ESTADO Y PERIFERIAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. NUEVOS ENFOQUES

Salvador Calatayud

Jesús Millán

M.ª Cruz Romeo (eds.)

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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EL ESTADO EN LA CONFIGURACIÓN DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA. UNA REVISIÓN DE LOS PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS

Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo

Universitat de València

EL CAMBIO SOCIAL Y EL ESTADO-NACIÓN DEL SIGLO XIX

Los problemas que se abordan en este libro se sitúan en una fase decisiva en la configuración de nuestra realidad actual, pero, no obstante, aparecen hoy como una cierta «fase intermedia». A menudo se ha repetido que España como realidad política dispone de raíces históricas lejanas, si bien éstas no pueden considerarse como un precedente obligado de su configuración como Estado en los dos últimos siglos. Por otra parte, el papel, a veces trágico y siempre decisivo, que han desempeñado los Estados nacionales en la configuración de nuestro mundo actual hace necesaria su revisión en una época en que esta forma política, aunque persiste de modo notablemente alterado, no ostenta el monopolio del poder público, ni se prevé que tenga en el futuro el protagonismo que alcanzó tiempo atrás en la organización de las sociedades.

El Estado nacional –que no pocas veces ha sido más una autodefinición que una realidad indiscutible– ocupa, como señalan los estudiosos, una época reducida de la evolución histórica: la que ha estado protagonizada, en los siglos XIX y XX, por una organización de poder público dominante y con pretensiones de exclusividad, que se presenta diferenciada de los lazos personales y que pretende responder a un conjunto social que comparte vínculos culturales y de conciencia histórica.[1] Así pues, entre las tendencias hacia el monopolio estatal que se dieron desde el ascenso del absolutismo monárquico y el cuestionamiento del dirigismo del Estado, propio de la Europa más desarrollada de finales del siglo XX, el Estado-nación como proyecto con pretensión de un protagonismo indiscutido requiere ser analizado. Esta necesidad dispone de argumentos especiales en el caso de España. A sus controvertidas raíces, en una época que se remonta a la Baja Edad Media, se añaden otras dimensiones, en cuanto a las peculiaridades de ese Estado en el ejercicio de las funciones que se consideran características de la evolución general seguida en Europa, hasta mediados del siglo XX.

Desde este ángulo, España muestra una trayectoria que va desde un conglomerado dinástico –cohesionado de manera territorialmente asimétrica, pero con un énfasis especial en la exclusividad de la ortodoxia religiosa– a la aparición de algunas brechas en su identidad, precisamente a comienzos del siglo XX, en el período hegemónico del nacionalismo de los Estados y del naufragio de las últimas fórmulas dinásticas que habían sobrevivido de etapas anteriores. Este camino también se ha podido sintetizar bajo la fórmula que lleva de un imperio a una nación. Sin embargo, no se dio un reemplazo obvio de una fórmula por la otra.[2] El ascenso de la fórmula estatal fue acompañado precisamente de un reforzamiento del ya minoritario factor colonial, cuya pérdida, en 1898, redundaría en la doble crisis del Estado y de la nación en la vieja metrópoli.[3] También ha sido objeto de debate hasta qué punto este proyecto de Estado nacional fomentó el tipo de desarrollo capitalista que, pese a todas las luchas sociales, era capaz de cohesionar de modo profundo la sociedad de clases y legitimar la identidad nacional, a la manera que fue característica de Europa en la primera mitad del siglo XX.

España ofrecía la imagen de una sociedad agraria desgarrada a menudo por grandes desigualdades y conflictos sociales, pero, a la vez, esta idea ni era generalizable ni respondía a un orden de simple estancamiento. Además, en su interior se contaba con experiencias de industrialización antiguas y arraigadas, como sucedía desde finales del Setecientos en Cataluña, y la que un siglo después se produjo en otros ámbitos de la periferia, con especial intensidad en Vizcaya y de modo mucho más gradual en el País Valenciano. En fases intermedias, había habido otros brotes industriales, que a largo plazo no se consolidaron, como sucedió en Andalucía. Hacia comienzos del siglo XX, en el arranque de la sociedad de masas en Occidente, estos desequilibrios y desigualdades se sumaron a otras herencias del pasado, en especial a la diversidad cultural y lingüística, para fomentar espacios identitarios diferentes, que se contraponían a los designios de homogeneidad desarrollados por el Estado-nación. Éste, sacudido por las oleadas de conflictividad social y afectado por la falta de credibilidad política, parecía responder a un proyecto dominante, pero incapaz de obtener unos consensos activos suficientemente integradores.

A un siglo de distancia de la «doble revolución» industrial y política con que suele identificarse el nacimiento del mundo contemporáneo, la trayectoria seguida por España alimentaba algunas paradojas. El colapso, en 1808, del absolutismo dinástico que había dominado el imperio transatlántico hispano forma parte de las grandes sacudidas que alteraron los centros neurálgicos del orden mundial previo al triunfo del capitalismo, como había sucedido poco antes con la Revolución Francesa. Sin embargo, las realizaciones conseguidas luego, bajo el orden del Estado-nación, han resultado en España más controvertibles para la historiografía. Para buena parte de ella, esto reflejaría una evolución que, al menos en ciertos aspectos considerados como definitorios, alejaría el caso español del protagonismo del culto al nacionalismo de Estado como fuente última de recursos integradores y movilizadores, en la etapa capitalista previa a la sociedad del consumo de masas. El colapso de la España de comienzos del siglo XIX, uno de los «eslabones fuertes» del viejo orden a escala mundial, no fue el preludio de su transformación en una pieza sólida del nuevo sistema de los Estados nacionales.[4]

Sin duda, este planteamiento no es el único en la historiografía actual. En la década de 1990, bajo el doble impacto de la consolidación de la democracia tras la dictadura franquista y la integración española en Europa, se incrementaron los estudios que discutían con razón el dramatismo de las supuestas peculiaridades de la historia española reciente, que habían sido sistemáticamente interpretadas en el sentido de un fracaso excepcional. Sin embargo, el propósito de este libro se aleja de este planteamiento. En nuestra opinión, corregir los rasgos excepcionalmente negativos que se han atribuido a la España de los dos últimos siglos no debe desembocar necesariamente en su inclusión en una supuesta y mal definida «pauta normal». El esquematismo de un enfoque de este tipo está lastrado por el carácter circular y la incapacidad para plantear problemas relevantes en la investigación histórica que, reiteradamente, se han señalado en la teoría de la modernización.

La orientación de los trabajos que aquí se incluyen parte, por el contrario, de la necesidad de analizar problemas históricos concretos y significativos, tanto desde la perspectiva actual de la investigación como desde el punto de vista comparativo. Aquí hemos ensayado una perspectiva determinada, pero suficientemente amplia, como es la de las relaciones entre el nuevo Estado que se construyó sobre el colapso del viejo absolutismo y el panorama heterogéneo y desigual de fuerzas e intereses que emergían de una sociedad cambiante y que, con demasiada frecuencia, se han catalogado a efectos de la argumentación histórica a partir de supuestos o simplificaciones poco contrastados. A estas alturas, nos parecía que el avance de las investigaciones hacía necesario someter a discusión muchas de las explicaciones heredadas.

Son evidentes los riesgos que ello conlleva, pero también nos parecía arriesgado y empobrecedor no intentar ir más allá de los estudios parciales, aunque necesariamente haya de ser siempre de modo provisional. Muchos de estos estudios vienen sugiriendo un plano de discusión más elevado, a partir de sus mismos resultados, a fin de superar algunas de las escisiones más llamativas en los estadios interpretativos de la historiografía actual. Sobre todo, la inercia de algunos de los planteamientos más arraigados no acaba de ser cuestionada por el conjunto de estudios empíricos que en las últimas décadas matizan considerablemente, o parecen dejar obsoletas, algunas de las claves explicativas heredadas en la historiografía.

El debate sobre los vínculos y apoyos sociales del Estado-nación no representa una tarea simple en el terreno de la investigación histórica. Tampoco está exenta del riesgo de las simplificaciones en ámbitos a menudo tentadores para el reduccionismo, como durante tanto tiempo han sido el de la política y los intereses presentes en la sociedad. Sin embargo, la importancia de este marco social en que se apoyó el Estado nacional español del siglo XIX es fácil de percibir como trasfondo de múltiples argumentaciones o debates de primer orden en nuestros días. El carácter que tuvo el Estado centralista, el alcance de su actuación en los diversos ámbitos y el tipo de intereses que lo condicionaban desempeñan un papel importante, cuando se analizan hoy cuestiones de cohesión o identidad nacional y se discute la expansión de las infraestructuras, la educación o múltiples aspectos de la vida pública hasta un pasado próximo a nosotros. A menudo, las teorías han supuesto que la generalización de un sistema de Estados nacionales era una pauta obligada en el mundo avanzado. No obstante, las investigaciones históricas muestran que su traslación a la realidad social tuvo más dificultades de las que se habían pensado como norma.

España contaba con una cierta tradición como entidad política antes del ingreso en la época de los Estados. ¿Fue el suyo un comienzo acertado? ¿O las hipotecas derivadas de los intereses en que se apoyaba la nueva formación política esterilizaron pronto los posibles impulsos innovadores? Desde las últimas décadas del siglo XIX se ha ido nutriendo preferentemente una consideración negativa de este problema. En su origen, ésta derivaba de un doble contexto, que iniciaba la época de la sociedad de masas y de la creciente internacionalización del capitalismo. Cuando estos procesos comenzaban su ascenso en el espacio europeo, en los inicios del siglo XX, España vivía una etapa de estabilidad institucional y política que, por primera vez en mucho tiempo, parecía insertarla en una cierta normalidad con respecto a otros Estados-nación de la Europa más próxima. Sin embargo, dicha estabilidad se asentó en el caso español bajo unas premisas que, en pocos años, socavarían la imagen de estabilidad del Estado y abrirían el cuestionamiento sobre su adecuación con respecto a sus cometidos dentro de una sociedad a la altura de los tiempos. En efecto, la imagen del atraso económico español, ante el auge y la competencia de otros países, se combinó con el carácter claramente ficticio de la política institucional, hasta llegar a consolidar el dictamen de una trayectoria fracasada en lo que se aceptaba que eran los cometidos de un Estado y sus vías de legitimación y de obtención de apoyos efectivos. La derrota en la guerra contra Estados Unidos y la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898, acabó de dar fuerza a esta valoración, por encima incluso de los múltiples signos de dinamismo económico que se comprobaron en las décadas siguientes.

Cuando habían pasado seis décadas del final de la monarquía absoluta, casi un siglo después del arranque nacional que había supuesto el alzamiento contra los franceses en 1808, era sobre todo la construcción del edificio estatal en España lo que parecía no haber respondido a las expectativas que hacían en todas partes del Estado-nación el máximo agente civilizador y de cohesión social. El significado social del Estado y su papel en el desarrollo económico y de la identidad nacional se convertirían desde entonces en tres problemas discutidos. La explicación de lo que entonces se consideró un país «sin pulso» apuntó a lo que se pensaba que había sido una dinámica errónea o fracasada, precisamente en una tarea, la construcción del moderno Estado nacional, que en otras partes obtenía mayores consensos o reconocimientos.[5]

Los planteamientos dominantes: las propuestas de la década de 1970

Diversos planteamientos han renovado la vieja cuestión que se refiere a los apoyos sociales del Estado. Los intentos esquemáticos de identificar «quién estaba detrás» del poder estatal o a qué intereses servía éste han sido reformulados, para centrarse en el proceso de la «formación del Estado» y los criterios hegemónicos en la realización de las tareas prioritarias que acometió antes del arranque de la sociedad de masas.[6] El surgimiento del Estado-nación no puede hacerse coincidir con un punto de partida absolutamente nuevo, que reemplazaría al orden político anterior y que acompañaría a la implantación, también ex novo, del capitalismo. Sin suponer esta interrupción brusca con respecto a la trayectoria anterior, sí puede observarse que implantar la figura estatal en el siglo XIX ofreció en todas partes suficientes oportunidades para definir de nuevo el orden social vigente. Ello sucedía bajo el estímulo de los desafíos que implicaba confrontar las jerarquías heredadas y sus intereses contrapuestos con las nuevas formas de legitimación de un poder que, ahora, se presentaba como único y pretendía reforzarse mediante el concepto generalista de nación.

La cuestión de cómo se realizó este engarce entre el nuevo poder político y las fuerzas sociales en el caso de España se ha contestado, mayoritariamente, apelando a algún tipo de profunda distorsión. El paso del viejo absolutismo dinástico de la monarquía católica imperial al Estado-nación no habría contado con apoyos sociales adecuados o suficientes, al menos para llevar a cabo las principales tareas que se acometieron en otros países próximos en el «largo siglo XIX». El colapso de la España del Antiguo Régimen y su trabajosa sustitución por la figura del Estado-nación mostrarían un caso en que la adopción de un proyecto chocó con formidables dificultades, al trasladarse a su escenario social y tratar de encontrar apoyos e interlocutores concretos que lo hiciesen viable. El escenario de fuerzas sociales, heredado de la historia anterior, desviaría los planteamientos teóricos de las nuevas instituciones, hasta hacer que la inercia de los intereses en presencia acabase de imponerse y asimilar la cada vez más débil capacidad innovadora del proyecto del Estado-nación.

Es lógico que estos puntos de vista se hayan desarrollado, teniendo en cuenta tanto el influjo del regeneracionismo en la historiografía española como el fracaso de la estabilidad democrática en la España del siglo XX.[7] Fue precisamente la «segunda generación» de políticos e intelectuales posteriores a la pérdida del imperio en 1898, la representada por Melquíades Álvarez, Manuel Azaña y José Ortega y Gasset, la que elaboró, hacia la década de 1910, un diagnóstico sobre los insuficientes y perniciosos apoyos del Estado español que se había construido en el último siglo. Fueron estas bases las que Azaña trataría de ampliar mediante la política de masas, cuando ésta se impuso en 1931. En gran medida, su actuación, inspirada por aquel análisis, se convirtió en el hilo conductor y el símbolo de la II República.

En realidad, esta actuación democrática fue una variante de la aspiración de «nacionalizar el Estado», reclamada también por portavoces del liberalismo clásico o, de un modo opuesto, del antiliberalismo tradicionalista, en el último cuarto del siglo XIX. Si recurrimos al diagnóstico de Azaña, en España «toda esta máquina formidable del Estado moderno», construida en el último siglo, «para nada nos sirve, no sabemos qué hacer con ella. Nos es tan inútil como un arma perfecta de precisión en manos de un ciego». Esta falta de adecuación social del Estado se explicaba, según su criterio, por la instrumentalización de ese Estado por una pequeña minoría o puñado de familias «que viven acampadas sobre el país».[8] De acuerdo con esta visión, por tanto, el Estado-nación, instrumento decisivo en la trayectoria que llevaría en Occidente a la sociedad capitalista desarrollada y a la política de masas, no habría sido capaz en España de cumplir mínimamente estas tareas, precisamente porque los sectores e intereses que más pesaban en él («las manos concupiscentes que lo vienen guiando») estaban muy lejos de reunir las características necesarias para estas transformaciones.

Con algunas variantes, el dictamen histórico que considera fracasado el Estado nacional español en una larga etapa, que en general se prolonga hasta el franquismo, ha sido muy influyente. Más de medio siglo después del discurso de Azaña, historiadores tan significativos como Manuel Tuñón de Lara aproximaban el Estado surgido con el liberalismo en España, pese a los llamativos trastornos que dieron lugar a su nacimiento, a las prioridades sociales del viejo régimen o consideraban que había mantenido el sistema señorial, al no transformar en ciudadanos a los trabajadores del campo.[9]

En estas circunstancias, si había que juzgarlo por sus caracteres y la realización de sus metas, apenas se podía hablar de un Estado en la España contemporánea, hasta fechas relativamente próximas a nosotros. La perspectiva representada por Azaña ha sido capaz de perdurar en lo fundamental dentro de la historiografía, mucho más allá de la coyuntura del regeneracionismo y sus derivaciones, en que había surgido. Si en 1911 Azaña presentaba el desolado escenario económico de la España imperial –«el hambre era la calamidad, la preocupación nacional»–, como antesala del posterior desaprovechamiento de la moderna maquinaria estatal, las visiones que hoy son habituales en los análisis insisten en algo parecido. El liberalismo y el derrumbe del Antiguo Régimen se habrían producido en un marco económico atrasado, poco adecuado para una confluencia entre las nuevas instituciones políticas y los sectores sociales que debían apoyarlas y desarrollarlas, de acuerdo con sus principios inspiradores.

Un ejemplo de ello es el eco que ha tenido el planteamiento de Perry Anderson. Según él, el absolutismo en España mantuvo hasta el final la lógica con que había surgido: la de una gran maquinaria de saqueo feudal. Sobre este poco evolucionado panorama, presidido por un ancien règime que «conservó sus raíces feudales hasta su último día», el colapso de las viejas formas de poder no podía generar el nacimiento de otras nuevas, sino sólo un espejismo, fácil de detectar en la década de 1970, cuando se plantearon dos grandes propuestas que concretaban las fuerzas sociales que protagonizaron el complejo proceso del que surgió la España contemporánea. Estas dos grandes perspectivas, que están representadas en las obras de Josep Fontana y Miguel Artola, han marcado en gran medida las perspectivas dominantes desde entonces. No respondían a un mismo planteamiento, si bien sus diferencias han pasado a segundo plano, al ser o hacerse compatibles con la corriente principal. Ésta ha actuado como un influyente telón de fondo que subraya la falta de apoyos sociales adecuados para la construcción del Estado nacional tras la crisis del Antiguo Régimen.[10]

Esta cierta confluencia final, divulgada sobre todo a través de valoraciones

compartidas por buena parte de la historiografía, arrancaba, sin embargo, de enfoques notablemente distintos. En el proyecto inicial de Fontana el problema decisivo era observar cómo una burguesía industrial, la surgida en Cataluña en el siglo XvIII, llegaba a romper sus lazos con el absolutismo, en el que se había desarrollado, y abrazaba un proyecto alternativo, identificado con la política liberal.[11] Según sus planteamientos, el desarrollo de la industria moderna en la periferia catalana se habría producido en el contexto escasamente favorable del absolutismo hispánico. Las cargas señoriales y los fuertes desequilibrios en el reparto de la riqueza y de la renta apenas permitían que surgiera un mercado capaz de sostener la industria. Al contrario, la escasa capacidad de demanda de la mayoría de la población y el reducido volumen de intercambios entre el interior agrícola y el núcleo urbano e industrial de Cataluña habrían supuesto un marco poco flexible para una integración del espacio económico. La expansión del siglo XvIII acabaría chocando con claras limitaciones. Éstas, sin embargo, se habrían podido compensar en virtud del dominio colonial en América que ejercía la Monarquía española. El dinamismo de la economía catalana en el Setecientos, de modo excepcional en el conjunto de los territorios españoles, se habría podido beneficiar de este imperio transatlántico, lo que habría hecho posible el desarrollo de un núcleo capitalista e industrial, localizado pero significativo, en un marco caracterizado por el absolutismo feudal.

La crisis fiscal y militar del Antiguo Régimen –visible en su desafortunada política con respecto a Francia, el vacío de poder creado a partir de la invasión napoleónica y, por último, la perspectiva de la pérdida del imperio colonial americano– hizo desaparecer los mecanismos que habían integrado la burguesía industrial. Una vez perdidos los mercados coloniales, que tenían un valor excepcional para los industriales, la única alternativa era el reducido y pobre mercado interior de la antigua metrópoli. El alineamiento liberal de la burguesía industrial, la más característica de España, se habría dirigido a potenciar e integrar el mercado nacional del que ahora, una vez desaparecido el imperio, esperaban obtener la demanda que sostuviera la industria. De ahí que su programa insistiera, por un lado, en la protección a través del Estado del mercado español, de modo que evitara la competencia de otros países más aventajados. A la vez, reclamaría una amplia reforma de las estructuras sociales del campo que potenciara la agricultura, abaratando los costes de producción de la industria y estimulando la demanda de la gran mayoría de los consumidores. Ambas tareas suponían, por tanto, una lógica notablemente novedosa, propia de un Estado capaz de responder a las nuevas fuerzas sociales. En especial, el requisito de la transformación de las estructuras sociales implicaría una forma de supresión radical del feudalismo, del tipo de la que habría tenido lugar durante la Revolución Francesa, incluyendo el fin radical de las cargas feudales sin redención y mayores facilidades para el acceso de los campesinos pobres a la propiedad. No obstante, la capacidad de un proyecto semejante para imponerse habría sido escasa. A fin de cuentas, el mundo de la industria catalana era un sector periférico y reducido, claramente minoritario en el conjunto de las fuerzas influyentes del liberalismo español. Por otro lado, éste era, como los de su época, fundamentalmente político y no disponía de un repertorio amplio para intervenir en problemas estructurales que afectaban a la gran mayoría de la sociedad. El alejamiento del Estado con respecto a las grandes cuestiones de alcance social se habría agravado, a través de un cierto reflejo de clase, al confrontarse con el insurreccionalismo y la marea de resistencia popular que habría acompañado al colapso del absolutismo. Ante la movilización de las capas populares de signo antiburgués –que Fontana ha visto, especialmente, en la base del carlismo y en el liberalismo exaltado de las ciudades–, la gran mayoría de los liberales habría aceptado clausurar los impulsos revolucionarios mediante el rápido establecimiento de un nuevo poder estatal. En un contexto marcado por la generalizada insurgencia popular, con coberturas políticas contrapuestas, el surgimiento del Estado liberal habría sido una operación profundamente conservadora. Por decirlo con la fórmula, muy invocada, que acuñó el mismo Fontana, se habría tratado de «una alianza entre la burguesía liberal y la aristocracia latifundista, con la propia monarquía como árbitro», que habría sacrificado los intereses del campesinado mayoritario.[12]

De esta forma, el Estado que surgió en España a partir del primer tercio del Ochocientos se habría caracterizado por dos tareas prioritarias que, desde la perspectiva de Fontana, consagrarían la mayor parte de sus limitaciones con respecto a otros Estados-nación en la Europa de la época. La primera sería llevar a cabo una transformación definitiva del viejo orden social, vigente aún en el mayoritario medio rural. El Estado había de ofrecer una alternativa al viejo feudalismo que, tras haber vivido una época de cierta expansión durante buena parte del siglo XvIII, había chocado con rigideces insuperables para mantener el crecimiento y, por fin, había vivido un colapso paralelo al de la misma monarquía absoluta desde 1808. El cúmulo de resistencias y movilizaciones populares, en opinión de Fontana sólo superficialmente relacionadas con las grandes divisorias políticas, cuestionaba las jerarquías sociales, lo que hacía más urgente para éstas, fuesen nuevas o antiguas, la necesidad de una estabilización política. El énfasis en una generalizada resistencia popular se planteaba de este modo como una consecuencia de la «transición del feudalismo al capitalismo», debate tan influyente en la historiografía marxista de las décadas de 1960 y 1970. El Estado liberal habría surgido con la prioridad de llevar a cabo esta transformación, a partir de un orden básicamente feudal y abiertamente cuestionado por el auge de la resistencia popular. Esta marea de oposición social se entendería a partir de la manera como caracterizaban los historiadores la estructura anterior y la trayectoria experimentada durante el último siglo de absolutismo. Se trataría de un régimen de explotación feudal, susceptible de ser analizado mediante la contraposición entre «señores» e «Iglesia», por un lado, y «campesinos», por otro, que había sido capaz de ofrecer unas ciertas condiciones de estabilidad a la mayoría de la sociedad, antes de desplomarse a partir de las crisis económicas y el colapso político. La antigua estabilidad de una amplia base de familias de pequeños productores rurales, obligados a satisfacer prestaciones a los señores, la Iglesia y la Corona, habría sufrido las consecuencias negativas de la acción de un Estado guiado por el entendimiento de fondo entre la vieja aristocracia y los nuevos propietarios, cada vez más conservadores. El acuerdo entre este amplio conjunto de elites se habría basado en el respeto a todo tipo de propiedad privada no eclesiástica, incluyendo los más que discutibles derechos señoriales, el recorte de los derechos y usos comunales y la aplicación del principio de «libre contratación» en el mercado. En conjunto, todo ello sólo podía beneficiar a los más acomodados y eliminaba las anteriores medidas de protección de los labradores pobres bajo el Antiguo Régimen.

La otra tarea perentoria del nuevo Estado acabó de reforzar esta imagen. Forzados a reparar la prolongada bancarrota del absolutismo, los liberales en el poder acabaron consolidando una reforma fiscal basada en el peso determinante de las cargas sobre el consumo y el pago en efectivo, de manera precipitada con respecto a la orientación mercantil de la agricultura. Sobre todo, el nuevo aparato hacendístico nacería en ausencia de una intervención estatal en los procedimientos recaudatorios, carecería de medios estadísticos propios durante largas décadas y, en definitiva, sería entregado a las manos de las oligarquías locales. Éstas traducían de manera contundente el citado pacto de oligarquías propietarias, que yugularía la capacidad del Estado y haría evidente su carácter antipopular. En cierto modo, los planteamientos de Fontana se construyen enfatizando la época de estabilidad alcanzada bajo el absolutismo. Aquel absolutismo poco propicio al surgimiento de fuerzas de signo capitalista, como afirmaba Anderson, sin embargo, habría sostenido etapas de estabilidad y de protección de una base rural de familias campesinas con amplios usos comunales. Como resultado, la formación del nuevo Estado estaría condicionada por su carácter de remedio instrumental de clase, al servicio de un conjunto de «propietarios» preocupados, ante todo, por evitar el desbordamiento de la ubicua resistencia «desde abajo». Esta efervescencia apenas se traduciría en fuerza política creativa en la construcción del Estado. De este modo, la ineficacia de cara al futuro del nuevo Estado iría acompañada para las clases populares de un saldo negativo. Éste se resume en un gran proceso de desposesión campesina, prolongado a través de indicios mayoritarios de atraso hasta finales del siglo XIX.[13]

El análisis de Artola partía de supuestos distintos. A diferencia de Fontana, Artola estaba lejos de suponer un orden social simplemente identificable con «el feudalismo» bajo el Antiguo Régimen. Su planteamiento alteraba esta premisa, evidentemente cómoda a la hora de explicar la posterior «malformación» del Estado decimonónico. Artola consideraba necesario elaborar un modelo que diese cuenta de una realidad social peculiar. En su núcleo mayoritario –la España central y meridional–, esa sociedad se caracterizaría por el peso de la propiedad plena y el predominio de las relaciones contractuales de explotación en la agricultura, por un lado. Por otro lado, en buena parte de la periferia –Cataluña, Galicia, el País Valenciano y Mallorca– el señorío había sido compatible con un desarrollo en la misma dirección, pero con estructuras sociales diferentes, a través del fortalecimiento de formas de «cuasi propiedad», en palabras de Pierre Vilar sobre la enfiteusis catalana, o de estabilidad en la posesión a muy largo plazo, como sucedía con los foros gallegos. Todo ello mostraba, si bien de manera distinta en cada caso, la consolidación de ámbitos específicos de propiedad, la importancia de la desigualdad económica, al margen de la jerarquía estamental y del poder político, y el peso de las relaciones contractuales, de modo diferenciado con respecto al señorío y el feudalismo. Era significativo, sin embargo, que el núcleo mayoritario de la Corona de Castilla se distinguiese por la rotundidad de la «propiedad plena».

Este claro avance del individualismo posesivo y de las relaciones contractuales, basadas en la desigualdad económica de los agentes, estaría interferido por regulaciones desde el poder público de los municipios y la Monarquía –en cuanto al coste del factor mano de obra y el precio de ciertos artículos de consumo–, así como por la restricción del mercado de la tierra –a través del peso de las manos muertas de la Iglesia y de los mayorazgos de las familias nobles– y los límites a la movilidad del capital en la industria, derivado de las ordenanzas gremiales. No estaríamos, por tanto, ante un absolutismo basado en el dualismo de señores y campesinos, y mayoritariamente hostil para el desarrollo de los elementos característicos del capitalismo. Destacaría, más bien, la evolución de las formas de propiedad mayoritarias en el sentido que caracteriza al modelo de la propiedad particular. Sobre esta base, se alzarían unas interferencias institucionales en el mercado de productos y de factores, en retroceso y con presencia desigual ya durante el siglo XvIII, y el privilegio de los estamentos superiores, que favorecía lo que era básicamente un orden de propietarios. El señorío, sin duda, seguía siendo una pieza del orden social. Pero quedaba enmarcado en el contexto del claro asentamiento de la propiedad particular. Este panorama no autorizaba, sin más, a hablar de un feudalismo asfixiante para el individualismo económico y la lógica del mercado.

En consecuencia, el asentamiento del nuevo Estado no coincidía con la eliminación genérica del feudalismo para establecer sobre sus ruinas el orden capitalista. El triunfo de la revolución liberal en España se habría propuesto, en realidad, remodelar un determinado orden de propiedad que venía combinándose bajo el Antiguo Régimen con el privilegio fiscal y legal de la Iglesia y los nobles, que bloqueaba en gran medida el mercado inmobiliario y que perpetuaba los cargos municipales. Planteado de este modo, el triunfo liberal no se mostraba ya como un trámite imprescindible para superar un caduco orden feudal. El nuevo Estado habría eliminado, además, un tipo de propiedad privilegiada, que venía favoreciendo el patrimonio de las altas jerarquías estamentales y, por último, habría abierto los canales del poder político a la movilidad social resultante de esta nueva dinámica. De ahí que, aunque curiosamente apenas se haya tenido en cuenta, la perspectiva de Artola estuviese muy lejos de ver la construcción del nuevo Estado como un recurso oligárquico. No era verosímil que la eliminación del privilegio para establecer la generalización del mercado representase un perjuicio evidente para la gran mayoría de la sociedad. «En nuestro nivel de conocimientos –escribía hace más de tres décadas– no podemos sino especular acerca de las consecuencias inmediatas que tuvieron estas disposiciones, aunque no debieron significar un empeoramiento de las condiciones materiales de la existencia del campesinado». Igualmente, destacaba que el triunfo del nuevo orden no se hizo en medio de la hostilidad que para muchos forma parte de la genealogía del nuevo Estado-nación. Artola subrayaba que la población rural «no aprovechará la oportunidad de la primera guerra carlista o de revueltas triunfantes como la del 54 para manifestar su descontento, del mismo modo que no hay constancia de que se produjese una importante emigración».[14]

La potencialidad original de estos planteamientos quedaba contrarrestada, sin embargo, por su confluencia con la interpretación dominante en cuanto a la liquidación del segmento señorial heredado del Antiguo Régimen. Para Artola esto se habría conseguido no sólo integrando «la totalidad de los patrimonios» de los antiguos señores, sino, además, proporcionándoles recursos para incrementarlos, por medio de las indemnizaciones por sus derechos extinguidos. Al mismo tiempo, el fin de los mayorazgos se entendía como una medida generalmente positiva para la nobleza. Como resultado, la aristocracia señorial habría podido integrarse de modo ventajoso en el nuevo conjunto de propietarios, de orígenes sociales diversos, que mantendrían una función determinante en el Estado del siglo XIX. Al comprobar que eran nobles de título –las mismas Casas que, en gran parte, habían sido titulares de importantes señoríos– quienes encabezaban el reparto de la propiedad a mediados de esa centuria, era posible aceptar el núcleo decisivo de las tesis continuistas, relativas a una oligarquía antipopular en el Estado español del Ochocientos.

Otros historiadores han reforzado esta confluencia, sobre todo al profundizar en una de las facetas más importantes del planteamiento de Artola, como era el énfasis en la consolidación de la propiedad particular y el desarrollo de las relaciones contractuales bajo el Antiguo Régimen.[15]Para el nuevo orden liberal, lo decisivo era la categoría de propiedad y, en buena medida, ésta ya se hallaba bien establecida en el siglo XvIII. Desde este ángulo, las jerarquías influyentes en los poderes del Estado liberal estarían integradas, en gran medida, por los núcleos propietarios que, dada la debilidad del señorío en el terreno del reparto de la propiedad, habían escalado ya posiciones clave a escala local, antes de la revolución liberal. El fin de un patrimonio eclesiástico muy desigualmente implantado sería la única excepción significativa a esta tónica. De este modo, la perspectiva centrada en la propiedad y la producción, estrechamente vinculada al contexto local como célula clave del edificio del poder, a menudo ha reforzado la tesis de la política del Ochocientos como una prolongación, sobre todo, de la que ya se ejercía antes del nacimiento del Estado liberal. El peso del localismo de los propietarios sería el reflejo más poderoso en cuanto a la organización real y la lógica del nuevo orden.

La propuesta más elaborada en este terreno fue formulada, también en la década de 1970, por Richard Herr y, posteriormente, ha sido aplicada en investigaciones e interpretaciones de conjunto.[16] El historiador norteamericano se apoyaba en la comprobación de que el nuevo Estado no reemplazó en España un orden feudal, supuestamente basado en la producción campesina organizada y dirigida por el señorío. Como en la propuesta de Artola, Herr observaba el prolongado ascenso de una nobleza inferior de hidalgos propietarios, arraigados en el ámbito local, en detrimento de la influencia que, en esta escala, mostraba la cúpula señorial. De este modo, la revolución liberal no habría sido un recurso especialmente capitalizado por los señores, sino un proceso que confirmaría sobre todo la larga trayectoria ascendente de la propiedad bajo el orden absolutista. El énfasis que en el liberalismo recibía la propiedad beneficiaba, con la excepción de las instituciones eclesiásticas, a quienes la venían concentrando en mayor medida, combinándola a menudo hasta entonces con el recurso a los privilegios accesibles a la pequeña nobleza. Serían estos sectores los que protagonizarían la reconstrucción de un poder central, tras el colapso del absolutismo. Miembros de la hidalguía propietaria, procedente de provincias, tomarían el timón de las nuevas instituciones. La desvinculación de sus mayorazgos sería una medida especialmente favorable, que les permitiría reorganizar sus patrimonios. En consecuencia, para Herr el relanzamiento de la economía, desde 1840, habría revitalizado este tipo de jerarquías. Frente a la solidez de sus posiciones, el ascenso de los sectores típicamente burgueses era visto como un ingrediente minoritario y poco eficaz en la configuración de las bases sociales del nuevo Estado.

De nuevo, la ruptura analítica en cuanto a la estructura social del Antiguo Régimen –el modelo del «feudalismo» depredador e inmóvil había sido rechazado– era reconducida hacia el esquema dominante en lo relativo a las bases del Estado, al mantener criterios «puros» en lo que se refiere a los protagonistas sociales del ascenso del capitalismo. El núcleo mayoritario de los propietarios procedentes de la hidalguía controlaría durante décadas el Estado liberal. Desde las instituciones estatales que había conquistado, mantendría el control de sus áreas originarias de influencia, mediante una red «caciquil», que unía un localismo persistente y sistemático con un centralismo aparente y poco eficaz. En tales condiciones, la traducción práctica de la política liberal no podía ir más allá de la pura ficción. Ni el cambio social, ni las nuevas prácticas políticas habrían arraigado a partir del agitado proceso de consolidación del nuevo Estado. En aquel contexto, en realidad, el Estado apenas pasaba de ser una precaria cobertura para las redes de influencia localistas y el poder del Ejército. Sólo la vía gradual del desarrollo de la sociedad capitalista y urbana a largo plazo haría sentir sus efectos en este terreno, a partir de las primeras décadas del siglo XX, hasta desembocar en la tardía eclosión de la política de masas, en puertas de la II República.

La historiografía sancionaba así la perspectiva dominante en la izquierda española, como ejemplificábamos antes en el caso de Azaña. Según ella, la sociedad moderna en España apenas dispondría de referentes aprovechables en la época de origen del Estado nacional. Ni una hegemónica tradición revolucionaria y bonapartista, como en Francia; ni un forcejeo ascendente por etapas, seguido de rupturas parciales, como en la larga age of improvement de Gran Bretaña; ni un proyecto nacional capaz de absorber energías movilizadoras, como en Italia y Alemania, podrían hallarse en los referentes de la mayoría de los españoles insertos, desde comienzos del siglo XX, en la sociedad urbana y sujetos a un Estado de genealogía anómala o, a veces, abiertamente cuestionada. El Estado, como un poder básicamente de hecho, consolidaría un legado híbrido y de escasos vínculos con la sociedad –o con las diversas sociedades nacionales de la periferia– sobre la que se asentaba.

Elementos para una revisión en la historiografía reciente

Las propuestas anteriormente esquematizadas estimularon buena parte de las investigaciones posteriores, que hicieron avanzar los conocimientos, hasta entonces muy precarios, sobre la sociedad, la economía y la política en la España de la época. Si bien estos avances ya tenían suficiente potencial renovador, otros factores han contribuido a hacer necesaria una reconsideración de muchos supuestos que se han venido manteniendo desde que recibieron el consenso historiográfico, en el paso de la dictadura franquista a la democracia. Esto afecta, en especial, a la necesidad de un análisis de las clases sociales menos deudor de los «tipos ideales». Hacia la década de 1980, buena parte de la historiografía europea tomó conciencia de que su consideración de las clases guardaba una escasa relación con unos conocimientos empíricos que reclamaban ser elaborados de manera autónoma y no simplemente relegados a favor de modelos inconmovibles, bajo el pretexto cientifista de la necesidad de generalizar a cualquier precio. El uso de ciertos estereotipos sobre las clases sociales, por otro lado, demostraba tener claras insuficiencias en esta coyuntura. Hacía falta recuperar el sentido originario de la historia social, definida por Ernest Labrousse como la historia de las realidades impuras. Procesos globales, como el desarrollo del capitalismo o la formación de los Estados nacionales, aparecían promovidos a través del protagonismo de clases que se apoyaban sistemáticamente en caracteres de naturaleza contrapuesta, cuya separación en los modelos canónicos resultaba teleológica o injustificable. Bajo esta perspectiva, era preciso revisar muchas «supervivencias» que conducían a «fracasos» o «vías especiales» (Sonderwege) con respecto a algún supuesto canon, que cada vez resultaba más imaginario.[17]

Este panorama historiográfico invita a replantear el caso español. Ello no significa aceptar como inevitable una revisión de tipo pendular, en el sentido de considerar que la España contemporánea tuviera una «trayectoria normal».[18] Consideramos más útil, en cambio, examinar la complejidad de los problemas de una manera abierta, de modo que el resultado sea no acuñar un nuevo esquematismo, sino plantear las cuestiones de forma más acertada con respecto a los conocimientos actuales.

En esta tarea, las investigaciones ofrecen, al menos, tres grandes bloques novedosos, cuya consideración obliga a modificar las perspectivas habituales. De modo sintético, podrían resumirse así:

1. El papel del componente más característicamente feudal y sus cambiantes relaciones con respecto al poder central.

2. Los caracteres de los sectores propietarios bajo el Antiguo Régimen y su reordenamiento a partir de la revolución liberal.

3. La consolidación de un núcleo hegemónico de burguesía propietaria en el nuevo Estado y sus conexiones con los sectores periféricos.

El fin del componente feudal de la sociedad y de la monarquía absoluta

En las últimas décadas, estudios como los de Pedro Ruiz Torres, Bartolomé Yun y Enric Tello[19] han planteado de un modo distinto el significado de los componentes más claramente feudales de la España del Antiguo Régimen. En virtud de estos estudios, la estructura feudal aparece con un doble significado: era económicamente importante y también decisiva en la configuración del poder político, si bien no hegemonizaba la dinámica social.

Su importancia económica no derivaba de que organizara la producción, como en el pasado se dio por supuesto con demasiada frecuencia. Los grandes estados o señoríos, concentrados cada vez más en manos de una cúpula aristocrática y de instituciones eclesiásticas, otorgaban a los señores un cierto ámbito de poder político a escala local y canales de extracción de excedente. Lo primero se concretaba en la justicia local y la interferencia sobre el poder municipal. Los segundos se plasmaban, con una coincidencia muy irregular en el espacio, en la privatización señorial de impuestos originariamente de la Corona, en el cobro de una parte del diezmo y en el aprovechamiento de monopolios comerciales o regalías. De modo simultáneo y geográficamente muy desigual, el titular del señorío podía reunir, dentro de sus estados, derechos de propiedad más o menos importantes. Éste era el caso, que hasta ahora había dado lugar a generalizaciones injustificadas, de la gran propiedad plena en el centro y suroeste de la Península. Otras veces –como en Galicia, Cataluña, País Valenciano y Mallorca, pero también en áreas de Castilla la Vieja–, los grandes señoríos combinaban, con bastante frecuencia, importantes canales de extracción de excedente (diezmo, regalías) con la titularidad de una cierta propiedad dividida, no exclusiva, en forma de foros o de dominio directo en las áreas de enfiteusis.

Las investigaciones han destacado la importancia de este aspecto más propiamente feudal. La Monarquía hispánica, todavía gran potencia en el siglo XVIII, se organizaba en parte sobre cadenas de este tipo de «estados», al tiempo que se apoyaba directamente en las oligarquías de los núcleos más importantes, que dependían de la Corona. La incuestionable concentración de poder económico señorial, sin embargo, no se ponía al servicio de los engranajes coordinados del absolutismo monárquico. Políticamente, esta cúpula de magnates cortesanos era incapaz de integrar a la sociedad local en el sentido deseado por las autoridades reales. Bajo un régimen absolutista, apoyado en burócratas, militares, eclesiásticos y oligarquías urbanas, los grandes no constituían los pilares de la creciente formación interna del Estado y, como era bien conocido, su falta de cualificación tampoco los caracterizaba como una nobleza de servicio. Desde hacía tiempo, la aristocracia señorial no constituía la reserva de la clase gobernante del absolutismo, sino un núcleo cortesano, cuya influencia se trataba de asentar sobre todo por vías indirectas y personalistas. Ello condicionaba en gran medida la faceta reformista y aparentemente estatalizante del absolutismo borbónico. Al sostenerse sólo en parte sobre sus ingresos como propietaria, la gran aristocracia se había asentado en paralelo a un cierto «feudalismo centralizado». Éste suponía que el aparato absolutista alimentaba las rentas de la aristocracia señorial mediante el crecimiento del sistema recaudatorio de la Hacienda real, que a menudo pasaba luego a privatizar en beneficio de estas familias. En la misma línea, la Corona había impuesto, en épocas de crisis anteriores, la reducción de las deudas, en detrimento de los acreedores, o seguiría autorizando enajenaciones parciales de los patrimonios vinculados de la nobleza de título. Mientras que la propia Monarquía veía menguar durante largos períodos su propio patrimonio real, la expansión fiscal de la Corona y la privatización de impuestos mantenían a flote a los grandes.

La crisis fiscal del absolutismo desde finales del siglo XVIII fue, a la vez, el detonante de una crisis de esta clase señorial. Sin duda, sus miembros representaban a los mayores propietarios del conjunto de la Monarquía. Sin embargo, aunque sus ingresos y sus resortes de influencia fuesen aún palancas poderosas, esta aristocracia se vio combatida desde plataformas nada desdeñables. La historiografía ha puesto de relieve que esta cúpula señorial –en contraste con la mayoría de las instituciones eclesiásticas– sólo de modo parcial, o incluso muy secundario, había hecho coincidir sus estados con áreas indiscutidas de propiedad diferenciada de su poder político. Esto la situaba en una posición engañosa de cara a mantener sus posiciones durante la formación del Estado.

Esta agregación de señoríos no reflejaba su arraigo en la propiedad local. Como titulares de ingresos derivados, ante todo, de la redistribución por medio de impuestos privatizados, monopolios y participación en el diezmo, y contando durante generaciones con el apoyo real, habían permitido en los grandes señoríos el predominio de criterios que aseguraban al alza su participación en la captación del producto bruto. Ello implicaba, entre otras cosas, la estabilidad de la propiedad (particular y, no pocas veces, colectiva) de los vasallos. En general, los grandes señores disponían de bases no muy seguras para una posible ofensiva que hiciese evolucionar al señorío en el sentido de la propiedad. Con combinaciones muy diversas, según las zonas, esto se había traducido en la fortaleza de las inevitables oligarquías de propietarios –a menudo ennoblecidos, pero claramente distinguibles de la cúpula señorial– o incluso de la nobleza de título con influencia local, o en una sorprendente autonomía de las comunidades rurales, mucho más próximas al modelo campesino. Desde mediados del Setecientos, además, esta aristocracia de señores ausentes tuvo cada vez más dificultades para conseguir la colaboración de las fuerzas sociales dentro de sus señoríos.[20] El período de reformismo absolutista, promovido por la Corona desde 1766, ofreció ocasiones renovadas para que el interés público o el bien del Estado se interpretasen según una óptica contrapuesta a los puntos de vista señoriales. Transformados ante todo en dueños de poderosas pero irritantes y cuestionadas maquinarias recaudatorias, los señores más importantes vieron surgir el desafío, más o menos radical por el momento, de otras redes de influencia que las grandes casas ya no eran capaces de integrar y que fortalecían espacios públicos diferenciados a escala local. Por tanto, resulta demasiado unilateral identificar la sociedad dominada por el absolutismo como un conjunto feudal. Conviene destacarlo, sobre todo si pensamos en la manera diferente en que se situaban los diversos escalones de la pirámide social con respecto a la crítica surgida de la fragmentación del poder político y en defensa de un ascendente concepto de «propiedad». También era distinta su capacidad de respuesta a las reivindicaciones sobre un uso productivo del excedente, que proliferarían a partir de la parálisis en que desembocó el crecimiento del siglo XVIII.[21]

Teniendo en cuenta esta trayectoria, es difícil otorgar iniciativa a la aristocracia señorial en la consolidación del nuevo Estado. Desde hace tiempo, el triunfo del liberalismo no puede considerarse como el momento en que se crearon las nuevas categorías de la propiedad burguesa y, desde luego, no puede sustentarse la hipótesis de una «vía prusiana» que, mediante la prestidigitación jurídica, como sentenció José Antonio Primo de Rivera en 1935, habría transformado el señorío en propiedad. La investigación actual coincide en considerar que, en el mejor de los casos, los antiguos señores conservaron lo que ya antes se consideraba propiedad plena (que adquiría importancia, sobre todo, en la España central y meridional) o, tras intervalos de cuestionamiento, sus derechos de propiedad incompleta, pero jurídicamente diferenciada del señorío. Éste fue el caso del dominio directo –económicamente poco significativo– en Cataluña y de ciertas situaciones comparables en los foros de Galicia. Sin embargo, esta operación fracasó espectacularmente en el País Valenciano. Los canales de redistribución de excedente, al margen de la propiedad, fueron eliminados sin posible transformación en derechos de propiedad.[22]

Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad en España. Siglos xv-xx, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 1999, pp. 329-347. Ramón Villares, «El pasado que cambia. Reflexiones a propósito de la revolución liberal española», en Josep Fontana, Historia y proyecto social. Jornadas de debate del Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Barcelona, Crítica y Universitat Pompeu Fabra, 2004, pp. 13-30. Jesús Millán, «Liberalismo y reforma agraria en los orígenes de la España contemporánea», Brocar, 24, 2000, pp. 181-211. Casos significativos de la trayectoria seguida por las diversas dimensiones del señorío y la propiedad en M.ª Jesús Baz Vicente, Señorío y propiedad foral de la alta nobleza en Galicia, siglos xvi-xx: la Casa de Alba, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1996, pp. 227-265. Ángel García-Sanz, «La propiedad territorial de los señoríos seculares», en Salustiano de Dios, Javier Infante, pensaciones que el Estado otorgaría más adelante, en gran medida parciales y tardías, no pueden hacer perder de vista el importante giro experimentado con respecto al anterior «feudalismo centralizado».

El último argumento de quienes presentan al Estado liberal al servicio de los señores insiste en el uso de los títulos de la deuda pública, concedidos para indemnizar a los señores por la supresión de ciertos derechos, para adquirir bienes desamortizados. Este argumento, aunque difundido entre aquellos que desean apuntalar la tesis de un Estado continuista en su lógica social con respecto al Antiguo Régimen, es insostenible. En realidad, fueron los moderados, en principio los más receptivos a los intereses aristocráticos, quienes paralizaron las ventas de bienes nacionales. Su reapertura hubo de esperar al retorno de los progresistas, en 1854, gracias a un asalto al poder. Por último, los estudios sobre la desamortización general de Madoz muestran que las adquisiciones de la vieja aristocracia señorial fueron muy reducidas, sin que se pueda hablar ni siquiera del protagonismo de la nobleza en las compras. Este protagonismo, en cambio, sí correspondió a sectores burgueses, tanto urbanos como ligados al cultivo de la tierra, sin excluir en ocasiones a modestos labradores, incluso en zonas latifundistas. En todo caso, la aristocracia señorial arrastraba a menudo grandes dificultades económicas desde comienzos del Ochocientos y el apogeo de las subastas, tras recibir las indemnizaciones del Estado, muestra un desfase de casi medio siglo, que muchas grandes casas no pudieron soportar. De este modo, la política del nuevo Estado significó una orientación nítidamente diferenciada con respecto al pasado. Estuvo más bien al servicio de la movilidad social ascendente. Por tanto, la confluencia entre la tesis inicial de Artola y la interpretación de corte regeneracionista debe ser desechada.[23] En definitiva, la jerarquía de la riqueza y de los intereses no determinaba por sí misma la actuación del Estado. Ésta se vio influida decisivamente por el resultado de la politización liberal que había acompañado el fin del absolutismo y por los compromisos derivados de la movilización popular, que se desarrollaban bajo el protagonismo de las elites progresistas.[24]

Desde el ángulo del desarrollo de un importante segmento social caracterizado por la propiedad particular, queda de manifiesto la insuficiencia de una simple consideración «feudal» del desarrollo del absolutismo en España. Como en otros casos similares, también aquí la monarquía absoluta favoreció una dinámica que, en la base de los grandes señoríos, permitió el fortalecimiento de sucesivas promociones de poderosos, que promovían la privatización y las relaciones contractuales con los más desfavorecidos. El reforzado absolutismo dinástico completaba esta evolución mediante una práctica compensatoria a favor de la cúpula señorial, mediante enajenaciones, rebajas de deudas y flexibilidad en el uso del mayorazgo. Esta dinámica se vio interrumpida con el triunfo del Estado liberal. Destacar el ascenso decisivo y novedoso de otro tipo de intereses en la política estatal parece, por tanto, plenamente justificado.

De los propietarios privilegiados a las nuevas vías de acceso a la propiedad como base del Estado-nación

El apartado anterior confirma la necesidad de considerar la importancia de un largo proceso de avance del individualismo posesivo, en lugar de resumirlo como un escenario asfixiante para cualquier dinámica de este signo. Sin duda, en los siglos anteriores al Estado liberal se desarrollaron importantes sectores que hacían de la propiedad particular el principal factor de su perfil social. Incluso dentro del ropaje de la ortodoxia religiosa, la España de esta época elaboró una importante legitimación doctrinal de la propiedad privada y excluyente, así como de su carácter «natural» e intangible para el poder político.[25]

Evidentemente, ello no constituía el único elemento definitorio. Más bien, la lógica propietaria se desarrolló aprovechando las posibilidades que ofrecían el mundo del privilegio y el servicio a la monarquía absoluta. De aquí derivaba la doble combinación de trayectorias que alimentaban la renovación continuada de la nobleza. Ésta, como se ha comprobado repetidamente, se nutría con nuevos ingresos que incrementaban su heterogeneidad y hacían imposible identificarla con una «clase feudal».[26]En ello pesaban, sin duda, la fuerza del prejuicio estamental, la extendida –aunque declinante– reticencia hacia el ejercicio directo de actividades económicas y el prestigio social de la intolerancia religiosa. En este escenario se producían tipos especiales y diversos de propietarios más o menos privilegiados. Sus peculiaridades se completaban con una frecuente asociación con las instituciones eclesiásticas, su patrimonio y el acceso a sus jerarquías. Sin embargo, por otra parte, el poder económico, la influencia en la sociedad local y la competencia técnica –en el mundo del derecho, la administración y el ejército– hacían confluir sus ansias de promoción social con algunos de los intereses periódicamente renovados de la Monarquía. Este heterogéneo sector estaba caracterizado, pues, por una dinámica renovadora, sostenida en la propiedad, la riqueza y el mérito, que de inmediato buscaba consolidarse mediante la garantía del privilegio.

Frente a la alta aristocracia, que políticamente se apoyaba en la inercia de su capital social y económico, era en la renovación de estos sectores más bajos donde el aparato absolutista reclutó sus apoyos en mayor medida. Los cargos de gobierno fueron ocupados por golillas de esta extracción.[27]Además, miembros de estos núcleos en ascenso accedieron a cargos municipales, que convertían en propiedad o incluso podían dejar en herencia una vez que los habían adquirido de la Corona. Características similares tenían los sectores dominantes en las provincias vascas y Navarra, con el añadido fundamental de que su radio de actuación como «poder ordinario» dentro de sus respectivos territorios no dejó de crecer bajo el absolutismo borbónico. Como era posible dentro de una típica Monarquía compuesta, las oligarquías de estos territorios disponían de una capacidad de acción que les permitía condicionar decisivamente la política de la Corona, en materias fiscales, mercantiles y militares. Las posiciones de estas oligarquías definían el absolutismo de la España borbónica de un modo peculiar dentro del panorama europeo. Por un lado, su importancia estaba bien arraigada en la estructura fiscal de la Monarquía, ya que la representación permanente de los principales municipios en la Comisión de Millones les otorgaba un importante grado de autonomía con respecto a la Corona. Pero, por otro lado, ello sustentaba, de modo permanente entre los primeros pasos de la nueva dinastía y la crisis de 1808, la reiterada vitalidad de ciertas interpretaciones de orden «constitucional». Según éstas, la Monarquía hispánica seguía contando con una representación de los reinos –a través de los municipios con voto en Cortes–, el poder real se veía sometido a la ley y, desde luego, no estaba capacitado para hacer un uso patrimonial o sin restricciones de su autoridad. Durante la mayor parte del siglo XVIII, dispusieron de amplia aceptación y condicionaron buena parte de las medidas de la Corona las doctrinas que rechazaban el uso simplemente administrativo del poder real o al margen de la magistratura judicial. Aún más que en el terreno socioeconómico, por tanto, la España del Antiguo Régimen es incomprensible si se reduce a una estructura de «absolutismo feudal», que dominaría a una «sociedad campesina».[28]

La creciente dinámica de la sociedad y el dirigismo monárquico introducían durante el siglo XVIII una peculiar «representatividad», en la base de los decisivos poderes municipales. El acceso a estos cargos debía coronar una serie intergeneracional de servicios y ascenso socioeconómico. Al ser reconocidos estos componentes del «mérito», sin embargo, se aceleraba el ascenso dentro del mundo del privilegio y se favorecía el uso patrimonial de los cargos que se habían alcanzado. Ello, por tanto, tendía a bloquear y a agotar a la larga la innegable movilidad social que se comprueba en este peldaño crucial del Antiguo Régimen. Su renovación continuada mostraba, por un lado, el carácter insustituible de las nuevas promociones de la influencia in situ, como base del centralismo absolutista. Simultáneamente, sin embargo, esta representatividad no derivaba del reconocimiento autónomo por parte de la sociedad local. Aunque a finales del Setecientos cobraron fuerza conceptos, como el de hacendado, que mostraban el peso creciente del reconocimiento autónomo por parte de la sociedad local, este criterio no estuvo libre de poderosas interferencias. A fin de cuentas, era el arbitrio del rey el que, al otorgarse de modo discrecional, creaba la presunción de que sus beneficiarios disponían de influencia y prestigio en su propio ámbito. De ello formaban parte la propiedad, una ejecutoria de influencia y de colaboración con la Corona, la disponibilidad de unos antecedentes antiguos y, casi siempre, la puesta a salvo de parte del patrimonio a través del mayorazgo.[29]

Todo indica que estas fundaciones de vínculos se extendieron mucho en España durante los siglos XVII y XVIII, hasta constituir un rasgo fundamental de la sociedad y del orden político en España. Conviene destacar dos aspectos de la regulación mayoritaria del mayorazgo que acentuaban su adaptación a la movilidad social y extendían las relaciones contractuales. Fundar un vínculo era una iniciativa particular, que no requería, como en otros países, el permiso de la Corona. El mayorazgo castellano –con mucho, el más extendido tras la Nueva Planta– prescribía que la familia titular retuviera la propiedad plena de los bienes, de modo que su explotación debía ser directa o mediante contratos a corto plazo. La difusión autónoma de los mayorazgos se aleja del modelo de una sociedad ordenada de arriba abajo desde la cúpula del absolutismo, como tendía a suceder con la nobleza en Prusia o, de modo más agudo aún, en Rusia. La preferencia por la propiedad plena subrayaba el carácter de propiedad particular de estos patrimonios y se vinculaba al avance de la desposesión. Visto de este modo, el decisivo privilegio del mayorazgo no era una figura sistemáticamente feudal. Representaba un canal hacia el privilegio, al alcance de quienes se beneficiaban de la dinámica social como propietarios pero deseaban consagrar a largo plazo las posiciones alcanzadas sin someterse a las alternativas del mercado. De entre esta plataforma, la Corona podía reclutar sus apoyos a escala local, bajo la ficción de «reconocer» a quienes previamente habían conquistado el mérito en la sociedad.[30]

Esta suma de equilibrios entre autonomía de la ejecutoria individual y familiar, proyección social y favor de la Corona –sobre la que se constituían bases fundamentales del poder central como eran el Gobierno, la burocracia y buena parte del poder local– dio muestras de romperse a finales del siglo XVIII. La aceleración de los cambios económicos y la pérdida de credibilidad del aparato de la Monarquía, sobre todo en época de Godoy, contribuyeron a cuestionar esta mezcla de dos variables bastante diferenciadas: la búsqueda de ventajas en el terreno del honor por parte de ciertos linajes particulares y la interferencia del poder monárquico sobre la sociedad.

En tales condiciones, era difícil que los sectores propietarios de tipo privilegiado, pese al conjunto de rasgos que los hacían adaptables a un régimen basado en la propiedad, se constituyeran sin más en la columna vertebral del nuevo Estado. Sin duda, muchos de estos linajes reunían una sólida tradición en el terreno del individualismo posesivo y de la autonomía de la fortuna familiar como para protagonizar el paso desde la figura del hacendado, titular de privilegios en el Antiguo Régimen, a la del propietario de carácter burgués y convertido en notable bajo el Estado liberal. Éste constituye uno de los problemas principales planteados por la historiografía precedente.

Las propuestas de Jovellanos se inclinaban hacia esta especie de confluencia, hasta crear una amalgama de propietarios entre la aristocracia señorial y unas oligarquías locales, a menudo contrapuestas a los intereses de la primera. Al enfatizar el individualismo de los propietarios –incluyendo, sin más, a los señores– y la necesidad de reducir la acción del Estado, Jovellanos preveía mantener nichos significativos de privilegio. Sus perspectivas en este terreno no pueden identificarse con la pauta que se impuso en la España del siglo XIX, sino que fueron descartadas de modo consciente. Hasta dónde debía llegar la reforma de los mayorazgos fue una cuestión polémica, que el arbitrismo de la monarquía absoluta no se consideró capaz de imponer de modo unilateral. Más adelante, el nuevo orden tras la Revolución Francesa preveía mantener la ventaja privilegiada del mayorazgo como garantía de apoyo de la elite política. Precisamente, la intensificación de la dinámica social promovida por el mercado capitalista fomentaba el reflejo compensatorio de perpetuar las bases de quienes daban estabilidad al Estado mediante su influencia y su patrimonio. Éste fue el modelo que previó para España el régimen bonapartista de la Constitución de Bayona. También fue éste el marco que subsistió en la Francia de la Restauración y que no acabó de desaparecer hasta el fin de la Monarquía de Orleáns. Con peculiaridades que las diferenciaban del mayorazgo en la España del absolutismo, las vinculaciones privilegiadas de la nobleza subsistieron en sociedades industriales y en Estados tan diferentes como la Inglaterra victoriana, la Prusia de la «Era de las Reformas» y la posterior Alemania unificada.[31]

En este contexto, suponer que el colapso del absolutismo español fue cubierto sin problemas por el sólido arraigo de los propietarios privilegiados resulta claramente precipitado. El intento de establecer un nuevo poder estatal, bajo la inspiración del liberalismo político, no supuso un aval para la supuesta intangibilidad de quienes ya eran propietarios. La amalgama proyectada por Jovellanos se reveló imposible. Probablemente, ya resultaba difícil de establecer una alianza semejante, a raíz de las tensiones promovidas por el reformismo absolutista y las pugnas jurídicas y económicas que suscitaba el ocaso del crecimiento experimentado en décadas anteriores. La diversidad de opciones y trayectorias ante la invasión francesa y la rebelión patriota multiplicó estas divergencias. También abrió nuevas perspectivas a quienes, en medio de la retórica de la nación, no se limitaban a trasladar hacia el futuro las jerarquías heredadas del pasado. De este modo, las Cortes de Cádiz adoptaron progresivamente un rumbo que apuntaba hacia una restricción radical del nicho privilegiado para la elite política que, incluso, reconocían tanto el Estado bonapartista como su enemigo británico.

El liberalismo español, por el contrario, confió en un Estado sostenido directamente en la movilidad de las fortunas propia del mercado. Esto resultaba no sólo un cambio radical con respecto al pasado, sino también una vía comparativamente novedosa en la configuración de las bases sociales del Estadonación. Es probable que esta sorpresa se reflejase en la frase de Mde. Stäel a un liberal español: «Necesitáis una nobleza».[32]Hay motivos para pensar que esta divergencia resultó decisiva en la oposición carlista al liberalismo. Las discrepancias en este terreno se hacían más importantes por cuanto, tras las experiencias iniciales de la Revolución Francesa, las corrientes predominantes del pensamiento liberal en Europa reconocían la importancia de que el poder político del nuevo Estado soberano se apoyase en mediaciones sociales, dotadas de eficacia de cara a encuadrar y dirigir a la gran mayoría de la población.[33]

En el caso español, la herencia de las crisis del Antiguo Régimen no convirtió a la propiedad en un pilar obvio, suficiente e incontestado. En el terreno político, no predominó una plataforma cohesionada de los propietarios para mantener en sus manos el timón del Estado. La nueva construcción política, a diferencia de lo que había sucedido hasta entonces en España, interrumpiría el ritmo de adaptación de los ya instalados y los canales de absorción de nuevos elementos que habían caracterizado a la hegemonía aristocrática. Es lógico, por tanto, que invirtiendo los supuestos arraigados en la historiografía anterior, los estudios actuales subrayen una presencia de la nobleza en la política española relativamente escasa con respecto a otros países europeos.[34]Al contrario, desde los inicios del realismo durante las Cortes de Cádiz, pasando por el absolutismo del Trienio y hasta desembocar en el carlismo, los contrarios al Estado liberal no dejaron de reclamar para sí el apoyo de los ricos y los hacendados, al tiempo que reivindicaban el mantenimiento de las funciones de la nobleza. Todo ello, de nuevo, lleva a pensar que el proyecto político inspirado por Jovellanos no fue el que se impuso.[35]

Capitalismo central y capitalismos periféricos como base social del nuevo Estado

Los apartados anteriores nos presentan diversos ángulos de análisis de carácter negativo. El nuevo Estado se reorientó en sentido muy distinto al ejercido por el «feudalismo centralizado». No fue posible una síntesis de diversos tipos de propietarios privilegiados, que se limitase a trasladar al nuevo orden las posiciones previamente establecidas. El decisivo giro contrario a todo tipo de manos muertas y vinculaciones representaba, en el contexto europeo, una preferencia definitoria por la movilidad de los patrimonios. En una sociedad predominantemente agraria, como lo eran aún todas las europeas, este criterio implicaba inaugurar un escenario cambiante de las influencias locales, encargadas de reforzar o de hacer posible en la vida cotidiana el orden que garantizaba el Estado central.

¿Qué fuerzas y qué dinámicas sociales se abrían paso mediante esta opción? La historiografía ha destacado normalmente que ello reforzó, como núcleo decisivo en torno al cual giraría el Estado del Ochocientos, una amalgama de clases propietarias, asentadas en la España centro-meridional. Su principal demanda al poder público sería la de mantener rígidamente el orden social, en defensa de una propiedad privada sin restricciones y carente en gran medida de responsabilidades sociales. Al conjugarse con una cierta visión optimista del progreso, el resultado habría sido una visión agrarista, que predominaría tanto en el terreno del comercio exterior como en el de las comunicaciones o en la política de orden público. En resumen, las demandas de desarrollo e integración social propias de las sociedades más avanzadas de la Europa de la época no habrían tenido eco en el caso de un Estado español, convertido en baluarte de unas clases agrarias, fundamentalmente rentistas o económicamente poco activas y poco dispuestas a considerar otro tipo de trayectorias. De ahí, por tanto, que la capacidad de conexión del nuevo Estado con algunas sociedades de su propia periferia –más orientadas desde mucho antes hacia la economía industrial, mercantil y urbana– constituya una importante fuente de problemas en esta discusión.

Las investigaciones de las últimas décadas sugieren la necesidad de hacer algunas modificaciones importantes en estos planteamientos. En primer lugar, las posibilidades excepcionales de acceso a la propiedad que permitió la revolución no reproducían el esquema estático de los propietarios ya arraigados en la época de esplendor del absolutismo. Durante el último tercio del siglo XvIII, el crecimiento había estimulado un giro novedoso en las estructuras de la sociedad agraria. Se trataba del auge de un tipo de figuras caracterizadas por su vinculación directa a la propiedad o a la explotación. Aunque mantuviesen alguna propensión al rentismo, eran agentes económicos sometidos a los canales de redistribución señorial del excedente, pero capaces de decidir en la organización de la producción. Entre ellos se contaban los labradores acomodados de Andalucía, Salamanca, Mallorca o Tierra de Campos, a menudo instalados como arrendatarios de grandes extensiones agrícolas o ganaderas, propiedad de eclesiásticos o de nobles. También se situaban entre ellos los grandes enfiteutas de la Cataluña Vieja o de los principales señoríos valencianos, así como los propietarios más dinámicos que se asentaban en términos de realengo. La importancia de estos sectores se reflejó crecientemente en múltiples tensiones jurídicas para recortar el diezmo y los derechos señoriales, pero también en demandas, movilizaciones y luchas por el poder que afectaban a las vías de acceso a la propiedad de la tierra. Por tanto, más que subrayar unilateralmente la congruencia de la propiedad con el feudalismo, conviene analizar la coexistencia de estos diversos canales de extracción de excedente como una situación que fue derivando hacia mayores tensiones, sobre todo a raíz de la Guerra de la Independencia.[36]

De ahí que, aunque los propietarios en ascenso practicasen a veces actitudes similares a las del pasado –una cierta proclividad hacia la explotación indirecta o el ingreso en la nobleza–, sus aspiraciones, a partir del agotamiento del impulso económico del Setecientos, representasen un cambio que alteraba el escenario en vigor. Su ascenso gracias a la revolución liberal significaba el triunfo de una «genealogía distinta» del capitalismo, diferenciada del tipo de individualismo económico y relaciones contractuales que habían prosperado bajo el Antiguo Régimen. Las promociones arraigadas con anterioridad en el ámbito de la propiedad habían consolidado sus patrimonios en otras coyunturas y se habían introducido en la esfera del poder local bajo el absolutismo. Era frecuente, por tanto, que restringiesen la ampliación del área cultivada, lo que indirectamente favorecía la presión en el mercado de arriendos y el alza de sus rentas. Se formó así lo que se ha llamado un frente antirroturador en la mayor parte de la España interior.[37] En las zonas periféricas de producción más mercantilizada, las tensiones cuestionaron aquellos derechos que, al recortar los beneficios del cultivador, como sucedía con las regalías, el luismo o el diezmo, dificultaban la inversión productiva y hacían difícil rentabilizar las costosas adquisiciones de tierras por medio del relanzamiento de la renta contractual. En uno y otro caso, las tendencias esbozadas apuntaban hacia un impulso de la producción, un cambio de las jerarquías sociales y una reestructuración de la capacidad productiva y de empleo en el conjunto del país.

El agotamiento fiscal del absolutismo y las crisis comerciales, hacia finales de siglo, unidos a la presión demográfica –heredada del crecimiento anterior– y a la inflación, atrajeron el interés hacia la propiedad agraria de los sectores que hasta entonces se habían centrado en otro tipo de actividades. Este intenso giro hacia el campo era, pues, una vía novedosa, que se imponía sobre un Antiguo Régimen no tan volcado en el cultivo de la tierra, como sucedería en siglo XIX. Éste era el caso de la oligarquía urbana de Madrid, cuya tradicional asociación con las finanzas y los negocios de la Monarquía fue siendo sustituida por una creciente proclividad a invertir en la propiedad y la producción.[38] Los intereses comerciales, vinculados al comercio con el imperio americano o con las zonas hasta entonces más dinámicas, así como a la industria o las manufacturas, se añadieron a esta presión, hasta combinarse de manera decisiva con la crisis fiscal y política de la vieja Monarquía.

Estas líneas de fractura no pueden reconducirse hacia el esquema de una revolución burguesa contra el feudalismo. Tampoco se trataba de un proyecto burgués interesado transitoriamente en hacer crecer el mercado interior, por medio de una política de reparto de tierras a favor del campesinado. Las tensiones esbozadas cuestionaban, de modo característico, el bloqueo que sufría el mercado de la propiedad inmueble bajo el régimen privilegiado de mayorazgos y manos muertas que, a su vez, apoyaban una parte decisiva del entramado del poder en la sociedad del absolutismo. El sector cuestionado de esta forma no era el componente más próximo al feudalismo. No puede olvidarse que mayorazgos y propiedades amortizadas, como sucedía muy a menudo con los bienes de la Iglesia, implicaban tradicionalmente formas de explotación contractuales y a corto plazo. Otras veces, estaban en manos de familias o instituciones que habían coronado su ascensión social, a partir del mundo de los negocios y del mérito, o habían protagonizado una larga resistencia contra el señorío al que se podían hallar sometidas. Por otro lado, al favorecer la expansión de las roturaciones, el desbloqueo del mercado de la tierra o el recorte de las cargas no contractuales sobre el excedente productivo, era fácil que estas pugnas incorporasen, de diversas maneras, a buena parte de los sectores inferiores de la sociedad. Estos sectores de la España agraria a finales del Antiguo Régimen no pueden identificarse con el «campesinado familiar», asentado de modo estable en una explotación propia, sino en muy buena medida con trabajadores precarios por cuenta ajena, carentes de propiedad privada. Su rápido crecimiento, a menudo muy por delante de la demanda de mano de obra en la agricultura, hizo que el mercado de trabajo los colocara en una situación cada vez más precaria.[39]La eliminación del privilegio y el desplazamiento de muchas de las antiguas autoridades locales debieron inducir con frecuencia cambios favorables, también, por debajo de los sectores burgueses de la sociedad.

Esto sucedía así porque estas reivindicaciones, en pro de la movilidad de la propiedad y de su emancipación con respecto a cargas no contractuales, no equivalían a destruir los restos del comunitarismo campesino y acelerar su desposesión. El ascenso de un conjunto de fuerzas reivindicadoras de la propiedad y de la producción formaba parte de una transformación de la estructura productiva, para adaptarla en lo sucesivo a un proceso en marcha que no se interrumpió durante los años de guerra, crisis y pérdida del imperio americano. La crisis colonial condujo a una readaptación del comercio con América, que incrementó los intercambios en la periferia peninsular. Los núcleos comerciales de estas zonas, tras una reestructuración muy profunda, relanzaron su actividad, gracias entre otras cosas a la conquista de una plataforma más sólida en el mercado inmobiliario.[40]

Todo ello permitió que la vieja propiedad privilegiada resultase infiltrada y desbloqueada, al irrumpir en el mercado de la tierra las fortunas que procedían del mundo de los negocios urbanos y de los labradores acomodados. Al mismo tiempo, se consolidaba una indudable expansión y reorientación productiva –a menudo, desde la ganadería a la labranza–, que ofrecía un estímulo muy renovado a la producción, al empleo y, no pocas veces, también al acceso a una cierta propiedad por parte de los sectores más desfavorecidos. Ello permitió que, ya en la segunda mitad del siglo XvIII, la integración del mercado entre el interior agrario y las zonas industriales de la periferia avanzase más de lo que se había supuesto en la historiografía de hace unas décadas. Las formas productivas de los sectores que irrumpían en la propiedad no pueden sintetizarse en la tendencia sistemática a la desposesión del campesinado. Por un lado, conviene tener en cuenta que las ventajas del empleo de mano de obra asalariada estaban lejos de ser evidentes en todas partes, sobre todo allí donde el proceso productivo era más complejo y continuado. A menudo, la subdivisión de anteriores grandes fincas entre un número mayor de explotaciones familiares resultaba la senda más eficaz para relanzar el cultivo, como se observa en Lérida, la huerta de Valencia o Mallorca. Por otro lado, todo indica que, en realidad, la carencia de propiedad a la que se había llegado bajo el Antiguo Régimen –como resultado del bloqueo del mercado de la tierra, la presión de una fiscalidad basada en el privilegio y la fortaleza en el poder local de rentistas y ganaderos privilegiados– era ya muy elevada. De este modo, como se ha comprobado en la región cerealista de Tierra de Campos o Salamanca, fue precisamente el acceso de los labradores acomodados a la propiedad y al poder político lo que indujo el reparto de superficies significativas de los bienes de propios, a favor de los más desfavorecidos. En un contexto muy diferente, los propietarios más destacados de la Cataluña Vieja siguieron recurriendo, hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX, a la concesión de pequeñas parcelas, como medio de fijar la mano de obra que necesitaban. Incluso en la España cantábrica, donde con más énfasis se habían destacado las dificultades que la nueva fiscalidad introducida por el liberalismo habría representado para los cultivadores modestos, todos los datos fiables confirman la sostenida tendencia al incremento relativo del peso de los propietarios dentro de la población agraria a lo largo del siglo XIX.[41]

En conjunto, la transformación del sistema económico y su situación en un estadio muy distinto de producción, demografía e integración del mercado, no parece que pueda sintetizarse simplemente en un proceso de empobrecimiento que habría aislado o enfrentado a la mayoría de la sociedad con respecto al nuevo Estado. Si valoramos en su contexto algunos de los indicadores sociales más comúnmente utilizados, parece necesario cuestionar este carácter unilateralmente negativo. A mediados del siglo XIX, cuando la población había roto los techos más altos que se habían alcanzado en el pasado, la proporción de jornaleros que los censos oficiales mostraban dentro de los activos agrarios era del 54%, cuando a finales de la centuria anterior ya había sido de un 53%. El signo de estos datos, tras décadas de un notable aumento demográfico, no sustenta la tesis de una desposesión masiva como resultado principal del nuevo orden. Las mismas fuentes indican un descenso proporcional de los jornaleros, especialmente significativo en el caso de Andalucía, donde, además, la esperanza de vida era superior a la media española a mediados del Ochocientos. Los indicadores sobre la evolución de la estatura media de los jóvenes del medio rural han llamado la atención por el deterioro que muestran entre 1850 y 1880. Sin embargo, sin olvidar que precisamente escasean los datos para el período clave de la crisis final del absolutismo y el triunfo de la revolución liberal, conviene recordar que descensos comparables en la estatura se dieron también en países como Holanda en aquella época, o que la altura media de los jóvenes españoles (1,62 m) coincidía con la de los italianos y estaba «ligeramente por debajo de la talla de los europeos más desarrollados».[42]

Por tanto, resulta necesario replantear el alcance y los límites del agrarismo hegemónico en el naciente Estado liberal. El estadio de los conocimientos actuales aconseja introducir una orientación menos finalista, en función del panorama que generalmente se asocia a la crisis de finales del Ochocientos. Si, por el contrario, situamos las bases sociales del Estado dentro de un proceso de características nuevas, que permitían llevar la economía española a una senda capaz de integrar mejor sus diversos sectores y crear condiciones inéditas para el desarrollo posterior, parece conveniente revisar de modo distinto al habitual el problema de las conexiones entre el Estado y las periferias económicamente más dinámicas.

Estado-nación, personal político y sociedad

La formación del Estado nacional fue un proceso problemático, en el transcurso del cual se definieron de otro modo los límites entre lo «político» y lo «particular». Hasta no hace mucho, la perspectiva dominante había llevado a ver en el nuevo poder político un reflejo de las estructuras sociales, en gran medida continuistas con respecto a las del pasado. De ahí que, a la hora de estudiar los canales de comunicación entre la sociedad y el poder político en la España contemporánea, se haya atendido, sobre todo, a aquellos aspectos que mejor podían sostener la doble imagen de unas instituciones exclusivamente supeditadas a los grandes intereses, por un lado, y, por otro, a la marginación y la revuelta de las clases populares.

La perspectiva ha de ser distinta si atendemos a la importancia de las alternativas políticas que acompañaron la alteración de la jerarquía y la dinámica general de la sociedad. La introducción de los criterios abstractos y generales del Estado nacional requería una plasmación social, y ésta, de modo especial tras el triunfo del liberalismo revolucionario en España, debía hacerse en el marco de redes de influencia y movilización alteradas y, a menudo, notablemente enfrentadas. Por tanto, las formas de lograr apoyos sociales debieron cambiar, al igual que los caracteres de los grupos mejor situados para obtenerlos.[43] Si bien el Estado-nación hacía de la defensa de «la propiedad» un principio determinante, esto no creaba frentes obvios de clase, ni reducía la existencia de alternativas muy importantes durante mucho tiempo. En contraste con las visiones arraigadas, los estudios actuales destacan el alcance de las interpretaciones discrepantes dentro de este principio en el caso español. Entre los factores que contribuyeron a sostener a largo plazo esta discrepancia se pueden citar tres. En primer lugar, el giro temprano en el pensamiento liberal a favor de un individualismo utilitarista, que abría paso a quienes procedían de la actividad económica, el talento y la educación. A diferencia de otras sociedades, como Gran Bretaña o la Italia incorporada a Austria, en la España liberal la burguesía dedicada a los negocios urbanos no hubo de pasar por una penetración gradual en un reparto de la propiedad rústica que dominaban los terratenientes privilegiados para obtener reconocimiento en el espacio político. En segundo lugar, el peso de la tradición poblacionista, que influía en el giro productivo que acompañó a la crisis del Antiguo Régimen. Por último, de manera muy destacada, la prolongada influencia de un criterio «inclusivo» y movilizador de la nación, que tendía a universalizar la ciudadanía y reclamaba canales importantes de participación popular. La retórica política y las prácticas sociales otorgaron al concepto de «propietario» un conjunto de valoraciones especialmente amplias y controvertidas en la España del siglo XIX.[44]

El panorama de las fuerzas sociales que influían en el Estado, a mediados del Ochocientos, no podía identificarse con la hegemonía indiscutida de un compacto bloque de «propietarios». Aquel Estado liberal –centralizado, pero a la vez pretendidamente poco interventor– debía apoyarse y actuar en unas condiciones inusualmente accesibles a formas muy distintas de obtener influjo social. Para Antonio Alcalá Galiano, el liberalismo español había comenzado «dando derechos políticos a quienes antes estaban debajo». El cuestionamiento de «los hombres mejores por su jerarquía» había perjudicado a «los estimados mejores por su talento e instrucción», al tiempo que el gobierno de los ricos «bueno o malo, no ha llegado para nosotros (...). Así, faltó toda superioridad natural».[45] En este contexto, las disensiones fundamentales sobre la construcción del Estado se reabrieron, acompañadas de una intensa movilización popular que ponía de manifiesto las tensiones dentro del personal político, hasta alcanzar su punto culminante en el Sexenio democrático de 1868 a 1874.[46]

En el caso de Cataluña, como se deduce del trabajo de Josep M. Pons, el ascenso del liberalismo había favorecido una precoz e intensa renovación del personal político local. El signo de este cambio consistía en el desplazamiento de los hacendados, frecuentemente propietarios de la pequeña nobleza, por parte de comerciantes e industriales, acompañados a su vez de artesanos y labradores. En gran medida, el liberalismo no prolongó la hegemonía de las raíces previamente asentadas del individualismo económico. Los protagonistas de aquella genealogía social del capitalismo, tan importante en Cataluña, que se había desarrollado al amparo del privilegio, la asociación con el patrimonio eclesiástico, la privatización de los cargos municipales o los gremios, fueron desplazados por los representantes de los negocios urbanos, que se beneficiaban de la ampliación del mercado. Con ellos, al mismo tiempo, ganaban un protagonismo indiscutible los sectores populares, apoyados en las doctrinas y las instituciones del liberalismo radical. Esta intensa ruptura tuvo un gran impacto en la sociedad catalana, como se reflejó en la guerra carlista y en el conjunto de sublevaciones radicales que culminaron en 1843-1844.

Pese al deseo de orden de las elites burguesas catalanas, su adaptación al Estado que estaban consolidando los moderados no resultó estable. Al menos en ciertos casos importantes, parte del problema se debía al carácter claramente involutivo de las elites más conservadoras de Cataluña, demasiado próximas al absolutismo para encajar con el moderantismo español y para tener credibilidad frente a la sociedad local. Así lo sugiere el hecho de que en Lérida y Barcelona quisiesen reducir el derecho al sufragio por debajo de lo que marcaba la norma general. Por otra parte, los efectos de la industrialización, al combinarse con la temprana politización liberal, favorecían las corrientes liberales de signo progresista en zonas muy diversas de Cataluña. Como señala Pons, se trataba en su mayoría de vertientes elitistas, contrarias a la democracia, pero capaces de representar proyectos con un elevado apoyo en los sectores obreros y populares.[47]El moderantismo pudo integrar buena parte de este tipo de fuerzas progresistas en otras regiones, como se observa en el País Valenciano. Pero un conjunto de circunstancias –la clara debilidad de los socios de los moderados en Cataluña, la presencia de sectores progresistas favorables al sindicalismo reivindicativo y la frecuente inestabilidad de la región, que estimulaba la intervención del ejército– contribuyó a que esta integración sólo se planteara bajo la Unión Liberal y no acabara de consolidarse.

Ello favoreció que arraigara la idea de una disidencia catalana con respecto al Estado. Su entidad y sus bases deben considerarse también un problema histórico. No sólo por la identificación generalizada con la nación española, sino porque la heterogeneidad interna de la sociedad catalana hubo de experimentar un proceso que la condujera hacia un esquema con escasos matices. Había una Cataluña agraria y reticente ante el proteccionismo industrial, del mismo modo que había una Cataluña obrera, ambas capaces de mostrar su propia lógica. No obstante, repetidas veces se impuso una imagen homogénea e identificada con la fábrica de España. Sin duda, la articulación del espacio económico y sociopolítico por parte de Barcelona y la Cataluña industrial se dejó sentir en el conjunto del territorio. Además, los procesos políticos y culturales contribuyeron a forjar y extender una cierta imagen de la periferia catalana, que no puede entenderse como un reflejo de inequívocas situaciones materiales.

Como recuerda Rafael Zurita, el Estado español del Ochocientos se basó en un principio de representación cuyo significado no siempre fue coincidente con la democracia del siglo XX ni precursor de ésta. En todo caso, disponer de un Parlamento se convirtió en un criterio fundamental, aunque no estuviese libre de controversias muy significativas.

La importancia del Parlamento como criterio de legitimidad hace conveniente examinar, no sólo las disposiciones que lo regulaban, sino también las concepciones que enmarcaban su elección y su funcionamiento. Acompañado a menudo de figuras no electivas, este Parlamento incluía la necesaria representación electoral. Sin duda, el hecho de que el liberalismo español surgiera bajo la impronta de la «soberanía nacional» añade peculiaridades en el terreno doctrinal e institucional de la construcción del Estado. Desde el triunfo de la revolución liberal, la normativa establecía un cuerpo de electores caracterizado por la «capacidad» de sus miembros como portavoces de la voluntad política. No se trataba de reconocer derechos a los individuos, sino de delimitar a un grupo del que, en virtud de cualidades discutidas, se esperaba una voluntad representativa a escala local, con capacidad para obtener el apoyo de quienes no tenían derecho al sufragio y, por último, susceptible de enlazar con el interés general. Las elecciones a Cortes se veían como una vía ascendente que podía representar a la sociedad a través de un electorado cualificado según criterios actualizados, compuesto por «clases medias» y claramente significativo a escala local.

Se trataba de una evolución censitaria del principio de la voluntad nacional. Sus protagonistas mostraban el impacto de la movilidad social como fruto de la revolución. Desde las Cortes de Cádiz hasta la época final de la Restauración, el peso de la nobleza tradicional fue especialmente reducido entre los diputados. Por tanto, su significado local, confirmado por el predominio de los distritos uninominales, no puede entenderse como un espacio marcado por la inercia de las jerarquías sociales. Sin duda, en la perspectiva dominante, se aspiraba a una coincidencia en la voluntad política, por encima de controversias. Los elegibles se definían de un modo que subrayaba su reconocimiento en el ámbito local. El peso de ciertos profesionales y de quienes hacían carrera política sugiere el peso que en el protagonismo político tuvo la construcción del Estado nacional, de un modo que recuerda a la «burguesía humanística» de la Italia unificada.[48] Pero los criterios que definían a los electores capacitados eran especialmente controvertidos. La renovación de las influencias sociales y el uso de la libertad de prensa ofrecían importantes ocasiones para la agitación política. Los espacios locales se configuraban también como ámbitos en los que, según se admitía, se ejercían las influencias derivadas de la desigualdad social y de las lealtades políticas, incluyendo el «influjo moral» del Estado. La fuerza de ésta no era un simple hecho estructural o que actuara en una única dirección. Bajo gobiernos moderados, este «influjo» crecía cuando aumentaban las abstenciones. Con los progresistas sucedía lo contrario, por más que el progresismo no insistiera siempre en el desarrollo de la movilización partidista. La misma injerencia del Gobierno, por último, podía ser una palanca que contrarrestara las constricciones socioeconómicas a escala local.

La deplorada «debilidad de los partidos» no puede imputarse sin más a una población supuestamente ajena a la política. Debe entenderse, por el contrario, en el marco de importantes discrepancias sobre cómo traducir en moldes censitarios una representación que, por otro lado, no podía violar sin ser cuestionada unos criterios de respetabilidad política muy amplios, que derivaban de la arraigada noción de la soberanía nacional. En este escenario y hasta la Restauración, desempeñaron un papel importante, alternativo al de las elecciones parlamentarias, las vías de movilización que se apoyaban en los municipios y la Milicia. La voluntad representativa y capaz de incorporar un amplio consenso local podía tratar de manifestarse también al margen del voto, mediante su irrupción en momentos decisivos, incluso en contraposición a las instituciones gubernamentales o representativas.

Hasta la Restauración canovista, por tanto, hubo significativas divergencias en cuanto a los canales de representación parlamentaria. Estas discrepancias, que reflejaban el peso de las formas de politización arraigadas en la España liberal, resultaban comparables con las del liberalismo europeo. El inicio del régimen establecido por Cánovas, argumenta Rafael Zurita, no fue en este terreno una simple continuación, sino el inicio de una nueva fórmula liberal y no democrática, que orientaba los problemas heredados en un nuevo sentido. El retorno al sufragio censitario, en 1878, es destacable por cuanto representaba un paso involutivo, a contracorriente de la trayectoria favorable a la ampliación que se daba en Europa occidental. Al mismo tiempo, se fraguaron algunos consensos básicos que, sin llegar a eliminar el recurso a la movilización, implicaban la tendencia a suplantar al electorado. La aceptación de los empleados públicos como candidatos electorales, en provincias distintas de donde estuvieran destinados, era un hecho importante. Significaba el triunfo de una transacción estable entre las influencias locales y un poder central que en lo sucesivo cambiaría alternativamente de manos.

Estas transacciones entre las renovadas influencias locales y la fuerza de un Estado central, no monopolizada ahora por un solo partido, serían el nuevo cimiento del poder político en la España de finales del siglo XIX. Estos compromisos resolvían, de forma no democrática, la anterior falta de pluralismo en el ejercicio del poder. Al mismo tiempo, sin embargo, restaban dinamismo a estos canales de representación social, al establecer como premisa un alto grado de ficción electoral. La estabilidad deseada se conseguía a partir de una «línea descendente de la política», basada en acuerdos ampliamente compartidos, por parte de un personal político muy diverso. Estos acuerdos tenían efectos restrictivos sobre la opinión y la movilización políticas. Privilegiaban a un personal especializado en los pactos, las coacciones y los favores que hacían posible la estabilidad del sistema. Ello constituía un «capital» imprescindible. De aquí se derivaban consecuencias de signo aparentemente contrapuesto. Por un lado, este escenario favorecía sobre todo a quienes se dedicaban preferentemente a la política, por encima de quienes sólo disponían de poder económico. De ahí que un sector de la historiografía haya podido destacar las distancias entre los políticos y las fuerzas económicas.

Pero, por otra parte, la opacidad del sistema, su recurso al pacto en condiciones de falta de autenticidad, facilitaba que una clase política con una clara tendencia a perpetuarse conectara también con los intereses de los sectores más dinámicos del capitalismo español. Las cambiantes fuerzas burguesas mostraron en esta época, sobre todo, una tendencia a la dispersión local de intereses reivindicativos, al tiempo que mantenían su alejamiento del compromiso político estable. En este fortalecimiento mostraron mayor cohesión y eficacia los intereses industriales que los agrícolas, si bien éstos fueron capaces de formar redes importantes y de retórica desarrollista, que reclamaban su capacidad de actuar como portavoces del conjunto de la sociedad. El resultado predominante fue el auge de influencias poderosas, pero a menudo sectoriales y con demandas de tipo contradictorio.

Las discusiones sobre los vínculos entre las fuerzas económicas y el poder político en esta etapa deben tener en cuenta las trayectorias que experimentaron tanto el capitalismo español como las características y las prácticas del personal político. La tendencia a la cooperación no competitiva entre las fuerzas políticas se produjo al tiempo que, deliberadamente, se relegaba el desarrollo de los mecanismos institucionales de garantías en las elecciones. Acentuando un componente determinado del pensamiento liberal, el consenso mayoritario en el poder minimizó la responsabilidad del Estado en este campo y subrayó, en cambio, la responsabilidad de la iniciativa social para mejorar el grado de transparencia democrática de las instituciones.[49]Se aceptaba en la práctica, como un horizonte estable, un tipo de «representación» política muy alejado de la participación cívica y fraguado a través de los pactos y las coacciones que derivaban tanto del pluralismo político no competitivo y no democrático como de las crecientes desigualdades que generaba la sociedad capitalista.[50]Por otro lado, en este último tercio del Ochocientos, la protesta obrera y popular se concentró sobre todo en las reclamaciones sociales, mientras que predominaba su alejamiento del terreno específicamente político.[51]De nuevo, la especial vía de representatividad social alcanzada por el Estado liberal español a finales de siglo mostraría sus aspectos más divergentes con respecto a la Europa del nacionalismo de masas.

Como resultado, cabe cuestionar que la atonía política de la España de finales del siglo XIX fuese supervivencia de una larga trayectoria anterior o fruto necesario del estadio social en que se hallaba el país. La España no democrática de la Restauración, por tanto, podría verse como un estadio que plasmaría algunas de las soluciones posibles, dentro de las tendencias evolutivas del liberalismo político.

LA ACCIÓN DEL ESTADO LIBERAL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO

Una de las preguntas planteadas en el inicio del presente trabajo atañe al modo en que el Estado-nación contribuyó al desarrollo capitalista en España. En el siglo de la industrialización europea, ésta es una cuestión central, en tanto que el crecimiento económico tenía una relación estrecha con el grado de cohesión social creado y la propia legitimidad del Estado. Además, fenómenos ligados al desarrollo como la formación de un mercado nacional, la urbanización o la inversión en educación, contribuían en todos los países a reforzar la identidad nacional. Todas estas cuestiones han sido consideradas como síntomas para definir el grado de éxito o fracaso en la trayectoria del Estado. Por ello, resulta necesario estudiar su papel en el terreno de la economía en una época en la que, sin embargo, el liberalismo triunfante postulaba la menor interferencia posible en la libertad de los individuos.

En el caso español, el progreso de la historiografía económica en las últimas décadas ha profundizado en aspectos básicos y ha permitido reformular muchas de las interpretaciones previas. No obstante, estos resultados han tenido una escasa integración en las visiones generales de la trayectoria histórica. La evaluación actual de la acción económica del Estado debería reflejar el cambio producido en los juicios sobre el grado de atraso de la economía española. De la visión elaborada en los años setenta –estancamiento agrario, pobreza generalizada, fracaso industrializador, control extranjero de algunas actividades básicas– se ha ido pasando a interpretaciones mucho más matizadas. En efecto, se han precisado las etapas de crecimiento, las diferenciaciones regionales, así como los modelos sectoriales de la agricultura, la industria, la empresa o la hacienda.

La reconstrucción, siempre polémica, de los indicadores macroeconómicos ha modificado la imagen de un siglo XIX perdido para el crecimiento. Durante la primera mitad del Ochocientos, la coincidencia de un alto grado de inestabilidad institucional, conflictos bélicos externos e internos y pérdida de la mayor parte del imperio colonial hizo que el ingreso por habitante apenas se incrementara. Pese a ello, se ha destacado «el significativo logro que supuso que el nivel de vida no descendiera cuando la población crecía con una intensidad muy superior a la de la segunda mitad del siglo XvIII».[52]Durante el período siguiente, de 1850 a 1883, el Producto Interior Bruto por habitante creció en España más deprisa que la media europea, con lo que la posición española en términos relativos se mantuvo con altibajos, o incluso mejoró, hasta finales de siglo, cuando comenzó a experimentar un retroceso rápido que se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial.[53]Estos resultados, por tanto, obligan a valorar los cambios institucionales del segundo tercio del siglo XIX como favorables al crecimiento. Pero, al mismo tiempo, esta trayectoria, que, a largo plazo, no conducía a una convergencia sostenida respecto a la Europa industrializada, no puede calificarse de «normal», como se ha hecho a veces en un movimiento pendular de la interpretación histórica. Además, queda abierta la cuestión de en qué medida el modo de abordar los cambios estructurales durante la época isabelina fue responsable de la lentitud española en incorporarse, más tarde, a la segunda revolución industrial. Para algunos autores, fue en este segundo momento cuando los obstáculos físicos y demográficos (bajas densidades de población), característicos de la economía española, se habrían impuesto frente a los proyectos modernizadores, en un contexto de creciente competencia internacional.[54]

En España, la historiografía no ha abordado como problema específico y con entidad propia el papel del Estado en el desarrollo económico. Las valoraciones predominantes han tendido a señalar un escaso efecto positivo de la acción pública, cuando no un resultado perjudicial para las posibilidades de crecimiento. Este juicio era abrumador en los primeros planteamientos de la cuestión: «El problema básico consistió en la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas».[55]Y lo sigue siendo en algunas síntesis recientes, en las que se afirma que el Estado liberal en España no fue capaz de desempeñar el papel modernizador que sí cumplieron los de países europeos como Gran Bretaña, Francia o Prusia.[56]En varios aspectos, las opiniones sobre el Estado son contradictorias: se acusa a la acción estatal de una cosa y la contraria. Así, se ha defendido que los gobiernos españoles, durante prácticamente todo el siglo XIX, habrían obstaculizado el desarrollo al ejercer la tutela del mercado. De ello se deduce que habría bastado una acción estatal correcta para obtener un mayor crecimiento y esa acción ausente, según este enfoque, habría consistido en la creación de un contexto adecuado para el despliegue de las relaciones de mercado. En cierto modo, una parte de la historiografía acepta implícitamente el postulado de los liberales del siglo XIX, según el cual el pleno disfrute de los derechos de propiedad y el libre funcionamiento de los mercados habrían asegurado, por sí solos, el crecimiento económico.[57]

Otros autores apuntan que el Estado careció de cualquier proyecto de desarrollo económico a causa de su debilidad y de la incompetencia administrativa.[58]En relación con ello, se ha destacado una propensión permanente –y, por tanto, atemporal– de esos gobiernos a caer prisioneros de los grupos de presión. Se trataría, pues, en la línea de los regeneracionistas y de Azaña, de un Estado «capturado» por las elites, que legislaba e intervenía en beneficio exclusivo de ellas. De ese modo, las buenas intenciones de los ministros podían chocar con la oposición de sectores sociales influyentes y, en esos casos, la conveniencia política inclinaba a atender los intereses privados, aun cuando ello redundara en un crecimiento menor.

Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones de la historia económica no han cuestionado la existencia del Estado, ni –por expresarlo al uso de la teoría del crecimiento– tampoco lo han internalizado en sus explicaciones: el Estado preexistiría o se encontraría por encima de la sociedad sobre la que repercutían sus leyes y actuaciones. Por el contrario, aquí creemos necesario atender al modo en que el Estado se iba construyendo, al tiempo que tomaba decisiones de política económica e integraba intereses locales, regionales y sectoriales. Ello implica valorar su grado de autonomía respecto a las elites y los procesos formales o informales de negociación política, para así definir el amplio espacio intermedio existente entre el dirigismo estatal omnipotente y la debilidad de un Estado a merced de las oligarquías.[59]

Por último, resulta también imprescindible valorar la dinámica histórica de la que surgió el nuevo Estado liberal y la manera en que condicionó sus funciones económicas. El arranque de la economía española contemporánea hay que situarlo en el contexto del prolongado período de liquidación del Antiguo Régimen, simultáneo a la pérdida del imperio americano, que redujo el espacio económico a los límites del Estado-nación todavía no consolidado, mientras que la industrialización avanzaba en los países de Europa occidental.[60]La inestabilidad ligada al cambio político del primer tercio del siglo causó una desorganización de la política económica, creó fuertes incertidumbres sobre las reglas de juego para los agentes y afectó a la eficacia de la administración.[61]No sólo hubo quiebra de la hacienda central, sino también de las haciendas locales, de las instituciones de beneficencia, etc. Todo ello limitó el desarrollo económico y condicionó la acción del Gobierno. Los últimos gobernantes absolutistas hicieron «dejación de las funciones básicas del Estado».[62]Las consecuencias fueron desde la incapacidad para mantener el orden público hasta una proliferación del contrabando que empobrecía aún más la Hacienda. Por tanto, uno de los presupuestos iniciales del nuevo Estado liberal fue la necesidad de reconstruir los instrumentos básicos de la política económica. Esta reconstrucción, sin embargo, estaba condicionada por los cambios que se derivaban de la dinámica sociopolítica de esas décadas que, en buena medida, eran irreversibles. Entre ellos, en el panorama actual de la investigación, destacan la caída generalizada en el pago del diezmo, ya antes de su abolición legal,[63]los repartos de tierras y las nuevas roturaciones realizadas ante la quiebra del control de las instituciones políticas tradicionales.[64]La sociedad y la economía se estaban, pues, remodelando antes de que el Estado sancionara los cambios fundamentales en el régimen señorial y en otros ámbitos.

El debate sobre la contribución del Estado liberal al crecimiento económico ha girado en torno a algunas cuestiones principales, que han recibido un tratamiento desigual por parte de los historiadores económicos. En las páginas siguientes las hemos agrupado en tres: la transformación de la Hacienda pública, las actuaciones destinadas a constituir un mercado nacional plenamente integrado y la política de comercio exterior.

En el centro de la acción estatal: la reforma de la Hacienda

Los estudios sobre la Hacienda pública han situado esta temática en el centro de la interpretación global del período, de manera que su trascendencia historiográfica va más allá de sus límites estrictos como objeto de estudio. Desde nuestra perspectiva, su interés tiene una triple vertiente. En primer lugar, la situación de la Hacienda marcaba los límites a los que se enfrentaba el Estado para estimular la economía mediante el gasto público. En segundo lugar, el alcance de las reformas expresa la relación con los intereses de los sectores sociales dominantes, en especial los propietarios, dentro de un amplio margen entre la subordinación y la autonomía. El sistema fiscal que se materializó en la práctica puede interpretarse como un pacto implícito, condicionado por la dinámica política y económica, entre los sectores dirigentes y el Estado. Este consenso dio lugar a un equilibrio en el seno de las elites que se mostraría sólido, puesto que los rasgos básicos de la fiscalidad no cambiarían sustancialmente a lo largo de todo el siglo XIX. En tercer lugar, la cuestión hacendística está vinculada a otros problemas relevantes como las desamortizaciones o las condiciones extremadamente favorables concedidas al capital exterior.

Los estudios iniciales de Josep Fontana han tenido una influencia decisiva sobre la historiografía posterior. Por un lado, se acepta la idea de un Estado liberal condicionado por la herencia especialmente negativa del Antiguo Régimen, lo que se reflejaba en un gravoso endeudamiento público y la pérdida del crédito. La agonía de la Hacienda tenía vertientes que afectaban a la mayor parte del tejido social y político. Así, la escasez de recursos limitaba el tamaño y la eficacia del ejército y la marina, lo que impidió la reconquista del Imperio americano o contribuyó al protagonismo militar en la acción política durante estas décadas. Por su parte, las cargas fiscales que recaían sobre la mayoría campesina de la población, en un contexto de crisis agraria, alimentaron el descontento y la politización popular. Por otro lado, sin embargo, esta visión ha ido acompañada de un juicio no menos severo sobre la reforma tributaria liberal que, en opinión de Fontana, mostró la capacidad de las oligarquías para imponerse al Estado y anular cualquier tendencia hacia una distribución más justa de los impuestos.[65]Del mismo modo que sucede con la interpretación oligárquica de la revolución liberal, también esta concepción de los cambios hacendísticos ha sido matizada por la investigación.

En lo que respecta al gasto público, se ha destacado, sobre todo, su limitado alcance. Por un lado, se subraya su baja cuantía: algo menos del 10% del PIB durante la segunda mitad del siglo XIX. Por otro, se destaca la marginación de las partidas que, como enseñanza, sanidad o infraestructuras, constituían bienes públicos con incidencia en la economía. Tampoco habría existido un apoyo directo a la industria, ni inversión en las obras de regadío necesarias para elevar la productividad de la agricultura. Por contra, serían los gastos en defensa, personal y deuda los que habrían absorbido los recursos. Este modelo de gasto se mantuvo durante toda la segunda mitad del siglo y ha sido caracterizado como propio de un «Estado mínimo», que no pudo cumplir algunas de las funciones necesarias para el desarrollo económico.[66]Una característica española en el terreno hacendístico habría sido, según estas versiones, la mala gestión del gasto, marcada por la «empleomanía, los cesantes y el despilfarro», en detrimento de los servicios públicos.[67]Durante mucho tiempo, este enfoque se mantuvo en la historiografía sin más precisiones. En efecto, estos criterios en cuanto al gasto se consideraban congruentes con el carácter social que se atribuía al Estado: en él predominaría, como ya se ha visto al discutir las tesis dominantes, un bloque agrarista, poco interesado en el desarrollo del capitalismo y que no necesitaría «mucho Estado», dado que sus preferencias se limitaban al orden público y a contribuir lo menos posible.[68]

Las limitadas posibilidades de gasto estaban relacionadas con la cuantiosa deuda pública heredada del Antiguo Régimen y constantemente renovada durante todo el siglo XIX. La nueva fiscalidad no resolvió este problema y continuaron siendo necesarios los empréstitos para compensar el déficit. Éste crecía cuando, en momentos de cambio político en los que se cuestionaban determinados impuestos, se reducía la recaudación o cuando aumentaba el gasto, bien para impulsar el ferrocarril, bien para sufragar una política de prestigio exterior, como sucedió bajo la Unión Liberal.[69]El círculo vicioso de déficit permanente y recurso a la deuda pública fue el rasgo más decisivo de la Hacienda española de la época y el que tendría consecuencias más negativas para el crecimiento económico.[70]Por un lado, la carga de la deuda limitaba el margen de gasto. Por otro, las necesidades de financiación del déficit detraían recursos a la industria y la agricultura, en una especie de «efecto expulsión» de la inversión privada.[71]

Otros autores, sin impugnar las magnitudes básicas de la Hacienda, han ofrecido una visión menos negativa de sus resultados. Así, se ha resaltado el cambio que el liberalismo supuso respecto al modelo absolutista de gasto público: aumento de la cuantía, reducción porcentual del gasto militar y del servicio de la deuda y desarrollo de nuevas funciones administrativas que incluían «el fomento de determinadas actividades económicas y sociales».[72]Algunos estudios han considerado que, dados los compromisos en torno a la deuda y la limitada capacidad recaudatoria, debe valorarse la inversión realizada en obras públicas y, en especial, en el ferrocarril.[73]En cuanto a la composición del gasto, parece que el caso español no es muy diferente del de otros países con niveles de desarrollo similar. Frente a quienes insisten en el peso de la deuda en el gasto, algunas cifras comparativas muestran que la deuda por habitante era, en 1871, sustancialmente inferior a la de Gran Bretaña, Francia o Italia.[74]Del mismo modo, el déficit público era moderado en relación con el PIB: apenas sobrepasó el 2% excepto en coyunturas como el Sexenio. En este sentido, las comparaciones europeas han permitido situar el caso español en el contexto de los países de desarrollo tardío: los niveles de gasto por habitante eran en España semejantes a los italianos y ambos casos se encontraban muy por debajo de los de países industrializados como Gran Bretaña. Se ha hecho así evidente que el gasto público es tanto un determinante como un resultado del crecimiento económico,[75] lo cual obliga a interpretar de un modo más matizado el margen de actuación estatal en este terreno.

En último extremo, la causa fundamental del endeudamiento y la limitación del gasto residía en la insuficiencia recaudatoria de la Hacienda. Durante todo el siglo, los ingresos fiscales fueron inferiores a las necesidades de gasto. Ésta es una cuestión importante, porque nos remite a la capacidad para establecer las bases de la política económica y el modo en que ese Estado se relacionaba con los intereses de sectores sociales influyentes. El momento central en este ámbito lo constituye la reforma tributaria de 1845.

Para la historiografía económica, la ley impulsada por Mon y Santillán fue una inflexión en la fiscalidad española. Se homogeneizó la multiplicidad de impuestos característicos del Antiguo Régimen, con la destacada excepción de los sistemas fiscales vasco y navarro; desaparecieron los derechos recaudatorios de instancias privadas, como la Iglesia y los señores, y se puso fin a la enajenación de tributos que se utilizaba como mecanismo de recompensa política; se instauró una mayor igualdad ante el impuesto, tras abolirse la exención fiscal de los privilegiados; aumentó la flexibilidad de los impuestos para adaptarse a las variaciones de la riqueza nacional; se estableció como norma la publicidad del Presupuesto, que quedó sometido a cierta supervisión parlamentaria.[76]En ruptura con el pasado, el Estado monopolizó la fijación y recaudación de impuestos, al tiempo que la reforma tributaria tendió a homogeneizar los territorios mediante impuestos y mecanismos recaudadores comunes.[77]

El análisis sobre la fiscalidad posterior a 1845 ha destacado cuatro cuestiones principales: la existencia de una especie de contrarreforma que alteró muchos de los principios de la ley; las prácticas recaudatorias de la Contribución territorial, que tendrían una gran influencia sobre las relaciones sociales en el campo; la posición de los municipios en el nuevo sistema fiscal y el mantenimiento de particularismos tributarios en el País Vasco y Navarra.

Para muchos autores, el significado inicial de la reforma se vio alterado en un sentido que restringió su alcance y progresividad. Durante su discusión parlamentaria, ya se introdujeron modificaciones de carácter conservador. Así, el impuesto sobre bienes inmuebles, que en los proyectos iniciales recaía sobre la renta de la propiedad –al estilo fisiocrático y ricardiano–, acabó por gravar también, y no sin debate parlamentario, el cultivo y, por tanto, a los arrendatarios. Ello ha sido considerado como un triunfo de los grandes propietarios, que consiguieron la base legal para trasladar una parte del impuesto a los cultivadores.[78]

Tras aprobarse la ley, los grupos sociales implicados criticaron muchas de las nuevas figuras fiscales. Ello daría lugar a lo que algunos autores han denominado una «contrarreforma tributaria» entre 1846 y 1853,[79]que habría ido al compás de la evolución conservadora del sistema político. Conocemos, sobre todo, la oposición de sectores acomodados: propietarios, comerciantes, fabricantes y entidades financieras. En algunos casos, las protestas fueron inmediatas, como el cierre de tiendas de 1845 y los disturbios protagonizados por comerciantes de Madrid o las protestas contra el impuesto de consumos en zonas vitivinícolas de Aragón y Valencia.[80]El Gobierno suprimió algunos impuestos como el de inquilinato, destinado a gravar las rentas urbanas, y modificó los procedimientos para determinar la riqueza imponible en la industria y el comercio. Hubo también oposición a que el Ministerio de Hacienda tuviera control sobre las Contadurías de Hipotecas, en la medida en que ello facilitaba el conocimiento sobre la riqueza de los propietarios.

Desde este punto de vista, la ley de 1845 habría sido «una aparente modernización que los textos de aplicación desnaturalizaron hasta hacerla insuficiente en sus rendimientos e injusta en su percepción».[81]La racionalización del sistema recaudatorio suponía una mayor equidad, pero su aplicación cedió ante las grandes resistencias sociales y políticas: «Para cualquier gobierno atentar contra el bienestar de las “fuerzas vivas” para arreglar la deuda hubiera sido un suicidio político».[82]Al final, la presión fiscal sobre terratenientes y hombres de negocios resultó baja, y ello se ha planteado habitualmente como resultado de la capacidad de influencia de los sectores sociales dominantes. Algunos autores, sin embargo, interpretan este resultado como un modo pragmático de asegurar la aceptación de los nuevos tributos (frente al fracaso de las reformas más radicales de 1813 y 1821), aunque ello significara renunciar a principios liberales como el de la equidad fiscal o la suficiencia de la recaudación.[83]Al mismo tiempo, se produjo una adaptación de los principios generales de la ley tributaria a las condiciones específicas de cada territorio: «Lo importante era recaudar, amoldándose para ello a la realidad social del país».[84]

La aplicación de la reforma significó, pues, una baja presión fiscal sobre las actividades productivas y un peso importante de los impuestos indirectos. El peso de la contribución territorial en el conjunto de la recaudación quedó muy por debajo de la parte que representaba la agricultura en la riqueza nacional. El tratamiento fiscal de la actividad agraria había sido muy favorable en los primeros años y ello debería valorarse en relación con la expansión del cultivo y el crecimiento demográfico de estas décadas. La presión, sin embargo, tendió a aumentar en la etapa de la Unión Liberal, como consecuencia de los incrementos del cupo y otras medidas correctoras. Se abrió paso entonces la opinión de que la carga fiscal sobre la agricultura era excesiva, sentir que cobraba popularidad en las coyunturas de crisis agraria, cuando se producían protestas fiscales de grupos de contribuyentes o de diputados de las provincias afectadas.[85]Estas protestas podían tener fundamento en la medida en que la presión fiscal agraria, aun siendo baja, doblaba la que recaía sobre la industria. En este resultado habrían influido las quejas y la influencia de los fabricantes catalanes sobre el Gobierno, que culminarían en la rectificación del impuesto sobre la industria por Bravo Murillo en 1852. De este modo, los sectores más representativos y dinámicos del capitalismo industrial de la periferia destacaban, más bien, por su reivindicación a favor de una fiscalidad todavía más baja.

La limitada capacidad recaudatoria de todos estos impuestos directos dio un gran protagonismo al principal de los indirectos: la contribución de Consumos. Además de su aportación a los ingresos totales de la Hacienda, tuvo una gran trascendencia social, en tanto que se aplicaba sobre bienes de primera necesidad y exigía un control sobre la circulación de productos (fielatos, vigilancia en el interior de las poblaciones). No es extraño, pues, que este impuesto se encontrara con frecuencia en el centro de la conflictividad de esta época,[86]especialmente allí donde las contribuciones indirectas habían tenido un peso distinto bajo el Antiguo Régimen, como era el caso de los territorios de la Corona de Aragón.[87]Por otra parte, la recaudación de los consumos implicó a los ayuntamientos y generó conflictos entre la administración local y el Estado central.[88]

Los estudios sobre la manera de determinar y recaudar los impuestos han demostrado que ésta estuvo muy condicionada por las relaciones sociales dominantes, especialmente en el ámbito agrario. El desconocimiento inicial de la riqueza imponible llevó a establecer el sistema de repartimiento por provincias y municipios, en vez de la imposición sobre el producto líquido. Esta situación provisional se convirtió en definitiva cuando se arrinconó el objetivo de la Dirección General de Estadística de la Riqueza en 1846 de elaborar un catastro y se sustituyó por el amillaramiento, basado en la declaración de bienes por los propios contribuyentes. Aquí residía el origen del fraude generalizado (por ocultamiento de superficie y de rendimientos del suelo), que la mayor parte de los historiadores económicos ha considerado como característica del sistema. La reforma administrativa necesaria para desarrollar con éxito la nueva fiscalidad no se llevó a cabo.[89]Tampoco se desarrollaron los mecanismos autocorrectores que había apuntado Santillán, según los cuales el sistema de cupos, al hacer recaer la ocultación de unos contribuyentes sobre el pago de otros, estimularía una supervisión mutua y denuncias por fraude entre los propios vecinos.[90]

Al optar por el sistema de reparto de la carga fiscal en lugar de por una contribución sobre el producto líquido, el Estado abría un nuevo ámbito de arbitraje, conflicto y negociación, aunque la facultad de determinar el cupo perteneciera exclusivamente al Gobierno. Un elemento central en este proceso fue la distribución por provincias. Desde el primer momento, la facultad de fijar los cupos provinciales recayó en el Gobierno y no en las Cortes, lo que equivalía a «liberar a los diputados de sus obligaciones con sus electores».[91] La ausencia de oposición y la falta de neutralidad estadística pueden entenderse como fruto de un acuerdo sustancial en virtud del cual el Gobierno aplicaba en la práctica los repartos como una suma equivalente a la que representaban los impuestos asimilables que existían antes de la reforma de Mon. Es decir, teniendo en cuenta que desde hacía veinte años no se pagaba el diezmo y que la expansión agraria aún continuaba, la presión fiscal resultante debía de ser bastante soportable. Esta situación permitiría explicar que decayeran las iniciativas progresistas de años anteriores para desarrollar el control estadístico. Serían los gobiernos de finales de la Década moderada los que, al incrementar de manera brusca y unilateral las cuotas provinciales y hacerlo en una época de paulatino agotamiento de la expansión previa, permitirían situaciones de influencia y opacidad arbitrarias.

El camino descendente que seguía la distribución del cupo general comenzaba en las provincias, donde las diputaciones tenían atribuciones en el reparto entre los pueblos, aunque bajo el imperio de las delegaciones del Ministerio de Hacienda. Los conflictos entre la Hacienda (que no se encontraba, por tanto, tan ausente como se acostumbra a destacar) y las diputaciones fueron frecuentes y se saldaron siempre a favor de la primera, que rechazó las demandas descentralizadoras de las provincias.[92] Finalmente, la distribución llegaba a los pueblos, donde unas juntas periciales, configuradas a la medida de los ayuntamientos y los sectores representados en ellos, llevaban a cabo la atribución individual del impuesto.[93]Éste ha sido considerado el escenario decisivo en el que se materializaba la desigualdad en la imputación de la carga fiscal, a causa del control oligárquico de las administraciones locales.

El fraude fiscal agrario constituye un terreno destacado para el análisis de los vínculos entre el poder central y la periferia, con los ayuntamientos en una posición decisiva, y debió de contribuir a configurar el modo en que se relacionaban el Estado y los ciudadanos, tanto los influyentes como los que no lo eran y resultaban, por ello, discriminados en la carga fiscal. De ese modo, se condicionarían las percepciones sociales sobre el imperio de la ley y la legitimidad de las instituciones, habida cuenta de que el propio Estado había sentado las bases del fraude al renunciar al catastro. Pese a todo, se ha destacado la existencia de «una continua tensión entre los propietarios, que ponen en juego toda su influencia política para evitar que se conozcan sus tierras, y el Ministerio de Hacienda».[94] Los intereses del Estado y de las elites terratenientes divergían, pues, en el reparto y la entidad de la carga fiscal. Al mismo tiempo, el fraude se materializaba gracias a la actuación de los ayuntamientos, ya que eran éstos los que tenían la responsabilidad de elaborar amillaramientos y cartillas evaluatorias. El Estado no había asumido la tarea de recaudar y ello ha sido considerado como un límite más a la «centralización modernizadora que propugnaba buena parte del pensamiento administrativista», desde los años cuarenta.[95]La Administración central, además de ver limitada la recaudación total, no ejercía tampoco de árbitro en caso de discrepancias entre contribuyentes particulares. Posada Herrera destacó, a este respecto, que un mayor grado de centralización era incompatible con el «gobierno barato», ideal de la época.

La influencia local de los terratenientes determinaba la entidad y el signo del fraude, y todo ello condicionaba en buena medida el papel del Estado en la realización de la equidad fiscal y constituía una de las bases del caciquismo. Esta cuestión plantea, por tanto, matizaciones importantes del papel que supuestamente tenían reservado los ayuntamientos en el centralismo liberal. Por otra parte, el estudio de la mecánica del fraude ha establecido la idea de que la recaudación de los impuestos era, en realidad, el resultado de una «negociación» en el ámbito local y no algo determinado unilateralmente por el Estado.[96]La amplitud de la ocultación y su carácter oligárquico han dado pie a señalar, de modo muy discutible, una «persistencia del Antiguo Régimen» en materia fiscal: según esta visión habría habido, por debajo de los cambios legales, una continuidad en los recursos con que contaban las oligarquías para escapar a la tributación.[97]Sin embargo, para otros autores, el alcance y las características del fraude debieron estar muy condicionados por las estructuras sociales y del poder político en cada municipio, con una tendencia al alza cuanto mayor fuera el grado de concentración de la propiedad de la tierra.[98]Además, en muchos lugares se tendió a repercutir sobre los propietarios forasteros una parte desproporcionadamente mayor del impuesto y a beneficiar así a los contribuyentes vecinos, lo que obligó a legislar para evitar esta práctica.[99]Por último, en algún caso bastante representativo, como era el de la provincia de Córdoba, la elevada proporción de superficie no catastrada en realidad parece que consistía en tierras muy poco productivas o, incluso, exentas del impuesto. Además, algún estudio argumenta que en zonas latifundistas la presión fiscal era superior a la media española. Todo ello aconseja replantearse el alcance real del fraude y de su significado social.[100]

Esta distribución descendente del impuesto podía afectar también a las relaciones entre propietarios y cultivadores que, desde este punto de vista, se veían influidas por las características legales de la atribución de una carga fiscal susceptible de abrir entre ellos nuevos frentes de negociación y conflicto. El hecho de que resultaran gravadas tanto la renta como el cultivo permitía transacciones privadas sobre el sujeto que se haría cargo, finalmente, del impuesto. Así, en Castilla-León y otras regiones, pero no en Andalucía ni el País Valenciano, era frecuente que en los contratos de arrendamiento se pactara la asunción de todo el impuesto por el cultivador. La normativa establecía también que, ante la imposibilidad de cobrar al propietario, el colono estaba obligado a pagar la integridad del cupo, que después podía descontar de la renta.

Todos los intentos de mejorar la información chocaban con el principio de la declaración de bienes por el propio contribuyente. La ausencia del catastro fue decisiva en este sentido. España y Gran Bretaña eran los únicos países de la Europa occidental que carecían de tal instrumento. De todos modos, probablemente habría que relativizar los efectos prácticos de la ausencia de catastro, en la medida en que la desigualdad tributaria, la inexactitud de los registros e incluso las ocultaciones de bienes afectaban también de modo sistemático a los países que disponían de registro catastral, con la excepción de Prusia.[101]Por tanto, tal vez se haya interpretado de manera abusiva su ausencia como clave fundamental del retraso en la construcción del Estado español.[102]

En la contribución industrial y de comercio, el Estado fue todavía más lejos en la traslación hacia abajo de la responsabilidad recaudatoria, que prácticamente quedó en manos de los propios contribuyentes. En los años cincuenta se estableció un cupo fijo que debía ser repartido por los gremios de cada actividad para lo que, previamente, se había autorizado la reconstitución de tales entidades con esta finalidad específica.[103]

En contraste con la Hacienda central, la municipal ha recibido menos atención, a pesar de que formaba parte del aparato administrativo. La relación entre el Estado central y el ámbito local se habría visto profundamente modificada durante la etapainal del Antiguo Régimen, cuando las ventas de bienes propios y la posterior desamortización privaron a los pueblos de buena parte de su patrimonio, lo que reducía los ingresos derivados de él.[104] Al mismo tiempo tenían que afrontar nuevos gastos como el mantenimiento de la milicia nacional o de los voluntarios realistas y hacer frente a la carga de la deuda censualista que arrastraban en muchos casos. Los períodos bélicos gravaban las haciendas locales: atrasos e impagos reducían la recaudación, mientras aparecían gastos de reconstrucción y de mantenimiento de las tropas, así como exacciones forzosas de las partidas armadas. Además, allí donde los bienes de propios eran escasos, los ingresos municipales se habían basado, sobre todo, en los arbitrios sobre el consumo, como sucedía, por ejemplo, en la ciudad de Alicante.[105]

Con el liberalismo en el poder, las haciendas locales quedaron supeditadas al Estado. La pérdida de autonomía fiscal que se había iniciado en el siglo XVIII se consolidó en la centuria siguiente con la centralización de la Hacienda y la tutela sobre las haciendas locales. La Ley de Ayuntamientos de 1845 consagró esta situación. El Estado, a través de los gobernadores provinciales, podía modificar o suprimir las diversas partidas de los presupuestos municipales. El diseño político moderado mermó los recursos propios de los ayuntamientos y, al mismo tiempo, hizo recaer sobre ellos la prestación de determinados servicios como educación, beneficencia, conservación de caminos y labores de policía.[106] La centralización fiscal, en condiciones de déficit permanente, hizo que los recursos de los municipios resultaran insuficientes para atender con eficacia aquellos servicios, lo que repercutió en la limitación y mala calidad de esos bienes públicos. Ello impidió, por ejemplo, que se materializara el proyecto liberal de establecer sistemas locales de crédito agrario en sustitución de los pósitos arruinados durante las guerras.[107] También afectó a la educación, con la secuela de los altos índices de analfabetismo y la deficiente formación del capital humano.

Pese a todo, en el nuevo régimen creció de forma sustancial el gasto municipal en partidas como beneficencia, educación y, sobre todo, obras públicas,[108]que podían tener influencia directa en las condiciones de vida de sectores amplios de la población y en la mejora de las bases para el desarrollo económico. Con el tiempo este gasto incluiría la dotación de nuevos servicios como el alumbrado, el agua potable o el alcantarillado. Todo ello contrastaba con la importancia que, en la etapa final del Antiguo Régimen, tuvieron gastos improductivos, como las trasferencias a instituciones religiosas, destinados a fortalecer las relaciones de poder político y religioso de la sociedad estamental.

En 1863 los ayuntamientos efectuaban el 12,4% del gasto público total en España (y las diputaciones el 4,8%).[109]Durante la segunda mitad del siglo se incrementó el peso de los ayuntamientos, lo que apuntaba a una cierta descentralización del gasto. En los presupuestos municipales, además del gasto en administración, las principales partidas eran la educación (20%), las obras públicas (16%), la policía urbana (10%) y la beneficencia (5%). Desde la Ley de Ayuntamientos de 1845 los recursos procedían del rendimiento del patrimonio que quedara en sus manos, de los arbitrios sobre el consumo de diversos bienes como alimentos o materiales de construcción, de las tasas cobradas por enseñanza, etc. Ante el déficit resultante, los arbitrios extraordinarios tendieron a hacerse permanentes y a ello se añadieron los recargos locales sobre las contribuciones de la Hacienda estatal. Para establecer estas partidas de ingreso se requería la autorización del Estado, lo que aumentaba el control de éste sobre la Hacienda local. Las repercusiones para los contribuyentes eran grandes: la alta presión fiscal que suponía el impuesto de consumos se debía, sobre todo, a los recargos introducidos por los ayuntamientos.[110] En la práctica, la recaudación se materializaba de forma diferente en cada municipio. La diversidad era la norma y dependía de la situación del patrimonio de cada pueblo o ciudad, de la proporción de bienes y servicios recargados con arbitrios, etc.

En definitiva, ante el nuevo sistema impositivo, los municipios quedaron en una posición ambivalente. Por un lado, eran el teatro de negociaciones en el que se podía moderar la carga fiscal, especialmente por parte de sectores poderosos como los terratenientes o la burguesía comercial, muy consolidada en algunas grandes ciudades (aunque no hay que descartar que otros sectores pudieran presionar y obtener también soluciones ventajosas). Por otro lado, en virtud de su propia penuria fiscal, los ayuntamientos se convertían en objeto de las iras de la población, que había de soportar el impuesto de consumos y otras exacciones destinadas a nutrir la Hacienda local. El modo en que se combinaran estas situaciones contrapuestas dependería de las circunstancias específicas de cada localidad y ello debía abrir oportunidades al juego político.

La uniformización, que habría que contemplar como característica del Estado moderno, tuvo en España límites en lo que afecta al País Vasco y Navarra, donde no se implantó el sistema impositivo diseñado en los años cuarenta. Ya con anterioridad, en el País Vasco, el diezmo sólo se había abolido parcialmente, lo que otorgó al clero una autonomía económica que estaba perdiendo en el resto del país.[111] Mientras, se fraguaba el pacto entre el poder político central y los foralistas, que dejaba a las provincias vascas con instituciones políticas particulares. De la reforma fiscal de 1845, la mayor parte de los nuevos impuestos no se aplicó y el sistema fiscal de ambos territorios mantuvo muchos rasgos del pasado. Sólo el traslado de las aduanas a la frontera y a los puertos significó un cambio de relieve. Pese a todo, Mon había fijado los cupos de contribución de inmuebles para ambos territorios, como si la ley fuera a ser de aplicación general. Las diputaciones forales eludieron la recaudación, aun después de sucesivas amenazas por parte del Gobierno. Sólo Navarra recaudó y pagó una parte del cupo, mientras que las provincias vascas realizaron un donativo a la reina, que fue aceptado. En 1849 se fijaba un nuevo cuadro impositivo para estos territorios, que tampoco se respetó, en lo que era un flagrante incumplimiento de las leyes admitido por el Estado.[112] Las diputaciones vascas lograron, de este modo, consolidar unas haciendas que, situadas en una posición intermedia entre la fiscalidad local y la estatal, se impusieron a la primera y suplantaron en buena medida a la segunda: «Lo que el Estado nación asumía como tarea propia en el marco de la Monarquía lo desarrollaron a su escala las Diputaciones forales».[113]

La aportación final de las provincias vascas a la Hacienda central fue resultado de reiteradas resistencias a las leyes generales, que se compensaban con cesiones en forma de donativos voluntarios o de aportaciones esporádicas (por ejemplo, con hombres y dinero para la guerra de África). Esta suma de presiones y transacciones puede entenderse como una negociación abierta tras la Ley de Mon, en la cual la discusión sobre cantidades y partidas estuvo acompañada de apelaciones al «fuero y costumbre» y condicionada por el temor a un rebrote del conflicto carlista.[114]En estas condiciones, la búsqueda de un régimen tributario especial contribuyó a generar formas específicas de cohesión social, basada en la amplitud de los sectores sociales interesados en evitar impuestos. De ahí, seguramente, la adhesión generalizada al foralismo por parte de todo tipo de fuerzas políticas y las trayectorias específicas del progresismo y el republicanismo vascos.

Por todo ello, hasta 1876 y el concierto económico de 1879, las provincias vascas no contribuyeron a la Hacienda central, mientras que la contribución de Navarra fue baja.[115] Desde esas fechas se establecieron impuestos concertados e impuestos cobrados directamente por el Estado, pero, en conjunto, la presión fiscal fue aquí notablemente inferior a la del resto de España. Además, tanto el concierto vasco como la foralidad navarra permitían que la administración y la distribución de los impuestos estuvieran bajo el control pleno de las diputaciones, sin necesidad de rendir cuentas de la gestión.[116] Ello se tradujo, por ejemplo, en la dedicación de una parte importante de lo recaudado a gastos de carácter religioso (mantenimiento del clero, reconstrucción de edificios de culto), lo que llevó al Gobierno, en los años cincuenta, a rebajar los cupos vascos para evitar esta sobrefinanciación de la Iglesia.[117] Las políticas autónomas de gasto público permitieron también prestar una atención especial a las inversiones en infraestructuras. En Navarra, la extensión de la red viaria se multiplicó por tres entre 1834 y 1859, lo que dio lugar a una densidad de comunicaciones muy superior a la media española. Por su parte, el hecho de que no se aplicara la contribución industrial, a lo que se añadía la nueva protección arancelaria, creó una situación muy favorable al desarrollo manufacturero. Tal exención cobró importancia conforme avanzaba la industrialización y ha sido valorada como un elemento importante en la acumulación de capital que se produjo en la región.[118] Al mismo tiempo, influía favorablemente sobre el coste de la vida el menor peso de los impuestos indirectos, en especial el de consumos, que en el resto de España se incrementó más rápidamente que otras contribuciones durante la segunda mitad del siglo XIX.[119]

La política hacendística y sus efectos no formaban parte de un dogma previo y monolítico, fruto de preferencias claramente propugnadas por parte de un supuesto bloque mayoritario, agrarista y poco modernizador. En realidad, las cuestiones hacendísticas ocuparon un lugar central en los debates políticos del período isabelino, lo que obliga a matizar el consenso existente en torno al reparto y la entidad de la carga fiscal. Las críticas a la aplicación práctica de la reforma de 1845 fueron en aumento, conforme se hacía evidente que no había logrado equilibrar el presupuesto. Los progresistas y una parte de los moderados fueron asentando la idea de la degeneración de los principios iniciales del nuevo edificio fiscal y de la necesidad de una mejora de la equidad si se quería evitar una desafección de la mayoría de contribuyentes respecto a las instituciones políticas.[120]Las reformas administrativas de Bravo Murillo mejoraron la gestión, pero no resolvieron los principales problemas de la fiscalidad. Por su parte, los progresistas no plantearon un programa fiscal alternativo, aunque, desde el punto de vista doctrinal, rechazaban consumos, estancos y aranceles. Durante el Sexenio cobró protagonismo en el espacio público, con una intensidad que nunca antes se había dado, el debate sobre la justicia en la distribución de la carga tributaria. Ello no se tradujo en reforma significativa alguna: las iniciativas chocaron con la ausencia de estadística sobre la riqueza efectiva y, aunque se reconocía la inexactitud de los amillaramientos, no se tomaron medidas eficaces para la realización del Catastro.

La dinámica política influía sobre los problemas presupuestarios. Tanto durante el Bienio como en los años posteriores a 1868, los gobiernos progresistas suprimieron el impuesto de Consumos, después de que las revueltas populares contra los fielatos y la iniciativa de las Juntas lo hubieran eliminado previamente. Sin embargo, dado el peso de este impuesto en la recaudación total, la eliminación agravó el déficit e influyó sobre la capacidad de gasto.[121] Por ello, los progresistas se encontraron atrapados entre las demandas populares y los imperativos del presupuesto, sin que se plantearan aumentar la recaudación a través del reparto más equitativo de los impuestos directos. Esta renuncia a combatir la desigualdad equivalía a aceptar la posición de ventaja de los grandes contribuyentes. Simultáneamente intentaron reintroducir, de diversos modos, la contribución de consumos, cuestión que provocó, en 1856, divisiones internas y contribuyó a la debilidad de los últimos gobiernos del Bienio. En este contexto, fueron los demócratas y republicanos quienes apostaron por la abolición de los Consumos y una reforma a fondo del sistema fiscal.

La mejora de la eficacia y equidad del resto de contribuciones fue intentada en varias ocasiones, con un éxito global muy limitado. Desde el lado moderado, los últimos gobiernos de la época de Isabel II impusieron, en 1867, tributos directos no previstos en la reforma de 1845, tanto sobre las rentas del trabajo como sobre las del capital (pero no sobre los beneficios empresariales), al tiempo que se incrementaban las cuotas de la contribución territorial.[122] Estas reformas, sin embargo, no ampliaron demasiado el margen de maniobra de un Estado en crisis. Los progresistas, por su parte, intentaron mejorar durante el Bienio el conocimiento estadístico de la riqueza, lo que posibilitó un primer cálculo de las ocultaciones existentes en la contribución territorial, pero sin que ello se tradujera en medidas eficaces para reducirlas.

¿Qué balance final podría hacerse de las iniciativas liberales en materia fiscal? Según Comín, la reforma de Mon y Santillán, entendida en el contexto de los cambios de esas décadas, habría resultado favorable al crecimiento económico.[123]Por un lado, se eliminaron obstáculos que, bajo el Antiguo Régimen, frenaban el crecimiento: diezmo, aduanas interiores y múltiples impuestos al comercio. Por otro, se uniformizó, simplificó y centralizó el sistema fiscal, lo que favorecía la constitución de un mercado nacional. Finalmente, se hacía recaer el peso de las contribuciones directas sobre una agricultura conectada progresivamente con una demanda cada vez mayor y se dejaba la producción industrial y el comercio en una situación extremadamente provechosa en comparación y protegida por vía arancelaria; todo ello afectaba positivamente a los costes de producción e intercambio. En la época del triunfo del beneficio sobre otras modalidades de renta, la fiscalidad no gravaba tal ingreso, como se ha señalado también para Francia.[124]Como, además, la presión fiscal sobre el sector primario no fue elevada, la implantación de los nuevos impuestos no impidió el crecimiento agrario de los decenios centrales del siglo. En el otro plato de la balanza estaría, por un lado, la desigualdad en la carga fiscal, determinada por la importancia que adquirió el impuesto de consumos y por una aplicación de la contribución territorial que, en la práctica, recaía de modo más riguroso sobre los cultivadores que sobre la renta de la tierra. Para juzgar si esto significó un aumento de la presión fiscal global sobre las capas bajas de la sociedad agraria habría que tener en cuenta los efectos positivos de la desaparición del diezmo y la medida en que esta carga pudo trasladarse a la renta de la tierra, cuestión sometida a debate.[125]Por otro lado, también fue decisivo el hecho de que la reforma fiscal no permitiera recaudar de modo suficiente para eliminar el déficit y el endeudamiento, lo cual, a la postre, limitaba las posibilidades de gasto público.

Muchos de los rasgos que adoptó la nueva fiscalidad liberal no fueron exclusivos de España. El predominio de los impuestos sobre el consumo (defendido por una línea de pensamiento que se remontaría a Montesquieu), el recurso a cupos territoriales para recaudar los impuestos directos, el carácter socialmente desigual de la tributación o el rechazo por parte de sectores influyentes a toda reforma que buscara una mayor justicia en el reparto fueron características también del sistema fiscal francés durante buena parte del siglo XIX. [126]

En todo caso, si el nuevo sistema fiscal no estimuló en mayor medida el crecimiento económico, la causa habría que buscarla en la economía real más que en el marco normativo: «El tratamiento favorable del ahorro y la inversión en los sectores industriales y capitalistas no logró incentivar la inversión privada suficientemente para industrializar el país».[127]En consonancia con los postulados liberales, los sucesivos gobiernos habrían supuesto que bastaba con eliminar obstáculos y diseñar unas reglas de juego claras y favorables a la inversión para que ésta se produjera efectivamente. Por otro lado, si los resultados prácticos de la reforma estuvieron condicionados por la influencia de los intereses particulares de los poderosos, ello no fue un hecho excepcional de España. Por el contrario, en todos los países europeos los sistemas fiscales se construyeron a partir de negociaciones y compromisos políticos.[128]

El grado de definición de los nuevos derechos de propiedad

El otro gran ámbito en el que la historiografía económica ha abordado la contribución del Estado al desarrollo es el establecimiento de los derechos de propiedad. En este punto, se han asumido, de modo implícito o explícito, tanto los planteamientos de Douglass C. North sobre los derechos de propiedad como la teoría de los costes de transacción. Según este punto de vista, la definición clara de los derechos de propiedad es una condición necesaria para el desarrollo económico, ya que garantiza el beneficio privado en el uso del patrimonio de los individuos. Al Estado le corresponde el establecimiento y la protección de tales derechos y, en este sentido, la acción estatal puede tener efectos positivos o negativos si la protección no es suficiente o si establece derechos no favorecedores del crecimiento.[129]Al mismo tiempo, el crecimiento económico también exige una reducción de los costes de transacción derivados de todo aquello que dificulta el funcionamiento del mercado, desde el coste de salvaguarda de un contrato hasta la heterogeneidad de pesos y medidas. El Estado puede actuar en este terreno mediante el cambio legislativo y mediante la inversión pública. Así, el gasto público debe centrarse en todo aquello que reduce los costes individuales de operar en el mercado.

¿Cumplió el Estado estas funciones? La cuestión del establecimiento de derechos de propiedad adecuados remite necesariamente a las transformaciones de la revolución liberal. En este terreno la historiografía económica se ha caracterizado por prestar poca atención a la investigación realizada por los especialistas y se ha limitado a reproducir una visión estereotipada de la «transacción y el pacto». Las medidas más importantes de la revolución en el ámbito agrario merecen, en general, un juicio negativo: el modo en que se materializó el nuevo sistema de derechos de propiedad habría dificultado el crecimiento a corto y medio plazo.[130] Este juicio negativo afecta, sobre todo, a la propiedad de la tierra. La abolición del régimen señorial se habría realizado en beneficio de los señores, que transformarían así sus «derechos feudales» en propiedad privada, y en detrimento del campesinado, en buena medida expoliado y proletarizado como consecuencia de estos cambios. Este juicio sumario también está bastante generalizado entre los historiadores económicos[131] y condiciona la evaluación de las consecuencias del proceso, a pesar de que no está avalado por las investigaciones actuales, como ya hemos visto. Según esta valoración desfasada, se habrían derivado límites importantes para el desarrollo económico: la pobreza del campesinado y su baja capacidad adquisitiva constituirían un freno al crecimiento de la industria,[132]mientras que la abundancia de mano de obra desposeída habría inhibido la mecanización del campo. De modo paralelo, la venta de los bienes de los pueblos habría dejado a éstos sin los recursos para financiar bienes públicos como la educación. Sólo la desamortización es contemplada de modo más ponderado, en la medida en que comportó la movilización de un gran volumen de tierra que encontró una respuesta amplia entre compradores de diferente extracción social (aunque, a veces, se sigue insistiendo, sin fundamento empírico, en el acaparamiento de las tierras vendidas en favor de los grandes propietarios). Además de entorpecer el desarrollo económico, por tanto, el Estado habría dificultado la progresiva renovación de las jerarquías sociales, manteniendo así la hegemonía de los sectores que lo habían acompañado en su génesis, en la primera mitad del siglo.

A pesar de la frecuencia con que muchos autores se refieren a lo que habría sido una «deficiente determinación de los derechos de propiedad»,[133] ignorando, además, el hecho de que la seguridad en la propiedad era ya muy amplia antes de la revolución liberal, la mayor parte de las argumentaciones asume de manera implícita la rotundidad con la que tales derechos se establecieron. No se trataría, pues, de un problema de indefinición, sino de la distribución social de esos derechos, que habría generado ineficiencia económica. La polarización en el nuevo reparto de la propiedad –concentración por un lado y abundancia de pequeños campesinos por otro– como causa del escaso desarrollo agrario ha sido discutida por Ramon Garrabou, para quien el tamaño de las explotaciones no era un factor decisivo en los resultados del cultivo.[134] Ésta es, sin embargo, una discusión abierta, que enlaza, además, con debates recientes de la economía del desarrollo sobre el impacto de la distribución de la tierra sobre el crecimiento agrario. Así, se ha afirmado que la desigualdad resultante de la revolución liberal condicionó la evolución de la producción agraria y no sólo la distribución del excedente. Lo hizo al dar lugar a desequilibrios extremos en el mercado de trabajo y de arrendamientos, lo que permitía a los terratenientes maximizar los ingresos sin llevar a cabo inversiones productivas.[135]

También se ha señalado la ambivalencia de otras medidas de la revolución liberal. Así, a pesar de la liberalización del mercado de trabajo manufacturero, del ejercicio de las profesiones y de la legislación para asegurar el uso libre de la propiedad, se coartó la creación de empresas al limitar, en 1848, las sociedades anónimas. Los moderados habrían levantado estas barreras, sólo eliminadas en 1868, «asustados por las consecuencias sociales y políticas que la difusión del liberalismo y la industrialización estaban teniendo».[136] Por otra parte, el establecimiento de derechos de propiedad sobre otros recursos naturales, revalorizados por las necesidades del crecimiento económico contemporáneo, ha recibido menos atención. En lo que respecta al agua, los escasos trabajos que afrontan este problema desde la historia económica han sido deudores de la aportación de Jordi Maluquer,[137] para quien la revolución liberal habría llevado a cabo una privatización del uso del agua, en contraste con los derechos compartidos que predominaban durante el Antiguo Régimen. Desde este punto de vista, no habría habido, pues, obstáculos a la disponibilidad de este recurso con propósitos productivos. Al mismo tiempo, las decisiones del Estado en este ámbito reforzaron la distribución de la tierra que había consolidado la revolución liberal: el acceso al agua reprodujo, en buena medida, el reparto de la tierra.[138] En cuanto a los recursos minerales, hasta 1868 se mantuvo el protagonismo estatal en la explotación de muchos yacimientos. Sólo a partir de esa fecha se privatizaron minas de propiedad pública y las concesiones a empresas se convirtieron, en la práctica, en una propiedad particular. De ese modo, la seguridad de los empresarios en el disfrute de los yacimientos fue plena y ello contribuyó al nuevo auge de la minería.[139]

El balance final en este terreno queda, en el mejor de los casos, en una cierta ambigüedad en cuanto a las consecuencias para el desarrollo económico. Para algunos autores, la revolución liberal era necesaria y tuvo más efectos positivos que negativos, pero no redujo suficientemente «los costes de información y transacción ni quedaron claramente definidos los derechos de propiedad durante un largo período».[140] La revolución creó el marco institucional y jurídico necesario para el desarrollo de una economía capitalista y ese marco fue inequívocamente liberal: «Los gobernantes liberales consiguieron instaurar legalmente un régimen de concurrencia en los mercados de bienes y factores que, sin ser perfecto, tuvo efectos revolucionarios sobre el crecimiento económico a largo plazo».[141] En este sentido son valoradas también las múltiples medidas que tendían a liberalizar la actividad económica en diversos ámbitos, desde el cierre de fincas hasta la libertad de ejercer oficios, mientras el establecimiento de la igualdad jurídica de los ciudadanos redujo los costes de transacción, al simplificar los procedimientos de reclamación de contratos y universalizar las jurisdicciones.[142] Sin embargo, todos estos autores coinciden también en la idea de que la eficacia en la transformación de las instituciones heredadas del Antiguo Régimen no estuvo acompañada de la capacidad de estimular, en el corto y medio plazo, el crecimiento agrario y económico en general.[143] Según la versión más habitual entre los historiadores, habría habido una enorme distancia entre los grandes cambios legales de la revolución liberal y su escasa repercusión económica directa.[144] Hay que precisar, en todo caso, que la mayor parte de estas opiniones no están fundadas en investigaciones específicas. Además, no toman en consideración hechos importantes, como el estímulo que las transformaciones liberales ejercieron sobre una expansión de la superficie cultivada y de la producción agraria que permitió abastecer a una población que creció en más de 5 millones de personas entre 1797 y 1860.[145] Esto significaba una ruptura clara con la situación de bloqueo que, en la fase final del Antiguo Régimen, parecía afectar al suministro de alimentos y, al mismo tiempo, creaba las bases para la existencia de un mercado interior más amplio.

Un número creciente de estudios ha cuestionado la idea, subyacente o explícita en muchos de los trabajos anteriores, de que los principios doctrinales del liberalismo habían de plasmarse de un modo unívoco en las transformaciones legales impulsadas por el nuevo régimen político. Por un lado, se ha destacado que la pugna entre postulados teóricos y compromisos locales a la hora de establecer las formas de propiedad no era una anomalía, sino una exigencia histórica en la consolidación del cambio social.[146]Por otro, se ha negado que la persistencia, hasta el siglo XX, de la propiedad comunal en gran parte del país significara un freno a la expansión de una economía mercantil y se ha considerado, por el contrario, que este tipo de propiedad «imperfecta» contaba con normas de gestión bien establecidas (que reducían el supuesto problema de los costes de transacción) y fue integrada en el proceso de desarrollo de una agricultura capitalista.[147] La concepción rígida de un progreso histórico que llevaría hasta formas de propiedad «perfecta» como única vía de crecimiento económico ha sido cuestionada, además, desde posturas que aspiran a reinterpretar el cambio producido durante estas décadas de implantación del liberalismo. En efecto, a partir de la idea de que «el liberalismo era lo bastante ambiguo como para justificar opciones muy diferenciadas»,[148]Rosa Congost ha planteado la necesidad de estudiar las condiciones de «realización» de la propiedad, más allá de su mera definición legal. Desde este punto de vista, la meta de la transformación liberal no era aumentar el grado de «perfección» de la propiedad, sino consolidar algunos de los derechos existentes sobre ella a costa de otros, de acuerdo con la relación de fuerzas sociales imperante en ese momento. Del mismo modo, la permanencia de formas de propiedad «imperfecta» no habría frenado el desarrollo económico porque éste es compatible con formas diversas de definir la propiedad. Esta propuesta, que puede abrir perspectivas nuevas a la investigación, va acompañada, sin embargo, de la consideración injustificada de que los derechos de los señores fueron reconocidos, en bloque, por las leyes liberales como derechos de propiedad particular.[149]

Un aspecto de interés en las transformaciones de los derechos de propiedad es la capacidad del Estado para llevar a cabo medidas de gran complejidad, que afectaban a la totalidad del territorio y a millones de protagonistas con intereses muy diversos. Villares ha destacado, en este sentido, la amplitud de la operación desamortizadora en la que el Estado dirigió el cambio de titularidad de millones de hectáreas y gestionó muchas de ellas hasta el momento de su venta definitiva.[150]Desde este punto de vista, la capacidad administrativa para una tarea tan ingente parece clara. Pero, al mismo tiempo, los límites de la acción estatal quedan de manifiesto si atendemos a los condicionantes locales, especialmente en los procesos de privatización de bienes de propios. Hasta que se promulgó la desamortización de estos bienes, los municipios tuvieron una amplia discrecionalidad para enajenar su patrimonio incluso sin cobertura legal, en un proceso en el que los representantes provinciales del poder central «se limitaron a ratificar los acuerdos locales».[151]Tras la ley de 1855, la aplicación de las medidas desamortizadoras adquirió características diferentes según los lugares y se adaptó a las circunstancias locales. Los ayuntamientos tuvieron un papel destacado a la hora de delimitar los bienes de propios, de establecer su condición de alienables y solicitar qué bienes debían exceptuarse de la venta. En este terreno entraba en juego la capacidad de influencia política: los diputados en el Congreso se convirtieron en los mediadores para obtener el trato a que aspiraban los pueblos de su distrito y esta cuestión pudo resultar decisiva en las perspectivas electorales de los candidatos.[152]

Una cuestión específica relacionada con el grado de definición de los derechos de propiedad es la libertad que se otorgó a los propietarios en lo concerniente a las condiciones de los arrendamientos y aparcerías. Esta libertad fue plena ya desde las disposiciones liberales promulgadas en 1812: no se estableció ninguna restricción legal a la disponibilidad sobre la tierra y a los derechos del propietario. La cuestión se había planteado ya bajo el absolutismo, cuando fueron rechazadas todas las medidas protectoras de los arrendatarios que algunos ilustrados defendían. Cuando la revolución liberal confirmó esta tendencia, ello significó que los propietarios podían consolidar un mercado de arrendamientos que les era extremadamente favorable.[153] En materia de arrendamientos, pues, los derechos de propiedad no pudieron quedar más claramente definidos. Se ha afirmado, en ocasiones, que la inexistencia de garantía alguna para los cultivadores respecto a la indemnización de las mejoras habría sido un factor desfavorable para la modernización agraria.[154]Sin embargo, hasta que el Código Civil de 1887 eximió a los propietarios de esta obligación, la legislación vigente en esta materia, la de las Partidas, obligaba al pago, y los propietarios que querían eludirlo habían de pactarlo en los contratos escritos. En todo caso, la capacidad del propietario para trasladar el riesgo al cultivador habría inhibido la inversión y la mejora agrícola.[155]En este caso, como en otros aspectos, la utopía del libre mercado se mostraba como un obstáculo para el desarrollo económico, como comenzaría a ser evidente hacia finales de siglo cuando aparecieron, en muchos países, limitaciones legales a la plena libertad de los propietarios sobre la tierra.[156]

La formación del mercado interior

El análisis de la formación del mercado interior no ha sido abordado de modo monográfico por la historiografía y cuenta con una posición menos relevante–a veces marginal– en las interpretaciones más difundidas sobre el desarrollo económico español del siglo XIX. Sin embargo, además de la trascendencia que tiene disponer de un mercado unificado para el crecimiento económico,[157] se trata de una cuestión clave para comprender el modo de articulación de los intereses territoriales, el grado de complementariedad o de divergencia económica entre regiones y el alcance de la impronta estatal sobre la sociedad. El mismo proceso de nacionalización política puede considerarse vinculado, de un modo poco explorado por el momento, a la creación de un mercado habitualmente calificado como «nacional».

Es frecuente remitir los primeros intentos de establecer un mercado unificado a las políticas reformistas de la segunda mitad del siglo XVIII. Una visión muy extendida afirma que las numerosas medidas que se dieron en este sentido (supresión de aduanas interiores, eliminación de los precios máximos de venta de los cereales y de controles sobre la comercialización) no consiguieron su objetivo a causa de ciertas resistencias institucionales bien arraigadas. A pesar de la fuerte impregnación que el reformismo ilustrado tuvo de las ideas sobre liberalización comercial, los diversos mecanismos de intervención en el mercado de cereales, que restringían su venta fuera de los lugares de producción, y el control impuesto sobre muchas de las actividades de los comerciantes limitaron la integración de los diversos mercados que existían en el territorio peninsular. El contexto de crisis económica, las protestas populares por la carestía de alimentos y la gestión que hicieron las elites dominantes de este malestar frenaron la liberalización y, con ella, la integración del mercado. Una parte importante de esta regulación procedía de los poderes locales (pósitos, obras pías), pero su actuación fue inoperante a la hora de facilitar semillas a los campesinos y evitar las crisis de subsistencia. Esta es una cuestión importante, ya que los municipios perdieron, en el tránsito a la sociedad liberal, esta capacidad interventora sobre el mercado alimentario.[158] Por ello, uno de los cambios probablemente más significativos que comportó la revolución liberal fue la pérdida, por parte de las elites locales (y provinciales), de la capacidad de intervenir sobre el mercado a través de regulaciones. En este sentido, las transformaciones del liberalismo habrían marcado una cesura clara con el pasado, aunque ello no significara, como veremos más tarde, la desaparición de las medidas interventoras sobre los mercados por parte de los poderes locales.

Algunas aportaciones recientes han valorado de forma mucho más positiva los avances en la formación del mercado nacional del trigo en el siglo XvIII, con los consiguientes efectos sobre los diferenciales de precios. Las medidas liberalizadoras decretadas por el Estado contribuyeron a ello, pero también el hecho de que los municipios carecían, cada vez más, de los fondos necesarios para financiar una política de protección de los consumidores. De ese modo, el comercio interior se dinamizó, aunque no se basaba en intercambios a larga distancia (difíciles y costosos antes de la aparición del ferrocarril), sino en flujos entre zonas próximas encadenados entre sí de tal modo que, en la práctica, tendían a funcionar como si se tratara de una integración de todo el territorio. Paradójicamente, en los últimos decenios del siglo, se produjo un retroceso en esta integración a causa de la creciente orientación de algunos mercados periféricos hacia las importaciones por mar.[159]

Al iniciarse el siglo XIX, la fragmentación de los mercados era muy acentuada en el territorio peninsular. En las décadas siguientes, esta situación tendió a superarse de modo progresivo, pero el éxito de tal evolución ha sido objeto de controversia. Los flujos internos de mercancías se incrementaron sustancialmente durante el segundo cuarto de siglo. Sin embargo, la plena integración no se había alcanzado a mediados de la centuria, según una interpretación muy difundida, ya que las disparidades de los precios de los cereales por provincias evidenciarían más bien el predominio de mercados regionales yuxtapuestos.[160]Sólo durante la segunda mitad de la centuria se avanzaría en este sentido gracias a los efectos del ferrocarril, pero, para Tortella, la formación de un precio único del trigo no culminó hasta finales de la centuria y todavía fue más lenta en los precios de otros productos.[161] Para algunos autores, desde la década de 1830 se habría instaurado ya «un régimen de concurrencia en los mercados (...) que, sin ser perfecto, tuvo efectos revolucionarios sobre el crecimiento económico a largo plazo».[162]

El proceso, como en otros tantos ámbitos, dependió mucho de las contingencias de la dinámica histórica durante la crisis del Antiguo Régimen. El establecimiento, en 1813, de la libertad total de comercio de productos agrarios fue parcialmente suprimido tras la vuelta del absolutismo. Pero la Guerra de la Independencia había acabado por destruir el ya deteriorado sistema de pósitos y la situación de las haciendas locales impidió su reconstrucción. De ese modo, «la quiebra del sistema tradicional de abastos hizo inevitable la liberalización del mercado de granos».[163]

El avance en la integración del mercado sería resultado de una gama amplia de políticas. Por un lado, el nuevo régimen arancelario de 1820, que tendría un impacto directo sobre ese proceso. Por otro, el establecimiento, en 1834, de la libertad de circulación de productos agrarios en el interior o la eliminación, en 1839, de las aduanas interiores con los territorios forales y de las guías para el transporte de dinero –factor decisivo en una economía acreedora como la catalana– facilitaban los tráficos. Al mismo tiempo, las medidas que liberalizaban el ejercicio del comercio y las manufacturas (con la desaparición de privilegios de los gremios como los carniceros, panaderos o vinateros) permitían mayores iniciativas en estos ámbitos. Para agilizar y estimular los intercambios fueron también importantes la unificación de la legislación comercial (con el Código de Comercio de 1829, un compendio legal que resultó útil para regular esa actividad hasta 1885) y la uniformización del sistema monetario y de pesas y medidas.[164]Finalmente, la mejora del sistema de transportes habría de ser un requisito necesario para que la unificación del mercado alcanzara su plenitud.

Un momento importante en este proceso fue el traslado de las aduanas que separaban al País Vasco y Navarra del resto de la península. Su ubicación en los Pirineos y en los puertos marítimos incorporó estas zonas al espacio aduanero proteccionista instaurado en 1820. Desde ese momento, las importaciones se hicieron más difíciles, mientras se abría el mercado peninsular a las manufacturas vascas o a los productos agrícolas de la ribera navarra.[165]Al mismo tiempo, intereses como los de los ganaderos ovinos del Pirineo occidental quedaban protegidos frente a las lanas francesas.

Aunque había desaparecido todo el entramado interventor que las autoridades locales habían manejado bajo el Antiguo Régimen en relación con el abastecimiento alimentario, ello no significó que no existieran posibilidades de influir sobre el mercado e, incluso, de restringir su funcionamiento de modo sustancial, por parte de los ayuntamientos ya en la era liberal. Y ello a pesar de que el Estado había hecho suya, en exclusiva, la toma de decisiones en materia de política comercial.[166] En 1856 y 1857, en respuesta a la crisis de subsistencias, se multiplicaron en todo el territorio medidas intervencionistas no legales por parte de ayuntamientos y gobernadores civiles: regulaciones del precio del pan, prohibiciones de extraer cereales con destino a otras provincias, intentos de adquisición y almacenamiento de granos por parte de ayuntamientos para su venta en momentos de urgencia, requisas de cosechas y presiones para forzar su venta. Eran medidas descoordinadas que llevaron al Gobierno a ordenar a las autoridades provinciales que las impidieran en sus respectivas circunscripciones, al tiempo que se comprometía a «proteger el movimiento y la seguridad de las transacciones mercantiles [y] promover la libre concurrencia».[167] En sentido contrario, a veces era el Estado el que decretaba la prohibición de exportación de cereales para evitar el desabastecimiento. Así ocurrió en 1847, y la medida fue contestada ampliamente en el Congreso, donde se la calificó de contraria a los principios de la economía política y dañina a los intereses comerciales. En esta coyuntura también hubo resistencia por parte de los ayuntamientos, que tenían que aplicar la prohibición y que, de ese modo, se hacían eco de los intereses de propietarios y comerciantes.[168]

El estudio de estos aspectos para el caso francés puede sugerir líneas de investigación. Durante la primera mitad del siglo XIX, mientras se difundía el principio teórico de la libertad de mercado, se produjeron en Francia multitud de intervenciones de los poderes públicos –alcaldes o el propio Gobierno– que regulaban aspectos concretos del mercado de subsistencias. Lo más frecuente fue que los alcaldes, en respuesta a movilizaciones populares que buscaban legitimar en ellos sus objetivos, actuaran contra algún comerciante «acaparador», forzaran precios de venta bajos, toleraran asaltos a almacenes de grano o dificultaran la entrada de nuevos intermediarios. El poder central solía aceptar los hechos consumados sin castigar tales medidas ilegales, aunque esta actitud fue cambiando durante la Monarquía de Julio. Al mismo tiempo, de manera paradójica, el librecambismo que se profesaba en la cima estatal trataba de impregnar el tejido social a través de una compleja red de circulares, información de precios, etc., que llegaban hasta los escalones más bajos de la administración.[169]

En el proceso de avance del mercado interior podían enfrentarse diferentes representaciones del espacio nacional. En el caso francés, la concepción del territorio que tenía el Estado (que incluía la diferenciación entre regiones excedentarias en cereales y regiones deficitarias, una determinada dirección de los flujos de alimentos y la prioridad al abastecimiento de las ciudades) no coincidía con la que emanaba de los prefectos y de la población. Estos últimos propugnaban el acceso prioritario a la producción propia de alimentos en el ámbito local. Mientras la primera, basada en la recopilación estadística, resaltaba la unidad del territorio nacional, la segunda anteponía la seguridad alimentaria de entidades territoriales restringidas.[170]En España, el mercado quedaba encuadrado de alguna manera en las nuevas unidades políticas que eran las provincias, puesto que era en ellas donde se recogían los datos de subsistencias, precios, etc. ¿Actuaron también los gobernadores provinciales españoles como limitadores de ese espacio nacional fluido e interdependiente al que aspiraba el liberalismo? Esta cuestión, poco explorada entre nosotros, se sitúa en un ámbito a caballo entre los postulados doctrinales y las constricciones de la realidad, en lo que era, sin duda, un proceso de aprendizaje por parte del Estado de una gestión del mercado adaptada a las condiciones del país.[171]

Un aspecto destacado que se planteó de manera temprana por autores como Fontana, Sánchez Albornoz y Anes, es la estrecha relación entre la configuración del mercado interior y la pérdida del imperio americano. La imposibilidad de seguir comerciando con las colonias, que llevaba aparejada la desaparición del superávit de la balanza comercial,[172]y la pérdida de las remesas de metales preciosos que financiaban las importaciones llevaron a establecer el prohibicionismo en materia de cereales (1820) y tejidos de algodón (1825). Años después, desde el Gobierno, se consideraría que el prohibicionismo exterior, acompañado de la liberalización interior y la libertad de exportación, había estimulado la producción y los intercambios. Este juicio se hacía desde una profesión de liberalismo que, además, contemplaba la posibilidad de que España se convirtiera en exportadora de cereales.[173] La política prohibicionista, corregida sucesivamente en dirección a un proteccionismo cada vez menos marcado, ha tendido a ser considerada como la base sobre la que pudo expandirse el mercado interior: las regiones del litoral, que antes importaban cereales, ahora comenzaron a proveerse en el interior peninsular, mientras éste se convertía en el mercado para las manufacturas, en especial las procedentes de Cataluña. Castilla la Vieja protagonizó este tráfico canalizado a través del puerto de Santander, mientras era sustituida por Castilla la Nueva en el abastecimiento cerealista de Madrid.[174]En general, este proceso de desplazamiento hacia el interior de los intercambios exteriores dio a Cataluña, en palabras de Maluquer, una «función estructurante» de la economía española. Además, la importancia para esta región del mercado antillano, durante el siglo XIX, implicaría a la economía catalana en este campo de manera primordial, respecto al conjunto de España.[175]Una de las implicaciones de la formación de un mercado nacional era, pues, el cambio en la localización de las actividades productivas. La concentración de producciones industriales en zonas más favorables a las economías de escala y a la concentración de capital y cualificaciones implicó la desaparición de actividades artesanales dispersas por el resto del territorio.

Creadas las condiciones institucionales, la expansión del mercado dependía de la entidad de los flujos privados. A su vez, éstos eran resultado de otros muchos factores como, por ejemplo, el tamaño de la demanda, que remite al crecimiento demográfico, a las densidades de población y su influjo sobre el abaratamiento de la distribución y, naturalmente, a la capacidad adquisitiva de esa población. También resultaban determinantes los intercambios entre zonas rurales y áreas urbanas: la agricultura como mercado para los productos industriales y como abastecedora de las ciudades. El primer aspecto tuvo un crecimiento lento, habida cuenta de las condiciones en que se desenvolvía el sector primario en España. Los intentos de medir el grado de mercantilización de factores y productos en la agricultura española han mostrado valores altos incluso en zonas mal comunicadas, donde cabría haber esperado un elevado peso del autoconsumo.[176]

La cuestión del tamaño del mercado interior más adecuado para impulsar el desarrollo económico ha suscitado el interés historiográfico. Por un lado, se ha considerado que España no alcanzaba el umbral demográfico que sustentaba la industrialización en Europa occidental, que se calcula en unos treinta millones de habitantes.[177] Por otro lado, se ha insistido en ciertos rasgos del mercado, como las densidades de población y los factores físicos que influían en la facilidad del transporte. A diferencia de países menores, como Holanda o Bélgica, España tenía densidades demográficas muy bajas en buena parte de su territorio, lo que encarecía la comercialización. Al mismo tiempo, no disponía de las ventajas que representaban, para los países citados, la vecindad con las economías más industrializadas y la existencia de vías naturales de comunicación con ellas.[178]En suma, parece haber un acuerdo en que el mercado interior en España no alcanzaba, durante el siglo XIX, el tamaño suficiente –el umbral– para dar lugar a unas tasas de crecimiento económico elevadas y sostenidas.[179]En el proceso de formación del mercado nacional, las diversas economías regionales tuvieron que tomar posición. Esta redefinición del papel económico relativo a los territorios implicaba, en parte, la propia construcción o invención de la región como ámbito de coincidencia de intereses y de diferenciación y complementariedad respecto a otras entidades semejantes. La formulación en el espacio público de los «intereses regionales» se basaba, parcialmente, en la herencia que el Antiguo Régimen había dejado en materia de articulación del territorio y formación de grandes regiones económicas con algún grado de coherencia interna y diferenciación respecto a otras.[180]En el siglo XIX, además, tendrían un impacto decisivo las oportunidades que se abrían en la nueva situación interna y en el cambiante contexto europeo.[181]Por limitarnos a algunos ejemplos: en Aragón, el prohibicionismo creó la posibilidad de aprovechar la complementariedad con la economía catalana iniciada tras la supresión de las aduanas en 1714: cereales y lana a cambio de manufacturas. La construcción ferroviaria favoreció la conversión de Zaragoza en núcleo de fabricación de harinas.[182]Cataluña, por su parte, consolidaba la revolución industrial y había de contar, casi exclusivamente, con el mercado interior y colonial. Así, la demanda de protección fue simultánea al establecimiento de vínculos más estrechos con las regiones del interior. De modo semejante, desde el País Vasco se ejercieron presiones, a partir de 1841, destinadas a obtener la reserva del mercado interior para productos siderúrgicos, entre otros. Unas presiones que fueron crecientes conforme la industria adquiría peso.[183]

Para el País Valenciano primaba, en cambio, el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecían los mercados europeos, lo que suponía un hecho destacable en una economía como la española poco competitiva en el exterior.[184] Y Andalucía mostraba también un elevado y precoz grado de apertura, hasta el punto de que, en 1860, el 40% de las exportaciones españolas partían de los puertos andaluces.[185] Los principales productos de la economía española experimentaron de modo distinto el impacto de este progreso en la articulación del mercado: trigo, vino, minerales, carbón y tejidos, en tanto se convertían en el centro de especializaciones territoriales, condicionaban el modo de inserción política de esos territorios en el Estado.[186] Y la posición relativa de las diferentes regiones dependía también de los cambios en los principales productos de exportación: aceite, vino y minerales incrementaban su peso, mientras que lo perdían lana, barrilla y aguardiente.[187]

Aunque en el siglo XX acabaría consolidándose una diferenciación esencial entre las regiones en proceso de industrialización y aquellas que seguían siendo básicamente agrarias o que perdían su base manufacturera previa, la divisoria más determinante durante la centuria anterior fue la establecida entre regiones de agricultura intensiva, con capacidad de renovación en función de los mercados, y regiones basadas en el predominio del cereal extensivo y posibilidades muy limitadas de progreso agrario. En este sentido, Domingo Gallego ha elaborado una tipología de las regiones agrarias españolas que tiene en cuenta no sólo las variables que afectan al campo, sino también la influencia y las oportunidades que ofrecían las economías urbanas.[188]Así, ha diferenciado tres conjuntos regionales: las sociedades campesinas, las sociedades latifundistas y aquellas otras de carácter mixto que combinaban rasgos de las dos anteriores. Esta propuesta, que es, en parte, resultado de los avances de la investigación de los últimos años, proporciona también un marco nuevo para insertar los estudios parciales en una necesaria historia agraria española que, además de destacar la centralidad de los factores sociales, permita integrar la diversidad con una explicación global de los procesos.

