producción, cuyo crecimiento —y el de los sectores sociales a los que les beneficiaba— fue progresivamente colisionando con el viejo armazón institucional absolutista, así como con las limitaciones a la inversión de capital que comportaban la renta señorial, la desarticulación del mercado y la propiedad vinculada y amortizada.

Cuestiones todas ellas cuya resolución se iba a producir a partir de 1808 con el inicio del proceso revolucionario liberal, gracias a los cambios legislativos y políticos que acompañaron a este. Esa transformación revolucionaria se adecuó así a los intereses, necesidades y planteamientos de la burguesía. No tuvo un carácter «radical», si por radical se entiende una redistribución más igualitaria de la tierra que favoreciera a los sectores pobres del campesinado, sino que consistió fundamentalmente en la eliminación de las trabas jurídicas que pesaban sobre la propiedad, en la creación y extensión del mercado de tierras mediante la desvinculación y la desamortización y en el aumento de la productividad a través de las inversiones de capital. Medidas todas que favorecían la consolidación y progresiva hegemonía de los distintos sectores burgueses emergentes.

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

La sociedad española de finales del siglo XVIII y de inicios del siglo XIX seguía caracterizándose por la articulación de relaciones agrarias en torno al señorío como unidad de organización económica fundamental y también por el marco político de un Estado absolutista. La renta señorial como mecanismo de exacción continuaba siendo, por otra parte, un elemento clave para entender la realidad económica; pero, a la vez, se trataba de una sociedad que a lo largo del siglo XVIII había experimentado un importante crecimiento económico, así como una expansión del arrendamiento como forma de relación agraria cada vez más extendida y ligada al desarrollo de la agricultura comercial. En este sentido, no se trataba de una sociedad «atrasada» o «refeudalizada», sino más bien de todo lo contrario, y, de hecho, las resistencias antiseñoriales fueron la consecuencia de la contradicción de intereses entre las viejas clases señoriales y la ascendente burguesía agraria y comercial.

En la caracterización económica de los años finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX se han asociado distintos factores coyunturales que incidieron y aceleraron la denominada crisis del Antiguo Régimen. Entre ellos figura el largo periodo bélico que, durante el reinado de Carlos IV, se inició con la Guerra contra la Convención (1793-1795) y se extendió hasta la Guerra de la Independencia. En dicho periodo se produjeron, además, y casi sin solución de continuidad, las dos guerras contra Gran Bretaña (1796-1802 y 1804-1808). El colapso comercial, las dificultades en el mantenimiento del mercado colonial, así como las necesidades fiscales y hacendísticas, empujaron a la monarquía absoluta a buscar posibles soluciones a través de las primeras medidas contra la propiedad vinculada y amortizada, unas medidas que provocaron tensiones en el seno de los grupos dominantes. El fuerte incremento de la deuda y las dificultades del comercio colonial caracterizaron, por tanto, la evolución de la economía española durante el reinado de Carlos IV.

Sin embargo, los apuros financieros de la monarquía borbónica se remontaban más allá de los fenómenos bélicos y económicos del final del siglo, dado que su origen era más bien de carácter estructural —provocado por el desajuste entre el sistema fiscal y la realidad socioeconómica—, aunque posteriormente se viese agudizado por distintas cuestiones coyunturales. Y, en este sentido, enlaza con las consecuencias derivadas de la expansión agraria que caracterizó al siglo XVIII, de forma que no cabría hablar de crisis en el sentido tradicional. Por el contrario, fue precisamente el desarrollo del capital y de la agricultura comercial el que generó la necesidad de transformar la propiedad en mercancía ante la limitación de las opciones de inversión (limitación que se vio agravada en la coyuntura de finales de siglo). La situación colonial y el deterioro financiero del Estado provocaron, igualmente, un aumento de la orientación de las inversiones del capital comercial hacia los bienes inmuebles.

Hacia 1790 la economía española había llegado a una situación que solo cabía ya encauzar a través de reformas institucionales. El sector agrario constituía la base de la economía española, pero la expansión agraria estaba bloqueada por la limitación del mercado de la tierra y por las restricciones impuestas a la roturación de terrenos comunales y concejiles, así como por la creciente resistencia al pago de las rentas señoriales y por la subida de la renta de la tierra en el caso de las economías campesinas, con el consiguiente ascenso de la conflictividad social. En una economía donde la agricultura significaba el mayor porcentaje del producto interior bruto, resulta lógico que el avance hacia una economía de mercado, es decir, con bienes y servicios liberalizados, tuviera obligatoriamente que pasar por la liberalización del factor productivo más importante: la tierra. De no ser así, manufacturas y servicios gozarían de escaso margen para progresar.

Como han señalado diversos especialistas en el tema, en la segunda mitad del XVIII el alza de la renta de la tierra y de los precios significó la reducción de los niveles adquisitivos para amplios sectores del campesinado y de los artesanos, es decir, para los grupos sociales sobre los que principalmente recaía una fiscalidad que mantenía altos niveles de exención privilegiada sobre la nobleza y el clero. Una exención a la que se añadía que la amortización y vinculación de las propiedades rústicas y urbanas no solo las mantenía fuera del mercado, sino que también estaba privando a la Hacienda de objetos impositivos.

El contexto en el que se precipitaría la quiebra de la monarquía absoluta, a partir de lo que se ha denominado como «crisis finisecular», afectó a diversos sectores sociales: así, la burguesía agraria y comercial estaba necesitada de liberalizar definitivamente el mercado de tierras y se había visto perjudicada gravemente por los problemas del comercio exterior, acentuados a lo largo de todo el ciclo bélico; los sectores artesanales e industriales —como era, por ejemplo, el sector de la seda valenciana— habían sufrido numerosos obstáculos para sus ventas; y especialmente afectadas estaban también las clases populares, económicamente débiles y sujetas como consumidoras al aumento de precios y a las crisis de subsistencias, de tal forma que en estos años aumentó significativamente en las ciudades el número de pobres y de mendigos. De hecho, 1790-1808 fue uno de los periodos en los que la morosidad y las resistencias al pago de las rentas agrarias llegaron a alcanzar mayores proporciones. La inestabilidad y las dificultades económicas agudizaron el malestar social y la lucha por la tierra.

A estas de por sí preocupantes características de la economía se sumó la mayor frecuencia relativa de malas cosechas, lo que provocaría, sobre todo en el interior de la Península, la repetición de escasez de alimentos y de fuertes elevaciones de los precios de los cereales. Y también se añadieron los problemas financieros y el grave endeudamiento del Estado, atrapado en el sistema de vales reales y necesitado de recaudar nuevos ingresos para hacer frente a los gastos bélicos. La presión fiscal, las dificultades comerciales, las quiebras mercantiles e industriales —como en el caso de la industria de la seda— y las crisis de subsistencias propiciaron durante este periodo el estallido de numerosas sublevaciones y revueltas. La conflictividad social agraria se fue traduciendo en el progresivo incremento de la resistencia de los campesinos al pago de rentas señoriales y de los diezmos, lo que en Cataluña y en Valencia dio lugar, en la última década del siglo XVIII y en las primeras del XIX, a un importante y progresivo descenso de los ingresos señoriales. Así ocurrió, por ejemplo, en Valencia con la revuelta de 1822 —año que sería conocido como «l’any de la fam», el año del hambre—, revuelta que tuvo un marcado carácter antiseñorial contra el pago de las rentas y cuya dirección real, a pesar de la participación del pequeño campesinado, estuvo en manos de la burguesía agraria.

A toda esta problemática agraria se sumaba la inestabilidad del comercio exterior. Las guerras, especialmente las sostenidas contra Inglaterra, perturbaron el tráfico colonial, pues Inglaterra consiguió impedir casi por completo el flujo comercial entre España y sus colonias americanas. En 1797, y ante la falta de abastecimiento, se autorizó el comercio directo de los países neutrales con las colonias americanas, de manera que el monopolio comercial de España con estas, que en la práctica nunca había sido total, se resintió todavía más en estos años. El comercio colonial entró en una fase de declive acelerado y prácticamente ininterrumpido desde dicho año (1797), declive que afectó especialmente a algunas ciudades portuarias —Málaga, Barcelona y Cádiz— y a aquellos sectores económicos cuya producción se dirigía en parte a los mercados americanos.

Otra de las características repetidas de este periodo prerrevolucionario fue el endeudamiento de la monarquía —la denominada «quiebra de la monarquía absoluta»— y el agravamiento de sus finanzas, a cuyo deterioro contribuyeron los costes de las guerras contra Francia e Inglaterra, cifrados entre unos 5.300 y 5.500 millones de reales. La monarquía había financiado estos gastos extraordinarios a través de préstamos obtenidos en el exterior y mediante la emisión de vales reales, es decir, títulos de deuda emitidos por el Estado con el fin de sufragar los gastos cuando ni créditos ni donativos ni, cada vez menos, las remesas americanas resultaban suficientes. La deuda aumentó enormemente en pocos años: de 2.019 millones de reales en 1788 se pasó a 7.473 millones en 1808. Las sucesivas y voluminosas emisiones de vales reales entre 1794 y 1799 —800 millones de reales solo en 1799— provocaron la caída en la cotización de estos títulos, de tal forma que, entre 1805 y 1807, los vales reales se cotizaban y se compraban por la mitad de su valor nominal. A pesar de que desde 1798 el gobierno había creado la Caja de Amortización —después Caja de Consolidación— para gestionar la deuda, pagar intereses y reducir la cantidad de vales reales en circulación, este objetivo no se pudo lograr en ningún momento debido a las urgentes necesidades hacendísticas.

La necesidad de más ingresos por parte del Estado se intentó resolver acudiendo también a la creación de nuevos impuestos. En la última década del siglo XVIII y en los primeros años del XIX el sistema fiscal absolutista evidenció su insuficiencia y su elevado grado de rigidez, de tal forma que tanto los nuevos tributos como la reforma de los existentes y los recargos fueron causas directas de malestar. A partir de 1795 se establecieron nuevos impuestos sobre bienes vinculados y sobre el comercio, y, en 1799, se implantó un impuesto extraordinario de 300 millones de reales, de los cuales los pueblos debían aportar 200, pero solo entregaron 136 a lo largo de dos años y medio.

En conjunto, durante el reinado de Carlos IV los ingresos fiscales reales por habitante disminuyeron, mientras que los ingresos procedentes de las Indias tendieron, por el contrario, a aumentar en este periodo, especialmente los procedentes de Nueva España. De esta manera, si la contribución de las colonias a las rentas de la Hacienda española representaba en torno al 25 por ciento de estas en los años noventa, en 1802-1804 la proporción había subido al 40 por ciento y alrededor del 50 por ciento en 1808-1811. Se entiende bien, por consiguiente, que el mantenimiento del control sobre las Indias resultase ser para la monarquía absoluta una cuestión prioritaria y vital. Al propio tiempo, esta no podía ya sostener el incremento de los gastos defensivos que dicho control comportaba, especialmente a partir de 1808. Como, pese a los ingresos americanos, la Hacienda española tenía grandes dificultades para financiar el gasto, la nueva medida a la que recurrió la monarquía de Carlos IV fue, finalmente, la promulgación en 1798 de las primeras leyes de desamortización, concretamente la denominada «desamortización de Godoy», llevada a cabo entre 1798 y 1807.

En este contexto es en el que se deben situar las primeras medidas contra la propiedad amortizada y vinculada, un contexto de endeudamiento hacendístico, así como de necesidad de recursos económicos tanto para reforzar el crédito público como para hacer frente a las guerras contra Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, dichas medidas significaron la primera fractura de la propiedad señorial feudal, por lo que representaban mucho más que una simple medida coyuntural y apuntaban hacia las posteriores transformaciones estructurales del sistema. La extinción de los vales reales a costa del debilitamiento de un elemento fundamental del Antiguo Régimen como era la amortización y la vinculación de la propiedad comportaba una acción de la monarquía absoluta desconocida hasta finales del siglo XVIII, con los riesgos que esta medida podía implicar, aunque solo fuese el inicio del largo proceso de desarrollo de la propiedad privada.

La burguesía, cuya necesidad de invertir el capital acumulado en tierras topaba con un mercado muy limitado, restringido y con altos precios, aprovechó de inmediato la medida para destinar los vales reales a la compra de tierra. A esta necesidad de inversión en tierras se sumaba una crisis comercial que cuestionaba otro tipo de inversiones y que también empujaba hacia valores seguros, como era el de la tierra. De hecho, en parte la desamortización de Godoy se llevó a cabo para dar satisfacción a estos sectores, dado que la colocación rentable de sus recursos resultaba cada vez más difícil debido a las dificultades comerciales de fines de la centuria, al tiempo que la crisis financiera del Estado no favorecía los préstamos a la Real Hacienda como fórmula de inversión.

La desamortización eclesiástica se inició hacia finales de 1798 con el permiso monárquico y papal para alienar tierras y bienes de órdenes militares, continuando en 1805 y 1806 con la autorización para alienar otros bienes eclesiásticos como iglesias, monasterios y conventos. Esta primera actuación representó un fuerte ataque contra la propiedad amortizada, con ventas que se prolongaron hasta 1811, ya iniciada la Guerra de la Independencia. Importantes extensiones de tierra productiva fueron adquiridas fundamentalmente por la burguesía comercial y, en menor medida, por campesinos ricos.

Con la misma orientación, en 1798, 1803 y 1805, se promulgaron sendos decretos que posibilitaban desvincular y vender mayorazgos bajo determinadas condiciones. Aunque la importancia de esta primera desvinculación fue menor, significaba una clara muestra del interés de determinados sectores por acabar con la protección y el inmovilismo que representaba la propiedad vinculada. La cédula de 1803 y la pragmática de 1805 aclararon cualquier duda referente a la libre disponibilidad de los bienes desvinculados, de acuerdo ya con una concepción de la propiedad plena y libre. A pesar de que fueron pocos los poseedores de vínculos entre la nobleza que se atrevieron a liberarlos, sí que hubo una actitud distinta en otros vinculistas no nobles, que en muchos casos adquirieron en plena propiedad y en condiciones ventajosas los bienes procedentes de sus propios vínculos.

En términos globales, la desamortización de Godoy proporcionó a la Hacienda hasta 1808 la importante cantidad de 1.653 millones de reales, de los que, sin embargo, solo una pequeña parte se destinó a la reducción de la deuda pública, aun cuando en 1806 se autorizó también por parte del papado la venta de la séptima parte de los bienes del clero en España. Estas primeras medidas impulsadas por la propia monarquía contra la propiedad amortizada y vinculada, eclesiástica y señorial, no constituyeron un episodio más de carácter coyuntural, sino que significaron el primer y temprano ataque a la propiedad amortizada —aunque bajo la fórmula de «enajenación concordada», como la definió Bartolomé Clavero—, de la que parte importantísima se encontraba en manos de la Iglesia, y también contribuyeron a la definición de los derechos de propiedad en un sentido burgués, reorientando los modelos de crecimiento. El capital acudió rápidamente a las subastas, de forma que comerciantes, maestros artesanales, oligarquías locales y propietarios rurales accedieron a compras de propiedades en esta primera desamortización.

Era el inicio de la decisiva transferencia de tierras a manos de la burguesía, como uno de los elementos básicos de la progresiva resolución del conflicto entre capital y propiedad señorial que caracterizó a la crisis del Antiguo Régimen; el inicio de las sucesivas medidas que se llevaron a cabo a partir de 1808 con un objetivo común: la consecución de un mercado de tierras libre en el que los agentes económicos no encontraran trabas para desarrollar su libre iniciativa, de acuerdo con el principio de libertad económica individual.

GUERRA Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS LIBERALES

El contexto histórico excepcional de la Guerra de la Independencia —entendiendo por tal el complejo proceso abierto con el inicio de la guerra contra Francia y continuado por los distintos levantamientos populares, la formación de los primeros gobiernos liberales y, finalmente, la aprobación de la Constitución gaditana de 1812— tuvo decisivas consecuencias económicas tanto para España como para sus colonias. En 1808, en efecto, en este contexto de guerra contra el ejército napoleónico que ocupó la Península entre 1808 y 1814, dio comienzo un proceso revolucionario liberal que venía a ser la culminación de un largo periodo prerrevolucionario. Las contradicciones económicas que se venían arrastrando desde finales del siglo XVIII se vieron agravadas por los seis años de guerra, con sus inevitables consecuencias de paralización del comercio interior y exterior y de agudización de las tensiones agrarias, a lo que se vino a sumar el problema demográfico generado por la mortalidad de la guerra, el hambre y las epidemias. En esta coyuntura especial, habría que matizar el carácter de la denominada «crisis agraria», pues esta no habría representado ni una mera repetición de los ciclos económicos propios del Antiguo Régimen agrario, ni mucho menos un derrumbe de la economía, sino que la «crisis» actuó como un elemento dinámico en la liquidación del sistema señorial.

Tal fue el contexto en el que las Cortes —reunidas en Cádiz desde el 24 de septiembre de 1810— abordaron la construcción de las instituciones económicas del Estado liberal y la elaboración de la legislación revolucionaria. Las Cortes de Cádiz, además de redactar una Constitución, pusieron en marcha medidas legales que preludiaban los objetivos económicos y sociales del proyecto liberal que se consolidaría como hegemónico y que llevaría al afianzamiento de la economía de mercado y de la propiedad privada de la tierra, denominada «propiedad perfecta». Resultaba evidente que, para los diferentes sectores de la burguesía, ponerse de acuerdo en la cuestión de la propiedad de la tierra era una condición necesaria para resolver el conflicto interno que impedía el triunfo de la revolución liberal en España.

A esta transformación se encaminaron todo un conjunto de leyes relativas a la abolición del régimen señorial, desvinculaciones, desamortizaciones, cercamientos y liberalización de contratos agrarios. En definitiva, se produjo la sanción legislativa del desarrollo de las relaciones de producción capitalistas en España. Todo el conjunto de medidas legales del primer liberalismo español en materia agraria implicó, fundamentalmente, que los principios del capitalismo comenzaran a regir la lógica del mundo agrario. El más claro indicador del crecimiento de la producción agraria, los precios, mostró una tendencia al alza a largo plazo.

El desarrollo de la legislación liberal gaditana en materia agraria introdujo el problema de la legitimidad de la propiedad de las tierras en manos de la nobleza y de los titulares de señoríos, puesto que la eliminación de los derechos jurisdiccionales planteaba como única alternativa legal el establecimiento de relaciones y vínculos libres entre empresarios y trabajadores o entre propietarios privados de tierras y campesinos. En el transcurso de la guerra, y aprovechando el hundimiento del Estado absolutista, los campesinos cuestionaron la vieja organización económica y social del Antiguo Régimen, dejando inmediatamente de pagar derechos señoriales y diezmos y ocupando y roturando grandes extensiones de tierras municipales y concejiles. El resultado de todo ello quedó reflejado en importantes transformaciones en las estructuras agrarias y en el nuevo uso y reparto de los recursos agrarios. Muchos de estos cambios serían ya difícilmente reversibles, a pesar de la vuelta al poder de los absolutistas en mayo de 1814.

La participación «popular» en el proceso revolucionario en forma de motines y sublevaciones que enlazaban con los de 1793 y 1801, revestía características contradictorias: por un lado, el componente patriótico y xenófobo, al cual se unía el tradicional odio contra los comerciantes franceses —como había ocurrido en la revuelta de 1793— por la significativa actividad económica de estos durante todo el siglo XVIII, particularmente en los puertos valencianos; por otro, el componente antiseñorial y contrario al mantenimiento del Antiguo Régimen —como había ocurrido, a su vez, en 1801—, tanto de clases populares como de sectores burgueses, comerciantes y artesanos, bajo la escasamente clarificadora denominación común de «pueblo». En este sentido, la complejidad del movimiento reflejaba también la complejidad de intereses políticos y económicos, ya que, tras los primeros momentos de «sublevación popular», el control del proceso —y del proyecto— político a través de las juntas iría quedando en manos de los sectores burgueses y de su negociación con los antiguos sectores dominantes.

La Guerra de la Independencia originó a la vez un fuerte deterioro de las finanzas del Estado, pues añadió importantes problemas a las preexistentes dificultades de financiación. La necesidad de afrontar los gastos provocados por el conflicto —principalmente la alimentación y equipamiento de tropas regulares y guerrillas— hizo que a menudo se buscasen soluciones directas, como requisas y préstamos forzosos de imposible cobro; también contribuciones extraordinarias de guerra, que fracasaron totalmente. De nada sirvió la «contribución extraordinaria de guerra» de enero de 1810, que pretendía gravar las «rentas, productos o utilidades» de los contribuyentes. Más tarde, en abril de 1811, se publicaría una «nueva forma de la contribución extraordinaria de guerra», que exigía que los contribuyentes diesen relaciones juradas «de las rentas y utilidades que disfruten». Sin embargo, en un país en guerra y sin posibilidad de verificación de los datos, era imposible poner en marcha un impuesto sobre la renta de este tipo, de tal manera que, al cabo de un año, en abril de 1812, las Cortes reconocían que no se había podido implantar ni siquiera en la misma ciudad de Cádiz.

La Junta Central y el Consejo de Regencia dependían económicamente de las contribuciones ordinarias de Cádiz y Sevilla y de las remesas americanas. Durante la guerra, la Hacienda central solo recaudó unos 1.500 millones de reales, de los que unos 600 procedían de América. En las últimas décadas del siglo XVIII y en los primeros años del XIX, un elevado porcentaje de las rentas de la Hacienda se había basado en los ingresos procedentes del imperio americano; pero las remesas de las Indias, a pesar de que aún alcanzaron valores elevados entre 1808 y febrero de 1811, comenzaron a disminuir con rapidez a partir de esa fecha, debido al inicio de los procesos independentistas. Entre 1808 y 1814 el volumen de la deuda aumentó cerca de un 60 por ciento, de manera que en 1815 esta superaba los 12.000 millones de reales, cantidad 20 veces superior a los ingresos ordinarios anuales de la monarquía.

La proclamación de la soberanía nacional por las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810, tuvo repercusiones directas sobre el ordenamiento de la Hacienda. La extinción de los privilegios estamentales conllevaba cambios decisivos como la obligación universal para personas y provincias de contribuir en proporción a la capacidad de cada sujeto o la aprobación de un sistema de ingresos y gastos públicos para un ejercicio presupuestario. Otro intento de las Cortes de Cádiz de establecer un sistema fiscal liberal y centralizado fue la aprobación, el 13 de septiembre de 1813, de la contribución directa, que no obtuvo resultados positivos. El nuevo sistema pretendía introducir principios hacendísticos modernos, establecer el monopolio fiscal del Estado aboliendo las rentas provinciales e implantar la contribución general y directa proporcional a la riqueza. Su fracaso vino motivado por el contexto bélico, por la inestabilidad política y por el rechazo social, incrementado este último por las exacciones de guerra, requisas y préstamos forzosos a que estaban sometidos los pueblos. La guerra no se financió desde Cádiz, sino desde cada provincia y desde cada comarca. Las juntas provinciales aumentaron los impuestos existentes, crearon otros nuevos y exigieron empréstitos. Y, como también esto resultó ser insuficiente, la mayor parte del gasto se cubrió con los suministros forzosos exigidos a los pueblos y con exacciones directas que se producían sin que ninguna ley las autorizase. Tras la vuelta de Fernando VII, el decreto del 23 de junio de 1814 restableció el sistema de la Hacienda vigente antes de 1808, argumentando las numerosas quejas y recursos que la contribución directa había provocado en pueblos y particulares, especialmente entre los grandes propietarios.

Por otro lado, los mecanismos de provisión de capital y las instituciones de carácter financiero desempeñaron un papel de primer orden en este proceso de cambio económico que acompañó la transición a la nueva sociedad liberal. Desde finales del siglo XVIII, la economía española empezó a contar con entidades financieras de carácter institucional, en concreto con el Banco de San Carlos, fundado en 1782, una entidad pionera que, posteriormente, en plena época liberal, se convertiría en un banco central, como ocurrió a partir de 1856 con el Banco de España. El Banco de San Carlos se ocupó de la amortización de los vales reales, que se habían depreciado hasta un 31 por ciento respecto al valor que tenían en 1800. Dicha situación, junto con un adelanto de fondos al gobierno, que en 1807 llegó a comprometer los activos del banco hasta un 70 por ciento, pusieron a la institución en unas circunstancias muy difíciles tras el fin de la guerra contra Napoleón. Esto explicaría que el banco se mantuviese operativo hasta después de la guerra, pues sus accionistas pensaban que el gobierno surgido tras el retorno de Fernando VII reconocería la deuda contraída por el Tesoro Público y se plantearía como principal objetivo solucionar los problemas financieros existentes.

La elaboración por las Cortes de Cádiz de una nueva legalidad revolucionaria contraria a las estructuras económicas del Antiguo Régimen —participando de la construcción del nuevo Estado y de las nuevas instituciones económicas liberales— tuvo en la agricultura un ámbito de actuación fundamental. La aprobación de las leyes de abolición del régimen señorial, las desamortizaciones, las desvinculaciones, los cercamientos, la libertad de arrendamientos, etcétera, implicaban la incidencia directa en la transformación de las relaciones de producción y en las estructuras de propiedad existentes. Desde el punto de vista de la producción agraria, los liberales necesitaban acabar con los obstáculos para su crecimiento con medidas que aumentasen la cantidad de tierra susceptible de ser roturada.

Entre las primeras disposiciones adoptadas para desarrollar la propiedad privada de la tierra, la privatización de las tierras públicas —llevada a cabo fundamentalmente a través de repartimientos, usurpaciones y ventas— fue una de las que, desde el principio, más contribuyó a modificar la distribución de la propiedad territorial en el primer tercio del siglo XIX. Aunque la desamortización civil más representativa no se puso en marcha hasta 1855 con la ley de Madoz, el primer proceso desamortizador y privatizador de tierras públicas se desarrolló en plena Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1813, con la venta de bienes concejiles. Durante los años de guerra, y con el fin de que los ayuntamientos pudiesen contribuir a los gastos que se les exigían para abastecer a las tropas, se les autorizó, por una disposición del 5 de octubre de 1811, a que vendiesen parte de su patrimonio de propios —la parte de las tierras comunales que los ayuntamientos arrendaba—. Esta primera desamortización de tierras comunales tuvo una gran incidencia en algunas zonas, como en Guipúzcoa, donde entre 1808 y 1814 se enajenó un diez por ciento de la provincia.

No fue esta la única desamortización acaecida durante la Guerra de la Independencia. En ese mismo periodo, también José I promulgó una legislación desamortizadora que continuaba la godoyista, ampliándola con la venta de conventos y bienes incautados a las órdenes religiosas masculinas, suprimidas por el decreto del 18 de agosto de 1809. Esta desamortización se realizaba, pues, a expensas de los bienes del clero regular, contrario a la dominación francesa, y con la finalidad no solo de conseguir fondos para la Hacienda, sino también de favorecer o comprometer a los afrancesados. Sin embargo, con la vuelta de Fernando VII, la efectividad de esta desamortización de José I quedó anulada y se exigió la devolución de todo lo adquirido.

Por el contrario, la desamortización municipal impulsada por el decreto del 4 de enero de 1813 promulgado por las Cortes de Cádiz fue una de las causas de privatización de tierras municipales a lo largo de la guerra. El decreto establecía la reducción a propiedad particular, en favor de los vecinos de cada pueblo, de los patrimonios territoriales de los municipios —baldíos y comunales—, con la única excepción de los ejidos o tierras de uso comunal situadas junto a los núcleos de población. Así, los ayuntamientos debían distribuir las tierras municipales siguiendo un orden por el que, en primer lugar, se entregarían parcelas de baldíos a los acreedores de la Hacienda, a los soldados licenciados y a los civiles que hubiesen participado en partidas guerrilleras y, a continuación, a aquellos vecinos que lo solicitasen y que no fuesen propietarios. La normativa sobre «premios patrióticos» especificaba a quiénes debía beneficiar el reparto, indicando que cada lote tenía que bastar, como mínimo, para «la manutención de un individuo». Esta normativa se apoyaba en argumentos claramente liberales:

Las Cortes Generales y extraordinarias, considerando que la reducción de terrenos comunes a dominio particular es una necesidad que imperiosamente reclaman el bien de los pueblos y el fomento de la agricultura e industria, y queriendo al mismo tiempo proporcionar con esta clase de tierras un auxilio a las necesidades públicas, un premio a los beneméritos defensores de la Patria y un socorro a los ciudadanos no propietarios.

Esta desamortización municipal no fue, sin embargo, la principal causa de privatizaciones de tierras municipales durante este periodo. En este primer momento revolucionario, la vía más importante fue la ocupación y roturación incontrolada de fincas por iniciativa de los campesinos, así como los repartos y ventas promovidos por ayuntamientos y diputaciones ante las graves dificultades financieras que experimentaban para hacer frente a las contribuciones y exacciones de los ejércitos. Pese a las posteriores restauraciones absolutistas de 1814 y 1823, el proceso de privatización de tierras públicas no se detuvo, ya que se continuaron vendiendo baldíos y realengos para pagar a los acreedores del Estado. Además, diversas normativas promulgadas a partir de 1816 daban facilidades para legalizar las roturaciones arbitrarias de tierras concejiles. En conjunto, y de forma global, se puede afirmar que, entre 1814 y 1835, la legislación posibilitó que los ayuntamientos continuasen con las ventas y repartos de tierras, de tal forma que en la etapa anterior a la desamortización civil de 1855, realizada por Madoz, ya se había producido una decisiva «desamortización silenciosa» de los patrimonios municipales.

Por lo que respecta a la abolición del régimen señorial, el contexto revolucionario bélico puso de manifiesto hasta qué punto resultaba incompatible con el nuevo sistema político liberal la pervivencia de la propiedad señorial, cuya supresión fue abordada por el decisivo decreto aprobado por las Cortes de Cádiz el 6 de agosto de 1811, que comportaba la incorporación a la nación de los señoríos jurisdiccionales. Como ha recogido la amplia historiografía sobre el tema, su interpretación y aplicación fue sumamente conflictiva y polémica, dada la diversidad de situaciones existentes en España, así como la diferenciación establecida entre señoríos y/o derechos jurisdiccionales y señoríos y/o derechos territoriales. El decreto planteaba la abolición de la jurisdicción o de derechos jurisdiccionales, pero manteniendo y consolidando la propiedad territorial de los señores, y los derechos derivados de esta, al identificarla con los «señoríos territoriales». La medida, en realidad, significaba la liquidación del sistema señorial de explotación de la tierra, pero dejaba la puerta abierta a la pugna por la consecución de la propiedad privada, con una casuística extraordinariamente variada en función de los distintos modelos señoriales existentes en España.

La formulación de la ley resultó, por ejemplo, especialmente adecuada a los intereses de la nobleza castellana y andaluza, puesto que posibilitó la conversión de sus señoríos en propiedad particular y privada. Sin embargo, en otros territorios, como por ejemplo el valenciano, dio lugar a una interpretación totalmente diferente por parte de los vecinos y enfiteutas —los poseedores del dominio útil de la tierra—, que a su vez reivindicaron también la conversión de este en propiedad privada. Todo ello dio lugar a una fuerte conflictividad social, con pleitos que en muchos casos se prolongaron a lo largo de todo el siglo. De hecho, en estos casos las prestaciones señoriales se habían dejado de pagar de forma generalizada a partir de 1808, como culminación del largo periodo de conflictos antiseñoriales que se había desarrollado desde el siglo anterior. En este sentido, el decreto no hizo sino sancionar y consolidar unas demandas y una realidad conflictiva ya existente.

Los propietarios del dominio útil de la tierra consideraron los señoríos y las rentas derivadas de ellos como jurisdiccionales, sin aceptar la distinción establecida por el decreto. Su objetivo consistía en consolidar este dominio útil como propiedad privada de la tierra, y en esa dirección se orientaron toda la conflictividad y los sucesivos pleitos que se mantuvieron hasta décadas después, y que resurgirían con la ley del 26 de agosto de 1837, ya en la etapa de la regencia de María Cristina. En Castilla y en Andalucía, la solución adoptada respecto a esta transformación del señorío en propiedad privada resultó favorable a la nobleza señorial. Sin embargo, en el caso de Valencia y de otros territorios de la Corona de Aragón, desde los primeros momentos de la revolución liberal comenzó ya a configurarse una vía de abolición del régimen señorial sustancialmente diferente, una vía por la cual el conflicto, tras décadas de largos pleitos y enfrentamientos, se resolvería en favor de los enfiteutas poseedores del dominio útil de la tierra, es decir, vecinos de los pueblos, campesinos enriquecidos, propietarios burgueses y comerciantes.

Estos sectores fueron los que finalmente consiguieron transformar sus posesiones agrarias en propiedad privada capitalista o bien acceder a ella a partir de la compra de bienes desamortizados: en definitiva, la repetida aspiración al acceso a la propiedad de la tierra como una de las transformaciones económicas fundamentales del cambio liberal que arranca a comienzos del siglo XIX. El modelo consensuado, con todo, se encontraba muy alejado de cualquier supuesta «vía campesina» de acceso a la pequeña propiedad que pudiese parecerse a la que tuvo lugar en la Revolución francesa. Por el contrario, los ámbitos económicos en los que confluyeron aquellos grupos burgueses opuestos a la monarquía absoluta que se acabarían convirtiendo en hegemónicos fueron la liberalización del comercio, los préstamos de capital, la producción artesano-industrial con una política arancelaria adecuada y el crecimiento de la agricultura comercial; grupos hegemónicos burgueses que, en su proyecto económico y político, se opondrían por igual a las clases populares y a los sectores empobrecidos del campesinado.

RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA Y PERVIVENCIAS SEÑORIALES

En 1814 la realidad social y económica del país había cambiado ya lo suficiente como para que resultara enormemente difícil la vuelta a la situación anterior. A raíz de la restauración absolutista ocurrida dicho año, las contradicciones y los conflictos existentes entre los distintos grupos burgueses y la monarquía absoluta se pusieron claramente de manifiesto, dando lugar a un definitivo proceso de toma de conciencia por parte de la burguesía, sobre todo a partir de las repercusiones políticas, económicas y sociales que tuvo la guerra en América y su posterior independencia. Entre las consecuencias de la guerra se encontraba la de una importante caída demográfica, resultado de los enfrentamientos directos y de la violencia, pero, sobre todo, de las privaciones y del hambre. Se han calculado unas pérdidas humanas de 215.000 - 375.000 individuos que vendrían a sumarse a los 350.000 - 500.000 que habían perdido la vida en los primeros años del siglo XIX como consecuencia de las crisis agrarias, el hambre y las epidemias. La guerra había dejado también campos y campesinos arruinados, puesto que fue sobre ellos sobre quienes recayó la mayor parte de los costes económicos a través de suministros y exacciones.

La incapacidad del absolutismo para resolver los problemas económicos que planteaba la nueva coyuntura —problemas que se agudizarían a partir de 1817-1819— iba a tener como consecuencia el que los intereses de los distintos sectores burgueses se fueran progresivamente decantando por las opciones económicas y políticas vinculadas al liberalismo, abandonando así el consenso existente con el Estado absoluto, un Estado que apoyaba su estructura sobre un aparato ineficaz y costoso, que gravaba desmesuradamente los sectores mercantiles burgueses con continuadas exacciones fiscales.

La coyuntura económica que siguió en toda Europa a las guerras napoleónicas se vio agravada en el caso de España por el proceso independentista de las colonias. La etapa iniciada a partir de 1815-1817, caracterizada como en el resto de Europa por una fuerte deflación de los precios, se iba a prolongar hasta 1840. La situación tuvo especial incidencia en la caída de los precios agrarios, así como en las dificultades para las exportaciones y en el debilitamiento del comercio interior. Los problemas originados por la conflictividad y las convulsiones políticas tuvieron más influencia en la evolución de la economía que un pretendido estancamiento de la producción, ya que este a menudo se ha evaluado a partir de análisis de diezmos que habían dejado de ser fiables dadas las dificultades y resistencias a su pago, pues tanto los diezmos como las cargas señoriales habían dejado de pagarse con regularidad.

Los estudios más recientes matizan esa imagen en varios aspectos. Así, en el ámbito agrario se ha detectado una sustancial ampliación del área de cultivo. Es frecuente en las etapas deflacionistas que la estrategia de los agricultores se oriente a aumentar sus cosechas, con el fin de conseguir aumentar el nivel de los ingresos del que antes disponían mediante un mayor volumen de ventas. En la nueva coyuntura deflacionista, amplios sectores del campesinado intentaron superar mediante esta estrategia las pérdidas sufridas a consecuencia tanto de la Guerra de la Independencia como de la fuerte caída de los precios agrarios. Y una de las respuestas fue producir más cultivando nuevas tierras a través de ocupaciones y roturaciones, de tal manera que puede pensarse que se trataba de una respuesta extensiva, de un «impulso roturador» para compensar la caída de los precios, aunque fuese a costa de una menor productividad. También se dio como respuesta el fraude en los pagos fijados como parte de la cosecha, como solían ser los de carácter señorial y los diezmos. Respuestas ambas que el absolutismo fue incapaz de combatir. Lo cierto es que, en 1820, se prohibió la importación de trigo y harinas, fiable indicador de que la producción de cereales había aumentado lo suficiente como para intentar el abastecimiento de una población para entonces recuperada y en crecimiento, que antes se abastecía en un grado apreciable de trigo extranjero. Un paso más en la configuración del mercado nacional.

En lo relativo a la política económica fiscal, cuando el sistema absolutista se restauró en 1814, la situación de la Hacienda era crítica. Los ingresos totales del Estado, que en la década anterior al comienzo de la guerra se aproximaban a los 1.500 millones de reales anuales, cayeron entre 1814 y 1819 a menos de la mitad: poco más de 650 millones al año. El agravamiento de la crisis colonial a raíz de la Guerra de la Independencia se tradujo en la práctica desaparición de las remesas de las Indias a partir de 1814 y en un acusado descenso de la renta de aduanas. La necesidad de recuperar las colonias y los ingresos que se obtenían de ellas se convirtió así para el Estado en una cuestión de pura supervivencia.

El sistema tributario de antes de la guerra, que había sido restablecido por el decreto del 23 de junio de 1814, resultaba insuficiente. La deuda reconocida por el Estado había aumentado de unos 7.200 millones de reales en 1808 a más de 12.000 millones en 1815, de tal manera que la reforma tributaria y la reducción de la deuda fueron los temas hacendísticos fundamentales a lo largo del periodo 1814-1833. En concreto, entre 1814 y 1819 los compromisos del Tesoro con el Banco de San Carlos no solo no disminuyeron, sino que siguieron aumentando.

La reforma tributaria llevada a cabo por Martín de Garay en 1817-1818 no lograría solucionar en ningún momento los problemas económicos y crediticios. Las disposiciones que afectaban al banco, tales como la reclasificación de la deuda y la reasignación de intereses a los vales reales, no hicieron sino crearle a aquel más problemas al depreciar sus activos, aunque al propio tiempo le representase la posibilidad de comprar con papel las fincas susceptibles de ser enajenadas.

Los problemas a los que se tenían que enfrentar los responsables de la política económica del país eran complejos. Si se mantenían las bajas exacciones de las que disfrutaban los privilegiados, el aumento de la presión fiscal recaía de nuevo sobre los sectores campesinos. Y esto en unos momentos en los que a las repercusiones económicas de la guerra se sumaba la grave crisis agraria provocada por la sequía de 1817. Además, hacia 1818 se produjo en toda Europa una caída de los precios medios del trigo, que, después de haber alcanzado su máximo en 1817, pasaron a menos de la mitad en los años siguientes. En España esta caída se agravó aún más tanto por la política económica seguida como por la deflación que produjo el cese de la llegada de plata americana.

Para resolver esta situación era necesario un crecimiento económico que posibilitase un incremento de las recaudaciones, unido a una reforma del sistema fiscal que eliminase los privilegios tributarios de la nobleza y el clero y que gravase adecuadamente las actividades económicas generadoras de renta; y no el que, si se aumentaba la fiscalidad por las necesidades hacendísticas, esta recayera fundamentalmente sobre el campesinado, el cual se encontraba en dificultades, por la caída de los precios de los productos agrarios, para obtener ingresos monetarios con los que hacer frente a la mayor presión fiscal. Los gobiernos de la primera restauración absolutista intentaban introducir cambios en la fiscalidad sin cuestionar la estructura señorial y los privilegios tributarios de la nobleza y del clero. Y estas dos perspectivas eran incompatibles.

El modelo de crecimiento agrario del siglo anterior había tocado techo y las condiciones sociales por él generadas continuaban sin resolverse. La rentabilidad agrícola quedó especialmente afectada por la crisis comercial y los sectores más bajos del campesinado se vieron gravemente empobrecidos, sometidos al endeudamiento y a una mayor presión económica, especialmente la derivada de la renta. En este contexto, la alternativa económica de los sectores burgueses no contemplaba en absoluto una redistribución más igualitaria de la renta y de la tierra. Todo lo contrario, se proponía una política de crecimiento acorde con un proyecto agrario basado en la consolidación de los derechos de propiedad de los terratenientes y propietarios agrarios, una vez que se consiguiesen eliminar las trabas jurídicas que gravaban la propiedad.

En 1814, Fernando VII restableció el régimen señorial, si bien lo hizo sin el instrumento coercitivo fundamental: la jurisdicción. Por tanto, la resistencia al pago de las rentas y la conflictividad no solo continuaron durante todo este periodo, sino que, además, se agudizaron y radicalizaron. Los campesinos y cultivadores directos siguieron pleiteando contra los señores para conseguir no pagar o mantuvieron la práctica de defraudar en los pagos. La cédula de septiembre de 1814 mostraba hasta qué punto, en lo que a las relaciones socioeconómicas se refiere, la situación ya no iba a ser idéntica a la anterior al primer periodo revolucionario. La cédula sancionaba la restitución a la nobleza de la percepción de las rentas que «emanasen de su señorío territorial», pero no le reintegraba el «señorío jurisdiccional» —los derechos considerados jurisdiccionales—, que se mantenía incorporado a la Corona, evitando así la vuelta a la pluralidad de jurisdicciones.

También después de 1814 persistió la desamortización de propios y comunales, según denunciaba la Real Cédula del 21 de diciembre de 1818, que sostenía que se seguían vendiendo no solo las fincas de propios, sino terrenos comunes, baldíos, ejidos, pastos y montes, con las privatizaciones y roturaciones consiguientes, a pesar de las prohibiciones legales. Es decir, las apropiaciones llevadas a cabo por las oligarquías rurales continuaron, pero también las roturaciones ilegales realizadas por campesinos. O, lo que es lo mismo, que, a pesar de la restauración absolutista, el proceso de individualización y privatización de la propiedad de la tierra mediante mecanismos diversos no solo prosiguió, sino que se aceleró.

Dentro de esta primera restauración absolutista, los años 1817-1819 supusieron un punto de inflexión, ya que, a partir de ese momento, los diferentes sectores de la burguesía no estuvieron de acuerdo con las medidas tomadas para intentar mantener las colonias americanas. Los gastos de la política de Fernando VII se mantuvieron en el marco fiscal tradicional, mediante préstamos que recaían sobre capitales con problemas de crecimiento. Sin embargo, no se podía conservar un modelo de comercio exterior basado en la compensación del déficit de la balanza comercial mediante los metales que anteriormente llegaban de las colonias; ni tampoco se podía seguir importando cereales para abastecer la periferia peninsular mientras el trigo del interior se vendía a precios ruinosos. Es decir, era preciso un mercado nacional mínimamente articulado. Los problemas en la agricultura, con la consiguiente merma de la capacidad de consumo de los campesinos, se extendieron a su vez a la industria y al comercio.

Además, la modernización económica, que implicaba la construcción de dicho mercado nacional, no podía llevarse a cabo por los gobernantes absolutistas, pues exigía cambios en el modelo socioeconómico, como eran la desamortización de la propiedad y la eliminación de las cargas señoriales y de los diezmos, así como cambios en el modelo social, que ya habían comenzado a producirse a partir del momento en que se dejaron de pagar rentas y derechos señoriales.

El intento de reforma fiscal de Martín de Garay con la ley de 30 de mayo de 1817 acabó aplicándose solo parcialmente y representó un fracaso. Consistía en la implantación efectiva de la «única contribución» que se había planteado hacía medio siglo o la reimplantación de la «contribución directa» establecida por las Cortes de Cádiz. La reforma planteaba la sustitución de las rentas fiscales y de los equivalentes por una contribución general de 250 millones de reales repartida provincialmente por el sistema tradicional de cupos, pero distribuida en los municipios según la renta de los contribuyentes. Introducía igualmente el establecimiento de un derecho de puertas en los puertos dedicados al comercio exterior y en las principales ciudades, lo que provocó una fuerte oposición por parte de la burguesía comercial.

Se trataba, en definitiva, de un sistema fiscal mixto, que conservaba rentas y tributos antiguos a la vez que sustituía las anteriores rentas provinciales y equivalentes por la «contribución general» —contribución directa sobre el mundo rural e indirecta sobre el mundo urbano—, un sistema que comenzaba a recortar los privilegios fiscales de la nobleza y el clero. A pesar de la fuerte oposición y de la confusión inicial, la reforma fiscal de Martín de Garay empezó a aplicarse con la confección de cuadernos generales de la riqueza de los pueblos. La reforma suponía en la práctica un aumento de la carga fiscal, puesto que las partidas fiscales que desaparecían alcanzaban los 160 millones de reales, pero la contribución «general» suponía un aumento de 250 millones. Además, el peso de las oligarquías locales que controlaban los ayuntamientos condicionó la equidad en el reparto. Finalmente, la falta de eficacia de la reforma, las resistencias que produjo y las distribuciones irregulares que comportó la abocaron al fracaso.

La reforma también falló en su aplicación efectiva porque la continua disminución de la recaudación coincidió con el agravamiento, a partir de 1819, de las dificultades económicas de carácter general. La doble presión provocada por el descenso de la recaudación y por el descontento popular llevó a que, en noviembre de 1819, se propusieran de nuevo reformas y modificaciones. Estas llegaron tardíamente, pues a comienzos de 1820 se produjo la insurrección de Riego. Los liberales heredaban así un sistema fiscal cuestionado y de funcionamiento deficiente, con una deuda de unos 14.000 millones de reales, de los cuales más de 7.000 correspondían a intereses impagados. La primera experiencia absolutista había acabado, por tanto, dejando en herencia un balance económico desastroso y un descontento social generalizado.

Por otro lado, mientras la Corona pudo garantizar la demanda comercial en el mercado colonial reservado y el crecimiento económico dentro del sistema, los sectores burgueses no habían necesitado romper con las estructuras absolutistas, pero, con el cambio de situación generado por los procesos de emancipación, las relaciones con América tenían que organizarse sobre otras bases. La pérdida del imperio colonial no supuso la interrupción efectiva de los intercambios comerciales, que se mantuvieron de forma complementaria a la articulación del mercado interior, pero la necesidad de redefinir esos intercambios hizo inevitable el enfrentamiento entre los sectores burgueses y la monarquía.

EL TRIENIO LIBERAL: LEGISLACIÓN Y DESARROLLO CAPITALISTA

En enero de 1820, el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan dio paso al segundo periodo liberal, que iba a restablecer y desarrollar el conjunto legislativo iniciado en el anterior periodo revolucionario. Las medidas económicas que se fueron adoptando durante los tres años siguientes intentaron definir la articulación entre Estado liberal y desarrollo económico capitalista —reformas fiscales, desarrollo del mercado interior, crecimiento agrario, etcétera—. Sin embargo, el Trienio Liberal, que representó una de las etapas más decisivas en la lucha contra el Antiguo Régimen y la propiedad señorial, puso a su vez de manifiesto los antagonismos existentes en el seno del propio liberalismo, así como los antagonismos dentro del bloque antiseñorial respecto a los diferentes intereses sociales, agrarios y comerciales.

Las nuevas Cortes aprobaron una serie de medidas de carácter económico, jurídico y político que completaban y desarrollaban las que se habían promulgado en Cádiz: desamortización eclesiástica, supresión de mayorazgos y vinculaciones, disolución de las órdenes religiosas monacales, etcétera. Junto con ellas se desplegó una política económica decididamente proteccionista, que beneficiaba la consolidación de sectores de la burguesía al tiempo que incrementaba los ingresos fiscales. Por ejemplo, se tomaron dos medidas de singular importancia con el objetivo de reducir las importaciones: el decreto del 5 de agosto de 1820, por el que se prohibía la importación de cereales y legumbres, y el decreto del 20 de noviembre del mismo año, en el que se aprobaban medidas sobre aranceles que completaban las disposiciones arancelarias y aduaneras aprobadas los meses anteriores. Se iniciaba así una política de protección de la economía nacional, tanto en el ámbito agrario como en el industrial, articuladora del mercado, rígida y no exenta de contradicciones. Los sectores más influyentes de la burguesía apostaron por este proteccionismo, que fue adoptado en todos los sectores de la actividad económica a pesar de los problemas que estas medidas encerraban, por ejemplo, la elevación de los precios, para dejar fuera las mercancías más competitivas, o la falta de competencia para los sectores económicos que producían para el mercado interno.

En lo que respecta a la propiedad de la tierra, la desamortización y nacionalización de los bienes de órdenes religiosas —dueñas de enormes extensiones de tierras y de importantes propiedades urbanas— formaba parte del proyecto de desarrollo económico de los liberales, que contemplaba la utilización de los bienes eclesiásticos desamortizados como hipoteca y como fondo de amortización de la deuda para la consecución de préstamos extranjeros. También en el Trienio Liberal se ratificó y amplió la ley de las Cortes de Cádiz de 1813 sobre baldíos, a través del decreto de junio de 1822 sobre enajenación de propios y baldíos, que legalizaba las roturaciones arbitrarias o pactadas con los ayuntamientos y convertía en propietarios a quienes las habían realizado. Con todo, la importancia de estos repartimientos fue relativamente escasa y sus resultados prácticos no fueron más allá de los 4.000 beneficiarios, tanto por el poco tiempo transcurrido desde la promulgación de la ley como debido a que el articulado de esta hacía difícil los repartos. A este proceso legal se sumaron las llamadas «roturaciones arbitrarias», que fueron reconocidas como propiedad plena en marzo de 1834.

Durante el Trienio Liberal se reiniciaría asimismo la desamortización de bienes eclesiásticos mediante el decreto del 9 de agosto de 1820, en el que se establecían como bienes enajenables los que ya había definido en su día la legislación de las Cortes de Cádiz, que ahora se aumentaban con los procedentes de los monasterios y de la Inquisición. No obstante, fue de nuevo una desamortización «inconclusa», a pesar de que representó un instrumento fundamental de cara al crecimiento económico que intentaron los gobiernos del Trienio Liberal y también de cara a hacer eficaces los títulos de la deuda, que serían así invertidos en tierras «insuficientemente productivas». Con este objetivo, además del vinculado con la disminución de la deuda pública, entre 1821 y 1823 se llegó a vender la mitad de los bienes de monasterios y conventos y algunos procedentes de la Inquisición, lo que, según los datos de Toreno en el Diario de Sesiones de Cortes de 1835, supuso unas 25.000 operaciones, equivalentes a más de 1.000 millones de reales hasta 1822, llegando a sumar en torno a 1.500 millones de reales con las ventas realizadas en 1823, especialmente numerosas en las provincias andaluzas.

Los principales beneficiarios de la desamortización fueron los sectores burgueses, hombres de negocios y propietarios absentistas, algunos nobles y también agricultores enriquecidos. Se ha calculado que con la depreciación de los títulos y comparando los precios de mercado con los pagados por los compradores de esta desamortización, la adquisición media se pagó a un 40 por ciento del valor real del mercado. Con todo, la importancia de la desamortización no se limita a una cuestión de dinero movilizado o de hectáreas vendidas, sino que va más allá. Fue una medida conectada con casi todas las esferas de la vida económica y social: agricultura, campesinado, Hacienda, inversión, estructura política, etcétera. Y, entre sus resultados, suele citarse la expansión de la superficie cultivada y una agricultura más productiva, junto con los cambios en la estructura de la propiedad. No obstante, hay también otros aspectos que pueden haber causado una presión en favor de la extensión e intensificación del cultivo, tales como la abolición del diezmo, la lenta mejora en las condiciones de transporte y comunicación o las políticas claramente proteccionistas de 1820 en favor del cultivo de los cereales. El mejor indicador del crecimiento de la producción agraria —los precios— mostró una tendencia al alza a largo plazo, estimulada por el doble proceso de presión demográfica relativa y mayores disponibilidades de tierras por los efectos de la desamortización y de las demás medidas legales aplicadas en el mundo agrario.

Además de la desamortización, la otra medida adoptada durante el Trienio Liberal con importantes repercusiones de cara a la liberalización de la tierra fue la desvinculación de los mayorazgos. La medida, discutida ya en las Cortes de Cádiz, aunque entonces no hubiera llegado a aprobarse, abolía el derecho de mayorazgo y demás derechos de vinculación que impedían que las tierras fueran susceptibles de ser compradas o vendidas en el mercado, pues era obligatorio, en función del vínculo, transmitirlas al heredero. De acuerdo con la nueva ley, en la primera generación se enajenaría solo la mitad del vínculo y la otra mitad se transmitiría al heredero, quien ya podría a su vez vender su parte con total libertad si así lo deseaba.

Por otro lado, el gobierno constitucional emprendió una política fiscal caracterizada por dos aspectos básicos: la reducción a la mitad de los cupos de la contribución directa, medida aprobada en septiembre de 1820, y la reducción a la mitad del diezmo que percibía la Iglesia, fijándose en el 5 por ciento del producto agrario bruto (1821). Se suponía que esta reducción contribuiría al crecimiento económico, ya que, si se disminuía esta carga sobre los propietarios agrícolas, el Estado estaría en situación de implantar nuevos impuestos que podrían pagarse con la venta de la producción que ya no iba destinada a la Iglesia. Sin embargo, en un contexto deflacionario esto exigía todavía más esfuerzos a los campesinos a la hora de cumplir con las obligaciones tributarias, puesto que la reducción del diezmo se vio neutralizada con la subida de los impuestos que gravaban las explotaciones agrarias y que ahora debían pagarse en metálico. En la práctica, pues, significaba un aumento de la presión fiscal, y además en metálico, lo que para los campesinos resultaba, de hecho, más gravoso que desprenderse de una parte fija de la cosecha.

Los liberales contaban también con la posibilidad de desamortizar bienes nacionales para poder obtener recursos con los que cancelar obligaciones financieras de consideración. Aunque la corta vigencia del periodo constitucional impidió que esta medida llegase a solucionar el problema de la deuda interior, se calcula en unos 1.500 millones de reales el valor de los patrimonios desamortizados en el Trienio Liberal. Sus compradores tuvieron que devolverlos en 1823, pero los recuperaron en 1835. A medio plazo, el nuevo proceso desamortizador comportó la progresiva consolidación de un importante sector de propietarios agrarios, así como el aumento del precio que debían pagar por sus tierras los campesinos arrendatarios, en cuyas condiciones de vida la nueva situación comportó un empeoramiento a veces hasta el límite de la subsistencia, fenómeno que se ha relacionado con la aparición y extensión de las partidas realistas durante este periodo.

Los gobernantes del Trienio Liberal no podían renunciar a la reforma fiscal en unos años en los que la crisis hacendística se agravaba progresivamente. Las deudas por contribuciones —la contribución general, el papel sellado, etcétera— se habían ido acumulando año tras año, de tal manera que el aparato administrativo y fiscal absolutista se encontraba en 1820 en una situación de total ineficacia económica. La nueva reforma liberal, inspirada por Canga Argüelles y promulgada el 21 de junio de 1821, se basó en la contribución directa y los consumos y constaba de tres directrices. En primer lugar, como se ha dicho, la supresión del diezmo a la mitad, aunque a cambio la Iglesia quedaba exenta del pago de cargas impositivas, el noveno, el excusado y las tercias reales. En segundo lugar, se intentó aumentar, de acuerdo con un sistema de cupos, el gravamen sobre la propiedad urbana, el comercio y la industria. Y, en tercer lugar, se restauraban los impuestos de consumos, además de otros impuestos indirectos como el papel sellado, la sal y el tabaco. Se trataba de una reforma tributaria que desarrollaba el anterior planteamiento de Garay de un sistema mixto de contribuciones y que, por tanto, había abandonado la primitiva idea liberal de un sistema tributario basado en un impuesto único de carácter directo.

Tras la destitución de Canga Argüelles, este plan apenas llegó a aplicarse y los gobiernos constitucionales posteriores, que carecían de un programa a largo plazo, confiaron más en el crédito exterior que en una reorganización a fondo del sistema financiero, de tal manera que el total de débitos contraídos con el exterior entre 1820 y 1823 llegó a sumar 2.613 millones de reales. Sin embargo, en el saldo de la balanza comercial del Trienio Liberal se produjo una significativa disminución de las importaciones, lo que puede relacionarse tanto con la recuperación y normalización de la producción agraria después de la Guerra de la Independencia como con la normativa proteccionista sobre la entrada de cereales decretada en 1820.

De todos modos, el aumento de la producción no se debió tan solo al incremento de la superficie de cultivo gracias al proceso desamortizador. Junto con esta razón, existieron otros factores que contribuyeron a generar una mayor producción, mercantilización y distribución de los productos agrarios desde las zonas productoras del centro peninsular hasta las consumidoras ubicadas en la periferia. Nos referimos a las medidas que se tomaron para potenciar la creación de un mercado nacional, entre ellas el arancel frente al exterior y la puesta en marcha de una legislación prohibicionista en materia de importación de trigo. El decreto aprobado en 1820 establecía la prohibición de introducir cereales foráneos, salvo alguna excepción, como podía ser la escasez de la cosecha y las altas cotizaciones del grano nacional. La medida se tradujo en el establecimiento de un flujo regular de tráfico de granos desde Castilla, a través del puerto de Santander, hacia el litoral mediterráneo, especialmente hasta Cataluña, que era el mayor mercado consumidor. Dicho tráfico se consolidaría hacia el final de los años veinte y se iría incrementando progresivamente en las décadas de 1830 y 1840.

También durante la década de 1820 los liberales trataron de enfrentarse a las necesidades de mejora de las infraestructuras viarias, reduciendo los tiempos en el transporte y los viajes. Junto con las causas derivadas de la realidad económica y social, este propósito respondía también a razones de tipo ideológico o programático. Así, por ejemplo, la memoria de la Comisión de Caminos y Canales, que el gobierno liberal de Agustín Argüelles mandó confeccionar en 1820, constituye el primer proyecto de aquello que los constitucionalistas pensaban que debía ser el mapa de carreteras y caminos necesario para el desarrollo de la economía española. La memoria, elaborada bajo la dirección de José Agustín Larramendi, tenía como objetivo eliminar los obstáculos existentes para la articulación del mercado interior desde el punto de vista del sistema de transporte y fomentar de esta manera el crecimiento económico. El documento insistía en la necesidad de la construcción de carreteras y caminos radiales que partieran de Madrid, pero introduciendo por primera vez criterios de transversalidad.

En conjunto, fue durante el Trienio Constitucional cuando comenzó a hacerse evidente la división del bloque liberal en diferentes proyectos políticos, que, en realidad, lo eran económicos: un moderantismo liberal, que primaría la defensa de la propiedad privada y el orden, y un liberalismo de carácter radical con demandas de supresión de contribuciones e incluso de limitación de los «excesos» del derecho de propiedad de los terratenientes. También se reactivó por entonces la resistencia antiseñorial, especialmente en los territorios de la Corona de Aragón, donde el cuestionamiento de los derechos señoriales se arrastraba desde periodos anteriores —por ejemplo, la reducción del diezmo a la mitad decretada en 1821 fue en muchos casos inútil en territorios como el valenciano, pues las rentas decimales habían dejado de pagarse en su totalidad—. La resistencia se agravó, además, con la sucesión ininterrumpida de malas cosechas desde comienzos de dicha década, hasta el punto de que el año 1822 pasó a ser conocido como «l’any de la fam», el año del hambre. En esta situación, las revueltas absolutistas cobraron nueva fuerza, favorecidas por la sequía y la ruina de las cosechas.

Aun así, tanto la nobleza señorial como los propietarios rentistas coincidieron en su interés por evitar la radicalización del proceso revolucionario. En estos momentos resultaba ya evidente que la construcción de la nueva sociedad burguesa estaba sometida a tensiones surgidas de distintas —y, a menudo, antagónicas— propuestas políticas y sociales. Desde el inicio del proceso revolucionario hubo un temor a la subversión social y a formulaciones que pudieran ir más allá de los intereses económicos de los sectores burgueses. En definitiva, los principios del capitalismo habían comenzado a regir la lógica del mundo agrario y campesino.

LA INVIABILIDAD DEL REFORMISMO FERNANDINO EN LA DÉCADA OMINOSA

La imagen que transmiten los diez años transcurridos entre la segunda restauración del absolutismo, en 1823, y la muerte de Fernando VII, en 1833, es, por lo general, una imagen de intransigencia, de supresión de la legislación liberal recuperada durante el Trienio Constitucional y de fuerte represión política contra los liberales. Y, en efecto, con el inicio de la llamada Década Ominosa se eliminaron no solo las innovaciones fiscales del Trienio, sino todas las medidas que en este sentido habían sido introducidas desde el primer periodo revolucionario. Sin embargo, la reacción de 1823 no fue una vuelta sin más al pasado. El periodo se caracterizará, por una parte, por el aumento de la distancia entre necesidades económicas y régimen político y, por otra, por la evolución de determinados sectores liberales burgueses hacia soluciones moderadas, transaccionales y pactadas.

Además de sus fracasos políticos, la Guerra de la Independencia y el Trienio Liberal habían dejado secuelas económicas que difícilmente se resolverían volviendo atrás. La reorientación de la economía española estaba empezando a dar los primeros pasos hacia la integración y articulación del mercado, a pesar de que esto tardaría tiempo en conseguirse. Del anterior capital comercial y mercado colonial, con sectores económicos que se habían desarrollado a espaldas del mercado interior, se había pasado a una situación completamente distinta, en la que la economía española se estaba reorganizando en un modelo que se alejaba cada vez más del que había caracterizado al Antiguo Régimen. Se comenzó así en estos años a articular la economía española integrando sus sectores básicos e intentando impulsar el mercado interno a través del ya citado proteccionismo, al tiempo que también se favorecía la exportación.

Con todo, el denominado «reformismo absolutista», que caracterizó la política económica y fiscal de ministros como López Ballesteros, iba a fracasar. Este reformismo se concretó en la adopción de medidas económicas que, en algunos aspectos, enlazaban con los presupuestos liberales. Se trataba de medidas orientadas precisamente al mantenimiento y la potenciación del proteccionismo, como la Real Orden del 14 de agosto de 1824, que establecía la libre circulación de granos y prohibía la entrada de los importados; o los aranceles de 1825 y 1828, que reservaban el mercado, regulando con fuertes gravámenes y con «derechos de balanza y puerto» el comercio internacional y americano, a pesar de la pérdida de las colonias (se explicitaba una relación de más de 650 géneros prohibidos); y, en el mismo sentido, pueden interpretarse también el Código de Comercio, publicado en 1829, o la regulación de la actividad gremial. En conjunto, la política económica de estos años se fue alejando claramente de los presupuestos absolutistas clásicos.

En lo relativo a la modernización del sector financiero, hay que señalar el papel que progresivamente fue desempeñando la Bolsa en la economía del siglo XIX. Con la aprobación en 1829 del Código de Comercio echarían a andar la Bolsa de Comercio de Madrid y de Barcelona, aunque durante buena parte del XIX la Bolsa madrileña fue un mercado dominado fundamentalmente por la renta fija, como reflejo del endeudamiento de la Hacienda pública a lo largo de ese siglo.

La articulación del mercado a partir de las medidas proteccionistas que se tomaron no era tarea fácil, pues la España agraria no podía pasar a abastecer de golpe a la que tradicionalmente había comprado trigo en el extranjero, como en el caso de ciudades portuarias como Barcelona. Las carestías puntuales de trigo y demás cereales obligaron a autorizaciones de importación extraordinarias, entre otras razones porque los precios de los cereales extranjeros eran mucho más baratos. Eso justifica que en los periodos en que estaba vigente la prohibición se produjera paralelamente un notable tráfico clandestino, al igual que ocurría en el caso de los productos industriales.

En conjunto, el crecimiento poblacional estuvo acompañado del aumento de la producción, lo que a su vez incrementó las necesidades de transporte. El progresivo desarrollo agrario fue posible por la expansión de la superficie cultivada y, en menor medida, por un mejor aprovechamiento de las tierras disponibles, así como por la progresiva reducción del peso de las cargas señoriales, que fueron dejando de pagarse. Todo esto se tradujo en un grado de comercialización de los productos agrarios cada vez mayor, con el consiguiente aumento de las relaciones entre mercados productores y mercados consumidores, lo que significaba una intensificación de los intercambios y de la demanda de transporte.

Dentro de todo este proceso de reordenación económica, en lo relativo al comercio exterior cabe destacar el impulso que se dio a las exportaciones a partir de los últimos años de la década de 1820, momento que señalaría el comienzo de una tendencia expansiva. En este sentido, la Real Orden del 14 de agosto de 1827 habilitó a todas las aduanas para exportar productos y mercancías, una medida que se reiteraría de nuevo en 1834, ya durante la Regencia. El crecimiento de las exportaciones de productos de consumo, como vinos y frutos al norte de Europa, respondía al aumento de la renta per cápita en estos países a consecuencia de la industrialización. Ese mismo proceso haría que, a partir del primer tercio del siglo, se incrementaran también las exportaciones españolas de minerales, de manera que la nueva situación acabaría por compensar los efectos negativos provocados por la pérdida del imperio.

Desde el punto de vista de la Hacienda, durante la Década Ominosa se realizó una nueva contrarreforma fiscal por la que se restablecieron antiguos impuestos como las rentas provinciales y el equivalente, así como los estancos. De esta manera, los ingresos derivados de la sal y el tabaco llegaron a proporcionar entre 1829 y 1833 casi el 28 por ciento de los ingresos totales, por delante de las rentas provinciales, de los derechos de aduanas y de los puertos. Sin embargo, bajo el aparente inmovilismo de la Década Ominosa latía una realidad socioeconómica que, como hemos visto, era ya muy distinta de la del primer periodo absolutista.

Aunque el déficit fiscal continuó siendo muy elevado, el Estado apenas tenía posibilidad de recurrir al crédito, dado que el nuevo gobierno absolutista se había negado a reconocer la deuda exterior del Trienio Liberal y había dejado de pagar los intereses de la deuda interna. Ante esta situación, el sistema desarrollado por el ministro absolutista López Ballesteros para los años 1828-1829, considerado el primer presupuesto de la Administración española, se basó en una radical reducción de los gastos públicos con el fin de evitar la quiebra financiera del Estado. Dicho presupuesto no consistió en una estimación aproximada, sino en un conjunto de cifras calculadas con exactitud para intentar conseguir el equilibrio de ingresos y gastos y evitar así el desastre financiero y político. Con estas medidas se lograron reducir los débitos reconocidos por el Estado desde la cantidad de 13.000 millones de reales de 1820 hasta los 4.750 millones de 1830. Tanto el Trienio Constitucional como el periodo 1827-1831 fueron años en los que se realizaron importantes operaciones de crédito exterior y en los que se experimentó un flujo positivo de entrada de capitales.

Pese a ello, continuaron registrándose saldos deficitarios. El desequilibrio financiero del Estado se agravó todavía más a partir de 1830, hasta el punto de que López Ballesteros se vio obligado a redoblar el esfuerzo para mantener controlado el gasto público y a acudir, una vez más, a la deuda. Fernando VII tuvo que reconocer en 1831 la deuda existente en el Trienio Liberal con el fin de poder obtener algún préstamo exterior, pero en condiciones mucho peores para el crédito de España que ocho años atrás. De esta forma, el gobierno absolutista de 1823-1833 suscribió 2.427 millones de reales con el exterior, con un ingreso efectivo de 739 millones. Del total de la deuda negociada, al concluir la década solo se habían amortizado 337 millones.

Como durante el Trienio Constitucional, las Cortes habían intentado otorgar a los accionistas del Banco de San Carlos títulos hipotecarios contra las deudas del gobierno, pero los apuros financieros de las autoridades liberales habían impedido finalmente que ese intento se sustanciase. Con el retorno del absolutismo, los accionistas continuaron intentando que se les devolvieran los préstamos y adelantos realizados al erario público. En 1829, culminaron las negociaciones que mantuvieron con los responsables de la Hacienda de la monarquía absoluta, renunciando los accionistas a sus créditos contra el Estado a cambio de acciones del nuevo Banco de San Fernando y aceptando percibir un real por cada ocho que se les debía. De esta forma, en el conjunto de reformas realizadas por López Ballesteros se incluía también la liquidación del viejo Banco de San Carlos, al tiempo que se creaba el Banco de San Fernando con el objetivo primordial de financiar a corto plazo al Tesoro Público.

El Banco de San Carlos había estado demasiado vinculado con la monarquía absoluta, a pesar de que había intentado orientar el modelo mercantilista ilustrado, ya desfasado, hacia un modelo liberal propio de los cambios económicos del primer tercio del siglo XIX. A lo largo de su existencia no había conseguido atraer depósitos públicos o privados, ni tampoco aumentar la monetarización de la economía española, pues la circulación de efectivo no llegó a superar el 14 por ciento de su capital. Durante el Trienio Liberal se había comenzado ya a plantear la posibilidad de crear un banco con otra reglamentación, a partir de la reducción de la deuda contraída por el Tesoro a través de tierras y bienes desamortizados. Ya entonces se pusieron de manifiesto las posturas reformistas interesadas en crear un banco con capacidad de emitir billetes, de recibir depósitos y de prestar al público y al Estado. Un banco que recibiese la denominación de «Banco de España». El nacimiento a finales de la década de 1820 del Banco de San Fernando —que tomaba su nombre del de Fernando VII— vino a sustanciar la necesidad de ese cambio de orientación y de reorganización de los activos por parte del banco semioficial, dentro del conjunto de medidas adoptadas por el ministro López Ballesteros. Se estaba iniciando así la transición hacia la modernización financiera.

Finalmente, el empeoramiento de la crisis financiera en 1831 obligaría a suspender la organización presupuestaria que estaba en la base de la propuesta económica y fiscal de López Ballesteros. La elección de un modelo fiscal que, en último término, era propio del Antiguo Régimen provocaría el agotamiento progresivo de los recursos ordinarios, a lo que se sumó la merma de los ingresos fiscales proveniente de América. Ya no era factible aumentar dichos recursos de forma proporcional al gasto mínimo requerido por las anteriores vías de rentas provinciales, equivalentes y estancadas, con una presión sobre los contribuyentes que difícilmente podía ser más elevada (la presión fiscal en los últimos años de la década de 1820 se situaba en torno a 55 reales per cápita, lo que la igualaba a la existente en el periodo 1789-1796). En estas condiciones, el sistema de López Ballesteros estaba destinado a fracasar por sus propias deficiencias internas. Y esto fue lo que ocurrió en los primeros años de la década de 1830, cuando el principal instrumento hacendístico utilizado por López Ballesteros, el presupuesto, dejó de ser utilizado hasta que en 1837 Mendizábal volviera a considerarlo. Ni la situación de la economía ni la naturaleza del régimen fernandino permitieron la puesta en marcha de una profunda reforma fiscal que posibilitase obtener en el interior del país lo que la banca europea negaba ya a la monarquía absolutista. Dentro de este estrecho margen de maniobra fue en el que se movió la política de López Ballesteros desde su nombramiento en diciembre de 1823 hasta su cese en octubre de 1832.

En lo relativo a las estructuras agrarias, durante este último periodo absolutista se continuó manteniendo la incorporación de la jurisdicción señorial a la Corona, con el agravamiento de los problemas derivados de la caracterización y transformación de los señoríos, y también las modificaciones en la propiedad de la tierra producidas por las desamortizaciones anteriores. Esta doble situación originó en estos años una doble conflictividad social en el ámbito agrario. Por un lado, la oposición generalizada al pago de las rentas señoriales, a pesar de los intentos desesperados de los antiguos señores por mantenerlas; y, por otro, una conflictividad de carácter ultrarrealista, o «precarlista», presente en movimientos como la denominada Guerra de los Agraviados o Guerra de los Malcontents, de 1826, con participación de sectores del campesinado amenazados por las crecientes dificultades económicas.

A pesar del decreto del 15 de agosto de 1823 que restablecía las prestaciones señoriales —con la excepción de la jurisdicción—, los vecinos y enfiteutas de los pueblos continuaron negándose a pagarlas durante la Década Ominosa, de tal manera que los titulares de señoríos se encontraron con una cada vez mayor acumulación de deudas, acompañadas de continuos e inútiles intentos por cobrarlas. También se mantuvo la oposición al pago del medio diezmo, a pesar de la presión del gobierno por medio de los Voluntarios Realistas para conseguir cobrarlo y a pesar de las amenazas realizadas por la Iglesia. En 1830 las autoridades denunciaban el abandono e «inmoralidad» con el que los «labradores» se negaban a pagar los diezmos. Toda esta tensión antiseñorial se plasmaría desde 1824 en las demandas presentadas ante los tribunales por nobles contra pueblos enteros. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del marqués de Dos Aguas o en el del conde de Pino Hermoso, que demandaron a los pueblos sobre los que tenían derechos señoriales ante los impagos de todo tipo de rentas por considerarlas jurisdiccionales.

Aun así, no todo el campesinado se identificó con las actitudes antiseñoriales y los intereses liberales. Fenómenos como el ultrarrealismo o el primer carlismo deben situarse en el contexto de esta sociedad agraria con intereses económicos diversos y en la que se había producido el empobrecimiento y el endeudamiento de determinados sectores del campesinado. Muchos campesinos se transformaron en estos años en arrendatarios de sus propias tierras al no poder pagar las deudas y préstamos acumulados. A su vez, muchos arrendatarios se vieron inmersos en la proletarización y la pobreza ante la reorganización de las explotaciones y el aumento de los precios de los arrendamientos.

De estos sectores se nutrirían parcialmente a lo largo de la Década Ominosa —al igual que en momentos posteriores— los movimientos ultrarrealistas y carlistas, junto con los viejos grupos privilegiados, como la Iglesia, y con sectores oligárquicos de la pequeña nobleza y de los propietarios agrarios. En este sentido, una parte del campesinado tuvo escasa identificación con el modelo liberal de sociedad, un hecho al que contribuiría la forma en que se fueron definiendo los derechos de propiedad y la configuración del sistema tributario defendida por el liberalismo moderado hegemónico. Al malestar que se había generado en sectores campesinos ante la permanencia mayor o menor de las cargas señoriales, se sumaban los problemas derivados de las nuevas características de la propiedad capitalista.

En síntesis, y haciendo un balance del periodo, el reformismo absolutista puso en evidencia la inviabilidad de las simples reformas económicas de carácter administrativo, al estilo de la reforma hacendística de Garay o del conjunto de medidas modernizadoras planteadas por López Ballesteros: promulgación del Código de Comercio (1829), fundación de la Bolsa de Comercio en Madrid (1831), creación del Ministerio de Fomento (1832) o del citado Banco de San Fernando (1829), heredero del Banco de San Carlos y antecesor del Banco de España, medidas que fueron necesarias, pero insuficientes. El crecimiento de estos años se basó en el aumento del área de cultivo por vía extensiva y al amparo de la protección. Sin embargo, para seguir creciendo serían precisas otras reformas, como eran aquellas que posibilitasen un mercado interior integrado y el consiguiente aumento de la demanda, la apertura al exterior para poder exportar vino o aceite, las técnicas y capitales necesarios para explotar la riqueza minera y, claro está, la libertad de industria y tecnología adecuada para que creciese lo que en ese momento identificaba el desarrollo: la industria moderna.

Agotada la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria que fue articulándose a partir de la regencia de María Cristina se convertiría en el futuro marco legal para la defensa de los intereses de los nuevos propietarios burgueses y del liberalismo moderado. Un liberalismo «de orden» y de autoridad, donde solo tendrían representación política los poseedores de unos determinados niveles de riqueza —la «aristocracia del dinero»—, es decir, aquellos sectores de la burguesía representados por la «nueva» política favorable al desarrollo capitalista y al triunfo definitivo de la propiedad privada, representados, en definitiva, por el «nuevo» Estado de las «clases medias», entendidas estas como un conjunto heterogéneo de propietarios territoriales, hombres de negocios y grupos mercantiles y comerciales. Un grupo social, en suma, con intereses económicos diversos, pero unidos por un objetivo común: la necesidad de rechazar cualquier posible efecto peligroso o no deseado del cambio político y social, cualquier medida que pudiese plantearse por los sectores sociales marginados del modelo hegemónico, cualquier política económica que pudiese alterar el triunfo definitivo del sagrado derecho de propiedad.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD

Ivana Frasquet

Los años que enmarcan el primer tercio del siglo XIX en España estuvieron determinados por la guerra desatada contra los franceses a partir de 1808 y por los convulsos acontecimientos políticos que tuvieron lugar durante ese periodo. Estos inicios agitados y revolucionarios condicionaron el devenir de la población española de la península Ibérica, puesto que el ciclo de guerra, hambre y muerte no permitió que el crecimiento poblacional despuntara hasta los años cuarenta del siglo.

En términos generales, la talla media del español de principios de siglo rondaba los 1,50 metros, mientras que su esperanza de vida, según las zonas, era inferior a los 30 años. El censo más fiable de la época moderna, el de Floridablanca de 1787, arrojaba una población de 10.268.110 habitantes en todo el territorio español. Esta cifra no iba a variar demasiado en los primeros decenios del siglo XIX, aunque iría aumentando progresivamente hasta llegar a alcanzar un total de 12.286.941 en 1833. Es decir, la población española creció a un ritmo muy lento, aunque sostenido, si lo comparamos con el de otros países europeos como Gran Bretaña, Alemania e Italia, cuyos porcentajes de crecimiento en esta época se dispararon por encima del 100 por ciento. En España, a principios del XIX la mayor parte de la población seguía habitando en zonas rurales. La productividad agraria era baja y tampoco se disponía de mercados que animaran a un aumento productivo con su demanda, como sí ocurría en otros países europeos. Todo ello, unido a la difícil situación política y bélica del momento, estancó el crecimiento poblacional español en las primeras décadas del siglo.

Así, la guerra contra la Francia revolucionaria (1793-1795), las luchas contra Inglaterra (1796-1807), las epidemias y hambrunas y, finalmente, la guerra en la Península contra los franceses (1808-1814) son hechos que diezmaron la población española y favorecieron la recesión demográfica de estos años iniciales del siglo. En esta época la natalidad se mantuvo alta, pero también la mortalidad, debido a los acontecimientos bélicos y a las condiciones de vida que hemos señalado.

UNA DIFÍCIL COYUNTURA DEMOGRÁFICA

En esta época, la agricultura era la base que sustentaba a la mayoría de la población española. El cultivo más extendido era el de los cereales, sobre todo el trigo, aunque también se producía cebada, centeno, maíz, avena, mijo y arroz. Según algunos cálculos, se cultivaban seis fanegas de cereal por cada habitante, cantidad no superada ni por la Francia del momento. Además de en los cereales, la producción también se basaba —y con ello la alimentación— en legumbres como alubias, judías, garbanzos y habas. Las frutas se cultivaban en buena parte del territorio —uvas, higos, limones, naranjas, manzanas—, mientras que las hortalizas eran propias de las huertas que había alrededor de las grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Murcia o Sevilla. El aceite y el vino, junto con el trigo, eran los otros dos productos españoles más consumidos.

En cuanto a la producción textil, la lana y la seda eran los productos más destacados en la época. El algodón se había intentado introducir en zonas de Andalucía y Valencia, pero tuvo una difícil aclimatación. Sin embargo, la seda era muy apreciada por los mercados europeos, aunque poco a poco tuvo que competir con la italiana. En España estaba muy extendida la cría de gusanos de seda, sobre todo en Valencia, Murcia y el sur de Andalucía, aunque también se encontraba en Madrid, Zamora y Toledo. Por otro lado, los rebaños de ovejas se concentraban en Extremadura y en el centro del país, donde se producía una lana que gozaba de gran reputación en los mercados europeos gracias a sus diferentes variedades y calidades.

Toda esta base económica quedaría afectada por el estallido de la guerra contra los franceses, lo que supondrá también unas consecuencias poblacionales para la España de la época, tanto en términos demográficos como sociales. Además, también hubo fuertes carestías de alimentos que permiten hablar de crisis demográfica en los años que precedieron a la guerra. Esta sucesión de hambrunas de principios del siglo fue consecuencia de una ineficaz agricultura basada en un sistema feudal, en el que los señores perceptores de diezmos y derechos especulaban con la escasa producción de granos, guardándolos para venderlos a precios más altos en época de carestía, y fue fruto también de la desarticulación del mercado de cereales en el interior de la Península. En las zonas periféricas, donde existía la posibilidad del aprovisionamiento a través de los puertos marítimos, las crisis de subsistencia motivadas por razones climatológicas pudieron ser paliadas con mejores resultados y los sectores productivos no agrarios no se vieron tan afectados. En el interior, el elevado coste de los transportes terrestres, dadas las condiciones naturales de la región (altitud elevada, escasas rutas fluviales, abruptos relieves), imposibilitaban una salida rápida de las crisis alimentarias, mientras que los precios del trigo se adaptaban al ritmo de las cosechas multiplicándose en los años difíciles (en Extremadura se llegaron a triplicar en 1802-1803 y 1804-1805). Por ello, las diferencias regionales tanto en la natalidad como en la mortalidad deben ser tenidas en cuenta en el cómputo total de población.

En la mayoría de los casos estas crisis venían acompañadas de enfermedades que podían alcanzar el grado de epidemia. Así, en la zona costera de Alicante a Cádiz, la fiebre amarilla produjo la fuerte crisis demográfica de los años 1803-1805, pues en esa zona se encontraban los puertos que tenían una mayor vinculación con las zonas del interior. La enfermedad causó a principios de 1800 más de 60.000 muertos en Andalucía y se repitió unos años después, en 1804, lo que causó la muerte a aproximadamente otras 40.000 personas más, en particular en las ciudades de Málaga y Cartagena. La actividad de estos puertos se estancó durante estos años, más si tenemos en cuenta que la fiebre amarilla atacó generalizadamente a varones en edad laboral. Por ello, el paso de mercancías hacia el interior quedó totalmente paralizado por entonces, agravando así los efectos de las malas cosechas de cereales del centro peninsular. Los efectos en esta zona interior (Cuenca, Toledo, Madrid, Salamanca, Palencia, Burgos, etcétera) fueron desastrosos. Las malas cosechas de principios de siglo, acompañadas en algunos casos por condiciones climatológicas desfavorables (fuertes lluvias en otoño, sequía en primavera o fríos tardíos), dejaron desabastecido de grano el interior. Las aguas estancadas o el calor desmedido favorecieron la aparición de fiebres como las tercianas, que afectaban igualmente a las ciudades y al campo. Así, las duras condiciones aumentaron los flujos migratorios hacia las ciudades, donde los pobres esperaban recibir la beneficencia de la Iglesia o del municipio para paliar su situación, pero donde, a su vez, extendían rápidamente la enfermedad, contagiando a un alto número de población. Las condiciones de vida, por tanto, eran precarias y, si bien desde mediados del siglo XVIII las mortandades catastróficas ocasionadas por las pestes, hambres y guerras se habían reducido drásticamente, dando lugar a un pequeño crecimiento vegetativo de saldo positivo, la vida no cambió en lo sustancial. La mala alimentación y la pésima higiene, además, provocaban frecuentes enfermedades infectocontagiosas, teniendo mayor influencia la disentería o el tifus. A estas condiciones lamentables vino a unirse la guerra, que causó un hambre generalizada, sobre todo en el año 1812, cuando solo en Madrid llegaron a registrarse hasta 20.000 muertos por inanición. De ahí que el pueblo madrileño aclamara la entrada de las tropas de Wellington en agosto de 1812 en la ciudad al grito de «¡Viva el pan a peseta!».

Sin embargo, desde sus inicios, la oleada de levantamientos populares contra la ocupación francesa produjo un número bastante elevado de muertos en las ciudades y las villas, y no solo en Madrid, donde el número de fallecidos, según algunas fuentes de la época, pasó escasamente de 100. Las cifras de muertos por la guerra que coinciden con los años más críticos de la contienda, generalmente 1809 y 1812, son bastante desiguales dependiendo de la zona geográfica y todavía no están completas. De este modo, la mortalidad más alta en 1809 corresponde al tercio norte peninsular (Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja y Cataluña), mientras que en 1812 las zonas más afectadas son Andalucía y la cornisa mediterránea, concretamente Valencia. A la pérdida de vidas en la contienda hay que añadir una grave crisis provocada por la devastación de las cosechas (debida a destrucciones, requisas o huida de la población), y por la fácil difusión de las epidemias por el movimiento de las tropas. Respecto al año 1813, en casi todas las zonas de las que se tienen datos la mortalidad desciende, salvo en el caso de la provincia de Castellón, donde se observa un aumento provocado seguramente por la retirada de las tropas de Suchet hacia Francia. En total, y asumiendo que los datos existentes no son precisos debido a la falta de información, los cálculos realizados arrojan una cifra cercana o superior al medio millón de muertos en estos años para una población de unos 10,5 millones de habitantes aproximadamente. Esto significa que casi un 5 por ciento del total de la población falleció en esta época. En proporción, la guerra contra Napoleón resultó ser la más letal de la historia contemporánea española.

Es fácil imaginar que las consecuencias de esta guerra fueron desastrosas para la población española, no solo por el considerable número de muertos, sino también por la ruina de los campos y de la ganadería. Durante el conflicto, los campesinos fueron los más perjudicados por los suministros y exacciones diarias en los pueblos donde se acantonaban los soldados y nunca fueron compensados por sus pérdidas. Mientras que la ganadería fue un sector afectado con especial gravedad, en los alrededores de Zaragoza se destruyeron cerca de 160.000 olivos y los precios del trigo se dispararon en los años subsiguientes hasta alcanzar máximos históricos en 1817 y caer estrepitosamente poco después. La ruina de la agricultura y la exigencia de impuestos impidieron que los campesinos mantuvieran su nivel de consumo y provocaron una grave crisis en la industria y el comercio.

LA ESTRUCTURA SOCIAL Y EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD

Como hemos indicado, la España de fines del siglo XVIII y principios del XIX era fundamentalmente rural, pues más del 80 por ciento de la población vivía en el medio agrario. Las ciudades apenas estaban pobladas, con la excepción de Madrid y Barcelona, donde vivían cerca de 200.000 y 140.000 habitantes, respectivamente, seguidas de Valencia, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada, que apenas llegaban a los 50.000 habitantes cada una; muy por debajo de esta cifra se situaban ciudades como Santiago de Compostela, con 20.000, Oviedo, con 17.000, Bilbao, con 15.000 o Burgos, con 10.000. Por ello, esta población mayoritariamente campesina seguía viviendo en un nivel de subsistencia donde el principal medio de producción era la tierra, cuya estructura económica seguía estando organizada de manera señorial. Es decir, la mayoría de la población trabajaba tierras que no poseía y debía corresponder con el pago de rentas económicas y cánones fiscales a los poseedores de las mismas. La inmovilidad social de este tipo de sociedades impedía que la tierra, como bien productivo, pudiera cambiar de manos y generar riqueza a los campesinos por encima del nivel de subsistencia. La rigidez de los estamentos y el estancamiento de las formas de vida facilitaban el acaparamiento de la tierra en manos de un pequeño porcentaje de población que pertenecía al grupo de los privilegiados. Iglesia y nobleza, así como los altos funcionarios de la Corona y el ejército formaban parte de este último grupo que poseía en régimen de propiedad feudal la inmensa mayoría de las tierras.

La sociedad de principios del siglo XIX estaba dividida en dos grupos claramente diferenciados: los privilegiados y los no privilegiados. La diferencia entre ambos era de cuna (es decir, se pertenecía a uno u otro al nacer) y de jurisdicción (los privilegiados estaban protegidos por leyes y fueros especiales). El privilegio jurisdiccional suponía poseer fueros propios que garantizaban un juicio especial y una aplicación distinta de la ley. El privilegio fiscal mantenía a este grupo exento de tributación y cargas fiscales para sufragar los gastos de la Corona, al tiempo que les permitía vivir del sostenimiento de las rentas que pagaban los no privilegiados. El privilegio militar les mantenía libres de ser reclutados para el servicio de armas en caso de guerra, aunque los nobles podían ocupar puestos de relevancia entre la oficialidad del ejército del rey. Al primer grupo, el de los privilegiados, pertenecían la nobleza y el clero; al segundo, el resto de la población.

La nobleza podía ser titulada o no titulada. Entre los primeros se contaban los principales títulos, como duque, marqués, conde, vizconde y barón, por encima de los cuales estaba la distinción de la Grandeza. Los Grandes de España eran los nobles de más alto rango. A finales del siglo XVIII se contabilizaron 119 Grandes de España y más de 500 títulos de Castilla. La nobleza no titulada eran los hidalgos, que no constituían un grupo homogéneo, pues las diferencias entre un hidalgo rural que trabajaba su propia tierra y otro que percibía rentas podían ser amplias. Los hidalgos estaban exentos de la milicia y de la obligación de dar alojamiento a los ejércitos. Tampoco podían ser encarcelados por deudas, a menos que estas fueran de derechos reales, y sus casas no podían ser embargadas ni vendidas, como tampoco sus caballos, mulas o armas.

Los títulos nobiliarios en la España de principios del siglo XIX eran poco más de 1.300 y el porcentaje de hidalgos era pequeño, alrededor del 4 por ciento. Los pocos nobles que constituían la élite aristocrática acaparaban los señoríos y detentaban los cargos públicos tanto en la Administración central como en el municipio, incluyendo ramificaciones en los estratos militar, civil y judicial. Los títulos de Castilla tenían derecho a poseer en su casa el retrato del rey bajo dosel y los días de gala acudían al besamanos real.

Dentro del estamento eclesiástico se situaba el alto clero, reservado para la nobleza, como obispos y cardenales, y el bajo clero, que eran los pequeños párrocos. En otro grupo se encontraba el clero regular, formado por aquellos que pertenecían a las órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos, etcétera, y que habitaban en conventos y estaban sujetos a la disciplina de su respectiva orden. En 1808 había en España 8 archidiócesis y 52 diócesis. El clero poseía un peso fundamental en la estructura de la monarquía española, pues, según la Estadística de España, de Moreau de Jonnès, en 1826 España se situaba entre los países europeos con más eclesiásticos por cada 1.000 habitantes, un total de 11 por 1.000, cifra que, teniendo en cuenta que el país había pasado por varias desamortizaciones y exclaustraciones, no era nada desdeñable. Hasta las pequeñas villas poseían varias iglesias y conventos en su territorio. Vitoria, que apenas superaba los 6.000 habitantes, tenía 1 colegiata, 4 iglesias parroquiales, 1 oratorio y 5 conventos; la cifra de iglesias en Burgos se elevaba hasta 14 y los conventos sobrepasaban los 40; en Toledo había 25 parroquias y 39 conventos, mientras que en ciudades como Sevilla, además de la catedral, se contabilizaban 26 parroquias y 68 conventos.

La Iglesia poseía innumerables bienes inmuebles que pertenecían a órdenes religiosas, cabildos u obispados y que no eran susceptibles de ser vendidos ni privatizados. Es decir, estos bienes no podían traspasarse a otras manos, no eran libres, estaban amortizados y por ello se los calificaba de «manos muertas», pues no pertenecían a un sujeto individual, sino a la comunidad religiosa, y se traspasaban por herencia a la siguiente comunidad. En la mayoría de las ocasiones se trataba de tierras no cultivadas, de las cuales se extraían los cánones señoriales exigidos a los campesinos que las habitaban, cuya extensión iba aumentando por la incorporación de donaciones, dotes o últimas voluntades. Además de ello, la Iglesia obtenía el diezmo —un impuesto basado en el diez por ciento de toda la producción agropecuaria y que debía ser pagado por todos los no privilegiados— y las primicias, los primeros frutos de cada cosecha. Los diezmos y las primicias formaban una de las más importantes fuentes de las rentas eclesiásticas y gravaban fuertemente la producción agrícola. El clero estaba exento de pagar algunas contribuciones, como las alcabalas y los cientos, y solo abonaba una parte de los impuestos de consumo, los llamados «millones». Por otro lado, las riquezas que encerraban las iglesias y catedrales en joyas y objetos preciosos de oro y plata eran difíciles de calcular. Por poner un ejemplo, en 1812 la fundición de la platería de la catedral de Valencia para ayudar a los gastos de la defensa de la guerra produjo la cantidad de 1.200.000 reales.

El grupo no privilegiado estaba compuesto en las zonas rurales por el campesinado. Esta condición era muy heterogénea, pues en ella podían encontrarse propietarios de tierras, en el menor de los casos, o censatarios, arrendatarios, ganaderos, pastores, jornaleros, etcétera. En las ciudades el grupo de los no privilegiados incluía a los comerciantes, funcionarios, artesanos e industriales, aunque dentro de este estado existían grandes diferencias económicas. De una parte de ellos surgiría la clase media burguesa y hacendada que provocará el estallido de las revoluciones liberales por su deseo de acceder a puestos de poder político.

En el campo, el señorío o feudo era la base del régimen de propiedad señorial. Se trataba de un territorio delimitado, constituido históricamente y sometido a la jurisdicción de un señor, en el cual se establecían las relaciones sociales entre la comunidad de campesinos que lo habitan y el señor. El 60 por ciento de las tierras productivas y más ricas estaban en manos privilegiadas, pues, en general, el campesino no tenía acceso directo a la propiedad de la tierra. En este régimen señorial la propiedad de la tierra, que no tenía las mismas características que en un sistema libre, se hallaba dividida en dos, a saber: el dominio útil (también denominado «indirecto» y que estaba en manos del campesino usufructuario) y el dominio directo (también llamado «eminente» y que pertenecía al señor). El reconocimiento de los dos dominios venía dado por la jurisdicción, inherente a la propiedad señorial. En otras palabras, el señor detentaba los derechos jurisdiccionales dentro del territorio de su señorío, que consistían en ejercer la potestad judicial, esto es, ostentar la capacidad para impartir justicia en lo civil y lo criminal y también la potestad administrativa, que suponía la condición de gobernar los lugares dentro del señorío. El señor ejercía también la coerción extraeconómica o, lo que es lo mismo, la capacidad de obligar por la fuerza a los campesinos, en caso necesario, a satisfacer las numerosas rentas que les exigía por el disfrute del dominio útil. En la mayoría de los casos, los señores poseían una fuerza armada privada con mercenarios a su servicio que coaccionaban a los campesinos y les forzaban a seguir pagando las rentas señoriales.

En España las tierras eran por lo general un monopolio legal, concedidas en arriendos a largo plazo y, en ocasiones, disponían de ganado de tiro y ovejas. La explotación de las mismas se daba en unidades familiares, generalmente parcelarias, y las rentas se pagaban en especie y, ocasionalmente, en dinero. En el sur español los grandes nobles y terratenientes no explotaban directamente la tierra, sino que la arrendaban a otros grandes arrendadores, quienes a su vez la subarrendaban a labradores con dos o tres yuntas y un pequeño capital. Es decir, en el régimen señorial nunca se pensó en obtener un beneficio directo por la movilidad o compraventa de las tierras libres, sino que se prefería la exacción fiscal que recaía sobre las mismas, precisamente por las características del régimen señorial en el que la tierra permanecía vinculada y se obtenía mucho más de la coerción extraeconómica y las rentas privilegiadas sobre la misma.

En este sistema señorial, la jurisdicción no podía ser separada del territorio. Por ello, cuando, a partir de las Cortes de Cádiz y en otros decretos posteriores, se procedió a disolver esta situación, se generaron grandes conflictos en torno al tema de la propiedad, dado que en el régimen liberal esta no podía estar dividida, sino que debía pertenecer a un único poseedor, el señor o el campesino. Los derechos jurisdiccionales, por tanto, eran la base de todo el sistema y el principal poder coactivo para que el señor pudiera obtener sus rentas. La renta señorial, o canon (también denominado «censo»), era la que percibía el señor como reconocimiento del dominio directo sobre las tierras. Esta renta no solía suponer cantidades elevadas, pero era lo que mantenía al campesino y a su familia ligado de por vida a la tierra del señor. Además de ella, los campesinos debían hacer frente a toda otra serie de cargas económicas sobre la producción del señorío, como las primicias y el diezmo, según ya hemos señalado.

Junto con todas estas rentas, el señor poseía también distintos monopolios dentro del señorío, como los derechos privativos (exclusivos del señor) y los prohibitivos (podían ser también ejercidos por otros por designación señorial). Dentro de estos monopolios se incluía generalmente el uso y disfrute de infraestructuras básicas para la vida del campesino y la comercialización de los excedentes, como los molinos y almazaras, los hornos, las tablas de carne y pescado, los aljibes, etcétera. Generalmente, estos derechos eran arrendados o subastados por el señor para percibir sus rentas. Añadidos a todo lo anterior estaban los derechos que el señor podía percibir por la utilización de puentes, caminos y ríos a todos los que transitaran por su territorio. Además, existían otros derechos vinculados con la tierra como el laudemio, que consistía en la entrega directa al señor de la décima parte del precio de la finca o tierra en caso de venta de la misma por parte del campesino. Vinculado con este derecho se encontraban los quindenios, pagados cada quince años, que consistían en el cobro del laudemio en una supuesta venta de las fincas que hubiesen recaído en manos muertas durante ese tiempo. También relacionado con el traspaso de la tierra estaba la fadiga, la prioridad que el señor tenía para adquirir una tierra en venta, por el mismo precio, dentro del plazo de 30 días antes de que se pudiera ofrecer a otro comprador. Todas estas cargas relacionadas con los traspasos de tierras dificultaban las operaciones y empobrecían todavía más a los campesinos, que, por obligación, debían proceder a la venta de su dominio útil. Por esta razón la compraventa de fincas era casi inexistente.

La forma para que los campesinos mantuvieran su subsistencia era permitir el uso de los bienes comunales pertenecientes al municipio, es decir, al común de los vecinos. Entre estos bienes se contaba, por ejemplo, el uso del pasto para el ganado o del bosque para obtener leña; o los llamados bienes de propios, que podían ser cedidos por el municipio a cambio de una renta para la obtención de unos pequeños ingresos para los vecinos. En la mayoría de los casos, los miembros del cabildo controlaban los bienes comunales, lo que les ayudaba a mantener el monopolio sobre los mismos. De esta manera, el campesino vivía vinculado a la tierra que trabajaba por medio del dominio útil y no podía trasladarse a otro señorío. Generalmente, los censos o rentas señoriales se traspasaban de generación en generación, lo que garantizaba el mantenimiento de la familia del señor y sus descendientes. La cantidad de derechos que debían satisfacer los campesinos les dejaba al borde de la subsistencia, sin apenas poder comercializar ningún excedente de la producción. Por ello, en época de malas cosechas muchos de estos campesinos se quedaban al borde de la miseria y la muerte, ya que apenas podían pagar las rentas y alimentar a sus familias.

Los sistemas más comunes de propiedad de la tierra para los campesinos eran la aparcería y la enfiteusis. Esta última consistía en ceder para siempre el dominio útil de casas o tierras —reservándose el directo— a cambio de un censo anual que solía ser entre un 3 por ciento y un 5 por ciento. El censo se denominaba «censo enfitéutico» y permitía al campesino disponer de la tierra casi como en propiedad total, pues sus descendientes no podían ser expulsados de las tierras mientras siguieran satisfaciendo el censo. Este sistema de cesión de dominio útil era el más común en el reino de Valencia, en Cataluña, en Aragón y en Galicia, recibía nombres diferentes («treudos» en Aragón y «foros» en Galicia) y presentaba variaciones en los contratos censales según el territorio. Los contratos por aparcería también variaban según la zona: en Aragón, el dueño y el aparcero debían poner cada uno la mitad de la simiente; en Murcia el dueño no entregaba nada, pero solo tenía derecho a una quinta parte de la cosecha, y en Cataluña era a partes iguales, pero por un máximo de cinco años.

En función de la jurisdicción ejercida en el territorio podían existir tres tipos de señoríos: los seculares (también denominados «solariegos» o «territoriales»), los de abadengo y los de realengo, en los que la jurisdicción pertenecía a un señor laico, a un eclesiástico o al monarca, respectivamente. En los señoríos de realengo el rey podía delegar la capacidad de impartir justicia en otras personas. Por su parte, tanto en los señoríos seculares como en los de realengo, los bienes, es decir, la tierra, estaban vinculados, por lo que no podían ser divididos, separados, vendidos o traspasados, sino que pasaban íntegramente por herencia al primogénito de la familia nobiliaria. Los demás hijos se quedaban sin herencia, obligados al celibato dentro de la casa familiar o convertidos en mano de obra. Si los bienes de la familia eran de cierta entidad, los segundones podían optar al matrimonio con los hijos de otro labrador acomodado. En las grandes familias nobiliarias, generalmente el segundo hijo era destinado al servicio de las armas en la oficialidad del ejército y el tercero a la Iglesia. El destino de las hijas solía ser el convento. El vínculo quedó instaurado desde principios del siglo XVI por las Leyes de Toro de los Reyes Católicos, quienes implantaron el mayorazgo que designaba al mayor de la familia como heredero único de los bienes. La propiedad amayorazgada, o vinculada, estaba protegida contra el capital usurario, pero la tierra libre podía vincularse y amortizarse, lo que supuso un crecimiento del vínculo y de las tierras de manos muertas durante el siglo XVIII, así como un endurecimiento de las condiciones para los campesinos si querían trabajar estas tierras. El aumento de las tierras amortizadas significó un incremento del arriendo para los campesinos y con la subida de precios de finales del XVIII creció también la renta en especie. Los señores y labradores acomodados empezaron a almacenar granos para especular en los momentos de carestía.

Por lo que respecta a las ciudades, se inició el proceso de transformación de las urbes medievales en ciudades más modernas, que, a partir de mediados del siglo XIX, se convertirían en el centro de la actividad comercial, administrativa y de servicios. En este sentido destacaron especialmente los ensanches de Madrid y Barcelona. Hasta entonces la mayoría de las ciudades se encontraban amuralladas y sus calles, estrechas, irregulares y sin alinear, no estaban enlosadas, sino que eran de tierra y no tenían piedra firme, ni aceras, ni desagües. En época de lluvia se convertían en lodazales intransitables, mientras que en verano el polvo lo cubría todo. La calle era un lugar de uso común por el que transitaban animales sueltos y era utilizada también como lugar de trabajo por los artesanos.

El sector productivo de manufacturas en las ciudades se hallaba vinculado a los gremios, es decir, a las asociaciones de artesanos que se aglutinaban para mantener y defender sus oficios de forma corporativa. Los gremios tenían unos fines tanto sociales como profesionales. Por un lado, prestaban asistencia material a sus miembros y, por otro, regulaban el aspecto técnico y organizativo de la producción artesanal mediante sus ordenanzas. Casi todos los oficios conocidos estaban agremiados, algunos desde muy antiguo, como sastres, plateros, zapateros, cuchilleros, impresores, vidrieros, etcétera. El gremio se regía por sus propias ordenanzas particulares, una especie de estatutos que regulaban todo lo referente a la actividad en cuestión, desde la obtención de la materia prima, pasando por su transformación en el taller, hasta la venta al público. Los maestros podían establecerse por su cuenta, pero antes de eso debían superar una serie de fases que comenzaban con el puesto de aprendiz. El aprendizaje podía durar entre tres y seis años, según el oficio y la ciudad en la que se ejerciera. Normalmente, el joven aprendiz vivía ligado a su patrón y no obtenía un salario por su trabajo. Terminada esta etapa se convertía en mancebo; a este todavía no se le permitía trabajar por su cuenta, pero sí alquilar sus servicios por una jornada o un año. En Zaragoza la duración de esta etapa en el gremio de los sastres era de dos años; después de ella, el joven se convertía en oficial durante otros dos años más. En la etapa de oficial un artesano ya poseía pericia suficiente para desarrollar el oficio en solitario, pero las estrictas ordenanzas gremiales todavía no se lo permitían, por lo que cualquier contravención de esta norma podía costar una buena multa. Una vez superadas todas las etapas, el oficial podía aspirar a convertirse en maestro, pero para ello antes debía aprobar un examen ante los jefes del gremio. Acceder al examen no era fácil, en parte por lo costoso del mismo y en parte porque generalmente se convertían en maestros los hijos de los que ya lo eran, de manera que para un artesano corriente conseguir este grado era casi imposible. Los precios de los exámenes variaban según el oficio y la ciudad. Así, en Valencia, los derechos para acudir al examen de maestro jabonero eran de 1.500 reales para los extranjeros y de 750 para los valencianos. En Barcelona, para ser maestro curtidor, debían pagarse 275 reales; y en Toledo, los aspirantes a maestros de la seda podían serlo por 600 reales si eran extranjeros, 450 si eran toledanos y 300 para los yernos o hijos de maestros.

Para conservar las buenas tradiciones del gremio, las ordenanzas corporativas describían con minuciosidad todas las reglas de la buena fabricación. La reglamentación del trabajo ejercido por el gremio tenía por objeto asegurar la mayor perfección posible de la obra final y evitar cualquier tipo de competencia. Los magistrados directivos de cada oficio inspeccionaban los talleres y las tiendas y embargaban los trabajos defectuosos. Estos eran los veedores en Castilla, los cónsules en Cataluña, los clavarios en Valencia y los mayordomos en Aragón. Hasta la abolición de estas corporaciones, dicha práctica anuló cualquier posibilidad de innovación en las técnicas de fabricación. Algunos gremios eran muy numerosos y poderosos, como los Cinco Gremios Mayores de Madrid, los cuales comprendían a joyeros, sederos, merceros, pañeros y lenceros. Además de mantener el monopolio gremial de la importación, producción y distribución de los productos que daban nombre a su gremio respectivo, los gremios ampliaron el campo de sus negocios al ámbito financiero, mediante préstamos al Estado y recepción de dinero a interés; al control de otras compañías; y al abastecimiento de la Villa y Corte. Incluso llegaron a intervenir en el comercio con América, cuando el monopolio de Sevilla-Cádiz se estaba descomponiendo en beneficio de otras plazas españolas.

Sin embargo, la situación se fue modificando a finales del siglo XVIII y ya a principios del XIX los gremios se encontraban en franca decadencia, con una descomposición acelerada acentuada aún más por los decretos de abolición aprobados por las Cortes de Cádiz. La progresiva proletarización de los maestros y el acoso del capital comercial fueron dos de los factores que más ayudaron a la disgregación de las estructuras gremiales.

LA FAMILIA Y EL UNIVERSO FEMENINO

Desde finales del siglo XVIII se produjo una clara distinción entre los espacios públicos y privados de la sociedad, lo que alcanzará una delimitación nítida en el interior de los hogares de las clases medias y altas. A pesar de la preeminencia de la cultura patriarcal, las mujeres fueron las encargadas de organizar las tareas del hogar y de extender nuevos hábitos de comportamiento. Sin duda, existió una diferencia notable entre las familias urbanas y con buenos recursos económicos y las familias rurales, algo que conviene remarcar.

En las ciudades, la vida familiar de las mujeres transcurría básicamente entre las paredes de su casa, donde estaban encargadas de las tareas domésticas que diariamente se realizaban en los hogares, como la preparación de los alimentos, el aseo y vestido de los miembros de la familia (esposo, hijos, etcétera), la limpieza de la casa, la compra, el lavado y planchado de la ropa y otras ocupaciones como coser y bordar. La familia española en esta época se componía del padre, la madre y los hijos, que, dependiendo de la zona, podían oscilar entre tres y seis, si bien la tendencia de la natalidad a principios del siglo XIX fue descendente. La mortalidad infantil continuó siendo elevada y, aunque se habían producido algunos avances en materia de higiene y salubridad, la falta de una lactancia correcta mantuvo unas características demográficas propias del siglo anterior. En general, las mujeres urbanas en buena posición social no alimentaban a sus hijos recién nacidos, sino que dejaban esta tarea en manos de las nodrizas. Los tratados médicos dedicados a las mujeres a lo largo del siglo XIX intentaron invertir esta tendencia e incluso recomendaban el cambio de la moda en el vestido femenino durante el embarazo para no perjudicar al feto con la opresión del corsé y evitar posibles complicaciones en el parto. A su vez, las mujeres también estaban expuestas a numerosas infecciones durante los alumbramientos, lo que suponía un alto índice de fallecimientos entre los 20 y 25 años por esta causa.

Por otro lado, el padre dominaba la vida familiar y su esposa e hijos le debían obediencia y respeto. Él era la referencia económica, quien pagaba al servicio y quien decidía sobre las cuestiones importantes. La muerte del padre podía dejar a las familias en la miseria más extrema entre las capas populares, y en el caso de familias adineradas, las viudas podían llegar a pasar muchos apuros económicos si la herencia no era sustanciosa o si el padre había decidido dejarlo todo al heredero. En algunas ocasiones, las mujeres se veían obligadas a trasladarse a casa de algún familiar para poder sobrevivir.

En las zonas rurales la vida familiar transcurría entre las tareas de la casa y las propias del trabajo en el campo. Allí era frecuente la agrupación de varias familias en un mismo hogar, aunque esta tendencia fue desapareciendo conforme avanzaba el siglo y se imponían nuevas costumbres que valoraban la privacidad. Las mujeres, además de encargarse de las tareas domésticas, realizaban todo tipo de trabajos en el campo para completar la economía familiar, de ahí que su aspecto físico difiriera sustancialmente de las mujeres urbanas y de clases altas, pues su delgadez y sus rostros morenos en nada se parecían a los cuerpos redondos y a la tez blanca de estas. En algunas zonas de España, las mujeres del campo sufrían más severamente las consecuencias de la falta de higiene y las hemorragias durante el parto, lo que suponía una elevada tasa de mortalidad en edad fértil y, consecuentemente, un mayor número de matrimonios masculinos en segundas nupcias.

La alimentación de la familia corría también a cargo de la madre, que en las casas de la burguesía organizaba a los sirvientes para la preparación de las comidas. Generalmente se realizaban cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo, comida y cena. La primera consistía en chocolate con bollos o pan para las familias pudientes, mientras que las capas populares solían tomar fruta fresca en verano y seca en invierno. El café no estaba muy extendido en esta época y hasta la segunda mitad del siglo XIX no comenzaría a introducirse su consumo. El almuerzo se componía fundamentalmente de la olla, el plato más popular en casi todas las regiones. Este guiso incluía legumbres (garbanzos, alubias), verdura, tocino o carne, además de un caldo que podía acompañarse de otras vituallas como jamón, chorizo, cecina, patatas, etcétera. En tiempos de Cuaresma, podía ser sustituido por un cocido de bacalao o salazones. En las zonas rurales, y sobre todo en época de carestía, los guisos contenían más verduras y hortalizas. Un labriego con un nivel de vida medio podía comer un pedazo de carne de oveja o matanza, con pan moreno y una cebolla. Los días festivos podía incluir un trozo de jamón en la olla y embutido ahumado que generalmente regaba con una copa de vino. La alimentación se adaptaba a las producciones regionales; por ejemplo, un labrador murciano vivía con algunas frutas, un tomate y un poco de pan. En general, los campesinos del norte subsistían con una comodidad un poco mejor que la que se disfrutaba en el resto de España. Las cenas solían ser más ligeras y diferentes en función de la época del año, pues, si en invierno era habitual tomar un caldo con algo de queso, en verano las sopas frías y los gazpachos eran típicos de las zonas más cálidas. En las familias más adineradas era frecuente que se sirvieran guisos de carne de buey, de vaca, de cerdo o de carnero, junto con las aves, legumbres, verduras y pescados.

Respecto a la educación de los hijos, esta se encargaba generalmente a las madres, aunque los principios patriarcales de la época distinguían perfectamente entre educar e instruir. Una mujer debía inculcar a sus hijos las costumbres y valores, pero a ella no se le permitía instruirse, es decir, estudiar o leer demasiado, pues sus funciones, todavía a principios del siglo XIX, se debían limitar a ser una buena esposa y madre y a encargarse exclusivamente del buen funcionamiento de la casa. Es decir, las ideas rousseanianas que dividían perfectamente lo público y lo privado tendrían amplia difusión, relegando los roles femeninos a la esfera privada y centrándolos en la domesticidad. En este sentido, la casa era el lugar donde se ejercía el aprendizaje de la familia, tanto para las capas altas como para los artesanos. En los pueblos y zonas rurales no había muchas posibilidades de instrucción y hombres y mujeres en su mayoría no sabían ni leer ni escribir.

Sin embargo, la evolución de la enseñanza en España estuvo marcada por los acontecimientos políticos que se producirían en estos años. Así, las Cortes de Cádiz declararon el principio universal de la instrucción, por el que se establecía la necesidad de crear escuelas públicas para enseñar a las niñas a leer y a escribir, pero también las habilidades propias de su sexo. Este proyecto, interrumpido por la restauración monárquica absolutista de 1814, se retomaría con más fuerza en los años veinte del siglo, cuando las Cortes de 1822 establecieron que las escuelas de niños y niñas tuvieran el mismo sistema y plan de estudios, aunque se prohibía expresamente la formación de escuelas mixtas. En 1825, la instrucción de las niñas volvió a parámetros patriarcales, al considerarse que estas solo tenían que saber leer y escribir medianamente, pero debían aprender calceta, cortar y coser ropas, bordar y hacer encajes. La instrucción, en este caso, se centraba más en cuestiones de tipo moral, dirigidas a que la mujer fuera mejor esposa y madre, que no a aprender las ideas ilustradas del siglo. Pese a todo ello, hubo en estos inicios de siglo algunas mujeres que destacaron como escritoras, periodistas o poetisas.

En cuanto al trabajo realizado por las mujeres en dicha época, este se desarrollaba fundamentalmente dentro de las unidades familiares y con seguridad su carga aumentaba de forma proporcional a medida que se descendía en la escala social. Las condiciones laborales eran similares para los hombres y para las mujeres, tanto en el campo como en las ciudades. En la mayoría de los casos se trataba de jornadas de entre 10 y 12 horas, con una remuneración escasa y menor para el caso femenino. En las zonas rurales había tareas como la escarda, la vendimia, la recogida de la aceituna o la matanza que estaban destinadas exclusivamente a las mujeres; aunque en algunos lugares podían dedicarse a cualquier tarea que resultaba necesaria, ya fuera guardar el ganado, segar, labrar la tierra, etcétera. En las zonas urbanas, el incremento del sector industrial textil favoreció la incorporación masiva de las mujeres al trabajo, aunque en la mayoría de los casos se tratara de talleres domésticos.

URBANISMO, SOCIABILIDAD Y OCIO

Las ciudades españolas de principios del siglo XIX poseían grandes diferencias entre sí. Como ya se ha indicado, las más populosas eran Madrid y Barcelona, pero en la mayoría de ellas destacaba algún edificio de importancia arquitectónica, bien fuera la catedral, el alcázar, el ayuntamiento, algún monasterio o las casas y palacios nobiliarios. Las ciudades más cuidadas en su fisonomía eran las del norte peninsular, que contaban con un desarrollo en las funciones de policía urbana para cuidar el aspecto de las mismas. En Rentería, por ejemplo, que poseía una pavimentación con ladrillos, no se permitía circular en coche por la urbe para no estropearla. Guernica había pavimentado también su plaza mayor y había reconstruido la casa consistorial, mientras que San Sebastián había levantado la bonita iglesia de Santa María y comenzaba a tener aspecto de capital de provincia. Por su parte, Pamplona sobresalía por su población y el buen estado de sus calles.

En contraste, las ciudades del interior mostraban un aspecto menos agradable, decadente y a veces casi ruinoso en lo que se refiere a sus principales edificios. El alcázar de Burgos estaba muy deteriorado y sus calles estrechas y en cuesta presentaban un aspecto desordenado. Otro tanto ocurría en Valladolid, cuya catedral, todavía en construcción, convivía con un palacio real desmantelado y desierto y algunas casas en ruinas. En Salamanca seguían destacando la universidad y la enorme cantidad de conventos, colegios y seminarios. En Aragón, Zaragoza era la ciudad más importante situada en el valle del Ebro, pero su trazado urbanístico todavía conservaba mucho de la antigua ciudad árabe, lo que suponía un sinfín de estrechas callejuelas abigarradas en el centro de la urbe.

Pese a las dificultades económicas, la sociedad urbana española de principios del siglo XIX también tenía espacio para el ocio y la diversión. El teatro, los bailes, los toros, los cafés, las tabernas, los baños, los paseos, etcétera, eran distintas formas de actuar en sociedad tanto para las capas populares urbanas como para las acomodadas. Algunas de estas diversiones eran exclusivas de una u otra clase social, pero en muchas de ellas se producían encuentros interclasistas.

El teatro era una de las diversiones más populares de la sociedad del Ochocientos. En épocas anteriores se había intentado prohibir por parte de la jerarquía eclesiástica, que veía en él una distracción profana. Sin embargo, el teatro subsistió y, a finales del siglo XVIII, acabó desligándose de la influencia eclesiástica y convirtiéndose en una actividad lúdica completamente laica. El teatro, que era una de esas diversiones que atraían a todas las capas de la sociedad, era un fiel reflejo de las diferencias económicas de la España del momento, pues, mientras la nobleza y aristocracia se ubicaban en los palcos y plateas —normalmente adquiridos mediante abonos de temporada—, la incipiente clase media se situaba en el patio de butacas y las capas populares lo hacía en las sillas justo delante del escenario.

A principios del siglo XIX, no obstante, había ciudades en España que no tenían un teatro, por lo que las funciones cómicas se realizaban en patios de casas particulares. En Madrid, los teatros existentes en esta época eran el de los Caños del Peral, el de la Cruz y el del Príncipe. El primero fue construido en 1737 en el solar de unos lavaderos públicos, de donde tomó el nombre. Mesonero Romanos, el gran cronista del Madrid del XIX, lo describía como más espacioso y noble que los antiguos. Aunque durante la guerra napoleónica estaba prácticamente en ruinas, fue utilizado para la celebración de bailes de máscaras que la legislación josefina había permitido de nuevo. En 1814, el coliseo de los Caños acogió a las Cortes de Cádiz en su traslado a la capital, y, finalmente, fue derribado por una orden en 1817. El teatro de la Cruz se levantó hacia 1743 sobre un corral de comedias perteneciente a la Hermandad de la Soledad. En él se estrenaron obras como El sí de las niñas, de Moratín, en 1806, y, posteriormente, Don Juan Tenorio, de Zorrilla, en 1844. Fue demolido a mediados del siglo XIX. El teatro del Príncipe también fue un antiguo corral de comedias en el que se representaban tragedias y comedias y algunas piezas breves. Sufrió un incendio a principios del siglo XIX y su reconstrucción y reapertura se llevó a cabo en 1806 en el mismo solar que ocupaba con anterioridad.

En Barcelona el teatro más conocido era el de Santa Cruz, hasta que en la década de los treinta se edificó el Liceo. Su construcción se realizó por donación de unos terrenos en la Rambla a favor del hospital de la Santa Cruz a principios del siglo XVII. Desde entonces existió en el lugar una casa de comedias. En 1787 sufrió un grave incendio que destruyó todo el edificio, pero rápidamente fue reconstruido y reabierto un año después con una arquitectura más suntuosa. Valencia y Cádiz poseían teatros Principales, al igual que San Sebastián. En la Isla de León, actual San Fernando, se hallaba el Teatro Cómico, el cual albergaría las primeras sesiones parlamentarias de las Cortes en 1810. Ya en la segunda mitad del siglo, casi todas las ciudades construyeron un teatro para representaciones. Muchas de ellas lo hicieron en lugares céntricos, fruto de la desamortización de los conventos, como ocurrió en Segovia con el convento de Mínimos de la Victoria o con el Apolo de Madrid, levantado sobre el convento de San Hermenegildo. Los teatros de Alicante, Burgos, Gerona y Palma de Mallorca se construyeron en esta época en estilo neoclásico.

La actividad teatral estaba regulada por bandos y ordenanzas; estas, en algunas ocasiones, eran bastante estrictas con las compañías teatrales. Por ejemplo, los actores de la compañía del Príncipe en Madrid estaban obligados a trabajar todos los días del año, a excepción de la temporada de vacaciones y de los días en que actuaban las grandes figuras individuales, lo que solía ocurrir una vez al mes. Del mismo modo, la ordenanza que regulaba sus actividades para el año de 1808 prohibía a los actores ausentarse de la villa de Madrid durante más de ocho días. Las funciones, por tanto, eran diarias, salvo en Cuaresma, lo que acredita su popularidad y rentabilidad.

Con la llegada de José I la vida teatral en la corte se animó considerablemente. El propio rey asistía con frecuencia a las corridas de toros y espectáculos teatrales, sobre todo en días señalados como el de su onomástica. La influencia de José I en la actividad teatral se dejó notar y lo hizo desde la reforma de algunos teatros —insistió en que se construyeran cuatro palcos en cada uno de los que existían en Madrid y que se hiciera lo mismo en el resto de las provincias— hasta la regulación de las ordenanzas y las obras teatrales que se debían representar. La popularidad de esta diversión garantizaba la asistencia masiva de los pobladores de las urbes, lo que favorecía convertir las funciones teatrales en un arma ideológica y educativa. Así, la propaganda francesa inspiró representaciones como La toma de Madrid o La bella española o la entrada triunfal de los franceses en Madrid. De este modo, la política josefina controlaba las funciones teatrales, e imprimía al inicio de la temporada el catálogo de obras que se iban a representar y que ninguna compañía podía contravenir. Por su parte, la Regencia instalada en Cádiz también emitió decretos sobre los teatros con el fin de normalizar las actividades dramáticas en aquellas ciudades libres de la ocupación francesa. En diciembre de 1812, todos los ayuntamientos de las capitales de provincias libres recibieron el decreto por el que se otorgaba a estos la capacidad de realizar los convenios de explotación de los coliseos con los empresarios.

Los ayuntamientos, además, eran los encargados de mantener la normativa del «buen orden de policía» durante las representaciones, así como la decencia, tanto por parte de los actores como de los espectadores. Las funciones teatrales estaban vigiladas por alguaciles en la villa de Madrid o por soldados de tropa en Valencia, que cumplían la función de controlar los desórdenes y de asegurarse de que nadie entraba a ver la función sin pagar. Además, algunos bandos municipales regulaban la actividad en el interior del edificio y prohibían el consumo de tabaco en la platea, palcos y demás lugares dentro del teatro que no fueran los convenidos al efecto. Las prohibiciones se extendían preferentemente a la actitud del público durante las representaciones. En algunos casos los excesos podían llegar al punto de arrojar objetos, piedras o frutas a los actores. También era frecuente que los espectadores pidiesen, con silbidos o gritos, la repetición de alguna escena que les había gustado especialmente o que la orquesta ejecutase de nuevo alguna pieza muy popular, lo que también quedaba reflejado en las ordenanzas como desórdenes.

En cuanto a las piezas teatrales que se representaban, estaban las obras clásicas del teatro español como El convidado de piedra, El desdén con el desdén, El médico a palos, Macías o el Doncel de Villena, Don Álvaro o la fuerza del sino, etcétera. Por otro lado, también había comedias como Quien quiere no puede o el viejo burlado —representada en el teatro de la Cruz de Madrid en 1802— y otras de carácter histórico que reflejaban la realidad social que España estaba viviendo. Las de la primera década del siglo hacían referencia a la invasión francesa, como El desertor, mientras que ya en los años treinta se representaban las luchas carlistas con Un faccioso en apuros o El pobre pretendiente, que se estrenaron en el Teatro Principal de Valencia. Junto con estas piezas se ponían en escenas bailes, fandangos y boleros y también piezas cortas que eran muy admiradas por el público. Algunas de ellas fueron el sainete El triunfo del interés o el baile El desembarco de Egipto.

Sin embargo, en los coliseos no solo se representaban piezas dramáticas o cómicas, pues también la ópera estaba muy extendida. En los teatros españoles se pusieron en escena obras como Norma, Hipermestra, Belisario, Un’ avventura di Scaramuccia, La sonámbula, El juramento, La extranjera, Anna Bolena, etcétera. Con ocasión del matrimonio de Fernando VII con Isabel de Portugal en 1816 se representó en Madrid por primera vez la ópera La italiana en Argel, de Rossini, que obtuvo un gran éxito.

Otra de las diversiones más populares en la España de la época era el baile, que podía ser con o sin máscaras. En casi todas las ciudades y pueblos, con motivo de las fiestas, se organizaban danzas en la calle al son de las músicas típicas en cada región. En Tolosa se bailaba la bordondanza, en las regiones vascas, el zortzico y en Valencia y Tarragona, la danza dels bastonets. Sin embargo, el baile más popular, sobre todo en Andalucía, era el fandango, que se bailaba al son de una guitarra y unas castañuelas.

Para las clases altas, los bailes de máscaras celebrados en los recintos de los coliseos eran lo más esperado, aunque también se celebraban algunos bailes en casas privadas. A todos ellos se acudía por estricta invitación. Al igual que en el teatro, la asistencia a los bailes de disfraces podía dar lugar a desórdenes y excesos que las autoridades trataban de contener por medio de una serie de estrictas disposiciones. El disfraz no debía copiar atuendos religiosos ni uniformes oficiales y también estaba prohibido el intercambio de vestidos entre ambos sexos: los hombres no podían disfrazarse de mujeres ni estas de hombres, ya que ello atacaba la moral pública y decente. Se recomendaba no llevar encima joyas para evitar su pérdida y estaba prohibido fumar, silbar, aplaudir ruidosamente, dar empujones o burlarse de los bailarines.

Los bailes comenzaban normalmente a las diez de la noche, y solían tener una duración de entre seis y siete horas y terminaban bien entrada la madrugada. La celebración de bailes de máscaras también era un negocio lucrativo. Los empresarios que conseguían la contrata de los bailes debían plegarse a una serie de condiciones que les obligaban a hacerse cargo de los gastos de iluminación, música y decoración del salón. Además, se encargaban de la construcción de la fonda y el café, situados en la fachada principal, y de la guardarropía, así como de las piezas que se extraviasen. La comida y el guardarropía tenían una tarifa. Había, asimismo, un médico a disposición del público en un salón privado. En Valencia, los bailes se celebraban en el majestuoso salón columnario de la Lonja. En otras ciudades, como Madrid, se aprovechó el cierre del teatro de los Caños del Peral para albergar este tipo de diversión. En Barcelona, durante 1802 se celebraron varios bailes en el teatro y en la Bolsa de Comercio.

El otro gran espectáculo que gustaba a los españoles de la época era la fiesta taurina, pero su popularidad no era tanta entre los monarcas, a los que no agradaba demasiado este espectáculo, hasta el punto de que Carlos IV lo prohibió en todo el reino por decreto del 10 de febrero de 1805. Las corridas de toros volvieron a celebrarse por orden de José I. Durante el reinado de Fernando VII se abrió una escuela taurina y se establecieron las «suertes» de la corrida. Estas habían quedado fijadas en el primer tratado de tauromaquia de Pepe-Illo y el torero Costillares, que inventó el volapié e impuso el moderno traje de luces inspirado en la indumentaria de la época. El desarrollo de la lidia quedaría fijado en 1836 con el tratado de Tauromaquia completa, de Francisco Montes, Paquito, escrito en colaboración con López Pelegrín. En esta época existían cuatro plazas permanentes en toda España, las de Madrid —situada junto a la puerta de Alcalá—, Aranjuez, Granada —conocida como la del Triunfo— y Sevilla —construida sobre el coso del Baratillo—. Normalmente se colocaban barreras alrededor y los propietarios de las casas que tenían balcones a la misma los cedían para una visión más cómoda del espectáculo. Sin embargo, en muchas ciudades las plazas todavía eran de madera y solían situarse en lugares abiertos lejos de los centros urbanos. En Valencia estaba emplazada extramuros, al lado del matadero, mientras que en Málaga se situó junto al mar y fue trasladada a Puerta Nueva hasta la definitiva construcción en 1849 de la de piedra. Igualmente, en Barcelona el Torín estaba situado en la Barceloneta, y la de Córdoba, en el campo de la Merced. En otros lugares, como en Vitoria y Salamanca, se utilizaba la plaza Mayor para los días de lidia. Más adelante, a partir de los años cuarenta del siglo empezarían a construirse plazas de piedra y mampostería de forma definitiva.

Los días de corrida las calles de las ciudades se llenaban de gente agolpada en las casetas donde se vendían los billetes o tarjas de entrada. Posteriormente, la gran multitud a la puerta de la plaza hacía necesaria la presencia de considerable fuerza pública. Asistir a las corridas de toros constituía todo un espectáculo, pues, antes de comenzar la función y en los intermedios, para animar al público ya bullicioso en las gradas, se tocaba música militar. Los toros eran un espectáculo muy popular en el que se entremezclaban gentes de todas las clases sociales. También suponían un fructífero negocio para el empresario que arrendaba las corridas y toda suerte de mercaderías que se vendían ese día en la plaza. El negocio taurino reunía a carpinteros, panaderos, carniceros, aguadores, curtidores, impresores, cirujanos, practicantes, taberneros, ensilladores, operarios, músicos, tartaneros, colchoneros…, amén de toreros, banderilleros, picadores, ganaderos, el encargado del toril, el cuidador de las caballerizas, el guardián de la plaza, etcétera. Toda una actividad febril que convertía los días de corrida en un hervidero de gentes con sus idas y venidas, compras y ventas, subastas y posturas, martillazos y golpes, canciones y músicas.

En el abanico de posibilidades para el ocio y disfrute de la población se encontraban también las fondas, tabernas, mesones y cafés repartidos por todas las ciudades españolas. En las fondas se podía obtener una buena comida casera como sopa, cocido o guisado por unos tres o cuatro reales, incluyendo el postre, el pan y el vino, un menú barato y asequible para los transeúntes y viajeros. Las fondas y hosterías alquilaban habitaciones a los forasteros que llegaban a la ciudad. Sin embargo, no cabe duda de que las tabernas y las aguardenterías eran los lugares más animados y los centros de reunión de las clases populares. Allí se expendía vino, aguardiente o sidra —en el norte, por ejemplo—. A juzgar por los bandos expedidos por la policía urbana, la reunión de gentes en las tabernas devenía, en ocasiones, en escándalos, algo que las autoridades intentaron contener prohibiendo el consumo de licores dentro de los locales, lo que provocó que se vendieran igualmente a la puerta de las tabernas y que los clientes salieran a beber a la calle. Las tabernas eran objeto de un férreo control relativo a la calidad del vino que expendían. Los peritos de los ayuntamientos visitaban los locales con el fin de evitar la venta y el consumo de vino adulterado. Si en alguna ocasión se encontraban cubas adulteradas, estas eran selladas y el dueño del establecimiento recibía una multa. Con el tiempo estos establecimientos se fueron trasladando hacia las afueras de las ciudades, donde, además de ser el vino más barato por encontrarse fuera del perímetro fiscal del impuesto de consumos, existía una mayor libertad de horarios y el control social ejercido por el vecindario era menor. Así las tabernas, ventorrillos o sidrerías pudieron desarrollar mejor su papel de espacios de sociabilidad popular al permitirse en ellos juegos, cantos y fiestas.

Las tabernas, que, como ya se ha dicho, eran frecuentadas habitualmente por clases populares, fueron el escenario del incipiente movimiento obrero del siglo XIX. Su número fue en aumento y se llegaron a contabilizar una gran cantidad de ellas en ciudades como Valencia, donde a mediados del siglo existían 87 establecimientos de este tipo, San Sebastián, con 43 locales o Málaga, con más de 150.

Por su parte, los mesones eran los lugares adonde llegaban los ordinarios, es decir, los arrieros o carreteros que con sus tartanas cubrían los trayectos entre Madrid y el resto de la Península o entre distintos puntos de una misma provincia. Estos lugares eran un punto de encuentro, trasiego y comunicación entre los muchos viajeros que llegaban a la ciudad desde los distintos pueblos y capitales. Cada arriero tenía su parada fija en un mesón. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, donde se contaban más de 40 mesones y posadas en la época, si uno quería viajar a Madrid, Zaragoza o Teruel, debía dirigirse al mesón de San Cristóbal, en la calle de las Botellas; si el viaje era a Granada o a otros pueblos de la provincia como Biar, Caudete, Cullera, Sueca y Sollana se tomaba el carro en el mesón del Caballo; si, en cambio, la dirección era hacia Barcelona, Reus o Tortosa, el punto de partida era el mesón del Lobo, en la calle de En Llop. En Madrid existían varios mesones y fondas muy conocidos como el de La Cruz de Malta, el hotel de los Leones, la Posada del Ángel o la Fontana de Oro. Para los fondistas y posaderos era obligatorio dar parte diariamente a la oficina de seguridad pública, después de cerradas las puertas de la ciudad y antes de las ocho, de los forasteros que hubieran recibido en sus locales o se hubieran ido de ellos durante el día. No se debe olvidar el contexto de guerra e inseguridad en el que se veía envuelta la población durante esta época, de manera que cualquier precaución era poca para evitar filtraciones francesas o poder interceptar correos importantes para el curso de la guerra. Hacia el final de la contienda las disposiciones se recrudecieron y los ordinarios eran objeto de un férreo control, ya que transitaban por poblaciones enemigas y podían llevar algún mensaje o introducir espías, armas, dinero e información en las ciudades que todavía no estaban en poder de los franceses.

Otros establecimientos dedicados al ocio de la población eran los cafés, que, desde la situación revolucionaria de los años veinte, se convirtieron en escenario de discusiones políticas y también en lugares donde se celebraban las tertulias literarias y se escribían piezas teatrales, algunas de signo revolucionario, sobre todo durante la Década Ominosa y, más adelante, en los periodos de dominio político de los moderados. Lugares de debate y tertulia de la burguesía y la nobleza, poco a poco los cafés se fueron convirtiendo casi exclusivamente en locales donde se escenificaban pequeñas piezas literarias vinculadas con el Romanticismo, dandi o bohemio, ya que la discusión política se fue trasladando a los ateneos o casinos. Parece ser que los cafés españoles poseían peor fama que los de París por su suciedad e incomodidad, así al menos lo juzgaba el viajero Gautier y también cronistas de la época como Mesonero Romanos o Larra. Sin embargo, con la introducción de los cafés suizos, instalados en numerosas ciudades, se inició una mejora de estos establecimientos y se enriqueció su oferta, que además del consabido café incluía ahora bebidas heladas, sorbetes, chocolate y unos pequeños bollos de leche llamados «suizos». En esta época, y a lo largo del siglo XIX, hubo cafés muy conocidos, como los madrileños del Príncipe, el de la Bolsa o el de Levante. En Barcelona despuntaron el de las Siete Puertas, el de las Delicias y el Gran Café de la Rambla, mientras en Valencia era famoso el Café del Sol.

De todos modos, los lugares frecuentados por la mayoría de las clases sociales como espacios de sociabilidad eran los paseos, existentes en prácticamente todas las ciudades españolas. Ir de paseo era algo divertido y, sobre todo, barato. El espacio era público y en él se representaba toda la sociedad como en un escaparate de modas. Las mujeres lucían el último sombrero adquirido, los hombres estrenaban el chaleco recién comprado y los militares se dejaban ver con sus uniformes de gala. El paseo era, pues, una actividad social más, pero, sobre todo, un entretenimiento burgués. En días festivos podía ser frecuentado por gentes más modestas, pues era evidente que los absorbentes horarios de trabajo de las clases obreras urbanas no les permitían pasear en los días de entresemana. Las Guías de forasteros de las ciudades procuraban una detallada descripción de los distintos lugares donde se podía ir a pasear. El horario del paseo era variable según la estación del año; así, en verano, en lugares calurosos de la costa, se paseaba desde el atardecer hasta las once de la noche, mientras que en invierno se hacía de once a dos de la tarde. Además, en verano eran recorridos por los aguadores que ofrecían agua para el refresco de los paseantes. Los paseos, amén de un entretenimiento, eran el lugar donde los jóvenes galanteaban. El paseo de Recoletos de Valladolid y, en Madrid, el del Prado eran los más frecuentados. En Pamplona, el paseo de la Taconera era famoso por su elegancia y buen estado, al igual que el de Bombé en Avilés. En Sevilla, la Alameda de Hércules era el lugar preferido y, en Cádiz, los paseos arbolados. En Valencia eran famosos el de la Glorieta, situado intramuros, y el de la Alameda. Tartanas, galeras, birlochos, calesines y calesas irrumpían en los paseos bien adornados con cascabeles. La práctica elitista de estos espacios se vio trasladada también al léxico, pues se empezó a utilizar la palabra salón para determinar los paseos españoles de esta época. Los paseos públicos fueron una alternativa que se consolidó a lo largo del siglo XIX frente a los anteriores usos de jardines privados por parte de la nobleza en sus palacios.

Junto con los paseos, otros lugares de placer frecuentados por la sociedad española del Ochocientos eran los baños públicos. En algunas ciudades existían locales donde se tomaban baños por la módica cantidad de tres reales de vellón. Estos baños, con sus respectivas zonas separadas para hombres y mujeres, consistían en tinas de agua caliente y fría y baños de vapor aplicados sobre el cuerpo; para algunos era la única forma de higiene corporal que existía. Las corrientes higienistas tan en boga desde finales del siglo XVIII tendrían su correlato en el uso que la burguesía iba a hacer de los baños y balnearios. En general, solo aquellos que tenían tiempo, ocio y dinero acudían a los baños. El servicio era variado y, si uno estaba demasiado cansado para desplazarse hasta los baños, se podían alquilar las tinas a domicilio para tomarlos en casa, aunque solo podían trasladarse a aquellas casas donde hubiese una habitación lo suficientemente grande como para ubicar las pilas, es decir, en los palacios nobiliarios o en las grandes casas de los burgueses. Sin embargo, el placer del baño también podía estar al alcance de bolsillos más modestos. Se tomaban baños a cuatro, a tres y a dos reales, además de la ropa —sábana para secarse—, que era proporcionada por el establecimiento. En Valencia, hacia la década de los treinta, la distribución de los locales para el baño por barrios nos indica la diferente oferta para las distintas clases sociales. Los baños de Espinosa, en la calle de Carniceros, prestaban servicio a los artesanos del barrio de sederos. Los del Almirante, situados en la calle del mismo nombre, se ubicaban en una de las zonas nobiliarias de la ciudad. Los de San Rafael, en la calle de Falcons, y los de San Miguel, en la plaza de la Olivereta, ambos extramuros, eran visitados por los labradores y gentes del campo. Los baños más tradicionales en esta ciudad eran los del Hospital Provincial, que constaban de 16 pilas de piedra de jaspe, 12 para el servicio del público y 4 gratis para los pobres. En Barcelona y Málaga también existieron este tipo de locales y se hicieron comunes los baños de mar. La temporada de baños se inauguraba con el inicio del buen tiempo a partir del mes de mayo y se mantenían abiertos hasta septiembre.

Además de estos baños de pago, en ciudades costeras como San Sebastián, Santander, Málaga o Valencia, la población acudía en masa a refrescarse en las aguas del mar en verano. Eso sí, mujeres y hombres tenían sus respectivas zonas reservadas al efecto. La moral de la época no permitía que ambos sexos concurriesen en las mismas aguas, pues se corría el peligro de que se cometieran excesos contrarios a la sana moral y a la buena educación. Para prevenir este tipo de situaciones, que al parecer eran normales en las playas, se expedían bandos prohibiendo el baño conjunto de hombres y mujeres e imponiendo multas a quienes contraviniesen la orden.

Los trabajadores, artesanos y campesinos, para quienes las diversiones no eran muchas, solían salir los domingos y días festivos aprovechando la jornada de descanso. Uno de los entretenimientos más populares era el reñidero de gallos, normalmente situado en barrios artesanales, donde esta diversión se vinculaba con el negocio de la cría doméstica de los animales. Poseer un buen gallo de pelea podía asegurar el sustento de la familia durante algún tiempo. Había pelea todos los días festivos y la mayor parte de la temporada los jueves. La entrada general podía costar unos cinco cuartos, un precio asequible para la mayoría de aficionados. Por otro lado, el juego de pelota fue muy popular, sobre todo en Aragón, el reino de Valencia y Cataluña, donde disfrutaba incluso de protección real. En las zonas del norte de España se practicaba también este juego entre dos equipos situados uno frente al otro en el trinquete, hasta que, a mediados del siglo XIX, se sustituyó este juego directo por un frontón.

Los juegos de azar formaban parte también de las aficiones de los españoles de la época, aunque muchos de ellos estaban prohibidos, sobre todo aquellos de naipes en los que se apostaba. La afición al juego también se hacía patente en la activa participación ciudadana en sorteos y rifas benéficas. Existía la Lotería Primitiva, que ya desde Carlos IV pertenecía al Estado. El premio era de 2.500 reales de vellón para aquel afortunado que acertase los cinco números que se extraían.

CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REVOLUCIÓN POLÍTICA

El contexto de la guerra contra los franceses tuvo su paralelo político en la formación y reunión, por primera vez, de unas Cortes representativas en el Estado español. Los pasos previos dados por las juntas revolucionarias levantadas en toda la Península para defenderse de los franceses y ocupar el vacío de poder dejado por la marcha de los monarcas a Bayona, así como la reunión de la Junta Central, fructificaron el 24 de septiembre de 1810 con el inicio de las sesiones parlamentarias en la Isla de León, en Cádiz. Es decir, al tiempo que el pueblo y el ejército luchaban contra los franceses y las ideas políticas desarrolladas desde los siglos XVII y XVIII en otras partes de Europa y el mundo cristalizaban en los hombres que decidieron llevar adelante la reunión del poder legislativo de forma representativa. En las Cortes de Cádiz se debatieron y aprobaron decretos y leyes de vital importancia para la transformación no solo política, sino también jurídica, económica y social de la monarquía española. Su obra cumbre, sin duda, la Constitución política de 1812, resume los aspectos más importantes de esta transformación revolucionaria, abruptamente interrumpida por el golpe de Estado de Fernando VII en mayo de 1814, aunque gozaría de una segunda oportunidad, también superada por las armas, entre 1820 y 1823.

Respecto al régimen señorial que imperaba en el mundo rural, tanto la guerra como la obra de las Cortes transformaron su naturaleza de modo irreversible. Los liberales demostraron que su ideología era algo más que un pensamiento político al servicio de la construcción del Estado-nación. Una nueva sociedad de clases se creó en la medida en que se destruyeron los privilegios y las jurisdicciones privadas del Antiguo Régimen. Libertad, igualdad y propiedad fueron los principios básicos que también se enarbolaron en las Cortes hispanas de 1810. La libertad quedó plasmada en el decreto estrella que fundamentó la base de otras libertades: la libertad de imprenta. A su vez, la idea de que todos los ciudadanos debían ser iguales chocaba con el sometimiento jurídico a fueros y privilegios de toda clase llamados a desaparecer, como el uso de los conceptos de señor y vasallo. Por su parte, la creación de la propiedad privada como un derecho liberal fue uno de los debates más fructíferos de estas Cortes, quedando plasmada en las leyes de señoríos. La abolición de los señoríos se articuló en tres importantes decretos: el del 22 de marzo de 1811, que privatizaba el patrimonio real e incorporaba todos los bienes de realengo a la nación, a excepción de los palacios y sitios reales; el del 6 de agosto de 1811, que distinguía entre la jurisdicción —que agregaba a la nación— y el territorio —que quedaba libre—; y el del 4 de enero de 1813, que privatizaba los baldíos y comunales de los pueblos. De ellos, sin duda, el de más trascendencia y que más reacciones suscitó fue el del verano de 1811.

El decreto del 6 de agosto de 1811 desintegraba el entramado jurídico feudal; incorporaba a la nación los derechos jurisdiccionales, abolía los derechos privativos y prohibitivos y convertía en propiedad privada la tierra, que desde entonces quedaba libre. Con este decreto se trasladaban al sistema de propiedad las bases constitucionales que políticamente se establecieron en las Cortes, como la soberanía de la nación. Las relaciones de vasallaje ya no podían seguir existiendo tras semejante declaración de principios. En el debate, las Cortes mistificaron el concepto de jurisdicción, que separaron de la propiedad territorial, y trasladaron a la nación la capacidad jurídica que antes poseían los señores en sus territorios. De este modo, el poder judicial quedaba consolidado por la extracción de la jurisdicción a la tierra feudal, dejando el bien inmueble en calidad de libre para su enajenación y venta en propiedad privada. La nítida separación entre lo señorial y lo territorial que expresaron las Cortes era puramente imaginaria, pero funcionó para abolir el sistema feudal. Al mismo tiempo, los señores fueron llamados a presentar sus títulos de posesión y compraventa de las tierras si querían mantener la propiedad. Esto generó la oposición de buena parte de la nobleza e incentivó a los pueblos de señorío a resistir las cargas señoriales durante todo el proceso, sobre todo en la zona de Valencia, cuyos juicios de incorporación y reclamos de los señores iban a ser bastante conocidos. Fue sintomático el caso del municipio de Elche, cuyo señor feudal, el marqués de Astorga, reclamó la propiedad territorial de sus tierras, negando que fuesen exclusivamente de jurisdicción, para evitar así que fueran incorporadas a la nación. La celebración de pleitos como este se disparó y en muchos casos contó con la ratificación de los argumentos nobiliarios que el poder interpretativo de los jueces y magistrados otorgó al artículo quinto del decreto de abolición.

Sin embargo, estas situaciones no solo se produjeron en el reino de Valencia, sino también en otras partes de la Península, pues los diputados de Galicia y los territorios de la antigua Corona de Castilla apoyaron la abolición y los pueblos se resistieron fuertemente al dominio ejercido por los señores feudales. Es decir, los señoríos estaban extendidos. Baste solo contrastar las cifras que José Canga Argüelles facilitó hacia 1800, en las que explicitaba que en el reino de Valencia el 76 por ciento de los lugares y el 54 por ciento de los habitantes estaban sometidos a explotación feudal; en Aragón se trataba del 58 por ciento de las poblaciones y el 48 por ciento de los vecinos; mientras en Galicia la cifra era de 83 por ciento de los habitantes. A todo ello habría que añadir las grandes casas nobiliarias, ducados, marquesados y condados que abarcaban desde Cataluña hasta Andalucía.

Tras la aplicación del decreto, la tierra quedaba libre para ser vendida, comprada, arrendada o cercada, y el acceso de la burguesía agraria a la propiedad, expedito. Y, además, una de las consecuencias más importantes fue la liberalización de mano de obra campesina, dado que, en la mayoría de los casos, los campesinos no accedieron a la propiedad de la tierra y tuvieron que vender su fuerza de trabajo para poder mantener a sus familias. Es decir, la abolición del régimen señorial forzó la proletarización del campesino y un éxodo masivo a las ciudades en busca de trabajo. El decreto del 6 de agosto de 1811, que constituyó el centro de la conflictividad social del campo de todo el siglo XIX español y buena parte del XX, formaba parte del programa político económico de los liberales, basado en la propiedad de la tierra, dado que esta era el medio de producción y riqueza más importante de la sociedad en el momento. Igual ocurría con los otros dos decretos, todos ellos encaminados a crear una nación de ciudadanos propietarios donde no existiera un solo bien inmueble sin propietario. Porque el proyecto, para el caso de los baldíos y comunales, era repartirlo entre los veteranos de la guerra y entre aquellos campesinos que no tuvieran propiedad. Sin embargo, y a causa del golpe de Estado de Fernando VII, estas medidas tuvieron que esperar para su aplicación.

En cuanto a los bienes de la Iglesia o de manos muertas, los legisladores de Cádiz iniciaron el proceso desamortizador que culminaría en la siguiente etapa constitucional. En el decreto del 13 de septiembre de 1813, destinado al pago de la deuda nacional, se reconocía que el pago de los intereses quedaría asegurado por las rentas de las fincas procedentes del fondo de amortización. Para ello se disponía de la venta de bienes nacionales, que estarían compuestos por las propiedades de los afrancesados, las temporalidades de jesuitas, las tierras de las órdenes militares de Alcántara, Montesa, Calatrava y Santiago y las de la orden de San Juan de Jerusalén, así como por los conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra. Los bienes directos de la Iglesia, sobre todo del clero regular, quedarían para un futuro decreto ya durante el Trienio Liberal.

Por su parte, las Cortes también decretaron leyes conducentes a transformar el sector industrial y comercial existente y a crear un mercado nacional. Las libertades de producción, explotación, industria y comercio, decretadas en 1814, en los últimos meses de constitucionalismo, aceleraron la supresión de los privilegios gremiales en las ciudades y formaban parte de la lógica resultante de la disolución del régimen señorial. El sector artesanal también se vio afectado por la guerra contra los franceses, pues los destrozos fueron graves, los impuestos extraordinarios se generalizaron y los saqueos aumentaron considerablemente, lo que empobreció a amplias capas sociales. Además, la destrucción de la flota imposibilitó seguir combatiendo el contrabando y la guerra en las colonias redujo la demanda de productos manufacturados, algo que facilitó la introducción de tejidos extranjeros. Esta situación eclipsó durante el primer tercio del siglo XIX la industria textil catalana, que empezaría a dar síntomas de recuperación a partir de los años treinta. La decadencia del sistema gremial se puso de manifiesto en una crisis general e irreversible, donde la principal queja era el intrusismo que se ejercía desde otros sectores. La abolición de los gremios fue automática con el decreto del 8 de junio de 1813, que disponía el libre establecimiento de fábricas y el ejercicio de cualquier industria útil.

Sin embargo, y a pesar de que las ideas liberales iban a ser barridas en 1814 por la contrarrevolución absolutista, lo cierto es que dejaron semillas que germinarían en el futuro y acabarían por transformar radicalmente la sociedad española. Durante los años de la guerra, los campesinos dejaron de pagar los cánones y rentas señoriales y se hizo difícil que los señores consiguieran cobrar sus atrasos pese a los numerosos pleitos planteados. En este sentido, la Real Cédula del 15 de septiembre de 1814 determinaba que se devolviese a los señores feudales la percepción de todas sus rentas, emolumentos, derechos y prestaciones de su señorío territorial, pero se reservaba la jurisdicción y los privilegios exclusivos, que quedaban en espera de lo que decidiera el rey. La interpretación de esta Real Cédula por parte de las poblaciones campesinas favoreció las resistencias y el fraude al pago de las rentas, con el argumento de que los señores querían cobrar derechos que provenían de la jurisdicción.

Los intentos de restablecer el sistema absolutista a su estado anterior a 1808 fueron un fracaso estrepitoso, tanto por las reformas llevadas a cabo como por las incontables conspiraciones liberales que jalonaron todo el Sexenio. En julio de 1820, se instalaron de nuevo las Cortes constitucionales liberales y se inició el proceso que completaría las medidas promulgadas en el periodo anterior. Ahora sí era el turno de la desamortización eclesiástica, la supresión de mayorazgos y vinculaciones, la disolución de las órdenes religiosas monacales y la reforma de regulares.

En esta etapa se puso en vigor la legislación referente a las libertades económicas y el funcionamiento del mercado decretada en junio de 1813. En estas Cortes se interpretó de forma más radical el derecho de propiedad, concebida esta como una mercancía individual. Una vez más, los legisladores exigieron a los señores la presentación de los títulos de adquisición de propiedades para determinar su naturaleza jurisdiccional o territorial. La ley aprobada el 7 de junio de 1821 fue vetada por Fernando VII en dos ocasiones y su tardía promulgación, el 3 de mayo de 1823, imposibilitó su puesta en práctica. Sin embargo, en este proceso se consiguió sacar adelante la ley del 11 de octubre de 1820, que establecía la supresión de todo tipo de vínculos en los bienes que pasaban a la categoría de propiedad libre y circulante. Del mismo modo, la ley sobre deuda pública y desamortizaciones se vinculó por primera vez con la reforma del clero y se decretó la venta en subasta de todos los bienes de manos muertas, lo que se consagró con la reforma de regulares de octubre de 1820. El decreto del 9 de noviembre de 1820, referido al arreglo de la deuda nacional, establecía la procedencia de los bienes susceptibles de ser desamortizados, entre ellos se incluían los de monacales, temporalidades de jesuitas y los de la extinguida Inquisición. Quedaba pendiente el patrimonio del clero secular, cuya desamortización fue abordada en las reformas de los años treinta. La desamortización eclesiástica fue de gran calado y puso en movimiento una gran cantidad de fincas en todo el territorio nacional. En Madrid el total del valor de las ventas superó los 65 millones de reales, mientras que en Valencia se alcanzaron los 37 millones en ventas de fincas rústicas y urbanas.

En este sentido, durante el primer tercio del siglo XIX se produjo una transformación profunda de la forma de vida feudal hasta entonces existente. Se liberalizaron las tierras y se extendió la propiedad privada. Al mismo tiempo, esta importante revolución obligó a la proletarización de los campesinos, quienes emigraron masivamente a unas ciudades en las que las libertades de producción, industria y comercio ofrecían nuevas oportunidades en un sector también liberado de las trabas gremiales. La burguesía revolucionaria había iniciado el proceso transformador de las estructuras jurídicas, políticas, económicas y, por ende, sociales, que culminaría con el éxito de la revolución entre 1834 y 1844 y el ascenso al poder de esta burguesía como clase política.

LA CULTURA

Juan Francisco Fuentes

«[…] nuestras musas cantaban en seguro con armonías divinas, nuestros talleres aumentados resonaban con alegre estrépito, y el bullicio vivificante de las artes, las ciencias y las letras, encendidos todos sus fanales y almenaras, inundaban de claridad y llenaban de esperanzas los dos mundos de la España».

MANUEL GODOY, Memorias del Príncipe de la Paz

Aunque haya una evidente exageración en este y en otros pasajes de las Memorias de Godoy, referidos a los progresos alcanzados por las artes, las letras y las ciencias durante su mandato (1792-1808), sería injusto no reconocer su empeño personal en proteger la creación literaria y artística, así como en fomentar las ciencias aplicadas. En ese periodo se crearon nuevos centros de enseñanza, como el innovador Instituto Pestalozziano de Madrid, e instituciones culturales y científicas de la importancia del Jardín Botánico de Sanlúcar de Barrameda; se financiaron expediciones a ultramar, como la de Balmis, en 1803, para llevar la vacunación a América y Filipinas; se fomentó la mejora y modernización de la agricultura mediante la publicación de obras de economía política y de divulgación técnica, como el Semanario de agricultura y artes, «cuya fundación», dice el Príncipe de la Paz, «fue enteramente mía»; y también se alentó la edición de obras de gran mérito en todos los ramos de la literatura. «Yo rogaba, yo importunaba, yo exigía que se escribiese mucho», afirma Godoy para que quede claro su mecenazgo personal en los diversos campos del saber. Este dirigismo a ultranza, extraña mezcla de arbitrismo y paternalismo, debe tenerse muy presente para entender los estrechos lazos que en torno a esa política estableció el Príncipe de la Paz con algunos de los intelectuales más notables de la época y también para comprender un cierto modelo de poder, basado en una singular alianza entre política y cultura, que pervivió bajo la monarquía bonapartista de José I.

La etapa de Godoy ha sido interpretada con frecuencia como un regreso al despotismo ilustrado, tras el eclipse de las Luces provocado por el miedo al contagio de la Revolución francesa. Los años anteriores a la Guerra de la Independencia muestran, no obstante, síntomas de agotamiento del modelo ilustrado. Así parecen indicarlo la decadencia de las Sociedades Económicas de Amigos del País o las contradicciones que llevaba consigo la arbitraria política de protección y persecución a la cultura auspiciada por Godoy. Ejemplo de esto último es la situación en la que se encontraban en París dos jóvenes intelectuales españoles: el ingeniero y matemático José María Lanz (1762-1837) y el escritor José Marchena (1768-1821), autor este último de una variada obra literaria en verso y prosa, en español y en francés, en la que la política lo impregna todo de un sentido revolucionario de la historia y de la vida. Entre los poemas de Marchena destaca precisamente una oda «A mi amigo Lanz», que contiene una amarga reflexión sobre el despotismo y la tiranía. Lanz, por su parte, era un protegido de Godoy que, gracias a una pensión del gobierno español, trabajaba en París en diversos proyectos científicos, uno de ellos relativo a «las tablas de la luna». No tuvo tanta suerte Marchena, perseguido en España por sus ideas revolucionarias y refugiado en Francia en 1792. Su regreso tendrá que esperar hasta 1808, cuando se incorpore al séquito civil que acompañó al ejército francés de Murat. La comparación entre los dos amigos resulta ilustrativa de una circunstancia que parece acentuarse con Godoy: la fina y cambiante línea divisoria entre la protección y la persecución a las élites culturales, sin que existiera aparentemente un término medio en el que los intelectuales pudieran actuar sin riesgo para su libertad personal y con plena independencia de los poderes públicos. Puede que la diferencia entre uno y otro estatus la determinara un sentido utilitarista de la cultura que, como en el caso anterior, favorecía a los científicos, mientras ponía bajo sospecha a los llamados «hombres de letras», aunque algunos de los escritores más importantes del momento, como el historiador Juan Antonio Llorente y los poetas Juan Meléndez Valdés y Leandro Fernández de Moratín, pueden considerarse partidarios y benefactores —lo que viene a ser lo mismo— del Príncipe de la Paz.

En todo caso, la caída de Godoy en marzo de 1808, provocada por el Motín de Aranjuez, y, muy pronto, el comienzo de la Guerra de la Independencia tras el levantamiento antifrancés del 2 de mayo tendrían consecuencias de gran calado en la vida cultural española de los años siguientes. Una sería la movilización política de buena parte de los hombres de letras, muchos de ellos convertidos en protagonistas de la Guerra de la Independencia, como cabecillas de la resistencia o como funcionarios del llamado «gobierno intruso»; otra, no menos importante, fue la polarización ideológica de los intelectuales, forzados por las circunstancias a situarse a uno u otro lado de un doble frente militar y político.

UNA CULTURA DE GUERRA: LA ESPAÑA PATRIOTA

La Guerra de la Independencia representó una gran explosión cultural en forma de nuevas ideas y nuevos lenguajes puestos al servicio de una u otra causa: la de la nueva monarquía bonapartista, encarnada en José I y apoyada por el ejército francés, y la de la causa patriota, con la que se identificaba una buena parte de la sociedad española, contraria al ejército ocupante y al gobierno de José I. Surgió entonces una literatura militante con una evidente finalidad propagandística, que inundó la España patriota de folletos, poemas, periódicos, pasquines, sermones, obras satíricas e impresos de toda índole. El título de un periódico publicado en el Cádiz de las Cortes, La Diarrea de las Imprentas, evoca de forma jocosa la infatigable actividad editorial durante la Guerra de la Independencia, en la doble dimensión, bélica y política, del conflicto. La serie de 36 estampas impresas en Cádiz en 1812 con el título Ruinas de Zaragoza, obra de Juan Gálvez y Fernando Brambila, contribuyó decisivamente a crear un canon iconográfico sobre los principales episodios de la guerra, en este caso el primer sitio de Zaragoza, y a establecer una cierta mitografía en torno a la epopeya patriótica, que incluía ya una selecta galería de héroes y heroínas, como Agustina de Aragón o la condesa de Bureta, convertidos desde entonces en ejemplo de todo un pueblo y en una parte esencial del relato de la guerra. Más allá de la incesante labor de las prensas imprimiendo periódicos, folletos, manifiestos y grabados, el afán de difundir la buena causa no escatimó medios: canciones, cuadros, representaciones teatrales y todo tipo de objetos, como abanicos y piezas de cerámica, alusivos a las principales gestas de la guerra.

El esfuerzo propagandístico fue extraordinario en los dos bandos, pero con notables diferencias en la organización y en la intención. Mientras que en la España josefina la propaganda oficial mantenía un discurso centralizado y unívoco, cuyo principal objetivo era desmovilizar a la población mediante su aceptación pasiva de la dominación francesa, en la España patriota predominaba la exaltación de las conciencias y de los sentimientos frente al ocupante y sus cómplices, denostados una y otra vez en la prensa, en los grabados, en la literatura satírica y en furibundas diatribas antifrancesas y antijosefinas, como el célebre folleto «Centinela contra franceses», publicado por el escritor Antonio de Capmany en 1808.

La literatura patriota era, por tanto, un instrumento de agitación que actuaba de forma un tanto anárquica, como correspondía a la pluralidad ideológica de la España resistente, dividida, más allá de su rechazo al invasor, entre los partidarios y los enemigos de las reformas. Entre los títulos más representativos de esa literatura militante figuran las odas «La invasión francesa de 1808», de Francisco Sánchez Barbero —detenido y deportado por los franceses—, y «España libre», de Manuel José Quintana (1772-1857); y también el libro Poesías patrióticas, publicado en 1808 por el propio Quintana. Su vibrante poema «A las provincias españolas, armadas contra los franceses» es una buena prueba de esta asociación, relativamente nueva, entre literatura, guerra y política, hasta el punto de que el autor de las Poesías patrióticas confesó, al publicarlas en octubre de 1808, que la mayoría de estos poemas habían permanecido hasta entonces inéditos por «el miedo a la opresión», una afirmación, referida a la época anterior a la guerra, que parece desmentir la autocomplaciente imagen forjada por Godoy sobre su etapa de gobierno.

Más importante aún fue el papel de Quintana como secretario de la Junta Central, creada en Aranjuez en septiembre de 1808, porque tal cometido llevaba aparejada la redacción de las proclamas y manifiestos que la junta dirigía a la población para tenerla al corriente de la situación y comunicarle sus grandes decisiones. Entre estas últimas, ninguna de tanta trascendencia como la convocatoria de elecciones a Cortes, anunciada en un manifiesto firmado en Sevilla el 28 de octubre de 1809 por el presidente de la junta, marqués de Astorga, pero redactado por Quintana. Se trata de un documento de gran importancia, más allá del hecho en sí de la convocatoria de Cortes, porque en él queda claramente expuesta la relación entre la guerra contra el invasor y un cambio político que las circunstancias del país hacían ya inaplazable: «La providencia ha querido —se les dice a los españoles— que en esta crisis terrible no pudieseis dar un paso hacia la independencia sin darlo también hacia la libertad». El protagonismo que en la coyuntura de la guerra adquieren los escritores, literatos y hombres de letras —aún no existía la palabra intelectual— radica en su labor de intermediación entre las instituciones que dirigen la lucha contra los franceses y ese «pueblo» tantas veces invocado como artífice de la resistencia: «Toda España es pueblo», se lee, por ejemplo, en un texto anónimo publicado en la zona patriota en 1810. Anónimo es también un folleto titulado «Convocatoria que a todos los pastores de España dirige un mayoral de la sierra de Soria para la formación de compañías ligeras de honderos», publicado en 1808 en Cádiz, Málaga y Madrid. Este impreso resulta ilustrativo del nuevo tipo de guerra que se libraba en España a partir de 1808, una guerra total en la que todo el mundo es combatiente y en la que cualquiera que sepa escribir puede convertirse en propagandista de la causa patriota.

Una buena parte de la producción político-literaria aparecida durante la guerra tuvo, como en el caso anterior, un carácter apócrifo, y no solo en la España libre de la ocupación francesa. Se continúa así una vieja tradición cultural que hacía del anonimato una forma de preservar el buen nombre o la seguridad personal del autor, temeroso unas veces de la persecución y otras, del fracaso. Los escritores afrancesados se mostrarán, como veremos, muy cautos a la hora de firmar sus textos de la época, conscientes de la impopularidad de la causa que representaban y del peligro que comportaba identificarse abiertamente con el invasor; pero tampoco los patriotas estaban libres de los riesgos propios de la controversia política, ni siquiera después de la aprobación por las Cortes de Cádiz del Decreto de Libertad Política de la Imprenta en noviembre de 1810. La detención en Cádiz, en 1811, del autor del periódico El Robespierre Español, Pedro Pascasio Fernández Sardinó, cuyo radicalismo liberal provocó la ira de las autoridades patriotas, muestra los límites de la libertad de imprenta establecida por las Cortes y del consenso patriota en la lucha contra el enemigo común. El anonimato de una parte de la publicística de la época puede explicarse, asimismo, como tributo a un clima de exaltación general, en el que lo colectivo prevalece sobre el deseo de notoriedad individual, reservada esta última a los héroes y mártires de la resistencia.

En la España patriota, la prensa fue el principal factor de movilización de la opinión e incluso de creación de la propia opinión pública, tantas veces invocada en la época como una autoridad inapelable que marcaba a gobernantes y gobernados el único camino posible. De ella dirá Quintana en el prospecto del Semanario Patriótico, publicado desde 1808 bajo los auspicios de la Junta Central, que era un poder «mucho más fuerte que la autoridad malquista y los ejércitos armados». De ahí la trascendencia del debate en torno al alcance y el significado de este concepto fundamental, al que el escritor Alberto Lista —primero patriota, luego afrancesado— dedicó un esclarecedor artículo publicado en 1809 en El Espectador Sevillano y titulado «En torno a la opinión pública»: «La Nación —dice Lista— está obligada a examinar; los sabios a proponer y discurrir; el gobierno a sancionar la opinión pública, o a manifestar las correcciones que deben hacerse a los resultados de las discusiones». La opinión pública podía entenderse, pues, como la parte racional y consciente de la nación y, al propio tiempo, como origen de una legitimidad sui géneris, paralela a la que, según declararon las Cortes en su primer decreto, tiene su origen en la soberanía nacional. La cuestión de qué o quién era la opinión pública fue motivo, sin embargo, de permanente controversia entre liberales y absolutistas, estos últimos a menudo recelosos, cuando no sarcásticos, sobre el concepto y sobre su verdadera entidad. El periódico El Redactor General situaba a la opinión pública «en los cafés, calles y plazas» de la ciudad, señalando así la naturaleza minoritaria y ociosa de aquella a la que a menudo se denominaba pomposamente «la reina del mundo».

No le faltaba algo de razón a El Redactor General en su sarcástica definición de la opinión pública. Es indudable que la vida en el Cádiz asediado por los franceses, refugio de lo más granado de la España patriota, sede de las nuevas instituciones y rebosante de actividad en cafés, calles y tertulias, creaba un ambiente favorable a la circulación de ideas y a la discusión, a veces acalorada, sobre la actualidad militar y política. Ciudad tradicionalmente abierta al exterior, bien comunicada con Europa y América, cosmopolita y burguesa, Cádiz constituía la tradicional puerta de entrada de la moda en el vestir y de las innovaciones en la vida cultural y mundana, un medio, en suma, receptivo a todo lo nuevo y también, por tanto, al cambio político. Si su clima templado favorecía la vida en la calle y la concurrencia a los lugares públicos, la existencia de una numerosa población flotante, sobre todo en aquellos años de incesante afluencia de refugiados, propiciaba las relaciones sociales en tertulias, cafés y simples vías públicas, como la célebre calle Ancha, eje principal de la sociedad gaditana. Era tal la concurrencia en ella, nos dice el historiador Ramón Solís, «que en la mayor parte del día estaba repleta de personalidades de la política, la literatura, el ejército y la buena sociedad», y su importancia en la producción y circulación de la chismografía del momento llevó a algunos periódicos gaditanos a titular con el nombre de «Calle Ancha» su sección de rumorología.

Ni la guerra, parte insoslayable de la vida cotidiana durante el asedio francés, ni la trascendencia de los debates parlamentarios privaron a la ciudad de su tradicional dinamismo social y cultural, más bien todo lo contrario. Como contrapunto al dramatismo de aquel momento, Cádiz disfrutó intensamente de las posibilidades de una vida cultural en plena ebullición. Durante la guerra se inauguró en Cádiz un nuevo teatro, el de San Fernando, que con su apertura en 1810 aumentó la oferta teatral de la ciudad, reducida en los últimos tiempos al teatro de la calle de la Novena. A pesar de ello, la afición era tal que hubo quejas en la prensa sobre el insuficiente aforo de las dos salas para dar cabida a un público ávido de diversión; pero no se trataba necesariamente de evadirse de una realidad que lo impregnaba todo, incluso el ocio de los gaditanos. El teatro desempeñaba a menudo una labor patriótica, bien destinando a las necesidades del ejército una parte de lo recaudado, bien adoctrinando a la población con obras propagandísticas del tenor de la titulada La patria, monólogo con música concebido para reconciliar a España con sus colonias, entonces en plena lucha por su emancipación. En el teatro se daban a conocer las noticias llegadas del frente y las canciones patrióticas compuestas al hilo de la actualidad, como un «himno en loor de la Constitución» estrenado el mismo día, 19 de marzo de 1812, en que fue promulgada la Constitución de Cádiz. Bien es cierto que la guerra, tan próxima, podía irrumpir en el momento más inoportuno, como ocurrió en el estreno de Lo que puede un empleo, comedia del joven escritor y diputado Francisco Martínez de la Rosa, representada en pleno bombardeo francés, sin que ello bastara para suspender la función. No es de extrañar, dado el arrojo mostrado por los actores en esta y en otras ocasiones, que las Cortes aprobaran un decreto rehabilitando la profesión de cómico, hasta entonces conceptuada de «infamante».

Los debates sobre la reforma y dignificación del teatro, vieja obsesión ilustrada que cobra nueva carta de naturaleza, no son ajenos a la preocupación de los liberales por la instrucción pública. El informe que, sobre esta materia, dirigió en 1810 a la Junta Central el abogado Ignacio María de Funes contenía una propuesta específica sobre las «reformas necesarias en el sistema de instrucción y educación pública», que incluía la erradicación de los «vergonzosos azotes» y demás «medios inicuos que impiden, más que fomentan, la educación». Si el Estado, afirma el autor, no toma cartas en el asunto, corrigiendo los malos hábitos de los maestros a la vez que atendiendo sus necesidades económicas, «el atraso y la barbarie seguirán dominando y no habrá progreso». Al tema dedicó la Constitución de Cádiz su título IX, artículos 366-371, donde se estipula la creación de escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía y se anuncia la promulgación de un plan general de enseñanza común a todo el reino y de una legislación específica relativa «al importante objeto de la instrucción pública». La junta creada a tal fin presentó un año después un pormenorizado «Informe para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública», parece que redactado por Quintana, «en que se plasman», afirma el historiador Manuel de Puelles, «los principios más puros del liberalismo español en materia educativa». Aunque la restauración absolutista de 1814 dejó sin efecto las ideas contenidas en el informe, su influencia resultó decisiva en el Reglamento General de Instrucción Pública aprobado en 1821, en pleno Trienio Liberal.

En no pocos aspectos de la vida social gaditana, lo mundano formaba un todo inextricable con la actividad cultural y política. Las tertulias y los cafés, de gran tradición en la ciudad, se convirtieron en un hervidero de noticias y en centros de discusión libre y franca en los que se iba adquiriendo el hábito de la libertad, también entre las mujeres de la buena sociedad, cuyas tertulias tanto contribuyeron a dar a la ciudad su tono liberal y cosmopolita. Las más importantes en los años de la guerra fueron las de Margarita López de Morla y Frasquita Larrea, esposa esta del cónsul alemán en Cádiz, madre de Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero) y, como su hija, escritora. Si la tertulia de Margarita López era muy frecuentada por los diputados liberales, la de Frasquita Larrea atraía, por las ideas conservadoras de la anfitriona, a lo más granado del absolutismo. En algunos cafés y confiterías se celebraban también tertulias que inevitablemente derivaban hacia la situación política del momento y en las que se suscitaban agrias disputas partidistas entre liberales y absolutistas o «serviles», que es como por entonces empezaron a denominarse los dos partidos o corrientes de opinión enfrentados en las Cortes. Entre los más importantes figuran el café de las Cadenas, el de Apolo, el del Ángel, el del León de Oro, el de Los Patriotas y el de Cosi, que contaba con 25 empleados y cuyo nombre aparecía con frecuencia en la prensa como epicentro de la vida social y política de la ciudad. Los redactores del periódico liberal El Conciso (1810-1814) hicieron de aquel establecimiento su cuartel general —cosa que no dejó de reprocharles la prensa enemiga—, lo que indica hasta qué punto un café podía ser la mejor atalaya para contemplar la actualidad.

La asociación entre prensa, cafés y tertulias, muy estrecha ya en tiempos de la Ilustración, sería uno de los grandes ejes de la sociabilidad liberal, entonces en plena gestación. Se iba al café a leer la prensa del día y en torno a ella se polemizaba sobre la situación del país, contribuyendo así a la formación de la famosa opinión pública de la que todo el mundo hablaba. Los propios periódicos recogían a menudo opiniones, bulos y especies de todo tipo esparcidas por los parroquianos de los cafés, en un vaivén constante de noticias y comentarios del café al periódico y viceversa: el título de un periódico de la época, El Duende de los Cafés, resalta ese maridaje entre ambos, que en menor medida se produce también entre tertulias y periódicos, como el Semanario Patriótico, nacido en la tertulia que en 1808 se celebraba en Madrid en casa de Quintana. El auge del periodismo español en estos años supera con mucho los mejores momentos del Siglo de las Luces. «Si Vd. se propone leer todo lo que se publica, bueno o malo», se apunta en el Diario de Málaga, «tiene que comenzar a las siete de la mañana, en que se derraman los ciegos por todo el lugar, y no acabar hasta las once de la noche». Los datos aportados por los especialistas avalan esta percepción de los contemporáneos: en los seis años que dura la Guerra de la Independencia se publican más periódicos que en todo el siglo XVIII. De los 304 que ha contabilizado Claude Morange, la mayoría de ellos, 279, corresponden a la España patriota, y de ellos 68 a Cádiz. Además del elevado número de títulos y de la importante difusión que alcanzaron algunos de ellos, hay que subrayar la capacidad de esta nueva prensa, eminentemente política, para saltar las barreras sociales y culturales del público lector, reducido hasta entonces a un sector de las clases medias y altas. El redactor de un periódico coruñés aseguraba en 1809 que los artesanos de las ciudades gallegas «se reun[ían] para comprar un ejemplar y lo le[ían] con el mayor gusto». Aunque haya cierta exageración en estas palabras, es indudable que la avidez por informarse de la marcha de los acontecimientos fue creando en sectores populares, principalmente urbanos, el hábito de la lectura colectiva de los papeles periódicos, leídos en voz alta por el más instruido de los concurrentes. Así aparece en algunos testimonios gráficos de principios del siglo XIX, como en el dibujo titulado La lectura del periódico, de Leonardo Alenza.

Por lo demás, era patente la brecha ideológica que separaba a los periódicos del momento, la misma que dividía la retaguardia patriota en dos bandos irreconciliables, más allá de su acuerdo en luchar contra el enemigo común. El Semanario Patriótico definió el fenómeno con toda crudeza en un artículo titulado «Guerra político-literaria entre liberales y serviles», del 29 de agosto de 1811. Entre los principales órganos del primer liberalismo español —la palabra surge entonces como derivación del adjetivo liberal—, destaca el propio Semanario Patriótico, publicado sucesivamente en Madrid, Sevilla y Cádiz, que contó entre sus primeros colaboradores con José María Blanco White, hasta su marcha a Inglaterra en 1810, y alcanzó la enorme cifra de 3.000 suscriptores. Otros importantes periódicos liberales fueron El Conciso, al que se atribuye una tirada de 2.000 ejemplares, El Robespierre Español, ya citado, El Tribuno del Pueblo Español, El Redactor General y La Abeja Española, redactado este último por Bartolomé José Gallardo, bibliotecario de las Cortes. Hombre de gran erudición y excelente polemista, Gallardo estaba particularmente dotado para la sátira literaria y política, como acredita su famoso «Diccionario crítico-burlesco» (1811), réplica jocosa del «Diccionario razonado, manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España», folleto anónimo, pero escrito por una pluma inequívocamente absolutista. De esta última tendencia son El Procurador General de la Nación y del Rey, El Censor General, El Sol de Cádiz —obsesionado con las logias masónicas— y el Diario de la Tarde, atribuido al padre Rafael Vélez, autor de un importante folleto absolutista titulado «Preservativo contra la irreligión, o los planes de la filosofía contra la religión y el Estado realizados por la Francia para subyugar a Europa» (1812). Sin tratarse propiamente de un periódico, las Cartas del Filósofo Rancio, del dominico Francisco de Alvarado, son un título insoslayable de la publicística antiliberal. Llegó a contar con 2.500 suscriptores.

La indiscutible capitalidad de Cádiz en la prensa española de la época es una consecuencia directa de su protagonismo político en la España patriota y del clima de libertad creado por la legislación liberal de las Cortes, primero con el Decreto de Libertad de Imprenta de noviembre de 1810, posteriormente con la aprobación de la Constitución, en marzo de 1812, y, por último, con la abolición de la Inquisición, tras arduos y enconados debates, en febrero de 1813. Cádiz tenía un interesante contrapunto en Palma de Mallorca, otra ciudad-refugio de gran importancia, en la que se concentró una buena parte del clero más conservador. De ahí que Mallorca se convirtiera en un poderoso bastión de la prensa absolutista y de la oposición a las Cortes reunidas en Cádiz, aunque allí se editara también, en un ambiente fuertemente hostil, el periódico liberal Aurora Patriótica Mallorquina, redactado, entre otros, por el geógrafo y diputado Isidoro de Antillón (1778-1814). La existencia de una prensa antiliberal muy activa en estos años no era óbice para que el absolutismo abominara por lo general del periodismo y de los periodistas como un mal de la modernidad recién estrenada. Se explica así la definición que el anónimo autor del «Diccionario razonado», citado más arriba, dedica a la voz Periódicos: «Evacuación fétida y asquerosa, precedida de comunicación pecaminosa con personas infectas de gálico». La caracterización de los periodistas como «gente desalmada, que gasta pantalón», recogida por El Conciso, pero procedente de los medios serviles, aúna el rechazo del periodismo como una profesión subversiva por naturaleza y la reprobación de las formas de vestir modernas y extranjeras, doblemente contrarias, por ello, a las tradiciones patrias. El pantalón era efectivamente una prenda poco común, de origen inglés, que, por ejemplo, sirvió para identificar a Gallardo cuando, en 1812, las autoridades dieron orden de detenerle por sus frecuentes ataques al clero: solía usar, se dice, «fraque blanquecino, pantalón y zapatos». Periodista tenía que ser.

El odio de los más castizos al petimetre y al currutaco, que era su versión más reciente, anunciaba ya en el siglo XVIII la importancia que la moda tendría como manifestación de un estilo de vida y de un sistema de valores identificados con lo extranjero y, en particular, con lo francés. Entre los papeles del conde de Cabarrús se conserva la noticia sin fecha, situada en Lugo probablemente a finales del siglo XVIII, de un criado que «por ir vestido a la francesa» fue apaleado por la «gente baja» casi hasta la muerte, «sin valerle decir que era español». En uno de los folletos más célebres de la Guerra de la Independencia, «Centinela contra franceses», el escritor Antonio de Capmany celebraba que el destino le hubiera deparado a España «esta guerra terrible, pero saludable», que permitiría acabar con la «insensata currutaquería» y devolvería a los españoles su condición de «valientes, formales y graves»: «Cantaremos nuestras jácaras, bailaremos nuestras danzas, vestiremos nuestro antiguo traje» y los caballeros volverán a montar a caballo, «en vez de tocar el fortepiano»; en suma, «con esta guerra volveremos a ser españoles rancios». Un soneto satírico, titulado «Pintura de un liberal», impreso hacia 1812, abunda en la maléfica combinación de frivolidad mundana, ideas revolucionarias y relajación de costumbres que los más castizos —y conservadores— atribuían por igual a liberales y afrancesados:

¿Quieres ser Liberal?… ten entendido

que has de traer muy compuestito el pelo,

gran corbatín, y cual el mismo cielo

de las lucientes botas el bruñido;

con las damas serás muy atrevido,

habla de la Nación con grande celo

y por gozar placeres sin recelo

echa la religión luego en olvido:

Siempre Constitución, y Ciudadanos,

siempre la ley resonará en tu boca,

y a los Serviles llamarás villanos,

Pancistas, Pitancinis, gente loca;

y serás sin empeño ni cohecho

un gran Liberalón, hecho y derecho.

LA MONARQUÍA DE LOS INTELECTUALES

No hará falta insistir en la impopularidad de los afrancesados entre todos los sectores de la España patriota. Conviene distinguir, sin embargo, entre el afrancesado cultural, que es un fenómeno muy anterior a la Guerra de la Independencia —el término afrancesado figura ya en la edición del Diccionario de la Real Academia de 1770: el que «imita con afectación las costumbres o modas de los franceses»—, y el josefino, es decir, el español adicto al gobierno de José Bonaparte. Los josefinos propiamente dichos fueron muy pocos, no muchos más que esos 12.000 o 15.000 individuos, la mayoría funcionarios y militares al servicio del intruso, que, acompañados a menudo de sus familias, abandonaron España con las tropas francesas entre 1813 y 1814.

Se trataba, sin duda, de una minoría altamente cualificada, que constituía una verdadera élite del poder y del saber: aristócratas, oficiales del ejército, alto clero, propietarios, funcionarios de la antigua monarquía y clases medias ilustradas, entre ellas una parte, tal vez mayoritaria, de los intelectuales españoles de la época. Un periódico gaditano, La Abeja Española, de Gallardo, explicó el afrancesamiento a partir de una curiosa tipología, entre sociológica y zoológica: «Se divide esta clase de animales anfibios en literatos, godoístas y ricos propietarios de los pueblos». Otro órgano patriota, El Duende de los Cafés, los dividió, según su importancia, en «apóstatas en jefe» y «renegadillos subalternos». Estas y otras caracterizaciones de sus adversarios coinciden en subrayar la traición y el oportunismo —«animales anfibios»— como rasgos esenciales de su conducta, pero también su vinculación con el poder económico e institucional, antes y después de 1808. En efecto, un significativo número de josefinos había pertenecido anteriormente al aparato de poder creado por Manuel Godoy, lo que, a los ojos de muchos, agravaba si cabe —y en parte explicaba— su comportamiento tras el 2 de mayo. Así sucedía también con algunos escritores y científicos, como Moratín, José María Lanz, Meléndez Valdés, Domingo Badía o Juan Antonio Llorente, que pasaron del entorno intelectual del valido a desempeñar cargos de responsabilidad con el nuevo monarca.