Condición destacada para la formación del mercado interior, los sistemas de transporte de finales del Antiguo Régimen constituían un límite decisivo a causa de su estado precario. Hacia 1820, el liberalismo planteó la primera visión global del problema, a partir del concepto de obra pública, que se contraponía a las formas de gestión viaria bajo el absolutismo, basadas en la iniciativa de los particulares.[189]Durante los decenios siguientes, este proyecto inicial se vio alterado. La construcción y el mantenimiento de las carreteras quedaron en manos de las diputaciones, limitadas por la penuria presupuestaria. Por su parte, el ferrocarril daría lugar a vínculos específicos entre el Estado y las empresas privadas. Las medidas destinadas a implantar este medio de transporte, que encarnaba como ningún otro cambio técnico la idea de progreso en el siglo XIX, estuvieron en el centro del debate político durante estas décadas.

El tendido ferroviario en España fue inicialmente valorado por la historiografía en términos negativos. Gabriel Tortella lo consideró un cúmulo de errores: retraso en el inicio del trazado, excesiva precipitación una vez comenzado, errores técnicos en el diseño, financiación inadecuada, debilidad empresarial y, por último, trazado especulativo. La legislación de 1855, al pretender recuperar el atraso, habría permitido una afluencia indiscriminada de capital, con graves consecuencias de rentabilidad, endeudamiento de las compañías y crisis financiera.[190]La opinión de los historiadores varió después y señaló una importante contribución de los ferrocarriles al desarrollo económico español.[191]Es habitual diferenciar dos coyunturas de distinto signo. Hasta la Ley de Ferrocarriles de 1855, hay consenso en considerar que la legislación apenas hizo avanzar la construcción y favoreció las prácticas especulativas en torno a las concesiones. En cambio, la citada ley ha sido juzgada como un estímulo decisivo para la construcción de la red. Ahora se regulaban de modo más preciso todos los aspectos del transporte ferroviario, se establecían los mecanismos de ayuda estatal a la iniciativa privada y se fijaba una jerarquía clara de las líneas. Al mismo tiempo, los cambios en la legislación financiera facilitaron la canalización de los capitales necesarios. Todo ello estuvo guiado por el principio de que, para dotar al país del nuevo medio de transporte, había que aunar «la acción del gobierno con el eficaz concurso de los particulares».[192]

Se han destacado, en especial, las consecuencias positivas del ferrocarril sobre la formación del mercado interior, si bien alguna visión cuestiona este impacto al afirmar que, con anterioridad al nuevo medio de transporte, la carretería y el cabotaje permitían canalizar flujos a bajo coste.[193]Mayoritariamente, sin embargo, se cree que el ferrocarril produjo el abaratamiento del coste del transporte, aumentó los tráficos, tendió a unificar los precios en todo el territorio nacional (en especial los del producto más transportado, el trigo), y promovió la especialización regional y los cambios en la localización de actividades productivas.[194]Esto ha permitido interpretar las crisis de subsistencias de esta época como consecuencia de la mayor fluidez e importancia de los flujos de granos, que habría reducido las reservas tradicionalmente acumuladas en las zonas productoras.[195]Por otro lado, el ferrocarril, además de contribuir a la articulación del mercado de cereales, habría facilitado la comercialización de otros productos agrarios de más valor y carácter perecedero.[196]

Por el contrario, apenas se ha estudiado la contribución del ferrocarril al aumento del tráfico de personas, con sus posibles repercusiones sobre hábitos sociales y oportunidades económicas. Como tampoco se ha analizado el modo en que la creación de una red radial pudo reforzar el papel económico y político de la capital, situada ahora a pocas horas de los principales puntos de la periferia y con un abastecimiento mucho más seguro de productos procedentes de un radio ampliado. En cualquier caso, todo parece indicar que Madrid fue el área más beneficiada por la aparición del nuevo medio de transporte.[197]La existencia de criterios políticos junto a los económicos ha sido señalada a propósito del trazado radial de la red, que aparece así ligada a la construcción del Estado centralizado.[198]Algunos autores consideran más indiscutible el logro de la integración política del territorio nacional que el cumplimiento de las expectativas económicas que ofrecía el ferrocarril.[199]

La construcción ferroviaria, que al menos desde 1855 fue un diseño estatal para alcanzar una mejor articulación del territorio, abrió, sin embargo, oportunidades para que intervinieran las elites regionales. Por un lado, se trataba de obtener trazados acordes con los intereses de estos grupos; por otro, de aprovechar las posibilidades de negocio creadas por la construcción y gestión de las líneas. En ambos casos aparecían nuevos ámbitos en los que grupos influyentes podían aspirar a obtener ventajas del Estado, pero también motivos de confrontación entre quienes competían por concesiones y contratas. Tales pugnas generaron en ocasiones, entre las propias elites, fracturas que pudieron tener una traducción política.

La decisión del Gobierno en 1844 de favorecer a quienes «mereciesen garantías por ser sujetos de conocido arraigo»[200]hizo que grupos y personas con influencia política y proximidad al moderantismo obtuvieran las concesiones más rentables, lo que desembocó en especulación e irregularidades.[201]Con ello, la cuestión ferroviaria entró en el debate político. Moderados y progresistas divergían al respecto. Estos últimos propugnaban un plan general que ordenara la construcción de la red y creían que las ayudas estatales eran necesarias para el éxito de las iniciativas particulares.[202]

Con la etapa abierta en 1855, cuando se reconsideraron y adquirieron continuidad las iniciativas ferroviarias, se puede establecer una diferenciación en las empresas que protagonizaron el proceso, dos tipos de negocio con distintas implicaciones para las elites y sus propias maneras de vincularse al Estado.[203]Por un lado, estaban las compañías de mayor entidad –Madrid-Zaragoza-Alicante y Norte–, que construyeron trazados de larga distancia centrados en Madrid y contaron con importantes socios extranjeros. La política ferroviaria contribuyó a la consolidación de estas sociedades, mediante los mecanismos de concesión que restringían la entrada de competidores.[204]Como en otros países, pues, el poder público ayudó a consolidar la estructura empresarial propia del negocio ferroviario. Por otro lado, se encontraban las empresas dedicadas a trayectos regionales, más vinculadas a «las necesidades de los inversionistas autóctonos, a menudo interesados en utilizar el ferrocarril para sus propios negocios».[205]El estudio de estas iniciativas ha proporcionado información abundante sobre estos grupos regionales, sus relaciones con el poder político y las pugnas que, a menudo, se establecieron por el aprovechamiento de un determinado trazado.[206]Los ejemplos abundan: el enfrentamiento en torno al trazado de Madrid al Norte de la península entre los intereses vascos ligados al puerto de Bilbao y los que estaban vinculados con el Canal de Castilla y Santander; la disputa entre Alicante y Valencia por adelantarse en la conexión con Madrid, que opuso al grupo del marqués de Campo con el financiero Salamanca, o las pugnas entre inversores catalanes en torno a la prolongación de las líneas hacia Francia.[207]

Las investigaciones actuales destacan también el significado de otras infraestructuras de comunicación, fomentadas por iniciativa estatal. El telégrafo eléctrico, impulsado durante el Bienio para reemplazar el óptico –tras algunos pasos previos dados bajo el moderantismo–, fue un instrumento fundamental en la formación interna del Estado. La política de tarifas bajas favoreció la toma de decisiones de los agentes privados y la difusión fluida de informaciones. Por tanto, esta infraestructura no quedó limitada al simple servicio del Estado, como había sucedido con su precedente óptico, sino que se proyectó pronto en el conjunto de la sociedad.[208]

La política de comercio exterior

A pesar de las duras críticas que la política inaugurada en 1820 ha merecido para quienes identifican el proteccionismo como causa del atraso, la historiografía ha insistido más en el giro proteccionista de 1891 que en la vía abierta en el Trienio Liberal. En general, los especialistas no han visto una anomalía española en política comercial a lo largo del siglo XIX. El hecho de que, aunque muy lentamente, la tendencia fuera hacia la liberalización (un paso importante fue la reforma arancelaria de 1849, que instauró un fuerte proteccionismo, pero eliminó el prohibicionismo anterior)[209]y la constatación de que en Europa el librecambio sólo se impuso desde las décadas centrales de la centuria han restado protagonismo historiográfico a la política restrictiva del comercio exterior. Además, el avance de la industrialización europea creó rápidamente nuevos mercados para los productos primarios españoles, y el comercio exterior, que había sufrido el duro impacto de la independencia americana, se fue restableciendo, ahora orientado hacia los países vecinos.[210]

En la época, la política comercial fue una de las cuestiones acerca de las cuales las elites y los grupos de interés más se pronunciaron, tanto a través del debate público (con periódicos adscritos a alguna de las posturas doctrinales) como mediante organizaciones sectoriales en defensa de una u otra política, de modo semejante a lo que sucedía en el resto de Europa. El debate entre proteccionistas y librecambistas tuvo una presencia muy destacada en el espacio público y, desde luego, en el Parlamento.[211]Tuvo también un profundo impacto sobre la dinámica política en determinados momentos, como sucedió durante la Regencia de Espartero, cuando el temor a una negociación arancelaria con Gran Bretaña abrió una división en el Partido Progresista.[212]Durante esta etapa el proteccionismo estuvo defendido por la mayoría de los propietarios agrarios e industriales algodoneros barceloneses, que hicieron proselitismo para atraer a otros sectores del resto del país. El librecambio fue menos compacto socialmente:[213]comerciantes, sectores vinícolas, compañías ferroviarias y, ocasionalmente, las capas populares urbanas de la España no industrial. La Asociación para la Reforma de los Aranceles aglutinaba las demandas librecambistas y tenía presencia en gran parte del territorio español. En esta dinámica podían surgir vínculos u oposiciones entre intereses regionales en principio desconectados. Así, las reivindicaciones de los comerciantes de Cádiz centraron sus propuestas en la rebaja arancelaria para el hilo de algodón (lo que habría de reducir el contrabando que les perjudicaba y facilitar la apertura del mercado británico a sus exportaciones vinícolas) y de ese modo suscitaron una movilización en su contra de los industriales catalanes en defensa del prohibicionismo, la cual, en alianza a su vez con los intereses cerealistas, obtendría respuesta favorable del Gobierno.[214]

Como el proteccionismo marcó de forma permanente el signo de la política comercial de esta época, la discusión se producía y adquiría centralidad en los de apoyo a la industria mediante el gasto público, con lo que la única medida de estímulo que restaba era la protección; Jordi Nadal, «Industria sin industrialización», en Gonzalo Anes (ed.), Historia económica de España, siglos xix y xx, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999, p. 205; Jordi Palafox, «Proteccionismo y librecambio», en ibíd, p. 259; Jordi Nadal y Carles Sudriá, «La controversia en torno al atraso económico español en la segunda mitad del siglo XIX (1860-1913)», Revista de historia industrial, 3, 1993, p. 224.

La discusión durante la década de 1840, en Salvador Almenar, «El desarrollo del pensamiento económico clásico en España», en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles, vol. 4, La economía clásica, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2000, p. 45. momentos en que se intentaba una progresiva liberalización: por un lado, grupos favorables al librecambio y a la modificación de las restricciones vigentes; por otro, la agrupación de intereses sectoriales en las actividades que se veían amenazadas por una apertura exterior que motivaba protestas, frente a las medidas aisladas de liberalización.

Interpretaciones recientes han precisado que el prohibicionismo no creó en España una situación muy distinta a la que se daba en Europa: las fluctuaciones de precios entre zonas productoras y consumidoras eran habituales en todas partes y las ciudades españolas del litoral no sufrieron precios más altos que los europeos por el hecho de verse obligadas a consumir cereales del interior de la península (dado el aumento de precios en el continente como consecuencia de la demanda británica de importaciones).[215]La menor flexibilidad de la política comercial española contribuyó, sin embargo, a agravar las fluctuaciones de precios y la carestía en las regiones productoras del interior de la península; si se hubiera podido importar siempre que surgía la posibilidad de malas cosechas, la demanda del litoral no hubiera vaciado las existencias de las zonas del interior. Pese a todo, el mercado español de cereales funcionó, en términos generales, como los de los países vecinos, y el prohibicionismo tuvo, de hecho, menos trascendencia de la que se considera habitualmente. Ni siquiera era necesario para mantener los beneficios de los productores ya que, desde los años treinta, el alza de precios en Europa hacía que los cereales extranjeros no fueran competitivos en España. A mediados de siglo, la fuerza de los intereses exportadores en España traducía la ventaja, sin precedentes, que había proporcionado a su agricultura el giro productivo vivido desde el fin del Antiguo Régimen, sobre todo con respecto a los mercados consumidores de Europa occidental.

No obstante, la política comercial perjudicó a los consumidores en momentos de carestía, al contribuir a agravar estas situaciones.[216]Se sigue discutiendo, sin embargo, la trascendencia de este marco arancelario para el desarrollo económico del país. Mientras que para Domingo Gallego los efectos serían poco importantes, otros autores, mediante el recurso de los argumentos contrafactuales tan frecuentes en estos debates, consideran que una protección menor hubiera reducido las estrategias especulativas (tendentes a aprovechar los precios altos del invierno para obtener mayores ganancias) y hubiera incentivado más la inversión de los propietarios.[217]

Una medida general de política comercial como el proteccionismo no dejaba de tener implicaciones en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las elites económicas. La aplicación práctica de esta política comercial exigía la toma de decisiones en momentos de carestía y también la intervención de las autoridades provinciales. Desde 1834 se podían autorizar importaciones extraordinarias de cereales cuando los precios superaran un determinado valor máximo en más de tres provincias limítrofes. La información sobre la concurrencia de estas circunstancias provenía de los gobernadores civiles, aunque era el Gobierno el que autorizaba la compra exterior. Este hecho sólo se produjo en dos ocasiones antes de 1855, pero desde esa fecha hubo períodos de cierta duración en los que la importación fue libre, lo que significaba la reiteración de esas situaciones extraordinarias.[218]En relación con ello, debían abrirse escenarios de negociación nuevos entre las elites de cada territorio y las autoridades provinciales, cuyo pronunciamiento era decisivo para alterar las condiciones en que se producía la entrada de cereales. Se trata, sin embargo, de un problema que ha recibido poca atención. Ramon Garrabou explicó el proceso de toma de decisiones en este sentido por parte del Estado con ocasión de las crisis de subsistencias de 1847 y 1856-1857. En esta última coyuntura, por ejemplo, la Dirección General de Comercio fue recibiendo información sobre la carestía de los alimentos y sobre motines en diferentes provincias, al tiempo que registraba el temor creciente de las autoridades provinciales a estallidos sociales más graves. Como resultado, en julio de 1856 el Gobierno autorizó la libre importación de cereales de forma temporal. Pese a la importancia que el poder político daba al abastecimiento alimentario para evitar la contestación social, ésta se produjo en forma de revueltas en varias ocasiones. Las crisis de subsistencias eran momentos en que el descontento por esta causa se combinaba con otros motivos de conflicto, gestados en las circunstancias específicas de cada territorio, lo que influía en el carácter de estos episodios.[219]

Se ha considerado que la etapa de crisis económica iniciada en 1864 –ciclo internacional, problemas de rentabilidad del ferrocarril, agravamiento del déficit público por el encarecimiento del dinero en Europa, carestía del algodón, caída de los precios de las exportaciones primarias– cuestionó el proteccionismo vigente desde 1820. A pesar de ello, las necesidades hacendísticas a corto plazo, que obligaban a mantener aranceles elevados, impidieron una reforma en profundidad durante la etapa final del reinado de Isabel II. Sin embargo, los sucesivos gobiernos adoptaron algunas medidas aisladas. Así, en 1865 se decretó la exención arancelaria para la entrada en Cuba de tejidos de algodón catalanes, en respuesta a la crisis industrial acompañada de crisis social que afectaba al Principado, medida que tendría una importante significación hasta el Desastre.[220] Esta decisión marcó un cambio de perspectiva en la apreciación pública de la protección que, al menos mientras Manuel Alonso Martínez fue ministro de Hacienda (en 1865 y 1866), se tradujo en medidas liberalizadoras numerosas pero parciales, que prepararon la reforma general de Figuerola.[221] Aunque bajo el Gobierno de O’Donnell se pensó incluso en una nueva Ley Arancelaria, la vuelta al poder de Narváez interrumpió el proyecto en aras de la urgencia recaudatoria. En definitiva, la hegemonía agrarista en el poder político y en los círculos económicos estaba muy lejos de carecer de perspectivas integradoras de los intereses industriales de la periferia.

La crisis de subsistencias de 1867 añadió otro elemento de distorsión: las dificultades para importar, aun en años de escasez y carestía, sumadas a las exportaciones cuando los precios en Europa eran altos, acabaron de confirmar la convicción pública de los inconvenientes del proteccionismo. El malestar y las revueltas sociales, la solicitud de libertad de importación por algunas autoridades provinciales y la inestabilidad política acrecentada por todo ello hicieron que Narváez autorizara, primero temporalmente y luego de manera definitiva, la importación de cereales y prohibiera su exportación. La primera de las medidas significó, en la práctica, el final del prohibicionismo. Durante esta etapa se hizo evidente también que la protección tenía efectos negativos sobre la fluidez del mercado interior: al generar un elevado comercio de contrabando, obligaba a mantener un conjunto de controles sobre los tráficos en el interior del país que dificultaba la integración plena del mercado.[222]Hubo intentos, en este final de reinado, de eliminar restricciones. Así, por ejemplo, la supresión del impuesto de portazgos bajo O’Donnell, la cual, sin embargo, fue anulada por Narváez, quien, además, impuso por razones fiscales otras trabas a la circulación de mercancías.

La intervención del Estado ante la diversidad social y económica española

En los diferentes ámbitos de la política económica que acabamos de ver se apunta, de manera reiterada, una cuestión central: en qué medida las decisiones de política económica estaban condicionadas o se veían modificadas en la práctica por los intereses de las elites locales y regionales. Este problema cobra importancia si tenemos en cuenta la diversidad regional de las estructuras económicas. Desde luego, el predominio abrumador de la agricultura en casi todo el territorio español daba a las medidas de política agraria una destacada centralidad. De hecho, gran parte de las decisiones tomadas por el Estado en estas décadas se encuadraba dentro de la política agraria en algún sentido, hasta el punto de que, como afirma Juan Pan-Montojo en el artículo incluido en el presente volumen, este ámbito constituía el núcleo del proyecto político que los distintos liberalismos tenían para el país. Sin embargo, en los lugares donde la actividad industrial tenía un peso mayor, como es el caso de una parte de Cataluña, el Estado se encontraba ante unas relaciones sociales peculiares. Una historiografía de gran arraigo, deudora del discurso procedente de las propias elites regionales, ha enfatizado el descontento tanto de éstas como del conjunto de la sociedad respecto al modo en que el Estado central gestionó estas economías industriales. Por un lado, se ha destacado el temor de los sectores dominantes en la sociedad española ante la industrialización y los cambios sociales que comportaba.[223]Por otro lado, el Estado, tanto en el período isabelino como durante la Restauración, habría sido incapaz de afrontar de modo eficiente las «complejidades de la sociedad industrial» y, en especial, la institucionalización de las relaciones laborales. Es ésta, sin duda, una pieza fundamental en la visión, tan difundida en la historiografía económica, de la falta de adecuación de las iniciativas estatales para estimular el desarrollo económico en su vertiente más avanzada.[224]Los trabajos de Genís Barnosell y Albert Garcia contenidos en este libro ofrecen elementos para discutir tales tesis desde una óptica nueva.

Por lo que respecta a la agricultura, según Pan-Montojo, la política liberal se enfrentó a un dilema fundamental, fruto de la enorme diversidad de las estructuras sociales en el campo español y de las propias limitaciones de la acción pública en el siglo XIX: delegar en las elites de propietarios la concepción y puesta en práctica de gran parte de la política agraria o, por el contrario, impulsar desde arriba unas iniciativas más uniformes sin contar con la diversidad de intereses de las fuerzas locales. Se impuso la primera de las soluciones y a ello habría contribuido decisivamente la debilidad del aparato estatal. Este resultado, sin embargo, no fue muy distinto en el resto de Europa occidental, donde el Estado contó con diferentes sectores de la propiedad para administrar el territorio. Allí, como en España, este proceso aportaría estabilidad política y consenso entre las elites, en el paso hacia la sociedad industrial.

Desde esta perspectiva el autor analiza cuatro aspectos básicos de la política agraria: la reforma de la propiedad de la tierra, la reordenación de la sociedad rural, la creación de un mercado nacional y el fomento de la mejora técnica de la agricultura. En todos los casos, el Estado mantuvo, hasta el giro producido con la Restauración y la crisis agraria de finales de siglo, límites importantes a su intervención. Así, la consecución de un libre mercado de tierras fue resultado tanto de medidas decretadas como de iniciativas desde abajo (repartos de tierras de los municipios, roturaciones arbitrarias). El concepto abstracto de propiedad, ligado a los derechos individuales, tuvo, en la práctica, una plasmación más «imperfecta», en la cual muchos derechos del pasado se vieron eliminados, al tiempo que otros se incorporaban a un conjunto en el que las grandes transferencias de tierras habían alterado la base social de la propiedad inmueble. Así pues, las medidas generales tuvieron impactos muy diferentes según las regiones, del mismo modo que sucedería con las normas sobre el uso del suelo, la gestión de los recursos colectivos (montes, agua) o las iniciativas de fomento del cambio técnico. Por su parte, la política comercial dio lugar a coaliciones de intereses muy distantes en otros aspectos (como la que unió a los cerealistas con los industriales catalanes), que influyeron decisivamente en el diseño del mercado nacional que impulsaba el Estado. En definitiva, el trabajo de Pan permite poner en cuestión el dirigismo estatal durante la época isabelina y plantea la importancia de los ámbitos locales de influencia, que se habían ido gestando desde la revolución liberal.

Esta capacidad de adaptación de las intervenciones del Estado a las características y los intereses de los sectores sociales dominantes en las diferentes agriculturas españolas ha sido cuestionada, sin embargo, en lo que respecta a la política industrial. No en todos los ámbitos, sin embargo, pues existe consenso en que el Estado dio una respuesta favorable a las demandas industrialistas en materia de protección arancelaria y mantuvo una baja presión fiscal sobre los beneficios empresariales. Se ha suscitado que la legislación sobre sociedades anónimas pudo haber frenado la expansión empresarial, en lo que algunos autores han considerado una actitud antiindustrialista. Sin embargo, estudios más recientes subrayan el extendido recelo que suscitaba en toda Europa el principio de la responsabilidad limitada, de modo que en España su plena autorización, en 1869, apenas registró un retraso superior a una década con respecto a la pionera economía industrial, Gran Bretaña. El hecho de que incluso en el «taller del mundo» estuviera lejos de generalizarse resta mucha de su fuerza al significado antiindustrialista que se le ha querido otorgar a este desfase en el caso español.[225]

En cambio, en el terreno de las tensiones sociales, muy peculiares en las zonas industriales con respecto a la mayoría agraria del país, el Estado habría fracasado a la hora de institucionalizar las relaciones laborales. Ello habría contribuido a la intensa conflictividad que caracterizó a estas zonas y al desapego de amplios sectores sociales hacia el poder central, todo lo cual sería una de las claves de la particularidad social y política catalana. Los trabajos de Barnosell y Garcia Balañà permiten reconsiderar esta visión desde una perspectiva que sitúa en primer plano el cambio continuo de las relaciones sociales en torno al trabajo fabril, una dinámica que era muy visible –aquí como en el resto de Europa– en estas décadas decisivas de la industrialización. Como consecuencia, ambos artículos parten de que las necesidades y las demandas en materia de política laboral eran cambiantes. Sin embargo, muestran también que se mantuvo constante la opinión de los empresarios catalanes y sus portavoces políticos sobre cuál era el grado adecuado de intervención en las relaciones laborales: el Estado no debía regular unas relaciones que, presididas por la libertad de los agentes, pertenecían al ámbito estricto de la sociedad civil. En este terreno aspiraban a un Estado mínimo, sin obligaciones importantes que requirieran nuevos gastos e impuestos.

Según el trabajo de Barnosell, fueron los sindicatos de trabajadores industriales los que defendieron, hasta la década de 1850, un modelo sociopolítico en el que el Estado debía establecer el marco adecuado para una negociación equilibrada de las condiciones de trabajo. En esta demanda hacían uso del lenguaje y los principios del liberalismo, asumiendo así los aspectos más universalistas de este ideario político. El contexto de estas aspiraciones estaba dominado por una transformación del sistema productivo que, aunque apuntaba a la proletarización, se caracterizaba por formas diversas de organización del trabajo y por modalidades de fábrica en las que la separación entre capital y trabajo no era todavía plena. Esto daba lugar a una gran diversidad dentro del mundo del trabajo. Así, el proyecto «reformista» de las agrupaciones de trabajadores destacaba ideas como la distribución equitativa de las ganancias o la dignidad obrera. Al mismo tiempo valoraba la política como terreno necesario para la consecución de tales objetivos, de un modo que aunaba reforma social y derechos políticos. El sindicalismo barcelonés coincidió con un sector del progresismo durante las décadas de 1840 y 1850 en propuestas que pueden ser consideradas interclasistas.

Sin embargo, esta vía no se consolidó. Sería sustituida, a lo largo de la segunda mitad del siglo, por la confrontación entre el capital y el trabajo y por el distanciamiento obrero con respecto al sistema político. A la hora de explicar este resultado decisivo para la historia española contemporánea, Barnosell muestra que el papel del Estado en el conflicto laboral, que generaba el desarrollo de la industria, no es comprensible sin atender a los cambios socioeconómicos y a la dinámica de los lenguajes políticos que operaban en Cataluña y España desde hacía décadas. Tres hechos serían determinantes: la elaboración, por parte de los sindicatos, de un discurso centrado en la idea de «clase obrera» a fin de hacer frente a la heterogeneidad de los oficios; el cambio técnico en la industria, que los progresistas defendían y muchos trabajadores rechazaban, en tanto que empeoraba su relación de fuerzas con respecto a los empresarios, y la percepción –presente entre las elites y el mismo Estado– de los peligros que encerraba la sociedad industrial y urbana, en un contexto de inestabilidad institucional en el que estaba en cuestión la forma definitiva que adquiriría el sistema político. En conjunto, todo ello configuraba el mundo social de la industria, visto desde el poder central, como una peculiaridad catalana.

Ante estos peligros, el Estado y las elites regionales coincidieron en identificar la cuestión obrera como un problema de orden público. Esto llevaba a excluir la reforma social, a aceptar como suficiente la precaria red asistencial que se estaba construyendo y a mantener la represión como remedio preferente. Los patronos se mostraron contrarios a que las condiciones de trabajo fuesen reguladas por el poder central, que tampoco promovió grandes iniciativas en este sentido. Por ello, las críticas de las elites catalanas al centralismo moderado no se debían, según Barnosell, a su desacuerdo con la represión, sino que apuntaban a la incapacidad de ese Estado para ponerse de acuerdo sobre el uso de la violencia con los sectores dominantes en la región. Lo que éstos echaban en falta era un acuerdo que les permitiera, en ausencia de intervencionismo regulador, consolidar su posición social y política.

La relación entre la iniciativa económica estatal y los intereses de las elites regionales en Cataluña, tema que ocupa un espacio importante en las discusiones historiográficas, es el centro también del artículo de Albert Garcia. Como en el caso anterior, el autor problematiza las ideas recibidas en este terreno. Su análisis pone de manifiesto que los patronos catalanes rechazaron los intentos del Estado, en especial durante las fases progresistas y democráticas del Bienio y el Sexenio, de regular y fijar las relaciones laborales en la industria. Este rechazo a iniciativas que, desde arriba, tendían a aproximar el marco institucional español al de los países industriales de Europa estaba enraizado, a su vez, en el proceso de cambio que afectaba, durante esas décadas, a la organización del trabajo en las fábricas. La nueva tecnología textil permitía que la autoridad empresarial socavara el poder de negociación y la autonomía que los hiladores varones habían adquirido en la fase tecnológica precedente. En esta interpretación, por tanto, aparecen estrechamente ligados dos ámbitos: las relaciones sociales en el terreno concreto de la producción y los vínculos, con su traducción política, entre los diferentes sectores sociales y el Estado liberal.

A su vez, los resultados de estas pugnas condicionaron la evolución de las relaciones entre el Estado y la sociedad industrial en la etapa siguiente, durante la Restauración. A partir del Sexenio ya no volvieron a producirse las alianzas interclasistas entre obreros y sectores del progresismo burgués. Los sindicatos se orientaron hacia el apoliticismo, mientras hacía su aparición, entre las elites catalanas, un nuevo modelo de organización de las relaciones sociales en la industria: la colonia, como alternativa a la fábrica urbana. Para sus promotores, era un ámbito en el que podían establecerse relaciones laborales de tipo paternalista, frente a un Estado distante e incapaz de construir consensos. Sin embargo, si la idea de las colonias cobraba fuerza en los momentos de mayor conflictividad, que alimentaban la utopía de la armonía social, para Garcia Balañà también estaban estrechamente relacionadas con el rechazo de los empresarios a los intentos reformistas en materia de inspección laboral, seguros obligatorios y condiciones de trabajo. La colonia como espacio autorregulado formaba parte, pues, de esa utopía que aspiraba a aislar el trabajo de las tensiones de la sociedad industrial. Si, al final, los trabajadores –es decir, una parte amplia de la sociedad catalana– pudieron sentirse cada vez más ajenos a un sistema político que no los protegía, las elites empresariales no fueron un sujeto pasivo en este resultado, sino un protagonista central. Este enfoque representa, por tanto, una alternativa fundamentada a la visión según la cual el apoliticismo obrero habría sido consecuencia del imperio de un liberalismo conservador y de un Estado liberal «fracasado» desde el inicio.

LA PROYECCIÓN DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD NACIONAL

El siglo XIX fue el de «la construcción nacional». La nación fue, en efecto, la única legitimación segura de los Estados cuando la soberanía del rey fue destruida o modificada. Estado y nación parecían ser, pues, el fruto de un proceso histórico general en la Europa decimonónica. También se consideraron la constatación del fracaso español. Para la literatura de corte regeneracionista, como se ha señalado en páginas anteriores, el Estado decimonónico faltó también a esta cita ineludible, la de hacer la nación española.

No hay duda de que el debate por excelencia de la historiografía española de los últimos quince años ha sido el de la nacionalización. Desde que Borja de Riquer lo propusiera, a principios de los años noventa, no ha desaparecido de la agenda investigadora. Si bien la tesis de la débil nacionalización ya había sido apuntada veinte años antes por el sociólogo Juan José Linz, han sido los planteamientos del historiador catalán los que han dominado el panorama de la comunidad científica y promovido una viva discusión. En este sentido, puede afirmarse que las pretensiones que le animaron, allá por 1992, cuando presentó en Salamanca su hipótesis de trabajo, han sido satisfechas.[226] Desde entonces, el debate sobre las identidades no ha hecho más que crecer, si bien –hay que reconocerlo– con más voluntad de reflexión teórica que análisis con base empírica suficiente, capaz de contrastar las hipótesis enunciadas.

A raíz de su propuesta, el nacionalismo español y la difusión de la identidad nacional se han convertido en objeto de estudio historiográfico.[227] En realidad, el primero ya había sido centro de atención por parte de, entre otros, José Antonio Maravall y José María Jover décadas antes. En ambos casos, se primaba la perspectiva ideológico-política de análisis y una visión dual del nacionalismo, entre un discurso de nación reformista, democrático, prospectivo y optimista –propio, como escribió Jover, de progresistas, republicanos y demócratas– y otro de carácter moderado, meramente retrospectivo, identificado con el centralismo estatal y hegemónico en el siglo XIX. Ya en 1972, Maravall se lamentaba de que la historia del nacionalismo en España estuviera todavía por hacer y apuntaba la existencia de dos trayectorias: la de «un nacionalismo dinámico, expansivo, hacia fuera, agresivo –al modo del que se dio en los fundadores de la Tercera República» francesa– y la de «un nacionalismo estático, interno, defensivo, vuelto hacia atrás», del que Cánovas del Castillo fue un destacado representante.[228]

Doce años después, Jover seguía insistiendo en la laguna historiográfica que había sobre el particular. Aun siendo consciente de la ausencia de análisis, este autor no tenía duda alguna de que «la hora» europea de los nacionalismos también había sonado en España. En este caso, el nacionalismo tenía «dos líneas maestras de referencia»: la trayectoria del moderantismo, que representaba los intereses de «las elites de poder que han llevado a cabo una revolución burguesa limitada, mediante un compromiso con los antiguos estamentos», y la del progresismo (y sus derivaciones demócratas y republicanas). El nacionalismo español se expresó a través de unas vías claramente encuadrables en las coordenadas europeas del siglo XIX: la difusión de «la historia general de España»; la política de expediciones militares de la Unión Liberal –que, al invocar los sagrados intereses de la patria, daba satisfacción también «a la sensibilidad nacionalista de unas clases medias y populares»–; el iberismo, o, por último, la tradición federal. En el planteamiento de Jover, por tanto, no sólo había habido un nacionalismo español, sino que también existía una sociedad con una sensibilidad nacionalista, estimulada por la historia, la literatura, el teatro, etc. De este modo, el carácter «retrospectivo» del discurso y de la práctica nacionalista del hegemónico liberalismo, incapaz de generar un proyecto común de futuro y más proclive a ensalzar las glorias del pasado, limitaba y condicionaba la legitimidad de las instituciones estatales, pero no ahogaba necesariamente el sentimiento nacional entre sectores sociales diversos.[229]

Las conclusiones de Jover no fueron entonces unánimemente compartidas. En efecto, era un lugar común de la historiografía de la década de 1980 negar –más por consideraciones políticas que por razones científicas– la existencia de un nacionalismo español, en caso de que se planteara tal problema.[230]La propuesta de Jover, de todas formas, abrió el camino para los estudios de historia cultural sobre la construcción del Estado-nación. En especial, la investigación ha avanzado con pasos sólidos en el conocimiento de los registros a través de los cuales se formaron las identidades colectivas: la historia y los símbolos nacionales, sobre todo.[231]

A finales de la década de 1980, dos planteamientos pugnaban, con desigual resonancia, en la escena historiográfica respecto a la capacidad nacionalizadora del Estado del siglo XIX.[232]Por un lado, Andrés de Blas Guerrero sostenía la equiparación del caso español en el contexto europeo –más allá de singularidades contrastadas–, por lo que se refiere al significado del Estado en el surgimiento de España como realidad nacional de signo político. El nacionalismo español del siglo XIX se caracterizaría por una «relativa debilidad», en la medida en que sería un recurso innecesario en la vida española, como sucedía también en Inglaterra. Los desequilibrios económicos regionales se canalizaron, sin embargo, hacia la defensa de una política proteccionista, que reforzó «la integración económica del Estado» y ayudó «a la consolidación de una burguesía española. Española porque, más allá de innegables particularismos regionales y sectoriales, quedará unificada en la realidad de un mercado español, bajo el estímulo, también bajo el peso, de una misma Administración». Lo que Blas Guerrero apuntaba era, pues, la firmeza del Estado hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, lo que explicaría el carácter tardío del nacionalismo español, en «un viejo Estado carente de una seria política expansiva y sin importantes desafíos internos o externos capaces de animar el despertar que al fin se producirá con la crisis finisecular». Fue esa realidad estatal, no cuestionada ni por el carlismo ni por la práctica juntista, la que impulsó la construcción nacional de España.[233]

Por otro lado, Juan Pablo Fusi sostenía que el problema de la organización territorial del Estado obedecía a su «mucha debilidad», tanto en el siglo XvIII como todavía en la centuria siguiente. La ausencia de prestigio y de poder de ese Estado explicaba la realidad de una España poco vertebrada o cohesionada socialmente, así como la pervivencia de identidades locales y regionales: hasta bien entrado el XIX, «la localidad, la provincia, la comarca y la región –y no la nación– fueron el verdadero ámbito de la vida social». El nacionalismo español –algunos de cuyos elementos ya se habían manifestado en el siglo ilustrado– fue

evidentemente débil como fuerza de cohesión social del territorio español. Pese a las tendencias centralizadoras que inspiraron la creación del Estado español moderno, la fragmentación social y económica del país siguió siendo (...) considerable hasta que las transformaciones sociales y técnicas terminaron por crear un sistema nacional cohesivo, lo que no culminó hasta las primeras décadas del siglo XX.

La debilidad del nacionalismo español obedecía así a la propia debilidad, pobreza e ineficiencia del Estado y de la Administración central. La formación de una nacionalidad común fue el resultado de un largo proceso social de asimilación que exigió el crecimiento económico (mercado nacional), el desarrollo urbano, la presencia de un sistema de educación unitario y común, la expansión de los medios de comunicación de masas, el surgimiento de la opinión pública y la progresiva socialización de la política. Sus efectos pudieron comenzar a percibirse en torno a 1900. Para entonces, «España era ya una entidad nacional cohesiva y vertebrada».[234]

Las tesis de Fusi eran coincidentes, en líneas generales, con los planteamientos que a la altura de 1990 sostenía Borja de Riquer sobre el nacionalismo y el Estado españoles. La innegable debilidad del primero habría limitado de manera aguda su capacidad como fuerza de integración social, y la debilidad, pobreza e ineficiencia del segundo habrían tenido como resultado la extrema fragmentación de España y la vitalidad del localismo.[235]

Fusi señalaría tiempo después que a lo largo del siglo XVIII se había avanzado mucho «en la cristalización (elaboración, descubrimiento, según se quiera) de una idea de nacionalización claramente española». El problema sería que la España del siglo XIX «se había quedado sin Estado», a raíz de la crisis iniciada en 1808: cómo articular «un verdadero Estado nacional» fue el gran reto de la contemporaneidad. Un problema complejo que todavía se complicaría más por una serie de factores: «la simultaneidad desde principios del siglo XIX de dos procesos: el desarrollo de una conciencia española verdaderamente nacional (un nacionalismo español sentimental y emocional) y la aparición de los prenacionalismos y luego de los nacionalismos»; la debilidad del nacionalismo sentimental español como fuerza de cohesión social y de vertebración territorial del Estado español; el desarrollo tardío de la maquinaria administrativa del Estado, y, por último, los fuertes desequilibrios regionales de la economía española. En este sentido, y para este autor, Azaña y Ortega y Gasset habían tenído razón. No obstante, los sentimientos nacionales y las ideas de España habrían impregnado la política española y, probablemente, la conciencia colectiva de gran parte de la sociedad –extremo de casi imposible comprobación– a lo largo del siglo XIX de forma, además, progresivamente más articulada y explícita. Los ejemplos de ese vago y genérico patriotismo españolista –que no era todavía nacionalismo político sino, en todo caso, pura y simple emoción nacional– eran en extremo abundantes y se manifestaban a muy distintos niveles, desde la nacionalización de la cultura hasta el patriotismo de las clases populares, manifestado en 1859 y 1860, en 1885, o en las aclamaciones masivas hacia la figura de Isaac Peral en 1890.[236]

Estado liberal y nacionalización española

Como se ha señalado, Linz estableció –en el marco interpretativo de la teoría de la modernización– el esquema básico de la debilidad nacional española por el que discurriría tiempo después la polémica. Al igual que en la propuesta de Borja de Riquer, el Estado se convertía en el principal responsable del surgimiento de los nacionalismos periféricos a finales del siglo XIX, en la medida en que no fue capaz de generar una sólida identidad nacional a través de mecanismos nacionalizadores tan esenciales como la educación o el servicio militar. El fracaso del Estado español en el contexto europeo era, según esta perspectiva, inapelable.[237]

Borja de Riquer argumentó históricamente este planteamiento, al ofrecer una lectura del siglo XIX que enlazaba distintos planos de análisis. Aquí radica mucha de la fuerza de su modelo interpretativo del proceso de construcción nacional española por parte del Estado liberal. La debilidad de esta nacionalización –lo que, de modo implícito, se presenta como requisito para que se consolidaran identidades nacionales alternativas a la española– obedecía a factores políticos, económicos, sociales y culturales desencadenados a raíz del triunfo de la revolución liberal. Las peculiaridades de la construcción y el funcionamiento del régimen liberal habrían determinado los canales disponibles para crear una conciencia nacional española. Esos rasgos específicos procedían de un Estado cuya fragilidad política, social y económica le hacía ser muy ineficaz a la hora de protagonizar y dirigir el proceso de nacionalización. Éste, según Borja de Riquer, implica dos dinámicas estrechamente vinculadas: la integración política, cultural e ideológica, y la identificación con las instituciones liberales, sus símbolos y el discurso histórico justificador de todo ello. En ambas instancias, el Estado liberal habría faltado a la cita. Y faltó porque su origen obedecía a una revolución, la liberal, que –siguiendo una tesis que hemos venido discutiendo en este trabajo– habría consistido en un pacto implícito, en torno a la propiedad de la tierra, que habría consolidado un régimen bajo el control de elites conservadoras, más ligadas a los intereses agrarios que a los de la burguesía industrial. El Estado, creado con tales condicionantes, sólo habría tenido dos prioridades desde la década de 1840: la defensa de la sociedad de los propietarios y la represión de los movimientos populares, tanto progresistas y republicanos como carlistas. En esa tesitura, el Estado-nación no se habría legitimado ante muchos sectores sociales, porque su elite dirigente no ejerció una hegemonía política y cultural que se apoyase en un proyecto nacional coherente. De este modo, el desprestigio del Estado, que en ningún momento pretendió aquella integración, habría implicado necesariamente la debilidad de la identificación con la nación española.

La acción del Estado es la clave del proceso nacionalizador a lo largo del siglo XIX, según Borja de Riquer. En España, ésta fracasó por la propia debilidad de los instrumentos nacionalizadores: un sistema educativo muy deficiente, que en vez de difundir un discurso patriótico desplegó un sistema cultural clerical y reaccionario; una administración que no fue capaz de imponer la homogeneización en las pautas de construcción interna del Estado y un sistema militar profundamente impopular y socialmente injusto. De esta manera, la reducida eficacia de la acción unificadora estatal –mediante una administración patrimonializada y poco moderna, que nunca fue canal de transmisión de las demandas sociales desde la periferia al centro–; la persistencia de identidades previas a la nacional, impulsadas, a su vez, por el marcado carácter localista de la política española; la escasa vertebración económica y social del país, que impidió la formación de una auténtica burguesía nacional; la hegemonía de un nacionalismo español conservador, retrospectivo y tradicional, que abortó toda alternativa cívica, capaz de crear consensos y movilizadora de la nación, y la ausencia de un acuerdo liberal acerca de los símbolos nacionales –bandera, himno y conmemoraciones– condicionaron una nacionalización débil que, además, fue sentida como tal.

A pesar de voces discordantes procedentes sobre todo de la historiografía valenciana, la tesis de Borja de Riquer se convirtió en los años noventa en la base interpretativa sobre el nacionalismo y el alcance social de la identidad nacional española. Xosé Manoel Núñez Seixas sintetizaba a la altura de 1999 ese esquema de interpretación, al situar en el centro del problema la «incompleta transformación» de España en un Estado nacional, «muy lastrado por sus concesiones al Antiguo Régimen». Las lagunas y deficiencias del Estado nacional se fundaban en la persistencia de etnicidades diferenciales en distintas zonas de España, así como en la debilidad de la difusión social de un sentimiento de pertenencia a la nación política identificada con el Estado. El «fracaso relativo» obedecía, en última instancia, a «la escasa disposición o capacidad, o bien ambas a la vez, del Estado articulado por los liberales moderados para llevar a cabo ese programa “nacionalizador”».[238]Los factores de ese fracaso serían los siguientes: el bajo grado de desarrollo industrial y su desequilibrio territorial, que hacía que no hubiera correspondencia entre los centros industriales y los de decisión política, así como que tampoco existiera con respecto a la extracción geográfica de las elites políticas dirigentes del Estado y de la Administración; las divisiones entre absolutismo y liberalismo y en el interior de esta corriente; la débil eficacia de los instrumentos de nacionalización, debido a las insuficiencias modernizadoras del Estado liberal; la ausencia de un enemigo exterior a lo largo del siglo XIX; un sistema político caracterizado por el permanente bloqueo a una democratización progresiva y el predominio del clientelismo y del caciquismo, a pesar de la adopción del sufragio universal masculino en determinados momentos del siglo, y, por último, la oposición frente al Estado por parte de sectores integristas de la Iglesia católica.

En este modelo interpretativo global del siglo XIX, la acción del Estado adquiere un significado fundamental. A este respecto, se destacan cinco planos de despliegue estatal en la sociedad civil. En primer lugar, el monopolio del centralismo legal y administrativo por parte de unas elites moderadas o conservadoras, interesadas en la desmovilización del cuerpo social y, por tanto, en desactivar cualquier atisbo de nacionalismo en clave de soberanía nacional, es decir, reformista, con proyecto de futuro. Ello favorecería la ya de por sí muy limitada conciencia de la nación española entre esos sectores dominantes, convencidos por lo demás de que España estaba ya hecha y, en consecuencia, no había necesidad de fortalecer una identidad que se daba como natural. En segundo lugar, el sistema educativo no fue capaz, por sus propias deficiencias internas y financieras, de alfabetizar a la mayoría de la población, imponer el castellano como lengua única en la vida cotidiana e inculcar un sistema de valores patrióticos y cívicos, dada la fuerte tutela que ejercía la Iglesia católica sobre la enseñanza estatal. En tercer lugar, el ejército nunca fue nacional ni obligatorio para todos por igual y su impopularidad entre las capas bajas de la población tuvo en las agitaciones contra las quintas –continuas a lo largo de la centuria– su máxima expresión. A esta oposición se uniría a finales de siglo el alto porcentaje de desertores y prófugos de las guerras coloniales. En cuarto lugar, una deficiente unificación simbólica del Estado, al tiempo que este ámbito se constituía en un terreno de lucha político-cultural. A diferencia de otros Estados de la Europa occidental, las elites dominantes no tuvieron una política de difusión simbólica del patriotismo. Por último, un incompleto desarrollo de la Administración civil del Estado y, por tanto, de su potencia modernizadora. El agudo centralismo administrativo conducía, en la práctica, a criterios alejados de las necesidades de la ciudadanía, a la pervivencia de lealtades sociales de los antiguos marcos territoriales y al mantenimiento de especificidades jurídicas y forales. Todos estos factores configurarían, pues, un Estado débil, incapaz de difundir con éxito la identidad nacional española y con escaso arraigo social. Lo que en parte explicaría la fuerza de los nacionalismos alternativos a partir de finales del siglo XIX.

La propuesta sobre la débil nacionalización española, tal y como la formuló Borja de Riquer, era un conjunto de hipótesis que requerían una exhaustiva investigación. Sin embargo, se convirtió en un modelo interpretativo global que clausuraba la discusión científica, cuando no era éste el objetivo original de sus promotores. Sin discutir explícitamente ese modelo, Josep Maria Fradera propuso a principios también de la década de 1990 un esquema alternativo que llegaría a alcanzar un éxito notable: el lenguaje del doble patriotismo, «la suma de la cultura nacional i de particularisme polític». Para Fradera, este punto de arranque del nacionalismo catalán se constituyó en un contexto especialmente dramático para la burguesía catalana: el definido por la revolución liberal y el proceso industrializador. Las prácticas regionalizadas de la cultura burguesa, basadas en la manipulación del patrimonio étnico heredado, reflejaban profundas incomprensiones entre el Estado liberal y la clase dirigente catalana, pero no eran «una arma dirigida contra el fonaments del patriotisme espanyol, que constituïa un dels factors claus de legitimació de la propia revolució liberal també a Catalunya». A medio plazo, el doble patriotismo ni amenazaba la convivencia con la acción unificadora del Estado y del nacionalismo español, ni competía con el patriotismo español. De este modo, la burguesía catalana pudo desplegar una función intermediaria entre el Estado y la sociedad y no intentó subvertir el consenso básico que conformaba el Estado liberal, «el seu estat llavors i ara».[239]

Fueron, no obstante, los historiadores Ferran Archilés y Manuel Martí los primeros que impugnaron explícitamente la interpretación de Borja de Riquer, a la luz de los conocimientos alcanzados en otros campos, sobre todo en los del proceso revolucionario liberal, y ampliaron la propuesta de Fradera. En síntesis, estos investigadores han sostenido la necesidad de una mayor y más amplia comparación con otras dinámicas de construcción nacional, más allá del ejemplo francés, convertido, a través de la lectura que de la experiencia francesa hizo Eugen Weber, en modelo ideal típico, es decir, normativo, de lo que hubiera sido una dinámica triunfante. En segundo lugar, han considerado la importancia de la cronología en un proceso que es eminentemente histórico. Esto significa que el impulso nacionalizador de los Estados debe ser ponderado en cada una de las grandes etapas de constitución de la sociedad contemporánea: los intereses en juego no eran idénticos en la política liberal de mediados del siglo XIX con respecto a los que existían en la política y la sociedad de masas de finales de la centuria y primeras décadas del siglo XX. En tercer lugar, una interpretación del caso español atenta a las interrelaciones entre los planos sociales, económicos, políticos y culturales debe poner en cuestión el paradigma de la historia de España como fracaso, consolidado en la década de 1970.[240] En cuarto lugar, y estrechamente vinculado con lo anterior, Archilés y Martí han insistido en un enfoque analítico de la nacionalización que atienda, no sólo a la variable desde arriba (el Estado), sino también a las vías y plataformas surgidas dentro de la sociedad civil y promovidas por ella. A este respecto, no puede desdeñarse el carácter nacionalizador que tuvo precisamente la revolución liberal en España y su bandera por excelencia, la soberanía nacional. Por último, estos autores han privilegiado la perspectiva de la construcción sociocultural de la región como vía efectiva de nacionalización española.[241]

En definitiva, la tesis de Borja de Riquer se fundamenta en una propuesta metodológica y en una interpretación del proceso revolucionario liberal que hoy es preciso discutir. La propuesta metodológica identifica Estado y nación y presupone un tipo ideal de nacionalización basado en la hegemonía de una cultura nacional, global, consensual y no conflictiva. La interpretación del proceso revolucionario parte de una historiografía cuyas claves explicativas han sido cuestionadas por la investigación empírica, como hemos destacado en los apartados anteriores.[242]

Tiene razón Borja de Riquer cuando señala que los regímenes liberales pretendieron identificar Estado y nación. Pero esa meta debe ser investigada empíricamente, no formulada como un a priori analítico. Siguiendo a Benedict Anderson, la nación es una «comunidad imaginada», definición que no cabe dar precisamente al aparato estatal. Por ello mismo, el proceso de construcción y difusión de la identidad nacional española obliga a atender a otros agentes o mecanismos de socialización nacional, más allá del Estado. La relevancia que éste adquirió a finales del siglo XIX, como impulsor de procesos nacionalizadores en toda Europa, no puede proyectarse al pasado. El impulso hacia la nación en Italia o Alemania, por ejemplo, procedía de grupos diversos del mundo liberal, antes de que controlasen sus respectivos Estados, dentro de un largo proceso desarrollado en el marco de cartas otorgadas y la primacía de la Corona sobre la representación nacional.[243] En segundo lugar, y estrechamente relacionado con lo anterior, tampoco se puede identificar de manera apriorística Estado fuerte y Estado-nación. El panorama europeo ofrece algunos ejemplos de la dificultad de asociar ambas variables. Tal es el caso de Portugal, donde ni se desplegó una potente maquinaria estatal ni ésta se caracterizó por su eficacia nacionalizadora y, sin embargo, el grado de cohesión nacional alcanzado no parece que haya sido discutido por la historiografía. Incluso, habría que plantearse hasta qué punto se puede establecer un nexo biunívoco entre la nación y el Estado.[244] Por último, a partir de las propuestas en torno al «giro cultural» en las ciencias sociales y en la disciplina histórica, y, particularmente, los estudios sobre culturas políticas, parece esbozarse un relativo consenso sobre la necesidad de analizar la cultura (en este caso, la cultura nacional), no como funcional al sistema político y social, sino como un terreno inherentemente conflictivo.

Esto es especialmente pertinente en el caso español, en el que la evolución de signo oligárquico del Estado conservador no ahogó tradiciones de lucha política que concebían la nación como la mejor arma de combate. La peculiar herencia de la soberanía nacional gaditana, que tuvo un enorme componente movilizador, no dejó de ejercer un influjo significativo hasta finales de siglo. Vale la pena destacar que esta herencia, por un lado, tenía claros efectos nacionalizadores, pero, por otro, funcionaba en el sentido de cuestionar el Estado existente.[245] En el caso del republicanismo, las investigaciones señalaron hace tiempo el significado central que tenía la nación española dentro de esa cultura. Ni siquiera el de corte federal o, más aún, el cantonalismo insurreccionalista de 1873 se propusieron la fragmentación de España o abogaron por el desarrollo de identidades alternativas a la española, al menos hasta la década de 1880 por lo que respecta a un sector del federalismo catalán. Con más razón puede afirmarse lo mismo de la otra gran rama del liberalismo español, la progresista. Su cultura política situaba la nación, y la soberanía nacional española, en el centro de su imaginario social. En todos estos casos, las críticas al Estado realmente existente –liberal-conservador, antidemocrático y obsesionado por el orden público, como bien señala Borja de Riquer– no se deslizaron hacia una deslegitimación fundamental de España como nación. El componente nacional no ha sido tan analizado en el caso del carlismo para este período, si bien es conocida su trascendencia en las nuevas configuraciones nacionalistas del siglo XX. Aunque en un marco de referencias políticas muy alejado de la concepción liberal del Estado-nación, también en el absolutismo se reflejó el impacto del protagonismo nacional como criterio legitimador imprescindible de su proyecto.[246]Carlistas como Magí Ferrer plantearon una vía especial de afirmación de la identidad española que les hacía reivindicar la autonomía foral como garantía «contra la democracia». De este modo, también el carlismo hizo gala de un intenso patriotismo español, lo que demuestra «la nacionalización de la derecha contrarrevolucionaria» ya hacia 1868.[247]

Ninguna de estas corrientes políticas puso en duda la individualidad de España, la existencia de la nación española, si bien existían claras divergencias en cuanto al alcance que debía tener la creación de un espacio político, legal y administrativo compartido por toda España. Estas contraposiciones se vinculaban al alcance de la movilidad social y la apertura de canales participativos que debía comportar el Estado nacional español. En este sentido, la apelación nacional se convirtió en la mejor crítica que podía hacerse al Estado moderado o conservador; y, por tanto, la presencia del conflicto político no parece que pusiera en cuestión los vínculos de identidad nacional. Más bien, podría señalarse que la presencia de ideologías en pugna, hasta una época avanzada de la Restauración, activaba dichos vínculos. En otras palabras, las culturas políticas se convierten en instrumentos o vías de nacionalización de enorme relevancia en la historia de España.

A partir de la Restauración, la trayectoria de la nación liberal eliminó la vía de la época isabelina que había permitido la identidad española de las provincias vascas a cambio de no aplicar en ellas elementos definitorios del Estado nacional. Por otra parte, la identidad española movilizadora, omnipresente en la primera mitad del siglo XIX, si bien no desapareció, se vio reformulada por la tendencia a eliminar la competitividad política y por la renuncia a la agitación política a raíz del triunfo del proyecto de Cánovas y la integración de la mayor parte del antiguo bloque revolucionario de 1868. Sería esta preferencia por desactivar los resortes de movilización y competencia en el terreno político la que a partir de 1876 y hasta 1885 impondría la nueva imagen de una nación española desmovilizada o «sin pulso», ante el poder centralista de un Estado tenido como remoto e ineficaz. Esta imagen adquiría un gran potencial político, especialmente cuando en Europa se evolucionaba hacia la época de los nacionalismos de masas. En definitiva, ni la Restauración era una simple continuación de la primera mitad del siglo, ni sus contornos pueden trasladarse a toda la centuria.

En el contexto del último tercio del siglo XIX, los grupos que forjaban proyectos políticos disidentes o mal integrados se plantearon aprovechar ciertas alternativas identitarias parcialmente diferentes de la española. La búsqueda de redefiniciones nacionales tuvo lugar, por tanto, cuando se había consolidado un consenso liberal que acabó con la esperanza, sentida durante las décadas previas, en una ampliación sustancial de la participación en la esfera pública política, y cuando los problemas del Estado y de la democracia fueron pensados en clave de integración nacional. No hay duda de que en las dos últimas décadas de la centuria el panorama de las interpretaciones identitarias experimentó, a escala del discurso y de algunos movimientos intelectuales y sociales, un realineamiento apreciable. Algunas corrientes comenzarían a enfocar el que hasta entonces había sido un componente regional de la identidad española. Al hacerlo, destacaban, de modo enfático y unilateral, pero con cobertura cientifista y sentimental a la vez, sus aspectos positivos mediante una combinación de tradición estilizada y expectativas de capacidad integradora, eficacia y modernidad que, en cambio, le negaban al Estado nacional español, o incluso a la misma nación española, supuestamente decadente.[248]El Estado español sería reinterpretado como un agente artificioso, alejado de las inquietudes del pueblo y sobre todo ineficaz. Se podría por tanto señalar que no siempre estaba asegurado el reforzamiento mutuo de la doble identidad, que había funcionado en la época anterior a la Restauración.

Un ejemplo de la importancia que para el estudio de la nacionalización tiene una perspectiva atenta a las dinámicas de la sociedad civil es el trabajo de Martín Rodrigo, editado en este libro. Este autor discute una historiografía catalanista que concibe la historia de Cataluña a partir de la oposición al Estado español, supuestamente centralista e inoperante. Para ello analiza el grado de implicación de este territorio en relación con el colonialismo y la política colonial española de la segunda mitad del siglo XIX: tres momentos de euforia colonialista (Cuba, 1869; Carolinas, 1885, y la guerra de Melilla, 1893), el surgimiento de asociaciones en defensa de los intereses catalanes en Cuba (Círculo Hispano Ultramarino) y la constitución de dos empresas que se beneficiaron de las fuentes de ingresos generadas por la economía cubana y filipina (Banco Hispano Colonial y la Compañía General de Tabacos de Filipinas, ambas domiciliadas en Barcelona).

Como había sucedido en la guerra de África (1858-1860), el «grito de Yera» embarcó a la sociedad barcelonesa en la organización y financiación, a través de suscripciones populares, de batallones de Voluntarios. En total fueron unos 3.600 hombres los enviados a Cuba en 1869, cifra que triplicaba el número de quintos que la provincia de Barcelona debía enviar a la isla. Esta operación fue impulsada por hombres de negocios, implicó a las autoridades locales y contó con un masivo apoyo popular. La despedida del Primer Batallón fue un destacado acto de masas, que perduró en la memoria colectiva de los barceloneses. Como señala Martín Rodrigo, cada vez que se cuestionó la dimensión colonialista del Estado español, los ciudadanos de Barcelona (y de Cataluña) fueron capaces de movilizarse en demostraciones de un marcado y agresivo patriotismo español, a la vez inequívocamente arraigado en la diferenciada identidad catalana, lo que llevaba a no aceptar soldados no catalanes en estas unidades. Era una identidad española que se manifestaba, a la vez, como forma de plasmar por vías organizativas y simbólicas la identidad diferente de Cataluña. En 1885, las pretensiones alemanas hicieron aflorar un sentimiento nacionalista español por todo el país. En Barcelona, la iniciativa movilizadora procedió de la sociedad civil (entidades empresariales) y se organizó una multitudinaria manifestación en defensa de la integridad nacional, cinco meses después de que se presentara ante Alfonso XII la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, conocido como Memorial de Greuges. Fue una fiesta de afirmación nacionalista española, a la que no faltaron ni el Centre Català ni Valentí Almirall. Almirall, padre del catalanismo político, formó parte de la comisión que redactó el manifiesto unitario de defensa de la dignidad de la patria española. En aquellas fechas, por tanto, el catalanismo político no se expresaba como una ideología opuesta, ni siquiera alternativa, al patriotismo español. El clima patriótico, nacionalista, volvió a repetirse con ocasión de la guerra de Melilla en 1893 y el embarque de Weyler hacia Cuba en 1896. En definitiva, las empresas colonialistas de la segunda mitad del siglo XIX suscitaron una amplia movilización ciudadana en Barcelona y, en ese contexto de apoyo a las formas más agresivas del colonialismo español, no hubo indiferencia popular. El doble patriotismo, el cultivo de lo propio y la adhesión a la idea de nación española, fue una vía de nacionalización española durante buena parte del siglo. De este modo, la defensa del imperio y la política imperialista española resultaron esenciales en la construcción de la identidad nacional española.

Si las iniciativas imperialistas eran capaces de generar tanto amplios consensos políticos como movimientos populares aún más amplios,[249] la supuesta debilidad de la nacionalización española en un espacio tan relevante como es Cataluña (bien significativo para el debate historiográfico) necesariamente debe ser discutida. Más aún, permite reflexionar sobre dos cuestiones presentes en aquel debate. Por un lado, la inserción de territorios con peculiaridades propias (historia, lengua, tradiciones) en el Estado liberal. Por otro, el interés de las elites del Estado por nacionalizar a la sociedad.

Respecto a la primera cuestión, el trabajo de Martín Rodrigo no deja lugar a dudas sobre la adecuación o complementariedad entre el Estado español y los hombres de negocios residentes en Barcelona en materia de política colonial. Ésta no se vivía como ajena, sino que por el contrario reflejaba intereses y propuestas articulados desde Cataluña. Las elites interesadas en la explotación de los recursos coloniales supieron y lograron asociarse –Círculo Hispano Ultramarino, fundado en 1871–, imponer la vuelta de la Monarquía y de un régimen conservador afín a sus expectativas y conseguir que el Estado finalmente asumiera como propias sus demandas de establecimiento de una línea regular de vapores entre España y Filipinas –obtenida en 1879–, el desestanco del tabaco en este archipiélago –conseguido en 1881– y una política que favoreciera el aumento de las exportaciones a la misma colonia, que el arancel de 1891 iba a permitir.

Es importante considerar esta cuestión cuando se alude a las limitaciones de la política unificadora del Estado y, en concreto, a la necesidad que tuvo éste de pactar con las elites regionales. La pregunta que cabe formularse es precisamente si la complementariedad entre uno y otras debe interpretarse como limitación o más bien como un logro de ambas partes.

Ésta es la reflexión que se desprende del trabajo de Coro Rubio sobre el País Vasco y su inserción en el Estado liberal. La doctrina liberal del Estado propugnó un modelo centralista y uniformizador que, por un lado, acabara con los particularismos del pasado y, por otro, potenciara la creación de una forma única y homogénea de administración del territorio.[250]Más allá de la ineficacia en la persecución de estos objetivos, Coro Rubio llama la atención sobre la flexibilidad del Estado, y la prueba de ello fue precisamente el País Vasco. En este caso, el Estado moderado ni fue tan rígido, ni tan sistemáticamente centralista y uniformizador como el modelo teórico parece suponer. Entre la doctrina y la praxis existió una distancia que abrió posibilidades diversas de encaje constitucional para el particularismo vasco. A ello contribuyeron el tratamiento de la cuestión colonial en las constituciones del segundo tercio del siglo XIX; la práctica administrativa y normativa gubernamental, que introdujo el principio de excepcionalidad en la aplicación de las leyes; la interpretación de la unidad constitucional del Estado que se impuso desde 1839 hasta mediados de la década de 1870, y el desenvolvimiento de la vida política, con la figura foral de los comisionados en Corte. De este modo, la debilidad del Estado no parece explicación suficiente de la pervivencia de la foralidad vasca en el seno del Estado liberal. Fue el propio Estado el que ofreció vías de inserción de aquel particularismo y fueron sobre todo los moderados quienes más confiaron en las instituciones forales para administrar las tres provincias. Unos y otros, moderados y fueristas, compartían, además de la sintonía política, unos intereses específicos –frenar el progresismo y mantener el control del poder– y un ideal de orden social que el País Vasco parecía encarnar. Los moderados en particular aceptaron una lectura administrativa de la foralidad, presentada por el fuerismo como un sistema perfecto de gobierno, que combinaba de modo ejemplar los principios de orden y libertad.

La aceptación del sistema foral que, no obstante, fue sometido a recortes sustanciales, ¿debilitó la construcción de la identidad nacional española en las tres provincias vascas? Coro Rubio argumenta que el fuerismo elaboró un discurso de nación española específico. Lejos de expresar ésta un vínculo horizontal entre ciudadanos iguales, los fueristas defendieron una concepción que identificaba la nación con el Estado y la Monarquía. Así, cuando afirmaban la españolidad de los vascos expresaban con ello su lealtad al Estado/Monarquía. El discurso identitario fuerista subrayaba la singularidad del pueblo vasco, basada en la historia, la lengua, el catolicismo y los fueros. Como máximo exponente de lo español, este discurso no implicaba la más mínima mengua de su españolidad. La afirmación de ésta fue consustancial a la de su identidad vasca. En definitiva, el fuerismo puede y debe entenderse como un doble patriotismo, un instrumento que favorecía una doble lealtad, que permitía reconocerse a la vez como miembros de la comunidad singular y de la «gran familia española», cuya unidad nunca fue cuestionada en este período.[251]

Para esta historiadora, el discurso articulado en torno a la españolidad de los vascos cumplió una doble función: por un lado, expresar y difundir la aceptación del marco nacional y la inserción de estas provincias en el Estado liberal, y, por otro, defender la foralidad. En este sentido, se podría interpretar como un medio, una vía de «transmisión tanto de una identidad nacional, la española, como, a la vez, de otra étno-regional, la vasca», como sugiere Fernando Molina.[252]¿Cuál de los dos aspectos, la exaltación de lo propio o la incorporación a la nación española, era el más relevante? La discusión de la historiografía vasca se ha trasladado a este plano. Coro Rubio señala que aquel discurso no sirvió ni como mecanismo para la interiorización de la identidad nacional española, de sus contenidos políticos y culturales, ni mucho menos como instrumento del nacionalismo español. Por su parte, Fernando Molina sostiene que fue un vehículo para resaltar los vínculos con la nación española.[253]En cualquier caso, y para lo que aquí nos interesa, tampoco el País Vasco, con su rotundo particularismo, quedó al margen del proceso de construcción de la identidad nacional española.

¿Impulsaron las elites españolas el proceso de nacionalización? Durante un tiempo se consideró evidente el desinterés de las elites liberales por la nacionalización española. Pero José Álvarez Junco ha mostrado el esfuerzo nacionalizador llevado a cabo por esas elites y por el Estado, especialmente a partir de mediados del siglo XIX: «Si la vida política –si la vida– no fuera tan dura, poco antes de 1898 se podría haber dicho que la construcción de la identidad nacional llevada a cabo en España en el siglo precedente se había completado con un grado razonable de éxito».[254]En efecto, hacia mediados de la década de 1860 se había completado la fase inicial y fundamental de creación de esa identidad, a través de la historia, la literatura, la pintura, la música, la arqueología o la antropología. Este proceso había sido resultado esencialmente de iniciativas privadas o semi-privadas.

Justo Beramendi llega a una conclusión similar cuando analiza las actitudes de ideólogos y actores políticos en la Galicia del siglo XIX: «durante todo el período isabelino la nación española, descontados los patriotas absolutistas en retroceso, reinaba sin rival en el universo mental de todos aquellos gallegos a quienes les preocupaba la política (...) Y esto incluso se acentuó en el agitado sexenio 1868-1874». Pese al surgimiento del provincialismo en la década de 1840, éste no cuestionó en ningún momento la pertenencia de Galicia a la nación española. Además, el impulso nacionalizador español se acrecentó en el último cuarto del siglo XIX. Al tiempo que se intensificaba el componente nacionalista-centralista del liberalismo en su conjunto, las dos tendencias principales del galleguismo finisecular, la liberal y la tradicionalista, profesaron «un regionalismo estricto que en bastantes casos y ocasiones cabe calificar además de fervientemente españolista». En 1898, la nación española no tenía rivales en suelo gallego.[255]

A partir de estos estudios centrados en regiones «periféricas» con particularidades históricas y culturales indudables, donde supuestamente el Estado liberal habría tenido mayores dificultades de penetración y donde el proceso nacionalizador habría sido mucho más frágil, puede afirmarse que los planteamientos en torno a la debilidad en la construcción de la identidad nacional española parecen hoy, quince años después de la propuesta de Borja de Riquer, difíciles de mantener.[256] No obstante, llegados a este punto valdría la pena rastrear las implicaciones sociales y políticas de esa construcción, sus modalidades y manifestaciones diferenciales en el espacio y en el tiempo. En el proceso de asentamiento del Estado nacional y con ritmos diversos de cohesión de las nuevas jerarquías sociales en cada periferia, ¿qué sentido se daba a la común identidad española? ¿Se otorgaban significados compatibles a la comunidad imaginada que era España en todos los territorios, tanto en aquellos que habían experimentado procesos intensos de cambio social y económico como en aquellos en los que no se había conseguido constituir un consenso hegemónico en torno a las transformaciones propugnadas por el liberalismo mayoritario dentro de España? ¿El patriotismo español era uniforme?

La historiografía española de los últimos años en torno a las identidades regionales ha abierto una reflexión sumamente sugerente para pensar la nación española. Según ha señalado Xosé Manoel Núñez Seixas, las identidades regionales no son fenómenos necesariamente contrapuestos a la construcción de las naciones. Serían fenómenos complementarios, en la medida en que la nación no es objeto de experiencia primaria, viene a la vida en la esfera local, en la vida cotidiana, en las decisiones de la gente; ambas identidades se moldean mutuamente y en este juego de implicaciones la nación adquiere diferentes significados locales.[257]

En este sentido, los trabajos sobre el País Vasco y Cataluña editados en este libro permiten esbozar dos modelos específicos de creación de la identidad nacional española, a partir de la plasmación concreta de las relaciones entre el Estado y las específicas estructuras sociales y políticas de cada región. En el primer caso, el cambio social impulsado por el liberalismo del Estado careció de consenso hegemónico y las oligarquías locales lograron reafirmar su control a largo plazo. Ello tendió a reforzar la comunidad regional como española, pero en un marco heterogéneo que dotaba a la españolidad de los vascos de un significado específico. En el segundo caso, la construcción de un espacio histórico-político autorreferencial, Cataluña, permitió rehacer una supuesta armonía interna, a base de reducir el campo de actuación compartido con el Estado y de acentuar aquellos aspectos considerados bien como una aportación propia y singular (la modernidad representada por la industria), bien como núcleos de un supuesto agravio.

En el caso vasco, parece haber un consenso historiográfico básico respecto a la pervivencia de unas oligarquías mayoritariamente procedentes de la propiedad de la tierra, que lograron reafirmar su control del cambio social y consiguieron absorber tanto a grupos burgueses del comercio y la industria como a partidarios de un liberalismo más progresista. La vía para todo ello fue el mantenimiento de un renovado sistema foral y la elaboración de un discurso sobre la identidad vasca, que, sin cuestionar la nación española, definió la lealtad nacional en términos poco acordes con las propuestas del liberalismo español en su conjunto.[258]

El encaje constitucional para el particularismo vasco, analizado por C. Rubio, se tradujo, en cuanto a la estructura del Estado, en la acomodación de las leyes generales a las especiales características de la región. Se aceptó el traslado de las aduanas a la costa, se avanzó en la organización de la justicia según la planta general del Estado, la organización de la Capitanía General como en el resto de la Monarquía y la presencia de la Guardia Civil, de los consejos provinciales –aunque a partir de 1856 muy controlados por las autoridades vascas– y de los jefes políticos o gobernadores civiles (aunque se estableció uno solo para las tres provincias). A cambio se logró el reforzamiento de las diputaciones y juntas forales, con la consiguiente ampliación de su ámbito jurisdiccional respecto a los ayuntamientos y el reconocimiento de su exención tributaria y de quintas, suprimida en 1876. Si bien se aplicó la desamortización de Madoz, a pesar del rechazo general en el Bienio progresista, el liberalismo conservador de la Unión Liberal permitió, en 1862, que las diputaciones forales obtuvieran el control de las juntas de ventas de bienes desamortizados. De igual modo se estipuló el control foral de las comisiones provinciales de estadística y de las juntas de instrucción pública. Por último, además de conseguir el establecimiento de una diócesis vasca, se obtuvo de los moderados que las diputaciones forales sostuvieran por su cuenta la dotación de culto y clero, y que se siguiera cobrando el diezmo. No obstante, éste sólo se cobraría de forma generalizada en Guipúzcoa, excepto San Sebastián y su área de influencia. Las pugnas sobre gran parte de las disposiciones fundamentales del Estado liberal son estudiadas por Enriqueta Sesmero en el trabajo que aquí se incluye.

La absorción de grupos sociales procedentes del comercio y de la industria bajo la hegemonía de la oligarquía propietaria implicó una serie de remodelaciones de los canales de representación en las instancias forales. En unos casos, esta representación se vio incrementada al concederse expresamente a unidades de población que antes carecían de este derecho, así como la posibilidad de obtener voz y voto en las juntas particulares (Álava). Otras veces, como sucedió en Álava y Guipúzcoa, se permitió el acceso de los abogados como procuradores de hermandad o a los cargos municipales –base de las juntas generales–, siempre que reunieran las demás cualidades exigidas por el fuero, es decir, poseer hidalguía y millares, suprimidos en 1871. Finalmente, las autoridades de Vizcaya reformaron los requisitos para acceder al cargo de diputado del Señorío: se rebajó de 45.000 reales a 12.000 la renta anual procedente de la propiedad o usufructo de fincas en Vizcaya. La rebaja censitaria era compatible con el mantenimiento de los otros dos criterios. Igualmente, para ejercer un cargo de diputado general, regidor o síndico se debía ser natural del señorío y estar avecindado según el fuero en él. Estos cambios de la década de 1850, llamativamente limitados en la época del liberalismo, ampliaron, no obstante, las posibilidades de participación, pero no lograron satisfacer a todos los sectores burgueses. San Sebastián protagonizó durante algunos años una resistencia que la condujo a apartarse de la provincia de Guipúzcoa. Bilbao propuso, en 1866, que se alterase el sistema de representación en las juntas generales y se introdujese un método proporcional al número de habitantes de cada población con asiento en las juntas.

El análisis que realiza Enriqueta Sesmero sobre el régimen foral en Vizcaya pone de manifiesto tanto la oligarquización del marco político como el consenso establecido por las elites vizcaínas frente a la acción del Estado. Este consenso, que les garantizaba el mantenimiento de su posición socioeconómica, permitió el reacomodo de notables locales carlistas en los mecanismos institucionalizados de poder. Las causas fueron diversas: desde la necesidad de hacer efectiva la gobernabilidad del territorio después de la Primera Guerra Carlista hasta la propia dinámica de negociación con el Estado, que obligaba a hacer causa común y procurar la estabilidad interna, pasando por los intereses de la alta burguesía mercantil, que deseaba abrir amplios cauces a sus intereses. Todos estos grupos coincidían en el uso del pretendido igualitarismo de la ideología foral para evitar los desórdenes sociales. El consenso, sin embargo, no estaba exento de contradicciones que finalmente estallaron en las décadas de 1860 y 1870, a partir del Real Decreto de 21 de octubre de 1866, que preveía la desaparición de los ayuntamientos con menos de 200 vecinos y la reorganización de las atribuciones consistoriales.

En este contexto, ¿cuál fue la relación política con el Estado nacional español? Parece que las autoridades vascas minimizaron el vínculo con el componente nacional del Estado: las provincias vascas no se incorporaron al sistema fiscal ni al militar, mantuvieron en la administración interior criterios participativos claramente antiliberales, contribuyeron a demorar –con el beneplácito de los moderados– la adaptación de los fueros a la ley magna y, por último, privilegiaron un vínculo de encaje con España que tenía mucho de prepolítico y preliberal, al fijar un nexo especial con la Corona. En efecto, el principio liberal de la nación representada en las Cortes era en la práctica minado en el caso vasco. Su vía de negociaciones era el ejecutivo y la Corona, lo que marginaba el espacio parlamentario y recreaba un vínculo de súbditos leales a la Monarquía, presentada a su vez como protectora del régimen foral. La proclamada identidad española del vasquismo foral, por tanto, no acababa de encontrar una expresión institucional y política que la materializara en la época de la solidaridad horizontal de los Estados nacionales. Lo que hubo fue un cierto equilibrio que se rompió mediante el progresivo giro hacia posturas cada vez más hostiles al liberalismo y, desde luego, con la insurrección que derivó en la guerra carlista, iniciada en 1872.

Junto al sistema fiscal –ya analizado en el apartado anterior–, el discurso sobre la identidad vasca impulsó la cohesión interna. Las elites vascas buscaron fortalecer los lazos políticos interprovinciales en sus negociaciones y representaciones con el ejecutivo y la Corona, y fomentaron la celebración de conferencias forales. Se presentaban ante el Estado como una comunidad que tenía unos intereses específicos, políticos, sociales y culturales. Una comunidad que llegó a definirse, en la época de los procesos de unificación en Europa, como «nacionalidad». En 1864, Pedro Egaña contestó, ante la extrañeza de los senadores por haber utilizado dicha expresión al referirse a las provincias vascas: «siendo aquellas provincias parte de España, no había de hablar de una nacionalidad distinta a la española; pero como dentro de esta gran nacionalidad hay una organización especial que vive con su vida aparte, por eso usaba la palabra».[259]Se trató también de desarrollar una identidad regional, entonces compatible con la española, mediante un discurso al servicio de la foralidad y un conjunto de acciones destinado a divulgar entre la población ese código identitario.

La nación como comunidad imaginada «se concibe siempre como una profunda camaradería horizontal», ha afirmado B. Anderson. Implica, pues, sentirse concernido, aludido e interpelado y colaborar en los esfuerzos comunes. ¿Se sintieron concernidas las elites vascas? ¿Impulsaron los vínculos horizontales definitorios de las identidades nacionales? No resulta fácil responder adecuadamente para este período. En cualquier caso, habría que responder con cautela ante lo acaecido en 1859, con la guerra de África, y en 1868, con la de Cuba. En ambas coyunturas hubo encendidas manifestaciones de patriotismo español. La ayuda de 1859 consistió en un donativo de cuatro millones de reales y una brigada de cuatro tercios de tres mil hombres, armada y equipada por las tres provincias y mantenida por el Estado cuando salieran del territorio vasco. No se consiguió que los jefes y oficiales fueran naturales de las provincias, pero se introdujeron en el uniforme y en las banderas distintivos propios. En 1868 la iniciativa de participar en la defensa de la isla surgió de la Junta de Comercio de Bilbao y, finalmente, las diputaciones decidieron colaborar con un cuerpo de voluntarios armado y transportado por el Gobierno y con la bandera del país con el lema Irurac-bat (Tres en uno). Según C. Rubio, fueron maniobras «para alejar sospechas sobre el régimen foral y mostrar su utilidad y eficacia en caso de guerra».[260] Dado el clima de exaltación nacionalista que acompañó la aventura exterior de mediados del siglo XIX, lo que más llama la atención es el conjunto de excepciones de las provincias forales, al tiempo que éstas se mostraban, por otra parte, retóricamente españolas.

En el caso de Cataluña, el proceso de cambio social propugnado por el liberalismo tuvo una entidad y alcances muy distintos al vasco. Además, fue un proceso profundamente disputado, que se vinculó desde sus orígenes a un claro cambio de la composición social del personal político y que impulsó una intensa movilización social entre los dos bandos contendientes, el liberal y el carlista.[261] El liberalismo catalán expresó, como ha señalado Fradera, una identificación plena con la nación que se quería construir en las Cortes de Cádiz. Esa identidad nacional española, por otra parte, fue un importante factor de movilización en los años treinta entre el radicalismo de la Cataluña urbana.

Los grupos burgueses tomaron conciencia de las profundas escisiones que el cambio revolucionario había provocado en la sociedad catalana. No sólo se trataba de la dureza de la conflictividad social de los años 1835-1843; estaban también los costes de la industrialización, que mostraba su cara más amarga, y el arraigo carlista y republicano, que podía desequilibrar y cuestionar la estabilidad de la sociedad burguesa. Se produjo entonces una revisión de los fundamentos sociales y culturales de la nueva sociedad, de la que surgió una recuperación selectiva del pasado regional. Era éste un patriotismo catalán, fruto de la labor cultural e intelectual de los hermanos Milà i Fontanals, el grupo en torno a Mañé i Flaquer o el Diario de Barcelona, que no se construía frente al Estado-nación.[262]

La gravedad de los problemas abiertos, tanto por el proceso revolucionario liberal como por la dinámica industrializadora, impulsó la creación de un discurso de búsqueda de la armonía interna, cuyo sujeto prioritario era Cataluña. La referencia regional, compatible por supuesto con la identidad nacional española, pretendía ser el espacio de sutura de las grietas sociales y políticas. Pero reclamaba el protagonismo mediador de las elites regionales y acentuó la especificidad catalana frente al resto de España. Se impuso una perspectiva que situaba los puntos de tensión con el Estado en el orden público, los intereses económicos y la mitificación de algunas cuestiones, como el derecho civil propio.

Las elites surgidas de esa doble dinámica de cambio social y político aspiraban a influir en la política gubernamental en el conjunto de España, a diferencia de las vascas. Sin embargo, su presencia en el personal político fue tan reducida que incluso se ha llegado a hablar de «un cierto retraimiento».[263] De este modo, habría habido una imposibilidad para penetrar en la red de intereses oligárquicos que sustentaban el Estado liberal. Al mismo tiempo, el mundo conservador evolucionó en un sentido particular, al estar sometido desde el período revolucionario liberal a una fuerte presión democratizadora, agudas amenazas sociales y dificultades para controlar los efectos del cambio político y de la industrialización. Todo ello alimentó una conciencia agónica del mundo en que vivía, expresada culturalmente, y una desconfianza ante las soluciones preconizadas por el Estado.

Se desarrolló un comportamiento regional particular, cuyo dinamismo, según señala Fradera, procedía de la necesidad de negociar el significado de la posición de Cataluña en el conjunto nacional español.[264] Una posición que generó tensiones, pero no rupturas. Esas negociaciones se desplegaron en campos tan esenciales como la protección del mercado nacional, la formación del mercado laboral o la política de orden público, entre otras muchas.[265] Estas reivindicaciones generaron tensiones, pero no rupturas. La identificación de los liberales catalanes con el proceso de construcción del Estado español está fuera de dudas. Sólo en el contexto de la Restauración, en el paso del siglo XIX al XX, emergerá de la cultura del doble patriotismo una visión nacionalista, de ruptura con el esquema regional que había dominado la política catalana hasta entonces.

En definitiva, el proceso social de construcción de la identidad española no fue homogéneo en todo el territorio español, precisamente porque el agente nacionalizador era ante todo una sociedad civil también diversa. No todos los grupos dirigentes, aunque impulsaran el doble patriotismo, fortalecieron de igual modo y con el mismo alcance los diversos componentes de la identidad nacional española. Es decir, mantuvieron divergencias a la hora de valorar los factores positivos de esa identidad y tampoco coincidieron en cuanto a los elementos que representaban mayor dificultad desde el punto de vista de la estabilidad social de ciertas periferias. Por lo que respecta a los sectores populares, la investigación es manifiestamente insuficiente. En cualquier caso, habría que cuestionar un modelo de nacionalización de arriba hacia abajo, o descendente, desde el punto de vista de las jerarquías sociales, al tiempo que se deberían valorar las vías de desarrollo de la identidad nacional española abiertas por la revolución liberal y la politización que acompañó el triunfo del liberalismo. Ciertamente, el discurso de la nación española formaba parte del programa de los grupos dirigentes liberales, pero fue igualmente usado desde abajo y de manera consciente. Por lo que sabemos, resulta simplificadora la idea de unos discursos y de unas prácticas simbólicas impuestos desde arriba sin el concurso, por supuesto complejo, pero nunca pasivo, de estratos amplios de la población urbana e incluso rural.[266] En cualquier caso, el avance en estos problemas muestra un cambio de perspectiva destacado en consonancia con la historiografía europea.[267] La difusión de la identidad nacional del Estado no descansaría tanto en un proceso unidireccional desde arriba, de sustitución de lealtades anteriores, como en la creación de patriotismos locales y regionales promovidos desde abajo, aunque jerarquizados en torno a la nación española hasta bien entrado el siglo XIX.

El Estado, ¿agente nacionalizador?

Como hemos señalado, en aquel modelo interpretativo global sobre el siglo XIX, la acción del Estado adquiría un significado fundamental. A través de la enseñanza, el ejército, la política simbólica o la administración central, el Estado del siglo XIX debería haber protagonizado un sólido y continuado proceso nacionalizador, como hicieron otros Estados europeos de la época. Pero, tal y como apunta Álvarez Junco, «fue sin embargo un participante relativamente secundario».[268] Sometido a una crónica penuria financiera y a una aguda inestabilidad y falto de voluntad política, no pudo desplegar influencias beneficiosas para la construcción de la unidad nacional.

En este campo del debate historiográfico hay más hipótesis de trabajo que investigaciones contrastables. Nos vamos a referir a dos instancias de nacionalización indiscutibles en el siglo XIX, la enseñanza y el ejército. A tenor de las interpretaciones convencionales, la primera tendría que haber sido un medio de homogeneización cultural; el segundo debería haber sido el vehículo adecuado de difusión de valores asociados a la identidad nacional, de su articulación social y geográfica. En la práctica, según estos planteamientos, ambos actuaron como factores retardatarios del proceso de construcción nacional.[269]

La afirmación según la cual la enseñanza obstaculizó dicho proceso sigue siendo una hipótesis de trabajo todavía no fundamentada, en la medida en que se han estudiado aspectos generales del problema, por ejemplo, la legislación educativa o las relaciones entre el Estado y la Iglesia, pero no hay análisis suficientes sobre el proceso educativo desde abajo: quiénes, qué y cómo enseñaban y cuántos y quiénes eran los educandos. A este respecto, es significativo que se carezca de estudios sobre los institutos provinciales de las grandes capitales españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia, por no mencionar la ausencia de investigaciones sobre la primera enseñanza y su grado de aceptación social.

Desde una perspectiva comparada, suele considerarse que la posición de la Iglesia y del Estado es un elemento fundamental que condiciona la configuración de los sistemas educativos nacionales. Donde hubo una Iglesia más o menos oficial, sostenida por el Estado, como en Inglaterra, Francia, Italia y España, el sistema educativo ofreció un menor grado de desarrollo, al menos en lo que a la escolarización de las clases trabajadoras y bajas se refiere.[270]

Se parte también de un a priori según el cual la preeminencia de la Iglesia en el sistema educativo debe interpretarse como un signo de debilidad nacionalizadora. ¿Inhibió la Iglesia el fomento de valores asociados a la nación? Como ha recordado Maitane Ostolaza, la Iglesia no ha permanecido necesariamente tan al margen de los procesos de nacionalización en Europa. Por ejemplo, en la secularizada Francia, la Iglesia continuó ejerciendo un papel de primer orden en el ámbito educativo y hubo múltiples concomitancias entre la escuela pública y la privada católica en cuanto a contenidos, métodos y modos de organización; y entre 1850 y 1867, la libertad de enseñanza favoreció de hecho a la Iglesia católica. En Inglaterra, la mayor parte de las escuelas primarias estuvo en manos de grupos filantrópicos, dependientes en su mayoría de la oficial Iglesia anglicana, y de confesiones no oficiales sin que por ello se cuestione el carácter nacional del sistema educativo ni la función nacionalizadora de la escuela.[271] Sin contar con el hecho de que las innovaciones planteadas por los liberales españoles durante las Cortes de Cádiz no se discutirían políticamente en Inglaterra hasta 1861 y sus efectos sólo se materializarían con la promulgación de la Education Act de 1902.

En España, fue el liberalismo el que consideró la educación un asunto de interés nacional. La génesis del sistema educativo nacional se produjo entre 1834 y 1857, bajo los principios rectores de la secularización, uniformidad y centralización. Fue entonces cuando se crearon las comisiones de instrucción primaria provinciales, de partido y de pueblo, dependientes del Ministerio de Fomento (1834); la Dirección General de Instrucción Pública (1846), que concentró la toma de decisiones, o el cuerpo de inspectores de enseñanza primaria (1849). Sucesivos planes de estudio regularon la estructura del sistema educativo y establecieron los contenidos y la organización en los tres niveles de la enseñanza, de manera que lo que hizo la ley Moyano de 1857 fue consolidar las reformas anteriores. Desde un punto de vista legal, el sistema educativo español no se construyó con retraso respecto a otras experiencias europeas.[272] En cualquier caso, parece evidente que la educación no fue un ámbito de interés prioritario para el Estado liberal. Hubo que esperar hasta 1900 para que se estableciera el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, mientras que Francia lo tuvo en 1830, Cerdeña-Piamonte en 1848 y Reino Unido y Portugal en 1870.

Para especialistas como Antonio Viñao, aquel sistema se caracterizó por la debilidad y un relativo retraso en la materialización de las leyes que obedeció a dos causas: por una parte, la situación heredada del pasado, a la que se unió el marasmo provocado por la Guerra de la Independencia y los conflictos políticos y militares de las décadas siguientes –así, los niveles de escolarización alcanzados en 1797 no se volverían a repetir hasta 1831–; por otra, y sobre todo, la alianza con la Iglesia, cuyo control sobre la definición de la ortodoxia religiosa de cualquier enseñanza y el derecho de inspección sobre toda ella quedó asegurado por el Concordato de 1851, aunque no definía claramente la potestad de los obispos sobre la materia.

¿Significa esto que el Estado perdía su primacía como garante del sistema educativo? Desde el punto de vista de la legislación, no parece que fuera así. El Plan Pidal de 1845, que estableció el organigrama institucional de la educación pública –la instrucción primaria recaía en los municipios, la secundaria en las provincias y las universidades dependían del Gobierno– y reguló la segunda y la tercera enseñanza, se decantó sin resquicios por el monopolio estatal: uniformidad de asignaturas, manuales y métodos de evaluación, bajo el auspicio de la Dirección General de Instrucción Pública; la enseñanza privada, que requería autorización expresa del Gobierno, debía someterse a estas directrices y sus alumnos sólo podían ser examinados en los establecimientos oficiales. El Plan Pidal fue objeto de dura crítica por parte de Balmes y años después por Menéndez Pelayo, quienes no perdonaban su sesgo secularizador, uniformista y estatalista.[273] Las reformas introducidas a raíz del Concordato fueron suprimidas en el Bienio Progresista, de manera que cuando en 1857 Moyano planteó en el Congreso la Ley de Bases, la oposición más intensa corrió a cargo de los neocatólicos, empeñados, sin éxito, en la efectividad del Concordato. La Ley Moyano de 1857, que abarcaba los tres niveles de enseñanza, fue, en líneas generales, una puesta en orden del Plan Pidal y de anteriores medidas en este campo, y, en consecuencia, del mantenimiento del monopolio estatal.[274] La intervención eclesiástica, indica Viñao, se limitó a la fijación del catecismo, la declaración previa de ortodoxia para las obras de religión y moral y la obligación gubernamental de dar cuenta a las autoridades eclesiásticas de los libros para ejercicios de lectura en los de primera enseñanza; «es decir, bien poco en comparación con las propuestas neocatólicas, y mucho menos en la práctica, si como se apuntaba en 1892, esta última norma, además, había caído en desuso y no era cumplida».[275]

El sostenimiento de la enseñanza primaria correspondió desde el Plan Pidal a las corporaciones municipales. No fue una excepción en Europa. Así lo hizo la ley Guizot de 1833, la belga de 1842 (que, además, dispensaba a los municipios de erigir una escuela pública si ya existía una privada), la del Piamonte de 1848 y la de 1859 que se aplicaría a toda Italia. En 1870 Gran Bretaña estableció unas oficinas locales de escolarización, responsables de la creación y el mantenimiento de las escuelas públicas donde la oferta confesional no bastase.[276]

De este modo, la trayectoria de la enseñanza primaria en España se inscribe en unas consideraciones de la sociedad decimonónica que trascienden las fronteras estatales. Esta enseñanza no se entendía como ámbito de actuación del Estado, sino como un espacio privado cuya responsabilidad era atribuida a la familia. Era su iniciativa la que debía impulsar la instrucción en el hogar, según sostuvieron muchos liberales del siglo XIX. A mediados de la década de 1870, un intelectual tan señalado como Gumersindo de Azcárate mostraba su admiración por el sistema inglés, «donde la que llamamos primera enseñanza la reciben los hijos de sus madres entre las clases ilustradas». Azcárate sostenía que, si bien «la escuela tiene sus ventajas»,

en este primer período de la educación, no importa tanto el instruir como el despertar y desarrollar aquellas facultades llamadas por la voz de Dios y de la naturaleza a dar mejores frutos (...) ¿Y quién puede sustituir en esto al interés de los padres, que estudian constantemente las inclinaciones de su hijo, las dirigen y desenvuelven, preparándole para que cumpla su destino en la tierra?[277]

El problema estribaba en que la educación de la mujer, responsable para muchos liberales españoles de formar verdaderos ciudadanos y patriotas (masculinos, se entiende), o para muchos católicos de transmitir los valores morales y religiosos imprescindibles del orden social, era deficitaria en España. La legislación sobre la enseñanza de niñas fue temprana, si bien su desarrollo chocó con unas visiones y tradiciones muy difundidas también en Europa: aquellas que entendían la escritura y la enseñanza como innecesarias, indeseables e inútiles.

Las causas de la menor escolarización y alfabetización de las niñas fueron diversas: como mínimo, a la altura de 1860 la mitad de los municipios no disponían de escuelas mixtas o de niñas; sus ocupaciones en las economías rurales de la España del siglo XIX y el trabajo que desempeñaban para sus familias, o, en fin, la menor financiación pública de las escuelas de niñas; un déficit que, sin embargo, era compensado por los padres. Ello indica que había una demanda de escuelas para niñas para que aprendieran los deberes de su sexo. Una demanda que no fue respondida con mayor gasto municipal, ni con un mucho menor grado de segregación de la escuela.[278]

La Ley de 1857 implantaba los principios esenciales del Estado liberal en materia educativa: gratuidad limitada para la primera enseñanza elemental, obligatoria para los niños y niñas de seis a nueve años; homologación de planes y titulaciones, y secularización. Correspondió a la Administración central «la inspección del profesorado y edificios, materias, contenidos y textos de la Primera Enseñanza, ya que este nivel resultaba básico para todos los ciudadanos e indispensable para la articulación nacional».[279]

La voluntad de impulsar la identidad nacional española a través del establecimiento del castellano como lengua de escolarización y de los manuales de geografía e historia parece que tuvo más relevancia de lo que hasta ahora se había considerado.[280]En el Sexenio Democrático se modificaron los planes de estudios de la Segunda Enseñanza, que introdujeron el «estudio profundo de la lengua patria que hoy se olvida por el de la gramática latina» y la ampliación de los estudios históricos (arte, derecho e historia españoles).[281]Si la difusión del castellano encontró, de todos modos, dificultades, especialmente en las zonas rurales de las áreas con presencia de otra lengua, no puede decirse lo mismo respecto a los libros de texto de esas asignaturas, cuya presencia estaba reconocida en los planes de estudio de la enseñanza primaria y secundaria.[282]Por otra parte, aquel impulso se retomó tardíamente en la Restauración, al menos desde un punto de vista legal. Se trataba de crear desde la escuela un fuerte sentimiento nacional, basado en una identidad colectiva común y unitaria. En efecto, la Dirección General de Instrucción Pública impulsó en 1893 y 1894 la colocación del escudo nacional en el frontispicio de las escuelas públicas y de la bandera española, que sería izada y arriada diariamente; se aprobó por real orden el «Himno escolar a la bandera», y se instó a los maestros a enseñar cantos patrióticos y organizar actividades para que los niños desfilaran delante de la bandera.[283]En la época de la «política de masas», estas medidas podían resultar tan tardías como ineficaces, dentro de un sistema político claramente reacio a la movilización.

Es más que probable que estas indicaciones, así como las pretensiones uniformizadoras y centralizadoras del sistema educativo nacional, tropezaran con los problemas económicos del Estado liberal y de las administraciones locales y provinciales, a cuyo cargo estaba la financiación de la primera y la segunda enseñanza pública hasta 1902 y 1887, respectivamente, cuando se incorporaron a los presupuestos generales del Estado las partidas de personal y material. A ello habría que añadir el absentismo escolar, muy vinculado a la economía agraria preponderante en España. No obstante, hubo un progreso escolar relativo hasta 1865, momento en que empezó a dar muestras de agotamiento. La inversión no se reanimó hasta principios del siglo XX. Y fue también durante la Restauración, y no antes, cuando la función del Estado se relajó en el ámbito de la educación pública secundaria.[284]

En efecto, la Ley Moyano había impulsado la creación de escuelas de primera enseñanza, que pasaron de 16.410 en 1855, con 867.874 alumnos asistentes, a 20.998 en 1865 y 1.154.763 niños y niñas escolarizados. Este notable crecimiento de la población escolar fue sólo inferior, en el contexto europeo, al de Francia y Gran Bretaña. El salto dado desde los inicios del Estado liberal redundó en los descensos suaves de los niveles de alfabetismo, desde un 75,52% en 1860 a un 63,78% en 1900. El retraso en el desarrollo y la consolidación de esta enseñanza se inició en el Sexenio Democrático y sobre todo con la Restauración, al sufrir las dificultades financieras de los ayuntamientos: en 1870 había 21.278 escuelas públicas y en 1908, 24.915. Parece que la libertad de enseñanza y la descentralización educativa adoptadas en 1868 fueron aprovechadas por muchos pequeños municipios para cerrar escuelas, lo que debió de afectar a un 8% de las existentes en España, y contratar como maestros a personas sin cualificación, cuyas retribuciones eran menores. Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, se produjo una clara relajación de la labor del Estado con respecto a la oferta de centros privados y en especial de la Iglesia.[285]

La causalidad entre el bajo nivel de alfabetización y el atraso económico comenzó a tener más repercusiones desde finales del siglo XIX. Según una visión muy extendida, la «oferta» de educación resultó insuficiente durante todo el siglo XIX a causa de que el régimen liberal dejó este servicio público (hasta 1902 la enseñanza primaria y hasta 1887 la secundaria) en manos de unos municipios y provincias que padecían una situación fiscal cada vez más precaria tras las desamortizaciones. Sin embargo, el análisis más detenido de las cifras regionales ha mostrado una realidad más compleja. Algunas regiones, junto a bajas tasas de escolarización primaria, tenían niveles relativamente altos en lo que respecta a la educación secundaria. Como las elites políticas locales tuvieron una amplia autonomía para fijar las prioridades, cabe deducir que el balance escolar final dependía de las peculiaridades sociales.[286]Así, el mayor sesgo a favor de la educación secundaria se daba en Andalucía, región con altos niveles de urbanización, municipios relativamente grandes y una desigualdad social mucho mayor que en el norte de España, que podía influir negativamente en la atención que el poder local prestara a los intereses de la mayoría. Junto a ello también habría sido decisiva la amplia presencia de sectores jornaleros, para los cuales una mayor alfabetización no mejoraba sus condiciones de inserción en el mercado de trabajo. Esto último lleva a considerar la «demanda» de educación como un factor que influía en el resultado final.

Por lo que se refiere a los efectos del proceso desamortizador sobre el sistema educativo, Guereña y Viñao discuten la hipótesis muy generalizada de que aquél desmanteló el aparato de la enseñanza elemental sostenido por los municipios o por la Iglesia, sin procurar sustitución alguna. Para ellos, las consecuencias de las desamortizaciones son hipótesis no contrastadas, dado el desconocimiento sobre el alcance y la extensión de ese entramado previo y el hecho de que las escuelas anejas a las parroquias no resultaron afectadas por las desamortizaciones. El programa del Estado liberal no consistía en crear escuelas en conventos o parroquias, sino en impulsar el establecimiento de una red escolar pública sostenida por los municipios. Éstos dedicaban a la enseñanza un capítulo relativamente importante, si bien dentro de un presupuesto caracterizado por la crónica insuficiencia de recursos, como ya se ha señalado en el apartado anterior.[287]

La práctica ausencia de investigaciones «desde abajo» es también un rasgo característico por lo que se refiere a otro importante mecanismo de nacionalización: el servicio militar. El reclutamiento fue un recurso del Estado liberal para lograr una cohesión interna en torno a la identidad nacional. Bien se conoce, por supuesto, que desde su implantación en 1837 como obligatorio para todos los varones al cumplir los 18 años «pasó a ser una de las manifestaciones más visibles de la existencia del Estado nacional»;[288]que cumplió una función primordial de orden público y de intervencionismo político,[289]y, sobre todo, que fue «una contribución de sangre» profundamente impopular que originó agudas protestas y resistencias a lo largo de todo el siglo XIX. Y es que la obligación militar, dado el sistema estipulado de exenciones y de redenciones en metálico, afectó sólo a aquellos sectores de la sociedad que no disponían ni de ingresos suficientes ni de relaciones con los poderes locales y provinciales, en cuyas manos estaba todo el proceso de reclutamiento.[290]En definitiva, una instancia que en el imaginario liberal debía ser la representación de la ciudadanía participativa en la defensa de la nación se convirtió en realidad en un espacio de injusticias y de desigualdades sociales. De ahí que la historia del Ejército Nacional sea interpretada también como la de los miles de exentos, infractores, prófugos, desertores, etc., del deber nacional.

El caso español de exención del servicio militar mediante el pago en metálico no fue excepcional en el contexto europeo de la época. En Francia, modelo de nacionalización, la sustitución de los soldados fue reconocida legalmente en 1802 y luego desde 1818 hasta 1855, cuando quedó suprimido el rescate y en su lugar se autorizó la exoneración, es decir, el pago de una cantidad al Estado (en España ésta fue reconocida por la ley de 1837, que estableció los principios del Ejército Nacional).[291]La conscripción universal, sin sustitución ni redención posible, sólo se aplicaría en la Tercera República, después de la derrota francoprusiana y la pérdida de Alsacia-Lorena. El rescate y la sustitución mediante el pago a las arcas del Estado se admitían en Italia o Dinamarca a mediados de siglo. La sustitución se mantendría en España hasta 1912, al implantarse el servicio militar sin excepciones, aunque todavía con discriminaciones destacadas, como el llamado «soldado de cuota», que pagaba por permanecer menos de tres años en el servicio activo a cambio de costear un sustituto, situación que subsistió hasta la Guerra Civil. Por tanto, lo característico del Estado español fue su prolongado mantenimiento en la época del ascenso del «nacionalismo de masas». Este desfase tardío, al igual que en otros aspectos, ha llevado a proyectar sus supuestos antecedentes de modo exagerado hacia épocas anteriores.

Todas las constituciones españolas del siglo XIX proclamaron el principio de «la nación en armas», es decir, el servicio de las armas obligatorio para los ciudadanos. Pero el Ejército español se nutrió de las «quintas» de mozos de reemplazo y de «sustitutos» –ya existentes en el Antiguo Régimen–, a raíz del sistema de reclutamiento establecido. Este sistema requería la movilización de sumas de dinero muy importantes, que se ingresaban en el Banco de España. Un organismo autónomo dentro del Ministerio de la Guerra, creado en 1859, se encargó de controlar y gestionar esos fondos hasta 1886, cuando se suprimieron todas las cajas especiales no controladas por el Ministerio de Hacienda. El Fondo de Redenciones dejaba su administración en manos del Ejército. En 1860, el importe del rescate, que permitía la redención del servicio y la consiguiente sustitución del mozo, alcanzaba los 8.000 reales en la península y 8.480 en ultramar. El monto total de los rescates ese año se elevó hasta casi 55 millones de reales y a más de 46 millones de pesetas en 1886, ingreso muy superior a lo que producía la contribución industrial y de comercio, por ejemplo.

Con estos condicionantes, ¿nacionalizó el Ejército español? Para poder responder a esta pregunta habría antes que formular una previa: ¿el incumplimiento del servicio militar implicaba el rechazo a la nación española? El estudio realizado hace años sobre la resistencia gallega por Alfonso J. González Asenjo, mediante testimonios de los sujetos implicados, no sugiere tanto esa posibilidad como motivos de otra índole: rechazo de la disciplina, necesidades familiares de mano de obra, deterioro de los modos de vida, etc. Según este autor, hasta la Restauración, «las quintas no fueron cuestionadas en ningún momento»; las protestas, que las hubo, iban dirigidas contra los procedimientos y las irregularidades. Por otro lado, insiste en la necesidad de abordar la otra cara de la moneda, la participación voluntaria en el esfuerzo militar, para ponderar «la dualidad de comportamiento de la población gallega», para la que el ingreso en el ejército era una vía –aunque precaria– de ascenso social: «existe oposición en cuanto se lesionen intereses particulares, pero no como oposición frontal a las necesidades o intereses del Estado».[292] Por último, parece que en ciertas manifestaciones de patriotismo popular hubo «una fuerte identificación

Ejército-pueblo», como sucedió en Madrid en agosto de 1885.[293]

De todas formas, el sistema de quintas que entró en vigor hacia mediados de la década de 1840, excepto en el País Vasco y Navarra, fue extremadamente impopular y levantó protestas y resistencias muy agudas, especialmente en Cataluña. Aunque parece que esta impopularidad se redujo un tanto,[294]los motines contra las quintas se recrudecieron durante el Sexenio Democrático, justo cuando estallaron las guerras carlistas y de Cuba. Cuando la Primera República ensayó tímidamente la captación voluntaria, tras revisar la abolición del servicio militar decretada en febrero de 1873, de 48.000 hombres que deberían haber acudido a formar los cuerpos francos, sólo se presentaron 13.000 voluntarios en 1873. La nación de los ciudadanos armados simplemente no acudió a ese llamamiento. La desigualdad social de la «contribución de sangre» se vivió como una injusticia aún mayor coincidiendo con las guerras coloniales en África y las Antillas, a finales del siglo XIX. Esta percepción fue compatible con exaltadas manifestaciones patrióticas: «como pronto demostrarían los hechos de Cuba, todo desafío al honor nacional henchía de patriotismo mal entendido el pecho del español, hasta el punto de que ese clamor popular, reflejado y alentado por la prensa, arrastraría a todos hacia el abismo».[295]

No hay estudios sobre el proceso de disciplinación de los mozos y su reeducación en los valores de la patria, el orden o la jerarquía. En cualquier caso, como señala Juan Pro,

la implantación del servicio militar obligatorio exigió poner en pie todo un sistema administrativo eficaz, capaz de controlar y registrar a la población masculina joven por todo el territorio nacional, clasificarla con arreglo a sus condiciones (salud, estatura, etc.), sacarla de sus familias, destinarla a unidades militares, organizar el transporte, el vestido, la alimentación y el alojamiento, instruirlos someramente, vigilar su conducta y ponerlos en condiciones de ser empleados como soldados.

Todo ello requería una gran capacidad de organización y de control sobre el territorio por parte del Estado. El «éxito de la operación» «reforzó precisamente esa capacidad del Estado de actuar sobre la totalidad del territorio».[296]Sin embargo, el proceso de reclutamiento estaba en buena parte en manos de los ayuntamientos, lo que hacía que las exenciones dependieran también de las influencias y del juego de poder local.

HACIA NUEVOS ENFOQUES

Todos los años el juez acudía a los poblados dispersos del interior montañoso a aplicar la justicia del Estado. Situados en una zona de muy difícil acceso, el viaje era como regresar a un pasado lejano. Sin carreteras, sin electricidad, el poder del Estado descansaba en el sentido de la responsabilidad y el sacrificio de unos servidores extraños y extranjeros, cuya autoridad se plasmaba en un símbolo más esencial que el mulo que los transportaba. Sin el escudo estatal, ellos no eran nada.

Este es el argumento, a grandes rasgos, de una película china, El último viaje del juez Feng. Con los cambios que exigen otra cultura y otro espacio sociopolítico, la idea se ha plasmado otras veces en el cine o la literatura, desde el sur italiano a la costa báltica. En todas ellas, el Estado desciende (o sube a las montañas) a una sociedad ajena, al margen de la modernidad que aquél representa. Este recurso artístico es también una visión arraigada en la historiografía española e internacional. Como otras percepciones dotadas de una gran capacidad de organizar los conocimientos en una determinada dirección, esta perspectiva también debe ser discutida por los historiadores.

En el caso del Estado, con demasiada frecuencia se le ha atribuido el carácter de un agente, autónomo o instrumental, pero capaz –o que debería serlo– de configurar el mundo de las sociedades nacionales que han llegado a nuestros días. Hoy, en cambio, hay motivos para relativizar esa creatividad absoluta y normativa del Estado. Por lo mismo, las resistencias y las negociaciones a la hora de trasladar sus iniciativas al tejido social deben considerarse parte fundamental de la manera en que se constituyeron los Estados nacionales en todas partes.

En las últimas décadas, desde el punto de vista de la congruencia con las investigaciones, se han agotado los planteamientos surgidos de la época del regeneracionismo, reformulados bajo ropajes diversos por planteamientos posteriores. No se trata de una simple acumulación de conocimientos que encajen mal con los viejos supuestos. La necesidad de renovar los planteamientos deriva también de dos principios generales, que deben ser incorporados al debate sobre un pasado aún próximo. Por un lado, la crisis de las visiones lineales, que sistemáticamente atribuyen a déficits anteriores cualquier situación anómala, o concebida como tal, que se localice en etapas posteriores. Por otro, la quiebra de la consideración determinista o no problemática de las condiciones socioeconómicas como creadoras obvias de planteamientos políticos o ideológicos. El conjunto de trabajos que aquí se recoge muestra, de manera muy sólida, hasta qué punto se han asentado nuevos enfoques que aborden los grandes problemas que siguen mereciendo una atención renovada.

[1] A ello se corresponde un planteamiento de lo político en que el Estado no es un simple reflejo de lo social –entendido como jerarquía de relaciones establecidas–, sino un terreno, relativamente autónomo, de conflicto y comunicación. Charles Tilly, Coerción, capital y los Estados europeos, 1990-1990, Madrid, Alianza, 1990, pp. 20-23. Jean-Luc Mayaud y Lutz Raphael (dirs.), Histoire de l’Europe contemporaine. Du village à l’État, París, A. Colin, 2006. Ute Frevert y Heinz-Gerhard Haupt (eds.), Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung, Frankfurt am Main y Nueva York, Campus, 2005. Lutz Raphael, Ley y orden. Dominación mediante la Administración en el siglo xix, Madrid, Siglo XXI, 2008. Christopher Alan Bayly, The birth of the modern world, 1780-1914: global connections and comparisons, Malden, Blackwell, 2004.

[2] Un planteamiento actual de estos problemas, en Michael Keating, «La importancia recurrente del territorio. Las regiones y la historia del Estado europeo», Alcores, 2, 2006, pp. 37-56.

[3] Juan Pan-Montojo (ed.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza Ed., 1998. Antonio Elorza y Elena Hernández Sandoica, La guerra de Cuba (1895-1898): historia política de una derrota colonial, Madrid, Alianza, 1998. Josep M.ª Fradera, Gobernar colonias, Barcelona, Península, 1999 y Filipinas, la colonia más peculiar. La hacienda pública en la definición de la política colonial, 1762-1868, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999. Ángel Bahamonde y José Cayuela, Hacer las Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo xix, Madrid, Alianza, 1992.

[4] Theda Skocpol, Los estados y las revoluciones sociales: un análisis comparado de Francia, Rusia y China, México, Fondo de Cultura Económica, 1984. La comparación entre España y la Rusia zarista, durante la crisis de comienzos del siglo XX, en Gerald H. Meaker, La izquierda revolucionaria en España: 1914-1923, Barcelona, Ariel, 1978.

[5] Juan Pan-Montojo (ed.), Más se perdió en Cuba...

[6] Hagen Schulze, Estado y nación en Europa, Barcelona, Crítica, 1997. Luciano Canfora, La democracia: historia de una ideología, Barcelona, Crítica, 2004. Christophe Charle, La crise des sociétés impériales: Allemagne, France, Grande-Bretagne 1900-1940: essai d’histoire sociale comparée, París, Seuil, 2001. Robert A. Dahl, La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1992. Martin Kirsch, «Los cambios constitucionales tras la revolución de 1848. El fortalecimiento de la democratización europea a largo plazo», Ayer, 70, 2008, pp. 199-239.

[7] Por ejemplo, Santos Juliá, «Transiciones a la democracia en la España del siglo XX», Sistema, 84, 1988, pp. 25-40, y «Anomalía, dolor y fracaso de España», Claves de razón práctica, 66, 1996, pp. 10-21.

[8] Manuel Azaña, Discursos políticos, ed. por Santos Juliá, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 31-37.

[9] Manuel Tuñón de Lara, Estudios sobre el siglo XIX español, Madrid, Siglo XXI, 8.ª ed., p. 188. Aunque con más matices, aceptaba una parte importante del argumento José M.ª Jover, El siglo XIX en España, Barcelona, Planeta, 1974, p. 109.

[10] Josep Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1971; La Revolución Liberal. Política y hacienda en 1833-1845, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977; «La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes», en Ángel García Sanz y Ramon Garrabou (eds.), Historia agraria de la España contemporánea, vol. I, Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Barcelona, Crítica, 1985; pp. 219-244 y La época del liberalismo, vol. 6 de Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares, Barcelona y Madrid, Crítica y Marcial Pons, 2007; Miguel Artola, Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, Ariel, 1978; La burguesía revolucionaria (1808-1869), vol. V de Historia de España Alfaguara, Madrid, Alianza, 1973; La Hacienda del siglo xix. Progresistas y moderados, Madrid, Alianza y Banco de España, 1986.

[11] El trabajo de Fontana había sido referencia continua para el de Ernest Lluch, El pensament econòmic a Catalunya (1760-1840). Els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana, Barcelona, Ed. 62, 1973, p. 8.

[12] Josep Fontana, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo xix, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1974, pp. 161-162.

[13] Josep Fontana, La época del liberalismo, p. 417.

[14] Miguel Artola, La burguesía revolucionaria..., p. 168.

[15] David R. Ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, Alianza, 1996.

[16] Richard Herr, «Spain», en David Spring (ed.), European Landed Elites in the Nineteenth Century, Baltimore y Londres, J. Hopkins University Press, 1977, pp. 98-126.

[17] Sobre la diversidad de la burguesía, Josep M.ª Fradera y Jesús Millán (eds.), Las burguesías europeas del siglo xix. Sociedad civil, política y cultura, Madrid y Valencia, Biblioteca Nueva y Universitat de València, 2000; Alberto M. Banti, «Alla ricerca della “borghesia immobile”: le classi medie non imprenditoriali del XIX secolo», Quaderni Storici, 50, 1982, pp. 629-651.

[18] Juan P. Fusi y Jordi Palafox, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1997. Santos Juliá, «Anomalía, dolor y fracaso...».

[19] Pedro Ruiz Torres, Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano, 1650-1850, Valencia, Inst. Alfons el Magnànim, 1981; Bartolomé Yun, Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987; Enric Tello, «Renta señorial y renta de la tierra en la última etapa del Antiguo Régimen en Cataluña», Noticiario de Historia Agraria, 4, 1992, pp. 283-314; Ramon Garrabou, Enric Tello y Enric Vicedo, «De rentistas a propietarios: la gestión de patrimonios nobiliarios en el último ciclo de la renta feudal en Cataluña (17201840)», Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, ss. xii-xix, Zaragoza, Inst. «Fernando el Católico», 1993, pp. 567-604; y Jesús Millán, Enric Tello y Gabriel Jover, «La crisi de coexistència de les formes de propietat: el sentit de la reforma agrària liberal i el referent revolucionari francès», Història agrària dels Països Catalans, vol. VI, Segles xix-xx, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, 2006, pp. 23-53.

[20] José M.ª Alcalde, Señorío y poderes locales en Soria entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997. Santiago Aragón Mateos, El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos. La administración del ducado de Feria en el siglo xviii, Lérida, Milenio, 2000. Jesús Izquierdo, El rostro de la comunidad. La identidad del campesino en la Castilla del Antiguo Régimen, Madrid, Comunidad de Madrid, 2001.

[21] Christian Windler, Elites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia finales del Antiguo Régimen, Córdoba y Sevilla, Universidad de Córdoba y Universidad de Sevilla, 1997. Una revisión crítica en M.ª Cruz Romeo, «Com situar el trencament? L’evolució de l’Antic Règim i el pes de la revolució en l’obra de Christian Windler», Recerques, 38, 1999, pp. 151-157. Destaca la confluencia feudal de los diversos sectores sociales del Antiguo Régimen Alberto Marcos Martín, España en los siglos xvi, xvii y xviii. Economía y sociedad, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 192-267. Una síntesis con perspectiva distinta en Manuel Ardit, El Siglo de las Luces. Economía, Madrid, Síntesis, 2007.

[22] Síntesis sobre el panorama actual en Pedro Ruiz Torres, «Del antiguo al nuevo régimen: carácter de la transformación», Antiguo régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Madrid, Alianza Ed., 1994, vol. I, pp. 159-192, y «Señorío y propiedad en la crisis del Antiguo Régimen», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad en España..., pp. 49-59. Bartolomé Yun, «Vasallos y señores en el marquesado de Cuéllar: relaciones sociales, aprovechamiento de recursos y gestión señorial a fines del Antiguo Régimen», en Pegerto Saavedra y Ramón Villares (eds.), Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos xviii-xx, Barcelona, Crítica, 1991, vol. I, pp. 239-260; Rosa Congost, Els darrers senyors de Cervià de Ter. Investigacions sobre el caràcter mutant de la propietat (segles xvii-xx), Girona, CCG edicions, 2000. Joaquim Serrano, De patricis a burgesos. Les transformacions d’una oligarquia terratinent; Elx, 1600-1855, Alicante, Inst. “J. Gil-Albert”, 1995.

[23] Ricardo Robledo, «El crédito y los privilegiados durante la crisis del antiguo régimen», en Bartolomé Yun (coord.), Estudios sobre capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla (siglos xix y xx), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991, pp. 259-262. Félix Castrillejo Ibáñez, «Transformaciones en los grupos sociales de compradores», en Germán Rueda (ed.), «La desamortización en la Península Ibérica», Ayer, 9, 1993, pp. 221-238. Ángel Bahamonde, «Crisis de la nobleza de cuna y consolidación burguesa (1840-1880)», en Madrid en la sociedad del siglo xix, Madrid, Comunidad Autónoma, 1986, vol. I, pp. 339-349. Àngels Solà, «Notes per a iniciar un estudi de la desvinculació», I Col.loqui d’Història Agrària, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1983, pp. 283-290. Tiene una especial importancia lo sucedido en el País Valenciano, de donde procedía buena parte de las rentas de las grandes casas señoriales. Aquí, las adquisiciones de la nobleza en la desamortización general fueron inequívocamente marginales: Anaclet Pons Pons, La propietat a subhasta. La desamortització i els seus beneficiaris: inversió i mercat (València, 1855-1867), Valencia, Universitat de València, 1991, pp. 146-153. Pedro Ruiz Torres, «La fi de la noblesa feudal al País Valencià», en VV. AA., Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial als Països Catalans, Barcelona, Crítica y Centre de Treball i Documentació, 1986, pp. 166-185. Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «El rentismo nobiliario en la agricultura valenciana del siglo XIX», Revista de Historia Económica, XVIII, 1, 2000, pp. 79-86. Miguel Sánchez Herrero, «El fin de los “buenos tiempos” del absolutismo: los efectos de la revolución en la Casa de Cerralbo», Ayer, 48, 2002, pp. 85-126.

[24] M.ª Cruz Romeo, «Los mundos posibles del liberalismo progresista», en Emilio La Parra y Germán Ramírez (eds.), El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003, pp. 287-314.

[25] Nieves San Emeterio, Sobre la propiedad. El concepto de propiedad en la Edad Moderna, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 43-156. Clara Álvarez, «Las dos caras de Jano. Propiedad y constitución en el primer liberalismo español», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad..., pp. 301-305.

[26] Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid, M. Pons Historia, 2007. Jorge A. Catalá, Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XvIII, Madrid, S. XXI, 1995.

[27] Pere Molas, Del absolutismo a la constitución. La adaptación de la clase política española al cambio de régimen, Madrid, Sílex, 2008. Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionnaire: épuration et modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Règime (1823-1834), Madrid, Casa de Velázquez, 2002. José M. Cuenca y Soledad Miranda, El poder y sus hombres. ¿Por quién hemos sido regidos los españoles? (1705-1998), Madrid, Actas, 1998.

[28] Xavier Gil Pujol, Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la Europa moderna, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2006. Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia política, Madrid, Alianza, 1992, pp. 353-467. Miguel Artola, La monarquía de España, Madrid, Alianza, 1999. M.ª del Carmen Angulo Teja, La Hacienda española en el siglo xviii. Las rentas provinciales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. Renato Barahona, Vizcaya on the Eve of Carlism. Politics and Society, 1800-1833, Reno, University of Nevada, 1989. Fernando Martínez Rueda, Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal (1700-1853), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994. Carmen Iglesias (dir.), Las noblezas españolas, reinos y señoríos en la Edad Moderna, vol. III, Nobleza y sociedad, Oviedo, Fundación Banco de Santander Central Hispano y Ed. Nobel, 1999. Carmen García Monerris, La Corona contra la historia: José Canga Argüelles y la reforma del real patrimonio valenciano, Valencia, Universitat de València, 2005. Mario Onaindía, La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo en la Ilustración, Barcelona, Ed. B, 2002.

[29] Un caso especialmente relevante es el del historiador y economista Antoni de Capmany, designado mediante una real orden de Carlos III representante del municipio de Barcelona ante la Corte, Ramon Grau y Marina López, «Antoni de Capmany: el primer model del pensament polític català modern», en Albert Balcells (ed.), El pensament polític català (Del segle xviii a mitjan segle xx), Barcelona, Ed. 62, 1988, pp. 27-28. El carácter decisivo que tenía la elección por parte de la Corona daba lugar a extremos arbitrarios incluso para la época, como cuando se asignaban a miembros de familias en ascenso regidurías de municipios muy alejados de su residencia, por ejemplo, Juan C. Domínguez Nafría, «La nobleza del reino de Murcia», en Carmen Iglesias, Las noblezas españolas..., pp. 129-135. Lluís Roura, Subjecció i revolta en el segle de la Nova Planta, Vic, Eumo, 2005. Rosa Congost, «De pagesos a hisendats: Reflexions sobre l’anàlisi dels grups socials dominants. La regió de Girona (1780-1840)», Recerques, 35, 1997, pp. 51-72.

[30] Bartolomé Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836, Madrid, Siglo XXI, 1974. M.ª Teresa Pérez Picazo, El mayorazgo en la historia económica de la región murciana, expansión, crisis y abolición (ss. xvii-xix), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990. Antònia Morey, Noblesa i desvinculació a Mallorca als segles xviii i xix. Les repercussions de la legislació desvinculadora sobre els patrimonis nobiliaris, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1999.

[31] David Spring, «Landed Elites Compared», en David Spring (ed.), European Landed Elites..., pp. 8-10. Fernando Baras, El reformismo político de Jovellanos (Nobleza y Poder en la España del siglo xviii), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1993.

[32] Cit. Joaquín Varela, El conde de Toreno. Biografía de un liberal (1786-1843), Madrid, M. Pons, 2005, p. 109, n. 29.

[33] Pierre Rosanvallon, El modelo político francés. La sociedad civil contra el jacobinismo, de 1789 hasta nuestros días, BuenosAires, Siglo XXI, 2007, pp. 107-142.Alan S. Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe. The Political Culture of Limited Suffrage, Houndmills, Palgrave McMillan, 2003, pp. 11-17. El planteamiento alternativo en el caso español, Isabel Burdiel, «Morir de éxito: el péndulo liberal y la revolución española del siglo XIX», Historia y Política, 1, 1999, pp. 181-203, y Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «¿Por qué es importante la revolución liberal en España? Culturas políticas y ciudadanía en la historia española», en Mónica Burguera y Christopher Schmidt-Nowara (eds.), Historias de España contemporánea. Cambio social y giro cultural, Valencia, Universitat de València, 2008, pp. 17-43.

[34] Manuel Santirso Rodríguez, Progreso y libertad. España en la Europa liberal (18301870), Barcelona, Ariel, 2008, pp. 78-90. José L. Gómez Navarro, Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey Reguillo, «La elite parlamentaria entre 1914 y 1923», en Mercedes Cabrera (dir.), Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), Madrid, Taurus, 1998, pp. 103-142.

[35] Bartolomé Yun, «Crisis del Antiguo Régimen y “crisis de la aristocracia”», Ayer, 48, 2002, pp. 41-57. Jesús Millán, «El absolutismo en la época de los propietarios. La alternativa antiliberal de Magí Ferrer», en Emilio La Parra y Germán Ramírez (eds.), El primer liberalismo: España y Europa..., pp. 155-184.

[36] Enric Tello, «Renta señorial y renta de la tierra en la última etapa del Antiguo Régimen en Cataluña», Noticiario de Historia Agraria, 4, 1992, pp. 283-314, y «Crisis del antiguo régimen y crisis del sistema crediticio: el fin de los censos consignativos en España (1705-1885)», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad. Crédito y garantía, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2007, pp. 237-269. Ricardo Robledo, «El crédito y los privilegiados...», pp. 237-266.

[37] Enrique Llopis, «Expansión, reformismo y obstáculos al crecimiento (1715-1789)» y «La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal (1790-1840)», en Francisco Comín, Mauro Hernández y Enrique Llopis (eds.), Historia económica de España. Siglos x-xx, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 128-134 y 167-183.

[38] Mauro Hernández, A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995, pp. 138-207.

[39] En los últimos años del siglo XvIII, las mayores tasas de jornaleros dentro de la población activa agraria se daban en Andalucía occidental (80-90%), Andalucía oriental (70%) y Castilla la Mancha (67%), Alberto Marcos Martín, España en los siglos xvi, xvii y xviii..., pp. 612-621. Antonio Florencio Puntas y Antonio L. López Martínez, «El mercado de trabajo en la Andalucía latifundista del Antiguo Régimen: ¿intervencionismo o contratación?», Historia Agraria, 30, 2003, pp. 63-85. La problemática de los jornaleros fue muy importante en Aragón, Antonio Peiró Arroyo, Jornaleros y mancebos. Identidad, organización y conflicto en los trabajadores del Antiguo Régimen, Barcelona, Crítica, 2002. Los cambios en el poder municipal y en el modelo agrario fueron paralelos en Logroño o Castellón, Jesús Alonso Castroviejo, Problemática agraria y solución burguesa. Logroño, 1750-1833, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991; Otília Martí, Un liberalismo de clases medias. Revolución política y cambio social en Castelló de la Plana (1808-1858), Castellón de la Plana, Diputació de Castelló, 1997. Sobre la España latifundista, Ricardo Robledo (ed.), Historia de Salamanca, vol. IV, Siglo XIX, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 2001, pp. 23-209. Diego Caro, «La reforma agraria liberal y los campesinos en Andalucía», en Manuel González de Molina (ed.), La historia de Andalucía a debate, Rubí, Anthropos, 2000, pp. 57-78.

[40] Josep M.ª Fradera, Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana moderna, Barcelona, Crítica, 1987. M.ª Cruz Romeo, Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833), Alicante, Inst. J. Gil-Albert, 1993.

[41] Bartolomé Yun, Sobre la transición al capitalismo en Castilla..., pp. 632-635. Rafael Domínguez Martín, «Autoconsumo, mercantilización y niveles de vida campesinos en la España atlántica, 1750-1930. Algunas hipótesis a contracorriente», en José M. Martínez Carrión (ed.), El nivel de vida en la España rural, siglos xviii-xx, Alicante, Universidad de Alicante, 2002, pp. 315-320. Ramon Garrabou, Jordi Planas y Enric Saguer, Un capitalisme impossible? La gestió de la gran propietat agrària a la Catalunya contemporània, Vic, Eumo, 2000. Rosa Congost, Els propietaris i els altres. La regió de Girona 1768-1862, Vic, Eumo, 1990. Enric Vicedo, «Notes sobre la integració de l’agricultura de les terres de Lleida en el procés de desenvolupament capitalista», Recerques, 24, 1991, pp. 159-177. Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Leaseholders in capitalist Arcadia: bourgeois hegemony and peasant opportunities in the Valencian countryside during the nineteenth century», Rural History, 17-2, 2006, pp. 149-166.

[42] Antonio López Estudillo, «Transformacions agràries i retard econòmic. Andalusia, 1850-1935», Estudis d’història agrària, 15, 2002-2003, pp. 88-94. José M. Martínez Carrión, «El debate sobre el atraso económico de España», en Carlos Barciela, Gérard Chastagnaret y Antonio Escudero (eds.), La historia económica en España y Francia (siglos xix y xx), Alicante, Madrid, Universidad de Alicante, Casa de Velázquez, 2006, p. 374. Cormac Ó Gráda, Richard Paping y Eric Vanhaute (eds.), When the Potato Failed. Causes and Effects of the “Last” European Subsistence Crisis, 1845-1850, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 17-19.

[43] Con planteamientos diversos, Juan F. Fuentes, «Progreso y clase media en la España liberal», en Manuel Suárez (ed.), La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2006, pp. 291-313. Antonio Robles Egea (comp.), Política en penumbra: patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1996. Juan Pro, «Las elites en la España liberal: clases y redes en la definición del espacio social (1808-1931)», Historia Social, 21, 1995, pp. 47-69. Lourenzo Fernández Prieto, Xosé M. Núñez Seixas, Aurora Artiaga Rego y Xesús Balboa (coords.), Poder local, elites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago, 1997.

[44] Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Coincidencias y disparidades entre los “propietarios”: el regadío valenciano del siglo XIX», Hispania, LXIII-1, 2003, pp. 231-254. Sobre el primer factor, Ricardo Robledo, «Tradición e Ilustración en la Universidad de Salamanca: sobre los orígenes intelectuales de los primeros liberales», en Ricardo Robledo, Irene Castells y M.ª Cruz Romeo (eds.), Orígenes del liberalismo. Universidad, política, economía, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, pp. 49-80. Sobre el segundo, Salvador Almenar, «Economía política y liberalismos en España. De Jovellanos a la Gloriosa», ibíd., pp. 81-104. Juan Pan-Montojo, «Álvaro Flórez Estrada: el otro liberalismo», en Manuel Pérez Ledesma e Isabel Burdiel (eds.), Liberales eminentes, Madrid, M. Pons Historia, 2008, pp. 43-76. Ricardo Robledo, Economistas y reformadores españoles: la Cuestión Agraria (1760-1935), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1993, pp. 41-63. En cuanto al peso de la ciudadanía y la movilización en las culturas liberales, M.ª Cruz Romeo, «Héroes y nación en el liberalismo progresista», Sagasta y el liberalismo progresista en España, Logroño, Gobierno de La Rioja, 2003, pp. 35-49 y Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Liberals i burgesos alhora? Els “respectables” en la nació liberal», Josep Fontana: història i projecte social. Reconeixement a una trajectòria, Barcelona, Crítica, 2004, vol. II, pp. 925-939. Manuel Pérez Ledesma (dir.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

[45] Antonio Alcalá Galiano, Obras escogidas, en J. Campos (ed.), Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1955, p. 465. En un sentido similar, décadas después, Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 1967, vol. II, p. 871.

[46] Rosa A. Gutiérrez y Rafael Zurita, «Canvi polític i mobilització electoral en la revolució del 1868», Recerques, 39, 1999, pp. 31-54. Gregorio de la Fuente, Los revolucionarios de 1868. Elites y poder en la España liberal, Madrid, M. Pons Historia, 2000. Concepció Janué, Polítics en temps de revolució. La vida política a Barcelona durant el Sexenni Revolucionari (1868-1873), Vic, Eumo, 2002.

[47] Josep M.ª Fradera, «La dificultat de descriure la nació (“regió” i “nació” en la historiografia catalana i internacional)», en Josep M.ª Fradera y Enric Ucelay-Da Cal (eds.), Notícia nova de Catalunya. Consideracions crítiques sobre la historiografia catalana als cinquanta anys de Notícia de Catalunya de Jaume Vicens i Vives, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2005, pp. 121-157. Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme català, Vic, Eumo, 1999. Albert Garcia Balañà, «Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-1860)», en Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la «penetración pacífica», Barcelona, Ed. Bellaterra, 2002, pp. 13-77. Manel Risques, El govern civil de Barcelona al segle XIX, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1995. Roser Solà, L’Institut Industrial de Catalunya i l’associacionisme industrial des de 1820 a 1854, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1997. Joan Fuster, Barcelona i l’Estat centralista. Indústria i política a la dècada moderada, Vic, Eumo, 2005.

[48] Marco Meriggi, «La burguesía italiana y alemana: un análisis comparativo», en Josep M.ª Fradera y Jesús Millán (eds.), Las burguesías europeas..., pp. 259-276.

[49] Como planteaba Trinitario Ruiz Capdepón, promotor de la Ley del Sufragio Universal Masculino de 1890, una década después, en Manuel Gutiérrez y Jiménez, Leyes electorales para diputados á Cortes y Senadores en 1901, Madrid, F. Fe, 1901, pp. 6 y 7.

[50] José Varela (dir.), El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. Borja de Riquer, «Les burgesies i el poder a l’Espanya de la Restauració (1875-1900)», Recerques, 28, 1994, pp. 43-58. Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000), Madrid, Taurus, 2002. Antonio Escudero, «Sobre la Restauración», en Carlos Barciela y Antonio Escudero, Dos lecciones de historia, Alicante, Universidad de Alicante, 2008, pp. 35-55. Pablo Díaz Morlán, Horacio Echevarrieta, 18701963. El capitalista republicano, Madrid, LID, 1999. Antonio Escudero, «El lobby minero vizcaíno», Revista de Historia Social, 7, 1990, pp. 39-68. Ander Delgado Cendagortagalarza, La otra Bizkaia. Política en un medio rural durante la Restauración (1890-1923), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2008. María Sierra, «La política del pacto». El sistema de la Restauración a través del Partido Conservador sevillano (1874-1923), Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996. Maria Gemma Rubí, Els catalans i la política en temps del caciquisme. Manresa, 1875-1923, Vic, Eumo, 2006.

[51] Estudios significativos, Martin Baumeister, Campesinos sin tierra: supervivencia y resistencia en Extremadura (1880-1923), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2001. Antonio López Estudillo, Republicanismo y anarquismo en Andalucía: conflictividad social agraria y crisis finisecular (1868-1900), Córdoba, La Piqueta, 2001, y Henrike Fesefeldt, «Centre i perifèria en la política sindical socialista: la Unión General de Trabajadores, 1888-1923», Recerques, 42, 2001, pp. 61-88.

[52] Leandro Prados de la Escosura, El progreso económico de España (1850-2000), Madrid, Fundación BBVA, 2003, p. 155. Véase también la comparación favorable del crecimiento español en el contexto europeo durante la década de 1840, en Manuel Santirso, Progreso y libertad..., p. 243.

[53] Leandro Prados, El progreso económico..., pp. 172 y 180. Albert Carreras y Xavier Tafunell, «El debate sobre la divergencia española durante la Restauración (1883-1913)», Josep Fontana. Història i projecte social, Barcelona, Crítica, 2004, vol. 2, p. 1.184. José M. Martínez Carrión, «El debate sobre el atraso...».

[54] Antonio M. Bernal y Antonio Parejo, La España liberal (1868-1913). Economía, Madrid, Síntesis, 2001, p. 153.

[55] Jordi Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Barcelona, Ariel, 1975, p. 227.

[56] Josep Fontana, La época del liberalismo, p. 424.

[57] El contraste de estos postulados con la evolución histórica del siglo XIX, en Ramon Garrabou, «Crecimiento agrario, atraso y marco institucional», en Josep Pujol, Manuel González de Molina, Lourenzo Fernández Prieto, Domingo Gallego y Ramon Garrabou, El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 222 y ss.

[58] Jordi Maluquer de Motes, «Factores y condicionamientos del proceso de industrialización en el siglo XIX. El caso español», en Emiliano Fernández de Pinedo y José L. Hernández Marco (eds.), La industrialización del Norte de España, Barcelona, Crítica y Universidad del País Vasco, 1988, p. 30.

[59] Una visión reciente sobre la relación entre política y poder económico: Juan PanMontojo, «Introducción: Poderes privados y recursos públicos. Redes sociales, grupos de interés y políticas económicas, 1844-1975», Ayer, 66, 2007, pp. 11-26.

[60] Josep Fontana, La quiebra de la monarquía...; Josep M.ª Fradera, Indústria i mercat...; Leandro Prados de la Escosura, De imperio a nación: crecimiento y atraso económico en España (1780-1930), Madrid, Alianza, 1988, pp. 67-94.

[61] Francisco Comín, «La crisis fiscal en el primer tercio del siglo XIX», en Ricardo Robledo, Irene Castells y M.ª Cruz Romeo (eds.), Orígenes del liberalismo..., p. 335.

[62] Ibíd., p. 339. El proyecto de Godoy en 1801 de reforzar el poder ejecutivo bajo su persona aludía, entre otros problemas de gobierno, a «la resistencia que a toda providencia opone el gobierno municipal de los pueblos»; cit. en Emilio la Parra, «El legado político del Antiguo Régimen», en Enrique Llopis (ed.), El legado económico del Antiguo Régimen en España, Barcelona, Crítica, 2004, p. 81.

[63] Esteban Canales, «Diezmos y revolución burguesa en España», en Ramon Garrabou y Jesús Sanz (eds.), Historia agraria de la España contemporánea. 2 Expansión y crisis (1850-1900), Barcelona, Crítica, 1985, pp. 245-274.

[64] José Antonio Sebastián Amarilla, «La agricultura española y el legado del Antiguo Régimen (1780-1855)», en Enrique Llopis (ed.), El legado económico..., p. 164. Antonio López Estudillo, «Los montes públicos y las diversas vías de su privatización en el siglo XIX», Agricultura y Sociedad, 65, 1992, pp. 65-99.

[65] Josep Fontana, Cambio económico y actitudes políticas...; La quiebra de la monarquía... Una valoración de las aportaciones de J. Fontana a la historia de la Hacienda: Francisco Comín, «La metamorfosis de la hacienda (1808-1874)», en Josep Fontana. Història..., pp. 33-40.

[66] Francisco Comín y Rafael Vallejo, Alejandro Mon y Menéndez (1801-1882): pensamiento y reforma de la hacienda, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2002, p. 485; Pedro Tedde de Lorca, «Revolución liberal y crecimiento económico en la España del siglo XIX», en Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, vol. 1, Visiones generales, Madrid, Alianza, 1994, p. 47.

[67] Francisco Comín, «El sector público y la economía: hacienda, regulación y proteccionismo en la España liberal», en Antonio Fernández García (coord.), Los fundamentos de la España liberal (1834-1900). La sociedad, la economía y las formas de vida, vol. XXXIII de Historia de España, Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1997, p. 418.

[68] Josep Fontana et al., Catalunya i Espanya al segle xix, Barcelona, Columna, 1987, donde también se subrayaba la confluencia periódica de la patronal con las medidas represivas del Gobierno.

[69] Rafael Vallejo, Reforma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 1845-1900, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2001, p. 223.

[70] Pedro Tedde de Lorca, «De la primera a la segunda Restauración. El Sector Público y la modernización de la economía española, 1875-1975», Ayer, 21, 1996, pp. 15-49.

[71] Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea: historia económica de los siglos xix y xx, Madrid, Alianza, 1994, p. 156; Francisco Comín, «La crisis fiscal...», p. 343.

[72] Francisco Comín, «La crisis fiscal...», p. 341.

[73] Francisco Comín y Rafael Vallejo, Alejandro Mon..., p. 492; Joaquín del Moral, Gasto público y expansión económica en España (1845-1865), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1979, pp. 87 y ss. Respecto a las obras públicas, se han destacado también los avances en el diseño del marco legal para su desarrollo: Antonio Gómez Mendoza, «Las obras públicas, 1850-1935», en Francisco Comín y Pablo Martín Aceña (dirs.), Historia de la empresa pública en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 179.

[74] Pedro Tedde de Lorca, «El gasto público en España, 1875-1906: un análisis comparativo con las economías europeas», en Pablo Martin y Leandro Prados (eds.), La nueva historia económica en España, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 233-261.

[75] Ibíd., p. 261.

[76] Gabriel Tortella, El desarrollo de la España..., p. 152.

[77] Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica de la España contemporánea, Barcelona, Crítica, 2003, p. 116. También se han destacado las pervivencias del pasado fiscal en el nuevo régimen: Juan Zafra Oteyza, «Inercias fiscales en la reforma tributaria de 1845», Hacienda Pública Española, monografías, 1996, pp. 23-39.

[78] Rafael Vallejo, Reforma tributaria..., pp. 69 y 77.

[79] Francisco Comín y Rafael Vallejo, Alejandro Mon..., p. 329.

[80] Rafael Vallejo, Reforma tributaria..., pp. 48 y 55.

[81] Miguel Artola, La hacienda del siglo xix..., p. 253.

[82] Gabriel Tortella, El desarrollo de la España..., p. 165. Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox, España 1808-1996..., p. 103, hablan de «la vulnerabilidad del Estado ante las presiones de los grupos privilegiados».

[83] Francisco Comín y Rafael Vallejo, Alejandro Mon..., p. 498. Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica..., p. 116.

[84] Rafael Vallejo, Reforma tributaria..., p. 62. Así, por ejemplo, se dio libertad a los administradores de Hacienda en cada provincia para que establecieran el modo de recaudar el impuesto de consumos.

[85] bíd., pp. 239-241 y 247.

[86] Rafael Vallejo, «El impuesto de consumos y la resistencia antifiscal en la España de la segunda mitad del siglo XIX: un impuesto no exclusivamente urbano», Revista de historia económica, XIV, 2, 1996, pp. 339-370.

[87] Juan Pan-Montojo, «La imposición indirecta en el sistema tributario de Mon-Santillán», Hacienda Pública Española, monografías, 1996, p. 107.

[88] Manuel Artola, La hacienda del siglo xix..., pp. 251 y 252.

[89] Manuel Artola, La hacienda del siglo xix..., pp. 251 y 252.

[90] Rafael Vallejo, Reforma tributaria..., p. 195; Manuel Artola, La hacienda del siglo xix..., p. 294; Pedro Díaz Marín, «Oligarquía y fiscalidad: los primeros pasos de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería en la provincia de Alicante», Revista de historia económica, XVIII, 2, 2000, pp. 309-338. Una muestra de los enfrentamientos y las negociaciones entre la Hacienda y las diputaciones y ayuntamientos, en Francesc A. Martínez Gallego, Conservar progresando: la Unión Liberal (1856-1868), Valencia, Centro F. Tomás y Valiente UNED, 2001, pp. 173-181.

[91] Antoni Segura i Mas, «La reforma tributaria de Mon (1845) y los Amillaramientos de la segunda mitad del siglo XIX», en Antoni Segura (coord.), El Catastro en España, 17141906, vol. 1, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, s/f, p. 115.

[92] Gabriel Tortella, El desarrollo de la España..., p. 157.

[93] Francisco Comín, «La crisis fiscal...», p. 341.

[94] Francisco Comín y Rafael Vallejo, Alejandro Mon..., p. 492; Joaquín del Moral, Gasto público y expansión económica en España (1845-1865), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1979, pp. 87 y ss. Respecto a las obras públicas, se han destacado también los avances en el diseño del marco legal para su desarrollo: Antonio Gómez Mendoza, «Las obras públicas, 1850-1935», en Francisco Comín y Pablo Martín Aceña (dirs.), Historia de la empresa pública en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 179.

[95] Rafael Vallejo, Reforma tributaria..., p. 158.

[96] Juan Pro Ruiz, Estado, geometría y propiedad. Los orígenes del catastro en España (1715-1941), Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1992, p. 75.

[97] Ibíd., cap. 3; Juan Pro Ruiz, «Las elites locales y el poder fiscal del Estado en la España contemporánea», en Les elites locales et l’État dans l’Espagne moderne du xviè au xixè siècle, París, CNRS, 1993, p. 284.

[98] Rafael Mata Olmo y Joan Romero González, «Fuentes para el estudio de la propiedad agraria en España (siglos XvIII y XIX). Balance provisional y análisis crítico», Agricultura y sociedad, 49, 1988, pp. 209-292; Joaquín Azagra, «De los padrones de riqueza como fuente para la historia agraria», en Estudios de Historia de Valencia, Valencia, Universitat de València, 1978, pp. 415-432; Antoni Segura, «La reforma tributaria...».

[99] Manuel Artola, La hacienda del siglo xix..., p. 246.

[100] Rafael Mata Olmo, M.ª Dolores Muñoz Dueñas y Francisco Acosta, «Fuentes fiscales e historia agraria de Córdoba», en Materiales para la historia económica de Córdoba del Archivo Histórico Provincial (siglos xix-xx), Córdoba, Universidad de Córdoba, 1997, pp. 29-30. Antonio López Estudillo, «Distribución social y efectos socioeconómicos de la fiscalidad rústica liberal. Aproximación a partir de la evolución de la presión fiscal agraria en el siglo XIX en la campiña de Córdoba», en Rafael Vallejo Pousada (ed.), Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España (siglos xii-xx), Valencia, Universitat de València, 2008, p. 498. Una valoración más favorable de los amillaramientos en: Rafael Vallejo Pousada y M.ª Dolores Muñoz Dueñas, «Fiscalidad y agricultura en la época contemporánea: una aproximación historiográfica», en Ibidem, p. 431.

[101] Juan Pro, Estado, geometría..., pp. 22-227; y Antoni Segura, «El catastro en Europa», en Antoni Segura, El catastro en España..

[102] Juan Pro Ruiz, «Estadística y hacienda en una sociedad de patronazgo: la España rural del siglo XIX», Brocar, 24, 2000, p. 244.

[103] Manuel Artola, La hacienda del siglo xix..., p. 249.

[104] Francisco Comín, Historia de la Hacienda Pública..., pp. 194 y ss. Ello culminó bajo el gobierno progresista del Bienio. La desamortización de Madoz cedía a los ayuntamientos el 80% del valor de los bienes vendidos, pero lo hacía en forma de títulos de Deuda intransferibles. Sólo con autorización del Estado se podían vender estos títulos. Con ello los ayuntamientos se convertían en «prestamistas forzosos» del Estado, al tiempo que perdían los ingresos derivados de la explotación del patrimonio enajenado (p. 210).

[105] Salvador Salort i Vives, La hacienda local en la España contemporánea. La Hacienda local de Alacant (1800-1923), Alicante, Institut Juan Gil-Albert, 1998, p. 196.

[106] Francisco Comín, Historia de la Hacienda Pública..., pp. 194 y ss. Ello culminó bajo el gobierno progresista del Bienio. La desamortización de Madoz cedía a los ayuntamientos el 80% del valor de los bienes vendidos, pero lo hacía en forma de títulos de Deuda intransferibles. Sólo con autorización del Estado se podían vender estos títulos. Con ello los ayuntamientos se convertían en «prestamistas forzosos» del Estado, al tiempo que perdían los ingresos derivados de la explotación del patrimonio enajenado (p. 210).

[107] Con posterioridad, cuando el Estado creó las condiciones institucionales para el establecimiento de entidades de crédito, los terratenientes rechazaron estas iniciativas en muchos lugares, Samuel Garrido, «Alentar y obstruir. Las vacilaciones de la política estatal sobre cooperativismo en los inicios del siglo XX», Noticiario de historia agraria, 7, 2004, pp. 131-154.

[108] Así sucedió en el caso de Alicante: Salvador Salort, La hacienda local..., pp. 217 y 253.

[109] Francisco Comín, Historia de la Hacienda Pública..., p. 203.

[110] Ibíd., p. 213. Pese a todo, el análisis específico de algunas haciendas locales ha permitido concluir que el peso de los tributos indirectos fue menor después de 1845 que en la etapa anterior: Salvador Salort, La hacienda local..., p. 253.

[111] Emiliano Fernández de Pinedo, «Gasto público y reformas fiscales. Las Haciendas forales vascas», Hacienda Pública Española, monografía n.º 1, 1991, p. 98.

[112] Manuel Artola, La hacienda del siglo xix..., pp. 236 y 237.

[113] Joseba Agirreazkuénaga, «Haciendas forales en tiempos de revolución liberal. La reforma tributaria de Mon-Santillán y su proyecto de aplicación en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (1845-1846)», Josep Fontana. Història..., vol. 1, p. 632.

[114] Emiliano Fernández de Pinedo, «Haciendas forales y revolución burguesa: las haciendas vascas en la primera mitad del siglo XIX», Hacienda Pública Española, 108-109, 1987, p. 219.

[115] Joseba de la Torre y Mario García-Zúñiga, «Hacienda foral y crecimiento económico en Navarra durante el siglo XIX», en Joseba de la Torre y Mario García-Zúñiga (eds.), Hacienda y crecimiento económico. La reforma de Mon, 150 años después, Madrid, Marcial Pons y Gobierno de Navarra, 1998, p. 196.

[116] Emiliano Fernández de Pinedo, «Haciendas forales y desarrollo económico en el País Vasco (1841-1920)», en Joseba de la Torre y Mario García-Zúñiga, Hacienda y crecimiento económico..., p. 176.

[117] Manuel Artola, La hacienda del siglo xix..., p. 237.

[118] Emiliano Fernández de Pinedo, «Gasto público...», p. 99. Rafael Ruzafa, «Miradas posibles a la última etapa foral: notas para un debate», en Luis Castells et al. (eds.), El País Vasco y España: Identidades, Nacionalismos y Estado (siglos xix y xx), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2007.

[119] Joseba de la Torre y Mario García-Zúñiga, «Hacienda foral y reforma tributaria: Navarra, 1841-1876», Hacienda Pública Española, monografías, 1996, p. 152.

[120] Rafael Vallejo, Reforma tributaria..., pp. 162 y 163.

[121] Pere Pascual y Carles Sudrià, «El difícil arranque de la industrialización (18401880)», en Francisco Comín, Mauro Hernández y Enrique Llopis (eds.), Historia económica..., p. 218.

[122] Antón Costas, Apogeo del liberalismo en «La Gloriosa»: la reforma económica en el Sexenio liberal (1868-1874), Madrid, Siglo XXI, 1988, p. 29.

[123] Francisco Comín, «Hacienda pública y crecimiento económico entre la reforma de Mon-Santillán y la actualidad», en Joseba de la Torre y Mario García-Zúñiga, Hacienda y crecimiento económico..., p. 234.

[124] Jean Bouvier, «Le système fiscal français du XIX siècle. Étude critique d’un immobilisme», Deux siècles de fiscalité française, xixè-xxè siècles. Histoire, économie, politique, París-La Haya, 1973, p. 237.

[125] Rafael Vallejo, Reforma tributaria..., p. 96; Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Coincidencias y disparidades...», p. 245. La mejora en los niveles de vida, ligada al desarrollo de las relaciones de mercado en las sociedades campesinas del norte de España, en Rafael Domínguez, «Autoconsumo, mercantilización...».

[126] Jean Bouvier, «Le système fiscal...». Según Manuel Santirso, Progreso y libertad..., p. 268, durante casi todo el siglo XIX en Francia la mayor parte de los ingresos fiscales provenía de los impuestos indirectos.

[127] Francisco Comín, «El sector público...», p. 454.

[128] Rafael Vallejo, Reforma tributaria..., p. 79.

[129] Pedro Tedde, «Revolución liberal...», pp. 34 y 35.

[130] Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica..., pp. 95 y 96.

[131] Es, por ejemplo, una de las líneas interpretativas de la obra más reciente de Josep Fontana, La época del liberalismo.

[132] Jordi Nadal, El fracaso..., p. 227.

[133] Pedro Tedde, «Revolución liberal...», p. 49.

[134] Ramon Garrabou, «Crecimiento agrario, atraso...», p. 231.

[135] Pere Pascual y Carles Sudriá, «Notas sobre El pozo», Historia Agraria, 28, 2002, pp. 207-216.

[136] Antón Costas, Apogeo del liberalismo..., p. 47.

[137] Jordi Maluquer, «Un componente fundamental de la revolución liberal: la despatrimonialización del agua», en VV. AA., O liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século xix, Lisboa, 1982, vol. 2 (una versión reducida: «La despatrimonialización del agua: movilización de un recurso natural fundamental», Revista de historia económica, I, 2, 1983, pp. 79-96). El papel de Estado en el control de las aguas públicas ha sido destacado por Antonio M. Bernal y Antonio Parejo, La España liberal..., p. 16.

[138] M.ª Teresa Pérez Picazo, «Nuevas perspectivas en el estudio del agua agrícola. La subordinación de la tecnología a los modos de gestión», Historia Agraria, 22, 2000, pp. 37-56. Marc Ferri, Terratinents, camperols i soldats. Regadiu i conflicte social al Camp de Morvedre, Valencia, Universitat de València, 2002.

[139] Jordi Nadal, El fracaso..., pp. 90-93.

[140] Pedro Tedde de Lorca, «Cambio institucional y cambio económico en la España del siglo XIX», Revista de historia económica, XII, 3, 1994, pp. 525-538.

[141] Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica..., p. 112.

[142] Pedro Tedde, «Revolución liberal...», p. 39.

[143] Gabriel Tortella, El desarrollo de la España..., p. 20; Ramón Villares, «L’agriculture espagnole au temps d’Isabelle II: réformes institutionnelles et expansion agricole», en JeanClaude Caron y Frédéric Chauvaud (eds.), Les campagnes dans les sociétés européennes. France, Allemagne, Espagne, Italie (1830-1930), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 157.

[144] Juan Carmona y James Simpson, El laberinto de la agricultura española. Instituciones, contratos y organización entre 1850 y 1936, Zaragoza, P.U.Z. y S.E.H.A., 2003, p. 55.

[145] Roser Nicolau, «Población, salud y actividad», en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas históricas de España, vol. 1, Siglos xix yxx, Madrid, Fundación BBVA, 2005, p. 124.

[146] Grupo de Estudios de Historia Rural, «Más allá de la “propiedad perfecta”. El proceso de privatización de los montes públicos españoles (1859-1926)», Noticiario de Historia Agraria, 8, 1994, pp. 99-152, y «Diversidad dentro de un orden. Privatización, producción forestal y represión en los montes públicos españoles (1859-1926)», Historia Agraria, 18, 1999, pp. 129-178. Gracia Gómez Urdáñez, «Doctrinas y realidades. Los frenos a la liberalización de la propiedad en España, 1835-1855», Historia Agraria, 27, 2002, pp. 133-163. José Ignacio Jiménez Blanco, «Los montes de propiedad pública (1833-1936)», en Francisco Comín y Pablo Martín Aceña (dirs.), Historia de la empresa..., pp. 241-281.

[147] Iñaki Iriarte, «La pervivencia de bienes comunales y la teoría de los derechos de propiedad. Algunas reflexiones desde el caso navarro, 1855-1935», Historia Agraria, 15, 1998, pp. 113-142; Alberto Sabio, Tierra, comunal y capitalismo agrario en Aragón. Uso de los recursos naturales y campesinado en Cinco Villas, 1830-1935, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002; José Miguel Lana, «Commons for sale. Economic and institutional change in the nineteenth-century northern Spain», Documento de trabajo de la A.E.H.E., n.º 4, 2006; Rosa Congost y José Miguel Lana (eds.), Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y propiedad de la tierra en Europa (siglos xvi-xix), Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2007.

[148] Rosa Congost, Tierras, leyes, historia. Estudios sobre «la gran obra de la propiedad», Barcelona, Crítica, 2007, p. 92.

[149] Ibíd., p. 23.

[150] Ramón Villares, «L’agriculture espagnole...», p. 149.

[151] Gracia Gómez, «Doctrinas y realidades...», p. 143

[152] Ibíd., p. 149.

[153] Jesús Millán, «Triunfo y límites de la propiedad en el arrendamiento valenciano», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad. Costumbre y prescripción, Madrid, Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, 2006, pp. 373-410.

[154] Josep Fontana y Ramon Garrabou, Guerra y Hacienda. La Hacienda del gobierno central en los años de la Guerra de la Independencia (1808-1814), Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1986, pp. 164 y 165. Diversos estudios han señalado la presencia de las compensaciones por mejoras en la práctica del arrendamiento valenciano: Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Poderes y legitimidad de la renta en el País Valenciano: las elites agrarias en el siglo XIX», Ayer, 46, 2002, pp. 250-251; Samuel Garrido y Salvador Calatayud, «La compra silenciosa. Arrendamientos, estabilidad y mejoras en la agricultura valenciana de regadío (1850-1930)», Investigaciones de Historia Económica, 8, 2007, pp. 77-108, y José R. Modesto Alapont, Tierra y colonos. La gestión agraria del Hospital General de Valencia (1780-1860), Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008.

[155] Juan Carmona y James Simpson, El laberinto de la agricultura..., p. 123.

[156] Rosa Congost, Tierras, leyes, historia..., cap. 3.

[157] José M.ª Serrano Sanz, «El mercado en la historiografía española», en Carlos Barciela, Gérard Chastagnaret y Antonio Escudero, La historia económica..., pp. 217-233.

[158] Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica..., p. 20.

[159] Enrique Llopis y Sonia Sotoca, «Antes, bastante antes: la primera fase de la integración del mercado español de trigo, 1725-1808», Historia Agraria, 36, 2005, pp. 249 y 250.

[160] Nicolás Sánchez-Albornoz, Las crisis de subsistencias de España en el siglo xix, Rosario, Instituto de Investigaciones Históricas, 1963; Jalones en la modernización de España, Barcelona, Ariel, 1975; España hace un siglo: una economía dual, Madrid, Alianza, 1977; «La integración del mercado nacional. España e Italia», en Jordi Nadal y Gabriel Tortella (eds.), Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 157-187. Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarril, industria y mercado en la modernización de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, p. 138.

[161] Gabriel Tortella, El desarrollo de la España..., p. 115.

[162] Albert Carreras y Xavier Tafunell, Historia económica..., p. 112.

[163] Enrique Llopis, «Expansión, reformismo y obstáculos al crecimiento (1715-1789)», en Francisco Comín, Mauro Hernández y Enrique Llopis, Historia económica..., p. 183.

[164] Francisco Tomás y Valiente, «La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen», en VV. AA., La era isabelina y el sexenio democrático, vol. 1, Madrid, EspasaCalpe, 1981; Jordi Maluquer, «Cataluña, avanzada de la industrialización», en Luis Germán, Enrique Llopis, Jordi Maluquer y Santiago Zapata (eds.), Historia económica regional de España, siglos xix y xx, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 375 y 376; Josep M.ª Fradera, Indústria i mercat..., p. 222.

[165] Emiliano Fernández de Pinedo, «Haciendas forales y desarrollo...», p. 173; Joseba de la Torre y Mario García-Zúñiga, «Hacienda foral y crecimiento...», p. 188. Pablo Díaz Morán, Los Ybarra: una dinastía de empresarios (1801-2001), Madrid, Marcial Pons, 2002.

[166] Domingo Gallego, «La formación de los precios del trigo en España (1820-1869): el mercado interior», Historia Agraria, 36, 2005, p. 266.

[167] Cit. en Ramon Garrabou, «Un testimonio de la crisis de subsistencia de 1856-57: el Expediente de la Dirección General de Comercio», Agricultura y Sociedad, 14, 1980, pp. 291 y 292.

[168] Pedro Díaz Marín, «Crisis de subsistencias y protesta popular: los motines de 1847», Historia Agraria, 30, 2003, pp. 31-62.

[169] Nicolas Bourguinat, «L’État et les violences frumentaires en France sous la Restauration et la Monarchie de Juillet», Ruralia, 1997-01. Versión electrónica: <http://ruralia. revues.org/document2.html>.

[170] Nicolas Bourguinat, Les grains du désordre. L’État face aux violences frumentaires dans la première moitié du xixè siècle, París, Éditions de l’EHESS, 2002, pp. 81, 95 y ss.

[171] Ibíd., p. 86.

[172] Leandro Prados, De imperio a nación..., p. 71.

[173] Ramon Garrabou, «La información arancelaria sobre el comercio de cereales y de lana de 1847: datos para la formación del mercado interior», Agricultura y Sociedad, 10, 1979, p. 335. Ricardo Robledo, Economistas y reformadores..., pp. 69 y ss. Un planteamiento reciente: Domingo Gallego, «Historia de un desarrollo pausado: integración mercantil y transformaciones productivas de la agricultura española (1800-1936)», en Josep Pujol, Manuel González de Molina, Lourenzo Fernández Prieto, Domingo Gallego y Ramon Garrabou, El pozo de todos los males..., pp. 150 y ss.

[174] Enrique Llopis, «Expansión, reformismo...», p. 198.

[175] Jordi Maluquer, «Cataluña, avanzada...», p. 375; Josep M.ª Fradera, Indústria i mercat..., p. 300.

[176] Rafael Domínguez, «La mercantilización de factores en la agricultura española, 1860-1880: Un intento de estimación de los contrastes regionales», Revista de Historia Económica, XII, 1, 1994, pp. 85-109; y «Autoconsumo, mercantilización...».

[177] Albert Carreras, «La industrialización: una perspectiva a largo plazo», Papeles de Economía Española, 73, 1997, pp 35-60.

[178] Manuel Santirso, Progreso y libertad..., p. 259.

[179] José María Serrano Sanz, «El mercado en la historiografía...», p. 226. No obstante, a partir de la década de 1840, coincidiendo con el asentamiento del Estado, el crecimiento del mercado interior fue aprovechado por el desarrollo industrial de los dos decenios siguientes, según Albert Carreras, «La industrialización: una perspectiva...». El agotamiento posterior, a partir de la década de 1870, supuso una fase distinta.

[180] David Ringrose, España, 1700-1900...

[181] Rafael Domínguez Martín, La riqueza de las regiones. Las desigualdades económicas regionales en España, 1700-2000, Madrid, Alianza, 2002.

[182] Luis Germán, «Del cereal al metal. La trayectoria de la economía aragonesa», en Luis Germán, Enrique Llopis, Jordi Maluquer y Santiago Zapata, Historia económica regional..., pp. 337 y 338.

[183] Emiliano Fernández de Pinedo, «De la primera industrialización a la reconversión industrial. La economía vasca entre 1841 y 1990», en ibíd., p. 102.

[184] Jordi Palafox, «La tardía industrialización de la economía valenciana», en ibíd., p. 409.

[185] Antonio López Estudillo, «Transformacions agràries...», p. 93.

[186] Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarril, industria..., pp. 155-164.

[187] Enrique Llopis, «Otras caras “menos amables” de la agricultura española contemporánea», Historia Agraria, 28, 2002, p. 199.

[188] Domingo Gallego, «Sociedad, naturaleza y mercado: un análisis regional de los condicionantes de la producción agraria española (1800-1936)», Historia Agraria, 24, 2001, pp. 11-57, y Más allá de la economía de mercado. Los condicionantes históricos del desarrollo económico, Madrid, Marcial Pons y Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 165 y ss.

[189] Candelaria Saiz y Javier Vidal, El fin del Antiguo Régimen (1808-1868), Madrid, Síntesis, 2001, pp. 105 y 106.

[190] Gabriel Tortella, Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y ferrocarriles en el siglo xix, Madrid, Tecnos, 1975, p. 170.

[191] Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarriles y cambio económico en España, 1855-1913, Madrid, Alianza, 1982.

[192] Cit. en Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarril, industria y mercado..., p. 42.

[193] Rafael Barquín, «Transporte y precio del trigo en el siglo XIX: creación y reordenación de un mercado nacional», Revista de Historia Económica, XV, 1, 1997, pp. 17-48.

[194] Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarril, industria y mercado..., pp. 133 y ss.; Pere Pascual y Carles Sudriá, «El difícil arranque...», p. 224; Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox, España 1808-1996..., p. 114.

[195] Ramon Garrabou y Jesús Sanz, «La agricultura española durante el siglo XIX: ¿inmovilismo o cambio?», en Ramon Garrabou y Jesús Sanz (eds.), Historia Agraria..., p. 33.

[196] Ibíd., p. 51.

[197] Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarril, industria y mercado..., pp. 169-176.

[198] Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox, España 1808-1996..., p. 118.

[199] Pere Pascual y Carles Sudriá, «El difícil arranque...», p. 223.

[200] Cit. en Candelaria Saiz y Javier Vidal, El fin del Antiguo Régimen..., p. 119.

[201] Sobre las relaciones entre el poder político moderado y los negocios ferroviarios, Juan Pro Ruiz, «Poder político y poder económico en el Madrid de los moderados (18441854)», Ayer, 66, 2007, pp. 27-55.

[202] Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarril, industria y mercado..., p. 43.

[203] Francisco Comín, Pablo Martín Aceña, Miguel Muñoz Rubio y Javier Vidal, 150 años de historia de los ferrocarriles españoles, Madrid, Anaya, 1998, vol. 1, pp. 66 y ss.

[204] Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarril, industria y mercado..., p. 59.

[205] Candelaria Saiz y Javier Vidal, El fin del Antiguo Régimen..., p. 143.

[206] Un ejemplo de las mediaciones políticas en el negocio ferroviario: Francesc A. Martínez Gallego, Lluís Mayans i Enríquez de Navarra (1805-1880). Liberalisme moderat, burgesia i Estat, Ontinyent, Ajuntament, 2000, pp. 111 y ss.

[207] Telesforo M. Hernández, Ferrocarriles y capitalismo en el País Valenciano: 18431879, Valencia, Ayuntamiento, 1983. Pere Pascual, Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle xix. Formació i desestructuració d’un sistema econòmic, Barcelona, Crítica, 1990, cap. 3. Manuel González Portilla, Manuel Montero, José M.ª Garmendia, Pedro A. Novo y Olga Macias, Ferrocarriles y desarrollo. Red y mercados en el País Vasco, 18561914, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1995.

[208] Ángel Bahamonde (dir.), Las comunicaciones en la construcción del Estado contemporáneo en España, 1700-1936: el correo, el telégrafo y el teléfono, Madrid, Ministerio de Obras Públicas, 1993. Yolanda Blasco, “El Banc de Barcelona i els orígens de la banca moderna a Espanya, 1844-1856”, Recerques, 54, 2007, p. 8.

[209] Francisco Comín, «El sector público y la economía...», p. 425.

[210] Enrique Llopis, «Expansión, reformismo...», p. 199. Se ha vinculado el proteccionismo con las dificultades de la Hacienda en un doble sentido. Por un lado, estaría el carácter fiscal de los aranceles. Por otro, el hecho de que la escasez de recursos impedía una política

[211] Pablo Sánchez León, Libertad económica versus pluralismo político: la movilización a favor del libre comercio en Inglaterra y en España, 1840-1849, Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1999, p. 23; Enrique Montañés, «Vinos y cuestión algodonera. Los exportadores ante la reforma arancelaria, 1839-1843», Historia Agraria, 43, 2007, p. 479.

[212] Gabriel Tortella, El desarrollo de la España..., p. 169.

[213] Enrique Montañés, «Vinos y cuestión algodonera....». Ernest Lluch, «La “gira triomfal” de Cobden per Espanya (1846)», Recerques, 21, 1988, pp. 71-90.

[214] Enrique Montañés, «La consolidación del prohibicionismo en el comercio del trigo (1820-1847)», en Diego Caro Cancela (ed.), El primer liberalismo en Andalucía (18081868): política, economía y sociabilidad, Cádiz, Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2005, p. 244.

[215] Domingo Gallego, «La formación de los precios...», p. 269. Una lectura opuesta de los datos de precios en relación con Europa: Llopis, «Expansión, reformismo...». Pedro Díaz, «Crisis de subsistencias y protesta...». Rafael Barquín Gil, Precios de trigo e índices de consumo en España, 1765-1883, Burgos, Universidad de Burgos, 2001.

[216] Domingo Gallego, «La formación de los precios...», pp. 275-277.

[217] Enrique Montañés, «La consolidación del prohibicionismo en el comercio del trigo (1820-1847)», en Diego Caro Cancela (ed.), El primer liberalismo en Andalucía (18081868): política, economía y sociabilidad, Cádiz, Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2005, p. 244.

[218] Domingo Gallego, «La formación de los precios...», pp. 265 y 266.

[219] Pedro Díaz Marín, «Crisis de subsistencias y protesta...».

[220] Jordi Maluquer, «El mercado colonial antillano en el siglo XIX», en Jordi Nadal y Gabriel Tortella (eds.), Agricultura, comercio..., pp. 322-357.

[221] Antón Costas, Apogeo del liberalismo..., pp. 14 y 15.

[222] Ibíd., p. 11.

[223] Josep Fontana, La época del liberalismo, pp. 418 y ss.

[224] Un reciente estado de la cuestión: Antonio Parejo, «La industrialización española en los siglos XIX y XX. Un balance historiográfico», en A. di Vittorio, C. Barciela y G. L. Fontana (eds.), Storiografia d’industria e d’impresa in Italia e Spagna in età moderna e contemporanea, Padua, CLEUP, 2004, pp. 23-44.

[225] Antón Costas, «El librecambio, la industrialización y sus desencantos: argumentos a favor del proteccionismo en la segunda mitad del siglo XIX», en VV. AA., Industrialización en España: entusiasmos, desencantos y rechazos. Ensayos en homenaje al profesor Fabián Estapé, Madrid, Civitas, 1997, p. 214. Santiago López y Jesús M.ª Valdaliso, Historia económica de la empresa, Barcelona, Crítica, 2000, p. 192.

[226] Borja de Riquer, «Les identitats en el segle XIX a Espanya: punts per a un debat», en Teresa Carnero y Ferran Archilés (eds.), Europa, Espanya, País Valencià. Nacionalisme i democràcia: passat i futur, Valencia, PUV, 2007, señala que planteó su tesis con «clara voluntat provocadora» y para «suscitar la discussió», p. 111.

[227] La dimensión historiográfica de este apartado obliga a dejar de lado a aquellos intelectuales de finales del siglo XIX y principios del siguiente que se preocuparon por el nacionalismo, el Estado decimonónico y su capacidad de vertebración nacional, como, por ejemplo, Ortega y Gasset o Azaña. El primero pensaba que España carecía de «toda verdadera emoción nacional». El segundo sostenía que el problema había sido la ausencia de un Estado verdaderamente moderno, integrador y nacional.

[228] José Antonio Maravall, «Prólogo» a la obra del iberista portugués Joaquim Pedro de Oliveira Martins, Historia de la civilización ibérica, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972, la cita en p. 18.

[229] José María Jover, «Caracteres del nacionalismo español, 1854-1874», Zona Abierta, 31, 1984, pp. 1-31.

[230] Un ejemplo de exclusión en los análisis de las estructuras nacionales del Estado español en el siglo XIX, el monográfico «Los nacionalismos en la España de la Restauración», Estudios de Historia Social, 28 y 29, 1984.

[231] La bibliografía al respecto comienza a ser abundante; pueden consultarse, entre otros, Pilar Cirujano, Teresa Elorriaga y Juan Sisinio Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español, 1834-1868, Madrid, CSIC, 1985; Manuel Moreno Alonso, «El sentimiento nacionalista en la historiografía española del siglo XIX», Nations et nationalités en Espagne, xixè-xxè siècles, París, Fondation Singer-Polignac, 1985, pp. 63-122; Ricardo García Cárcel, «La manipulación de la memoria histórica en el nacionalismo español», Manuscrits, 12, 1994, pp. 175-181; Esperanza Illán Calderón, «Historia y Nación en Cánovas del Castillo», Estudios Históricos. Homenaje a los profesores José María Jover Zamora y Vicente Palacio Atard, 1990, vol. I, pp. 137-150; Jon Juaristi, «El ruedo ibérico. Símbolos y mitos de masas en el nacionalismo español», Cuadernos de Alzate, 16, 1997, pp. 19-31; Inman Fox, La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional, Madrid, Cátedra, 1997; Pedro Ruiz Torres, «Representaciones del pasado en la cultura nacionalista de finales del siglo XIX», Los 98 ibéricos y el Mar, Madrid, Sociedad Estatal Lisboa’98, vol. II, 1998, pp. 137-161; Carlos Serrano, El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación, Madrid, Taurus, 1999; Javier Varela, La novela de España. Los intelectuales y el problema español, Madrid, Taurus, 1999; Carolyn P. Boyd, Historia Patria. Política, historia e identidad nacional en España: 1875-1975, Barcelona, Pomares-Corredor, 2000; Ignacio Peiró, «La Historia, la Política y la imagen artística de la Restauración», en M.ª del Carmen Lacarra Ducay y Cristina Giménez Navarro (eds.), Historia y política a través de la Escultura pública, 1820-1920, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2003, pp. 7-39; Javier Moreno Luzón (coord.), Nacionalismo español: las políticas de la memoria, Historia y Política, 12, 2004, pp. 7-209.

[232] También en relación con el Estado borbónico se plantearon dos concepciones alternativas. Algunos historiadores destacaron el fortalecimiento del poder estatal y la configuración de un sistema de valores, de tal manera que el sentimiento de comunidad nacional afloró bajo Carlos III. Otros, en cambio, subrayaron el fracaso en la realización de principios racionalistas y unificadores en materia de derecho, lo que condicionó la ineficacia del Estado liberal en el ámbito de la codificación. Veánse, respectivamente y a título de ejemplo, Antonio Morales, Reflexiones sobre el Estado español del siglo xviii, Madrid, INAP, 1987, o «El Estado de la Ilustración», en Guillermo Gortázar (ed.), Nación y Estado en la España liberal, Madrid, Noesis, 1994, pp. 15-75, y Bartolomé Clavero, El código y el Fuero. De la cuestión regional en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1982, pp. 41-81.

[233] Andrés de Blas Guerrero, Sobre el nacionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, las citas en pp. 17 y 19.

[234] Juan Pablo Fusi, «La organización territorial del Estado», en Juan Pablo Fusi (dir.), España. Autonomías, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pp. 13-40, las citas en pp. 17 y 19. También, «Centre and Periphery 1898-1936: National Integration and Regional Nationalisms Reconsidered», en Frances Lannon y Paul Preston (eds.), Elites and Power in TwentiethCentury Spain, Oxford, Oxford University Press, 1990, pp. 33-40; «Centralismo y localismo: la formación del Estado liberal», en Guillermo Górtazar (ed.), Nación y Estado..., pp. 77-90.

[235] Borja de Riquer, «Sobre el lugar de los nacionalismos en la historia contemporánea de España», Historia Social, 7, 1990, pp. 105-126, y Juan Pablo Fusi, «Revisionismo crítico e historia nacionalista (A propósito de un artículo de Borja de Riquer)», Historia Social, 7, 1990, pp. 127-134.

[236] Juan Pablo Fusi, España. La evolución de la identidad nacional, Madrid, Temas de Hoy, 2000, citas en pp. 154, 163, 187 y 188, respectivamente.

[237] Juan José Linz, «Early State Building and Late Peripherial Nationalisms Against the State: the Case of Spain», en Shmuel Noah Eisenstadt y Stein Rokkan (eds.), Building States and Nations, Beverly Hills, Sage, 1973, vol. II, pp. 32-112, y «Los nacionalismos en España: una perspectiva comparada», Historia y Fuente Oral, 7, 1992, pp. 127-135. J. Corcuera también había sugerido la falta de capacidad integradora del sistema político del Estado del siglo XIX; véase Javier Corcuera, «Nacionalismo y clases en la España de la Restauración», Estudios de Historia Social, 28 y 29, 1984, pp. 249-282.

[238] Xosé Manoel Núñez Seixas, Los nacionalismos en la España contemporánea (siglos xix y xx), Barcelona, Hipótesis, 1999, pp. 13, 18 y 21, respectivamente. Este autor invitaba a la prudencia, por cuanto se sabía muy poco sobre la evolución de las formas de identidad colectiva en España y, en su opinión, la propuesta de Riquer debía ser utilizada «como un punto de partida, es decir, una hipótesis fundada de trabajo, más que como un punto de llegada autoexplicativo», Xosé Manoel Núñez Seixas, «Los oasis en el desierto. Perspectivas historiográficas sobre el nacionalismo español», Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 26, 1997, pp. 483-533, la cita en p. 511.

[239] Josep Maria Fradera, Cultura nacional en una societat dividida, Barcelona, Curial, 1992, pp. 124 y 125 (edición en castellano: Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña, 1838-1868, Madrid, Marcial Pons, 2003) y «El proyecto liberal catalán y los imperativos del doble patriotismo», Ayer, 35, 1999, pp. 87-100.

[240] Santos Juliá, «Anomalía, dolor y fracaso...».

[241] Manuel Martí, «Liberalism, Democracy, Nation-State: A Valencian Perspective (1875-1914)», Bulletin of Hispanic Studies, LXXV-5, 1998, pp. 103-116, y «Amb melic o sense. La Història i les nacions d’ací», Afers, 29, 1998, pp. 11-29; Manuel Martí y Ferran Archilés, «La construcción de la Nación española durante el siglo XIX: logros y límites de la asimilación en el caso valenciano», Ayer, 35, 1999, pp. 171-190; Ferran Archilés y Manuel Martí, «Un país tan extraño como cualquier otro: la construcción de la identidad nacional española contemporánea», en M.ª Cruz Romeo e Ismael Saz (eds.), El siglo xx. Historiografía e historia, Valencia, PUV, 2002, pp. 245-278.

[242] Esto no quiere decir, por supuesto, que la historiografía española haya desterrado ciertos mitos. Es significativo a este respecto que la crítica que realizan Josep Termes y Agustí Colomines a la tesis de la débil nacionalizacón (consideran que más que débil fue ineficaz) se fundamente en primer lugar en el hecho de que «el liberalisme espanyol era profundament doctrinari i patrimoni d’una elit». Josep Termes y Agustí Colomines, «Introducció», Patriotes i resistents. Història del primer catalanisme, Barcelona, Base, 2003.

[243] Martin Kirsch, «Los cambios constitucionales tras la revolución de 1848...».

[244] Rafaele Romanelli, Duplo Movimento. Ensayos de História, Lisboa, Livros Horizonte, 2008, pp. 21-35.

[245] Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Was the liberal revolution important to modern Spain? Political cultures and citizenship in Spanish history», Social History, 29, 2004, pp. 284-300 (versión castellana: «¿Por qué es importante la revolución liberal...?»).

[246] M.ª Cruz Romeo, «Política católica para después de la revolución o las vías del antiliberalismo: Aparisi y Guijarro, 1843-1844», Trienio, 41, 2003, pp. 157 y 158. Jesús Millán, «El absolutismo en la época de los propietarios...».

[247] Jesús Millán, «La retropía del carlismo. Referentes y márgenes ideológicos», en Manuel Suárez (ed.), Utopías, quimeras y desencantos. El universo utópico en la España liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2008, pp. 255-281; Fernando Molina, «De la historia a la memoria. El carlismo y el problema vasco (1868-1978)», El carlismo en su tiempo: geografías de la contrarrevolución, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008, p. 169.

[248] Véanse las síntesis de Xosé M. Núñez Seixas, Los nacionalismos en la España contemporánea (siglos XIX y XX), Barcelona, Hipótesis, 1999 y Pere Anguera, Justo Beramendi y José Luis de La Granja, La España de los nacionalismos y las autonomías, Madrid, Síntesis, 2001.

[249] La difusión del patriotismo popular en el último tercio del siglo XIX, en Sebastián Balfour, El fin del Imperio español, 1898-1923, Barcelona, Crítica, 1997; Angel Smith, «The People and the Nation: Nationalist Mobilization and the Crisis of 1895-1898», en Angel Smith y Emma Dávila-Cox (eds.), The Crisis of 1898. Colonial Redistribution and Nationalist Mobilization, Londres, MacMillan, 1999, pp. 152-179; Mariano Esteban de Vega, «Decadencia, Desastre y Regeneración en la España de Fin de Siglo», en Mariano Esteban de Vega y Antonio Morales Moya (eds.), Los fines de siglo en España y Portugal. II Encuentro de Historia comparada, Jaén, Universidad de Jaén, 1999, pp. 59-74, y «Grupos y actitudes sociales en España ante las guerras coloniales de 1895 a 1898», en Isidro Sánchez y Rafael Villena (coords.), Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 101-124.

[250] La bibliografía sobre la Administración del Estado liberal es muy amplia. Pueden consultarse, Alejandro Nieto, Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón, Madrid, Ariel, 1996; Julio Aróstegui, «El Estado español contemporáneo: centralismo, inarticulación y nacionalismo», Historia Contemporánea, 17, 1998, pp. 31-57, y Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz y Fernando Suárez Bilbao, Estado y territorio en España...

[251] El desarrollo ampliado de estas cuestiones, en Coro Rubio, La identidad vasca en el siglo xix. Discurso y agentes sociales, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

[252] Fernando Molina, «La disputada cronología de la nacionalidad. Fuerismo, identidad vasca y nación en el siglo XIX», Historia Contemporánea, 30, 2005, p. 222. A este respecto, véanse los trabajos reunidos en Luis Castells, Arturo Cajal y Fernando Molina (eds.), El País Vasco y España...

[253] Fernando Molina, «La tierra del martirio español». El País Vasco y España en el siglo del nacionalismo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, y «España no era tan diferente. Regionalismo e identidad nacional en el País Vasco (18681898)», Ayer, 64, 2006, pp. 179-200.

[254] José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo xix, Madrid, Taurus, 2001, p. 584.

[255] Justo Beramendi, «Algunos aspectos del nation-building español en la Galicia del siglo XIX», en Javier Moreno Luzón (ed.), Construir España. Nacionalismo español y procesos de nacionalización, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 25-57, las citas en pp. 36 y 44, respectivamente. Véase también su trabajo sobre el provincialismo gallego en De provincia a nación. Historia do galeguismo político, Vigo, Xerais, 2007, pp. 71-169.

[256] Sobre la construcción de la identidad nacional española en otras zonas de España, véanse, entre otros, José-Carlos Mainer y José M.ª Enguita (eds.), Entre dos siglos. Literatura y aragonesismo, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2002; Ángel García-Sanz Marcotegui, Iñaki Iriarte López, Fernando Mikelarena Peña, Historia del navarrismo (1841-1936). Sus relaciones con el vasquismo, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2002; Ferran Archilés y Manuel Martí, «La construcció de la regió, mecanisme nacionalitzador i la tesi de la débil nacionalització espanyola», Afers, 48, 2004, pp. 265-308; Ángel García-Sanz Marcotegui (ed.), Memoria histórica e identidad. En torno a Cataluña, Aragón y Navarra, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2004; Carlos Forcadell y M.ª Cruz Romeo (eds.), Provincia y nación. Los territorios del liberalismo, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2006; Luis Castells (ed.), Del territorio a la nación, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006; Ferran Archilés, «Entre la regió i la nació. Nació i narració en la identitat valenciana contemporània», en Teresa Carnero y Ferran Archilés (eds.), Europa, Espanya, País Valencià...; Javier Moreno Luzón (ed.), Construir España.

[257] Xosé M. Núñez Seixas (ed.), «La construcción de la identidad regional en Europa y España (siglos XIX y XX)», Ayer, 64, 2006, pp. 11-17.

[258] El acomodo de las elites vascas en el Estado liberal, en Joseba Agirreazkuénaga, «La Espanya foral. Principio absurdo, peligroso e imposible... Un Estado dentro de otro Estado», Recerques, 39, 2000, pp. 7-30.

[259] Coro Rubio Pobes, Revolución y tradición. El País Vasco ante la revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 377-378.

[260] Coro Rubio Pobes, La identidad vasca..., p. 163.

[261] Ramon Arnabat, «Elits i control de les institucions polítiques locals durant el procés de la revolució liberal a Catalunya», en Conxita Mir y Enric Vicedo (eds.), Control social i quotidianitat. Terceres Jornades sobre sistemes agraries, organització social i poder local als Països Catalans, Lérida, Institut d’Història Ilerdencs, 2002, pp. 281-325.

[262] Josep Maria Fradera, Cultura nacional...

[263] Borja de Riquer, Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 81.

[264] Josep Maria Fradera, «La dificultat de descriure la nació...».

[265] Joan Fuster Sobrepere, Barcelona i l’Estat centralista...; Manel Risques, El govern civil de Barcelona...

[266] La relevancia de un enfoque atento a la dinámica de los sectores populares durante la revolución liberal, en Anna Maria Garcia Rovira, La revolució liberal a Espanya i les classes populars, Vic, Eumo, 1989, y «Los proyectos de España en la revolución liberal. Federalistas y centralistas ante la inserción de Cataluña en España (1835-37)», Hispania, 203, 1999, pp. 1007-1031; también Genís Barnosell, «Consens i revolució. Poble i nació a la Barcelona de la Revolució liberal, 1835-1843», en Ramon Grau (coord.), La ciutat i les revolucions, 1808-1868. I. Les lluites del liberalisme, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

[267] Celia Applegate, A Nation of Provincials. The German Idea of Heimat, Berkeley, University of California Press, 1990; Alon Confino, The Nation as a Metaphor. Württemberg, Imperial Germany, and National Memory, 1871-1918, Chapel Hill, The University of Carolina Press, 1997; Caroline Ford, Creating the Nation in Provincial France. Religion and Political Identity in Brittany, Princeton, Princeton University Press, 1993; Anna-Marie Thiesse, Ils apprennaient la France. L’exaltation des régions dans le discourse patriotique, París, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1997; Craig Calhoun, Nacionalisme, Catarroja y Barcelona, Afers, 2008.

[268] José Álvarez Junco, «La nación en duda», en Juan Pan-Montojo (coord.), Más se perdió en Cuba..., p. 439.

[269] Manuel Puelles Benítez, Estado y educación en la España liberal (1809-1857). Un sistema educativo nacional frustrado, Madrid, Pomares, 2004. La ineficiencia en la transmisión de conocimientos, por otra parte escasamente modernos, en Juan Manuel Fernández Soria, Estado y Educación en la España contemporánea, Madrid, Síntesis, 2002.

[270] Antonio Viñao, Sistemas educativos, culturas escolares y reformas, Madrid, Morata, 2002, p. 43.

[271] Maitane Ostolaza, «La Nación española en el País Vasco, 1857-1931: el papel de la escuela», en Luis Castells, Arturo Cajal y Fernando Molina (eds.), El País Vasco y España..., pp. 163-184.

[272] La legislación en materia educativa puede consultarse en Antonio Viñao Frago, Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: continuidades y cambios, Madrid, Morata, 2002.

[273] Antonio Viñao Frago, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen especial de sus relaciones con la enseñanza secundaria, Madrid, Siglo XXI, 1982, pp. 336 y ss.

[274] Manuel Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea, Madrid, Tecnos, 2002 (1.ª edición, 1980), pp. 125 y ss. El Plan de 1857 perduró hasta la reforma educativa de 1970, aunque sufrió modificaciones destacadas durante la Segunda República.

[275] Antonio Viñao, Política y educación..., p. 393. La libertad en la elección de textos y métodos sería establecida durante el Sexenio Revolucionario, hasta su derogación en 1875, reponiendo los preceptos de la ley de 1857 y el reglamento de 1859. Véanse las críticas de Menéndez Pelayo a Antonio Gil de Zárate, en Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos..., vol. II, pp. 868-871.

[276] Manuel Santirso, Progreso y libertad..., pp. 291-298.

[277] Gumersindo de Azcárate, Minuta de un testamento, Barcelona, Ediciones de Cultura Popular, 1967, pp. 100-101. La instrucción en el hogar se mantuvo durante buena parte del siglo XIX entre las jóvenes europeas de clases medias; Linda L. Clark, Women and Achievement in Nineteenth-Century Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. p. 161.

[278] Carmen Sarasúa, «El acceso de niñas y niños a los recursos educativos en la España rural del siglo XIX», en José Miguel Martínez Carrión (ed.), El nivel de vida..., pp. 549-609.

[279] Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz y Fernando Suárez Bilbao, Estado y territorio..., p. 256.

[280] Para el caso vasco, Maitane Ostolaza, «La Nación española...».

[281] Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz y Fernando Suárez Bilbao, Estado y territorio..., p. 256.

[282] Joaquín García Puchol, Los textos escolares de historia en la enseñanza española (1808-1900), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1992; Ignacio Peiró, «La difusión del libro de texto: autores y manuales de historia en los institutos del siglo XIX», Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 7, 1993, pp. 39-57; Carmen Benso, «El libro de texto en la enseñanza secundaria (1845-1905)», Revista de Educación, 323, 2000, pp. 43-66, y Profesores y textos en el bachillerato: uso y producción de obras de texto en los institutos gallegos del siglo xix, Santiago de Compostela, Torculo, 2003.

[283] María del Mar del Pozo, Curriculum e identidad nacional. Regeneracionismos, nacionalismos y escuela pública, 1890-1939, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 181 y ss. La autora señala igualmente el reforzamiento del contenido nacionalista de los textos escolares durante el primer tercio del siglo XX.

[284] Los niveles educativos en cuanto a número de centros y alumnado y el gasto de las administraciones públicas pueden consultarse en Joaquín del Moral, Juan Pro y Fernando Suárez, Estado y territorio..., pp. 262-281.

[285] Antonio Viñao, Sistemas educativos..., p. 27.

[286] Clara Eugenia Núñez, La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1992, pp. 322 y 323.

[287] Jean-Louis Guereña y Antonio Viñao Frago, Estadística escolar. Proceso de escolarización y sistema educativo nacional en España (1750-1850), Barcelona, EUB, 1996, p. 215.

[288] Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro y Fernando Suárez, Estado y territorio..., p. 514.

[289] Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (18121923), Madrid, Alianza, 1983.

[290] Valentina Fernández Vargas, Sangre o dinero. El mito del Ejército Nacional, Madrid, Alianza, 2004.

[291] Núria Sales, Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintas, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 137-206.

[292] Alfonso J. González Asenjo, «La resistencia al servicio militar en Galicia (18371874)», Estudios de Historia Social, 34-35, 1985, pp. 197-318. La Coruña, Lugo y Orense ofrecían un porcentaje muy superior al promedio español de desertores en el período 18611885. Los análisis regionales no suelen abordar el problema de la nacionalización; véase Beatriz Frieyro de Lara, El reclutamiento militar en la crisis de la Restauración: el caso riojano (1896-1923), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000.

[293] Juan Pablo Fusi, España..., p. 190.

[294] Fernando Puell de la Villa, El soldado desconocido: de la leva a la «mili», 17001912, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996, p. 126

[295] Rafael Núñez Florencio, Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906), Madrid, CSIC, 1990, pp. 120 y 121. Sobre las interpretaciones en torno a la pasividad o desinterés de la población española ante el conflicto cubano y sobre todo la derrota de 1898, véase Manuel Pérez Ledesma, «La sociedad española, la guerra y la derrota», en Juan PanMontojo (coord.), Más se perdió en Cuba..., pp. 91-149.

[296] Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro y Fernando Suárez, Estado y territorio..., p. 522.

LOS LIBERALISMOS Y LA AGRICULTURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX

Juan Pan-Montojo

Universidad Autónoma de Madrid

La agricultura fue durante todo el siglo XIX hispano la actividad económica de más peso desde el punto de vista de su aportación al producto nacional y desde el punto de vista de la población activa. En uno de los países menos urbanizados del Occidente europeo, la relevancia de la agricultura iba más allá incluso de su elevado peso cuantitativo, puesto que articulaba la vida de los «pueblos». Civilizar la vida rural, ganándola para el progreso material y moral, el horizonte de las elites liberales españolas, implicaba transformar la agricultura.

Este proyecto civilizador se enfrentaba sin embargo a numerosas paradojas. La primera era que, como se había venido argumentando desde los medios reformistas dieciochescos, el punto de partida de una nueva agricultura pasaba por el desestancamiento de la tierra, su conversión en una mercancía y la creación de un mercado abierto de suelo agrario, un programa que obligaba a poner en cuestión los derechos por excelencia del nuevo régimen político, los derechos de propiedad. Fueron los progresistas, empujados por una lectura revolucionaria del liberalismo y por sus propias necesidades políticas, los que configuraron vías de salida, eliminando con o sin compensación unos derechos y consolidando otros, mediante una reforma agraria de profundo impacto sobre la realidad rural española. Pero los moderados y luego los conservadores no cuestionaron los elementos centrales de la revolución en los campos: cosa distinta, como nos recordaría García Ormaechea años más tarde, es que en lo relativo a los señoríos los ministros de Hacienda y la jurisprudencia de unos tribunales muy vinculados a los partidos en el poder, y por tanto a moderados y conservadores, obstaculizaran a lo largo de décadas su aplicación conforme a lo dispuesto por las Cortes en sus sucesivas leyes.[1]

A esta paradoja central, atentar contra las propiedades para construir una sociedad regida por la sacrosanta propiedad, se sumó en los años posrevolucionarios una no menos importante. Los labradores fueron percibidos de manera creciente, tras la larga década de conflictos que siguió a la muerte de Fernando VII y en mayor medida tras la oleada revolucionaria que sacudió Europa en 1848, como una población virtuosa en la que cabía identificar «dos caracteres que la separan profundamente de la clase obrera, el amor a la paz y el sentimiento religioso».[2] ¿Cómo mantener esas virtudes y al tiempo lograr el progreso? Porque esa gente «enemiga de novedades», como los describía con evidente satisfacción Manuel Colmeiro, eran también los «cultivadores rutinarios e ignorantes», que denunciaban al alimón los tratadistas de agricultura y las tribunas políticas. La solución radicó durante mucho tiempo en pensar que era viable una transformación técnica –el paso del empirismo a la ciencia de la agricultura–, que ya el profesor del Botánico Arias y Costa imaginaba, en 1817, protagonizada por una soñada clase de «hacendados y poderosos», acompañada por los «profesionales» de la agricultura y «administradores», que debían asesorar a los propietarios en el empeño modernizador.[3] Bajo su dirección y con su ejemplo, los «rústicos» podían mejorar el cultivo sin apenas oír «el eco de las pasiones que se agitan y conmueven a las masas, poniendo en peligro la pública tranquilidad, en los centros industriales».[4] Delegar en esas elites de propietarios y profesionales, tan heterogéneas como las estructuras e instituciones de las sociedades rurales españolas, la iniciativa y la gestión de las políticas agrarias y correr el riesgo de que no se produjeran los cambios, o proponer fórmulas generales, impulsadas por los agentes estatales, más eficaces pero más desestabilizadoras para las correlaciones de fuerzas locales y por tanto más peligrosas para un poder central endeble, constituyó uno de los grandes dilemas a los que se enfrentaron los sucesivos gobiernos liberales.

No eran, con todo, estas dos las únicas aporías a las que se enfrentaba cualquier política agraria del liberalismo. Ceder protagonismo a los pueblos, y a sus mayores contribuyentes, no era en ocasiones una opción política consciente, sino el resultado último de la debilidad de los aparatos estatales en construcción en la España post-imperial. La debilidad de las instituciones públicas, al igual que la de los otros Estados nacidos del fin del Imperio hispano, revelaba la pesada herencia de una discontinuidad profunda en todos los órdenes, prolongada durante cincuenta años de guerras, revoluciones y crisis fiscal. Pero esa debilidad, patente si comparamos el número de funcionarios, la calidad y cantidad de la información estadística o los recursos financieros del Estado con los de otros países del Occidente europeo en el XIX, no resultaba plenamente diferenciable para los coetáneos –pese a ser conscientes del largo trecho que los separaba de la vecina Francia– de una distribución territorial y social del poder, que durante la larga pax britannica no resultó ni mucho menos una excepción española en el contexto europeo.[5] La gran propiedad británica mantuvo hasta las últimas décadas del XIX el control de la representación del Estado en los condados, dirigidos por los jueces de paz y los «lores lugartenientes», cooptados en sus filas.[6] Los Landräte, gobernadores provinciales prusianos, se reclutaron hasta la Gran Guerra entre los grandes propietarios locales y ejercían una función políticamente aceptada de intermediarios entre el Estado y sus pares y el resto de la población.[7] Incluso el Estado modélico en su centralización, el francés, no puso en cuestión el papel mediador, siquiera fuera informal, de los notables, y entre ellos, de forma destacada, de los châtelains, que al igual que en Italia, Reino Unido o Prusia –y, como veremos, en España– ya no eran sólo, ni siquiera mayoritariamente, descendientes de los antiguos propietarios nobles de los châteaux.[8] De modo que la renuncia a la intervención en los municipios e incluso la delegación en los ayuntamientos de funciones públicas, necesidad administrativa y producto de la falta de recursos del Gobierno de Madrid, podía ser también virtud política, no sólo en el sentido de asegurar estabilidad al Gobierno de turno y garantizar su «influencia», sino también en el de colocar a España en lo que pasaba por ser la senda general del «progreso en orden» en toda Europa occidental. Además, hasta al menos la década de 1880, los liberales veían amplias posibilidades de mejora de la agricultura, pero no eran por ello menos optimistas sobre lo alcanzado: el Estado podía y debía hacer más en el fomento de la agricultura, pero la reforma agraria, el progresivo desenvolvimiento de la red de transporte y la política comercial habían hecho crecer la riqueza rural a un ritmo y con un alcance sin precedentes. Únicamente en medio de la crisis agrícola y pecuaria, en la década de 1880, pasaron al primer plano las carencias del Estado, a las que se atribuyó la inoperancia del alegado fracaso en el fomento de la agricultura. ¿Cómo y por dónde romper la incapacidad administrativa para superar la lista de obstáculos de Jovellanos, cuya eliminación era a su vez la condición necesaria para un fomento estatal eficaz?

En este texto no podemos describir de forma detallada todos los frentes de la política agraria pensada y aplicada por los sucesivos gobiernos liberales entre el establecimiento de la monarquía constitucional y el viraje político de 1898. La intención es más modesta. Se trata, en primer lugar, de identificar, en cada uno de los cuatro terrenos que se abordarán sucesivamente –la reforma agraria, la reordenación de la sociedad rural, la política comercial y la formación técnica–, las líneas fundamentales de las políticas puestas en marcha por progresistas, moderados y unionistas. En segundo lugar, y sin abandonar el esquema señalado, se intentará poner de manifiesto que el programa agrario o los programas agrarios del liberalismo isabelino experimentaron con la Restauración, tras el fin de la reforma agraria liberal y la quiebra política del Sexenio, un viraje que, sin discontinuidades mayores con las prácticas anteriores, otorgó un nuevo protagonismo al Estado y en especial al ramo de Fomento. Un paso a menudo obviado por una historiografía presa de los clichés regeneracionistas sobre la pasividad del Estado restaurador, que no se hallaba desconectado del reconocimiento de la «diversidad de intereses» existentes en la sociedad por parte de los inspiradores del régimen de la Restauración, y que además seguía la estela de los otros Estados europeos.[9] Entre 1876 y 1882 se concedieron nuevos recursos técnicos y financieros a la Administración de Fomento y se estableció el Servicio Agronómico, se optó definitivamente por hacer de la Guardia Civil la institución responsable de la seguridad en los campos y se endurecieron las penas por hurtos y robos, se avanzó hacia una promoción consciente de las exportaciones agrarias, apoyada en tratados de comercio, y se aprobó la Ley de Enseñanza Agraria. Se adoptaron decisiones que venían a consolidar en una determinada dirección un modelo gestado en las cuatro décadas anteriores, pero hasta entonces marcado por la cautela y el miedo a las soluciones generales. Sin embargo, la configuración tardía de una Administración de Fomento para la agricultura resultó en un esquema institucional obsoleto, casi ab initio, para hacer frente a las nuevas circunstancias creadas por la crisis agrícola y pecuaria. Con las consecuencias de la versión hispana de la Gran Depresión como telón de fondo, se transitó en el primer siglo XX hacia una política y unas instituciones agrarias nuevas, a menudo pensadas por contraposición a las del siglo anterior.

EL DESESTANCAMIENTO DE LA TIERRA: LA REFORMA AGRARIA LIBERAL

Las formas de acceso a la tierra y, más en general, el haz de derechos existentes alrededor del suelo, las aguas y los bosques, fueron uno de los ejes de la reflexión político-económica del reformismo ilustrado.[10] No sólo de la reflexión. Con la desamortización llamada de Godoy, en 1798, dio un paso cualitativo y cuantitativo el proceso fragmentario de reinterpretación normativa de los derechos dominicales y de reparto de fincas, que había adquirido cierta relevancia en la labor política del reinado de Carlos III. Los escritos y los proyectos agrarios del reformismo borbónico, en especial los reunidos en el expediente de la Ley agraria, serían la fuente de inspiración del liberalismo decimonónico, que hizo del informe de Jovellanos para dicho expediente prácticamente un texto sagrado.[11] Por su parte, las sucesivas decisiones sobre arrendamientos, foros, enajenación de las temporalidades de los jesuitas, repartimiento de bienes de propios, etc., sirvieron de precedente, de modelo y de contramodelo para las disposiciones con las que los liberales trataron de dar forma a una nueva constitución agraria a partir de 1810.

Pero en el tránsito entre la monarquía absoluta y el régimen liberal, el discurso sobre el acceso a la tierra y el propio contenido de la reforma agraria experimentaron transformaciones importantes. La primera fue la sustitución del concepto de felicidad pública por el de defensa de la propiedad, de una nueva propiedad llamada a ser la base de la rentabilidad privada y, por lo tanto, a través de la ecuación smithiana de beneficios individuales y bienestar colectivo, del progreso material de la sociedad. La segunda consistió en el progresivo abandono de la pequeña o la mediana explotación como referente social y económico de la reforma agraria, en beneficio de la grande culture, del cultivo en grande. La tercera transformación se derivó de la posibilidad e incluso de la necesidad, a causa de la crisis generalizada de la Monarquía y de las relaciones sociales antiguorregimentales, de pasar de una política gradualista, discreta y parcial, a una reforma agraria de vocación universal y a una reforma que, pese a la voluntad gradualista de la mayoría de los liberales, estuvo urdida por medidas revolucionarias.

La vocación universal de la reforma agraria liberal se demostró desde las propias Cortes de Cádiz en la pretensión de establecer una noción abstracta y simple de propiedad, entendida como emanación de las facultades individuales, y extenderla hasta sustituir todos los derechos corporativos y comunitarios.[12] Ése era el eje de un proyecto que se plasmó en dos grandes tipos de intervenciones: por una parte, en la redefinición de los derechos de apropiación de la tierra y sus frutos y de los recursos naturales en general, que a su vez suponía la transformación de los contratos y la supresión legal de consolidadas instituciones agrarias, y, por otra, en la adquisición y venta a gran escala de fincas y rentas. Lo primero, la transformación institucional desde los dominios a la propiedad, tenía en la mayor parte de los casos un alcance condicionado a los recursos jurídicos, la voluntad y el poder de los afectados (mayorazgos y segundones, señores y vasallos, poseedores del dominio útil y del dominio directo, titulares de derechos concurrentes y susceptibles de ser calificados alternativamente como propiedad y servidumbres...) y a las decisiones de las diferentes instancias jurisdiccionales. Éstas, además, no contaron con un código civil que sistematizara las aportaciones del nuevo derecho liberal hasta la muy tardía fecha de 1889. Lo segundo, la nacionalización y venta de tierras, y también, aunque en menor medida, las sucesivas autorizaciones en 1770, 1813, 1820, 1822, 1834 y 1841 a los ayuntamientos para que enajenaran su patrimonio, constituyó un vehículo mucho más inmediato de transformación de la realidad rural.[13]

No obstante, los cambios normativos y las ventas no eran políticas distintas desde el punto de vista de sus objetivos. Los gobiernos y las Cortes entendían que tanto la creación de nuevas instituciones legales como la propiedad territorial sometida a un único régimen jurídico o el acotamiento de fincas (y su reverso en la destrucción de señoríos, vínculos y derechos comunitarios sobre el suelo), cuanto a la autorización de repartos y ventas de bienes comunitarios, la legalización de las roturaciones arbitrarias y la nacionalización de tierras para proceder a su venta, convergían en el mismo sentido de asegurar una nueva propiedad caracterizada por la concesión de la libre disposición de las cosas a propietarios individuales. La «administración de cuerpos morales» no podía ser «tan completa ni tan buena como (...) la administración de un individuo acerca de sus bienes», cualidades –la completitud y la bondad– de la administración individual que sólo se alcanzaban si la tierra era además una mercancía.[14]

En las décadas anteriores a la Restauración, la redefinición de los derechos de propiedad condujo al debilitamiento o eliminación de unos derechos y al fortalecimiento o constitución de otros, en un proceso que podemos calificar de asistemático si el punto de vista adoptado es el de la coherencia doctrinal. Asistemático porque la legislación reconoció y consolidó derechos sobre las cosas que se alejaban del modelo de la «propiedad perfecta», entendida como derecho subjetivo, individual (o colectivo por la agregación de derechos individuales), absoluto y libre, y, sobre todo, porque el retraso en la codificación civil hizo que novedades en unos campos coexistieran con viejas figuras en otros. La propiedad surgida de la revolución supuso por ello el entrelazamiento de viejos derechos y nuevos conceptos en una propiedad, que englobaba a la vez la perfecta y la imperfecta, si bien fue presentada como única y sacralizada como fundamento de la sociedad.[15] Pervivió la división de dominios en los censos enfitéuticos o en los foros gallegos, así como la apropiación comunitaria de recursos, aunque con la conversión de los derechos de la comunidad vecinal en derechos públicos compartidos entre los municipios y el Estado. Se aceptó la preservación de un tipo de derechos señoriales –los definidos como territoriales o solariegos– como derechos plenos de propiedad, se eliminó el diezmo como paso previo a la construcción de una nueva fiscalidad en manos del Estado, se «rescataron» los derechos de los señores jurisdiccionales sobre los recursos de sus vasallos y colonos, se suprimieron mayorazgos y capellanías...[16] El resultado final deseado por quienes respaldaron las diferentes normas que dieron forma a la reforma agraria liberal era la construcción de una propiedad en singular, cuya notas características fueron la transmisibilidad, la comunicabilidad y la libertad.[17] Sin duda, el objetivo común a todas las familias liberales, la construcción de un mercado libre de tierras, se consiguió. La Iglesia prácticamente fue desprovista de todas sus tierras y rentas territoriales. La nobleza señorial, que consiguió transformar sus señoríos en grandes propiedades –una transformación que no fue automática ni general y, en cualquier caso, no llevó de la jurisdicción al latifundio–, no pudo evitar los efectos sobre sus linajes de las medidas desvinculadoras y del fin de sus privilegios estamentales: los aristócratas que no supieron gestionar sus estados como «diligentes» latifundistas o multifundistas, ni adecuar los gastos de sus casas a sus nuevas circunstancias económicas y legales, acabaron teniendo que enajenar sus bienes, en un mercado que según todos los indicios funcionó con fluidez creciente. Por ello, la abolición de los señoríos y la desvinculación supusieron la disolución de la aristocracia en la nueva clase de referencia del liberalismo: los propietarios.[18] En tercer lugar, las comunidades vecinales perdieron buena parte de sus patrimonios, aunque ni en este terreno ni en el de la conversión de todas las fincas en fincas acotadas, con la consecuente eliminación de los derechos colectivos, los ritmos fueron tan acelerados como en el de la Iglesia.

Las desamortizaciones constituyeron el auténtico eje de la reforma agraria liberal. Como producto de las leyes desamortizadoras y de sus precedentes dieciochescos, se ha calculado que entre 1766 y 1924 las transferencias de propiedad de tierras, bien fuera por venta en subasta pública, por repartimiento municipal o estatal o por legalización de roturaciones arbitrarias, afectaron a unos 18,4 millones de hectáreas, es decir, a algo más de un tercio de la superficie total española.[19] De esa cifra total, las desamortizaciones liberales supusieron la nacionalización y enajenación de unos 10,2 millones de hectáreas. La amplísima redistribución de tierras buscaba la destrucción de la propiedad de las «manos muertas», pero también otros fines. En primer lugar, «sacar los máximos productos para amortizar lo más que pueda el capital de deuda pública», decía Mendizábal en 1836, u obtener «productos para cubrir las obligaciones del Estado», en palabras del presidente de la comisión que estudiaba el proyecto de ley de desamortización en las Cortes, Antonio González, en 1855.[20] En segundo lugar, «crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo de nuestras actuales instituciones», se señalaba en 1836, y en sentido análogo, conseguir el apoyo a «la situación política que se ha creado con la revolución (...) por todos los individuos que tomen parte en la compra de los bienes», se seguía afirmando en 1855.

Estos dos objetivos comunes del mendizabalismo de 1836 y de su heredero político, el progresismo, en 1855, justificaron el momento y la forma de las desamortizaciones. El momento porque, en coyunturas revolucionarias en las que se recortaron los ingresos y se dispararon los gastos de unos gobiernos sin los resortes políticos de sus predecesores, los riesgos de la desamortización parecieron más que compensados por sus beneficios potenciales. Richard Herr, por su parte, ha destacado el hecho de que tanto la desamortización de Mendizábal en 1836 como la de Madoz en 1855, o la de Godoy, coincidieran con momentos de fuerte subida de los precios del trigo, en los que las perspectivas de la rentabilidad de las inversiones en tierra eran muy optimistas, otro factor más que considerar en la cronología de las decisiones políticas.[21] Los beneficios fiscales y políticos inmediatos no eran incompatibles con otros que se situaban en planos muy distintos. En 1855 –como venía anunciando Madoz, al menos desde su discurso contrario a la propuesta de desamortización de Bravo Murillo, en 1851–,[22] la desamortización tuvo como argumento central el logro de un excedente fiscal que permitiera el aumento del gasto público, específicamente del gasto ferroviario, que acelerara la integración del mercado español, consiguiendo salidas para los productos, promoviendo la especialización y conectando a los productores españoles con los mercados internacionales.[23] Y, desde luego, en todo momento, desde Cádiz en adelante, las medidas desamortizadoras buscaron el fin del «estancamiento de la propiedad», término repetido por los diputados de la época,[24] o, en otras palabras, la generalización del nuevo modelo de propiedad defendido por todos los liberalismos. Es este objetivo general compartido, más incluso que las necesidades hacendísticas o la voluntad de no enajenarse a los compradores, lo que explica que los moderados no dieran marcha atrás a las medidas desamortizadoras progresistas, puesto que si las paralizaron en 1843 y 1856 (aunque no en 1864), no rectificaron las ventas ya efectuadas.

Sin embargo, el que la aprobación de las grandes medidas desamortizadoras coincidiera con períodos de hegemonía progresista no es el mero producto de las mayores necesidades fiscales de los gobiernos de este signo ni, desde luego, el resultado de una buena coyuntura del mercado cerealista. Moderados, unionistas y progresistas compartían la necesidad de desamortizar, pero entendieron la desamortización de forma muy diferente. Si en los enfrentamientos suscitados por las ventas de tierras en pública subasta por parte del mendizabalismo se halla una de las razones concretas de la aparición del Partido Monárquico Constitucional y del Partido Progresista, en la década de 1830, en la valoración política de las desamortizaciones siguió estando, durante el resto del siglo, una de las líneas divisorias entre el progresismo y los demás partidos.

Con motivo de la discusión en 1858 de un proyecto de ley sobre monumentos públicos, que en realidad fue una iniciativa gubernamental para frenar la erección de un monumento a Mendizábal en la plaza del Progreso de Madrid, los moderados hicieron un repaso sistemático a los defectos de la desamortización eclesiástica: «el modo» de su aplicación había hecho «a los ricos más ricos», sostuvo Istúriz;[25] si la desamortización «en materia de incautación y enajenación se ve a través del prisma de la ciencia, no se encontrará una operación más defectuosa», argumentó Ventura Díaz;[26] los bienes de la Iglesia se habían vendido sin el consentimiento de ésta, por lo que la desamortización había sido un «despojo», recordó por su parte el marqués de Molins;[27] la desamortización había abierto la puerta a otros ataques posibles a la propiedad, pues no podía defenderse que fuese «menos justa la pretensión de los que quieren igualar un poco las fortunas, que la de los que pretenden llevar adelante la desamortización, arrancando los bienes a sus legítimos poseedores», afirmó por su parte el conde de Velle.[28] Frente a ellos, el progresismo equiparó la desamortización, que extendió y «puso en manos de todas las clases una inmensidad de riqueza», al «desarrollo material», y la situó en el origen directo de los progresos efectuados por la agricultura entre la década de 1830 y la de 1850, según el análisis del duque de San Miguel.[29] De modo que para los moderados la desamortización como mercantilización de bienes y rentas era positiva, pero debía pactarse con los titulares de los derechos afectados –con la Iglesia se había hecho a posteriori en el concordato; con los pueblos exigió Moyano que se hiciese en 1855, como ya había hecho en 1851–, ya que todo derecho de propiedad era sacrosanto. Sentada esa premisa, la desamortización debía beneficiar a los más, bien fuese empleando el censo enfitéutico como había defendido en su momento Flórez Estrada, bien fuese acudiendo a los repartos municipales. Flórez fue de hecho una referencia personal e intelectual de la crítica conservadora a la desamortización, pero sobre todo el inspirador de la republicana. Una y otra crítica confluyeron en las décadas finales del siglo XIX, sobre todo después de 1898, en el rechazo regeneracionista de la desamortización, entendida como una ocasión perdida para la multiplicación de los pequeños propietarios, para la «descentralización de la propiedad».[30] Pero, pese a que hubiese moderados que compartiesen ese diagnóstico desde fechas tempranas, los desacuerdos del conservadurismo liberal con los proyectos de Mendizábal y Madoz tenían más que ver con su generalidad y su simultaneidad, con la aplicación de un mismo molde a realidades diversas, que con sus previsibles resultados sociales y económicos.

La flexibilidad que pedían muchos de los portavoces moderados e, incluso, de los progresistas, se dio sin embargo en la práctica.[31] Los resultados de la desamortización –no obstante, la importancia de los procedimientos concretos de subasta de los bienes nacionalizados, de las condiciones de pago y de los plazos de redención en el caso de los censos– no dependieron sólo de las medidas adoptadas y de la voluntad política que les dio forma. No fueron los legisladores y los ministros progresistas los únicos arquitectos del cambio ni los legisladores y los ministros moderados, unionistas y conservadores sus únicos agentes activos. La trayectoria de la sociedad rural fue fruto de la interacción de las sucesivas decisiones políticas y prácticas administrativas del Estado en construcción y de las iniciativas y respuestas de los diferentes grupos sociales, en un proceso dinámico, conflictivo y muy marcado por las «circunstancias de localidad». Quizá la conclusión fundamental de más de tres décadas de desarrollo de la historiografía agraria española haya sido precisamente ésta: revelar el desigual impacto en las sociedades rurales peninsulares de medidas generales, las enormes distancias que separaron la incorporación de instituciones legales o la aplicación de políticas comunes como la desamortización o la definición de los montes públicos, en diferentes áreas.[32] Una adaptación que limó los efectos rupturistas de la desamortización y tendió a convertirla en un proceso conservador desde el punto de vista de las estructuras, que creó latifundistas, pero también aceleró el acceso a la propiedad de muchos cultivadores. Que los arrendamientos consuetudinarios surgieran en determinadas comarcas valencianas, sin respaldos normativos concretos, o que idénticas medidas de ventas de tierras en unos lugares sirvieran para redondear la gran propiedad y en otros, o en los mismos, para convertir en propietarios a los cultivadores nos recuerda que el orden agrario no se construyó de forma unilateral desde arriba y desde el centro.[33] Porque no se podía construir así, dados los recursos del Estado, y porque muchos liberales –los moderados en mayor medida que otros– tampoco lo consideraban deseable.

GARANTIZAR EL ORDEN Y VIGILAR LA NUEVA PROPIEDAD

El orden rural dibujado por leyes y disposiciones administrativas, entre 1810 y 1889, estaba muy lejos de corresponder con el imperante en la España del siglo XVIII. La legislación que había acotado las fincas con carácter general (el Decreto de Cortes de 8 de junio de 1813, restablecido definitivamente el 6 de septiembre de 1836) o que había establecido la libertad de vendimiar (en las viñas cerradas por la Real Orden de 22 de febrero de 1834 y en todas las viñas, según la Real Orden de 6 de mayo de 1842) fue ignorada por muchos ayuntamientos, que siguieron fijando fechas de apertura de los campos o los días de vendimia, e incluso regularon esas prácticas en sus ordenanzas municipales. Las protestas suscitadas ante la Administración por la continuidad de la derrota llevaron en 1853 a un real decreto que exigió el consentimiento unánime de los propietarios, expreso y por escrito, y la publicidad gubernativa de dicho acuerdo, para la subsistencia de este modo colectivo de regulación de la producción. Pero la mayoría de los ayuntamientos pudieron ignorar esta disposición, como habían hecho con las anteriores. En las décadas finales del XIX, Costa decía que «la derrota, por lo general, sigue como antes (...), no obstante haberse tomado a pechos el Ministerio de la Gobernación el hacerla desaparecer, decretando airadamente su supresión»;[34] por su parte, el bando seguía vigente en provincias enteras: en la de Palencia, explicaba un informe del ingeniero agrónomo provincial en 1881, «a finales del mes de septiembre y principios del de octubre, se reúnen las corporaciones municipales y señalan el día en que ha de dar principio a la vendimia».[35]No quiere esto decir que el «colectivismo agrario» no hubiese ido retrocediendo para entonces, tanto por necesidades de las propias comunidades o de grupos diferenciados dentro de éstas como por el efecto de la legislación o por la interacción de ambos factores, sino simplemente que el acotamiento legal, la individualización plena del cultivo y el aprovechamiento ganadero, tuvo un impacto muy heterogéneo en el espacio y en el tiempo.[36]

La autonomía municipal, y la escasa información cartográfica y cuantitativa sobre el territorio de que disponía la Administración central, permitió asimismo la ocultación de baldíos, comunales y propios, y por lo tanto su exclusión de la desamortización de Madoz y su preservación como patrimonio comunitario o, eventualmente, su reparto entre los vecinos. Los pueblos trataron también de evitar, por medios diversos, la tutela administrativa de los ingenieros de montes que sobre su patrimonio territorial impuso la Ley de Montes de 1863: un terreno en el que las diferencias con Francia o los estados alemanes son ostensibles y manifiestan la debilidad forzada, y en parte buscada, del Estado. Ocultar el saltus no sólo era un medio de escapar a la privatización controlada por el Ministerio de Hacienda, sino también de impedir la gestión administrativa de los montes comunales, que respondía a una lógica no siempre compatible con las necesidades locales.[37] No contra la letra, pero sí contra el espíritu de la legislación liberal, fueron por su parte las asociaciones de compras que en diferentes lugares se hicieron con los bienes comunales sacados a subasta.[38]

Conflictos semejantes se sucedieron entre los representantes del poder central y los pueblos en la gestión de los recursos hídricos, cuya reforma se emprendió de forma casuística, hasta la aprobación de la primera Ley de Aguas en 1866.[39] La privatización del agua y la encomienda de su gestión a los regantes existentes, en función de la extensión de las propiedades regadas, vigilados y a la vez respaldados por los gobiernos civiles, suponían en principio una reordenación de los usos hídricos en perjuicio de las comunidades locales y de los posibles nuevos regantes y en beneficio de los propietarios locales o foráneos. Una reordenación que estuvo acompañada de sanciones muy elevadas contra los infractores de las ordenanzas de riegos. En la práctica, sin embargo, los ayuntamientos fueron muy permisivos con los «abusos (...) en el riego de sus términos», contrarrestando con sus iniciativas o su pasividad el nuevo reparto de poder sobre el agua y haciendo posible la extensión de las captaciones ilegales.[40]

En el juego a dos bandas entre la Administración y los pueblos intervino, a partir de 1847 y hasta el final del siglo, un tercer jugador: las juntas provinciales de agricultura. Estos organismos consultivos, cuyos integrantes venían a representar a los grandes contribuyentes de rústica de cada provincia (aunque su forma de elección variara en el tiempo), emitían dictámenes a instancias de los gobiernos civiles sobre un vasto elenco de cuestiones, que incluyeron desde un principio las ordenanzas municipales de policía rural –y por lo tanto todo lo concerniente a calendarios de faenas, apertura de campos...–, las ordenanzas de riegos, la aprobación de los expedientes de ventas de bienes municipales hasta 1855, la excepción de tierras de común aprovechamiento a partir de la desamortización civil, etc.[41]Las juntas de agricultura, presididas por el Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, combinaron en sus actuaciones la tarea de representación de intereses de la gran propiedad frente al Gobierno y frente a la Administración de Hacienda, el control de las autoridades locales (y en especial el apoyo a los propietarios foráneos) y la legitimación de la nueva agricultura. Al menos hasta la década de 1880, estas instancias pugnaron por convertirse en árbitros entre el Estado y los cultivadores. A partir de los reglamentos del Servicio Agronómico en 1882 y 1887 y de las Instrucciones para el servicio de los ingenieros agrónomos, en 1892, esa vía de intermediación quedó parcialmente bloqueada al iniciar el Estado el desarrollo de sus propios canales de recogida de información y análisis técnico.[42]En la lógica negociadora que había presidido las relaciones entre los ministerios centrales, los poderes locales y los representantes de las elites provinciales en todo lo relativo a la agricultura, la consolidación de un segundo cuerpo de ingenieros –pues los agrónomos se venían a sumar a los de montes– introdujo una cuña funcionarial en la política agraria, de importantes consecuencias a medio plazo.[43]

Si los «pueblos» lograron en muchos casos mantener su patrimonio y sus instituciones frente al poder central y transformarlos o suprimirlos únicamente cuando así convino a los vecinos o a la mayoría de éstos, fue porque consiguieron contar con consensos locales fuertes y con la inactividad o el respaldo de los órganos consultivos provinciales. Cuando, por el contrario, los intereses minoritarios de los grandes contribuyentes o de los propietarios foráneos coincidieron con las directrices estatales de individualización de la propiedad y de eliminación de derechos superpuestos, cuando una parte de los propietarios consiguió el acotamiento o la venta de bienes o cuando el Estado acometió con éxito el deslinde y la venta de los comunales o su sustracción al control local y su sometimiento a las autoridades forestales, la resistencia colectiva pasó a desempeñar un papel muy diferente. Falta de información y de colaboración de los municipios con las autoridades centrales, presiones a los posibles interesados en las subastas de aprovechamientos forestales para lograr que se declarasen desiertas, incumplimiento de órdenes y silencio fueron algunas de las vías de defensa colectiva. Hurtos, daños, furtivismo o actos simbólicos de deslegitimación de las nuevas propiedades y los nuevos propietarios se sucedieron y sumaron, o confundieron, con la delincuencia individual.

Frente a la resistencia municipal, la maquinaria hacendística fue construyendo sus recursos jurídicos y administrativos en un proceso gradual que experimentó algunos saltos en el Sexenio y en la década de 1880. Frente a los «ataques a la propiedad», los diversos afectados se defendieron mediante el recurso a las sanciones administrativas o penales, impuestas gracias a las antiguas instituciones represivas, como la guardería rural o el nuevo cuerpo de la Guardia Civil. El 28 de marzo de 1844 se aprobó el decreto fundacional de la Guardia Civil, concebida como un cuerpo universal de policía llamado a estar presente en todos los municipios del país, mediante un despliegue que, sin embargo, sólo se completó en el siglo XX. Cinco años más tarde, el 8 de noviembre de 1849, el Gobierno aprobó el Reglamento para los guardas municipales y particulares del campo,[44]con el que se trataba de someter a unas mínimas reglas uniformes la posición jurídica y el funcionamiento de los guardas del campo. En la década de 1850 y todavía en mayor medida en la de 1860, se multiplicaron las voces que reclamaron el establecimiento de una fuerza de seguridad rural capaz de garantizar «la propiedad», funciones que no podían ejercer ni una guardia civil infradotada de personal, ni los guardas rurales, mal pagados y formados, presentes en un número reducido de municipios y sometidos a los imperativos no de la propiedad, sino de los propietarios concretos que controlaban los ayuntamientos para los que trabajaban.[45]

Únicamente tras la experiencia del Sexenio, con todo lo que de conflictividad agraria trajo consigo, se llegó a la Ley de 20 de junio de 1876, que otorgó plenamente a la Guardia Civil las funciones de policía rural, lo que permitió que las diputaciones aceleraran el despliegue de fuerzas mediante contribuciones voluntarias. Ese mismo año, y como manifestación concreta de la voluntad política del canovismo, la Ley de 17 de julio transformó en delito cualquier hurto, independientemente de su cuantía y su objeto, y se reformó así el Código Penal de 1870, que había distinguido entre las sustracciones por debajo de 10 y de 20 pts., que eran consideradas faltas si se trataba de semillas alimenticias, frutos o aprovechamientos forestales, y los delitos propiamente dichos.[46]

La atribución de la policía rural a la Guardia Civil zanjó un debate largo, en el que muchas corporaciones municipales habían mostrado su rechazo «á cambiar los guardias de su elección, dóciles instrumentos de su poder y, a veces, de sus antojos, por los guardias civiles, instrumentos inflexibles de la ley» –decía un escrito firmado por las principales instituciones provinciales valencianas, incluida la Junta de Agricultura, en 1879–.[47] Lo zanjó en falso. Que el elevado coste de la Guardia Civil y las reticencias a los «instrumentos inflexibles de la ley» no habían dejado de constituir un problema para su expansión, tras la ley de 1876, lo pone de manifiesto el limitado crecimiento de sus efectivos y, todavía en mayor medida, el hecho de que en 1898 se recuperara la guardería rural de los municipios, como solución a la inseguridad en los campos, al menos para las grandes poblaciones del Mediodía, con la Ley de Comunidades Rurales. La difusión de un nuevo asociacionismo agrario, unido a un repertorio de acciones colectivas contra la propiedad privada o pública mucho más cercano al urbano, cambió en el nuevo siglo las dimensiones del problema.

Como explicaremos en el siguiente epígrafe, por entonces, y en un plano muy distinto –el de la política comercial–, la Restauración había supuesto también un viaje semejante de ida y vuelta que había reforzado las tendencias implícitas en el liberalismo de las décadas centrales del siglo, para luego constatar su inviabilidad y crear una fórmula nueva, bajo la que viviría la agricultura durante buena parte del primer siglo XX.

LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO NACIONAL Y SU INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

La destrucción del Imperio español y la reducción de España a un Estado europeo con unas estratégicas provincias-colonias ultramarinas en el Caribe y Asia creó, en las tres primeras décadas del siglo XIX, unas circunstancias nuevas y abiertas, en las que el liberalismo tuvo que configurar de forma ineludible un programa político-económico propio, diferente por fuerza del o de los programas ilustrados. El modo de construir el mercado nacional y la forma concreta de su integración internacional constituyeron durante una centuria el auténtico eje de las polémicas político-económicas. Las alineaciones en este terreno –prohibicionismo, proteccionismo y librecambismo– atravesaron las divisiones político-ideológicas: hubo un librecambismo agrarista muy conservador en lo social y también hubo un prohibicionismo progresista.[48] No obstante, la izquierda liberal y republicana acabó convergiendo en la década de 1860 en posiciones más cercanas del librecambismo, en un movimiento común a todo el espectro político y a las clases dirigentes de otros países europeos hacia la apertura exterior, que estaría seguido a finales del siglo por un corrimiento análogo en sentido inverso, hacia la gama de posiciones que iban desde el «oportunismo» hasta el «proteccionismo integral».

El 5 de agosto de 1820, un decreto prohibió la introducción en España de «trigo, cebada, centeno, maíz, mijo, avena y demás granos y harinas extranjeras», salvo que superaran un determinado precio en los mercados del litoral. Dos meses más tarde, la prohibición de la importación de granos se consolidó en el arancel aprobado por las Cortes el 5 de octubre, que sentó los elementos fundamentales de una política comercial nueva y llamada a tener una larga duración. A pesar de las motivaciones más inmediatas y cortoplacistas de quienes la impulsaron –frenar la caída del precio del trigo y ampliar los apoyos políticos al régimen liberal–, esta norma diseñó un marco legal que promovía los intercambios interiores en la Monarquía, buscando la integración de las regiones litorales que se habían acabado de configurar en las últimas décadas del siglo XvIII y de la gran región económica central, por una parte, y de la España europea con las posesiones americanas y asiáticas todavía no separadas, por otra.[49]La preocupación por las carestías, y por los motines de subsistencias, que había presidido las decisiones en este terreno bajo Carlos III y Carlos IV, había dejado paso en la España deflacionaria posterior la Guerra de la Independencia a la preocupación por la falta de salidas de la producción. Ese tránsito desde la protección al consumidor a la protección al productor no tuvo marcha atrás, puesto que la Real Orden de 14 de agosto de 1824 hizo suya la decisión del Trienio, liberalizando la circulación interior de granos y prohibiendo la importación, una norma reafirmada junto a la plena libertad de exportación de granos el 29 de enero de 1834 (por un decreto que fijaba el precio máximo de 70 reales por fanega de trigo, a partir del cual se autorizaría la importación), y ninguna de las sucesivas reformas arancelarias hasta 1869 tocó esta cuestión. Los únicos levantamientos temporales de la prohibición de importar granos fueron concedidos, y tras muchas vacilaciones, al producirse carestías agudas, traducidas en fuertes subidas de precios y acompañadas de motines, en los años 1825, 1835, 1847, 1856 y 1867.[50]En esas fechas, el Gobierno apuró hasta el máximo la admisión de importaciones y la prohibición de las exportaciones, poniendo de manifiesto la subordinación de su política de conjunto a lo que entendía como «fomento de la agricultura».[51]

La continuidad en el tiempo sin apenas modificaciones de una fórmula político-económica, la prohibición de importar y la libertad de exportación, que cada diez años dio lugar a violentas crisis de subsistencias se explica por factores diversos. El fundamental es que desde la década de 1830 se construyó una amplia y duradera coalición política en su favor, puesto que los representantes políticos de la industria barcelonesa hicieron suyo el prohibicionismo cerealista, no sólo como un instrumento táctico en su búsqueda de apoyos para lograr el cierre del mercado peninsular a los textiles extranjeros o por sus densas y permanentes conexiones con los grandes productores de trigo del Principado, sino también como un elemento central de su discurso económico.[52] Pero el inmovilismo no nacía exclusivamente de la fortaleza de una coalición de intereses, la de los grandes propietarios y los industriales. La falta de cuestionamiento del prohibicionismo se sustentaba en las décadas de 1840 y 1850 en la tesis de que se había producido y se estaba produciendo un fuerte crecimiento de la producción interior, gracias a los estímulos creados por el aislamiento exterior del nuevo mercado libre de cereales, crecimiento que aseguraba el autoabastecimiento y la existencia de sobrantes para otros mercados. A esta tesis se venía a sumar la creencia compartida de que España estaba llamada por su feracidad y su posición a convertirse en exportadora de trigo, creencia que pareció estar cerca de cumplirse en los años de «agua, sol y guerra en Sebastopol».[53] Conseguir ese objetivo exigía el mantenimiento temporal de la prohibición, para acelerar el ritmo del proceso de integración nacional y para asegurar unas rentas a la agricultura que a su vez le permitieran dar los pasos necesarios para alcanzar o consolidar ese papel de suministradora internacional de cereales. Ni siquiera la profunda crisis de subsistencia en que culminó el Bienio Progresista –y cerró el episodio del auge de las exportaciones trigueras coincidiendo con la Guerra de Crimea– minó totalmente la fe en el porvenir exportador del cereal: la construcción del ferrocarril podía y debía eliminar definitivamente las carestías periódicas. No obstante, desde los años 60 surgió por primera vez un movimiento librecambista potente, capaz de cuestionar no sólo los «privilegios» de la industria, como habían hecho los librecambistas de los años 40, sino también el régimen comercial de los cereales.

El librecambismo llegó al poder junto a progresistas y demócratas en 1868, tras una nueva crisis de subsistencias, la de 1867, que tuvo lugar cuando la ausencia del ferrocarril no podía ser ya la justificación de la carestía del cereal. No es, a mi entender, tanto que los intereses «propietarios» o «agrarios» no consiguiesen mantener su peso en las nuevas Cortes, sino que el discurso en el que se había fundado la doble protección se había visto derrotado por la evolución agraria, como reconocía un aislado progresista y viejo abanderado del proteccionismo como Pascual Madoz. El trigo no iba a convertirse en un producto exportable. Ni siquiera cabía esperar en un plazo prudente el autoabastecimiento regular a precios aceptables. Por ello convenía reducir su cultivo en beneficio de otros productos agrarios. La reforma arancelaria de Figuerola abolió la prohibición de importar cereales y estableció una protección que no impidió el aumento gradual de las entradas de granos en el mercado español en los años sucesivos.[54]Con esta reforma se puso definitivamente en pie lo que Gallego y Pinilla han llamado «librecambismo matizado», que apoyado en la gradual expansión de las exportaciones de determinados productos agrarios, sacrificó parcialmente el mercado interior de otros como los cereales, promoviendo así una sustitución de cultivos, en contra de los menos aptos para la inserción de la agricultura española en el mercado internacional.

Esta política se vio modificada apenas una década más tarde por circunstancias muy diferentes. A comienzos de los años 80, se produjo una caída gradual de las ventas exteriores de mercancías agrarias, caída inicialmente compensada por el auge de las exportaciones de vino común a Francia. Tras el descenso de las cotizaciones vinícolas en 1887 y el anuncio del cierre del mercado francés a los vinos españoles, parecieron agotarse las ventajas internacionales de las agriculturas españolas y aumentó la presión en pro de un viraje proteccionista de las importaciones agrarias y agroalimentarias, finalmente plasmado en el arancel de 1891 y prolongado en años posteriores, hasta la Guerra Civil. El arancel sobre el trigo decidido en 1869, que ya se había visto rectificado por un ligero aumento de la tarifa en 1872 y otro en 1881, experimentó una fuerte elevación en 1890, consolidada en el arancel de 1891 y respaldada desde entonces por la evolución del tipo de cambio hasta 1906, año a partir del cual la tarifa tomó el relevo como elemento protector fundamental.[55] La política de fomento de la exportación practicada durante un corto período dejó paso a una política mucho más atenta a la protección de toda la agricultura, la orientada al mercado interior y la orientada a la exportación, aunque con incentivos selectivos en pro de los sectores más dinámicos y de las industrias agrarias. Un paso que volvió mucho más necesario confiar en la iniciativa de los técnicos públicos para lograr el cambio en las formas de producir y, por tanto, en la estructura de costes de las explotaciones, algo que no se podía ya esperar que la competencia internacional lograse por sí sola.

EL FOMENTO DEL CAMBIO TÉCNICO

La magnitud y la trascendencia de la transformación de la propiedad y de la construcción de un mercado nacional, los dos grandes elementos de la política agraria del liberalismo, han dejado en un segundo plano para la historiografía el fomento del cambio técnico. No era sin embargo una cuestión separada de los restantes elementos de la política agraria, ni menor en los discursos liberales sobre la agricultura. No constituía una cuestión separada, porque cada debate político sobre la reforma agraria estuvo acompañado de propuestas en lo relativo a la enseñanza de la agricultura, desde los años de Godoy hasta el Sexenio. No resultaba ni mucho menos una cuestión menor, por cuanto que fue explícitamente la tarea central de la administración agraria de Fomento a lo largo de todo el siglo: catecismos, manuales, el voluminoso Diccionario de bibliografía agronómica de Braulio Antón Ramírez –jefe del negociado de Agricultura durante más de quince años–, concursos de invenciones y textos educativos, premios a haciendas modélicas y, sobre todo, la multitud de proyectos y las más escasas realizaciones en el ámbito de la enseñanza agraria, instrumento de la difusión de las «luces», que Jovellanos había convertido en función por antonomasia del soberano.[56]

Las principales iniciativas decimonónicas para el establecimiento de la enseñanza agraria mostraron una nada casual coincidencia con los momentos centrales de la reforma agraria. En 1805, la Real Orden de 18 de diciembre, impulsada por Godoy, ordenó el establecimiento de 24 escuelas teórico-prácticas, dirigidas por profesores formados en el Real Jardín Botánico, para difundir los conocimientos agronómicos preferentemente entre los «propietarios» y «pudientes», de acuerdo con la visión de Jovellanos. En 1813, el decreto de 8 de junio de las Cortes generales extraordinarias previó el establecimiento en todos los «pueblos principales» o «por lo menos en todas las capitales de provincia» de escuelas prácticas de agricultura financiadas con fondos municipales. En 1821, la Comisión de Agricultura de las Cortes redactó un informe sobre enseñanza agraria, en el que se inspirarían la práctica totalidad de los proyectos posteriores. En 1836, con el «Arreglo provisional de estudios», se inició la apertura de institutos de enseñanza secundaria en las capitales de provincia, en los que se permitió a las autoridades provinciales la introducción de asignaturas de agricultura y la dotación de cátedras. Ese mismo año el Plan General de Instrucción Pública de 4 de agosto fijaba que habría escuelas especiales de Agricultura. Finalmente, en 1855 abrió sus puertas la Escuela Central de Agricultura de Aranjuez, que en el Sexenio fue trasladada a Madrid.[57]

A partir de la creación en 1847 del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (conocido como Ministerio de Fomento desde 1851), premiar las novedades y difundirlas entre los cultivadores merced a la prensa, las publicaciones y la enseñanza, se convirtió en el núcleo mismo del fomento de la agricultura. Apenas un año después de la formación del nuevo ministerio, su titular encargó un informe sobre enseñanza agrícola profesional al comisionado regio, propietario vallisoletano y figura importante del ámbito, Mariano Miguel de Reinoso, tarea para la que se le proporcionó una amplia información sobre las escuelas agrícolas en el extranjero.[58]Las propuestas de Reinoso, presentadas en varios trabajos publicados en el Boletín oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, tuvieron una traducción muy parcial: el decreto firmado por Seijas Lozano el 2 de noviembre de 1849. Esta norma recogía la petición de Reinoso de abrir un concurso para la apertura de escuelas prácticas de carácter privado con subvenciones públicas, sometidas en su regulación e inspección al Ministerio. Las escuelas prácticas debían formar a futuros labradores, a personas que cultivaran directamente medianas y grandes explotaciones y, subsidiariamente, a trabajadores especializados. El decreto no dispuso por el contrario la fundación del instituto central para técnicos superiores.[59]Quedaba así en entredicho el modelo de enseñanza «de arriba a abajo» que había propuesto Reinoso, quien se había mostrado muy preocupado por la previsible falta de personal docente y personal de dirección de las escuelas prácticas, si no se empezaba por formar a los técnicos superiores. Reinoso sostenía además que los profesores formados en una escuela única, gratuita y bien dotada, debían ser el fundamento de la introducción y difusión de una agricultura científica.[60]Pese a que no faltaron gestiones para establecer el instituto central, problemas financieros pero también de otra índole impidieron la realización del proyecto en los siguientes cinco años.

Con la ruptura revolucionaria de 1854, fueron superados los obstáculos que habían atenazado al proyecto de Reinoso. El 1.º de septiembre de 1855, cuatro meses después de la aprobación de la Ley de Desamortización General, el Ministerio de Fomento aprobó el Real Decreto de creación de la Escuela Central de Agricultura y su Reglamento Orgánico.[61]Los primeros pasos de la carrera impartida en este centro no fueron fáciles. Las vacilaciones respecto a la formación y orientación de los nuevos ingenieros y la inexistencia de un cuerpo administrativo propio redundaron en una trayectoria discontinua de la Escuela y un número exiguo de titulados, que en su mayoría acabaron colocándose como catedráticos de agricultura en los institutos.[62]Pese a todas estas dificultades, la década de 1860 no fue un tiempo perdido para la ingeniería agronómica, porque entre 1855 y 1865 los nuevos técnicos consiguieron capitalizar el interés de la opinión pública por la renovación de la maquinaria agrícola. Los ingenieros agrónomos no sólo impulsaron personalmente la adquisición de maquinaria y la realización de experiencias, así como la celebración de exposiciones, sino que también les dieron a todas estas tareas el marchamo de legitimidad derivado de su formación científica y desarrollaron un discurso que justificaba ampliamente las ventajas de la opción mecanizadora. Los ingenieros contribuyeron así a la construcción del discurso elitista sobre la centralidad de los propietarios en el progreso técnico de la agricultura, que venía acompañando a todas las iniciativas institucionales agrarias desde la década de 1820.[63] El que la mecanización, ahorradora de trabajo, y no otras posibles mejoras agrarias, fuera durante muchos años, al menos hasta finales de la década de 1880, la principal bandera de los ingenieros, refleja esa vinculación inicial de los agrónomos a la grande culture.

Si 1855, en el Bienio Progresista, fue la fecha de fundación de la Escuela Central de Agricultura, en 1869, a comienzos del Sexenio Democrático, se produjo el traslado de la Escuela a Madrid y el inicio de una rápida consolidación de los ingenieros agrónomos, que en 1879 consiguieron el establecimiento del Servicio Agronómico, sumado al de Montes para dar forma a un ramo técnico estatal especializado en la agricultura. La formación del Servicio Agronómico estuvo precedida por una ambiciosa Ley de Enseñanza de la Agricultura, de 3 de agosto de 1876, que preveía la introducción de una asignatura de agricultura elemental en los estudios de bachillerato, la celebración de conferencias agrícolas en las capitales de provincia y de lecturas sobre agricultura en los pueblos de la Monarquía todos los domingos del año, instituía la Gaceta agrícola del Ministerio de Fomento, incentivaba el establecimiento en todas las provincias de granjas-modelo y estaciones agronómicas y obligaba a que «en los gabinetes de Física y en los laboratorios de Química de todas las Universidades, institutos y demás establecimientos públicos» se practicaran los experimentos, ensayos y análisis demandados por los agricultores.[64]No hace falta explicar que muchas de las previsiones de la ley quedaron en nada, duraron poco tiempo o tuvieron escasa trascendencia. Pero la ambición del texto de 1876 refleja la importancia simbólica atribuida por el régimen de la Restauración al progreso técnico de la agricultura y pone de manifiesto los nuevos aires estatalizantes que soplaban en su clase política.

Seis años más tarde, en 1882, se empezaron a notar en España los primeros síntomas de la deflación agraria más o menos generalizada que, de la mano de la internacionalización del mercado de productos agrarios, iba a transformar profundamente la faz de las agriculturas europeas en las dos últimas décadas del siglo. En el contexto de la crisis agrícola y pecuaria, el recién nacido Servicio Agronómico trató de postularse como un instrumento eficaz de renovación de la agricultura y la sociedad rural españolas. Avalados por importantes respaldos políticos, los ingenieros agrónomos consiguieron victorias parciales. Pero a la insuficiencia del sistema fiscal español, creado en 1845, se añadieron las resistencias de diversos sectores sociales al crecimiento de la «burocracia» y el avance continuado de quienes veían en un arancel proteccionista la gran solución a los males de la agricultura española. La protección arancelaria resultaba una solución más inmediata y menos costosa que una política de renovación técnica de la agricultura guiada por la ciencia. El aumento de las tarifas estaba respaldado por lo que parecía ser la tendencia en todos los países vecinos y además se adecuaba, mucho más fácilmente que cualquier otra política agraria imaginable, a los recursos y las tradiciones del Estado liberal. No tendría en teoría que haber habido contradicción entre la opción proteccionista y la política de desarrollo técnico de la agricultura, defendida por el recién creado cuerpo de ingenieros agrónomos, pero en la práctica una y otra cosa acabaron resultando polos opuestos de una alternativa. El proteccionismo agrario reclamaba rebajas impositivas en los impuestos interiores, mientras que la idea de un cambio técnico que rebajara costes y permitiera competir en el exterior implicaba más gasto público, además de ser esencialmente favorable al comercio exterior (si no librecambista).

La dificultad de la ingeniería agronómica para superar la disyuntiva tuvo que ver con la novedad de las instituciones públicas de investigación y docencia (granjas experimentales, estaciones agronómicas, estaciones vitícolas), a partir de las cuales se pensaba impulsar la transformación de la agricultura, y con el carácter mediato de sus resultados. Las medidas destinadas a atajar el déficit a comienzos de los noventa se llevaron por delante buena parte de las instituciones planeadas, una vez que el arancel de 1891 desactivó el debate sobre las soluciones a la crisis.[65]Orillado el discurso de la «innovación técnica» y la apertura exterior, los ingenieros agrónomos tuvieron que ir transformando sus propuestas de solución global en propuestas más modestas de apoyo técnico a la transformación agraria. Paralelamente, mantuvieron su colaboración con el incipiente asociacionismo y, en menor medida, con la movilización sectorial y siguieron recurriendo a las redes de sus miembros políticamente mejor situados para ir ampliando sus espacios en la Administración.

Las estrategias de la ingeniería agronómica dieron algunos réditos. Entre 1887 y 1892 se multiplicaron las disposiciones que adjudicaban a los ingenieros nuevos establecimientos docentes y experimentales, para que desde ellos contribuyeran a superar la crisis. La confusión de las sucesivas normas aprobadas reflejaba vacilaciones, carencias presupuestarias y conflictos entre la Administración central y la provincial y local, además de entre la Administración consultiva y la activa. Los reiterados decretos y órdenes ministeriales que disponían la fundación de granjas, escuelas y estaciones, suscritos por ministros de distintos partidos, facciones y clientelas políticas, pusieron empero de manifiesto que había una voluntad amplia de potenciar desde el Estado el desarrollo agrario, y que los ingenieros eran los elegidos para traducir esa voluntad en instituciones nuevas de innovación y difusión técnicas. El resultado final no fue, sin embargo, muy brillante, porque como hemos señalado los recortes presupuestarios acabaron recayendo una y otra vez sobre unos centros nuevos y todavía de escasa incidencia sobre su entorno que, precisamente por esos rasgos, nadie consideraba imprescindibles: los pocos establecimientos que llegaron a abrir sus puertas sobrevivieron en su mayoría sin pena ni gloria en la década de 1890. Crearon no obstante modelos –y a menudo contramodelos– de funcionamiento sobre los que se edificaría a partir de 1898 la nueva red de servicios agronómicos.

El balance de los sucesivos proyectos de enseñanza agraria y de la política de difusión técnica como un todo era, a la altura de 1898, muy pobre. La trayectoria española había sido similar a la de otros países europeos en los que el sector público se limitó a repetir los gestos y los discursos a favor de la innovación técnica, pero hizo poco para difundir efectivamente novedades o facilitar la extensión de los cambios productivos.[66]Las únicas especificidades españolas fueron la temprana fundación de una carrera superior de ingeniería agronómica, por una parte, y la falta de atención a la instrucción primaria, bien fuese general o específicamente agraria, auténtica clave de bóveda de cualquier proyecto de transformación de la sociedad rural y de sus prácticas agrarias, por otra. La pirámide invertida del gasto estatal en educación se repitió en el campo agrario. Ese esquema formativo, que venía siendo defendido desde el proyecto de Reinoso, logró legitimar entre las elites sociales a la ciencia agronómica y a sus portadores. Consolidar la agronomía como saber-poder fue hasta 1898 la única tarea eficaz de un proyecto de fomento estatal que estuvo permanentemente en la agenda de los políticos, pero en ningún momento entre sus urgencias presupuestarias.

¿UN SIGLO PERDIDO? EL 98 Y SU MIRADA SOBRE LA AGRICULTURA

Cuando en 1898 el regeneracionismo hizo de la política agraria liberal uno de sus temas predilectos, todos los componentes con los que se había construido ésta desde las Cortes de Cádiz fueron sometidos a una dura crítica. La desamortización había sido una oportunidad perdida para el reparto de la propiedad y había traído consigo la destrucción de bosques y pastos. La miseria y la ignorancia del campesinado, que se reforzaban mutuamente, habían sido combatidas mediante la represión violenta y el sometimiento de los poderes locales a caciques, a su vez conectados entre sí mediante una oligarquía, insensible a las necesidades reales de la población. La política comercial se había fundado en el sueño inalcanzable de una especialización agroexportadora, incompatible con la propia configuración geográfica del territorio peninsular. La política de difusión técnica simplemente no había alcanzado ninguno de sus objetivos porque la enseñanza agraria tenía referentes sociales y medios equivocados: no llegaba a los cultivadores, ni era capaz de producir tecnología propia. Del optimismo de los intervinientes en las polémicas de las décadas centrales de siglo XIX se había pasado a un dramático pesimismo.

La historiografía española se ha visto contaminada durante mucho tiempo por el pesimismo regeneracionista. El pozo de todos los males, la obra más representativa de una generaciones de ruralistas que a finales del siglo XX han tratado de sacudirse el fantasma del hipercriticismo noventayochista, ha permitido superar muchos de los clichés sobre la agricultura y valorar de otro modo la contribución agraria a la transformación de la España decimonónica. Entender que, dadas las condiciones medioambientales y el contexto general del que se partía, la sociedad rural manifestó capacidad de cambio, crecimiento y adaptación, y que la política agraria puso en marcha o aceleró muchas de las transformaciones, no debe llevarnos a juicios panglossianos. Hubo más opciones en cada momento y la concreta selección de políticas no respondió necesariamente a los intereses generales. Sacudirse los fantasmas regeneracionistas permite que reconozcamos que al menos en tres terrenos los liberales consiguieron los objetivos comunes a sus diferentes alas: la formación de un mercado de tierras, la integración mercantil de la agricultura española y el establecimiento de unas relaciones económicas internacionales de carácter posibilista, que tras la tardía construcción del ferrocarril promovieron la exportación sin producir una catástrofe en la cerealicultura. No alcanzaron por el contrario a dar un vuelco a las estructuras de la propiedad heredadas (por más que multiplicaran el número de propietarios), incidiendo en una medida escasa en la corrección de una distribución muy desigual de la renta, que no contribuyó ni a la acumulación de capital en el sector ni a un papel más activo de la sociedad rural como demandante de bienes industriales. Las políticas liberales no fueron la causa de la polarización social en el Mediodía –probablemente los repartos de tierras y las roturaciones arbitrarias la atenuaron en la primera mitad del siglo–, pero tampoco una barrera eficaz contra unos desequilibrios sociales de gran potencial conflictivo, como pondría de manifiesto la especial virulencia de la cuestión agraria a comienzos del siglo XX.

El mayor fracaso de los liberalismos españoles, lo juzguemos por sus propios parámetros o por los que nos ofrece nuestra concepción actual del desarrollo, fue sin embargo su incapacidad para adelantarse a la demanda social, creando centros de producción de tecnología agraria propia y emprendiendo una política sistemática de extensión de la enseñanza. En el primer terreno, no hubo ni atisbos hasta finales de siglo XIX, y sobre todo hasta principios del XX, de que la Administración pública estuviera dispuesta a contrarrestar el notable retraso creado por las cuatro décadas de falta de inversión, expulsión de científicos y tecnólogos y quiebra institucional con la que se abrió la centuria. Más grave fue el desfase en la educación, porque en ese terreno los gobiernos españoles no tenían que aplicar una política pionera y casi sin modelos, sino enfrentarse a un atraso palmario y de todos conocido. La cesión de la instrucción primaria a los municipios, como la de la gestión de la Hacienda, la guardería de los campos, la decisión sobre las instituciones colectivas, etc., reflejaba desde luego la debilidad de la Administración central, en parte inevitable en un proceso de construcción del Estado en el que los países surgidos de la quiebra de los imperios ibéricos partían con retrasos diferenciales y en parte fruto de concretas opciones políticas. Pero la prioridad otorgada a la formación de las elites –ésa sí financiada y controlada por la Administración Central– y el arrinconamiento de la enseñanza primaria, tanto de la general como de la especializada en agricultura, tradujeron también fielmente en este terreno el temor moderado y conservador a una sociedad dinámica y abierta y el rechazo de gran parte de las elites –reforzado por la hostilidad de la Iglesia– a una «urbanización» de los campos, cuyo motor podía hallarse en la escuela pública.

[1] Rafael García Ormaechea, Supervivencias feudales en España. Estudio de legislación y jurisprudencia sobre señoríos, Pamplona, Urgoiti, edición y estudio preliminar a cargo de Pedro Ruiz Torres, 2002; Ruiz Torres, en su excelente estudio introductorio a esta reedición, explica muchas de las claves de este trabajo, publicado en 1932, y, especialmente, de la interesante biografía política e intelectual de su autor.

[2] Manuel Colmeiro Penido, Derecho administrativo español, Madrid, Librería de D. Ángel Calleja, 1858, vol. II, p. 163.

[3] Antonio S. de Arias y Costa, «Discurso pronunciado en la apertura del curso público de agricultura del Real Jardín Botánico de Madrid, el día 8 de Febrero de 1817, por su catedrático don Antonio Sandalio de Arias y Costa», Semanario de obras inéditas, 41-43, 1819, pp. 18-19.

[4] Preámbulo de Alonso Martínez al decreto fundacional de la Escuela de Agricultura de Aranjuez, en 1855, Inauguración de la Escuela Central de Agricultura, presidida en nombre de S.M. la Reina (Q.D.G.) por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, Madrid, Imprenta Nacional, 1856.

[5] Maria Malatesta, Le aristocrazie terriere nell’Europa contemporánea, Roma, Laterza, 1999, ofrece un sugerente panorama del poder de lo que denomina «aristocracias de la tierra» en el siglo XIX.

[6] Sobre el papel de los grandes propietarios en la Administración de los condados, Philip Corrigan y Derek Sayer, The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution, Londres, Blackwell, 1991, pp. 158-159.

[7] Lutz Raphael, «L’État au village’: administration et politique dans les sociétés rurales allemandes, françaises et italiennes de l’époque napoléonnienne à la Seconde Guerre Mondiale», en Jean-Luc Mayaud y Lutz Raphael (eds.), Histoire de l’Europe rurale contemporaine. Du village à l’État, París, Armand Colin, 2000, p. 57.

[8] Claude-Isabelle Brelot, «Les notables du XIXe siècle au prisme des études comparées», en Jean-Luc Mayaud y Lutz Raphael (eds.), Histoire de l’Europe rurale..., pp. 99-116.

[9] Sobre el reconocimiento de la «diversidad de intereses», Jesús Millán, El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo, 1830-1890, Alicante, Institución Juan Gil-Albert, 1999, p. 257. Respecto al rápido aumento de la presencia estatal en la vida rural, Lutz Raphael, «L’État au village...».

[10] Entre los trabajos historiográficos sobre el reformismo ilustrado, cabe destacar los de Ángel García Sanz, «Agronomía y experiencias agronómicas en España durante la segunda mitad del siglo XvIII», Moneda y crédito, 131, 1974, pp. 29-53; Ernest Lluch y Lluís Argemí i D’abadal, Agronomía y fisiocracia en España, Valencia, Alfons el Magnànim, 1985; Anes, Llombart, Argemí d’Abadal, Perdices, Astigarraga y Fernández Pérez, todos ellos en Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España del siglo xviii, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1989; José Carlos Enríquez Fernández, «El pensamiento agrario durante la Ilustración vasca», Pensamiento agrario vasco. Mitos y realidades (1766-1980), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1994, pp. 11-14; Antonio Cabral Chamorro, Agronomía, agrónomos y fomento de la agricultura en Cádiz, 1750-1855, Cádiz, Diputación de Cádiz/Universidad de Cádiz/Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérèz-Sherry, 1995; Pegerto Saavedra, Agricultura e Ilustración, Santiago, Xunta de Galicia/Caixa Ourense, 1999, y Rafael Serrano García, «Técnicas agrícolas y zootecnia», Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, vol. IV, El siglo xviii, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, pp. 603-630. Los artículos reunidos en Enrique Llopis (ed.), El legado económico del Antiguo Régimen, Barcelona, Crítica, 2004, y en especial el del propio editor del volumen y el de Sebastián, ofrecen por su parte una brillante síntesis de la historiografía agraria sobre el Antiguo Régimen y contienen un conjunto sugerente de tesis sobre su «legado» a la economía de la España decimonónica.

[11] Alejandro Nieto, «Desamortización ilustrada y desamortización liberal», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente. II Encuentro Interdisciplinar. Salamanca, 31 de mayo-3 de junio de 2000, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2002, pp. 257-290, sitúa en el expediente de la ley agraria, el punto de inflexión a partir del cual se puede hablar de una política agraria reformista con cierto grado de coherencia interna.

[12] Sobre la abstracción y la simplicidad como notas dominantes de la noción contemporánea de propiedad: Paolo Grossi, La propiedad y las propiedades. Un análisis histórico, Madrid, Civitas, 1992.

[13] La bibliografía sobre los conflictos sobre la tierra en el siglo XIX y sus resoluciones judiciales y extrajudiciales ha ido creciendo en los últimos años: una reflexión amplia sobre este tipo de conflictos con relación a bienes comunales, con numerosas referencias a otros trabajos, en Iñaki Iriarte Goñi y José M. Lana Berasain, «Concurrencia y jerarquización de derechos de apropiación sobre los recursos: bienes comunales en Navarra, siglos XvIII y XIX», en Rosa Congost y José M. Lana (eds.), Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y propiedad de la tierra en Europa (siglos xvi-xix), Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2007, pp. 201-231. Sobre los efectos de las autorizaciones de repartos de tierras, véase Antonio Cabral Chamorro, Propiedad comunal y reparto de tierras en Cádiz (siglos xvxix), Cádiz, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry/Diputación de Cádiz/Universidad de Cádiz, 1995.

[14] Como señalaba el ministro de Gracia y Justicia, Aguirre, en la discusión del proyecto de desamortización civil: Diario de Sesiones de Cortes. Congreso (DSCC), 116, 27 de marzo de 1855, p. 3.293.

[15] La unión de viejas y nuevas concepciones de los derechos de propiedad en Clara Álvarez Alonso, «Constitución y código civil. Antinomias, discordancias e incoherencia del constitucionalismo español en el período finisecular (1870-1931 c.a.)», en Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (ed.), Propiedad e historia del derecho, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2005, pp. 163-222. Respecto a la sacralización de la «propiedad»: Rosa Congost, Tierras, leyes, historia. Estudios sobre «la gran obra de la propiedad», Barcelona, Crítica, 2007, pp. 155-157.

[16] Unos procesos descritos de forma sistemática en Ramón Villares, «Agricultura», en Antonio Fernández García (coord.), Historia de España Menéndez Pidal, XXXIII, Los fundamentos de la España liberal (1834-1900). La sociedad, la economía y las formas de vida, Madrid, Espasa Calpe, 1997, pp. 239-308. Respecto a las transformaciones de la fiscalidad sobre la agricultura, Rafael Vallejo Pousada, Reforma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 1845-1900, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001.

[17] La unificación de la propiedad a partir de las propiedades como resultado final del proceso en Bartolomé Clavero, «Propiedades y propiedad, 1789: el derecho dominical en el momento revolucionario», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad en España. Siglos xv-xx. Encuentro Interdisciplinar. Salamanca, 3-6 de junio de 1998, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 1999, p. 272.

[18] Pedro Ruiz Torres, «La historiografía de la “cuestión agraria” en España», Josep Fontana. Historia y proyecto social, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 149-238.

Ruiz Torres (2004). La aristocracia mantuvo unas cuotas de poder económico y político muy superiores a las de sus homólogos portugueses: Nuno Monteiro, Elites e poder entre o Antigo Regime e o liberalismo, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 2003. Pese a todo, eran inferiores a las de británicos, alemanes e italianos y no demasiado alejadas de las atribuibles a las aristocracias francesas: véanse las comparaciones efectuadas por María Malatesta en Le aristocrazie terriere...

[19] Las cifras están sacadas de Germán Rueda, «La sociedad rural y la desamortización», en Antonio Morales Moya (coord.), Historia de España Menéndez Pidal, XXX, Las bases políticas, económicas y sociales de un régimen en transformación, Madrid, Espasa Calpe, 1998, p. 636.

[20] Exposición de motivos del Real Decreto de 19 de febrero de 1836 y DSCC, 28 de marzo de 1855, p. 3309.

[21] Richard Herr, La Hacienda Real y los cambios rurales en la España de finales del Antiguo Régimen, Madrid, Ief, 1991, pp. 852-853.

[22] DSCC, Legislatura de 1851, 8 de julio de 1851, pp. 810-813.

[23] DSCC, Legislatura de 1854-56, 5 de febrero de 1855, Apéndice al n.º 76, pp. 1909-1911.

[24] Luis Pizarro en la discusión del proyecto de ley de reparto de tierras concejiles (DSCC, 14 de octubre de 1839, p. 770); Costa en su La cuestión de la propiedad: Joaquín Costa, Escritos agrarios, I, Escritos de juventud 1864-1871, Madrid, Fundación Joaquín Costa/ Comunidad de Riegos del Alto Aragón, 1998 (edición crítica, introducción y notas a cargo de Cristóbal Gómez Benito y Alfonso Ortí), pp. 357-390; Patricio de la Escosura en la discusión del proyecto de desamortización civil: DSCC, 14 de abril de 1855, p. 3.800.

[25] Diario de Sesiones del Senado (DSS), legislatura de 1857-58, n.º 39, 26 de abril de 1858, p. 552.

[26] DSS, legislatura de 1857-1858, n.º 42, 29 de abril de 1858, p. 615.

[27] DSS, legislatura de 1857-1858, n.º 39, 26 de abril de 1858, p. 555.

[28] DSS, legislatura de 1857-1858, n.º 41, 28 de abril de 1858, p. 602.

[29] DSS, legislatura de 1857-1858, n.º 37, 23 de abril de 1858, p. 509.

[30] Como decía Costa en un temprano texto sobre «La cuestión de la propiedad» de 1871; Joaquín Costa, Escritos agrarios..., p. 389.

[31] Sobre la flexibilidad de la reforma agraria liberal, en Gracia Gómez Urdáñez, «Doctrinas y realidades. Frenos a la liberalización de la propiedad en España, 1835-1855», Historia Agraria, 27, 2002, pp. 133-164.

[32] Domingo Gallego Martínez, Más allá de la economía de mercado, Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 10 y ss.

[33] Sobre los arrendamientos consuetudinarios, José R. Modesto Alapont, A ús i costum de bon llaurador. L’arrendament de terres a l’Horta de València (1780-1860), Catarroja (Valencia), Afers, 1998, y Samuel Garrido Herrero y Salvador Calatayud Giner, «La compra silenciosa. Arrendamientos, estabilidad y mejoras en la agricultura valenciana de regadío (1850-1930)», Investigaciones de Historia Económica, 8, 2007, pp. 77-108. Respecto al diferente impacto espacial de las desamortizaciones: Ramón Villares, «Agricultura», p. 257.

[34] Joaquín Costa, Colectivismo agrario en España, Zaragoza, Editorial Guara, 1983, vol. II, p. 263.

[35] Archivo del Ministerio de Agricultura (AMA), leg. 257.

[36] Como ya señalaba Ramón Villares, «Agricultura», p. 270.

[37] Xesús Balboa, O monte en Galicia, Edicións Xerais de Galicia, 1990; Pere Sala, «Conflictividad rural en el monte comunal gerundense: pueblos y mansos ante el Estado interventor en la segunda mitad del siglo XIX», Noticiario de Historia Agraria, 13, 1997, pp. 105-124, y Grupo de Estudios Agrarios, «Modos de uso y protesta social en los montes andaluces, 1750-1930. Algunos estudios de caso», en José A. Sebastián Amarilla y Jesús Uriarte Ayo (eds.), Historia y economía del bosque en la Europa del Sur (siglos xviii-xx), Zaragoza, SEHA, 2003, pp. 161-194.

[38] Fernando Sánchez Marroyo, «A la búsqueda de la propiedad universal. Estrategia campesina y solución a la cuestión social: las sociedades de compras en Extremadura», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad en España. Costumbre y prescripción. IV Encuentro Interdisciplinar. Salamanca, 25 de mayo-28 de mayo de 2004, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2005, pp. 621-663.

[39] Jordi Maluquer de Motes, «La despatrimonialización del agua: movilización de un recurso fundamental», Revista de Historia Económica, 2, 1983, pp. 79-96; Enric Mateu y Salvador Calatayud, «Control del agua y conflictividad social en la expansión del regadío. La Acequia Real del Júcar, 1840-1900», Áreas, 17, 1997, pp. 62-75, y Marc Ferri Ramírez, Terratinents, camperols i soldats. Regadiu i conflicte social al Camp de Morvedre, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2002.

[40] En palabras de la Junta de Gobierno de la Real Acequia del Júcar, en Enric Mateu y Salvador Calatayud, «Control del agua y conflictividad...», p. 67.

[41] Juan Pan-Montojo, «La administración agraria, 1847-1907», Noticiario de Historia Agraria, 10, 1995, pp. 69-90.

[42] Juan Pan-Montojo, Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros agrónomos en España, Madrid, Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, 2005, pp. 124-126.

[43] Una transformación de la acción pública que se percibe de forma más clara si el acercamiento tiene por objeto la política tecnológica: Lourenzo Fernández Prieto, «Estado, sociedad rural e innovación tecnológica en la agricultura. Los cambios en torno a 1900», Studia Historica. Historia Contemporánea, 17, 1999, pp. 67-103.

[44] Colección legislativa, vol. XLVIII, p. 308.

[45] Sobre los diferentes proyectos en relación con la guardería rural en la década de 1860, véase Diego López Garrido, La Guardia Civil y los orígenes del estado centralista, Barcelona, Crítica, 1982, pp. 159-163, y Vicent R. Mir Montalt, Desposeer y custodiar: transformación agraria y guardería rural en la provincia de Valencia, 1844-1874, Valencia, Alfons el Magnànim, 1997, cap. IV.

[46] Las consideraciones sobre el cambio en la legislación penal y sus efectos judiciales, en Martin Baumeister, Arme «campesinos». Überleben und Widerstand in der Extrema-dura 1880 bis 1923, Berlín, Duncker & Humblot Martin, 1994, pp. 132 y ss. (edición en castellano: Campesinos sin tierra: supervivencia y resistencia en Extremadura, 18801923, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1996, pp. 180 y ss.).

[47] Escrito de la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Sociedad Valenciana de Agricultura, la Liga de Propietarios y La Edetana, publicado los días 25 y 26 de marzo de 1879 e incluido en Alfons Cucó, «La introducció en València de la Guardia Civil com a guarda rural», Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol, Valencia, Universitat de València, 1975, vol. II, pp. 333-338.

[48] Juan Pan-Montojo, «Pascual Madoz e Ibáñez: perfil de un progresista isabelino», en Francisco Comín, Pablo Martín Aceña y Rafael Vallejo (eds.), La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, pp. 171-208.

[49] Sobre las motivaciones del decreto de 1820: Enrique Montañés Primicia, «La consolidación del prohibicionismo en el comercio del trigo (1820-1847)», en Diego Caro Cancela (ed.), El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868). Política, economía y sociabilidad, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2005, pp. 207-247. Las regiones económicas configuradas a finales del XvIII y sus transformaciones en los años de quiebra del Imperio, en David R. Ringrose, España, 1700-1900. El mito del fracaso, Madrid, Alianza, 1996.

[50] Nicolás Sánchez-Albornoz, La crisis de subsistencias de España en el siglo xix, Rosario, Universidad de Rosario, 1963, pp. 13-45.

[51] Ramon Garrabou Segura, «Un testimonio de la crisis de subsistencias de 1856-57: el expediente de la Dirección General de Comercio», Agricultura y Sociedad, 14, 1980, pp. 269-294.

[52] Pere Pascual, Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle xix. Formació i desestructuració d’un sistema econòmic, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 82 y ss. Sobre los intereses trigueros catalanes: Rosa Congost, «Qui protegia els blats catalans?», en Miquel Gutiérrez (coord.), Doctor Jordi Nadal: la industrializació i el desenvolupament econòmic d’Espanya-La industrialización y el desarrollo económico de España, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1999, vol. I, pp. 530-540. Un apoyo catalán al proteccionismo triguero que se prolongó durante todo el siglo XIX, del que por el contrario no disfrutó inicialmente el decreto de 1820, como ha puesto de manifiesto Josep Maria Fradera, Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana moderna (1814-1845), Barcelona, Crítica, 1987, pp. 206-220.

[53] Creencia y tesis que se documentan en Ricardo Robledo Hernández, Economistas y reformadores españoles. La cuestión agraria (1760-1935), Madrid, MAPA, 1993, pp. 69-75.

[54] Antón Costas Comesaña, Apogeo del liberalismo en «La Gloriosa». La reforma económica en el Sexenio liberal (1868-1874), Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 90-92.

[55] Grupo de Estudios de Historia Rural, «Los precios del trigo y de la cebada, 18741906», en Ramon Garrabou y Jesús Sanz (eds.), Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900), Barcelona, Crítica, 1985, pp. 321-368.

[56] Sobre el papel de la educación en la política de desarrollo económico y la presencia de una primera noción de capital humano en Jovellanos, Enrique Fuentes Quintana, «Una aproximación al pensamiento económico de Jovellanos a través de las funciones económicas del Estado», en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles. 3. La Ilustración, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2000, pp. 331-420.

[57] La Real Orden de 1805 está publicada en el Seminario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos, 489, 1806, pp. 305-310. Las ideas del ilustrado asturiano sobre enseñanza agraria en Gaspar Melchor de Jovellanos, Espectáculos y diversiones públicas. Informe sobre la ley agraria, Madrid, Cátedra, 1986, pp. 149-332 [texto de la edición publicada en 1820 por la Sociedad Económica Matritense], especialmente, pp. 286-304. El decreto de 1813 está recogido en Colección legislativa, 1814, vol. III, pp. 91-92. La disposición del Trienio en Propuesta de ley que hace S.M. a las Cortes sobre Escuelas prácticas de Agricultura y economía rural en la Monarquía. Memoria de la comision de Agricultura, Madrid, Imprenta García, 1821. El texto del Plan de 1836 en Historia de la educación en España, Tomo II, De las Cortes de Cádiz a la revolución de 1868, Madrid, Ministerio de Educación, 1979, pp. 118-144. Sobre la fundación de la Escuela en Aranjuez y sus avatares posteriores, Juan PanMontojo, Apostolado, profesión y tecnología...

[58] En AMA, legajo 127, expediente 7, se conservan parte de los informes y expedientes reunidos. No cabe duda de que en este terreno, como en tantísimos otros, la principal fuente de inspiración se buscó en la vecina Francia, donde el 3 de octubre de 1848 se aprobó la Ley de Enseñanza Agraria, que organizaba ésta de acuerdo con el esquema de la enseñanza general en primaria (granjas-escuelas), secundaria (escuelas regionales) y superior (Instituto Nacional Agronómico).

[59] En realidad, el expediente que dio origen al decreto no desechaba la posibilidad de crear una escuela superior; únicamente retrasaba su puesta en marcha, por las mismas razones presupuestarias por las que se limitaba el número de escuelas regionales (AMA, leg. 127, exp. 8).

[60] Mariano Miguel de Reinoso, Informe elevado al Excmo. Sr. Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas sobre enseñanza agrícola profesional, Madrid, Imprenta de la V. De Perinat y Compañía, 1850.

[61] El texto completo en Inauguración de la Escuela Central de Agricultura, presidida en nombre de S. M. la Reina (Q.D.G.) por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, Madrid, Imprenta Nacional, 1856.

[62] Respecto a la tarea de los agrónomos en la enseñanza secundaria, Jordi Cartañà i Pinen, Agronomía e ingenieros agrónomos en la España del siglo xix, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2005, y Antonio Luque Ballesteros, Entre el vapor y el arado romano. Élites, ins-tituciones y difusión del cambio técnico en la agricultura. Córdoba, 1780-1870, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2004.

[63] Salvador Calatayud, «Les institucions i l’agricultura: la Granja Escola Experimental de València», Recerques, 41, 2000, pp. 109-138; Xosé Ramón Veiga Alonso, Perfil do propietario innovador na Galicia do século xix. Historia dun desencontro, Santiago, IDEGA, 1998, y Montserrat Caminal i Badia, «La fundació del Institut Agrícola Català de Sant Isidre: els seus homes i les seves activitats (1851-1901)», Recerques, 22, 1989, pp. 117-135.

[64] Gaceta de Madrid, 3 de agosto de 1876, p. 1.

[65] José María Serrano Sanz, «Déficit presupuestario y crisis agrícola en los años ochenta del siglo XIX», Hacienda Pública Española, 87, 1984, pp. 353-366.

[66] Como nos recuerda Ramón Garrabou Segura, «Crecimiento agrario, atraso y marco institucional», en Josep Pujol, Manuel González de Molina, Lourenzo Fernández Prieto, Domingo Gallego y Ramón Garrabou, El pozo de todos los males. Sobre el atraso de la agricultura española contemporánea, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 215-243.

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL (1837-1890)*

Rafael Zurita Aldeguer

Universidad de Alicante

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA: ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD

Hasta hace poco tiempo, la historiografía sobre la representación política en la España liberal había centrado su atención de forma preferente en tres campos de investigación: la legislación electoral, las elecciones y las elites políticas. Dicho interés ha tenido su fundamento en el hecho de que el Parlamento fue el pilar básico del liberalismo, de manera que los historiadores han explicado, a través de esos estudios, la naturaleza del poder político y los mecanismos de legitimación del parlamentarismo ante la sociedad. Pero el análisis de la representación está siendo renovado de modo fecundo en los últimos años, al incorporar nuevos enfoques. Éstos dirigen la mirada hacia el papel desempeñado por la Corona, la irrupción y extensión de la ciudadanía y el significado que otorgó la elite política al régimen parlamentario.[1]Se trata de una serie de temas que encajan en un marco más amplio, que constituye una de las principales preocupaciones de los historiadores, como es la formación del Estado y de la nación española a lo largo del siglo XIX.[2]

Acerca del Estado liberal, la línea interpretativa dominante destaca las dificultades que éste tuvo para instalarse y para lograr la confianza de sus administrados,[3]dejando patente que el problema esencial para el liberalismo fue la dimensión y la distribución de los poderes. En realidad, los distintos modos de concebir el Estado entre los liberales se dirimieron en el juego establecido entre el legislativo y el ejecutivo.[4]Para los moderados, el Estado quedaba centrado en el ejecutivo, que ocupaba el monarca, mientras que los progresistas preferían rodear a la Corona de instituciones de raigambre republicana. El moderantismo sostenía, además, que el Estado debía identificarse con la administración, hasta el punto de que ésta quedase al margen del Parlamento y de la Justicia.[5]En el caso de la administración provincial-local, la cuestión clave era si debía conformar un espacio de libertad civil de los ciudadanos o un simple apéndice del poder ejecutivo. Precisamente, la consideración de la preeminencia de la comunidad como elemento organizativo de los actores sociales ha dirigido la atención de los especialistas hacia los espacios del poder local. Éstos se convierten así en un productivo campo de investigación, que ha permitido explicar las transformaciones políticas propiciadas por la revolución liberal en España.[6]

Resulta evidente que una de las principales preocupaciones del liberalismo decimonónico fue la articulación entre el Estado y la sociedad. Y creemos que es posible abordar dicha relación desde una perspectiva específica. Se trataría de mostrar que la retórica y la práctica de la representación política, singularmente la referida al Congreso de los Diputados, fueron elementos fundamentales en la cultura política que configuró el Estado liberal. Pese a que somos conscientes de que la vía electoral constituyó un mecanismo más de mediación de los ciudadanos, intentaremos contribuir a una discusión que permanece abierta: ¿qué grado de influencia tuvieron los procesos electorales en la construcción de la ciudadanía, en el proceso de politización del país y en la formación del Estado decimonónico? Para ello atenderemos a tres planteamientos. En primer lugar, examinaremos qué significado dieron los diputados a los textos normativos que debían articular las elecciones, sobre todo desde la capacidad política; a continuación, subrayaremos los rasgos que caracterizaron el acto de votar y el valor que se le otorgó en la cultura política liberal; por último, platearemos en qué medida los diputados en Cortes actuaron como representantes de los intereses de la sociedad.

EL SENTIDO DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL

La aparición de la política moderna se enmarcó dentro de los procesos históricos que dotaron de regímenes representativos a los países de Europa y América. Las leyes electorales, como uno de los desarrollos de los principios constitucionales, alcanzaron una gran significación, ya que conferían legitimidad teórica al Parlamento liberal, contribuían a configurar la esfera pública deseable y aparecían como un lugar privilegiado de nacionalización y de pedagogía cívica.[7] Desde luego, para la mayoría de los liberales el Gobierno representativo no era un tipo de democracia, ni tenía que conducir necesariamente a ella. En realidad, la cultura política liberal se forjó en un espíritu de «resistencia» a la irrupción de la democracia y el discurso de la capacidad constituyó su fundamento.[8]Los liberales franceses se referían a la capacité cuando hablaban de quién participaría en la vida política, de manera que el lenguaje de la capacidad fue una solución original para evitar hablar del derecho divino o de los derechos universales. La aceptación de este planteamiento en Europa fue posible por la existencia de un contexto cultural marcado por el sentido de la jerarquía y por la forma en que se definieron a sí mismas las clases medias. Así, el respeto hacia el éxito económico, la educación y la forma de vida racional y el esfuerzo para ser independiente ocuparon el planteamiento de fondo de la legislación electoral censitaria.[9]

En España, la formación de la cultura política liberal estuvo ligada, de forma especial, a la pervivencia del concepto de «soberanía nacional» y de una fuerte resistencia antiliberal.[10] A ello se sumó la limitada separación e independencia de los poderes del Estado, condicionada por una apreciable injerencia del Gobierno. En este contexto, el espacio público quedó definido por las leyes que regulaban la vida de los municipios y las provincias, la libertad de imprenta y las elecciones. Pero, ¿qué papel se reservaba, en la práctica, a los comicios? ¿Debían fortalecer al ejecutivo o asegurar la representación y la participación de los ciudadanos?

Entre 1837 y 1890 se presentaron en el Congreso cerca de una docena de proyectos de ley electoral que, en su mayoría, se convirtieron en norma. Las leyes respondieron, por lo general, a la necesidad de desarrollar el mecanismo electivo que conformase el órgano representativo establecido por una Constitución. Pero aquellas fueron también, en ciertas coyunturas como las de 18601865 y 1886-1890, el resultado de la necesidad del Gobierno de recuperar el respaldo hacia el régimen o de reforzar el apoyo en torno a un determinado partido político. En cualquier caso, los modelos electorales y los comicios ocuparon un lugar central para todas las corrientes del liberalismo. En 1837, Salustiano de Olózaga aclaraba que «la Constitución, por sí sola, no puede nada si no va unida con una buena ley electoral». Patricio de la Escosura, durante la defensa del proyecto de ley de 1856, afirmó con rotundidad que las elecciones eran «el único acto directo de soberanía que el pueblo se reserva». Desde posiciones doctrinarias, Antonio Cánovas del Castillo concebía el sistema electoral como «objeto de transacción», porque resultaba esencial llegar a un consenso para dar estabilidad al régimen liberal. Y pese a su rechazo al sufragio universal, el político malagueño distinguía entre el sufragio aplicado a la creación de una Cámara, «igual en facultades a otra que tiene origen diverso, y limitadas ambas por la Corona, del sufragio, sólo y único origen de todos los poderes, y sola y única forma de establecer la soberanía».[11]La clave residía entonces en fijar el sujeto portador de la representación. Así, el valor concedido por los liberales del siglo XIX a la legislación electoral quedó reflejado en la definición de la capacidad política, al definir los electores y los elegibles.

La legislación electoral decimonónica destacó por conferir el voto a los hombres que poseyeran la excelencia para interpretar los intereses generales del país. En el marco de las leyes electorales francesa (1830), belga (1831) e inglesa (1832), la española de 1837 destacó por la asunción del método directo de voto y por el sufragio censitario.[12]En realidad, la adopción de la cuota fija era considerada un avance, en consonancia con «las naciones más adelantadas en la carrera parlamentaria».[13]Y cabe decir que, en lo referido al cuerpo electoral, la ley cimentaba la capacidad política en la solvencia económica, estableciendo cuatro casos: pago de una determinada cuota en calidad de propietario de tierras, disfrute de una renta mínima procedente de diversos ingresos, abono de una renta por la condición de colono o inquilino y, por último, posesión de una yunta. Los dos últimos criterios generaron una intensa discusión. El derecho reconocido a colonos e inquilinos recogía planteamientos similares a los de la ley británica y fue introducido porque la escasa fiabilidad de las estadísticas oficiales impedía probar determinada aptitud económica. En el caso de los inquilinos, se sumaba el objetivo de no dejar infrarrepresentada a la población urbana. Las críticas a estas posiciones se centraron en la falta de independencia de esos electores, que en el campo estaban sometidos a la presión de los ricos, y en la ciudad, por su condición de funcionarios muchos de ellos, quedaban a expensas de los dictados de la Administración.[14]

La percepción que tuvieron los moderados de la práctica electoral bajo la ley de 1837, sumada a sus propias convicciones sobre la necesaria restricción del censo, tuvieron su expresión en la norma de 1846:

Los demasiados electores solo sirven para que abunden aquellos que sin opinión propia, sin conocimientos de los negocios públicos, sin intereses que defender, obedecen ciegos a unos cuantos que los manejan a su antojo (...) Por esta razón, el proyecto, fijándose principalmente en la contribución, señala cuota que ni reducirán los electores a un número demasiado escaso, ni los multiplicarán tanto que subsistan los vicios que en esta parte se achacan a la ley vigente; admitiendo también algunas capacidades, no desconoce la influencia legítima que deben ejercer en tan importante asunto personas dignas de toda consideración por su posición social o sus talentos, y que ya la tienen muy grande en el Estado.[15]

Como vemos, el moderantismo planteó la combinación de la riqueza y de la inteligencia como valores esenciales para todo ciudadano activo. Las diferencias con respecto a las otras corrientes del liberalismo se plasmaron en lo sucesivo en torno a la reducción de la cuota de contribución, tal y como reflejaron el proyecto de ley electoral de 1856 y la ley electoral de 1865. Para los progresistas, los unionistas e incluso los demócratas –estos últimos, al menos hasta 1868–, eran deseables una rebaja paulatina del criterio censal y una mejora económica progresiva de la sociedad que permitirían ampliar el círculo de los electores. En todo caso, resultaba patente que, según el modelo defendido por el liberalismo durante la época isabelina, el elector actuaba como portavoz de quienes no tenían capacidad política.[16]Ya en las primeras elecciones con sufragio directo quedó clara esta consideración, como se refleja en una crónica electoral de Sevilla:

Ayer tuvo lugar una reunión en las casas del Consulado, adonde se invitó a todos los electores, y de hecho concurrieron cerca de ciento, que si respecto de todos los de esta capital, puede decirse corto el número, atendidas las circunstancias de los concurrentes se llama con razón el voto de la ciudad, por el grande influjo que ha de tener en la opinión la de los que asistieron...

Y Fermín Caballero lo confirmó al reflexionar sobre los comicios de 1837: «Los 150.000 españoles de mayor propiedad, de más ilustración e influencia han puesto su voto en las urnas electorales».[17]En consonancia con el discurso enunciado en otros regímenes constitucionales europeos, el liberalismo español mostraba su perfil dirigista de la política y su desconfianza hacia una extensa esfera ciudadana.[18]En cualquier caso, no debemos minusvalorar la cifra de electores en el momento de mayor extensión del sufragio censitario, pues suponía el 20% del cuerpo electoral potencial y se correspondía con el de la población alfabetizada.[19]

Tras el triunfo de la revolución de 1868, las demandas de muchas juntas, dominadas por demócratas y republicanos, condujeron a la aprobación del sufragio universal masculino, entendido como la «legítima expresión de la soberanía nacional» y del cual debían surgir todas las instituciones del país.[20]La medida constituía el ideal «de todos los pueblos civilizados», aunque no se podía entender de forma aislada, sino en relación con otras, como las libertades de imprenta y de reunión y la descentralización administrativa.[21]Con ello, los septembrinos pretendían crear inicialmente un espacio público impregnado por una cultura participativa, que los republicanos intentaron ampliar al proponer la reducción de la edad electoral de 25 a 20 años. Lamentaban que, pese a sufrir

«todos los ciudadanos la contribución de sangre», a los 20 años, y poseer muchos a los 21 un título profesional y figurar en la vida pública, no gozasen de tal derecho.[22]Pero la desconfianza hacia el individuo permanecía muy arraigada en la cultura política liberal. El demócrata marqués de Sardoal exponía así su interpretación acerca de «la índole del derecho de sufragio»:

Es el derecho que tienen los individuos asociados de intervenir en el gobierno y de tener una participación activa en la gestión de los intereses públicos para ser bien gobernados. Pero esto no quiere decir que sea una condición esencial de la personalidad que acompaña al hombre en todas partes, como los derechos que la Constitución consigna en su artículo 17 (...) ¿Pues cree mi amigo el Sr. Coronel y Ortiz que la soberanía nacional se resume toda en el hecho de depositar un papel con un nombre escrito en una urna de madera?

El orador reforzaba su argumento al realizar una comparación con Inglaterra y apelar al componente antropológico para rebajar el valor del sufragio universal masculino en España:

Entre las conquistas que los pueblos del Mediodía obtienen al día siguiente de una revolución, y las que obtiene el pueblo inglés al cabo de siglos de experiencia y de esfuerzos, existe la misma diferencia que entre la flor que abre su cáliz a los primeros rayos del sol de la mañana para inclinarse marchita sobre el tallo al primer rocío de la noche, y el roble, que profundizando sus raíces en la tierra a través de los años, crece lentamente para alcanzar la robustez.[23]

Con la Restauración, la definición del elector supuso un retorno a la época isabelina. La ley electoral de 1878, que tuvo como referente la de 1865, marchaba, con la restricción del sufragio, en dirección contraria a la evolución del régimen representativo europeo. Dentro de un amplio consenso entre los políticos monárquicos, la reducción del censo electoral con respecto a 1868 fue justificada porque el sufragio universal masculino vino por una revolución y no como resultado de una progresiva emancipación del pueblo.[24]Nada cambió años después con la ley electoral de 1890, que reimplantó el sufragio universal masculino. Práxedes Mateo Sagasta respaldó el proyecto para mantener la cohesión del partido liberal y para reforzar su liderazgo,[25]pero siempre creyó que en un país de campesinos analfabetos podía ser perjudicial para la libertad suponer «el predominio de la ignorancia sobre la inteligencia». El político riojano sostenía que el voto tenía como única función la de ser un derecho reconocido a todo ciudadano y Segismundo Moret, que coincidía plenamente con él, llegó incluso a defender el voto ponderado.[26]Al considerar el sufragio como una función ciudadana, liberales y conservadores rebajaban el valor del voto y dejaban muy claro que el sistema representativo no descansaba ni en la voluntad del electorado ni en la participación política. Sería la pacífica alternancia entre los dos grandes partidos la que sostendría el régimen parlamentario, que contaba con la Corona como garante de turno.

De igual importancia que la figura del elector fue la del elegible en la definición del régimen parlamentario. Los diputados dedicaron a ello muchas horas de discusión en el Congreso y tuvo gran repercusión en la publicística de la época. Esto fue así porque en la caracterización del diputado ideal se entremezclaron algunas de las líneas de reflexión más importantes sobre el concepto mismo de representación, de forma especial la independencia del representante y su actuación en beneficio de intereses «legítimos».

La independencia política del representante, sustentada en la capacidad económica, si bien inicialmente fue planteada desde diferentes posiciones ideológicas, alcanzó un notable consenso a medida que se asentó el régimen parlamentario. Moderados, unionistas y progresistas, pese a la exigencia de los primeros del pago de una elevada cuota de contribución como condición previa para optar a un escaño, reconocían la necesidad de abrir el Congreso a los representantes de las denominadas «clases medias».[27] Los miembros más destacados de los sectores intelectuales y profesionales, sobre todo, debían estar presentes en el hemiciclo, pues ellos podían aportar soluciones a los problemas acuciantes del país. Partiendo del censitarismo aplicado al elector, resultaba evidente la distancia que marcaron los liberales entre éste y el elegible, fruto de una concepción elitista de la política. Era una idea central en el liberalismo decimonónico que los representantes fueran socialmente superiores a quienes los eligieran. Los diputados tenían que ser ciudadanos distinguidos, es decir, debían poseer reconocimiento social derivado de su ascendente sobre los demás, tal y como afirmaba el marqués de Campo: «¿Se quiere, por ejemplo, que un gobernador, porque necesite contrariar mi candidatura o seguir otra política de la que siguen mis amigos y mi partido, me arranque la influencia que noble y dignamente me he ganado a fuerza de trabajo y constancia?».[28]Con su intervención, el opulento valenciano rechazaba un proyecto de ley que hacía incompatible el cargo de diputado con el de contratista y recaudador. Pero, además, el propio Campo argumentaba que la «opinión pública» aceptaba la «legítima influencia» de los capitalistas que, como él, ayudaban al Estado, y tenía que ser reconocida también por el Gobierno. Ciertamente, uno de los ejes sobre los que se articulaba el discurso de la representación política lo formaba la tensión entre la influencia del ejecutivo y la de los notables y políticos «con arraigo».

«Influencia» e «independencia» se entrecruzaban a la hora de delimitar los rasgos del representante ideal y convergían en el tema de las incompatibilidades parlamentarias. La cuestión clave, que llenó muchas páginas del Diario de Sesiones, fue la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de contar en el poder legislativo con buenos conocedores de la administración, como los altos funcionarios, y la representatividad que debían ostentar los diputados, de acuerdo con la cultura política liberal. Una presencia masiva de empleados otorgaba un peso político excesivo al ejecutivo,[29]pero si aquéllos eran excluidos del Congreso, el país podía perder a los elementos más útiles y vitales para la existencia de los partidos políticos, entendidos como formaciones esencialmente parlamentarias.[30]

Los debates continuaron con fuerza durante el Sexenio, cuando el proyecto de ley electoral de 1870 fijó la incompatibilidad absoluta entre el cargo de diputado y cualquier puesto en la Administración, de conformidad con el artículo 59 de la Constitución. En el preámbulo, la Comisión afirmaba que no se trataba de «una cuestión de escuela», pero eso no impidió que la discusión del proyecto quedase atascada al llegar al artículo 12. Desde distintos lugares del hemiciclo se escucharon argumentaciones similares a las esgrimidas durante la época isabelina para modificar el texto y permitir una cierta compatibilidad. No se podía coartar la libertad de los votantes, pues debían ser ellos quienes decidieran sobre la aptitud del elegible, pero también aconsejaba que la norma atenuara la debilidad de los partidos: España carecía de «aristocracia política», según Cristino Martos. En realidad, los diputados tendrían que percibir dietas para que el cargo fuese verdaderamente incompatible con cualquier empleo, pero esta medida no era defendida por nadie, dada su impopularidad. Al final, la Comisión presentó una modificación, proponiendo la compatibilidad del escaño con los altos puestos en la Administración del Estado, conforme al «modelo inglés», para que la política no se separase completamente de la administración.[31]Con la Restauración, la ley electoral de 1878 sólo incapacitó a los diputados elegidos en distritos donde fuesen empleados, lo que favoreció en las provincias la presencia de cuneros con cargo en los ministerios.

De todas estas discusiones puede deducirse la difícil articulación del Estado liberal decimonónico. Las tensiones entre políticos y notables, entre el poder central y el poder local, marcadas todas por el clientelismo, condicionaron la implantación de unas instituciones cuya representatividad estuvo en el centro de las preocupaciones de la elite política. Precisamente, la dicotomía país legal/país real empezó a calar en la sociedad española de los años setenta, de forma similar a lo que sucedió en la italiana, donde algunas voces consideraron necesario que la clase dirigente conectase eficazmente con el resto de la sociedad.[32]

El valor del voto

Podemos considerar que el voto es un atributo constitutivo de la política moderna, si bien con un significado específico para el liberalismo decimonónico, diferente del que le atribuyen las democracias actuales. Así, el ciudadano elector de los liberales no era otra cosa que la representación de un nuevo imaginario que desterraba la guerra entre individuos del horizonte de la nueva comunidad «nacional». En este sentido, el acto de votar a un representante estaba cargado de un fuerte sentido ritual, pues expresaba públicamente la condición libre del ciudadano y, a la vez, su compromiso para conservar la paz de la comunidad. El nombre mismo de urna, utilizado para referirse a la caja destinada a recibir los votos, confería simbolismo al ideal de racionalidad política.[33]La aprehensión de esta abstracción requería, no obstante, una práctica reiterada, hasta convertirla en algo cotidiano y demostrar que existía una estrecha relación entre la papeleta electoral y la vida de sus usuarios.

Para entender el valor conferido al voto durante la segunda mitad del siglo XIX en España, vamos a dirigir nuestra mirada hacia las discusiones en torno a su modalidad directa o indirecta, la publicidad o no del sufragio y los mecanismos para garantizar su pureza. Atravesando estos polos quedó subrayada una cuestión de la mayor trascendencia: ¿a quién votar?

Desde 1835, la mayoría de los liberales respaldaron el sufragio directo, pues, entre otras razones, se practicaba «en las naciones más cultas que nos han precedido en la carrera parlamentaria, y que producen la representación nacional sin fricciones ni rodeos falaces».[34]Sin embargo, ante la falta de experiencia con este tipo de sufragio, el cambio no dejaba de ser arriesgado, según el progresista Eco del Comercio, dado que el cuerpo electoral desconocía «la teoría representativa» y le faltaba hábito por el peso del «despotismo» en la historia reciente del país.[35]Precisamente, los «doceañistas» entendían que, frente al voto directo, el sistema indirecto, en el contexto de guerra civil, podía atenuar posibles «desaciertos» de la población. Joaquín María López argumentaba que este último permitía participar al mayor número de ciudadanos en primera instancia, dejando restringida la capacidad de decisión última a los electores votados por ellos.[36]Pero, en general, el rechazo hacia ese método de voto fue abrumador, en tanto que era considerado «la infancia del sistema representativo». Así, el proyecto de ley de 1837 estableció el método directo, justificándolo por la experiencia positiva de los comicios de 1836, los primeros desarrollados bajo esta fórmula. En ellos había tenido lugar una notable participación. Vicente Sancho, un histórico del progresismo, consideraba «más liberal» la elección directa y, desde la concepción moderada de la representación, el método indirecto era igualmente negativo, pues según Juan Donoso descansaba «en el principio democrático de la soberanía del pueblo». Pero es que, además, dicho sistema admitía, en primera instancia, a un número excesivo de electores como candidatos a formar parte natural de una «aristocracia de la virtud».[37]

El sentido educativo y simbólico que poseía el acto de votar –«una especie de bautismo que todo lo purifica»– fue una idea recurrente en la cultura política liberal. Transcurridos treinta años de práctica electoral y tras la experiencia de los gobiernos moderados, el sufragio universal masculino establecido en 1868 se aplicó a las elecciones municipales, provinciales y generales. Con ello, el elector, «sin las dificultades y los compromisos locales que en el antiguo sistema cohibían su libre voluntad, obedecerá sólo a sus convicciones políticas, y se formará un propósito deliberado al llevar a cabo el acto más solemne e importante de la vida del ciudadano».[38]Y, durante la Restauración, Moret planteó la posibilidad de que el voto, como el servicio militar y el cargo de jurado, fuera obligatorio, pues aquél, lejos de ser un derecho, era un deber para quien lo ejercía: «desempeña una especie de sacerdocio, decide en alguna manera de la vida de los demás y prepara por su acto el porvenir de su patria».[39]

Pero la formación como ciudadano que el elector iba adquiriendo a través del sufragio sólo podía ser completa si ejercía su derecho con independencia. Para garantizarla, muchos apelaban al voto secreto frente al voto público establecido por la Constitución de 1812. Y, pese a que se mantuvo el reconocimiento hacia el voto secreto en la legislación posterior, no cesó la discusión sobre el nivel de garantías que dicho sufragio ofrecía a los electores. La reiterada manipulación auspiciada por los gobiernos moderados y unionistas llevó a algunos publicistas a defender el voto público, que además reflejaba una interpretación de la representación según la cual la comunidad aparecía como el espacio teatral en que se escenificaba la política.[40]Calixto Bernal reconocía que el voto secreto era más libre, pero señalaba las ventajas contra la falsificación del resultado que suponía el voto público: «Cada votante deberá escribir y firmar su voto en libros que deberá llevar para el efecto el empleado encargado de esta operación». El diputado Peña opinaba igualmente que el secreto del voto no garantizaba la independencia, de manera que con el voto público se podría introducir moralidad política y educar a los electores en «buenas costumbres políticas» y, además, favorecer «la formación de partidos inteligentes y poderosos». Un planteamiento que suscribía Fernández de Soria cuando rechazaba el voto secreto de la ley electoral de 1865, argumentando que el sufragio público serviría para demostrar a los ciudadanos que su ejercicio no era nada vergonzante: «un voto secreto es un voto humillante, por estar dado a la callada y oculto entre sombras».[41]

La discusión estaba vigente también en Gran Bretaña, donde se mantuvo el voto público hasta 1872. John Stuart Mill opinaba que, dado que la publicidad era una de las claves del sistema representativo, el voto, como un deber público, no podía ser oculto, de manera que así se apartaba a los electores de votar por motivos inconfesables. Pero fue precisamente en Inglaterra donde la ampliación del censo electoral, tras la ley electoral de 1867, condicionó la adopción del voto secreto. Era una consecuencia lógica que ya había expuesto Antonio Borrego años antes, al observar las reclamaciones de los radicales ingleses, pues así se podía proteger a las clases que «no teniendo los medios de ser independientes, quedarían expuestas a la venganza y persecución de aquellas de que dependen».[42]En Francia, en cambio, el voto secreto quedó instituido en 1789 como un medio revolucionario dirigido contra la aristocracia. Fue concebido más como un arma al servicio del pueblo, para permitir que éste escapara del control de sus antiguos dueños, que como un instrumento para dotar a la participación política de un acto individual. Y se concedió a quienes sabían leer y escribir porque sólo así el voto podía ser secreto.[43]

Desde luego, saber escribir era una condición esencial para ejercer el derecho de voto y, pese a ello, en España, desde los años treinta, no quedó muy claro cómo se podía garantizar el secreto del sufragio en la práctica. En 1835, mientras unos proponían que cada votante llevase el voto escrito o que se lo escribieran en la mesa electoral, el Gobierno entendía que era indispensable «que cada elector escriba el voto de su propio puño, en el acto mismo de la elección, y de manera que nadie pueda leer lo que escribe».[44]Pero la tensión entre una concepción comunitaria y otra individualista del espacio político fue un elemento persistente durante la centuria. Así lo refleja una propuesta que, al tiempo que consideraba a los elegibles sólo entre los mayores contribuyentes, establecía: «A cada elector se entregará una lista donde consten los veinte elegibles, para que al margen de los nombres de cinco de ellos ponga, a la vista de la mesa, los números 1, 2, 3, 4, 5, según el orden de preferencia que en su opinión deban tener». Por supuesto, la mesa electoral, según el autor del opúsculo, debía estar compuesta por el cura, el beneficiado, el alcalde, el juez y «dos electores elegidos por mayoría por los veinte elegibles».[45]Significaba un reconocimiento de la importancia del espacio local y, en ese sentido, cabe entender que en 1890, durante la discusión del proyecto de ley electoral, se rechazase desde las filas conservadoras la emisión secreta del sufragio, argumentando que no garantizaba el derecho electoral de los analfabetos, y proponiendo un sistema mixto de voto secreto (regla general) y voto público (excepcionalmente).[46]

Plantear la adopción de una cabina para aislar al elector y de un sobre para guardar la papeleta era algo ajeno a la cultura política liberal decimonónica. Es lógico, por tanto, que no apareciese recogido en la legislación europea. Por ello, tiene carácter excepcional la propuesta realizada en 1861, para garantizar el secreto del voto, del diputado unionista José Polo de Bernabé, uno de los artífices de la legislación electoral española durante la época isabelina:

El elector recibirá del presidente un sobre o cubierta para la papeleta de la candidatura, igual en todo al que se entregue a los demás electores, y tendrá obligación de recibir del mismo y de cualquiera otro de los individuos de la mesa, las candidaturas impresas o manuscritas que estos le entregarán. Los electores, después de recibir el sobre o cubierta, entrarán uno cada vez en otra pieza inmediata donde no pueden ser vistos por persona alguna y tengan todo lo necesario para poder escribir y poder cerrar el sobre recibido y allí incluirán dentro de éste una papeleta que contenga los nombres de los que designen para diputados.[47]

La preocupación por la independencia del elector que traslucían las discusiones sobre el mecanismo de voto tuvo su máxima expresión en la retórica de la corrupción. Las normas electorales de los años treinta, cuarenta y cincuenta mostraban un vacío que posibilitaba actuaciones irregulares. Durante estos años, la principal inquietud de las oposiciones en el Congreso, como reflejan las interpelaciones y las proposiciones de ley, se dirigió hacia la correcta elaboración del censo electoral. En este sentido, el papel desempeñado por los empleados del Gobierno y por las autoridades locales era puesto en entredicho y se exigía, en su caso, la aplicación del Código Penal con todo rigor. Su actuación también resultaba determinante una vez constituida la mesa, que configuraba el otro espacio donde debía garantizarse la pureza de las operaciones electorales. Resulta significativa la diferencia en esta cuestión entre los textos conservadores y los progresistas. Los primeros –1846, 1878– otorgaban la presidencia al alcalde –designado por el Gobierno en la mayoría de los municipios– o bien al mayor contribuyente –1865–, mientras que en las normas de 1837, 1856 y 1870 todos los miembros de la mesa eran elegidos por los votantes, situación esta última que propiciaba una mayor libertad electoral.[48]Y no fue hasta 1864 cuando se aprobó la ley que, presentada por Cánovas, tipificaba los delitos electorales cometidos por funcionarios y particulares. Una norma que, en sus aspectos esenciales, quedó recogida por la legislación posterior hasta 1890.[49]

Para los liberales, e incluso para quienes eran más críticos con el liberalismo, la manipulación de los comicios, dado su fuerte carácter simbólico, deterioraba la legitimidad del régimen representativo. No es extraño, pues, que un neocatólico, y luego carlista, como Ortiz de Zárate, propusiese la incorporación a la ley de lo que él llamaba «delito de ritualidad para el que quebrante las formas de una elección, para el que ponga las listas públicas un día antes o después, o para el que en cualquier manera falte a los trámites de una elección». En realidad, el fraude electoral era un reflejo de la existencia de competencia política, como señalaba, por ejemplo, el moderado Cuesta:

Ese alcalde que arrastra consigo una gran parte de los electores del distrito y que tiene simpatías por el candidato contrario al gobierno, se halla frente a frente con la contingencia de que el Gobierno le dice: yo no te pido nada; pero ten entendido que nada es más fácil en mesa electoral donde hay lucha que figurar un abuso electoral.[50]

Sin embargo, que hubiese disputa por un escaño en determinadas coyunturas no significa que aquélla fuese aceptada por todos los liberales como algo positivo. La competencia era posible, pero no necesaria en la cultura política liberal.

Desde las elecciones del Estatuto Real apareció con claridad uno de los elementos determinantes de la política española en el siglo XIX: la denominada «influencia moral» del Gobierno. En 1839, una orden del gabinete moderado reconocía explícitamente que el ejecutivo no debía pretender dominar las elecciones, pero que era su deber «dirigirlas para que la ley se cumpla y se reduzca a sus justos límites la pugna de los partidos que se disputan la victoria».[51]Veinte años después, tras la llegada de los unionistas al poder, José Posada Herrera adquirió protagonismo en las elecciones como ministro de la Gobernación, hasta el punto de que fue conocido como el Gran Elector. Ya había dejado clara su posición en su único opúsculo, Lecciones de Administración, publicado en 1843. El Gobierno debía intervenir en los comicios para conseguir un efecto «saludable» sobre ellos, para «ilustrar la opinión». Su influencia debía ser moral, no material, es decir, debía hacer uso de la superioridad que tenía por su posición en el centro de los intereses y de la sociedad sobre los demás individuos que la componían. Posada defendía esta posición del ejecutivo como contrapeso de la diversidad de intereses de los partidos. La intervención gubernamental, más allá de estar formalizada, se configuraba como una actitud moral que implicaba el sacrificio de la libertad y de la independencia del sufragio en favor de intereses supuestamente más elevados. El político asturiano confesaría en 1865: «Yo he tenido la honra de dirigir unas elecciones; lo he hecho lo mejor que pude; no me remuerde la conciencia por no haber procurado mantener la libertad del cuerpo electoral (Risas)».[52]Esta posición, llevada a la práctica en 1858, había dado lugar a 226 actas protestadas.

La poderosa injerencia del Gobierno formaba parte de una ecuación en que también aparecía la legislación municipal y de imprenta. Cuando ésta era restrictiva, durante las etapas moderada y unionista, sumada a un excesivo control del ejecutivo, propiciaba una alta abstención y era campo abonado para el fraude. En cambio, bajo gobiernos progresistas, con normas pensadas para crear un espacio público más amplio, la participación se vio favorecida y el fraude quedó atenuado.[53]La idea de que la abstención conducía a las irregularidades estaba muy extendida en la época, hasta el punto de que algunos políticos como Manuel Duran i Bas plantearon como solución adoptar del voto obligatorio:

Cuando el voto es limitado, el elector representa no sólo su derecho sino el de los que no tienen capacidad electoral; en este caso, no debe consentirse una renuncia que redunda en daño de los demás. Si fuera obligatorio el voto, ni la corrupción ni la coacción torcerían la voluntad de los electores; pues los inmorales y los débiles son los menos, y los fuertes y los probos, obligados a emitir su sufragio lo darían según su leal saber y entender.

Esta posición de Duran no debe hacernos olvidar, de todos modos, el temor generalizado de la elite liberal hacia las masas, que asumieron un activo papel político fuera de los cauces formales en determinadas coyunturas.[54]

Incluso en momentos caracterizados por una notable participación, el Gobierno no ocultó sus simpatías hacia determinados candidatos, como en 1854 y 1869, cuando favoreció a unionistas y monárquicos, respectivamente.[55]Pero, ¿frente a quiénes?, es decir, ¿qué dirección tomaba la competencia política y qué significado se daba a ésta para que la acción del elector estuviese en el epicentro de la atención pública? No cabe duda de que el componente ideológico tuvo cierta presencia, asociado sobre todo a una identidad partidista como la demócrata o la republicana. Pero el sentido comunitario de la política, que rechazaba el pluralismo, tuvo un peso decisivo en la disputa por la persuasión o por el control de los votantes. En 1848, en Francia, muchos no consideraron el sufragio universal como el instrumento político de un debate plural, de forma que el acto electoral se entendió más bien como una manifestación simbólica de pertenencia a la colectividad.[56]Y en España, donde la elite política compartió una cultura en la que el colectivo social tenía mucha más legitimidad que el individuo, las elecciones fueron vividas como un asunto local, dirigiéndose el voto más hacia las personas que hacia los partidos.[57]Uno de los abundantes ejemplos que ilustra todo lo anterior es este fragmento de un texto literario publicado en 1847:

(...) Tales papeletas irán dobladas dos veces, para que en todo evento adverso pueda alegarse por nosotros que iban embebidas y plegadas dos en una, y poder pedir la nulidad de la elección. Cuales irán abiertas y sin doblar para que pueda decirse que la votación no ha sido secreta, y así tengamos asidero para reclamar de nulidad. En fin, ello es preciso que pueda haber cuestión, pues si ganamos, todo será pecado venial, y si perdemos ya apelaremos para tribunal y jueces que nos sepan dar la razón. En cuanto a los ausentes y difuntos que han de volver al mundo y regresar al pueblo para este acto sagrado de la votación, es decir, la votación nuestra, ya está todo previsto. Por lo demás, la Beatrecilla no se casará y tenemos los votos de su padre; las dehesas se repartirán y los roturadores votarán por nosotros. Don Cosme poseerá el caserón de los coallas cediéndonos sus influencias (...) y de tal modo ya tenemos averiguada la verdadera voluntad de este distrito que es que sea su diputado tu amigo y favorecedor don Opando.[58]

Resulta evidente que la influencia del Gobierno coexistía con la influencia del poder local. El pacto tejido entre ambas, en el que se sustentó el sistema de la Restauración, tuvo precisamente como objetivo controlar la participación para facilitar la estabilidad política.[59]

POLÍTICOS Y NOTABLES: LA REPRESENTACIÓN DE INTERESES

Con competencia electoral o en ausencia de ella, los diputados debían escenificar en el Parlamento la representación política que encarnaban. El Congreso de los Diputados adquiría así formalmente la centralidad otorgada por la Constitución y por la definición del Estado liberal. Sin embargo, es bien sabido que, en realidad, existían dos escenarios de actuación. La esfera pública del hemiciclo quedaba superpuesta a otra privada en torno a los ministerios, de manera que el desarrollo del clientelismo fue dibujando el paisaje de la política a partir de los años cincuenta.

Ya hemos comentado que la tensión existente entre la influencia del Gobierno y la de los poderes locales condicionaba el control sobre las elecciones, a la par que se convertía en una forma legítima de canalizar la representación.[60]Estas líneas de fuerza quedaban atravesadas y marcadas por diversas dicotomías que dibujaban el perfil de los diputados: ser autóctono o foráneo, presentar o no candidatura, sostenerse en un ideario o en el prestigio personal eran circunstancias que implicaban la asunción de valores, capaces de definir los intereses representados en el Parlamento.

La polémica en torno a la naturaleza autóctona o foránea de los diputados fue un lugar común a lo largo de todo el siglo XIX, desde que el término cunero empezó a aplicarse en la década de 1850, tras la implantación de los distritos uninominales. Utilizado en sentido peyorativo para referirse a la persona sin vínculo con el distrito o la provincia donde se presentaba, enfatizaba, sobre todo, el hecho de que el candidato fuese desconocido por los electores. Esta figura era radicalmente opuesta a la del «candidato natural», que aparecía en la publicística de la época como la persona idónea para ser elegida por la demarcación, pues era «conocido de sus representados» y ejercía «materialmente influjo sobre sus conciudadanos».[61]Para quienes defendían al diputado «con arraigo», éste destacaba por su independencia económica y por su conocimiento de la realidad geográfica y social de donde procedía, lo que le permitía mantener una relación directa y eficaz con sus representados. Situación que contrastaba con la del cunero, muchas veces con cargo en la Administración, y visto por ello como una imposición del Gobierno con la pretensión de tener garantizado el respaldo parlamentario.[62]No resulta extraño entonces el comentario de Juan Valera a su hermano:

Me quedaré probablemente sin que el Gobierno me declare su candidato (...) Yo preferiría más que nada, pero lo creo casi imposible, salir por Archidona a despecho de Lafuente y contra el Gobierno. De este modo, lo debería todo a tu influjo, y sería más independiente, y estaría con Don Leopoldo o contra él, según se me antojase.[63]

La ambigua adscripción ideológica de muchos de estos diputados –«hijos de la inclusa política», según Rico y Amat– y su carencia de «cuna» los perfilaba como ficticios representantes de la sociedad.

Superada la discusión, a mediados del siglo XIX, sobre si era el distrito o la nación lo que debía representar el diputado,[64] la defensa pública del diputado autóctono fue vinculada a la adopción del modo de escrutinio uninominal frente al plurinominal:

Es moralmente imposible que el mayor número de los que eligen tenga exacta idea de las prendas que concurren en todos los candidatos a quienes favorecen con su voto. Si el gobierno representativo ha de ser una verdad, es necesario que el elector conozca a su representante (...) Verdad es que los diputados son representantes de los intereses de la nación, y no exclusivamente de los de una localidad o provincia dada; pero los intereses generales del Estado, ¿qué son sino vanas abstracciones, sino resultan de la conciliación y armonía de todos sus intereses particulares?[65]

Y cuando se trataba de apoyar los intereses específicos de una o de varias provincias, la filiación local del diputado era condición indispensable. Así, por ejemplo, los parlamentarios vascos respaldaron los fueros del mismo modo que los barceloneses solicitaron medidas descentralizadoras. [66]No fue hasta la Restauración cuando empezaron a ser aceptados los candidatos cuneros por las elites locales, al entender éstas que se trataba de políticos con capacidad de gestión y de mediación ante el Gobierno o, simplemente, lo admitieron como reconocimiento del pacto con el ejecutivo. El localismo, que había permeado la revolución liberal y el asentamiento del nuevo Estado, permanecía como un potente elemento representativo en la política liberal española.

La importancia concedida a los intereses locales frente a la desconfianza generada por el cunero traslucía un recelo hacia la competencia política como expresión del pluralismo. Los partidos políticos no tuvieron un fácil acomodo en la cultura política liberal, al ser entendidos como un reflejo de intereses particularistas contrarios al interés general, que en realidad dividían y desconcertaban a los electores.[67]Las apelaciones a la unidad de los liberales durante el reinado de Isabel II fueron continuas y O’Donnell intentó capitalizar esta iniciativa con la Unión Liberal. En el mismo sentido, la formación del alfonsismo durante el Sexenio no fue presentada por los sectores más conservadores del liberalismo como la creación de un nuevo partido. Los partidos políticos, concebidos esencialmente como agrupaciones parlamentarias, no eran vistos como instrumentos para trasladar y canalizar demandas de la sociedad. En realidad, la diversidad de los poderes locales explica la escasa cohesión de los partidos políticos a escala nacional, en consonancia con la fragmentación económica y cultural del país. Por ello, quizá resulta forzado hablar de «clase política» para referirse a los sujetos protagonistas del juego político en la segunda mitad del Ochocientos.[68]Nos encontraríamos con una elite política que, en el marco de un Estado centralizado, aunque débil, creó unas redes clientelares que alcanzaron su máximo desarrollo en la Restauración. Para los diputados situados al frente o al servicio de estas redes, la legitimidad política se sustentaba en su capacidad para representar eficazmente al distrito en Madrid, procurando obtener el máximo de beneficios posibles. Ello conducía a una diferenciación entre los políticos «de oficio», dedicados de forma continuada a la actividad parlamentaria y a la gestión de favores, y los notables que, si bien podían desarrollar un trabajo de intermediario, no consideraban esencial su presencia en el Congreso. Pero el clientelismo nunca llegó a beneficiar a la mayoría de la población,[69]aunque fuese compatible con la presencia de concepciones doctrinales. De hecho, los diputados podían obtener respaldo por su capacidad oratoria para defender postulados y por su adscripción a una formación política.

CONCLUSIONES

El triunfo de la revolución liberal supuso la asunción del régimen representativo, que delimitó el principal ámbito formal de actuación de los ciudadanos en la esfera pública. La elección de diputados, alcaldes y concejales, se convirtió así en uno de los pilares del Estado que querían construir los liberales, pues con la votación de los cargos conferían legitimidad a las nuevas instituciones. Sin embargo, en un contexto europeo marcado por sucesivas oleadas revolucionarias, que chocaron contra arraigadas pervivencias sociales y culturales, la idea liberal de la representación política sólo se fue asentando lentamente y no sin contradicciones.

En España, las transformaciones económicas y sociales operadas con la revolución favorecieron la formación de nuevas elites. Éstas entendieron el sistema representativo como un renovado espacio de negociación entre el ámbito local y el poder central. Al mismo tiempo, los mecanismos y las pautas de actuación propios de la representación política llevaron a las elites a la búsqueda de legitimación. Con estas premisas, el problema de la influencia que tuvieron los procesos electorales, sobre la configuración del Estado liberal y sobre la creación de una cultura política ciudadana, puede afrontarse a partir de la valoración de la tensión generada por dos elementos. El primero sería el sentido general que los liberales otorgaron al sistema electoral, entendido como el mejor medio para formar y educar a los electores –los ciudadanos– en el compromiso por el interés general y por el interés de la «nación». El segundo componente lo constituiría la concepción elitista de la participación política, aceptada por la mayoría del liberalismo, y perceptible a través de la capacidad y la distinción, dos términos que resumían las cualidades imprescindibles de electores y elegibles.

Conviviendo con la fuerte resistencia del carlismo durante muchos años y con la constante amenaza revolucionaria de las juntas, la elite política española maduró una idea de la representación política según la cual los electores representaban también a los no electores. Pero las urnas no tenían la primacía frente a las instituciones –Parlamento y Gobierno–, como quedaba patente por el significado otorgado a los partidos políticos y a la corrupción electoral. Los partidos funcionaban como formaciones esencialmente parlamentarias, sin cohesión más allá del hemiciclo, y sólo algunos políticos creían que aquéllos debían crear opinión pública. Por otra parte, el recurso a la manipulación de los comicios, pese a una retórica crítica y a lo consignado en la normativa electoral, expresaba la aceptación de distintas «influencias» políticas sobre el elector. No es extraño, pues, que se identificase limpieza electoral con la formación de partidos «inteligentes y poderosos». Precisamente, uno de los temas más persistentes en las discusiones sobre la representación política y el Estado fue la existencia de dos influencias legítimas dentro del juego político, pues frente a la gubernamental, o «influencia moral», se dibujaba otra en torno al poder local. La dialéctica diputado autóctono/diputado cunero expresaba claramente las dos posiciones de poder.

Pese a lo anterior, y aunque el ejecutivo desease imponer casi siempre a sus candidatos, no pudo impedir en momentos determinados la existencia de competencia política por los escaños. Una competencia que procedía de notables de la periferia, pero también de políticos que colocaban en primer lugar la defensa de un ideario. Esta situación abría espacios para la participación de los ciudadanos. Una legislación de imprenta permisiva, junto a la creación de juntas en las coyunturas revolucionarias, la organización de la Milicia Nacional, con su funcionamiento democrático en la elección de los cargos, la publicación de diccionarios y catecismos electorales, así como la difusión de manifiestos por parte de candidatos, todo contribuyó a promover la participación en los comicios. Así se puede apreciar en los años 1836-1843, 1854 y 1868-1869. De este modo, creemos que la tensión entre los dos factores considerados se resolvió a través de una doble dirección de la política, descendente y ascendente, que permitió la implantación del régimen representativo, favoreciendo además la del Estado liberal.

A partir de 1875, Cánovas, Sagasta y el propio Alfonso XII dieron un nuevo comienzo al régimen liberal en España. Uno de sus cimientos fue marcar la línea descendente de la política como la única posible para garantizar la estabilidad y la gobernación del país. El turno de los partidos conservador y liberal expresaba el escepticismo de las elites hacia la utilidad de las elecciones y hacia el desarrollo de la ciudadanía que los comicios llevaban aparejado. El peso del clientelismo mantuvo la percepción de que las elecciones a Cortes eran un asunto local, primando el voto a personas y sin favorecer el sentido individual del sufragio y de la participación. A la altura de 1890, con la reimplantación del sufragio universal masculino, el Estado liberal aparecía marcado por una cultura de la representación restrictiva, lo que iba a influir decisivamente en su legitimidad futura.

* Este trabajo se inscribe en un proyecto de investigación, que también integran María Sierra y María Antonia Peña, sobre la idea de la representación política en la España liberal (1845-1890), del Ministerio de Ciencia y Tecnología con financiación FEDER (BHA200201007). El autor quiere expresar su agradecimiento a ambas colegas por sus críticas y comentarios vertidos sobre este texto.

[1] Sobre la Corona, véanse Isabel Burdiel, «La consolidación del liberalismo y el punto de fuga de la monarquía (1843-1870)», en Manuel Suárez Cortina (ed.), Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808-1950, Madrid, Marcial Pons-Fundación P. M. Sagasta, 2003, pp. 101-133, y, sobre todo, de la misma autora, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa-Calpe, 2004. Además, hay que destacar el proyecto en curso bajo la dirección de Emilio La Parra: Imágenes y memorias del poder. Reyes y regentes en España en el siglo xix (HUM2004-05488). Un interesante análisis historiográfico sobre la problemática de la ciudadanía, en Florencia Peyrou, «Ciudadanía e Historia. En torno a la ciudadanía», Historia Social, 42, 2002, pp. 145-166. Con especial atención a la dimensión cultural y discursiva, cabe destacar Manuel Pérez Ledesma, «El lenguaje de la ciudadanía en la España Contemporánea», Historia Contemporánea, 28, 2004, así como María Sierra, Rafael Zurita y M.ª Antonia Peña (eds.), «La representación política en la España liberal», Ayer, 61, 2006.

[2] Una excelente muestra de dicho interés es el libro de José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo xix, Madrid, Taurus, 2001.

[3] La escasa capacidad del Estado para penetrar en la sociedad en Gloria Martínez Dorado, «La formación del Estado y la acción colectiva en España: 1808-1845», Historia Social, 15, 1993, pp. 101-116. La necesidad de conocer los mecanismos de implantación del Estado, en Francisco Tomás y Valiente, «Lo que no sabemos acerca del Estado liberal (1808-1868)», en VV. AA., Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 137-145. La importancia de no identificar centralización con fortaleza del Estado, en Julio Aróstegui, «El Estado español contemporáneo: centralismo, inarticulación y nacionalismo», Historia Contemporánea, 17, 1998, pp. 31-57.

[4] El sistema de plena separación entre el ejecutivo y el judicial, marcado por la Constitución de 1812, desapareció a partir de 1845, dado que los moderados concibieron la Justicia como «administración» sometida al poder ejecutivo. Sólo durante el Bienio y el Sexenio se intentó recuperar la idea de poder judicial. José M.ª Jover, La civilización española a mediados del siglo xix, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, pp. 97-139.

[5] José M.ª Portillo, «Estado», en Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes, Diccionario político y social del siglo xix español, Madrid, Alianza Ed., 2002, pp. 295-302.

[6] Véanse al respecto los sugerentes análisis de Jesús Millán García-Varela, «Poderes locales, conflictividad y cambio social en la España agraria. Del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa», Noticiario de Historia Agraria, 6, 1993, pp. 25-36. Eliseu Toscas, «Centralización y “autonomías locales” bajo el Estado liberal en España. Una confrontación de normas con prácticas», Hispania, 198, 1998, pp. 213-232. Isabel Burdiel, «Morir de éxito: El péndulo liberal y la revolución española del siglo XIX», Historia y política, 1, 1999, pp. 181-203. Monográfico «El poder local en la España Contemporánea», Hispania, 201, 1999. Pedro Carasa Soto (coord.), Ayuntamiento, Estado, sociedad. Los poderes municipales en la España Contemporánea, Valladolid, Ayuntamiento, 2000. Irene Castells Oliván y M.ª Cruz Romeo Mateo, «Espacios de poder durante la Revolución liberal española: las patrias de los liberales», en Alberto Gil-Novales (ed.), La Revolución liberal, Madrid, Ed. del Orto, 2001, pp. 373-390.

[7] En este sentido contempla Romanelli la representación política, como instrumento de «construcción» de la ciudadanía. Raffaele Romanelli, «Sistemas electorales y estructuras sociales. El siglo XIX europeo», en Salvador Forner (coord.), Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos xix y xx, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 23-46, p. 26.

[8] Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza Ed., 1998, pp. 11-13. Nicolas Roussellier, «La culture politique libérale», en Serge Berstein (dir.), Les cultures politiques en France, París, Editions du Seuil, 1999, pp. 69-112, p. 82.

[9] Alan S. Kahan, Liberalism in Nineteenth Century Europe. The Political Culture of Limited Suffrage, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2003, pp. 6 y 153 y ss.

[10] Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Liberals i burgesos alhora? Els “respectables” en la nació liberal», en VV. AA. Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement a una trajectòria, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 925-939.

[11] La cita de Olózaga, en Gracia Gómez Urdánez, Salustiano de Olózaga. Élites políticas en el liberalismo español (1805-1843), Logroño, Universidad de La Rioja, 1999, p. 164. Las intervención de Escosura en Diario de Sesiones del Congreso (DSC en lo sucesivo), 22 de enero de 1856, p. 10.062. Las palabras de Cánovas en DSC, 22 de marzo de 1864, p. 1.248, y 16 de marzo de 1876. Esta última citada en Luis Díez del Corral, El liberalismo doctrinario, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984 (1.ª ed. de 1945), p. 660.

[12] Joaquín Tomás Villarroya, «El cuerpo electoral en la Ley de 1837», Revista del Instituto de Ciencias Sociales, 6, 1965, pp. 157-205.

[13] Cit. por Manuel Estrada Sánchez, El significado político de la legislación electoral en la España de Isabel II, Santander, Universidad de Cantabria, 1999, p. 30.

[14] Ibíd., pp. 47-51.

[15] Preámbulo al proyecto de ley electoral, DSC, 16 de marzo de 1845.

[16] Véase el tema con mayor profundidad en María Sierra, Rafael Zurita y M.ª Antonia Peña, «La representación política en el discurso del liberalismo español (1845-1874)», Ayer, 61, 2006, pp. 15-45, especialmente pp. 18-24. Igualmente, Rafael Zurita, M.ª Antonia Peña y María Sierra, «Los artífices de la legislación electoral: una aproximación a la teoría del gobierno representativo en España (1845-1874)», Hispania, 223, 2006, pp. 11-48.

[17] La primera cita en El Español, 25 de julio de 1836, en Joaquín Tomás Villarroya, «Las primeras elecciones directas en España», Anuario de la Universidad de Valencia. Derecho, 38, 1964-1965, pp. 6-56, p. 40. La segunda, en Fermín Caballero, Resultado de las últimas elecciones para Diputados y Senadores, Madrid, Imp. de D. Eusebio Aguado, 1837, p. 30.

[18] Véase, en este sentido, M.ª Cruz Romeo Mateo, «Patricios y nación: los valores de la política liberal en España a mediados del siglo XIX», Mélanges de la Casa de Velázquez, tomo 35-1, 2005, pp. 119-141. El sistema electoral censitario se sustentaba en el principio, denominado en el debate británico, de «representación virtual». Eugenio Biagini, «Rappresentazione virtuale e democrazia di massa. I paradossi della Gran Bretagna vittoriana», Quaderni Storici, 23, 1989, pp. 810-838.

[19] Idea destacada por Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, «De la oligarquía y el caciquismo a la política de intereses. Por una relectura de la Restauración», en Manuel Suárez Cortina, Las máscaras de la libertad..., pp. 289-325.

[20] Decreto de 9 de noviembre de 1868, en Colección Legislativa de España, Madrid, Imprenta Nacional, 1847-1878, Segundo Semestre de 1868, pp. 1.078-1.079.

[21] Preámbulo al proyecto de ley electoral de 1870, DSC, 5 de marzo de 1870, Ap. 1.º al n.º 231.

[22] Cervera, DSC, 6 de abril de 1870, pp. 7.153-7.156.

[23] Marqués de Sardoal, DSC, 4 de abril de 1870, p. 7.100.

[24] Carlos Dardé, «Avanzar retrocediendo. La reforma electoral española de 1878», en Carlos Malamud (ed.), Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina: Las reformas electorales (1880-1930), México, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 19-40.

[25] Carlos Dardé «El sufragio universal en España: causas y efectos», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea, 7, 1989-1990, pp. 85-100.

[26] José Ramón Milán García, Sagasta o el arte de hacer política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 368-369. Segismundo Moret y Prendergast, La representación nacional, teoría del sufragio. Conferencias pronunciadas en la Universidad Central, Madrid, F. García Herrero, 1884, p. 25. Véase también Carlos Ferrera, La frontera democrática del liberalismo: Segismundo Moret (1838-1913), Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 136.

[27] Véase Juan Francisco Fuentes, «Clase media y burguesía en la España liberal (18081874): Ensayo de conceptualización», Historia Social, 17, 1993, pp. 47-61.

[28] Campo, DSC, 27 de abril de 1864, pp. 1.725-1.727. Manin califica esta idea como el «principio de distinción», Bernard Manin, Los principios..., pp. 119 y ss.

[29] Según la prensa de la época, los diputados con empleo público eran 112 en 1839 y 129 en 1858. M.ª Francisca Monsell Cisneros y Rafael Pérez Díaz, «La práctica electoral en el reinado de Isabel II», Revista de las Cortes Generales, 16, 1989, pp. 143-177, especialmente pp. 171-172.

[30] Un análisis en profundidad en M.ª Antonia Peña, María Sierra y Rafael Zurita, «Elegidos y elegibles. La construcción teórica de la representación parlamentaria en la España isabelina», Revista de História das Ideias, 27, 2006, pp. 473-510, esp. pp. 486-496 sobre el alcance de los diputados con empleo público.

[31] La libertad de los electores en Coronel Ortiz, DSC, 4 de abril de 1870, p. 7.098; sobre las dietas, Martos, DSC, 5 de abril de 1870, p. 7.139, y González Alegre, DSC, 7 de abril de 1870, pp. 7.175-7.177; la referencia al modelo inglés en marqués de Sardoal, DSC, 28 de abril de 1870, pp. 7.513-7.515.

[32] Raffaele Romanelli, L’Italia liberale, Bolonia, Il Mulino, 1990, pp. 145-146.

[33] Antonio Annino, «El voto y el XIX desconocido», en línea <http://www.foroiberoideas. com.ar>, 2004. Sobre la operación material del voto, Olivier Ihl, «L’urne électorale. Formes et usages d’une technique de vote”, Revue fraçaise de science politique, 43-1, 1993, pp. 30-60.

[34] Preámbulo al proyecto de ley electoral de 1835, cit. por Joaquín Tomás Villarroya, «Las primeras elecciones...», p. 9.

[35] Citado por Manuel Estrada Sánchez, El significado..., p. 20.