Puede verse una relación de los principales intelectuales al servicio de José I en la lista de miembros de una Academia o Instituto Nacional que el régimen josefino tenía en proyecto. La importancia de los 81 personajes llamados a integrarla demuestra, según Menéndez Pelayo, «la copia y variedad de elementos científicos con que, a pesar de todas sus desgracias, contaba España en los primeros años de este siglo». La lista aparece dividida en secciones específicas, con mención expresa de los individuos que componen cada una de ellas e indicaciones sobre sus méritos y cualidades, del tipo «miembro de muchas Academias extranjeras» o «profesor instruido y elocuente». Las 26 especialidades en que se desglosa abarcan todas las ramas del saber y aparecen a su vez agrupadas en cuatro categorías o clases sin denominación —cada una con un secretario—, pero que podrían definirse como Ciencias Aplicadas (Química, Geometría, Botánica, Medicina, etcétera), Ciencias Sociales (Historia, Educación, Economía Política, Legislación, etcétera), Lengua y Literatura y, por último, Bellas Artes (Arquitectura, Escultura, Pintura, Grabado y Música). Desde la Medicina y la Cirugía hasta el «análisis de las sensaciones y de las ideas», desde la Física General hasta la «Literatura y Arqueología Oriental y Americana», todas las formas del conocimiento humano parecen tener cabida en esta institución proyectada por el gobierno josefino e integrada por algunos de los más ilustres humanistas, artistas y científicos de la España del momento, entre ellos Francisco de Goya en la sección de Pintura. Llaman la atención el énfasis puesto en la alianza multidisciplinar de saberes, la importancia atribuida a las ciencias aplicadas y el sentido de utilidad pública de algunas disciplinas, muy a tono, como en general todo el proyecto, con la herencia enciclopedista y utilitarista de la Ilustración. Destaca asimismo la diversa procedencia intelectual y profesional de sus componentes, entre los que figuran un buen puñado de militares, de clérigos y de miembros de las Reales Academias creadas por los Borbones en el siglo XVIII, así como la amplia formación adquirida por algunos de ellos durante estancias de estudio y trabajo en diversas capitales europeas, a menudo con becas de los gobiernos anteriores a 1808. Recuérdese el caso, ya citado, del matemático José María Lanz, pensionado en París en la época de Godoy, incluido en la lista como especialista en Mecánica y, al propio tiempo, alto cargo de la Administración josefina.

El propio Lanz, ingeniero, matemático y prefecto de policía con José I, ilustra perfectamente la novedosa relación entre cultura y política —o más bien Administración— que caracteriza a la España josefina y que permite definirla, remedando lo que en su día se dijo de la II República española, como una «monarquía de los intelectuales», no solo por el elevado número de escritores, científicos, profesores y artistas que apoyaron al llamado «gobierno intruso», sino también por la participación de muchos de ellos en el aparato de poder político y administrativo creado por la monarquía bonapartista. Veamos algunos ejemplos. Joaquín María Sotelo, catedrático y magistrado, fue prefecto de policía en Jerez de la Frontera; el también catedrático y académico Justino Matute ocupó la subprefectura en la misma ciudad, cargo que desempeñó en Almería el escritor y traductor Francisco Javier de Burgos —ministro de Fernando VII veinte años después—, además de la presidencia de la Junta de Subsistencias de Granada; el citado José María Lanz fue nombrado prefecto de policía en Córdoba; el marqués de Almenara, escritor y diplomático, estuvo durante buena parte de la guerra al frente del importantísimo Ministerio del Interior —especie de cajón de sastre desde el que, entre otras cosas, se dirigía la política cultural y educativa del gobierno—; Juan Meléndez Valdés, poeta, magistrado y catedrático, fue, entre otros cargos, consejero de Estado, lo mismo que el clérigo e historiador Juan Antonio Llorente, que compatibilizó tal cometido con la Dirección General de Bienes Nacionales; el helenista José Gómez Hermosilla desempeñó una jefatura de división en el Ministerio de Policía; una responsabilidad análoga, pero en el del Interior, le correspondió al escritor y periodista José Marchena; también en Interior prestaron sus servicios el arabista José Antonio Conde, el naturalista y escritor Francisco Antonio Zea y el poeta y helenista Manuel García Suelto; del Ministerio de Negocios Eclesiásticos fue jefe de división el historiador del arte Ceán Bermúdez, mientras que el polifacético Juan Antonio Melón —humanista, agrónomo y químico— ocupó el mismo puesto en el Ministerio de Hacienda; Leandro Fernández de Moratín, amigo íntimo de este último, trabajó en la Comisaría General de Cruzada, junto a Llorente; Fernando Chaves, catedrático de Geometría Sublime de la Universidad de Salamanca, ocuparía la prefectura de Policía de esta ciudad y la subprefectura de Jerez; y el orientalista Domingo Badía (Alí Bey) será nombrado comisario regio, cargo que desempeñó también el químico José Garriga.

La lista de intelectuales-funcionarios podría hacerse extensiva a otras muchas de las 600 personas distinguidas por José I con la Real Orden de España, una condecoración, sarcásticamente denominada por los patriotas la «orden de la berenjena», que premiaba los servicios de especial relevancia prestados al régimen bonapartista. Muchos de los personajes citados trabajaron, además, para el aparato josefino de propaganda, generalmente bajo el más escrupuloso anonimato, a través de la red de periódicos creados o controlados por el gobierno de José I para forjar una opinión pública adicta, como La Gaceta de Madrid, El Imparcial, el Diario de Valencia, en el que colaboraba Moratín, el Correo Político y Militar de Córdoba, la Gaceta de Oficio del gobierno de Vizcaya o el Diario de Barcelona, que en estos años se redactó en francés y catalán, en un intento de las autoridades ocupantes de favorecer la política anexionista de Napoleón respecto a Cataluña.

No es de extrañar, visto el peso de los intelectuales en el personal administrativo del régimen, la importancia que el gobierno de José I concedió al fomento de la cultura y a la reforma de la enseñanza, una política favorecida, sin duda, por el trasvase al Estado del patrimonio artístico, cultural e inmobiliario de la Iglesia afectado por la desamortización josefina. De las rentas eclesiásticas procedían los 50.000 reales que José I, en su triunfal viaje por Andalucía en 1810, decidió dedicar a las excavaciones de las ruinas romanas de Itálica. El Conservatorio de Artes y Oficios de Madrid, creado por un real decreto de 1810, sintetiza la preocupación pedagógica de aquel gobierno y su sentido utilitario de la cultura, concebida, a la manera ilustrada, como instrumento de progreso y bienestar del país. Se trataba de irradiar un saber aplicado entre amplias capas de la población y de contribuir así al desarrollo económico y a la prosperidad general. Esta institución debía disponer de un taller provisto de medios técnicos y materiales de toda índole —incluidos los pertenecientes al antiguo Gabinete de Máquinas de los Palacios y Sitios Reales—, de un periódico titulado Anales de las Artes, de una biblioteca propia y de una amplia y cualificada plantilla de profesores, dibujantes y funcionarios. En otros casos, se daba un nuevo impulso a instituciones ya existentes, herencia en su mayor parte del despotismo ilustrado, como el Jardín Botánico de Madrid, aumentado con una nueva parcela, que sirvió para la instalación de escuelas prácticas de agricultura; o la Real Biblioteca, ampliada con los fondos procedentes de conventos desamortizados y destinada a ser biblioteca pública, si bien la falta de tiempo y de recursos haría inviable el proyecto. Algo parecido sucedió con el futuro Museo del Prado, cuyas obras quedaron paralizadas por la muerte en 1811 de su principal artífice, el arquitecto Juan de Villanueva.

Esta panorámica de la vida cultural en la España ocupada estaría incompleta, no obstante, sin una referencia al expolio artístico llevado a cabo en España por los hombres de Napoleón. Un decreto de José I anunciaba la formación de una colección de pintura española para ser exhibida en una de las salas del Museo Napoleón en Francia, como forma de mostrar al mundo «la gloria de los artistas españoles» y servir de «prenda de la unión más sincera entrambas naciones». La resistencia ofrecida por altos cargos de la Administración josefina no impidió la consumación del expolio, realizado también a título particular por algunos generales franceses. Razones de tipo práctico frustraron, en cambio, el proyecto de trasladar a Francia los fondos del Archivo de Simancas, una operación que requería el envío de 12.000 cajas de documentos y que, en aquellas circunstancias, se consideró finalmente inviable, con la salvedad de unos centenares de cajas enviadas a Francia y posteriormente recuperadas.

La monarquía josefina dio un especial impulso a la modernización urbanística de Madrid y Sevilla, ciudades que adquirieron un trazado urbano más racional y espacioso, gracias a la aparición de nuevas plazas surgidas allí donde habían sido demolidos conventos e iglesias desamortizados —de ahí el nombre de «rey plazuelas» que los madrileños dieron a José Bonaparte—. La reforma de la enseñanza, según principios propios de la Ilustración matizados por el modelo napoleónico, constituyó asimismo uno de los grandes campos de actuación del régimen josefino. A diferencia de su hermano el emperador, José I mostró cierto interés por la enseñanza femenina, de la que se ocupaban instituciones públicas como la Casa de Educación, creada en Madrid en 1809, para atender gratuitamente a 150 niñas, hijas de altos empleados de la monarquía. Como documento programático de la política educativa del gobierno josefino se puede considerar el informe redactado en 1810 por José Vargas Ponce por encargo de la Junta de Instrucción Pública, dependiente del Ministerio del Interior y presidida por el poeta, magistrado y consejero de Estado Juan Meléndez Valdés. También este aspecto de la política reformista del gobierno josefino se vio condicionado por la desamortización eclesiástica, que obligó al Estado a hacerse cargo de multitud de establecimientos educativos pertenecientes hasta entonces a las órdenes religiosas y a crear en su lugar escuelas de primeras letras, liceos provinciales y ateneos, organizados como una suerte de centros de formación profesional de los que, según leemos en el informe de Vargas Ponce, saldrían, debidamente preparados, «buenos agricultores, hábiles artesanos, diestros artistas y comerciantes instruidos». Se pondría remedio así a un mal muy extendido en España, y «es la manía», leemos en el informe, «de ser señoritos[,] de huir de las ocupaciones de la labranza y de los talleres» y de «vivir de un empleo público, es decir, subsistir del sudor ajeno». Este ambicioso proyecto de reforma social además de pedagógica, coincidente en tantas cosas con la política reformista de las Cortes de Cádiz en este mismo campo, quedó finalmente frustrado por el regreso de Fernando VII a España en 1814 y la inmediata restauración de la monarquía absoluta.

1814 Y LA INVOLUCIÓN CULTURAL

El decreto firmado por Fernando VII el 4 de mayo de 1814 que disolvía las Cortes y derogaba la Constitución y la obra legislativa de los liberales inauguró seis años de gobierno absoluto. El restablecimiento de la Inquisición, abolida en las dos Españas durante la Guerra de la Independencia, mostraba bien a las claras el alcance del decreto del 4 de mayo, en el que el rey anunciaba su determinación de dar marcha atrás en la historia y quitar «de en medio del tiempo» las reformas realizadas en su ausencia. En materia educativa, la involución política llevó primero al restablecimiento del Plan Caballero de 1807, y, posteriormente, del Plan de Estudios de 1771. «Lo que en tiempos de Carlos III era un notable avance», afirma Puelles, «ahora resultaba un dislate».

La persecución afectó por igual a liberales y afrancesados, condenados ahora a presidio o forzados a exiliarse para salvar sus vidas. Tal fue la suerte que corrieron la mayoría de los intelectuales de uno y otro bando que habían protagonizado la vida cultural y política del país en los años anteriores. Los principales intelectuales al servicio de José I buscaron refugio en Francia: Meléndez Valdés, fallecido en 1817, Leandro Fernández de Moratín, su amigo Juan Antonio Melón, José Marchena, Juan Antonio Llorente, José María Lanz, Alberto Lista, Sebastián de Miñano y Félix José Reinoso, entre otros muchos. Este último publicó en el exilio un folleto exculpatorio, ampliamente difundido, titulado «Examen de los delitos de infidelidad a la patria», que Menéndez Pelayo calificó como el «Alcorán de los afrancesados». Los liberales, por su parte, prefirieron Inglaterra como lugar de destino, tanto por los lazos que habían establecido con este país durante la Guerra de la Independencia como por la simpatía que la causa patriota y liberal había despertado en la sociedad inglesa. Allí se refugiaron escritores y periodistas que habían alcanzado cierta celebridad en el Cádiz de las Cortes, como Miguel Cabrera de Nevares, Pedro Pascasio Fernández Sardinó, autor, ya mencionado, de El Robespierre Español, Álvaro Flórez Estrada, el conde de Toreno y Bartolomé José Gallardo. Otros no pudieron escapar a tiempo y sufrieron penas de presidio en España, como el canónigo y catedrático Diego Muñoz Torrero, diputado liberal y presidente de las Cortes de Cádiz, los escritores Francisco Martínez de la Rosa, Manuel José Quintana y Juan Nicasio Gallego, el hacendista José Canga Argüelles o el poeta Francisco Sánchez Barbero, fallecido en prisión en 1819. En julio de 1814 murió el geógrafo Isidoro de Antillón, poco después de ser detenido por orden del nuevo gobierno absolutista y mientras era trasladado a la cárcel de Zaragoza. Su nombre se sumaba así a los de otros intelectuales de la talla de Jovellanos y Capmany, fallecidos de muerte natural durante la guerra.

La represión fernandina dejó seriamente malparada la literatura española, condenada a sobrevivir en el exilio, mientras en España triunfaba, en palabras de Mesonero Romanos, una «cohorte de coplistas, madrigaleros, anacreónticos y elegíacos», dedicados a la más burda adulación del monarca absoluto. De este tenor es una composición anónima publicada por el Diario de Madrid que reproduce el propio Mesonero en sus Memorias de un setentón. Se titula «A la llegada del Rey nuestro señor» y termina con estos sentidos versos: «Vamos todos entonando / con voces muy expresivas / ¡veinte millones de vivas / a nuestro amado FERNANDO!».

La prensa, por su parte, se vio reducida a unas pocas cabeceras, como la oficial Gaceta de Madrid y el citado Diario de Madrid, pues así lo ordenaba un decreto de Fernando VII del 25 de abril de 1815. Ni siquiera los periódicos absolutistas publicados durante la Guerra de la Independencia sobrevivieron a la supresión de la libertad de imprenta decretada por el nuevo régimen. Solo mediado el Sexenio Absolutista se atenuó el «gran silencio», como lo ha llamado la historiadora María Cruz Seoane, impuesto por el gobierno fernandino a la prensa española a partir de 1814. En 1819 apareció el primer número de la Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, publicado por el afrancesado Francisco Javier de Burgos, y algo antes, en abril de 1817, había visto la luz la Crónica Científica y Literaria, de José Joaquín de Mora. Ambos periódicos alcanzarían su apogeo en influencia y difusión tras el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820, en el segundo caso rebautizado significativamente como El Constitucional, o sea, Crónica Científica, Literaria y Política. Antes de producirse su giro político, impensable durante los años del Sexenio Absolutista, la Crónica mostró ya gran interés por algunos debates literarios y filosóficos de la Europa del momento. Del pensamiento de Kant se ocupó el joven Ramón de la Sagra, en un artículo publicado en 1819, y la actualidad de la obra de Shakespeare, que cobró nueva carta de naturaleza con el despertar de la literatura romántica, fue motivo de una reseña titulada «Sobre una representación de Otelo en Londres» (18 de agosto de 1818). Un indicio muy temprano del Romanticismo español se encuentra en un efímero periódico de esta época, el Mercurio Gaditano, que el 16 de septiembre de 1814 publicó el artículo de Nicolás Böhl de Faber «Reflexiones de Schlegel sobre el teatro», origen de la llamada «polémica calderoniana» y, con ella, del debate sobre la nueva estética romántica. En él tuvieron parte principal los liberales José Joaquín de Mora y Antonio Alcalá Galiano, quienes adoptaron una posición fiel al clasicismo y contraria, por tanto, al gusto romántico y al revival calderoniano. Los dos autores se sirvieron para ello de las páginas de la Crónica y de un texto anónimo publicado en Barcelona en 1818 con el título de «Los mismos contra los propios, o respuesta al folleto titulado “Pasatiempo crítico”, de Nicolás Böhl de Faber». La polémica tenía un trasfondo político que este último autor no dudó en plantear, con cierta exageración, como expresión del odio de sus oponentes no a Calderón, sino a todo un «sistema espiritual» estrechamente asociado a la fe católica y contrario al racionalismo ilustrado y liberal, que era lo que, en el fondo, según él, defendían José Joaquín de Mora y Alcalá Galiano.

La gran figura de la cultura española de la época es, sin duda, Francisco de Goya (1746-1828). Su enorme prestigio, granjeado a lo largo de una dilatada carrera artística en las cortes de Carlos III y Carlos IV, libró al pintor aragonés de la persecución que sufrieron la mayoría de los afrancesados —pues tal era su condición—, aunque no le evitó ser llamado a declarar ante la Inquisición en 1815. La verdad es que la temática de la obra de Goya venía registrando desde 1808 continuos vaivenes en función de las alternativas políticas y militares de la guerra, con encargos de uno y otro bando según las circunstancias. Si en 1808 viaja a Zaragoza para trabajar, a petición del general Palafox, en una serie de obras inspiradas en el asedio de la ciudad por los franceses, durante su estancia en el Madrid josefino realizará numerosos retratos de altos cargos políticos y militares del llamado, por los patriotas, «gobierno intruso». Y cuando, ya al final del conflicto, la capital cambie definitivamente de manos, llevará a cabo algunas de sus obras más renombradas sobre la guerra y sus protagonistas, como sus retratos del duque de Wellington o los dos grandes cuadros sobre las jornadas del 2 y 3 de mayo en Madrid: el conocido como La lucha con los mamelucos y El 3 de mayo de 1808 en Madrid, ambos de 1814. Ejemplo del carácter circunstancial de algunos de sus óleos de o sobre la guerra es su Alegoría de la Villa de Madrid (1810), cuyo medallón de la derecha ha contenido sucesivamente un retrato de José I, la palabra «Constitución», de nuevo la efigie de José Bonaparte, sustituida por un primer retrato de Fernando VII, posteriormente por otro de este rey pintado por Vicente López, que dio paso, fallecido ya el pintor aragonés, a una inscripción alusiva a la Constitución para, finalmente, adquirir su aspecto definitivo con las palabras «Dos de Mayo», como homenaje, que pretendía ser inalterable, a los héroes del levantamiento popular contra los franceses.

La necesidad de congraciarse con Fernando VII y su gobierno le llevó a partir de 1814 a pintar numerosos retratos oficiales, entre ellos varios del propio monarca —en efigie, de medio cuerpo, en un campamento, con manto real…, además del gran cuadro que le representa presidiendo la Junta de Filipinas—. Un carácter mucho más libre y personal tienen sus grabados y dibujos de esta época, como las series Los desastres de la guerra, datada entre 1810 y 1815, y La tauromaquia, anunciada por el Diario de Madrid en octubre de 1816, así como los dibujos contenidos en sus álbumes de estos años. Si los grabados sobre la guerra dan testimonio de la crueldad de los dos bandos y del sufrimiento de la población civil, por ejemplo, en las estampas sobre el hambre de 1812 en Madrid, los dibujos posteriores a 1814 muestran la barbarie de la represión absolutista, ya sea en el trato inhumano dispensado a los presos —así en el dibujo titulado Mejor es morir—, en la práctica sistemática de la pena de muerte y la tortura —Qué crueldad— o en la pervivencia de la Inquisición, de sus métodos y de sus viejas obsesiones —Por descubrir el movimiento de la tierra o Por linaje de hebreos—. Otros grabados y dibujos de esta época o algo posteriores, lo mismo que las célebres Pinturas negras, inciden en la denuncia del fanatismo religioso, en la crítica anticlerical —¿Qué quiere este fantasmón?—, en los estragos de la miseria entre los más humildes y en la corrupción de la moral y las costumbres por la superstición y la ignorancia. Obras como las tituladas Divina libertad o El triunfo de la justicia dan la medida de su confianza en el liberalismo como antídoto de los males arrastrados en España durante siglos de fanatismo y tiranía y justifican la interpretación de los grabados y dibujos de Goya como un «diario íntimo» en el que, como dice Pierre Gassier, el artista va plasmando con toda libertad su visión de la sociedad española del momento, en la fase final de la crisis del Antiguo Régimen y en plena descomposición del viejo orden estamental y del sistema de valores que le era propio.

En 1819 abrió sus puertas el Museo del Prado, denominado Real Museo de Pinturas y Esculturas, más de 30 años después de que el arquitecto Juan de Villanueva diseñara su edificio por encargo de Carlos III. Contaba al inaugurarse con un fondo de más de 1.500 obras, aunque solo 311 figuraban en su primer catálogo. Se trata, sin duda, de un gran acontecimiento en la historia de la cultura española, pero más como fruto tardío del viejo despotismo ilustrado que como expresión de la vitalidad cultural de la España fernandina. Al contrario, con la importante excepción de Goya y de la actividad de otros artistas del momento, como el gran retratista Vicente López o los principales representantes de la escuela neoclásica, como José de Madrazo, José Aparicio Inglada o Juan Antonio Ribera, el grueso de la vida cultural se desarrolla en el exilio, pues, frente al carácter tradicionalmente cortesano de las bellas artes, la literatura y el pensamiento necesitaban un clima de libertad incompatible con la monarquía absoluta restaurada en España en 1814.

LA CULTURA ESPAÑOLA EN EL EXILIO

El año 1814 —o un año antes, en el caso de muchos afrancesados— empieza el primer gran exilio de la España contemporánea, con Inglaterra y Francia como principales destinos de liberales y josefinos. La actividad de los liberales españoles en Londres había tenido ya algunos antecedentes en plena Guerra de la Independencia. Allí se instaló en 1810 el sevillano de ascendencia irlandesa José María Blanco White, que inició muy pronto, con apoyo económico del gobierno inglés, la publicación de su periódico El Español (1810-1814). Unos años después publicó en la capital inglesa sus célebres Letters from Spain (1822), testimonio extraordinario de un país y de una época, enriquecido con la experiencia personal de su autor. También en Londres habían visto la luz entre 1810 y 1811 algunas importantes obras del liberal asturiano Álvaro Flórez Estrada como su Introducción para la historia de la revolución de España. Flórez Estrada sería precisamente una de las personalidades descollantes de esta primera emigración española en Inglaterra, precursora de la de 1823, más numerosa y trascendental. El liberalismo de estos años tuvo su principal órgano de expresión en el periódico El Español Constitucional, editado en Londres entre 1817 y 1820 por el periodista Pedro Pascasio Fernández Sardinó, autor en el Cádiz de las Cortes de El Robespierre Español. En El Español Constitucional vio la luz la «Representación hecha a S. M. C. el Señor Don Fernando VII en defensa de las Cortes», firmada por Flórez Estrada, fechada en Londres en octubre de 1818 y llamada a tener una amplia repercusión en el mundo del exilio liberal español. «La opinión es la reina del mundo», sentenció el asturiano en esta obra, y su «imperio es indestructible». Gobernar ignorando este principio, le decía a Fernando VII en tono entre amenazante y fingidamente paternalista, es condenarse a ejercer un poder ficticio y efímero.

A diferencia de lo que ocurriría en 1823, Francia fue a partir de 1814, más que Inglaterra, el escenario de la vida cultural promovida por los intelectuales españoles en el exilio. Esta circunstancia se debe, en primer lugar, al hecho de que en Francia se refugiaron la mayor parte de los escritores afrancesados que huyeron con las tropas napoleónicas en 1813, pero también a la existencia al otro lado de los Pirineos de una floreciente industria editorial dedicada a la publicación de libros destinados al mercado en lengua española, tanto en la Península como en América. Además de París, ciudades del sur de Francia como Montpellier, Nîmes, Burdeos, Toulouse, Bayona, Perpiñán y Aviñón se convirtieron en importantes centros de producción de libros en español, tanto originales como, especialmente, traducciones del francés. Las obras clásicas de la Ilustración francesa tuvieron en el afrancesado José Marchena —posteriormente conocido como Abate Marchena— a un traductor incansable que hizo de este trabajo su principal medio de vida. De su pluma salieron en estos años las traducciones al español de diversas obras del Abate Morellet (Manual de inquisidores, Montpellier, 1819), del Abate de Pradt (La Europa después del Congreso de Aquisgrán, Montpellier, 1820), de Montesquieu (Cartas persianas, Nîmes, 1818, varias veces reeditadas), de A. V. Benoît (De la libertad religiosa, Montpellier, 1820), de Ch. F. Dupuis (Compendio del origen de todos los cultos, Burdeos, 1820), de Rousseau (Emilio o de la educación, Burdeos, 1817; Julia o la nueva Eloísa, Toulouse, 1821), de Volney (Las ruinas, Burdeos, 1820) y de Voltaire (Novelas, Burdeos, 1819), además de una antología de la literatura española en dos volúmenes, con un largo estudio introductorio, que publicó en Burdeos en 1820 con el título de Lecciones de filosofía moral y elocuencia.

Sin llegar a la inusitada productividad de Marchena, que, en palabras de Menéndez Pelayo, en unos pocos años «inundó literalmente España de engendros volterianos», otros josefinos refugiados en Francia publicaron obras de enorme resonancia en el mundo del exilio. Por su carácter polémico, destacan las Memorias para la historia de la revolución española, de Juan Nellerto (anagrama de Juan Antonio Llorente), publicadas en París en 1816, y el Examen de los delitos de infidelidad a la patria, obra de Félix José Reinoso, ya comentada, aparecida el mismo año en Auch. Sobre la importancia económica que el libro en español tenía para la industria editorial francesa baste decir que, frente a una tirada media de 500 ejemplares de los libros editados en francés, la media de los libros en español se situaba en unos 1.100 ejemplares. Relativamente frecuentes fueron, sin embargo, las tiradas de 2.000 ejemplares, como fue el caso de las citadas Lecciones de filosofía moral y elocuencia, de Marchena, o de la primera edición del Arte de hablar bien francés, título que gozó de una difusión excepcional, como acreditan sus 11 ediciones en 20 años desde su aparición en 1816, una de ellas, la de 1820, con una tirada de 3.000 ejemplares. Indudablemente, la literatura española o la edición en español podía ser una actividad muy lucrativa para la industria editorial francesa mientras las circunstancias políticas impidieran su normal desarrollo en España.

EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

El pronunciamiento del teniente coronel Rafael del Riego en enero de 1820 obligó a Fernando VII a firmar, dos meses después, un manifiesto en el que restablecía la Constitución de Cádiz. Se han hecho famosas las palabras, pronto desmentidas, con las que el rey anunciaba su adhesión al nuevo régimen: «Marchemos todos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional». Se iniciaba así una etapa política continuadora de las reformas liberales iniciadas por las Cortes de Cádiz e interrumpidas por el golpe absolutista de 1814. Hubo muy pronto elecciones a Cortes, la Inquisición y el régimen señorial fueron nuevamente abolidos, se llevó a cabo una amplia desamortización, se creó la Milicia Nacional prevista por la Constitución y durante tres años el país vivió una intensa experiencia política en un amplio marco de derechos y libertades, entre estas, y de forma muy destacada, la libertad de imprenta, contenida en la propia Constitución.

También la política educativa siguió el camino marcado por las Cortes de Cádiz. El Reglamento General de Instrucción Pública, aprobado por las nuevas Cortes en 1821, desarrollaba las principales directrices esbozadas en aquella primera etapa al tiempo que inauguraba, en opinión de Manuel de Puelles, «la tendencia al pacto o a la transacción con la Iglesia en materia de enseñanza» predominante en la España del siglo XIX. Lo mismo puede decirse de la división del sistema educativo en tres niveles, de los cuales, la primera enseñanza correspondería a la instrucción «general e indiscutible que debe darse a la infancia», la segunda impartiría «aquellos conocimientos que […] constituyen la civilización general de una nación» y la tercera comprendería «los estudios que habilitan para ejercer alguna profesión particular». Era un plan muy ambicioso para un país que arrastraba graves carencias educativas y cuya tasa de analfabetismo superaba el 90 por ciento de la población. A las dificultades prácticas para su ejecución se añadieron los recelos del liberalismo más conservador hacia la promoción cultural de las clases populares, un sentimiento que expresó mejor que nadie el diputado liberal, y luego ministro, Nicolás Garelli: «El proyecto de crear un pueblo de filósofos es el proyecto de un loco».

La liberación de los presos políticos, el inmediato retorno de los exiliados —excepto los afrancesados, que tuvieron que esperar una amnistía específica— y el restablecimiento de las libertades explican el frenesí político y cultural que vivió España a partir de marzo de 1820, traducido, por lo pronto, en la proliferación de periódicos y de Sociedades Patrióticas por buena parte de la geografía nacional. Se trata de dos fenómenos complementarios que iban a marcar el desarrollo de estos tres años cruciales en la historia de España: si la prensa contribuía, por medio de la letra impresa, a la formación de la ansiada opinión pública, las Sociedades Patrióticas, similares a los clubes existentes en otros países, se convertirían en un espacio abierto a la participación de la ciudadanía en los grandes debates del momento. Fueron, en palabras de Gil Novales, el historiador que mejor las ha estudiado, «cajas de resonancia de la vida pública nacional, en donde todo se habla y todo se discute».

El inusitado desarrollo de la prensa a partir de marzo de 1820, similar al fenómeno que un autor del Cádiz de las Cortes llamó «la diarrea de las imprentas», dio título a un periódico madrileño aparecido en mayo de 1820: La Periodicomanía. Por esas fechas, consta la existencia en España de, como mínimo, 78 periódicos, una considerable cantidad que indica la magnitud de la explosión periodística producida a partir de la restauración liberal en marzo y que probablemente marque el techo máximo alcanzado durante el Trienio Liberal, cuya media se podría situar en unos 50 periódicos editados simultáneamente, de ellos en torno a una tercera parte en Madrid capital. «Cada día», dirá por entonces el escritor Sebastián de Miñano, «sale un periódico nuevo con diferente título».

El caso de La Periodicomanía compendia muy bien la historia de la prensa española en el Trienio Liberal. Periódico liberal de estilo jocoso, propenso, como muchos otros, a interpretar la vida política a través de la sátira, quiso dar testimonio de un fenómeno efímero, como era, a su juicio, el frenesí periodístico de aquellas primeras semanas de libertad. Es cierto que muchos periódicos tenían muy corta vida, incluso los hubo que no pasaron del primer número, pero no lo es menos que la avidez de información de la sociedad española en aquel momento crucial sentó las bases para un mercado periodístico más amplio de lo que muchos esperaban. Entre los más agoreros estaban precisamente los redactores de La Periodicomanía, que no tardaron en comprobar, con sorpresa, el éxito de su periódico. Si las dos resmas del primer número les habían dejado a los editores un beneficio de 600 reales —algo que calificaron simplemente de «milagroso»—, del número 5 se despacharon «ejemplares a carretadas», con el número 6 se doblaron los beneficios y con el 7 los responsables del periódico dieron ya rienda suelta a su euforia: «Los que se contentaban con dos resmitas, ven salir quince de cada numerillo». No es fácil traducir estas magnitudes en ejemplares, pero no parece arriesgado afirmar que La Periodicomanía pasó de 1.500 de tirada inicial a unos 4.000 en su momento de mayor difusión, una cantidad muy respetable, claramente superior a la tirada media de un periódico de la época, que cabría cifrar en 1.000 ejemplares para la prensa madrileña y la mitad para la del resto de España.

La difusión de la prensa de la época, vendida en imprentas y librerías o por los ciegos en las calles más concurridas, podía ser, en todo caso, muy dispar. La histórica Gaceta de Madrid editaba 10.000 ejemplares diarios, una cifra fuera del alcance de cualquier competidor. Periódicos de gran tirada e influencia fueron la Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, con unos 5.000 ejemplares —se le ha llegado a atribuir el doble, lo que parece algo exagerado—, El Universal, periódico del liberalismo oficialista, con una tirada similar, y el importantísimo El Zurriago, principal portavoz del liberalismo más radical o «exaltado», como se decía en la época, cuya tirada media podría situarse en torno a los 6.000 ejemplares. A estos datos hay que añadir la difusión suplementaria de algunos números por medio de reediciones realizadas fuera de Madrid por impresores sin escrúpulos. Un fenómeno que sufrió también La Periodicomanía, entre otras publicaciones de éxito, y que indica, por un lado, la existencia de un amplio público lector, ávido de vivir intensamente, a través de la prensa de más renombre, el frenesí político del momento; y, por otro, la deficiente articulación del mercado nacional. Se trata de un problema general de la economía española en la difícil transición del Antiguo Régimen al nuevo, cuyos desequilibrios internos se muestran claramente en el caso concreto del mercado periodístico: mientras que algunos periódicos apenas sobrevivían al primer número por falta de lectores, otros se lamentaban del pirateo ejercido por impresores de otras localidades que, sin dar cuentas a nadie, cubrían con sus propias reediciones la demanda insatisfecha del mercado local.

Un caso atípico, pero revelador también de las posibilidades de negocio que creaba la demanda del público, lo proporciona El Liberal Guipuzcoano, editado en San Sebastián entre 1820 y 1823. Consta no solo que su tirada inicial es de 1.000 ejemplares, estipulada en el contrato firmado por los editores, sino también que el 40 por ciento de su difusión debía destinarse a Francia. Si la tirada del periódico es ya de por sí un dato significativo, teniendo en cuenta la notable incidencia de los 300 o 400 ejemplares que podía distribuir en una ciudad como San Sebastián, con una población de 6.000 habitantes, el modelo de distribución denota una perspicaz valoración del mercado regional como base de sustentación de un negocio lucrativo, así como la existencia de un intercambio cultural muy fluido entre uno y otro lado de los Pirineos. Este mecanismo de vasos comunicantes que articula el mercado editorial hispanofrancés no actuaba solamente en ausencia de libertad de imprenta en España, como en el periodo anterior a 1820, sino que obedecía en parte a factores culturales y comerciales ajenos a los vaivenes políticos. Así lo indican la incesante producción de títulos en español por parte de las imprentas francesas —52 libros en 1822, casi tres veces lo publicado en 1819—, y, a la inversa, la importancia del mercado francés en el plan de negocio establecido por El Liberal Guipuzcoano en 1820. Liberalismo, letra impresa y mercado: no estamos muy lejos del concepto de capitalismo de imprenta que acuñó en su día Benedict Anderson.

El nuevo clima de efervescencia cultural era inseparable, sin duda, del cambio político y económico iniciado en España en 1820. Bien lo sabía el cura absolutista Matías Vinuesa, cuyo plan de conspiración contra el régimen liberal incluía, entre las medidas que debían adoptarse tras el golpe de Estado, la imposición de una contribución forzosa a los «impresores y libreros por las ganancias extraordinarias que han tenido en este tiempo». La actividad cultural se había visto favorecida también por el regreso de los afrancesados tras la amnistía concedida por las Cortes en septiembre de 1820. La medida era importante desde el punto de vista cultural, por la valía de muchos de ellos, pero resultó insuficiente como factor de reconciliación nacional, porque los agravios entre doceañistas y josefinos estaban todavía muy presentes y porque las limitaciones de la amnistía avivaron el resentimiento de los antiguos servidores del rey José hacia los liberales. Su posición política, en general contraria a la Constitución de 1812, se puede identificar con un liberalismo conservador a tono con el nuevo doctrinarismo francés. Así lo atestiguan los principales periódicos de esta tendencia publicados en el Trienio Liberal, como la Miscelánea, El Imparcial y, especialmente, El Censor, redactado por afrancesados tan notorios como Alberto Lista, Sebastián de Miñano, Gómez Hermosilla y Félix José Reinoso. El Censor se editaba en Madrid, en la imprenta de León Amarita, una de las más importantes del Madrid de la época, donde también se imprimía El Periódico de las Damas, continuador de una tradición ilustrada de prensa femenina que hizo suya el liberalismo con diversa fortuna. Obra de excelente calidad y altos vuelos, proclive a los debates teóricos más que a la polémica diaria, El Censor se convirtió en referente fundamental del liberalismo moderado y del llamado justo medio; de ahí su papel como introductor en España del utilitarismo de Benjamin Bentham y del pensamiento político de Constant, Guizot y Royer-Collard, es decir, de la escuela doctrinaria que de unos años a esa parte hacía furor en Francia. Dejó también alguna expresión temprana del periodismo costumbrista, como el artículo titulado «Modas» (marzo de 1821), anticipo de un género que, a partir de los años treinta, habría de gozar de gran predicamento entre el público lector.

Junto con la prensa, hubo asimismo una literatura de temática social o política que alcanzó una notable difusión en la época. Se trata de folletos de carácter satírico, muchas veces anónimos, en los que se criticaba tal o cual aspecto de la vida nacional, con un estilo corrosivo que contaba siempre con el favor del público. Pocos, en todo caso, alcanzaron la popularidad de los «Lamentos políticos de un pobrecito holgazán que estaba acostumbrado a vivir a costa ajena», folleto de 20 páginas cuya primera entrega vio la luz en Madrid en marzo de 1820. Del impacto que tuvo la obra se hizo eco la prensa madrileña apenas dos meses después de la aparición de aquel primer desahogo del «pobrecito holgazán»: «Difícil es, y aun casi imposible —leemos en El Constitucional—, que ninguna obra de este género tenga una acogida más satisfactoria que la que ha tenido esta. Las impresiones se multiplican, y apenas satisfacen la impaciencia y necesidades de los compradores». Aunque anónimo, como tantos otros impresos de esta naturaleza, el folleto se atribuyó muy pronto al antiguo afrancesado Sebastián de Miñano, cuyos «Lamentos» consiguieron un éxito editorial sin precedentes: de cada una de las 10 entregas publicadas se hicieron unas 20 reimpresiones, algunas de ellas en Francia y en América, con una tirada total que podría rondar los 60.000 ejemplares. La obra proporcionó a Miñano unos ingresos estimados, por el total de ediciones y reimpresiones, en 128.000 reales, cantidad equivalente al sueldo anual de un ministro, que indica hasta qué punto el periodismo y la literatura —actividades concomitantes— podían constituir una profesión rentable.

Se ha apuntado ya el protagonismo en la vida política y cultural del Trienio Liberal de las Sociedades Patrióticas. Cabría pensar que, frente a la cultura impresa, representada por libros, folletos y periódicos, estas constituían el ámbito de una cultura oral, esencialmente política, asociada a la práctica de las nuevas libertades. La frontera entre cultura oral y escrita no es tan nítida, sin embargo, como podría parecer. Los ciegos, por ejemplo, tenían un papel fundamental en la distribución de impresos y periódicos, en la circulación de noticias y en el recitado en público de aleluyas, romances, pliegos de cordel y demás expresiones de la literatura popular. Fueron, en palabras del especialista Jean-François Botrel, los mass media de la España del Antiguo Régimen. Periódicos e impresos en general eran voceados por los ciegos y leídos en público en determinados lugares, como cafés o corrillos callejeros. Las Sociedades Patrióticas, versión liberal de las Sociedades Económicas de Amigos del País —que subsistían, pero en la mayoría de los casos habían venido a menos—, tenían por lo pronto esa función primordial de poner al alcance de sus socios la prensa del día y de crear en torno a ella un ambiente de discusión sobre los grandes asuntos del momento. En todo caso, la relación entre Sociedades Patrióticas y prensa era muy estrecha. Las primeras no se concebían sin la presencia de periódicos y folletos, tema a menudo de los debates más acalorados —algunas Sociedades tenían incluso su propio periódico—, y la prensa, por su parte, dedicaba un amplio espacio a recoger las noticias, opiniones y rumores propagados desde las tribunas de las Sociedades Patrióticas o en el fragor de la discusión. Tal era la forma de irradiar el sistema parlamentario y representativo en un tejido social sobre el que, por lo menos en la España urbana, empezaba a desarrollarse una verdadera opinión pública.

Que llegaran a crearse 275 Sociedades Patrióticas en, como mínimo, 163 ciudades y pueblos españoles demuestra la capacidad de estas para difundir el liberalismo por toda la geografía nacional, actuando como contrapeso al protagonismo de la capital en la vida política de la España liberal. Fue en Madrid, no obstante, donde tuvieron su sede las Sociedades Patrióticas más conocidas, como la de Lorencini, la Cruz de Malta y la Fontana de Oro, a la que Pérez Galdós le dedicaría, andando el tiempo, una novela sobre el Trienio Liberal. Como Sociedad Patriótica nació también en 1820 el Ateneo Español de Madrid, que se convirtió muy pronto en una institución eminentemente académica y cultural. En sus primeros estatutos, fechados en 1820, se señala entre sus finalidades el posibilitar que sus socios, «hombres de espíritu liberal», se consagren «al estudio de las ciencias exactas, morales y políticas» y puedan «discutir tranquila y amistosamente cuestiones de legislación[,] de política [y] de economía», «ejercitándose al mismo tiempo en el difícil arte de la oratoria». Muchas Sociedades Patrióticas, como la Fontana de Oro, fueron cafés reconvertidos en centros políticos de carácter privado, a veces con el patrocinio de las autoridades locales. El nombre de tertulias patrióticas que adoptaron en 1821, aunque forzado por la nueva normativa aprobada por las Cortes, vino a subrayar también su relación con las modernas formas de sociabilidad consagradas ya por la Ilustración, ese mundo de cafés, salones y tertulias que habría de servir de marco material al espacio público de la modernidad y el liberalismo.

En Barcelona se desarrolló en estos años una intensa vida intelectual, con las connotaciones políticas, de signo liberal, propias del momento. Además de las Sociedades Patrióticas con sede en diversos cafés y conventos desamortizados de la ciudad, hay que destacar el papel dinamizador que venía desempeñando la Junta de Comercio de Barcelona —a través, por ejemplo, de los estudios de Arquitectura o de la cátedra de Economía Civil, a cargo, respectivamente, del arquitecto Antonio Celles y de Eudald Jaumeandreu—; el espíritu innovador que cobró a partir de 1820 la casi centenaria Real Academia de Buenas Letras; el carácter aglutinante de la Sociedad Filosófica, a la que pertenecían figuras emergentes de la cultura catalana, como el escritor y economista Buenaventura Aribau o el novelista Ramón López Soler; o el traslado de la universidad desde Cervera hasta Barcelona, donde, tras la demora impuesta por una epidemia de cólera, se inauguró el curso en febrero de 1822. El fin del Trienio Liberal en 1823 supuso de nuevo su regreso, ya por poco tiempo, a Cervera. Los progresos de la vida académica en la Barcelona liberal fueron, pues, notables, aunque algunas de estas instituciones tenían ya larga vida y se habían beneficiado, como la Sociedad Filosófica, creada en 1815, de una cierta permisividad oficial en tiempos de la monarquía absoluta. Conviene recordar asimismo el éxito que alcanzó en la Barcelona de la época el teatro del escritor y actor José Robreño, cuyas obras, en catalán y castellano, hicieron de la crítica al absolutismo la principal materia de un teatro políticamente comprometido. Barcelona fue, por cierto, con Cartagena, la ciudad en la que más tiempo resistió el liberalismo en 1823, cuando el ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis impuso la restauración de la monarquía absoluta.

EL EXILIO ESPAÑOL EN EUROPA

La resistencia militar y civil a la nueva invasión francesa de 1823 no bastó para sostener en pie el régimen constitucional. Los liberales habían ampliado notablemente su base social, sobre todo en las ciudades, pero sus enemigos seguían siendo mayoría en la España rural. La mayor implantación del liberalismo respecto a 1814 y el resentimiento personal de Fernando VII explican tanto la particular saña con la que la monarquía absoluta persiguió a los liberales —El terror de 1824 será el título del Episodio Nacional dedicado por Galdós a este periodo— como la magnitud que alcanzó el exilio liberal, mucho más numeroso en la llamada Década Ominosa que en 1814. Sirva de ejemplo el caso de Francisco de Goya, que, en 1824, temiendo por su vida, en vez de permanecer en España como hiciera en la primera restauración, pidió permiso a Fernando VII para ir a Francia a tomar las aguas. Murió en Burdeos en 1828 a los 82 años de edad. Obras maestras de sus últimos años, principalmente retratos y dibujos, sin olvidar su pequeño autorretrato a pluma de 1824, dan testimonio de su intensa actividad creadora en la última etapa de su vida, que transcurrió —signo de los tiempos— en el destierro. Bien puede aplicarse al viejo Goya, incansable en su afán de renovarse constantemente como artista, el título de uno de sus últimos trabajos: Aún aprendo.

Aunque la parte más popular de la emigración, compuesta de antiguos milicianos nacionales y soldados del ejército constitucional, se concentró en los departamentos del sur de Francia, Londres fue en estos años la capital del exilio español. Allí residió, por lo menos hasta 1830, la élite cultural y política de nuestro liberalismo, integrada —recordará años después Antonio Alcalá Galiano— por militares, médicos, escritores, abogados…, en suma, por aquellos grupos socioprofesionales que constituían «el núcleo del partido llamado liberal en todos los pueblos, o, digamos, de lo que en él forma la porción más activa y predominante». No extrañará que esa concentración de talentos surgidos de las clases medias profesionales, del clero liberal, del funcionariado y de la oficialidad del ejército se tradujera en una intensa actividad intelectual, ya fuera como medio de vida, que muchos buscaban en la enseñanza, la literatura o el periodismo, como expresión de un compromiso político, como continuación de una carrera literaria o científica iniciada en España o como una forma más de combatir la nostalgia y el tedio, tal como sugiere el título de uno de los periódicos publicados en la capital británica: Ocios de Españoles Emigrados. Este conjunto de motivaciones explicaría un fenómeno tempranamente señalado por un agente del gobierno de Fernando VII en Inglaterra: «La manía de escribir se ha apoderado de muchos refugiados españoles».

En el frenesí literario de la emigración sobresalen algunos nombres propios, como el escritor y periodista José Joaquín de Mora, autor, solo en su primer año de emigrado, de diez volúmenes en español —entre ellos, varias traducciones del inglés y del francés y las primeras entregas de sus famosos No me olvides—, así como de otras tantas colaboraciones en la prensa inglesa; Álvaro Flórez Estrada, que repetía destierro en Inglaterra y que publicó en estos años su importantísimo Curso de Economía Política (1828), pronto traducido al francés; el hacendista José Canga Argüelles (Elementos de la ciencia de Hacienda, publicado en Londres en 1825, aunque escrito en España unos años antes, y Diccionario de Hacienda, 1826-1827, convertido muy pronto en un clásico en la materia); el padre de la Constitución de Cádiz y ministro en el Trienio Liberal Agustín de Argüelles (Examen histórico de la reforma constitucional); el eclesiástico y antiguo diputado Joaquín Lorenzo Villanueva (Vida literaria, 1825, entre otras muchas obras, algunas de carácter polémico); Antonio Puigblanch, veterano también, como algunos otros, de la primera emigración (Opúsculos gramático-satíricos, 1828, aparte de traducciones y reediciones, como la de su célebre La Inquisición sin máscaras); Valentín Llanos, autor de varias obras literarias en inglés (Don Esteban, or Memoirs of a Spaniard, 1825); y el también novelista Telesforo de Trueba, el más prolífico de los escritores exiliados, que en pocos años dio a las prensas una veintena de obras en inglés, la mayoría de ellas narraciones históricas situadas en una España pintoresca, muy al gusto romántico (Gómez Arias, The Castilian, Romance of History: Spain, The Incognito, Salvador the Guerrilla).

A la hiperactividad literaria de los exiliados y a la notable demanda en Inglaterra de libros en español se debe la existencia en Londres de librerías e imprentas especializadas, como la Librería Clásica y Española de Vicente Salvá, que trabajó también como profesor de griego y editor, además de escribir una Gramática de la lengua castellana (Belfast, 1827); y también la Imprenta Española de Marcelino Calero, cuya primera tarea fue la edición de una Colección de los más célebres romances antiguos españoles, publicada por G. B. Depping y aumentada por el ya citado Salvá. Hubo, además, editores londinenses que hicieron de la literatura española un próspero negocio, enfocado principalmente al pujante mercado hispanoamericano. Al alemán, afincado en Londres, Rudolph Ackermann le debemos, afirma Vicente Llorens, «gran parte de la producción de los emigrados» y no solo de libros y folletos, sino también de algunas de las publicaciones periódicas más importantes, como el Museo Universal de Ciencias y Artes y el Correo Literario y Político de Londres, ambas de José Joaquín de Mora. Otras revistas españolas del exilio londinense son El Emigrado Observador (1828-1829), editada en la imprenta de Calero, El Repertorio Americano (1827), fundada por americanos, pero en la que colaboraban españoles como el editor Salvá y el botánico Lagasca, las Variedades o El Mensajero de Londres, de José María Blanco White, El Español Constitucional, en su segunda etapa, y, sobre todo, los Ocios de Españoles Emigrados (1824-1827), revista redactada por los hermanos Jaime y Joaquín Lorenzo Villanueva, José Canga Argüelles y Pablo Mendíbil, de amplio espectro temático, que va desde la historia y la política hasta la poesía y la preceptiva literaria, entonces en plena transición del Clasicismo al Romanticismo. En los Ocios se publicó en 1824 la versión original, más exaltada que las posteriores, de la elegía del duque de Rivas «El desterrado», de la que apenas unos meses después aparecía, en la misma revista, un anticipo de una traducción al inglés.

No cabe duda de que, en los albores del Romanticismo, España se estaba poniendo de moda. Algo ayudó también la reivindicación de nuestra literatura medieval por un autor tan respetado por el público inglés como José María Blanco White. El contacto de los escritores españoles con las nuevas corrientes estéticas que circulaban por Francia e Inglaterra aceleró, al propio tiempo, su conversión a la nueva sensibilidad literaria, de forma que la revolución romántica solo podía verse fortalecida por esa mutua influencia entre la España del exilio y la Europa que los acogía. Del interés que despertaba la literatura española en Gran Bretaña tenemos abundantes pruebas en la revista The Athenaeum, fundada en 1828 por un grupo de estudiantes de Cambridge conocido como Los Apóstoles. En ella publicó Antonio Alcalá Galiano su largo ensayo «Literature of the Nineteenth Century: Spain» (1834), inventario fundamental de las letras españolas desde el reinado de Carlos IV, muy crítico por lo general con la escuela clasicista, predominante todavía a principios del siglo XIX. Por el contrario, Alcalá Galiano aplaude sin reservas las primeras manifestaciones del Romanticismo español, como las más recientes producciones del duque de Rivas, la citada elegía «El desterrado», el poema «El sueño del proscrito» o el romance titulado «El moro expósito», obras con las que iba camino de convertirse en «el poeta romántico de la España moderna». Esta última se editó ya en París, adonde se trasladó a partir de 1830 el grueso de la emigración española al triunfar la revolución francesa de julio de aquel año. En París coincidieron los emigrados procedentes de Inglaterra con aquellos pocos que se habían podido permitir el lujo de vivir a lo grande en la capital francesa, como el conde de Toreno, que en 1827 había empezado a redactar su Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, convertida con el tiempo en la más famosa crónica de la Guerra de la Independencia, o Francisco Martínez de la Rosa. Entre 1827 y 1830, se publicaron en París las Obras literarias de aquel al que sus enemigos apodaban Rosita la Pastelera, editadas en cinco tomos, el último de los cuales contenía dos resonantes dramas históricos de corte romántico: Aben Humeya —representada en París en julio de 1830— y La conjuración de Venecia. Sin embargo, tal vez el más claro exponente del Romanticismo en ciernes era el joven poeta José Espronceda (1808-1842), huido de España en 1827 para recorrer las principales capitales de la emigración liberal: Lisboa y, sobre todo, Londres y París. Se calcula que la mitad de las composiciones poéticas de Espronceda fueron escritas en el exilio, entre ellas la célebre «Canción del pirata», la elegía «A la patria» y su soneto «A la muerte de Torrijos y sus compañeros», ejecutados en Málaga en 1831, tras un último intento liberal de acabar con el absolutismo.

LA CULTURA EN EL INTERIOR

La cultura española pagó un alto precio por la restauración de la monarquía absoluta en 1823, incluso antes de que esta se consumara. En plena desbandada constitucional, algunos intelectuales liberales sufrieron graves pérdidas en sus bibliotecas, papeles y colecciones particulares, provocadas por la ira de la plebe absolutista. Así ocurrió en Sevilla, en la convulsa jornada de San Antonio de 1823, en la que el erudito y escritor Bartolomé José Gallardo perdió buena parte de sus libros, manuscritos y papeles, el periodista Félix Mejía, su monetario y Mariano Lagasca su colección botánica. Al mismo impulso irracional hay que atribuir la profanación por elementos absolutistas de los restos mortales del geógrafo Isidoro de Antillón, fallecido diez años antes. Sin llegar a tales extremos, algunos acontecimientos de la vida cultural de aquellos años justifican la caracterización que hizo Menéndez Pelayo del final del reinado de Fernando VII, en el que imperó, en la opinión nada sospechosa de don Marcelino, un «absolutismo feroz, degradante y sombrío». Esa mezcla de casticismo y fanatismo, muy a tono con la personalidad del monarca, se hizo patente en decisiones como la creación en 1830 de la Escuela de Tauromaquia y el cierre de todas las universidades españolas por temor al contagio de la nueva revolución que triunfó en Francia en julio de aquel año. De nada había servido que en enero de 1827 el claustro de una de las más retrógradas, la Universidad de Cervera (Lérida), hubiera expresado en un famoso manifiesto su plena conformidad con el espíritu de aquellos tiempos: «Lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir».

La «oscura noche intelectual» que, en palabras de Mesonero Romanos, vivió España durante la Década Ominosa no impidió que se desarrollara una cierta vida cultural, en unos casos por inercia de una tradición cortesana vinculada con la Corona y con la nobleza y, en otros, como expresión de una modesta actividad literaria y artística más o menos tolerada. La cultura oficial se concentró en las bellas artes. El pintor José de Madrazo llevó a cabo una labor fundamental en la renovación de la Academia de San Fernando y en la creación, tras una estancia oficial en París, del Real Establecimiento Litográfico, que inició en 1826 la edición de la Colección litográfica de los cuadros del Rey de España. Fue un artista consagrado principalmente a los grandes géneros, desde el retrato hasta la pintura religiosa e histórica, esta última inspirada en temas y personajes de la antigüedad grecorromana. Algo parecido se puede decir de Antonio Ribera, formado en París, en el taller de David, muy activo en estos años en la Academia de San Fernando, donde se convirtió en maestro de varias generaciones de pintores; además, se entregó a la realización de importantes encargos para la Corona, como los frescos sobre alegorías y personajes históricos que pintó para el Palacio de El Pardo y el Palacio Real de Madrid, en el que trabajó también otro académico de San Fernando, Rafael Tejeo, regresado a España en 1827, tras pasar varios años en Roma. La pintura académica, de corte neoclásico, domina, pues, el panorama artístico de estos últimos años del reinado de Fernando VII. No será hasta 1833 cuando algunas obras de los jóvenes pintores Jenaro Pérez Villaamil y Federico de Madrazo, hijo de José, puedan catalogarse como plenamente románticas.

Dentro de las enormes limitaciones impuestas por la ausencia de libertad, la escasa prensa de la época iba a servir de cauce a una cultura interior que se resistía a desaparecer por completo. En los primeros años de la Década Ominosa, destaca el periódico El Europeo, publicado en Barcelona, entre otros, por Buenaventura Aribau y Ramón López Soler. Obra de muy corta vida (noviembre de 1823-abril de 1824), siempre atenta a las noticias literarias que llegaban del continente —como las relativas a Walter Scott, «el primer romántico de este siglo»—, El Europeo desempeñó un papel determinante en la introducción en España de la estética romántica. Aún más efímera resultó la experiencia del Diario Literario y Mercantil, aparecido en Madrid en 1825, en el que son frecuentes también las referencias a la literatura europea del momento, en particular a la poesía y al teatro francés. El panorama empezará a cambiar en 1828 con la aparición de El Duende Satírico del Día, obra personal del joven Mariano José de Larra, y del Correo Literario y Mercantil (1828-1833), dirigido por el antiguo afrancesado José María Carnerero, que, en 1831, empezó a publicar las Cartas Españolas, revista literaria de gran fuste, que incluye grabados —es considerado el primer periódico ilustrado español— y cuenta con la colaboración de Mesonero Romanos, El Curioso Parlante, y de Estébanez Calderón, El Solitario, figuras clave, con El Pobrecito Hablador (Larra), del costumbrismo periodístico y literario de los años treinta. Continuadora de las Cartas Españolas, la Revista Española de Carnerero marca ya la transición entre el periodismo satírico, forzosamente contenido, del final del reinado de Fernando VII y la gran prensa de los años siguientes, en un marco histórico mucho más propicio a la creación literaria y a la sátira social y política.

Carnerero fue un personaje fundamental en la modesta cultura española de la Década Ominosa, ya sea como periodista, como traductor y adaptador de un buen número de obras teatrales, sobre todo francesas, que hicieron las delicias del público, o como animador de la célebre tertulia literaria del madrileño café del Príncipe, también conocido como El Parnasillo, a la que concurrían los principales dramaturgos, literatos y artistas del momento, junto con aquellos otros, más jóvenes, que habrían de alcanzar la fama unos años después. La trayectoria de este «biforme personaje», modelo de «volubilidad y travesura», al decir de Mesonero Romanos, representa, tal vez mejor que nadie, una línea de continuidad de la cultura española desde los tiempos de Godoy, al que sirvió como diplomático, hasta el final del reinado de Fernando VII, pasando por la monarquía de José I, de la que fue propagandista y funcionario. Su notoriedad pública y sus privilegiadas relaciones con el poder ejemplifican asimismo la influencia que tuvieron durante la Década Ominosa intelectuales afrancesados como Lista, Reinoso, Hermosilla, Francisco Javier de Burgos, el propio Carnerero y demás miembros de la «facción pepinesca», como la llamó en 1834 Bartolomé José Gallardo, antiguo bibliotecario de las Cortes de Cádiz.

En la Revista de Carnerero vieron la luz en 1833 los primeros artículos de Fígaro, seudónimo que consagraría a Larra hasta su temprana muerte en 1837 como uno de los grandes periodistas españoles de la historia. De los últimos meses del reinado de Fernando VII datan igualmente otros dos periódicos llamados a tener un protagonismo decisivo en los debates que iban a agitar a la opinión pública española en los años siguientes: el madrileño Boletín del Comercio —rebautizado como El Eco del Comercio en 1834—, de Fermín Caballero, y el barcelonés El Vapor, que publicaría en catalán, el 14 de agosto de 1833, la célebre oda «La Pàtria», de Buenaventura Aribau, supuesto punto de arranque de la Renaixença catalana. En El Vapor encontramos también, ya a mediados de los años treinta, algunos de los primeros testimonios del socialismo utópico en España.

El cambio de régimen, que se hizo inevitable al morir el rey en 1833, estuvo precedido de una tímida apertura política iniciada en octubre de 1832 con una amplia amnistía y la reapertura de las universidades. El regreso de los exiliados trajo a España no solo las ideas liberales que les habían llevado al destierro en 1823, sino el influjo de las modernas corrientes políticas, literarias y estéticas que circulaban por Europa, de las que, como hemos visto, llegó algún eco, más bien lejano, en plena época fernandina. Esa mezcla de libertad, modernidad y cosmopolitismo se tradujo muy pronto en un renovado dinamismo de la cultura española tras la muerte de Fernando VII y la desaparición definitiva de la monarquía absoluta.

LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL

1833-1874

Isabel Burdiel

(coord.)

LAS CLAVES DEL PERIODO

Isabel Burdiel

El objetivo de la segunda parte de este volumen es analizar el proceso por el cual se produjeron en España, tras varias tentativas frustradas, la quiebra definitiva del Antiguo Régimen y de la monarquía absoluta, así como la consolidación del liberalismo y el ensayo de sus diferentes propuestas entre 1833 y 1874. Aquel proceso tuvo lugar sobre las ruinas aún humeantes del imperio americano y sobre la obligada redefinición de la posición de España como potencia europea de segundo orden dentro de un bloque de países liberales, liderados por Francia e Inglaterra.

Los retos que se plantearon durante aquellas cuatro décadas decisivas, y las variadas soluciones que se ensayaron, formaron parte sustancial de los retos y soluciones de carácter trasnacional sobre la gobernabilidad posrevolucionaria en el mundo occidental. La existencia de trazos comunes en la definición de los problemas, y también quizás en muchas de las respuestas, no debería ensombrecer la diversidad interna de las formas posibles de cambio político, social, económico y cultural que afectaron a la construcción de los nuevos Estados-nación liberales, tanto en Europa como en América.

En esta segunda parte del volumen se ha tratado de seguir la advertencia de Primo Levi sobre las comparaciones en la historia y en la vida: «Conviene desconfiar de lo casi-igual […], de lo prácticamente idéntico, del poco más o menos, del o sea, de todos los sucedáneos y de todos los remiendos. Las diferencias pueden ser pequeñas, pero llevan a consecuencias radicalmente distintas, como el cambio de agujas en el rumbo de un tren».

LOS LIBERALES Y EL CAMBIO POLÍTICO: PROPUESTAS DE INTERPRETACIÓN

En la sesión parlamentaria del 3 de mayo de 1869, Saturnino Álvarez Bugallal afirmó contundentemente que la revolución española ya estaba hecha: «Nuestro 89 está hecho […]; lo hemos hecho en el año 12, en el año 20 y, por último, ha quedado constituido como una constitución definitiva desde 1833 hasta el día».

Álvarez Bugallal formaba parte de la exigua minoría de diputados, autodenominada «Oposición Liberal-Conservadora» y liderada por Antonio Cánovas del Castillo, que se había ido conformando en las Cortes Constituyentes de 1869-1871 con el propósito explícito de lograr la restauración de la dinastía borbónica, caída con la revolución de 1868. Para aquellos diputados, la revolución había abierto el acceso a la política, y por lo tanto al poder, a sectores sociales que, por su propia condición, habrían de ser «absolutamente indiferentes a la libertad en el sentido que nosotros la entendemos». El sufragio universal masculino, a través del cual se habían conformado las Cortes Constituyentes, era un atentado potencial contra «el más precioso de los derechos individuales, que es el de la propiedad […], la representación del principio de continuidad social», el cual tan solo podía ser garantizado por la preponderancia social y política de «las minorías inteligentes, las minorías propietarias, las minorías que por cualquier especialidad, que por cualquier forma de trabajo, que por cualquier mérito, se han levantado sobre la multitud».

Tras seis convulsos años de conflicto político y social, con una guerra civil y una guerra colonial, una monarquía casi democrática y una república primero federal y luego unitaria, el proyecto de Cánovas del Castillo acabó triunfando. La dinastía borbónica fue restaurada en la persona de Alfonso XII, hijo de la reina derrocada en 1868. Parecieron cancelarse de nuevo las aspiraciones de participación política y de cambio social, amplio e inclusivo, que la particular concepción de la libertad que defendían los conservadores había intentado sofocar durante el reinado de Isabel II. Todo parecía volver a su cauce con algunas modificaciones, importantes sin duda, pero que no alteraban sustancialmente aquella restrictiva concepción de las causas y objetivos de la revolución de los años treinta a la que se refería Álvarez Bugallal.

La forma en que acabó el llamado Sexenio Democrático o Revolucionario, iniciado con tantas esperanzas en 1868, y la alargada sombra del régimen de la Restauración, inaugurado en 1875, han planeado durante mucho tiempo sobre nuestra concepción del reinado isabelino. Allí habría que buscar el germen de lo que José María Jover llamó «la constante moderada de nuestra historia contemporánea». Una apreciación justa y acertada que, sin embargo, ha derivado demasiadas veces en una apreciación, injusta y poco acertada a mi juicio, respecto a la variedad significativa (e históricamente operante) de las posibilidades abiertas y de las trayectorias posibles de evolución contenidas en el despliegue del liberalismo español durante el reinado de Isabel II e inmediatamente después.

El capítulo «La vida política» elaborado por María Sierra sobre el cambio político de aquellas décadas decisivas permite apreciar las propuestas de reinterpretación del reinado isabelino que tratan de rescatar su entidad histórica propia y la singularidad de los horizontes políticos que entonces se ensayaron o se frustraron. Un triple movimiento ha sido necesario en este sentido.

Por una parte, se ha realizado una crítica a una visión excesivamente estructuralista del cambio histórico, que tendía a contraponer modelos de sociedad radicalmente opuestos y que, cuando hablaba de la burguesía, la nobleza o el campesinado, la revolución o el liberalismo seguía muy prisionera de tipos ideales, compactos y homogéneos en su composición y en sus actitudes políticas. Se están cuestionando ahora esquemas analíticos y conceptos demasiado rígidos, unívocos y dicotómicos, externos y a menudo en abierta contradicción con las experiencias y los lenguajes de la época. Frente a ellos, los historiadores proponen ahondar más en los marcos de referencia, lingüísticos y culturales, de la acción colectiva e individual de los sujetos históricos contemporáneos.

Por otra parte, y en estrecha relación, existe en estos momentos un diálogo intenso y fructífero con la historiografía europea y latinoamericana interesada en «el aprendizaje de la política moderna», los nuevos mecanismos de representación, las raíces y la evolución de la ciudadanía contemporánea y las formas posibles de construcción y desarrollo de los Estados-nación. Por último, todo ello no habría sido posible sin un sustancial avance del conocimiento empírico, asentado sobre una combinación de perspectivas y escalas de investigación que han tratado de superar aquella otra dicotomía clásica que oponía lo local o regional a lo nacional. Hoy se valoran los espacios interrelacionados de experiencia de un proceso —el de la ruptura liberal y asentamiento del liberalismo— que se vivió desde los ámbitos más inmediatos de experiencia (locales, provinciales, regionales), pero que, al mismo tiempo, buscaba constantemente, e iba construyendo, la nación.

Desde todos estos puntos de vista, ha sido posible abandonar los debates más o menos nominalistas sobre la que los contemporáneos denominaron «revolución española», aunque nunca se pusieron de acuerdo sobre el alcance social y político de la misma. De hecho, el conflicto, por su definición y apropiación, fue el factor clave de división del «nuevo liberalismo» de los años treinta y la matriz de las diferentes culturas liberales que se fueron consolidando y diferenciando —también mezclando— a lo largo del reinado. El triunfo y la consolidación de la opción más conservadora de las abiertas y hechas posibles por la ruptura liberal no excluyen la vitalidad y la vigencia de las demás durante aquellos cuarenta años. No voy a entrar en todos los aspectos que, desde esta perspectiva, merecen una nueva atención, sino que solo apuntaré algunos de los ejes interpretativos resultantes que me parecen más sobresalientes.

Creo que hemos avanzado notablemente en el análisis de la práctica revolucionaria en sus diversos escenarios de movilización local y nacional. Se observa así la importancia que tuvo a partir de la muerte de Fernando VII, en el contexto de la Primera Guerra Carlista (1833-1840), la combinación constante (estratégica) entre la actividad parlamentaria de carácter reformista y la actividad insurreccional que no buscaba, pero que tampoco descartaba, un uso selectivo y tutelado de la violencia. Fue esa práctica revolucionaria —que implicó un grado de movilización y politización popular mucho más intenso de lo que se había creído hasta ahora— la que determinó la actuación de la Corona.

El protagonismo de la Corona en las décadas siguientes no debe, por consiguiente, atribuirse a su capacidad para encauzar y dirigir la ruptura liberal. Su papel no fue nunca tan decisivo como el que tuvieron otras dinastías en la conformación de regímenes de constitucionalismo autoritario o parlamentarismo restringido, como ocurre, respectivamente, en Alemania o en Italia. El protagonismo de la Corona en el reinado de Isabel II fue precisamente un recurso político post facto, tras su decisiva y casi letal pérdida de capacidad de maniobra durante el periodo revolucionario. Entonces vivió el avance del liberalismo como una imposición que, en el contexto de la Primera Guerra Carlista, le resultó imposible resistir. Si existió una cierta voluntad reformista o pactista «desde arriba», ese reformismo y el supuesto papel arbitral de la monarquía se hundieron definitivamente entre 1835 y 1837.

Sabemos también que el liberalismo que hizo la revolución entonces era plural y que su sector mayoritario —pronto dividido entre moderados y progresistas— se había distanciado sustancialmente del ideario original de Cádiz y de la práctica política del Trienio Liberal. La trayectoria europea, conocida de primera mano en los últimos exilios, y el temor al desbordamiento social y democrático ya vislumbrado —tanto en la experiencia propia como en la ajena, sobre todo en Francia—, habían supuesto, como dijo Francisco Martínez de la Rosa, «tanto una lección como un escarmiento».

Al igual que ocurrió con el liberalismo posrevolucionario en Europa, el liberalismo español de los años treinta intentó hacer compatible el uso selectivo y tutelado de la violencia, al que me he referido antes, con el abandono del iusnaturalismo racionalista, de los derechos universales y abstractos y de la idea de voluntad general «rousseaniana» en favor de un reforzamiento de la libertad negativa —libertad civil, individual— frente a la positiva —libertad como participación política—. Un doble desplazamiento que implicó un pacto de gobernabilidad «respetable» realizado, entre otras cosas, a través de la consolidación hegemónica del discurso de la «capacidad». Es decir, la posesión y despliegue en la esfera pública liberal de mecanismos de representación de los intereses ligados a la propiedad, el talento y la educación. Se trataba de ofrecer así un dique, pero también una posibilidad de cambio social y político, no como el reconocimiento de derechos que la gente poseía naturalmente y en teoría, sino como creación de los cambios necesarios para acceder a esos derechos a través de la «capacidad».

Más allá de su sustrato común, este planteamiento podía acoger lecturas relativamente variadas, que no se agotaron en el proyecto político moderado, que fue el que finalmente se impuso. La sustancial renovación que han experimentado los estudios sobre el progresismo isabelino ha demostrado que este aspiraba, sin duda, a formar parte del «liberalismo respetable», era profundamente elitista, como la totalidad del liberalismo europeo, tenía una concepción jerárquica de la sociedad y una clara voluntad de tutela sobre «el progreso material y moral» de las clases populares. Esos mismos estudios han demostrado, sin embargo, que el progresismo —ayudado por el decidido carácter exclusivista de la opción moderada— mantuvo una fuerte conexión con las aspiraciones populares y una impronta popular revolucionaria e incluso mesiánica durante todo el reinado isabelino. Sigue abierto el debate sobre si esa conexión con el radicalismo popular y la tendencia a privilegiar la insurrección sobre la movilización electoral y partidista fue una consecuencia, indeseada, del exclusivismo moderado o parte sustancial del universo político de los progresistas.

En todo caso, aunque no se logró nunca una integración positiva y pacífica del progresismo, su historia no es solo la de una marginación y de un fracaso. La decisiva contribución del Partido Progresista a la ruptura liberal, a sus características particulares y a su alcance es innegable. Especialmente desde el ámbito local —en el que consiguieron un poder significativo en el contexto de la guerra civil carlista y de la legislación municipal de 1837— lograron mantener viva y operante la esperanza de una esfera pública liberal abierta, inclusiva, capaz de propiciar cambios que habrían de ser no únicamente políticos, sino también sociales. Para ellos, la libertad era un horizonte abierto de derechos que no solo tenía como objetivo —según quería, por ejemplo, Madame de Staël— restablecer la desigualdad natural frente a la desigualdad del privilegio. Incluía también una voluntad proyectiva y creadora en la medida en que, en palabras del progresista español Salustiano de Olózaga, ayudaba a recorrer «la senda segura de la libertad y a realizar hasta donde sea posible el dogma de la igualdad de los hombres».

Desde este punto de vista —y en relación con las observaciones anteriores respecto a las dificultades de un consenso de mínimos entre los «liberalismos respetables»—, lo que realmente dividió a moderados y progresistas fue la voluntad de los segundos de ampliar el gobierno representativo, de crear clases medias y «capacidades», frente a la mucho más cerrada defensa del statu quo social y político de los moderados. La arraigada defensa del talento y el mérito como medidas de juicio y ascenso individual y social formaron parte sustancial del entramado de valores que definieron la cultura política progresista clásica, lo cual permitió precisamente que se convirtiese en un marco de referencia —fundamental para la ampliación social y política del liberalismo— que podía compartir a menudo espacios, discursos, formas de sociabilidad y actuaciones políticas con los variopintos grupos demócratas y republicanos.

Estos últimos, surgidos en buena medida de la resistencia al pacto posrevolucionario de los años treinta entre los «liberalismos respetables», acabaron por representar una dura competencia, según avanzaban los años y los desengaños, para el progresismo histórico. A partir del llamado Bienio Progresista de 1854 a 1856 y, sobre todo, de la experiencia del Sexenio Revolucionario de 1868 a 1874, su capacidad de atracción sobre el mundo del artesanado, del trabajo industrial, de los pequeños tenderos y propietarios, de las profesiones liberales en sus estratos medios, etcétera, permitió enlazar el liberalismo con la democracia e incluso con el socialismo incipiente. Más allá del debate sobre si los demorrepublicanos constituyeron una o varias culturas políticas —un debate que tiene mucho que ver con la concepción de «cultura» y «política» que se maneje—, parece evidente que ya no es posible pensar la experiencia isabelina (y del Sexenio Revolucionario) sin tener en cuenta la capacidad de movilización popular de todos estos grupos y su potencial desestabilizador del liberalismo clásico.

Lo mismo ocurre, en el extremo opuesto del arco político, con la persistencia del carlismo; es decir, de una alternativa antiliberal resistente en lo cultural y en lo político, con una capacidad de movilización efectiva, aunque desigual social y geográficamente, que recorrió todo el reinado más allá de la derrota militar que tuvo lugar de 1839 a 1840. Una alternativa antiliberal que no solo se manifestaba en grupos declaradamente carlistas, sino que estuvo incrustada en la Administración, en la Iglesia, en la corte y en el mismo Partido Moderado.

Como es sabido, fue este último el que acabó imponiendo a partir de 1843 su particular idea del alcance de la revolución y de lo que debía ser el nuevo Estado-nación. Un Estado que acabó fuertemente marcado con su impronta autoritaria y excluyente, pero también mayoritariamente liberal.

Los últimos estudios al respecto comienzan a analizar con mayor atención las cuestiones relacionadas con la nueva organización territorial y administrativa del Estado y sus efectos, mediante una fructífera tendencia a combinar el estudio de la legislación con el de las prácticas sociales y políticas. Volveremos sobre ello al hablar del cambio social y económico del periodo. De momento, basta señalar que comenzamos a conocer mucho mejor la lógica de la relación entre política y Administración, inmersa en un juego constante (de negociación y conflicto) entre los intereses locales, provinciales y regionales procedentes de la sociedad civil y el alcance de la voluntad centralizadora del moderantismo. El debate sobre este tema también sigue abierto y pendiente de investigaciones más concretas sobre las dinámicas ascendentes o descendentes en los procesos electorales, la negociación y el conflicto entre las élites locales y estatales, el papel de los municipios y su capacidad (o no) de sustraerse al control central, la cuestión de la peculiaridad foral vasca y sus relaciones con las nuevas propuestas administrativas para las colonias, etcétera.

La ya abundante reflexión sobre el proceso de nacionalización y sus limitaciones, así como la inclusión creciente de una perspectiva de género en el análisis de la ciudadanía y de la nación moderna se inserta en este terreno de cruce de perspectivas de investigación entre lo político, lo social y lo cultural. Estas perspectivas nos resultan inseparables para comprender los intereses materiales y los valores que fueron configurando la nación moderna y la potencia (o no) del nacionalismo español frente a otras dinámicas e identidades. También aquí los estudios más novedosos sobre este periodo insisten en la necesidad de evitar perspectivas excesivamente teleológicas y descendentes, rescatan la pluralidad de iniciativas procedentes de la sociedad civil y discuten de nuevo la existencia de una dicotomía rígida entre las identidades regionales y la construcción nacional. Es interesante en este aspecto observar el avance de las investigaciones concretas (aún rezagadas respecto al debate teórico-metodológico) sobre los mecanismos informales de nacionalización, el papel de las identidades regionales en ese proceso, la centralidad de la revolución liberal y de la noción de soberanía nacional como factor de nacionalización y los costes que, al respecto, pudieron tener las frustraciones de muchas de las expectativas depositadas en ambas.

En todo caso, la creciente y más compleja voluntad de establecer marcos comparativos eficaces con las trayectorias europeas y americanas ha permitido, desde todos esos ámbitos, precisar mejor la caracterización del régimen isabelino y su particular forma de desembocar en la experiencia democrática de 1868 a 1874. Voy a centrarme en algunas de ellas que creo pueden servir para iluminar mejor la posición política, el alcance y las limitaciones de la tradicional hegemonía del Partido Moderado a lo largo de todo el periodo.

Es ya un tópico considerar que la limitación fundamental de la monarquía isabelina fue la de ser una monarquía de partido: la monarquía del Partido Moderado. Sin duda esto es cierto, como lo fue también en la Francia orleanista respecto a los doctrinarios. Sin embargo, en España, creo que las cosas fueron más complejas. Existen al respecto diferencias de raíz en las que quizás no se haya enfatizado lo suficiente ni, sobre todo, se hayan extraído todas sus graves consecuencias.

Por una parte, sería necesario reflexionar más a fondo sobre el hecho de que el principio de la soberanía nacional —defendido por los progresistas— fuese descartado por los moderados, en un sustrato ideológico profundo, no por ser un principio de gobierno abstracto o quimérico, ni siquiera porque constituyese un atentado potencial contra la autoridad monárquica. Se descartó porque atentaba contra la identidad nacional española (a su juicio monárquica y católica por excelencia) o, al menos, la ponía en cuestión. Así, a diferencia de lo ocurrido en Bélgica y en Francia, y a diferencia del planteamiento progresista, la monarquía moderada evitó mantener deudas explícitas de origen con la revolución, ni siquiera, en sentido estricto, con el liberalismo. Desde el punto de vista moderado, los lugares de la memoria liberal acabaron siendo (desde 1808, Cádiz o el motín de La Granja, por ejemplo) profundamente inestables y peligrosos, recuerdos que borrar o neutralizar. Era esta una opción negativa respecto a la tradición de lucha liberal contra el absolutismo, que se veía reforzada por la aguda inseguridad de los moderados en su conjunto ante la mayor implantación popular y capacidad de movilización política de los progresistas.

Al no concebir otro medio de reforzarse como partido que el de reforzar el poder de la Corona, el moderantismo dependía estrictamente de su capacidad para secuestrar o manipular el poder real. Esta posición lo convertía inevitablemente en un partido de corte y, al hacerlo —como señaló el propio Andrés Borrego (uno de los moderados más lúcidos)—, no podía sino perder autoridad frente a la Corona y pasar de secuestrador a secuestrado. Esto fue exactamente lo que ocurrió a mediados de los años cincuenta y luego, definitivamente, en los años previos a 1868.

Por otra parte, en la Francia orleanista y del Segundo Imperio, en la que se miró sucesivamente el conservadurismo español, las posiciones reaccionarias del legitimismo apenas sobrevivieron como alternativa política y contaminaron muy escasamente a sus gobernantes. En España, sin embargo, las fuerzas de la reacción antiliberal no se reducían a la amenaza del carlismo, sino que se encontraban encarnadas en un sector del Partido Moderado (los llamados realistas isabelinos) y, sobre todo, en la propia corte, cuya cultura política fue siempre una cultura de resistencia al liberalismo. Para ambos, las instituciones representativas, aceptadas a regañadientes, no eran otra cosa —como dijo el marqués de Viluma, partidario de un pacto de Estado con el carlismo— que «meros límites al único poder en la sociedad, el poder del monarca».

En este contexto, la búsqueda del favor regio, cada vez más al margen del juego parlamentario, agudizó las divisiones internas latentes del moderantismo, cuya práctica política estuvo condicionada, desde el principio, por su carácter de partido de aluvión en el que convivían antiguos liberales revolucionarios con absolutistas más o menos reformistas, que habían optado por la defensa de los derechos de Isabel II, e incluso con excarlistas. Desde los mismos inicios de su trayectoria en el poder, el Partido Moderado osciló entre la voluntad de pactar con el carlismo y la necesidad de integrar al progresismo en el juego político. No llegó a hacer ni una cosa ni otra y buscó su legitimación en un «justo medio» doctrinario, capaz de neutralizar el carlismo y de detener aquel progresismo que, en parte con razón, consideraba heraldo de una revolución sin límites reconocibles dentro del universo estrictamente liberal.

Desde ese punto de partida creo que está desenfocado el reproche clásico a la monarquía isabelina respecto a su falta de evolución hacia una instancia arbitral del juego político entre los partidos liberales. Lo está porque esto implica establecer para ella unos objetivos que en su diseño original todo estaba destinado a bloquear. La distancia entre la formulación doctrinaria del «poder moderador» de la Corona y su práctica política resultó a la postre insalvable. En realidad nadie creyó nunca en ese poder moderador; ni el Partido Moderado (con la excepción quizás de su ala izquierda «puritana»), ni por supuesto la corte, ni en muy buena medida tampoco el Partido Progresista.

Más aún, la desagregación del moderantismo —que acabó por reproducir en su seno el cainismo político que había caracterizado sus relaciones con los progresistas— afectó a la posición de la Corona en un doble sentido. Por una parte, creó para ella un margen de poder independiente sostenido por la máxima de divide et impera, que tan larga tradición tenía en el ejercicio borbónico del poder. Por otra parte, y no necesariamente en contradicción con lo anterior, arrastró a la monarquía a complicarse en el conflicto interno entre las diversas banderías del partido. Una implicación que bloqueó, así, desde el principio, cualquier posibilidad de convertirse en una institución reguladora o arbitral, no ya entre moderados y progresistas, sino ni tan siquiera entre los propios moderados.

Es este un aspecto crucial de la dinámica política del reinado que creo conviene enfatizar. El protagonismo otorgado a la Corona y su deriva autoritaria, con tintes incluso antiliberales, provocó la fractura interna del partido que había defendido y sustentado inicialmente su poder. No es un hecho que deba olvidarse: un sector importante del Partido Moderado, que se identificaba claramente con el liberalismo, se vio obligado a optar y, aunque fuese a regañadientes, lo hizo por la insurrección. Algo que ocurrió en 1854 y volvería a ocurrir en 1868. Ahí es donde reside, a mi juicio, el gran fracaso de la monarquía isabelina no respecto a lo que debería haber sido, sino a lo que quería ser: el instrumento de dominación de un conservadurismo político legitimado por su capacidad de neutralizar a un tiempo la reacción y la revolución.

Una buena muestra de la vitalidad y de la fortaleza del liberalismo español en su conjunto, frente a todo lo que se ha dicho acerca de su debilidad y de sus contradicciones internas, es que consiguió (a pesar de los enormes obstáculos en su contra) doblegar a la monarquía borbónica lo suficiente como para que esta se viese forzada a reconocer, en 1874, que el rey y el Parlamento estaban obligados a llegar a compromisos. Para entonces, el gran Partido Moderado isabelino estaba hecho trizas y subordinado a los herederos directos de su ala izquierda «puritana», la llamada Unión Liberal, que venía defendiendo desde los años cuarenta la necesidad de integrar al progresismo en el juego político. Por ello, la Unión Liberal (en la que se formaron políticamente tanto Álvarez Bugallal como Cánovas del Castillo) fue siempre algo más que una mera reedición del moderantismo clásico y acabó convirtiéndose en una de las posibles salidas liberales, aunque conservadoras, al bloqueo político del reinado isabelino. Un bloqueo final que no fue el resultado de un liberalismo alicorto y socialmente minoritario, sino, más bien, de todo lo contrario: el de un liberalismo activo y resistente, con notable capacidad de movilización y una pluralidad de horizontes de futuro entre los cuales el régimen de la Restauración fue tan solo uno de ellos.

LA POLÍTICA INTERNACIONAL: NACIÓN E IMPERIO

La orientación y las características de la posición española en el mundo contemporáneo, fraguada al hilo de la guerra carlista y de la ruptura liberal de mediados de los años treinta del siglo XIX, deben analizarse desde una perspectiva doble pero interrelacionada. Por una parte, desde la integración en el bloque liberal europeo, liderado por Francia y Gran Bretaña, frente a las llamadas «potencias del Norte», Rusia, Prusia y Austria. Por otra, en el contexto de las condiciones de acomodo a la quiebra definitiva de España como gran potencia territorial del Antiguo Régimen.

La firma de la Cuádruple Alianza en abril de 1834, por la cual Francia e Inglaterra se comprometían a apoyar la causa liberal en las guerras civiles de España y Portugal, respondía a intereses mucho más amplios que los estrictamente peninsulares. Era una alianza que buscaba reconfigurar el mapa europeo, tras las revoluciones de 1830, a través de una entente cordiale entre las dos grandes potencias occidentales que permitiese «ordenar» su histórica rivalidad, especialmente en el área mediterránea, que tan decisiva era para los intereses de ambas. Dentro de esa alianza, España ocupaba el papel de una potencia de segundo orden, objeto y escenario de la rivalidad entre las dos potencias mayores que —más allá de su formal colaboración— pugnaron por ampliar y consolidar su influencia sobre la nueva nación liberal. Por lo que respecta al segundo aspecto, el vasto Imperio español había quedado reducido a un grupo disperso, pero todavía significativo, de posesiones americanas, asiáticas y africanas: básicamente, Cuba y Puerto Rico, las islas Filipinas, Marianas y Carolinas, Ceuta, Melilla, Río Muni y Fernando Poo.

En las dos últimas décadas se está produciendo una importante reevaluación del significado de esa doble posición española en el mundo que afecta a algunos de los tópicos más manidos sobre la decadencia secular, la subordinación absoluta a los dictados de la alianza (y la rivalidad) francobritánica y al papel político, económico y cultural del imperio. De nuevo, esto ha sido posible, además de por un incremento sustantivo, aunque aún insuficiente, de investigación empírica, por la quiebra de los modelos normativos de evolución y valoración de las actuaciones internacionales «modernas» desde una perspectiva comparada y trasnacional mucho más compleja.

Durante la primera etapa clásica de las relaciones internacionales de este periodo, la comprendida entre 1834 y 1847, en que se dio por concluida la Cuádruple Alianza, no hay duda de la activa intervención de Inglaterra y Francia en la política española. Una intervención que tenía que ver no solo con factores de índole política o ideológica, sino obviamente económicos —negociación de empréstitos, inversiones y tratados comerciales ventajosos—, así como con decisivos intereses geoestratégicos francobritánicos en el norte de África.

Es cierto que la intensidad del conflicto partidista en España tuvo su correlato en política exterior a través de la tradicional anglofilia progresista y la francofilia moderada. En la época, fueron habituales las acusaciones mutuas de dependencia respecto a los intereses de una u otra potencia. Sin embargo, las cosas resultaron ser más complejas: los partidos Moderado y Progresista nunca fueron meras correas de transmisión de los intereses de Francia o Inglaterra, sino que buscaron activamente la implicación de ambas como apoyo para sus propios intereses de partido o lo que creían que era el interés nacional. Su actitud no fue pasiva, sino activa y, aunque sin duda desde una posición de debilidad, esta implicó resistencias, negociaciones y acomodos continuos, así como una atención nunca desdeñable a la opinión pública española. El problema de los aranceles, las tensas relaciones con la Santa Sede o las condiciones de la intervención aliada en la Primera Guerra Carlista son buena muestra de ello.

Resultan significativos en este terreno las causas y el desarrollo de la quiebra del llamado «espíritu» de la Cuádruple Alianza en 1847, a raíz del disgusto británico por la forma en que se habían resuelto el matrimonio de la reina Isabel y el de su hermana (casada con un hijo de Luis Felipe de Orleans) un año antes. En todo el enrevesado proceso de negociaciones sobre aquellos matrimonios reales —que quizás fueron los últimos sujetos a la vieja política de potencias— fue evidente que las rivalidades entre los partidos españoles y la rivalidad francobritánica actuaron como cajas de resonancia mutuas.

El fin de la Cuádruple Alianza abrió el camino para el inicio de una política exterior más activa: la búsqueda de un lugar en el mundo para una potencia europea, pero también americana, que aspiraba a una honrosa, respetable y destacada segunda fila en el concierto de las naciones. Uno de los grandes problemas diplomáticos de los liberales españoles fue el derivado de la ruptura de relaciones con la Santa Sede a partir de 1837 debida a la política seguida respecto a la Iglesia y, especialmente, a la desamortización.

Con la consolidación en el poder de los moderados, recomponer aquellas relaciones (y, al tiempo, preservar los rasgos básicos del diseño liberal respecto a la posición de la Iglesia y el Estado) fue un objetivo prioritario. En 1848, el nuevo papa, Pío IX, amenazado él mismo en su poder terrenal, acabó reconociendo a Isabel II, lo que abría el camino para que lo hiciesen las potencias del norte. Al año siguiente el general Narváez envió una expedición militar para defender los Estados Pontificios. El desembarco en Gaeta el 27 de mayo de 1849 —más allá de su significación para los católicos y de su relevancia real en el curso de los acontecimientos— fue el primer momento de protagonismo internacional de España en décadas.

Finalmente, en octubre de 1851, se firmó el Concordato con la Santa Sede. Debe destacarse que el acuerdo solo se desbloqueó con la llegada al poder del ultramoderado Bravo Murillo. Previamente, incluso Narváez se había resistido a conceder a la Iglesia todas las satisfacciones que exigía. Los aspectos fundamentales del Concordato fueron, como es sabido, la garantía absoluta de la unidad católica «con exclusión de cualquier otra», el compromiso estatal en la dotación del culto y el clero, el derecho de la Iglesia a adquirir y poseer propiedades, la devolución de los bienes desamortizados no vendidos, el restablecimiento de las órdenes religiosas y la supervisión religiosa sobre la educación y la imprenta. A cambio, la Santa Sede reconocía las ventas realizadas de bienes desamortizados y se comprometía a no molestar jamás a sus compradores. El resultado fue un marco estable de relaciones entre la Iglesia católica y el Estado liberal —renovado con ligeras modificaciones en 1859— por el cual este último imponía su modelo de organización y su diseño nacional a cambio de conceder a la primera enormes privilegios y derechos, materiales y de autoridad moral, sobre ese mismo Estado y la sociedad española.

La búsqueda de un lugar destacado en el mundo para la nueva España recibió un impulso decisivo a partir de la llegada al poder de la Unión Liberal en 1858 y los años de relativa prosperidad en que se desarrolló su proyecto. Desde entonces y hasta 1867 se sucedieron las intervenciones españolas en el norte de África, la Cochinchina (iniciada en 1857), México, Santo Domingo y las costas del Pacífico sur americano. Todas aquellas iniciativas se tomaron en un momento de inflexión clave para el colonialismo moderno. Tras varias décadas de dominio básicamente informal en Asia y África (con la excepción en este último continente de la Argelia francesa), los años cincuenta supusieron un rápido giro hacia el dominio formal; es decir, hacia la ocupación efectiva de amplios territorios en ambos continentes. Un periodo en el que se realizaron también varios tanteos de penetración en una América que fue necesario reconocer —ya muy entrado el siglo y agotada la capacidad de potencia mediadora de Gran Bretaña— como área de influencia prioritaria de Estados Unidos. España —con un imperialismo «casero y modestito», como dijo Pérez Galdós, pero imperialismo al fin y al cabo— no dejó pasar la ocasión de participar, a la escala a la que le fue posible, en esta nueva dinámica.

Los avances más sustanciales en la investigación al respecto se han realizado en tres direcciones complementarias. Por una parte, se ha cuestionado la absoluta dependencia de las intervenciones españolas a los diseños geoestratégicos francobritánicos; algo que queda demostrado en la salida de México en 1862 o la actitud neutral en el tema del reino de Italia. Por otra parte, y en estrecha relación, se discute que aquellos intentos estuvieran meramente dictados por una «política de prestigio», careciesen de conexiones entre ellos, de intereses económicos o políticos definidos y fuesen esfuerzos erráticos e improvisados. Por último, se está analizando con mucho más detalle la centralidad cultural y política de las colonias para la España isabelina, más allá de su peso económico, sujeto también a reevaluación.

No voy a entrar a fondo en todas estas cuestiones, que son desarrolladas aquí, con especial atención a las relaciones entre España y América Latina, por Tomás Pérez Vejo en el capítulo «España en el mundo». Tan solo quiero apuntar algunas reflexiones básicas sobre la necesidad de comprender los objetivos internacionales de aquellos años sesenta en un doble marco que aunaba los supuestos beneficios económicos y la intención de recuperar para España el prestigio internacional perdido.

En ese escenario, la protección de las colonias remanentes fue fundamental para entender todas y cada una de las actuaciones españolas en África, América, Asia y el Pacífico. Este fue un elemento de conexión fundamental entre todas ellas, que enlazó con la opinión pública española, más allá de las divisiones entre los liberales y los discursos de legitimación en clave religiosa o de progreso de la civilización liberal que explican el apoyo o rechazo a todas o algunas de esas expediciones. En segundo lugar, en aquellas aventuras existía sin duda un componente fuertemente imitativo en el contexto de la llamada «política de potencia». Sin embargo, ese componente y ese tipo de política son valorados por todos los especialistas como acicates básicos del imperialismo europeo decimonónico que no excluyen (más bien al contrario) la búsqueda de beneficios económicos en la forma de mercados reservados, relaciones comerciales ventajosas, espacios controlados de inversión de capitales, etcétera. Estos elementos, muy presentes en algunas de las esperanzas depositadas en la campaña africana, pudieron incluir provisiones cruzadas de mano de obra (por ejemplo entre Cochinchina, Filipinas y Cuba) o recursos naturales (como el guano para la Guerra del Pacífico) y estuvieron presentes de una forma u otra en todas las intervenciones españolas. Junto con ello, y en el espacio latinoamericano, fue crucial y aglutinante de todas las iniciativas llevadas a cabo (expediciones a México, reincorporación y defensa de Santo Domingo) la centralidad de Cuba y Puerto Rico: dos colonias decisivas para la conciencia imperial y los intereses económicos españoles.

Es necesario recordar aquí la importancia de la redefinición del vínculo colonial con Cuba, Puerto Rico y Filipinas a partir de 1836. Desde entonces, dejaron de ser consideradas partes de la nación constitucional y fueron definidas como colonias en sentido estricto. El nuevo pacto colonial entre las élites antillanas y los dirigentes liberales españoles se fraguó sobre la preservación de la esclavitud y la explotación intensiva de producciones muy rentables como el café y el azúcar. En el corazón mismo de la expedición a la Cochinchina (llevada a cabo con soldados filipinos) estuvo la búsqueda de mano de obra esclava en aquella zona para las plantaciones de las Antillas.

Esa conciencia imperial y la relación establecida entre nación e imperio (en la senda general de la mayoría de los países europeos) comienzan a ser mucho más conocidas para un periodo en que se consideraba que apenas existían o tenían una incidencia político-cultural poco apreciable. Por el contrario, la vocación colonial metropolitana no es una inexplicable fantasía nostálgica e irracional, sino que tiene claramente una proyección de futuro, capaz de enlazar la narrativa de la nación y la del imperio de forma mucho más estrecha de lo que creíamos hasta ahora. La presencia de una identidad imperial de la nación española durante el periodo crucial que estudiamos aquí se pudo plantear de muy diversas maneras, con muchos conflictos y lecturas diversas, pero con una presencia indudable, que está comenzando a rastrearse y valorarse, en una gran variedad de documentación de carácter literario, artístico y político. En este sentido, la brillante reflexión de Pérez Vejo sobre la presencia de los debates españoles en los americanos, y en la forja de sus diversas y posibles identidades político-culturales, demuestra también el potencial de los estudios que necesitamos en la dirección inversa. Es decir, el análisis de la forma en que fueron leídas y debatidas las experiencias americanas, el carácter «americano» de muchos debates políticos españoles durante el reinado isabelino y durante el Sexenio Revolucionario.

Por último, todos estos estudios permiten abrir caminos mucho más fructíferos sobre las conexiones entre las intervenciones exteriores, la defensa de los restos del imperio y las diversas facetas y posibilidades abiertas para el nacionalismo español. Un tema en el que, por ejemplo, el análisis de la Guerra de África (1859-1860) desde el punto de vista del nacionalismo e imperialismo popular ha dado ya buenos frutos. Las diversas estrategias de legitimación de la guerra —y el apoyo abierto de todos los partidos— enlazaron con los lenguajes y experiencias populares. No solo en el ámbito religioso o racista más banal y conocido, sino también mediante la posibilidad de apropiación radical de la lucha contra el despotismo oriental como una lucha más general, y más propia al mismo tiempo, contra los poderes «despóticos» interiores. La relación entre el radicalismo político y las demostraciones de apoyo popular a la guerra fue objeto de una alarmada reflexión por parte de los sectores más conservadores del Partido Moderado, de la propia corte o incluso del Gobierno. Esa alarma desempeñó un papel no menor, junto con las presiones británicas, para que la campaña de África concluyese con la retirada y una «paz chica» que supo a poco después de una guerra en la que se habían depositado tantas y tan diversas aspiraciones.

Aquellas aspiraciones, como siempre ocurre con la política exterior, eran en buena medida la continuación de la política interior por otros medios. También en este terreno, la experiencia isabelina y la del Sexenio Democrático fueron fundamentales para reconfigurar el papel de España en el mundo, tanto de cara al futuro «recogimiento» canovista como de cara a la explicación histórica del fuerte impacto que supuso la pérdida de Filipinas, Cuba y Puerto Rico en 1898, las dimensiones domésticas de posteriores aventuras africanistas y la consolidación de la larga tradición de neutralidad española en la política europea.

EL CAMBIO SOCIOECONÓMICO

Las consecuencias sociales y económicas de la ruptura liberal han sido objeto de debate desde hace años. Las valoraciones más actuales se apoyan en el sustancial avance de la investigación empírica —local, regional y en el ámbito general de España— que se ha producido en las últimas décadas, cuya característica común es la crítica a conceptos demasiado rígidos y normativos de cambio social y desarrollo económico. Ya no se trata de valorar como contrapuestas las realidades anteriores y posteriores a la consolidación del liberalismo, sino más bien de analizar los cambios posibles de tendencia, su diversidad sectorial y espacial, y el juego de relaciones entre experiencias y expectativas, entre transformaciones, continuidades y nuevos desequilibrios. Todo ello requiere, más que nunca, una perspectiva comparada rigurosa y bien enfocada.

En este terreno, lo primero que cabría decir es que, sin duda, la quiebra revolucionaria del entramado jurídico y político del Antiguo Régimen no fue el origen último del cambio social y económico. Sin embargo, fue fundamental (y percibida como necesaria por los contemporáneos) para desbloquear y sancionar tendencias de cambio previas, que se movían en dirección a la economía de mercado y a una sociedad más compleja, asentada sobre el avance del individualismo posesivo, las relaciones contractuales y la propiedad privada. Su consolidación —que podría no haberse producido o haber derivado hacia otras posibilidades de reforma o involución— está estrechamente relacionada con la legislación liberal porque esta favoreció una reorganización relevante de las relaciones de poder social y económico.

La abolición de los señoríos, las desvinculaciones, la supresión del diezmo, las desamortizaciones y la libertad de mercado no fueron meros expedientes formales que se limitasen a trasladar al nuevo orden las posiciones de privilegio adquiridas previamente y a perpetuar o incrementar la subordinación (y la apatía) de las clases populares. La investigación de los últimos años, en el ámbito local sobre todo, rescata la experiencia de un conflicto político y socioeconómico plural, la existencia de una dispar, pero destacable, movilización popular y de muchas figuras intermedias que no se pueden reducir a la nobleza, la burguesía o el campesinado.

La tradicional afirmación de que los grupos privilegiados del Antiguo Régimen consiguieron sobrevivir prácticamente indemnes a la revolución es difícil de sostener. Es obvio que esto no ocurrió con la Iglesia —que perdió los diezmos y la propiedad inmueble amortizada durante siglos—, pero tampoco los señores consiguieron reconvertir de forma automática su antiguo poder político-jurídico en propiedad privada y experimentaron, como consecuencia de la revolución, recortes apreciables en sus patrimonios. La nobleza señorial tan solo consiguió la propiedad plena de sus señoríos allí donde ya lo había hecho durante el siglo XVIII, o incluso antes, al margen de su situación de privilegio. Esto fue así, especialmente, en grandes áreas de Extremadura, Salamanca y Andalucía Occidental. Mucho más adversas fueron las condiciones para los señores en otros lugares tan diversos como Madrid, Cataluña, Valencia, Ávila o Valladolid. A esas dificultades se añadió el frecuente desplazamiento de antiguas oligarquías municipales, representantes de una nobleza no señorial —o incluso antiseñorial en ocasiones— que combinaban la propiedad con el uso del privilegio y que se reforzaban con la utilización, muy extendida en España, del mayorazgo. Fue precisamente la temprana desaparición de los mayorazgos y de las exenciones fiscales lo que minó las bases de ese control de la política local y favoreció recambios muy significativos en favor de una burguesía comercial financiera y cada vez más propietaria, que adquirió en Cataluña un marcado carácter industrial.

De hecho, muchas de las grandes fortunas del Antiguo Régimen —tanto entre los señores como entre la pequeña nobleza y las oligarquías clásicas— llegaron con situaciones sociales y económicas muy deterioradas al último tercio del siglo XIX. Esa dinámica a medio y largo plazo se relaciona bien con el hecho, hoy abundantemente demostrado, de que la revolución liberal no se hizo solo contra los señores y que alteró también sustancialmente las jerarquías intermedias de la sociedad.

La investigación de las últimas tres décadas, cuando menos, apunta a que la legislación liberal sirvió para seleccionar de forma decisiva entre los antiguos grupos de propietarios (privilegiados o no), lo que les obligó a acomodarse a las reglas de juego del mercado y favoreció la movilidad social entre sectores diversos como los grandes y medianos arrendatarios, los labradores acomodados, los comerciantes hambrientos de tierras, los mandos del ejército y las profesiones liberales. Todo ello reconfiguró las jerarquías sociales antiguas, forjó unas relaciones distintas entre la antigua y la nueva riqueza y forzó la adaptación de la primera a los modelos de actividad y los criterios de respetabilidad de la segunda. Se vieron trastocados así criterios básicos de legitimidad, que habían consolidado estrategias suprageneracionales de promoción social y política; por ejemplo, los servicios a la monarquía, la prioridad de los valores religiosos o la sumisión a los herederos mayores.

Se abrieron así dinámicas complejas, que no se activaron de forma automática e inmediata. Sigue abierto el debate sobre las aportaciones «directas» de las reformas liberales al desarrollo económico, a la definición de los derechos de propiedad y a la consolidación efectiva de una sociedad de clases de tipo moderno. Los capítulos que tratan de todo ello demuestran que el análisis de las repercusiones del nuevo marco político y jurídico debe realizarse teniendo en cuenta las prácticas y relaciones sociales de poder en los ámbitos locales y regionales, donde se dirimían los cambios y también las continuidades efectivas.

En términos generales, parece bastante consolidada la idea de que la revolución liberal favoreció un aumento notable del tamaño de la economía española, lo que la colocó en condiciones de orientarse hacia un crecimiento económico propio de las sociedades capitalistas. Una evolución que fue inseparable del proceso de construcción del Estado liberal. Juan Pro, en «El proceso económico», articula su análisis de la economía española del periodo sobre una contundente, y muy bien argumentada, afirmación de que ese proceso fue el gran motor del crecimiento económico: «Si hubo crecimiento en el periodo de 1833 a 1874 fue porque se avanzó en la construcción de un Estado nacional; y si hubo limitaciones en ese crecimiento, fue debido a las limitaciones en la construcción del Estado». Los aspectos tratados son muy diversos y tan solo apuntaré algunos de ellos que resultan ilustrativos del alcance y las limitaciones de los cambios.

Por ejemplo, y en relación con un debate clásico, no hay duda de que las desamortizaciones fueron importantes desde el punto de vista del crecimiento agrario, aunque la forma en que se hicieron respondió fundamentalmente a las necesidades del Estado y no, desde luego, a una reforma agraria pensada para distribuir las tierras de la Iglesia o de los ayuntamientos entre los campesinos pobres. En realidad, las ventas de tierras favorecieron en mayor medida (aunque no solo) a los que, siendo ya propietarios, tenían capacidad para redondear sus propiedades o a burgueses enriquecidos que accedían a unas tierras que llevaban tiempo codiciando. La desigualdad social no se redujo, pero existen indicios sólidos de que el nivel de vida del campesinado mejoró algo inicialmente para perder terreno en las décadas centrales del siglo, cuando se hicieron notar los efectos de la pérdida de los aprovechamientos tradicionales de bienes concejiles y comunales. En todo caso, no hay duda de que los cambios introducidos por la legislación liberal favorecieron una gran oleada roturadora, que recortó significativamente el peso que tenían las actividades ganaderas y forestales (y no solo agrarias en sentido estricto) durante el Antiguo Régimen. Una verdadera reforma agraria favorable al campesinado habría exigido dotar a este de medios de cultivo capaces de evitar la ruina de las explotaciones y una reventa sin beneficios para un Estado que comenzó su andadura prácticamente en bancarrota y envuelto en una guerra civil que había que financiar.

Los efectos sociales de todo este proceso fueron intensos, incluidos los producidos por la liquidación de las bases económicas tradicionales de la Iglesia. Anaclet Pons y Justo Serna analizan en «Población y sociedad» lo que significaron, para la consolidación de nuevos estratos burgueses, y la forma diversa en que afectaron a los sectores populares agrarios, a sus modos y a su nivel de vida diferenciados, sus diferencias regionales, los cambios experimentados en los flujos migratorios o la nueva fisonomía de las ciudades.

El asunto de la reconversión de la Hacienda Real en Hacienda Pública y el problema de la reforma tributaria —tan ligados a las medidas anteriores y a la supresión del diezmo—, así como la cuestión del déficit permanente, demuestran de nuevo el techo insalvable que habría supuesto la permanencia de las estructuras político-jurídicas del Antiguo Régimen y, al mismo tiempo, los límites prácticos de la legislación liberal. Por una parte, parece claro ya que la reforma tributaria de 1845 fue favorable al crecimiento económico al eliminar antiguas trabas e impuestos, uniformar y simplificar el sistema fiscal y ayudar, por lo tanto, a la articulación del mercado interior. Por otra parte, al recaer fundamentalmente sobre la agricultura, favoreció (relativamente) a la industria y al comercio y sus efectos deben combinarse con la protección arancelaria. Sin embargo —y aún desde una perspectiva comparada atenta a casos similares— las consecuencias negativas fueron demasiadas, producto de la perversión sistemática de sus principios inspiradores por la oposición de los grandes propietarios, comerciantes, financieros y fabricantes. El reparto de la carga fiscal acabó siendo muy desigual (netamente impopular a través de la odiada Contribución de Consumos) e incapaz, además, de recaudar lo suficiente. Excepto en unos breves años (entre 1859 y 1863) el déficit y el endeudamiento del Estado fueron la tónica habitual, lo cual limitó también el gasto público y la contribución del Estado al crecimiento económico.

En términos globales, en el periodo de 1833-1874, la economía española experimentó una sustancial aceleración de su crecimiento que, al mismo tiempo, tendió a ser menos desequilibrado desde el punto de vista geográfico. La agricultura extensiva, cerealícola, fue combinándose con éxito con cultivos más intensivos como el olivar y, sobre todo, la vid. Tras la desactivación del foco andaluz, el crecimiento industrial prácticamente se redujo a Cataluña y estuvo relacionado no solo con la adecuada innovación tecnológica y el aprovechamiento de recursos de los fabricantes catalanes, sino con el pacto proteccionista entre estos y los terratenientes castellanos, que favoreció su conquista del mercado nacional.

A partir de los años cincuenta, sobre todo, se sentaron las bases de un nuevo modelo de crecimiento en el que desempeñaron un papel fundamental la mejora de los transportes (especialmente el ferrocarril), una agricultura más intensiva y especializada, un crecimiento indudable de las actividades urbanas y comerciales orientadas hacia el comercio exterior y un mercado interior mucho más articulado. Todo ello permitió tasas de crecimiento de la población modestas, pero significativas, impensables quizás a finales del absolutismo, así como del PIB y de la renta per cápita.

Aunque la dinámica hacia el crecimiento resulta evidente, no fue capaz de superar el retraso económico y social respecto a la Europa más desarrollada, y la distancia en realidad se amplió. El crecimiento demográfico se vio ralentizado por una alta tasa de mortalidad infantil y durante todo el periodo la esperanza de vida se mantuvo baja. Las malas condiciones sanitarias y alimentarias, la incidencia de los brotes epidémicos y las crisis de subsistencia nos hablan, como señalan Anaclet Pons y Justo Serna, de una modernización limitada y convulsa en la que la movilidad social y las expectativas creadas provocaron no pocas frustraciones, en especial si se tienen en cuenta la intensa y temprana movilización política y las aspiraciones de cambio social y económico contenidas en el proceso revolucionario.

A lo largo del periodo se observa una tendencia al alza de las desigualdades sociales, que, tras un breve periodo de convergencia hacia los años cuarenta, volvieron a aumentar, especialmente por lo que se refiere a la participación de los jornaleros y pequeños cultivadores en el crecimiento agrario. Los autores se detienen, con gran fuerza expresiva, en el análisis de los diversos mundos rurales, relacionados con la heterogeneidad de las agriculturas que convivieron durante el periodo, y analizan los diferentes niveles y formas de vida, evolución y características demográficas de una sociedad en cambio y con fuertes contrastes regionales. En todo caso, y aún dentro de sus evidentes limitaciones, no estamos ante el país de estancamiento secular y exotismo oriental que querían ver los viajeros de la Europa septentrional. España participó en los procesos económicos y sociales que afectaron a la Europa de la época y, si el marco de comparación deja de ser el de los países más desarrollados y se ajusta a las experiencias de otros países meridionales como Portugal e Italia, el ritmo de la modernización económico-social pudo ser superior durante este periodo.

Más allá de las fuertes diferencias regionales —que globalmente distinguirían la más atrasada zona central y del sur con el dinamismo de las regiones costeras orientales y septentrionales—, el siglo XIX fue el del declive social de la antigua aristocracia y del asentamiento de la burguesía (o más exactamente de las burguesías) como la clase social que polarizó, lentamente, pero de forma imparable, el cambio en las pautas de vida, el capital material y simbólico, el perfil moderno de las ciudades y una nueva cultura, en el sentido más amplio de la palabra. También en España ser burgués significaba algo más que una posición socioeconómica determinada: una ubicación estructural respecto a los medios de producción o a las categorías de renta, para entrar característicamente en el terreno de un acopio cultural propio que recorría las distintas situaciones de tipo económico o profesional. La construcción social y cultural de ese «sentirse burgués», reafirmada en compañía de otras de situación equivalente, superior e inferior, afectó a cuestiones tan diversas como la sociabilidad, la vivienda, la comida, la salud o el ocio. El resultado fue todo menos una foto fija, congelada en el tiempo, y lo que hoy se debate no es tanto la existencia del cambio socioeconómico como las proporciones variables del mismo. También en este terreno el periodo estudiado contenía diversas trayectorias posibles que no pueden reducirse a las que acabaron imponiéndose en el último tercio del siglo XIX.

UNA NUEVA ESFERA CULTURAL

Esa pluralidad y diversidad de opciones se hace especialmente patente en el ámbito cultural del periodo isabelino y del sexenio de 1868 a 1874. La historia de la revolución y consolidación del liberalismo, así como la intensa pugna entre sus diversas propuestas, ni se agota, ni se entiende mediante su reducción a variables exclusivamente socioeconómicas o políticas. Tras la muerte de Fernando VII, y como había ocurrido ya durante la experiencia gaditana y del Trienio Liberal, la gran batalla contra el absolutismo implicó la conformación de una nueva esfera cultural liberal que ahora sí pudo por fin consolidarse. Lo hizo a través de publicaciones, libros, folletos, prensa, teatro, producciones artísticas y propuestas educativas de muy diverso tipo y orientación que tuvieron un notable impacto social, y no solo entre la minoría alfabetizada. Sociabilidad burguesa y cultura se dieron la mano en las tertulias de los cafés, en los ateneos, liceos y casinos, pero también en los círculos, las asociaciones de lectura y los orfeones populares. El análisis de todas estas manifestaciones, y lo que pudieron significar, supone valorar prácticas sociales relevantes para comprender la conformación de la visión liberal del mundo en sus diversas expresiones.

Desde mediados de los años ochenta del siglo XX, cuando menos, se ha producido una importante reacción contra un concepto de cultura concebida como «el granero de la historia»: una categoría de la vida social aislada y abstraída de la compleja realidad histórica, o dependiente y mimética respecto a otros aspectos considerados más relevantes como la economía o la política. Hoy se estudian las llamadas producciones culturales como parte del diálogo, la negociación y el conflicto social y político en sentido amplio. A través de ellas, de sus mecanismos específicos de acción y creatividad, de producción y recepción, la nueva sociedad liberal y burguesa iba asentando sus valores y explorando sus contradicciones internas, articulaba nuevas relaciones de poder en torno a la educación y la conformación de nuevos saberes y disciplinas (como la historia, por ejemplo, o la higiene), el canon literario, pictórico o musical, el papel de la ciencia y de la religión, etcétera. De esta forma, las nuevas identidades de clase, de género y de nación se iban construyendo también —y en muchos aspectos esencialmente— en el ámbito de lo cultural en su sentido más amplio.

Xavier Andreu Miralles analiza, en «La cultura», el proceso que creó y consolidó esa nueva esfera cultural liberal en España. Esta constituyó, en sus múltiples manifestaciones, un espacio y un frente privilegiado para el desmantelamiento de los valores del Antiguo Régimen. Aquel cambio afectó a la consideración social y a la autopercepción del escritor y el artista, del editor, el crítico y el empresario teatral, y se creó en torno a ellos un público estable para sus producciones: un mercado cultural mucho más amplio y con reglas propias y nuevas. En este proceso —que siguió en general las pautas europeas, aunque con especificidades y ritmos propios—, cultura y política se dieron la mano de forma intensa y consciente, al tiempo que se trataba de construir una cultura nacional propia y diferenciada, más allá de la influencia de las modas literarias extranjeras, en especial francesas.

La primera y fundamental etapa —que abarca grosso modo desde mediados de los años treinta hasta finales de los cuarenta— coincide en España con la década revolucionaria y la pugna entre las diversas corrientes liberales por imponer sus distintas propuestas. Coincide también, en términos generales, con el auge del Romanticismo. Este ya estaba presente en la cultura española desde fines del XVIII, especialmente en su versión más conservadora, que identificaba la historia de España con la defensa a ultranza de la religión, las tradiciones y la monarquía absoluta. La experiencia del exilio y el cruce de varias tradiciones románticas europeas abrieron las puertas para una ampliación sustancial de la interpretación y la práctica de la «sensibilidad romántica» y sus posibilidades de engarce en la cultura española.

El debate respecto al Romanticismo en general y sobre el Romanticismo español en particular ha sido y es largo e intenso. La naturaleza poliforme y escurridiza del fenómeno se entiende mejor si se asume que nunca existió, ni en España ni en ningún otro lugar, un solo Romanticismo, sino varios. Qué cosa era lo romántico se extendió tanto, y en tantas direcciones posibles, que permitió acoger a autores tan dispares como Martínez de la Rosa, el duque de Rivas, Larra y Espronceda, Ros de Olano y José Zorrilla. Para apreciar mejor el fenómeno en toda su complejidad, merece la pena explorar, además, el hecho de que España ocupase un lugar especial dentro del imaginario europeo (tanto en su vertiente conservadora como radical) en tanto que «país romántico por excelencia». Las respuestas a los diversos estereotipos extranjeros ocuparon un lugar crucial en el debate cultural de aquellos años y estuvieron plenamente imbricadas en la lucha por la definición de lo que habría de ser la nueva nación liberal.

La inquietud romántica fue, al mismo tiempo, parte y forma de expresión de las incertidumbres de una sociedad en pleno proceso de transformación que impugnaba los corsés y las jerarquías de la cultura clásica, explorando nuevas relaciones entre lo cultural y político, entre lo individual y lo colectivo. Por eso, es relevante analizar la batalla librada entre los distintos sectores del liberalismo por controlar la esfera cultural e imponer en ella, y desde ella, patrones de inclusión y de exclusión en los diversos cánones que pugnaban por conformarse. Es cierto que la preeminencia de la vertiente más rebelde o radical del Romanticismo fue breve en España. Sin embargo, su impacto sociocultural y político fue decisivo y demostró la vitalidad de corrientes literarias o artísticas más cosmopolitas, menos casticistas y más «modernas» que las representadas por el Romanticismo histórico.

No debe minusvalorarse, en este terreno, la importancia que adquirió el teatro romántico en el mismo momento de ruptura liberal y de guerra civil con obras como Don Álvaro o la fuerza del sino, del duque de Rivas, así como la obra poética de José de Espronceda y la amplia labor periodística de Mariano José de Larra, por citar las figuras más sobresalientes, aunque, quizás también, las más atípicas. Por último, no es casualidad que fuese durante estos años de turbulencias culturales y políticas tan intensas cuando encontrasen voz y lugar un número relativamente nutrido de mujeres escritoras (entre ellas Gertrudis Gómez de Avellaneda o Carolina Coronado), que exploraron el alcance y los límites respecto al despliegue de su propia individualidad que permitía la sensibilidad romántica. Muchas de estas escritoras participaron también en un conjunto de publicaciones periódicas —por ejemplo, La Ilustración. Álbum de Damas, dirigida por Avellaneda— que abordaron la situación social e incluso política de las mujeres y supusieron un paso importante en la larga y entrecortada tradición feminista en España.

Desde finales de los años cuarenta, la esfera pública más plural e inclusiva del periodo revolucionario comenzó a cerrarse. La hegemonía de los moderados, que trajo consigo cambios culturales más amplios que los políticos o socieconómicos, produjo una legislación de prensa y censura cada vez más restrictiva que se desplegó en paralelo con la crítica contra los excesos de la creatividad y la rebeldía románticas potencialmente más radicales. Los años cincuenta y sesenta supusieron el avance del eclecticismo político-filosófico y el de una estética más «realista» en todos los ámbitos literarios y artísticos. El costumbrismo más o menos romántico se impuso en España (como también lo hacía en fechas similares en Inglaterra o en Francia) y se aprecia una clara tendencia a preferir, siguiendo la famosa dicotomía de Edmund Burke, lo bello (la cotidianidad de la vida burguesa) antes que lo sublime, atormentado y revolucionario. También en este terreno las diferencias entre autores y obras son, por supuesto, muy grandes. Por ejemplo, entre las producciones e intereses de Ramón de Campoamor, la lírica intimista del poeta casi maldito que fue Gustavo Adolfo Bécquer, las obras de Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber) o la poesía de Rosalía de Castro. Por otra parte, no todo el romanticismo fue repudiado en el nuevo ambiente moderado, como demuestra el éxito de José Zorrilla, representante de una vertiente dominante de carácter católico, conservador y medievalista.

Como argumenta Andreu, no se trata de establecer conexiones mecánicas y unívocas entre el mundo cultural y la evolución política del reinado, sino de valorar un conjunto amplio de prácticas culturales que nunca estuvieron al margen del conflicto social y político en sentido amplio. Por ello, los descontentos de la esfera pública moderada, aunque buscaron también en el ámbito cultural formas de expresión propias, participaron en buena medida del giro más «realista» de la cultura de mediados del siglo, al igual que ocurrió en Francia durante, sobre todo, el reinado de Luis Felipe de Orleans. También las novelas «sociales» (o historias-novela y de costumbres), en formato de folletín, tuvieron un éxito popular y una capacidad de conmocionar las certidumbres y la autocomplacencia indudables de la cultura oficial. Entre sus representantes destacan escritores de simpatías demorrepublicanas como Ayguals de Izco o el catalán Antonio Altadill, entre otros.

Un debate fundamental sobre las características, y el alcance, de la cultura liberal durante el periodo isabelino es, por supuesto, el referido a la educación, especialmente en relación con el papel decisivo que logró conquistar en ella la Iglesia católica. Aquí también es necesario destacar el esfuerzo liberal, incluyendo en él, y significativamente, al liberalismo moderado, por plantear la educación como un asunto de interés público, lo que implicaba otorgar al Estado la primacía en el diseño y control del sistema educativo. Algo que inspiró claramente el Plan Pidal (1845) y la Ley Moyano (1857), que sentaron las bases de la educación pública decimonónica. Esta última fue decisiva por muchos aspectos, pero me gustaría destacar un aspecto que provocó la preocupación de los sectores más ultramontanos: la creación de las facultades de Ciencias, que fueron desgajadas de las de Filosofía, lo que reforzó el control ministerial sobre la educación universitaria.

En ese sentido, los estudios recientes demuestran la voluntad secularizadora mayoritaria de los liberales, que explica en buena medida la ofensiva neocatólica y el gran debate respecto a la educación y la ciencia de los años sesenta. La indudable desvirtuación de muchos de los objetivos y supuestos de las leyes liberales fue debida a la dejación de responsabilidades en la práctica, producto sobre todo (pero no exclusivamente) de las dificultades financieras del Estado, tanto generales como en los decisivos ámbitos locales y provinciales. En todo caso, al menos hasta que el sistema comenzó a dar muestras de agotamiento en torno a 1865, el progreso fue modesto, pero sostenido y relevante, si se compara con periodos previos, o incluso con el asfixiante peso educativo de la Iglesia durante la Restauración. La escolarización creció lentamente, aunque en 1868 aún no se había conseguido rebasar la barrera del 50 por ciento de los niños para la enseñanza obligatoria básica, mientras la tasa de alfabetización masculina rondaba el 35 por ciento. Cifras muy modestas, sin duda. En todo caso, el debate al respecto requiere muchos más estudios empíricos sobre la enseñanza pública que atiendan sobre todo a las prácticas educativas, los programas y saberes efectivamente enseñados, las abismales diferencias sociales y de género, etcétera.

Conocemos mucho mejor el impacto —entre los sectores más ilustrados, progresistas y universitarios— de las propuestas de la particular lectura española del «krausismo», que se convirtió en una especie de «religión o filosofía cívica», orientada hacia la reforma ética, moral y social, con su énfasis en la perfectibilidad, el progreso y la razón. Lo mismo comienza a ocurrir con la consolidación de la higiene como disciplina científica que, en España, tuvo a su máximo representante en Pedro Felipe Monlau. Su particular evolución del progresismo radical al pragmatismo moderado es ilustrativa de los avatares de toda una generación, como lo es su influencia en la configuración cultural de lo «socialmente saludable», que aunaba los intereses del nuevo Estado con una serie de valores morales, religiosos y científicos que tenían, a su vez, una fuerte carga de distinción entre las naturalezas y las funciones diferenciadas de los hombres y las mujeres.

Al igual que en otros muchos aspectos relevantes desarrollados aquí, el Sexenio Democrático o Revolucionario (1868-1874) constituyó un final y un nuevo comienzo. Buena parte de las ideas y propuestas culturales, educativas y artísticas que se habían gestado en los márgenes de la cultura oficial durante el reinado isabelino (el krausismo notablemente, cuyos intelectuales ocuparon altos cargos en todos los espacios políticos y culturales de la época) encontraron su momento de expresión y experimentación durante aquellos turbulentos años. Con ellos se cerraron las primeras grandes etapas de conformación y pugna por el control de la nueva esfera cultural que había surgido al hilo de la ruptura liberal con el absolutismo.

LA VIDA POLÍTICA

María Sierra

En todo el mundo atlántico, las décadas que transcurren entre 1830 y 1880 albergan el desarrollo histórico de un proceso político medular, el de la reinvención de los principios de autoridad y legitimidad tras las revoluciones que habían dado al traste con el viejo orden del Antiguo Régimen. Ante el reto de reorganizar las referencias teóricas y prácticas de su universo político, las nuevas élites idearon la fórmula del gobierno representativo, con el objeto de filtrar la naciente participación de la ciudadanía a través de la selección de los gobernantes. En este proceso, de forma interconectada y a través de influencias culturales que viajaron de una a otra orilla del Atlántico, el liberalismo occidental gestó unos modos públicos de cuya lógica y discurso aún es deudora la política contemporánea.

En España, la configuración del nuevo régimen liberal se desarrolló en buena medida bajo el reinado de Isabel II (1833-1868), cuando quedó no solo definitivamente instaurado, sino también decisivamente definido en su alcance y límites: el diseño jurídico e institucional del sistema, las formas de entender y practicar la actividad en la nueva esfera pública; y muchos de los componentes básicos de la cultura política liberal desarrollados durante estos años tuvieron, además, una honda capacidad de pervivencia. El breve, pero prometedor, periodo de seis años (1868-1874) posterior a la revolución que destronó a Isabel II supuso un intento de ensanchar las bases sociales de la política moderna por encima del marco elitista trazado en la etapa anterior. El esfuerzo que entonces procuró conciliar liberalismo y democracia volvió a conectar a España con los ritmos más intensos de la política europea y americana; tras su derrota, plena de significados, el liberalismo conservador instauraría el régimen de la Restauración a partir de 1875.

EL NUEVO RÉGIMEN: ¿PACTO O REVOLUCIÓN?

El derrumbe del Antiguo Régimen y el paralelo triunfo del liberalismo fue un proceso plural, largo y escalonado, que, a partir de las últimas décadas del siglo XVIII, afectó en sucesivas oleadas revolucionarias a toda Europa y América. La experiencia de la revolución templó el alma del liberalismo decimonónico, que, a la vez que eclosionaba, se veía en la necesidad de desactivar el arriesgado mecanismo de cambio político sobre el que había soportado su éxito, la movilización popular. La generación posrevolucionaria de Guizot procuró garantizar un nuevo orden en el que los derechos de seguridad y propiedad no tuvieran que hacer ninguna renuncia ante el de libertad. El giro del liberalismo era ya evidente en Europa en los años treinta y muchos de los políticos españoles —que, después de haber conocido durante el exilio las realidades francesa o inglesa, se encargarían a la vuelta de la transición política de su propio país— participaban de la común necesidad generacional de encontrar puntos de fuga que dejaran atrás la revolución. La revalidación de las monarquías o la construcción de sistemas censitarios de representación parlamentaria fueron algunas de las vías a través de las cuales el liberalismo español vino a coincidir con el europeo en su obsesión por moderar y tutelar al pueblo.

Los partidos liberales con opción a ocupar el poder bajo la Corona de Isabel II —moderados, progresistas, unionistas— compartieron, como se verá, algunos supuestos básicos sobre el orden, la autoridad y el gobierno, y lo hicieron desde una cultura política que, esencialmente, entendía el liberalismo como distinto a la democracia. Aquellos que se identificaron con el nuevo orden constitucional pretendieron instalarse en distintos puntos de aquel socorrido «justo medio» que teorizaban los escritores políticos franceses para conjurar, a la vez, tanto el peligro de la tiranía de las masas como el de la tiranía de los antiguos soberanos. Este situarse en doble oposición a la democracia y al absolutismo, tan característico del conjunto del liberalismo occidental posrevolucionario, no garantizaba, sin embargo, la confluencia de proyectos, y el liberalismo español se escindió en diferentes —y cambiantes— opciones de «justos medios».

Porque, si la experiencia de la revolución marca, también lo hace la experiencia del poder. En el caso del liberalismo español, es sobre todo esta última la que decidió alineamientos partidistas que fragmentarían en diversos sentidos al mitificado sujeto de lo que nunca se dejaría de intentar construir como una potencial «unidad liberal». Ya antes de la muerte de Fernando VII, en el Trienio Liberal de 1820 a 1823, cuando se obligó al rey a actuar bajo la repuesta Constitución de 1812, el acceso y el control del poder habían puesto de manifiesto la importante heterogeneidad interna de una fuerza que solo amalgamada por una amenaza externa potente —el combate contra el francés, la lucha contra el despotismo— podía guardar la ilusión de unidad. La fractura ya en los años veinte entre liberales moderados y exaltados se heredaría y agravaría en la posterior época isabelina, si bien no de forma lineal. Durante el Trienio Liberal, el liberalismo exaltado apostó por una movilización política extensa de la ciudadanía y se apoyó sobre ella para proyectar una profundización de la revolución gaditana. Esta veta exaltada, en años posteriores, no sería exactamente el germen de aquel Partido Progresista, que, conformado a mediados de la década de 1830, disputó al más conservador Partido Moderado su hegemonía, sino una fuente preferente de un liberalismo más radical que, afincado en la democracia y en el republicanismo, mantuvo vigentes a lo largo del siglo referentes revolucionarios.

Sin embargo, el liberalismo no solo heredaba fracturas del inmediato pasado. De forma aún más decisiva, la intensa experiencia de la década que media entre 1833 y 1843, en la que las regencias de María Cristina de Borbón y Baldomero Espartero tutelaron sucesivamente la minoría de edad de la niña reina, vino a definir, tanto en calidad de soporte como de reacción, el entramado político sobre el que se elevaría el liberalismo durante el reinado de Isabel II. Fue esta una etapa seminal en lo referido a la creación de un nuevo orden constitucional y un nuevo régimen jurídico de la propiedad, positivamente marcada por la confrontación de los proyectos políticos del liberalismo avanzado y el conservador. Fueron también diez años de cambios intensos, en los que la misma definición del régimen estuvo tan abierta a la plural participación de los diversos grupos liberales como amenazada militarmente por el conflicto carlista. Con su habitual sagacidad y en alusión no solo a la rápida llegada del Romanticismo francés, Mariano José de Larra comentó que en esos años los españoles estaban tomando «el café después de la sopa»: «en un solo año hemos pasado, en política, de Fernando VII a las próximas Constituyentes, y en literatura, de Moratín a Alejandro Dumas».

Como sucede con toda metáfora, el atractivo formal de la anterior es mayor que su exactitud. Es verdad que cuando Larra la creó, la aceleración del cambio histórico estaba experimentando un brusco incremento con el ascenso de los liberales progresistas en 1835; pero también es cierto que, hasta entonces, la llegada del liberalismo al poder había tenido mucho de pacto con las estructuras del Antiguo Régimen y parecía configurarse más bien como un modestísimo proceso reformista. De hecho, lo que posibilitó en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Fernando VII la incorporación del liberalismo a la política oficial fue el ambiguo acuerdo alcanzado con los partidarios de defender el trono de la reina niña frente a aquellos sectores del régimen dispuestos a coronar al hermano del monarca fallecido, el infante Carlos María Isidro, quien ya en los años previos había actuado como catalizador de un bando «ultra» realista configurado a la derecha del mismo absolutismo. Al calor del conflicto dinástico, los liberales pudieron alcanzar el gobierno ofrecido por una regente que en nada simpatizaba con su causa, pero que acertó a defender por esta vía el trono de su hija.

Lógicamente, los sectores del liberalismo que fueron llamados entonces al poder formaban el ala más moderada del movimiento, aquella que, a estas alturas de la lucha contra el absolutismo, había templado su programa de cambios en el exilio y renunciado al discurso de la revolución. La figura del escritor y político Francisco Martínez de la Rosa es emblemática en este sentido. Su más notable actuación, con marcada vocación de prudencia y aún más evidente inspiración francesa, fue la promulgación de una Carta Otorgada —el Estatuto Real de 1834— en la que la Corona concedía al país un primer y muy reducido Parlamento, ornado con escasas funciones y elegido por un porcentaje de la población realmente exiguo.

Es cierto que tanto estas medidas moderadas de primera hora como las más atrevidas iniciativas progresistas que tuvieron lugar después se dieron en medio de una guerra civil que, como es lógico, dificultó y condicionó el proceso de transición política. Porque, aunque en la disputa dinástica buena parte de la nobleza y del ejército se había inclinado en favor de Isabel II, el otro pretendiente al trono no dejó de concitar suficientes apoyos —señaladamente los de la jerarquía eclesiástica— como para mantener con fundamento su causa hasta 1840. El carlismo, articulado programáticamente en torno a la defensa de la autoridad absoluta del rey, la supremacía de la Iglesia y, más adelante, la permanencia de los fueros —legislaciones privativas de algunos territorios que implicaban importantes privilegios fiscales y de otro tipo—, se convirtió, además, en un movimiento con apoyo popular en aquellas regiones donde alcanzó un mayor arraigo —las provincias vascas especialmente, pero también algunas zonas del interior de Aragón, Cataluña y Valencia.

Liberales y carlistas se enfrentaron tanto en una guerra de guerrillas como en frentes ortodoxamente militares durante siete años, incluso por encima del Acuerdo de Vergara, que oficialmente puso fin al conflicto. Los efectos de esta larga guerra civil fueron políticamente importantes, así como prolongados. En aquel momento, no cabe duda de que, además de convertir las zonas más afectadas por el avance de una u otra fuerza armada en escuelas de violencia política, el conflicto carlista significó durante los años de la regencia una amenaza cierta para los liberales instalados en Madrid, por mucho que acariciaran la novedad del poder. Desde el punto de vista de los propios actores políticos, sería evidente que el triunfo de la causa liberal no venía asegurado por su apoyo a Isabel II, teniendo sobre todo en cuenta que debían manejarse con una regente que entendía una hipotética alianza con el carlismo como «política de familia» al fin y al cabo, más allá de cualquier pacto puntual alcanzado para soportar el trono de su hija.

La posibilidad de una vuelta atrás, con la plena recuperación del régimen absolutista —que no en vano dominaba aún en buena parte de Europa—, debió de resultar muy verosímil no solo para las élites liberales cercanas al poder, sino también para aquellos sectores de la sociedad que se habían movilizado en favor del fin del antiguo orden y de sus privilegios de una u otra manera. La incierta marcha de la Primera Guerra Carlista y la excesiva moderación de los primeros Gobiernos de transición animaron el movimiento que, en diversas ciudades del país —especialmente en el arco levantino y meridional— y a través de juntas, milicias ciudadanas, prensa y otros medios, consiguió con su presión sobre la Corona abrir la puerta para la llegada al poder de liberales progresistas. Así sucedió primero, en 1835, con Juan Álvarez Mendizábal, proveniente del exilio liberal británico, o más tarde, en 1836, tras el Motín de La Granja, que impuso a la regente el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, con José María Calatrava, viejo doceañista, igualmente conocedor del exilio, quienes desarrollaron un programa de cambios de alcance realmente revolucionario.

Por su carácter conformador de las estructuras legales y políticas liberales, la obra de los Gobiernos progresistas entre 1835 y 1837 justifica sobradamente la observación de Larra. Fue en ese momento, con las leyes desamortizadoras, la abolición de los mayorazgos y señoríos y la concesión de algunas libertades de mercado, cuando se configuró una nueva concepción jurídica de la propiedad y se consolidó el desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen iniciado en este sentido por las Cortes de Cádiz. De forma más precisa, la amplia desamortización de tierras eclesiásticas ideada por Mendizábal fue, por sus efectos sociales y económicos, decisiva para el realineamiento de las posiciones políticas y consiguió tanto ganar el apoyo de los compradores de fincas —nuevas y viejas élites— como generar la animadversión de la Iglesia y la primera desilusión de campesinos y cultivadores, para los que fue imposible el acceso a la propiedad de la tierra. Fue entonces también, con la Constitución de 1837, cuando se inauguró realmente el gobierno representativo y se atendieron los requerimientos de división de poderes y proclamación de derechos ciudadanos característicos del constitucionalismo liberal occidental. La influencia inglesa se evidenció especialmente en una legislación electoral que dibujó un generoso censo de votantes para los criterios de la época y reconoció este derecho político no solo a propietarios, sino también a un segmento de colonos y arrendatarios (lo que significó unos 257.000 electores en 1837 que, a la altura de 1844, se habían convertido en unos 600.000).

Mientras la regente procuraba frenar el avance de este tipo de liberalismo, sus sectores más moderados se rearmaron con la intención de diseñar desde el poder un modelo más centralizado y menos participativo de Estado. La configuración de la Administración municipal, decisiva diferencia entre progresistas y conservadores, catalizó el duro enfrentamiento entre ambas opciones durante los años finales de la regencia de María Cristina. A pesar de que el triunfo de los primeros en 1840 —encarnado en la obligada renuncia de la regente y su sustitución por el militar más emblemático del progresismo, Espartero— parecía inclinar la balanza del éxito en favor del liberalismo avanzado, en realidad sería el Partido Moderado, que congregó a los sectores más conservadores de la nueva élite, el que, después de templar su voluntad de dominio político durante los tres años de regencia esparterista, mostró una efectiva capacidad de monopolizar el poder a lo largo de la mayor parte del reinado de Isabel II.

LA ORDENACIÓN CONSERVADORA DE LA POLÍTICA

El modelo político

Sucesivos Ejecutivos del Partido Moderado demostraron la polivalente capacidad del liberalismo conservador español para ordenar la política posrevolucionaria de forma continuada entre 1844 y 1854, cuando un amplio movimiento de oposición —en el que se combinaron la acción parlamentaria, el pronunciamiento militar y los levantamientos populares— les separó del poder. Frente al valor de la libertad y al imperativo de la participación, propios del primer liberalismo durante el anterior tiempo de lucha contra el absolutismo monárquico, el moderantismo convirtió el principio de orden en el referente central de la arquitectura política de su propia época. El heterogéneo conglomerado que se agrupó en torno al Partido Moderado —un aluvión de familias políticas formado tanto por parte de la vieja generación que había asistido a la revolución de Cádiz y limado luego su liberalismo en el exilio como por jóvenes románticos afectados por el malestar del cambio, sin olvidar a los amplios sectores del carlismo y el absolutismo reciclados por esta vía— encontró precisamente uno de sus principales aglutinantes en un reformulado concepto de orden, que, con potente capacidad retórica, se ofreció como antídoto contra la anarquía social y hasta como esencia misma de la modernidad.

Ciertamente, los moderados españoles pudieron encontrar inspiración y ejemplo para esta operación en los demás círculos liberales europeos del momento, donde se había abordado ya en las primeras décadas del siglo XIX una reelaboración posrevolucionaria de los principios fundamentales del liberalismo. La revisión, promovida desde la misma Francia y alimentada con argumentos del conservadurismo templado británico, abjuraba de los «excesos de la razón», a los que se hacía culpables del error jacobino, a la vez que descubría el valor de las singularidades históricas y sociales como elemento corrector del pensamiento abstracto y universal, cuya lógica igualitaria se había mostrado tan proclivemente revolucionaria a ambos lados del Atlántico. A estos efectos, el principio del orden, defendido en tanto que ineludible garantía de lo que se convino en llamar una «auténtica» libertad, se construyó como la conclusión más necesaria y la fórmula del gobierno representativo vino a auxiliar de forma eficaz la puesta en práctica de esta nueva prioridad política. Parlamento, monarquía y elecciones se combinaron en este modelo mixto de gobierno que fue defendido por sus fundadores como virtuoso término medio entre el absolutismo y la democracia, sustentado en la selección de los mejores representantes.

La puesta en práctica del gobierno representativo exigía tanto reformas constitucionales como un aprendizaje de la política moderna, que el moderantismo español interpretó de forma conservadora, aunque liberal. En el primer aspecto, el Partido Progresista había anticipado ya con la Constitución de 1837 un reparto de poderes que, en sintonía con lo propuesto por el liberalismo europeo, recuperaba la Corona y la reinventaba como poder moderador y correa de comunicación entre los demás poderes, además de rectificar el trazado constitucional de 1812 también en otros extremos. A pesar de ello, nada más acceder al Gobierno, el Partido Moderado entendió prioritaria una reforma del texto constituyente progresista, que, por la amplitud de su intención, acabó generando una nueva Constitución de larga vigencia legal, la de 1845, exacto reflejo de la esencia política del liberalismo conservador español.

Considerada la piedra angular del moderantismo, introdujo en su mismo preámbulo el principio de soberanía compartida, que dividió entre la Corona y la nación representada en el Parlamento el origen de la autoridad legítima. Otorgando a la primera potestad legislativa y una decisiva iniciativa en la formación del Ejecutivo, el liberalismo conservador pretendió construirla como barrera contra la revolución y como tamiz de la participación ciudadana, en una operación de ingeniería constitucional que no fue extraña en la Europa de la época, pero que, en todo caso, era extraordinariamente delicada, pues su éxito práctico dependía sobre todo de la discreción con la que cada uno de los poderes implicados ejecutara sus funciones. La diferente suerte del sistema parlamentario británico bajo la Corona de Victoria I y del español bajo la de Isabel II evidencia la importancia de los elementos metaconstitucionales del juego político.

Es cierto, en cualquier caso, que la norma de 1845 delimitaba un marco para la participación ciudadana evidentemente más estrecho que aquel con el que se había estrenado en España el liberalismo: los artículos referidos a la creación de un Senado de designación regia o a la catolicidad excluyente del Estado e, inversamente, los significativos vacíos constitucionales sobre la libertad de imprenta, el jurado y la Milicia Nacional marcaron a partir de entonces algunos de los más importantes bordes de la confrontación política entre el liberalismo conservador y el avanzado. Más aún cuando, en 1846, una nueva ley electoral vino a definir un procedimiento para la selección de representantes parlamentarios que restringía notablemente el derecho de voto según criterios de renta económica y desclasaba como electores a muchos varones que venían ya ejerciéndolo previamente (el censo electoral se redujo a menos de 100.000 votantes del más del medio millón existente en la anterior elección). Además de estrechar sustancialmente la extensión social del sufragio, la ley moderada condicionó el cargo de parlamentario con requisitos de renta solo al alcance de una minoría muy exigua y dificultó la competencia electoral a través del pequeño distrito uninominal —diseñado para un solo candidato—. Sin necesidad siquiera de completar el círculo con la práctica de manipulación de los resultados que se haría cada vez más frecuente, es obvio que el liberalismo moderado estaba decidido a reforzar la autoridad y el orden en sus formas más institucionalizadas por encima de la participación política de la sociedad civil. En este sentido, las lecciones teóricas de los más afamados pensadores del moderantismo —Antonio Alcalá Galiano, Juan Donoso Cortés, Joaquín Francisco Pacheco— casaban bien, a pesar de sus propias diferencias internas, con el estilo autoritario de quien más veces desempeñó la jefatura de Gobierno durante esta década: el general Ramón María Narváez.

La construcción del Estado y la Administración

Que orden y liberalismo no solo podían coexistir, sino que el primero era incluso el fundamento de un sistema genuinamente liberal, fue el axioma al que se atuvo una generación de hombres públicos —José Pedro Pidal, Alejandro Mon, Juan Bravo Murillo, etcétera— que, instalada en el corazón del Partido Moderado, controló durante estos años las riendas del Estado y puso en marcha un modelo político-administrativo que pretendió ser eficaz y moderno. Así, por ejemplo, en 1844 se creaba la Guardia Civil, como cuerpo nacional y centralizado encargado del orden público; en 1845, se ponía en marcha una reforma hacendística que, mediante la reorganización de los impuestos (directos e indirectos) y el mayor control de su cobro, aumentó la eficacia recaudadora del Estado; en el mismo prolífico año se promulgaba un plan educativo que asumía la responsabilidad pública en la ordenación y financiación de esta función, luego muy desigualmente atendida; en 1848, veía la luz un Código Penal que unificaba la legislación española sobre la materia de acuerdo con el nuevo principio de propiedad y con el criterio rector del orden; y, en 1852, nuevas leyes sobre la función pública regulaban categorías, sueldos y ascensos, sin que esta incipiente racionalización de la burocracia evitara, sin embargo, la conversión de la Administración pública en el principal coto clientelar de la época.

Estas y otras medidas se desarrollaron sobre la base de un modelo de Estado y un proyecto de Administración de vocación centralizadora. Sin detenernos en la polémica historiográfica sobre el efectivo éxito o el fracaso de tal modelo, no cabe duda de que resulta interesante observar el proceso desde la perspectiva de la historia de la Administración, ya que la primera edificación de la maquinaria burocrática que acompañaría en lo sucesivo al Estado liberal se realizó en gran medida más allá del marco legal trazado en los textos constitucionales, respondiendo a una lógica que enlazó estrechamente política y Administración, a pesar de las frecuentes declaraciones en las que el moderantismo se afirmó partidario de disociar los dos términos de este problemático binomio.

La preocupación del liberalismo conservador por dotar al aparato del Estado de una Administración eficaz, a través de la cual circularan por todos los estratos territoriales, sociales e institucionales de la nación las instrucciones del poder ejecutivo, fue temprana y constante y asumió en buena medida la herencia de una mentalidad ilustrada que, ya en el siglo XVIII, había relacionado estrechamente la buena gestión administrativa con el buen —y supuestamente despolitizado— gobierno. En esta esfera, la modernidad de los moderados se importó de la vecina Francia, donde el liberalismo doctrinario del juste milieu estaba consolidando por aquel entonces un diseño centralizado del poder que, huyendo de la revolución, hundía paradójicamente sus raíces en ella. En España, bajo esta influencia, pero también bajo la presión del propio proceso revolucionario y de la consecuente necesidad de orden sentida por buena parte de la élite política de los años treinta, una notable generación de primeros administrativistas —Javier de Burgos, Alejandro Oliván, Agustín Silvela, José Posada Herrera— ideó un sistema de Administración pública basado en el fortalecimiento de una burocracia puesta al servicio del poder ejecutivo, modelo que tendría una temprana implantación práctica con los gobiernos del Partido Moderado de los años cuarenta. Para el liberalismo conservador, la eficacia gubernativa, y consecuentemente el progreso y la misma modernidad, pasaban en este punto por un mapa centralizado e intervencionista de la Administración pública que extendiera y sistematizara el alcance de la autoridad gubernamental.

La división del territorio en provincias acometida en 1833 había sido el primer y decisivo basamento de este edificio que cubriría aguas precisamente en los años de la Década Moderada. Como bien estimó entonces Javier de Burgos, sin una adecuada división del territorio no podía procederse a la construcción del nuevo modelo administrativo necesario para el Estado liberal. En 1845, Pidal se ajustó a esta filosofía político-administrativa cuando se encargó como ministro de la Gobernación de plantear las decisivas leyes sobre gobierno local y provincial. En lo que se refiere a la Administración municipal, la rebaja de la autonomía política de los Ayuntamientos y el aumento de su dependencia respecto al Gobierno central quedaron dictaminados con la designación regia de los alcaldes, el otorgamiento de amplios poderes a los jefes políticos provinciales y una drástica reducción del cuerpo electoral también en este ámbito. De forma complementaria, la gestión de la unidad provincial resultó aparentemente desideologizada por medio de su encomienda a la figura del jefe político —pronto gobernador civil— que, nombrado por el Gobierno, debía actuar como fiel correa de transmisión entre la capital y la periferia del Estado. Este conjunto de mecanismos no solo otorgaba al Ejecutivo un control directo de la Administración local y provincial; sino que, en combinación con el sistema electoral general, que hacía descansar en estas instancias la vigilancia de la legalidad de los comicios, se convirtió en el soporte de la densa red de relaciones clientelares sobre la que, en última instancia, descansaría la política nacional.

El análisis del modelo liberal moderado de Estado, visto desde la perspectiva de la organización administrativa del territorio, puede resultar aún más productivo historiográficamente si, como se ha abordado recientemente, se tiene en cuenta que España no era entonces la nación conformada por la Península e islas adyacentes que conocemos hoy en día, sino que incorporaba aún importantes restos de lo que había sido un vasto imperio colonial. Sin Cuba, Puerto Rico y Filipinas no se puede entender la historia económica española del siglo XIX; pero su suerte política también es muy reveladora. Si la Constitución de 1812 había abierto, aunque con incoherencia y resquemor, las puertas a una nación formada por españoles de los dos hemisferios, en la posterior norma de 1837 se dio por cerrada la aventura de la igualdad política para los territorios americanos. La dificultad del reto de gobernar la diversidad que una nación de esta naturaleza implicaría, junto con el peso de una visión económica colonialista que reducía estos territorios al beneficio mercantilista de sus riquezas, se impuso cuando el liberalismo progresista en el poder marginó a las provincias que no se habían proclamado independientes, encomendándolas a una «leyes especiales» que las dejaba fuera de la protección constitucional. Probablemente aún menos hubiera entendido el liberalismo conservador años después cualquier posible diálogo político con espacios en los que se acuñaron propuestas de autonomismo o de federalismo para rehacer los lazos con la vieja metrópoli. En cualquier caso, la Constitución de 1845 prolongó el limbo jurídico de las leyes especiales y encomendó el gobierno de las últimas posesiones coloniales a capitanes generales, que lo ejercieron con diverso grado de autoritarismo militar. Bajo todo el reinado de Isabel II, el liberalismo peninsular no encontró motivos para interesarse por gobernar en condiciones de igualdad política unos territorios que prefirió construir como colonias, y habría que esperar a la revolución de 1868 para que se reabriera la posibilidad de una representación parlamentaria de estas islas en España.

Si el liberalismo de orden se encontraba dispuesto a recortar la nación, también lo estaba a hacer excepciones. Y de manera similar a lo evidenciado por la historia de los territorios americanos en la conformación liberal del Estado español, la peculiar historia de la supervivencia del sistema foral privativo de las provincias vascas, por encima del proceso de uniformización jurídica e igualdad constitucional, que, en teoría, constituiría uno de los fundamentos básicos del nuevo régimen, contribuye a iluminar las fronteras internas del liberalismo. Es fácil de entender que buena parte de los habitantes de unos territorios beneficiados por antiguos derechos privativos, ligados a la condición colectiva de hidalguía, se resistieran a aceptar una Constitución que, afirmando la igualdad jurídica de la nación, acabara con tales privilegios. En nombre de la tradición, muchos defendieron el mantenimiento del sistema privativo de derechos que suponían los fueros.

Lo que es menos fácil de interpretar son los motivos por los cuales el liberalismo moderado en el poder, de declarado modelo estatal centralizador y de fuerte inspiración francesa en su pretensión de uniformización jurídica, admitiera la compatibilidad de la pervivencia de estas antiguas leyes con el proyecto modernizador de nación que pretendía protagonizar. El éxito de la política fuerista es indudable, especialmente en los momentos de dominio moderado, bajo cuyos Gobiernos se permitió no ya solo la preservación de la excepcionalidad foral, sino también en algunos aspectos incluso su extensión, lo que no deja de ser expresivo de las excepciones que el liberalismo conservador estaba dispuesto a tolerar y de los pactos a los que podía llegar, con el objeto tanto de mantener el usufructo del poder ejecutivo como de allegar materiales en la construcción de barreras contra la revolución. Más allá de los concretos intereses de poder y de las puntuales afinidades ideológicas, es obvio que el juego con la socorrida fórmula de la «constitución interna» —introducida por el pensamiento contrarrevolucionario europeo en la misma casa liberal con la eficacia de un caballo de Troya—, igual que permitía al liberalismo conservador elevar la legitimidad tradicional de la Corona por encima del poder constituyente en su obsesiva búsqueda de barreras frente a la movilización política, autorizaba también a los fueristas para argumentar la legitimidad histórica de sus instituciones.

Las prácticas políticas

Como muestran las distintas suertes de los territorios ultramarinos y forales, es obligado atender a la deformación de los modelos teóricos constitucionales y administrativos en su proyección histórica. Para comprender la vida política de la época isabelina conviene tener en cuenta, como en otros casos, no solo los diseños institucionales y jurídicos recogidos en textos programáticos y legislativos, sino también los intereses y las necesidades de poder que condicionaron el desenvolvimiento de unos sistemas cuya naturaleza última se percibe mejor observando el conjunto de prácticas políticas que generaron, máxime si se considera la notable longevidad de las mismas.

Es cierto que más de un segmento de este conjunto de prácticas fue compartido por los diversos partidos de la época isabelina e incluso del Sexenio Democrático, sin que fuera exclusivo del moderantismo un determinado estilo político proclive a favorecer la hegemonía del Ejecutivo por encima de los demás poderes y de la participación ciudadana. Sin embargo, no cabe duda de que, tanto por su mayor cercanía al poder como por su específica definición ideológica, fueron los partidos liberales conservadores —el Moderado primero y la Unión Liberal después— los principales protagonistas de una serie de hábitos políticos que desvirtuaron el sistema parlamentario en su mismo nacimiento.

Entre estas prácticas destaca, por su gravedad institucional, el uso interesado de las prerrogativas concedidas constitucionalmente a la Corona que hicieron sus políticos. Recientes investigaciones biográficas sobre Isabel II demuestran cómo, desde el mismo acto de adelantamiento de su mayoría de edad, el Partido Moderado utilizó de forma imprudente a la reina, de la que construyó y difundió una imagen altamente manipulable con el objeto de presionarla en el ejercicio de poderes tan decisivos como el nombramiento del Gobierno o la convocatoria de elecciones. La fama de mujer caprichosa, voluble y sexualmente voraz que la sátira periodística y la caricatura extendieron fue fomentada por políticos cercanos a la misma Isabel II, quienes crearon en su propio beneficio la imagen de una reina débil a la que había que controlar por su bien y el del país. A cambio del monopolio sobre la voluntad real que esta forma de coerción ofrecía, el secuestro moderado de la Corona conllevó a medio plazo un desgaste suicida de la legitimidad del sistema monárquico-constitucional. Es cierto que la propia Isabel II, formada en un ambiente cortesano de profundo aristocratismo, perjudicada por la carencia de una educación política que hiciera de ella «otra reina Victoria» —según intentó imaginar el proyecto progresista de monarquía bajo la regencia de Espartero—, controlada por la fuerte personalidad de su madre y proclive a favorecer a confesores, amigos y amantes ofreció material humano sobrado para la construcción de una imagen negativa de la Corona; pero no lo es menos que sus políticos jugaron irresponsablemente con el prestigio de una institución que en otros países se estaba precisamente edificando en estos tiempos.

La incapacidad y la falta de voluntad del moderantismo para apuntalar la monarquía con el capital simbólico de las nuevas legitimidades, bien fuera la de actuar como árbitro político por encima de las parcialidades de partido, bien fuera la de ofrecer un espejo de la moralidad burguesa de la época, resultan aún más evidentes en perspectiva comparada: mientras que, en Gran Bretaña, Victoria I procuraba ajustarse a un modelo que aunaba la antigua justificación histórica de la monarquía con la moderna función de símbolo de la moral social de su época, en España se venteaba en periódicos y álbumes la depravación de una reina que no se ajustaba precisamente a la narrativa burguesa de la domesticidad como esposa, madre y ángel del hogar. En torno a ella, y con la vista puesta en sus poderes oficiales, se organizaron redes oficiosas en forma de camarillas. Como ya ha sido estudiado, muchas de las múltiples conexiones entre negocio, política y prestigio social se tejieron en estos momentos del establecimiento del régimen liberal en España y vinieron a confluir precisamente en el espacio de estos círculos informales de poder, participados por los diversos partidos de la época, pero, en especial, por el Partido Moderado.

Si la Corona como institución no resultó reforzada a pesar de que la Constitución ampliara las prerrogativas del monarca, tampoco el Parlamento acabó de reafirmar sus legítimas atribuciones como poder legislativo, ya que quedó sistemáticamente sometido a la injerencia de un Ejecutivo que, bajo el Gobierno moderado, sustrajo muchas de sus funciones. La devaluación del sistema parlamentario resultó tanto de la práctica frecuente de gobernar por reales decretos que evitasen el debate parlamentario de las diversas normativas publicadas como del abuso en la fabricación electoral de mayorías artificiales. En este contexto, muchas de las decisiones más importantes de la Década Moderada apenas contaron con la participación parlamentaria y era habitual que, en el caso de presentarse en el Congreso, muchas leyes decisivas —como la electoral, por ejemplo— vinieran elaboradas y cerradas desde el Gobierno, sin posibilidad real de discusión. Por otra parte, contar con Parlamentos obedientes fue una tarea fácil, no ya solo ni fundamentalmente por la manipulación de los resultados electorales, práctica que aún habría de conocer ulterior sofisticación, sino también y sobre todo por el recurso, ampliamente utilizado, de colocar como diputados a empleados públicos, que debían su salario y su carrera al mismo Gobierno que los sentaba en el Congreso. La mala imagen del Parlamento como «depósito de sanguijuelas» que se alimentaba del erario público empezó a gestarse desde los momentos germinales del sistema representativo, sin que los esfuerzos de muy distinto signo que se hicieron para construir su legitimidad pudieran contrarrestar la amplia crítica antiparlamentaria que, por otra parte, desarrollaron grupos políticos antiliberales.

En realidad, la Administración pública y la política coincidieron y se confundieron en demasiados espacios bajo la égida del liberalismo conservador. Como efecto de esa obsesiva búsqueda de anclajes para un orden que se creía ver siempre amenazado por nuevas revoluciones, aún más a partir de que en algunas ciudades españolas se dejaran sentir débilmente los efectos de la oleada revolucionaria europea de 1848, el moderantismo extendió invasivamente los brazos del Ejecutivo hacia los dominios de otros poderes, utilizando, además, para ello frecuentemente el aparato administrativo que había creado. Así sucedió también con la justicia, que, a pesar de su teórica y constitucional independencia, experimentó durante la época isabelina un proceso de burocratización que la convertiría más bien en una rama especializada de la función pública, marcada por variadas prácticas de intervención gubernativa, posibles por la inexistencia del principio de inamovilidad de los jueces. La eliminación de la figura progresista del jurado popular, que el liberalismo conservador se apresuró a borrar de la legislación referida a los delitos de opinión pública, subraya el carácter mediado que adquirió la justicia.

Es cierto que no todos los poderes nacían y morían en el Ejecutivo, sino que también los ministros liberales resultaban frenados en el ejercicio de sus atribuciones por otras autoridades que tampoco figuraban en la letra de la Constitución. Es bien conocida la importancia del ejército en la política civil del siglo XIX. No ya solo por su protagonismo indiscutible en los pronunciamientos y otras posibles acciones de fuerza que constituían en buena medida el mecanismo real de recambio en el poder, algo que convertía en inexcusable su presencia dentro de cualquier partido liberal con aspiraciones a gobernar, sino también por el extra de prestigio político que otorgaba a los militares su profesión y su concreta biografía en un país que había nacido en el difícil parto de la modernidad en medio de guerras no precisamente cortas —la guerra contra los franceses, entre 1808 y 1814, y la Primera Guerra Carlista más tarde—. Figuras como la de Espartero, un hijo del pueblo ascendido de la nada social a la jefatura del Estado después de fraguarse un sobresaliente prestigio militar en el frente carlista, constituyen un ejemplo claro de cómo el ejército fue un puente hacia la política tan habitual en la época isabelina como el transitado desde el periodismo y la escritura. Sin Espartero no puede entenderse el Partido Progresista como sin Narváez, el Moderado, sin Leopoldo O’Donnell, el de Unión Liberal o sin Juan Prim, la evolución del liberalismo avanzado hacia la democracia. Militares todos ellos, incorporaron a sus carreras políticas el capital de su prestigio profesional con absoluta naturalidad. Estamos, sin embargo, aún lejos del ejército que interviene en política como cuerpo, defensor de un discurso único en el que la misma institución armada se presenta como salvadora de la patria, cuyo nacimiento escenificará años después el golpe del general Manuel Pavía que disolvió el Congreso de los Diputados en 1874.

En estos momentos, la corte representaba quizás una mayor amenaza para los gobiernos liberales. La capacidad de Isabel II como reina para interferir en la política de sus gabinetes no debe quedar desdibujada por el hecho de que el moderantismo desarrollase alrededor de su persona una operación relativamente exitosa de secuestro. Y, aún de forma más amplia y potente, el entorno palaciego —la familia real, los distintos círculos cortesanos, la cultura marcadamente absolutista de todos ellos— presentó un problemático frente político, con el que el liberalismo en el poder tuvo que negociar. En este sentido, quizás la figura de la reina madre y antigua regente, María Cristina, sintetiza las dificultades a las que, desde dentro del sistema, tuvo que enfrentarse el sector del Partido Moderado más genuinamente liberal y más activo en la conformación del Estado durante estos años. Más allá del coqueteo con el carlismo durante el tiempo de su regencia, cuando la instalación del liberalismo en el poder fue ya irreversible a partir de 1843, la influencia de la exregente se extendió no solo a través de su hija, sino sobre todo a través de su círculo más inmediato de amigos y colaboradores. La conexión entre su particular camarilla y el segmento más reaccionario del heterogéneo Partido Moderado quedó materializada, entre otras relaciones, en la estrecha amistad y coincidencia en negocios del principal ideólogo de esta naciente derecha española, Donoso Cortés, y el segundo y peculiar marido de la exregente, Fernando Muñoz, un guardia de corps oportunamente convertido en duque. El desmedido enriquecimiento de una y del otro, a la sombra del Estado, tuvo mucho que ver con el clamor popular que demandó su expulsión del país cuando por fin, en 1854, los progresistas desplazaron a los moderados del poder.

ALTERNATIVAS: LIBERALISMO AVANZADO Y ANTILIBERALISMO

El Partido Moderado, monopolizador del Gobierno durante la primera década del reinado de Isabel II, tuvo también que medirse con otros contendientes políticos que pretendían participar, con menores o mayores reparos, en el mismo campo de juego del gobierno representativo y del sistema parlamentario. Progresistas, demócratas, carlistas, republicanos, neocatólicos… son denominaciones políticas de la época con las que la opinión pública o los propios partidos que las asumieron connotaron otras opciones organizadas alternativas al moderantismo.

El Partido Progresista

Sin duda, el grupo que se aglutinó en torno al oportuno nombre de partido de «el Progreso», propuesto por Salustiano de Olózaga durante su constitución como tal a mediados de los años treinta, fue el principal representante en España de una ideología netamente liberal, menos condicionada por la obsesión del orden y más proclive a la reforma. Frente al liberalismo conservador de los moderados, transido de topos contrarrevolucionarios, el Partido Progresista congregó a los defensores del cambio concebido desde el enfoque propio del liberalismo avanzado europeo de su tiempo. La influencia inglesa, bien como resultado de haber conocido las instituciones y la vida económica y social británica durante los exilios, bien como efecto de un aprendizaje más intelectual, es patente en varios aspectos del ideario progresista, resistente por el contrario a la filosofía del doctrinarismo francés que inspiraba preferentemente a los moderados. Su más decidido liberalismo quedó denotado, como se verá, en la apertura de la esfera pública a una más amplia participación ciudadana, además de evidenciarse en su política económica; no obstante, el elitismo característico de la cultura liberal subyacía igualmente bajo un proyecto que no fue nunca democrático —aunque llegado el momento evolucionara a la alianza con los demócratas— y que concibió siempre como responsabilidad de «los mejores» de una sociedad la tutela del cambio modernizador.

Los progresistas compartieron con los moderados la adhesión al modelo de gobierno representativo propio del liberalismo posrevolucionario, que se había fraguado desde fines del siglo XVIII tanto en América como en Europa sobre la base de equilibrar el poder legislativo de una Cámara elegida por la ciudadanía con otros poderes que evitaran la tiranía de una única autoridad. Es más, a pesar de la acusación de antimonárquicos esgrimida en su propia época por los conservadores como arma de combate político —que, junto con el paralelo estigma de conspiradores, ha tenido un errado éxito historiográfico—, el Partido Progresista se adelantó al Moderado a la hora de construir la Corona como poder arbitral y moderador en el contexto de un régimen monárquico-constitucional, como ya se ha indicado. Es también cierto que este diseño político no obedecía solo a la sugestión británica, sino que en su base y en su pervivencia puede encontrarse un miedo compartido con el liberalismo conservador, que identificaba república con desorden social y hasta moral. Sin embargo, no es menos cierto que, a pesar de ello, las constituciones progresistas —especialmente la nonata de 1856— combinaron la preservación de la Corona con la concesión de mayor poder político al Parlamento.

Bien delimitando de forma más estricta las atribuciones del monarca, bien afirmando expresamente las del Legislativo, el hecho es que el modelo político del progresismo elevaba al Parlamento en la escala de la toma de decisiones. Durante el breve bienio en el que este partido alcanzó el Gobierno bajo el reinado de Isabel II (1854-1856), el Congreso de los Diputados se convirtió en un foro de debate que tuvo una capacidad decisiva para modular las leyes, algo que no había pasado en la etapa anterior y que no volvería a suceder hasta el Sexenio Democrático. Resulta paradójico que el más auténtico parlamentarismo de esta fuerza política redundara en perjuicio de la capacidad ejecutiva de su Gobierno, pues muchas leyes decisivas —la misma Constitución, entre ellas— se demoraron en una discusión y un trámite muy abiertos, con frecuentes enmiendas del propio partido y de otros grupos. El golpe conservador que expulsó a los progresistas del poder en 1856 cortocircuitó un proceso que, a largo plazo, podría haber redundado en beneficio del sistema parlamentario.

Tampoco tuvieron ocasión de poner en práctica la nueva ley electoral que, aprobada en 1856, ampliaba notablemente los márgenes del sufragio. No conviene minusvalorar las diferencias entre los modelos electorales moderado y progresista bajo la consideración de que ambos optaron por el sufragio restringido en función de criterios de renta. La ley progresista rebajó sustancialmente el requisito económico exigido de los electores y amplió más el listado de votantes, incluyendo a una serie de profesiones que otorgaban aval de preparación cultural, sin necesidad de una renta mínima. Quizás aún más expresivo de la intención política de este modelo que no pudo aplicarse fueran los artículos de la ley dedicados a procurar la limpieza en el procedimiento electoral, facilitando el control del proceso a los propios ciudadanos.

En cualquier caso, donde se manifestó mayor diferencia entre los proyectos políticos moderado y progresista fue en el trazado ideado para la Administración local, cuya autonomía defendieron los segundos frente al centralismo del Estado moderado. A la vez, la elección —que no designación— del alcalde a través de unos sistemas aún más abiertos que el previsto para el Parlamento nacional venía a subrayar su mayor optimismo sobre la participación política de la sociedad, aunque desde la lógica tutelar antes aludida. Significativamente, para el diputado moderado Antonio de los Ríos Rosas el proyecto municipal progresista en 1856 equivalía al otorgamiento del sufragio universal, algo que, según decía, atentaría contra la monarquía y generaría una «federación de repúblicas», en apretado resumen de algunos de los más destacados fantasmas conservadores. Es cierto que esta alternativa progresista para el gobierno del ámbito municipal se ajustaba al hecho de que, desde los primeros tiempos de la revolución liberal en España, el cercano espacio político de la localidad había favorecido las opciones más avanzadas del liberalismo, por lo que fue en consecuencia temido por el moderantismo. Sin embargo, esto no desdice la disposición del progresismo a soportar índices más altos de movilización política, de los que no era posible prever su favor perpetuo.

La mayor apertura de su proyecto político estaba en relación con su imaginario y su base social. Por lo que se refiere a la primera de estas cuestiones, es verdad que el ideal de una sociedad de nuevas y útiles clases medias, productivas económica o culturalmente, defendido por los progresistas es característico del conjunto del liberalismo occidental decimonónico. De hecho, también el moderantismo otorgó el lugar central en su discurso a las clases medias entendidas como nuevas «aristocracias», que por su productividad y talento quedarían investidas de la condición de protagonistas de la sociedad liberal. Sin embargo, bajo el mismo nombre se designaban diferentes imaginarios. Si para el moderantismo las clases medias resultaban de la fusión de antiguas y nuevas élites en un proceso que, tras la revolución, estaría ya ultimado, para el progresismo la construcción de este protagonista social estaría casi permanentemente abierta, pues en su horizonte figuraba la gradual inclusión de las clases trabajadoras —el pueblo—. Frente al aristocratismo moderado, los progresistas cultivaron una imagen positiva del «buen pueblo», sujeto social sano y en esencia de la nación —como habría demostrado al levantarse en armas contra los franceses—, aunque pendiente de una emancipación que lo hiciera mayor de edad políticamente. El desarrollo económico del país sería, según los progresistas, la palanca que promovería la conversión de este pueblo en ciudadanía, lo que lo redimiría de su atraso material y por ende cultural.

El programa reformista del Partido Progresista se concebía como el motor de esta transformación, en una operación ordenada y tutelada desde arriba que tuvo escasa ocasión de ponerse en práctica. A pesar de la brevedad de sus Gobiernos, llama la atención la intensidad de la legislación progresista dirigida a fomentar el desarrollo del país desde una perspectiva económica decididamente liberal. La ingente obra desamortizadora que, tras la actuación de Mendizábal en los años treinta, fue continuada y profundizada por Pascual Madoz en 1855, la legislación sobre sociedades de crédito y bancos de emisión de 1856, destinada a flexibilizar y ampliar los recursos financieros de la economía española, o la legislación que, en 1855, permitió agilizar la construcción del sistema ferroviario nacional, canalizando el crédito español y extranjero, son las más sobresalientes aportaciones de un bienio en el que los progresistas actuaron como aprendices de brujo de un capitalismo cuyo funcionamiento distaban de comprender acabadamente.

Quizá su optimismo iría enfriándose según los problemas de la nueva economía se presentasen con mayor crudeza. La movilización popular que, permitida por la mayor libertad reinante durante este bienio, se desarrolló en algunas ciudades y medios rurales en protesta por las penosas condiciones de vida de los trabajadores puso a prueba el proyecto social inclusivo de los progresistas y reorientó a un sector hacia el más conservador grupo de la Unión Liberal. Aun así, antes de ser expulsados del poder, fueron capaces de responder presentando en el Parlamento un proyecto de ley laboral que, aunque muy limitadamente, implicaba un primer posicionamiento en tan espinoso asunto. En realidad, a pesar de que los cuadros del Partido Progresista no se diferenciaban sustancialmente en su extracción social de los del Moderado, su liberalismo avanzado mantuvo durante bastante tiempo la capacidad de atraer a un público más amplio. Junto con su discurso sobre las cualidades del pueblo o con el poder simbólico de figuras como Espartero, varios elementos de su programa —la ampliación del derecho de voto o la eliminación del impopular impuesto de consumos— permitieron al progresismo contar con el favor de algunos sectores de las clases trabajadoras urbanas.

Desde estos planteamientos políticos y sociales, el progresismo concibió una esfera pública definida por algunos derechos genuinamente liberales, enfrentándose con el moderantismo en la defensa de las libertades de opinión y religiosa. Su legislación sobre la imprenta fue notablemente más generosa que la moderada, no solo por contemplar la figura del jurado para los delitos en esta materia, sino también por no limitar con el requisito de altas fianzas y con la práctica habitual de la censura el desarrollo de la libre iniciativa periodística, el principal vehículo de difusión de las ideas políticas de la época. Libertad de opinión y libertad de conciencia estaban, además, relacionadas desde el prisma del liberalismo avanzado que compartieron en este punto progresistas, demócratas y republicanos. Si la Constitución moderada de 1845 había consignado de forma tajante la catolicidad oficial y excluyente del Estado y desarrolló luego en el Concordato de 1851 atribuciones eclesiásticas en materia de educación y moral pública, la Constitución progresista de 1856 reconocía expresamente la tolerancia religiosa y profundizaba en la tendencia discretamente secularizadora de la anterior norma de 1837. Más allá de esta declaración constitucional que no tuvo tiempo de entrar en vigor, durante el Bienio Progresista se aprobaron disposiciones legales que limitaban el poder de la Iglesia y que autorizaban prácticas laicas —como los enterramientos civiles—, en un esfuerzo por separar religión y Estado, que solo encontraría continuación durante el Sexenio Democrático.

Demócratas y republicanos

De igual manera que algunos otros elementos básicos de la cultura progresista, el afán secularizador fue compartido por otras familias políticas situadas a su izquierda, que decidieron, además, profundizar en el valor transformador de este tipo de principios. En este extremo, y hasta que la revolución de 1868 les permitió el acceso al poder y exigió mayor diferenciación partidista, diversos grupos demócratas y republicanos de muy distinta genealogía doctrinal compartieron un espacio que las clases medias y trabajadoras del país entendieron común y sintieron cercano.

Desde 1849 funcionaba un Partido Demócrata que aglutinó a los sectores más avanzados del liberalismo español y que sumaba a antiguos exaltados, republicanos declarados, primeros socialistas e incluso progresistas insatisfechos. Sin embargo, el contenido de su programa fundacional era, con mucho, anterior al momento del nacimiento oficial de los demócratas en España; de hecho, procedía de la elaboración de algunas ideas que venían siendo defendidas por los sectores más avanzados del liberalismo español desde los momentos iniciales de la revolución gaditana, ideas que, enriquecidas más tarde con los aportes del primer socialismo que llegaba de Europa a través de obras como la de Fernando Garrido y reformuladas también con la reflexión de escritores como Francisco Pi y Margall, continuaron su proceso de maduración hasta dar sustento al proyecto republicano federal durante el Sexenio Democrático, al que luego volveremos.

La universalización del sufragio, dentro de los parámetros de género de la época, que hacían impensable el voto femenino, fue la clave sustentante de un programa que incluía, además, la reivindicación de otros derechos políticos y civiles. La defensa de una más efectiva abolición de los antiguos privilegios, a la que se sumaba la denuncia de más recientes desigualdades, configuró un discurso que encontró oídos sensibles en los sectores más desfavorecidos de la nueva sociedad liberal, especialmente castigados con las cargas del injusto sistema de reclutamiento militar —que podía ser evitado mediante el pago de dinero— y los gravosos impuestos indirectos —que no eran proporcionales al nivel de riqueza y se aplicaban sobre artículos de primera necesidad—. De forma más específica, el derecho de asociación para los trabajadores, como clave de su emancipación, fue demandado por algunos sectores del demorrepublicanismo a través de campañas de prensa y otras iniciativas.

Sin descuidar el mundo de la política oficial, ya que se sentaron tanto en el Parlamento como en los Ayuntamientos durante la época isabelina, los demócratas y republicanos atendieron con mayor esmero que el resto de los partidos liberales el espacio de la política en la calle. En consonancia con un imaginario social que hacía del pueblo, primero, y de las clases trabajadoras, más tarde, el sujeto protagonista de la historia, estos grupos se caracterizaron por desarrollar iniciativas dirigidas a lograr su inclusión política, animando vías prácticas de creación de ciudadanía. La prensa y la literatura en general, así como los clubes, cafés y tertulias, fueron vehículos y foros a través de los cuales el ideario demócrata se socializó de forma continuada, desde los más favorables tiempos del trienio esparterista hasta los más difíciles momentos de censura que habrían de llegar al final del reinado isabelino. Habituados al ritmo intermitente de la libertad de expresión del régimen, demócratas y republicanos sortearon con éxito las barreras que impedían la difusión de sus ideas políticas, desarrollando una intensa labor de propaganda que proporcionó al movimiento una base social diversificada, compuesta tanto por sectores de clase media —abogados, médicos y otras profesiones liberales— como de clases trabajadoras —preferentemente urbanas, pero en algunas zonas también rurales.

Unidos en la oposición, no eran, sin embargo, una fuerza homogénea, sino que constituían más bien un complejo conglomerado temporalmente cohesionado, segmentado luego con la posibilidad de llegar al poder tras la revolución de 1868. Aun antes, las líneas de fractura entre los diferentes grupos demócratas y republicanos eran ya visibles, como evidenciaban las tensiones internas en momentos en los que algunas insurrecciones populares (El Arahal en 1857, Loja en 1861) quisieron cobijarse bajo su discurso de mayor justicia social. La confrontación entre los partidarios de apoyar estos movimientos y los de desvincularse de causas ilegales se repitió en más de un momento de la historia de este partido, igual que en varias ocasiones reverdecieron polémicas ideológicas entre «individualistas» y «socialistas», una equívoca denominación dada por la historiografía a las posiciones que enfrentaron en duro debate a figuras claves del republicanismo. En cualquier caso, las divisorias eran más profundas, pues no se trataba de polémicas únicas ni preferentemente ideológicas, sino de la conflictiva convivencia en el mismo espacio de culturas políticas diferentes.

Carlistas, contrarrevolucionarios y neocatólicos

Si el liberalismo conservador se confrontó con una izquierda que presionaba desde la oposición y que llegaría a desbancarlo fugazmente del poder, también tuvo que entendérselas con una polivalente derecha política que combinó con gran oportunismo la actuación externa con la intrusión en la misma estructura del Partido Moderado. En toda la amplia gama de variedades que presentó esta derecha, la Iglesia católica —sus intereses y sus defensores— jugó un importante papel. La protección de los derechos del catolicismo y de sus ministros tuvo adalides políticos, tanto en el campo del carlismo como en un sector reaccionario englobado dentro del propio Partido Moderado, y acabó generando un grupo de presión formal cuyos sustentadores fueron bautizados con el nombre de «neos» o «ultras» católicos. Estas diversas familias políticas compartieron una visión del mundo resueltamente antiliberal en sus fundamentos culturales y en sus modelos políticos, algo que trazó puentes de comunicación transitados en más de un sentido entre el carlismo, el moderantismo y el neocatolicismo.

El carlismo fue, sin duda, la derecha política más potente del siglo XIX, según evidencian su capacidad de pervivencia y su arrastre social. El arraigo de esta ideología fue particularmente intenso, como es lógico, en el norte peninsular. Además, la derrota militar del carlismo frente al ejército liberal en la larga guerra civil que se extendió desde 1833 hasta 1840 no supuso su fracaso ni su anulación como fuerza política. La habilidad para resucitar una y otra vez a lo largo de un siglo, adaptándose multiformemente a los cambios del régimen liberal con el que se enfrentaba, distingue ciertamente a esta particular forma española de contrarrevolución de la norma reaccionaria europea y, sin duda, tiene esto mucho que ver con la extensión de ese apoyo social popular que desconcertaba a los liberales de su tiempo. Porque el Carlista no fue solo un partido de aristócratas y altos cargos eclesiásticos afines al extinto Antiguo Régimen, sino que, en su territorio de mayor implantación, contó igualmente con el seguimiento de pequeños propietarios-arrendatarios y de artesanos, económica y moralmente afectos a los antiguos modos de producción y de vida que el liberalismo hacía peligrar. En este peculiar universo social, donde, de forma bien distinta a lo que ocurriría en las más amplias zonas latifundistas del país, la pequeña propiedad permitía encontrar reconfortante la tradición y seguro el marco de la comunidad, el carlismo vino a reproducirse a través de la familia como primera escuela de socialización política.

Sobre esta base social, la habilidad demostrada por sus cuadros para adaptarse a los medios de lucha política de la nueva esfera pública liberal —periodismo, elecciones, Parlamento— consiguió establecer los fundamentos de lo que podría llegar a considerarse uno de los primeros movimientos de masas en España. El régimen liberal tuvo que sumar a sus no escasas paradojas la de la presencia parlamentaria de un grupo declaradamente antiliberal y antiparlamentario. No conviene olvidar que el generoso Convenio de Vergara con el que se había puesto fin a la Primera Guerra Carlista había permitido la incorporación de los que se enfrentaron con las armas al trono de Isabel II: el liberalismo conservador en el poder aceptó la vuelta de un hijo pródigo, al que premió con el reconocimiento de derechos en el escalafón militar y facilitó su acceso a la vida política. Gracias a ello, por ejemplo, el liberal Leopoldo O’Donnell, que había luchado en las filas isabelinas y que sería luego uno de los jefes de Gobierno de la reina, pudo reencontrarse en el Congreso de los Diputados con su hermano Enrique, que, militar como él por tradición familiar, había, sin embargo, prestado su brazo al pretendiente carlista.

La naturalidad de esta reintegración no debe extrañar si se tiene en cuenta que, junto con sectores genuinamente liberales, el Partido Moderado contaba con un ala derecha en la que escritores como Donoso Cortés teorizaban sobre la necesidad de una monarquía no limitada por el Parlamento y sobre la autoridad social de la Iglesia y en la que un grupo de diputados, capitaneado por el marqués de Viluma, se oponía a legalizar la desamortización de tierras eclesiásticas. En este espacio no bastaba ya el doctrinarismo francés, por mucho que este viniera a reforzar el principio del orden; otras aventuras intelectuales —como la de Santiago de Tejada, primer introductor del krausismo en España, en clave conservadora a pesar de su posterior evolución— se dirigieron a la búsqueda de soportes filosóficos más coherentemente antiliberales.

No obstante, la forma más acabada de defensa política de los intereses y derechos de la Iglesia católica en España durante la época isabelina se debe al grupo que la opinión denominó neocatólico, por hacer de la protección excluyente de esta religión y de su jerarquía eclesiástica el eje de su programa. Sumando propuestas del pensamiento reaccionario francés de comienzos de siglo con otras consignas que posteriormente se encargaría de sistematizar el propio Vaticano, los defensores políticos del catolicismo exigieron para la religión un lugar central en la definición del espacio público y promovieron la lucha contra las ideas «disolventes» que, desde el mismo liberalismo, afirmaban que destruían el orden moral y social de los nuevos tiempos. Aunque su nervio era esencialmente teocrático y secundariamente absolutista, el neocatolicismo aceptó una oportunista convivencia política dentro del régimen liberal, y, de hecho, encontró buen acomodo dentro de un Partido Moderado que, debilitado tras su enfrentamiento con el progresismo en 1854 y amedrentado por la competencia de la nueva Unión Liberal, se cerró cada vez más hacia la derecha. Desde su seno, los «neos» se dedicaron a la batalla contra las «malas ideas», un objetivo que les llevó a ocuparse prioritariamente de la educación y de la imprenta. En su ascenso, contaron también con el apoyo de medios palaciegos y, en particular, con el favor de la reina, que en su entorno inmediato dio cada vez más preeminencia a diversos representantes del catolicismo más intransigente. No es extraño que el anticlericalismo, una denominación que engloba al conjunto heterogéneo de posturas que pugnaban por la reducción del papel público de la Iglesia y la religión católica en la vida pública española, se reforzara como seña de identidad de las opciones políticas más progresistas. Por otra parte, las alianzas y trasvases entre las condiciones de carlista, fuerista, católico y otros extremos de estas derechas fueron fáciles y frecuentes.

MOVILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y CIERRE DEL ESPACIO PÚBLICO

A lo largo del bienio de 1854 a 1856, la apertura institucional y legislativa del régimen se vio acompañada de un aumento notable de la movilización política en sectores sociales ajenos a la élite, que, gracias a la mayor libertad de expresión del momento, amenazó con superar en algunos de sus formatos —huelgas en ciudades industriales catalanas y acciones más violentas en comarcas harineras castellanas— al propio progresismo en el poder. Ambos fenómenos resultarían estar estrechamente relacionados según el punto de vista conservador, que culpaba a la política progresista de permitir la agitación social y abrir la puerta de la revolución. El miedo a la movilización de lo que ya se había empezado a denominar, despectivamente, las «masas» aglutinó un frente dirigido por O’Donnell y protagonizado por los antes llamados «puritanos» —el sector más netamente liberal del Partido Moderado—, que, con el lógico apoyo de los segmentos más reaccionarios, pero también con el de algunos progresistas sinceramente asustados, no dudó en dar un golpe de mano que disolvió por la fuerza el Parlamento en 1856. La autotitulada Unión Liberal contó con la Corona para echar así el candado a la única experiencia de profundización del liberalismo que autorizó el reinado de Isabel II. Desde entonces hasta el destronamiento de la reina en 1868, el viejo Partido Moderado y el nuevo partido de la Unión Liberal se turnaron en el poder; el primero impulsó, y el segundo intentó rectificar sin éxito un proceso de cierre progresivo del régimen, incapaz de incorporar al liberalismo más avanzado y de responder a las demandas más urgentes de clases medias y trabajadoras.

Un moderantismo reaccionario

Tanto al retomar las riendas del poder en 1856 como en posteriores Gobiernos, el Partido Moderado exteriorizó un proceso interno de derechización política que, dominado por el miedo a una supuesta revolución inminente, se expresó con rotundidad en una serie de medidas legislativas dirigidas a reforzar la autoridad del Ejecutivo y a procurar un orden público crecientemente tutelado por la Iglesia católica. En primera instancia, la anulación de la obra del Gobierno progresista realizada durante el bienio anterior fue el objetivo declarado del moderantismo al recuperar el poder; consecuentemente, se eliminó la ambiciosa batería de leyes discutidas y aprobadas parlamentariamente en los dos años anteriores y se recuperó en algunos casos el marco constitucional precedente o se promovieron en otros normas aún más restrictivas. Este fue el caso de las leyes referidas a la imprenta y a la educación que, en 1857, recibieron una formulación decididamente menos liberal, al incorporar la primera una amplia censura previa, a la vez que exigía altas fianzas a los editores, y al ceder la segunda a la Iglesia católica competencias de inspección y determinación de la moral oficial en la enseñanza pública.

La deriva autoritaria del Partido Moderado, bajo la ascendente influencia del grupo neocatólico dirigido, entre otros, por el ministro Cándido Nocedal, preocupó a sus elementos más liberales, entre ellos algunos de los más señalados constructores del edificio estatal durante la primera década del Gobierno moderado, que prefirieron reorientarse ahora hacia el nuevo partido de la Unión Liberal e intentar rectificar desde este otro espacio político la desvirtuación reaccionaria del régimen. Dentro del moderantismo, sin embargo, el giro contrarrevolucionario marcado por el sector clerical se mantuvo e incluso se profundizó en los últimos años del reinado de Isabel II, cuando, regido por una obsesión creciente sobre el peligro de las modernas «ideas disolventes», gobernó desde la resistencia. Solo en las significadas cuestiones de la imprenta y la educación volvieron en los años 1866 y 1867 a dictarse normas que restringían aún más la ya muy cerrada esfera pública, mientras la universidad se iba convirtiendo en un foco importante de oposición intelectual al régimen. Como luego veremos, la práctica anulación de la legalidad constitucional y la represión del liberalismo asumida desde el poder por este moderantismo reaccionario prepararían la salida revolucionaria de 1868.

El significado político de la Unión Liberal

La opción autotitulada Unión Liberal, que se había presentado como tercera vía y plataforma para la unidad de cuantos estuvieran alejados de extremos políticos, fue la más auténtica versión del liberalismo conservador en la España de mediados del siglo XIX. Su génesis como partido está enraizada en la experiencia del Gobierno progresista de 1854 a 1856, frente a la que, de hecho, se construyó inicialmente bajo el nombre de «centro parlamentario»; pero su definitiva constitución como tal se produjo, significativamente, una vez alcanzado el poder en 1858, cuando a la par que su principal cabeza militar, O’Donnell, asumía la jefatura del Gobierno, su más señalado líder civil, Posada Herrera, materializaba electoralmente desde el Ministerio de la Gobernación una amplia mayoría parlamentaria bajo este nuevo signo. La dualidad política del unionismo era, pues, congénita: cristalizada como reacción al progresismo más avanzado, fue, sin embargo, una formación de carácter decididamente liberal, aunque conservador; después de haber protagonizado el golpe que expulsó al Partido Progresista definitivamente del poder, cuando formó Gobierno procuró sin éxito —tampoco con mucho riesgo— reintegrarlo a la política oficial para compensar la deriva reaccionaria del Partido Moderado.

En este sentido, tan expresiva o más que su acción de gobierno resulta la historia de sus hombres: por mucho que la propaganda del nuevo partido apelara a la necesidad de una regeneración política del país que se decía pasaba por la urgente incorporación a la vida pública de jóvenes y, en general, noveles, sus cuadros directivos estuvieron formados por políticos de densa trayectoria previa, hombres no precisamente nuevos, que a los veinte años de gobierno representativo releían los éxitos y fracasos del sistema a la luz de su larga experiencia. El mismo Posada Herrera, iniciado en el campo del progresismo, Antonio Cánovas del Castillo, crecido en el sector puritano del moderantismo, escritores políticos tan destacados como Nicomedes Pastor Díaz y Ríos Rosas y militares muy señalados en la vida pública isabelina como Francisco Serrano o Manuel Gutiérrez de la Concha confluyeron todos en esa «familia feliz» que caricaturizara Alcalá Galiano, comparando la Unión Liberal con una conocida atracción de feria que, bajo el dominio de un hábil domador, hacía convivir en la misma jaula a animales irreconciliables.

De nuevo, el atractivo formal de las metáforas debe ponernos en guardia contra lo que fueron armas para el combate político en la propia época antes que observaciones hechas con intención de objetividad. Si es cierta la existencia de discrepancias y heterogeneidades doctrinales dentro del unionismo, no lo es menos su potente capacidad retórica y práctica para avanzar en el aprendizaje de la política moderna desde los supuestos del liberalismo conservador. «Conservar progresando» fue el lema de un partido que supo formar el Gobierno más estable de toda la época (1858-1863), con el objetivo de convencer a la opinión pública de que el desarrollo económico era compatible con el orden público si la Unión Liberal, dirigida por O’Donnell, se responsabilizaba del poder. Se retomaba así algo del proyecto modernizador liberal conservador que el moderantismo animó en los años cuarenta, aunque necesariamente reelaborado ahora a la luz de las nuevas exigencias del contexto no solo nacional, sino también, y sobre todo, internacional, muy señaladamente las del Segundo Imperio francés, que presentaba una nueva faz de liberalismo autoritario, además de animar la escalada de expansión económica y colonial que experimentaría la vieja Europa.

El capital humano de la Unión Liberal fue en este sentido más que notable. No cabe duda de que este partido contó con hombres que aventajaban a buena parte de su generación en su adiestramiento en la política moderna. Tanto Posada Herrera como Cánovas del Castillo muestran en su actuación de gobierno la vocación del liberalismo conservador de aunar convincentemente un prudente autoritarismo en el ejercicio del poder con cierto aperturismo en el discurso. Bajo su impulso se procedió a rectificar el diseño constitucional del régimen con el objeto de adecuarlo al paso del tiempo y procurar mantener la imagen de legalidad parlamentaria a la que obligaba doctrinalmente el liberalismo. La reforma de la legislación electoral, varias veces iniciada y finalmente aprobada en 1865, amplió los márgenes de la representación en España, anacrónicamente estancados hasta entonces por la restrictiva ley de 1846. Lo más significativo de la esencia burguesa de este liberalismo fue la naturalidad con la que, mientras la letra y el espíritu de la ley apelaban a la limpieza del procedimiento electoral y animaban a los progresistas a reincorporarse a la competencia partidista, se sofisticaron y depuraron los distintos procedimientos de control de las elecciones desde el Ministerio de la Gobernación.

El discurso sobre las «legítimas influencias» está en el centro de esta paradoja. Añadiendo nuevos argumentos a los recursos inventados anteriormente por el moderantismo, el entorno de la Unión Liberal desarrolló un concepto sobre la influencia electoral del gobierno que la presentaba como justa y necesaria siempre que fuera comedida y bien guiada. Con este objeto, el poder ejecutivo se autodeclaraba responsable del orden electoral, afirmando que el Gobierno tenía la obligación de velar por la tranquilidad de los comicios, evitando las influencias nocivas de aquellos intereses particulares o partidistas que pretendieran imponerse sobre el interés general. El éxito de la fórmula radicaba en su autocontención, pues los ministros de la Unión Liberal tendieron a preferir el pacto con las fuerzas locales antes que la mera imposición violenta de candidatos electorales, inaugurando así una forma de articulación entre el poder central y los poderes periféricos que habría de encontrar perfeccionamiento y prolongación en el posterior régimen de la Restauración.

Otro de los rasgos distintivos del gobierno de la Unión Liberal fue su llamativa política exterior. Después de décadas de aislamiento, España parecía redescubrir con los ministros unionistas un espacio donde hacer sentir su presencia internacional. La afamada Guerra de África (1859-1860), que afirmó la influencia española en Marruecos, se acompañó de una escalada mucho menos exitosa en varias áreas de América del Sur, en erráticas operaciones de injerencia que no beneficiaron precisamente a la imagen de España de cara a las nuevas naciones surgidas tras los procesos de independencia. La insólita incorporación de Santo Domingo en 1861, que unilateralmente había proclamado su anexión a España como salida a la amenaza de resultar fagocitado por Haití, concluyó solo cuatro años después con el obligado abandono de la isla, cuando el Gobierno español tuvo que reconocer su incapacidad para administrar aquel reto. La Guerra del Pacífico, un rosario de conflictos con Perú, Ecuador y Chile entre 1860 y 1866, resulta más bien una fallida operación militar española en la zona con un incierto objetivo económico. Y si, en 1861 y 1862, la intervención española en México, que Napoleón III quería para el príncipe Maximiliano de Habsburgo, no acabó en una derrota tan rotunda como la sufrida por los franceses, fue antes por la decisión de retirada de Prim, el militar al frente de las tropas enviadas, que por la claridad en las instrucciones del Gobierno que le mandaba en semejante misión.

Las intervenciones colonialistas españolas de la Unión Liberal estuvieron, según recientemente se ha investigado, dirigidas por el afán de O’Donnell de reforzar la estabilidad interna de su propio Gobierno generando un espíritu público de «unidad nacional», que resultó especialmente exitoso en el escenario africano; pero también estuvieron fuertemente influidas por las presiones de los intereses empresariales antillanos y sus resultados fueron particularmente negativos en América. Para el embajador español en Estados Unidos, García Tassara, esta política exterior de fuegos de artificio no hacía sino poner en peligro el difícil equilibrio que España debía mantener en las Américas, con la vista puesta fundamentalmente en la conservación de la más preciada de sus posesiones coloniales: Cuba. La incapacidad de los Gobiernos metropolitanos para entender este delicado juego, al establecer, por ejemplo, en Santo Domingo una política racial distinta al estricto mantenimiento de la esclavitud que prolongaba en Cuba, solo se compensó temporalmente con la obligada dedicación de Estados Unidos a su propia guerra civil, que, una vez cerrada en 1865, liberó a sus gobiernos para dirigir una renovada atención al apetitoso bocado de la isla antillana. Aunque efectiva a la hora de crear en el imaginario colectivo mitos y símbolos de identidad nacional —especialmente la Guerra de África, que activó la creación de escenas de gloria patria por parte de literatos, periodistas y dibujantes y permitió la invención de nuevos héroes como el mismo Prim—, la política exterior de estos años obedece más a una maniobra poco controlada de búsqueda de prestigio en el interior que a unas directrices diplomáticas globales coherentes y mantenidas en el tiempo.

La construcción de una identidad nacional para España

La gran potencialidad movilizadora de mitos y héroes nacionales como los surgidos en estos años obliga, por otra parte, a preguntarse por la suerte del proyecto liberal de construcción de una identidad española —que tan prometedoramente parecía haber arrancado con la revolución gaditana—, en el contexto de un proceso de invención político-cultural que, en todo el orbe atlántico, fue atendido con mayor o menor esmero por las nuevas élites. En España, escritores políticos, literatos y artistas de la época isabelina no dejaron de cumplir la función intelectual de proponer imágenes sobre el pasado español, visiones destinadas a formular una identidad patria válida para descifrar y construir el presente. En su relato del pasado histórico destacaban la valoración positiva de una sociedad medieval que se reinventaba como amante de sus libertades municipales y dotada de representación política en las Cortes, la crítica al absolutismo de los Austrias que había aniquilado la vitalidad del pueblo español y el rechazo de la Inquisición como símbolo de la intolerancia religiosa de la Iglesia católica, a la que se hacía responsable última del atraso material y cultural del país.

Por su esencialismo historicista, sus recursos culturales y su intención política, todo ello no dejaba de estar en plena sintonía con el proceso general de invención de identidades nacionales propio de la época. Sin embargo, y a pesar de que la guerra contra los ejércitos napoleónicos había supuesto, entre 1808 y 1814, un arranque temprano e intenso de imágenes patrióticas, con una primera identificación de pueblo-patria-nación divulgada en catecismos, canciones, periódicos o funciones teatrales, a partir de 1833 la versión liberal de la esencia española no logró sumar suficientes apoyos como para consolidar algunas referencias básicas compartidas por sectores significativos de las élites políticas y el conjunto de la población.

En el desarrollo de esta operación de ingeniería cultural y política, el liberalismo español tuvo que enfrentarse tanto con sus propias incoherencias como con la beligerante capacidad del conservadurismo antiliberal para proponer e imponer contraimágenes de identidad patriótica. Reaccionarios, tradicionalistas y neocatólicos formularon un relato bien distinto, en el que la historia de España se leía en torno a la doble clave sustentante formada por la religión y la monarquía. En esta reconstrucción del pasado mirando al presente, la de los Austrias habría sido la época de mayor esplendor de España, con la gesta de la colonización y la evangelización de América, mientras que la degeneración de la vitalidad nacional habría venido con los Borbones y sus reformas extranjerizantes contrarias a las tradiciones españolas, un proceso que el liberalismo no haría sino agravar y que solo podría revertirse regenerando la nación con la vuelta a sus esencias: la distintiva defensa de la religión católica y el tradicional apego a la autoridad monárquica.

El triunfo de este relato que, de su inicial elaboración en la eficaz escritura política de autores como Jaime Balmes, acabaría consolidándose a fines de siglo en la versión de Marcelino Menéndez Pelayo, no debe ocultar que hubo otra versión de España, ni evitar la pregunta del porqué de su fracaso. El giro conservador del liberalismo español —ya antes, pero aún más después del Sexenio Democrático— tiene en este sentido un papel decisivo. Si a partir de 1856 la deriva reaccionaria del Partido Moderado, tan cercano al poder, propició la creciente influencia cultural de un discurso antiliberal, también habría que tener en cuenta los efectos de la movilización política de la sociedad sobre otros grupos e indagar en la transformación del proyecto de nación de un liberalismo que no ya solo en sus extremos más conservadores, sino en su mismo segmento central —en el que se situaba, por ejemplo, un Cánovas del Castillo, ministro isabelino con la Unión Liberal antes que artífice de la Restauración—, se sintió más cómodamente acogido en la rejilla histórica tejida en torno a la monarquía y la religión como pivotes del orden social que inclinado a arriesgarse por los recorridos, menos previsibles en sus efectos movilizadores, a los que podría llevar el pueblo como protagonista de la nación.

Hacia la revolución

El turno en el Gobierno entre moderados y unionistas durante los 12 últimos años del reinado de Isabel II excluyó a las familias del liberalismo avanzado de la posibilidad legal de acceder al poder. A pesar de los intentos de aquellos políticos de la Unión Liberal, que preferían recuperar al Partido Progresista como compañero de juego en el sistema parlamentario, frente a la cada vez más reaccionaria opción moderada, la creciente represión a la que se vio sometida la oposición condujo al progresismo a un debate interno que concluyó con la decisión del retraimiento electoral. Esta actitud, con la que se negaba definitivamente la legitimidad al régimen isabelino, posibilitó, por el contrario, la convergencia con demócratas y republicanos, gracias a la cual se formó un frente en el que, ahora ya sí, los progresistas asumían como propia la bandera del sufragio universal. A la vez que el espacio público de la prensa y de otras tribunas políticas iba siendo cada vez más impracticable para el liberalismo avanzado tras las restricciones legales que el moderantismo imponía, la opción revolucionaria de este frente se fue reforzando con la ascendente represión y el obligado exilio, hasta acabar incluso sumando el apoyo del entorno de la Unión Liberal, una vez que la práctica anulación de la legalidad constitucional y de las Cortes implicó también su exclusión de la política oficial.

El papel de la reina en esta fase final de deterioro del régimen no fue pequeño. Obsesionada cada vez más por sus particulares fantasmas religiosos —por los que, por ejemplo, había pretendido condicionar la posición del Gobierno español en el polémico asunto de la unificación italiana y el conflicto vaticano, ya que se inclinaba por favorecer a aquellos sectores más cercanos a los intereses de la Iglesia católica—, desgastó a sus ministros fueran cuales fueran sus opciones ideológicas y sus cualidades políticas. La forma en la que prescindió de sus principales valedores dentro del turno —Narváez desde el Partido Moderado y O’Donnell desde el de la Unión Liberal—, a los que despidió sin empacho y les retiró la confianza para formar Gobierno, refleja, igual de bien que su puntual, pero delirante, proyecto de presidirlo ella misma, la lejanía de quien ejercía la jefatura del Estado de la lógica básica del sistema constitucional y parlamentario liberal.

Por todo ello, no resulta extraño que la escalada de acciones de protesta que se desató en los últimos años de su reinado acabara conduciendo a algo así como una revolución anunciada. Si en 1865 se había producido un movimiento universitario que, en apoyo del catedrático republicano expulsado (Emilio Castelar), había acabado en una manifestación de estudiantes sangrientamente sofocada en la llamada Noche de San Daniel, en el año de 1866 le siguieron una intentona de sublevación militar, encabezada por el que era ya el líder carismático de la oposición al régimen, el general Prim, la sublevación de los sargentos del madrileño cuartel de San Gil, también duramente castigada y hasta las primeras barricadas en las calles de la capital. Así, mientras un centro revolucionario formado por progresistas y demócratas se creaba en el exilio con el objeto de planificar con mayores posibilidades de éxito la revolución que debía destronar a Isabel II, esta otorgó el poder en 1868 a alguien tan proclive a métodos represivos y de tan dudoso liberalismo como el moderado Luis González Bravo, quien afirmó que la misión de su Gobierno no era sino la de resistir la revolución.

¿PUDO EL LIBERALISMO SER DEMOCRÁTICO?

La revolución y su gobierno

En la Gloriosa, como fue titulada la revolución que en 1868 no solo acabó con el trono de Isabel II, sino que, de forma más amplia, inauguró una etapa de prometedores cambios, convergieron distintos movimientos e intereses solo temporalmente unidos ante el enemigo común de una Corona que, en su alianza con los círculos antiliberales y clericales del país, representaba el fracaso de cualquier proyecto de transformación política. «¡Viva la soberanía nacional!» y «¡Abajo los Borbones!» fueron los gritos más oídos en el verano de 1868, un apretado resumen del más amplio programa desarrollado y publicado por las juntas revolucionarias que surgieron en muchas localidades. En estas declaraciones, el derecho de voto para todos los ciudadanos, piedra angular del programa demócrata, se acompañaba y amalgamaba con otras demandas características de las clases medias y trabajadoras, como la abolición de los odiados impuestos de consumos y las quintas, la libertad de imprenta junto con las de enseñanza y de culto, la culminación de la desamortización y otras libertades económicas. De forma general, en estos textos se apuntaba la salida de unas Cortes Constituyentes que, elegidas por sufragio universal, reorganizaran la vida de la nación una vez anulados los «obstáculos tradicionales» simbolizados por la Corona.

Lo que propició la extensión del movimiento juntista, el derrocamiento de Isabel II y, finalmente, la convocatoria de las deseadas elecciones generales fue la confluencia de las fuerzas de los distintos sectores que participaron en las jornadas revolucionarias. Ciertamente, las élites de la Unión Liberal no se habían convertido en demócratas de la noche a la mañana, pero, al participar en el frente que los otros grupos liberales avanzados habían formado ya con anterioridad, aceptaron otorgar a las futuras Cortes la potestad de definir institucionalmente el régimen, incluso en el espinoso dilema de monarquía o república. De esta forma, unionistas, progresistas, demócratas y republicanos aportaron sus muy distintos capitales políticos a unas jornadas revolucionarias que pudieron contar con el apoyo tanto de un pronunciamiento militar como de las barricadas y cuya potencialidad de cambio creó suficientes expectativas como para infundir en algunos de sus participantes el expresivo grito de «¡Abajo lo existente!».

No llegaba tan lejos la intención de todos, especialmente de aquellos políticos que habían ocupado cargos señalados en los Gobiernos y en la Administración isabelina y que lo que ahora pretendían era sobre todo rectificar el giro reaccionario del régimen anterior. La pluralidad de proyectos se hizo evidente nada más triunfar la revolución, como bien expresó la dualidad de poderes durante algún tiempo mantenida entre las juntas, que se negaban a autodisolverse, y el Gobierno provisional, formado en Madrid por las élites de los distintos partidos. Sin embargo, en este decisivo primer momento, la fuerte personalidad política de Prim supo imponerse y, hasta su asesinato en 1870, su liderazgo mantuvo aglutinadas a las heterogéneas formaciones unionista, progresista y parte de los demócratas.

A comienzos de 1869 tuvieron lugar las elecciones para las Cortes Constituyentes, las primeras celebradas por sufragio universal masculino directo en España, amparadas por un grado de libertad inédito. De esta asamblea iban a depender dos cuestiones sustanciales para la definición del nuevo marco político: la elaboración de una Constitución que procurara responder a las demandas de democratización que quedaron vinculadas a la misma revolución de forma tan inexcusable, para disgusto de algunos políticos que provenían del régimen anterior (como en la Francia de 1848 habían quedado unidas legitimidad revolucionaria y sufragio universal), por un lado, y la opción entre un régimen monárquico o republicano, por otro. Esta segunda cuestión fue, evidentemente, clave para la definición de posturas dentro del conglomerado demócrata, que hasta entonces había agrupado a sectores proclives tanto a una como a otra forma de gobierno. Tras el derrocamiento de Isabel II, parte del Partido Demócrata, en confluencia con antiguos unionistas y progresistas, apostó por construir una idea nueva de monarquía. Recurriendo a los ejemplos británico o italiano, estos grupos insistieron en la compatibilidad entre la democracia y el régimen monárquico, que decían se compadecía mejor con las tradiciones españolas, y que, además, entendían como garantía de estabilidad. En su discurso, el problema de la anterior monarquía no había sido el tipo de régimen en sí mismo, sino la persona concreta —Isabel II— y, aún más, la dinastía —los Borbones—, que habían desacreditado esta institución en España. En el lado contrario, el sector declaradamente republicano del antiguo Partido Demócrata acabó conformándose definitivamente como el nuevo Partido Republicano Federal, precisamente a raíz de la necesaria defensa de este otro tipo de régimen como el único verdaderamente acorde con la democracia.

La decisión fue tomada por unas Cortes en las que más de 200 diputados —ya fueran progresistas, unionistas o demócratas— se proclamaron monárquicos y 85, republicanos. Junto con ellos, en la nueva asamblea se sentaron una veintena de carlistas, elegidos en sus territorios de implantación, en clara muestra y amenazante augurio de su capacidad de pervivencia política —la participación legal en las elecciones se compaginó con el recurso a la insurrección armada a partir de 1872—. El republicanismo, recién organizado como partido, tuvo que esperar, pues, un poco más su momento, y, aunque buena parte de sus cuadros dirigentes optaron por la línea legal de actuación parlamentaria, desde este primer y decisivo conflicto se evidenció la existencia de unas bases sociales republicanas que respondían a sus propias lógicas. La tendencia insurreccional se manifestó ya en 1869, cuando una marea de protestas ante la imposición de una nueva monarquía se extendió por las grandes ciudades del país y también otras localidades menores de Levante y Andalucía, lo que subrayó la geografía que había tenido ya antes los movimientos en favor del liberalismo avanzado y predibujó la que tendría luego el levantamiento cantonal.

Poco antes, las Cortes habían aprobado una nueva Constitución. La norma de 1869 representaba un avance importante en la profundización del liberalismo, que por fin así superaba, al menos legalmente, los restrictivos márgenes del elitismo anterior para dar paso a un régimen democrático. Junto con la universalización del derecho de voto, la Constitución de 1869 afirmaba con extensión y detalle otra amplia serie de derechos por primera vez regulados, incluyendo el de asociación, reclamación que los sectores obreros más organizados habían venido presentando desde tiempo atrás. Sin embargo, la libertad que probablemente concitó más polémica en el debate fue la religiosa: el texto constitucional consignó al final la libertad de cultos, aunque sin acompañarla de una explícita separación entre la Iglesia y el Estado. Por último, la nueva Constitución confirmaba la definición del régimen como una monarquía democrática, en la que la Corona resultaba notablemente limitada en sus atribuciones sobre otros poderes, en comparación con las normas anteriores, mientras que el Legislativo, encarnado en las dos Cámaras del Congreso y el Senado, afirmaba su mayor autonomía y potestad.

La monarquía democrática

Entre 1870 y principios de 1873 en España tuvo lugar, efectivamente, la experiencia de una monarquía democrática, cuyo fracaso, atribuido tradicionalmente al exotismo del nuevo rey y a la supuesta ingobernabilidad de los españoles en un régimen amplio de libertades, estuvo más bien motivado por la resistencia al cambio de los sectores más conservadores de la sociedad. Si la experiencia tiene algo de insólita es sobre todo por la carencia de precedentes, en la historia moderna de la monarquía española, de un rey dispuesto a aceptar y hacer cumplir la legalidad constitucional. Es muy conocida la compleja operación en la que se combinaron razones de política nacional y, sobre todo, imperativos de la política europea, que acabó haciendo de un príncipe italiano, Amadeo de Saboya, rey de España. Después de descartar diversas alternativas, la Corona le fue ofrecida como miembro de una dinastía de probado liberalismo y el mismo Prim se colocó al frente de los valedores de la opción italiana. Es también famosa la frustrante coincidencia de la muerte de este último, en un asesinato aún no del todo aclarado, con la llegada del nuevo monarca a España, cuyo primer acto oficial en Madrid fue así la visita a la capilla ardiente de quien había sido la cabeza de la revolución y el hombre fuerte de la situación.

A partir de entonces, dos partidos surgidos de la reorganización de las fuerzas progresistas y demócratas, el Constitucionalista de Práxedes Mateo Sagasta y el Radical de Manuel Ruiz Zorrilla, dieron cuerpo a los Gobiernos del nuevo régimen. El denso perfil de la gestión política de los Ejecutivos de esta etapa, cuya intervención se hizo visible en muy diversos ámbitos, no ha evitado la crítica, en las reconstrucciones históricas posteriores, sobre la división y el choque entre facciones partidistas, el mantenimiento de procedimientos caciquiles y la prolongación de la corrupción electoral en democracia. Sin negar la pervivencia de prácticas políticas propias del liberalismo elitista isabelino, no conviene por otro lado dejar de recordar que muchas de estas acusaciones fueron creadas en aquel mismo momento como armas de combate por parte de los sectores políticos más conservadores y clericales con el objeto de deslegitimar a los Gobiernos de la monarquía democrática y que, en esta época, se celebraron elecciones, se autorizaron manifestaciones y se permitieron opiniones con un grado de libertad desconocido hasta entonces. El aprendizaje de la democracia debió de resultar, desde luego, conflictivo, como bien expresa, por ejemplo, el recurso de carlistas y republicanos a la alianza electoral entre ambas fuerzas.

En medio de estas dificultades, el haber legislativo y ejecutivo de la etapa es realmente llamativo. La actividad reguladora abarcó, por ejemplo, desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta la regulación del matrimonio civil, pasando por la educación y la desamortización de la propiedad minera. En esta última materia, los demócratas en el poder se atuvieron de forma estricta a la lógica del liberalismo económico, que pretendía dinamizar el sector sobre la base de la transformación de la propiedad de este tipo de riqueza. El subsuelo del país había sido hasta entonces patrimonio de la Corona, que concedía su explotación a particulares a través de contratos temporales. Con los demócratas, la riqueza minera siguió la misma suerte que décadas antes había seguido la rural con los progresistas. La nacionalización y posterior transferencia de la propiedad a empresarios privados se hizo en unas condiciones que supusieron la entrada masiva de capital extranjero, en una operación cuyas consecuencias económicas han sido muy discutidas por la historiografía, pero que, en todo caso, se ajustaba al programa liberalizador al que era aún afecto el liberalismo avanzado español de esta época.

Paradójicamente, que la libre iniciativa privada no constituía en sí misma la receta de un desarrollo económico ordenado era ya muy evidente desde otros prismas sociales y políticos. Los Gobiernos de la monarquía de Saboya tuvieron que enfrentarse con la creciente movilización de las clases trabajadoras, a las que, después de haber concedido el derecho de asociación, se esforzaron por contener. La Ley de Orden Público de 1870 limitó sustancialmente el derecho de asociación y su aplicación se hizo tristemente célebre sobre todo en regiones como Andalucía, donde se convirtió en una ley de fugas aplicada frecuentemente en la represión del bandolerismo y otros tipos de delincuencia, que expresaban el conflicto social derivado del muy desequilibrado reparto de la riqueza. En 1871 se debatió en el Congreso la ilegalización de la Asociación Internacional de Trabajadores, en una discusión que evidenció el aumento del miedo entre la clase política hacia un movimiento que, aunque había avanzado rápidamente a partir de su implantación en España en 1869, era también magnificado en sus dimensiones, a la sombra de otros sucesos europeos, desde el temor.

Igualmente conflictiva fue para el régimen la relación con la Iglesia católica, a pesar de la moderación de las medidas de tipo secularizador dispuestas por los Gobiernos demócratas. La reacción eclesiástica fue especialmente agresiva en el caso de aquellas disposiciones legales que abrían la puerta a la laicización de actos fundamentales de la vida humana que hasta ahora solo habían podido tener un refrendo oficial católico: la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Registro Civil y la Orden de Enterramientos concitaron una fuerte campaña en contra de los medios clericales, que, amparados ahora por la libertad de asociación, se movilizaron, además, a través de formatos organizativos más institucionalizados. En este sentido, no cabe duda de que la desproporcionada reacción de la Iglesia católica en España se ajustaba al giro reaccionario con el que en esos años el Vaticano estaba respondiendo a su crisis como Estado y al cuestionamiento del poder terrenal del Papa.

Junto con la Iglesia, importantes sectores propietarios y empresariales se integraron en un frente de oposición dispuesto a hacer fracasar a la monarquía democrática. El papel de los intereses económicos ultramarinos fue especialmente relevante al respecto. Frente al movimiento en favor de terminar con la esclavitud existente en Cuba y en Puerto Rico, animado por destacados políticos e intelectuales del momento y, algo después, frente al proyecto abolicionista del Gobierno de Ruiz Zorrilla, los propietarios ultramarinos, dirigidos por el marqués de Manzanedo, con el apoyo de terratenientes peninsulares, organizaron un grupo de presión que consiguió hacer fracasar la nueva ley para Cuba. Conviene, a su vez, situar esta tensión en el contexto de la posibilidad abierta con la democracia de restaurar la representación política de las colonias en el Parlamento español, también en buena medida frustrada. Los intereses empresariales antillanos coincidieron con los financieros, bursátiles y agrícolas peninsulares en su creciente hostilidad hacia la monarquía de Saboya y el inverso apoyo al partido alfonsino que, en torno a Cánovas del Castillo, comenzaba a preparar la vuelta de los Borbones. Finalmente, el plante de un sector de artilleros que pretendió presionar al rey para que rectificara un nombramiento, en abierto y premonitorio reto al poder civil, dio pie a la renuncia de Amadeo I al trono español.

La hora de los republicanos

Con su abdicación, llegó el tiempo de la Primera República española. La decisión de declarar esta forma de gobierno fue tomada dentro de las Cortes, transformadas en Asamblea Nacional, con el apoyo de los diputados radicales y republicanos. Las dificultades con las que tuvo que enfrentarse el nuevo régimen, originadas tanto en la pluralidad de los proyectos englobados bajo el generoso nombre de «república» como en la resistencia activa de los sectores más conservadores de la sociedad española, redujeron a 11 meses de 1873 su corta existencia; con ella se cerró el esfuerzo de autentificación democrática de la vida política del país que se había iniciado en 1868.

La palabra «república» evocaba mucho más que una forma de gobierno tanto para sus partidarios como para sus detractores. La democracia política se acompañaría, para los primeros, de una racionalización cultural y moral de la sociedad liberada de la intolerancia religiosa e incluso de la eliminación de los privilegios y desigualdades sociales por medio de una mayor justicia distributiva. El igualitarismo implícito en esta última aspiración era especialmente sentido por las clases trabajadoras urbanas y rurales, para las que república significaba especialmente el reparto y acceso a los bienes acaparados por los propietarios. Obviamente, para los sectores conservadores, la república era también por todo ello mucho más que un sistema político, desde la consideración de que, tras el sufragio universal, amagaban el desorden público y social y, por ende, el derrumbe del orden moral.

Desde el primer momento se hizo evidente la doble tensión que iba a marcar, en el campo del propio republicanismo, la instauración del régimen. Por un lado, dentro de las mismas élites políticas que intentaban ordenar la situación, el diseño territorial del Estado separó a unitarios y federales, con proyectos opuestos de centralización versus descentralización administrativa. Aunque el federalismo era una seña de identidad del republicanismo español desde antes incluso de su constitución como tal partido en 1869, aquellos segmentos de la clase política más partidarios de extremar el cuidado del orden público, en medio de una ascendente marejada de movilización social, procuraron aferrarse a la fórmula unitaria como barrera de contención. Solo después de muchas dificultades y unas nuevas elecciones generales pudo Pi y Margall, promotor de un federalismo que no encerraba solo un significado político-administrativo, sino que se sustentaba sobre una concepción radicalmente libre de la voluntad humana, tomar las riendas de la República e intentar desarrollar este programa desde arriba, incluida su constitucionalización. Sin embargo, su esfuerzo tuvo que enfrentarse, además de con otros problemas, con el dilema que representaba la demanda desde abajo de una más rápida y completa instauración de la república federal.

La revolución cantonal, de gran heterogeneidad social e ideológica, significó precisamente esto. En localidades de todo el país, pero especialmente en el arco mediterráneo y andaluz, se formaron juntas revolucionarias que asumieron la proclamación de repúblicas autónomas con un muy diverso programa de gobierno. En algunas ciudades, como Valencia, el movimiento estuvo liderado por hombres de clase media y partía del respeto a la propiedad privada, pero en otras, como Alcoy, Málaga o Sevilla, la participación de grupos de trabajadores añadió al movimiento un elemento de revolución social más completo. No hay una estrecha identificación entre cantonal e internacional, pero, lógicamente, en aquellas localidades donde esta asociación estaba organizada y era activa, sus miembros participaron en un levantamiento lleno de expectativas, al que aportaron consignas socialistas y, sobre todo, anarquistas. En 1873 la AIT se había extendido, especialmente en su vertiente bakuninista, sobre todo por Cataluña y Andalucía, y podría haber contado con unos 50.000 afiliados.

Los trabajos para aprobar una nueva Constitución y desarrollar medidas legales en otros ámbitos, como la protección laboral o la abolición de la esclavitud, tuvieron lugar en el difícil contexto de este alzamiento, cuyo control obligó a recurrir al ejército y la Guardia Civil; algo que, a su vez, provocó el progresivo desplazamiento de la presidencia de la República hacia la derecha: a la dimisión de un Pi y Margall que se negó a utilizar tales medios, le siguió la de Nicolás Salmerón, para, finalmente, quedar el cargo en manos de Castelar, quien a estas alturas representaba un republicanismo de orden decidido ante todo a defender el derecho de propiedad. Porque, además, no era este el único reto que, con la fuerza de las armas, desafiaba la autoridad del Gobierno republicano. Tanto la insurrección carlista, en el norte del país, como el levantamiento cubano, en el otro extremo del Atlántico, significaban frentes militares que la República tuvo que confiar a un ejército cada vez más conservador y menos dispuesto a mantener la debida fidelidad al Gobierno. En medio de un terrible aislamiento internacional —solo Estados Unidos y Suiza habían reconocido al régimen español— el Gobierno dependió cada vez más de unos militares a los que no controlaba. Dentro del ejército se iba forjando, por otra parte, un discurso de salvación que señalaba a la institución como la única garantía de orden frente a los múltiples peligros a los que se enfrentaba España, entre ellos, el del «separatismo» que, sin fundamento, se quiso ver en la revolución cantonal, que en ninguno de sus casos planteó la exigencia de separación del Estado español.

No fue el único cuerpo que, amenazado por la desbordada movilización social, cristalizó un discurso reaccionario contra el cambio. La jerarquía católica, ya opuesta a la anterior monarquía democrática, extremó ahora sus ataques a un régimen que había proyectado la separación total de Iglesia y Estado. De igual manera que el fantasma del separatismo de los militares, la propagación en medios clericales de una imagen maniquea que enfrentaba al buen pueblo español, retratado como católico y tradicionalista, con unos políticos corruptos y vendidos, que lo llevaban por el camino del liberalismo y el socialismo —ya que el segundo derivaría del primero—, tuvo larga capacidad de pervivencia en la historia de las derechas españolas.

Reacción y Restauración

En este ambiente, no fue suficiente para la supervivencia de la Primera República que Castelar afirmara que su prioridad era reforzar la autoridad y el orden. Ni siquiera le valió a este último el vidrioso elogio del marqués de Manzanedo, activo alfonsino, cuando nombró a un general de destacado monarquismo capitán general de Cuba, donde la República distaba mucho de controlar la situación. La posibilidad de que el presidente fuera reprobado por unas Cortes que cuestionaban su actuación, y con ello de que la izquierda republicana volviera a hacerse con el poder, hizo saltar las alarmas del ejército. El general Pavía, uno de los militares más destacados del momento, irrumpió en el Congreso y lo disolvió con una fuerza de la Guardia Civil. Comenzaron así varios meses de indefinición política, antes de que, a finales de 1874, se reinstaurase, tras otro golpe militar, la dinastía de los Borbones en el trono de España. El general Serrano presidió este ínterin de república militar y autoritaria, en la que no existió legalidad constitucional y que se justificó públicamente con la necesidad de «un poder robusto», pues «incapaces las Cortes de formar un nuevo Gobierno duradero, se hubieran consumido en estériles y espantosas convulsiones, creando efímeros y menospreciados poderes y contribuyendo al triunfo de la más horrible anarquía». Entre sus primeras medidas estuvo la recuperación de las buenas relaciones con la Iglesia, por la que atenuó o derogó decisiones secularizadoras anteriores. Igual de prioritaria fue la ilegalización de la Internacional, pero también de toda asociación que atentara contra la integridad de la patria, lo que situó igualmente a los republicanos federales en la clandestinidad. El ejército había comenzado a actuar de una forma nueva, al hablar como cuerpo y presentarse como salvador de la nación, atribuyéndose, además, capacidad de arbitraje y desinterés por encima de los conflictos partidistas. La democracia había sido una prueba demasiado dura.

Cánovas del Castillo supo recoger los réditos de este aprendizaje negativo en beneficio de su proyecto de monarquía borbónica, para el que venía trabajando desde hacía tiempo. Con gran capacidad política, atrajo a sectores muy dispares: si ministros del Sexenio Democrático como Sagasta se incorporaron a su empresa con el ansia de liberales de orden, los intereses económicos ultramarinos desempeñaron un papel aún más activo en la financiación del trono de Alfonso XII, el hijo de la desterrada Isabel II. Ejército e Iglesia entraron también en el redil de la Restauración, un régimen que hizo del pacto entre poderes la receta de su longevidad.

ESPAÑA EN EL MUNDO

Tomás Pérez Vejo

LA REUBICACIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO (1833-1874)

La tercera década del siglo XIX marca para España el momento de la difícil asunción de un lugar en el mundo que poco tenía ya que ver con el ocupado apenas dos décadas antes. El Estado que se asumía como heredero y continuador de la antigua monarquía católica vio, en el complicado tránsito de imperio a nación, reducido su papel de potencia planetaria al de un país marginal de la Europa del Sur, más objeto que sujeto de la gran política internacional. La pérdida de la mayor parte de los territorios ultramarinos de la monarquía y de sus recursos, y el estallido de una sangrienta y destructiva guerra civil, la Primera Guerra Carlista, no dejaban muchas más opciones. La marginalidad española aparecía como inevitable y, en gran parte, irreversible.

La situación resultaba, sin embargo, paradójica. Esta potencia claramente de segundo orden se veía obligada a defender los restos de un deshilachado imperio que incluía territorios, e intereses, en el Caribe, el Pacífico, el Sudeste Asiático y el norte de África. Todo ello con unos medios, humanos y materiales, muy disminuidos y claramente insuficientes con respecto a los de los que disponían las grandes potencias con presencia e intereses en estas mismas zonas.

Un dilema al que los gobiernos y regímenes políticos que se sucedieron entre 1833 y 1874 dieron respuesta en función de la situación interna del país, los recursos, los equilibrios internacionales y también la imagen que sobre el lugar de España en el mundo tuvieron los distintos grupos que ejercieron el poder. Elementos todos ellos cambiantes que hicieron que el papel de España en el escenario internacional fuera muy distinto de unos a otros momentos.

En líneas generales, y en función de los cambios en las variables anteriores, cabría hablar de un primer periodo, hasta finales de la década de 1840, caracterizado por la inestabilidad interna y una débil presencia internacional; un segundo periodo, a partir de principios de los cincuenta, pero que alcanzaría su pleno desarrollo con los Gobiernos de la Unión Liberal, en el que la presencia internacional de España se hace mucho más visible y agresiva; y un último periodo, que abarca el Sexenio Revolucionario y los primeros años de la Restauración, en los que se vuelve otra vez a la política de cautela e introspección característica de la primera época, aunque, posiblemente, con una autonomía mayor respecto a las grandes potencias.

En este escenario de políticas variables, América, más concretamente la América que había formado parte de la monarquía católica, tuvo un papel particular. En primer lugar por la presencia de Cuba, sin ninguna duda la más importante y rica de las posesiones ultramarinas españolas, hecho que obligó a una activa política de defensa en torno a ella, en una de las áreas sensibles de la geopolítica del siglo XIX; pero también, aunque de una manera mucho más imprecisa, por el conflicto de lo que podríamos llamar la liquidación del imperio. Y aquí se incluía el reconocimiento de las nuevas repúblicas, el problema de la deuda de las antiguas Administraciones virreinales, la situación de los españoles que permanecieron en América y de los que llegaron con posterioridad a las independencias y, de manera general, el difuso malestar por una ruptura que desde el lado español da la impresión de que tardó en ser plenamente aceptada.

La ubicación de España en el mundo entre 1833 y 1874, en definitiva, no solo varió de unos momentos a otros, sino también de unos lugares u otros. Las variaciones cronológicas exigen el análisis diferenciado de los distintos periodos a los que se acaba de hacer referencia más arriba; y las geográficas exigen que la presencia de España en lo que habían sido antiguos dominios de la monarquía en América sea analizada como un caso particular, un problema cualitativamente distinto del que plantea esta misma presencia en otras regiones del mundo.

ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA: LAS CLAVES DE UNA RELACIÓN

La muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, marca el fin del absolutismo monárquico en España; también el de cualquier esperanza de restablecimiento del poder de la monarquía católica en América. El proyecto de nación euroamericana imaginada en Cádiz, la de «los españoles de ambos hemisferios», había perdido cualquier posibilidad de realización con la restauración fernandina, si es que alguna vez la tuvo; el de la recuperación militar por la Corona de sus antiguas posesiones americanas, con el Plan de Iguala (24 de febrero de 1821), que puso fin a la cruenta guerra de la Nueva España, y la decisiva derrota de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), que acabó con los últimos restos del poder militar realista en América del Sur. Sucesos posteriores, como el desembarco de José Arizábalo en La Guaira, en 1826, o la expedición de Isidro Barradas a México, en 1829, fueron ya solo episodios anecdóticos, de importancia histórica menor y de posibilidades de éxito nulas.

A partir de ese momento las relaciones de España con los demás territorios de la antigua monarquía pasaron a ser las de naciones soberanas que se reconocen como sujetos políticos autónomos. Una afirmación que hay que matizar en la medida en que el reconocimiento español de las nuevas repúblicas hispanoamericanas fue lento, tardío y, al menos durante las primeras décadas, lleno de vacilaciones. Mientras que el establecimiento de relaciones fue visto desde el lado americano de manera relativamente sencilla —se trataba de firmar tratados de paz y amistad en los que España reconociese la independencia de las nuevas naciones y en los que se incluyesen regulaciones comerciales y de navegación—, desde el español, por el contrario, resultaba bastante más complicado: los tratados tenían que regular también el espinoso asunto de las indemnizaciones por las confiscaciones y exacciones llevadas a cabo contra los españoles durante la guerra y en el momento de la proclamación de la independencia e incluir concesiones de diferente tipo, algunas de fuerte calado simbólico, como que la firma tuviese lugar en Madrid. Requisito que los firmados antes de 1874 cumplieron casi todos; las únicas excepciones fueron los de Perú (1865) y Uruguay (1870).

A estas divergencias de expectativas hay que añadir la presencia de principios jurídicos contrapuestos respecto a la nacionalidad de los descendientes de españoles. España defendía un ius sanguinis más o menos estricto, que convertía en españoles a los hijos y nietos de los naturales de la Península nacidos en América; las nuevas repúblicas, por su parte, un riguroso ius soli en el que la nacionalidad se determinaba únicamente por el lugar de nacimiento, extendido en algunos casos a todos los que vivían en el país en el momento de la proclamación de la independencia, al margen de donde hubieran nacido. Un conflicto que en el caso de Argentina, país con el que no había ningún disenso importante que resolver, retrasó la firma del tratado de reconocimiento mutuo hasta 1864.

Es posible, sin embargo, que el auténtico problema de fondo fuesen las vacilaciones de España para aceptar las independencias como hecho irreversible. A pesar del goteo de tratados de paz y amistad previos (México [1836], Ecuador [1840], Chile [1844], Venezuela [1845], Bolivia [1847], Costa Rica y Nicaragua [1850], Argentina [1859], Santo Domingo [1855], Guatemala [1863] y Perú y El Salvador [1865]), se podría decir que hasta la segunda mitad de la década de los sesenta, en torno a 1866, no hubo una voluntad clara por parte de los sucesivos Gobiernos españoles de reconocimiento generalizado de los Estados nacidos de las guerras de independencia. Lo que explicaría la lentitud del proceso, más lento todavía si consideramos que la ratificación de algunos de los tratados firmados se pospuso, por motivos diversos, varios años. Los de Bolivia y Nicaragua no se ratificaron hasta 1861 y el de Argentina, hasta 1864. Este último por motivos bastante particulares. El tratado de 1859 había sido firmado con la Confederación Argentina, de la que no formaba parte Buenos Aires, por lo que hubo que negociar uno nuevo al crearse la República Argentina, ya con Buenos Aires como parte de la nueva nación y capital de esta. A esto habría que añadir que algunos de estos primeros tratados fueron posteriormente suspendidos por conflictos de distinto tipo: con México entre 1861 y 1874 (expedición de Prim), con Ecuador entre 1846 y 1847 (expedición restauradora del general Flores, apoyada por España) y entre 1865 y 1879 (Guerra del Pacífico), con Chile entre 1865 y 1879 (Guerra del Pacífico), con Venezuela entre 1860 y 1861 (conflictos en torno a Cuba) y con Bolivia entre 1865 y 1879 (Guerra del Pacífico).

Una situación extraña si tenemos en cuenta que ya en diciembre de 1836 se había aprobado una ley que autorizaba al gobierno español a concluir tratados de paz y amistad con las nuevas repúblicas, previa renuncia por España a derechos de soberanía y reivindicaciones territoriales, lo que parecía mostrar la voluntad de reconocimiento por parte del Gobierno español. Lo cierto, sin embargo, es que, a pesar de esta ley, nunca se planteó por parte de España un reconocimiento global de las independencias americanas. Se resolvió caso por caso, en función de los problemas concretos planteados en cada momento y sin que hubiese una percepción de conjunto ni una política general al respecto. Se podría incluso afirmar que no fue sino hasta el Sexenio Revolucionario (1868-1874) cuando España asumió las independencias como un hecho realmente irreversible y, como consecuencia, que desde el lado americano solo también a partir de estas fechas el fantasma de una posible intervención militar española desapareció definitivamente del horizonte político de las nuevas repúblicas. Sin que esto signifique, por supuesto, la existencia de posibilidades reales de reconquista.

Situación que es necesario tener en cuenta para entender el complejo marco del lugar ocupado por España en la Hispanoamérica de este periodo. Las relaciones entre España y las repúblicas hispanoamericanas entre 1833 y 1874 no encajan estrictamente en el marco general de lo que se entiende por relaciones internacionales. Tienen más que ver con el marco mucho más enrevesado de las que se establecen entre colonias y metrópolis, una vez independizadas aquellas, con las peculiaridades, además, que tuvo la disolución de la monarquía católica en América.

Hechas estas precisiones, no cabe ninguna duda, sin embargo, de que, a partir de la tercera década del siglo XIX, España, ya como nación y no como monarquía, comienza a tener una presencia continua en la vida pública de las nuevas naciones hispanoamericanas. Una presencia que no se corresponde con su condición de potencia de segundo orden. A pesar de que el Congreso de Viena marcase el fin de España como gran potencia y su paso a actor secundario de la vida política internacional, las emancipaciones americanas, con sus secuelas demográficas, económicas y geoestratégicas, y el atraso socioeconómico del país no permitían muchas otras salidas; el cambio no fue tan brusco como a primera vista pudiera parecer, ni la marginalidad española tan extrema como se ha tendido a pensar.

La pérdida de protagonismo internacional de la monarquía católica fue progresiva. Se venía arrastrando, con altibajos, desde mediados del siglo XVII: mucho antes de las independencias americanas había dejado ya en gran parte de ser no solo el gran protagonista que había sido, sino que incluso había cambiado su papel de sujeto de la política internacional por el de objeto de la misma. Objeto relevante, hay que precisar, por su extensión y carácter planetario.

En sentido contrario, España siguió todavía conservando un importante lugar en la política internacional americana durante la mayor parte del siglo XIX. El aislamiento y la marginalidad española son claros vistos desde Europa, menos desde América y mucho menos aún desde el Caribe. En esta última región, uno de los puntos sensibles de la geopolítica del siglo XIX, Cuba, todavía posesión española, fue el centro de una especie de «gran juego» tropical en el que estuvieron implicadas las principales potencias de la época, tanto europeas (Francia e Inglaterra) como americanas (Estados Unidos). Esto obligó a los sucesivos Gobiernos españoles a una política exterior en la región, relativamente definida y articulada, que no se corresponde exactamente con la de un país periférico y marginal. Hubo entre 1833 y 1874 una continua presencia española en América, con intereses geopolíticos propios, que, aunque supeditada casi siempre a los intereses de las grandes potencias y con una capacidad de iniciativa relativamente reducida, no puede ni debe ser desdeñada.

A esta presencia geopolítica, obligada por la pervivencia de intereses coloniales, se añadió otra de carácter más difuso y difícil de determinar, que tuvo que ver con el complejo universo de las relaciones entre las metrópolis y sus antiguas colonias al que se hacía referencia anteriormente. Aunque con un papel pasivo, más objeto que sujeto, España, lo español y los españoles estuvieron presentes, de manera casi obsesiva, en los debates políticos, ideológicos y culturales hispanoamericanos.

Presentes porque la existencia de universo cultural compartido hizo que los debates españoles fuesen ampliamente conocidos y discutidos en el ámbito americano. En el campo conservador los textos de Jaime Balmes o Donoso Cortés fueron reproducidos y debatidos una y otra vez en los periódicos del continente hasta convertirse en parte básica del ideario político-ideológico de los conservadores americanos; en el liberal, de Castelar se reprodujeron hasta sus interminables discursos en las Cortes, además de, por supuesto, sus comentarios sobre la vida política española y europea, publicados quincenalmente en los principales periódicos del continente: La Nación de Buenos Aires, El Nacional de Lima y El Monitor Republicano de México. Lo anterior se refiere al campo político-ideológico; en el más estrictamente cultural, la presencia de las obras de los principales novelistas, poetas y dramaturgos españoles del siglo XIX fue constante en toda Hispanoamérica. A pesar del desdén hacia la tradición cultural hispánica del primer Romanticismo hispanoamericano, cuando no declarada hispanofobia, como fue el caso de la generación de los años treinta argentina, los autores españoles fueron editados, leídos y representados en la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas, de manera incluso más habitual de lo que lo habían sido los anteriores a las independencias. La historia de la literatura española siguió siendo en gran parte la misma a uno y otro lado del Atlántico durante todo el siglo XIX.

Presentes, también, porque fueron muchos los intelectuales españoles, en un sentido genérico (periodistas, profesores, artistas, etcétera), que cruzaron el Atlántico para establecerse en América durante las décadas centrales del siglo XIX. Solo por poner algunos ejemplos, referidos al caso de México —el país con el que, sin duda, las relaciones de todo tipo fueron durante esta época más intensas—, en el campo de la literatura hay que recordar la larga, aunque poco fructífera, estancia de José Zorrilla (1855-1866), cuyo Don Juan era, ya antes de su llegada, obra de representación obligada con motivo de la celebración del Día de Muertos —si hemos de creer lo que él mismo cuenta en sus memorias Recuerdos del tiempo viejo— hasta en náhuatl; en el de la pintura, la todavía más larga (1845-1868), y también mucho más fructífera, estancia de Pelegrín Clavé, profesor en la Academia de Bellas Artes de San Carlos y, sin duda, el pintor más influyente de todo el siglo XIX mexicano; en el de la arquitectura, la de Lorenzo de la Hidalga, uno de los arquitectos más importantes y prolíferos del primer México independiente; en el del periodismo, la de Anselmo de la Portilla, director de El Diario del Imperio durante el Gobierno de Maximiliano; y así un largo etcétera.

Y presentes, por último, porque las polémicas sobre España, la herencia española y los españoles formaron parte de la vida pública hispanoamericana durante todo el siglo XIX. No parece excesivo afirmar que toda propuesta político-ideológica tuvo, en las décadas centrales del siglo XIX hispanoamericano, la necesidad de definirse con respecto a lo español, a favor o en contra, para denigrarlo o para enaltecerlo. Aunque en este caso no sea estrictamente un problema que tenga que ver con la presencia española en América, sino con la propia definición nacional hispanoamericana, parte de la política interior de cada país y no de la exterior.

Esta presencia, constante y obsesiva, va a estar condicionada por cuatro factores básicos: las peculiaridades del proceso de construcción nacional en la América española, con dos proyectos de nación alternativos en los que la herencia española actúa de catalizador; los intereses geopolíticos y económicos españoles en el área del Caribe, con Cuba convertida en el epicentro de un complicado juego de intereses en el que se vieron implicados, directa o indirectamente, las potencias europeas, Estados Unidos y las repúblicas hispanoamericanas; la fantasmagoría imperial española sobre las antiguas posesiones de la monarquía en América, convertidas en el imaginario decimonónico español en imperio español, que impulsará un activo imperialismo de substitución con políticas concretas de alianza, protectorado, intervención, etcétera; y los conflictos derivados de la situación de los españoles en las nuevas naciones, tanto de los que permanecieron en ellas una vez proclamada la independencia como de los llegados posteriormente, en una inmigración mucho menos intensa que la que va a tener lugar en las dos últimas décadas del siglo XIX, pero de una cierta relevancia cuantitativa y, sobre todo, cualitativa.

La importancia de cada uno de estos factores no fue homogénea en todo el continente y, como consecuencia, tampoco el lugar que España tuvo en los diferentes países. Estamos ante pautas generales cuya mayor o menor intensidad deriva tanto de condicionantes internos (mayor o menor presencia de españoles, mayor o menor intensidad del debate identitario, etcétera) como externos (mayores o menores intereses españoles en las distintas áreas geográficas, con una especial incidencia en la región circuncaribeña, la más cercana a Cuba, en la que estos eran más claros y precisos).

En este contexto de geopolíticas variables México ocupó un lugar particular y especialmente relevante. Si ya en el siglo XVIII la Nueva España había sido uno de los centros neurálgicos de la monarquía católica y hacia 1800 representaba más o menos la mitad de la población y la riqueza de toda la América española, entre 1833 y 1874 se convirtió en uno de los ejes de la política exterior española en el continente y la nación hispanoamericana donde la presencia de España resultaba más compleja y conflictiva. Esto fue la consecuencia lógica de la mayor intensidad de los elementos anteriormente enumerados.

La presencia de dos proyectos alternativos de nación, definidos y antagónicos, fue en México mucho más nítida y precisa que en cualquier otro lugar del continente. Los conservadores y liberales mexicanos de las décadas centrales del siglo XIX no debaten ni combaten —frecuentemente más lo segundo que lo primero— solo proyectos político-ideológicos, sino también, y quizás por encima de todo, problemas identitarios. Cada uno de ellos tenía su propio proyecto de nación y su propia visión sobre lo que esta era y, para lo que aquí nos interesa, sobre el lugar que la herencia española tenía que ocupar en ella. Para los conservadores, la nación mexicana era el fruto de la conquista y de los tres siglos virreinales, lo que convertía a la herencia española en marca de identidad, la parte más íntima a la que la nación debía ser fiel; para los liberales, por el contrario, la nación mexicana era la continuación del mundo prehispánico, lo que convertía a la herencia española en extraña y ajena, aquello de lo que la nación debía liberarse para poder ser ella misma.

La proximidad con Cuba es también mayor que la de ninguno de los demás países hispanoamericanos, menos de 100 kilómetros separan Yucatán de la isla caribeña. Como consecuencia, la actitud de los Gobiernos mexicanos con respecto a los movimientos independentistas cubanos y el apoyo que estos pudieran recabar, o no, en los puertos de este país se convirtió en uno de los problemas centrales de toda la política exterior española de la época y en uno de los centros neurálgicos de su acción en el mundo. A lo anterior hay que añadir el carácter fronterizo de México con Estados Unidos, que convertía a aquel país en parte del complejo juego geopolítico de España-Cuba-Estados Unidos en el que se dirimieron aspectos como la continuidad de la presencia española en América, el futuro de la isla, el expansionismo estadounidense y el enfrentamiento entre la raza española y la anglosajona. México no solo resultaba vital para la conservación de la principal colonia española en el mundo, sino que formaba parte de una misma frontera, la que se extendía desde Cuba hasta California, en la que, desde la perspectiva de la época, se estaba dirimiendo la supervivencia de la raza española, entendida como civilización, en el continente.

La presencia de españoles en México nunca fue numéricamente muy importante, ni siquiera en la época de las grandes emigraciones ultramarinas posteriores a 1880. Sí fue, sin embargo, una de las más numerosas durante este periodo de todo el continente y, sobre todo, con pautas de incorporación social relativamente peculiares. El marcado carácter étnico de la estratificación social mexicana decimonónica hizo que los inmigrantes españoles se integrasen no como suele ocurrir en la mayoría de los procesos migratorios, en la parte baja de la pirámide social general, sino en la parte baja de la subpirámide blanca, convertidos casi de partida en parte de los grupos privilegiados. Si a esto añadimos la pervivencia de las redes migratorias virreinales, lo que tenemos es una reducida, pero influyente, colonia española, con importantes intereses económicos, que va a estar continuamente gravitando sobre las relaciones entre ambos países: conflictos en torno a la llamada «deuda española», reclamaciones del Gobierno español por ataques a los bienes y personas de los españoles e intervención continua de los españoles en la vida política mexicana.

La llamada «deuda española», en realidad la deuda virreinal asumida como nacional por el Estado mexicano, en muchos casos en manos de españoles-mexicanos de nacionalidad difusa, será origen de interminables enfrentamientos y reclamaciones por parte del Gobierno español al mexicano. Llevará a la firma de varias convenciones, a la ruptura de relaciones diplomáticas y será una de las causas, no la menor, de la expedición militar de Prim de 1862.

Las reclamaciones por ataques a españoles residentes en México o a sus bienes serán el origen de varias crisis diplomáticas con reiteradas acusaciones del Gobierno español de connivencia de las autoridades, y, en el caso de sucesos especialmente graves, como el de la llamada matanza de San Vicente en la que fueron asesinados cinco españoles, llevarán a la intervención militar. Esta fue una de las causas de la ya citada intervención de Prim.

La participación de los españoles en la vida política nacional, por último, se convirtió en un problema interno de cierta relevancia para el imaginario de los mexicanos sobre España. Rara fue la asonada liberal sin actos y discursos contra los españoles, justificados en el apoyo de estos a los conservadores; igual de raro fue el levantamiento conservador en el que no hubo implicados españoles, ya fuera directamente o solo con apoyos económicos.

A todo lo anterior habría que añadir el hecho de que México era, en esos momentos, el país con mayor extensión y riqueza de todos los surgidos de los que habían sido territorios de la antigua monarquía en América; también fue el primero con el que se restablecieron relaciones —actuó de alguna manera como modelo— y en el que, durante toda la primera mitad del siglo XIX, la voluntad intervencionista española se mostró de manera más constante. Fueron varios, por ejemplo, los proyectos de restauración monárquica, la mayoría impulsados por España, que buscaron el restablecimiento de la monarquía en alguno de los príncipes de la familia real española.

La situación fue obviamente diferente en aquellos países con proyectos de construcción nacional menos polarizados y definidos, más alejados del foco caribeño, con una presencia de españoles menor y de peso económico menos relevante y con proyectos españoles respecto a ellos menos definidos y precisos. Las constantes fueron las mismas, pero su intensidad fue variable de unos países a otros.

LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL HISPANOAMERICANA Y EL PROBLEMA ESPAÑOL

Uno de los rasgos más peculiares de la construcción nacional en Hispanoamérica es que fue llevada a cabo por los descendientes biológicos y culturales de los antiguos colonizadores. A diferencia de lo que ocurrirá posteriormente con los procesos de liberación nacional de mediados del siglo XX en Asia o África, donde la independencia fue obra de los descendientes de los colonizados y, como consecuencia, tuvo una voluntad clara, en la mayoría de los casos, de restauración de antiguas identidades culturales y étnicas, en la América española los fundadores de las nuevas naciones eran en todos los sentidos herederos de identidades cuyas diferencias con las de la metrópoli resultaban extremadamente tenues. Para decirlo de manera menos abstracta, los fundadores de la Argelia moderna iniciaron la vida independiente proclamando el árabe como lengua nacional, el islam como religión de la nación y la expulsión de los descendientes de los franceses establecidos en su territorio como objetivo irrenunciable; para las élites que fundaron las nuevas naciones americanas fue imposible, por el contrario —y a pesar de las retóricas prehispanistas que en los primeros tiempos recorrieron el continente, desde Argentina hasta México—, proclamar como religión nacional otra distinta al cristianismo, como idioma nacional uno que no fuese el español y, menos todavía, autoexpulsarse de la nueva comunidad nacional.

Esta situación de partida va a condicionar de manera radical el lugar de España en todo el proceso de construcción nacional llevado a cabo en estos países a lo largo del siglo XIX. Hubo, en la mayoría de ellos, como ya se ha visto en el caso de México, dos proyectos alternativos e incompatibles de construcción nacional. Uno, de carácter fundamentalmente conservador, para el que las nuevas naciones se imaginaban como hijas y herederas de la nación española a las que su mayoría de edad había llevado a la independencia y emancipación política: su metáfora favorita era la del hijo que, llegado a la edad adulta, se emancipa; otro, de carácter mayoritariamente liberal, para el que, por el contrario, lo que las definía era su rechazo y oposición a la herencia española, bien en aras de un mundo prehispánico del que se asumían como herederas retóricas, bien en aras de los principios de libertad y progreso, «el mundo civilizado», opuestos en su percepción a lo que España era y representaba: la metáfora preferida de este proyecto es la de la nación muerta con la conquista y resucitada con la independencia.

En ambos casos España se convertía en un problema de política interna más que de relaciones internacionales, por lo que su presencia como catalizador del debate político va a ser constante. La herencia española y su lugar en la construcción de las nuevas naciones va a ser, desde México hasta Argentina, el centro de una larga e interminable polémica. Frente a los que afirmaban que las nuevas naciones, nacidas de la conquista y la colonia, eran hijas y herederas de España, estaban los que, por el contrario, proclamaban que, nacidas del mundo prehispánico, la conquista y la colonia habían sido solo un triste y desgraciado paréntesis, nada debían a una España convertida en el enemigo, el otro al que era necesario rechazar y destruir. Una oposición en la que la defensa de lo español y la herencia española se convertían en el centro del ideario político de unos, y la desespañolización, que permitiría borrar cualquier huella de una civilización oscurantista y degradada, en el objetivo patriótico de otros. Hispanofilia e hispanofobia convertidas en una de las claves de la vida política de la región, la primera asociada de manera general al mundo conservador y la segunda, al liberal.

En este debate ideológico, conservadores hispanófilos contra liberales hispanófobos, pasado y presente tendían a confundirse de manera que el lugar de España se definió a partir de un juicio sobre el pasado que determinaba el presente y condicionaba el futuro. Para los conservadores el juicio sobre la conquista y la colonia era positivo, el origen de la nacionalidad y, como consecuencia, el presente y el futuro no podían sino descansar en un acercamiento a una metrópoli que les había transmitido raza, lengua y religión, la defensa de lo español y de los intereses españoles convertidos en parte sustancial del propio proyecto nacional americano; para los liberales, conquista y colonia se traducían en barbarie, explotación económica y oscurantismo inquisitorial y, como consecuencia, el presente y el futuro se definían a partir de la voluntad de borrar hasta la más ligera huella de ese pasado ominoso representado por España, el enemigo de la nacionalidad del que era necesario renegar.

El lugar de España en la definición nacional hispanoamericana tiene también una variable cronológica además de ideológica. En líneas generales, la hispanofobia fue hegemónica en las primeras décadas de vida independiente y la hispanofilia, en las siguientes. El carácter especialmente cruel y sanguinario de las guerras de independencia y la necesidad de diferenciarse de la antigua metrópoli empujaron a los Gobiernos de los Estados recién independizados a convertir la negación de España y lo español en un rasgo fundamental de definición nacional. Es el momento de las llamadas a los orígenes prehispánicos, de la admiración acrítica y sin límites de los modelos anglosajones, vistos como lo opuesto a lo español, y de las imprecaciones a una España que era símbolo de la barbarie y del despotismo inquisitorial y del origen de todos los males que aquejaban a Hispanoamérica (atraso económico, oscurantismo, caudillismo, etcétera).

La década de 1860 marcará el inicio de una cierta reconciliación con el pasado español y del rescate de elementos identitarios, como la lengua y la cultura, que revalorizaron el papel de España en el origen de las nuevas naciones. No se absolvía a la antigua metrópoli de las viejas culpas coloniales, pero se reivindicaba su aportación a la construcción de las distintas nacionalidades hispanoamericanas. Una tendencia que solo alcanzará su pleno desarrollo a finales de siglo, ya fuera del periodo aquí estudiado, con la guerra hispanoestadounidense de 1898, el fin de la presencia colonial española en América y la conversión de Estados Unidos en la principal amenaza para la soberanía de las naciones del continente.

Hispanofobia e hispanofilia son, en todo caso, la trama de fondo sobre la que se teje la presencia de España en el mundo hispanoamericano, el fundamento último que define y determina su lugar en la vida política y cultural de la América española. Los posicionamientos de los distintos actores políticos e ideológicos sobre España y la herencia española van a estar siempre condicionados por esta toma de postura previa. Resulta imprescindible, por lo tanto, tomarlas siempre en consideración como punto de partida para entender unas relaciones extremadamente complejas. El problema es que la distinción entre una y otra es tan tenue —podría incluso decirse que, en realidad, son solo las dos caras de la misma moneda— que a veces resultan difíciles de distinguir. En líneas generales responden, como se ha dicho anteriormente, a posturas ideológicas, conservadores-hispanófilos frente a liberales hispanófobos, pero sin que necesariamente la correspondencia sea exacta. En particular, a partir de finales de la década de 1860, cuando el panhispanismo promovido por España, basado en la retórica de la raza y la lengua, logró interesar también a sectores de la élite liberal y sacó a la hispanofilia del gueto del conservadurismo en el que tradicionalmente había estado encerrada.

LOS INTERESES ESPAÑOLES EN AMÉRICA

Entre 1833 y 1874 la presencia de España en América giró, como ya se ha dicho, en torno a la isla de Cuba —también en torno a Puerto Rico, pero con una importancia económica y simbólica mucho menor— y en torno a las políticas de Estados Unidos respecto a la mayor de las islas del Caribe, considerada desde muy pronto un posible objetivo de expansión de su frontera hacia el sur.

La voluntad de anexión por parte de Estados Unidos estuvo siempre presente de una u otra forma. Diferentes ofertas de compra, las primeras ya de la década de 1820, y apoyo a los sectores anexionistas de la oligarquía cubana dejan pocas dudas al respecto. En 1848 James Buchanan, secretario de Estado estadounidense, escribía a su embajador en Madrid para que propusiese al Gobierno español la compra de la isla, cuyo precio razonable estimaba en torno a 100 millones de dólares, a la vez que insistía en que la anexión a Estados Unidos era en todo caso inevitable, algo que tendría lugar antes o después; en 1850, Estados Unidos apoyó la expedición independentista de Narciso López; en 1852 el Gobierno estadounidense se negó a firmar con Francia e Inglaterra una declaración en la que se comprometía a no adueñarse ni consentir que otra potencia se adueñase de las islas españolas, con el argumento de que, aun aceptando el statu quo existente, a la larga el destino de Cuba era la integración en la república estadounidense; en 1854, los ministros estadounidenses en Londres, París y Madrid firmaron la Declaración de Ostende, que recomendaba una rápida acción bélica contra Cuba en el caso de que fracasasen las negociaciones para su cesión; en 1858 otra vez James Buchanan, pero ahora ya como presidente de Estados Unidos, afirmó, en su mensaje a la nación, que la reconciliación con España pasaba imprescindiblemente por un acuerdo sobre Cuba, que no podía ser otro que la venta de la misma a Estados Unidos; en 1869 Daniel Sickles, ministro plenipotenciario en Madrid, presentó al Gobierno español una propuesta de mediación para poner fin a la que luego sería conocida como Guerra de los Diez Años, elaborada también por el secretario de Estado, en este caso Hamilton Fish, cuyo punto central era la independencia de Cuba a cambio del pago de una indemnización garantizada por el Tesoro de Estados Unidos, una especie de protectorado encubierto. Todo esto sin contar las llamadas directas a la intervención de los medios estadounidenses como respuesta a cualquier tipo de conflicto con España.

Una situación frente a la que la política española, consciente de su debilidad, fue, en general, extremadamente cauta. Eludió el enfrentamiento directo con Estados Unidos, buscó el apoyo de las potencias europeas e intentó, incluso, entre 1850 y 1853, negociar con Francia e Inglaterra garantías para la salvaguarda de las posesiones españolas en el Caribe. Garantías que, como ya se ha dicho, el Gobierno estadounidense se negó a suscribir. Solo durante los años de Gobierno de la Unión Liberal, en particular a partir del estallido de la Guerra de Secesión estadounidense, se propusieron políticas más agresivas, sin demasiado éxito, por lo que poco después se tuvo que volver a las contemporizadoras anteriores.

El centro de la estrategia española consistió en buscar el apoyo de otros países para intentar así contrarrestar la agresividad estadounidense. Un objetivo relativamente fácil en el caso de las potencias europeas con intereses en la zona, Francia e Inglaterra, para las que una Cuba española era claramente preferible a una estadounidense. Inglaterra llegó hasta a tomar iniciativas concretas en este sentido como la oferta formal, en 1845, de un pacto tripartito anglo-franco-español para garantizar las posesiones antillanas españolas. Oferta rechazada por el Gobierno español, posiblemente por cuestiones de prestigio internacional, pero también porque de todas formas estaban convencidos de poder contar con el apoyo inglés en caso de un conflicto con Estados Unidos.

Mucho más complicado resultaba el frente hispanoamericano donde, sobre todo para los liberales, Cuba representaba la presencia amenazante de España y la herida abierta de una dominación colonial no concluida, el recuerdo vivo de tres siglos de presencia opresora; y Estados Unidos, por el contrario, la libertad y el progreso. Como consecuencia la tendencia fue no solo de apoyo a los rebeldes cubanos, sino también de una simpatía más o menos encubierta en favor del intervencionismo estadounidense contra España.

La única opción de la política exterior española fue buscar el apoyo de unos sectores conservadores para los que Cuba era, por encima de cualquier otra consideración, una de las fronteras, la otra era la mexicana, del enfrentamiento entre españoles y anglosajones. La caída de la isla en manos de Estados Unidos no era para ellos solo, ni siquiera principalmente, una pérdida para España, sino un paso más en la aniquilación de la raza española en América. Un paso, además, de importancia geoestratégica clave. La desaparición de la presencia española en América dejaría a las jóvenes repúblicas hispanoamericanas solas frente al expansionismo estadounidense, con consecuencias que iban mucho más allá de una modificación puntual de la frontera entre españoles y anglosajones. Era, para los conservadores, un cambio cualitativo de alcance imprevisible.

Las alternativas para el futuro de la isla se reducían de hecho a tres: la independencia, la anexión a Estados Unidos o la permanencia bajo el dominio de España. En general, las repúblicas hispanoamericanas fueron partidarias de la primera de las opciones, por lo que la voluntad de los sucesivos Gobiernos españoles de mantener el dominio sobre Cuba dificultó enormemente las relaciones con ellas. En los sectores conservadores, sin embargo, y de acuerdo con lo que se acaba de afirmar, fue perceptible, ya desde mediados de la década de 1830, una actitud bastante ambigua en la que, si de manera abstracta se apostaba por la independencia, en el análisis concreto factores como la posible anexión a Estados Unidos o la importancia que la presencia de España tenía como freno al expansionismo anglosajón hicieron que se tomasen posturas mucho más matizadas, cuando no claramente favorables a la continuidad de la presencia española. La diplomacia española aprovechará estas dudas y miedos para presentar los sucesivos conflictos cubanos como fruto de las injerencias estadounidenses y no de los deseos de emancipación de los isleños. Un episodio más del enfrentamiento entre españoles y anglosajones en América y no el capítulo final de las guerras de independencia americanas. La alternativa, desde esta perspectiva, no era independencia o continuidad de la presencia española, sino continuidad de la presencia española o anexión a Estados Unidos. Un dilema sobre el que los posicionamientos eran mucho más encontrados y sobre el que la movilización en favor de las tesis españolas resultaba bastante más fácil.

En el fondo, y como ocurre con otros muchos aspectos sobre las complejas relaciones de las repúblicas hispanoamericanas con España, los posicionamientos tuvieron mucho más que ver con las posturas ideológicas previas que con Cuba propiamente dicha. Para los conservadores, con más o menos radicalismo en función de la cercanía o lejanía de Estados Unidos, lo que se estaba dirimiendo en el Caribe era la supervivencia de la raza española en América, por lo que tendieron a mostrarse, en general, favorables a la permanencia de España; para los liberales, por el contrario, era solo otro capítulo más de la lucha entre el atraso y la barbarie, representados por la despótica España, y el progreso y la civilización, de la que Estados Unidos era el gran abanderado, por lo que su posicionamiento en favor de la independencia cubana y de la intervención de Estados Unidos en el conflicto fue siempre claro.

La política española osciló entre el apoyo a los conservadores como forma de garantizar una actitud más benevolente en relación con la continuidad de la presencia colonial en Cuba, que tendría su punto culminante en las intervenciones militares en México y Santo Domingo, y la negociación con los liberales para evitar la ayuda y el reconocimiento a los rebeldes cubanos, hegemónica con posterioridad a 1868, aunque con cierto endurecimiento de posturas a partir de 1874.

Las variaciones tuvieron que ver más con las diferentes coyunturas políticas vividas en la Península que con la situación americana. Entre 1833 y 1854 la política exterior española se caracterizó por su extremada cautela. Cuba no fue la excepción. A pesar de la cada vez más amenazadora presencia estadounidense en el Caribe, España se limitó a apoyarse en los intereses franceses e ingleses, importantes en una región de gran relevancia geopolítica, para intentar mantener el equilibrio existente. Ni siquiera la petición de apoyo militar de Yucatán, a cambio de soberanía política, de 1848, en un momento en el que la efímera república independiente de este territorio, acosada por la Guerra de Castas, buscaba desesperadamente protección logró cambiar esta voluntad de no interferir en los equilibrios de la región. A pesar de su cercanía a Cuba, y del efecto propagandístico que la reincorporación voluntaria de un territorio anteriormente emancipado podía tener, la petición no fue aceptada.

A la vez se intentaba evitar cualquier posible motivo de fricción con Washington. Ni siquiera la agresiva política estadounidense hacia México, que culminó con la invasión de 1846 a 1848 y la anexión de en torno a la mitad del territorio de esta república —una clara amenaza para los intereses españoles en la zona y un funesto precedente para Cuba—, modificó esta política de cautela.

La llegada de la Unión Liberal al poder y el estallido de la Guerra de Secesión estadounidense dieron un vuelco radical a la situación. Las nuevas élites políticas españolas tenían una visión diferente sobre cuál debía ser el lugar del país en el mundo, y el obligado retraimiento de la política exterior estadounidense, junto con un periodo de expansión económica, les dieron una oportunidad de oro para intentar llevarla a la práctica.

El Gobierno español se decantó por estrategias más agresivas que buscaron, con la expedición militar a México y la anexión de Santo Domingo, la extensión del área de influencia en torno a Cuba. La defensa de la isla dejó de estar ligada al mantenimiento del equilibrio de fuerzas entre las grandes potencias y pasó a ser vista como parte de un ambicioso programa en el que España recuperaba su papel de potencia regional con una política propia y no supeditada a intereses ajenos. La mayor de las Antillas dejaba de ser un problema, un territorio que defender, para convertirse en una oportunidad, la base para recuperar la influencia española en la región caribeña.

El fracaso de las expediciones militares en América, el inicio de la Guerra de los Diez Años en Cuba y el fin de la Guerra de Secesión estadounidense volvieron la situación al punto de partida. Los distintos Gobiernos del Sexenio Revolucionario tuvieron que hacer frente al regreso de Estados Unidos a la zona con proyectos de anexión para la República Dominicana y Haití o, en su defecto, el establecimiento de bases navales en cualquiera de los dos países, con especial preferencia por la bahía de Samaná dominicana. También a la vieja política de apoyo, más o menos encubierto, a los rebeldes cubanos, facilitada ahora por la existencia de un conflicto armado en el interior de la isla.

A comienzos de 1869 el presidente de la República Dominicana, Buenaventura Báez, hizo pública su voluntad de convertir al antiguo Santo Domingo en un Estado más de la república estadounidense, propuesta recibida favorablemente por el presidente de Estados Unidos (Ulysses Grant), quien envió a Santo Domingo a un agente confidencial para negociar las condiciones de la anexión. Aunque esta finalmente no se llevó a cabo, no a causa de la oposición de los dominicanos, sino de la negativa del Senado de Washington a ratificar la propuesta presidencial, no cabían demasiadas dudas de que, concluida la Guerra de Secesión, Estados Unidos estaba de vuelta en la región caribeña y recuperaba sus antiguos proyectos de expansión territorial e influencia política.

La mayor agresividad estadounidense se vio agravada por el estallido de la Guerra de los Diez Años y por las simpatías en favor de los rebeldes de la mayor parte de las repúblicas hispanoamericanas. Se optó nuevamente por evitar los enfrentamientos con Estados Unidos, a la vez que se iniciaba una política de mejora de relaciones con los demás Estados circuncaribeños para impedir el reconocimiento de los rebeldes. Política que, extrañamente, dado que los independentistas cubanos contaban con redes de apoyo en todos los países de la región, tuvo un cierto éxito. Se restablecieron relaciones diplomáticas con México, que se comprometió a no apoyar a los cubanos; se abortó la aprobación del Senado de Colombia, país con el que todavía en ese momento no se había firmado un tratado de reconocimiento, de la propuesta para crear una alianza con otras repúblicas hispanoamericanas que obligase a España a reconocer la independencia de Cuba y Puerto Rico; se restablecieron relaciones con la República Dominicana, que se comprometió, por una cláusula secreta, a impedir en su territorio el desarrollo de actividades contrarias a la soberanía española en sus posesiones antillanas; y se resolvieron algunos incidentes con Estados Unidos mediante la negociación, como por ejemplo en el caso del barco Virginius, 53 de cuyos tripulantes habían sido fusilados en La Habana bajo la acusación de transportar armas para los insurrectos, y que el Gobierno español resolvió liberando el barco con su tripulación, haciendo un acto público de desagravio a la bandera estadounidense y pagando una indemnización de 80.000 dólares.

LA FANTASMAGORÍA IMPERIAL ESPAÑOLA

El imperialismo cumplió en los años centrales del siglo XIX funciones diversas, no solo, ni quizás principalmente, económicas. Permitió también definir la importancia y valor de las naciones, en un momento de especial auge del discurso nacionalista, a partir de la existencia o no de imperios coloniales. El caso de España resultaba a este respecto particularmente paradójico. Autoerigido el nuevo Estado-nación español en heredero simbólico de la monarquía católica y, como consecuencia, caracterizado como una nación imperial, había perdido, sin embargo, la mayor parte de sus posesiones ultramarinas justo en el momento en el que las demás potencias europeas iniciaban la construcción de sus imperios coloniales. Situación que hizo de América, para el imaginario español, un lugar ambiguo. Podía ser utilizado como símbolo y recuerdo de un glorioso pasado imperial, imperialismo de sustitución, pero también como prueba del fracaso de España como nación moderna, que había sido, pero ya no era.

Los problemas de afianzamiento del primer Estado liberal español (crisis económica, guerras carlistas, marginalidad internacional, etcétera) hicieron que la presencia de España en América oscilase en estos primeros años entre el reconocimiento de las nuevas naciones como hecho irreversible y una voluntad de intervención que, dada la falta de recursos, apenas tuvo incidencia real.

El primer país al que la antigua metrópoli reconoció su independencia fue México, mediante el Tratado Definitivo de Paz y Amistad de 1836. Reconocimiento que obedeció tanto a la necesidad de garantizar la neutralidad mexicana respecto a Cuba como a la de buscar soluciones a los conflictos de los españoles residentes en México, principalmente en torno a la llamada «deuda española» y a los funcionarios de la antigua Administración virreinal. Sobre lo primero, el tratado incluía un «Artículo secreto adicional» por el que México se comprometía a reprimir en su territorio todo acto contrario a las posesiones ultramarinas españolas y se obligaba explícitamente a no permitir el asentamiento de los rebeldes cubanos refugiados en México en las costas. Sobre lo segundo, el Estado mexicano, de acuerdo con la ley de la República del 28 de junio de 1824, asumía la deuda del Gobierno virreinal como propia y se comprometía a establecer un mecanismo de pago. Poco después el Gobierno mexicano legisló sobre los antiguos funcionarios españoles, que en el momento de la declaración de la independencia habían conservado sus puestos, pero que posteriormente habían sido expulsados, y decretó el regreso de los empleados civiles españoles, que pasaron a la situación de jubilados con sueldo completo, y de los militares, reintegrados en los puestos y grados a los que tuvieran derecho.

A pesar de este reconocimiento, el intervencionismo español en México se mantuvo, con una alta dosis de irrealismo, a lo largo de las dos siguientes décadas. En primer lugar en torno al problema de la deuda, cuya solución definitiva se demoró hasta 1890, pero también a través de un intermitente apoyo político, más o menos directo en función de la coyuntura de cada momento, a los diferentes proyectos de restauración monárquica en un príncipe de la casa de Borbón promovidos por los conservadores mexicanos entre mediados de la década de 1840 y la proclamación de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México en 1863.

El problema de la llamada «deuda española» fue el resultado de un gigantesco embrollo jurídico que complicó las relaciones con México durante todo este periodo. A pesar de su nombre, esta deuda no era una deuda con España, sino del Estado mexicano con españoles residentes en México. Unos residentes españoles frecuentemente, además, de nacionalidad controvertida, ya que en muchos casos se trataba de residentes en la Nueva España desde antes de la proclamación de la independencia, momento en el que habían sido declarados ciudadanos mexicanos, lo que no había impedido que, a finales de la década de 1820, algunos de ellos fueran expulsados de México por su condición de españoles. El reconocimiento de México por España les dio la opción de elegir entre las dos nacionalidades y muchos optaron por la española, aunque no necesariamente en ese momento, sino años más tarde. Buscaron precisamente la protección del Gobierno español en sus conflictos con el Estado mexicano por el pago de la deuda. Españoles, en resumen, de nacionalidad difusa que, en algunos casos voluntariamente y en otros por decisiones político-administrativas tomadas al margen de su voluntad, habían sido primero mexicanos, después españoles y nuevamente mexicanos o españoles.

Si la situación de los acreedores era ambigua, no lo era menos la de la propia deuda. El tratado de 1836 la definió como interna mexicana y por lo tanto sin que el Gobierno español tuviese nada que ver con ella. El Estado mexicano asumía como deuda propia toda la virreinal, generada en su mayor parte, paradójicamente, para combatir la insurgencia. Una solución en principio óptima para los acreedores españoles. Sin embargo, este reconocimiento no fue acompañado de medidas que garantizasen su pago. La imposibilidad real de cobrar hizo que los acreedores presionasen para convertir la deuda en externa, garantizada por el Gobierno español, con la consecuencia de una interminable polémica jurídico-diplomática que se prolongaría hasta finales de siglo.

La intervención española fue también constante en los diferentes proyectos de restauración monárquica que tuvieron lugar en México con anterioridad a 1863. Únicamente en el que tuvo lugar ese año, que llevaría al trono de México a Maximiliano de Habsburgo con la proclamación del efímero Segundo Imperio Mexicano, la participación española no fue relevante, incluso su actitud podría ser calificada de ambigua. En todos los demás, el protagonismo español resulta innegable. En el más importante de todos, al margen del que llevó al poder a Maximiliano, el alentado por el periódico El Tiempo a principios de 1846, estuvo involucrado el propio embajador español, Salvador Bermúdez de Castro, y contó entre sus principales promotores con un oscuro personaje, el agiotista vasco Lorenzo Carrera, uno de los principales acreedores de la «deuda española».

Fuera de México el intervencionismo español en esta primera época se hizo sentir con una intensidad parecida, incluso mayor, en la República Dominicana, y de manera mucho menor en el resto del continente, tanto por la menor cercanía de los demás países a Cuba como por la ausencia de colonias españolas con una capacidad de influencia e intriga equiparable a la mexicana.

La situación cambió de manera radical con la llegada de la Unión Liberal al poder y su, como ya se ha dicho, agresiva política exterior, plasmada en el caso americano en las campañas militares de México, República Dominicana y el Pacífico. La revolución de julio de 1854 llevó al poder a una nueva generación liberal, con una clara voluntad de renovación nacional y nacionalista, que encontró uno de sus elementos de movilización política en la recuperación del papel imperial de España. Objetivo perseguido todavía con más insistencia por la coalición moderado-progresista de la Unión Liberal a partir de 1856. El resultado fue un agresivo intervencionismo exterior, favorecido por la estabilidad política y el crecimiento económico.

Las campañas militares de la Unión Liberal, la llamada «política de prestigio», que fueron fundamentales en la configuración de un imaginario imperialista español hacia Hispanoamérica, tuvieron un fuerte componente ideológico más que económico, de legitimación política más que de necesidad de búsqueda de mercados coloniales, lo que, por supuesto, no significa que en cada caso concreto no se añadiesen otros motivos particulares, en algunos casos con un fuerte contenido económico.

En un Estado, el liberal español, ya no de Antiguo Régimen, pero de legitimidad democrática complicada, el recurso a un discurso historicista, en el que el nuevo poder político se presentaba a sí mismo como el depositario de la historia de la nación, tuvo un importante papel. Puesto que uno de los rasgos determinantes y esenciales del ser español, tal como se estaba perfilando en la historiografía de la época, era el de su carácter imperial, la mejor forma de demostrar la fidelidad al alma eterna de la nación fue retomar la ya olvidada senda de la expansión territorial. Olvido del que, además, aparecía como responsable el absolutismo monárquico, que mostraba así no solo su carácter abyecto, sino también su ilegitimidad y extrañeza al ser auténtico de la nación.

En sentido estricto tampoco se puede decir que este fuera un proyecto exclusivo de los políticos de la Unión Liberal. La voluntad de identificar a España como una nación imperial se había iniciado relativamente pronto en la naciente historiografía española, con una alta capacidad de proyección de futuro. Lo novedoso en la década de 1860 fue que este imperialismo retórico acabó generando un cambio del clima político, más proclive al intervencionismo militar exterior que el de épocas anteriores, que en el caso americano llevaría a las ya citadas tres intervenciones, cada una de ellas con sus causas específicas, pero dentro de este común marco general de expansión imperial y de política de prestigio. Durante unos pocos años la política exterior española modificó de manera radical sus estrategias y expectativas sobre América.

La expedición militar a México fue el resultado de una compleja interacción de factores, algunos de los cuales se venían arrastrando desde épocas anteriores y entre los que Cuba tuvo, como ya se ha dicho, un papel determinante. Las llamadas a la instauración de un protectorado español o de un príncipe de la familia real española en México comenzaron a aparecer en la prensa mexicana y española a partir de la invasión estadounidense de 1847, siempre con el trasfondo del enfrentamiento interno entre conservadores y liberales y la amenaza de una posible anexión del país por parte de Estados Unidos, pero sin responder a planes precisos y concretos.

La situación comenzó a cambiar hacia los últimos meses de 1856. Los conflictos en torno a la «deuda española» —el Gobierno mexicano había decretado no seguir pagando hasta que no se examinasen los créditos acogidos a la Convención de 1853— y el asesinato de varios españoles en la Hacienda de San Vicente, que el Gobierno español atribuía, por acción o por omisión, a las tropas de Juan Álvarez, presidente provisional de México, llevaron a plantear la posibilidad de un desembarco militar español con el doble objetivo de intervenir en favor de los acreedores y pedir satisfacciones legales y económicas por las muertes. La intervención en la política interna se veía mezclada con un asunto bilateral en el que además estaban implicados algunos de los españoles residentes en México con mayor capacidad de presión y movilización política.

La posible intervención militar comenzó a tomar cuerpo a principios de 1857 en forma de apoyo a Santa Anna, en esos momentos exiliado en La Habana, quien se comprometía, si recuperaba el poder, a poner nuevamente en vigor la Convención de 1851, la resolución del problema de la deuda y a pagar las indemnizaciones a los españoles afectados por la matanza de San Vicente, lo que zanjaría el espinoso asunto de las «persecuciones» a los españoles en la Tierra Caliente de Cuernavaca. Tanto para la opinión pública española como para el propio Gobierno no parecía haber demasiadas dudas de que el asesinato de cinco españoles en una hacienda azucarera de esta región no había sido un hecho fortuito, sino parte de un plan de exterminio que contaba con el apoyo y beneplácito del presidente provisional de la República, el general Juan Álvarez, cuya hispanofobia y odio a los dueños de las haciendas azucareras morelenses, muchos de ellos españoles, eran de sobra conocidos.

La situación evolucionó con gran rapidez. A principios de 1860, en plena Guerra de Reforma en México, el Gobierno español envió a un nuevo embajador, Joaquín Francisco Pacheco, con el objetivo explícito de intentar reconducir los conflictos con aquel país. Ante la situación de guerra civil, Pacheco, en un acto de clara toma de partido, presentó sus credenciales al general Miguel Miramón, presidente de los conservadores. Elección pésima dada la posterior victoria de Juárez. La consecuencia fue la expulsión del embajador español nada más producirse la entrada de los liberales en Ciudad de México, un motivo más de fricción que añadir a las complicadas relaciones entre los Gobiernos de ambos países. Para acabar de complicar la situación el Gobierno juarista, presionado por una crisis financiera galopante, decidió suspender durante dos años el pago de la deuda, no solo la española, sino también la inglesa y francesa.

En medio de esta coyuntura, particularmente tensa, la situación española en el Caribe sufrió un vuelco radical. A la confluencia de intereses con las grandes potencias europeas (por primera vez el problema de la deuda no era solo español, sino también inglés y francés) se añadió el estallido de la Guerra de Secesión, en abril de 1861, con el lógico debilitamiento de la política exterior estadounidense. El Gobierno de Juárez perdió un protector más que un aliado y los europeos en general y los españoles en particular se encontraron con las manos libres para intervenir en América sin el riesgo de una respuesta estadounidense. La Doctrina Monroe estaba desactivada por la incapacidad de Estados Unidos para aplicarla.

El resultado de la suma de todos estos factores fue la adhesión de España a la Convención de Londres de 1861 y el posterior envío de un ejército expedicionario, que desembarcó en Veracruz en enero de 1862. A pesar de que la convención, firmada por España, Inglaterra y Francia, tenía como único objetivo la ocupación de las aduanas de Veracruz y Tampico para asegurar con sus ingresos los pagos pendientes, la intervención militar acabó teniendo un carácter mucho más ambicioso que culminaría con la instauración de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Este último fue un proyecto ya exclusivamente francés, del que se retiraron tanto España como Inglaterra.

La no participación española en el apoyo a este efímero Segundo Imperio mexicano se debió en gran parte a Juan Prim, el jefe del cuerpo expedicionario español, quien desde su llegada a Veracruz mostró una cierta simpatía por el Gobierno de Juárez y una mucho más clara renuencia a apoyar los planes franceses. Después de una serie de tensas reuniones entre los jefes de los tres cuerpos expedicionarios, en las que el francés llegó a acusar al español, por su negativa a involucrarse en la guerra contra los liberales y en apoyo de Maximiliano, de querer proclamarse él mismo emperador de México, Prim firmó los Tratados Preliminares de la Soledad, el 15 de abril de 1862, por los que españoles e ingleses se comprometían a retirar sus tropas del territorio mexicano. Una decisión muy discutida en España, que dio lugar a una serie de tormentosas sesiones en el Senado, condicionada posiblemente por los intereses económicos de Prim en México —él nunca ocultó que era propietario, a través de su esposa, la mexicana Francisca Agüero, de una de las más importantes casas comerciales del país— que le debieron de empujar a buscar algún tipo de acuerdo con Juárez; por su convencimiento, confirmado a la postre por los hechos, de que los conservadores no tenían ninguna posibilidad de ganar la guerra; y, asimismo, por su idea, a diferencia de lo que pensaban muchos de sus correligionarios, de que el error de la política española en América, presionada por la hispanofobia de la que los liberales solían hacer gala, había sido apoyarse en los conservadores y no en los liberales.

La decisión de Prim debió de estar también influida por el hecho de que para la élite política española, incluida la propia Isabel II, una restauración monárquica en cualquiera de las antiguas posesiones americanas solo era deseable si se llevaba a cabo por un príncipe de la familia real española y con apoyo español, no por un príncipe austriaco y supeditada a los intereses franceses.

La polémica retirada de las tropas españolas tuvo importantes repercusiones sobre la imagen de España en México. La actitud de Prim modificó, al menos de manera temporal, la hispanofobia tradicional de los liberales y facilitó, hasta cierto punto, una mejor recepción del panhispanismo intentado por los Gobiernos españoles una vez fracasados los sueños intervencionistas de la Unión Liberal. A pesar de no haber resuelto ninguno de los conflictos que estuvieron en su origen —el problema de la deuda se seguiría arrastrando hasta fines del siglo XIX y el Estado mexicano nunca asumió ninguna responsabilidad sobre la matanza de San Vicente—, fue, posiblemente, la única de las tres intervenciones que puede ser considerada exitosa y con resultados favorables para España.

Diferente, aunque no con mejores resultados, sino todo lo contrario, fue el caso de la anexión de la República Dominicana, con Cuba también como protagonista, pero con la diferencia de que, en este caso, la iniciativa de anexión fue tomada por el propio presidente dominicano Pedro Santana y no por el Gobierno español.

Santo Domingo se había independizado de España en 1820; había perdido su independencia casi inmediatamente a manos de los haitianos, quienes en 1821 ocuparon toda la isla, y vuelto a recuperarla en 1844, tras un levantamiento que volvió a dividir en dos la isla de La Española. Conseguida esta segunda independencia, las élites dominicanas, presionadas por la amenaza de una nueva invasión haitiana y por una más que escasa fe en las posibilidades de una vida política autónoma, mostraron desde muy pronto su interés por buscar la protección de alguna de las potencias de la región, España, Francia, Inglaterra o Estados Unidos.

En el caso de España, ya en ese mismo año de 1844 pidieron protección al capitán general de Cuba, petición que renovaron al año siguiente; en 1855 firmaron un tratado de reconocimiento que establecía una especie de protectorado de facto; en 1858 hicieron una solicitud de ayuda; y, finalmente, en 1861 el Gobierno de la República Dominicana decretó unilateralmente su reincorporación a la antigua metrópoli.

La actitud española fue en este caso de cautela y hasta cierto punto pasiva. La anexión fue el resultado de la política de hechos consumados llevada a cabo por el presidente Pedro Santana, que, a su vez, era una respuesta a la voluntad de sus rivales políticos, encabezados por Báez, de buscar la protección de Estados Unidos. Santana aprovechó su condición de jefe de Estado para adelantarse a sus enemigos y proclamar, en marzo de 1861, la soberanía de Isabel II: «por nuestra libre y espontánea voluntad […] proclamamos como Reina Señora a la excelsa Princesa Doña Isabel II en cuyas manos depositamos la soberanía que hasta ahora hemos ejercido como miembros de la República Dominicana». Dos meses después, y tras las negociaciones llevadas a cabo en Madrid y en Cuba, España aceptaba la reincorporación del antiguo Santo Domingo, con la oposición, entre otros, del capitán general de Cuba, José Gutiérrez de la Concha, quien no la consideraba ni viable ni aconsejable.

La anexión resultó, de hecho, mucho más complicada de lo previsto. Al margen de que fuera solo la decisión de uno de los grupos políticos en pugna, y por lo tanto carente de consenso, las medidas tomadas por la nueva Administración española (impuestos a los barcos extranjeros, desplazamiento de los funcionarios dominicanos, aumento de la presión impositiva, abolición de la libertad religiosa, etcétera), unidas a los conflictos étnicos con una población menos «española» (blanca) de lo esperado —más de dos tercios de la población estaban formados por negros, en un momento en el que la esclavitud seguía todavía vigente en Cuba—, generaron un descontento generalizado. Apenas habían pasado dos años cuando la oposición a la presencia española estalló en la llamada Guerra de la Restauración, iniciada en 1863. Una guerra sangrienta, extremadamente costosa y de la que la política española no obtuvo ningún beneficio, solo cuantiosas pérdidas económicas y, sobre todo, humanas. Los soldados españoles muertos en Santo Domingo, en su mayoría víctimas de enfermedades tropicales y no de enfrentamientos con los rebeldes, fueron más de 30.000. Como comparación, los fallecidos en las contemporáneas expediciones a México y el Pacífico sumaron entre ambas menos de 1.000.

La opinión pública española —algunos de cuyos sectores, progresistas y demócratas principalmente, habían mostrado ya desde el principio dudas con respecto a la anexión— se fue decantando poco a poco en favor del abandono de la isla, de forma que, en 1864, esta era ya la postura mayoritaria. Solo el miedo a la influencia que la retirada, vista como una derrota militar, pudiera tener sobre los rebeldes cubanos hizo que la guerra se prolongase todavía durante dos años. En 1865 España abandonó el único territorio de la antigua monarquía reincorporado después de haber sido independiente.

Más compleja, tanto en su desarrollo como en sus consecuencias, fue la intervención en el Pacífico, lo que en la historiografía española se conoce como Guerra del Pacífico y en la chilena y peruana como Guerra contra España. En su origen, lo mismo que en el caso de México, está el reconocimiento —la Capitulación de Ayacucho de 1824— de las deudas contraídas por el Gobierno virreinal como deuda peruana. Un reconocimiento que tampoco, lo mismo que en el caso mexicano, significó su pago, por lo que los tenedores de bonos de la deuda, tanto españoles como peruanos residentes en España, presionaron al Gobierno español para que exigiese el cumplimiento de lo acordado en Ayacucho. Las diferencias aquí eran que España no había reconocido a Perú —el Tratado de Paz y Amistad con este país no se firmó hasta 1880— y que la deuda había aumentado con bonos de guerra comprados por instituciones españolas durante la guerra civil peruana.

En 1862, el Gobierno de O’Donnell decidió el envío de una expedición científica al Pacífico, acompañada de varios buques de guerra, con el objetivo de buscar el restablecimiento de la presencia y el prestigio español en unas costas en las que España había dejado de estar presente desde la derrota realista en Ayacucho. El momento resultaba especialmente propicio: el año anterior se había producido la reincorporación voluntaria de Santo Domingo y, ese mismo año de 1862, la retirada de las tropas de Prim de México había mejorado de manera significativa la imagen de España en el conjunto de las repúblicas hispanoamericanas. Junto con este objetivo, general y difuso, había otros más concretos, entre ellos la negociación de la deuda peruana, que este país se negaba a reconocer y, en consecuencia, a pagar, y la protección de los españoles que seguían viviendo en los países del Pacífico.

Todo transcurrió según los planes previstos hasta la llegada al puerto peruano de El Callao. La expedición fue recibida con claras muestras de simpatía, banquetes y agasajos múltiples incluidos, en todos los lugares en los que fondeó. En Buenos Aires, incluso, el comandante en jefe de la escuadra, el vicealmirante Luis Hernández Pinzón, logró desatascar en una audiencia con el presidente Mitre las negociaciones en torno al tratado de paz y amistad, zanjando la polémica sobre la nacionalidad de los españoles residentes en Argentina. El Gobierno español pretendía extenderla a los hijos, incluso hasta los nietos, mientras que el argentino consideraba que solo tenían derecho a ella los nacidos en España. Se aceptó el punto de vista argentino y el tratado se firmó al año siguiente.

La llegada a El Callao coincidió, sin embargo, con un incidente entre vascos y peruanos en la hacienda de Talambo. Uno de los múltiples conflictos de este tipo que salpicaron las primeras décadas de vida independiente en muchas de las repúblicas hispanoamericanas, saldado en este caso con un muerto español y varios heridos. Las autoridades peruanas se mostraron claramente parciales en favor de sus connacionales, con la complicación añadida de que España no había reconocido todavía a Perú y de que, entre las instrucciones que se le habían dado a Hernández Pinzón, figuraban las de proteger la vida y los bienes de los españoles residentes en Sudamérica y hacer una especial exhibición de poderío militar en los puertos peruanos. Esto último, sin duda, con el objetivo de presionar en la negociación de la deuda. La concatenación de órdenes y hechos iba a resultar fatal.

El Gobierno español envió para negociar el problema de la muerte del español a Eusebio Salazar y Mazarredo, con el doble título de ministro residente en Bolivia —España seguía sin tener relaciones diplomáticas con Perú— y «comisario especial y extraordinario de la reina». Este último, un título aparentemente inocente, pero que era el que habían tenido los inspectores enviados por la Corona en la época virreinal, motivo más que suficiente para que el Gobierno peruano no aceptase ni siquiera recibirlo.

Ante esta situación la flota española abandonó El Callao y ocupó las islas Chincha (1864), un centro de extracción de guano, en esos momentos la principal riqueza del país. La respuesta peruana fue la declaración de guerra y la firma, en enero de 1865, de un Tratado de Alianza Defensiva y Ofensiva con Chile, al que posteriormente se adherirían también Bolivia y Ecuador. Lo que había comenzado como un conflicto bilateral, de carácter relativamente menor, se convertía en uno multilateral, con casi todos los países sudamericanos de la costa pacífica implicados —la única excepción fue Colombia—, en el que lo que parecía dirimirse no era ya un asunto de derecho común, sino la independencia del antiguo virreinato de Perú. Una interpretación todavía más pertinente si se considera que el argumento utilizado por Hernández Pinzón y Mazarredo para la ocupación de las islas Chincha fue que, dado que España no había reconocido a Perú, tenía pleno derecho a reivindicar las islas como territorio propio. Declaración posteriormente desautorizada por el Gobierno español, pero que hizo saltar las alarmas en todo el continente.

El paso siguiente fue el bloqueo del puerto de El Callao por la flota española que forzó al Gobierno peruano a la firma del Tratado Vivanco-Pareja de 1865. España se comprometía a devolver las islas Chincha, Perú a pagar una indemnización de tres millones de pesos y se establecían mecanismos para la liquidación de la deuda del Estado peruano con súbditos españoles. El rechazo al tratado fue generalizado en Perú y el Congreso se negó a aprobarlo. Un golpe de Estado llevó al poder a Mariano Ignacio Prado y al desconocimiento del tratado por el nuevo Gobierno.

La actitud hostil hacia España se extendió por todos los países del Pacífico sudamericano, particularmente en Chile, que prohibió el abastecimiento de carbón a los barcos españoles. La respuesta de la flota española fue el bloqueo del puerto de Valparaíso con el resultado de la declaración de guerra de Chile, seguida por la de Perú, Bolivia y Ecuador, aunque estos dos últimos países no llegaron a participar realmente en ella. La, en origen, pacífica expedición científica y de reencuentro político había acabado por convertirse en una expedición militar y punitiva y, desde la perspectiva peruanochilena, en una segunda guerra de independencia. La exacerbación de los sentimientos antiespañoles fue generalizada en toda América.

La guerra desembocó en una serie de enfrentamientos navales: los más importantes fueron el combate naval de Abtao y los bombardeos de los puertos de El Callao y Valparaíso, sin que hubiese una victoria clara de ninguno de los contendientes. Concluyó en 1871 con un armisticio indefinido, aunque la firma definitiva de la paz tuvo que esperar hasta la década de 1880.

El resultado para la política exterior española fue ambiguo. Si, por un lado, demostró la capacidad de intervención en territorios alejados de la Península, en este caso, además, con la oposición más o menos explícita de las grandes potencias, por otro puso fin a cualquier posibilidad de presión militar sobre los países sudamericanos y retrasó la reconciliación con las repúblicas hispanoamericanas que España intentaría poner en práctica a partir del Sexenio Revolucionario.

La suma de las tres intervenciones españolas en América durante los años de la Unión Liberal tuvo como resultado, quizás con la excepción de la de Prim en México, de consecuencias más complejas, la confirmación de los motivos de desconfianza hacia la antigua metrópoli. La idea, ampliamente extendida, de que España seguía sin aceptar la plena independencia de sus antiguas posesiones americanas y continuaba empeñada en mantener una especie de tutela sobre ellas encontraba confirmación en unas expediciones, para colmo de males, fracasadas. Los llamados grupos «americanistas», como la Sociedad de la Unión Americana de Santiago creada por esos años en Chile, vieron confirmada su desconfianza hacia las monarquías europeas y la necesidad de la unión de todas las repúblicas americanas, incluida Estados Unidos, para enfrentarse a ellas. El panamericanismo y la Doctrina Monroe encontraron nuevos argumentos en unas expediciones vistas como intentos de reconquista por parte de la antigua metrópoli.

Más o menos contemporáneo de este intervencionismo militar fue el nacimiento del panhispanismo, movimiento ideológico con un fuerte componente de imperialismo de sustitución, en el que el lugar de un imperio real fue ocupado por la retórica de uno espiritual, una comunidad hispánica de naciones, fundada en la lengua y la raza, de la que España aparecía como origen y cabeza. La revista La América. Crónica Hispano-americana, una sus primeras formulaciones ideológicas, fue fundada en Madrid en 1859, aunque el verdadero auge del movimiento tendría lugar a partir de 1868, concluido ya el periodo de los gobiernos de la Unión Liberal.

El nacimiento y éxito, relativo, del panhispanismo hay que relacionarlo con que, a pesar de las conflictivas y en general frías relaciones de España con las repúblicas hispanoamericanas durante todo el siglo XIX, los intercambios intelectuales siguieron siendo relativamente intensos. Esto favoreció el desarrollo, desde fechas muy tempranas, de un pensamiento proclive a afirmar la existencia de una unidad cultural, «espiritual» en la terminología de la época, de los países que habían formado parte de la antigua monarquía y que se plasmó en la voluntad de fortalecer los vínculos de las naciones hispanoamericanas entre sí y con la antigua metrópoli, desde lo cultural hasta lo estratégico-militar y económico. Sentimiento que sería instrumentalizado por España con una cierta intensidad después del fracaso de las políticas intervencionistas de la década de 1860.

Para que este panhispanismo tuviese alguna incidencia real fueron necesarias, sin embargo, una serie de condiciones previas. Principalmente dos: el reconocimiento por parte de España de la independencia de las repúblicas surgidas en los que habían sido los territorios de la monarquía católica en América y el abandono de cualquier voluntad por parte de la antigua metrópoli, ya no de reconquista, sino de injerencia en la vida política de aquellas. Condiciones que se dieron, como ya se ha visto, bastante tarde, en general no antes de 1868.

El reconocimiento de las independencias por parte de España se prolongó a lo largo de todo el siglo y las intervenciones militares de uno u otro signo se mantuvieron hasta mediados de la década de 1860. Todo ello estuvo acompañado de un sentimiento, por parte española, de frustración, cuando no de traición, que dificultó enormemente cualquier posibilidad de acercamiento real. Como consecuencia, el panhispanismo fue un movimiento que solo tuvo una cierta importancia, siempre relativa, en las décadas finales del siglo.

El fracaso de las expediciones militares de los Gobiernos de la Unión Liberal y la firma de tratados de paz y amistad con la mayoría de las nuevas repúblicas, en el momento del estallido de la revolución de 1868 —los únicos países con los que no se habían establecido relaciones eran Uruguay, Paraguay, Colombia y Honduras—, permitió una reactualización del discurso panhispanista durante el Sexenio Democrático y la primera Restauración que culminaría con la creación, en 1885, de la unión iberoamericana. Un discurso que tuvo un importante papel como imperialismo de sustitución y que estuvo siempre cargado de un fuerte componente antiestadounidense, de oposición al panamericanismo auspiciado por Estados Unidos.

La vertiente política del panhispanismo giró, como toda la política española en América durante el siglo XIX, en torno a Cuba. El fracaso de las expediciones militares a México y a Santo Domingo había mostrado la ineficacia del intervencionismo militar para la defensa de la isla en un momento en el que la situación se estaba volviendo especialmente crítica, tanto por el estallido de la Guerra de los Diez Años como por el fin de la Guerra de Secesión estadounidense. Estados Unidos recuperó su protagonismo en la zona, mientras que Chile y Perú, con las que España seguía técnicamente en guerra, trataban de llevar a Venezuela y a Colombia a una alianza para acabar con las últimas colonias españolas en el continente. Fue en ese contexto en el que el Gobierno español dio un nuevo impulso a unas políticas panhispanistas que buscaron visualizar el expansionismo estadounidense como el enemigo de la raza española en América e impedir el apoyo de las repúblicas hispanoamericanas a los rebeldes cubanos. Para ello fue necesaria una previa recomposición de las relaciones diplomáticas: acercamiento a México y firma de la paz con Chile y Perú.

Tuvo también el panhispanismo una vertiente económica: la búsqueda del fortalecimiento de los intercambios comerciales entre España y las naciones hispanoamericanas, que justo en ese momento estaban viviendo una importante reactivación económica. Los resultados fueron, en este aspecto, más que discretos. La falta de complementariedad de las economías de ambos lados del Atlántico hizo que el comercio entre España y América siguiera siendo, con la excepción de Cuba, enormemente reducido y casi marginal para las economías de uno y otro lado del Atlántico.

A pesar de esta voluntad comercial y del trasfondo político que el panhispanismo tuvo desde sus orígenes, los logros, por lo que se refiere al periodo aquí estudiado, fueron sobre todo de tipo cultural más que político-económicos. Ya en 1854 la Real Academia Española publicó una nueva gramática, en sustitución de la prácticamente olvidada de 1796, en la que se hace un reconocimiento explícito a la publicada por el venezolano Andrés Bello en 1847, aunque sin recoger las modificaciones ortográficas propuestas por este. Decisión que se enmarca en un proceso de acercamiento a los hispanohablantes americanos y que permitió desactivar parte del agrio debate entre los que proponían que la ruptura con España exigía también el abandono del español europeo y los que defendían el mantenimiento del español como lengua común a ambos lados del Atlántico. Una polémica que encontraba argumentos en el desprecio de los escritores y filólogos españoles hacia el español americano, corregido por la Academia con esta primera gramática panhispánica y con la creación, primero, de académicos correspondientes y, después, a partir de 1873, de academias correspondientes en diferentes países americanos. Medidas que, a la postre, permitieron mantener la unidad del idioma.

En líneas generales este panhispanismo de la década de 1860 se movió más en el plano de la retórica que en el de plasmaciones concretas, aunque tampoco se debe desdeñar su importancia en la configuración del posterior hispanoamericanismo, que tanta importancia tendría en la configuración de un imaginario español sobre el lugar de España en el mundo.

En las repúblicas hispanoamericanas el panhispanismo se imbricó dentro del complejo proceso de construcción nacional al que ya se ha hecho referencia y, como consecuencia, estuvo casi siempre marcado por un fuerte componente ideológico conservador, aunque no exclusivamente, ya que en la década de 1870 comienza a ser también atractivo para sectores liberales moderados. En España, por el contrario, está presente tanto en los sectores liberales como en los conservadores, probablemente incluso con una mayor fuerza en los primeros que en los segundos. Aunque en la definición final del panhispanismo español tuvo un importante papel el pensamiento conservador, y en concreto la obra de Marcelino Menéndez Pelayo, no es menos cierto que en sus orígenes estuvo más vinculado a sectores de la burguesía liberal, deseosos de intensificar las relaciones comerciales entre la Península y América, pero convencidos también de que la proyección americana de España formaba parte de un proyecto más amplio de regeneración política, económica y cultural.

EL PROBLEMA DE LOS «ESPAÑOLES AMERICANOS»

Sobre el lugar de España en las repúblicas hispanoamericanas gravitó siempre la presencia de colonias españolas, no demasiado importantes desde un punto de vista cuantitativo, pero con una relevante visibilidad económica y social. El número de inmigrantes españoles en América fue, con anterioridad a 1874, muy reducido. Lo era ya en el momento de las independencias: es posible que no llegasen ni al 1 por ciento de la población total, concentrados casi exclusivamente en las zonas urbanas. La declaración de estas, a pesar de algunos casos de expulsiones generalizadas, como las cinco que tuvieron lugar en México entre diciembre de 1827 y enero de 1834, no supuso una disminución radical de su número, de manera que la presencia de españoles en la vida económica y social siguió siendo habitual y con características no demasiado diferentes a las de las últimas décadas virreinales. A pesar de la lógica prevención de los primeros años contra los originarios de la exmetrópoli, plasmada en distintas medidas confiscatorias contra ellos, y de que las leyes españolas se mostraron en general contrarias a la salida de emigrantes del país, lo cierto es que los flujos migratorios tendieron a mantenerse y con características muy semejantes a las de las últimas décadas virreinales, salvo, obviamente, por la desaparición de la llegada de funcionarios y militares.

Ya en 1835 el Gobierno español vio la necesidad de regular mediante una Real Orden las condiciones que debían cumplir los emigrantes que salían del país, lo que indicaría una cierta presión migratoria, dirigida casi exclusivamente hacia América.

A finales de esta misma década, en torno a 1840, se hace perceptible un aumento de la llegada de inmigrantes españoles en todo el continente, que superaron claramente las cifras de la época virreinal, a veces favorecida por los propios gobernantes americanos. Es el caso de Rosas en Argentina, cuya declarada xenofobia no le impidió incentivar la inmigración de gallegos; también en la misma Argentina, de la Comisión Central de Inmigración, que en 1872 proponía que se prefiriese a los vascos sobre los provenientes de cualquier otra región del mundo. Un año antes, por cierto, de que Sarmiento emitiese un decreto que proponía que se debía favorecer la llegada de originarios del norte de Europa y en los mismos años en que Alberdi afirmaba que un inmigrante anglosajón valía por tres mediterráneos.

En Colombia, por poner otro ejemplo, la Ley de Inmigración de 1847 no establece preferencias en lo que se refiere al origen de los inmigrantes, salvo que fuesen europeos, pero en algunas recomendaciones que se hacen para su aplicación se citan, además de campesinos alemanes y suizos, los originarios de las provincias del norte de España.

El fracaso de las políticas inmigratorias anteriores y el auge de las polémicas sobre las diferencias entre pueblos latinos y anglosajones harán que, a partir de la década de 1870, canarios y peninsulares aparezcan frecuentemente citados en los debates migratorios como inmigrantes deseables en la mayoría de los países hispanoamericanos.

Incluso en el caso de México, sin duda el país en el que se tomaron medidas más claras y contundentes en contra de los españoles (las leyes de expulsión de finales de la década de 1820), los efectos de estas fueron bastante secundarios. La mayoría de los expulsados retornaron al país en los primeros años de la década de 1830; en la de 1840, si no antes, se habían recuperado los canales inmigratorios anteriores, con el tradicional predominio vascocántabro característico del siglo XVIII; y las afirmaciones sobre que se debía preferir a los inmigrantes españoles sobre los de cualquier otra nacionalidad empezaron a ser habituales, a partir de 1850 y 1860, en artículos de periódicos y discursos públicos, casi siempre con esa división común a toda América entre los conservadores, que afirmaban que se debía preferir a los españoles, y los liberales, que consideraban que eran preferibles los de cualquier otra nacionalidad a los provenientes de la antigua metrópoli.

Todo ello en el contexto general de una ideología inmigracionista, hegemónica en todos los países del continente, para la que la llegada de europeos, cuantos más mejor, era condición imprescindible para la modernización social y económica. Se puede hablar de una auténtica competencia entre naciones para atraer el máximo de inmigrantes posible, siempre con el ejemplo explícito de Estados Unidos, cuyo éxito económico se ponía en relación directa con la intensidad de los flujos emigratorios europeos.

En lo que se refiere al caso concreto de los españoles, estamos todavía ante una inmigración con pautas del Antiguo Régimen, relativamente reducida y en nada comparable con las emigraciones masivas de las últimas décadas de siglo, pero que, sumada a las establecidas antes de las independencias, hizo que la presencia española apenas se viera afectada por las grandes transformaciones políticas de comienzos del siglo XIX. Su número siguió siendo relativamente importante, bastante superior al del resto de los europeos, su presencia social y económica, relevante y significativa y su integración en las sociedades americanas, fluida y, hasta cierto punto, exitosa. La presencia de estos «españoles americanos» se convirtió en una de las claves en torno a las que giraron las relaciones de España con América durante las décadas centrales del siglo XIX.

La importancia de esta presencia fue variable en función de las características de cada país y estuvo condicionada por aspectos como los problemas de la deuda virreinal y las confiscaciones de la guerra, los incidentes hispanófobos, la situación de los inmigrantes españoles y su presencia en la vida cultural y política.

El origen del problema de la deuda, al que ya se ha hecho referencia en los casos mexicano y peruano, se remonta a las guerras de independencia. Tanto las acciones del lado insurgente, lo que parece obvio, como del realista, lo que quizás resulte menos evidente, se financiaron en su práctica totalidad con capital americano. En general mediante empréstitos, voluntarios o forzosos, suscritos por las élites económicas locales, tanto peninsulares como criollas. Algunos de los nuevos Estados, entre ellos aquellos en los que los empréstitos realistas habían sido más cuantiosos (México y Perú), asumieron la deuda virreinal como deuda nacional y se comprometieron a su pago.

Parte de esta deuda estaba en manos de tenedores españoles, en muchos casos, como ya se dijo, de nacionalidad difusa, ya que, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de México o Guatemala, la declaración de independencia los había hecho obligatoriamente ciudadanos de los nuevos Estados. Posteriormente, sin embargo, reclamaron una u otra nacionalidad en función de sus intereses. El principal problema derivó de que, dada la falta de recursos, a pesar de su reconocimiento, la deuda no solo nunca llegó a pagarse, sino que, en muchos casos, se aumentó con nuevos empréstitos, voluntarios en unos casos y menos voluntarios en otros, para financiar las guerras civiles que siguieron a las proclamaciones de independencia. Situación que llevó a los tenedores de la deuda españoles a buscar la protección del Gobierno de su país de origen, con los consiguientes conflictos diplomáticos, que, como ya se ha visto, en ocasiones fueron más que diplomáticos.

Hubo otros casos en los que este reconocimiento de la deuda no se llevó a cabo en el momento de la proclamación de la independencia, pero sí en el momento de la firma de los tratados de reconocimiento con la exmetrópoli. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cuyo Tratado de Paz y Amistad (1850) incluye el reconocimiento de la parte alícuota de la deuda de la Capitanía General de Guatemala, o el de Guatemala (1864), también con una cláusula semejante.

A esta deuda, digamos pública y oficial, hay que añadir los pagos por confiscaciones y los perjuicios causados a españoles durante el desarrollo de la guerra y una vez proclamada la independencia. Estos dieron también lugar a interminables conflictos entre la diplomacia española y las americanas.

Da la impresión de que las agresiones contra españoles residentes en América fueron relativamente frecuentes en las décadas centrales del siglo XIX, aunque resulta difícil valorar su importancia real. Por un lado, a veces fueron instrumentalizadas por los Gobiernos españoles, por ejemplo, en los casos de las intervenciones militares en México y Perú, lo que contribuyó a aumentar su visibilidad; por otro, la violencia estructural de las sociedades hispanoamericanas fue extremadamente alta durante todo este periodo: resulta enormemente difícil determinar si la violencia contra los españoles fue superior a la ejercida contra otros grupos o se corresponde con la media normal de los estratos socioeconómicos a los que pertenecían.

Sobre lo que no hay ninguna duda, sin embargo, es sobre la presencia de brotes hispanófobos, a veces de una gran violencia física y verbal, que habría que relacionar tanto con el recuerdo de las guerras de independencia, extremadamente cruentas y sanguinarias, como, sobre todo, con la complejidad de los procesos de construcción nacional americanos, a los que ya se ha hecho referencia anteriormente, en los que el lugar de la herencia española fue uno de los principales puntos de fractura. Una situación en la que los españoles sirvieron de catalizador y en la que los actos de hispanofobia fueron frecuentemente contrarrestados por otros de hispanofilia, menos dramáticos y llamativos, pero no por ello menos elocuentes. Frente a cada acto hispanófobo —asesinatos e insultos— hubo miles de actos hispanófilos, desde la familia de clase media-alta que casaba a su hija con un español hasta el hacendado que prefería a un español como capataz. Una especie de hispanofilia banal y cotidiana que explica la fácil integración de los españoles en las nuevas naciones y su implicación en la vida social, cultural y política, sin duda muy superior a la de los demás extranjeros.

El trato recibido no por los españoles en general, sino por los inmigrantes llegados en esos años generó también tensiones con algunos Gobiernos hispanoamericanos, particularmente el argentino y, en menor medida, el venezolano. El crecimiento de los flujos migratorios a partir de la década de 1840 convirtió a los migrantes en objeto de especulación económica, con condiciones de transporte y de trato una vez desembarcados que fueron motivo de continuas quejas y reclamaciones por parte de España.

En el caso de Argentina, la inmigración gallega y asturiana, que ya había sido mayoritaria en la época virreinal, se intensificó en las décadas centrales del siglo, en condiciones que fueron consideradas denigrantes por el Gobierno español (precios abusivos por el pasaje, hacinamiento y falta de agua y comida en los barcos, obligación de trabajar gratis hasta pagar el coste del viaje, etcétera). Las quejas de los cónsules de Buenos Aires, incluida la de que los traslados eran gestionados en la mayoría de los casos por una antigua casa dedicada al tráfico de negros, en condiciones que en nada se diferenciaban de las del comercio esclavista, eran continuas en torno a la década de 1850. Aunque el motivo de fricción más importante fue la incorporación de muchos de ellos al ejército, siguiendo la tradición iniciada por Rosas de utilizar a los gallegos como mano de obra barata al servicio del Estado (policía, serenos, etcétera). Motivo de continuas protestas del Gobierno español y que, junto con el problema de la nacionalidad de los residentes españoles en Argentina, retrasaría la firma del tratado de reconocimiento por España, como ya se dijo, hasta la década de 1860.

En el de Venezuela, las exacciones sobre los canarios —habían sido el grupo más numeroso de emigrantes peninsulares en la antigua Capitanía y lo siguieron siendo también ya en la época independiente—, a los que no solo se les cobraba un precio abusivo por el pasaje, sino que, una vez llegados al país, se les obligaba a trabajar gratis para pagar las deudas contraídas durante el viaje, llevaron al Gobierno español a dictar una ley que prohibía la emigración canaria hacia América. Medida que no afectó solo a Venezuela, sino también a otros países como Uruguay, también con una inmigración canaria relativamente importante. La ley fue derogada en 1853 y su eficacia, dada la escasa capacidad de control por parte de las autoridades españolas de sus flujos emigratorios, debió de ser bastante reducida.

En el resto de las repúblicas iberoamericanas los problemas en relación con la inmigración española fueron menos, ya que también lo fueron los flujos migratorios, aunque quejas parecidas a las que se hacen sobre Argentina y Venezuela se pueden encontrar sobre Brasil, Uruguay, Perú y la región caribeña. Sí se planteó en todas ellas, sin embargo —aunque también con mayor o menor intensidad en función de su mayor o menor número—, el de la nacionalidad de los antiguos españoles europeos. En el momento de las independencias se optó, de manera general, por considerarlos ciudadanos de las nuevas naciones. Los conflictos de los años posteriores llevaron a muchos de ellos a reclamar su condición de españoles para buscar la protección de España, con situaciones de una gran complejidad. Personas, por ejemplo, que tuvieron varias nacionalidades sucesivas sin que se les diera la posibilidad de elegir la una o la otra. La postura española fue reclamar, como condición previa para la firma de cualquier tratado de reconocimiento, el derecho de los nacidos en España a la nacionalidad española, derecho que, en algunos casos, quiso extender también a sus hijos y que fue rechazado de manera generalizada por los Gobiernos americanos.

La presencia de los españoles en la vida cultural y política de las nuevas repúblicas tuvo que ver con esa nacionalidad difusa a la que se ha hecho referencia, que hizo que muchos «españoles americanos» acabaran ocupando cargos de una relativa relevancia político-cultural. Fue más que relativa en algunas ocasiones, como por ejemplo, en el del general realista Pedro Celestino Negrete, natural de San Sebastián, que llegó, durante unos pocos días, a ser presidente provisional de México. También tuvo que ver con los sucesivos exilios hacia América: desde liberales hasta carlistas fueron muchos, siempre dentro de las cifras modestas de la emigración ultramarina española anterior a las dos últimas décadas del siglo XIX, los exiliados españoles (militares, periodistas, escritores, etcétera) que se establecieron en América y desarrollaron sus actividades al otro lado del Atlántico.

ESPAÑA Y EL MUNDO NO AMERICANO

A pesar de la importancia que las relaciones con América tuvieron en la política española decimonónica, si ya la antigua monarquía católica había sido una potencia fundamentalmente europea, con recursos en gran parte americanos, pero con objetivos europeos, la nueva nación española lo era todavía mucho más. El centro de la política exterior de España giró durante todo el siglo XIX en torno a las relaciones con las grandes potencias del continente —Francia e Inglaterra— mucho más que en torno a las naciones americanas.

Aunque hemos prestado una particular atención a las relaciones de España con las repúblicas hispanoamericanas, no se deben olvidar, sin embargo, ni esta centralidad de lo europeo ni la presencia de otras áreas de interés (el norte de África y Filipinas, principalmente).

Vista desde una perspectiva europea, la condición de potencia de segundo orden de España es, como ya se ha dicho, mucho más evidente que desde la americana. La crisis política, la falta de desarrollo económico, la debilidad militar, la pérdida de los territorios americanos y la excentricidad geográfica, común al resto de los países mediterráneos, con respecto a los grandes centros de poder de la Europa noratlántica hicieron de España un país marginal y de escaso protagonismo internacional.

Esta situación obligó a una política de negociación y acomodación a los intereses de las grandes potencias europeas del momento, Inglaterra y Francia, en la que la pauta habitual fue la supeditación a las políticas de esta última y la tendencia a la marginación. Todo ello fue resultado no tanto de la voluntad de los Gobiernos españoles como de la limitada capacidad de un país que no formaba parte ya del grupo de los poderosos, pero al que sus intereses fuera de la Península tampoco permitían el aislamiento internacional. Una paradoja, común a otros países europeos, como Portugal, de un Estado débil con intereses coloniales que sobrepasaban, de manera general, sus posibilidades.

La principal característica de la política exterior española en los años inmediatamente posteriores al fin del absolutismo fernandino fue su debilidad y supeditación a Francia e Inglaterra. Tanto moderados como progresistas, en general francófilos los primeros y anglófilos los segundos, se vieron obligados a negociar en un contexto internacional en el que su posición era extremadamente frágil y, como consecuencia, su capacidad de iniciativa, reducida. A la debilidad económico-militar hay que añadir que el nuevo régimen liberal en un primer momento no solo no fue reconocido por las tres grandes potencias legitimistas —Austria, Prusia y Rusia—, algo hasta cierto punto lógico, sino tampoco por algunos de los reinos italianos como Nápoles, Piamonte o —lo que creaba muchos más problemas internos— la Santa Sede. Situación que, en medio de una cruenta guerra civil, con la existencia de un Estado alternativo, el del pretendiente don Carlos (Carlos María Isidro de Borbón), limitaba de manera bastante radical las posibilidades de cualquier política exterior.

El obligado alejamiento de las potencias legitimistas llevó a un acercamiento a Francia e Inglaterra, culminado con la firma del Tratado de la Cuádruple Alianza en 1834, de una cierta importancia internacional. Sirvió para afianzar un bloque liberal atlántico: además de a los tres países citados incluía también a Portugal. Visto desde España, sin embargo, fortaleció sobre todo la situación interna de los liberales, en ese momento en plena Primera Guerra Carlista, más que la posición internacional del país. A pesar de su título, que parece hacer referencia a una alianza entre iguales, lo que pretendía era el apoyo de Francia e Inglaterra a los frágiles regímenes liberales ibéricos. Se trataba, en especial, de ofrecer protección en caso de una intervención de las potencias legitimistas y apoyo en la guerra contra carlistas y miguelistas.

La supeditación de España a Francia e Inglaterra llegó en esos años a ser tan absoluta que hasta un asunto, en principio estrictamente interno, como el matrimonio de la heredera del trono, Isabel II, y de su hermana, la infanta Luisa Fernanda, fue instrumentalizado como un problema internacional, lo que muestra el carácter casi de protectorado que para las grandes potencias llegó a tener el país en algunos momentos del siglo XIX.

En este contexto, la política exterior de los primeros Gobiernos liberales se caracterizó por una clara voluntad de mantenimiento del statu quo, un reconocimiento implícito de la imposibilidad de llevar a cabo políticas que mejorasen la situación internacional del país y la supeditación a los problemas internos: reconocimiento de Isabel II y relaciones con la Iglesia.

La situación comenzó a cambiar hacia finales de la década de 1840: el colapso de la Cuádruple Alianza, la caída de Luis Felipe de Orleans y el reconocimiento del nuevo régimen liberal por Austria y Prusia (Rusia lo haría unos años más tarde) permitieron una relativa relajación de la dependencia francoinglesa por parte del Gobierno de Narváez. Momento en el que, además, se iniciaron negociaciones para resolver el que había sido el problema por excelencia de la política exterior española de estos años, el de la ruptura de relaciones con la Santa Sede de 1837, motivada no tanto por las simpatías carlistas de esta como por la desamortización eclesiástica de Mendizábal. La llegada de los moderados al poder propició un acercamiento a Roma, que llevó al reconocimiento de Isabel II por la Santa Sede (1848), y, poco después, al envío de un cuerpo expedicionario español en respuesta a la solicitud de ayuda hecha por Pío IX a todas las naciones católicas tras ser despojado de su poder temporal por la recién proclamada República romana.

El papel de los 8.500 soldados españoles en la restauración papal fue muy secundario —el peso de la campaña militar que permitió el regreso de Pío IX a Roma correspondió a Francia—, pero muestra una clara voluntad de reactivación de la presencia de España en la política europea. Sirvió, además, para facilitar su reconciliación con la Santa Sede.

Un poco anterior es el envío de otro cuerpo expedicionario a Portugal, todavía bajo el paraguas de la Cuádruple Alianza y, por lo tanto, de la política de apoyo mutuo en los regímenes liberales ibéricos. A pesar de su mayor éxito militar, su importancia simbólica y práctica fue mucho menor.

El siguiente paso, en la línea de restablecimiento de relaciones con Roma, fue el inicio de las negociaciones de un Concordato, firmado finalmente en 1851, que permitió normalizar las relaciones con la Iglesia católica. Asunto clave en la agenda de la política exterior española, pero que, en sentido estricto, resolvía más un problema interno que externo.

LA REACTIVACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Como ocurre en el caso de América, a partir de los comienzos de la década de 1850 hay una clara reactivación de la presencia de España en el escenario internacional, que llega a su momento de máximo auge con los Gobiernos de la Unión Liberal, entre 1858 y 1863. Activismo exterior que tiene su reflejo en una mayor implicación en los asuntos europeos, pero, sobre todo, en las intervenciones militares en África (Guerra de África) y Asia (expedición a la Cochinchina), con características y motivaciones parecidas a las coetáneas, analizadas anteriormente, en México, Santo Domingo y el Pacífico.

Ya en el discurso de inauguración de las Cortes del 1 de diciembre de 1858, con mayoría de la Unión Liberal, la Corona había anunciado su voluntad de recurrir al uso de la fuerza «para hacer respetar el pabellón español», citando expresamente los casos de México, Marruecos y la Cochinchina. El cambio de rumbo era claro y reflejaba de manera bastante precisa una nueva coyuntura orientada a una presencia mucho más activa de España en el escenario internacional. Esta dinamización de la política exterior estuvo motivada, como ya se vio para el caso americano, por diferentes causas, desde la reactivación económica hasta la política de prestigio y desde las necesidades de legitimación interna hasta los intereses coloniales.

El primer conflicto al que tuvo que hacer frente la Unión Liberal fue, sin embargo, europeo, en torno al Concordato de 1851. La Ley de Desamortización Civil y Eclesiástica de 1857 fue considerada por la Iglesia una ruptura de lo firmado en 1851 y llevó a las relaciones con Roma a momentos de gran tensión, con las repercusiones internas que cualquier desavenencia con el poder temporal de la Iglesia católica tenían siempre en España. La postura del Gobierno de O’Donnell fue buscar un acuerdo en el que se reconociese el carácter irreversible de las medidas desamortizadoras y ofrecer a cambio el reconocimiento a la Iglesia del derecho a adquirir bienes y el pago de una indemnización por las propiedades desamortizadas.

Las negociaciones posteriores permitieron el Convenio Adicional al Concordato, firmado en 1859, que en realidad sirvió para poner una solución definitiva a los problemas todavía pendientes desde la Ley de Desamortización de Madoz de 1855. La Iglesia aceptaba la no devolución de bienes ya desamortizados y obtenía a cambio una inscripción de deuda intransferible al 3 por ciento y el reconocimiento del derecho a adquirir nuevas propiedades.

En realidad, fue un conflicto más de carácter interno que externo, aunque, de manera indirecta, supuso una cierta implicación en los asuntos italianos, justo en la víspera de la guerra entre piamonteses y austriacos en el norte de Italia. Una guerra entre naciones católicas y en la que, en principio, el Papa no tenía por qué tomar partido. Sin embargo, el proyecto unificado de Cavour, que contaba con el apoyo de Napoleón III, resultaba una amenaza evidente para los Estados Pontificios.

Poco antes del inicio de las hostilidades, Pío IX escribió una encíclica en la que se pedía a los fieles que rogasen por la paz. No era una toma de partido, pero casi. La mejora de relaciones entre España y la Santa Sede facilitó que la encíclica se difundiese rápidamente en España, con el efecto de una amplia corriente de simpatía entre los católicos españoles en favor de los intereses papales.

Más complicado fue el posicionamiento español en la siguiente fase del conflicto, ya con la participación directa de Francia y con los Estados Pontificios amenazados, ahora sí, de manera clara. A pesar de las evidentes simpatías, y de la dependencia del Gobierno unionista de Napoleón III, la opción fue una estricta neutralidad. Posición que tuvo que hacer frente sobre todo a las presiones de la Iglesia española, pues Napoleón III pareció darse por satisfecho con la ausencia de toma de partido, en particular de los sectores eclesiásticos más cercanos a la corte y de la propia reina, con claras simpatías por el Papa y, como consecuencia, opuestos a la ocupación de los Estados Pontificios por los Saboya. No se trataba tanto de oponerse a la unificación italiana como de la defensa del poder temporal del papado.

Una vez firmado el armisticio y proclamada la unidad italiana, con la reunión del primer Parlamento nacional italiano en febrero de 1861, la respuesta del Gobierno de la Unión Liberal, a pesar de las presiones sobre la reina del nuncio papal a través del confesor de esta, el padre Claret, fue apoyar los intereses del Papa en el campo diplomático, pero rechazar cualquier participación directa en defensa de estos intereses o de los de los otros monarcas italianos despojados de sus tronos, entre ellos Francisco II de Nápoles, un caso particularmente conflictivo por tratarse de un miembro de la casa de Borbón.

La tensión entre el Gobierno y la Corona a propósito de la cuestión italiana se prolongó por el reconocimiento del reino de Italia. Primero con O’Donnell, partidario del reconocimiento siempre que excluyera el reino de las Dos Sicilias, patrimonio de los Borbones; después con Narváez, más receptivo a las objeciones de la jerarquía eclesiástica y de la camarilla de la corte, quien paralizaría el proceso de reconocimiento; y nuevamente con O’Donnell, quien, en contra de la posición de la reina, reconoció al reino de Italia en 1865, sin ninguna garantía sobre el poder temporal de los Papas, aunque obtuvo a cambio la devolución de los bienes patrimoniales de los destronados Borbones del reino de las Dos Sicilias.

Salvo el caso italiano, en el que se mezclaba el problema del Papa con los intereses de los Borbones, la política exterior de la Unión Liberal respecto a Europa fue, a diferencia de lo que ocurrió en África, América y el Sudeste Asiático, de una absoluta neutralidad. Algo que se puso particularmente de manifiesto en el caso de la Guerra de Crimea, en la que España se negó a participar, pese a las presiones de Francia e Inglaterra por incluirla dentro del grupo de sus aliados.

No ocurrió así en otras regiones del mundo, donde la llamada política de prestigio y las necesidades de nacionalización de la vida pública —aspectos de los que ya se habló a propósito de las intervenciones americanas—, así como los intereses económicos y geoestratégicos, variables de unos lugares a otros, llevaron a políticas mucho más agresivas, culminadas con la Primera Guerra de Marruecos y la expedición a la Cochinchina, en el Sudeste Asiático.

El caso de la Guerra de África (1859-1860) resulta paradigmático. Se incluye en la misma política de prestigio y nacionalización de la vida pública que está detrás del intervencionismo americano. También con la retórica de la recuperación de una tradición perdida, la de la expansión africana y la guerra contra los moros, a la que se añade la de la frontera sur como una frontera de civilización y de religión, en la que durante siglos habría estado en juego el ser de España.

El contexto geoestratégico es obviamente distinto, aunque también con unas potencias, Francia e Inglaterra —aquí, por motivos evidentes, no participa Estados Unidos—, poco proclives a permitir una mayor presencia española en el sur del estrecho de Gibraltar, particularmente Inglaterra. Para esta última, que ya años antes había presionado a Francia para que no continuase su expansión hacia Marruecos desde Argelia, el mantenimiento de la soberanía e integridad del sultanato marroquí era poco menos que innegociable.

A lo anterior se añade el contexto interno de ampliar la base política de la Unión Liberal, tranquilizar a los jefes militares —que vieron en las campañas africanas la posibilidad de colmar sus ambiciones militares sin tener que recurrir a los habituales pronunciamientos— y satisfacer a la camarilla de la corte y a los sectores más conservadores, para los que esta guerra tenía un claro sesgo de cruzada cristiana o, al menos, contra el enemigo secular de los cristianos y, por extensión, de los españoles.

El inicio del conflicto fue uno de los habituales incidentes en los alrededores de la ciudad de Ceuta. En agosto de 1859, un destacamento español, que custodiaba la reparación de varios fortines, fue atacado, con el resultado de varias garitas destruidas y, lo más aireado por la prensa, ultrajes a una bandera española. En realidad, nada demasiado novedoso: incidentes de este tipo eran más o menos habituales y el de agosto de 1859 ni siquiera podía ser considerado particularmente grave. Lo novedoso fue el uso que hizo de él el Gobierno de O’Donnell, con una clara voluntad de convertirlo en un casus belli. En medio de una fuerte campaña en la prensa de exaltación nacionalista, el Gobierno español pidió compensaciones a Marruecos y, finalmente, a pesar del ofrecimiento del embajador inglés de actuar como mediador, en octubre de ese mismo año declaró la guerra.

El objetivo de nacionalización de la vida pública se cumplió ya de manera más que suficiente en los primeros meses. La declaración de guerra fue aprobada en el Congreso por unanimidad y la prensa se llenó de artículos con alusiones a la conquista de Granada, Lepanto, las Navas de Tolosa y hasta Covadonga, casi todos con referencias explícitas a que España volvía a ocupar el lugar que le correspondía entre las grandes naciones de Europa. La respuesta popular no fue menos efusiva, desde la organización de centros de reclutamiento de voluntarios en Cataluña y el País Vasco hasta la recogida de donativos para socorrer a los heridos y a las familias de los soldados muertos en la guerra por todo el país.

El desarrollo de la guerra resultó también claramente favorable para el ejército español. La ocupación de Tetuán, el 6 de febrero de 1860, y la victoria de Wad-Ras, el 23 de marzo de ese mismo año, llevaron a los marroquíes a pedir la paz. Petición aceptada por el Gobierno español, que contaba con informes de algunos generales que mostraban sus dudas respecto a que la campaña pudiera ser continuada con resultados tan exitosos como los obtenidos hasta ese momento. La victoria militar era, en todo caso, incuestionable. Los resultados, sin embargo, no lo fueron tanto. A pesar de la clara victoria militar y la retórica nacionalista a la que dio lugar —la toma de Tetuán se celebró en Madrid con una de las mayores manifestaciones que se dieron en España durante todo el siglo XIX—, el statu quo de la región apenas sufrió modificaciones y aquí la presión inglesa resultó decisiva. El embajador inglés en Madrid llegó a amenazar a O’Donnell con la ocupación de Tánger si España intentaba la conquista de esta estratégica ciudad en las puertas del estrecho.

El Tratado de Wad-Ras que puso fin a la guerra, firmado en Tetuán el 26 de abril de 1860, supuso para España una indemnización económica de 100 millones de pesetas (rebajada posteriormente a 50), potenciales ventajas comerciales, pequeñas compensaciones territoriales en torno a Ceuta y Melilla, más la pesquería de Santa Cruz de la Mar Pequeña, lo que después sería Sidi Ifni, y la administración temporal de Tetuán para garantizar el pago de la indemnización pactada.

Lo obtenido no era tan menor como pudiera parecer, sobre todo por lo que respecta a la apertura comercial derivada del control de las aduanas. La decepción de la opinión pública, a la que la prensa había movilizado como nunca antes en un conflicto de carácter internacional, fue, sin embargo, generalizada. Lo que se esperaba era poco menos que la creación de un imperio colonial en África y lo que se obtenía era poco más que una pequeña pesquería en el Atlántico. La frase de «una guerra grande para una paz chica» define perfectamente la forma en que fue vivido el fin de la que, con evidente exageración, había sido denominada la Guerra de África, aquella que abriría el continente a España.

Las expectativas, alentadas por la prensa, de amplias compensaciones territoriales en el norte de Marruecos, las más visibles de cualquier conflicto internacional y más en uno de claro componente colonial como este, no se cumplieron. Es probable que ni siquiera hubieran sido nunca un objetivo real, ya que, antes del inicio de la campaña, el Gobierno conocía el veto inglés a la desmembración del sultanato marroquí.

La oposición, sin embargo, acusó a la Unión Liberal de no haber sabido negociar unas compensaciones territoriales consideradas irrenunciables, tanto para afirmar la pujanza colonial española como para restablecer el equilibrio de poder en el Mediterráneo, roto por la ocupación de Argelia por Francia.

El lastimoso estado de los soldados a su regreso y el alto número de bajas contribuyó a fijar una negativa imagen final que seguirá pesando sobre el resto de las intervenciones militares exteriores españolas. La sensación generalizada, después de la explosión de entusiasmo desatada por el inicio de la guerra, fue que se había obtenido mucho menos, no solo de lo que se esperaba, sino de lo que se habría podido conseguir. Opinión posiblemente errónea en un doble sentido: ni las potencias internacionales habrían permitido un tratado de paz muy diferente del finalmente firmado, ni los resultados fueron tan menores como en una primera aproximación podría parecer.

Al margen de la obtención de claras ventajas comerciales, tanto la movilización previa a la guerra como la sucesión de victorias —Castillejos, Tetuán, Wad-Ras—, ampliamente glosadas por periodistas, escritores y pintores —Diario de un testigo de la guerra de África (1859), de Pedro Antonio de Alarcón, es uno de los mayores éxitos literarios de todo el siglo XIX español—, contribuyeron de manera decisiva al proceso de nacionalización, lo que no debe ser considerado un asunto menor.

Caso diferente es el de la expedición a la Cochinchina (1857-1863), cuyo eco público y capacidad de movilización nacional no fueron en absoluto comparables a los de la Guerra de África. Motivada por los intereses españoles en Filipinas, pero supeditada a la política de Napoleón III en el Sudeste Asiático, sus objetivos no estuvieron nunca demasiado claros, al menos para la opinión pública. Mientras los objetivos franceses fueron desde el principio tan concretos como conseguir una base territorial para la posterior expansión en la región, los españoles, mucho más difusos, tenían que ver con aspectos estratégicos y económicos, relevantes, pero más difíciles de visualizar.

Los objetivos estratégicos —al margen de la intención, pronto abandonada, de crear un enclave comercial español en la zona de Tonkín— no parecen haber sido tanto la ocupación de nuevos territorios como afianzar el dominio español en Filipinas. Se trataba de mostrar la capacidad militar de España para actuar en escenarios tan alejados como los del Sudeste Asiático y construir un área de influencia en torno al archipiélago para facilitar su defensa. La llamada política de prestigio fue en muchos casos bastante más pragmática de lo que tradicionalmente se ha pensado.

Los económicos tenían que ver con las necesidades de mano de obra, tanto para los procesos de colonización en el archipiélago filipino (la presencia española en muchas de sus islas no llegaba ni a testimonial) como, sobre todo, para las plantaciones cubanas. La apertura del mercado asiático tenía, desde la perspectiva de los sectores más directamente vinculados a la pujante economía de plantación caribeña, un interés más que evidente.

El origen del conflicto fue la matanza de varios católicos, incluidos algunos misioneros españoles y franceses, en el en ese momento conocido como reino de Annam. El Gobierno de Napoleón III dio órdenes de enviar una escuadra para proteger a los franceses que vivían en el país y, con el argumento de que entre los muertos se contaban también varios misioneros españoles, solicitó el apoyo de la flota de Filipinas. La respuesta del Gobierno español fue casi inmediata y se comprometió al envío de un cuerpo expedicionario, supeditado solo a la ausencia de conflictos en Filipinas.

Esta rápida y favorable respuesta a los requerimientos franceses se explica por el hecho de que se acababa de conocer la decapitación del obispo de Tonkín Central, el español Melchor García Sampedro —la solicitud iba acompañada de una pormenorizada descripción de los intentos del Gobierno francés para conseguir su liberación—, lo que permitía justificar la intervención en clave religiosa y, como consecuencia, la movilización a favor de los sectores católicos.

La flota francoespañola intentó, primero, la conquista de la capital, Hue, para, posteriormente, dirigirse hacia el sur, donde ocupó Saigón y la región en torno a ella, conocida como Cochinchina. Éxito militar que llevó a la firma del Tratado de Paz de Saigón el 5 de junio de 1862. Con él, Francia asentó las bases de su posterior expansión colonial en el Sudeste Asiático, mientras España, que renunció muy pronto a cualquier reivindicación territorial, se conformó con el reconocimiento de la libertad de predicación para los misioneros católicos, una pequeña indemnización económica y la apertura de los puertos del reino de Annam al comercio español.

Esto último era más importante de lo que a primera vista podría parecer, ya que incluía no solo mercancías, sino también la contratación de trabajadores. Es posible que este fuese, desde el principio, uno de los objetivos, lo que explicaría el apoyo de algunos sectores a la expedición. Quizás se habría logrado de forma más completa con la obtención de un enclave comercial en las costas del Sudeste Asiático: se pensó en Tonkín, pero, aparentemente, el Gobierno español no puso demasiado empeño en este punto. Sí insistió, por el contrario, en las ventajas comerciales. Resulta revelador que los primeros intentos para reclutar trabajadores del Sudeste Asiático con destino a Cuba sean casi inmediatos al tratado de paz que garantizaba el acceso de los españoles a los puertos del reino de Annam. Apenas dos años después de firmada la Paz de Saigón, el Real Decreto de 28 de junio de 1864 autorizaba la introducción de trabajadores originarios de la Cochinchina en Cuba.

LA VUELTA A LA CAUTELA

Con el Sexenio Revolucionario, la política exterior volverá nuevamente a su atonía anterior. La presencia internacional de España, ocupada en resolver sus conflictos internos —la Segunda Guerra Carlista y la guerra cantonal— y en buscar una salida al problema de Cuba, donde en 1869 había estallado una nueva guerra, se reduce a la obtención de reconocimiento para los distintos regímenes que se suceden a partir de la revolución de 1868 y a la conservación de los intereses españoles en el Caribe, África y Filipinas.

Objetivos que no eran demasiado fáciles ninguno de ellos. Si, en un primer momento, el derrocamiento de Isabel II no fue mal recibido por muchas de las cancillerías europeas, la caótica evolución posterior, con sus continuos cambios de sistema político, generó muchas más dudas. La defensa de los intereses coloniales españoles, por su parte, se volvió particularmente complicada en el caso caribeño, donde no solo hubo que hacer frente a la voluntad secesionista de los rebeldes cubanos, sino también a la anexionista de Estados Unidos; junto con los intereses tradicionales de Francia e Inglaterra en torno a la isla, a los que se añadieron ahora los de Alemania.

Todo ello en un contexto en el que la imagen de España como una potencia media y con una cierta capacidad de intervención en la política internacional, trabajosamente construida desde finales de la década de 1840 y con especial éxito durante los Gobiernos de la Unión Liberal, se vino abajo casi de golpe, con el país convertido nuevamente en objeto más que sujeto de la política internacional. Una nueva situación reflejada de manera particularmente clara en la neutralidad absoluta de España en el gran conflicto de la época, la guerra francoprusiana de 1870, en la que más que neutralidad se produjo ausencia. También, desde otra perspectiva, en las negociaciones de las potencias europeas sobre los candidatos que debían ocupar el trono español una vez expulsada Isabel II, con vetos y condicionamientos que ponían límites claros y precisos a las propuestas de los triunfadores de la revolución de 1868. No solo España estaba ausente de la política internacional, sino que su política interna pasaba a ser un elemento de negociación de las demás potencias.

La agresiva política de los Gobiernos de la Unión Liberal dejaba paso, obligada por las circunstancias, a otra mucho más recelosa, aunque con objetivos no demasiado diferentes. Los problemas continuaban siendo los mismos, lo que había variado era la perspectiva sobre cómo podían ser enfrentados y los medios con los que se contaba en una situación de crisis política y económica. Seguía la voluntad de mantenimiento de la presencia española en Cuba, pero, ahora, en una situación de guerra y con una capacidad de movilización de hombres, recursos y negociación diplomática disminuida, la guerra se prolongaría, de hecho, hasta ya iniciada la Restauración; al igual que en Filipinas, donde los intereses eran menos, pero también los problemas, y en Marruecos, en este último caso con el objetivo de ejercer algún tipo de papel como potencia colonizadora, sin abandonar el proyecto iniciado con la Guerra de África. La diferencia era que, para conseguir estos objetivos, se proponían políticas mucho más cautas que las de los Gobiernos de la Unión Liberal, más a la defensiva y con menos medios para llevarlos a cabo.

Caso aparte es la reactivación del discurso iberista, que, aunque había estado presente de una u otra forma desde principios del siglo XIX, es en estos años del Sexenio Revolucionario cuando se hace más presente. Siempre, sin embargo, en el mismo tono retórico y sin ninguna perspectiva real de éxito que había sido habitual. Motivo por el que ni siquiera puede ser considerado parte de la política exterior del país. La unificación ibérica fue más el sueño de algunos grupos, tanto españoles como portugueses, que un proyecto de Estado, incluso en estos años en los que pareció gozar de más simpatía en los círculos cercanos al Gobierno y una mayor presencia pública.

EL PROCESO ECONÓMICO

Juan Pro Ruiz

En los últimos años del reinado de Fernando VII existía una expectativa ampliamente difundida de que se avecinaban cambios profundos, cambios que no solo afectarían a las instituciones políticas, sino también a las bases económicas, sociales y culturales de la vida de los españoles. La pérdida de la mayor parte del imperio colonial —todos los dominios continentales de América— era un hecho que modificaba drásticamente las dimensiones de la monarquía española, lo que, unido a la quiebra de la Hacienda Real, obligaba a una redefinición completa del sistema económico. El cambio de régimen político en la vecina Francia, donde la revolución de julio de 1830 había implantado una monarquía constitucional, animaba a los liberales a intentar una solución similar en España y creaba las condiciones para que el país se sumara al bloque de naciones liberales que se estaba consolidando en Europa Occidental.

Los colaboradores de Fernando VII en el Gobierno eran conscientes de lo imparable del cambio que se avecinaba. Y, de hecho, empezaron a introducir reformas que aproximaban la economía española al marco de libre mercado que, por entonces, estaba demostrando su notable ventaja en términos de crecimiento material en Inglaterra. Algunos pasos en ese sentido se dieron ya en tiempos de Fernando VII, sin esperar a que su fallecimiento abriera las puertas al regreso de los liberales del exilio y a la reforma de las instituciones en un sentido constitucional. Así, por ejemplo, el Código de Comercio de 1829, obra de Pedro Sáinz de Andino, diseñaba un entorno jurídico predominantemente capitalista, al cual se incorporaban las figuras societarias y los márgenes de libertad de empresa característicos del nuevo sistema económico que propugnaban los liberales.

En la misma dirección reformista cabe interpretar la creación de un nuevo ministerio, encaminado a poner en pie desde el Gobierno una verdadera política económica, que comprometía así al Estado en la misión de promover y encauzar el crecimiento o —por utilizar la expresión característica de los liberales de aquella generación— el «fomento de la riqueza nacional». Para ello se creó un Ministerio, o Secretaría del Despacho, como entonces se llamaban, «de Fomento General del Reino» (1832), encargado de dar impulso al desarrollo económico del país. La idea venía de algún tiempo antes y, al parecer, había sido el ministro de Hacienda López Ballesteros quien había convencido al rey de la necesidad de dar este paso, aunque recordara inevitablemente a precedentes de adversarios políticos tan notorios como los «afrancesados» de José Bonaparte y los liberales del Trienio Constitucional.

De hecho, el motor que puso en marcha el cambio económico no fue tanto la revolución liberal como la pérdida del Imperio americano y la consiguiente necesidad de reconstruir la economía española y la Hacienda Real sobre bases nacionales. La instauración de un sistema de proteccionismo arancelario desde la década de 1820, que fue la clave para el desarrollo de actividades tan importantes como el sector textil catalán o la industria harinera castellana, respondía al objetivo inmediato de frenar la salida de metales preciosos que estaba provocando escasez de moneda en el país, en una lógica mercantilista típica aún del Antiguo Régimen. Contemplada a largo plazo, esta decisión puede interpretarse como la respuesta española a la pérdida del imperio, que avanzaba hacia la definición de un nuevo modelo económico sobre bases nacionales, años antes de la definitiva implantación del régimen liberal.

En realidad, las medidas reformistas de finales del reinado de Fernando VII tampoco pueden interpretarse como avances revolucionarios. Por una parte, porque venían acompañadas por gestos de sentido contrario, plenamente inmovilistas, que mostraban los límites del tímido reformismo impulsado por los colaboradores del monarca; de hecho, estos se movían en un margen político muy estrecho, pues tanto en la corte como en la sociedad española cada medida aperturista iba seguida de reacciones tradicionalistas que mostraban la fuerza de lo que pronto sería la insurrección carlista. Por otra parte, las reformas más significativas de aquel periodo respondían a necesidades imperiosas creadas por la bancarrota de la Hacienda Real y eran esas, y no una improbable conversión ideológica a los principios liberales, las razones con las que López Ballesteros conseguía convencer a Fernando VII. Tras implantar un sistema de protección arancelaria para los productos nacionales, las últimas medidas significativas del reinado de Fernando VII fueron intentos desesperados por hacer efectivo el control aduanero y contrarrestar un contrabando masivo que estaba haciendo ineficaz toda la política económica del Gobierno: por un lado, se creó el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras (1829) y, por otro, se promulgó una ley sobre delitos de fraude contra la Real Hacienda (1830), que aplicaba el derecho penal para castigar el contrabando. El carácter represivo y las finalidades implícitas de ambas disposiciones —aumentar la recaudación fiscal y frenar la salida de metales preciosos— ilustran sobre el estrecho margen en el que se movían los últimos gestores de la monarquía absoluta.

DE LA HACIENDA REAL A LA HACIENDA PÚBLICA

La quiebra de las finanzas reales era la clave de la situación económica del momento en muchos aspectos. Las bases fiscales de la monarquía eran notoriamente anacrónicas desde hacía mucho tiempo, pues apenas habían experimentado modificaciones a lo largo de los últimos siglos y se habían mostrado ya claramente insuficientes para financiar los gastos. Eso sin contar con que aquellos impuestos del Antiguo Régimen creaban injusticias flagrantes en la distribución de la carga y entorpecían la circulación mercantil y el crecimiento económico. La desaparición de los ingresos provenientes de América y el ciclo de guerras iniciado con la Revolución francesa habían dado al traste con el difícil equilibrio financiero de la Corona. Y poco habían podido hacer para remediarlo las limitadas innovaciones que introdujo López Ballesteros. Por ejemplo, la recuperación de la idea de la Constitución de Cádiz de elaborar un presupuesto anual de gastos del Estado que pusiera orden en el caos de las cuentas públicas desde 1828; un interesante experimento, que suele considerarse precursor de los verdaderos presupuestos de época constitucional, pero que quedó interrumpido cuando se agravó el deterioro de la situación financiera en 1831.

El viejo modelo tributario, basado en los privilegios estamentales y en la diversidad de impuestos para cada reino o territorio de la monarquía debía dejar paso, en la mentalidad de los liberales, a un verdadero sistema fiscal de alcance nacional, en el que todos los ciudadanos contribuyeran a los gastos públicos en proporción a sus ingresos. La brusca reducción del comercio exterior obligaba a optar por un sistema basado en los impuestos directos sobre las actividades productivas interiores, en la línea de los «impuestos de producto» de los que la revolución había dotado a Francia. Y, dentro de ese modelo general, el hecho de que la economía española fuera predominantemente agropecuaria obligaba a asentar la financiación del Estado sobre un gran impuesto que gravara las rentas de la agricultura y la ganadería. Para que fuera posible implantar un impuesto directo de gran rendimiento sobre las actividades agrícolas y ganaderas, sin embargo, era preciso liberar estas del diezmo eclesiástico, que desde siglos atrás venía pesando sobre ellas. Se entiende, pues, por qué no era posible abordar la reforma fiscal desde la ortodoxia ideológica de la monarquía absoluta, pues ni la abolición del diezmo ni la desaparición del privilegio fiscal de nobles y eclesiásticos eran pensables sin una ruptura revolucionaria con los principios del Antiguo Régimen. Estos imponían un techo insalvable a la recaudación y, con ello, también a la acción del Estado y al crecimiento de la economía.

La muerte de Fernando VII y la evolución hacia la monarquía constitucional que se inició bajo la regencia de María Cristina permitió dar el salto conceptual de la «Real Hacienda» del Antiguo Régimen a una «Hacienda Pública» de titularidad estatal, separada del patrimonio de la Corona; pero, por sí solo, esto no aportaba la solución para el grave problema fiscal que atenazaba al Estado. Durante los 12 años que van de 1833 a 1845 se sucedieron proyectos, debates y reformas fallidas que no hicieron sino agravar los problemas financieros y económicos del país. En 1837 se produjo la abolición de diezmos y primicias, medida que acababa con la existencia de una Hacienda eclesiástica; en aquel mismo año se promulgó de nuevo la abolición del régimen señorial, que habían liquidado de facto las Cortes de Cádiz años antes, de manera que desaparecían también las Haciendas señoriales y la totalidad de las bases impositivas —particularmente las actividades agrícolas y ganaderas que predominaban en el país— quedaban a disposición de la Hacienda Pública, única instancia recaudatoria superviviente. Sin embargo, la solución del acuciante problema fiscal mediante una reforma tributaria a la que todos reconocían la mayor urgencia tuvo que esperar hasta la terminación de la guerra civil de 1833 a 1840; y aún entonces se retrasaría algunos años, en los que se sucedieron proyectos fallidos como los de 1841 y 1842.

Finalmente, la reforma tributaria liberal se implantó en 1845 y creó un sistema de impuestos de producto que habría de mantenerse vigente, en lo esencial, hasta bien entrado el siglo XX. La reforma, impulsada por Alejandro Mon como ministro de Hacienda de un Gobierno moderado, pretendía crear un modelo tributario común para toda la nación, objetivo que no consiguió del todo, pues se reconoció a las provincias forales —Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra— la pervivencia de un régimen especial, en virtud del cual contribuían a las arcas del Estado con un cupo negociado, que sus propias instituciones provinciales distribuían y recaudaban como creyeran conveniente. Por lo demás, la técnica de la reforma consistió en refundir las numerosas y abigarradas figuras tributarias del Antiguo Régimen en un número reducido de impuestos nuevos. Habría dos contribuciones directas de tarifa proporcional, cada una de las cuales gravaría un tipo de actividad económica o de riqueza: una Contribución de Industria y Comercio y, sobre todo, una Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería que, sustituyendo al diezmo eclesiástico, gravaría la riqueza inmobiliaria, la propiedad de la tierra y las predominantes actividades agropecuarias, proporcionando la base de los ingresos estatales. A esto se añadían dos grandes impuestos indirectos, uno sobre el tráfico interno (la Contribución de Consumos) y otro sobre el comercio exterior (la Renta de Aduanas). Completaban la financiación del Estado algunas otras figuras tributarias menores —como el Derecho de Hipotecas— y dos fuentes adicionales de ingresos: por un lado, los sobrantes de las cajas de ultramar, versión modernizada de las antiguas remesas de las Indias y, por otro, algunos monopolios fiscales, como el tabaco y los azogues, que el Estado conservó, contradiciendo los principios del liberalismo por razones recaudatorias.

Con aquella reforma se creaba sobre el papel un sistema tributario acorde con los principios constitucionales, que establecían el deber de todos los ciudadanos, sin excepción, de contribuir a las cargas públicas en proporción a sus haberes. Faltaba desarrollar, al servicio de aquel nuevo esquema tributario, mecanismos administrativos que hicieran realidad los principios teóricos en los que se apoyaban las nuevas formas de imposición. Por un lado, esto significaba poner orden en las cuentas públicas, de tal manera que las Cortes pudieran aprobar cada año un presupuesto de ingresos y gastos y comprobar a posteriori su cumplimiento efectivo. Para ello hubo que centralizar el control de los ingresos y los gastos y dotar al Gobierno de un sistema de registro y supervisión de todos los movimientos de fondos públicos. El paso decisivo fue la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1850, debida a Juan Bravo Murillo, a partir de la cual arranca la serie de cuentas generales del Estado de la que disponemos hasta hoy. Sin embargo, los mecanismos contables disponibles desde entonces para conocer y regular los ingresos y gastos del Estado no fueron suficientes para garantizar el control de los mismos por la representación nacional, ya que pronto se instauró la práctica de eludir la intervención de las Cortes prorrogando la vigencia de los presupuestos de años anteriores o dictando los nuevos por decreto bajo diversos pretextos políticos.

No solo fue el problema del control contable sobre los ingresos y gastos de la Hacienda lo que limitó el alcance de la reforma de Mon, sino el problema más general de la inadecuación de los medios de los que disponía la Administración para recaudar los nuevos impuestos. Todos ellos se alejaron en la práctica del diseño teórico que les daba la ley y buscaron fórmulas de recaudación que resultaran más sencillas, más baratas y, sobre todo, menos lesivas para los intereses sociales que se sentían amenazados por la innovación. Esto afectaba en particular a la Contribución de Inmuebles, diseñada para gravar con un tipo uniforme los ingresos obtenidos en todo el país de la actividad agrícola, la ganadería y las rentas inmobiliarias. Para hacer realidad este objetivo se preveía el levantamiento de un catastro completo de tales formas de riqueza, siguiendo el modelo inaugurado en Francia durante la época napoleónica y que habían seguido luego otros países del continente. Sin embargo, tal catastro no llegó a levantarse nunca, en parte porque requería una inversión importante de tiempo, dinero y esfuerzo, que los dirigentes del Partido Moderado consideraban excesiva para garantizar la equidad tributaria.

De hecho, las razones de fondo para no hacer el catastro previsto eran más políticas que de coste económico, pues, por mucho que sirviera a la correcta implantación de la Contribución de Inmuebles, el catastro perjudicaba los intereses de los grandes propietarios y labradores que constituían la base social del moderantismo. Más conservadores que liberales, los moderados diseñaron a partir de 1850 un sistema alternativo al catastro que consistía en que comisiones formadas por los mayores contribuyentes de cada pueblo, en colaboración con los Ayuntamientos que ellos mismos controlaban, elaboraran listas de propiedades —llamadas «amillaramientos»— sin realizar ninguna medición ni reconocimiento objetivo previo sobre su tamaño y rendimiento. El impuesto se repartiría, pues, según el capricho de los grandes propietarios y no con arreglo a los ingresos reales de cada uno. Con este sistema, que pervivió durante todo el siglo XIX, los grandes propietarios y agricultores se aseguraron un reparto regresivo de la carga fiscal, que descansaría sobre los campesinos y propietarios menores, a los que les resultaba más difícil negociar cupos tributarios convenientes.

Esta distorsión en la aplicación práctica de la Contribución de Inmuebles permitió que la ocultación de riqueza al fisco alcanzara niveles desorbitados y creó así un «techo» a la recaudación de aquel tributo, que debería haber gravado una riqueza agropecuaria en expansión. En lugar de crecer, la contribución se estancó en su rendimiento, ya que sus creadores prefirieron garantizar unos mínimos de recaudación convirtiéndola en un impuesto de cupo que dotarla de flexibilidad para crecer en el futuro como impuesto de cuota. El sistema consistía en fijar un cupo anual que debía recaudarse íntegro y repartirlo entre las provincias; cada una de ellas se comprometía solidariamente a recaudar el cupo asignado, que a su vez repartía en cupos locales, y, en cada localidad, responsable de recaudar el cupo correspondiente, este se distribuía entre los contribuyentes, de manera que, si uno no pagaba, su parte recaería sobre los vecinos restantes. Este mecanismo transformaba la esencia de la fiscalidad y la convertía en objeto de negociación permanente entre todos los niveles del poder, negociación en la cual los cupos eran establecidos en función de un intercambio de favores que excluía cualquier consideración de equidad o de eficiencia. Las bases del impuesto no se investigaban y quedaban «petrificadas».

Lo dicho para la Contribución de Inmuebles valdría igualmente para la Industrial, que se apoyaba sobre unas matrículas negociadas con los contribuyentes y viciadas por la ocultación masiva. En el límite, los Gobiernos acabaron aceptando negociar con los gremios que lo desearan el pago de cupos fijos de la Contribución Industrial, lo cual era una manera de volver a la práctica de los encabezamientos del Antiguo Régimen para garantizar una recaudación sencilla y barata, a cambio de renunciar al principio de equidad y a la administración directa de los tributos, que habían sido dos objetivos fundamentales de la reforma tributaria liberal. En cuanto a la Contribución de Consumos, se desvirtuó igualmente, en la medida en que se permitió el encabezamiento por municipios y la Hacienda se desentendió del modo en que cada Ayuntamiento recaudaba el cupo acordado. Enseguida, los Consumos se convirtieron en el tributo más odiado por los contribuyentes, tanto por su carácter regresivo, por gravar productos de primera necesidad, como por los odiosos controles e inspecciones que imponía a los ciudadanos; de manera que el ataque a los fielatos —los puestos de vigilancia del tráfico que aseguraban el cobro de los Consumos— se convirtió en un episodio recurrente de todo estallido de protesta política o social, como ocurrió en 1854 y en 1868. Abolidos dos veces con aquel motivo, dos veces fueron restablecidos cuando el cambio político fue revertido, en 1856 y en 1874.

En definitiva, la reforma tributaria de 1845, que definió el sistema financiero del Estado español para todo el resto del siglo, traicionó en la práctica la mayor parte de sus principios inspiradores. No consiguió implantar un sistema homogéneo en toda España, al aceptar la excepción de las provincias forales, en atención al final negociado que había tenido la Primera Guerra Carlista en el norte. No consiguió plenamente implantar mecanismos de administración y recaudación directa de los impuestos, que pusieran al Gobierno en contacto con los ciudadanos contribuyentes, al aceptar la intermediación de poderes locales y corporaciones gremiales. No hizo realidad, ni de lejos, la equidad fiscal que proclamaba, al renunciar al conocimiento directo de la realidad económica y permitir distorsiones que condujeron a un reparto regresivo y arbitrario de la carga fiscal. Y pronto se demostró que no era tampoco suficiente para cubrir los gastos del Estado, por muy limitados que estos fueran, dadas las rigideces administrativas y políticas que establecían un techo a la recaudación. La consecuencia fue la inmediata reaparición del déficit presupuestario, que se convirtió en un ingrediente casi permanente de la vida pública española (tabla 1).

TABLA 1. CUENTAS DEL ESTADO ESPAÑOL EN MILLONES DE PESETAS, 1850-1880

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de F. Comín, Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1988.

Por otra parte, la reforma de Mon dejaba subsistir el grave problema de la deuda pública, que periódicamente amenazaba con llevar al Estado a la bancarrota, o incluso lo agravaba, al crear un sistema impositivo insuficiente, que abocaba al déficit y al endeudamiento. El problema se había heredado de la monarquía del Antiguo Régimen, que legó al Estado liberal una cuantiosa deuda acumulada. López Ballesteros empezó a poner orden en el asunto, incluyendo el servicio de la deuda en los gastos generales del Estado desde 1830. En 1836, ante la agobiante falta de recursos para financiar la guerra contra los carlistas, el Gobierno progresista suspendió el pago de los intereses de la deuda, lo que dificultó desde entonces el acceso del Estado español al crédito internacional. La situación no entró en vías de solución hasta que Bravo Murillo realizó, en 1851, un polémico arreglo de la deuda, que «pacificó» las relaciones con los acreedores, negociando la reducción de la carga y los plazos para atenderla.

Los efectos de las reformas administrativas de Bravo Murillo sobre el funcionamiento del sistema tributario creado en 1845, unidos al arreglo de la deuda pública y a los ingresos extraordinarios que proporcionó la desamortización de Madoz, permitieron que en la segunda mitad de los años cincuenta el déficit público se redujera hasta desaparecer en 1859. La situación de superávit fue efímera, pero permitió al Gobierno largo de O’Donnell (1858-1863) gozar de un insólito desahogo financiero con el cual desplegar una política de obras públicas más ambiciosa que la de cualquier otro gabinete de la época, crear el primer sistema estadístico y cartográfico de la historia de España y emprender una política exterior de ciertos vuelos, con intervenciones en Marruecos, México e Cochinchina. Con ello, el equilibrio presupuestario se esfumó y, como las razones estructurales del déficit pervivían, la Hacienda española se instaló en la insuficiencia permanente. No obstante, aquel experimento de la Unión Liberal permite vislumbrar lo que habría podido ser la acción del Estado español del XIX si hubiera estado respaldada por un sistema fiscal más flexible, moderno y equitativo.

No fue así: el déficit atenazó las posibilidades de intervención del Estado en todos los terrenos, incluyendo aquellos que habrían podido impulsar el desarrollo económico, como eran los relacionados con la educación y con las obras públicas. Los ingresos siguieron siendo insuficientes para cubrir los gastos, a pesar de la existencia de un flujo de ingresos extraordinarios tan importante como el que aportaron las ventas de bienes nacionales. Y el déficit creció por encima del 40 por ciento a raíz de la revolución de 1868, cuando, por un lado, los ingresos se redujeron (por la abolición de la Contribución de Consumos y el desorden general que la revolución causó en la recaudación) y, por otro, los gastos se dispararon por el estallido de la guerra en Cuba (a la que se añadirían luego una nueva guerra carlista y la insurrección cantonal).

La reducción de los ingresos públicos por la abolición de los Consumos —que el Gobierno se limitó a sancionar una vez que se le hubieron adelantado las juntas revolucionarias provinciales— se intentó compensar con la creación de una nueva figura tributaria, la Contribución de Cédulas Personales (1868). Esta nueva figura tributaria era muy innovadora, por cuanto traía a la Hacienda española el principio de la imposición personal, procedente de Inglaterra, para equilibrar las injusticias e insuficiencias de la imposición real traída de Francia. El impuesto se cobraría sobre indicios de la riqueza de los ciudadanos y habría podido ser el embrión sobre el que se desarrollara una tributación personal progresiva en futuras reformas; pero fracasó como instrumento recaudatorio y desapareció prácticamente al cederlo a los Ayuntamientos dos años después de su creación. Como tampoco se produjo el súbito crecimiento económico que los revolucionarios esperaban de su política liberalizadora y que habría impulsado al alza la recaudación. La acuciante necesidad de fondos solo pudo paliarse aumentando el endeudamiento exterior y vendiendo activos del Estado, como las minas de Río Tinto.

Sin margen para mayores innovaciones fiscales, tras el hundimiento de la Primera República, se restableció la Contribución de Consumos en 1874, como un anticipo de la plena restauración del orden prerrevolucionario que se avecinaba. Sin embargo, en aquel momento el Estado estaba ya prácticamente en bancarrota y la innovación que supuso la concesión del monopolio de emisión de billetes al Banco de España, en una coyuntura tan singular como la de 1874, se explica en parte como contrapartida de la actuación crediticia de dicho banco en la financiación del déficit público. La búsqueda del equilibrio requirió, además, nuevos arreglos de la deuda pública, que tuvieron lugar en 1876 y 1882.

UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO

Esta visión inicial del estado de la Hacienda entre 1833 y 1874 era necesaria para enmarcar la explicación de la situación económica de España, en la medida en que esta es inseparable del proceso de construcción del Estado que marcó el periodo. La construcción del Estado propiamente dicho, es decir, el Estado contemporáneo definido bajo parámetros liberales, es indistinguible de la construcción del nuevo sistema económico que se produjo en la misma época. Era todo el marco institucional en el que se movía la vida de los españoles el que se estaba redefiniendo bajo la doble presión de la guerra y de la quiebra de las instituciones tradicionales. Lo hacía con la doble inspiración de los principios liberales y los intereses de los grupos sociales que dirigían el proceso. Es importante prestar atención al influjo de estos cambios «políticos» sobre la economía española, dado que el gran motor del crecimiento económico de este periodo fue la construcción del Estado y no otro; si hubo crecimiento en el periodo de 1833 a 1874 fue porque se avanzó en la construcción de un Estado nacional; y, si hubo limitaciones en ese crecimiento, fue debido a las limitaciones en la construcción del Estado.

Los principios del liberalismo económico habían venido penetrando en España desde el siglo XVIII y existía incluso una base de pensamiento preliberal entre los ilustrados españoles (Campomanes, Jovellanos…), a la que se referirían como fuente de legitimidad los dirigentes progresistas y moderados que definieron el nuevo marco legal de la vida económica a partir de 1833. A esto hay que añadir la recepción de la escuela clásica de economía política, que se inició con la publicación en Londres del Curso de Economía Política, de Álvaro Flórez Estrada (1828). Este compendio de la nueva economía fue libro de cabecera de los liberales españoles aproximadamente hasta 1840, junto con las obras de José Canga Argüelles, centradas en los problemas de la Hacienda Pública. No había en estas obras un pensamiento económico original, sino la difusión de las ideas de Adam Smith, David Ricardo, James Mill, John McCulloch y Jean-Baptiste Say. Sin embargo, no fue necesario más: ante el hundimiento del sistema económico del Antiguo Régimen, en los años treinta llegó a existir en España un consenso prácticamente unánime acerca de la necesidad de reformas liberalizadoras que introdujeran la economía de mercado (motivo por el cual los escritos de economía política se orientaron desde 1840 en una dirección mucho más concreta, como fue la discusión de las ventajas relativas de la política comercial proteccionista o librecambista).

La definición de un marco económico de libre mercado desde la acción del Estado cuenta con precedentes no solo en los periodos constitucionales previos de 1808 a 1814 y de 1820 a 1823, sino también en el último periodo absolutista del reinado de Fernando VII: por ejemplo, el ya mencionado Código de Comercio de 1829, que había dado carta de naturaleza legal a formas asociativas y prácticas mercantiles y financieras propias del capitalismo moderno; incluso se ha dicho que lo hizo en un sentido más audaz que el posterior código de derecho mercantil, aprobado ya bajo un régimen liberal. No obstante, tal código no llegaría hasta 1885, con lo que la totalidad del periodo aquí considerado, la época en que echó a andar la economía capitalista en España, se desarrolló bajo el de 1829. Su carácter avanzado para la época debe atribuirse a la autoría de Pedro Sáinz de Andino, uno de tantos afrancesados que fueron «recuperados» por las Administraciones absolutistas y liberales y que llevaron a su importante labor política, legislativa y administrativa las líneas de reforma iniciadas durante el breve reinado de José I. En la misma dirección, entre otras innovaciones capitalistas anteriores a la muerte de Fernando VII, cabe señalar la fundación de la Bolsa de Madrid en 1831.

Sin embargo, el desmantelamiento integral del sistema económico del Antiguo Régimen constituía el programa de los liberales, más allá de algún cambio limitado que el reformismo monárquico pudiera estar dispuesto a introducir. Tal programa había sido ya esbozado por las Cortes de Cádiz y luego durante el Trienio Constitucional de 1820 a 1823. Interrumpidas todas las medidas de aquellas dos épocas por las reacciones absolutistas posteriores, fue necesario volver a adoptarlas y llevarlas a efecto, por tercera y definitiva vez, cuando los liberales regresaron al poder después de 1833. El programa constaba de dos partes fundamentales: por un lado, eliminar regulaciones y restricciones acumuladas a lo largo de los siglos anteriores, para instaurar un modelo económico basado en la libre competencia; por otro lado, crear una sociedad de propietarios privados, entre los cuales circulara la riqueza conforme a los principios de la economía política liberal.

La eliminación de restricciones a la libre circulación de mercancías y personas constituía una aspiración compartida por sectores muy amplios de la población, y como, además, estas medidas tenían un coste muy bajo, fueron las primeras en adoptarse. La libertad de cultivos, fundamental para dinamizar la agricultura, se adoptó ya en 1834 y se completó con la libertad de cercamientos y arrendamientos y la derogación de las ordenanzas de montes y plantíos en 1836. La Mesta, corporación ancestral que venía regulando la ganadería trashumante, fue disuelta en 1836. La libertad de industria, que acababa con el control de gremios y corporaciones, fue igualmente decretada en 1836.

La creación de una sociedad de clases estructurada por la propiedad privada, que constituía el ideal de los liberales, fue mucho más costosa, hasta el punto de requerir cambios políticos revolucionarios, como los que protagonizaron los Gobiernos progresistas a partir de 1835 y 1836. Se trataba, básicamente, de liquidar las formas de propiedad privilegiada del Antiguo Régimen, y transformarlas en propiedad privada enajenable. Al abolir el régimen señorial, fue posible la transformación en propietarios privados de muchos campesinos que poseían las tierras en enfiteusis; si bien cada tipo de contrato regional (censos, foros, rabassas, etcétera) requirió plazos y fórmulas diferentes para su liquidación. Y, además, había que acabar con la propiedad vinculada y la propiedad amortizada, protecciones contra la disolución de los patrimonios de los antiguos estamentos privilegiados, nobleza y clero.

La desvinculación de los mayorazgos y fideicomisos, que ya se había intentado en el Trienio Constitucional, volvió a implantarse mediante dos disposiciones sucesivas, de 1836 y 1841, lo que no despertó una oposición significativa, ya que no privaba a los propietarios de su patrimonio, sino que, por el contrario, les entregaba la apreciable ventaja de liberalizar su venta, división o hipoteca. Esto permitió a las casas nobiliarias racionalizar y sanear sus patrimonios, aunque a medio y a largo plazo las expusiera a la lógica del mercado, con desigual suerte según el tipo de gestión con que cada una afrontó los nuevos tiempos.

La otra medida destinada a crear el entorno económico y social característico del liberalismo fue mucho más conflictiva. Se trataba de la desamortización eclesiástica: la disolución del enorme patrimonio acumulado en España por la Iglesia católica, que no cesaba de crecer sin que las propiedades que entraban en él pudieran volver a circular en el mercado. Contra esta inmovilización de la propiedad, gráficamente descrita con el fúnebre nombre de «amortización», venían clamando reformistas ilustrados, bonapartistas y liberales; y no solo apoyándose en los principios teóricos de la economía política y en las ideas modernas sobre la utilidad social del clero —que discutía la legitimidad de las órdenes regulares—, sino también desde una perspectiva más práctica e inmediata: la de las necesidades de la Hacienda y la posibilidad de resolverlas acudiendo a ese gran depósito de riqueza que parecía haber quedado fuera de la vida económica nacional.