[36] M.ª Cruz Romeo, «Joaquín María López. Un tribuno republicano en el liberalismo», en Javier Moreno Luzón (ed.), Progresistas. Biografías de reformistas españoles (18081939), Madrid, Taurus, 2006, pp. 59-98, especialmente pp. 84-85. Las diferencias entre los progresistas sobre este tema, en José Luis Ollero Valdés, «De la liberación del preso encadenado al salto en las tinieblas: sobre representación y autenticidad en la cultura política del progresismo», Ayer, 61, 2006, pp. 105-137, especialmente pp. 111-112. Todavía en 1856, y como una muestra más del carácter mitificador que tenía la Constitución de 1812, también para los demócratas, José M.ª Orense defendió el sufragio universal indirecto. Orense, DSC, 22 de enero de 1856, p. 10.064.

[37] Sancho, DSC, 1 de febrero de 1856, p. 10.461. La opinión de Donoso, en Manuel Estrada Sánchez, El significado..., p. 27. La expresión «aristocracia de la virtud», en Pablo Sánchez León, «Aristocracia fantástica: los moderados y la poética del gobierno representativo», Ayer, 61, 2006, pp. 77-103, especialmente pp. 96-97.

[38] Respectivamente, La Discusión, 9 de abril de 1870, y Decreto de 9 de noviembre de 1868.

[39] Segismundo Moret, La representación nacional..., pp. 36-37. La idea del sufragio universal como derecho, función y deber, al mismo tiempo, fue defendida por los republicanos franceses después de 1871. Pierre Rosanvallon, La consagración del ciudadano, México, Instituto Mora, 1999, pp. 312-313.

[40] María Sierra, Rafael Zurita y M.ª Antonia Peña, «La representación política...», p. 23. La práctica del voto público como representación teatral de las relaciones asimétricas propias de la sociedad de la época en Rafaele Romanelli, «Sistemas electorales...», p. 38.

[41] Calixto Bernal, Teoría de la autoridad, aplicada a las Naciones modernas, Madrid, Imp. de M. Minuesa, 1856-1857, p. 185. Peña, DSC, 24 de enero de 1856, pp. 10.181- 10.186. Rafael Fernández de Soria, Las elecciones, la reforma electoral y el Partido Progresista, Madrid, Imp. de F. Martínez García, 1865, p. 69.

[42] Mario Navarro Amandi, Estudios sobre procedimiento electoral, Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1885, pp. 126-130. La cita de Borrego en Manuel Estrada Sánchez, El significado..., p. 34.

[43] Patrice Gueniffey, Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1993, pp. 287-289. Una comparación a este respecto entre Francia e Inglaterra en Alain Garrigou, «La construction sociale du vote», Politix, 22, 1993, pp. 5-42.

[44] Patrice Gueniffey, Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1993, pp. 287-289. Una comparación a este respecto entre Francia e Inglaterra en Alain Garrigou, «La construction sociale du vote», Politix, 22, 1993, pp. 5-42.

[45] Joaquín Jiménez Delgado, El voto universal para las elecciones, con arreglo a los principios de la ciencia y a las exigencias de las actuales circunstancias de España, Madrid, Imp. de F. Martínez García, 1865, pp. 32-33. La cursiva es nuestra.

[46] Arturo Fernández Domínguez, Leyes electorales españolas de diputados a Cortes en el siglo xix: estudio histórico y jurídico-político, Madrid, Civitas, 1992, p. 179.

[47] Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, legajo 114-6, 3-5-1861. En Francia, la primera propuesta sobre la cabina fue de Lefevre-Pontalis en 1889. Vid. Olivier Ihl, «L’urne électorale...», p. 50.

[48] María Sierra, «Electores y ciudadanos en los proyectos políticos del liberalismo moderado y progresista», en Manuel Pérez Ledesma (dir.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 103-133.

[49] DSC, 9 de abril de 1864, Ap. 1.º al n.º 144.

[50] Ortiz de Zárate, DSC, 17 de marzo de 1864, p. 1.184. Cuesta, DSC, 30 de marzo de 1864, p. 1.270.

[51] Cit. en M.ª Francisca Monsell Cisneros y Rafael Pérez Díaz, «La práctica electoral...», p. 146.

[52] José Posada Herrera, Lecciones de Administración, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1988, pp. 329-330, y Posada, DSC, 3 de julio de 1865, p. 2.998. Como es bien sabido, la figura del gobernador civil era clave en este entramado. Una referencia a su actuación, por ejemplo en las elecciones de 1858, nos la proporciona Guerola, no sin cierta contradicción: «Yo seguí siempre el sistema de favorecer la candidatura del Gobierno, pero con prudencia, con decoro y sin faltar a la justicia, a la ley y a la honradez». Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Málaga como gobernador en ella desde 6 de diciembre de 1857 hasta el 15 de febrero de 1863, Sevilla, Guadalquivir, 1995, vol. 2, p. 1.379.

[53] José Ignacio Cases Méndez, «La práctica electoral bajo la Constitución de 1837», Revista de Derecho Político, 20, 1983-1984, pp. 67-93.

[54] Manuel Duran i Bas, Estudios políticos y económicos, Barcelona, Imp. de Antonio Brusí, 1856, pp. 138-139. Sobre el temor a las masas, véase Xosé Ramón Veiga, «El significado del Sexenio en la definición de una identidad política conservadora», Ayer, 57, 2005, pp. 191-221, especialmente pp. 216-218.

[55] Véase Rafael Zurita Aldeguer, «Intérprete y portavoz. La figura del diputado en las elecciones de 1854 en España», Spagna Contemporanea, 32, 2007, pp. 53-72. Rosana Gutiérrez y Rafael Zurita, «Canvi polític i mobilització electoral en la revolució del 1868», Recerques, 39, 1999, pp. 31-54.

[56] Pierre Rosanvallon, La consagración..., pp. 268-269. Una percepción que se mantuvo en muchos distritos durante los primeros años de la Tercera República. Alain Garrigou, Le vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1992, pp. 55-69.

[57] Maria Sierra, «La figura del elector en la cultura política del liberalismo español», Revista de Estudios Políticos, 133, 2006, pp. 117-142, p. 134. Gregorio de la Fuente Monge, «Elite política y clientelismo durante el Sexenio Democrático (1868-1874)», en Antonio Robles Egea (comp.), Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 133-168, p. 156.

[58] «Don Opando o unas elecciones», en Serafín Estébanez Calderón, Escenas Andaluzas, Madrid, Espasa-Calpe, 1960, pp. 41-78, especialmente pp. 68-69.

[59] Una reciente contribución en Carlos Dardé (ed.), «La política en el reinado de Alfonso XII», Ayer, 52, 2003.

[60] Un análisis sobre este tema en María Sierra, Rafael Zurita y M.ª Antonia Peña, «La representación política...», pp. 29-36.

[61] La referencia al origen de los cuneros en Luis M.ª Pastor, Las elecciones. Sus vicios. La influencia moral del Gobierno y proyecto de reforma electoral, Madrid, Imp. de Manuel Galiano, 1863, pp. 30-31. Una descripción irónica y satírica del cunero en Juan Rico y Amat, Diccionario de los políticos, Madrid, Nancea, 1976 (1.ª ed., 1855), pp. 152-153. La cita sobre el candidato natural aparece en un decálogo sobre las condiciones que debían reunir los elegibles. Joaquín Jiménez Delgado, El voto universal..., pp. 15-16.

[62] Un retrato desde la literatura costumbrista del diputado ministerial que sólo interviene en las votaciones, en «El Diputado a Cortes», en Antonio Ferrer del Río, Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, 1844, pp. 400-412, y «El Diputado monosílabo», en Antonio Flores, Ayer, hoy y mañana, Barcelona, Montaner y Simón, 1893 (1.ª ed. de 1853), vol. 2, pp. 207-208.

[63] Carta de Juan Valera, 22 de julio de 1858, en Juan Valera, Una anatomía electoral: correspondencia familiar, 1855-1864 (edición de Leonardo Romero), Barcelona, Sirmio, 1992, pp. 57-58.

[64]Véase M.ª Antonia Peña, María Sierra y Rafael Zurita, «Elegidos y elegibles...», pp. 496-503.

[65] El Parlamento, 20 de febrero de 1856.

[66] Coro Rubio Pobes, Revolución y tradición. El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 362-366. Borja de Riquer, «El conservadorisme polític català: del fracàs del moderantisme al desencís de la Restauració», Recerques, 11, 1981, pp. 29-80.

[67] Una característica central de la cultura política liberal era la de reconocerse en un «espíritu» liberal más que en una doctrina, una disciplina y una organización. Los liberales eran más una «cultura» que un modelo de partido político. Nicolas Roussellier, «Les libéraux dans les états-nations européens», en VV. AA., Les familles politiques en Europe Occidentale au xixe siècle, París, École Française de Rome, 1997, pp. 147-153.

[68] Es la posición que sostienen Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, El poder de los empresarios. Política e intereses económicos en la España Contemporánea (1875-2000), Madrid, Taurus, 2002, pp. 67-104. Una interpretación opuesta en Juan Pro Ruiz, «La formación de la clase política liberal en España (1833-1868)», Historia Contemporánea, 23, 2001, pp. 445-481.

[69] Borja de Riquer i Permanyer, «Consideraciones sobre historiografía política de la Restauración», en José Luis de la Granja, Alberto Reig Tapia y Ricardo Miralles (eds.), Tuñón de Lara y la historiografía española, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 123-141.

LOS GRUPOS DIRIGENTES EN LA CATALUÑA URBANA Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO CENTRALISTA, 1844-1868*

Josep Maria Pons i Altés

Universitat Rovira i Virgili

UNA CUESTIÓN QUE REVISAR

En el estado actual de las investigaciones disponibles, aún resulta complicado ofrecer un balance sobre la recomposición de los grupos dominantes en las ciudades catalanas tras la revolución liberal y su relación con el poder estatal. A pesar de este inconveniente, sí es posible dibujar una primera aproximación y plantear algunas hipótesis. No nos podemos limitar a repetir interpretaciones habituales (que insisten sólo en el contraste político entre una «Cataluña moderna industrial» y una «España atrasada agraria»),[1]a pesar de ser una referencia imprescindible, y será necesario pensar en un panorama más complejo y que tenga en cuenta la diversidad del territorio catalán. En otras palabras, no todo lo que sucede en las ciudades catalanas se comprende únicamente por la industria, como si no existiera ningún otro factor explicativo que tener en cuenta: si así fuera, quedaría desproblematizado el resto de la realidad catalana, falto de interés, y no podríamos detectar otros conflictos sociales y políticos que quedaban en segundo plano ante el liderazgo ejercido por la burguesía barcelonesa.

Compararemos diversas localidades, sobre todo los casos de Barcelona y de Lleida como dos ejemplos extremos (una gran ciudad industrial frente a una mediana ciudad agraria) en una tipología variada, pero también reflexionaremos sobre otros municipios como Girona, Mataró, Reus o Tarragona. Se debe aclarar que centraremos la atención en los grupos con mayor protagonismo en las dinámicas políticas locales, pero sin olvidar las bases sociales de su capacidad de influencia y las consecuencias de la revolución liberal sobre las relaciones económicas.

Antes de entrar en materia, el siguiente cuadro nos situará en la jerarquía urbana de Cataluña a mediados del siglo XIX, de la que nos importa más el orden de las ciudades que la precisión exacta de cada una de las cifras, a menudo difícil de asegurar:

Cuadro 1. Los municipios más poblados en Cataluña, 1842 y 1860

Fuente: Joan Rebagliato, «Evolució demogràfica i dinàmica social al segle XIX», en Joan Maluquer de Motes (coord.), Història de Catalunya, vol. IX, Barcelona, Salvat, 1998, pp. 1.164-1.179; Josep Iglésies, Indagaciones sobre la población de Cataluña en la primera mitad del siglo xix, Barcelona, Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 1967; y Gran geografia comarcal de Catalunya, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1981-1985.

GRUPOS DOMINANTES EN LA CATALUÑA URBANA POSREVOLUCIONARIA

Partiremos del trabajo elaborado por Ramon Arnabat hace unos años en el que comparaba la composición de diversos ayuntamientos catalanes desde el siglo XVIII hasta 1856 y constataba la importante renovación producida con la revolución liberal.[2] Así, en los ayuntamientos anteriores a 1808 predominaban los nobles y doctores que, con sus «hombres de paja», concentraban dos tercios de las concejalías de los municipios catalanes estudiados, aunque fue consolidándose lo que él denomina «bloque burgués», especialmente en el último tercio del siglo XvIII. Según Arnabat, a partir de 1808 se inicia una nueva fase con la progresiva disminución de la presencia nobiliaria en el poder político local y se detecta una fuerte discontinuidad de personas y de grupos sociales en relación con la etapa anterior, en beneficio de un «bloque burgués» (sobre todo comerciantes, fabricantes, hacendados y una parte de los profesionales liberales) y de las clases medias (menestrales, campesinos y algunos profesionales liberales). Por último, y a partir de los datos de Girona, Lleida y Mataró, entre 1833 y 1856 la evolución en las ciudades catalanas tendría tres características: un sector de la nobleza desaparece del poder político local mientras que otra parte sí es capaz de adaptarse; la burguesía adquirirá mayor importancia hasta sumar el 60% de las concejalías, y las clases medias mantienen o disminuyen su influencia y disponen de un tercio de los representantes municipales. En esta última etapa, alrededor de tres cuartas partes del personal político es nuevo en comparación con las fases anteriores, y esto ilustra, por tanto, el sensible incremento de la movilidad social en comparación con el Antiguo Régimen.[3]

Los datos aportados por Ramon Arnabat (a pesar de las limitaciones que él mismo menciona) confirman el acusado proceso de cambio producido en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX en los ámbitos políticos locales, aunque también señalan algunos elementos de continuidad. Debemos aproximarnos a la evolución de localidades concretas para comprender el impacto de estas transformaciones, la adecuación de las dinámicas locales a la definitiva consolidación de una estructura estatal centralista a partir de 1845 bajo hegemonía moderada.

En el caso de Cataluña hay que añadir otro elemento de ruptura: la insurrección centralista (cuyo nombre se debía a que reclamaba la formación de una junta central) de 1843, que acabó siendo conocida también como la jamància y que en algunas ciudades catalanas adquirió unos contenidos revolucionarios y contó con una destacada participación popular. Las repercusiones fueron especialmente importantes en Barcelona, con bombardeos sobre la ciudad, y Figueres fue la última localidad en rendirse en enero de 1844; en cambio, fuera de Cataluña, el movimiento tuvo una escasa incidencia.[4] Tras aquellos sucesos, buena parte de la burguesía catalana estaría dispuesta a acabar con la inestabilidad que había caracterizado los años anteriores, aunque personas como Jaume Balmes percibieron lúcidamente que el problema social no se solucionaría sólo gracias a la nueva coyuntura reaccionaria: «Sin duda que lo más sencillo y más breve es echar mano de la fuerza (...) pero la razón y la experiencia enseñan que semejante sistema es poco a propósito para consolidar una situación, y que lejos de extirpar los gérmenes de discordia, no hace más que multiplicarlos y avivarlos».[5]

Aún no conocemos adecuadamente el modo en que se recompusieron las jerarquías superiores en todas las ciudades catalanas a partir de 1843-1844, pero algunos casos concretos nos ilustran una realidad variada.

Empezaremos comentando el caso de Lleida. A mediados del siglo XIX, dicha ciudad tenía una estructura productiva en la que el sector fundamental seguía siendo el agrario y, por tanto, ni ella ni las comarcas circundantes se pueden inscribir en absoluto en la Cataluña industrial. Sin embargo, Lleida tampoco formaba parte de la Cataluña rural carlista, sino que tenía una fuerte tradición liberal y más tarde acabaría siendo un núcleo destacable del republicanismo.[6]

En los periódicos leridanos se podían escribir afirmaciones antiindustralistas impensables en Barcelona u otras ciudades catalanas, como: «España no debe pensar en rivalizar con las naciones que tanto la adelantan en el camino de las artes y de las industrias fabriles (...) la verdadera fuente de la riqueza pública, que en nuestra nación, no nos cansaremos de repetirlo, es la agricultura».[7] Hasta los progresistas leridanos, a pesar de que algunos de ellos tenían grandes vinculaciones con Pascual Madoz y con intereses barceloneses, procedían con prudencia en este ámbito: por ejemplo, la Diputación progresista de 1855, ante un proyecto de reforma arancelaria que había provocado la protesta de la Diputación de Barcelona, solicitó que se adoptaran «en los aranceles aquellas reformas que sean susceptibles de mejorar la condición del consumidor sin matar la industria nacional que con nada puede fomentarse tanto como por medio de una competencia bien entendida».[8] Estas divergencias con los fabricantes podían ser aprovechadas por algunos diputados en el Congreso para atacar a Madoz y desacreditar su imagen de defensor del conjunto de los intereses de Cataluña: «S. S. tiene un especial cuidado cuando habla de Cataluña de referirse á su provincia, porque es necesario tener en cuenta que si dentro de España hay catalanismo, dentro de Cataluña hay leridismo, permítaseme esta expresión, que no será castellana, pero que indica exactamente mi pensamiento».[9]

Esto no evitaba que una parte importante de la elite política leridana tuviese numerosos lazos con la burguesía industrial e intereses comunes en cuanto a la política arancelaria[10] e, incluso, apoyase una reestructuración y especialización territorial de la economía catalana dependiente de las inversiones de la burguesía barcelonesa, cuyos dos pilares debían ser la construcción del Canal de Urgell y de nuevas líneas de ferrocarril:

Venid, Barceloneses: sed entre nosotros cultivadores por placer, sin que dejeis de ser industriales (...) La luz viene siempre de Oriente. Vosotros la traeis á las riberas del hermoso Segre (...) A Barcelona debemos la via de hierro que acaba de ser inaugurada bajo la bendicion del Cielo. A Barcelona deberémos en breve el Canal de Urgel, que al derramarse en estas comarcas, las dará el nombre de jardin de la Reina.[11]

Resulta sintomático que el antes aludido Pascual Madoz, directamente implicado en la defensa de la industria catalana, mantuviese durante décadas una constante relación con los progresistas leridanos y una red de contactos que iba mucho más allá de ellos, y consiguiese habitualmente el acta de diputado por el distrito leridano de Tremp.

En definitiva, se producían vacilaciones en los grupos dirigentes de unas comarcas interiores sin industria, con divergencias internas, aunque sin duda una parte destacada de los propietarios agrarios estaba interesada en mantener elevado el precio del trigo y evitar la entrada de productos extranjeros.[12]

En esta ciudad de Lleida, capital de una Cataluña interior «pobre» y «no industrial», los grupos sociales tradicionalmente hegemónicos (nobles, grandes propietarios agrarios, algunos profesionales liberales pertenecientes a familias bien integradas en las estructuras de poder del Antiguo Régimen) solieron mantener su situación económica tras la revolución liberal, pero comprobaron cómo nuevos grupos prosperaban (sobre todo, comerciantes, artesanos y profesionales liberales, a menudo también con intereses agrarios), ponían en peligro su predominio político y económico y discutían su tradicional preeminencia social.[13]Para el primer grupo, el moderantismo se presentó como una propuesta defensiva en la que se podían integrar y que les permitiría mantener ámbitos de poder, mientras que una parte importante del segundo grupo optó desde muy pronto por una adscripción liberal (un liberalismo que mayoritariamente se identificó con el progresismo y que acabó consiguiendo un amplio apoyo social). A pesar de que en todos los grupos socioprofesionales podemos encontrar opciones diversas y de que los factores familiares y personales podían ser decisivos, en Lleida la confrontación política tenía unas innegables connotaciones sociales.

Un momento clave de ruptura se sitúa en 1837, al pasar el poder político local a manos de este segundo grupo liberal progresista, mientras que las familias presentes en los ayuntamientos del Antiguo Régimen (sobre todo familias nobles que disponían de grandes propiedades) quedaron marginadas hasta 1844, cuando recuperaron (con la incorporación de otras casas poderosas locales) su protagonismo de la mano del moderantismo: aunque Lleida no había participado en la insurrección de 1843, el nuevo Gobierno español conservador y muchos sectores locales consideraban necesario acabar con los peligros revolucionarios y expulsar del poder a los liberales progresistas.[14]El posibilismo progresista, que en parte podía incluso haberse integrado en un «bloque liberal»,[15]fue rechazado por la lógica de un Gobierno que desconfiaba y por unos adversarios locales que hasta entonces habían tenido poco de «liberales».

Estos moderados no dudaron los años siguientes en presionar a los votantes y en cometer irregularidades en la organización de las elecciones, como incluir en las listas electorales a un excesivo número de clérigos, para compensar su relativa debilidad. El radicalismo conservador de los moderados leridanos (muchos de ellos o de sus antepasados no habían colaborado o se habían opuesto a la instauración de un régimen liberal) se confirmaría muy pronto, cuando los nuevos diputados a Cortes elegidos en la provincia en 1844 se integraron en el grupo vilumista. También es significativo que el distrito urbano donde siempre tuvieron mayor apoyo fuera conocido como «Navarra»,[16]ya que la oferta moderada sirvió para integrar dentro del sistema a personas simpatizantes con el carlismo: el éxito de esta estrategia permitió que el carlismo apenas tuviera presencia política en la ciudad durante aquellos años.

Llama la atención que tras las primeras elecciones municipales de 1844, con la victoria de los grupos más conservadores de la ciudad, el alcalde fuera una persona como Manuel de Oviedo: hacía poco tiempo que vivía en Lleida (aunque poco antes había sido gobernador militar), estaba vinculado al negocio de la sal y el año siguiente también hubo que recurrir a él para vencer en las elecciones de diputados a Cortes ante unos candidatos leridanos que el Gobierno consideraba excesivamente reaccionarios.[17]Inicialmente, el acuerdo entre los intereses gubernamentales y los moderados leridanos fue difícil, pero un contexto adverso como el que se dibujaba cada vez más en la ciudad les obligó finalmente al entendimiento: los moderados de Lleida recuperaron el poder gracias al decisivo apoyo de un Gobierno que necesitaba aliados locales, por lo que tuvo que acabar reconociendo a aquellos moderados como sus interlocutores preferentes en este ámbito territorial. Por otra parte, no podemos menospreciar el papel activo de ese moderantismo local con una tradición y un discurso ideológico que, aunque estuvieran en relativa decadencia, continuaban teniendo una remarcable implantación social y utilidad política.

Al Gobierno parecía preocuparle más la implantación de los progresistas en la provincia que el peligro carlista, según se desprende de unos discursos de Pascual Madoz en el Congreso que afirmaban de forma exagerada que el verdadero moderantismo era casi inexistente en Lleida:

El partido progresista en Cataluña, particularmente en la provincia de Lérida, era un partido fuerte, un partido poderoso; pues de este partido se prescindió absolutamente; á este partido se le persiguió (...) y al mismo tiempo se observaba, señores, que siempre cuando había una eleccion para una municipalidad y se remitía la lista, sí habia carlistas, de estos se echaba mano para alcaldes (...) allí no había moderados; no se encuentra en toda la provincia de Lérida más que uno, uno solo y le conoce el Congreso, D. Ramon de Ciscar.[18]

El paréntesis del Bienio progresista mostró que, aun dentro del Partido progresista, los demócratas y republicanos leridanos estaban aumentando su implantación de forma muy notable. Esta evolución resultó más indudable durante el periodo de la Unión Liberal, aprovechado por los progresistas leridanos para ocupar el poder local a partir de 1859, mientras que los moderados fueron incapaces de mantener su inicial colaboración con la Unión Liberal. Entonces se visualizaron las tensiones internas existentes en el «partido liberal» (progresista) con la «facción más avanzada» (es decir, los demócratas), que empezaba a optar por estrategias autónomas.

Durante los gobiernos de la Unión Liberal, buena parte del progresismo local pactó con la Administración a cambio de conseguir ámbitos de poder municipal y de disfrutar de mayor libertad, lo que provocó el malestar de unos demócratas que, a partir de 1860, empezaron a desmarcarse electoralmente del resto del partido liberal progresista y acabaron presentando candidaturas propias con relativo éxito (una cronología parecida a la de otras ciudades como Mataró, donde el comité democrático se constituyó en 1865).[19]

Progresistas y demócratas no fueron expulsados del poder político municipal hasta 1866, tras la presión de las nuevas autoridades superiores moderadas, ya que hasta entonces el retraimiento progresista sólo había afectado a las elecciones al Congreso de los Diputados. Es revelador que, tras recuperar el poder local, la primera decisión de los moderados fuera colocar un crucifijo para presidir la sala de reuniones del Ayuntamiento: cada grupo político usaba unos determinados referentes simbólicos e ideológicos (la religión, la libertad, etcétera) que consideraba en peligro si su rival llegaba al poder.[20]Sin embargo, una parte importante de los dirigentes moderados y progresistas leridanos compartía un proyecto social excluyente y partidario de la desigualdad política. Como afirmó un alcalde liberal en 1859: «las desigualdades políticas debían contribuir al provecho de la sociedad si se hubiera conservado la sencillez y pureza primitivas (...) El mal procede de los hombres, no de la sociedad. La desigualdad política autorizada por el derecho natural, y por la ley escrita, es justa en sí misma; pero injusta en su abuso».[21] El caso de Lleida confirma que a mediados del siglo XIX las adscripciones políticas podían servir para canalizar proyectos ideológicos enfrentados que, incluso cuando compartían una percepción elitista de la sociedad, representaban intereses diferentes.

Algo parecido se comprueba también en la Diputación provincial leridana, donde, a lo largo de todo el período, normalmente hubo presencia de las diversas tendencias políticas, aunque hay que remarcar que existían dinámicas políticas distintas a lo largo del territorio y que determinadas personas podían continuar representando su distrito al margen de las coyunturas políticas generales. Habitualmente había una mayoría a favor del gobierno existente en cada momento, pero a veces esta mayoría era posible gracias al uso partidista de la legislación (como cuando los moderados impidieron en 1847 la toma de posesión de diversos diputados progresistas con excusas legales) o al retraimiento de la oposición y, además, los progresistas demostraron que podían obtener resultados destacados en buena parte de la provincia aunque padecieran condiciones adversas.[22]

Como comentaré más adelante, en casi todos esos años se consideró a las diputaciones como una institución secundaria y de escasa importancia. Para algunas personas, sin embargo, la presencia en una diputación continuaba significando la posibilidad de consolidar su influencia en determinadas zonas o aumentar su prestigio personal.

Frente al ejemplo que acabamos de desarrollar, la ciudad de Barcelona representa la imagen más clara de la Cataluña industrial y de los nuevos conflictos sociales consecuencia del desarrollo económico. Ya hace años que Jesús Mestre distinguió en Barcelona entre unos «hacendados» que constituían el núcleo central de los moderados y unas clases medias más próximas a los progresistas,[23]de forma parecida a lo comprobado en otra ciudad industrial como Mataró, donde artesanos, comerciantes y profesionales liberales constituían el núcleo del progresismo local.[24]Además, entre 1840 y 1843 se había consolidado un primer sindicalismo que tenía reivindicaciones políticas de «más libertad», que participaba en los debates políticos y tenía apoyos progresistas y demócratas locales, con conflictos específicos que radicalizaron la política barcelonesa hasta el punto culminante de la insurrección de 1843. Una parte del progresismo mantuvo la esperanza de constituir una especie de «unión liberal interclasista» y esta relación privilegiada de dirigentes obreros reformistas con el progresismo persistió en los años siguientes: mantener esta alianza implicaba que los progresistas demostraran su utilidad y lucharan para que las asociaciones obreras fueran toleradas. Por tanto, no sorprende que el «director» de la Sociedad de Hiladores de Algodón, Joan Miralles, fuera candidato a Cortes avalado por el Partido progresista en 1854 y elegido concejal aquel mismo año en el Ayuntamiento de Barcelona, presentado bajo la condición de «obrero»: era un reconocimiento útil para una parte del patriciado progresista (incluidos algunos fabricantes), a la vez que muchos obreros lo consideraban un merecido premio a una trayectoria obrera y sindical. En los años siguientes, cuando el poder de los hiladores en las fábricas se fue erosionando, las estrategias sindicales acabarían optando cada vez más por la confrontación, mientras que el ámbito de la acción política y de alianzas interclasistas se restringía.[25]

Los primeros ayuntamientos barceloneses bajo completa hegemonía moderada tuvieron una composición socioprofesional heterogénea, con una destacada presencia de profesionales liberales, pero entre éstos constaban algunos de los más ricos de la ciudad; y rápidamente, entre 1846 y 1849, la mayoría pasó definitivamente a manos de grandes contribuyentes. Según los datos de Ramon Arnabat, entre 1844 y 1854, el absoluto predominio del moderantismo en el Ayuntamiento se reflejó en una composición que privilegiaba a los grupos más acomodados: hacendados y propietarios sumaban el 24,5% de sus componentes, seguidos por comerciantes (19,5%), fabricantes (12,5%) y nobles (6,5%); en cambio, profesionales liberales y artesanos sumaban cada uno de ellos el 18%. Entre 1856 y 1868 los porcentajes no cambiarían excesivamente, aunque se produjo un aumento de los grupos relacionados con la industria y el comercio: hacendados y propietarios sumaban el 17%, comerciantes el 31%, fabricantes el 17%, nobles el 4,5%, profesionales liberales el 22% y artesanos el 8,5%.[26]

En los primeros años de la Década moderada, a pesar del escaso interés por la política local que se detectaba en la ciudad, aparecieron conflictos entre las autoridades gubernamentales y unos concejales que querían tener una mayor intervención en la gestión pública (también con unos fabricantes reticentes al intervencionismo de las autoridades superiores en las relaciones laborales). Vista la experiencia, al conjunto de las clases dirigentes locales le quedaban dos posibilidades: adaptarse a la nueva situación de subordinación o buscar alternativas que le permitieran conseguir ámbitos de poder local. Y esta segunda opción implicaba, ineludiblemente, el enfrentamiento con el moderantismo oficial.[27]

Entre los años 1847 y 1849 diversos factores coincidieron para aumentar el malestar de unos fabricantes que se fueron aproximando al progresismo (en contraste con el conservadurismo de muchos nobles y propietarios que crearían en 1850 el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro). Crisis económica, inestabilidad causada por la Guerra dels Matiners (1846-1849) y un nuevo intento de intervencionismo gubernamental llevaron a la Comisión de Fábricas a tomar la iniciativa para evitar mayores problemas e impedir la aplicación de determinadas políticas.[28]Además, como ha explicado Albert Garcia Balañà, un sector de la burguesía barcelonesa próxima al progresismo estaba detrás de muchas de las propuestas para conseguir espacios de conciliación entre fabricantes y obreros, bajo la presión sobre todo de la Sociedad de Hiladores. Iniciativas como la Asociación Defensora del Trabajo Nacional y de la Clase Obrera de Barcelona, constituida definitivamente en 1848 y que recibió acusaciones de hacer política progresista, sólo se comprenden en este contexto, de tal manera que uno de sus promotores, Antoni Pujadas, podía afirmar con un exceso de voluntarismo que los catalanes eran «los primeros que han establecido la concordia fraternal entre fabricantes y operarios» (cuando, en realidad, los grandes fabricantes abandonaron la asociación al cabo de poco tiempo).[29]

Lo llamativo es que en Barcelona, donde a partir de 1843 una oferta ideológica conservadora forzosamente debía ser bien acogida por las clases altas que habían sufrido las revueltas populares de los años anteriores,[30]el moderantismo oficial acabó teniendo graves dificultades para conseguir apoyos suficientes y para representar los intereses locales: cuando el Partido moderado perdía la colaboración de los fabricantes y no disponía de la ayuda suficiente por parte del capitán general, quedaba prácticamente desprotegido. A pesar de que el Partido progresista no empezó a recomponerse hasta 1849 (bajo la dirección de Pascual Madoz), su capacidad de perfilar alianzas diversas lo situaba en una posición privilegiada, mientras que el moderantismo oficial padecía una gran debilidad a la mínima que se organizaban candidaturas opositoras, ya fueran conservadoras o progresistas. En ese momento, un sector del progresismo liderado por Pascual Madoz buscó la alianza con los industriales barceloneses, a la vez que la Junta de Fábricas optó por una estrategia accidentalista que aceptaba acuerdos con aquellos grupos que estuvieran predispuestos a defender sus propuestas y pudieran hacerlo en Madrid.[31]

Cuando los fabricantes quisieron convertirse en un agente político con iniciativa propia, a través de la Junta de Fábricas y del Instituto Industrial de Cataluña, chocaron irremediablemente con el autoritarismo de las autoridades moderadas gubernamentales: el momento más destacado se produjo en 1850 al ordenarse la clausura del Instituto, tras la victoria de una candidatura impulsada por aquella institución y que había tenido el apoyo progresista.[32]A partir de 1852 parece definitivamente consolidada en la ciudad la hegemonía social de los fabricantes, que en las elecciones apostarán por coaliciones antigubernamentales con la pretensión de agrupar a todos los sectores liberales locales. Este grupo de poder tenía un programa basado en la protección de la industria, el fomento del mercado interior, el desarrollo de las comunicaciones, la descentralización y las reformas urbanas. Por tanto, era un proyecto que iba mucho más allá de la ciudad y que necesitaba influir sobre el Gobierno español.

A esas alturas, buena parte de los antiguos moderados catalanes prefería denominarse a sí misma simplemente «conservadora» antes que «moderada», y manifestaba más afinidad con progresistas como Madoz o Prim que con Narváez.[33]

La revolución de 1854 y el protagonismo inicial de Pascual Madoz permitieron a esta burguesía industrial albergar esperanzas sobre la posibilidad de aplicar las reformas que llevaba años reclamando, a pesar de que durante el Bienio progresista siguieron apareciendo reacciones antiindustrialistas en la política española (algunas francamente sorprendentes, como un discurso de 1855 en las Cortes del ministro de Fomento Francisco Luxán en el que avisaba de los peligros relacionados con la excesiva preeminencia de la industria en países como Gran Bretaña o Bélgica).[34]Lo cierto es que en aquellos dos años se obtuvieron avances fundamentales para el desarrollo capitalista español, bien recibidos por los fabricantes catalanes, como la Ley de Ferrocarriles, la de Sociedades de Crédito o la desamortización. Pero tras la inestabilidad experimentada en el Bienio, algún proyecto de reforma arancelaria contrario a los intereses de los fabricantes, conflictos como la huelga general de 1855 y la dura represión ejercida contra el movimiento obrero, volvió a imponerse en los sectores más conservadores de Barcelona una reacción temerosa.

Este recelo no significaba que la mayoría de la burguesía conservadora barcelonesa apoyase el simple retorno a los modos de hacer de la Década moderada, sino que defendía una nueva política más lúcida que disminuyese el protagonismo de la estrategia represiva y apostase por reformas descentralizadoras. Así lo expresó Joan Mañé i Flaquer en 1856 al presentar un programa que, partiendo de unos principios conservadores, perfilaba puntos de encuentro que podían ser asumidos por una parte significativa de la sociedad catalana:

Lo que ante todo se necesita en Cataluña es robustecer el principio de autoridad, que no es el temor del sable, sino el respeto a la ley (...) Para esto, la primera autoridad civil debe adquirir consideración saliendo de la tutela de los capitanes generales, a cuya sombra vive sin voluntad propia (...) Cese esa exagerada centralización administrativa que tantos males nos ha traído (...) Resuélvase luego, de cualquier manera, la cuestión del ensanche de Barcelona, y cese toda oposición sistemática al engrandecimiento del antiguo Principado.

Y acababa con una advertencia: «¿Se quiere hacer con Cataluña lo que se ha hecho con Aragón? ¿Se quiere hacer con Cataluña lo que Inglaterra ha hecho con Irlanda? Pero adviértase que, si Cataluña representa la raza celta, Castilla no es la raza sajona».[35]

Ante la nueva decepción causada por la política llevada a cabo por el Gobierno a partir de 1856, no es extraño que en Barcelona la burguesía industrial apoyase inicialmente el proyecto de la Unión Liberal, vista como una opción que podía ser capaz de conseguir reformas descentralizadoras, comprender las necesidades de una sociedad industrial o implantar una política de orden público más adecuada, es decir, capaz de responder a las inquietudes de una burguesía que, más o menos conservadora, era consciente de las reformas necesarias para gestionar de forma más eficaz los conflictos de una ciudad industrial e impedir el avance de las propuestas democráticas y revolucionarias. Tal como escribió Duran i Bas en 1858: «Es la Unión Liberal una situación durante la cual han de restaurarse con todo rigor los principios conservadores, han de formarse y echar raíces las costumbres políticas para que la democracia tenga por primeros enemigos las sanas costumbres y los enérgicos sentimientos, y la causa de la civilización no sucumba».[36]En los años siguientes la mayoría de los concejales fue progresista y de la Unión Liberal, mientras que el predominio moderado se limitó a los ayuntamientos de 1856, 1865, 1866 y 1868.[37]En las elecciones a diputados a Cortes también se percibía la debilidad del moderantismo, tal como explicó un observador al referirse a las de 1864 y afirmar que los progresistas obtendrían una victoria segura en la ciudad si se presentaban, «ejerzan ó no presión los funcionarios del gobierno (...) El resultado de las próximas elecciones en Barcelona es ya de antemano conocido».[38]

La esperanza producida por el acceso al poder de la Unión Liberal finalmente se vio defraudada por la aparición de nuevos conflictos: fracaso de las aspiraciones descentralizadoras, leyes del Notariado e Hipotecaria, Ley Arancelaria de 1863, etc. De nuevo, volvía a ser imposible conseguir los ámbitos propios de poder que reclamaba aquella burguesía barcelonesa y llevar a cabo su programa reformista. La percepción de fracaso reiterado en sus intentos era evidente, como muestra el artículo publicado en 1864 por Reynals i Rabassa «¿Quiénes son los nuestros?», significativo de la confusión que padecían las clases conservadoras barcelonesas al percibir que ninguno de los tres partidos políticos defendía suficientemente sus intereses.[39]

En definitiva, ni la denominada «escuela conservadora catalana» (intelectuales como Francesc Permanyer o Manuel Duran i Bas, próximos a los sectores conservadores de la burguesía barcelonesa, cuyos principios se basaban en la defensa de la monarquía, la religión y la propiedad) pudo confluir con el moderantismo oficial durante aquellos años: eran demasiado reticentes a cualquier disciplina de partido y muy críticos con los excesos represores y centralizadores de muchos de los gobiernos de aquella época, y exigían una política industrialista (y proteccionista) que se involucrase en el desarrollo económico que estaba experimentando Cataluña. La posterior etapa de 1868 a 1874 cambiaría aquella dinámica y radicalizaría el discurso conservador y religioso de muchos de aquellos intelectuales, contrarios a las concesiones realizadas por Cánovas.[40]

Frente a las dificultades del moderantismo en la ciudad de Barcelona, en cambio, los sectores más conservadores y grandes propietarios representaron a la ciudad en la Diputación provincial entre 1847 y 1857, sobre todo a través de la Asociación de Propietarios de la Provincia de Barcelona, creada en 1844. Algo parecido ocurrió en el conjunto de la provincia, ya que la Diputación cayó en manos de un grupo de propietarios rurales y algunos fabricantes muy identificados con el Partido Moderado. Sólo a partir de 1858 los progresistas de la ciudad se interesaron en la institución provincial y este cambio de estrategia parece que tuvo éxito, quizá también favorecido por los gobiernos de la Unión Liberal, ya que permitió a los progresistas acaparar la representación de la ciudad en la Diputación en la mayoría de las elecciones.[41]

Cerca de Barcelona, Mataró también se transformó en un importante centro industrial y era considerado un núcleo liberal.[42]En las elecciones generales, su distrito era un territorio propicio para los progresistas, de forma parecida a lo que ocurría en Vilanova i la Geltrú o Manresa[43] y a diferencia de circunscripciones más conservadoras como Vic.[44]

Paralelamente a la transformación económica de Mataró, la pequeña nobleza local propietaria de tierras que había controlado el Ayuntamiento hasta el primer tercio del siglo XIX se vio cuestionada por nuevos grupos emergentes relacionados con el comercio y la industria. En los años anteriores a 1843, los moderados de Mataró (que agrupaban a la alta burguesía, el clero y antiguas familias ennoblecidas de propietarios, más profesionales liberales, fabricantes y comerciantes) fueron incapaces casi siempre de conseguir buenos resultados electorales en una ciudad de clara mayoría progresista. Buena parte de los dirigentes progresistas procedía de capas medias de comerciantes, artesanos, profesionales o pequeños fabricantes, aunque había algún hacendado y personas de elevada posición social que, en muchos casos, fueron evolucionando hacia el moderantismo. Lo importante es que también en Mataró este progresismo tenía una amplia base popular que movilizó en diversas ocasiones antes de la Década moderada.

Fue en 1843 cuando los moderados consiguieron, por primera vez, el control del Ayuntamiento de Mataró gracias al cambio político producido en el conjunto de España. No consiguieron impedir que pocos años después candidatos progresistas consiguieran actas de diputado y que luego, en el Bienio progresista, volvieran a demostrar su implantación. En aquellos años se reiteró un argumento habitual en otras ciudades: el progresismo era el verdadero «partido liberal», mientras que los moderados cobijaban a los grupos próximos al absolutismo. Así, un texto impreso por los progresistas de Mataró afirmaba:

Los más acérrimos enemigos de la libertad (...) trabajan ahora más que nunca para envenenar la situación que el partido liberal ha reconquistado con grandes sufrimientos (...) Existe en esta Ciudad una sociedad corrompida llena de hipocresía y mala fe, que parte de un centro Jesuítico. Son agentes del partido absolutista, pero disfrazados del color político que más les conviene (...) se hicieron nombrar en todas las corporaciones populares y hollaron su divinidad.[45]

En Reus, segunda ciudad de Cataluña por población, núcleo político de dilatada tradición liberal progresista (también con una destacada implantación de demócratas y republicanos) y centro comercial de un amplio territorio y foco industrial de gran importancia (mucho más que la capital provincial, Tarragona), observamos circunstancias interesantes.[46]Desde principios del siglo XIX predominaba en la ciudad un liberalismo interclasista, mientras que una burguesía mediana empezaba a conseguir importancia política y social[47] y, a partir de 1844, hay indicios de que el moderantismo se encontró con dificultades: críticas por el nombramiento de un nuevo ayuntamiento conservador, boicot general a diversas elecciones entre finales de 1843 y 1845, etcétera. En los años siguientes el Partido Demócrata consolidó una amplia base obrera y en 1849 apareció una Unión Liberal cada vez más potente dirigida por Prim, que agrupaba a progresistas y moderados y contaba con el apoyo de la mayoría de la burguesía reusense, mientras que algunos moderados históricos perdieron incidencia.[48]En Reus el juego político acabó siendo entre la Unión Liberal (que perdió cualquier rastro de radicalismo)[49] y unos demócratas en ascenso que accedieron al poder local en el Bienio progresista[50] liderados por el alcalde Joan Martell y que compartían con la mayoría de las sociedades de oficio el objetivo de evitar «el divorcio entre el fabricante y el operario», lo que explica la escasa incidencia en Reus de la huelga general de 1855 gracias a su prestigio y capacidad negociadora.[51] Un discurso democrático interclasista con gran apoyo obrero fue capaz de canalizar los conflictos existentes, además de la habilidad de un Ayuntamiento formado por fabricantes, comerciantes y profesionales de reconocida trayectoria progresista y democrática en los años anteriores. El escaso radicalismo social del obrerismo reusense persistiría los años siguientes.[52]

Los demócratas fueron expulsados del poder local en 1856, aunque, según un cronista, la vuelta al poder de la Unión Liberal «no significaba la victoria de una reacción desatentada».[53]Posteriormente, los sectores más conservadores y neocatólicos consiguieron ámbitos de poder apreciables. A la altura de 1867, liberales progresistas y republicanos ya se dedicaban a conspirar, excluidos como estaban del control de las instituciones, mientras que el alcalde llegó a impedir la celebración de elecciones municipales ante el temor de perderlas.[54]Un informe de aquel año redactado por el gobernador militar de Tarragona afirmaba que Reus era «una población la más avanzada en ideas trastornadoras y que cuenta con una masa de cerca de 8.000 hombres dedicados a las labores de las diferentes fábricas (...) Sin religión ni ilustración, son lanzados a donde conviene a los directores de la revolución».[55]El programa de la Junta Revolucionaria de 1868 contrasta con los programas aprobados en otros territorios y confirmó la hegemonía republicana y la radicalidad política que estaban presentes en la ciudad (por ejemplo, en Reus se celebró el primer matrimonio civil de todo el Estado).[56]

En definitiva, al referirse al grupo dirigente de la ciudad, el balance que traza Pere Anguera es el de una burguesía progresista políticamente, con un núcleo reducido con iniciativas transformadoras (proyectos como el Banco de Reus o el intento fracasado de variar el trazado ferroviario), pero también con limitaciones diversas para llevarlas a cabo.

La imagen de un Reus liberal frente a una Tarragona «enemiga mortal de esta población por su ardiente amor a la libertad» haría fortuna, relacionada con la tópica contraposición de la Reus industrial con la Tarragona burocrática y conservadora, aunque en los dos primeros tercios del siglo XIX la capital provincial experimentó un claro desarrollo comercial y portuario (incluso una limitada industrialización), importantes cambios urbanísticos y el surgimiento de un grupo burgués que fue desplazando del gobierno de la ciudad a la pequeña aristocracia terrateniente.[57]Desconocemos la evolución política de la ciudad, pero sí sabemos que fue esta pequeña burguesía comercial la que tomó protagonismo en el Bienio progresista al conseguir el poder político y promover proyectos como la demolición de una parte de la muralla, que permitió comunicar la antigua ciudad señorial con el barrio portuario, más dinámico.[58]Aunque ya en 1851 se había constituido en Tarragona el Partido Demócrata y ese año los progresistas ganaron las elecciones municipales,[59]diversos datos insinúan un cierto conservadurismo de la ciudad de aquellos años: es sintomático que el primer Ayuntamiento elegido en el Bienio representara al sector más moderado del progresismo y llegara a enfrentarse (con dimisiones incluidas) a los progresistas «puros» y demócratas que controlaban la Diputación provincial, o que los diputados demócratas a Cortes elegidos por la provincia tuvieran un resultado electoral muy discreto en la capital provincial.[60]Posteriormente, en la primera fase de la revolución de 1868, el poder local estuvo controlado de nuevo por una burguesía comercial liberal progresista y un republicanismo en auge sería capaz de ganar las elecciones municipales poco después.[61]

En cuanto a la ciudad de Girona, también se ha insistido en su imagen de núcleo administrativo-burocrático y eclesiástico. Entre 1836 y 1845 se instalaron algunas grandes fábricas,[62]pero quizá es aún más importante que en la primera mitad del siglo recibiera decenas de grandes propietarios rurales procedentes de comarcas próximas y esto la convirtiera en un núcleo de intereses agrarios. Mònica Bosch ha explicado cómo aquellos hacendados y nobles-hacendados se fueron consolidando como grupo dominante (a través de mecanismos como estrategias familiares y adopción de signos de prestigio social) con una clara conciencia colectiva, de manera que a medida que consolidaban su poder económico y social también fueron ampliando su influencia política. En muchos casos aquellas familias ya habían ocupado anteriormente cargos políticos durante el Antiguo Régimen en sus poblaciones de origen.

A pesar de que hubo algunos hacendados carlistas, muchos se implicaron en el proceso de la revolución liberal seguramente porque, tal como explica Mònica Bosch, éste les permitía consolidar sus derechos de propiedad, liberarse del peso de la Iglesia, beneficiarse de la desamortización y del papel del Estado en el mantenimiento del nuevo orden social. Tras la revolución liberal este grupo hacendado reafirmó con éxito su vocación de dirigir la política de la capital provincial, con la participación de profesionales liberales.[63]

Entre 1814 y 1856 casi una tercera parte de los componentes del Ayuntamiento de Girona fueron hacendados (y muchos de ellos también fueron elegidos para la Diputación provincial), aunque su presencia fue mucho más reducida precisamente en los períodos de gobierno progresista, 1840-1843 y 18541856. A falta de más estudios, hay algunos datos indicativos de la existencia de proyectos sociales y políticos confrontados: no debe de ser casualidad que en la Década moderada los hacendados representaran el 37,3% del personal político local y los «oficios» sólo el 15,3%, mientras que en el Bienio progresista los porcentajes pasaron al 9,5% y 23,8%, respectivamente; o que en la primera época los tres alcaldes fuera hacendados y en el Bienio no hubiera ninguno de este grupo social.[64]La importancia de los sectores locales más conservadores parece confirmarse en algunos hechos posteriores: en las elecciones de 1869 a la Asamblea Constituyente, en la ciudad triunfó la candidatura católico-monárquica, a diferencia del conjunto de la circunscripción, donde ganaron ampliamente los republicanos; y en las posteriores elecciones parciales de 1870 volvió a producirse el mismo resultado. No es extraño que alguien definiera Girona como «feudal y sacerdotal (...) un anacronismo teológico (...) guarida [de] sacerdotes, gobernantes, militares y señores».[65]

UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE PODER POLÍTICO

Más allá de la cuestión de qué personas controlaban los poderes políticos locales y a qué grupos sociales pertenecían, también debemos plantearnos cuál era el funcionamiento real de aquellas instituciones y qué posibilidades de actuación ofrecían a quienes estaban al frente de ellas.[66]

En cuanto a los ayuntamientos, es bien sabido que los moderados optaron por una política centralizadora cuya preocupación principal era controlar el potencial insurreccional urbano que había mostrado toda su capacidad durante la revolución liberal. La estrategia, además, servía para desarticular unos ámbitos de poder que habían sido muy importantes para los progresistas. Con la única excepción del bienio 1854-1856, éste fue el modelo que determinó durante todo el período estudiado cómo debían organizarse los poderes políticos locales, cuál debía ser su nivel (escaso) de autonomía y cómo debían relacionarse con las autoridades superiores.

Este modelo municipal moderado también suponía una drástica reducción del número de personas con derecho al voto y la subordinación de la alcaldía a los intereses gubernamentales: el Gobierno elegía al alcalde en las principales ciudades y, por si esto no fuera suficiente, siempre quedaba la opción de designar a un alcalde corregidor que impusiera su autoridad sobre todos los concejales. La concentración de competencias en manos del alcalde convertía a los ayuntamientos, en ocasiones, en casi meros organismos consultivos de la máxima autoridad.

A partir de estas premisas, el margen real de actuación municipal podía ser mayor o menor en función de las circunstancias concretas y de los temas tratados. Deberíamos tener más estudios de caso para conocer mejor estos elementos, pero parece que en las ciudades y sobre todo en las capitales de provincia la capacidad de acción de los ayuntamientos era limitada, y ésta podía ser más o menos aprovechada en función de los objetivos de los dirigentes de cada municipio.

Por ejemplo, en el caso de Lleida, los moderados tenían como prioridad mantener el orden público y promover unos modelos culturales conservadores y tendieron a evitar transformaciones sociales y económicas que pudieran cuestionar determinadas relaciones de subordinación. En este sentido, su proyecto era perfectamente compatible con una estructura política que dificultara iniciativas dinamizadoras de la ciudad (en cambio, grupos conservadores o incluso claramente reaccionarios de otras localidades sí tenían proyectos de «progreso material»[67]y entonces era más probable que se evidenciaran las limitaciones de todo tipo de la Administración española). Y cuando la gestión municipal leridana pasó a manos de los progresistas liberales, también fueron notorias las dificultades (no todas achacables al centralismo estatal) para llevar a cabo las iniciativas locales que surgían.

En Barcelona, las investigaciones de Joan Fuster Sobrepere han demostrado cómo los mecanismos políticos oficiales tampoco servían a la burguesía industrial para consolidar una hegemonía local ni para defender (a veces, ni siquiera para comunicar) sus intereses ante las autoridades gubernamentales. Como en tantas otras ciudades, durante la Década moderada fue cada vez más difícil encontrar a personas dispuestas a desempeñar responsabilidades municipales. La tendencia a que las aceptaran principalmente las personas que tenían intereses directos en los asuntos que se gestionaban en el ayuntamiento facilitaba el favoritismo, la corrupción y la incapacidad. En la capital catalana estas circunstancias se constataron cuando se tuvo que hacer frente a la quinta y a los conflictos causados por la iniciativa de construir el nuevo Teatro del Liceo, escándalos que provocaron la suspensión gubernativa del Ayuntamiento en verano de 1849 y la división de los moderados en dos candidaturas diferentes en las posteriores elecciones municipales.[68]

La clave en Barcelona era la voluntad de gestionar directamente los conflictos sociales y sanitarios que provocaba la industrialización y la imposibilidad de conseguirlo. Por si todo esto no fuera suficiente, a menudo los gobiernos nombraron alcaldes corregidores para el Ayuntamiento de Barcelona, con lo que la escasa autonomía local quedaba aún más limitada. Llama la atención que un personaje conservador como Mañé i Flaquer afirmara más tarde:

La intolerancia política de la reacción moderada favoreció la propaganda de la clase obrera (...) A todo esto, el gobierno y las autoridades dormían sobre sus laureles (...) ¿Qué les importaba a nuestros gobernantes pigmeos que allí se estuviera planteando un gran problema, cuya solución hace temblar a la Europa moderna?[69]

Se evidenciaba que la estructura política y administrativa no era capaz de responder a las aspiraciones de grupos emergentes y aún menos si tenemos en cuenta la preeminencia en Cataluña de un poder militar que mantuvo el estado de excepción buena parte de aquellos años. Un diario progresista, en 1850, explicó el malestar que se extendía:

Y luego se le acusa [a Cataluña] de espíritu de provincialismo, cuando se la habitúa a verse tratada de hecho como un pueblo a parte, como una segregación del resto del Reino, como una especie de colonia peninsular (...) El levantamiento del estado de sitio es ya para nosotros algo más que cuestión de partido: es ley de vida o muerte para el poder civil en Cataluña.[70]

Las prerrogativas del poder militar obligaban a modificar la dinámica con la que teóricamente se suponía que debía funcionar un sistema político liberal: el capitán general llevaba la iniciativa en la defensa de determinados intereses sociales; los poderes civiles podían llegar a acuerdos y negociar con la autoridad militar, pero la clave era la subordinación de los primeros ante la segunda si aparecía el más mínimo conflicto.[71]

También debemos mencionar el papel de las diputaciones provinciales. La Ley moderada de 1845 (vigente hasta 1854 y entre 1856 y 1863) limitó a las diputaciones a poco más que a tareas de deliberación y asesoramiento, sin funciones ejecutivas y en buena parte subordinadas al control del gobernador civil.[72]Las diputaciones solían reunirse sólo en dos períodos anuales de veinte días cada uno, aunque las sesiones podían ser suspendidas o prorrogadas por el gobernador.

Por tanto, en la mayor parte del período que tratamos, las diputaciones perdieron las competencias de control de los municipios, aunque conservaron dos importantes: el reparto entre los municipios de las contribuciones y de los soldados destinados al servicio militar. El problema era que las diputaciones carecían de estadísticas propias, por lo que, en la práctica, solían limitarse a aprobar los repartos preparados por la Administración central y las quejas de los diputados no solían tener excesiva repercusión:

Todo el mundo sabe que á las Diputaciones se las congrega indefectiblemente para que desempeñen el importante cometido de examinar, aprobar ó rectificar el repartimiento entre los pueblos de la provincia, de la cuota cargada á la misma por inmuebles cultivo y ganaderia (...) El dia del combate preséntase ante la Diputación el administrador de Hacienda pública, ó persona que el delega, armado de todas armas, con todo el aplomo y serenidad que solo inspira la seguridad en el triunfo y el haber de luchar con enemigos inermes ordinariamente y poco diestros en esta clase de lides (...) no teniendo datos propios que oponer á los datos de la Administracion, el mas inteligente se vería en calzas prietas para arriesgar la objecion mas lijera (...) Sin embargo en algunos casos la Diputacion introduce ligeras modificaciones, que la Administracion admite para evitar polémicas y dilaciones.[73]

Esta situación desalentaba en muchas ocasiones el interés por las diputaciones provinciales, consideradas habitualmente como una institución de importancia secundaria. Las elecciones de diputados provinciales solían ser las que conseguían una menor participación del electorado y, por ejemplo, en la provincia de Barcelona el porcentaje de participación frecuentemente era menor del 10% y, como máximo, llegó a situarse entre el 40 y el 50%.[74]Los diputados provinciales de Barcelona siempre fueron conscientes de esta situación y en 1851, cuando todos ellos eran conservadores, ya propusieron reformas para aumentar las competencias y la autonomía de las diputaciones.[75]En 1860, de nuevo, quince diputados provinciales barceloneses, esta vez de diferentes tendencias políticas, redactaron una petición a las Cortes para reclamar reformas descentralizadoras en favor de las diputaciones, como único remedio para «hacer desaparecer la indiferencia con que hoy se atiende á las elecciones de Diputados provinciales (...) nacida esta indiferencia del desprestigio en que han caído las Diputaciones por efecto de los principios de la ley de 1845», e implícitamente sugirieron la reunificación de las provincias catalanas.[76]Más claros fueron en 1866 siete diputados unionistas catalanes en el Congreso, cuando solicitaron (también sin éxito) reducir el número de provincias y que para dibujar su nuevo trazado se atendiera «con preferencia a las condiciones históricas, topográficas y económicas de cada una».[77]

La Diputación de Lleida (con la excepción del Bienio progresista) confirma esta poca actividad de la institución, dedicada básicamente a gestiones administrativas.[78]A ello hay que añadir la falta de recursos, hasta el punto de admitir en 1865 que «la Diputacion carece absolutamente de lo mas indispensable para celebrar como corresponde á la Corporacion sus reuniones, que los Señores Diputados no tienen ni aun siquiera una habitacion amueblada».[79]

Las actas de la Diputación de Girona muestran un disgusto parecido. En ocasiones, este malestar también se relacionaba con la imposibilidad de defender determinados «intereses provinciales» ante una Barcelona que algunos de ellos percibían como prepotente:

La ninguna intervención que la legislación vigente concede a las Diputaciones provinciales en la ejecución de las obras (...) Solo así puede explicarse que de cinco millones invertidos en esta provincia en carreteras provinciales, dos y medio de ellos se hayan empleado más bien que en fomentar sus verdaderos intereses en sacrificarlos a los de la vecina y prepotente provincia de Barcelona.[80]

Así pues, las diputaciones catalanas presentaban poco dinamismo en su actividad, en la línea de lo que Josep Maria Fradera calificó como «institución políticamente frustrada» en su estudio sobre la Diputación de Barcelona.[81]Éste es el balance general que se nos presenta, aunque en algunos casos pudieran adquirir relevancia en asuntos como la tramitación de expedientes relacionados con conflictos municipales, se movilizaran en la defensa de determinados intereses provinciales o, a partir de la nueva Ley de Diputaciones de 1863 y de un posterior decreto del mismo año, consiguieran nuevas atribuciones en la planificación de la red de carreteras y caminos.

Todo lo expuesto en las páginas anteriores confirma las limitaciones que experimentaban las instituciones locales y provinciales. Las mismas políticas locales no se pueden comprender al margen de la presión de las instituciones estatales, a menudo decisivas (y capaces de imponer representantes «ajenos» a la comunidad, ya sea a través de diputados, de la actividad de los gobernadores civiles o ya sea a través del nombramiento de alcaldes o alcaldes-corregidores). Pero con esto no estoy defendiendo que la mayoría de la «clase política» estuviera desvinculada de las influencias sociales próximas. La mayor o menor representatividad social de los concejales y de los diputados (provinciales y a Cortes) dependía de coyunturas muy concretas y de los pactos existentes en cada zona.

Las contradicciones y los conflictos provocados por el modelo de Estado implantado son más evidentes en Cataluña por las peculiares tensiones sociales que existían. El supuesto «orden posrevolucionario» en Cataluña fue inestable y en determinados momentos pareció que la promesa fundamental del régimen moderado, asegurar el orden público, fracasaba (por ejemplo, durante la guerra dels Matiners).[82]O, por el contrario, se abusaba de las declaraciones de estado de excepción hasta el punto de provocar quejas de algunos grupos dirigentes. Todo ello en un contexto europeo caracterizado por la creciente importancia de la opinión pública y de su capacidad de influencia desde la década de 1830, con nuevas formas de protesta y de movilización, y por la mayor participación política popular que explican las revoluciones de 1848 y el pánico de muchos gobernantes.[83]

Las limitaciones del entramado político e institucional incentivaron la creación de mecanismos alternativos y de un cierto «asociacionismo civil» dispuesto a influir sobre el poder para defender intereses políticos y económicos. Las dificultades de los canales oficiales de relación con el Gobierno obligaron (tanto a ayuntamientos como a diputaciones y a grupos de presión) a recurrir a contactos personales a través de diputados, a sociedades privadas encargadas de acelerar los trámites burocráticos o defender intereses corporativos e, incluso, a los capitanes generales, que a menudo ejercían de máxima representación de Cataluña (actitud lógica si tenemos en cuenta que el habitual estado de excepción ya concentraba en ellos el poder sobre el territorio).

En ocasiones, los diputados catalanes a Cortes no impuestos por el Gobierno actuaban conjuntamente y se llegó a hablar de moderados, progresistas o unionistas «a la catalana»,[84]unas prácticas que tuvieron continuidad durante la Restauración. En el Congreso se tenía una clara percepción de estos comportamientos de los diputados catalanes, como muestra esta semblanza elogiosa de un diputado: «Si en el Congreso se trata de alguna cuestión que afecte al Principado, no reniega de su pais, y solo abandona á los progresistas para votar con los catalanes».[85] Pascual Madoz llegó a escribir, cuando se estaban preparando las elecciones de 1849: «Cataluña debe ser representada por catalanes. En los diputados catalanes no debe mirarse la opinión política. Los diputados catalanes deben obrar siempre con independencia y resolución».[86]Y en un sentido similar pero dieciséis años más tarde, Mañé i Flaquer insistió en la necesidad de tener diputados catalanes y recordó la práctica ausencia de diputados catalanes elegidos fuera del Principado, por lo que, en contrapartida, Cataluña no estaba obligada a más: «¡No mas cuneros, no mas candidatos impuestos, no mas influencias ilegitimas (...) El grito de los independientes tarde ó temprano resonará en todos los ámbitos del antiguo Principado».[87]

CONCLUSIONES: ¿UNA CATALUÑA URBANA «ANTIMODERADA»?

De todas las reflexiones anteriores podemos avanzar una serie de conclusiones provisionales y abordar el tema del distanciamiento de los grupos dirigentes de las ciudades catalanas frente al Estado.

Empezaremos con una obviedad: el poder estatal siempre puede (y necesita) pactar con determinados sectores influyentes urbanos, siempre puede encontrar aliados locales aunque sean minoritarios. Una segunda obviedad: los territorios con mayor capacidad de organizar autónomamente la defensa de determinados intereses son también los que tienen más probabilidades de provocar conflictos con una estructura de poder centralista que, en el caso que nos ocupa, tenía graves problemas para integrar iniciativas «de abajo arriba».

Esto último es lo que sucedió en diversas ciudades catalanas y particularmente en Barcelona, pero conflictos parecidos se pueden detectar en otros municipios de España. Esta dificultad para convertir los ayuntamientos en verdaderos poderes representativos y con margen de actuación fue lo que desincentivó la participación de una parte importante de las elites de numerosas ciudades, no sólo en Barcelona. Por ejemplo, cuando en 1866 el alcalde de Vic cambió su municipio de residencia para poder abandonar el cargo, se afirmó:

No es este el primer ejemplo que se nos presenta (...) y lo que mas debe sentirse es que el ejemplo de estos nobles patricios será imitado por cuantos, pudiendo vivir en la capital, querrán evitar las molestias de un cargo tan dificil como poco considerado por los mismos que mas interesados están en protegerlo.[88]

Es fácil encontrar casos parecidos: en Mataró también muchos concejales no asistían a las reuniones y buscaban todo tipo de excusas para renunciar a sus obligaciones.[89]

La acción cotidiana de un ayuntamiento a menudo resultaba entorpecida por la dinámica de la Administración española: proyectos pendientes de aprobación, expedientes retenidos, etcétera. La principal esperanza era que llegase a la provincia un buen gobernador civil, aunque en Cataluña, dado que frecuentemente estaba declarado el estado de excepción, podía ser mucho más importante el gobernador militar.

Todo esto ocurría en un territorio donde los intereses urbanos no eran homogéneos y, por tanto, las características de las reacciones antimoderadas también eran diversas. Pero la fuerza de la Barcelona industrial siempre se acababa imponiendo, ya que, sin duda, se trataba del elemento decisivo y lógicamente se convertía de cara al exterior en representación principal de los «intereses catalanes». Quizá es por este factor, el peso indiscutible de la ciudad de Barcelona, por lo que este problema de relación con las autoridades gubernamentales es más evidente en Cataluña que en otras zonas, precisamente porque resultó más visible y ponía en juego elementos más decisivos para la estabilidad del conjunto de España.

El hecho de que una parte importante de la gran burguesía industrial barcelonesa tuviera tantos problemas con los moderados que dominaban el poder central es revelador. Pero quizá son aún más sintomáticas las dificultades del «moderantismo oficial» en otras ciudades medianas de Cataluña, hasta en aquellas que no habían experimentado ningún proceso industrializador como Lleida, pues muestran que el «antimoderantismo» podía tener orígenes muy diferentes. La tradición liberal consolidada en algunas ciudades y la persistencia del carlismo en determinadas zonas redujeron el margen de actuación del moderantismo mientras estuvo en el Gobierno, hasta el punto de que en dos municipios tan diferentes como Lleida y Barcelona los moderados intentaron disminuir el número de electores aún más de lo que ya lo hacía la legislación oficial. La propuesta moderada oficial era en buena parte una oferta social a la defensiva (por tanto útil a grupos traumatizados por la experiencia de la revolución liberal y temerosos de perder su preeminencia social, como los moderados leridanos) y tenía dificultades para integrar ofertas con iniciativas renovadoras (por muy cautas que fueran, como lo eran muchos de los proyectos de sectores progresistas o de la burguesía industrial que en el fondo sólo pretendía controlar de forma más eficiente los «peligros sociales» inherentes a una sociedad industrial).

Es remarcable la importancia de los acuerdos que se dibujan, en ocasiones, entre progresistas de ciudades industriales, a menudo próximos desde la década de 1840 al sindicalismo, con algunos fabricantes y dirigentes locales. Con ciertas dificultades, podían extender su proyecto «ilustrado-liberal». El papel de Pascual Madoz fue fundamental: lideró una red de alianzas no siempre estables y de intereses no sólo industriales, que tejió a lo largo del territorio catalán con sectores burgueses diversos (con personajes destacados como Jaume Ceriola, Antoni Viadera, Joan Vilaregut o Víctor Balaguer).

En otras palabras, es indudable que los efectos de la industrialización (con una intensa conflictividad social) debían tener consecuencias políticas, que reclamaban unas iniciativas que desde el moderantismo oficial no se querían afrontar a pesar de las peticiones reiteradas de grupos conservadores locales.

Pero esta interpretación tradicional no es suficiente, como mínimo porque las resistencias tenían orígenes y causas diversas e incluso no se limitaban a los grupos dirigentes urbanos, que son los sectores que ahora tratamos. En ciudades catalanas no industrializadas (también en algunas pequeñas localidades), el moderantismo oficial padeció graves dificultades para consolidar y aumentar su implantación, para integrar a las burguesías locales. Esto agravaba los problemas de desconfianza entre el Gobierno y los sectores interesados también en mantener el orden social y que compartían (como buena parte del liberalismo europeo) una cultura política de sufragio limitado y un discurso de la «capacidad».[90]

Las autoridades gubernamentales eran conscientes de esta dificultad y consideraban que las provincias catalanas, en conjunto, eran adversas a los moderados.[91]Tenemos numerosos ejemplos de ello, como las impresiones de Fernando Fernández de Córdoba cuando tomó posesión del cargo de capitán general de Cataluña en 1848, en plena guerra dels Matiners:

La opinión liberal del país nos era, además contraria en todas sus provincias, y aunque enemiga jurada del carlismo su odio hacia los moderados era tal, que no solo dejaba que los sucesos se desarrollasen y que las dificultades crecieran, sino que demócratas y liberales conspiraban en todas las ciudades.[92]

O un posterior texto escrito por un gobernador civil de Barcelona al afrontar unas elecciones en 1864:

Las elecciones tienen en Cataluña para la autoridad un inconveniente (...) y dos ventajas: El inconveniente es que el país, por su natural altivez e independencia, es poco dócil a la presión oficial. Las ventajas son que la lucha generalmente es con el partido progresista, y por consiguiente es lucha más abierta y más fácil. Además es tan arraigada la idea que allí predomina el elemento progresista, que el Ministerio se resigna siempre a perder las elecciones, y se cree ganar cuando de cuatro distritos gana dos (...) En mi tiempo se había modificado algo esta situación, pero en ventaja para mí pues el retraimiento progresista facilitaba mucho el triunfo de los candidatos ministeriales.[93]

Cuando desde los ámbitos locales se proponían medidas menos rígidas y más complejas, las insuficiencias de la Administración estatal podían aparecer con claridad. No dejan de sorprender estas dificultades entre los gobiernos españoles conservadores y unas elites locales catalanas que, tras la experiencia revolucionaria de 1843, estaban particularmente predispuestas a aceptar una oferta política que garantizase el orden en un entorno social muy conflictivo: en el ámbito cultural, artístico y religioso, esto se expresó en una reacción conservadora.[94]Lo que hubiese podido ser una política compartida por todos los «liberalismos respetables» se convirtió, a menudo, en una estrategia de represión dirigida contra cualquier oposición política que reforzó el carácter exclusivista del moderantismo oficial, a la vez que limitaba su real «utilidad» para afrontar los problemas de la sociedad catalana.

No sólo se trataba de un problema de relación con la burguesía catalana próxima al Partido moderado, cada vez más minoritaria. También era un problema con el conjunto de las elites catalanas. Hay algunos ejemplos ilustrativos: mientras Castilla y Andalucía aportaron más del 46% de los senadores durante la Década moderada, en esos años hubo un 6,5% de senadores catalanes; entre 1814 y 1900 sólo 22 ministros fueron catalanes (6 durante el reinado de Isabel II) sobre un total de más de 800.[95]Un diputado llegó a afirmar:

Pero allí [en Cataluña] tenemos la desgracia de que desde tiempo de Felipe V hasta Cárlos III no ha habido ningun Ministro catalan, y despues sabe el Congreso mejor que yo los que se han sentado en el banco negro; por eso no tenemos quien nos defienda y nos proteja.[96]

La experiencia de la Unión Liberal, sobre todo entre 1858 y 1863, intentó mejorar la capacidad de integración en el sistema político de determinadas elites catalanas, pero sus resultados fueron insuficientes.

En esas circunstancias, era fácil dar el paso argumental de considerar el conjunto de Cataluña como un territorio ingobernable («los pastos y las aguas, o el clima, como vulgarmente se dice, hacen de los catalanes una raza insubordinada (...) allí no hay más que intereses provinciales y esclusivos»)[97] o egoísta en sus privilegios («Diríase que Cataluña mira con desdén al resto de la Península, más aún, con aversión, y que procura engrandecerse cuanto puede a costa suya (...) obligan a los gobiernos a contemplaciones o miramentos que no se dispensan a otras provincias tan dignas, tan liberales, y mucho menos egoístas que el antiguo Principado»).[98] Un diputado en el Congreso llegó a afirmar:

yo no creo que la calidad de catalan excluya del todo, ni sea incompatible con la de español (...) sin embargo, las concesiones hechas á Cataluña son inmensas, son exorbitantes (...) Yo, señores, soy primero español, despues soy Diputado por una provincia andaluza, y bueno será, señores, que todos seamos españoles. No exijo más ni ménos; yo no exijo que mi provincia tenga más que Cataluña, pero no quiero tampoco que Andalucía tenga ménos.[99]

Y desde otra perspectiva, también era posible presentar una Cataluña constantemente castigada por la Administración central y usar en el discurso político la historia y la identidad catalanas.[100]Un ejemplo conocido es el discurso de Juan Prim en 1851 en el Congreso de los Diputados:

¿Qué ha pasado en Cataluña, señores, después del año de maldición, después del año 1843? (...) Ciento cuarenta y tres son los catalanes arcabuceados como perros, sin sentencia legal (...) son también muchos centenares los que juzgados por la misma legislación han sido conducidos, unos a Filipinas, otros a las islas Canarias, otros a las provincias del interior (...) Los catalanes ¿son o no son españoles? ¿Son nuestros colonos, o son nuestros esclavos? (...) Pues devolvedles las garantías que les habéis arrebatado; garantías que son suyas, que tienen derecho a usar de ellas, porque las han conquistado con su sangre; igualadlos a los otros españoles; si no los queréis como españoles, levantad de allá vuestros reales, dejadlos, que para nada os necesitan; pero, si siendo españoles los queréis esclavos; si queréis continuar la política de Felipe V, de ominosa memoria, sea en buena hora, y sea por completo: amarradles a la mesa el cuchillo como lo hizo aquel rey; encerradlos en un círculo de bronce.[101]

El centralismo se convertía en el gran enemigo cohesionador, tal como se expresaba en el Diario Mercantil de Tarragona, portavoz de la burguesía comercial progresista de aquella ciudad:

lo único sólido, lo único estable, lo único grande, lo único fecundo que en España existe, es odio profundo a todo sistema de centralización (...) el único sentimiento que entre nosotros palpita, vivo, universal, rico en savia y porvenir, es el sentimiento de provincialismo (...) es la expresión lógica exterior de la diversidad de elementos constitutivos de la nacionalidad española: es la expresión lógica de la diversidad de razas, lenguajes, climas o historias, que forman el grupo de provincias o mejor naciones, llamado hoy España.[102]

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que críticas de este tipo contra el centralismo estatal fueron comunes por toda España, especialmente desde sectores progresistas y demócratas que acusaban al sistema de ser una importación desde Francia ajena a la realidad española.[103]Sin entrar a debatir la tesis de la «débil nacionalización» y las reconsideraciones que se están efectuando en los últimos tiempos sobre la cuestión (que no se puede relacionar sólo con la mayor o menor potencia de la Administración estatal en un territorio), son indudables las limitaciones del proyecto estatal y nacional que se planteó en la España de mediados del siglo XIX.[104]

Tampoco debemos olvidar que el hecho de presentar a Cataluña como un todo homogéneo servía para ocultar los enfrentamientos territoriales y sociales existentes en su interior y que la apuesta de los grupos dirigentes urbanos catalanes continuaba siendo construir la «nación española», una nación liberal en la que pudieran participar y defender sus intereses del mejor modo posible en aquellos momentos. Así lo expresaba Illas i Vidal en un opúsculo de 1855:

Cread grandes gobiernos, con fe robusta y acción enérjica; cread grandes empresas nacionales; y después de esto tendréis grandes pensadores y grandes poetas, y después de aquéllas y de éstos tendréis un sentimiento común, la nación una y compacta, por pronunciado que esté el provincialismo; la tendréis tanto mas una y compacta, cuanto más pronunciado sea el amor a la provincia.[105]

El malestar de unas ciudades como Mataró o Lleida no hubiese tenido mayor repercusión; eran otras de tantas ciudades de tradición liberal progresista o de distritos «difíciles» para los gobiernos moderados que existían en España. El cambio cualitativo aparece cuando se configuran alianzas de ámbito catalán lideradas por unos sectores económicamente importantes que plantean un modelo diferente de nación y de Estado, que tienen capacidad de presión y de construir alianzas movilizadoras. Esto se convierte en un desafío y reafirma la imagen de Cataluña como territorio problemático.

La industria había reconfigurado y creado nuevos problemas sociales. Los límites de la estructura centralista resultaban más obvios precisamente en el núcleo industrial de España, confluyendo con problemas habituales en el resto del país pero que en Cataluña también se hacen más evidentes. Era lógico que esta situación provocara un especial temor en los dirigentes españoles, aún más si tenemos en cuenta que en Cataluña se conservaba una clara percepción de identidad colectiva diferenciada y eran recurrentes los comentarios llenos de prejuicios sobre esta realidad.

No podemos presentar como conclusión la existencia de una «Cataluña urbana antimoderada»: ni hay suficientes estudios realizados ni, en cualquier caso, sería una expresión útil para comprender la realidad social de la época ni las características diversas de las principales ciudades catalanas. Pero sí tenemos suficiente constancia de que una parte significativa de las elites urbanas no pudieron acomodarse a las prácticas que un sector del moderantismo español imprimió al conjunto de la estructura estatal.

Por tanto, se impone redefinir y ampliar la cuestión del distanciamiento de algunos sectores dominantes de la Cataluña urbana respecto al Estado y al moderantismo español. También es necesario completar las hipótesis presentadas con estudios monográficos de la política local en capitales provinciales más conservadoras como Girona o Tarragona y en otras ciudades situadas en zonas con una dilatada tradición conservadora y antiliberal como Vic (en la base de un movimiento que acabaría teniendo tanta repercusión sobre el catalanismo conservador como el vigatanisme)[106] o Tortosa.

Una parte importante de los grupos dirigentes de las ciudades catalanas se enfrentaba a unos desafíos sociales y económicos que exigían el control de determinados ámbitos de la acción pública, así como un espacio de acción y un discurso autónomos. Cuanta mayor importancia tuvieran sus proyectos, más visibles serían los obstáculos impuestos por el modelo de Estado moderado predominante en aquellos años. Es lógico que buscaran alternativas, como lo fue su apuesta por el reformismo de la Unión Liberal. Así, se consolidó una oposición entre elites que requerían ámbitos de influencia propios y un Estado conservador que, por su propia naturaleza (nacido del temor a que los poderes locales volvieran a convertirse en núcleos insurreccionales en manos de los progresistas) y por las características de algunos de sus aliados (claramente minoritarios en determinadas localidades), no lo podía permitir.

[1] * Deseo agradecer los comentarios y sugerencias que me han planteado Ramon Arnabat, Salvador Calatayud, Joan Fuster Sobrepere, Manuel Lladonosa, Jesús Millán y M. Cruz Romeo. Obviamente, la responsabilidad de lo que se expone en este texto es sólo mía.

En este sentido, se puede contrastar el libro de Borja de Riquer, Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya, Vic, Eumo Editorial, 2000, con la reseña del mismo por Josep Maria Fradera, «Identitats i història. A propòsit de l’últim llibre de Borja de Riquer», L’Avenç, 261, 2001, pp. 63-67. La primera gran interpretación del siglo XIX catalán fue la de Jaume Vicens Vives en Industrials i polítics del segle xix, Barcelona, Teide, 1958.

[2] Ramon Arnabat Mata, «Elits i control de les institucions polítiques locals durant el procés de la revolució liberal a Catalunya», en Conxita Mir y Enric Vicedo (ed.), Control social i quotidianitat. Terceres Jornades sobre Sistemes agraris, organització social i poder local als Països Catalans, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 2002, pp. 281-325.

[3] Josep M. Torras i Ribé, Els municipis catalans de l’Antic Règim, 1453-1808, Barcelona, Curial, 1983.

[4] Ver especialmente Antonio Moliner Prada, «El movimiento centralista catalán de 1843», Trienio, 11, 1988, pp. 25-109; Antonio Moliner Prada, Revolución burguesa y movimiento juntero en España, Lleida, Milenio, 1997, pp. 229-263; Jordi Bou, «La Jamància: el naixement de l’última bullanga popular (juny-agost de 1843)», Quaderns d’Història, 10, Barcelona, 2004, pp. 171-186; y Josep Fontana, La fi de l’Antic Règim i la industrialització (1787-1868), vol. V de la Història de Catalunya dirigida por Pierre Vilar, Barcelona, Edicions 62, 1992, pp. 288-294.

[5] Josep M.ª Fradera, Jaume Balmes. Els fonaments racionals d’una política catòlica, Vic, Eumo Editorial, 1996, p. 207.

[6] Josep Fontana, La fi de l’Antic Règim..., pp. 246 y 272-273.

[7] El Pasatiempo, 3, 25 de mayo de 1845, Lleida, pp. 36-37.

[8] Actas de la Diputación provincial de Lleida 1855, sesión del 13 de marzo.

[9] Diario de Sesiones de Cortes. Congreso, sesión del 20 de enero de 1849, p. 299.

[10] Por ejemplo, en 1859 el Ayuntamiento de Lleida estuvo de acuerdo con las propuestas de la Junta de Fábricas de Cataluña puesto que «seria funesta para la agricultura de Lerida y de todo el Urgel la libre importacion de cereales estrangeros»; Archivo de la Paeria de Lleida (APL), caja n.º 1.488, secretaría general, correspondencia 1859, comunicación del 21 de mayo.

[11] Discurso del alcalde de Lleida publicado en El Alba Leridana, 92, 1 de junio de 1860, p. 4. Sobre esta cuestión y las dificultades que encontraron aquellos proyectos, véase Pere Pascual, «Ferrocarrils i industrialització a Catalunya», Recerques, 17, 1985, pp. 43-72.

[12] Rosa Congost, «Qui protegia els blats catalans?», en Miquel Gutiérrez (coord.), Doctor Jordi Nadal. La industrialització i el desenvolupament econòmic d’Espanya, vol. I, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1999, pp. 530-540.

[13] Quintí Casals, Canvi econòmic i social en el pas de l’antic règim a l’estat liberal: Lleida en la primera meitat del segle xix, Espai/Temps, 38, Lleida, Universitat de Lleida, 1999.

[14] Manuel Lladonosa, Carlins i liberals a Lleida, Lleida, Pagès editors, 1993; Quintí Casals, El trienni progressista a la Lleida del segle xix. La regència del general Espartero (1840-1843), Lleida, Pagès editors, 2000; Quintí Casals, Polítics de Lleida. El poder local i les seves mutacions a través del temps (1716-1868), Lleida, Universitat de Lleida y Ayuntamiento de Alguaire, 2002; Josep Maria Pons i Altés, El poder polític a Lleida (1843-1854). Eleccions i pronunciaments, Lleida, La Mañana y Ayuntamiento de Alguaire, 1998; y Josep Maria Pons i Altés, Moderats i progressistes a la Lleida del segle xix (1843-1868), Lleida, Pagès editors, 2002. Un balance general en Antoni Jové, Manuel Lladonosa y Enric Vicedo, El segle xix, volumen 7 de la Història de Lleida, Lleida, Pagès editors, 2003.

[15] Al estilo del liberalismo conciliador que se propuso en Valencia, según Carolina Tarrazona, La utopía de un liberalismo postrevolucionario. El conservadurismo conciliador valenciano, 1843-1854, Valencia, Universitat de València, 2002.

[16] Diario de Barcelona, 313, 9 de noviembre de 1851, p. 6.608.

[17] Josep M.ª Pons i Altés, Moderats i progressistes..., p. 96.

[18] Diario de Sesiones de Cortes. Congreso, sesión del 20 de enero de 1849, p. 288.

[19] Francesc Costa, Mataró al segle xix, Barcelona, Rafael Dalmau, 1993, p. 84.

[20] APL, Libro de actas del Ayuntamiento 1866, sesión del 24 de septiembre.

[21] Artículo firmado por Manuel Fuster en El Alba Leridana, 12, 11 de noviembre de 1859, p. 2.

[22] Josep M.ª Pons i Altés, El sistema polític a Lleida durant els anys de consolidació del liberalisme censatari (1843-1868), tesis doctoral, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2001, pp. 390-411.

[23] Jesús Mestre, Una ciutat emmurallada al temps de la revolució industrial. Barcelona: ciutat, societat i política (1823-1859), 2 vols., tesis doctoral, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1985; y Jesús Mestre, «Les dues cares de la política liberal a Barcelona (1837-1843). Eleccions i revoltes populars», L’Avenç, 87, 1985, pp. 50-56. Àngels Solà estudió las elites barcelonesas en su tesis doctoral L’èlit barcelonina a mitjan segle xix, 2 vols., Barcelona, Universitat de Barcelona, 1977; de la misma autora también se puede consultar «Mentalitat i negocis de l’élite econòmica barcelonina de mitjan segle XIX», en el volumen VIII de la Història de Catalunya dirigida por Pierre Vilar, Barcelona, Edicions 62, 1990, pp. 222-249.

[24] Francesc Costa, Mataró revolucionari. Contra el Rei i la Religió, Mataró, La Rambla, 1989, pp. 56 y 67.

[25] Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme català, Vic, Eumo Editorial, 1999; Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i política a la Catalunya cotonera (17841874), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004; Albert Garcia Balañà, «Sobre “la constitució del proletariat” a la Catalunya cotonera: una crònica de la formació dels llenguatges de classe a peu de fàbrica (1840-1890)», en Josep M.ª Fradera y Enric Ucelay-Da Cal (ed.), Notícia nova de Catalunya, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2005, pp. 97-119; Genís Barnosell, «Ideologia, política i llenguatge de classes en el primer sindicalisme, 1840-1870» y Albert Garcia Balañà, «Indústria i ordre social: una lectura política del treball cotoner a la Barcelona del segle XIX», en Josep M.ª Fradera (coord.), Societat, política i cultura a Catalunya, 1830-1880, Barcelona. Quaderns d’Història, 6, 2002, pp. 35-49 y 51-73.

[26] Ramon Arnabat, «La revolució liberal a Barcelona. Política de classes i classes de política», Barcelona. Quaderns d’Història, 10, 2004, pp. 11-58. Véase también en el mismo volumen Joan Fuster Sobrepere, «Els regidors de Barcelona a la Dècada Moderada, 18431854. Composició socioprofessional i dinàmica política», pp. 187-202.

[27] Joan Fuster Sobrepere, Barcelona i l’Estat centralista. Indústria i política a la dècada moderada, Vic, Eumo Editorial, 2006, pp. 47 y 61-70.

[28] Ibíd., pp. 86-89.

[29] Roser Solà, L’Institut Industrial de Catalunya i l’associacionisme industrial des de 1820 a 1854, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 140-193 (cita de la página 152). Véase también Roser Solà, Joan Vilaregut i Albafull. Industrial i progressista (Barcelona, 1800-1854), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001.

[30] Así lo recordó en 1850 el progresista Lluís Cuchet: «los fabricantes podrán ser lo que se quiera, pero nadie menos que el gobierno moderado tiene derecho a hacerles cargos, pues en los consejos de Isabel II tienen voto general quienes no pueden haber olvidado que gran parte de su impopularidad les viene a los fabricantes de su ciega cooperación, efectiva y sin ambages, pecuniaria y moral, a todas las medidas que tendieron a consolidar las bases en que se afianza la dominación moderada» (Joan Fuster Sobrepere, Barcelona i l’Estat..., p. 181).

[31] Ibíd., pp. 131-218.

[32] Ibíd., pp. 226-244; y Roser Solà, L’Institut Industrial..., pp. 291-299.

[33] Borja de Riquer, Epistolari polític de Manuel Duran i Bas. Correspondència entre 1866 i 1904, Barcelona, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona y Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990, p. 48.

[34] Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix. El moviment obrer durant el Bienni Progressista (1854-1856), vol 1, Barcelona, Curial, 1976, pp. 735-737.

[35] Artículos publicados en el diario madrileño El Criterio y reproducidos en ibíd., vol. 2, pp. 565-566.

[36] Borja de Riquer, Epistolari polític..., p. 58.

[37] Ramon Arnabat, «La revolució liberal...», p. 47.

[38] Diario de Barcelona, 301, 27 de octubre de 1864, p. 10.290.

[39] Borja de Riquer, Epistolari polític..., p. 61.

[40] Véase especialmente Borja de Riquer, «El conservadorisme polític català: del fracàs del moderantisme al desencís de la Restauració», Recerques, 11, 1981, pp. 29-80; Borja de Riquer, Epistolari polític..., pp. 13-153; y Borja de Riquer, «Acció política i pensament dels conservadors liberals catalans. De Martí d’Eixalà a Duran i Bas», en Josep M.ª Fradera (coord.), Societat, política..., pp. 201-215.

[41] Antoni Laporte y Anna Ventura (dirs.), Eleccions de diputats provincials a Barcelona, 1812-1923, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1987, pp. 14-15 y 22-24; y Josep M.ª Fradera, «Entre progressistes i moderats: la Diputació de 1840 a 1868», en Borja de Riquer (dir.), Història de la Diputació de Barcelona, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1987, vol. I, pp. 104-141.

[42] Para conocer la evolución política de Mataró, véase sobre todo Francesc Costa i Oller, Mataró revolucionari... Otros libros del mismo autor con útiles balances generales y que también explican las características sociales y económicas de la ciudad son Mataró al segle...; y Mataró liberal 1820-1856. La ciutat dels burgesos i els proletaris, Barcelona, Rafael Dalmau, 1985.

[43] Aunque parece que en la ciudad de Manresa, entre 1833 y 1868, predominó en el gobierno local un liberalismo moderado representado por la burguesía comercial e industrial más algunos profesionales relacionados con la primera; Josep Oliveras i Samitier, «Manresa al segle XIX», Història de les Comarques de Catalunya: Bages, Manresa, Edicions Selectes, 1987, vol. I, pp. 398-402.

[44] Jesús Mestre, Josep Termes y Teresa Abelló, «Vida i institucions polítiques», en Jaume Sobrequés i Callicó (dir.), Història de Barcelona, vol. 6: La ciutat industrial (1833-1897), Barcelona, Enciclopèdia Catalana y Ajuntament de Barcelona, 1995, p. 287.

[45] Francesc Costa i Oller, Mataró revolucionari..., pp. 178-179.

[46] Una excelente síntesis en Pere Anguera (dir.), Història general de Reus, vol. III: Una societat en ebullició 1800-1923, Reus, Ajuntament de Reus, 2003. Véase también Pere Anguera, Economia i societat al Baix Camp a mitjan del s. xix, Tarragona, Publicacions del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, 1982.

[47] Es significativo que, ya en 1824, el capitán general de Cataluña criticase «los vicios que se han dado a conocer en Reus (...) por el resultado de la acumulación en él de las personas más marcadas por su adhesión al ominoso sistema constitucional»; Pere Anguera (dir.), Història general de Reus..., p. 71.

[48] Véase Pere Anguera, Comportament polític i actituds ideològiques al Baix Camp: 1808-1868, Reus, Associació d’Estudis Reusencs, 1983, p. 112; y Pere Anguera (dir.), Història general de Reus..., p. 104.

[49] Una canción anónima que circuló en 1852 se mofaba del cambio de costumbres de aquella burguesía que antes había tenido un discurso radical: «quan hi havia franciscans / i frares de Sant Joan / cap senyor anava a missa / i ara quasi tots hi van (...) molts que en certa professó / cremaren al pare sant / fent lo hipòcrita els veureu / a la del divendres sant (...) ells diuen: som progressistes (...) i han fet lo camí del cranc»; Pere Anguera (dir.), Història general de Reus..., pp. 104-105.

[50] Prim afirmó que Reus era una «ciudad populosa, belicosa (...) tenemos muchos amigos pero ahogados por Martell y su gentuza»; Albert Arnavat, Moviments socials a Reus, 18081874. Dels motins populars al sindicalisme obrer, Reus,Associació d’Estudis Reusencs, 1992, p. 282.

[51] Albert Garcia i Balañà, La fabricació de la fàbrica..., pp. 453-510; y Robert Vallverdú, El suport de la Milícia Nacional a la revolució burgesa a Reus (1793-1876), Reus, Associació d’Estudis Reusencs, 1989, pp. 381-383.

[52] Véase especialmente Albert Arnavat, Moviments socials a Reus...

[53] Pere Anguera, Comportament polític..., p. 126.

[54] Ibíd., pp. 132-133.

[55] Pere Anguera (dir.), Història general de Reus..., p. 114.

[56] Ibíd., pp. 119-120.

[57] Balances generales en Enric Olivé (dir.), Història del Camp de Tarragona, vol. I: El Tarragonès, Tarragona, Diputació de Tarragona, 1989; y M.ª Antònia Ferrer, Història de Tarragona. Una ciutat mediterrània, Tarragona, Arola, 2006.

[58] Jaume Aresté i Bages, El crecimiento de Tarragona en el siglo xix. De la nueva población del puerto al plan de ensanche, Tarragona, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona y Ajuntament de Tarragona, 1982.

[59] Diario de Barcelona, 311, 7 de noviembre de 1851, p. 6.564.

[60] Joan Carles Buigues Villar, El Bienni Progressista a Tarragona (1854-1856), Tarragona, Diputació de Tarragona, 1987.

[61] Pedro Antonio Heras Caballero, La revolució de setembre de 1868 a Tarragona, Tarragona, Ayuntamiento de Tarragona, 1981.

[62] Ramon Alberch et al., Girona al segle xix, Girona, Gòthia, 1978; y Josep Clara y Rosa Congost, «Girona a l’era del cotó i de les fàbriques», en Lluís Costa (dir.), Història de Girona, Girona, CCG Edicions, 2006, pp. 415-424.

[63] Por ejemplo, véase Mònica Bosch i Portell, «La formació d’una classe dirigent: els hisendats de la regió de Girona. L’exemple del patrimoni Carles (1750-1850)», en Rosa Congost y Lluís To (ed.), Homes, masos, història. La Catalunya del Nord-est, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 365-408.

[64] Mònica Bosch i Portell, «Girona, capital d’hisendats», en Lluís Costa (dir.), Història de Girona..., pp. 381-388.

[65] Citado en Joan Puigbert i Busquets, «El Sexenni democràtic (1868-1874)», en Lluís Costa (dir.), Història de Girona..., pp. 425-439 (la cita es de la página 437).

[66] Sobre estas cuestiones, en su momento escribí diversas consideraciones en Josep Maria Pons i Altés, «Estado y poderes políticos locales en la España de mediados del siglo XIX: la construcción del centralismo bajo los moderados», en Pedro Carasa Soto (coord.), Ayuntamiento, Estado y Sociedad. Los poderes municipales en la España contemporánea, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid-Instituto Universitario de Historia Simancas, pp. 29-42. En cuanto a la legislación municipal entre 1844 y 1868, véase Concepción de Castro, La revolución liberal y los municipios españoles (1812-1868), Madrid, Alianza editorial, 1979, pp. 167-236; Guillermo Márquez Cruz, «El sistema político local en España: de las Cortes de Cádiz a la Restauración (1810-1923)», en Lourenzo Fernández Prieto, Xosé M. Núñez Seixas, Aurora Artiaga Rego y Xesús Balboa (coords.), Poder local, elites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1997, pp. 29-140; Tomás Ramón Fernández y Juan Alfonso Santamaría, Legislación administrativa española del siglo xix, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977, pp. 703-724 y 754-828; Antonio Martínez Marín, La representatividad municipal española. Historia legislativa y régimen vigente, Murcia, Universidad de Murcia, 1989, pp. 38-61; y Salvador Salort, La Hacienda local en la España Contemporánea. La Hacienda municipal de Alacant (1800-1923), Alicante, Generalitat Valenciana e Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1998.

[67] Algunos ejemplos de fuera de Cataluña en Jesús Alonso, «Del progrés material i la reacció política. Vicent Alcalà de Olmo (1820-1902)», Afers, 29, 1998, pp. 31-45; o Xosé R. Veiga Alonso, O Conde de Pallares e o seu tempo, 1828-1909. Aproximación ó activismo das elites na Galicia decimonónica, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 1999.

[68] Joan Fuster Sobrepere, Barcelona i l’Estat..., pp. 191-218.

[69] Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix..., vol. I, p. 231.

[70] Joan Fuster Sobrepere, Barcelona a la dècada moderada (1843-1854). El projecte industrialista en la construcció de l’Estat centralista, vol. I, tesis doctoral, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2004, p. 277.

[71] Manel Risques Corbella, El Govern Civil de Barcelona al segle xix, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995. Diversas referencias en Josep M. Ollé Romeu, L’oligarquia i la construcció de l’Estat centralista. Estat de setge a Catalunya (1844-1847), Barcelona, Copisteria Sarrió, 2003.

[72] Manuel Santana Molina, La Diputación Provincial en la España decimonónica, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1989; María Teresa Carballeira Rivera y Luis Míguez Macho, A provincia a través da Historia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1997, pp. 92-124; Concepción de Castro, La revolución liberal...; y Tomás Ramón Fernández y Juan Alfonso Santamaría, Legislación administrativa española..., pp. 703-724, 763-769 y 792-828. Incluso un gobernador civil admitía, en relación con la Diputación de Málaga: «Lejos de ser invasora y prepotente, era en lo general indolente (...) El mayor o único conflicto que me produjo, y fue repetidas veces, es la dificultad de reunir número suficiente de diputados para celebrar sesión (...) el que redactó la ley de diputaciones de 1845 no habría sido de seguro ni Gobernador ni diputado»; Antonio Guerola, Memoria de mi administración en la provincia de Málaga como gobernador de ella desde 6 de diciembre de 1857 hasta el 15 de febrero de 1863, Sevilla, Fundación Sevillana de Electricidad, 1995, p. 999.

[73] Aquí Estoy, 25, 2.ª época, 29 de mayo de 1860, pp. 1-2.

[74] Antoni Laporte y Anna Ventura (dir.), Eleccions de diputats..., p. 13.

[75] Joan Fuster Sobrepere, Barcelona a la dècada..., vol. I, pp. 313-314.

[76] Borja de Riquer (ed.), Epistolari polític..., pp. 577-583 y Manel Risques, El Govern Civil..., pp. 397-405.

[77] Borja de Riquer (ed.), Epistolari polític..., pp. 61-62 y 583-590.

[78] Josep Maria Pons i Altés, El sistema polític..., pp. 369-418. Véase también Josep Lladonosa, Historia de la Diputación provincial de Lérida, 2 vols., Lleida, Diputación Provincial de Lérida, 1974.

[79] Archivo Histórico de la Diputación de Lleida, Actas de la Diputación provincial de Lleida 1865, sesión del 16 de agosto.

[80] Narcís Puigdevall et al., Història de la Diputació de Girona, Girona, Diputació de Girona, 1990, p. 96.

[81] Josep M.ª Fradera, «Entre progressistes...».

[82] Robert Vallverdú, La guerra dels Matiners a Catalunya (1846-1849). Una crisi econòmica i una revolta popular, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002; y Joan Camps i Giró, La guerra dels matiners i el catalanisme polític, 1846-1849, Barcelona, Curial, 1978.

[83] Martyn Lyons, Post-Revolutionary Europe, 1815-1856, Houndmills y Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006, especialmente pp. 113-127.

[84] Guillermo Graell, D. Juan Mañé y Flaquer, Barcelona, Casanovas, 1903, pp. 24-25. La duda que se nos presenta es hasta qué punto estrategias parecidas de coordinación parlamentaria ocurrieron en otros territorios, ya que parece que en la década de 1850 pudiera haber existido una oficiosa «Unión Gallega», que agrupaba a todos los parlamentarios gallegos para «promover y fomentar los intereses materiales y generales del país que representan», según el borrador de una presumible acta fundacional (Xosé R. Veiga, O Conde de Pallares..., p. 75).

[85] [Manuel Sánchez Silva], Semblanzas de los 340 diputados a Cortes que han figurado en la legislatura de 1849 a 1850, Madrid, Imprenta de D. Gabriel Gil, 1850, pp. 46-47.

[86] Roser Solà, Joan Vilaregut i Albafull. Industrial i progressista (Barcelona, 18001854), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001.

[87] Diario de Barcelona, 344, 10 de diciembre de 1865, p. 11.882.

[88] Diario de Barcelona, 58, 27 de febrero de 1866, p. 2.022.

[89] Francesc Costa i Oller, Mataró revolucionari..., pp. 164-166.

[90] Alan S. Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe. The Political Culture of Limited Suffrage, Houndmills y Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003. Para España, véanse algunas aportaciones en María Sierra, Rafael Zurita y María Antonia Peña (eds.), «La representación política en la España liberal», Ayer, 61, 2006.

[91] Invita a la reflexión el contraste con localidades valencianas como Alicante o Castellón. En la primera, a pesar de la dura represión que padeció en 1844 y de las muy difíciles relaciones iniciales, las oligarquías acabaron integrándose en el nuevo modelo conservador. Y en la ciudad de Castellón se alcanzó una colaboración estable entre el poder moderado y unos progresistas de clases medias que siguieron controlando el Ayuntamiento y que más tarde se unirían a la Unión Liberal. Véase Pedro Díaz Marín, Después de la revolución. Centralismo y burguesía en Alicante (1844-1854), Alicante, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1998; y Otília Martí Arnándiz, Un liberalismo de clases medias. Revolución política y cambio social en Castelló de la Plana (1808-1858), Castelló, Diputació de Castelló, 1997.

[92] Joan Fuster Sobrepere, Barcelona a la dècada..., vol. I, p. 146.

[93] Manel Risques, El Govern Civil..., p. 567.

[94] Josep Maria Fradera, Cultura nacional en una societat dividida, Barcelona, Curial, 1992.

[95] Julio Antonio Enrile Aleix, El Senado en la Década Moderada (1845-1854), Madrid, Universidad Complutense, 1980, p. 310; y Borja de Riquer, Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya, Vic, Eumo, 2000, p. 109.

[96] Diario de Sesiones de Cortes. Congreso, sesión del 20 de enero de 1849, p. 301.

[97] Artículo publicado en 1849 en la Revista Militar y citado en Pierre Vilar, «Libéralisme politique et libéralisme économique dans l’Espagne du XIXe siècle», en Miriam Halpern Pereira et al., O Liberalismo na Península Ibérica na Primeira Metade do Século xix, Lisboa, Sá de Costa, 1982, vol. 2, pp. 14-16.

[98] Artículo publicado en Las Novedades el 8 de julio de 1855 y reproducido en Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix..., vol. 2, pp. 127-128.

[99] Diario de Sesiones de Cortes. Congreso, sesión del 20 de enero de 1849, p. 299.

[100] A diferencia de otros territorios con cultura y lengua diferenciadas como por ejemplo el País Valenciano, donde parece que la consolidación de la nueva sociedad liberal no dejó problemas comparables a los catalanes y, en consecuencia, la utilización política de la «identidad regional» tuvo unas características muy diferentes; Jesús Millán, «El País Valencià en l’inici de l’Estat centralista del vuit-cents. Una aproximació», L’estat-nació i el conflicte regional: Joan Mañé i Flaquer, un cas paradigmàtic, 1823-1901, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, pp. 63-90.

[101] Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan..., vol. I, pp. 308-310. Más ejemplos en Pere Anguera, Els precedents del catalanisme. Catalanitat i anticentralisme: 1808-1868, Barcelona, Empúries, 2000.

[102] Joan Carles Buigues, El Bienni Progressista..., pp. 62-63.

[103] A modo de ejemplo, el literato e historiador valenciano Vicent Boix escribió en 1853: «Las provincias no son ya más que unas colonias desangradas: envían al corazón su sangre, sus riquezas, su historia; la vida va de los extremos al centro: en cambio recibimos la Gaceta»; citado en Josep-Ramon Segarra, «El “provincialisme” involuntari. Els territoris en el projecte liberal de nació espanyola (1808-1868)», Afers, 48, 2004, pp. 338-339.

[104] En este debate, además de a Juan J. Linz, se suele tomar como referencia, sobre todo, a Borja de Riquer, «La débil nacionalización española del siglo XIX», Historia Social, 20, 1994, pp. 97-114 (véase también Borja de Riquer, Identitats contemporànies...). Ferran Archilés y Manuel Martí hace años que están proponiendo un estimulante replanteamiento desde una perspectiva diferente, que presenta la construcción de la identidad española como un proceso parecido al ocurrido en otros países de Europa: por ejemplo, Ferran Archilés y Manuel Martí, «Una nació fracassada? La construcció de la identitat nacional espanyola al llarg del segle XIX», Recerques, 51, 2005, pp. 141-163. Véase también M. Cruz Romeo e Ismael Saz (coord.), «Construir Espanya al segle XIX», Afers, 48, 2004.

[105] Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan..., vol. 2, p. 176.

[106] Por ejemplo, véase Maties Ramisa, Els orígens del catalanisme conservador i «La Veu de Montserrat» 1878-1900, Vic, Eumo, 1985.

¿UN REFORMISMO IMPOSIBLE? ORGANIZACIÓN OBRERA Y POLÍTICA INTERCLASISTA (CATALUÑA, 1820-1856)

Genís Barnosell Jordà

Universitat de Girona

¿AUTONOMÍA O SUBORDINACIÓN DEL MUNDO OBRERO Y POPULAR?

Las formas de movilización obrera de la primera mitad del siglo XIX y sus relaciones con los patronos, los intelectuales y el Estado han sido objeto, en España y en Europa, de las más diversas interpretaciones. Para el liberalismo español del primer tercio del siglo XIX, el ludismo y otras alteraciones del «orden» protagonizadas por las clases populares urbanas se explicaban por su ignorancia e irracionalidad, en una perspectiva que se extrapolaba fácilmente a toda actividad obrera –puesto que tan irracional parecía la quema de una máquina como la negociación de una tarifa colectiva–.[1]En las luchas políticas y sociales del período 1835-1856 tal punto de vista se desarrolló y se afianzó, y quedaron así demostrados, para el sentir de muchos, los temores más pesimistas. Así, los efectos negativos de la organización obrera pasaron a formar parte de la cultura liberal en su sentido más amplio, como muestra la historiografía del siglo XIX, que destacaba la violencia de las «turbas» y su ignorancia, en una interpretación que se mantuvo en muchos libros de historia hasta bien avanzado el siglo XX.[2] Ante el maltrato o el olvido de estos temas por la historiografía convencional,[3]los mejores estudios procedieron de los militantes obreros, si bien el conocimiento real del período era escaso y la interpretación muy apasionada.[4]De ahí la novedad que supuso en 1925 el trabajo de Manuel Reventós (de orientación liberal y católica),[5] que señaló la potencia de la organización obrera en la Cataluña industrial de los dos primeros tercios del siglo XIX, aunque insistió en que se trataba de una reacción instintiva y no guiada por ideas coherentes.6 Desde el socialismo, Gil Vidal coincidía con Reventós cuando señalaba que antes de 1870 no había entre los trabajadores «ninguna concepción clara y justa de su personalidad de clase».[6]

Interrumpidos estos estudios por la represión del primer franquismo, no se reanudaron hasta finales de la década de 1950,[7]cuando nuevos trabajos ampliaron enormemente nuestro conocimiento, siendo los más importantes los de Casimir Martí y Josep Benet, Josep M. Ollé, Antonio Elorza y Jordi Maluquer, todos con cierta influencia marxista, especialmente los dos últimos.[8]Entre todos confirmaron la gran implantación de la organización obrera en Cataluña durante los años 1840-1843 y 1854-1856, sus esfuerzos para negociar con los patronos y el apoyo recibido de algunas autoridades progresistas, así como la importancia de algunas características de la economía catalana (como la densidad de su distrito industrial) para explicar su funcionamiento. Continuaron sosteniendo, sin embargo, que las asociaciones obreras no tenían «ideología», es decir, no tenían una «teoría» propia y adecuada para comprender la realidad y actuar de acuerdo con ella, con lo que no podían plantear ninguna alternativa a lo existente.[9]Una teoría obrera capaz de interpretar adecuadamente el capitalismo no estaría disponible hasta la penetración del anarquismo o el socialismo, capaces, por fin, de superar la «conciencia falsa» impuesta por la burguesía. Este punto de vista, cuyas raíces pueden rastrearse hasta Marx y Engels,[10]fue compartido por casi toda la historiografía renovadora española y difundido en las obras de síntesis de José María Jover (1952 y 1963),[11]Manuel Tuñón de Lara (1966 y 1972)[12]o Josep Fontana (1973).[13]Sólo Jaume Vicens Vives se apartó en parte de este esquema, al destacar las que creía características «reales» del sindicalismo catalán anterior a 1870 –«societario, oportunista y reformista»–, aunque también calificó su ideología como «confusa» y subordinada a la pequeña burguesía y consideró el anarquismo como una ideología importada que nunca antes de 1890 contó con el apoyo de la «masa trabajadora». Mientras que el societarismo se basaría en los «operarios» cualificados, el anarquismo lo haría en los «miserables», en gran parte inmigrantes del resto de España. El «gran responsable» del auge anarquista, consumado en 1911, sería, sin embargo, la propia sociedad burguesa. Con su persistente negativa a negociar con los trabajadores desde mediados de siglo, «los burgueses precipitaron a los obreros cualificados hacia las filas de los “miserables”, y a todos juntos hacia las hileras del anarquismo».[14]Ferran Soldevila siguió esta interpretación; sin embargo, consideró que la implantación anarquista en Cataluña fue muy amplia en el último tercio del XIX.[15]Así, mientras que para explicar el ascenso anarquista o socialista la mayor parte de la historiografía renovadora daba por supuestas las contradicciones de clase y ponía el énfasis en la «maduración» de la conciencia obrera, Vicens y Soldevila insistían, de forma incipiente, en la dinámica de clases.

Diversos desarrollos historiográficos permitieron replantear todas estas interpretaciones. En primer lugar, los análisis de la cultura de las clases populares (incluidos los estudios «desde abajo», en buena parte de historiadores marxistas británicos) mostraron su complejidad, sus interrelaciones con la cultura de las elites (muy alejadas de una simple subordinación) y la capacidad popular de apropiarse de elementos culturales de muy diversa factura.[16] En segundo lugar, un gran número de estudios ampliaron el conocimiento tanto sobre las acciones de la «multitud» como sobre el sindicalismo organizado y los dotaron de especificidad histórica. Estos trabajos, además, surgieron en el contexto de apertura de los estudios sobre el conjunto de los trabajadores y de sus condiciones de vida, así como de su heterogeneidad social y de la diversidad de sentimientos identitarios, superando así la clásica historiografía institucional.[17]En tercer lugar, la crisis de las versiones de la historia social y económica, que asociaban mecánicamente a los grupos sociales con determinadas ideologías y la creciente atención al lenguaje no como un mero reflejo de la realidad, sino como un constructor activo de ésta, han permitido dejar atrás la visión del liberalismo como una ideología burguesa para insistir en su vertiente de discurso susceptible de ser utilizado por agentes sociales diversos;[18]o, en una versión posmoderna, lejos de ser una herramienta de hegemonía de la burguesía, sería el discurso el que crearía a la burguesía, es decir, el que permitiría a un grupo de personas verse como «burguesas». Así, si ya Edward P. Thompson destacó el radicalismo como uno de los componentes fundamentales de la naciente clase obrera inglesa, Gareth S. Jones insistió en la primacía de las causas políticas en el análisis del cartismo (y no sólo como una forma de reivindicación social) y Keith M. Baker ha defendido que fue la aparición de una nueva cultura política, que objetivó ciertas características sociales y no otras, lo que convirtió al tercer estado en un sujeto político opuesto a los otros estados y, después, lo dividió en sujetos políticos distintos y también opuestos.[19]

LAS RAÍCES DEL REFORMISMO OBRERO

El análisis de las tendencias reformistas del sindicalismo ha constituido, sin embargo, un debate bastante distinto. En Gran Bretaña se centró en el concepto de «aristocracia obrera» como complemento del debate de la «proletarización», entendida ésta, en la historiografía y sociología marxistas, como un proceso de reforzamiento del control social que el capital ejerce en el proceso de trabajo capitalista, que degrada la especialización y autonomía de los trabajadores, crea trabajos más rutinizados y con menor responsabilidad, y produce el resultado neto de destrucción de situaciones de clase no trabajadoras y creación de otras que pueden ser calificadas de trabajadoras.[20] Éste es el proceso que el joven Engels quiso describir en La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845) y que Marx teorizó en el libro primero de El Capital.[21]Tal punto de vista, sin embargo, no ha sido sólo marxista. A partir de Simonde de Sismondi (1819), se desarrolló con trabajos como los de Villermé o Buret en las décadas de 1830 y 1840 [22] y ha llegado a ser un lugar común para la historiografía y la sociología del siglo XX.[23]

Trabajos de gran sofisticación, como los de Cristopher H. Johnson para Francia y John Foster para Inglaterra, rastrearon en la proletarización las razones de las actitudes políticas y de la conciencia de clase de los trabajadores.[24]

Foster utilizaba el concepto de «conciencia sindical» para indicar la defensa organizada de los estándares de vida a través de la solidaridad en el lugar de trabajo, y el de «conciencia de clase» para señalar una conciencia política anticapitalista masiva. Su razonamiento –en gran parte leninista– sostenía que como esta conciencia revolucionaria sólo podía llegar a las masas a través de la propaganda de minorías revolucionarias, la cuestión era conocer las «muy especiales circunstancias» que se dieron en la década de 1830 en Oldham para que tales minorías pudieran convencer a la gente de que sólo un cambio radical solucionaría sus problemas. Las «circunstancias» no eran las características económicas de la proletarización (como en Johnson),[25] sino la coincidencia de tres factores: el ataque legal sin precedentes al sindicalismo, el predominio entre los trabajadores de un lenguaje radical que podía entrar en contradicción con el capitalismo y, sobre todo, la tendencia a la crisis de la industria algodonera en dicha década, que reforzaba la fuerza de los argumentos radicales. En las otras dos poblaciones analizadas, en cambio, sus características económicas fueron determinantes para el fracaso de la conciencia de clase. En Northampton, el predominio de la mano de obra barata impidió el surgimiento del sindicalismo, y en Shields la dependencia directa de la construcción de navíos de las políticas gubernamentales permitió que los patronos desviaran las causas de la crisis y de la reestructuración industrial hacia el exterior, construyéndose una identidad compartida entre patrones y obreros, «manipulada» por los primeros. La conciencia revolucionaria de Oldham, sin embargo, se desharía a finales de la década de 1840 como consecuencia de la absorción por parte de los partidos burgueses de algunas reivindicaciones obreras –hecho que rompió el cartismo, obrero y «popular», que incluía a comerciantes y pequeños patronos– y de la creación de una «aristocracia obrera» –una mano de obra cualificada, masculina y adulta, privilegiada, más cercana a los patronos que al resto de los obreros–.[26] En la historia social marxista británica, esta «aristocracia obrera» ha sido considerada como un factor fundamental del reformismo obrero de las décadas de 1850 y 1860.

La cuestión de la proletarización ha sido muy revisada desde perspectivas distintas, y se ha descubierto un desarrollo capitalista mucho más poliédrico de lo que se suponía y unos paisajes sociales ingleses y europeos bastante más complejos que los de una proletarización de fábrica rápida e irreversible.[27] Sin embargo, parece difícil sustraerse a la idea de que la proletarización, entendida, en palabras de Charles Tilly, como «un incremento en la dependencia de las familias respecto del trabajo asalariado y/o un declive en su control sobre los medios de producción», fue una tendencia de fondo en la historia europea al menos desde el siglo XVII.[28] Por lo que respecta al modelo aristocracia obrerareformismo, un primer elemento discutido[29] ha sido el carácter revolucionario del sindicalismo de los años treinta del siglo XIX y sus diferencias con el «nuevo sindicalismo» de las décadas de 1850 y 1860, supralocal, centralizado, burocratizado y más moderado y acomodaticio. Mientras que la historiografía de izquierdas puso el énfasis en la fractura entre estos dos sindicalismos, otros autores, como A. E. Musson, han defendido una continuidad mucho mayor, tanto en sus características organizativas (especialmente el localismo) como ideológicas, y han destacado el limitado alcance de las tendencias revolucionarias del sindicalismo del primer tercio del siglo.[30]Una segunda cuestión es el grado de continuidad entre el radicalismo inicial y el «nuevo liberalismo», en el que se integraría la mayoría de dirigentes cartistas a partir de 1860. Este «nuevo liberalismo», o Lib-labism, se dirigía al «pueblo» (de quien elogiaba su amor a la libertad, templanza, decencia y respetabilidad) y ofrecía la ampliación del sufragio, un mayor acceso a los cargos públicos, la extensión de las libertades civiles y religiosas e incipientes reformas sociales, como la creación de un sistema educativo primario estatal o el pleno reconocimiento sindical, complementado en ciertas áreas fabriles por un paternalismo que reconocía la existencia de derechos y deberes recíprocos entre trabajadores y patronos y aceptaba la legislación fabril –aunque no considerara a los trabajadores como «iguales»–, al tiempo que predicaba la unión de todos los productores contra los «parásitos» defensores del statu quo. Mientras que una interpretación que arranca del propio liberalismo ha subrayado la continuidad entre ambos proyectos, los defensores del carácter revolucionario y clasista del cartismo han insistido en que los nuevos tiempos supusieron la desaparición de la política obrera independiente, la aceptación del capitalismo, un punto de vista más conservador acerca de muchas cuestiones (patriotismo, consolidación de las divisiones de género, visión del Estado como un árbitro neutral) y la substitución del deseo de un cambio global por la voluntad de ascenso social.[31]Parece existir un cierto consenso, por otro lado, en que el cartismo no declinó debido al auge de la «aristocracia obrera», sino a causa de su quiebra como estrategia política y como explicación razonable del mundo ante el «nuevo liberalismo».[32]En tercer lugar, se ha señalado la dificultad de usar un concepto unívoco de «aristocracia obrera», puesto que un estrato de trabajadores bien pagados y con empleo estable ya existía antes de 1850, de modo que, como mucho, tal «aristocracia» se habría reforzado, y no surgido, en la segunda mitad de siglo.[33]También se reconoce la debilidad de la base social de los sindicatos, pero parece aceptarse, por autores de distintas corrientes, que lo que caracterizaría al sindicalismo de finales del siglo XIX sería el predominio de los grupos mejor pagados, lo que teñiría al movimiento en su conjunto con los valores asociados a la «respetabilidad» y consolidaría la fractura entre los cualificados y los no cualificados, que, en la interpretación de Thompson, se habría casi superado con el cartismo. [34] Finalmente, se ha criticado la estrecha ligazón establecida entre obreros acomodados y moderación política. Como ha señalado William H. Sewell para el caso francés, no habría relación necesaria entre el auge o crisis de un oficio y la actitud política de sus miembros.[35]

CLASE OBRERA Y CLASES POPULARES EN CATALUÑA

Aunque la historiografía del sindicalismo catalán utilizó un modelo de proletarización que suponía la progresiva creación de una masa de trabajadores asalariados con ínfimas condiciones de vida, no fue hasta los trabajos de Enriqueta Camps cuando este tema se convirtió en un objeto de estudio serio. A partir de los casos de Terrassa e Igualada, Camps señaló que entre 1830 y 1885, y en el contexto de una oferta de trabajo no ilimitada pero sí abundante, se dio un proceso de proletarización bastante notable entre generaciones, de forma que importantes contingentes (entre el 25 y el 50%) de hijos de no proletarios (campesinos, pequeños fabricantes o artesanos) se integraron en las filas de los trabajadores de fábrica. En cambio, la movilidad social ascendente de los trabajadores habría sido muy limitada.[36]Al mismo tiempo, sin embargo, el pequeño taller continuó siendo de vital importancia a lo largo de todo el siglo, tanto en la industria textil como en el conjunto del sector secundario, y más que de «proletarización» total del artesanado cabría hablar en muchos casos de una creciente dependencia respecto del capital mercantil. En segundo lugar, incluso en la industria textil predominaron durante largo tiempo formas complejas de salario basadas más en la compra de las mercancías producidas –de ahí, por ejemplo, toda la conflictividad sobre el tiro de las piezas tejidas– que en la compra de fuerza de trabajo pura, de forma que, como señaló Hobsbawm, «no siempre resulta fácil reconocer el punto en que tales pagos dejan de ser una retribución por la adquisición de unas mercancías para convertirse en un salario a destajo». El grado de transformación interna de los diversos sectores productivos era, por otro lado, muy heterogéneo y, de hecho, el sector predominante en Barcelona era el comercial.[37]De ahí que, al lado de un creciente proceso de proletarización que cabría entender en el sentido definido por Tilly, deba hablarse también de unas «clases populares» complejas, compuestas de multitud de posiciones sociales con puntos tanto de conflicto como de solidaridad.[38]

Estos sectores sociales eran percibidos de manera confusa por las elites, que los observaban[39] con creciente preocupación mientras avanzaban los procesos de industrialización y de revolución liberal –con la consecuente desarticulación del aparato asistencial de la Iglesia–. Si en el debate acerca del nivel de vida en Gran Bretaña los historiadores se han dividido entre optimistas y pesimistas, en la observación del «nivel de vida» en la Cataluña del siglo XIX no cabe ninguna duda: las elites catalanas y españolas que reflexionaban sobre el tema eran pesimistas. En tales reflexiones, la preocupación más o menos sincera se entrelazaba de forma inextricable con preocupaciones acerca de la estabilidad social y política.[40]Así, para Ramón de La Sagra, si la libertad había liberado al obrero de la tiranía del gremio y del Estado, al no estar organizada la libertad de trabajo resultaba «que el moderno obrero se halla peor que en la época anterior». La Sagra veía en Cataluña la repetición de las «grandes cuestiones sociales» que ya se daban en otras sociedades industrializadas, con el agravante de la situación revolucionaria que vivía España. Con todos estos hechos, concluía, «podremos calcular lo grave que es la cuestión catalana».[41] Preocupaciones como éstas son fundamentales para explicar el surgimiento de los programas reformistas. Por otro lado, en el pensamiento catalán este pesimismo era siempre industrialista y capitalista. Se defendía la propiedad privada, la libre iniciativa económica y el crecimiento industrial. Lo que causaba preocupación era la falta de independencia económica de los trabajadores: «han de encontrar un amo que consienta en tomar su trabajo, y de este hombre depende el destino de su vida»;[42]aunque de este principio se obtendrían conclusiones bastante distintas. En ningún caso este pensamiento se planteó frenar el crecimiento industrial para acabar con el problema social. Antes al contrario, la industrialización era vista como la solución, no como el problema, y se consideraba (no sin razón) que la relativa prosperidad de Cataluña en relación con otras regiones españolas se debía precisamente a su industria.

LAS RAÍCES REFORMISTAS DEL SINDICALISMO CATALÁN

El concepto de proceso histórico[43] es fundamental para entender el desarrollo del sindicalismo catalán y sus opciones políticas. El sindicalismo aparece, en su origen, como una opción esencialmente de (y, en todo caso, dirigida por) trabajadores masculinos adultos,[44]ante lo que parecen ser las opciones femeninas más ligadas a formas de presión laboral informales, como el bloqueo del lugar de trabajo a partir de la instalación de puestos de venta ambulantes en las puertas, o la salida y entrada en el trabajo industrial según las oportunidades del mercado de trabajo local o comarcal en el contexto de un ciclo económico familiar gobernado por las ocupaciones y especializaciones masculinas.[45]Opciones que no son puramente «racionales», sino fruto en gran parte de las oportunidades que una sociedad concreta ofrece a sus individuos según el sexo y de las experiencias organizativas anteriores, formales o no –incluyendo la propia organización del trabajo en las unidades productivas domésticas–. En todo caso, la hegemonía masculina respondería más a la hegemonía patriarcal más general de la propia sociedad, que se reforzaría con el liberalismo,[46] que a una supuesta incapacidad femenina, puesto que también existía experiencia organizativa femenina (por ejemplo, en asociaciones de socorros mutuos tradicionales), y podría haber existido ya en la década de 1840 al menos una asociación sindical femenina clandestina entre las criadas de Barcelona.[47]En segundo lugar, es una opción de trabajadores cualificados o que así se consideraban.[48]La industria textil desempeñó aquí un papel fundamental, aportando la mayor parte de afiliados, procedentes de las poblaciones con mayor concentración industrial y, por tanto, con un grado mayor de separación entre capital y trabajo. Fueron estos trabajadores, pues, cualificados al mismo tiempo que dependientes de la inversión de los fabricantes (o sus homólogos, los mancebos de los oficios), los que constituyeron la columna vertebral del primer sindicalismo catalán.[49]No era lógico o inevitable que tales trabajadores y trabajadoras se sindicaran (como deducía la historia económica y social de la década de 1970 de su supuesto parecido con la definición clásica de proletario),[50]pero en la Cataluña de la primera mitad del siglo XIX fue entre ellos donde se tomó esta opción –a diferencia, por ejemplo, del liberalismo, que fue en toda Cataluña un fenómeno mucho más interclasista–. Fue, también, entre los tejedores de algodón donde se hicieron los primeros intentos de crear asociaciones de ámbito supralocal, que abrazaran al conjunto del Principado, apoyándose en «la muy fuerte concentración geográfica de la industria textil en unas pocas localidades muy próximas entre sí» (Jordi Maluquer). En tercer lugar, el objetivo básico era la negociación de las condiciones de trabajo y remuneración (con significativas diferencias de organización con las asociaciones de socorros mutuos tradicionales). Se trataba, por otro lado, de una opción masculina y cualificada entre otras posibilidades organizativas igualmente masculinas y cualificadas pero distintas por su grado de formalización. Así, el sindicalismo clandestino de los tejedores de la década de 1830 emerge en primer lugar a través del nombramiento ocasional de representantes para dialogar con las autoridades. En cambio, en otros oficios, la organización formal tenía tres siglos, al menos, de existencia a través de los gremios de mancebos. En este contexto gremial y también dentro del lenguaje gremial, maestros y mancebos ya se habían identificado como grupos con intereses frecuentemente opuestos.[51]

El sindicalismo moderno aparece, pues, en el cruce de caminos donde confluyen una gran transformación de la estructura productiva (debido tanto a la irrupción de la industria textil como al desarrollo de relaciones capitalistas en el interior de los oficios), un proceso creciente de separación entre capital y trabajo, el colapso definitivo del sistema gremial (y, por tanto, el fin de unas determinadas posibilidades negociadoras), una amplia difusión del liberalismo (que, como veremos, aportó los elementos culturales necesarios para articular nuevas y viejas demandas), el fracaso de ensayos anteriores (como las peticiones a las autoridades, que se revelaron inútiles), la existencia de nuevos modelos suficientemente desarrollados (como las sociedades de socorros mutuos, que fueron readaptadas para que sirvieran a nuevos objetivos para los que no eran en absoluto funcionales) y un contexto revolucionario en el que unas autoridades estuvieron al fin dispuestas a permitir tales asociaciones, aunque de forma harto compleja.[52]Todo ello en un marco en el que el trabajador adulto masculino reforzó su papel tanto en el contexto del oficio como en el familiar.

En este proceso, tales sindicatos aparecen desde el primer momento como «reformistas». Es éste un concepto válido para indicar que una de sus herramientas fundamentales era la negociación con autoridades y patronos, para obtener, de las primeras, el reconocimiento como interlocutores válidos y, de los segundos, mejoras en las condiciones de trabajo y de remuneración –al tiempo que practicaban una política de hechos consumados, especialmente en lo referente al uso de la huelga y la imposición de su propia existencia aunque no estuviera reconocida legalmente–. El concepto, sin embargo, debe ser liberado de algunas connotaciones anacrónicas, especialmente de las derivadas de la interpretación que, en la tradición de la Segunda Internacional, menospreciaba la «conciencia tradeunionista», que buscaba la negociación con gobiernos y patronos y que en última instancia era sólo «ideología burguesa», contraponiéndola a la «política socialdemócrata», surgida del conocimiento científico y que, consciente del «antagonismo irreconciliable» entre los intereses de los obreros y «todo el régimen político y social contemporáneo», aspiraba al socialismo.[53] Contra este reduccionismo, debe tenerse en cuenta que en los dos primeros tercios del siglo XIX el «capitalismo» no se consideraba inevitable sino que, precisamente, se luchaba para fijar los términos exactos del nuevo sistema político y económico que regiría después de la derrota del absolutismo. En las décadas de 1840 o 1850, exigir el derecho de asociación u obligar a los fabricantes a negociar era para muchos –y especialmente para esos fabricantes– auténticamente «revolucionario»: una verdadera subversión de lo que a su parecer eran todos los principios buenos y naturales en que se sustentaba la sociedad.

A pesar de la rotunda negativa de la patronal a toda negociación, ésta fue la estrategia que se construyó y consolidó en el sindicalismo catalán, con pocas excepciones, a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XIX. En primer lugar, en Barcelona, algunos oficios muy numerosos conservaron un gremio de mancebos separado del de maestros hasta mediados de la década de 1830. Como muestra el caso de los carpinteros, estos trabajadores utilizaban su gremio y todos los recursos legales a su alcance (por ejemplo, la mediación de la Junta de Comercio) para defender sus remuneraciones y sus condiciones de trabajo –con lo que el «reformismo» formaba parte de su visión del mundo del trabajo y de sus prácticas negociadoras al menos desde el siglo XVIII–. Cuando zapateros y sastres se organizaron en sindicatos en la década de 1840, la negociación con sus maestros y la llamada a la intervención de las autoridades no eran en absoluto nada nuevo para ellos.[54]En segundo lugar, el sindicalismo compartió con el conjunto de la sociedad la creencia en la legalidad y utilidad del derecho de petición, es decir, el derecho del ciudadano (y, antes, del súbdito) de elevar sus demandas a las autoridades y obtener una reparación o satisfacción. Reconocido en el Antiguo Régimen y siendo considerado fundamental en el liberalismo, este derecho fue incluido en todas las constituciones españolas del período. Así, y como habían hecho con anterioridad, multitud de individuos e instituciones elevaron sus peticiones al rey y a las Cortes sobre los más diversos motivos. Pidiendo que las autoridades legislaran sobre el tiro de las piezas o que reconocieran a sus asociaciones, los trabajadores utilizaban, pues, uno de los canales políticos plenamente admitidos en su época. Tales peticiones eran una muestra de liberalismo político, aunque también bebían de la voluntad de representación de los súbditos existente en el Antiguo Régimen y que, para los sectores populares de la Cataluña del siglo XVIII, habían encarnado precisamente los gremios (cuya voluntad de ampliar la representación popular ante el absolutismo borbónico les llevaba a tomar como modelo las instituciones catalanas anteriores a la Nueva Planta).[55]Por otro lado, sin embargo, eran una muestra clara de antiliberalismo económico, puesto que fue en nombre de esta doctrina en el que las instituciones patronales rechazaron tanto la intervención de las autoridades como la negociación laboral. En definitiva, el reformismo obrero enlazaba con tradiciones y prácticas ampliamente asentadas tanto en el conjunto de la sociedad como entre los propios trabajadores. Como veremos, era también congruente con la teoría de las clases y de la explotación elaborada entre los trabajadores y los sectores radicales del liberalismo, aunque de aquélla podían deducirse actitudes diversas.

Por lo que respecta a las bases sociales del reformismo obrero, Albert García ha aplicado la hipótesis de la aristocracia obrera inglesa a la hilatura catalana y ha explicado la estrategia negociadora de los sindicatos de hiladores por su situación social acomodada y su papel de intermediarios entre los trabajadores poco cualificados y los fabricantes o sus directivos. De forma magistral ha mostrado cómo los fabricantes, parapetados tras la represión moderada, llevaron a la práctica una política de erosión sistemática de la posición laboral de los hiladores de mules, introduciendo selfactinas, restándoles facultades organizativas y feminizando el trabajo en la medida de lo posible; en definitiva, convirtiendo al antiguo subcontratista interno en un trabajador mucho más fácil de sustituir. La respuesta de los hiladores tuvo un primer jalón en la oleada ludista del Bienio progresista, protagonizada por los hiladores más jóvenes cuyas carreras laborales se veían amenazadas por el cambio técnico; continuó con un sinnúmero de huelgas y culminó en la condena llevada a cabo por sus representantes de las Tres Clases de Vapor de toda colaboración con los «partidos burgueses» en el Congreso Obrero de 1870, en franco contraste con la colaboración interclasista con el progresismo que había llevado al hilador de mules Juan Miralles al Ayuntamiento de Barcelona en 1854.[56]En los años siguientes, sin embargo, las Tres Clases de Vapor se caracterizarían precisamente por su apoyo al arbitraje laboral hasta que esta estrategia fue superada, a partir de la década de 1880, por el sindicalismo revolucionario. Se impuso entonces una dinámica en la que el cambio técnico, la alteración patronal de las culturas del trabajo anteriores y la complicidad gubernativa y política, por un lado, y el lenguaje obrero de la lucha a muerte entre trabajo y capital, por otro, se alimentaban mutuamente. Según Carles Enrech, además, a partir de 1900 se habría producido una creciente homogeneización de salarios y condiciones de trabajo en el conjunto de Cataluña, con la subsiguiente destrucción del tejido social interclasista propio del mundo de los oficios, lo que habría favorecido la radicalización de la vida política.[57]

Ciñéndonos a la etapa anterior a 1868, debemos tener en cuenta que, si bien la descualificación laboral y la persecución política pudieron llevar a determinadas fracciones de trabajadores hacia la radicalización política y laboral, esto no siempre fue así. El contraejemplo más claro es el de los tejedores manuales de algodón que, pese a la persecución política a la que fueron sometidos y pese a su drástica pérdida de situación social, mantuvieron la estrategia reformista a lo largo de todo el período.[58]La puesta en cuestión de la estrategia reformista y, particularmente, de la afirmación de que las relaciones de los trabajadores organizados con los partidos políticos debían ser «nulas» tuvo también cronologías diversas según la zona. En el Congreso Obrero de 1870, mientras que tales planteamientos cosechaban el apoyo del 76,19% de los delegados de Barcelona y su llano, en el resto de Cataluña los votos positivos sólo fueron el 17,39% y los negativos el 47,83% (la suma de ausentes y abstenciones llegaba al 26,09%). Aunque el peso de Barcelona permitió que el 56,52% de los votos catalanes fueran positivos, la estrategia reformista, avalada ahora por el federalismo, continuó teniendo mucho apoyo entre los trabajadores –un apoyo que se prolongó hasta la Segunda República, cuando la amplia afiliación a la CNT sólo redujo de forma limitada el voto obrero a la reformista ERC.[59]

En segundo lugar, debe analizarse con detalle la base social del sindicalismo anterior a 1868, que era relativamente heterogénea, como puede observarse en el cuadro 1.[60]

Cuadro 1. Composición del movimiento sindical en Barcelona, 1854-1856 (porcentajes)

Aunque peones, ayudantes y mujeres estaban claramente subrepresentados, esta realidad estaba en clara evolución. En la década de 1840 se había asociado un numeroso grupo de oficios del textil junto a otros oficios más «tradicionales» con escasa innovación técnica pero con importantes transformaciones internas, como la introducción del trabajo menos cualificado y más barato. En general, estas primeras asociaciones excluían a peones y ayudantes y eran esencialmente masculinas. En la década de 1850, aunque algunos oficios continuaron con esta práctica, se asociaron nuevos oficios textiles y de otros sectores tanto tradicionales como nuevos, con el resultado neto de que grupos significativos de peones, de mujeres y de trabajadores de las nuevas máquinas se incorporaron al sindicalismo.[61]Como puede verse en los cuadros 2 y 3, en el caso de los distintos grupos de tejedores el sindicalismo, más que incentivar la apertura a los trabajadores menos cualificados, reflejó los cambios que se producían en el tejido productivo, sin alterar las «viejas» «tradiciones».[62]En las décadas de 1830 y 1840, los tejedores manuales eran un grupo básicamente masculino, mientras que las mujeres estaban relegadas a las tareas auxiliares. A mediados de la década de 1850 esta realidad se había visto sustancialmente alterada, pero las asociaciones de tejedores continuaron con la exclusión de las mujeres, siguiendo con lo que había sido el «ideal» del oficio. El tejido mecánico, en cambio, era un oficio «nuevo» que había sido desde el principio mucho más feminizado. En él, las mujeres eran aceptadas en las asociaciones, aunque eran los varones quienes ejercían los roles dirigentes.

Cuadro 2. Exclusión de las mujeres y del trabajo auxiliar en los oficios «viejos», 1854-1856: Los tejedores manuales de Vic (comparación nominal)

Cuadro 3. Inclusión de las mujeres y del trabajo auxiliar en los oficios «nuevos», 1854-1856: Los tejedores mecánicos de Barcelona y su llano (comparación numérica )

Esta heterogeneidad en la composición social del sindicalismo tenía, hasta cierto punto, su reflejo en las remuneraciones. Dos estimaciones sobre la estructura social de los trabajadores barceloneses proporcionan imágenes bastante parecidas. En ambos casos, alrededor de la mitad (40-50%) de todos los trabajadores y trabajadoras quedaba por debajo de la media de ingresos anuales (cercana a los 2.000 reales). Sólo una minoría (5-6,5%) no llegaba a los 1.000 reales; la mayoría (40-50%) se situaría entre los 2.000 y los 3.000 reales, y sólo una exigua minoría (2-3%) superaría los 3.000 –Ildefons Cerdà consideraba que 3.100 reales era el mínimo para que un trabajador pudiera mantener a su esposa y dos hijos, suponiendo un leve ingreso de ella–.[63]La imagen que resulta del sindicalismo, en cambio, es más compleja. En ambas estimaciones el porcentaje de trabajadores y trabajadoras con muy bajas (menos de 1.000 reales) o muy altas (más de 3.500 reales) remuneraciones es muy reducido (menos del 1% en cada caso) y la mayoría se encontraría entre las remuneraciones medias-altas (2.000-3.000 reales). Sin embargo, mientras que en una estimación el grueso del sindicalismo (cerca del 90%) sería un grupo relativamente homogéneo en cuanto a sus remuneraciones (entre los 2.000 y los 3.000 reales), en la otra estimación se trataría de una realidad más heterogénea, con algo más de la mitad entre las remuneraciones medias-altas, algo más del 30% entre las medias-bajas (1.000-2.000, aunque con una acusada concentración a partir de los 1.500 reales) y con el 10% con remuneraciones altas (3.000-3.500 reales). Aunque no puede decirse, pues, que el sindicalismo barcelonés fuera sólo una aristocracia obrera, se trata siempre de un grupo situado en general por encima de la media.[64]En todo caso, la imagen de una realidad relativamente heterogénea se refuerza si tenemos en cuenta datos sobre alfabetización entre los firmantes de la Exposición de la Clase Jornalera a las Cortes de 1855. El 31,4% de los hombres firmaban correctamente, con lo que suponemos que sabían leer y escribir, y el 8,5% lo hacían de manera precaria (dibujando o sólo escribiendo, sin firmar). No firmaban, sino que un compañero lo hacía por ellos, el 60,1%, que consideramos analfabeto. Entre las mujeres, el analfabetismo era mucho mayor, puesto que no firmaban directamente el 98,15% de ellas. Así pues, desde este punto de vista, el sindicalismo se encontraba escindido entre una minoría masculina alfabetizada, que era la que detentaba la mayor parte de los puestos dirigentes, y una mayoría, fuertemente feminizada, analfabeta.[65] En definitiva, la estrategia reformista reunía a un grupo bastante variado de trabajadores y trabajadoras, con salarios, experiencias laborales y tasas de alfabetización bastante distintas, lo que hace difícil vincularlos con una situación social específica.

SINDICALISMO Y LIBERALISMO AVANZADO: EL REFORMISMO DEMOCRÁTICO

Defino como «reformismo democrático» aquellos proyectos que ofrecían al mismo tiempo reformas sociales y derechos políticos y que constituían un modelo de integración relativamente activa de los sectores populares.[66]Tales proyectos se elaboraron a partir de diversos puntos de encuentro desarrollados entre el sindicalismo reformista y los grupos progresistas y demócratas.

En la primera mitad del siglo XIX, la cultura de cada oficio, que daba coherencia interna y era signo de diferenciación, era muy potente, como muestra el amplio uso del término clase para definir a cada uno de los oficios. Al mismo tiempo, sin embargo, ya en 1840-1843 se hicieron los primeros ensayos de sindicalismo general, que tendrían continuidad en 1854-1856 y en el Sexenio. Fue en el contexto de este sindicalismo general (aunque en estrecha relación con las culturas de oficio preexistentes) y en íntima conexión con el liberalismo cuando se teorizó sobre la estructura de clases de la sociedad y cuando se elaboraron proyectos coherentes de reformismo social. En este proceso se avanzó hacia la consideración de que las distintas «clases» de trabajadores formaban un grupo con unos mismos intereses y que éstos eran opuestos a los de los maestros y fabricantes. Aprovechándose de su preeminencia económica y política, maestros y fabricantes conseguían una distribución desigual de los beneficios de la «industria» hasta el punto de reducir a los trabajadores a unas ínfimas condiciones de vida. Lo que debía hacerse era restablecer la «armonía» perdida, de forma que la distribución de las ganancias fuera equitativa (puesto que los trabajadores aportaban la «inteligencia» al proceso productivo) y se respetase la dignidad de los trabajadores. El sistema político debía garantizar la existencia de los mecanismos necesarios (sindicatos, comisiones mixtas, derecho de huelga) para que la negociación en el mercado fuera equilibrada. Esta perspectiva se impuso en la Barcelona del Trienio esparterista gracias a la potente presencia pública de las asociaciones, de manera que, en el contexto de la lucha política en Barcelona, se consolidó un modelo de reformismo democrático, compartido por progresistas, demócratas y sindicalistas, consistente en el derecho de asociación y de huelga y derechos de (al menos cierta) participación política.[67]De forma incipiente durante el Trienio esparterista (en algunos aspectos como la atención a los trabajadores inválidos) y de forma muy clara en el Bienio progresista, a este programa se añadía otro de «legislación social» que incluía un máximo de 10 horas de trabajo fijadas por ley, inspección de las autoridades de los lugares de trabajo para garantizar su salubridad, escuelas gratuitas industriales para los obreros y guarderías para sus hijos y la prohibición del trabajo infantil antes de los 10 años –legislación que, muy probablemente, sólo tenía apoyos políticos claros entre los demócratas–.[68]Así, con aportaciones teóricas procedentes del owenismo y del fourierismo, el progresismo superó durante el Trienio esparterista su «liberalismo utópico», que suponía que la sola existencia de la libertad política, garantizada por la Constitución de 1837, permitiría a todos los individuos alcanzar sus objetivos y esta vertiente social, reforzada con elementos procedentes de Lamennais y del republicanismo francés, fue ya inseparable de las fracciones demócratas y republicanas que se consolidarían a partir de 1841.[69]Cuando el socialismo tomó cuerpo en España, más allá de influir solamente entre los grupos liberales y republicanos, sus propuestas no fueron vistas necesariamente como contrapuestas al reformismo aquí analizado. El Pi y Margall de 1857, por ejemplo, defendía la asociación de los trabajadores a corto plazo y el Banco del Pueblo como solución a los problemas de las «clases jornaleras» a medio-largo plazo.[70]

Otro punto fundamental fue la defensa del proteccionismo, lo que, al mismo tiempo, abría la puerta a la colaboración con otros grupos sociales y, en particular, con los fabricantes. Finalmente, la persistencia del modelo reformista no se basaba en la subordinación de los trabajadores a progresistas o demócratas, sino en un difícil equilibro entre la deferencia de los primeros y la utilidad de los segundos. Así, en el Trienio esparterista, el progresismo aceptó el carácter sindical de las asociaciones pero exigió deferencia y fidelidad –unas contrapartidas, por otra parte, no siempre obtenidas–. Para garantizarse su apoyo, el progresismo tuvo que mostrarse «útil». Y así lo hizo al luchar por el mantenimiento de la tolerancia de las autoridades superiores hacia los sindicatos, radicalizar su discurso para aceptar sus reivindicaciones y proporcionar en 1842 un crédito de 7.000 duros a la Asociación de Tejedores sin ninguna contrapartida ni seguridad real, lo que sólo puede entenderse como el intento de establecer un vínculo clientelar con ella. Las asociaciones, a su vez, mostraron su adhesión al progresismo oficial, pero inauguraron una larga tradición de apoliticismo que consistía en no participar en ningún acto de oposición al Gobierno, conscientes de su debilidad legal y, dada su estrategia reformista, de la necesidad de establecer puentes de diálogo con el poder.[71]

La consecución de la armonía como objetivo central era una perspectiva que consolidó durante mucho tiempo la estrategia reformista y que diferenció notablemente este período del que se abrió a partir de la década de 1870, con su lenguaje de guerra a muerte entre capital y trabajo. Efectivamente, la «armonía» exigía el reconocimiento no sólo de la existencia de la «otra parte» (el empresariado), sino el reconocimiento de que ésta también tenía derechos. En consecuencia, el objetivo de la acción sindical no podía ser la sustitución o la subordinación del capital, sino la negociación para llegar a un acuerdo «justo» para todos. En el reformismo antidemocrático, los trabajadores, los hombres carentes de propiedad, dependían para ganarse la vida de los propietarios y, en la medida en que no gozaban de libertad plena, tampoco reunían las características del individuo (varón) plenamente humano, libre, racional y autónomo, lo que los excluía de todo derecho político.[72]En el reformismo democrático, en cambio, los trabajadores tenían derecho a que se respetara su plena dignidad humana y, lejos de ser dependientes de los propietarios, eran parte imprescindible del proceso productivo.[73]El mito de la unión liberal,[74]que hermanaba a todos los amantes de la libertad, y el ideal gremial de la unión de todos los productores[75] reforzaban probablemente esta interpretación. Tal punto de partida hizo al reformismo poco vulnerable a la que sin duda era una de sus más importantes dificultades, la persistente negativa de la «otra parte» a aceptarla. La idea de la armonía, sin embargo, no determinaba fatalmente el tipo de acción que debía ser desarrollado. Así, en la década de 1860 una parte de la organización obrera condenó la «resistencia» y la huelga y exaltó el cooperativismo. En la década de 1840, en cambio, «resistencia» y «cooperativismo» nunca fueron vistos como opuestos y en ningún momento de la década siguiente se cuestionó la huelga como forma de negociación. Al mismo tiempo, el concepto obrero de «armonía» era muy distinto del de los fabricantes, quienes simplemente entendían por él la hegemonía absoluta del capital sobre el trabajo.[76]

La estrategia reformista, sin embargo, nunca pudo imponerse, excepto en breves períodos de tiempo, altamente inestables políticamente, por lo demás. Una primera causa de esta impotencia fue la debilidad de la organización obrera en el conjunto del Estado. A excepción de Cataluña, la organización obrera era inexistente durante la Regencia esparterista y muy débil durante el Bienio progresista. En 1855, las firmas recogidas en la Exposición de la Clase Jornalera Española a las Cortes fueron de 1 por cada 468 habitantes en el conjunto de España, mientras que en Cataluña significaban 1 por cada 75 habitantes (y 1 por cada 35 en la provincia de Barcelona). Las pocas provincias que se encontraban por encima de la media española se situaban a mucha distancia de Barcelona: Sevilla (1/102), Málaga (1/227), Valladolid (1/244), Navarra (1/260) y Alicante (1/296).[77] La acusada concentración de la actividad obrera en Cataluña, por otra parte, fue utilizada de forma recurrente por los gobiernos españoles para aislar la conflictividad, presentándola como algo específicamente catalán, de manera que tanto los movimientos sociales como la problemática asociada a la existencia de la industria fueron muy pronto asimilados a una genérica «cuestión catalana».[78]Una segunda causa fue la debilidad, en el conjunto español, de los sectores progresistas y republicanos que le daban apoyo. Efectivamente, la hegemonía de estos sectores en Cataluña en los momentos revolucionarios permitía arrancar determinadas concesiones a las autoridades delegadas del Gobierno español en Cataluña, o incluso al propio ministerio, pero nunca consiguieron ni tan siquiera el diseño de una política social gubernamental, ni en 1840-1843 ni en 1854-1856. Incluso el proyecto de ley sobre la «cuestión industrial» de 1855, al que tantos esfuerzos dedicaron los dirigentes obreros y que nunca vio la luz, era, en esencia, un catálogo de medidas represivas, puesto que impedía la organización obrera autónoma, dotaba de carácter público a las relaciones jerárquicas existentes en el interior de las fábricas (por ejemplo, penaba toda falta de respeto a un superior) y establecía los jurados y no las comisiones mixtas como mecanismo negociador entre trabajadores y fabricantes. Las únicas medidas sociales fueron la limitación del horario de trabajo de los niños de 8 a 12 años a media jornada (y el de los jóvenes de entre 12 y 18 años a 10 horas diarias) y el establecimiento de indemnizaciones para los trabajadores accidentados cuando la causa pudiera atribuirse al empresario, que sufragaría el coste de aquéllas.[79]

Por otro lado, la propia hegemonía de los sectores progresistas reformistas en Cataluña era precaria, no sólo por la importancia del moderantismo, sino también porque fracciones progresistas como las representadas por A. Seijas Prado (que sería director de El Constitucional y después de La Ley) o Joan Vilaregut eran reticentes al reformismo democrático que se concretó durante la Regencia de Espartero. Vilaregut, por ejemplo, consideraba que el conflicto entre trabajadores y fabricantes era artificial; acabó rompiendo con la fracción hegemónica del progresismo después de que ésta abandonara en gran parte el lenguaje del pueblo por el lenguaje de clases, que identificaba a los moderados con los intereses de los fabricantes y a los trabajadores con los progresistas. Durante el Bienio progresista el diario El Barcelonés se mostró mucho más favorable que El Constitucional a las demandas obreras y casi todos los diputados catalanes se mostraron hostiles a las reivindicaciones de los trabajadores.[80]

Finalmente, no deben olvidarse las contradicciones existentes en el seno del propio modelo. Tres eran especialmente destacables. La primera era la existente entre la defensa del «orden» por parte del progresismo y la actividad huelguística de las asociaciones, que durante la Regencia esparterista se resolvió con la aceptación de ésta por parte del progresismo y que culminó con la acusación a los fabricantes de ser los culpables de los alborotos al negarse a toda negociación. La segunda contradicción se encontraba entre la defensa progresista de la innovación técnica (y, especialmente, de la mecanización) y el rechazo de los sindicatos a los cambios en la fuerza de trabajo (su número y su composición) y en el conjunto de las relaciones laborales que implicaba su aplicación práctica por parte del empresariado. Tal contradicción se mantuvo latente durante la Regencia, fiando a la negociación colectiva la construcción de un punto de equilibrio entre la mecanización, la autoridad patronal en la empresa y una remuneración «justa» para los trabajadores. Durante el Bienio progresista este equilibrio fue desbordado por una fracción de trabajadores (especialmente, hiladores) dispuestos a detener la innovación técnica (e, insisto, la reordenación laboral que implicaba) por la vía ludista;[81]si bien muchos otros trabajadores y trabajadoras aceptaban la dinámica impuesta en la década de 1840 que llevaba a los sindicatos a renunciar progresivamente al control sobre el proceso de trabajo y a dedicar los esfuerzos a la negociación salarial. Ante tal desbordamiento, el progresismo acentuó sus exigencias de orden público y se mostró mucho más reacio ante la autonomía del mundo obrero.[82]Así, su prensa, tanto la que se declaraba heredera de la insurrección centralista de 1843,[83]como El Constitucional, como la que lo rechazaba por «exagerado», caso de El Barcelonés, siguió las pautas de 1840-1843 y defendió la organización obrera y la concertación social a través de las comisiones mixtas en un contexto de desarrollo capitalista y de cambio técnico en el que el ludismo, por supuesto, no tenía cabida. Desapareció de ella, sin embargo, la relativa imposición de límites a la reordenación laboral unilateral por parte de los fabricantes, que en algún momento encontramos a inicios de la década de 1840 (cuando El Constitucional, por ejemplo, consideraba una «extravagancia» obligar a los obreros a trabajar en las fábricas con un horario rígido). Aunque tanto el proyecto progresista como el demócrata implicaban la transformación de una cultura popular considerada violenta, desordenada e indisciplinada en sus diversas facetas, desde el ocio hasta el trabajo,[84]el reformismo social democrático pasó cada vez más a ser patrimonio del republicanismo, hecho bien patente ya durante el Sexenio Democrático.[85]

En último lugar, había una contradicción de fondo entre el proyecto interclasista por definición de progresistas y demócratas y el clasismo que desde muy pronto impregnó al sindicalismo general. La clara tendencia existente en 1840-1843 a considerar que todos los trabajadores tenían unos problemas idénticos y que, en definitiva, formaban un sujeto colectivo que actuaba de forma coherente fue intensificada durante el Bienio progresista con el amplio uso por parte del sindicalismo de la expresión «clase obrera» para denominar a todos los trabajadores. Desde esta perspectiva, la «clase obrera» fue una creación del sindicalismo para superar las diferencias entre oficios y la creciente heterogeneidad del movimiento, dando así más solidez a las incipientes experiencias de sindicalismo general. Se habría de conseguir con eso una mayor eficacia para la actividad sindical a pie de fábrica y una mayor capacidad de negociación con las autoridades. Ante esta estrategia, el progresismo del Trienio esparterista aceptó la existencia de diferencias sociales en el seno del pueblo y utilizó cada vez más un lenguaje clasista que ponía el énfasis en la contradicción entre

«trabajadores» y «fabricantes» o «maestros» y que hacía depender la política de este binomio, aunque no respondiera a las bases sociales de los diferentes grupos políticos. En aquel contexto, la dinámica política fue un motor fundamental en la creación de la «clase obrera». En 1854-1856, en cambio, las cosas fueron bastante distintas. El lenguaje de la clase obrera fue una iniciativa exclusivamente sindical dirigida especialmente hacia sus propias bases, puesto que tanto el lenguaje dirigido a las autoridades y al público en general como el de importantes colaboradores del sindicalismo, como Pi y Margall, era bastante más matizado.[86]Y la prensa progresista –de forma coherente con sus mayores precauciones hacia el mundo obrero–, aún dando su apoyo a la concertación social, rehuyó el lenguaje clasista y mantuvo el del pueblo.[87]

Con todo, la razón fundamental del fracaso del reformismo democrático fue no sólo la indiferencia u hostilidad gubernamental, sino la firme oposición de los patronos, que optaron una y otra vez por la represión. Tal actitud no implicaba, sin embargo, que carecieran de todo proyecto reformista.

EL REFORMISMO ANTIDEMOCRÁTICO

Defino como «reformismo antidemocrático» aquellos proyectos que ofrecían determinadas reformas sociales conducentes a la mejora del nivel de vida de los trabajadores, al tiempo que, sin embargo, les negaban los derechos políticos y cualquier forma de organización autónoma. Estos proyectos fueron los propios del moderantismo y del conservadurismo, si bien también los encontramos en el ala derecha del progresismo.

Sin embargo, el primer proyecto reformista antidemocrático que conocemos fue elaborado en 1835-1837 por el grupo saint-simoniano que encabezaba Joseph Andrew de Covert-Spring, quien, al mismo tiempo, fue su mejor exponente.[88] Periodista y literato liberal, romántico y fuertemente influido por el saint-simonismo, en los críticos años de las «bullangas» elaboró un proyecto de transformación del Estado que, aun teniendo muchos puntos de contacto con lo que sería la Constitución de 1837, le llevó a alinearse de forma cada vez más decidida con los moderados barceloneses, puesto que consideraba que la ciudad condal y el conjunto de España corrían el riesgo de caer en manos de los partidarios de mantener la Constitución de 1812, que se identificaba con la «anarquía» y el desgobierno. Covert-Spring veía en el atraso económico precapitalista y en la dependencia de los trabajadores respecto de sus empleadores –que les hacía ser muy frágiles ante los caprichos de éstos o ante las crisis– las razones de las ínfimas condiciones de vida de los pobres. Hablaba, así, de «populacho», de «trabajadores», de la «plebe de los arrabales y buhardillas» (con un lenguaje mucho más próximo a la idea de pueblo menudo que a la de proletario), pero veía a todos estos sectores como una fuerza de trabajo homogénea, sometida a los caprichos de la economía y de los empleadores, pobre y degradada «moralmente», presta a dejarse arrastrar por los alborotadores o por los carlistas, fuente de criminalidad y dificultad insuperable para que la sociedad pudiera progresar de forma sostenida. Razones humanitarias, religiosas –concebía a los hombres como hermanos según las enseñanzas de Jesús– y «prácticas» –evitar la revolución y la reacción y permitir el progreso social– le llevaban a proponer un amplio plan de reformas. La mejora del nivel de vida del «pueblo» a través del crecimiento industrial en una economía que en el futuro debería estar adecuadamente «organizada» debía iniciarse con reformas más concretas que deberían realizarse a través del instrumento necesario del Estado constitucional: la finalización de la guerra civil, las obras públicas y los asilos para «pobres y desvalidos». Así, el crecimiento evitaría las crisis y, en caso de producirse alguna, unas mínimas redes de protección social limitarían sus efectos, al mismo tiempo que atenderían a los más «desvalidos». Por otro lado, era necesaria la «moralización» e instrucción del pueblo a través de la educación primaria obligatoria y el control de los libros inmorales y de la prensa. Con medidas como éstas se conseguiría, en el futuro, la «emancipación» del pueblo y, por tanto, sería posible su plena integración como ciudadanos en la nueva sociedad. Mientras tanto, sin embargo, «todo debe hacerse para él, pero muy poco todavía por él»; es decir, la participación democrática del pueblo no era parte de la solución, sino del problema, puesto que, para tener éxito, el Estado debía ser guiado por los «más capaces», de ahí el pánico ante la Constitución de 1812, que permitía un sufragio a su parecer excesivamente amplio.

Las ideas fundamentales de Covert-Spring las encontramos desarrolladas posteriormente en El Corresponsal, el periódico moderado financiado por la patronal algodonera entre 1839 y 1844,[89]mientras que el resto del moderantismo prestó mucha menos atención a estos problemas, con alguna excepción como Jaume Balmes (eclesiástico dispuesto a lograr una transacción entre el liberalismo y el carlismo), quien, a partir de argumentos muy extendidos en la economía política inglesa (Malthus, Wakefield), afirmó que el desarrollo industrial, al acentuar la distribución desigual de la riqueza y facilitar el aumento de población, sumergía a la «clase pobre» en el «estado de abatimiento, postración y miseria» que ya era observable «en las naciones que se jactan de marchar a la cabeza de la civilización». En Cataluña, por encontrarse la industria en su fase inicial, esta situación sólo se daba de forma coyuntural cuando se producía alguna crisis (o podía darse si se concedía un tratado de comercio librecambista), pero entonces los parados servían de fuerza de choque a los revolucionarios, puesto que, al menos en Barcelona, la «masa de las clases bajas», igual que los «artesanos», estaba «totalmente dispuesta a favor de las ideas revolucionarias».[90]Aunque Balmes se consolaba pensando que la expansión industrial produciría a la larga suficiente empleo para todos, defendía que sólo una política activa de bienestar social (que resumía en su frase, de indudable influencia benthamita, «hacerlos buenos y hacerles bien») podía proporcionar la necesaria estabilidad social y política.[91]

El pensamiento de El Corresponsal coincidía con el de Covert-Spring, al considerar que una constitución parecida a la de 1837 era una precondición para el crecimiento económico y el progreso. También veía toda intervención política o sindical popular autónoma como perjudicial. Compartía, por último, el proyecto reformista de mejora del nivel de vida de los trabajadores y de sus familias y su «moralización» e «instrucción» en los conocimientos técnicos necesarios y en las virtudes del liberalismo, el sistema de fábrica y la propiedad privada. Considerando el trabajo como el valor supremo, debía velarse para «desinfectar la parte corrompida» de las «clases pobres» (a través de un nuevo sistema carcelario que reformara a los delincuentes) e «impedir la infección de la parte sana» con «instrucción y trabajo» para los que pudieran trabajar y con un sistema de beneficencia para los que no pudieran hacerlo (viejos, menores de 7 años, locos...). La instrucción y el trabajo se conseguirían con una reforma y extensión del sistema educativo, con una política de fomento de la industria y la agricultura y con un plan de obras públicas. Las instituciones de beneficencia deberían sufragarse con sus propios bienes, con la aportación del Estado, un sistema de rifas y la caridad privada. Montes de piedad, cajas de ahorro y asociaciones de socorros mutuos incentivarían el ahorro y proveerían medios ante las crisis y los gastos de enfermedad y muerte, mientras que la abolición del impuesto de consumos abarataría el coste de la vida. El proyecto de CovertSpring se despojaba así de su vertiente utópica, del carácter desarrollista que creía en la mejora humana y del cosmopolitismo, sustituido por un nacionalismo español culturalista y organicista. Se adaptaba plenamente al pensamiento moderado –además de ser asumido también por el ala derecha del progresismo, como Joan Vilaregut.[92]

A lo largo de la Década moderada, el orden público se convirtió en una prioridad absoluta tanto para las autoridades como para las elites catalanas. Después de un primer período esencialmente represivo para acabar con la efervescencia política y sindical desarrollada entre 1840 y 1843, la revolución europea de 1848 estimuló de nuevo las reflexiones sobre cómo construir nuevas formas de consenso social que fueran más allá de la simple represión,[93]si bien con grandes dosis de continuidad respecto a la Regencia de Espartero –a excepción de las nuevas referencias al peligro socialista y comunista, ausentes con anterioridad–. Así, el periódico El Bien Público, financiado por la patronal algodonera en 1849-1850, podía afirmar que debían inculcarse «hábitos de orden y obediencia» a las «clases menos acomodadas», puesto que «sin saber obedecer, no hay autoridad posible, no hay freno para la licencia, no hay fuerza capaz de contrarrestar las oleadas de las revoluciones»,[94]y, de forma parecida a El Corresponsal, defendía la necesidad de una instrucción que desde la más tierna infancia introdujera los ya citados hábitos de orden y obediencia (aunque, como novedad, aceptaba que la instrucción de las clases pobres debía ser lo más amplia posible), una beneficencia que atendiera a los necesitados y un sistema carcelario que permitiera la reinserción social de los penados.[95]Con menos precisiones sobre qué acciones concretas llevar a cabo, desde el periódico El Locomotor, que agrupaba a hombres que ya se estaban perfilando como las primeras espadas del conservadurismo catalán, como Manuel Duran y Bas, Estanislao Reynals y Rabassa o Joan Mañé y Flaquer, se defendía la necesidad de combatir el socialismo con los valores de la religión, la familia y la propiedad y con crecimiento económico y orden público.[96]En este contexto, beneficencia, instrucción y un adecuado sistema carcelario eran, otra vez, elementos esenciales con que precaver la «revolución social» que amenazaba con una «explosión espantosa».[97]

Fue, en todo caso, desde el higienismo desde donde en estos años se defendió un modelo de reformismo social más amplio y coherente, siendo su máximo exponente Pedro Felipe Monlau. Éste, de acuerdo con sus orígenes progresistas y demócratas, presentaba en su plan de higiene industrial (1855) alguna característica del modelo reformista democrático, como su pesimismo ante la obra social de los gobiernos españoles o una mayor limitación que los proyectos oficiales en el trabajo de los niños: frente a una vida laboral que se iniciaba a los ocho años de edad, Monlau proponía los diez, si bien aceptaba un trabajo para ellos de media jornada y 10 horas de trabajo para los chicos de 12 a 16 años –aspectos, ambos, rechazados por la crítica democrática y sindical del proyecto de ley de 1855–. Sin embargo, el conjunto del trabajo puede incluirse en el modelo de reformismo antidemocrático, ya que, a pesar de estar escrito en 1855, aceptaba no sólo la visión liberal de la sociedad (la desigualdad natural, la necesidad de la jerarquía o el maquinismo), sino que rechazaba de plano elementos fundamentales del reformismo democrático como el derecho de asociación sindical, la negociación salarial o la limitación de la jornada de trabajo para los adultos, sin hacer mención alguna a los derechos políticos en las «soluciones» a la situación de los trabajadores (que consideraba «lastimosa») y rechazando los «sistemas filosóficos» en favor de las «creencias religiosas» puesto que sólo éstas «satisfacen el espíritu y consuelan el corazón».[98]

Si la historiografía ha presentado frecuentemente el proteccionismo como la preocupación fundamental de la burguesía catalana, hay suficientes elementos, pues, para defender que, en la primera mitad del siglo XIX, lo que se defiende desde las instancias próximas a la patronal algodonera es todo un proyecto de industrialización para Cataluña y para España,[99]en el que, sin embargo, las cuestiones de orden social eran inseparables de las más estrictamente económicas. Como ha señalado Josep Maria Fradera, el poder económico de la burguesía catalana no tenía una traducción directa como poder social a causa de sus malas relaciones con el Estado y la desafección de estratos muy amplios de la propia sociedad catalana; y las opciones culturales que tomó sólo pueden ser entendidas desde el miedo y la angustia que tal situación provocaba.[100]No hay dificultad en documentar los amplios recelos que el proceso de industrialización provocaba en ambientes gubernamentales e intelectuales españoles.[101]Es discutible, sin embargo, que la incapacidad de afrontar la «cuestión obrera» como algo más que un problema de orden público pueda ser deducida sin más del carácter agrario y preindustrial de estas elites, como ha hecho frecuentemente la historiografía, puesto que era toda movilización popular, pacífica o violenta, la que era conceptualizada única y exclusivamente como problema de orden público.[102]Fue así como los gobiernos trataron fenómenos tan diversos como el bandolerismo valenciano, las insurrecciones liberales o progresistas y las bullangas (catalanas o no), el sindicalismo o las reivindicaciones campesinas andaluzas. La legislación fue escasa pero contundente: el Código Penal de 1848 declaró ilícita toda reunión de más de veinte personas que se hiciera sin el consentimiento de la autoridad y castigaba todo intento de «coligarse» para «encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo, o regular sus condiciones».[103]

Esta política no era muy diferente de la que existía en otros países. En Francia, la Ley Le Chapelier (1791) prohibió la coalición obrera y la huelga, y el código civil estableció la primacía de los patronos sobre los obreros. El derecho de huelga no será reconocido hasta 1864 y el de asociación sindical hasta 1884, con momentos álgidos de represión como en 1834 en Lyon, 1851 o 1871. El nuevo Reino de Italia prohibió en 1864 sindicatos y huelgas, y la legislación no se suavizó hasta cerca de 1890. En Austria-Hungría, el derecho de asociación sindical no se reconoció hasta 1870, pero la actuación policial represiva continuó siendo frecuente. En la década de 1860 el derecho de huelga y de sindicación fue reconocido en algunos estados alemanes (primero en Sajonia y después en toda la Confederación de Alemania del Norte), pero las leyes antisocialistas del nuevo Estado alemán (1878-1890) limitaron la sindicación de algunos grupos de trabajadores y legalizaron la intervención de la policía y del ejército contra los huelguistas. Sólo en Inglaterra los sindicatos fueron legalizados en fecha temprana (1825), aunque se mantuvieron penas severas contra todo tipo de «violencias» o «intimidaciones», podían ser acusados de imponer restricciones a las relaciones comerciales, no tenían seguridad jurídica suficiente para sus fondos y podían ser perseguidos con otras leyes como la que condenaba la prestación de juramentos.[104]

¿Fue esta política represiva de los gobiernos españoles y su raquítica política social una de las causas del creciente distanciamiento respecto de la burguesía catalana como lo fueron los desacuerdos en la política arancelaria, la inexistencia de iniciativas de fomento industrial o la creciente retórica que asimilaba los proyectos industrialistas a mero egoísmo regional catalán?[105]

Las políticas sociales llevadas a cabo en otros países pueden dividirse en tres grupos: legislación social, asistencia/represión de la pobreza y la «moralización», que incluía incentivos para el ahorro, el socorro privado o colectivo y una cierta instrucción. La legislación social se inició en Gran Bretaña con reducciones sucesivas de la jornada laboral de los menores (1788, 1802, 1804, 1819, 1825-1831, 1833, 1847, 1850) o las mujeres (1847 y 1850), la prohibición del trabajo femenino y de los menores en determinadas circunstancias (en las minas en 1842) y la limitación del pago en especie (1831) –aunque esta legislación solía limitarse a industrias o tipos de fábricas concretas y frecuentemente no se aplicó–. En el resto de Europa sólo se avanzó, y sólo en ciertos países, en la protección de los menores a partir de mediados de siglo (en Prusia en 1839 y en Francia en 1841), y en Alemania en la limitación del pago en especie (1794, 1828, 1849). En algunos casos, la reglamentación de actividades peligrosas benefició a los trabajadores (Prusia, 1845; Bélgica, 1849). En cuanto a la «asistencia» a la pobreza, el modelo más desarrollado fue el británico, que, a través de la Ley de Pobres de 1834, buscó convertirla en algo mucho menos deseable que el trabajo asalariado y era, por tanto, una ley muy restrictiva en cuanto a las ayudas que proporcionaba, además de pretender encerrar a los pobres válidos para el trabajo en workhouses. Ante las escasas ayudas que proporcionaba el Estado, florecieron las sociedades de socorros mutuos en casi toda Europa. En cuanto al desarrollo de la instrucción primaria y la alfabetización general de la sociedad, el sur y el este de Europa presentaban tasas muy inferiores a las del norte del continente.[106]

En España, en el campo de la regulación del trabajo coincidieron la oposición patronal y la nula iniciativa legislativa del Estado (a excepción del proyecto de ley ya citado del Bienio progresista que seguía las tendencias europeas).[107] En la asistencia-represión de la pobreza, las diputaciones y los ayuntamientos sustituyeron en gran parte a la Iglesia y aunque la historiografía actual destaca lo «raquítico» de tal asistencia, dado que se limitó y sólo de forma deficiente a los individuos que no podían trabajar ya fuera por edad o por su condición física, no parece que sus resultados se alejaran demasiado del proyecto reformista antidemocrático. Efectivamente, en 1858 y 1859 casi todas las provincias españolas tenían al menos un hospicio y una casa de maternidad, y todas tenían al menos un hospital, además de otros 800 que se repartían en poblaciones subalternas, y un sistema de atención domiciliaria –en Barcelona con un sistema de financiación no muy distinto del que se defendía desde El Corresponsal–, aunque algunos informes médicos cuestionaran seriamente tanto las condiciones como la eficacia de este sistema hospitalario. En los aspectos «moralizadores», lentamente comenzaron a instalarse cajas de ahorro (en Barcelona en 1844, con el patrocinio de la Sociedad Económica, la Diputación, la Junta de Comercio y el Ayuntamiento, con unos 1.400 imponentes en 1846 y 10.000 en 1858; en 1859 en Sabadell), cuyos clientes principales fueron «artesanos y jornaleros». La red de sociedades de socorros mutuos barcelonesa cubría, entre 1835 y 1854, al 20% de la población masculina mayor de 16 años, y al 30% en 1864. La reforma carcelaria, en cambio, fue inexistente y los progresos del sistema educativo primario, muy limitados.[108]Ante este panorama ambivalente –y en algunos casos, situado muy por detrás de otros países europeos–, es bastante posible que la población bienpensante creyera que los progresos hechos eran suficientes, aunque en ocasiones se reclamara una mayor participación del Estado. Así, ya a mediados de la década de 1840 el Diccionario Geográfico... de Pascual Madoz recogía una valoración bastante positiva de los establecimientos de beneficencia barceloneses.[109]En 1849-1850, El Bien Público consideraba que si bien la educación secundaria, superior e industrial era manifiestamente mejorable (y alababa el proyecto de reforma de las escuelas normales que acababa de presentar el Gobierno), en instrucción primaria «puede decirse que han alcanzado un verdadero éxito los esfuerzos del gobierno», siendo los resultados obtenidos «excelentes»; en materia de prisiones, se aceptaba que nada se había hecho, pero se celebraba la ley que acababa de aprobarse sobre el tema; respecto a la beneficencia, se afirmaba que en algunos aspectos «nada existe» pero en cambio se mostraba muy satisfecho de la «filantropía individual» ya existente, que siempre había dado, a su parecer, «inagotables recursos». No sólo, sin embargo, se mostraba bastante satisfecho con lo que existía y con lo que se estaba haciendo, sino que sus demandas al gobierno eran bastante moderadas, puesto que «cuando la sociedad por medio de otras instituciones cumple espontáneamente con los altos deberes a que está obligada, el Estado debe limitarse entonces a ejercer una autoridad de tutela y vigilancia» y, puesto que tanto los gastos del Estado como los impuestos debían limitarse al mínimo, no era mucho lo que debía hacer el Estado, excepto una tarea de «suprema inspección» y «suplir las faltas de la caridad individual». Ir más allá era establecer la centralización en el peor sentido del término, es decir, en aquel

que consiste en la manía de ir poniendo a disposición del Estado todas las fuerzas de la sociedad, de cargarle con obligaciones que la sociedad no ha desatendido, de reglamentar funciones que sólo pueden ejercerse con espontaneidad, de administrarlo todo, de sacar, en una palabra, al Estado de sus quicios naturales y de pedirle el imposible de que llene los deberes de la sociedad entera.