Por tales razones, existían ya precedentes de desamortizaciones parciales de tiempos de Carlos IV y de José I. Los liberales del Trienio habían puesto en marcha una desamortización eclesiástica más sistemática. Fueron, sin embargo, los progresistas del reinado de Isabel II los que iniciaron y completaron un verdadero proceso desamortizador. Este proceso no se parecía a la desvinculación porque, a diferencia de los patrimonios nobiliarios, que quedaron como propiedad libre en manos de sus antiguos dueños, los patrimonios eclesiásticos fueron expropiados y tan solo se compensó a la Iglesia con un compromiso de financiación de sus actividades desde el presupuesto estatal, concretado en la llamada Contribución de Culto y Clero de 1840. La desamortización eclesiástica se iniciaba con la nacionalización de los bienes, que convertía a estos de manera transitoria en propiedad estatal (bienes nacionales), antes de ser vendidos en pública subasta al mejor postor. De este modo, el Estado daba pasos muy importantes para consolidarse en un momento de incertidumbre: obtenía multitud de edificios en los que instalar las oficinas públicas de una Administración pública naciente y los cuarteles de un ejército nacional igualmente creado ex novo; recibía unos ingresos extraordinarios con los que poner en pie ese mismo ejército, necesario para derrotar a la reacción absolutista ganando la guerra civil contra el carlismo; y, finalmente, sumaba adeptos para la causa liberal entre las clases medias y altas, pues sin duda los compradores de bienes desamortizados tendrían desde entonces un interés material en la preservación del régimen liberal frente a posibles involuciones que les obligaran a devolver lo adquirido.

La desamortización tuvo tres momentos de impulso significativos: el primero, en 1835 y 1836, estuvo ligado a la presencia en el Ministerio de Hacienda de Juan Álvarez Mendizábal; bajo su dirección se lanzó la nacionalización y venta de los bienes de las órdenes religiosas, que fueron disueltas y el clero regular, exclaustrado, en lo que constituyó probablemente la medida más revolucionaria de los liberales españoles de la época. La segunda oleada desamortizadora fue lanzada durante la regencia de Baldomero Espartero, en 1841, y, además de completar la desamortización del clero regular, se extendió hasta los bienes del clero secular. La tercera, en 1855, ya durante el reinado personal de Isabel II, tuvo un carácter más global, ya que no se limitó a los bienes de la Iglesia —que continuaron sometidos a la legislación desamortizadora—, sino que alcanzó también a los bienes del Estado, municipales, comunales y de todo tipo de corporaciones públicas.

Con aquella «desamortización general», vinculada al paso de Pascual Madoz por el Ministerio de Hacienda, no solo se privatizó un volumen de riqueza equiparable al de la desamortización eclesiástica de los años treinta y cuarenta (tabla 2), sino que, además, se avanzó de forma decidida hacia un marco económico en el que no hubiera otras formas significativas de propiedad que la propiedad privada, absoluta, libre e individual, tal como venía definida desde el Código Napoleónico (aunque España no promulgara su propio Código Civil hasta 1889). La desamortización eclesiástica fue un paso decisivo para la construcción del Estado y para el triunfo del liberalismo sobre el carlismo. Movilizar 2.287 millones de pesetas en un contexto en que los ingresos anuales del Estado rondaban los 524 millones (media del periodo de 1850 a 1868) fue un salto cualitativo que hizo entrar a España en la edad contemporánea. Es indudable, además, que el conjunto de todas las operaciones desamortizadoras transformó a la sociedad española y sentó las bases para una sociedad de clases de tipo moderno.

TABLA 2. RESULTADOS DE LA DESAMORTIZACIÓN: VALOR EN VENTA DE FINCAS Y CENSOS NACIONALIZADOS EN MILLONES DE PESETAS, 1836-1868

Fuente: Elaboración propia con datos de M. Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, Alianza Editorial, 1990.

Ya desde la época en que se decretó la desamortización se alzaron voces que criticaban las condiciones concretas de la operación, por haber perdido la oportunidad para realizar una verdadera reforma agraria que distribuyera las propiedades de la Iglesia entre campesinos pobres a los que dotar de independencia económica y convertir en una sólida clase media que sirviera de base al liberalismo, como en su momento dijo Fermín Caballero. El mismo tipo de crítica ha seguido presente en la historiografía hasta tiempos recientes, pero gradualmente se ha impuesto la evidencia de que aquella alternativa no era realista en las circunstancias del momento ni encajaba en las prioridades ideológicas de los liberales.

No solo estaban por medio las acuciantes necesidades de la Hacienda, que exigían vender las tierras al mejor precio posible o utilizarlas para liquidar parte de la ingente deuda pública acumulada (razón por la que se admitió el uso de títulos de la deuda en pago de bienes desamortizados); incluso si la Hacienda hubiera renunciado a aquellos ingresos extraordinarios que tanto necesitaba, poner las tierras en manos de campesinos pobres sin aportarles los medios para cultivarlas habría conducido al fracaso de las explotaciones, cuando no a la ruina y reventa de las tierras, de manera que la soñada «reforma agraria» habría requerido aportaciones adicionales de capital que el Estado no estaba en condiciones de proporcionar. Por otra parte, tampoco era ese su objetivo, ya que la idea de igualdad de los liberales de aquellos años se limitaba al sentido jurídico —igualdad ante la ley— y era perfectamente compatible con la desigualdad de condiciones que la vida económica producía, según su visión, de forma natural.

La posibilidad de emprender una reforma agraria se contempló hasta el final de los años treinta en torno al posible reparto de tierras comunales y concejiles. Sin embargo, la forma en que se realizó la desamortización civil en 1855, sacando a subasta las tierras de los pueblos como se había hecho con las de la Iglesia, puso fin a esa alternativa social y confirmó cuál era el programa de los liberales españoles. Tan solo se salvaron de la completa privatización del espacio algunos montes y bosques que el Gobierno, las Diputaciones y los Ayuntamientos declararon exentos por diferentes razones y que constituyeron la base de los montes públicos legados a la posteridad.

Los bienes nacionalizados durante las operaciones desamortizadoras se vendieron en subasta pública, ya que se buscaba que fueran rematados al mejor precio posible para la Hacienda. Se admitieron los pagos a plazos y el uso de títulos de la deuda pública para saldar tales pagos, en condiciones ventajosas para los acreedores del Estado. Aun así, el resultado fue que las tierras las adquirieron quienes tenían medios para hacerlo, lo cual reforzó la estructura de la propiedad existente. Fue una oportunidad para ampliar los patrimonios de quienes ya eran propietarios y para que burgueses enriquecidos redondearan su posición económica invirtiendo en activos tan seguros y prestigiosos como la tierra; pero no se redujo en modo alguno la desigualdad ni hubo otra alteración de la jerarquía social que la que significó la liquidación de las bases económicas del poder eclesiástico.

Desde el punto de vista estrictamente económico, la desamortización impulsó el crecimiento agrícola, lo que produjo una ampliación notable de la superficie cultivada, en detrimento de bosques y pastos, y también dio lugar a una intensificación de la explotación por parte de propietarios que, cada vez más, se movían en un entorno competitivo. El crecimiento, sin embargo, fue más extensivo que intensivo, por cuanto la abundancia de mano de obra desincentivaba las inversiones. No son desdeñables, además, las contrapartidas de aquel crecimiento: por un lado, las consecuencias medioambientales del retroceso del bosque y de la sustitución de especies autóctonas por árboles de mayor rentabilidad inmediata para los propietarios. Por otro lado, el empeoramiento en las condiciones de vida del campesinado, al que los nuevos propietarios sometieron a condiciones más exigentes, al tiempo que la desaparición de los bienes concejiles y comunales les privaba de aprovechamientos tradicionales, como los de pastos y leña, cuando no de oportunidades de redondear su economía familiar con la cesión de tierras de cultivo adicionales.

Hemos hablado en general de propiedades porque las operaciones de desamortización y desvinculación se diseñaron así, englobando en la transformación del derecho de propiedad y en el trasvase de propiedades concretas todo tipo de bienes: tierras cultivables, montes y pastos, casas, edificios de todo tipo, así como bienes muebles, censos y otros títulos de crédito. No obstante, por el volumen de la riqueza a la que afectó y por su importancia estratégica en la economía española de aquella época, fue la desamortización y desvinculación de la tierra de uso agrícola la operación decisiva de la revolución liberal. La forma en que se aplicaron las diferentes medidas de adaptación de la propiedad de la tierra al modelo liberal de propiedad privada dio como resultado global una acentuación de los desequilibrios regionales que ya existían. Si en el tercio norte de la Península la abolición de los contratos enfitéuticos contribuyó a reforzar el predominio del pequeño campesinado independiente, en la mitad sur, por el contrario, la gran propiedad salió reforzada del doble proceso de desamortización y desvinculación. La desigual distribución de la propiedad, que sustentaba la desigualdad social, era una realidad tanto en unas como en otras regiones; pero con formas de apropiación muy diferentes, que expondrían al campesinado de las regiones a diferentes formas de pobreza y de precariedad, que iban desde la miseria de los braceros sin tierras del sur hasta la fragilidad de las pequeñas economías familiares campesinas del norte.

LA CREACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

Tan importante como la redefinición de los derechos de propiedad fue, para la transformación del sistema económico, el establecimiento del mercado en el que este habría de desarrollarse. La disgregación de la vieja monarquía y de su sistema de monopolio comercial obligaba a definir sobre nuevas bases territoriales el mercado nacional y la relación de este con las colonias y el mundo exterior.

La implantación de la economía de mercado requería, como primera medida, la eliminación de aduanas interiores y otras barreras que dificultaban la circulación mercantil. El objetivo era crear un mercado nacional, integrando los espacios económicos que el Antiguo Régimen había mantenido compartimentados, para compensar así la reducción de escala que suponía la pérdida del imperio americano. El primer paso se había dado ya en el siglo XVIII cuando, al término de la Guerra de Sucesión, se habían eliminado las aduanas que separaban a la Corona de Aragón de la Corona de Castilla (1714). Luego, la unificación del mercado había dado nuevos pasos con la abolición de los señoríos que, decidida por las Cortes de Cádiz, prácticamente no había sido corregida durante las restauraciones absolutistas y que, en todo caso, fue confirmada por los progresistas en 1836. Con la jurisdicción señorial desaparecieron los derechos señoriales de peaje, pontazgo, portazgo y barcaje, que gravaban la circulación y aislaban mercados de carácter local. Quedaban las aduanas interiores propiamente dichas, conocidas como almojarifazgos y puertos secos, que separaban aún algunos de los antiguos territorios que componían la monarquía. Las llamadas Provincias Exentas —Navarra y las Provincias Vascongadas— permanecieron separadas por aduanas del resto de España hasta que, terminada la Primera Guerra Carlista, Espartero las eliminó en 1841.

Sin embargo, la eliminación formal de las aduanas interiores no era suficiente para hacer del territorio nacional un mercado integrado. Los viajeros —tanto nacionales como extranjeros— que recorrieron España en los años treinta y cuarenta señalaron sin excepción las dificultades del sistema de transportes como uno de los obstáculos principales para la modernización e integración del país, no solo en sentido económico, sino también político. El relieve y la tradición de aislamiento de las regiones que componían España imponían dificultades graves para transportar de una a otra personas y mercancías, que solo podrían salvarse con la construcción de medios de transporte y comunicación eficaces.

La mejora de las comunicaciones fue muy significativa en este periodo, primero con el desarrollo del sistema postal —limitado en parte por las posibilidades del transporte terrestre— y luego del telégrafo. La restringida eficacia del telégrafo óptico, que venía funcionando desde 1800, dejó paso, a partir de 1852, al telégrafo eléctrico, que se extendió rápidamente hasta crear una red de comunicación centralizada en Madrid. La red telegráfica, que en diez años cubría ya la mayor parte del territorio nacional, permitió al Gobierno disponer de un medio para la comunicación rápida de noticias e instrucciones, lo que hizo más efectiva la cadena administrativa centralizada que constituía la clave del Estado diseñado por los moderados. No es casualidad que el nodo principal de la red telegráfica nacional se estableciera en Madrid, en la misma torre del Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. Además de esta impronta estatal, que tuvo desde el comienzo la red telegráfica, hay que subrayar también su relevancia para el funcionamiento de los negocios, privados y públicos, porque la frontera entre ambos fue muy permeable en el periodo aquí estudiado. Las noticias económicas, la información sobre oportunidades y riesgos, las comunicaciones con socios, agentes y clientes…, todo se aceleró enormemente cuando el telégrafo permitió la transmisión en tiempo real, agilizando de este modo la negociación mercantil.

En cambio, el desarrollo de los transportes no avanzó con tanta rapidez. Hacia 1830 el sistema de transporte terrestre se basaba en una red de carreteras de muy mala calidad, deteriorada por el abandono y las guerras sucesivas y amenazada por bandoleros e incertidumbres de todo tipo. La implantación del régimen liberal no transformó este panorama, dado que el Estado siguió sin disponer de medios para emprender grandes obras de reparación y construcción de carreteras.

Hay que recordar, sin embargo, que las dificultades del transporte interior no venían solo de la mala calidad de las carreteras. Incluso cuando estas empezaron a mejorar en periodos posteriores, no existía un vehículo terrestre eficaz que asegurara costes de transporte equiparables a los de la navegación. Excepto el transporte de harinas entre Castilla la Vieja y el puerto de Santander, que podía utilizar la navegación por el Canal de Castilla construido en el siglo XVIII, el resto del transporte interior de mercancías se hacía a lomo de mulas o en carretas; esto suponía que tenía capacidad limitada, era lento y caro. De manera que una mayor inversión en construir carreteras tal vez habría sido ineficiente antes de la aparición de los vehículos a motor, ya en el siglo XX. Con todo, durante la primera mitad del XIX se produjo un cierto abaratamiento del transporte terrestre: un abaratamiento que no se debía a ninguna mejora técnica, sino a economías de escala derivadas de la gradual integración del mercado nacional y del consiguiente incremento del tráfico de mercancías entre las regiones.

El gran cambio en el transporte interior vino del ferrocarril. La primera línea que entró en funcionamiento lo hizo en Cuba, entre La Habana y Güines, en 1837 (primer ferrocarril de América Latina y primero de España, antes que en la metrópoli); el segundo en Cataluña, entre Barcelona y Mataró, en 1848; y el tercero unió Madrid con Aranjuez desde 1851. Los tres ramales reflejan tres parámetros significativos de la economía española de la época, marcada por el nuevo colonialismo antillano, el dinamismo de la iniciativa privada en las regiones costeras y el estrecho vínculo entre la modernización económica y la construcción del Estado.

El negocio ferroviario constituyó el paradigma de la vida económica moderna en el reinado de Isabel II. Era un negocio supuestamente en manos de empresas privadas, pero en el cual lo público y lo privado se confundían. Al mismo tiempo, fue un negocio en el que la escasez de capital nacional llevó a recurrir masivamente a inversores foráneos, fundamentalmente franceses. La clave del sistema la dio la Orden Ministerial de 1844 por la que el Estado renunció a construir la red ferroviaria por sí mismo y dejó la tarea en manos de promotores privados, sometidos a un régimen de concesión administrativa y autorizados a negociar la venta a terceros de dichas concesiones. Además, una ley de 1850 garantizó a las compañías ferroviarias un interés mínimo del 6 por ciento (más un 1 por ciento de amortización) sobre los capitales comprometidos, a fin de atraer inversiones y de minimizar riesgos. Lo que se abrió así fue una oleada especulativa en la que se construía poco, pero se hacían ganancias importantes, sobre todo por parte de las redes mixtas político-empresariales mejor relacionadas con el poder; es decir, en primer lugar la propia familia real y sus aliados, que constituían el núcleo del Partido Moderado. El grado de favoritismo y corrupción que presidió los inicios del negocio ferroviario fue uno de los factores que impulsaron la revolución de 1854, de la que salió una legislación menos favorable para los «individuos de conocido arraigo» y más apta para impulsar la construcción efectiva de las líneas atrayendo inversiones extranjeras. Fue entonces cuando se constituyeron las dos grandes compañías de capital francés, MZA (Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante) y Norte (Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España). Aunque hubo otras compañías menores, tanto de ancho normal como de vía estrecha, Norte y MZA acabaron repartiéndose las líneas principales entre sí, sobre todo después de la crisis de 1866.

Fue el Estado el que definió la estructura de la red ferroviaria y controló su construcción mediante un sistema de concesiones a empresas privadas y de incentivos financieros para atraer la inversión. Aunque la primera normativa ferroviaria fue de 1844, la construcción efectiva no se aceleró hasta que la Ley General de Ferrocarriles del Bienio Progresista (1855) redujo la incertidumbre y el favoritismo político en el que se venían moviendo las concesiones. En los años sesenta el ritmo de construcción fue ya muy vivo. Y, como consecuencia, en 1880 existía una red ferroviaria bastante tupida, que unía la capital con los principales puertos, capitales regionales y fronteras (véase mapa en pág. 426). Esta red transformó no solo la vida económica —por el radical abaratamiento del transporte—, sino también la vida política y social, definitivamente integrada en un marco que podría llamarse nacional.

La definición radial de la red ferroviaria vino a reforzar la estructura que ya tenía el transporte terrestre por la concepción radial de la red de carreteras. De nuevo se daba prioridad al servicio de las necesidades del Estado, que consistían en conectar Madrid con las capitales regionales, las costas y las fronteras terrestres. Tal opción ha sido criticada muchas veces desde entonces, por poner la conveniencia política por encima de la racionalidad económica, al desentenderse de las conexiones transversales entre regiones complementarias. Habría, sin embargo, que considerar en su favor que, en la estructura productiva de mediados del siglo XIX, no era tan irracional dar prioridad a la comunicación entre las dos mesetas, abastecedoras de alimentos básicos, y las regiones periféricas, consumidoras de los mismos y proveedoras de otras mercancías procedentes de la industria, la agricultura hortofrutícola o la importación. A largo plazo, tal vez la opción por una concepción radial de la red de transportes fuera positiva para la integración del mercado nacional y para incorporar las regiones interiores al crecimiento económico. En todo caso, el esquema radial de comunicación es el más barato, mientras que la comunicación transversal entre las regiones periféricas contaba ya con un sistema de transporte eficaz, como era la navegación de cabotaje.

Se han objetado al ferrocarril español de aquellos tiempos múltiples errores que limitaron su aportación al crecimiento económico: no solo la injustificada condena de la estructura radial que se dio a la red, sino también que la franquicia arancelaria que se dio a las empresas constructoras para la importación de insumos hizo que gran parte de los raíles y el material rodante se trajeran del exterior, lo cual privó a la industria española de tan importante negocio. Asimismo, las elevadas tarifas habrían moderado la integración mercantil y el aumento de competitividad de los productores nacionales que utilizaron este medio de transporte. Sin embargo, la liberalización fue clave para atraer las inversiones extranjeras que hicieron posible este rápido despliegue de la red ferroviaria. Los datos demuestran que el impulso para la integración del mercado nacional y para facilitar la exportación desde el interior de la Península fue espectacular. Esto no solo impulsó la agricultura del interior, sino también otras actividades, como la minería andaluza y extremeña, o incluso la industria catalana, cuyos productos se beneficiaron de una mayor facilidad de acceso al mercado interior. El efecto positivo del ferrocarril, que los economistas miden en términos de «ahorro social», fue sustancialmente mayor en España que en otros países occidentales (mayor que en Francia, Gran Bretaña y Alemania, o que en Estados Unidos, donde se ha llegado a argumentar que fue prácticamente insignificante), debido a las dificultades de transporte preexistentes. De modo que la apuesta por el ferrocarril lanzada desde el Estado en detrimento de otras alternativas de inversión —como las obras hidráulicas— fue probablemente una estrategia acertada, fuera cual fuese la racionalidad de quienes adoptaron tal decisión.

PROTECCIÓN Y LIBRECAMBIO: LAS ALTERNATIVAS DEL DESARROLLO

Desaparecido en la década de 1820 el enorme mercado cautivo que había constituido el imperio americano, hacia el que se dirigían gran parte de las exportaciones españolas, estas hubieron de ser recolocadas en los mercados disponibles, fundamentalmente europeos y antillanos. La geografía comercial del país se alteró en consecuencia, al entrar en crisis ciudades como Cádiz, que vivía del comercio colonial, mientras que otros puertos comenzaban un ciclo de desarrollo ligado a las nuevas posibilidades comerciales del momento (Santander, principalmente). Aunque aparecieron nuevas orientaciones comerciales, en su conjunto la pérdida del imperio continental americano determinó una menor apertura comercial de la economía española, que pasó a depender menos del comercio exterior y más del aprovechamiento de las oportunidades que ofrecía un mercado interior en proceso de integración.

Si la ruptura con el sistema económico del Antiguo Régimen había venido prácticamente impuesta por las circunstancias y había sido objeto de un amplio consenso entre los grupos dirigentes, tan pronto como esa ruptura se hubo consumado —digamos, a partir del fin de la guerra carlista en 1840— se rompió la unidad de la «familia liberal» y apareció una división significativa entre los librecambistas, dispuestos a llevar los principios liberales hasta sus últimas consecuencias, y los proteccionistas, partidarios de preservar ciertos intereses económicos apelando a prácticas comerciales que recordaban al Antiguo Régimen. Los proteccionistas (Eudaldo Jaumeandreu, Juan Güell y Ferrer, Juan Illas y Vidal, José Güell y Renté, entre otros) utilizaban el argumento de la necesidad de protección temporal a la industria naciente para impulsar el crecimiento hasta el momento en que, por su escala, se encontrara en condiciones de competir. Mientras que los segundos (Laureano Figuerola, Luis María Pastor, Gabriel Rodríguez, José Echegaray, etcétera) se apoyaban en la capacidad del comercio libre para generar crecimiento, según la teoría de los costes comparativos. A pesar de la intensidad de este debate, siguió sin haber en España, entre 1840 y 1880, un pensamiento económico original y solo se produjo una mera creatividad literaria en torno a ideas que se tomaban de fuera; de manera que el debate sobre política económica podía saldarse mediante acusación de los librecambistas a los proteccionistas de ser partidarios de Friedrich List y de los proteccionistas a los librecambistas de ser discípulos de Frédéric Bastiat (como ocurriría en los años ochenta).

El hecho de que el debate económico se centrara en esta cuestión de la política comercial es un indicio significativo de la relevancia que el asunto tenía para la definición de España como nación. Se trataba de optar por una u otra estrategia de desarrollo, por una u otra fórmula de integración del territorio, y en cada una de las opciones estaban en juego los intereses de distintos grupos sociales y diferentes regiones del país. La política comercial del periodo empezó marcada por un proteccionismo sistemático que nació de la confluencia entre la continuidad de las prácticas mercantilistas del Antiguo Régimen y el proyecto de integración nacional y de crecimiento económico de los liberales españoles. Sobre esa base se consolidaron tanto la industria textil catalana como la industria harinera castellana; pero gradualmente fueron surgiendo voces partidarias de liberalizar el comercio exterior, por coherencia con los principios del liberalismo económico y por conveniencia para algunas actividades que precisaban de insumos extranjeros o de la apertura de mercados exteriores para dar salida a su producción. Así, el debate entre proteccionistas y librecambistas se convirtió en un clásico del debate político y del juego de los grupos de presión en la España de Isabel II.

Tras la llegada al poder de los progresistas, el arancel de 1841 inició una primera apertura hacia el librecambio, aunque de corto alcance. En aquel momento se organizó el sistema aduanero español con los caracteres que mantendría para todo el siglo XIX (organización de la burocracia de aduanas, construcción de depósitos francos, definición legal de procedimientos de gestión, reorganización del Cuerpo de Carabineros en 1842). Esta tendencia hacia una relativa liberalización fue confirmada por el arancel de 1849, que trajo a la Renta de Aduanas los cambios consiguientes a la reforma tributaria realizada cuatro años antes por los moderados. El comercio exterior se mantuvo bajo esos parámetros de un proteccionismo suavizado hasta el final del reinado de Isabel II.

No hubo un nuevo arancel hasta que la revolución de 1868 reorientó la política económica española en un sentido plenamente liberal, bajo la dirección de Laureano Figuerola. Este giro se plasmó en el arancel de 1869, que eliminaba la protección como principio general y establecía unos derechos de aduanas uniformemente bajos, con un sentido meramente recaudatorio y de afirmación de la soberanía nacional; se eliminaron completamente las prohibiciones de importación que aún subsistían y, a cambio, se establecieron como excepción aranceles proteccionistas transitorios para algunas mercancías, a las que se daba un plazo de 12 años para adaptarse a la prevista desaparición gradual de la protección. Esta innovación en la tradición comercial española avivó aún más el debate entre proteccionistas y librecambistas y movilizó a los grupos de presión en la defensa de los diversos intereses amenazados, en medio del conflictivo marco político del Sexenio Democrático. Aunque no hubo un nuevo arancel hasta 1891, las presiones de los lobbies proteccionistas consiguieron moderar la liberalización en los plazos previstos de 1875, 1878 y 1881, lo cual prolongó la existencia de barreras que preservaban el mercado español de la competencia extranjera.

De hecho, la revolución de 1868 hizo algo más que mitigar el tradicional proteccionismo aduanero que informaba la política comercial española. En la medida en que la revolución llevó al poder a un grupo de liberales puros, conocidos como los «economistas», que estaban dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias los principios del mercado tal y como los interpretaba la escuela de Mánchester, permitió completar la implantación del sistema capitalista en España. Desde el Gobierno provisional, los economistas impulsaron el desmantelamiento de múltiples formas de proteccionismo comercial y de intervención del Estado en la vida económica, convencidos de que la liberación de cortapisas para la iniciativa privada pondría en marcha el crecimiento que se había echado de menos en los decenios anteriores. Aquellos liberales puros, además de avanzar hacia el librecambio con el arancel de 1869, liberalizaron la explotación minera, suprimieron la Contribución de Consumos, reformaron el Código de Comercio y cambiaron la legislación bancaria. Sin embargo, la experiencia liberal del Sexenio Revolucionario duró demasiado poco y tuvo lugar bajo condiciones políticas y militares demasiado excepcionales para que podamos evaluar el resultado de aquella alternativa económica y compararlo con la estrategia proteccionista de los cuarenta años anteriores.

Una de las claves para la adaptación de la economía española a la brusca reducción de sus dimensiones territoriales debida a la pérdida del imperio fue la redefinición del vínculo colonial en las Antillas. Dicho giro tuvo lugar en 1836, al tiempo que se reconocía por primera vez la independencia de uno de los dominios americanos recién perdidos, México, y se establecía con aquella república un primer tratado comercial. Cuba, Puerto Rico y Filipinas fueron entonces excluidas del marco constitucional de la nación española y definidas como colonias propiamente dichas, que habrían de regirse por leyes especiales, lo cual, en la práctica, significó que serían gobernadas de forma autoritaria sin derecho a representación. Esta exclusión permitió desarrollar en Cuba y Puerto Rico un nuevo modelo de colonialismo económico, basado en una explotación más intensiva de las posibilidades que ofrecían allí producciones tropicales como el azúcar y el café, respectivamente; al tiempo que se intensificaba la utilización de aquellos territorios como destino de las exportaciones españolas, en un mercado adicional al de la metrópoli, igualmente protegido de la competencia extranjera.

La clave de este nuevo pacto colonial, que enlazó a las élites antillanas —cubanas principalmente— con los dirigentes del nuevo régimen liberal español, estaba en la preservación de la esclavitud, necesaria para asegurar la rentabilidad de la economía de plantación. Así, si la institución de la esclavitud fue abolida en la metrópoli en 1837, en coherencia con los principios constitucionales, en Puerto Rico pervivió hasta 1873 y en Cuba, hasta 1880. Tal resultado, como otros aspectos del pacto colonial del siglo XIX, no fue casual ni unilateral, sino fruto de una negociación continua, en la que el lobby azucarero cubano intensificó sus esfuerzos por influir sobre las decisiones del sistema político español. Unos esfuerzos que ya venían produciéndose desde el siglo XVIII y que ponían en juego el clientelismo político, las alianzas familiares, el intercambio de favores, la propaganda y el soborno.

A pesar del alivio que ofrecía la existencia del mercado colonial en las Antillas, el déficit de la balanza comercial fue un rasgo estructural de la economía española a lo largo de todo el siglo XIX. Entre las importaciones más relevantes figuraba el algodón (procedente de Brasil y de Estados Unidos), que constituía la materia prima de la industria textil catalana; también algunos alimentos especiales, como el bacalao y los coloniales (que se convirtieron en los típicos «productos de renta» para generar recaudación aduanera); y, de manera creciente, los bienes de equipo de origen industrial que requerían el desarrollo del sector moderno de la economía (maquinaria para la industria y raíles para el ferrocarril).

El flujo de exportaciones, que se orientaba fundamentalmente hacia Francia, Inglaterra y Cuba, lo nutrían productos primarios, como el plomo, o mínimamente transformados, como las harinas, el aceite de oliva y el vino; en menor cantidad se exportaban también pasas, lana, mercurio, cobre y hierro. Si bien algunos otros productos industriales, como los textiles catalanes, conseguían venderse en mercados de Sudamérica.

Tal desequilibrio procedente de la balanza comercial se agrava si consideramos la balanza de pagos en su conjunto, pues los flujos financieros y de servicios eran aún más negativos para España. Esta situación se endureció desde que, en la década de 1840, empezaron a entrar en España capitales extranjeros dispuestos a invertir masivamente en el ferrocarril, la minería, la industria y las finanzas. El desequilibrio en la balanza de pagos determinó un flujo de salida de metales preciosos hacia Europa, que ya no podía compensarse con la llegada de remesas del imperio americano. En consecuencia, la menor presencia de oro y plata creó tensiones deflacionistas que están detrás de las reformas monetarias que se sucedieron a lo largo del reinado de Isabel II.

BANCA, MONEDA Y FINANZAS

El sistema financiero heredado del Antiguo Régimen requería una adaptación al nuevo marco liberal, al igual que el sistema fiscal y comercial; pero esa adaptación fue más lenta que en otros terrenos. La tradición de un banco de la Corona que le proporcionara a esta servicios de tesorería, emisión, crédito y descuento fue continuada por Fernando VII con la creación del Banco de San Fernando en 1829; y por los liberales también, al crear el Banco de Isabel II en 1844, que competía con aquel por los servicios bancarios del Estado. Esta dualidad resultaba problemática y, a raíz de la crisis financiera mundial de 1847, Ramón Santillán los unificó creando el «nuevo» Banco de San Fernando. Tras sucesivas reformas de otros tantos Gobiernos moderados, aquel banco acabó por proporcionar al Estado un instrumento con el que realizar su política monetaria. Los progresistas realizaron una nueva reforma en 1856, que hizo nacer el Banco de España; pero la reforma supuso poco más que el cambio de nombre y la descentralización de la emisión de billetes de un banco estatal que, de hecho, existía ya antes. La figura del Banco de España como banco central siguió perfilándose bajo posteriores Gobiernos liberales, al hacerse, en 1868, con el monopolio de la recaudación de los tributos y, en 1874, con el monopolio de la emisión de papel moneda.

Las dificultades de este proceso de creación de un banco central reflejan las del sector bancario en su conjunto. Las tradicionales casas de banca, de pequeñas dimensiones, dieron paso en la década de 1840 a la aparición de los primeros bancos modernos con forma de sociedades anónimas, como el Banco de Barcelona, el de Cádiz o el de Isabel II. Estos se multiplicaron a partir de la ley bancaria de 1856, que, además de crear formalmente el Banco de España, liberalizó la penetración de sociedades de crédito extranjeras. Con todo, la banca española siguió moviendo volúmenes relativamente pequeños de capital hasta el final del reinado de Isabel II. La crisis financiera de la década de 1860, motivada en gran parte por la especulación en el sector ferroviario, creó tales dificultades a los bancos españoles que precisaron de una nueva y definitiva reforma bancaria en 1874. En realidad, la lenta creación del Banco de España fue el correlato de la transformación de la banca privada en el país, y ambos procesos tuvieron lugar al ritmo que marcaron las sucesivas crisis económicas del periodo (1847, 1866, 1873), cada una de las cuales dio pie a una reforma de importancia. La afirmación definitiva del Banco de España con la obtención del monopolio de emisión de papel moneda en 1874 tuvo como contrapartida la decadencia de la red de bancos emisores que existía en provincias: algunos desaparecieron, unos pocos siguieron funcionando como bancos privados (como el Banco de Bilbao o el de Barcelona) y la mayoría se transformaron en sucursales del Banco de España.

El sistema financiero español vivió durante todo el siglo XIX bajo la presión del desequilibrio fiscal del Estado, que absorbía grandes cantidades de crédito y encarecía el dinero para los prestatarios privados. Los tipos de interés permanecieron en niveles superiores a los de otros países europeos —cerca del 6 por ciento—, lo cual añadió dificultades para la inversión empresarial. A esto se unía el que, por razones culturales y por la estrechez de los excedentes productivos, las tasas de ahorro eran también más bajas que en otros países europeos; de manera que la formación de capital era demasiado escasa para impulsar un crecimiento económico significativo sobre bases autóctonas. No obstante, habría que señalar diferencias regionales importantes: la formación de capitales invertibles se concentró en aquellas regiones periféricas en donde se daba una agricultura más intensiva y una actividad exportadora más significativa (zonas costeras de Cataluña, Valencia, Andalucía, el País Vasco y Cantabria). Otra excepción que debe considerarse —aunque tendría un peso estadístico marginal— sería la de los indianos que retornaban de América para disfrutar de la fortuna acumulada en sus regiones de origen, realizando no solo gastos suntuarios de ostentación, sino también inversiones productivas, por ejemplo, en la banca.

La escasez relativa de capitales autóctonos que pudieran transferirse hacia el sector moderno de la economía fue compensada por la masiva entrada de inversiones extranjeras, que venían a España buscando rentabilidades más altas que en sus países de origen, en los que la saturación de capital y el mayor nivel de desarrollo hacían cada vez más difícil encontrar buenas oportunidades de inversión. Las inversiones extranjeras vinieron acompañadas frecuentemente de innovaciones tecnológicas que contribuyeron a modernizar las actividades industriales, mineras y ferroviarias en España. Y el país de procedencia fue fundamentalmente Francia, con aportaciones menores de Bélgica y Gran Bretaña; estas últimas crecieron en la década de 1870, hasta igualar en importancia a las francesas, al tiempo que aparecían inversiones alemanas de cierta relevancia.

El proceso de creación de un banco central, al que antes nos hemos referido, facilitó la unidad de caja de las Administraciones públicas —un objetivo importante para la racionalización de la Hacienda—, pero también sirvió para impulsar la unificación monetaria del país, que se consideraba necesaria tanto para la integración económica de la nación como para su materialización simbólica. En 1830 circulaban por el país cerca de una centena de especies monetarias diferentes, que incluían las monedas de los distintos reinos que componían la monarquía del Antiguo Régimen, pero también monedas extranjeras de diverso tipo y monedas de reinados anteriores, a las que pronto se añadirían las acuñaciones carlistas. Además, el país se resentía de una carencia de numerario que tenía efectos deflacionistas, debido al desequilibrio de la balanza de pagos y a problemas específicos del sistema monetario —en el cual había monedas cuyo valor metálico era superior al facial— que provocaban la salida de moneda metálica al extranjero. Ya hemos mencionado cómo ese problema monetario pudo condicionar la política comercial del reinado de Fernando VII, coadyuvando junto con otras razones a la opción por el proteccionismo aduanero. De manera que se trataba de un problema acuciante, que los Gobiernos liberales trataron de resolver mediante varias reformas monetarias sucesivas entre 1848 y 1868.

La primera fue obra de Manuel Bertrán de Lis en 1848 y consistió en unificar el circulante en torno a un sistema de diez piezas basado en el doblón de oro y el real de plata, mientras se dejaban pervivir como unidades de cuenta sin existencia material el real de vellón y el maravedí. Se dio así un paso decisivo hacia la unificación y nacionalización del sistema monetario, al tiempo que se racionalizaba la relación entre las diferentes monedas adaptándolas al sistema decimal y al tipo de escalas predominantes en Europa. Sin embargo, al tratarse de un sistema bimetálico, los valores faciales dejaron de corresponderse con la cotización del mercado en cuanto el descubrimiento de oro en California causó la depreciación de este metal y, como consecuencia, acrecentó el flujo de salida de España de las monedas de plata. Esto provocó escasez de numerario y dificultades para el comercio que España no podía paliar al carecer de minas de plata después de la pérdida del imperio americano. Por ello, fueron necesarias varias reformas que corrigieran el sistema: las de 1854 y 1861 apenas fueron retoques en el sistema de Bertrán de Lis.

La reforma de Pedro Salaverría en 1864, en cambio, creó un sistema nuevo en torno al escudo (equivalente a diez reales), poniendo en circulación tres monedas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce. La clave del nuevo sistema consistía en apoyarlo sobre monedas de plata —el duro, el escudo, la peseta y el real— cuyo valor facial era inferior al contenido metálico, para garantizar su permanencia en el mercado nacional y que sirvieran así para las transacciones comerciales corrientes.

Sentadas las bases para un sistema monetario unificado y estable, este se completó, ya en el Sexenio Democrático, con la reforma de Figuerola que instituyó la peseta como divisa nacional hasta la implantación del euro en el siglo XXI. El ministro progresista se limitó en esto a dar el impulso político para un cambio preparado por los últimos Gobiernos de Isabel II, tendente a homologar el sistema monetario español al patrón de la Unión Monetaria Latina de 1865, que era tanto como decir que se adaptaba al patrón del franco francés. En dicho sistema se adoptaban voluntariamente ciertos compromisos de disciplina monetaria, un estándar común de relación entre el oro y la plata y una aceptación mutua de las monedas de los países firmantes (Francia, Bélgica, Suiza, Italia y, desde 1868, Grecia). A falta del consenso político necesario, España no firmó nunca formalmente aquel convenio, pero sí homologó su sistema monetario al patrón que aquel preveía. Aunque la Unión Monetaria Latina entró en crisis desde 1873 y se hundió frente a la hegemonía del patrón oro en la década de 1880, el sistema monetario español conservó durante mucho más tiempo la impronta francesa con la que había nacido.

Desde 1830, la moneda metálica —que constituía el medio de pago fundamental de las transacciones— se complementó con los billetes que empezó a emitir el Banco de San Fernando, superando los temores del público por las desgraciadas experiencias vividas con los «vales reales», mezcla de papel moneda y títulos de deuda pública del Antiguo Régimen. La emisión de billetes bancarios fue un recurso importante para paliar la escasez de moneda metálica y evitar que estrangulara el comercio; pero también para facilitar al Gobierno la realización de pagos urgentes, como los que impusieron las guerras carlistas. La emisión de papel moneda se incrementó significativamente a partir del Bienio Progresista. Sufrió una contracción significativa en 1861, cuando el estallido de la Guerra de Secesión estadounidense y la reforma de la Caja de Depósitos española provocó el pánico entre el público, que acudió en masa al Banco de España a pedir la conversión metálica de sus billetes. Finalmente, quedó reordenado, al servicio de la política monetaria gubernamental, cuando en 1874 se concentró en el Banco de España el monopolio de emisión.

LOS COMIENZOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

Uno de los factores estratégicos para el desarrollo económico en aquella época, siguiendo el modelo de la Revolución Industrial británica, era la dotación de recursos minerales aptos para la extracción y el aprovechamiento como fuentes de energía y materias primas para la industria. En el primer sentido, el de las fuentes de energía minerales, la dotación del subsuelo español era poco significativa, pues, aunque existían cuencas carboníferas —sobre todo en Asturias—, aportaban un mineral de bajo poder calorífico en relación con el coste de extracción, de manera que no podían sustentar industrias rentables que compitieran con las de Gran Bretaña y otros países europeos. Los recursos hídricos, alternativa energética al carbón en aquella época, eran también notablemente escasos e irregulares en la Península, por lo que tampoco pudieron servir como fundamento de un desarrollo industrial sostenido en el conjunto del país.

En cambio sí existían buenas dotaciones de otros recursos minerales, como el cobre, el mercurio, el plomo o el hierro, algunos de los cuales se explotaban desde antiguo en la Península. No obstante, la dinamización de este sector se demoró por la pervivencia de una legislación de 1825, que reservaba a la Corona la propiedad del subsuelo y dificultaba las concesiones mineras a la iniciativa privada. Fue en la minería del plomo —centrada en Murcia y en Andalucía Oriental— en donde se inició la apertura hacia la iniciativa privada, predominantemente con capital español, pero con una clara orientación hacia la exportación. La explotación de otros minerales, como el cobre (Huelva), solo despegó a partir de la legislación liberalizadora que introdujo la revolución de 1868.

El hierro se explotaba tradicionalmente en el País Vasco y en Andalucía, cuyas minas abastecían a pequeñas ferrerías que trabajaban para la construcción naval, tonelera, etcétera. En los últimos años del reinado de Fernando VII, aprovechando la protección arancelaria que la monarquía dispensaba para los productos del país, Andalucía fue escenario de un temprano desarrollo de la industria siderúrgica, en torno a Sevilla y, sobre todo, en torno a Málaga; pero, a falta de yacimientos de carbón próximos aptos para alimentar los altos hornos, aquella industria hubo de combinar el uso de carbón vegetal y de hulla importada, lo cual determinó su falta de competitividad. Sin una exención arancelaria para la importación del carbón extranjero, aquella incipiente industria siderúrgica andaluza, que funcionaba sobre el estrecho margen que le dejaban la debilidad de la demanda interna y las dificultades del transporte, acabó hundiéndose y se extinguió. La suerte de aquel primer experimento de industria moderna en Andalucía, precisamente en uno de los sectores claves del éxito de la primera Revolución Industrial inglesa, ha permitido hablar del «fracaso de la Revolución Industrial en España», una expresión que, por su dramatismo y su generalización, parece hoy en día excesiva.

En Cataluña existía una próspera manufactura textil desde el siglo XVIII, que vivía de abastecer el mercado nacional de tejidos de algodón baratos. Esta industria, sin embargo, se enfrentaba a dificultades importantes al comenzar la década de 1830, dificultades que tenían que ver con la desaparición del mercado colonial, la proliferación del contrabando de paños ingleses y el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la población española. En tales circunstancias, la incipiente industrialización catalana habría podido correr la misma suerte que otros focos tempranos de la industrialización española, como el mencionado de la siderurgia andaluza; es decir, el estrangulamiento de unos comienzos prometedores.

La industria catalana sobrevivió a aquellas dificultades en la década de 1830, en parte por la capacidad de adaptación que demostraron los empresarios catalanes al impulsar una innovación tecnológica que les llevó a instalar telares más modernos, pronto movidos por máquinas de vapor. Esto significó un cambio en la geografía industrial del textil catalán, que, liberado de la dependencia de los saltos de agua, pudo desplazarse de las inmediaciones del Pirineo a los alrededores de Barcelona. Esta nueva ubicación dio lugar a la aparición de una nueva dinámica económica y social, con la aparición de una clase obrera fabril y urbana que empezó a adquirir conciencia de sus intereses y a movilizarse para defenderlos. No es casualidad que en una fecha tan temprana como 1834 se produjera en Barcelona el primer episodio de destrucción de máquinas, manifestación de una incipiente movilización obrera, con el ataque a la fábrica Bonaplata, que en 1833 había instalado la primera máquina de vapor del sector textil. En torno a Barcelona se consolidó, pues, el principal foco industrial de España, de hecho el único verdaderamente industrial, en el sentido de que estaba constituido por fábricas modernas. Sobre la experiencia adquirida en la industria textil, que transformó completamente la sociedad barcelonesa, no fueron pocos los empresarios catalanes que contribuyeron a dinamizar la vida económica de otras regiones españolas, participando en el desarrollo de diversas actividades industriales.

Sin embargo, esta capacidad de innovación de los empresarios catalanes, plasmada tanto en la incorporación de innovaciones tecnológicas traídas del extranjero como en la adaptación del producto a los gustos y circunstancias cambiantes del mercado, no habría sido suficiente por sí misma para garantizar la supervivencia de la industria textil, puesto que, a pesar de todo, su estructura de costes no podía competir con los productos ingleses. La clave estuvo en la protección comercial que los empresarios textiles consiguieron del Estado y que le reservó a la industria catalana el mercado nacional y colonial. Esta protección arancelaria la consiguieron los empresarios catalanes actuando como un grupo de presión que demostró una capacidad efectiva de influir sobre el Gobierno y las Cortes. Y supuso la incorporación a un pacto tácito, por el que la política proteccionista garantizaba el mercado nacional en exclusiva, por un lado, para los productos textiles catalanes y, por otro, para las harinas castellanas.

Porque, efectivamente, la industria textil catalana no constituyó el único polo de dinamismo en el sector secundario. Hay que destacar igualmente el auge de ciertas industrias agroalimentarias, en estrecha relación con el crecimiento agrario. Por encima de todas, la industria harinera castellana, que inició un fuerte crecimiento a partir de que, en 1831, se autorizara a la empresa del Canal de Castilla a instalar fábricas en sus inmediaciones y, sobre todo, a partir de que se decretara la completa libertad de industria. Tal crecimiento fue estimulado por la protección que reservaba a la producción nacional de harinas el mercado interior y colonial.

Lo sucedido con la industria textil catalana y con el entramado de agricultura cerealera e industria harinera de Castilla nos ilustra una vez más sobre el entrecruzamiento de factores económicos y políticos en un proceso histórico tan complejo como el que dio forma a la España contemporánea. Más allá de los resultados que tuviera para el desarrollo económico de Cataluña y de Castilla, el pacto proteccionista que preservó los intereses económicos de ambos sectores constituyó una de las claves de la construcción nacional en el siglo XIX. Es cierto que, indudablemente, tuvo contrapartidas en el sobreprecio que se hizo pagar a los consumidores por bienes de consumo que habrían podido obtener más baratos de la importación, así como en el sacrificio de otras actividades económicas —y otras regiones— que vieron frenadas sus posibilidades de exportación por la lógica del proteccionismo.

En cualquier caso, en su conjunto, el periodo de 1833 a 1874 vio crecer a la industria española y al país incorporarse al proceso de industrialización que, en mayor o menor medida, estaba transformando todos los países de Europa. El ritmo de la industrialización española fue sostenido (gráfico 1). Aunque menos acentuado que el de las grandes potencias industriales —Gran Bretaña primero y Alemania después—, resulta perfectamente comparable con el de los demás países del sur y el este de Europa. La combinación de proteccionismo comercial e inversión extranjera demostró su eficacia para sentar las bases de un desarrollo industrial. Sin embargo, el breve experimento liberalizador iniciado en 1868 demostró que aún había recursos y oportunidades importantes sin explotar: el auge de la minería a partir de la liberalización del subsuelo fue una prueba de ello. También la aparición de un nuevo y pujante foco industrial en Vizcaya a partir del final de la última guerra carlista (1872-1876), aprovechando la complementariedad entre el hierro vasco y el carbón importado de Inglaterra para instalar altos hornos cuya producción se destinaría a la exportación.

GRÁFICO 1. CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ESPAÑOLA, 1842-1880

Fuente: Índice de Albert Carreras, «La producción industrial española, 1842-1981: construcción de un índice anual», en Revista de Historia Económica, núm. 1 (1984).

Por último, merece la pena prestar atención a un ingrediente de la vida económica que apenas suele considerarse al describir el proceso de la industrialización española y que, sin embargo, forma parte de él: la desaparición de todo un tejido de actividades artesanales y manufactureras tradicionales, incapaces de competir con los productos de la industria moderna, fuera esta española o extranjera. Si, por un lado, los gobiernos liberales cerraron la mayor parte de las fábricas reales que había creado el despotismo ilustrado en el siglo anterior, por otro fueron los pequeños talleres artesanales, sobre todo textiles, los que fueron cesando en su actividad y alimentando flujos de proletarización, agrarización y emigración de la mano de obra. La historia regional y local de la economía española está llena de ejemplos de desindustrialización, que constituyeron la otra cara de la moneda de la modernización económica: por ejemplo, la desaparición de la industria lanera segoviana o la industria del lino en Galicia.

Con todo ello, se sitúa en perspectiva histórica aquella fase decisiva de la industrialización española que se extendió entre 1833 y 1874, fase de arranque que no puede saldarse con un diagnóstico de fracaso, pues, si bien hubo en ella experimentos fallidos, también se consolidaron los primeros focos industriales importantes y se acomodó el modelo de desarrollo del país a la lógica capitalista predominante en Europa Occidental, con la que se produjo una notable integración. Todo el proceso, en definitiva, estuvo marcado por la construcción del Estado liberal y el objetivo prioritario de la construcción nacional, integrando el mercado y protegiendo a las industrias nacientes, proceso todo él dominado por una lógica de relaciones clientelares y grupos de presión en el que resultaban indistinguibles lo político y lo económico.

EL DINAMISMO DE LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES

No debe olvidarse que, por más que llamen la atención las nuevas actividades económicas del siglo XIX —ferrocarril, finanzas capitalistas, arranque de la industrialización, etcétera—, España siguió siendo un país agrario durante todo este periodo. Aproximadamente dos tercios de la población activa se dedicaban aún a la agricultura, la ganadería y la pesca al acabar la década de 1870.

Se trataba, en general, de una agricultura de baja productividad, lo cual se refleja en una participación del sector en la renta nacional que se movió entre el 35 y el 45 por ciento en el periodo de 1850 a 1880, muy inferior a la que le correspondería por el porcentaje de población activa que trabajaba en ella (más de un 70 por ciento en el año 1877, primero del que tenemos datos fiables). La imagen de una agricultura atrasada, escasamente tecnificada y con bajos rendimientos, constituyó un clásico del arbitrismo de los siglos XVIII y XIX, que se ha prolongado hasta la historiografía reciente. Según una conocida interpretación de la historia económica de este periodo, las actividades modernas que aportaban dinamismo a la economía española desde los focos regionales en los que se inició la industrialización —principalmente Cataluña— quedaron ahogadas por la falta de demanda interna, dado el peso de esta agricultura tradicional, predominantemente cerealera, que apenas alcanzaba para mantener a la mayor parte de la población en niveles cercanos a la subsistencia.

Tal imagen dramática tiene una parte de verdad, pues la pobreza campesina, los bajos rendimientos y la perpetuación de formas de cultivo tradicionales eran realidades innegables en gran parte de España. Sin embargo, la investigación de las últimas décadas ha permitido corregir esa visión, añadiéndole otras realidades no menos innegables, que reivindican el carácter dinámico de la agricultura y la ganadería españolas de la época que ahora nos ocupa. Por un lado, se ha constatado que el periodo comienza en medio de un movimiento de roturaciones vinculado con el crecimiento de la población, de manera que toda la primera mitad del siglo XIX sería una época de ampliación significativa de la tierra cultivada; movimiento que continuó luego, en la medida en que la desamortización de los bienes comunales puso nuevas extensiones de pastos y montes a disposición de ese movimiento roturador, especialmente intenso en la mitad sur de la Península.

Además, el dinamismo no se limitó a este aspecto extensivo: de hecho, la transformación del campo en estos años fue muy profunda. Pensemos en el cambio radical que supuso la desamortización, con el trasvase de más de 13 millones de fincas a manos privadas en el espacio de un siglo (con un punto máximo en los años de 1836 a 1849): los nuevos propietarios intensificaron las explotaciones para rentabilizar su inversión, en un marco marcadamente más competitivo que el anterior. La eliminación de ordenanzas y leyes del Antiguo Régimen que imponían determinadas rotaciones de cultivos también tuvo un efecto positivo sobre el rendimiento de la tierra y la productividad del trabajo, al permitir que los agricultores dedicaran cada superficie a los usos más rentables en cada momento. Al mismo tiempo, las reformas fiscales de los liberales obligaron al campesinado a pagar tributos en metálico de cierta importancia, en contraste con la tradición de pagos en especie del Antiguo Régimen; las necesidades de dinero empujaron a una mayor comercialización del producto agrario, lo que redujo el autoconsumo y facilitó, por tanto, la especialización. La eliminación de portazgos, pontazgos y aduanas interiores facilitó la comercialización de los excedentes en mercados lejanos en los que la demanda permitiera obtener precios más remuneradores, y esa mayor facilidad de comercialización se vería reforzada a medida que se extendiera el ferrocarril.

No obstante, la dinamización del sector agrario tampoco se limitó al efecto de todas estas medidas políticas, que constituyen el núcleo de la revolución liberal. Aunque el crecimiento fue sobre todo extensivo, hubo ciertas dosis de innovación tecnológica y de diversificación de cultivos. El alcance de la innovación tecnológica sigue siendo objeto de debate entre los especialistas, que dudan entre la visión tradicional, que lo considera anecdótico, y la tendencia de las investigaciones recientes a darle una valoración más positiva; pero parece que su impacto sería más claro a partir de las últimas décadas del XIX.

Lo mismo puede decirse de la diversificación de cultivos, que, si bien fue apreciable en este periodo, no consiguió revertir el predominio global del cultivo de cereales en tierras de secano (que ocupó más del 75 por ciento de la superficie cultivada hasta 1880). El rendimiento de las superficies dedicadas a olivar, viña, frutales y hortalizas era notablemente mayor que en las de cereal, de manera que estas dedicaciones tendieron a crecer en la medida en que aumentaban la demanda y el precio de sus productos —sobre todo en mercados europeos— y se daban las circunstancias para afrontar los riesgos de esta nueva especialización. Las regiones del litoral mediterráneo fueron las que más claramente experimentaron esta intensificación de la dedicación a plantas arbustivas y a cultivos de regadío a partir de 1830; una especialización que llevaba consigo el auge de industrias agroalimentarias de cierta importancia, como las del vino y el aceite. En este tipo de productos, a diferencia de los cereales, se produjo una reorientación del comercio después de la pérdida de las colonias americanas, buscando mercados de sustitución en Europa, una vez terminado el ciclo deflacionista que siguió a las guerras napoleónicas. Con todo, la diversificación fue limitada: para hacernos una idea, en 1860 se dedicaban al cultivo de cereales unos 9 millones de hectáreas, frente a solo 1.200.000 de viña y 859.000 de olivar.

La vitivinicultura constituyó un sector claramente dinámico de la agricultura y de la industria española de aquel periodo, con una presencia significativa en las regiones mediterráneas y en Andalucía. La exportación de sus productos aportaba un volumen importante al comercio exterior español ya desde 1830, con productos muy apreciados en Europa, como los vinos de Jerez y Málaga, las pasas, etcétera. Además, se trataba de un sector con importantes encadenamientos sobre otras industrias, como las relacionadas con la tonelería o la fabricación de corchos, que conocieron un ciclo de prosperidad. El éxito de la vitivinicultura se extendió incluso a regiones del interior peninsular, como La Rioja o Castilla la Vieja, aunque en este caso más para el abastecimiento del mercado interior. El ciclo expansivo de la vitivinicultura culminó en la década de 1870, cuando la epidemia de filoxera afectó a las viñas en Francia y permitió a España arrebatarle los mercados que tradicionalmente dominaba. Por aquel entonces no solo crecieron y se consolidaron los focos tradicionales de producción vitivinícola, sino que aparecieron otros nuevos en el interior y el norte peninsular. Fue una coyuntura efímera, porque la filoxera acabaría llegando a España a finales del siglo XIX; pero sustentó una expansión que fue, en gran parte, irreversible.

Un ciclo expansivo similar, aunque menos acentuado, fue el que experimentó el olivar, cultivo en el que se especializaron desde mediados del XIX amplias zonas de Andalucía y otras más reducidas de las regiones mediterráneas. Se trataba, igualmente, de una producción orientada a la exportación en gran medida y del mismo modo su crecimiento culminó en la década de 1870 y entró en crisis después.

En cambio, la ganadería atravesó un periodo menos brillante, de verdadero redimensionamiento del sector después de su hundimiento en las primeras décadas del siglo. La abolición de la Mesta en 1836, más que causar tal desplome, fue la confirmación legal de una decadencia que había puesto fin a la edad dorada de las lanas castellanas. El movimiento de roturaciones del que hemos venido hablando tenía como correlato la reducción de los pastos disponibles para unas cabañas que, de hecho, habían experimentado una reducción espectacular desde 1808. Se salvó de esta reducción de las cabañas el ganado de labor y de tiro, que creció en la medida en que se extendieron e intensificaron los cultivos y el comercio de productos agrarios, los cuales requerían una aplicación cada vez mayor de la tracción animal (caballos y mulos, principalmente). Por cierto que la reducción de tierras de pasto, unida a este aumento del ganado de labor y de tiro, dio lugar a una demanda de cereales para piensos (cebada y avena) que debe ser tenida en cuenta al evaluar el auge de la producción de cereales de este periodo.

En definitiva, el crecimiento agrario del periodo de 1833 a 1874 fue significativo, pero tuvo un carácter más extensivo que intensivo. Si el campo español permaneció al margen de la llamada «revolución agrícola» y experimentó —por tanto— un crecimiento menor que el de otros países de Europa Occidental, las razones tuvieron más que ver con condicionantes medioambientales que limitaban las posibilidades de crecimiento que con el inmovilismo o la pasividad. Como consecuencia de este crecimiento, el país se volvió más autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Existía una larga tradición de abastecimiento de alimentos de importación en las regiones periféricas, debida a la existencia de aduanas interiores, las dificultades de transporte y la pobreza del excedente agrícola de las regiones del interior. Sin embargo, en el último periodo del reinado de Fernando VII, el país empezó a autoabastecerse de granos, en virtud de la legislación proteccionista que, desde los años veinte, prohibió la importación de cereales extranjeros (política comercial confirmada por la Ley de Trigos y Harinas de 1832). Las regiones periféricas comenzaron entonces a absorber los excedentes del interior y el déficit alimentario de algunas regiones (Cataluña, Asturias, Galicia) se compensó con el excedente de otras (las dos Castillas, Murcia). Este comercio interregional había comenzado ya en la década de 1820, con una importante aportación de la navegación de cabotaje, pero sin duda fue el desarrollo de la red ferroviaria en la segunda mitad del siglo el factor que permitió consolidarlo y ampliarlo, conectando a bajo coste el interior con la periferia de la Península.

La existencia de estos excedentes comercializables que hicieron autosuficiente en alimentos básicos a España no solo nos habla de un aumento en la producción muy por encima del crecimiento demográfico, sino también de un proceso de integración del mercado nacional enormemente significativo. La política de proteccionismo hacia la producción agraria —especialmente a los cereales— tuvo, sin duda, un efecto positivo para el crecimiento de las amplias zonas rurales en las que predominaba este tipo de cultivos. Y fue un proteccionismo tanto más eficaz por extenderse a las colonias ultramarinas —Cuba fundamentalmente—, en donde se impusieron tarifas de importación prohibitivas para las harinas extranjeras, favoreciendo un flujo comercial en continuo crecimiento desde las regiones cerealeras de la Península (con los beneficios añadidos que suponían el negocio comercial y naviero y la dinamización de puertos como el de Santander).

Si bien es cierto que en momentos de malas cosechas fue preciso recurrir a la importación de cereales extranjeros, vemos aquí un ejemplo claro de encadenamientos positivos entre diferentes sectores y regiones, con la agricultura como base del crecimiento; un ejemplo que permite reevaluar no solo el papel de la agricultura en el crecimiento económico español del siglo XIX, sino también el papel de un proteccionismo económico, al que tradicionalmente se culpaba del atraso agrario que llevó a la crisis de finales de siglo. La tendencia reciente a revisar el papel del sector agrario en el conjunto del crecimiento económico español de aquella época ha llevado incluso a sustentar una tesis alternativa a la que culpaba a la débil demanda del mundo agrario por el estrangulamiento de la incipiente industrialización de la primera mitad del XIX: podemos preguntarnos ahora, al contrario, si no fue el escaso desarrollo de una industria nacional proveedora de medios de producción lo que impidió aprovechar las potencialidades de crecimiento mostradas por la agricultura y la ganadería.

CRECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN EN UN MARCO CAPITALISTA

Los datos de los que disponemos para evaluar el crecimiento económico de España durante el periodo de 1833 a 1874 y para señalar en él las diferentes coyunturas son de fiabilidad desigual y dudosa. Nos enfrentamos al problema de que se trata de un momento bisagra, durante el cual empezaron a crearse los aparatos estadísticos como componente básico de la construcción del Estado nacional. Así las cosas, los datos del comienzo del periodo son escasos y poco fiables por lo general; mientras que, al iniciarse la penúltima década del siglo XIX, el país contaba ya con un sistema estadístico embrionario (que, por otra parte, no empezaría a dar como resultado series regulares y fiables hasta las décadas posteriores).

Los inicios de la estadística de Estado en España hay que situarlos en 1856, cuando se creó la Comisión de Estadística General del Reino, que fue el antecedente del Instituto Geográfico (creado en 1870), luego Instituto Geográfico y Estadístico (desde 1873). De esta institución salieron los primeros ensayos de cartografía topográfica, desarrollados entre 1859 y 1869, y que desde 1875 dieron lugar a la publicación de las hojas del Mapa Topográfico Nacional, que se completaría en los 100 años siguientes. También salió de la Comisión de Estadística la serie regular de censos de población de España que, iniciada con el de 1857, continuó con los de 1860 y 1877. Y multitud de iniciativas estadísticas sectoriales que permitieron al Gobierno y a la iniciativa privada empezar a tener un conocimiento científico de la realidad demográfica, geográfica, económica y social del país: la estadística de la producción agraria, la de los precios, la de los montes, la de minas, la de agentes dinámicos (fuentes de energía), las del comercio exterior, la sanitaria y la meteorológica.

Teniendo en cuenta, pues, que nos estamos refiriendo al periodo de creación, experimentación y consolidación de la estadística moderna en España, no es de extrañar que las evaluaciones sobre el crecimiento económico del país en aquella época hayan sido objeto de debate. Con las precauciones que impone la conciencia de que trabajamos sobre datos fragmentarios y de fiabilidad no siempre contrastada, podemos dar por buena la idea generalizada de que el periodo comienza con una década de estancamiento económico, la de 1830, lastrada por la quiebra de la Hacienda, la reciente pérdida del imperio colonial (que provocó una contracción de la renta nacional de entre el 6 y el 7 por ciento), la guerra civil y la inestabilidad política. Esta contracción era, en realidad, continuación de la tendencia con la que terminó el periodo anterior. Las tasas de crecimiento se moverían entorno al 1 por ciento anual, si bien se darían situaciones más optimistas en algunos sectores y en algunas regiones.

El final de la Primera Guerra Carlista en 1840 y los pasos significativos que se dieron en la década siguiente hacia la construcción del Estado, la estabilización política y la definición de una economía de mercado sentaron las bases para un cambio de tendencia, que convertiría el resto del periodo, hasta 1880 al menos, en una fase alcista de ciclo largo. El crecimiento español de esta época fue, sin embargo, menor que el de Gran Bretaña y el de Alemania, comparación que se ha venido utilizando tradicionalmente para visualizar el «atraso» como característica fundamental de la economía decimonónica española. Aun así, las tasas de crecimiento españolas resisten la comparación con las de Francia e Italia y estarían por encima de otros posibles términos de comparación en el área mediterránea, Europa Oriental y las antiguas colonias americanas.

No obstante, este crecimiento, que se produjo a tasas medias anuales cercanas al 2 por ciento, estuvo marcado por crisis de cierta importancia, que respondían ya a la lógica cíclica del sistema capitalista en el que el país se había instalado. Las crisis más importantes tuvieron lugar en 1847, entre 1856 y 1857, entre 1864 y 1868 (la más grave, sin duda) y entre 1873 y 1874.

Los momentos de crisis son ilustrativos del carácter de las estructuras económicas y los problemas de fondo que arrastran. Por un lado, la cronología de estas crisis económicas presenta tal correlación con la de crisis políticas significativas del periodo que ayuda a comprender la estrecha vinculación entre ambos aspectos de la vida social —política y economía— que la historiografía tiende a presentar separados por pura conveniencia expositiva. Que la crisis económica más profunda de todo el periodo de 1833 a 1874 tuviera lugar entre 1864 y 1868, con tasas interanuales que en 1868 llegaron hasta el −10,74 por ciento (del PIB a precios de mercado), aporta un indicio evidente de las condiciones de malestar y conflictividad en las que se produjo la revolución que puso fin al reinado de Isabel II. Y, al mismo tiempo, la importancia de los baches producidos en el crecimiento económico a continuación de algunas conmociones políticas profundas (como en 1856, en 1868 o en 1874) es una prueba de que también el mundo de los negocios se resentía de la incertidumbre y de la inestabilidad política características de aquellos momentos de cambio. La interacción era de doble sentido, en un marco económico en el que la intervención estatal era mucho más importante de lo que indicarían las previsiones doctrinales del liberalismo.

La lógica del sistema capitalista recién estrenado en aquellos tiempos indicaría que las crisis tenían que proceder del mundo financiero y comercial y conducir a reajustes en el tejido productivo de todos los sectores, a los que librarían de ineficiencias. No obstante, las crisis del periodo no se ajustan bien a este modelo, en la medida en que aparecen mezclados en ellas factores arcaizantes, como las crisis de subsistencia. A pesar del crecimiento agropecuario y de la progresiva afirmación de la autosuficiencia alimentaria del país, durante todo el siglo XIX se siguieron produciendo momentos de desabastecimiento y hambruna, por ejemplo, en 1835, 1847, 1856 y 1857, y 1867 y 1868. Momentos todos ellos en los que el Gobierno autorizó excepcionalmente la importación de granos para paliar el desabastecimiento, aunque este tipo de medidas no consiguiera evitar las consecuencias sociales y políticas de las crisis. Probablemente fueran crisis de adaptación a la nueva situación creada por la integración del mercado nacional, el éxito de las exportaciones a las Antillas y el cierre de las aduanas para los cereales extranjeros, todo lo cual favorecía la reducción de las reservas de alimentos y creaba dificultades para responder a la demanda en años de mala cosecha.

Esta pervivencia del peso de factores de crisis tradicionales, como eran las fluctuaciones de las cosechas por razones climáticas, indica el carácter mixto de la economía española de aquel periodo, en el que el viejo sistema económico había desaparecido, pero el nuevo aún no había completado su implantación. Por las mismas razones —esa peculiar mezcla de arcaísmo y modernidad—, el régimen demográfico seguía mostrando algunos rasgos propios de tiempos pasados, como la elevada mortalidad —sobre todo infantil—, la corta esperanza de vida y la recurrencia de mortandades catastróficas (como las que provocaron el cólera de 1853 a 1855 y las crisis de subsistencia ya mencionadas).

Las malas condiciones sanitarias se unían a una alimentación deficiente, de manera que creaban una población gravemente expuesta a accidentes demográficos. Tan graves o más como las carencias sanitarias y alimentarias —reflejadas en la corta talla media de los españoles según los registros de quintas (1,60 metros en 1855)— eran las carencias educativas, con tasas de escolarización que no superaban el 25 por ciento, y con más de dos tercios de la población analfabeta todavía en los años finales del periodo. Con estas condiciones, se sostiene la idea de que la mala dotación de capital humano estrangulaba las posibilidades de crecimiento económico del país y, con ellas, las de la modernización política, social y cultural en un sentido más amplio. La capacidad técnica era baja, la mano de obra de ínfima calidad y el espíritu emprendedor escaseaba por razones culturales. Si a estas condiciones del capital humano unimos los condicionantes medioambientales antes mencionados, se entiende sin dificultad que las tasas de crecimiento fueran inferiores a las de Gran Bretaña. Así, no resulta extraño que se haya utilizado para describir el desarrollo económico español en el largo plazo la expresión «el milagro español».

En la medida en que la base de la economía nacional siguió siendo, hasta el final del periodo, el sector agrario, en el cual predominaba ampliamente la producción de cereales en tierras de secano, la dinamización de ese sector constituía la clave para dar un impulso significativo al crecimiento. En parte, la iniciativa de los propios agricultores respondió a este desafío con la construcción de norias, pozos y pequeñas obras hidráulicas, especialmente en las zonas mediterráneas, donde fueron más frecuentes los aumentos de productividad y rendimiento ligados a los cultivos de huerta. Sin embargo, no podía darse un avance masivo en esa dirección sin el impulso del Estado, que debía asumir la construcción de embalses y canales de dimensiones mayores. Esta necesidad de inversiones en obras hidráulicas, no menos imperiosa que la de la inversión en carreteras, formó parte de las observaciones de muchos contemporáneos acerca de los obstáculos que frenaban la modernización de España. La situación de desorden y prácticamente de quiebra en la Hacienda con la que inició su andadura el Estado liberal explica que la opción de un Estado constructor resultara inconcebible.

Más tarde, a partir de 1850, la situación fiscal empezó a estabilizarse, pero el déficit siguió siendo recurrente y los recursos públicos no abundaban. Había que optar entre diferentes usos para esos recursos, pues había otras demandas que parecían tan urgentes como las obras hidráulicas o las carreteras; por ejemplo, la instrucción pública o el ferrocarril. La opción por unas u otras prioridades no se adoptó con la racionalidad que preveía la economía política, sobre un cálculo de costes y beneficios sometido a la consideración de los representantes de la soberanía nacional. Lejos de ello, fueron múltiples decisiones menores las que condicionaron el resultado, decisiones tomadas en un entorno dominado por redes clientelares, que tan pronto aparecían como grupos de interés económico como se revestían con el nombre de partidos, facciones o portavoces de intereses provinciales. Lo que hoy llamaríamos corrupción era consustancial a la vida política del reinado de Isabel II, cuando el hegemónico Partido Moderado era poco más que una red de intereses, encabezada por la propia familia real y sus socios en los negocios, que se aferraba al poder del que provenían concesiones, licencias y beneficios contantes y sonantes. Las oposiciones que aquel partido tenía enfrente fueron diversas coaliciones de excluidos —del poder y del negocio— que reclamaban su parte con medios muy similares. Así las cosas, fue el ferrocarril el que se impuso como opción prioritaria hacia la que dirigir los esfuerzos inversores del Estado, por limitados que estos fueran. Los lobbies ferroviarios mostraron más coherencia y más capacidad de influencia que los eventuales intereses movilizables en favor de una política hidráulica o educativa, por lo que estas quedaron en el limbo de los lamentos intelectuales por las ocasiones perdidas hasta las décadas finales del XIX.

Una tradición crítica ha tendido a subrayar cómo el intervencionismo estatal, la tradición proteccionista y la irracionalidad de las decisiones inducida por la corrupción frenaron las posibilidades de crecimiento de la economía española y la afianzaron en el atraso con respecto a sus vecinas Inglaterra y Francia. Sin embargo, a medida que avanza la investigación y se despega del prejuicio esencialista que imagina una España permanentemente reacia a la innovación, queda claro que el país participó en los procesos económicos que estaban afectando al conjunto de Europa en aquella época y que el ritmo de la modernización económica fue en muchos aspectos superior al de otros países de similares condiciones geográficas y culturales, como Italia y Portugal. Entre 1833 y 1874 se construyó un mercado nacional, aparecieron el capitalismo y la industria moderna, se avanzó hacia la integración comercial y financiera con los países más avanzados del continente, se desplegó una red de transportes moderna y eficaz, se introdujeron rápidamente todas las innovaciones tecnológicas conocidas y no solo crecieron el PIB y la población, sino también la renta per cápita y los niveles de bienestar (gráfico 2). El balance del periodo, por tanto, debe situarse en algún lugar intermedio entre el tópico del «fracaso» y la exageración del «milagro».

GRÁFICO 2. RENTA PER CÁPITA ESPAÑOLA, 1850-1880 (EN PESETAS CONSTANTES DE 1995)

Fuente: L. Prados de la Escosura, El progreso económico de España, 1850-2000, Madrid, Fundación BBVA, 2003.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD

Anaclet Pons y Justo Serna

DESCRIPCIONES

Para numerosos viajeros de la Europa septentrional, la España del Ochocientos era un país pintoresco, de casticismos algo primitivos y particulares, con nativos de piel oscura, cetrina: gentes arrebatadas de costumbres extrañas, prácticamente orientales. En aquel país remoto, situado al sur de un continente de fríos interminables y de burguesías morigeradas, aún se distinguía el pasado musulmán, una presencia de siglos que había dejado numerosos restos arquitectónicos y abundantes huellas culturales. La pintura de paisajes, la fotografía de exteriores y de tipos humanos confirman las impresiones de los viajeros, que se adentran por caminos tortuosos con miedo y con fascinación. Peñascos, sierras, senderos, ríos caudalosos que pasan por ciudades levíticas y amuralladas en las que se divisan monumentos seculares, piedras milenarias, aunque también algunas novedades: en ciertos grabados o en algunas fotografías vemos despuntar chimeneas humeantes, el orgullo moderno o el tributo inevitable que se paga en un siglo de avance industrial.

Alfred Guesdon, por ejemplo, se paseó por distintas ciudades españolas a mediados del Ochocientos. Esa visita quedó plasmada en una colección de vistas coloreadas, imágenes que aún llaman la atención por su detallismo y por la perspectiva aérea que frecuentemente empleó. Al adoptar un punto de vista elevado, las urbes que el dibujante representa sorprenden por su tamaño y por su verosimilitud. En efecto, parecen instantes congelados de la vida ciudadana. Y en muchas de esas litografías es en donde podemos apreciar aquellos humos industriales que no afean realmente el conjunto, sino que son una muestra de progreso, de avance. Asoman entre los inmuebles de viviendas, pertenecen a factorías urbanas enclavadas en zonas densamente pobladas: hay riesgo de explosión y de toxicidad, hay ruido insoportable e insalubridad. Esas humaredas, además, dibujan una España con dos caras, pues las fábricas se divisan casi exclusivamente en la costa, en Barcelona, en Valencia o en Málaga. En cambio, nada de eso se atisba en el interior, con la excepción de Madrid. De ahí que Guesdon prefiriera pintar ciudades monumentales, sin humos, como Segovia, Toledo o Granada. Por supuesto, la representación no es exhaustiva y, a pesar del detallismo, la vida captada es parcial, producto del efecto que causará en el espectador. El movimiento y la propia agitación urbana proceden no solo de esos humos que atufan a los vecinos, sino de los navíos que hacen ondear su velamen y de los vapores que entran o salen exhibiendo sus enormes chimeneas. Y eso sucede en los muelles de Barcelona, Alicante, Málaga o Cádiz.

En cambio, las murallas que pinta Guesdon remiten a otro tiempo, a una época de guerras feudales, de esplendores bélicos. Ahora, llegado el tiempo de la urbanización, de la ampliación de los caseríos, las cinturas y los bastiones carecen de función e impiden la corriente. Eso es, al menos, lo que dicen los reformadores, que defienden la ventilación; y los especuladores, aquellos que esperan aprovechar la liberación de suelo para edificar inmuebles y para obtener rentas; pero el derrumbe de murallas no será una operación general ni completa. Distintas ciudades conservarán el armazón medieval, como un corsé que frena o ciñe la modernización urbana. La historia aún pesa y el linaje todavía es motivo de orgullo o de título nobiliario. La vieja aristocracia, que los visitantes ven en sus carrozas, dispone de apellidos de relumbrón. Puede que sus lujos mengüen en un siglo de progreso manufacturero y puede que esos nobles deban compartir su influencia con nuevos notables, con prósperos industriales y comerciantes. Sin embargo, muchos aún envidian el lustre de esos linajes y su influencia se deja sentir: como terratenientes que salen más o menos indemnes de la desvinculación o como prohombres que encabezan empresas. Es más, en la España isabelina o en la España alfonsina, los títulos que ennoblecen son el mejor colofón del burgués acomodado y triunfal. La historia tiene mucho prestigio y el pasado es la base sobre la que quiere arraigar toda la gente distinguida, los viejos poderosos y los nuevos patricios.

Para los viajeros que llegan a la Península, España parece Oriente. Constatan los modestos progresos que amenazan los tipismos más sorprendentes. En todo caso, aquellas chimeneas que vemos en los grabados o veremos en las fotografías son una novedad en la que algunos tienen puestas sus esperanzas; en todo caso, poca cosa para el pasado esplendoroso que muestran los monumentos.

No exageremos: la España pretérita tenía un prestigio reciente, pues la ruta peninsular no formaba parte del Grand Tour que los nobles y las personas distinguidas emprendían, por ejemplo, en el Setecientos. La meta corriente era Italia, aquel lugar en el que el arte trastorna los sentidos. Más adelante, ya en el siglo XIX, tras la guerra antinapoleónica, los viajeros románticos añadirán a España como etapa frecuente de sus desplazamientos. Lo que en este país hallan es arte y es el sur exótico, ese sitio de emociones del que nunca se quiere regresar, según reza el tópico. España resultará un descubrimiento y un deslumbramiento. Para muchos, desplazarse hasta allí será emprender la marcha a un pasado propiamente asiático, acercarse a la ribera de otra civilización próxima, llena de amenazas y de lujos remotos. Algunos viajeros lamentarán precisamente la modernización del país, que los intereses materiales se adueñen de los vecinos.

España es un país de contrastes violentos, de humedades norteñas y de desiertos meridionales, de orografía accidentada, de aridez, de pocas y dificultosas comunicaciones, con una naturaleza entre sublime y despoblada, entre feraz y colorista. Esa circunstancia será motivo de exaltación romántica, de celebración literaria. Escritores y pintores ven en el pasado de España el peso de lo pretérito, justamente en un siglo que hace de la historia una evocación habitual y general; pero aprecian también lo saludable del clima, el calor y la ventilación de los vientos que soplan aquí y allá. Lo ardiente y lo soleado son rasgos repetidos que aprecian los viajeros taciturnos procedentes del norte europeo. España es el sur terapéutico y peligroso, excitante, de navajas y crucifijos, un sur de parajes imprevistos que alivian la melancolía septentrional.

Lo exótico está en las costumbres de los españoles, con múltiples ritos festivos que son mezcla de cristianismo contrarreformista y de paganismo remoto; pero lo exótico también está en la mirada de quienes visitan aquella España, que juzgan insólita, una tierra inaudita de aventuras y autenticidades que el progreso y las manufacturas aún no habían arruinado completamente. Si los transportes terrestres se sirven sobre todo de diligencias y muy secundariamente de ferrocarriles, si tantas costas abruptas impiden la navegación de cabotaje, entonces la vida local tiene mucho de aislada y de peculiar: pequeños municipios de pocos habitantes o ciudades populosas de barrios diferenciados y castizos. Los testimonios inciden en ello.

Para muchos foráneos, pero también para muchos naturales, la España decimonónica es un país de caseríos dispersos y de poblaciones reducidas, de religiosidades pasionales y de violencias prontas y frecuentes, igualmente febriles; parajes desolados y ciudades insignificantes, de calles tortuosas, estrechas, que alimentan la imaginación de los novelistas. Todo son contrastes, tan del gusto romántico: urbes en las que se amontonan menestrales y desempleados, funcionarios y pedigüeños, indigentes y clérigos, soldados humildes y nobles ostentosos. El cambio trae la confusión social y el amontonamiento, pero las clases distinguidas, esos notables de Madrid, de Barcelona, de Valencia… ponen freno y marcan las diferencias frente a tanto desharrapado que prolifera por sus calles. La pobreza es manifiesta y el hambre se ve por esas callejuelas y por los caminos que enlazan a los distintos municipios. Periódicamente, las crisis de subsistencia, las malas cosechas o el cierre de manufacturas convierten en pordioseros a los trabajadores más humildes. En la literatura española del periodo abundan mendigos que se apiñan en la puerta de las iglesias justamente para pordiosear, rogando unas limosnas o pidiendo la sopa boba de los conventos o de las casas de beneficencia. La imagen que nos legan los viajeros es recurrente: poblaciones de escasa dimensión, eclesiásticas y militares, en las que hay restos de aristocracia vetusta, de pobreza imperial y de magnificencia barroca. ¿Lo nuevo? Emprendedores que irrumpen: fabricantes, comerciantes y quizá algunos banqueros opulentos y esas clases peligrosas que amenazan el orden del mercado. La propia ciudad erige edificios para unos y para otras, para que los primeros se muestren y para que las segundas sean vigiladas y contenidas.

¿De qué viajeros hablamos? De George Henry Borrow, por ejemplo, el autor de La Biblia en España, uno de esos pioneros que llegó para difundir su credo protestante y para apreciar lo ajeno. Fue un gran retratista verbal. Describía con simpatía fascinada al pueblo, a los gitanos, por ejemplo. Hablamos también de Richard Ford, otro británico que transitó por el país, frecuentando teatros y plazas de toros. Conoció a gente de postín y, sobre todo, observó y analizó los contrastes geográficos, así como las grandes diferencias que separaban a sus habitantes. Su libro, de tono amable, se convirtió en la guía española por antonomasia. Aún podemos leerla y rememorar visiones luego repetidas por otros que le siguieron. Hablamos, en fin, de Théophile Gautier, de Prosper Mérimée y de otros diletantes que visitaron aquella España algo primitiva y vistosa, que escribieron manuales del viajero, narraciones más o menos fantasiosas e incluso, en algunos casos, la retrataron con daguerrotipos y cámaras, buscando en los naturales las poses de mayor tipismo. Carmen, la novela pasional de Prosper Mérimée, es la condensación de aquel sur lleno de casticismos, con mujeres de rompe y rasga, valientes y decididas, con varones sanos, noblotes y sanguíneos, con bandidos que son la quintaesencia de lo español.

MEDICIONES

Mientras viajeros y visitantes leían esas descripciones, cuadros que confirmaban sus temores o sus expectativas, las autoridades hacía tiempo que se preocupaban por otros asuntos. El fomento de la industria popular, de la riqueza pública, por ejemplo, era un argumento político habitual desde el Setecientos ilustrado. Esa expresión, la del fomento, hará fortuna. Será la meta institucional que los más doctos propongan para sacar al país de la postración, un decaimiento cada vez más evidente a medida que otras naciones van prosperando de forma acelerada. El fomento tiene que ver con las obras públicas, con la infraestructura y con la creación de un mercado eficiente en el que puedan distribuirse los bienes para una población sobrada o necesitada. Estas serán metas de la monarquía. También lo serán de los sectores comerciales e industriales más prósperos, aunque los burgueses y sus afines irán más allá en el siglo XIX, proponiéndose tareas más radicales que imaginan y plasman en un mundo de libertades económicas, de circulación de mercancías y personas, de disfrute absoluto de las propiedades, etcétera.

En realidad, la medición demográfica no es un objetivo completamente nuevo, pues desde antiguo la monarquía y sus ministros demuestran un interés creciente por conocer la distribución de los habitantes y sus características. Saber cuál es el número de la población, el principal recurso del país, es una tarea a la que se aplican los empleados del rey. Los funcionarios han de hacer arqueo, han de tasar, han de calcular y con esa medición la Corona tendrá un estado de sus posesiones.

En 1768, por ejemplo, se disponía la formación del primer censo moderno, el de Aranda, al que siguieron en esa misma centuria el de Floridablanca, en 1786, y el de Manuel Godoy una década después. No se realizará otro censo de población hasta poco después de promediar la nueva centuria: en concreto, no habrá otro registro demográfico hasta 1857. La ocupación napoleónica, primero, y la vuelta al absolutismo con Fernando VII, después, impidieron aplicar la moderna técnica administrativa, las ideas reformistas y la medición racional de los recursos que precisa un Estado eficiente. Hubo, eso sí, varios intentos liberales: intentos de reformas administrativas y territoriales alumbrados en las Cortes de Cádiz y en el Trienio Constitucional; pero fueron eso: intentonas, medidas que no pudieron practicarse hasta la muerte del mencionado monarca en 1833. A partir de ese momento se aprobarán numerosas disposiciones legales con el fin de allegar datos para un nuevo censo. Ninguna de ellas fructificará. La España liberal estuvo cerca de conseguirlo, sobre todo tras aprobarse la Constitución de 1837, coincidiendo con la ley desamortizadora. No obstante, la Primera Guerra Carlista, la inestabilidad política y la debilidad de la Administración lo impidieron. Un Estado necesita una estructura de instituciones y un buen número de empleados que cumplan sus cometidos según una disposición jerárquica: las informaciones suben, las órdenes bajan. Una imagen tópica del siglo XIX, célebre a partir de los escritos de Mariano José de Larra, es la del funcionario indolente o ineficaz. No es una persona aislada que incumple sus obligaciones. En realidad, es un empleado público que carece de atribuciones precisas en una Administración inoperante.

TABLA 3. POBLACIÓN ESPAÑOLA SEGÚN LAS IMPUTACIONES OFICIALES

Fuente: Antonia Durán Herrera, «La actividad censal en España durante la primera mitad del siglo XIX en el contexto de las reformas liberales», en Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, núm. 19 (2007), p. 353.

Hasta 1857, pues, no se dispuso de un censo propiamente dicho, aunque en ocasiones se utilice ese término para denominar los diferentes y muy variados recuentos que se hicieron desde, aproximadamente, 1817 hasta 1850: hubo más de una docena, la mayoría de ellos con posterioridad al fallecimiento de Fernando VII, que tenían fines administrativos, fiscales o electorales. En realidad, lo que se hacía era solicitar a los responsables provinciales un estadillo con los nacimientos y defunciones, de modo que con esos datos se pudiera realizar una imputación aproximada de la población de cada circunscripción restando o sumando el saldo al número de habitantes previamente establecido. Así las cosas, los resultados fueron muy desiguales y de escasa fiabilidad, hasta el punto de que los estudiosos suelen utilizarlos aplicando distintos índices correctores, algo que también suele ocurrir con los del siglo XVIII.

Esos reiterados intentos de medir, de establecer la población, de fijar los nombres de las localidades, los lindes de sus términos y de las provincias a las que pertenecen son una muestra más de la novedad del siglo. El Estado nacional se presenta, se imagina y se materializa de muchas formas, pero lo que precede es su institucionalización. Por dos razones: debido a su misma necesidad de constituirse y también a la de impugnar el tipo de sociedad estamental y privilegiada que caracteriza al Antiguo Régimen. De ahí las agitaciones o las revoluciones, más o menos sangrientas, que lo socavan. A ello se van a aplicar burgueses y funcionarios, distintos sectores que, procedentes del viejo orden, imaginan ya una Administración eficiente, con una monarquía reformada. ¿Cómo hacer compatible la sociedad comercial con una Corona de fortísima tradición absolutista? Muchos de los litigios políticos del nuevo régimen liberal tendrán que ver precisamente con eso. Lo cual no quiere decir que se diera un enfrentamiento entre los sectores liberales y la reina, sino que los nuevos partidos e intereses tienden a instrumentalizar las instituciones en su propio provecho. El resultado es una tensión entre el mercado libre y los intentos de recortarlo, de monopolizarlo; es decir, los burgueses son negociantes, propietarios y, a la vez, se implican en la gestión política e institucional, cosa que podrá reportarles pingües beneficios si sortean la libre competencia. Esa es una de las paradojas del nuevo régimen, del liberalismo.

Son, pues, los burgueses quienes construyen el Estado y este no está solo en lo aparente, en la representación parlamentaria, en los avatares de la Villa y Corte, en las intrigas ministeriales y palaciegas, etcétera. El Estado que se crea en los años treinta viene acompañado de nuevas instituciones y de toda una panoplia de constituciones, leyes, decretos, códigos y normas, que destejen parcialmente el viejo orden y tejen uno nuevo. Y ese Estado se aplica también lejos de la corte, en las provincias y en los Ayuntamientos, que controlan ahora los burgueses. En todas partes, por supuesto, los viejos poderes no han desaparecido, pero han perdido protagonismo. Algunos individuos ya no figuran entre los notables; otros han reformado sus haciendas y mantienen su nombre, su prestigio, de modo que siguen siendo un referente social, con sus títulos nobiliarios y sus maneras. Unos y otros formarán esa nueva élite que, más allá de su heterogénea composición, necesita de las instituciones, así como de un territorio y de una población arreglados, fijados. Al igual que referíamos la existencia de una tensión entre el mercado y el monopolio, habrá asimismo disensiones entre aplicar esa racionalización o mantener los viejos recursos, simplemente reordenados y manejados de manera discrecional.

En 1833, por ejemplo, se establece la nueva ordenación territorial, pensada en torno a dos instituciones: el Gobierno Civil y la Diputación Provincial, en cuyo diseño aparece en principio una figura central, la del llamado subdelegado de Fomento. El primero sería el representante del Gobierno, con inmediatos poderes políticos; mientras la segunda ejercería el control de los Ayuntamientos, aunque los alcaldes fueran nombrados por el Gobierno o la Corona, lo que limitaba el número y el poder de los concejales elegidos en aquellas primeras décadas liberales. Es un modelo que intenta combinar el patrón francés, más atento a lo geográfico, a la población y a las distancias, con las razones históricas. Además, cada una de estas realidades jurídicas se parcela en entidades territoriales menores, los partidos judiciales, siguiendo criterios semejantes a los que se habían tomado para establecer las provincias. De ello resultan 9.355 municipios, 463 poblaciones con juzgados de primera instancia y 49 provincias. Y, en cada una de ellas, con su nivel correspondiente, una nueva clase de funcionarios, llamados subdelegados, secretarios, oficiales y porteros, gentes que, sobre todo en los cargos de mayor responsabilidad, hubieran dado muestras de actividad, capacidad y patriotismo. Jerarquía y homogeneidad, sobre la base de la omnipresencia de una Administración centralizada, pues —como se señalaba en 1833— la nueva distribución del territorio «no se entenderá limitada al orden administrativo, sino que se arreglarán a ella las demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda». Era esta, además, una reforma que pronto tendrá a su favor la abolición de los señoríos feudales, decretada en 1837. Estos, en la medida en que suponían una organización del territorio, habían mediatizado los límites provinciales en los proyectos anteriores.

El trabajo encomendado, en cualquier caso, era ingente. Los subdelegados de Fomento tenían que encargarse de llevarlo a cabo, demarcando los confines provinciales, levantando planos topográficos exactos y reuniendo todas las observaciones pertinentes para definir en un texto la nueva realidad que había de ser impuesta definitivamente. Esta división provincial de 1833 lo era, además, en todos los órdenes administrativos y aún más tras el decreto de 1834 que la subdividía en partidos judiciales. La justicia, la fiscalidad, las quintas, las estadísticas, los archivos y, en fin, el propio sistema electoral quedaban circunscritos al orden provincial. Junto con esas jurisdicciones y ramos había también otros muchos que allí se delegaban: los caminos, los montes, la beneficencia, la sanidad, la instrucción, los bienes nacionales, las múltiples estadísticas, etcétera. Una reordenación, pues, con todas las de la ley que, además, daba protagonismo a las capitales, que así centralizaban todos los resortes del poder imponiendo su presencia. El reforzamiento de esas ciudades, establecidas como capitales que concentraban esos recursos, hacía de ellas un referente próximo y lejano a un tiempo. Así, las dotaba de sentido social, económico y político, pues serían el espacio desde el que la nueva élite burguesa fue construyendo e institucionalizando el nuevo Estado liberal.

El recuento demográfico se ha de entender como continuidad del reformismo ilustrado y, a la vez, como instrumento utilísimo de ese nuevo control liberal. Pero ¿qué nos dicen en concreto esas estadísticas? Estas cifras, aun siendo aproximadas, indican dos cosas. Por un lado, la imposibilidad de tomarlas en su conjunto: no son cantidades comparables. Esa es la razón por la que algunos estudiosos han señalado que solo unos pocos recuentos merecen ser considerados: el censo de policía de 1826, el electoral del Trienio Liberal y el de la nueva división provincial de 1833. Por otro lado, dichos números nos advierten de algo más: el movimiento de la población española fue desigual durante la primera mitad del siglo. Si suponemos que a principios del Ochocientos había en España algo menos de 11 millones de habitantes y que, en 1833, la habitaban algo más de 12 millones, se observará que el crecimiento medio anual fue modesto. Las descripciones literarias dan cuenta de ello. Por ejemplo, la vida rural y urbana que Benito Pérez Galdós muestra en sus novelas retrata una España menesterosa en la que faltan recursos y en la que la despoblación está en boca de algunos de sus protagonistas. Solo Madrid parece escapar a ese destino, con callejas rebosantes de vecinos y con inmuebles en los que se hacinan los humildes personajes que pueblan sus ficciones; pero esa imagen de escaso vigor demográfico no solo está en Galdós, sino que es también una denuncia frecuente entre los círculos de los «letraheridos».

Este escaso aumento de la población parece lógico, aunque conviene distinguir dos periodos sustancialmente diferentes. En primer término, tendríamos los 15 años iniciales del Ochocientos, una época caracterizada por diversas calamidades, con significativas pérdidas humanas. En efecto, epidemias y crisis de subsistencia se combinan y se suceden hasta 1805. Es un periodo especialmente catastrófico, sobre todo en Andalucía y en la España interior, cuyas adversidades superan incluso las del conflicto inmediato. Es decir, la guerra antinapoleónica no fue extraordinaria en este sentido, sino más bien la segunda parte de un ciclo, muy crítico, eso sí, en las fachadas atlántica y mediterránea y en los años 1809 y 1812. En general, pues, la contienda vino a agravar los problemas previos, lo que impidió la recuperación. Así, las pérdidas de cosechas, las requisas, el alza de los precios, la población huida, las diversas estrecheces y penalidades y las epidemias provocaron una cierta depresión demográfica. En conjunto, parece que las pérdidas acumuladas entre 1800 y 1814 estarían entre los 600.000 y los 800.000 habitantes, un retroceso muy relevante.

En cuanto a la segunda fase, esta se circunscribe al periodo inmediatamente posterior. Partimos de una evidencia: las graves consecuencias de la crisis demográfica, con una alta mortalidad y la eliminación de una generación entera. No obstante, a partir de 1815 se produce una rápida recuperación, incluso de un vigor inusitado en comparación con la de otros países europeos, favorecida no solo por el cese de las calamidades anteriores, sino también por la independencia de las antiguas colonias de ultramar. Así es: este último episodio tuvo como efecto la paralización temporal de los flujos que nutrían esta emigración secular. Por otra parte, cuando esta consecuencia dejó de sentirse y se asumió la nueva realidad política, aparecieron otros estímulos, en este caso los relacionados con la revolución liberal y los cambios sociales y económicos impulsados por el Estado. En efecto, no puede olvidarse el impulso agrario que tuvo lugar entonces, con nuevas roturaciones que ampliaron el área labrada, sobre todo del grano, que las políticas proteccionistas favorecían.

Este aumento de la población se conoce gracias al primer censo elaborado en el siglo XIX, el ya mencionado registro de 1857. ¿A qué se debió dicho cómputo? Esta investigación administrativa obedecía a razones internas, tras varios ensayos previos infructuosos; pero obedecía también a otros factores externos, propiamente europeos. Así, con motivo de The Great Exhibition, que tuvo lugar en Londres en el año 1851, aquella admirable Exposición Universal que mostraba los adelantos del siglo, Lambert Adolphe Jacques Quételet tuvo la idea de invitar a distintos estudiosos a participar en un congreso estadístico que habría de celebrarse en Bruselas. Quételet era uno de los impulsores de la Royal Statistical Society y miembro de la Royal Society. La reunión internacional tuvo lugar dos años después, a finales de 1853, y España estuvo entre los países que enviaron representación, en este caso en la persona de Ramón de la Sagra, una de las figuras principales del reformismo de aquel periodo. Don Ramón, como así se le llamaba, fue pionero en distintos negocios y asuntos, un hombre adelantado que se proponía la reforma social propiamente dicha y la mejora de la organización del Estado. Eruditos, estudiosos, informados, conectados con los adelantos que se practicaban en el exterior, distintos personajes como este aparecen en aquella España de humilde progreso. Y todo ello en un momento en que la ciencia social no estaba institucionalizada ni era una profesión reconocida.

Conviene reparar en ello, en esa Gran Exposición, pues nos muestra el mundo burgués por excelencia, y los burgueses, más que ningún otro grupo social, disfrutaron con aquel acontecimiento, porque al fin y al cabo exhibía su triunfo. También en el caso español, que había vivido un crecimiento notable desde los años treinta, un crecimiento que los burgueses de las distintas localidades deseaban mostrar, en el que ansiaban reconocerse. Esta Exposición Universal, en la que participaron firmas y Gobiernos de todos los lugares, se proponía exponer lo más apreciable que cada país, poniendo en juego el prestigio, que se proyectaba sobre todos los ramos exhibidos y que redundaba en beneficio de quien lo organizaba. Por eso mismo existía una dimensión política: servía para mostrar la pujanza de quien había ideado esa maravilla, al tiempo que se recibía como potencias mercantiles o industriales a quienes acudían a exhibirse, siempre por debajo del anfitrión; servía para acuñar un mundo material y simbólico, una imagen a la que poder imitar en toda Europa. Y era también un espectáculo, con actos multitudinarios, marcadamente alegóricos: los públicos entraban en contacto con las clases dirigentes, con las autoridades, que tenían algo de taumatúrgicas, de milagrosas. En la retórica de la época se insistía en el porvenir dichoso, en ese esplendor que obraban las élites, con adelantos y bienes que alcanzarían a todos por igual. El acontecimiento programado de la Exposición era, pues, una manera de prevenir y de evitar el conflicto real, material, social y de reforzar así la unión entre los ciudadanos y sus representantes. Y también era una manera de conjurarlo a escala internacional, en tiempos de colonialismo y de enfrentamientos.

Por supuesto, más allá de lo simbólico o lo político, las exposiciones, que se multiplican por doquier, son certámenes en que lo económico entra en juego. Son pasatiempos gigantes pensados inicialmente para festejar el avance de la industria y su universalización. Por eso elaboran una especie de orden ideal, el de la manufactura, un espacio impoluto, aseado, bien arreglado: un lugar en el que lo expuesto no tiene nada que ver con la miseria o la pobreza, con la hediondez o la suciedad. El orden expuesto de las máquinas, de las innovaciones y de los adelantos no parece tener relación con las condiciones de trabajo que hacían posible las mercancías exhibidas. Como corolario, esas novedades y el progreso técnico figuran como reclamo de un orden en marcha, siempre en primer plano. La belleza industrial de los artefactos, bien engrasados, es síntesis de lo venidero, la confirmación de los acontecimientos; pero el asombro y el pasmo no ocultan los intereses materiales, el negocio. Por supuesto, todos esos aspectos estaban interrelacionados, porque aquella Europa se caracterizó tanto por el impacto revolucionario del capitalismo industrial como por la formación del Estado nacional. Y aquellos grandes eventos, así como los que se organizaban dentro de cada país, simbolizaban esa conjunción. Aunaban la marcha innovadora de la industria o de la agricultura con la institucionalización de los regímenes liberales, procesos que requerían tradiciones en las que reconocerse y con las que justificarse.

Fue en dicho contexto de modernidad y de interés estadístico, mientras Ramón María Narváez era presidente del Consejo de Ministros, cuando se creó a finales de 1856 la Comisión de Estadística General del Reino. Aparecía de este modo, y de forma definitiva, un nuevo ramo de la Administración. Habría de desplegarse inicialmente a través de unas comisiones provinciales en las que los representantes del Estado, de los municipios y de las oligarquías locales podían tamizar los datos obtenidos pasándolos, según indica la norma, por el «crisol de la controversia».

El fruto más inmediato de esta nueva situación fue el decreto de marzo de 1857 por el que se fijaba la elaboración de un nuevo censo; dos meses después otra norma venía a establecer una fecha concreta en la cual todas las localidades del territorio habían de acometer de forma simultánea esa tarea: el 21 de mayo de 1857. Calificado el resultado por parte de sus impulsores como «una de las páginas gloriosas del reinado», se disponía con ello de una herramienta más para «la gobernación del Estado desde la altura del legislador hasta las más minuciosas operaciones administrativas». Era un logro del cómputo y del examen, un ejercicio de análisis y de medición. El Estado evaluaba sus recursos y la población era el primero de ellos. En conjunto, «el número de habitantes en la Península, Baleares y Canarias aparece el de 15.464.340», según reza el decreto de aprobación que Leopoldo O’Donnell firmó en septiembre de 1858. Eso sí, con la salvedad de que la comisión elaboradora, con buen criterio, señaló que no estaba «penetrada de la rigurosa precisión de esta suma», y más tras los cambios políticos previos y habiendo pasado los estragos de dos años de invasión de la mortífera epidemia del cólera-morbo. Nuevamente, los responsables de los registros eran conscientes del instrumento tan falible que tenían a su alcance. Por un lado, era necesario calcular, enumerar, ordenar, clasificar. Por otro, las imprecisiones de los datos no proporcionaban resultados enteramente fiables. Pero esas cifras, por poco exactas que pudieran ser, eran una aproximación útil para un Estado que debía administrar los recursos.

Aceptada dicha suma, puede decirse que España había ganado en la primera mitad del siglo en torno a los 4,5 millones de habitantes. Este resultado es una cifra modesta en el contexto europeo: viene a suponer una de las tasas medias anuales de crecimiento demográfico más bajas del periodo, en torno al 4 por ciento, solo superior a la que tenía Irlanda y muy alejada de la que disfrutaba Inglaterra, situada alrededor del 13,7 por ciento. Representa, en efecto, un moderado crecimiento, un exiguo aumento que se verá confirmado por los censos que se elaboran a lo largo del siglo: en 1860, 1877, 1887 y 1897.

TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DE HECHO

Fuente: Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España: siglos XIX y XX, Madrid, Fundación BBVA, 2005, p. 124.

¿Cómo explicar ese escaso aumento demográfico y, en particular, el de la segunda mitad del siglo? ¿Por qué la rápida recuperación iniciada en 1815 no se mantiene? El número de la población raramente se explica por una sola causa, pero en este caso todos los factores apuntan a una alta mortalidad, que detiene la expansión demográfica. Por un lado, deberíamos considerar los desiguales efectos originados por las varias crisis de subsistencia. Afectaron a muchas localidades a lo largo de la centuria. En todo caso, los estragos de la carestía y los altos precios habrían incidido en el aumento de los fallecimientos, pero mucho más en la reducción de la nupcialidad y de la fecundidad. Al menos en principio. Por otro lado, deberíamos subrayar las consecuencias de los contagios epidémicos, tan frecuentes en la segunda mitad del Ochocientos, particularmente en las décadas de 1850, 1860 y 1880. El cólera-morbo, en concreto, pudo causar más de medio millón de defunciones en ese periodo. Ahora bien, aunque fue especialmente catastrófico en algunas localidades, sus secuelas fueron también pasajeras. A la postre, más allá de circunstancias coyunturales, parece que el factor fundamental de la debilidad demográfica está en los altos niveles de mortalidad infantil y juvenil, que persistieron durante dicho periodo.

Esa mortalidad, esa muerte excepcional o natural, nos habla de un factor físico, pero no es solo un aspecto puramente demográfico u orgánico. Es, por supuesto, un hecho cultural y social que ha variado a lo largo del tiempo, tanto en los enterramientos como en los duelos. Por ejemplo, hay un fenómeno característicamente decimonónico: la construcción de cementerios extramuros. Obedecen a medidas de higiene, de salubridad pública. Plantar árboles en aquellos recintos no era solo ornato, sino una necesidad en primer lugar aromática; se empleaban distintas especies arbóreas que simbolizaban la vida y que oxigenaban el lugar. Hay ejemplos clásicos que se reproducen por doquier. ¿El principal? El ciprés, que desde antiguo da sentido de elevación, alzándose hacia la luz en contraposición a la oscuridad de las tumbas. Se escogen también otros árboles y plantas para aromatizar: romero, salvia, hinojo y, por supuesto, el rosal, símbolo del amor.

Sin embargo, estos recintos, con sus árboles, también son nuevos espacios de sociabilidad familiar, allí donde pueden expresarse el luto y el recuerdo. La muerte es un fenómeno corriente, frecuentísimo. El paseo al cementerio es una práctica que se impone en la España isabelina. Los camposantos acogen a los numerosos muertos que caen en la sociedad del Ochocientos, los unos bien inhumados, en panteones de mucho arte, de mucho postín, de mucha ostentación; y los otros en fosas anónimas, en enterramientos comunes. En medio, entre los notables que ocupan mausoleos de lujosos materiales y los desgraciados que no tienen dónde caerse muertos, está una nueva clase media que ocupa preferentemente los nichos. La ciudad se está reproduciendo en el camposanto. El enterramiento de la gente fina y principal se edifica como una casa, como el equivalente de la residencia familiar que reúne bajo el mismo techo a parientes de distintas generaciones. En cambio, los nichos de los vecinos corrientes o medianamente prósperos solo tienen un lujo: las lápidas de ricos mármoles con leyendas, con epitafios más o menos sentimentales. El mundo de los muertos es paralelo al de los supervivientes y su concepción es igualmente familiar: en el camposanto, las dinastías modestas o notables se agrupan con un sentido doméstico, de linaje. Sin embargo, el cementerio tiene que resolver problemas de edificación y de salubridad, de arte y de botánica. Por un lado, el propio recinto es un cierre del espacio y reproduce los problemas de la ciudad amurallada. Por otro, las calles principales de los camposantos reúnen a quienes destacan en la urbe, pero la edificación constante ahoga, amontona, dejando sin espacio a esas familias distinguidas que acuden a cumplimentar a sus muertos.

Dejemos el cementerio y volvamos a la ciudad de los vivos. Aunque la muerte es una amenaza constante, la preocupación de quienes sobreviven es perpetuarse. ¿Cómo? Contrayendo matrimonio y teniendo descendencia. Ese es el destino de los muchachos y muchachas que se incorporan a la edad adulta. La soledad tiene mala prensa: la soltería no es un estado deseable, incluso es moralmente dudoso. La literatura y la prensa, que se refieren sobre todo a los varones, nos informan de las calaveradas, de las barrabasadas que los mozos cometen. El soltero adeuda algo a la sociedad, algo que solo puede saldar casándose; pero hay trabas o nuevos hábitos. Depende de los sectores sociales y depende de las expectativas: por ejemplo, entre las clases acomodadas, una buena boda es decisiva para conservar y ampliar lo que se posee. La presión para que una jovencita se case es la misma, incluso superior, pues su papel entre las familias distinguidas es el de ser el ángel del hogar, la esposa abnegada y la madre amantísima de sus hijos. Se puede aceptar a la soltera, incluso mejor que al soltero, pero solo si vive con otros familiares, donde sirve de apoyo, de carabina, de consejera; por el contrario, la mujer célibe que vive independiente por decisión propia está marcada, como si tuviera un estigma.

La sociedad burguesa define claramente las funciones que se atribuyen a cada género y las esferas que les corresponden. El varón, que es el rey de la casa, es también quien se aventura en el espacio público, quien contrata, quien compra y vende; es quien vota si la renta se lo permite, quien acude a los círculos y tertulias, a los cafés y a los casinos; quien discute y debate sobre negocios, sobre los asuntos políticos y sobre las novedades de todo tipo; es el que lee la prensa y los boletines oficiales. La mujer es la que gobierna la casa, la que administra los reales que su esposo le entrega; la que ordena el acopio de provisiones y dispone de los sirvientes, muy habituales en las casas burguesas. La mujer burguesa no sale de casa sin ir acompañada; sale al paseo, a hacer una visita de cortesía o a los oficios religiosos; solo acude a los círculos o a los liceos en determinados momentos, cuando el marido la luce, con sus prendas exquisitas y los adornos que la engalanan. Su reino es el hogar, donde consume su tiempo en labores propias y en lecturas preferentemente piadosas, pero también de nuevas novelas que la prensa trae por entregas o que determinadas imprentas están promocionando. En ello había un riesgo, sobre todo entre las jovencitas, dado que un libro sentimental o disolvente podía excitar la imaginación impresionable de esas damiselas. Porque para una madre burguesa el papel de su vida era tener hijos y casarlos adecuadamente, encargarse de organizar y facilitar todos esos ritos previos, como las serenatas de piano, las visitas, las meriendas, las puestas de largo, etcétera. Y las hijas eran las más vigiladas, porque no podían regentar un negocio, no podían heredar la firma familiar si tenían hermanos varones, de modo que lo que ofrecían era la honra, la virtud y el buen nombre del linaje, que habría de consumarse en ser madre. No cumplir esas obligaciones dañaba la reputación familiar y la mujer era tenida por enferma, por desarreglada, incluso por desvariada, irresponsable.

Pero ¿cómo y cuándo se casaban? En España se va retrasando progresivamente la edad en que las parejas acceden al matrimonio, hasta el punto de poder decir que, con el avance del siglo, se constata una menor intensidad en el número de bodas, algo característico de la Europa Occidental. No obstante, el retraso de la edad en la que se desposaban fue más evidente en los varones y presentaban variaciones según el grupo social. Entre las familias de la élite, por ejemplo, a mediados de siglo podíamos encontrar un enlace típico: el varón suele tener alrededor de 27 años y la mujer, poco más de 21. Ese contraste no se daba en las clases humildes, entre las que, además, la esposa sobrepasaba ampliamente esa edad. Asimismo, había significativas diferencias regionales en cuanto al acceso femenino al matrimonio, con valores más altos en el norte y noroeste, mientras los más bajos estaban en el sur y en el este. Por otro lado, durante el Ochocientos se asiste a una reducción sensible del celibato, sobre todo a partir de las distintas medidas desamortizadoras. Es decir, la población eclesiástica bajó sensiblemente. La soltería era muy reducida a finales de la centuria, con porcentajes elevados solo en algunas zonas de tradicional emigración. En suma, la decisión de retrasar el momento de las nupcias puede depender de determinados factores, económicos o relacionados con alguna coyuntura crítica; pero es una constante que en principio queda compensada por una mayor intensidad matrimonial.

Por supuesto, esta tendencia general tiene multitud de variaciones regionales, algo que es aún más evidente si lo referimos a la fecundidad de esas uniones. Por ejemplo, si bien puede afirmarse que esta no menguó sensiblemente en España a lo largo del Ochocientos, no es menos cierto que en determinadas zonas la disminución fue temprana. Ya en la primera mitad del siglo parece que en Cataluña y Baleares las familias recortaron de forma notable el número de hijos, algo relacionado con su despegue económico o con un cierto control de la natalidad. Mediada la centuria, esa pauta de comportamiento se fue extendiendo por toda la vertiente mediterránea y por el sur peninsular, aunque eso no significara que en el resto de provincias siempre se diera lo contrario. Ahora bien, sabemos, por ejemplo, que en Cataluña la fecundidad se redujo en una quinta parte antes de 1860 y otro 30 por ciento hasta finales de siglo. Por eso, allí encontramos los índices más bajos de natalidad, mientras los más altos suelen estar en la zona central y en algunas áreas de Andalucía. En cambio, Galicia y Asturias combinan una gran fecundidad con una débil nupcialidad. ¿A qué puede deberse? Obedece a distintos factores: entre ellos, la emigración, la elevada edad al contraer matrimonio y un mayor número de personas célibes. En el conjunto español, las estadísticas del proceso demográfico indican que la edad media de acceso al matrimonio pasó de los 23,5 años en la segunda mitad del siglo XVIII a 24,2 en los años ochenta de la siguiente centuria; y que, por su parte, los 5,7 hijos de media de una mujer fértil pasaron a 5,4. Evidentemente, con las consiguientes variaciones geográficas o sociales. El retraso en la edad de acceso al matrimonio era más común, por ejemplo, entre las clases acomodadas, en especial entre los hombres. ¿Por qué razón? Porque su formación se prolongaba y porque su ocupación definitiva y consumada tardaba en llegar. Aunque también era habitual entre trabajadores industriales, sobre todo en zonas de fuerte inmigración, zonas en las que encontrar pareja podía resultar más difícil sin el apoyo de unas relaciones sociales previas o consolidadas.

Lo anterior tiene que ver también con la sensible diferencia que existía entre áreas más o menos urbanizadas. Sin ir más lejos, la nupcialidad era inferior en las ciudades, de modo que la soltería estaba más extendida, especialmente entre las mujeres. En parte, ese fenómeno podemos relacionarlo con la emigración: los recién llegados solían encontrarse en una situación de desarraigo, con menores posibilidades de empleo, con trabajos peor retribuidos. Por ejemplo, el servicio doméstico, que era algo habitual en ciertas esferas, significaba casi siempre un retraso del matrimonio. Los empleados, al alejarse de sus lugares de procedencia, perdían los contactos que facilitaban las uniones conyugales, al tiempo que se debilitaba o desaparecía la presión social que sobre ellos podía ejercerse. Como consecuencia de lo anterior, la fecundidad urbana era menor que en el campo. De todos modos, este aspecto también estuvo relacionado con el comportamiento de las familias acaudaladas, que fijaban las conductas sociales en la ciudad. Los burgueses fueron los primeros en reducir el número de hijos, en parte por la necesidad de salvaguardar y fortalecer su patrimonio económico. Para los comerciantes, por ejemplo, un gran número de descendientes podía suponer en algunos casos la división de sus compañías o la aparición de disputas entre los varones asociados; si eran hijas, exigía un gran esfuerzo para darles una dote acorde con su posición. Esta conducta poco a poco se fue extendiendo a otros grupos urbanos, que también fueron tomando conciencia del valor material y funcional de los hijos y del coste que suponía formarlos adecuadamente.

Por supuesto, al margen de la variación espacial o social, conviene no olvidar que, en determinados periodos, el número de nacimientos estuvo determinado por los avatares políticos, sociales o económicos, algunos de los cuales ya han sido señalados. Así, por ejemplo, hubo una caída de las concepciones en los años treinta. ¿Con qué hemos de relacionarla? Con la alta mortalidad y con la merma de la natalidad que siguen a las referidas epidemias, a las crisis de subsistencia y a la guerra de principios de siglo. De todos modos, el descalabro de nacimientos que registra la década de 1830, superior incluso al que se ha descrito para los primeros años de la centuria, obedece a otros factores, en especial al impacto de las reformas liberales y a las pérdidas e incertidumbres que ello pudo provocar entre los sectores más desfavorecidos.

Ahora bien, fue la persistencia de una alta tasa de mortalidad la que condicionó la evolución demográfica española. Esta desgracia afectaba sobre todo a los recién nacidos, muy vulnerables en los primeros meses de vida y especialmente sensibles a determinadas epidemias. En esas circunstancias, la muerte se contemplaba con tanta naturalidad, con tanta fatalidad, como cualquier otra circunstancia familiar. Podemos decirlo paradójicamente: se vivía como un hecho ordinario, cotidiano, incluso previsible. En determinadas zonas, sobre todo del interior, era habitual que una cuarta parte o más de los niños no alcanzara el primer año de vida. Mediado el siglo, esos índices fueron mejorando poco a poco en ciertas regiones. Sin embargo, la esperanza de vida, ya en la década de 1860, no sobrepasaba en general los 30 años por término medio. Una existencia corriente tenía esa duración como media y eso implicaba prepararse pronto para la edad adulta, para la brevedad del devenir. No es esa la única razón, pero es un factor decisivo para entender lo corta que era la infancia como fase de la vida. No nos referimos a la muerte de los niños, sino a la pronta instrucción que recibían para ser adultos.

Por supuesto, los brotes infecciosos agravaban la salud infantil, en particular los del cólera, que fueron especialmente virulentos a mediados de los sesenta y todavía en los ochenta. Las epidemias se cebaban sobre todo en los pequeños menores de cuatro años. Lo mismo se puede decir de otras enfermedades de transmisión aérea, como la viruela y el sarampión, a las que cabe atribuir buena parte de las muchas muertes entre niños y jóvenes en las últimas décadas del Ochocientos. En los años señalados, como por ejemplo los de 1868 y 1878, la viruela hizo auténticos estragos y fue responsable de una cuarta parte de los que fallecían por este tipo de enfermedades. Algo similar se puede señalar del sarampión en fechas concretas: en 1864 y 1883.

Como es lógico, no todos los individuos padecían por igual estas amenazas periódicas; no todos superaban o sorteaban estos peligros y estas dolencias de la misma manera, en el campo o en la ciudad, entre ricos y pobres. Cuando se presentaba una calamidad de este tipo y el contagio amenazaba, las clases pudientes y adineradas intentaban evadir el peligro marchándose a lugares que estuvieran libres del miasma, aunque ello no siempre fuera garantía suficiente. Por ejemplo, en los momentos en los que el cólera se hacía más intenso, los balnearios del norte de España ampliaban su temporada para acoger y atender a una clientela que allí se refugiaba; y, cuando los rigores del invierno aconsejaban cerrar, eran muchos los que cruzaban los Pirineos para buscar hospedaje en lugares bien distantes, aguardando las buenas noticias: que la epidemia había desaparecido y se podía regresar. Hay que recordar que la insalubridad de algunas ciudades españolas, aún amuralladas, agravaba la situación. Escapar era razonable. Sin embargo, esa solución no era posible, ni siquiera imaginable, para las clases populares, que como mucho se desplazaban unos pocos kilómetros, fuera de los recintos urbanos, para hacinarse azarosa o inútilmente con vecinos y familiares que se creían libres de la infección.

El balneario proporciona en primer lugar aguas, líquidos que la gente ha de beber o en los que se ha de bañar. Se les atribuyen virtudes salutíferas, más reconfortantes si cabe por la propia naturaleza del entorno, que oxigena los pulmones de pacientes y hospedados; pero entre sorbo y sorbo, entre paseo matinal y vespertino, los alojados acaban por desarrollar tratos, amistades, relaciones. De allí pueden salir curados, aunque a veces empeoren, pero también emparentados. Entre cólicos y toses, tras la rigurosa dieta, hay momentos para que los huéspedes coman, bailen, jueguen o simplemente departan entre sí. En realidad, el balneario reproduce en pequeño el orden urbano que ciertas clases disfrutan o padecen. Y por eso su prestigio va aumentando con el siglo; por eso y por la creciente preocupación por la salud y la forma física. De hecho, se visita a los médicos cada vez más y se les reconoce por su nombre y fama, aunque muchos de ellos continúen recetando lo mismo: aguas, aire puro y paseos, disciplina y dieta.

En todo caso, esos remedios eran poca cosa, solo al alcance de unos cuantos, pero nada podían hacer frente a la lacra de la mortalidad infecciosa. Así pues, si bien se puede afirmar que esta decayó en el último tercio del siglo, ello no impidió que incluso entonces casi la mitad de los nacidos no alcanzara los 10 años; eran este tipo de enfermedades la causa fundamental de tamaña desgracia. Lo diremos de otro modo: en la segunda mitad de la centuria, estas infecciones originaban casi el 90 por ciento de las defunciones que se presentaban antes de cumplir los 4 años. Además de los brotes epidémicos, la situación se veía agravada por dos factores. Por un lado, el funcionamiento de la administración sanitaria española, que se nutría sobre todo de las finanzas locales, no permitía implantar un sistema de vacunación eficaz. Tal práctica existía, pero era inconstante y, además, la población la veía con reticencia y desconfianza, adoptando muchas veces una especie de resignación fatalista ante lo que le sobrevenía. Por otro, el entorno, que discriminaba socialmente, era algo que afectaba sensiblemente a la infancia. Por ejemplo: la lactancia, cuyo papel preventivo era muy relevante en los primeros meses de vida, siempre la disfrutaron los sectores más favorecidos, que contrataban incluso amas de cría o de leche. Otro aspecto no menos significativo era el destete, más temprano entre las mujeres de las clases populares, obligadas a desempeñar algún trabajo remunerado. Y, en fin, otros factores no menos importantes eran la dentición y el paso a una alimentación variada: el riesgo de contraer enfermedades infecciosas se incrementaba según la posición social de los padres y los cuidados que se podían permitir.

Existían también sustanciales diferencias geográficas en los índices de mortalidad. Por ejemplo, a mediados de siglo, y a tenor de lo reflejado en el censo de 1860, la mayor esperanza de vida estaba en la zona atlántica: entre 35 y 40 años. Por el contrario, la mayor mortalidad afectaba al centro y al sudoeste, donde no se superaban los 26. Así, un habitante de determinadas zonas de Castilla, por ejemplo, era afortunado si sobrepasaba los 24 años, que era la media de su zona en cuanto a esperanza de vida. No lo diríamos de un residente en Asturias, a menos que excediera de los 42, el promedio de la suya. En consonancia con lo anterior, los niveles más bajos y más altos de mortalidad infantil se daban en idénticos ámbitos, aunque la sobremortalidad en los primeros años de vida era también muy alta en toda la vertiente mediterránea. Además, las provincias del interior se veían igualmente afectadas por una creciente sobremortalidad adulta a partir de los 20 años.

Parece, pues, que en determinadas zonas del norte hubo una serie de factores favorables en este sentido. El primero podría ser ecológico. Las frecuentes muertes de los niños en sus primeros años de vida se atribuían por lo general a infecciones respiratorias y digestivas, sobre todo en el periodo veraniego, algo que no sucedía en la zona septentrional, que no tenía que sufrir los rigores de la canícula y sus efectos en los alimentos. Otro factor beneficioso pudo ser la complementariedad de actividades agrícolas y ganaderas, que permitía un mayor consumo de leche y una alimentación más variada. Así se observa, por ejemplo, en el estudio de las familias del norte que realizó Frédéric Le Play.

Del campesino de Lugo, que alterna su vida en el campo con la emigración temporal a las minas hulleras andaluzas, señala dos regímenes alimenticios según el lugar en el que se encuentre en cada momento. En la localidad sevillana, donde trabaja a jornal, desayuna sopa de ajo, pero a su vuelta puede compaginar el pan de trigo con la típica papilla de harina de maíz y leche (jarrepa). Lo mismo se puede decir del campesino de Camargo, en Santander, en cuya alimentación intervienen también la leche y la mantequilla, que «se traen de las altas montañas situadas al sur del pueblo». Y del pescador guipuzcoano, cuyos hijos desayunan regularmente «pan y leche, fría o caliente según la estación». Todo ello, por otra parte, resulta paradójico. El hecho de que algunos cultivos, como el maíz y la patata, tuvieran una limitada aceptación en el mercado o que la leche fuera difícil de conservar restringía su comercialización y les empobrecía en términos de renta, pero les permitía consumir más y mejor.

Un tercer factor del área septentrional era la baja densidad de población, con numerosos núcleos rurales, lo que les facilitaba vivir alejados de vecinos y gérmenes. Y, finalmente, un régimen de propiedad que permitía una mejor distribución de los recursos disponibles. Es decir, a pesar de lo que pudiera parecer, la población de las zonas y las ciudades industrialmente más avanzadas y con rentas más elevadas no tenía por fuerza una mayor esperanza de vida, en parte por la insalubridad de las condiciones de trabajo y alojamiento ligadas a ese mismo progreso industrial. De hecho, sabemos que en el siglo XIX la mortalidad de las ciudades era superior a la que se producía en los núcleos rurales. No es extraño, pues, que esa sobremortalidad urbana hiciera que la esperanza de vida fuera mayor en el campo y que, por lo común, muchas ciudades mostraran tasas de crecimiento natural negativas durante la centuria. En 1887, por ejemplo, más de la mitad de las poblaciones mayores de 20.000 habitantes tenían un saldo negativo y lo mismo ocurría en 31 de las 49 provincias. Eso era compatible, por otra parte, con crecimientos reales y superiores al mundo rural, excepto en unas pocas capitales (Lérida, Orense, Soria y Tarragona), pero la razón estaba, como veremos, en los flujos migratorios. Si las ciudades presentaban esa lacra era debido sobre todo a que las condiciones higienicosanitarias eran peores, dada la intensa urbanización, el mayor número de contactos personales y la gran cantidad de potenciales contaminantes del agua y de otros alimentos.

En una ciudad como Valencia, por ejemplo, se decía que el agua era de un sabor ingrato y de penosa digestión, selenitosa y calcárea, un agua que endurecía las legumbres y disolvía mal el jabón. Sin embargo, este no era el problema, sino que resultaba poco saludable, dado que los pozos que se excavaban y la acequia que la cruzaba recibían todo tipo de filtraciones malsanas, por lo que causaba un sinfín de enfermedades. Por tanto, el paso del pozo a la fuente se convirtió en una urgencia modernizadora, urgencia que se materializará a principios de los años cincuenta, pero que beneficiará sobre todo a determinadas zonas y a las familias que allí residían. Con ello, las ventajas de vivir en una ciudad, con sus comodidades y sus buenos médicos, no siempre compensaban los riesgos que ese tipo de vida suponía. Además, en términos generales, hasta finales de siglo no hubo posibilidad de intervenir de forma eficaz para reducir los riesgos de infección. El higienismo, que tan activamente combatía los temibles y vaporosos miasmas, poco podía hacer contra los microorganismos, tan reales y tan dañinos.

Madrid fue, quizá, el caso más extremo. En las últimas décadas del Ochocientos se la llamaba la «ciudad de la muerte». ¿La razón? El pésimo estado de salud que padecían muchos de sus habitantes y la gran mortalidad que ello provocaba. Desde luego, los fallecimientos se multiplicaban entre la clase trabajadora. La causa era obvia para los distintos observadores: resultaban evidentes las malas condiciones de vida y las estrecheces de los obreros. La razón última era la pobreza, que se traducía en la insalubridad de los aposentos en los que se hacinaban, con escasa luz y poca ventilación, ubicados en zonas donde las condiciones higiénicas eran infames, como los distritos del sur de la capital; es decir, los barrios bajos, esos en donde ocurría lo que Bernaldo de Quirós y José María Llanas llamaron a principios del novecientos La mala vida en Madrid. En dichos lugares se situaban, además, buena parte de las casas colectivas que Philip Hauser describió por aquellos años en Madrid bajo el punto de vista médico-social: «habitadas por numerosas familias pobres, ocupando una o más piezas pequeñas, sucias, con escasa cubicación de aire y mala ventilación, situadas a lo largo de un corredor y teniendo todos o la mitad de los inquilinos de un piso un retrete en común y sin agua». Si a ello se añaden los muladares, los pozos negros y los hábitos a que obligaba la pobreza, se comprenderá que aquellos barrios se convirtieran en focos infecciosos y que la muerte se enseñoreara de ellos sin contemplaciones.

Esta insalubridad no es, por supuesto, un hecho circunstancial, sino un estado que fue agravándose conforme determinadas ciudades recibieron un mayor número de inmigrantes y aumentaron sus respectivos vecindarios. De todo eso, signo de bonanza y a la vez de miseria, de expectativa y de penosa realidad, surgió la ciudad soñada. La ciudad remodelada, ampliada, ventilada, saludable y extensa es la que pensaron los higienistas, aquellos esforzados reformadores que denunciaron los males imperantes, el foco urbano de las enfermedades. Y ese reformismo empezó a plasmarse a mediados del Ochocientos, con los planes de urbanización, como el de Ildefonso Cerdá en 1857 para Barcelona y el de Carlos María de Castro para Madrid en 1860 o el proyecto de ensanche para Valencia elaborado en 1858. El higienismo fue un argumento común, una preocupación ciertamente europea; pero en la reforma de la nueva ciudad, en la aspiración a la nueva ciudad, estarán bien presentes los intereses materiales y la mercantilización del suelo. ¿El resultado? La consecuencia de estos cambios fue la generación de grandes plusvalías y la conversión de la urbe en un espacio socialmente muy diferenciado, con la segregación y la marginación de los habitantes pobres, de los barrios menesterosos.

En suma, la urbe es el lugar por excelencia de la burguesía. Aunque dependiendo del origen de sus ingresos puede imaginar un mundo en el que idealiza lo rural y sus frutos, la ciudad es el auténtico crisol del progreso industrial y mercantil. Es, pues, el espacio en el que manifiesta su dominación material y simbólica. Allí está su «razón» social, su fábrica o su almacén, pero también su casa y sus puntos de esparcimiento y sociabilidad. Aunque tome como referencia las formas y costumbres aristocráticas, el burgués tendrá una idea distinta de su hogar y de su imagen. Construirá su vivienda de acuerdo con el nuevo papel que desempeña, desde la espléndida fachada hasta el gabinete o el despacho, pasando por la cochera, el salón y las habitaciones; promoverá teatros, paseos y círculos a los que acudir y donde mostrarse; adecuará calles y servicios con los que disfrutar del confort que cree merecer, emulando las novedades del siglo y los avances que se difunden. Definirá una urbe para sí y los suyos, apropiándose de barrios ya selectos o alzando otros nuevos a su gusto; una urbe que sirve también como referente social, a veces imitado y otras cuestionado, para el resto de sectores sociales. De dentro o de fuera, porque allí acudirá también el comerciante o el hacendado de los alrededores, para solucionar sus asuntos y para codearse, aunque sea fugazmente, con los que cuentan. Por eso mismo, también será un lugar preferente de conflicto, porque la capital reúne el poder social y el económico, el político y el militar, es el centro de las decisiones y el objeto de la protesta o de la impugnación. Tomar la ciudad, alzarla contra el poder o hacer que resista es así un ejemplo que cunde, que se propaga de inmediato. Y la expansión urbana no hará sino acrecentar esa influencia real y metafórica, a veces por el simple hecho de la mera inclusión del entorno, abrazando unos arrabales repletos de menesterosos, de campesinos o jornaleros, pero siempre por esa presencia de la capital.

Conviene insistir, no obstante, en que la población española vivía en su gran mayoría en el campo. De hecho, a finales del siglo XIX más del 70 por ciento de los habitantes aún se hallaban establecidos en localidades de menos de 2.000 vecinos. Por supuesto, estas u otras poblaciones semejantes poco tenían que ver con la pujanza urbana y comercial que antes hemos descrito, más propia de las ciudades costeras, en donde el aumento del tráfico y la producción provocó en pocos años cambios tan significativos que incluso los naturales se sorprendían. Ahora bien, la urbanización fue mucho menos intensa que la que se produjo en otros países europeos, inferior a la que se dio en Inglaterra, Alemania o Francia, por citar los casos más señalados. Por ejemplo, el número de personas radicadas en poblaciones que sobrepasaban los 5.000 habitantes creció algo más del 30 por ciento en la segunda mitad de la centuria. No es extraño, pues, que pocas ciudades tuvieran en el siglo XIX más de 100.000 habitantes. Según el censo de 1857 solo Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, por ese orden, excedían de dicho cómputo, seguidas a muy poca distancia por Málaga: solamente esta y otras tres (Cádiz, Granada y Zaragoza) pasaban de 50.000. Con todo, la única localidad que superaba los 200.000 era la Villa y Corte. Lejos quedaban los 5.000 habitantes de Soria o los algo más de 6.000 de Ávila, las dos últimas capitales de provincia por población a mediados de siglo. Expresado de otro modo, a mitad de la centuria en España había poco más de 30 habitantes por kilómetro cuadrado, con muchas provincias interiores muy por debajo de ese número, sobre todo en Castilla, y había un litoral con densidades más altas, en donde destacaban las provincias de Pontevedra, Barcelona y Guipúzcoa.

Tres décadas más tarde, el censo de 1887 confirmaba esa distribución y marcaba aún más esas diferencias. De hecho, la industrialización no hizo sino reforzar las disparidades demográficas previas, al favorecer que la población se concentrara en mayor número en las mismas zonas. Por un lado, las condiciones favorables que las habían convertido en receptoras no habían desaparecido. Por otro, los industriales preferían ubicarse allí donde estuvieran los mercados más dinámicos y con mejores rendimientos. Todo lo cual coincidía, además, con centros cada vez mejor conectados por ferrocarril o carreteras. Es decir, la industrialización tuvo un efecto demográfico acumulativo. Madrid, por ejemplo, se distanciaba claramente del resto en aquel año de 1887, al sacar partido de su capitalidad. Doblaba el número de habitantes: alcanzaba ahora los 470.000, muy por encima de Barcelona, en la que estaban inscritos algo más de 270.000. A mayor distancia se situaban el resto de ciudades, aunque ahora ya eran más las que superaban o rondaban el número de 100.000 empadronados. Valencia pasaba de los 170.000, Sevilla excedía los 140.000, Málaga franqueaba los 130.000, mientras que Murcia y Zaragoza ya habían dejado atrás los 90.000.

En cuanto al mundo rural, predominante, no existía uno sino varios, algo que estaba en relación con la heterogeneidad de las diversas agriculturas que coexistieron en España a lo largo del siglo XIX. Es decir, los niveles de vida eran distintos y, por tanto, no solo padecían de forma desigual la enfermedad y la muerte: también sus grados de bienestar eran diferentes. De ahí que, como hemos apuntado, las provincias gallegas compaginaran un tipo de agricultura más tradicional, que producía escasas rentas y altos índices de emigración, con una mejor esperanza de vida. De ahí, asimismo, que la expansión del arroz en Valencia produjera tantos beneficios económicos como enfermedades varias y frecuentes, ligadas al paludismo: sus agricultores tenían mayores rentas que los de otras zonas del sur o del interior, pero su salud era notablemente peor.

Por otra parte, el agro, más allá de su diversidad, presenta desde el primer tercio del siglo XIX un cambio apreciable, relacionado con la aplicación de las distintas reformas liberales. En su conjunto, y a largo plazo, será un factor dinámico, algo que permitirá aumentar el nivel de vida de las gentes que trabajan y viven en el campo. Al mismo tiempo, la mejora agrícola supondrá la aparición o la confirmación de un conjunto de hacendados y comerciantes locales que serán un factor de poder social y económico. De hecho, una parte de estos propietarios serán los nuevos notables rurales, viejas y nuevas oligarquías que harán valer su dominio y su influencia en una comunidad de recursos siempre escasos. Sin embargo, a corto plazo, y en determinadas coyunturas y zonas, esa integración en unas nuevas relaciones mercantiles, que tiene efectos positivos, acarrea asimismo consecuencias críticas, incluso paradójicas. Por un lado, las reformas liberales permitieron un mayor acceso a la tierra; pero, por otro, en muchos lugares ello supuso la roturación y el cultivo de antiguas zonas de pasto y monte que proporcionaban combustible y alimentación animal. Era un modelo al que se podría caracterizar de «consumidor de tierra» y que, por esa misma razón, funcionó hasta un determinado momento. Con más bocas que alimentar, la cosa marchó hasta que aquella se agotó, momento en que se manifestaron los problemas derivados de la fertilización y de los mayores costes de reposición. Se puede afirmar, pues, que la producción agrícola se acrecentó y se distribuyó de manera más equitativa, pero sin que esto supusiera necesariamente una mejora de las condiciones de vida. En ese contexto, siempre hubo desfavorecidos que padecieron el cambio en mayor medida: algunos campesinos soportarán la desposesión o el endeudamiento, fenómenos agravados por el significativo aumento del precio de la tierra.

Por tanto, una de las pérdidas de bienestar más evidentes fue la desamortización de propios y comunes de los pueblos, con la desaparición de una fuente regular de productos nutritivos o calóricos. No poder recoger leña, ni hacer carbón, ni cazar o pescar, ni poder disponer de otros bienes, mermó la salud y la alimentación de miles de familias, sobre todo las más empobrecidas: un estado de postración empeorado por una gran incertidumbre social y económica. En otros casos, las cargas financieras para adquirir ganado, aperos o la propia tierra, obligaciones gravadas con altos intereses, significaron inseguridad y en ocasiones una drástica reducción del consumo familiar que se sacrificaba en beneficio de la cosecha que se vendía en el mercado. En suma, la propia especialización agraria era, en parte, una respuesta a esa situación, que privilegiaba los cultivos más rentables, pero a costa de una mayor autoexplotación y de la incorporación al trabajo de otros miembros de la familia, lo que no siempre suponía una mejora del consumo alimentario.

Así, por ejemplo, a mediados de siglo se produjo un claro aumento del precio de los cereales, con mayores cuotas de exportación, pero esa favorable coyuntura no mejoró el bienestar, pues a medio plazo fueron muchos los que optaron por otros alimentos de menor poder calórico, como la patata. Un indicador significativo de esas condiciones lo tenemos, por ejemplo, en la evolución de la talla media, algo que está relacionado con la renta, la educación, la nutrición y la esperanza de vida, entre otras cosas. En todas las poblaciones europeas en la segunda mitad del Setecientos, los distintos estudios han señalado ese deterioro, una merma de las estaturas que se prolongará hasta mediados de la siguiente centuria. En esta segunda época, las mayores caídas se producen entre los adultos británicos, como consecuencia de la industrialización: elevación de precios de los alimentos, más horas de trabajo diario, insalubridad, hacinamiento, etcétera. Sin embargo, en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la recuperación se retrasa algo más. De hecho, entre 1850 y 1875 se produce una recaída de la talla media, lo cual es inequívoco signo de la persistencia del raquitismo y la malnutrición. Como en otro orden de cosas, esa situación tuvo un impacto desigual, no solo geográfica, sino socialmente. El mayor deterioro se produjo en el interior, en Castilla, donde la altura de los jóvenes se fue acortando, cosa que no se daba igualmente en el sudeste.

En el campo, por supuesto, fueron los jornaleros los que más sufrieron la forma en que el mercado regulaba y distribuía los recursos. Si los precios de los alimentos se encarecían, los salarios de los trabajadores no acompañaban ese ascenso, lo que menoscababa su nivel de vida y de bienestar, algo que también padecían, y muchas veces en mayor medida, los trabajadores de las ciudades. Sin duda, estos últimos no tenían acceso a los mismos recursos que un campesino, pues no podían autoabastecerse: tampoco podían permitirse el intercambio de bienes o servicios con los vecinos. Sus ventajas estaban en los mejores salarios, pero su nivel de vida dependía de la capacidad de ahorro. Esta, por otra parte, se disfrutaba casi exclusivamente en los años anteriores al matrimonio y en los inmediatamente posteriores. ¿Por qué razón? Porque el nacimiento de los hijos acostumbraba a llevar a la familia a una situación crítica: por el aumento del gasto en una circunstancia en que la mujer se veía frecuentemente abocada a dejar de trabajar. De ahí que sus penalidades pudieran ser mayores en esos periodos si no disponían de una reserva monetaria, algo que muchas veces pagaban con la salud, incluso con el fallecimiento de algún niño. A la postre, esas dificultades no podían superarse mientras los hijos no entraran a trabajar, cuando dejaban de ser una carga y aportaban otro ingreso a la economía doméstica.

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA ESTATURA EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS, 1850-1915

Fuente: José Miguel Martínez-Carrión, «La talla de los europeos desde 1700: tendencias, ciclos y desigualdad», en Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria, junio, 2011.

COLACIONES

Las célebres topografías médicas del Ochocientos daban buena cuenta de esas desigualdades en el consumo familiar. Este género tuvo un gran éxito editorial en el siglo XIX. Eran el resultado de la inspección y de la observación. Justamente cuando el higienismo se imponía, cuando la idea de salubridad y buenos hábitos se extendía entre el público burgués, ciertos galenos analizaban el estado y las costumbres de los habitantes, como si estos fueran pacientes de una consulta colectiva. Con tablas, con estadísticas, con precisiones científicas, las topografías médicas describían y medían, evaluaban dietas y verificaban el estado y la frecuencia de las enfermedades. Este tipo de escritura no era una particularidad española. Hallamos volúmenes semejantes y desde fecha temprana en distintas partes de Europa, justo cuando el continente asiste a cambios productivos y migraciones sociales. La industrialización altera el paisaje e introduce nuevas formas de vida y de habitación, de consumo y de relación. Eruditos y reformadores acuden a los lugares a observar, a tasar. Se documentan y con ello escriben obras enciclopédicas, de gran empaque científico, que detallan las prácticas y las rutinas de los naturales.

Las topografías médicas que en distintas provincias españolas se publican, pero también los posteriores estudios de la Comisión de Reformas Sociales (1883-1903), son literatura de descripción, de recuento y de análisis. Sirven para designar el estado de las cosas, para nombrar enfermedades o vicios comunes, para mostrar la realidad con el auxilio de la estadística. De hecho, de estos volúmenes del Ochocientos nace una realidad insospechada o al menos una vida nueva que ahora se percibe gracias a los instrumentos de medición. La división social se detalla y se rotula, con lo que se distinguen las formas de existencia y el modo de supervivencia.

Por ejemplo, a mediados de la década de 1860, la topografía médica referida a las islas Canarias indicaba que «la escasez de fortunas no permite a estos naturales el uso de buenos alimentos, ni menos aún su abundancia», aunque «las clases acomodadas es excusado decir entren en estas condiciones». La «clase proletaria», decía su autor, el médico Fernando del Busto y Blanco, «solo come patatas, pescado salado y gofio», ese plato característico elaborado con harina de maíz tostado y azúcar. Los campesinos del archipiélago lo pasaban «menos mal», porque podían recurrir a lo que cultivaban ellos mismos o sus vecinos, aunque, como la clase anterior, no comían «nunca pan», sino el citado gofio. Y, en fin, entre las gentes menesterosas, muchos eran los que añadían a ese plato «un poco de aguardiente encima, o agua». Muy distinta era la situación de «las clases superiores y aun medianas». En este caso, la costumbre era almorzar a las diez de la mañana, con sus buenos «huevos fritos, bistec, carne guisada, pescado frito y té o café». Pasadas unas horas, a las cuatro de la tarde, se servía la comida, que se componía habitualmente de «sopa hervida con el caldo del cocido» y «gran abundancia de papas cocidas». El resto dependía de la posición social, de modo que en las casas más pudientes se tomaban «después los principios de pescado fresco y volatería o fricasés a que alcanza su fortuna, frutas de diversas clases y vino del país o catalán».

Una década después, a finales de los setenta, el médico valenciano Juan Bautista Peset Vidal publicaba la mejor y más detallada topografía del siglo XIX. Peset también dividía a la población en tres clases, aunque la «última», la baja, era la más variada, la más heterogénea. En general, los que pertenecían a este último grupo solían desayunar muy temprano con «un vasito de aguardiente», algo que alegraba, aliviaba o tonificaba, podríamos decir: un vasito de aguardiente acompañado de pastas o frutos secos, productos que añadían, claro, mayor aporte calórico. Las mujeres eran aficionadas al chocolate, una bebida muy estimulante que gozaba de gran prestigio entre las clases populares y la gente de postín.

Peset describe y a la vez ironiza: según podemos leer, no eran pocos los hombres «que se hacen la ilusión de tomar café, bebiéndose una taza de lo que venden los ambulantes con ese nombre». A las ocho de la mañana había quien almorzaba, colación que consistía en «una sopa o una sardina con un poco de ajoaceite o algún embutido de inferior calidad». En realidad, era una dieta de gran baratura, algo expeditivo, poco más que un tentempié. A mediodía, era frecuente un arroz con legumbres y verduras y algo de carne o tocino, acompañado de fruta o ensalada, además de pan y vino ordinario. Al anochecer, lo común era calmar el hambre con «una sopa de pan o caldo de patatas», plato al que se agregaba «un poco de tocino, sardinas o bacalao» para completar o redondear la nutrición popular. En realidad, según Peset, esta dieta era poco menos que un manjar, propia de labradores, porque el «obrero de la ciudad no usa un régimen tan suculento». Este hace solo dos comidas: una a mediodía con arroz, pero en el que suelen escasear las «sustancias animales», y otra horas después, una «cena más fuerte a la tardecita», con la costumbre de «cargarse en demasía en lo tinto». Lo señala Peset, pero hay que puntualizar: «lo tinto» es un dato recurrente en las topografías médicas. En sus páginas se habla del vino como consumo corriente, en casa o en la taberna, en generosas cantidades.

La taberna era, además, el espacio de la bebida, del juego, de los ocios populares. Es un momento de expansión y alivio de las fatigas laborales y de las cuitas domésticas; pero la taberna es también un lugar de reyertas, de graves discusiones sobre asuntos menores o angustiosos: desde el trabajo hasta la calidad del tinto. La literatura nos ha acostumbrado a esta imagen convulsa en la que los efluvios alcohólicos calientan las controversias. Por eso, esa costumbre será condenada por las clases burguesas, escandalizadas ante esa moral disoluta que trae el abuso del alcohol. A cambio, los notables promoverán una moralización de la conducta. Cuando se hable del pauperismo o de la «cuestión social» se defenderá un comportamiento acorde con los principios cristianos, morigerados y la práctica del ahorro. De hecho, las sociedades de banca que se crean a mediados de la centuria desempeñan un doble papel. Por un lado, sirven como instrumentos que sostienen la economía burguesa; por otro, y en particular las cajas de ahorros y los montes de piedad, funcionan como entidades que promueven la prudencia y la reserva, que patrocinan las economías como previsión ante momentos de apuro y, de ese modo, establecen una corrección de las costumbres que se consideran licenciosas. Regresemos, sin embargo, a la topografía médica de Peset.

Mejor era la alimentación de la «clase media», o al menos más abundante. Quien desayunaba lo hacía a primera hora a base de «chocolate con pan, bizcochos o tostadas con manteca, o en una taza de café con leche y las mismas tostadas». A las nueve el almuerzo, con «una sopa, chuletas asadas y huevos o pescado frito, bebiendo un poco de vino». Entre las trece y las catorce horas, la comida, compuesta de «una o dos sopas», habitualmente de arroz «preparado con el caldo del cocido», seguidas de un principio de carne o pescado, «que muchas familias suprimen», vino, pan de buena calidad y postres. Finalmente, la cena, sobre las nueve de la noche, con «ensalada, sopa y un frito, asado o guiso de carne, que se sustituye también por huevos y pescado», además de pan, vino y postres ligeros. Eso dice Peset.

Las clases medias cuidan la nutrición, pero sobre todo el rito de la mesa, los modales, podríamos añadir. Con hieratismo o con sentido de autoridad, el padre preside. Sentarse a la mesa no es una rutina más, pues no es un descanso antes de volver al tajo; los alimentos son variados y exigen cierto orden y protocolo. Es un instante incluso sagrado, el momento en que se reúne la familia, con el varón que deja sus tareas para compartir las viandas con los parientes. Los vínculos primarios se anudan con mayor fuerza en esa circunstancia cotidiana. Los hombres de la casa han podido frecuentar el café o el círculo, pero la hora del almuerzo o de la cena es importantísima. Propiamente, los cafés no son lugares para las damas, sino para los varones de esas clases medias que allí acuden, aunque no es raro ver en los cafetines a ciertas parroquianas, generalmente acompañadas por sus maridos.

Desde el primer liberalismo, los hombres acuden a esos círculos que sobre todo son centros de sociabilidad masculina. Mientras las clases populares van a la taberna o al reñidero de gallos, el burgués acude a lugares de buen tono. Allí charla sobre asuntos del día o sobre temas más o menos intrascendentes. Allí conspira políticamente y allí cierra o completa algunos negocios. Se desarrollan tertulias, que los presentes ampliarán trasladándose también a otros círculos, como los casinos, los ateneos, los liceos, las sociedades económicas o patrióticas. Hablan de intereses materiales, pero también de las novedades del siglo, de arte, de literatura. Algunos son varones casados; otros, calaveras o dandis que asedian a las damas en los parques o en los bailes. En estos establecimientos se mata el tiempo, se toma café o se bebe chocolate, se beben licores selectos, se alivia uno con refrigerios, se comen bollos (los «suizos») o se disfruta de helados o de algún tentempié. Y se juega… Luego se regresa a casa.

Pues eso, volvamos a casa con Peset. En su topografía se nos habla también de las «personas ricas». ¿Cómo se alimentaban las familias acaudaladas? Según leemos en sus páginas, estas preferían el «método de dos comidas fuertes diarias, llamado a la francesa». De once a doce el almuerzo y de seis a siete la comida, que era la más abundante. Una y otra se componían de «una o más sopas y algún potaje, a que siguen las carnes diversamente preparadas de ternera, carnero y aves, alternando los pescados más exquisitos de nuestro mar y algún plato de leche y huevos, y terminando por varios postres de quesos y almíbares, frutos secos y de la estación». Todo ello acompañado de entremeses, aperitivos y los mejores caldos. Por supuesto, no faltaban dos ligeras colaciones al empezar y terminar el día, con un «vaso de leche o un chocolate o una taza de café con leche y tostadas de manteca».

Como es evidente, este era el régimen alimenticio de una ciudad costera, la Valencia de Peset, rodeada de una gran huerta, feraz y productiva, una zona con un intenso tráfico mercantil: ese hecho permitía a los más afortunados disponer de una gran variedad de alimentos. Sin embargo, muy diferente era la situación de otras áreas del interior o incluso limítrofes con el mar, lugares deprimidos en los que las clases más desfavorecidas no podían imaginar siquiera esa abundancia. Como ya hemos visto para las islas Canarias, eran muchos los que como único manjar diario tenían la tradicional harina de maíz y algo de aguardiente o agua. O como ya había apuntado en 1854 el médico Fernando Weyler para las islas Baleares: si bien «la alimentación de las primeras clases es más que sobrada y variada, por consiguiente reparadora», no ocurría lo mismo con las «ínfimas clases, particularmente en los obreros del campo, en los que es escasa y poco reparadora».

Y ello sin contar la deficiente manipulación y la habitual adulteración de los alimentos. En este ramo, las autoridades permitían «la venta de sustancias hasta en el más alto grado de avería», particularmente la leche, que bien era cara y mala, bien barata y extremadamente aguada, lo cual reducía mucho su consumo y su calidad. La denuncia anterior la realizaba en 1876 el médico y publicista Diego Ignacio Parada en su Higiene del habitante de Madrid. Inmediatamente añadía:

[…] el que piense que se puede alimentar con leche de a cuatro cuartos el cuartillo, con chocolate de a peseta, con merluza a doce cuartos, ternera a dos reales, y carnes y embutidos, frutas y legumbres a precios semejantes en inferioridad a los comunes, hallará muy luego el triste desengaño en las perturbaciones de su tubo digestivo, en el desnudo y flojedad de sus carnes y en la alteración de sus humores.

La descripción es muy gráfica y probablemente el autor esté cargando las tintas para subrayar la dudosa calidad de los manjares ordinarios. O no. Una alimentación pobre, descuidada, desordenada, genera toda clase de raquitismos y, por supuesto, no proporciona defensas. La vida, la supervivencia, de los menesterosos de aquel tiempo estaba seriamente comprometida por las adulteraciones y por las escaseces, por ranchos de ínfimos nutrientes.

Estas diferencias en el consumo y el bienestar estaban marcadas, como es lógico, por el nivel de renta disponible, con disparidades que fueron en aumento a lo largo del siglo entre, por un lado, los jornaleros y, por otro, la clase media y las élites más acaudaladas. En la zona castellana, por ejemplo, los braceros prosperaron tras la guerra antinapoleónica, seguramente como consecuencia de las pérdidas demográficas del periodo precedente. Ahora bien, desde los años treinta los salarios reales fueron mermando, excepto en coyunturas de conflictividad, como la contienda carlista o el Bienio Progresista. Algo semejante se puede decir de los jornales agrícolas en Cataluña, área en donde los salarios reales, superiores a los del resto de España, irán a la baja hasta los años setenta. Y el cambio en las últimas décadas del Ochocientos se produce en buena medida gracias al proceso industrializador, un polo de atracción para un creciente número de trabajadores de origen rural. Lo mismo se puede decir de otros lugares, pues las décadas centrales del siglo son las peores para el mundo agrario en términos salariales. A la postre, un jornal en el campo ronda los 5 reales diarios durante las décadas centrales de la centuria y, como mucho, llega a alcanzar los 8 reales en algunas zonas, que es el caso de Cataluña. Son estas unas cantidades menguadas, unas sumas que, por lo general, se dedican en sus dos terceras partes a sufragar la alimentación de la familia.

Aunque no sean casos comparables —o quizá por eso mismo—, podemos mostrar el gasto de un jornalero agrícola y el de un notable burgués. Es el contraste extremo: marca cómo se vive holgadamente, cómo se malvive o cómo apenas se sobrevive. A mediados del siglo XIX, un obrero palentino solía obtener poco menos de 4 reales por jornada y acostumbraba a trabajar una media de 285 días al año, si la enfermedad no lo desarbolaba. Con esa cantidad tan reducida era muy difícil afrontar los gastos de una familia normal. Anualmente, necesitaba alrededor de 800 reales para el alquiler de la casa; 445 para comprar dos panes diarios; otros 412 para dos cuartillos de vino, legumbres, sal, aceite y cigarros; 584 para carne, jabón y otras necesidades, así como otros 800 para vestir, calzar y cubrir las eventualidades médicas. Es decir, más de 2.000 reales de gasto anual para un salario que apenas sobrepasaba los 1.000, por lo que solo la producción propia y la autoexplotación podían permitir a esa familia una existencia mínimamente decorosa. El caso es un ejemplo posible y documentado, un ejemplo que presentamos aquí para simplificar el número y la variedad de las estrecheces, de las penurias que los trabajadores padecían.

Vayamos al otro extremo, el de una familia acaudalada, de postín. Nos referimos a un matrimonio valenciano, con 5 hijos, que hemos podido estudiar concretamente. Desde luego, los miembros de la casa tenían unos gastos mucho más elevados, pero siempre muy inferiores a los ingresos. Esta era su contabilidad doméstica entre noviembre de 1845 y mayo de 1846, apenas 6 meses.

TABLA 5. EJEMPLO DE CONTABILIDAD DOMÉSTICA DE UNA FAMILIA DE LA GRAN BURGUESÍA

Fuente: Anaclet Pons y Justo Serna (eds.), Trenor. La Exposición de una gran familia burguesa, Valencia, Universitat de València, 2009.

Estos no eran todos los consumos reales que finalmente hacían. Había otros fijos, como los 1.000 reales que recibía la esposa para el manejo de la casa, al menos cada quincena; así como el salario de 248 reales que el cabeza de familia abonaba todos los meses al portero de la vivienda. Por tanto, tenemos unos gastos varios en torno a 5.000 reales, más la asignación de la esposa, que alcanza otros 12.000, y los honorarios del portero, que casi llegaban a los 1.500 en esos 6 meses. Todo lo cual asciende a una respetable suma, por encima de los 18.000 reales, en un solo semestre.

Así pues, una diferencia extraordinaria, una distancia que a mediados de siglo también valía para muchas zonas industriales. Joaquín Salarich, en su célebre Higiene del tejedor, de 1858, señalaba:

[…] la mayor parte de los tejedores de los pueblos de la alta montaña de Prats, de Olost, de Alpens y Berga ganan, cada seis días de un trabajo continuo, incesante, 20 reales. Y ¿qué son 20 reales semanales para la manutención de una familia, en estos tiempos de carestía, en los que los alimentos están a un precio tan subido? ¿Hase bien reflexionado la serie de privaciones que han de sufrir estos obreros, y las fatales consecuencias que en su salud deben producir?

TABLA 6. EJEMPLO DE CONTABILIDAD DOMÉSTICA DE UNA FAMILIA TRABAJADORA

Fuente: Carmen del Moral, El Madrid de Baroja, Madrid, Sílex, 2001.

Avanzado el siglo, este contraste se acentuó aún más, un contraste que separaba a los más acaudalados de los más desfavorecidos. Entre ambos polos, vemos prosperar y ensancharse una creciente clase media. Observemos, por ejemplo, el presupuesto diario de una familia madrileña de tres personas, tal como lo recogió la Comisión de Reformas Sociales en 1885, en un momento en el que muchos jornaleros se tenían que conformar con un salario que rondaba las 2 pesetas diarias (tabla 6).

MIGRACIONES

Esas diferencias —la pérdida de bienestar para algunos o su ausencia para muchos, la incertidumbre y las distintas crisis— son factores decisivos, factores que permiten considerar otro rasgo característico de la Europa decimonónica: el de la emigración. Es este un fenómeno que se produce también por la atracción que ejerce la ciudad y por la importancia de las redes que crean quienes han emprendido esa marcha con anterioridad. La vida material es lo que se gana o se pierde objetivamente, pero es también la ilusión, la confianza que se alberga. Unos llegan primero y describen las posibilidades, las oportunidades de empleo. El relato de esa experiencia se convierte en una expectativa, incluso fantasiosa.

En el caso español, el fenómeno migratorio solo es significativo en la segunda mitad de la centuria. Acaso con la excepción francesa, es frecuente en la mayoría de países europeos, donde por lo general fue más intenso que en España. En las décadas centrales del siglo, por ejemplo, hubo grandes oleadas migratorias en Irlanda, en Gran Bretaña y en los países escandinavos. Más tarde, en la década de los ochenta, se renovaron estas salidas masivas, que a principios del siglo XIX tuvieron en Italia su máximo exponente.

TABLA 7. TASAS DE EMIGRACIÓN EUROPEAS (MEDIAS ANUALES POR 1.000 HABITANTES)

Fuente: Blanca Sánchez Alonso, «La época de las grandes migraciones: desde mediados del siglo XIX a 1930», en Mediterráneo, núm. 1 (2002), p. 20.

Durante las primeras décadas del Ochocientos, por la guerra y por la independencia de las repúblicas americanas, la Administración española adoptó políticas contrarias a la emigración, políticas que obstaculizaban la marcha de sus habitantes. De todos modos, los flujos temporales fueron importantes en algunas zonas, en un contexto europeo de grandes salidas tras las guerras antinapoleónicas. En el caso español, los más significativos fueron los que tuvieron a Argelia como destino, procedentes sobre todo de la zona costera meridional. Mediado el siglo, en cambio, los Gobiernos españoles fueron mostrando mayor permisividad con estas corrientes migratorias, que se veían facilitadas por la demanda de mano de obra en aquellas repúblicas americanas. Cierto es, en cualquier caso, que el mayor impacto de esas decisiones sobre la evolución demográfica española se produce en las últimas décadas del Ochocientos, que es el momento en el que podemos hablar de salidas elevadas. Por tanto, el saldo de la emigración sobre la población solo fue importante hacia finales de la centuria, cuando pudo sustraer más de un 30 por ciento del crecimiento vegetativo en los momentos de mayor intensidad.

La emigración es un dato material, mensurable, un fenómeno que tiene factores locales, coyunturales, estructurales; pero la emigración es también y sobre todo una circunstancia personal o, mejor, una decisión que implica a los miembros de una familia. De ahí que podamos hablar de redes de difusión: de difusión de las informaciones y de difusión de las expectativas. Por un lado, están la esperanza de mejora, el deseo de prosperidad o el anhelo de la mera supervivencia. El destino migratorio parece la garantía frente a la penuria o el atraso. Sin embargo, por otro lado, en la salida también están la quiebra del orden doméstico, la alteración de los hábitos, de las costumbres arraigadas, el desplazamiento físico y de la ubicación, la adaptación a un lugar nuevo y generalmente difícil, incluso hostil y decepcionante.

Otra cosa muy distinta es la movilidad temporal, en particular la asociada a las migraciones interiores. Resultó un fenómeno importante a lo largo del siglo y en las décadas centrales fue posiblemente más sustancial que la emigración exterior. Esta circunstancia queda reflejada en los censos de 1857, 1860, 1877 y 1887, que incorporan un registro para los denominados «transeúntes» y, en algunos casos, otro para los llamados «ausentes». El número de los primeros en 1860 sobrepasaba los 400.000, una cifra que se mantendrá estable en los dos cómputos posteriores, aunque el censo de 1857 daba una suma bastante superior. Por su parte, los ausentes, de cuya emigración no se distingue el destino, solo están recogidos en 1877 y 1887, superando en ambos casos los 500.000. Es decir, la movilidad temporal se mantuvo constante a lo largo del siglo, siendo los transeúntes algo más del 2,5 por ciento del total y los ausentes en torno al 3,5 por ciento.

En cualquier caso, si bien la movilidad fue importante, esos datos no reflejan propiamente altas tasas de emigración interior. Las razones pudieron ser muy variadas. En principio, hemos de admitir que lo lógico era permanecer en el lugar en que uno ha nacido o, en todo caso, trasladarse a algún sitio no muy alejado. Frente a la expectativa de un más allá de Jauja, está el más acá de lo sabido, de lo conocido. La adaptación de las familias a las penurias cotidianas, la solidaridad entre los parientes y el apoyo mutuo eran prácticas habituales; pero hay más. Puede que los potenciales destinos no ejercieran gran atracción para personas de frágiles economías, personas cuya esperanza muchas veces estaba depositada en el acceso a la propiedad agraria. Quedarse, afirmarse, compartir los vínculos primarios y trabajar la tierra eran opciones casi inevitables. Además, los polos industriales eran escasos y su capacidad para atraer mano de obra, limitada. De ahí que los emigrantes interiores tuvieran pocos lugares para escoger. En la práctica, solo hubo dos con cierto peso: Madrid y Barcelona. Según el censo de 1877, por ejemplo, algo más del 20 por ciento del total de los que se movían decidía trasladarse a la capital del reino, mientras que algo menos del 13 por ciento prefería Barcelona. Otras ciudades, como Cádiz, Sevilla o Jaén, eran destinos menos atractivos (todas ellas entre el 4 y el 5 por ciento).

Por otro lado, esas localidades receptoras lo eran en números absolutos, porque había otros lugares donde el peso de la emigración podía ser mayor. Sin ir más lejos, en Barcelona los grandes flujos migratorios se dieron en el último tercio del siglo, cuando ya aparecen remesas de gentes que no son originarias de Cataluña, como los aragoneses y los valencianos. Ahora bien, eso significa que en algunos barrios o en poblaciones como Manresa, Sabadell o Mataró la proporción de residentes nacidos de fuera del principado puede llegar a un tercio de los vecinos. Con anterioridad, por ejemplo, en la Barcelona de mediados de siglo casi la mitad de los habitantes no era natural de la localidad y la proporción era mayor entre los nuevos matrimonios. En cambio, Bilbao era una pequeña ciudad a mediados de siglo, con poco más de 17.000 habitantes, pero el peso de quienes procedían de otros lugares era abrumador. Si tomamos los matrimonios que residían en esa capital, el porcentaje de cónyuges no nacidos en Bilbao superaba el 50 por ciento ya en las primeras décadas del siglo; hacia 1887, cuando la urbe sumaba poco más de 50.000 habitantes, aquel porcentaje sobrepasaba el 80 por ciento, y siempre con proporciones más altas entre los varones, como también ocurría en Barcelona. Eso sí, en ambos lugares la llegada de nuevos vecinos se produce a lo largo del Ochocientos sobre todo desde las comarcas más próximas.

Por otra parte, la aparición de aquellas tres provincias andaluzas no es incompatible con la baja emigración que se registra en estas zonas del sur. Algunos de los lugares citados, pero también otras zonas como Albacete, Ciudad Real o Córdoba, captaban emigrantes rurales de forma temporal, atraídos por las oportunidades estacionales de trabajo en los grandes latifundios. Parece que este tipo de tenencia, el incremento del área cultivada y la introducción de cambios tecnológicos intensivos en capital, junto con la gran desigualdad de acceso a la tierra, tenían un doble efecto: atraían regularmente mano de obra de los alrededores y, por eso mismo, frenaban la emigración de media y larga distancia. Era, además, una forma de que pequeños propietarios, arrendatarios o asalariados pudieran acceder a ocupaciones que complementaran su actividad habitual. Eso les hacía desistir de otras alternativas. Es esta una situación distinta a la que se daba en el norte, área en la que la respuesta común podía ser el empleo vecinal, pero también la marcha, la salida al exterior. Porque, en efecto, además de partir hacia América, era conocida la movilidad temporal gallega con destino a la siega o a la vendimia de Castilla, Navarra o Portugal, algo que también ocurría en las otras zonas del norte. Enrique Gil, en Los españoles pintados por sí mismos, dejó plasmada la clásica imagen del segador gallego que abandonaba su hogar por abril o mayo para volver en agosto o septiembre: «Una hogaza de pan de centeno con algunos torreznos por entrañas, alguna camisa de estopilla y acaso tal cual otra prenda de vestuario dentro del consabido zurrón de lienzo», mientras «por fuera un mal sombrero portugués, chaqueta, pantalón y chaleco de la misma tela que la camisa y unos zuecos o zapatos con suela de madera componen el atavío de un gallego que va a la siega».

A estas distintas elecciones correspondían personas y decisiones diferentes. Aquellas zonas en las que predominó la emigración no habían tenido necesariamente un alto crecimiento demográfico y, paradójicamente, no solían ser lugares con salarios muy reducidos y bajas tasas de alfabetización, como sí solía suceder con la movilidad temporal. Más allá de la influencia que pudiera tener lo que relataban quienes ya habían partido o la imagen que estos transmitían con la posición que podían haber adquirido, la decisión de salir no era sencilla, por su elevado coste y por sus muchos riesgos, de modo que no estaba al alcance de todos. Emprender un desplazamiento desde las provincias del sur, por ejemplo, suponía un mayor esfuerzo, un azaroso itinerario, una suerte incierta, pues eran las más alejadas de los centros urbanos e industriales, de esos polos que se configuran y se desarrollan como demandantes de mano de obra. Son los casos de Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa o Zaragoza. Por ello, entre los habitantes de aquellas provincias meridionales, los destinos frecuentes y más lógicos solían ser algunas zonas industriales del sur o del Mediterráneo, como Valencia o Alicante. En la práctica, la movilidad mostraba una relación estrecha entre grupos sociales y distancia que recorrer. Si se observa la emigración que se dirige a Madrid, pongamos por caso, se advierte que el origen cercano predomina entre los recién llegados más desfavorecidos, mientras las procedencias más alejadas están entre los que disfrutan de mejor posición.

Los destinos, por otra parte, ofrecían diferentes posibilidades. Sin ir más lejos, en el Madrid de mediados de siglo, el empleo que se podía esperar no era muy bueno y quienes se asentaban en la capital eran sobre todo jornaleros del campo sin cualificación. La Villa y Corte, en pleno crecimiento, demandaba trabajadores para la construcción, es decir, para levantar los inmuebles particulares, adecentar la urbe o facilitar las obras públicas. Como centro administrativo y político, llegaban allí diputados, senadores y prohombres de cualquier provincia, gentes que necesitaban estar cerca de la corte, de los corrillos y de los mentideros. Todos ellos, por ejemplo, empleaban un sinfín de servidores domésticos. Los propios munícipes, en suma, conscientes de la capitalidad, contrataban conserjes, guardas, jardineros, etcétera. El mundo de la corte y el espacio de la villa eran lugares de la representación y del servicio, el ámbito en que manifestar la propia condición haciéndose acompañar por empleados que desempeñaban todo tipo de tareas.

En la literatura, Madrid aparece precisamente como una urbe de aluvión, como el centro que imanta servidores y trepas, necesitados y ocupados, una copiosa nómina de asistentes. No hay más que repasar, por ejemplo, las crónicas de Ramón de Mesonero Romanos. Se ha dicho incluso que entre finales de los cincuenta y mediados de los sesenta la situación era allí de pleno empleo, con unos salarios cada vez más elevados. Pues bien, a mitad de siglo poco más del 40 por ciento de los habitantes de Madrid había nacido allí o en la misma provincia y hacia finales de la centuria hallamos lugares en los que solo eran la mitad. Es recurrente y está documentada la imagen de barrios que entre una época y otra podían quintuplicar una población que, en su mayoría, estaba compuesta de jornaleros con escasos recursos y, por lo común, condenados a malvivir.

Otro caso singular fue el de la emigración a la ría de Bilbao en décadas posteriores. Sabemos que el aumento de población en las zonas de origen no fue un factor decisivo para explicar la llegada de desplazados y conocemos que, si bien los salarios de la industria eran superiores a los del campo, no ocurría lo mismo con la minería, donde la mejora del jornal suponía muchas horas de trabajo y un empeoramiento de las condiciones de vida. Por tanto, los que llegaban a trabajar no siempre lo hacían huyendo de la pobreza o la miseria, sino que por lo común eran gentes con expectativas, con la esperanza más o menos fundada de mejorar cuantitativa y cualitativamente su suerte. En concreto, y además de la importante emigración rural, había un buen número de individuos cualificados que procedían de núcleos urbanos menores, con un importante sector artesanal que tenía cierta habilidad profesional y mayores aspiraciones sociales. En consecuencia, no debe extrañar que el nivel de alfabetización de los recién llegados fuera superior a la media de la zona de acogida. Si la salida del lugar de residencia suponía una decisión difícil y meditada, la definitiva marcha era una estrategia que emprendían aquellos que tenían mayores posibilidades de éxito. Los que sabían leer se podían informar mejor, disponer de contactos decisivos, evaluar los riesgos y tener una actitud más abierta a la hora de adaptarse al nuevo lugar de destino.

Por su parte, los que decidían acudir a Barcelona o a otras ciudades industriales catalanas de tamaño medio solían tener mayoritariamente orígenes industriales. Los tejedores de todas clases eran el sector más representado dentro de ese grupo, al menos entre los varones, porque ser criada era el destino habitual de las mujeres. En ese sentido, la ocupación que podía esperar quien llegaba a Barcelona estaba lógicamente en aquellos ramos que contaban con mayor actividad y requerían mano de obra intensiva. Por eso, la inmigración femenina era más relevante dentro del servicio doméstico y la masculina, entre los jornaleros, sectores en los que a mediados de siglo podía haber un barcelonés por cada cinco forasteros. En todo caso, la movilidad que se aprecia en los distintos núcleos industriales de Cataluña muestra una disparidad de motivos y de actitudes según el lugar de destino. Las ciudades medianas solían captar población de forma temporal, creando una vecindad flotante que acudía a buscar trabajo fuera de su localidad en épocas críticas. Barcelona, en cambio, ejercía una mayor atracción para quienes se arriesgaban a quedarse definitivamente, como destino en el que prosperar. Lo que parecía un imparable desarrollo justificaba esa opción: además, la propia diversificación de actividades económicas auguraba empleos más o menos prósperos.

¿Y la emigración exterior? Solo fue importante a partir de las últimas décadas del siglo y aun así estuvo muy por debajo de la que se dio en otros países del entorno, como Italia. Podemos decir que las menores tasas de salidas, además de por otras razones, se explican en general por los bajos salarios españoles, que no permitían ahorrar lo necesario para financiar la aventura de la emigración. Esa situación cambió a finales de la centuria, gracias a la política de aranceles, en especial el de 1891, que aumentó los salarios reales, aunque a la vez redujo la diferencia con los que se ofrecían, por ejemplo, en Argentina. Sin embargo, esa mejora en los ingresos siempre tuvo un impacto directo sobre la emigración, al facilitar el dinero necesario para la salida, aunque recortara el diferencial con el salario que se esperaba ganar en otro sitio. De ahí que los que abandonan su lugar de residencia no sean necesariamente los más desheredados, sino los que tienen lo suficiente para abonar el pasaje, algo que se aprecia entre quienes se desplazan temporalmente o entre quienes emigran al exterior. En otros países, ese gasto se reducía en parte con las aportaciones que sufragaban los familiares que se habían ido antes, pero ya hemos visto que, en el caso español, había menos personas fuera, menor número de pioneros. Otra cosa distinta es preguntarse por qué no hubo mayores salidas a finales de siglo, cuando mejoraron los salarios. Parece estar más en relación con la gran depreciación de la peseta, que no se recuperó hasta 1904 y que encareció notablemente el precio del embarque hacia tierras americanas.

En suma, la causa fundamental de que España no viera acrecentar su población en la misma medida que otros países a lo largo del Ochocientos no se puede atribuir a la emigración ni a las bajas tasas de fecundidad, sino a la continua mortalidad que acompañó el siglo y que, a la postre, mantuvo una esperanza de vida muy baja a lo largo de toda la centuria. Si en la España finisecular esa esperanza estaba ligeramente por debajo de los 35 años, la media de las naciones más avanzadas, como Francia, Inglaterra, Países Bajos o Estados Unidos, superaba los 50. Insistamos: basta decir, por ejemplo, que, si bien la esperanza de vida que había en España en 1908 se había alcanzado en Italia solo 10 años antes, en Francia se había logrado ya en 1836. Además, ese atraso con respecto a Francia o a otros países venía de antiguo: empezó a forjarse entre 1790 y 1820, y, aunque no era tan acusado entre algunos grupos de edad, era aún más sensible en los niños menores de 5 años. En este sentido, fue quizá el elevado número de muertes entre los infantes, con sus consecuencias a medio plazo sobre la nupcialidad y la fertilidad, el factor más importante. En general, desde una perspectiva europea, la mortalidad infantil estaba relacionada con el recorte de la lactancia, con la urbanización y con el clima, tres elementos que iban muchas veces relacionados.

Vivir en una ciudad aumentaba los riesgos de contagio, suponía mayores oportunidades de trabajo para las madres, que adelantaban el destete, y la alimentación sólida era un auténtico problema para los niños en los meses de verano. En España no se vivió ese proceso de concentración urbana de forma tan acusada, pero sí se padecieron esos otros factores, agravados o no según las diferencias sociales y geográficas que se han señalado: las reiteradas crisis de subsistencias, las recurrentes epidemias, las enfermedades endémicas, la deficiente nutrición, la insalubridad, las bajas tasas de alfabetización y la misma debilidad administrativa del Estado para socorrer a su población.

IMPRESIONES

El cuadro que hemos pintado tiene tintes sombríos, porque en medio de una prosperidad burguesa hay un trasfondo de miseria, mortalidad y crisis reiteradas. Si atendemos a las vicisitudes demográficas, la centuria empieza con guerras y dificultades, a las que seguirán unas décadas prósperas hasta promediar el siglo, gracias sobre todo al aumento de la superficie cultivada y a una mayor producción, que se acompaña de un sensible crecimiento de la población; pero ese florecimiento no continúa y, cuando lo hace, es desigual. Ahora bien, no podemos negar que la España decimonónica experimenta, como otras sociedades europeas del entorno, las mejoras de la liberalización y de la industrialización, aunque los avances sean muy dispares, según zonas y según rendimientos muy heterogéneos. La orografía no ayudó, desde luego: un país de abrupta superficie, de comunicaciones difíciles, de localismos arraigados, no facilitó la difusión equilibrada de las mejoras, del progreso. Un territorio de climatología extrema, de fríos prolongados o de canículas asfixiantes, de lluvias continuas o de sequías pertinaces, no era el jardín romántico que algunos viajeros querían ver. Un reino con conflictos dinásticos, con guerras frecuentes, era terreno abonado para el enfrentamiento.

La contienda antinapoleónica resulta determinante: no solo por los males materiales que ocasiona, sino también por la violencia que introduce en las relaciones sociales y en el imaginario popular, por el protagonismo que da a la opción militar, siempre un espadón a punto de salvar la última deriva. La guerra se hace contra un ejército invasor, pero es también el choque contra un enemigo usurpador, incluso contra rivales internos. Esta idea, la del enemigo usurpador, va a ser dominante a lo largo de la centuria: el oponente es o puede ser un rival que hay que batir, que hay que eliminar, un adversario cuyas ganancias son nuestras pérdidas. La rapiña política y el ventajismo institucional en un Estado que se está levantando son el fermento de los conflictos locales. Nuevos burgueses aparecen aprovechando las oportunidades materiales, en vecindad, en colusión o en colisión con una nobleza que conserva su prestigio y con unas clases medias que han de ganar el sustento, la mejora, el ascenso. El mundo pertenece al mercado, en efecto, pero el pasado, el prestigio del apellido y de lo heredado o el patrimonio recibido son valores propios de terratenientes y hacendados que ahora los burgueses refrendan.

Los viajeros románticos vieron o quisieron ver el encanto primitivo de aquella España tan exótica, aún libre del ventarrón industrializador. O eso creían. Vieron o quisieron ver el legado oriental, el salero de la población gitana y moruna, el señorío de las élites locales, instaladas en un mundo premoderno. Sin embargo, más allá de los tipismos, la España del Ochocientos es un país que asiste a una modernización heterogénea y convulsa, ese proceso de liberalización y de industrialización en el que se generan desigualdades y grandes contrariedades. La ciudad es lugar de prosperidad y de expectativas, pero las poblaciones solo proporcionan trabajo si hay manufacturas que den empleo o si las urbes alteran, mejoran o amplían sus respectivos caseríos: los inmuebles en que moran sus habitantes, las calles que hermosean, los jardines o paseos que atraen a los ociosos y a los dandis, los camposantos en que reposan los antepasados. La ciudad es el recinto de los distintos, aquel lugar al que acuden quienes desean materializar sus anhelos, polo de atracción en un país predominantemente agrario y de vecindades duraderas.

Eso son las nuevas urbes del siglo, pero son también el lugar principal de la burguesía, del aburguesamiento, aquellos espacios en los que se introducen las mejoras materiales, las reformas que son fomento vecinal y ocasión de beneficio particular. Las buenas familias pasean por sus calles, pronto adoquinadas, acuden a los jardines públicos, en los que se muestran, y se toman la vida como un teatro en el que representar sus logros y sus relaciones. Los varones frecuentan círculos y ateneos, sociedades y corporaciones. ¿Y las damas? Las señoras distinguidas, esas que gobiernan la casa, permanecen rodeadas de empleados domésticos y su mundo interior o exterior está protegido: frente al ruido de la calle y frente a las clases peligrosas. El hogar, la maternidad y la reproducción familiar condicionan sobremanera el papel que desempeña la mujer en esa sociedad burguesa. Es el esposo el que la saca, el que la viste con las mejores galas y la adorna con preciosas joyas. Así hace explícita la fortuna del hogar al que pertenece y señala a amigos, parientes y vecinos la distinción conseguida.

Es el siglo de la burguesía, en efecto, y es esta la que va a imaginar y construir la nueva realidad material y mental, un escenario distinto al heredado. Ese mundo no se va a construir sin esfuerzo y grandes penalidades, sin conflictos, pues las luchas de campesinos o de obreros, por mejorar su condición o en el contexto de las pugnas políticas, serán constantes. Es en la ciudad en donde todo eso se condensa, al compás del proceso mismo de urbanización de la España contemporánea y del papel que desempeñan las capitales en todos los órdenes. Los modos de relación, las visitas y los paseos, la importancia de la familia, el cuidado de los hijos, la instrucción y la lectura, la preocupación por la salud y el estado físico, las formas de vestir y de comer, los intercambios económicos, los lujos y consumos, etcétera: todo eso forma parte del esplendor burgués, pero tiene a la vez como trasfondo una demografía precaria, unas clases menesterosas.

Porque esos emprendedores, en tantas cosas semejantes a sus vecinos europeos, impulsan una modernización que tiene lugar en una sociedad mayoritariamente agraria. Dichos patricios viajan y ven lo que en otros lugares se impulsa o lo leen en la prensa y aprenden. Se maravillan de los avances del progreso, el que ellos mismos están viviendo y favoreciendo. Sin embargo, la prosperidad será lenta, pues el mundo que les rodea es rural, con atavismos seculares, incluso milenarios, y las mejoras económicas son pausadas y desiguales, más evidentes en la periferia, en las ciudades costeras y mercantiles, que en el interior. Y ello a pesar del significativo cambio que traen la liberalización y la privatización de la tierra. Ambos procesos afectan a buena parte del territorio español y entrañan un nuevo sentido de la propiedad: de las propiedades, con un uso ahora absoluto que descompone el modelo de sociedad tradicional, comunitaria. Es decir, el marco institucional que funciona a partir de la revolución liberal es semejante al que podemos hallar en otros países europeos y da como resultado unas burguesías semejantes en muchos aspectos, grupos sociales que dominan y orientan al Gobierno a la búsqueda de más crecimiento económico y mayor prosperidad; pero ciertamente las posibilidades no eran las mismas, sobre todo si tenemos en cuenta las restricciones medioambientales que limitaban la producción y la productividad agrarias.

Por todo ello, la impresión que nos llevamos no puede ser la del puro inmovilismo: las ciudades no las pueblan solo las gavillas de pordioseros y ociosos que algunos viajeros románticos describen. Buena parte de la agricultura padecerá de falta de inversiones y la industria será escasa y muy localizada, con un capitalismo desigual, pero la sociedad se mueve y crece, en algunos lugares incluso de forma esplendorosa. Es un auge relativo, claro: una prosperidad que se comprueba si se echa la vista atrás y se piensa en cómo era la vida dos o tres décadas antes.

Esto último es importante, pues los nuevos burgueses son conscientes de su conquista, la pueden palpar. Visten con clase, en su dieta no son raras las exquisiteces, vigilan su salud. No están entre los perdedores del cambio acaecido en los años treinta, que los hay y así lo expresarán, sino que son los que salen victoriosos. Muchos de ellos han hecho la revolución, han combatido o han apoyado a quienes en aquella década afirmaron el cambio. Se designan como comerciantes, fabricantes, industriales, propietarios, hacendados, etcétera; o se dicen patricios, benefactores u otros calificativos semejantes, voces que señalan la virtud inmaterial de un individuo o de un conjunto de ellos para distinguirlos, para distinguirse. Sin embargo, lo que realmente son tiene que ver con las profesiones que ejercen, la de comerciante al por mayor, mercader de vara, especiero, industrial, capitalista, banquero, etcétera. El burgués que vemos en las ciudades españolas es, ante todo, alguien dedicado al tráfico, alguien que compra y vende, que se expone y hace tratos, que está al día y evalúa sus posibilidades. Su actividad fundamental es esa y de ella derivarán las otras, ya sean las crediticias, las industriales o las agrícolas. Por supuesto, la propiedad de la tierra es fundamental. Hay diversas razones que justifican esas preferencias: las fincas son bienes apetecibles en el proceso general de desamortización y desvinculación de propiedades muertas; además, pueden ser rentables en muchos casos; son una garantía para quienes trafican, comercian, especulan; y, finalmente, dan mucho prestigio social, mucho rumbo, a quien carece de raíces o linajes.

Todo eso define al burgués y en ello se reafirma midiéndose con otros grupos, las clases bajas o la vieja aristocracia. Frente a las primeras es el patricio, a veces paternalista, a veces severo patrón. Es alguien que fija el modelo social, delimita los espacios, controla los resortes políticos, financia con sus donativos la instrucción pública y la asistencia benéfica o socorre en tiempos de calamidad. Más aún: es alguien que, llegado el momento, también se asusta del malestar reinante y reprime la contestación; entonces, el menesteroso se convierte en desagradecido, en peligroso. Con los antiguos privilegiados, el trato es distinto. En términos generales, el declive social de la antigua aristocracia es evidente: muchos nobles linajudos se muestran incapaces de competir en méritos y caudales ante el nuevo ímpetu que demuestra el burgués; pero conservan el ascendiente, como conservan parte de su patrimonio y su título. El burgués, ya enriquecido, aspirará también a ese honor, que recibirá pródigamente de manos del monarca o que conseguirá emparentándose con esas familias tradicionales, intercambiando el poder económico con el simbólico. No es tanto alianza como fusión, comunión de intereses en un mundo trastornado definitivamente, el siglo de la burguesía.