Las inversiones para la mayoría de los temas de los que estamos hablando debían ser municipales y, especialmente, particulares –debiendo obtener éstas, al menos en algunos casos, un «rédito mercantil»–. Así, ante el coste de los proyectos de reforma carcelaria, afirmarán primero que «gástense [los millones] en buena hora, pero cuando los tengamos», para acabar felicitándose de que la ley definitiva no hubiera sido una reforma radical ni cara de ejecutar. La prisión de Barcelona, financiada con fondos municipales y gestionada por una comisión, era alabada por su eficiencia económica sin detrimento de las condiciones de vida de los presos. Un nuevo asilo para dementes en Barcelona podría financiarse a través de una sociedad inversora que obtendría beneficios a través de las retribuciones de las «familias pudientes» que ingresaran allí a sus familiares, de las limosnas y de las aportaciones municipales (que se detraerían de su participación en el hospital de origen medieval de la Santa Cruz, criticado por sus nefastas instalaciones y por su sistema de financiación, a través de un teatro privilegiado) y provinciales.[110]

Más crítico con el gobierno se mostraba El Locomotor, pero sus elogios a las tareas educativas y caritativas de las Hermanas de la Caridad, sus críticas al Hospital de la Santa Cruz y sus reiteradas afirmaciones sobre la necesidad de reducir los impuestos y los gastos del Estado (aunque también de redistribuir, aportando algo más a la instrucción primaria), apuntan a una visión del tema no muy distinta de la de El Bien Público.[111]En las duras críticas que en 1856 Mañé y Flaquer hacía a los gobiernos sobre el trato que habían dado a Cataluña, se destacaba la importancia de la «cuestión obrera» –que se confundía con la más genérica de las «turbas» que podían desbordarse en cualquier momento–, pero no parece que se criticara tampoco la tibieza del reformismo social gubernamental. Los «desbordamientos» populares en Cataluña eran atribuidos, además de a causas comunes a todos los países industriales, a la destrucción de las «autoridades naturales» del Principado por parte del centralismo, al haber resultado «pervertido el sentimiento moral, y muertas las creencias religiosas», en parte, por la propaganda socialista y comunista y, en parte, por el propio centralismo y el gobierno despótico de los capitanes generales; y, en último término, se recurría a la «caída del primer hombre» para explicar todos los movimientos sociales. Ante esta situación, las soluciones pasarían por predicar la resignación y el fomento de la «piedad del pueblo y su antiguo amor a las tradiciones del país», por la beneficencia y la caridad, la descentralización de la producción fuera de Barcelona y la exclusión de las fábricas de los «trabajadores de malos antecedentes». La armonización de los intereses de amos y trabajadores se lograría «quizá» con cajas de ahorros instaladas en las fábricas, siempre respetando la «libertad» de unos y de otros (es decir, sin ningún tipo de legislación ni intervención públicas, incluidas las obras públicas que eran rechazadas por «socialistas»).[112]Así, como ya había ocurrido entre 1840 y 1843, las críticas se dirigían, por un lado, a la intervención pública en las relaciones laborales, ya fueran las comisiones mixtas, ya medidas más sorprendentes como la prohibición de las «selfactinas» que el capitán general La Rocha decretó en julio de 1854, ambas consideradas por Mañé como «socialistas».[113]Por otro, el segundo grupo de críticas se dirigía al poco acierto, a su parecer, de las actitudes gubernamentales hacia las asociaciones obreras. Según Mañé, en vez de reorganizar las existentes a partir del modelo gremial, como debía haberse hecho, se habían reprimido de forma grosera, consiguiendo solamente hacerlas clandestinas y facilitando la penetración en ellas de las ideas socialistas. Mañé, en cambio, apostaba por lo que podríamos llamar una «represión flexible», ejercida cuando fuera necesaria,[114] pero que pudiera ser dosificada según las circunstancias, contemporizadora en momentos críticos[115] y complementada con otras medidas que, como puede verse, tenían más relación con el control social que con la mejora de las condiciones de vida. La asistencia social del Estado se consideraba, pues, suficiente. En definitiva, si la revolución era amenazadora, ello se debía a la crisis moral de la sociedad, la indiferencia en religión y el olvido de las tradiciones, y no a las condiciones de vida de los pobres. De ahí que se enfatizara no tanto el reformismo social, sino la «moralización» de la población.[116]

En definitiva, si recordamos que la protección social española de mediados del siglo XIX se caracterizaba por un gasto muy reducido por habitante (3 reales en 1842; 5 en 1858-1860), gestionado sobre todo por las administraciones provincial (75,1% en 1858-1860) y municipal (19,25%), una muy escasa intervención del Estado (5,6%), un grado muy elevado de autofinanciación de cada establecimiento (que llegaba al 49,4% en los gestionados por provincias y municipios), una importante presencia de la beneficencia particular (que en 1859 cubrió al 42,6% de los individuos asistidos) y acusadamente centrada en los pobres alejados del proceso productivo, puede concluirse que los sectores patronales y conservadores catalanes que hemos analizado no sólo no impugnaban este modelo, sino que su liberalismo era un freno evidente a la mayor intervención que en aquellos momentos intentaba el Estado.[117] El caballo de batalla con los gobiernos se encontraba, pues, en el intervencionismo público en las cuestiones industriales y laborales (siempre criticado por la patronal) y en el uso que del monopolio estatal de la violencia hacían las autoridades. Tanto la propia organización del Estado moderado como su aplicación práctica en Cataluña, en continuo estado de sitio y con amplísimos poderes en manos del capitán general de turno, dejaban a los patricios catalanes en la marginalidad política, no sólo reduciéndoles drásticamente las posibilidades de intervención en la gestión de los conflictos sociales, sino también haciéndolos susceptibles de la propia represión del Estado. Así, en 1850, el Gobierno no toleró la candidatura electoral unitaria de moderados y progresistas avalada por la patronal y clausuró el Instituto Industrial de Cataluña –organismo representativo de los fabricantes algodoneros–, que no pudo reabrirse hasta el año siguiente, y con muchas limitaciones, y su periódico, El Bien Público, que ya no volvió a publicarse.[118]

Una explicación adicional requiere la Asociación Defensora del Trabajo Nacional y de la Clase Obrera (ADTNCO), organizada en Barcelona en 1847-1848. Según Roser Solà, surgió como punto de encuentro de ideas progresistas y de un cierto catolicismo social influido por Balmes y se mantuvo cercana al fabricante progresista Joan Vilaregut. Sin embargo, difícilmente puede considerarse como un espacio de transacción entre fabricantes y obreros creado por la patronal, puesto que las relaciones que mantuvo con ésta fueron siempre protocolarias y nunca contó con apoyos significativos entre los fabricantes, aunque las ideas que se expusieron públicamente en su regazo fueron siempre de «unión de todas las clases», entendiendo por esta unión la sujeción de los trabajadores a los patronos, con alguna referencia explícita a Michel Chevalier –hecho que la sitúa entre los proyectos del reformismo antidemocrático y que muestra la impronta que dejó Covert-Spring–. Los dirigentes de las asociaciones ilegales de trabajadores, en cambio, se integraron en ella, buscando un espacio legal desde el que poder reunirse, organizar socorros en caso de enfermedad y mantener puntos de contacto con la patronal o, al menos, con algunos patronos. Del escaso éxito que entre los patricios barceloneses tenían iniciativas de este tipo da cuenta, en primer lugar, su larga gestación, entre octubre de 1847 y junio de 1848, momento en el que finalmente se activó, probablemente en el contexto de la revolución europea de 1848, que provocó en Barcelona la búsqueda de medidas para evitarla. Los meses anteriores se habían sucedido con reuniones y más reuniones, perdiendo el proyecto a valedores importantes como Juan Jaumeandreu y Nicolás Tous (ambos dirigentes de la patronal algodonera), y con una respuesta bastante fría por parte de las diversas corporaciones de la ciudad. Incluso constituida la asociación, los únicos proyectos que pudieron realizarse fueron los promovidos por los propios obreros (especialmente, los socorros ya mencionados) o los que requerían, al parecer, un coste limitado (las clases gratuitas y unas incipientes guarderías). Todos los otros proyectos (por ejemplo, una caja de ahorros o un sistema de ayuda para los trabajadores sin trabajo) no pudieron llevarse a cabo por falta de fondos. Los grandes desertores del proyecto inicial de unión de clases fueron, precisamente, los fabricantes.[119] De forma parecida, la única medida que a lo largo de la Década moderada ha podido ser calificada de ejemplo de gestión compleja de los conflictos sociales –la recaudación de un impuesto para socorrer a los trabajadores y ayudar a las fábricas con problemas en el contexto de la crisis económica y política de 1848– no pudo llevarse a cabo por el rechazo general de los fabricantes a pagar. Éstos se contentaron con medidas bastante más tradicionales, como la suspensión momentánea de las quintas y de algunos impuestos, las obras públicas municipales, el control de los extranjeros y la prohibición de reunión de todo grupo de seis personas o más.[120] Lo que viene a demostrar, una vez más, el escaso interés de la patronal algodonera por el reformismo social y el intervencionismo público.

No parece, finalmente, que en estos años se construyera en ningún momento un frente común patronal-obrero para influir en la política arancelaria, a excepción de la ocasional presentación de algún memorial común y de la persistente retórica de que era todo el pueblo catalán quien defendía en masa el proteccionismo. El único momento en el que parece haber una cierta colaboración se produjo a principios de 1855, cuando, ante el proyecto de reforma arancelaria de Sánchez Silva, diversas organizaciones e instituciones catalanas enviaron comisiones a Madrid para influir cerca del Ministerio. El Ayuntamiento progresista de Barcelona incluyó a un concejal obrero –Ángel Chufresa– entre sus dos comisionados y subvencionó, junto con la Diputación provincial, a otros cuatro comisionados obreros de la Junta Central de Directores de la Clase Obrera –el organismo que coordinaba a las distintas asociaciones de oficio–. En cambio, cuando en octubre del mismo año el proyecto de reforma, que había sido casi desechado, volvió a ponerse en marcha, los sindicatos, reprimidos entonces en Barcelona, rechazaron toda colaboración con los fabricantes, acusándoles de aprovechar la situación para rebajar los salarios –si bien Chufresa volvió a ser comisionado por el Ayuntamiento–.[121] De hecho, el intento de movilización popular fue algo totalmente ajeno a la política patronal durante el período analizado aquí. Si durante la Regencia de Espartero los grupos políticos barceloneses hicieron verdaderos esfuerzos para integrar a fracciones más amplias de la población en la movilización política, en el resto de la etapa aquí analizada predominó la «política de los notables», hecho acentuado por la propia naturaleza del Partido moderado, constituido como una «red clientelar estrecha y cerrada», aunque crecientemente fragmentada en camarillas diversas. Estas camarillas políticas, a su vez, se solapaban con las más estrictamente cortesanas, especialmente las existentes alrededor de María Cristina (con crecientes vinculaciones con los negocios privados), de su marido (oscurantista y clerical) y, de forma incipiente, de la propia Isabel. Era, pues, en medio de una «tupida red de clientelas, con frecuencia cruzadas y extraordinariamente fluidas en sus intereses, composición y actuación» en la que, cada vez más, «nadie pensaba ya en los negocios públicos más que para canalizarlos en beneficio de sus asuntos privados», debía moverse la política de la patronal algodonera catalana para alcanzar sus objetivos.[122] Adaptándose a esta realidad y de forma coherente con el tipo de orientación política que predominó en su seno (moderada o progresista muy poco radical), esta patronal actuó como un grupo de presión que buscaba el favor del Ministerio o de la Corte (a través de diputados, senadores, militares o quien tuviera suficiente influencia) y que intentaba ganarse la opinión pública a través de la prensa [123] –pero la «opinión pública» del período excluía por definición a las masas–. Los primeros intentos de movilización popular, a través de manifestaciones y de recogida de firmas, no se llevaron a cabo hasta 1869, cuando la política estaba avanzando hacia una mayor democratización, sin que por ello desaparecieran las viejas formas de presión.[124]

CONCLUSIONES

Erosionadas las formas de consenso propias del Antiguo Régimen, el «pueblo» devino una fuente de preocupación fundamental para las nuevas elites. Ciertamente, las formas de aproximación a su problemática fueron múltiples y diversas y la propia polisemia del término, heredada del siglo XVIII, muestra cómo el «pueblo» tanto podía ser el mito fuente de toda soberanía como la «turba» incontrolable o el «verdadero pueblo», paciente, trabajador y resignado.[125] En este proceso, las elites urbanas idealizaron al pueblo rural, mientras las clases populares urbanas eran vistas frecuentemente como viciosas, revolucionarias y, por ende, ingobernables. De ahí que, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, el naciente folklorismo fuera en gran parte el intento de apropiación por parte de las elites urbanas de determinadas características de la cultura de las clases populares para definir lo que supuestamente era el «verdadero pueblo» y ofrecerlo como modelo al pueblo real de las ciudades –o, como mínimo, para consolarse con mundos aparentemente apacibles que permitieran evadirse de las consecuencias sociales y culturales que se derivaban de la ciudad industrial–.[126] Esta apropiación de la cultura popular no dejaba de ser una pieza más del proceso mucho más complejo de construcción de una comunidad nacional, que debía establecer un nuevo marco de consenso que subordinara los posibles conflictos existentes entre sus miembros, a través de la invención y/o drástica relectura de la historia de la comunidad y de sus símbolos, y de su posterior difusión a través de medios tan diversos como la escuela, el ejército o la música «popular». Siempre en el contexto de unos proyectos nacionales españoles, el deseo de estabilidad y orden social fue un elemento fundamental para la valoración positiva que de las tradiciones y del pasado catalán idealizado hicieron los conservadores, como hemos visto en Mañé y Flaquer. No puede decirse, sin embargo, que el uso político de este pasado tuviera sólo motivaciones conservadoras. Era, al contrario, patrimonio tanto de moderados como de progresistas y radicales, que lo integraban en sus proyectos políticos y sociales a partir de lecturas bien distintas: modelo de estabilidad social para unos, modelo de libertad para otros; mientras que en el lenguaje sindical las referencias al pasado catalán aparecerán sólo en la década de 1860 a pesar de compartir previamente la visión progresista de las relaciones entre Cataluña y España.[127] Así, los proyectos de nación se relacionaban estrechamente con los diversos modelos de sociedad, de ahí que, desde la década de 1840, se construyera, por un lado, un modelo de integración subordinada de las clases populares que aunaba valores conservadores y religiosos, una concepción culturalista y organicista de la nación y un modelo antidemocrático de reformismo social y, por otro lado, un modelo de integración relativamente activa de estos sectores, que aunaba una concepción más política de la nación y un modelo democrático de reformismo social.

Ante estos proyectos, es evidente que los distintos gobiernos españoles nunca estuvieron dispuestos a gestionar la «cuestión obrera» a través de mecanismos de concertación social, como tampoco estaban dispuestos a hacerlo de forma compleja con ninguna cuestión que antes pudiera ser entendida como de orden público. De ahí que las medidas de reformismo social impulsadas fueran muy limitadas. Las elites catalanas, sin embargo, a excepción de algunos grupos progresistas, tampoco estaban dispuestas a ir mucho más allá. A corto plazo, optaron claramente por la represión y los proyectos reformistas antidemocráticos que en algunos momentos defendieron con notable energía se creyeron satisfechos con los rudimentos de asistencia social existentes en la España liberal. La concertación social a través de la negociación con los trabajadores nunca fue una opción por la que apostar de forma seria y permanente, y mucho menos si los trabajadores estaban organizados. Pero las escasas concesiones que estaban dispuestos a hacer ni podían satisfacer a los defensores del potente proyecto reformista democrático, ni podían hacer mucho para suavizar la tensión social de las ciudades catalanas. Algunos, como el Mañé de los textos de «Cataluña», orientaron entonces sus esperanzas hacia los elementos más inmateriales de sus proyectos de consenso social (presentes, por otra parte, desde el primer momento), como la religión o los valores idealizados de la región. Pero ni la «moralización» ni este tímido reformismo fueron capaces de garantizar el orden social tal y como estas elites lo entendían y mucho menos cuando, a partir de 1848, los fantasmas del socialismo y del comunismo vinieron a reforzar las múltiples amenazas que, en forma de bullangas, revueltas carlistas, republicanismo o lucha sindical, habían poblado su imaginario social desde los años treinta. En este proceso, las elites catalanas se desesperaron una y otra vez ante un Estado que se demostraba enormemente inhábil para conjurar tales amenazas. Pero no porque el Estado rechazara formas complejas de concertación social que ellos propugnaran, sino porque no sólo no cumplía adecuadamente una de las pocas tareas que debía cumplir todo Estado liberal, como era mantener el orden público, sino porque era demasiado centralista como para consensuar con una elite regional el uso del monopolio de la violencia y porque cuando proyectaba medidas «sociales» lo hacía de forma excesivamente intervencionista para el liberalismo de esta burguesía. Desde este punto de vista, la política social fue, efectivamente, una de las causas del deterioro de las relaciones entre los patricios catalanes y el Estado moderado.

[1] Financiado por el proyecto HUM 2005-05603 del Ministerio de Educación y Ciencia, España. Los comentarios acerca de historiadores se refieren exclusivamente a los períodos en que publicaron las obras que se comentan.

Anna M.ª García, La revolució liberal a Espanya i les classes populars, Vic, Eumo, 1989, pp. 360-366 y Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix, Barcelona, Curial, 1976, pp. 412-418, vol. I; Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme català, Vic, Eumo, 1999, pp. 169-174.

[2] Gonzalo Pasamar e Ignacio Peiró, Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-1980), Madrid, Akal, 2002, pp. 101-103, 137-138, 236-237, 346-347, 398-399, 496-497 y 681-682. Así, la Historia Contemporánea de Antonio Pirala (1875-1879, reeditada, ampliada hasta 1885, en 1892-1895 y 1906-1907) o la continuación que de la Historia General de España de Modesto Lafuente hizo J. Valera (1885-1890; continuada a su vez por el conservador G. Maura y reeditada en 1922-1927). En la historiografía conservadora y franquista, véase Pío Zabala, Historia de España. Edad contemporánea, 1808-1923, Barcelona, 1930, vol. I, p. 459; Antonio Ballesteros, Historia de España y su influencia en la historia universal, Barcelona, Salvat, 1919-1941, t. vIII, pp. 50, 148 y 214-220; Melchor Fernández Almagro, Historia política de la España Contemporánea, Madrid, Pegaso, 1956 y 1959 (reeditado en 1968 y 1972), vol. I, pp. 22-23, 116-119, 162-163 y 355-357.

[3] Grandes obras anteriores a 1936 no analizaban el siglo XIX, como las de Altamira (1866-1951) y Soldevila (1894-1971), aunque ambos creían en la relevancia del tema obrero. Salvador de Madariaga (1886-1978) trató la «cuestión obrera» anterior a 1870 y destacó la importancia de la libertad política y la actitud de las autoridades, pero el tema le servía para insistir en los «rasgos subjetivos y psicológicos que da el carácter nacional». Así, el socialismo madrileño evidenciaría el «sentido institucional y de autoridad» de Castilla; el anarquismo catalán, el individualismo que, acentuado por la represión, desembocaría en el predominio de las agitaciones violentas y pasajeras. Sánchez Albornoz (1893-1984) lo ignoró porque no lo creía relevante para explicar la formación nacional de España: Rafael Altamira, Historia de España y de la civilización española, Barcelona, 1900-1911 (diversas reediciones). Ferran Soldevila, Historia de Catalunya, Barcelona, 1934-1935 y «Cròniques catalanes», Revista de Catalunya, 26, 1926, pp. 200-201. Salvador de Madariaga, España. Ensayo de Historia contemporánea, Madrid, 1931, pp. 81-95 (repetidas reediciones). Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, Buenos Aires, 1957 (múltiples reediciones); Pere Gabriel, «Pròleg», en Manuel Reventós, Els moviments socials a Barcelona en el segle xix, Barcelona, Crítica, 1987, p. ix.

[4] Pere Gabriel, «Pròleg», pp. vii-xvii; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 10-11.

[5] Manuel Reventós, Els moviments socials..., pp. 1-4, 21, 81, 89-92, 101 y 165 (publicado en 1925). M. Reventós Bordoy (1888-1942), abogado y economista, influido por la Escuela Histórica Alemana de Economía (Gustav von Schmoller), por el socialista liberal Franz Openheimer, por Alfred Marshall y por Ferdinand Tönnies, defendió el liberalismo económico, la propiedad privada y un moderado reformismo social de inspiración cristiana, y criticó el dirigismo económico (soviético o fascista) y el anarquismo. Consideraba que el conflicto social era algo normal y que podía encauzarse con la negociación, lamentando los extremismos «divorciados de todo espíritu religioso, de toda conciencia nacional, es decir, de lo que hace la sustancia eterna de la historia». Fue dirigente de Acció Catalana, escisión nacionalista de la Lliga Regionalista. María E. Gómez, Historiografía Jurídica y Económica y pensamiento Jurídico-Público, Social y Económico de Manuel Reventós i Bordoy (1888- 1942), Málaga, Universidad de Málaga, 2001, pp. 77, 147-150, 367-430, 469-470 y 476- 479; Montserrat Baras, Acció Catalana, 1922-1936, Barcelona, Curial, pp. 11-50, 52 y 370. En la estela de Reventós: Pere Coromines, Interpretació del vuit-cents català, Barcelona, 1933; Felip De Solà, Les lluites socials a Catalunya (1812-1934), Barcelona, 1934; Josep M. Vilà, Els primers moviments socials a Catalunya, Barcelona, 1935 (Nova Terra, 1972).

[6] Manuel Reventós, Els moviments socials..., pp. 20-21, 59, 61, 103 y 116-145 y «Reflexions de política social», La Revista, 89, 1919, pp. 143-145.

[7] Gil Vidal (1902-1982) militó en la Unió Socialista de Catalunya, organización contraria al centralismo del PSOE. Gil Vidal, L’evolució social a Olot, Olot, Edicions municipals, 1986 (1.ª ed. de 1937). Ramon Alberch, «Vidal i Forga, Gil», en Jesús Mestre (dir.), Diccionari d’Història de Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1998, p. 1113; Josep Clara, «Vidal i Forja, Gil», en Antoni Simón (dir.), Diccionari d’Historiografia catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, p. 1186; Josep Lluís Martín, «La Unió Socialista de Catalunya (1923-1936)», Recerques, 4, 1974, pp. 155-190.

[8] Casimir Martí, «Els orígens del moviment obrer a Catalunya», en Josep Fontana et al., Catalunya i Espanya al segle xix, Barcelona, Columna, 1987, pp. 141-153; Gonzalo Pasamar e Ignacio Peiró, Diccionario Akal..., pp. 12-25, 260-261, 337-338, 388-389, 613-614, 637-639 y 663-665.

[9] Martí (1926) presentó su tesis doctoral sobre el anarquismo en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y la publicó la editorial de Jaume Vicens. Fue discípulo de éste, sacerdote y profesor de teología. Josep Benet (1920), abogado, fue un destacado político antifranquista. Josep M. Ollé (1935) publicó su obra en la estela de los trabajos de Martí. Elorza y Maluquer, en cambio, pertenecen a otra generación. Además de las obras ya citadas: Casimir Martí, Orígenes del anarquismo en Barcelona, Barcelona, Teide, 1959; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona...; Casimir Martí, «Cultura obrera en Cataluña», en Jacques Maurice (ed.), Peuple, mouvement ouvrier, culture dans l’Espagne contemporaine, Vincennes, P. U. Vincennes, 1990, pp. 117-125; Josep M. Ollé, El moviment obrer a Catalunya, 1840-1843, Barcelona, Nova Terra, 1973; Antonio Elorza, «Los orígenes del asociacionismo obrero en España», Revista de Trabajo, 41-42, 1972; Jordi Maluquer, «Los orígens del movimiento obrero español», en José María Jover (dir.), Historia de España Menéndez Pidal. XXXIV. La era isabelina y el Sexenio Democrático, Madrid, Espasa-Calpe, 1981, pp. 773-815. También Antoni Simón (dir.), Diccionari d’historiografia..., pp. 203-204, 664-667, 777-778 y 875.

[10] Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. II, pp. 587-589, juzgaban «estrecho» su horizonte teórico ya que se «limita» a los intereses inmediatos (libertad de asociación, salarios, condiciones higiénicas, trabajo de mujeres y niños), y su análisis del capitalismo, insuficiente, porque sólo señalaba la incoherencia entre la defensa de la libertad y la prohibición del derecho de asociación y veía en la exclusión política la fuente de la explotación económica. También, Josep Termes, Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881), Barcelona, Ariel, 1972, pp. 26-28.

[11] Morton H. Cowden, «Early Marxist Views on British Labor, 1837-1917», The Western Political Quarterly, 16-1, 1963, pp. 34-52. Desarrollado por Lenin, pasó a formar parte de la cultura marxista del siglo XX, como puede verse en Georg Luckács, Historia y conciencia de clase, Barcelona, Orbis, 1985, vol. I, pp. 138-139.

[12] Jover (1920), formado en la cultura nacional-católica, simpatizante del Opus Dei, evolucionará hacia el liberalismo. José María Jover, Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España contemporánea, Madrid, Ateneo, 1952, pp. 22-24, 28-29 y 35-63 y «Edad contemporánea», en Antonio Ubieto, Juan Reglà, José M. Jover y Carlos Seco, Introducción a la historia de España, Barcelona, Teide, 1963 (numerosas reediciones); José Antonio Piqueras, «Treinta años de una llamada a la historia social. Un hito historiográfico de Jover Zamora», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 4, 1983, pp. 229-241.

[13]Manuel Tuñón (1915-1997), exiliado, de izquierdas. Veía el movimiento obrero como una lenta ascensión desde las acciones espontáneas, los «destellos de toma de conciencia» y las organizaciones locales a la articulación a nivel español y la definición de objetivos propios. Manuel Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Taurus, 1972, pp. 9-11, 36-51, 70-79, 115-128, 148-160 y 178-238.

[14] En Fontana (1931) la influencia marxista es decisiva. Josep Fontana, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo xix, Barcelona, Ariel, 1973, pp. 57-95 e Historia. Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1982; Joaquim Albareda, «Fontana i Lázaro, Josep», en Antoni Simón (dir.), Diccionari d’historiografia..., pp. 485-488. Fontana ha impulsado decisivamente el análisis sobre estas cuestiones; véanse Josep Fontana, La crisi de l’Antic Règim i la industrialització, Barcelona, Edicions 62, 1988, pp. 315-320 y 323-325; y La revolució liberal a Catalunya, Lleida/Vic, Pagès Editors/Eumo, 2003, pp. 119-122.

[15] Jaume Vicens (1910-1960), liberal, influido por Toynbee, Henry Berr y los Annales, fue el renovador de la historiografía española a partir de mediados de siglo, enfrentado al neorromanticismo catalán y al nacionalismo español de Sánchez Albornoz o Américo Castro. Jaume Vicens y Montserrat Llorens, Industrials i polítics del segle xix, Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 1958, pp. 157-169 y 273-279 (citas en catalán en el original); Ramon Grau y Marina López, «Les directrius de Vicens: empirisme i síntesi històrica», L’Avenç, 72, 1984, pp.76-79; VV. AA., «Jaume Vicens Vives (1910-1960)», L’Avenç, 83, 1985, pp. 5-74; Ramon Grau, «Historiografia» y «Vicens i Vives, Jaume», en Jesús Mestre (dir.), Diccionari..., pp. 541-545 y 1111-1112; Josep M. Muñoz, Jaume Vicens i Vives. Una biografia intel·lectual, Barcelona, Edicions 62, 1997.

[16] Soldevila fue el gran representante de la historiografía tardopositivista y neorromántica catalana, aunque a partir de la década de 1950 fue crecientemente influido por P. Vilar y J. Vicens. Ferran Soldevila, Història de Catalunya, Barcelona, Alpha, 1962, vol. 3, pp. 1353-1365, 1375-1377 y 1393-1397; Pierre Vilar, «Ferran Soldevila, historiador», Serra d’Or, 1, 1966, pp. 55-56; Ramon Grau, «Soldevila, Ferran» y «Neorromanticisme», en Jesús Mestre, (dir.), Diccionari..., pp. 733-735 y 1016-1018; Enric Pujol, Ferran Soldevila. Els fonaments de la historiografia catalana contemporània, Catarroja/Barcelona, Afers, 1995, pp. 241-281.

[17] Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais, Madrid, Alianza, 1988 [1965]; Natalie Zemon Davis, Le culture del popolo. Sapere, rituali e resistenze nella Francia del Cinquecento, Turín, Einaudi, 1975 [1965]; Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, Barcelona, Muchnik Editores, 1981 [1976]; Peter Burke, La cultura popular en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 2001 [1978]; Roger Chartier, «Culture as appropiation: Popular Cultural Uses in Early Modern France», en Steven L. Kaplan (ed.), Understanding Popular Culture, Berlín-Nueva York-Amsterdam, Mouton Publishers, 1984, pp. 229-253; George Rudé, Revuelta popular..., pp. 42-48; Robert D. Storch (ed.), Popular Culture and Custom in Nineteenth-Century England, LondresCamberra-Nueva York, Croom Helm/St. Martin’s Press, 1982; Eric Hobsbawm, «Sobre la historia desde abajo», en Sobre la historia, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 205-219 [original inglés: 1988]; Edward Palmer Thompson, «La economía “moral” de la multitud» [1971] y «Patricios y plebeyos» [basado en originales de 1974 y 1978] ambos en Edward P. Thompson, Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995, pp. 90-114 y 216-217. En España, Anna M. García, La revolució liberal..., pp. 22-23.

[18] Edward Palmer Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Crítica, 1989, 2 vols. [1963]; George Rudé, La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848, Madrid, siglo XXI, 1978 [1964]; Eric J. Hobsbawm y George Rudé, Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing, Madrid, siglo XXI, 1978 [1969]; Eric J. Hobsbawm, Trabajadores. Estudios de historia de la clase obrera, Barcelona, Crítica, 1979; Friedrich Lenger, «Beyond exceptionalism: notes on the artisanal phase of the labour movement in France, England, Germany and the United States», International Review of Social History, 36, 1991, pp. 1-23. En España, José Álvarez Junco y Manuel Pérez Ledesma, «Historia del movimiento obrero ¿una segunda ruptura?», Revista de Occidente, 12, 1982, pp. 19-41; Pere Gabriel, «A vueltas y revueltas con la historia social obrera en España. Historia obrera, historia popular e historia contemporánea», Historia social, 22, 1995, pp. 43-53.

[19] Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Liberals i burgesos alhora? Els “respectables” en la nació liberal», en Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement a una trajectòria, Barcelona, Crítica, 2004, vol. 2, pp. 929-939.

[20] Edward P. Thompson, La formación...; Gareth S. Jones, «Reconsideración del cartismo», en Lenguajes de clase, Madrid, siglo XXI, 1989, pp. 86-174; Keith M. Baker, Inventing French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century, Nueva York, Cambridge University Press, 1990.

[21] Erik Olin Wright y Joachim Singelmann, «Proletarianization in the Changing American Class Structure», The American Journal of Sociology, 88, 1982, pp. S176-S184.

[22] La creencia de Marx en la progresiva creación de un proletariado urbano indiferenciado no le impedía constatar una notable heterogeneidad entre los obreros reales. En sus páginas, al lado de los trabajadores de fábricas textiles desfilan trabajadores rurales como los medieros; trabajadores a domicilio como las mujeres y niños y niñas de los alrededores de Nottingham que elaboraban blondas; los zapateros, los sectores relativamente bien pagados de la clase obrera que podían ahorrar en los buenos tiempos; los trabajadores agrícolas, y el «subproletariado propiamente dicho» («vagabundos, delincuentes, prostitutas») que formaba el «estrato más bajo» del «ejército industrial de reserva». Karl Marx, El Capital, Barcelona, Edicions 62, vols. I y II, 1983 y 1984 [1867].

[23] Fernando Díez, «La literatura de la “condición obrera” y el lenguaje de la proletarización», en Vicent Sanz y José Antonio Piqueras (eds.), En el nombre del oficio. El trabajador especializado: corporativismo, adaptación y protesta, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 71-102.

[24] Lo encontramos en los teóricos de la «sociedad postindustrial», en la Sociología neoweberiana de Goldthorpe o en la Historia económica de David S. Landes. Antes que Marx, por otro lado, ya Adam Smith señaló que en Europa «encontraréis veinte trabajadores que trabajen para un amo por cada uno que trabaje de forma independiente»; Adam Smith, La riquesa de les nacions, Barcelona, Edicions 62, 1991, vol. I [1776], p. 76.

[25] Cristopher H. Johnson, «Patterns of proletarianization: Parisian tailors and Lodève woolen workers», en John M. Merriman (ed.), Consciousness and Class Experience in Nineteenth-Century Europe, Nueva York, Holmes & Meier Publishers, 1979; John Foster, Class struggle and Industrial Revolution. Early industrial capitalism in three English towns, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1974. Engels y Marx fueron también pioneros en ver el proletariado nacido de las transformaciones capitalistas a la clase que habría de transformar al conjunto de la humanidad; Jesús Millán, «El “Manifest” en la seua època. Una visió des de la història social», Afers, 15, 2000, pp. 173-185; Fernando Díez, «La literatura de la “condición obrera”...».

[26] Para Johnson, la creación de un proletariado suficientemente homogéneo era una precondición para la conciencia de clase.

[27] John Foster, Class struggle..., pp. 43, 73-124 y 203-249.

[28] Así se ha destacado la importancia del trabajo domiciliario y manual y del pequeño taller, de los múltiples mecanismos existentes para controlar el trabajo (como el crédito) y el escaso uso de la máquina de vapor hasta fechas relativamente avanzadas. La industrialización también creó nuevas cualificaciones obreras y no sólo las destruyó. Edward P. Thompson, La formación...; Raphael Samuel, «Workshop of the World: Steam Power and Hand Technology in mid-Victorian Britain», History Workshop, 3, 1977, pp. 6-72; Sidney Pollard, «El trabajo en Inglaterra», en M. M. Postan, D. C. Coleman y Peter Mathias (dirs.), Historia económica de Europa, Madrid, EDERSA, 1982, vol. ii [1978], pp.145-263; Maxine Berg, La era de las manufacturas, 1700-1820, Barcelona, Crítica, 1987 [1985]; John Rule, Clase obrera e industrialización. Historia social de la revolución industrial británica, 1750-1850, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 367-499 [1986]; Lenard R. Berlanstein (ed.), The Industrial Revolution and Work in Nineteenth-Century Europe, Londres y Nueva York, Routledge, 1992.

[29] Charles Tilly, «Social change in modern Europe: the big picture», en Olivier Zunz, Reliving the past: The Worlds of Social History, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1985; John Rule, Clase obrera..., pp. 36-41 y 367 [1986].

[30] Ha sido un debate esencialmente británico y con fuertes connotaciones ideológicas, si bien se han ido diluyendo con el tiempo. Robert Gray, «The aristocracy of Labour in Nineteenth-Century Britain», en L. A. Clarkson (ed.), British Trade Union and Labour History. A Compendium, Houndmills-Basingstoke-Hampshire-Londres, MacMillan Press, 1990 [original de 1981], p. 143. Véanse los múltiples matices de Neville Kirk, Labour and society in Britain and the USA, Aldershot, Scolar Press, 1994, 2 vols., quien se ha distinguido por defender la vigencia del marxismo en «En defensa de la clase», Historia Social, 12, 1992, pp. 59-100. Un buen resumen y el contexto político en Esteban Canales, La Inglaterra victoriana, Madrid, Akal, 1999, pp. 139-164 y 214-277. Para otros países, cf. William H. Sewell, Trabajo y revolución en Francia, Madrid, Taurus, 1992; Jürgen Kocka, «Los artesanos, los trabajadores y el estado: hacia una historia social de los comienzos del movimiento obrero alemán», Historia Social, 12, 1992, pp. 101-118.

[31] El carácter revolucionario de las décadas de 1830 y 1840, en Edward P. Thompson, La formación..., vol. II, pp. 313-452; A. E. Musson, «British Trade Unions 1800-1875», en L. A. Clarkson (ed.), British Trade Union..., pp. 24-25 y 43-52 [original de 1972]. Neville Kirk, Labour and society..., vol. I, pp. 166-169, ha defendido que el «nuevo sindicalismo» nunca fue tan influyente como supusieron los Webb.

[32] Neville Kirk, Labour and society..., vol. I, pp. 163-191 y vol. II, pp. 177-188.

[33] Coinciden Gareth Stedman Jones, «Reconsideración del cartismo...», p. 102 y Neville Kirk, Labour and society..., vol. I, p. 189.

[34] Robert Gray, «The aristocracy of labour...»; la aceptación del «refuerzo» más que de la «creación», en Neville Kirk, Labour and society..., vol. I, pp. 177. De hecho, ya Eric J. Hobsbawm, «La aristocracia obrera en la Gran Bretaña del siglo XIX», en Trabajadores..., pp. 269-316, usaba este concepto en sentido relativo, en relación con el proletariado, inexistente propiamente antes de 1840. Para antes de 1840, Hobsbawm hablaba de «working people». Entre los críticos también se ha señalado que es dudoso que los trabajadores mejor situados hubieran tenido una posición social común, estable y coherente, dada la diversidad de evoluciones en la industria británica, lo que no deja de ser un argumento materialista y simple que vuelve a suponer que para que se construya una identidad debe existir homogeneidad de condiciones sociales.

[35] Iorwerth J. Prothero, «London Chartism and the Trades», Economic History Review, 24-2, 1971, pp. 205-206; Robert Gray, «The aristocracy of labour...», p. 180-181; Neville Kirk, Labour and society..., vol. I, pp. 171; Edward P. Thompson, La formación..., vol. II, p. 476.

[36] William H. Sewell, «Uneven development, the autonomy of politics and the radicalization of workers», American Historical Review, 95, 1988, pp. 604-637.

[37] La evidencia es limitada, puesto que mide más la movilidad ocupacional que la social; Enriqueta Camps, La formación del mercado de trabajo industrial en la Cataluña del siglo xix, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995. Terrassa e Igualada eran dos poblaciones medianas (unos 14.000 habitantes en 1857, cuando la segunda población era Reus con 28.171 y Barcelona tenía 183.787) con un importante sector textil.

[38] Jordi Maluquer, «La estructura del sector algodonero en Cataluña durante la primera etapa de la industrialización (1832-1861)», Hacienda Pública Española, 38, 1976, pp. 133148; Juan José Romero, La construcción de la cultura del oficio durante la industrialización: Barcelona, 1814-1860, Barcelona, UB-Icaria, 2005. El caso de los tejedores, ejemplo clásico de pérdida de posición social, en Genís Barnosell, Orígens..., pp. 117-150; para los hiladores, considerados un ejemplo clásico de interdependencia entre patronos y trabajadores, Albert García, La fabricació de la fàbrica. Treball i política a la Catalunya cotonera (1784-1874), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, quien ha insistido en la importancia de su papel como «subcontratistas internos». Han destacado la diversidad de formas de remuneración Cristina Borderías y Pilar López, La teoría del salario obrero y la subestimación del trabajo femenino en Ildefons Cerdà, Barcelona, Seminari d’Història de Barcelona, 2001, p. 18; Eric J. Hobsbawm, «La aristocracia obrera...», p. 275; Àngels Solà, «Barcelona, 1833-1843: una ciutat en transformació», L’Avenç, 87, 1985, pp. 32-39. Anna M. García, La revolució liberal..., pp. 252, 320-325 y 365-370 ha insistido en la importancia del «pueblo menudo» en la Barcelona de esos años.

[39] En un sentido parecido, Josep Fontana, La crisi..., pp. 370-375.

[40] A pesar de compartir elementos culturales o formas de sociabilidad, determinados aspectos de la vida popular, como las leyes obreras en el lugar de trabajo, eran completamente opacos para otros grupos sociales; Giuliana Gemelli y Maria Malatesta, Forme di sociabilità nella storiografia francese contemporanea, Milán, Feltrinelli, 1982; Clive Behagg, «Secrecy, Ritual and Folk Violence: The Opacity of the Workplace in the First Half of the Nineteenth Century», en Robert D. Storch (ed.), Popular Culture..., pp. 154-179.

[41] Fernando Díez, La sociedad desasistida. El sistema benéfico-asistencial en la Valencia del siglo xix, Valencia, Diputación, 1993; Josep Maria Fradera, Cultura nacional en una societat dividida, Barcelona, Curial, 1992.

[42] Jordi Maluquer, El socialismo en España..., pp. 201-235; A. Cambrón, El socialismo racional de Ramón de La Sagra, La Sagra, Diputación, 1989; Alfonso Sánchez y José Luis Malo, «La economía social de Ramón de la Sagra», en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles. 5. Las críticas a la economía clásica, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2001, pp. 649-662. Las citas de La Sagra son de 1844.

[43] El Vapor, 1 de octubre de 1836.

[44] Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 200-209.

[45] Genís Barnosell, Orígens..., pp. 62-98 y 117-139.

[46] Albert García, La fabricació..., pp. 147-246, 346-348 y 438.

[47] Carole Pateman, El contrato sexual, Barcelona-México, Anthropos-UAM, 1995; Catherine Hall y Leonore Davidoff, Fortunas familiares. Hombres y mujeres de la clase media inglesa 1780-1850, Madrid, Cátedra, 1994; Pilar Folguera, «¿Hubo una revolución liberal burguesa para las mujeres?», en Elisa Garrido (ed.), Historia de las mujeres en España, Madrid, Síntesis, 1997, pp. 421-449; Anne-Marie Sohn, Chrysalides. Femmes dans la vie privée (xixe – xxe siècle), París, Publications de la Sorbonne, 1996.

[48] Gobernada por una presidenta y una secretaria, financiada con un fondo común de dinero y alimentos que se sisaría a los amos –de acuerdo con algunas revendedoras– y que funcionaría como bolsa de trabajo en caso de despido; El Constitucional, 23 de diciembre de 1841.

[49] La cualificación debe ser entendida como un fenómeno social y no estrictamente técnico; aunque eran las masculinas las que eran reconocidas socialmente. Juan José Romero, «La maestría silenciosa: maestras artesanas en la Barcelona de la primera mitad del siglo XIX», Arenal, 4/2, 1997, pp. 275-294, ha documentado perfectamente la capacidad femenina para transmitir el oficio.

[50] En la asociación de tejedores de Vic, alrededor del 2% de sus afiliados de 1840-1843 eran pequeños contribuyentes; alrededor del 11% eran tejedores «distinguidos» (con una pequeña propiedad rústica o urbana, y con mayores ingresos) y el resto, «meros jornaleros». Ser «jornalero» equivalía a «trabajar por otros», situación que no excluía necesariamente la posesión de un pequeño taller. Que este pequeño productor pudiera, sin embargo, «trabajar por su cuenta» era bastante más complicado puesto que si bien pueden documentarse casos de individuos que a lo largo del tiempo oscilan entre las dos situaciones, su número es muy reducido en comparación a los tejedores de la población. Con estos datos puede defenderse que la situación en el proceso productivo era subjetivamente diferente para aquellos que, aunque a pequeña escala y posiblemente subordinados a las fábricas mayores, disponían de un capital propio y ocupaban, tal vez, mano de obra de los que vendían estrictamente fuerza de trabajo. La situación se repite entre los oficiales carpinteros de Barcelona, puesto que los maestros (todos pequeños productores) rechazaron en la década de 1830 que sus hijos fueran considerados oficiales; cf. Genís Barnosell, Orígens..., pp. 61-62 y 92-95. También entre los trabajadores que firmaron la Exposición de la Clase Jornalera Española a las Cortes de 1855, que exigía el derecho de asociación, el número de pequeños contribuyentes se reducía al 0,5% en los oficios artesanales: Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid, Exposición de la clase jornalera...; Archivo Histórico de la Ciudad, Cadastre, Barcelona, IX.23. También ha analizado este documento Juan José Romero, «Segmentación laboral y asociacionismo obrero. Barcelona, 1820-1855», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XVII, 1999, pp. 243 y 268-269, quien del hecho de que hubiese maestros que lo firmaran y que algunos oficiales que también lo hicieron fueran un lustro más tarde propietarios de talleres deduce que los maestros participaban de la conciencia obrera. Sin embargo, entre ambas situaciones localiza un centenar de individuos, es decir, menos del 1% de todos los signatarios o el 2,8% si excluimos a los trabajadores del textil, según sus cifras. Para el contexto en que se elaboró la Exposición de la Clase Jornalera... véase Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. II, pp. 241-262.

[51] La conflictividad social de los canuts de Lyon es un buen contraejemplo; cf. Robert J. Bechuza, The Lyon Uprising of 1834: Social and Political Conflict in the Early July Monarchy, Cambridge, Harvard UP, 1974.

[52] Jordi Maluquer, «Los orígenes del movimiento obrero...», p. 782; Genís Barnosell, Orígens..., pp. 26-88, «“Salir de esta ciudad no siendo fuera del Principado”. Organizaciones locales y socorros regionales. Barcelona y Cataluña, 1800-1845», en Actas del X Simposio de Historia Económica. Análisis de Redes en la Historia Económica, Bellaterra, UAB-UB-UPF, 2005 y «Relaciones conflictivas. Maestros y mancebos en Barcelona (1820-1856)», en Vicent Sanz y José Antonio Piqueras (eds.), En el nombre del oficio..., pp. 23-46. Para Europa, C. R. Dobson, Masters and journeymen. A prehistory of industrial relations, 1717-1800, Londres, Croom Helm, 1980; Catharina Lis, Jan Lucassen y Hugo Soly (eds.), Before the unions. Wage earners and collective action in Europe, 1300-1800, suplemento 2 de la International Review of Social History, 1994.

[53] Aunque tradicionalmente se creía que una Real Orden de febrero de 1839 abría la puerta a la organización sindical, de hecho no añadía casi nada a la escasa legislación existente sobre sociedades de socorros mutuos que daban ayudas por enfermedad o muerte, y nunca en caso de conflicto laboral. Tal real orden sólo fue esgrimida por el sindicalismo como justificación de su existencia a partir de enero de 1842: Genís Barnosell, Orígens..., pp. 26-28 y 209.

[54] Lo expresó perfectamente V. I. Lenin, ¿Qué hacer? [1902], en Obras completas, Madrid, Akal, 1976, tomo V, pp. 382-383 y 390-394.

[55] Genís Barnosell, Orígens..., pp. 51-67 y «Relaciones conflictivas...», pp. 23-46. La conflictividad entre los albañiles fue muy parecida a la de los carpinteros, Juan José Romero, «Segmentación laboral...», pp. 277-278.

[56] José M. García Escudero, «Artículo 29. Derecho de petición», en Óscar Alzaga, Comentarios a las leyes políticas. Constitución española de 1978, Madrid, EDERSA, 1983, pp. 243-272; Isaac Ibáñez, Derecho de petición y derecho de queja, Madrid, Dykinson S. L., 1993, pp. 13-15 y 37-40; Peter Blickle (dir.), Résistance, représentation et communauté, París, Presses Universitaires de France, 1998; Angela de Benedictis, «Supplicare, capitolare, resistere. Politica come comunicazione», en Cecilia Nubola y Andreas Würger (eds.), Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli xiv-xviii), Bolonia, Il Mulino, 2002, pp. 455-472; Josep M. Torras, Els municipis catalans de l’Antic Règim (1453-1808), Barcelona, Curial, pp. 317-330; Pedro Molas, Los gremios barceloneses del siglo xviii, Madrid, CECA, 1970, pp. 88-98 y 155-174.

[57] Las Tres Clases de Vapor fue un sindicato creado en 1869 que reunió a los preparadores, hiladores y tejedores de las fábricas mecanizadas de algodón; fue pues el primer ensayo español de sindicato de industria. Albert Garcia, «Indústria i ordre social: una lectura política del treball cotoner a la Barcelona del segle XIX», Barcelona Quaderns d’Història, 6, 2002, pp. 51-73 y La fabricació..., pp. 15-55, 313-352 y 511-527; Miquel Izard, Revolució industrial i obrerisme. Les «Tres Classes de Vapor» a Catalunya (1869-1913), Barcelona, Ariel, 1970.

[58] Angel Smith, «La guerra de las continuas. Cambio tecnológico y estrategias sindicales en la industria algodonera catalana, 1889-1914», Sociología del Trabajo, 24, 1995, pp. 121151 e «Industria, oficio y género en la industria textil catalana, 1833-1923», Historia Social, 45, 2003, pp. 79-99; Carles Enrech, «Jerarquía fabril y cualificación en la industria textil durante el último tercio del siglo XIX», Historia Social, 45, 2003, pp. 101-117 e Indústria i ofici. Conflicte social i jerarquies obreres en la Catalunya tèxtil (1881-1923), Barcelona, UAB, 2005. Genís Barnosell, Orígens...; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona...; Angel Smith, «Industria, oficio...»

[59] Genís Barnosell, Orígens...; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona...; Angel Smith, «Industria, oficio...».

[60] Josep Termes, Anarquismo..., pp. 60-67, 84-108 y 411-427 y «El federalisme català en el període revolucionari de 1868-1873», Recerques, 2, 1972; Mercè Vilanova, Atlas electoral de Catalunya durant la Segona República, Barcelona, Fundació Jaume Bofill-La Magrana, 1986.

[61] Los datos sobre los trabajadores proceden de Ildefons Cerdà, Monografía estadística... Para las dos estimaciones de la composición del sindicalismo supongo que las tasas de afiliación en los distintos oficios eran parecidas y sumo tanto a los oficiales como a los aprendices. En el caso (a) se supone que los sindicatos de oficiales incluían también a los peones y ayudantes del oficio y que los tejedores domiciliarios estaban sindicados; en el caso (b), probablemente más razonable, se niegan estos supuestos (y se incluyen, por tanto, sólo aquellos peones que tenían asociaciones propias). Véase Genís Barnosell, «Ideologia, política i llenguatge de classes en el primer sindicalisme, 1840-1870», Barcelona Quaderns d’Història, 6, 2002, pp. 46-48. Los datos de ECJEC proceden de la elaboración de las firmas de la Exposición de la Clase Jornalera... Son datos provisionales, procedentes de un trabajo en curso. Juan José Romero, «Segmentación laboral...», p. 262 ha alertado sobre la existencia de firmas repetidas en este documento. Sin embargo, gran parte de los trabajadores no firmó directamente sino que lo hizo un compañero por ellos, lo que imposibilita saber, en ausencia de censos, si un mismo nombre y apellido presente varias veces en una lista corres ponde a uno o más individuos. En los oficios en que puede comprobarse, el porcentaje de repeticiones no es superior al 5%, con lo que se han tratado los datos en bruto, sin intentar depurar las repeticiones.

[62] A finales de la década de 1860 e inicios de la de 1870, ni los tejedores de velos de Barcelona ni los zapateros aceptaban a los aprendices, y los zapateros sólo a los oficiales, pero maquinistas, fogoneros y boteros aceptaban a sus ayudantes; Genís Barnosell, «Ideologia...», p. 47.

[63] Fuentes: Archivo Municipal de Vic, Censo industrial, I/1858; Ildefons Cerdà, Monografía estadística...; Exposición de la Clase Jornalera...

[64] Afirmación que no era sino un ejemplo del trabajador masculino «ganador del pan» de la familia que no se correspondía con la realidad, puesto que los mismos salarios femeninos que proporciona Cerdà son en general mayores que lo que suponía aquí de ingreso para la mujer; Cristina Borderías y Pilar López, La teoría del salario...

[65] Trabajadores: Ildefons Cerdà, Monografía estadística... Los cálculos no comprenden ni a los aprendices ni a los ayudantes y suman un total de 46.421 trabajadoras y trabajadores. Se ha excluido a los carteros (9 oficiales) por falta de datos. He considerado las remuneraciones por manutención a 4 reales por día trabajado (pp. 656 y 658). Los salarios femeninos son los del «Indicador alfabético» (véase Cristina Borderías y Pilar López, La teoría del salario obrero...). La estimación que da como resultado un grupo relativamente homogéneo es una media simple (que tiende lógicamente a homogeneizar los datos) de las distintas remuneraciones conocidas de cada oficio. La segunda estimación es una media ponderada a partir de los siguientes supuestos sobre el número de trabajadores que recibía cada remuneración: datos originales en los oficios en que se conoce el sueldo recibido por cada grupo de trabajadores/as; para los que no se conoce, he aplicado a los trabajadores/as de cada oficio los porcentajes de sobresalientes, buenos y regulares que Cerdà proporciona para oficiales y peones varones (p. 570) que son, respectivamente, de 10,64, 12,51 y 76,86% para los primeros y 4, 13,44 y 82,56% para los segundos. He supuesto que en aquellos oficios de los que se proporcionan tres sueldos corresponden a las tres categorías de sobresalientes, buenos y regulares; con dos sueldos, he supuesto que buenos y sobresalientes tenían el mismo; con cuatro, he elaborado una media simple de los dos más bajos para los trabajadores regulares; con un sueldo, he supuesto que era la media de todo el oficio. Esta segunda estimación es tal vez más realista –y más aún si tuviéramos en cuenta al resto del Principado, donde las remuneraciones eran más bajas–, pero también debe tenerse en cuenta que no tenemos información de las tasas de afiliación en el interior de cada oficio, que pudieran ser diversas según la remuneración. Los firmantes de la ECJEC son los de la Exposición de la Clase Jornalera..., a quienes he aplicado los salarios de Cerdà.

[66] Exposición de la Clase Jornalera...; diferencias según el oficio en Juan José Romero, «Segmentación laboral...», pp. 262.

[67] Aunque probablemente lleve razón María Cruz Romeo, «Los mundos posibles del liberalismo progresista», en Emilio La Parra y Germán Ramírez (eds.), El primer liberalismo. España y Europa, una perspectiva comparada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003, pp. 289-314 al calificar como de integración subordinada al modelo de relaciones con las clases populares que propugnaba la mayor parte del progresismo; en las páginas que siguen espero demostrar que en el caso que analizo aquí puede hablarse con propiedad de «modelo de integración relativamente activa». Sobre el progresismo, véase también Isabel Burdiel, «Myths of Failure, Myths of Success: New Perspectives in Nineteenth-Century Spanish Liberalism», The Journal of Modern History, 70/4, 1998, pp. 892-912; Manuel Suárez Cortina (ed.), La redención del pueblo. La cultura progresista en la España Liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2006.

[68] Entre los distintos elementos que conformaron el reformismo democrático, la defensa de la organización autónoma de los trabajadores apareció antes entre los sindicatos que entre los grupos políticos, y fueron los propios sindicatos quienes con mayor radicalidad defendieron el derecho a la huelga. Así, progresistas y republicanos compartieron reivindicaciones externas originariamente a ellos, aunque el conjunto de la teoría de las clases y de la explotación fue elaborado en estrecha relación entre ambos –sindicatos y grupos políticos–, al menos según la documentación conocida actualmente: Genís Barnosell, Orígens... y «“Libertad, Igualdad, Humanidad”. La construcción de la democracia en Cataluña (18391843)», en Manuel Suárez Cortina (ed.), La redención del pueblo..., pp. 145-182.

[69] Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona...., vol. II, pp. 263-303; Juan Trías Vejarano, «Pi y Margall: entre el liberalismo social y el socialismo», Historia y política, 6, 2001, pp. 91-120. En la prensa progresista del Bienio (El Constitucional y El Barcelonés), es muy significativo el contraste entre sus vivas llamadas al orden con ocasión de la huelga general de julio de 1855 y su silencio ante el proyecto de ley de la industria manufacturera a finales del mismo año.

[70] Genís Barnosell, «Libertad, Igualdad...».

[71] Juan J. Trías y Antonio Elorza, Federalismo y reforma social en España (1840-1870), Madrid, 1975, pp. 244-327; Juan J. Trías, selección y estudio preliminar, Francisco Pi y Margall. Pensamiento social, Madrid, Ciencia Nueva, 1968, pp. 179-180.

[72] Genís Barnosell, Orígens..., pp. 163-251 y «Republicanisme i sindicalisme urbà a Catalunya, 1840-1931», VIè Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, Barcelona 2006: Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana (en prensa).

[73] C. B. Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo, Barcelona, Fontanella, 1979.

[74] Genís Barnosell, Orígens..., p. 182-183.

[75] Anna Maria García, «Radicalismo liberal, republicanismo y revolución (1835-1837)», Ayer, 29, 1998, pp. 76-79.

[76] Genís Barnosell, «Relaciones conflictivas...».

[77] Sobre las formas de entender la «armonía» por parte de los obreros, compárese José Roca Galés, «De las asociaciones cooperativas comparadas con las de socorros mutuos y demás asociaciones de obreros en Cataluña» y el artículo sin firma «La última huelga», en La Asociación, 22 de abril de 1866, pp. 54-55 y 13 de mayo de 1866, pp. 69-72, donde se ensalza la «deseada armonía» entre trabajadores y capitalistas y se critica la resistencia, con Ramón Simó, «Armonía entre el capital y el trabajo», El Eco de la clase obrera, 1, 2, 3 y 4, agosto de 1855, donde se considera que «la situación actual del trabajo es triste, el estado de las artes precario» y que la única solución es la «resistencia» porque «establece un equilibrio proporcional entre todas las clases».

[78] Manuel Tuñón de Lara, El movimiento obrero..., p. 123; Exposición de la Clase Jornalera...; Roser Nicolau, «Población», en Albert Carreras (coord.), Estadísticas históricas de España, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1989, p. 80; Anuario de España, Madrid, 1858, p. 245.

[79] Esta idea ya era un lugar común en sectores gubernamentales y periodísticos a finales de la década de 1840: Roser Solà, L’Institut Industrial de Catalunya i l’associacionisme industrial de 1820 a 1854, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 268-299; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. II, pp. 96-97 y 121-177.

[80] En febrero de 1856, la comisión parlamentaria que tenía que dictaminar sobre el proyecto ya se encontraba paralizada. Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 705-724 y vol. II, pp. 263-303.

[81] Genís Barnosell, Orígens..., pp. 228 y 236-247; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 50-53, y vol. II, pp. 99-106. Más optimista con Vilaregut se muestra Roser Solà, Joan Vilaregut i Albafull. Industrial i progressista (Barcelona 1800-1854), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001.

[82] Con la excepción del Bienio progresista, el ludismo en Cataluña emergió sólo de manera ocasional y no necesariamente como estrategia opuesta a todo cambio técnico; Genís Barnosell, Orígens..., pp. 71-72 y 153-156.

[83] Se relaciona también con la recomposición del progresismo después de 1844, que se produjo alrededor de J. Vilaregut y P. Madoz –éste, con muy buenas relaciones con la patronal algodonera–; Joan Fuster Sobrepere, Barcelona i l’Estat centralista. Indústria i política a la dècada moderada, Vic, Eumo, 2005, pp. 172-184; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, p. 419.

[84] Genís Barnosell, «“Libertad, Igualdad...».

[85] Genís Barnosell, Orígens...; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 371373, 455, 506-507; Albert García, La fabricació... y «Ordre industrial i transformació cultural a la Catalunya de mitjan segle XIX: a propòsit de Josep Anselm Clavé i l’associacionisme coral», Recerques, 33, 1996, pp. 113-134. Elogios a Madoz, límites a la acción obrera y lenguaje del pueblo y la Unión Liberal, en El Constitucional, 29 de agosto de 1854, 8 de septiembre, 7, 8, 11 y 13 de octubre, 5 y 27 de noviembre de 1854, 5 y 21 de julio y 30 y 31 de diciembre de 1855; El Barcelonés, 3, 5 y 12 de julio de 1855.

[86] Àngel Duarte, Història del republicanisme a Catalunya, Vic, Eumo, 2004.

[87] Para designar a los trabajadores en el lenguaje sindical se usaba preferentemente la expresión «clase obrera» (45,83% de las alusiones a este grupo social), y también «obreros» (20,83%), «trabajadores» (13,89%) y «operarios» (11%). En cambio Pi y Margall y Joaquín Molar y Juan Alsina (los dos representantes de los trabajadores catalanes enviados a Madrid) usaban preferentemente el algo más neutro «obreros» (48,67% el primero y 47,59% los dos segundos) y, subsidiariamente, «clase obrera» (11,5% y 26,21%) u «operarios» (15% y 21,38%), y casi no usaban el más genuino en catalán «trabajadores». Simó Badia, el fun dador y redactor de El Eco de la Clase Obrera usaba conceptos más tradicionales (¿tal vez para dirigirse a unos obreros españoles que vivían en un contexto social bastante distinto del catalán?): «operarios» (31%), «jornaleros» o «clase jornalera» (22%), «clase obrera» (13%). Genís Barnosell, «Ideologia...»; textos de Pi i Margall: «Exposición de la Clase jornalera a las Cortes», «Impugnación al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Fomento a las Cortes sobre el ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera», El Eco de la Clase Obrera, 19, y artículos en El Eco de la Clase Obrera (5, 7, 8, 9, 11, 17 y 22); de Molar y Alsina: «Observaciones acerca del proyecto de ley sobre la industria manufacturera, dirigidas por los representantes de la clase obrera de Cataluña a la comisión de las Cortes Constituyentes que entienden en dicho proyecto» y discursos ante la comisión de las Cortes en El Eco... 18, 19 y 20; textos de Ramon Simó Badia: «Memoria sobre el desacuerdo entre dueños de taller y jornaleros», fragmentos en Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 133-134, 136, 154, 170 y 714-723, «Armonía entre el capital y el trabajo», y discurso en un banquete de obreros en Madrid reproducido en Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. II, pp. 293-294.

[88] Así, cuando El Barcelonés apoyó a los candidatos obreros en las elecciones legislativas, habló siempre de la necesidad de representar en las instituciones a todas las clases. Nunca las enfrentó como había hecho la prensa del Trienio: Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 540-541. Para El Constitucional, véase supra.

[89] La interpretación que sigue está tomada de Genís Barnosell, «Entre el liberalismo y el saint-simonismo. Joseph Andrew de Covert-Spring (1828-37)», VII Encuentro de Historia de la Restauración. Utopía y cultura política en España liberal, Santander, 2004 (en prensa), donde doy cuenta de la amplia bibliografía existente sobre Covert-Spring.

[90] Alexandre Sánchez (ed.), Protecció, ordre i llibertat. El pensament i la política econòmica de la Comissió de Fàbriques de Barcelona (1820-1840), Barcelona, Alta Fulla, 1990, pp. 86-87; Roser Solà, L’Institut Industrial..., pp. 31-76.

[91] Josep M.ª Fradera, Jaume Balmes. Els fonaments racionals d’una política catòlica, Vic, Eumo, 1996, pp. 187-213. Las citas corresponden a textos de Balmes.

[92] Balmes quería moralizar a las «clases menesterosas» y creía en la caridad y las Cajas de Ahorro como alternativa a los sindicatos y confiaba en que los trabajadores delegarían en «personas acomodadas» la defensa de sus intereses. Aceptaba como mucho un «tribunal de paz» de trabajadores y fabricantes presidido por una autoridad (que, aunque no lo hiciera explícito, en la tradición barcelonesa siempre había tenido la función de desempatar). Los trabajadores elegirían a representantes en cada fábrica, que se reunirían (los de fábricas cercanas, «sin admitirse discusiones de ninguna clase» y nunca los de todas las fábricas de forma conjunta) para elegir a los que formarían el tribunal: Jaime Balmes, «Relaciones entre fabricantes y trabajadores», «Medios morales que debe emplear Cataluña para evitar su desgracia y promover su felicidad», «Consideraciones sobre la conducta que deben observar las clases ricas con respecto a las pobres» (1843-1844), en Jaime Balmes, Obras completas, Barcelona, Editorial Selecta, 1948, vol. 2, pp. 1162-1172 y 1205-1209. Algo más optimista se muestra Josep Maria Fradera, Jaume Balmes..., pp. 205-208.

[93] Genís Barnosell, Orígens..., pp. 163-251 y «Consens i revolució. Poble i nació a la Barcelona de la Revolució Liberal, 1835-1843», Barcelona Quaderns d’Història, 10, pp. 137-170.

[94] Joan Fuster, Barcelona i l’Estat centralista..., pp. 38, 57-58, 71, 107-130.

[95] El Bien Público, 21 de julio de 1849.

[96] Ejemplos de estas demandas: El Bien Público, 12, 14 y 22 de febrero, 5, 11, 17, 24 de marzo, 20 de abril, 5 y 21 de julio, 1 y 24 de agosto de 1849, 4 de marzo, 18 de abril y 24 de junio de 1850. Sobre este diario, Roser Solà, L’Institut Industrial..., pp. 251-310.

[97] Joan Fuster, Barcelona i l’Estat centralista..., pp. 136-147.

[98] El Locomotor, 17, 18, 21 y 22 de marzo, 4, 10, 11, 12 y 23 de abril y 2 y 7 de mayo de 1849.

[99] Pedro Felipe Monlau y J. Salarich, Condiciones de vida y trabajo obrero en España a mediados del siglo xix. Estudio preliminar y notas críticas a cargo de Antoni Jutglar, Barcelona, Anthropos, 1984, pp. 84, 91-92 y 103-104; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. II, pp. 613-653.

[100] Josep Fontana, La crisi..., pp. 300-306.

[101] Josep Maria Fradera, Cultura nacional..., pp. 117-123.

[102] Roser Solà, L’Institut Industrial de Catalunya..., pp. 275-276; Josep Fontana, La crisi..., pp. 300-306.

[103] En la Década moderada, el Cuerpo de Protección y Seguridad Pública disponía en la ciudad de Barcelona de un máximo de 150 agentes dedicados a la delincuencia común de poca monta (que podía incluir viejos hábitos consuetudinarios definidos ahora como robos) y a la prostitución. La Guardia Civil, cuerpo militarizado de escaso control por parte de las autoridades civiles, disponía de unos 100 agentes en toda la provincia de Barcelona dedicados sobre todo a la delincuencia común, de forma parecida a las Escuadras de Cataluña, cuerpo igualmente paramilitar bajo órdenes del capitán general, que disponía de unos 150 hombres en la provincia. La policía secreta (creada en 1849) disponía de 20 o 30 agentes en la ciudad dedicados a la delincuencia común de mayor calado y a la infiltración en los medios políticos sospechosos para el régimen. El ejército (auxiliado frecuentemente por las Escuadras) continuó siendo fundamental en la represión política y social, hecho agravado por el continuo estado de sitio en que vivió Cataluña en aquellos años; cf. Manel Risques, El govern civil de Barcelona al segle xix, Barcelona, PAM, 1995, pp. 455-519; Núria Sales et al., Els Mossos d’Esquadra, Barcelona, L’Avenç, 1981, pp. 53-62.

[104] Manuel Ardit, «Bandolerisme i delinqüència a les acaballes de l’Antic Règim (País Valencià, 1759-1843)», Recerques, 3, 1974, pp. 137-152; Irene Castells, La utopía insurreccional del liberalismo, Barcelona, Crítica, 1989; Anna M. Garcia, La revolució liberal...; Juan Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, 1967; Antonio M. Bernal, La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, 1979, pp. 419-455; Jordi Maluquer, «Los orígenes del movimiento obrero...», pp. 795-797; Manuel R.

[105] Gerard A. Ritter, El estado social, su origen y desarrollo en una comparación internacional, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, pp. 65-80; Dick Geary (comp.), Movimientos obreros y socialistas en Europa, antes de 1914, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, pp. 73-83 y 184-187; Jean Sagnes (dir.), Histoire du syndicalisme dans le monde des origines à nos jours, Toulouse, Privat, 1994, pp. 21-59.

[106] La política arancelaria, prohibicionista desde 1820 –obtenida a remolque del proteccionismo cerealícola– o proteccionista después de 1849, se creía amenazada por la falta de recursos económicos de los sucesivos gobiernos o por los vaivenes políticos que podían llevar al librecambio o a la firma de convenios comerciales demasiado generosos. Véanse los trabajos de Antón Costas, Francisco Artal y Francisco Comín publicados en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles. 4. La economía clásica, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2000, pp. 459-482, 543-555 y 639-645. Ejemplos considerados como ausencia de política industrial en Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 397-404.

[107] Douglas E. Ashford, La aparición de los estados de bienestar, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986, pp. 82-97; Gerhard A. Ritter, El estado social..., pp. 7280; Thilo Ramm, «El laissez-faire y la protección de los trabajadores por parte del estado», en Bob Hepple (comp.), La formación del derecho del trabajo en Europa, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994, pp. 99-145; Bob Hepple, «La legislación del bienestar y el trabajo asalariado», en Bob Hepple (comp.), La formación..., pp. 147-192; Clara Eugenia Núñez y Gabriel Tortella, La maldición divina. Ignorancia y atraso económico en perspectiva histórica, Madrid, Alianza, 1993.

[108] La oposición patronal a la regulación del trabajo infantil y femenino, en Genís Barnosell, Orígens..., p. 165; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. II, p. 272. Para el Estado, cf. A. Martín, «La formación del derecho del trabajo en España», en La legislación social en la Historia de España. De la revolución liberal a 1936, Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1987, pp. XVIII-XLVII, 3-12, 19-34.

[109] Véanse los estudios de Demetrio Castro y Pedro Trinidad en Historia de la acción social pública en España, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990, pp. 67100 y 101-135; Mariano Esteban, «La asistencia liberal española: beneficencia pública y previsión particular», Historia Social, 13, 1992, pp. 123-138; Carmen López, «La pobreza en el pensamiento político. España, primera mitad del siglo XIX», Historia Social, 13, 1992, pp. 139-156; Carles Grabuleda, «Los límites de la acción social en la España del siglo XIX. Asistencia y salud pública en los orígenes del Estado liberal», Hispania, LX/2, 205, 2000, pp. 597-622; Pedro Fraile, Un espacio para castigar. La cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglos xviii-xix), Barcelona, Ediciones del Serbal, 1987; Carmen García, Génesis del sistema educativo liberal en España. Del «Informe» Quintana a la «Ley Moyano» (18131857), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1994; Jean-Louis Guereña y Antonio Viñao, Estadística escolar, proceso de escolarización y sistema educativo nacional en España (17501850), Barcelona, EUB, 1996; Montserrat Alay, «L’atenció a la infància abandonada i a les dones desemparades a la Barcelona de mitjan segle XIX», Barcelona Quaderns d’Història, 10, 2004, pp. 85-99; Alfons Zarzoso, «Poor Relief and Health Care in 18th and 19th Century Catalonia and Barcelona», en Ole Peter Grell, Andrew Cunningham y Bernd Roeck (eds.), Health Care and Poor Relief in 18th and 19th Century Southern Europe, AldershotBurlington, Ashgate, 2005, pp. 121-141; Genís Barnosell, Orígens..., pp. 28-44. Comisión de Estadística General del Reino, Anuario estadístico de España, Madrid, 1858, pp. 293 y 297; Anuario estadístico de España, Madrid, 1859-1860, pp. 154-155 y 167.

[110] Pascual Madoz, Diccionario..., voz «Barcelona».

[111] El Bien Público, 10, 11, 14 y 22 de febrero, 5, 9, 17 y 21 de marzo, 15 y 20 de abril y 23 de mayo de 1849; Joan Fuster, Barcelona i l’Estat centralista..., 1849, pp. 210-212.

[112] El Locomotor, 23 de abril de 1849, por ejemplo, criticaba la ley de prisiones que El Bien Público alababa. El Locomotor, 21 de marzo, 4 y 12 de abril, 2, 7, 11 y 18 de mayo de 1849.

[113] Se rechazaba, pues, la única iniciativa –por lo demás, totalmente tradicional– que iba directamente dirigida a paliar lo que la historiografía ha denominado la «nueva pobreza», es decir, la producida por efecto de las crisis industriales.

[114] Otros intentos de intervencionismo público en las cuestiones fabriles y laborales, siempre fracasados, se habían dado ya con anterioridad –1844, 1847 o 1850– y siempre criticados por la patronal. Roser Solà, L’Institut Industrial de Catalunya..., pp. 87-89; Manel Risques, El govern civil..., pp. 341, 430-444 y 528-533; Joan Fuster, Barcelona i l’Estat centralista..., pp. 81-89 y 228-229. El desinterés de los diputados catalanes por el control público de la salubridad fabril en 1855, en Carles Grabuleda, «Los límites...», p. 621.

[115] Así, el Barón de Meer, capitán general de Cataluña en 1837-1839 y 1843-1845 y conocido por su brutalidad contra los radicales, era recordado con elogios por Mañé en 1856. Esta actitud tenía múltiples antecedentes, como los elogios de Buenaventura Carlos Aribau a la represión de Prim de la revuelta centralista de 1843 o los del Ayuntamiento de Barcelona de designación militar de julio de 1856 (formado por fabricantes, comerciantes, propietarios y artesanos acomodados) de la represión de la insurrección popular de Barcelona. En los momentos de tolerancia gubernamental hacia las asociaciones, las quejas fueron por falta o insuficiencia de represión. Juan Mañé, «Cataluña», El Criterio, noviembre-diciembre de 1856, diario madrileño, citado en Joaquim Molas et al., La Renaixença. Fonts per al seu estudi, Barcelona, UB-UAB, 1984, pp. 146-180. Los versos de Aribau (periodista, hombre de negocios, redactor de El Corresponsal y autor de la «Oda a la pàtria») en Josep Fontana, La crisi..., pp. 292-293; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 724-754 y vol. II, pp. 451-506; Genís Barnosell, Orígens..., pp. 171-178, 192-194 y 229-236.

[116] Son muy significativos de la actitud de Mañé tanto sus comentarios a la actuación de las autoridades ante la huelga de marzo de 1855 como su valoración positiva de la acción del general Manuel de la Concha en la Barcelona de julio-agosto de 1854. Jordi Bou, Correspondència entre Benet de Llanza i Joan Mañé i Flaquer, Barcelona, PAM, 2002, pp. 131-140; Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 385-393. En otro texto, Mañé atribuía a diputados conservadores catalanes (que habrían actuado a sugerencias suyas) el cese de la «cruda persecución» a que las autoridades sometían a «determinadas personas de la clase trabajadora, por cierto de las más ilustradas y virtuosas», de forma que «a su mediación se debió sin duda el que la clase trabajadora dejara de ser considerada por más tiempo fuera de la ley». Tal texto, sin embargo (la necrológica de Sol y Padrí) fue escrito a finales de julio de 1855, un momento que ha podido ser descrito como de «terror» sufrido por los obreros con alguna responsabilidad en el sindicalismo. Los dirigentes sindicales reales, pues, difícilmente eran considerados como ilustrados, virtuosos y dignos de ser tenidos en cuenta: Joan Mañé, Colección de artículos, 1856, pp. 287-293.

[117] Joan Mañé, «Cataluña»; Alfred Sudre, Historia del comunismo o refutación histórica de las utopías socialistas, Barcelona, A. Brusi, 1856 (traducción y prólogo de Joan Mañé), pp. VI-XVII; El Locomotor, 18 de junio de 1849.

[118] Las cifras se refieren a beneficencia: Anuario estadístico..., 1859, pp. 325-329; Anuario estadístico..., 1859-1860, pp. 149 y 219-244; Alfonso Barrada, La protección social en España hacia 1845, Bilbao, Fundación BBV, 2001, vol. I, pp. 150-172; Mariano Esteban, «La asistencia liberal española...». El gasto por habitante de Madrid, sin embargo, multiplicaba por 8 la media española (en 1842).

[119] Roser Solà, L’Institut Industrial de Catalunya..., pp. 353-368; Manel Risques, El Govern civil..., pp. 445-449; Joan Fuster, Barcelona i l’Estat centralista..., pp. 68-71 y 238244.

[120] Roser Solà, L’Institut Industrial de Catalunya..., pp. 140-193. El apoyo que prestó la ADTNCO a Vilaregut fue suficiente para que fuera prohibida en febrero de 1850 y sustituida por una Asociación de Socorro y Protección de la Clase Obrera y Jornalera, con menos fabricantes y controlada por la Iglesia, que acentuó la vertiente benéfica y caritativa. Los trabajadores permanecieron, pero perdieron casi del todo su presencia en la junta directiva.

[121] Joan Fuster, Barcelona i l’Estat centralista..., pp. 107-119.

[122] Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona..., vol. I, pp. 587-605 y vol. II, pp. 304-321.

[123] Isabel Burdiel, Isabel II, Madrid, Espasa, 2004, pp. 343-344, 372 y 378.

[124] El repertorio de formas de presión de la patronal algodonera, en Roser Solà, L’Institut Industrial de Catalunya...

[125] Miquel Izard, Manufactureros, industriales y revolucionarios, Barcelona, Crítica, 1979, pp. 84-141 y 179-192; Marició Janué, Els polítics en temps de revolució, Vic, Eumo, pp. 118-123 y 183-220.

[126] Gérard Fritz, L’idée de peuple en France du xviie au xixe siècle, Estrasburgo, Presses Universitaires de Strasbourg, 1988; Juan Francisco Fuentes, «Concepto de pueblo en el primer liberalismo español», Trienio, 12, 1988, pp. 176-209.

[127] Peter Burke, La cultura popular..., pp. 35-60; Llorenç Prats, El mite de la tradició popular, Barcelona, Edicions 62, 1988, pp. 169-199; Josep M.ª Fradera, Cultura nacional..., pp. 109-173.

TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL: UNA VISIÓN DESDE CATALUÑA (1842-1902)

Albert Garcia Balañà

Universitat Pompeu Fabra

Un Estado más comprensivo con las verdaderas necesidades del país.

Fue Jaume Vicens i Vives, en su emblemática Noticia de Cataluña (1954 y 1960), quien culminó una muy concreta narrativa sobre el lastre que el Estado liberal español había puesto en los pies de la Cataluña industrial del siglo XIX. Vicens trazó el perfil de una burguesía catalana ochocentista genuinamente individualista en los negocios y, sin embargo, «con una verdadera aptitud para las actuaciones colectivas, las cuales habrían tomado mayor vuelo si hubiesen sido favorecidas, y no perturbadas, por un Estado más comprensivo con las verdaderas necesidades del país». Por «aptitud para las actuaciones colectivas» Vicens entendía una imprecisa constelación de asociaciones civiles y privadas no emanadas del poder político (corporaciones patronales y sindicatos obreros entre ellas) que traducían «la faceta colectivista, hermanadora, del espíritu catalán». Las realizaciones de dicho espíritu durante la segunda mitad del siglo XIX fueron tan abundantes, según Vicens, «que uno piensa cómo podría haberse desarrollado nuestra sociedad si no se la hubiese forzado desde los Ministerios a acentuar las tendencias individualistas en el campo de la economía, de la cultura y de la vida». Por ejemplo, vaticinaba Vicens, otra hubiese sido entonces la historia del sindicalismo catalán entre los dos siglos:

Otra hubiese sido, sin duda, la eficacia constructora del sindicalismo obrero en Cataluña. El sindicalismo catalán se orientaba, por tendencia natural, hacia un sistema de intervención social semejante al que desarrolló el tradeunionismo inglés. Si cayó hacia el lado revolucionario del sindicalismo francés de fin de siglo y si, en definitiva, fue instrumento del anarquismo, [... fue por] una burguesía asustada [¿ante qué?] y unas autoridades militares extralimitadas en su profesión.

Vicens ponía negro sobre blanco un argumento nacido con el catalanismo político, ciertamente con el interesante matiz maragalliano de calibrar el miedo –sin más– del patriciado catalán finisecular. Pero el Estado, turbador desde su lejanía casi oriental, seguía allí, en el centro de la escena.[1]

La cuestión del rol del Estado en la formación de la Cataluña industrial, su lugar a propósito de las relaciones entre fabricantes y trabajadores dentro y fuera de la fábrica, ha sobrevolado con mucha discreción los más recientes debates historiográficos sobre nacionalización y regionalismos en la España del siglo XIX. En verdad, como tal cuestión apenas ha sido tratada de forma explícita, esto ha contribuido en parte a la supervivencia de los argumentos de la primera narrativa catalanista recopilados y mejorados por Vicens. Así ocurre en el debate sobre la denominada «débil nacionalización» en la España del siglo XIX, donde la intermitencia y fragilidad de las políticas de «reforma social» suelen aducirse como demostración complementaria de la debilidad nacionalizadora en un marco económico y político de desarrollo desigual.[2] Sin embargo, queda en el aire una pregunta que parece pertinente: ¿en qué medida –y cómo– las elites industriales catalanas contribuyeron a esa misma «débil nacionalización» en lo que respecta a sus relaciones con los trabajadores fabriles, a su capacidad para conciliar sus propias expectativas con las que dichos trabajadores podían depositar en la naciente política –y Estado– liberal? Por su parte, las investigaciones más interesadas en las raíces endógenas del regionalismo, que se reformuló como nacionalismo catalán, han concentrado su atención en las dos últimas décadas del siglo XIX (la cronología clave para tal transformación), en detrimento de una mirada a más largo plazo. Ello ha favorecido una aproximación excesivamente estática –casi de foto fija– al asunto de las relaciones sociolaborales en el contexto de una sociedad cuya transformación industrial había arrancado durante el primer tercio del siglo.[3] Hoy sabemos, no obstante, que el clima de tensión laboral y radicalización social que se asentó en la Cataluña industrial de fin de siglo se fraguó durante varias décadas y que las relaciones entre fabricantes y trabajadores no cesaron de rehacerse, a pie de fábrica y más allá, durante la «larga» segunda mitad del XIX.

Este trabajo prioriza una mirada de largo recorrido, que cubre prácticamente los dos últimos tercios del siglo XIX, para así considerar las relaciones entre patriciado industrial, sindicalismo fabril y Estado liberal más allá de la coyuntura. Un criterio intelectual que, al romper con el canon cronológico de las narrativas catalanistas, trata de restituir la decisiva continuidad histórica entre las décadas de formación del Estado liberal y las de su «crisis» finisecular. Una continuidad particularmente decisiva en el caso de la Cataluña industrial, como trataré de demostrar. Decisiva por las transformaciones que sacudieron el mundo del trabajo fabril (algodonero) precisamente a partir de los años sesenta, de tal modo que ciertas culturas obreras –y las certezas laborales a ellas asociadas– fueron barridas en apenas una generación.[4] Y decisiva, asimismo, porque no son pocas las investigaciones recientes que han señalado lo fundamental que fue para la historia política del XIX español el Sexenio democrático (1868-1873), su condición de punto de inflexión indispensable para comprender la suerte de los liberalismos alumbrados en 1835-1843, así como los porqués de las culturas políticas que echaron raíces en la primera Restauración. En el Sexenio «catalán» se dieron cita todas estas consideraciones con particular contundencia y relevancia.[5]

TRABAJO INDUSTRIAL Y REVOLUCIÓN LIBERAL EN CATALUÑA: EXPECTATIVAS E INCERTIDUMBRES POLÍTICAS, TÁCTICAS SINDICALES Y PATRONALES (1842-1873)

Hoy sabemos que los primeros episodios de institucionalización de relaciones laborales plenamente capitalistas, en la Cataluña manufacturera o industrial, resultan inseparables de los procesos de reforma y revolución política que apuntalaron el Estado liberal en la España de las décadas de 1830 y 1840.

Investigaciones recientes como las de Genís Barnosell y Juanjo Romero, distintas pero igualmente perspicaces, han señalado el notable protagonismo de las emergentes sociedades de oficio posgremiales en la política y el espacio público barceloneses durante el Trienio esparterista (1840-1843).[6] Barnosell nos ha contado la fulgurante irrupción de la Asociación de Tejedores de Barcelona en la política local y regional del bienio 1840-1841, al socaire de la tolerancia y el interés del progresismo mesocrático barcelonés por dotarse de una base social interclasista y organizada en tiempos de guerra civil y dudosa fidelidad de algunas familias moderadas. En la estela de los argumentos de Anna M. Garcia para la Barcelona popular de los años treinta, Barnosell escribe que «los tejedores de algodón eran conscientes de que la existencia legal (o tolerada) de su asociación dependía de la libertad política», de que –en palabras de la Asociación– «no sean en lo sucesivo los tejedores tenidos hasta aquí a manera de esclavos, y sí como ciudadanos iguales a ellos [los fabricantes]».[7] En una coyuntura donde confluyeron una potente reactivación de la algodonería catalana y la liberalización política asociada a la abdicación de María Cristina y al inicio de la regencia de Espartero (invierno de 1840-1841), aquellos intereses y protagonismos cruzados propiciaron episodios como el de la instalación de la Comisión Mixta de Tejidos de Barcelona bajo el patronazgo del nuevo ayuntamiento progresista (enero de 1841). Que la existencia de dicha Comisión Mixta resultase breve es, aquí, menos importante que su contribución a la fijación de la Asociación de Tejedores como agente laboral colectivo, políticamente legítimo y por ello capaz de reunir a más de tres mil miembros. Una fijación que a su vez exigió imaginativas lecturas –indiscutiblemente políticas– del cuerpo legal existente en 1841, por ejemplo para hacer pasar la actividad de un sindicato de oficio por expresión del «derecho natural» a «auxiliarse mutuamente» (según la legislación sobre las tradicionales sociedades de socorros mutuos), para lo cual la Asociación de Tejedores contó con no pocos apoyos en las variadas filas del primer progresismo catalán, al menos hasta el verano de 1842.[8]

Al igual que la Asociación de Tejedores de Barcelona se sirvió de las premisas universalistas del liberalismo revolucionario para tratar de obtener reconocimiento institucional y garantías legales, las distintas facciones liberales trataron de atraer a sus luchas partidistas de los primeros años cuarenta a los hombres de la Asociación. Así lo pretendieron republicanos y moderados cuando ocurrió la revuelta barcelonesa contra el Gobierno de noviembre y diciembre de 1842, en la que la participación de tejedores resultó abundante y con la que la Asociación, sin embargo, evitó comprometerse como tal, consciente de que la estrategia insurreccional podía depararle –dadas sus efectivas capacidades– más pérdidas que ganancias.[9] Barnosell sostiene que la unidad de acción sindical de los tejedores manuales barceloneses siempre fue por delante, en 1842 y 1843, de una menos probada y probable unidad faccional o política.[10] Y ello porque si era en la política, en el proceso abierto y nada plácido de construcción del Estado liberal, donde residían no pocas oportunidades para el primer sindicalismo posgremial, también era la política, con su carga de tensión e incertidumbre revolucionarias, la que podía volverse contra la estricta pretensión de libertad sindical y autorización de la negociación colectiva (cuyas motivaciones estaban, en gran medida, más acá de la política). Podían los fabricantes, por ejemplo, aprovechar todo vaivén político para desacreditar al sindicato por su supuesta contribución a aquél (y romper así toda negociación colectiva), y así lo hicieron en 1842 y en 1855. Jaume Balmes, hombre lúcido y nada sospechoso de radicalismo, recomendó en 1843 la plena legalización sindical –y la negociación colectiva sobre salarios y jornada laboral– precisamente para ahuyentar toda «idea política» de las primeras asociaciones, para neutralizar la pesadilla de la revolución interminable en la ciudad industrial.[11]Un Balmes moribundo iba a bendecir el singular proyecto de una Asociación Defensora del Trabajo Nacional y de la Clase Obrera en la Barcelona de 1847-1848, frágil iniciativa de cierta mesocracia industrialista para establecer espacios privados de negociación laboral –y deferencia social– entre fabricantes algodoneros y tejedores e hiladores, precisamente cuando al gubernamental elitismo político moderado se oponían nuevas oleadas insurreccionales, democrático-republicanas y carlistas.[12]

La Década moderada (1844-1854) no hizo sino preservar muchas de las connotaciones políticas del primer sindicalismo, posgremial y de oficio. Éstas iban a reaparecer en la Cataluña del Bienio progresista (1854-1856) con tanta o más fuerza que en 1841-1842. En verdad, el impacto político de la miríada de relaciones laborales que se cruzaban en la renovada y expansiva manufactura catalana iba a resultar singular y novedoso en al menos un sentido, pues motivó directamente y por vez primera la preparación de un proyecto de ley, encargado por el Gobierno y estudiado por las Cortes. El Proyecto de Ley sobre Ejercicio, Policía, Sociedades, Jurisdicción e Inspección de la Industria Manufacturera, presentado por el ministro Manuel Alonso Martínez en octubre de 1855, fue, ante todo, la réplica gubernamental a la forzada politización del mundo del trabajo manual en la Cataluña urbana e industrial. Y como ocurre también con su antecedente menor e inmediato, el real decreto de enero de 1855 mediante el que se nombró a una comisión parlamentaria «para reconocer y apreciar en su justo valor las causas de las disidencias suscitadas entre los fabricantes y los trabajadores de Barcelona», el proyecto de ley de verano-otoño de 1855 tiene más interés por las demostraciones de fuerza social y razón política que se desplegaron a su alrededor que por su estricto contenido legislativo (que no debe descuidarse).[13]

Con ocasión del arranque de la citada comisión parlamentaria, en el invierno de 1855, asomaron en las Cortes algunas de las expectativas que la primera generación de trabajadores fabriles catalanes había recobrado públicamente tras el reciente golpe de timón progresista. El Gobierno encabezado por Espartero tuvo a bien poner aquella comisión en manos de Pascual Madoz y Ciril Franquet, los dos gobernadores civiles que había tenido la provincia de Barcelona desde el agitadísimo verano de 1854. Madoz y Franquet conocían personalmente, y decían apreciar, a Àngel Jofresa y Joan Miralles, dos de los comisionados «obreros» catalanes que acudieron a Madrid y fueron oídos por diputados de la comisión entre febrero y abril de 1855.[14] Jofresa y Miralles, delegado de los tejedores de velos barceloneses el primero y de los hiladores de algodón el segundo, encarnaban una doble dinámica pública, laboral y política, que había ganado mucho terreno en la Cataluña de los últimos meses, desde el Manifiesto de Manzanares de julio de 1854. Una doble dinámica que los gobernadores Madoz y Franquet habían tratado de institucionalizar para mayor seguridad del progresismo patricio local, lejos de combatirla abiertamente.

En primer lugar y en el ámbito de las relaciones laborales, Madoz y Franquet habían proporcionado cobertura institucional –y sin duda vigilancia– a los sucesivos convenios colectivos sectoriales firmados en Barcelona desde agosto de 1854. La revuelta popular contra el moderantismo y la simultánea vigorización sindical habían empujado a los fabricantes de hilados de algodón, de tejidos «mecánicos» de algodón, de velos o tejidos de seda, de tejidos estampados (...) hacia las mesas de negociación y a las autoridades más perspicaces, como Madoz o Franquet, a tutelar tales procesos.[15] Esto último podía poner coto a ciertas aspiraciones de hiladores, tejedores o veleros –favorecidas por la coyuntura revolucionaria–, pero constituía, al mismo tiempo, un indiscutible reconocimiento político de su derecho a la negociación laboral colectiva, aún por legislar en España (y sin embargo ya anticipado). Así rezaba el punto cuarto del convenio del ramo de velería o tejidos de seda publicado por el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el 8 de noviembre de 1854: «Hasta tanto que el Gobierno de S. M. haya sujetado las cuestiones fabriles a una ley o reglamento especial, las que se susciten serán resueltas por un jurado o junta sindical, compuesta de tres fabricantes y tres operarios, bajo la presidencia con voto de la autoridad civil».[16] Superpuesta a la dinámica de negociación y firma de convenios laborales, se adivina una segunda dinámica, sin apenas precedentes, de «representación obrera» en las renovadas y democratizadas instituciones de gobierno local y provincial. Los ya citados Àngel Jofresa y Joan Miralles, representantes de las sociedades de tejedores de velos e hiladores, fueron elegidos concejales del Ayuntamiento de Barcelona en las elecciones de noviembre de 1854, los primeros en acceder a dicha institución bajo el epígrafe explícito de «obreros». Ambos habían sido llamados asimismo a las filas de la Junta Consultiva de la Provincia de Barcelona, al tiempo que Miralles había figurado en una de las candidaturas progresistas a Cortes (octubre de 1854) y Jofresa había sido elegido al frente de uno de los batallones de la restablecida Milicia Nacional barcelonesa (octubre de 1854).[17] Consecuencia del protagonismo plebeyo durante las jornadas revolucionarias y de la rapidez de reflejos de cierto patriciado progresista para asimilarlo en dosis homeopáticas, esta visibilidad política de Jofresa y Miralles –y de otros como ellos– no puede desgajarse del ascendiente social y horizonte laboral de sus respectivos oficios fabriles en 1855.

La combinación de cambio político «revolucionario» (como el desatado por el pronunciamiento militar de junio de 1854) y orgullo e incertidumbre «artesanas» (como se mezclaban aún entre los tejedores de velos o los hiladores de algodón en Cataluña) resultaba determinante y explosiva. Determinante para dar forma y expresión a las expectativas de defensa laboral de los incipientes oficios fabriles, incluyendo expectativas que ningún fabricante podía considerar (así ocurrió, por ejemplo, con una facción de los hiladores sindicados, quienes mezclando acciones «revolucionarias» y acciones luditas en la Barcelona del verano de 1854 lograron la prohibición eventual por parte del capitán general de Cataluña de la última generación de máquinas de hilar algodón, ahorradoras de trabajo y propicias para la feminización de éste).[18]Y explosiva, fundamentalmente, a ojos de un empresariado capitalista en plena recomposición y reorientación, muchos de cuyos miembros y capitales habían buscado en Barcelona refugio y seguridad ante la guerra civil que durante casi dos décadas devastó sus comarcas de origen. El miedo a la revolución política desbordada o faccionalizada como escenario favorable a las expectativas del factor trabajo, a sus imposiciones, late también en las intervenciones del más lúcido industrialismo catalán de los años cincuenta. Es así en la extensa intervención parlamentaria que el entonces diputado por Barcelona Laureà Figuerola hizo ante las Cortes Constituyentes el 19 de mayo de 1855 (al preguntar al gobierno por su tardanza en revocar públicamente la orden de Capitanía de 25 de julio de 1854 que prohibía en Cataluña aquellas máquinas de hilar, las «selfactinas»). Tras lamentar el intervencionismo de la autoridad militar en asuntos industriales y laborales, incluso en tiempo de revolución, Figuerola lanzó un doble mensaje revelador. Apeló a la conveniencia política de legislar sobre derecho de sindicación, porque decía «comprender la asociación de los obreros para sostener dentro de justos límites el precio de la mano de obra pero libremente» y porque la ausencia de ley había favorecido la represión arbitraria y ésta, a su vez, la formación de «asociaciones secretas» con las que «hombres mal entretenidos» habían «intimidado a las masas de trabajadores honrados».[19] En los «hombres mal entretenidos» radicaba el segundo mensaje: Figuerola los presentó bajo la sombra de «los que utilizan la cátedra del Espíritu Santo concitando los odios de una clase contra otra»,[20] es decir, de un «carlismo» muy atento a las dislocaciones sociales producidas por la rápida industrialización y urbanización.

Más allá de la imputación de Figuerola sobre el filocarlismo de ciertas culturas y clientelas sindicales –imputación interesada pero no desaforada: Pascual Madoz la detallaría casi con nombres y apellidos en la misma sesión parlamentaria–[21] se perfilan dos elementos que retener. El primero: la atmósfera de violencia civil que a mediados de la década de 1850 aún dominaba la vida catalana, con el humear de la Segunda Guerra Carlista o Guerra dels Matiners, el escenario de no pocas coincidencias estratégicas entre partidas carlistas y partidas antimoderadas y republicanas. En tal contexto, cualquier viraje político o gubernamental que apelase a una ciudadanía de amplio espectro cargaba con no pocos peligros para el emergente patriciado industrial, pues toda oportunidad de movilización política podía serlo también de movilización a pie de fábrica para ratificar o rechazar un determinado orden laboral. Peligros o, simplemente, condicionantes que había que tener muy en cuenta, como he podido explicar para la industria algodonera de la villa manresana de Sallent, cuyos fabricantes hacia 1850 no pudieron sino mantener a sus hombres hiladores en las nuevas máquinas «selfactinas», desechando toda tentativa de feminización, precisamente por razón de la cercanía de las partidas rebeldes, a las que se habían sumado «algodoneros» procedentes –como aquellos hiladores– de la moribunda manufactura paradoméstica.[22] Episodio, este último, que nos conduce al segundo elemento. Si la violencia partidista aún palpitaba en la vida catalana hacia 1854-1855, la centralidad laboral y social del factor trabajo también subsistía en las principales culturas manufactureras o industriales. Los hiladores de algodón, por ejemplo, a pesar de trabajar ya en establecimientos fabriles con notables exigencias capitalistas, conservaban un significativo control sobre el proceso de producción de hilo, fruto de las abundantes destrezas que demandaba la primera maquinaria «mecánica» (la máquina llamada «mule-jenny») y sobre todo de su propia autoridad y control sobre el trabajo de otros trabajadores, auxiliares reclutados por ellos y retribuidos según un sistema de destajo colectivo o «subcontratación interna». Las raíces de este modelo de organización laboral deben buscarse en la vigorosa red de talleres y pequeñas fábricas algodoneras en la Cataluña anterior al vapor de las décadas de 1820 y 1830, en las «costumbres» allí arraigadas, aceptadas por los futuros fabricantes capitalistas, a partir de 1835-1840, por imperativos de pronta competitividad pero también de presión sociopolítica de muchos «algodoneros» reconvertidos en hiladores o tejedores asalariados y fabriles.[23] Algo parecido puede decirse de la primera generación fabril de tejedores de velos o sedas, aún atada a la lógica artesana del telar jacquard y a la consiguiente transmisión de saberes a pie de fábrica, con todas sus implicaciones de control obrero sobre el «oficio» y su mercado de trabajo.[24] Figuerola y Madoz no despreciaron en 1854-1855 esta centralidad laboral y social del trabajo manufacturero aunque ya fabril, muy conscientes de que alimentaba la visibilidad política de hombres «excelentes y dignos», como Miralles y Jofresa, en la coyuntura revolucionaria, y de que toda acción represiva contra éstos daría alas a liderazgos obreros más sensibles a las incertidumbres del cambio tecnológico e industrial y por ello más temerarios y maximalistas.[25]

En verdad, a la altura del mes de mayo de 1855, cuando Figuerola y Madoz hablaron en las Cortes de la «cuestión social» en Cataluña, la negra espalda de una solución militar y represiva podía adivinarse ya. Pocas semanas antes, Leopoldo O’Donnell había movido los hilos para nombrar capitán general de Cataluña a Juan Zapatero, hombre nada querido por el esparterismo popular barcelonés, quien el 30 de mayo devolvería el estado de guerra a toda Cataluña tras nueve meses de hegemonía civil. Desde esta última fecha, la secuencia represión-acción no cesaría de retroalimentarse, con el visto bueno de O’Donnell y la aquiescencia de muchos fabricantes catalanes: disolución por parte de Zapatero de todas las sociedades obreras existentes de hecho (junio de 1855); primera huelga general de la historia industrial catalana, con esporádicos pero graves ataques físicos a fabricantes (primera semana de julio de 1855), y negativa de la Milicia Nacional barcelonesa a cargar contra los huelguistas, lo que provocaría su violenta depuración desde Capitanía en agosto de 1855.[26] Fue en semejante contexto de tensión laboral y política en el que Espartero y sus aliados barceloneses trataron de tender puentes con las sometidas y radicalizadas clientelas plebeyas de tradición progresista, a pesar de la debilidad gubernamental del primero y de las dificultades para maniobrar de los segundos. El más ambicioso, políticamente hablando, de tales puentes fue el Proyecto de Ley sobre Ejercicio, Policía, Sociedades, Jurisdicción e Inspección de la Industria Manufacturera, preparado por iniciativa de Espartero durante agosto y septiembre de 1855. Proyecto altamente reglamentista, que reconocía el derecho de sindicación bajo numerosas restricciones organizativas y territoriales, o que legislaba sobre jurados mixtos sometiéndolos a la plena designación gubernativa,[27] parece de tanta importancia la dinámica política que éste pudo propiciar como su estricta literalidad. La discusión del proyecto de ley permitió la irrupción en el Madrid de la segunda mitad de 1855 de un democratismo plebeyo de factura catalana, con nuevos «comisionados obreros» como Joan Alsina y Joaquim Molar informando a las Cortes, y publicistas como el tipógrafo Ramon Simó o Francesc Pi i Margall publicando sobre el proyecto y contra muchos de sus artículos.[28] La visibilidad política –incluso el protagonismo parlamentario– de algunos de estos hombres no resulta un dato menor a la luz de lo que ocurría, simultáneamente, en la Cataluña gobernada por un mando militar adicto a las deportaciones y a los encarcelamientos. Igualmente, el proyecto de ley ponía sobre la mesa –ciertamente, con una enorme dosis de prudencia y vigilancia– muchos de los puntos de fricción laboral que Zapatero había borrado de un plumazo en junio de 1855.

Dos reflexiones parecen desprenderse de la experiencia catalana del Bienio progresista (1854-1856), ambas de alguna importancia para lo que aquí nos ocupa. La primera: resulta difícil deslindar, a mitad de siglo, la exigencia obrera de libertad sindical y negociación colectiva de otras aspiraciones del abigarrado democratismo catalán, tales como la ampliación de los derechos y la representación política o el restablecimiento de una Milicia Nacional orgullosamente plebeya. Juanjo Romero ha podido demostrar que entre los miles de firmantes barceloneses de la Exposición de la Clase Obrera Española a las Cortes en la que se solicitaba el derecho de asociación obrera (septiembre de 1855), no faltaron los artesanos con taller ni una variada representación de menestrales alfabetizados,[29] evidencia de que las garantías legales para la actividad sindical formaban parte, todavía, de una agenda política y sociológica más amplia. En la misma dirección, Genís Barnosell ha documentado el trabajoso y lento despegue del término clase obrera en los textos de la Barcelona trabajadora de los años cincuenta, aún asociada la noción de «clase» al oficio específico y a la diferenciación laboral (y todavía vivos, aunque en decadencia, los lenguajes unificadores para propósitos políticos antes que laborales, como los que apelaban al «pueblo» o a los «trabajadores» sin más precisión).[30] Y la segunda reflexión: ante dicho potencial democratizador de toda institucionalización de las relaciones laborales –y revolucionario dado el diseño moderado del Estado liberal–, la mayoría de fabricantes catalanes apostó por escudarse tras la política de mano dura del capitán general Zapatero, siendo contadísimas las voces patricias que retomaron los argumentos de negociación después del verano de 1855. Algunas de estas voces, como la del progresista Francesc Amorós o la del «demócrata monárquico» Ceferí Tresserra, dejaron testimonios escritos del pronto incumplimiento patronal de las tarifas salariales firmadas en 1854.[31]

Mientras tanto, la Junta de Fábricas de Cataluña se desentendía del proyecto de ley esparterista, finalmente enterrado con la caída política del propio Espartero durante los primeros meses de 1856. Sin duda alguna, la experiencia de la huelga general de julio de 1855, con el asesinato del director del Instituto Industrial, Josep Sol i Padrís, y la insumisión de la Milicia Nacional local, pueden explicar en parte la mayoritaria aceptación patronal del mando de Zapatero en Cataluña durante los tres años siguientes. Sin embargo, tampoco debe ignorarse que, en el muy influyente sector algodonero, la segunda mitad de los años cincuenta sería la del avance decisivo de la empresa verticalmente integrada y densamente capitalista, con innovaciones tecnológicas que iban a favorecer la erosión de aquella centralidad laboral y social del factor trabajo que he reseñado.

Episodios como los descritos para 1841-1842 y 1854-1855, ¿permiten sentenciar que fueron el pretorianismo y la política de las camarillas más cercanas a la Corte los que cortaron de raíz ambos procesos de institucionalización de las relaciones laborales, nacidos de la especificidad industrial catalana y supuestamente interiorizados por trabajadores y fabricantes? Parece una sentencia excesiva si consideramos, por ejemplo, que el mando militar de Juan Zapatero no era la única expresión del Estado y sus políticas en la Cataluña de 1855 (aunque tras la pronta declaración del estado de guerra resultase sin duda su expresión más cruda y arbitraria), una pluralidad (desigual) de expresiones y opciones que no escapaba ni a los fabricantes ni a los líderes sindicales catalanes. Por ello la Junta de Fábricas catalana trató de desacreditar algunos de los artículos del proyecto de ley esparterista en octubre de 1855 (como el que restringía la jornada laboral de niños y adolescentes en las fábricas)[32] y no lo fio todo a la aparente omnipotencia de Zapatero en Barcelona y a la creciente debilidad de Espartero en Madrid. La patronal algodonera actuó entonces en frentes distintos pero no extraños entre sí, y qué duda cabe de que su silencio interesado ante la represión desencadenada desde Capitanía contra los sindicatos de oficio debilitó aún más la posibilidad de una opción legalista y por ello mínimamente negociada y negociable. También la debilitaron, pues, los apoyos que la patronal regional negó al pionero proyecto de ley y, en paralelo, la latente violencia social que aquel silencio contribuyó a prolongar en la sociedad catalana de mitad de siglo.

Dos episodios fechados durante el decisivo Sexenio democrático (18681873) ilustran la decantación patronal hacia un Estado mínimo en la regulación y fijación de las relaciones laborales industriales (con un trasfondo de concentración empresarial y mecanización en el textil algodonero catalán). Ambos episodios deben fecharse, con mayor precisión, durante el bienio 1871-1872 y bajo los auspicios de ciertos subgrupos del pequeño patriciado catalán, indiscutiblemente industrialistas. Ambos episodios, pues, relativamente alejados de las coyunturas políticamente más conflictivas del Sexenio en Cataluña (otoño de 1869, con la fracasada insurrección federal-republicana, y primavera de 1873 con todas las incertidumbres del imprevisible Estado republicano) y también de las mayores demostraciones de fuerza de los sectores plebeyos durante aquel largo lustro.

El primer episodio tuvo como punto de partida la creación de una Comisión de Información Parlamentaria acerca del Estado de las Clases Obreras durante la última legislatura de 1871 (comisión que Fernando Garrido ya había solicitado en las Cortes Constituyentes de 1869). El primer y principal trabajo de la Comisión de 1871, presidida por Ríos Rosas, fue la elaboración de un extensísimo «Interrogatorio» destinado a corporaciones públicas y privadas, interrogatorio formado por cuatro capítulos independientes: uno «relativo a las clases obreras agrícolas», otro «a los menestrales y artesanos», un tercero sobre «los obreros de fábricas» y el último acerca de «los obreros en establecimientos mineros».[33] En sesión parlamentaria de 31 de mayo de 1872 el diputado catalán Joaquim Maria Sanromà presentó una proposición «para que continúe la información parlamentaria cuyo objeto es estudiar el estado moral, intelectual y material de las clases trabajadoras». Con el apoyo de otros seis diputados, Sanromà razonó la conveniencia de reanudar los trabajos y empezar a procesar las «contestaciones y otros documentos de importancia» que «han empezado a venir»:

La cuestión obrera está sobre el tapete; acostumbrémonos a mirarla de frente, no como una amenaza o un peligro, sino como una necesidad de la época (...). Y si el obrero espera, sepamos también lo que espera, por qué espera, cómo espera y lo que tiene derecho a esperar. Procuremos distinguir, en lo que se llama política obrera, aquella política sombría, tenebrosa, de mera resistencia y abierta hostilidad a todos los grandes intereses sociales, y aquella otra política, también obrera, pero tranquila, sosegada, razonadora, que busca la regeneración, el mejoramiento del obrero por medios prudentes y sensatos (...).[34]

La Comisión fue renovada y reabierta en junio de 1872 y, sin embargo, nunca recibió contestación de la Diputación Provincial de Barcelona, ni «sociedad industrial o científica» alguna hizo llegar al Congreso, desde Barcelona, sus observaciones a las veintiuna preguntas sobre «la situación del obrero en la fábrica de X». Todas las copias vírgenes del Interrogatorio que llegaron a la sección primera de la Diputación siguen hoy en el archivo de la institución, sin señal de haber sido reenviadas, y los amargos párrafos que Sanromà dedicó en sus memorias a la patronal algodonera catalana a propósito del asunto parecen corroborar que ésta no movió un dedo para participar en la «información».[35]

El segundo episodio transcurría en paralelo al primero y también se remontaba a los meses posteriores a septiembre de 1868. Entonces, un grupo de ingenieros industriales catalanes abiertamente vinculados al Partido progresista (Ramon de Manjarrés, Damàs Calvet, Francesc Xavier Lluch, Magí Lladós i Rius) había concebido el proyecto de «fundar a la sombra de la Escuela de Ingenieros Industriales (de Barcelona) una verdadera escuela teórica y práctica para operarios y contramaestres». A pesar de semejante anuncio epistolar al diputado Víctor Balaguer, el proyecto de una Escuela Provincial de Artes y Oficios, de un «plan de enseñanza industrial para el obrero» con itinerarios de «enseñanza para operarios» y de «enseñanza para capataces o jefes de taller», no iría más allá del papel durante los tres años siguientes a 1869, falto de apoyos institucionales y patronales.[36] De modo significativo, acabaría arrancando en 1874 gracias al empuje político y legal de la brevísima Diputación republicana (abril de 1873). Con todo, sus primeros tiempos de actividad iban a pasar notablemente desapercibidos, con menos de un centenar de matriculados por año entre 1874 y 1877 y escasos «avales» de «persona o sociedad [empresa]» como forma de satisfacer las cinco pesetas de matrícula. Durante la segunda mitad de los años setenta, la Escuela Provincial de Artes y Oficios subsistió bajo la discretísima protección del Centro Industrial de Cataluña, asociación de mayordomos y contramaestres, sin aportación ni promoción de la patronal algodonera.[37]

El Sexenio democrático (1868-1874) debe leerse, también aquí, como un verdadero parteaguas. Investigaciones recientes e inteligentes han señalado la poderosa carga antielitista y meritocrática del primer liberalismo español, una cultura política escasamente restrictiva que los muy conflictivos años del Sexenio habrían cancelado definitivamente.[38] Algo semejante puede decirse del lugar y la suerte de las relaciones laborales industriales en la vida política de la Cataluña liberal. La experiencia del Sexenio habría desvelado, con desconocida rotundidad, todas las dificultades para la supervivencia de una agenda política sensible a la negociación laboral colectiva al tiempo que indiscutiblemente interclasista o portadora de alguna de las nuevas respetabilidades patricias. Confluyeron entonces, en la Cataluña industrial, la implosión final de las ya muy degradadas alianzas «revolucionarias» de los años cuarenta y cincuenta entre trabajadores manuales y nuevos patriciados industrialistas y, en paralelo, la cristalización de la primera gran ofensiva a pie de fábrica lanzada por algunos de los segundos contra los intereses y las expectativas laborales de muchos de los primeros.

Valga como poderoso ejemplo de dicha confluencia lo ocurrido en Barcelona durante el verano de 1869. Coincidieron entonces la movilización republicana, que culminaría en la fracasada insurrección federalista de finales de septiembre, y, no por azar, una de las huelgas más complejas y disputadas del siglo XIX catalán. Hombres como el republicano federal Joan Aleu, «alcalde popular», personificaron los renovados lazos entre política y trabajo, pues si en agosto Aleu intercedió ante los fabricantes algodoneros con el aval de los hiladores huelguistas, en septiembre trató de resistir el desarme gubernamental de la milicia ciudadana de Guías de la República, episodio que prendió la mecha del levantamiento federal.[39] La naturaleza de los enfrentamientos, en la calle y en la fábrica, sepultó cualquier reedición de las ocasionales alianzas «revolucionarias» o interclasistas de mitad de siglo. Un genuino portavoz de aquel primer optimismo industrialista reconoció en octubre de 1869 «que ya no existe partido progresista en Barcelona, pues todas las clases de la sociedad más o menos liberales, más o menos conservadoras, piden a Montpensier, y las masas están completamente entregadas al republicanismo».[40] Un estado de ánimo similar se desprende de la correspondencia del antaño optimista Laureà Figuerola con patricios conservadores catalanes como Manuel Duran i Bas, patricios a los que Figuerola reprochaba desde Madrid, en agosto de 1869, su «impotencia y eunuquismo» en la defensa de la revolución mesocrática del 68, su desatendida obligación de «estar en la calle para la común defensa y evitar la otra invasión de los obreros, tan mala como la jesuítica».[41] La irrupción del republicanismo de factura populista y audiencias plebeyas cancelaba la vieja comunidad política progresista precisamente cuando las renacidas reclamaciones obreras sonaban más exigentes e inverosímiles a oídos de los fabricantes. Ambas tensiones, la política y la estrictamente laboral, alimentaron el desinterés y el rechazo del patriciado conservador catalán (con los fabricantes algodoneros a la cabeza) hacia muchas de las reformas ensayadas por los hombres de la Revolución de Septiembre, como hemos visto para 1871-1872.

¿Cuáles eran las «exigencias» de los hiladores de algodón barceloneses en el verano de 1869, su protesta proclamada entre las paredes del Círculo Republicano Federal mientras las milicias civiles acumulaban armas para responder a su previsible disolución por parte del Gobierno? La huelga que paralizó la Barcelona algodonera durante los meses de agosto y septiembre de 1869 fue, aparentemente, una repetición de las pioneras luchas sindicales de los años cuarenta y cincuenta: reclamación de tarifas salariales colectivas, como las fugazmente respetadas en 1854-1855, y de jurados mixtos con facultades ejecutivas y sancionadoras «al estilo de los que se han ensayado con éxito en Inglaterra».[42] Sin embargo, pronto los fabricantes acusaron a hiladores y tejedores de pretender asimismo «fijar el número de operarios que debe tener cada máquina», de tratar de «intervenir en la admisión de operarios y en las atribuciones de los mayordomos»; a saber, de concebir la huelga como «una disputa sobre la organización interior de cada fábrica».[43] Y así era. Amparados en la difusión de nuevas tecnologías menos subordinadas al trabajo manual que las precedentes (caso de la nueva máquina de hilar llamada «selfactina»), los fabricantes barceloneses habían iniciado –con la inestimable colaboración de las muchas restricciones políticas a la acción sindical de los años 1856-1858 y 1864-1868– la demolición de aquella «centralidad laboral» de los hiladores fabriles de la que he hablado para los años cincuenta. Las nuevas máquinas, la mayor concentración empresarial y la obligada discreción sindical favorecían, por ejemplo, el aumento de las tareas estrictamente productivas para los hiladores o un mayor número de husos de hilar por hilador –en detrimento de sus «tradicionales» atribuciones organizativas–, así como los episodios de feminización del «oficio». Ante tales evidencias, los hiladores barceloneses reorganizados a raíz de septiembre de 1868 aspiraban a detener tal cambio estructural, a defender sus posiciones de autoridad y control del trabajo (propio y ajeno) a pie de fábrica aprovechando, por qué no, la coyuntura de revolución aún abierta y masas movilizadas del año 1869. La derrota de los huelguistas en octubre, en paralelo a la derrota de las insurrecciones federalistas, no iba a liquidar semejante malestar obrero durante el Sexenio. Huelgas locales y parciales cortadas por el mismo patrón abundarían en los años siguientes.[44] Mientras tanto, los patronos algodoneros insistirían en la necesidad de mejorar la productividad del trabajo autóctono mediante el abandono de aquellas culturas laborales «tradicionales»: el emprendedor y ya influyente fabricante Josep Ferrer i Vidal lo pondría por escrito en sus «conferencias» de 1872.[45]

La experiencia del Sexenio democrático en la Cataluña industrial tiende a confirmar el agotamiento irreversible de las ocasionales alianzas interclasistas e industrialistas de la etapa 1835-1855. El cambio técnico y empresarial en un contexto de debilidad sindical impuesta (1856-1868) enconó el choque de intereses a pie de fábrica algodonera, choque que estalló, con la violencia del agravio acumulado, en 1869. Así las cosas y comprobado el escaso vuelo de proyectos institucionales como la Comisión de Información Parlamentaria de 1871-1872, no resulta extraño que el corazón del obrerismo catalán –la naciente federación sindical algodonera de las Tres Clases de Vapor– basculase entonces hacia el republicanismo «intransigente» y, en algunos casos, hacia el primer «apoliticismo» llegado a España.[46] Las dos décadas posteriores a 1870 reforzarían ambas conexiones –con especial expansión de la segunda–, así como la constante fragilidad del sindicalismo catalán más expectante para con las instituciones del Estado y su potencial de intermediación laboral. Por su parte, la mayoría de patricios y nuevos burgueses en la Cataluña urbana de 1870 aparcaron las esforzadas veleidades interclasistas de la generación de 1840. Por supuesto, las veleidades revolucionarias de muchos jóvenes patricios liberales durante el agitado lustro 1835-1840, veleidades ya muy enfriadas a la altura de 1844.[47] También se desvanecieron, sin embargo, las más precisas aunque puntuales alianzas con ciertas elites obreras que hombres como Figuerola o Franquet habían propugnado en 1854-1855 (y Sanromà después). Alianzas que algunos profesionales en la órbita del progresismo en recomposición aún exploraban, con pocos medios y menos fortuna, al romper la Revolución de 1868.[48]

¿«UN COLOSO ERIZADO DE CAÑONES Y BAYONETAS»? PERCEPCIÓN DEL ESTADO Y REORGANIZACIÓN INDUSTRIAL EN LA CATALUÑA DE LA PRIMERA RESTAURACIÓN (1874-1895)

La percepción de que la Cataluña industrial del último tercio del siglo XIX alumbró un modelo autóctono y singular de organización fabril y laboral, la «colonia industrial», debe mucho a la muy citada Ley Jurídica de la Industria (1898) y a la proyección posterior del que fue su joven autor en 1895-1896, Enric Prat de la Riba (1870-1917). Fue en el capítulo sexto del «Libro Cuarto» de la Ley Jurídica de la Industria, «Las colonias industriales», donde Prat de la Riba expuso su reivindicación jurídica y social de lo que consideraba modelo, puesto que «nos referiremos siempre al tipo de perfección que ha de constituir el ideal de esta clase de establecimientos, la meta a que han de encaminarse en su constitución y funcionamiento».[49]En otras palabras: Prat de la Riba trazó el perfil de una potencial utopía patronal, cuyo grado de cercanía con la experiencia temprana de una variada constelación de colonias industriales así reconocidas legalmente (en aplicación de la Ley de Colonias Agrícolas e Industriales de junio de 1868) no puede ni debe darse por supuesto.

Ciertamente, el despliegue de establecimientos fabriles con el estatus jurídico de «colonia» en la Cataluña de fin de siglo proporcionó numerosos materiales a los argumentos de Prat de la Riba. En términos estrictamente cuantitativos, aproximadamente el 40% de la población obrera catalana empleada en el sector algodonero –el de mayor magnitud con diferencia– pasó a trabajar en colonias durante las décadas de 1870 y 1880, casi 30.000 de los más de 70.000 trabajadores y trabajadoras del algodón estimados para 1890 por Carles Enrech.[50] La gran mayoría de tales colonias industriales se localizó en la Cataluña interior y fluvial, en las cuencas prepirenaicas de los ríos Llobregat y Ter alejadas de la Cataluña litoral y urbana, lo que alimentó la convicción de Prat de la Riba de que podían resultar el mejor antídoto contra «la industria moderna que ha reunido en las grandes capitales una inmensa población obrera sin tradiciones y sin hogar, confusa, abigarrada, en la cual han prendido fácilmente todas las corrupciones»[51]A su vez, y a menudo más por necesidad que por virtud, algunas colonias autóctonas podían semejar hacia 1895, al menos en su tipología general, las «fábricas modelo» habituales ya en el continente e Inglaterra, admiradas y reseñadas por el joven Prat de la Riba en su enciclopédica sección periódica en la Revista Jurídica de Cataluña.[52] Sin embargo, ¿cuáles eran los fundamentos teóricos del «ideal de esta clase de establecimientos» según Prat de la Riba? ¿Cuáles las razones generales «del valor regenerativo de la colonia industrial»?[53]

La primera de tales razones sintonizaba con la reivindicación de la Muntanya catalana como refugio para la recreación social, propia de tradiciones autóctonas conservadoras y católicas como la del llamado vigatanisme (por el protagonismo intelectual y publicista de hombres de Vic y su comarca).[54] Prat podía leer la relocalización territorial del textil catalán, indiscutible y aún en marcha, como una oportunidad para desterrar una cultura del trabajo industrial urbana, contingente y notablemente politizada. «En la colonia industrial –escribió Prat– puede rodearse a los obreros de un medio completamente distinto, de un medio sano, cuanto es posible serlo en los tiempos que corremos y dentro de una sociedad combatida por tantos desórdenes». Y ello fundamentalmente porque «se trata de un núcleo de población que va a formarse ante los ojos del director o del dueño; éste es quien escoge el lugar, quien levanta el edificio, quien dispone las habitaciones de los obreros; él quien llama a los obreros y a los capataces; en su recinto no caben más que los que viven del trabajo de la casa».[55] Alejado de la ciudad el trabajo industrial (que no los intereses industriales), en un espacio nacido de una única iniciativa privada, el «ambiente» resultaba perfecto para que cristalizase una segunda razón virtuosa, cuyo reverso Prat subrayó con insistencia. Por su naturaleza territorial, fabril-residencial y jurídica, la colonia industrial aparecía a ojos del joven Prat como la quintaesencia del «imperio de una voluntad soberana», «de una voluntad enérgica que mande dentro de este medio como el padre dentro de la familia».[56] Y dicha voluntad, para el joven y fervoroso lector de Frédéric Le Play y el organicismo jurídico alemán, no podía ser otra que la del «jefe de la familia industrial», precisamente por tratarse de «un poder menos extenso [que el del Estado] y, por lo mismo, más eficaz, más próximo, más difícil de burlar, más especialista...». El «Estado moderno», «eflorescencia de unas ideas y doctrinas que lo hacen sistemáticamente impotente», era el reverso político y moral del poder patronal ungido por el derecho de propiedad y por el catolicismo percibido como disciplina social. Frente a este poder creativo de los individuos y sus corporaciones privadas, se alzaba, zozobrante según Prat de la Riba, el Estado, «hoy –en 1895– un coloso erizado de cañones y bayonetas, condenado a contemplar impasiblemente como a su alrededor germinan todos los errores y todos los males y se desarrollan violentas crisis».[57]

Cierta imagen de «la colonia industrial» en la Cataluña del cambio de siglo que se desprende del texto de Prat de la Riba ha merecido, muy a menudo, el trato de imagen historiográfica canónica, de verdad general, unívoca y libre de la complejidad de los procesos históricos. Escasa atención se prestó a la advertencia del propio Prat en el sentido de que lo que guiaba su interés era la teorización jurídica e institucional de un modelo «ideal». Afortunadamente, investigaciones recientes como las de Carles Enrech, Llorenç Ferrer i Alòs y Jordi Clua han restituido a las distintas colonias algodoneras catalanas su indiscutible y –particularmente en sus años tempranos– ajetreada historicidad, hasta el punto de que hoy sabemos cuánto pudo cambiar y transformarse una misma colonia desde su fundación en la década de 1870 hasta los días de 1895 en los que Prat se lanzó sobre la cuestión.[58] Pudo ser, por ejemplo, que el «Estado moderno» (y español)[59] que Prat de la Riba maldijo como «impotente» en 1895-1896 revistiese facultades algo más creativas para los primeros beneficiarios empresariales y catalanes de la Ley de Colonias de 1868, pues sus establecimientos iban a librarse temporalmente de contribuciones, consumos y quintas (y la colonia nacía, en tanto que potencial villa-fábrica, de una concesión del Estado).[60] Y pudo ser, quizá, que el Estado esencialmente coercitivo y a la defensiva que Prat de la Riba arrinconó en 1895-1896, el «coloso erizado de cañones y bayonetas», hubiese cedido desde 1868 más terreno político del que deseaban algunos de sus administradores, singularmente en las colonias industriales y a causa de la particular actuación patronal. De tal modo que la colonia como «imperio de una voluntad soberana» particular e infraestatal, a la manera de Prat, quizá deba leerse como crónica idealizada de la calculada y, sin embargo, nunca fácil utilización corporativa y patronal del Estado durante una secuencia histórica cargada de conflictividad laboral y política (1868-1890) antes que como réplica regional y necesaria a un Estado supuestamente incapacitado para las complejidades de la sociedad industrial.

La dimensión mayormente ideológica del alegato de Prat de la Riba en favor de la colonia industrial estalla ante toda investigación rigurosa que atienda a la historicidad de las relaciones laborales y las estrategias empresariales, como ha recordado para este caso Carles Enrech.[61] Ello obliga a tratar de restablecer las genealogías concretas de muchas de tales colonias algodoneras de fin de siglo, empezando por la dilatada tradición de las fàbriques de riu (fábricas de río) en la Cataluña central de la primera mitad del siglo XIX, con mucha antelación pues a la Ley de 1868.[62] Obliga, asimismo, a no desatender factores comunes alejados de la legislación industrial, como puede ser el caso de la innovación tecnológica. Como nos ha recordado Jordi Nadal, la masiva colonización algodonera de la Muntanya catalana no hubiese revestido la misma intensidad sin la rápida difusión en España de la turbina o motor hidráulico Fontaine, obra inicial de la casa Planas y Compañía de Girona durante las décadas de 1860 y 1870, impulso técnico que acompañó a la Ley de Colonias de 1868, aligeró los costes energético-carboníferos de la industria local y materializó la renovada geografía «hidráulica» del textil catalán hacia 1900.[63] Sin embargo, ningún ejercicio genealógico resulta más esclarecedor para lo que aquí nos ocupa que el de la cronología exacta de la concesión gubernamental del estatus de colonia industrial, así como la simultánea reconstrucción cronológica de las funciones no estrictamente productivas que con el paso del tiempo pudo asumir –o no– una determinada colonia. Porque la gran mayoría de colonias industriales catalanas, contra la imagen clásica proyectada por Prat de la Riba, no echaron a andar con el horizonte de tal ideal, sino que, en palabras de Carles Enrech, «se construyeron en el espacio y en el tiempo». Sirva un ejemplo entre muchos cortados por el mismo patrón de cambio y contingencia.

La razón social encabezada por Tomàs Viladomiu inauguró su establecimiento algodonero en el término municipal de Gironella, en el montañoso camino que desde Manresa sube hasta Berga, en 1872. En 1860 Gironella apenas alcanzaba los 700 habitantes, cifra que iba a multiplicarse por cuatro durante el último tercio del siglo, entre ellos los 279 trabajadores y trabajadoras de Viladomiu Vell en 1883. A principios de la década de 1880 la fábrica disponía de más de 6.000 husos para hilar algodón y de 150 telares también mecanizados con la fuerza motriz generada por el río Llobregat en dicho punto de su curso inicial.[64] El establecimiento pudo acogerse desde su primer día a la concesión de usos hidráulicos contemplada por la Ley de Aguas de 1866, pero no forzó la máquina para obtener el estatuto jurídico de colonia industrial, conforme a la Ley de 1868, hasta 1882, cumplidos diez años de vida. Significativamente, durante la década de 1870 la razón social apenas levantó viviendas obreras anexas a la fábrica y no creó «servicios», con la excepción de una pequeña panadería; y la gran mayoría de sus trabajadores residió en el pueblo de Gironella, a unos tres kilómetros río arriba. No fue hasta 1882-1883, coincidiendo con la obtención del estatus de colonia, cuando Viladomiu Vell empezó a tomar la forma de un espacio urbanizado más allá de la fábrica, en la estela de lo que Enrech ha dado en llamar un «proyecto social paternalista»: finalización del primer grupo de viviendas para obreros en 1881, construcción de la iglesia y las escuelas adosadas entre 1883 y 1885, nuevos servicios de suministros básicos bajo la gestión de la empresa y, en 1889, cierre con una muralla del recinto colonial y control de todas las entradas y salidas.[65] ¿Qué ocurrió a principios de la década de 1880 para que, precisamente entonces, la empresa apurase sus contactos políticos para la rápida obtención del título de colonia y, en paralelo, tratase de cerrar la comunidad fabril al exterior con sus realizaciones «paternalistas»? Según la razonada y argumentada respuesta que da Carles Enrech, el estallido cruzado, en el invierno de 1881-1882, de dos conflictos largamente gestados, inseparables entre sí al tiempo que de las coyunturas supralocales: el conflicto entre la empresa y los trabajadores libremente sindicados y el conflicto entre la empresa y el municipio de Gironella. El despido de un grupo de trabajadores sindicados en la sección local de Gironella, durante el verano de 1881, en plena oleada de reconstrucción sindical tras la llegada al poder del Partido Liberal y «la tolerancia de Sagasta», desencadenó una huelga que dificultó la fabricación durante meses y movió a la empresa hacia el reclutamiento de trabajadores ajenos a Gironella y otras villas con tradición textil reciente. Simultáneamente, la aceleración del expediente de concesión del título de colonia –con la huelga en su punto álgido– chocó con la oposición del municipio de Gironella por la incertidumbre sobre la reasignación de las cargas fiscales y militares de las que iba a librarse la colonia (disputa frecuente en tantos otros casos que Jordi Clua ha sacado a la luz).[66] La capacidad de presión de los trabajadores locales y sindicados de Viladomiu en la vida pública de Gironella pudo influir, asimismo, en los recelos del ayuntamiento, particularmente cuando, a raíz de la huelga de 1881-1882, resultó evidente la voluntad empresarial de contratar a forasteros y de aislar y tutelar la vida de toda la comunidad fabril al amparo de la mayor independencia administrativa y fiscal. En 1886 el periódico barcelonés El Obrero ejemplificó con la referencia a la Colonia Viladomiu el avance de la jornada laboral de 14 a 15 horas en el textil del Alto Llobregat, cuando la costumbre y la vigilancia sindical fijaban, en las ciudades y villas catalanas, la jornada de 11 a 12 horas diarias de trabajo.[67]

La condición nada excepcional de la secuencia histórica de Viladomiu Vell entre 1872 y 1890 puede ratificarse con una notable galería de historias empresariales paralelas. La de Cal Pons es una de ellas: concesión hidráulica desde 1875 a dos kilómetros del pueblo bergadán de Puig-reig, obtención del estatuto de colonia en 1882 y, sólo en la segunda mitad de los años ochenta y hasta 1893, despliegue de un ambicioso plan «paternalista» (escuelas, teatro, iglesia, convento de las Dominicas y viviendas reservadas a los trabajadores de la casa; no así con las primeras «habitaciones» de 1880, dadas en alquiler por la empresa sin otra condición).[68] Los ciclos de huelgas de los trabajadores de Cal Pons, en 1882-1883 por la tarifa salarial y contra el «trabajo a la inglesa» y en 1890 en solidaridad con una protesta externa, también se adivinan de alguna relevancia para explicar tal cronología.[69] O la trayectoria de Cal Sedó en el término municipal de Esparreguera, donde el Llobregat abandona la Cataluña central en dirección a los llanos litorales. La investigación de Gràcia Dorel-Ferré ha señalado la existencia de la fábrica fundacional ya en la década de 1850, la concesión del estatuto de colonia en 1879 y la efectiva construcción del complejo residencial y «paternalista» (casas baratas de doble planta, iglesia, escuelas, cementerio) en fecha tan tardía como el quinquenio 1890-1895 (en 1895 y por vez primera la mayoría de trabajadores del establecimiento –1.325 de un total de 2.017– residían en la colonia y no en los pueblos cercanos).[70] La apertura del expediente legal de colonia tuvo mucho que ver, argumenta Dorel-Ferré, con la combatividad en 1870-1873 de los trabajadores asociados –residentes en las villas vecinas de Esparreguera y Olesa–, al igual que las tentativas de resurrección sindical de los años ochenta alimentaron la vocación urbanizadora de la empresa (y su apuesta por tejer redes de reclutamiento laboral en comarcas muy alejadas de Esparreguera-Olesa e incluso de la geografía algodonera).[71]

Reaparecen, pues, en ambos casos, en Pons y en Sedó como en Viladomiu, dos coyunturas al parecer decisivas en la transformación de la fábrica en colonia compleja y cómplice de la autoridad patronal. La primera coyuntura, los primeros años ochenta, tiende a solaparse, y no por casualidad, con el primer gabinete sagastino en 1881 y su breve secuela «radical» de la Izquierda Dinástica en 1883-1884, con la puesta en marcha ministerial de la Comisión de Reformas Sociales y su primer «Cuestionario» informativo, en 1883-1884, y con la mayor tolerancia gubernativa para con la acción sindical fruto de la generosa lectura liberal de la Ley de Reuniones de 1880 y de la nueva Ley de Imprenta de 1883.[72] La segunda coyuntura, los primeros años noventa, que tanto contribuyeron a la visión de Prat de la Riba, se adivina asimismo inseparable del ciclo de huelgas generales y de solidaridad que recorrió la Cataluña industrial durante el verano de 1890, ciclo que algo tuvo que ver con el regreso al gobierno de Cánovas del Castillo y su Partido Conservador en plena efervescencia sindical tras el primer Primero de Mayo.

No parece ninguna casualidad que la primera oleada de actuaciones «paternalistas» en los establecimientos fabriles de la Cataluña fluvial e interior –y a menudo la misma solicitud del estatuto de colonia industrial– coincidiera en el tiempo, a partir de 1881-1882, con lo que algunas investigaciones han puesto de relieve a propósito de la recepción en Cataluña de los primeros trabajos de la Comisión de Reformas Sociales. A saber: el sistemático desinterés empresarial por las labores «informativas» de la Comisión, a tal extremo que las evidencias documentales permiten afirmar que las elites industriales catalanas boicotearon abiertamente el arranque de la Comisión y su potencial autoridad. No se trata, únicamente, de la ausencia absoluta de «respuestas» patronales llegadas desde Cataluña al «Cuestionario» informativo de 1884, como han constatado los trabajos de Palacio Morena y De la Calle.[73] Está, también, la breve y triste trayectoria de la Comisión Provincial de Reformas Sociales de Barcelona –creada en aplicación de la Real Orden de mayo de 1884–, huérfana de representantes de las «corporaciones económicas» y pronto desacreditada por los escasos miembros que ejercían de genuinos portavoces del patriciado industrial, caso del sempiterno director del Diario de Barcelona Joan Mañé i Flaquer. En plena sintonía con la crítica de Mañé i Flaquer a la «Información» preparada por Segismundo Moret y su Comisión de Reformas Sociales, las dos organizaciones patronales catalanas del momento, Fomento de la Producción Española e Instituto del Fomento del Trabajo Nacional, trataron el «Cuestionario» con una mezcla de desidia y displicencia, al menos en sus publicaciones y actas corporativas de 1884.[74] El resultado fue que el «humilde concurso» que El Eco de la Producción –órgano del Instituto del Fomento– dijo prometer a la Comisión en su volumen de 1884 nunca se materializó, de la misma manera que la Comisión Local de Terrassa tuvo que echar el cierre al no recibir «contestación a las muchas comunicaciones dirigidas a distintas corporaciones, centros y particulares (...), excepción hecha del Juzgado Municipal y de la Federación de la clase obrera».[75] Algo semejante ocurrió con los ingenieros industriales catalanes colegiados: su semanario El Porvenir de la Industria rechazó reproducir parte alguna del «Cuestionario», «pues no creemos en la eficacia de estas disposiciones para conseguir el mejoramiento de la clase obrera», y la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona pasó por alto repetidas veces la petición de la de Madrid de atender a un interrogatorio particular que pretendía profundizar en aspectos de salud y seguridad laboral.[76]

A mi entender, la razón fundamental de esta oposición a menudo camuflada de resignado escepticismo, puede entreverse, más allá de las invocaciones a Le Play contra las veleidades «teóricas» de los Moret y Azcárate, en los argumentos que Andrés de Sard publicó en 1884. Vicepresidente del Instituto del Fomento del Trabajo Nacional, Andrés de Sard preparó durante el otoño de ese año –precisamente en el momento de máxima circulación del «Cuestionario» de la Comisión– una Comparación entre el actual estado de desarrollo de la industria algodonera en Inglaterra y el de la propia industria en España (1884). Encargo del Instituto del Fomento en plena batalla proteccionista frente al discreto aperturismo arancelario de la Izquierda Dinástica, la Comparación de Sard insistía con detalle y vehemencia en el diferencial de productividad por trabajador, que estimaba un 70% favorable a las hilaturas algodoneras inglesas en términos de coste salarial por unidad de producto: era éste, según Sard, «un problema grave, gravísimo; planteado queda desde lejana fecha, y hoy más que nunca se impone su solución».[77]

«Su solución» era, en verdad, lo que intentaban algunos fabricantes algodoneros catalanes desde la década de 1870 e incluso antes, tratando de aprovechar los vientos favorables de la innovación tecnológica y de las muchas restricciones a las libertades políticas y sindicales del período 1874-1880. Arreciaron entonces, en la estela de lo ya visto para 1869, las tentativas empresariales para romper los usos y costumbres «tradicionales» en la organización del trabajo algodonero a pie de fábrica, esencialmente por la vía de asignar un mayor número de husos de hilatura y telares a los hiladores y tejedores destajistas (en combinación con intentos de feminización de tales «oficios»), persiguiendo la rebaja patronal de la «tarifa» o destajo sin que ello tuviese que comportar una reducción del ingreso nominal de hiladores y tejedores. Lo que estaba en juego era la supervivencia de mecanismos claves para el control obrero de la organización del trabajo, mecanismos a menudo de raíz prefabril que, como una determinada correlación entre hombres y máquinas, protegían una a su vez determinada correlación entre esfuerzo e ingreso salarial (correlación más estratégica, para muchos hiladores y tejedores, que el monto estricto del ingreso nominal, dadas las genealogías sociales y culturales de las primeras generaciones de trabajadores fabriles en la Cataluña algodonera).[78]

En consecuencia, lo que la liberalización política y sindical de 1881 y los años siguientes reavivó en la Cataluña textil fue el malestar obrero ante tales proyectos y presiones patronales, malestar que tomó la forma de rápido renacimiento operativo de la Federación de las Tres Clases de Vapor y su constelación de secciones locales. Y muchas de las jóvenes fábricas fluviales –declaradas «colonias» o todavía no– no se libraron de este tipo de conflicto cuyo alcance trascendía la recuperación de la negociación colectiva. Muy al contrario. Véase a modo de ejemplo el abundante grupo de trabajadores de la ya citada Cal Pons, sindicados en el pueblo de Puig-reig desde 1881, quienes fueron a la huelga en 1882 y 1883 para combatir el llamado «trabajo a la inglesa», a saber, la asignación empresarial de hasta 1.000 husos de máquina de hilar «selfactina» por hilador y equipo, cuando la relación «tradicional» en la hilatura catalana de los años cincuenta y sesenta oscilaba alrededor de los 400 a 500 husos por hilador y equipo. Los numerosos episodios de conflictividad laboral rastreados y documentados por Carles Enrech y Angel Smith a propósito de la Cataluña textil e interior de los años ochenta apuntan, a menudo, en esta misma dirección.[79]

La renovada y territorialmente extensa conflictividad laboral de 1881-1885 puede verse como la enconada continuación de la huelga barcelonesa de 1869 y sus secuelas, al igual que los argumentos de Andrés de Sard deben leerse en la estela de las lamentaciones de Josep Ferrer i Vidal en 1872 a propósito de la pobre productividad comparada del trabajo algodonero autóctono.[80] Asistimos, pues, al recrudecimiento de una ambiciosa ofensiva patronal contra la sutilidad de ciertas culturas del trabajo de origen prefabril –a la manera de los hiladores fabriles y destajistas con más atribuciones organizativas que estrictamente productivas–, ofensiva cuyo arranque hemos presenciado entre 1856 y 1870. Sin duda alguna, la dirección y el ritmo del cambio tecnológico y empresarial en el sector algodonero durante la década de 1870 explican en parte dicho recrudecimiento, dadas las oportunidades para la «racionalización» empresarial de los sistemas laborales asociadas a las nuevas generaciones de máquinas de hilar y telares y a la integración vertical en una misma empresa y fábrica de hilatura y tisaje.[81] Sin embargo, no imagino menos decisiva la coyuntura política de los años 1874-1880, con la actividad sindical y los liberalismos de tradición popular amordazados por los primeros gobiernos de Cánovas y, en particular, con la actividad de la Federación de las Tres Clases de Vapor, «muy desvaída debido a la política social de la primera etapa de la Restauración».[82] Entiendo pues fundamental la clave política para explicar la siguiente secuencia: ofensivas patronales a pie de fábrica durante la segunda mitad de los años setenta, protesta y reorganización obrera a partir de 1881 y boicot patronal ante toda sospecha de intervencionismo arbitral por parte del Estado precisamente en 1883-1884. Y entiendo asimismo fundamental la clave política, la tensión social institucionalizada, para explicar cómo y por qué muchas fábricas fluviales catalanas se transformaron, durante los años ochenta, en colonias industriales merecedoras del interés y la pluma del joven Enric Prat de la Riba.

En otras palabras: fue la protesta obrera organizada y persistente desde 1881 en adelante, y su indiscutible vigor inicial también en las fábricas fluviales, lo que empujó a muchos propietarios de éstas hacia el «ideal» privatizador y paternalista de la colonia industrial, hacia su reconfiguración como comunidad fabril ajena y cerrada a la concurrencia institucional y política (acogiéndose a la Ley de 1868 y forzando todas sus posibilidades). Sirvan a modo de ejemplos los episodios de creación patronal de hermandades o montepíos de empresa, en abierta oposición al reconocimiento de la libre sindicación, que Carles Enrech ha recopilado para muchas colonias y siempre posteriores –de manera reveladora– a 1881.[83] En consecuencia, y en paralelo, fue la protesta obrera organizada y persistente desde 1881 en adelante y su desafío a los cruciales ajustes competitivos a pie de fábrica ensayados desde los años sesenta, lo que azuzó el boicot activo de la patronal algodonera catalana a la Comisión de Reformas Sociales y a su tímido «intervencionismo» de 1883-1884.

Cabe el matiz de que no únicamente la recomposición de la acción sindical –y de sus emergentes epígonos, espacios de sociabilidad y voz que podían alcanzar desde una cooperativa de consumo hasta un centro espiritista–[84] influyó en el defensivo cierre de filas patronal. Con certeza, también influyeron aspectos tales como el reciente encarecimiento de los costes carboníferos, las reducciones arancelarias barajadas en 1882-1883 o la convicción bien informada de que el experimento gubernamental de la «reformista» Izquierda Dinástica apenas podía durar (como así se demostró a principios de 1884). Sin embargo, la insistencia de los fabricantes catalanes, durante la década que siguió a 1884, en poder desplegar sin réplicas ni restricciones las reformas laborales que rebajasen significativamente el coste salarial por unidad de producto parece desmentir la explicación más específicamente coyuntural para su desplante corporativo de 1883-1884 ante la Comisión de Reformas Sociales. Véase como poderoso ejemplo la labor «racionalizadora» de la organización del trabajo, y propagadora de ésta, llevada a cabo por Ferran Alsina durante la segunda mitad de los años ochenta e inicios de los noventa. Alsina, director-gerente de la firma algodonera que la familia Güell poseía en el extrarradio barcelonés de Sants, preparó entre 1886 y 1888 un ambicioso proyecto para introducir el «trabajo a la inglesa» en la fábrica capitalina, proyecto que la Lliga de Catalunya iba a defender y publicar en 1889. Respuesta competitiva al simultáneo avance de tales modelos laborales en las colonias fluviales, el proyecto encalló ante la tenaz oposición sindical (visto su efecto desvalorizador sobre el factor trabajo), un fracaso que a su vez motivó la fundación de la Colonia Güell, lejos de Barcelona y de sus subculturas obreras, en 1891-1892.[85] En febrero de este último año, 1892, Ferran Alsina insistió en la sede de la Lliga de Catalunya sobre la ausencia de razones legítimas «que puedan abonar la restricción [por parte del Estado] de la libertad de contratar el trabajo como mejor cuadre y agrade a todos y cada uno de sus factores», recibidos los rumores «procedentes de Madrid» de que «hay quien trata de remover y ultimar la importante cuestión de la reglamentación del trabajo de los chicos en los talleres y fábricas». En la misma conferencia Alsina apuntó la razón económica y política de su rechazo al control legislativo del trabajo infantil, razón que podía valer perfectamente para legitimar el «ideal» en construcción de la colonia industrial y las estrategias patronales a todo ello vinculadas:

confiamos que el espíritu patrio, unido al instinto de la propia conservación de la sociedad española, logrará que se imponga ante todo y ante todos la necesidad, más imperiosa cuanto más atrasados y pobres somos, de no limitar los recursos ni inutilizar –ni que sea parcialmente– las fuerzas productivas nacionales, única base sólida sobre la que puede fundarse la riqueza en los tiempos presentes.[86]

Para Ferran Alsina, pues, la protección debida por el Estado a la industria algodonera no terminaba en el arancel. Habida cuenta de la intermitente pero siempre latente tensión sociolaboral desde 1868, inseparable a su vez de los vaivenes en las directrices políticas gubernamentales, Alsina solicitaba para los algodoneros catalanes la protección del Estado frente a la imprevisibilidad del propio Estado, aún en abierta y conflictiva construcción. Ahí estaba para demostrarlo la muy agitada experiencia catalana (y española) durante el sexenio 1868-1873, o la nada plácida liberalización política de los años ochenta para recordarlo a hombres como Alsina (víctima de un fallido atentado en 1889 que él atribuyó a dirigentes locales de las Tres Clases de Vapor, sindicato con el cual había compartido mesa de negociación en 1885 y 1886).[87] En otras palabras: la no intervención del Estado como garantía de protección para determinados intereses empresariales y sociales. Protección para la adaptación competitiva del algodón autóctono, de su arquitectura laboral y salarial, no sólo frente a la competencia extranjera sino también frente a la eventual utilización de las políticas «reformistas» como baluartes en defensa de una muy compleja cultura «de oficio», mayormente plebeya al tiempo que indiscutiblemente politizada desde los años cuarenta.

Establecida esta última perspectiva, merece ser repensada la estimulante tesis de Ignasi Terradas en su ya clásico estudio sobre las colonias industriales catalanas, tesis que presenta la expansión industrial del último tercio del siglo XIX «en el contexto de un Estado decadente y, por consiguiente, disminuido para dicho tipo de desarrollo». «Ello hizo –escribe Terradas– que por un lado los fabricantes [catalanes] apostaran por privatizar distintas funciones propias del Estado, y que por otro presentaran, aunque parcialmente, alternativas en las formas del regionalismo y del nacionalismo».[88] Regresaré sobre dicho argumento más adelante. Aquí considero suficiente apuntar que, si muchas colonias empezaron a tomar el perfil «ideal» y privatizador de toda experiencia comunitaria precisamente hacia 1881-1884, algo debieron influir en tal ánimo patronal la silueta entonces proyectada por la Comisión de Reformas Sociales de un Estado menos ausente a pesar de su «decadencia» y, sobre todo, el vigor que semejante horizonte político y legal inyectó a sindicatos obreros y grupos afines.

A propósito del citado vigor sindical y su relación con las expectativas generadas por la Comisión de Reformas Sociales, las evidencias resultan suficientes y significativas. Suficientes en comparación con el silencio ensordecedor de la patronal textil catalana, y significativas por el grado de detalle y de conocimiento de otras realidades europeas que se advierte en las «contestaciones» obreras al Cuestionario de 1884. Ahí está, por ejemplo, la extensa respuesta a éste que el Centro Industrial de Cataluña aprobó y publicó en noviembre de 1884, con su defensa de los jurados mixtos laborales con fuerza ejecutiva (defensa amparada en la experiencia británica posterior a la plena legalización sindical de 1867-1875), su reclamación de una jornada laboral de no más de 11 horas diarias fijadas por ley y su demanda de un efectivo control administrativo del trabajo industrial de los menores de 15 años.[89]A pesar de su condición de plataforma auspiciada por hombres como el «cooperativista» Josep Roca i Galès y otros como él, mayoritariamente «obreros directivos» (mayordomos, contramaestres, encargados) del textil catalán, el Centro Industrial de Cataluña no vaciló en poner por escrito que «hoy los obreros de ciertas artes, oficios e industrias no pueden abandonar en absoluto la resistencia hasta y tanto que se hayan establecido los Jurados Mixtos y la vigencia efectiva en la higiene y seguridad en los talleres».[90]Con no menos atención siguió la dirección de las Tres Clases de Vapor el despegue de la Comisión de Reformas Sociales, aunque su respuesta al Cuestionario de 1884 bascule entre el desencanto y la irritación. Elaborada y publicada en el invierno de 1885-1886, en la respuesta del llamado Centro Obrero de Barcelona laten, muy recientes, la desazón de las Tres Clases barcelonesas ante el fracaso de la «tarifa única» para todo el algodón catalán (irrefutable a principios de 1886, con los fabricantes de la capital abandonando la mesa negociadora y ensayando soluciones organizativas en la estela del «trabajo a la inglesa»), su frustración por la nula aplicación de la Ley de julio de 1873 sobre trabajo infantil (encargada a los gobernadores civiles por Real Orden de noviembre de 1884) y su prevención ante el rápido avance de las posiciones «bakuninistas» en algunas secciones locales del sindicato.[91]A pesar de semejante estado de cosas en los primeros días de 1886, el Centro Obrero sí preparó y publicó una «contestación», en mínima sintonía con la acogida que su influyente periódico El Obrero había dispensado a la Comisión de Reformas Sociales en el invierno de 1883-1884, tratándola de «oportunidad aprovechable».[92]Y a pesar de las ofensivas patronales a pie de fábrica y la escasa vida de la Comisión durante la segunda mitad de los años ochenta, o precisamente por todo ello, la dirección de las Tres Clases de Vapor no abandonó la reclamación de un Estado legislador y arbitral en asuntos laborales. Sirva como ejemplo la Memoria descriptiva que una comisión de las Tres Clases publicó en 1889 sobre su viaje «comparativo» al Lancashire algodonero. Descripción pormenorizada de los factores organizativos e institucionales de la algodonería inglesa, la Memoria hallaba en la Gran Bretaña de la cultura política lib-lab y de la Factory Act de 1878 aquello que parecía desvanecerse en la España de finales de los ochenta:

No hay que descubrir en las Trades Unions el propósito de hacer la huelga por sistema, ésta no es más que el medio extremo y último cuando las diferencias naturales y frecuentes que se suceden entre el capital y el trabajo no pueden dirimirse y componerse armónicamente. (...) Recordamos que en Inglaterra la ley ampara a los niños, a los adolescentes y a las mujeres y que, si bien no hay otra legislación para los hombres adultos que la que se refiere a higiene industrial, accidentes y jornada laboral, en cambio la ley autoriza las asociaciones, las respeta y obliga a respetar; equivalente para que el obrero, haciendo un buen uso de la asociación, pueda mantener alzado el tipo general de los salarios.[93]

En la esperanzada acogida que sectores relevantes del obrerismo catalán dispensaron a la Comisión de Reformas Sociales pueden leerse, a mi entender, síntomas del vigor sindical ambicionado y, al mismo tiempo, de la debilidad estructural y política de aquéllos. Ambición de vigor sindical alimentada por la liberalización política de 1881-1884, por el reconocimiento institucional que culminó con el Cuestionario de 1884 interpelando abiertamente a un sinfín de sindicatos y sociedades obreras. Cabe recordar, en esta dirección, el papel propiciatorio que a propósito de la creación de la Comisión de Reformas Sociales desempeñó el llamado Congreso Sociológico de Valencia celebrado en julio de 1883. «Por primera vez en España se reunía un Congreso interclasista para plantearse el tema de la cuestión social», ha escrito Santiago Castillo, quien ha documentado el elevado protagonismo de «los 30 representantes de las sociedades catalanas»: Josep Roca i Galès reclamando «jurados mixtos con la garantía del Estado y regulación del trabajo de niños y mujeres», Josep Pàmies y la dirección de las Tres Clases de Vapor elaborando la proposición del Congreso sobre jurados mixtos (finalmente la petición de una ley estatal sancionadora del convenio entre partes), etcétera.[94]Sin embargo, este paisaje de propuestas, peticiones y respuestas sindicales no puede menos que sugerir, a la luz de todo lo apuntado, cierta autopercepción de debilidad. Debilidad, indiscutiblemente, frente a lo ganado por muchos fabricantes a pie de fábrica desde al menos 1874, estrategias de racionalización empresarial que una intensiva utilización de la Ley de Colonias de 1868 parecía relanzar a la altura de 1884. Y debilidad sindical, asimismo, con respecto a las instituciones políticas, renacidas restrictivamente con la restauración monárquica, lejana pues la participación en el proceso político que el mundo de los trabajadores manuales catalanes había alcanzado en 1868-1873 e incluso en 1854-1856. Esta pérdida de influencia del mundo plebeyo y obrero en los procesos de formación de mayorías ejecutivas y legislativas –por zigzagueante e intermediada que tal influencia hubiese sido en 1854-1856 y 1868-1873– me parece fundamental para explicar, por ejemplo, la apuesta «reformista» de la dirección de las Tres Clases de Vapor en 1883-1884, a través del Estado, y la simultánea contundencia patronal para hundir esta suerte de tabla de náufrago.

Pocas evidencias ilustran mejor esta debilidad política del sindicalismo catalán de tradición institucionalista que la abundante correspondencia que Josep Roca i Galès, del Centro Industrial y Ateneo Obrero de Barcelona, cruzó con Víctor Balaguer mientras éste ocupó la presidencia del Consejo de Estado durante el breve gabinete de la Izquierda Dinástica en el invierno de 18831884. Para muestra un botón. Semanas antes de que Roca i Galès le sugiriese a Balaguer «que si han de continuar las presentes Cortes, y se han de poner a discusión las cuestiones arancelarias y las sociales, sería muy conveniente mi presencia en el Parlamento» («si tal sucediese estoy convencido que muchos demócratas y republicanos, una vez vista la cuestión arancelaria al terreno que yo la coloco, cambiarían el rumbo que inconscientemente hoy siguen»), Roca le había confesado a don Víctor:

Aunque mis compañeros [del Centro Industrial de Cataluña y del Ateneo Obrero de Barcelona] me han incitado a que le escribiera sobre la Ley de Jurados Mixtos y de previsión para los obreros inválidos, yo lo he creído inoportuno, en primer lugar porque las Cámaras deliberantes no están funcionando, y en segundo lugar porque yo consideraba a Usted sumamente ocupado en la toma de posesión de la presidencia del Consejo de Estado. Usted ya se tomará la molestia de escribirme y darme instrucciones sobre el particular, y yo estaré pronto de ejecutarlas.[95]

En la extremada prudencia cargada de deferencia del «reformista» Roca i Galès, en su ponerse a las órdenes de una figura tardía del viejo progresismo como Balaguer, se aprecia toda la fragilidad social y política del sindicalismo institucionalista y conciliador en la Cataluña de 1884. Fragilidad que, como he tratado de mostrar, se había acrecentado durante la última década larga, fruto de las múltiples ofensivas patronales en fábricas y colonias industriales, del boicot patronal respecto al incipiente reformismo estatal y del simultáneo avance de las posiciones «resistencialistas» o «apolíticas» en el seno del sindicalismo textil. Hacia 1890 el sindicalismo «de oficio» que había tratado de preservar la frágil dirección de las Tres Clases de Vapor se precipitaba hacia su hundimiento definitivo, acosado entre la espada de las reformas patronales y paternalistas a pie de fábrica y la pared de la huelga general propugnada por líderes «apolíticos» de variada condición.[96]

LA «FAMILIA INDUSTRIAL» FRENTE AL ESTADO. CORPORATIVISMO Y REGIONALISMO EN CATALUÑA ENTRE LOS DOS SIGLOS (1895-1902)

Radicalización social en la Cataluña entre los dos siglos y crisis imperial y política del Estado en 1898 constituyen las dos imágenes emblemáticas de un silogismo muy querido por las narrativas catalanistas del siglo XX. A saber, la convicción de que existió una relación causal, única y decisiva entre la quiebra internacional del Estado –y la incertidumbre en sus mercados más dinámicos– y el avance de un clima de guerra social en la Cataluña industrial, todo ello en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Incluso Jaume Vicens i Vives bebió de dichas narrativas en su Industrials i Polítics (Segle xix) (1958), atribuyendo a una remota y espectral «ciega incomprensión de una sociedad que consideraba los problemas del trabajo como simples cuestiones de orden público» la suerte de «la generación obrera [catalana] de la fiesta del Primero de Mayo», «empujada hacia el anarquismo» por aquélla. Aunque apenas mencionado, el Estado insuficiente, paralizado y dilapidador de las contribuciones catalanas, se adivina el primer portador de la «ceguera» lamentada por Vicens, al igual que el «elemento obrero forastero» (llegado desde más allá del Ebro) sucumbió con facilidad a las «prédicas revolucionarias de los colectivistas» por carecer de «tradiciones societarias» y con ellas de «responsabilidad social».[97]Sin negar lo fundamental de la crisis política postimperial, ni las fundadas razones de la oleada regeneracionista que la siguió, conviene detenerse en las respuestas concretas que ciertas elites regionales ofrecieron después de 1898 a determinados proyectos de relanzamiento del Estado hacia coordenadas homologables con las de los vecinos europeos del norte. Muchas actitudes de la patronal catalana durante los dos años largos que transcurrieron entre el invierno de 1899-1900 y la primavera de 1902 confirman dicha conveniencia y la parcialidad de la narrativa regionalista, pues la «reforma social» regresó entonces a la política de Estado con renovado aunque frágil impulso y halló la oposición de viejos rivales y argumentos. Tres episodios fechados durante aquel intervalo, observados con algún detalle, sugieren que la mínima presencia del Estado como regulador sociolaboral continuó obedeciendo a una variada constelación de estrategias y presiones, las de las corporaciones industriales catalanas entre ellas y en primer término.

El primer episodio gravitó alrededor de la preparación y discusión parlamentaria de la Ley de Accidentes de Trabajo, promulgada el 30 de enero de 1900 y con reglamento de 28 de julio del mismo año. Elaborado por el Gobierno conservador de Eduardo Dato, el muy prudente proyecto de ley asumía, ciertamente, el concepto de «responsabilidad industrial», pero no reglamentaba modalidad alguna de indemnización empresarial –permitiendo la indemnización directa, el seguro voluntario, etcétera– y cargaba la fijación de responsabilidades en manos del juez de primera instancia (y no en ninguna clase de jurado mixto paritario, como sí habían fijado los anteproyectos liberales de 1890 y 1893-1894). A pesar de dicha laxitud con respecto al establecimiento de garantías en caso de indemnización patronal –lo que iba a maniatar su eficacia–, el proyecto de ley fue recibido por las elites industriales catalanas con resquemor, pues enseguida iniciaron «gestiones para moderar sus aspectos más intervencionistas». Feliciano Montero ha documentado la secuencia de gestiones políticas y parlamentarias, cuya culminación fue un discurso parlamentario de Lluís Alfons Sedó –de la ya visitada Colonia Sedó, secretario del Fomento del Trabajo Nacional en 1901– que trataba de desmentir el radical obstruccionismo que sectores gubernamentales imputaban a la gran patronal catalana.[98] La estrategia patronal parecía consistir, en parte, en adueñarse de la extensa y arraigada red de sociedades mutualistas barcelonesas para escapar así de la contratación de seguros y propiciar «que fuesen los propios trabajadores quienes, indirectamente, contribuyesen a un fondo común para cubrir las exigencias de la nueva ley».[99]Subyacía a todo ello el rechazo patronal ante cualquier horizonte de seguro obrero obligado y tutelado por el Estado, rechazo cuyo mejor portavoz en Cataluña era, desde 1895, Francesc Moragas i Barret. Moragas, compañero de promoción universitaria de Prat de la Riba y alma mater de la pronta creación de la Caja de Pensiones para la Vejez, llevaba meses alertando sobre la debilidad de las experiencias privadas autóctonas «en materia de seguros obreros», por lo que «no será extraño –había profetizado en 1899– que la legislación que se dicte en España se informe en moldes socialistas que por una parte ahoguen la iniciativa individual (...) y que por otra parte, imponiendo la obligación de este seguro, vengan a convertir su prima en una nueva contribución a cargo de patronos y obreros».[100]La prevención de Moragas frente al «intervencionismo» del Estado en la organización y gestión de la previsión obrera era, esencialmente, la misma que Prat de la Riba había expresado en su Ley Jurídica de la Industria (1898), aunque las alternativas que ambos imaginaban no confluirían hasta 1902.[101]

El segundo y muy cercano episodio sugiere que la preocupación patronal iba algo más allá del alcance de los mínimos costes laborales fijados por ley, al punto de recelar sin tapujos de toda presencia garantista en nombre del Estado. El motivo fue la tramitación parlamentaria de la Ley Reguladora del Trabajo de las Mujeres y Niños, promulgada con fecha de 13 de marzo de 1900. Heredera de dos proyectos de ley preparados por la Comisión de Reformas Sociales en 1891 (a la sombra del congreso obrero de Berlín de 1890 y que en su día ya habían provocado la repulsa escrita de hombres como Ferran Alsina), la Ley de 1900 impedía el trabajo a los menores de diez años, fijaba la jornada laboral máxima de mujeres y menores de 16 años y establecía el concepto de «trabajos penosos e insalubres», prohibidos total o parcialmente a unas y otros.[102] Los reproches de los representantes parlamentarios de la patronal catalana apuntaron en dos direcciones. Por una parte, fue una enmienda al proyecto original presentada por Joan Sallarès i Pla, presidente del Fomento del Trabajo Nacional en 1897-1898, la que elevó el máximo de la jornada laboral femenina de las 10 horas iniciales a las 11 horas sancionadas por la ley. Ya en 1892 Sallarès i Pla había escrito y publicado sobre la cuestión, en defensa de jornadas de hasta 12 horas para las mujeres y de hasta 10 horas para los menores de 16 años (la Ley de 1900 fijaría un máximo de 6 horas diarias para éstos), lo que no debe extrañar tratándose de un fabricante lanero y en plena secuencia de feminización y «descualificación» de los principales oficios fabriles textiles.[103] Mayor interés reviste, por otra parte, la segunda línea de reproches, a pesar de que no cristalizase en términos legales. Una de las novedades de la Ley de 13 de marzo de 1900 se hallaba en su artículo séptimo, al establecer las llamadas «Juntas Provinciales y Locales» dotadas de amplias atribuciones inspectoras y arbitrales para el cumplimiento de la misma ley, con presencia paritaria de «patronos y obreros» y presidencia designada por la autoridad estatal. Carles Grabuleda ha rastreado con detalle la significativa alarma patronal ante dicha disposición inspectora y arbitral, alarma simbolizada por la muy agria polémica parlamentaria entre Lluís Ferrer-Vidal y José Canalejas previa al real decreto de junio de 1902 para el desarrollo de la Ley de 1900. Lluís Ferrer-Vidal, segundón de Josep Ferrer i Vidal y presidente del Fomento del Trabajo desde febrero de 1901, iba a arremeter contra «la ley del señor Dato respecto a la organización del trabajo de las mujeres y los niños en las fábricas, que ha creado una situación cuya aceptación por parte de obreros y patronos se hace imposible», una Ley «que no se cumple porque no se puede» (a lo que Canalejas replicó que «no se cumple porque no la quieren cumplir muchos patronos»). En el trasfondo estaba la lentísima creación de aquellas Juntas Provinciales y Locales, potenciales delegaciones de la Comisión de Reformas Sociales según ha explicado Palacio Morena, y la indiscutible reserva de los empresarios del Fomento catalán ante tal modelo de inspección e información con protagonismo sindical y gubernativo, pues «establecer una Inspección de esta naturaleza –dijo Ferrer-Vidal en las Cortes– no sería justo porque vendría a ser un castigo aplicado al patrono».[104]

Esta última polémica parlamentaria nos introduce de lleno en el tercer episodio, fechado en los primeros meses de 1902 y motivado por el proyecto del entonces ministro de Agricultura, Comercio y Obras Públicas, el liberal de tradición republicana José Canalejas, de crear un gubernamental Instituto de Trabajo. Inspirado en las experiencias del Ministerio de Trabajo belga y de la Office du Travail francesa, el «proyecto Canalejas» pretendía amparar y relanzar el legado «intervencionista» de la Comisión de Reformas Sociales –que iba a mantenerse en su interior– y vincularla a un Consejo Superior del Trabajo con funciones de inspección y mediación, paritario bajo la dirección ministerial. Aunque el proyecto presentado en las Cortes en abril de 1902 adolecía de falta de concreción y de débiles apoyos en las filas del propio Partido Liberal, despertó inmediatamente la más cerrada oposición de las corporaciones catalanas, lo que contribuyó a su letargo hasta reaparecer, con menores ambiciones y ya como Instituto de Reformas Sociales, en 1903-1904.[105]El enfrentamiento en sede parlamentaria entre Lluís Ferrer-Vidal y José Canalejas, el 8 de abril de 1902, fue el primer acto de dicha oposición. Ese día el diputado Ferrer-Vidal afirmó: «Me levanto como patrono, porque ahora es moda por lo visto, en el problema gravísimo entre el capital y el trabajo planteado en todas las naciones, inclinarse fácilmente del lado del que parece más débil. (...) Porque existe en Cataluña, la región de los patronos, un cierto temor». La réplica de Canalejas no iba a mitigar semejante temor, muy al contrario: «... para que la ley se cumpla, lo que va más íntimamente asociado a la idea generadora del Instituto de Trabajo es la inspección que asegure el cumplimiento de la ley»; inspección del trabajo que, añadiría después Canalejas, «tendrá en su día desarrollo con los elementos locales, pero ahora, por lo pronto, se necesita la vigorosa iniciativa del Estado central».[106] La sombra de un cuerpo estatal de inspectores fabriles combinada con el reconocimiento ministerial del sindicalismo suprasectorial y politizado –a título de agente social e institucional– iba a encender todas las alarmas de la patronal catalana. Carles Grabuleda ha documentado la pronta deserción patronal de los debates parlamentarios para pasar a cargar contra el «proyecto Canalejas», durante la primavera de 1902, desde la prensa barcelonesa, particularmente desde La Veu de Catalunya regionalista y desde el muy patricio Diario de Barcelona.[107]

Lo esencial del malestar de la patronal catalana ante el proyecto de Instituto de Trabajo se resume en la «Exposición dirigida por el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona al Sr. Ministro de Agricultura y Obras Públicas, Excmo. Sr. D. José Canalejas», publicada en la prensa barcelonesa el 15 de abril de 1902. Con la firma del mismo Ferrer-Vidal que había polemizado con Canalejas días antes, la «Exposición» no dudaba en sentenciar que «el Estado sólo debe intervenir directamente en la esfera económica cuando en ella ocurre algo que transciende al orden público o a la subsistencia del orden social», a la luz de lo cual nadie debía extrañarse de que «al conocer los primeros propósitos de presentar una serie de leyes orgánicas que regulen las relaciones entre el capital y el trabajo, nuestros temores recrudezcan, pues nada puede esperarse de la acción de los medicamentos cuando éstos no obran directamente sobre el organismo ni éste es capaz de asimilarlos». Alegato neogremialista y corporativista, la «Exposición» apostaba por la reinvención de la «corporación gremial» bajo la autoridad tutelar de un empresariado muy atento a la disolución social y reivindicaba las supuestas virtudes reguladoras de la llamada «familia industrial» al reunir ésta «todos los atributos de una familia, a saber: hogar, religión, patrimonio, beneficencia, escuela, así como su autoridad, su poder encargado de cumplir todos los fines de la sociedad y de dirimir todas las contiendas». Como ha señalado Soledad Bengoechea, la «Exposición» condenaba implícitamente toda uniformidad en materia de legislación laboral, al extremo de esgrimir la existencia de una supuesta tradición catalana, gremialista, en el terreno de la conciliación laboral: «Por eso no podemos creer en la eficacia de la labor legislativa que se nos anuncia si tiene que obrar sobre los elementos personales de los establecimientos industriales o sueltos y desorganizados u organizados de un modo que podríamos denominar negativo. Negativo resulta para el fin natural del trabajo industrial (...) la organización de obreros solos realizada para hostilizar a las asociaciones de patronos solos».[108]

Entiendo de la mayor importancia no reducir semejante defensa neogremialista, semejante condena de un Estado activamente arbitral, a la mera expresión de una coyuntura sociopolítica particularmente agitada en Cataluña. Léase por coyuntura particularmente agitada la irrupción política de la Lliga Regionalista en abril-mayo de 1901 –tras la revuelta fiscal mesocrática del tancament de caixes de finales de 1899– más el vivísimo impacto producido por la huelga general obrera en la Barcelona de febrero de 1902. No estoy sugiriendo que ambos episodios carezcan de importancia para explicar los argumentos de Lluís Ferrer-Vidal en la primavera de 1902, del Ferrer-Vidal entonces presidente del Fomento del Trabajo y diputado regionalista. Sostengo que ambos episodios contribuyeron a la máxima vitalidad y visibilidad de una tradición patronal y política que, sin embargo, hundía sus raíces en la Cataluña de las tres últimas décadas del siglo XIX. Una tradición organicista, «defensora del tejido social ante el poder» aunque muy alejada de culturas como la del «democratismo francés»,[109] que las elites industriales catalanas habían construido a golpe de conflicto laboral y de ambivalencia estratégica ante un Estado a medio hacer, desde los días del Sexenio democrático.

Ejemplos del vigor de esta tradición patronal y política pueden hallarse en la Cataluña de los primeros años noventa, con anterioridad, pues, a la coyuntura posterior a 1898. El ya citado Joan Sallarès i Pla teorizó en 1890 todas las bondades de lo que llamó «gremios libres», corporaciones sectoriales de capital y trabajo que deberían abarcar desde el aprendizaje laboral hasta la previsión mutualista, incluidas las muy significativas atribuciones del arbitraje –libre de la sombra de la huelga– y la representación en un futuro sistema electoral «regenerador de la política de partido» y expresión «de los verdaderos intereses nacionales».[110]No muy distintas resultaron las extensas consideraciones neogremialistas que el primer Prat de la Riba incluyó en 1895-1896 en su Ley Jurídica de la Industria, sentada la doble consideración de «los beneficios que ha reportado a la industria la abolición de los minuciosos reglamentos que tiranizaban el trabajo» y, sin embargo, «tampoco puede desconocer nadie que en la abolición de los reglamentos se fue más allá de lo conveniente».[111] La utopía corporativista pratiana iba a perdurar, matizada, en sus trabajos más informados y tardíos, como en su muy documentada memoria sobre Los Jurados Mixtos para dirimir las diferencias entre Patronos y Obreros (1901). Aun aceptando sin traba la libre sindicación obrera, la conveniencia de una mínima o «imperativa» legislación laboral y la utilidad de los jurados mixtos sectoriales, Prat seguía desconfiando del Estado incluso para designar al llamado «tercer árbitro» (como así sucedía en Gran Bretaña y Estados Unidos), recelaba de la eficacia y moralidad de un cuerpo de inspectores del trabajo en España y persistía en que la «misión del Estado», en especial «en la esfera económica», «se reduce a fomentar la iniciativa social, a estimular su fecundidad creadora, pero dejando a la sociedad crear, por medio de la costumbre, nuevas instituciones de derecho».[112]

Si aceptamos que los dos años largos transcurridos entre enero de 1900 y abril de 1902 ilustran ejemplarmente el desapego de la patronal catalana hacia toda regulación estatal del trabajo industrial pero no permiten explicar este extrañamiento en su totalidad, ¿qué nos ofrecen los años del cambio de siglo que permita completar tal explicación? En otras palabras, ¿qué aspectos cruciales de la coyuntura 1899-1902 pueden y deben leerse más allá de la coyuntura, quizá como la culminación de procesos ya en marcha antes del cambio de siglo? Vista la naturaleza de los puntos de fractura en 1899-1902 y vistos los resultados de las investigaciones más recientes, parece pertinente centrar la atención en tres direcciones o procesos: 1) la dirección de la conflictividad laboral y las culturas sindicales, desde finales de los años ochenta; 2) la dirección de las culturas políticas explícitamente interclasistas, en especial la suerte de los republicanismos autóctonos y 3) la dirección de la renovada sociología de las elites catalanas y sus nuevas expectativas con respecto a la expansión funcional del Estado liberal.

No cabe duda de que la huelga general obrera que paralizó el llano de Barcelona entre el 17 y el 23 de febrero de 1902 supuso un punto de inflexión hacia el cierre corporativista de las patronales y elites industriales catalanas, y así lo ha demostrado Soledad Bengoechea. Y ello no sólo por el impacto de la gran huelga «solidaria» y «revolucionaria» (en expresión de uno de sus propagandistas, Francesc Ferrer i Guàrdia) secundada por casi cien mil trabajadores y trabajadoras, por la docena oficial de muertos y las decenas de heridos y detenidos por la represión militar, por el «¡Nunca más!» enarbolado por los hombres de la Lliga Regionalista.[113] Junto con la percepción de que se hallaban ante una protesta obrera de nuevo y peligroso cuño («que no se trata sencillamente de un problema vulgar, común, corriente, de todos los días en los países industriales, que se trata de una verdadera revolución social», clamó en las Cortes el diputado regionalista Bartomeu Robert), los hombres de la Lliga insistieron en la responsabilidad del Estado en semejante estallido, por omisión y debilidad e incluso por acción interesada del Gobierno. ¿Por qué en Barcelona?, preguntó retóricamente a las Cortes el diputado Robert para descerrajar a continuación su propia respuesta:

porque en Barcelona no sólo hay gérmenes a propósito para esa revolución de ideas, sino que en aquella ciudad y en su llano es donde se han citado muchos anarquistas de Europa, porque no ignoran que allí han contado hasta ahora con la impunidad hija del régimen doloroso de abandono en que vivimos (...) si lo que queréis es quitar energía y fuerzas a aquel país [Cataluña], aunque sea en el sentido material, para que sus opiniones de otra índole no progresen, entonces quizá lo consigáis, pero desde luego os digo que cometeréis un grave error.

Bartomeu Robert no dudaría en cargar a «la situación actual de la Nación española» el pobre recorrido del Estado en «preocuparse de la situación en que se encuentra nuestra clase proletaria», callando sobre el obstruccionismo del Fomento del Trabajo y sus epígonos políticos a lo largo de los últimos veinticinco meses.[114] Las investigaciones de Borja de Riquer y Joan B. Culla han revelado la fabricación instrumental, oportunista incluso, de las acusaciones regionalistas contra el gabinete liberal, al extremo que la dirección de la Lliga refrenó la llamada patronal a la «autodefensa» para así conceder todo el protagonismo a la represión gubernativa y favorecer «el desengaño de la clase obrera, arrojada a la calle por el gobierno y los republicanos y sableada en la misma calle por aquellos que la han arrojado».[115] Menos complaciente con las oportunidades tácticas y más realista con respecto al potencial interclasista de una Lliga atada al Fomento, iba a mostrarse el también catalanista y conservador Josep Pella i Forgas, con el recuerdo de la huelga todavía muy vivo:

campañas hechas de común acuerdo entre los regionalistas y las sociedades económicas, sobre todo las que se componen principalmente de fabricantes, han podido dar a creer a las masas obreras, como cosa cierta, que el regionalismo se sostiene principalmente en las clases que toman por enemigas. El lugar de reformador y amigo de los obreros que el regionalismo abandonaba lo han tomado el partido republicano y el gobierno de Madrid.[116]

Las razones de la predisposición obrera a la huelga general –y de haber «penetrado en el anarquismo popular barcelonés la fórmula sindicalista revolucionaria de los franceses»–[117] deben buscarse, pues, en las trayectorias recientes de las culturas sindicales locales y regionales. Por una parte, el protagonismo de un gran abanico de trabajadores metalúrgicos en las huelgas sectoriales que abrieron el camino hacia la huelga general, durante el invierno de 1901-1902, ilustra la subsunción de numerosas identidades de oficio en una emergente y más combativa identidad clasista, todo ello más allá del mundo del trabajo textil. Angel Smith o Jordi Ibarz, entre otros, han rastreado la generalización de los «lenguajes de clase» en la Barcelona no textil entre los dos siglos, el resultado de la expansión urbana multipolar, de la reciente densificación capitalista de sectores aún atomizados una generación atrás y del avance sindical de socialistas y anarquistas.[118] Por otra parte, el protagonismo sindical y público de los obreros del metal y otros en 1902 debe leerse, también, como una evidencia de la condición entonces moribunda del sindicalismo textil que había simbolizado la Federación de las Tres Clases de Vapor durante las décadas de 1870 y 1880. En verdad, como una evidencia de las sucesivas victorias patronales sobre el sindicalismo de oficio fabril encarnado por las Tres Clases «reformistas» e «institucionalistas» de los años ochenta; unas Tres Clases que fueron prácticamente liquidadas entre 1891 y 1901, lo que no puede ignorarse a propósito del clima de agravio, del «arranque de dignidad» obrera, que sobrevoló la huelga general de 1902.[119]

La primera gran ofensiva patronal puede fecharse durante el muy conflictivo bienio 1890-1891, con la proliferación de cierres patronales contra los intentos de las Tres Clases de Vapor de implantarse en toda la geografía algodonera fluvial o de la Muntanya, las consiguientes huelgas de solidaridad con las vulnerables secciones sindicales de Manresa y una segunda y definitiva oleada de cierres patronales hasta el verano de 1891 –contra el sindicato y para facilitar la feminización de oficios siempre masculinos– aprovechando el regreso de un gobierno conservador.[120] Tras la derrota sindical de 1891, inapelable en la cuenca algodonera del río Llobregat, siguieron unos años de consolidación de la feminización laboral, de regresión salarial y quiebra asociativa también en el textil barcelonés, todo ello con el mar de fondo de la violencia anarquista y gubernativa.[121] El canto del cisne del sindicalismo de oficio textil, mayormente masculino y destajista, iba a producirse entre 1898 y 1901 a raíz de la refundación sindical bajo la denominación Federación de la Industria Textil Española. Ésta absorbió la maltrecha dirección barcelonesa de las Tres Clases de Vapor y estableció su sede en Manlleu, en la cuenca algodonera del río Ter. A la nada fácil reconstrucción sindical respondieron muchos fabricantes de la Cataluña interior con una coordinada secuencia de cierres patronales y «pactos del hambre», amparados en la pérdida de los mercados atlánticos, que sembró tensión y argumentos para la facción anarquista desde el invierno de 1899-1900. Los enfrentamientos más violentos tuvieron lugar en las villas algodoneras del valle del Ter durante el año 1901: defensa sindical de la exclusividad masculina en el «oficio» de hilar con máquinas, cierres patronales y asalto obrero al casino de los fabricantes. Mientras, en Barcelona, el descrédito de los desgastadísimos dirigentes procedentes de las Tres Clases por parte de la prensa anarcosindicalista, que los acusaba de ser «el más ruin de los tiranos, el tirano de blusa y alpargata».[122]El mayor fabricante algodonero de Manlleu e instigador del cierre patronal comarcal que en marzo de 1901 cerró sesenta y tres establecimientos era Albert Rusiñol, ex presidente del Fomento del Trabajo, quien pocas semanas después, en mayo de 1901, saldría elegido diputado a Cortes en la primera candidatura de la Lliga Regionalista. Rusiñol iba a participar en los debates parlamentarios de los primeros meses de 1902, polemizando con Eduardo Dato a propósito de la Ley de Accidentes de Trabajo y proclamando como saludable alternativa los logros del montepío patronal de Manlleu establecido en el verano de 1901 con la bendición del párroco y la presencia de «delegados obreros». Nada diría Rusiñol, sin embargo, de los hiladores libremente sindicados, vencidos y desterrados por el «pacto del hambre» patronal de aquel mes de marzo de 1901.[123]

La quebradiza radicalización sindical –consecuencia y causa del repliegue patronal-corporativo– no constituyó el único factor de preocupación y firmeza de las elites empresariales catalanas, el único motor de su mayoritario retraimiento ante las frágiles tentativas de «institucionalizar la reforma social» en la España del cambio de siglo. Si la huelga general revolucionaria de 1902 simbolizó el final de la caída del viejo sindicalismo de oficio textil, los éxitos electorales de Alejandro Lerroux en la Barcelona de 1901 señalaron el ocaso de cierta cultura política liberal-republicana y su marginación en beneficio de nuevas invocaciones y organizaciones republicanas cuyo primer destinatario iba a ser –en el lenguaje del Lerroux de 1901– el «proletariado inteligente y consciente». El renacimiento político del republicanismo en la Barcelona posterior a 1898 resulta inseparable de la figura proteica de Alejandro Lerroux y de sus sorprendentes, por inesperados, resultados en las elecciones a Cortes y municipales de la primavera y el otoño de 1901. Con Lerroux «llegó» a Barcelona, para quedarse por mucho tiempo, no únicamente una nueva cultura del liderazgo y la movilización republicanos, indiscutiblemente de masas, sino también toda una retórica a propósito del «pueblo» y su legítima conquista de las instituciones, una mezcla muy eficaz –en tal contexto barcelonés y catalán– de «obrerismo convincente y de sabia propensión hacia el equívoco libertario».[124]La «sorpresa Lerroux» alarmó a las elites regionales menos por la supuesta complicidad gubernamental con el personaje y mucho más por lo que revelaba del alcance de determinadas fracturas políticas y sociales en la Cataluña urbana entre los dos siglos. Fracturas como las que desde los años ochenta troceaban y paralizaban al republicanismo histórico en Cataluña, y en particular al federalismo más interclasista, fragmentado éste desde 1881-1882 y 1888-1894 por disputas personales y doctrinales (las últimas, a propósito de la «cuestión social» y la «regional»).[125]A su vez, el emergente regionalismo político penetraba con mucha dificultad en las culturas políticas populares, incluso en aquellos casos, significativos pero contados, en los que republicanismo y catalanismo decían darse la mano.[126]A todo ello opondría el republicanismo «unitarista» del primer Lerroux la imagen política del «pueblo» como identidad clasista y beligerante, contra las elites patronales y contra un Estado siempre condescendiente con éstas, precisamente cuando alcanzaba su cenit la reorganización industrial que, en la Cataluña textil, había sepultado la cultura laboral y política del «oficio» mayormente masculino y socialmente visible, influyente incluso. De ahí el éxito del Lerroux «protector del obrero» entre 1901 y 1906, su incesante actividad parlamentaria dedicada a «cuestiones obreras» y su parcial importación para el contexto catalán de fórmulas legalistas y movilizadoras ensayadas por el blasquismo valenciano.[127] De ahí, también, que el «viejo» republicanismo de tradición mesocrática y lenguaje más conciliador, federalista o posibilista, sólo conservase sus pretéritas posiciones de fuerza en la Cataluña aún artesana o con industrias poco proclives a la concentración capitalista y corporativista: en la villa de Reus, con sus talleres de sederías y su tradición castelarista, o en las plazas fuerte del Ampurdán federalista, en el Sant Feliu de Guíxols de la industria corchotaponera o en la Figueres del comercio transfronterizo y las modestas fábricas de transformación agropecuaria.[128]

Finalmente, la profesionalización y expansión en Cataluña de actividades «formalmente racionalizadas» según las exigencias de la sociedad liberal tampoco parecen ajenas al clima de creciente prevención regional y patricia ante una mayor vocación legisladora, inspectora y sancionadora del Estado en vías de democratización. A propósito de la legislación laboral, sin duda la conflictividad a pie de fábrica o la muy ruidosa renovación de la cultura política republicana iban a resultar de mayor importancia. Sin embargo, una suerte de general hostilidad hacia el Estado «productor de leyes» y hacedor de nuevas burocracias se había instalado en la Barcelona patronal y profesional antes de 1898, al menos desde la segunda mitad de los años ochenta. Stephen Jacobson nos ha contado la historia de los abogados barceloneses decimonónicos, colectivo en rápido y próspero crecimiento durante las décadas centrales del siglo y cuyo mercado profesional tendió a la saturación, precisamente, alrededor de 1890, al cruzarse la nómina de licenciados en aumento con una reducción estructural del número de pleitos. La tesis de Jacobson sugiere que esta mayor competencia –y menores oportunidades– en el mercado regional de abogados y juristas tuvo algo que ver con el arraigo de actitudes «corporativistas» y «catalanistas» entre los miembros más jóvenes de la profesión, durante la última década del siglo XIX, actitudes alumbradas en las campañas contra el proyecto unificador de Código Civil de 1889.[129]La definitiva transformación, técnica y política, de una heterogénea y dispersa jurisprudencia civil de raíz foral y señorial en un moderno «Derecho Civil Catalán» iba a ser obra de esta generación de hombres de leyes, con el abogado Prat de la Riba a la cabeza.[130]¿Acaso la especificidad del derecho privado «catalán», corporativamente establecida y así protegida de los avatares de la política de la democratización, puede considerarse absolutamente ajena, por ejemplo, a la reivindicación de la «familia industrial» en la Cataluña del cambio de siglo, también singularizadora y corporativista? Aunque en distinto grado y motivación que los abogados, los médicos cercanos al Cuerpo Médico de Barcelona desde 1886-1891 o los ingenieros industriales locales compartían esa visión del Estado finisecular como potencial competidor, como molestia eventual para sus aspiraciones de promoción y prestigio en el mercado profesional catalán.[131]

CONCLUSIONES

La secuencia de episodios y evidencias aquí presentada sugiere que la indiscutible oposición del patriciado catalán finisecular a la intermediación del Estado en materia de relaciones laborales industriales fue el resultado de un proceso histórico que abrazó, al menos, las seis últimas décadas del siglo XIX. Un proceso histórico que arrancó con las múltiples conexiones entre trabajo manufacturero y políticas revolucionarias en la Barcelona de la década de 1840, tomó cuerpo y forma con los interesados silencios patronales ante los proyectos de ley progresistas de 1855 y 1871-1872, maduró con el obstruccionismo de los grandes fabricantes catalanes frente a las iniciativas de la Comisión de Reformas Sociales durante la década de 1880 y culminó en los enfrentamientos parlamentarios y públicos del trienio largo y señalado que transcurrió entre el invierno de 1899-1900 y la primavera de 1902. Lo que justifica la elección historiográfica de esta cronología es la progresión del pulso entre patronal catalana (mayormente textil) y «reformismo social» amparado en las instituciones del Estado liberal y en su potencial representatividad. Es decir, la constatación del carácter constante y creciente de dicho pulso a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En consecuencia, puede argumentarse que la lejanía política con la que las elites catalanas asistieron a la frágil formación de burocracias estatales en la España de entre los dos siglos explica semejantes pulsos y recelos –como ya hizo Enric Prat de la Riba entre 1895 y 1901– a condición de no perder de vista que aquella lejanía, en lo relativo al control del mundo del trabajo, se había edificado desde mucho antes. A condición de no ignorar que determinadas elecciones estratégicas de los patriciados catalanes ochocentistas habían contribuido a ella en un grado nada desdeñable.

Debe recordarse pues lo que la narrativa regionalista iba a omitir. A saber, que en la Cataluña industrial de mitad del siglo XIX (1840-1870) no faltaron las voces «reformistas» que abogaron por una mayor intervención política en las relaciones entre fabricantes y trabajadores, por un mayor control institucional (estatal en último término) del mundo del trabajo fabril. Voces como las de aquellos liberales «radicales» que fueron silenciados en Barcelona en 1844, y sobre las que Josep M.ª Fradera ha llamado la atención (la del médico Pere Mata i Fontanet, la de Antoni Ribot i Fontseré y su grupo, etcétera).[132] O la voz de Ciril Franquet en la Barcelona de 1854 y la de Laureà Figuerola en las Cortes de 1855, y la del ingeniero Ildefons Cerdà al fondo suministrando mucha información sobre la «clase obrera» barcelonesa de 1856.[133]Voces de progresistas catalanes pronto alejados de Cataluña, como a Joaquim Maria Sanromà en 1871-1872, y voces de clarividentes profesionales de la industria local minimizadas por la crisis del progresismo interclasista en los meses posteriores a septiembre de 1868 (el grupo de los ingenieros Manjarrés, Lladós i Rius, Lluch y otros y su proyecto aplazado de una Escuela Provincial de Artes y Oficios para obreros). Todas estas voces fueron acalladas en la esfera pública catalana por el avance de posiciones patricias esencialmente conservadoras en lo sociolaboral. Por los sucesivos apoyos patronales, más o menos entusiastas, a las políticas de Estado fundadas en el uso de la fuerza (militar) para la defensa de una a menudo muy elemental noción de orden público. Así procedieron los fabricantes de tejidos cuando las revueltas barcelonesas de 1842 y 1843. Sus homónimos de 1855 se alinearon tras la mano dura del capitán general Zapatero contra el sindicalismo de oficio (una actitud que sólo los «fabricantes» más politizados evitaron), al igual que la patronal algodonera desoyó las llamadas a la transacción laboral de las nuevas autoridades progresistas y republicanas en la Barcelona del Sexenio democrático. Todo ello tuvo lugar en apenas una generación, durante tres décadas sembradas de estallidos de insatisfacción política en la Cataluña urbana y bajo la sombra casi permanente de la facción rebelde y armada. Semejante paisaje de agitación política y social, muy característico de la Cataluña de mitad del XIX, iba a completarse con la particularidad del cambio técnico y empresarial en el hegemónico sector algodonero. Éste iba a cargar el aire de más tensión todavía, para mayor dificultad de aquellas voces «reformistas», sobre todo a raíz de los primeros intentos patronales –ya antes de 1868– para desterrar de las nuevas fábricas las viejas culturas laborales de centralidad obrera a pie de fábrica e influencia y prestigio comunitarios.

Sin atender a esta espiral de conflictividad laboral y agitación política en la Cataluña industrial del segundo tercio del siglo XIX no puede comprenderse cabalmente, en mi opinión, la rapidez y el vigor con los que se desplegó una cultura corporativista y particularista entre las filas del industrialismo local durante el último cuarto de siglo. Las prevenciones ante un Estado percibido como rémora potencial por su inestabilidad política y su tendencia a rehacerse según el modelo de pronunciamiento y presión revolucionaria antecedieron, en la experiencia de la primera generación burguesa catalana, a los más tardíos agravios por la arquitectura centrípeta y supuestamente parasitaria de dicho Estado. La trayectoria ideológica del ya citado Joan Mañé i Flaquer, longevo portavoz del patriciado industrial durante la segunda mitad de siglo, ilustra el argumento. La de Mañé fue una de las escasísimas voces críticas desde posiciones «conservadoras», en 1855-1856, con la política represiva de Juan Zapatero contra el sindicalismo catalán. Mañé juzgó la arbitrariedad y la mínima imaginación de la política represiva como una fuente de radicalización sindical y obrera. Regresó sobre ello en 1860, al celebrar la poliédrica figura de Josep Anselm Clavé (promotor de sociedades corales obreras saludadas por muchos patricios e ignoradas, según Mañé, por los poderes públicos), y en 1874 para sentenciar que de aquellos polvos de crisis civil y poder militar procedían los lodos políticos y revolucionarios de 1868-1873.[134] Fue la experiencia del Sexenio democrático en Cataluña, con su explosión de huelgas fabriles y milicias armadas, la que grabó en hombres como Mañé i Flaquer el desencanto definitivo respecto de la capacidad del Estado liberal para acumular legitimidad social sin arriesgar jerarquías y capitales. Una incapacidad que podía ser imputada al gran peso del pretorianismo y del faccionalismo en España, durante la formación de dicho Estado. Mañé sabía sin embargo, aunque lo callase, que la patronal algodonera catalana se había servido de la política militarizada para sus propósitos a pie de fábrica (en 1843-1844, 1855-1856, 1869), y que ello estaba dinamitando más lealtades verticales en la Cataluña urbana que el ir y venir de imprevisibles capitanes generales.

El particularismo simbolizado por Enric Prat de la Riba en el ideal de la colonia industrial –y con él el corporativismo patronal de fin de siglo– cuajó tras el relevo de la generación de Mañé i Flaquer. Cuajó cuando las nuevas fábricas fluviales se demostraron escenarios propicios para las reformas laborales ambicionadas por los fabricantes textiles, especialmente si aquéllas se acogían al estatuto legal de colonia. Cuajó cuando, tras el fugaz horizonte de un «proteccionismo interclasista» contra el arancel Figuerola (en 1869, pronto borrado por la gran huelga del verano del mismo año),[135] la retórica en pro de la protección arancelaria incluyó sin tapujos la garantía de «libertad industrial» para el uso sin restricciones de «las fuerzas productivas nacionales» (en expresión del Ferran Alsina de 1889-1892). Cuajó, en definitiva, cuando la modesta pero muy concreta ampliación de los mercados burocráticos y académico-profesionales de fin de siglo, con su renovado arsenal de influencias ideológicas y clientelas institucionales (a modo de las que confluyeron en la creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1883), halló escasa complicidad entre el patriciado catalán. Con seguridad, debido a la naturaleza misma de la restaurada política dinástica, al protagonismo principal de las elites más cercanas al día a día de la Corte. También con seguridad sin embargo, y no en menor grado, por los resquemores ante el Estado como factor de cambio –e incertidumbre– heredados de la generación anterior. Resquemores que fueron rápidamente activados y actualizados por los desafíos sindicales, políticos y sociológicos a los que tuvo que hacer frente el patriciado catalán durante las décadas de 1880 y 1890. En otras palabras: el tardío Mañé i Flaquer de 1884, con su ácida crítica al proyecto de «Cuestionario» informativo de la Comisión de Reformas Sociales, preparó a su manera el terreno para el joven Prat de la Riba de 1895, para su lamento sobre el «Estado moderno» como «eflorescencia de unas ideas y doctrinas que lo hacen sistemáticamente impotente».

Vista la suerte de las voces catalanas que hablaron ambiciosamente de la «cuestión social» antes de 1874, comprobada su debilidad en Barcelona y su singularidad en Madrid, no resulta extraño que, en la Cataluña de la primera Restauración, el reformismo laboral se redujese a la condición de última carta para un sindicalismo de oficio (textil) que se batía en retirada. La comparación con el Lancashire algodonero de los convenios colectivos institucionalizados y los sindicatos de oficio, «reformistas» y recompensados con las reformas electorales de 1867 y 1884,[136]resultó particularmente descorazonadora para la dirección de las Tres Clases de Vapor, a finales de los años ochenta. Ni la defensa del «oficio» (masculino, reclutador y organizador de trabajo ajeno, destajista en interés del hilador) era una tarea fácil con la reorganización algodonera y fabril animada por la rectificación política de 1874-1876, ni hombres como Josep Roca i Galès o Josep Pàmies disponían de apoyos e influencia entre los Moret, Azcárate y compañía, que trataban de pilotar la discreta intervención política y administrativa en el control del mundo del trabajo. Este escenario y su recrudecimiento durante la década de 1890, con la combinación patronal de corporativismo y paternalismo, darían alas a los sindicalismos «apolíticos» y abonarían el terreno para la proliferación de lenguajes de beligerancia social. La «clase obrera», quintaesencia de un «pueblo» muy distinto al invocado por los tejedores barceloneses de 1840, lo confirmaría en la Barcelona de 1902.

[1] Véase Jaume Vicens i Vives, Noticia de Cataluña, Barcelona, Destino, 1954 (edición catalana y ampliada en 1960: Barcelona, Àncora). Las citas, traducidas del original en catalán de 1960, proceden de Jaume Vicens i Vives, Notícia de Catalunya, Barcelona, Edicions Destino/Edicions 62, 1984, pp. 58-59. Una interesante revisión de muchas de las ideas fuerza contenidas en el libro de Vicens, al cumplirse su medio siglo: Josep M.ª Fradera y Enric Ucelay-Da Cal (eds.), Notícia nova de Catalunya, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2005.

[2] Véase la contribución definitiva de Borja de Riquer, Escolta Espanya. La cuestión catalana en la España liberal, Madrid, Marcial Pons, 2002, así como la muy completa revisión bibliográfica de X. M. Núñez Seixas, «Los oasis en el desierto. Perspectivas historiográficas sobre el nacionalismo español», Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 26, 1997, pp. 483-533.

[3] Dos magníficos estudios recientes sobre los orígenes políticos y culturales del catalanismo que a mi entender interiorizan esta visión «cortoplacista» de la fractura sociolaboral de fin de siglo: Joan-Lluís Marfany, La cultura del catalanisme, Barcelona, Editorial Empúries, 1995, y Enric Ucelay-Da Cal, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003.

[4] Me he ocupado de dichas culturas obreras y de las transformaciones que se proyectaron sobre ellas a mitad de siglo, en Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i política a la Catalunya cotonera (1784-1874), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004; también en Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i política a la Catalunya cotonera (1784-1884), tesis doctoral (TD), Barcelona, Universitat Pompeu Fabra/IUHJVV, 2001.

[5] Véanse las consideraciones al respecto que proponen Josep M.ª Fradera y Jesús Millán en su «Presentación» al volumen editado por ambos, Las burguesías europeas del siglo xix. Sociedad civil, política y cultura, Madrid/Valencia, Biblioteca Nueva/Universitat de València, 2000, pp. 11-20, p. 18. El Sexenio en Cataluña: Marició Janué i Miret, Els polítics en temps de revolució. La vida política a Barcelona durant el Sexenni Revolucionari (1868- 1873), Vic, Eumo Editorial, 2002.

[6] Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme català, Vic, Eumo Editorial, 1999; Juanjo Romero Marín, La construcción de la cultura de oficio durante la industrialización. Barcelona, 1814-1860, Barcelona, PUB/Icaria Editorial, 2005.

[7] Tomo ambas citas de Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme..., pp. 179-180. Los argumentos de Anna M. Garcia en Anna M. Garcia Rovira, La revolució liberal a Espanya i les classes populars (1832-1835), Vic, Eumo Editorial, 1989.

[8] Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme..., pp. 169-186 (sobre la Comisión Mixta de Tejidos) y 209-211 (estrategia legalista de la Asociación de Tejedores y apoyos progresistas).

[9] Ibíd., pp. 218-224.

[10] Ibíd., p. 250.

[11] Véase Josep M.ª Fradera, Jaume Balmes. Els fonaments racionals d’una política catòlica, Vic, Eumo Editorial, 1996, pp. 206-208.

[12] Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica... (TD), pp. 364-391; Roser Solà i Montserrat, L’Institut Industrial de Catalunya i l’associacionisme industrial des de 1820 a 1854, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 140-193.

[13] Ambos textos legislativos, el proyecto de ley presentado en octubre de 1855 y el real decreto de enero del mismo año, se reproducen íntegramente en Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix. El movimient obrer durant el Bienni Progressista (18541856), Barcelona, Curial, 1976, vol. II, pp. 644-653, y vol. I, pp. 706-710, respectivamente. La condición pionera del primero ya la señaló Antonio Elorza, «El proyecto de ley de Alonso Martínez sobre el trabajo en la industria (1855). Derecho de asociación y conflicto social en el Bienio Progresista», Revista de Trabajo, 127-128, 1969.

[14] Sobre la comisión parlamentaria y su corta vida sigo las informaciones que proporcionan Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix..., vol. I, pp. 706-713.

[15] Ibíd., vol. I, pp. 457-512 y 561-700.

[16] Citado en ibíd., vol. I, p. 706.

[17] Joan Miralles en la política barcelonesa del primer año del Bienio progresista: Albert Garcia Balañà, «Indústria i ordre social: una lectura política del treball cotoner a la Barcelona del segle XIX», Barcelona Quaderns d’Història, 6, 2002, pp. 51-73, pp. 62-63. Información y fuentes para el caso de Àngel Jofresa: Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica... (TD), pp. 63-65.

[18] Sobre el llamado «conflicto de las (máquinas de hilar) selfactinas» disponemos de la minuciosa reconstrucción que proporcionan Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix..., vol. I, pp. 347-420, 481-494 y 616-620.

[19] Tomo los argumentos y las citas literales de la intervención de Laureà Figuerola ante las Cortes Constituyentes el 19 de mayo de 1855 (reproducida en ibíd., vol. I, pp. 725732).

[20] Reproducido en ibíd., vol. I, p. 726.

[21] La muy interesante intervención parlamentaria de Pascual Madoz sobre el particular (19 de mayo de 1855) puede consultarse también en ibíd., vol. I, pp. 738-742.

[22] Véase Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i política..., pp. 411-451.

[23] Sobre el mayoritario sistema de «subcontratación interna» (masculino) en la primera hilatura fabril catalana y sobre sus orígenes sociolaborales, véase ibíd., pp. 31-55 y 247-352.

[24] Véase Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica... (TD), pp. 21-72.

[25] Véanse las intervenciones parlamentarias de Pascual Madoz y Laureà Figuerola de 19 de mayo de 1855, de donde tomo la expresión literal sobre Joan Miralles (reproducidas en Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix..., vol. I, pp. 738-742 particularmente).

[26] La secuencia se reconstruye con todo detalle en ibíd., vol. I, pp. 753-818, y vol. II, pp. 7-222. Me he ocupado del indiscutible alcance político de la depuración de la Milicia Nacional barcelonesa en 1855-1856 en Albert Garcia Balañà, «Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860)», en Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la Guerra de África a la «penetración pacífica», Barcelona, Edicions Bellaterra, 2002, pp. 13-77, pp. 27-39.

[27] El proyecto de ley fechado el 8 de octubre de 1855 se reproduce íntegramente en Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix..., vol. II, pp. 644-653.

[28] Ibíd., vol. II, pp. 271-303.

[29] Juanjo Romero Marín, «Segmentación laboral y asociacionismo obrero. Barcelona, 1820-1855», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XVII, 1999, pp. 243289, pp. 243-244 y 261-263.

[30] Genís Barnosell i Jordà, «Ideologia, política i llenguatges de classes en el primer sindicalisme, 1840-1870», Barcelona Quaderns d’Història, 6, 2002, pp. 35-49.

[31] Véase el testimonio de Francesc Amorós en Alberto Columbrí, Una víctima. Memorias de un presidiario político (1857), Barcelona, Librería Española de I. López, 1864, pp. 452-489 (el mismo Francisco Amorós publicaría un muy interesante Proyecto de ley para la contratación del trabajo en toda clase de artes e industrias..., Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez, 1862). El de Ceferí Treserra, Porvenir de las asociaciones de la clase obrera. Origen y estado actual de la cuestión del trabajo en Cataluña, Barcelona, Imprenta de Narciso Ramírez, 1855. La única voz abiertamente crítica con la política exclusivamente represiva de Zapatero, en las filas del patriciado industrialista y conservador, fue la de Joan Mañé i Flaquer, recién nombrado director del Diario de Barcelona: Joan Mañé y Flaquer, Colección de artículos, Barcelona, Imprenta de A. Brusi, 1856, pp. 171-175 («Cataluña»).

[32] Josep Benet i Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle xix..., vol. II, pp. 271-272 y ss.

[33] Sobre la Comisión de Información Parlamentaria de 1871-1872 y sus orígenes: Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en España, 1883-1924, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, pp. 12-14.

[34] Toda la información y citas hasta aquí proceden de Diario de las Sesiones de Cortes, 1872, Segunda Legislatura (24 de abril a 28 de junio de 1872), sesión de 31 de mayo de 1872, pp. 423-424. Sobre Joaquim Maria Sanromà, discípulo político y «librecambista» de Laureà Figuerola a quien siguió en su «exilio» madrileño, véase Joaquín María Sanromà, Mis Memorias, Madrid, Tipografía de los Hijos de M. G. Hernández, 1894, y la muy interesante Joaquín María Sanromà, Política del Taller, Madrid, Imprenta de V. Saiz, 1876.

[35] La consulta de los «Interrogatorios» llegados a la Diputación Provincial de Barcelona: Archivo Histórico de la Diputación de Barcelona, legajo 1.603: «Interrogatorios remitidos para su contestación por la Comisión parlamentaria» (1871-1872). Escribió Sanromà en sus memorias: «Adivinar movimientos cooperativos, pensar en barrios de obreros, en instituciones de crédito popular o en otras mejoras que ya se estaban entonces indicando hubiera sido como pedirles la luna a aquellos plagiarios del feudalismo [los algodoneros de la Junta de Fábricas e Instituto Industrial de Cataluña]. Todas aquellas combinaciones obedecen al principio de la Asociación obrera, que les era soberanamente antipática; sin hacer las distinciones debidas entre la Asociación pacífica y la tumultuaria, entre la racional y prudentemente basada en el socorro mutuo, en el self help o en las resistencias legales, y aquellos contubernios feroces y desatentados que han ido a parar hasta la dinamita», Joaquín María Sanromà, Mis Memorias, vol. II, p. 336.

[36] Véase, para la información, citas y fuentes: Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica... (TD), pp. 100-104.

[37] Ibíd., pp. 103-104 y tabla 1.7. Sobre los primeros años de la Escuela Provincial de Artes y Oficios: Ramon Alberdi, La formación profesional en Barcelona. Política, pensamiento, instituciones (1875-1923), Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1980.

[38] Josep M.ª Fradera y Jesús Millán, «Presentación», en Las burguesías europeas del siglo xix..., p. 18. Una lúcida y compleja revisión del primer liberalismo en la España de la primera mitad de siglo en M.ª Cruz Romeo, «Lenguaje y política del nuevo liberalismo: moderados y progresistas, 1835-1845», Ayer, 29, 1998, pp. 37-62.

[39] Véase Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i política..., pp. 521-526.

[40] Biblioteca Museu Balaguer (BMB), correspondencia recibida por Víctor Balaguer, carta de Magí Lladós i Rius a Víctor Balaguer (19 de octubre de 1869).

[41] La correspondencia recibida por Manuel Duran i Bas ha sido ampliamente trabajada y publicada por Borja de Riquer, «El conservadorisme polític català: del fracàs del moderantisme al desencís de la Restauració», Recerques, 11, 1981, pp. 29-80, pp. 40-41, de donde tomo las citas literales procedentes de ambas cartas de Laureà Figuerola a Manuel Duran i Bas (21 de agosto y 27 de agosto de 1869).

[42] Sobre la huelga algodonera en la Barcelona del verano de 1869, véase Albert Garcia Balañà, «Indústria i ordre social...», pp. 71-73, y Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i política..., pp. 521-527 (la cita literal y su fuente de procedencia).

[43] Para todas las citas y sus procedencias: Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i política..., pp. 523-524.

[44] Véase ibíd., pp. 511-521.

[45] José Ferrer y Vidal, Conferencias sobre el arte de hilar y tejer en general y especialmente sobre el de hilar y tejer el algodón, hechas en el Ateneo Barcelonés, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Leopoldo Doménech, 1874, pp. 40-44 y 50.

[46] He tratado de resumir los argumentos y la bibliografía esencial sobre los orígenes de dicha transformación ideológica de sectores muy importantes del sindicalismo catalán ochocentista en Albert Garcia Balañà, «Sobre “la constitució del proletariat” a la Catalunya cotonera: una crònica de la formació dels llenguatges de classe a peu de fàbrica (18401890)», en Josep M.ª Fradera y Enric Ucelay-Da Cal (eds.), Notícia nova..., pp. 97-119, particularmente pp. 97-102.

[47] Sobre el pronto viraje «conservador» de hombres muy significativos de esta primera generación de patricios revolucionarios, véase el magnífico estudio de Josep M.ª Fradera, Cultura nacional en una societat dividida. Patriotisme i cultura a Catalunya (1838-1868), Barcelona, Curial, 1992, pp. 65-91 (existe traducción castellana: Madrid, Marcial Pons, 2003).

[48] Sobre las raíces políticas de esta opción, en el seno del liberalismo radical barcelonés derrotado en 1843 y en los primeros «exilios madrileños» de liberales catalanes de tradición progresista o radical (Pere Mata i Fontanet, Antoni Ribot i Fontseré, etcétera), véase Josep M.ª Fradera, «La política liberal y el descubrimiento de una identidad distintiva en Cataluña (1835-1865)», Hispania, LX/2, 205, 2000, pp. 673-702, pp. 686-689.

[49] Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria. Estudio de filosofía jurídica seguido de bases para la formación de un código industrial, Barcelona, Librería de Penella y Bosch, 1898, p. 259.

[50] Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya. La crisi de la indústria tèxtil del pla i la colonització fabril de la muntanya (1874-1904), Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 2003, pp. 108-111.

[51] Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria..., p. 261.

[52] Véase, por ejemplo, Enrique Prat de la Riba, «Miscelánea Jurídica. Algunas fábricas modelo en Inglaterra: Bourneville-Hall, Sunlight-Village, East Anglian Colony», Revista Jurídica de Cataluña, 1897, vol. III, pp. 493-497.

[53] Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria..., p. 266.

[54] Véase sobre el vigatanisme: Matíes Ramisa (con estudio preliminar de Josep M.ª Fradera), Els orígens del catalanisme conservador i «La Veu de Montserrat», 1878-1900, Vic, Eumo, 1985. Asimilación y superación del Vigatanisme por parte del primer Prat: Enric Ucelay-Da Cal, El imperialismo catalán..., pp. 148-156.

[55] Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria..., p. 266.

[56] Ibíd., pp. 266-267.

[57] Todas las citas hasta aquí: Ibíd., p. 267.

[58] Véase Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya...; Llorenç Ferrer i Alòs, «Una revisió d’alguns tòpics sobre les colònies industrials», L’Erol, 47, 1995; Jordi Clua i Mercadal, Les colònies industrials, Sant Cugat del Vallès, Els Llibres de la Frontera, 2001. La crítica razonada de la discutible utilización historiográfica del texto de Prat de la Riba, en Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 145-160.

[59] Escribió Prat de la Riba en uno de sus tempranos comentarios bibliográficos en la Revista Jurídica de Cataluña: «La confianza que Ansiaux demuestra poseer en las dotes del Estado se explica en parte por las condiciones que éste reúne en Bélgica, mas ni la ciencia ni la experiencia de la generalidad de los países la legitima» (Enrique Prat de la Riba, «Miscelánea Jurídica. La teoría del individualismo», Revista Jurídica de Cataluña, 1896, vol. II, pp. 930-934, p. 933).

[60] Sobre los detalles fiscales y de todo tipo de la Ley de Colonias Agrícolas e Industriales de 3 de junio de 1868 (y su antecedente de 11 de julio de 1866) he consultado Ignasi Terradas Saborit, Les colònies industrials. Un estudi entorn del cas de l’Ametlla de Merola, Barcelona, Editorial Laia, 1979, pp. 77-81.

[61] Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 116-117 y ss.

[62] Una reciente y rigurosa investigación sobre el uso sistemático de los cursos fluviales por parte de la manufactura textil localizada en la Cataluña central e interior, durante la primera mitad del siglo XIX, en Àngels Solà Parera, Aigua, indústria i fabricants a Manresa (1759-1860), Manresa, Centre d’Estudis del Bages/Col.legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, 2004.

[63] Véase Jordi Nadal i Oller, «La metal·lúrgia», en Jordi Nadal i Oller (dir.), Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. 3: Segle xix. Indústria, transports i finances, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1991, pp. 159-202, pp. 178-183. La más reciente y detallada estimación de la geografía algodonera catalana en 1900, en Àngel Calvo Calvo, «La indústria cotonera catalana a començaments del segle XX», Recerques, 44, 2002, pp. 91-110.

[64] Tomo todos los datos de Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 81-83.

[65] Véase sobre la cronología del crecimiento de Viladomiu Vell, ibíd., pp. 122-123.

[66] Sobre los conflictos en y con Viladomiu: Ibíd., pp. 122-123. Disputas entre municipios y establecimientos con el rango de colonia industrial por las cargas fiscales y militares: Jordi Clua i Mercadal, Les colònies industrials..., pp. 218 y ss.

[67] Véase Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 123 y 94-99.

[68] Rosa Serra y Ramon Vilades, La colònia Pons de Puig-reig (1875-1987), Berga, Àmbit de Recerques del Berguedà/Edicions de l’Albí, 1987, pp. 42-54.

[69] Huelgas documentadas por Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 125127.

[70] Gràcia Dorel-Ferré, Les colònies industrials a Catalunya. El cas de la Colònia Sedó, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, pp. 319-323 y 344-354.

[71] Ibíd., pp. 94-95 y 231-245; Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 140-141 y 118-119.

[72] Mercedes Gutiérrez y Miguel Martorell, «¿Clandestinos o legales? Sindicalismo y política en el primer gobierno liberal de la Restauración», en Carlos Arenas Posadas, Antonio Florencio Puntas y José Ignacio Martínez Ruíz (eds.), Mercado y organización del trabajo en España (siglos xix y xx), Sevilla, Atril, 1998, pp. 375-387.

[73] Véase Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social..., pp. 27-41, y María Dolores de la Calle, La Comisión de Reformas Sociales..., pp. 65-76 (y p. 71, nota 18).

[74] La crítica de Mañé i Flaquer: Joan Mañé i Flaquer, «La Información», Diario de Barcelona, 10 de octubre de 1884, pp. 11.976-11.979. La posición pública y privada de ambas patronales y la breve existencia de la Comisión Provincial de Barcelona, en Ramón Casterás, Actitudes de los sectores catalanes en la coyuntura de los años 1880, Barcelona, Anthropos, 1985, pp. 189-218.

[75] Tomo ambas citas de Ramón Casterás, Actitudes de los sectores catalanes..., pp. 215 y 467 respectivamente.

[76] Tomo ambas informaciones de Ramon Garrabou, Enginyers industrials, modernització econòmica i burgesia a Catalunya (1850-inicis del segle xx), Barcelona, L’Avenç, 1982, pp. 292-293.

[77] Andrés de Sard, Comparación entre el actual estado de desarrollo de la industria algodonera en Inglaterra y el de la propia industria en España. Trabajo leído por su autor..., Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús, 1884, pp. 41-42.

[78] Véanse mis datos y argumentos en Albert Garcia Balañà, «La fabricació de la fàbrica. Tecnologia i treball a la filatura cotonera (1802-1870)», en Montserrat Llonch (ed.), Treball tèxtil a la Catalunya contemporània, Lleida, Pagès Editors, 2004, pp. 57-73.

[79] Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 125-126 (para las huelgas en Cal Pons) y 130-138; Angel Smith, «La guerra de las continuas. Cambio tecnológico y estrategias sindicales en la industria algodonera catalana, 1889-1914», Sociología del Trabajo, 24, 1995, pp. 121-151.

[80] Josep Ferrer i Vidal, Conferencias sobre el arte de hilar y tejer..., pp. 40-44 y 50. Véase el segundo apartado de este trabajo.

[81] Albert Garcia Balañà, «Trabajo, tecnología y empresa...».

[82] En expresión de Miguel Izard, Industrialización y obrerismo. Las Tres Clases de Vapor (1869-1913), Barcelona, Ariel, 1973, pp. 131-132.

[83] Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 130 y ss.

[84] Una tentativa de explicación de determinadas formas de sociabilidad popular o plebeya en función de cambios en el ámbito del trabajo y de las relaciones laborales, precisamente para un municipio textil catalán durante el período 1874-1890, en Albert Garcia Balañà, «Ànimes i telers. Canvis materials, malestars socials i combats culturals al Sabadell de l’últim terç del segle XIX (1868-1890)», Recerques, 47-48, 2003-2004, pp. 107-130.

[85] Ferran Alsina, Fonaments de la reforma del trevall en la indústria cotonera catalana tal com s’és comensada en lo Vapor Vell de Sans. Trevall llegit en la «Lliga de Catalunya», Barcelona, Impr. «La Renaixensa», 1889. La oposición obrera y sindical al proyecto de Alsina y la contribución de ésta a la fundación de la Colonia Güell en el modesto municipio de Santa Coloma de Cervelló: Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 174-178.

[86] Todas las citas hasta aquí –traducidas del original en catalán– proceden de Ferran Alsina, Observacions sobre la reglamentació del trevall dels noys en tallers y fàbriques. Conferencia donada en la «Lliga de Catalunya» per..., Barcelona, Imprenta «La Renaixensa», 1892, pp. 5 y 23.

[87] Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 176 (atentado contra Alsina) y 164165 (mesa de negociación algodonera en 1885-1886).

[88] Ambas citas –traducidas del original en catalán– proceden de Ignasi Terradas Saborit, Les colònies industrials..., p. 55.

[89] Contestación del Centro Industrial de Cataluña al Cuestionario formulado por la Comisión de Reformas Sociales y dirigida a la Ilustre Comisión Provincial de Barcelona designada al objeto para recibir los informes y sobre ellos dictaminar, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de José Miret, 1884, pp. 10-12 (jurados mixtos), 31-33 (jornada laboral y horas de trabajo) y 35-37 (trabajo infantil).

[90] Ibíd., p. 14. Sobre el Centro Industrial de Cataluña y el liderazgo de Josep Roca i Galès, «reformador cooperativista» crítico con el sindicalismo «resistencialista», puede consultarse Àngel Duarte, «Mayordomos y contramaestres. Jerarquía fabril en la industria algodonera catalana, 1879-1890», Historia Social, 4, 1989, pp. 3-20; también, Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica... (TD), pp. 11-18.

[91] Véase Contestación del Centro Obrero de Barcelona y contornos al cuestionario formulado por la Comisión de Reformas Sociales, aprobada en la asamblea pública, Barcelona, Imprenta de Redondo y Xumetra, 1886. El intento y fracaso de una «tarifa única» o convenio colectivo para todo el algodón catalán, en 1885-1886: Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 160-166. El desencanto de las Tres Clases en 1884-1886 por la no aplicación de la ley de 1873 sobre trabajo infantil: Ramón Casterás, Actitudes de los sectores catalanes..., pp. 78-80 y 85. Avance de las posiciones «bakuninistas» o «resistencialistas» en el textil catalán de los años ochenta: Miguel Izard, Industrialización y obrerismo..., pp. 140-156.

[92] Sobre la acogida prudentemente esperanzada que El Obrero dispensó a la Comisión de Reformas Sociales en diciembre de 1883 y enero de 1884, véase Ramón Casterás, Actitudes de los sectores catalanes..., pp. 78-79.

[93] Memoria descriptiva redactada por la Comisión Obrera Catalana nombrada para estudiar el estado de las fábricas de hilados y tejidos de algodón en Inglaterra y su relación con el obrero inglés ocupado en este ramo de la industria de dicha nación en lo que tiene referencia con la organización de las fábricas, con el organismo societario y con las leyes de trabajo que los mismos disfrutan, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Redondo y Xumetra, 1889, pp. 61-62. Más detalles sobre dicha Memoria, sobre su transcripción de la Factory Act de 1878 y sobre el «sindicalismo reformista» en la Gran Bretaña de la política lib-lab encabezada por William E. Gladstone (décadas de 1870 y 1880): Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i política..., pp. 15-18 y 23-24.

[94] Todas las citas e informaciones en Santiago Castillo, «El reformismo en la Restauración: del Congreso Sociológico de Valencia a la Comisión de Reformas Sociales», Estudios de Historia Social, 30, 1984, pp. 21-78, pp. 22, 25 y 30-33.

[95] Biblioteca Museu Balaguer (BMB), correspondencia recibida por Víctor Balaguer, manuscrito 310: cartas de Josep Roca i Galès a Víctor Balaguer (10 de enero de 1884 y 19 de noviembre de 1883 respectivamente). Más detalles sobre dicha correspondencia cruzada, en Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica... (TD), pp. 11-18.

[96] Véase sobre la crisis de la dirección «posibilista» de las Tres Clases de Vapor, Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 182-188; también Miguel Izard, Industrialización y obrerismo..., pp. 162-183. Asimismo el apartado 4 de este trabajo.

[97] Todas las citas hasta aquí –que traduzco del original en catalán– proceden de Jaume Vicens i Vives, Industrials i Polítics (Segle xix), Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 1980 (1958), pp. 163-168.

[98] Véase Feliciano Montero García, «La polémica sobre el intervencionismo y la primera legislación obrera en España, 1890-1900. Segunda Parte: el debate político-parlamentario», Revista de Trabajo, 61-62, 1981. El discurso parlamentario de Lluís Alfons Sedó, el 17 de enero de 1900, lo reproduce y comenta con detalle Carles Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urbà. Política i acció social en el sorgiment de la Barcelona contemporània, tesis doctoral, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra-Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, 2002, pp. 437-438. Sobre la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 y sus interesantes antecedentes, anteproyectos liberales de 1890 y 1893-1894, puede consultarse María Dolores de la Calle, La Comisión de Reformas Sociales..., pp. 298-302, y Feliciano Montero García, Orígenes y antecedentes de la previsión social. Los seguros sociales en la España del siglo xx, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, pp. 119-160.

[99] Según expresión de Carles Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urbà..., p. 438. Sobre la misma estrategia patronal proyectada sobre la vigorosa red mutualista en la Cataluña urbana de finales del siglo XIX: Feliciano Montero García, Orígenes y antecedentes..., pp. 106 y ss.

[100] Citado por Alfred Pérez-Bastardas, Francesc Moragas i la Caixa de Pensions (1868-1935), Barcelona, Edicions 62, 1999, p. 112 (procede de un artículo de Moragas en Los Seguros, 20, 16 de octubre de 1899).

[101] Sobre el modelo de previsión neogremialista teorizado por Prat de la Riba en 1898: Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria..., pp. 231 y ss. La importación de técnicas actuariales y compañías de seguros con participación patronal, modelo preferido por Moragas antes de 1902: Carles Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urbà..., pp. 436-440; Alfred Pérez-Bastardas, Francesc Moragas..., pp. 95-128.

[102] Una detallada presentación de la ley de 13 de marzo de 1900 y de los proyectos de ley preparados por la Comisión de Reformas Sociales en 1891 (con los acuerdos berlineses de la Segunda Internacional como trasfondo), en María Dolores de la Calle, La Comisión de Reformas Sociales..., pp. 281-295. La crítica de Ferran Alsina a la intervención limitadora del trabajo infantil, en febrero de 1892 y en respuesta al proyecto de la Comisión de 1891, en la ya citada Ferran Alsina, Observacions sobre la reglamentació del trevall...

[103] La enmienda patrocinada por Sallarès i Pla al proyecto de ley de 1900, citada en Martí Marín i Corbera, Joan Sallarès i Pla, industrial i polític, Sabadell, Quaderns d’Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach, 2000, pp. 26-27. Sallarès i Pla en contra de la limitación del trabajo fabril femenino e infantil: Juan Sallarès y Pla, El trabajo de las mujeres y de los niños. Estudio sobre sus condiciones actuales, Sabadell, Establecimiento Tipográfico de A. Vives, 1892.

[104] Todas las citas hasta aquí corresponden a intervenciones parlamentarias con fecha 8 de abril de 1902, y las tomo de Carles Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urbà..., pp. 448-450. Sobre las Juntas Provinciales y Locales creadas por la Ley de 13 de marzo de 1900 y sobre su muy dificultosa creación puede consultarse María Dolores de la Calle, La Comisión de Reformas Sociales..., pp. 286-287 y 295, y Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social..., pp. 50-51.

[105] Sobre el «proyecto Canalejas» de Instituto de Trabajo, su génesis, tramitación parlamentaria y definitiva reformulación como Instituto de Reformas Sociales en 1903: Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social..., pp. 53-62; Adolfo Buylla, Adolfo Posada y Luis Morote, El Instituto de Trabajo. Datos para la historia de la reforma social en España, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1986 [1902].

[106] Tomo todas las citas, procedentes del Diario de Sesiones de Cortes (8 de abril y 6 de mayo de 1902), de Carles Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urbà..., pp. 448450 y 455.

[107] En este último pueden leerse, en abril de 1902, las lamentaciones patronales por la decisión del gobernador civil de reunir a la siempre invisible Junta de Reformas Sociales de Barcelona para «tratar de incrementar el control sobre el cumplimiento de la legislación laboral»; también la nada espontánea resolución del Fomento del Trabajo de «nombrar una comisión de reformas sociales que empezará por lograr que todos los centros industriales de España lleguen a una inteligencia para todo lo que se refiera a legislación social». Véase Carles Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urbà..., pp. 450-460 (las citas literales, en las pp. 458-459, proceden de Diario de Barcelona, 17 de abril y 2 de mayo de 1902).

[108] Todas las citas literales proceden de «Exposición dirigida por el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona al Sr. Ministro de Agricultura y Obras Públicas», en Diario de Barcelona, 15 de abril de 1902. Detalles interesantes sobre la misma y sobre el protagonismo de Lluís Ferrer-Vidal, presidente del Fomento y diputado por la Lliga Regionalista, en Soledad Bengoechea, Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya. Tradició i corporativisme entre finals de segle i la dictadura de Primo de Rivera, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, pp. 92-95.

[109] Tomo la expresión literal de Enric Ucelay-Da Cal, El imperialismo catalán..., pp. 132-133, de sus lúcidas páginas sobre la «muy atrevida lectura» que el joven Prat de la Riba hizo de Joseph de Maistre y otros teóricos contrarrevolucionarios hacia 1895.

[110] Joan Sallarès i Pla, Las ocho horas. Algo sobre la cuestión obrera, Barcelona, Librería de Luís Niubó, 1890, pp. 101-102 y ss. («Gremios Libres y su organización»). Sallarès i Pla, promotor de una sociedad de socorros mutuos obreros bajo tutela patronal en su Sabadell natal para combatir a la local Federació Obrera de Sindicats (1883-1899): Martí Marí i Corbera, Joan Sallarès i Pla..., pp. 24-26.

[111] Véase Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria..., pp. 236-237, 221-222 y 243-256.

[112] Enrique Prat de la Riba, Los Jurados Mixtos para dirimir las diferencias entre Patronos y Obreros. Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso ordinario de 1900, Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1901, pp. 28 (cita literal), 69-70 («Claro está que en algunos países, España por ejemplo, hay el peligro de que la inspección del trabajo sirva únicamente de pretexto para crear cierto número de plazas para los amigos de los gobernantes, con sueldos mezquinos, como todos los de España, pero con patente de corso para exigir a los industriales una contribución más a cambio de tolerancia por el incumplimiento de las disposiciones legales (...)») y 52-68 (composición del jurado mixto y preferencia por los jurados «privados» y por la no designación gubernativa de ninguno de sus miembros).

[113] La huelga barcelonesa de 1902 y la patronal catalana: Gemma Ramos y Soledad Bengoechea, «La patronal catalana y la huelga de 1902», Historia Social, 5, 1989, pp. 77-95; Soledad Bengoechea, Organització patronal..., pp. 81-101. El día a día de la huelga y el liderazgo «anarquista»: Joaquín Romero-Maura, «La rosa de fuego». El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 206-218.

[114] La cita literal (que traduzco del original en catalán) corresponde a una carta particular que Lluís Domènech i Montaner, diputado de la Lliga Regionalista en Madrid, mandó a Enric Prat de la Riba con fecha 21 de febrero de 1902. La tomo, como la mejor información sobre el impacto de la huelga en los hombres de la Lliga, de Borja de Riquer, Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme, Barcelona, Edicions 62, 1977, pp. 227-240 (p. 234 para la cita). La tendenciosidad de las acusaciones de la Lliga contra el Gobierno, en especial a propósito de la (no) implicación en la huelga de Alejandro Lerroux: Joan B. Culla i Clarà, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Barcelona, Curial, 1986, pp. 53-63.

[115] J. Pella i Forgas, La crisis del catalanisme, Barcelona, Imprenta Heinrich y Cía., s. f. [1905], pp. 64-65 (traducción propia del original en catalán).

[116] Según expresión de Joaquín Romero-Maura, «La rosa de fuego»..., pp. 213-214. Sobre la misma cuestión puede consultarse Pere Gabriel, «Sindicalismo y huelga. Sindicalismo revolucionario francés e italiano: su introducción en España», Ayer, 4, 1991, pp. 15-45.

[117] Todas las citas literales proceden de intervenciones de Bartomeu Robert en el Congreso de los Diputados los días 20 y 27 de febrero de 1902 y las tomo de Alfred Pérez-Bastardas, Francesc Moragas..., pp. 137-139.

[118] Angel Smith, «Oficis i formació de classe a Barcelona (1899-1914)», en Catalunya i la Restauració (1875-1923). Congrés Internacional d’Història, Manresa, Centre d’Estudis del Bages, 1992, pp. 349-355.

[119] Tomo la expresión «arranque de dignidad», a propósito de los motivos que empujaron a la mayoría de trabajadores capitalinos a seguir el llamamiento anarcosindicalista a la huelga general, de Joaquín Romero-Maura, «La rosa de fuego»..., p. 217.

[120] Véase Carles Enrech, El Pla contra la Muntanya..., pp. 134-135 y 187-188.

[121] Borja de Riquer, Lliga Regionalista..., pp. 228-229; Carles Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urbà..., pp. 446-448 (intervención parlamentaria de Rusiñol de 28 de febrero de 1902).

[122] Toda la información sobre los conflictos de 1899 a 1901: Angel Smith, «La guerra de las continuas...», pp. 131-138 y 141 (cita literal).

[123] Borja de Riquer, Lliga Regionalista..., pp. 228-229; Carles Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urbà..., pp. 446-448 (intervención parlamentaria de Rusiñol de 28 de febrero de 1902).

[124] Según expresión de Joan B. Culla i Clarà, El republicanisme lerrouxista..., p. 40, de donde tomo también la expresión literal de Lerroux en la campaña electoral de mayo de 1901 (p. 44) y los datos básicos de los resultados cosechados por las candidaturas «unitarias» republicanas en 1901 (pp. 42-53).

[125] Véase Àngel Duarte, Història del republicanisme a Catalunya, Vic/Lleida, Eumo Editorial/Pagès Editors, 2004, pp. 128-138.

[126] Àngel Duarte, Història del republicanisme..., pp. 164-166; Joan-Lluís Marfany, La cultura del catalanisme, pp. 137-189.

[127] Joan B. Culla i Clarà, El republicanisme lerrouxista..., pp. 86-88.

[128] Sobre la feminización y desvalorización de «oficios» fabriles algodoneros de tradición masculina durante la década de 1890: Carles Enrech Molina, «La reforma de la organización del trabajo en “La España Industrial” a finales del siglo XIX», Sociología del Trabajo, 29, 1996-1997. Sobre la Barcelona de los procesos de Montjuïc y las detenciones de líderes anarcosindicalistas con «orígenes textiles» en 1896-1897: G. R. Esenwein, Anarchist Ideology and the Working-Class Movement in Spain, 1868-1898, Berkeley, University of California Press, 1989, pp. 190-199.

[129] Stephen Jacobson, «Els advocats de Barcelona, 1830-1880», Barcelona Quaderns d’Història, 6, 2002, pp. 153-172, particularmente pp. 170-172; Stephen Jacobson, Professionalism, Corporatism and Catalanism: The Legal Profession in Nineteenth-Century Barcelona, Ph. D. Dissertation, Tufts University, 1998.

[130] Véase Stephen Jacobson, «Law and Nationalism in Nineteenth-Century Europe: The Case of Catalonia in Comparative Perspective», Law and History Review, 20/2, 2002, pp. 307-347.

[131] Sobre los médicos con intereses en el Cuerpo Médico de Barcelona y sus críticas al real decreto sobre Cuerpos Médicos Municipales (1891) y a la posterior Instrucción General de Sanidad (1904): Carles Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urbà..., pp. 326330 y 348-349 y ss. La Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona en apoyo de las tesis corporativistas y antiintervencionistas (1902): Soledad Bengoechea, Organització patronal..., pp. 84-88.

[132] Véase Josep M.ª Fradera, «La política liberal y el descubrimiento de una identidad...», pp. 686-689.

[133] Sobre la Monografía Estadística de la Clase Obrera de Barcelona en 1856 de Ildefons Cerdà y su contribución a ciertas posiciones «reformistas» o «reglamentistas» en el progresismo catalán del bienio 1854-1856 puede consultarse Fabián Estapé, Vida y obra de Ildefonso Cerdá, Barcelona, Ediciones Península, 2001 (reedición de un texto ya publicado en 1971), particularmente pp. 148-218.

[134] Véase, para 1855-1856, el ya citado Joan Mañé i Flaquer, Colección de artículos..., pp. 171-175. Para 1860: Albert Garcia Balañà, «Ordre industrial i transformació cultural a la Catalunya de mitjan segle XIX: a propòsit de Josep Anselm Clavé i l’associacionisme coral», Recerques, 33, 1996, pp. 103-134, p. 134. Su juicio sobre el Sexenio 1868-1873: Joan Mañé i Flaquer, La Revolución de 1868 juzgada por sus autores, Barcelona, Imprenta de J. Jepús Roviralta, 1876. Sobre Mañé i Flaquer puede consultarse la obra colectiva L’Estat nació i el conflicte regional: Joan Mañé i Flaquer, un cas paradigmàtic, 1823-1901, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.

[135] Sobre el fracaso de una retórica «proteccionista» interiorizada por amplios sectores obreristas, véase Miquel Izard, Manufactureros, industriales y revolucionarios, Barcelona, Crítica, 1979, pp. 84-141. También la carta de Roca i Galès a Víctor Balaguer citada en el último párrafo del tercer apartado de este trabajo.

[136] Más detalles sobre dicha comparación y sobre el «reformismo» sindical en el Lancashire algodonero del último tercio del XIX: Albert Garcia Balañà, La fabricació de la fàbrica. Treball i política..., pp. 15-31.

CATALUÑA Y EL COLONIALISMO ESPAÑOL (1868-1899)*

Martín Rodrigo y Alharilla

Universitat Pompeu Fabra-CSIC

UNA VISITA A ENRIC PRAT DE LA RIVA, CIEN AÑOS DESPUÉS, O CÓMO CONVERTIR CUBA EN UNA EXCUSA

El 12 de junio de 1898, la Unió Catalanista publicó un manifiesto dirigido a la sociedad catalana, un texto que mostraba la lectura que dicha federación de entidades extraía de la guerra que enfrentaba entonces a España con Estados Unidos, en un momento delicado para el Ejército español. No en vano, el texto vio la luz apenas cinco semanas después de que la Armada comandada por el almirante Montojo fuese derrotada de forma humillante por la flota del comodoro Dewey en la batalla de Cavite (Filipinas).

Atribuido a Enric Prat de la Riba, el manifiesto catalanista «llama[ba] al pueblo catalán a la reflexión». Para las entidades firmantes del llamamiento «la gravedad de las circunstancias actuales» era el resultado no tanto de la acción de unos u otros políticos españoles, como del hecho del centralismo político en sí. Según dicha proclama «desde que el centro del gobierno se establece en Madrid, la desmembración de los dominios de España no ha parado nunca». Más que lamentarse por la reciente derrota frente a Estados Unidos, buscando los culpables de la situación, se hacía preciso sacar otro tipo de conclusiones:

Hace siglos que el pueblo catalán vive cerrado en su casa, concentrando su energía en el comercio, en la industria, en el trabajo (...), pero ¿qué sacaremos de que los productores catalanes creen una industria poderosa, orgullo de nuestra raza (...) si una política interior y exterior (...) pone a cada punto en peligro de muerte todas las creaciones del genio catalán?

La solución estaba clara. Los catalanes tenían que intervenir en la política española, en el sentido que había ido definiendo Prat de la Riba en los años precedentes: «es urgente y de absoluta necesidad –consignaba el texto– que Cataluña tenga el gobierno de sus intereses interiores y que influya en la dirección de los exteriores a proporción de su fuerza». En otras palabras, tras el desastre de Cavite había llegado el momento de que los catalanes percibiesen la oportunidad de las propuestas catalanistas.[1]

La impronta de Prat de la Riba en el manifiesto es remarcable. La proclama recoge, de hecho, de forma resumida algunas de las principales preocupaciones que centraban las reflexiones del político de Castellterçol en aquellos años: la importancia del conflicto cubano y de la guerra hispano-norteamericana como puntos de inflexión para la política interior española; la ciudad de Madrid como metáfora de la dominación castellana y, por lo tanto, del mal gobierno; la responsabilidad completa de los políticos madrileños en la previsible pérdida de las colonias españolas en las Antillas y en el mar de la China, y, por último, el contraste entre la industriosa sociedad civil catalana y la parásita clase política madrileña.[2] Meses más tarde, la definitiva derrota de España en Santiago de Cuba pareció dar renovados argumentos a Prat y a sus colegas catalanistas. Así, en una nueva proclama lanzada «Al poble català» el 22 de noviembre de 1898, mientras en París se estaba negociando el tratado de paz con Estados Unidos, la Unió Catalanista insistía en «repetir al pueblo catalán que el remedio de los males que a todos nos afligen lo encontrará solamente en la realización del programa catalanista».[3]

No había transacción posible. Lo nuevo (el nacionalismo catalán) se enfrentaba con lo viejo (la política dinástica española realmente existente). Apuestas políticas pretendidamente regeneracionistas, como «la solución Silvela-Polavieja», eran, para Prat y los suyos, más de lo mismo. Propuestas que nacían de unos políticos incapaces de afrontar los problemas de España y de ver el alcance de la «sacudida que ha[bía] destruido para siempre el poder colonial» del país. Unos políticos que se limitaban a la oratoria vana, mientras paralelamente recorría «todos los pueblos y ciudades de España, como una ola de dolor, el desastre de los ejércitos poderosos de Cuba y Filipinas». En otras palabras, para Prat de la Riba la política española era «la política de la falta de gobierno, del desconcierto en la administración, de la corrupción y la banalidad, una política (...) que vende por un puñado de oro las migajas de su imperio colonial». Por todo ello, «Cataluña esta[ba] hasta el gorro de la política española». Una Cataluña que era «casi única dentro de España, la principal representante de la civilización europea en un haz mal ligado de cábilas africanas» y que tenía «la fuerza de la prosperidad económica, con su acompañamiento natural de energías intelectuales, morales y artísticas». Por eso, Cataluña era «hoy –decía en 1899– la única esperanza de salvación» que le quedaba al Estado español. No en vano, si España quería «parar la caída, levantarse de la crisis, debía acudir al ideal, a la fuerza y a las tradiciones de gobierno de la tierra catalana».[4]

Prat quería, literalmente, restaurar Cataluña y regenerar España.[5] Por ello y para ello, quiso marcar nítidas distancias respecto a la política colonial española. Una política que definió como «la política guerrera y quijotesca del honor nacional» y que había empujado a España a sacrificar todo su imperio «al estúpido orgullo de dominarlo, de ponerlo incondicionalmente a los pies de las taifas de hambrientos que rondan las tertulias de la Corte». Por eso, «nosotros –afirmaba semanas después de la firma del Tratado de París– nunca hemos saboreado como propias sus glorias –las de la nación española– ni hemos llorado como nuestras sus derrotas».[6] En una coyuntura de crisis política, originada por la pérdida de las colonias, era preciso marcar distancias. No obstante, un adalid del imperialismo como Prat de la Riba no censuraba el colonialismo español en sí, sino la política colonial desarrollada por el Ejército y la Administración españoles.[7] En síntesis, el político de Castellterçol afirmaba que ni Cataluña ni los catalanes habían tenido nada que ver con una política colonial que había conducido al «desastre de 1898», es decir, al primer episodio de redistribución imperial registrado entre diferentes potencias occidentales.

Las proclamas que la Unió Catalanista lanzó a la opinión pública el 12 de junio y el 22 de noviembre de 1898 estaban imbuidas de un gran sentido del oportunismo político. Sus autores (y, singularmente, Enric Prat de la Riba) quisieron legítimamente aprovechar la derrota militar española (y la previsible crisis política ulterior) no sólo para convencer a la opinión pública catalana de la justeza de sus propuestas, sino, sobre todo, para conseguir un mayor apoyo social a su política. Más extraño resulta, sin embargo, que algunas de esas ideas persistan como moneda común para cierta historiografía catalana, cien años después. De hecho, los textos recientes de algunos investigadores han pretendido confirmar, con la pátina que puede ofrecer el oficio de historiador, algunas de esas ideas pratianas.

Agustí Colomines, por ejemplo, ha afirmado que uno de los tres motores de la modernización registrada por la sociedad catalana en los años del cambio de siglo fue, precisamente, la «proyección política del catalanismo como un movimiento de movilización ciudadana», un proceso que se dio «frente a las inoperantes estructuras del Estado centralista» español. Para este historiador tres fueron, a su vez, los componentes de ese motor modernizador de la sociedad y la política catalanas: 1) la «profunda conciencia diferencial catalana» (alimentada por Valentí Almirall o por Enric Prat de la Riba), también definida por él como un «preexistente sentimiento diferencial»; 2) un anticentralismo catalán (expresado como «espíritu» o como «poso anticentralista») que Colomines encuentra incluso en diferentes discursos del general Prim, y 3) la «secesión cultural [de Cataluña] respecto de España». La combinación de estos tres ingredientes, cuyo peso fue creciendo «con el paso del tiempo», explicaría así «el mar de fondo que enfrentaba a los catalanes con el poder de Madrid». Pero Colomines da una vuelta más a sus argumentos, en un sentido similar a las propuestas políticas de Prat de la Riba: «el catalanismo político de finales de siglo [XIX] recogió la fuerza de la modernidad ilustrada» del país, de manera que «lo que hoy denominaríamos hecho nacional catalán ha sido, pues, resultado de una mayor modernidad social de Cataluña».[8]

Los argumentos de Colomines conforman el primer capítulo de una obra colectiva, financiada por la Generalitat de Catalunya, y publicada en 1998 con un significativo título: La resposta catalana a la crisi i la pèrdua colonial de 1898. Sus ideas, por lo tanto, intentan explicar a los lectores en qué consistió esa peculiar o particular «respuesta catalana». En otras palabras, intentan crear opinión respondiendo a la pregunta ¿cuáles fueron las conclusiones que sacó Cataluña de la derrota de 1898? También Josep Maria Solé i Sabaté ha utilizado, de forma similar, el prólogo de otro libro financiado asimismo por la Comissió 1898 de la Generalitat de Catalunya (y publicado, igualmente, el año del centenario del «Desastre») para sentar cátedra, insistiendo en algunas de las ideas de Prat.[9]

De entrada, para Solé i Sabaté, «el año 1898 marca –como para el político de Castellterçol– un punto clave en la historia de Cataluña». Tomando precisamente como punto de partida «la guerra de 1895-98», este historiador afirma que «la repuesta de la sociedad española y catalana [fue] no coincidente y posteriormente será divergente, si no enfrentada». Mientras que «el 1898 para España [fue] el despertar de un sueño que había mantenido el simulacro de una gran potencia», convirtiéndose en la muestra «patente de la decadencia española», la misma fecha fue el momento en que Cataluña dio un

salto para seguir una vía propia, alejada espiritualmente de España, [fue el momento de] la elección de una vía catalana, esto es, el afán múltiple de la sociedad catalana (...) de seguir un camino donde el horizonte [era] la industria, el comercio, la democracia y la defensa de los propios intereses sin intermediarios de ningún tipo.

Según Solé i Sabaté, España había sido «una pesada y anticuada carga económica y política» para sus colonias. Incapaz de atender las demandas de la sociedad cubana, el Estado español (para Solé i Sabaté, como para Prat de la Riba, sinónimo de Castilla) había «afrontado el reto militar desde un patrioterismo nacionalista exacerbado y casi histriónico». Y una vez consumada la derrota frente a Estados Unidos «la respuesta de la Castilla eterna [fue] el retorno a la espiritualidad». En Cataluña, por el contrario, «la complejidad de la sociedad catalana» provocó una respuesta diferente. Entre otros vectores explicativos de esa respuesta diferencial, Solé i Sabaté señala «la catalanidad anclada en las entrañas del país, [una catalanidad que] se fue orientando cada vez más hacia actitudes políticas ante la ignorancia de un sistema político» como el de la Restauración canovista. Así, para él, como para Colomines, el nacionalismo catalán finisecular fue una apuesta regeneracionista que dio salida «a todo lo que la sociedad catalana aspira[ba] a ser, una sociedad paralela a los otros países vecinos de la Europa más avanzada».[10]A partir de 1898, Cataluña empezó a avanzar, por lo tanto, decidida e imparablemente hacia la modernidad y el europeísmo, de la mano del nacionalismo pratiano.

La voluntad de forzar las conclusiones de una monografía dedicada a analizar históricamente las relaciones entre «los catalanes y Cuba» (tal como reza el título del libro) se muestra en los dos subtítulos que los editores le añadieron: «las profundas contradicciones y complejidades de las relaciones de Cataluña con Cuba –y con España– durante más de dos siglos» y «el origen del catalanismo político». Cien años después de las derrotas de Cavite y de Santiago de Cuba, se hacía preciso utilizar las conmemoraciones del centenario para proponer una lectura de las relaciones históricas entre Cuba y Cataluña que diesen por buenas las propuestas y apuestas que formuló entonces Enric Prat de la Riba.

Ahora bien, más allá de operaciones legitimadoras de determinados discursos políticos (o, mejor dicho, frente a este tipo de operaciones), me parece necesario formular algunas preguntas: ¿Cuál fue el grado de implicación acreditado por Cataluña en relación con el colonialismo español y, sobre todo, con la política colonial formulada por España en las décadas previas a 1898? ¿Acaso, como afirmaba Prat, los catalanes habían vivido como extrañas las empresas imperiales españolas o, por el contrario, las habían sentido como propias? La política colonial ensayada por el Estado español en Cuba, en Puerto Rico o en Filipinas ¿se diseñaba desde Madrid por unos políticos que encarnaban ese centralismo castellano (carpetovetónico) tan criticado por Prat o, por el contrario, reflejaba también determinados intereses y propuestas articulados desde Cataluña?

Sin pretender aportar una respuesta definitiva a dichas preguntas, las páginas que siguen intentan ofrecer, sin embargo, algunos elementos para la reflexión. En primer lugar, me ocuparé extensamente de la empresa de los denominados Voluntarios catalanes, enviados en 1869 por la Diputación de Barcelona a combatir en la manigua cubana. Me centraré, a continuación, en el proceso de organización de aquellos vecinos de Barcelona que tenían intereses en Cuba (en plataformas diferentes como el Círculo Hispano Ultramarino, la Liga Nacional o la Agrupación de Hacendados de Ultramar) y de su imbricación en la política local, primero, y estatal, después. En tercer lugar, analizaré dos empresas domiciliadas en la capital catalana, el Banco Hispano Colonial y la Compañía General de Tabacos de Filipinas, que se beneficiaron de un proceso que privatizó, en beneficio de sus accionistas, dos de las principales rentas o fuentes de ingresos generadas por las economías cubana y filipina: los aranceles de aduanas (en el primer caso) y la producción y comercialización de tabaco (en el segundo). Por último, para concluir me centraré en dos momentos diferentes de euforia colonialista registrados en Cataluña: el abortado conflicto con Alemania por la soberanía de las islas Carolinas, en 1885 (que puso de relieve la extraordinaria y transversal capacidad movilizadora acreditada por el colonialismo español en la capital catalana), y, en segundo término, la guerra de Melilla, en el otoño de 1893.

BARRETINAS EN LA MANIGUA: LOS VOLUNTARIOS CATALANES EN LA GUERRA DE CUBA

La primera guerra por la independencia de Cuba se inició en el oriente de la isla el 10 de octubre de 1868, con el denominado Grito de Yara. La apuesta independentista en la isla coincidió con una revolución política registrada paralelamente en la metrópoli. En la capital catalana singularmente, esa revolución Gloriosa implicó la entrada en la primera línea institucional de algunas fuerzas marginadas hasta entonces del juego político.[11]Una vez que las elecciones municipales de diciembre de 1868 habían ayudado a despejar el panorama político local, un número destacado de comerciantes e industriales de Barcelona creyó llegado el momento de organizarse para conseguir que la Diputación provincial se implicase directamente en el conflicto cubano.

Así, el viernes 8 de enero de 1869 se reunieron en la capital catalana un total de ciento veintiocho hombres de negocios de la ciudad. Alarmados por «las noticias que sucesivamente se reciben» de Cuba, decían, y que «aumenta[ba]n [su] inquietud al considerar comprometidos los grandes intereses de este país [en la isla], las vidas de nuestros hermanos a la vez que la honra de nuestro pabellón», los participantes en la reunión acordaron exigir, más que pedir, a la Diputación de Barcelona que impulsase rápidamente iniciativas concretas en contra de la insurrección independentista que había estallado en el oriente cubano meses antes. Enterada la corporación provincial, citó a una representación de los peticionarios para el lunes siguiente, día once. En esa reunión, diputados provinciales y delegados de los firmantes del exhorto decidieron, de común acuerdo, que lo que convenía era organizar «un cuerpo de voluntarios» catalanes con destino a la isla. Unos y otros se comprometieron entonces a cubrir

«todos los gastos del enganche (...) [mediante] una suscripción patriótica y nacional que iniciaría la Diputación», a la par que solicitaban al Gobierno que se comprometiese a «equipar, transportar y mantener [al batallón de voluntarios] mientras dur[as]e la insurrección, licenciándolo después». Con tal motivo, ese mismo día dirigieron un telegrama a Víctor Balaguer, residente entonces en Madrid (a quien presentaron la propuesta como una iniciativa que había surgido de una demanda «de las principales casas y familias de Barcelona»), para que éste, a su vez, la presentase al Gobierno.[12]

La primera respuesta de las autoridades de Madrid no fue del agrado de los catalanes. Mediante un lacónico telegrama en el que se agradecía la iniciativa de la Diputación de Barcelona, el Gobierno español les decía que «las noticias de la Isla no tienen la gravedad que se las quiere dar» y rechazaba, en consecuencia, la oportunidad de la propuesta. Y es que, frente a la belicosidad mostrada desde Barcelona, el Gobierno confiaba en las gestiones pacificadoras que Domingo Dulce, nombrado capitán general de la isla tras la Gloriosa, debía realizar en Cuba. Ahora bien, las presiones recibidas desde la capital catalana forzaron al Gobierno de Prim a acabar aceptando, un mes después, la iniciativa acogida por la Diputación de Barcelona. No le tembló entonces la pluma a Joan Mañé i Flaquer, intelectual orgánico de los conservadores catalanes, para señalar la debilidad y el desacierto del Gobierno al «no consentir que se hiciesen los alistamientos» de los voluntarios, al «no permitir que el espíritu patriótico de Cataluña (...) se manifestara vivo y ardiente de manera que el eco de estas manifestaciones llegase hasta los rebeldes de Cuba y les convenciera de que España está dispuesta a todo linaje de sacrificios para conservar a sus preciosas Antillas».[13]Así opinaba y se expresaba este influyente pensador y político catalán, reivindicado precisamente por Prat de la Riba como uno de sus referentes intelectuales.[14] Y es que, según las palabras del director del Diario de Barcelona, «un mes perdido vale por diez acciones de guerra ganadas por los sublevados».[15]

Tras obtener el beneplácito del Gobierno, la Diputación de Barcelona se puso a trabajar rápidamente. El 18 de febrero de 1869 el pleno de la institución tomó el acuerdo de organizar «un batallón de Voluntarios de Cataluña» compuesto por mil hombres, de entre veinte y cuarenta años, bajo el mando de jefes y oficiales del Ejército. Los soldados percibirían un jornal de cuatro pesetas diarias, mientras que «para facilitar el enganche» de los voluntarios, así como «para aliviar el desamparo de sus familias», la Diputación les entregaría, además, ciento sesenta pesetas.[16] La propia institución abrió rápidamente una suscripción económica, para disponer de fondos suficientes, y, en apenas tres días, llegó a recaudar cien mil pesetas. De hecho, la recaudación total ascendió, sólo en la ciudad de Barcelona, a más de doscientas mil pesetas (a las que cabría añadir las cantidades aportadas por otras localidades costeras de Cataluña que abrieron, motu propio, suscripciones paralelas).[17]

El alistamiento de los voluntarios principió el lunes 22 de febrero, en la sede de la Diputación, en la entonces plaza de la Constitución. Las colas fueron numerosas, especialmente en los primeros días, produciéndose incluso, tanto en las oficinas de la institución como fuera de ellas, problemas de orden público. De hecho, la Diputación de Barcelona había recibido diferentes «telegramas de los alcaldes de poblaciones tan importantes como Tarragona, Reus, Manresa y otras manifestando que se le presentan jóvenes para alistarse en el cuerpo de voluntarios», jóvenes que acabaron trasladándose a la capital catalana, para formalizar su alistamiento. Así, en apenas doce días, se habían alistado un total de 830 voluntarios.[18] Sabemos que al menos una tercera parte de quienes se alistaron no alcanzaba todavía la edad mínima inicialmente prevista, siendo por lo tanto menores de veinte años.[19] No le importó a la Diputación de Barcelona alistar a adolescentes, con tal de enviarlos a sofocar la sublevación cubana. En general, los voluntarios alistados eran, en su mayoría, hijos de familias humildes, atraídos no sólo por las remuneraciones prometidas y por la prima de enganche sino, sobre todo, por la posibilidad de emigrar a la gran Antilla, donde poderse labrar un futuro mejor, sin tener que pagar el siempre costoso pasaje.[20] De hecho, en las condiciones del alistamiento, la Diputación había consignado expresamente que «concluida la guerra, estos voluntarios (...) obtendrán su licencia absoluta con la facultad (...) de permanecer en Cuba si les conviniere (...) [recibiendo] por vía de gratificación, el importe íntegro de un mes de haber». Así, mientras recibían los uniformes y esperaban zarpar, algunos de esos voluntarios se procuraron en Barcelona «cartas de recomendación para respetables casas de comercio de aquella Antilla».[21] Dichos jóvenes recibieron entonces, además, promesas verbales de que, al acabar la guerra, recibirían un empleo público, fuese en Cuba o en la península.[22]

Durante el alistamiento se desencadenó un nuevo conflicto entre la Diputación de Barcelona, por un lado, y el Gobierno de Madrid y el capitán general de Cataluña, por otro. Todo empezó el 1 de marzo, día en que llegaron a Barcelona, desde la capital española y desde otras provincias no catalanas, doscientos jóvenes dispuestos a alistarse, enviados al parecer por el Gobierno. El hecho de que llegasen «personas extrañas al Principado» de Cataluña desencadenó la indignación de la Diputación de Barcelona, dispuesta a mantener el espíritu inicial de una empresa profunda y esencialmente catalana; una Diputación que había hablado siempre de «voluntarios de Cataluña» y de «tercios catalanes destinados a la isla de Cuba». Por otro lado, y para evitar que el batallón superase el número de mil individuos, el 5 de marzo de 1869 el capitán general de Cataluña, Ramón Nouvilas, recibiendo órdenes directas del general Prim, obligó a que la Diputación suspendiese el alistamiento. Fue la gota que colmó el vaso. Horas después, en una reunión extraordinaria de la institución, los diputados provinciales amagaron con una dimisión en bloque si no se atendían sus pretensiones. Su firme actitud obligó al Gobierno a dar marcha atrás. Así, el 13 de marzo pudo volverse a abrir el alistamiento y, dos días más tarde, acabó completándose el millar previsto de voluntarios, «todos naturales del Principado». Muchos otros jóvenes, también catalanes, quedaron incluso fuera del batallón y «algunos de ellos (...) hasta han ofrecido renunciar a la gratificación del enganche» con tal de conseguir pasaje para la isla, informaba puntualmente el Diario de Barcelona.[23]

El conflicto entre Madrid y Barcelona se había desactivado siguiendo las pretensiones de la Diputación catalana: los doscientos voluntarios no catalanes acabaron conformando dos unidades diferentes, denominadas de Tiradores de Madrid («completamente independientes» del Primer Batallón de los voluntarios catalanes, denominado, a su vez, de Cazadores de Barcelona) y acabaron embarcando rumbo a La Habana un día antes que los catalanes y en un barco diferente, el vapor Buenaventura. Los hombres de la Diputación consiguieron, incluso, que cualquier observador pudiese percibir físicamente las diferencias entre unos y otros: mientras que los Tiradores de Madrid llevaban, además del uniforme militar, «una especie de casquete griego con larga borla verde», los Cazadores de Barcelona llevaban «faja del país de distintos colores, gorro catalán encarnado, polainas también del país y alpargatas».[24] Y es que los elementos simbólicos tuvieron, en toda la operación, una gran importancia. La barretina se convirtió, desde el primer momento, en el símbolo identificativo de los Voluntarios, en la principal seña de identidad de una iniciativa que quería mostrarse como una empresa esencialmente catalana.[25] No en vano, al alistarse se entregaba a los voluntarios «por distintivo la gorra encarnada, vulgo barretina, con forro de diferente color según la compañía a que pertenecen». Y cuando éstos mostraron su incipiente malestar por la llegada de los doscientos jóvenes no catalanes, el capitán general de Cataluña los visitó en sus cuarteles de la Barceloneta y los intentó tranquilizar anunciándoles que los recién llegados embarcarían hacia Cuba, pero «sin usar el distintivo de la barretina de aquellos».[26] De hecho, mientras permanecieron en Barcelona, los cronistas de la prensa conservadora de la ciudad insistieron con alborozo y reiteradamente en la importancia del uso del «gorro encarnado catalán» por parte de los jóvenes voluntarios.[27]

De todas formas, la catalanidad de la empresa no se expresó de forma alternativa a un marcado patriotismo español. Ni siquiera como un elemento diferencial con respecto a éste. Al contrario, la insistencia en utilizar una simbología peculiarmente catalana y, como se verá, las invocaciones a la «gloriosa» historia medieval del país (sobre todo, las referencias retóricas a las gestas catalanas en el Mediterráneo) buscaban identificar la empresa de los «tercios catalanes destinados a la isla de Cuba» como un componente fundamental de un colonialismo claramente español, ahora en tierras americanas. Así, por ejemplo, el primer llamamiento público de la Diputación de Barcelona presentó la iniciativa hablando de «un batallón de Voluntarios de Cataluña que reverdeciendo los laureles ganados por nuestros antepasados en los campos del Asia (....) sustente y afiance el dominio de nuestro glorioso pendón en las posesiones españolas de América», mientras que el llamamiento del propio capitán general, animando a los jóvenes catalanes a su alistamiento, se había servido de elementos similares, al identificarlos como «bravos hijos de los invencibles almogávares» y al recordarles «el grito de desperta ferro».[28]

En el solemne acto de entrega de la bandera, celebrado en la plaza de la Constitución el miércoles 24 de marzo de 1869, cuatro días antes de que el batallón zarpase para La Habana, fue cuando más claramente se hizo uso de esa intencionada retórica histórica. El diputado provincial Narciso Gay, presidente de la Comisión que había gestionado la iniciativa, se dirigió a los jóvenes voluntarios con una apasionada arenga que no tenía nada que envidiar a la que Tirant lo Blanc pudo hacer en Constantinopla, según la imaginación de Joanot Martorell: «Catalanes sois y catalanes fueron los que en remotas edades llevaron triunfantes nuestras armas en Mallorca y en Ibiza, en África y en Sicilia; y en Grecia, y en Cerdeña, y en Italia», dijo. Y acabó reproduciendo «las textuales palabras que profirió el padre del príncipe general D. Alfonso cuando al partir para la conquista de Cerdeña le entregó el estandarte de los Condes de Barcelona que en las guerras se llevaba». A Gay le sucedió en el uso de la palabra el presidente en ejercicio de la Diputación (aunque formalmente vicepresidente), el progresista Aniceto Mirambell, quien aclaró a los Voluntarios «que les hablaba en catalán porque catalanes eran todos (...) y porque la empresa era catalana», insistiendo además en que «no se ha acabado aún el valor catalán, como lo evidenció la [reciente] guerra de África».[29]

Mirambell cerraba de esta manera un hilo argumental que pretendía unir un pasado lejano, protagonizado en el Mediterráneo oriental por los míticos almogávares, con un pasado reciente, encarnado por los Voluntarios catalanes y sus acciones en Marruecos, en la denominada guerra de África. De hecho, en el telegrama que la Diputación de Barcelona envió el 11 de enero de 1869 al Gobierno español, presidido por el general Prim, se presentaba la iniciativa afirmando: «Se desea que Cataluña, como sucedió cuando la guerra de África, levante un cuerpo de voluntarios».[30] Así, en el acto de entrega de la bandera, tanto Aniceto Mirambell como el resto de oradores pronunciaron sus discursos «desde el balcón donde se hallaba colocado el cuadro de la batalla de Tetuán», obra del pintor Mariano Fortuny por encargo, precisamente, de la Diputación de Barcelona. Y el propio Narciso Gay acabó su perorata «señalando el cuadro que estaba expuesto en el balcón» y diciendo a los Voluntarios: «a la vista tenéis el inolvidable recuerdo de otras brillantes proezas en Castillejos y Tetuán». No en vano, el primer llamamiento de la Diputación catalana no sólo había vinculado la iniciativa con «los laureles ganados por nuestros antepasados en los campos del Asia», sino también con las gestas de «nuestros hermanos en las playas del África», mientras que el capitán general de Cataluña, Ramón Nouvilas, quiso por su parte despedir rumbo a Cuba al Primer Batallón de Voluntarios catalanes recordándoles «que eran catalanes, que las barras de Cataluña se han paseado siempre triunfantes por Europa, por Asia y por África, y que ellos eran los primeros que iban a pasearlas por América».[31]

Los impulsores de ese Primer Batallón de Voluntarios a la gran Antilla, en el invierno de 1869, tuvieron presente en todo momento una guerra desencadenada apenas diez años antes contra el sultán de Marruecos. Una «guerra de trazo neoimperial» que se vio acompañada de «indiscutibles y variadas manifestaciones (...) [y] celebraciones explícitamente españolistas» en la ciudad de Barcelona, analizadas por Albert Garcia. Como ha mostrado y demostrado este autor, la creación de un cuerpo de voluntarios civiles con destino a Marruecos, entre diciembre de 1859 y enero de 1860 obedeció a una operación planificada a iniciativa del entonces capitán general de Cataluña, Domingo Dulce, y, sobre todo, del general Prim, y secundada por la Diputación de Barcelona. Una operación llena de «motivaciones políticas» que buscó y consiguió no solamente «recomponer algún tipo de puente entre la autoridad institucional y el liberalismo radical catalán», sino también reconciliar al general Prim con el progresismo catalán para poder encumbrar al político de Reus (ennoblecido gracias a la guerra como marqués de los Castillejos) a la cima política de los progresistas españoles.[32]

Sin duda alguna, el éxito político de la operación de los voluntarios catalanes en África debió inspirar a los promotores del alistamiento del batallón para Cuba, en 1869, aunque ahora las «motivaciones políticas» fuesen distintas. De hecho, en el largo mes que pasó entre el inicio del alistamiento y su embarque hacia La Habana, los jóvenes voluntarios estuvieron continuamente presentes en los espacios públicos de la ciudad. Así, en sus días libres paseaban uniformados por Barcelona, haciéndose notar, mientras que la Diputación llegó a contratar a «treinta y cinco músicos para componer una charanga» del cuerpo, banda que actuó en cuanto tuvo ocasión. La propia Diputación organizó asimismo una larga función en el Teatro Principal, en el que una escuela de música representó la zarzuela Don Jacinto, mientras que los voluntarios hicieron lo propio con un baile, así como con «la comedia catalana “Al altre mon” [sic]». Se trata de una comedia bilingüe escrita por Josep Maria Arnau que se había representado, por primera vez, cuatro años antes en el Teatro Variedades, con gran éxito. La acción transcurre precisamente en La Habana y se basa en los amores entre un joven recién llegado a la isla y su prima, hija y única heredera de un catalán que allí se había enriquecido. La Diputación quiso, sin duda, seguir alimentando entre los jóvenes voluntarios ese imaginario que identificaba a Cuba con un espacio privilegiado para la promoción social y para el enriquecimiento más o menos fácil, fuese por la vía del trabajo o del matrimonio. Por el momento, los beneficios de la función se dedicaron a un fin caritativo: el reparto «de panes a los pobres de la Barceloneta», cerca de donde estaban acuartelados los voluntarios.[33]

No debe extrañar, por otro lado, que «varios jóvenes de esta capital» se planteasen regalarles «un magnífico estandarte (...) con la siguiente inscripción: “Barcelona agradecida a los bravos voluntarios de Cataluña”», ni que la Diputación provincial registrase la solicitud de embarque «de un escritor para cronista de la espedición [sic]».[34] Un especial significado tuvo la participación de los voluntarios de Cuba en «la gran manifestación proteccionista» organizada en la capital catalana por la patronal Fomento de la Producción Nacional, el 21 de marzo de 1869. Junto a los pendones que abrieron la marcha cabe señalar la presencia de

varias [bandas de] música, en número de unas veinte, entre las cuales había todas las de la guarnición [y] la de los Voluntarios catalanes expedicionarios a Cuba, que tocaba aires nacionales de una manera admirable, a pesar de los pocos días que cuenta de organización.[35]

De hecho, en la empresa de los voluntarios de Cuba nada fue dejado al azar o a la improvisación. La propia Diputación provincial había nombrado, por ejemplo, «una comisión del seno de la misma (...) para combinar la manera de organizar el programa de la jura de [la] bandera y el embarque de los voluntarios»;[36]unos actos masivos desarrollados, como se ha visto, en la plaza de la Constitución y en el puerto de Barcelona.

Marició Janué ha caracterizado la primera de esas ceremonias, dedicada a la entrega de la bandera, como un acto en el que «se pronunciaron diversos discursos en los cuales se mezclaban las afirmaciones de patriotismo catalán y español, en ambas lenguas».[37] En todo caso, ese «patriotismo catalán» debe interpretarse (igual que las movilizaciones plebeyas que acompañaron la marcha y el regreso de los voluntarios catalanes en África, en 1859 y en 1860) como un instrumento más, un componente esencial, de una empresa colonialista española, indudablemente agresiva. No como expresión de sentimiento diferencial alguno, sino como una clara contribución a la defensa de la españolidad de Cuba. El propio Narciso Gay quiso recordar a los jóvenes voluntarios, al entregarles la bandera del tercio, que «iban a contribuir a la represión de una insurrección desalentada (...) a evitar la pérdida de una joya envidiada por su valor inestimable, a defender la integridad del territorio, a pelear para que España viva contra los que allí claman muera España», mientras que el dirigente local del partido progresista Aniceto Mirambell insistía en que los voluntarios «iban [a Cuba] (...) a defender la integridad del territorio».[38] Y es que la propia bandera que recibieron los voluntarios en la solemne ceremonia mostraba simbólicamente en qué medida la catalanidad de la empresa se percibía como una aportación al nacionalismo español.

Al poco de iniciarse el alistamiento, un artesano de Barcelona, apellidado Medina, que poco antes había realizado «el estandarte para un escuadrón de caballería de voluntarios navarros para Cuba», empezó a bordar «el pendón o bandera de los Voluntarios catalanes que van a la isla». Se trataba de una bandera, costeada por la Diputación, con «dos caras idénticas», ambas con «los colores nacionales; ostentará en su centro un escudo circular con el blasón del Principado timbrado con la corona propia de los antiguos soberanos de la Marca Hispánica», rodeado por una orla vegetal y por «dos lemas semicirculares (...). En las cuatro esquinas estarán los escudos de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida».[39]Queda claro, por lo tanto, que ese «nuestro glorioso pendón» que llevaron los tercios catalanes a Cuba, en 1869, no era otro que la bandera española, en cuyo seno se habían incorporado tanto las cuatro barras como los escudos de las cuatro provincias catalanas.[40]A la bandera roja y gualda, pabellón de la marina borbónica convertido, durante el sitio de Cádiz, en estandarte de los liberales que impulsaron la Constitución de 1812, se le incorporaron, explícita pero subordinadamente, símbolos inequívocamente catalanes.[41]Una muestra más de que la empresa de los Tercios Catalanes de Cuba refleja perfectamente ese doble patriotismo, esa doble lealtad, de la que ha hablado Josep Maria Fradera. La simbología y la escenografía vinculadas a dicha iniciativa permiten apreciar hasta qué punto «el cultivo de lo propio» y «la adhesión a la idea nacional española» coexistieron sin problemas, en este caso en una empresa claramente agresiva y colonialista que buscaba derrotar militarmente las ansias independentistas cubanas.[42]

El día del embarque del Primer Batallón, y desde el vapor España, el capitán general de Cataluña, Ramón Nouvilas, acompañado por la Diputación en pleno, tomó juramento a los voluntarios con la pregunta: «¿Juráis a Dios y a la nación (...) defender esta bandera en paz y en guerra, hasta derramar la última gota de sangre, y ser fieles a vuestros jefes?», a la que contestaron, como cabía esperar, de forma afirmativa. Cuando estaban todos embarcados «les dirigió una alocución [final] en catalán recordándoles las frases que habían oído en el acto de jurar la bandera [española] (...) y les repitió las palabras que el Rey don Jaime el Conquistador dirigía a sus soldados».[43]A continuación, Nouvilas acudió junto con el gobernador civil y los diputados provinciales al banquete de gala que el armador del barco, el naviero Antonio López, ofrecía en su honor en el propio buque. Tras dar cuenta del almuerzo, regresaron todos a tierra firme, mientras que los 1.003 voluntarios de ese primer batallón pudieron marchar finalmente a Cuba, a jugarse la vida.

Si la Diputación de Barcelona había querido inmortalizar las gestas de los voluntarios catalanes en la guerra de África, en 1860, encargando a Mariano Fortuny un cuadro épico, de grandes dimensiones, fue otro pintor catalán, Ramon Padró, el que decidió tomar durante la larga ceremonia del embarque y «desde una lancha un apunte de aquel momento histórico». Esbozo que «presentado al cabo de unos días a la Diputación le valió de esta Corporación el encargo de hacer del asunto una gran tela al óleo, que fue una de las obras más notables de aquel» pintor.[44] No fue éste el único cuadro que inmortalizó la empresa de los Voluntarios catalanes de Cuba. El segundo marqués de Comillas, Claudio López Bru, quiso decorar por su parte el salón de recepciones de su Palacio de Sobrellano (un palacio que su padre, el armador Antonio López, mandara construir en su villa natal, Comillas) con una obra mural, pintada al óleo y sobre tela, entre 1889 y 1892, por Eduardo Llorens Masdeu y dedicada al Embarque de Voluntarios de la Isla de Cuba. El trabajo de Llorens muestra una bucólica escena con decenas de voluntarios (ataviados, por supuesto, con barretina, faja, polainas y espardenyes o alpargatas) cantando alegremente mientras se dirigen al vapor Santander, fondeado en el puerto de la capital catalana. Una escena presidida por la montaña de Montjuïc y el castillo homónimo, en la que aparece, en primer término, una niña besando tiernamente a un oficial del batallón, mientras le entregan la bandera del cuerpo.[45] La vistosidad del mural explica que la revista de historia L’Avenç lo escogiese como portada de su número 217 (que incluía un dosier dedicado a «1898, el final de un imperio») y que haya vestido también la cubierta del libro colectivo, editado por la Generalitat de Catalunya, titulado La resposta catalana a la crisi i la pèrdua colonial de 1898. Casualmente, o no, en este último caso, la bandera del batallón (donde los colores rojo y gualda rodeaban el escudo cuatribarrado) ha desaparecido de la ilustración de portada.

Para concluir este epígrafe dedicado a los Voluntarios de Cuba cabe señalar que no sólo de Barcelona partieron voluntarios para la isla. Sabemos, por ejemplo, que las tres provincias vascas enviaron asimismo un batallón o primer Tercio Vascongado, en los primeros meses de 1869. En este caso, sin embargo, sus promotores tuvieron auténticos problemas para conseguir alistar a apenas quinientos «voluntarios», es decir, a apenas la mitad de los mil hombres deseados.[46]En Cataluña, al contrario, tras el éxito del Primer Batallón, la Diputación de Barcelona volvió a llamar a los jóvenes del país a alistarse con destino a Cuba. La convocatoria se hizo pública el 8 de noviembre de 1869 y quince días después, el martes día 23, marchaba de la capital catalana rumbo a la gran Antilla un Segundo Batallón compuesto por 1.150 hombres, embarcados en el vapor Santander. Cinco días más tarde, el domingo 28, un Tercer Batallón tomaba el tren con destino a Cádiz, donde acabaría embarcando para La Habana.[47]

También en el otoño de 1869 se organizó un segundo Tercio Vascongado para la isla mientras que en Navarra se dispuso entonces un batallón compuesto por cuatrocientos hombres.[48]Consta igualmente la expedición de un segundo batallón de voluntarios de Madrid, cuyos integrantes embarcaron en Cádiz mediado el mes de noviembre de 1869.[49]En idéntica fecha embarcaron en el puerto de Santander otros dos batallones para Cuba, con dos mil hombres. Y hubo, asimismo, un batallón de voluntarios de Asturias. En total, en los últimos meses de 1869 se organizaron en la península diez nuevos batallones de voluntarios. Por eso, y a pesar de su indudable especificidad, es decir, de su marcado simbolismo particularista, cabe insistir en que la empresa de los «tercios catalanes destinados a la isla de Cuba», impulsada por la Diputación de Barcelona, acabaría formando parte de una operación de mayor envergadura, de alcance peninsular. Embarcasen en Barcelona, en Bilbao, en Santander o en Cádiz, todos los «voluntarios» que marcharon a Cuba en 1869 acudieron allí para aplastar, codo a codo con los soldados de leva del Ejército español, la rebelión desencadenada en octubre de 1868, es decir, para defender la españolidad de la isla.

En total, el número de voluntarios catalanes que salieron en 1869 de Barcelona rumbo a Cuba fue de unos 3.600.[50]Esa cifra multiplicaba por siete el número de los 475 voluntarios embarcados nueve años antes para la guerra de África, lo que nos da una idea de la magnitud de la operación y justifica que autores como Borja de Riquer hayan destacado el «gran éxito de la iniciativa» de los Voluntarios Catalanes de Cuba.[51]Por ese motivo, dicha iniciativa no debe interpretarse solamente en virtud de su dimensión o de sus implicaciones simbólicas, sino fundamentalmente por su contribución a incrementar los efectivos del Ejército español desplazado a la gran Antilla. De hecho, el contingente de los voluntarios catalanes de 1869 triplicó el número de jóvenes que correspondía enviar a la isla por los municipios de la provincia de Barcelona en la quinta de ese año (1.164 soldados) y sumaba el equivalente al 15% de los jóvenes quintados en el conjunto de España. Es más, los 3.600 voluntarios alistados en Barcelona representaron el 10,4% del total de efectivos militares que se enviaron desde la península, entre noviembre de 1868 y diciembre de 1869, para sofocar la rebelión cubana.[52]

JUEGO DE INTERESES, INTERESES EN JUEGO

Más allá de la escenografía y de la simbología utilizadas, así como de la retórica oficial, la operación de los Voluntarios catalanes para Cuba obedecía fundamentalmente a una prosaica realidad, la defensa de unos intereses materiales concretos. Lo resumió muy bien el conservador Mañé i Flaquer en su sucinta pero contundente defensa de la iniciativa:

Los buenos deseos no suplen los soldados ni llenan las vacías arcas del Tesoro Público. Los que quieran salvar a Cuba, los que quieran conservar a nuestra agricultura, a nuestra industria, a nuestro comercio y a nuestra marina mercante el principal sino el único mercado que hoy le queda, han de estar dispuestos a ofrecer al gobierno no estériles votos ni afeminadas lamentaciones, sino auxilios positivos en hombres y dinero.[53]

Lo que no decía Mañé, aunque quizá pensaba, es que en esa batalla por derrotar a los independentistas cubanos a unos les correspondía poner en riesgo su vida (los hombres), mientras que otros podían limitarse a aportar numerario (el dinero) y cartas de presentación.

Los argumentos de Mañé coincidían con los que la propia Diputación de Barcelona había utilizado para justificar las razones que le habían impulsado a acoger una iniciativa promovida por «las principales casas y familias de Barcelona». Decía la corporación provincial que no quería incurrir en una «falta de protección a los sagrados intereses de sus administrados». Unos administrados que se habían dirigido, precisamente, a la Diputación «al considerar comprometidos los grandes intereses de este país».[54] Igualmente, el llamamiento público que la corporación provincial hiciera para animar el alistamiento de los jóvenes catalanes destacaba «la trascendencia de la pérdida [de la isla] (...) para el sostenimiento de nuestro comercio, industria y agricultura». Y, dando otra vuelta de tuerca, el diputado provincial Narciso Gay hablaba, por su parte, de «salvar [no sólo] vidas» sino también las «haciendas de españoles, de catalanes, de hermanos nuestros» en Cuba. En la misma línea, aunque de forma más explícita, un colaborador de la prensa conservadora de la ciudad consignaba que se trataba fundamentalmente de salvar «las vidas y las fortunas de ciento treinta mil peninsulares» establecidos en la isla, «fortunas levantadas por la laboriosa constancia de diez generaciones», así como salvaguardar «los infinitos intereses de la península que dependen de [la] conservación» de Cuba; en caso contrario auguraba «la ruina para una parte de nuestra industria, de nuestro comercio [y] de nuestra marina mercante».[55]Esos mismos argumentos fueron poco después retomados y sistematizados por el influyente industrial y político catalán, Juan Güell, en una monografía dedicada al análisis de la rebelión en Cuba.[56]

De hecho, las autoridades militares de Cuba destinaron, efectivamente, a los Voluntarios catalanes a defender las propiedades de diferentes hacendados en la isla. Así lo revela el Diario de Operaciones del Primer Batallón de Voluntarios enviado desde Barcelona en marzo de 1869. Tras pasar por La Habana y desembarcar en el puerto de Nuevitas, la mitad de los hombres de ese Primer Batallón «pernoctó el 28 de abril en el Ingenio de la Juanita», mientras que la otra mitad «pernoctó el 30 de abril en el Ingenio San José». Desde allí unos y otros se dedicaron a proteger otras plantaciones de caña de la región de Las Tunas, como los ingenios San Antonio, Buena Vista, Callejas y Monte Oscuro.[57] Defendiendo, precisamente, esa última finca fue cuando un grupo del Tercio de Cazadores de Barcelona encontró su bautismo de fuego en la isla, en agosto de 1869. El Diario de Barcelona informó, meses después, de esa batalla, afirmando de forma poco verosímil que «según los Diarios de la Habana» la acción había recordado «la memorable batalla del 4 de febrero [de 1860] en Tetuán». En su breve nota el periódico conservador omitió, sin embargo, que dicha batalla se saldó con veinte muertos y nueve heridos graves en las filas catalanas.[58]

La organización de los tres batallones de Voluntarios catalanes había corrido a cargo de la Diputación de Barcelona, pero su financiación se había materializado mediante aportaciones particulares. De hecho, la iniciativa de formar el Primer Batallón no había salido, en realidad, de la institución provincial, sino de «una solicitud suscrita, entre otros, por numerosos representantes de las principales casas de comercio» de la ciudad, mientras que el Segundo y el Tercer Batallón pudieron materializarse «nuevamente gracias a la ayuda económica de importantes hombres de negocio con intereses en Cuba».[59]El proceso en otros puntos de la geografía peninsular no fue muy diferente. En el caso de Bilbao, por ejemplo, el impulso a los Tercios Vascongados nació de la Junta de Comercio de la ciudad, la cual «excitada a su vez por la [junta homónima] de Santander –la primera de su carácter en lanzar una proclama pública a favor de la defensa de Cuba– promovió durante los meses de diciembre de 1868 y enero y febrero de 1869» reuniones con la Diputación de Vizcaya para que ésta secundase sus iniciativas. Hablaban los comerciantes vizcaínos en términos casi idénticos a los que utilizaban los hombres de negocios de Barcelona, justificando la organización de un batallón de voluntarios como parte de un juego de intereses: «Vizcaya –decía la Junta de Comercio de Bilbao–, que tantos hijos tiene en Cuba y que tan interesada se halla en su porvenir», debe contribuir a «los auxilios de la madre patria» en «aquella rica Antilla».[60]

Al analizar la implicación de la sociedad civil, así como de las autoridades catalanas en la empresa de los Voluntarios de Cuba, es preciso señalar la importante presencia de individuos enriquecidos en la isla aunque residentes en Barcelona. De hecho, entre los particulares que impulsaron y firmaron la primera instancia que exhortaba a la diputación a intervenir en defensa de la españolidad de Cuba estaban numerosos indianos.[61]Algunos de ellos (como Antonio López, José Canela, José Amell, José Munné o José Antonio Salom, entre otros) se incorporaron a alguna de las dos «comisiones de particulares» (la de Enganche y la de Suscripción), nombradas poco después por la Diputación de Barcelona para asegurar el éxito de la operación de los Voluntarios.[62]Pero no sólo encontramos indianos entre los particulares que lanzaron dicho envite a la institución provincial. También entre los diferentes diputados provinciales que se encargaron de la organización de los tres batallones para la mayor de las Antillas se encontraban algunos individuos vinculados directamente a Cuba. Dos de ellos, sin ir más lejos, habían nacido en La Habana. Me refiero a los «propietarios» José de Jesús Puig y Pedro Collaso Gil, incorporados a la institución el 2 de octubre de 1868 merced a su designación por la Junta Revolucionaria de la capital catalana.[63]Un tercer diputado, el «comerciante» Antonio Ferratges de Mesa, futuro primer marqués de Montroig, había nacido en Santiago de Cuba, ciudad donde su padre había hecho la fortuna que permitió a la familia asentarse y vivir con holgura en Barcelona.[64]Y otros dos diputados provinciales habían acumulado su fortuna en la isla, donde habían residido largo tiempo: el «capitalista» Antonio Samá Urgellés, futuro primer marqués de Casa Samá, y el «comerciante» Francisco Jaurés Gualba, vecino de Matanzas.[65]Este último presentó su dimisión como miembro de la Diputación de Barcelona en enero de 1870. Su decisión tuvo que ver, precisamente, con su regreso a Cuba. No en vano, meses después Jaurés dejó también su puesto como vocal en el Consejo de Administración del Crédito Mercantil, habida cuenta de que «traslada[ba] su residencia a Ultramar».[66]

Para todos aquellos indianos que mantenían intereses y propiedades en Cuba, la insurrección, en sí misma, era un verdadero problema. Máxime si tenemos en cuenta que los mambíes habían optado por una estrategia militar basada en parte en la quema de cañaverales y de almacenes de azúcar para intentar ahogar la economía insular. De hecho, en apenas seis meses (entre julio y diciembre de 1869), y sólo en la jurisdicción de Cienfuegos, el fuego mambí destruyó «34 ingenios, 16 grandes potreros y 19 de las fincas más grandes de [la] región».[67]Algunos de quienes vivían en Barcelona de las rentas que les producían sus propiedades en la isla sufrieron notable y directamente los efectos de la guerra. En marzo de 1872, por ejemplo, José Ramón de Villalón y su esposa Juana de Mata Hechavarría constataban amargamente en su común testamento, otorgado en la capital catalana, «las enormes pérdidas que hemos tenido en nuestro país con motivo de la insurrección que lo arrasa», y añadían: «no contamos con cosa alguna de las que, como despojos de lo que tuvimos, hemos dejado allí (...) [entre ellas] un ingenio de fabricar azúcar que allí existió e incendiaron los insurrectos, nombrado Santa Cruz del Juncal».[68] Su caso no fue único. Otras familias, residentes asimismo en Barcelona, sufrieron igualmente los efectos de la tea incendiaria. Agustín Goytisolo, por ejemplo, escribía desde Cienfuegos a su mujer, vecina de la capital catalana, dándole cuenta de unas pérdidas que cifraba en unas doscientas mil pesetas. Le decía: «Los insurrectos (...) a mí me quemaron los dos muelles del [ingenio] Simpatía, en uno de los cuales se había puesto el alambique y el almacén del Lechuzo [o ingenio Lequeitio] con unos 150 bocoyes [de] azúcar dentro y el material completo para 200 bocoyes envases [sic]».[69] No sólo la correspondencia entre particulares permitía conocer en Barcelona la marcha de la guerra; la propia prensa de la ciudad publicaba con cierta frecuencia datos sobre la destrucción material causada por la rebelión. En consecuencia, cualquier esfuerzo era poco para intentar acabar con la guerra. Y el envío desde la península de más y más soldados a los campos de batalla cubanos (aunque fuese bajo la fórmula eufemística de unos «batallones de voluntarios») se convirtió en una fórmula relativamente fácil y cómoda.

Los mismos indianos que habían hecho realidad en 1869 el embarque de los voluntarios a Cuba participaron dos años después en la constitución del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona.[70] Un primer intento (fallido) para constituir en la capital catalana un centro o casino «para defender la integridad nacional con respecto a Cuba» había surgido en agosto de 1871 a iniciativa del indiano José Canela Reventós, quien había regresado de Cuba diez años antes para convertirse en gerente de una de las principales casas de comercio de Barcelona.[71] No obstante, el movimiento de los Centros o Círculos Hispanos Ultramarinos nació en diciembre de 1871 en Madrid, a iniciativa del también indiano marqués de Manzanedo. Se trataba de crear una organización reticular, presente a lo largo y ancho de la geografía peninsular, que presionase a las autoridades españolas a favor del mantenimiento del status quo colonial, a la par que ayudase a sofocar la rebelión cubana iniciada tres años antes.

La primera Junta Directiva del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona recogió a los indianos, enriquecidos en Cuba, más influyentes de la ciudad, empezando por su presidente, el industrial Juan Güell Ferrer, y su vicepresidente, el naviero Antonio López, para continuar con José Canela, José Amell Bou (quien era entonces, además, presidente de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona), José Antonio Salom, José Telarroja, Francisco Gumá, José Munné, José Rafecas Ferrer, Isidro Gassol y el riquísimo Tomás Ribalta. A éstos se sumaron el diputado Sebastián Plaja Vidal (enriquecido en Puerto Rico) y el comerciante Salvador Vidal Cibils, enriquecido en Chile, entre otros. También se incorporaron otros individuos provinentes de la política y el derecho. Unos y otros consiguieron que el Círculo Hispano Ultramarino de la capital catalana mostrase una gran capacidad para movilizar a amplios sectores de la burguesía de la ciudad: al remitir, en diciembre de 1872, una carta al presidente del Consejo de Ministros en la que rechazaban el proyecto de reformas para Puerto Rico (que incluía la abolición de la esclavitud), acompañaron su petición con un total de sesenta hojas repletas de firmas de innumerables empresas catalanas. Además, entre las entidades que aceptaron expresamente sus planteamientos estaban el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (representante de los grandes propietarios agrarios), el Fomento de la Producción Nacional (representante de los intereses textiles, básicamente algodoneros) y el Instituto Industrial de Cataluña.[72] Correspondió, precisamente, al Círculo Hispano Ultramarino acoger e impulsar la creación de la Liga Nacional, una organización que se constituyó, de hecho, como un instrumento para desestabilizar la vida política del país.[73] La Liga Nacional no fue otra cosa que un amplísimo frente antigubernamental, integrador de todas las opciones conservadoras, organizado a resultas de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Cabe destacar que, significativamente, su primer presidente en Barcelona, el indiano José Antonio Salom, presidía entonces también el Círculo Hispano Ultramarino de la ciudad. Si bien la inmediata abdicación de Amadeo I y la proclamación de la Primera República, en febrero de 1873, significaron a corto plazo el fin de la Liga Nacional, a medio plazo ambos acontecimientos aceleraron la restauración del orden conservador. En Cataluña el hombre clave en ese proceso fue Manuel Duran y Bas, abogado precisamente del Círculo Hispano Ultramarino. De hecho, impulsada con el sello personal de Duran, la peculiar forma que tomó desde entonces la articulación de los intereses dinásticos en Cataluña supo acoplar no sólo los intereses de la sociedad civil organizada sino, especialmente, la idiosincrasia del Círculo Hispano Ultramarino. La Liga del Orden Social, principal plataforma alfonsina de Cataluña, integraba a los conservadores agrupándolos corporativamente (comerciantes, industriales, abogados, propietarios urbanos...). Esta estructura dio cabida, como una agrupación más, a los «Hacendados de Ultramar», recogiendo las adhesiones de los indianos que, paralelamente, apostaban por el Círculo Hispano Ultramarino y su defensa del status quo colonial. No en vano, la carta remitida por Manuel Duran y Bas a la defenestrada Isabel II felicitándole por la coronación de su hijo Alfonso XII la firmaba también el presidente del Círculo Hispano Ultramarino de la capital catalana.

Un «liberal catalanista» como Joan Garriga Massó (hijo del que fuera Secretario de la Junta Revolucionaria de Barcelona, en 1868) afirmaba incluso que el golpe de Arsenio Martínez Campos en Sagunto sólo fue posible merced al apoyo financiero prestado desde Cataluña por un indiano como Antonio López o por el yerno de éste, Eusebio Güell.[74] Sea como fuere, la Restauración de los Borbones en la jefatura del Estado español fue posible a partir de un proceso policéntrico en el que la burguesía catalana tuvo un papel relevante.[75] Un proceso, por lo demás, en el que se puede apreciar igualmente su nítido trasfondo cubano.[76] En el caso catalán, la composición de la Diputación de Barcelona tras la restauración monárquica revela con claridad no sólo la adscripción de ese núcleo de hombres de negocios organizado en torno al Círculo Hispano Ultramarino a la causa alfonsina y al conservadurismo liderado por Cánovas del Castillo, sino también su peso en el conjunto de las fuerzas conservadoras locales.[77] Pronto el político malagueño sabría agradecer el sustancial apoyo de esos conservadores catalanes a su proyecto político. Y Cuba y Filipinas fueron, precisamente, los escenarios de dicha recompensa.

BARCELONA EN EL CENTRO DEL NEGOCIO COLONIAL (I): EL BANCO HISPANO COLONIAL

Uno de los principales problemas que debió afrontar Cánovas del Castillo tras tomar el poder, en 1875, fue terminar con la guerra en Cuba. Para ello, el político malagueño acabó aceptando las propuestas de los sectores más intransigentes de la isla y de la península, los cuales solicitaban un aumento notable en los efectivos del Ejército español desplazados a Cuba. Así, en apenas tres meses (entre septiembre y diciembre de 1875) se envió a la isla a veintiún mil militares españoles; a los que cabe sumar los veintidós mil militares más que se mandaron en el mismo período del año siguiente.[78]Unos militares, por cierto, que llegaron a Cuba en los vapores de una empresa domiciliada en Barcelona, la firma A. López y Cía., la misma naviera que había llevado a la isla a los Voluntarios catalanes, en 1869, y que llevaría prácticamente a todos los militares desplazados a la isla mientras duró la Guerra de los Diez Años, primero, y la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1895-1898, después.

La estrategia militar adoptada por los primeros gobiernos de la Restauración comportó notables implicaciones presupuestarias para un Estado, el español, cuya Hacienda seguía sufriendo un déficit crónico, característico de la etapa liberal, y que tampoco podía contar con los ingresos de la exhausta e igualmente deficitaria hacienda cubana.[79]El Gobierno de Cánovas entendió que la única solución al problema debía venir de un empréstito concertado con empresas y particulares españoles de ambos lados del Atlántico. Con tal fin se dirigió a un empresario catalán, el naviero Antonio López y López, quien transformó dicha operación de préstamo en una nueva y potente entidad financiera, a la que bautizó con un nombre harto significativo, Banco Hispano Colonial.[80]

El rico indiano Antonio López, quien fuera primer vicepresidente del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona, actuó como un perfecto catalizador que supo implicar en la operación a hombres de negocio residentes tanto en La Habana como en Madrid y, por supuesto, en Barcelona. Aunque el Gobierno quiso dar a la operación un cierto barniz legal, publicando en la Gaceta un concurso público para el 30 de agosto de 1876, lo cierto es que antes de esa fecha la suerte estaba claramente echada. López y sus socios habían firmado semanas antes con el Gobierno un convenio provisional, exactamente el 5 de agosto, y justo un día después de que tuviese lugar en Madrid la apertura de plicas, ya se había recaudado en La Habana la tercera parte que correspondía aportar a empresas y particulares de la isla. El centro de la operación, no obstante, radicaba en Barcelona: en la capital catalana se estableció el domicilio social del nuevo Banco, y de los 29 miembros de su Consejo de Administración 19 residían en ella. Es más, 8 de los fundadores del Hispano Colonial lo habían sido también del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona (los indianos enriquecidos en Cuba José Canela, José Munné, Francisco Gumá y el propio Antonio López, además de Nonito Plandolit, nacido en México, José María Serra, natural de Santiago de Chile, José Ferrer Vidal, casado con una cubana, y el naviero Juan Jover Serra). A ellos se les sumarían, en el primer Consejo de Administración, otros indianos cubanos como el menorquín José Pedro Taltavull García (enriquecido en Cienfuegos) o Rafael Ferrer Vidal (enriquecido en Matanzas). Y entre el resto de accionistas del Hispano Colonial se encuentran asimismo indianos enriquecidos en Cuba aunque residentes en Barcelona, como Dominga Juera, Antonio Leal da Rosa o José Vilanova Masó.

López y el resto de fundadores del Hispano Colonial arrancaron del Gobierno de Cánovas unas condiciones muy ventajosas para la reproducción de sus capitales, a saber: un elevado tipo de interés, del 12%, la recaudación de las aduanas de Cuba como garantía de cobro y la participación del Banco como nuevo gestor de estos derechos; en caso de que, debido a la gestión del Hispano Colonial, los ingresos de la renta de aduanas insular aumentasen, sus accionistas recibirían el 50% de dicho plusproducto, además de la remuneración del empréstito vía intereses. La denominada Ley de Garantía Eventual de la Nación, aprobada por el Congreso español en enero de 1877, hipotecó, además, el patrimonio del Estado como garantía última de los accionistas, y, por último, las acciones del Banco Hispano Colonial se equipararon a los demás efectos del Estado.[81]Con estas condiciones no deben resultar extrañas las extraordinarias ganancias obtenidas por dicho banco. En sus cuatro primeros ejercicios, por ejemplo, es decir entre noviembre de 1876 y octubre de 1880, el Hispano Colonial pudo repartir entre sus accionistas dividendos superiores a los 62 millones de pesetas, lo que equivalía al 60% del valor nominal de los títulos de la entidad, es decir, de la inversión inicial de sus accionistas fundadores.

Una vez acabada la Guerra de los Diez Años, el Gobierno español quiso renegociar un contrato cuyos términos eran notablemente ventajosos para el banco. Antonio López, su presidente, y el resto de miembros de su Consejo de Administración forzaron dicha negociación hasta conseguir unas condiciones igualmente favorables a sus intereses. El Gobierno emitiría unos nuevos títulos de deuda pública, los Billetes Hipotecarios del Tesoro de la Isla de Cuba (popularmente conocidos como cubas) para devolver el principal del préstamo al banco. El Hispano Colonial, no obstante, sería el encargado de la primera emisión de esos nuevos títulos, en 1880 (y de las sucesivas emisiones de 1886 y 1890), y seguiría encargándose de la gestión de las aduanas para garantizar el pago de los intereses. A cambio, ampliaría su objeto social dejando de ser el mero gestor de un empréstito al Estado para convertirse en un verdadero banco de negocios, con domicilio en la capital catalana.[82]De todas formas, a partir de 1880, es decir, tras la primera emisión de los Billetes Hipotecarios del Tesoro de Cuba, y hasta 1897, el Hispano Colonial obtuvo unos beneficios netos de 76.467.976 pesetas. El 10% de esta cantidad se dedicó a remunerar a los miembros del reducido Consejo de Administración del banco, mientras que el 90% restante sirvió para el pago de unos dividendos que en esos diecisiete ejercicios sociales se situaron, por término medio, en un 6,1% del valor nominal de las acciones. Más aún, esas acciones cotizaron siempre con premio, de manera que aquellos accionistas-fundadores que optaron por desprenderse de ellas pudieron hacerlo obteniendo beneficios.

Amén de los accionistas del Hispano Colonial, también los tenedores de los célebres cubas (fuese el propio banco emisor, las otras entidades financieras vinculadas a su grupo empresarial, como el Banco de Castilla o el Crédito Mobiliario Español, o multitud de particulares) se beneficiaron cómodamente de los ingresos de la renta de aduanas de la isla. Es más, entre 1888 y 1895, la cotización de los cubas estuvo siempre por encima de su valor nominal. Algo realmente insólito si lo comparamos con el escaso crédito que merecían entonces los títulos de la deuda española, los cuales cotizaron, en el mismo período, bajo par. Respecto a la emisión de cubas de 1890, por ejemplo, el Diario de Barcelona recogía «el éxito que obtuvo el Empréstito de Cuba, cubierto exclusivamente sólo en España más de tres veces».[83] Y el mismo día del inicio de la nueva Guerra en la gran Antilla, el 24 de febrero de 1895, consignaba cómo los cubas de 1886 cotizaban en la capital catalana a 109,9 (con casi un 10% premio), añadiendo que en esa fecha todavía «eran, con mucho, los efectos públicos más solicitados, seguros y de mayor cotización en la plaza de Barcelona».[84]

Mientras tanto, la necesidad de dedicar los ingresos fiscales de Cuba (y singularmente la renta de aduanas de la isla) al pago de los intereses de unos títulos gestionados por el Banco Hispano Colonial impedía no sólo el establecimiento de cualquier tipo de política en la gran Antilla sino, incluso, el pago de las obligaciones ordinarias de la Administración colonial como el sueldo a los funcionarios. Como denunciaba el vicepresidente del partido cubano de la Unión Constitucional, Vicente Galarza, en 1885, o sea, en plena crisis económica insular derivada del descenso de los precios del azúcar en los mercados internacionales,

cerrará el actual presupuesto con un déficit de quince millones de deuda flotante (...) y con un atraso de cinco meses en el personal y de siete o más en el material y otras obligaciones: en semejante estado del Tesoro ¿es posible pagar un centavo de intereses y de amortización de ninguna Deuda? Póngase a la Hacienda de Cuba en condiciones normales y viables para pagar su Deuda en mejores años, pero no se engañe con un presupuesto ficticio y no se tenga sin pagar al Ejército, a la Marina, a la Administración toda.[85]

En los años siguientes, lejos de mejorar, la situación que denunciaba Galarza acabó enquistándose. El Diario del Ejército, editado en La Habana, publicó en 1894, meses antes del estallido de la nueva guerra en la isla, una nota titulada «¿Quién es el colonial?», en la que el anónimo redactor se quejaba del omnímodo poder del banco catalán y de la opacidad de sus negocios con las aduanas insulares, haciéndole responsable de la imposibilidad de llevar adelante política alguna en Cuba. Decía:

Se sabe que el Banco [Hispano] Colonial existe porque a él se le pagan cantidades considerables que hacen difícil, ya que no imposible, el desenvolvimiento del presupuesto, que se le adeuda mucho y como la cantidad se anuncia con la cifra indeterminada de inmensa, se llega hasta despreocuparse de estudiar el asunto, convencidos a priori de que nada se sacará en limpio (...). Es indispensable que se haga pública la situación del Banco [Hispano] Colonial a fin de que se sepa en primer término la ascendencia de la deuda, las cantidades pagadas y lo que le falta por pagar a esta isla.[86]

BARCELONA EN EL CENTRO DEL NEGOCIO COLONIAL (II): LA COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS

En 1869, mientras la Diputación de Barcelona materializaba el envío de los tres Batallones de Voluntarios catalanes a la manigua cubana, nacía en Barcelona una entidad patronal, el Fomento de la Producción Nacional. A las pocas semanas de su fundación, la nueva patronal hizo pública la preocupación mostrada por sectores del empresariado catalán por explorar y explotar nuevas fuentes de negocio en Filipinas, orientando sus peticiones sobre tres ejes concretos: el establecimiento de una línea regular de vapores entre la península y el archipiélago, la completa liberalización de la elaboración y comercialización del tabaco filipino y una política que favoreciese el incremento de las exportaciones españolas al archipiélago.[87]

Hubo que esperar a la Restauración para que las tres medidas solicitadas por la patronal catalana acabasen materializándose efectivamente: el establecimiento de una línea regular de vapores (en 1879), el desestanco del tabaco (decretado en 1881) y la creación de un nuevo marco arancelario (a partir de 1891).[88] Es más, sería el puerto de Barcelona (y no el de Cádiz, de donde partían los vapores hacia las Antillas) el punto de origen de la nueva línea oficial de vapores-correo con destino a Manila.[89] La principal preocupación de algunos sectores empresariales catalanes, no obstante, no se centraba tanto en la explotación de la línea oficial de vapores como en la voluntad de acabar con el centenario estanco del tabaco en el archipiélago filipino.

Precisamente, los problemas registrados a partir de la década de 1860 en la administración de la renta filipina de tabacos habían acabado con su suspensión de pagos, a mediados de 1874. Por ese motivo, el Ministerio de Ultramar creó en 1879 una comisión de notables encargada de analizar la situación del estanco filipino y de elevar al ministro de Ultramar propuestas concretas de reformas. Las presiones recibidas convirtieron, no obstante, los trabajos de una comisión nacida para estudiar la reforma del estanco en un grupo que acabó trabajando no tanto con el objetivo de mejorar dicha renta estancada como de acabar con ella. De entrada, como reconoció ante el Congreso de Diputados el propio ministro de Ultramar, Salvador Albacete, la Comisión había nacido a partir de «las proposiciones hechas por varias personas».[90] Pero, ¿quiénes eran esas personas? Hallar la respuesta no es fácil, pues en todo el proceso reinó una gran opacidad. Sabemos que unos meses después, en marzo de 1880, el diputado por Mayagüez (Puerto Rico), Luis Torres de Mendoza, denunciaba en el Parlamento la

circunstancia, que es pública y [de la que] se han hecho cargo (...) los periódicos, de que hace un año o dos una sociedad de crédito bastante conocida ha[bía] enviado una comisión que está de regreso, compuesta de tres personas entendidas a Filipinas, para estudiar sobre el terreno el arriendo de dichos tabacos, añadiéndose que dicha sociedad gestiona este negocio cerca del gobierno.[91]

Y también sabemos que la lacónica respuesta que le dio a Torres el nuevo ministro de Ultramar, Cayetano Sánchez Bustillo, en sede parlamentaria, apenas aportaba nada nuevo, salvo, como recogía el Diario de Barcelona, «que hay una empresa que desea el arriendo de la actual renta» del tabaco en Filipinas.[92] Pero, ¿a qué empresa se referían?

A pesar de la opacidad del proceso y de la ausencia explícita de referencias, todo apunta a que tanto la privatización del estanco del tabaco como el nacimiento de la empresa que debía ocupar su lugar (Tabacos de Filipinas) se produjeron, precisamente, a instancias del catalán Banco Hispano Colonial. El propio Emili Giralt, en su monografía sobre la Compañía General de Tabacos de Filipinas, escrita por encargo de dicha empresa catalana con motivo del centenario de la misma, afirmaba que «teniendo en cuenta la proximidad al poder político de los grupos económicos que luego promoverían la creación de la Compañía, no deja de ser verosímil que el decreto de desestanco de 1881 fuese el resultado de una propuesta hecha por estos grupos al Ministerio de Ultramar».[93] De hecho, antes incluso de que se hiciese efectivo el desestanco del tabaco en el archipiélago (y de que se constituyese la firma Tabacos de Filipinas), un «rico propietario» residente en la isla de Luzón llamado Antonio Casal se había dedicado a comprar (a título particular, para cederlos después a la nueva empresa) un total de 10.125 hectáreas de terreno de buena calidad, situadas en zonas inundables, a ambos lados del río Grande de Cagayán. Así lo reconoció el primer presidente de Tabacos de Filipinas, el rico indiano Antonio López, presidente a su vez del Banco Hispano Colonial e impulsor años atrás del embarque de los voluntarios catalanes a Cuba.[94]

La privatización del estanco del tabaco en la colonia española benefició singularmente a los accionistas de la firma Tabacos de Filipinas, impulsada por el Banco Hispano Colonial y con domicilio en Barcelona. En sus dos primeros ejercicios sociales, 1882 y 1883, dicha empresa repartió dividendos del 7% anual. Y aunque no pudo hacer lo mismo en 1884 y 1885, a partir de 1886 (y hasta 1906, sin solución de continuidad), la Compañía General de Tabacos de Filipinas repartió entre sus accionistas una remuneración anual que osciló entre el 5 y el 9% del valor nominal de sus títulos. De hecho, en el lustro 1885-1889 los beneficios líquidos obtenidos por la firma tabacalera sumaron 6.468.230 pesetas, mientras que en los cinco años siguientes, entre 1890 y 1894, ascendieron a 10.351.768 pesetas. No cabe duda de que para los accionistas y consejeros de la firma catalana, el desestanco del tabaco en tierras filipinas se convirtió en una fuente de ganancias.[95]

Esos notables beneficios generados en tierras asiáticas y cubanas alimentaron, en el último cuarto del siglo XIX, las cuentas corrientes de los accionistas de la Compañía General de Tabacos de Filipinas y del Banco Hispano Colonial, muchos de ellos catalanes.[96] Este hecho puede ayudar a explicar el afán colonialista mostrado entonces por influyentes sectores del patriciado catalán, especialmente de Barcelona. Cabe señalar, no obstante, que esa apuesta colonialista no fue un rasgo exclusivo de la burguesía catalana. De hecho, la euforia colonialista española, patente claramente en Cataluña en el último tercio del siglo XIX, fue compartida por igual por patricios y plebeyos. Así sucedió en 1869, con motivo de la primera guerra de Cuba, y volvería a suceder en 1885 y en 1893, como analizaré a continuación.

DEL EMBARQUE DE LOS VOLUNTARIOS A LA GUERRA DE MELILLA, PASANDO POR LA CUESTIÓN DE LAS CAROLINAS: LA EUFORIA COLONIALISTA DE PATRICIOS Y PLEBEYOS

La despedida del Primer Batallón de Voluntarios a Cuba, el sábado 27 de marzo de 1869, fue un verdadero acto de masas:

El aspecto que en aquellos momentos presentaba el puerto no es para ser descrito –recogía la prensa conservadora–. Los muelles y andenes, lo propio que la muralla de mar y el terraplén de Atarazanas estaban cuajados de espectadores y era tanto el gentío, que llegó a invadir algunas embarcaciones que hay atracadas al indicado muelle Nuevo, sin que pudiesen impedirlo las tripulaciones de dichos buques.[97]

Alguien especialmente crítico con la empresa de los Voluntarios, el republicano y masón Conrad Roure, describiría la ceremonia de forma muy parecida. Según Roure, «el muelle y la muralla de Mar presentaban un aspecto animadísimo. El puerto se hallaba lleno de lanchas tripuladas por los deudos y amigos de los que partían, que iban a despedirlos hasta los costados del buque». Roure habla también de «gritos entusiastas» y concluye su relato diciendo que «mientras se vislumbró en el horizonte la silueta del buque, buena parte del público permaneció en el muelle, ondeando al aire sus pañuelos».[98] Otro observador de la ceremonia, el progresista Miguel Elías, narraba la ceremonia del embarque, en una epístola dirigida a Víctor Balaguer, en términos similares:

Explicarte lo que ha sucedido al arrancar el vapor –le decía– es imposible; miles de pañuelos al aire, los Voluntarios todos saludando con sus gorros encarnados y la música tocando el himno de Prim y todo el mundo dando vivas a España, a la Libertad, a los Voluntarios y qué sé yo que más. En fin, chico –concluía–, era un espectáculo hermosísimo.[99]

A partir de demostraciones tales, el recuerdo de los Voluntarios catalanes pudo perdurar durante años en la memoria colectiva de los barceloneses y, particularmente, de la burguesía de la ciudad. No debe extrañar, por lo tanto, que al conmemorarse en Barcelona, en octubre de 1892, el IV Centenario de la llegada de Colón a tierras americanas, la Diputación provincial acordase acuñar unas medallas conmemorativas para entregar «a los Voluntarios Catalanes de los tres batallones que en 1869 armó y equipó este cuerpo de provincia para combatir la guerra separatista de Cuba (...) con la mayor solemnidad posible».[100] Tampoco resulta extraño que once años después del embarque de los Tercios Catalanes, en febrero de 1880, uno de los disfraces utilizados por los niños que acudieron a la fiesta de carnaval organizada por el Círculo de la Unión Mercantil en las dependencias del Palau Marc (propiedad entonces de Tomás Ribalta, un riquísimo hacendado propietario de dos ingenios en la región cubana de Sagua la Grande) fuese el de «voluntarios de Cuba».[101]

Precisamente, la entidad que organizaba esa fiesta, el Circulo de la Unión Mercantil, tuvo un papel determinante en la movilización patriótica que se registró años después en las calles de Barcelona con motivo de la disputa con Alemania sobre la soberanía de las islas Carolinas. De hecho, cuando se ponía en cuestión la dimensión colonialista del Estado español (por pobre que esta fuera), en las Antillas, en el Pacífico o en el norte de África, multitud de ciudadanos de Barcelona eran capaces de movilizarse y de llenar las calles de la ciudad, en demostraciones marcadamente patrióticas. Así sucedió en agosto de 1885, a partir del conflicto por las Carolinas.

El origen de dicho conflicto es conocido. A principios de agosto de 1885 el embajador alemán en Madrid notificó verbalmente al ministro de Estado español la intención de su país de establecer un protectorado sobre dichas islas, un archipiélago de la lejana Micronesia cuya soberanía reclamaba España desde el siglo XVI, pero en el que no había presencia efectiva alguna de funcionarios, militares, religiosos o civiles españoles.[102] Los deseos alemanes soliviantaron el orgullo patriótico español y un sentimiento nacionalista recorrió rápidamente todo el país. Fue precisamente en la capital española donde se registró «la más solemne, la más grandiosa y la más imponente [manifestación] de cuantas en Madrid se han realizado de mucho tiempo a esta parte». Alrededor de «cien mil almas» ocuparon las calles de la capital española el domingo 23 de agosto de 1885 en una demostración pública de un patriotismo desbordado, impulsados por un innegable resorte colonialista, que borró las diferencias entre los políticos de diversas tendencias, entre los partidos dinásticos y entre políticos y militares. [103]

Un día después, en Barcelona, la Junta Directiva del Círculo de la Unión Mercantil reunió a sus socios para discutir lo que convenía hacer «como protesta de la ocupación de las islas Carolinas por los alemanes». A pesar de que la capital catalana sufría entonces, como el resto de la península, una mortal epidemia de cólera, la cita desbordó las previsiones de los convocantes, «viéndose completamente llenos los salones de dicha sociedad». Los asistentes decidieron, en primer término, «no tener tratos con comerciantes alemanes o con sus representantes en Barcelona» y acordaron también trasladar su acendrado patriotismo al Gobierno, por medio del gobernador civil, así como «suplicar a las demás corporaciones de Barcelona que dirijan las mismas súplicas y practiquen los mismos esfuerzos (...) para reivindicar la posesión y la propiedad de todas las islas Carolinas». Se trataba de «interponer la influencia del comercio de Barcelona a fin de que el honor de España no sea ultrajado». Los esfuerzos de los convocantes dieron pronto sus frutos y apenas un día más tarde «se reunieron (...) en el Círculo de la Unión Mercantil los representantes de diferentes asociaciones» de Barcelona que acordaron convocar una manifestación por las principales calles de la ciudad «a favor de la dignidad y de la integridad de la patria».[104]

En los términos que utilizaba la prensa liberal monárquica de Barcelona, era preciso repetir las gestas de Don Pelayo y de «los que desde las montañas de Covadonga luchamos porfiadamente y sin cansarnos [durante] siete siglos consecutivos» frente a los musulmanes. Y era preciso emular también a aquellos que se enfrentaron a los ejércitos franceses a principios del siglo XIX para colocarse, nuevamente en 1885, «a la altura del pueblo de héroes cuya fama justamente hemos conquistado». La cita concluyó «con un grito que un[ía] a todos los hijos de este noble pueblo, el de ¡Viva España! que fue contestado con entusiasmos, lo mismo que las patrióticas palabras de la Presidencia que dio terminada la reunión al grito de ¡Viva Cataluña!».[105]Como en 1869, cuando la empresa de los Voluntarios de Cuba, la iniciativa movilizadora que se vivió en agosto de 1885 en la capital catalana nació no de los políticos catalanes sino de la sociedad civil del país. O, mejor dicho, de la sociedad burguesa de su capital, Barcelona. Y también con ocasión del conflicto de las Carolinas el doble patriotismo, catalán y español, se volvió a expresar como la suma de dos ingredientes indisolubles en la defensa de la integridad nacional española, en dos territorios coloniales diferentes.

Para evitar que las diferencias políticas pudiesen enturbiar una iniciativa surgida de una entidad empresarial y que aspiraba a ser ampliamente unitaria, se acordó «que no se pronuncien discursos» más allá de la lectura de un único manifiesto, un texto que fue entregado, en primer término, al alcalde de la ciudad y, en segundo lugar, al gobernador civil de Barcelona. La capacidad de convocatoria del Círculo de la Unión Mercantil para mostrar el rechazo de la ciudad frente a las pretensiones alemanas fue igualmente amplia. De entrada, cabe señalar que se adhirieron a la manifestación organizaciones patronales como el Fomento del Trabajo Nacional, el Fomento de la Producción Española, el Centro Industrial de Cataluña o el Centro de la Marina Mercante, junto a algunas agrupaciones políticas monárquicas tales como el Centro Liberal Monárquico, la Izquierda Liberal Dinástica o el Centro Liberal Dinástico, así como

«las redacciones de varios periódicos» como La Vanguardia, La Publicidad y el conservador Diario de Barcelona, entre otros. También, como veremos, se sumaron a la cita las diferentes familias republicanas presentes en la capital catalana e, incluso, el Centre Català. Los promotores de la manifestación consiguieron, asimismo, que ese día apareciesen «adornados con colgaduras y con banderas nacionales varios balcones y principalmente los de las calles por donde debía pasar la manifestación», y que, por la tarde, muchas tiendas y almacenes de la ciudad se adhiriesen a la protesta cerrando sus puertas. Y consiguieron igualmente que muchos industriales de la ciudad y sus alrededores cerrasen ese día sus fábricas y talleres «para que [los obreros] puedan concurrir al acto».[106]

La demostración pública que vivió la capital catalana el 27 de agosto de 1885 fue tan masiva como la que recorrió las calles madrileñas cuatro días antes. Según apuntan diversas fuentes coetáneas, como El Imparcial o la publicación catalanista La Guatlla de Montevideo, la «inmensa manifestación patriótica en protesta contra la ocupación alemana de las islas Carolinas llenó [las] calles [de Barcelona] con unos 125.000 participantes». Aunque se trata de una cifra poco verosímil, por exagerada, su reiteración en fuentes diferentes revela, como ha señalado Enric Ucelay-Da Cal, «al menos su credibilidad contemporánea».[107]Es innegable que la iniciativa surgida del Círculo de la Unión Mercantil consiguió movilizar a simpatizantes de fuerzas políticas ciertamente dispares. Como afirmó el presidente de dicha entidad patronal, Pedro Pascual, «el defensor de la situación política actual va del brazo con el acérrimo adversario de la misma, y dinásticos y anti-dinásticos, monárquicos y republicanos, radicales y conservadores, unen sus voces para afirmar y sostener la dignidad del país».[108]Debió de ser ciertamente así. No en vano, mientras que un nutrido grupo de republicanos francófilos (admiradores especialmente de la Tercera República francesa) se hizo notar ondeando y colgando banderas tricolores, catalanistas como Valentí Almirall y sus seguidores del Centre Català estuvieron igualmente presentes en la demostración patriótica registrada el 27 de agosto.

Uno de los amigos y correligionarios de Almirall, Conrad Roure, nos ha dejado una detallada descripción del momento. Según este político, la manifestación del 27 de agosto en la capital catalana «fue imponente» y cifró en ciento veinte mil el número de participantes; aunque añadió a continuación que dicha cantidad «unida a la de los ciudadanos que desde los balcones y arroyos vitoreaban a aquéllos durante el recorrido sumaba un total de 250.000 barceloneses». Roure recordaría años después esa masiva demostración como una verdadera fiesta de afirmación nacionalista española:

... las calles y las plazas por las cuales pasaba la manifestación estaban atestadas de gente, lo propio que los balcones de las azoteas de las casas, y los estrepitosos aplausos y entusiastas vítores expresaban claramente la adhesión de los barceloneses todos a aquel solemne acto en protesta del despojo de que España estaba amenazada de ser víctima por parte de los alemanes.

Cabe señalar que un republicano como Roure se preocupó particularmente en resaltar en sus memorias la presencia tanto de los republicanos federales como de los catalanistas del Centre Català en ese masivo cortejo. No en vano, al paso de la demostración, un grupo de manifestantes «penetró en la Diputación y desde sus balcones exhibió el estandarte del Centre Català, que fue vitoreado».[109]

El propio Valentí Almirall, padre fundador del catalanismo político, formó parte de la reducida Comisión encargada de redactar el manifiesto unitario que convocó y dio sentido a dicha manifestación. Lo hizo junto al republicano federal José Maria Vallés y Ribot y junto a los también republicanos Santiago Soler Plá y Juan Sol Ortega, así como al lado del futuro alcalde de Barcelona, el liberal Manuel Henrich Girona. Un manifiesto que «reclama[ba] la defensa de la dignidad de la patria» y acababa afirmando «que aquí [en Barcelona] nadie admite siquiera discusión sobre el perfecto derecho que tiene el pueblo español a todo el territorio nacional», incluidas las lejanas e improductivas islas Carolinas.[110]Apenas unos meses antes de publicar su obra más influyente, Lo catalanisme, considerada por muchos la obra matriz del catalanismo político, Almirall no había dudado en liderar una manifestación patriótica de marcado carácter españolista y colonialista. Señal de que, en el verano de 1885, ese primer catalanismo político no se expresaba todavía como un movimiento o una ideología opuesta, ni siquiera alternativa, al patriotismo español; al contrario, tenía a gala participar del (y contribuir al) entusiasmo popular movido en Barcelona por resortes de un nacionalismo español agresivo y colonialista. Una realidad que iba entonces, de hecho, más allá de la propia figura de Valentí Almirall.

No en vano, como recogió Jordi Llorens, la prensa catalanista del momento publicó en esos días «artículos de un tono patriotero muy en la línea de los que caracterizaban la prensa oficialista». Bernat Torroja, por ejemplo, utilizó las páginas de La Veu del Camp, de Reus, para escribir: «oferim nostre apoyo al govern de la nació, puig que espanyols de cor, no hem de faltar los catalans en defensar la honra e integritat de la patria», mientras que Serra i Sulé, director del periódico catalanista radical L’Arch de Sant Martí, «publicó [en el mismo] un artículo significativamente titulado ¡¡¡Via fora... Desperta ferro!!!», en el que, después de apuntar amenazas en tono muy viril contra Alemania, acababa con un «¡Visca Espanya! ¡¡Visca la integritat de la pàtria!!».[111]Éstos, y no otros, fueron precisamente los gritos que más se corearon durante el cortejo patriótico que recorrió las principales calles de Barcelona a finales de agosto de 1885. Y ese mismo entusiasmo es el que explica que un periódico como La Vanguardia, órgano de expresión de los liberales monárquicos de la ciudad vinculados al fusionismo sagastino, iniciase la crónica que daba cuenta de la manifestación del 27 de agosto afirmando: «¡Aún hay patria! (...) Sí, aún tenemos patria; aún España puede ser una gran nación. Aún no hay país alguno que nos aventaje en patriotismo».[112]

La gran movilización del 27 de agosto de 1885 en la capital catalana no fue, sin embargo, la última muestra de hasta qué punto el telón de fondo de las empresas colonialistas españolas llegó a generar un amplio consenso en Cataluña y, particularmente, en Barcelona. Ocho años después de la crisis de las Carolinas, en el otoño de 1893, la guerra de Melilla volvió a representar un momento de práctica unanimidad política y periodística en torno a la defensa de la cuestionada «integridad nacional». Y es que una vez se tuvo noticia del ataque marroquí sobre la guarnición de Melilla, periódicos y asociaciones catalanas de todo tipo, así como numerosas instituciones del país, acordaron diferentes iniciativas a favor de los soldados y oficiales del Ejército español allí desplazados. Al hacerlo, pretendían «proporcionar un placer al hijo de la patria que se está jugando por ella la vida, a hacer menos dura la vida del militar, que por la honra y por el interés de la nación pelea en África». El propio Ayuntamiento de la capital catalana abrió una suscripción destinada fundamentalmente a la recaudación de unos fondos que sirvieron para comprar fusiles Máuser entregados al Ejército español que defendía la plaza norteafricana. Para ello instituyó una comisión en la que participaron destacados representantes de la sociedad civil de la ciudad (empezando por el obispo y el rector de la Universidad, acabando por el presidente de la Audiencia e incorporando a los representantes de las principales entidades patronales y políticas, así como a los delegados de las empresas más destacadas de Barcelona).[113] La Vanguardia, por otro lado, abrió una suscripción entre los particulares que aspiraba a recoger tanto el «donativo del hombre de fortuna» como «la ofrenda del humilde», para «llevar a nuestro bravo y sufrido ejército ese primer consuelo que la generosidad de Cataluña le ofrece». El llamamiento tuvo éxito; no en vano, apenas siete días después de que se abriese la suscripción, sus promotores habían recogido más de cincuenta y cinco mil pesetas.[114]

Las iniciativas y ofertas a favor del Ejército español se sucedieron entonces a lo largo y ancho de la geografía catalana. Y es que no sólo en Barcelona pudo apreciarse el «clima patriotero» que recorrió entonces España. En Olot, por ejemplo, el conjunto de fuerzas regionalistas defendieron abiertamente la aventura africana.[115] En Vilafranca del Penedès, por su parte, las páginas de la prensa política de la ciudad mostraron de forma unánime la adhesión de las diferentes tendencias políticas de la localidad a la creación de «un clima favorable a la intervención armada para escarmentar a los marroquíes». De hecho, como ha señalado Jesús Marchán, Vilafranca se volcó en el otoño de 1893 en la guerra de Melilla y en ofrecer apoyo a los soldados destinados entonces al norte de África, los cuales «debían restablecer y limpiar el ultraje a la bandera y el honor del ejército». Si puede afirmarse con razón que el conflicto de Melilla revela hasta qué punto «los catalanistas de Vilafranca eran también partidarios del colonialismo español», no es menos cierto que el diputado republicano federal por dicho distrito, Baldomero Lostau, criticó duramente entonces la actitud tibia y vacilante del Gobierno, incapaz de «vengar rápida y enérgicamente, cual el carácter de aquellos salvajes requería a la par que nuestro prestigio, el ultraje inferido a nuestro honor».[116]También en Sitges, la prensa de las fuerzas conservadoras y la prensa republicana «compitieron en patrioterismo» con motivo de la guerra de Melilla. Y es que, como bien ha señalado Eloy Martín Corrales, no sólo en Olot, en Vilafranca del Penedès o en Sitges, sino en el conjunto de Cataluña, «al igual que en el resto de España, una nueva campaña patriotera unió de nuevo a la casi totalidad de los monárquicos, tradicionalistas, catalanistas y republicanos».[117]

Un último episodio que revela en qué medida Barcelona participaba del aplauso a las formas más agresivas del colonialismo español nos lo ofrece el embarque de Valeriano Weyler rumbo a la Capitanía General de Cuba, en 1896. Weyler acudía a la gran Antilla en sustitución de Arsenio Martínez Campos, al que se acusaba de no haber reprimido con la suficiente dureza la insurrección cubana estallada en febrero de 1895. La elección del militar mallorquín expresó entonces, por lo tanto, la apuesta del Gobierno español por una solución de fuerza. Nombrado el 19 de enero de 1896, Valeriano Weyler quiso ir a Cataluña (donde había ejercido como capitán general durante los dos años anteriores) a despedirse; y acabó embarcando en el puerto de Barcelona, junto a cuatro escuadrones del Ejército español, el sábado 25 de enero. A primera hora del día Weyler acudió a una misa en la basílica de la Mercè y «era tanta la aglomeración de gente –dio cuenta La Vanguardia– que hubo necesidad de cerrar las puertas del templo», mientras que el Diario de Barcelona, por su parte, añadía que «al salir el general del templo ha[bía] sido vitoreado con entusiasmo». Rumbo al vapor Santo Domingo, que le debía llevar a Cuba, y «durante [el] corto trayecto» que separaba la basílica del puerto, «no cesaron los vivas y las ovaciones al general Weyler, entre los aplausos de la multitud». El militar «fue rodeado por compacta multitud compuesta en su mayor parte de obreros que lo levantaron en alto, llevándolo en hombros, aclamándole, desarrollándose una escena conmovedora y entusiasta». De hecho, la ceremonia del embarque congregó a numeroso público, que acudió a dar su adiós al inflexible general, responsable directo de la política de reconcentración en Cuba:

Una hora antes de la señalada para el embarco de los escuadrones –afirmaba el Diario de Barcelona–, un gentío considerable llenaba los andenes alto y bajo de la Riba, sin que a duras penas pudieran abrirse paso las parejas montadas de la Guardia Civil y municipal. La gente se estrujaba llenando también las escaleras de los muelles y las grúas de mano que sirven para la carga y descarga.[118]

En enero de 1896, como en marzo de 1869, numerosos vecinos de Barcelona acudieron al puerto de la ciudad a despedir a aquellos que tenían que aplastar militarmente las aspiraciones cubanas a construir su propio futuro, sin tutelas políticas de ningún tipo.