LA CULTURA

Xavier Andreu Miralles

ESFERA PÚBLICA Y MERCADO CULTURAL

La reapertura del proceso revolucionario liberal en la década de 1830 estuvo acompañada de la multiplicación del número de producciones culturales, accesibles a un público cada vez mayor. Los contemporáneos se sorprendieron de la profusión de libros, periódicos, hojas volantes y todo tipo de impresos, así como del bullicio de los teatros, de los cafés, las tertulias y otros espacios de sociabilidad en los que se discutía sobre el país y su futuro, sobre literatura y sobre el mundo político. Comenzaba a formarse entonces una esfera pública liberal que amplió progresivamente sus márgenes y desde la que se fue construyendo una nueva cultura nacional. En ese proceso participaron intensamente unos intelectuales que debían adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y a un mundo cultural europeo en el que España parecía ocupar un lugar marginal.

La articulación de una esfera pública nacional

En el segundo tercio del siglo XIX se produjo en España, según Jean-François Botrel, una «cuasirrevolución» de la cultura del libro y del impreso que, aunque con cierto retraso, seguiría a grandes rasgos las dinámicas europeas. Un fenómeno que transformó radicalmente el modo mediante el cual una parte cada vez mayor de la población se relacionaba y accedía a los productos culturales. La irrupción de la prensa periódica, un vehículo de expresión político-cultural rápido y espontáneo que incorporaba temas hasta entonces exclusivos de la cultura libresca, fue un símbolo de dicha transformación. La prensa periódica, liberalizada en 1833 por la regente María Cristina con la intención de crear un clima de opinión favorable a la joven princesa Isabel, multiplicó en pocos años, y a pesar de las limitaciones impuestas por el régimen del Estatuto Real, el número de sus cabeceras. Aun antes de establecerse la libertad de imprenta en 1837, había en España, según Fermín Caballero, 120 periódicos, de los que 49 eran diarios, la mayor parte de ellos madrileños. Muchos no superaban los pocos meses de existencia, víctimas de los vaivenes políticos o económicos. No obstante, eran rápidamente sustituidos por otros, pues los liberales veían en los periódicos un factor fundamental del progreso, indispensable para la educación popular y para la acción política. Mariano José de Larra (1809-1837), considerado por muchos el primer periodista español moderno, encarnó en aquellos momentos el compromiso del escritor con la sociedad en tanto que forjador de opinión pública, aunque para conseguirlo tuviera que hacer frente a una censura que supo salvar magistralmente con ironía, sobreentendidos y guiños al lector.

Los periódicos no fueron solo los portavoces públicos de los diversos partidos, facciones o tendencias políticas. Ya en la época se destacaba su carácter enciclopédico. En sus páginas cabía de todo: revistas de teatro y de sociedad, críticas musicales, taurinas o literarias, noticias históricas, científicas o de actualidad, artículos sobre la mujer, la moral, la higiene, etcétera. Algunas publicaciones se especializaron en alguno o algunos de estos temas, de modo que aparecieron todo tipo de revistas literarias, científicas, artísticas, profesionales, religiosas o dedicadas al «bello sexo» o a la «juventud». Muchas de ellas serían de vida efímera, pero de gran transcendencia para el mundo intelectual español. Este fue el caso de El Artista (1835-1836), difusora del Romanticismo. Sus litografías, de gran calidad, encarecieron sin embargo sus costes y contribuyeron a lo breve de su trayectoria. Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882) mostró más visión de negocio al utilizar xilografías, mucho más baratas, fáciles de reproducir y de integrar en el texto, en su Semanario Pintoresco Español (1836-1857). Estas xilografías fueron el principal reclamo de una revista orientada a las familias de clase media y supuestamente apolítica (aunque implícitamente conservadora), cuyo asequible precio le permitió alcanzar la nada despreciable cifra de 5.000 suscriptores. Muy pronto le surgieron imitadoras, revistas pintorescas en las que trabajó una escuela española de grabadores liderada por Calixto Ortega (1811-1860) y Vicente Castelló (1815-1872).

Además de espacios de recepción, discusión y difusión cultural, las publicaciones periódicas fueron fundamentales también para la creación artística y literaria. La mayor parte de la producción poética del reinado de Isabel II se publicó en las páginas de periódicos y revistas. Su formato fue decisivo para algunos géneros que gozaron entonces de gran predicamento, como el cuento o el artículo costumbrista. Ni siquiera la novela, a pesar de su extensión, escapó a los periódicos. De hecho, buena parte de la novela europea decimonónica se publicó inicialmente en sus «folletines», un espacio situado en el faldón de sus páginas que causó auténtico furor en toda Europa desde los años cuarenta y provocó un gran debate cultural en torno al género y sus nuevos mecanismos de difusión.

Las numerosas imprentas que fueron apareciendo por toda la geografía peninsular (sobre todo en Madrid, donde a la altura de 1846 existían 67) tiraban, además de periódicos, una gran cantidad de impresos de todo tipo. El mundo editorial empezaba a abrirse paso frente al viejo régimen tipográfico. Las especificidades jurídicas y las prácticas gremiales, el proteccionismo y la actividad artesanal que caracterizaban a este último fueron progresivamente desarticulados por la nueva legislación liberal. El sector del libro y del impreso fue liberalizado y abierto a la economía de mercado. Además, los gobiernos liberales levantaron las trabas de la antigua censura, a pesar de las restricciones que impusieron en algunos momentos a determinadas publicaciones políticas.

Las nuevas pautas jurídicas y de mercado transformaron al viejo impresor-librero en editor. Fue este último el principal catalizador de la revolución que se produjo en el sector, con la introducción de nuevas técnicas en la producción editorial que permitieron ampliar y diversificar la oferta, transformar las formas del libro (encuadernación, tamaño, ilustración, tipografía) y diseñar y desplegar nuevos mecanismos de comercialización, como la publicidad. De este modo la circulación de libros llegó a un número creciente de lectores. Fórmulas como las colecciones o las entregas permitieron aumentar las ventas y articular, lentamente, un mercado literario nacional cada vez más especializado. Aunque algunos editores, como Francisco de Paula Mellado (1810-1876) o Dionisio Hidalgo (1809-1866), obtuvieron grandes beneficios durante las primeras décadas del periodo, el negocio editorial se caracterizó en estos momentos por su fragilidad y volatilidad, como puso de manifiesto la crisis de 1846. Manuel Delgado, el gran editor de los autores románticos, murió en 1848 con un activo que no dio más que para pagar deudas y amortizar préstamos. El negocio siguió siendo individual o familiar, marcado por el déficit económico, la competencia y la fragilidad de la demanda. En la segunda mitad del siglo el proceso de edición se fue profesionalizando. El editor se fue independizando de impresores y libreros y tendió a especializarse. Por su parte, las editoriales introdujeron criterios de gestión empresarial y nuevos avances técnicos que aumentaron su productividad.

Resulta difícil conocer el alcance social de toda esta producción impresa. Los Gobiernos liberales se esforzaron por corregir los altos índices de analfabetismo existentes en España en relación con otros países europeos, aunque la distancia era menor en las grandes ciudades. Si bien los avances resultan evidentes para el periodo que transcurre entre 1841 y 1860, para el que tenemos datos estadísticos, el analfabetismo siguió siendo muy elevado en España respecto a los países de su entorno: en 1860 rondaba el 75 por ciento entre los varones; entre las mujeres era aún mayor. Con todo, se produjo un aumento sostenido del número de lectores, sobre todo entre los estratos superiores de la pirámide social, pero también entre un sector importante de las clases medias urbanas.

El principal entretenimiento del periodo, por otro lado, no requería de capacidad lectora. El teatro, altavoz en muchas ocasiones de los conflictos políticos y de los debates culturales, funcionaba, además, como agente activo de los cambios socioculturales del siglo, ordenando y haciendo comprensibles para muchos las grandes transformaciones que se estaban produciendo. En los años treinta y cuarenta fue un arma más en la batalla política, difícil de controlar y que alarmó notablemente a los sectores más moderados. Era también un negocio que no dejó de atraer al público durante el reinado isabelino. Su gran renovación en España se había producido en la década de 1820, pero fue de nuevo en los años treinta, bajo la regencia de María Cristina y con la revolución liberal, cuando pudo alzar el vuelo. Según escribía Juan Lombía (1806-1851) en 1845, Madrid había pasado en una década de contar apenas con dos teatros (el teatro de la Cruz y el del Príncipe), que, además, casi nunca se llenaban, a tener muchos más de mayor tamaño que cada noche rebosaban de espectadores. Este y otros actores y actrices de su tiempo, como Julián Romea (1813-1868), Carlos Latorre (1799-1851), Bárbara y Teodora Lamadrid (1812-1893 y 1820-1896) o Matilde Díez (1818-1883), fueron las verdaderas estrellas —más incluso que los autores— del teatro español de las décadas románticas.

El cartel que ofrecían era muy amplio e incluía refundiciones, traducciones, adaptaciones, dramas y comedias originales, zarzuelas, bailes y canciones nacionales y, en general, espectáculos de todo tipo. Muchos de estos géneros no han entrado con letras de oro en la historia del teatro español, aunque en su momento tuvieron una gran acogida popular, como las comedias de magia, que hicieron las delicias de un público ávido de chistes y efectos técnicos y visuales. Aunque los empresarios teatrales no tenían asegurado el éxito (sobre todo en épocas de crisis, en las que muchos teatros entraban en quiebra), el número de nuevos teatros no dejó de aumentar a lo largo del periodo.

Como señalan los especialistas, en España se dieron, además, otros factores que permitieron que la palabra escrita circulara más allá de los lectores. En especial, la importancia que se concedió a la lectura en voz alta, una práctica que se mantuvo como la predominante hasta mediados de siglo, cuando fue cediendo terreno a la lectura individual y silenciosa. En todo caso, entre los iletrados siguió siendo muy importante durante todo el siglo. Diversas fórmulas, como los pliegos de cordel, con versos en romance recitados por ciegos y acompañados de imágenes, permitieron divulgar, además, temas e ideas de otros libros o entregas. Algunos editores incluso se especializaron en este tipo de productos, entre los que se incluían estampas, láminas, aleluyas, cromos, postales, almanaques, calendarios u hojitas y pequeños folletos de propaganda. Muchos de ellos, como la prensa periódica, con ilustraciones que facilitaban su comprensión. Los periódicos se leían también habitualmente en voz alta en los talleres, para espanto, entre otros, del gobernador civil de Barcelona, quien en 1844 intentó prohibir esta práctica en su jurisdicción.

Así pues, de uno u otro modo, una parte importante de la sociedad española, sobre todo urbana, empezó a participar de la cultura escrita. No se trató solo de libros, novelas por entregas, obras teatrales, periódicos locales o nacionales con sus correspondientes folletines, boletines oficiales o eclesiásticos, etcétera, sino más bien de la suma de todo ello. A partir de aquellos años se comenzó a formar un gran corpus de literatura local y nacional. Un fenómeno que no sería ajeno al aumento extraordinario, a mediados de siglo, de traficantes y tratantes de libros viejos o usados (vendedores ambulantes, matuteros o buhoneros que ocuparon las calles y plazas de las ciudades, anunciando libros a muy bajo precio), ni a la aparición desde los años treinta y cuarenta de gabinetes de lectura que permitían el alquiler y el préstamo de libros. De uno u otro modo, en el periodo isabelino la cultura empezó a democratizarse.

Las sesiones de lectura en voz alta no eran solo una forma de salvar el obstáculo de las letras, sino un sistema comunicativo que gozó de gran predicamento en la época. Sobre todo entre la efervescente sociedad liberal, en cuyas reuniones, tertulias o veladas se leía a viva voz para expresar ideas políticas o con fines didácticos, festivos o recreativos. En cafés, tertulias, librerías o asociaciones de todo tipo, los liberales exponían sus ideas y hacían gala de unas dotes oratorias que posteriormente exhibían y ponían a prueba en la tribuna de las Cortes. Estos nuevos espacios de sociabilidad fueron también decisivos en la articulación de una nueva esfera pública liberal. Su eclosión estuvo ligada a la propia dinámica revolucionaria. En muchos aspectos, de hecho, eran continuadores de las tertulias y Sociedades Patrióticas que se habían constituido en España durante el Trienio Liberal. Una de las tertulias más famosas en la historia cultural de la España decimonónica fue la que en los años treinta reunía en El Parnasillo, el café contiguo al teatro del Príncipe de Madrid, a poetas, dramaturgos y artistas románticos con aficionados a las artes y a las letras que, por el precio de un café, abarrotaban el local para escucharlos. Otra forma de sociabilidad política y cultural, aunque de acceso más restringido, la constituían las tertulias domésticas, que proliferaron también en aquellos años. Muchos de estos espacios de debate y de discusión, situados al margen de la cultura oficial, tendieron con el tiempo a institucionalizarse. Mesonero afirmaba que «el humor dominante» de su tiempo era el espíritu de asociación, que se manifestaba en la constitución de sociedades de todo tipo. Tenía en mente, sobre todo, el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, autorizado por Real Orden en 1835, y el Liceo Artístico y Literario, nacido en 1836. El primero estaba orientado al debate político e intelectual y a la formación de las élites culturales a través de sus cátedras y salones; el segundo, con sus veladas, conferencias, conciertos, exposiciones, lecturas o representaciones era más un espacio artístico y cultural. Ambos buscaban cumplir el sueño liberal del individuo autónomo que se reunía libremente con el fin de cultivar las artes y las letras en beneficio de la prosperidad nacional. En los años siguientes surgieron otros espacios similares, como el Instituto Español, de tendencia más progresista. El fenómeno se extendió por todas las provincias. A mediados de siglo rara era la capital de provincia que no contaba con alguna sociedad, como la Sociedad Filomática de Barcelona o los liceos de Valencia y Málaga, aparecidos en la década de 1840 siguiendo en buena medida el modelo madrileño. También afectó a las colonias españolas, especialmente a la de Cuba. La pérdida de estas colonias a finales del siglo XIX propició que las aproximaciones a la historia de la España decimonónica tendieran a olvidar la importancia capital (no solo política o económica, sino también cultural) que tuvieron en aquel siglo las Antillas. De Cuba, por ejemplo, proceden algunos de los escritores españoles más relevantes de todo el siglo XIX, como Ventura de la Vega (1807-1865) o Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873).

Vida intelectual y mercado nacional

Estos espacios de sociabilidad resultaban también decisivos para los intelectuales españoles desde otros puntos de vista. Su futuro resultaba enormemente incierto en un momento de tránsito hacia la sociedad liberal. Escritores y artistas dejaron de depender del mecenazgo de la corte, la Iglesia y la aristocracia (solo la primera mantuvo una cierta importancia) para pasar a hacerlo, básicamente, del Estado y de un mercado cultural que impuso sus propias reglas de juego. La parálisis económica que afectó a la Iglesia tras los procesos desamortizadores, por ejemplo, tuvo graves repercusiones para el arte y la música sacros, que perdieron el lugar privilegiado que ocupaban en la producción cultural desde hacía siglos. Los músicos, cuya formación y actividad habían dependido hasta entonces en buena medida de la Iglesia, tuvieron que adaptarse a una nueva realidad y buscar una salida en las bandas militares, los actos civiles y, sobre todo, en las nuevas formas de ocio y de entretenimiento de la sociedad liberal (cafés, teatros, espectáculos, etcétera). El mundo de las artes plásticas siguió dependiendo mucho de la corte y de las Academias, aunque atendió también a una escasa demanda burguesa que apenas permitía su supervivencia. Muchos literatos y artistas optaron por ceder su pluma a la prensa, hacia la que se vio abocada la mayor parte de la nueva generación intelectual. En 1836, en su comedia La redacción de un periódico, Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873) se hacía eco del fenómeno: «Hay plaga de publicistas / y se echan a periodistas / los muchachos del colegio».

No obstante, salvo contadas excepciones, la prensa no daba para vivir. Por ello, los escritores se caracterizaron en estos momentos por la diversificación de su actividad profesional: muchos aprovecharon las oportunidades abiertas por el nuevo sistema educativo para dedicarse a la función docente; otros estudiaron y ejercieron como médicos o abogados. Facetas a las que sumaron actividades más propiamente literarias: obras originales, pero también traducciones, adaptaciones, colaboraciones en revistas o aventuras editoriales diversas que en ocasiones les ocupaban más tiempo que aquellas. La producción original, de hecho, podía ser incluso menos lucrativa, puesto que los derechos de autor no se reconocieron en España hasta 1847 y mediante una ley que no dejaba de ser ambigua y difícil de aplicar. Pocos conseguían siquiera publicar, empresa que dependía mucho del empeño, la suerte y las relaciones personales. Lo más habitual en el mercado literario eran contratos de edición que generalmente descansaban en condiciones poco ventajosas para los autores, quienes vendían sus derechos (propiedad absoluta y para siempre de la obra) por cantidades discretas. Se extendió también la práctica de los anticipos, que en ocasiones hipotecó su producción, como le ocurrió a José Zorrilla (1817-1893) con su editor Manuel Delgado.

Pues bien, era en cafés y tertulias o en espacios más institucionalizados como Ateneos o Liceos donde esta nueva multitud de autores competía por establecer vínculos con editores, políticos u otros hombres de letras ya consagrados, con el fin de obtener el capital simbólico necesario para entrar y asegurar su subsistencia en el mundo literario. Madrid reproducía a menor escala aquel interesado mundo literario parisino que Balzac o Flaubert habían perfilado en sus novelas. Una jerarquía que no resulta baladí. París era por aquel entonces el gran centro cultural europeo. Viajar a la ciudad de las luces e impregnarse de su activa vida artística y literaria era una especie de experiencia iniciática que confería un aura y un prestigio que abría muchas puertas en el mercado literario propio. Que un español triunfase o fuese traducido en el país vecino era vivido en España como todo un acontecimiento y elevaba de inmediato al merecedor de los elogios al panteón de las glorias patrias. En el ámbito español, Madrid ejercía una función similar. Era en sus teatros donde debía triunfar un autor para ganar renombre, eran sus diarios y revistas los que creaban o quitaban reputaciones; eran su Ateneo, su Liceo, sus Academias los que sancionaban el mérito y aprobaban o no la entrada en el Parnaso artístico y literario. No obstante, introducirse en el mundo cultural madrileño no era tarea fácil. Dependía de contar con buenas amistades o con algún familiar poderoso: Buenaventura Carlos Aribau (1798-1862) ejerció, por ejemplo, de puente para muchos catalanes que intentaron desembarcar en la capital de España, no siempre con éxito; Serafín Estébanez Calderón (1799-1867) hizo lo propio con muchos andaluces, entre ellos con su sobrino Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897). Con todo, muchos se veían obligados a volver a su ciudad de origen, en la que se reproducían, a escala provincial, idénticas servidumbres.

La relación jerárquica que estructuraba todo el campo literario nos remite a la particular relación de la vida cultural española con «Europa». La producción intelectual del país estuvo marcada por una profunda conciencia de marginalidad. La voz de sus escritores no solo no parecía oírse más allá de sus fronteras, sino tampoco, como se lamentaba Larra, dentro de ellas. España ocupó un lugar subalterno en el proceso de conformación de una estructura mundial de la producción cultural que tuvo lugar en el siglo XIX. Fue en Francia e Inglaterra donde se impusieron los modelos narrativos y donde fueron consagrados los grandes escritores. Un fenómeno que influyó en las condiciones de producción y en las posibilidades estéticas de las demás naciones, en un proceso similar a lo que ocurrió con el cine «hollywoodiense» en el siglo XX. Lo que exigía el público español eran novelas francesas y a cubrir esta demanda dedicaron sus mayores esfuerzos los editores y los escritores autóctonos, ocupados más en la traducción o adaptación de textos foráneos (sobre todo franceses) que en la creación original. La balanza, no obstante, tendió a compensarse desde mediados de siglo.

Esta realidad entraba en contradicción con la concepción generalizada de la literatura y el arte como expresión del carácter y, a su vez, escuela de costumbres nacionales. Al leer o escuchar obras pensadas para un público no español, ¿corrían los españoles el riesgo de desnaturalizarse? Eso temía Mesonero, para quien España se había convertido en una «nación traducida». La ridícula cohorte de lechuguinos, elegantes y coquetas, todos afrancesados, que pobló la literatura española del periodo no es sino una sentida denuncia de dicho proceso. Los autores españoles debían hacer frente, además, a otro agravio: parecía que los europeos se arrogaban el derecho, en base a su superior «modernidad», de representar más fielmente a España que sus naturales. Esta percepción motivó que los intelectuales peninsulares de mediados del siglo XIX emprendieran una verdadera ofensiva nacionalista, deseosos de recuperar el fuero sobre sus propios dominios y de fundar las bases de la nación liberal. Por ello, se propusieron escribir historias de España, retratar las verdaderas costumbres de la patria, componer dramas y novelas originales de temática española. Si en literatura eran los modelos y autores franceses los que se imponían, el género musical por excelencia era dominado por los italianos. El «furor filarmónico» por Rossini hizo reaccionar a los músicos españoles, que se lanzaron a la creación de una ópera española, en castellano y con un estilo propio. Sus intentos fracasaron, para desesperación de Mariano Soriano Fuertes (1817-1880) o Joaquín Espín y Guillén (1812-1881). Quizá por ello también La Fattucchiera (1838), de Vicente Cuyás (1816-1839), una ópera rossiniana escrita en italiano, a pesar de su gran calidad, no recibió de la crítica musical española los elogios que merecía. En cualquier caso, desde todos estos ámbitos y en el momento en el que se forjaba el nuevo Estado liberal, los intelectuales de la España isabelina fueron decisivos en la construcción de la nación española.

La preocupación por la nación, una constante en los artistas y los hombres de letras del periodo, corre pareja con su vínculo con la política. Para el nuevo ciudadano liberal, la política no era un elemento desvinculado de la práctica artística o literaria. Como señala Jesús Martínez Martín, no es que los escritores hicieran política en su sentido autónomo y profesional, sino que eran parte misma de la construcción de la política. Compartían la impresión de configurar, a pesar de sus diferencias, una «aristocracia del talento» llamada a transformar la sociedad española, con la que se sentían plenamente comprometidos. Por ello también estaban dispuestos a aceptar cargos públicos o a vincularse directamente con determinados proyectos políticos. De hecho, la rápida integración en el Estado de muchos autores románticos de los años treinta será uno de los elementos característicos de la vida cultural española del periodo y uno de los factores que deben ser tenidos en cuenta, quizás, para explicar la particular evolución del Romanticismo en España. Lo cual no quiere decir que fuesen motivaciones políticas las que les moviesen siempre a tomar la pluma o el pincel (podían pesar tanto o más razones económicas o estéticas), pero sí que al hacerlo una determinada forma de entender la nación y la política estaba siempre presente. Sobre todo en las primeras décadas, en pleno proceso revolucionario y cuando se estaba configurando un nuevo campo cultural.

LA DÉCADA DEL ROMANTICISMO (1833-1843)

La vida cultural española de los años treinta estuvo marcada por la irrupción del Romanticismo y por las reacciones que suscitó. Durante años, los especialistas han intentado discernir los rasgos característicos del Romanticismo español y han disputado sobre sus orígenes. El elemento clave en el debate era el del papel de los exiliados en el triunfo de la estética romántica en España. Vicente Llorens destacó con abundantes datos la importancia de su estancia en París y Londres, así como la de su regreso a España tras la amnistía de 1833. Fue a partir de entonces cuando el Neoclasicismo, instalado firmemente en las instituciones culturales del reinado de Fernando VII, empezó a resquebrajarse. Con todo, la influencia romántica habría sido débil y, tras un breve periodo de exaltación romántica, las aguas habrían vuelto a su cauce. Para muchos autores, la fuerza del Neoclasicismo condicionó la adopción de un cierto «eclecticismo romántico», tal y como lo definió Allison Peers. Otros autores consideran, sin embargo, que España no se mantuvo tan al margen de Europa durante el primer tercio del siglo. De hecho, ya en tiempos de la guerra contra Napoleón se había difundido en la Península un Romanticismo de raíz alemana que siguió vivo y se manifestó en diversos momentos y circunstancias. Más aún, caracterizó a un Romanticismo español fundamentalmente conservador. Un factor este último que nos lleva a otro gran debate, el de la esencia del Romanticismo español.

Como recordó Leonardo Romero Tobar no existió, sin embargo, «un» Romanticismo, ni en España ni en el resto del continente, sino muchos, que pugnaron por imponerse en el seno de los diferentes países europeos. En la actualidad parece aceptarse que las ideas románticas estuvieron presentes, de un modo u otro, en las primeras décadas del siglo XIX español: bien porque derivasen de la propia tradición española que, como en toda Europa, transitaba hacia nuevos valores (la sensibilidad, la naturaleza) desde las últimas décadas del siglo XVIII, bien porque las nuevas ideas románticas de origen alemán hubieran ido arraigando en el territorio peninsular. También se acepta, sin embargo, que en aquellos momentos los modelos estéticos predominantes eran los del Neoclasicismo y que el regreso de los exiliados en 1833 fue fundamental para el triunfo del Romanticismo. En primer lugar, porque volvían con un gran prestigio político y literario y tras conocer de primera mano los principales debates europeos. En segundo lugar, porque ocuparon inmediatamente unos espacios (prensa, Ateneos, Liceos) en los que se vinculaba la nueva estética con la crítica al Antiguo Régimen. Por último, porque en breve la dinámica política abierta por la guerra carlista y la revolución liberal iba a auparles a los más altos puestos del Estado y de sus instituciones. Cabría explorar también hasta qué punto una determinada forma de concebir la nueva estética romántica (medievalizante, católica y conservadora, aunque liberal, como la propuesta por Agustín Durán [1789-1862]) sirvió para enraizar en la nación a una Corona enormemente deslegitimada tras décadas de revolución liberal y represión absolutista y amenazada, además, por la guerra carlista.

Posiblemente, en los primeros años, el Romanticismo sirvió para reunir a todos aquellos que se oponían al Neoclasicismo oficial, aunque cada uno lo interpretase de formas diferentes. Para los más jóvenes, de hecho, el Romanticismo de Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), uno de los abanderados del nuevo movimiento en sus inicios, pronto se quedó demasiado corto, como su liberalismo. Querían una ruptura más contundente con la tradición neoclásica. Que finalmente se impusiese uno u otro modelo respondió no a la manifestación del que sería más esencialmente español (un argumento muy romántico, por cierto), sino a una determinada dinámica histórica que debe estudiarse. Una dinámica histórica marcada por el influjo que tuvo entre los autores españoles la imagen que de su país se tenía en el extranjero, así como por la propia marcha de la revolución española y por la hegemonía moderada en la construcción de un campo cultural posrevolucionario.

España y el mito romántico

El Romanticismo europeo influyó en la vida cultural española del periodo isabelino no solo como referente estético que debería seguirse, sino también por su apelación a España como «país romántico por excelencia». Desde el segundo cuarto del siglo XIX se generalizó en el continente y en Estados Unidos una hispanofilia alimentada por los relatos de multitud de viajeros que visitaron el país y por algunas de las obras más significativas del movimiento romántico ambientadas en España. A diferencia del siglo XVIII, en el que la Península era sinónimo de oscurantismo e Inquisición, el Romanticismo del XIX vio en ella una región de contrastes y una tierra primitiva, en la que todavía podía encontrarse lo que la moderna civilización había destruido en Europa. Más aún, en sus habitantes, en especial en los andaluces, podía detectarse la huella de su fascinante pasado musulmán. Esta visión de España, aparentemente amable, implicaba negarle la modernidad. Lo que destacaba precisamente dicha interpretación era lo que tenían de no «europeo» personajes que eran elevados a la condición de esencia de lo español: gitanas de puñal en liga, toreros temerarios, recios bandoleros, bailaoras descocadas, etcétera. Figuras que se sumaban (no sustituían) a las imágenes de la España negra del siglo anterior: barbarie taurina, posadas insalubres, religiosidad moruna. Para el mito romántico, Europa seguía empezando en los Pirineos.

Los autores españoles limaron asperezas cuando se trató de responder a esta imagen del país. A lo largo de todo el periodo, escritores procedentes de un lado u otro del espectro político afirmaron una y otra vez haber tomado la pluma para defender a España de tantos improperios. En todos los casos pretendían también ofrecer la verdadera imagen de España y de los españoles. Esta actitud explicaría que la genialidad de Goya fuera interpretada con matices diferentes dentro y fuera de la Península. El Romanticismo europeo elevó al autor de los Caprichos a la condición de genio nacional, al haber sabido expresar la esencia de España y de lo es-pañol en sus desgarradoras pinturas. A diferencia de lo que ocurría con otros grandes pintores españoles, también muy elogiados por el Romanticismo europeo, como Velázquez, Murillo o Ribera, aceptar a Goya en estos términos conllevaba asumir precisamente aquella imagen del país que lo excluía de la modernidad. Por ello, quizás, en España se le valoró inicialmente más como retratista o como pintor de costumbres populares. Asimismo, el costumbrismo romántico de «veta brava» y de inspiración goyesca de autores como Leonardo Alenza (1807-1845) o Eugenio Lucas (1817-1870), que representaban en sus cuadros la irracionalidad de las costumbres españolas, ocupó un lugar secundario en la academia.

Era precisamente desde el género costumbrista, nacido en buena medida como un reactivo nacional a la literatura europea sobre España, desde donde mejor podía recogerse el guante y responder al desafío europeo. El costumbrismo romántico esbozaba escenas, tipos o cuadros de costumbres nacionales que se adaptaban a la perfección a la brevedad impuesta por el formato periodístico. Se servía de la sátira para ridiculizar las situaciones generadas en una sociedad en rápida transformación, sobre todo en las ciudades (en especial, Madrid), donde estas situaciones eran más evidentes. La crítica podía ser aguda y doliente, como en el caso de Larra, uno de los grandes cultivadores del género, o más nostálgica y complaciente, como en Mesonero. En todos los casos, eso sí, se imponía la voluntad de responder a la idea que de España se tenía en el extranjero. Una respuesta que distinguía generalmente entre dos planos bien diferenciados: uno material, en el que los españoles no negaban la ventaja que Francia e Inglaterra, faros del progreso positivo, llevaban a su país; otro moral, en el que no solo no aceptaban seguir los modelos traspirenaicos, sino que se atribuían incluso la capacidad de superarlos. De hecho, y dándole la vuelta al mito romántico, para la mayor parte de los autores españoles del periodo isabelino, en su país se habían preservado una serie de elementos que, como el sentir religioso, dotaban a sus habitantes de una superioridad moral que debía ser celebrada y mantenida.

La imagen romántica participó también en la reflexión sobre la identidad nacional española del segundo tercio del siglo XIX al proponer temas y motivos «esencialmente» españoles sobre los que dialogar. Los toreros, las gitanas, lo andaluz, la «sal» de sus mujeres, el bolero y el fandango, ensalzados por el Romanticismo europeo como arquetipos nacionales, acabaron siendo aceptados como propios por buena parte de los autores peninsulares. Ahora bien, ¿cómo se conciliaba la aceptación como nacionales de estas figuras situadas al margen de la ley y de la civilización y la afirmación de la superioridad moral de los españoles? Una posible respuesta pasaba por negar el carácter representativo de lo español de muchas de estas figuras. Otra, basada en la propia estética romántica y en su celebración de personajes marginales, podía asumir el estereotipo y considerarlo indicativo de la esencia romántica de España. Entre una y otra cabían múltiples posturas intermedias. La mayoría se inclinó por reconocer el carácter español de estos personajes, pero tras vaciar su imagen de los elementos más conflictivos: la barbarie de la fiesta de los toros (un espectáculo que vivió un enorme crecimiento a lo largo del periodo) era redefinida como una diversión nacional reglada por la razón en la que lo que se celebraba era el arrojo de los españoles; sus mujeres no eran inmorales, sino que poseían una «sal» que las distinguía de las anodinas europeas y que los viajeros extranjeros no sabían interpretar debidamente; bandoleros como el famoso José María, El Tempranillo, eran considerados encarnaciones de un noble y honrado carácter perdido en el resto de Europa, pero también claramente diferenciados de los simples bandidos, etcétera. La mayor colección costumbrista del periodo, Los españoles pintados por sí mismos (1842-1843), en la que participaron los autores más reputados del momento bajo la dirección de Mesonero Romanos, se distinguió precisamente de otras colecciones europeas (en las que se inspiraba) por incluir unos cuantos tipos románticos asociados con España y con lo español y cuya significación era renegociada en estos términos.

Donde mejor se observa este proceso es quizás en la música o en la danza españolas, profundamente marcadas por el mito romántico. Bailes como el bolero, la cachucha o el fandango y canciones españolas como polos, tiranas o seguidillas, tan celebrados por el público español de todas las clases, fueron recopilados, depurados de sus connotaciones más negativas y utilizados como fuente de inspiración para la creación de una música y una danza nacionales que tuvieron siempre en Europa grandes admiradores. Celsa Alonso ha subrayado, por ejemplo, el extraordinario éxito en la España decimonónica de una canción lírica nacional que sirvió, además, de cimiento para el surgimiento de un drama lírico propio, igualmente percibido como nacional, la zarzuela, a manos de compositores como Basilio Basili (1804-1895), Sebastián Iradier (1809-1865), Mariano Soriano Fuertes o Cristóbal Oudrid (1825-1877). A través de estos y de otros géneros enormemente populares, que eran compatibles y compartían escenarios con músicas de otros orígenes (sobre todo italianos), se articuló en España un sentido de «nacionalidad musical» ya desde las décadas centrales de la centuria.

El vínculo establecido por el Romanticismo europeo entre lo español y las tierras andaluzas fue también asumido por buena parte de los artistas y literatos españoles del momento. Sobre todo por los andaluces (aunque no solo), que llevaron a cabo una reelaboración de los tópicos regionales llamada también a perdurar. Autores como Tomás Rodríguez Rubí (1817-1890) expresaron su andalucismo desde las tablas (en el llamado «género andaluz» o en la zarzuela), en poesías en las que era obligado el uso de un lenguaje de acentos andaluces o en artículos costumbristas como los que otro gran andalucista, Serafín Estébanez Calderón, recopiló en sus Escenas andaluzas (1847). Sin embargo, donde mejor se observa el peso del mito romántico en la configuración de una estética andaluza propia es en el costumbrismo pictórico de la escuela de Sevilla (la de José Domínguez Bécquer [1805-1841], por ejemplo), que se afianza precisamente en estos años. Asimismo, el particular peso que tuvo el andalucismo en estos años no impidió que se desarrollaran paralelamente (con mayor o menor intensidad) otros imaginarios provinciales o «regionales» que tuvieron gran relevancia en décadas posteriores.

Liberales y románticos

Además de la respuesta al estereotipo, entre los elementos que compartían quienes en España se oponían al Neoclasicismo se encontraba un deseo de libertad que se percibe en la reacción, mayor o menor según los autores, contra los corsés impuestos por las reglas aristotélicas (unidades de tiempo, acción y lugar), la ruptura con la anterior jerarquía entre géneros (la poesía lírica sustituye a la épica), la aparición de otros nuevos (novela histórica, costumbrismo romántico) y la mezcla de unos y otros.

Esta libertad se expresaba más allá de las formas literarias. Debía ser también la expresión del yo del poeta, la exteriorización de su individualidad, que se manifiesta incluso en su gesto y su atuendo, o en la irreverencia que exhibe la tertulia La Partida del Trueno (Larra, Espronceda y otros jóvenes románticos) en sus correrías madrileñas. En este sentido, en los años revolucionarios de 1830 parecía más fácil proponer y ensayar nuevos modelos para el yo moderno de lo que lo sería en décadas posteriores. En aquellos momentos, desde la literatura, se plantea una pluralidad de «yoes» posibles que, en un proceso también histórico, van siendo afirmados o descartados. Entre estos últimos, por ejemplo, el que admitía la pautada presencia en la esfera pública de un sujeto femenino «materno» (algunos de cuyos rasgos pueden hacer suyos incluso los sujetos masculinos), como defienden algunos autores y autoras progresistas. También acabó siendo descartado un yo romántico masculino (que se expresa en el yo lírico y en el yo político rebelde) que se enfrenta denodada e inútilmente al mundo, a una naturaleza percibida como femenina. No obstante, si bien fue el sujeto moderado doctrinario el que acabó alzándose finalmente como hegemónico en las décadas siguientes, tales modelos alternativos siguieron estando presentes.

En los años treinta los románticos, al reflexionar sobre su individualidad, bucearon en las profundidades de su alma: no es casualidad que fuese entonces cuando eclosionó el género autobiográfico. De la noción de individualidad se deriva también la preocupación por la muerte, que pone fin a una vida única e irrepetible, pero también el deseo de trascenderla, mediante la entrega absoluta y la elevación a la condición de héroe. En este sentido, el Romanticismo defiende la libertad política frente a las cadenas del Antiguo Régimen. El poeta se convierte en el guía de una nación en lucha por su libertad, en la expresión de su espíritu. Los románticos recogen el testigo de la tradición liberal-patriótica nacida de las Cortes de Cádiz, cuyos principales representantes (Antonio Alcalá Galiano [1789-1865], Francisco Martínez de la Rosa y, sobre todo, Manuel José Quintana [1772-1857]) pasarán enseguida a ejercer importantes cargos en el nuevo Estado liberal. La prensa del periodo pronto se verá repleta de poemas que cantan a los héroes de la patria, sobre todo dedicados a quienes han vertido su sangre por ella (como José María de Torrijos o el conde de Campo Alange), mártires de la guerra secular del pueblo español contra el despotismo y la tiranía.

Los escritores liberales naturalizaron de este modo la nación española. A partir de la idea romántica que hacía de las naciones entes naturales que se desarrollaban como seres vivos a lo largo de los siglos, una larga nómina de historiadores románticos, situados en un lugar intermedio entre el escritor público, el profesional de la historia y el erudito (como Antonio Alcalá Galiano o José María Queipo de Llano, conde de Toreno [1786-1843]), se aprestaron a llevar a cabo una suerte de relectura en clave nacional de los registros históricos, artísticos y literarios de épocas pretéritas para presentar a España como una realidad homogénea y diferenciada desde su edad primigenia. Entre los rasgos que señalaban como propios del carácter nacional, reproducidos por escritores y artistas, destacaba en primer lugar la individualidad, el amor a la independencia, que alimentaba el patriotismo, el heroísmo o la defensa de la libertad. Elementos todos que habrían caracterizado a los españoles desde Numancia hasta el presente. De ese individualismo nacía también uno de sus grandes males, la desunión, afortunadamente atemperada para la mayoría de los autores españoles por la fidelidad monárquica y la fe religiosa. Con todo ello, el pueblo español había caminado constante en su lucha providencial por la libertad. En su recorrido, algunos individuos como Viriato, Pelayo, El Cid, Colón, Hernán Cortés u otros habían sabido expresar con sus gestas el espíritu de toda la colectividad, por lo que fueron elevados a la condición de héroes. La importancia de Colón o Cortés remite a una conciencia imperial y a una dimensión americanista de la nación española que estuvo siempre presente en la España decimonónica, aunque se acentuó considerablemente durante la Restauración. Para el liberalismo romántico, no obstante, las figuras más importantes eran aquellas que durante la Edad Moderna habían luchado frente a la tiranía, como los comuneros de Castilla o el justicia aragonés Juan de Lanuza. Todos estos elementos están muy presentes en la literatura romántica de los años treinta, que se ocupa especialmente del periodo en el que, según el Romanticismo, había cuajado finalmente el carácter nacional de los pueblos: la Edad Media. En 1830 Ramón López Soler (1806-1836) adaptó el medievalismo al estilo de Walter Scott en su novela histórica Los bandos de Castilla o El caballero del cisne. Los dramas románticos situaron también preferentemente sus tramas en el pasado medieval español, que ofrecía, además, escenarios magníficos para la imaginación romántica.

Con todo, muy pronto se evidenció que, si bien todos los liberales compartían su voluntad de acabar con el Antiguo Régimen, no todos entendían por igual cómo debía ser la nueva sociedad liberal. La historia nacional se convirtió en un campo de batalla que servía para legitimar las opciones políticas del presente. A medida que avanzaba y se radicalizaba la revolución, los sectores más moderados irían poniendo el énfasis en el orden y la unidad política. Más que en el «pueblo en armas» tendieron a insistir en el papel de la monarquía en el proceso histórico de unificación política y como garantía de orden: su paradigma serían los Reyes Católicos, que habían sabido ejercer su poder respetando las libertades. Para los moderados de los años treinta, el futuro reinado de la princesa Isabel materializaría finalmente la síntesis entre «unidad» monárquica y «libertades» españolas, una monarquía constitucional basada en la fórmula del poder compartido entre Corona y Cortes, que sería connatural de España. Aunque los progresistas no discutían el papel rector de la monarquía en la consecución de la unidad, ponían el énfasis en el otro fiel de la balanza: la soberanía nacional y las libertades populares.

El debate tenía sus consecuencias en la polémica sobre el modelo de articulación territorial del Estado. Los moderados identificaban descentralización con decadencia y tendían a destacar el empuje del reino de Castilla en el proceso unificador. En sus historias de España este territorio y sus linajes dinásticos adquieren tendencialmente un mayor protagonismo, aunque están aún muy lejos de la centralidad que adquirirán para el conservadurismo durante la Restauración. Los progresistas discrepaban de esta interpretación centralista del pasado español. Para ellos la nación se encarnaba de hecho en lo local. Según Salustiano de Olózaga (1805-1873), habían sido las libertades municipales las que habían salvado a la nación a lo largo de los siglos, pues solo ellas habrían podido resistir el empuje tiránico de algunos reyes. La historia de España no era la de la monarquía, sino la de un sustrato nacional de localidades y provincias que, eso sí, habían actuado unidas cuando, como en 1808, la patria lo había requerido. Por ello, la historia de España debía incorporar la de todos sus antiguos reinos y provincias, recuperar sus pasados. Progresistas como el gaditano Antonio García Gutiérrez (1813-1884) situaron sus dramas en escenarios históricos que recorrían toda la geografía peninsular, pero con particular preferencia por los territorios de la vieja Corona de Aragón, considerada cuna de las libertades españolas.

El yo romántico y el camino hacia el eclecticismo

El Romanticismo no solo espoleó la libertad de las naciones, también la del individuo que, al mirarse a sí mismo, descubría la fuerza de las pasiones. Son ellas las que deben guiarle en su lucha contra el mundo: el Romanticismo sublima el amor por una mujer (pero también por un amigo o por la patria, por Dios o por la humanidad), pues el yo romántico es un yo masculino y su musa suele pensarse tan solo como objeto pasivo de deseo. Los sentimientos son el motor de todos los dramas románticos, que se construyen sobre un emocionalismo exagerado e hiperbólico, que se exacerba cuando el protagonista descubre que es incapaz de colmar sus deseos: sus ilusiones se ven frustradas ante la imposibilidad del hombre de sobreponerse al destino del que, como en el drama Don Álvaro o la fuerza del sino (1835) —de Ángel de Saavedra, duque de Rivas (1791-1865)—, se burla con ironía. Un destino entendido, desde Madame de Staël, como las condiciones sociales y políticas que impiden que se exprese libremente el sentimiento. Los amores románticos son siempre amores imposibles, como el de Diego Marsilla e Isabel en Los amantes de Teruel (1837), de Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880). En ocasiones, solo el suicidio parece ofrecer una salida válida ante la aterradora perspectiva de vivir sin el ser amado o de no triunfar sobre el presente: así lo entiende Elvira en el Macías (1834), de Larra, y puede que así lo entendiese también el propio Larra antes de descerrajarse un pistoletazo en 1837.

Los poetas románticos intentaron forzar al límite o transgredir la moral social que les impedía alcanzar sus deseos, aun sabiendo que estaban condenados al fracaso: Joaquín Francisco Pacheco (1808-1865) planteó veladamente la cuestión del incesto en Alfredo (1835) y Antonio García Gutiérrez llegó a hacer que su héroe violentase en El trovador (1836) un convento y raptase a su amada, rompiendo así el último freno a la libertad, el impuesto por el espacio sagrado. Al buscar en su interior, encuentran, además, las oscuridades del alma. Los malvados son personajes complejos, atormentados por la locura a la que les conducen sus pasiones, como Don Froilán, el monje y confesor de Carlos II el Hechizado (1837), de Antonio Gil de Zárate (1796-1861). La fascinación por lo irracional y lo oculto lleva también a que la noche, los cementerios, los claustros, los viejos castillos o los bosques profundos, espacios propicios para que se manifiesten, se conviertan en los escenarios preferidos de la lírica romántica, repleta de adjetivos «lúgubres» y «sombríos». Algunos, en nombre de la libertad, llegarán incluso a cuestionar a Dios o a desafiarle. En España, de estos últimos hubo más bien pocos, aunque entre ellos figuró uno de sus autores más celebrados: José de Espronceda (1808-1842).

Formado en los principios neoclásicos bajo la tutela de Alberto Lista (1775-1848), como buena parte de la generación romántica a la que perteneció, Espronceda se volvió en los años treinta hacia la nueva estética con la fe del converso. Durante la revolución liberal se postuló del lado de las opciones más liberales, llegando incluso a contarse entre los partidarios del republicanismo. Su espíritu de libertad se expresa ya en la «Canción del pirata», publicada en El Artista en 1835 y que se popularizó de inmediato; pero también en poemas que critican los males de la sociedad y ensalzan a personajes que aquella ha arrojado mezquinamente a sus márgenes: «El verdugo», «El mendigo», «El reo de muerte». En El estudiante de Salamanca (1837-1840) y en El Diablo Mundo (1841), Espronceda lleva al máximo la rebeldía del poeta. El primero de estos dos largos poemas retoma el mito de don Juan. Su protagonista, Montemar, desafía hasta el final la moral tradicional (como hiciera el mismo Espronceda con sus ilícitos y escandalosos amores con Teresa Mancha) e incluso a Dios. Se niega una y otra vez a seguir el camino dictado por el bien, burlándose de los avisos que le llegan del cielo. Su espíritu de rebeldía sobrevive incluso a su muerte: jamás admite el arrepentimiento. En El Diablo Mundo los males del mundo proceden de las estructuras de la sociedad contemporánea, cruel e inclemente: sus cantos remiten al profundo pesimismo que embarga al poeta, incapaz de sobreponerse a la sociedad que le envuelve y ahoga.

En el Romanticismo español de los años treinta predominó, sin embargo, un espiritualismo cristiano que fue común al del Romanticismo europeo de aquellos mismos años. La sociedad surgida de las cenizas revolucionarias se afanó por restablecer una cohesión social cuya ruptura se atribuía a un exceso de egoísmo individualista y de racionalismo filosófico. Era necesario reconstruirla y el cristianismo se erigía como un recurso fundamental para ello. La literatura y el arte debían participar en la recuperación de los valores cristianos. Desde esta perspectiva, el Romanticismo alemán ensalzó el teatro de Calderón o el romance, en los que el espíritu cristiano y caballeresco seguirían vivos. En España impulsó las refundiciones de dramas y comedias del Siglo de Oro, así como la labor recopilatoria de Agustín Durán, quien durante años dio a la imprenta su Romancero de romances (1828-1832). Algunos poetas se inspiraron en el romancero, guiados por la intuición romántica que veía al pueblo como su forjador. El más conocido y más popular de todos ellos fue José Zorrilla, quien entre 1836 y 1840 se aplicó de forma obsesiva a fabricar sus «leyendas», recogidas y publicadas bajo el título de Los cantos del trovador (1840-1841). Profunda también fue la influencia en España de la obra de Chateaubriand. El autor francés vinculó la belleza de la naturaleza no con la religión natural o panteísta, sino con la presencia tangible de Dios en ella. Además, descubrió la belleza religiosa de las ruinas de los templos góticos. Chateaubriand legitimó, sobre todo, la poética de la fe y el sentimiento religioso, la aceptación resignada del dolor y la melancolía. Elementos todos perceptibles en la que es considerada por muchos la culminación de la novela histórica romántica española, El señor de Bembibre (1844), de Enrique Gil y Carrasco (1816-1845).

Ahora bien, este espiritualismo cristiano no debe asociarse sin más con la reacción o el tradicionalismo político. Los principales defensores de esta corriente política, como Bonald o De Maistre, fueron reivindicados en España por el absolutismo político, pero no por el liberalismo. En el caso de Chateaubriand, la aceptación de su dimensión literaria y estilística no iba reñida con el rechazo de muchas de sus ideas políticas. La religión era compatible con el liberalismo o así lo entendían al menos todos los autores románticos citados hasta el momento (incluido Agustín Durán). Entendían el cristianismo como una etapa más, y completamente decisiva, en la marcha histórica providencial de la libertad: el cristianismo implicaba la igualación en dignidad de todos los hombres como hijos de Dios, así como la elevación de la mujer, que pasaba de ser «esclava» a «compañera» del hombre. Desde el progresismo se vindicaba, por ejemplo, la obra de Lamennais, de quien Larra tradujo en 1835 El dogma de los hombres libres, con un prólogo laudatorio que no era sino una verdadera profesión de fe de un catolicismo liberal que se impuso también entre los sectores más avanzados. Para pensadores progresistas como Joaquín María López (1798-1855), el legado histórico de la visión cristiana de la personalidad, la justicia y la igualdad eran no solo fundamentales, sino el principio radical sobre el que construir una nueva sociedad. Desde la literatura, por ejemplo, Gregorio Romero Larrañaga (1814-1872) reinterpretó y reinventó en sus Historias caballerescas españolas (1843) el legado histórico del cristianismo español, de raíz evangélica y plenamente compatible con el anticlericalismo más furibundo.

En España el catolicismo fue interpretado, además, como factor decisivo en el camino hacia la unidad nacional, en cuyo nombre los liberales justificaban incluso la expulsión de los judíos de 1492. Ahora bien, esta identificación entre España y el catolicismo, que implicaba olvidar los ocho siglos de dominación musulmana, no era óbice para condenar abiertamente las intromisiones de la Iglesia en la vida política española durante la Edad Moderna o los horrores de la Inquisición, es decir, para defender la subordinación de la Iglesia al Estado que se inició con gran violencia política en los años de la revolución liberal. Los mismos autores que clamaban libertad exponían los beneficios del cristianismo en dramas y novelas en las que el despotismo se identificaba con la tiranía que la religión islámica imponía a sus mujeres.

Asimismo, la insistencia en el carácter cristiano de la Península podía servir también para desmentir o discutir los juicios románticos europeos que veían en España una nación oriental, como se observa en la literatura orientalista española del periodo, en la que la celebración del pasado andalusí o la aceptación de su influencia en la literatura española (dotándola, por ejemplo, de una imaginación desbordante) no eran incompatibles con la afirmación del carácter eminentemente cristiano de la nación española. El caso de Zorrilla, a la vez «poeta oriental» y «cristiano», resulta en este sentido paradigmático. La temática orientalista permitía también desplegar otro de los componentes fundamentales del Romanticismo: el papel central de la imaginación. Autores como Juan Arolas (1805-1849) o el propio Zorrilla recrearon sombríos castillos, torneos caballerescos, harenes sensuales…, en cuya descripción el segundo hacía uso de su ingente capacidad imaginativa y de toda su paleta de colores. El peso específico que dio el Romanticismo a la naturaleza hizo que sus descripciones se ocupasen también de bosques profundos, aterradoras tormentas o mares embravecidos, fenómenos en los que aquella mostraba su fuerza imponente. De la síntesis entre imaginación romántica e interés por la naturaleza nacerán los cuadros del gallego Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854), el mayor paisajista romántico español, quien siguió la técnica del inglés David Roberts consistente en hacer algunos trazos sobre el lienzo y, a partir de ellos, pintar un paisaje imaginario con toques exóticos y orientalistas. En el caso del teatro, si a todo lo anterior le añadimos complejas tramas y giros argumentales (con suicidios, raptos, asesinatos y torturas) y la fascinación por lo irracional y lo oculto, entenderemos lo novedosa e interesante que debió de resultar esta nueva literatura para el público español de aquellos años. En especial los dramas románticos, acompañados de increíbles escenografías y efectos visuales y técnicos que eran deudores de la comedia de magia.

Sin embargo, como pasaba con la historia nacional, muy pronto se evidenció que no todos los liberales veían con los mismos ojos esta erupción de creatividad literaria, ni en España ni en el resto de Europa. A medida que avanzaba la revolución, los moderados tendieron a identificar lo que consideraban excesos revolucionarios con la exaltación romántica de la imaginación y de los sentimientos. Lo maravilloso cristiano podía servir para ayudar al espíritu a acercarse a Dios, explicaban, pero una imaginación desenfrenada y delirante, de la que acusaban a los autores vinculados con el progresismo y el liberalismo más radical, movía al pueblo al desorden y a renegar de su religión. Igual de preocupante resultaba la difusión a través del teatro de una moral descarriada que amenazaba con destruir lazos sociales fundamentales como la religión o la familia. La pasión religiosa, mística, no solo era legítima, sino recomendable, pero un exceso de pasión amorosa, por la que parecía dejarse asaltar el hombre romántico, podía resultar funesto.

Juan Donoso Cortés (1809-1853) perfiló la que sería la interpretación moderada mayoritaria del Romanticismo. Criticó duramente lo que consideraba la «escuela moderna» (que identificó con el Romanticismo revolucionario francés de Victor Hugo o George Sand y con el liberalismo progresista español), descalificándola en tanto que extranjera, materialista, descreída y amoral, al tiempo que reclamaba para España una estética católica y conservadora, como la del primer Romanticismo alemán, que en su opinión le era propia. Ahora bien, como hemos señalado, esto no le sitúa en las filas de la reacción: el Donoso de los años treinta y primeros cuarenta, menos conocido, pero muy influyente en el liberalismo doctrinario español de aquellos años, rechazaba explícitamente la escuela francesa tradicionalista. Lo que le interesaba de Francia era el liberalismo doctrinario que en el plano filosófico representaban Victor Cousin y su eclecticismo espiritualista. En su «Polémica con el doctor Rossi» (1838), Donoso definió a los eclécticos en filosofía como los que «pretenden conciliar el espiritualismo con el sensualismo» y creía que en política eran quienes «pretenden conciliar la libertad con el orden». En el plano estético, esta concepción se plasmó en la hegemonía de lo que diversos autores han llamado eclecticismo romántico, que no debe entenderse ni como el producto de una insuficiencia romántica, ni como la manifestación esencial del particular Romanticismo español. Más bien, debe interpretarse como la opción que se acabó imponiendo (no sin resistencias) en un determinado contexto social y político, no solo español, sino también europeo.

Al triunfo del eclecticismo contribuyó, sin duda, el que los principales representantes del otro Romanticismo, que habían conseguido ocupar un espacio propio en el mundo literario, muriesen jóvenes (Larra, Espronceda); pero también el que otros muchos se acercasen al conservadurismo. Resulta significativo observar cómo los mismos autores que más habían experimentado en los años treinta y que más habían forzado los límites de la moral tradicional, como Pacheco o Gil de Zárate, entre otros, se fueron adscribiendo con el paso de los años a opciones ideológicas más moderadas (si bien liberales) y renegaron de sus obras de juventud, algunas de las cuales excluyeron de sus obras completas o quisieron olvidar. Un giro conservador explicable quizá por la propia radicalidad de la dinámica revolucionaria, porque muy pronto fue esa la única vía para conseguir reconocimiento y prestigio literarios, o por el hecho de que muchos de ellos ocuparan enseguida cargos políticos importantes en el nuevo Estado liberal.

Quizá creyesen que, una vez derribado lo viejo, para edificar lo nuevo lo que se necesitaba eran sólidos cimientos y no más inestabilidad. De hecho, incluso se podía recuperar aquello que de positivo había tenido el clasicismo, como la centralidad que otorgaba a la razón en el control de los sentimientos. No todos los elementos introducidos por el Romanticismo eran igual de válidos, y algunos incluso debían ser descartados. De todos estos aspectos resulta paradigmática la trayectoria de Federico de Madrazo (1815-1894). Perteneciente a una familia de pintores bien asentada en tiempos de Fernando VII (su padre, José de Madrazo [1781-1859], el principal representante del Neoclasicismo pictórico en España, fue pintor de cámara del monarca), Federico de Madrazo tuvo posibilidad de viajar a París y conocer las nuevas corrientes pictóricas europeas. De regreso a España, difundió los valores románticos a través de El Artista, que cofundó en 1835 con Eugenio de Ochoa. Ahora bien, no los ideales que representaba Eugène Delacroix, quien en La libertad guiando al pueblo pintó de forma arrebatadora al pueblo parisino de las jornadas revolucionarias de 1830, sino los del Romanticismo clasicista de Auguste-Dominique Ingres. Vinculado con el moderantismo, Madrazo ascendió meteóricamente a los ámbitos de poder más decisivos de la vida artística española de aquellos años, desde los que ejercería en las siguientes décadas una enorme influencia, en especial a partir del triunfo del moderantismo en 1844. El caso de Madrazo muestra también cómo los intelectuales que más activos habían sido en los años treinta coparon desde muy pronto los principales cargos de responsabilidad y de poder institucional. El campo cultural, tan abierto y dinámico en la década revolucionaria, tendió a cerrarse y a restringir el acceso a posteriores generaciones, al tiempo que intentaba olvidar sus mocedades románticas.

HEGEMONÍA MODERADA Y REACCIÓN ANTIRROMÁNTICA (1844-1854)

En las décadas centrales del siglo XIX fueron recurrentes, desde el ámbito cultural español, las apelaciones a una estética más «realista». Unas demandas de mayor realismo que no deben confundirse con la que acabó por imponerse en los años setenta a través de la novela galdosiana, ni contemplarse como ensayos más o menos errados en tal dirección, sino como respuestas a un contexto político y cultural determinado. La nueva tendencia «realista» se concreta en formas muy diversas y relacionadas, aunque no siempre coincidentes, y se entiende desde la reacción que se produjo en aquellos momentos contra determinados aspectos del Romanticismo. Se le achacaron a este excesos y exageraciones, frente a los que se reivindicaba la belleza de lo cotidiano, en la que se encarnaría un ideal que, no obstante, no se cuestionaba (como en Ramón de Campoamor [1817-1901] o en Fernán Caballero [Cecilia Böhl de Faber, 1796-1877]). Se respondió también a la artificiosidad formal del Romanticismo con una poética más intimista y sencilla. También se reclamó un arte y una literatura más centrados en la sociedad contemporánea, ya fuese la de la burguesía o la de las clases populares. Por último, se observa una tendencia hacia la objetividad artística, vinculada con el incipiente avance del positivismo y la aparición de la fotografía y perceptible tanto en la prensa como en las artes plásticas. En primer lugar, se percibe en revistas como La Ilustración (1849-1857) o El Museo Universal (1857-1869), por ejemplo, que incorporaron la preocupación por los acontecimientos contemporáneos y el dibujo de actualidad, a cargo de grandes grabadores como Perea, Rico, Ortego, Valeriano Bécquer o Capuz. En el mundo artístico, esta tendencia se expresa en la pintura de paisaje de Carlos de Haes (1829-1898) o en los pliegues, anatomías y expresiones de las esculturas de los hermanos Venancio y Agapito Vallmitjana (1826-1919 y 1833-1905).

Estas nuevas propuestas estéticas coinciden en España con el fin de la regencia de Espartero, que clausuró el proceso revolucionario y dio inicio a la llamada Década Moderada, durante la que se asentó y consolidó el nuevo Estado liberal. La hegemonía del liberalismo conservador, favorecida por la Corona, marginó políticamente al resto de grupos políticos y excluyó también sus proyectos culturales de las instituciones oficiales. Los moderados coparon los principales cargos públicos del Estado desde los que intentaron imponer un nuevo tipo de arte y literatura, acorde según ellos con los tiempos, que debía ser el propio de las clases «respetables». Sin embargo, como veremos, les resultó imposible acallar todas las voces o imponer su concepción de cuál había sido el «buen Romanticismo»: la popularidad de Espronceda y de sus poesías durante todo el siglo muestra hasta qué punto resultó difícil borrar algunos recuerdos.

Nación, clase y género en el universo cultural moderado

A ojos de los moderados, no todo el Romanticismo debía ser repudiado. De hecho, una de sus variantes, la que representaba José Zorrilla, ocupó para ellos un lugar de privilegio. En 1846, Antonio María Esquivel (1806-1857), tres años después de ser nombrado pintor de cámara y uno antes de ser académico de San Fernando, pintó su cuadro más conocido: Los poetas contemporáneos. Una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor. Concebido como una reunión imaginaria de los principales escritores españoles del momento, el cuadro resulta significativo del maridaje existente entre política y vida intelectual. La mayor parte de las 43 figuras representadas están vinculadas con el universo moderado. La presencia de muchas de ellas, autores menores o incluso bastante mediocres, no parece justificada. Sin embargo, si resulta significativo que no sean todos los que están, más aún lo es que no estén todos los que son. Así lo entendió el republicano Juan Martínez Villergas (1816-1894), que le dedicó al lienzo su sátira «Cuadro de pandilla», en la que atacaba a un «clan» de escritores a quienes acusaba de oportunismo político y de escasa altura literaria (Antonio Ferrer del Río [1814-1872], Gabino Tejado [1819-1891], Manuel Cañete [1822-1891], el conde de Cheste [1809-1906], Cándido Nocedal [1821-1885] o Patricio de la Escosura [1807-1878]) y en la que consideraba que la selección era fruto de una maquinación envidiosa que había dejado al margen a los autores vinculados con cierto partido político. Más allá del acierto de sus juicios (igualmente sesgados por sus preferencias políticas), la centralidad de Zorrilla y las presencias y ausencias que denuncia Villergas sirven para otear cuál era la literatura que resultaba aceptable (y cuál no) en el campo cultural hegemónico de mediados de siglo.

Destaca, en primer lugar, la centralidad de Zorrilla, representante de un Romanticismo acorde con los principios moderados y con su idea de nación española: conservador, católico y medievalista. De sus poemas y de dramas como El zapatero y el rey (dos partes, 1840 y 1842) o Traidor, inconfeso y mártir (1849), apreciaban los moderados un patriotismo católico enraizado en la tradición castellana y el reflejo de un pasado nacional monárquico y basado en el orden y las jerarquías sociales. A diferencia del héroe romántico desconsolado y maldito, Zorrilla ofrecía un modelo alternativo que, además, acababa triunfando sobre los males de la sociedad y sobre los suyos. En Don Juan Tenorio (1844), la rebeldía romántica inicial del protagonista es vencida por el arrepentimiento religioso al que le induce el amor que siente por doña Inés. Finalmente, don Juan alcanza la dicha y la salvación a través de la religión y del amor.

Una reivindicación del catolicismo que enlazaba con la voluntad moderada de rehacer sus vínculos con la institución eclesiástica, la gran derrotada de la revolución liberal, que la privó de buena parte de sus bienes y la relegó a un papel secundario, aunque importante. En la década de 1840, los moderados intentaron reconstruir los lazos con la Iglesia, a la que consideraban fundamental para la cohesión y la paz sociales, pero sin renunciar al predominio político del Estado o a los bienes adquiridos durante los procesos desamortizadores. En estas circunstancias, una parte del pensamiento católico sufrió también una profunda transformación e intentó adaptarse a las nuevas circunstancias. El catalán Jaime Balmes (1810-1848) reaccionó a la violencia política y a la conflictividad social de la Barcelona revolucionaria de los años treinta, así como a la crisis en la que estaba sumida la Iglesia, con un discurso innovador. Se desmarcó del carlismo de la década anterior, que en su opinión llevaba a la institución eclesiástica al desastre, y optó por salvar el barco aproximándose a los moderados y aceptando la subordinación política de la Iglesia en el nuevo Estado liberal que, eso sí, debía fundamentarse en la condición eminentemente católica de España. La propuesta de Balmes, que reservaba a la Iglesia la autoridad sobre los asuntos morales, casaba bien con la defensa moderada del catolicismo del pueblo español de la poesía de Zorrilla, así como con el renacimiento místico que se observa en la pintura nazarena de Barcelona (que adoptaría posteriormente también la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando controlada por Madrazo) o en la música sacra de Hilarión Eslava (1807-1878).

Mientras se reforzaba la identificación de España con el catolicismo y con la monarquía, se intentaba borrar el rastro de otras tradiciones culturales y políticas que habían estado muy presentes en la década revolucionaria. Un ausente destacado del cuadro de Esquivel es el progresista Antonio García Gutiérrez, cuyas obras, como hemos visto, se ambientaron en la historia de los diversos reinos peninsulares. El centralismo moderado parecía más cómodo con el castellanismo de Zorrilla, sobre todo teniendo en cuenta que los dramas de García Gutiérrez vinculaban el pasado de aquellos reinos con la lucha del pueblo por sus libertades. Al parecer, el propio García Gutiérrez no tenía muy claro que al moderantismo triunfante le gustasen mucho sus obras. En 1844 decidió hacer las Américas, de donde no regresó hasta 1850. Su testigo lo recogieron autores como Tomás Rodríguez Rubí y los hermanos Eusebio y Eduardo Asquerino (1822-1892 y 1826-1881). El primero de estos hermanos estrenó en 1844 Españoles sobre todo, un drama histórico de agitación política en el que denunciaba las intrigas extranjeras de la corte de Carlos II, así como las de una serie de españoles que solo pensaban en su propio provecho. De todo ello, los principales perjudicados no eran sino el pueblo español y sus libertades, que se expresan en boca de Diego de Mendoza, significativamente de origen aragonés. La lectura política de la obra, en un momento en el que se discutía vivamente sobre el futuro enlace de la reina, era evidente para los espectadores, pero también para el Gobierno moderado, que intentó detener en numerosas ocasiones su puesta en escena. Las autoridades no pudieron evitar, sin embargo, que fuese la más representada y la que más comentarios suscitó aquel año (más que el Don Juan de Zorrilla). Quizá por ello Esquivel sí pinta a Eusebio Asquerino (no a su hermano) entre los presentes en su estudio. Con todo, para el canon moderado, las obras de Asquerino eran excesivamente políticas, por lo que, con los años, serían desplazadas a los márgenes de este.

También critica Villergas al cuadro de Esquivel la ausencia de escritores satíricos y festivos, como él mismo u otros (Wenceslao Ayguals de Izco [1801-1873], Modesto Lafuente [1806-1866], Santos López Pelegrín [1801-1846] o Antonio María Segovia [1808-1874]), muchos de ellos de ideas progresistas o avanzadas. El moderantismo marginó el género satírico, acusándolo de poco serio, con lo que silenciaba también la crítica social y política que solía acompañarlo. Para los moderados, la sonrisa amable que tenía cabida era la del costumbrismo de Mesonero o Antonio Flores (1818-1865), así como la del teatro de Bretón de los Herreros, todos ellos presentes en el estudio del pintor, pero no la punzante y corrosiva que había tenido en años anteriores como referente a Larra, convenientemente olvidado por el canon moderado.

Otro rasgo singular de esta literatura festiva marginada era su apelación a una cultura popular que estuvo muy presente a finales de los treinta y principios de los cuarenta, coincidiendo con la gran movilización política que se produjo en aquellos años. Pues bien, el nuevo campo cultural excluyó también estos géneros «populistas». Una vez cerrada la revolución, no parecía apropiado ya apelar o ensalzar al pueblo. Incluso aunque quien practicase este tipo de literatura fuese un reconocido moderado como Serafín Estébanez Calderón, cuya ausencia en el cuadro de Esquivel denuncia también Villergas. El género andaluz siguió siendo del gusto del público, pero pasó también a ser considerado menor. Un divertimento que, si bien podía practicarse ocasionalmente, no era propio de autores de envergadura. El campo cultural moderado iba cerrándose y delimitando, así, el camino de quienes querían triunfar en el mundo de las letras. Un buen ejemplo lo proporciona la evolución del progresista andaluz Tomás Rodríguez Rubí. A principios de los cuarenta, se había destacado como uno de los grandes cultivadores del andalucismo en todas sus formas. En la Década Moderada ensayó, primero, una comedia histórica inspirada en el estilo de Bretón, pero de claro contenido político, como en La rueda de la fortuna, de 1843. Más tarde, optó por el drama histórico-político a lo Asquerino: en 1846, sus obras La corte de Carlos II y Alberoni fueron denunciadas a las autoridades y prohibidas. Años después abandonó estos géneros y se entregó a la alta comedia y a un drama histórico de signo político completamente distinto —Isabel la Católica (1850)— que gustó a la reina y a los moderados. El cambio le valió el ser acusado de traidor por sus viejos correligionarios, pero también recibir honores y condecoraciones desde la corte.

El rechazo moderado a los excesos «populistas» debe vincularse también con la consolidación en estas décadas de una nueva identidad burguesa, más contenida y deseosa de establecer mecanismos de diferenciación tanto con las clases populares como con la vieja aristocracia. Una identidad basada en la comunión de rasgos (formas de vestir y de comportarse) y espacios sociales y culturales, como los casinos, nacidos en estos momentos para el recreo de las clases pudientes. Donde mejor se expresan simbólicamente las nuevas jerarquías sociales es en la reordenación del espacio urbano que acomete la nueva clase dirigente, la principal beneficiaria de la desamortización de los bienes eclesiásticos y de los terrenos que liberó en el centro de las ciudades. En la primera mitad del siglo, tanto en los edificios públicos como en los privados, que vienen a sustituir a las viejas construcciones religiosas, se impone el Neoclasicismo, en el que los gobiernos encuentran orden y equilibrio y la burguesía ascendente una forma de imitar algunos modelos aristocráticos, pero también la austeridad y sobriedad que quieren que les distinga. Mediada la centuria, y en consonancia tanto con las corrientes europeas que se habían difundido en España —sobre todo a través de la Escuela de Arquitectura (Madrid, 1844)— como con el triunfo del moderantismo, empiezan a construirse edificios de una estética historicista que intenta recuperar sobre todo las formas, pero también los valores de la Edad Media. Será el caso del neogótico, pero también del neorrománico, el neomudéjar, el neoárabe…, de los nuevos edificios burgueses.

La nueva identidad burguesa pasaba también por la posesión física de determinados bienes culturales: de un retrato que dejar a la posteridad (si era posible de la mano de Federico de Madrazo, el gran retratista de la burguesía) a una fotografía de Disdéri o Clifford; de una imponente biblioteca a, en el caso de las damas, un álbum firmado por los poetas de mayor renombre del momento, si fuera posible por Ramón de Campoamor, la nueva estrella ascendente. Este poeta reaccionó con sus Doloras (1846) contra la artificiosidad del Romanticismo y se adaptó a una nueva audiencia burguesa con unos poemas directos y sencillos que pretendían inculcar ideas filosóficas que se adaptaban bien a los principios morales del moderantismo. De todos modos, en el ámbito poético se mantuvo viva también una tradición romántica que siguió buscando una poesía popular nacional, aunque alejada de la artificiosidad del romance. A mediados de siglo, autores como Vicente Barrantes (1829-1898), Ventura Ruiz Aguilera (1820-1881), José Selgas (1822-1882) o Antonio Trueba (1819-1889) recurren a formas poéticas igualmente legendarias y populares, como la balada o el cantar, que les permiten expresar con mayor sencillez el sentir del alma nacional.

Además de asistir a los salones más distinguidos para escuchar poesía, las clases elevadas debían gozar también de espectáculos «respetables» y no de los considerados «populares» (aunque no por ello dejaran de asistir a estos últimos). Para ello, el teatro, sobre todo, debía ser reformado y adecuado a los nuevos valores de la clase dirigente. El modelo fue la comedia de raíz moratiniana de Manuel Bretón de los Herreros, quien triunfaba desde los años treinta con obras divertidas y de escaso contenido político en las que se ridiculizaban las viejas costumbres aristocráticas y se escenificaba amablemente la vida de las clases medias ascendentes. En 1845, Ventura de la Vega (1807-1865) renovó el género con Un hombre de mundo, un nuevo giro de tuerca antirromántico a la figura de don Juan y el modelo en el que se basó la llamada alta comedia. La obra era un rechazo, en tono magistral de comedia, del tipo de actos perpetrados por el personaje de don Juan. La novedad estaba en situarlo en la sociedad contemporánea y en un nuevo estrato social, la burguesía. Simbólicamente, la escena abandona tabernas, cementerios y conventos y se traslada a un hogar burgués. El protagonista, don Luis, es un antiguo don Juan arrepentido de su vida anterior, felizmente casado con doña Clara y cuya rectitud moral es envidiable en todos los sentidos. La obra, de gran éxito, permitió a su autor ocupar de inmediato algunos de los puestos más destacados de la vida cultural española del momento y dejó claro qué tipo de obras debían escribirse si se quería acceder al Parnaso moderado. La alta comedia fue el género teatral hegemónico en las décadas siguientes. En ella, la grandiosidad de la escena romántica se redujo a escala familiar, los personajes susurraban y se sentaban en lugar de gritar y desmayarse y las grandes tragedias pasaban a ser los relatos de las cuitas vitales y amorosas de la burguesía. El rechazo al Romanticismo implicaba también una mayor preocupación por la «realidad» de los personajes, cuya psicología empezó a ser explorada, como en Locura de amor (1855), de Manuel Tamayo y Baus (1829-1898), un dramaturgo que hizo en sus obras el retrato moral, católico y conservador del hombre burgués. En ocasiones, eso sí, la alta comedia sirvió también para dar un tirón de orejas a la excesiva ambición de políticos y grandes capitalistas, como en El tanto por ciento (1863), de Adelardo López de Ayala (1828-1879).

Con todo, era difícil excluir los géneros considerados «populares» de los teatros. En 1847, el Gobierno promulgó un Real Decreto Orgánico de los teatros del Reino y Reglamento del Teatro Español ante la deriva política y burlesca que, en su opinión, tomaba el espectáculo. El objetivo era reconducirlo hacia la respetabilidad y controlarlo más estrictamente. En 1849 abrió sus puertas el Teatro Español, bajo control estatal y dirección de Ventura de la Vega, cuyo objetivo consistía en imponer repertorios adecuados al resto de teatros; pero la iniciativa fracasó, por discordias personales, bloqueos políticos y, sobre todo, por la oposición de los teatros, que veían cómo el sistema los llevaba a la ruina. Quizás deba entenderse también dentro de esta voluntad reformista la creación de la «zarzuela grande», cuyo pionero intento fue Jugar con fuego (1851), del gran compositor y musicólogo Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) y con libreto del propio Ventura de la Vega. Un crítico de El Correo de los Teatros saludó la empresa como restauradora del teatro lírico nacional frente a la ópera italiana, pero también por haber cerrado las puertas a las «trivialidades del mal género debidamente conocidas con el nombre de zarzuelas». Es decir, por adecentar un género que triunfaba desde la década anterior y a cuya tradición previa se intentó dar carpetazo. Con todo, la permanencia ineludible de determinados tipos y aires en estas composiciones las seguía haciendo demasiado «populistas» para muchos, por lo que no lo aceptaron ni como drama lírico nacional ni como sustituto de la ópera.

La identidad burguesa se construía, como vemos, mediante la exclusión (en ocasiones incluso física) de lo asociado con la cultura popular y sus formas de esparcimiento y sociabilidad. Por ello, quizás, aunque tanto moderados como progresistas compartieran la noción de pertenecer a un mismo grupo dirigente, los segundos, que defendían una pautada entrada de las clases populares en la vida política española y que dependían de su apoyo para presionar o acceder al poder político, no estaban tan dispuestos a desmarcarse completamente de ellas. Menos aún los demócratas y republicanos, que empezaron a articular una cultura política alternativa en la década de los años cuarenta y que utilizaron para ello una literatura popular difícil de contener para los moderados.

El republicano Wenceslao Ayguals de Izco (1801-1873) se convirtió con María o la hija de un jornalero (1845-1846) en el principal representante en España de un género literario que triunfaba en Europa, la novela social, y que fue olvidado también por Esquivel en su cuadro. Ayguals adaptó el modelo de Eugène Sue, de gran éxito en España en los primeros años cuarenta, para practicar lo que llamó una «historia-novela» (fusión de la novela histórica scottiana con la de costumbres contemporáneas) de corte melodramático. Sus novelas, vendidas por entregas, alcanzaron un número inédito de ediciones para la literatura española del momento, además de traducirse a diversos idiomas. En estas novelas, Ayguals y otros autores, como Villergas, Antonio Ribot (1813-1871) o Alfonso García Tejero (1818-1890), criticaban duramente la situación en la que se encontraban las clases trabajadoras. Las novelas les servían también para exponer su ideario democrático y su solución para los problemas sociales, heredera del reformismo social del liberalismo avanzado: justicia social y armonía entre clases. Además, en ellas se ridiculizaba el «buen tono» de los poderosos, deslegitimados por sus gustos y actitudes extranjerizantes, y se defendían como «verdaderamente nacionales» aquellos elementos populares (los toros, los jaleos, los bailes nacionales, la jerga y los tipos andaluces, etcétera) que habían sido abandonados por el moderantismo.

Evidentemente, estas novelas no eran del gusto del Gobierno y menos aún de la Iglesia, que incluyó a la anticlerical María de Ayguals en su índice de libros prohibidos, a pesar de que sus páginas están llenas de cristianismo evangélico. Sin embargo, las novelas por entregas conseguían superar la restrictiva censura impuesta por Narváez en 1844. Los moderados legislarían en años sucesivos para cortarles las alas, sobre todo después de que en todo el continente se estableciese una relación causal entre esta literatura y las jornadas revolucionarias de París de 1848. La legislación más dura contra ellas se aplicó en España, no obstante, tras el Bienio Progresista, como parte de una más amplia ofensiva cultural reaccionaria que encabezó Cándido Nocedal. Estas novelas fueron desprestigiadas literariamente y acusadas de esparcir ideas disolventes para la sociedad y sus fundamentos (la familia, la religión, la moral). La novela social fue considerada un género «menor», como lo corroboraba el hecho de estar dirigida a lectores que los moderados consideraban «infantiles»: mujeres y artesanos.

Con todo, el caso es que estos lectores u otros (que pertenecían a ambos sexos y a muy diversas clases sociales) devoraban semanalmente las entregas. Mediado el siglo, los moderados se plegaron a la evidencia y optaron por cambiar de estrategia: hacía falta ofrecer lecturas alternativas, saludables y moralmente edificantes. Es en este contexto en el que se entiende la irrupción en 1849, en los folletines de la prensa moderada, de las novelas de Cecilia Böhl de Faber, que publicó bajo el seudónimo masculino de Fernán Caballero. Aunque la mayoría de ellas (La gaviota, La familia de Alvareda, Elia o España treinta años ha…) habían sido escritas en años anteriores, fue ahora cuando se decidió la autora a publicarlas (fuese por razones económicas o en respuesta a la conmoción de 1848) y, sobre todo, cuando la crítica literaria moderada las acogió y celebró como el modelo novelístico que querían para España. Además de sus cualidades literarias, el mensaje moral y político de las novelas de Fernán Caballero se avenía bien con los principios moderados: patriotismo español, rechazo de los excesos románticos y defensa del Romanticismo conservador, de la religiosidad, la monarquía, el orden y la jerarquía. Hasta aquí los mismos elementos que se celebraban en Zorrilla. La novedad radicaba en que Fernán Caballero trasladaba a la realidad contemporánea la imagen (no menos idealizada que la medievalista de aquel) de un pueblo andaluz religioso, monárquico y sumiso, respetuoso con la tradición y del orden social. Las novelas de la escritora hispanoalemana podían servir de modelo y de antídoto contra la novela social y contra el andalucismo «populista», así como contra la imagen de España predominante entre el Romanticismo europeo. El mundo rural andaluz de Fernán Caballero es presentado como la verdadera encarnación de un espíritu nacional que todavía podía rastrearse en unos dichos, refranes y cuentos populares que urgía recopilar, labor a la que se entregó la propia novelista.

La última de las exclusiones del campo cultural moderado fue la impuesta en función del género. Como en el resto de países europeos, el triunfo del liberalismo fue acompañado de una redefinición del papel que la mujer debía ejercer en la nueva sociedad. Apelando a su «naturaleza», le fue prescrito el ser la compañera del hombre, su esposa, y la madre de sus hijos, los futuros ciudadanos. Todo ello al tiempo que se le negaban los derechos políticos y muchos derechos jurídicos. Aunque existían claras diferencias entre cómo entendían tales funciones las diversas culturas políticas liberales (progresistas y demócratas defendían una mayor formación y participación de las mujeres en la vida pública, en tanto que educadoras de patriotas o mediante su intervención benéfica y filantrópica, por ejemplo), compartían la noción de que el lugar de la mujer en la sociedad debía ser el hogar y sus principios rectores, la virtud y la abnegación hacia el esposo. De hecho, un hogar doméstico moralmente ordenado parecía ser la garantía del éxito y el centro de la identidad liberal. Estas concepciones fueron naturalizadas mediante una multitud de textos y productos culturales de todo tipo que vieron la luz en la naciente esfera pública liberal. Con todo, las mujeres no reaccionaron de forma pasiva ante estos discursos. Los interiorizaron en diverso grado y respondieron a ellos también de modos diferentes. Por ejemplo, aprovechando las posibilidades que les ofrecía el modelo de feminidad hegemónico para intervenir en la sociedad, ocuparon aquellos espacios que el discurso de la domesticidad asociaba con su naturaleza femenina: la religión, la sensibilidad o la moral pública. Un fenómeno que se observa con claridad en el mundo de las letras.

El modelo de feminidad predominante en Europa a mediados del siglo XIX consideraba a las mujeres, dada su «naturaleza», poco aptas para la actividad intelectual y para la creación poética. No obstante, con su interrogación sobre el yo y los condicionantes sociales que le impedían su plena autorrealización, el Romanticismo había abierto un resquicio desde el que algunas mujeres, como Carolina Coronado (1820-1911) o Gertrudis Gómez de Avellaneda, pudieron tomar la pluma (un acto en sí mismo subversivo) y escribir incluso, siempre con las reservas oportunas, sobre asuntos políticos o para denunciar la subordinación en la que se hallaban las personas de su sexo. En su novela Sab (1841), por ejemplo, la hispanocubana Gómez de Avellaneda comparaba la condición de la mujer con la del esclavo y hacía notar su rabia por las mayores dificultades que la sociedad imponía a las mujeres para la libre expresión de sus sentimientos. Aunque la obra de estas escritoras fue generalmente vista con recelo por sus colegas masculinos, que tendían a ridiculizar a las «literatas», consiguieron ocupar un espacio propio en el mundo cultural de los primeros años cuarenta.

Pues bien, Esquivel las olvidó también a ambas, como le recrimina Villergas. En el campo cultural moderado parecía haber espacio solo para la ortodoxia de la domesticidad, que fue cerrándose sobre las escritoras. Se les negó la literatura de protesta social o política, así como la posibilidad de expresar el deseo. Su única opción fue ocupar los espacios que podían reivindicar como propios acogiéndose al discurso de la domesticidad: en el caso de Gómez de Avellaneda, sobre todo, la religión (y, especialmente, la figura de la Virgen); en el de Carolina Coronado, una poesía inocente y sencilla considerada «apropiada» para su sexo. Eso sí, solo en algunos géneros: a pesar de la aceptación que recibieron entre el público los dramas bíblicos de Gertrudis Gómez de Avellaneda, desde mediados de siglo se constata una reacción contundente contra las dramaturgas. Pese a sus grandes méritos, el empeño que puso en conseguirlo y sus más que evidentes filias moderadas, la escritora de origen cubano vio en 1853 cómo su candidatura a la Real Academia Española era rechazada por un sistema cultural masculino que se negaba a reconocer el genio en una mujer. Manuel Bretón exclamó en una ocasión refiriéndose a sus trabajos: «¡Es mucho hombre esta mujer!». Pretendía ser un elogio.

Este caso y el de Cecilia Böhl muestran hasta qué punto el discurso de la domesticidad que negaba prácticamente a las mujeres el derecho a escribir se había generalizado y atormentaba a las escritoras a esas alturas del siglo. En sus obras y en su extenso epistolario, Cecilia Böhl se muestra siempre sumida en un debate interno sobre la licitud de su escritura, justificándose una y otra vez en que no hace sino «copiar» y recopilar (no «crear» nada nuevo) y casi disculpándose por hacerlo ante sus colegas masculinos, aunque sus cualidades literarias superaban a la mayor parte de ellos, algo que bien sabía ella misma. Negó en sus novelas el modelo de la mujer romántica y emancipada y aceptó el discurso del «ángel del hogar», pero abriendo a su vez ámbitos en los que esa mujer podía intervenir en la sociedad a través de la autoridad moral y religiosa que tal discurso le concedía. En los años cincuenta, y en nombre de esa autoridad, mujeres como Ángela Grassi (1823-1883), Faustina Sáez de Melgar (1834-1895) o Pilar Sinués de Marco (1835-1893), las llamadas «escritoras de la domesticidad», pudieron desarrollar una actividad novelística y periodística destinada a mujeres y centrada en aquellos aspectos que les eran permitidos tratar. Solo de este modo y en estos términos, así como a través de la poesía sentimental, pudieron algunas de ellas ser reconocidas por sus colegas y por las instituciones oficiales.

Dobles patriotismos y renacimientos literarios

El triunfo en los años cuarenta en el ámbito estatal de un campo cultural moderado se produjo paralelamente al que tuvo lugar en la esfera pública y las instituciones de los diversos territorios peninsulares. En algunas ocasiones, como ocurrió en el País Vasco y Cataluña, las propias dinámicas sociales y políticas de los años treinta hicieron incluso que este giro conservador se avanzara. En estos y otros territorios, la existencia de un pasado histórico y de una lengua singular, así como la recreación de estos o la de unos rasgos caracterológicos propios por el Romanticismo histórico o costumbrista llevaron a la articulación de una identidad distintiva que, en todo caso, no era presentada como opuesta a la española. Al contrario, se produjo lo que Josep Maria Fradera ha denominado para el caso catalán un «doble patriotismo»: la aceptación simultánea de una patria común española compatible con la patria «chica». Ambas identidades se complementaban, aunque no de forma simétrica. La segunda se subordinaba a la primera. Estas identidades locales o regionales fueron, por tanto, también reinventadas (en relación con la identidad nacional española, que contribuyeron de este modo a configurar) durante el periodo isabelino.

Los caracteres propios de valencianos, aragoneses, montañeses, catalanes o castellanos fueron motivo recurrente del costumbrismo pictórico y literario. Entre 1839 y 1844, por ejemplo, el Semanario Pintoresco Español dedicó una larga serie a describir todos sus tipos. La exposición de sus tradiciones y especificidades históricas y literarias corrió a cargo de una pléyade de estudiosos y eruditos que ofrecieron sus trabajos a unas esferas públicas locales que también empezaban a constituirse. Muchos de estos trabajos dotaron de referentes al posterior regionalismo político y literario. En Galicia, por ejemplo, los trabajos de José Verea (1775-1849) sobre el celtismo o los de Leopoldo Martínez Padín (1823-1850) sobre los suevos serían leídos con otros ojos por el galleguismo y pasarían a ocupar un puesto fundamental en su imaginario, como muestra la propia evolución personal del historiador Manuel Murguía (1833-1923).

El caso vasco estuvo muy marcado por la guerra carlista, de la que surgió vencedor el fuerismo, hegemónico en las instituciones vascas hasta mediados de los años sesenta. Este fuerismo articuló una identidad vasca opuesta tanto al carlismo antiliberal como a las opciones más revolucionarias. Se presentó como una opción política liberal, pero de orden, que se adecuaba a la singularidad histórica del pueblo vasco. Este fue presentado como el heredero directo de la civilización íbera (y de su lengua primitiva, el éuskara), como esencialmente católico y el más leal a la Corona y a la patria y, por último, como poseedor de un orden social envidiable gracias a la pervivencia de sus inmemoriales fueros. Esta singularidad era la que demandaba que fuesen tratados de forma diferenciada dentro del Estado. Otro tanto pedían algunos liberales navarros como José Yanguas (1782-1863), quien reinterpretó la conquista de Navarra por Fernando el Católico en 1512 en clave de sacrificio voluntario del pueblo navarro por la unidad española, aunque a cambio del mantenimiento de su régimen foral. Aunque, como vemos, estos discursos no se presentaban en principio como incompatibles con una determinada forma de liberalismo, desde la segunda mitad del siglo XIX esta mitificación del pueblo vasco tendió a ser más claramente apropiada por el moderantismo y el tradicionalismo. Con todo, en estos momentos seguía sin concebirse como alternativa, y mucho menos negación, de una identidad española compartida.

En Cataluña el proceso fue condicionado por la radicalidad de la dinámica revolucionaria, ligada a la industrialización y al conflicto social. El conservadurismo reaccionó intentando sellar un dique que, en su opinión, había saltado por los aires y amenazaba con destruir el orden social, lo que supuso, entre otras cosas, la salida de Barcelona de una generación intelectual que se había destacado por su vinculación con un Romanticismo revolucionario y con las ideas sansimonianas.

El moderantismo catalán también encontró la solución en la historia, el cristianismo y la tradición. Idealizó un medievo caracterizado por la armonía social y los valores religiosos que habían configurado el verdadero espíritu y carácter de los catalanes y que todavía podían contemplarse, por ejemplo, en el monasterio de Montserrat. Al mismo tiempo, en el momento en el que se construía la moderna sociedad industrial, se inventó la imagen de un mundo rural pacífico, del que era expresión una inocente poesía popular ahora recuperada, considerado el último refugio de la identidad catalana. Pablo Piferrer (1818-1848), en los volúmenes dedicados a Cataluña de la famosa colección Recuerdos y bellezas de España (1839-1843), describía extasiado la armonía existente entre el paisaje rural catalán y sus iglesias góticas y románicas. Ideas similares defendía Manuel Milá y Fontanals (1818-1884) desde sus artículos de teoría literaria y estética y desde su influyente cátedra universitaria, cuyas ideas se dejarían sentir no solo en Cataluña, sino en toda España. Ambos protagonizaban por entonces un giro conservador que implicaba la redefinición en estos términos de la identidad catalana. Les siguió en esta propuesta el historiador moderado Juan Cortada (1805-1868), autor de numerosas novelas históricas ambientadas en la Cataluña medieval, o Pablo Milá y Fontanals (1810-1883), quien introdujo en Barcelona el llamado purismo nazareno: un movimiento pictórico impulsado por un grupo de pintores germánicos afincados en Roma que reclamaba una regeneración artística a través del misticismo religioso. Ideas estas que se plasmaron en cuadros como Origen del escudo del condado de Barcelona (1843), de Claudio Lorenzale (1816-1889), o en el historicismo neogótico de arquitectos como Elías Rogent (1821-1897). Esta recreación de una Cataluña medieval conservadora tampoco se presentaba como opuesta a la nación española, sino como la forma catalana de ser español.

En algunos territorios, la celebración del pasado implicaba también la de una lengua que había gozado de dimensión literaria en épocas anteriores. Sin embargo, este canto a un idioma que era sentido como propio no obstaba para que los liberales optaran conscientemente por utilizar el castellano como vehículo de expresión cultural e incluso participaran activamente en su difusión, en nombre también de la común nación española. En Cataluña, por ejemplo, el triunfo de la revolución liberal y la asunción como propio de un proyecto nacional español está en la base de la consolidación a mediados del siglo XIX de un proceso secular de implantación de la diglosia, que implicó el abandono definitivo del uso escrito del catalán en los ámbitos en los que aún se preservaba. Como ha estudiado Joan-Lluís Marfany, los liberales catalanes se lanzaron con entusiasmo a hacer del castellano la lengua española común. Las leyes educativas promulgadas por el nuevo Estado liberal no hicieron sino sancionar esta castellanización de la enseñanza. El catalán escrito quedó restringido fundamentalmente a un uso instrumental: la literatura religiosa, tradicionalmente escrita en la lengua de los fieles; la prensa satírica o los catecismos políticos, que procuraban hacer llegar sus mensajes a un público amplio que «todavía» entendía «solo» el catalán; o el teatro popular, orientado también a este público, aunque siempre marginado y denostado por la cultura oficial. Más allá de estos usos, la presencia del catalán escrito entre los hombres de letras de la época no resulta sino un último homenaje a una lengua que se abandonaba.

Es en este sentido en el que debe interpretarse la literatura en catalán aparecida periódicamente en la prensa barcelonesa desde los años treinta y que, retrospectivamente, fue interpretada por posteriores generaciones como el inicio de una Renaixença literaria. En 1833, por ejemplo, Buenaventura Carlos Aribau publicó en El Vapor su conocida oda «La Pàtria», considerada por muchos el inicio de la regeneración literaria del catalán. Sin embargo, Aribau no pretendía con dicho poema restaurar una lengua literaria. En todo caso, su compromiso lo mantuvo con el castellano: en 1846 impulsó, junto con el editor Manuel Rivadeneyra (1805-1872), la famosa colección Biblioteca de Autores Españoles, dedicada completamente a la literatura española escrita en castellano. Aribau, como muchos otros autores catalanes, no hacía sino un gesto simbólico de compensación hacia una lengua que dejaba de utilizar, pero que consideraba digna y un motivo de orgullo histórico para los catalanes, como defendía también Joaquim Rubió i Ors en Lo Gaiter del Llobregat (1841). Los Jocs Florals de 1859 sirvieron para codificar e institucionalizar estas exaltaciones testimoniales del catalán, en un proceso que fue paralelo a lo que ocurría en toda Europa respecto a otras lenguas sin Estado (galés, escocés, provenzal, bretón, checo, etcétera) y que se reprodujo en otros territorios peninsulares, como Aragón, Galicia o Valencia. En esta última, la labor poética de Teodoro Llorente (1836-1911) fue especialmente deudora del movimiento catalán. La poesía floralesca, escrita más para ser representada que leída en un marco exageradamente arcaizante (flores, reinas, banderas, escudos, ceremonial), encaja con la perspectiva moderada e historicista que devino hegemónica en el mundo cultural.

El Estado moderado: historia y educación

El moderantismo se propuso inculcar su concepción de la cultura y de la nación española desde las instituciones oficiales. Sin embargo, los reiterados déficits económicos del Estado liberal, las dificultades propias de la articulación de un sistema administrativo recién creado y la existencia en la esfera pública de otros proyectos alternativos hicieron que el proceso no resultase nada fácil. Con todo, sus propuestas gozaban del prestigio que les otorgaba el ser las propias del campo cultural hegemónico, del apoyo de los centros de poder cultural más importantes (como las Reales Academias, cuyos asientos fueron generalmente ocupados por individuos vinculados con esta cultura política) y de la fuerza que les daba todo un aparato administrativo que sancionaba y difundía sus ideas a través, entre otros, del sistema educativo. De todos estos resortes podían servirse para intentar imponer su concepción de la historia de España, por ejemplo.

En 1846, cuando Vicente Esquivel pintó Los poetas contemporáneos, olvidó injustamente, en opinión de Villergas, a un escritor progresista muy popular por aquel entonces por sus sátiras en la revista Fray Gerundio (1837-1843) o en el Teatro social del siglo XIX (1846): Modesto Lafuente (1806-1866). No obstante, si Lafuente pasó a la posteridad y si consiguió finalmente el reconocimiento de sus contemporáneos fue por otras labores narrativas. Moderados y progresistas coincidieron en aceptar la validez de su magna Historia general de España (1850-1867), que culminó los esfuerzos historiográficos realizados en las primeras décadas del periodo isabelino y pasó a sustituir a la de Juan de Mariana como obra de referencia respecto al pasado español. El eje sobre el que se articulaba la reconstrucción histórica del pasado nacional en la obra de Lafuente era el proceso por el cual el pueblo español primitivo había ido adquiriendo progresivamente su unidad religiosa, política y legislativa. El primer gran momento unificador se habría producido con los godos (Fuero Juzgo, conversión de Recaredo, concilios), su esplendor al final de la Edad Media (Reyes Católicos, Cortes, fueros y libertades medievales), su decadencia bajo los Austrias, su recuperación con los Borbones ilustrados y su feliz restauración tras la revolución liberal. Los diversos periodos, hechos o reinados eran valorados en función de lo que habían contribuido o perjudicado a dicha unidad. Aunque la interpretación del pasado nacional que se desprendía de la obra de Lafuente se decantaba por la versión moderada que hemos visto anteriormente, se evidencia en ella una voluntad conciliadora con la progresista; por ejemplo, con la importancia concedida a la historia de todos los antiguos reinos peninsulares y a sus libertades. Quizá por ello fue aceptada por las dos grandes culturas políticas del periodo: la obra señalaba los elementos comunes a ambas y, a su vez, permitía diferentes lecturas en los aspectos que resultaban más polémicos. En este sentido, cabe enmarcar buena parte de la Historia general de Lafuente dentro del esfuerzo integrador que supuso la Unión Liberal de O’Donnell, de la que su autor acabaría formando parte desde mediados de los años cincuenta.

Además, la obra contó con la autoridad que le confirió la aplicación de las innovaciones metodológicas introducidas por la nueva disciplina histórica, que se desarrollaba en toda Europa en aquellos momentos como saber nacional. Las nuevas premisas historiográficas se sustentaban en la erudición y en la exhumación rigurosa de fuentes que, entre otras cosas, estuvieron en la base de una ingente recopilación y crítica documental, así como de la aparición de nuevos profesionales: en 1858, por ejemplo, se creó el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Con todo, la pretensión de objetividad de estos historiadores se veía lastrada aún por la concepción romántica de las naciones y por las preocupaciones políticas. Lo mismo le ocurría a otra disciplina nacida en estos años con el objetivo de buscar los orígenes remotísimos de la nación española: la arqueología.

En todo caso, con la institucionalización de estas iniciativas y con la adopción de la Historia general de Lafuente como obra de referencia oficial, el nuevo Estado liberal pretendía legitimarse a partir del discurso sobre la nación. Muestra de ello fue también el impulso dado desde las instituciones oficiales a la pintura de historia, que se convirtió en el género pictórico más prestigioso, aquel en el que debía mostrar sus facultades quien quisiera ver reconocidas sus capacidades artísticas. Las Exposiciones Nacionales de Pintura, nacidas en 1856 con una manifiesta voluntad patriótica y didáctica, privilegiaron este género pictórico, reproducido y difundido después en la prensa ilustrada, y en el que destacaron pintores como Eduardo Rosales (1836-1873), autor del muy premiado Doña Isabel la Católica dictando su testamento (1864). La voluntad nacionalizadora del Estado se observa también en la introducción de la historia y la geografía españolas en los nuevos currículos escolares (en 1838 se legisló sobre manuales escolares, antes inexistentes, y se decretó su obligatoriedad), así como en el establecimiento del castellano como lengua de escolarización. Otro tanto ocurrió desde 1845 con la historia literaria para la enseñanza media y las universidades. Las obras de Cervantes, Garcilaso, Quevedo, etcétera, eran también interpretadas en clave nacional en el Manual de literatura (1844), de Antonio Gil de Zárate, el utilizado en las aulas hasta que fue sustituido, para los primeros siglos del castellano, por las síntesis de la Historia crítica de la literatura española (1861-1865), de José Amador de los Ríos (1818-1878), que se convirtió en la gran obra de referencia en la segunda mitad de la centuria.

El nuevo Estado liberal emprendió la construcción de un sistema educativo nacional desde los inicios mismos de la revolución liberal. En 1834 se crearon las comisiones de instrucción primaria provinciales, de partido y de pueblo; cinco años después la primera escuela normal para la formación de maestros de enseñanza primaria, a la que seguirían, hasta 1845, otras 41. Los progresistas, en especial, consideraban la educación un derecho fundamental y el mecanismo principal para asegurar la prosperidad nacional y la formación de los futuros ciudadanos. Sin embargo, como en otras cuestiones, el modelo que se acabó imponiendo se caracterizó por su cuño conservador, como era lógico dada la hegemonía moderada en las décadas centrales del siglo. Una de sus características principales fue la implantación de una enseñanza bien diferenciada en función del género, que se reducía prácticamente a la religión y a las labores propias de su sexo para las mujeres. Otro rasgo importante era su dimensión clasista: la educación secundaria y la superior se convirtieron en enseñanzas elitistas.

Las directrices liberal-moderadas que rigieron la implantación del sistema educativo liberal, que se produjo con cierto retraso relativo respecto a otros países europeos, a consecuencia principalmente de las crisis políticas de las primeras décadas del siglo, fueron la secularización, la uniformidad y la centralización.

El primer punto ha sido uno de los más debatidos y discutidos por los especialistas: ¿hasta qué punto el moderantismo cedió a las presiones de la Iglesia, con la que quería reconciliarse en los años cuarenta, y dejó la educación en sus manos? Sin duda, debido al peso específico que otorgaron al catolicismo en su concepción de la nación española y en su voluntad de encontrar mecanismos que asegurasen la cohesión social, como hemos visto anteriormente, los moderados concedieron a la religión y a la Iglesia un papel importante en el nuevo sistema educativo. Ahora bien, sin que el Estado perdiese su primacía. El Plan Pidal de 1845, que estableció el organigrama institucional de la educación pública (la instrucción primaria recaía en los municipios, la secundaria, en las provincias y las universidades pasaban a depender del Gobierno) y reguló la segunda y la tercera enseñanzas, se decantó sin ambages por el monopolio estatal: uniformidad de asignaturas, manuales y métodos de evaluación bajo el auspicio de la Dirección General de Instrucción Pública, creada en 1846 bajo la dirección de Gil de Zárate, y formación, en 1849, de un cuerpo estatal de inspectores de enseñanza media. De hecho, el plan fue duramente criticado por los sectores eclesiásticos. Fruto de las presiones de estos sectores y del giro a la derecha del moderantismo tras las revoluciones europeas de 1848, en el Concordato de 1851 se permitió a la Iglesia el control sobre la definición de la ortodoxia religiosa en cualquier enseñanza y el derecho de inspección, aunque el texto dejaba muchos vacíos y ambigüedades sobre la aplicación práctica de estas medidas. Las reformas introducidas con el Concordato fueron suprimidas durante el Bienio Progresista por lo que, cuando en 1857 se aprobó la famosa Ley Moyano, bastante consensuada entre moderados y progresistas, no hizo sino actualizarse y consolidarse en líneas generales el Plan Pidal, que aseguraba el monopolio estatal sobre la educación. Por esa razón, quienes más se opusieron a la ley fueron precisamente los neocatólicos.

Respecto a los resultados prácticos de este modelo educativo, los especialistas destacan las dificultades financieras del Estado (a escala estatal, pero también provincial o local) como principales responsables de los problemas de su implantación efectiva generalizada. Con todo, coinciden en que hasta 1865, cuando el modelo empezó a mostrar síntomas de agotamiento, hubo un progreso escolar sostenido. La Ley Moyano impulsó especialmente la creación de escuelas de primera enseñanza, que pasaron de 16.410 en 1855, con 867.874 alumnos asistentes, a 20.988 en 1865, con 1.154.763 niños y niñas escolarizados. Un crecimiento de población escolar notable, solo inferior, en el contexto europeo, al de Francia y Gran Bretaña.

LA CRISIS DEL MODERANTISMO Y EL SEXENIO DEMOCRÁTICO

A mediados del siglo XIX, la vida cultural oficial seguía dominada por el moderantismo. Sin embargo, como le ocurrió a esta cultura política, en los años cincuenta empezó a entrar en crisis. Después del Bienio Progresista, sobre todo, nada volvió a ser como antes. La aparición de nuevos problemas y de nuevas corrientes estéticas y filosóficas abrió líneas de fractura diferentes y reforzó proyectos que planteaban modelos políticos y culturales distintos en unas décadas marcadas por una progresiva deslegitimación de los grupos en el poder (así como de su principal apoyo, la Corona) y por una creciente movilización política. La polémica sobre el papel que debía ejercer la religión en la vida pública, en especial en relación con el avance de un saber científico que ganaba autoridad en toda Europa, o la del espacio que ocupaba el catolicismo en la definición de la nación española pasaron al primer plano del debate político. También lo hicieron la llamada cuestión social y las nuevas formas de organización obrera, que empezaron a desbordar los marcos impuestos por la política de notables. De hecho, puede decirse que, desde el Bienio Progresista, fueron esta forma de hacer política y los mecanismos culturales que la sancionaban los que empezaron a derrumbarse. Por ello, aunque la crisis afectó fundamentalmente a los moderados, no escaparon de ella tampoco los progresistas. Unos y otros se realinearon y transformaron radicalmente en aquellos años, mientras en sus márgenes se gestaban e iban ganando peso otras culturas políticas. Todo ello desembocó en la quiebra del modelo cultural moderado en 1868 y en la apertura de un nuevo proceso revolucionario en el que, de nuevo, distintos proyectos se disputaron la hegemonía.

La herencia cultural del Bienio Progresista: progresistas, demócratas y unionistas

En 1854, la crisis interna del moderantismo y la propia dinámica a la que se veía abocado el progresismo por su exclusión sistemática de la alternancia política propiciaron un estallido revolucionario que devolvió a los progresistas al poder. Una vez en él, vieron llegado el momento de recuperar su concepción de la cultura nacional. En 1855 organizaron un homenaje a una de sus viejas glorias políticas y literarias, Manuel José Quintana, que fue declarado poeta nacional. La reivindicación de Quintana como encarnación del espíritu nacional español era también la de la literatura liberal-patriótica que representaba, aquella que había cantado desde 1808 la lucha heroica del pueblo español por sus libertades. Una libertad que, para el progresismo, recordemos, se encarnaba en los diversos pueblos y reinos de la monarquía. Aunque solo se mantuvieron dos años en el poder, esta perspectiva progresista permaneció viva en dramas históricos, como Venganza catalana (1864) o Juan Lorenzo (1865), con los que Antonio García Gutiérrez renovó viejos éxitos, en la poesía civil de Gaspar Núñez de Arce (1834-1903) de aquellos años o en la pintura de historia del alcoyano Antonio Gisbert (1834-1902).

También durante el Bienio se expresó políticamente en algunos territorios una respuesta política progresista a lo que se consideraba un excesivo centralismo y castellanismo moderado. La propuesta «provincialista» se había ido articulando en la década anterior y en algunos lugares, como Galicia, había tenido ya una primera plasmación política. Sin embargo, fue a partir de 1854 cuando autores como los aragoneses Manuel Lasala (1803-1874), Gerónimo Borao (1821-1878) o Braulio Foz (1791-1865), el valenciano Vicente Boix (1813-1880) o el catalán Víctor Balaguer (1824-1901), quien, en 1860, se quejaba de que los historiadores generales escribiesen «como si en España no hubiese más nación que Castilla», reivindicaron con mayor énfasis desde sus trabajos históricos y literarios una cierta autonomía para sus territorios y la preservación de una identidad distintiva que, no obstante, no era incompatible con la común española. El progresismo catalán, por ejemplo, lo que exigía era que la historia de Cataluña se pusiese al lado, en igualdad de condiciones, de la del resto de territorios peninsulares. A pesar de ello, estos autores fueron acusados de separatistas y su proyecto fracasó.

El restablecimiento de la Ley de Imprenta de 1837 hizo florecer también durante el Bienio Progresista una literatura política que muy pronto sobrepasó los límites de lo que estaba dispuesto a tolerar el progresismo respetable. La preocupación por la situación en la que se encontraban las clases populares, la «cuestión social», como se la llamaba entonces, fue una de las batallas en las que los demócratas fueron ganando espacio a los progresistas. En 1855, por ejemplo, el demócrata Fernando Garrido (1821-1883) estrenó Un día de revolución. La obra, ambientada en el París revolucionario de 1848, aunque con alusiones evidentes a las revueltas de Madrid de 1854, era un estudio levemente encubierto de los problemas sociales del momento, a la vez que un incendiario himno de alabanza al pueblo y una defensa del republicanismo frente a los «abusos» monárquicos. El drama preocupó tanto a los progresistas que ordenaron su retirada inmediata de los teatros. El Gobierno, además, reinstauró e intensificó la censura. En el futuro sería más difícil representar obras dramáticas de crítica social, como lo atestiguan las dificultades que tuvo Louis Blanc (1811-1882) en los años sesenta para representar sus dramas. El tema de la desigualdad social o de las mentiras de la política pudo trasladarse, sin embargo, en las décadas posteriores, a otros géneros teatrales, como la zarzuela o las diversas piezas breves y ligeras que constituirían el llamado «género chico». El objetivo fundamental de este último era divertir a los espectadores y llenar las arcas de empresarios como las del también actor Francisco Arderíus (1835-1886), cuya compañía Los Bufos Madrileños adaptó, en los años que precedieron y siguieron a la Gloriosa y con notable éxito de público, las operetas de Offenbach que triunfaban en París. Este tipo de obras u otras similares podían contener sátiras políticas que, en ocasiones, conseguían salvar la censura. Aunque no siempre lo hacían: La Revista de 1864 y 1865 (1865), de José María Gutiérrez del Alba (1822-1897), creadora del género de la «revista», fue prohibida por el gobernador civil de Madrid y retirada de escena por sus evidentes alusiones políticas. También en la prensa aparecieron revistas satíricas de enorme éxito, como el Gil Blas (1864-1872) republicano de Manuel del Palacio (1831-1906), que contenía siempre grandes caricaturas firmadas por dibujantes de prestigio como Francisco Javier Ortego (1833-1881). Manuel del Palacio, heredero directo de Martínez Villergas, se especializó en la poesía satírica en obras como Cabezas y calabazas (1864), antes de que, tras la Gloriosa, se pasase al bando conservador y dejase la sátira por los poemas «graves y serios», como le recriminaron sus antiguos correligionarios.

Durante el Bienio proliferó también la novela de costumbres sociales, en la que se denunciaba la miseria en la que vivían las clases trabajadoras y se difundían ideas de igualdad y justicia social. Ayguals de Izco publicó en el Bienio Progresista obras dramáticas como ¡Un héroe de las barricadas! (1854) y novelas como El palacio de los crímenes o el pueblo y sus opresores (1854-1856), tercera parte y última de la saga de María, la hija de un jornalero, en la que atacaba directamente a la relación supuestamente indisoluble entre pueblo y monarquía tal y como la habían defendido los moderados, pero también como la seguían deseando los progresistas.

En los años sesenta estas novelas siguieron sirviendo a los demócratas para exponer su ideario social y político. Así ocurre, por ejemplo, en Los misterios del Saladero (1860), de Ceferino Tresserra (1830-1880), en la que denunciaba la injusticia de las leyes y las condiciones infrahumanas en que se hallaban los presos madrileños y defendía la nivelación social, el asociacionismo o la subida de salarios. Ese mismo año, el demócrata Antonio Altadill (1828-1830) publicó Barcelona y sus misterios. La novela narraba la historia de un progresista fugitivo del Gobierno de Narváez que volvía a Barcelona desde su exilio americano para contemplar la injusticia social y la hipocresía de las clases dominantes. Mención aparte merece Manuel Fernández y González (1821-1888), el gran folletinista de la época. Sus obras son una combinación de Sue y de Dumas: aventuras, casos raros, amores, desafíos, pendencias, novelas de capa y espada, bandidos, rufianes… Sus novelas se sitúan a menudo en un campo andaluz nada idealizado, cuyas tierras recorren unos bandoleros que, como Los siete niños de Écija (1863), son empujados por la sociedad a vivir al margen de la ley. La enorme productividad de este autor le permitió vivir de su pluma con obras de todo tipo, muchas de ellas de tema social, como La honra y el trabajo. Historia de las clases trabajadoras (1867), defensa apasionada de los desposeídos, pero también de la conciliación entre capital y trabajo.

Entre los sectores demócratas y republicanos, que fueron ganando peso como fuerza alternativa a los progresistas a lo largo de los años cincuenta y sesenta, se fue desarrollando también una nueva concepción de la nación española que se observa, por ejemplo, en su reinterpretación del pasado nacional. En Anales de España, desde sus orígenes hasta el tiempo presente (1857-1859), el menorquín Fernando Patxot y Ferrer (1812-1859) defendía la llamada tesis iberista, que hacía derivar la unidad nacional no de la conjunción de españolidad y catolicismo (discutida ya en años anteriores por Adolfo de Castro), sino de una realidad anterior: Iberia. El espíritu tribal que dominaba aquella España primitiva (que conservaba siempre un fondo común) era el propio de los españoles y el que justificaba, para un sector del republicanismo, el proyecto federal. Por su parte, historiadores republicanos como Eduardo Chao (1822-1887) empezaron a cuestionar la importancia de la monarquía como garante de la unidad política de España a lo largo de los siglos: los reyes no habrían hecho sino edificar un poder central sobre la destrucción de las peculiaridades de los diferentes pueblos, actuando en contra del «genio nacional», solo recuperado en 1808 con las juntas provinciales. Ahora bien, para remediar este exceso de centralización, como proponía Francisco Pi y Margall (1824-1901), no había que volver a los fueros (que debían ser abolidos, pues no eran sino privilegios medievales concedidos por la Corona), sino hacer tabula rasa con el pasado y fundar la soberanía nacional en un principio inmutable: la naturaleza. El territorio debía dividirse de forma «natural», manteniendo la unidad en la diversidad, un argumento en el que se observa el avance del racionalismo y el positivismo entre los sectores republicanos.

La gran polarización de la vida cultural y política del Bienio Progresista desbordó a progresistas y moderados. La propuesta unionista de Leopoldo O’Donnell, un intento de reunir a aquellos moderados preocupados por la deriva antiliberal de un sector de su partido y a progresistas deseosos de recuperar el orden tras lo que consideraban excesos revolucionarios, acabó imponiéndose, no sin dificultades, en los años que siguieron al Bienio Progresista. En el plano cultural se tradujo en una nueva reacción antirromántica, focalizada especialmente ahora contra la novela de folletín, a la que se acusó de «extranjera» y de esparcir ideas nocivas para la sociedad. Desde la crítica literaria, Juan Valera (1824-1905) consideraba esta literatura de mal gusto, antiestética y tendenciosa. En 1858 elogió contrariamente la publicación de la novela De Villahermosa a la China, de Nicomedes Pastor Díaz (1811-1863). En su opinión, la obra de Pastor Díaz, ministro de Estado en 1856 con la Unión Liberal de O’Donnell, era valiosa, pues buscaba la verdad en la belleza de una historia íntima y no en los sucesos materiales y positivos de la vida exterior. Con ello, según Valera, se apartaba con acierto del desaliño, la extravagancia, el desorden, la agitación y el malestar social tan propios de la literatura de ideas, tanto la antiliberal de Fernán Caballero como la revolucionaria de Ayguals de Izco. Valera exigía un «arte por el arte», preocupado tan solo de expresar la belleza mediante la manifestación de la idea que de ella tenía el poeta en el alma y no un arte que sirviese para propagar tesis o argumentos políticos.

Fue también en este contexto en el que Leopoldo O’Donnell inició su llamada «política de prestigio», que buscaba unir al país frente a un enemigo exterior y mediante la afirmación orgullosa de España como potencia colonial. Aunque los rivales no fueron de mucha enjundia, las campañas militares del ejército español fueron revestidas de una gran retórica patriótica tanto desde la prensa como desde un sinnúmero de obras artísticas y literarias. Ocurrió especialmente con la Guerra de 1859 a 1860 (bautizada rimbombantemente como Guerra de África), seguida día a día con inusitado interés en los periódicos y que encumbró a corresponsales como Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891), quien, en 1859, publicó sus crónicas de guerra bajo el título de Diario de un testigo de la guerra de África.

La incursión fue acompañada de una reivindicación del carácter eminentemente católico de España. De este modo, parecía responderse tanto a quienes -como los demócratas- la habían puesto en duda por primera vez durante el Bienio Progresista como a la imagen orientalista que de España se tenía en Europa. De hecho, la victoria colonial servía para afirmar el derecho de España a contar entre las «razas» superiores, aquellas que se arrogaban la tarea de civilizar a otras como las africanas. Esa tarea civilizatoria era la que justificaba la intervención incluso para republicanos como Emilio Castelar (1832-1899). Durante los años de la guerra, parecía que las desavenencias internas se habían aparcado en favor del común objetivo de conquistar y «civilizar» el continente africano. Ahora bien, capitalizar sus éxitos no iba a ser tarea fácil. El activo Víctor Balaguer aprovechó la ocasión para orquestar una campaña propagandística encaminada a exaltar los ánimos patrióticos (españoles) de los catalanes, los nuevos «almogávares» del siglo XIX, y de paso glorificar la figura del general progresista Juan Prim, que se convirtió en un mito para esta cultura política durante los años sesenta. Los progresistas pudieron recurrir a Prim y a la memoria de la Guerra de África contra los unionistas y moderados en la década de 1860. Fruto también de aquella guerra fue la fascinación por el mundo árabe de Mariano Fortuny (1838-1874), el gran representante de la pintura orientalista española de la segunda mitad del siglo XIX.

En el ámbito poético, la figura hegemónica siguió siendo la de Ramón de Campoamor, cuyos poemas filosóficos mantuvieron una voluntad moralizadora acorde con el eclecticismo. No obstante, fue ganando fuerza también la tradición lírica romántica de baladas y cantares de autores como Antonio Trueba o Rosalía de Castro (1837-1885). Esta última se inspiró en Trueba para sus Cantares gallegos (1863), escritos significativamente en gallego y para mostrar «o verdadeiro espirito» de su pueblo. En los sesenta se deja notar aún más la influencia alemana, en especial de Heine, en autores como Augusto Ferrán (1835-1880), cuya obra La soledad (1861) fue elogiosamente reseñada por Gustavo Adolfo Bécquer, quien debe insertarse en esta tradición. Bécquer se distanció de la lírica de combate y propuso una poesía natural, breve y sencilla, nacida del alma y desnuda de artificio, capaz de expresar las creencias, los sentimientos y las aspiraciones del pueblo de forma sintética. De ahí la importancia de la palabra-símbolo y de su exigencia de depurar formalmente el Romanticismo, aunque sin renunciar a su fondo: la búsqueda de una expresión lírica popular que fuese también la del sentir nacional. El de un pueblo, además, que en los cuadros costumbristas de su hermano Valeriano Bécquer (1833-1870) reniega también de las exageraciones caricaturescas del mito romántico de la España de las décadas anteriores.

La ofensiva neocatólica: Iglesia, ciencia y krausismo

El desafío al moderantismo y al progresismo no se produjo solo desde los sectores más avanzados. En los años sesenta fue ganando peso una cultura política de tendencias involucionistas cuyos orígenes se remontaban a 1848. En aquel momento, algunos pensadores moderados, como Juan Donoso Cortés, dieron un giro más conservador a sus planteamientos hasta el punto de confluir con los sectores más tradicionalistas y antiliberales. En obras como Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo (1851), Donoso alertó sobre la decadencia religiosa y defendió la necesidad de regenerar la sociedad a través del catolicismo. Atacó no solo al socialismo (por ateo), sino también al liberalismo, pues en su opinión había puesto el acento en la política y había descuidado la sociedad y, sobre todo, la religión. Con ello, traspasó una línea que era tabú para el grueso del liberalismo moderado, que no aceptó tampoco la tendencia que hacia posturas similares observaba en autores como la novelista Fernán Caballero o el poeta Gabriel García Tassara (1817-1875), autor este último de poemas políticos y religiosos de talante profético.

Durante el Bienio Progresista, y al calor del debate sobre la libertad religiosa, el neocatolicismo tomó aire a través de revistas satíricas como El Padre Cobos (1854-1856) o del teatro antirrevolucionario y antiparlamentario de autores como Francisco Botella (1832-1903), pero, sobre todo, mediante la actuación de Cándido Nocedal en las Cortes. Tras el Bienio, los neocatólicos lanzaron una ofensiva cultural que se plasmó en medidas como la Ley de Imprenta de Nocedal, de 1857, que impuso medidas draconianas a autores y editores. Nocedal, que acusó una vez más a la literatura de difundir máximas disolventes, intentaba restablecer el papel directivo de la Iglesia en la producción cultural y fomentar una literatura católica que siguiese modelos como los de Fernán Caballero. Con ello, pretendía recuperar la verdadera esencia nacional, cuya historia fue también reinterpretada por Víctor Gebhardt (1830-1894) en su Historia general de España y de sus Indias (1861-1864).

Gebhardt refutó algunas de las ideas principales de la narración histórica de Modesto Lafuente, acentuando la catolicidad de España y discutiendo su interpretación de la actuación política de sus monarcas. Para Gebhardt, los Reyes Católicos no habían sido modélicos, sino más bien el origen de todos los males: rompieron en su favor el equilibrio vigente entre monarquía y estamentos en una idealizada Edad Media, la de los fueros medievales. Durante la Edad Moderna, con la progresiva eliminación de la aristocracia y la disminución del poder del clero, los reyes habrían hecho que España entrase en una etapa fatídica de su historia —aunque Gebhardt reconocía a los Austrias la defensa de la religión católica en España y en Europa—. El proceso culminó en el siglo XVIII con los Borbones, introductores del ateísmo filosófico y materialista y origen de una revolución liberal de raíz francesa a la que se acusaba de antiespañola. Los neocatólicos reivindicaban de este modo los antiguos fueros medievales, anclados en los órdenes estamentales y fundamentados en la religión, como los mejores garantes de la armonía social. Como señalaba Antonio Aparisi y Guijarro (1815-1872), las Cortes estamentales, los municipios medievales y los fueros eran las instituciones propias de la tradición española, las que le eran naturales y hacían a sus pueblos plenamente libres. El ejemplo preferido era la Corona de Aragón, pero también Navarra o las Provincias Vascongadas. Estas propuestas, que exigían el retorno a un régimen foral descentralizado, arraigaron especialmente en Navarra y el País Vasco, en las que, sobre la base del imaginario vasco fuerista de las décadas anteriores, autores como Francisco Navarro Villoslada (1818-1895), director en estos años del diario neocatólico El Pensamiento Español, construyeron otro mito tradicionalista que nutriría el carlismo y el nacionalismo vasco de décadas posteriores.

La ofensiva neocatólica enlaza con los nuevos postulados procedentes de Roma, que la legitimaron y le dieron una fuerza decisiva en los años sesenta. Ya en la década anterior la autoridad papal había terciado en la polémica entre Donoso Cortés y el abad Gaduel, representante del catolicismo liberal, en favor del primero. La creciente oposición de la Iglesia al liberalismo se radicalizó en 1864 con la encíclica Quanta cura (y su celebérrimo Syllabus errorum) de Pío IX, que frustró cualquier intento de transacción entre el catolicismo y la moderna civilización y sus libertades. La ciencia y la educación fueron los dos campos de batalla para la Iglesia y los neocatólicos durante los años sesenta. Si bien los moderados se resistieron a cederles el control de la educación, presionaron hasta conseguir que el Estado persiguiese a aquellos docentes que se apartaban de la doctrina eclesiástica. En lo relativo a la ciencia, la progresiva introducción del pensamiento científico fue contestada en aquellos años por autores católicos que, como el donosiano Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904), le negaban a la razón su capacidad de alcanzar el entendimiento. La ofensiva de la Iglesia contra el «racionalismo científico» ganó fuerza en la segunda mitad de la década cuando, frustrado el proyecto de la Unión Liberal y con los progresistas y demócratas encauzados ya hacia la opción revolucionaria, se imponían en el Gobierno los sectores más conservadores del moderantismo. En aquellos años se persiguió a profesores y se intentó impedir la discusión de muchas ideas e innovaciones científicas que, aunque lentamente, habían ido difundiéndose entre los científicos españoles, atentos a lo que se investigaba en Europa.

Las dificultades económicas del Estado liberal se hicieron notar en el desarrollo científico. Aunque en el segundo tercio del siglo se produjo una mejoría considerable y se sentaron las bases del desarrollo posterior, los científicos españoles a duras penas conseguían conectar sus investigaciones con las principales corrientes internacionales. La regulación de la investigación científica asociada a las universidades no se produjo sino muy lentamente. En 1845 se creó una sección científica en las facultades de Filosofía, pero no fue hasta 1857, con la Ley Moyano, cuando se fundaron las facultades de Ciencias. Entre 1834 y 1855 se fueron creando también escuelas de Ingeniería, aunque su continuidad no quedó asegurada hasta 1866. Más allá del ámbito universitario, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales no se fundó hasta 1847. Los déficits presupuestarios marcaron también la escasa apertura de laboratorios y que algunos de los grandes científicos españoles se vieran obligados a irse al extranjero para continuar sus estudios. Fue el caso de Mateo José Buenaventura Orfila (1787-1853), el químico español más activo del siglo, pionero en el campo de la toxicología y que desarrolló toda su carrera en Francia con gran reconocimiento.

No obstante, se produjeron progresos en los campos que gozaban de más tradición en España, como las ciencias naturales y la medicina. Alcanzaron especial desarrollo algunas ramas de la medicina nacidas a finales del siglo anterior como instrumento de explicación psicosomática de los «caracteres morales» y de las conductas anómicas que traspasaron los límites de la práctica profesional y se popularizaron entre la sociedad. En especial la «fisiognomía» de Lavater y la «frenología» de Gall, cuyas enseñanzas de dudosa cientificidad concilió en 1843 el médico catalán Mariano Cubí (1801-1875). Se asimiló también plenamente la medicina anatomoclínica y se introdujeron algunos aspectos de la «medicina de laboratorio» que con el tiempo iría sustituyendo a aquella. Progresivamente se introdujo la teoría celular y la nueva histología basada en ella. A diferencia de otros países, no se produjo desde el Estado ningún intento de institucionalización de la actividad médico-científica, que corrió a cargo de iniciativas particulares de médicos, como los institutos médicos, destinados a integrarse en un Instituto Médico Español —una iniciativa que tampoco cuajó.

Como en el resto de Europa, y en relación con el aumento de la pobreza ocasionado por el crecimiento urbano y por la industrialización, así como en relación con la aparición de epidemias como el cólera, se desarrolló en España en aquellos años el higienismo. Su objetivo era intervenir en la sociedad mediante un discurso moralizador: prevenir contagios, mantener la ciudad limpia (lo que estuvo muy relacionado con reformas urbanas de la segunda mitad del siglo como los ensanches o la creación de barrios y colonias de obreros) e inculcar en la población unos correctos hábitos higiénicos. En España sobresalieron los trabajos de Pedro Felipe Monlau (1808-1871), autor de tratados de higiene pública de gran difusión. Sus manuales de higiene privada y conyugal dotaron de argumentos científicos al discurso sobre la domesticidad. En ellos se responsabilizaba de los males de la salud pública y privada a las mujeres que no actuaban de acuerdo con su «naturaleza». Un discurso vinculado también con el desarrollo de la patología femenina, centrada en estos momentos en los supuestos peligros que comportaba el placer sexual de la mujer.

Fue también en la medicina donde más se evidenciaron los vínculos entre ciencia y política. Los médicos conservadores como Tomás Santero y Moreno (1817-1888) eran generalmente seguidores del llamado vitalismo hipocratista, que identificaba la fuerza vital con un alma situada al margen y por encima de los órganos vitales materiales. Por su parte, los progresistas como Pedro Mata (1811-1877), el gran introductor en España de la medicina legal, una disciplina vinculada con el nuevo poder que adquiría la ciencia sobre la sociedad, defendían el mecanicismo positivista y experimentalista desde instituciones como la Academia Médico-Quirúrgica Matritense. En ocasiones, ambas posturas se enfrentaban agriamente, como ocurrió en 1859 en el marco de la Real Academia de Medicina de Madrid. Por lo general, los Gobiernos moderados castigaron a los médicos progresistas, que se vieron obligados a irse al exilio en numerosas ocasiones, tuvieron que renunciar a su actividad política (es el caso de Monlau) o no pudieron defender libremente, al menos en público, algunos de sus planteamientos más innovadores. En el fondo de estas discrepancias estaban formas diferentes de entender al hombre y el papel que la Iglesia debía ejercer en la regulación de su moral y de su conducta. De hecho, la batalla de la medicina por imponer su autoridad afectaba también a la Iglesia, que reaccionó contundentemente contra la ciencia, acusándola de materialista y descreída.

La oposición de la Iglesia en los años cincuenta y sesenta a cualquier conciliación entre liberalismo y catolicismo y la difusión de nuevas ideas filosóficas y científicas propiciaron una creciente desafección religiosa entre los intelectuales cercanos a los grupos más avanzados, que se aceleró en los años del Sexenio Democrático. En marzo de 1866, el dramaturgo, y posiblemente mejor matemático español del siglo, José Echegaray (1832-1916) pronunció en la Academia de Ciencias un famoso discurso en el que dio a entender a quienes quisieron escucharle que el problema de la ciencia en España a lo largo de los siglos no había sido otro que la Inquisición y el fanatismo religioso que habían expulsado del país, por ejemplo, a los únicos matemáticos españoles de relieve universal: los musulmanes. Entre los demócratas, avanzaban inexorables el racionalismo y el idealismo. No obstante, muchos intelectuales progresistas se resistieron a la ruptura entre religión y liberalismo. Tal fue el caso de Nicomedes Martín Mateos (1806-1890), quien renovó el eclecticismo de décadas anteriores en sus Cartas filosóficas a D. Ramón de Campoamor en contestación a su obra «Lo absoluto» (1866) y, con él, el pacto entre fe y libertad. En una línea conciliadora similar se sitúa también una nueva corriente filosófica que gozó de gran prestigio e influencia en determinados sectores políticos y universitarios: el krausismo.

El krausismo fue un movimiento filosófico que, inspirado en las ideas del alemán Karl Christian Friedrich Krause, intentó conciliar las dimensiones racional y espiritual del hombre. Su principal divulgador en España fue Julián Sanz del Río (1814-1869), quien en los años cuarenta viajó por toda Europa buscando un soporte ideológico para el progresismo español. El krausismo se alejaba tanto del idealismo hegeliano como del mecanicismo materialista. En su lugar planteaba un espiritualismo que no era contrario a la idea de Dios y que, a su vez, permitía al hombre actuar de forma práctica sobre su realidad para transformarla hacia un futuro mejor. Ese futuro se alcanzaba mediante una progresiva conciliación entre los contrarios, que conservaban su variedad en la armonía resultante y que no eran aniquilados como en la síntesis hegeliana. Estos planteamientos resultaban atractivos para un reformismo que buscaba conciliar acción política y progreso material con valores religiosos y regeneración moral. Más aún cuando, tras el Bienio Progresista, el radicalismo de las posiciones enfrentadas parecía haber llegado al máximo. Muchos moderados incluso aplaudieron el célebre discurso pronunciado en 1857 por Sanz del Río en la Universidad Central, en el que presentaba su filosofía. No así los neocatólicos, quienes lanzaron un furibundo ataque contra lo que consideraban una herejía. Fue dicho ataque el que decantó la balanza e hizo que en los años sesenta fueran intelectuales vinculados con el progresismo o el republicanismo, como Francisco de Paula Canalejas (1834-1883) o Nicolás Salmerón (1838-1908), quienes se interesaran por el krausismo, adaptándolo y centrándose en su aplicación más puramente política. Estos autores encontraron en el krausismo una filosofía que se alejaba tanto de las viejas banderas liberales (moderada o progresista) como de los extremismos radicales (tradicionalismo o socialismo). El modelo de Krause, de hecho, era considerado una especie de ciencia de la política que, como el progreso humano, se regía por leyes fijas e inmutables.

La clausura en 1866 del Ateneo de Madrid, en el que habían impartido sus lecciones los intelectuales vinculados con el krausismo y con la democracia en años anteriores fue paradigmática de la involución que se intentaba imponer en todos los órdenes. Una involución que, sin embargo, no hizo sino forjar un frente común entre sus opositores y acelerar un estallido revolucionario que estaba ya en boca de todos y que apuntaba hacia la reina Isabel II, acusada de traicionar los principios constitucionales y de pervertir la vida política (y moral) del país con sus actuaciones. La prensa, las sociedades, el arte o la literatura se politizaron aún más y contribuyeron de forma decisiva a desacreditar a los poderes políticos y culturales dominantes, que fueron percibidos como viejos y caducos por una generación intelectual más joven a la que habían cerrado las puertas del campo cultural en los años anteriores.

Un final y un nuevo comienzo: el Sexenio Democrático (1868-1874)

Una vez en el poder, progresistas, demócratas y republicanos aplicaron sus nuevos ideales y su concepción de las ciencias, la cultura o la educación, basadas en el krausismo o, en el caso de los últimos, en un racionalismo y un idealismo de raíz hegeliana. Se propusieron transformar la sociedad, así como construir un nuevo campo cultural, lo que implicaba una profunda renovación no solo de temas, sino también de nombres. El historiador del arte Gregorio Cruzada Villaamil (1832-1884) lo dejaba meridianamente claro en Lo que ha hecho y lo que falta hacer a la revolución en el personal, en la administración y en la enseñanza de las Bellas Artes (1868). Un símbolo de esta transformación fue, por ejemplo, la sustitución de Federico de Madrazo por Antonio Gisbert en la dirección del Museo del Prado. Francisco María Tubino y Rada (1833-1888) anunciaba ese mismo año la llegada del realismo y del positivismo, aunque subordinados a la función pedagógica del arte, que encarnaban los nuevos autores. En este sentido, el cambio fue también generacional: jóvenes escritores y artistas reemplazaron a viejos maestros y, con ellos, a muchas de sus antiguas concepciones estéticas y literarias. En estos años llega a su madurez la obra pictórica de Ramón Martí Alsina (1826-1894), cuyo realismo courbetiano retrata la realidad contemporánea sin idealizaciones o embellecimientos innecesarios y cuya renuncia al favor gubernamental en nombre de su independencia artística marca en España el inicio de una auténtica bohemia. Todo ello ocurría justo en el momento en el que se vertebraba un mercado artístico al que concurría una burguesía en busca de retratos, paisajes y pinturas de género como las de Mariano Fortuny, algunos de cuyos cuadros, como La vicaría (1867-1870), alcanzaron fama internacional.

Los krausistas ocuparon cargos de responsabilidad en los nuevos Gobiernos revolucionarios, en especial en el mundo científico y universitario, desde los que pusieron en marcha elementos claves de su ideario como la libertad absoluta en la ciencia, la religión, la educación o la economía. Para ellos, el Estado debía intervenir solo de forma subsidiaria, debía limitarse a establecer los mecanismos necesarios para que el individuo pudiera desenvolverse a través de su vida asociativa. En este sentido, puede decirse que en la revolución de 1868 triunfó también la concepción demócrata del individuo como ente soberano y autónomo, cuya plasmación más concreta fue el sufragio universal (masculino). De este modo, el Sexenio Democrático se construyó sobre una serie de libertades que nunca antes habían alcanzado tanto desarrollo en España: política, religiosa, de expresión, de imprenta o educativa.

El debate generado por la discusión sobre la libertad de culto enfrentó a dos de las formas de entender el pasado nacional que ya hemos visto en páginas anteriores. El republicano y católico Emilio Castelar defendió en las Cortes con sus extraordinarias dotes oratorias la separación entre la Iglesia y el Estado. El carlista Vicente Manterola (1833-1891) había afirmado en su intervención que la Iglesia debía ser el eje del Estado y que la historia de España estaba ligada inquebrantablemente a la del catolicismo. Castelar le respondió que su primera pretensión implicaba un retorno al paganismo, pues suponía hacer del rey, papa; respecto a la segunda afirmación, la negó, rescatando incluso la memoria trágica de los judíos expulsos y recordando que el elemento verdaderamente vertebrador de la identidad nacional de los españoles a lo largo de los siglos había sido la libertad, no el catolicismo. La misma libertad que pretendía hacer visible en su proyecto de reforma de la capital del Estado el progresista Ángel Fernández de los Ríos (1821-1880), para el que los espacios públicos debían convertirse en representación del imaginario cívico-patriótico de la nación española. Por ejemplo, mediante la construcción de un Panteón Nacional que sirviese de depósito funerario de las glorias patrias (inaugurado en 1869) o de una nueva estatuaria pública que se encargase de recordar los sólidos cimientos en que descansaba la libertad española.

La defensa de la separación entre Iglesia y Estado no estaba reñida necesariamente con la fe católica. En Castelar, menos que en ningún otro. De todos modos, si bien fueron pocos los que renegaron del cristianismo, en los años del Sexenio Democrático se pudieron escuchar por primera vez en las Cortes principios ateos como los del gerundense Francisco Suñer Capdevila (1826-1898), quien llegó a ser ministro de Ultramar durante la Primera República. Un fenómeno que no hacía sino señalar el avance de nuevas corrientes filosóficas y científicas como el positivismo, el naturalismo alemán o la psicología y antropología científicas (en 1871 se crearon la Sociedad Antropológica Sevillana y la Real Sociedad Española de Historia Natural), cuya difusión había sido bloqueada por el poder religioso en décadas anteriores y que, finalmente, pudieron discutirse libremente en las sociedades o desde los periódicos. Entre las nuevas ideas destacaron, por su trascendencia y por la polémica que suscitaron, las darwinistas, cuyo evolucionismo parecía corroborar la fe de demócratas y krausistas en el progreso de la humanidad. Además, desde el Estado se avanzó en el proceso de institucionalización del trabajo científico, aunque algunos de los proyectos más ambiciosos (como el decreto de reorganización universitaria de Eduardo Chao de 1873) no tuvieron apenas tiempo para desplegarse. En arquitectura, la importancia de la ciencia se tradujo en edificios más funcionales y en el uso del hierro y de otros materiales cuya progresiva introducción había sido muy discutida en décadas anteriores.

La educación, como la ciencia, ganó también autonomía respecto a la religión durante el Sexenio Democrático. Para progresistas y demócratas era un arma fundamental en la transformación de la sociedad, por lo que pusieron mucho empeño en su reforma. Se preocuparon, además, por una cierta educación de las mujeres, futuras madres de ciudadanos. En este sentido destacan una serie de instituciones e iniciativas como el Ateneo Artístico y Literario de Señoras o las Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer, estas últimas a cargo del teólogo krausista Fernando de Castro (1814-1874), quien en 1870 se convirtió en el primer presidente de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Durante el Sexenio Democrático se matricularon por primera vez mujeres en la enseñanza secundaria, aunque su número fue muy reducido. Con todo, los revolucionarios no modificaron en exceso la concepción liberal de la mujer como «ángel doméstico». Le siguieron negando los derechos políticos y circunscribieron su campo de acción pública a las actividades relacionadas con los ámbitos propios de su «naturaleza» (beneficencia, justicia social, abolicionismo). Además, desconfiaron siempre de la influencia que sobre las mujeres ejercía, a su juicio, la Iglesia católica.

La libertad educativa se aplicó con todas sus consecuencias (libertad de cátedra, de estudio, de creación de centros educativos) y estuvo en el origen de iniciativas como la que cuajó ya durante la Restauración en la Institución Libre de Enseñanza; pero durante el Sexenio Democrático sus resultados no siempre fueron positivos. En ocasiones propició que se cometieran irregularidades por parte de las Administraciones locales y provinciales, encargadas de la enseñanza primaria y secundaria, respectivamente. El alto grado de descentralización, unido a la endémica falta de fondos de las Administraciones públicas españolas, hizo que Ayuntamientos y Diputaciones desviaran inversiones y suprimieran centros educativos o empeorasen la situación en la que trabajaban sus maestros. Si bien en algunos aspectos los resultados fueron claramente positivos, como en el ámbito de la instrucción popular (entre 1869 y 1873 se abrieron 449 bibliotecas populares, por ejemplo), en conjunto las sensaciones que dejó la libertad educativa del Sexenio fueron las de descontrol y desgobierno, por lo que sus mismos impulsores revisaron sus preceptos antes incluso de que terminase el periodo revolucionario. Paradójicamente, esta situación abrió las puertas a que, durante la Restauración, se impusiese un modelo educativo muy centralizado en el que la Iglesia tuvo una presencia que no había logrado alcanzar en todo el periodo anterior.

La educación popular se llevó a cabo también desde otros ámbitos. Los revolucionarios de 1868 pusieron especial empeño, por ejemplo, en abrir los museos a las clases populares, en un intento, además, de mostrar los tesoros nacionales para reforzar el sentimiento patriótico: el Museo Arqueológico Nacional, creado en 1867, aunque inaugurado tras la Gloriosa, y, sobre todo, el Real Museo del Prado, nacionalizado a instancias de los progresistas. El gran público accedió a la cultura, en especial, desde una esfera pública que se amplió y se consolidó definitivamente durante el Sexenio Democrático. La nueva libertad de imprenta y las medidas económicas tendentes a fomentar la prensa popular permitieron florecer a una multitud de revistas y periódicos políticos y literarios, que recogían las demandas y proyectos de los diversos grupos políticos, incluido el de un incipiente movimiento obrero vinculado con las tesis libertarias de la Asociación Internacional del Trabajo. En el ámbito de la revista ilustrada, La Ilustración Española y Americana (1869-1921) o La Ilustración de Madrid (1870-1872), esta última bajo la dirección de Gustavo Adolfo Bécquer, combinaron la información de actualidad con la divulgación cultural, además de con un aspecto gráfico que alcanzó ya un gran desarrollo. También se produjeron innovaciones en la prensa satírica. La barcelonesa La Flaca (1869-1876), federal y anticlerical, se caracterizó por unas excelentes caricaturas en color que contribuyeron a fijar el estilo del género en el futuro.

Además de la prensa, también se reabrieron o renovaron durante el Sexenio Democrático los espacios de sociabilidad, amparados en las nuevas libertades de reunión y de asociación. Los viejos Ateneos y otras entidades que habían ido apareciendo a lo largo de los años sesenta intensificaron su actividad política e intelectual. Cafés y tertulias, que habían sido claves en la preparación de la Gloriosa, se convirtieron en centros de propaganda política. En los primeros, además, se ponían en escena obras teatrales de «circunstancias», juguetes cómicos, comedias y episodios dramáticos escritos generalmente por publicistas republicanos. Los cafés podían servir también de bibliotecas populares, en las que estaban disponibles toda una variedad de periódicos y revistas de tendencia democrática. En este periodo se crearon asimismo en muchas ciudades sociedades populares de todo tipo (clubes, círculos, casinos, sociedades de socorros mutuos, etcétera), dominadas en la mayor parte de las ocasiones por los republicanos. Los casinos demócratas y republicanos, que desde la década de 1860 se habían propuesto como una alternativa «plebeya» a los círculos y liceos de la gran burguesía, vieron aumentar especialmente su número.

La presencia del «pueblo» en la esfera pública del Sexenio Democrático se dejó sentir también en los diversos ámbitos literarios, gracias en buena medida al fin de la censura. En 1870, Fernando Garrido publicó su conocida Historia de las clases trabajadoras, mientras el gran folletinista Manuel Fernández y González, colaborador durante el periodo en la prensa republicana y demócrata, seguía publicando obras de temática social en las que abogaba por los menesterosos. Otro tanto hicieron algunos de sus grandes imitadores, como Eusebio Blasco (1844-1903), Ramón Ortega y Frías (1825-1883) o Enrique Pérez Escrich (1829-1897), muy populares también en aquellos años. Los teatros volvieron a llenarse de cantos e himnos patrióticos, de honras al pueblo soberano y de condenas a Isabel II y a su dinastía, como el famoso ¡Abajo los Borbones!, con letra de García Gutiérrez y música de Emilio Arrieta (1821-1894). Algunos dramaturgos como Eduardo Navarro (1846-1902) se especializaron en la parodia y la crítica políticas y en la defensa de las clases populares. En 1870, Navarro estrenó Macarronini I, en la que el rey Amadeo de Saboya era caracterizado, para goce del público republicano, como un estrambótico clown.

Como en décadas anteriores, la revolución propició también que antiguos conservadores, como Antonio de Trueba, se pasaran a las filas de la reacción y acusaran a la literatura popular de amenazar el orden social. Esta literatura fue vinculada rápidamente con el incipiente movimiento obrero español (en su mayor parte anarquista y ateo) que alcanzó durante el Sexenio una gran visibilidad, así como con una Comuna de París que fue pintada con horribles colores por los escritores ultramontanos. Para muchos carlistas y neocatólicos parecía llegado el día del Apocalipsis, por lo que cerraron filas en torno a una filosofía neotomista que subordinaba la razón a la fe religiosa. Alentados por la declaración de infalibilidad pontificia de 1871, que hacía naufragar las últimas esperanzas del catolicismo liberal, ensayaron también un arte y una literatura de combate, como la que podía leerse en la revista El País Vasco-Navarro, dirigida por el folletinista Julio Nombela y Tabares (1836-1919) o contemplarse en comedias como La Carmañola (1869), de Ramón Nocedal (1842-1907). Más elaboradas fueron la pintura de paisajes rurales de la escuela de Olot o la obra del diputado carlista y escritor José María de Pereda (1833-1906). Este último, que se había hecho un nombre en Cantabria gracias a sus costumbristas Escenas montañesas (1864), alcanzó durante el Sexenio Democrático una dimensión nacional, aunque lejos aún de la que obtendría durante la Restauración. La respuesta a la revolución fue también política: la insurrección en el País Vasco, cuyo horizonte era aplicar a toda España los principios descentralizadores y ultracatólicos del neocatolicismo, dio origen a la Segunda Guerra Carlista (1872-1876). La vieja imagen fuerista del vasco como el primero de los españoles, defensor de sus fueros en tanto que paladín de la libertad patria, se hundió durante esta guerra. La publicística liberal convirtió a los vascos en una anomalía nacional, un pueblo bárbaro y primitivo encastrado extemporáneamente en la España moderna y que, por tanto, debía ser transformado o extirpado.

El carlista no fue el único proyecto descentralizador en la España del Sexenio Democrático. Los revolucionarios apostaban por construir la nueva sociedad de abajo arriba. Por ello, España (como el Madrid imaginado en el nonato proyecto urbanístico de Ángel Fernández de los Ríos) debía ser el resultado de la unión ordenada de diversos centros y no la imposición de uno sobre los demás. El republicanismo federal, inspirado en el ideario de Francisco Pi y Margall, intentó poner en práctica aquella concepción de la nación española según la cual esta no era sino un conglomerado de pueblos (nacionalidades, como las definiría el propio Pi en 1877) que habían decidido en el pasado unirse en un proyecto común, pero conservando su personalidad propia. Una propuesta de «unidad [nacional] en la diversidad [de pueblos]» que enlazaba con el proyecto de la Unión Ibérica y que permitía una revalorización de las diversas culturas peninsulares. Republicanos federales como el catalán Valentí Almirall (1841-1904), por ejemplo, pudieron defender durante el Sexenio la cultura catalana contra el castellanismo dominante (aunque con base en su idéntica «españolidad») en publicaciones como el semanario satírico La Campana de Gràcia (1869-1934). Desde las décadas anteriores, el catalán había empezado a ser cultivado por una nueva generación de escritores más allá del campo restringido de los Jocs Florals, a cuyo conservadurismo se oponían. José Anselmo Clavé (1824-1874) utilizó el idioma y la temática popular catalana en sus composiciones corales destinadas a la moralización de las clases trabajadoras. Los coros de Clavé, de gran éxito en la Cataluña de los años cincuenta y sesenta, fueron asimismo un espacio fundamental de la sociabilidad popular de aquellos años. También lo fue el teatro, en el que autores tan populares como Frederic Soler, Pitarra (1839-1895), defendieron para sus obras el uso del «català que ara es parla», en lugar del arcaizante de los juegos florales. El catalanismo cultural conservador también se renovó y amplió sus horizontes durante el Sexenio a través de publicaciones como La Renaixença (1871), escrita íntegramente en catalán. Sin embargo, tras la insurrección cantonal de 1873, que desbordó incluso al Gobierno de la Primera República, la propuesta federal salió malparada y, de hecho, completamente desacreditada para muchos.

Así pues, en otra de las paradojas del Sexenio Democrático, la puesta en práctica de la República y de la organización federal del Estado acabó volviéndose en contra del proyecto republicano. El contexto revolucionario propició el repliegue hacia los principios religiosos, centralistas y de orden del conservadurismo. Sirva de ejemplo la creación en 1872 del Ateneo Barcelonés, nacido de la fusión del Círculo Mercantil y el Ateneo Catalán, cuyo primer presidente, el conservador Manuel Durán y Bas (1823-1907), planteó en su discurso inaugural la urgencia de investigar las causas de lo que consideraba la deprimente situación moral y social de los pueblos europeos, así como la de reformar la sociedad apelando a principios inquebrantables como la religión, la familia y la propiedad. El canovismo, por su parte, recuperó el catolicismo como garante del orden social (aunque subordinando a la Iglesia al Estado liberal) y reinterpretó el pasado español desde una concepción nacional mucho más centralista. En este último sentido, cuestionó muchos de los mitos liberales y se mostró más complaciente con la actuación histórica de Castilla y la política imperialista de los reyes de la Casa de Austria.

También durante el Sexenio Democrático, y en un proceso que debe explicarse igualmente en su contexto social y político, se produjo la eclosión de la moderna novela realista en España. En 1870, cuando Benito Pérez Galdós (1843-1920) propuso su concepción de la novela como traslado de la vida de las clases medias urbanas, aquellas que harían posible el progreso de la nación, todavía podían encontrarse y leerse otros modelos novelísticos y otras concepciones del realismo que, posteriormente, cuando la novela galdosiana impuso su dominio en el canon literario, serían olvidados. De hecho, fue frente al «realismo» tal y como lo entendían los autores de folletín, así como contra los últimos restos de Romanticismo y de idealismo, a los que acusó de extranjeros, como se articuló el modelo literario de Galdós. Un modelo que, como reclamaba Valera años antes, afirmaba alejarse de una literatura de combate, en la que la voluntad de agitación se imponía a la búsqueda de la belleza, y que descartaba los arquetipos ideales propios del Romanticismo y del folletín. En La Fontana de Oro (1870), por ejemplo, el escritor canario narra la historia de personajes que pretenden ser auténticos, con todas sus venturas y miserias. En ella caricaturizaba, además, a quienes se dejaban llevar por los excesos, ya fuesen frailes oscurantistas o utópicos revolucionarios. Sus Episodios nacionales, cuya primera serie se inició en 1873, cumplieron una función pedagógico-patriótica que partía del mito liberal de la Guerra de la Independencia como un referente que, en su opinión, debía ser común a los españoles. De este modo, sus novelas fueron aceptadas y leídas por lectores liberales de muy diversas tendencias y convertidas en modélicas durante la primera fase de la Restauración. Con ello, Galdós reclamó y consiguió una nueva autonomía para el campo literario, situándolo por encima de la lucha política directa y de la dependencia del Estado. A su vez, estableció un nuevo marco desde el que reinterpretar, una vez más bajo el prisma nacional, toda la tradición cultural previa.

En este sentido, puede decirse que en la agitada vida política, social y cultural del Sexenio Democrático vinieron a confluir y a chocar los diversos proyectos culturales para la nación española que se habían ido configurando desde mediados del siglo XIX, muchos de los cuales fueron derrotados, transformados o desplazados tras la experiencia revolucionaria. Sin embargo, fue también el momento en el que se gestaron otros nuevos, como el regionalismo político, la novela realista o la concepción nacional canovista, que marcaron el decurso de la Restauración iniciada en 1875.

MODERNIDAD Y TRADICIÓN

1875-1931

Jordi Canal

(coord.)

LAS CLAVES DEL PERIODO

Jordi Canal

En una novela escrita a principios de la década de 1870, inédita hasta su recuperación hace unos 35 años por parte de Alan E. Smith, con el título de Rosalía, Benito Pérez Galdós nos ofrecía la siguiente descripción ferrocarrilera, ambientada en tierras vascongadas:

El tren subía la cuesta de Orduña, aquella áspera pendiente que los vizcaínos le obligan a echarse a pechos como si quisieran poner a prueba su paciencia. Si estos son tenaces, aquel lo es más, y va por el camino que le señalan, despreciando los obstáculos y peligros, trepando como las cabras y revolviéndose como una culebra al través de las mil irregularidades del camino. La máquina camina jadeante y sudorosa, escupiendo sus pequeños torbellinos de humo y respirando con el trabajoso aliento de un pulmón asmático. Siguen los coches paso a paso, rechinando al describir las curvas y haciendo crujir la armazón de sus ejes y frenos, como músculos de hierro que forcejean en fatigoso esfuerzo.

El ferrocarril se convirtió en un tema recurrente en las letras y en las artes españolas de la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros lustros de la nueva centuria —y, lógicamente, también en las de otras latitudes—. Como explicara Lily Litvak en El tiempo de los trenes (1991), se erigió en símbolo, negativo o positivo según los casos, del progreso económico y social, tal como puede apreciarse en la recién citada obra salida de la productiva y sin duda afilada pluma de don Benito.

Darío de Regoyos, uno de los pintores españoles de mayor proyección internacional en la época que nos ocupa, y del que se celebró en 2013 el centenario de su muerte, dedicó varios de sus cuadros más famosos a los trenes. Destacan, entre otros, Viaducto de Ormáiztegui (1896) o El túnel de Pancorbo (1902). En ambos casos, el artista, nacido en 1857 en tierras asturianas, pintó un ferrocarril circulando por un puente o viaducto. Tanto la estructura de metal de la pintura de 1896 como los siete vagones y la máquina que tiraba de ellos, cubriendo parcialmente el cielo con su humo, representaban la modernidad. Las humeantes locomotoras constituían una alegoría de lo nuevo. No muy distintas consideraciones pueden hacerse con respecto a las industrias igualmente coronadas por el humo, como Regoyos representó magistralmente en la pintura Altos Hornos de Baracaldo, de 1906, y, dos años después, en Altos Hornos de Vizcaya.

Si la consideración hacia las fábricas estuviera, por el contrario, como acaece en otros autores contemporáneos, cargada de negatividad, atribuyéndoles la responsabilidad de llevarse por delante las formas de vida tradicionales y de introducir el embrutecimiento, la promiscuidad y las malas costumbres, siempre cabía la posibilidad de ensombrecer el cuadro y pintar el edificio fabril en un desabrido día de lluvia y viento. Así lo hizo, en 1881, el artista catalán Josep Berga i Boix en Vora d’aigua. Este pintor pertenecía a la llamada escuela de Olot, que cultivó sobre todo el paisajismo rural, en tanto que emblema de un viejo mundo, tradicional, armonioso y católico, que se resistía a desaparecer frente a las novedades del siglo. El óleo sobre tela de 1881 no fue, por casualidad, el único paisaje industrial elaborado por miembros de esta escuela, oriundos de una zona del nordeste de Cataluña de no corta historia fabril. Era un auténtico contramodelo: en lugar del gris, el ocre y los tonos marrones de la calle, el celaje y las casas, estos preferían el verde de los prados, el azul del cielo y el blanco de las flores del alforfón; en lugar de charcos y fango, se inclinaban por idílicos riachuelos de aguas mansas; en lugar de árboles sin hojas y esmirriados, inmortalizaban robles majestuosos; en lugar de personajes con paraguas, los representaban con barretina o con la antigua capucha; en lugar de las chimeneas de las fábricas, por último, con su inevitable humo embrutecedor, dibujaban las chimeneas de las casas rurales, de acogedora humareda. La naturaleza creada por Dios se contraponía a la que los hombres, con sus acciones, habían contribuido a echar a perder.

Volvamos ahora, sin embargo, al genial Regoyos, que, al tiempo que plasmaba en sus telas la modernidad a partir de finales del siglo XIX, no se había olvidado de inmortalizar con fortuna la tantas veces evocada España negra, envuelta en oscuros aires de leyenda. Así se tituló precisamente el libro, preparado junto con el poeta y crítico literario belga Émile Verhaeren —fallecido, por cierto, en 1916 de una muerte harto moderna, al ser arrollado por un tren en la estación de Ruán—, que salió de la imprenta en 1899: España negra. Sin embargo, lo supuestamente negro que se observaba en España, como nos ha recordado de forma atinada Andrés Trapiello, era profundamente hermoso en Darío de Regoyos. Y, además, como escribiera otro de nuestros grandes pintores románticos modernos, José Gutiérrez Solana, era verdadero. Lo moderno y lo tradicional se daban la mano. La tradición, en concreto, está magníficamente representada en la obra pictórica de Regoyos a través de las procesiones religiosas. Buena muestra de ello resultan el pastel Las hijas de María (1891), la acuarela Mirando la procesión (Procesión minera) (1891) o los óleos Mañana de Viernes Santo en Orduña (ca. 1903) y La procesión de Capuchinos, Fuenterrabía (1909). No existe ningún tipo de contradicción, en el universo del artista riosellano, entre modernidad y tradición.

La pintura titulada Viernes Santo en Castilla (Vendredi Saint en Castille), de 1904, conservada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, constituye la perfecta síntesis que Darío de Regoyos nos ofrece entre lo tradicional y lo moderno en la España de entre siglos. En la parte inferior del lienzo discurren una docena de figuras en procesión, de negro y portando cirios en algún caso, acompañando a una figura de la Virgen coronada. Un puente separa esta escena, que transcurre en una hondonada de tonos ocres —el famoso e imprescindible tono «café ó lait», a decir del propio autor, un «ocre sucio, pero algo asalmonado»—, de la que está representada en el ámbito superior. En esta última, una negra locomotora, que echa abundante humo, y unos pocos vagones cruzan la estructura de piedra por encima de la procesión. A pesar de la ilusión dicotómica, el tren y los personajes van en la misma dirección, de izquierda a derecha del cuadro. Su futuro es, de alguna manera, el mismo. Conforman dos imágenes de la misma realidad, que contrastan, en su convivencia más o menos armoniosa, a fin de representar más adecuadamente la unicidad. Era España lo uno y era lo otro, pero no lo uno sin lo otro, ni tampoco lo otro sin lo uno.

No se me ocurre una imagen más idónea de la historia española, en el periodo que se extiende desde mediados de la década de 1870 hasta el mismo inicio de la de 1930, que la ofrecida por Darío de Regoyos —un artista que, a decir de Francisco Calvo Serraller, fue quizás el primer prototipo de lo que iba a ser el vanguardista español del siglo XX— en este lienzo pintado en los albores del Novecientos. Una España, en fin de cuentas, visiblemente contradictoria, frecuentemente en tensión, aparentemente dual en ocasiones, aunque mucho menos distinta en su normal anormalidad, en relación con un buen número de otros países europeos y americanos en la misma época, de aquello que a veces se ha afirmado y repetido demasiado acríticamente. Modernidad y tradición dialogaron en permanencia en aquel largo medio siglo. Y, asimismo, como seguramente no podía ser de otra manera —aunque tal vez un ejercicio contrafactual sugiriera lo contrario—, acabaron, después de tanto interactuar, poniendo fin al periodo de manera relativamente abrupta.

Entre 1875 y 1931 se sucedieron en España dos regímenes políticos, de tipo liberal avanzado el primero —que no llegó a convertirse nunca en totalmente democrático— y de carácter dictatorial y autoritario el segundo. El golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923, se erigió en hito separador entre el uno y el otro, aunque ello no iba a afectar a la continuidad de la institución monárquica. Fue la época de los Alfonsos, el decimosegundo y el decimotercero de la larga lista de los reyes hispánicos. Alfonso XII empezó su reinado en 1875, tras el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos a finales de diciembre del año anterior, que ponía término a una etapa rica en experiencias y pobre en estabilidad, abierta tras el destronamiento, en septiembre de 1868, de Isabel II. A pesar de la restauración de los Borbones en la persona de su hijo, esta última pasó la mayor parte del tiempo en el exilio parisino, en el Palacio de Castilla —en los primeros años del nuevo régimen provocó bastantes quebraderos de cabeza a la diplomacia española en la ciudad del Sena—, hasta su muerte en 1904. Representaba, para los gobernantes de la Restauración y para mucha otra gente, un tiempo al que no se deseaba retornar bajo ningún concepto.

Alfonso XII, un rey popular que contribuyó a legitimar la monarquía en España, ocupó el trono hasta su fallecimiento en 1885. Murió sin descendencia masculina, pero su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, o de Austria, como también se la conoce, estaba por aquel entonces encinta. El nacimiento de un varón, ya en 1886, hizo desaparecer los temores que remitían a las querellas dinásticas de los inicios de la década de 1830. La viuda se convirtió en regente y ejerció como tal hasta la mayoría de edad de su vástago. La intervención directa en la política española del momento de Alfonso XII (1875-1885) y de María Cristina de Austria (1885-1902) fue limitada, a diferencia de lo que iba a ocurrir en la época de su sucesor: Alfonso XIII (1902-1931). El joven monarca rigió los destinos de España en una larga etapa que iba a prolongarse hasta su salida del país, hacia el exilio romano, en la primavera de 1931. Como anotara en su dietario el político catalán Francesc Cambó, siete años después, «el rey que se cree un genio y se pone a gobernar, es seguro que acabará mal, y a poco que viva será destronado». Con la aquiescencia de Alfonso XIII, la dictadura dio fin a la larga experiencia restauradora, pero, al mismo tiempo, la prolongación de aquella y su impopularidad creciente cavaron, como si de una suerte de abrazo mortal se tratara, la tumba de la monarquía y abrieron las puertas a la fórmula republicana.

Con la Restauración se puso término a la larga guerra civil, discontinua, pero persistente, que presidió en tierras de España el proceso de construcción del Estado-nación contemporáneo. No muy distinto fue lo ocurrido en otros países europeos vecinos o de América Latina, aunque, como resulta lógico, con tintes específicos, tanto por lo que se refiere a la cronología y la intensidad como a sus implicaciones, características y repercusiones. La Guerra de la Independencia (1808-1814) constituyó la antesala de las querellas hispanoespañolas del siglo XIX. En 1836, en De la guerra civil de España, Evaristo San Miguel hacía ya referencia a un conflicto abierto en 1808, que aún no había concluido. Años más tarde, en el primer volumen de la segunda serie de los Episodios nacionales, titulado El equipaje del rey José (1875) y ambientado en los últimos momentos de la guerra contra los franceses, escribió Pérez Galdós:

La actual guerra civil, por sus cruentos horrores, por los terribles casos de lucha entre hermanos, y aun por el fanatismo de las mujeres, que en algunos lugares han afilado sonriendo el puñal de los hombres, presenta cuadros ante cuyas encendidas y cercanas tintas palidecerán, tal vez, los que reproduce el narrador de cosas de antaño. El primer lance de este gran drama español, que todavía se está representando a tiros, es lo que me ha tocado referir en este, que, más que libro, es el prefacio de un libro. Sí; al mismo tiempo que expiraba la gran lucha internacional, daba sus primeros vagidos la guerra civil; del majestuoso seno ensangrentado y destrozado de la una, salió la otra, cual si de él naciera. Como Hércules, empezó a hacer atrocidades desde la cuna.

El drama que se estaba representando aún a tiros respondía, en aquel entonces, al nombre de Segunda Guerra Carlista. Terminó en febrero de 1876. Mientras algunos países emergían del fratricidio ochocentista —una auténtica fuente de nacionalidad, sostiene el historiador colombiano Marco Palacios— por la vía republicana democrática (Francia) o por la liberal autoritaria (México, con el Porfiriato, pongamos por caso), España, en tanto que Estado-nación, iba a poder consolidarse definitivamente, al igual que otros entes estatales (Italia, Portugal), como construcción monárquica eminentemente liberal.

En los agitados años del cambio de siglo, un par de temas, de orden interno uno y externo el otro, modificaron sustancialmente el panorama español. De la compleja construcción de la nación española, sin perder nunca de vista el imaginario imperial derivado del recuerdo de la vieja monarquía católica hundida en 1808, iba a pasarse, en primer lugar, a un abierto conflicto nacional. En España, como apuntó José Ortega y Gasset, «se empieza a oír el rumor de regionalismos, nacionalismos, separatismos» hacia 1900. La génesis de los nacionalismos periféricos, alternativos o subestatales y su permanente conflicto con la nación y el patriotismo españoles convirtieron la cuestión nacional en problema central, hasta hoy mismo, de la realidad. Si bien fue el catalán el movimiento que más rápidamente se consolidó, los nacionalismos vasco y gallego tuvieron, asimismo, un papel cardinal en la historia del primer tercio del siglo XX.

Del antiguo imperio de la época de la monarquía católica, sentenciado definitivamente tras la batalla de Ayacucho (1824) y reducido, a lo largo del siglo XIX, a Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y algunas otras posesiones en el Pacífico —unas colonias para después de un imperio, como reza el título de un libro de Josep Maria Fradera—, iba a pasarse, en segundo lugar, después de 1898, a una nación sin posesiones ultramarinas. La posición de España en el mundo se resintió profundamente por ello. Como quiera que sea, el denominado «Desastre» no supuso, en puridad, analizado en perspectiva, ni una catástrofe ni una ruptura histórica mayor. Tras la pérdida de las colonias americanas y asiáticas, el norte de África se convirtió en el lugar ideal para que España se hiciese con un imperio de sustitución en plena era del imperialismo europeo. La mirada hacia el sur no era nueva, como la vieja y popular Guerra de África de 1859 y 1860 pone de manifiesto. El ejército español se implicó con fuerza en estas nuevas aventuras y el rey Alfonso XIII, al que muchos llamaron contemporáneamente Alfonso, El Africano, las impulsó en todo momento. Los dolores de cabeza provocados por estos territorios en la dirigencia hispánica, en el primer cuarto del siglo XX, tuvieron mucho que ver con el hundimiento del régimen de la Restauración.

A la historia de España entre 1875 y 1931 están dedicados los cinco capítulos que siguen, elaborados, respectivamente, por Ángel Duarte y quien firma estos renglones, Xosé M. Núñez Seixas, Lourenzo Fernández Prieto, Manuel Pérez Ledesma e Ignacio Peiró. En ellos se propone una síntesis organizada temáticamente de un periodo que, como vimos más arriba, puede ser caracterizado a grandes trazos, a falta de particulares y necesarias concreciones, a partir de la relación entre modernidad y tradición. Por lo que se refiere a la vida política, estudiada en el capítulo redactado por Ángel Duarte y yo mismo, la etapa coincide con los regímenes de la Restauración (1875-1923) y de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). El primero puede ser singularizado como un régimen monárquico y de orden, liberal, aunque no totalmente democrático, algo harto habitual en toda la Europa Occidental en la segunda mitad del Ochocientos. Iba a durar casi medio siglo, hasta el golpe militar del general Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923, que abría las puertas de una dictadura autoritaria. La clave principal del diseño político de Antonio Cánovas del Castillo consistió en la imposición de la política y de la ley sobre la violencia. Empezaba una etapa de estabilidad que iba a alargarse en España hasta, como mínimo, la I Guerra Mundial, únicamente perturbada coyunturalmente en torno a 1898.

A fin de asegurar la estabilidad política resultaba indispensable garantizar el regular acceso al poder de las principales facciones liberales. El pacto de alternancia, concretado en el llamado turno pacífico o turnismo, se imponía; el acuerdo, la tolerancia y la aceptación del adversario, no visto ya como enemigo, aparecían como esenciales. Era necesaria la formación de dos fuerzas políticas que asumieran papeles complementarios: el de formular las reformas y el de su ulterior gestión. El terreno de confluencia debía ser necesariamente amplio, desde la monarquía y el constitucionalismo hasta la defensa de la propiedad y el sistema capitalista, pasando, como elemento prioritario, por un acuerdo sobre la afirmación del Estado liberal nacional, unitario y centralista. Los nuevos gobernantes pusieron en práctica una doble táctica, de atracción y de exclusión, de integración y de represión, tanto a derecha como a izquierda, para poder fijar las reglas y los límites del juego político. La plena consolidación del sistema iba a facilitar las aperturas y la ampliación de las libertades: abolición de la esclavitud (1886), Ley de Asociaciones (1887), juicio por jurado (1888) o sufragio universal (1890).

En los años postreros del siglo XIX y en los dos o tres primeros de la nueva centuria coincidieron un total de media decena de situaciones críticas: la Guerra de Cuba (1895-1898) y la pérdida de las colonias, los problemas económicos, los conflictos sociales, la crisis del sistema político de la Restauración en su versión canovista-sagastina y, por último, las interrogaciones intelectuales. El surgimiento de los nacionalismos catalán y vasco debe ser situado en el contexto de estas crisis de fin de siglo. Las tres primeras décadas del siglo XX conformaron la lenta descomposición del régimen liberal español, aunque no puedan echarse al olvido las múltiples propuestas de renovación de la época. Modificar las formas de representación de los plurales intereses presentes, de los grupos sociales en conflicto, de las multitudes que emergían como tales a la vida pública, de las periferias que se revelaban no solo resistentes frente a la centralización, sino particularmente dinámicas, supuso desafíos en absoluto menores. Estos retos, sin embargo, acabaron siendo insuperables para el Estado y para una sociedad en pleno proceso de modernización. La dictadura de Primo de Rivera fue la respuesta española —paralela a tantas otras con componentes autoritarios o totalitarios en plena crisis de los regímenes liberales en todo el espacio euroamericano— a las distorsiones generadas por el desarrollo económico, la conflictividad social, la secularización y la movilización política. Se trataba de una alternativa autoritaria de nuevo tipo, corporativa y modernizadora. La caída del régimen autoritario de Primo de Rivera, en 1930, a pesar del más o menos inútil alargamiento de algunas de sus estructuras por parte del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar, entre 1930 y 1931, acabó propiciando el final de la monarquía restaurada en 1875 y la proclamación, el 14 de abril, en un ambiente festivo narrado una y mil veces, de la Segunda República.

En aquellos tiempos a caballo entre dos siglos, la presencia de España en el mundo, y en especial en Europa y América, se fundamentaba, como analiza Xosé M. Núñez Seixas en «España en el mundo», en una tríada de factores. Ante todo, los restos de su viejo imperio: Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y las islas que formaban parte de las Carolinas, las Marianas y las Palaos. La Habana era, a mediados de la década de 1890, con sus 300.000 moradores, la tercera ciudad de España. Pese a que los territorios ultramarinos, en especial Cuba, tuvieron gran importancia económica y estratégica, nunca recibieron el mismo trato que los territorios europeos del Estado. En la gran isla del Caribe se vivieron en los años ochenta y noventa innumerables disputas entre sectores autonomistas, secesionistas y unionistas. La intervención estadounidense acabó con aquellos restos imperiales en 1898. En segundo lugar, se encuentra el factor de la actividad exterior y su peso en las relaciones entre Estados. La diplomacia española fue un actor secundario en los asuntos internacionales del periodo que estudiamos aquí. Tendió a alinearse, en general, con las directrices y orientaciones principales de las grandes potencias de su entorno. Durante el reinado de Alfonso XIII intentó ejercer una limitada política de poder en el norte de África, en tanto que imperio alternativo al perdido en 1898. Marruecos acabó convirtiéndose, por consiguiente, en el objeto preferido de la imaginación y de la actividad imperial y africanista española.

Finalmente, debemos hablar de la presencia de importantes comunidades de emigrantes en Europa y en América del Sur y el Caribe. La emigración a Europa se concentraba sobre todo en el sur de Francia, un país en el que se contabilizaron un total de 350.000 españoles residentes al final de la I Guerra Mundial, a los que había que sumar los miembros de la nutrida colonia hispana en Argelia. España se convirtió en el segundo gran país, por detrás de Italia, de la emigración transoceánica. Se calcula que el número de españoles que hicieron las Américas entre 1882 y 1930 fue de 4 millones, la mitad de los cuales acabaron retornando. Sobresalían los originarios de Galicia, Asturias, Canarias y Andalucía. Argentina, seguida a cierta distancia de Brasil y Uruguay, acogió la porción más importante de estos hombres y mujeres que se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares. Ciudades como Buenos Aires, Montevideo o, entre otras más, São Paulo contaron en el primer tercio del siglo XX con nutridas y dinámicas colectividades regionales y nacionales españolas.

De la economía se ocupa Lourenzo Fernández Prieto. Con base en la evolución del PIB se pueden establecer cuatro etapas entre 1880 y 1930: la primera, hasta 1896, estuvo marcada por la depresión; el crecimiento estable caracterizó la siguiente, entre 1897 y 1913; la tercera, coincidente con los años de la Gran Guerra, destacó por unos aumentos que escondían una engañosa prosperidad; en la última fase, entre 1920 y 1930, el incremento del PIB fue espectacular, alentado por la industria, la construcción y los servicios. La posguerra europea derivó, también en la España de la dictadura primorriverista, hacia los felices años veinte. La simple imagen del atraso y la idea de inmovilismo, tan abusadas, deben ser rechazadas, incluso en la agricultura, sobre todo en los tres primeros decenios del siglo XX, tras los efectos de la crisis internacional de fin de siglo. La evolución de la producción y la productividad son significativas, así como las especializaciones regionales y sectoriales y la capacidad de abastecimiento del mercado interior. La producción agraria progresó, entre 1900 y 1931, a una tasa anual comprendida entre el 1,1 y el 1,4 por ciento. El crecimiento económico profundamente desigual de la segunda mitad del siglo XIX es afirmado, corregido y multiplicado en las tres primeras décadas de la centuria siguiente. No por casualidad coinciden con la época de la desagrarización, la apertura exterior y la definición de un sistema estatal de bienestar social. Si los comparamos resulta interesante, sostiene el autor, tener en cuenta los índices de desarrollo humano: el nivel de España correspondía, en 1880, al 64,8 por ciento del de los 14 países europeos más desarrollados; en 1929, era del 84,7 por ciento. La evolución en esta convergencia es altamente significativa.

La población española, como explica en «Población y sociedad» Manuel Pérez Ledesma, superaba ligeramente, en 1877, los 16,5 millones de personas. Dos decenios más tarde, en 1897, la integraban algo más de 18 millones. El crecimiento no era muy rápido, especialmente si lo comparamos con otros países europeos. En los 30 primeros años del siglo XX, en cambio, la tendencia se modificó sustancialmente: entre 1900 y 1930 el incremento resultó de 5 millones y la población de España sobrepasaba, en esta última fecha, los 23,5 millones de habitantes. El cambio de tendencia que tuvo lugar en el paso del siglo XIX al XX autoriza un análisis en clave de auténtica modernización demográfica. La esperanza de vida en 1900 se situaba solamente en los 35 años, mientras que, en 1930, había pasado a ser de 50. Una importante disminución de la mortalidad —fundamentada tanto en el control de epidemias y enfermedades infecciosas como, sobre todo, en la mejora de la atención sanitaria estatal— y la caída de la natalidad permitieron el paso de un ciclo demográfico a otro. Entre las consecuencias más evidentes del aumento de la población encontramos la intensificación del proceso de urbanización y el incremento de la emigración, como se afirmaba más arriba, en especial hacia distintos países de América del Sur.

Las transformaciones que tuvieron lugar en el terreno de la población activa fueron, en el medio siglo que se extiende desde finales de los años setenta del siglo XIX hasta finales de los veinte de la centuria siguiente, de notable importancia. Mientras que la agricultura ocupaba a dos tercios de ella en 1877, ya solamente suponía menos de la mitad en 1930. Los sectores secundario y terciario aumentaron en paralelo. Aunque los análisis en términos de clases hayan mostrado sus límites y prejuicios evidentes, resulta necesario constatar que la sociedad española de la época se mostraba profundamente desigual. La más importante de las diferencias era sin duda la de género. Resulta ello nítido en el nivel de la legislación y la participación política —el sufragio universal del año 1890 era, como en casi todas partes en donde este existía, masculino—, pero, asimismo, en el de la actividad productiva y en el de la ocupación del espacio. La supeditación de la mujer se extendía, al fin y al cabo, a casi todas las esferas de la vida. En la época de la regencia de María Cristina, escribía, en este sentido, Emilia Pardo Bazán: «Hoy ninguna mujer de España —empezando por la que ocupa el trono— goza de verdadera influencia política; y en otras cuestiones no menos graves, el pensamiento femenil tiende a ajustarse fielmente a las ideas sugeridas por el viril, el único fuerte».

La estructura social de la España de entre siglos, como la de un buen número de otros países occidentales, no se parecía a la tan cacareada división dicotómica burguesía-proletariado, sino que seguía presentando en la cúspide, con notable peso económico, social y político, una prestigiada aristocracia, a la que acompañaban unas amplias capas medias y el llamado, por aquel entonces, pueblo, integrado tanto por los asalariados de industrias y talleres como por pequeñísimos propietarios rurales, aparceros o jornaleros. La inexistencia de una clase obrera unificada no significa, sin embargo, que una de las novedades sobresalientes de la época no fuese la adquisición de enorme peso, en el medio siglo largo que estudiamos, del movimiento obrero. La fundación, que la Ley de Asociaciones de 1887 hizo posible, de la Unión General de Trabajadores (UGT) al año siguiente y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1910 constituye buena muestra de ello; sin olvidar, está claro, los importantes sindicalismos católico y «libre», por oposición al «único» cenetista, que tantos conflictos generó en la etapa de la crisis de la Restauración. El anarquismo, bien implantado desde el Sexenio Democrático en el sur de la península Ibérica y en la Cataluña industrial, usó y abusó, al igual que en países vecinos —en la novela The Secret Agent (1907) Joseph Conrad dedicó inspiradas páginas a este tema—, de las acciones terroristas en las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX. Barcelona fue bautizada por aquel entonces como la ciudad de las bombas. Como quiera que sea, fórmulas nuevas y viejas de protesta y movilización coexistieron durante bastante tiempo. La moderna huelga fue expandiéndose, en especial tras las celebraciones del primer Primero de Mayo (1890), al mismo tiempo que otras formas de acción colectiva, como los motines de subsistencia o los ataques contra los consumos, formaban parte todavía del escenario de España en el que se representaba, de múltiples maneras, el enfrentamiento social.

En el capítulo dedicado a la cultura, finalmente, Ignacio Peiró estudia las Academias, las tertulias y las instituciones culturales como el Ateneo, las editoriales, la historia, el mundo de los toros, la música, la literatura, la pintura y la escultura, el ornato público, los saberes morales y la ciencia. Expresiones nacionales y regionales —el siglo XIX fue la época de los distintos renacimientos— se complementan en esta síntesis. Los nombres de Pérez Galdós, Valle-Inclán, Pardo Bazán, Valera, Clarín, Pereda, Menéndez Pelayo, Echegaray, Blasco Ibáñez, Maeztu, Unamuno, D’Ors, Gómez de la Serna, Baroja, Machado o Azorín acompañan a los de Gisbert, Zuloaga, Regoyos, Romero de Torres, Sorolla, Gutiérrez Solana, Picasso, Benlliure, Gaudí, Granados, Falla, Albéniz, Costa, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal o Ramón y Cajal. La lista podría alargarse con enorme facilidad. El autor parte en su análisis del concepto matriz de cultura nacional española. Esta, surgida a lo largo del siglo XIX, se desarrolló hasta los años de la Guerra Civil de 1936 a 1939, con un momento decisivo que coincidió con la I Guerra Mundial y el protagonismo adquirido por aquel entonces por los intelectuales y científicos que habían abierto nuevos caminos desde inicios de la centuria. En la Restauración el vivir de la pluma se convirtió en una realidad al alcance de un mayor número de autores; e hicieron, asimismo, su aparición con fuerza los ya citados intelectuales. Las tres primeras décadas del siglo XX han sido calificadas por muy distintos autores como la Edad de Plata de la cultura española. El contraste con las altas tasas de analfabetismo —cerca del 70 por ciento en 1877, pero bastante menos de la mitad ya en 1930, una reducción sensible, pero que seguía ofreciendo cifras elevadas, en especial entre las mujeres y en el ámbito rural— es solamente una más de las evidentes paradojas del periodo.

La historia analizada y narrada aquí, como ha podido comprobarse en distintos pasajes de esta introducción, empieza en 1875, con el nacimiento de la denominada Restauración, y concluye con el final de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El momento resulta fundamental en la historia particular de España y, al mismo tiempo, permite engarzar estas páginas con la parte dedicada a la construcción nacional, que ha coordinado Isabel Burdiel. La apertura que se produjo en la España de estos años consistió en una verdadera salida del ensimismamiento que habían provocado unas guerras civiles interminables, una demografía demasiado anclada en el Antiguo Régimen, una economía en exceso dependiente de la agricultura cerealista y, asimismo, unas altas tasas de analfabetismo. Abrirse significaba, al fin y al cabo, aproximarse en amplios terrenos —desde las formas de la política hasta las tasas de crecimiento económico y poblacional, pasando por el acercamiento en clave hispanoamericanista a las repúblicas del otro lado del Atlántico, la proyección internacional del arte, la participación en los avances científicos o el desarrollo de la ciudadanía— a los demás países de Occidente. El primer tercio del siglo XX destacó sobremanera en esta línea. Los cambios resultaron, sin embargo, tan significativos como las resistencias y las persistencias. Estas últimas, como nos enseñara Arno J. Mayer, no pertenecen solamente al pasado. El largo medio siglo de la historia contemporánea de España que es objeto de tratamiento en esta parte está caracterizado, en definitiva, en todos y cada uno de sus múltiples y variados aspectos, por la dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, entre la modernidad y la tradición. Como el óleo pintado en 1904 por Darío de Regoyos, ni más, ni menos.

LA VIDA POLÍTICA

Jordi Canal y Ángel Duarte

En enero de 1874, Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, capitán general de Madrid, disolvió por la fuerza las Cortes republicanas y dio principio a un periodo marcado por la incertidumbre, con la guerra civil carlista como telón de fondo. La presidencia del general Francisco Serrano, duque de la Torre, no evolucionó, sin embargo, en la misma dirección que la de su homólogo francés, el mariscal Mac Mahon. Menos de un año después, el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos cerca de Sagunto, el 29 de diciembre, puso término definitivamente a la etapa del Sexenio Democrático (1868-1874). En aquellos 12 meses no faltaron las conspiraciones de todo tipo, sobresaliendo, entre ellas, las impulsadas por los monárquicos conservadores del denominado Partido Alfonsino, que encabezaba Antonio Cánovas del Castillo. Este escribía, en una carta fechada en abril, que «lo que hay que hacer es preparar la opinión ampliamente y luego aguardar con paciencia y previsión una sorpresa, un estallido de la opinión misma, un golpe quizás impensado, que habrá que aprovechar prontamente para que no se malogre». Pese a que prefiriera un desenlace civil, no descartaba, como acabó ocurriendo sin su consentimiento explícito, la vía militar. En su cuadragésima sexta y postrera entrega de la magna empresa de los Episodios nacionales, titulada precisamente Cánovas (1912), Benito Pérez Galdós, convertido entonces ya plenamente en insigne prohombre republicano, hacía que la entrañable Mariclío se refiriese, en carta a su querido muñeco Tito, a «la vulgaridad de aquellos sucesos»; y, acto seguido, sentenciara: «La Historia no debía precisar pormenores que carecían de todo interés».