CONCLUSIONES

A pesar de la pretendida fragilidad de la idea de España promovida por los liberales españoles en el siglo XIX y a pesar también de la pretendida debilidad del nacionalismo español decimonónico, lo cierto es que las diferentes empresas imperialistas españolas registradas en la segunda mitad de la centuria (como la guerra de África, de 1859-1860; la guerra de los Diez Años, en Cuba; el conflicto por las Carolinas, e, incluso, la guerra de Melilla, en 1893) suscitaron una amplia movilización ciudadana.[119] Así sucedió, como hemos visto, en la capital catalana.

No en vano, a lo largo del siglo XIX Barcelona acreditó una intensa vinculación, especialmente en términos económicos, con las colonias españolas en ultramar. Cabe señalar que la capital catalana se convirtió, de hecho, en el punto de llegada de numerosos hombres de negocios enriquecidos previamente en Cuba y Puerto Rico. Una vez en Barcelona, la mayor parte de esos indianos se dedicó a promover iniciativas empresariales diferentes, de manera que sus capitales (unos capitales originariamente americanos, básicamente antillanos) contribuyeron de forma decidida a la actividad económica del país.[120]En el plano político, los más influyentes de esos indianos se constituyeron, en los años del Sexenio, como un verdadero grupo de presión, orientado a condicionar la política colonial española. Organizados en instancias diferentes (Círculo Hispano Ultramarino, Liga Nacional, Agrupación de Hacendados de Ultramar...), la primera iniciativa directamente acaudillada por ellos fue el envío de diferentes batallones de voluntarios a la guerra de Cuba, en 1869. Buena parte de esos indianos tuvieron asimismo un papel destacado en la apuesta por la Restauración borbónica, culminada en 1875, hasta el punto de que Cánovas del Castillo supo agradecerles ulteriormente el apoyo prestado.

Barcelona se convirtió, así, en el último cuarto del siglo XIX, en el centro del negocio colonial español. En la capital catalana residían entonces las empresas (y la mayor parte de sus accionistas) que más claramente fueron capaces de convertir en dividendos el colonialismo español en las Antillas y en el mar de la China; me refiero a la Compañía Trasatlántica, el Banco Hispano Colonial y la Compañía General de Tabacos de Filipinas.

Ahora bien, los vínculos entre Cataluña y el colonialismo español de finales del siglo XIX no se agotaban en esas empresas. Al contrario, como se ha analizado, las diferentes iniciativas imperialistas españolas registradas en la segunda mitad del siglo XIX eran capaces de generar tanto amplios consensos políticos como movilizaciones populares aún más amplias. Y es que, a pesar de las afirmaciones de Prat de la Riba (que abrían este texto), lo cierto es que ni Cataluña ni los catalanes resultaron ajenos al colonialismo español decimonónico. Es más, las manifestaciones populares analizadas en este trabajo (registradas en momentos diferentes, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX) demuestran hasta qué punto el pueblo catalán participó de la euforia nacionalista española desatada con motivo de cualquier disputa que viniese a cuestionar su papel de metrópoli imperial. De hecho, de la misma manera que se ha analizado el papel que la política colonial española pudo llevar a cabo en el despertar de los nacionalismos en ultramar, así como –en sentido inverso– el papel que la isla de Cuba pudo tener en el despertar de los nacionalismos en la España peninsular, en el escenario posterior a 1898,[121]puede afirmarse que, en la segunda mitad del siglo XIX, la defensa del imperio español (y de la consecuente política imperialista española) resultó central en la construcción del imaginario colectivo del nacionalismo español. Un período en el que la frontera entre historia imperial (española) e historia nacional (española) no estaba clara, hasta el punto de que resulta difícil distinguir entre defensa del imperio y defensa de la nación. Comparto, por lo tanto, la idea apuntada por Christopher Schmidt-Nowara[122] de que el régimen colonial español (en las Antillas, en Filipinas, en el Pacífico o en el norte de África) desempeñó entonces un papel esencial en la construcción de la identidad y de los símbolos nacionales españoles, es decir, en la construcción de la «idea de España» propiamente dicha.

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación HUM2006-07328: «Dinámicas imperiales: descolonización y transiciones imperiales. El imperio español (1650-1975)».

[1] «Ahora (...) verá el pueblo catalán (...) que nuestras ideas eran la solución única para desarrollar sus maravillosas energías, ahora verá si resulta peligroso para su prosperidad el actual desequilibrio existente entre nuestra gran fuerza económica y la nulidad política de España»; Enric Prat de la Riba, Obra completa, Edición a cargo de Albert Balcells i Josep M. Ainaud de Lasarte, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans-Proa, 1998, vol. I, pp. 568-571. La traducción de los textos de Prat al castellano es mía.

[2] Véanse, por ejemplo, sus artículos «La dominació castellana» (28 de enero de 1896), «Les indústries polítiques» (4 de noviembre de 1896) y «Cuba i Catalunya» (3 de diciembre de 1897), recogidos en Enric Prat de la Riba, Obra completa..., vol. I, pp. 314-316, 329-331 y 457-458.

[3] Enric Prat de la Riba, Obra completa..., vol. I, pp. 627 y 628.

[4] Artículos «La solució Silvela-Polavieja» (19 de enero de 1899), «La salvació d’Espanya» (2 y 12 de febrero de 1899), «Lo canvi polític» (5 de marzo de 1899) y «Política espanyola» (23 de junio de 1899), recogidos en Enric Prat de la Riba, Obra completa..., vol. II, pp. 260-262, 262-266, 266-267 y 288-289.

[5] Esa afirmación literal se encuentra en «Política suïcida» (24 de marzo de 1899), Enric Prat de la Riba, Obra completa..., vol. II, p. 362. Un análisis, brillante e impecable, del pensamiento de Prat de la Riba y, singularmente, de su apuesta por el intervencionismo catalán en los asuntos de España y de su imperialismo catalanista, en Enric Ucelay, El imperialismo catalán, Barcelona, Edhasa, 2003, especialmente pp. 174-267.

[6] «Cuba i Catalunya» (3 de diciembre de 1897) y «Lo canvi polític» (5 de marzo de 1899) recogidos en Enric Prat de la Riba, Obra completa..., vol. I, pp. 457-458; y vol. II, pp. 266 y 267.

[7] Tomo la idea de Eloy Martín Corrales, «El nacionalismo catalán y la expansión colonial española en Marruecos: de la guerra de África a la entrada en vigor del Protectorado (1860-1912)», en Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español (1859-1912), Barcelona, Bellaterra, 2002, pp. 167-215. Para el imperialismo de Prat, véanse Enric Ucelay, El imperialismo... y Óscar Costa Rubial, L’imaginari imperial: el noucentisme català i la política internacional, Barcelona, Institut Cambó, 2002.

[8] Agustí Colomines, «Catalunya-Espanya: descentralització, regeneracionisme i catalanisme», en La resposta catalana a la crisi i la pèrdua colonial de 1898, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ed. 92, 1998, pp. 15-27.

[9] Prólogo de Josep M. Solé i Sabaté en Oriol Junqueras, Els catalans i Cuba, Barcelona, Proa, 1998, pp. 11-14. La traducción es mía.

[10] Ibíd.

[11] Marició Janué i Miret, Polítics en temps de revolució, Vic, Eumo, 1992.

[12] Arxiu de la Diputació de Barcelona (ADB), legajo 3.543, exp. 3.

[13] Diario de Barcelona, 18 de febrero de 1869, pp. 1.539 y 1.540.

[14] Para una reciente aproximación coral a su pensamiento, cfr. L’Estat-nació i el conflicte regional: Joan Mañé i Flaquer, un cas paradigmàtic 1823-1901, Barcelona, Abadia de Montserrat, 2004.

[15] Diario de Barcelona, 18 de febrero de 1869, pp. 1.539 y 1.540. Sobre la hegemonía de ese pensamiento, expresado de forma meridiana por Mañé i Flaquer, y sobre la capacidad de sus valedores para convertir en inviable cualquier propuesta que buscase otras alternativas, Albert Garcia Balañà, «Tradició liberal i política colonial a Catalunya. Mig segle de temptatives i limitacions, 1822-1872», en Josep M.ª Fradera et al., Catalunya i Ultramar. Poder i negoci a les colònies espanyoles, 1750-1914, Barcelona, Museo Marítim, 1995.

[16] Diario de Barcelona, 19 de febrero de 1869, p. 1.585.

[17] Diario de Barcelona, 21 de febrero de 1869, p. 1.561; 14 de marzo de 1869, p. 2.461. En Sant Feliu de Guíxols recaudaron, por ejemplo, 6.035 pesetas, mientras que en Lloret de Mar aportaron otras 5.285; cf. Diario de Barcelona, 10 de marzo de 1869 y 24 de marzo de 1869, p. 2.856. Las cifras publicadas por la prensa (equivalentes en suma a 211.560 pesetas) superan ligeramente las que ofrece Moreno Masó (190.750 ptas.), cfr. José J. Moreno Masó,La petjada dels catalans a Cuba, Barcelona, Comissió Amèrica i Catalunya-1992, 1993, p. 60. Tales cantidades cobran mayor significado si tenemos en cuenta que corrían entonces suscripciones paralelas para cubrir el vacío que la reciente supresión del impopular impuesto de consumos había producido en los ingresos de las haciendas locales.

[18] Diario de Barcelona, 22 de febrero de 1869, p. 1.690; 23 de febrero de 1869, p. 1.706; 25 de febrero de 1869, p. 1.771; 3 de marzo de 1869, p. 2.017; 4 de marzo de 1869, pp. 2.050 y 2.073.

[19] José J. Moreno Masó, La petjada..., pp. 66 y 67. También el cónsul estadounidense de Barcelona hablaba de voluntarios de entre 15 y 40 años, cf. USNA, Consulate (Barcelona), Despatches from U.S. Consuls in Barcelona, Spain.

[20] José A. Piqueras Arenas, Cuestión social, colonialismo y grupos de presión, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, pp. 303 y 304, ha señalado, por otro lado, que las remuneraciones ofrecidas eran equivalentes a las que «alcanza[ba]n sólo los trabajadores muy especializados», en un contexto de alto desempleo, lo que explicaría el «aliciente mercenario» y el éxito de la operación. No obstante, buena parte de los alistados no eran desempleados, sino que, como señalaba Timoteo Capella, uno de los impulsores de la operación, en una carta dirigida a Víctor Balaguer, «cuasi todos han dejado las colocaciones que ocupaban, contando muchos de ellos que en acabando allí [en Cuba] la campaña encontrarán todos buenas colocaciones», recogido por Albert Garcia Balañà, «Tradició liberal...», p. 95

[21] Diario de Barcelona, 19 de febrero de 1869, p. 1.585; 3 de marzo de 1869, p. 2.041. Sobre la importancia del Ejército como instrumento para emigrar a Cuba, Manuel Moreno Fraginals y José J. Moreno Masó, Guerra, migración y muerte. (El ejército español en Cuba como vía migratoria), Oviedo, Ed. Júcar, 1993. Este último autor ha cifrado el número de «obreros y menestrales» en un 67% de los alistados, mientras que los «payeses» representaron el 12% y sólo había un 0,2% de fabricantes o propietarios; cfr. José J. Moreno Masó, La petjada..., p. 69.

[22] ADB, legajo 560, exp. 2.

[23] Diario de Barcelona, 3 de marzo de 1869, p. 2.017; 4 de marzo de 1869, p. 2.050; 5 de marzo de 1869, p. 2.090; 6 de marzo de 1869, pp. 2.122 y 2.123; 14 de marzo de 1869, p. 2.450; 17 de marzo de 1869, p. 2.562.

[24] Diario de Barcelona, 6 de marzo de 1869, pp. 2.122 y 2.123; 8 de marzo de 1869, p. 2.211; 24 de marzo de 1869, p. 2.843; 27 de marzo de 1869, p. 2.938. Borja de Riquer, «La Diputació revolucionària: 1868-1874», en Borja de Riquer (dir.), Història de la Diputació de Barcelona, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1987, vol. I, p. 206, señaló en su día que «la oficialidad [de los Batallones de Voluntarios] estuvo formada por militares profesionales nacidos en Cataluña». Sin embargo, este extremo no aparece recogido explícitamente entre las instrucciones militares que conformaron el llamamiento.

[25] Sobre la barretina como elemento esencial en la imagen tópica de los catalanes, Pere Anguera, «La barretina, la imatge tòpica del [pagès] català», en Josep M. Delgado et al. (eds.), Antoni Saumell i Soler. Miscel.lània in Memoriam, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2007, pp. 437-450.

[26] Diario de Barcelona, 3 de marzo de 1869, p. 2.017.

[27] En los primeros días, cuando no se conocía aún cuál iba a ser el uniforme de los Voluntarios, se sabía que «de él formará parte el característico gorro catalán», mientras que al dar cuenta de un acto público de los mismos en la céntrica plaza de la Constitución, la prensa conservadora resaltaba particularmente la vistosidad de «las filas dobles de gorros encarnados». Al describir, por otro lado, el embarque propiamente dicho del Primer Batallón de Voluntarios, en el vapor España, la misma prensa consignaba que la «animación [del acto] resaltaba mucho más por el movimiento de los gorros encarnados de los expedicionarios». Y al describir el embarque del Segundo Batallón, el 23 de noviembre de 1869, insistía en que «el buque [el vapor Santander], visto desde la Rambla de Santa Mónica, ofrecía un pintoresco punto de vista por los centenares de gorros encarnados que había a bordo», Diario de Barcelona, 4 de marzo de 1869, p. 2.050; 25 de marzo de 1869, p. 2.890; 28 de marzo de 1869, pp. 2.995 y 2.996; 24 de noviembre de 1869, p. 11.726 y 11.727. Cincuenta y seis años después, Conrad Roure todavía recordaba cómo, al zarpar el vapor España, «a los gritos entusiastas de los que quedaban, los voluntarios ondeaban al aire las encarnadas barretinas», cfr. Conrado Roure, Recuerdos de mi larga vida, Barcelona, El Diluvio, 1925, p. 220.

[28] Diario de Barcelona, 19 de febrero de 1869, p. 1.579 y 1.585. Los énfasis en la cita son míos.

[29] Diario de Barcelona, 25 de marzo de 1869, p. 2.890. Mientras se alistaban más jóvenes para el Segundo y el Tercer Batallón de Voluntarios catalanes, en el otoño siguiente, la prensa conservadora de la ciudad seguía insistiendo en que «la Patria tendrá en estos entusiastas voluntarios, tercios tan aguerridos como aquellos que inmortalizaron el nombre catalán en Oriente», Diario de Barcelona, 14 de noviembre de 1869, p. 11.375.

[30] ADB, legajo 3.543, exp. 3. El énfasis en la cita es mío.

[31] Diario de Barcelona, 19 de febrero de 1869, p. 1.585; 28 de marzo de 1869, p. 2.890. A la prensa conservadora le interesaba hacer ver que entre los primeros alistados destacaban quienes habían participado en el cuerpo de voluntarios catalanes de la guerra de África o en alguna milicia de corte democrático: «hay muchos voluntarios de la libertad, un gran número de licenciados del ejército, [y] varios individuos del cuerpo de voluntarios catalanes que pasó a África», Diario de Barcelona, 23 de febrero de 1869, p. 1.706. Consta, en otros casos, la presencia de algún alistado para Cuba cuyo padre «había muerto siendo voluntario en la campaña de África», Diario de Barcelona, 24 de noviembre de 1869, pp. 1.726 y 1.727. Sobre la importancia de la poesía medievalizante en la Renaixença y particularmente sobre el uso y el abuso de la historia medieval catalana con motivo de la guerra de África de 1859-1869, Josep M.ª Fradera, Cultura nacional en una societat dividida, Barcelona, Curial, 1992.

[32] Albert Garcia Balañà, «Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-60)», en Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español..., pp. 13-77.

[33] Diario de Barcelona, 10 de marzo de 1869, p. 2.276; 17 de marzo de 1869, pp. 2.562 y 2.586; 18 de marzo 1869, pp. 2.602 y 2.655. Al altre mon, comedia bilingüe, original, en dos actos y en verso por D. José Maria Arnau. Representada con estraordinario éxito en el teatro de Variedades, en la noche del 28 de junio de 1865, Barcelona, I. López editor, 1866.

[34] Diario de Barcelona, 2 de marzo de 1869, p. 1.962; 6 de marzo de 1869, p. 2.123.

[35] Diario de Barcelona, 22 de marzo 1869, pp. 2.777-2.780; 23 de marzo de 1869, p. 2.794.

[36] Diario de Barcelona, 6 de marzo 1869, pp. 2.122 y 2.123. Se conservan las actas de las dos comisiones creadas por la Diputación para asegurar el éxito de la empresa de los voluntarios, ADB, legajo 3.543, exp. 5.

[37] Marició Janué i Miret, Polítics en temps..., p. 131.

[38] Diario de Barcelona, 25 de marzo de 1869, p. 2.890.

[39] Diario de Barcelona, 3 de marzo 1869, p. 2.041; 6 de marzo 1869, p. 2.164.

[40] Tal como dijo el presidente de la Comisión de la Diputación provincial encargada de la organización del Batallón, «la Diputación provincial había estimado hacerles presente de una bandera, que ostentando los vistosos colores nacionales lleva los escudos de esta ciudad heroica y de las cuatro provincias catalanas», Diario de Barcelona, 25 de marzo de 1869, p. 2.890.

[41] Sobre la creación de esa bandera como símbolo del Estado liberal español, Carlos Serrano, El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos, nación, Madrid, Taurus, 1999.

[42] Josep M.ª Fradera, Cultura nacional...

[43] Diario de Barcelona, 28 de marzo de 1869, pp. 2.995 y 2.996; 25 de marzo de 1869, p. 2.890.

[44] Conrado Roure, Recuerdos..., p. 220.

[45] Manuel García-Martín, Comillas modernista, Barcelona, Gas Natural, 1993, pp. 175 y 201.

[46] Óscar Álvarez Gila y José M.ª Tápiz Fernández, «Propaganda y actitudes ante la independencia cubana: los Tercios Vascongados (1869)», en C.I.A.L. (comp.), De súbditos del rey a ciudadanos de la nación, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2000, pp. 325-338.

[47] Diario de Barcelona, 19 de noviembre de 1869, p. 11.578; 20 de noviembre de 1869, p. 11.583; 14 de noviembre de 1869, p. 11.375; 18 de noviembre de 1869, p. 11.502; 23 de noviembre de 1869, p. 11.167; 24 de noviembre de 1869, pp. 11.726 y 11.727; 24 de noviembre de 1869, p. 11.749; 25 de noviembre de 1869, p. 11.767; 26 de noviembre de 1869, p. 11.829; 28 de noviembre de 1869, p. 11.825; 29 de noviembre de 1869, p. 11.925. Los expedientes personales de quienes integraron las 7.ª y 8.ª compañías del Segundo Batallón de Voluntarios catalanes se conservan en ADB, legajo 1.853.

[48] Óscar Álvarez Gila y José M.ª Tapiz Fernández, «Propaganda»..., p. 337.

[49] Diario de Barcelona, 19 de noviembre de 1869, p. 11.578.

[50] Esa cifra fue aportada en 1894 por uno de los voluntarios que sobrevivió a la guerra, Pelegrín Ros, presidente entonces de La Unión, Sociedad de Socorros Mutuos Voluntarios Catalanes Expedicionarios a Cuba, cfr. ADB, legajo 560, exp. 2. También la recoge y da por buena José J. Moreno Masó, La petjada..., p. 70. El cónsul estadounidense de Barcelona, por el contrario, habla de 3.278 voluntarios alistados en Barcelona (incluyendo los aproximadamente 200 Tiradores de Madrid), cfr. USNA, Consulate (Barcelona), Despatches from U.S. Consuls in Barcelona, Spain, 10 de diciembre de 1869.

[51] Borja de Riquer, «La Diputació revolucionària»..., p. 208.

[52] La cifra de 34.500 soldados, oficiales y voluntarios embarcados para Cuba la ofrece el cónsul norteamericano de Barcelona en un despacho de 10 de diciembre de 1869, cfr. USNA, Consulate (Barcelona), Despatches from U.S. Consuls in Barcelona, Spain, 10 de diciembre de 1869.

[53] Diario de Barcelona, 18 de febrero de 1869, pp. 1.539-1.540.

[54] ADB, legajo 3.543, exp. 3.

[55] Diario de Barcelona, 18 de febrero de 1869, pp. 1.539-1.540; 19 de febrero de 1869, p. 1.585; 24 de febrero de 1869, pp. 1.741-1.743; 25 de marzo de 1869, p. 2.890.

[56] Juan Güell y Ferrer, Rebelión cubana, Barcelona, 1871.

[57] ADB, legajo 3.543, exp. 2.

[58] Diario de Barcelona, 24 de noviembre de 1869, p. 11.727; 25 de noviembre de 1869, p. 11.797. El «croquis del ingenio llamado Monte Oscuro» que afirmaba haber visto el redactor del periódico, junto con la relación nominal de las bajas, obra del capitán del Batallón Leandro Ruiz de Arévalo, se conserva en ADB, legajo 3.543, exp. 2. Allí se encuentra también la relación de los 73 muertos registrados en las filas de ese primer Batallón de los Cazadores Catalanes, antes de su bautismo de fuego; la mayoría de las bajas se debieron al efecto de las fiebres, el cólera o la disentería.

[59] Marició Janué i Miret, Polítics en temps... Para las citas, cfr. pp. 129 y 132. El énfasis en la cita es mío.

[60] Óscar Álvarez Gila y José M.ª Tápiz Fernández, «Propaganda y actitudes...», para las citas cf. pp. 331-332. El énfasis en la cita es mío.

[61] ADB, legajo 3.543, exp. 3. Entre los indianos presentes, y sus empresas, cabe señalar a José Canela Reventós (Canela y Cía), Antonio López (A. López y Cía), José Amell Bou, Vidal Quadras Hermanos, Jaime Taulina (Hijos de Taulina), José Antonio Salom, José Clot Baradat (Clot Hermanos), Santiago García Pinillos, José Munné, Pedro Sallés, Cayetano Casamitjana, José P. Taltavull, Manuel y Miguel Roig Estalella (Hijos de Roig y Rom) y José Oswaldo Amell Robert, todos enriquecidos previamente en Cuba.

[62] Ibíd.

[63] Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (AHPB), Luis Gonzaga Pallós, Manual de 1852, 7 de abril de 1852; Magín Soler Gelada, Manuales de 1860, 3.ª parte, 24 de octubre de 1860. Un hermano de Pedro Collaso, Juan Collaso Gil, se dedicaba entre otros menesteres a administrar las fincas urbanas que muchos catalanes mantenían en Cuba, cfr. AHPB, José Manuel Planas Compte, Manual de 1839 y 1840, 8 de febrero de 1839, fols. 16-17.

[64] AHPB, Fernando Ferran, Manuales de 1865, 3.ª parte, 28 de junio de 1865, fols. 1645-169. Vinculado desde su época de estudiante de derecho al Partido progresista, Ferratges proponía una política conciliadora con los criollos cubanos, mal recibida por los círculos catalanes más intransigentes, véase Albert Garcia Balañà, «Tradició liberal...».

[65] La composición de la primera Diputación «revolucionaria», en Borja de Riquer, «La Diputació revolucionària...», p. 199. Este autor recoge, en lo que deben de ser sendos errores tipográficos o de trascripción, el apellido «Juares» en lugar de Jaurés, y habla de «José Samá» en vez de Antonio Samá. La caracterización de Antonio Samá Urgellés como indiano enriquecido en Cuba en Ángel Bahamonde y José Cayuela, Hacer las Américas. Las élites coloniales españolas en el siglo xix, Madrid, Alianza, 1992; sobre la familia Samá, Albert Virilla i Roda, L’aventura ultramarina de la gent de Vilanova i la nissaga dels Samà, Vilafranca del Penedès, Museo de Vilafranca, 1990, y Martín Rodrigo y Alharilla, «Con un pie en Catalunya y otro en Cuba. La familia Samà, de Vilanova», Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, XVI, 1998, pp. 359-397; unas notas biográficas de Francisco Jaurés en Martín Rodrigo y Alharilla, Indians a Catalunya. Capitals cubans en l’economia catalana, Barcelona, Fundació Noguera, 2007, pp. 68-69.

[66] Sociedad de Crédito Mercantil: Memoria leída en la Junta General de accionistas de marzo de 1871.

[67] Dirección Política de las FAR (1971), p. 206. El 5 de octubre de 1869 el ejército rebelde señaló la urgencia de destruir, precisamente, un total de veintidós ingenios de la zona de Las Villas. En la lista figuraba el ingenio Santa Marta, propiedad del catalán Pablo Luis Ribalta, cfr. El Sagua, 89, 7 de noviembre de 1869, p. 2.

[68] AHPB, Fernando Ferran, Manuales de 1872, 1.ª parte, 1 de marzo de 1872, fols. 242-248.

[69] Fundación Luis Goytisolo, Fondo Agustín Goytisolo Lezarzaburu, caja 97, exp. 27, carta de Agustín Goytisolo (Cienfuegos) a su mujer, Estanislaa Digat (Barcelona), de 21 de enero de 1876.

[70] Un excelente análisis sobre el proceso que condujo a la creación del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona, en Jordi Maluquer de Motes, «La burgesia catalana i l’esclavitud colonial: modes de producció i pràctica política», Recerques, 3, 1973, pp. 83-133.

[71] Sobre esta iniciativa da cuenta Miquel Izard, Manufactureros, industriales, revolucionarios, Barcelona, Crítica, 1979, p. 174.

[72] Archivo Histórico Nacional, Ultramar, legajo 3.554.

[73] Borja de Riquer, «El conservadorisme polític català: del fracàs del moderantisme al desencís de la Restauració», Recerques, 11, 1981, pp. 29-80.

[74] Joan Garriga, Memòries d’un liberal catalanista, Barcelona, Ed. 62, 1987, p. 53.

[75] No es posible aceptar, por limitadas, algunas interpretaciones que reducen la Restauración a un proceso esencialmente valenciano, cfr. José A. Piqueras Arenas, Cuestión social, colonialismo..., quien afirma que «la Restauración, objetivo en el que está interesada la burguesía española, es el resultado de la acción específica de una fracción de aquella, la valenciana», p. 21.

[76] Manuel Espadas Burgos, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, CSIC, 1975.

[77] A partir de 1875, el presidente de la Diputación no fue otro que Melchor Ferrer Bruguera, vocal del Círculo Hispano Ultramarino, mientras que el presidente del Círculo, José Antonio Salom, fue su nuevo vicepresidente. Entre los diputados se encontraban los indianos Antonio López y José Canela así como el industrial José Ferrer Vidal (estos dos últimos integrarían, poco después, el Comité Conservador-Liberal de Barcelona) y el naviero Juan Jover Serra, todos ellos dirigentes del Círculo Hispano Ultramarino de la capital catalana. También el indiano Francisco Jaurés, que había regresado el año anterior de Cuba, se incorporó en enero de 1875 como diputado provincial, mientras que Antonio Samá Urgellés volvió a repetir entonces en su cargo. Además, en mayo de 1877 se incorporó como secretario de la corporación Eusebio Güell, hijo del difunto Juan Güell, primer presidente del Círculo Hispano Ultramarino de Barcelona. Todos ellos, por supuesto, se situaron en el seno de la mayoría conservadora.

[78] Martín Rodrigo y Alharilla, Los marqueses de Comillas, 1817-1925. Antonio y Claudio López, Madrid, LID Editorial Empresaria, 2000, p. 80.

[79] Inés Roldán de Montaud, La Hacienda en Cuba durante la Guerra de los Diez Años (1868-1880), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1990.

[80] Martín Rodrigo y Alharilla, «El Banco Hispano-Colonial y Cuba (1876-1898)», Iberoamericana Pragensia. Anuario del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga, XXXII, 1998, pp. 111-128.

[81] Ibíd.

[82] Martín Rodrigo y Alharilla, Los marqueses de Comillas..., pp. 96-118.

[83] Almanaque del Diario de Barcelona para el año 1892, p. 82.

[84] Diario de Barcelona, 24 de febrero de 1895, p. 2.497.

[85] Vicente Galarza, En propia defensa. Contestación al general Polavieja por el conde de Galarza, Barcelona, 1898.

[86] Archivo Nacional de Cuba, Asuntos Políticos, legajo 276, exp. 4.

[87] Miquel Izard, Manufactureros..., pp. 151-162.

[88] Martín Rodrigo y Alharilla, «Intereses empresariales españoles en Filipinas. La reconquista económica del archipiélago durante la Restauración», en M.ª Dolores Elizalde (ed.), Las relaciones entre España y Filipinas. Siglos xvi-xx, Madrid y Barcelona, CSICCasa Asia, 2002, pp. 207-220.

[89] Martín Rodrigo y Alharilla, «La línea de vapores-correo España-Filipinas, 18791905», Cuadernos de historia del Instituto Cervantes (Manila), 2-3, 1998, pp. 133-150.

[90] Diario de Sesiones de Cortes-Congreso (DSC), legislatura de 1879-1880, sesión de 24 de julio de 1879, pp. 847-849.

[91] DSC, legislatura de 1879-1880, sesión de 31 de marzo de 1880, pp. 2.456-2.457, 2.461-2.462 y 2.494.

[92] Diario de Barcelona, 2 de abril de 1880, pp. 3.937-3.938.

[93] Emili Giralt, La Compañía General de Tabacos de Filipinas, 1881-1891, Barcelona, Compañía General de Tabacos de Filipinas, 1981.

[94] Arxiu Nacional de Catalunya, Fondo Compañía General de Tabacos de Filipinas, 1.01, caja 1, carta de Antonio López a Antonio Casal (Barcelona, 5 de enero de 1882): «he sabido los notables trabajos que ha realizado V. en pro de la nueva sociedad de que soy Presidente». La Compañía pudo hacerse con esas 10.000 hectáreas merced al Reglamento para la composición de terrenos realengos detentados por particulares en las islas Filipinas, aprobado mediante Real Orden en junio de 1880.

[95] Martín Rodrigo y Alharilla, «Del desestanco del tabaco a la puesta en marcha de la Compañía General de Tabacos de Filipinas», Boletín Americanista, 57, 2008, en prensa.

[96] Josep M. Delgado, «Bajo dos banderas (1881-1910). Sobre cómo sobrevivió la Compañía General de Tabacos de Filipinas al desastre de 1898», en Consuelo Naranjo, Miguel Ángel Puig-Samper y Luis Miguel García Mora (eds.), La nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas antes del 98, Aranjuez, Doce Calles, 1996, pp. 293-304.

[97] Diario de Barcelona, 28 de marzo de 1869, pp. 2.995-2.996.

[98] Conrado Roure, Recuerdos..., p. 220.

[99] Recogido por Albert Garcia Balañà, «Tradició liberal...», pp. 95-96.

[100] ADB, legajo 3.796, exp. 6.

[101] Diario de Barcelona, 6 de febrero de 1880, p. 1547.

[102] M.ª Dolores Elizalde Pérez-Grueso, España en el Pacífico. La colonia de las islas Carolinas, 1885-1899, Madrid, CSIC, 1992.

[103] La Correspondencia de España, 24 de agosto de 1885.

[104] Diario de Barcelona, 25 de agosto de 1885, pp. 9.978-9.979 y 10.018; 26 de agosto de 1885, pp. 10.057-10.058; 27 de agosto de 1885, p. 10.065; La Vanguardia, 23 de agosto de 1885, p. 5.438.

[105] La Vanguardia, 24 de agosto de 1885, pp. 5.461-5.462; 25 de agosto de 1885, pp. 5.477-5.478.

[106] Diario de Barcelona, 28 de agosto de 1885, pp. 10.114-10.116 y 10.146-10.147. La Vanguardia, 26 de agosto de 1885, p. 5.502.

[107] Enric Ucelay-Da Cal, El imperialismo..., pp. 74 y 896. También La Vanguardia consignó, justo el día siguiente de la demostración, que «más de 120.000 personas concurrieron a la manifestación», cfr. 28 de agosto de 1885, p. 5.549.

[108] Diario de Barcelona, 28 de agosto de 1885, pp. 10.114-10.116.

[109] Josep Pich i Mitjana (ed.), Memòries de Conrad Roure. Recuerdos de mi larga vida. Tom VIII, Vic, Eumo, 1998, pp. 200-201: «Estandartes los había en número de unos cuarenta, entre los que figuraban, en representación del partido republicano federal, el del Comité republicano federal de Barcelona, el del Centro democrático federal de Barcelona y el del periódico El Federalista. Entre los edificios adornados de nuestra ciudad debemos hacer mención del Centro republicano federalista».

[110] Diario de Barcelona, 28 de agosto de 1885, pp. 10.114-10.116 y 10.146-10.147. La composición de la comisión en Josep Pich i Mitjana (ed.), Memòries de Conrad Roure..., p. 198.

[111] Jordi Llorens i Vila, La Unió Catalanista i els orígens del catalanisme polític, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1992, pp. 353-354. Sobre la «vocación colonialista del primer catalanismo», cfr. Eloy Martín Corrales, «El nacionalismo catalán...», pp. 176-180.

[112] La Vanguardia, 28 de agosto de 1885, p. 5.548.

[113] La Vanguardia, 4 de noviembre de 1893, pp. 1-2.

[114] La Vanguardia, 4 de noviembre de 1893, pp. 1-2; 9 de noviembre de 1893, p. 1

[115] Jordi Canal i Morell, «El regionalisme olotí i la guerra de Melilla», L’Olotí. (Setmanari d’informació i opinió de la Garrotxa), 1986, p. 358.

[116] Jesús Marchán Gustems, «La repercussió de la guerra de Melilla de 1893 a Vilafranca del Penedès», en Josep M. Delgado et al. (eds.), Antoni Saumell i Soler..., pp. 479-495. Las semejanzas de las críticas de Lostau con las que expresara el conservador Mañé i Flaquer en enero de 1869 con motivo de la guerra de los Diez Años en Cuba, analizadas anteriormente, son destacables.

[117] Eloy Martín Corrales, «El nacionalismo catalán...».

[118] Diario de Barcelona, 25 de enero de 1896 (tarde), pp. 1.025-1.026. El jueves de esa semana, la «recepción en Corte» que Weyler ofreció en el Palacio de Capitanía, a modo de despedida, «estaba concurridísima, presentando el salón del trono brillante aspecto», cfr. Diario de Barcelona, 24 de enero de 1896, pp. 946-947. Por su parte, La Vanguardia, 25 de enero de 1896, p. 2, recogía: «Estos días reina en la Capitanía desusada animación, siendo extraordinario el número de personas y de entidades que van a despedir al general Weyler (...) deseándole mucha suerte en la misión que lleva a Cuba y que regrese a España cuanto antes, dejando pacificada la isla». Sobre el embarque, La Vanguardia, 26 de enero de 1896, pp. 1-2.

[119] Sobre la frágil idea de España, José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo xix, Madrid, Taurus, 2001. La literatura sobre la debilidad del nacionalismo español es muy amplia. A título de ejemplo, veánse Borja de Riquer, Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya, Vic, Eumo, 2000, y Josep Fontana Lázaro, Historia de España, vol. 6: La época del liberalismo, Madrid y Barcelona, Marcial Pons, Crítica, 2006. Para una visión alternativa, Ferran Archilés y Manuel Martí, «Una nació fracasada? La construcció de la identitat nacional espanyola al segle XIX», Recerques, 51, 2005, pp. 141-163.

[120] Àngels Solà i Parera, «Os “americanos” catalans e o seu impacto económico en Cataluña ó longo do século XIX», Estudios Migratorios, 11-12, 2001, pp. 141-168; Martín Rodrigo y Alharilla, Indians a Catalunya....

[121] Elena Hernández Sandoica, «La política colonial española y el despertar de los nacionalismos en Ultramar», en Juan P. Fusi y Antonio Niño (eds.), Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, pp. 133-149; Enric Ucelay-Da Cal, «Cuba y el despertar de los nacionalismos en la España peninsular», Studia Historica/Historia Contemporánea, 15, 1997, pp. 151-192.

[122] Christopher Schmidt-Nowara, «Repensando “redescubrir América”: Cuba y la conquista en las historias nacionales españolas», en Martín Rodrigo y Alharilla (ed.), Cuba: de colonia a República, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pp. 321-331.

GOBIERNO Y GOBERNANTES DE VIZCAYA (1840-1868): UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN SOCIAL

Enriqueta Sesmero Cutanda

UNED-Bizkaia

EL ÁMBITO DE ESTUDIO: EL «RÉGIMEN FORAL»

La comprensión de la evolución política en Vizcaya durante el período isabelino está condicionada por los fenómenos que lo encuadran: las violentas formas que adquirió la crisis del Antiguo Régimen, desde el bandolerismo social de la Guerra de Independencia hasta lo mucho que de contestación socioeconómica tuvo la Primera Guerra Carlista, y la eclosión de la minería capitalista y la industrialización tras la conclusión de la Tercera Guerra, Segunda para la historiografía vasca. Las convulsiones que provocaron han sido ya relatadas en detalle y explicadas en diversa medida, sobre todo en el caso de la Restauración. Contra lo que pudiera pensarse, lo llamativo de ambos procesos ha supuesto un lastre epistemológico, porque 1839 y 1876 se han convertido en barreras temporales que con demasiada frecuencia aíslan tanto las ramificaciones y las raíces de uno y otro, respectivamente, como los años que van a ocuparnos aquí. En consecuencia, tienden a sobrevalorarse las variaciones, presentadas a veces como de una brusquedad poco comprensible entre una población, elites incluidas, nada proclive a los trastornos repentinos. Releer todo el XIX desde una óptica de readaptación y pervivencia y quebrando límites cronológicos sería muy enriquecedor. No somos tan pretenciosos como para intentarlo en pocas páginas y nos limitaremos a ofrecer unas hipótesis y, cuando podamos, explicaciones sobre el llamado por sus contemporáneos «régimen foral», marco político-administrativo de nuestro territorio durante una generación decisiva para su transformación socioeconómica.[1]

Hace ya una década que Javier Pérez Núñez[2] identificó una de sus claves, el fortalecimiento de la Diputación Foral y la centralización del organigrama gubernativo en torno a ella, y relató los continuos pulsos de sus cargohabientes con los sucesivos gobiernos estatales. Su obra sigue siendo imprescindible como descripción general del proceso desde la perspectiva de la cúpula rectora. Por ello, pretendemos explicar algunas de las cuestiones que plantea combinando las posturas de las elites y de la población interesadas. Destacaremos las que creemos esenciales.[3] A nuestro juicio, la que define como «conversión definitiva del sistema foral en el sistema de la clase dominante vizcaína» a finales de los años cuarenta no hacía falta: ¿cuándo no lo había sido? Recordemos sucintamente en qué consistía dicho sistema: un ejecutivo permanente nombrado por una Junta General compuesta de apoderados de los pueblos elegidos por el vecindario. Esta democracia impecable en apariencia oculta un factor decisivo: la foralidad de la Edad Moderna tenía por cimientos, mantenía y hasta construyó en parte la desigualdad entre los habitantes del territorio, combinando para ello la gradación del estatus de vecindad, la pretendida nobleza general, la reserva de derechos a las casas-foguera consideradas primigenias, etcétera. La existencia de una asamblea representativa y el aparentemente alto grado de participación de la población en su elección y en las municipales han sido para la historiografía un factor de distorsión.[4] Los fueristas del ochocientos eran muy conscientes de ello y supieron utilizarlo para construirse un escudo frente a las disposiciones gubernamentales que no les convenían. De ahí que no sea ocioso plantearse la identidad funcional de quienes lo manejaban, esto es, las aspiraciones que bajo él se ampararon.

Por otra parte, la tesis de Pérez, debido al origen diputacional (oligárquico, pues) de sus fuentes, y en buena medida la de Fernando Martínez Rueda,[5] presentan los ayuntamientos como víctimas pasivas de la indicada centralización.

Sin embargo, sus gentes mantenían pautas propias de gobierno municipal y, a menudo, gestión a nivel inferior a éste, de cuyos límites y alcances eran muy conscientes. Sin negar aquel argumento, creemos que en vez de presentar ambos escalones político-administrativos como en tensión o desigualdad absoluta, deberían ser entendidos como complementarios, ligados por la colaboración de los notables para imponer su dominación y, en especial, seguir legitimándola ante sus administrados. Los consistorios isabelinos siguieron siendo una tercera fuerza en liza en el coso político territorial. Lejos de cimentar a ciegas el fortalecimiento de las oligarquías, complicaban las negociaciones, porque el supuesto peón sabía reclamar su libertad de movimientos, como había demostrado con creces hasta en los estados de guerra y volvería a hacer durante el Sexenio democrático. En este intrincado campo nos limitaremos a desbrozar senderos interpretativos. Trazaremos caminos explicativos más anchos al observar desde la perspectiva local, hasta ahora preterida, la aplicación de ciertas medidas, como la desamortización o la financiación del culto y clero. También vamos a reflexionar sobre la recomposición de la clase dirigente en una entente de carlistas y liberales de todo signo, terratenientes y burguesía comercial e industrial que el autor presenta como sólida. Lo era de cara al exterior; de puertas adentro, sus contradicciones internas, agudizadas con la crisis económica y la inestabilidad gubernamental estatal desde 1866, terminarían llevándola a la ruptura durante el Sexenio, y para entenderlo hay que tener en cuenta el contexto no político, lo que no era la finalidad de Pérez Núñez. Un gran escollo consiste en la dificultad de definir las capas medias locales liberales, en número y en caracterización socioeconómica y profesional. Las carlistadas ofrecen pistas, pero la «desafección» ha de ser tomada con cuidado porque no matiza las ideologías y a veces esconde rencillas personales. Además, treinta años son demasiados para defender la existencia de bloques monolíticos. A pesar de estos condicionantes, intentaremos ofrecer una interpretación de conjunto.

Su marco cronológico comienza a la par de la conformación del sistema a cargo del fuerismo liberal. No concluye con su fin, la conocida Ley de Abolición del Fuero de 19 de julio de 1876, sino en vísperas de la Revolución de Septiembre de 1868, porque las variaciones que ésta introdujo modificaron en profundidad los condicionantes de la mayor parte de la problemática que trataremos. Aparte de la obra citada, la bibliografía de apoyo con que contamos es útil pero escasa. Para completar su estudio de la hacienda del Señorío, Joseba Agirrezkuenaga realizó una aproximación a las elites burguesas fueristas centrándose en sus personajes mejor documentados, reconociendo él mismo que delimitarlas no era su principal fin.[6] Otra tesis, a cargo de Arantzazu Galarza,[7]nos ayuda a precisar en detalle las actividades mercantiles y financieras de ese grupo social, sin descuidar su intervención en el sector agrario no minero; sin embargo, las consideraciones sociopolíticas no son su enfoque predominante y quedan en segundo plano. Son aplicables a Vizcaya las líneas maestras del análisis político-institucional de José María Portillo para Guipúzcoa, si bien se detienen en 1850, una fecha bastante convencional.[8]Lo superan dos libros emanados de la tesis de Coro Rubio Pobes en esa línea,[9] en que la perspectiva ideológica se impone a lo social. Por motivos de espacio no detallaremos las numerosas elaboraciones ulteriores de estos autores, que, además, no afectan en lo esencial a los núcleos de nuestro discurso.

LAS INSTITUCIONES SEÑORIALES DE GOBIERNO Y SUS CARGOHABIENTES

Sabido es que el sistema institucional superior de Vizcaya en esta época estaba compuesto por tres elementos: las Juntas Generales, el Regimiento General (llamado asimismo Gobierno Universal del Señorío) y la Diputación. Salvo en lo que se dirá, su estructura permaneció invariada en lo sustancial desde 1631, cuando se produjo la Concordia definitiva entre las veintiuna villas y la única ciudad vizcaína, sujetas a la ley general de la Corona de Castilla por sus cartas puebla, y la Tierra Llana o infanzonazgo, zona de plena vigencia foral, hasta la abolición del sistema. Si consiguieron pervivir tan largo tiempo con escasas readaptaciones formales fue gracias a tres factores. Primero, la redacción del Fuero de 1526, considerada fundamental, no cubría todas las necesidades de la sociedad y el propio gobierno señorial. Esto permitía interpretaciones específicas adaptadas a la lógica evolución de las circunstancias, incluso en contextos de tan intensas transformaciones económicas como el período isabelino; asimismo, obligaba a menudo a completarla con usos y costumbres locales, en su inmensa mayoría de raíz vetusta y jamás escritos, cuya aplicación era controlada por las comunidades para responder a su marcha concreta, con lo que la praxis resultaba más próxima a los administrados que si se hubiera dependido de un código exhaustivo y, además, era percibido por ellos como propio en elaboración y gestión, a pesar de que los poderosos lo manipularan a veces en su provecho. El segundo factor era que la extensa capacidad de autogobierno permitió introducir modernizaciones para mejorar el procedimiento, como las comisiones junteras de que se hablará o las secciones orgánico-funcionales en la Diputación, sin dar apariencia de cambio, a fin de no minar la legitimación historicista del entramado institucional. Esta última era y aún hoy es muy importante; no en vano, tras el franquismo se han recuperado las Juntas y las diputaciones forales, pese a que ni su organización interna ni su método de elección (por sufragio universal pero sin representatividad igualitaria, por cierto) tienen apenas nada que ver con los de la modernidad. El tercer factor consistía en otra justificación, la del tópico «igualitarismo vasco», cuyos límites, bastante estrechos a nuestro juicio, se nos revelan al observar a quienes se reunían en las sesiones junteras bajo el célebre Árbol de Gernika.

Las Juntas Generales, de impreciso origen medieval, eran una asamblea bianual de representantes de los pueblos, llamados apoderados o junteros. Cristalizaron en su forma «clásica» a partir de la citada concordia, pues antes las villas y ciudad habían celebrado sus reuniones por separado.[10]Su misión era legislar de acuerdo con el Fuero –al escrito y a los usos y costumbres– en todo tipo de temas, pues incluso los en apariencia irrelevantes podían terminar generando conflictos en la lectura de lo consuetudinario. Los junteros eran elegidos por votación de quienes poseían los derechos de vecindad, personas –hombres siempre que fuese posible– que se distinguían de los simples «moradores». Durante el Antiguo Régimen, para ser vecino bastaba con tener «casa abierta» en la localidad, esto es, que pagase las contribuciones municipales,[11]con independencia del nivel efectivo de propiedad y/o renta del interesado, que nunca fue tenido en cuenta a estos efectos a fin de evitar que fuera gravado. Si bien es cierto que esto reducía la polarización sociopolítica, al ampliar la base de derechohabientes, en la práctica quedaba desvirtuado porque muchos poderosos gozaban de vecindad múltiple gracias a la acumulación de caseríos de distintos pueblos en sus manos, facilitada por sagaces y multiseculares estrategias matrimoniales, lo que intensificaba su capacidad comarcal de coerción. Entre otras prerrogativas, quedaban reservados al vecindario el disfrute de los bienes comunales, con el importantísimo bosque a la cabeza, y la participación en los ayuntamientos con voz, voto y elegibilidad. Los procedimientos electivos diferían bastante entre las anteiglesias (los municipios de la Tierra Llana): sufragio directo, sorteo por cofradías o barriadas para designar electores, incluso turno entre vecinos en cierta aldea con mayoría de pequeños propietarios. Lo que nos interesa es que sólo se veía representada en Gernika «la mayor y más sana parte» de los cabezas de familia, que en conjunto y para finales del siglo XVIII no debía de superar un tercio del total rural; y esto en el mejor de los casos, vista la sospechosa frecuencia de próceres poderhabientes en ciertos períodos.

Salvo en el tránsito al XIX, cuando la terrible crisis económica disparó los descontentos, el inquilinato admitía la situación, por cinco motivos cuando menos. Primero, porque estaba imbuido de la inmutabilidad de la organización social, que diferenciaba por el privilegio. Segundo, porque las prerrogativas materiales de la vecindad estaban adscritas a la casa, en tanto que unidad fiscal, lo que les permitía, sobre todo, acceder a dos usos indispensables, el monte público y la sepultura intraeclesial. Tercero, porque si se contaba con cuatro generaciones de antepasados de probada vizcainía (ligada desde el XVII a naturaleza y limpieza de sangre), una persona –en este caso, también mujer– era considerada hidalga aunque careciera de bienes raíces: es la famosa «hidalguía universal», como se ve no general pero sí mucho más extendida que en el resto de la Corona de Castilla. El cuarto se liga a esto. El noble castellano tenía vetado el trabajo manual, lo que obviamente era imposible en territorio foral, so pena de despoblarlo por hambre. Hasta el fin de la foralidad, cada caserío fue una entidad indivisible a efectos de herencia. Al ser reducido su número en proporción a la prole, los no herederos y, claro está, bastantes hijos de inquilinos recibían legítimas en dinero y, lo que era más ventajoso, una cualificación profesional. Quienes emigraban fuera del área foral y hacían fortuna podían matrimoniar y hasta verse aupados a cargos concejiles gracias a su nobleza. Por último, entre elites y desfavorecidos existía un cierto respeto mutuo en tanto que similares en honra nobiliaria, lo que contribuía a cohesionar la comunidad y a mantener y justificar mecanismos para mitigar la total desposesión. En el pretendido «paraíso foral» no faltaban serpientes opresoras, pero es innegable que tuvo mejores frenos a su constricción que muchos otros lugares.

La vecindad foral clásica fue modificada tras la Primera Guerra Carlista de la mano del liberalismo estatal y local, que defendía la igualdad ante la ley. Ya no se basaría en la casa como contribuyente, si bien ésta siguió siendo considerada unidad a efectos de ciertas derramas y goces de comunales; fue limitada a un solo municipio, desapareciendo las multiplicidades, y se obtendría mediante residencia prolongada con domicilio estable, registrada en los censos de población y los empadronamientos a partir de 1857 y 1860, respectivamente. Dada la tendencia a fijar a las familias colonas en las fincas, se diría que esto amplió las bases electorales. Es una falsa impresión, porque a partir de 1847 se impuso el sufragio censitario estatal para escoger a los cargohabientes municipales, lo que dejaba fuera a una gran parte de los campesinos y artesanos que no superaban el listón de los mil quinientos reales anuales de renta como «propietario» o «industrial», en cada caso. Como lo habitual fue desde entonces designar para junteros a los alcaldes, por confianza en su capacidad mediadora y su conocimiento de los problemas locales (y tal vez por sutiles coerciones), la representatividad de hecho siguió favoreciendo a los notables, directamente o mediante sus correas de trasmisión hacia las aldeas. El hecho de que para tales designaciones los ayuntamientos, de sesiones a puerta cerrada, se «abriesen» a asambleas vecinales a la vieja usanza sólo demuestra el cuidado por guardar las apariencias de continuidad foral. Aquí radicaría una de las razones, nunca confesadas, de las diputaciones por arrogarse la supervisión de las elecciones locales, importantes todavía para el sistema general señorial.

En las Juntas, y para un bienio, era elegido el Regimiento General. Se le encargaba la aplicación de los decretos de la Junta y se le permitía emitir acuerdos en asuntos que no generaran jurisprudencia. Su justificación era ahorrar los gastos y las dilaciones de reunir a tantos apoderados, pero la categoría social de sus miembros hace sospechar que fue un modo de fortalecer la capacidad decisoria de las elites. Desde 1500 estaba compuesto por dos diputados, doce regidores y dos miembros de misión ejecutiva estricta, los síndicos; los cargos estaban duplicados para dar cabida y equilibrar a Oñaz y Gamboa, las dos fracciones banderizas bajomedievales. En principio, oñacinos y gamboínos eran agrupaciones de parentelas nobiliarias en torno a una o varias cabezas visibles, los «parientes mayores», ligados por lazos de sangre y con un alto nivel de apropiación de recursos agropecuarios y silvícolas, y protagonizaron un enfrentamiento feudal clásico dentro del contexto de crisis de los siglos XIV y XV. En el XVI, una vez superada ésta, se acentuaron sus diferencias en cuanto a miras materiales e implantación geográfica. Varios de los líderes gamboínos intervinieron en la manufactura y el comercio, gracias a la posesión de ferrerías y la comercialización de hierros, procurando incluso entroncar mediante matrimonio con las principales dinastías mercantiles de Bilbao, villa que al inicio se consideraba de ese bando. Sin duda por ello esta fracción arraigó más en las villas, en las cuencas bajas del Ibaizabal [12] y el Oka –salidas para la navegación– y en áreas ricas en vacunos, bosque carbonero y fraguas, como Arratia; no obstante, nunca descuidó lo fundiario. Tras la concordia, las localidades del Señorío con representación en Juntas tuvieron que adscribirse a uno u otro bando para participar en la elección del Gobierno Universal, que cada bando realizaba por separado para todos sus cargos, mediante insaculación entre los propuestos por tres localidades electoras nombradas también por sorteo. La existencia de algunas, Bilbao incluida, que alternaron de bando durante largo tiempo en la modernidad, parece responder a disensiones internas, no necesariamente equivalentes a las medievales, cuyos contenido y alcance no hemos conseguido documentar. Todo apunta a que hacia finales del XVII la bipartición había perdido verdadera relevancia social e incluso política; en nuestro período no respondía ya a ninguna realidad (más carlistas o propietarios rurales en un bando, por ejemplo), como lo prueba el que varios personajes resultaran elegidos por ambas facciones en distintos bienios no alternativos. Creemos que se mantuvo tras 1839 por dos razones. Eliminarla, admitiendo su anacronismo, podría haberse interpretado como un reconocimiento implícito de una disfunción estructural de la institución y, por ende, dar pie a modificaciones mayores y, sobre todo, no deseadas por las oligarquías, como la sustitución de la Diputación General del Señorío (foral) por la Provincial, entidad ésta que aseguraría la injerencia directa del Gobierno estatal. Además, el relativamente elevado número de cargos para un territorio tan reducido en extensión (poco más de 2.200 km2) y población (unos ciento cincuenta mil habitantes a finales del periodo considerado) ofrecía participación a un mayor número de intereses locales o de sectores de la elite, facilitando el consenso. Por desgracia, el quid del acceso a estas regidurías es indocumentable de modo directo fehaciente, porque se basaban en acuerdos entre elites y actuaciones sobre la población electora jamás escritos por su obvio carácter extrainstitucional y que a veces hacen sospechar el contubernio. Durante la modernidad, y debido a la nada rara unanimidad de las electoras pese a su aleatoriedad y/o a las afinidades entre los propuestos, cabe pensar en la combinación de estrategias de linajes afines en intereses y hasta emparentados entre sí; no olvidemos que los parámetros poblacionales vizcaínos eran bastante reducidos. En el período aquí analizado también es de presumir que las nominaciones estuviesen consensuadas con los sorteables para electores, lo que daría una nueva pista para entender la preocupación de las diputaciones por supervisar las elecciones municipales. Quede ahí el apunte a falta de la reconstrucción de las redes de patronazgo y presión, no emprendida todavía tal vez por el prejuicio, inconsciente o no, de que la foralidad, como «igualitaria», era incompatible con el puro cacicato.

Para agilizar la gestión efectiva cristalizó en el siglo XVII la Diputación, compuesta por los diputados primeros y el síndico de turno anual. Principal órgano ejecutivo, tuvo facultades de tercera instancia judicial junto con el corregidor, perdidas tras la Primera Guerra Carlista. Condiciones indispensables para la nominación eran la antes citada vizcainía y una elevada renta anual procedente de fincas: según el Reglamento de 1854, un mínimo de doce mil reales.[13] A partir de 1650 fueron dos los diputados nombrados por cada bando y tres desde 1790, siendo asimismo seis en total los síndicos desde 1802. La justificación era facilitar las sustituciones, evitando el engorro de convocar de nuevo a los electores. Pero pudo haber un posible motivo encubierto, el ensanchar la base comprometida con la institución, al menos en lo nominal, pues no parece casual que esas ampliaciones se produjesen en períodos políticoeconómicos difíciles. Durante la etapa que nos ocupa, esta entidad reforzó su capacidad de decisión en detrimento de las propias Juntas; en ello fueron clave los síndicos y consultores, asesores letrados que fijaban los términos de la aplicación de lo foral, esto es, de su interpretación. Los expedientes no susceptibles de generar jurisprudencia o de explayar las cuestiones hacia otros ámbitos eran resueltos por los diputados. Los otros eran remitidos a la decisión de los junteros, lo que quiere decir estudiados por unas comisiones compuestas por aquellos apoderados más relacionados con el tema, quienes emitían directrices para la ulterior actuación diputada. Estas comisiones fueron creciendo en número y adquiriendo relevancia en los años sesenta a medida que la evolución económica aconsejaba a los gobernantes conseguir información inmediata, y por supuesto el consenso, de los impulsores de las transformaciones:[14] no por casualidad sus componentes solían ser próceres con implicación directa, o rastreable, en aquello sobre lo que debían informar.

Las competencias esenciales de los tres órganos eran similares, en la medida en que la Diputación dimanaba del Regimiento General y éste de la Junta, entidad a la que se reconocía la supremacía teórica y de la que las otras dos se consideraban representantes para la marcha cotidiana; que éstas se prevaliesen de la bianualidad de la asamblea para gobernar bastante a su albedrío es otro asunto, que ahora no nos afecta. Consistían las principales en ostentar la representación del Señorío de cara a instancias de poder exteriores (el rey, el obispado...), siempre dentro del ámbito estatal; fijar y gestionar los citados arbitrios, impuestos propios que revertían íntegramente al territorio; aprobar «servicios» o «donativos» a la Monarquía, alguno de la envergadura del Tercio organizado para Marruecos en 1860, con que se paliaban las exenciones de contribuciones en dinero y en levas para la Corona; organizar y mantener una policía a sus exclusivas órdenes, los eficaces Miqueletes, y la beneficencia para dementes y expósitos; fomentar la red viaria y financiarla en parte con arbitrios específicos y peajes; contratar el personal requerido, tanto de oficina como de vigilancia, y, con creciente importancia en el siglo XIX, fomentar los distintos sectores productivos,[15] supervisar las finanzas municipales, la enseñanza primaria, el culto y clero y la sanidad, asuntos éstos en puridad locales pero que se fueron concentrando a fin de proteger la autonomía señorial frente a los intentos de homologación con una provincia estándar por parte del Gobierno central y para facilitar el hecho de negociar con éste u oponérsele. Tal conjunto de atribuciones permitía un llamativo nivel de autogestión, capaz de erigirse en alternativa viable a la actuación directa del Estado mediante la teledirigida Diputación Provincial, ente que se intentó poner en marcha a principios de los años cuarenta con nulo éxito práctico. El que se hubiesen modificado los condicionamientos exteriores y aun internos de varias de aquellas cuestiones quedaba compensado con creces por la larga experiencia de administradores y administrados en el funcionamiento del mecanismo foral.

Acerquémonos a quienes controlaban su movimiento en este nivel señorial: los miembros del Regimiento General durante estos casi treinta años.[16] Los requerimientos pecuniarios desequilibraban su composición en favor de los perceptores de rentas inmuebles, lo cual no implica ni su ruralidad ni su marginación de los nuevos sectores punteros ni, por ende, su proclividad al ultramontanismo. Entre los terratenientes hubo tradicionalistas como José Niceto de Urquizu, de familia pujante en Elorrio ya en la Edad Media y uno de los parzoneros de que luego hablaremos, y liberales como Manuel de Urrutia y Beltrán.[17] Varios hombres de la misma ideología que éste procedían de linajes dueños de caseríos y/o de las muy demandadas habitaciones y lonjas de Bilbao, tales como el letrado guerniqués Antonio López de Calle y el potentado bilbotarra Claudio Eladio de Zumelzu.[18] Propiedad raíz, dedicación comercial y/o industrial e inversiones financieras no se excluían. No pocos burgueses conspicuos acrecentaron así su patrimonio y minimizaron riesgos. Citaremos a un no bilbaíno, el tradicionalista Gervasio de Jáuregui y Elguezábal, uno de los fundadores de la moderna fábrica armera de Durango en 1864 y tercer rentista censitario de esta próspera localidad en 1867; en el polo ideológico opuesto, un colega industrial de la cercana Amorebieta, Juan José de Jáuregui e Ibaceta, que supo reconvertir una secular ferrería en fábrica de hierro a la última.[19] Menos suerte tuvieron a la larga dos manufactureros de calderas de Balmaseda, ligados por la sangre y separados por sus ideas: el carlista Alejandro de Antuñano y Orrantia, destacado en ambas contiendas, regidor en 1831-1833 y una vez síndico y tres diputado entre 1854 y 1872, y Juan de Tellitu y Antuñano; ambos estaban provistos de apetecibles fincas en esa chacolinera villa y tuvieron intensa participación en comisiones de Juntas sobre transporte, en busca de mejor comercialización y de la bajada de costes de sus productos.[20] En 1839 coincidieron en el Regimiento, como regidor en suerte y síndico, respectivamente, los comerciantes bilbaínos Tomás José de Epalza, creso financiero liberal-fuerista, y Santiago Joaquín de Gorocica, que había alojado al pretendiente Carlos V y era suegro de uno de los principales partidarios de Carlos VII, José Práxedes de Uriarte, consocio en su firma Uriarte, Gorocica y Uribe y cargohabiente en el vidrioso final de los años sesenta.[21]

Dijimos antes que el Reglamento de 1854 exigía una cuantiosa renta inmueble para ser nominado. ¿Acaso fueron grandes terratenientes todos los cargohabientes? No era necesario. Es significativo que nada concreto se estipulara sobre el acceso a los puestos de regidor; por consiguiente, encontramos en ellos una mayor variación de profesiones e ingresos. Cierto es que el tándem diputados-síndico era el ejecutivo básico; pero las reuniones del Regimiento, solo o con los Padres de Provincia (ex diputados con al menos seis meses de ejercicio y ciertos próceres por aclamación), incrementaron su frecuencia al paso de los años y en especial a finales de los sesenta, sin duda para responder a las transformaciones internas del Señorío y a la reactivación del debate sobre la foralidad en las Cortes. Una segunda vía de participación en el gobierno señorial era aún más sencilla: aprovechar el predicamento local para hacerse designar apoderado. Bastaba con tener «casa abierta» (contribuyente) en la localidad designante y poseer, en propiedad o por derecho de cónyuge, una finca que superara los cincuenta ducados anuales de renta. Atención: no se trataba de un cálculo basado en un valor catastral objetivo, después veremos por qué, sino que podía responder a la realidad estricta o a una de las un tanto sospechosas estimaciones de las «estadísticas territoriales». Ser juntero ofrecía dos considerables ventajas a quienes no tenían demasiadas ambiciones políticas. Era la primera que las Juntas se reunían sólo cada dos años,[22] ocupando unos pocos días a los no rentistas, carentes de tiempo para dedicarlo de continuo a unas instituciones en que habrían de bregar con asuntos muy dispares y a menudo alejados de su dedicación privada. La segunda, que en estos años adquirieron gran peso en las decisiones junteras las deliberaciones de sus comisiones. Fijadas al final en nueve, eran muy nutridas para dar cabida a representantes de las antiguas ocho merindades, divisiones administrativas supralocales cuya única misión a estas alturas era justificar la designación de un grupo extenso para consensuar mejor las decisiones.[23] Allí no resultaba difícil a los especialistas del sector –o a quienes concentraban apoyos en él– hacerse elegir por el resto de representantes, colegas algunos y campesinos la mayoría de los restantes. Por esta vía consiguieron encarrilar sus anhelos, por ejemplo, los preocupados por el desarrollo de los transportes con miras comerciales e industriales.[24] En ciertos casos lo que más pesó en el nombramiento no fue la riqueza sino la capacitación en leyes, muy conveniente para sacar adelante proyectos afectados por las legislaciones estatal y foral, como el culto y clero o la instrucción pública. Un tercer medio de intervenir eran las comisiones asesoras no de Juntas organizadas por la Diputación para asuntos específicos con personajes especializados en la cuestión por sus conocimientos y por sus anhelos.[25]

Visto todo lo que precede, resulta lícito pensar que ya en la primera posguerra se intentó cohesionar una plataforma sólida, sin fisuras aparentes, de cara tanto a la negociación con el Gobierno para el problemático «arreglo» del Fuero, como para consolidar la dominación en el interior del Señorío. Observando también los ayuntamientos, es evidente que se ofreció a las elites y notables locales carlistas un reacomodo relativamente rápido y, sobre todo, seguro y perdurable en los mecanismos institucionalizados de poder, fenómeno que, por cierto, se repetiría en la Restauración, con mayor agilidad en el ámbito municipal; y, lo que quizá sea más significativo, que no se tomaron medidas drásticas para desplazar a esos grupos de ciertos resortes fácticos de dominación, ni para romper sus lazos con las clientelas que constituían su apoyo a niveles intermedios. ¿Cuáles serían las causas?

En primer lugar, la gobernabilidad efectiva del territorio. La guerra concluyó por consunción, no por aplastamiento ni mucho menos por persuasión. Hacia comienzos de la década de 1840, el cambio de titulares en las instituciones vizcaínas no podía dotar por sí solo a sus cargohabientes de la capacidad de imponer sus decisiones de forma incontestada. El organigrama del gobierno señorial no había sido modificado ni, salvo voces aisladas y más tardías, ningún poderoso iba a pedir que lo fuese, porque la excepcional concentración de competencias ejecutivas en la Diputación Foral y la capacidad legislativa de las Juntas Generales eran herramientas muy poderosas en comparación con las otorgadas a las diputaciones provinciales. Además, éstas se habían concebido como sometidas a los gobernadores civiles, léase al Gobierno central. ¿Quién querría perder la autonomía de actuación que amparaba lo que era llamado Fuero? Pues bien, en las Juntas contaban con un solo voto tanto localidades grandes como Bilbao, Durango o Bermeo, de mayor espectro político, como las más pequeñas (villas o infanzonas, rompamos el tópico de tal dualismo), y se primaba la representatividad de las rentas fundiarias, todo lo cual favorecía a los dominantes más conservadores. Una vía de modificar la correlación de fuerzas habría sido intervenir en las corporaciones locales, ya que los ayuntamientos designaban a los apoderados junteros. La cautela de todos a la hora de intervenir en el régimen municipal y el extremo interés por controlar las elecciones de concejantes denotan su fortaleza y su importancia en el sistema; no por casualidad los dirigentes carlistas de ambas contiendas controlaron al milímetro las renovaciones de los cargos locales. Tampoco había habido ocasión en Vizcaya de extender el liberalismo a sectores de la población potenciales ocupantes de las capas de mando intermedias. Carlistada aparte, desde 1809 se había vivido en un estado de guerra civil larvada permanente. Durante la Década Ominosa, uno de los cometidos de las partidas de Voluntarios Realistas, cuerpo paramilitar organizado por pueblos y con gentes del pueblo, había sido la represión ideológica,[26] amén de la compulsión que ejercía la propia policía, controlada por reaccionarias diputaciones. No era fácil encontrar adictos para el recambio en los municipios, que continuaban siendo esenciales en el sistema y, por razones de vario tipo que comprenden hasta lo cultural, en la idiosincrasia y, por tanto, en la receptividad de los administrados. En cambio, las redes clientelares de los próceres tradicionalistas se mantuvieron casi intactas porque estaban tejidas con elementos socioeconómicos y no sólo políticos; por su funcionalidad y por su imbricación en la administración municipal, directa o sutil, era indispensable contar con ellas en la readecuación del entramado foral.

En segundo lugar, la derrota militar de Don Carlos permitió a los fueristas liberales justificar el cambio general de marco político-administrativo, pero su concreción debía irse negociando paso a paso con los gabinetes de la Monarquía, de vaivenes mareantes. Frente a éstos más valía hacer causa común y procurar la estabilidad interna, y dejar la resolución de las divergencias para ser tratada de puertas adentro, porque trasladarlas a las Cortes, o tan sólo contar en ellas con el gobernador civil, podría convertirse en un arma de doble filo que cercenara los hilos del sistema para ponerlos en manos externas. Del detallado relato de Pérez Núñez así se infiere. Las ventajas del régimen foral son de sobra conocidas: exenciones de impuestos estatales y gestión de los propios, que revertían al territorio; exención de levas, que evitaba sangrías de mano de obra y permitía utilizar los envíos puntuales de soldados para conseguir contraprestaciones de la Monarquía; capacidad legislativa y de filtro de la legislación estatal mientras se mantuvo el pase foral (dar uso efectivo a las disposiciones reales), uno de los caballos de batalla fueristas durante la primera etapa isabelina, suprimido por el progresismo en enero de 1841[27] y recuperado unilateralmente al conocerse la Septembrina; competencias asistenciales y rasgos ideológicoculturales que mitigaban la excesiva polarización socioeconómica, o siquiera su percepción, al compensar el alto umbral de opresión mediante una atención y un respeto formales a la comunidad local, en la que algunos poderosos aún se presentaban como copartícipes pese a la generalización del absentismo a finales del XVIII, y una sutil legitimación historicista de la dominación de las elites. Se comprende que la readecuación de la foralidad al entorno normativo liberal requiriese muchísimo cuidado y un consenso lo más generalizado posible entre los poderes fácticos del territorio.

En tercer lugar, la alta burguesía mercantil, que había obtenido gran parte del poder, deseaba abrir amplios cauces a sus intereses. Amplios y en parte distintos, porque se trataba ya de transformaciones cualitativas: la modernización siderúrgica, desde el célebre alto horno de Bolueta, en 1841; la traslación de las aduanas a las líneas de costa y frontera, no por casualidad en ese mismo año, indispensable para la inclusión en un mercado nacional en definitiva integración; el Banco de Bilbao o el ferrocarril, coadyuvantes del desarrollo e inversiones lucrativas a su vez, etcétera. Aquellos personajes debieron sin duda de comprender que en un contexto cambiante e imposible de aislar del exterior, nacional y extranjero, el éxito requería una prospectiva general de las potencialidades del Señorío, que superara las miras particulares. La hipótesis de que se buscara un reequilibrio combinado de los sectores productivo y comercial es plausible y nos facilita el entendimiento de los ensayos particulares y las medidas de la Diputación de los años cincuenta y sesenta.[28] No se trataría de iniciativas aisladas, herederas de nuestros brillantes –y escasos– ilustrados en espíritu y, a veces, en mentores; ni de disposiciones de un impreciso «fomento» limitado a mantener unos esquemas condenados a la obsolescencia, como la falta de mecanización y la aparente inmutabilidad de la distribución de la casería (las tierras del caserío) han llegado a hacer pensar. Que se primasen la metalurgia y la intermediación era comprensible, por tradición de los protagonistas y por los elevados beneficios que les proporcionaban. Ello no excluía la ruralidad, sino que la necesitaba, bien para evitar detraer para consumo interno parte de los lucrativos cereales exportables, bien para servir a actividades complementarias.

Podemos escuchar dos voces de distinta cuna e idéntico interés: rentabilizar los caseríos al compás de las demandas exterior y urbana local. El terrateniente liberal Cayetano Joaquín de Oxangoiti escribía en plena crisis del viejo sistema y apenas superó el plano teórico.[29]Por contra, el labrador inquilino Victoriano de Ormaechea describe las prácticas de los años cincuenta y sesenta en la hacienda de Mendilíbar de Abadiño, anteiglesia famosa por sus pastos y número y calidad del ganado mayor.[30]Ambos informantes nos indican que se pensaba en aumentar la cría de vacunos, para alimentación de una población creciente y el transporte carreteril y minero, y la silvicultura basada en el roble y con intentos de aclimatación de nuevas especies, para la construcción residencial, naval y ferroviaria y, pese a la crisis de las ferrerías, para carbón vegetal con destino a las múltiples fraguas que servían a estos últimos sectores. El cereal procedente de las rentas agrarias y los diezmos era objeto de especulación en los polos exportadores de Bilbao y Vitoria. El fin de los intermediarios era garantizar el abastecimiento interno con la peor calidad, el trigo atlántico, para no detraer nada de los flujos exteriores, con mayor precio ya en los años corrientes.[31] La voluntad de modificación de estructuras productivas de Oxangoiti, que reunió y leyó una impresionante colección de folletos y obras europeas sobre el agro, se observa bastante rebajada en Mendilíbar y en bastantes de las raras renovaciones escriturarias de arrendamientos de la etapa isabelina. El riego masivo para frutales jamás se aplicó; sí parecen claras la extensión de la hierba sembrada y la aparcería chacolinera en los colonatos prósperos, a menudo para dueños liberales.[32]Es plausible que la generalización del arrendamiento rural a plazo indefinido y rentas fijas o con escasas alzas, tras una fuerte subida al concluir la crisis del Bienio progresista, respondiera a una estrategia de estabilización, de hecho para fomentar la intensificación de los laboreos y algunos cambios (Ormaechea lo corrobora), sin correr riesgos de daño de la tierra por sobreexplotación.[33] La adaptación de los labriegos sería sencilla porque estaban acostumbrados a la complementariedad laboral personal y familiar, por su visión de los corresidentes en el hogar como un solo ente funcional.

Para evaluar el alcance de todo ello y matizar la actuación de sus protagonistas en un lapso tan largo, deberíamos contar con un análisis microhistórico integrado de la economía vizcaína de entonces, conocer en profundidad la configuración del patrimonio de los poderosos y, en especial, discernir las redes efectivas de gestión que cada uno movía. La relativa impermeabilidad entre las esferas de actuación de las oligarquías terrateniente, mercantil e incipiente pero rampante industrial no obstaría para su colaboración o, al menos, para la no interferencia mutua.[34] En un contexto de crecimiento y desarrollo económico imparables, incluso pese a la crisis coyuntural del Bienio progresista, todas podrían participar en el enriquecimiento, a condición de que se mantuviesen las prerrogativas fiscales, la disponibilidad de mano de obra (evitando las sangrías militares y la emigración masiva) y el orden social burgués. En la conveniencia de guardar las exenciones fiscal y militar se coincidía con las clases populares, por ello tan acérrimas del Fuero; éste llevaba más de dos siglos siendo presentado como garante de sus bases socioeconómicas familiares y administrativas locales, lo que facilitaba a las elites identificarlo con la paz y el bienestar interior, mitificación ideológica que se agudizó durante el «régimen foral». El sistema de herencia única de los bienes raíces, la intervención vecinal en los usos de terrenos comunales, la gestión autónoma local de recursos que permitía una destacada atención a la beneficencia y un cúmulo de detalles que primaban el mantenimiento de la especificidad cultural, entre otros factores, disuadían de una emigración desertizadora del agro; salían, numerosos, los excedentes, pero los patronos enseguida pensaron en su utilización interna. Mediante tales actuaciones se podría solventar otro de los problemas que habían quedado irresueltos tras la carlistada: cómo mejorar el medio rural, quebrando en lo posible la dependencia de las crisis naturales sin realizar grandes inversiones ni provocar variaciones radicales, que el campesinado siempre ha temido, y sin desestabilizar el entramado familiar y comunitario, percibido por las elites vizcaínas de cualquier signo ideológico como uno de los pilares del conformismo y el orden social.[35] Con sus redes europeas de negocios, sin duda los liberales vascos conocieron bien tanto los beneficios de la industria y agrocapitalistas como la cara herida del proletariado inglés o la Revolución de 1848. Desde luego, todos los pudientes coincidían en el uso del pretendido igualitarismo de la ideología foral, plasmado en la hidalguía universal (todavía un referente) y la representación en las Juntas, para evitar los desórdenes verticales.

Como marco político de tal entente de facto el Regimiento General recuperó lozanía, gracias a su vetustez. Primero, por la duplicidad de cargos, rasgo impensable en un gobierno moderno. Los Reyes Católicos habían pretendido ensanchar el acceso de las fracciones oligárquicas, limitándolo a la vez de modo sibilino por las prerrogativas de los diputados, que no por casualidad eran propuestos e insaculados antes y aparte. Los dos bandos feudales quedaban condenados a entenderse, a la larga para su bien, y los mercaderes bilbaínos cupieron junto a ellos sin roces ásperos. El sistema permitía también concentrar el poder, como se demostraría en la elección de julio de 1870, preludio del intento de putsch carlista. En suma, una adaptabilidad rápida, bianual, a posibles variaciones en la correlación de fuerzas dominantes, con la gran ventaja de una continuidad formal con el pasado que refrendaba el socorrido argumento historicista de cara a la Monarquía. Añadámosle otras. Ya en el siglo XVII la Regiduría se había sacudido de hecho al corregidor, su cabeza teórica en tanto que representante real, que participaba pero se veía constreñido; en el XIX isabelino esto podía justificar el hecho de frenar las injerencias del gobernador civil. La aleatoriedad de la nominación de los tres electores, por insaculación simple entre todos los junteros, permitía diversificar la representación de los poderosos locales o enmascarar los pactos intraoligárquicos y las presiones sobre los apoderados, tan frecuentes que en el siglo XVIII se reflejaron en el reconocimiento de la existencia de regidores designados sin sorteo.

Si la entente que presumimos existió, ¿por qué en un lustro escaso se fracturó la clase dirigente hasta el punto de enfrentarse con las armas en la última carlistada? Con independencia de que ésta no fuese en principio querida por nadie, hay dos motivos claros. Por un lado, el peso de las libertades que prometía la Septembrina fue decisivo para inclinar a los oligarcas más conservadores hacia el ultramontanismo religioso, la oposición al sufragio universal y a la libertad de expresión y asociación en una Vizcaya cuya sociedad en buena parte era de clases. El fracaso del putsch de 1870, la democratización de bastantes ayuntamientos en las elecciones de 1871, la minoritaria pero activa implantación de la Internacional y el fin del apoyo tácito o explícito de la elite siderúrgico-minera, los llevaron a preferir una solución drástica, con la esperanza de triunfar enseguida gracias al apoyo (real o forzado, no entremos en esto) de unas masas populares empobrecidas que en esos liberales que reclamaban la exclusiva del poder veían despreocupación hacia sus problemas, cuando no una clara oposición a sus intereses, caso del artesanado metalúrgico. Por otro lado, esa alta burguesía y la comercial ligada a esos sectores quisieron acelerar el desarrollo de sus actividades, eclosionadas de modo fulgurante poco antes, mediante un librecambismo peligroso para las manufacturas no industrializadas, y cuidarían muchísimo menos de velar por el mantenimiento de las estructuras productivas y socioculturales agrarias, como se demostró en la Restauración. Su prospectiva era muy distinta de la de treinta años antes: ya no de equilibrio e integración, sino de concentración e intensificación sectorial. Y aún así, la coincidencia de dedicación con unos cuantos tradicionalistas, la conveniencia de mantener las redes locales de poder y la necesidad de cerrar filas en torno a la negociación del Concierto Económico, llevarían a un nuevo reacomodo, aunque menos intenso, desde 1877.

«SEÑORÍO VERSUS MADRID»: LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL

La peculiar organización foral cambió sustancialmente en Vizcaya el sentido de las pugnas sobre gran parte de las disposiciones fundamentales del liberalismo isabelino español, en cuanto a su aplicación efectiva y a las fuerzas implicadas. Así, ni la supresión del diezmo, ni la desvinculación, ni la ampliación de la base electoral originaron tensiones graves sino readaptaciones, mientras que resultaron caballos de batalla leyes que fuera del País Vasco generaron debates más bien ideológicos, como la de enseñanza en cuanto a la primaria, o no provocaron roces reseñables, tales como la reorganización de los partidos médicos o la ley del notariado. Se trata de temas muy vastos sobre los que carecemos de estudios completos de base desde una perspectiva social. Pese a ello, intentaremos explicar la significación de los debates en el Señorío, o de su relativa ausencia. Nos hemos basado en casuísticas microhistóricas (de los acuerdos municipales a las querellas de aldea) que no relataremos, y preferimos exponer líneas generales con la intención de servir de apoyo a futuras investigaciones que las corroboren o modifiquen. ¿Cuál sería su punto de convergencia? Sin duda, el deseo de las elites de mantener la comunidad local como pieza básica del engranaje político-administrativo y de la estabilidad social.

Comenzaremos por una cuestión en cuya crucial importancia coincide toda la historiografía: el papel del poder municipal dentro de la estructura políticoadministrativa foral, del período que sea. Pese a su relevancia, no ha sido objeto de tratamiento específico para los años que nos ocupan, con la indicada excepción parcial de Martínez Rueda. Durante el Antiguo Régimen en ese nivel se cimentó gran parte del autogobierno y de la propia idiosincrasia de las gentes vizcaínas, debido al método de elección a las Juntas, a las extensas competencias de los consistorios clásicos (concejos villanos y fielatos de infanzonazgo) y a las prácticas comunitarias contenidas, amparadas o toleradas en éstos y, en su caso, a nivel inframunicipal, una de las causas de sus variadísimas peculiaridades en cuanto a organización. Quizá por eso, su sustitución a partir de 1847 por unas concejalías que seguían el modelo de la Ley de Ayuntamientos de 1845 ha sido interpretada como una baza jugada por la Diputación de espaldas a unos pueblos carentes de opción al respecto, con el objetivo de mejorar sus relaciones con el moderantismo gubernamental y reforzar su primacía en el interior del territorio. Esto, que es indiscutible, nos plantea varias cuestiones. Para empezar, el procedimiento electoral para la asamblea general de Gernika no varió, luego las elites dominantes en la Regiduría señorial no percibieron riesgo en el cambio. Por otra parte, ni la aldea más remota fue nunca sometible con facilidad a la dominación. Si las autoridades militares y señoriales carlistas de ambas guerras se estrellaron más de una vez contra la resistencia pasiva de sus supuestos adictos, una de las inveteradas características de nuestros antepasados, ¿acaso no se reaccionaría ante unas variaciones que cerraban a cal y canto al vecindario las puertas del consistorio?

En no pocos pueblos se había batallado por conseguir la representación del inquilinato a comienzos de siglo, lo que no es demasiado atrás en la memoria histórica de una comunidad consciente del alcance de sus derechos consuetudinarios, y el censitarismo podía anular ese logro, por la renta exigida. Ahora bien, vivir una posguerra como vencido y, sobre todo, empobrecido justifica en buena parte la desmovilización de los primeros años cuarenta, probablemente recomendada de modo sibilino por las elites a fin de ganar tiempo para recomponer las redes de dominación y negociar sus apeos a nivel local. Desde luego, esto se había conseguido para 1847, cuando se impuso el «régimen foral», adaptado a ese sufragio, sin aparentes traumas. Dos hechos son significativos. Pérez Núñez apunta que el censitarismo no siempre supuso una reducción del número de llamados a las urnas. Aumentó en las aldeas, lo que debió de contribuir a la tranquilidad sociopolítica entre poblaciones celosas de un alto nivel de autogestión como parte de su idiosincrasia comunitaria y muy refractarias a las variaciones por el difícil equilibrio de los elementos de todo tipo –producción, herencia, usos comunales, costumbres, etcétera– que permitía su supervivencia, puntos que se habían probado clave para su masiva adscripción al carlismo durante la contienda.[36] Vemos, al contrario, que disminuyó en proporción en los grandes núcleos rurales y villas, donde la polarización social ya era o podía ser mayor y, por ende, convenía asegurar la oligarquización. Cualquier generalización para aquellos es simplista, debido a la diversidad de niveles de propiedad, control y recursos humanos y materiales; empero, se intuyen tres posibles factores para todos, con el denominador común de responder a estrategias menos agresivas que las de los gobernantes y dominadores del primer tercio del siglo. El primero, una cierta reducción de las presiones para la detracción de plusvalía agraria, en especial los acuerdos para mantener usos comunales pese a los plantíos privados en suelo público y a las enajenaciones para enjugar el endeudamiento de guerra, minoración debida en parte a éste y en parte a las perspectivas de recuperación económica de que tratamos en otro lugar. El segundo, estas mismas expectativas, muy distintas a los avatares críticos del período de anteguerra. El tercero, la renovación de los mecanismos locales de atención a la miseria, aunque sin reponer las fundaciones en su día desamortizadas, y el fin de la criminalización beligerante de la pobreza, estado por el que no era raro que pasasen muchas familias labriegas de modo transitorio y que, por eso, el campesinado no consideraba como lacra. El siguiente, la convocatoria ocasional de ayuntamientos abiertos al vecindario para tratar de asuntos graves (que no se limitasen a legitimar lo que se les proponía es otro asunto). Y siempre, el juego de apoyos y presiones de los «mayores pudientes»,[37] a menudo foráneos, sobre los vecinos y sus necesidades, punto apenas investigado porque exige perfilar redes complejas y no siempre bien documentadas.

Otro punto relevante es que el proceso de control de las haciendas y elecciones municipales había sentado sus pilares durante el absolutismo restaurado, cuando la vigilancia policial sobre la disidencia política era intensa y se reforzaba la ideología de sumisión a la autoridad señorial.[38] Que dicho proceso hubiera de prolongarse en los años cuarenta da testimonio de que había sido incompleto y, pensamos, que mientras tanto hubo acuerdos con quienes detentaban las tramas locales, para readecuar el sistema desde abajo. Por desgracia, ni éste es el tipo de tratos que trasciende al papel, y menos cuando un representante de la Monarquía con el que se está en liza puede reclamar el echar un vistazo a los libros de decretos, ni el que un comisionado en corte reconocerá que se efectúan, no vayan a aprovechar quienes apoyan sin demasiados ambages al Gobierno –para diputados provinciales siempre hubo candidatos– para abrir un frente interno a su favor. Hasta que la investigación microhistórica personalizada nos ilumine debemos caminar bajo luces indirectas. Una es clara: la presencia de oligarcas clave en las tramas comarcales de influencia, ocupando las alcaldías de villas importantes en años o períodos cuya actividad política fue intensa. A primera vista se diría que su opción durante la guerra carlista no importaba demasiado con tal de que fuesen capaces de consolidar las estructuras de dominio sobre los administrados, mientras que las diputaciones frenaban la actuación de los jefes políticos. Dos hechos resultan reveladores: por un lado, el que varios de esos personajes fuesen apoderados en las Juntas, valiéndose de que el vecindario solía preferir ser representado por el alcalde porque, como conocedor directo de sus problemas, estaría en mejores condiciones de intervenir al respecto;[39] y, por otro, el que algunos accediesen después a cargos en el Regimiento General gracias a su prestigio y su predicamento comarcales, que a su vez se verían reforzados por el nombramiento.[40]

Para las comunidades rurales y para muchos particulares el patronazgo era importante porque, aunque los obligaba a plegarse a los deseos del poderoso, establecía un límite implícito a sus exigencias y ofrecía contraprestaciones. En el contexto foral isabelino, en el que mal que bien pervivían mecanismos municipales y familiares contra la desposesión absoluta tipificados por la costumbre, las principales contrapartidas eran intangibles. Una, de sobra conocida, era la recomendación de los asuntos ante las instancias superiores de gobierno. Otra, el compromiso de defender los pilares fundamentales del sistema, carga pesada en ciertos períodos pero que fue asumida con gusto por la notabilidad porque también la beneficiaba. El derecho sucesorio nunca fue atacado, porque la indivisión del inmueble principal arraigaba en buena parte del campesinado y la percepción de legítimas al ser transmitido aquél, con ocasión del matrimonio de quien lo heredaba, proporcionaba al resto de la prole recursos cuando se hallaba en la mejor edad productiva o capacitación laboral, facilitando su desplazamiento para responder al mercado laboral. Lejos estaba aquel siglo XVII en que los grandes linajes tenían a gala dar capitanes a su majestad: ahora se le daba dinero. Como los cupos que «se ofrecían» a la Monarquía eran mucho más reducidos que una leva, las derramas vecinales destinadas a la compra de sustitutos no resultaban demasiado onerosas; comprendían a todos los sorteados que no quisiesen servir, fuese cual fuese su cuna, y cotizaba todo el vecindario excepto los pobres de solemnidad, con lo cual el hijo del creso se ahorraba gran parte de los buenos reales que en otras regiones costaba la sustitución por contrato particular. La tercera gran ventaja foral sí era pecuniaria. El que no existiesen contribuciones directas proporcionales al valor de los inmuebles no sólo favorecía a quienes los concentraban. Parece que la extensión de las tierras de cada caserío de un labriego modesto con explotación completa no era incomparablemente menor que la del que poseía un poderoso.[41] Éste lograba su posición por acumulación de fincas independientes en una o varias localidades, no por la posesión de los aquí inexistentes latifundios, y por la variedad y calidad de las tierras, siendo importante la posesión de montes poblados; aparte, claro está, de la gestión de otros recursos, como los hídricos o monetarios, que no vienen al caso aquí. De ahí que el campesinado temiese que se le hiciera cotizar según catastro. Volveré a este punto al ocuparme de las desamortizaciones.

El último factor que trataremos es tan evidente que suele olvidarse: las disposiciones del gobierno del Señorío eran papel mojado sin una correa de transmisión hacia las masas populares. Por muy fuerte que fuese la capacidad personal de compulsión de diputados y regidores, incluso en combinación con la de las fuerzas fácticas que los encumbraban, debían dirigir el grueso de la gestión por cauces institucionalizados, por motivos obvios de legitimidad y eficiencia. Además, la mayoría de los altos políticos era absentista, si no de su comarca, sí de las aldeas, pues prefería residir en las urbes para que menudease el trato con otros próceres y con los profesionales destacados y potenciar sus formas de vida burguesas. Y, claro está, por definición una elite es reducida y sólo se prodiga hacia las esferas superiores. Le bastaba con ser nodo de los haces de presión y, como se dice en euskera, con que fuese larga su sombra. Aquí se entraba en interacción y afinidad de miras con la capa intermedia de acomodados rurales: ciertos labradores propietarios, tratantes, etcétera. Se conoce mal porque no constituía ningún grupo o ente definido, ni sociolaboral ni siquiera económicamente, al quedar definida según los parámetros de cada pueblo. La labor de investigación pendiente en este campo es muy vasta. Por el momento, a tenor de nuestras catas, no resulta osado suponer que, tras la guerra carlista, fue objeto de una recolocación similar a la de los próceres, a fin de agilizar la recomposición de las vías de control. El sufragio censitario, pergeñado para evitar la democratización de los consistorios, les corroboraba su preeminencia. La presencia de los mayores pudientes sería ambivalente, pues podría coincidir con las aspiraciones de los campesinos prósperos (en la privatización de comunales, por ejemplo) o servir a las oligarquías para ejercer una presión inmediata. En Vizcaya nunca hubo concejantes vitalicios ni puestos venales, lo que eliminaba una posibilidad de resquemor contra las nuevas concejalías. Sí que existió la cooptación, en concejos villanos. Algunos, como Otxandio, apenas notaron la diferencia, por la cortedad del número y, sobre todo, la afinidad de los elegibles. Otros, como Portugalete o Durango, tuvieron que dar cabida a hombres «nuevos», cuya elevada renta, requerida por ley, no los hacía precisamente adalides de la democratización. Habría que plantearse si el que la Diputación se arrogara la supervisión de las elecciones fue siempre una disposición de supremacía social[42] o si trataba de blindar la base del sistema administrativo en connivencia con sectores no estrictamente de elite; en cualquier caso, con un evidente propósito de limitar la representación de las masas populares.

El envío de los presupuestos y cuentas municipales al corregidor político[43] provocó la oposición frontal de los Regimientos posteriores a la «esparterada», dominados por los liberales fueristas. Pérez Núñez la atribuye a la pugna por el control económico de los ayuntamientos y destaca el éxito que el conseguir tal inspección financiera en exclusiva, en 1849, supuso para el fortalecimiento del gobierno señorial, no sólo porque se legitimaba el que se arrogase competencias en ámbitos en los que antes no había intervenido, sino porque definitivamente se volcaba el sistema foral a su favor.[44] El argumento es válido; ahora bien, hemos constatado que la Diputación corregía disfunciones con criterios bastante afines a los de los pueblos.[45] Adoptemos el punto de vista de éstos. Funcionar bajo presupuesto no les era sencillo debido a que sólo un reducido porcentaje de los ordinarios era semiestable a medio plazo: el arriendo de los escasos bienes de propios o las subastas cíclicas de boscaje carboneable. El grueso procedía de los arbitrios, impuestos indirectos al consumo de vino, aguardiente, carne de vacuno y, a veces, artículos de abacería como el aceite, el jabón o la sardina. Esos gravámenes se arrendaban al mejor postor junto con los correspondientes abastos, gozando el rematante del derecho de venta exclusiva.[46] Eran muy sensibles a las coyunturas local y general; por ejemplo, al aumento o descenso del tránsito caminero, en que eran etapa las tabernas, cuya provisión controlaba el arrendador. El lucro se obtenía por la diferencia entre el precio de subasta, rebajado con frecuencia por colusión, y la expendición efectiva.[47] El sistema era injusto, pero se admitía porque no afectaba a la alimentación básica (motivo de la posterior inquina hacia los consumos estatales) ni a la producción labriega para autoconsumo, porque evitaba las imposiciones directas. Además, la reversión a las arcas consistoriales era total gracias a la exención foral, pues el Señorío cargaba y cobraba sus propios arbitrios aparte. Buena parte de las obras públicas se ejecutaba gracias a los materiales comunales y al hauzolan o trabajo vecinal, y se procuraban solventar las incidencias mediante repartimientos específicos. Este funcionamiento permaneció invariado. Es plausible que al arrogarse su inspección la Diputación pretendiera trazar las líneas generales de inversión (no se ha investigado en qué sentido, ni si con una política de conjunto), a la par que salvar el imperativo legal de la supervisión manteniendo el amplio margen de decisión tan caro a las comunidades vizcaínas.[48] De hecho, la relativa frecuencia de aprobación de presupuestos adicionales vendría a equivaler a la antigua práctica de no cuadrar el déficit, sino arrastrarlo al siguiente ejercicio, en especial en las anteiglesias pequeñas, de finanzas estrechas muy débiles frente a los imprevistos.

El verdadero peligro para el «régimen foral» municipal se presentaría de la mano del Real Decreto que preveía la desaparición de los ayuntamientos menores de doscientos vecinos y la reorganización de las atribuciones consistoriales; su fecha, el 21 de octubre de 1866, en paralelo a la reavivación del debate sobre el «arreglo» del Fuero y al comienzo de la ruptura entre la alta burguesía bilbaína, y sus afines, y los ultraconservadores. Las aldeas habían visto mermados ciertos aspectos de sus competencias, sus terrenos, su voz efectiva en la asamblea de Gernika, pero pervivían como entidades independientes, ámbito en el que pertenencia y alteridad llevaban dos siglos marcando el ritmo de relaciones de todo tipo; su eliminación podía generar un pésimo estado de opinión. Peores para los notables tradicionales serían las posibles alteraciones en el equilibrio de fuerzas sociopolíticas. En varias de las urbes medias susceptibles de anexionarse anteiglesias limítrofes, como Durango, Ondarroa o Bermeo, ya existían grupos de personajes liberales que contestaban la interpretación conservadora de lo foral; algunos accedían a las concejalías y su influjo podría aumentar en las Juntas si conseguían salir apoderados, lo que no era tan improbable. Lo interesante de estos hombres es que, según sólidos indicios, en su mayoría vehiculaban intereses distintos a los de las oligarquías de vetusta raigambre. Bastantes eran comerciantes de redistribución comarcal y/o local, a veces con arrendamientos de abastos y arbitrios municipales; lamentablemente, hasta ahora no hemos conseguido averiguar si aquellos que obtuvieron puestos municipales se valieron de sus redes laborales para obtener apoyos.[49] Otros eran profesionales, a menudo con titulación superior, entre los que menudeaban los hombres de leyes y, como colectivo reducido pero significativo, los capitanes y pilotos mercantes, muy ligados al tráfico bilbaíno y con conocimiento propio de la situación en los restantes países del arco atlántico europeo.[50] Tampoco faltaron industriales, en el sentido actual del término.[51] Aunque algunos poseían tierra, en su ascenso socioprofesional había sido secundaria; además, el censitarismo no la exigía –si alcanzaban la renta mínima eran admitidos al voto como «industriales»– y su objetivo, al menos en la mayoría de los casos hasta hoy constatados, no era el Gobierno Universal del Señorío, sino el consistorio, que les resultaba más accesible y les proporcionaba un gran poder efectivo. Por desgracia, son difíciles de distinguir en cuanto a lo ideológico antes de 1868 debido al deliberado laconismo de la documentación municipal, que procuraba evitar toda alusión a disensiones ideológicas, probablemente para no dar a los gobernadores civiles el menor pretexto contra un orden local cuyas aún extensas competencias también convenía al liberalismo vizcaíno preservar.

Dejemos ahora el ámbito consistorial para valorar la implantación de otras medidas. En comparación con lo mucho, y no siempre correcto, que se ha escrito sobre el tópico de la influencia del clero secular, bien poco se ha investigado a fondo sobre él. Su imagen fue maquillada por los publicistas liberales conservadores que escribieron sobre la Segunda Guerra Carlista durante la Restauración. Nos presentan a hombres mediocremente preparados y peor pagados, cercanos al pesebre caseril por nacimiento y educación; terreno abonado, pues, para el ultramontanismo y el foralismo intransigente que se cerró en banda junto al Pretendiente.[52] Esto se comprende por la necesidad de integrar cuanto antes el mensaje católico de conformismo social en la trama de referencias del sistema, porque con el fin del régimen foral desaparecieron las zapatas locales contra ciertos excesos de presión sobre las masas subalternas, justo cuando se sobrepasaba el no retorno hacia una sociedad de clases: la ignorancia justificaría el error político de los sacerdotes y su reacomodo. Aun dejando de lado al presbiterado urbano (si se nos permite caer en esa dualidad campo/ciudad que tanto criticamos), esa imagen es inexacta. Tanto la exigencia de congruas de ordenación suficientes, como la voluntad de los padres que podían permitirse pagar los estudios eclesiásticos y la cuantía de las dotaciones de los beneficios, pretendían coadyuvar a mantener la «dignidad que presta el sacerdocio» por encima de la mayoría de la grey.[53] Además, en muchas localidades se mantenía la patrimonialidad, que reservaba las plazas del cabildo a los naturales de la parroquia. El sistema primaba la colocación de los segundones de las familias acomodadas, muy a menudo de las elites terratenientes, lo que ponía en marcha un mecanismo de complementariedad económico-ideológica que les brindaba una esencial rienda de poder.[54] No nos extenderemos en el papel mediador de los notables tonsurados ni en su influjo, que el propio obispado reconoció al impulsar la asesoría extrarreligiosa en las «conferencias morales» de formación práctica de los beneficiados.[55]

Es, pues, necesario pero insuficiente plantear las cuestiones del culto y clero (financiera) y el Arreglo Parroquial (organizativa) desde una perspectiva exclusivamente económica. Comencemos por aquéllos. Aun en plena posguerra, los ayuntamientos no dudaron en asumir las dotaciones de los cabildantes y templos, pese a la elevadísima deuda que los suministros a las tropas de ambos bandos les habían causado. Un motivo era el fiscal. Pérez Núñez resalta el temor de los pueblos a que por esta vía se introdujesen las tan odiadas contribuciones proporcionales generales.[56] El amplio margen municipal de gestión interna permitió a las Juntas legitimar las decisiones al respecto de las feligresías, con el acuerdo de la oligarquía vizcaína de vario signo.[57] Son agrupables en tres modelos de financiación: la carencia de percepción específica para esta partida, minoritario por la estrechez pecuniaria consistorial; la contribución sobre la riqueza personal, admitida por su total reversión local y el establecimiento de tramos, por poco proporcionales que fuesen, y la dezmación de hecho, en exclusiva o combinada con el pago en metálico para los feligreses desligados de la tierra. La relativa generalización de esta última forma llama la atención, por comparación con otras regiones. ¿Por qué se mantuvo? Se eludía la derrama vecinal, de cuota única o escalonada, «a la que en varias epocas –carlistada incluida–, ha manifestado suma repugnancia casi todo este vezindario»,[58] por ser carga particular generalizada y no indirecta, contraria pues a uno de los principios impositivos forales por más que se respetara otro, el de la reversión íntegra al pueblo. Los ayuntamientos insistían en que en especie se hacía el pago «insensiblemente y con gusto» por ser labriega la mayoría de la población.[59] El quid era lo escogido para ello, el trigo y el maíz.

Desde siempre los campesinos consideraron el trigo como íntegramente excedentario, destinado a la renta, la Iglesia y, en contados casos, al mercado urbano; por ello, y por su bajo rendimiento, se le dedicaba la superficie justa, minoritaria en el conjunto de la casería. La disponibilidad de pastos y subproductos silvícolas permitía mantener ovinos sin depender de las rastrojeras y ya no dezmaba; como los bovinos se habían librado de hecho ya en la modernidad, el total de la gestión de los elevados beneficios pecuarios quedaba por fin dentro de la esfera privada laica.[60] Aunque en la dieta campesina el maíz era básico, salvo en los peores años siempre generaba excedentes gracias a su adaptación al clima atlántico. El pago, pues, quedaba asegurado. Se libraban también las hortalizas, de creciente consumo en las urbes por el aumento demográfico, y el mucho más provechoso chacolí. Por otro lado, eximir las mercancías mediante las que los labradores podían ensanchar algo su estrecho margen de ganancias les proporcionaba un poco más de un bien difícil de obtener y conservar, como prueba el alto nivel de circulación de deuda como fiduciaria en el agro: la buena moneda. Se exigía en los arrendamientos y en las deudas escriturarias (en rápido proceso de acortamiento de plazos), ámbitos en que muchos liberales (profesionales y hasta comerciantes) estaban muy interesados, bien por haber heredado patrimonios fundiarios, bien porque la extensión y, más, las mejoras agropecuarias, por limitadas que nos parezcan, aumentaron la plusvalía rural generada en este período. La demanda sostenida de cereal mantenía redes de intermediarios, del molinero o posadero al mayorista urbano, que aseguraban al clero la salida de lo percibido. Por cierto, en grano fueron pagados durante años bastantes maestros y médicos, no sin sorpresa de algunos de éstos, llegados desde fuera del territorio foral.

Otra razón, fundamental, para que las corporaciones locales asumiesen el pago tenía raíces antiquísimas. Se trata del patronato merelego de los pueblos, predominante sobre el privado. Su origen sigue siendo indocumentable. Unos provendrían de la humanización altomedieval del territorio, basada en feligresías; las localizaciones en red horizontal y en altura –media– de templos y ermitas y la incorporación de las entidades religioso-convivenciales inframunicipales a los sistemas electorales consistoriales lo avalan. En otros casos se trató de fundaciones del señor. El Señorío se incorporó a la Corona de Castilla como posesión patrimonial del monarca, sobre la que nunca pudo actuar de modo absolutista, y los patronatos regios no fueron enajenados. Al contrario, ya en la Baja Edad Media las comunidades feligresas se aseguraron participar en su administración colocando un mayordomo laico junto al eclesiástico para la administración de la fábrica. Como la presentación de los beneficios, esta prerrogativa resultó muy querida y generó una actitud favorable a su perpetuación. El modo de conseguirlo cuando el liberalismo presionaba para racionalizar la gestión financiera pública (y el culto y clero lo era) fue considerarlo competencia municipal, pues aquí las jurisdicciones eclesiástica y civil coincidían casi siempre y las excepciones no plantearon problemas difíciles (salvo el del patronato de Zeberio, que colea todavía con buenos montes en juego). No se trataba sin más de controlar dineros, sino de mantener un derecho inherente a la vecindad y, por esto mismo, a lo foral como sistema global garante de la convivencia y la pervivencia de las comunidades.

Tensiones mucho más fuertes convergían en torno a la desamortización por imposición estatal. No se planteó hasta Madoz, pues la Primera Guerra Carlista truncó la llegada de las medidas de Mendizábal, aunque bien se supiese de ellas. Pérez Núñez[61] acierta con los motivos de su pésima acogida por las oligarquías representadas en los Regimientos: evitar que lo recaudado pasase al Estado, ni siquiera para obras públicas, y que éste controlara el proceso, abriendo otro frente de zapa de la «centralización» diputacional. En 1862 se conseguiría por fin que los fondos revirtieran íntegros a los pueblos, en forma de deuda; que las obras que aplicaran a éstos estuviesen bajo control señorial, y que el Señorío contase con su propia Administración de Bienes del Estado. Ahora bien, por doquier en España el liberalismo estaba interesado en engrosar el mercado fundiario y, por tanto, en desamortizar a su favor. Recordemos también la hipótesis de una visión integradora de la economía. El paisaje estaba muy humanizado y, debido a la troncalidad (adscripción de la finca a la familia) y a la ya antigua concentración de caseríos en pocas manos, las compraventas de explotaciones enteras eran difíciles, lo que acrecentaría el deseo de las que poseía el clero regular. ¿Por qué, entonces, en Vizcaya los liberales aceptaron el retraso sin promover un debate interno en la regiduría señorial?

Pensamos que por dos motivos. Primero, por el tipo de recursos desamortizables. Los comunales, aunque cercenados desde comienzos de siglo, seguían pesando en los ingresos de bastantes pueblos, aparte de que las entregas temporales de lotes para rotura en años crudos y las puntuales de materiales para paliar desastres involuntarios en las casas cumplían una misión benéfica apreciada por las gentes. Los aprovechamientos de hoja, sotobosque y pasto acrecentaban el potencial de producción de vacunos en los caseríos, del que algunos labriegos y bastantes propietarios se beneficiaban mediante las aparcerías pecuarias o admeterías; recordemos la integración de los intereses de las oligarquías rurales en los Regimientos del segundo tercio del siglo. Así, convenía mantenerlos en proporción suficiente para acrecentar la producción sin desequilibrar ni esquilmar las caserías, para no acentuar los déficits aldeanos (hubo deudas de la Guerra de Independencia saldadas a inicios del siglo XX) y para mitigar, siquiera mínimamente, la evidente insuficiencia de la beneficencia señorial y la temprana desamortización de las obras asistenciales locales. Por lo que respecta al clero, no existían conventos latifundistas; poseían caseríos, sí,[62] pero no menos importantes en sus finanzas eran los capitales, procedentes de dotes de ingreso y de donaciones, puestos a censo. Las redenciones de censuales estatalizados favorecieron a bastantes labriegos. Aquí sí que pudo haberse pensado en una aceleración, quizá más que para asegurar la puntual entrega de rentas (el impacto de la crisis agrícola se sintió después, entre 1868 y 1869) para que el campesinado desahogado invirtiese en astados; ello sería lucrativo para los intermediarios locales de nivel medio (de ideología desconocida casi por completo) y algunos mayoristas exportadores de cueros. Sin embargo, para no sentar el precedente de la intervención de la autoridad central la redención no podía comenzar aparte de la venta de terrenos, la negociación de cuyo control se dilataba y no debía ser puesta en peligro.

El segundo motivo era la estructura de ingresos de la alta burguesía deseosa de obtener tierras. Recordemos que el acaparamiento de tierra, aunque apetitoso en ciertas zonas, no era esencial ni para el ascenso socioeconómico ni para prestigiarse. Por tanto, de ningún modo se trataba de segar la hierba bajo los pies de los «jauntxos», esos propietarios sólidamente enraizados en el agro, incluso aún por residencia, célebres por su dominación local durante el Antiguo Régimen, que seguían manteniendo gran parte de su pujanza e influencia. Al contrario, en varios casos las fincas dotales de las esposas no supusieron para el comerciante un mero aporte dinerario, sino entrar o expandirse en otro campo de actuación, el agrario.[63] Tal estrategia de diversificación era a veces antigua –el acaparamiento de las fértiles lomas de los pueblos limítrofes con Bilbao para abastecer a ésta de hortalizas y chacolí, por ejemplo– y respondía tanto al afán de lucro como a la minimización de riesgos, estrategia habitual entre los negociantes, en particular si su giro era marítimo y, por ende, más incierto; aparte de que pervivían linajes mercantiles pluriseculares que contaban con tierras desde la modernidad, en que fueran incluso su apeo para acceder al Regimiento General. En conjunto, la citada introducción no planteó reticencias apreciables entre la elite fundiaria, tal vez porque estando los patrimonios vastos bien consolidados desde el siglo XVIII resultaba intersticial con respecto a éstos o, al menos, en absoluto competidora de envergadura. Los principales linajes capearon la crisis del tránsito de centuria con la suficiente holgura como para conservar su posición relativa, gracias a la diversificación de sus estructuras de propiedad e ingresos.[64] La mediocridad de los rendimientos del agro les había enseñado desde antiguo a buscar inversiones seguras para sus capitales, en deuda con la Monarquía o en censos contra particulares y el Señorío. Por otra parte, precisamente esa limitación los había animado a conservar las fincas de mayor extensión y mejor calidad y, en lo posible, a redondearlas con suertes de montes procedentes de las primeras desamortizaciones (obras pías, etcétera, a finales de aquel siglo) o con plantíos de caducifolias en suelo comunal. Así, mitigaron en parte la crisis de producción cerealícola, aprovecharon las alzas de precios de vacuno durante las guerras –las tropas exigían raciones en carne roja– y, aunque vieron reducida la demanda de combustible vegetal para las ferrerías, pudieron enseguida recuperarla para las fraguas e instalaciones modernas de que ya hemos hablado, minorando de ese modo un tanto el impacto de los cierres ferreriales. Este resumen es muy simplista, pero detallarlo saldría de nuestro marco cronológico y temático; no obstante, insinúa la idea, plausible, de que las familias terratenientes «antiguas» sufrieron una pérdida de posición más relativa, con respecto a la elite comercial, que absoluta –sin negar su descenso coyuntural–, lo que explicaría su posterior pervivencia en un alto nivel social y los entronques matrimoniales y ententes políticas con la burguesía mercantil de que venimos hablando.

Apuntemos, pues, líneas para discernir posibles motivos del relativamente limitado anhelo que despertó la desamortización entre los acumuladores de capital de origen no fundiario. El espacio natural vizcaíno estaba muy humanizado desde mediados del Setecientos, cuando el crecimiento demográfico y económico había propiciado la fundación de nuevos caseríos a partir de la reconversión en casas principales de las arnagas o accesorias de los primigenios, de las roturaciones para cereal y talas para prado y de la extensión del aprovechamiento silvícola. A falta de innovaciones, o siquiera de mejoras (abonos minerales, por ejemplo, fuera de la corrección de acidez mediante cal), y ante la necesidad –y férrea defensa– de los comunales para complementar las economías privadas y las municipales, se piensa que se llegó cerca del límite relativo de extensión de los cultivos, más allá del cual peligraría el complicado equilibrio que permitía perdurar a los caseríos como independientes. No se diría casual que los envites posteriores de los acomodados contra la tierra pública buscaran sobre todo los boscajes. Además, habida cuenta de la anfractuosidad del territorio, de los condicionantes culturales en favor del mantenimiento del trigo pese al poco favorable clima, de las dificultades para aclimatar nuevas especies cultivables o forestales con buena rentabilidad de mercado y de la conveniencia del bosque para el provechoso ganado y el muy solicitado combustible vegetal,[65] la estructura clásica de la casería siguió siendo el ideal de explotación durante el siglo XIX: radialmente a partir de la casa, una pequeña huerta, heredades cerealícolas y tal vez frutales o chacolineras donde se pudiese, prado, y los diversos tipos de montes bajo y alto. La progresiva integración del mercado nacional y la mejora de los transportes terrestres, con el ferrocarril al frente, y de la frecuencia y variedad de los tratos internacionales, con las consiguientes importaciones de calidades y precios variados, contribuyeron asimismo a disuadir de desmontarla para dedicarla a monocultivos mercantilizados.[66] Por lógica, las mejores fincas, acaparadas por los principales terratenientes y comerciantes y bien trabajadas por generaciones sucesivas de campesinos «especializados» en ellas, no salían a la venta; las mediocres no eran nada atractivas ni para sus acreedores, que incluso en casos extremos como los concursos a bienes preferían ser pacientes con sus dueños e ir detrayéndoles toda plusvalía generada sin asumir las pesadas cargas de su deuda consolidada, multisecular casi siempre, y coyuntural a medio y hasta corto plazo, en su caso.

En el período analizado hubo factores de mayor peso que la disponibilidad de fincas, derivados de la dinámica y el dinamismo económicos no agrarios, incomparablemente más atractivos para los capitales comerciales cuantiosos que un suelo poco agradecido. Hemos citado antes la intermediación del cereal; la de ultramarinos, con el azúcar y el tabaco cubanos a la cabeza, iría en crecimiento imparable, con miras a servir a la clientela peninsular además de a la local, muy abundante en fumadores gracias a un inveterado contrabando dirigido por los propios importadores. Por sus redes internacionales, los mercaderes conocían bien los beneficios de la industrialización y ataron enseguida los cabos de un mineral de hierro excelente, una mano de obra numerosa avezada al peonaje y aun a la minería a pequeña escala y, en su caso, hombres cualificados (procedente de las instalaciones protoindustriales cerradas y, después, del artesanado en crisis), con los de la inversión en instalaciones modernas de transformación, mejoras de infraestructura de transportes –caminos, ferrocarriles– y actualización de la construcción naval –de larga tradición en el hinterland bilbaíno– para la exportación de elaboraciones férricas hacia el interior del país y, con el tiempo, de mena hacia el extranjero. Las ferrerías se enfriaron no demasiado antes del calentamiento del primer alto horno en 1841, sin que los mercaderes conspicuos lo lamentasen, pues no les interesaban ya. A sus fondos se debió ese cambio cualitativo, y el de la siderúrgica, al coque de Baracaldo con el que los Ybarra bilbaínos abrieron una vía de prosperidad sólo cerrada a finales del siglo XX. Las nóminas de empresas creadas desde los años cincuenta que nos ofrece Arantzazu Galarza[67] nos indican los millonarios (en reales) capitales que se pusieron en juego para promocionar todo ello y para financiarlo directamente o mediante entidades crediticias, con el Crédito Vasco y el Banco de Bilbao, que durante un tiempo fue emisor de moneda, a la cabeza; las de inversores,[68] las preferencias de la alta burguesía mercantil. A ello deberíamos añadir su olfato para las inversiones inmobiliarias urbanas. Bilbao, de muy estrecha superficie entonces, fue literalmente reconstruida a partir de 1857 por el lucro que proporcionaban las lonjas de almacenaje y venta, la venta de viviendas a las capas burguesas y los alquileres al resto de la población estable y de la cada vez más numerosa flotante, rayanos en lo abusivo en proporción a sus jornales. Además, la elite fue introduciendo nuevas costumbres de ocio y relación social, a veces justificadas por la salud, como los baños de mar; la urbanización residencial de veraneo de Las Arenas (Getxo), antecedente del famoso Neguri de la Restauración, se haría sobre vegas, desamortizadas en su mayoría, sin que ninguno de sus compradores pensara en mantener su uso agrícola por fértiles que fuesen. Por fin, un apunte cultural menor, aunque no desdeñable. Como antes dijimos, durante la modernidad vasca lo que ennoblecía no era la propiedad de la tierra sino la vizcainía, luego las burguesías rampantes no tuvieron ansia por acumularla sino miras primordialmente pecuniarias. El prestigio se basaba en la riqueza material, pero no menos en la inmaterial, esto es, la capacidad de mediación y de movilización de redes familiares y clientelares y, en el caso de los comerciantes, en su nombre, garantía de fiabilidad y savoir faire. En parte por esto, la elite intermediaria bilbaína estuvo abierta a ascensos sociales, incluso de extranjeros. Sin embargo, siempre constituyó una piña con elevadas autoconsciencia y autoestima, reforzadas en los años de que tratamos por la efectividad del tándem constituido por el Ayuntamiento (recordemos el alto nivel de autogobierno municipal) y la Junta de Comercio. A mediados del siglo XIX su lucro para nada dependía de los notables rurales, a quienes en última instancia el enriquecimiento global y el aumento demográfico beneficiarían por el incremento de la demanda. Mientras se mantuviesen un régimen de gobierno interno que amparara lo suficiente uno y otro ámbito de actuación y un marco conservador en lo social, cabría el consenso, soterrando las tensiones para sembrar prosperidad. Sólo aflorarían cuando se presagiaran la democratización y el liberalismo a ultranza y les diera rienda suelta el Sexenio democrático, pero esto nos lleva a un contexto muy distinto del que nos hemos propuesto estudiar aquí.

Veamos ahora la cuestión desamortizadora desde el punto de vista local, que nos lleva a tres terrenos distintos pero adyacentes: las implicaciones colaterales de la aplicación de la ley, los adquirientes y el verdadero alcance de lo enajenado. En Vizcaya se planteaba un problema específico derivado del Fuero: la inexistencia de catastro. Se justificaba por la hidalguía universal, que conllevaba la inexistencia de pechos para el señor y, por ende, de cotizar al fisco de la Monarquía. Las transmisiones intrafamiliares de inmuebles se realizaban sin subdividirlos, gracias al conocido sistema de herencia única con legítimas no fundiarias para el resto de la prole salvo que se poseyesen varios caseríos, claro está; en las capitulaciones matrimoniales bastaba con citar el nombre del caserío, cuyas lindes conocían de sobra los otorgantes, y en el caso de predios sueltos ni tan siquiera era necesario protocolizar la cesión. Todos los sectores sociales ligados al campo coincidían en la oposición a la medición y tasación exhaustiva de su riqueza, aduciendo que podría servir de base a contribuciones directas, ajenas a la costumbre, y a impuestos estatales. Durante el Antiguo Régimen las contribuciones se habían girado tomando como unidad fiscal la foguera, que casi siempre era tenida por casa originaria; por estas dos razones se había cerrado el disfrute de gran parte de los derechos políticoeconómicos comunitarios en favor de sus dueños. Las estadísticas territoriales de 1848 o 1863 recogen sólo los nombres de las fincas y sus dueños y, como base imponible, una renta estimada con opacidad absoluta de criterios, que resiste mal la comparación con los datos escriturarios; y no fueron actualizadas ni entre ambas fechas ni después de la segunda, pese al crecimiento agrario y poblacional en general.[69]

¿Se debía esto al peso de los oligarcas rurales en la Diputación? Sí, pero no sólo. Habría sido injustificable introducir un gravamen proporcional de veras a los inmuebles rústicos y librar los urbanos, de rentabilidad en imparable alza por el crecimiento poblacional, que en Bilbao pertenecían en gran medida a las burguesías negociantes y en los que procuraban invertir los ciudadanos enriquecidos de nuevo cuño (liberales o no, que también los hubo hasta ultramontanos); aparte de que el mismo criterio podría reclamarse para los rendimientos netos de los capitales y las actividades desligadas del agro. Resulta esclarecedor que el Ayuntamiento bilbaíno, dominado por la elite mercantil, se negara «de una manera absoluta é incondicional á contribuir (...) á que se forme con premura el censo territorial de la localidad».[70] Sólo la necesidad perentoria vencía la resistencia a dejar constancia escrita sobre estas posesiones: encontramos la mayoría de las descripciones y valoraciones detalladas en relación con el mercado escriturario del dinero, para garantizar las hipotecas, que apuntillaron enseguida al censal, en algunas retroventas y en ventas reales efectuadas fuera del ámbito familiar. En cuanto a los pueblos, que habían conseguido mantener superficies comunales a pesar de lo que comentaremos, se basaban en el enorme respeto a la costumbre, desde el carbonero cíclico a los pasturajes, en una eficacísima aculturación intergeneracional, cuyo paradigma era la participación en las visitas de mojones de los niños desde su uso de razón; y en el incontestado valor del testimonio del uso «desde tiempo inmemorial», al cual se recurrió y fue aceptado, por cierto, cuando hubo que protocolizar lo poseído a fin de justificar su necesidad para el mantenimiento básico del sistema agropecuario y librarlo así de la estatalización.

Las enajenaciones según Madoz comenzaron a menudear en 1863, para bienes de instrucción pública y beneficencia (cortos en conjunto), y se hicieron masivas desde 1867, una vez consolidado el Concordato, cuando las crisis agraria y financiera ya se sentían, lo que pudo haber distorsionado los resultados previstos.[71] Sobre 391 compradores, los principales fueron, en número, labradores, propietarios, comerciantes y profesionales liberales y empleados públicos (38,62; 16,62; 14,83 y 12,27%, respectivamente), con un 10,74% de comerciantes bilbaínos de claro signo liberal; por precio de compra obtuvieron, respectivamente, el 20,35, el 28,96, el 28,89 y el 5,63%. El 23,77% fue para los mercaderes bilbaínos y el 18,56 para sus convecinos propietarios. Unos pretendían redondear sus caserías, sobre todo en el lucrativo hinterland de la villa, centrado en horticultura y parras para las bocas urbanitas; bastantes resultaron intermediarios, sin que quede claro si por acuerdo previo con el destinatario definitivo. Y, como era previsible, la inmensa mayoría del campesinado quedó al margen, ahondándose las diferencias internas en este grupo, en cuya heterogeneidad –interesadamente olvidada por los publicistas– no podemos detenernos. Nada nuevo, pues, con respecto a otras regiones. Eso sí, de quienes se beneficiaron de las redenciones de censos, con casi la mitad del valor redimido, fueron cultivadores el 61%, de los cuales apenas el 7 merecía la consideración de «labrador propietario». Quizá el levantar deudas, conveniente en tiempos difíciles, detrajera fondos de la adquisición de tierras, sobre todo por la escasa disponibilidad de montes, que se preferían por la superior rentabilidad silvícola y pecuaria.

Esto último, el nivel comparativo de generación de plusvalía, nos lleva a la última, y crucial, cuestión: lo que salía al mercado inmobiliario. El bosque (semi)público catalizaba los anhelos y llevaba sufriendo ataques continuos desde mucho antes de que Pascual Madoz legislara. La tremenda deuda generada por cuatro guerras en treinta años (el Trienio liberal lo fue también aquí) forzó a los ayuntamientos a compensar a sus proveedores considerando definitivas prácticas privatizadoras de hecho, como plantar caducifolias en suelo público, o adjudicando lotes «a la propiedad» local, léase caseríos tenidos por foguerales o primigenios; pocas veces ello se tradujo en dinero efectivo.[72] Las maniobras se imaginan enseguida, habida cuenta de la falta de tasación catastral, de la inflación de los precios de los suministros, de la lógica diferencia de haberes entre los acreedores por la desigualdad de excedentes entre los caseríos y, a veces, de la pluralidad de fincas derechohabientes en las mismas manos. A la par se fueron eliminando las antiquísimas parzonerías de montes, cuyos titulares pasaron a ser los ex copropietarios, todos radicados en el pueblo por sus bienes pero ni mucho menos siempre residentes en él. Desde luego, salían favorecidos los terratenientes de viejo cuño, por su nivel de concentración de propiedad en conjunto –bastantes linajes habían procurado dispersarla en una comarca para acrecentar su dominación–, la dificultad de comprar caseríos derechohabientes y la marginación de los más recientes de esas prerrogativas. Sin embargo, el mantenimiento de ciertos usos en ex comunales privatizados, la prohibición de enajenar a foráneos o el acceso del inquilinato a la explotación de las suertes adjudicadas al caserío, acallaron la contestación popular. En definitiva, la ley Madoz no podía propiciar en Vizcaya cambios radicales en las estructuras de la propiedad ni en las productivas, y tal vez por ello el liberalismo no tuvo inconveniente en dilatar su aplicación a fin de no introducir una fisura en la entente con los oligarcas agrarios ultraconservadores y de mitigar los efectos negativos de la pérdida de recursos comunitarios sobre el campesinado, muy sensible al recorte de sus derechos consuetudinarios, sobre todo cuando coadyuvaban a su supervivencia.

Pasemos a revisar disposiciones gubernamentales cuya aceptación por las diputaciones resultó menos complicada. La desvinculación no generó ningún debate llamativo.[73] El sistema foral dificultaba la enajenación de bienes raíces en la Tierra Llana (en su inmensa mayoría caseríos) fuera del tronco familiar, pues cualquier pariente gozaba de prelación de compra; no olvidemos que en el Antiguo Régimen era justificable de sobra por la hidalguía universal, si bien su origen, consuetudinario, era mucho más antiguo. Junto con la transmisión intergeneracional indivisa, esta disposición pretendía evitar la desposesión del linaje y mantener la muy efectiva solidaridad entre sus miembros. Puesto que no dependía del estatus de la persona sino del de la finca, es decir, de que radicase en un área sujeta al Fuero, se comprende la tranquilidad de los grandes propietarios con respecto a una excesiva movilidad de lo que la ley estatal les había permitido liberar; de hecho, los principales liberales terratenientes de finales de los años treinta habían heredado u organizado sus patrimonios antes de esa disposición o, cuando menos, sin depender de ella.

La Ley de Hipotecas de 8 de febrero de 1861 nos devuelve a la cuestión catastral. A ella añadía la generalización del Registro de la Propiedad y, subsidiariamente, la posibilidad de incluir un impuesto hipotecario sobre las transmisiones. So pretexto de no haber sido reformado todavía el Fuero, lo primero y lo tercero fueron obviados; se continuó sin catastro y, en 1867, quedaron explícitamente eximidas de tributación hipotecaria las adquisiciones. En cuanto al Registro, convenía a todos quienes poseían capitales para invertir en lo que se pudiese conseguir en compras de inmuebles y en el endeudamiento privado, en alza a inicios de los años sesenta por las buenas expectativas económicas.

Las siguientes tres normas que nos ocuparán tienen un punto en común: afectan a personas laicas con capacitación profesional específica y destacadas en sus comunidades, en especial en las rurales, por su potencial de mediación. Se trata de los maestros elementales, [74] los médicos (y cirujanos, pero con titulación universitaria) y los notarios, llamados escribanos hasta 1862. La prevención contra la célebre Ley Moyano de 1857 provenía de una falacia admitida por la oligarquía en pleno: la identidad entre enseñanza y educación. Por eso, en buena medida, la Diputación había apoyado la creación de escuelas en los pueblos, bien es cierto que sin arbitrar medidas contra la retirada prematura de los niños para incorporarse al mundo laboral, porque la elevación del nivel de instrucción no era un fin; en los años sesenta se alentó la extensión de la escolarización femenina, diferenciada por género con mayor peso de moralidad y religión porque se esperaba que las madres (futuro perfecto de las niñas) transmitiesen sus valores para coadyuvar al mantenimiento del orden establecido.

Amén de la participación de la Diputación en la Junta Provincial de Instrucción Pública y su control de la comisión de Enseñanza Primaria, la presencia de los mayores pudientes en las locales, el respeto a las competencias municipales en la provisión y financiación de los puestos docentes y, a veces, la exigencia del euskera como filtro contra «foráneos» resguardaron el control ideológico, tan importante como lo crematístico en la defensa de la foralidad. En cuanto al Reglamento de Partidos Médicos de 9 de noviembre de 1864, no interfería en los mecanismos de contratación y financiación municipal, gratuidad para los pobres reconocidos incluida, ni en los ajustes privados, bastante frecuentes entre los labriegos de cierto acomodo; los roces solían ser pecuniarios y no nos importan ahora.

La Ley de Notariado de 28 de mayo de 1862 y sus reglamentos suprimían a los escribanos reales, algo que la Diputación había ido procurando tras la Guerra de Independencia con la aquiescencia de los titulares de las numerías, celosos de su excesiva competencia.[75] También limitaban la zona de actuación, por partidos judiciales, lo que nada cambiaba porque los propios fedatarios preferían radicarse. Hubo sagas en un mismo lugar durante generaciones; peculio familiar y actuación personal se alimentaban mutuamente para conseguirlo. Durante el Antiguo Régimen, estos profesionales habían sido también secretarios municipales,[76] participando en las causas de primera instancia que conocían los alcaldes de las villas, y en las que los fieles de las anteiglesias instruían. La transmisión acumulativa de saberes sobre un mismo grupo humano les proporcionaba un poder que excedía el de la simple mediación entre la esfera popular y las instancias administrativas. El Fuero se reinterpretaba, no en vano se basaba en buena medida en lo consuetudinario; y sabemos hasta qué punto las relecturas bajo el período isabelino llegaron a diferir bajo una misma apariencia. Los notarios fueron piezas clave para conseguir esa ductilidad y, plausiblemente, su aceptación por los administrados. De paso, esto explica su crucial importancia para el carlismo. ¿Y para el liberalismo? Acerquémonos un momento a las notarías de Bilbao en vísperas del Sexenio. Sus titulares cubrían casi todo el espectro político legalmente admitido, y se observa su afinidad ideológica con varios de quienes otorgaban ante ellos: tradicionalistas ante el neocatólico Miguel de Castañiza, el creso industrial Gabriel María de Ybarra ante el altoburgués Serapio de Urquijo, etcétera. Víctor Luis de Gaminde era capaz de concentrar en una página la más larga retahíla de cláusulas: los honorarios se calculaban, entre otras cosas, por plana escrita, y ante él comparecían campesinos de los alrededores, algunos artesanos, personas modestas en su mayoría, en una afluencia continua que compensaba la baratura. Gaminde procedía asimismo de la burguesía mercantil bilbotarra; pero era progresista.[77]Es imposible comprobar si hubo conexión entre su opción ideológica y las gentes a quienes atendía; esto es, si quedó un tanto preterido en el nunca oficial pero efectivo reparto de ámbitos de actuación por su pensamiento,[78]o si asumió ese papel por propia voluntad prestando un servicio digamos democrático al rebajar los costes y si intentó, como varios de sus colegas, una velada persuasión. Queden en el aire estas reflexiones, antes de concluir nuestro discurso.

CONCLUSIONES

El denominado «régimen foral» que fue marco político-administrativo del Señorío de Vizcaya durante la mayor parte del reinado de Isabel II se caracterizó por una intensa oligarquización, heredera de la que lo había distinguido durante el Antiguo Régimen, por más que la existencia de una asamblea representativa parezca indicar lo contrario. Habiendo sido, pues, construida la foralidad para favorecer la dominación de las elites, inmediatamente después de la Primera Guerra Carlista convenía a éstas llegar a una entente, siquiera de mínimos, que les permitiera blindar su capacidad de gestión territorial frente a la normativa gubernamental estatal. Así, colaboraron con el liberalismo conservador algunos ex carlistas destacados, apoyando un fuerismo moderantista que garantizaba a unos y a otros el mantenimiento de su posición socioeconómica. Si bien la propiedad inmueble se vio consagrada como uno de los criterios fundamentales para acceder al puesto de diputado general, el relativamente elevado número de cargos dentro del Regimiento General y, en su caso, la asesoría de comisiones especializadas permitieron a los representantes de los intereses no fundiarios participar en las tareas ejecutivas. Es muy probable que bastantes de ellas tuviesen como base una visión integradora de los mecanismos económicos vizcaínos, y no sectorializada de manera casi estanca como a menudo suele suponerse.

En la estabilidad del sistema los ayuntamientos seguían siendo esenciales. Pese a las aparentes tensiones debidas al control por la Diputación de ciertos aspectos clave (presupuestos, elecciones), la preponderancia de los acomodados en ambos niveles administrativos facilitó una acción combinada que redundó en favor de los poderosos territoriales y de los notables locales, en diversa medida, por supuesto. Las bases de la organización municipal apenas se vieron alteradas, lo que coadyuvó a preservar la estabilidad social (lo que no excluye un elevado umbral de dominación) y a reforzar la preponderancia de las elites, debido al peculiar procedimiento de elección de apoderados a Juntas. Las diputaciones se esforzaron por filtrar y, en su caso, mitigar la aplicación de las medidas estatales (desamortización, normativa hipotecaria, etcétera), a fin de evitar un excesivo desequilibrio estructural y la desaparición de las ventajas forales más queridas por las masas populares. La ruptura de la cohabitación política interna comenzaría a manifestarse a mediados de los años sesenta y se haría definitiva en el Sexenio democrático, cuando coincidieran disposiciones gubernamentales liberales avanzadas con la renovación de las aspiraciones de la alta burguesía protagonista del desarrollo económico minero e industrial.

[1] Agradezco vivamente a los editores sus sugerencias para mejorar las argumentaciones.

[2] Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del Estado liberal (1808-1868), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, Universidad Autónoma de Madrid, 1996.

[3] Sobre todo expuestas en Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral..., pp. 406 (cita), 366 y 400 (control de ayuntamientos) y 327 y 418 (clase dirigente).

[4] Sobre todo expuestas en Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral..., pp. 406 (cita), 366 y 400 (control de ayuntamientos) y 327 y 418 (clase dirigente).

[5] Fernando Martínez Rueda, Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal (1700-1853), Bilbao, IVAP, Universidad del País Vasco, 1994, pp. 282318; centrada en el foralismo «clásico» de Antiguo Régimen usando fondos locales, para la primera etapa isabelina utiliza más los señoriales de gestión municipal.

[6] Joseba Agirrezkuenaga, Vizcaya en el siglo xix (1814-1876): Las finanzas públicas, de un Estado emergente, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1987, pp. 297-333. Pese a su sugerente título, su Euskal gizartearen barrena euskaltzaletasun politikoaren sorrera garaian: zaldunak, matxinoak, enpresariak, langileen eraketa (1789-1876), Bilbao, Beitia, 1994, es genérico y no renueva sus presupuestos.

[7] Arantzazu Galarza, Los orígenes del empresariado vasco. Creación de sociedades e inversión de capital, Bilbao (1850-1882), Bilbao, Beitia, 1996.

[8] José María Portillo, Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa (1812-1850), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1987. Interpretación general del «régimen foral» como constitución paralela hasta 1876, a partir de ideólogos y documentación institucional superior, en su reciente El sueño criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra, San Sebastián, Nerea, 2006.

[9] Coro Rubio Pobes, Revolución y tradición. El País Vasco ante la revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868, Madrid, Siglo XXI, 1996; y Fueros y Constitución: la lucha por el control del poder. País Vasco, 1808-1868, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997.

[10] Aunque hubo posteriores incorporaciones (Orozko, antes señorío de los Ayala; la segregada Elantxobe) y paulatinas concesiones de voto a localidades de las Encartaciones y de la Merindad de Durango (pero aquí, ocho junteros para once pueblos), por haber tenido estas dos entidades fuero propio.

[11] Que junto con los «arbitrios» locales y señoriales (véase infra) eran los únicos percibidos debido a la exención foral de pechas u otros gravámenes directos para la Monarquía o el propio Señorío, en tanto que patrimonio del rey-señor, por ser considerados hidalgos los vizcaínos. Obviamos que no todas las casas existentes eran consideradas «foguera», o unidad fiscal; sus relaciones (o «fogueraciones») fueron actualizadas pocas veces y con rigor discutible por motivos de poder local o fiscales.

[12] El río que atraviesa Bilbao, antes llamado Nervión en su curso bajo.

[13] Archivo Foral de Bizkaia (AFB), Sección Administrativa (A), AJ-02525/016; los síndicos, 6.000 reales.

[14] Modelo de ello podría ser Manuel de Gogeascoechea, abogado liberal muy influyente en la comarca de Markina, villa donde fue varios años alcalde (Archivo Municipal de Markina, libro 23); treinta y nueve veces comisionado entre 1844 y 1862, amén de regidor electo en 1844-1846, en suerte en 1852-1854, diputado en 1858-1860 (ejerció) y 1862-1864 (Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico de los Diputados Generales, burócratas y patricios de Bizkaia, Bilbao, Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia, 1995, pp. 223-226), y comisionado en Corte en 1859 para tratar en especial sobre desamortización, estadística territorial e instrucción pública (AFB, A, AJ-00265/003).

[15] Aunque parezca predominar el sector agropecuario, importante para contentar a la amplia parte de los gobernantes con tales intereses, los transportes, que favorecían a la industria y el comercio, fueron atendidos.

[16] Cf. Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., pp. 97-101, muy útil aunque olvida a bastantes miembros de los Regimientos. Las listas de cargohabientes durante toda la foralidad (excluyendo las corporaciones carlistas), indexadas, en Darío de Areitio y Mendiolea, El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya, Bilbao, Imprenta Provincial de Vizcaya, 1943.

[17] Urquizu fue diputado general en los bienios 1852-1854, 1856-1858, 1860-1862, 18641866 (en que ejerció; no en los restantes, por no salir primero de bando) y 1868-1870. Urrutia fue diputado en 1864-1866. Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., pp. 444-449 y 450-451, respectivamente, y Archivo Histórico Provincial de Bizkaia (AHPB), Protocolos Notariales (PN), leg. 6.818, n.º 60, 20 de mayo de 1862 (parzonería) y 6.227, n.º 251-253, 2 de julio de 1868 (aparcerías chacolineras). Bienes de Urquizu en Madrid: Archivo Histórico Nacional, Gobernación, leg. 1.339 (embargos a carlistas). Reduciremos las citas de este párrafo a un mínimo representativo.

[18] López de Calle fue síndico en 1848-1850 y 1854-1856; diputado en 1858-1860, 18601862 (era posible encadenar bienios si no coincidía el grado del cargo), 1862-1864 (ejerció) y 1872-1874; Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., pp. 321-325; AFB, Sección Judicial (J), JTB 0006/094 (septiembre de 1848): injurias y desacato sufridos siendo alcalde de Gernika. Zumelzu: regidor electo en 1858-1860 y en suerte en 1862-1864; dueño de dieciocho casas en Bilbao y veintidós caseríos, la mayoría en el hinterland de la villa (Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., pp. 519-521; AFB, J, JCR 1188/004 [1866], etc.).

[19] Gervasio fue regidor electo en 1848-1850 y 1854-1856; Archivo Municipal de Durango, Libro de Decretos 23 y Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya, 16 de febrero de 1867 (30.000 reales/año). Juan José fue diputado, ejerciendo en 1852-1854 y 1862-1864; ibíd. (primer rentista local, con igual cantidad), Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., pp. 268-271, AFB, J, JCR 2792/007 (marzo de 1845): director de la Asociación del Camino de Bilbao a Durango, muy transitada vía hacia Gipuzkoa que atravesaba su localidad.

[20] Antuñano fue regidor en suerte en 1831-1833, síndico en 1854-1856, diputado en 1856-1858, 1866-1868 y 1870. Tellitu fue síndico en 1846-1848, diputado en 1854-1856 (ejerció). Ambos, en Archivo Municipal de Balmaseda, caja 180, legs. 9 y 25 (estadísticas de propiedad territorial y de giro industrial); Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., pp. 97-101 y 411-414.

[21] Gorocica: AHPB, PN, leg. 6.227, n.º 481, diciembre de 1868 (testamentaría). Epalza: Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., pp. 199-202; AFB, J, JCR 1228/050 (1854, rentas en Bilbao), JCR 2158/007 (1853, giro con Amberes). Uriarte fue regidor en suerte en 1858-1860 y electo en 1862-1864; AHPB, PN, leg. 6.078, n.º 536, 31 de diciembre de 1876 (renovación de sociedad). Resumen de los negocios de los dos últimos, en Arantzazu Galarza, Los orígenes..., pp. 41-42.

[22] A finales de julio, para que la toma de posesión de los electos coincidiera con el día de San Ignacio, patrono del territorio, y porque los contratos agrícolas y ferreriales se habían cerrado por San Juan.

[23] A finales del período serían las de Hacienda y Cuentas, Caminos y Ferrocarril, Instrucción Pública, Liquidación y Nivelación de Suministros (de guerra), Fueros, Fomento Agrícola y Arbolado, Culto y Clero, Beneficencia, y Estadística y Servicio de Marinería, respectivamente con dos, cuatro, uno, uno, cuatro, uno, dos y dos representantes por merindad; las veintiuna villas y viudad, que hasta 1631 tuvieron Junta propia, eran consideradas como otra merindad a este efecto. Cf., por ejemplo, AFB, A, AJ-00174, 3 de julio de 1866.

[24] Así, Gregorio de Aguirre, en las de Caminos y Ferrocarril (con el citado Antuñano) e informativa del Ferrocarril minero de Triano en las Juntas de 1868, en las que resultó nombrado diputado primero (AFB, A, AJ-00175). Buen ejemplo de variedad, con representantes del comercio comarcal junto a labradores propietarios acomodados, en la de Ferrocarril de 1860 (AFB, A, AJ-00171).

[25] AFB, A, J-00170, 11 de marzo de 1857: el mayorista y armador Juan Echevarría y la Llana y el fabricante y distribuidor de hierro Bernabé Díaz de Mendívil, como Padres de Provincia, y Leonardo de Landázuri y Pablo de Epalza, de raigambre mercantil, por su «celo, ilustración y conocimientos», para la del Ferrocarril minero de Triano, cuya gestión proporcionaría a la diputación cuantiosos ingresos en la Restauración.

[26] Cf. Federico Suárez, «Los cuerpos de Voluntarios Realistas», Anuario de Historia del Derecho Español, XXVII, 1956, pp. 47-88.

[27] Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral..., pp. 279 y 282, otorga gran importancia al pase porque permitía a las diputaciones gobernar adaptando la foralidad, indefinida y susceptible de evolución, e indica que fue utilizado de hecho, no de derecho, en algunos casos; pero desde entonces la oposición a las disposiciones no deseadas habría de ser negociada sin ese amparo legal previo.

[28] Respectivamente, intentos de aclimatar morera y coníferas, «paradas» de sementales vacunos para mejorar la raza autóctona, etcétera. Cf. Arantza Gogeascoechea, «El romanticismo: 1800-1876», en VV. AA., Pensamiento agrario vasco: mitos y realidades (17661980), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994, pp. 71-77; y Jesús María Garayo Urruela, «Granjas modelo y transformaciones técnicas en la agricultura vasca (1850-1888)», en AA. VV., Pensamiento agrario..., pp. 137-183.

[29] Enriqueta Sesmero Cutanda y Javier Enríquez Fernández (ed.), Consejos a un hazendado vizcaino. Memorias para el buen gobierno del caserio bascongado, 1823-1838, por Cayetano Joaquin de Oxangoiti, Bilbao, Librería Anticuaria Astarloa, 2002, en especial pp. 123 y ss.

[30] Su correspondencia con su «amo» liberal afincado en Madrid ha sido estudiada en Enriqueta Sesmero, «La buena voluntad para vivir juntos: Campos y Ormaecheas, paradigma de engranaje vertical entre terratenientes y caseros (ca. 1800-1877)», en José María Imízcoz Beunza (dir.), Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos xv-xix), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001, pp. 263-301.

[31] El motín artesano del pan de Bilbao en 1854 (que estudiamos según AFB, J, JCR 1492/001), último preindustrial en Bizkaia, se debió a la carestía por la exportación masiva a causa de la crisis agrícola, siendo inelástica la demanda urbana popular de trigo por motivos económico-culturales, pues el maíz, prioritariamente de autoconsumo agrario, se consideraba caseril y era menos valorado en todos los sentidos. Exportación: AFB, J, JCR 2102/003 y JCR 2202/242 (trigo y harina a Nantes y Liverpool en el difícil 1855). Cf. Ángel Ormaechea, «El ferrocarril y el mercado interior. El ejemplo del Ferrocarril de Tudela a Bilbao», Bidebarrieta, XVII, 2006, pp. 265-298. Se importó durante la crisis de 1854-1857, pero más para su redistribución por España que para el mercado local, al parecer (AFB, J, JCR 2202/281, JCR 3948/160, etcétera).

[32] AFB, Sección Municipal, AM Amorebieta-Etxano, PN, Jesús M.ª de Epalza, 14 de septiembre de 1862: «nabo, pagoch [trébol encarnado] y otros forrajes». Renta mixta moneda y chacolí: Archivo Municipal de Mungia, Atado Abando, s.f. (1866), caserío de Timoteo de Loyzaga, hijo de un consultor (crucial asesor legal) de diputación e importante propietario rural, y AHPB, PN, leg. 6.226, n.º 70, 29 de febrero de 1868 (renovación), del citado Manuel Urrutia y Beltrán (dueño de otras once fincas), abogados liberal fueristas de Gernika y Bilbao, respectivamente.

[33] Y no a la benevolencia en abstracto de los propietarios alegada por Antonio de Trueba en su Bosquejo de la organización social de Vizcaya (Bilbao, Juan E. Delmas, 1870, pp. 48-50), obra afín al tradicionalismo de la Diputación que la promocionó contra los vientos antiforales, aunque por algo insistiría en su difusión el liberal conservador Eduardo Victoria de Lecea (importante propietario de viviendas en Bilbao, muy rentables) tras ser nombrado diputado por el gobernador civil al fracasar el putsch carlista de ese año. Las renovaciones implícitas no se escrituraban, lo que seca nuestras fuentes.

[34] La oligarquía mercantil dominaba en la específica Junta de Comercio y en el Ayuntamiento de Bilbao, que a menudo colaboraron con la Diputación pero podían disponer largamente por su cuenta.

[35] La crisis de los años 1868-1871 muestra la insuficiencia de los cambios, por no ser estructurales; cierto es que fue muy dura por doquier en España y que la remodelación en Vizcaya había quedado truncada en parte por la atracción de capitales y por la paulatina especialización en hierro del giro comercial por las nuevas minería e industria. La reconstrucción de la evolución del paisaje rural y del destino de los capitales procedentes de plusvalías agrarias a lo largo del siglo XIX, muy prolija, está pendiente. Nada indica que se intentara elevar el nivel de vida de los labriegos. Desde mediados del siglo preocupaba su emigración, pero porque crecía la demanda de mano de obra jornalera. A la llegada masiva de inmigrantes desarraigados se recurrió en la Restauración por la insuficiencia demográfica interna; provocó continuos problemas de orden público, como el muy frecuente uso de armas por jornaleros mineros, con diferencias tipológicas según su procedencia geográfica (AFB, A, AQ-00069 y ss.).

[36] Javier Pérez Núñez, La Diputación..., pp. 294-295: todos elegibles en diecisiete aldeas con menos de sesenta vecinos, y entre el 25 y el 60% de éstos en cincuenta y cuatro, que contaban entre sesenta y doscientos. Totales estimados de votantes y de elegibles en el Señorío hacia 1847: casi el 37% y el 26 del vecindario, y menos del 25 y del 15 en villas, respectivamente.

[37] Nunca «contribuyentes», por la exención fiscal foral.

[38] Fernardo Martínez Rueda, Los poderes..., pp. 254 y ss. AFB, A, AJ-01608/107, 16 de octubre de 1830: edicto de Diputación a los Paisanos Armados (cuerpo paramilitar organizado por municipios) para tal control, entre otros. AFB, A, AJ-00217/028, 1827: expediente incoado en Diputación por el escribano absolutista Luis de Basterra para recibir documentación destinada a inhabilitar a su colega y convecino Manuel de Barandica para ser secretario de ayuntamiento; ambos, de Amorebieta, próspero núcleo ferrón y ganadero, donde el primero se había hecho pasar por inquilino para copar el fielato destinado a los campesinos colonos.

[39]

[40]

[41] Por catas hemos apreciado entre 2 y 12 ha; pero no nos atrevemos a aventurar cómo eran de válidas estas cifras porque figuran en descripciones protocolares, y no catastrales, por ventas de caserías enteras, peritajes y tasaciones por herencias o concursos a bienes, obligaciones hipotecarias, etc., relativamente tardías, que no se han vaciado de modo exhaustivo. Faltan en los escasísimos archivos privados con datos sobre caseríos porque, al ser éstos en principio unidades indivisibles, eran innecesarias para sus propietarios.

[42] Como se desprende de Javier Pérez Núñez, La Diputación..., pp. 354 y 366: oposición de la Diputación a los tradicionales ayuntamientos generales en que participaban todos los vecinos (pero no los «moradores»).

[43] En los años cuarenta, eufemismo por «jefe político», para acentuar la continuidad de lo foral.

[44] Javier Pérez Núñez, La Diputación..., pp. 365-366 y 402-403, y Fernando Martínez Rueda, Los poderes..., pp. 298 y 307.

[45] Centenares de expedientes en AFB, A, AR01745, AR01795, AR01814, etcétera.

[46] Justificación del Ayuntamiento y (atención) mayores pudientes de Barakaldo porque aumentaba lo percibido por arbitrios, en su Archivo Municipal de Barakaldo, 152-B-1, 9 de octubre de 1859.

[47] Las presiones por la liberalización de la venta comenzaron a mediados del siglo en urbes con actividad comercial destacable, alegándose que mejoraba calidad y precios y evitaba la especulación del monopolista (cf. AM Balmaseda, caja 350, leg. 13, 24 de septiembre de 1859).

[48] Evidente en culto y clero, enseñanza primaria, etcétera, temas en que no podemos extendernos.

[49] Buenos ejemplos: el durangués Juan Timoteo de Ercilla y el guerniqués José de Goiri, también propietarios, que llegaron a las alcaldías de sus pueblos (AHPB, PN, leg. 5.950, n.º 137 y 154); con remates, sustanciosos, el bermeano Rafael de Alegría (AM Bermeo, armario 2, estante 4, caja 23); con negocios de menor consideración social (lo que no implica giro reducido), por ser «traficante», y asimismo propietario, Juan Vicente de Arana, de Durango (AHPB, PN, leg. 5.949, n.º 42). Renta de los dos primeros estimada para el sufragio en 1867: 10.000 y 30.000 reales anuales (Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya, 7 de marzo de 1867).

[50] Juan Mariano de Zaldumbide, procurador guerniqués con fincas en Forua (limítrofe con Gernika) y la zona minera (AHPB, PN, leg. 5.950, n.º 154); Bartolomé Alonso de Celada, farmacéutico de Valmaseda, dueño de una casería y tres viñas en esta chacolinera villa (AM Balmaseda, caja 304, leg. 8, n.º 21); el bermeano Domingo de Aberásturi y Rentería, perito agrimensor y propietario (AM Bermeo, armario 2, estante 4, caja 23). Renta estimada de 1.500 y más de 1.500 reales (Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya, 7 de marzo de 1867).

[51] Como José de Aberásturi e Iturain, fabricante de escabeches de Bermeo (ibíd.). Pero el temor social llevaría a otros al carlismo en el Sexenio, como el citado durangués Gervasio de Jáuregui.

[52] Fidel de Sagarmínaga, Dos palabras sobre el carlismo vascongado, Bilbao, Imprenta y Litografía de Juan E. Delmas, 1875, pp. 13 y ss. (influjo); Mariano de Echeverría, Bilbao ante el bloqueo y bombardeo de 1873-74, Bilbao, Imprenta de J. F. Mayor, 1874, pp. 7-12 (deficiencias).

[53] Cita: AHPB, PN, leg. 6.897, n.º 19, 17 de enero de 1876 (presbítero de Busturia). Mayor ventaja de los capitales y su rentabilidad desde finales de los años sesenta, al preferirse, por seguridad, las inversiones en Deuda estatal consolidada al tres por ciento (AHPB, PN, leg. 6.952, n.º 10, 23 de enero de 1867, 40.000 reales nominales, hijo del maestro del puerto pesquero de Elantxobe; leg. 6.919, n.º 258, 29 de noviembre de 1875, 120.000, presbítero de Mundaka, también pesquera pero con sagas de capitanes mercantes liberales).

[54] Buen ejemplo, Juan Nicolás y Roque Antolín de Tollara, respectivamente doctor en Leyes y beneficiado de Zeberio, rico pueblo pecuario y silvícola, en la gestión de propiedades. Aquél llegó a consultor (supervisor de la aplicación del Fuero) de la Diputación carlista (AHPB, PN, leg. 6.054, n.º 166, 30 de abril de 1868); el cura fue discreto durante la guerra, pero no tuvo que emigrar a zona liberal ni vio embargados sus bienes. AFB, A, AJ-01381/82: Ayuntamiento de Natxitua (pesquera y muy rural, en la Bizkaia nuclear «profunda») y otros afines del área, 2 de diciembre de 1856: «no combiene [sic] para los pueblos de Vizcaya de que vengan castellanos sin el idioma peculiar del País, y más de una vez lacayos, y criados de títulos de la corte».

[55] Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, 44006 (Atxondo-Marzana, San Martín), 1-VII, circulares de 12 de marzo y 28 de mayo de 1859.

[56] Javier Pérez Núñez, La Diputación..., p. 267; también, a que los datos propiciasen la imposición de quintas (p. 312).

[57] AFB, A, AJ-00173, 19 de julio de 1864: en la comisión que lo propone, el citado Urquizu y los constructores navales Andrés y Santiago de Arana, también futuros tradicionalistas, y los fueristas liberales Bruno López de Calle (asimismo propietario; Joseba Agirre-azkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., pp. 326-330) y Julián de Arzadun, comerciante bermeano bastante menos moderado. También liberales en 1870, pese a la extensión del carlismo, a favor del pago por Diputación (AFB, A, AJ-01326/021) si limitara el obispado los concursos de plazas sólo para naturales; en pro de la paz social, por haber eclosionado ya la sociedad de clases.

[58] De Balmaseda, villa con una calderería de cobre muy amenazada por la competencia extranjera pero con rentable producción de chacolí (cita de su AM, libro de Acuerdos 74, 10 de abril de 1856).

[59] AM Zeberio, 4-G-134, 12 de agosto de 1866, por oposición a los repartos en dinero.

[60] Con un capitalismo mercantil agresivo vía admetería; pero esto es otro asunto, como el de las pugnas entre ganaderos y sectores agrarios, agudizado en el período pero que excede los fines de estas páginas.

[61] Javier Pérez Núñez, La Diputación..., pp. 478-494 y 525-531.

[62] Por el difícil acceso a sus fuentes, a menudo perdidas, no hemos podido cuantificarlos aún. Por visitas puntuales creemos que ciertas enajenaciones de fincas fueron eludidas mediante testaferros cuya pujanza justificaría las compras, habida cuenta de las buenas expectativas agrarias de inicios de los años sesenta.

[63] Paradigma, el citado Gregorio de Aguirre, de familia y actividad propia comerciales, con tres ricos mayorazgos y otros bienes por su esposa, que le ofrecían casi 40.000 reales de devengos anuales en 1830; en 1867 adquirió bienes desamortizados por más de 70.000 reales (Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., p. 62, y AHPB, PN, leg. 6.128, n.º 66-68, 152, 161 y 172, y leg. 7.138, n.º 273, 275-277 y 279).

[64] Cf. las de Pedro María de Piñera, diputado tradicionalista a Guerra durante la Tercera Guerra Carlista, y del exégeta foralista Pedro Novia de Salcedo, ambos de linajes de honda raigambre medieval, en AHPB, PN, leg. 6.529, n.º 7, 66 y 78 (1865) y leg. 6.227, n.º 450 (1868), respectivamente: caserías en zonas de buenos suelo e insolación, montes con abundante arbolado caducifolio, molinos, censos y otra deuda consolidada, e inmuebles en Bilbao en el caso de Novia, bienes todos de elevadas rentas. Caso inverso de manufactureros tradicionales con complemento agrario (véase nota 19).

[65] Aunque las ferrerías de primera fusión estuviesen condenadas ya a inicios del período que tratamos, en él se mantuvieron numerosas fraguas herrajeras y claveteras, a menudo servidoras de las construcciones urbana y naval, en auge, sin olvidar que el primer alto horno vizcaíno funcionó con carbón vegetal.

[66] El Bajo Ibaizabal tenía numerosos viñedos y huertas, a menudo en aparecería, pero de régimen caseril tradicional, copado por los comerciantes bilbaínos para el abastecimiento de la villa.

[67] Arantzazu Galarza, Los orígenes..., pp. 79-80, 114-115 y 150.

[68] Arantzazu Galarza, Los orígenes..., pp. 37-47.

[69] En AFB, A, Estadísticas Territoriales, reg. 12, leg. 1 (31 de octubre de 1867), la resistencia pasiva de los ayuntamientos, renovación que ese informe justifica por una mayor equidad en los repartimientos de contribuciones. Pensamos que la Diputación buscaba aumentar sus recursos sobre todo para acometer las obras de infraestructura que las nuevas minería e industria exigían ya, y aprovecharse para ello del aumento del número de inmuebles, también urbanos, y del incremento de rentas obtenido gracias a las roturaciones y otras «mejoras» en bastantes caserías durante los años sesenta.

[70] AFB, A, Estadísticas Territoriales, reg. 12 ,leg. 1 (15 de junio de 1868). Por cierto, los comisionados de Estadística eran notorios liberales. Lo que sigue se basa en 680 ventas y 509 redenciones de censos conservadas en el AHPB, PN, leg. 6.127-6.139, 6.299-6.301, 6.305-6.308, 6.334, 7.138-7.140 y 7.319-7.321 hasta 1871, en los peores años de crisis. En el estudio de José María Mutiloa Poza, La Desamortización en Vizcaya, Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, 1984, las cuestiones sociales quedan preteridas frente a las económicas, muy completas.

[71] Lo que sigue se basa en 680 ventas y 509 redenciones de censos conservadas en el AHPB, PN, leg. 6.127-6.139, 6.299-6.301, 6.305-6.308, 6.334, 7.138-7.140 y 7.319-7.321 hasta 1871, en los peores años de crisis. En el estudio de José María Mutiloa Poza, La Desamortización en Vizcaya, Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, 1984, las cuestiones sociales quedan preteridas frente a las económicas, muy completas.

[72] AFB, M, AM Nabarniz, reg. 18, leg. 5, n.º 4, 27 de mayo de 1869: presiones de vecinos y, atención, propietarios forasteros (algo habitual, siendo bastantes terratenientes comarcales) para amojonar montes plantados en 1857, cuando se entreveía la superación de la crisis y se recuperaban las construcciones urbana y naval.

[73] Aunque algunos terratenientes, curiosamente liberales y durante el Sexenio, no creyeran ocioso protocolizar sus derechos y hasta designar sucesores «para en el caso de que se restableciesen las leyes de vinculaciones» (AHPB, PN, leg. 6.230, n.º 487, 11 de diciembre de 1869, testamento de Cayetano Andrés de Oxangoiti, hijo del citado Cayetano Joaquín [cita]; leg. 6.239, n.º 429, 11 de noviembre de 1872: aclaración sobre libre disposición de los recaídos en José María de Murga y Mugártegui como sucesor de su padre y no sólo por ser su heredero), tal vez por el rápido avance del carlismo y la desconfianza hacia la estabilidad de los gobiernos.

[74] El minoritario Instituto Vizcaíno, único en el Señorío, radicaba en Bilbao y respondía en profesorado, alumnado y programa a los intereses de la burguesía mercantil y financiera, luego también industrial, de ese entorno, distintos por su proyección a los de la mayoría de sus similares en las cabeceras de comarca.

[75] AFB, A, AJ-01456/007, AJ-01484/002, etc.

[76] En las anteiglesias, por su menor actividad, ejercían los de la correspondiente Merindad, división administrativa equiparable a una comarca. Unos y otros estaban numerados y seguían un turno rotatorio.

[77] Escrituras: AHPB, PN, leg. 5899, 5901 y 6173 especialmente. Ibíd., leg. 6069, n.º 4, I-1873: casi el 95% de sus 340.000 reales de patrimonio al morir, en 1870, invertidos en deuda y acciones. Joseba Agirreazkuenaga (dir.), Diccionario biográfico..., pp. 218-221: padre, comerciante en lanas; madre, de los aristocráticos Mazarredo.

[78] Que le ocasionó disgustos con fueristas moderados en los convulsos primeros años cuarenta. Cf. AFB, J, JCR 0820/010 (5 de agosto de 1840): causa contra los diputados generales Federico Victoria de Lecea y Manuel María de Murga (grandes propietarios inmobiliarios) por calumnias; AFB, J, JCR 1495/041 (junio de 1843): disputa en la sociedad El Progreso y golpes al diputado provincial (no foral) Teodoro López de Calle.

EL PAÍS VASCO Y EL ESTADO LIBERAL: UNIDAD CONSTITUCIONAL Y ENCAJE IDENTITARIO

Coro Rubio Pobes

Universidad del País Vasco

SOBRE EL MODELO DE ESTADO

«Los Fueros particulares de las Provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se examinarán en las primeras Cortes para determinar lo que se juzgue más conveniente al interés de las mismas Provincias y de la Nación», estipulaba el artículo 144 del Estatuto de Bayona de julio de 1808. Aunque no se tratara propiamente de una constitución, sino de una carta otorgada, fue éste el único texto constitucional del siglo XIX que mencionó expresamente los fueros vascos. Y la mención sugería que algún problema de encaje constitucional podían plantear, pues se hacía necesario su examen por las Cortes. El articulado del Estatuto de Bayona los disminuía además de manera notable,[1] pero no suprimía expresamente los fueros vasconavarros, cosa que tampoco pudieron hacer esas Cortes de que hablaba el Estatuto y que nunca llegaron a reunirse por la situación de guerra. Aunque la Constitución de Cádiz, aprobada pocos años después, los ignoró en su articulado, y lo mismo hicieron los demás textos constitucionales que se promulgaron a lo largo del siglo XIX, el problema del encaje constitucional de territorios como las Provincias Vascongadas, que afirmaban poseer con sus fueros una Constitución propia,[2] quedó planteado desde los orígenes del constitucionalismo español.

La doctrina liberal del Estado que se comenzó a formular entonces propugnó por un modelo territorial igualitario que acabara con los particularismos heredados del Antiguo Régimen. Ya en noviembre de 1809 la Junta de Legislación de la Junta Central, de la que Agustín Argüelles era secretario, y cuya misión fundamental –y no cumplida– había sido redactar un proyecto de Constitución «buscando la más perfecta uniformidad»,[3] expresó su anhelo de «una Constitución única y uniforme para todos los dominios que comprende la Monarquía Española, cesando desde el momento de su sanción todos los fueros particulares de Provincias y Reinos». Una vez reunidas las Cortes de Cádiz y dos meses antes de aprobarse la Constitución de 1812, Diego Muñoz Torrero había dejado claro que «todas estas divisiones de provincias deben desaparecer, y que en la Constitución actual deben refundirse todas las leyes fundamentales de las demás provincias de la Monarquía», asegurando que con ello

ninguna pierde. La comisión se ha propuesto igualarlas todas; pero para esto, lejos de rebajar los fueros, por ejemplo de los navarros y aragoneses, han elevado a ellos a los andaluces, a los castellanos, etc., igualándolos de esta manera a todos para que juntos formen una sola familia con las mismas leyes y Gobierno.[4]

Y el discurso preliminar de Agustín Argüelles al texto constitucional, finalmente promulgado el 19 de marzo de 1812, explicaba que el propósito de éste era acabar «de una vez con la monstruosa institución de diversos estados dentro de un mismo estado que tanto se opone a la unidad de sistema en la Administración, a la energía del Gobierno, al buen orden y tranquilidad de la Monarquía».

Desde Cádiz, la doctrina liberal del Estado abogó por una forma única y homogénea de administración del territorio y por una uniformidad perfecta de las instituciones políticas y jurídicas. Uniformismo y centralismo fueron sus dos ideas fuertes, aunque con diferencias de grado entre moderados y progresistas. Centralismo que respondía a una triple genealogía: por un lado, se inspiraba fuertemente en el modelo francés, pero a la vez tenía un antecedente borbónico dieciochesco, e igualmente un origen revolucionario autóctono de respuesta a una coyuntura histórica excepcional. Centralismo cuya etapa álgida fue la del dominio del doctrinarismo, la de la hegemonía moderada, pues el moderantismo se hizo decididamente centralista en los años cuarenta y cincuenta del siglo XIX, si bien su centralismo fue un «mecanismo al servicio del orden social». Y uniformismo, que presentó una sola distorsión: el caso vasco. Ahora bien, aunque el Estado centralista liberal pretendió «ser antes que nada homogeneizador, porque la moderna idea de nación lo es igualmente», aunque trató de crear espacios administrativos y políticos «asfixiantemente homogéneos que ignoraban realidades anteriores», no creó, a diferencia del Estado francés, los instrumentos políticos y administrativos necesarios para gestionarla; fue «sobre todo, un Estado ineficiente», asegura Julio Aróstegui.[5] Como señaló hace ya tiempo Juan Pablo Fusi, «el Estado español fue ciertamente un Estado oficialmente centralista, pero se trató de un Estado –conviene subrayarlo– limitado considerablemente por la fuerza del localismo real del país».[6]

No obstante todo esto, y más allá de la ineficiencia del Estado liberal para acabar su propio proyecto, es preciso llamar la atención –algo que no se ha hecho– sobre la flexibilidad de ese modelo. No fue tan rígido, tan sistemáticamente centralista y uniformista como nos lo ha presentado la historiografía. Si por un lado el caso vasco es prueba fehaciente de la ineficacia mencionada, de la distancia que hubo entre el planteamiento teórico y la concreción práctica de ese Estado, también lo es de su flexibilidad. Porque posibilidades de encaje constitucional para las Provincias Vascongadas existieron, tanto a través de los textos constitucionales de 1837 y 1845 –gracias al portillo abierto por el tratamiento de la cuestión americana– como de la práctica administrativa y normativa de los gobiernos –al introducir el principio de excepcionalidad en la aplicación de la legislación estatal–, e igualmente a través de la interpretación de la unidad constitucional del Estado que se impuso desde 1839 hasta mediados de los años setenta.