Como quiera que sea, en enero de 1875, como consecuencia directa de la acción de Martínez Campos y debido a los trabajos políticos de Cánovas del Castillo y del alfonsismo, así como a poderosos apoyos internos e internacionales —«grandes elementos» e «inmensas fuerzas», en palabras del propio político malagueño—, se restableció la monarquía en España. Alfonso de Borbón y Borbón, hijo de la exreina Isabel II, nacido en noviembre de 1857 y que había abandonado España con el resto de la familia real a finales de septiembre de 1868, fue proclamado rey de España como Alfonso XII. La Restauración de 1875 puede ser caracterizada como un régimen monárquico y de orden, liberal, aunque no totalmente democrático, algo harto habitual en la Europa Occidental en la segunda mitad del Ochocientos. Iba a durar casi medio siglo, hasta el golpe militar del general Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923, que abrió las puertas de una dictadura autoritaria. El Estado-nación español se consolidó en aquel medio siglo definitivamente, en su versión liberal, viviéndose una larga etapa de estabilidad y paz, que, aunque en algunos momentos pudiera parecer frágil —más amenazada, en todo caso, en lo social que en lo propiamente político—, resultó a todas luces excepcional en España.

PASAR PÁGINA

La clave principal del éxito canovista —«yo tenía un sistema, yo tenía una idea; tengo el derecho de decir que esa idea ha triunfado y esa palpitante verdad quedará grabada en la historia», explicaba Cánovas en las Cortes, un día del año 1876—, como bien han mostrado José Varela Ortega y Carlos Dardé, no fue otra que la imposición de la política y de la ley sobre la violencia. Una de las principales aportaciones de aquel político liberal-conservador y afamado hombre de letras, nacido en 1828, de origen modesto y que iba a convertirse, a la postre, en uno de los estadistas de mayor entidad con los que ha contado hasta nuestros días la España contemporánea, fue haber entendido y puesto en práctica, para decirlo con sus propias palabras, que «la política es el modo de vivir juntos los hombres en las grandes sociedades que se llaman naciones, y que para vivir juntos se necesita una serie de transacciones constantes que lleguen de lo más alto a lo más bajo». Tras un periodo de seis años intensos, que para algunos españoles se hicieron larguísimos, mientras que para otros pasaron volando en medio de tanta agitación y tantos cambios, se estaba pretendiendo pasar página.

Los nuevos gobernantes de la Restauración dedicaron desde el primer momento innumerables esfuerzos a dar fin a dos dinámicas sobrepuestas. La primera correspondía a la coyuntura democrática y revolucionaria abierta en septiembre de 1868, que hizo posible una amplia movilización popular y un intenso desarrollo de experiencias republicanas —la Primera República, en lugar privilegiado—, cantonalistas e internacionalistas, vividas con no disimulado temor desde algunos sectores de la sociedad e incluso por parte de no pocos de los impulsores del destronamiento de Isabel II. En el manifiesto que, en 1874, el futuro rey Alfonso XII había hecho público desde el británico Real Colegio Militar de Sandhurst, en el que se estaba formando —la voluntad de uno de los múltiples redactores de aquel documento, que no era otro que Cánovas, era convertir al príncipe en un auténtico «rey soldado»—, se hacía alusión ya a «la dura lección de estos últimos tiempos que, si para nadie puede ser perdida, todavía lo será menos para las honradas y laboriosas clases populares, víctimas de sofismas pérfidos o de absurdas ilusiones». La Restauración fue, en este sentido, un régimen conservador y de orden. La limitación del acceso popular a la política se combinaba con una reducción temporal de la esfera pública. El miedo tuvo un papel político de primer orden en la reacción restauradora. En ningún caso se pretendía, no obstante, volver a 1868. Una parte de las experiencias de los años precedentes no cayó en saco roto, como iba a mostrar la progresiva incorporación, una vez consolidado el nuevo sistema, de las principales conquistas liberales del Sexenio Democrático.

El segundo de los objetivos consistía en acabar con el largo ciclo de violencias políticas iniciado en 1808, plagado de conspiraciones, pronunciamientos, insurrecciones y guerras civiles, que había presidido la construcción del Estado liberal en España. Para ello debía evitarse, por un lado, la participación de los militares en la vida política, esto es, clausurar, en definitiva, la era de los pronunciamientos —una palabra española, «pronunciamiento», que iba a pasar a los diccionarios de otros países, como Francia— y de los espadones, al estilo Espartero, Narváez, O’Donnell o Prim. El escritor y político Juan Valera lo expresaba, en 1876, de la manera siguiente: «Que la era de los pronunciamientos termine, que prevalezca la ley, y que el país logre un Gobierno estable, aunque este Gobierno sea mi enemigo y yo esté siempre en contra de él». La renuncia militar a la política estuvo compensada por la dejación política de lo militar, de perversos efectos a mediano y largo plazo.

Era imprescindible, de otro lado, terminar con la iteración de conflictos con el carlismo como protagonista. Las guerras carlistas constituyeron, en fin de cuentas, la manifestación principal de una época de inestabilidad y de enfrentamientos, abierta en 1808 y que puede ser caracterizada como una larga guerra civil. Esta circunstancia, con características específicas en el caso español, no fue en nada excepcional en el siglo XIX, como muestran las historias propias de los países europeos más o menos vecinos, desde Portugal hasta Francia e Italia, o bien las de los nuevos Estados-nación de América Latina. Poner punto final a la Segunda Guerra Carlista fue, por consiguiente, una de las principales tareas que debieron asumir las autoridades en el primer año y medio del recién estrenado régimen restaurador. En la sociedad española había verdaderamente hambre de paz. No puede olvidarse, evidentemente, la Guerra de los Diez años en Cuba, iniciada en 1868 y cerrada con el Tratado de Paz de Zanjón (1878), sin que ello trajera consigo una pacificación total, como los episodios de la Guerra Chiquita iban a poner en evidencia. Los intereses antillanos, en concreto, pesaron fuertemente, junto con los del sector de los negocios en general, en las tramas conspirativas que habían posibilitado los hechos de finales de 1874 e inicios del año siguiente.

En el combate contra los carlistas se invirtieron esfuerzos ingentes, tanto en lo humano como en lo material, que dieron, a la postre, frutos positivos. El nuevo régimen mantuvo para con los carlistas una táctica que combinaba atracción —una oferta católica y de orden, indultos, integración de los núcleos más posibilistas en el conservadurismo dinástico— y exclusión —exilio, represión, aislamiento político—. Al garantizar el orden social y la defensa de la religión e intentar poner fin a un largo ciclo de violencias, la Restauración iba a contribuir decisivamente al resquebrajamiento de la amalgama católico-monárquica nucleada hasta aquel entonces por el carlismo. Para algunos de sus adherentes, tras meses y meses de guerra, las garantías restauradoras eran consideradas suficientes, bien fuese por convicción, bien por desconfianza en las posibilidades de su campo. En los primeros meses abundaron lo que los propios gubernamentales denominaban «trabajos de zapa», a los que se destinaron grandes cantidades de dinero. El hecho más comentado fue, sin lugar a dudas, el reconocimiento del rey Alfonso XII por parte de Ramón Cabrera, el mítico Tigre del Maestrazgo, tras unas largas negociaciones. Más trascendente resultó, en cambio, la aproximación del nuevo régimen a Roma en busca de una legitimación básica para atraer a los núcleos católicos conservadores y poder disputar al carlismo la bandera católica. El Vaticano —y, a su vera, la jerarquía eclesiástica española, con algunas excepciones significadas— iba a convertirse en uno de los más preciados valedores del régimen de 1875.

Políticas de atracción al margen, las vías militar y represiva predominaron en la lucha contra el carlismo. En febrero de 1875, Antonio Cánovas del Castillo aseguraba a Manuel Durán y Bas —en respuesta a la afirmación de este último de que «el carlismo, más que con las armas, se vencerá quitándoles la bandera»— que, sin duda alguna, «lo primero y más urgente es la paz». Se incrementó el número de combatientes, mientras la presión sobre el territorio vasconavarro, en donde los carlistas habían establecido estructuras estatales concurrentes, crecía desde el interior y las costas del Cantábrico. La contienda iba a hacerse progresivamente más dura y menos proclive a todo tipo de concesiones; aumentaron, en este sentido, los embargos, las deportaciones, los incendios y las destrucciones. Los resultados fueron positivos para los gubernamentales, si bien para percibir un verdadero giro en el signo de la guerra hubo que atender al desmoronamiento de los frentes del nordeste. Hasta entonces, la guerra en el Norte prosiguió sin demasiados sobresaltos, plagada de pequeños avances y retrocesos, de pequeños retrocesos y avances.

Cataluña y el Maestrazgo fueron totalmente ocupados en 1875 por las fuerzas del Gobierno. En julio, tras algunos días de combates y bombardeos, cayó en poder de los liberales la plaza de Cantavieja, al tiempo que el ejército carlista del Centro se retiraba del escenario y emprendía la marcha hacia el río Ebro. En noviembre, los enfrentamientos habían llegado a su fin también en tierras catalanas. Desde finales de aquel mes y hasta los últimos días de febrero de 1876, por espacio de unas cuantas semanas, el bastión vasconavarro resistió en solitario frente al avance de las tropas gubernamentales. El fin de la contienda en Cataluña facilitó una gran concentración de efectivos. La superioridad numérica y de recursos del ejército español, unida al desgaste producido por meses y meses de guerra, decantó la balanza. A finales de enero empezó una ofensiva a gran escala de las tropas del rey Alfonso XII. Un avance imparable, más rápido de lo esperado, afectó a las provincias de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y, finalmente, a la de Navarra. La caída de la población de Estella a mediados de febrero simboliza el derrumbe del sueño carlista. La retirada hacia la frontera culminó en Valcarlos el 28 de febrero de 1876, con la entrada del pretendiente Carlos VII y los restos de sus tropas en Francia. Tras casi cuatro años, en suma, había terminado la Segunda Guerra Carlista (1872-1876).

Los carlistas que abandonaron España fueron internados, a su llegada al país vecino, en campos y alejados de la frontera. Entre mediados de 1875, tras la derrota en tierras catalanas, y marzo de 1876, cruzaron los Pirineos más de 20.000 personas. Se trataba de un éxodo que debe añadirse a otros anteriores protagonizados por el carlismo desde la década de 1830. Como ha afirmado acertadamente Pedro Rújula, el exilio constituyó «una presencia constante en el horizonte carlista». El destierro acabó por convertirse en un elemento decisivo en la conformación de una mitología y una cultura propias. A pesar de que la Administración gala destinase subsidios a la manutención de los refugiados, a la espera de que aceptasen los indultos ofrecidos por el Gobierno español, la situación de estos era generalmente muy precaria. Dicha circunstancia, junto con la desmoralización y las presiones de las autoridades francesas, interesadas en reducir esta pesada e incómoda carga, favoreció que los soldados del ejército legitimista se acogiesen a los indultos —que no deben ser confundidos con una amnistía—; los oficiales, por su parte, lo tenían mucho más complicado. Mientras que la mayoría de los carlistas no retornados a España establecieron en Francia su nuevo hogar, algunos escogieron otros países europeos o del continente americano.

La existencia en la segunda mitad de los años setenta de un considerable número de españoles en el sur de Francia preocupaba a las autoridades de ambos países. Los carlistas, que constituían el grupo más numeroso, convivían en el exilio con republicanos progresistas y federales, con cantonalistas, con prófugos y demás emigrados. En la ciudad del Sena, el pretendiente don Carlos coincidió y mantuvo contacto con otros ilustres exiliados hispanos: el republicano Manuel Ruiz Zorrilla —tanto el uno como el otro recibieron ayudas, respectivamente, de los legitimistas franceses (como el general vandeano Charette, madame de La Ferronnays o la familia rosellonesa Lazerme) y de los republicanos de Léon Gambetta— y la exreina Isabel II. Asimismo, la frontera de los Pirineos —la portuguesa, en menor medida y más episódicamente— constituyó en los primeros años de la Restauración un foco de tensión casi permanente. La agitación carlista resultó especialmente destacable en 1876 y 1877, no siendo ajeno a ella el proceso que algunos políticos y publicistas bautizaron como de abolición de los fueros vascos y sus consecuencias en la práctica. Las posibilidades que se ofrecían para la formación de partidas, ya fuesen carlistas, republicanas o de indefinida filiación, constituían un motivo evidente de inquietud. Los diplomáticos españoles denunciaron repetidamente una supuesta conspiración de republicanos y carlistas con el objeto de alterar el orden, lo que contribuyó a crear un sobredimensionado peligro carlorrepublicano.

Carlistas y republicanos intentaron con escaso éxito enfrentarse al Estado, que estaba llevando a cabo un proceso de monopolio y legitimación de su particular uso de la violencia frente a otros usos, convertidos ya en ilegítimos y, en consecuencia, legal y éticamente, en objeto de represión. Los restos de los no-Estados en liza, en terminología cara a Charles Tilly, acabaron por ceder ante el Estado. Como quiera que sea, la derrota en la Segunda Guerra Carlista significó el final del carlismo bélico. A pesar de todas las dificultades, el movimiento consiguió superar esta profunda crisis: el precio fue el abandono de su posición de alternativa global al sistema liberal en España para convertirse en un grupo más entre los que competían políticamente dentro de este sistema, aunque fuese pensando siempre en su cada vez más lejana e improbable destrucción. Una época de la historia del carlismo, la de la guerra fratricida, la de las carlistadas, la de la lucha de carácter dual con el liberalismo, había sido clausurada. Como en el caso de la Tercera República en Francia, los Gobiernos posunitarios en Italia o, años antes, la Regeneração de 1851 en Portugal, el régimen de la Restauración logró poner fin en España al largo periodo de enfrentamientos, revueltas y luchas civiles —esa combinación de guerra en la paz y paz en la guerra que tan agudamente definiera Miguel de Unamuno— que presidió la conformación del Estado-nación liberal contemporáneo. Empezaba una etapa de estabilidad que iba a alargarse en España, así como en la mayoría de países europeos y americanos, hasta la I Guerra Mundial, únicamente perturbada coyunturalmente, como veremos más adelante, en torno a 1898.

LAS BASES DE UN SISTEMA

Un par de días después del pronunciamiento del general Martínez Campos se constituyó el llamado Ministerio-Regencia, presidido por Cánovas del Castillo. Fue confirmado por el nuevo rey Alfonso XII a su arribo a España, que se hizo por Barcelona, en donde desembarcó el 9 de enero de 1875 y tuvo una impresionante acogida. Formaban parte del Gobierno, en una hábil combinación de viejos moderados y unionistas con personalidades septembristas de la víspera, Alejandro de Castro (Estado), Francisco de Cárdenas (Gracia y Justicia), Joaquín Jovellar (Guerra), Mariano Roca de Togores (Marina), Francisco Romero Robledo (Gobernación), Manuel Orovio (Fomento), Pedro Salaverría (Hacienda) y Adelardo López de Ayala (Ultramar). El ministerio, ya desposeído de sus funciones regentes por un Real Decreto del 13 de febrero, se alargó, con mínimos cambios —Roca de Togores, marqués de Molins, fue nombrado poco después para ocupar el delicado puesto, si tenemos en cuenta la carlistada en pleno despliegue, de embajador español en París—, hasta septiembre de 1875. Por espacio de algo menos de tres meses Jovellar asumió la presidencia del Consejo, para dejar de nuevo el puesto, a principios de diciembre, a Cánovas del Castillo.

Los principios del cambio impulsado por estos gobernantes iban a plasmarse en un nuevo texto constitucional elaborado para la ocasión —y, así pues, sensiblemente distinto de los necesarios referentes moderado y progresista, respectivamente, de 1845 y de 1869, aunque el primero constituyera su principal punto de partida—. Múltiples esfuerzos se invirtieron en su elaboración, signo claro de la importancia atribuida al empeño. Esta ley fundamental fue aprobada en la primavera de 1876 por las Cortes españolas, excepcionalmente elegidas por sufragio universal —este no fue reintroducido, en puridad, como veremos más adelante, hasta 1890—, aunque en un proceso convenientemente controlado desde arriba por Romero Robledo. Con respecto a la de 1869, muy avanzada en el marco euroamericano de su época, la Constitución de 1876 establecía una monarquía parlamentaria con Cortes bicamerales: el Congreso de los Diputados, elegido por sufragio censitario, y el Senado. La Corona, cuya existencia era previa a toda decisión política —como afirmara Alonso Martínez, uno de los principales inspiradores de la ley fundamental, pensando en la experiencia de los primeros años del Sexenio Democrático, «las asambleas no deben elegir Reyes» puesto que «los Reyes están hechos»—, compartía la soberanía con las Cortes, expresión de la voluntad nacional. Aunque el texto constitucional fijara las bases esenciales del nuevo sistema, conservaba varios grados de ambigüedad en lo que a algunos aspectos se refiere y hacía posibles ulteriores modificaciones. El desarrollo constitucional iba a alargarse, en realidad, hasta la segunda mitad de la década de 1890.

La Corona se convirtió en uno de los pilares de la nueva situación, como no podía ser seguramente de otra manera en una restauración que era, si bien de manera no exclusiva, monárquica; tanto en el plano simbólico, a modo de representación de la nación y del Estado, como en la fuerza de las prerrogativas que se le reconocían en el texto constitucional: el derecho de veto, la personificación del poder ejecutivo, la potestad legislativa compartida con las Cortes o el nombramiento y la separación de ministros, entre otras. Para el buen éxito de la restauración monárquica resultaba imprescindible desvincular en lo posible el nuevo reinado del que había sido clausurado en 1868, desprestigiado y de negativo recuerdo. A Pérez Galdós, autor de un severo retrato de Isabel II en La de los tristes destinos (1907), uno de sus populares Episodios nacionales, esta le había confesado, en una entrevista ya casi al final de su vida: «Sé que lo he hecho muy mal; no quiero ni debo rebelarme contra las críticas acerbas de mi reinado… Pero no ha sido mía toda la culpa, no ha sido mía…». La sombra de la madre, que abdicó en su primogénito en 1870, podía llegar a ser demasiado alargada. Claramente consciente de ello, Cánovas del Castillo intentó apartar, a veces de forma sutil, siempre de manera firme, al nuevo monarca de la exsoberana. En varias ocasiones le recordó a doña Isabel que debía mantenerse alejada de Madrid y de la nueva corte: «V. M. no es una persona, es un reinado, es una época histórica, y lo que el país necesita hoy es otro reinado y otra época diferente de las anteriores», sentenciaba. La exreina, sin embargo, no ofreció facilidades. La mayor parte del tiempo, hasta su fallecimiento en 1904, moró en el Palacio de Castilla de la ciudad de París.

La intervención directa en la política española de Alfonso XII (1875-1885) y de María Cristina de Austria (1885-1902) —segunda esposa del monarca, que, en 1879, enviudó dolorosamente de la primera, su prima María de las Mercedes de Orleans y Borbón— fue limitada, a diferencia de lo que iba a ocurrir en la época de su sucesor Alfonso XIII (1902-1931). La muerte del rey en 1885 hizo palmaria la trascendencia de la Corona como símbolo del edificio restaurador y como garante del orden político. La nacionalización de la monarquía española fue seria, aunque insuficientemente emprendida en aquellos tiempos. Alfonso XII fue un rey popular, que supo combinar la etiqueta de la corte con los contactos con la población, acudiendo a espectáculos en la capital o realizando numerosos viajes por las distintas regiones españolas. La legitimidad de la monarquía ganó con ello muchos enteros. Alfonso XII, en algo que iba a convertirse en bastante habitual para la realeza europea de entre siglos, sufrió algunos atentados en 1878 y 1879, que no tuvieron mayores consecuencias.

La Iglesia y el ejército no pueden ser obviados a la hora de entender las razones de la relativamente cómoda consolidación del régimen restaurador. La jerarquía eclesiástica y el Vaticano estuvieron al lado del nuevo régimen monárquico, aunque surgieran esporádicamente algunas tensiones. Los obispos no apoyaban ya, con pocas excepciones, la causa carlista. El catolicismo volvió a convertirse en la religión del Estado: «La Religión católica, apostólica, romana, es la del Estado», rezaba la Constitución de 1876. En consecuencia, los poderes públicos retomaron los pagos de las dotaciones de culto y clero, restauraron la validez del matrimonio católico, prohibieron cualquier forma de manifestación pública de otras creencias, dispusieron que la enseñanza se basase en la doctrina católica y facilitaron, asimismo, la expansión de las órdenes religiosas. Esto último, combinado más adelante con los efectos de la Ley de Asociaciones de 1887, iba a permitir la proliferación de centros de enseñanza regidos por comunidades, tanto nacionales como, a raíz de las experiencias laicistas de la vecina Francia, extranjeras. Las esperanzas de algunos sectores del catolicismo de conseguir una total uniformidad no llegaron, sin embargo, a concretarse. El artículo 11 de la ley fundamental toleraba la libertad de creencias en el ámbito privado, lo que provocó un sinfín de protestas y manifestaciones. Las polémicas con la cuestión católica como sujeto no faltaron en los primeros años de la Restauración, sobresaliendo, entre ellas, las provocadas por las medidas del ministro Orovio, en 1875, sobre la libertad de cátedra. A fin de cuentas, la Iglesia tuvo en la época de la Restauración una notable presencia e influencia, tanto por sus buenas relaciones con la cúpula del Estado como por la persistencia y arraigo de un profundo sustrato católico en la sociedad hispánica.

El ejército conformaba un elemento de entidad en el engranaje de la Restauración. Fue sometido a un aparente proceso de despolitización y se le atribuyeron dos funciones básicas: el control implícito del orden público —con un especial puesto para la Guardia Civil— y la conservación de los restos del imperio colonial. Algunos militares, a título individual, tuvieron presencia en tareas parlamentarias o de gobierno (Jovellar, Martínez Campos, López Domínguez, Azcárraga, Weyler). El pacto entre Cánovas y el ejército comportó una amplia autonomía en todos los ámbitos del poder militar con respecto al civil —a la manera del II Reich alemán—, que iba a tener su máxima expresión en la Ley de Jurisdicciones de 1906. Las tensiones entre la sociedad civil y el militarismo aumentaron notablemente en los años noventa e inicios del siglo XX. El ejército español estaba mal preparado y disponía de material bastante obsoleto, además de un sistema impopular y clasista de reclutamiento y un escalafón descompensado con exceso de altos mandos. Los intentos de reforma nunca prosperaron, como claramente pone de manifiesto el fracaso en este campo del general Manuel Cassola, ministro de la Guerra a finales de la década de 1880. El gran enemigo de este ejército no iban a ser, a la postre, ni los independentistas cubanos y filipinos ni los marroquíes, sino su propia estructura y funcionamiento. El intervencionismo militar fue recuperado, no obstante, en el siglo XX y el general Miguel Primo de Rivera, en 1923, acabó definitivamente con el propio sistema.

A fin de asegurar la estabilidad política resultaba indispensable garantizar el regular acceso al poder de las principales facciones liberales. El pacto de alternancia, concretado en el llamado turno pacífico o turnismo —versión adaptada al caso español de fenómenos coetáneos como el rotativismo portugués o el transformismo a la italiana—, se imponía; el acuerdo, la tolerancia y la aceptación del adversario, no visto ya como enemigo, resultaban esenciales. La voluntad de no repetir el experimento de la intransigencia moderada, culpable en buena medida de la caída de Isabel II, exigía la formación de dos fuerzas políticas que asumieran papeles complementarios, esto es, el de formular las reformas y el de su ulterior gestión. El terreno de confluencia debía ser necesariamente amplio, desde la monarquía y el constitucionalismo hasta la defensa de la propiedad y el sistema capitalista, pasando, como elemento prioritario, por un acuerdo sobre la afirmación del Estado liberal nacional, unitario y centralista. Los nuevos gobernantes pusieron en práctica una doble táctica, de atracción y de exclusión, de integración y de represión, tanto a derecha como a izquierda, para poder fijar las reglas y los límites del juego político. El debilitamiento de los extremos reforzaba, paralelamente, un centro alargado, como pone de manifiesto, por ejemplo, el ingreso en las filas liberal-fusionistas de Segismundo Moret, Cristino Martos o Eugenio Montero Ríos en el primer lustro de los ochenta.

La conformación de los partidos dinásticos tuvo lugar, a lo largo del primer decenio de la Restauración, a partir de un proceso complejo y no exento de tensiones. El Partido Conservador se organizó alrededor de la figura carismática de Cánovas del Castillo. Basándose en el mismo modelo, Práxedes Mateo Sagasta aunó en el Partido Liberal Fusionista a los distintos grupos que se reconocían como liberales y, al mismo tiempo, aspiraban a una progresiva introducción de reformas tendentes a la recuperación de algunos derechos y libertades contemplados en la Constitución de 1869 (extensión de las libertades de conciencia, expresión y reunión, restablecimiento del jurado popular, liberalización de la prensa, reintroducción del sufragio universal masculino). Para el político riojano, igualmente como vimos más arriba en el caso de su homólogo conservador, las experiencias del Sexenio Democrático se antojan decisivas; como asegura acertadamente José Luis Ollero, no resulta posible «entender el Sagasta liberal-conciliador de la Restauración sin rastrear en los fracasos y las desilusiones del Sagasta conspirador-progresista». La libertad y el orden iban necesariamente de la mano.

Los partidos dinásticos presentaban similares características. No eran, como en el caso de moderados y progresistas en las décadas centrales del siglo XIX, simples corrientes de opinión. Las formaciones conservadora y liberal pueden ser definidas como estructuras políticas de transición, esto es, como partidos de notables dotados de periódicos, círculos y comités en el conjunto del territorio nacional. Los problemas derivados de la composición heterogénea de ambos grupos —no exclusivamente desde un punto de vista social, con mayor presencia de terratenientes en las filas conservadoras y de profesionales en las liberales— no resultaron infrecuentes. Sobresalieron, en este terreno, las tensiones entre las burguesías agrarias (trigueros castellanos o naranjeros valencianos) y las industriales sobre el binomio librecambio-proteccionismo. Como quiera que sea, estos dos partidos respetables funcionaron sin demasiados problemas hasta la coyuntura finisecular. Era el propio ejercicio del poder, sostenido en la confianza en la autoridad moderadora de la institución monárquica, lo que les otorgaba cohesión y acuerdo. Evidentemente, siempre quedaba la posibilidad para los sectores críticos de constituir plataformas apartidistas que, uniendo grupos de presión, se limitaran a formular a los gobernantes o a la Corona demandas puntuales en defensa de intereses parciales, ya fuese en lo concerniente a la política fiscal o arancelaria o bien a las reformas jurídicas. En Cataluña, el memorial de agravios de 1885, el Memorial de greuges, constituye una buena muestra de ello.

La capacidad del sistema canovista para la homogeneización y la construcción del consenso se basaba en el hecho de que tanto Cánovas como Sagasta tuvieron bien presentes, en el momento de proceder a su diseño, las características reales de la sociedad española —no en vano los inicios de la Restauración coincidieron con la entrada en el país del positivismo—, en particular su grado de articulación y/o desarticulación. El bipartidismo constituía un verdadero spoils system que exigía, como condición preliminar, la exclusión de amplios sectores de la sociedad del juego político. La progresiva ampliación de los mecanismos de participación, en especial en la segunda mitad de los ochenta, no iba a cambiar sustancialmente la característica de fondo del sistema. La práctica clientelar de los «amigos políticos» y la manipulación gubernamental, en tanto que mecanismos de control no formalizados, condicionaron siempre el desarrollo de los procesos electorales. Sobre todo el caciquismo, de larga tradición en España y no excepcional en la Europa y la América de la época —a pesar de un cierto matiz falsamente casticista y tremendista popularizado por el costismo—, se mostró, tanto en su variante rural como en la urbana, como una garantía para evitar que un sufragio masculino más o menos extenso se convirtiera en un elemento disgregador.

El Ministerio de Gobernación, los gobernadores civiles y los notables locales constituían las distintas piezas de una cadena que tenía como finalidad formar mayorías parlamentarias estables —el jefe de Gabinete que acababa de adquirir la confianza regia era, con todos los elementos a su disposición, el encargado de fabricarlas— y acordar una representación proporcional a la minoría dinástica e incluso a las personalidades más significativas de las oposiciones extradinásticas. Ayudaban a ello, asimismo, el sufragio limitado, un sistema electoral mayoritario, circunscripciones uninominales y el control de la vida municipal. Sin olvidar, está claro, el recurso sistemático al encasillado —la elaboración negociada de las listas de candidatos entre el poder central y las organizaciones provinciales— o al pucherazo —la manipulación de los resultados a través de la intimidación o la falsificación de las actas—, además de la opción extrema, si se hacía necesaria, de la suspensión de las garantías constitucionales. Sea como fuere, no deberíamos olvidar, para entender estos fenómenos en su momento y evitar el pecado de presentismo, que el fraude electoral, el clientelismo o la corrupción administrativa no estaban ausentes, de ninguna manera, de otros regímenes contemporáneos en teoría más estables, desde Gran Bretaña hasta Estados Unidos.

Con algunas pequeñas interrupciones, Cánovas del Castillo gobernó entre 1875 y 1881, 1884 y 1885, 1890 y 1892, y 1895 y 1897 —un atentado, perpetrado por un anarquista en el balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa, truncó su vida en este último año—. El periodo de 1875 a 1881 resultó decisivo para el asentamiento y la consolidación del régimen. En 1881 accedió al Gobierno Sagasta, investido ya de la legitimidad política regia. En su primer Gabinete, entre 1881 y 1883, así como en el de José Posada Herrera (1883-1884), se intentaron algunas reformas de calado, aunque hubo que esperar para su real concreción a la segunda mitad de los años ochenta. Entre enero de 1884 y octubre de 1885 gobernaron de nuevo los liberales conservadores, que habían reforzado su formación incorporando los restos de la Unión Católica de Alejandro Pidal, una agrupación creada en 1881 que pretendía representar un polo católico verdaderamente operativo. De la misma manera que el ingreso de Sagasta en el sistema restaurador había reducido y contribuía a seguir contrayendo las filas republicanas, la integración de Pidal en el conservadurismo dinástico dejaba a los carlistas como solitaria oposición de derechas al régimen. Sagasta volvió a estar al frente del Gabinete entre 1885 y 1890, 1892 y 1895, 1897 y 1899, y 1901 y 1902. Y encabezó aún los dos primeros Gobiernos de la nueva época de Alfonso XIII. A la muerte del líder conservador, Francisco Silvela (1900) y Marcelo de Azcárraga (1900-1901), por su parte, ocuparon su puesto en el marco del sistema de alternancia.

El fallecimiento de Alfonso XII en noviembre de 1885 provocó una minicrisis, que, contra lo que pudo pensarse en algún momento, acabó reforzando el régimen de la Restauración. De su segundo matrimonio dejaba dos hijas y a su esposa embarazada. El fantasma de la posible falta de descendencia masculina y de nuevas querellas dinásticas, con la guerra carlista en un recuerdo todavía nada lejano, infundió temores e incertidumbre. Y, al mismo tiempo, creó lógicas expectativas entre las oposiciones excluidas del sistema, que se agitaron en los meses que transcurrieron hasta el nacimiento póstumo del futuro Alfonso XIII en mayo de 1886. El feliz alumbramiento, junto con los apoyos de sectores militares y eclesiásticos, además de los recibidos de las potencias europeas, dificultó todo movimiento amenazador. Al final, lo más destacado en lo que a la subversión del orden se refiere iba a ser el fracasado pronunciamiento del brigadier Rafael Villacampa en Madrid, en 1886 —el retraimiento de una parte importante de los comprometidos, junto con la pasividad del elemento civil, facilitaron el aislamiento de los sublevados y la desarticulación de las ramificaciones en provincias—, que constituye el último del ciclo insurreccional del republicanismo ruiz-zorrillista y de la aventura de la Asociación Republicana Militar (ARM). El acuerdo entre conservadores y liberales —lo que algunos denominaron por aquel entonces el Pacto de El Pardo—, con la cesión de Cánovas a Sagasta de su lugar al frente del Gobierno de España, mostró la solidez de las bases del sistema. La regencia de María Cristina, una mujer tímida, inteligente y cultivada, muy aficionada a la música, tardó poco en consolidarse.

Durante el denominado «Parlamento largo» liberal, entre 1885 y 1890, con Práxedes Mateo Sagasta a la cabeza del Ejecutivo, se materializaron las principales reformas político-institucionales impulsadas por el liberalismo dinástico: abolición de la esclavitud (1886), Ley de Asociaciones (1887), juicio por jurado (1888), sufragio universal (1890). La plena consolidación del sistema de la Restauración facilitaba las aperturas y la ampliación de las libertades. La introducción en España del sufragio universal, que llevó a una ampliación del censo electoral de 800.000 personas a 5 millones, convertía a cada ciudadano, hombre y mayor de 25 años, en un sujeto formalmente partícipe del mecanismo de representación unitaria del Estado. Esta reforma, más precoz que en la mayoría de los demás países de Europa, estaba condenada a tener un impacto mucho mayor que en su primera aplicación tras la revolución de 1868, puesto que ahora no se trataba de una imposición institucional, sino de la lógica conclusión del despliegue de un programa de reformas consensuado con las fuerzas del conservadurismo. No era, en cualquier caso, como escribiera Javier Tusell, una medida que respondiese a una auténtica demanda popular, sino más bien a una exigencia de la propia clase política. El proceso de debilitamiento de las oposiciones avalaba la idea de que el nuevo sufragio no iba a convertirse en arma desestabilizadora. El caciquismo y la política desde arriba frenaron, aunque sin conseguirlo ni totalmente ni eternamente, sus potencialidades en el terreno de la politización. En algunos casos, los efectos disgregadores resultaron irrefrenables, ya fuera haciendo posible el aumento del peso de los electores republicanos en circunscripciones urbanas, o, más adelante, permitiendo la formalización en Cataluña, a partir de 1901, de un sistema de partidos específico.

Desde fines de la década de 1880, carlistas y republicanos habían procedido a una acomodación, que no era en ningún caso su aceptación sin reservas, al sistema de la Restauración y participaron activamente en la modernización de los partidos y de las formas políticas. Las dinámicas locales tuvieron en este punto una gran importancia. Se trataba de escapar de la efectividad del sistema restaurador a la hora de neutralizar el poder desestabilizador de las fuerzas populares que, desde perspectivas ideológicas distintas y a veces claramente contrapuestas, habían dado muestras de gran capacidad de movilización política e insurreccional en la etapa del Sexenio Democrático. Quedar fuera del sistema significaba tener que moverse entre la clandestinidad, el retraimiento y la amenaza, y, asimismo, entre el posibilismo, claudicante para muchos, y la radicalización. Con dicha acomodación, a la derecha de los conservadores se instalaron los carlistas dirigidos por el marqués de Cerralbo y los integristas —estos últimos, capitaneados por Ramón Nocedal, se habían escindido del movimiento del pretendiente Carlos VII en 1888—, mientras que los republicanos —aunque todavía muy divididos entre progresistas, centralistas, federalistas y alguna que otra familia más— y los socialistas de los flamantes PSOE y la UGT se situaron a la izquierda política de los liberales. Más adelante, en la etapa de entre siglos, nacionalistas catalanes y vascos reclamaron una porción del espacio de centro. La política española se convirtió, en fin de cuentas, en mucho más compleja y plural en el fin de siglo. La proliferación de círculos y de otras formas de sociabilidad política, desde los círculos carlistas y republicanos hasta las casas del pueblo republicanas y socialistas, pasando por los batzokis nacionalistas vascos, los centros catalanistas y los ateneos anarquistas, así como también la importancia otorgada a la propaganda, los mítines y la movilización popular, se encuentran en la base de un proceso de modernización política que iba a mostrar con claridad todas sus posibilidades a inicios del siglo XX. Como ocurriera de manera paralela en países más o menos vecinos como Italia, esta modernización, que significaba, asimismo, avances en el proceso de politización y en la ciudadanía, procedió, como no podía ser de otra manera, de los partidos alternativos al turnismo dinástico.

La violencia política, con el cierre del ciclo republicano ruiz-zorrillista en 1886 y con la excepción del movimiento aislado y limitado del carlismo en 1900 —la denominada «Octubrada», que mostró la necesidad de renovar las tácticas violentas y sirvió a aquel grupo para pensar en la creación, más adelante, de estructuras paramilitares juveniles como los requetés—, fue patrimonio sobre todo, a partir de mediados de los ochenta, del anarquismo. Tras el protagonismo adquirido durante el Sexenio Democrático —la bakuninista Federación Regional Española de la AIT tuvo un destacado papel—, este último movimiento fue sometido a una muy dura represión a partir de 1874 y 1875. Las principales acciones anarquistas se produjeron entre 1893 y 1897. Anteriormente habían tenido ya lugar fenómenos de violencia intensa en tierras andaluzas —el proceso de la Mano Negra (1883) o el asalto a Jerez por parte de jornaleros del campo (1892)—, así como alteraciones del orden y estallido de pequeñas bombas en diferentes puntos del área peninsular. En la última década del siglo se pasó a los atentados contra personajes claves de la estructura de la Restauración (Martínez Campos o Cánovas del Castillo) o contra lugares y actos emblemáticos del régimen, la burguesía, el ejército o la Iglesia (la bomba del Liceo u otra contra la procesión del Corpus, ambas en Barcelona, bautizada entonces por algunos como la ciudad de las bombas). A todas estas acciones les siguieron numerosas reacciones represivas —destacó, en este sentido, el conocido como proceso de Montjuic, en 1897—, lo que dio lugar a una dinámica de acción-represión-acción cuyos efectos acabaron afectando a amplias capas del movimiento obrero. Después de un breve paréntesis, entre 1904 y 1909 se iba a entrar en una nueva fase de propaganda por la acción. En cualquier caso, ni las insurrecciones carlistas y republicanas, en un primer momento, ni más adelante los atentados anarquistas pusieron nunca en serio peligro las estructuras del Estado de la Restauración.

LA NACIÓN ESPAÑOLA Y LOS NACIONALISMOS

A finales del siglo XIX, España tuvo que enfrentarse, al igual que otras naciones de la Europa latina, a sus contradicciones y a sus fantasmas. La crisis del 98 o las crisis de fin de siglo, en dos formulaciones no incompatibles, marcaron en profundidad el sistema político y, más generalmente, la sociedad española de la Restauración. El imaginario del 98 ha condicionado, de algún modo, el siglo XX, desde los regeneracionismos de todo pelaje hasta el franquismo. Existe, todavía, un mito del 98: la pérdida de las colonias, el fin del Imperio español, una suerte de hundimiento de una civilización. Sea como fuere, las cosas, como casi siempre ocurre en los procesos históricos, resultaron mucho más complejas. Jacques Maurice y Carlos Serrano escribieron que «se temía una tempestad, algo así como Sedán y la Comuna juntos; fue poco más que una brisa». El denominado «Desastre del 98» no fue, en puridad, analizado en perspectiva, ni una catástrofe ni una ruptura histórica mayor. La expresión «España fin de siglo» evoca una nación en pleno cuestionamiento e inmersa en un debate sobre sus propias contradicciones. Sin embargo, a pesar de ello —y el historiador debe ser muy sensible a esta cuestión—, el fin de centuria fue vivido entonces como un desastre, como el Desastre por antonomasia de la historia patria. El dirigente conservador Francisco Silvela lo expresó, en el título de un texto periodístico, con dos simples palabras, pero que definían el aparente estado de postración de España: «Sin pulso». Las metáforas médicas proliferaron por doquier: la nación estaba enferma, en decadencia o muerta —España tenía un problema, que no era otro que el «problema de España»— y la regeneración resultaba indispensable. Muchos médicos o curanderos se ofrecieron a tratar el cuerpo enfermo; cirujanos de hierro, en algún caso. Fueron, en fin de cuentas, los momentos estelares del regeneracionismo simbolizado por Joaquín Costa.

En los años postreros del siglo XIX y en los dos o tres primeros de la nueva centuria coincidieron un total de media decena de situaciones críticas. Podría decirse que las crisis de final de siglo se asemejan a un pentaedro en el que cada una de las caras corresponde a un aspecto de la totalidad: la Guerra de Cuba (1895-1898) y la pérdida de las colonias, los problemas económicos, los conflictos sociales, la crisis del sistema político de la Restauración en su versión canovista-sagastina y, por último, las interrogaciones intelectuales. Algunos de estos puntos han sido ya objeto de comentarios en el apartado anterior y otros están desarrollados en los demás capítulos del volumen. Únicamente serán evocados en estas páginas. Por lo que a la primera de las situaciones antes aludidas se refiere, España se vio en la obligación de abandonar sus últimas colonias: Cuba y Puerto Rico, en las Antillas, y las Filipinas, en el Pacífico. La Guerra de Cuba contra los insurgentes de la isla y contra Estados Unidos —el león español contra el cerdo yankee, tal como se representaba el conflicto en las caricaturas de la época—, que terminó con la derrota española, significó la desaparición de los restos del viejo imperio colonial. Para España, las principales consecuencias de la guerra fueron grandes pérdidas materiales y numerosas víctimas, sobre todo provocadas por las enfermedades y las condiciones de vida de los soldados y los civiles —muchos volvieron tan brancos como el gallego Adrián del cuento «Poema humilde», que Emilia Pardo Bazán publicó en 1897 en El Socialista—; la desaparición de un mercado privilegiado para los comerciantes e industriales catalanes, una cuestión que tuvo efectos económicos menores, pero secuelas mayores, como veremos, en el terreno de la política nacional; una sensación de humillación, en especial en el ejército, que atizó en el inicio del siglo los conflictos entre militaristas y antimilitaristas; y, finalmente, un cambio en el statu quo del país en el mundo.

Sostenía José María Jover que las posesiones abandonadas en 1898 no eran más que los residuos de un gran imperio colonial en manos de una pequeña potencia. La pérdida de las colonias y el final del viejo imperio tuvieron lugar, no debe olvidarse el dato, en plena época del imperialismo. España se convirtió en una potencia de tercer orden, profundamente ensimismada a lo largo del siglo siguiente. La tensión entre imperio y nación resulta aquí palpable. Si a la crisis cubana le añadiéramos otros acontecimientos, como el ultimátum inglés a Portugal (1890), la derrota italiana en Adua (1896) o el incidente de Fachoda (1898), tendríamos un cuadro bastante completo de las debilidades de los Estados del sur de Europa. Las pequeñas aventuras españolas en el norte de África, en el siglo XX, no iban a ayudar a cambiar sustancialmente este estado de cosas.

No resulta casual que fuera por aquel entonces cuando la palabra «intelectual» empezase a utilizarse no únicamente como adjetivo, sino también como sustantivo. El nacimiento de esta figura debe ser puesto en relación, en el caso hispánico, tanto con las reacciones ante el susodicho Desastre como con las protestas provocadas por el proceso de Montjuic. Personajes como Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu o, entre otros, José Ortega y Gasset se corresponden bien con esta nueva categoría, a caballo entre lo cultural y lo político. El malestar resultaba evidente, aunque también, como se ha insinuado anteriormente, el contraste entre la realidad y sus lecturas y representaciones. Fueron la política y los políticos de la Restauración las víctimas preferidas de los nuevos intelectuales. Sin embargo, las dificultades políticas no tenían como causa principal la derrota colonial.

Entre 1898 y 1902 se asistió a una crisis del régimen de la Restauración, mucho más grave que la de 1885, bastante menos que la que iba a preceder —y provocar, está claro— el golpe militar de 1923. En esta fase se pusieron en evidencia varios problemas y disfunciones del sistema: la fuerte presión de las oposiciones y la modernización de la forma-partido; el crecimiento de las movilizaciones y el desarrollo del espacio público —el número de periódicos editados en España aumentó significativamente, de algo más de medio millar en 1879 a más del doble en 1888 y a 1.347 en 1900, según los trabajos de Jean-Louis Guereña—; la multiplicación de asociaciones y partidos regionalistas y nacionalistas, y, asimismo, la desaparición de la generación de políticos que había protagonizado el Sexenio Democrático y la primera parte de la Restauración. Entre estos últimos sobresalían, sin distinción de ideologías y opciones partidistas, Manuel Ruiz Zorrilla (1895), Manuel Becerra (1896), Antonio Cánovas del Castillo (1897), Emilio Castelar (1899), Germán Gamazo (1901), Francisco Pi y Margall (1901), Víctor Balaguer (1901) o Luis María de Llauder (1902). Práxedes Mateo Sagasta falleció en 1903, Valentí Almirall, en 1904, Raimundo Fernández Villaverde, en 1905 y Francisco Romero Robledo, en 1906. Nuevos líderes jóvenes van a entrar en escena en unos momentos en los que el cuestionamiento de la fórmula turnista no era un tema menor y en los que existía una fractura creciente, para expresarlo en palabras de la época, entre el país real y el país legal. El sistema restaurador necesitaba, en la España de entre siglos, pequeñas y, a veces, no tan pequeñas modificaciones, así como voluntad por parte de sus dirigentes de adaptarse a los cambios y las novedades.

Entre estos últimos, el surgimiento de los nacionalismos alternativos, subestatales o periféricos fue, sin duda, el más destacable. El conflicto nacional acabó convirtiéndose en central en la historia de la España del siglo XX —y, como bien sabemos, del siglo XXI—. Unamuno escribía en 1897 que la unidad nacional española no era algo evidente. ¿Por qué surgieron a fines del siglo XIX nacionalismos alternativos en España? No existen explicaciones ni fórmulas únicas. Las referencias a fenómenos más o menos naturales o más o menos inexorables no nos sirven. Tampoco, en el campo opuesto, las alusiones a la simple invención. Los procesos históricos siempre son más complicados. Para entender la génesis de los nacionalismos catalán, vasco o gallego —un desarrollo mucho más lento, en este último caso, a pesar de la obra de Manuel Murguía y de Alfredo Brañas o de las ligas gallegas, que no permite su eclosión definitiva hasta la década de 1930— deberíamos tener en cuenta cuatro conjuntos de elementos, pertenecientes a campos diferentes. Ante todo, sin que el orden tenga una especial significación, se dio en primer lugar una coyuntura propicia. El final del siglo XIX responde bien a esta exigencia, con sus crisis y problemas, como hemos podido ver en los párrafos precedentes.

En segundo lugar, existía un descontento manifiesto en relación con los proyectos de construcción del Estado-nación español. No se pueden entender los nacionalismos periféricos sin tener permanentemente en cuenta el nacionalismo estatal. A lo largo del siglo XIX se asistió en España —de manera paralela a lo que ocurría en otros países europeos, como Francia o Italia— a un proceso de construcción nacional y a la voluntad de hacer españoles, de españolizar, esto es, de nacionalizar una comunidad política preexistente. Los resultados condicionaron, evidentemente, la emergencia o no de proyectos alternativos. Los historiadores han debatido mucho en los últimos 25 años sobre el éxito o el fracaso del proceso de construcción nacional en la España del siglo XIX. La tesis de la debilidad, muy extendida en un primer momento, ha sido recientemente impugnada o, como mínimo, matizada. Los problemas, sin embargo, resultan innegables. Las hipótesis más influyentes en este terreno fueron presentadas por el historiador catalán Borja de Riquer en un texto en el que intentaba exponer las razones de la debilidad de este proceso y sus efectos sobre el nacimiento de los nacionalismos catalán y vasco. Los nacionalismos periféricos no habrían destruido la unidad española, sostiene este autor en sus conclusiones, sino al revés: fueron el fracaso o la crisis de la penetración social del nacionalismo español los que permitieron el triunfo de los nacionalismos alternativos. Los argumentos que permitían defender esta posición eran los siguientes: las características específicas de la revolución liberal española; la ineficacia de la acción unificadora del Estado; el carácter nacional precario de la vida política —un país de centralismo oficial, pero de localismo real, como escribió acertadamente Juan Pablo Fusi—; los desequilibrios económicos regionales —sobre todo entre Cataluña y el País Vasco y el resto— y la débil homogeneidad social; un mensaje de integración nacional conservador y nostálgico; una acción insuficiente del ejército y de la escuela en el proceso de nacionalización (los agentes estatales nacionalizadores por excelencia, junto con las comunicaciones, según Eugen Weber en Peasants into Frenchmen, de 1976), en la que el fracaso de la imposición del castellano como lengua única española resulta un buen ejemplo; y, finalmente, la falta de prestigio de la monarquía y de los símbolos de la nueva nación (la bandera o el himno, pongamos por caso).

El análisis de Riquer ha sido muy criticado últimamente, tanto por lo que se refiere al peligro de la utilización de modelos de normalidad —léase aquí, sobre todo, Francia— como a la falta de tratamiento del trabajo de españolización de la propia sociedad civil, al margen del Estado, o la no insistencia en algunos puntos, como la ausencia de enemigos exteriores o el papel de la Iglesia y el catolicismo. Como quiera que sea, las relaciones entre el proceso de construcción nacional español, sin la fuerza suficiente que garantizase su éxito —como ha mostrado con brillantez no exenta de polémica José Álvarez Junco en Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001)—, y la génesis de los nacionalismos catalán y vasco a fines del Ochocientos resultan más que evidentes.

En tercer lugar se encuentra la presencia de tradiciones, conciencias, realidades, experiencias y signos de identidad más o menos antiguos. Entre estos elementos sobresalen la lengua —el catalán, el vasco o el gallego, con niveles de uso muy desiguales—; una cultura y una historia propias; las lealtades institucionales y las tradiciones jurídicas locales y regionales; la conciencia étnica y las identidades; o, entre otros, las realidades socioeconómicas —la industrialización catalana o vasca, por ejemplo— y las experiencias históricas acumuladas. Aunque toda nación y todo nacionalismo sean una construcción, no sería posible emprender esta construcción sin unas sólidas bases, sin materiales. Por último, en los conjuntos de elementos que estamos tratando, nos encontramos con los actores: intelectuales, políticos y profesionales. Personas dispuestas y disponibles, en fin de cuentas, a dotar de fuerza y a dirigir este proceso histórico. En este sentido, el desarrollo a lo largo del siglo XIX en España de importantes movimientos románticos (la Renaixença catalana, en especial), anticentralistas (el federalismo, el provincialismo o el fuerismo vasco) y regionalistas (en Galicia, en Cataluña y también en Aragón) debe ser tenido en cuenta. La convergencia de todos los elementos anteriores y sus interrelaciones permiten explicar la eclosión de los nacionalismos que denominamos periféricos en la España de fin de siglo. Por separado, nunca habrían dado lugar a este resultado. Por ejemplo, una cultura o una lengua propias pueden constituir piezas centrales, como en el caso catalán, o secundarias, como en el País Vasco —la raza fundamentó allí los primeros discursos nacionalistas, en especial los de Sabino Arana, en una peculiar sublimación a contrario del casticismo español más intransigente, con atribuciones de pureza de sangre incluidas—; sea como fuere, no resultan suficientes para dar lugar a un nacionalismo, como muestran claramente la región valenciana o las Baleares. Además, ni todos los regionalismos ni todos los movimientos anticentralistas acabaron convirtiéndose en nacionalismos. El regionalismo aragonés es un buen ejemplo de ello. Incluso, en otro orden de cosas, los regionalismos, como en el caso valenciano, pueden ser excelentes vías de nacionalización española.

El catalán fue, sin duda alguna, el movimiento nacionalista alternativo que se consolidó más rápidamente. La Lliga Regionalista, el primer partido de masas nacionalista, fue creada en 1901. La formación, dirigida por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, puede ser definida como nacionalista, conservadora, industrialista y no dinástica. La Lliga Regionalista reunió, sobre todo, a los burgueses descontentos con la ineficacia del Estado y los partidos de la Restauración a la hora de defender sus intereses en la agitada coyuntura finisecular y a los intelectuales catalanistas que habían participado en la experiencia de la Unió Catalanista, una asociación fundada en 1891, y en la elaboración de las Bases de Manresa (1892). La Lliga se impuso ya en las elecciones de 1901 en Barcelona —triunfaron sus cuatro candidatos, los denominados «cuatro presidentes», de la candidatura catalanista— y abrió las puertas a un sistema de partidos específicamente catalán. Esta formación se convirtió en hegemónica en Cataluña hasta la Segunda República, con el ascenso de Esquerra Republicana de Catalunya, y llevó a cabo con bastante éxito un intenso proceso de expansión social y de nacionalización catalana en todos los terrenos. El desarrollo del movimiento cultural noucentista y la acción de la Mancomunidad de Cataluña, presidida por Prat de la Riba, fueron, en este último punto, esenciales.

El nacionalismo vasco se impuso de manera mucho más lenta, aunque con buenas perspectivas de cara al futuro. En las provincias vascongadas, el carlismo y el integrismo ocupaban todavía buena parte del espacio político que los nacionalistas esperaban conquistar. Los textos teóricos de Sabino Arana, la creación del Partido Nacionalista Vasco, la confluencia en él del grupo dirigido por el industrial Ramón de la Sota en 1898, las primeras participaciones electorales o la fundación de centros nacionalistas (batzokis) marcaron la fase inicial de existencia del nacionalismo vasco, hasta la muerte de Arana en 1903. Con la génesis de los nacionalismos periféricos, la España del siglo XX iba a ser muy diferente de la de la anterior centuria. La cuestión nacional y el conflicto entre estos nacionalismos y el Estado se convirtieron en problemas centrales, hasta hoy, de la realidad de España. Los nuevos nacionalismos desarrollaron desde el inicio un proceso de construcción nacional propio, de nacionalización en fin de cuentas, que se hizo casi siempre contra la nación y el nacionalismo o patriotismo español. El nacionalismo es una construcción y la nación una construcción de los nacionalistas. De la España del siglo XIX, enfrascada y enfrentada en la construcción de un Estado-nación, va a pasarse, en el siglo XX, a otro escenario muy distinto: nuevas naciones van a reclamar su puesto en España, nuevos procesos de nacionalización van a ser emprendidos, nuevas propuestas para pensar el Estado van a estar encima de la mesa.

LIBERALISMO Y/O DEMOCRACIA

Las tres primeras décadas del siglo XX conformaron en España la cronología, en lo político, de la lenta descomposición del régimen liberal tal como había sido pensado entre 1874 y 1876. A tal punto llegó el proceso erosivo que, en 1923, se prescindió incluso del constitucionalismo para ensayar una respuesta autoritaria, una dictadura, a los desafíos de la época. Aunque fuera este el resultado final, lo cierto es que en los albores del Novecientos abundaron las propuestas de renovación. Para distintos actores individuales y colectivos, para algunos de los gestores del régimen de la Restauración y para muchas de las oposiciones al sistema, la crisis finisecular había situado en el corazón de la vida española el reto de culminar el largo y complejo camino de la forja de una ciudadanía política y de la conformación de una unidad nacional-estatal moderna, sostenida sobre el principio de comunidad de derechos y de deberes, de fronteras definidas y de eficaz gestión del territorio y de las gentes que lo habitaban. Modificar las formas de representación de los plurales intereses con presencia, de los grupos sociales en conflicto, de las multitudes que emergían como tales a la vida pública, de las periferias que se revelaban no solo resistentes frente a la centralización, sino también particularmente dinámicas, supuso desafíos en absoluto menores. Estos retos, sin embargo, acabaron siendo insuperables en un Estado perdedor en la competición imperialista de la época y en una sociedad que, aunque contando con una evolución positiva del producto agrario y viviendo un destacable ritmo de urbanización, seguía condicionada en sus réplicas colectivas por los bajos niveles de renta por habitante y por las elevadas tasas de analfabetismo. Cuando, en los primeros años de la década de 1930, los republicanos sostenían que llegaban para arrumbar en España con los restos de un universo semifeudal estaban estableciendo una radiografía exagerada de los males de la nación, pero también un balance compartido por la generación que el 14 de abril de 1931 cerró, con la proclamación de una república, tanto las jeremiadas regeneracionistas como la mera posibilidad de retorno al constitucionalismo monárquico tras el episodio de la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

En mayo de 1902, Alfonso XIII fue nombrado rey. Llegaba al trono una figura joven y nueva, acaso inexperta, pero, al fin y al cabo, lo hacía en un momento en el que la juventud y lo novedoso parecían constituir, por sí mismos y sin necesidad de demasiados ejercicios de contraste con la realidad, rasgos positivos y factores de regeneración —la coyuntura cultural era eminentemente vitalista—. El monarca rigió los destinos del país durante una larga etapa —con un mayor grado de intromisión en la toma de decisiones, como ya señalamos anteriormente, que el que habían procurado sus progenitores— que iba a prolongarse hasta su salida del país, hacia el exilio romano, en la primavera de 1931. La coronación de Alfonso XIII constituye, sin duda, un dato de una gran potencia plástica, pero, a la hora de caracterizar 1902 como el punto de arranque de un ciclo político particular, no resultan menos decisivos, para los españoles de esos años y en función de sus respectivas experiencias y expectativas, algunos otros elementos. En primer lugar, sin movernos de este año, una intensa agitación social. Un ciclo de protesta obrera y jornalera recorría los campos y las ciudades, desde Barcelona hasta Andalucía Occidental, pasando por Madrid y llegando hasta tierras de Galicia, y adoptaba modalidades sindicales de tipo inédito: la huelga general revolucionaria. La intensidad de la agitación, que convertía a sus actores en sujetos activos del acontecer nacional y aún cosmopolita —algo de impacto del sindicalismo revolucionario francés tenía la adopción de estas estrategias antagonistas—, iba a mantenerse todavía en un punto muy alto hasta 1904 para pasar después a rebrotar puntualmente cuando el empeoramiento en las condiciones de vida y de trabajo se combinaba con malestares anticlericales o con los producidos por la leva en los conflictos militares en el norte del continente africano en 1909.

A la altura de este año de 1902 y en algunos distritos urbanos, la movilización ciudadana consiguió desbordar el corsé impuesto por los partidos respetables y dar lugar a mayorías electorales no dinásticas, tanto en comicios municipales como en elecciones generales. Acaso la demanda de participación no fuera todo lo generalizada que habría sido exigible para dar cuenta del binomio «oligarquía y caciquismo» que diagnosticó Joaquín Costa. Sin embargo no es menos cierto que allí donde se producía la combinación del requerimiento participativo con una oferta organizativa y discursiva estable y sugerente la ciudadanía hacía aparición y se convertía en protagonista del acontecer público. Fue el caso de Valencia desde la última convocatoria del siglo XIX con la conquista de la ciudad por parte de Vicente Blasco Ibáñez y sus seguidores y seguidoras, los blasquistas. Lo era el de Barcelona desde 1901, con la Lliga Regionalista y los catalanistas, con Alejandro Lerroux y los lerrouxistas. La renovada presencia republicana, gracias a la combinación de viejos y nuevos liderazgos, abría una pequeña grieta en el sistema. Se apoyaba, además, en la única lectura crítica posible de la juventud: la que enfatizaba el componente de inmadurez en una nación que, tras el naufragio colonial, quedaba en manos de un joven imberbe, un rey-niño supuestamente manipulable e integrante de un linaje que, al fin y al cabo, había contribuido a la decadencia patria.

En el caso de Barcelona, dicha grieta no se habría materializado de no ser por el empeño coincidente de un nacionalismo subestatal que, al amparo del encanto del sustantivo «regeneración», operaba como proyecto sostenido sobre la movilización y encuadramiento de la ciudadanía, con los hijos de las buenas familias al frente. En Madrid, por su parte, a pesar de la obstrucción sistemática a los votantes y candidatos socialistas, el Partido Conservador no pudo evitar, en 1903, que seis de los ocho escaños en disputa fuesen a parar a candidatos de la Unión Republicana. En el conjunto de España, una treintena de diputados del mismo signo avalaban la apuesta electoral. Frente a la decadencia patria, la ciudadanía, en las ciudades y —como ponen de manifiesto estudios recientes para Andalucía y otras regiones— también en el mundo rural, reclamaba y ejercía sus derechos civiles y políticos y, en ciertos casos, sumaba a ello la exigencia de equidad.

Otro aspecto introducía, asimismo, interrogantes a la altura de 1902. Se trata de la propia fortaleza del sistema de partidos conformado en los inicios de la Restauración. Alfonso XIII subió al trono estando al frente del Ejecutivo Práxedes Mateo Sagasta, que fue sustituido a finales de año por un Gobierno encabezado por Francisco Silvela. La elección de este preboste conservador, el primero que contó con la confianza del monarca, mostraba la predilección hacia las apuestas regeneracionistas. La gestión del Gabinete Silvela, sin embargo, no consiguió estabilizarse ni, por ello, pudo asentarse un liderazgo incontestable y liberador del recuerdo de don Antonio Cánovas del Castillo. Las fracturas registradas en el campo conservador, plasmadas en las presiones del presidente del Congreso (Raimundo Fernández Villaverde) y presidente puente del Consejo de Ministros, acabaron dando la oportunidad a un antiguo liberal. El mallorquín Antonio Maura, recién ingresado en el campo conservador, encabezó la propuesta sin lugar a dudas más ambiciosa y sistemática de regeneración, si ello era factible, desde dentro. Desde 1902 apuntó la urgencia de una revolución desde arriba, protagonizada por las élites liberales y, en la medida que los obstáculos se fueron haciendo más evidentes, con el concurso de unas masas católicas por aquel entonces acomodadas y retraídas. Una revolución, en fin de cuentas, que descentralizase y modernizase la Administración; que abordase reformas económicas, culturales y militares; que intentase —contando con la iniciativa de Eduardo Dato— una legislación social capaz de regular las relaciones laborales, de proteger la industria y de potenciar la pequeña propiedad agraria. Todo ello, claro está, siempre desde la prevención con respecto a las multitudes.

Antonio Maura promovió en 1904 el viaje del joven monarca a Barcelona —las visitas regias tuvieron a lo largo del reinado, junto con la política exterior, un papel fundamental en la nacionalización monárquica—, en un intento apenas disimulado por recomponer el pacto entre la Corona y una sociedad, la barcelonesa, que desde 1901 había desplegado una arena pública crecientemente autónoma y algo desdeñosa hacia la monarquía. A pesar del éxito de la visita, el desencuentro entre Alfonso XIII y Antonio Maura, surgido a propósito de ciertos nombramientos militares —un ámbito en el que el monarca, por razón de considerarse uno de ellos, mostró el gusto por imponer sus puntos de vista—, facilitó el acceso de los liberales al poder ejecutivo entre 1905 y 1907. El turno se mantenía, pero con las piezas que lo integraban descompuestas. La muerte de Sagasta, en 1903, y el agotamiento del primigenio programa liberal, además de la coincidencia en el tiempo con la renovación de los liberalismos en las sociedades occidentales —con la irrupción del new liberalism—, hicieron que, al frente del partido, las figuras de Segismundo Moret y de Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, compitiesen con las de Eugenio Montero Ríos y de José López Domínguez, así como con la personalidad comparativamente innovadora, acaso la más acabada y desacomplejada expresión del nuevo liberalismo en su versión hispánica, de José Canalejas. La depuración de la práctica del sufragio universal y de los demás mecanismos propios de una democracia representativa en proceso de despliegue, partiendo de una creciente participación del cuerpo electoral, la incorporación de un más preciso y ambicioso programa social que permitiese la puesta en práctica de reformas que atemperaran la conflictividad obrera y campesina o un más decidido control de las activas órdenes religiosas —en particular tras los efectos indirectos causados por las leyes francesas, que Benito Pérez Galdós tenía claramente presentes cuando, en 1912, escribió la ya citada novela Cánovas, en la que al final numerosas «aves de rapiña» invadían las tierras de España— otorgaba al liberalismo unos perfiles más agresivos y, como iba a ponerse de manifiesto en la dinámica abierta en 1907, más dispuestos a la posibilidad del encuentro con las izquierdas no dinásticas.

El anticlericalismo, en concreto, iba a mostrar su funcionalidad como argamasa capaz de dar solidez a la agitación callejera y al encuentro, por arriba, de las élites políticas del liberalismo, del republicanismo y aun, como demostraron algunos episodios, del socialismo. La modernización de las formas políticas del tradicionalismo carlista y el cotidiano activismo de un catolicismo dispuesto a dar la batalla a los procesos secularizadores —eran los tiempos en los que proliferaban las ligas católicas— no se nos antojan ajenos a dicha operatividad. El historiador Julio de la Cueva se refiere a esta coyuntura como «la hora del anticlericalismo en la política de la Restauración». Fueron los años, en definitiva, de 1901 a 1909, en los que la política popular y de confrontación con el sistema restaurador y el anticlericalismo iban de la mano: desde el estreno del drama Electra, de Pérez Galdós, el 30 de enero de 1901, en el Teatro Español de Madrid —e incluso tal vez antes—, hasta los incidentes de iconoclastia virulenta acaecidos cuando la Semana Trágica barcelonesa en 1909. Entre un episodio y el otro deben destacarse los choques registrados en Valencia durante la polémica por el asunto Nozaleda —durante un año largo liberales y republicanos se opusieron al nombramiento de Bernardino Nozaleda como arzobispo de Valencia acusándole, entre otras cosas, de ser un mal español tras su paso por Manila— y las agitaciones con que el Bilbao liberal, republicano y socialista respondía a la convocatoria de peregrinaciones y romerías en octubre de 1903.

Por esas mismas fechas, el liberalismo en el poder —y, con él, el conjunto de las fuerzas dinásticas— se vio tensionado por la irrupción, ya citada, del catalanismo político. Y ello tanto en la calle como en el Parlamento. En el primero de los escenarios la hostilidad creciente entre el nacionalismo catalán y el ejército español —o, más precisamente, entre jóvenes ardientes de uno y otro bando— dio origen a los episodios de asalto por parte de miembros de la oficialidad de las redacciones de periódicos catalanistas como ¡Cu-Cut! o La Veu de Catalunya. Era esta una práctica usual desde los tiempos de la crisis colonial y ponía en evidencia la quiebra, siquiera fragmentaria, del principio civilista sobre el que se había alzado el edificio de la Restauración. En los episodios de 1905, la confrontación en las calles de Barcelona entre dos identidades patrias, la catalana y la española, acabó resolviéndose mediante una crisis ministerial que facilitó la aprobación de una legislación que situaba bajo la jurisdicción de los tribunales militares a los civiles acusados de ultrajar los símbolos patrios o a la milicia. Era la famosa Ley de Jurisdicciones.

La respuesta política, en esta ocasión, enlazando con ciertos aspectos de la lógica regeneracionista de los años finiseculares, consistió en una amplia movilización de la sociedad civil, articulada por sus representantes políticos con independencia de las líneas de fractura ideológicas. «Qué gran suerte es para Cataluña contar con un pueblo», aseguró entonces el antiguo presidente de la Primera República española Nicolás Salmerón. Con ello expresaba la convicción de que en la región existía, a diferencia de otros lugares, una ciudadanía atenta a sus derechos y al bien común. Al mismo tiempo, al caracterizarlo como ideal, Salmerón manifestaba el anhelo de que dicha capacidad de movilización ciudadana se extendiese a otras partes de España. En realidad, la Solidaridad Catalana, entre 1906 y 1909, permitió el triunfo de la hegemonía cultural de la propuesta regional-nacionalista y la conversión de la misma en común denominador que fijaba las fronteras interiores de la sociedad catalana y las del conjunto de esta con el resto de España. La presencia de los diputados solidarios en las Cortes puso en evidencia la unidad cultural y cívica de los representantes catalanes y su voluntad de contribuir a la regeneración de la política española.

La eclosión de los nacionalismos subestatales se sostenía sobre un diagnóstico exitoso, que asociaba centralismo con corrupción, incompetencia y alejamiento del Ejecutivo y del Legislativo de los intereses reales del país. El triunfo de la Lliga Regionalista, encabezada por Prat de la Riba, se basó en la conquista del poder municipal, la regeneración de los procesos políticos y la construcción de espacios administrativos diferenciados. La Mancomunidad de Cataluña, inaugurada en 1914, había iniciado su camino como propuesta de unión de diputaciones tres años antes, tras la evidencia aportada por la Semana Trágica de que, política y socialmente, la unidad civil catalana era impugnable. Como quiera que sea, en los primeros 15 años del siglo, el catalanismo político constituyó la expresión regional de una oposición templada, alejada tanto del antiparlamentarismo reaccionario, que iba adquiriendo nuevos adeptos ante la evidencia de las limitaciones del operativo liberal, como de las tentaciones revolucionarias de las izquierdas. Fue también por aquel entonces, entre 1903 —el año de la muerte de Sabino Arana— y 1923, cuando el Partido Nacionalista Vasco se convirtió en una organización de masas, dotada de una densa red de asociaciones juveniles, femeninas, excursionistas, teatrales y sindicales. Diputaciones y alcaldías, incluyendo, desde 1907 y por Real Orden, la de Bilbao, no fueron instrumentos ajenos a la forja de un partido-comunidad interclasista.

Algo menos activo, si bien decidido también a seguir su propio camino de despliegue, el galleguismo, imitando el ejemplo catalán, dio lugar, entre julio y septiembre de 1907, a una Solidaridad Gallega que agrupaba a elementos tan dispares como el núcleo republicano coruñés, los círculos regionalistas de La Coruña y Betanzos-Pontedeume y los carlistas que seguían a Juan Vázquez de Mella. Se trataba de un paso más, al fin y al cabo, hacia la creación, en 1916, de las más decididamente nacionalistas Irmandades da Fala. En todos los casos, el despliegue nacionalista se nutría de la prevención frente al cambio y se combinaba con la asunción de protagonismo por parte de la comunidad nacional. En los tres movimientos —catalán, vasco y gallego—, el horizonte de participación era una comunidad de iguales en el ejercicio de construcción, de la cual se procedía a definir como no nacionales a determinados rasgos presentes en las sociedades concretas. La depuración no se limitaba a los efectos perversos del sistema liberal parlamentario, sino que alcanzaba a lo que se consideraba extraño al cuerpo nacional primigenio.

Una parte nada desdeñable del catalanismo político, esto es, el que se situaba tras el liderazgo de Enric Prat de la Riba y de Francesc Cambó, compartía con otros elementos conservadores la prevención hacia la participación inorgánica de las multitudes. Los riesgos que, para la estabilidad del sistema restaurador, introducía el sufragio universal masculino en tiempos de incorporación de las masas a la arena política se encuentran tras los esfuerzos de corrección del ejercicio del voto. Más allá del recurso a las limitaciones de la competencia, de la supervivencia de las redes clientelares y del mantenimiento de la injerencia electoral del Ejecutivo, a través de las estructuras del Ministerio de la Gobernación, resultaba necesario intentar la reforma de la ley. El ejercicio más notable en esta dirección fue llevado a cabo por el Gobierno largo de Antonio Maura entre enero de 1907 y octubre de 1909. El anteproyecto de ley de la Administración local y la Ley de Reforma Electoral iban encaminados, como recordó Teresa Carnero, a «constreñir la participación electoral de los ciudadanos y de los partidos progresistas y de clase». La introducción del sufragio corporativo e indirecto, la anulación del proceso electoral en caso de coincidir candidatos y escaños en disputa, el reforzamiento de la endogamia con la fijación de nuevas y restrictivas condiciones para poder presentarse como candidato o, entre otras muchas iniciativas, la extensión del nombramiento gubernativo de los alcaldes en toda localidad de más de 20.000 habitantes constituían medidas destinadas a buscar una salida a los temores de que la universalidad del sufragio masculino condujese, en palabras del liberal Moret, al «gobierno de los más incultos» y al «triunfo del socialismo».

Paradójicamente, las disposiciones citadas, orientadas a prevenir los efectos catastróficos de la corrupción, operaban con una creciente asimilación entre depurar y limitar o, más precisamente, para depurar limitando. De esta manera, se procedió a la actualización del censo electoral, con el traspaso de su gestión desde los municipios hasta el Instituto Geográfico y Estadístico, se vetó la usual sustitución de cargos y empleados municipales antes de la celebración de los comicios, se atribuyó la responsabilidad del proceso electoral a la Junta Central del Censo y se tipificó el delito electoral. A pesar de todo ello, no se acabaron dando garantías de secreto y limpieza en el ejercicio del sufragio. Entre 1910 y 1923 el fraude siguió siendo la norma en los procesos electorales. En nada ayudó a superar tales hábitos el fraccionamiento del sistema de partidos, la tentación corporativa como principio ordenador de lo que parecía amorfo, el conferir a lo militar una renovada capacidad de intervención sobre la vida civil o el buscar en experiencias de expansión exterior —de nuevo, en Marruecos, con el apoyo entusiasta del monarca, al que algunos bautizaron como Alfonso, El Africano— la fuente de un principio cohesionador.

El protagonismo de Maura en este proceso de regeneración resultó fallido tras el bloqueo de sus posibilidades de pervivencia en el poder después de los episodios de la Semana Trágica. El levantamiento vivido en Barcelona en julio de 1909 paralizó la ciudad hasta primeros de agosto y fue duramente reprimido. La sucesión de consejos de guerra y la ejecución del idealizado pedagogo Francisco Ferrer y Guardia reactivaron el bloque de izquierdas ya ensayado con motivo de las reformas legislativas de 1907. Se hizo, en este caso, con el lema «¡Maura no!». La campaña acabó por obtener del rey Alfonso XIII el decreto de disolución de las Cortes y el acceso de Moret, primero, y de Canalejas, desde inicios de 1910, al Gobierno.

José Canalejas inició una etapa intensa de gestión, que no iba a concluir hasta su asesinato, a manos del anarquista Manuel Pardiñas, el 12 de diciembre de 1912 —lejos quedaba ya el intento de otro anarquista, Mateo Morral, de terminar con la vida de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, con la que acababa de desposarse, en 1906, con una bomba oculta en un ramo de flores lanzado desde una casa de huéspedes de la calle Mayor de Madrid, que provocó muchos heridos y más de 20 muertos, entre civiles y militares—. Durante aquellos tres años, en cualquier caso, la acción reformadora del Gabinete ministerial estuvo acompañada de reiterados llamamientos a la opinión para que participara en su condición de ciudadanía. Los ejes más significados de la labor ejecutiva estaban caracterizados por las pasiones del momento. Mediante la denominada Ley del Candado, a finales de 1910, se intentaba acotar la preponderancia de las órdenes religiosas en la vida de la nación. La Ley del Servicio Militar Obligatorio, aprobada en febrero de 1912, fijaba la universalización del mismo. Y, asimismo, siguiendo en este punto la estela señalada por Maura en los años previos, se procuró la incorporación del catalanismo político al terreno de juego más oficial: las negociaciones para la conformación de la Mancomunidad se agilizaron bajo las indicaciones de Canalejas.

La atmósfera de movilización vivida contra Maura en los meses posteriores a la Semana Trágica propiciaron también que el 7 de noviembre de 1909, en Madrid y organizado por un comité mixto republicano-socialista, se celebrase un mitin con la finalidad de protestar y «afirmar solemnemente ante el mundo civilizado que las izquierdas españolas combatirán unidas en todos los terrenos que juzguen necesarios por el triunfo y afianzamiento en España del progreso y la libertad». El acto iba a dar vida a la Conjunción Republicano-Socialista. El socialista Pablo Iglesias, orador destacado en la reunión, aseguró que, aunque el objetivo último del PSOE seguía siendo la conquista del poder político y la emancipación del proletariado, la república constituía una palanca nada desdeñable. Las reticencias republicanas y socialistas a la unidad de acción política se erosionaron y echó a andar, en palabras de Antonio Robles Egea, un proyecto político que iba a culminar, tras muchos avatares, en la proclamación de la Segunda República y, con ella, en el nacimiento del primer Estado democrático y social de España. La Conjunción Republicano-Socialista permitió al PSOE alcanzar su primer escaño parlamentario para Iglesias, en 1910 —el partido no consiguió una segunda acta hasta 1918—, y vivió sus mejores momentos entre la fecha de su fundación y las elecciones de 1914. A partir de este año entró en una cierta decadencia, hasta que fue reanimada, como Alianza de Izquierdas, entre 1918 y 1920.

La desaparición del líder liberal demócrata no solo interrumpió este momento reformista, sino que puso en evidencia algunos de los condicionantes que el siglo había introducido en el funcionamiento del turno. En lugar de Maura, Alfonso XIII llamó a Dato, más políticamente «idóneo», para que se pusiera al frente de un gabinete conservador. Los seguidores de Maura, desairados, se constituyeron en minoría parlamentaria diferenciada. Otros siguieron a Juan de la Cierva. Los restos del canovismo se rompen entonces. Lo más relevante fue que, en estas circunstancias, va a dar los primeros pasos un movimiento, el maurista, que en la Asamblea de enero de 1914 definió un aparato organizativo de comités, periódicos y cooperativas como trama desde la cual sustentar una ambiciosa llamada a la acción colectiva de las multitudes de orden y moderadas. En el proyecto convivían colaboradores del prócer mallorquín que, en los años posteriores, iban a seguir trayectorias diversas e incluso antagónicas. Por el momento, personajes como Ángel Ossorio y Gallardo o José Calvo Sotelo se agruparon, entusiastas, bajo el mismo paraguas político.

El liberalismo se vio también afectado por la aparición de corrientes que, tras la desaparición de Sagasta, primero, y de Canalejas, una década más tarde, respondían en buena medida al papel regulador de los liderazgos y de las clientelas. A las de los nombres ya señalados se sumaron ahora jefaturas como la democrática de Manuel García Prieto o la de Santiago Alba. Con todos ellos encontramos a un heredero del republicanismo moderado, de raíces institucionistas, abierto a las lógicas de la reforma, dispuesto a preterir la cuestión de la forma de Estado al contenido del mismo y la república a la democracia: Melquíades Álvarez. Este, personificando la querencia de ciertos republicanos por privilegiar la democracia ante cualquier otra consideración, creó, en 1912, el Partido Reformista y entró en la nómina de quienes aspiraban al favor real como llave para el acceso al poder.

Sostiene Salvador Forner que, a estas alturas de la centuria, el faccionalismo liberal constituía un obstáculo insalvable para la realización de una política de dimensiones nacionales. El peso de los círculos de notables, de caciques y de redes clientelares para asegurar escaños, los juegos de influencias y la cultura del favor operaban como mecanismos que limaban en la oposición las diferencias. Lo prioritario era alcanzar la gestión del presupuesto y del mercado de puestos de trabajo, concesiones y ayudas que de él emanaban. En las dos primeras décadas del siglo, una vez conseguido, se reabrían las hostilidades entre facciones y la dilución de los posibles programas de gobierno. Aquello que había obrado como estímulo para el acuerdo se convertía ahora en freno a la posibilidad de acción reformista. Otros autores, de forma complementaria, han puesto el énfasis en que las dificultades del encasillado y la proliferación de facciones situaban al parlamentarismo español en la estela de las experiencias pluripartidistas.

Como quiera que sea, en la primera década y media del siglo, y a pesar de los intentos mauristas de reforma de la Administración local, la organización política del municipio mantuvo los rasgos adquiridos con la conformación del Estado liberal en el siglo XIX. La uniformización y la subordinación de los ediles a la autoridad política delegada del Estado en la provincia continuó siendo el rasgo definidor. Los alcaldes de las urbes principales siguieron siendo nombrados mediante Real Orden. A cambio del bloqueo de las reformas, se consolidaron unas élites locales (propietarios agrarios, industriales, comerciantes, personal cualificado de la Administración) que siguieron construyendo consensos, arbitrando en los momentos de conflictividad, influyendo y, en la medida en que se mostraban eficaces en la consecución de sufragios para el candidato en presencia, consiguiendo empleos para los individuos y mejoras —en infraestructuras o de otro tipo— para la comunidad.

LA TENTACIÓN REVOLUCIONARIA

A raíz de la apertura de hostilidades en la I Guerra Mundial, en verano de 1914, el Estado español optó por declararse neutral. Era la enésima manifestación, tras el Desastre, de retraimiento de la escena internacional. Situarse al margen del conflicto bélico no evitó, sin embargo, que sobre la sociedad y el Estado impactasen las múltiples consecuencias producidas por el mismo en el orden económico, político e ideológico. Al fin y al cabo, el estallido de la conflagración y los acontecimientos que se sucedieron en los meses y años siguientes —señaladamente, la revolución soviética— afectaron a las formas de vida, de cultura y de organización política que definían el universo liberal. La confianza en el progreso evolutivo perdía pie. El campo de fuerzas intelectuales y políticas en Europa, altamente creativo en lo concerniente a las ciencias sociales y humanas, cuestionaba la hegemonía de la racionalidad política del siglo XIX. Las necesidades de gestión del conflicto abundaron en las críticas previas, amén de acerbas, a un parlamentarismo estigmatizado por lento, ineficaz e insustancial.

En la derecha hispánica, la impugnación del parlamentarismo inorgánico se practicaba entre carlistas e integristas, en el catolicismo social que desde principios de siglo había estado en el origen de las ligas católicas y en el maurismo radicalizado por los desencuentros con la dinastía. La salvaguardia del orden social y del principio de autoridad se mezclaba con la defensa de la Iglesia ante la secularización cultural y política. En la izquierda, la fascinación ante la eficacia del poder del Estado en la gestión y planificación de cara a las necesidades de las trincheras favoreció la popularidad de lógicas corporativas sindicales. Para unos y otros, un Poder Ejecutivo fuerte resultaba más adecuado para la movilización de los recursos que requerían los frentes de guerra. Ciertamente, el triunfo correspondió, en 1918, a las democracias liberales frente a los regímenes autocráticos. No obstante, los tiempos de la inmediata posguerra estuvieron condicionados por la existencia del contramodelo soviético, por las exigencias de reajuste económico en la vuelta a la normalidad y por la crisis del mapa de fronteras existente antes de 1914. Corporativismo, amenaza o esperanza bolchevique y lógicas de autodeterminación de las naciones sin Estado afectaban, también, a los países que se mantuvieron neutrales.

Un dato en absoluto menor en la evolución política de estos años derivó del impacto que sobre el tejido productivo y las relaciones laborales tuvo la guerra. Las exigencias sobre la producción y los procesos inflacionistas propiciaron que, en los meses situados a caballo entre 1918 y 1919, se sucediera, por toda España, una intensa serie de conflictos laborales. Las huelgas fueron glosadas, en sintonía con la oleada de conmociones revolucionarias que se sucedían en el continente, como la prueba, asegura Ángeles Barrio, «de un incipiente, pero incontenible, poder sindical». La cuestión fue abordada, por liberales como Romanones o por conservadores como Joaquín Sánchez de Toca, como una cuestión de orden público. Sobre todo con ocasión de episodios como el del paro de La Canadiense —como era conocida popularmente la Barcelona Traction, Light and Power Company— en los momentos álgidos de la violencia que enfrentaba a los pistoleros de los Sindicatos Libres con los de la CNT, o bien durante el trienio bolchevique, el ciclo de agitaciones agrarias que tuvo por epicentro Andalucía y se extendió por comarcas manchegas y extremeñas. La secular hambre de tierras se sumaba al descontento provocado por el deterioro de los salarios y de las condiciones de vida. Bien es cierto que la intensidad de la presión y el progreso imparable de la sindicalización de la fuerza de trabajo provocaron que se fuera más allá de la mera preocupación por la seguridad ciudadana. La agenda de las agitaciones era básicamente laboral —tenía que ver con las características de los contratos de trabajo y con la conquista de derechos sindicales—, pero comportó un renovado interés, en el debate político, por la cuestión social. El sindicalismo español vivía, como otros, su propia crisis de crecimiento, que correspondía al registrado durante los años expansivos de la Gran Guerra con el incremento de la afiliación entre los trabajadores urbanos y la nueva centralidad de las cuestiones agrarias. También, evidentemente, aquel derivado de la apoteosis de la tesis revolucionaria que otorgaba al sindicato la condición de sujeto y forja de la revolución; una tesis que, de hecho, contemplaba a los sindicatos asumiendo el papel del Estado y procediendo a la abolición del régimen de salariado.

El impacto de la convulsión social fue lo suficientemente grave como para inducir a los elementos próximos al nuevo liberalismo, así como a republicanos y a socialistas, e incluso a no pocos conservadores sociales —ya fuese desde los Ateneos o en el Gabinete ministerial—, a repensar las vías de transición del liberalismo a la democracia y a proponer inéditas e imprecisas fórmulas de nuevo pacto social reformador. En 1919, el Gobierno de Romanones estableció la jornada laboral de ocho horas y el primer seguro social de carácter obligatorio, el llamado retiro obrero. En mayo de 1920, el Gabinete de Dato creó el Ministerio de Trabajo. En su seno se acogía tanto al Instituto de Reformas Sociales, creado en el lejano 1903, como al Instituto Nacional de Previsión. Dos años más tarde, el Real Decreto sobre Comités Paritarios hizo que proliferasen por doquier las comisiones mixtas de empresarios y obreros. Entre las nuevas propuestas sociales figuraba, asimismo, aquella que, recogida posteriormente por el Directorio, ideó la presencia del sujeto colectivo sindical en el sistema de participación y representación política.

El conflicto europeo permitió que las fracturas políticas interiores se expresasen en términos de posicionamiento internacional. Frente a la neutralidad oficial y al neutralismo pacifista de unos pocos izquierdistas y de ciertos anarcosindicalistas, el país se escindió entre aliadófilos —en el grueso de las izquierdas, mera francofilia— y germanófilos. Las derechas de todo tipo —raras excepciones en ello, como un sector de la dirigencia carlista, lo que favoreció una escisión interna— y, en particular, las seducidas por las críticas a los vicios del parlamentarismo se alinearon en el segundo bloque. Las alianzas sentimentales y organizativas con los países en conflicto realzaban el sentido esencial de la confrontación interna y orientaban las respuestas a la cuestión última, auténtico trasfondo de no pocas batallas políticas del momento: la problemática de la representación política. Desde 1914, la inestabilidad de los Gobiernos y la imposibilidad de asentar mayorías parlamentarias sólidas, dada la implosión de los partidos dinásticos y el aumento exponencial de los grupos dispuestos a gobernar, obligaron a repensar las reglas del juego político. Las minorías —dinásticas, antidinásticas o accidentalistas— hicieron uso y abuso de la obstrucción para bloquear la iniciativa gubernamental y erosionar el turnismo. Como en tantos otros aspectos, el fenómeno no era privativo de la vida española, sino la expresión de un problema más amplio que afectaba al conjunto de los regímenes parlamentarios liberales.

En el Parlamento español destacó, en dicha práctica obstruccionista, la Lliga Regionalista catalana. La instauración de una Administración regional, la Mancomunidad, en 1914, no apaciguó las demandas nacionalistas. Ya fuese para llenar la Mancomunidad de contenido político, económico y cultural o para exigir la oficialidad de la lengua catalana y su libre uso en la enseñanza, los tribunales o la Administración, las negativas gubernamentales —procediesen estas de Dato o de Romanones, tanto monta y monta tanto en este tema— comportaban sucesivas declaraciones de hostilidad parlamentaria que, hábilmente dirigidas por Cambó, bloqueaban la actividad legislativa. La debilidad de los partidos del turno, aseguraba el líder lligaire, les inducía a ambicionar el poder. La guerra, a su vez, estimulaba a las facciones más radicales de los distintos nacionalismos periféricos y situaba a sus franjas centrales en la necesidad de ser más ambiciosas en sus apuestas y de ofrecer resultados tangibles a sus clientelas. Al fin y al cabo, las tesis en favor de la autodeterminación de las naciones que propugnaba el presidente estadounidense Woodrow Wilson con cierto énfasis, aunque pensadas para otras geografías, fueron instrumentalizadas para promover sucesivas campañas por la consecución de la autonomía integral o, dado el caso, para la plena reintegración foral. La participación de hombres de la Lliga Regionalista en distintos gabinetes de concentración o la conformación, en 1918, de una minoría parlamentaria de la vasca Comunión Nacionalista apuntaban en dicha dirección. Las limitaciones y frustraciones de todas estas operaciones iban a facilitar la renovación radicalizada en el seno de los nacionalismos subestatales.

Por una razón u otra, entre 1915 y 1920, los años en los que se afrontaban las tensiones socioeconómicas generadas por la guerra europea y las presiones nacionalistas, el Parlamento pasó más tiempo cerrado que abierto y el país funcionó con presupuestos sistemáticamente prorrogados. Al frente del Ejecutivo se sucedieron un total de 16 Gabinetes ministeriales, con 13 crisis de gobierno totales y 30 parciales. Una enormidad. Cierto es que la élite política y unos pocos nombres figuraban en casi todas las combinaciones y también que menudearon los Gobiernos de concentración o de unidad nacional; no lo es menos, sin embargo, que la inestabilidad de los equipos impedía reeditar operaciones ambiciosas de cambio reformista como las ensayadas antes de 1914 por Maura o Canalejas. En este agitado contexto, 1917 iba a resultar, en la evolución política española, un año clave. En pocos meses las crisis gubernamentales, a las que no fueron ajenas ni las juntas militares creadas para la defensa de intereses corporativos, en un ejército tensionado entre africanistas y peninsulares, ni el propio monarca, se llevaron por delante a Gabinetes liberales (García Prieto) y conservadores (Dato). El pulso revolucionario concretado en la huelga general de agosto de aquel año, impulsada por ugetistas y libertarios, así como la paralela Asamblea de parlamentarios con la que las oposiciones pretendían doblegar la voluntad regia y las inercias del turno, acabaron naufragando. Por unos momentos, la perspectiva de ruptura con el régimen parecía haber atraído a republicanos, regionalistas, socialistas, reformistas y a algún que otro liberal; e incluso a algunos dirigentes de las juntas de oficiales.

En octubre de 1917, el rey Alfonso XIII neutralizó la potencialidad del cambio animando el nacimiento de un Gobierno de concentración con liberales, mauristas, catalanistas e independientes. Aunque la experiencia resultara fallida y en 1918, en 1919 y en 1920 fuera necesario repetir elecciones generales, el desmantelamiento del artificio bipartidista y la reforma del reglamento del Congreso otorgaron un mayor peso a la actividad parlamentaria y a la cultura de los Gobiernos de coalición. De la centralidad del Parlamento dio cuenta, en 1921, el hecho de que en este se plantease la eventualidad de juzgar las responsabilidades penales derivadas de las decisiones políticas en el momento del desastre de Annual.

La Guerra del Rif marcó profundamente los últimos años de la Restauración, tanto desde un punto de vista económico y militar como político y social. Era un conflicto asaz impopular. El esfuerzo español fue muy importante y el desastre de Annual, en 1921, supuso una auténtica humillación. Más de 10.000 soldados murieron. La impresión fue mayúscula e insistente la demanda de responsabilidades. Las matanzas de Monte Arruit, en concreto, que tuvieron lugar durante el desastre de Annual, en el verano de 1921, provocaron una fuerte conmoción en España. Esta posición, a unos 30 kilómetros de Melilla, fue sitiada por los cabileños de la región y acabó rindiéndose el 9 de agosto. A pesar de haberse pactado que, tras la rendición y la entrega de armas, soldados y civiles no iban a sufrir ningún daño, una orgía de sangre tuvo lugar en Monte Arruit. Entre 2.000 y 3.000 personas fueron masacradas y sus cadáveres quedaron sin enterrar, pudriéndose al sol. Los sobrevivientes permanecieron retenidos hasta el pago de su rescate. Unas semanas después, cuando las tropas españolas reconquistaron la posición, el espectáculo era, como muestran las fotografías de la época, dantesco. Francisco Franco, el futuro dictador, escribió en Diario de una Bandera (1922): «Rebasando Monte Arruit detenemos nuestra marcha y concentrada la columna nos dirigimos al poblado. Renuncio a describir el horrendo cuadro que se presenta a nuestra vista. La mayoría de los cadáveres han sido profanados o bárbaramente mutilados». Y, acto seguido, exclamaba: «¡Es tan difícil identificar estos cuerpos desnudos, con las cabezas machacadas!». Las matanzas contribuyeron decisivamente a fomentar el odio y el espíritu de revancha.

El intento más serio de reforma del sistema de comicios data de 1919. Aquel año, semanas después de que Alfonso XIII, en presencia de Antonio Maura y sus ministros, inaugurase el monumento del Cerro de los Ángeles que consagraba España al Sagrado Corazón de Jesús, el liberal Rafael Gasset impulsaba un proyecto de ley electoral que tenía por objeto introducir la representación proporcional, en función de circunscripciones grandes, a fin de reflejar con mayor exactitud la voluntad popular. Contaba con la aquiescencia de las izquierdas dinásticas y antidinásticas, así como con la de la minoría regionalista, y constituía un pulso al Gobierno conservador «idóneo» de Joaquín Sánchez de Toca, que había sustituido a Maura. En rigor, la aludida inestabilidad ministerial y, según autores como Javier Tusell, el escaso interés real de las distintas fuerzas en competencia y la escasa exigencia por parte del electorado —en las elecciones de 1922, un 36 por ciento de los parlamentarios fue elegido por el artículo 29, que establecía que, en caso de no producirse competencia, el escaño quedaba asignado al único candidato presente— hicieron que la susodicha propuesta no prosperase; ni en aquel entonces ni tampoco dos años más tarde, cuando fue recuperada en las últimas semanas del postrero Gobierno de Dato.

La salida autoritaria no estaba prefigurada. Un cúmulo de factores asoma, no obstante, como explicación de la misma. En marzo de 1921, Eduardo Dato seguía la estela de Cánovas del Castillo y de Canalejas y caía asesinado a manos de pistoleros anarquistas. La agitación social no menguaba. El pretorianismo, en absoluto ajeno a los intentos de fiscalización parlamentaria del episodio marroquí, reaparecía en las filas del ejército y tentaba al propio monarca. La unidad nacional, tan cara a las élites directoras, amenazaba con quebrar no ya por la aparición de corrientes o plataformas más radicales en el interior del catalanismo y del vasquismo —Acció Catalana, Federació Democràtica Nacionalista, Aberri—, sino por la salida a la luz también de un galleguismo irredentista, el de las Irmandades, y aun de propuestas regionalistas y federales de base territorial, desde el valencianismo hasta el andalucismo de Blas Infante. Conflicto social, desagregación nacional, parlamentarismo vivo, pero incapaz de dar forma a Ejecutivos estables: todas estas razones fueron invocadas en septiembre de 1923.

LA RESPUESTA AUTORITARIA

En el verano de 1923, las amenazas que planeaban sobre la vida española —el peligro de quiebra del orden social, el protagonismo de los nacionalismos alternativos y la resistencia corporativa, militar y monárquica a la exigencia de responsabilidades en relación con los recientes desastres operativos acaecidos en Marruecos—, enmarcadas por el creciente antiparlamentarismo ambiental, desataron la tempestad. El 13 de septiembre, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, protagonizaba un golpe de Estado. Dos días más tarde, el rey procedía al nombramiento del militar como jefe de Gobierno y a disolver las Cortes por decreto. Las reclamaciones de los presidentes del Senado y del Congreso a Alfonso XIII para que, en noviembre, se reabriesen las Cortes fueron desatendidas y Melquíades Álvarez y el conde de Romanones fueron destituidos de sus respectivos cargos. La liquidación del Parlamento ponía punto final a la legalidad establecida en 1876 y, en acertadas palabras de Miguel Martorell y de Fernando del Rey, «culminaba casi medio siglo de liberalismo no democrático, comenzaba una larga etapa ni liberal ni democrática y —esto era lo más grave— se cerraba la posibilidad de una transición no traumática del liberalismo a la democracia».

Las resistencias al golpe de Estado resultaron menores y aisladas. En puridad, este fue visto con alivio y complacencia por amplios núcleos de las élites políticas, sociales y hasta, en un primer momento, culturales. El descrédito del parlamentarismo liberal coadyuvó a hacer aceptable, a ojos de importantes sectores de la opinión pública, la liquidación del régimen constitucional; también, está claro, entre muchos de quienes lo habían sostenido en las décadas precedentes. La burguesía catalana, próxima por razón del cargo a Primo de Rivera y aterrorizada, en palabras de Cambó, por la virulencia del conflicto social, apoyó con firmeza a un militar que, en las semanas previas, había dado muestras de comprensión hacia la riqueza sentimental que contenía el catalanismo templado. Desde el Fomento del Trabajo Nacional hasta las cámaras de comercio e industria, pasando por el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, ofrecieron su apoyo inmediato y entusiasta a un poder autoritario que prometía darles un respiro en su lucha contra el sindicalismo organizado. No fueron los únicos. En el resto del país, la Confederación Patronal Española, la Liga Vizcaína de Productores, las cámaras de comercio, las organizaciones de propietarios agrícolas o los pequeños patronos agrupados en instancias de carácter gremial se apresuraron a hacer lo mismo. Contra la guerra en Marruecos y contra la dictadura, en cambio, se posicionaron anarcosindicalistas y comunistas, mientras que los socialistas se mostraban mucho más prudentes —en realidad, estaban a la expectativa.

En fin de cuentas, lo que Primo de Rivera proponía en su proclama golpista era abrir un paréntesis excepcional que diese respuesta rápida y eficaz a las amenazas para poder retornar a continuación —cual «letra a noventa días»— a la normalidad. El Directorio se constituyó, en origen, con un presidente que obraba como ministro único responsable, hombre providencial o cirujano de hierro. Sus acompañantes iban a ser todos, en un primer momento, integrantes de las fuerzas armadas. Tras la negativa a atender las reclamaciones de los presidentes de las Cámaras legislativas, como hemos visto más arriba, en diciembre se adoptó una estructura colegiada. Un mes más tarde se había descartado ya la opción inicial de una dictadura de plazo breve y, a la altura de diciembre de 1925, se procedió a formar un Directorio civil. De solución de urgencia se pasaba, inexorablemente, a la institucionalización como régimen político específico y a dejar bien clara una voluntad de permanencia.

Las tareas que la dictadura asumió como prioritarias se correspondían con aquellos nubarrones que, según Primo de Rivera, su gesto de fuerza se había propuesto contrarrestar. La primera de ellas, la del orden público, se confió directamente, tanto en relación con los enemigos exteriores como con los riesgos interiores, al ejército. El estado de guerra se iba a mantener hasta el final del Directorio militar. Las garantías ciudadanas se suspendieron de manera sistemática y las libertades de reunión y de expresión fueron usualmente cercenadas. El libro representaba un problema menor, pero el diario y el semanario, en unos años en los que la modificación en positivo de los índices de analfabetismo ponía de relieve la emergencia de una opinión pública letrada, eran otra cosa. El control sobre la actividad periodística se ejerció primero desde una Oficina de Prensa situada en el Ministerio de la Guerra y, más tarde, desde una Oficina de Información y Censura que estuvo dirigida por altos mandos de las fuerzas armadas. La estrecha vigilancia de los activos núcleos de opositores en el exilio francés y la ausencia de fiscalización por parte de mecanismos de control parlamentario dieron ocasión a excesos que desbordaban, en este orden de cosas, los límites de la lógica liberal. Conviene recordar, no obstante, que fue el intento primorriverista de dejar atrás los remilgos liberales presentes en la Ley de Orden Público de 1870, mediante otra nueva que se discutió en la Asamblea Nacional en abril de 1929, la circunstancia que acabó por provocar, debido a la oposición del rey a su aplicación, la renuncia del dictador en enero de 1930.

En Marruecos, los operativos militares encaminados a satisfacer la maltrecha dignidad del ejército arrancaron a principios de 1924. La sublevación del Rif, liderada por Abd el-Krim, iba a facilitar, al año siguiente, la coartada para el inicio de una brutal acción conjunta con Francia que culminó, por parte española, en 1925 con el desembarco de Alhucemas, la rendición del líder rifeño y el establecimiento de la administración colonial según lo previsto en el protectorado de 1912. El ejército vindicado y un minuto de gloria para el nacionalismo español constituyeron un par de aportaciones en el haber de la dictadura. Fue este mismo nacionalismo el que Primo de Rivera activó a fin de poner coto a las expansiones de los nacionalismos periféricos. Los catalanistas asistieron, entre atónitos y resignados, no solo al abandono de los efluvios sentimentales de los que su capitán general hizo gala en los primeros momentos, sino al progresivo desmantelamiento de la Mancomunidad. También en este terreno el libro se convirtió en un refugio para aquellos que se mantenían en la expectativa de construir una comunidad no ya cultural, sino también política diferenciada. Ni la prensa, ni los partidos políticos, ni siquiera el uso institucionalizado del catalán como lengua oficial de corporaciones profesionales o de entidades públicas iban a escapar al embate de las decisiones restrictivas directoriales. La ofensiva se sostenía, en suma, sobre la equiparación entre catalanismo y separatismo. La acometida resultó, a la postre, escasamente eficaz y muy dada al agravio de la sentimentalidad identitaria, lo que no hizo sino reforzar el carácter reactivo de crecientes manifestaciones de antiespañolismo y el papel definidor de la política antidictatorial asumido por las élites intelectuales nacionalistas. Asimismo, algunos de los elementos más decididos del nacionalismo catalán acudieron, en este contexto, a las salidas conspirativas —en 1926, Francesc Macià encabezaba el fallido complot de Prats de Molló— o a los intentos de internacionalizar el contencioso catalán mediante apelaciones a la Sociedad de Naciones y a otros foros.

La arremetida contra la herencia recibida de la gestión liberal se focalizó, en especial, en la fiscalización agresiva de la vieja política. Con la coartada de echar abajo un caciquismo que corroía todos los escalones de la vida nacional, se desplegaron un par de líneas complementarias en los meses que siguieron al golpe. Por un lado, la aprobación de decretos de incompatibilidades, la liquidación de las Cámaras legislativas, la disolución de Ayuntamientos y Diputaciones y la depuración del poder judicial. Se trataba de poner en evidencia las responsabilidades en el declive nacional, por dejación o por irregularidad, de quienes, usufructuando posiciones de influencia, habían llevado al país a un callejón sin salida. La austeridad y el escarmiento burocrático aparecieron como criterios de acción. Por otro, el Directorio, en particular a medida que avanzaba el tiempo y mostraba su vocación de continuidad, dio vida a las herramientas constituyentes de la nueva política, que prescindía de los melindres liberales para especificarse como decidida, eficaz y autoritaria. El nombramiento de delegados gubernativos certificaba la presencia directorial sobre todo el territorio español. La implicación del Somatén —generalizado desde Cataluña hasta todo el país— en la defensa del orden público, entendido como orden social, conllevaba el compromiso de las clases propietarias y de la mesocracia conservadora en la gestión de lo público. La lenta configuración, desde sus orígenes en la Unión Patriótica Castellana, de una formación con expectativas de partido único encuadraba y facilitaba personal político y administrativo al régimen. La aprobación de unos estatutos municipales y provinciales de nuevo tipo garantizaba los cimientos corporativos del Estado. La convocatoria de una Asamblea Nacional de principios corporativos y orgánicos daba por clausurado, contando con la preciosa participación del grueso del sindicalismo socialista, el malogrado parlamentarismo restaurador.

La conformación del partido único corrió parejas, en la práctica, con el nombramiento del personal designado por Primo de Rivera o por Severiano Martínez Anido —el único ministro, en las primeras fases del Directorio, con capacidad real de decisión política— para los Ayuntamientos, las corporaciones provinciales o las gobernaciones civiles. Funcionarios del ejército o miembros de la Administración civil de mentalidad conservadora, gentes próximas al tradicionalismo o al maurismo, católicos que militaban en el Partido Social Popular (1919) o que participaban en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas conformaban la masa crítica de la Administración y de la Unión Patriótica. En rigor, en amplias zonas de la geografía nacional no pocos clanes familiares de los antiguos partidos dinásticos ingresaron en la organización oficiosa del régimen. No obstante, allí donde el viejo caciquismo no se adueñó de la Administración local, una clase política nueva asomaba a la vida pública. Algunas continuidades y no pocas renovaciones, en suma, se dieron en el personal político de estos años, a pesar de que, en cualquier caso, se integraran en un partido único de baja intensidad si lo comparamos con los de otras partes en la misma época.

El programa de reformas asociado al Directorio, en sus dos fases, la militar y la civil, resultaba formalmente complejo. Desatadas las manos del gobernante de las limitaciones del viciado parlamentarismo caciquil, el poder debía reconducir todos los aspectos anteriormente enumerados. También había de procederse a reformar la enseñanza —se iban a mejorar sustancialmente los índices de alfabetización sin modificar al alza el presupuesto educativo, se otorgó un renovado protagonismo a la Iglesia, incluido el ámbito universitario— y a una ambiciosa política de obras públicas inscrita en una lógica económica de signo nacionalista. El empresariado español encontró en la política presupuestaria, tras el cierre de los beneficios extraordinarios de la fase de la Gran Guerra, un mecanismo idóneo para aumentar a corto plazo sus tasas de beneficio. En un contexto de expansión de las lógicas corporativistas y nacionalistas, el régimen primorriverista desplegó, a fin de preservar y aumentar la tendencia al proteccionismo y a la autarquía, una viva tarea de ordenación y fortalecimiento jurídico y material de las estructuras burocráticas de la economía. El crecimiento y la modernización de las estructuras, la creación de los monopolios de petróleos o de teléfonos y una política presupuestaria expansiva, nada temerosa de la depreciación de la moneda y orientada al gasto en la obra pública, fueron gestionados contando con el papel decisivo de unos aparatos estatales que ponían en evidencia los límites que en aquel momento constreñían otra de las piezas básicas de la filosofía política liberal, esto es, la del librecambio. Lo que no pudieron quebrar, en cualquier caso, fue la lógica de clase del sistema. La reforma fiscal ideada por José Calvo Sotelo, formulada en función de criterios de progresividad y universalidad, que contemplaba impuestos sobre el patrimonio, las sucesiones y los consumos suntuarios, naufragó por la resistencia descarnada de los afectados y las oposiciones a lo que se consideraba el favoritismo del régimen con respecto a los monopolios.

Frente a tanta capacidad de iniciativa —o de dinamismo regeneracionista, si se prefiere—, los partidos dinásticos entraron en la fase final de lo que ya parecía su irreversible ocaso. La fractura entre colaboracionistas y críticos con la solución primorriverista se hizo más compleja a partir del momento en que algunos de estos elementos resistentes ampliaron la malquerencia hacia el dictador, incluyendo en ella a un monarca al que consideraban tan responsable como el primero del abandono de la senda constitucional. Algunos de ellos, como el conservador José Sánchez Guerra, acabaron encabezando algunos de los intentos más elaborados de respuesta conspirativa a la continuidad del Directorio —y terminaron comiendo «el pan de la emigración»—. Para ello hubo que esperar, no obstante, a que el cúmulo de defecciones de las formaciones restauradoras hacia la Unión Patriótica se hiciese significativo y, en particular, a que, con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva privada de toda capacidad legislativa, se cerraran todas las puertas a un retorno desde arriba al marco liberal. El acercamiento entre Romanones y Sánchez Guerra, así como el autoextrañamiento fuera del país de otros elementos liberales, además del fracaso de la «Sanjuanada» —el intento de golpe cívico-militar proyectado para la noche de San Juan de 1926—, pusieron de manifiesto la existencia de una resistencia a la experiencia primorriverista por parte de la vieja política. Una resistencia dispuesta al contacto, como mínimo entre algunos de sus elementos, con las corrientes antidinásticas. Si en la «Sanjuanada» la participación de la Alianza Republicana, entidad creada a finales de 1925 por iniciativa de una serie de intelectuales que reformulaban el republicanismo histórico y de algunos prebostes del mismo, fue mínima, no puede decirse lo mismo de su papel en el segundo de los intentos de Sánchez Guerra en enero de 1929.

En realidad, la prolongación en el tiempo de la experiencia dictatorial y el contubernio explícito entre esta y la monarquía avivaba un universo, el republicano, que en 1923 se hallaba consumido. De 1924 data la Apelación a la república, de Manuel Azaña, el punto de partida de un itinerario que acabó, en 1930, con la formación de Acción Republicana. En los años finales del Directorio se llevó a cabo la construcción, en fin de cuentas, de un polo fundamental del sistema de partidos de los años treinta. El radical-socialismo, desgajado del partido de Alejandro Lerroux, asumía la orientación social y anticlerical del republicanismo de toda la vida en unos momentos en los que el ya algo envejecido líder de principios de siglo pasaba a ocupar posiciones más convencionales. Las piezas de este republicanismo reactivado iban a completarse con la articulación de las energías intelectuales.

Pronto, muy pronto, el Directorio encontró en una intelectualidad universitaria, que no lo había recibido precisamente con hostilidad, un obstáculo a sus propósitos. Como mínimo, entre algunos de los integrantes destacados de los medios literarios y profesorales del momento. Por iniciativa propia o azuzados por un estudiantado laico, que, con la creación de la Federación Universitaria Española, mostraba su disposición a combatir la presencia católica en las aulas e iniciativas tan concretas y agresivas como el proyecto del Directorio de validación de titulaciones ofrecidas por centros de estudios superiores vinculados a la Iglesia, lo cierto es que figuras como Miguel de Unamuno consiguieron sacar de sus casillas a un militar al que despreciaban. Acaso la concreción más elaborada de la hostilidad desplegada por los medios doctos a la experiencia dictatorial deba relacionarse con la agresividad final de José Ortega y Gasset y su paradigmático artículo sobre el error que suponía abandonar la época primorriverista para dejar el poder en manos del general Dámaso Berenguer, en el que se incluía su premonitoria Delenda est monarchia. O, asimismo, con el papel que el propio Ortega asumió, junto con profesores como Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala o Luis Jiménez de Asúa, en la formación, ya en febrero de 1931, de la Agrupación al Servicio de la República.

Una vía de oposición política específicamente catalana se constituyó en esos años. Ciertamente, contó con puentes, gracias a los que fue cuajando en el resto de España, en la persona de Marcelino Domingo o en las relaciones en el exilio parisino entre unos y otros. Con todo, desplegó perfiles propios. El republicanismo, en esta región, se vio a menudo suplantado en el proyecto conspirativo por la complicidad trabada entre sectores básicos del anarcosindicalismo y los elementos de acción de un separatismo minoritario, pero con capacidad militante. Dispuesto al atentado regio o a la revuelta urbana, este hilo conductor estableció relaciones con otras geografías, desde Zaragoza hasta Sevilla, conformando una trama de resistencia específica que iba a acabar por sumarse a la corriente general de ruptura con lo existente vivida a finales de 1930 y a principios de 1931.

En esta última corriente se iban a integrar, desde el Pacto de San Sebastián en adelante, los socialistas. Sabido es que, en septiembre de 1923, un socialismo tocado por la reciente escisión comunista y tras algunas vacilaciones iniciales decidió abstenerse de participar en posibles enfrentamientos con la «sedición» y que, acto seguido, inició una estrategia cooperativa que llevó al dirigente ugetista Francisco Largo Caballero a una vocalía del corporativo Consejo de Trabajo, con el que el Directorio aspiraba a regular las relaciones laborales. El pragmatismo sindical no arrastró a la totalidad de la dirigencia del PSOE, pero, salvo contadas excepciones, esta participó de buen grado en el grueso de las iniciativas sociales y —también en algunas políticas— directoriales. Si en la primavera de 1924 una parte de los más destacados líderes socialistas se incorporaron como ediles a diversos Ayuntamientos, incluyendo el de la capital del Estado, en 1928 la UGT ocupaba alrededor del 60 por ciento de la representación obrera en los Comités Paritarios y, como nos ha recordado Eduardo González Calleja, una proporción aún mayor en los órganos superiores de la Organización Corporativa. No fue hasta mediados de 1929 cuando el PSOE y la UGT modificaron lentamente el rumbo. De la mano de Indalecio Prieto salieron de la neutralidad frente al régimen y se incorporaron, de manera vacilante al principio, a la oleada republicana.

El proyecto primorriverista fue reduciendo de manera inexorable la base social sobre la que se había sustentado. La pérdida de apoyo de la Corona y de un sector creciente del ejército aceleró el final de un régimen que no había logrado su plena institucionalización, acaso por déficits de diseño, acaso por la desmovilización de aquellos que en 1923 contemplaron la dictadura como una suerte de salida de urgencia en un contexto de riesgo social y nacional. Por el camino, la república había vuelto a ser pensada —por gentes que procedían del liberalismo ochocentista y otros pertenecientes a la nueva democracia social, por estudiantes y obreros, por las clases medias y los trabajadores—, como la expectativa institucional de un cambio que asegurase el protagonismo popular, la regeneración nacional, la modernización económica, el ejercicio de las libertades y la conquista de toda suerte de derechos.

En realidad, la dictadura de Primo de Rivera tuvo poco de excepcional. En ciertos países la respuesta a las distorsiones generadas por el desarrollo económico, la conflictividad social, la secularización y la movilización política obtuvieron respuestas desde la sociedad civil. En otros, como en el caso de España, las mismas problemáticas implicaron el recurso al ejército. La pérdida de legitimidad y operatividad de un Parlamento más dinámico de lo que se le suele atribuir, el de 1923, llevó a una alternativa autoritaria de nuevo tipo, corporativa, modernizadora, interesada en ensayar nuevas modalidades de inclusión y en seguir practicando viejas formas de exclusión. Si la Restauración se había concretado, allá por los años de la década de 1870, tras unos agitados meses en los que el general Francisco Serrano prolongó más o menos una moribunda Primera República, la Segunda República iba a llegar, en abril de 1931, tras una fase de más o menos inútil alargamiento de la estructura primorriverista por parte del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar. La caída del régimen dictatorial de 1923 acabó llevándose por delante, en 1931, a la monarquía restaurada en 1875. La llegada a España de Alfonso XII inauguró, en fin de cuentas, una larga etapa liberal de estabilidad y paz relativa, que la salida del país de Alfonso XIII iba a clausurar. Un pronunciamiento, a finales de 1874, facilitó el acto del padre. Unas elecciones, en abril de 1931, forzaron la inevitable decisión del hijo.

ESPAÑA EN EL MUNDO

Xosé M. Núñez Seixas

Si España tenía una presencia en el mundo entre el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, era sobre todo gracias a tres factores. En primer lugar se encuentra lo que quedaba de su imperio ultramarino forjado en la Edad Moderna y en buena parte perdido tras 1824-1826. En segundo lugar, la presencia de nutridas comunidades de emigrantes en Europa, sobre todo en Francia y, de manera muy destacada, en algunos países de América del Sur y el Caribe: Argentina, Uruguay, Brasil y, en mucha menor proporción, México o Estados Unidos. Era una proyección fundamentalmente americana, que seguía el rastro del pasado compartido y de la lengua común; y en mucha menor dimensión era igualmente una proyección africana, reducida en este último caso al área del estrecho de Gibraltar y algunos enclaves en la costa occidental del continente. En tercer lugar, y como cualquier otro Estado-nación con posesiones coloniales, cabe mencionar la presencia diplomática española y su peso en las relaciones internacionales, en los foros tanto políticos como económicos y culturales. En este sentido, la influencia de España era mucho más reducida, en particular en un contexto europeo agitado por tensiones prebélicas y rivalidades coloniales. Su diplomacia, tanto en Europa como —de modo especialmente notorio hasta principios del siglo XX— en América, estaba mal dotada de medios y de personal; y su protagonismo en el comercio internacional era igualmente escaso, aunque desde 1905 tendió a incrementarse.

La presencia española en el panorama internacional de las ciencias y las letras era igualmente modesta, al menos hasta la segunda década del siglo XX. Sin universidades y centros científicos realmente influyentes a escala internacional, los científicos e intelectuales españoles completaban su formación en el exterior: al destino tradicional de las élites ibéricas, París, se unieron desde finales del siglo XIX las florecientes universidades alemanas, suizas, belgas y, en menor medida, las británicas, lugares a los que se dirigieron los becarios de la Junta para Ampliación de Estudios, inspirada en el legado de la Institución Libre de Enseñanza, desde su fundación en 1907. Hasta 1936, la Junta becó a 1.688 estudiantes para ir a Francia, 1.243 a Alemania y 742 a Suiza, además de 643 a Bélgica y 508 a Gran Bretaña. Figuras prominentes de las artes, las ciencias y la política como el filósofo José Ortega y Gasset, el doctor Juan Negrín o el biólogo Severo Ochoa fueron en buena parte un producto de esa apertura al exterior, que superaba el falso dilema entre europeización o ensimismamiento que había consumido a algunos intelectuales de la generación de 1898. Y, del mismo modo, la llamada Edad de Plata de la cultura española desde 1900 proporcionó a varios escritores y ensayistas españoles una notable proyección internacional, desde el propio Ortega hasta Miguel de Unamuno, que fueron objeto de cierta recepción en varios países europeos.

Era, sin embargo, una presencia cultural solo relativa. España importaba muchas más ideas de las que producía. Sus élites se formaban fuera, en la Europa del progreso y las luces, para retornar al país y, tras 1910, ocupar puestos de relieve en universidades, ateneos y, en menor medida, entre la clase política. Sin embargo, en el ámbito hispanoamericano, España podía aspirar a liderar el pensamiento y la creatividad, amparándose en su papel de cuna del idioma castellano y de antigua metrópoli. La falta de protagonismo en Europa podía compensarse con la pretensión de servir de puente y, al mismo tiempo, liderar a los países de la comunidad cultural hispanófona, mediante la difusión de un hispanoamericanismo tan ubicuo como difuso en contornos y polivalente en lecturas políticas. Aquí el problema era otro: hasta 1930, era difícil para una mediana potencia como España competir con florecientes repúblicas que prometían convertirse en potencias en el futuro, como Argentina o México, y cosmopolitas capitales como Buenos Aires, que, como recordaba el escritor Jorge Luis Borges, poco tenían que envidiar, y aún menos que aprender, de la aún provinciana y poco posimperial Madrid, donde Ortega, «primero de España», no pasaría de «quinto en Alemania». La abundante emigración española a América, sobre todo —desde principios del siglo XX— a Sudamérica, también contribuyó a que la orientación de las élites hacia Europa se viese contrarrestada por el poder de atracción de Buenos Aires, Montevideo, La Habana u otras ciudades.

EL IMPERIO: DE LAS ÚLTIMAS COLONIAS A LA «ESPAÑA ULTRAMARINA»

Tras la pérdida definitiva de la mayor parte de los territorios americanos entre 1824 y 1826, la noción de «imperio» desapareció, en apariencia, de la esfera pública española. El término fue incluso sustituido por el más ambiguo de «territorios de ultramar» o «ultramar». La ficción de preservar una pequeña parte del imperio clásico jugaba, sin embargo, un importante papel para las élites gobernantes españolas, que así mantenían la ilusión de seguir al mando de una potencia mundial, a pesar de la evidencia de la decreciente influencia de España en los destinos del mundo, en contraste con los imperios coloniales en expansión de Gran Bretaña, Francia y, desde 1871, Alemania. Los territorios que restaban de lo que había sido un poderoso imperio ultramarino (Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, así como los archipiélagos de las Carolinas, las Marianas y las Palaos) constituían una serie de islas alejadas entre sí. Con todo, la presencia militar y administrativa del Estado español en ellas se reforzó de forma considerable. La Administración imperial dependía del Ministerio de Ultramar, fundado en 1863, así como del Ministerio de Estado. La red de comunicaciones dentro de cada territorio ultramarino también sufrió fuertes mejoras, sobre todo en Cuba, donde se fundaron nuevos núcleos de población, se pusieron nuevas tierras en cultivo y se fomentó una mayor integración económica entre sus regiones. En 1895, con sus 300.000 habitantes, La Habana era la tercera ciudad de España y por entonces casi un 20 por ciento de la red española de ferrocarril estaba localizada en Cuba. Por otro lado, Puerto Rico y Cuba también experimentaron un creciente proceso de integración económica con los territorios metropolitanos de la Corona española.

Sin embargo, los territorios ultramarinos no eran tratados en pie de igualdad con las provincias de la metrópoli. El Estado isabelino, y después la monarquía de la Restauración, sometieron a Cuba, Puerto Rico y Filipinas a un permanente estado de excepción. El control político se concentraba en el capitán general, que desde 1835 disfrutaba de poderes especiales. Aunque las prometidas «leyes especiales» para ultramar se discutieron de modo sucesivo en la metrópoli cada vez que se diseñaba una nueva Constitución, y por tanto también se debatieron en 1876, el Gobierno español no mostró un interés especial en llevar la discusión hasta el final, ya que quería tener las manos libres para explotar los recursos económicos de las colonias, vitales para mantener el equilibrio de las finanzas públicas. A eso se unía el argumento racial. Tras 1874 se volvió a la práctica ya afirmada entre 1833 y 1837: los principios básicos del liberalismo no podían ser aplicados en sociedades cuya estructura racial era completamente distinta de la reinante en Europa y donde la igualdad entre los hombres podría provocar la rebelión de los esclavos de origen africano. El mismo principio servía para excluir de la representación política en Madrid a las Filipinas, donde, además, se mantuvieron características propias de las sociedades del Antiguo Régimen, como los monopolios, las prestaciones de trabajo obligatorio para los nativos y la coexistencia de regímenes fiscales distintos para cada grupo de población.

El imperio funcionaba como un mercado que absorbía la producción, sobre todo, de la industria textil catalana, y que también producía azúcar, tabaco y otros productos. Además, desde mediados del siglo XIX miles de españoles peninsulares y canarios se establecieron en Cuba y, en menor medida, en Puerto Rico, atraídos por las expectativas de una vida mejor en la floreciente colonia, uniéndose a los varios miles de funcionarios, miembros del ejército y criollos leales a la Corona española que habían emigrado a las islas desde otras partes de Sudamérica y América Central tras 1820-1826. Los peninsulares y canarios que moraban en Cuba y Puerto Rico no disfrutaban de derechos políticos activos, pero cultivaron una autopercepción de ser los más patriotas de todos los españoles. Fundaron también un denso tejido de asociaciones mutualistas y benéficas y desarrollaron una activa sociabilidad en diversos niveles (local, regional y nacional metropolitano). Los inmigrantes de la metrópoli se convirtieron en su mayoría en comerciantes y en propietarios agrarios, incluyendo una minoría de grandes propietarios agrarios de ingenios azucareros —la sacarocracia—. Los que retornaban a la Península como enriquecidos indianos invirtieron una parte sustancial de sus fortunas en los sectores más punteros e innovadores de la economía española. Y otra parte se destinó a la especulación y la adquisición de propiedades inmuebles. Algunos de los linajes de comerciantes más influyentes de la España de finales del siglo XIX forjaron su fortuna en el Caribe. El origen regional de esos inmigrantes metropolitanos hacia 1895 también era muy variado. Mientras en la parte oriental de la isla de Cuba más del 75 por ciento de los comerciantes españoles eran catalanes, su porcentaje disminuía en la parte occidental, donde gallegos, montañeses, asturianos y castellanos también eran muy numerosos. La élite mercantil y financiera española en Cuba actuó así de poderoso mecanismo de integración regional. Más del 40 por ciento de los comerciantes españoles de Puerto Rico procedían también de las Baleares y de Cataluña.

Más de un 25 por ciento de las exportaciones españolas se concentraron en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cuba representaba por sí misma un 14,7 por ciento de las exportaciones españolas en la década de 1890. Y los productos de las colonias (en especial, el azúcar cubano, pero también el tabaco y el café) eran distribuidos en América y Europa por compañías comerciales y navieras españolas; no obstante, salvo el café puertorriqueño, no recibían ninguna protección arancelaria en el mercado español. La élite comercial y terrateniente cubana también utilizó la península Ibérica como una plataforma útil para situar sus productos, sobre todo el azúcar, en el mercado mundial, y demostró una gran capacidad para ejercer influencia y trasladar sus intereses a la política metropolitana.

A pesar de su importancia para la economía española, los territorios de ultramar no fueron considerados provincias en pie de igualdad con el resto de los territorios metropolitanos de la Corona. Y sus habitantes tampoco gozaron de paridad de derechos políticos. La esclavitud, de entrada, no fue abolida en el Caribe español hasta 1886. Esta cuestión fue crucial en el proceso de articulación de los intereses de los colonos españoles, que deseaban mantener las islas alejadas de la ola abolicionista que se extendía desde Estados Unidos. Las altas cifras de esclavos negros en Cuba (350.000 en 1868) y la actitud abolicionista adoptada por los independentistas cubanos llevaban a las autoridades españolas a abstenerse de dar un paso que consideraban demasiado peligroso para la estabilidad del dominio colonial sobre Cuba, paso que solo se dio en Puerto Rico, donde, en marzo de 1873, se decretó la liberación de los esclavos de la isla, mucho menos numerosos (40.000 en 1868). Esta medida alimentó los temores de la sacarocracia cubana y la llevó a apoyar la Restauración monárquica en la metrópoli. El mantenimiento de la esclavitud era contemplado como una última trinchera de la defensa de la civilización católica y el orden social en la isla y en el conjunto del imperio, así como de la identidad hispánica: una Cuba negra dejaría de ser española. Existía también, con todo, una facción «federalista», que propugnaba la adopción de un sistema de Gobiernos parlamentarios autónomos en los territorios de ultramar.

Cuba se convirtió en una importante base militar y en un trampolín desde el que generales influyentes dieron el salto a una carrera política prometedora. El ejército español en el Caribe no era, sin embargo, un ejército colonial al uso. No creó unidades regulares de tropas auxiliares criollas o de color, al contrario que los británicos y franceses en las colonias. Y, por tanto, tampoco generó fidelidades al imperio entre sectores populares cooptados al ejército. Los gobernadores militares en Cuba concentraban en sus manos el poder político y lo ejercían de manera autoritaria. La Administración colonial no estaba suficientemente profesionalizada, sus prácticas eran corruptas y estaban sujetas de modo permanente al poder militar.

Las Filipinas, por su parte, habían sido tradicionalmente una anomalía entre las posesiones españolas de ultramar en varios aspectos. Solo una porción muy reducida del territorio del archipiélago había sido conquistada de modo efectivo por la Corona y la monarquía apenas desplegó esfuerzos para introducir y extender el uso de la lengua castellana entre los nativos. La ciudad de Manila era similar a los enclaves portugueses en Asia: un puerto comercial, con reducida presencia de guarniciones militares y algunos funcionarios. La metrópoli apenas tenía interés en las Filipinas más que como puerta de acceso a los puertos chinos, con el fin de importar trabajadores a Cuba para ocuparse como jornaleros. El comercio metropolitano con las Filipinas era casi irrelevante. Los ciudadanos españoles de pleno derecho que residían en el archipiélago constituían una reducida minoría (unos 6.000 a mediados del siglo XIX, de un total de 30.000 españoles metropolitanos que residían en las islas). Tras 1874, las Cortes jamás tomaron en consideración la extensión del estatus de provincia a las Filipinas y tampoco la devolución de sus derechos de representación política. Mientras las islas caribeñas pasaron a ser vistas como una prolongación de España, las Filipinas eran una colonia arquetípica, cuyos asuntos eran competencia del Ministerio de Ultramar y de los Consejos de Ultramar, que también se ocupaban de las posesiones españolas en África.

Los habitantes de las Filipinas se dividían en cuatro categorías censales y fiscales, dependiendo de su origen y el color de su piel. España consideró que tenía que cumplir una misión civilizadora en el archipiélago, pero este estaba habitado por gentes que pasaron a ser consideradas genéricamente «españoles», pero no ciudadanos españoles, como destacó Cánovas del Castillo en 1890. No fue de extrañar que disciplinas como la antropología y la etnografía modernas surgiesen en España gracias al interés de la metrópoli por las poblaciones nativas de las Filipinas, que se convirtieron en un objeto preferente de estudio y fueron presentadas como pueblos primitivos que no habían alcanzado su mayoría de edad. Esta imagen de alteridad servía a su vez para reforzar la autopercepción de la metrópoli como potencia civilizadora, en una línea de continuidad histórica que enlazaba con la legitimación de la conquista y colonización de América en la Edad Moderna. Sin embargo, eran las órdenes religiosas las que representaban de facto al poder español y ejercían en algunas ciudades y áreas un control social casi absoluto sobre la población nativa, pues el cuerpo de funcionarios administrativos que representaban al Estado español era muy reducido. Los filipinos, por otro lado, estaban demasiado divididos en grupos étnicos y lingüísticos como para poder generar un sentimiento de comunidad nacional alternativa hasta la última década del siglo XIX.

No obstante, desde principios de la década de 1880, España reforzó sus vínculos con las Filipinas. Abrió el comercio del tabaco a compañías privadas e incrementó sus exportaciones a las islas; pero esas medidas no se acompañaron de reformas políticas. Las tensiones entre la Administración española y las élites locales mestizas fueron en aumento. Y los ecos del autonomismo cubano también llegaron a Manila. Ello contribuyó al surgimiento y crecimiento de un movimiento independentista, inspirado por los escritos del líder nacionalista exiliado en Europa José Rizal, que desencadenó, en agosto de 1896, un primer levantamiento popular liderado por el Katipunan, organización secreta fundada cuatro años antes.

Los aislados esfuerzos desplegados por España desde 1885, tras la Conferencia de Berlín, para extender de modo efectivo su presencia en las Marianas, las Carolinas y las Palaos tuvieron un éxito muy limitado. España tenía que enfrentarse a las ambiciones alemanas en el área y carecía de los recursos para ocupar algunas de las distantes islas que le fueron concedidas, en las que su influencia se reducía a apenas unos destacamentos militares. Con todo, las colonias del Pacífico tenían cierta relevancia simbólica. Así se demostró en agosto de 1885, cuando una serie de protestas populares recorrió la metrópoli denunciando las presiones del imperio alemán para ocupar las islas Carolinas. La disputa diplomática fue resuelta temporalmente gracias a la mediación del Papa; pero no por ello las islas se hispanizaron, y acabaron por ser vendidas a Alemania en 1899.

El caso español no era excepcional. En la mayoría de los imperios ultramarinos europeos era moneda corriente que los derechos ciudadanos garantizados en la metrópoli coexistiesen con regímenes especiales más restrictivos en los territorios de la periferia colonial. Sin embargo, en el Caribe, España tenía que hacer frente al expansionismo estadounidense y a su capacidad para atraer a las élites locales descontentas. Por otro lado, existía una densa relación entre la sociedad metropolitana y la sociedad colonial, sobre todo en el caso cubano, que afectaba al modo en que era contemplada la identidad nacional española. Esta era vista como una nación con colonias y como una comunidad política integrada por varios territorios con entidad propia. La dimensión nacionalizadora del imperio colonial en la autopercepción de la propia metrópoli tenía raíces profundas, que se retrotraían al siglo XVIII. Para algunos autores, el modelo de Estado-nación que vinculaba a España con sus colonias hasta 1898 consistía en una reelaboración de la antigua concepción que había surgido durante la Ilustración, la cual preconizaba la existencia de un vínculo cultural y orgánico entre la metrópoli y sus territorios ultramarinos. Cuba y Puerto Rico eran algo más que colonias: eran consideradas partes integrales de la nación española. Desde mediados del siglo XIX, las élites políticas españolas empezaron a abrigar la concepción de que las islas no solo estaban ligadas a España por lazos económicos, sino también por un pasado compartido, en el que el dominio español había implantado su idioma, religión e instituciones políticas, asimilando cultural y biológicamente a los pueblos conquistados, incorporados así al relato de la propia nación española. Cuando los historiadores españoles decimonónicos intentaron elaborar un nuevo imaginario nacional, se basaron en buena medida en la narrativa que había sido fabricada un siglo antes para sostener la legitimidad del imperio. Existía por ello un amplio consenso entre las élites liberales y tradicionalistas en que las colonias no eran territorios aparte, con su propia historia, sino elementos constitutivos de la nación española. Otros autores han subrayado que existía más bien una relación dual entre la metrópoli y los territorios ultramarinos, expresada en los conceptos «España peninsular» y «España de ultramar». Una dualidad que llevaba a la coexistencia de dos aparatos administrativos y dos sociedades, sin embargo, que no mantenían una relación típicamente colonial, sino una suerte de yuxtaposición, en la que la dominación era menos importante que la intersección.

Los historiadores liberales consideraban, además, que España, como comunidad nacional, se había recreado en las colonias, integrándolas en su propia narrativa metropolitana. Asumieron los argumentos esgrimidos por sus predecesores dieciochescos para reafirmar el carácter benigno y positivo del imperialismo español de la Edad Moderna y los transfirieron al siglo XIX. Al hacerlo, presuponían que las colonias carecían de historia propia con anterioridad a 1492 y que aquella solo empezaba con la conquista española, a través de sucesivas guerras justas, libradas en nombre de una causa superior, la fe católica. También sostuvieron que el crisol de razas propiciado por el Imperio español en América, al contrario que en el caso británico, había favorecido el mestizaje de conquistadores, colonos e indígenas, dando lugar a nuevas comunidades raciales. Estas podían considerarse a su vez una continuación de lo que había sido la mezcla de pueblos y razas producida en el solar ibérico a lo largo de los siglos. La formación de los pueblos cubano o puertorriqueño habría sido similar a la mezcla de sangres que tuvo lugar en la Edad Media entre los diversos ingredientes celtas, vascos, romanos y godos en la península Ibérica. Los antropólogos españoles aplicaron así a la España ultramarina un modelo explicativo semejante al que habían utilizado para interpretar la diversidad racial y etnocultural de la España metropolitana. Los españoles nunca habían constituido una raza pura, sino que eran el resultado de la mezcla de pueblos en una tierra de paso. Y ese proceso habría tenido continuidad en América.

Según esta interpretación, los españoles en América habían ejercido una conquista benigna y pacífica, en nombre de una misión evangelizadora y/o civilizadora, que habría llevado a pueblos como los aztecas y los mayas de practicar sacrificios humanos a un estadio superior de civilización. Hasta los aspectos más brutales de la colonización, como las encomiendas, fueron contemplados desde una perspectiva benévola. Su mayor debelador, fray Bartolomé de las Casas, fue elevado a la categoría de referente moral de la colonización hispánica. La emancipación de América entre 1808 y 1825 fue igualmente interpretada dentro de ese marco explicativo. Los patriotas criollos no se habrían rebelado contra España, sino contra una forma de gobierno despótico, según los historiadores liberales y republicanos, y no habrían tenido más opción que recrear el legado liberal español en nuevas comunidades políticas. Bolívar o San Martín no habrían hecho la guerra contra un otro nacional, sino que eran hijos emancipándose de sus padres.

La vigencia de la concepción de las islas caribeñas como una continuación de España contribuyó a la resistencia de los Gobiernos de Madrid a conceder un estatus autónomo a Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, la representación ampliada que fue otorgada a los territorios de ultramar por la Constitución de 1869 no había sido suficiente para los nacionalistas cubanos, que habían promovido poco antes una rebelión contra el poder colonial y mantuvieron durante diez años una guerra con España (1868-1878), mientras que en el pacífico Puerto Rico sí se aplicaron reformas: el régimen político de la isla se asimiló al de la metrópoli, las élites boricuas fundaron partidos políticos autónomos y enviaron representantes electos a las Cortes.

Los cubanos solo siguieron el mismo camino tras la Paz de Zanjón (febrero de 1878). Un primer paso consistió en la progresiva ampliación de los derechos electorales de los ciudadanos de Cuba. Esta y Puerto Rico recobraron entre 1878 y 1881 la condición de territorios españoles «asimilados» a la misma condición jurídica de los metropolitanos, concesión que no fue efectuada en las Filipinas. Sin embargo, el Gobierno de Madrid nunca aplicó íntegramente la Constitución de 1876 en el Caribe y mantuvo un sistema de sufragio censitario mucho más restrictivo que en la España metropolitana. La política cubana oscilaba en este momento entre tres posiciones: los secesionistas, seguidores de caudillos militares como Máximo Gómez y Antonio Maceo, del Partido Revolucionario Cubano de José Martí durante la década de 1890, y los exiliados cubanos en Estados Unidos; la mayoría de los colonos «peninsulares», que apoyaban sin casi fisuras la continuidad del statu quo colonial y veían en cualquier forma de descentralización una puerta abierta al separatismo; y un tercer grupo de «autonomistas» y liberales reformistas, apoyados por criollos de clase media.

Los «autonomistas» cubanos mantuvieron la opinión de que era necesario disponer de una Cámara legislativa y un Gobierno propios para defender los intereses insulares en el marco del Imperio. El gobernador general debía ser elegido por sufragio por los ciudadanos de Cuba. Su modelo, como defendía el Partido Liberal Autonomista fundado en 1881, era el estatus de autogobierno de Canadá dentro del Imperio británico, en oposición al centralismo agresivo del partido españolista, la Unión Constitucional. Un objetivo más pragmático y flexible consistió en la consecución de una «autonomía insular» o «colonial», más restrictiva en lo relativo a las competencias políticas del poder legislativo cubano. Aunque Cuba («la isla») era definida como la patria de los cubanos, España seguía siendo la «patria grande» a la que aquella pertenecía; pero solo si le era asegurado un autogobierno generoso en materia política y financiera podría garantizar su lealtad. Algunos proyectos similares fueron igualmente propuestos por los autonomistas puertorriqueños. Un argumento recurrente de los autonomistas caribeños, en todo caso, era que, si formaban parte de una España ultramarina vista como una continuación de la nación, los derechos y libertades que reivindicaban no eran muy distintos de las «libertades provinciales» invocadas por los fueristas vascos o los regionalistas catalanes y gallegos dentro de la Península.

Sin embargo, los distintos proyectos de autonomía colonial, como el defendido por representantes cubanos y puertorriqueños ante el Parlamento español en 1886, fueron sistemáticamente rechazados por los Gobiernos de Madrid. También fracasó el plan de descentralización administrativa para Puerto Rico y Cuba promovido por el ministro liberal Antonio Maura en 1893. El proyecto de autonomía colonial finalmente triunfante, el presentado por Buenaventura Abarzuza en 1895, llegó demasiado tarde para contentar a ninguna de las facciones políticas autonomistas de las islas; pues, en parte como consecuencia de esta frustración permanente, las nuevas generaciones de cubanos, desde la élite criolla hasta las clases medias, abrigaron de modo creciente un sentimiento de identidad nacional exclusiva y alejada del proyecto español. La mayoría de los maestros de escuela enseñaban la historia de Cuba como una materia completamente independiente de la comunidad política española; la propaganda independentista circulaba por la isla con apoyo financiero de los grupos nacionalistas cubanos en el exilio, particularmente de los radicados en Estados Unidos; y la Universidad de La Habana contribuía a educar a las nuevas generaciones de la élite cubana en el credo nacionalista. El resentimiento popular contra el dominio colonial aumentó entre 1880 y 1895.

Si las reivindicaciones autonómicas caribeñas fueron recibidas con hostilidad en la metrópoli, también fue porque obligaban a replantear el concepto básico de nación española que servía de fundamento legitimador a la monarquía de la Restauración. Si España era una unidad orgánica, forjada por una historia común, la religión católica y el papel de la monarquía, en la que la diversidad etnoterritorial solo era tolerada en un nivel prepolítico, la concesión de un régimen de autogobierno específico a las islas caribeñas, consideradas parte de la nación, podría tener consecuencias insospechadas en los territorios no castellanos de la propia metrópoli. Había otras alternativas. Entre 1878 y 1895 algunos líderes republicanos habían intentado forjar una alianza política con los autonomistas y abolicionistas cubanos para incorporar una Cuba autónoma, incluyendo a los esclavos libertos, a un nuevo proyecto imperial, democrático y multirracial, que se oponía tanto al independentismo cubano como al statu quo colonial imperante y que pretendía redefinir una nación española de carácter transatlántico. El Partido Federal liderado por Francisco Pi y Margall sostenía en 1882 que la autonomía colonial era la mejor fórmula para mantener las provincias ultramarinas dentro de España: «Nosotros uniremos España y Portugal, algo que tres siglos de monarquía todavía no han conseguido, y mantendremos las colonias de Cuba y Puerto Rico». Sin embargo, la mayoría de los republicanos de la metrópoli fueron incapaces de compartir una visión tan ambiciosa e igualitaria. Desde 1895, el miedo al desorden racial los llevó a adoptar una imagen de los insurgentes cubanos como esclavos negros que amenazaban la civilización blanca, visión compartida por numerosos republicanos federales que defendían una completa reestructuración del Estado.

La movilización y el compromiso de los colonos e inmigrantes peninsulares en la guerra cubana y las densas e intrincadas relaciones sociales existentes entre la sociedad caribeña y la metropolitana convirtieron la política cubana en un asunto de política interior española y no solo en un asunto distante de la periferia del imperio. La defensa del orden colonial fue identificada con la integridad de la patria y con una causa que debía unir a los españoles de cualquier origen social o geográfico, tanto por intereses económicos como por una cuestión de orgullo patriótico. Más de un regionalista y hasta federalista catalán se tornaba en un férreo centralista cuando se trataba de discutir la reforma colonial o el libre comercio con Cuba y Puerto Rico. El argumento principal para denegar la igualdad de trato entre las regiones históricas o nacionalidades peninsulares y las ultramarinas era la civilización superior que reinaba en esas regiones peninsulares. Algunos de los más feroces opositores a la autonomía cubana, como el periodista gallego Enrique Novo, no veían ninguna contradicción entre ser centralistas frente a los mambís y defender la descentralización y el regionalismo dentro de la España metropolitana. Sin embargo, la posterior mirada hacia la Península de personajes como él y muchos otros después de 1898 fue diferente. El último alcalde español de Manila, el hombre de negocios vasco José Manuel de Etxeita, fue tras su retorno un apasionado defensor del vascuence y adoptó posiciones pronacionalistas vascas.

En noviembre de 1897 Cuba y Puerto Rico recibieron un Estatuto de Autonomía colonial, que reconocía a las islas como entidades político-jurídicas separadas dentro del Estado español, con un Parlamento autónomo bicameral y un Consejo administrativo. El Parlamento insular tenía competencias para legislar en Justicia, Tesoro, Agricultura, Administración insular, Asuntos monetarios y financieros. El Ejecutivo local sería designado por el gobernador general, que actuaría como representante del Gobierno de Madrid y mantendría el mando del ejército colonial. Era un proyecto mucho más generoso que el que había sido rechazado de forma sistemática por los conservadores españoles y sus correligionarios en Cuba, la Unión Constitucional, quienes se autoexcluyeron de la participación en las nuevas instituciones autonómicas.

En diciembre de 1897 se constituyó un Gobierno regional provisional y cuatro meses después se celebraron las primeras elecciones de diputados cubanos a las Cortes españolas en condiciones de sufragio censitario masculino. En abril de 1898 tuvieron lugar los comicios para elegir una Cámara cubana de representantes. En ambas elecciones obtuvieron la victoria los autonomistas moderados. Sin embargo, la intervención estadounidense en la guerra desde abril impidió que el autogobierno entrase plenamente en vigor. La autonomía llegó demasiado tarde para evitar la separación de las últimas colonias ultramarinas del Imperio español. Tras una corta guerra, el 4 de agosto el Gobierno de Madrid solicitó el cese de las hostilidades y ocho días después firmó el armisticio en Washington, ratificado por el Tratado de París en diciembre. El 1 de enero de 1899 la soberanía española sobre Cuba y Puerto Rico dejó de existir.

EL POBRE BALANCE DE LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA EN EUROPA

La diplomacia española, en sentido tradicional, fue un actor secundario en las relaciones internacionales del periodo de 1875 a 1931. Poco dotada económicamente, y mal asesorada en el plano político e intelectual, tendió a alinearse con las directrices y orientaciones principales de las grandes potencias de su entorno. España era considerada por las grandes potencias europeas en expansión un enfermo de Occidente, un imperio pasado y sin modernizar, paradigma del oscurantismo y la reacción, mezcla de exotismo orientalizante y de atraso meridional, de tosquedad y pasión, de pobreza y hedonismo, como caras superpuestas del estereotipo de España en el mundo. Y que desde 1898 se había convertido en, como mucho, una mediana potencia con limitados intereses coloniales en África, a pesar de sus ínfulas de querer ejercer un papel cultural y diplomático mucho mayor de lo que le permitían sus escasos recursos. En ello, las percepciones y estereotipos legados por el Romanticismo y los relatos de viajeros no habían cambiado. España parecía abonar la teoría del darwinismo social aplicado a las naciones y confirmar que los pueblos latinos serían superados en el siglo XX por los pujantes pueblos germánicos y anglosajones.

El régimen de la Restauración buscó garantizar la continuidad de la monarquía mediante una política de recogimiento, como la denominó Cánovas del Castillo, que se aproximó al imperio guillermino y al canciller Bismarck, ante el temor que suscitaba la Francia republicana y el posible influjo de las colonias de exiliados republicanos y carlistas que en ella se refugiaban. Al mismo tiempo, sin embargo, el deseo de evitar la expansión de otras potencias europeas en el área del estrecho de Gibraltar entraba a menudo en contradicción con la orientación hacia Alemania —con la que, como vimos, surgió un conflicto diplomático alrededor de las islas Carolinas en 1885—, y cuyos intereses también pasaban por incrementar su presencia en el Mediterráneo Occidental y el norte de África, lo que colisionaba con los objetivos españoles.

Las limitaciones de esa política exterior se pusieron de manifiesto en 1898: uno de sus objetivos principales, proteger las últimas posesiones de ultramar, fracasó entonces de modo rotundo. Ante el desastre colonial, cuyo colofón, no menos humillante que la derrota, fue la venta de las islas Palaos, Marianas y Carolinas a Alemania en 1899, la política exterior de la monarquía española buscó una reorientación que fuese acorde con su concentración geoestratégica en el área mediterránea y, en concreto, en la región del estrecho de Gibraltar, en un momento en el que, además, la rivalidad colonial francobritánica perdía intensidad y se fraguaba una entente entre ambos imperios en política exterior, materializada en 1904. España se alineó entonces con la Entente Cordiale para impedir la penetración germana en el Mediterráneo occidental y, sobre todo, en Marruecos, como se puso de manifiesto en la Conferencia de Algeciras de 1906 y en la firma de los Acuerdos Mediterráneos de mayo de 1907.

La España de Alfonso XIII buscó así ejercer, bajo el paraguas y los límites que imponían los intereses francobritánicos, una limitada política de poder en dos ámbitos: Marruecos y Portugal. Tras varios forcejeos diplomáticos, en los que el Gobierno de Madrid fue espectador pasivo de las negociaciones y rivalidades entre París y Berlín, y algunas tentativas de afirmar la presencia española en el norte de Marruecos, en 1912 se delimitaron las zonas de influencia en esa área, dejando a España un protectorado de extensión territorial reducida y sin el control del puerto de Tánger, situado bajo un régimen internacional. Por otro lado, la crisis de la monarquía portuguesa desde 1908 y la posterior proclamación de la Primera República en el país vecino en octubre de 1910 avivaron los sueños —nunca completamente desaparecidos— de anexionismo ibérico, combinados con un discreto apoyo a los monárquicos lusos. Esos sueños, que el monarca Alfonso XIII cultivaba de modo especial, llevaron incluso al Gobierno de Madrid a sugerir a la Entente Cordiale el apoyo español en el caso de una guerra con la Triple Alianza, a cambio de que Londres y París permitiesen la anexión —o unión— de Portugal.

Sin embargo, en la hora crucial de agosto de 1914, el Gobierno de Eduardo Dato declaró la neutralidad española en el conflicto. Los intereses prioritarios que se marcaba la política exterior del país (Tánger y Marruecos, la recuperación de Gibraltar y, en menor medida, la posible anexión de Portugal) dictaban los imperativos de la acción inmediata y ninguno de esos objetivos se verían satisfechos con una intervención en la guerra. Con todo, el Gobierno presidido por Romanones llegó a proponer a París y a Londres a fines de 1915 la entrada de España en la guerra al lado de la Entente, a cambio de que, al estilo de las concesiones que se habían hecho a Italia para que cambiase de bando, aquella consintiese una posible anexión de Portugal, se restituyese Gibraltar a la soberanía española y se negociase la inclusión de Tánger en el Protectorado. En las cancillerías de la Entente, sin embargo, tal oferta no mereció atención. Si España no entró en la guerra fue primero por propia impotencia y, después, por el desinterés de las potencias beligerantes. Con todo, la guerra sí influyó dentro de España. La división entre aliadófilos y germanófilos se superponía a las disputas entre liberales y conservadores, republicanos y tradicionalistas. Para los republicanos, el bando de la Entente Cordiale era el lado de la libertad frente a la autocracia de los imperios centrales y otomano. Varios miles de voluntarios españoles, muchos de ellos en realidad emigrantes establecidos en Francia y otros movidos por un republicanismo sincero que admiraba el modelo de la Tercera República gala, se enrolaron en la Legión Extranjera para combatir bajo la enseña tricolor. Entre ellos también se incluía un grupo de voluntarios que afirmaban luchar por la libertad de Cataluña en el marco de lo que, siguiendo uno de los lemas propagandísticos difundidos por la Entente, era una guerra por la liberación de las nacionalidades oprimidas. Al final, sin embargo, fue el propio régimen de la Restauración, tras la crisis institucional y social de 1917, el que salió dañado. Eventos internacionales como la revolución bolchevique, la caída de los imperios multinacionales y autocráticos y la independencia de nuevas naciones en Europa Centro-Oriental amenazaron con insuflar un efecto dominó dentro de la monarquía española y alentar la fuerza del movimiento obrero, de los republicanos y de los catalanistas.

Con todo, en la inmediata posguerra la posición internacional de España no se había debilitado, a pesar de no figurar entre los vencedores y de enfrentarse a una larga, costosa y desgastadora guerra de baja intensidad en el Protectorado de Marruecos, en la que no consiguió imponer el control militar sobre el conjunto del área, más allá de la zona occidental (la Yebala) y la oriental (Melilla y su área circundante), agravada por la derrota de Annual en 1921 y el repliegue militar español hacia las ciudades de Ceuta y Melilla y su entorno defensivo. Cuando, sin embargo, en la primavera de 1925 los insurrectos rifeños empezaron a lanzar ataques contra el flanco septentrional de la zona francesa, la coincidencia de intereses militares y estratégicos entre Francia —que hasta entonces había asistido impasible al desangramiento de su vecino del sur en su zona del protectorado— y España culminó en el desembarco conjunto de Alhucemas unos meses después, en septiembre de 1925. La operación selló la derrota del independentismo rifeño y la sumisión duradera del protectorado marroquí a la férula española.

Por otro lado, la diplomacia española participó con cierto entusiasmo en las tareas de la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, en cuyo Consejo le fue asignado en 1919 un puesto no permanente (en premio por la actividad humanitaria desplegada durante la I Guerra Mundial) y en cuyo secretariado alcanzaron una cierta relevancia durante la década de 1920 profesionales de la diplomacia de formación liberal y cosmopolita, como Salvador de Madariaga y Pablo de Azcárate, que desempeñaron un importante papel técnico y jurídico en áreas como la protección de minorías étnicas y religiosas o la política de desarme. En el foro ginebrino España intentó desempeñar durante los años de la dictadura de Primo de Rivera un papel de prestigio internacional, aunque no consiguió un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad, lo que motivó su retirada temporal entre septiembre de 1926 y septiembre de 1928. El régimen primorriverista intentó también jugar con prevención la baza del acercamiento a la Italia fascista, para presionar a Francia y obtener concesiones en el enclave internacional de Tánger, pero no fue tan lejos como para completar su órdago a las grandes potencias europeas. Igualmente, buscó una política de aproximación y cooperación con Portugal, sobre todo tras el golpe de Estado de mayo de 1926 que instauró una dictadura militar en Lisboa.

¿UN IMPERIO DE SUSTITUCIÓN? LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN ÁFRICA

La restauración del orgullo nacional español tras 1898 también implicaba la reconstrucción de un imperio alternativo. Sobre todo, la obtención de algunas colonias nuevas en África, donde la situación en los territorios marroquíes había sido estable hasta la campaña de 1859 a 1860, coronada con el éxito y acompañada de una intensa movilización patriótica. Además de las áreas vecinas a los enclaves de Ceuta y Melilla, había otros dos territorios que fueron reclamados por España durante el último cuarto del siglo XIX. Por un lado, los territorios de Fernando Poo y Río Muni, que no habían sido incorporados realmente a la Administración española hasta 1843 y cuya función era sobre todo servir de base para el tráfico de esclavos con América.

Los sucesivos Gobiernos españoles mostraron un escaso interés en la distante y aislada colonia, donde apenas se asentaron un puñado de colonos y órdenes religiosas, en particular los claretianos. La presión de los sectores de opinión africanistas llevó a no abandonar la colonia en favor de Francia, pero la ocupación efectiva del territorio no tuvo lugar hasta el periodo que se inauguró en 1900, cuando el Tratado de París estableció las líneas de demarcación entre las áreas de dominio español y francés en el golfo de Guinea, y concluyó en 1926, cuando el territorio continental de Guinea fue explorado de manera sistemática y se instaló un aparato administrativo español que se extendió a la isla de Fernando Poo (hoy Bioko). No obstante, el interés efectivo por la explotación de los recursos naturales de la isla por parte de la metrópoli no se reavivó hasta 1940, de la mano de una renovada aspiración por españolizar a los indígenas. Esta labor había sido iniciada de modo más tímido por el Patronato de Indígenas, creado en 1904, cuya función consistía en «tutelar» a los nativos, que fueron considerados como menores de edad desde un punto de vista legal.

Una importancia mucho menor fue la que revistió el territorio de Sahara Occidental, reivindicado por España desde 1884, cuando fue declarado protectorado por el Gobierno de Madrid. La Corona de Castilla ya había intentado extender su presencia en vano hacia esa región desde las Canarias a fines del siglo XV. Sin embargo, el desvío de los esfuerzos colonizadores y descubridores hacia América dejó este territorio sin apenas explorar. Únicamente cuando el Gobierno español temió que colonos de otros países europeos se asentasen en la costa sahariana, así como que Gran Bretaña penetrase en la zona, decidió prestar cierta atención a las demandas de las élites africanistas de Madrid y Barcelona y a los intereses de algunos empresarios pesqueros, y proclamó su derecho a ocupar el territorio del Sahara Occidental. A continuación envió varias expediciones entre 1877 y 1883 para explorar el área y se fundaron algunos asentamientos modestos, en su mayoría militares. Sin embargo, la importancia del Sahara Occidental para la imaginación colonial española en las décadas sucesivas fue casi insignificante. Hubo que esperar a 1934 para que el gobierno español ocupase realmente el territorio y desplegase un aparato de Administración colonial y presencia militar.

En consonancia con el escaso interés que despertaban las colonias africanas en la esfera pública española en términos económicos y políticos, el caso del Sahara Occidental ilustra el papel comparativamente escaso que el africanismo representaba en la imaginación colonial y nacional de los españoles hasta principios del siglo XX. Era verdad que había habido algunas personalidades relevantes, como Antonio Cánovas del Castillo, que habían dedicado esfuerzos a propugnar que España debía procurarse un imperio de sustitución en África. No obstante, el núcleo principal del pensamiento africanista español surgió relativamente tarde, como un pálido reflejo del primer Congreso Internacional de Geografía que tuvo lugar en Bruselas en 1876. De manera inmediata, se fundaron en Madrid la Asociación Española para la Exploración de África y la Sociedad Geográfica, así como la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas (más tarde convertida en la Sociedad Española de Geografía Comercial). El proceso culminó en noviembre de 1883, con la celebración del I Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil y la constitución posterior de una Asociación Española de Africanistas. Sus principales portavoces, el geógrafo Francisco Coello y el teórico del regeneracionismo Joaquín Costa, intentaron despertar el interés de las clases medias españolas por la empresa colonial africana. Desde entonces, las asociaciones africanistas fueron capaces de atraer a algunas personalidades relevantes de la esfera pública española y consiguieron adquirir una influencia limitada en la política exterior del Estado.

El interés científico por África tuvo continuidad durante las primeras décadas del siglo XX y se manifestó en el relevante lugar otorgado a los territorios africanos en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Sin embargo, en ella también se pusieron de relieve las diferencias existentes en la imaginación colonial hispánica entre el modelo «tradicional» y el «nuevo» concepto de imperio. El modelo tradicional del imperio americano aspiraba a la conversión religiosa y la asimilación cultural, más o menos completa, de las poblaciones nativas, así como a su incorporación a la civilización española mediante la creación de una nueva sociedad colonial. El nuevo modelo aplicado en África era imaginado por algunas élites colonialistas españolas como una recreación del antiguo imperio americano mediante la constitución de una suerte de «comunidad hispano-americano-africana». Sin embargo, en la práctica consistió en una explotación económica superficial, que no pretendía ahora asimilar culturalmente a los nativos, ni reportarles los supuestos beneficios de la civilización cristiana e hispánica. En ello no difería mucho de las dinámicas seguidas en la periferia por los imperios coetáneos, como Francia y Gran Bretaña.

Marruecos se convirtió, en todo caso, en el objeto predilecto de la imaginación imperial y africanista española durante las tres primeras décadas del siglo XX. Fue el área, además, donde los proyectos neoimperiales hallaron una realización más práctica. En parte, eso tenía que ver con el hecho de que la costa del norte de África había sido contemplada tradicionalmente como un área de expansión geográfica natural para España. Y los marroquíes fueron observados de modo ambivalente. Por un lado, eran salvajes infieles; pero, por otro, también eran considerados como una suerte de españoles arcaicos, un pueblo necesitado de ser guiado en el camino de la civilización. Según Joaquín Costa, Marruecos podría ser en el futuro un país independiente bajo la tutela de España, del mismo modo que Gran Bretaña había apoyado la emancipación de Grecia del poder otomano, otorgándole un estatus intermedio entre la relación colonial y otra basada en el respeto mutuo a su independencia formal. España tenía el deber de llevar la civilización a Marruecos, tratando de reproducir allí «las características de nuestra patria, haciendo de ella una España africana». Con ese objetivo, había que enviar al país no solo militares, sino también ingenieros, médicos, funcionarios, maestros y personal cualificado, con el objetivo de modernizar su Administración bajo el patronazgo español. En este sentido, el antiguo proyecto de la España de ultramar se reflejaba, en la concepción de algunas élites colonialistas, en el de una España africana.

Como en el caso de la guerra de 1895 a 1898, la larga e intermitente Guerra de África, que empezó poco después de tomar posesión de una parte de Marruecos por España tras la Conferencia Internacional de Algeciras en 1907, provocó muy diferentes reacciones en la Península. Por un lado, la guerra gozó de una creciente impopularidad entre las clases subalternas y parte de las clases medias. El ejército español ni era auténticamente nacional ni socialmente igualitario, y la expansión de la «civilización» en el norte de África ya no era un leitmotiv capaz de concitar de modo significativo el entusiasmo de las clases populares. El odio a las quintas y a una guerra impopular era particularmente alto entre los trabajadores catalanes. Por otro lado, los «rebeldes» rifeños fueron considerados desde principios de la década de 1920 por algunos sectores de los nacionalismos periféricos y del movimiento obrero como un potencial aliado frente a un enemigo común, el Estado español. Las nuevas aventuras coloniales provocaban, pues, reacciones divergentes y diferenciadas en el conjunto del cuerpo social y en los distintos territorios de España. La reacción contra el reclutamiento de soldados para África era común a la izquierda obrera y a parte de los republicanos. Así se puso de manifiesto con ocasión de las protestas populares de la Semana Trágica de Barcelona, en julio de 1909, cuyo desencadenante fue el embarque de tropas de reserva para participar en la segunda Guerra del Rif.

Al contrario, además, que Cuba o Puerto Rico pocos años antes, los territorios norteafricanos nunca fueron considerados una parte de la nación española en igualdad de condiciones, ni siquiera por los más ardientes oficiales africanistas del ejército colonial. Como mucho, Marruecos era una tierra atrasada, cuyos habitantes ostentaban en bruto algunas de las mejores cualidades hispánicas en estado de naturaleza. Tampoco fue un territorio en el que se asentaran colonos españoles, como sí lo fue Argelia por colonos europeos décadas antes. Solo en las ciudades de Tetuán y Tánger existía una colonia apreciable de peninsulares. En consecuencia, ni los marroquíes (y rifeños) fueron integrados en la hispanidad, ni las diferentes concepciones de España fueron capaces de incorporar los nuevos territorios africanos en pie de igualdad, como parte de su comunidad imaginada. La cosmovisión era típicamente jerárquica y colonial. Y el discurso de alteridad respecto a los indígenas era mucho mayor que el abrigado hacia los naturales de las colonias americanas en el pasado. El protectorado norteafricano tampoco constituyó una fuente de recursos naturales, de expansión de mercados para la industria peninsular o de expansión cultural. Los recursos mineros del Rif se concentraron en pocas manos y los beneficios sociales del colonialismo no fueron sentidos en la metrópoli. Ya en la década de 1920 había sectores del ejército, como el general Miguel Primo de Rivera, partidarios de abandonar un protectorado que solo constituía una fuente de problemas.

LA REINVENCIÓN DE LA ESPAÑOLIDAD EN LAS COLONIAS

Las cortas guerras exteriores que habían sido promovidas por el Gobierno de la Unión Liberal entre 1858 y 1866, y que tuvieron continuidad en la Guerra de los Diez Años cubana, contribuyeron a enriquecer y renovar el repertorio de mitos nacionales españoles, que incorporaron nuevos símbolos y lugares de memoria —desde el almirante Méndez Núñez hasta las batallas de Wad-Ras y Tetuán—, los cuales pasaron a ser recordados en los callejeros de las principales ciudades. Los conflictos coloniales crearon también varios estereotipos sobre el otro e iconos de alteridad nacional o reforzaron y diversificaron los significados y valencias de los ya existentes. El otro pasaba a ser en ocasiones el moro (Marruecos) o los rebeldes cubanos (los mambís), supuestamente de color y esclavos cimarrones. Todos ellos eran herederos de los enemigos tradicionales de España contra los que se había librado la Reconquista medieval. El moro, en particular, fue resucitado en diversos momentos como una suerte de espejo invertido del proceso de construcción nacional español, aunque también actuase como un eco de la asunción del estereotipo exótico atribuido a los españoles por los viajeros románticos franceses y británicos, como así se expresó también en la pintura orientalista. Así fue contemplada también la corta guerra marroquí de 1893 a 1894, provocada por un incidente fronterizo en Melilla. Las regiones de España estarían ahora unidas y comprometidas con la ayuda a sus hermanos que vivían en la frontera de la civilización. Incluso republicanos federales como Francisco Pi y Margall opinaban que no se debía dar un paso atrás ante un reino incivilizado como Marruecos. Imágenes semejantes se difundieron —si bien su auténtico impacto social todavía debe ser investigado— durante la Guerra de Melilla (1909) y la Guerra del Rif (1911-1927).

Un fenómeno paralelo a la difusión de la movilización autonomista e independentista en el Caribe fue que un sector muy significativo de los colonos peninsulares radicalizase sus postulados nacionalistas y abrazase una suerte de unionismo radical. Este se manifestó en una nueva forma de nacionalismo integral y militarista, que adoptó la forma de un movimiento social estructurado, que contaba con milicias, periódicos y símbolos propios. Todo ello implicaba una reinvención parcial del nacionalismo español en un nuevo molde caribeño: los incondicionales en Puerto Rico y los asimilacionistas radicales en Cuba propugnaban la hispanización de las islas desde la base y esperaban incrementar la población de colonos para favorecer el proceso, de modo que Cuba se tornase en una provincia más blanca y, por tanto, española. Su capacidad de movilización no era desdeñable. El Cuerpo de Voluntarios fundado en 1855 contaba tres lustros después con cerca de 80.000 hombres. Dos tercios de sus miembros eran cubanos de origen, pero férreamente partidarios del poder español, y muchos de sus miembros peninsulares pertenecían a las clases populares y media baja. Los voluntarios fueron la expresión armada de lo que había sido bautizado como el Partido Español, cuyo núcleo principal se localizaba en el Casino Español de La Habana, fundado en marzo de 1869 y extendido después a otras localidades de la isla. Aunque los asimilacionistas constituían un fenómeno interclasista, el liderazgo correspondía a los grandes comerciantes y hacendados del tabaco y el azúcar.

La movilización de los peninsulares en suelo caribeño estaba íntimamente ligada al tejido de asociaciones de ayuda mutua fundadas desde mediados de siglo por los naturales de las diferentes regiones, muchos de cuyos socios se contaban entre los voluntarios. El Partido Español se convirtió en un factor crucial de la política cubana, ejerció una creciente influencia en las decisiones de los capitanes generales y difundió una imagen simplificada del enemigo interior: una amalgama de esclavos libertos y cimarrones, de origen africano, opuestos a la civilización y el cristianismo representados por España. La solución sólo podía venir de un poder ejecutivo fuerte y de una movilización paramilitar permanente alrededor de la causa de la unidad nacional, identificada con un orden social jerárquico.

Los oficiales españoles provenientes de la metrópoli creían firmemente estar combatiendo en una guerra distinta, cuyo objetivo era aniquilar un enemigo bárbaro, más africano que americano. Si los rebeldes eran considerados bandidos, la mayoría de los cubanos, independientemente del color de su piel, también eran contemplados por los militares españoles como una suerte de españoles de segunda clase. Sin embargo, y a pesar de las acusaciones posteriores de la historiografía nacionalista cubana, según la cual España habría orquestado una guerra de exterminio sobre la isla, la concepción española de guerra colonial no difería mucho de la aplicada por Gran Bretaña en Sudáfrica por las mismas fechas. La política de reconcentración contra la población rural del oriente cubano, seguida por el general Valeriano Weyler, era entendida como un medio de privar a los guerrilleros del apoyo logístico de la población civil, para lo que se decretó su traslado a áreas urbanas bajo la supervisión del ejército. Su propósito no era el exterminio físico de los campesinos. Sin embargo, la falta de medios, de previsión y de organización por parte de las autoridades españolas provocaron que varios miles de cubanos contrajesen enfermedades mortales o falleciesen por inanición.

Algunas de esas representaciones de una guerra colonial como guerra total, como componentes de guerra de exterminio, que se acentuaron durante las campañas de África fueron trasplantadas más tarde a la Península, como se puso de manifiesto en la Guerra Civil española de 1936 a 1939. Aun así, hay que destacar que este proceso de transferencia de imágenes del imperio a la metrópoli siguió dos direcciones complementarias. Las representaciones visuales de los insurgentes cubanos también recogieron algunos moldes icónicos para caracterizar al carlista rebelde y vasco «primitivo» que habían sido forjados durante la guerra carlista de 1872 a 1876. Algunos oficiales ya habían propuesto en vano aplicar medidas de reconcentración en el País Vasco y Navarra para perseguir el apoyo popular a los carlistas. El elemento racial, sin embargo, actuó de poderoso factor distintivo entre un caso y otro.

La movilización patriótica entre los peninsulares residentes en los territorios ultramarinos, y que permanecieron en ellos tras 1899, también contribuyó a reforzar sus sentimientos identitarios hacia España. La memoria de las guerras coloniales se mantuvo viva entre ellos y entre los nuevos inmigrantes que llegaron a Cuba y Puerto Rico desde 1898 por un espacio de al menos dos décadas, lo que creó una atmósfera de nostalgia imperial en sus asociaciones y centros de sociabilidad. El recuerdo de los soldados españoles caídos en la manigua fue conservado y cultivado mediante rituales y conmemoraciones periódicas, en Cuba hasta bien entrada la década de 1920, al contrario de lo que ocurría en la propia metrópoli. Sin embargo, ahora la añoranza de los tiempos imperiales también se canalizaba a través de la recreación del mito de la hispanidad y la idea de comunidad cultural, la oposición a Estados Unidos y la búsqueda de una genealogía común con las repúblicas latinoamericanas, que en el caso caribeño también pasó pronto por una revalorización y reinterpretación de los héroes de la independencia (como José Martí). Y también cabe señalar el surgimiento de una nueva identidad criolla e hispánica, tanto en Puerto Rico como en las Filipinas, que fue incorporada a las narrativas nacionales y convertida en instrumento de reivindicación frente a los nuevos colonizadores, Estados Unidos y (en el caso filipino tras 1941) Japón. En algunas áreas urbanas de Filipinas, en particular en Manila, el uso del castellano se mantuvo vivo durante tres décadas como señal de distinción no solo de las clases pudientes y la élite criolla tradicional, sino también por algunos sectores hispanizados de la clase media baja, lo que mantuvo instituciones culturales y un tejido de prensa propia hasta la II Guerra Mundial, cuando esta identidad se diluyó cultural y demográficamente sin dejar apenas rastro.

La intensa movilización patriótica que recorrió España en 1898 se disipó tras la derrota contra Estados Unidos, dando lugar a una ola de intenso pesimismo intelectual y social. Sus rescoldos, sin embargo, fueron más duraderos. Los colonos, militares y funcionarios que regresaron a la Península llevaron con ellos el nacionalismo popular e integral que habían alimentado durante el conflicto cubano y alimentaron una tendencia de nacionalismo militarista e intransigente hacia cualquier concesión tanto hacia la izquierda obrera como, en particular, hacia las reivindicaciones de autogobierno de la periferia, en particular Cataluña. El asimilacionismo debía imperar también dentro de la España metropolitana, por encima de la democracia y los derechos individuales. España debía ser rehispanizada.

Este trasplante de sensibilidades nacionalistas desde la periferia colonial hasta la metrópoli tenía un doble filo, pues también contribuyó a insuflar ideas y símbolos a los movimientos etnonacionalistas que habían nacido en la propia periferia peninsular. Los movimientos de independencia cubano y puertorriqueño se convirtieron en modelos para los regionalistas (y/o nacionalistas) de la metrópoli. Algunos vascos, catalanes, gallegos y hasta estudiantes filipinos en Madrid fueron influidos por el ejemplo cubano. Sin embargo, el impacto social concreto de esa influencia, fuera de algunos símbolos visibles —como la bandera independentista o estelada catalana, inspirada en la bandera cubana desde 1904-1908, tras el regreso de la isla de algunos catalanistas radicales—, fue más limitado. La imitación de nacionalismos anticoloniales no les llevaba, sin embargo, a un rechazo general a toda forma de imperialismo. Sabino Arana, fundador e ideólogo del primer nacionalismo vasco, admiraba abiertamente al Imperio británico y, pese a apoyar de modo entusiasta la causa de la independencia cubana y filipina, también soñaba con la opción de que Euzkadi se acogiese a un régimen de protectorado bajo la égida británica, considerada más civilizada y benigna que la española.

En el caso del catalanismo político el objetivo no era crear un Estado independiente, sino refundar España mediante su conversión en un imperio multinacional, que debía basarse en la redefinición en sentido federal o confederal de las relaciones políticas y culturales entre las diversas naciones ibéricas, y lanzarse a reconstruir una presencia imperial, pero redefinida en términos culturales y económicos, en el mundo, particularmente en Iberoamérica. Esta imaginación imperial, ya presente en el proyecto político de Enric Prat de la Riba y formulada por Eugenio d’Ors, abundaba en contradicciones, pero mostraba que el imperialismo era una corriente de pensamiento transversal en la Europa de principios del siglo XX.

Era difícil, no obstante, que la apelación periférica a la recuperación del imperio como compensación o complemento de la reestructuración del modelo centralista de Estado fuese entendida, y mucho menos aceptada, por los sectores mayoritarios de la esfera pública española, y en particular por las élites políticas y culturales del resto de España. Por el contrario, parte de ellas sintió una necesidad alternativa: recuperar un imperio que no fuese un mero sustituto del viejo imperio americano, sino que fuese reformulado como un «proyecto sugestivo de vida en común» o una misión, una comunidad de destino. Una ruta común compartida que habría de unir a todos los españoles de distintos orígenes sociales y territoriales, pero cuyo eje central debía ser una Castilla idealizada por la generación cultural de 1898, y aun por la de 1914. Esta idea, acuñada en parte por los escritores del 98, fue recogida y articulada en un discurso metahistórico simplista, pero efectivo, por el filósofo José Ortega y Gasset en 1921, en su obra España invertebrada. Solo un proyecto imperial podía actuar como superador de las intrínsecas disparidades regionales e identitarias de los españoles. Los minoritarios fascistas españoles recogieron esa idea desde finales de la década de 1920, primero en La Gaceta Literaria, de Ernesto Giménez Caballero, y después en el grupo La Conquista del Estado, de Ramiro Ledesma Ramos, ya en 1931.

En la idea imperial también se fundía el hispanoamericanismo, el polivalente movimiento de expansión cultural que intentó tras 1898 situar de nuevo a España en el mundo en términos de cultura e idioma, y en ocasiones usando un vocabulario que apelaba a la raza, definida como una comunidad cultural y de pensamiento. En ese proyecto hispanoamericanista, por un lado, y en la propia reactivación de la idea imperial, por el otro, también operaban algunos ecos catalanistas, pasados por el tamiz de la obra de Eugenio d’Ors. Sin embargo fue quizás más influyente a medio plazo la interpretación de un hispanoamericanismo práctico, que contemplaba la influencia española en América y las armas de la comunidad cultural como un eficaz fundamento para conquistar mercados para la industria catalana y española, utilizando para ello las nutridas comunidades de emigrantes españoles como cabezas de puente, mediante sus «mercados étnicos», para la penetración comercial en ultramar.

LAS COMUNIDADES DE EMIGRANTES: LA NUEVA PRESENCIA DE ESPAÑA EN EL MUNDO

España estuvo también presente en el mundo a través de sus comunidades de emigrantes en el exterior. Tras Italia, se convirtió en uno de los grandes países de origen de la emigración transoceánica y, en menor medida, intraeuropea. Entre 1882 y 1930, el número de españoles que emigran a América se puede establecer con relativa certeza en 4 millones, de los que retornaron alrededor de la mitad. Predominaron entre ellos los gallegos, asturianos, canarios y andaluces, según los destinos. Y el flujo principal, más de dos tercios, se dirigió hacia el Cono Sur, particularmente Argentina, seguida a distancia de Brasil y Uruguay. Eran en su mayoría campesinos, hombres en edad laboral, que se asentaron preferentemente en zonas urbanas y se ubicaron en un gran promedio en los oficios poco cualificados del sector servicios, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, La Habana, Montevideo o São Paulo. La emigración a Europa se concentraba de modo muy preferente en Francia, sobre todo en el sur del país, donde en vísperas de la I Guerra Mundial residían 120.000 españoles, número que aumentó a 350.000 en 1918, en su gran mayoría procedentes de las provincias del litoral levantino y Baleares. Hasta 1931 el contingente se mantuvo estable, tras las repatriaciones de 1920 y 1921, extendiéndose desde el sur por todo el país. A ellos se sumaba la numerosa colonia de españoles, también levantinos y andaluces, que se había establecido en la Argelia francesa desde la década de 1830 y que sumaba unas 160.000 personas en 1900.

Los emigrantes recrearon su identidad nacional en el exterior. Esta podía coincidir, o no, con las fronteras del Estado nación; podía poseer límites difusos y podía consistir en una sinécdoque, es decir, en una traslación a un colectivo imaginado de los atributos y características transmitidos por los recuerdos de la infancia y juventud, del lugar o comunidad donde los emigrantes crecieron y del conjunto de rasgos codificados a través de la memoria familiar, de los encuentros con otros emigrantes, de las fiestas étnicas y de las asociaciones que reunían a los naturales de una misma procedencia en los países de acogida. A menudo el resultado era una nueva construcción. Una patria del emigrante en la que convivían lo arcaico con la recreación de lo arcaico, el recuerdo con la imaginación, los materiales culturales construidos en la diáspora con los trasplantados de la tierra de origen y, asimismo, los mestizajes con el país de adopción con los recuerdos idealizados de los «exotismos» del país de procedencia.

En esa nueva identidad tenía gran influencia el papel de las élites emigrantes, muchas veces exiliados o expatriados políticos, quienes conformaban un imaginario y un repertorio de símbolos que identificaban externamente a la colectividad de emigrantes. La reflexión acerca de la patria lejana y del papel e identidad de sus connacionales en el país de acogida se alimentaba de condicionantes nacidos en la propia sociedad de adopción: la necesidad de prestigiar a España y/o alguna de sus regiones ante los naturales de este país o ante otras colectividades inmigrantes con las que se establecían relaciones de competencia más o menos simbólica (o más o menos laboral en el mercado de trabajo); o bien el afán por capitalizar el potencial movilizador de los emigrantes para intervenir en las dinámicas sociopolíticas y culturales del país de origen. Exiliados y emigrantes, expatriados voluntarios y emigrados por desafección política —pues las fronteras entre emigración política y emigración económica son más fluidas de lo que parece— hallaban de este modo campos de confluencia variados, y sus intereses coincidían en la fundación de las grandes sociedades de ayuda mutua, desde la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires (1852) hasta los Centros Gallegos de La Habana y de Montevideo en 1879, pongamos por caso. El ansia del retorno va acompañada así por la idea de que los ausentes se constituyen en auténtica reserva espiritual de la comunidad de referencia, en sus mejores hijos expatriados y, precisamente por ello, doblemente conscientes de las necesidades del hogar nativo.

El éxodo masivo de españoles hacia diferentes destinos desde mediados del siglo XIX, primero hacia América y, después, desde la I Guerra Mundial, también hacia otros países de Europa constituyó un laboratorio ideal para observar esos procesos de mutación e imaginación de identidades. Los éxodos liberales y republicanos hasta finales del siglo XIX, tanto en Inglaterra como en Francia, fueron generalmente de corta duración y no estuvieron acompañados de emigración económica, al menos de forma significativa. En ellos se gestó una idea de España que bebía mucho de los modelos constitucionales y políticos que aquellos expatriados pudieron contemplar de cerca. Los liberales, en particular, podían imaginar una España con rey, pero con usos y costumbres liberales, sin los privilegios del Antiguo Régimen, libre de fanatismos religiosos y reminiscencias casticistas y plenamente incorporada a las Luces de la Europa ilustrada. El exilio provocaba en los transterrados españoles una sana envidia y una imaginación de su identidad nacional en clave constitucional y moderna, a lo que contribuía su obsesión por combatir los prejuicios negativos acerca de España —la leyenda negra— que entre los círculos ilustrados y liberales europeos corrían desde mucho antes.

La leyenda negra, sin embargo, tenía a su vez partidarios entre los emigrados. Y era capaz de proyectar ejemplos entre los legitimismos absolutistas europeos del segundo tercio del siglo XIX. Ahí estaban los expatriados carlistas, activos en Francia, pero también en Argentina y otros países. Ahí estaban los numerosos clérigos que España exportó, tanto a Extremo Oriente como a Europa y América. Una parte de ellos engrosó seminarios y carreras eclesiásticas en tierras extranjeras y contribuyó a reforzar la concepción de España como tierra preferida de Cristo, baluarte de la concepción católica del mundo. Otra parte dejó su huella en las misiones jesuíticas en Japón y en otros países de Asia y de África. A veces fueron los misioneros quienes constituyeron la primera presencia de España en algunos territorios teóricamente pertenecientes a la Corona hispánica, como Guinea Ecuatorial.

Si hubo una España tradicional expatriada, más influyente fue a largo plazo la otra España exiliada. Muchas veces no se componía de exiliados en el sentido clásico del término. Los expatriados republicanos, que, tras el fracaso de la Primera República española en 1873-1874, tomaron progresivamente el camino de la emigración, unos a América del Sur y otros a Francia, buscaron realizar en lo que consideraban repúblicas ideales y abiertas a las oportunidades individuales los sueños de promoción política e intelectual que ya no podían desarrollar en España. Fue el caso de los periodistas y jóvenes profesionales que empezaron a llegar a ciudades como La Habana, Montevideo, São Paulo, París y, quizás el caso más representativo, Buenos Aires. La capital argentina se convirtió en un lugar de emigración al que no solo llegaban campesinos más o menos iletrados, pescadores o jornaleros, aunque estas eran las categorías que nutrían la gran mayoría del contingente inmigrante español; también arribaban al Río de la Plata jóvenes bachilleres de clase media venidos a menos que, como caricaturizaba irónicamente en 1899 el escritor vascoargentino Francisco Grandmontagne, cruzaban el Atlántico provistos de cartas de recomendación para intentar hallar un hueco en el periodismo, en la política o en los círculos profesionales argentinos. Esos emigrantes que viajaban en segunda clase estuvieron presentes en el colectivo inmigrante español desde mediados del siglo XIX, con un cierto repunte a partir del fracaso de la Primera República española, y continuaron llegando a lo largo de las cuatro décadas siguientes. A menudo, su perfil era autodidacta y, después de trabajar un tiempo como empleados, dependientes de comercio u otras ocupaciones, obtenían un título universitario o ingresaban en las redacciones de periódicos y semanarios argentinos. Y desempeñaron un destacado papel como élite que modulaba los proyectos identitarios del colectivo inmigrante, elaboraba una idea de la patria (o las patrias) de origen en la distancia y a la vez un imaginario de la comunidad inmigrante en el país de recepción. Era el caso, en Argentina, de personajes como el hombre de negocios Carlos Casado del Alisal, el abogado Carlos Malagarriga, el periodista Justo López de Gomara, el pedagogo Ignacio Ares de Parga o quizás el más significado de todos ellos: el abogado y hombre de negocios Rafael Méndez Calzada.

El liderazgo del colectivo de inmigrantes suponía para los expatriados un reforzamiento de su capacidad de mediadores entre la sociedad de acogida y, a la vez, los convertía en puntos de referencia hacia la patria de origen, en diversos niveles (local, regional o estatal), muchas veces de modo complementario. De modo particular tras 1898, los periodistas, intelectuales y profesionales hispánicos expatriados se arrogaron la función de ser mejores intérpretes de los males de la patria que los connacionales de aquende el mar. Su interpretación propia del regeneracionismo y del republicanismo pasó por una autopercepción de ser depositarios de un potencial de renovación de las energías ocultas de la patria (grande o pequeña). En parte, esa percepción tenía origen en su autoimagen de hombres forjados a sí mismos, libres de las ataduras de un sistema caciquil y dominado por el oscurantismo político y religioso, y en los que la experiencia de la emigración habría operado como un agente de selección social. Los ausentes podían y debían regenerar la patria, una vez que la experiencia migratoria los había moldeado y había hecho de ellos mejores españoles.

La élite profesional y de bachilleres se alió con las élites inmigrantes favorecidas por el ascenso económico y estuvo en el origen de las primeras instituciones representativas de la colectividad española en América. Su vehículo de actuación privilegiado fue la prensa, aunque también se expresó a través de la literatura —tanto novelística como teatral—, la oratoria y, andando el tiempo, las tribunas radiofónicas. Presentó perfiles diversos entre 1870 y 1930 y estuvo compuesta por diversas capas generacionales, que se fueron diversificando políticamente y sufrieron igualmente distintos influjos político-ideológicos. En una primera fase (1873-1895) predominaron los expatriados republicano-federales de orientación más o menos republicana federal o republicana intransigente. En todos ellos se operó un proceso de progresiva moderación política tras su llegada a América. La búsqueda de un nuevo ideal interclasista que aglutinase a la mayoría de los inmigrantes en torno a sus proyectos les llevó a profesar, junto con un republicanismo de perfiles cada vez más moderados, una cercanía tácita en algunos casos a los incipientes regionalismos peninsulares (al gallego o al catalán, así como a una suerte de fuerismo vasco en la distancia). Y concibieron una serie de postulados resumibles en la necesidad de regenerar política, social y culturalmente sus regiones de origen y España en su conjunto, lo que, a su vez, incluía una carga vindicativa del buen nombre de España, tanto hacia dentro —para combatir los prejuicios y estereotipos negativos asociados con la condición de español o, a veces, con el gentilicio gallego, presentes en América desde el final de los tiempos coloniales— como hacia afuera —para reclamar de los poderes públicos españoles una mayor atención hacia la situación de sus regiones y comunidades de origen.