¿UNIDAD INCOMPATIBLE CON LA FORALIDAD? LA CUESTIÓN DEL ENCAJE CONSTITUCIONAL DE LAS PROVINCIAS VASCONGADAS[7]

Los diputados americanos que fueron llamados a Cádiz en 1810 acudieron con planteamientos distintos de los que allí se acabaron imponiendo sobre la soberanía, la nación y el Estado. Son nociones que nos interesa repasar para comprobar que algunos argumentos que luego veremos utilizar a los fueristas vascos en la defensa de la foralidad y de su compatibilidad con el orden constitucional se insertaban plenamente en el debate sobre el modelo de Estado que debía construirse en España. El diputado novohispano José Miguel Guridi y Alcocer propuso en agosto de 1811 una concepción de nación que la identificaba con Estado –«la colección de los vecinos de la Península y demás territorios de la Monarquía unidos en un Gobierno, o sujetos a una autoridad soberana»– y sostuvo que la unidad del Estado consistía únicamente en la sujeción a un mismo gobierno o autoridad soberana –«La unión del Estado consiste en el Gobierno o en sujeción a una autoridad soberana, y no requiere otra unidad. Es compatible con la diversidad de religiones (...), con la de idiomas y colores (...), y aun con la de naciones distintas, como lo son los españoles, indios y negros»–. Una unidad del Estado entendida como unidad de gobierno, Gobierno que no era necesariamente monárquico, sino que podía adquirir otras formas alternativas, y la alternativa en estos momentos era sólo la republicana. La soberanía era además, para la mayor parte de los diputados americanos, divisible y debía repartirse en tres niveles: la nación, la provincia y el municipio; una propuesta ésta que cuanto menos se aproximaba al federalismo.[8] Pero en Cádiz se impuso finalmente una concepción de la nación española como depósito único de soberanía, comunidad católica, libre e independiente, y situada más allá del nuevo Estado, constituida con anterioridad a él. Y una concepción del Estado que se expresaba en un gobierno unitario, monárquico –«Cádiz se encerró en la identidad de Monarquía como Nación y Estado a un tiempo»–,[9] una administración uniforme y un poder central fuerte.

A efectos constituyentes, las Cortes de Cádiz rechazaron de plano la posibilidad federal que representaban otros modelos constitucionales –como el estadounidense, unión federal de Estados con constituciones propias que se dotan a su vez de una constitución común–, que hubieran ofrecido fácil encaje constitucional a la foralidad vasca y reconocimiento a los criollos americanos, respondiendo mejor a la realidad del Estado transoceánico que era entonces España. Ahora bien, ello no significa, según Bartolomé Clavero, que el constitucionalismo gaditano adoptara una posición completamente contraria al federalismo, pues ofreció espacio a una «pluralidad de fondo potencialmente federal» entre entes políticos diversos bajo la soberanía del Estado-nación, y lo hizo al adoptar y adaptar el sistema institucional vasco de juntas y diputaciones y extenderlo al conjunto del Estado.[10] Y es que recientes revisiones sobre el constitucionalismo gaditano señalan que la realidad territorial no estuvo tan ausente en la Constitución de 1812 como se ha afirmado. Ahora bien, su presencia, ha explicado José María Portillo, no debe entenderse como reconocimiento de señas de identidad política propias de cada territorio, sino como asimilación de «la información útil de las historias constitucionales de los territorios». Es decir, de asimilación de los rastros de libertad que contenían éstas, de los ingredientes más liberales de representación, justicia y distinción de poderes de las antiguas constituciones territoriales que servían de esta forma de modelo.[11] Así se entiende que el general Gabriel Mendizábal, en su proclama a los vascongados de 16 de agosto de 1812, presentara el régimen foral como inspirador de la Constitución:

Os presento el Código de la felicidad social, la Constitución política de la Monarquía Española (...) Vizcaínos, Guipuzcoanos y Alaveses, vosotros habéis prestado el modelo. Vuestras leyes han sido el oráculo de la prosperidad nacional (...). Jurad pues Bascongados, unid vuestros corazones a los de la nación Española.[12]

Pero el tipo de reconocimiento de la realidad territorial que existía en la Constitución de Cádiz no era el que deseaban las Provincias Vascongadas; no bastaba con prestar su molde institucional, querían que sus señas de identidad política, que sus constituciones, y por ende sus –así afirmadas– soberanías de origen, fueran reconocidas, que esa pluralidad de fondo que encerraba la Constitución llegara mucho más lejos de donde iba. De ahí que la Junta General de Guipúzcoa, reunida en julio de 1813 para proceder a la jura del texto gaditano, propusiera la foralidad como modelo que seguir y trasladar a la Constitución de la Monarquía, pero de una manera más amplia que como se había hecho –«aun para la parte reglamentaria de esta portentosa obra de la Nación, presenta el Código particular de la Provincia un modelo digno de que también sea seguido del mismo modo que en lo respectivo a las leyes fundamentales»–. De ahí también que la Junta General de Vizcaya de marzo de 1820 declarara que aunque en la gran carta, que va a ser el nuevo iris de paz y de regeneración de las Españas, se halla trasladado el espíritu de la constitución vizcaína (...), no se observa empero una perfecta conformidad sin que se hayan adoptado por la de la Monarquía las sabias instituciones vizcaínas que organizan el régimen interior provincial.

Si las Provincias Vascongadas apreciaron las potencialidades que dice Clavero existían en la Constitución gaditana, sus declaraciones en estas juntas pueden leerse como invitaciones a profundizar en esa línea. De cualquier forma, el tipo de reconocimiento de la realidad territorial que se había dado en Cádiz no despejaba las incógnitas que ya entonces se plantearon sobre el encaje constitucional de estas provincias y sus respectivas foralidades. De hecho, las Juntas Generales vizcaínas de octubre de 1812 expresaron abiertamente sus dudas sobre «si recibida la Constitución española es necesario renunciar absolutamente a la vizcaína o si son conciliables en todo o en parte las ventajas de las dos», y acordaron pedir explicaciones al rey –no a las Cortes ni al Gobierno, al Trono–. Las guipuzcoanas ya mencionadas, tras afirmar la «íntima analogía» del «Código nacional y la Constitución nativa y original de Guipúzcoa», y admitir y jurar el texto gaditano, encargaban a su Diputación «que se entienda con el Gobierno sobre las variaciones que la situación y esterilidad de este país fronterizo hacen necesarias para su existencia y bien de la Monarquía». Sus palabras no deben caer en saco roto, pues, por un lado, planteaban que ese ajuste necesario tenía que hacerse en el texto gaditano, que situara en consecuencia al fuero en una esfera de intangibilidad –argumento que también utilizaría la junta vizcaína en marzo de 1820–, y, por otro, al señalar como interlocutores para la futura negociación de ese ajuste a la Diputación y el Gobierno, establecían un marco extraparlamentario de negociación llamado –como veremos en otro epígrafe– a prosperar.

Aunque el constitucionalismo gaditano albergara cierto reconocimiento de la realidad territorial al adoptar el sistema vasco de diputaciones, y aunque existieran ahí potencialidades federales, lo cierto es que esas potencialidades no se desarrollaron y dichas diputaciones fueron planteadas como instituciones al servicio del centralismo. Rechazando los planteamientos de los autonomistas americanos sobre diputaciones y ayuntamientos, que las concebían como asambleas representativas dado su carácter electivo, y por tanto depositarias de parte de la soberanía, el conde de Toreno dejó bien claro en enero de 1812 que «los ayuntamientos son esencialmente subalternos del Poder ejecutivo; de manera que son sólo un instrumento de éste» y que «para alejar el que no se deslicen y propendan insensiblemente al federalismo, como es su natural tendencia, se hace necesario ponerles el freno del Jefe político, que, nombrado inmediatamente por el Rey, los tenga a raya y conserve la unidad de acción en las medidas del gobierno»; la figura del jefe político, que era a su vez presidente de la Diputación y, por ende, supervisor de los ayuntamientos, fue concebida así como un freno al poder municipal y provincial.[13]Y también como freno al despotismo; en cualquier caso, no como principio federativo.[14]

El primer desarrollo legislativo y reglamentario de la Constitución gaditana despejó dudas sobre lo que ésta significaba. En las Provincias Vascongadas, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades forales para contenerlo o desvirtuarlo, quedó claro que implicaba una manifiesta amenaza para la foralidad. En Vizcaya, por ejemplo, la Diputación General –institución del régimen foral– fue sustituida en noviembre de 1813 por una Diputación Provincial elegida en comicios celebrados en el septiembre anterior; los ayuntamientos tradicionales fueron reemplazados por cabildos constitucionales votados en diciembre de 1813; se transformó a Vizcaya en una provincia contribuyente cuando las Cortes le exigieron en noviembre del mismo año, como a todas las provincias, el anticipo de un tercio de las contribuciones directas asignadas; se declaró la venta libre de los géneros de consumo en agosto de 1813, lo que provocó, según declaró la propia diputación provincial, una «subida insoportable de los precios» y el desabastecimiento de los pueblos, y, además, el 30 de enero de 1814 la Regencia propuso a las Cortes que las aduanas fueran trasladadas a la línea de costa y frontera.[15] El Trienio liberal consolidó en las autoridades forales el convencimiento de que la foralidad estaba seriamente amenazada en el orden liberal. De manera que cuando la Diputación General de Vizcaya recibió en agosto de 1836 orden de volver a jurar el texto gaditano se negó a hacerlo declarando que éste «derogaba» la constitución vizcaína y proponiendo «que se observe como hasta aquí en este Señorío su régimen foral y se gobierne el resto de la Monarquía por la Constitución del año 12».[16]La respuesta del Gobierno fue bien elocuente: suprimió la Diputación General y la sustituyó por una Diputación Provincial.

Como hemos dicho, desde Cádiz, la doctrina liberal del Estado abogó por una forma única y homogénea de administración del territorio y por una uniformidad perfecta de las instituciones políticas y jurídicas. No obstante, entre la doctrina y la praxis, el modelo teórico y la construcción efectiva de ese Estado, existió una distancia que abrió diversas posibilidades de encaje constitucional para el particularismo vasco. Revisemos primero las constituciones de 1837 y 1845 para observar esas posibilidades de que hablamos. La primera de ellas fue promulgada con un artículo 4.º que establecía que «unos mismos códigos regirán en toda la monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales». Pero incluyó también un artículo adicional específico para el caso americano que estipulaba que «las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales», rompiendo así radicalmente con el tratamiento que el Estatuto de Bayona había dado a esta cuestión al convertir las colonias americanas en provincias españolas dotadas de los mismos derechos que las peninsulares, y que la Constitución gaditana ignoró guardando silencio al respecto. A pesar de que cuando conocieron el proyecto de Constitución las Vascongadas interpretaron que aquel artículo 4.º colocaba en una posición muy difícil a la foralidad, hasta el punto de que solicitaron que se suprimiera o al menos se incluyera otro que dijera que «las Provincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa se regirán en lo sucesivo con las mismas Leyes y Fueros que siempre se han regido»; a pesar de que una vez aprobada la nueva constitución las diputaciones vizcaína y guipuzcoana se negaron a promulgarla y jurarla alegando respectivamente que «no pueden los diputados, sin incidir en la nota de la más infame y doble perfidia, prestarse a un juramento derogatorio de la Constitución vizcaína», y de que la diputación no estaba facultada para «guardar y hacer guardar y cumplir un código que en gran parte alteraría esencialmente la Constitución foral», a pesar de todo ello, cabía otra interpretación de lo que la Constitución de 1837 significaba para la foralidad. Y cabía porque el tratamiento de la cuestión americana contradecía el artículo 4.º impidiendo que «un solo fuero» rigiera para todos los españoles, pues españoles seguían siendo los habitantes de las provincias americanas –«Son Españoles todas las personas nacidas en los dominios de España», rezaba el título 1 artículo 1.º–. Y si no regía para los españoles-americanos, ¿por qué entender que sí para los españoles-vascos? La diputación alavesa así lo vio y, rompiendo la línea sostenida por sus homónimas guipuzcoana y vizcaína, accedió a jurar la constitución porque no advertía colisión con sus fueros, aunque añadiendo por si acaso la cláusula condicionante del «sin perjuicio de los fueros, franquezas y libertades con que se está rigiendo y se ha regido en todos tiempos y que son muy compatibles con la ley fundamental que en nada se advierte derogarlos».[17] Y aunque Vizcaya y Guipúzcoa habían entendido en un primer momento que la Constitución de 1837 se llevaba por delante la foralidad, también acabaron asumiendo la interpretación de Álava: en julio de aquel año decía la Diputación General de Guipúzcoa a la reina regente que

«los fueros de las Provincias Vascongadas no han sido derogados por V. M. ni por las Cortes de la Nación, y ellas y sus diputaciones tienen el mismo rasgo y atribuciones que siempre».[18]

No fue una lectura aislada de la Constitución de 1837. En una exposición a la reina de octubre de 1839, la Diputación de Navarra aseguraba que «pueden existir y observarse en la Constitución los fueros racionales y útiles», mientras que el liberal navarro Isidoro Ramírez Burgaleta afirmaba en un opúsculo de 1840 que «únicamente los que miran las cosas por solos sus nombres encuentran un contraste notable entre constitución y fueros porque dicen que es absolutamente imposible lo uno con lo otro» y aseguraba que

en las bases políticas o constitucionales nada hay que contradecir entre naturales [navarros] y castellanos porque aquéllos en la de 1837 no ven destituidos sus fueros, sino trasladados de Pamplona a Madrid, donde hallarán sus representantes, Consejo, Corte y privilegios fundamentales.[19]

No entendían por tanto los liberales navarros que la Constitución planteara una incompatibilidad de base con los fueros, ni que implicara su desaparición. Ni siquiera el Gobierno pareció entender que la Constitución de 1837 acabara de un plumazo con ellos, pues unos tres meses después de su promulgación, el 16 de septiembre, y en respuesta a la negativa de las diputaciones vizcaína y guipuzcoana de prestarle juramento, promulgó una ley que suprimía las diputaciones forales y las sustituía por provinciales, autorizaba el traslado de aduanas a la costa y frontera y ordenaba la instalación de juzgados de primera instancia –mantenía, no obstante, los aspectos militares y fiscales de la foralidad, así como el derecho civil–. Descalificaba esta ley, sostiene Clavero, a la propia Constitución actuando como si no hubiera entrado por sí misma en vigor para los territorios vascos.[20]Y lo mismo ocurriría en 1841, cuando en castigo por la sublevación de las diputaciones vascongadas contra el régimen de Espartero, fue promulgada otra ley, el 29 de octubre, que volvía a recortar los fueros vascos en parecidos términos a la anterior –aunque no propiamente a abolirlos como se empeñará la historiografía nacionalista en decir–; nadie parecía entender por tanto que la Constitución de 1837 se hubiera llevado por delante la foralidad.

En cuanto a la Constitución de 1845, también incluyó un artículo 4.º que establecía que «unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía», e igualmente un artículo adicional sobre las provincias de ultramar idéntico al de la Constitución de 1837; idéntica contradicción y portillo de encaje. Y para nada mentaba los fueros vascos, como tampoco lo había hecho la anterior. Pero en este caso mediaba además un acontecimiento trascendental para las Provincias Vascongadas; la promulgación de la ley de 25 de octubre de 1839, que había confirmado los fueros vasconavarros aunque remitiéndolos a modificación, que había –aseguraban los fueristas– constitucionalizado la foralidad. El hecho de que la Constitución de 1845 guardara silencio respecto a los fueros y a la citada ley podía entenderse como que nada cambiaba respecto a lo en ella establecido, es decir, la confirmación foral. Porque aquella ley tenía la virtud de no ser parte de una constitución derogada por la entrada en vigor de otra nueva, y a la vez la virtud de no ser una ley cualquiera, sino una ley emanada de las Cortes a la que las Provincias Vascongadas dieron el valor de «constitutiva y fundamental». Es significativo en este sentido que la promulgación de esta nueva constitución no generara el debate sobre su compatibilidad con los fueros, que sí se había producido en anteriores ocasiones.

El principio de excepcionalidad que habían introducido las constituciones de 1837 y 1845 para las provincias de ultramar abría por consiguiente un portillo para el encaje constitucional de la foralidad vasca. Un principio de excepcionalidad que las autoridades forales trataron una y otra vez de trasladar e introducir en la aplicación a sus territorios de normas y leyes generales para todo el Estado, y que sucesivos gobiernos de distinto signo asumieron como válido desde mediados de los años cuarenta. El mecanismo se repetía invariablemente cada vez que se aprobaba una ley que colisionaba con el régimen foral. Las Provincias Vascongadas protestaban con representaciones a la reina preparadas en conferencia foral, alegaban entre otras razones la situación de interinidad que vivían mientras no se produjese el arreglo foral dispuesto en la ley de 25 de octubre de 1839, conseguían así dilatar durante un tiempo su aplicación, a veces años, negociaban con el ministerio competente y finalmente lograban arrancar reales órdenes que introducían el principio de excepción para su aplicación en estos territorios en atención a sus peculiaridades. Así, para aplicar las centralizadoras leyes moderadas de organización y atribuciones de ayuntamientos y diputaciones provinciales de enero de 1845, se dictó una instrucción especial para las Vascongadas (real orden de 18 de febrero del mismo año), que aunque tuviera como objetivo instituir un modelo de administración local que no escapara al control del Gobierno, reforzando el poder de su delegado en las provincias, admitía la existencia de diputaciones y ayuntamientos forales, pues, como había manifestado el ministro de Gobernación, el Gobierno «no había pensado aplicar a las Provincias Vascongadas las nuevas leyes de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales sino modificadas y acomodadas a sus instituciones peculiares».[21]Acomodaciones que incluso se produjeron con los progresistas en el poder; el 17 de agosto de 1854 fue promulgada una real orden que permitía que las diputaciones forales continuaran desempeñando las funciones que en el resto del Estado correspondían a las provinciales. También la ley de 2 de abril de 1845, que establecía consejos provinciales –tribunales contencioso administrativos– en toda España, se aplicó con excepciones en las Vascongadas gracias a una real orden de 16 de junio de 1847 que introducía alteraciones en su composición. En la contribución general extraordinaria decretada el 21 de junio de 1848 dejó de incluirse por primera vez a las Vascongadas en el reparto (y aunque hasta entonces se las había considerado en los repartos de contribuciones territoriales y pecuarias o en las de culto y clero, así como en los cupos de reemplazo del Ejército, eran inclusiones vacías de contenido porque luego no se exigía su pago). En 1853, una real orden de 12 de septiembre entregó la censura de cuentas municipales a las diputaciones forales, y por ende el control de las tesorerías locales, lo que invalidaba otra real orden previa de 30 de junio de 1845 que obligaba a someter los presupuestos municipales a la aprobación del jefe político. En la aplicación de las leyes de desamortización (mayo de 1855), de estadística (mayo de 1857) o de instrucción pública (septiembre de 1857) también se introdujeron excepciones para las Provincias Vascongadas mediante la promulgación de reales órdenes específicas –en enero y junio de 1862, mayo de 1859 y julio de 1859, respectivamente–; excepciones que incrementaban el poder y nivel de atribuciones de las diputaciones forales al ser desviadas a ellas competencias en estos ramos. La Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, por la que se creaba el Registro de la Propiedad, fue alterada seis años más tarde para su aplicación en estos territorios, declarándolos exentos del impuesto hipotecario en las adquisiciones de bienes radicados en ellos (real orden de 31 de enero de 1867). Finalmente, la Ley para el gobierno y administración de las provincias de José Posada Herrera de 25 de noviembre de 1863 recogía por primera vez en su articulado –artículo segundo–, y repetía en el reglamento para su ejecución, el principio de excepción al establecer que sólo regiría en las Vascongadas en aquello que no estuviera en abierta contradicción con sus fueros.[22]

La sintonía política que se estableció entre moderados y fueristas, los intereses comunes que compartieron –por de pronto frenar el progresismo y mantenerse en el poder– y su coincidencia en un ideal de orden social que las Vascongadas parecían encarnar como ningún otro territorio permitió que aquéllos confiaran en las instituciones forales para administrar estas provincias. De ahí que transigieran con la pervivencia de las diputaciones forales, permitiendo desde 1839 que siguieran funcionando al lado de las diputaciones provinciales –introducidas en el territorio vasco desde su creación en 1813 y controladas también por los fueristas–. Desde el decreto de 16 de noviembre de aquel año, que restableció las diputaciones forales suprimidas por los progresistas dos años antes pero manteniendo vigentes las provinciales, se configuró un sistema mixto y muy singular de administración provincial que sólo se desactivó entre 1841 y 1844. Los moderados, hegemónicos en el gobierno del Estado, acabaron aceptando una foralidad presentada por el fuerismo desde mediados de los años treinta como un perfecto sistema de administración territorial que combinaba a la perfección los principios de orden y libertad y que hacía innecesario el establecimiento en las Vascongadas del régimen administrativo común, pues constituía un instrumento más perfecto para lograr los objetivos perseguidos por el Gobierno, el mantenimiento del orden público y el control de la revolución.[23]Es significativo a este respecto que en 1857 una real orden de 10 de mayo los excluyera de la exigencia de licencias de caza y uso de armas necesarias en las demás provincias, y aún más que en 1867 –activada ya la vía insurreccional desde la sublevación de Prim en enero de 1866– fueran excluidas por real orden de 14 de septiembre de la promulgada el 2 del mismo mes que exigía que fueran entregadas a los mandos militares todas las armas que no hubieran logrado la rigurosa autorización requerida, lo que expresaba la confianza depositada por el ejecutivo en las diputaciones forales para el control del orden público.[24]En ambos casos el presidente del Gobierno era Narváez. Los moderados asumieron por consiguiente una lectura administrativa de la foralidad que facilitaba su encaje en el orden constitucional. También los progresistas, cuando lograron acceder al gobierno e interesados igualmente en evitar los temidos excesos de la revolución popular, confiaron en el régimen foral para administrar las Provincias Vascongadas. Ni siquiera introdujeron en ellas la Milicia Nacional durante el Bienio progresista porque Espartero accedió a la solicitud de las diputaciones forales para que el cuerpo de miñones y miqueletes velaran por el orden público. Así, cuando en enero de 1855 se abrió en las Cortes el período de discusión de un nuevo proyecto de constitución –que no llegaría a promulgarse– y los comisionados y diputados vascos se reunieron con el presidente del Parlamento Pascual Madoz para pedir garantías sobre el respeto a la ley de 25 de octubre de 1839, éste les «ofreció dejar el sillón de la presidencia si la cuestión vascongada se suscitase para bajar a defenderla al banco de los diputados».[25]También el progresismo encontraba ventajas en el régimen foral.

Ahora bien, el esfuerzo por hacer realidad ese Estado centralista y uniforme del que hablábamos se llevó por delante algunos aspectos centrales de la foralidad tradicional, como las aduanas, el pase foral o el sistema de justicia, tres cambios introducidos en octubre de 1841 que serían definitivos.[26]Además, aunque el Gobierno aplicara recurrentemente el principio de excepcionalidad a las Vascongadas en el cumplimiento de leyes generales, no siempre escaparon de ellas. La Guardia Civil, creada el 13 de mayo de 1844, fue introducida en estas provincias al igual que en el resto del Estado –aunque ya tenían su propio cuerpo de orden público en miñones y miqueletes– y sin grandes resistencias, especialmente cuando comprobaron que la convocatoria de plazas, que exigía entre otras cosas ser natural de las Vascongadas y conocer «su idioma», era respondida por la población. También la Ley de Ayuntamientos de 1845 acabó siendo aplicada en estos territorios –varias reales órdenes promulgadas entre 1846 (para Álava y Vizcaya) y 1847 (para Guipúzcoa) dispusieron que las elecciones municipales se realizaran con arreglo a dicha ley–, si bien con la particularidad de que mecanismos de intervención del ejecutivo en la vida local como los consejos provinciales o el control de las haciendas locales quedaron en manos de las diputaciones forales. Éstas no plantearon objeciones para la introducción de las Juntas Provinciales de Agricultura, Industria y Comercio, reglamentadas en diciembre de 1859, y aunque intentaron evitar la aplicación de la Ley de Notariado de 28 de mayo de 1862, nada pudieron hacer al respecto. Si bien no se opusieron a la instauración del sistema métrico decimal, iniciado con la ley de 19 de julio de 1849, sí lo hicieron a la implantación de los fieles-almotacenes en sus territorios, funcionarios creados por el reglamento de 27 de mayo de 1868, pero no lo consiguieron. Tampoco lograron impedir que la Ley de Instrucción Pública de 2 de junio de 1868, que, pensada para depurar la enseñanza de profesores contrarios al orden establecido, alteraba la composición de las juntas provinciales de instrucción pública dando mayor entrada a eclesiásticos y potenciaba sus funciones de control ideológico, fuera aplicada a las Vascongadas como al resto de las provincias, a pesar de que se opusieron a ella.[27]

No obstante cualquier balance de haberes y pérdidas que pudiera realizarse, lo cierto es que la foralidad vasca sobrevivió en el orden constitucional, reelaborada eso sí a través de los diversos cambios introducidos en ella a lo largo del reinado isabelino.[28] Y que más allá de la debilidad del Estado para hacer efectivo su proyecto centralista y unificador, de la adaptabilidad del régimen foral a contextos políticos diversos, de la prevalencia de los intereses prácticos de moderados y progresistas por encima de cuestiones doctrinales, e incluso del apoyo que pudieron prestar a la causa fuerista aquellos vascos comprometidos con ella e introducidos en el Gobierno del Estado, como Pedro Egaña,[29] también es cierto que el propio orden constitucional, como vamos viendo, admitió distintas vías para la inserción en él de la foralidad. Junto a las ya descritas, una más: la ley de 25 de octubre de 1839 y la interpretación que de la unidad constitucional del Estado se realizó a raíz de su debate y promulgación.

Finalizada la Primera Guerra Carlista, y en cumplimiento del acuerdo pactado en Vergara el 31 de agosto de 1839, el Gobierno moderado de Evaristo Pérez de Castro presentó al Congreso el 11 de septiembre de aquel año un «Proyecto de ley confirmando los fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra». Confirmando, además sin condiciones, no concediendo o recuperando; luego el Gobierno entendía –o procedía como si entendiera– que la unidad de códigos dispuesta en la Constitución de 1837 no había afectado a los fueros. El proyecto lo discutieron unas Cortes de mayoría progresista, acordando un texto final que retocaba el artículo primero del original para añadir el controvertido matiz de «sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía» y que en su artículo segundo –procedimental, dice Clavero, frente al sustantivo, esencial, confirmatorio–[30] encargaba al Gobierno celebrar conversaciones con las Provincias para proponer a las Cortes «la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliado con el general de la Nación y la Constitución de la Monarquía». Disponía asimismo este artículo segundo que entre tanto el Gobierno resolviera provisionalmente las dudas que pudieran plantearse, «en la forma y sentido expresados» –es decir, haciendo prevalente el interés de las Provincias mientras no entrara en contradicción con «el general de la Nación»–, y «dando cuenta de ello a las Cortes». La ley reproducía en esta segunda parte la fórmula usada ya en la Constitución de Bayona, remitir los Fueros a discusión de las Cortes, pero estableciendo ahora claramente los límites del debate: la confirmación previa de los mismos. El Parlamento español admitía con esta Ley de Fueros de 1839 el principio de compatibilidad entre Constitución y Fueros que defendían los fueristas, despejaba dudas sobre la inserción del régimen foral dentro del orden constitucional y otorgaba expresamente a los fueros legalidad constitucional.

Y así lo entendieron los fueristas vascos, que interpretaron esta ley como «acta adicional a la ley constitucional del Estado, y en este concepto se encumbra a una región superior a la de las leyes ordinarias»; como «ley constitutiva y fundamental».[31] «La situación legal de las Provincias Vascongadas arranca del convenio de Vergara y de la ley de 25 de octubre de 1839», diría Pedro Egaña, que son «la base de donde arrancan los derechos y los deberes de los vascongados para con el gobierno, así como los derechos y las obligaciones del gobierno para con los vascongados».[32] La Ley de Fueros establecía el estatus legal de las Vascongadas. De ahí que éstas consideraran que «las leyes, órdenes y disposiciones de índole y carácter general no [son] ejecutables en el País Vascongado en lo que se oponen a sus fueros, buenos usos y costumbres confirmadas por la ley constitutiva de 25 de octubre de 1839».[33] De ahí también que reclamaran como ilegítimas las novedades que se introdujeron con posterioridad a su promulgación: «una gran parte de las novedades introducidas después de la revolución de 1840, son otras tantas infracciones notorias de la ya citada ley de 25 de octubre, y por consiguiente otros tantos hechos ilegítimos, de los cuales en justicia se nos debiera dar, antes de todo, inmediata reparación».[34] La Ley de Fueros establecía un nuevo pacto que fijaba las reglas del juego y al que quedaban obligados Gobierno y Parlamento: «jamás los únicos Poderes Soberanos de la Nación española tuvieron durante los siguientes sesenta años desembarazado el ejercicio de sus facultades después de esta Ley que Navarra y Vasconia apellidaron paccionada», afirmaría el influyente liberal guipuzcoano Fermín Lasala en sus memorias.[35] Ya en 1867 Francisco Lersundi, ex diputado a Cortes por Guipúzcoa en 1850 y 1851, había ofrecido en el Senado una interpretación en esta línea. Su tesis partía de la valoración del Convenio de Vergara no como un documento de capitulación sino como un verdadero «pacto», un «compromiso nacional», del que derivaba la ley de 25 de octubre:

El gobierno llevó a las Cortes el Convenio de Vergara, porque aunque el convenio era el acta firmada por los dos jefes militares, el convenio forma dos piezas: la promesa escrita del general en jefe, y la segunda, la ley de 25 de octubre de 1839; los dos actos son uno solo. (...) El Convenio de Vergara (...) no es una capitulación de un ejército derrotado y vencido; el Convenio significa un pacto y una transacción de la cual resultó una ley por la que se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas; una ley que cuando se llevó al Congreso se dijo que se hacía en cumplimiento de un compromiso nacional. Eso no se hace cuando hay un ejército de vencedores y otro de vencidos.[36]

Lersundi advirtió que la Ley de 25 de octubre confirmaba en su artículo primero los fueros de las Vascongadas y que el segundo no hablaba ni «de supresión ni cercenamiento sino de cambio de forma, de modificación», y además «modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas provincias».

Aunque el nacionalismo sabiniano interpretaría la Ley de Fueros de 1839 como una abolición foral definitiva que convirtió a los hasta entonces Estados vascos en provincias de España y a los fueros (códigos nacionales nacidos de la soberanía vasca) en privilegios consentidos, en «fueritos», haciendo de su promulgación un día de luto para Euskadi porque perdió en él su independencia,[37] el fuerismo la entendió entonces como una confirmación en toda regla, un hito que celebrar y conservar en la memoria colectiva porque significaba el definitivo encaje constitucional de la foralidad vasca. Tras conocer la aprobación de la ley, la Diputación de Vizcaya envió un mensaje a las Cortes «en nombre de todos los habitantes del Señorío» manifestándoles «el sentimiento de gratitud que ha excitado en ellos el decreto sancionado por S. M. en 25 de este mes en que se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra», y añadiendo que «Vizcaya ve cumplidas todas las esperanzas que fundó en el Convenio de Vergara».[38]Convenio que las autoridades forales se preocuparon de fijar en la memoria colectiva como un hecho positivo, como un «grande y para siempre memorable acontecimiento» que «ha de sobrevivir a innumerables generaciones y merece todos los honores de la inmortalidad», y para ello acordaron elevar un monumento conmemorativo en el Campo del Abrazo adquirido por las diputaciones –monumento que al parecer no pudo finalmente levantarse– y celebrar anualmente en un acto público abierto a todas las gentes, con misa solemne y Te Deum, el aniversario «de día tan glorioso».[39] El aniversario fue celebrado puntualmente cada año desde el 31 de agosto de 1840, firmándose un acta «para memoria de los venideros» en la que desde 1860 se hizo constar

que el país vascongado ha cumplido leal y fielmente la paz pactada el treinta y uno de agosto de mil ochocientos treinta y nueve, al deponer las armas en los campos de Vergara, y que espera que la Reina nuestra Señora y la nación respetarán los fueros, buenos usos y costumbres garantizados por la ley de veinte y cinco de octubre de mil ochocientos treinta y nueve.[40]

Pero la cláusula sobre la unidad constitucional que contenía la Ley de Fueros, y que no explicaba qué entendía por tal, daría mucho que hablar en años sucesivos, y se generó un debate sobre su significado. No obstante, la interpretación que se impuso fue la que ofreció el ministro de Gracia y Justicia Lorenzo Arrázola en el Senado el 19 de octubre de 1839:

Yo salvo la unidad de las cosas en los grandes vínculos, en los grandes principios, en las grandes formas y creo que se salva la unidad constitucional habiendo un solo Rey constitucional para todas las provincias, un mismo Poder legislativo, una representación nacional común.

Trono y Parlamento, a esto quedaba reducida en la concepción moderada la unidad constitucional del Estado. Y ésta fue la interpretación que hicieron suya y defendieron los fueristas: en 1841, y en respuesta a una orden de la Regencia de 5 de enero que suprimía el pase foral, los diputados generales de las tres provincias reunidos en conferencia declararon:

Si la unidad constitucional de la monarquía se ha de extender a destruir el uso foral porque éste no está en práctica común como tal en otras provincias (...) entonces la unidad constitucional significa una perfecta nivelación, pone a la ley [de 25 de octubre] en contradicción con ella misma, la imprime una nota degradante, envilece la honradez y franqueza nacional, la convierte en un caso de perfidia, denigra y escarnece el Convenio de Vergara (...). Esta unidad constitucional se explicó por el gobierno, se adoptó en el Senado: se dijo solemnemente que consistía en los principios fundamentales que la constituyen, en los grandes vínculos, en las grandes formas características del sistema constitucional, y de ningún modo con los pequeños detalles, que pueden ser varios, que lo son efectivamente, en infinitas materias en muchos puntos de la monarquía, sin que por eso se entienda destruida su unidad, su vínculo de cohesión constitucional. Estos supremos principios, estos vínculos, estas formas, esta unidad se dijo solemnemente que estaban en el trono y en los cuerpos colegisladores, bajo de cuyo sagrado manto y constitucionales auspicios, las provincias vascongadas eran idénticas, se hallaban niveladas con todas las restantes que entraban a componer la grande y respetable monarquía Española.[41]

El alavés Pedro Egaña afirmaría en los años cincuenta del siglo XIX que

reconocida la unidad del trono, la unidad del poder legislativo y todos los grandes vínculos que enlazan el orden constitucional monárquico, los Fueros de las Provincias Vascongadas no perjudican ni pueden perjudicar a la unidad constitucional de la Monarquía.

El reconocimiento de la unidad del trono no presentaba mayores problemas para las monárquicas Provincias Vascongadas, pero otra cosa era el reconocimiento del segundo elemento del binomio, las Cortes como representación de la soberanía española, pues defendieron en su discurso político la existencia de una soberanía vasca anterior, originaria, expresada en el pacto de incorporación a Castilla, y conservada en su seno, a la que no estaban dispuestos a renunciar. De ahí el significado que otorgaron a las constituciones emanadas del Parlamento, que en su opinión no eran, no debían ser, otra cosa que una mera declaración de grandes vínculos:

¿A qué unidad precisa, a qué ley fundamental determinada habría de ajustar-se la desmembración de los fueros? ¿A la que imperaba cuando se verificó el Convenio? Ya no existe. ¿A la de 1845? No sabemos si regirá dentro de un año. (...) Una Constitución no es otra cosa que una declaración de ciertos principios capitales que ligan a los Gobiernos con los súbditos y a los súbditos entre sí. Los derechos del Monarca, las restricciones que la ley impone a su autoridad, los límites de los poderes en que se distribuye la acción pública, las garantías de que deben gozar los ciudadanos, las reglas generales de justicia, de libertad, de subordinación que han de regir a todos los individuos del Estado: eso es una Constitución, y no debe ser otra cosa: y nada hay en los fueros que diga contradicción con esos altos respetos, con esos grandes vínculos tan antiguos como la sociedad misma.[42]

De ahí también que cuando en 1855 una comisión de las Cortes se puso a trabajar en la redacción de un nuevo texto constitucional, las Provincias Vascongadas, reunidas en conferencia foral, declararan que ni la Constitución de 1837 ni la de 1845 habían «influido de modo alguno en su valor [en referencia a la Ley de Fueros] y en su aplicación» y que

consideran su régimen, administración, fueros, usos y costumbres compatibles con toda clase de constituciones monárquicas representativas, y no está en su pensamiento tomar parte en la que las Cortes quieran dar al Reino y sus Diputados podrán guardar sobre la discusión y votación de las bases y artículos que para ellas se adopten la reserva que crean más oportuna.[43]

Situaron así la Ley de Fueros en una esfera de intangibilidad por encima de cualquier constitución. También de la de 1869: «la constitución contiene preceptos contrarios a los fueros, buenos usos y costumbres del país vascongado, por lo que no son ejecutables en el mismo en conformidad a la ley de 25 de octubre de 1839»; preceptos como la libertad de cultos, que destruía «la unidad católica como base cardinal de su régimen particular».[44] Aunque las diputaciones decían acatar «con lealtad inquebrantable» la nueva constitución, manifestaron a la vez su confianza en que

el código fundamental del Estado no será aplicable en este País en cuanto afecta a sus fueros, libertades, buenos usos y costumbres reconocidos, confirmados y sancionados por la ley constitutiva de 25 de octubre de 1839, (...) derecho novísimo que arregla las relaciones de estos pueblos con la nación a que pertenecen.

Y también hicieron lo propio cuando conocieron el proyecto de Constitución federal de 1873, que concebía a España como una federación de diecisiete Estados, cada uno con su propia Constitución, siendo uno de ellos el formado por las tres Provincias Vascongadas y denominado Regiones Vascongadas. Proyecto que, consideraron, no podía aplicarse a las Provincias Vascongadas en lo que se oponía a sus Fueros –la Constitución única para las tres provincias, pues la foralidad vasca tenía una esencial e irrenunciable dimensión provincial–

porque la situación especial del país descansa en la ley también constitutiva y fundamental de 25 de octubre de 1839 y porque es un principio eterno de derecho, de equidad y de sentido común el que las leyes especiales (...) no se derogan por las de carácter general.[45]

Sucesivos gobiernos actuaron como si esta Ley de Fueros de 1839 constitucionalizara la foralidad, aceptando las reglas del juego por ella marcadas y tratando en varias ocasiones en los años cuarenta y primeros cincuenta de proceder, siempre infructuosamente, a la modificación prevista con el objeto de adaptar el orden foral al marco constitucional, tal como había hecho con Navarra en 1841 (ley de 16 de agosto). Que las Provincias se resistieran a ello, dilatando una y otra vez el arreglo foral que en 1841, 1846 y nuevamente 1852 intentaron distintos gobiernos llevar a cabo –«en cuestión de fueros lo que hay que hacer es no hacer» decían; «nosotros quisiéramos (...) ir demorando un mes de otro mes, y un año tras de otro año, los efectos de la ley de arreglo»–,[46] presentando un frente unido de negociación que el Gobierno trató infructuosamente de romper en 1845,[47] y denunciando la introducción de novedades en las Provincias mientras no se llevara a cabo el arreglo como una agresión a la foralidad, no cambia el hecho de que ni el Gobierno ni el Parlamento procedieran como si la Constitución de 1837 o la de 1845 hubieran abolido los fueros, o debieran abolirse en su desarrollo. Aunque entre las filas del progresismo hubo opiniones bien dispares –como las del senador andaluz Manuel Sánchez Silva–, tampoco ellos entendieron que la unidad constitucional, a la que daban mayor extensión que los moderados, debiera arrasar la foralidad: de hecho, el propio decreto de Vitoria de 29 de octubre de 1841 promulgado por Espartero, aunque proclamaba en su preámbulo la unidad administrativa del Estado, respetaba «lo más esencialísimo del sistema foral, que era no pagar contribución, no dar hombres para el ejército»,[48] y declaraba –también en su preámbulo– dar «entero efecto» a la aplicación del principio de la unidad constitucional.

Todo esto cambiaría en la Restauración, cuando la conjunción de un estado de opinión pública en España muy negativo hacia los fueros, a los que responsabilizaba de la guerra, y de la llegada al poder de un hombre, Antonio Cánovas del Castillo, resuelto a completar «a toda costa» la unidad constitucional del Estado, que consideraba inconcusa mientras continuaran las excepciones fiscales y militares de Vascongadas, impuso otra interpretación de esa unidad y de la Ley de Fueros de 1839. Cánovas convocó en abril de 1876 a los representantes de las Provincias Vascongadas para proceder al cumplimiento del artículo segundo de la citada ley. En la audiencia que se celebró a principios de mayo, el presidente del Gobierno explicó que según la constitución vigente cuando se promulgó la ley de 25 de octubre de 1839, todos los españoles estaban obligados a contribuir a la Hacienda y al Ejército, y que esta obligación también competía a las Vascongadas con arreglo al artículo 6.º de dicha constitución. Cánovas rompía así la interpretación que de la Ley de Fueros venían defendiendo las Provincias, colocando la Constitución de 1837 por encima de ella, y no atendiendo al principio de excepcionalidad también incluido, como hemos visto, en ella. En mayo, Cánovas presentó al Senado un proyecto de ley que disponía que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya contribuyeran «con arreglo a la Constitución del Estado» a la Hacienda y al Ejército de la misma forma que el resto de españoles, expresando en el preámbulo su deseo del «establecimiento inmediato de la unidad constitucional de la nación, que a toda costa de quedar esta vez realizada». La contestación de las autoridades forales no se hizo esperar y dirigieron una exposición a las Cortes en estos términos:

La interpretación que el Gobierno de Su Majestad ha dado a esta ley, y singularmente a su artículo 1.º, al redactar el proyecto sometido a las Cortes, es, en nuestro concepto, tan violenta e inesperada que nadie pudo preverla, y ha debido llenar de sorpresa y de asombro a aquellos ilustres legisladores de 1839 que aún viven y son testigos de tal interpretación. (...) Si la mente de los legisladores de 1839 hubiera sido la que el Gobierno de Su Majestad entiende, hubiesen redactado la ley en términos que así lo hubieran expresado, para que entonces, ni ahora, ni nunca, se hubiera ofrecido la menor duda (...). Si la cláusula «sin perjuicio de la unidad constitucional» debiera interpretarse como el Gobierno de Su Majestad la interpreta, resultaría ociosa la confirmación de los fueros, hecha en el artículo 1.º, y ociosa también la modificación prescrita en el artículo 2.º. (...) Ciertamente, no es el proyecto de ley sometido a la aprobación de las Cortes emanación de lo preceptuado en la de 1839, que consagraba derechos inconcusos y paccionados; por él no se modifican los fueros sino que se destruyen radicalmente.[49]

Los argumentos de las Provincias Vascongadas no sirvieron de nada y la ley –que, decía la exposición precedente, «se denomina hasta en el seno de la representación nacional, de “Abolición de los fueros” y se considera como ley de castigo impuesto a las Provincias Vascongadas»– fue finalmente aprobada el 21 de julio, incluyendo un artículo 4.º que autorizaba al Gobierno

para que, dando cuenta en su día a las Cortes, y teniendo presente la ley de 19 de septiembre de 1837 y la de 16 de agosto de 1851, y el decreto de 29 de octubre del mismo año, proceda a acordar, con audiencia de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, si lo juzga oportuno, todas las reformas que en su antiguo régimen foral exijan así el bienestar de los pueblos vascongados como el buen gobierno y la seguridad de la Nación.

No era propiamente una ley de abolición foral, aunque quedaría fijada en la memoria colectiva de los vascos en esta clave, pero sí un golpe muy duro para los Fueros, que recibieron la definitiva puntilla cuando al año siguiente, entre primavera y otoño de 1877, fueron suprimidas las diputaciones y juntas forales por su resistencia a cumplir las órdenes del Gobierno en aplicación de la ley.

No obstante, hay que reparar en que nunca a lo largo del siglo XIX se produjo una abolición foral expresa ni en texto constitucional ni en legislación alguna, ni siquiera en la Constitución de 1876, que volvía a admitir leyes especiales[50] –y especial será el sistema de Conciertos Económicos que perpetúe el particularismo vasco a partir de 1878–; pero sí hubo por el contrario una ley de confirmación foral. La unidad constitucional del Estado fue interpretada entre 1839 y 1876 de tal manera que la foralidad vasca tenía cabida en ella.

NUESTRO HOMBRE EN MADRID. LOS MECANISMOS DE INTERLOCUCIÓN CON EL ESTADO

En la singular coyuntura política del año 1808, José María de Yandiola, consultor del Señorío de Vizcaya y su representante en la Asamblea de Bayona, envió una carta a la diputación vizcaína asegurando que aunque dicha asamblea tuviera –que no tenía– poder efectivo para decidir sobre el texto constitucional que Napoleón quería otorgar a España, «jamás me sujetaría a su decisión, porque no reconozco en ella ni en la Nación autoridad para derogar nuestra constitución». Y añadía «Vizcaya nada tiene que hacer sino con su Señor, que es el Rey de España». Ponía así de manifiesto una forma de entender la relación política con la Monarquía, con el Estado, llamada a prosperar. Una forma tradicional, propia del Antiguo Régimen, que no reconocía la validez de ningún cuerpo intermedio entre la Provincia y el Rey, pero no necesariamente reñida con los nuevos tiempos políticos que se avecinaban, pues, lejos de desaparecer, mostró pronto su utilidad en el orden constitucional.

Las Provincias Vascongadas recurrieron permanentemente a la Comisión en Corte, es decir, a la representación directa de las instituciones forales ante la Corte real y el Gobierno, como instrumento de representación e interlocución privilegiado con el Estado por encima de la representación electoral en el Parlamento. Es decir, otorgaron mayor protagonismo simbólico y efectivo a los comisionados en Corte que a los diputados a Cortes de las Vascongadas; el nombramiento de aquéllos era perfectamente controlable, competía a las juntas generales y representaba directamente los intereses de las diputaciones forales, copadas por los fueristas hasta la segunda mitad de los años sesenta, mientras que los segundos eran elegidos en comicios generales de resultados más inciertos. Pero, además, hacer uso plena y exclusivamente del mecanismo representativo que ofrecía el orden constitucional, el parlamentario, hubiera implicado reconocer plena validez y capacidad soberana al Parlamento, y someterse a su legislación, cosa que las Provincias Vascongadas se negaron sistemáticamente a hacer; «que las cuestiones votadas por las Cortes no son legítimamente obligatorias a nuestras Provincias se patentiza a nuestro entender hasta la última evidencia», decían sus comisionados en 1846.[51] Reivindicaron siempre que la manera en que las Provincias Vascongadas se habían «incorporado» voluntariamente a la Corona de Castilla era fruto de un «pacto» entre ellas y el trono, de manera que ningún otro organismo podía modificar los términos de esa situación, de su especial manera de estar en la Monarquía. El Parlamento, por consiguiente, no tenía potestad para modificar y mucho menos suprimir los fueros.

Aunque la apuesta por los comisionados en Corte era expresión de una forma de entender la interlocución con el Estado heredada del Antiguo Régimen, lo cierto es que en una monarquía constitucional como la que se instaló en España en los años treinta del siglo XIX tras frustrarse la monarquía parlamentaria diseñada en Cádiz, la Corona, concebida como poder moderador con facultad para nombrar y deponer ministros, disolver las Cortes y vetar sus leyes de forma absoluta, era el árbitro del sistema político, el verdadero poder decisorio, por encima del Parlamento. Conseguir la confianza regia resultaba por tanto clave para moverse en la escena política. Máxime ocupando el trono una mujer como Isabel II, joven y manipulable, educada en una cultura de corte absolutista, con una formación corta, elemental y pensada para el espacio doméstico, una reina a la antigua usanza y a mucha distancia de su homóloga Victoria de Inglaterra, y con una madre intrigante entregada a los moderados –de cuya permanencia en el poder dependían buena parte de sus negocios–, todo lo cual convirtió al palacio, además de en escenario de múltiples intrigas y de trasiego de favoritos, en un espacio político decisivo.[52] No era por tanto tan extemporánea la forma de interlocución con el Estado que privilegiaron las Provincias Vascongadas; gozar del favor de la reina –de la reina madre Maria Cristina, «madre tan cariñosa», «mano bienhechora», y de su hija Isabel, «adorada Reina», «ídolo de sus corazones», como se dirigían a ellas en las representaciones al trono– y mover los hilos de las influencias en la Corte formaba parte del juego político del nuevo orden constitucional.

Cada vez que el Gobierno del Estado invadía competencias propias de las instituciones forales o trataba de hacer extensivas a las Vascongadas leyes generales, las Provincias apelaban automáticamente al trono y trataban de negociar directamente con el Gobierno, sirviéndose para ello de sus comisionados en Corte. El comisionado en Corte era un cargo distinto al de agente en Corte, ambos piezas del sistema institucional foral. Mientras este último, también nombrado por la Junta General y encargado de representar a su provincia o señorío en Madrid, donde estaba obligado a residir, era un cargo asalariado y vitalicio que perdió importancia a partir de 1834, el de comisionado en Corte era un cargo de confianza, no asalariado, designado entre personas de reconocido prestigio e influencia, con redes familiares y sociales en Madrid que les permitieran influir en el Gobierno o en el trono. Un cargo que ganó importancia en el siglo XIX, especialmente cuando desde 1839 los gobiernos solicitaban interlocutores para hablar del arreglo de fueros y las Provincias enviaban a sus comisionados para representarlas en estas conversaciones, dejando a un lado a los diputados a Cortes. La abultadísima correspondencia que se conserva en los archivos vascos de los comisionados en Corte pone de manifiesto la importancia de este cargo y la fluidez de su comunicación con las autoridades forales.

Para desempeñarlo fueron elegidos los más destacados e influyentes políticos fueristas de la época, como Francisco Hormaeche, Pedro Novia de Salcedo, Pedro Egaña, Blas López, Ascensio Ignacio de Altuna, etcétera, aunque también otros menos notorios. De cualquier forma, unos contados personajes ostentaron este cargo de tan singular importancia, y más de uno se perpetuó en él. Es el caso del influyente jauntxo azpeitiarra Ascensio Ignacio Altuna, el «comisionado por excelencia», como denunciaba su paisano Francisco Manuel Egaña: «todos ya sabíamos que ha habido varios comisionados electos, varios comisionados honorarios, varios comisionados de derecho; pero que en verdad y en puridad (...) no ha habido de hecho, mas que un solo y único comisionado por Guipúzcoa [Altuna]».[53] Altuna además compatibilizó varios años la Comisión en Corte con el cargo de diputado parlamentario, en un maridaje de cargos cuyas consecuencias no se escapaban a observadores críticos:

Lo que yo he dicho y no cesaré de repetir al Sr. Altuna es que los mismos elementos a que ha debido su elevación [al cargo de comisionado] han podido también servirle para hacer recaer constantemente la elección de los demás funcionarios del país en personas, dignísimas sí, porque esto de cubrir las apariencias es lo primero, pero colocadas en la mayor parte o cuasi totalidad de ellas en circunstancias especiales que hacían puramente honorarios sus cargos, lo cual, como se deja conocer, era una ventaja inapreciable para la mejor defensa de los intereses del país, pues nadie duda que la unidad de pensamiento, y sobre todo de acción, valen mucho, y para esto bastaba y sobraba con el Sr. Altuna. Había echado sobre sus hombros la carga muy suficiente para dos atletas y gemía bajo el doble peso de la Diputación a Cortes y de la Comisión en Corte. No importa que la malignidad hubiese dado en la manía de murmurar que el Sr. Altuna miraba con particular predilección a estas dos hermanas gemelas por la honra que le reportaba la una y el provecho que la otra le daba; porque en esta parte, lo mas racional es creer que, habituadas a vivir en la mejor armonía, en la más envidiable promiscuidad bajo el amparo paternal del Sr. Altuna, llegaron a encariñarse en términos que no había forma de separarlas, y en todo pensaban menos en emanciparse.[54]

El caso de Altuna no es único. De hecho, los diputados a Cortes que salieron elegidos en las Vascongadas en octubre de 1854 [55] cumplieron el doble papel de comisionados en Corte y diputados parlamentarios. Interesó entonces que no existiera la más mínima disensión entre ambos tipos de cargos, pues al convertirse el Congreso, con los progresistas en el poder, en el centro fundamental de la toma de decisiones, los diputados a Cortes cobraron mayor relevancia para los fueristas de la que habían tenido durante la década moderada. Así que las autoridades forales se esforzaron especialmente por controlar aquellas elecciones y por que salieran elegidas en ellas personas en las que pudieran depositar plena confianza.

También se preocuparon, insistentemente, de evitar líneas de actuación divergentes entre los comisionados de las tres Provincias. Es más, trataron de establecer actuaciones conjuntas formando un frente unido de negociación con el Gobierno que expresara la unanimidad de las tres en torno a la foralidad y la fraternidad y –así proclamada– unidad vascongada (Irurac Bat). Desde que la ley de 1839 remitió los fueros a modificación esto se convirtió en una constante, que no obstante atravesó su momento de crisis cuando en mayo de 1850 Álava y Guipúzcoa propusieron a Vizcaya negociar con el Gobierno el arreglo foral, en lugar de «dar largas al negocio» como habían hecho hasta el momento, y ésta se opuso, rompiéndose, aunque por poco tiempo, el frente vascongado. Frente que en alguna ocasión se planteó extender a Navarra,[56] aunque la resolución de la cuestión foral del antiguo reino en agosto de 1841 hizo ya inviable. No obstante, en 1867 el alavés Ramón Ortiz de Zárate propuso estrechar los lazos de unión entre las Vascongadas y Navarra creando una comisión en Corte mancomunada de las cuatro provincias, es decir, «cuatro comisiones en Corte que funcionaran de común acuerdo, y considerándose, como lo son cuatro hermanas». Propuesta que realizaba

porque lo reclaman los intereses morales y materiales de las cuatro provincias hermanas, porque lo desean ardientísimamente las cuatro familias que forman la grey euskara española; y porque lo exigen los precedentes, pues así en la presente legislatura como en otras anteriores se han unido algunas veces los representantes vasco-navarros para tratar de asuntos comunes a aquel apartado rincón de la monarquía española.

Las respectivas comisiones en Corte de cada provincia conservarían su autonomía, pero actuarían de común acuerdo en las cuestiones que afectaran a los cuatro territorios y se prestarían ayuda solidaria cuando no fuera así, «auxiliándose recíprocamente en todos los negocios que interesaran a una sola provincia».[57] No tenemos sin embargo noticia de que esta propuesta prosperara.

A pesar de la importancia del recurso a estos mecanismos de representación preconstitucionales, las Provincias Vascongadas tampoco desdeñaron la utilidad de la moderna representación parlamentaria. Al menos para neutralizarla como posible plataforma de expresión –y presión– de opciones políticas no fueristas. Durante las dos primeras épocas constitucionales y nuevamente en 1834 y 1836, las elecciones a Cortes que se celebraron en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa pusieron de manifiesto que el triunfo de las candidaturas progresistas era más que una posibilidad; así, en 1810 Miguel Antonio Zumalacárregui, hermano del general carlista y que llegaría a ser ministro de Gracia y Justicia en 1842, salió designado –por los refugiados en Cádiz– diputado por Guipúzcoa y elegido nuevamente en 1836, 1837 y 1839; en los comicios de 1820, José Fernández Echave y Romero, y en los de 1821, 1834, 1836 y 1837, Joaquín María Ferrer, que sería nombrado ministro de Hacienda en 1836 –aunque renunciaría al cargo–, alcalde de Madrid en 1840 y secretario de Estado entre 1840 y 1841. La representación parlamentaria de Álava recayó en 1810 y 1813 en Manuel Aróstegui, en 1820 en Ramón Sandalio Zubía, primo del general Miguel Ricardo de Álava, que fue elegido a su vez diputado a Cortes en 1821, mientras que los comicios de 1836 dieron el triunfo a Manuel Ezequiel Echevarria y Pedro Tercero. En Vizcaya, liberales tan destacados como Juan Antonio Yandiola, que perteneció a la Sociedad Lorencini y fue presidente de la Sociedad Fontana de Oro, tesorero general de la Nación (1822-1823) y ministro de Hacienda (1823), o Martín de los Heros, ministro de Gobernación (1835-1836), intendente general de la Casa Real (1840-1843 y 1854-1856),[58] fueron elegidos diputados en 1813 y 1820 y en 1835 y 1836, respectivamente. Pero a partir de 1837, en Álava y Vizcaya, y de 1840 en Guipúzcoa, los fueristas se alzaron con el triunfo en las elecciones de diputados a Cortes. Fueristas tan destacados como Pedro Egaña, el político vasco más influyente de la época, elegido por Álava casi constantemente desde 1839; el vizcaíno Francisco Hormaeche, reelegido por el distrito de Guernica en siete ocasiones entre 1837 y 1853, o el guipuzcoano Ascensio Ignacio Altuna, diputado a Cortes entre 1846 y 1854.[59]

Las elecciones de septiembre-octubre de 1836 marcaron un antes y un después. En ellas, todos los candidatos que salieron elegidos fueron también liberales progresistas; Martín de los Heros y Juan Ramón Arana por Vizcaya –incluido el suplente Pedro Lemonauría–, Joaquín María Ferrer y Miguel Antonio Zumalacárregui por Guipúzcoa y Manuel Ezequiel Echevarría y Pedro Tercero por Álava. Progresistas que demostraron con claridad meridiana cuál era su posición política: en enero de 1837 reclamaron en el Parlamento que las provincias de Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, a las que tienen el honor de representar en este augusto Congreso, se uniformen en cuanto a su régimen político bajo la constitución que se diere a la Monarquía española, de la cual compondrán una parte integrante, haciendo desaparecer cuanto impida la más cordial unión entre todas las provincias de la misma, para lo cual solicitaban a las Cortes el restablecimiento de los decretos de 29 de abril y 16 de marzo de 1822.[60] Conscientes de la necesidad de evitar que esto se repitiera y que las representaciones parlamentarias jugaran en contra de los intereses forales, los fueristas se esforzaron desde entonces por controlar los resultados de las elecciones a Cortes. Resulta muy revelador al respecto la carta que en agosto de 1836 remitió el conde de Villafuertes, uno de los más destacados e influyentes fueristas guipuzcoanos, al también guipuzcoano pero progresista Joaquín María Ferrer, explicándole que había tratado por todos los medios –«poniendo para ello cuanto hemos creído eficaz e influyente, pero permitido a todo hombre de bien»– que salieran elegidos diputados a Cortes personas de un perfil ideológico distinto a los últimos vencedores en estos comicios –Ferrer y el también liberal Collado–, que se habían mostrado a favor de la nivelación de todas las provincias de la Monarquía, aunque lamentando no haberlo conseguido porque había podido más «el partido Mendizabalista» y los intereses locales de San Sebastián, gracias a que la ciudad tenía mayoría de electores y al contexto de guerra que se vivía.[61] A pesar de no lograrlo entonces, las elites fueristas guipuzcoanas persistieron en su propósito de controlar las elecciones a Cortes, y lo consiguieron finalmente, como ya hemos dicho, en 1840. Para ello contaron con el inestimable concurso del clero vasco, altamente interesado en conservar el orden foral por los beneficios que le acarreaba. Otra carta del conde de Villafuertes de enero de 1840, entonces jefe político de Guipúzcoa, al ministro de la Gobernación es muy clara a este respecto; tras explicarle que la afluencia de electores a las urnas había sido considerable, «señaladamente de la población labradora» en contra de lo que se esperaba, añadía:

Y lo que más ha sorprendido satisfactoriamente es el verlos conducidos a su cabeza por los Párrocos y Beneficiados, decididos y aún cuidadosos éstos, como sus feligreses, de votar por la candidatura foral, liberal, sensata, en contraposición de la llamada progresista. En este acto se ha visto, al mismo tiempo que el ascendiente grande de los Párrocos y demás buenos Eclesiásticos en el religioso y sencillo labrador de este país, la persuasión y convicción que ha obrado para ello de que no en vano se tomaban este trabajo y cuidado de depositar en las urnas electorales su lección (...) por el triunfo de los intereses que palpan en el estado actual de la Provincia y que ansían por su continuación y la de la paz que gozan. No puede pues dejar de verse en esta unión del clero con la masa general o mayor del país que es la población agrícola, la amalgama e íntima ligazón que percibe el mismo clero de los intereses suyos con los de esta masa, que son como no dejan de explicarlo los individuos mismos de la parte sensata y virtuosa de este clero, la de la posesión y continuación del régimen foral que disfruta.[62]

Además de este tipo de mecanismos de control del electorado, a los fueristas les beneficiaron la legislación electoral y las excepciones introducidas en ella para las Provincias Vascongadas. Ya en mayo de 1834 el Gobierno accedió a que se hicieran excepciones para las Provincias Vascongadas, dada la situación de guerra que vivían, en la aplicación de la norma electoral general, fijada en el Estatuto Real, que debía regir los comicios del verano de aquel año –sus diputados serían elegidos por una junta electoral en la que se daba entrada a las diputaciones forales–, abriéndose una dinámica llamada a tener futuro. Las excepciones a normas electorales generales se repitieron en los comicios de julio de 1836 y septiembre-octubre del mismo año y de nuevo en los de agosto de 1837. El acusado censitarismo de la ley electoral de 18 de marzo de 1846 benefició el control fuerista de las elecciones. Esta ley, que redujo el cuerpo electoral del Estado a 99.000 personas frente a las 635.000 de las anteriores elecciones, afectó especialmente a Vizcaya y Guipúzcoa, siendo las provincias que más reducción sufrieron de todo el Estado al asignárseles la cifra de 150 electores por distrito (los mayores pudientes). Estuvo en vigor hasta 1865, con la única excepción de los comicios de 1854 celebrados en el Bienio progresista bajo la restaurada ley de 20 de julio de 1837 que fijaba un mayor cuerpo electoral, excepción que tampoco afectó al control fuerista de las elecciones a Cortes en las Vascongadas, pues aunque la ley devolvía a las diputaciones provinciales sus funciones electorales, como éstas habían sido suprimidas en ellas, dichas funciones las asumieron las diputaciones forales, junto con los ayuntamientos de las capitales. Cuando la ley de 18 de julio de 1865 amplió el cuerpo electoral con la intención de frenar el retraimiento progresista,[63] tampoco afectó a la hegemonía fuerista en Álava y Guipúzcoa, que se mantuvo intacta hasta las siguientes elecciones de marzo de 1867. No así en el caso de Vizcaya, que fue la provincia más afectada por la ampliación del cuerpo electoral –se pasó del 0,26 al 4,16%–, y donde ya en diciembre de 1865 se produjo una aplastante victoria del neocatolicismo. En los comicios generales de marzo 1867 los fueristas perdieron el control en Guipúzcoa, con un llamativo triunfo del carlismo. En Álava, Ramón Ortiz de Zárate, que venía siendo diputado a Cortes desde 1858 ininterrumpidamente, había iniciado ya su deslizamiento hacia el carlismo, que quedó manifiesto en las elecciones de enero de 1869, en las que encabezó una candidatura bajo el lema «Unidad católica y fueros» que puede ser ya calificada de carlista,[64] y que se alzó con el triunfo, paralelo al que el carlismo conoció en Vizcaya y Guipúzcoa en aquellas elecciones. El triunfo del carlismo se mantuvo en las consultas de marzo de 1871 y abril de 1872 –con la excepción del escaño por San Sebastián, que fue ganado por el liberal monárquico Fermín Lasala y Collado–, y a partir de las elecciones de agosto de 1872, en las que no participaron los carlistas, los liberales ganaron las elecciones en confrontación con los republicanos.[65]

A pesar de la hegemonía de las candidaturas fueristas en las elecciones a Cortes del reinado isabelino, en alguna ocasión se alzó con el triunfo de un distrito un candidato liberal que escapaba al control de los fueristas. Esto ocurrió recurrentemente en el distrito de San Sebastián en Guipúzcoa, coto de la familia Lasala, pero alguna vez también en el de Vergara. Por ejemplo en los comicios de diciembre de 1846, en que salió elegido por este distrito el médico guipuzcoano Melchor Sánchez Toca. Cuando los fueristas comprobaron que jugaba contra sus intereses, pues se opuso a la petición de las diputaciones forales de que fueran suprimidos los consejos provinciales, y rompía por tanto la imagen de unanimidad en torno a los fueros que trataban de transmitir éstas ante los poderes del Estado, su reacción no se hizo esperar y en las elecciones siguientes, las de agosto-septiembre de 1850, movieron los hilos necesarios para evitar que Sánchez Toca fuera reelegido. Así lo reconocía el principal responsable de la manipulación de aquellos comicios, Ascensio Ignacio Altuna, que entonces reunía en su persona los cargos de comisionado en Corte y diputado a Cortes por Guipúzcoa:

En [el distrito de Vergara] fue nombrado en 1846 el Señor D. Melchor Sánchez Toca, con quien permanecí en las mejores relaciones hasta que habiéndose promovido la cuestión de los Consejos provinciales, tres Diputados vascongados, entre los cuales figuraba el Señor Toca, se presentaron al Gobierno de S. M. manifestando que sus electores opinaban por la supresión o reforma de aquellas corporaciones que los comisionados de las Provincias habíamos solicitado. Este paso, a mi juicio impremeditado, dejaba en duda cuál fuese sobre el particular la verdadera opinión de la Provincia, o en otros términos, si el Sr. Toca o yo representábamos la opinión del país, objeción que repetidas veces me hizo el

Ministro de la Gobernación (...) ¿Tiene algo de extraño que al procederse a nuevas elecciones hubiese yo contribuido a la derrota del Sr. Toca y a la elección de otro Diputado que abundase en las ideas del país en la cuestión suscitada? (...) Yo por mi parte lejos de negar la participación que tuve en aquella elección me envanezco de ella: yo me constituí en el distrito, animé a los que creían perdida la elección, persuadí a otros, facilité de mi peculio particular los medios de transporte y de otra clase que me parecieron convenientes y, contra las esperanzas de muchos y los temores de no pocos, contribuí poderosamente a que fuese electo mi digno amigo el General Lersundi, no obstante las grandes simpatías con que contaba el candidato vencido y los esfuerzos que en su favor hizo el Gobernador de la Provincia.[66]

La manipulación electoral, denunciada en más de una ocasión desde las propias Provincias,[67] no era sin embargo un fenómeno extraño al juego político de la época. El sistema de poder del Estado liberal español facilitaba todo tipo de fraudes en la confección de listas y composición de mesas electorales, y en el recuento de resultados. El partido en el Gobierno ganaba sistemáticamente las elecciones y fabricaba mayorías parlamentarias a su conveniencia.

La mayor parte de los diputados, y de los senadores, vascos del período isabelino fue o bien de origen vasco, o bien, en el caso donostiarra sobre todo, de ascendencia francesa, catalana o cántabra, pero con familia y patrimonio asentados sólidamente en el país. En momentos puntuales, como durante la Regencia de Espartero, obtuvo la representación parlamentaria algún candidato cunero, como el sevillano conservador Joaquín Francisco Pacheco, quien en 1841 logró la diputación a Cortes por Álava al renunciar su titular Pedro Egaña. La mayor o menor integración en la práctica parlamentaria de los diputados vascos dependía de su adscripción ideológica; los constitucionalistas y progresistas desplegaron una actividad similar a la de otros parlamentarios, participando en las comisiones y en los debates, pero los fueristas y carlistas manifestaron una «actitud pasiva», que levantó sospechas y denuncias sobre su falta de independencia y subordinación a los dictados de las instituciones forales.[68] Actitud pasiva no significa actividad nula, pues no desdeñaron el escaño parlamentario como privilegiado altavoz, instrumento de propaganda política, del que se sirvieron para repetir una y otra vez sus tesis historicistas y argumentos en defensa de los fueros, y como instrumento de conformación de opinión pública, pues gran parte de los principales discursos por ellos allí pronunciados fueron impresos en forma de folleto y hechos circular. Eso sí, cuando no les interesaba, no tomaban parte ni en la discusión ni en la votación de ciertas cuestiones.[69] De todas formas, y a pesar de privilegiar como representantes de las Provincias Vascongadas en Madrid a sus comisionados en Corte, lo cierto es que éstas aceptaron, controlaron y utilizaron el moderno mecanismo constitucional de la representación parlamentaria.

NACIÓN ESPAÑOLA Y NACIONALIDAD VASCA. EL ENCAJE IDENTITARIO

La edificación del Estado liberal español trató de legitimarse desde sus primeros pasos en un nuevo sujeto político, la Nación española, que fue definida en la Constitución de Cádiz de 1812 como una comunidad soberana de individuos formada por todos los españoles –categoría de la que quedaban excluidos mujeres, esclavos y quienes no poseyeran derechos de vecindad–, es decir, una comunidad de individuos europeos, americanos y asiáticos. Pero ya entonces se formularon otras propuestas conceptualmente distintas de nación española, como la que hemos visto del diputado novohispano José Miguel Guridi y Alcocer, quien identificó nación con Estado, y aseguró que en la unidad del Estado cabía la diversidad.[70] Además, aquella primera idea moderna de nación española definida por el liberalismo gaditano evolucionaría con el tiempo al ser redefinida –como ha explicado Álvarez Junco–[71] por el conservadurismo católico, que la despojó de su plena capacidad soberana y de su laicismo. Es decir, desde los orígenes del Estado liberal español existieron formas diversas de entender la nación española, que no fue en el siglo XIX un concepto unívoco y estático. Y una de ellas es la que representó el vasquismo fuerista.

Para el fuerismo, que repitió hasta la saciedad en su discurso político que los vascos eran miembros de la nación española, ésta no expresaba un vínculo horizontal entre ciudadanos iguales, la idea de nación que hicieron valer los liberales gaditanos, ni una emoción colectiva hacia la cultura, costumbres, folklore, paisaje..., españoles, en que la convirtió el conservadurismo católico y el romanticismo de la segunda mitad del siglo.[72] Defendieron una concepción de la nación española que la identificaba –como hacía el diputado novohispano Guridi y Alcocer– con el Estado y éste a su vez –a sustancial diferencia de él– con la Monarquía. Trasladaron a su idea de nación española la relación vertical súbdito-Corona propia del Antiguo Régimen, de manera que cuando afirmaban una y otra vez la españolidad de los vascos expresaban con ello su lealtad a la Monarquía/Estado. Esta concepción permitía hacer perfectamente compatible la afirmación de pertenencia a la nación española con la afirmación de la singularidad vasca, aseguraba el encaje en aquélla de lo que denominaron pueblo vasco, nacionalidad vascongada.

Con el objetivo de dotar de más y poderosos argumentos a la defensa de los fueros vascos, los políticos fueristas elaboraron un discurso identitario que hacía de vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos –y coyunturalmente navarros– una comunidad singular, además de una unidad inmemorial, un pueblo, un país, incluso una nacionalidad diferenciada dentro de la nación española. Elaboraron un nuevo estereotipo vasco que recorrió toda la centuria adornado con los atributos de nobleza, antigüedad, religiosidad, españolidad..., y singularidad. Afirmaron la existencia de un pueblo vasco diferenciado del resto de pueblos y territorios de la Monarquía por su historia singular y compartida entre los tres territorios (trufada de mitos como el de su primitiva y secular independencia, el vascoiberismo, o su integración pactada en la Corona de Castilla), su singular lengua (el euskera), su singular y modélico tejido social (representado en el mito del pueblo de nobles montañeses llenos de virtudes morales que convivían fraternalmente conformando una sociedad igualitaria y laboriosa), su singular fervor católico y cristianismo primitivo, su singular, marcada y constante lealtad a la Corona de Castilla, y, sobre todo, por su singular régimen jurídico-político, los fueros. La idea más subrayada en este discurso fue precisamente esa singularidad, que permitía armar el siguiente argumento: si los vascos eran un pueblo singular, eran también merecedores de un trato singular por parte del gobierno del Estado, de conservar una posición singular en el seno del nuevo Estado liberal, es decir, de conservar sus fueros. Fue un código identitario de primera factura –y palpable utilidad– política, pero que traspasó las fronteras de ésta para impregnar la literatura y otras manifestaciones artísticas, así como el discurso religioso. Un código identitario que también contribuyeron a definir medios culturales y religiosos, y que se trató de hacer llegar a la población –socializar– utilizando medios de propaganda diversos, desde la publicística al acto público conmemorativo, desde la recuperación y protección del patrimonio histórico-artístico a la estatuaria pública, desde la novela o la fiesta popular al sermón religioso.[73]

Ahora bien, la afirmación de la diferencia y la singularidad de los vascos no implicaba, en la lógica de este discurso, la más mínima mengua de su españolidad. Porque la afirmación de ésta fue consustancial en él a la de la vasquidad. Vascos y españoles, así se definía a los habitantes de estos territorios, partícipes de un doble patriotismo –en expresión de Fradera–[74] que les permitía reconocerse a la vez miembros de esa comunidad singular y de lo que denominaban «la gran familia española»: «nos llamamos vascongados –dijo Pedro Egaña– porque no queremos renegar de nuestro nombre de pila, pero eso no quita que siendo vascongados seamos tan españoles como el mejor español».[75] E incluso reconocerse, a un tercer nivel, como vizcaínos, guipuzcoanos o alaveses. En realidad, triple patriotismo, nacional, regional y provincial. Orden que no implica necesariamente jerarquía, pues el arco varía desde quien coloca en el primer lugar de sus afectos el ser vizcaíno o guipuzcoano o alavés hasta quien aun reconociéndose miembro del pueblo vasco se afirma ante todo como español, o quien –como el consultor supernumerario de Guipúzcoa Julián Egaña– se define a la vez como «buen español y buen vascongado».[76]

Los textos políticos de la época expresaban constantemente el amor, la fidelidad y la entrega de los vascos a la patria, a la madre común España –fueron éstas las expresiones utilizadas–, a la Nación, con mayúscula inicial la mayoría de las veces, aunque en alguna ocasión se hablara también de España como nacionalidad. Pero igualmente, desde mediados de los años treinta del siglo XIX, los fueristas comenzaron a aplicar en su discurso político el concepto de nacionalidad a los vascongados. Afirmaron así la existencia de una nacionalidad vascongada entendida como comunidad cultural y política, comunidad de lengua, costumbres e instituciones cuya individualidad se había ido afirmando en el curso de la historia, pero que cabía perfectamente dentro de la nación española. Porque los vascos eran una «porción de la nacionalidad ibérica».[77] Porque los vascos, «que siglos hacía que espontáneamente y bajo de pactos solemnes y formales se había[n] unido a la grande, a la heroica Nación española», como señalaría el fuerista alavés Mateo Benigno Moraza ante el Congreso en 1877, «contribuyeron desde los primeros tiempos de la reconquista, no a hacer la unidad nacional, sino a formar la Patria».[78] Es más, apelando a la situación geográfica de este «viril» pueblo montañés, los vascos eran presentados como incansables centinelas de la patria y sus fieros defensores cada vez que una amenaza traspasaba la frontera con Francia.

Mientras en el interior de la Península el soldado vasco aparece siempre en la vanguardia de los ejércitos de la Reconquista, como en las Navas de Tolosa, donde inicia la victoria más grande que han alcanzado las armas cristianas, el pueblo de que aquel soldado proviene, eterno centinela de la nacionalidad española, colocado como providencialmente en las puertas más peligrosas de la patria, vela y lucha en las cumbres del Pirineo y en las rocas del iracundo mar Cantábrico por la libertad e independencia de la patria, casi siempre amenazada por aquellas costas y fronteras.[79]

Este argumento, que presentaba a los vascos como españoles necesarios para la seguridad de la patria y sus más fieles servidores, unido al mito vascoiberista que hacía de ellos los últimos y únicos descendientes de los antiguos iberos, los convertía no sólo en españoles sino en los mejores entre ellos, en los más auténticos. Españoles por tanto singulares. Otra vez la idea de singularidad. El discurso ha vuelto a su punto de partida. Porque al fin y al cabo éste, el de la españolidad de los vascos, era también un discurso al servicio de la defensa de la foralidad; si los vascos habían demostrado en el curso de los siglos ser, con sus fueros, tan útiles a la patria y vivir armoniosamente como miembros de la «gran familia española», no había argumentos para decir que la pervivencia de los mismos contrariara no sólo la unidad constitucional sino tampoco la unidad nacional de España. Claro que esto dependía de qué se entendiera por unidad nacional.

Como hemos dicho, los fueristas identificaron la nación española con la Monarquía/Estado, de manera que la unidad nacional fue asimilada a la unidad constitucional de España. Francisco Lersundi lo expresó así en una contestación a Sánchez Silva en el Senado en mayo de 1867; la «unidad de nacionalidad» era parte –junto al trono y el Parlamento– de la unidad constitucional del Estado y las Vascongadas no representaban para ella ninguna amenaza:

¿Qué entiende S.S. por unidad constitucional? ¿Que se cumplan todos los artículos de la Constitución? ¿Sí o no? Pues yo digo a S.S. que hay provincias en la monarquía, que no son las Vascongadas, que en ese caso están fuera de la unidad constitucional. Hay provincias españolas, como las de Cataluña, en que rigen códigos diferentes, y sin embargo la Constitución dice que regirán unos mismos en la monarquía. Según pues S.S., esas provincias estarán fuera de la unidad constitucional. (...) Eso no quiso decir la ley a que me refiero; lo que quiso dar a entender por unidad constitucional, es la unidad de Reina, de Parlamento, de poder legislativo, de nacionalidad.[80]

Si Lersundi podía decir esto era porque efectivamente los vascos (el discurso identitario de las elites) se reconocían miembros de la nación española, aunque afirmaran a la vez la existencia de la nacionalidad vascongada. Aunque este último fue un concepto que no tiene parangón con la frecuencia y rotundidad de las afirmaciones de españolidad –otra cosa bien distinta son los conceptos pueblo vasco o país vascongado repetidos también hasta la saciedad–, a mediados de los años sesenta el presidente del Gobierno Alejandro Mon, de la Unión Liberal, dejó bien claro que en su concepción de la unidad de la nación no cabía ninguna diferencia ni la afirmación de ninguna otra nacionalidad:

El Gobierno de S. M. no reconoce diferencia alguna legal ni política entre las provincias de España, entre todas las que componen la nacionalidad española; todas han venido de una u otra manera a componer esta nacionalidad, y todas tienen igual consideración e iguales derechos, conforme a la Constitución de la monarquía. (...) El Gobierno no conoce más que la nacionalidad española en la forma que yo demostraré. Otra nacionalidad, cualquiera que sea la forma en que se presente, el Gobierno la rechaza.[81]

Ahora bien, aunque el fuerismo defendiera una concepción de la nación española que distaba mucho de ésta, e incluso aunque diversas voces lanzaran advertencias sobre los riesgos que las Vascongadas podían representar para la unidad de la nación,[82] nunca la cuestionaron. Es más, el discurso que ellos articularon en torno a la españolidad de los vascos sirvió para expresar y difundir en estas provincias la aceptación del marco nacional y su inserción en el Estado liberal. Esto no quiere decir que sirviera como mecanismo para la interiorización de la moderna identidad nacional española, de sus contenidos políticos y culturales.[83] Y mucho menos que sirviera de instrumento del nacionalismo español.[84] Aunque en el discurso sobre la identidad vasca el reconocimiento de España como madre patria y nación fuera fundamental, no hay que olvidar que el contenido de las expresiones de españolidad que se formularon no expresaba un vínculo horizontal entre ciudadanos miembros de un mismo Estado cuya unidad reside más allá del propio Estado y teóricamente la precede, sino otra cosa bien distinta. Pero tampoco hay que obviar su evidente utilidad para expresar y difundir la aceptación del marco nacional.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los fueros de la península han sobrevivido a muchos cambios y situaciones, y resistido a muchos enemigos externos e internos; continuaron existiendo cuando, exceptuando la tierra fértil y los corazones nobles de gente honrada, poco existía de lo español; mantuvieron a España española, porque esas instituciones congeniaban con el carácter nacional, el cual, esencialmente local, aborrece de cualquier sistema centralizado extranjero. Han crecido con el desarrollo del país y se han hecho parte y lote de la Constitución; y aunque, en abstracto, no sean quizá lo mejor de lo mejor, son los únicos que se han podido obtener y mantener. Más pronto o más tarde sin embargo, los fueros vascos deberán ser abolidos, en el momento en que se pueda formar un gobierno verdaderamente fuerte.

Quien así se expresaba era uno de los más famosos viajeros ingleses que recorrieron España en el siglo XIX, Richard Ford, en su A hand-book for travellers in Spain, escrito en los años cuarenta, una vez promulgada ya la ley de 25 de octubre de 1839. Los fueros «se han hecho parte y lote de la Constitución», decía, recogiendo la tesis fuerista de la constitucionalización del régimen foral, aunque no auguraba un futuro muy positivo para ellos. Cuando se lograra establecer un gobierno fuerte en España, los fueros serían abolidos, pronosticaba. Sánchez Silva había establecido una ecuación similar entre la debilidad de los gobiernos y la pervivencia de la foralidad al afirmar ante el Senado en 1864:

Ese es el origen de los fueros, la apatía de los Gobiernos. Ningún Gobierno quiere trazar la senda que le conduzca a la solución de este negocio; todos los gobiernos, por el deseo y por el interés de remover los obstáculos que se le presenten en el poder dejan de resolver ciertas cuestiones.[85]

Sin embargo, y aunque efectivamente esa debilidad y apatía interesadas fueran una explicación para la pervivencia de la foralidad vasca en el seno del Estado liberal, junto a la flexibilidad del propio régimen foral o la habilidad negociadora de los políticos fueristas, ese mismo Estado, que en su definición doctrinal era unitario, uniforme y centralista, ofreció en su concreción constitucional, desarrollo legislativo, forma de administración del territorio y desenvolvimiento de la vida política no pocas vías de inserción del particularismo vasco en el orden constitucional. Las constituciones de 1837 y 1845 contenían en su articulado excepciones que anulaban la uniformidad jurídica que proclamaban, lo que abría posibilidades de encaje constitucional de las diferentes realidades territoriales que contenía el Estado español, desde la americana a la vasca; muchas de las leyes que debían aplicarse por igual en toda España se retocaban con excepciones para las Vascongadas; el Parlamento aprobó en 1839 una trascendental ley de confirmación de fueros que fue escrupulosamente respetada bajo el paraguas de una interpretación de mínimos de la unidad constitucional del Estado que compartieron moderados y fueristas, y aunque en determinadas coyunturas los fueros sufrieron duros recortes, nunca se produjo una abolición foral expresa; los diversos ejecutivos que se sucedieron en el gobierno del Estado utilizaron las instituciones forales para administrar estas Provincias y garantizar el orden en ellas, haciendo suya la lectura administrativa de la foralidad que les presentó el fuerismo y purgando a los fueros de sus elementos más problemáticos, y, finalmente, las claves de desenvolvimiento de la vida política en una monarquía constitucional como la española, en la que el palacio era un espacio político decisivo, permitieron también que sobreviviera sin mostrarse anacrónica, e incluso resultando eficaz, la tradicional forma de entender la interlocución con el Estado que representaba la figura foral de los comisionados en Corte. Desde el País Vasco se hicieron grandes esfuerzos por demostrar que los fueros cabían perfectamente en el Estado liberal, que eran útiles no sólo para administrar eficazmente las Vascongadas, sino también para rendir inapreciables servicios a sus reyes y a la patria, y se elaboró todo un discurso identitario que hacía perfectamente compatible la afirmación de pertenencia a la nación española con la de la singularidad vasca, y en el que la insistencia sobre la españolidad de los vascos sirvió para expresar y difundir en estas provincias la aceptación del marco nacional y su inserción en el Estado liberal.

Aunque la cuestión del encaje constitucional de la foralidad vasca planeó durante décadas sobre la política española y vasca, dado que en la doctrina sobre el modelo de Estado que debía construirse en España no parecían tener cabida a priori particularismos como el que representaba aquélla, es un hecho más que constatable que logró, además de sobrevivir durante mucho tiempo, encontrar su lugar en el seno de ese Estado de vocación centralista y uniforme que era España. Sobrevivió al proceso de gestación y consolidación del Estado, y sólo en su etapa de madurez, y mediante un acontecimiento tan traumático como una nueva guerra civil, la foralidad vasca sería desmantelada al servicio de una más acabada –entendida según patrones de la Restauración– unidad constitucional y nacional del Estado.

[1] Derogaba la exigencia de la calidad de nobleza para acceder a cargos públicos civiles y eclesiásticos y obtener grados militares; trasladaba las aduanas interiores a la frontera; unificaba el sistema de contribuciones en todo el reino; establecía juzgados de primera instancia, y separaba radicalmente el orden administrativo del judicial.

[2] Cuando hablaban de constitución propia lo hacían no en el sentido que tiene el moderno concepto de constitución, nacido con la Revolución Francesa y articulado sobre dos ingredientes fundamentales, la garantía de los derechos y la separación de los poderes. Como ha explicado Portillo, las Provincias Vascongadas desde finales del siglo XVIII aplicaron a sus fueros de forma creciente el término de constitución provincial. Es decir, los fueron definiendo en términos constitucionales, aunque siempre dentro de una lógica jurisprudencial y de parámetros corporativos propios del Antiguo Régimen europeo, con el fin de fijar un ámbito y una categoría de poder provincial. José María Portillo, Monarquía y gobierno provincial. Poder y Constitución en las Provincias Vascas (1760-1808), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 40-50; y José M. Portillo, «Constitución», en Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (dirs.), Diccionario político y social del siglo xix español, Madrid, Alianza, 2002, pp. 188-196.

[3] Miguel Artola, La España de Fernando VII, Madrid, Alianza, 1999, pp. 316-318.

[4] Diario de Sesiones de Cortes, 10 de enero de 1812.

[5] Julio Aróstegui, «El Estado español contemporáneo: centralismo, inarticulación y nacionalismo», Historia Contemporánea, 17, 1998, pp. 31-57, passim.

[6] Juan Pablo Fusi, «Centralismo y localismo: la formación del Estado español», en Guillermo Gortázar (ed), Nación y Estado en la España liberal, Madrid, Noesis, 1994, p. 79.

[7] Este epígrafe revisa el debate Fueros-Constitución entre 1808 y 1876 a la luz de las nuevas lecturas sobre los orígenes del constitucionalismo español, pone de manifiesto las sucesivas posibilidades de encaje constitucional que se dieron hasta la Restauración y cuestiona por consiguiente el planteamiento de ese debate como un enfrentamiento de perfectos contrarios mutuamente excluyentes. Adelanté ya este planteamiento en Coro Rubio, «El País Vasco ante el constitucionalismo liberal: el debate Fueros-Constitución (1808-1876)», Anales de Historia Contemporánea, 20, 2004, pp. 95-121 –el título contiene una errata en la edición.

[8] Manuel Chust, «El liberalismo doceañista, 1810-1837», en Manuel Suárez Cortina (ed.), Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808-1950, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp.76-100, cfr. p. 83.

[9] Bartolomé Clavero, «Los fueros vascos ante la confirmación constitucional (1812-1839)», en Santiago de Pablo y Coro Rubio (coords.), Los liberales. Fuerismo y liberalismo en el País Vasco (1808-1876), Vitoria, Fundación Sancho el Sabio, 2002, pp. 95-130, cfr. p. 103.

[10] Bartolomé Clavero, «Estado de jurisdicción e invento de constitución», en Mercedes Arbaiza (ed.), La cuestión vasca. Una mirada desde la historia, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2000, pp. 15-36, cfr. p. 27; Bartolomé Clavero, «Los fueros vascos ante la confirmación constitucional...», pp. 102-104.

[11] José M. Portillo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, pp. 476 y 478.

[12] Citado por Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del Estado liberal (1808-1868), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996, p. 70.

[13] Manuel Chust, «El liberalismo doceañista...», pp. 91-92.

[14] José M.ª Portillo, Revolución de nación..., p. 486.

[15] Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya..., pp. 82-86.

[16] Archivo Foral de Bizkaia (AFB), Órdenes y Circulares, n.º 67, copia de un oficio de la Diputación de Vizcaya al comandante general Santos San Miguel de 2 de septiembre de 1836.

[17] AFB, Expedientes, reg. 9 leg. 9 y reg. 19 leg.9 y Archivo del Territorio Histórico de Álava (ATHA), Depósito Histórico 640-29.

[18] AFB, Expedientes, reg. 9 leg.9.

[19] Citas en Ángel García Sanz, «Isidoro Ramírez Burgaleta y sus obras sobre las causas de la primera guerra carlista en Navarra y la Ley de Modificación de Fueros de 1841», Príncipe de Viana, 226, 2002, pp. 431-469, cfr. pp. 444 y 450-451.

[20] Bartolomé Clavero, «Los fueros vascos ante la confirmación constitucional...», p. 125.

[21] Citado por Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya..., p. 362.

[22] Véase Coro Rubio Pobes, Revolución y tradición. El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 242247, 275-279 y 285-297.

[23] «En ninguna otra parte del globo se conocen instituciones más populares, más económicas, más garantías a favor del orden, de la libertad y demás objetos sociales, con más armonioso y enérgico enlace entre las autoridades que mandan y el pueblo que obedece. (...) el Gobierno y las Cortes de Isabel II, lejos de aniquilarlas, deberían examinarlas, reconocerlas detenidamente, y vista su excelencia, conservarlas como un tipo de administración provincial, para extenderlas y plantearlas en las demás provincias de la monarquía». Observaciones sobre la necesidad de reformar el régimen administrativo de las Provincias Vascongadas para fallar con acierto en esta materia, San Sebastián, 1835.

[24] Javier Perez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya..., p. 622.

[25] ATHA., Depósito Histórico 760-1. El proyecto incluía un artículo 5.º que disponía que «unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía y en ellos no se establecerá más que un solo fueros para todos los españoles». Los diputados a Cortes vascos, que desempeñaban también el doble papel de comisionados en Corte, acordaron unas bases de actuación común en tres aspectos: 1.º, que sólo en caso de tener seguridad de una explicación favorable a los intereses de las Provincias se preguntaría por la situación vascongada; 2.º, que de no ser así, los diputados vascos guardarían silencio en la discusión del proyecto constitucional, a no ser que se atacase la validez de la ley de 25 de octubre de 1839; 3.º, que se solicitara una reunión con Pascual Madoz para inclinarle a favor de la citada ley, comunicándole que en caso de que fuera derogada los diputados vascos renunciarían a sus destinos. Madoz aprobó este plan de conducta en la reunión que tuvo con ellos. AFB, Régimen Foral, reg.18 leg. 2.

[26] Tan importantes novedades, introducidas por el Decreto de Vitoria de 29 de octubre de 1841, se produjeron en el contexto del aplastamiento de la conspiración antiesparterista de aquel año, la Octubrada. Véase Coro Rubio Pobes, Revolución y tradición..., pp. 221 y ss.

[27] Sobre estas novedades, Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya..., pp. 377, 543, 570, 620 y 622. Y específicamente sobre las relativas a ayuntamientos, Fernando Martínez Rueda, Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal 1700-1853, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994, pp. 292 y ss.; también Coro Rubio Pobes, Fueros y Constitución: la lucha por el control del poder, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997, pp. 162-163 y 171.

[28] Por ejemplo, el equilibrio institucional tradicional se rompió en beneficio de las diputaciones generales, que se convirtieron en el verdadero centro de poder del sistema.

[29] Siendo Pedro Egaña ministro de Gobernación se promulgó, bajo sus auspicios, una real orden de 12 de septiembre de 1853 que devolvía a los ayuntamientos vascos las atribuciones que habían ejercido antes del decreto de 29 de octubre de 1841, con las excepciones establecidas en el decreto posterior de 4 de julio de 1844, de manera que en adelante debían presentar sus presupuestos y cuentas anuales a las diputaciones forales, que pasaban a controlarlos en exclusiva. Cf. Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya..., p. 403.

[30] Bartolomé Clavero, «Los fueros vascos ante la confirmación constitucional...», pp. 117-119.

[31] Junta General de Vizcaya de 4 de julio de 1844; Junta General de Álava de noviembre de 1877.

[32] Diario de Sesiones de Cortes, Senado, intervención de Pedro Egaña el 16 de junio de 1864.

[33] Conferencia foral de Vitoria, 7 de septiembre de 1874. El texto completo de ésta y de las conferencias que mencionamos en adelante puede consultarse en Joseba Agirreazkuenaga (ed.), La articulación político-institucional de Vasconia: Actas de las Conferencias firmadas por los representantes de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-1936), Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1995, 2 vol.

[34] Conferencia foral de Guernica, 5 de mayo de 1850.

[35] Fermín Lasala, Última etapa de la unidad nacional. Los fueros vascongados en 1876, Madrid, 1924, 2 vol., cfr. vol. I, p. 214.

[36] Discurso y rectificaciones pronunciados por el Excmo. Sr. Teniente General Don Francisco Lersundi en las sesiones del Senado del 28 y 29 de Mayo de 1867 en defensa de los fueros de las Provincias Vascongadas, Madrid, Imprenta Gasset, Loma y Cia., 1867, pp. 19 y 35-36.

[37] Javier Corcuera, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco, 1876- 1904, Madrid, Siglo XXI, 1979, p. 335; Santiago De Pablo, Ludger Mees y José A. Rodríguez, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, I: 1895-1936, Madrid, Crítica, 1999, p. 42.

[38] AFB, Régimen Foral, reg.1 leg.6.

[39] Conferencia foral de Bilbao, 12 de febrero de 1840, y de Vergara de 21 de agosto de 1840.

[40] Sobre la memoria del Convenio de Vergara, véase Coro Rubio Pobes, La identidad vasca en el siglo xix. Discurso y agentes sociales, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, pp. 178-181.

[41] Conferencia foral de Vergara, 26 de enero de 1841.

[42] Son palabras que Pedro Egaña y Blas López dirigieron a la Comisión de arreglo de fueros nombrada por el Gobierno cuando en 1851 Bravo Murillo intentó proceder al arreglo foral dispuesto en la Ley de Fueros de 1839. Breves apuntes en defensa de las libertades vascongadas. Escrito leído a la llamada Comisión de arreglo de Fueros nombrada por el Sr. D. Juan Bravo Murillo en 1852, por el Excmo. Sr. D. Pedro de Egaña, Bilbao, Imprenta de J. E. Delmás, 1870.

[43] Conferencia foral de Vergara, 6 de febrero de 1855.

[44] Conferencia foral de Vergara, 4 y 5 de junio de 1869.

[45] Junta Particular de Álava de 10 de agosto de 1873. ATHA, Depósito Histórico 847-12.

[46] Conferencia foral de Guernica, 5 de mayo de 1850.

[47] Véase Coro Rubio Pobes, Revolución y tradición..., p. 248.

[48] Así lo afirma Fermín Lasala, Ultima etapa de la unidad nacional..., vol 1, p. 291.

[49] Exposición dirigida a las Cortes de la Nación por las Diputaciones de las Provincias Vascongadas en 16 de junio de 1876, Madrid, Imprenta de D. R. P. Infante.

[50] La Constitución de 1876, aprobada por las Cortes el 27 de junio, volvía a recuperar en su título 13 el artículo «Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales» de los textos de 1837 y 1845, a pesar de que previamente había declarado «Unos mismo Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes. En ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales» (art. 75).

[51] Citado por Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya..., p. 390.

[52] Sobre todo esto véase Miguel Artola, «El siglo XIX: un balance político», en Guillermo Gortázar (ed.), Nación y Estado en la España liberal..., pp. 91-104; Isabel Burdiel, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa, 2004; Francesc A. Martínez Gallego, «Isabel II y los políticos en camisa», en Juan Sisinio Pérez Garzón (ed.), Los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 37-60.

[53] Réplica al folleto publicado por el Sr. D. Ascensio Ignacio Altuna con el título de Refutación al discurso del Sr. D. Francisco Manuel de Egaña, procurador de la unión de Arguisano, en las Juntas Generales de Hernani, con un apéndice dedicado al Sr. D. Miguel de Garmendia, por el licenciado D. Francisco Manuel de Egaña, Abogado de los Tribunales del Reino, San Sebastián, Imprenta Pío Baroja, 1855, p. 27.

[54] 54 Ibíd., p. 26.

[55] José Allende Salazar, Rafael Guardamino y Federico Victoria de Lecea por Vizcaya, Luis Mariategui, Ascensio Ignacio Altuna y Telesforo Monzón por Guipúzcoa, y José M. Olano y Antolín Udaeta por Álava.

[56] Por ejemplo, en 1817, cuando el ministro de Hacienda Garay incluyó a las Provincias Exentas en una contribución general para todo el reino, las diputaciones vascongadas, reunidas en conferencia foral, «estimaron conveniente, siguiendo el mismo espíritu, que en los asuntos que alcanzan al Reino de Navarra en igual o semejante conformidad que a las Provincias bascongadas, se procuren sus luces y el mejor acuerdo y unión (...) para lo que además de los oficios que juzguen conducentes las Diputaciones generales podrían hacerse manifiestos estos mismos sentimientos de unión y conformidad a los Comisarios en Corte, a fin de que igualmente los promuevan y conserven con el comisario de aquel reino».

[57] Semanario Católico Vasco-navarro, 24 de mayo de 1867.

[58] Sobre sus trayectorias vitales y políticas, véase Joseba Agirreazkuenaga et al., Diccionario biográfico de los Parlamentarios de Vasconia (1808-1876), Vitoria, Parlamento Vasco, 1993.

[59] Los resultados de las elecciones a Cortes en las Vascongadas entre 1810 y 1868, en Coro Rubio Pobes, Fueros y Constitución: la lucha por el control del poder. País Vasco 1808-1868, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997, cfr. apéndice.

[60] Diario de Sesiones de Cortes, Congreso, 2 de enero de 1837. Firman la solicitud Joaquín M. Ferrer, Miguel Antonio Zumalacárregui, Juan Ramón Arana, Martín de los Heros, Manuel Echeverría, Agustín Armendáriz y Juan Muguiro e Iribarren.

[61] Ferrer le contestó diciendo que a pesar de que las elecciones habían estado manipuladas él había salido elegido diputado, que era víctima de una persecución política desde Madrid, por oponerse al ministerio Istúriz, y desde la Provincia por parte de los fueristas, por no someterse a sus ideas ni acceder a ser su instrumento al renunciar al cargo de diputado general en ejercicio que se le había adjudicado en la última Junta General, y negando la acusación de servir a intereses locales, acusando a su vez a su interlocutor de servir él a intereses personales dado que de los fueros, explica, sólo quedaba una sombra de lo que fueron y sólo beneficiaban «a los manipulantes de los negocios públicos». Archivo particular Zavala (AZ), Correspondencia del conde de Villafuertes, cartas fechadas respectivamente en Bayona a 3 de agosto de 1836 y Bañeras de Luchon a 13 de agosto de 1836.

[62] AZ, caja 91.24, carta fechada en Tolosa a 24 de enero de 1840.

[63] La ley redujo a la mitad las exigencias de los contribuyentes para ser electores y permitió que gran parte de las capacidades fuese electora sin necesidad de pagar ninguna contribución. El retraimiento progresista y demócrata se consideraba peligroso porque amenazaba con trasladar el conflicto político a terrenos extraconstitucionales. Miguel Artola, Partidos y programas políticos (1808-1932), Madrid, Alianza, 1991, vol. I, p. 52.

[64] Así lo sostiene Mikel Urquijo, Liberales y carlistas. Revolución y fueros vascos en el preludio de la última guerra carlista, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994, p. 203.

[65] Ibíd., p. 280.

[66] Refutación al discurso del Sr. D. Francisco Manuel de Egaña, procurador de la Unión de Arguisano, en las Juntas Generales de Hernani, por D. Ascensio Ignacio Altuna, San Sebastián, Imprenta de I. R. Baroja, 1855.

[67] Por ejemplo, en 1841 el Ayuntamiento de Orduña (Vizcaya) denunció la comisión de fraude en las elecciones a Cortes y en 1842 fueron los electores de Laguardia (Álava) quienes denunciaron la falta de libertad en los comicios generales. AFB, Elecciones, reg. 30 leg. 5; ATHA, Depósito Histórico, 3283-19.

[68] Joseba Agirreazkuenaga, J. R. Urquijo, S. Serrano y M. Urquijo, «Trayectorias de la élite parlamentaria vasca durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1876)», Historia Contemporánea, 8, 1992, pp. 182 y 185-188.

[69] Así lo reconocía la Diputación Foral de Vizcaya en febrero de 1847: «Los Diputados a Cortes no representan al Señorío, son una planta exótica en el país foral, no se les reconoce ni por el país ni por el Gobierno como los comisionados que han de ser oídos conforme a la ley de 25 de octubre para el arreglo de las cuestiones de estas Provincias. Sin embargo, los dignos diputados de Vizcaya han procurado siempre con su conducta en el Congreso no dar margen a argumentos contrarios a los derechos del país; por eso, en cuestiones cuya decisión podía afectar a los intereses vascongados, han solido abstenerse no sólo de tomar parte en la discusión sino aún en la votación, y en casos especiales, de la manera que han juzgado más digna y menos estrepitosa, dejaban intactas las cuestiones que podían rozarse con los fueros por medio de salvedades dirigidas al Gobierno supremo, como sucedió al tratarse del sistema tributario». Citado por Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya..., p. 379.

[70] Manuel Chust, «El liberalismo doceañista....», p. 83.

[71] José Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo xix, Madrid, Taurus, 2001, p. 306.

[72] Véase José Alvarez Junco, Mater dolorosa...

[73] Sobre todo esto, véase Coro Rubio Pobes, La identidad vasca en el siglo xix...

[74] Acuñada en Josep Maria Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña 1838-1868, Madrid, Marcial Pons, 2002 (ed. original en catalán de 1988).

[75] Diario de Sesiones de Cortes, Senado, 13 y 16 de junio de 1864.

[76] Julián Egaña, Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las Provincias Vascongadas, 1850.

[77] Conferencia foral, 19 de febrero de 1869.

[78] Diario de Sesiones de Cortes, Congreso, 8 de mayo de 1877.

[79] Exposición dirigida a las Cortes de la Nación por las Diputaciones de las Provincias Vascongadas en 16 de junio de 1876, Madrid, Imprenta de D. R. P. Infante.

[80] Discurso y rectificaciones pronunciados por el Excmo. Sr. Teniente General Don Francisco Lersundi..., pp. 20-21.

[81] Diario de Sesiones de Cortes, Senado, 18 de junio de 1864.

[82] No sólo Sánchez Silva desde el Parlamento, sino también desde otras instancias bien distintas se lanzaron advertencias en esta línea; el abad de Santo Domingo de la Calzada decía en agosto de 1861 al ministro de Gracia y Justicia: «Teniendo los vascongados obispos de su habla, cabildo y párrocos de su habla, pastorales, sermones, libros en su habla, se aferrarán más y más en ella, tratarán de extenderla por los límites de las tres provincias, ganando el terreno perdido y haciendo de ella una lengua nacional; y si a esto se agrega la mayor afición que cobrarán a sus costumbres, tradiciones y fueros, que en cierto modo se autorizan y sancionan, se habrá contribuido a formar en España una nacionalidad distinta, y una base de separación política para los que más adelante quisieren invocar el principio de las nacionalidades». Citado por Francisco Rodríguez de Coro, País Vasco, Iglesia y Revolución liberal, Vitoria, Fundación Sancho el Sabio, 1978, p. 333.

[83] No terminan de encajar para el País Vasco las novedosas tesis de Archilés y Martí sobre la nacionalización española del siglo XIX, que presentan la construcción de la región como un eficaz mecanismo para la interiorización de la moderna identidad nacional española; las identidades regionales, dicen, «difundieron la aceptación del marco nacional y sus contenidos políticos y culturales, al igual que sucedió en otros países europeos». Ferrán Archilés y Manuel Martí, «Un país tan extraño como cualquier otro: la construcción de la identidad nacional española contemporánea», en M. Cruz Romeo e Ismael Saz (ed.), El siglo xx. Historiografía e Historia, Valencia, Universitat de València, 2002, pp. 250-252; también Ferran Archilés y Manuel Martí, «La construcció de la regió com a mecanisme nacionalitzador i la tesi de la débil nacionalització espanyola», Afers, 48, 2004, pp. 265-307.

[84] Como sostiene Fernando Molina Aparicio, La tierra del martirio español. El País Vasco y España en el siglo del nacionalismo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.

[85] Diario de Sesiones de Cortes, Senado, 13 de junio de 1864.

Nota sobre los autores

GENÍS BARNOSELL es doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y profesor en la Universitat de Girona. Ha investigado sobre el sindicalismo de la primera mitad del siglo XIX, sus bases sociales y sus relaciones con la política de la época. Actualmente investiga sobre diversos aspectos de las culturas políticas del siglo XIX, especialmente sobre el socialismo utópico, el patriotismo y la religión, siempre desde la problemática de las relaciones existentes entre las clases populares y el resto de grupos sociales de la época.

SALVADOR CALATAYUD es profesor de Historia Económica en la Universitat de València. Ha trabajado y publicado sobre temas de historia agraria del siglo XIX y principios del XX. En colaboración con Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, ha publicado, entre otros trabajos, “Leaseholders in Capitalist Arcadia: Bourgeois Hegemony and Peasant Opportunities in the Valencian Countryside during the Nineteenth Century”, Rural History, 17, 2006.

ALBERT GARCIA BALAÑÀ es profesor en el Departamento de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Especialista en historia social y política de la Cataluña del siglo XIX, ha publicado La fabricació de la fàbrica. Treball i política a la Catalunya cotonera (1784-1874) (Barcelona, PAM, 2004), así como capítulos de libro y artículos en Recerques, Ayer o Hispania.

JESÚS MILLÁN es profesor de Historia Contemporánea en la Universitat de València. Ha trabajado sobre los grupos sociales y las actitudes políticas en el siglo XIX. Ha publicado El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo, 1830-1890 (Alicante, Inst. “J. Gil-Albert”, 1999). Ha coeditado Carlisme i moviments absolutistes (Vic, Eumo, 1990); Las burguesías europeas del siglo xix (Biblioteca Nueva y Universitat de València, 2000) y Sociedades agrarias y formas de vida (Zaragoza, 2006). Ha sido coeditor de Historia Agraria y pertenece a la redacción de Recerques.

JUAN PAN-MONTOJO es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor, entre otros, de los libros La bodega del mundo. La vid y el vino en España (Madrid, Alianza, 1994) y Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros agrónomos en España (Madrid, 2005), así como de múltiples artículos sobre historia de la política agraria y de la Hacienda en España. En colaboración ha editado, entre otras obras, Más se perdió en Cuba (Madrid, Alianza, 1998). En la actualidad es coeditor de la revista Historia Agraria.

JOSEP MARIA PONS I ALTÉS es doctor en Historia por la Universitat Pompeu Fabra, ha sido profesor en las universidades de Lleida, Murcia y Castelló y actualmente imparte clases en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ha publicado los libros El poder polític a Lleida (1843-1854). Eleccions i pronunciaments (1998, Premio “Josep Lladonosa” de Historia Local), Moderats i progressistes a la Lleida del segle xix (2002) y Lluís Companys, els orígens d’un símbol (2005).

MARTÍN RODRIGO Y ALHARILLA es licenciado en Filosofía y Letras (1992) y doctor en Economía (2000) por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ejerce actualmente como profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Ha publicado diferentes artículos en revistas académicas como Historia Social, Revista de Historia Económica, Revista de Historia Industrial, Revista de Indias, Estudios Migratorios Latinoamericanos y Anuario de Estudios Americanos, entre otras. Su libro Los marqueses de Comillas, 1817-1925. Antonio y Claudio López, editado el año 2000, fue finalista del III Premio Lid de Biografía Empresarial.

M.ª CRUZ ROMEO MATEO es profesora de Historia Contemporánea de la Universitat de València. Es especialista en historia política y social del siglo XIX. Ha trabajado sobre el progresismo y las relaciones entre el liberalismo y las mujeres. Es autora de Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833) (Alicante, Inst. “J. Gil-Albert”, 1993) y ha coeditado, entre otras obras, Orígenes del liberalismo. Universidad, política, economía (Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003). Es secretaria de la revista de la Asociación de Historia Contemporánea Ayer.

CORO RUBIO pobes es doctora en Historia Contemporánea y profesora titular de la Universidad del País Vasco. Ha centrado sus investigaciones en la problemática de la edificación del Estado liberal en España y en el proceso de construcción de las modernas identidades nacionales a partir del caso vasco. Entre sus principales publicaciones cabe destacar Revolución y tradición. El País Vasco ante la Revolución liberal y la construcción del Estado español (1808-1868) (Madrid, Editorial Siglo XXI, 1996) y La identidad vasca en el siglo xix. Discurso y agentes sociales (Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2003).

ENRIQUETA SESMERO cutanda es doctora en Historia por la Universidad de Deusto. Fruto de su tesis son Clases populares y carlismo en Bizkaia, 1850-1872 y Notables locales y carlismo en Bizkaia (ca. 1868-1876), y de la investigación sobre historia socioeconómica vasca, varios libros y una cincuentena de artículos. Es profesora tutora del Centro Asociado UNEDBizkaia, técnico de archivo para la Administración local y directora técnica de transcripción paleográfica para las Juntas Generales de Bizkaia.

RAFAEL ZURITA ALDEGUER es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante. Centra sus investigaciones en la historia social y política desde el período isabelino hasta la Restauración. Asimismo, ha promovido diversos seminarios y congresos centrados en la perspectiva comparada con el liberalismo italiano del Ochocientos. Actualmente, forma parte de un proyecto “I + D” del Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con María Sierra, María Antonia Peña y Marta Bonaudo, titulado La idea de la representación política en España y Latinoamérica: modelos e intercambios (1840-1880).

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Abelló, Teresa, 197n. Aberasturi e Iturain, José, 382n.

Aberasturi y Rentería, Domingo de, 382n.

Acosta, Francisco, 61n. Agirreazkuénaga, Joseba, 64n., 113n.,

365n., 366n., 367n., 378n., 384n.,

387n., 396n., 413n., 425n., 429n.

Aguirre, Gregorio de, 368n., 387n. Aguirre de la Peña, Joaquín, 137n. Ainaud de Lasarte, Josep M., 316n. Alarcón, Manuel R., 251n.

Álava, Miguel Ricardo de, 425. Alay, Montserrat, 254n. Albacete, Salvador, 444. Albareda, Joaquim, 220n. Alberch, Ramon, 200n., 219n. Alberdi, Ramon, 277n.

Alcalà de Olmo, Vicent, 203n. Alcalá Galiano, Antonio, 43 y n. Alcalde, José Mª, 26n.

Alegría, Rafael de, 382n. Aleu, Joan, 277.

Alfonso XII, 108, 177n., 181, 339 y n.

Allende Salazar, José, 423n. Almenar, Salvador, 42n., 87n. Almirall, Valentí, 108, 318, 350, 351. Alonso, Jesús, 203n.

Alonso Castroviejo, Jesús, 38n. Alonso de Celada, Bartolomé, 382n.

Alonso Martínez, Manuel, 90, 132n., 268 y n.

Alsina, Ferran, 291 y n., 292 y n., 299 y n., 312.

Alsina, Juan, 245n., 246n., 272. Altamira, Rafael, 218n.

Altuna, Ascensio Ignacio de, 422, 423

y n., 425, 428.

Álvarez, Clara, 29n. Álvarez, Melquíades, 14. Álvarez Alonso, Clara, 138n.

Álvarez Gila, Oscar, 331n., 332n., 335n.

Álvarez Junco, José, 111 y n., 119n., 169n., 222n., 355n., 430 y n., 431n.

Alzaga, Óscar, 233n. Amadeo I, 339.

Amell Bou, José, 335 y n., 338. Amell Robert, José Oswaldo, 335n. Amorós, Francesc, 273 y n. Anderson, Benedict, 105, 116.

Anderson, Perry, 16, 19.

Anes, Gonzalo, 79, 87n., 135n. Anguera, Pere, 107n., 198n., 199 y n., 213n., 325n.

Angulo Teja, Mª del Carmen, 31n. Annino, Antonio, 169n.

Ansiaux, 283n.

Antón Ramírez, Braulio, 151.

Antuñano y Orrantia, Alejandro de, 367 y n., 368n., 378n.

Applegate, Celia, 119n. Aragón Mateos, Santiago, 26n. Arana, Andrés de, 384n. Arana, Juan Vicente de, 382n. Arana, Juan Ramón, 425 y n. Arana, Santiago, 384n.

Archilés, Ferran, 95n., 103, 104 y n., 112n., 214n., 355n., 435n.

Ardit, Manuel, 27n., 251n. Areitio y Mendiolea, Darío, 366n. Arenas Posadas, Carlos, 286n. Aresté i Bages, Jaume, 200n. Argemí i d’Abadal, Lluís, 135n. Arguinzóniz, Antonio de, 378n. Argüelles, Agustín, 400.

Arias y Costa, Antonio S. de, 132 y n.

Aribau, Buenaventura Carlos, 256n., 257n.

Armendáriz, Agustín, 426n.

Arnabat, Ramon, 117n., 183n., 184 y n., 185, 192 y n., 195n.

Arnau, Josep Maria, 328. Arnavat, Albert, 199n.

Aróstegui, Julio, 110n., 160n., 229n., 401 y n.

Aróstegui, Manuel, 425.

Arrázola, Lorenzo, 415. Artal, Francisco, 252n.

Artiaga Rego, Aurora, 42n., 202n. Artola, Miguel, 16 y n., 19, 20, 21, y n., 22, 27n., 28, 31, 53n. 56n., 58n., 59n., 60n., 62n., 64n., 65n., 160n., 400n., 422n., 427n.

Arzadun, Julián de, 384n. Ashford, Douglas E., 253n. Astigarraga, 135n.

Azagra, Joaquín, 60n.

Azaña, Manuel, 14, 15 y n., 23, 50, 95n., 99.

Azcárate, Gumersindo de, 122 y n., 288, 343.

Bahamonde, Ángel, 10n., 28n., 86n., 336n.

Bajtin, Mijail, 221n. Baker, Keith M., 222 y n.

Balaguer, Víctor, 210, 276, 278n., 295, 296 y n., 312n., 321, 323n., 347.

Balboa, Xesús, 42n., 144n., 202n. Balcells, Albert, 32n., 316n. Balfour, Sebastian, 109n.

Ballbé, Manuel, 126n. Ballesteros, Antonio, 218n.

Balmes, Jaume, 121, 186 y n., 247, 248 y n., 258, 267 y n.

Banti, Alberto M., 24n. Barahona, Renato, 31n. Barandica, Manuel de, 377n. Baras, Fernando, 34n. Baras, Montserrat, 218n.

Barciela, Carlos, 41n., 47n., 75n., 91n.

Barnosell, Genís, 44n., 91, 93, 94, 118n., 192n., 217n., 228n., 229n., 230n., 231n., 232n., 233n., 235n., 236n., 240n., 241n., 242n., 243n., 244n., 245n., 246n., 249n., 253n., 254n., 257n.,266 y n., 267, 273 y n.

Barquín, Rafael, 84n., 88n. Barrada, Alfonso, 257n. Basterra, Luis de, 377n. Baumeister, Martin, 48n., 147n. Bayly, Chistopher Alan, 10n. Baz Vicente, Mª Jesús, 27n. Bechuza, Robert J., 231n. Behagg, Clive, 228n. Benedictis, Angela de, 233n.

Benet, Josep, 194n., 204n., 212n., 213n., 214n., 217n., 218n., 219,

220n., 231n., 235n., 240n., 243n., 244n., 245n., 246n., 250n., 252n., 253n., 257n., 260n., 268n., 270n., 272n., 274n.

Bengoechea, Soledad, 301, 302n., 304 y n., 309n.

Benso, Carmen, 124n.

Beramendi, Justo, 107n., 111, 112n. Berg, Maxine, 225n.

Berlanstein, Lenard R., 225n.

Bernal, Antonio M., 49n., 71n., 251n. Bernal, Calixto, 171 y n.

Berr, Henry, 221n. Berstein, Serge, 162n. Biagini, Eugenio, 165n.

Blas Guerrero, Andrés de, 97, 98 y n. Blasco, Yolanda, 86n.

Blickle, Peter, 233n. Boix, Vicent , 213n.

Borderías, Cristina, 228n., 237n., 238n.

Borrego, Antonio, 171, 172n. Bosch, Mònica, 200, 201 y n. Bou, Jordi, 185n., 257n. Bourguinat, Nicolas, 79n. Bouvier, Jean, 67n., 68n. Boyd, Carolyn P., 97n.

Bravo Murillo, Juan, 66, 57, 140, 417n.

Brelot, Claude-Isabelle, 133n. Buigues Villar, Joan Carles, 200n., 213n.

Burdiel, Isabel, 34n., 42n., 159n., 161n., 239n, 260n., 422n.

Bureo, 223.

Burguera, Mónica, 34n. Burke, Peter, 221n., 261n. Buylla, Adolfo, 300n.

Caballero, Fermín, 164, 165n.

Cabral Chamorro, Antonio, 135n., 127n.

Cabrera, Mercedes, 35n., 47n., 165n., 179n.

Cajal, Arturo, 111n., 120n. Calatayud, Salvador, 29n., 40n., 42n., 68n., 74n., 142n., 144n., 154n., 183n.

Calhoun, Craig, 119n. Calvet, Damàs, 276. Calvo Calvo, Àngel, 284n. Cambó, Francesc, 264n. Cambrón, A., 229n.

Caminal i Badia, Montserrat, 154n. Campo, marqués de, 167 y n. Camps i Giró, Joan, 207n.

Camps, Enriqueta, 227 y n. Canal Morell, Jordi, 353n. Canalejas, José, 299, 300 y n. Canales, Esteban, 52n., 225n.

Canela Reventós, José, 335 y n., 338n., 339n., 341.

Canfora, Luciano, 13n.

Cánovas del Castillo, Antonio, 46, 96, 97n., 106, 163 y n., 174, 181, 196, 287, 290, 339, 340, 341, 355, 419.

Capella, Timoteo, 323n. Capmany, Antoni de, 32n. Carasa Soto, Pedro, 161n., 202n.

Carballeira Rivera, María Teresa, 204n.

Carlos III, 32n., 97n., 135, 148, 212.

Carlos IV, 148.

Carlos V, 367.

Carlos VII, 367. Carmona, Juan, 72n., 75n.

Carnero, Teresa, 95n., 112n.

Caro Cancela, Diego, 38n., 88n., 148n.

Caron, Jean-Claude, 72n.

Carreras, Albert, 49n., 55n., 57n., 69n., 71n., 72n., 76n., 77n., 81n., 242n.

Cartañà, Jordi, 153n. Casal, Antonio, 345 y n. Casals, Quintí, 188n.

Casamitjana, Cayetano, 335n.

Cases Méndez, José Ignacio, 175n. Castañiza, Miguel de, 395.

Castells, Irene, 42n., 51n., 161n., 251n.

Castells, Luis, 66n., 111n., 112n., 120n.

Casterás, Ramón, 287n., 293n., 294n. Castillo, Santiago, 295 y n. Castrillejo Ibáñez, Félix, 28n.

Castro, Américo, 221n.

Castro, Concepción de, 202n., 204n. Castro, Demetrio, 254n.

Català, Jorge A., 30n. Cayuela, José, 10n., 336n.

Celada, Bartolomé Alonso de, 382n. Cerdà, Ildefons, 228n., 235n., 236n.,

237 y n., 238n., 310 y n.

Ceriola, Jaume, 210. Cervera, 165n.

Charle, Chistopher, 13n. Chartier, Roger, 221n. Chastagnaret, Gérard, 41n., 75n. Chauvaud, Frédéric, 72n. Chevalier, Michel, 258.

Chufresa, Ángel, 259.

Chust, Manuel, 402n., 405n., 430n. Cirujano, Pilar, 97n.

Císcar, Ramón de, 189. Clara, Josep, 200n., 219n. Clark, Linda L., 122n. Clarkson, L. A., 225n.

Clavé, Josep Anselm, 245n., 311, 312n.

Clavero, Bartolomé, 32n., 97n., 138n., 402n., 403 y n., 404, 407 y n., 412, 413n.

Clot Baradat, José, 335n.

Clua i Mercadal, Jordi, 282 y n., 285 y n.

Coleman, D. C., 225n. Collado, 426.

Collaso Gil, Pedro, 336 y n. Colmeiro Penido, Manuel, 132 y n.

Colomines, Agustí, 104n., 318 y n., 319.

Columbrí, Alberto, 273n.

Comín, Francisco, 37n., 51n., 53n., 54n., 56n., 57n., 58n., 62n., 63n.,

66n., 67 y n., 68n., 72n., 77n.,

85n., 86n., 148, 252n.

Concha, Manuel de la, 257n.

Confino, Alon, 119n.

Congost, Rosa, 28n., 32n., 40n., 73 y n., 75n., 137n., 138n., 149n., 187n., 200n., 201n.

Corcuera, Javier, 100n., 414n. Coromines, Pere, 218n. Coronel y Ortiz, 166, 168n. Corrigan, Philip, 133n.

Costa, Joaquín, 140n., 141n., 143 y n.

Costa, Lluís, 200n., 201n.

Costa i Oller, Francesc, 190n., 191n., 197n., 198n., 209n.

Costa Rubiel, Óscar, 318n.

Costas, Antón, 67n., 70n., 90n., 92n., 150n., 252n.

Covert-Spring, Joseph Andrew de, 246 y n., 247, 248, 249, 258.

Cowden, Morton H., 220n. Cuchet, Lluís, 193n.

Cucó, Alfons, 147n. Cuenca, José Manuel, 30n. Cuesta, 174 y n.

Culla i Clarà, Joan B., 304, 305n., 307n., 308n.

Cunningham, Andrew, 254n.

D’Ors, Eugeni, 264n. Dahl, Robert A., 14n.

Dardé, Carlos, 166n., 177n. Dato, Eduardo, 297, 299, 307. Davidoff, Leonore, 229n. Dávila-Cox, Emma, 109n.

Delgado, Josep Maria, 325n., 346n., 353n.

Delgado Cendagortagalarza, Ander, 48n.

Dewey, comodoro, 315.

Díaz de Mendívil, Bernabé, 369n. Díaz del Moral, Juan, 251n.

Díaz Marín, Pedro, 59n., 78n., 88n., 89n., 210n.

Díaz Morlán, Pablo, 48n., 77n. Díez, Fernando, 223n., 224n., 228n. Díez del Corral, Luis, 163n.

Digat, Estanislaa, 337n.

Dios, Salustiano de, 27n., 30n., 37n., 74n., 135n., 138n., 144n.

Dobson, C. R., 231n.

Domènech i Montaner, Lluís, 305n. Domínguez Martín, Rafael, 40n.,

68n., 80n., 81n.

Domínguez Nafría, Juan C., 32n. Donoso Cortés, Juan, 170 y n. Dorel-Ferré, Gràcia, 286 y n. Duarte, Àngel, 245n., 293n., 308 n. Dulce, Domingo, 322, 327.

Duran i Bas, Manuel, 175 y n., 195, 196, 249, 278 y n., 339.

Echevarría, Manuel Ezequiel, 425. Echevarría y la Llana, Juan, 369n. Echeverría, Manuel, 426n. Echeverría, Mariano de, 383n. Egaña, Francisco Manuel de, 422, 423n.., 429n.

Egaña, Julián, 432 y n.

Egaña, Pedro, 116, 412 y n., 413 y n., 416, 417n., 422, 425, 429, 432.

Eisenstadt, Shmuel Noah, 100n. Elías, Miguel, 347.

Elizalde, María Dolores, 344n., 348n. Elorriaga, Teresa, 97n.

Elorza, Antonio, 10n., 219 y n., 241n., 268n.

Engels, Friedrich, 220, 223 y n. Enguita, José María, 112n.

Enrech, Carles, 234, 235n., 281 y n., 282 y n., 283 y n., 284 y n., 285 y n., 286n., 289 y n., 290 y n., 291n., 292n., 293n., 296n., 306n.

Enrile Aleix, Julio Antonio, 211n. Enríquez Fernández, Javier, 358n., 371n.

Enríquez Fernández, José Carlos, 135n., 358n.

Epalza, Pablo de, 369n.

Epalza, Tomás José de, 367 y n. Ercilla, Juan Timoteo de, 382n. Escosura, Patricio de la, 140n., 162, 163n.

Escudero, Antonio, 41n., 47n., 48n., 75n.

Esenwein, G. R., 306n. Espadas Burgos, Manuel, 339n.

Espartero (Joaquín Baldomero Fernández Espartero), 243, 249, 260, 266, 268, 272, 274, 407, 410, 418, 429.

Estapé, Fabián, 310n.

Esteban de Vega, Mariano, 109n., 254n., 258n.

Estébanez Calderón, Serafín, 177n. Estrada Sánchez, Manuel, 163n., 170n., 172n.

Felipe V, 212, 213.

Fernández, Tomás Ramón, 202n., 204n.

Fernández Albadalejo, Pablo, 31n. Fernández Almagro, Melchor, 218n. Fernández de Córdoba, Fernando, 210.

Fernández de Pinedo, Emiliano, 50n., 64n., 65n., 66n., 77n., 82n.

Fernández de Soria, Rafael, 171 y n. Fernández Domínguez, Arturo, 173n. Fernández Echave y Romero, José, 425.

Fernández García, Antonio, 53n., 138n

Fernández Pérez, 135n.

Fernández Prieto, Lourenzo, 42n., 50n., 80n., 145n., 156n., 202n.

Fernández Sebastián, Javier, 160n., 400n.

Fernández Soria, Juan Manuel, 119n. Fernández Vargas, Valentina, 126n. Fernando VII, 132.

Ferratges de Mesa, Antonio, 336 y n. Ferrer, Joaquín María, 425, 426 y n., 429

Ferrer, Magí, 35n., 106. Ferrer, Maria Antònia, 200n. Ferrer i Alòs, Llorenç, 282 y n.

Ferrer Bruguera, Melchor, 339. Ferrer del Río, Antonio, 178n. Ferrer i Guàrdia, Francesc, 304.

Ferrer i Vidal, Josep, 279 y n., 289 y n., 299, 339n., 341.

Ford, Richard, 435. Forner, Salvador, 162n.

Fortuny, Mariano, 327, 331. Foster, John , 223, 223n., 224 y n. Fox, Inman, 97n.

Fradera, Josep Maria, 10n., 23n., 39n., 44n., 45n., 51n., 77n., 80n., >103 y n., 117 y n.,118 y n., 149n., 183n., 186n., 192n., 196n., 197n., 206, 211n., 228n., 248n., 250, 251n., 261n., 264n., 265n., 267n., 277n., 279n., 280n., 281n., 310 y n., 322n., 327n., 330 y n., 432 y n.

Fraile, Pedro, 254n.

Franquet, Ciril, 268, 269, 280, 310. Frevert, Ute, 10n.

Frieyro de Lara, Beatriz, 128n. Fritz, Gérard, 261n.

Fuente Monge, Gregorio de la, 43n., 176n.

Fuentes, Juan Francisco, 42n., 160n.,

Figuerola, Laureà, 90, 150, 270 y n., 271 y n., 272, 275n., 278 y n., 280, 310, 312.

Florencio Puntas, Antonio, 38n., 286n.

Flores, Antonio, 178n. Flórez Estrada, Álvaro, 141. Folguera, Pilar, 230n. Fontana, G. L., 91n.

Fontana, Josep, 16 y n., 17, 18 y n., 19 y n., 50n., 51n., 52n., 53 y n., 54n., 69n., 74n., 79, 91n., 185n., 186n., 219n., 220 y n., 222n., 228n., 250n., 251n., 257n., 355n. Forcadell, Carlos, 112n. Ford, Caroline, 119n.

Fuster, Manuel, 190n.

Fuster Sobrepere, Joan, 44n., 118n., 183n., 192n., 193n. 203, 204n., 205n., 211n., 244n., 249n., 250n., 255n., 256n., 258n., 259n.

Gabriel, Pere, 218n., 222n., 305n. Galarza, Arantzazu, 360n., 367n., 390 y n.

Galarza, Vicente, 343 y n.

Gallego, Domingo, 50n., 78n., 80n., 82 y n., 88 y n., 89n., 142n., 150n., 156n.

Gaminde, Víctor Luis, 395. Garay, Martín de, 424n.

Garayo Urruela, Jesús María, 371n.

García, Carmen, 254n.

Garcia Balañà, Albert, 44n., 91, 93, 94, 192n., 193, 199n., 228n., 229n., 234 y n., 245n., 265n., 267n., 269n., 271n., 272n., 276n., 277n., 278n., 279n., 289n., 290n., 293n., 294n., 296, 312n., 313n., 322n., 323n., 327, 328n., 336n. 347n.

García Cárcel, Ricardo, 97n. García Escudero, José M., 233n. García García, Carmen, 62n. García-Martín, Manuel, 331n. García Monerris, Carmen, 31n. García Mora, Luis Miguel, 346n.

García Ormaechea, Rafael, 131, 132n.

García Pinillos, Santiago, 335n. García Puchol, Joaquín, 124n.

Garcia Rovira, Anna Maria, 118n., 217n., 222n., 228n., 242n., 251n., 266 y n.

García Sanz, Ángel, 16n., 27n., 135n. García-Sanz Marcotegui, Ángel, 112n., 407n.

García-Zúñiga, Mario, 65n., 66n., 67n., 77n.

Garmendia, José Mª, 86n. Garmendia, Miguel de, 423n. Garrabou, Ramon, 16n., 24n., 40n., 50n., 52n., 70 y n., 74n., 78n.,

79n., 80n., 84n., 89,149n., 151n., 156n., 288n.

Garrido, Elisa, 230n. Garrido, Fernando, 275.

Garrido, Samuel, 63n., 74n., 142n. Garriga Massó, Joan, 339 y n. Garrigou, Alain, 172n., 176n. Gassol, Isidro, 338.

Gay, Narciso, 326, 327, 329, 334.

Geary, Dick, 252n. Gemelli, Giuliana, 228n. Germán, Luis, 77n., 81n.

Gil de Zárate, Antonio, 122n. Gil Pujol, Xavier, 31n.

Gil Novales, Alberto, 161n. Giménez Navarro, Cristina, 97n. Ginzburg, Carlo, 221n.

Giralt, Emili, 345 y n. Gladstone, William E., 294n.

Godoy, Manuel, 33, 51n., 135, 140, 151, 152.

Gogeascoechea, Arantza, 371n. Gogeascoechea, Manuel de, 365n. Goiri, José de, 382n.

Goldthorpe, J. E., 223n. Gómez, María E., 218n. Gómez Benito, Cristóbal, 140n.

Gómez Mendoza, Antonio, 54n., 76n., 82n., 83n., 84n., 85n.

Gómez Navarro, José Luis, 35n. Gómez Urdáñez, Gracia, 72n., 74n., 142n., 163n.

González, Antonio, 139. González Alegre, 168n.

González Asenjo, Alfonso J., 127 y n. González de Molina, Manuel, 38n., 50n., 80n., 156n.

González Portilla, Manuel, 86n. González Ruiz, Luis, 58n.

Gorocica, Santiago Joaquín de, 367 y n.

Gortázar, Guillermo, 97n., 99n., 401n., 422n.

Goytisolo, Agustín, 337.

Grabuleda Teixidor, Carles, 254n., 256n., 297n., 298n., 299, 300n., 301 y n., 307n., 309n.

Graell, Guillermo, 207n.

Granja, José Luis de la, 107n., 180n. Grau, Ramon, 32n., 119n., 221n. Gray, Robert, 225n., 226n., 227n. Grell, Ole Peter, 254n.

Grossi, Paolo, 136n. Guardamino, Rafael, 423n. Güell, 291 y n.

Güell Ferrer, Juan, 334y n., 338, 340. Güell, Eusebio, 339 y n.

Gueniffey, Patrice, 172n.

Guereña, Jean-Louis, 125, 126n., 254n.

Guerola, Antonio, 185n., 204n.

Guizot, François, 122n.

Gumá, Francisco, 338, 341.

Guridi y Alcocer, José Miguel, 402, 430, 431.

Gutiérrez, Mercedes, 286n. Gutiérrez, Miquel, 149n., 187n. Gutiérrez y Jiménez, Manuel, 47n. Gutiérrez, Rosa A., 43n., 176n.

Hall, Catherine, 229n.

Halpern Pereira, Miriam, 212n. Haupt, Heinz-Gerhard, 10n. Henrich Girona, Manuel, 351.

Heras Caballero, Pedro Antonio, 200n.

Hernández, Mauro, 37n., 66n., 77n. Hernández, Telesforo M., 86n. Hernández Marco, José Luis, 50n. Hernández Sandoica, Elena, 10n., 356n.

Heros, Martín de los,425, 426n. Herr, Richard, 21, 22 y n., 139, 140n.

Hobsbawm, Eric, 221n., 222n., 226n., 227, 228n.

Hormaeche, Francisco, 422, 425.

Ibáñez, Isaac, 233n.

Iglesias, Mª Carmen, 31n., 32n. Iglésies, Josep, 184.

Ihl, Olivier, 169n., 173n.

Illán Calderón, Esperanza, 97n. Illas i Vidal, 214.

Imizcoz Beunza, José María, 372n. Infante, Javier, 27n., 30n., 37n., 74n.,

135n., 138n., 144n.

Iriarte Goñi, Iñaki, 137n.

Iriarte López, Iñaki, 73n., 112n.

Isabel II, 67, 89, 179, 193n., 211, 260,

339, 396, 410n., 421.

Istúriz, Francisco Javier, 141.

Izard, Miquel, 234n., 260n., 290n., 293n., 296n., 312 n., 338n., 344n.

Izquierdo, Jesús, 26n.

Jacobson, Stephen, 309 y n.

Janué i Miret, Marició, 43n., 260n., 265n., 321n., 329 y n., 335n.

Jaumeandreu, Juan, 259.

Jáuregui e Ibaceta, Juan José, 367. Jáuregui y Elguezábal, Gervasio, 367, 378n., 382n.

Jaurés Gualba, Francisco, 336 y n., 340n.

Jesús, 247.

Jiménez Blanco, José Ignacio, 72n. Jiménez Delgado, Joaquín, 172n., 178n.

Jofresa, Àngel, 268, 269 y n., 271. Johnson, Christopher H., 223 y n., 224 y n.

Jones, Gareth S., 222 y n., 226n. Jové, Antoni, 188n.

Jovellanos, Gaspar M., 33, 34, 35,

134, 135, 151 y n., 152 y n.

Jover, Gabriel, 24n.

Jover, José María, 15n., 96 y n., 97 y n., 160n., 219n., 220 y n.

Jover Serra, Juan, 340n., 341. Juaristi, Jon, 97n.

Juera, Dominga, 341.

Juliá, Santos, 14n., 15n., 24n., 104n. Junqueras, Oriol, 319n.

Jutglar, Antoni, 250n.

Kahan, Alan S., 34n., 162n., 210n. Kaplan, Steven L., 221n.

Keating, Michael, 10n.

Kirk, Neville, 225n., 226n., 227n. Kirsch, Martin, 14n., 105n. Kocka, Jürgen, 225n.

La Calle, María Dolores de, 287 y n., 298n., 299n., 300n.

La Parra, Emilio, 29n., 35n., 51n., 159n., 239n.

La Rocha, 256.

La Sagra, Ramón de, 228, 229n. Labrousse, Ernest, 23.

Lacarra Ducay, Mª del Carmen, 97n. Lafuente, Modesto, 178, 218n. Lamennais, Félicité Robert, 240. Lana Berasain, José Miguel, 73n., 137n.

Landes, David S., 223n. Landázuri, Leonardo de, 369n. Lannon, Frances, 99n. Laporte, Antoni, 197m., 205n.

Lasala y Collado, Fermín, 414 y n., 418n., 428.

Le Chapelier, 251.

Le Play, Frédéric, 282, 288. Leal da Rosa, Antonio, 441. Lefevre-Pontalis, 173n. Lemonauría, Pedro, 425. Lenger, Friedrich, 222n.

Lenin, Vladimir Ilich, 220n., 232n. Lerroux, Alejandro, 305n., 307 y n., 308.

Lersundi, Francisco, 414, 429, 433, 434.

Linz, Juan José, 95, 100 y n., 214n. Lis, Catharina, 231n.

Lladonosa, Josep, 206n. Lladonosa, Manuel, 188n.

Lladós i Rius, Magí, 276, 278n., 311 Llanza, Benet de, 257n.

Llombart, Vicent, 135n. Llonch, Montserrat, 289n.

Llopis, Enrique, 37n., 51n., 52n., 66n., 76n., 77n., 80n., 81n., 82n., 86n., 88n., 135n.

Llorens i Vila, Jordi, 351, 352n. Llorens, Montserrat, 221n. Llorens Masdeu, Eduardo, 331.

Lluch, Ernest, 16n., 87n., 135n. Lluch, Francesc Xavier, 276, 311.

López, Antonio, 330, 331, 335 y n., 338, 339 y n., 340, 341, 342, 345 y n.

López, Blas, 417n., 422. López, Carmen, 254n. López, Joaquín María, 170. López, Marina, 32n., 221n.

López, Pilar, 228n., 237n., 238n. López, Santiago, 92n.

López Bru, Claudio, 331.

López de Calle, Antonio, 366 y n., 378n.

López de Calle, Bruno, 378n., 384n. López de Calle, Teodoro, 396n. López Estudillo, Antonio, 41n., 48n., 52n., 61n., 82n.

López Garrido, Diego, 146n. López Martínez, Antonio L., 38n. Lostau, Baldomero, 353 y n. Loyzaga, Timoteo de, 372n. Lucassen, Jan, 231n.

Luckács, Georg, 220n. Luis, Jean-Philippe, 30n.

Luque Ballesteros, Antonio, 153n. Luxán, Francisco, 194.

Lyons, Martín, 207n.

Macías, Olga, 86n. Macpherson, C. B., 241n. Madariaga, Salvador de, 218n.

Madoz, Pascual, 28, 58n., 62n., 114, 140, 141, 143, 150, 186, 187, 189, 193, 194, 208, 210, 244n., 245n., 254 y n., 268, 269, 270 y n., 271 y n., 272, 386, 392, 393, 411 y n.

Mainer, José Carlos, 112n. Maistre, Joseph de, 302n. Malamud, Carlos, 166n.

Malatesta, Maria, 133n., 139n., 228n. Malo, José Luis, 229n.

Malthus, Thomas, 248.

Maluquer de Motes, Joan, 184. Maluquer de Motes, Jordi, 50n., 71 y n., 77n., 80 y n., 81n., 90n., 144n., 184, 219 y n., 228n., 229n., 231 y n., 251n., 337n.

Manin, Bernard, 162n., 167n. Manjarrés, Ramon de, 276, 311.

Mañé i Flaquer, Joan, 117, 195, 203, 207n., 208, 212n., 249, 255, 256 y n., 257n., 261, 262, 274n., 287 y n., 311, 312 y n., 313, 322 y n., 333, 353n.

Maravall, José Antonio, 96 y n. Marchán, Jesús, 353 y n.

Marcos Martín, Alberto, 27n., 38n. Marfany, Joan-Lluís, 264n., 308n. María Cristina, 260, 266, 422. Mariategui, Luis, 423n.

Marín i Corbera, Martí, 299n., 303n. Márquez Cruz, Guillermo, 202n. Marshall, Alfred, 218n.

Martell, Joan, 199 y n.

Martí, Casimir, 194n., 204n., 212n., 213n., 214n., 217n., 218n., 219 y n., 220n., 231n., 235n., 240n., 243n., 244n., 245n., 246n., 250n., 252n., 253n., 257n., 260n., 268n., 270n., 272n., 274n. Martí Arnàndiz, Otilia, 38n., 210n. Martí Martínez, Manuel, 103, 104 y n., 112n., 214n., 355n., 435n.

Martín, A., 253n.

Martín, Josep Lluís, 219n.

Martín Aceña, Pablo, 54n., 55n., 72n., 85n., 148n.

Martín Corrales, Eloy, 44n., 272n., 317n., 328n., 352n., 353 y n.

Martínez Campos, Arsenio, 339, 353 Martínez Carrión, José Miguel, 40n.,

41n., 49n., 123n.

Martínez Dorado, Gloria, 160n. Martínez Gallego, Francesc Andreu, 59n., 85n., 422n.

Martínez Marín, Antonio, 202n. Martínez Rueda, Fernando, 31n., 358

y n., 376, 377n., 380n., 412n.

Martínez Ruiz, José Ignacio, 286n. Martorell, Joanot, 326.

Martorell, Miguel, 286n. Martos, Cristino, 168 y n. Marx, Karl, 220, 223 y n.

Mata Hechavarría, Juana de, 337. Mata i Fontanet, Pere, 280n., 310. Mata Olmo, Rafael, 60n., 61n.. Matés Barco, José M., 58n. Mateu, Enric, 144n.

Mathias, Peter, 225n. Maura, Gabriel, 218n. Maurice, Jacques, 219n.

Mayaud, Jean-Luc, 9n., 133n. Meaker, Gerald H., 11n. Meer, barón de, 256n.

Mees, Ludger, 414n.

Mendizábal (Juan Álvarez Mendizábal), 139, 140, 141, 386.

Mendizábal, Gabriel, 403.

Menéndez Pelayo, Marcelino, 43n., 121, 122n.

Menéndez Pidal, Ramón, 219n. Meriggi, Marco, 45n. Merriman, John M., 223n.

Mestre, Jesús, 191 y n., 197n., 219n., 221n.

Miguez Macho, Luis, 204n. Mikelarena Peña, Fernando, 112n. Milà i Fontanals, hermanos, 117. Milán García, José Ramón, 166n. Mill, John Stuart, 171.

Millán, Jesús, 23n., 24n., 27n., 29n., 34n., 35n., 40n., 42n., 45n., 68n., 74n., 105n., 106n., 134n., 161n., 162n., 183n., 212n., 222n., 224n., 265n., 277n.

Mir Montalt, Vicent R., 146n. Mir, Conxita, 117n., 184n.

Miralles, Juan, 191, 234, 268, 269 y n., 271 y n.

Miralles, Ricardo, 180n. Mirambell, Aniceto, 326, 327, 329. Miranda, Soledad, 30n.

Modesto Alapont, José Ramón, 74n., 142n.

Molar, Joaquín, 245n., 246n., 272. Molas, Joaquim, 257n.

Molas, Pere, 30n., 233n.

Molina Aparicio, Fernando, 106n., 111 y n., 120n., 435n.

Moliner Prada, Antonio, 185n. Molins, marqués de, 141.

Mon, Alejandro, 55, 59, 64 y n., 65, 67, 434.

Monlau, Pedro Felipe, 250 y n. Monsell Cisneros, María Francisca, 168n., 174n.

Montañés, Enrique, 87n., 88n., 148n. Monteiro, Nuno, 139n.

Montero, Manuel, 86n.

Montero García, Feliciano, 297 y n., 298n.

Montesquieu, barón de, 68. Montojo, almirante, 315. Montpensier, duque de, 277.

Montroig, marqués de, véase Ferratges de Mesa, Antonio.

Monzón, Telesforo, 423n.

Moragas i Barret, Francesc, 298 y n. Moral Ruiz, Joaquín del, 54n., 110n., 123n., 124n., 126n., 129n.

Morales, Antonio, 97n., 109n., 139n. Moraza, Mateo Benigno, 432. Moreno Alonso, Manuel, 97n. Moreno Fraginals, Manuel, 324n. Moreno Luzón, Javier, 35n., 97n., 112n., 170n.

Moreno Masó, José J., 322n., 323n., 324n., 332n.

Moret y Prendergast, Segismundo, 166 y n., 170, 171n., 287, 288, 313.

Morey, Antònia, 33n. Morote, Luis, 300n.

Moyano, Claudio, 121, 124, 141, 394. Muguiro e Iribarren, Juan, 426n. Munné, José, 335 y n., 338, 341. Muñoz, Josep M., 221n.

Muñoz Dueñas, Mª Dolores, 61n. Muñoz Rubio, Miguel, 85n. Muñoz Torrero, Diego, 400. Murga, Manuel María de, 396n.

Murga y Mugártegui, José María de, 394n.

Musson, A. E., 225 y n.

Mutiloa Poza, José María de, 392n.

Nadal, Jordi, 50n., 69n., 71n., 76n., 87n., 90n., 284n., 383.

Napoleón III, 172n. Naranjo, Consuelo, 346n.

Narváez, Ramón, 90, 194, 410. Navarro Amandi, Mario, 172n. Niceto de Urquizu, José, 366. Nicolás, Juan, 383n.

Nicolau, Roser, 242n.

Nieto, Alejandro, 110n., 135n. Niño, Antonio, 356n.

North, Douglass C., 69. Nouvilas, Ramón, 324, 327, 330.

Novia de Salcedo, Pedro, 388n., 422. Novo, Pedro A., 86n.

Nubola, Cecilia, 233n.

Núñez, Clara Eugenia, 125n., 253n. Núñez Florencio, Rafael, 128n. Núñez Seixas, Xosé Manoel, 42n., 101, 102n., 107n., 113 y n., 202n., 264n.

Ó Gráda, Cormac, 41n.

O’Donnell, Leopoldo, 90, 179, 272. Olano, José María, 423n.

Olivé, Enric, 200n.

Oliveira Martins, Joaquim P. de, 96n. Oliveras i Samitier, Joseph, 197n.

Ollé Romeu, Josep M., 204n., 219 y n., 261n.

Ollero Valdés, José Luis, 170n. Olózaga, Salustiano de, 162, 163n. Openheimer, Franz, 218n.

Orense, José María, 170n. Ormaechea, Ángel, 372n., 373. Ormaechea, Victoriano de, 372, 373. Ortega y Gasset, José, 14, 95n., 99.

Ortí, Alfonso, 140n.

Ortiz de Zárate, Ramón, 174 y n., 424, 428.

Ostolaza, Maitane, 120 y n., 123n. Oviedo, Manuel de, 189.

Oxangoiti, Cayetano Joaquín de, 371, 372.

Oxangoiti, Cayetano Andrés de, 393n.

Pablo, Santiago de, 402n., 414n. Pacheco, Joaquín Francisco, 429. Padró, Ramon, 331.

Palacio Morena, Juan Ignacio, 275n., 287 y n., 300 y n.

Palafox, Jordi, 24n., 56n., 82n., 84n., 87n.

Pallarés, conde de, 203n., 208n. Pàmies, Josep, 295, 313.

Pan-Montojo, Juan, 10n., 13n., 42n., 51n., 58n., 91, 119n., 128n., 145n., 148n., 152n.

Paping, Richard, 41n.

Parejo, Antonio, 49n., 71n., 91n. Pasamar, Gonzalo, 218n., 219n. Pascual, Pedro, 350.

Pascual, Pere, 66n., 70n., 84n., 86n., 149n., 187n.

Pastor, Luis María, 178n. Pateman, Carole, 229n.

Peiró, Ignacio, 97n., 124n., 218n., 219n.

Peiró Arroyo, Antonio, 38n. Pelayo, 349.

Pella i Forgas, J., 305 y n. Peña, diputado, 171 y n.

Peña, María Antonia 159n., 160n., 164n., 168n., 171n., 177n., 178n., 210n.

Perdices, Luis, 135n.

Pérez-Bastardas, Alfred, 298n., 304 n.

Pérez de Castro, Evaristo, 412. Pérez Díaz, Rafael, 168n., 174n.

Pérez Garzón, Juan Sisinio, 97n., 422n.

Pérez Ledesma, Manuel, 42n., 128n., 160n., 173n., 222n.

Pérez Núñez, Javier, 358 y n., 359, 370 y n., 376, 377n., 380 y n., 384 y n., 386 y n., 403n., 405n., 409n., 410n., 412n., 421n., 430n.

Pérez Picazo, Mª Teresa, 32n., 71n. Permanyer, Francesc, 196.

Peyrou, Florencia, 160n.

Pi y Margall, Francisco, 240 y n., 241n., 245 y n., 246n., 272.

Pich i Mitjana, Josep, 351n. Pidal, Pedro José, 121, 122.

Pinilla, Vicente, 150.

Piñera, Pedro María de, 388n. Piqueras Arenas, José Antonio, 220n., 223n., 231n., 323n., 339n.

Pirala, Antonio, 218n. Plaja Vidal, Sebastián, 338. Planas, Jordi, 40n.

Planas Compte, José Manuel, 336n. Plandolit, Nonito, 341.

Polavieja (Camilo García de Polavieja), 316.

Pollard, Sydney, 225n. Polo de Bernabé, José, 173.

Pons i Altés, Josep M., 43, 44, 58n., 188n., 189n., 191n., 202n., 206n.

Pons Pons, Anaclet, 29n.

Portillo, José María, 160n., 360 y n., 400n., 403 y n., 405n.

Posada, Adolfo, 300n.

Posada Herrera, José, 60, 174, 175n., 409.

Postan, M. M., 225n.

Pozo, Mª del Mar del, 124n.

Prados de la Escosura, Leandro, 49n., 51n., 55n., 79n.

Prat de la Riba, Enric, 264n, 280 y n., 281 y n., 282, 283 y n., 284, 286, 290, 298 y n., 302n., 303 y n., 305n., 309, 310, 312, 313, 315, 316 y n., 317 y n., 318, 319, 320, 322, 355.

Prats, Llorenç, 261n.

Preston, Paul, 99n.

Prim, Juan, 194, 198, 199n., 212, 256n., 318, 322, 324, 327, 328, 347n.

Primo de Rivera, José Antonio, 27n. Pro, Juan, 42n., 60n., 61n., 85n., 110n., 123n., 124n., 126n., 128, 129 n., 179n.

Prothero, Iorwerth J., 227n.

Puell de la Villa, Fernando, 128n. Puelles Benítez, Manuel, 119n., 122n.

Puig, José de Jesús, 336.

Puig-Samper, Miguel Ángel, 346n. Puigbert i Busquets, Joan, 201n. Puigdevall, Narcís, 206n.

Pujadas, Antoni, 193. Pujol, Enric, 221n.

Pujol, Josep, 50n., 80n., 156n.

Rabelais, François, 221n.

Rafecas Ferrer, José, 338.

Ramírez, Germán, 29n., 35n., 239n. Ramírez Burgaleta, Isidoro, 407 y n. Ramm, Thilo, 253n.

Ramos, Gemma, 304n.

Raphael, Lutz, 9n., 10n., 133n., 134n. Rebagliato, Joan, 184.

Reglà, Joan, 220n.

Reig Tapia, Alberto, 180n.

Reinoso, Mariano Miguel de, 152, 153 y n., 156.

Remisa, Matíes, 215n., 281n. Reventós, Manuel, 218 y n., 219 y n. Rey Reguillo, Fernando del, 35n., 47n., 165n., 179n.

Reynals i Rabassa, Estanislao, 196, 249.

Ribalta, Pablo Luis, 337n. Ribalta, Tomás, 338, 347.

Ribot i Fontseré, Antoni, 280n., 310. Rico i Amat, Juan, 178 y n. Ringrose, David R., 21n., 81n., 148n. Ríos Rosas, Antonio, 275.

Riquer, Borja de, 47n., 95 y n., 99 y n., 100, 101, 102n., 103, 104, 106, 112, 117n., 179n., 180n., 183n., 194n., 195n., 196n., 197n., 206n., 211n., 214n., 264n., 278n., 304, 305n., 307n., 325n., 333 y n., 336n., 338n., 355n.

Risques Corbella, Manel, 44n., 118n., 204n., 206n., 211n., 251n., 256n., 258n.

Ritter, Gerard A., 252n., 253n. Robert, Bartomeu, 304 y n.

Robledo, Ricardo, 27n., 28n., 30n., 37n., 38n., 42n., 51n., 74n., 80n., 135n., 138n., 144n., 150n.

Robles Egea, Antonio, 42n., 176n. Roca i Galès, Josep, 242n., 293 y n., 295, 296 y n., 312n., 313.

Rodrigo Alharilla, Martín, 107, 108, 109, 336n., 340n., 342n., 344n., 346n., 355n., 356n.

Rodríguez, José A., 414n.

Rodríguez de Coro, Francisco, 434n. Roeck, Bernd, 254n.

Roig Estalella, Manuel, 335n. Roig Estalella, Miguel, 335n. Rokkan, Stein, 100n.

Roldán de Montaud, Inés, 340n.

Romanelli, Raffaele, 105n., 161n., 169n., 171n.

Romeo Mateo, María Cruz, 27n., 29n., 34n., 39n., 40n., 42n., 51n., 68n., 74n., 104n., 105n., 106n., 112n., 161n., 162n., 165n., 170n., 214n., 222n., 239n., 277n., 435n.

Romero, Juan José, 228n., 230n., 233n., 235n., 239n., 266 y n., 273 y n.

Romero, Leonardo, 178n. Romero González, Juan, 60n.

Romero Maura, Joaquín, 304n., 305n., 306n.

Ros, Pelegrín, 332n.

Rosanvallon, Pierre, 34n., 171n., 176n.

Roura, Lluís, 32n.

Roure, Conrad, 325n., 331n., 347 y n., 350, 351.

Roussellier, Nicolas, 162n., 172n., 179n.

Rubí, Maria Gemma, 48n.

Rubio Pobes, Coro, 109, 110, 111 y n., 114, 116 y n., 179n., 360 y n., 402n., 409n., 411n., 412n., 415n., 418n., 425n., 432n.

Rudé, George, 221n., 222n. Rueda, Germán, 28n., 139n. Ruiz Capdepón, Trinitario, 47n. Ruiz de Arévalo, Leandro, 334n.

Ruiz Torres, Pedro, 24 y n., 27n., 29n., 97n., 139n.

Rule, John, 225n. Rusiñol, Albert, 307 y n.

Saavedra, Pegerto, 28n., 135n. Sabio, Alberto, 73n. Sagarmínaga, Fidel de, 383n.

Sagasta, Práxedes Mateo, 166, 181, 285.

Sagnes, Jean, 252n. Saguer, Enric, 40n.

Saiz, Candelaria, 83n., 85n. Sala, Pere, 144n.

Salarich, J., 250n.

Sales, Núria, 126n., 251n.

Sallarès i Pla, Joan, 299 y n., 302 y n. Sallés, Pedro, 335n.

Salom, José Antonio, 335 y n., 338, 339 n.

Salort i Vives, Salvador, 62n., 63n., 202n.

Samá Urgellés, Antonio, 336 y n., 340n.

Samuel, Raphael, 225n. San Emeterio, Nieves, 29n. San Miguel, duque de, 141. San Miguel, Santos, 405n. Sánchez, Alexandre, 247n. Sánchez, Alfonso, 229n. Sánchez, Isidro, 109n.

Sánchez Albornoz, Claudio, 218n., 221n.

Sánchez-Albornoz, Nicolás, 76n., 79, 149n.

Sánchez Bustillo, Cayetano, 345. Sánchez Herrero, Miguel, 29n. Sánchez León, Pablo, 87n., 170n. Sánchez Marroyo, Fernando, 144n. Sánchez Silva, Manuel, 208n., 259, 418, 433, 434n., 435.

Sánchez Toca, Melchor, 428. Sancho, Vicente, 170 y n. Sandalio Zubía, Ramón, 425.

Sanromà, Joaquim Maria, 275 y n., 276 y n., 280, 310.

Santaló, Jaume, 308n.

Santamaría, Juan Alfonso, 202n., 204n.

Santana Molina, Manuel 204n. Santillán, Ramón, 55, 58, 64n., 67. Santirso Rodríguez, Manuel, 35n.,

49n., 68n., 81n., 122n.

Sanz, Jesús, 84n., 151n. Sanz, Vicent, 223n., 231n.

Sarasúa, Carmen, 123n.

Sard, Andrés del, 288 y n., 289. Sardoal, marqués de, 165, 166n., 168n.

Sayer, Derek, 133n.

Saz, Ismael, 104n., 214n., 435n. Schmidt-Nowara, Christopher, 34n., 356 y n.

Schmoller, Gustav von, 218n. Schulze, Hagen, 13n.

Sebastián Amarilla, José Antonio, 52n., 144n.

Seco, Carlos, 220n.

Sedó, Lluís Alfons, 286, 297 y n. Segarra, Josep-Ramon, 213n.

Segura i Mas, Antoni, 59n., 60n., 61n.

Seijas Lozano, 153. Seijas Prado, A., 243. Serra, José María, 341. Serra, Rosa 286n. Serra i Sulé, 351.

Serrano, Carlos, 97n., 330n. Serrano, Joaquim, 28n. Serrano, S., 429n.

Serrano García, Rafael, 135n. Serrano Sanz, José María, 75n., 81n., 155n.

Sesmero, Enriqueta, 114, 115, 358n., 371n., 372n.

Sewell, William H., 225n., 227 y n. Sierra, María, 48n., 159n., 160n., 164n., 168n., 171n., 173n., 176n., 177n., 178n., 210n.

Silvela, Francisco, 316.

Simó Badía, Ramón, 242n., 245n., 246n., 272.

Simón, Antoni, 219n, 220n. Simpson, James, 72n., 75n. Singelmann, Joachim, 223n. Sismondi, Simonde de, 223. Skocpol, Theda, 11n.

Smith, Adam, 223n.

Smith, Angel, 109n., 234n., 235n., 289 y n., 305 y n., 307n.

Sobrequés i Callicó, Jaume 197n. Sohn, Anne-Marie, 230n.

Sol i Padrís, Josep, 257n., 274. Sol Ortega, Juan, 351.

Solà, Felip de, 219n.

Solà i Montserrat, Roser, 44n., 208n., 243n., 244n., 247n., 249n., 251n., 256n., 258 y n., 259n., 260n., 267n.

Solà Parera, Àngels, 28n., 191n., 193n., 194n., 228n., 283n., 355n.

Soldevila, Ferran, 218n., 221 y n. Solé i Sabaté, Josep Maria, 319. Soler Plá, Santiago, 351.

Soly, Hugo, 231n.

Soria Mesa, Enrique, 30n. Sotoca, Sonia, 76n. Spring, David, 22n., 34n. Stäel, Madame de, 34n.

Storch, Robert D., 221n., 228n. Suárez, Federico, 370n.

Suárez Bilbao, Fernando, 110n., 123n., 124n., 126n., 129n.

Suárez Cortina, Manuel, 42n., 106n., 159n., 165n., 239n., 240n., 402n.,

Sudre, Alfred, 257n.

Sudrià, Carles, 66n., 70n., 84n., 87n.

Tafunell, Xavier, 49n., 55n., 57n., 69n., 71n., 72n., 76n., 77n.

Taltavull García, José Pedro, 335n., 341.

Tapiz Fernández, José María, 331n., 332n., 335n.

Tarrazona, Carolina, 188n. Taulina, Jaime, 335n.

Tedde de Lorca, Pedro, 53n., 54n., 55n., 69n., 70n., 71n.

Telarroja, José, 338.

Tellitu y Antuñano, Juan de, 367. Tello, Enric, 24 y n., 36n.

Tercero, Pedro, 425.

Termes, Josep, 104n., 197n., 220n., 235n.

Terradas Saborit, Ignasi, 283n., 292 y n.

Thiesse, Anne-Marie, 119n. Thompson, Edward P., 222 y n., 225n., 226, 227n.

Tilly, Charles, 9n., 225 y n., 228 To, Lluís, 201n.

Tollara, Roque Antolín de, 383n. Tomás y Valiente, Francisco, 77n., 160n.

Tomás Villarroya, Joaquín, 163n., 165n., 169n.

Tönnies, Ferdinand, 218n. Toreno, conde de, 405.

Torijano, Eugenia, 27n., 28n., 30n., 37n., 74n., 135n., 138n., 144n.

Torras i Ribé, Josep M., 185n., 233n. Torre, Joseba de la, 65n., 66n., 67n., 77n.

Torres de Mendoza, Luis, 344, 345.

Torroja, Bernat, 351.

Tortella, Gabriel, 54n., 55n., 56n., 59n., 72n., 76 y n., 83 y n., 87n., 90n., 253n.

Toscas, Eliseu, 161n. Tous, Nicolás, 259. Toynbee, Arnold J., 221n. Tresserra, Ceferí, 273 y n.

Trías Vejarano, Juan, 240n, 241n. Trinidad, Pedro, 254n.

Trueba, Antonio de, 373n.

Tuñón de Lara, Manuel, 15 y n., 220 y n., 242n.

Ubieto, Antonio, 220n.

Ucelay-Da Cal, Enric, 44n., 192n., 264n., 279n., 281n., 302n., 317n., 318n., 350 y n., 356n.

Udaeta, Antolín, 423n.

Uriarte, José Práxedes, 367 y n.

Uriarte Ayo, Jesús, 144n. Urquijo, José Ramón, 429n. Urquijo, Mikel, 428n., 429n. Urquijo, Serapio de, 395.

Urrutia y Beltrán, Manuel, 366 y n., 372.

Valdaliso, Jesús María, 92n. Valera, Juan, 178 y n., 218n.

Vallejo, Rafael, 53n., 54n., 56n., 57n., 59n., 60n., 61n., 66n., 68n., 138n., 148n.

Vallés y Ribot, José María, 351. Vallverdú, Robert, 199n., 207n. Vanhaute, Eric, 41n.

Varela, Javier, 97n. Varela, José, 47n.

Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, 34n., 138n.

Veiga Alonso, Xosé Ramón, 154n., 175n., 203n., 208n.

Velle, conde de, 141. Ventura, Anna, 197n., 205n. Ventura Díaz, 141.

Viadera, Antoni, 210.

Vicedo, Enric, 24n., 40n., 117n., 184n., 188n.

Vicens Vives, Jaume, 183n., 219n., 220, 221 y n., 263, 264 y n., 296, 297n.

Victoria de Inglaterra, 421. Victoria de Lecea, Eduardo, 373n.

Victoria de Lecea, Federico, 396n., 423n.

Vidal, Javier, 83n., 85n. Vidal Cibils, Salvador, 338. Vidal i Forga, Gil, 219 y n.

Vidal Quadras, hermanos, 335n. Vilà, Josep M., 219n.

Vilades, Ramon, 286n. Viladomiu, Tomàs, 284, 285. Vilanova, Mercè, 235n. Vilanova Masó, José, 341.

Vilar, Pierre, 186n., 191n., 212n., 221n.

Vilaregut i Albafull, Joan, 208n., 210, 243, 244n., 249, 258, 259n.

Villafuertes, conde de, 426. Villalón, José Ramón de, 337.

Villares, Ramón, 16n., 27n., 28n., 72n., 73 y n., 138n., 142n., 143n.

Villena, Rafael, 109n. Villermé, 223.

Viñao, Antonio, 120n., 121 y n., 122 y n., 125 y n., 126n, 254n.

Virilla i Roda, Albert, 336n. Vittorio, A. di, 91n.

Wakefield, 248.

Webb, Beatrice y Sidney, 225n. Weber, Eugen, 103.

Weyler, Valeriano, 108, 353, 354 y n. Windler, Christian, 27n.

Wright, Eric Olin, 223n. Würger, Andreas, 233n.

Yandiola, José María de, 420. Yandiola, Juan Antonio, 425. Ybarra, Gabriel María, 395.

Yun, Bartolomé, 24 y n., 28n., 35n., 40n.

Zabala, Pío, 218n.

Zafra Oteyza, Juan, 55n. Zaldumbide, Juan Mariano de, 382n. Zapata, Santiago, 77n., 81n. Zapatero, Juan, 272, 273, 274 y n., >311.

Zarzoso, Alfons, 254n. Zemon Davis, Natalie, 221n.

Zumalacárregui, Miguel Antonio, 425, 426n.

Zumelzu, Claudio Eladio de, 366. Zunz, Olivier, 225n.

Zurita, Rafael, 43n., 45, 46, 160n., 164n., 168n., 171n., 176n., 177n., 178n., 210n.