Esos principios básicos fueron compartidos por la siguiente capa de expatriados y bachilleres, entre ellos los promotores de la primera Liga Republicana Española en la Argentina (1903), modelo luego extendido a otros países. Todos ellos conocieron en mayor o menor medida la influencia del regeneracionismo hispanoamericanista, variante del regeneracionismo que cifraba en la proyección americana sus esperanzas de reforma del Estado y, que, al mismo tiempo, idealizaba a los emigrantes como posibles puntas de lanza de esa renovación; oscilaron entre un republicanismo inicial y el regeneracionismo tardío, y todos ellos otorgaron un gran valor al potencial renovador de la educación como auténtica savia vivificadora del cuerpo de la nación española. Si la instrucción escolar contribuiría a erradicar el caciquismo mediante la creación de nuevos ciudadanos conscientes desde la más tierna infancia y los capacitaría para invertir sus energías en el progreso de la tierra de origen, la difusión del espíritu cívico redimiría a España (y a sus diversas regiones y/o nacionalidades) de las tribulaciones presentes y le otorgaría un papel director dentro del conjunto de las naciones hispanohablantes, gracias en buena parte a la influencia de sus potentes comunidades emigradas, quienes podrían representar un papel de puente o de comunicador intercultural.

La nueva reconquista de la influencia española en América ahora no se presentaba en términos políticos inmediatos: se planteaba, sobre todo, como una empresa de prestigio cultural, que podía nutrirse de las aportaciones de muchos intelectuales latinoamericanos que, desde finales del siglo XIX, redescubrían el legado histórico e intelectual hispánico, aborrecían el anterior desprecio por la vinculación con la antigua potencia colonial —que había caracterizado a buena parte de las élites latinoamericanas a lo largo del siglo XIX— y proclamaban que, frente a la amenaza de expansión estadounidense y los miedos generados por la inmigración masiva de varios países europeos, el hispanoamericanismo y la vuelta a las raíces culturales españolas podía ser un buen antídoto. En otros países, como Colombia o Perú, eran las élites conservadoras criollas las que volvían al legado hispánico como mejor garantía y refugio del orden social y la tradición. Una tradición que no consistía necesariamente en asumir la herencia hispánica sin más, sino en erigirse en su mejor intérprete, así como en apropiarse del castellano como lengua nacional, reivindicando sus raíces autóctonas, una vez superados los debates —que en algunos países perduraron hasta entrada la década de 1920— acerca de la pertinencia de crear nuevos estándares lingüísticos a partir de las variedades dialectales habladas en cada zona o país de Hispanoamérica.

La reflexión sobre España llevaba implícita una expansión de su prestigio sobre América. Se trató en un principio —y en la práctica, hasta el impulso dado desde el Ministerio de Estado a la orientación hacia América bajo la dictadura de Primo de Rivera— de iniciativas promovidas por la sociedad civil, desde las más intelectualizantes del Grupo de Oviedo y el viaje a América de Rafael Altamira en 1909-1910 hasta las iniciativas comerciales impulsadas desde la Casa de América de Barcelona, pasando por las campañas políticas del diputado hispanocubano Rafael María de Labra y las campañas populares para conmemorar el 12 de octubre en numerosas ciudades y pueblos, que demostraban que el hispanoamericanismo tenía una presencia social capilar. Además, esa multiplicidad de esfuerzos hacia América también contribuyó a superar el desdén con que las repúblicas latinoamericanas eran contempladas por la diplomacia española hasta finales del siglo XIX. De hecho, España había tardado décadas en proceder al reconocimiento diplomático de las nuevas repúblicas americanas. Y la retórica de la restitución del imperio se revestía de apelaciones a la hermandad racial y cultural con los países sudamericanos; incluso en países de fuerte presencia de inmigrantes españoles y que prometían las potencias del futuro, como Argentina, no se estableció una embajada hasta 1917.

Fueron buena expresión de ese acercamiento, por ejemplo, las campañas para la restauración de la dignidad patria, que contaron con un amplio apoyo y difusión de las élites españolas emigradas, como la proclamación del 12 de octubre como Día de la Raza —frente al más genérico Día de Colón—, oficializado por primera vez por el presidente Hipólito Yrigoyen en Argentina en 1917; la eliminación de estrofas hirientes para España de los himnos de algunos países latinoamericanos; o la importante participación de la comunidad inmigrante hispánica en los fastos conmemorativos del primer centenario de la independencia argentina en 1910, que incluyeron un monumento donado por los inmigrantes y la visita de la infanta Isabel de Borbón, la más alta representación institucional enviada por un país europeo. La Chata fue recibida por insignes republicanos españoles en el país austral, como Calzada o Malagarriga, quienes ya jugaban claramente la carta de la reforma de la España realmente existente a través del liderazgo de las colectividades de emigrantes, del aporte de recursos a las campañas republicanas o reformistas en la propia España, el apoyo financiero a las iniciativas para modernizar su cultura y sus infraestructuras educativas y la exportación de ideas. De remesas materiales e inmateriales.

Fue en este apartado donde más influyó la otra España imaginada por los emigrantes en la evolución de la España real. Sobre todo entre las colectividades españolas de América, y con especial incidencia en colectivos como los emigrantes gallegos y asturianos, se registró una multiplicidad de iniciativas tendentes a articular la sociedad civil en las zonas rurales del país, a apoyar y sufragar escuelas y obras públicas, así como obras benéficas y culturales; estas se plasmaron a lo largo del primer tercio del siglo XX en varios cientos de escuelas, de puentes y fuentes, de lavaderos y edificios públicos, pero también en locales para sindicatos agrícolas, en subvenciones para contratar maestros o modernizar la agricultura, en fondos para editar periódicos y promover nuevas ideas, etcétera. Asimismo, cobraron forma en recursos que, también colectivamente, permitieron el acceso a la plena propiedad de muchos campesinos, o bien posibilitaron la mejora de la hacienda familiar, la incorporación de avances higiénicos en las casas rurales y la extensión de una mayor conciencia de la necesidad de la instrucción como vehículo para crear nuevos ciudadanos y mejorar las oportunidades de vida de quienes en España permanecían. El número de estas asociaciones superaba los 300 en el caso de los gallegos de Buenos Aires entre 1904 y 1920 y ascendía a varias decenas en el caso de asturianos y gallegos en La Habana durante el mismo periodo. Entre sus realizaciones se contó la fundación y mantenimiento de más de 500 escuelas primarias en sus lugares de origen, además de la financiación de periódicos, locales e iniciativas benéficas de diversa naturaleza.

En los miles de fiestas celebradas al aire libre por emigrantes españoles en las orillas del Río de la Plata, en la cervecería La Polar de La Habana o en Brooklyn, pero también en la barriada obrera parisina de Saint-Denis o en Béziers, la memoria nostálgica de España se mezclaba con el deseo de regeneración, el pasodoble o la muñeira con el charlestón y el foxtrot, las comedias de Pedro Muñoz Seca con el teatro proletario o el sainete criollo argentino. En ellas, de manera descoordinada, se respiraba un aire de redención del terruño, de contornos difusos, pero que incidía en la necesidad de regenerar y de modernizar la patria de origen, tanto para que los ausentes siguiesen soñando con volver como para que sus parientes no tuviesen que emigrar. Como recogía el periodista gallego Luis Sánchez Abal en 1917, esas fiestas podían ser anticlericales, seudoanarquistas o de otro color, pero todas ellas acababan con un «¡Viva España!» y un pasodoble. De ahí que el patriotismo de los emigrados apareciese a los ojos de muchos observadores peninsulares como un patrioterismo de expresión un tanto teatralesca y localista. Pese a ser sincero e incluso fructífero, resultaba ser para aquellos «un patriotismo feo, pequeño», carente de grandiosidad en su expresión simbólica, pues se veía la patria lejana a través de un prisma de dimensiones locales. Era, según formulaba Constantino Suárez, periodista asturiano en Cuba, un «patriotismo lugareño: se concibe el progreso o el atraso de España a través de lo que sucede en el ámbito del lugar nativo». Hasta los anarquistas españoles del Buenos Aires de la Belle Époque, internacionalistas ellos, no podían evitar declarar su adhesión a una patria cuya forma de gobierno detestaban, pero cuya memoria seguían venerando, por ejemplo, cuando insistían en la primacía de España entre las naciones cultas del mundo, frente a la italofilia de los anarquistas transalpinos también emigrados; o cuando recordaban que, en 1898, el imperialismo estadounidense no hacía sino sustituir al español, evitando solidarizarse en exceso con los independentistas cubanos.

Otros patriotismos, en fin, hicieron también su aparición entre los ausentes. El nacionalismo vasco comenzó a trasplantarse y a ganar adeptos entre los emigrantes vascos y navarros, y, en mucha menor medida, entre algunos vascofranceses, desde principios del siglo XX, tanto en Argentina como en México, Cuba y Uruguay. Lo mismo ocurrió con el catalanismo, que también ganó adeptos entre los inmigrantes catalanes residentes en el sur de Francia, Argentina y Cuba, y que durante los difíciles años de la dictadura de Primo de Rivera se convirtieron en los auténticos apoyos de los sectores más radicales y revolucionarios del nacionalismo catalán, sobre todo a través de su respaldo a Francesc Macià. Fue en La Habana donde se promulgó por primera vez, en 1928, un proyecto de Constitución para una República catalana. Incluso el más débil nacionalismo gallego alcanzó una proyección notable entre las colectividades gallegas de Cuba, Uruguay y, sobre todo, Argentina con anterioridad a 1936. Fue en Cuba donde, en 1921, surgió por primera vez un grupo independentista gallego. Al igual que había sido en Venezuela, a fines del siglo XIX, donde el canario Secundino Delgado había soñado con la independencia de su archipiélago natal, y en Cuba donde, en 1924, había nacido la primera publicación nacionalista canaria conocida.

El proceso de conversión de élites emigrantes en nacionalistas fue muchas veces paulatino, motivado también por el desencanto con la España real de la Restauración o de la dictadura de Primo de Rivera. Aunque también tuvo que ver con el influjo de los propios nacionalismos latinoamericanos, cuyo simbolismo y, a veces, imaginario fueron proyectados en las propias concepciones de qué debían ser Cataluña, Euskadi, Galicia o Canarias en el futuro. Un ejemplo fue la reinterpretación del pensamiento del teórico del nacionalismo cubano José Martí por algunos nacionalistas catalanes y gallegos residentes en la isla. Otros factores intervenían, a veces de manera contradictoria. Por ejemplo, el anhelo por huir de la connotación despectiva de gallego por parte de inmigrantes cuyo origen catalán o, particularmente, vasco era señal de prestigio en algunas sociedades receptoras; o en el caso precisamente de los gallegos, por la propia reacción de autoafirmación ante esos estereotipos y prejuicios, de los que se pasaba a culpabilizar a España y a sus Gobiernos. Y es que la presencia de España fuera de España también reproducía buena parte de sus problemas de identidad nacional y, a menudo, los amplificaba.

EL PROCESO ECONÓMICO

Lourenzo Fernández Prieto

El proceso económico de 1875 a 1931 bien podría llevar como subtítulo «… y el progreso». Crisis, recuperación y expansión transformadora definen este medio siglo de proceso económico en España que va de la Restauración al confín de la dictadura de Primo de Rivera en los lindes de la Segunda República. Su análisis e interpretación requieren seleccionar los datos esenciales que sirvan para describir y explicar los procesos que caracterizan el periodo que ya han sido bien estudiados por la historiografía. Describir, explicar y analizar es relativamente sencillo, pero caracterizarlo requiere un esfuerzo de reinterpretación que tenga en cuenta la importancia que han dado a este tiempo tanto los coetáneos como los historiadores para explicar algunos de «los males de la patria» en el siglo XX.

Los más de 50 años que se extienden entre 1875 y 1931 sirven para apreciar la confrontación de la economía española con la modernidad contemporánea y sus consecuencias. Y así han sido analizados por la historiografía, como confrontación y como engarce. Como confrontación, para argumentar y fundamentar las razones del pretendido atraso económico español en el siglo XX; como engarce, en la búsqueda de las pautas de transformación que podrían acercar a España al progreso contemporáneo de los países centrales. En ningún otro periodo (con excepción de la crisis del Antiguo Régimen) se ha centrado tanto el debate historiográfico e intelectual sobre el atraso contemporáneo español y la divergencia con los Estados de su entorno. Con lógica genética la historiografía ha explorado en este medio siglo razones que expliquen la ruptura que supone la Guerra Civil, pero también el advenimiento, primero, y la liquidación, después, de la Segunda República. No hablaremos de fracaso republicano para explicar el triunfo demorado del golpe de Estado de 1936, sino de una guerra perdida que da paso a la dictadura franquista en la que atraso y divergencia se agrandan durante décadas, hasta obsesionar como preocupación a la generación intelectual del tardofranquismo y la Transición, tanto como habían obsesionado a la del 98.

La mirada de la historiografía hacia este periodo está, pues, habitualmente velada por la búsqueda de las causas de la divergencia posterior con la pauta europea, hasta ocultar con frecuencia los elementos de convergencia y normalización. La preocupación central de sucesivas generaciones de economistas e historiadores de la economía desde los años sesenta era encontrar y definir en este periodo las dificultades para el crecimiento económico y las razones de la divergencia. En el contexto histórico de un país en «vías de desarrollo» marcado por el despegue económico se necesitaba explicar los orígenes de esa desviación y, desde aquella perspectiva generacional (Jordi Nadal, Gabriel Tortella), se estableció una poderosa preocupación fundacional dominada por la sombra poderosa de un presente de evidente atraso sobre un pasado más complejo, en el que se buscan las razones del retardo más que las evidencias del progreso.

Para explicar este periodo hay que ubicarlo entre las dos repúblicas que en España hubo (1873 y 1931) y entenderlo en un contexto de consolidación del liberalismo durante la vigencia de la monarquía parlamentaria de la Restauración que termina en una dictadura (1923), que no rompe con las tendencias previas, sino que las regula y controla de forma reaccionaria en un empeño de modernización autoritaria que busca vigilar los efectos más inquietantes de la irrupción de las masas, a diferencia de lo que acontecerá después de 1936. Las primeras décadas del periodo se asientan en el impulso transformador del Sexenio Democrático y la Primera República que, en buena medida, se incorpora en estos años restauracionistas. La última década es la antesala de una Segunda República, que materializará los cambios y transformaciones promovidos a lo largo del periodo por las clases medias reformistas y nuevos sectores sociales en ascenso, que buscan mayor equidad social y acceso a los recursos, respondiendo a los retos de los nuevos movimientos obreros y campesinos, así como una integración en la Europa moderna en términos económicos, científicos y culturales. La solución de Primo de Rivera fue autoritaria; la de la República, democrática. Durante 43 años estuvo vigente la Constitución de 1876 y a su amparo se establecieron el Código de Comercio (1885) y el Código Civil (1889), el Ministerio de Instrucción Pública (1900), la creación del Ministerio de Trabajo (1920) o la Ley Cambó de regulación del Banco de España (1921). La vía dictatorial continuó la construcción de elementos centrales del sistema estatal español del siglo XX, a veces como reacción al intervencionismo, como en el caso de la creación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (1928), otras como consecuencia del mismo, como la creación bien conocida de compañías y monopolios estatales (Telefónica, Campsa, Iberia) o el Banco Exterior de España. La intervención también sirvió para satisfacer aspiraciones de propietarización campesina (Real Decreto Ley de Redención de Foros de 1926) o iniciar mecanismos de concertación (comités paritarios) propiciados por el sindicato UGT. Complejidades de una dictadura que amparó una solución autoritaria y sin libertad a los problemas socioeconómicos del periodo, pero que en su precoz ambigüedad no rompió —o no logró romper— el previo impulso reformador.

Aun teniendo en cuenta las coyunturas de crisis económica y política que encierra, la etapa de 1875 a 1931 es un periodo de cambio sostenido y de estabilidad relativa del modelo económico y social en construcción. Cierto que está marcado por un 1898 que remueve la conciencia nacional y por la crisis del sistema parlamentario de la Restauración que, en 1923, desemboca en la dictadura del general Primo de Rivera, pero no hay rupturas rotundas en las políticas o las dinámicas económicas. Por el contrario: puede definirse como un ciclo de estabilidad y continuidad, en términos de proceso económico y en cuanto al modelo de crecimiento y desarrollo, que dibuja una trayectoria de importantes transformaciones hacia una economía moderna del agro a la urbe. Transformaciones moderadas, pero continuadas, y por ello el balance las convierte en importantes en el conjunto.

Comienza el periodo con la gran crisis agraria finisecular europea, «crisis agrícola y pecuaria» en la denominación parlamentaria española, y termina con la crisis económica mundial de 1929. En las décadas finales del XIX la economía española se ralentiza en relación con el despegue industrial y la expansión agraria de mediados de siglo, perdiendo posiciones relativas respecto a las economías industrializadas, pero después de 1900 se recuperan las tendencias del XIX con un ritmo más vivo, por usar las palabras de Tortella. Termina el periodo en los años treinta, con indicadores que revelan la dirección de cambios profundos, pero que, no obstante, son susceptibles de muy diferentes interpretaciones a la luz del devenir histórico posterior (los 45 años de república-guerra-franquismo) que frecuentemente se retroproyectan como una sombra capaz de sesgar la valoración de los datos disponibles. Atendiendo a un debate que sigue abierto en las últimas décadas, se trata de contrastar los lamentos nacionalistas del imperio perdido en el 98 con la realidad de tendencias modernizantes, intentando situarlas en su contexto. El crecimiento económico no lleva derecho a la modernización, como indicó Nicolás Sánchez-Albornoz en la introducción de un importante libro sobre la modernización económica de España, que definió el primer tercio del siglo XX como «el periodo de transformaciones más significativas […], hasta el presente del autor» (1985). Es en esos tres primeros decenios y pico cuando se produce un gran salto cualitativo que se adecua al progreso de los tiempos, como recuerda el mismo autor que afirmaban los coetáneos. Lo que supone, llanamente, cambiar acompasados a la historia. Dejemos de lado la idea de modernización: un cajón de sastre que requiere definición y, sobre todo, precisión cronológica para evitar anacronismos y hablemos mejor de la España moderna, como hacían los coetáneos en los tiempos del Modernismo.

El acervo de estudios empíricos acumulado para este periodo por la historiografía permite tener una aproximación cabal y esclarecedora sobre la evolución de la industria, la minería o el sistema bancario, la energía, el capital humano o la tecnología. Por mucho que queden lagunas, el brío investigador ha sido notable en los últimos 35 años y los nuevos estudios de historia de la empresa, por un lado, y de los niveles de vida, por otro, han venido a completar la perspectiva. La población y la agricultura fueron también campos especializados e intensivos de investigación desde la pluralidad disciplinar para buscar las supuestas raíces del atraso o para evitar identificar en el agro y las Españas rurales «el pozo de todos los males». No obstante, hay que reseñar que no siempre se han incorporado las conclusiones de la historiografía agraria a las interpretaciones del proceso económico en su conjunto. Para completar el cuadro sería necesario añadir las nuevas preocupaciones e interpretaciones que aporta la —todavía reciente entre nosotros— historia ambiental. El estudio de las diversidades regionales y sus evoluciones también ha sido integrado de forma definitiva desde finales de los años ochenta y ofrece una considerable información. Por otra parte, los esfuerzos de un buen número de investigadores, dirigidos a estimar adecuadamente la evolución de las variables macroeconómicas para apreciar la evolución del progreso material y la reconstrucción de las series del PIB a largo plazo, han dado lugar a un intenso y competitivo debate historiográfico y estadístico que nos ha permitido aproximarnos a una imagen bastante más definida de las tendencias de la economía española contemporánea y sus fases, así como establecer su posición relativa en el conjunto internacional. En general, contamos con sólidas bases cuantitativas para el estudio de la evolución macroeconómica de España desde 1850.

Para no pocos autores, algunos de la solvencia de Leandro Prados, los indicadores macroeconómicos del periodo no permiten destacarlo por su contribución al desarrollo, ni en el conjunto de la España contemporánea ni tampoco en el tramo secular del siglo XX, con excepción de la década de 1920. Sin embargo, visto más de cerca, revisando antiguas lecturas e introduciendo nuevas perspectivas, podemos apreciar la condición decisiva de los cambios que tienen lugar en esta época en la médula del sistema económico: en un mundo rural que expresa capacidades de innovación tecnológica y social, frecuentemente ignoradas o sólo apreciadas como reliquias singulares; en la forma de incorporación de las manufacturas hispanas a la segunda onda de la industrialización, que las acerca a Europa en vez de alejarlas; en el despliegue de las nuevas capacidades de intervención del Estado, sobre todo con la construcción y fijación de los marcos del sistema económico en términos estructurales y políticos. Cambios que se materializan en la etapa que aquí se trata.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL PIB A PRECIOS DE MERCADO (EN PESETAS DE 1995)

Fuentes: Elaboración propia con datos de Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005; Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico de España (1850-2000), Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

CRONOLOGÍA E INDICADORES DE TENDENCIAS

A lo largo de este medio siglo que va de 1880 a 1930, pueden definirse diferentes etapas para enmarcar la evolución de los procesos económicos, de los sectores y las estructuras productivas, e inferir una interpretación. Para identificar las tendencias del periodo se sigue de forma preferente la evolución del PIB (tasas porcentuales de variación interanual del PIB a precios de mercado), en cuanto constituye la más acabada traducción de la actividad económica, y se atiende también a otros indicadores complementarios. La segmentación del periodo para su análisis es susceptible de diferentes soluciones. La que aquí se escoge, guiada por la evolución del PIB, no establece fragmentos temporales uniformes, sino que distinguen los cambios de ritmo y de dinámica en el proceso económico. Se establecen así cuatro etapas diferenciadas. La primera abarca de 1880 a 1896, y está marcada por la depresión; la segunda, de 1897 a 1913, está caracterizada por la estabilidad del crecimiento; la tercera, distinguida por las condiciones de la guerra mundial, se extiende de 1914 a 1919; y la cuarta, que comprende toda la década de 1920, materializa y asienta tendencias previas, haciendo del crecimiento y la expansión una dinámica sostenida para el conjunto del periodo.

Desde el inicio de la década de 1880 hasta mediados de la siguiente, la depresión finisecular es el rasgo más definitorio, con su corolario de deflación y con tasas de crecimiento bajas e incluso negativas, concentradas en el trienio de 1885 a 1887 y el cuatrienio de 1893 a 1896. Este año marca un notable cambio de tendencia que da inicio a la recuperación, perceptible en el crecimiento del PIB desde 1896 hasta 1913, con pocas excepciones anuales (1902, 1905 y 1910) y con una extraordinaria inmovilidad en los precios, que garantiza estabilidad. El conjunto del crecimiento, sumando ambos periodos de crisis y recuperación, es ciertamente moderado, con tasas de aumento de la producción ligeramente superiores al 1 por ciento anual. Superada la depresión, se marcan las tendencias de evolución del primer tercio del siglo XX en la economía española y, como señala García Delgado, ello tiene su reflejo en unos datos de crecimiento de la renta por habitante que rondan la media resultante para todo el primer tercio (1,1), por arriba si se toman como referencia los años de 1895 a 1913 (1,7). Con la superación de la crisis se extiende una etapa, sin solución de continuidad hasta la I Guerra Mundial, que encadena enmiendas y remedios a los problemas definidos por una publicística tan abundante como conocida, marcada por el patriótico 98. Se enlaza así la política económica de Raimundo Fernández Villaverde con las realizaciones reformistas de los gobiernos de Maura y de Canalejas, cuyo asesinato en 1912 anticipa el cambio de ciclo. Un cambio de ciclo y de ritmo obligado por el arranque del siglo hobsbawmiano de las guerras y los extremos.

La etapa de 1914 a 1919 está definida por las vicisitudes de la Gran Guerra y su engañosa prosperidad. La convulsión inicial que provoca tiene un impacto negativo en el crecimiento de ese año, seguido de una euforia sin precedentes alentada por la neutralidad española en la conflagración que, en su mala digestión, conduce directamente a una aguda crisis económica entre 1917 y 1918. Son años de agitación en las estructuras productivas, como también en la organización política y social. Con unas tasas de crecimiento interanual del 1,7 para los seis años, España se benefició de una protección coyuntural de la competencia internacional y de una fuerte demanda exterior que los sectores productivos se dispusieron a atender. Es uno de los escasos periodos en que la balanza comercial y de servicios presentó un superávit, que pasó en esos años del 1,1 al 6,5 por ciento del PIB. Cuando terminó la contienda, la economía española redescubrió sus ineficiencias y sus problemas, acrecentados por los desbarajustes generados por la guerra. Las empresas tuvieron altos beneficios, pero disminuyó la inversión, por lo que no se produjo una industrialización por sustitución de importaciones, salvo en maquinaria y material de transporte. Las abundantes sociedades anónimas constituidas al calor de las oportunidades que ofrecía la guerra en Europa son un indicador engañoso, desmentido por un incremento del PIB per cápita que apenas fue del 0,5 por ciento anual. El caballo de los precios duplicó su galopada en el mismo periodo y tuvo compañía. La superproducción de posguerra y los conflictos sociales (huelgas generales de 1916 y 1917) provocaron una doble consecuencia de inestabilidad política y avances en la legislación social coherente con el sistema liberal-parlamentario, que sería interrumpido por el golpe de Primo de Rivera en 1923.

De 1920 a 1930 la tasa de incremento del PIB sube espectacularmente, sin provocar tensiones inflacionistas. En los años de la dictadura, de 1924 a 1930, aumentó al 2,5 per cápita, alentado por la industria, la construcción y los servicios, con menor contribución de la agricultura, que venía creciendo con fuerza desde 1914. Proteccionismo e intervencionismo favorecieron el crecimiento económico y las empresas industriales, pero, a juicio de Francisco Comín, fueron más importantes los fondos acumulados durante la guerra, la ayuda del Estado, la expansión del comercio exterior y la inversión extranjera. La posguerra europea desembocó en aquellos felices años veinte, que lo fueron también en España, si bien en las condiciones de una dictadura de ocho años que, no obstante, la futura de cuarenta convertirá en dictablanda. La estabilización socioeconómica que impuso el régimen autoritario favoreció la capacidad empresarial para aprovechar la bonanza económica, pero no solo no logró imponer una ruptura con el liberalismo político y la pluralidad social, sino que aquella bonanza alimentó las aspiraciones democratizadoras de los sectores sociales emergentes, que ya no podían ser coartados por la agónica Restauración y que no aceptaron la contradicción entre los beneficios del progreso económico y la rigidez del autoritarismo reaccionario. La resolvieron en 1931 proclamando por segunda vez la República.

GRÁFICO 5. PIB: TASAS DE VARIACIÓN ANUAL (%), 1880-1990 A PRECIOS DE MERCADO, EN PESETAS DE 1995

Fuentes: Elaboración propia con datos de Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005; Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico de España (1850-2000), Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

Y ¿dónde queda el 98 en todo esto? El Desastre se ubica en una memoria literaria, intelectual y patriótica obligada a asumir dolientemente el definitivo fin de un imperio liquidado en Ayacucho 70 años antes. La continuidad de unas pobres colonias africanas, cuyo papel sigue pendiente de estudio, no merece aquí mucho comentario. Al reconocer, de una vez por todas, el fin del viejo Imperio español, también se pondrá en sordina el aristocratismo asociado a su supuesta vigencia y se abrirán paso otros valores burgueses vinculados al Estado, el intelecto y el mercado que habían pugnado con los nobiliarios desde el siglo XVIII. Como señaló en su día Pan-Montojo, después del 98 no hubo desastre económico, pero sí reacción del Estado. Un Estado que, como otros europeos, se inclina —con diferente fortuna— hacia políticas reformistas favorecedoras del crecimiento económico y el avance social. Cuanto más dolientemente se quejaba la opinión pública del Estado ineficaz y del atraso económico y cuanto más clamaba por la regeneración, más enmascaraba la realidad a los historiadores que habían de tratar el periodo. La queja permanente, con centro en el 98, es precisamente la mejor evidencia del cambio y no del atraso, que se define y se critica para ser combatido con éxito social, político y sobre todo económico. Algunos de los análisis de aquellos memorialistas, descontextualizados, pueden engañar hoy al observador no avisado, pero la indagación contrastada de fuentes y la lectura de los indicadores disponibles permiten mejorar el diagnóstico de un cuerpo estatal menos enfermo de lo que da a entender su cerebro. Es necesario sostener con García Delgado que España no se rezagó en términos europeos en la segunda mitad del XIX y ni siquiera en el decenio de 1890, cuando más aprietan Francia y Alemania, resistiendo a la par que Italia el tirón de la segunda industrialización y su crecimiento asociado.

Debe acudirse a los maestros de historiadores para reparar en algunas claves de la discusión con nuestro pasado económico y de la insatisfacción que destila la historiografía por los resultados globales del progreso en la España de este periodo y, a la vez, para reconocer algunos de los rasgos esenciales que caracterizan su inserción en la contemporaneidad, su lento tránsito «de imperio a nación». Vicens Vives definió desde Cataluña el carácter fuertemente regional y periférico de la industrialización y Sánchez-Albornoz incorporó desde América la idea de la España dual demográfica, industrial, así como en modos y niveles de vida. A estos dos rasgos ha dado amplio desarrollo la historiografía de las últimas décadas, indagando en otros focos industriales periféricos y convirtiendo la dualidad en diversidad con miradas que buscan el progreso más allá de los banqueros y fabricantes. También el modelo inspirador y la filosofía de fondo han sido revisados, pasando «del fracaso de la Revolución Industrial» en España, que Nadal sanciona en los estertores del franquismo, a los modelos de industrialización regional exitosa presentados por sus discípulos en las décadas siguientes. Para apreciar las nuevas aportaciones de la historiografía y descubrir una realidad más compleja, conviene echar una mirada al PIB regional y a los indicadores que nos hablan del conjunto de la sociedad, como los clásicos de población y los más bisoños relativos a los niveles de vida. Pues de eso se trata al final, del progreso del nivel de vida del conjunto de la sociedad y de apreciar los índices de desarrollo humano, al menos desde que aprendimos a distinguir y enlazar progreso material y humano.

GRÁFICO 6. COMPARACIÓN DEL PIB PER CÁPITA REGIONAL ENTRE 1900 Y 1930 (ESPAÑA=100)

Fuentes: Elaboración propia con datos de Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005; Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico de España (1850-2000), Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

GRÁFICO 7. PIB PER CÁPITA REGIONAL (1900) VERSUS TASA DE VARIACIÓN MEDIA EN EL PERIODO 1900-1930 (ESPAÑA=100)

Fuentes: Elaboración propia con datos de Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005; Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico de España (1850-2000), Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

Uno de los mejores indicadores del proceso económico es el registro del crecimiento anual del PIB por habitante en términos reales (descontando el aumento de población y de precios). Es la medida mejor y más elaborada para comprobar la evolución a largo plazo y establecer comparaciones en la larga época del progreso económico, aunque no permita expresar toda la complejidad de las sociedades modernas. Su simpleza es su ventaja y su inconveniente. Los gráficos 6 y 7 expresan la evolución del PIB per cápita regional entre 1900 y 1930 y permiten observar la pérdida de peso de Madrid y una convergencia regional protagonizada por el norte y la periferia. La capital del Estado, que lo era también de las rentas y los rentistas agrarios peninsulares en 1900, como demostró Ángel Bahamonde, en 1930 se ve superada por el País Vasco y Cataluña en términos del PIB per cápita. Lo que apunta, además, al nuevo peso del sector industrial en el crecimiento. Solo estos tres territorios, más Cantabria y Aragón, están por encima de la media española en 1900, pero en 1930 ya se habían incorporado a ese club otras cinco regiones: La Rioja, Navarra, Valencia, Asturias y, de modo destacado, las Baleares; y salen Aragón y Cantabria (gráfico 6). Toda la mitad sur y el interior, Madrid incluido, quedan por debajo de la media de incremento del PIB per cápita (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura); también Castilla y León y Aragón norte y el litoral mediterráneo protagonizan el crecimiento en términos del PIB per cápita, y Cataluña, la más industrializada en el XIX, solo supera levemente la variación media del periodo. El protagonismo de las actividades industriales y comerciales o las mejoras de la agricultura y la ganadería explican estos resultados y por eso el contrapuesto comportamiento de Galicia y Madrid (gráfico 7).

Otros indicadores pueden servir de referencia. La población española aumentó en casi 7 millones de habitantes entre 1879 y 1930, un 40 por ciento, pasando de 16,8 a 23,5 millones, se redujeron las tasas de mortalidad, especialmente la infantil y juvenil, se moderó progresivamente la tasa de natalidad y aumentó la esperanza de vida. El ritmo del crecimiento de la población cambió con el siglo, pasando la tasa anual del 0,56 por ciento anterior en 1900 al 0,8 de las tres primeras décadas del siglo XX. Las altas tasas de mortalidad del Ochocientos descendieron rápidamente con el cambio de siglo y en menor medida las de natalidad. Las mesetas de la muerte y de la vida, en el 30 por mil la primera y el 35 la segunda, bajaron para situarse, en 1930, rozando el 15 la de mortalidad y el 30 la de natalidad.

TABLA 8. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA (1880-1930)

Fuente: Roser Nicolau, «Población, salud y actividad», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.) Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005.

La esperanza de vida al nacer casi se dobló en este medio siglo, pasando de 29 a 50 años, en un progreso que no fue interrumpido por episodios catastróficos de sobremortalidad, como la epidemia de cólera de 1885 o la gripe de 1918, y que evoca dos conclusiones. La primera, que se parte de penosas condiciones de vida del conjunto de la población. La segunda, que la evolución de este indicador evidencia precisamente la importancia de este periodo en el cambio de las condiciones y los niveles de vida en el conjunto de los siglos contemporáneos. En los 50 años siguientes, la esperanza de vida aumentó en otros 25 años.

Las dificultades para el crecimiento de la población están relacionadas con las duras condiciones de vida en las zonas rurales castigadas por las desigualdades en el acceso a los recursos. Y por la emigración exterior en otros territorios, en los que un mejor acceso a los recursos agrarios favorece excedentes de población, pero sin posibilidades locales de empleo industrial. Todo el sur y el interior responden a una pauta diferente al norte, y aparte se sitúan Madrid, el vértice vasco y el frente levantino, que incluye los focos industriales. En la segmentación de las Españas agrarias influyen las condiciones ambientales que limitan la incorporación del interior y el Mediterráneo a la nube de transformaciones agrarias europeas. Desde 1882 la emigración exterior creció intensamente y en los 50 años siguientes España se incorpora a las corrientes europeas hacia América, gracias al protagonismo que adquieren algunos territorios en un éxodo que, al igual que en toda Europa, tiene siempre una impronta regional. Salen 4 millones, de los que retornan unos 2,3 antes de 1936. Otra forma de convergencia, poco apreciada habitualmente, que confirma la normalidad e incluso modernidad del comportamiento de este medio siglo. Un comportamiento positivo y de apertura, equiparable al que Tortella interpreta para el comercio exterior, por cuanto también la emigración se convierte en un factor de crecimiento por el aporte de sus retornos, que ayudan a explicar precisamente algunos de los «factores espontáneos» relacionados con la capacidad de innovación e iniciativa. Por un lado, significa la integración en el mercado mundial, aportando mano de obra en la división internacional del trabajo. Por otro, sus retornos, en forma de capitales y capacidades tecnológicas y sociales, son bien conocidos para los casos gallego y asturiano, pero también para el catalán, que en una primera fase aportó importantes contingentes: en la década de 1880 supuso el segundo contingente regional hacia Argentina (supera el 12 por ciento), aunque siempre muy por debajo del gallego (por encima del 50 por ciento).

GRÁFICO 9. SALIDAS DE EMIGRANTES TRANSOCEÁNICOS Y BALANCE (1882-1936, ESPAÑA)

Fuente: Roser Nicolau, «Población, salud y actividad», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005.

La sangría migratoria, protagonizada preferentemente por hombres jóvenes, que llegan a suponer un 15 por ciento de la población activa hasta 1913, permite otra lectura si se observan los efectos de la incorporación de esos retornos en las sociedades de partida. La historiografía evidencia que la morriña y la saudade tenían un componente material que fue bien explotado en el solar de los emigrantes. Un componente que se le escapa a la literatura y a cierta memoria colectiva, pero no así a la memoria local y menos aún a la familiar. A la vez se producen migraciones interiores. Las capitales de provincia crecieron a lo largo del primer tercio de siglo, a un ritmo anual que duplicó el de la población española, pasando de 6 a 10 millones los residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes: Madrid, Barcelona y Bilbao doblaron su población, Vigo la triplicó. Emigración exterior, retornos e inmigración interior se combinaron de forma más compleja y con más efectos de lo que los saldos dan a entender.

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1877-1930

Fuente: Roser Nicolau, «Población, salud y actividad», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005.

El estudio de los niveles de vida ayuda a dibujar un semblante más luminoso —o menos sombrío— de la economía y la sociedad de la época y permite aproximarnos al dinamismo y la mejora de las condiciones de vida que parecen deducirse de los cambios en el PIB per cápita. La relación entre altura y renta (gráfico 11) nos da una imagen más aproximada de esa evolución. La diferencia del nivel de vida entre labradores con tierras y sin ellas (gráfico 12) queda reflejada en la talla y marca también la distancia entre esas dos Españas agrarias que en ocasiones no estaban separadas por el sistema ibérico, sino que convivían regionalmente, por ejemplo, en el sureste peninsular. Se expresa de este modo la desigualdad de los sectores sociales frente a la disponibilidad de recursos y el bienestar diferencial según la capacidad de acceder a la tierra y manejarla. Poseer tierras o capacidad de acceso a los recursos agrarios marca la diferencia de estaturas en la época. Martínez Carrión ha demostrado la reducción de las diferencias de las estaturas de profesiones agrarias respecto a la media del resto de categorías socioprofesionales para los nacidos después de la segunda mitad de la década de 1880, que apunta a un proceso de convergencia de nivel de vida rural y urbano en ese periodo.

GRÁFICO 11. ALTURA Y RENTA EN ESPAÑA 1840-1960

GRÁFICO 12. TALLA DE CAMPESINOS CON TIERRAS Y SIN TIERRAS POR COHORTES DE NACIMIENTO

Fuentes de ambos gráficos: José Miguel Martínez Carrión y J. J. Pérez Castejón, «Creciendo con desigualdad. Niveles de vida biológicos en la España rural mediterránea desde 1840», en José Miguel Martínez Carrión (ed.), El nivel de vida en la España rural, siglos XVIII-XX, Alicante, Universidad de Alicante, 2002.

La lacra del analfabetismo, la incuria del Estado decimonónico en la formación del capital humano y las dificultades para superar este lastre de partida marcaron hasta el presente la memoria y la historia de las dificultades de la España contemporánea para entroncar con la modernidad. La evolución de los niveles de escolarización (gráfico 13) permite apreciar en el periodo de 1880 a 1930 la corrección de una situación que diferenció a España de Europa en el siglo XIX y que segmenta el territorio peninsular en claves parecidas a las señaladas hasta ahora. El diferente acceso a la educación entre varones y mujeres marca, además, el resistente carácter patriarcal de la sociedad española. La reducción del analfabetismo, impulsada por el liberalismo desde 1833, se invierte con el inicio de la Restauración, hasta su corrección por los impulsos reformistas de inicios del siglo XX; el analfabetismo aumenta de nuevo con la dictadura hasta ser corregido en la República.

La extensión de estudios primarios (un mínimo de 10 años entre 5 y 14 años) se acompaña del desarrollo notable de la enseñanza media entre 1905 y la crisis posbélica, en una senda que eclosionará con la República. Las tasas brutas de escolarización universitaria se duplicaron entre 1880 y 1928, pasando del 1 al 2,1 por ciento de la población entre los 20 y los 24 años de edad, y siguieron una progresión, afectada por los mismos vaivenes que las otras variables, hasta que a mediados de los veinte explotan para superar el 3 por ciento en solo 8 años. El esfuerzo por conseguir titulaciones universitarias se abre paso por entonces en la sociedad, de la mano de las clases medias, y será emulado por otros sectores sociales que, en la medida de sus posibilidades, procurarán por esta vía mejores oportunidades para descendencia. La educación se convierte al final de esta época en un valor que muchas familias quieren aprovechar, aunque el Estado lo promueve de forma inconstante.

GRÁFICO 13. NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS GENERACIONES NACIDAS ENTRE 1832 Y 1936 (EN PORCENTAJE SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL)

Fuente: Elaboración a partir de C. E. Núñez, «Educación», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005.

La distribución sectorial de la población activa es una referencia inexcusable para apreciar las transformaciones estructurales en la economía. El dominio de la actividad agraria, incuestionable en los primeros decenios del periodo estudiado, por encima del 65 por ciento, desciende 20 puntos entre 1910 y 1930 (hasta el 45 por ciento). La transferencia de mano de obra no indica por entonces desagrarización o abandono, como ocurrirá después de 1960, sino mejoras productivas. Lo que cede en estos 20 años la agricultura lo ganan a partes iguales el sector secundario, liderado por el crecimiento de la industria (8 puntos), y los servicios, entre los que destacan transportes y comunicaciones. A la altura de 1930 los ocupados en los sectores secundario y servicios superan en 5 puntos al sector primario, por primera vez, y son las manufacturas las que atraen más mano de obra.

CUADRO 14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES DE ACTIVIDAD (1877-1930)

Fuente: Roser Nicolau, «Población, salud y actividad», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005.

La mejora de la productividad del trabajo agrario, entre 1920 y 1930, superior en 12 puntos a la del resto de actividades, ayuda a entender esta evolución y sirve para cuestionar algunos tópicos arraigados. Las diferencias regionales en este ámbito siguen las pautas señaladas, distinguiendo entre interior-sur y periferia litoral-norte.

DEPRESIÓN AGRARIA DEL SIGLO XIX E INNOVACIÓN EN EL SIGLO XX

La crisis agrícola y pecuaria marcó el inicio del periodo, afectando a España —castigada desde 1870 por las exportaciones de cereales y otros productos agropecuarios (carnes, arroz, aceites, lanas, etcétera) desde las nuevas Europas americanas y asiáticas— una década más tarde que al resto de Europa. La producción abundante y barata en unas tierras vírgenes para el arado, unida al descenso de los costes del transporte terrestre, sobre todo de los fletes marítimos, inundó las ciudades europeas de productos baratos ultramarinos que castigaron en las agriculturas europeas tanto a los productores como a los perceptores de rentas agrarias. En España los precios del trigo también se desploman desde 1870, pero de modo generalizado las producciones agropecuarias peninsulares empiezan a verse afectadas bien entrada la década de 1880 y es en torno a 1895 cuando sus efectos son más agudos. La presión de los intereses agrarios se sumará entonces a la de los industriales, volcados en los mercados interiores y coloniales, en favor de un proteccionismo arancelario que sirva de contención a la invasión de los productos con los que se siente amenazada la producción interior. Sin embargo, como se verá, fueron más importantes las respuestas en la organización de la producción que en el pertrecho aduanero.

Entre 1880 y 1895 la caída de los precios del cereal —incluido el arroz— se aproximó al 30 por ciento a consecuencia de las importaciones baratas de origen ultramarino; pero hubo otros efectos de la competencia internacional. El sector olivarero, especialmente en la gran región productora andaluza, acusó la importación de aceites baratos para usos industriales y alimentarios. La exportación de cochinilla canaria, usada como colorante natural, se vio considerablemente limitada por las nuevas anilinas artificiales. También entró en crisis la hasta entonces pujante exportación de ganado bovino y equino gallego al Reino Unido. La viticultura resistió hasta 1891, e incluso se benefició de una creciente demanda externa a causa de los efectos de la crisis en Francia, pero la última década del siglo comienza con la invasión de la plaga de la filoxera que antes afectara al país vecino y que, sumada a las plagas precedentes de oídio y mildew, arruina las comarcas vitícolas. Y es que la invasión de productos americanos coincidió con la competencia de nuevos productos artificiales, y además estuvo acompañada por plagas nuevas y devastadoras, como las citadas de la vid o la «tinta» del castaño; otras, como la del escarabajo del Colorado, que afectó a la patata, fueron consecuencia directa de la llegada de productos americanos. Todas estas amenazas eran producto de una era de globalización biológica, social y económica favorecida por el desarrollo de los transportes hasta provocar una crisis de grandes dimensiones y profundas consecuencias que requirió, en la misma medida, respuestas estatales y locales, políticas y sociales, económicas y tecnológicas. La crisis fue, en palabras de Ramon Garrabou, una etapa de desarrollo del capitalismo que impulsó un proceso inexorable de integración económica.

En general, las consecuencias inmediatas fueron la caída de los precios agrarios y el corte de las exportaciones de productos altamente remuneradores para las explotaciones. Como consecuencia se redujeron las ventas, decayó la producción y se vieron afectados los rentistas agrarios. A causa de la depreciación de los ingresos agrarios fueron castigadas de modo singular aquellas élites que vivían de la tierra sin trabajarla y no se habían procurado nuevas fuentes de ingresos en el marco de las oportunidades creadas por los cambios decimonónicos. Sufrieron como todos, pero respondieron como grupos privilegiados, capaces de buscar la protección del Estado que en parte alimentaban. Otras élites y muchas gentes del común reaccionaron también de un modo más acorde con los tiempos, introduciendo nuevos aprovechamientos, dando paso a cultivos y producciones más remuneradores o procurando nuevos mercados para sustituir a los perdidos.

La crisis que removió haciendas, conciencias y mercados generó reacciones en varias direcciones. La más historiada tiene que ver con el giro proteccionista, una respuesta condicionada tanto por la crisis como por el refuerzo proteccionista en los países de intercambio —Alemania (1879), Italia (1887), Estados Unidos (1890)—. Especialmente fuerte resultó la ofensiva francesa (1891) contra la entrada de vinos españoles. En diciembre de 1890 España incrementó los derechos de importación de cereales, harinas, ganados y carnes, y un año más tarde se aprobó el arancel Cánovas, que aumentó las tarifas aduaneras. En 1895 se elevó de nuevo el arancel del trigo y la harina y en 1906 se consolidó el incremento de tarifas. La onda proteccionista en la que se insertó España tuvo efecto en la recuperación de los precios y, gradualmente, de la producción y de la rentabilidad de la agricultura del cereal.

Más allá del arancel, aquella coyuntura conoce el nacimiento de un sistema estatal de innovación agropecuaria, participado por los cuerpos de ingenieros y demandado por la opinión pública e instituciones locales y provinciales. El origen de la construcción de ese entramado de experimentación e innovación —más allá del aspecto formativo— se sitúa en la década de 1870, con la creación en 1875 de la Estación Agronómica Central y en 1879 de la estación vitícola de Málaga en respuesta a la amenaza filoxérica, seguida de otras cuatro un año más tarde en otras tantas comarcas vitícolas. En la década siguiente, a partir de la creación en 1887 del modelo de granjas-escuela experimentales como centros «dedicados a investigaciones y experiencias sobre la producción de los vegetales, constituyendo centros de propaganda, porque publican el resultado de sus investigaciones y se dedican en el laboratorio a la ejecución de análisis de tierras, aguas, abonos y productos de la industria agrícola», arranca de modo efectivo la creación fuera de Madrid del entramado institucional de la innovación. Está impulsado por la necesidad de adecuación a las nuevas condiciones que afectan a las agriculturas europeas y constituye una parte central de las respuestas institucionales a la crisis. El propio interrogatorio de la Crisis Agrícola y Pecuaria evidencia que las preocupaciones y las soluciones propuestas van mucho más allá del simple proteccionismo para dirigirse a la necesidad de incorporar las innovaciones que están transformando las agriculturas más avanzadas. Ingenieros como Eduardo Abela y Sanz de Andino o Gumersindo Fernández de la Rosa son conscientes (Congreso de Vinicultores, 1886) de que en este terreno «aquello que no haga el Estado no lo hará nadie por ahora» en España. Otros ingenieros, como José Gascón o Leopoldo Hernández Robredo, y veterinarios, como Rof Codina o Gordón Ordás, liderarán y consolidarán el entramado en las primeras décadas del siglo XX.

Además del Parlamento y el Estado también reaccionaron los agricultores y los comercializadores. Los primeros respondieron a la crisis atacando su núcleo mediante la ampliación de la superficie sembrada y la mejora de los rendimientos: la producción de trigo y maíz aumentó casi un 50 por ciento en la última década del siglo, mientras que el cultivo del arroz se amplió y perfeccionó. Además, se redujo el barbecho en beneficio de las rotaciones anuales en el sistema cereal del valle del Ebro y del Mediterráneo, superando una forma de manejo tan antigua como limitante. Seguramente la reacción más notable en el marco de las oportunidades de la agricultura mediterránea la constituyó el desarrollo de nuevos cultivos a costa del cereal, destacadamente los arbustivos, con una expansión notable del olivo, el naranjo, los frutos secos y las producciones hortícolas y frutícolas. Una reacción agroambiental que combinaba la adecuación a las exigencias físicas de la producción, el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos, las posibilidades de fertilización y el desarrollo de capacidades de manejo largamente maduradas por parte de los agricultores locales con oportunidades de demanda. En una dirección diferente y mucho más intensiva, el desarrollo de la producción de azúcar a partir de la introducción de la remolacha forrajera fue una innovación de gran impacto con centro en Zaragoza y la vega de Granada. En las regiones vitícolas, la replantación de vides americanas resistentes a la plaga de la filoxera requirió de considerables inversiones y muchos ensayos experimentales. La selección y empleo de mejores variedades fue una constante en casi todos los cultivos y contó con la aportación del nuevo entramado innovador de granjas experimentales. Ningún sector quedó al margen en la reacción y también conocieron una expansión importante las producciones forestales de madera y el corcho.

Las mejoras en los cultivos fueron especialmente intensas en la agricultura atlántica con rotaciones más intensivas, en las que la ampliación de cultivos forrajeros permitió alimentar a una cabaña en aumento, consolidada de antiguo en la producción de carne. La creación de la raza rubia gallega es consecuencia directa de la búsqueda de respuestas a la crisis de la exportación a Inglaterra del ganado del noroeste, y en Asturias y Cantabria también adquirieron protagonismo nuevas razas mejoradas o se introdujeron otras nuevas y más productivas, algunas en la senda de la especialización lechera. Al son de estos cambios de cultivo o de intensificación de los manejos tradicionales se desarrollaron también métodos más perfeccionados de labranza y de elaboración de productos en casi todos los sectores y territorios.

Los intermediarios comerciales respondieron a la crisis buscando nuevos mercados u ofreciendo nuevos medios de producción comercializados que respondían a las nuevas necesidades. La ampliación de la red ferroviaria permitió, siguiendo con el ejemplo de la ganadería gallega, una expansión de ventas hacia el mercado interior, dirigidas y canalizadas por las redes de tratantes, que los compensará sobradamente por la pérdida del mercado británico.

Nuevos medios fertilizantes y mecánicos fueron introducidos en el transcurso de la recuperación y en respuesta a la crisis, entre 1890 y 1913, en un proceso de innovación cada vez mejor conocido que desarrolló el empleo de abonos fosfatados en la agricultura atlántica y de nitrogenados y sulfato amónico en la mediterránea. Entre 1900 y 1930 el consumo de abonos nitrogenados y potásicos se quintuplicó, mientras que el de fosfatados solo se duplicó, pues por su temprana presencia en la agricultura atlántica ya era, respectivamente, 5 y 10 veces mayor que el de los primeros al arrancar el siglo. La transformación de secanos requirió la perforación de pozos y la instalación de motores de riego, que usaron máquinas de vapor o motores de gas, primero, y bombas eléctricas, después. La expansión de la red de ferreterías y empresas comercializadoras será notable en la primera década del siglo XX. Entre 1900 y 1911, en Galicia las ferreterías y las casas vendedoras de abonos se multiplican por tres (de 147 a 425 y de 14 a 42), cubriendo todos los partidos judiciales con una completa oferta de maquinaria y abonos comerciales. Se desarrolla, además, la fabricación, en la que será un hito la fundación en 1908 de la Casa Ajuria de Vitoria. El éxito de las nuevas máquinas lo refleja la estadística oficial de 1932, que, además, debe ser corregida al alza. Trilladoras y aventadoras mecánicas, segadoras y sobre todo arados especializados —desde el genuino arado Jaén hasta los de doble vertedera—, cultivadoras, sembradoras y azufradoras cubrirán el territorio peninsular. Los motores asociados también se multiplican en sus versiones de gasolina, gasoil y eléctricos. Además, multitud de adaptaciones de los modelos comerciales correrán de la mano de expertos herreros y talleres locales.

Este amplio proceso de transformación de la agricultura pone en evidencia que la crisis finisecular tuvo una manifestación más profunda y endógena cada vez mejor conocida. El crecimiento demográfico de la segunda mitad del siglo XIX propició un aumento de la producción agrícola a costa de la ganadera, que redundó en una reducción de la capacidad de fertilización y que actuó como factor limitante. Aquel cambio en el metabolismo agrario provocó un estrangulamiento que enlazó con los efectos de la llegada de productos ultramarinos. La respuesta finisecular descrita fue amplia y compleja en aquel contexto tecnológico. González de Molina sitúa este cambio en el contexto de una transición socioecológica hacia un sistema industrial que, en todo caso, no se produciría hasta después de la II Guerra Mundial. Si el crecimiento de la producción agraria en el siglo XIX se hizo a costa de la ganadería, en el primer tercio del XX este fue compatible con un paralelo aumento de la ganadería. Entre 1900 y 1933, la alimentación animal consumió cuatro veces más biomasa producida por la agricultura que la alimentación humana, que mejoró notablemente. El mecanismo principal que permite explicar esta evolución fue la incorporación de cambio tecnológico, en especial la fertilización química, la expansión del regadío, las mejoras en los cultivos y su manejo. La producción interior pudo garantizar así la disponibilidad de alimentos.

GRÁFICO 15. DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS EN ESPAÑA (KCAL/PERSONA Y DÍA)

Fuente: M. González de Molina, J. Infante y D. Soto, «Transición socioecológica en el campo español y cambios en la oferta alimentaria (1900-1933)», en IX Congreso SEHE, Carmona, 2011.

Siendo la agricultura el principal sector económico, en España como en la mayoría de los países europeos, las variaciones en la producción agraria marcaron los ciclos del PIB en todo el periodo. La historiografía agraria ha venido negando el inmovilismo del agro español y definiendo las condiciones generales del proceso de cambio tecnológico que se registra entre 1900 y 1930, a partir de la evolución de la producción y la productividad agraria, así como del conocimiento de sus especializaciones regionales y sectoriales y su capacidad para abastecer el mercado interior y ser, además, un elemento central de las exportaciones. Entre 1900 y 1931 la producción agraria creció a una tasa anual comprendida entre el 1,1 y el 1,4 por ciento, según estimaciones de distintos autores, cuando la población creció a un 0,8 por ciento. La agricultura protagonizó el crecimiento, aumentando por encima del PIB, salvo en la década de 1920, cuando la industria y los servicios fueron los principales responsables.

CUADRO 16. PRINCIPALES INDICADORES BIOFÍSICOS DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 1900-1933 (MILES DE TONELADAS MATERIA SECA)

Fuente: M. González de Molina, J. Infante y D. Soto, «Transición socioecológica en el campo español y cambios en la oferta alimentaria (1900-1933)», en IX Congreso SEHE, Carmona, 2011.

Los rendimientos y la productividad del trabajo agrario crecieron anualmente entre el 1,5 y el 1,9 por ciento. De hecho, la productividad del trabajo en el sector agrario se incrementó en un 26 por ciento entre 1920 y 1930, frente al 14 por ciento del resto de la economía. Estos aumentos de producción y productividad responden a un complejo proceso innovador, territorialmente diverso en función de la posibilidad de adaptar las innovaciones disponibles a las condiciones ambientales y de las condiciones sociales e institucionales de los sistemas agrarios peninsulares. En los dos mapas de la página siguiente pueden distinguirse pautas desiguales de cambio tecnológico de las agriculturas españolas que diferencian centro-periferia en relación con el uso de la tierra y sur-norte con el uso del trabajo, vinculadas, respectivamente, con las restricciones ambientales y con las socioinstitucionales. La producción por hectárea en La Coruña, Guipúzcoa o Valencia cuadruplicaba la del interior, mientras que la producción por activo en el Cantábrico duplicaba o triplicaba la de Andalucía, aunque debe tenerse en cuenta que solo se contabiliza el trabajo masculino y la diferencia en el trabajo agrario femenino también puede tener un sesgo norte-sur.

SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA POR UNIDAD DE PRODUCTO AGRARIO EN 1930

TRABAJADORES AGRARIOS MASCULINOS POR UNIDAD DE PRODUCTO AGRARIO EN 1930

Fuentes de ambos mapas: L. Fernández Prieto, «Caminos del cambio tecnológico en las agriculturas españolas», en J. Pujol, M. González de Molina, L. Fernández Prieto, D. Gallego y R. Garrabou, El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, Barcelona, Crítica, 2001. Elaboración a partir de D. Gallego, «Pautas regionales de cambio técnico en el sector agrario español (1900-1930)», en Cuadernos Aragoneses de Economía, 3, 2, apéndice 6, 1993.

¿Cómo explicar estos incrementos de producción y productividad? Lo cierto es que, contra lo que tantas veces se ha supuesto más que sabido, el conjunto español se incorpora en el primer tercio del siglo XX a las tendencias europeas en el uso de abonos químicos y minerales, empleo de maquinaria, innovaciones biológicas y prácticas agrarias más esmeradas, aun teniendo en cuenta las limitaciones y desigualdades internas señaladas. A ello contribuyó la creciente acción del Estado en el fomento de la innovación como respuesta a la crisis. También la de una nueva sociedad civil en el mundo rural, que transita, después del fin de siglo, desde las organizaciones de grandes propietarios decimonónicas, al estilo de los Círculos de Labradores, las Cámaras Agrarias, la Asociación de Ganaderos del Reino o el Institut Català de Sant Isidre, hasta las nuevas organizaciones y asociaciones locales, como las de pagesos y rabassaires en Cataluña, de agricultores castellanos o de labregos en Galicia. Esta nueva sociedad civil articulada en los agros españoles logrará servir de punto de referencia a la difusión capilar de innovaciones, por mucho que la conflictividad campesina haya protagonizado los titulares de prensa y las miradas de la historia política.

La combinación de la ventaja de las tecnologías existentes con las nuevas a lo largo del periodo —mezcla que a veces engaña a los observadores no avisados— no esconde el grado de renovación que constatan las fuentes. Así, en el progreso de la superficie irrigada desde 1890 el aumento del número de norias no puede ocultar la incorporación de los nuevos motores de bombeo —eléctricos o de explosión— que son predominantes en 1932. El censo oficial de máquinas de ese año también evidencia que la maquinaria disponible permite el aventado mecánico del 90 por ciento de la cosecha española de cereales. Además de las aventadoras, y de unas trilladoras concentradas en las provincias del norte y el valle del Ebro, es perceptible la importancia de los nuevos tipos de arados, cultivadores y segadoras (en las que destaca Andalucía) en el conjunto de las agriculturas españolas. Más impacto en la productividad tuvieron las innovaciones biológicas, pero su rastro es también más silencioso y, por tanto, difícil de seguir. Una amplia gama en la que destaca la generalización del uso de anticriptogámicos (azufre, sulfato de cobre) desde principios de siglo, con su correlato en la generalización de los pulverizadores de mochila y azufradoras (un cuarto de millón en 1932). A la citada creación y mejora de razas ganaderas por selección y cruzamiento hay que añadir la difusión de nuevas especies forestales como el eucalipto o el pino insigne, semillas foráneas o autóctonas mejoradas (trigos, patatas) o la hibridación (especialmente de maíces), de la que Gallástegui tuvo el mérito de ser introductor en Europa. Con ellas se dieron innovaciones de proceso con labores más cuidadas (arado, sembrado, escardas) o prácticas de estabulación y sanidad pecuarias más esmeradas, que redundaron de forma muy efectiva en la mejora de los rendimientos, que se duplican para el trigo, el centeno, las patatas, los nabos o el maíz.

En estas cinco décadas hubo cambios importantes en la superficie cultivada, que transformaron la estructura del producto agrario: se extendieron los cultivos leñosos (vid, olivo, almendro, etcétera) e intensivos (frutales, hortícolas, plantas industriales) y se redujo la superficie de cereales; de estos, perdieron peso los panificables en favor de los piensos, en razón de la creciente orientación ganadera que ya detectó Flores de Lemus. La producción ganadera pasó del 27 al 30 por ciento del producto final agrario, con un mayor protagonismo de la producción de carne y leche, respondiendo a una creciente demanda urbana y exterior. De hecho, para completar el panorama de las transformaciones del sector agrario, hay que advertir que la agricultura no solo abasteció al mercado interior, sino que volvió a convertirse, desde 1914, en la principal proveedora de divisas, con un agro más abierto al exterior que los demás sectores (naranja, almendra, vino y aceite concentraban el 44 por ciento de las exportaciones totales en 1931). Lo que adquiere más importancia si se tiene en cuenta que el superávit de la balanza agraria fue clave en la financiación exterior de la economía española del periodo.

Suponiendo que antes lo hubiese sido, entre 1900 y 1930 la agricultura dejó de ser un lastre para el crecimiento económico. El desarrollo se completó porque aumentó el peso de la demanda urbana y la rural mejoró tanto en consumo, en coherencia con una comercialización más potente, como en inversión en abonos, maquinaria, anticriptogámicos, semillas o ganados. Favoreció así el desarrollo de las industrias interiores destinadas a abastecerla: de las vascas Ajuria y Aranzabal a la catalana Cros. En los años veinte, la primera llegó a producir (en kilogramos) el doble de la maquinaria importada y, al igual que la segunda, expandió sus centros de distribución por todas las provincias españolas.

CONTINUIDAD DE LA PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN E INCORPORACIÓN A LA SEGUNDA ONDA

La segunda onda de industrialización mundial se desarrolló a partir de las innovaciones en los sectores químico, eléctrico y transportes, así como en los procesos de producción en cadena, y la protagonizaron industrias con tecnologías de elevado contenido científico y muy exigentes en conocimiento. Aunque un diagnóstico habitual de la historiografía insiste en las malas condiciones españolas para participar en este proceso industrializador, los datos disponibles son susceptibles de interpretaciones diferentes.

En el contexto de la crisis finisecular (1882-1890), los índices de producción industrial señalan una primera fase de debilidad en el conjunto español (1,55 es la tasa de crecimiento anual en porcentaje), que se corresponde con el comportamiento de Cataluña, el principal modelo regional de la primera onda industrializadora. Sin embargo, en este periodo conocen una importante aceleración el País Vasco (3,80), por el despegue de la siderurgia, y sobre todo Andalucía (4,94), gracias al desarrollo minero. Ambos índices se allanan, quedando por debajo de la media española con el cambio de década (1890-1900), que será de mayor crecimiento en el conjunto español (2,60), favorecido por los efectos positivos del arancel de 1891 y la demanda derivada de las guerras coloniales hasta 1898, y superado por Cataluña (3,39), que protagoniza de nuevo el empuje industrializador. Entre 1900 y 1920-1923 se modera la expansión industrial española, para brotar después de forma exuberante hasta 1930: la deceleración del crecimiento hasta el estallido de la guerra europea (tasa anual del 1,66) se acentúa en el lustro bélico (1,1, que, no obstante, supera la media europea), pero en la década de 1920 el crecimiento anual de la industria española fue 5 veces superior (5 por ciento).

La comparación internacional a lo largo del periodo permite definir mejor las posiciones de la industria española y situarla en su contexto temporal y territorial. La tasa de crecimiento industrial se sitúa entre 1870 y 1890 en la banda alta, por debajo de Finlandia y Rusia, poco por debajo de Hungría y como Alemania. Se recuperan distancias respecto a los grandes países industriales como Gran Bretaña y Francia. Pero, entre 1890 y 1913, la tasa de crecimiento española se reduce y pasa a ser la peor de todas las europeas, por debajo incluso de economías industrialmente maduras, como la británica. Los esfuerzos de décadas anteriores decaen y España vuelve a alejarse de los países más avanzados. Con tasas similares a las del periodo anterior, de 1913 a 1935 el crecimiento interno y los reveses e interrupciones del continente por la Gran Guerra mejoran la posición relativa española, cuya industria avanza entre 1913 y 1922 al aprovechar las ventajas de la neutralidad y se estabiliza desde 1922 hasta 1935 en una trayectoria que Albert Carreras define como básicamente normal. Los datos de productividad del trabajo industrial permiten añadir otros matices al cuadro si sabemos que entre 1910 y 1913 están en el 69 por ciento de la fábrica del mundo británica pero al nivel de los de Suecia, por encima de Italia y a solo 19 puntos de Alemania.

CUADRO 17. TASAS DE CRECIMIENTO DEL ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS, 1870-1935 (EN PORCENTAJE)

Fuente: Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005.

La estructura industrial que se dibuja en 1930 es espacialmente desigual, pero más completa, fortalecida con nuevos sectores y nuevos territorios incorporados en esta segunda onda, aunque desconectados, lo que origina un mapa de fuertes concentraciones espaciales y sectoriales de intensidades dispares. La composición sectorial presenta singularidades en el patrón europeo. El sector de la minería metálica es el más sobredimensionado respecto a ese patrón, con una posición destacada en el mercado mundial de hierro, plomo y cobre, frente a los bajos índices de la minería energética y la industria pesada en general, pero, después de un máximo en la guerra mundial (6 por ciento del Valor Añadido Industrial, VAI), se resitúa su papel (2,5 por ciento) por el crecimiento de otros sectores. En especial por el desarrollo de las industrias de red (telefonía, electricidad y transportes suponen el 14 por ciento del VAI en 1930). También por los cambios en la industria manufacturera, la más importante (supera el 80 por ciento del VAI), con la aparición de sectores intensivos en capital y tecnología que, como la química y los transformados metálicos, doblaron su participación en pocos años en el conjunto del Valor Añadido de las Manufacturas (5 y 12 por ciento del VAM en 1930), mientras que las industrias de bienes de consumo adquieren una dimensión de rango continental, en especial el arraigado textil (que, con confección y calzado, supone un 25 por ciento del VAM), el agroalimentario (35 por ciento), construido sobre solidísimas bases, y el forestal (10 por ciento). Este panorama sectorial de 1930, a partir de su significado en el VAI, nos presenta una estructura moderna en la que las nuevas industrias doblaron su participación y se aprecia la modernización de los sectores dominantes.

La demanda de energía para alimentar este proceso industrializador, además de cuadruplicar la extracción de carbón en las cuencas de la costa cantábrica occidental entre 1882 y 1913, obligó a aumentar la importación británica que, con el necesario abastecimiento exterior del petróleo que requería la nueva tecnología, incrementó el déficit de la balanza energética española. Esta debilidad explica la especialización en producciones menos intensivas en energía y también el impulso de la nueva opción hidráulica. La reducción de la dependencia energética exterior y la reducción de costes fue posible por la electricidad, de modo que el desarrollo hidroeléctrico desde 1900 palió los límites que una energía escasa podía imponer al crecimiento económico en el marco de la segunda onda industrializadora. Surgen tempranamente varios grupos empresariales en el sector, como el articulado en torno al Banco de Vizcaya (Hidroeléctrica Ibérica, Hidroeléctrica Española, Electra del Viesgo, Compañía Sevillana de Electricidad), o bien, como ha indagado Carmona, en Galicia aparecen una miríada de empresas locales desde 1880 que experimentan, entre 1920 y los años treinta, fusiones y absorciones que las concentran en la Sociedad General Gallega de Electricidad y las Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad, vinculadas con entidades financieras.

La extracción de minerales metálicos se convirtió, entre 1880 y 1913, en uno de los pilares exportadores de la economía española, pero apenas favoreció directamente la industrialización local. Debido a los condicionantes originales de la explotación minera, el procesado metalúrgico se realizaba en los mercados de destino. Su considerable incremento productivo se asentó en el aprovechamiento del cobre y el plomo de Andalucía, Murcia, La Mancha y Extremadura, en el sur, y del mineral de hierro cantábrico, cuya gran pureza fue aprovechada casi a partes iguales por empresas británicas y vascas. Así se rompió, en este caso, la lógica de la dependencia que afectaba al conjunto del sistema extractivo español.

Como es bien conocido, el arranque de la siderurgia vasca se basó precisamente en la capacidad de aprovechar la riqueza del mineral de hierro vizcaíno, extrayéndolo, exportándolo y transformándolo, invirtiendo los capitales obtenidos en la exportación e innovando en la tradición artesanal con la incorporación de las nuevas posibilidades tecnológicas. El otro recurso necesario, el carbón, es británico, de más calidad y menor precio que el asturiano, importado aprovechando los bajos fletes de los retornos de los buques vascos que llevan el hierro al Reino Unido. Entre 1880 y 1888 se instalan las fábricas en Sestao, primero la sociedad San Francisco, después La Vizcaya y Altos Hornos. Esta última empresa instala en 1885 el primer convertidor Bessemer y, en 1888, inicia su actividad el primer horno Martin-Siemens. Siguen otras iniciativas empresariales y, en 1902, de la fusión de varias, nace Altos Hornos de Vizcaya. Las acerías vascas se especializan en productos semielaborados de reducido consumo energético (lingote, carril, vigas, barras), desplazando a los núcleos precedentes asturianos o malagueños. Con el molde vasco nace también el vecino núcleo siderúrgico santanderino en torno a 1900 y, al mismo tiempo, un foco electrosiderúrgico especializado en Barcelona. El desarrollo de estas nuevas acerías —favorecido también por la protección arancelaria— estuvo animado por la alta demanda derivada del avance de los sectores eléctrico y de transportes en todos los núcleos industriales.

Otras industrias básicas de este periodo, como la química moderna y la farmacéutica, arrancaron entonces. Esta última hubo de acumular capacidades hasta desarrollarse a finales de los años treinta (FAES, Andreu, Esteve, Zeltia), empezando por el desarrollo de una investigación industrial en la que resultó un paso decisivo la creación del Instituto Químico de Sarriá en 1916, y antes el Laboratorio Químico de Tortosa en 1905 o el Laboratorio IBYS en 1919. También las industrias de jabones y perfumes fueron surgiendo desde 1900, como Gal o La Toja. Desde la década de 1870 las nuevas industrias químicas aparecen ligadas a la minería, los explosivos y los fertilizantes como subproductos de estos: la Sociedad Anónima Española de la Pólvora Dinamítica (SED) (Bilbao, 1872) y, después, la Unión Española de Explosivos (1896) y Carburos Metálicos (1897) son un ejemplo. Especializada en abonos, la Cros catalana se convierte en sociedad anónima en 1904. Más allá de la producción para la agricultura, el sector se desarrolla en la producción de sosa y cloro con la Electro-Química de Flix (1897) o la Solvay de Torrelavega (1908). Otra industria básica es la del cemento artificial, muy intensiva en capital, cuyo desarrollo está relacionado con la construcción de puertos, pantanos, otras infraestructuras y centrales eléctricas. La planta de Tudela Veguín en Oviedo (1899) será seguida por Asland (1904) y Portland (1905).

En la década de 1920, como hemos visto, los capitales españoles invirtieron en las nuevas industrias, sin por ello dejar de seguir haciéndolo en las tradicionales. Además de los sectores indicados, se canalizaron inversiones en transportes y servicios públicos de red (ferrocarriles, teléfonos, petróleo), que conocieron un importante desarrollo. La concesión de ayudas públicas a las compañías ferroviarias durante la crisis de la Gran Guerra tuvo como contrapartida una mayor intervención del Estado y la obligación de comprar material a empresas españolas. La renovación de equipos financiada por el Estado alimentó a la Maquinista Terrestre y Marítima, Euskalduna, Babcock & Wilcox o la S. E. de Construcción Naval.

Las conocidas políticas de apoyo a las fuerzas productivas interiores no impidieron, sino que impulsaron, la creación en la década de 1920 de un buen número de empresas mediante inversiones extranjeras y por cesión de patentes o marcas: Coca-Cola, Philips, Michelin, Bosch, IBM, Solvay, B&W o Nestlé, entre otras. Las principales multinacionales de la época se instalaron en entreguerras, lo que evidencia el grado de internacionalización de la economía española antes de la Guerra Civil. Los capitales extranjeros también participaban en empresas ferroviarias, manufactureras, mineras o de servicios desde su creación, pero este flujo de inversión extranjera obedeció ahora, además de a las estrategias expansivas de las compañías foráneas, al resultado de políticas proteccionistas de la dictadura que favorecían la compra de productos fabricados en España. De modo que estas y otras compañías orientaban su instalación en España para poder competir en el mercado interior, al ser dificultada la importación de sus productos. Claro que las multinacionales no instalaban ciclos completos, sino talleres de envasado o de montaje mediante la importación de piezas, como fue el caso de las farmacéuticas (Bayer, Schering) y de los automóviles (Fiat, General Motors), un sector que contaba con varias casas nacionales de producción, de las que solo destacaba Hispano-Suiza. La excepción, con cesión de tecnología y ciclo completo de producción, fue la industria aeronáutica, con la creación de CASA en 1923.

En el caso de productos agrarios (Nestlé) o materias primas y mineras, lo que se establecía, en sentido contrario, era únicamente una primera fase de procesado. La inversión directa de las compañías extranjeras, muy concentrada en el periodo expansivo de la década de 1920, contribuyó a modernizar el tejido empresarial, promover el crecimiento económico e incorporar tecnología, nuevas capacidades y habilidades productivas, así como bienes de consumo.

Entre las industrias de bienes de consumo, la más destacada siguió siendo la textil, especialmente la algodonera, pero también la lanera. Concentradas en Cataluña en un 80 por ciento en 1900, sufrieron las consecuencias de la competencia exterior y de la crisis agraria sobre el consumo interior. Se recuperaron a comienzos de siglo y continuaron su expansión con exportaciones que paliaron también la pérdida de los mercados coloniales. En 1913 la industria algodonera era la quinta de Europa por producción y la séptima en exportaciones. Cambió sus procesos productivos y mejoró la estructura de costes invirtiendo en tecnología y adaptándose a la demanda. Sus plantas abandonaron Barcelona por las riberas de los ríos Ter y Llobregat, con la introducción de turbinas eléctricas, que permitieron reducir costes energéticos y, de paso, obtener mano de obra más barata que en la ciudad. El cambio de localización se vio acompañado por la introducción de nuevos equipos, como hiladoras continuas o telares mecánicos, y por el desarrollo de innovaciones propias, como el sistema Casablanca de grandes estirajes en el hilado. Todo ello siguió contribuyendo a aumentar la concentración del sector en Cataluña frente a los polos de Alcoy, Béjar o Antequera. También la industria del calzado catalana respondió con un desarrollo moderno al aumento de la demanda interna: en 1900 Barcelona y Sitges reunían las dos terceras partes de las empresas que empleaban tecnología mecánica en su producción, justo cuando despegaban los focos baleares de Mallorca y Menorca, alentados por la demanda colonial. Un tercer núcleo productor del Levante se consolidó en torno a Elda y Elche.

Si hubiera que escoger un protagonista industrial, diría que fue la nueva industria agroalimentaria la que más se desarrolló en este periodo. La salida de la crisis finisecular la estableció sobre nuevas bases. Una nueva industria molturadora próxima a las aglomeraciones urbanas del litoral compitió con las preexistentes castellanas y aragonesas, aprovechando tanto las importaciones de trigo como el crecimiento de los centros de consumo y el mejor acceso a los recursos energéticos. Valencia, Guipúzcoa y Barcelona —donde se establecieron 35 nuevas fábricas harineras entre 1880 y 1894—, pero también Madrid, pasaron a concentrar la fabricación de alimentos cuya base era el cereal, en especial pastas y galletas. En el mismo periodo se instalaron 18 grandes fábricas de remolacha azucarera en Zaragoza, en Navarra y, especialmente, en la vega de Granada vinculadas con este nuevo cultivo industrial. El procesado de leche y derivados lácteos (quesos, mantequillas y leche condensada o en polvo) se desarrolló en la agricultura atlántica del norte, incluyendo la instalación de plantas de Nestlé desde principios de siglo, primero en Cantabria y Asturias y, después de 1920, en Galicia. La creciente demanda urbana de productos alimenticios corrió parejas con las nuevas ofertas. No por casualidad en 1919 nace en Barcelona la futura multinacional hispanofrancesa Danone, que debe su nombre al diminutivo catalán del hijo de Isaac Carasso, un sefardita originario de Salónica, fabricante de yogures de la ciudad, al que sus buenos resultados en la producción industrial del yogur lo llevaron a construir una multinacional de éxito fuera de España y Europa.

Los cambios en el sector agrario y la creciente demanda extranjera, sobre todo británica, promovieron una floreciente industria de conservas vegetales, frutas y hortalizas en particular, desde Navarra y La Rioja hasta Murcia. Otras producciones, como las de cítricos y hortofrutícola, dieron lugar a empresas de envasado de productos: serrerías de madera, papel, envases metálicos o de cartón y recipientes de vidrio. Además el sector conservero tuvo una especial importancia en el caso de las conservas de pescado, que en las costas gallegas constituyeron el motor de un proceso de industrialización endógeno que impulsó un conjunto de ramas productivas en las industrias marítimas, empezando por el desarrollo de un potente sector pesquero y siguiendo por las industrias relacionadas, desde los astilleros hasta los transformados metálicos, aserraderos, fábricas de hielo y la estampación.

El sector pesquero, concebido por sus promotores vigueses, desde los años veinte, como Industrias Pesqueras —por mucho que como actividad figure en el sector primario— y por los coruñeses, más volcados en la comercialización, como Pescaderías Coruñesas, conoce un salto cualitativo entre 1900 y 1920, cuando desarrolló sus capacidades técnicas y amplió su radio de capturas para acudir cada vez más a los lejanos caladeros de Gran Sol y Terranova. Desde los años veinte su capacidad de expansión se convierte en una vía de superación de la crisis y estrangulamientos en un sector dependiente de fluctuaciones. La ría de Vigo y el puerto de La Coruña, reúnen entre el 15 y el 25 por ciento de las capturas españolas del periodo. La orientación de las capturas coruñesas fue el consumo en fresco de pescado blanco y la de las viguesas, la conserva y el procesado de pescado azul.

El proceso industrializador en la conserva de pescado arranca en 1880 cuando las fábricas de salazón de las rías gallegas aprovechan la crisis de la industria conservera bretona para convertir la manufactura salazonera gallega en una industria moderna, explotando las capacidades de sus recursos naturales, su posición estratégica en el Atlántico y atendiendo la creciente demanda del mercado internacional. Entre 1900 y 1935 la conserva gallega multiplica por siete su capacidad de producción. Paralelamente se había desarrollado la producción pesquera, que en 1921 ya había multiplicado por seis las descargas de 1883, con productos destinados, por un lado, a la industria y, por otro, al abastecimiento de pescado fresco de un mercado interior español unido desde 1884 por ferrocarril con el norte de Galicia y, después de 1900, por nuevos medios de transporte por carretera, superando el retraso en la llegada del ferrocarril a Vigo. Todo ello acompañado de una transformación innovadora de la flota pesquera, que implica, primero, el uso del vapor y, después, de los motores diésel, cambios en los aparejos y el sistema de pesca o el uso de aceite refinado en la conserva. Este virtuoso círculo innovador es la cara visible, presentada por Carmona y Giráldez, de otros similares en el mismo periodo y en otros sectores industriales que definen la moderna estructura industrial española.

Una economía moderna, en una sociedad modernizada, desarrolla y requiere, respectivamente, unos servicios a la altura de sus capacidades de transformación. A comienzos de la década de 1910 los servicios ocupaban al 18 por ciento de la población activa y desde 1890 el VAB del sector terciario sobrepasó al de la agricultura (un 37,7 por ciento frente a un 35 por ciento en 1913). Las ramas de desarrollo más significativo fueron transportes y comunicaciones. Crédito y finanzas serán tratados separadamente.

En la segunda onda industrializadora, como es sabido, tuvieron un papel propulsor los cambios en los sistemas de transportes y comunicaciones, responsables de la aplicación del término «revolución» a un proceso de cambio tecnológico que, efectivamente, revolucionó las formas de transportar personas o mercancías y comunicar informaciones. A lo largo del periodo, el sistema ferroviario completó su diseño decimonónico, siguió creciendo y haciéndose más denso con la construcción de líneas transversales y de una nueva red de vía estrecha capaz de atender necesidades singulares en zonas mineras o de montaña y, con Primo de Rivera, buscó enlazar el Cantábrico de Ferrol a Bilbao. Entre 1880 y 1930 se multiplicó por dos el transporte de mercancías por ferrocarril y por tres, el de pasajeros. En los años veinte el impulso al nuevo sistema de transportes es evidente, cuando los metros de Madrid y Barcelona, Iberia o la Compañía Transmediterránea crecen o se crean. No obstante, aunque el ferrocarril seguía siendo el medio decisivo para el transporte interior de larga distancia y gran volumen, se destaca la competencia creciente del automóvil, como demuestra el auge de las matriculaciones, más de la mitad concentradas antes de la Gran Guerra en Barcelona, Valencia y Madrid, por este orden. La construcción de carreteras corrió parejas con el desarrollo de líneas de autobuses que, en la mitad norte, sustituyeron desde la segunda década del siglo XX a las carrilanas y diligencias para unir la red urbana y de capitales comarcales, y acompañó también el desarrollo del transporte por carretera de productos perecederos, como el pescado o las frutas, enlazando la periferia productora con los mercados urbanos del interior. En 1906, diez años después de la aparición de los primeros autobuses de combustión interna, empieza a funcionar la línea de ómnibus Ribadeo-Rábade, y en las décadas siguientes se desarrollan un buen número de empresas de autobuses de largo recorrido (Castromil-Santiago [1917], Alsa-Luarca [1923]). También los transportes urbanos se adecuaron en este periodo con rapidez a las nuevas posibilidades tecnológicas, desde que los tranvías eléctricos comenzaron su andadura urbana en Bilbao en 1896 e iniciaron la completa sustitución de la tracción equina.

En aquel contexto de desarrollo del motor de explosión, la política nacionalista de la dictadura de Primo de Rivera llevó a la creación en 1928 del monopolio de petróleos, arrendado a Campsa, la empresa creada por los principales bancos de entonces, después de la confiscación de las tres compañías extranjeras del ramo que actuaban en España. La misma política nacionalizadora estableció el monopolio de teléfonos en 1924 con la creación de la CTNE, con capital privado, y de la ITT, encargada de tender y gestionar las redes telefónicas; con el mismo origen se creó la Standard Eléctrica para producir en España equipos, aparatos y cables. Sobre estas nuevas bases se superan los modestos (en número de abonados) y localizados (Cataluña y Madrid) orígenes del teléfono desde la década de 1880 y se inicia una expansión significativa antes de 1936. Aquella compañía telefónica protagonizaría durante seis décadas el desarrollo de las telecomunicaciones en España.

Otra transición acelerada tuvo lugar en la flota mercante con el paso de la vela al vapor, favorecida también por el impulso de las políticas de protección que caracterizan el periodo (ley de 1909). En vísperas de la I Guerra Mundial, la marina mercante española reunía en barcos de vapor un 95 por ciento de su tonelaje —que había crecido un 50 por ciento desde 1900— y ocupaba la séptima posición mundial. Los navieros Sota y Aznar convirtieron a Bilbao en el primer puerto de España, seguido a mucha distancia de Barcelona. La actividad de la flota vasca, relacionada con el transporte de mercancías, se completó con el transporte de pasajeros —emigrantes y retornados— a América, en la estela de la otra gran naviera: la Compañía Transatlántica Española del marqués de Comillas, que supera con nuevas líneas la pérdida de sus bases cubanas en 1898. También la flota pesquera conoce la adopción acelerada del vapor y desde los años veinte comienza a su vez la incorporación del motor de explosión.

Industria y servicios son dos brazos del mismo cuerpo. A modo de balance de la evolución de la industria española en el periodo que aquí se trata, puede hablarse de su modernización y renovación en esta segunda onda de la industrialización. La incorporación de nuevos sectores y nuevos territorios está fuera de toda duda y asimismo su capacidad para seguir el paso de las innovaciones industriales marcadas por las potencias industriales europeas, por mucho que las sombras de la segunda mitad del XX se proyecten hacia atrás en forma de preconceptos construidos por historiadores, economistas y sociólogos de un país en vías de desarrollo en los años sesenta.

BANCA, SECTOR EXTERIOR Y POLÍTICAS DE ESTADO

Según Pedro Tedde, el sistema financiero, entendido como el conjunto de intermediarios monetarios y crediticios, tuvo en la España del periodo unas características y una evolución similar a las del resto de los Estados europeos occidentales; pero también rasgos propios, como la estrecha vinculación del Tesoro con el Estado por la necesidad crónica de recursos y la escasa presencia de intermediarios extranjeros debido a la protección.

El sector bancario madura ligado al industrial entre la febre d’or barcelonesa y la crisis de 1929. El boom bancario catalán de 1881, con la creación de numerosas entidades financieras, tuvo un carácter especulativo sin relación aparente con la actividad industrial. La caída de la Bolsa de París en 1882 hundió a la mayoría de aquellas nuevas instituciones y marcó con un carácter conservador y restrictivo a las bancas catalana y madrileña supervivientes hasta 1900. Desde entonces, y curado de la fiebre, madura un sector bancario mixto ligado al sector industrial, siguiendo el modelo vasco que, en aquellos años, se había construido al calor de las oportunidades industriales y era alimentado ahora por el aumento generalizado del ahorro privado y las rentas, las inversiones empresariales y los flujos de capitales remesados por la emigración americana o repatriados por los negociantes coloniales. Entidades nucleares de la banca española del siglo XX nacen entonces: Banco Hispano Americano (1900), de Vizcaya (1901), Español de Crédito (1902), Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (1904). Sin embargo, la gran expansión de la banca privada tiene lugar entre 1914 y 1920, cuando se crean 49 de los 93 bancos registrados en 1922, entre ellos algunos como el Banco Central (1919), nacido para convertirse en uno de los grandes. Según Tedde, más de 100 millones de pesetas fueron movilizados en ese lustro para la constitución de todas estas entidades en una decisión fundamentada en tasas de beneficio que oscilan entre el 8 y el 16 por ciento. Las casas de banca de Bilbao y Madrid empiezan por entonces a adquirir una dimensión estatal con la expansión de sucursales por todo el territorio, mientras que los más pequeños (Urquijo, Pastor, Popular) se consolidan como sociedades anónimas. Una banca mixta se desarrolla entonces, sobre todo la vasca, ligada a la promoción y gestión de las nuevas empresas siderometalúrgicas, eléctricas, azucareras, de transportes o servicios urbanos, que protagonizan la nueva economía del siglo entrante. Si bien, según Comín, los valores industriales solo representarían, entre 1923 y 1934, en torno al 25 por ciento de una cartera bancaria más volcada todavía en financiar el sector público e invertir en efectos comerciales.

A finales del periodo, en 1928, se crea la Confederación Española de Cajas de Ahorros frente a los intentos de intervencionismo gubernamental de la dictadura, que son mitigados con la aprobación de su estatuto especial en 1929. Eran entidades sin finalidad de lucro, de carácter territorial, con la misión de extender el crédito y acoger depósitos de familias y pequeños inversores y de dedicar los beneficios netos a obras de utilidad social. Instituidas en 1839, la ley de 1880 les garantizó autonomía funcional y, al considerarlas entidades de beneficencia, les otorgó exenciones fiscales. En 1900 se contabilizaban 65 cajas de ahorros, creadas por grupos de particulares, instituciones filantrópicas o eclesiásticas, Diputaciones y Ayuntamientos. Desde entonces sus depósitos se incrementaron en un 151 por ciento hasta 1914 y en una proporción ligeramente superior hasta 1928.

En los años veinte, los principales países europeos volvieron al patrón oro sin ningún tipo de coordinación internacional, hasta la crisis de 1929. A diferencia de ellos, España nunca ingresó en el patrón oro y construyó con lentitud y dificultades desde la crisis de 1880 los instrumentos para una política monetaria moderna. Cuando en 1883 el Banco de España suspende el canje en oro (por su escasez), opta en la práctica por un sistema fiduciario con tipos de cambio flexibles y abandona el patrón bimetálico (desvalorización de la plata), justo cuando entre los países punteros se imponen el patrón oro y los cambios fijos. La oferta monetaria propiciada por el Banco de España tuvo un carácter moderado, ajustándose lo más posible a la demanda de dinero. A decir de la mayoría de los autores, la emisión de billetes y la flexibilidad del tipo de cambio tampoco se utilizaron con arbitrariedad. En suma, salvo para hacer frente a las circunstancias bélicas del 98, la política monetaria buscaba la estabilidad y suele calificarse, por tanto, como moderada.

El Banco de España, el mayor del país, tenía desde 1874 el monopolio de emisión de billetes, era de capital privado y operaba también con clientes particulares, además de financiar a la Hacienda. Igual que en otros bancos emisores, la asunción de la responsabilidad por el buen funcionamiento del sistema financiero —su conversión en valedor del sistema— exigió un largo y accidentado aprendizaje. Afrontando la resolución de las diferentes crisis y circunstancias excepcionales que se suceden, va aproximándose a cumplir una misión de banco central. Esta práctica permitirá, según Martín Aceña, que el sistema financiero pueda contar desde 1914 con un Banco de España que ha aprendido a comportarse como prestamista en última instancia en dos lecciones sucesivas de crisis bancarias. En enero de ese año tuvo lugar la resolución de la suspensión de pagos del Banco Hispano Americano. El Gobierno de Dato se mantuvo al margen y convirtió la petición de ayuda del Banco Hispano Americano en duras y prolongadas negociaciones con el Banco de España, encabezadas, respectivamente, por Antonio Basagoiti y Pío García Escudero, que consiguió rebajar a un quinto la ayuda solicitada. El Banco de España no consideró su obligación rescatar al Banco Hispano Americano —por lo demás un rival comercial—, ni estimó que su quiebra pudiese arrastrar a otras entidades; simplemente se atuvo a la letra de sus estatutos. Unos meses después, coincidiendo con el inicio de la guerra europea, se desató el pánico bancario en Bilbao (y Santander) por la suspensión de pagos del Crédito Unión Minera. Para entonces, la ayuda del Banco de España fue inmediata y por una cantidad cuatro veces superior a la negada al Banco Hispano Americano solo nueve meses antes. En eso consistió el aprendizaje: en reconocer las circunstancias de necesidad y su papel como estabilizador del sistema, por encima de la ayuda singular a bancos particulares. En los primeros meses de la guerra, inauguró el banco emisor su actividad como prestamista en última instancia, preocupado no por un banco en concreto, sino porque la crisis abierta en el inicio de la guerra empujase a una parte del sistema financiero y, con él, a las industrias más pujantes.

Asume entonces el Banco de España la responsabilidad de mantener la estabilidad del conjunto del sistema financiero, justo en el inicio de un quinquenio crucial en el desarrollo de la banca privada. Un compromiso con la estabilidad que va más allá de los frecuentes rescates ocasionales de bancos en riesgo. Por entonces todavía reunía el 66 por ciento de los activos totales del sistema financiero, lo que revela el subdesarrollo del conjunto de la banca privada. La Ley Cambó de ordenación bancaria de 1921 pretende convertir por fin al Banco de España en un banco central como sus homólogos europeos, si bien retiene en manos del Ministerio de Hacienda la gestión de la política monetaria, manteniendo, pues, su dependencia de la política fiscal. La parsimonia en aprender a comportarse como banco central, superando su condición de banquero del Estado e instituto emisor —afirma Martín Aceña—, queda en evidencia cuando permite la caída del Banco de Barcelona en 1920 y cuando, en la crisis bancaria de 1923 a 1924, permite el cierre de siete bancos con problemas de liquidez, sin decidirse a cumplir en este caso su función de prestamista en última instancia. Otros bancos oficiales, aunque de carácter privado, fueron creados por el Estado en los años veinte con cometidos bien definidos, como el Banco de Crédito Industrial (1921) y, durante la dictadura, el Banco de Crédito Local (1926) y el Banco Exterior (1928), entre otros.

El Banco de España, desde la posición de banco emisor, se convierte en este periodo en garante del sistema financiero español y por ello en prestamista en última instancia. Se define como banco central en estas cinco décadas inauguradas con las crisis bancarias francesa y catalana en 1881, cerradas con la mundial de 1929 y jalonadas por otras crisis puntuales en 1890, 1914 y en la posguerra europea.

El debate sobre la apertura o el cierre de la economía española en este periodo es de larga trayectoria. La conversión de las Antillas en un mercado reservado para las mercancías de la metrópoli antes de 1898 se asienta en el desarme arancelario que establece la ley de 1882 y se acrecienta en la década de 1890. Por otra parte, el retorno al proteccionismo en los principales países condujo en España al denominado viraje proteccionista de la Restauración de 1891, en una afortunada denominación que lo identifica con el inicio de un aislacionismo económico que debe ser matizado. Jordi Maluquer considera que el mito del aislamiento viene desmentido por los hechos, aun a pesar del arancel de Cánovas de 1891 y de que la renuncia al patrón oro pudo tener efectos negativos para las relaciones con otras economías, pues el comercio internacional de mercancías creció más que la población o el PIB. Las conexiones internacionales de la economía española experimentaron una intensificación indudable y el grado de apertura (exportaciones más importaciones en porcentaje del PIB) pasó del 15 por ciento al inicio del periodo a estabilizarse cerca del 25 por ciento antes de la Gran Guerra y hasta 1930. Estos niveles solo se recuperarán a mediados de la década de 1960. En el periodo entre 1895 y 1913, las tasas de crecimiento de las exportaciones triplicaron las de los tres lustros previos, sobre la base de las producciones sin procesamiento previo de la agricultura especializada (naranjas, frutas, hortalizas, vino y aceite) y la minería metálica. Las importaciones estaban protagonizadas por manufacturas y bienes de equipo y, al ser la balanza comercial agraria preferentemente favorable, esto permitió financiar las compras estratégicas exteriores para el crecimiento. En cuanto a las exportaciones de productos manufacturados, apoyadas de modo especial en los mercados coloniales, no desaparecieron con la pérdida de las colonias y aun se expandieron a nuevos mercados americanos, favorecidas por la depreciación de la peseta y las pautas de consumo de una abundante inmigración peninsular en Cuba, Argentina, Uruguay y Brasil.

Durante la guerra europea el ciclo alcista de la España neutral favoreció uno de los escasos periodos en que la balanza comercial y de servicios presentó superávit (del 1,1 en 1914 al 6,5 por ciento del PIB en 1920). Resguardada coyunturalmente de la competencia internacional y beneficiada por la demanda exterior, el fin de las hostilidades destapó los problemas no resueltos e hizo emerger los nuevos: la fuerte inflación que afectó a los alimentos y productos básicos ocasionó un desabastecimiento interno, del que las protestas sociales (1916, 1917) arrancaron subidas salariales sucesivas. En 1920 volvió el déficit a la balanza comercial. La obsolescencia técnica, la sobreproducción posbélica y el aumento de costes impedía a las empresas españolas ser competitivas en el interior y ello implicó un aumento notable de las importaciones (hasta el 13,3 por ciento del PIB), que explica el arancel Cambó de 1922. Sin embargo, en los años siguientes se recuperó la tendencia previa de crecimiento de las exportaciones: la minería metálica continuó perdiendo mercados exteriores, pero la agricultura mediterránea se consolidó como principal mercancía de exportación, aprovechando la recuperación europea.

Después de la guerra los países europeos aumentaron sus niveles de protección y, en los años veinte, el proteccionismo español no impidió que la favorable coyuntura internacional impulsase el crecimiento económico durante la dictadura, ni que la Gran Depresión afectase a España en la República. En los años de intenso crecimiento, las importaciones aumentaron más que las exportaciones por la buena coyuntura internacional y los tratados comerciales y por exigencias del modelo de crecimiento español. El aumento de exportaciones entre 1923 y 1925 revela tanto la continuidad de la política de tratados del arancel Cambó por la dictadura como la importancia de la actividad exportadora para permitir financiar el crecimiento de los años veinte. Después la crisis de 1929 cambiará el panorama, con repercusiones directas, por ejemplo, en la industria conservera gallega, derivadas de los impagos latinoamericanos.

Por lo que respecta a la inversión extranjera, muy importante en la década de 1880, se fue trasladando en la de 1890 de un sector minero colmatado y en fin de ciclo hacia los nuevos sectores eléctricos, químicos, de la banca, transportes y servicios, lo que dio inicio a un nuevo destino de los capitales extranjeros desde 1900.

La gran novedad del siglo XX se sitúa en la corriente de remesas y transferencias de emigrantes en los países del Mar del Plata (Argentina y Uruguay), la Cuba independiente, México o Brasil, que llega a duplicar la inversión extranjera. Según Maluquer no es un caso excepcional, pues un aporte todavía mayor sustentó el primer milagro italiano en la primera década del siglo. La diferencia del impacto de estos capitales en España tendría que ver, como bien indica este autor, con que apenas sirvió para neutralizar los negativos efectos del gasto en las guerras coloniales. Sin embargo, también conviene añadir que hubo un uso capilar de estos capitales por los retornados en sus territorios de origen —invirtiendo el proceso de propietarización que conocen las agriculturas familiares de la mitad norte— en infraestructuras urbanas o por su empleo en asuntos descuidados por el Estado: escuelas, servicios de beneficencia, etcétera.

Además de las políticas arancelarias y monetarias citadas y de la presupuestaria, que trataremos de inmediato, el español como el resto de los Estados liberales europeos de la época, no agota en estas tres líneas su vocación constructiva de la economía ni su capacidad de influencia en torno al cambio de siglo. No pueden dejar de apreciarse, por ejemplo, las políticas científicas que nutren por entonces la construcción de sistemas estatales de innovación cruciales para entender la capacidad de incorporar los beneficios del intenso cambio tecnológico que caracteriza el periodo, así como sus procesos de industrialización y las ondas de innovación asociadas; tampoco, en la época de la eclosión de las masas, las políticas benefactoras y sociales por incipientes que fuesen.

En cuanto a las políticas presupuestarias, en relación con el gasto público y los impuestos, las décadas de 1870, 1880 y 1890 están teñidas por la sangría derivada de las guerras carlista y colonial, a lo que hay que sumar descensos en la recaudación por la caída de las rentas agrarias con la crisis. A ello hay que añadir una baja presión fiscal aún frenada por las resistencias de los contribuyentes. La acumulación anual de déficits fue la pauta hasta el final de la guerra en 1898. Desde entonces la reforma de liquidación y estabilización del ministro Fernández Villaverde, combinada con el crecimiento del PIB, permitieron enlazar diez años seguidos de saldos activos en el presupuesto. Fue el periodo contemporáneo de estabilidad financiera más largo. La reforma de Villaverde en 1899 afrontó la virtual bancarrota y la deuda de guerra, refundiendo impuestos (contribución sobre la riqueza inmobiliaria) que completaban la reforma de Mon (1845) y rebajando obligaciones de gasto para garantizar el saneamiento. No fue una reforma innovadora, pero se configuró como un instrumento de disciplina con efectos inmediatos.

En España el gasto público era inferior al 10 por ciento del PIB hasta 1909 y el grueso de sus atenciones eran los servicios generales, la guerra y el enjuague de la deuda pública. Si los servicios generales no lograban despegar, el gasto de guerra podía considerarse depredador y la deuda era tan extraordinaria (13 veces los ingresos del Estado en 1900) que se comió el superávit de la primera década del siglo. Todo ello combinado impedía que el Estado actuase como impulsor de la innovación y el crecimiento económico; pero esto empieza a cambiar entre 1907 y 1909. Arrancan entonces los esfuerzos, largamente infructuosos, para adoptar los avances europeos en tributación. Sucesivos ministros intentan materializar los proyectos de Flores de Lemus. Un fracaso sostenido por seis intentos de reforma hasta 1922. Sin embargo, cada intento produce cambios de condición y dirección, como prueba el incremento de la presión fiscal entre 1920 y 1933, del 7 al 12 por ciento del PIB, derivado de reformas como la de Bugallal. Y, además, cuando el aumento del gasto del Estado no pueda hacerse con la recaudación de impuestos, se llevará a cabo con préstamos del Banco de España, aunque esto dé lugar a un aumento de la circulación monetaria. Se supera así desde 1909 el nivel del 10 por ciento, que llegó en algunos años a aproximarse al 14.

Los difíciles intentos de reformas tributarias y su tratamiento por parte del Parlamento y la opinión pública centran el ojo del historiador hasta ocultar, como tantas veces, el sustrato en movimiento. El secreto estuvo en aumentar los ingresos, estabilizar el presupuesto y gastar mejor; pero sobre todo es en el cambio estructural en el gasto donde está la clave, como afirma Francisco Comín. El abandono por la fuerza de la posición aristocrática de metrópoli en 1898 deriva en la crisis ideológica, que no económica, que obliga a iniciar una senda nueva, no desconocida, pero obturada hasta entonces por la guerra, la colonia y el gasto de prestigio. Decaen la deuda y la guerra en beneficio de los servicios económicos, la educación y, en menor medida, las pensiones y la vivienda, que solo anuncian todavía la intención benefactora del Estado. Además, se sentaron las bases para que el Estado actuase como moderno motor del crecimiento, según se aprecia en la estructura del gasto.

Los gastos en agricultura nos sirven de ejemplo. Se mantuvieron constantes en los años veinte, su importancia en el conjunto del presupuesto incluso se redujo en términos porcentuales prácticamente a la mitad respecto al conjunto de gastos del Estado. Sin embargo, el porcentaje dedicado a los servicios técnicos pasó de representar un exiguo 18 por ciento en 1920 al 41 por ciento en 1929. Detrás de esta diferencia está el impulso a la construcción de un entramado estatal de la innovación que viene de lejos y que promueve de forma efectiva el cambio tecnológico agropecuario. El sistema de innovación se desarrolla de modo continuo desde 1880, cuando se crea en Madrid el complejo de La Moncloa (Granja-experimental, institutos de investigación, laboratorios), y continúa en 1887 con la creación de un instrumento que haría fortuna: las granjas-modelo regionales de agricultura, seguidas por varias reformas del sistema de granjas y del Servicio Agronómico hasta 1907, año en que la reforma de González Besada asienta la condición investigadora y experimental del sistema, coincidiendo en el tiempo, no por azar, con la creación de la Junta para Ampliación de Estudios en el Ministerio de Instrucción Pública. En los 30 años siguientes el entramado, ya bien definido y asentado, se desarrolla, se diversifica y se densifica con centros especializados en enología, fitopatología, etcétera; con estaciones y campos comarcales de demostración, que extienden los beneficios de las granjas regionales; con cátedras ambulantes de divulgación y otros instrumentos que son algo más que un simple antecedente endógeno del futuro INIA o del Servicio de Extensión Agraria. Para coordinar esta labor experimental y difusora, la dictadura crea, en 1926, el INIEAF (Instituto Nacional de Investigaciones y Experiencias Agronómicas y Forestales) y la República, el IIA (Instituto de Investigaciones Agronómicas), como organismos rectores encargados de «organizar la investigación en normas». El resultado fue que las tres primeras décadas del siglo XX se configuró en España un sistema de innovación equiparable a otros europeos y que tiene un evidente reflejo presupuestario. Según datos de Comín, el gasto medio anual del Estado español en agricultura y ganadería se multiplica por 4 entre 1880 y 1914, y en 1923 se había multiplicado por 20, pasando de representar un 0,4 por ciento a un 2,3 del conjunto del gasto estatal. Si observamos el sistema a escala más pequeña, podemos ver que la Granja Agrícola Experimental de La Coruña triplicó sus presupuestos entre 1896 y 1910 y, hasta 1930, crecerá con la dotación de una Estación Fitopatológica anexa, organizará tres Estaciones de Agricultura y ampliará su red en el noroeste coordinando más de 25 campos de demostración comarcales.

La observación de este fragmento del sistema público permite tres conclusiones sobre el Estado español de la época y sus políticas públicas. La primera es que hubo continuidad y mejora interna del esfuerzo presupuestario a lo largo del periodo. La segunda es que se constata la persistencia y el perfeccionamiento, sin rupturas drásticas, de las lógicas políticas que alientan este esfuerzo con sucesivos Gobiernos de la monarquía parlamentaria, de la dictadura y de la República, lo que apunta a una estabilidad que genera acumulación efectiva. Y, por ello, podemos hablar finalmente de la eficiencia acumulativa de dicho esfuerzo político y presupuestario, frente a la idea de un Estado incapaz e ineficaz sometido a continuadas frustraciones.

Lo anterior no contradice los análisis conocidos, pero los completa. No puede negarse, por ejemplo, el significado de las resistencias que enfrentaron los sucesivos intentos de reformas tributarias y que limitaron la capacidad del Estado para hacer sus políticas. Asunto relevante, que lleva a Fuentes Quintana a afirmar elocuentemente que la Guerra Civil la ganaron los de la coraza fiscal. Sin embargo, también en este caso el encadenamiento de reformas permite hacer una lectura de continuidad en el esfuerzo estatal que supera Gobiernos y regímenes y refuerza la idea expuesta sobre los cambios profundos en el papel y el comportamiento del Estado. Así lo sugiere, por ejemplo, la experiencia de la introducción de la contribución complementaria sobre la renta, intentada ya en 1910 pero solo materializada por Carner en 1932. En medio, el anteproyecto de impuesto sobre rentas y ganancias de Calvo Sotelo en 1926, ralentizado en su aplicación por el pragmatismo, que sirvió, sin embargo, de inspiración a Carner cuando implantó el impuesto cedular sobre la renta, que incluía una contribución personal para contribuyentes que superasen las 100.000 pesetas anuales de ingresos. Otro ejemplo, pues, que trasciende las aparentes y axiomáticas rupturas entre tres regímenes políticos distintos antes de 1936.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Es meritorio que en el primer tercio del siglo XX España aguantase el paso que sostienen las grandes potencias industriales de Europa Occidental, prolongando y afirmando el ritmo de crecimiento conseguido en la segunda mitad del Ochocientos, en palabras de García Delgado. Todos los cambios profundos en la estructura económica española del siglo XX aparecen apuntados en sus tres primeras décadas: desagrarización, apertura exterior y definición de un sistema estatal de bienestar social, con la evidente distancia del contexto y, por tanto, la diferencia de materialización. De todos modos, y aun salvando esas distancias, ya que al fin se trata de apreciar los índices de desarrollo humano (IDH), acabemos con esta aproximación: en 1880 el IDH español representaba menos del 65 por ciento del de los 14 países europeos más desarrollados, en 1913 rondaba el 76 y en 1929 era del 85 por ciento. Veinte puntos de convergencia en 50 años; reducir los 20 restantes no se lograría hasta sesenta años más tarde, en 1990.

CUADRO 18. EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (1870-2000): NIVELES ABSOLUTOS Y RELATIVOS

Nota: Europa Occidental comprende 14 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia (desde 1913), Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Italia, Finlandia, Noruega y Suiza.

Fuente: Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico de España (1850-2000), Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

Las sombras del atraso contemporáneo han sido exploradas y redefinidas por la historiografía hasta dibujar un paisaje en el que parece difuminarse el dominio de una agricultura atrasada e ineficiente que lastra el desarrollo económico, el carácter incompleto y limitado de la industrialización, el arcaísmo del sistema financiero, las insuficiencias de la educación, etcétera. El sector primario, cuyo declive era leído como necesario y positivo en clave del desarrollismo de los años sesenta, identificándolo con la huida definitiva del atraso, es enfocado aquí desde otra perspectiva. De hecho, también era interpretado de otro modo en el periodo de 1875 a 1931, e incluso identificado como clave imprescindible de la regeneración, no tanto por ser un arcaísmo o por antiindustrialismo, sino por considerarlo un elemento potencial para el modelo de modernidad practicable por entonces en muchos países, desde Estados Unidos hasta Dinamarca o Suecia. De ahí las propuestas reformistas que culminan en la Segunda República y previamente los esfuerzos para la aplicación de la ciencia a la agricultura como medio de superar la crisis finisecular. De ahí los esfuerzos por promover el «progreso moral y material» del campo, lejos de la huida vergonzante de las últimas décadas del siglo XX.

En una interpretación consolidada, la industrialización que nunca llega es el contrapunto al dominio de la agricultura: una industria incompleta y arrinconada en Cataluña y el País Vasco que hoy interpretamos como localmente modélica en su tipo, dentro de un modelo de manchas de leopardo común a otros territorios europeos y en el que el desarrollo de las industrias agroalimentarias desempeñaba un importante papel. La industria española culminará este periodo aprovechando a fondo las oportunidades que ofrece la prosperidad internacional de los años veinte, según Carreras.

La protección arancelaria no redujo sustancialmente el coeficiente de apertura de la economía española en esta etapa, lo que invita a moderar la relevancia atribuida en la historiografía a los obstáculos arancelarios en el mantenimiento del atraso relativo en estos decenios, en expresión de Jordi Palafox. Se matiza, pues, la interpretación que hizo fortuna en la Transición sobre cómo el Estado español escogió con el proteccionismo favorecer un sector agrícola ineficiente, lastrado con mucha mano de obra campesina subempleada, con bajos niveles de subsistencia y que producía alimentos caros para la industria y aumentaba el coste de la misma y otras actividades urbanas, perjudicando el nivel de vida obrero. La urbanización tampoco estuvo frenada por la inmutabilidad de las estructuras agrarias.

El sistema financiero cuenta desde 1914 con un Banco de España que asume la responsabilidad de mantener la estabilidad del conjunto del sistema financiero. El periodo conoce también un proceso expansivo en la creación de bancos privados en forma de sociedad anónima, entre ellos los más importantes del siglo XX; también la articulación de la banca oficial y de las cajas de ahorros.

Las evidentes insuficiencias en la formación del capital humano que pueden obstaculizar el desarrollo del sistema económico se transforman en este periodo en una batalla para construir una educación cada vez más universal que culmina con los esfuerzos republicanos. Es también el tiempo del nuevo transporte por carreteras, la creación de líneas de autobuses y el complemento del modelo de ferrocarril del XIX con líneas transversales de vía estrecha, la incorporación del sistema telegráfico y telefónico y el inicio del aeroportuario. Son todas marcas del presente que se definen en aquel pasado.

Finalmente, el avance de la urbanización no puede medirse ya por el número de habitantes de las ciudades. Entre 1880 y 1930, la población urbana o urbanizada, debido a la emigración, está también en las grandes ciudades americanas. Los aires de libertad que permite respirar la ciudad desde la Edad Media y las nuevas capacidades sociales, políticas o tecnológicas que se desarrollan en las ciudades contemporáneas pueden ser ahora aprendidas en Buenos Aires, Nueva York, Montevideo, Río o La Habana y transportadas por los emigrantes retornados o por los «golondrina», aprovechando las nuevas facilidades de un revolucionado sistema de comunicación.

Por debajo de esta caracterización general de la evolución de la economía española del periodo subyacen Españas diferentes que enfrentan pautas a veces muy contrastadas que obligan a distinguir entre interior y litoral, entre norte y sur, entre Atlántico y Mediterráneo o entre rural y urbano. Por otra parte, las posibilidades de progreso que ofrecía aquella época no todos podían ni sabían aprovecharlas. Y en eso consistió el conflicto desde entonces, en lograr extender socialmente las posibilidades de progreso material que abrió esta época que también fue la de la irrupción de las masas, para mejorar modos y condiciones de vida de la mayoría.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD

Manuel Pérez Ledesma

EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD

Si comparamos el mundo cultural español de la década de 1880 con la situación que existía 20 años antes, hay un rasgo que llama de inmediato la atención. Podríamos denominarlo el nacimiento de la ciencia social, aunque quizá baste con una afirmación más modesta: la sociedad española empezó a ser conocida de una forma rigurosa, de acuerdo al menos con los parámetros de rigor de la Europa de la época. A través de diversos caminos, desde la información estadística hasta los estudios antropológicos, los viejos tópicos —fruto en gran medida de la ausencia de información— empezaron a ser sustituidos por nuevas formas de análisis, en las que el conocimiento empírico más preciso desempeñaba ya un destacado papel. Lo cual no dejaría de tener consecuencias, algunas muy relevantes, en la discusión intelectual e incluso en la acción política.

Los nuevos conocimientos procedían de la recogida de información estadística. A fines del siglo XIX se contaba ya con varios repertorios de datos cuantificados que cubrían muy diversos aspectos de la vida social. Desde mediados de siglo había ya información cuantificada y periódica sobre el total de habitantes del país y su distribución por sexos, estado civil, edad o profesión; también sobre la producción agraria, minera o industrial, sobre las cuentas del Estado y el personal dirigente de las Administraciones civil, militar y eclesiástica, e incluso sobre la instrucción pública, la lectura de periódicos y la Administración penitenciaria.

A comienzos del siglo XX, otros fenómenos sociales empezaron a ser recogidos igualmente en series con un grado razonable de fiabilidad y rigor estadísticos. En especial, los referidos a los nuevos problemas sociales: condiciones de trabajo en la industria y los oficios, accidentes laborales, número y distribución geográfica y profesional de las huelgas, desarrollo de las asociaciones obreras, etcétera. Hay sin duda carencias, entre las cuales se encuentra la falta de series completas de salarios; a pesar de ello, no se puede negar el aumento sustancial de la información cuantitativa de la que dispusieron los contemporáneos y, subsidiariamente, los historiadores del periodo. La mayor parte de estos datos quedaron recogidos en las publicaciones del Instituto de Reformas Sociales, que, desde su creación en 1903 hasta su desaparición en 1923, contó con una sección dedicada en exclusiva a la recogida de datos y elaboración de estadísticas.

Sin embargo, no se trataba solo de fuentes estadísticas. Una abundante información complementaria, en gran medida de carácter cualitativo, procede de varias encuestas realizadas a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX y a comienzos del XX. Organizadas por razones diversas, con cuestionarios y métodos dispares a la hora de recoger los datos, al menos tuvieron en común dos rasgos sustanciales: pretendían obtener información rigurosa —es decir, aspiraban al mayor grado posible de objetividad— y trataron de abarcar todo el territorio estatal o la mayor parte del mismo. La primera de esas encuestas fue la organizada en los años ochenta por una Comisión de Reformas Sociales, de creación oficial, que recogió —y acabó publicando en cinco gruesos volúmenes— informes sobre «todas las cuestiones que directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales», a partir de un amplio cuestionario elaborado por Gumersindo de Azcárate (que con el tiempo se convertiría en el gran protagonista de los proyectos de reforma social en España). La segunda, también en la década de 1880, estuvo encaminada al análisis de La crisis agraria y pecuaria, a partir de los datos suministrados por los ingenieros del Servicio Agronómico estatal.

A principios del siglo XX, desde el Ateneo de Madrid se organizaron otras dos amplias encuestas. Una de ellas, de especial interés etnográfico, tenía como objetivo el conocimiento de las costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte en las distintas regiones del país, y dio lugar a más de 300 respuestas de otros tantos corresponsales de todo el territorio nacional. La última, sin duda la más conocida por los historiadores, surgió de una iniciativa de Joaquín Costa, y su objetivo era analizar los usos corruptos del régimen de la Restauración, y más en concreto la extensión de las formas oligárquicas y caciquiles de control político.

También hubo intentos de profundizar en la situación específica de algunas regiones del país, en concreto de las más afectadas por los conflictos sociales. En 1902, el entonces ministro de Gobernación, Segismundo Moret, encargó a la Comisión de Reformas Sociales la redacción de un cuestionario sobre la situación de los obreros agrícolas de Andalucía y Extremadura, con el fin de enviarlo a todos los Ayuntamientos de la zona. Un año después, se convocó por Real Orden un concurso sobre «El problema agrario en el Mediodía de España. Conclusiones para armonizar los intereses de propietarios y obreros. Medios de aumentar la producción del suelo». A dicho concurso se presentaron 74 memorias, procedentes de muy distintos sectores sociales, de las que solo se publicaron la premiada y las que obtuvieron los cinco accésits. En todo caso, la memoria final de la comisión y los textos de las que recibieron los galardones representan una fuente fundamental para conocer los problemas de la zona.

Algunos historiadores españoles han considerado que las encuestas oficiales mencionadas hasta aquí fueron una de las fórmulas utilizadas por los sucesivos Gobiernos para no enfrentarse directamente a los problemas políticos y sociales que las suscitaban. Puede que haya algo de verdad en tal afirmación; pero, al mismo tiempo, conviene señalar que la información recogida también provocó algunas acciones gubernativas, aunque quizá no tuvieron la energía y amplitud deseables. En todo caso, estos informes desempeñaron un papel decisivo en el cambio de actitudes intelectuales, sobre todo si se tiene en cuenta que el acopio de datos estuvo acompañado por la aparición de los primeros grupos de estudiosos de tales problemas.

El periodo finisecular, y su continuación hasta 1914, fue —como señaló en 1958 Enrique Gómez Arboleya— «el momento constituyente y fundamental de la sociología en España»; en términos aún más generales, se puede hablar de la aparición de la «mentalidad positiva» en nuestro país. Expresiones de esta novedad en el ámbito universitario fueron la creación de la primera cátedra de Sociología, ocupada por Manuel Sales y Ferré, en el año 1898, o la publicación un año después del primer balance sobre los estudios sociológicos en España, redactado por Adolfo González Posada. Este último y Sales y Ferré son los dos primeros sociólogos españoles en sentido estricto, aunque junto con ellos conviene mencionar a figuras que combinaron tales estudios con otros intereses intelectuales, como los ya citados Azcárate y Joaquín Costa. La sociología, había reclamado Posada, no debía ser únicamente «una ciencia de base objetiva, imparcial, razonada», sino también «una ciencia de aplicaciones, una disciplina útil»; por eso, los cultivadores de tal disciplina se ocuparon de ofrecer propuestas concretas para el alivio de los problemas que consideraban más acuciantes. De acuerdo con esa formulación, a comienzos del siglo XX Severino Aznar se convirtió en el primer sociólogo positivo, y no solo teórico, cuyos análisis de los problemas sociales estuvieron siempre acompañados por una preocupación reformadora, derivada de los planteamientos del catolicismo social.

En el terreno de la Antropología, fue la rama —tan en boga en la Europa del momento, a partir de los estudios de Lombroso— de la Antropología Criminal la que alcanzó un mayor desarrollo, en especial entre los expertos en Derecho Penal como Pedro Dorado Montero o Rafael Salillas. No es casual que los años finales del siglo XIX contemplaran la publicación de una serie de obras sobre la delincuencia, cuyos autores eran el propio Salillas, entonces director de la cárcel de Madrid y autor de dos libros fundamentales sobre el tema —El delincuente español. El lenguaje, de 1896, y El delincuente español. Hampa (Antropología picaresca), de 1898— o Constancio Bernaldo de Quirós, coautor de La mala vida en Madrid. Estudio psico-sociológico, publicado en 1901. Aunque los cultivadores de estas nuevas disciplinas dependían en buena medida de las corrientes europeas de mayor éxito en aquel momento, con las que compartieron algunos rasgos que las Ciencias Sociales han rechazado más tarde (como el determinismo físico de la Antropología Criminal o un cierto racismo), de hecho el nuevo clima intelectual supuso un estímulo decisivo para el desarrollo de los estudios empíricos, e incluso para la búsqueda de soluciones o remedios a la entonces llamada «cuestión social».

No hay mejor forma de precisar este cambio de actitud que comparar los escritos sobre la «cuestión social» aparecidos en las décadas inmediatamente anteriores con los que vieron la luz a fines del siglo XIX y en los primeros años del XX. La que podemos considerar como una primera oleada de publicaciones sobre el tema apareció a comienzos de los años setenta. Bajo el impacto de la Comuna de París y de la aparición en España de los primeros núcleos organizados de la Asociación Internacional de Trabajadores, aquellos textos tenían que ver más con el miedo a estas novedades y el afán por mantener el orden social vigente —a la «defensa de la sociedad» remitía el título de una revista del momento— que con el análisis sociológico. La imposibilidad o el absurdo del comunismo, la inutilidad de las huelgas, la explicación de los conflictos como resultado de la actuación de agitadores socialmente perniciosos, los intentos de convencer a los trabajadores para que aceptaran sin protestas su destino (de acuerdo con la famosa fórmula «caridad de los ricos, resignación de los pobres»): tales eran las principales líneas ideológicas de la literatura del momento e incluso de las dos décadas posteriores.

En cambio, desde mediados de los años noventa, aunque este tono no desapareció por completo, cada vez cobró más importancia una nueva óptica, cuyas raíces se encuentran en el ya citado cambio del clima intelectual. Podemos caracterizarla por los siguientes rasgos: en primer lugar, se tenía la idea de que la «cuestión social» presentaba raíces objetivas; es decir, que derivaba de las difíciles situaciones de la vida, de la miseria y de la proletarización de un numeroso sector de la población y que no era únicamente el resultado de la pérdida de los valores religiosos y morales o de la influencia de los socialistas. En segundo lugar, existía una visión más diferenciada y compleja de la clase obrera. Frente a la anterior atribución de todos los vicios imaginables a los trabajadores, en los análisis del fin de siglo se separaba a los «obreros honrados» —o, lo que es igual, a la mayoría de los trabajadores, cuyas demandas respondían a necesidades reales (aunque pudieran ser arrastrados ocasionalmente por radicales o demagogos)— de la minoría formada por individuos socialmente peligrosos que, guiados por sus malos instintos, estaban en todo momento dispuestos a poner en peligro el orden social vigente. En estas «clases peligrosas» había que incluir a los delincuentes, los vagos, los mendigos o las prostitutas; es decir, a todos los participantes en la «mala vida» de las ciudades, a los que, para diferenciarlos de los auténticos trabajadores —del «cuarto estado», como se decía entonces—, Bernaldo de Quirós propuso denominar «quinto estado». También formaban parte de ellas los anarquistas, considerados «seres patológicos», lo mismo que los «criminales natos».

Finalmente, entre los rasgos anteriormente anunciados, cabe destacar una visión más amplia de los problemas sociales, y en concreto la aceptación de que la tan comentada «cuestión social» no se refería únicamente a las malas condiciones de los trabajadores urbanos, sino que debía tomar en consideración la existencia de otros sectores con similares dificultades. Como explicó Rafael María de Labra, en su folleto La cuestión social contemporánea, entre los «diferentes aspectos» que presentaba la denominada «cuestión social» se incluían «el problema de la dignificación y exaltación de la mujer, el de la educación popular, el general de las relaciones del capital y el trabajo, el concreto de la condición del obrero urbano, el agrario, cada vez más complejo y apremiante, y el de la vida municipal, en relación particular con estos intereses y con la mendicidad, la higiene y la moralidad pública». Otros testimonios de esta nueva actitud se encuentran en la obra de Severino Aznar Problemas sociales de actualidad, aparecida en 1914, o en el libro anterior del francés Angel Marvaud La Question sociale en Espagne, publicado en París en 1910.

En suma, se había alcanzado un grado mayor de racionalidad en el examen de los problemas sociales, que fue acompañado, además, por un mayor desarrollo de las propuestas de reforma social. En especial, las reclamaciones en favor de una intervención del Estado con el fin de resolver, o al menos amortiguar, los conflictos se hicieron más intensas. La aprobación de las primeras leyes laborales, a partir de 1900; la creación de organismos como el Instituto de Reformas Sociales, en 1903; y, en los años veinte, la fundación del Ministerio de Trabajo pueden considerarse, por ello, como el resultado final de este cambio de actitud.

LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Entre los historiadores económicos es ya un lugar común diferenciar, e incluso contraponer, los siglos XIX y XX, al menos en lo relativo a la evolución de la población. El siglo XIX contempló un crecimiento demográfico más bien lento: de hecho, se pasó de unos 10,5 millones de habitantes en 1800 a 18,6 millones 100 años después; lo que representa un incremento del 67,17 por ciento, muy por debajo —de acuerdo con los datos recogidos por Gabriel Tortella— del crecimiento de Gran Bretaña (239,4 por ciento) o de los Países Bajos (131,8 por ciento) en ese mismo periodo. En el caso español, durante el siglo XIX no se produjo la transición desde el ciclo demográfico antiguo al moderno, ni tuvieron lugar una clara reducción de la tasa de mortalidad ni una caída posterior de la tasa de natalidad, lo que habría dado lugar a que creciera la población en el periodo intermedio. En cambio, durante las tres primeras décadas del siglo XX, la tendencia cambió de forma sustancial. Fue entonces cuando bajaron las tasas de mortalidad y de natalidad, de manera que en ese periodo sí se puede hablar de una auténtica modernización demográfica.

Al comienzo de esta etapa, en 1877, la población española alcanzaba la cifra de 16.622.175 habitantes. Veinte años después, según el censo de 1897, había pasado a 18.108.610, es decir, casi 1 millón y medio más. El censo de 1900 ofrecía una cifra de 18.594.405 habitantes, cerca de medio millón más que el censo de tres años antes; por su parte, en 1930 la cifra ascendía a 23.563.867. En conjunto, el aumento de las primeras décadas del siglo fue de casi 5 millones, mientras que el incremento total en el periodo de 1877 a 1930 se acercaba a los 7 millones. Como se puede ver, fue en el siglo XX cuando se produjo el mayor crecimiento de la población.

Para explicar la diferencia entre los últimos años del siglo XIX y las décadas iniciales del XX hay que tener en cuenta que, al final del XIX, pervivían algunos de los frenos malthusianos al crecimiento propios del ciclo demográfico antiguo. Para empezar, las crisis de subsistencia que se habían manifestado a lo largo de la centuria (una docena de veces, de acuerdo con los datos de Nicolás Sánchez-Albornoz) siguieron apareciendo en las últimas décadas del siglo, en especial en 1879, 1882, 1887 y 1898. Eran el fruto tanto de factores coyunturales, sobre todo de carácter climático, como de las deficiencias estructurales, en especial del retraso de la agricultura y la lentitud de los transportes; pero estas no eran las únicas causas del escaso crecimiento de la población. Además, las epidemias, en concreto la de cólera de 1885, o algunas enfermedades endémicas como la tuberculosis, colaboraron a la hora de producir lo que Tortella considera una mortalidad «escandalosa».

En 1900, la tasa de mortalidad seguía siendo muy alta: de hecho, en el continente europeo solo la superaba Rusia, al tiempo que la esperanza de vida no llegaba a los 35 años. Tres décadas después se pasó a una esperanza de vida de 50 años, lo que refleja bien el cambio radical en la tendencia. Y eso que de 1918 a 1920 hubo una nueva epidemia, en esta ocasión de gripe (la llamada «gripe española»), que trajo consigo una notable mortandad: se calcula que murieron en torno a las 200.000 personas y que un tercio de la población contrajo la enfermedad. Sin embargo, el crecimiento demográfico, que, aunque no llegara a ser una auténtica explosión, resultó bien significativo, tuvo que ver con una importante reducción de las tasas de mortalidad, desde el 27,9 por mil en 1900 hasta el 17,2 por mil en 1930. Cayó también la tasa de natalidad, en este caso desde el 34,3 por mil hasta 28,2 por mil durante el mismo periodo. La reducción de la mortalidad tuvo sin duda que ver con la disminución de las epidemias y las enfermedades infecciosas, pero también con la mejor atención sanitaria por parte del Estado; por su parte, la caída de la natalidad estuvo vinculada de forma directa con el control voluntario de los nacimientos.

Entre los resultados de ese crecimiento de la población se encuentran, por un lado, el aumento en el tamaño de las ciudades y de la población urbana y, por otro, el incremento de la emigración exterior, sobre todo de la emigración transoceánica. A fines del siglo XIX, solo dos ciudades, Barcelona y Madrid, superaban el medio millón de habitantes, mientras que la mayoría del país se alojaba en los núcleos rurales. En cambio, en el siglo XX Madrid y Barcelona llegaron al millón de habitantes, al tiempo que Valencia se acercaba a los 300.000 y Bilbao, a los 160.000. En conjunto, la población de las ciudades de más de 100.000 habitantes pasó del 9 por ciento en 1900 al 15 por ciento en 1930. Este crecimiento cambió el aspecto urbano: mientras que en las grandes ciudades el centro quedaba en manos de tenderos y trabajadores y los barrios periféricos daban cobijo a los obreros inmigrantes en condiciones muchas veces deplorables, los nuevos edificios de los ensanches se convirtieron en las zonas de vivienda de las cada vez más numerosas clases medias. En Madrid y en Barcelona, el incremento de la población dio origen a nuevas formas de construcción, como las casas modernistas de Gaudí en la capital condal o los edificios con torreones y cúpulas de la capital del Estado. Entre las novedades se encontraban también las grandes avenidas, como la Vía Layetana barcelonesa o la Gran Vía madrileña, y un urbanismo igualmente nuevo del que es un buen ejemplo la Ciudad Lineal, edificada por Arturo Soria. Los cambios se reflejaron, además, en las nuevas formas de desplazamiento: a fines del siglo XIX los tranvías eléctricos sustituyeron a los de mulas, al tiempo que el metro, desde 1919 en Madrid, se convertía en el medio de transporte colectivo más importante, mientras que los automóviles de la Hispano-Suiza pasaban a ser el sistema de transporte de las clases privilegiadas.

En cuanto a las migraciones, además de las interiores que colaboraron decisivamente a este desarrollo urbano, las dirigidas a ultramar tuvieron su momento más alto en los años inmediatamente anteriores a la I Guerra Mundial. A fines del siglo XIX, en torno a 1 millón de personas habían emigrado al nuevo continente; pero la cifra aumentó en las primeras décadas del siglo XX, en las que unos 2 millones de personas se trasladaron a América. Al final del siglo, era Cuba el primer destino americano; pero, ya en el siglo XX, la sustituyó Argentina como primer país de acogida para los españoles. Existía, además, la emigración de temporada a Argelia, con un promedio anual de casi 200.000 emigrantes. Es verdad que la I Guerra Mundial interrumpió estos recorridos, pero al mismo tiempo aumentaron los desplazamientos por tierra con destino a Francia.

Si observamos la evolución de la población activa, a fines del siglo XIX superaba ligeramente los 7 millones de personas, contando con cerca de 1 millón y medio de mujeres; unas cifras sin duda inferiores a la realidad, en especial en lo relativo al sexo femenino, cuyo trabajo era más irregular y no quedó por ello reflejado del todo en los censos. En los años siguientes, aumentó la población activa al mismo ritmo que lo hacía la población total: se llegó a casi 7 millones y medio en 1900 y a más de 8 millones y medio en 1930. Lo sorprendente fue que, de acuerdo con los censos, la población activa femenina fue bajando tanto en números absolutos como en porcentajes: del millón y medio de 1877 se pasó a poco más de 1.300.000 en 1900 y a una cifra solo ligeramente superior al millón entre 1910 y 1930. O, lo que es igual, de una tasa de actividad de 17,2 en 1877 se bajó a poco más del 9 por ciento en 1930.

De acuerdo con los datos recogidos por Roser Nicolau en Estadísticas históricas de España, los dos tercios de esa población activa, en concreto el 66,1 por ciento, estaban dedicados a la agricultura en 1877, porcentaje que cayó al 44,5 en 1930. La industria daba trabajo a un 13 por ciento en 1900, lo que en números absolutos suponía en torno a 700.000 trabajadores, de los que se pasó a más de 1.700.000 en 1930; es decir, más de un 21 por ciento de la población activa. Cifras inferiores correspondían a la construcción (270.000 trabajadores en 1900, más de 400.000 en 1930), al comercio (casi 300.000 en 1900, más de 630.000 en 1930), a los transportes y las comunicaciones, que pasaron de casi 300.000 en 1900 a casi 400.000 en 1930, y a otros servicios, que de los 735.000 de la primera fecha subieron a 1.300.000 en la última. Lo que suponía en porcentaje que el sector secundario había alcanzado el 31 por ciento de la población activa, mientras que el sector servicios llegaba al 23 por ciento de dicho total.

DESIGUALDADES SOCIALES Y DIFERENCIAS DE GÉNERO

La primera, y quizá la más importante de las diferencias sociales de España, a caballo entre el siglo XIX y el XX, es la que separaba a mujeres y varones. A fines de aquel siglo, las diferencias de género, y más en concreto la supeditación de las mujeres, estaba presente en todas las esferas de la vida social. Su justificación última se encontraba en la idea de la inferioridad natural de la mujer, que, como «ser incompleto», necesitaba de la dirección, el control y la protección del hombre. No hace falta recurrir a los textos procedentes de la Iglesia o de los sectores sociales más conservadores; incluso un escritor como Pompeyo Gener, conocido por sus tendencias progresistas en otros terrenos, escribía en La Vanguardia en febrero de 1889 estas frases categóricas: «En sí misma, la mujer no es, como el hombre, un ser completo; es solo el instrumento de la reproducción, la destinada a perpetuar la especie; mientras que el hombre es el encargado de hacerla progresar, el generador de la inteligencia, a la vez creador y demiurgo del orden social». El sometimiento era bien visible en todos los campos de la vida social: tanto en el derecho y la política como en el terreno laboral o en el uso de los espacios públicos y privados.

Sin duda, el reflejo más directo de la supeditación de la mujer se encuentra en la legislación del periodo. El proceso de codificación que se llevó a cabo en las primeras décadas de la Restauración —cuyos logros fundamentales fueron el Código de Comercio de 1885 y, sobre todo, el Código Civil de 1889— continuó, en lo que se refiere a la posición social de las mujeres, la línea que, en pleno Sexenio Democrático, había quedado recogida en el Código Penal de 1870; es decir, se ratificaba la subordinación de estas en los campos regulados por dichos códigos, tanto en el terreno penal, en el que se establecían medidas específicas para los casos de transgresión de la autoridad del marido, como en el económico. Con todo, el mayor ejemplo de la desigualdad legal se encontraba en la vida sexual, donde se había establecido una clara diferenciación entre las penas impuestas al marido y las que afectaban a la mujer en los casos de adulterio o crimen pasional. El Código Penal de 1870, que siguió en vigor hasta 1928, fijaba una doble vara de medir según quién fuera el culpable del adulterio: si el marido, tras sorprender a su mujer en adulterio, la mataba, la pena se limitaba al destierro; y si solo le producía lesiones, estaba exento de todo castigo. Lo mismo se aplicaba a los padres cuando las hijas tenían menos de 23 años y habitaban la casa paterna (artículo 438). En cambio, si la mujer era la agresora, el delito estaba calificado de parricidio y condenado con cadena perpetua. Solo el marido «que tuviera manceba dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo» sufriría la pena de prisión correccional en sus grados mínimo y medio.

En el Código Civil de 1889 se mantuvieron los mismos principios. El artículo 57 de dicha norma legal establecía que «el marido debe proteger a la mujer, y esta obedecer al marido»; por el artículo 60 se prohibía que la mujer pudiera adquirir bienes ni ir a juicio sin el consentimiento de su marido; y, de acuerdo con el artículo 105, entre las causas legítimas de divorcio se incluían «el adulterio de la mujer en todo caso, y el del marido cuando resulte en escándalo público o menosprecio de la mujer»; es decir, esta última solo podía conseguirlo si el marido la había abandonado o en la situación extrema de que el adúltero hubiera alojado «a su cómplice en la casa conyugal».

Como es fácil suponer, estas diferencias se reflejaron también en el terreno político. Tanto las normas electorales de los primeros años de la Restauración, que establecieron un sistema de sufragio restringido, como la ley de 1890, que implantó el sufragio universal, daban por supuesto que eran «los españoles», y no las españolas, los poseedores del derecho a elegir y ser elegidos. La única participación que se reconocía a las mujeres en el proceso electoral, bien indirecta por cierto, tenía que ver con la supeditación económica antes mencionada. Para alcanzar la condición de elector, explicaba la ley electoral de 1878, era necesario superar una cuota mínima como contribuyente, bien por la contribución territorial o bien por el subsidio industrial; pero, a la hora de computar la contribución, se consideraban como bienes propios del marido «los de sus mujeres mientras subsista la sociedad conyugal». Incluso en el caso de los hijos se computaban como bienes de estos «los suyos propios de que por cualquier concepto sean sus madres usufructuarias» (artículo 16).

Ni siquiera las más firmes defensoras de los derechos de la mujer se atrevieron en aquellos momentos a poner en cuestión estas limitaciones. Como han señalado diversas historiadoras, a finales del siglo XIX no existía en España un «feminismo de la igualdad», con reivindicaciones similares a las que ya por entonces hacían suyas las sufragistas de otros países europeos. A lo sumo, se podía hablar de un «feminismo de la diferencia», que no solo admitía la diferenciación sexual derivada de la maternidad, sino que, además, reconocía que las mujeres españolas se encontraban de hecho en una situación de inferioridad, como resultado de la escasa educación recibida por ellas; aunque, por supuesto, sus defensoras rechazaban la idea de que tal inferioridad fuera el resultado de rasgos constitutivos de la condición femenina. Para estas primeras feministas, si así se las puede llamar, el objetivo no era, por consiguiente, la ciudadanía política de las mujeres, reflejada en la obtención del derecho de voto, sino solo la consecución de una plena «ciudadanía social», a través de mejoras educativas que acabaran con la ignorancia femenina.

De acuerdo con este planteamiento, una de las primeras organizaciones femeninas, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), se opuso a la celebración en España, en 1920, de la Conferencia Internacional de Sufragistas, que finalmente tuvo lugar en Ginebra. Y, aunque durante la dictadura de Primo de Rivera se abrió el camino para que las mujeres pudieran ser elegidas para la Asamblea Nacional Consultiva que organizó el dictador, solo en la Segunda República se planteó directamente la cuestión del voto femenino, dando lugar al bien conocido enfrentamiento entre Clara Campoamor, decidida partidaria del mismo, y Victoria Kent, que se manifestó en favor de aplazar unos años su concesión.

Por supuesto, la desigualdad que sufrían las mujeres no se reflejaba únicamente en el terreno legal o en la esfera de la participación política. Además de ello, las diferencias y la inferioridad femenina se hacían especialmente visibles en la actividad productiva. Los datos incluidos en los censos de población ofrecen una imagen errada de la participación de las mujeres en la vida laboral, en la medida en que solo recogen el trabajo realizado por ellas de forma permanente fuera del ámbito doméstico. Como ya hemos señalado, en 1877 la población activa estaba formada por más de 5 millones y medio de varones y casi 1 millón y medio de mujeres. De estas cifras se había bajado a 1.400.000 mujeres aproximadamente a comienzos de siglo, y a poco más de 1 millón de mujeres activas en el primer tercio del siglo XX, mientras que el número de varones crecía hasta los 7 millones y medio de 1930. Si damos por buenas estas cifras, el porcentaje sobre la población femenina potencialmente activa —entendiendo por tal el conjunto de mujeres entre 11 y 70 años— había ido disminuyendo desde los años setenta (en los que se situaba en el 17,2 por ciento), pasando por poco más del 15 por ciento en 1900, hasta llegar a una tasa de actividad del 9,2 por ciento en la década de 1930.

Más adaptada a la realidad que los datos censales, aunque no tenga una expresión cuantitativa tan precisa, era la opinión expresada en un informe que se presentó en el Ateneo de Madrid, a mediados de los años ochenta, en respuesta a la petición de la Comisión de Reformas Sociales. «Casi todas las mujeres pertenecientes a las familias de trabajadores se dedican, si tienen ocasión, a ganar un jornal fuera del hogar doméstico», explicaba el autor de este estudio, Alejandro San Martín. En la mayoría de los casos, añadía, era la forma de completar el menguado salario del varón, aunque para las jóvenes el objetivo fuera más bien «procurarse los fondos necesarios para el día en que se casen». El trabajo no estaba limitado, en todo caso, a las mujeres jóvenes y solteras; de hecho, aunque muchas interrumpían su actividad laboral en el momento del matrimonio, o para atender a los hijos recién nacidos, pronto las dificultades económicas las obligaban a buscar de nuevo alguna actividad compatible con sus obligaciones familiares. El mismo informante llegó a afirmar, como una especie de ley sociológica, que «en igualdad de las restantes condiciones, el número de mujeres obreras en una localidad está en razón inversa del salario de los hombres». La razón era bien sencilla: en la medida en que los varones seguían considerando de su incumbencia la tarea de mantener a la familia, solo cuando se encontraban ante la imposibilidad de cumplir con este deber, «se resigna[ban] a que su esposa y sus hijas trabaj[asen], sobre todo fuera de casa».

Más que el número de personas empleadas de uno y otro sexo, lo que de verdad diferenciaba el trabajo de las mujeres respecto al de los varones era el tipo de actividad laboral y la consideración que la sociedad otorgaba al trabajo de unas y otros. Siguiendo de nuevo los informes ante la Comisión de Reformas Sociales, podemos distinguir tres grandes bloques en lo que al trabajo femenino se refiere. Correspondía el primero a la participación en unidades productivas de carácter familiar, tanto en la agricultura y la pesca como en el comercio o en los talleres artesanales. En estos casos, la mujer se encargaba normalmente de tareas auxiliares no demasiado duras y, sobre todo, compatibles con la dependencia del marido y con el desempeño de sus obligaciones como esposa y madre. Aunque no siempre la imagen era tan idílica: hablando de las pescadoras, el mencionado informe recordó que «en Santander y en los puertos cercanos al Bidasoa, las mujeres realizan trabajos tan rudos como los hombres, formando tipos tan hombrunos y famosos como las bateleras de Pasajes».

El trabajo eventual, que no daba lugar a un salario, sino al pago de acuerdo con la tarea realizada, representaba el segundo sector de actividad laboral femenina. Las actividades más frecuentes tenían que ver con la confección o con los servicios personales, y, mientras en unos casos se llevaba a cabo en el hogar de quien contrataba la tarea, en otras ocasiones se realizaba en la propia casa, aunque por cuenta ajena. El servicio doméstico o la labor de las amas de cría dedicadas a la lactancia de los niños constituían el núcleo más importante de tareas realizadas en casa de «los señores». También en casas ajenas se confeccionaban prendas de vestir; pero la mayor parte de las mujeres dedicadas a esta tarea (como costureras a mano o a máquina, encajeras, hilanderas, bordadoras, tejedoras, planchadoras, modistas, sastras y un largo etcétera) trabajaban por su cuenta, habitualmente en su propio hogar.

A pesar de que algunas de estas actividades resultaban especialmente duras, como el trabajo de las lavanderas —del que hizo una vívida descripción Arturo Barea en el volumen primero de La forja de un rebelde—, estas actividades eran las que contaban con una mayor aceptación social. Cuando se trataba del servicio doméstico, era porque preparaba a las jóvenes para el cuidado futuro de su propio hogar; y, cuando las tareas tenían que ver con el vestuario, porque se consideraban específicamente «femeninas» y su realización no suponía el abandono de los deberes domésticos. Como una concesión especial, se admitían incluso dentro de este bloque de trabajos socialmente bien vistos los que se relacionaban con el comercio (de comestibles y utensilios domésticos, mobiliario y prendas de vestir, etcétera), del que habitualmente estaban excluidos los varones.

Por último, el trabajo en talleres no familiares o en las fábricas de mayores dimensiones —tanto en los talleres del textil y la confección como en las fábricas de tabacos, las minas o en otras industrias de similar penosidad— representa el tercer gran bloque de actividad femenina. Era el menos concurrido: de acuerdo con el censo de 1900, únicamente 176.018 mujeres estaban incluidas en él, lo que suponía un 13,41 por ciento del total de trabajadoras (frente al 25,52 por ciento en el servicio doméstico o el 59,07 por ciento en la agricultura). Además, era el peor considerado por la sociedad. Su escasa aceptación se debía, al menos en parte, a razones físicas: para esos trabajos era necesaria una fortaleza de la que muchas mujeres carecían. También tenía que ver con causas económicas: las mujeres que trabajaban en fábricas o talleres, se decía, quitaban puestos de trabajo a los varones, y sus salarios, siempre inferiores a los masculinos, apenas compensaban los gastos adicionales que suponía la permanente ausencia del hogar; pero eran los motivos morales los que más pesaban en la condena. Y no solo en la opinión de los sectores eclesiásticos y conservadores; también muchos filántropos de la época temían que el abandono del hogar privara a la mujer de la posibilidad de ejercer su benéfica influencia sobre el marido y los hijos. Aún más temidos eran los peligros que acechaban a las propias mujeres trabajadoras: porque la convivencia entre los dos sexos en las fábricas, los desplazamientos a deshora fuera del hogar, los malos ejemplos y la libertad de lenguaje de sus compañeros de trabajo o, en último extremo —aunque quizá fuera lo más importante—, los intentos de seducción por parte de los patronos aparecían a los ojos de muchos como graves peligros para el recato y la moralidad femeninos.

Preocupaciones morales como las apuntadas fueron precisamente un acicate para la redacción de las primeras leyes sociales en España. Tanto en el proyecto de ley elaborado por la Comisión de Reformas Sociales en 1891 como en la ley de 1900 sobre el trabajo de las mujeres y los niños, la intención moralizadora aparecía con toda claridad: de ahí la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres menores de 18 años o las normas sobre la separación de los sexos en los casos en que el alojamiento dependiera de los propios empresarios. De la moralidad femenina se hablaba en otro artículo de la ley de 1900, en el que se prohibía incluso el trabajo femenino en talleres en los que «se confeccionen escritos, anuncios, grabados, pinturas, emblemas, estampas y demás objetos que, sin estar bajo la acción de las leyes penales, sean de tal naturaleza que puedan herir su moralidad» (artículo 6).

En resumen, como la mujer tenía que realizar trabajos marginales, peor pagados que los del varón, y en muchos casos no bien aceptados socialmente, no es de extrañar que Alejandro San Martín concluyera su informe ante la Comisión de Reformas Sociales afirmando: «Hay seres más desgraciados que el obrero: la mujer y la hija de este». A continuación, el mismo autor añadía una observación de especial interés: como en España aún no se había extendido el trabajo femenino en la Administración o en los servicios públicos, las mujeres estaban divididas en «dos lejanas categorías sociales»: la mujer de dinero y la mujer pobre, sin que existiera una clase o condición intermedia entre los dos extremos. Por fortuna, en las primeras décadas del siglo XX esta situación cambió, o al menos se atenuó, gracias a las nuevas posibilidades que ofrecían los trabajos de oficina o las tareas de enfermería.

Junto con las diferencias legales o laborales, un último aspecto de la desigualdad entre los sexos tenía que ver con las formas de ocupación del espacio y, en especial, del espacio público. Antes de nada, conviene en este punto huir de un cierto estereotipo. Lo mismo que las diferencias en el terreno laboral no se reducen a la dicotomía entre el trabajo doméstico y el trabajo asalariado, tampoco se debe caer ahora en la trampa de distinguir, sin más, entre un espacio público de uso exclusivo por los varones y un espacio privado al que estaban reducidas las mujeres. La división espacial entre los sexos, ha escrito Michelle Perrot, no se limitaba a «la reclusión» de las mujeres. Suponía algo mucho más complejo: una mezcla de exclusiones, de espacios reservados para la mujer, aunque no tuvieran un carácter doméstico en sentido estricto, e incluso de espacios que las mujeres trataban de conquistar, a pesar de la negativa inicial de los varones.

Había, por supuesto, exclusiones reales. No solo desde el punto de vista legal, sino también desde el estrictamente espacial: las mujeres se encontraban fuera de la esfera política; o para ser más precisos, su situación en este ámbito tenía un fuerte carácter contradictorio. Por un lado, resultaba impensable que las mujeres reales aparecieran en el Parlamento (salvo los casos en los que algunas forzaban la vigilancia vestidas de varón) y era excepcional que intervinieran en los mítines o se hicieran visibles en las manifestaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, la mujer se había convertido en el símbolo político por excelencia para diversas corrientes ideológicas. En la España de fin de siglo, las figuras femeninas simbolizaban, entre otras abstracciones, la Libertad, la República, la Revolución Social, el Socialismo o la Anarquía. En la simbología republicana, y más tarde socialista o anarquista, no existía mejor representación del sometimiento del pueblo y la dominación de los privilegiados, o más tarde de la explotación de los patronos, que las mujeres desvalidas, abandonadas en la calle, víctimas del desahucio o de la usura, débiles y enfermas. En el otro extremo del arco político, también los carlistas, a partir de la concepción del movimiento como «una gran familia», otorgaban un papel central en su simbología no solo al pretendiente, sino, además, a la reina consorte y a las infantas. De alguna forma, la sobrerrepresentación simbólica era una compensación ante la exclusión de las mujeres de la actividad política efectiva.

Volviendo a la vida cotidiana, los lugares de la sociabilidad popular eran, salvo excepciones, otro de los espacios de los que las mujeres estaban excluidas. No podían presentarse en las tabernas, el sitio más importante de la sociabilidad masculina, y solo eran admitidas en los cafés si iban acompañadas; su presencia en la calle estaba limitada a determinadas horas y recorridos, de modo que la mujer que paseaba sola, y más aún si lo hacía de noche, quedaba estigmatizada como «mujer pública».

Existían, por fin, espacios reservados para la mujer, a los que no se puede considerar como estrictamente privados. En este caso, las diferencias de clase y condición social representaban un papel decisivo. Los espacios para recibir (la sala o el recibidor), las iglesias y las tiendas eran lugares de sociabilidad para las mujeres de familias acomodadas, o por lo menos de clase media; los espacios comunes de las casas de vecindad (las corralas), o los lugares donde se realizaban tareas domésticas o trabajos eventuales por cuenta ajena, como los lavaderos, eran por su parte los centros de relación para las mujeres de las clases populares, como se puede comprobar mediante la lectura del conocido capítulo «Una visita al Cuarto Estado», de la obra cumbre de Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta.

Lo más importante, de todas formas, en este repaso de los espacios públicos es la mención de aquellos que las mujeres conquistaron, o trataron de conquistar, en las décadas finales del siglo XIX e iniciales del XX. «Salir» es el título de un capítulo dedicado por Michelle Perrot a los intentos por penetrar en territorios de los que tradicionalmente habían estado excluidas. Las diferencias sociales resultan de nuevo extremadamente visibles a la hora de definir tales territorios. Para las mujeres de familias acomodadas, «salir» significaba, sobre todo, dedicarse a las obras de caridad: formar parte de las «juntas de señoras», integrarse en las conferencias de San Vicente de Paúl, socorrer a los heridos o hacer de visitadoras de pobres y enfermos. Que se trataba de una actividad exclusivamente femenina, y de un espacio conquistado por la mujer casi en exclusiva, es algo en lo que hizo hincapié José Moreno Nieto, de nuevo ante la Comisión de Reformas Sociales: «Es muy de notar que rara vez algún individuo de ese sexo que se llama fuerte [...] ejercita por este medio la caridad». En los primeros años del siglo XX, a esas formas de actividad se le sumó el desarrollo de organizaciones religiosas vinculadas con las parroquias, con el fin de combatir los tibios intentos de legislación secularizadora, en las que las mujeres desempeñaron de nuevo un papel decisivo.

Para las mujeres de clase media, en cambio, «salir» significaba sustituir los estudios de música y buenos modales, a la espera del pretendiente adecuado, por el acceso a la enseñanza media, a las escuelas de magisterio o profesionales y, en algún caso especialmente significado, a la educación universitaria. En los años ochenta, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer de Madrid contaba ya con escuelas de Institutrices, Comercio, Correos y Telégrafos, Bellas Artes, Idiomas y Magisterio, en las que se habían matriculado unas 850 alumnas; y en las dos décadas siguientes, el número crecería, aunque no con demasiada rapidez. El aumento fue muy superior en las primeras décadas del siglo XX, en las que las mujeres consiguieron por fin acceder a la universidad. No sin dificultades, por supuesto: todavía en los años noventa del siglo XIX el marqués del Busto se oponía a que las mujeres estudiaran Medicina; y, ya en el siglo XX, Emilia Pardo Bazán tuvo que suspender sus conferencias de la cátedra de Lenguas Neolatinas de la Universidad Central ante la protesta del claustro de profesores y la negativa de los estudiantes a asistir a ellas.

Por último, para las mujeres de familias obreras, «salir» no significaba una novedad especial. Como sabemos, lo habían venido haciendo, desde tiempo atrás, en el servicio doméstico, como costureras, lavanderas o cigarreras; y lo seguirían haciendo, movidas por las dificultades económicas, a pesar de las críticas sociales o de los peligros que, según los biempensantes, las acechaban por dedicarse a tales actividades.

EL RANGO Y LA CLASE

Una visión generalizada, tanto entre los contemporáneos como entre muchos historiadores de la sociedad, tiende a reducir las divisiones sociales en el periodo que nos ocupa a un único esquema: la sociedad de fines del siglo XIX era ya una sociedad de clases de claro carácter dicotómico. A la división entre «el capital» y «el trabajo» se refirieron con frecuencia tanto los redactores del cuestionario como muchos de los informantes ante la Comisión de Reformas Sociales; y, en términos más directos, los principales dirigentes socialistas hablaron en la misma comisión de la burguesía y el proletariado como las dos únicas clases en que estaba dividida la sociedad española. Pero frente a esta imagen dicotómica, en la que las diferencias fundamentales tienen que ver con la posición en el proceso productivo, también encontramos en los textos de la época otras formas de ver la sociedad, que remiten a los privilegios o al estatus social. Basta abrir el Vademécum de la Selecta Sociedad de Madrid, de 1897, para encontrar una definición tradicional de la «alta sociedad» de la capital: la formaban más de 540 aristócratas, además de una veintena de representantes de la nación y otros tantos altos cargos de los distintos ministerios. La lista de organizaciones relevantes en la vida social madrileña respondía al mismo patrón: desde la Diputación Permanente de la Grandeza hasta el Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgo o las Damas Nobles de María Luisa. Y muchos testimonios literarios o periodísticos ponen también de manifiesto que los salones aristocráticos y los teatros eran los lugares que marcaban el tono de la buena sociedad madrileña (y de las principales ciudades del país).

Tal como ha señalado Arno Mayer para la mayoría de los Estados europeos de fines del siglo XIX, la aristocracia era aún la capa social dominante, tanto por sus riquezas (procedentes en la mayoría de los casos de las propiedades agrícolas) como por su presencia en la vida social y política; o si se quiere, lo que dominaba era una «oligarquía» formada por una «simbiosis» entre viejos y nuevos miembros de la aristocracia, altos cargos del ejército y la Administración y destacados dirigentes políticos. Muchos de los cuales, dicho sea de paso, acabaron recibiendo también un título nobiliario como premio por sus servicios a la Corona. No se trataba, por supuesto, de una continuidad absoluta de las formas de predominio social del Antiguo Régimen. Tras la revolución, los nobles perdieron sus derechos jurisdiccionales y los ingresos derivados de ellos (aunque fueron compensados por esas pérdidas); perdieron, además, la seguridad que antes ofrecía la vinculación de los patrimonios; pero, a cambio, conservaron sus tierras, incrementaron gracias a las indemnizaciones sus ingresos y pudieron acceder, aunque no en exclusiva, a la compra de los bienes desamortizados con el fin de redondear su patrimonio. Y, aunque algunas de las grandes casas nobiliarias fueron incapaces de adaptarse a la nueva situación (como los duques de Medina Sidonia o la casa de Osuna, cuya ruina definitiva tuvo lugar precisamente a finales del siglo XIX), otras, en cambio, consiguieron reducir sus deudas, invirtieron en la compra de tierras e incluso, desde comienzos del siglo XX, en nuevos sectores industriales como el vidrio, la electricidad, la construcción de maquinaria, la industria química o el transporte. A pesar de ello, durante el primer tercio del siglo XX la riqueza de las familias nobles correspondía sobre todo a sus patrimonios rústicos, especialmente en las tradicionales provincias latifundistas del sur, donde el cultivo seguía estando en manos de arrendatarios o administradores. De hecho, de acuerdo con los estudios previos a la reforma agraria de la Segunda República, los 99 Grandes de España eran propietarios de medio millón de hectáreas.

Quizá lo más importante fue la aparición de una nueva nobleza y su progresiva integración (a través de matrimonios o de su participación en inversiones y actividades económicas) en las redes nobiliarias. Al millar de títulos existentes en 1834 se sumaron más de 400 concedidos por Isabel II y, más tarde, los casi 300 del periodo de la Restauración, que recibieron financieros, industriales, grandes comerciantes con Cuba, altos funcionarios y destacados dirigentes políticos. Ya en el siglo XX, a esas concesiones hay que añadir los 228 títulos nuevos y 322 rehabilitados durante el reinado de Alfonso XIII. De forma que, en 1930, más de la mitad de la nobleza procedía de los 100 años anteriores y una cuarta parte había logrado sus títulos en el primer tercio del siglo XX.

¿Qué sentido tenía recibir y, sobre todo, aspirar a un título nobiliario en estas fechas? Por supuesto, la aristocracia, vieja o nueva, ya no disfrutaba de los privilegios anteriores, ni los ennoblecidos más recientes podían presumir de la antigüedad de su linaje. Por esta razón, a veces se ha considerado que el título era a lo sumo un adorno, un simple motivo de prestigio social dentro de una sociedad dominada por la nueva clase de los propietarios de tierras, nobles o plebeyos. La aristocracia, de acuerdo con esta formulación, se había integrado finalmente en una sociedad predominantemente burguesa. Sin embargo, esta versión no explica los deseos de ennoblecimiento, ni los intentos de vincularse con las redes nobiliarias, tan habituales en los siglos XIX y XX. Quizá sea más fácil entender la situación si recordamos las formulaciones de Max Weber sobre el papel de los grupos de estatus en la estructuración de las sociedades tradicionales o, como el caso español, de las sociedades en transición hacia la modernidad. En el caso español, como ha explicado Carlos Moya, la vinculación directa con la Corona o las relaciones estrechas con la élite suministraban reconocimiento social, aumentaban la «capacidad personal de gestión política y cortesana de los propios intereses económicos» y permitían el ingreso en la «intrincada red de relaciones personales de tipo aristocrático estamental que vinculan al rey con esa aristocratizante oligarquía». En una sociedad en la que los mitos y valores de procedencia nobiliaria seguían teniendo una notable vigencia, muy superior a la de la mentalidad burguesa (como explicó, por su parte, José María Jover), el acceso a quienes mantenían esos valores y pautas de vida fue un factor crucial a la hora de entender la satisfacción que suponía el ennoblecimiento.

Aun así, no se trataba solo de valores y formas de vida. Durante la Restauración, los nobles tenían fácil acceso a cargos públicos: en concreto, a la condición de senador por derecho propio o con carácter vitalicio (en 1916, más de un tercio de los senadores poseían títulos), pero también a altos cargos ministeriales (en ese mismo periodo, 10 ministros de Justicia, 12 de Fomento y 13 de Asuntos Exteriores eran nobles), al cuerpo diplomático (un 30 por ciento de los puestos de embajador) o a los altos cargos de la Casa Real. Prueba de la visibilidad e importancia de la nobleza fue el hecho de que en el Gabinete encabezado por el almirante Aznar, que fue el último Gobierno de la monarquía, eran ministros cinco nobles, además de dos generales y tres profesionales de la alta burguesía.

Por debajo de esa aristocracia nueva o vieja, tanto en prestigio social como en poder y riqueza, la alta burguesía de los negocios (banca, ferrocarriles, navieras, negocios coloniales), industrial (textil, industrias derivadas de la agricultura o nuevas industrias, en especial siderometalúrgica, de construcción naval o eléctrica) y los grandes propietarios de tierras eran en su mayoría aspirantes a ser admitidos en dicha élite nobiliaria. Es verdad que, como ha señalado Tuñón de Lara, algunos sectores burgueses, a los que definió como «la otra burguesía» —sobre todo, catalanes, vascos y asturianos—, no se integraron en dicha élite e incluso se enfrentaron con los poseedores tradicionales del poder. Sumando todos esos grupos, y si nos guiamos por los datos fiscales, en la década de 1890 más de 100.000 contribuyentes con haberes superiores a 1.250 pesetas al año podían quedar incluidos en una peculiar «clase alta», que solo se definirá claramente como burguesa en el siglo XX, tras la aparición de los primeros conflictos sociales de envergadura y la organización de entidades patronales en defensa de sus intereses.

Unos 2 millones de personas formarían a su vez una especie de clase media («la que se halla entre las nobles y ricas y la de los que viven de jornal», según la definición acuñada por el Diccionario de la Real Academia Española [DRAE] en su edición de 1884), con haberes entre 750 y 1.250 pesetas anuales. Del resto de la población española de fines del siglo XIX, unos 4 millones y medio de personas, cuyos ingresos estaban por debajo de esa cifra, podrían quedar incluidos en las clases bajas, aunque ellos quizá se definirían mejor como «el pueblo». Por último, casi 5 millones de individuos, que ni siquiera contaban con cédula personal, deberían ser considerados —al menos, de acuerdo con la división social elaborada por Martínez Cuadrado— como miembros de las clases excluidas.

Una revisión de las distintas acepciones recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española servirá quizá para descubrir la forma en que estos conjuntos sociales se veían a sí mismos. En la edición de 1884 fue donde por fin aparecieron las definiciones modernas de los términos que se referían a estas categorías sociales. Además de «natural o habitante de un burgo» o «perteneciente al burgo», el burgués era también el «ciudadano de la clase media» y la burguesía el «cuerpo o conjunto de burgueses o ciudadanos de la clase media». Por proletario se podía entender ya al «individuo de la clase indigente», aunque esta era la cuarta acepción e iba precedida por la vieja definición a partir de las listas vecinales, por la referencia al significado del término en la antigua Roma e incluso por un sentido figurado claramente peyorativo («Plebeyo, vulgar»). Por eso, las definiciones sociológicas más próximas a nuestra visión actual de estos términos corresponden al siglo XX: en 1914 apareció por primera vez el genérico proletariado («clase social constituida por los proletarios») y fue en los años veinte cuando una definición de burgués adecuada al «lenguaje de clase» (como «Ciudadano de la clase media, acomodada u opulenta. Úsese comúnmente en contraposición a proletario») consiguió la primacía frente a las acepciones tradicionales. Si aceptamos que el Diccionario de la Real Academia Española es un buen indicador —aunque quizá un poco tardío— de las concepciones sobre la sociedad y las divisiones sociales de cada periodo histórico, podemos concluir que el lenguaje de clase al que estamos acostumbrados solo se configuró en las primeras décadas del siglo XX.

Antes, en cambio, la referencia al «pueblo» estaba más generalizada que las definiciones de clase; entendiendo por «pueblo» (de nuevo según el Diccionario de la Real Academia Española) a la «gente común o plebe» y por esta última al «estado llano, el común de los habitantes del pueblo, con excepción de los que tienen algún cargo, empleo, privilegio, etcétera». Definido como el conjunto de individuos que trabajaban, pero no tenían derecho a voto, al menos hasta la ley de 1890 sobre el sufragio universal, el «pueblo» funcionaba en la mentalidad social, y desde luego en la propaganda republicana, como lo opuesto a los privilegiados. La ampliación del derecho de sufragio a partir de esa fecha colocó de nuevo al pueblo en el primer plano de la vida política y social. Y los populismos —el lerrouxismo en Barcelona, el blasquismo en Valencia— fueron los principales movilizadores y, al tiempo, los beneficiarios políticos de esa movilización popular.

Podían sentirse miembros del «pueblo» los pequeños propietarios que normalmente cultivaban tierras de ínfimas dimensiones, en muchos casos inferiores a una hectárea, gracias a la ayuda familiar o con un número limitado de jornaleros en los momentos de la cosecha. También formaban parte del pueblo los arrendatarios, aparceros o trabajadores asalariados. Las diferencias sociales en relación con los grandes propietarios de las zonas de predominio de la gran propiedad latifundista eran muy notables: de acuerdo con los datos de la contribución rústica, recogidos por Miguel Martínez Cuadrado, en la década de 1880 el 4 por ciento de los propietarios contribuyentes (unos 165.000 individuos) retenía casi el 50 por ciento de las rentas de las tierras; por su parte, un 25 por ciento de propietarios medios (algo más de 1 millón de personas) absorbía el 35 por ciento de dicha renta; y, por fin, el 71 por ciento restante (casi 3 millones de trabajadores del campo) tenía que conformarse con el 15,5 por ciento.

La desigualdad no se redujo con el paso del tiempo, sino que se mantuvo e incluso puede que se acentuase. A comienzos del siglo XX, la condición de los jornaleros agrícolas, en especial en las zonas de latifundio del mediodía de España, parece haberse deteriorado considerablemente, de forma que se extendió entre ellos un malestar de claro carácter clasista. Así lo expresaron varios informantes en uno de los concursos antes mencionados, el dedicado a «El problema agrario en el Mediodía de España. Conclusiones para armonizar los intereses de propietarios y obreros. Medios de aumentar la producción del suelo». De acuerdo con los informes publicados tras ese concurso, los lazos paternalistas que aún parecían perdurar en los años ochenta, según los testimonios de la Comisión de Reformas Sociales, se estaban convirtiendo en el «odio que existe entre el patrón y el obrero agrícola» (Fuentes Cumplido) o en la «justificada lucha entablada entre clases» (Quevedo y García-Lomas). No podía por menos de ocurrir así, si damos por buena la descripción del propio Quevedo sobre la situación de este sector de la población: «El jornalero andaluz tiene el trabajo más irregular de todos los obreros de España [de 150 a 200 días al año]; tiene el jornal más escaso de todos los obreros agrícolas de Europa; y es el obrero más desprovisto de recursos supletorios a su jornal de todos los obreros del Planeta».

A comienzos de la década de 1930, los propietarios y labradores por cuenta propia representaban, aproximadamente, el 41,8 por ciento del total de la población activa en el campo, mientras que los arrendatarios y aparceros eran el 13,8 por ciento y los jornaleros sin tierras suponían un 44,1 por ciento. Permanecían enormes desigualdades, como demuestra el hecho de que los grandes terratenientes del sur del país, de 12.000 a 13.000 personas, que pagaban a Hacienda más de 5.000 pesetas anuales y representaban menos del 1 por ciento del total de propietarios, absorbían el 42 por ciento de la riqueza catastrada, según el ingeniero agrónomo Pascual Carrión. La siguiente capa estaba formada por unos 72.000 propietarios que pagaban entre 1.000 y 5.000 pesetas al año. Frente a ellos, la situación de los propietarios medios o pequeños que no empleaban fuerza de trabajo ajena, sino que subsistían gracias a su actividad productiva, así como la de los arrendatarios y aparceros, respondía a la categoría de la autoexplotación. Por fin los casi 2 millones de jornaleros sin tierras formaban un auténtico proletariado rural, cuya condición no había mejorado desde comienzos del siglo. De ellos, solo un porcentaje reducido tenía trabajo de forma permanente: en los años treinta, en las provincias andaluzas, eran un tercio, aproximadamente, de los trabajadores por cuenta ajena (280.000, en números redondos), mientras que casi medio millón eran trabajadores eventuales, cuyos jornales estaban claramente por debajo de los salarios de los trabajadores urbanos y algo más de 100.000 se encontraban en paro.

Si pasamos del campo a la ciudad, y más en concreto de la población campesina a la ocupada en los sectores secundario (en 1900, en torno a un 16 por ciento) y terciario (en la misma fecha, casi un 18 por ciento), nos encontraremos con que la diversidad de sus condiciones, el reducido tamaño de los talleres y fábricas, el predominio de las formas tradicionales de trabajo e incluso la vinculación con las viejas visiones gremiales dificultan el hecho de considerar a tal conglomerado como una clase obrera unificada. Esta diferencia fundamental separaba a los obreros llamados «de artes y oficios» en los censos de finales del siglo XIX y a los que más propiamente podemos considerar como trabajadores fabriles (que aparecen en los censos como trabajadores de «la industria fabril, minera y derivados»). Del millón de individuos incluidos en el sector secundario hasta 1910, en 1887 más de 800.000 figuraban en «artes y oficios», es decir, casi el cuádruple de los obreros de la industria (algo menos de 250.000), y estaban ocupados en los sectores tradicionales que producían bienes de consumo directo; en cambio, los obreros industriales se dedicaban al textil, la metalurgia, la minería o la industria química, y ya en el siglo XX a la industria eléctrica. En este siglo, hubo un importante crecimiento numérico, de forma que, en el censo de 1930, la cifra global superaba los 2 millones y medio de trabajadores, buena parte de los cuales seguían trabajando en los mismos sectores tradicionales, en especial en la construcción, la confección, la madera y el mueble o la alimentación.

Un examen de las dimensiones de los centros productivos pone también de manifiesto el peso de las formas tradicionales de producción en pleno siglo XX. En Cataluña, el foco industrial más antiguo y desarrollado, la mitad de los trabajadores seguían empleados en 1920 en empresas muy pequeñas; mientras que en Madrid, aunque había empresas con más de 100 e incluso de 500 obreros, todavía en 1930 la media de trabajadores por patrón no superaba los 10 en la alimentación y la pequeña metalurgia y los 5, en la confección. De todos modos, aunque las fábricas y los talleres eran en general de pequeñas dimensiones, tanto las relaciones laborales como el sistema productivo, o incluso los ingresos de los trabajadores, eran notablemente diferentes. De todos modos, con el tiempo se fueron aproximando, gracias a la introducción de maquinaria, a la acción uniformizadora de la legislación y a la lucha de los sindicatos por conseguir condiciones parecidas en cada oficio e incluso entre los diferentes oficios.

EL MOVIMIENTO OBRERO Y LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Hasta la aprobación de la Ley de Asociaciones en 1887, se vivió una situación de tolerancia de hecho en relación con las asociaciones o «sociedades obreras», para utilizar el término más frecuente en la época. Únicamente las «sociedades dedicadas a objetos conocidamente benéficos, científicos o literarios, y los círculos o casinos de puro recreo» contaban con un estatuto legal claramente definido por el Decreto Ley del 7 de febrero de 1875; las demás asociaciones dependían de la benevolencia de los gobernadores civiles. Pese a lo cual, en vísperas de la aprobación de la ley de 1887, una estadística del Ministerio de Gobernación reconoció que existían varios centenares de sociedades de socorros mutuos (en concreto, 664 sociedades, algo más del 20 por ciento del total de 3.108 asociaciones registradas), además de 80 cooperativas y 43 sociedades definidas sin mayor especificación como «obreras», lo que probablemente significaba «sociedades de resistencia». En cambio, 17 años después de la promulgación de dicha ley, dos estadísticas del recién creado Instituto de Reformas Sociales reflejaban ya el notable incremento del fenómeno asociativo. En 1904 existían —de acuerdo con la estadística sobre instituciones de previsión y ahorro— por lo menos 1.691 sociedades de socorros mutuos con más de 350.000 afiliados, de las cuales 309 eran sociedades exclusivamente obreras, con unos 85.000 miembros. En una segunda estadística dedicada específicamente al mundo obrero, aparecían un total de 1.147 «sociedades para mejorar las condiciones de trabajo», con 171.731 asociados, además de los integrados en asociaciones católicas (31.957 miembros), cooperativas (18.220) o sociedades políticas (12.202), mientras que las asociaciones instructivo-recreativas y musicales —las más nutridas en anteriores recuentos— solo reunían a 29.669 afiliados.

No se puede precisar con exactitud cuántas de esas sociedades de resistencia correspondían a cada sector productivo, dado que en muchas ocasiones una única asociación agrupaba a trabajadores de los más diversos oficios. Un balance aproximado refleja, al menos, el escaso nivel de afiliación en el sector primario, con poco más de 20.000 miembros, así como en el terciario, en el que las sociedades de transporte y el comercio, que incluían a menos de 20.000 socios, y una escuálida sociedad de profesionales liberales eran todo lo que se podía encontrar. Por lo tanto, el sector secundario era el que alcanzaba las tasas más altas de afiliación. Dentro de él, los oficios tradicionales resultaban mucho más importantes que las ramas de producción modernas: frente a 250 sociedades de la edificación (con casi 40.000 socios), a 92 sociedades en el vestido y tocado (casi 9.000) o a 61 sociedades en la alimentación (cerca de 8.000), las actividades metalúrgicas solo contaban con 67 asociaciones (menos de 10.000 miembros), las industrias textiles, con 38 (menos de 5.000) y la minería, con 11 (poco más de 1.000). Lo cual resulta coherente con la composición global del sector secundario, en el que los llamados «obreros de artes y oficios» aún superaban con mucho, como ya sabemos, el número de trabajadores industriales; pero también responde a la mayor propensión a la sindicación de aquellos frente a estos.

Lo que, en todo caso, merece una especial consideración es la importancia numérica de las sociedades no integradas en las federaciones sindicales «de clase». La Unión General de Trabajadores, cuyos datos fueron siempre muy precisos, contaba en octubre de 1904 con 55.817 afiliados, cantidad que ascendió ligeramente en los meses siguientes (56.905 en febrero de 1905), para bajar de forma brusca a continuación. Por su parte, la cifra más optimista sobre la afiliación a organizaciones libertarias —que, normalmente, se negaban a inscribirse en el Registro Civil, y por ello no han dejado casi huellas en las estadísticas oficiales— se refería a 25.800 miembros a mediados de la década de 1890. Aunque el cálculo no sea muy refinado, la suma de ambas cifras no representa ni la mitad de los afiliados a las sociedades de resistencia que aparecían en las estadísticas del Instituto de Reformas Sociales (IRS). Los mismos socialistas reconocieron implícitamente esta situación en una encuesta publicada por La Revista Socialista a lo largo de 1903: en ella, junto con las sociedades vinculadas con la UGT o integradas en la Federación de Sociedades de Resistencia, de corte libertario, se citaban otras influidas por los republicanos, o «dominadas por los elementos católicos», así como un gran número de asociaciones «indefinidas» o «neutras». Una de esas organizaciones, la Federación de Trabajadores Agrícolas de la Región Española, vinculada en aquel momento con el Partido Republicano Federal, contaba en 1893 con más de 25.000 afiliados.

Al crecimiento de las asociaciones obreras se le suele asociar el surgimiento y la expansión de la huelga como forma predominante de acción. En ese crecimiento se encuentran las razones principales del éxito de esta forma de conflicto social, que llevó a que las huelgas, las manifestaciones y otras formas del «nuevo repertorio de acción colectiva» acabaran reemplazando al «repertorio tradicional» (de acuerdo con la conocida diferenciación acuñada por Charles Tilly). Es verdad que la sustitución no se produjo de golpe. El surgimiento del nuevo repertorio no significó la inmediata desaparición de su predecesor; entre otras razones, porque se necesitaba un aprendizaje previo de aquel. De ahí la pervivencia en todos los países europeos, incluso a fines del siglo XIX, de las formas antiguas al lado de los nuevos medios de acción colectiva que solo paulatinamente se convirtieron en hegemónicos.

En España, las décadas finales del siglo XIX dieron fe de esa coexistencia; incluso se puede hablar de un cierto predominio en esas fechas de las formas tradicionales de protesta, como los motines de subsistencia o las acciones violentas contra los consumos, a las que estaban más habituados quienes deseaban expresar su malestar. Sean cuales fueran sus objetivos, lo cierto es que los amotinamientos proliferaron en la España finisecular. No eran respuestas promovidas por asociaciones o partidos; tampoco reflejaban actitudes políticas claramente definidas, ni en la mayoría de los casos tuvieron ninguna conexión con las todavía débiles organizaciones obreras. Pese a ello, fueron un fiel reflejo del malestar popular ante las nuevas exigencias fiscales o frente a la elevación injustificada de los precios de los artículos alimenticios. En el caso de los consumos, en el periodo que va desde el restablecimiento en 1874 de este impuesto hasta las campañas emprendidas a comienzos del siglo XX por la izquierda para conseguir su desaparición, los ataques contra los agentes recaudadores o las protestas contra los recargos establecidos por las autoridades municipales provocaron en numerosas ocasiones graves alteraciones del orden. Una fecha clave fue 1892: durante los meses de julio y agosto de ese año, los conflictos afectaron al menos a 24 provincias y tuvieron lugar tanto en pequeñas poblaciones rurales como en las principales ciudades. En la mayoría de las ocasiones, la protesta se manifestó en el mercado o ante los edificios municipales, por medio de concentraciones y amotinamientos de corta duración (no más de dos o tres días); pero en algunos casos tomó ya la nueva forma de la huelga o combinó rasgos antiguos con otros más modernos.

Las reacciones multitudinarias contra el impuesto se reprodujeron en 1897, en especial en localidades asturianas como Mieres, Oviedo, Gijón o Trubia. Un año después, una oleada de motines en los que se reclamaba «pan barato» o se enarbolaba la consigna de «¡Abajo los consumos!» se extendió durante la primera quincena de mayo por más de 60 localidades de León, las dos Castillas, Andalucía, Extremadura, Levante y Murcia. Afectó sobre todo a pequeñas ciudades, vinculadas todavía con las tareas agrícolas, en las que los amotinamientos tuvieron lugar en los puntos de llegada o partida de las subsistencias, ante los almacenes de los acaparadores o frente a los edificios públicos y los fielatos de consumo. Al tiempo, en diversos núcleos mineros de Asturias, Andalucía o Murcia, multitudes de trabajadores se enfrentaron violentamente a las fuerzas de orden público, con el resultado de algunos muertos —en localidades como Portmán, Linares o Gijón—, «muchísimos heridos» y un alto número de detenidos. Bien es verdad que en este caso ya no eran solo los precios o los impuestos los que provocaron la protesta, sino también los salarios o las actividades comerciales de las cantinas y tiendas de las empresas mineras.

Todavía en los primeros años del siglo XX —en especial en 1904 y 1905— fueron frecuentes los tumultos y amotinamientos contra los impuestos y los precios. En esta última fecha, las organizaciones obreras, sobre todo la UGT, que declaró —aunque sin mucho éxito— una huelga general en el mes de julio, intentaron dirigir el malestar popular; pero lo habitual seguía siendo que las protestas se produjeran al margen de toda organización, de acuerdo con pautas tradicionales de las que aún se encuentran testimonios en los motines contra las panaderías que estallaron en Madrid en 1907 y 1914.

Aunque en el terreno de las definiciones es fácil diferenciar estas protestas tradicionales de las huelgas, en la práctica no siempre se puede trazar una rígida separación entre unas y otras. Para pasar de las formas tradicionales de acción a las que correspondían al nuevo repertorio se requería un proceso de aprendizaje sobre la forma de poner en práctica la nueva arma de lucha. A mediados de los años ochenta en amplias zonas del país los trabajadores aún no habían hecho uso de esas nuevas formas de acción. Si damos crédito a los informes ante la Comisión de Reformas Sociales (CRS), en tal situación se hallaban las dos Castillas, Extremadura, León y Navarra. Las causas podían encontrarse, de acuerdo con dichos informes, en la ausencia de grandes concentraciones obreras, la división de la tierra en pequeñas propiedades, el «carácter dócil y pacífico» y la frugalidad de los trabajadores, o incluso la pervivencia de sentimientos religiosos y la consideración del trabajo como «una ley impuesta por Dios a los hombres» y no como un sacrificio o una imposición de los poderosos; pero también podía pensarse que si, a pesar de las malas condiciones de trabajo, los obreros no habían utilizado el arma de la huelga en gran parte del país era porque aún no estaban suficientemente familiarizados con esta nueva forma de presión sobre sus patronos.

En otras localidades, en cambio, la existencia de alguna industria, una mayor concentración de obreros de distintos oficios o una actitud menos fatalista de los trabajadores habían dado lugar a conflictos huelguísticos durante los diez primeros años de la Restauración. Sin embargo, se trataba todavía de acontecimientos excepcionales: dos huelgas entre los obreros de la fabricación de mantas de Palencia, tres conflictos en las fundiciones de plomo o hierro de Linares, dos huelgas mineras en Asturias (una en la cuenca de Langreo y otra en la de Mieres), otras dos en Vizcaya, tres huelgas —de panaderos, toneleros y segadores— en Jerez de la Frontera, etcétera. Todas ellas de «escasa importancia» y «poca transcendencia», como explicaban otros informes de la CRS; es decir, de reducidas dimensiones y limitada duración, en gran medida como resultado de la inexistencia, o al menos de la debilidad, de las organizaciones obreras dispuestas a declararlas; todas también pacíficas, con escasas detenciones (solo se mencionan detenidos en Jerez de la Frontera) y prácticamente sin enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden.

Solo en algunas zonas de alta concentración obrera, en especial en las principales ciudades del país, las huelgas habían perdido en los años ochenta su carácter excepcional para convertirse en una realidad recurrente. De acuerdo con los datos recogidos en la prensa por la profesora Mercedes Gutiérrez para los años de 1881 a 1888, más de una tercera parte de las 160 huelgas de las que hay constancia (en concreto, 56) se produjeron en Barcelona; si a ellas sumamos las que tuvieron lugar en Valencia (20) y en Madrid (16), la proporción se acerca al 60 por ciento. De todos estos conflictos, fue el desencadenado por los tipógrafos madrileños en 1882 el que marcó la pauta para el desarrollo posterior de la actividad huelguística; al menos desde la óptica de los socialistas, para quienes la «épica huelga» tipográfica se convirtió en el modelo que había que seguir en los enfrentamientos con los patronos. Bajo el impulso del triunfo de los tipógrafos, desde mediados de los años ochenta el número de conflictos aumentó de forma bien notable. Si entre 1881 y 1885 no se pasaba de una treintena de huelgas por año, de 1886 a 1889 la media anual superó las 60, de acuerdo con los datos recogidos por Michel Ralle. El foco principal seguía siendo Cataluña, con más de la mitad de los conflictos; pero la acción huelguística se fue extendiendo por el país, de manera que los paros afectaron a más de 30 provincias. Nuevos oficios se incorporaron a la lista, aunque todavía los tejedores, los tipógrafos, los toneleros y los albañiles fueran los más activos.

De todas formas, el impulso fundamental se produjo como consecuencia de las celebraciones del Primero de Mayo en 1890 y en 1891. No solo por el aumento espectacular en el número de huelgas (267 en 1890, 201 en 1891), sino también por la mayor expansión territorial y la progresiva disminución de la importancia de Cataluña en la distribución geográfica de la conflictividad. Durante los primeros años de la década, en todas las provincias españolas se declaró al menos una huelga; ciudades como Bilbao, Valencia, Madrid, Málaga, Alicante o Sevilla se convirtieron en focos huelguísticos de igual o superior importancia que las capitales catalanas; y junto con el textil y los oficios que habían protagonizado los conflictos de la década anterior, el número de huelgas declaradas por los mineros se multiplicó por cuatro, mientras que sectores antes inactivos, como los trabajadores agrícolas, se sumaron también a la nueva forma de acción. Se había producido, en suma, una generalización de la huelga como instrumento de presión. La continuidad de este proceso en el siglo XX quedó reflejada en las Estadísticas de huelgas, elaboradas a partir de 1904 por el Instituto de Reformas Sociales. Baste señalar que, desde 1905 hasta el estallido de la I Guerra Mundial, solo hubo un año en el que el número de conflictos laborales registrados por el IRS bajó del centenar.

En el aprendizaje y la expansión de los movimientos huelguísticos desempeñaron sin duda un papel relevante las asociaciones obreras. Aunque, para ser más precisos, quizá habría que hablar de dos papeles diferentes, no claramente compatibles: de estímulo, en unos casos, y de freno en otros de los conflictos obreros. Para la declaración y el desarrollo de una huelga era necesario contar al menos con una mínima estructura organizativa, algo de lo que no solo eran conscientes los líderes obreros, sino también muchos trabajadores. De acuerdo con sus apreciaciones, y aunque no se dispone de información detallada para las décadas finales del siglo XIX, puede afirmarse que la mayor parte de las huelgas fueron promovidas por una asociación del oficio correspondiente o al menos tuvieron el respaldo de alguna. Ya en nuestro siglo, los datos más precisos del Instituto de Reformas Sociales reflejan que en el 80 por ciento de los casos los huelguistas estaban integrados en sociedades de resistencia.

De ahí la importancia de las organizaciones obreras a la hora de analizar estos conflictos. De las dos corrientes básicas del movimiento obrero español, los anarquistas fueron inicialmente el sector más importante. Frente a la forma inicial de organización, introducida en España durante el Sexenio Democrático y que culminó con la creación de la Federación Española de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), el Congreso Anarquista Internacional celebrado en Londres a comienzos de los años ochenta dio carta de naturaleza a un cambio sustancial en el planteamiento estratégico de la corriente libertaria. Sus resoluciones se refirieron a la necesidad de «añadir a la propaganda oral y por escrito la propaganda por el hecho», al tiempo que proclamaban que la lucha ilegal era el «único camino para llegar a la revolución». Se abría así una nueva etapa en la historia del anarquismo, en la que los grupos autónomos y secretos y los actos terroristas acabaron desplazando a las organizaciones de masas y las huelgas del periodo precedente. Es verdad que el cambio no fue inmediato. De hecho, en el mismo año 1881, aprovechando la llegada de Sagasta al Gobierno y el nuevo clima de tolerancia al que dio lugar, un Congreso abierto a todas las sociedades obreras españolas aprobó la creación de una Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), dirigida desde el primer momento por los mismos líderes del sector sindicalista catalán que se habían opuesto a las propuestas insurreccionalistas del Congreso de Londres. La nueva organización se presentaba como heredera de la Federación Regional Española de la AIT, en concreto como continuadora de la etapa anarcosindicalista de esta última, incluso con un mayor grado de moderación.

En un primer momento, el crecimiento de la FTRE tuvo algo de espectacular: subió «como la espuma», diría Lorenzo, para añadir a continuación que «con la misma facilidad corrió a la decadencia». De hecho, en 1883 comenzaba una larga crisis, provocada en parte por la represión gubernativa, pero también por las disidencias entre los partidarios de la acción legal y los defensores de la vida clandestina y los actos insurreccionales. El resultado final fue la liquidación de esta organización en 1888, sustituida por dos entidades separadas con el fin de hacer frente a los dos tipos de objetivos que hasta entonces había asumido la federación: la primera de ellas se ocuparía en exclusiva de la resistencia frente a los patronos, es decir, de la acción sindical en sentido estricto; la segunda, en cambio, estaría dedicada únicamente a la difusión de las ideas y a la preparación del cambio revolucionario.

A partir de ese momento, y aunque en ocasiones estuvieron involucrados en actos terroristas, la actividad fundamental de los núcleos anarquistas fue la propaganda escrita. Entre 1888 y 1898 publicaron, además de numerosos libros y folletos, en torno a 45 periódicos anarquistas, de muy diverso carácter, e incluso aparecieron las primeras revistas teóricas, como Ciencia Social o la Revista Blanca; pero a fines de siglo la sensación de crisis estaba muy extendida entre los propios anarquistas. Ya en el siglo XX, después de 20 años de atentados terroristas, inestabilidad organizativa y dura represión, la creación de Solidaridad Obrera y más tarde de la Confederación Nacional del Trabajo (1910) ayudaron a este sector a tener de nuevo presencia sindical y capacidad para la movilización de masas. Sus éxitos de afiliación, hasta llegar a los 700.000 afiliados que estuvieron representados en el Congreso de la Comedia (1919), o a más del medio millón que participó en 1931 en el Congreso del Conservatorio, y el alto grado de combatividad la convirtieron en la organización obrera más importante de las primeras décadas del siglo XX. En sus actitudes, predominó el apoliticismo y la defensa de la llamada «acción directa», es decir, del enfrentamiento directo y sin intermediarios con los patronos para la defensa de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores.

Por su parte, los socialistas procedentes del pequeño núcleo de la Nueva Federación Madrileña que se opuso al sector mayoritario de la Federación Regional Española de la AIT y defendió frente a ellos la acción política se decidieron en 1879 a fundar un partido obrero. De acuerdo con el programa aprobado en esa ocasión, sus objetivos eran la transformación revolucionaria de la sociedad a través de la «posesión del poder político por la clase trabajadora» y de la conversión de la propiedad individual en «propiedad social o de la sociedad entera». En concordancia con este planteamiento, la actuación política del partido se caracterizaría por la más absoluta separación respecto a la que llevaban a cabo los partidos definidos como «burgueses», «desde el más avanzado hasta el más retrógrado».

El paso siguiente fue la creación de una federación sindical, aprovechando la promulgación de la Ley de Asociaciones en 1887. Fue en Barcelona donde se celebró un congreso nacional de sociedades de resistencia, en agosto de 1888, con la participación de 25 delegados, que representaban a 47 sociedades y 5.154 trabajadores (tres cuartas partes de los cuales eran catalanes). La cifra no resultaba muy esperanzadora, en especial si se compara con el número de afiliados con que había contado la FTRE en sus años de esplendor; no obstante, del congreso saldría una nueva organización, la Unión General de Trabajadores (UGT), destinada a una vida más larga que su competidora en aquel momento.

Los organizadores de la UGT rehuyeron toda definición ideológica o política y presentaron la nueva federación como una organización autónoma, abierta a todas las sociedades y federaciones de oficio que estuvieran interesadas en «mejorar las condiciones del trabajo», siempre que sus medios de acción se ajustaran a las tácticas moderadas; es decir, siempre que utilizaran «la huelga bien organizada», unida a la reclamación a los poderes públicos de «cuantas leyes favorezcan los intereses del trabajo». Una estructura fuertemente centralizada, en la que se otorgaba al Comité Nacional la decisión sobre la oportunidad y adecuación de las huelgas —y, por tanto, sobre la concesión o no de ayuda a los huelguistas—, era el instrumento fundamental para asegurar el respeto a esta estrategia.

La salida a la luz pública del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en un congreso celebrado una semana después del que dio origen a la Unión General de Trabajadores, completó la organización del sector y dio comienzo a una nueva etapa en la actividad política y sindical de la corriente socialista. Las dos entidades, partido y central sindical, se habían definido como independientes; y los congresos que celebró la UGT durante la siguiente década trataron de reforzar esa imagen, rechazando las propuestas de apoyo explícito a las actividades electorales del partido. Pese a lo cual, el origen común y las estrechas vinculaciones entre los dirigentes de ambos organismos, así como el destacado papel de los socialistas en la organización de nuevas sociedades de oficio y la actuación conjunta en los actos de los sucesivos Primeros de Mayo, contribuyeron a que el sindicato y el partido fueran considerados por partidarios y adversarios como los «dos brazos» de un único movimiento. De un movimiento que en los años noventa crecía con suma lentitud, como ponen de relieve tanto los resultados electorales como las cifras de afiliación sindical.

El traslado a Madrid del Comité Nacional, acordado en el congreso de 1899, tuvo consecuencias positivas a corto plazo. En septiembre de ese año, la Unión General de Trabajadores contaba ya con más de 15.000 afiliados; esta rápida progresión siguió hasta 1905, con 56.905 miembros, integrados en 373 secciones. Bien es verdad que, como contrapartida, la UGT se alejaba de la región más industrializada del país y se convertía en una organización en gran medida madrileña: en marzo de 1900, el 70 por ciento de los afiliados estaban radicados en Madrid; y, aunque en los años siguientes disminuyó este porcentaje, durante toda la primera década del siglo más de una tercera parte de los miembros de la UGT pertenecían a las sociedades obreras de la capital. Como estos afiliados eran habitualmente obreros de oficios tradicionales poco afectados por la industrialización y sus condiciones de vida solían ser mejores que las de los trabajadores mineros o siderúrgicos de los otros dos focos principales de la organización (Bilbao y Asturias), la consecuencia última fue el reforzamiento de las posiciones moderadas de la dirección sindical, a cuya cabeza se encontraba ya Pablo Iglesias, frente a las actitudes radicales que habían aparecido en esas otras zonas.

Tras la huelga general de 1917 contra la carestía de la vida, en la que participaron las dos grandes centrales sindicales, de nuevo en las relaciones entre ellas primó el conflicto sobre la colaboración. La UGT acabó adoptando una declaración de principios de claro contenido socialista y abandonando su neutralidad anterior. Al tiempo, logró una mayor diversificación geográfica y sociolaboral, gracias al ingreso de trabajadores del campo andaluces, extremeños o levantinos y de asalariados del sector servicios. El sindicalismo de gestión que la caracterizaba favoreció la aparición de sólidas estructuras que combinaban la presión sobre los patronos por medio de la «huelga bien organizada» con la negociación con los empresarios y con el Gobierno, de lo que fue el mejor ejemplo la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera.

Por fin, al comienzo del periodo republicano, la UGT logró de nuevo un notable incremento, hasta llegar a los 400.000 miembros, buena parte de los cuales eran jornaleros de reciente ingreso en la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Fue precisamente a esta nueva afiliación a la que correspondieron las actitudes más radicales del periodo republicano.

LA CULTURA

Ignacio Peiró

Entre 1875 y 1939, la cultura en España se define por el concepto matriz de cultura nacional española y por dos momentos axiales, suerte de parteluces cronológicos que establecen tanto coyunturas de internacionalización como procesos de institucionalización colectiva y espacios interiores de metamorfosis individuales. El primero de estos momentos llegó con la Gran Guerra y el protagonismo adquirido por los científicos e intelectuales que habían abierto nuevos caminos y establecido sus disidencias con el sistema restauracionista desde principios del Novecientos. El segundo periodo estará marcado por el resultado de la Guerra Civil de 1936 a 1939 y significará la ruptura traumática con la vida intelectual de aquellos tiempos de vísperas que fueron la década de 1920 y los años reformistas de la Segunda República española.

En su relación con la dimensión institucionalizada de la nación, la cultura nacional española surgió a lo largo del siglo XIX de la adecuación entre la entidad política del Estado y el sistema político liberal, la convivencia entre las ideologías y las culturas políticas, las realidades cotidianas de la vida social y el conjunto de producciones intelectuales, artísticas o técnicas que a ella se referían. Sin ser única, ni uniforme, sino plural y diversa, la noción abarcaba e incluía desde la historia nacional y su equivalencia con la historia de la literatura, la lengua castellana, el arte, los saberes políticos y las ciencias naturales hasta el amplio cortejo de fenómenos intelectuales y valores morales asociados con la religión católica y los sentimientos patrióticos, sus traducciones simbólicas y sus imágenes alternativas, las interpretaciones que dieron lugar al mito de las dos Españas y la cultura del recuerdo o de la conmemoración.

La construcción centenaria de la misma, que alcanza hasta 1939, fue el resultado de diversas influencias, de ingredientes propios y de lo sucedido en otros países europeos. Y todo eso nutrido, en último término, de su compleja intersección con los lenguajes de la modernidad y la puesta en marcha de un vocabulario político-cultural que, surgido en la coyuntura finisecular, se llenó de contenidos en las tres primeras décadas del siglo XX con palabras como crisis, patriotismo, nación, regionalismo, civilización, modernidad, científico e intelectual. Sin olvidar, por supuesto, ni el conjunto de términos vinculados con el alma española, la regeneración y el reformismo; ni tampoco los tres «antis» que, como certeramente ha señalado José-Carlos Mainer, asomaron con el nuevo siglo como crítica al sistema desde las filas de la cultura (de los profetas sociales que impulsaron la regeneración y de los jóvenes intelectuales radicales). En adelante, el anticaciquismo, el antimilitarismo y el anticlericalismo sirvieron de consigna para la socialización entre las masas urbanas (y a veces campesinas) de una cultura política de índole republicana.

EL MUNDO DE LAS ACADEMIAS

En todo caso, la institucionalización de la cultura decimonónica en España venía de lejos, desde los mismos orígenes del Estado liberal. Sin embargo, en tanto proyecto cultural cimentado sobre el jerarquizado sistema de las Academias nacionales, alcanzó la plena consolidación en sus diversos «campos culturales» durante la primera restauración canovista. En realidad, casi nada de lo que sucedió en el desarrollo cotidiano de la cultura del último tercio del siglo XIX dejó de tener correspondencia con la preeminencia alcanzada por el modelo académico (desde las novedades literarias hasta las modas artísticas, pasando por los istmos filosóficos o científicos). Un escenario simbólico e institucional de organización de saberes de la sociedad liberal creado a partir de las cinco Reales Academias con sede en Madrid (la Española, la de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales y, por último, la de Ciencias Morales y Políticas).

La cartografía del mismo abarcaba desde los diversos lugares de la historia, edificios de la memoria del Estado y del patrimonio de la nación (representados por las inauguraciones, en 1892, del nuevo edificio de la Real Academia Española y el Palacio de Bibliotecas y Museos, cuya primera piedra había puesto Isabel II 26 años antes), hasta las aulas de una universidad anticuada en sus enseñanzas, subordinada en sus conocimientos disciplinares y escasamente original en la generación de proyectos de cultura. Un denso entramado de establecimientos, en definitiva, cuyas prácticas y actividades quedaban interconectadas entre sí, a través de las vías de comunicación y redes de sociabilidad cultural formadas por las Academias de segundo orden (la Española de Arqueología, la de Jurisprudencia y Legislación, la Nacional de Medicina, la Sociedad Española de Historia Natural o la Geográfica de Madrid) y sus homólogas locales, ateneos, casinos, liceos y asociaciones de todo tipo que, desde mediados de siglo, se reprodujeron en las capitales de provincia, como complemento o sustitución de las tradicionales Reales Sociedades de Amigos del País de origen ilustrado.

El resultado último de todo aquello fue la constitución de una República de las Letras definida, en primer lugar, por la atracción ejercida por la capital de la monarquía sobre los personajes cultivados de las provincias que pertenecían o aspiraban a pertenecer a la misma y donde Barcelona (seguida a mucha distancia por Sevilla) aparecía como la única ciudad peninsular cuyo movimiento intelectual podía parangonarse con el de Madrid. En segundo lugar, por tratarse de una construcción fruto del «consenso» establecido por los políticos del periodo, en la que —al lado del hosco conservadurismo, neocatólico y de exaltación patriotera, del nacionalismo español impuesto por Antonio Cánovas del Castillo— existieron espacios de pluralidad para las representaciones culturales de lo español y de la nación de inspiración liberal progresista, democrática, republicana y regionalista. En tercer lugar, por responder su diseño a las necesidades de las selectas minorías de políticos cultivados, profesionales y universitarios liberales que surgieron en torno al Bienio Progresista y desempeñaron primeros puestos en la política y la vida cultural españolas en los regímenes que se sucedieron hasta finales del siglo. Un universo de élites cuya confianza descansaba en los principios de los hombres geniales (la individualidad, la razón y el progreso), «la amistad entre discrepantes», el autodidactismo y el carácter proteico de sus intereses y actividades culturales como contrapunto a la realidad de una España con altas tasas de analfabetismo (en 1877 era del 71 por ciento, lo que suponía un estudiante universitario por cada 10.000 habitantes). En cuarto lugar, porque, a pesar de sus limitaciones y debido a la planificación poco sistemática, la imaginación burocrática del Estado de la Restauración —que era algo más que mera centralización y uniformización, represión y dominio espurio— promovió los intereses culturales de las burguesías de las provincias como una forma de fortalecerse a sí mismo y desarrollar de manera complementaria la unidad de la cultura nacional española. Y, finalmente, porque en el camino que va de la experiencia a la esperanza en el modelo, el academicismo constituirá la propedéutica sobre la que se fundó no solo el aprendizaje intelectual de una época, sino lo que es más importante: la aproximación mimética y la emulación personal, la elección de individualidades, el reagrupamiento socioideológico, el ingreso en las sociedades culturales y, en definitiva, la búsqueda de aquellos elementos que podían favorecer carreras y sociologías de la fama.

En este punto, los académicos asumieron su papel de jueces, patrones y modelos para las sucesivas promociones de científicos y las cohortes de intelectuales que en el futuro vendrían a relevarles. Nuevos protagonistas de la cultura que criticaron el arcaísmo y las obsolescencias del sistema académico y, sin llegar a romperlo, lo reformaron mediante un nuevo proceso de institucionalización canalizado a través de un esfuerzo colectivo por europeizar, normalizar y adaptar la cultura española a los tiempos modernos.

OTRO SIGLO DE ORO LITERARIO

Sin embargo, hasta que aquello sucediera, nada tiene de sorprendente que fueran la Real Academia Española (cuya función era la «conservación de nuestro idioma») y la de Historia (creada con el fin de ilustrar «la historia nacional») los dos establecimientos literarios que, en tanto representantes de la cultura humanística de «auténtica» tradición española, cimentaron el edificio del academicismo cultural y ejercieron su impronta sobre el viejo cajón de sastre de las Bellas Letras, que apenas había iniciado su separación definitiva por campos y géneros. Y, al cabo, porque los argumentos que vinculaban la construcción política de la nación con los grandes escritores del pasado tenían una gran tradición en los discursos parlamentarios desde mediados de siglo, a nadie extrañó la afirmación: «Estamos en presencia de otro siglo de oro», escrita por el funcionario del Instituto Geográfico y Estadístico encargado de redactar el capítulo sobre la propiedad intelectual en 1912. Frente a la dictadura de las cifras, que señalaban la escasa producción de obras científicas en España y el retraso con respecto a otros países europeos, se imponía el razonamiento patriótico: porque, si bien «es lícita y justa […] la aspiración de crear científicos», no lo es «la de ahogar tendencias que como naturales en el pueblo se manifiestan». Y mucho menos cuando se sabe que «para la elevación del coeficiente europeo en el cultivo de las Bellas Letras es factor esencial nuestra España». Desde entonces y hasta la actualidad, las metáforas áureas y argentinas han sido utilizadas en contextos históricos diferentes y por autores tan dispares como Ernesto Giménez Caballero (1944), Juan Marichal (1952), José María Jover (1963), José-Carlos Mainer (1982), María Nagore (2009), etcétera, para designar la Edad de Oro Liberal o la Edad de la Plata de las letras hispánicas, del arte, de la música y, en general, de la cultura española entre el Sexenio Democrático y la Segunda República.

Es verdad, en cualquier caso, que durante la Restauración la escritura de creación alcanzó su total autonomía y la condición del escritor inició su tendencia hacia la profesionalización. Por aquel entonces, el vivir de la pluma se fue convirtiendo en una realidad al alcance de un número mayor de escritores públicos gracias, por un lado, al paulatino desarrollo del mercado editorial (la Ley de la Propiedad Intelectual de 1879 o el Código de Comercio de 1885 estimularon el lento crecimiento de las empresas editoriales y ampliaron las relaciones de los editores con los autores); y, por otro, porque las revistas de alta cultura creadas a partir de los años setenta (La Revista de España, la Revista Europea o la Revista Contemporánea), las destinadas a la familia, las publicaciones oficiales y los periódicos se nutrían básicamente de las colaboraciones y obras escritas por los personajes más representativos del orden académico (Valera, Cánovas, Pereda, Castelar o Menéndez Pelayo), combinadas con la promoción de nuevos narradores, moderados disidentes o críticos directos del sistema (desde Galdós hasta Clarín). Sin embargo, todavía las miserias del artista andaban muy presentes (como tendrían ocasión de comprobar los integrantes de la bohemia finisecular) y pertenecer a la Real Academia Española pervivía como una aspiración deseada y una expectativa de mejora socioeconómica, un símbolo de reconocimiento y una experiencia de autoridad literaria.

Precisamente, el autor de Pepita Jiménez había sido elegido en 1862, y Cánovas, el gran político conservador del momento restauracionista (responsable de una ínfima narración histórica sobre La campana de Huesca), era numerario desde 1867. El 21 de mayo de 1876, el liberal Valera recibió en la corporación a su correligionario político, el poeta lírico y templado revolucionario septembrino Gaspar Núñez de Arce, que acabada de saldar cuentas con la revolución y consigo mismo con su libro Gritos del combate (1875), que era un auténtico llamamiento a la concordia civil, a la retracción política y a la aceptación del nuevo régimen borbónico. Cuidándose de salvar el buen nombre de la dinastía instaurada por Felipe V, sin embargo, tanto el discurso de ingreso del nuevo numerario (Consideración acerca de las causas á que atribuye la precipitada decadencia y total ruina de la literatura nacional, bajo los últimos reinados de la Casa de Austria) como la contestación del diplomático cordobés contribuyeron a avivar el fuego de la querella sobre la ciencia española que, en su interpretación liberal y desde el «amor patrio», explicaba cómo la «cultura propia y castiza» había sido ahogada por la Inquisición al servicio de los reyes austriacos.

A finales de febrero de 1877, aún reciente el éxito de El sombrero de tres picos, Pedro Antonio de Alarcón tomó posesión de su medalla disertando sobre las bondades literarias de sus escritos (algunos lo consideraron un justo premio a su salto del «liberalismo exaltado a las filas conservadoras con vida tan amplia y antecedentes tan nobles», amén de ser correspondido con un puesto en el Consejo de Estado). En 1880, tras su aceptación del régimen, el expresidente de la República Emilio Castelar se sentó en el sillón D con una oración acerca de las «Excelencias del siglo XIX» y, el 20 de mayo de 1894, fue el encargado de contestar la disertación pronunciada por el político, matemático y dramaturgo nacional José Echegaray, significativamente titulada «De la legalidad común en materias literarias». En sus páginas, el antiguo reformador republicano, integrado en el ala izquierda del Partido Liberal de Sagasta y director de la Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, proponía una especie de transposición del orden establecido por la «política como negociación» al campo artístico y literario, dentro del «cual vivan y se desarrollen pacíficamente todas las escuelas y todas las energías, sin anatemas ni excomuniones desde arriba, sin odios ni enemigas desde abajo». Es decir, consenso, amistad y neutralidad como objetivo y práctica fundamental del ordenamiento cultural de la República de las Letras española.

Nada que no pudiera compartir, en fin, el neocatólico y adelantado numerario Marcelino Menéndez Pelayo, quien había desarrollado el tema «La poesía mística en España» en el acto de su recepción en 1881. Debido al turnismo académico, el domingo 7 de febrero de 1897, el polígrafo cántabro fue el encargado de contestar el discurso que, después de una década de haber sido elegido, Benito Pérez Galdós dedicó a las fuentes naturales de su inspiración («La sociedad presente como materia novelable»). Ese mismo año, ingresó el montañés José María de Pereda, autor de Peñas arriba y representante del éxito alcanzado, desde los años ochenta, por la novela regional (dirigida a reconstruir las costumbres y tradiciones locales de un mundo arcaico y rural en vías de desaparición). Y, en 1906, fue elegido para sucederle en el sillón k el asturiano Armando Palacio Valdés, autor muy popular desde la aparición, en 1881, de La hermana San Sulpicio. Un texto literario construido, en la línea trazada por Valera o Galdós, con vocación de novela nacional (establecía la conjunción territorial del norte y el sur a través del relato de un gallego enamorado de una andaluza). Y en esa estela, recuerda Cecilio Alonso, «se situó después la expansión ondular de la obra de Vicente Blasco Ibáñez, que fue mucho más lejos con las tres fases espaciales de su producción: regional, española y cosmopolita».

Pero el republicano Blasco pertenecía ya a otra etapa de la cultura nacional española. Su trayectoria principal se entronca con el tiempo de los intelectuales y reformadores, críticos con el sistema político y el modelo académico (combativo opositor a Cánovas y a la dictadura de Primo de Rivera, su fama y dinero le permitieron, además de enfrentarse al poder político, renunciar a cualquier posible candidatura académica). Y hunde sus raíces en el periodo de discrepancias y modernismo literario (integrador de renovación estética y rebeldía política) que arranca de dos fechas capitales en los rumbos de la novela española contemporánea: 1902, año en el que aparecen «la Sonata de otoño de Valle-Inclán, Amor y pedagogía de Unamuno y La voluntad de Azorín». Y 1905, momento de la protesta pública contra el premio Nobel de Literatura José Echegaray (conjuntamente con Frédéric Mistral) firmada por Azorín, Maeztu, Rubén Darío, Valle-Inclán, Baroja, Villaespesa, los hermanos Machado o Unamuno. Obsesionados por los signos de identificación generacionales, este grupo de jóvenes escritores repudiaban, en la persona del dramaturgo-ingeniero, a cuantos «en la literatura, en el arte y la política» representaban la España de la «gente vieja», las falsas reputaciones académicas, los intereses creados y, por extensión, los denominados «años bobos» del último cuarto del siglo XIX.

Para entonces, la personalidad excepcional del narrador valenciano que, como bien señala Francisco Caudet, llevó a «la calle la literatura y la política», confirmaba la regla de un universo académico de políticos, escritores públicos y hombres geniales de muy diversos grados y dedicaciones, ordenado por las jerarquías de la fama, la dictadura de las modas y los vaivenes del mercado editorial. Un mundo, además, inequívocamente masculino cuyos usos y naturaleza tradicional no se avenían a combates «desiguales» entre caballeros y damas. Y eso, sin importar que las obras de las escritoras tuvieran tanta popularidad y lectores como las de Emilia Pardo Bazán. En medio de una fuerte disputa periodística, la novelista gallega fue nominada en dos ocasiones para una plaza académica y rechazada en ambas (olvidadas Fernán Caballero y Carolina Coronado; en la de Ciencias Morales y Políticas, tampoco logró superar la nominación la abogada, escritora y pionera feminista Concepción Arenal; la primera mujer que ingresó en la Academia de la Historia fue la colombiana Mercedes Gaibrois de Ballesteros, que leyó su discurso en febrero de 1935).

Pero la escritura como acto de cultura es algo muy complejo y las nóminas de escritores, obras e instituciones suelen simplificar las pautas de comportamientos y relaciones entre los creadores, la sociedad y sus públicos. Y en este orden, importa recordar con Walter Benjamin el valor de los cafés literarios como lugares de encuentro cotidiano de los escritores y los artistas, escaparate de tertulianos y mercado en la formación de la opinión pública y la difusión de las ideas. Y mucho de eso sabía el narrador canario Pérez Galdós. En su novela La Fontana de Oro, de 1870, había retratado magistralmente el ambiente del café de los años 1820 a 1823, donde se reunían los campeones españoles del liberalismo en sus luchas contra el absolutismo del Deseado. Medio siglo después, entre los asientos y botillerías de los nuevos cafés del Madrid regido por otro Borbón restaurado, sin duda, pensó las tramas de las populares cinco series de los Episodios nacionales, el gigantesco fresco del pasado inmediato de la nación que, escrito entre 1873 y 1912, ejemplifica la simbiosis de la novela histórica y la vida misma de la cultura nacional española («asombran por la cantidad de vida que contienen», escribió Antonio Machado, en la revista La República de las Letras, según ha recordado Jordi Canal en su interpretación histórica de los Episodios nacionales).

Treinta años más tarde, el republicano Pérez Galdós se convirtió en el protagonista de las opiniones de los contertulios de los cafés de Madrid y provincias ante el éxito inenarrable alcanzado por el estreno de Electra el 7 de enero de 1901. El anticlericalismo y laicismo de las clases medias tenían su primera gran representación cultural. Y lo hacía coincidiendo con la publicación de la información ateneísta anticaciquil de Joaquín Costa y las críticas antimilitaristas que, con el viejo pleito social de las quintas en la memoria, solicitaban las responsabilidades militares del Desastre, nunca sustanciadas (la intermitente guerra colonial de Marruecos las mantuvo vivas en su primera fase hasta la explosión de la Semana Trágica de 1909). Convertidos en los temas estrella del catálogo de injusticias nacionales, los tres «antis» se instalaron en la cultura de los modernos escritores que avanzaban el camino de la opinión pública y el tiempo de los intelectuales.

Hasta entonces, según Antonio Bonet Correa, el café de Fornos era el rey de los establecimientos madrileños (en sus salones iniciará su leyenda como soberano distinguido de los «cafetistas» el genial escritor gallego Ramón María del Valle-Inclán). Espacios de exhibición e inspiración para pintores, novelistas, estetas y arquitectos, en provincias destacarían el gerundés café Vilá, el zaragozano Ambos Mundos, el Boulevard de Bilbao, los Suizos de Granada y Santiago de Compostela o el barcelonés Els Quatre Gats (versión a la catalana del parisino café-cabaret Le Chat-Noir). Abierto entre 1897 y 1903, este café se convertiría en el punto de reunión de los artistas del principado que percibían la ciudad con más librerías de España, la del Eixample de Ildefonso Cerdá, el Liceu y las construcciones modernistas (de Lluís Domènech, Josep Puig i Cadafalch o Antoni Gaudí), como «un pequeño París» (verdadera metrópoli de sus sueños e imaginaciones creadoras). Saltando el siglo, alguno de sus parroquianos (Santiago Rusiñol, Ramón Casas o Pablo Picasso) ligaron el establecimiento con la libertad estética respecto a las jerarquías académicas, la reivindicación de artistas olvidados como El Greco y las agitaciones cosmopolitas y porveniristas de unas vanguardias artísticas que apenas se vislumbraban en el conservador horizonte estético de la cultura restauracionista.

A partir de 1914, fecha en que el ministro conservador de Instrucción Pública Francisco Bergamín destituyó por primera vez a Miguel de Unamuno de su cargo de rector de la Universidad de Salamanca, coincidiendo con la publicación de Niebla (la nivola), las cosas de la literatura comenzaron a cambiar con rapidez. Desde aquel año fronterizo que, como adelantó Guillermo de Torre, «marca de hecho el antes y después de la historia política, social y estética del siglo XX», el Novecientos literario trajo consigo la aparición de una multiplicidad de apuestas por la aventura creativa cuyos tránsitos estéticos suponían, entre otras cuestiones, la afirmación de las circunstancias de su época, la devoción al presente y el desdén negativo del pasado («en su fría reducción museal, en su yacente esterilidad estatuaria»). En el diálogo se enlazaban las «continuidades y precedencias» de Pedro Salinas, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna con las percepciones teóricas de Rafael Cansinos Assens, el ultraísta chileno Vicente Huidobro, los vanguardistas de la generación del 27 y el amplio abanico internacional de activistas de las Literaturas europeas de vanguardia (1925).

Un programa artístico de actualidad que sería llevado a la práctica de la noticia y de las modas por La Gaceta Literaria: Ibérica-americana, internacional, el periódico de las letras quincenal dirigido por Ernesto Giménez Caballero (1927-1932). Y unos credos artísticos futuristas, en definitiva, que tenían mucho que ver con el ambiente de renovación «que había venido creándose en torno a Ortega y a otros mentores ideológicos y literarios del nuevo nacionalismo racional y europeísta, como Eugenio d’Ors, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró o Manuel Azaña». Y que, sin duda, guardaban bastante relación con los climas de libertad de opinión, las discusiones creadoras y las estrategias de la fama surgidas entre los humos y los gritos de los cafés madrileños de aquellas tres primeras décadas del siglo XX, donde, como escribió César Ruano en sus memorias, «casi con exactitud se podía localizar a un escritor en pocos minutos».

De todas aquellas cofradías de famosos, aspirantes a la fama y principiantes que mantenían «el fuego sagrado de las artes y las letras» da cuenta Gente del 98, el divertido libro de recuerdos del antiguo miembro del Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos que abandonó el cuerpo para seguir su vocación de artista: Ricardo Baroja. Y, también, el amplio vademécum de las tertulias en activo, redactado por el veinteañero Francisco Ayala para el Almanaque de las Artes y las Letras de 1928. En 1907, el periodista de las caricaturas y los retratos Julio Camba había explicado con humor la gran tertulia ciudadana de la Puerta del Sol («el patio de todas las casas pobres de Madrid»), formada por «los vagos, los filósofos y los conspiradores» que se agrupaban en la acera del café Oriental. Y su inmenso paisano Valle-Inclán recreó los ambientes de los diferentes lugares de sociabilidad madrileños en la corrosiva y crítica Luces de Bohemia. Publicada en las páginas de la revista España (entre julio y octubre de 1920), el gran tertuliano paseó a sus lectores, entre otros escenarios callejeros, por el Ateneo, la tertulia de Jacinto Benavente, la silenciosa casa de Juan Ramón Jiménez, la animada redacción de España. Semanario de la vida nacional (en frase de su fundador Ortega y Gasset, «nacido del enojo y la esperanza, pareja española», a finales de enero de 1915, y dirigido más tarde por Luis Araquistáin y Manuel Azaña), hasta llegar, al fin, a la tertulia de la antigua botillería del Pombo de la calle de Carretas, donde pontificaba los sábados por la noche Ramón Gómez de la Serna.

Cuando, en 1924, apareció la segunda versión de aquel tardío, pero afortunado, pastiche del mundo barriobajero y paródico madrileño por el que se mueve Max Estrella, el escritor de la claridad, José Martínez Ruiz (Azorín) había asegurado en la fantasía moral El chirrión de los políticos que «los verdaderos hombres de acción son los hombres de pensamiento» y el 26 de octubre tomó posesión del sillón P de la Real Academia Española con la oración «Una hora de España (entre 1560 y 1590)». Recibido con entusiasmo por la «joven España» (por su rechazo de la idea de la decadencia y por la búsqueda patriótica de las glorias literarias y morales de la nación que hundían sus raíces en la Edad Media), aparentemente el tiempo de los escritores-intelectuales había llegado a la Academia; pero solo era eso, un destello de apariencia (que apenas volvería a brillar cuando en los meses de mayo y junio de 1935 se hicieron académicos los otros dos representantes del Grupo de los Tres, el descontentadizo y vacilante Pío Baroja y el defensor de la hispanidad Ramiro de Maeztu).

Humillada por el poder político de la dictadura de Primo de Rivera, la obsoleta institución que nunca reconoció a Ramón María del Valle-Inclán se había convertido en un centro donde se reunían «los jubilados de las Letras». Al autor del calificativo, Miguel de Unamuno, le ofrecieron un sillón académico en el otoño de 1932. Viviendo los agobios de la vorágine de la política, la crisis económica y las preocupaciones por seguir el camino de «su último destino», el viejo rector al que Pérez de Ayala consideraba el primus inter pares de las letras españolas nunca tomó posesión del mismo. Tampoco lo hizo Antonio Machado, el poeta elegido en marzo de 1927, cuyas soledades se extinguieron doce años después en el exilio de la pequeña localidad francesa de Collioure. «Cafetistas» y contertulios, escritores de acción de la cultura literaria española de abolengo liberal, la vida los abandonó mientras la violencia política desterraba sus nombres al limbo de la marginalidad y el olvido.

ARCHIVEROS EN LA ACADEMIA: LA REVISIÓN CANOVISTA DEL PASADO NACIONAL

En la década de 1910, los más sesudos numerarios de la historia celebraban tertulias en las casas de los aristócratas (se hizo célebre en los círculos académicos la reunión dominical en casa de Guillermo Joaquín de Osma, yerno del conde de Valencia de Don Juan). No obstante, a los cafés burgueses del Madrid restauracionista, tan distintos de los cafetines y tabernas populares, también acudieron las clientelas de eruditos, rastreadores de documentos, bibliófilos y aficionados a las antigüedades que, a través de sus relaciones de paisanaje y amistades políticas, aspiraban a una de las 36 medallas de la Real Academia de la Historia. Sin ser historiadores de profesión, fueron los profesores de la Escuela Superior de Diplomática y los miembros más relevantes del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos quienes otorgaron el crédito intelectual al centro (Antonio Rodríguez Villa, Eduardo de Hinojosa, Juan Facundo Riaño, José Ramón Mélida, etcétera).

Durante la Restauración, el alma de la corporación en su funcionamiento cotidiano fue el crítico de arte y miembro de una gran familia de pintores Pedro de Madrazo y Kuntz (secretario perpetuo de la misma desde 1879, en 1893 sucedió a su hermano en la dirección de la de Bellas Artes de San Fernando). Y, hasta su muerte en 1897, Cánovas se preocupó por hacer académicos a sus amigos políticos (Fernando Corradi, Antonio María Fabié, Cesáreo Fernández Duro, Manuel Danvila, etcétera). Sin embargo, la inextricable relación que los probos y laboriosos miembros del Cuerpo Facultativo de Archivos establecieron con las élites político-culturales del periodo y, particularmente, con el jefe del Partido Conservador los convirtió en los guardianes por excelencia de la imagen oficial de la historia. En su práctica historiográfica, la necesidad de legitimar históricamente el papel de la monarquía constitucional y de restablecer la continuidad de la historia española (según el principio de la constitución interna) resultó decisiva para que este parvo pelotón de eruditos apoyaran intensamente la denominada «historia externa», de los grandes hechos políticos y de las biografías de las principales figuras de la historia política nacional.

De ese modo, asumieron las tareas más rigurosas dirigidas a continuar y recomponer las deficiencias nacionalistas de las empresas iniciadas por los numerarios de los años cuarenta, quienes, además de promocionar los viajes literarios de los primeros grandes documentalistas españoles (Pascual Gayangos o Valentín Carderera), habían comenzado la edición de la Colección de documentos inéditos para la Historia de España (1842-1895) o la Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón (1847-1910). Acto seguido, los académicos-archiveros emprendieron una labor de revisión histórica de las interpretaciones canónicas de la historiografía liberal y republicana en torno a la decadencia española, al absolutismo político de los Austrias mayores (represores de los primeros ciudadanos liberales de las regiones, desde Padilla hasta Lanuza, pasando por los agermanados valencianos y los mallorquines) y al nacimiento mismo de España como nación. Para ello, encabezados por el precoz Marcelino Menéndez Pelayo (el académico más joven de la historia de la corporación, que acababa de dar a la imprenta la monumental Historia de los heterodoxos españoles, 1880-1882), no dudaron en abandonar el nivel del pensamiento crítico y transformar la querella inicial en una disputa sobre la ciencia española planteada en términos ideológicos y morales. Al mismo tiempo, recuperaron las tesis más positivas sobre la figura y el reinado de Felipe II expuestas, a principios de los años sesenta, por el moderado marqués de Pidal en su Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II. Después, proclamaron la modernidad de la política nacional del emperador Carlos V y, por ende, el carácter anacrónico y medievalizante del movimiento comunero, juzgado, por el erudito santanderino, como «la última protesta del espíritu de la Edad Media contra el principio de unidad central» (1887).

Con todo y eso, estaba claro que no bastaba con la revisión de las partes. Alentados por las ideas sobre el uso político de la historia de Cánovas del Castillo, las miras impugnadoras de los académicos se aplicaron hacia el todo representado por la Historia de España de su precursor Modesto Lafuente y Zamalloa. Y es que, desde finales de la década de 1850, la obra del palentino había impregnado la conciencia histórica de los lectores, empapando con sus interpretaciones del pasado los espacios públicos y privados de la cultura nacional española. Con el propósito de que las cosas cambiaran, Cánovas planteó la realización de una nueva Historia General de España escrita por los académicos de la historia. Sin embargo, publicada entre 1886 y 1897 por la empresa El Progreso Editorial, fue un proyecto oficial inacabado. Una propuesta historiográfica que difícilmente pudo competir en el mercado con el éxito de ventas que suponían las sucesivas reediciones del relato de Lafuente (desde la más lujosa, publicada entre 1877 a 1882 por la barcelonesa editorial Montaner y Simón, revisada y ampliada por Juan Valera, Andrés Borrego y Antonio Pirala, hasta la edición popular en 28 volúmenes, ampliada por Gabriel Maura y Melchor Fernández Almagro, aparecida entre 1919 y 1934). Y de ninguna manera penetró la conciencia histórica republicana que, adecuada a la retórica del discurso de una cultura política alternativa, entroncaba los orígenes contemporáneos de la nación española con el resultado de la guerra y la revolución que había sido en España la Guerra de la Independencia. Corriente periférica de la historiografía nacional que, a finales de siglo, mantenía viva la interpretación de un pasado nacional español diferente al establecido por la erudición canovista a través de los nueve volúmenes escritos por el catedrático madrileño y ferviente posibilista Miguel Morayta (1886-1896), o de los siete tomos de que constaba la Historia de España en el siglo XIX, obra póstuma del erudito historiador y expresidente de la República Francisco Pi y Margall (firmada, en 1902, junto con su hijo Francisco Pi y Arsuaga).

En los siguientes años, la publicación de la Academia tampoco fue rival para la Historia de España y de la civilización española de Rafael Altamira y Crevea (1900-1911), redactada por uno de los primeros historiadores profesionales desde los presupuestos de la «moderna» historia científica y cuya extraordinaria influencia alcanzará hasta el final de la Segunda República. Y menos aún lo habría sido con el proyecto inicial de la editorial Espasa-Calpe de publicar una Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, cuyo primer volumen se puso a la venta en 1935. La misma empresa catalana que, en 1906, había alumbrado la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Producto de la madurez de la industria editorial barcelonesa, el Espasa es un ejemplo de la tardía asimilación hispana de los grandes repertorios universales europeos; pero, en verdad, es significativo del gran éxito comercial de una voluminosa obra alfabética destinada a ser el verdadero «oráculo» con el que se identificaron «varias generaciones de lectores españoles e hispanoamericanos hasta el final del siglo XX». Por eso, concluye su máximo estudioso Philippe Castellano en Enciclopedia Espasa. Historia de una aventura editorial (2000), «al privilegiar el consenso a través de uniones establecidas con sus lectores, podrá ser considerada a partir de entonces como uno de los elementos de integración de la sociedad española, cuya importancia se ha visto probablemente reducida [en la actualidad] en beneficio de los factores de ruptura».

El 31 de diciembre de 1925, la barcelonesa Espasa y la madrileña Calpe se fusionaron en una misma empresa. En febrero de 1926, apareció el volumen especial España y, entre otros encargos enciclopédicos, el particular interés de la nueva editorial por las obras de referencia de producción propia se reflejó en el Summa Artis, la historia universal de las formas artísticas, concebida y dirigida por el catalán Josep Pijoan. El primer volumen, El arte griego: hasta la toma de Corinto por los romanos (146 a. J. C.), apareció en 1932, escrito por el director de la colección en colaboración con Manuel Bartolomé Cossío. Para entonces, mientras España se convertía en materia literaria y estética, dos promociones de profesionales de la filología y de la historia se sucedieron en el proyecto de asentar el conocimiento científico de lo español desde las nuevas cátedras universitarias y desde el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Ramón Menéndez Pidal.

EN EL ATENEO: LA «DOCTA CASA» LIBERAL

Entre tanto, si volvemos nuestra mirada al conglomerado de centros de cultura académica del último tercio del XIX —que de ninguna manera eran todavía el horroroso «patio de asilo» desdeñado por Valle-Inclán—, vale la pena tomar en consideración aquel establecimiento paralelo que fue el Ateneo de Madrid. Desde su fundación, en diciembre de 1835, la «docta casa» fue la institución cultural por excelencia del liberalismo, el «símbolo de una nueva época de regeneración literaria para España» y un espacio donde cultura y política quedaron definidas para el resto del siglo (modelo, por lo demás, que se reprodujo con éxito en las provincias desde el Ateneo de Barcelona hasta los de Vitoria o Sevilla). Durante el periodo restauracionista, el madrileño se mantuvo como un centro para la discusión plural y la heterogénea construcción de la cultura nacional española. Y eso pese a los intentos realizados por Cánovas de utilizar la institución para «monarquizar a las clases intelectuales» e imponer sus ideas sobre El concepto de Nación (1882).

El 31 de enero de 1884, en presencia del rey Alfonso XII, Antonio Cánovas inauguró el nuevo edificio en la calle del Prado. En estos años y los siguientes de la década de 1890, una vez superado el repliegue inicial de los krausistas, el retraimiento obligado de los idearios desplazados del poder (carlistas y republicanos) y el rechazo de los neocatólicos (solo retornaron al centro tras la integración de Menéndez Pelayo y Juan Manuel Ortí y Lara), el Ateneo fue recuperando su peculiar fisonomía de centro de oposición parlamentaria, abierto a los debates científicos y la recepción de las modernas corrientes culturales («un sitio donde se puede decir todo lo que fuera de él no es permitido», según afirmó el líder del Partido Conservador). Asimismo, fue por entonces cuando ser «ateneísta» (pasear por los pasillos altos y bajos, discutir en la «cacharrería» o estudiar en la biblioteca) se convirtió en una categoría sociocultural, una condición necesaria para ingresar en los diversos círculos intelectuales del país y darse a conocer en la República de las Letras finisecular.

Las secciones y los programas de conferencias del establecimiento sirvieron, por ejemplo, como altavoces públicos de los proyectos de reformas de la cultura y la educación nacionales, expresados en el grupo de profesores encabezados por Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate o Laureano Calderón y Arana, que, tras sus salidas temporales de la universidad, se habían refugiado en aquella especie de centro de educación superior alternativo que fue la Institución Libre de Enseñanza. En el salón de conferencias del Ateneo disertó el venerable anticolonialista e historiador de la institución Rafael María de Labra y, entre un gran elenco de personajes de la cultura española, Emilia Pardo Bazán participó solícitamente y consiguió, en 1905, su admisión y ser la primera socia de número. Al cabo, la condesa escritora había sido una de las principales animadoras de las discusiones ateneístas sobre el naturalismo español (el original francés se suponía demasiado inquietante).

Y porque en las cosas de la cultura casi todo se imbrica (mientras las ideas circulan por encima de las fronteras políticas y académicas, las polémicas se encadenan y entremezclan con la aparición de sensibilidades y tendencias), en los ochenta un grupo de novelistas invadió los terrenos de los sociólogos, economistas, higienistas darwinianos, partidarios de la eugenesia social y filósofos del pesimismo para avivar un debate sobre el naturalismo y sus conexiones con la realidad que sería discutido en el Ateneo y divulgado en los periódicos y revistas del momento. Los 21 textos de Clarín publicados en El Día —resultado de su viaje a Andalucía para estudiar en vivo el problema del hambre, realizado en diciembre de 1882—, avivados por los 20 artículos de Emilia Pardo Bazán sobre «La cuestión palpitante» aparecidos en La Época, fueron refutados por las opiniones contrarias de un grupo de escritores entre los que se encontraban Alarcón, Campoamor o el propio Cánovas (dedicó unas páginas de «El Solitario» y su tiempo a negar la condición artística de ese tipo de creaciones literarias).

En todo caso, como recogen las grandes síntesis de la literatura española, las mejores novelas de la década, La Regenta, de Clarín, Los pazos de Ulloa y La madre Naturaleza, de Pardo Bazán, o Fortunata y Jacinta, de Galdós, se escribieron según la técnica naturalista. Una tendencia que, en sus búsquedas de luces literarias y fuentes naturales dirigidas a superar los métodos narrativos del realismo más autóctono y tradicional (que enlazaba con Cervantes), rompía con los prejuicios de clase y las limitaciones morales de la sociedad presente, poniendo en evidencia las lacras y contradicciones de la España de la Restauración.

El camino seguido por los novelistas y críticos literarios era el reflejo del clima de opinión creado alrededor de la «cuestión social» y conectaba con la multiplicidad de debates convocados por los diferentes campos del saber de la cultura liberal en el establecimiento madrileño. Un amplio arco temático que abarcaba desde la cuestión de Las razas que componen el pueblo español, tratada por Telesforo de Aranzadi (1892), y la conferencia impartida por Joaquín Costa, en 1895, «Viriato y la cuestión social en España en el siglo II antes de Jesucristo», hasta el acontecimiento que significó, siete años después, la discusión celebrada en la Sección de Historia de la memoria de Práxedes Zancada sobre el movimiento obrero, que contó con la participación de los líderes proletarios Pablo Iglesias, Jaime Vera, Juan Madinaveitia, Soledad Gustavo y Federico Urales. Sin olvidar su continuación en el siguiente curso de 1903 con las opiniones vertidas por Pardo Bazán, Blanca de los Ríos, Miguel de Unamuno o Ramiro de Maeztu ante el informe, redactado por el catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes de la Universidad Central y futuro diputado socialista Andrés Ovejero Bustamante, La novela y el movimiento social.

Barómetro atento a las variaciones climáticas de las modas al día, las tendencias y las crisis espirituales finiseculares, el Ateneo se mantuvo como una de las instituciones puente que facilitaron la transformación de la cultura liberal decimonónica y su continuidad hasta las mismas puertas de la Guerra Civil. Una larga línea de transmisión de ideas y modelos de imitación que, por encima de todos los ateneístas ilustres que allí se reunieron, encontrará su máxima expresión en la figura de aquel intelectual adelantado que fue Joaquín Costa y Martínez. La presencia inmensa del sabio altoaragonés despertó la admiración de las promociones de jóvenes pretendientes a intelectuales del nuevo siglo. Y es que el pensador airado, desde su competición por el premio extraordinario de Filosofía y Letras con Menéndez Pelayo en octubre de 1875, llevaba 25 años de esforzado trabajo estudiando las costumbres jurídicas y las cuestiones agrarias, el folclore, la filología, la antropología y la historia de los íberos españoles para que, en opinión del aspirante a periodista y escritor Alberto Insúa, su obra fuera la más firme, «extensa y patriótica del pensamiento español después del noventa y ocho. Sus libros sobre el Colectivismo agrario y la Reconstitución y europeización de España son el balance de nuestro pasado y programa para la consecución de un porvenir sano, culto y decente».

Prometeo intelectual de un tiempo de héroes solitarios de las letras y las ciencias, ni que decir tiene que un buen número de los escritores de la nueva centuria (desde Altamira hasta Azorín, Araquistáin, Maeztu o el mismo Unamuno) se consideraron sus herederos. Nada tiene de extraño, en último término, que las expectativas de reconocimiento o las necesidades de prestigio de Joaquín Costa estuvieran penetradas por el espíritu y el talante académico. Premio al «Talento» y correspondiente de la Historia desde 1895 por sus Estudios ibéricos, el 12 de junio de 1900 logró satisfacer plenamente sus aspiraciones al ocupar la medalla número 16 de la Academia de Ciencias Morales y Políticas (sucedió en la misma a su tío José Salamero y, cuando falleció, 11 años después, fue elegido para ocupar la vacante su discípulo Rafael Altamira).

LOS SABERES MORALES Y POLÍTICOS DEL LIBERALISMO

La Academia de Ciencias Morales y Políticas fue la última en el ordenamiento oficial de las altas corporaciones que completó la cúpula del edificio académico. Creada a imitación de su homóloga parisina, como recordaba su primer presidente, el moderado Pedro José Pidal, su constitución en diciembre de 1858 supuso elevar al más alto rango el grupo de saberes que habían conformado la base de la cultura política del liberalismo español. Hasta finales de siglo, la Academia de Ciencias Morales y Políticas fue el organismo encargado de suscitar y controlar las discusiones y concursos sobre la realidad social, el desarrollo económico o la evolución política del país. Y se constituyó también en el centro legitimador de la enseñanza y la investigación de aquellas disciplinas (Economía Política y Estadística, Hacienda Pública, Política y Administración, etcétera) que conformaban los planes de estudios de las facultades de Derecho. En uno y otro caso, los debates y proyectos estuvieron animados por los profesores de Economía del centro, como Laureano Figuerola, Manuel Colmeiro o Melchor Salvá y otros académicos, entre los que destacaban los especialistas en finanzas públicas Fernando Cos Gayón, el conde de Torreanaz o el presidente de la Academia restauracionista y ministro de Hacienda José García-Barzanallana.

En la última década del siglo, las disputas en la Academia de Ciencias Morales y Políticas se continuaban en el Ateneo, donde Gumersindo de Azcárate, José María Piernas Hurtado o Adolfo Buylla dictaron cursos sobre el problema social, las escuelas económicas y el liberalismo crítico en la recién inaugurada Escuela de Estudios Superiores (creada, según Labra, para «cultivar la ciencia por la ciencia»). Esta corriente reformista de la economía fue admitida en la Academia con la elección de los krausistas Azcárate (1890) y Vicente Santamaría de Paredes (1891), que, además, eran miembros de la Comisión de Reformas Sociales. En abril de 1903, Francisco Silvela y Antonio García Alix firmaron la creación del Instituto de Reformas Sociales (IRS). Impulsado por el político liberal José Canalejas y dirigido por Azcárate, «varón sin mácula ciudadana» (con la colaboración de Posada, Buylla y el militar José Marvá), el Instituto pretendió ser, en palabras del conferenciante en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el reformista conservador Pedro Sangro y Ros de Olano, «ejemplo de lo que se puede realizar por el Estado cuando existe un concurso de buenas voluntades y se quiere huir del artificio puramente administrativo» (Crónica del movimiento de Reforma social en España, 1925).

Por aquel entonces, como ha estudiado Pedro Ruiz Torres, el problema obrero se había convertido en uno de los conflictos incandescentes de la cultura nacional española. En 1914, Rafael Altamira, miembro del Grupo de Oviedo (al igual que Posada y Buylla), publicó Cuestiones obreras, cuya primera parte, titulada «Cuestiones de cultura», se centraba en lo que para él era uno de los principales medios de la reforma social: la educación del obrero. En el entresiglos, el pueblo «gobernado» adquirió un protagonismo desconocido hasta entonces dentro de la cultura nacional construida por las élites «gobernantes» del liberalismo (ampliando, así, sus espacios de presencia tradicionales entre los republicanos y demócratas). Las percepciones eran muy distintas, pero el análisis del fenómeno demuestra que el interés por la cultura popular ya venía, de hecho, ocupando a los pensadores sociales, recopiladores de costumbres, creadores artísticos y mercaderes del ocio desde antes de la Restauración.

Por esos caminos, los debates celebrados en la Academia de Ciencias Morales o en el Ateneo de Madrid formaban parte del proceso de invención intelectual de una cultura popular española por parte de los folcloristas, científicos sociales y publicistas, músicos, pintores o fotógrafos de las clases medias (españoles y viajeros extranjeros atraídos por la «oriental» España). Y se relacionan, a la vez, con la deriva populista de la cultura del ocio trazada por la creciente mercantilización de la industria del entretenimiento nacional, cuyos modos de producción y consumo anticipaban una nueva estética de masas (en cuanto precedente de la cultura mediática, en cuya definición de contenidos se encuentran elementos como lo mítico, lo imaginario, lo afectivo y lo lúdico). En el sentido sociológico propuesto por Natalie Zemon Davis, las corridas de toros y las representaciones teatrales del género chico (en sus diferentes modalidades de sainete, revista lírica, parodia y zarzuela) fueron una cultura y un mercado. Y a ese espíritu corresponde que se convirtieran de manera inseparable en los espectáculos más populares de la época y en unos potentes portadores simbólicos de la cultura nacional española. Su eficacia como vehículos de socialización patriótica residía, más allá de sus formas y fines específicos de la diversión, en su capacidad de evocar sentimientos, reproducir arquetipos y dotar de significados a una serie de ideas que transcendían el tiempo de la representación y el ámbito de los coliseos taurinos y los teatros.

Y lo que es más, a partir de 1910, el mundo de los toros comenzó a ser colonizado por los intelectuales. Con todas sus ambivalencias (entre el repudio moral y las oscuras connivencias con la violencia, las convicciones políticas de representar lo más rahez de la vida española y los gozos personales por las distintas suertes del espectáculo), un heterogéneo grupo de creadores llenaron el mercado editorial y artístico de cuadros, estatuas, narraciones y poemas (Zuloaga, Blasco Ibáñez, Antonio Machado, Ramón Gómez de la Serna, Ramón Pérez de Ayala, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gerardo Diego o Rafael Alberti). Todas estas producciones sirvieron para cultivar la mitología heroica de los toreros contemporáneos y otorgar el definitivo marchamo de arte nacional a las corridas. Más adelante, la fiesta sería legitimada por la erudición cuando, en 1934, avalados por el mismo José Ortega y Gasset, los editores de Espasa-Calpe nombraron al «dilettante exquisito» José María de Cossío director de la gran enciclopedia Los Toros (el primero de los cuatro tomos se publicó en 1943).

Para esas fechas, el círculo de los rescates intelectuales de la cultura popular se cerró alrededor del flamenco y la «invención estética de una España flamenca» (empleando la terminología de José-Carlos Mainer). Como en el caso de los toros, dos pintores, el guipuzcoano Ignacio Zuloaga (con sus trajes llamativos) y el cordobés Julio Romero de Torres (con sus tonos más lúgubres y aire litúrgico), contribuyeron a crear la tipología de la representación femenina flamenca. Junto a numerosos precedentes, como los Cantos Andaluces del compositor tortosino Felipe Pedrell (1889), la consagración musical del fenómeno tuvo lugar en la primavera de 1915, cuando el músico gaditano Manuel de Falla estrenó en Madrid El amor brujo, una composición subtitulada «Escenas gitanas de Andalucía. Baile en un acto». En 1922, con la colaboración de Zuloaga, Falla y García Lorca convocaron la celebración en Granada del concurso de «cante hondo». Y fue entonces cuando el poeta granadino, que vinculó para siempre lo flamenco y lo moderno, comenzó a pensar el libro que vería la luz nueve años más tarde, Poema del cante jondo. Al mismo tiempo, el flamenco había dado el salto del folclore étnico al espectáculo popular dentro del género ínfimo, y escritores como Gómez de la Serna o Pérez de Ayala estaban convirtiendo sus canciones y a sus intérpretes femeninas en referencia estética. El admirado cinema por la «novísima literatura» y la radiodifusión universalizaron el proceso en los años treinta (la vindicación del «pueblo», verdadero depositario de las esencias españolas, especialmente en el ámbito rural, como fuente de creatividad artística tuvo una presencia muy significativa en la cultura cinematográfica, siendo el cine sonoro uno de los grandes adelantos para servir al folclore, a la música y al canto de las «ricas vetas populares nacionales»).

En la mixtura cultural de España, el arte nacional se puso al servicio de la política del turno, preocupada por integrar a los miembros de la «clase más numerosa y pobre», que habían tenido restringidos el disfrute de los derechos políticos otorgados por la ciudadanía hasta las elecciones de 1891 (las primeras celebradas según la fórmula del sufragio universal masculino). La masa de aquellos hombres formaba la tropa de soldados que luchaban en la Guerra de Cuba y a nadie sorprendió, escribió Carlos Serrano en El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación, el inicio de una operación «a la busca de héroes, y de héroes populares». Y, tampoco, que los numerarios de la Academia de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando se unieran a la maniobra auspiciada por los políticos y periodistas. Los mecanismos de la conmemoración se pusieron en marcha cuando, en 1896, la primera institución galardonó ex aequo con el Premio a la Virtud al soldado héroe de Cascorro, Eloy Gonzalo, y al cabo González, del fuerte la Azotea del Moro. Por su parte, los académicos de la segunda presidieron en el jurado constituido a iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que aprobó el proyecto de monumento a Eloy Gonzalo presentado por Aniceto Marinas. Al margen de otras seducciones, la popularidad de esta estatua levantada en la plaza del Rastro madrileño se extendió entre los hijos del pueblo, que, pasados los años, apenas guardaron memoria de la tea revolucionaria de «Cascorro» (ese era el recuerdo del periodista-escritor Corpus Barga).

En cualquier caso, el recorrido por medio Madrid realizado por el joven monarca Alfonso XIII, el 5 de junio de 1902, inaugurando las esculturas de Goya, Quevedo, Lope de Vega, Bravo Murillo y Argüelles hasta que le tocó el turno a la del soldado petrolero, resulta indicativo de la persistencia de la fiebre monumentalista entre unas élites dirigentes que continuaban manteniendo su confianza en el arte nacional diseñado desde la Academia de Bellas Artes. La institución que, tras la dictadura familiar de los Madrazo (prolongada hasta 1898), fue dirigida en los siguientes tres años por Juan Facundo Riaño. Fallecido en 1901, el yerno del gran arabista y bibliófilo Pascual Gayangos había sido un historiador cosmopolita y liberal, introductor de la concepción europea de la Historia del Arte como disciplina específica, separada de la Arqueología, y divulgador del gusto artístico entre los institucionistas (en particular, influyó en la formación de Manuel Bartolomé Cossío, el director del Museo Pedagógico Nacional que, por aquel entonces, preparaba su fundamental estudio en dos volúmenes sobre El Greco, publicado en 1908).

ACADEMICISMO OFICIAL Y ARTE NACIONAL: LA PINTURA DE HISTORIA

Lo que había sucedido mientras tanto era lo siguiente: el decreto del 20 de abril de 1864 había reformado los estatutos de la antigua Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, asimilándola a las otras cuatro grandes academias. En el proceso de institucionalización de la cultura nacional, el hecho merece nuestra particular atención, ante todo, por el significado que tuvo en la conservación de los monumentos del reino (a través de las comisiones provinciales). También por su labor de supervisión del Museo Nacional de Pintura y Escultura, que, por extensión, impulsará una sensibilidad por el arte oficial entre los cultivados políticos de la época (Emilio Castelar, durante su época de ministro de Estado en el primer gabinete de la República, ordenó la fundación de la Academia de Bellas Artes de Roma; y, en 1878, Cánovas decidió crear el Museo de Reproducciones Artísticas). Y, por último, por su contribución, junto con la Academia de la Historia, a la puesta en marcha del Archivo Histórico Nacional (1866) y del Museo Arqueológico Nacional (1867), dos establecimientos decisivos en el desarrollo del concepto de patrimonio nacional.

Por lo demás, la traducción en imágenes de la memoria cultural del liberalismo supuso la creación de un espacio político conmemorativo y la aparición de un arte nacional que podemos reconocer en el urbanismo y la arquitectura (desde los nuevos ensanches y barrios burgueses hasta el conjunto de edificios dedicados al entretenimiento, el ocio y la cultura, pasando por los inmuebles oficiales con algún tipo de función burocrática o administrativa y los nombres de las calles y las plazas como signos situacionales de la toponimia urbana), pero, sobre todo, podríamos identificarlo con la pintura de historia y la escultura monumental, en tanto géneros característicos del academicismo oficial restauracionista que recibieron el certificado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando (dirigida, entre 1881 y 1893, por el máximo representante del purismo académico y continuador de su padre en los puestos directivos de la vida artística española, el pintor Federico de Madrazo y Kuntz). Y es que, a imitación de lo que estaba sucediendo en los principales países europeos, donde los Estados se implicaron en la elaboración de un canon artístico y en la evaluación oficial de aquellos personajes que debían formar parte del patrimonio nacional, la Academia se encargó de regir el desarrollo bienal de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Iniciadas sus convocatorias en 1856, durante las siguientes cuatro décadas la pintura de historia ocupará el lugar más alto, dentro de la rígida jerarquización de secciones establecidas (pintura, grabado, escultura y arquitectura).

Al pintar la historia los artistas completaron el proceso de trivialización de los recuerdos históricos con un conjunto de imágenes espectaculares que ayudaron a educar los sentimientos y conformaron la cultura histórica de las clases medias españolas. Por lo demás, cualesquiera que fuesen las fuentes de inspiración de los pintores —y aquí las historias generales del padre Mariana y, sobre todo, la de Modesto Lafuente resultaron fundamentales—, la representación plástica del objeto histórico y su invitación a ser observado, pasó a ser considerado un retrato fiel de la realidad perdida, un elemento más de engarce y cristalización de la experiencia colectiva del pasado con el presente. Y no solo entre los coleccionistas particulares o el grupo de privilegiados que visitaban las exposiciones. La existencia de un público principalmente lector, cuyo campo de percepción estuvo constituido por una cultura tipográfica que fue completada con la revolución fotográfica, favoreció la socialización de este género artístico mediante su reproducción en los grabados, dibujos y fotografías que ilustraban las principales revistas culturales de la época.

De todos los artistas y temáticas analizados, junto con la popularidad de los Reyes Católicos (los monarcas más representados en la historia del género, entre los que destaca la obra maestra de Eduardo Rosales Doña Isabel la Católica dictando su testamento, de 1864), mencionaré el éxito obtenido por el cuadro del zaragozano Francisco Pradilla, Doña Juana la Loca, galardonado con la medalla de honor en la Exposición Universal de París de 1878. Pintado a los 29 años, además de la inmediata fama internacional, según José Luis Díez y Javier Barón, significó «la más soberbia plasmación plástica de un tema que obsesionaría al pintor durante toda su vida y que resume —quizá mejor que cualquier otra pintura histórica del antepasado siglo— todos los ingredientes del género, tanto desde el punto de vista formal como en su concepción». A su lado, resulta ilustrativo de aquel mundo de rencillas entre escuelas, de competencias por contratos y envidias artísticas, el compromiso liberal-progresista de Antonio Gisbert frente al moderado conservadurismo de su adversario José Casado del Alisal.

El primero, que nunca ingresará en la Academia, había articulado la tiranía de los proyectos imperiales de Carlos V superpuesta a la dignidad de los defensores de las libertades castellanas en Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo (primera medalla en la Academia Nacional de Bellas Artes de 1860, en cuyo catálogo se reproducía el pasaje de Lafuente que había ilustrado el argumento). Más adelante, en 1888, dejó testimonio de su compromiso liberal al pintar el Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. Por su parte, Casado del Alisal, quien en 1864 había entrado por la puerta grande del género con La rendición de Bailén (considerado el cuadro más importante inspirado en un episodio de la Guerra de la Independencia española), se convertirá en uno de los artistas oficiales del primer canovismo. Director de la Escuela Española de Bellas Artes de Roma y académico de la de San Fernando, en 1880 pintará La leyenda del rey monje (conocido tradicionalmente con el título de La campana de Huesca, según rezaba la portada de la novela de Antonio Cánovas).

Poco a poco los grandes personajes históricos fueron perdiendo protagonismo en el espacio de la pintura para ceder su lugar al pueblo español, víctima de la violencia de Estado, de la deshumanización de las grandes urbes y de las miserias sociales derivadas de la industrialización. Y lo perdieron, definitivamente, ante el auge del nacionalismo estético, que, como un producto de la «hermandad de las artes y los artistas», trataba de borrar la invención de la España negra y miserable pintada por Zuloaga en sus cuadros más tétricos de época segoviana, descrita por el viajero belga Émile Verhaeren en la edición ilustrada por los grabados y dibujos de Darío de Regoyos (1899) y cuyo corolario tardío lo pusieron la pintura y los textos de José Gutiérrez Solana (1920). En medio de grandes discusiones, los pintores (como los músicos, los fotógrafos y los literatos) abandonaron el pasado para representar el alma española (en su constante diálogo con sus inseparables almas regionales), mediante la recreación de los ambientes y conciencias del paisaje nacional.

De ese modo, la última década del XIX marcó la decadencia del reinado de la pintura de historia porque, entre otras concepciones pictóricas que se nutrían de las conquistas impresionistas y simbolistas, la denuncia social sirvió de inspiración a grandes cuadros del realismo finisecular como el ¡Aún dicen que el pescado es caro!, del valenciano Joaquín Sorolla (1894), los pintados por el madrileño Vicente Cutanda, que reflejó la vida de los obreros bilbaínos (La huelga de los obreros en Vizcaya, de 1892, y Preparativos del 1.º de mayo, de 1894), o los sobrecogedores lienzos del granadino José María López Mezquita Cuerda de presos (1901) y del retratista barcelonés Ramón Casas Barcelona 1902. En su misma continuidad, las variaciones modernistas introducidas en la corriente por los paisajistas del siglo XX quedaron reflejadas en los medios de expresión, el tratamiento de los temas a través de nuevos lenguajes estéticos y su implicación en la creación atmosférica del paisaje español.

Aliados con los jardineros-paisajistas en sus búsquedas de las esencias nacionales (el francés Jean-Claude Nicolas Forestier promovió la creación de un «jardín español» en sus proyectos de remodelación del Parque de María Luisa en Sevilla y de Montjuic en Barcelona y el gaditano Javier de Winthuysen dedicó su libro Jardines clásicos de España: Castilla a Juan Ramón Jiménez y a Sorolla), los rincones más recoletos españoles se convirtieron en los centros cálidos de las trayectorias de artistas como Santiago Rusiñol. El creador catalán que, tras haber paseado en procesión las obras de El Greco por las calles de Sitges y sin ninguna contradicción con sus sentimientos regionales, concibió en el Generalife granadino un proyecto artístico el pintar los Jardines de España, que será una constante hasta el final de su vida en 1931. Por lo demás, junto con el reconocimiento alcanzado por una legión de paisajistas de las regiones, José-Carlos Mainer ha explicado que, cuando Sorolla abordó, en 1911, el encargo de los muros de la Biblioteca de la Hispanic Society tuvo claras dos cosas: «que aquellas pinturas signaban el abandono de la representación de lo nacional mediante los hitos de la Historia (que era lo que le había pedido su mecenas, Archer M. Huntington) y, de añadidura, que la habitual representación de la identidad única y cerrada del país debía ceder su lugar a la celebración de las regionalidades estéticas (que ya tenían un largo recorrido pictórico y literario)». Y, por supuesto, musical.

En ese ambiente de revalorización del jardín se explica la proliferación de obras musicales que abordan ese tema como argumento central o pretexto del paisaje de la nación. Precedidas por las piezas de Debussy (Lindaraja, Soirée dans Grenade, Les parfums de la nuit) o las Doce danzas españolas de Enrique Granados de 1890 (pleno de intimismo tardorromántico compuso El jardí d’Elisenda en 1912), las salas de conciertos registraron el éxito sin reparo de la monumental Iberia, de Isaac Albéniz (iniciada en 1900 y truncada como su autor en 1909), de las Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla (inspirada en los dibujos de Rusiñol) o la sinfonía Sevilla, de Joaquín Turina (estrenada en 1920). El doble tándem de compositores catalanes y andaluces que, tras pasar por París, participaron de la atmósfera común creada alrededor del paisaje musical nacional en su perspectiva universal. En esa inspiración se situará un amplio repertorio que abarca desde el mundo de la danza (Los jardines de Aranjuez, interpretado por la Argentina en 1918, con música de varios autores y montaje de José María Sert) hasta el famoso concierto de Joaquín Rodrigo (1939), las composiciones de Ángel Barrios, Amadeo Vives o el Amanecer en los jardines de España, compuesta, en 1937, por Ernesto Halffter, tras tomar partido por el bando franquista. En la década de 1920, Adolfo Salazar y Castro fue el principal divulgador de la gran música española de raíces populares. Compositor y editor de la Revista Musical Hispano-Americana, consolidó su fama de crítico musical desde las columnas del periódico El Sol (1918-1936) y por sus trabajos de musicología (entendía la historia de la música como una historia cultural, en la versión diltheyana «de las formas y del espíritu»).

En octubre de 1900, en el París donde tenían su estudio Zuloaga y una pléyade de artistas españoles, Pablo Picasso bajó del tren procedente de Barcelona en la Gare d’Orsay. Había abandonado la ciudad donde su padre era profesor de la Escuela de Artes de la Llotja, bastión del arte oficial y el academicismo de las pinturas históricas, para exponer uno de sus cuadros en el Pabellón de España en la Exposición Universal de 1900, la feria mundial instalada en el Grand Palais y el Petit Palais con la intención de celebrar el nuevo siglo. La ciudad de la luz era el centro del mundo para el joven pintor español que, en muy poco tiempo, conquistaría el prolífico medio artístico e intelectual parisino. En diferentes grados, le siguieron en los procelosos caminos de la fama internacional el cubista Juan Gris, el alegre surrealista Joan Miró y, sobre todo, el metafísico extraordinario Salvador Dalí. Años más tarde, cuando la cultura nacional española estaba saltando en pedazos bajo las bombas de la aviación franquista, Pablo Picasso se atrevió a utilizar, una vez más, la pintura de historia para alertar al mundo civilizado del incendio de la Guerra Civil española y, como su predecesor Goya, denunciar la ciega violencia y los desastres de las guerras en el Guernica, expuesto por primera vez en la Exposición Universal de París de 1937.

DECORAR ESPAÑA: ORNATO PÚBLICO Y SOCIEDAD CONMEMORATIVA

De todos modos, los personajes y hechos del pasado español como argumento artístico tuvieron mucho más alcance en el tiempo académico de la alta Restauración. Durante aquellos años, en el proceso de acumulación de memoria que es la cultura, la historia, después de hacerse literatura y de ser fijada en las grandes obras generales y los manuales escolares, se había hecho pintura para subirse, poco después, a los pedestales de los monumentos y los frontispicios de los edificios públicos. En el caso particular del ornato público, el dominio de la política ejercido por los notables nacionales y las oligarquías locales resultó determinante para la configuración de un paisaje de la memoria oficial, legitimado e ideológicamente enfocado a través de la proyección cultural del pasado. Planteado desde la «política de la negociación» y acotado por un troquel de sentimientos, creencias y valores patrióticos (algunos de los cuales, como la religión católica, la lengua castellana y la unidad territorial, se consideraban básicos y necesarios), se trató de un escenario para la conmemoración del Estado-nación, caracterizado, en sus formas plásticas, por la integración de la escultura en la arquitectura y en el urbanismo; y en sus significados culturales, por estar pensado para establecer un «nuevo orden simbólico en los centros urbanos de la “nación” y más que en ningún otro, en la capital de esa nación». Después de todo, mucho más que el eclecticismo institucional que dominó la cultura estética española a partir de mediados de siglo fue la función simbólica de los monumentos la que les otorgaba la condición de lugares de la memoria para la práctica social de la cultura del recuerdo colectiva.

Y todo eso como refuerzo de los discursos y rituales de la nación alumbrados por la sociedad conmemorativa y una cultura de la conmemoración oficial que se consolidó a partir de la década de 1880. Un espectáculo público de la memoria histórica cuyas representaciones, ejecutadas por toda la geografía estatal en sus versiones locales y nacionales, incluían un variado repertorio de concursos académicos, juegos florales y aniversarios literarios y artísticos. A medida que el Estado de la Restauración aseguraba su posición, este catálogo se fue ampliando con la organización de magnos certámenes mercantiles e industriales (la Exposición Universal de Barcelona de 1888, la Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908 o la Iberoamericana de Sevilla de 1929) y, por supuesto, con las celebraciones de las «gloriosas efemérides» de la historia española. En este punto, por razones bien distintas, pero con la función idéntica de reforzar los contenidos del nacionalismo español, dos eventos desplegados sobre el horizonte de expectativas y experiencias del Desastre contribuyeron de manera especial a desarrollar los mecanismos de las conmemoraciones oficiales: por delante, el IV Centenario del Descubrimiento de América de 1892, considerado por Edward Baker «la culminación de la cultura conmemorativa decimonónica para la España oficial»; y, por detrás, el Centenario de los Sitios de Zaragoza y la Guerra de la Independencia de 1908.

Sobre el amplio marco de referencias de las conmemoraciones, emergió un espacio artístico nacionalizado en el que los monumentos públicos se convirtieron en una de sus producciones artísticas más características. Y así, con todas sus peculiaridades y rasgos propios, pero también a semejanza de lo que estaba ocurriendo en la mayoría de las naciones del continente (el caso francés estudiado por Maurice Agulhon es paradigmático), la estatuomanía desarrollada durante el periodo restauracionista debemos entenderla como un elemento activo del sistema de intercambios y producciones que integraban la esfera de la cultura nacional española.

Con el París del Segundo Imperio como modelo, a partir de 1875 el espacio civil de Madrid se presentó como una extensión del poder monárquico y su primacía (en consonancia con la espada y la cruz) mediante un programa de esculturas decorativas y monumentales que pronto caracterizaría la imagen de la época en su conjunto. En su guion apenas tuvo cabida el espíritu nacional de inspiración democrática y, por supuesto, ninguna debía tener las referencias hacia el pasado más reciente (desde la República y el Sexenio hasta la Guerra de la Independencia). Por otro lado, los engarces de un registro interpretativo que conectaba la representación ideal del pasado común con un número creciente de esculturas dedicadas a personajes del presente (reconocibles por sus contemporáneos en tanto representantes de los logros político-culturales del Estado de la Restauración) resultaron determinantes para que, entre 1875 y 1914, se levantaran 226 monumentos públicos por toda la geografía española (38 en Madrid, 24 en Barcelona, 9 en Valencia, 7 en Zaragoza y 148 en otras 96 localidades).

Preocupados por conmemorar a los grandes hombres de la patria y, en particular, por celebrar a los hijos de la tierra, la toponimia urbana y las plazas de la España de las regiones se llenaron con las imágenes de Isabel la Católica, Padilla, el cardenal Cisneros, Hernán Cortés, Lanuza, Casanova y, sobre todo, Colón, «junto con Cervantes, la figura histórica más representada en escultura monumental» (según contabilizó Carlos Reyero en su libro La escultura conmemorativa en España. La edad de oro del monumento público, 1820-1914). Los elementos simbólicos y repertorios iconográficos de todos estos monumentos no solo eran perfectamente identificables por la mirada de los ciudadanos locales, sino también por los visitantes y espectadores llegados de otros lugares, porque seguían las fórmulas establecidas por el discurso político-cultural de la época y porque estaban firmados por los mismos o similares escultores, cautivos de la ideología de la nación y de la estética marcada por el academicismo.

Hasta que se produjera la crisis finisecular del Estado y el desprestigio momentáneo de la cultura liberal, la construcción de tantos monumentos públicos y la consolidación desde 1880 de una «sociedad conmemorativa» similar en todas las capitales de provincia y en las ciudades más pequeñas de la geografía nacional me permiten avanzar, parafraseando al citado historiador francés Maurice Agulhon, que la diversidad de los fervores patrióticos provinciales en la España de las regiones fue, en todo caso, una diversidad en sus modos de expresión. Y, en ese sentido, en la cartografía estatal del ornato público, destaca la activa presencia de Barcelona, que fue la primera ciudad española en dedicar un grupo escultórico al gran descubridor Cristóbal Colón, aprovechando el escaparate de la Exposición Universal de 1888. Más aún, de manera similar a lo apuntado con el mercado editorial, donde la capital del principado se constituyó en un importante centro a escala española y americana, Cataluña fue el principal foco exportador de escultores, arquitectos y técnicos especializados en monumentos conmemorativos. El lugar de procedencia de aquellos creadores cuyas elecciones estéticas y habilidades técnicas, unidas a sus relaciones personales y vinculaciones políticas, atrajeron la atención de los empresarios de la memoria de la España restauracionista.

De ese modo, apenas superado por el valenciano Mariano Benlliure y el segoviano Aniceto Marinas, la figura de Agustín Querol y Subirats encabezará la lista de los catalanes de mayor éxito entre los jurados de las exposiciones nacionales, los comités locales que encargaban las esculturas públicas y los miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que solían decidir los concursos (una amplia relación formada, entre otros, por Manuel Fuxá, Eusebi Arnau, Josep Llimona, Agapito Vallmitjana o el académico Miguel Blay). En cualquier caso, tratándose del escultor preferido de Antonio Cánovas del Castillo (en 1906, terminó el sepulcro monumental del político asesinado que debía formar parte de aquel proyecto nacional, nunca realizado, que fue el Panteón de Hombres Ilustres), la fecundidad y el largo alcance de la trayectoria escultórica de Querol sirve de modelo para rastrear la evolución del Modernismo en sus obras y, a la vez, para comprender el trabajo realizado por los escultores para plasmar en imágenes el discurso conmemorativo de los patrocinadores. Al respecto, baste recordar el gran predicamento que el tarraconense tuvo entre los miembros de la sociedad conmemorativa zaragozana de principios de siglo, que lo contrataron para realizar dos grandes monumentos en el marco de las celebraciones del Centenario de los Sitios de Zaragoza: el consagrado, en 1904, a los Mártires de la Religión y de la Patria (que sustituía a la septuagenaria, pero, sobre todo, liberal y laica, Fuente de Neptuno o de la Princesa) y el dedicado a Los sitios de Zaragoza. La inauguración de este último, en octubre de 1908, contó con la presencia de los monarcas y con la declaración del arzobispo Juan Soldevila acerca de que la guerra contra los franceses se hizo en defensa de la religión, «más que una guerra patriótica fue una cruzada religiosa».

Palabras representativas, entre otras muchas cosas, de cómo los contenidos ideológicos de la cultura nacional española mutaron tras el Desastre. Y es que la conmemoración del Centenario de los Sitios de Zaragoza significó una relectura del pasado nacional por parte de los sectores más conservadores en función de una utilización política inmediata. Tratándose de un acontecimiento de la historia contemporánea que siempre habían rechazado por sus connotaciones liberales, republicanas, anticlericales y democráticas, en 1908, la Guerra de la Independencia se convirtió en una especie de tabla de salvación cultural a la que se aferró el nacionalismo conservador español para incluirlo en la forja de un discurso que buscaba su coherencia interna en relación con la interpretación ideológica de la historia nacional. En adelante, el capital cultural de la guerra contra los franceses fue asumido como propio por el amplio espectro ideológico de las clases conservadoras, patrioteras y católicas, reaccionarias y carlistas, que se reconocían en el discurso del nacionalismo español (de signo progresivamente autoritario). Integrado en una narración que se pretendía unánime, un relato de combate originalmente pensado para la confrontación con las otras visiones nacionales del liberalismo progresista y republicano, llegado el momento sería esgrimido frente a todos los enemigos interiores creados por el trauma de la Guerra Civil.

De todos modos, la monarquía fue el régimen político de la Restauración y las esculturas modeladas por Benlliure -María Cristina de Borbón (1893) y Martínez Campos (1907)—, que representaban el paisaje monárquico del presente, debían quedar coronadas con el gran monumento urbano dedicado a la memoria de Alfonso XII. En la imaginación creativa de la estatuaria política del momento fue un proyecto estrella diseñado por el arquitecto barcelonés afincado en Madrid José Grases y Riera, y en cuya dilatada construcción, desde 1902 hasta 1922, contó con la participaron de 22 de los más famosos escultores de la época (15 de ellos catalanes). Con independencia de los numerosos problemas y vicisitudes biográficas, lo cierto es que el conjunto arquitectónico del parque del Retiro madrileño terminó siendo un inmenso resto de un tiempo en el que el arte oficial estuvo administrado por la cultura nacional del liberalismo conservador y la identidad política de muchos contemporáneos estuvo marcada por la idea de adhesión a la monarquía.

En el transcurso, mientras Alfonso XIII se obcecaba en cubrir con la pesada losa de una dictadura el reino de España y de los agotamientos políticos surgía el nuevo régimen de la República, los modernos escultores que vivían la pulsión establecida entre lo internacional y lo nacional rompieron con el Modernismo finisecular (abandonaron la idea de monumento «pictórico y narrativo», relegando la técnica del modelado para tallar directamente la piedra o trabajar con distintos materiales como el hierro). Al lado de los encargos oficiales, que no se interrumpieron, la evolución de la escultura española siguió dos grandes corrientes: la figurativa, representada por Mateo Inurria, Julio Antonio, José Capuz y el escultor de los intelectuales Victorio Macho (además de los monumentos de Pérez Galdós, de 1918, y Santiago Ramón y Cajal, de 1926, realizó la cabeza de Valle-Inclán y el busto de Pío Baroja), y la tendencia que conectaba directamente con las vanguardias parisinas; un grupo heterogéneo en el que destacaron las trayectorias de Pablo Gargallo (El Profeta, 1933), Julio González (La Montserrat, 1937) y Alberto Sánchez Pérez, que expondrá, junto al Guernica de Picasso, en el Pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de 1937, la escultura El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella.

RENACIMIENTOS: EL VOLUNTARISMO CULTURAL DE LAS REGIONES

En 1937, el camino de la cultura conducía a Valencia, la capital accidental y centro político e intelectual de la estrella española republicana. En el paraninfo universitario de la ciudad del Turia, el primer rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Pere Bosch Gimpera, pronunció la conferencia titulada «España (“en respetuoso homenaje al Presidente de la república española D. Manuel Azaña”)». En la tesis sostenida por el catedrático barcelonés acerca de una España plural (construida sobre la cooperación de los pueblos hispanos a «una obra comuna fraternalment i sense hegemonia»), convergían el conglomerado de hipótesis y corrientes periféricas progresistas, republicanas, federalistas, iberistas y democráticas que, en la medida de sus posibilidades, habían nutrido la cultura nacional española a lo largo del XIX. Pero, sobre todo, estaban en la línea de las ideas de complementariedad y apoyo para la redirección de España defendidas por ciertos sectores del catalanismo cultural (frente a la rivalidad como afirmación identitaria y creencia ideológica proclamada por los diversos grupos inmersos en la cultura política catalanista desde principios del Novecientos).

En septiembre de 1932, las Cortes aprobaron el Estatuto de Cataluña. El reformista Azaña fue uno de los principales artífices de la elaboración y aprobación de un texto que, acompañado por los siguientes Estatutos de Autonomía de las regiones, clausuraba, momentáneamente, uno de los problemas que cuestionaron el Estado liberal desde los tiempos del Desastre. Utilizando la razón derivada de la historia, como ha señalado Santos Juliá en Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940, el presidente del Gobierno de la Segunda República consideraba que era preciso remontarse a otra tradición, que no era la jacobina, sino la del «gran Estado español del Renacimiento», no para realizar «una política de arqueólogos sino de hombres modernos» que recuperen la tradición de los diferentes Estados españoles en un nuevo Estado español. Y es que, en abierta competencia con las visiones unitaristas y uniformizadoras proyectadas por algunas culturas políticas del liberalismo decimonónico, la dialéctica de la integración y acumulación de la cultura nacional encontró en la coyuntura finisecular del 98 un momento de inflexión crítica provocada por la conjunción de los embates doloridos de los regeneracionistas (con su literatura de la decadencia, las debilidades y los males de la patria), la brega de los intelectuales (algunos socialistas y émulos de Nietzsche, otros liberales partidarios de la pedagogía nacional y un nuevo patriotismo) y la beligerancia surgida de las regiones (en especial, desde Cataluña y el País Vasco). Las efervescentes actitudes de repulsa hacia el sistema de la Restauración de los primeros se fundieron en los procesos de reformas y renacionalización de España que impulsaron las acciones políticas y actividades culturales modernizadoras de los segundos, desde el lustro de 1907 hasta 1914 en adelante. Mientras, los descontentos políticos, las impaciencias y discordancias de los terceros permanecieron abiertos desde entonces.

De todos modos, resulta innegable que la cultura de la Restauración fue producto de un espacio sociopolítico, de un medio institucional y, sobre todo, de un tiempo intelectual que en su desarrollo histórico coincidió, entre otros muchos aspectos, con el proceso imaginado de los Renacimientos de las regiones (Renaixença, Rexurdimento, Euskal Pizkundea) y la invención estética de las periferias. Un escenario regional construido a lo largo de la centuria con una fuerte impronta historicista que encontró en la reproducción del modelo académico un excelente medio para la proyección de las políticas culturales de las burguesías de las provincias. Con todas sus tensiones y situaciones paradójicas, el pluralismo regional de la España decimonónica se tradujo en la aparición de una serie de conciencias históricas diversas y culturas del recuerdo específicas que, sin plantear ningún antagonismo con la idea acumulativa de la cultura nacional, cuestionaban aspectos originales de su construcción histórica. En ese sentido, el sector mayoritario de los eruditos locales del último cuarto de siglo profundizaron en las prácticas historiográficas apuntadas por sus precursores de época isabelina o por ellos mismos durante su juventud. Lo hicieron desde la preocupación concreta por el redescubrimiento del «carácter constante» que otorgaba el pasado particular de las regiones (con sus reinos antiguos y coronas medievales), pero, sobre todo, desde la reivindicación cultural de que estos elementos diferenciales y detalles significativos fueran reconocidos en el contexto general del pasado nacional (lanzando una denuncia ante lo que consideraban la imposición de una historia nacional diseñada sobre la base de la hegemonía histórica castellana).

Los miembros de la «buena sociedad» que vivieron y desarrollaron sus actividades sin salir de los confines de sus localidades participaban de la cultura política liberal y, además de la sensación de pertenencia a un mismo marco cultural (concepto desarrollado por Carl E. Schorske en sus estudios sobre la cultura vienesa), mantuvieron sus compromisos con un mercado de la cultura nacional española. Estas actitudes les llevaban a compartir desde una concepción específica de la historia local —centrada en el estudio de las repercusiones de los acontecimientos nacionales e internacionales en sus comunidades— hasta las modas artísticas y literarias —con su costumbrismo romántico, pintoresco y autocomplaciente, su rebaja realista, el pathos trágico añadido por el naturalismo provinciano y la melancolía modernista del regionalismo—.

No nos debe extrañar, por tanto, que durante los primeros decenios de la Restauración en las capitales de provincia se acumulen los signos de respetabilidad arquitectónica y la representación simbólica de la extensión del antiguo patrimonio monumental y artístico. Tampoco ha de sorprender que se sucedan los combates contra el neoclasicismo y la adopción del neogótico y el neomudéjar; el relanzamiento de las comisiones de monumentos provinciales; la fundación de sociedades de «Amigos de las Bellas Artes», de bibliófilos y arqueológicas; la creación de museos municipales; la restauración de las grandes catedrales medievales (León, Palma de Mallorca, Barcelona, Sevilla o Burgos); y el inicio de las obras de otras nuevas (la Almudena o la Sagrada Familia, ambas en construcción desde 1883 según los planos respectivos de dos arquitectos neogoticistas, el conservador Francisco de Cubas y el genial Antoni Gaudí, respectivamente). Y, menos aún, que estos fenómenos coincidieran, por un lado, con el impulso dado desde las instituciones políticas locales a la bibliofilia mediante el nombramiento de comisiones de «expertos» para formar las colecciones de Fueros o de los Cronistas de los antiguos reinos. Y, por otro, con los fenómenos culturales ya señalados de la pintura de historia y la estatuaria pública (patrocinados por las «sociedades conmemorativas», constituidas por la «gente de orden» cultivada de las localidades que, con mecanismos de reproducción endogámicos, sobrevivirán hasta la década de 1930 como un rastro más de la obsolescencia del modelo cultural académico).

Nación es narración, ha escrito Stefan Berger. Y porque las historias que nos contamos sobre nuestra pertenencia y ser nacional constituyen de hecho la nación, los cultivadores de la erudición local avanzaron por las mismas sendas del tipismo y el renacimiento estético que seguían los literatos finiseculares. En este terreno, aunque el sentimiento por la tierra impregnará las melancolías de todos los escritores (desde el vilanovés Valle-Inclán y el sevillano Machado hasta los chapelaundis de Baroja o el Unamuno que se emocionaba ante el recuerdo de la «invicta villa liberal de Bilbao»), se generaron dos grandes tipos de «nuevos cantores de las provincias»: por un lado, los novelistas, poetas y dramaturgos del regionalismo que saltaron a la primera fila del panorama nacional e internacional; y, por otro, el heterogéneo grupo de bardos, rondallistas y cuentistas, dioses menores de la creación literaria cuyo reconocimiento apenas superó las fronteras de «mi mundo es mi provincia», retratado con ironía por Pío Baroja en La nave de los locos (1913). «Letraheridos» de las regiones como el asturiano Teodoro Cuesta, el murciano Vicente Medina, el salmantino José María Gabriel y Galán, el malagueño Arturo Reyes, el sevillano Francisco Muñoz y Pabón, el donostiarra José de Manterola, los tinerfeños José Tabares y Luis Rodríguez Figueroa (Guillón Barrús), el zaragozano Luis López Allué, los navarros Francisco Navarro Villoslada o Arturo Campión o los sacerdotes mallorquines Miquel Costa i Llobera y Antoni Maria Alcover. La mayoría de ellos ligaron sus sentimientos y conciencias de pertenecer a los diferentes pueblos de España, sus vocaciones literarias y sus gustos culturales a las celebraciones de los juegos florales de sus ciudades (las fiestas del gay saber de origen medieval recuperadas a mediados de siglo en Granada, Córdoba y Barcelona que, de manera extemporánea, sobrevivieron hasta la década de 1930).

El movimiento arraigó especialmente en Barcelona, al quedar vinculadas las celebraciones florales con la lengua, convertida en el vehículo de la pujante cultura catalana; pero no solo eso. Reinstaurados por Víctor Balaguer, los Jocs Florals pronto transcendieron el campo literario impulsando el amplio movimiento cultural conocido como la Renaixença, que alcanzó su máxima expresión en los años restauracionistas. En el espacio nacional, el prestigio de las justas barcelonesas las convirtió en un modelo institucional aceptado por el amplio espectro de los regionalistas españoles. Y fueron, a la vez, un espacio para la movilización cultural del incipiente nacionalismo catalán (tomado en estas páginas como ejemplo de los primeros grupos de nacionalistas vascos y del resto de los nacionalismos «periféricos» que, por imitación y siempre dentro de sus diferencias, fueron surgiendo diseminados por las provincias del Estado).

En el horizonte de expectativas de unos pocos comenzaron a vislumbrarse los efectos de la entropía regional en sus formas político-culturales antagónicas, rivalidades identitarias y singularidades autárquicas. No obstante, de entrada, la capacidad teórica y real de estos grupos para inventar mitologías históricas, plantear pasados alternativos e impugnar el monopolio académico que legitimaba historiográficamente la idea de España fue pequeña y quedó limitada a círculos minoritarios. Desde la cultura, el catalanismo reunió a una pluralidad de colectivos cuyas estrategias se movieron entre las expectativas de futuro de un proyecto político. Y la conquista de las principales instituciones del academicismo local (la Academia de Buenas Letras, el Ateneo de Barcelona, etcétera), dominadas por los más conspicuos representantes de la tradicionalista escola conservadora y los regionalistas liberales (que vinculaban la Renaixença a la ideología liberal y la preocupación por redreçar —redirigir— desde Cataluña los rumbos políticos y culturales de España).

Fortalecido con la crisis de 1898, tras los sucesos del ¡Cu-Cut! y La Veu de Catalunya de noviembre 1905, el catalanismo político alcanzó una primera fase de consolidación con el triunfo del movimiento de Solidaridad Catalana en las elecciones de julio de 1907. De todos modos, en enero de ese mismo año, en Madrid se había fundado la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) como parte del programa de rearme institucional y científico del moderno nacionalismo español y, en mayo, se constituía en Barcelona el Institut d’Estudis Catalans con los propósitos igualmente ambiciosos de modernizar la cultura catalana. Creado gracias a la iniciativa de Enric Prat de la Riba, Josep Pijoan, Antoni Rubió y Josep Puig i Cadafalch, de manera inmediata numerosos intelectuales del resto de España saludaron la iniciativa, así como la proclamación del ideal noucentista por parte de Eugenio d’Ors, como dos signos de vitalidad cultural. De parte catalana, el aprecio y el recelo se dieron cita en la respuesta del inventor de los glosaris, el joven intelectual catalanista que se convertiría pronto en el inspirador de la política cultural de Prat de la Riba, primer presidente de la Mancomunidad de Diputaciones catalanas.

Al margen de disidencias y conversiones paulinas individuales, pactismos autonómicos y transacciones entre los políticos de Madrid y Barcelona (en gran medida, como efecto del frente común que les suponía la presión creciente de los movimientos sociales y las resistencias culturales obreras), la perpetuación de esta actitud ambivalente no impedirá, de ninguna manera, los puntos de encuentro individuales y las interrelaciones culturales (tampoco, por supuesto, las rivalidades fronterizas, los resentimientos y las actitudes de rechazo de uno y otro lado). Después de todo, si es bien cierto que el nacionalismo catalán se revitalizó a través de la fundación, en 1922, de Acció Catalana, no lo es menos que de ninguna manera el mandamiento político de la homogeneidad cultural nacionalista se habría impuesto por aquel entonces, eliminando el pluralismo de la catalanidad y la conexión armónica de los escritores, artistas o pensadores naturales de las provincias catalanas con la cultura nacional española.

En los diálogos establecidos entre los protagonistas de la compleja vida cultural catalana y española desde 1907 en adelante, alcanzaron una posición relevante las nuevas promociones de universitarios, convertidos en el grupo más moderno y representativo del amplio espectro de los intelectuales. En tal sentido, Vicente Cacho Viu resaltó en una obra póstuma el factor modernizador del nacionalismo catalán, recordando los múltiples lazos existentes entre la Institución Libre de Enseñanza y sus figuras más representativas, continuados con los estrechos contactos establecidos entre la Junta para la Ampliación de Estudios y el Institut d’Estudis Catalans. Por su parte, Ricardo García Cárcel ha señalado en su relato de las memorias históricas de España cómo el golpe de Estado de Primo de Rivera que suprimió la Mancomunidad, prohibió la bandera y el uso público del catalán tuvo, en cambio, la virtud de incentivar la solidaridad mutua entre los intelectuales catalanes y los del resto del Estado. En la industria del libro, las relaciones eran estrechas desde la celebración, en junio de 1909, de la primera Asamblea de Editores y Libreros Españoles en el Ateneo de Barcelona. En 1925, como se ha comentado más arriba, se produjo la fusión de Espasa Hermanos de Barcelona con la madrileña editorial Calpe (la empresa de Nicolás María de Urgoiti que contaba con la participación del editor catalán José Gallach Torras y en cuyo Consejo de Administración figuraba como vocal José Ortega y Gasset). Y, a finales de 1930, las Cámaras Oficiales del Libro de Madrid y Barcelona acordaron editar conjuntamente el Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana, años 1901-1930 (el primer volumen apareció en 1932).

En esta línea, Román Gubern en Proyector de luna. La generación del 27 y el cine (1999) y Marta García Carrión en su estudio sobre la cultura cinematográfica y el nacionalismo español han recordado que, entre 1906 y 1923, Barcelona era el centro de producción y distribución más importante de España. En marzo de 1930, una amplia representación de intelectuales españoles residentes en Madrid fueron homenajeados en el Ateneo de Barcelona, el Institut d’Estudis Catalans y la Diputación, «donde su presidente, Joan Maluquer, les recordó que de allí, de aquel palacio, había emanado el conflicto con Olivares». El 17 de abril de 1931 fue proclamada la Generalitat. Y el 9 de diciembre se promulgó la nueva Constitución republicana que reconocía la existencia de una España plurinacional.

Pensionado por la JAE en Alemania y doctor en Historia por la Universidad de Madrid con la tesis El problema de la cerámica ibérica, Pere Bosch Gimpera dirigió, desde 1915, el Servicio de Investigaciones Arqueológicas del IEC y obtuvo al año siguiente, por oposición, la cátedra de Historia Universal, Antigua y Media de la Universidad de Barcelona. Posteriormente, fue uno de los principales representantes de la generació del 17, pero, sobre todo, se convirtió en el prehistoriador catalán más destacado dentro de la corporación de historiadores españoles (en 1932, publicó su obra maestra Etnología de la Península Ibérica). Y mientras el divismo intelectual del cada vez más Eugenio d’Ors encontraba en Madrid periódicos y editores para sus glosas (al tiempo que las derivas de su pensamiento siempre autoritario lo llevaban desde la disidencia catalanista hacia un acercamiento, efímero, al sindicalismo), en Barcelona, Pere Bosch Gimpera transmitió los principios básicos de la profesionalización histórica a sus discípulos de la facultad de Filosofía y Letras y, en especial, a quien la posteridad ha convertido en el historiador más famoso de la historiografía española del siglo XX: Jaume Vicens Vives (por lo demás, el más firme representante del redreç catalán en la segunda década del franquismo).

En los años treinta, el joven historiador gerundense, debelador de las mitologías de la historiografía romántica catalanista, no dudó en enviar un ejemplar dedicado de su tesis doctoral, Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516 (la primera que se defendió en catalán, el 22 de febrero de 1936), al «primer ciudadano de la nación», el presidente de la República, Manuel Azaña (al considerar la lectura de su investigación doctoral «hija directa de su política y de la comprensión que V. E. tuvo de los problemas catalanes»). Tampoco tuvo dudas para permanecer al lado del rector de la Autónoma durante la Guerra Civil. Fueron treinta y seis meses durante los cuales la violenta intolerancia de una parte del nacionalismo español implosionó el multiverso de la cultura nacional española creado a lo largo del siglo del liberalismo (y, con ella, se apagaron las estrellas individuales y sucumbieron los universos de los pueblos de España, con sus constelaciones catalanistas, vasquistas, galleguistas y las de los diferentes nacionalismos surgidos en el resto de las regiones).

LOS TÓNICOS DE LA VOLUNTAD: LA RESURRECCIÓN DE ESPAÑA POR LA CIENCIA

Tal vez nada ilustra mejor que la historia de las ciencias entre 1875 y 1914 el dominio ejercido por las Bellas Letras dentro del modelo cultural establecido por el liberalismo académico y, a la vez, la crisis de identidad que se expandió por el planeta de los científicos españoles durante los años que siguieron al Desastre. En ese sentido, parecía muy acertada la afirmación del compostelano José Rodríguez Carracido, al proclamar ante el pleno de la Academia que «Nuestra derrota era inevitable, por ser Estados Unidos el pueblo de la Física y la Química, y España el de la Retórica y la Poética». En aquel ambiente cargado de ideas reformistas, parecía que el tiempo de la experiencia le otorgaba toda la razón, pues el catedrático de Química biológica de la facultad de Farmacia de la Central era miembro de la Real Academia de Ciencias (1888) y acababa de tomar posesión del sillón Z de la Real Academia Española con el discurso dedicado al Valor de la literatura científica hispano-americana, leído el 14 de junio de 1908.

Es decir, la trayectoria de José Rodríguez Carracido era la típica de un «científico puro» de la era de los descubridores. Un sabio decimonónico cuya curiosidad sin límites y voluntad de saber le llevó a destacar en el estudio de alguno de los campos de la ciencia y de las técnicas sin dejar de cultivar, de manera coincidente, el gusto por las temáticas más variadas y los géneros literarios hegemónicos en la alta cultura académica restauracionista (según ha retratado José Manuel Sánchez Ron en Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España). De todos modos, por encima de otros ilustres compañeros de corporación, la figura decimonónica del científico polifacético triunfador en el mundo de la República de las Letras española la representaba el ministro de Hacienda, presidente de la Real Academia de Ciencias y premio Nobel de Literatura José Echegaray. El dramaturgo más aplaudido de su tiempo que, al margen de la repulsa de unos pocos escritores, flanqueado por las estatuas de San Isidoro y Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, Luis Vives, Lope de Vega y Cervantes, en la primavera de 1905 recibió el multitudinario homenaje de la nación en la escalera principal de aquel bastión de la cultura que era la Biblioteca Nacional de Madrid.

Político y académico de largo recorrido, el 11 de marzo de 1866 Echegaray había tomado posesión de la medalla número 6 de la de Ciencias con el discurso De las matemáticas puras en España, que provocó el reinicio de la polémica de la ciencia española. Un mes más tarde, murió el teniente general e ingeniero de los ejércitos Antonio Remón Zarco del Valle, académico fundador y primer presidente de la corporación creada el 25 de febrero de 1847. Sin ningún tipo de divergencias con las otras cinco grandes corporaciones académicas, las aportaciones de la institución de las Ciencias a la construcción de la cultura nacional española (además de alentar la creación de la facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como facultad mayor diferenciada de la de Filosofía y Letras), se centraron en el desarrollo de aquellas ciencias, caso de la geología, la geografía, las ciencias naturales, la antropología o la medicina, que conectaban sus saberes con la articulación territorial de España, con las necesidades administrativas y militares del Estado de la Restauración, con la presencia diplomática en el concierto internacional y con el desarrollo de las condiciones de vida de las clases sociales. En ese sentido, resulta significativo que el núcleo fundamental de los numerarios decimonónicos de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales lo constituyeran los militares y los ingenieros (entre los primeros, destacará la figura de Carlos Ibáñez Íbero, primer director del Instituto Geográfico y Estadístico que ocupó la presidencia de la Comisión Internacional de Pesas y Medidas creada en París en 1875; a esta institución perteneció, años más tarde, el gran inventor Leonardo Torres Quevedo, que reunió en su trabajo el papel otorgado por los ingenieros a la matemática como llave teórica de su formación profesional y sus relaciones con el mundo real a través de los inventos y los instrumentos tecnológicos).

Por su parte, desde su cargo de ingeniero jefe de los ferrocarriles del Norte, el polifacético Eduardo Saavedra y Moragas ejemplifica a la «aristocracia intelectual del modelo académico»: matemático y arquitecto, sus trabajos de campo de las líneas férreas estimularon, además, su gusto por las antigüedades nacionales (académico de la Historia en 1862, descubridor de Numancia, fue uno de los primeros arqueólogos-prehistoriadores de España). A su lado, la vinculación entre la cultura política conservadora y los conocimientos paleontológicos y prehistóricos dirigidos a seguir los rastros dejados por «las razas aborígenes de la península ibérica» estuvieron representados en la de Ciencias por el catedrático valenciano de Geología y Paleontología de la Central Juan Vilanova y Piera. Ante la contienda intelectual abierta por el tema de los orígenes de los vascos y las relaciones entre las lenguas y las culturas de los primitivos pobladores de la Península, sus estudios se dirigieron a confirmar «científicamente» los orígenes étnicos de la nación española y demostrar que los íberos fueron el primer pueblo español que logró la «Unidad Ibérica Hispánica». En ese rango, la propuesta política de Cánovas de dar a conocer «los principios genuinamente históricos de la nación española» siempre quedó subordinada a las creencias religiosas y las alertas ante el «miedo al mono», extendido por la introducción de las doctrinas evolucionistas y las noticias sobre el hombre fósil (cuestión que reactivaría una vez más el tema de la ciencia española y puso en marcha el Decreto y la Circular de Orovio de 26 de febrero de 1875 que iniciaba la segunda cuestión universitaria con la separación de los catedráticos krausistas Augusto González Linares, Laureano Calderón, Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón o Gumersindo de Azcárate).

Por lo demás, a principios de 1871 se había fundado la Sociedad Española de Historia Natural, dirigida a desarrollar los conocimientos de la fauna y la flora españolas y ultramarinas y donde, pronto, se dieron cita las polémicas suscitadas por la recepción en España de la teoría darwinista (uno de sus primeros defensores fue el catedrático de Historia Natural de la Universidad de Sevilla Antonio Machado y Núñez), el positivismo spenceriano o la autenticidad de las pinturas rupestres de la cueva de Altamira, descubiertas por Marcelino Sanz de Sautuola y reconocidas por Vilanova y Piera (1882). En 1876, se creó la Sociedad Geográfica de Madrid. La nueva institución no solo fue un centro para el debate académico, sino la entidad encargada de propulsar, por un lado, los estudios prácticos del solar español (a principios de siglo, el geólogo y académico Eduardo Hernández Pacheco y el geógrafo institucionista Juan Dantín Cereceda se encargaron de llenar de contenidos científicos las nociones de «Península» y «meseta» central, por ejemplo). Y, por otro, las exploraciones marítimas que preparasen el camino para una futura acción colonial. Estudiadas por Lily Litvak en El ajedrez de las estrellas. Crónica de viajeros españoles del siglo XIX por países exóticos (1800-1913), en la expedición de 1885 participó, entre otros, el naturalista aragonés Odón de Buen y del Cos, que inició la investigación oceanográfica y participó en el proceso de profesionalización novecentista de las Ciencias del Mar (en 1906, dirigió el Laboratorio Biológico Marino de Porto Pi en Mallorca y, desde 1913, el Instituto Español de Oceanografía). Senador por la provincia de Barcelona (1907-1908), compartió la nueva estética nacional participando del clima de opinión intelectual en favor del paisaje español a través de varias iniciativas parlamentarias dirigidas a la conservación de los monumentos naturales de España y la creación de parques nacionales. Dejó el testimonio de su actividad científica, sus ideales cívicos republicanos y su patriotismo español en Mis memorias, redactadas en 1941 en el exilio.

En octubre de 1934 había muerto Santiago Ramón y Cajal, lo que le evitó el dolor de asistir a las atrocidades de una guerra entre españoles y a la destrucción de sus dos grandes obras: la práctica desaparición de la Escuela de Histología Española y la supresión de la Junta para la Ampliación de Estudios. Hijo del tiempo académico de la Restauración, la trayectoria del premio Nobel de Medicina en 1906 marca el inicio de la transformación de la ciencia española e ilustra acerca de los pasos seguidos por un pequeño grupo de materias científicas cuya institucionalización comenzó a desarrollarse en las facultades universitarias de Ciencias, Farmacia o Medicina a finales del XIX. Las líneas avanzadas por unos pocos catedráticos («ilustres iniciadores científicos») establecieron las estrategias y esbozaron los planes que en el inmediato futuro del Novecientos impulsaron los procesos disciplinares dentro de las ciencias naturales en el contexto emancipador de las diferentes comunidades profesionales (junto con los ejemplos de Rodríguez Carracido, Torres Quevedo, Odón de Buen, baste mencionar a los matemáticos Zoel García de Galdeano y Julio Rey Pastor).

Tras sufrir la experiencia de la Guerra de Cuba en 1874-1875, Ramón y Cajal realizó la tesis doctoral en Madrid bajo la dirección del granadino Aureliano Maestre de San Juan, primer catedrático de Histología Normal y Patología de la facultad de Medicina de la Central (1873), a quien sucedió en la cátedra en 1888 (después de pasar por las universidades de Valencia y Barcelona). Consagrado «a la religión del laboratorio», ese año conoció, a través del neurólogo Luis Simarro, los métodos de tinción de sales de plata del italiano Camillo Golgi (con el que compartió el premio Nobel) y rompió el paradigma de la ciencia normal sobre el cerebro al desarrollar la teoría neuronal en la estructura íntima del sistema nervioso mediante el moderno método científico (su tratado Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, de 1899, se sigue recomendando en las universidades estadounidenses). A partir de ahí, el catedrático oscense fue uno de los primeros en comprender la importancia que tenía para la normalización disciplinar de la biología el «magisterio del investigador» de laboratorio, la formación de discípulos y la creación de una escuela de especialistas. En este sentido, fue el maestro venerado, entre otros, del internacional Nicolás Achúcarro, Guillermo de la Rosa, Lorenzo Ruiz de Arcaute, Joaquín Alonso, Francisco Tello (creador de la teoría de la regeneración nerviosa) y, en menor medida, de Pío del Río Hortega (de manera complementaria a lo señalado por Ramón y Cajal, la línea del «investigador médico clínico» estuvo representada por el endocrinólogo y polifacético humanista Gregorio Marañón, que, en la primavera de 1922, acompañó al monarca Alfonso XIII en su famoso viaje a las Hurdes).

Por otro lado, participando del ambiente moral creado por la intelligentsia krauso-institucionista, Santiago Ramón y Cajal fue un avanzado de la dignidad del intelectual-universitario que se integró en la obra de la regeneración de España, primero, presentando públicamente una alternativa de organización de la ciencia y, una vez superado el 1900, al ponerse al frente del principal proyecto de modernización y europeización de la ciencia española. En ese orden, el 5 de diciembre de 1897, tomó posesión de la medalla 17 de la Academia de Ciencias Exactas con el discurso Fundamentos racionales y condiciones técnicas de la investigación biológica, en el que retomando la discusión de la ciencia española señalaba, primero, las causas del atraso nacional y explicaba los remedios mediante la descripción de los tónicos de la voluntad de la «Ciencia» moderna. Y, al final, proponía una política científica de Estado basada en la transformación de la universidad y la formación de pensionados en el extranjero.

Con la mirada puesta en los procesos de institucionalización de las ciencias naturales que, entre 1880 y 1990, se estaban sucediendo en los principales países de Europa y América (Alemania, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos), los científicos españoles que creían cada vez más en el poder de la ciencia pusieron sus ideas al servicio de la «resurrección de la nación» y las llevaron a la práctica apoyando la fundación, en 1907, de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, presidida por Santiago Ramón y Cajal y en la que actuaba de secretario el reformador institucionista José de Castillejo. En su marco se creó, el 18 de marzo de 1910, el Centro de Estudios Históricos dirigido por Ramón Menéndez Pidal y, dos meses más tarde, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, dirigido por Ramón y Cajal. En este último se dio cabida, entre otros, al Laboratorio de Investigaciones Físicas (dirigido por Blas Cabrera), a la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (con el carlista marqués de Cerralbo, el conde de la Vega de Sella y Eduardo Hernández Pacheco) y a dos laboratorios creados por iniciativa directa de Cajal: el de Histología e Histopatología del Sistema Nervioso (dirigido por Achúcarro y Pío del Río Hortega, en el que se formó Severo Ochoa) y el de Fisiología General, cuyo responsable fue Juan Negrín. Poco antes, la nueva comunidad científica aprovechó el marco de las fiestas zaragozanas del Centenario de la Guerra de la Independencia de 1908 para celebrar el primer congreso fundacional de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (Luis Simarro, catedrático de Psicología Experimental de Madrid fue el principal impulsor de la reunión y Segismundo Moret el primer presidente de una agrupación que proclamaba el fomento de la educación científica).

Hasta 1936, las ciencias médicas y naturales completaron sus procesos de normalización y especialización profesional, compartiendo con sus colegas de las ciencias sociales y humanísticas el protagonismo patriótico en la revitalización de la cultura nacional española.

COROLARIO: LOS REFORMADORES INTELECTUALES DE ESPAÑA (UNIVERSITARIOS E INTELECTUALES)

Entre 1900 y 1914, las ideas de Ramón y Cajal, de Pedro Dorado Montero, del Unamuno de En torno al casticismo (1895), de Rafael Altamira, de Ramón Menéndez Pidal, de los regeneracionistas Macías Picavea y Joaquín Costa o de los corresponsales europeos de la prensa moderna (desde Ramiro de Maeztu hasta Corpus Barga) se habían generalizado. La «voluntad de hacer» de los nuevos intelectuales (los verdaderos y los que se acogían a la moda del término) los puso de acuerdo con el catedrático de Filosofía del Derecho de la Central Francisco Giner de los Ríos, en que el porvenir de la nación estaba unido al esfuerzo pedagógico de educar al pueblo, mediante una profunda renovación de la política institucional y el fomento de los viajes de formación en el extranjero. Y mostraron su convencimiento también una serie de políticos liberales (el marqués de la Vega de Armijo, Segismundo Moret, el conde de Romanones, Amalio Gimeno, etcétera), que, tras aceptar las propuestas de los institucionistas y los científicos, decidieron fundar el 11 de enero de 1907 la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Como explicó Javier Varela en La novela de España. Los intelectuales y el problema español (1999), en las tres décadas siguientes, junto con la universidad embarcada en el movimiento de «redención de los paraninfos», el instituto investigador representó la transformación de la cultura nacional española en su versión más plural de los valores político-culturales del liberalismo moderado y progresista (con algunas opciones personales situadas en su ala izquierda y, más adelante, en difusas formas del socialismo de cátedra), pero, fundamentalmente, modernizador, reformista y universitario (monárquico y republicano).

En fin, la cultura nacional española de la Restauración (elaborada sobre el modelo institucional académico y representada por las más diversas manifestaciones artísticas, literarias, históricas o científicas) fue una construcción de las diferentes culturas políticas del liberalismo, lo cual implica por definición que gozó de un tiempo histórico y tuvo, por así decirlo, una validez transitoria. Consolidada de manera incontestable a lo largo del siglo XIX, otra cosa bien diferente a la debilidad y el fracaso que se le supone fue la aparición en las primeras décadas del XX de grietas en el viejo edificio de su memoria histórica colectiva, así como el hecho de que cambiaran las estrategias políticas de la conmemoración y de que se agotaran los lenguajes narrativos y del simbolismo público; también que se perdiera la adecuación necesaria entre las tendencias del Estado liberal hacia la nación y las producciones artístico-intelectuales, y que finalizara, en definitiva, el intento de unificar los distintos elementos que la componían. Una vez roto el consenso político-cultural, las tensiones internas y las reivindicaciones en conflicto hicieron que siguieran su curso independiente otras culturas políticas gestadas por la crisis del Estado liberal y las críticas de sus contemporáneos al concepto de una nación que, además, había perdido los últimos restos de su imperio. Pero ¿hubo algún Estado nacional o algún campo de la cultura en la Europa del momento donde no ocurriera esto?

Lo más que puede afirmarse es que la cultura nacional española presentó a lo largo del Ochocientos unos rasgos específicos respecto a los generados por las otras culturas nacionales europeas y que estos se acentuaron en las primeras décadas del siglo XX. En este sentido, el cambio más evidente e inmediato se produjo a partir de los años 1914-1918, cuando la catástrofe de la Gran Guerra, después de asolar los principales países del continente, convirtió la experiencia de la pena y la práctica masiva del luto en dos aspectos fundamentales para el renacimiento del sentimiento nacional. La memoria de la guerra se incluyó como un componente más de los fenómenos de la vida intelectual y moral que definirán la ideología de la cultura nacional de los Estados participantes en el conflicto hasta prácticamente la II Guerra Mundial (siempre, claro está, con la salvedad del fascismo y el nacionalsocialismo, que, como el franquismo, no pueden ser definidos como una forma de cultura nacional).

En España, el impacto de la Gran Guerra agitó el pensamiento y el imaginario nacional, pero aquí lo hizo de manera conflictiva, complicando los esquemas político-culturales de principios de siglo, acentuando la división de la sociedad y extendiendo entre las regiones las dudas sobre el deseo de compartir el destino de España. Desde luego, en medio de tantos dolores y amarguras, hubo rearmes ideológicos, cambios de sentimientos y resistencias intelectuales frente a las vacilaciones acerca de lo que era o debía ser la nación española. De la tensión entre modernización y nacionalización se estrenarán metáforas emocionales y surgirán otras ceremonias políticas y otras formas de teatralización del poder. A partir de la década de 1910, la «guerra de ideas» entre los partidarios y enemigos de la JAE se estableció como un componente disolvente de la cultura nacional. Y eso mientras el filósofo José Ortega y Gasset asumía la representación del moderno nacionalismo español y la acción de unos intelectuales que alcanzó uno de sus momentos públicos culminantes en la presentación de la Agrupación al Servicio de la República, en febrero de 1931. En todo caso, la grave crisis económica que, procedente de Estados Unidos, arrasó Europa en la década de 1930, unida a la conflictividad social y la radicalización de las culturas políticas enfrentadas, se llevó por delante el concepto y la realidad de la cultura nacional española de los tiempos liberales.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ACEBRÓN DOMINGO, María Dolores, Rafael María de Labra. Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, Europa y Marruecos en la España del Sexenio Democrático y la Restauración (1871-1898), Madrid, CSIC, 2006.

ALBEROLA, Armando, y LARRIBA, Elisabel (eds.), Las élites y la revolución de España (1808-1814). Estudios en homenaje al profesor Gérard Dufour, Alicante, Universidad de Alicante-Université de Provence-Casa de Velázquez, 2010.

ALONSO, Cecilio, Hacia una literatura nacional, 1800-1900, en José-Carlos Mainer (dir.), Historia de la Literatura Española, vol. 5, Barcelona, Crítica, 2010.

ALONSO, Gregorio, La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España (1793-1874), Granada, Comares, 2014.

ALONSO ROMERO, María Paz, Cuba en la España liberal (1837-1898). Génesis y desarrollo del sistema autonómico, Madrid, CEPC, 2002.

ÁLVAREZ JUNCO, José, El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza, 1990.

—, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001.

— (coord.), Las historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad, en Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.), Historia de España, vol. 12, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2012.

ANDREU, Xavier, El descubrimiento de España. Mito romántico e identidad nacional, Madrid, Taurus, 2016.

ARNABAT, Ramon, La revolució de 1820 i el Trienni Liberal a Catalunya, Vic, Eumo, 2001.

ARTOLA, Andoni, De Madrid a Roma. La fidelidad del espiscopado en España (1760-1833), Gijón, Trea, 2013.

ARTOLA, Miguel, Los afrancesados, Madrid, Alianza, 2008.

—, La Guerra de la Independencia, Madrid, Espasa-Calpe, 2007.

—, La Hacienda del siglo XIX: progresistas y moderados, Madrid, Alianza, 1986.

— (dir.), «La burguesía revolucionaria (1808-1874)», en Historia de España, vol. 5, Madrid, Alianza, 1990.

AVILÉS, Juan, La daga y la dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo, Barcelona, Tusquets, 2013.

AYMES, Jean-René, La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Madrid, Siglo XXI, 2008.

—, Españoles en París en la época romántica, 1808-1848, Madrid, Alianza, 2008.

BAHAMONDE, Ángel, y CAYUELA, José, Hacer las Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo XIX, Madrid, Alianza, 1992.

—, y MARTÍNEZ, Jesús, Historia de España. Siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1994.

BALFOUR, Sebastian, Abrazo mortal. De la guerra colonial a la guerra civil en España y Marruecos (1909-1939), Barcelona, Península, 2002.

BERNAL, Antonio Miguel, «La agricultura y la ganadería españolas en el siglo XIX», en Gonzalo Anes (ed.), Historia económica de España. Siglos XIX y XX, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1999.

BLANCO RODRÍGUEZ, José Andrés, y DACOSTA, Arsenio (eds.), El asociacionismo de la emigración española en el exterior: significación y vinculaciones, Madrid, Sílex, 2014.

BLANCO, Alda, Escritoras virtuosas: Narradoras de la domesticidad en la España isabelina, Granada, Universidad de Granada, 2001.

BLAS, Andrés de, FUSI, Juan Pablo, y MORALES MOYA, Antonio (dirs.), Historia de la nación y del nacionalismo español, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Fundación Ortega-Marañón, 2013.

BORRÁS LLOP, José María, El trabajo infantil en España (1700-1950), Barcelona, Icaria, 2014.

BOTREL, Jean-François, Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX, Madrid, Pirámide, 1993.

BREÑA, Roberto, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, México, El Colegio de México, 2006.

BURDIEL, Isabel, Isabel II. Una biografía, Madrid, Taurus, 2010.

—, y PÉREZ LEDESMA, Manuel (coords.), Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid, Espasa-Calpe, 2000.

BURGUERA, Mónica, Las damas del liberalismo respetable: los imaginarios sociales del feminismo liberal en España (1834-1850), Madrid, Cátedra, 2012.

—, y SCHMIDT-NOVARA, Christopher (eds.), Historias de España contemporánea. Cambio social y giro cultural, Valencia, PUV, 2008.

BUSAALL, Jean-Baptiste, Le spectre du jacobinisme. L’Expérience constitutionnelle française et le premier libéralisme espagnol, Madrid, Casa de Velázquez, 2012.

BUTRÓN, Gonzalo, La ocupación francesa de España (1823-1828), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996.

—, y RÚJULA, Pedro (coords.), Los sitios en la Guerra de la Independencia. La lucha en las ciudades, Madrid, Sílex-Universidad de Cádiz, 2012.

—, y RAMOS SANTANA, Alberto, Cádiz, escuela política: hombres e ideas más allá de 1814, Madrid, Sílex, 2016.

CABRERA, Mercedes (dir.), Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), Madrid, Taurus, 1998.

—, MORENO LUZÓN, Javier, et al., Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo XX, Madrid, Fundación BBVA, 2002.

CALATAYUD, Salvador, MILLÁN, Jesús, y ROMEO MATEO, María Cruz (eds.), Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques, Valencia, PUV, 2009.

— (eds.), El Estado desde la sociedad. Espacios de poder en la España del siglo XIX, Alicante, Universidad de Alicante, 2016.

CALVO CARILLA, José Luis, La cara oculta del 98. Místicos e intelectuales en la España del fin de siglo (1895-1902), Madrid, Cátedra, 1998.

CALVO MATURANA, Antonio, Cuando manden los que obedecen. La clase política e intelectual de la España preliberal (1780-1808), Madrid, Marcial Pons, 2013.

CALVO SERRALLER, Francisco, La imagen romántica de España. Arte y arquitectura del siglo XIX, Madrid, Alianza, 1995.

—, Paisajes de luz y muerte. La pintura española del 98, Barcelona, Tusquets, 1998.

CANAL, Jordi, Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo, 1876-1939, Madrid, Marcial Pons, 2006.

—, El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, Alianza, 2000.

—, y GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (dirs.), Guerras civiles. Una clave para entender la Europa de los siglos XIX y XX, Madrid, Casa de Velázquez, 2012.

CANTOS, Marieta, y RAMOS, Alberto (eds.), La represión absolutista y el exilio, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2015.

CANTOS, Marieta, DURÁN, Fernando, y ROMERO, Alberto, La guerra de pluma. Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814), 3 vols., Cádiz, Universidad de Cádiz, 2006.

CARMONA BADÍA, Xoán, El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación de las manufacturas textiles (1750-1900), Barcelona, Ariel, 1990.

CARRERAS, Albert, y TAFUNELL, Xavier, Estadísticas históricas de España, 3 vols., Bilbao, Fundación BBVA, 2005.

—, Historia económica de la España contemporánea (1789-2009), Barcelona, Crítica, 2010.

CASARES, Emilio, y ALONSO, Celsa, La música española en el siglo XIX, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1995.

CASTELLS, Irene, La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa, Barcelona, Crítica, 1989.

—, ESPIGADO, Gloria, y ROMEO MATSO, María Cruz (coords.), Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808, Madrid, Cátedra, 2009.

CASTRO ANTOLÍN, Mariano Luis de, y NDONGO-BIDYOGO, Donato, España en Guinea. Construcción del desencuentro: 1778-1968, Madrid, Sequitur, 1998.

CAUDET, Francisco, Clío y la mágica péñola. Historia y novela (1885-1912), Madrid, Cátedra, 2010.

CAYUELA, José Gregorio, y GALLEGO, José Ángel, La Guerra de la Independencia. Historia bélica, pueblo y nación en España (1808-1814), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2008.

CHASTAGNARET, Jean Claude, DAUMAS, Jean Claude, ESCUDERO, Antonio, y RAVEAUX, Olivier, Los niveles de vida en España y Francia (siglos XVIII-XX). In memoriam Gérard Gayot, Alicante, Universidad de Alicante, 2010.

CHUST, Manuel, La eclosión juntera en el mundo hispano, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.

—, La cuestión americana en las Cortes de Cádiz, Valencia, UNED-UNAM, 1999.

—, y FRASQUET, Ivana, Tiempos de revolución. Comprender las independencias iberoamericanas, Madrid, Taurus, 2013.

COMÍN, Francisco, Historia de la Hacienda pública II: España (1808-1995), Barcelona, Crítica, 1996.

—, HERNÁNDEZ, Mauro, y LLOPIS, Enrique (eds.), Historia económica de España, siglos XIX-XX, Barcelona, Crítica, 2002.

—, MARTÍN ACEÑA, Pablo, MUÑOZ RUBIO, Miguel, y VIDAL OLIVARES, Javier, 150 años de historia de los ferrocarriles españoles, 2 vols., Madrid, Anaya/Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1998.

COSTELOE, Michael P., La respuesta a la Independencia. La España imperial y las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1840, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

CRUZ, Jesús, Los notables de Madrid: las bases sociales de la revolución liberal española, Madrid, Alianza, 2000.

—, El surgimiento de la cultura burguesa. Personas, hogares y ciudades en la España del siglo XIX, Madrid. Siglo XXI, 2014.

DARDÉ, Carlos (dir.), La política en el reinado de Alfonso XII, en Ayer, Madrid, núm. 52 (2003).

—, Antonio Cánovas y el liberalismo conservador, Madrid, FAES-Gota a Gota, 2013.

Darío de Regoyos, 1857-1913, Madrid, Fundación Cultural MAPFRE Vida, 2002.

DELGADO, Josep, Dinámicas imperiales (1650-1796), Barcelona, Bellaterra, 2007.

DEMANGE, Christian, GÉAL, Pierre, HOCQUELLET, Richard, MICHONNEAU, Stéphane y SALGUES, Marie, Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-1908), Madrid, Casa de Velázquez, 2007.

Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. Cortes de Cádiz, 1810-1814, Madrid, Cortes Generales, 2010.

DÍEZ, José Luis, y BARÓN, Javier, El siglo XIX en El Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007.

DUARTE, Ángel, La República del Emigrante. La cultura política de los españoles en Argentina (1875-1910), Lérida, Milenio, 1998.

—, y GABRIEL, Pere, «El republicanismo español», Ayer, núm. 39 (2000).

DUFOUR, Gérard, Goya durante la Guerra de la Independencia, Madrid, Cátedra, 2008.

—, Juan Antonio Llorente, el factótum del rey intruso, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.

DURÁN, Nelson, La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada (1854-1868), Madrid, Akal, 1979.

ELORZA, Antonio, y HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, La Guerra de Cuba (1895-1898). Historia política de una derrota colonial, Madrid, Alianza, 1998.

Entre dos siglos. España 1900, Madrid, Fundación MAPFRE, 2008.

ESDAILE, Charles, La Guerra de la Independencia: una nueva historia, Barcelona, Crítica, 2003.

FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano, GIL NOVALES, Alberto y DÉROZIER, Albert, «Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833)», en Manuel Tuñón de Lara (dir.), Historia de España, t. VII, Barcelona, Labor, 1981.

FERNÁNDEZ, Elena, Mujeres en la Guerra de la Independencia, Madrid, Sílex, 2009.

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, y FUENTES, Juan Francisco (dirs.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza, 2002.

FERNÁNDEZ SIRVENT, Rafael, Francisco Amorós y los inicios de la educación física moderna. Biografía de un funcionario al servicio de España y Francia, Alicante, Universidad de Alicante, 2005.

FONTANA, Josep, De en medio del tiempo. La segunda restauración española, 1823-1834, Barcelona, Crítica, 2006.

FORCADELL, Carlos, y ROMEO MATEO, María Cruz (eds.), Provincia y nación. Los territorios del liberalismo, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006.

FRADERA, Josep María, Colonias para después de un imperio, Barcelona, Bellaterra, 2005.

—, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña, 1838-1868, Madrid, Marcial Pons, 2003.

—, La nación imperial (1750-1918). Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos, Barcelona, Edhasa, 2015.

FRASER, Ronald, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia, Barcelona, Crítica, 2006.

FUENTE, Gregorio de la, Los revolucionarios de 1868, Madrid, Marcial Pons, 2000.

FUENTES, Juan Francisco, El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2007.

—, y GARÍ, Pilar, Amazonas de la libertad. Mujeres liberales contra Fernando VII, Madrid, Marcial Pons, 2013.

—, y ROURA, Lluís (eds.), Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX, Lérida, Milenio, 2001.

FUSI, Juan Pablo, y PALAFOX, Jordi, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1997.

GARCÍA, Alejandro, Historia del Sáhara y su conflicto, Madrid, La Catarata, 2010.

GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la Independencia, Madrid, Temas de Hoy, 2007.

—, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011.

GARCÍA DELGADO, José Luis (ed.), Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares, Madrid, Siglo XXI, 1992.

GARCÍA MONERRIS, Encarna, FRASQUET, Ivana y GARCÍA MONERRIS, Carmen, Cuando todo era posible. Liberalismo y antiliberalismo en España e Hispanoamérica (1780-1842), Madrid, Sílex, 2016.

GARCÍA SANZ, Ángel, y GARRABOU, Ramón (eds.), Historia agraria de la España contemporánea. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Barcelona, Crítica, 1985.

—, Historia agraria de la España contemporánea. Expansión y crisis (1850-1900), Barcelona, Crítica, 1985.

GARCÍA SEBASTIANI, Marcela (dir.), Patriotas entre naciones. Élites emigrantes españolas en Argentina (1870-1940), Madrid, Editorial Complutense, 2010.

GARRABOU, Ramón (ed.), La crisis agraria de finales del siglo XIX, Barcelona, Crítica, 1988.

—, et. al., Sombras del progreso: las huellas de la historia agraria, Barcelona, Crítica, 2010.

GERMÁN, Luis, LLOPIS, Enrique, MALUQUER DE MOTES, Jordi, y ZAPATA, Santiago (eds.), Historia económica regional de España, siglos XIX y XX, Barcelona, Crítica, 2001.

GIES, David T., El teatro en la España del siglo XIX, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

GIL NOVALES, Alberto, Las sociedades patrióticas, Madrid, Tecnos, 1975.

—, El Trienio liberal, Madrid, Siglo XXI, 1989.

—, Prensa, guerra y revolución: los periódicos españoles durante la guerra de la Independencia, Madrid, Siete Calles-CSIC, 2009.

GÓMEZ-FERRER, Guadalupe (coord.), La época de la Restauración: Civilización y cultura (1875-1902), en José María Jover (dir.), Historia de España Menéndez Pidal, t. XXXVI, vol. II, Madrid, Espasa-Calpe, 2002.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria, 1923-1930, Madrid, Alianza, 2005.

—, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, CSIC, 1998.

—, (ed.), Anatomía de una crisis: 1917 y los españoles, Madrid, Alianza, 2017.

—, y FONTECHA PEDRAZA, Antonio, Una cuestión de honor. La polémica sobre la anexión de Santo Domingo vista desde España, Santo Domingo, Fundación García Arévalo, 2005.

GONZÁLEZ PIZARRO, José Antonio, La política de España en América bajo Isabel II, Mutilva Baja, Newbook Ediciones, 1999.

GRANJA, José Luis de la, El nacionalismo vasco. Un siglo de Historia, Madrid, Tecnos, 1995.

GUERRA, François-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Encuentro, 2009.

HAEGELE, Vincent, Napoléon et Joseph Bonaparte. Le Pouvoir et l’Ambition, París, Tallandier, 2010.

HAMMETT, Brian R., La política española en una época revolucionaria, 1790-1820, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

HERNANDO, Javier, Arquitectura en España, 1770-1900, Madrid, Cátedra, 2004.

HERRERO, Javier, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Alianza, 1988.

HOCQUELLET, Richard, Resistencia y revolución durante la Guerra de la Independencia. Del levantamiento patriótico a la soberanía nacional, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2008.

INAREJOS MUÑOZ, José Antonio, Intervenciones coloniales y nacionalismo español. La política exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1856-1868), Madrid, Sílex, 2010.

JOVER ZAMORA, José María (dir.), Historia de España Ramón Menéndez Pidal. La Era Isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874), vol. XXXIV, Madrid, Espasa-Calpe, 1981.

—, España en la política internacional. Siglos XVIII-XX, Madrid, Marcial Pons, 1999.

JULIÁ, Santos, Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004.

KIRKPATRICK, Susan, Las románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, Madrid, Cátedra, 1991.

LA PARRA, Emilio, Los Cien Mil Hijos de San Luis. El ocaso del primer impulso liberal en España, Madrid, Síntesis, 2007.

—, Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002.

— (ed.), La guerra de Napoleón en España. Reacciones, imágenes, consecuencias, Alicante, Casa de Velázquez-Universidad de Alicante, 2010.

LAFONT, Jean-Marc, L’andalousie de Napoléon. Contre-insurrection, collaboration et résistances dans le midi de l’Espagne (1808-1812), París, La bibliothèque Napoléon, 2007.

LANDAVAZO, Marco Antonio, La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquicos en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822, México, El Colegio de México-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-El Colegio de Michoacán, 2001.

LARIO, Ángeles (ed.), Monarquía y república en la España contemporánea, Madrid, Biblioteca Nueva-UNED, 2007.

LARRIBA, Elisabel, y DURÁN, Fernando (eds.), El nacimiento de la libertad de imprenta. Antecedentes, promulgación y consecuencias del Decreto de 10 de noviembre de 1810, Madrid, Sílex, 2012.

LARROCHE, Emmanuel, L’expédition d’Espagne. 1823: De la guerre selon la Charte, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013.

LENTZ, Thierry, Joseph Bonaparte, París, Perrin, 2016.

LLORENS, Vicente, Liberales y románticos, Valencia, Castalia, 1979 (2.ª ed.).

LÓPEZ ALÓS, Javier, Entre el trono y el escaño, Madrid, Cortes Generales, 2011.

LÓPEZ SÁNCHEZ, José María, Heterodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936, Madrid, Marcial Pons-CSIC, 2006.

LÓPEZ TABAR, Juan, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo régimen (1808-1833), Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.

LUCENA, Manuel, Naciones de rebeldes. Las revoluciones de independencia latinoamericanas, Madrid, Taurus, 2010.

LUIS, Jean-Philippe (dir.), La guerre d’Indépendance espagnole et le libéralisme au XIXe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 2011.

—, L’utopie réactionnaire. Épuration et modernisation de l’état dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834), Madrid, Casa de Velázquez, 2002.

MAESTROJUÁN, Francisco Javier, Ciudad de vasallos, nación de héroes. Zaragoza: 1809-1814, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003.

MAINER, José-Carlos, La Edad de Plata, 1902-1939. Ensayo de interpretación de un proceso cultural, Madrid, Cátedra, 1981.

—, Modernidad y nacionalismo, 1900-1939, en José-Carlos Mainer, Historia de la Literatura Española, vol. 6, Barcelona, Crítica, 2010.

MALAMUD, Carlos (coord.), Ruptura y reconciliación. España y el reconocimiento de las independencias americanas, Madrid, Mapfre-Taurus, 2012.

MALUQUER DE MOTES, Jordi, Nación e inmigración: Los españoles en Cuba (siglos XIX y XX), Colombres, Archivo de Indianos, 1992.

MARCILHACY, David, Raza hispana. Hispanoamericanismo e imaginario nacional en la España de la Restauración, Madrid, CEPC, 2010.

MARCUELLO BENEDICTO, Juan Ignacio, La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II, Madrid, Congreso de los Diputados, 1986.

MARFANY, Joan-Lluís, Nacionalisme espanyol i catalanitat: cap a una revisió de la Renaixença, Barcelona, Edicions 62, 2017.

MARRAST, Robert, José de Espronceda y su tiempo. Literatura, sociedad y política en tiempos del romanticismo, Barcelona, Crítica, 1989.

MARTÍ-LÓPEZ, Elisa, Borrowed Words. Translation, Imitation and the Making of the Nineteenth-Century Novel in Spain, Londres, Associated University Press, 2002.

MARTÍN CORRALES, Eloy (ed.), Marruecos y el colonialismo español (1859-1912): De la Guerra de África a la «penetración pacífica», Barcelona, Bellaterra, 2002.

MARTÍNEZ CARRIÓN, José Miguel (ed.), El nivel de vida en la España rural, siglos XVIII-XX, Alicante, Universidad de Alicante, 2002.

MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel, La burguesía conservadora (1874-1931), Madrid, Alianza, 1973.

MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús, Vivir de la pluma. La profesionalización del escritor, 1836-1936, Madrid, Marcial Pons, 2009.

— (dir.), Historia de la edición en España (1836-1936), Madrid, Marcial Pons, 2001.

— (ed.), Orígenes culturales de la sociedad liberal (España siglo XIX), Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

MARTÍNEZ SHAW, Carlos y OLIVA MELGAR, José María (eds.), El sistema atlántico español (siglos XVII-XIX), Madrid, Marcial Pons, 2005.

MARTORELL, Miguel, José Sánchez Guerra. Un hombre de honor (1859-1935), Madrid, Marcial Pons, 2011.

MEES, Ludger (ed.), La celebración de la nación. Símbolos, mitos y lugares de memoria, Granada, Comares, 2012.

MIGUEL GONZÁLEZ, Román, La pasión revolucionaria. Culturas políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo XIX, Madrid, CEPC, 2007.

MOLINER, Antonio (ed.), La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Barcelona, Nabla Ediciones, 2007.

MORALES, Antonio (coord.), «Las bases políticas, económicas y sociales de un régimen en transformación (1759-1834)», en Historia de España Menéndez Pidal, t. XXX, Madrid, Espasa-Calpe, 1998.

MORANT, Isabel (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina. Del siglo XIX a los umbrales del XX, t. III., Madrid, Cátedra, 2006.

MORENO ALONSO, Manuel, La forja del liberalismo en España. Los amigos españoles de Lord Holland 1793-1840, Madrid, Congreso de los Diputados, 1997.

—, José Bonaparte, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008.

MORENO LUZÓN, Javier (dir.), Alfonso XIII. Un político en el trono, Madrid, Marcial Pons, 2003.

— (dir.), Construir España. Nacionalismo español y procesos de nacionalización, Madrid, CEPC, 2007.

— (ed.), Progresistas, Madrid, Taurus, 2005.

— y NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (eds.), Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona, RBA, 2013.

— y NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (eds.), Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea, Madrid, Tecnos, 2017.

MOYA, José C., Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 1850-1930, Buenos Aires, Emecé, 2004.

MUÑOZ LÓPEZ, Pilar, Sangre, amor e interés. La familia en la España de la Restauración, Madrid, Marcial Pons-Universidad Autónoma de Madrid, 2001.

NADAL, Jordi y CARRERAS, Albert (eds.), Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Barcelona, Ariel, 1990.

NAGORE, María, SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia, y TORRES, Elena (eds.), Música y cultura en la Edad de la Plata, 1915-1939, Madrid, Ediciones del ICCMU, 2009.

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M., y SEVILLANO, Francisco (eds.), Los enemigos de España. Imagen del otro, conflictos bélicos y disputas nacionales (siglos XVI-XX), Madrid, CEPC, 2010.

OLLERO, José Luis, Sagasta. De conspirador a gobernante, Madrid, Marcial Pons-Fundación Práxedes Mateo Sagasta, 2006.

PAN-MONTOJO, Juan (coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 1998.

PEIRÓ MARTÍN, Ignacio, Los guardianes de la Historia. La historiografía académica de la Restauración, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006.

PEREIRA, Juan Carlos (coord.), La política exterior de España. De 1800 hasta la actualidad, Barcelona, Ariel, 2010.

PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio, Contra el poder. Conflictos y movimientos sociales en la Historia de España: de la Prehistoria al tiempo presente, Granada, Comares, 2015.

—, Las Cortes de Cádiz. El nacimiento de la nación liberal (1808-1814), Madrid, Síntesis, 2007.

PÉREZ LEDESMA, Manuel, y SAZ, Ismael (eds.), Historia de las culturas políticas en España y América Latina, 6 vols., Madrid-Zaragoza, Marcial Pons-Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014-2016.

—, (dir.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, CEPC, 2007.

—, Estabilidad y conflicto social, Madrid, Nerea, 1990.

— y BURDIEL, Isabel (eds.), Liberales eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008.

PÉREZ VEJO, Tomás (ed.), Enemigos íntimos. España, lo español y los españoles en la configuración nacional hispanoamericana, 1810-1910, México, El Colegio de México, 2011.

—, Elegía criolla. Una interpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas, Barcelona, Tusquets, 2010.

—, España en el debate público mexicano (1836-1867), México, El Colegio de México-Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2007.

—, España imaginada: historia de la invención de una nación, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015.

PEYROU, Florencia, Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II, Madrid, CEPC, 2008.

PORTILLO, José María, Revolución de nación, Madrid, CEPC, 2000.

PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro, De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930), Madrid, Alianza, 1988.

—, El progreso económico de España (1850-2000), Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

PRO RUIZ, Juan, Juan Bravo Murillo. Política de orden en la España liberal, Madrid, Síntesis, 2006.

PUIG-SAMPER MULERO, Miguel Ángel, Tiempos de investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Madrid, CSIC, 2007.

PUJOL, Josep, GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel, FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, GALLEGO, Domingo, y GARRABOU, Ramón, El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, Barcelona, Crítica, 2001.

QUIROGA, Alejandro, Haciendo españoles. La nacionalización de las masas en la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Madrid, CEPC, 2008.

QUIRÓS, Francisco, Las ciudades españolas en el siglo XIX, Gijón, Trea, 2009.

RAMA, Carlos, Historia de las relaciones culturales entre España y América Latina en el siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

REIG, Ramiro, Blasquistas y clericales. La lucha por la ciudad en la Valencia de 1900, Valencia, Alfons el Magnànim, 1986.

REY, Fernando del, Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

REYERO, Carlos, y FREIXA, Mireia, Pintura y escultura en España, 1800-1910, Madrid, Cátedra, 1995.

RIQUER, Borja de, Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal, Madrid, Marcial Pons, 2001.

ROCA, Jordi, La Barcelona revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors, Barcelona, Fundació Noguera, 2011.

RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, Carlos, Don Luis de Borbón, el cardenal de los liberales (1777-1823), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002.

RODRÍGUEZ, Jaime E., Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, Madrid, Fundación MAPFRE, 2005.

—, La independencia de la América española, México, FCE, 1996.

ROMEO, María Cruz, Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absolutista (1814-1833), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1993.

ROMERO-MAURA, Joaquín, La rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Barcelona, Grijalbo, 1975.

ROMERO SALVADÓ, Francisco J., España 1914-1918. Entre la guerra y la revolución, Barcelona, Crítica, 2002.

ROMERO TOBAR, Leonardo, La lira de ébano. Escritos sobre el romanticismo español, Málaga, Universidad de Málaga, 2010.

RÚJULA, Pedro, Contrarrevolución. Realismo y carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 1998.

— y CANAL, Jordi (eds.), Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia, Marcial Pons-Institución Fernando el Católico, Madrid, 2012.

— y RAMÓN SOLANS, Javier (eds.), El desafío de la revolución. Reaccionarios antiliberales y contrarrevolucionarios (siglos XVIII y XIX), Comares, Granada, 2017.

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás, La modernización económica de España, 1830-1930, Madrid, Alianza, 1985.

SÁNCHEZ ANDRÉS, Agustín, y PÉREZ HERRERO, Pedro, Las relaciones entre España y México, 1810-2010, Madrid, Marcial Pons-Universidad de Alcalá, 2015.

SÁNCHEZ GARCÍA, Raquel, Alcalá Galiano y el liberalismo español, Madrid, CEPC, 2005.

SÁNCHEZ MANTERO, Rafael, Fernando VII, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001.

SÁNCHEZ PADILLA, Andrés, Enemigos íntimos. España y los Estados Unidos antes de la Guerra de Cuba (1865-1898), Valencia, PUV, 2016.

SÁNCHEZ RON, José Manuel, Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX), Madrid, Taurus, 1999.

SANTIRSO, Manuel, Progreso y libertad. España en la Europa liberal (1830-1870), Barcelona, Ariel, 2007.

SAUCH, Núria, Guerrillers i bàndols civils entre l’Ebre i el Maestrat: la formació d’un país carlista (1808-1844), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.

SEBASTIÁ, Enric, La revolución burguesa, Valencia, UNED, 2001.

SEOANE, María Cruz, Historia del periodismo en España, El siglo XIX, t. II. Madrid, Alianza, 1983.

SEPÚLVEDA, Isidro, El sueño de la madre patria. Hispanoamericanismo y nacionalismo, Madrid, Marcial Pons, 2005.

SERNA, Justo, y PONS, Anaclet, Los triunfos del burgués. Impresiones valencianas del Ochocientos, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011.

SERRANO, Carlos, El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación, Madrid, Taurus, 1999.

SERRANO GARCIA, Rafael, El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2001.

—, (ed.), España, 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002.

SHUBERT, Adrian, Historia social de España (1800-1990), Madrid, Nerea, 1990.

SIERRA, María, dir., Enemies Within: Cultural Hierarchies and Liberal Political Models in the Hispanic World, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

—, PEÑA, María Antonia y ZURITA, Rafael, Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la cultura del liberalismo, Madrid, Marcial Pons, 2010.

SILVER, Philip W., Ruina y restitución. Reinterpretación del romanticismo en España, Madrid, Cátedra, 1996.

SIMAL, Juan Luis, Emigrados. España y el exilio internacional, 1814-1834, Madrid, CEPC, 2012.

STUCKI, Andreas, Las guerras de Cuba. Violencia y campos de concentración (1868-1898), Madrid, La Esfera de los Libros, 2017.

SUÁREZ CORTINA, Manuel, La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2006.

—, (dir.), La Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Madrid, Alianza, 1997.

—, (ed.), Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808-1950, Madrid, Marcial Pons-Fundación Práxedes Mateo Sagasta, 2003.

TORRAS, Jaime, Liberalismo y rebeldía campesina, Barcelona, Ariel, 1976.

TORTELLA CASARES, Gabriel, Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y ferrocarriles en el siglo XIX, Madrid, Tecnos, 1972.

—, El desarrollo económico de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1994.

—, MARTÍ, Casimiro, JOVER ZAMORA, José María, GARCÍA DELGADO, José Luis, y RUIZ, David, Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), en Manuel Tuñón de Lara (dir.), Historia de España, vol. VIII, Barcelona, Labor, 1981.

TUSELL, Javier, y QUEIPO DE LLANO, Genoveva G., Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Taurus, 2002.

UCELAY-DA CAL, Enric, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, d’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003.

URÍA, Jorge, La España liberal (1868-1917). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2008.

VARELA ORTEGA, José, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo durante la Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza, 1977.

— (dir.), El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons-CEPC, 2001.

—, Los señores del poder y la democracia en España: entre la exclusión y la integración, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013.

VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín, El conde de Toreno: biografía de un liberal (1786-1843), Madrid, Marcial Pons, 2005.

—, La monarquía doceañista (1810-1837). Avatares, encomios y denuestos de una extraña forma de gobierno, Madrid, Marcial Pons, 2013.

VELASCO, Ana María, Moda y prensa femenina en la España del siglo XIX, Madrid, Ediciones 19, 2016.

VILCHES, Jorge, Progreso y libertad. El partido progresista en la revolución liberal española, Madrid, Alianza, 2001.

VILLACORTA BAÑOS, Francisco, Cultura y mentalidades en el siglo XIX, Madrid, Síntesis, 1992.

VILLARES, Ramón, y MORENO LUZÓN, Javier, Restauración y dictadura, en Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.), Historia de España, vol. 7, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2009.

VIÑAO, Antonio, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1982.

YÁÑEZ GALLARDO, César, La emigración española a América, siglos XIX y XX, Colombres, Asturias, Archivo de Indianos, 1994.

ZAVALA, Iris M., Ideología y política en la novela española del siglo XIX, Barcelona, Anaya, 1971.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Abarzuza, Buenaventura

Abascal, José Fernando de, virrey

Abela, Eduardo

Achúcarro, Nicolás

Ackermann, Rudolph

Agüero, Francisca

Aguilar, Miguel

Aguirre, Manuel de

Agulhon, Maurice

Alamán, Lucas

Alarcón, Pedro Antonio de

Alba, Santiago

Albéniz, Isaac

Alberdi, Juan Bautista

Alberti, Rafael

Alcalá Galiano, Antonio

Alcover, Antoni Maria

Alejandro I, zar

Alenza, Leonardo

Alfonso XII de Borbón, rey

Alfonso XIII de Borbón, rey

Almenara, marqués de

Almirall, Valentí

Alonso, Cecilio

Alonso, Celsa

Alonso, Joaquín

Alonso Martínez, Manuel

Altadill, Antonio

Altamira y Crevea, Rafael

Alvarado, Francisco de

Álvarez, Juan

Álvarez, Melquíades

Álvarez Bugallal, Saturnino

Álvarez Junco, José

Álvarez Mendizábal, Juan, véase Mendizábal, Juan Álvarez

Amadeo de Saboya, rey de España

Amarita, León

Amorós, militar

Anderson, Benedict

Andreu Miralles, Xavier

Angulema, Luis Antonio de Borbón, duque de

Anjou, duque de

Antillón, Isidoro de

Antonio, infante don

Antonio, Julio

Aparicio Inglada, José

Aparisi y Guijarro, Antonio

Apodaca, Juan José Ruiz de, virrey

Aragón, Agustina de

Aragorri, Simón de

Arana, Sabino

Aranda, conde de

Aranzadi, Telesforo de

Araquistáin, Luis

Arce, eclesiástico

Arderíus, Francisco

Areche, José Antonio de

Arenal, Concepción

Ares de Parga, Ignacio

Argentina, bailarina

Argüelles, Agustín

Aribau, Buenaventura Carlos

Arizábalo, José

Arnau, Eusebi

Arolas, Juan

Arrieta, Emilio

Arroyal, León de

Artigas, José

Asenjo Barbieri, Francisco

Asquerino, Eduardo

Asquerino, Eusebio

Astorga, marqués de

Ayala, Francisco

Ayerbe, marqués de

Ayguals de Izco, Wenceslao

Azaña, Manuel

Azcárate, Gumersindo de

Azcárate, Pablo de

Azcárraga, Marcelo de

Aznar, almirante Juan Bautista

Aznar, Severino

Azorín, José Martínez Ruiz

Badia, Domènec (Ali Bey)

Báez, Buenaventura

Bahamonde, Ángel

Baker, Edward

Balaguer, Víctor

Ballesteros, Francisco

Balmes, Jaime

Balzac, Honoré de

Bardají, Eusebio

Barea, Arturo

Baroja, Pío

Baroja, Ricardo

Barón, Javier

Barradas, Isidro

Barrantes, Vicente

Barrio, Ángeles

Barrios, Ángel

Basagoiti, Antonio

Basili, Basilio

Bastiat, Frédéric

Beauharnais, embajador francés

Becerra, Manuel

Bécquer, Gustavo Adolfo

Bécquer, Valeriano

Bello, Andrés

Benavente, Jacinto

Benjamin, Walter

Benlliure, Mariano

Benoît, A. V.

Bentham, Benjamin

Berenguer, Dámaso

Berg, duque de, véase Murat

Berga i Boix, Josep

Bergamín, Francisco

Berger, Stefan

Bermúdez de Castro, Salvador

Bernal, Antonio Miguel

Bernaldo de Quirós, Constancio

Bertrán de Lis, Manuel

Bessières, Jean-Baptiste

Bessières, Jorge

Bismarck, Otto von

Blanc, Louis

Blanco White, José María

Blasco, Eusebio

Blasco Ibáñez, Vicente

Blay, Miguel

Bloch, Marc

Böhl de Faber, Cecilia, véase Caballero, Fernán

Böhl de Faber, Nicolás

Boix, Vicente

Bolívar, Simón

Bonald, Louis Gabriel Ambroise de

Bonet Correa, Antonio

Borao, Gerónimo

Borges, Jorge Luis

Borrego, Andrés

Borrow, George Henry

Bosch Gimpera, Pere

Botella, Francisco

Botrel, Jean-François

Brambila, Fernando

Brañas, Alfredo

Bravo Murillo, Juan

Bretón de los Herreros, Manuel

Buchanan, James

Buen y del Cos, Odón

Burdiel, Isabel

Burgos, Francisco Javier de

Burke, Edmund

Bustamante, Carlos María de

Busto, marqués del

Busto y Blanco, Fernando del

Buylla, Adolfo

Caballero, Fermín

Caballero, Fernán (Cecilia Böhl de Faber)

Cabarrús, conde de

Cabrera, Blas

Cabrera, Ramón

Cabrera de Nevares, Miguel

Cacho Viu, Vicente

Calatrava, José María

Calderón, Laureano

Calderón de la Barca, Pedro

Calero, Marcelino

Calvo Serraller, Francisco

Calvo Sotelo, José

Calzada, republicano

Camba, Julio

Cambó, Francesc

Campillo, José del

Campión, Arturo

Campo Alange, conde de

Campoamor, Clara

Campoamor, Ramón de

Campomanes, Pedro Rodríguez de

Canal, Jordi

Canalejas, Francisco de Paula

Canalejas, José

Canga Argüelles, José

Canning, George

Cánovas del Castillo, Antonio

Cansinos Assens, Rafael

Canterac, José de

Cañete, Manuel

Capapé, Joaquín

Capmany, Antonio de

Capuz, José

Carasso, Isaac

Cárdenas, Francisco de

Carderera, Valentín

Carlos I, rey de Inglaterra

Carlos I de España y V de Alemania, emperador

Carlos II, rey de España

Carlos III, rey de España

Carlos IV, rey de España

Carlos VII, pretendiente

Carlos María Isidro de Borbón, infante don

Carlota Joaquina, regente consorte de Portugal

Carner, Jaume

Carnerero, José María

Carnero, Teresa

Carr, Raymond

Carrera, Lorenzo

Carreras, Albert

Carrión, Pascual

Casado del Alisal, Carlos

Casado del Alisal, José

Casas, Ramón

Cassola, Manuel

Castaños, Francisco Javier

Castelar, Emilio

Castellano, Philippe

Castelló, Vicente

Castillejo, José de

Castro, Adolfo de

Castro, Alejandro de

Castro, Carlos María de

Castro, Fernando de

Castro, Rosalía de

Caudet, Francisco

Cavour, Camillo Benso, conde de

Ceán Bermúdez, Juan Agustín

Celles, Antonio

Cerdà, Ildefonso

Cerralbo, marqués de

Cervantes, Miguel de

Chao, Eduardo

Charette, general

Chateaubriand, François-René de

Chaves, Fernando

Cheste, conde de

Chust, Manuel

Cid, Rodrigo Díaz de Vivar

Cierva, Juan de la

Cisneros, cardenal

Claret, Antoni Maria, padre

Clarín, Leopoldo Alas

Clavé, Josep Anselm

Clavé, Pelegrín

Clavero, Bartolomé

Coello, Francisco

Colmeiro, Manuel

Colón, Cristóbal

Comillas, marqués de

Comín, Francisco

Conde, José Antonio

Conrad, Joseph

Constant, Benjamin

Coronado, Carolina

Corpus Barga

Corradi, Fernando

Cortada, Juan

Cortés, Hernán

Cos Gayón, Fernando

Cossío, José María de

Cossío, Manuel Bartolomé

Costa, Joaquín

Costa i Llobera, Miquel

Cousin, Victor

Craywinckel, Francisco de

Cruzada Villaamil, Gregorio

Cubas, Francisco de

Cubí, Mariano

Cuesta, Teodoro

Cueva, Julio de la

Cutanda, Vicente

Cuyás, Vicente

Dalí, Salvador

Dantín Cereceda, Juan

Danvila, Manuel

Dardé, Carlos

Darío, Rubén

Dato, Eduardo

Debussy, Claude

Delacroix, Eugène

Delgado, Manuel

Delgado, Secundino

Diderot, Denis

Diego, Gerardo

Díez, José Luis

Díez, Matilde

Díez Porlier, Juan

Domènech i Montaner, Lluís

Domingo, Marcelino

Domínguez Bécquer, José

Domínguez Ortiz, Antonio

Donoso Cortés, Juan

Dorado Montero, Pedro

Dos Aguas, marqués de

Dou i Bassols, Ramón Lázaro de

Duarte, Ángel

Duhesme, Guillaume Philibert

Dumas, Alejandro

Dupont, Pierre

Dupuis, Charles-François

Durán y Bas, Manuel

Durán, Agustín

Echegaray, José

Eguía, Francisco

Elío, general

Escaño, Antonio

Escobedo, Jorge de

Escóiquiz, Juan

Escosura, Patricio de la

Eslava, Hilarión

Espartero, Baldomero

Espín y Guillén, Joaquín

Espoz y Mina, Francisco

Espronceda, José

Esquivel, Antonio María

Esquivel, Vicente, pintor

Estébanez Calderón, Serafín

Etxeita, José Manuel de

Fabié, Antonio

Falla, Manuel de

Felipe II, rey

Felipe V, rey

Fernán Núñez, conde de

Fernández Almagro, Melchor

Fernández de la Rosa, Gumersindo

Fernández de León, Esteban

Fernández de los Ríos, Ángel

Fernández de Moratín, Leandro

Fernández Duro, Cesáreo

Fernández Prieto, Lourenzo

Fernández Villaverde, Raimundo

Fernández y González, Manuel

Fernando II el Católico, rey

Fernando VI, rey

Fernando VII, rey

Ferrán, Augusto

Ferrer del Río, Antonio

Ferrer y Guardia, Francisco

Ferronnays, madame de La

Figuerola, Laureano

Filangieri, Gaetano

Fish, Hamilton

Flaubert, Gustave

Flores, general

Flores de Lemus, Antonio

Flórez Estrada, Álvaro

Floridablanca, conde de

Fontana, Josep

Ford, Richard

Forestier, Jean-Claude Nicolas

Forner, Salvador

Foronda, Valentín de

Fortuny, Mariano

Foz, Braulio

Fradera, Josep Maria

Francisco I, rey de Francia

Francisco II, rey de Nápoles

Franco, Francisco

Fuentes Quintana, Enrique

Funes, Ignacio María de

Fusi, Juan Pablo

Fuxà, Manuel

Gabriel y Galán, José María

Gaduel, abad

Gaibrois de Ballesteros, Mercedes

Gall, Franz Joseph

Gallach Torras, José

Gallardo, Bartolomé José

Gallego, Juan Nicasio

Gálvez, José de

Gálvez, Juan

Gamazo, Germán

Gambetta, Léon

Garay, Martín de

García Alix, Antonio

García Cárcel, Ricardo

García Carrión, Marta

García de Galdeano, Zoel

García de León y Pizarro, José

García Delgado, José Luis

García Escudero, Pío

García Gutiérrez, Antonio

García Lorca, Federico

García Prieto, Manuel

García Sampedro, Melchor

García Suelto, Manuel

García Tassara, Gabriel

García Tejero, Alfonso

García-Barzanallana, José

García-Lomas, Adriano

Garcilaso de la Vega

Garelli, Nicolás

Gargallo, Pablo

Garrabou, Ramon

Garrido, Fernando

Garriga, José

Gascón, José

Gasset, Rafael

Gassier, Pierre

Gaudí, Antoni

Gautier, Théophile

Gayangos, Pascual

Gebhardt, Víctor

Gener, Pompeyo

Germán Roscio, Juan

Gil de Zárate, Antonio

Gil y Carrasco, Enrique

Giménez Caballero, Ernesto

Gimeno, Amalio

Giner de los Ríos, Francisco

Gisbert, Antonio

Godoy, Manuel

Golfi, Camillo

Gómez, Máximo

Gómez Arboleya, Enrique

Gómez de Avellaneda, Gertrudis

Gómez de la Serna, Ramón

Gómez Hermosilla, José

González, cabo

González, Julio

González Besada, Augusto

González Bravo, Luis

González Calleja, Eduardo

González de Molina

González Linares, Augusto

González Posada, Adolfo

Gonzalo, Eloy

Gordón Ordás, Félix

Goya, Francisco de

Granados, Enric

Grandmontagne, Francisco

Grant, Ulysses

Grases y Riera, José

Grassi, Ángela

Greco, El

Gris, Juan

Gubern, Román

Güell y Ferrer, Juan

Güell y Renté, José

Guereña, Jean-Louis

Guerra, François-Xavier

Guesdon, Alfred

Guillén, Jorge

«Guillón Barrús»

Guizot, François

Gustavo, Soledad

Gutiérrez, Mercedes

Gutiérrez de la Concha, José

Gutiérrez de la Concha, Manuel

Gutiérrez del Alba, José María

Gutiérrez Solana, José

Haes, Carlos de

Halffter, Ernesto

Hartzenbusch, Juan Eugenio

Hauser, Philip

Heine, Heinrich

Hernández Pacheco, Eduardo

Hernández Pinzón, Luis

Hernández Robredo, Leopoldo

Hidalgo, Dionisio

Hinojosa, Eduardo de

Hobsbawm, Eric J.

Hugo, Victor

Huidobro, Vicente

Huntington, Archer M.

Ibáñez Íbero, Carlos

Iglesias, Pablo

Illas y Vidal, Juan

Infantado, duque del

Infante Pérez de Vargas, Blas

Ingres, Auguste-Dominique

Insúa, Alberto

Inurria, Mateo

Iradier, Sebastián

Isabel I la Católica, reina

Isabel II, reina de España

Isabel de Borbón, La Chata, infanta

Isabel de Portugal, reina de España

Iturbide, Agustín de

Jaumeandreu, Eudald

Jiménez, Juan Ramón

Jiménez Burillo, Pablo

Jiménez de Asúa, Luis

José I Bonaparte, rey de España

Jovellanos, Melchor Gaspar de

Jovellar, Joaquín

Jover Zamora, José María

Juan VI, rey de Portugal

Juárez, Benito

Julia, Santos

Junot, Jean

Kant, Immanuel

Kent, Victoria

Krause, Karl Christian Friedrich

Krim, Abd el-

Labra, Rafael María de

Labrador, marqués de

Lacy, Luis de

Lafuente, Wenceslao

Lafuente y Zamalloa, Modesto

Lagasca, Mariano

Lamadrid, Bárbara

Lamadrid, Teodora

Lamennais, Hugues Felicité Robert de

Lanuza, Juan de

Lanz, José María

Lardizábal Uribe, Miguel

Largo Caballero, Francisco

Larra, Mariano José de

Larramendi, José Agustín

Larrea, Frasquita

Las Casas, Bartolomé de

Lasala, Manuel

Latorre, Carlos

Lavater, Johann Kaspar

Lazerme, familia rosellonesa

Le Play, Frédéric

Ledesma Ramos, Ramiro

Leopoldo II, gran duque de Toscana

Lerroux, Alejandro

Levi, Primo

Liniers, Santiago

List, Friedrich

Lista, Alberto

Litvak, Lily

Llanas, José María

Llanos, Valentín

Llauder, Luis María de

Llimona, Josep

Llorens, Vicente

Llorente, Juan Antonio

Llorente, Teodoro

Lombía, Juan

Lombroso, Cesare

López, Joaquín María

López, Narciso

López, Vicente

López Allué, Luis

López Ballesteros, Luis

López de Ayala, Adelardo

López de Gomara, Justo

López de Morla, Margarita

López Domínguez, José

López Mezquita, José María

López Pelegrín, Santos

López Soler, Ramón

Lorenzale, Claudio

Lorenzo Villanueva, Jaime

Lorenzo Villanueva, Joaquín

Loverture, Toussaint

Lucas, Eugenio

Luis I de Borbón y Parma

Luis XIV, rey de Francia

Luis XVI, rey de Francia

Luis XVIII, rey de Francia

Luis Felipe de Orleans, rey de Francia

Luisa Fernanda, infanta

Mac Mahon, mariscal

Maceo, Antonio

Machado, Antonio

Machado, Manuel

Machado y Núñez, Antonio

Macho, Victorio

Macià, Francesc

Madariaga, Salvador de

Madinaveitia, Juan

Madoz, Pascual

Madrazo, Federico de

Madrazo, José de

Madrazo y Kuntz, Federico de

Madrazo y Kuntz, Pedro de

Maestre de San Juan, Aureliano

Maeztu, Ramiro de

Mainer, José-Carlos

Maistre, Joseph de

Malagarriga, Carlos

Maluquer, Joan

Maluquer, Jordi

Manterola, José de

Manterola, Vicente

Manzanedo, marqués de

Marañón, Gregorio

Marchena, José

Marcó del Pont, Francisco Casimiro

Marfany, Joan-Lluís

María I, reina de Portugal

María Cristina de Austria, reina

María Cristina de Borbón, reina regente

María de las Mercedes de Orleans y Borbón, reina

María Luisa, reina, esposa de Carlos IV

Mariana, Juan de

Marichal, Juan

Marinas, Aniceto

Marmont, general Auguste

Martí, José

Martí Alsina, Ramón

Martín, Juan, El Empecinado

Martín Aceña, Pablo

Martín Mateos, Nicomedes

Martínez Anido, Severiano

Martínez Bavière, Elena

Martínez Campos, Arsenio

Martínez Carrión

Martínez Cuadrado, Miguel

Martínez de la Rosa, Francisco

Martínez Marina, político

Martínez Martín, Jesús

Martínez Padín, Leopoldo

Martínez Villergas, véase Villergas

Martorell, Miguel

Martos, Cristino

Marvá, José

Marvaud, Angel

Mata, Pedro

Mataflorida, marqués de

Matute, Justino

Maura, Antonio

Maura, Gabriel

Maurice, Jacques

Maximiliano de Habsburgo

Mayer, Arno J.

McCulloch, John

Medina, Vicente

Medina Sidonia, duques de

Mejía, Félix

Meléndez Valdés, Juan

Mélida, José Ramón

Mellado, Francisco de Paula

Melón, Juan Antonio

Méndez Calzada, Rafael

Méndez Núñez, almirante

Mendíbil, Pablo

Mendizábal, Juan Álvarez

Mendoza, Diego de

Menéndez Pelayo, Marcelino

Menéndez Pidal, Ramón

Mérimée, Prosper

Mesonero Romanos, Ramón de

Milá y Fontanals, Manuel

Milá y Fontanals, Pablo

Mill, James

Miñano, Sebastián de

Miramón, Miguel

Miranda, Francisco de

Miró, Gabriel

Miró, Joan

Mistral, Frédéric

Mon, Alejandro

Moncey, Bon-Adrien Jeannot de

Monlau, Pedro Felipe

Monroe, James

Montero Ríos, Eugenio

Montes, Francisco, Paquito

Montesquieu, Charles Louis de Secondat, barón de

Montijo, conde de

Mora, José Joaquín de

Morange, Claude

Moratín, véase Fernández de Moratín, Leandro

Morayta, Miguel

Moreau de Jonnès, Alexandre

Morellet, abate

Moreno Luzón, Javier

Moreno Nieto, José

Moret, Segismundo

Morillo, Pablo

Morral, Mateo

Moya, Carlos

Muñoz, Fernando

Muñoz Seca, Pedro

Muñoz Torrero, Diego

Muñoz y Pabón, Francisco

Murat, Joaquín, duque de Berg

Murguía, Manuel

Murillo, Bartolomé Esteban

Nadal, Jordi

Nagore, María

Napoleón Bonaparte

Napoleón III

Narváez, general Ramón María

Navarro, Eduardo

Navarro Villoslada, Francisco

Nebrija, Antonio de

Negrete, Pedro Celestino

Negrín, Juan

Nellerto, Juan

Nicolau, Roser

Nietzsche, Friedrich

Nocedal, Cándido

Nocedal, Ramón

Nombela y Tabares, Julio

Novales, Gil

Nozaleda, Bernardino

Núñez de Arce, Gaspar

Núñez Seixas, Xosé M.

O’Donnell, Enrique

O’Donnell, Leopoldo

O’Donojú, Juan

O’Farrill, militar

O’Higgins, Bernardo

Ochoa, Eugenio de

Ochoa, Severo

Offenbach, Jacques

Oliván, Alejandro

Ollero, José Luis

Olózaga, Salustiano de

Orfila, Mateo José Buenaventura

Orgaz, conde de

Orovio, Manuel

Ors, Eugenio d’

Ortega, Calixto

Ortega y Frías, Ramón

Ortega y Gasset, José

Ortego, Francisco Javier

Ortí y Lara, Juan Manuel

Osma, Guillermo Joaquín de

Osorio, Mariano

Ossorio y Gallardo, Ángel

Oudrid, Cristóbal

Ovejero Bustamante, Andrés

Pacheco, Joaquín Francisco

Pacheco, Juan Francisco

Padilla, Juan de

Palacio, Manuel del

Palacio Valdés, Armando

Palacios, Marco

Palafox, general

Palafox, Jordi

Pan-Montojo, Juan Luis

Parada, Diego Ignacio

Pardiñas, Manuel

Pardo Bazán, Emilia

Pascasio Fernández Sardinó, Pedro

Pastor, Luis María

Pastor Díaz, Nicomedes

Patxot y Ferrer, Fernando

Pavía y Rodríguez de Alburquerque, Manuel

Pedrell, Felipe

Peers, Allison

Peiró, Ignacio

Pelayo

Perea, grabador

Pereda, José María de

Pérez, Joseph

Pérez de Ayala, Ramón

Pérez de Castro, Evaristo

Pérez Escrich, Enrique

Pérez Galdós, Benito

Pérez Ledesma, Manuel

Pérez Vejo, Tomás

Pérez Villaamil, Jenaro

Perrot, Michelle

Peset Vidal, Juan Bautista

Pi y Arsuaga, Francisco

Pi y Margall, Francisco

Picasso, Pablo Ruiz

Picavea, Macías

Pidal, Alejandro

Pidal, José Pedro

Pidal, marqués de

Pidal, Pedro José

Piernas Hurtado, José María

Piferrer, Pablo

Pijoan, Joan

Pijoan, Josep

Pino Hermoso, conde de

Pío IX, papa

Pirala, Antonio

Pizarro, véase García de León y Pizarro, José

Pomian, Krzysztof

Pons, Anaclet

Porcel, Antonio

Portilla, Anselmo de la

Posada Herrera, José

Pradilla, Francisco

Prado, Mariano Ignacio

Prados, Leandro

Pradt, abate de

Prat de la Riba, Enric

Prieto, Indalecio

Prim, Juan

Primo de Rivera, Miguel

Pro Ruiz, Juan

Puelles, Manuel de

Pueyrredón, Juan Martín de

Puig i Cadafalch, Josep

Puigblanch, Antonio

Querol y Subirats, Agustín

Quételet, Lambert Adolphe Jacques

Quevedo, Francisco de

Quevedo Quintano, Pedro

Quintana, Manuel José

Quirós, Bernaldo de

Ralle, Michel

Ramón y Cajal, Santiago

Ramos de Arizpe, Miguel

Recaredo

Regoyos, Darío de

Reinoso, Félix José

Remón Zarco del Valle, Antonio

Rey, Fernando del

Rey Pastor, Julio

Reyero, Carlos

Reyes, Arturo

Riaño, Juan Facundo

Ribera, Antonio

Ribera, José de

Ribera, Juan Antonio

Ribot, Antonio

Ricardo, David

Ricardos, general

Rico, grabador

Riego, Rafael del

Río Hortega, Pío del

Ríos, Blanca de los

Ríos y Serrano, José Amador de los

Ríos Rosas, Antonio de los

Riquer, Borja de

Rivadeneyra, Manuel

Rivas, Ángel Saavedra, duque de

Rizal, José

Roberts, David

Robespierre, Maximilien de

Robles Egea, Antonio

Robreño, José

Roca de Togores, Mariano

Rocafuerte, Vicente

Rodrigo, Joaquín

Rodríguez, Gabriel

Rodríguez Carracido, José

Rodríguez Rubí, Tomás

Rodríguez Villa, Antonio

Rof Codina, Juan

Rogent, Elías

Romanones, Álvaro de Figueroa, conde de

Romea, Julián

Romero Alpuente, Juan

Romero de Torres, Julio

Romero Larrañaga, Gregorio

Romero Robledo, Francisco

Romero Tobar, Leonardo

Ros de Olano, Antonio

Rosa, Guillermo de la

Rosales, Eduardo

Rosas, Juan Manuel de

Rossini, Gioachino

Rousseau, Jean-Jacques

Royer-Collard, Pierre Paul

Ruano, César

Rubió, Antoni

Rubió i Ors, Joaquim

Ruiz Aguilera, Ventura

Ruiz de Arcaute, Lorenzo

Ruiz Torres, Pedro

Ruiz Zorrilla, Manuel

Ruiz-Domènec, José Enrique

Rújula, Pedro

Rusiñol, Santiago

Saavedra, Francisco

Saavedra y Moragas, Eduardo

Sáez de Melgar, Faustina

Sagasta, Práxedes Mateo

Sagra, Ramón de la

Sáinz de Andino, Pedro

Salamero, José

Salarich, Joaquín

Salas, Manuel de

Salaverría, Pedro

Salazar y Castro, Adolfo

Salazar y Mazarredo, Eusebio

Sales y Ferré, Manuel

Salillas, Rafael

Salinas, Pedro

Salmerón, Nicolás

Salvá, Melchor

Salvá, Vicente

San Carlos, duque de

San Martín, Alejandro

San Martín, José de

San Miguel, Evaristo

Sánchez Abal, Luis

Sánchez Barbero, Francisco

Sánchez de Toca, Joaquín

Sánchez Guerra, José

Sánchez Péres, Alberto

Sánchez Ron, José Manuel

Sánchez-Albornoz, Nicolás

Sand, George

Sangro y Ros de Olano, Pedro

Santamaría de Paredes, Vicente

Santana, Pedro

Santero y Moreno, Tomás

Santillán, Ramón

Sanz de Andino

Sanz de Sautuola, Marcelino

Sanz del Río, Julián

Sarmiento, Domingo Faustino

Say, Jean-Baptiste

Schorske, Carl E.

Scott, Walter

Segovia, Antonio María

Selgas, José

Seoane, María Cruz

Serna, José de la

Serna, Justo

Serrano, Carlos

Serrano, Francisco, duque de la Torre

Sert, Josep Maria

Shakespeare, William

Sickles, Daniel

Sierra, María

Silvela, Agustín

Silvela, Francisco

Simarro, Luis

Sinués de Marco, Pilar

Smith, Adam

Smith, Alan E.

Soldevila, Juan

Soler, Frederic, Pitarra

Solís, Ramón

Soria, Arturo

Soriano Fuertes, Mariano

Sorolla, Joaquín

Sota, Ramón de la

Sotelo, Joaquín María

Soult, Nicolas Jean de Dieu

Staël, Madame de

Suárez, Constantino

Suchet, Louis Gabriel

Sue, Eugène

Suñer Capdevila, Francisco

Tabares, José

Talleyrand, Charles Maurice de

Tamayo y Baus, Manuel

Tatischeff, embajador ruso

Tedde, Pedro

Tejada, Santiago de

Tejado, Gabino

Tejeo, Rafael

Tello, Francisco

Tempranillo, José María El, bandolero

Tilly, Charles

Toreno, José María Queipo de Llano, conde de

Torre, Guillermo de

Torres Quevedo, Leonardo

Torrijos, José María

Tortella, Gabriel

Trapense, El

Trapiello, Andrés

Tresserra, Ceferino

Trueba, Antonio

Trueba, Telesforo de

Tubino y Rada, Francisco María

Turina, Joaquín

Tusell, Javier

Unamuno, Miguel de

Urales, Federico

Urgoiti, Nicolás María de

Urquijo, político

Valdés, Jerónimo

Valera, Juan

Valle-Inclán, Ramón María del

Vallmitjana, Agapito

Vallmitjana, Venanci

Varela, Félix

Varela, Javier

Varela Ortega, José

Vargas Ponce, José

Vázquez de Mella, Juan

Vega, Ventura de la

Vega Carpio, Lope de

Vega de Armijo, marqués de la

Vega de Sella, conde de la

Velázquez, Diego

Vélez, padre Rafael

Vera, Jaime

Verea, José

Verhaeren, Émile

Vicens Vives, Jaume

Victoria I, reina de Inglaterra

Victoria Eugenia de Battenberg

Vidal, Joaquín

Vidaurre, Manuel Lorenzo de

Vilanova y Piera, Juan

Villacampa, Rafael

Villaespesa, Francisco

Villanueva, Juan de

Villava, Victorián de

Villergas, Juan Martínez

Viluma, marqués de

Vinuesa, Matías

Viriato

Vives, Amadeo

Vives, Luis

Vizcardo y Guzmán, Juan Pablo

Volney, conde de

Voltaire, François-Marie Arouet

Ward, Bernardo

Weber, Eugen

Weber, Max

Wellesley, Arthur, véase Wellington, duque de

Wellington, Arthur Wellesley, duque de

Weyler, Fernando

Weyler, Valeriano

Wilson, Woodrow

Winthuysen, Javier de

Yanguas, José

Yrigoyen, Hipólito

Zancada, Práxedes

Zea, Francisco Antonio

Zemon Davis, Natalie

Zorrilla, José

Zuloaga, Ignacio

Primer volumen de Historia contemporánea de España, uno de los proyectos historiográficos españoles más importantes de las últimas décadas.

«Nada empieza totalmente de cero, y nada termina de manera abrupta, siendo la evolución, en forma de antecedentes y consecuencias, de construcciones y destrucciones, de continuidades y, asimismo, discontinuidades, la clave de todo relato histórico.»

Jordi Canal

Esta historia de España en dos volúmenes es uno de los proyectos historiográficos españoles más importantes de las últimas décadas. Plural, accesible y puesta al día, reúne a los mejores miembros de la nueva generación de historiadores. Revela las claves políticas, sociales, económicas y culturales que han determinado la trayectoria de España, pero también su lugar en el mundo, pues ante todo se trata, en palabras del director de la obra, de «una historia contemporánea de España no encerrada en sí misma».

Este primer tomo arranca en 1808 y —sin omitir las necesarias referencias al siglo XVIII— aborda las independencias americanas, el periodo tras la muerte en 1933 de Fernando VII, con el despliegue de la revolución liberal, o el Sexenio Democrático y el reinado de Alfonso XII y la Restauración, y se cierra con los momentos finales de la monarquía de Alfonso XIII antes de la proclamación de la Segunda República en 1931.

© De los textos: sus autores
© De esta edición:
2017, FUNDACIÓN MAPFRE y Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

Basado en los tomos dedicados a España (y dirigidos por Jordi Canal) dentro de la colección América Latina en la Historia Contemporánea, una idea original de Pablo Jiménez Burillo y dirigida por este último, que contó con un comité editorial formado por Manuel Chust Calero, Pablo Jiménez Burillo, Carlos Malamud Rikles, Carlos Martínez-Shaw, Pedro Pérez Herrero y fue coordinado por Javier J. Bravo García.

Esta Historia contemporánea de España es una edición revisada, ampliada y actualizada.

ISBN ebook: 978-84-306-1951-1

Diseño de cubierta: Marc Cubillas
Fotografías de cubierta: Louis-François Lejeune, Batalla de Somosierra en Castilla, el 30 de noviembre de 1808 (detalle), © RMN/Château de Versailles/Daniel Arnaudet/Jean Schormans; El desembarco de Fernando VII en El Puerto de Santa María (detalle), © Biblioteca Nacional; Ignacio Suárez Llanos, Práxedes Mateo-Sagasta, © Archivo del Congreso de los Diputados; Francisco de Paula Martí, Caída y prisión del Príncipe de la Paz (detalle), © Biblioteca Nacional; Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina, Los poetas contemporáneos. Una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor (detalle), © Museo Nacional del Prado, Madrid, España; Jean Laurent y C., Puente de Sariñena en la línea Zaragoza a Pamplona y Barcelona (detalle), © Colección particular

Conversión ebook: Arca Edinet S. L.

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright.

El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

www.megustaleer.com